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Timestamp: 2019-07-22 12:39:48+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N° 43
Carlos Hoffmann Contreras
Rafael Agustin Gumucio Vives
PROTOCOLO DE ACUERDO MULTILATERAL SOBRE LIBERALIZACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ACUERDOS DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE GOBIERNOS DE CHILE Y DE SUECIA, NORUEGA, LUXEMBURGO, BÉLGICA Y DINAMARCA
PROCEDIMIENTO PARA PUBLICIDAD DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN
CREACIÓN DE NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES RUIZ-ESQUIDE, BOMBAL, VIERA-GALLO Y ZURITA, POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA A DON RAÚL FERNANDO ETCHEVERRY BARUCCHI (3230-07)
PROYECTO DE ACUERDO QUE PROPONE SOLICITAR A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE INSTITUYA EL 30 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL “DÍA DE LA INCORPORACIÓN DE LAS DOSCIENTAS MILLAS MARÍTIMAS A LA SOBERANÍA ECONÓMICA CHILENA” (S 666-12)
Jorge Patricio Arancibia Reyes
Sesión 43ª, en miércoles 30 de abril de 2003
(De 12:13 a 14:49)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el "Protocolo del Acuerdo Multilateral sobre Liberalización del Transporte Aéreo Internacional" (3162-10) (se aprueba en general y particular)..........
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba los Acuerdos de Servicios Aéreos entre Chile y Suecia, Noruega, Gran Ducado de Luxemburgo, Bélgica y Dinamarca (3164-10, 3165-10, 3166-10, 3167-10 y 3168-10) (se aprueban en general y particular)................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción (3011-14) (se aprueba en particular)............................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (2286-04) (queda pendiente su discusión particular)...................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior ; Secretario General de la Presidencia ; Secretario General de Gobierno; de Educación , y de Vivienda y Urbanismo, y los señores Asesor Cultural de la Presidencia de la República y Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación .
--Se abrió la sesión a las 12:13, en presencia de 19 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 39ª, especial, secreta, y 40ª, ordinaria, ambas en 15 de abril; y 41ª, ordinaria, en 16 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptada por la resolución Nº 11 del XIV Congreso de la Organización, en París, los días 6 y 7 de diciembre de 1994 (Boletín Nº 1.679-10).
Con el segundo inicia un proyecto que establece un nuevo plazo para acogerse a la ley Nº 19.234, relativa a beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos (Boletín Nº 3.231-13).
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ávila, relativo a la crisis de Iraq.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Orpis, referido a la situación de los pobladores del conjunto habitacional "La Tortuga", de Alto Hospicio.
De la señora Directora Nacional del Trabajo, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantero, concerniente a planteamientos del Comité de Exonerados de CODELCO CHILE, División Chuquicamata.
Del señor Alcalde de Zapallar , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relacionado con la situación que afectaría a ex trabajador de la Municipalidad a su cargo.
De los señores Alcaldes de Parral, Río Claro y Talca, por medio de los cuales contestan oficios enviados en nombre del Honorable señor Moreno, referidos al cobro de peajes laterales en la Ruta 5 Sur, en las Regiones Sexta y Séptima.
Del señor Alcalde de Tortel, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los proyectos del "Programa de Mejoramiento de Barrios", por realizar en su comuna.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Sexta Región , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Moreno, sobre la pavimentación de los caminos que indica.
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , por medio del que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a los resultados del estudio sobre la contaminación del río Traiguén, en el sector Bajo Traiguén (comuna de Victoria).
Del señor Administrador Zonal de la Empresa Eléctrica de La Frontera S.A., mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, relativo al suministro de energía eléctrica de diversas localidades de la Novena Región.
De los Honorables señores Ruiz-Esquide, Bombal, Viera-Gallo y Zurita, por medio de la que inician un proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi (Boletín Nº 3.230-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
De los Senadores señores Arancibia, Ríos, Ruiz De Giorgio y Adolfo Zaldívar, mediante el cual proponen solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instituya el 30 de abril de cada año como el "Día de la Incorporación de las Doscientas Millas Marítimas a la Soberanía Económica Chilena".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Deseo recabar el parecer de la Sala respecto a dos planteamientos.
En primer lugar, el Ejecutivo ha pedido un plazo de 48 horas -es decir, hasta el próximo lunes, a las 12- para presentar indicaciones al proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, las que están siendo consensuadas.
La señora FREI (doña Carmen).- No, señor Presidente . Sería mejor dar un poco más de tiempo. Hasta el miércoles.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- La proposición es del Ejecutivo , no de los parlamentarios. Si no hay consenso, deberé someterla a votación.
La señora FREI (doña Carmen).- ¿Por qué no podríamos presentar indicaciones, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- El Gobierno hizo la solicitud, no los parlamentarios.
La señora FREI (doña Carmen).- Yo lo estoy pidiendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- En ese caso, tendré que recabar el pronunciamiento de la Sala, pues se trata de un compromiso de despacho.
Llamaré a votación económica.
El señor RÍOS.- ¿Cuál es la otra opción, señor Presidente?
El señor PIZARRO.- ¿Para qué es la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Para decidir si se otorga mayor plazo.
El señor RÍOS.- ¿Y si no?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Entonces, no lo habrá.
El señor PIZARRO.- No entiendo por qué el Ejecutivo necesita más tiempo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo en el sentido ya señalado?
El señor PIZARRO.- Señor Presidente , permítame una aclaración.
El señor MUÑOZ BARRA.- Pienso que la señora Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior podría fundamentar su petición de ampliar el plazo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Primero someteré a la decisión de la Sala la proposición del Ejecutivo ; luego, la de la señora Presidenta de la Comisión .
Levanten la mano quienes estén por dar plazo hasta el día lunes, a las 12, para presentar indicaciones.
El señor PIZARRO.- ¿El plazo está vencido, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- 21 votos a favor.
Los que estén en contra...
La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente , ¿se está votando el planteamiento del Ejecutivo?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Sí.
La señora FREI (doña Carmen).- O sea, se propuso abrir el plazo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Hasta las 12 del día lunes.
La señora FREI (doña Carmen).- Pero yo estoy sugiriendo...
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente , estamos en votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Intervengan de a uno, porque de otra forma no puedo conducir la sesión.
La señora FREI (doña Carmen).- Entiendo que la Mesa propuso abrir plazo para formular indicaciones. ¿Eso se aprobó?
La señora FREI (doña Carmen).- La Mesa pidió fijar plazo hasta el lunes. Yo hago presente la solicitud de extenderlo hasta el miércoles. Es decir, habría que votar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Su Señoría la ha formulado recién.
La señora FREI (doña Carmen).- No, señor Presidente. La expuse antes de que se votara.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Pero ello se hizo en la presente sesión. El Ejecutivo , en cambio, hizo llegar la suya antes. Y debo disponer el tratamiento de las proposiciones de acuerdo con el orden en que son planteadas.
La señora FREI (doña Carmen).- Perdón, señor Presidente . ¿Cómo podía saber lo que pidió el Ejecutivo si la Mesa lo acaba de consignar? Soy Presidenta de la Comisión y he hecho una sugerencia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Someto al pronunciamiento de la Sala lo propuesto por la Honorable señora Frei en el sentido de fijar plazo para las indicaciones hasta el próximo miércoles 7 de mayo, a las 12.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , ¿el Ejecutivo está de acuerdo con ese día o ello le suscita dificultades?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No tiene inconvenientes.
La señora FREI (doña Carmen).- La cuestión radica en que somos los parlamentarios los que legislaremos.
La señora MATTHEI.- Está bien. Sólo quería saber lo que pregunté.
El señor ROMERO (Presidente).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Es mejor no seguir. Creo que estamos perdiendo más tiempo que el necesario. Habiendo sido determinado el plazo de las indicaciones, las Comisiones deberán trabajar cuanto se requiera, dentro de la urgencia que el Gobierno ponga al proyecto, para despacharlo. Y, por mi parte, deberé hacer cumplir el Reglamento. Nada más.
El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Sí, señor Senador.
El señor ROMERO.- Señor Presidente , como Comité Renovación Nacional, me gustaría dejar constancia de que tenemos compromisos políticos por cumplir respecto de ciertas iniciativas legales. De modo que cabe hacer presente a la opinión pública que lo resuelto en esta oportunidad se ha originado, primero, a instancia del Ejecutivo y, segundo, de la señora Senadora que formuló la sugerencia al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Ello ha quedado establecido desde el momento en que se procedió a votar.
La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente , por mi parte, también quiero dejar una constancia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- ¿Cuál, señora Senadora?
La señora FREI (doña Carmen).- Pienso que está bien que se firmen convenios o acuerdos con el Ejecutivo , señor Presidente , pero nosotros somos los parlamentarios que debemos perfeccionar un proyecto y votarlo. Y, como responsable y Presidenta de una Comisión, no puedo apurar de tal manera que se despache una mala normativa. Por esa razón he propuesto un plazo, a fin de que todos los señores Senadores puedan disponer de tiempo para estudiar el texto, que todavía no conocemos, y para formular las indicaciones que se necesiten.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Por eso mismo, es bueno que ellas se presenten dentro del breve plazo destinado a ese efecto. Lo único que quiero hacer ver es que, de acuerdo con el Reglamento y con la urgencia, haré citar a las Comisiones y la Sala las veces que sea necesario para pronunciarse sobre el proyecto.
El segundo tema que debo plantear dice relación a que el próximo miércoles 7 de mayo se rendirá un homenaje a la Universidad Católica de Valparaíso. Y deseo proponer a la Sala que tal reconocimiento se efectúe en la parte inicial de la sesión y no al final, por la solemnidad que ello requiere.
El señor FERNÁNDEZ.- ¿Se trata de un solo discurso?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Sí, señor Senador. Ha sido anunciado por el Honorable señor Foxley, quien es ex alumno y pidió realizar el acto, sin perjuicio de la adhesión que se pueda generar, con prescindencia de discursos.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo del Acuerdo Multilateral sobre Liberalización del Transporte Aéreo Internacional", adoptado en Washington el 1º de mayo de 2001, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3162-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 11 de marzo de 2003.
Relaciones Exteriores, sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
El objetivo principal del Protocolo es conceder derechos de la séptima libertad en transporte de pasajeros y derechos de tráfico de cabotaje, adicionales a los del Acuerdo Multilateral.
La Comisión, luego de escuchar a diversos invitados conocedores del asunto, aprobó en general y en particular el texto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cariola, Martínez y Núñez, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Asimismo, propone al señor Presidente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y en particular a la vez.
Deseo formular una moción de orden, señor Presidente .
Como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, propongo a la Mesa que sean tratados en forma conjunta los proyectos de acuerdo que vienen a continuación, hasta el signado con el número 6, porque son prácticamente...
... equivalentes e iguales.
Si media un acuerdo en ese sentido, se efectuará una sola relación de todos ellos, que se refieren a servicios aéreos, y serán objeto de una misma votación.
Quisiera preguntar al señor Presidente de la Comisión -por mi parte, estoy de acuerdo con todos esos instrumentos- si fueron entrevistadas nuestras líneas nacionales.
Porque, en realidad, la sexta y la séptima libertades son autorizaciones para cabotajes internos, para horarios, para normativa, para tráfico entre ciudades, y el caso que nos ocupa dice relación a distintos países, entre ellos Luxemburgo, por ejemplo, que cuenta con una gran capacidad de transporte a nivel europeo. Y la verdad de las cosas es que todas las líneas aéreas respectivas presionarán en forma bastante notoria la capacidad de las nuestras. En los cabotajes dentro de Europa ya ha habido dificultades entre las europeas y las estadounidenses. Entonces, aquí se presentan diversas capacidades de cabotaje de carga y de pasajeros a nivel mundial contra lo que podemos oponer en Línea Aérea Nacional, particularmente.
¿En qué condiciones quedan nuestras líneas aéreas para poder coordinar los cabotajes internos con las líneas de los países con los que se establecen esos acuerdos? Ésa es la interrogante específica que me surge respecto de lo que beneficia a nuestras capacidades en ese sentido.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores .
Señor Presidente, efectivamente, recibimos un informe de la Dirección de Aeronáutica Civil, de la Cancillería, y básicamente para dos tipos de acuerdo tuvimos la posibilidad de conversar con LAN Chile. Esta última mantiene una política, según se explicó -y ello ha sido ratificado públicamente-, en el sentido de que se encuentra dispuesta a competir, como empresa nacional, tanto en Chile como en el extranjero. En consecuencia, uno solo de los protocolos eventualmente pudiera significarle algún tipo de mayor competencia, que es el caso del relativo a Luxemburgo.
Ese pequeño país, como todos sabemos, cuenta con una gran capacidad de cabotaje. Pero lo cierto, también, es que, desde el punto de vista de nuestra capacidad exportadora, recibimos opiniones favorables de representantes de los sectores más dinámicos en ese rubro, como el de productos del mar, el de productos frutícolas. Ellos, para los efectos de operar de manera adecuada en un mercado tan altamente competitivo como Europa, por ejemplo, requieren mayor competencia en cabotaje, para los efectos de disminuir los costos al máximo posible. De modo tal que, si hubo algún tipo de aprensión, ello ocurrió solamente respecto de Luxemburgo.
En el caso del Acuerdo Multilateral, lo cierto es que Chile ha estado propiciando durante todos estos años la séptima libertad y, en consecuencia, no hay ninguna razón para que algunos sectores se opusieran a la idea de que pudiese ratificar el tratado de Washington.
Después de una larga discusión, la Comisión acordó y respaldó por unanimidad todos estos convenios. Pero consultó, a mi juicio, a los sectores más dinámicos y especialmente sensibles a la política aérea que, con éxito, se halla implementando el país.
Si le parece a la Sala, los cinco proyectos de acuerdo a que se ha hecho referencia se estudiarán en forma conjunta.
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban los Acuerdos de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos del Reino de Suecia, del Reino de Noruega, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino de Bélgica y del Reino de Dinamarca, y sus respectivos anexos, con informes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (3164-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (3165-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (3166-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (3167-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (3168-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Los Acuerdos mencionados tienen por objeto principal obtener una mayor apertura de cielos con Suecia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica y Dinamarca, consagrando el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad.
Estas iniciativas se encuentran informadas por la Comisión de Relaciones Exteriores, la que les dio su aprobación en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cariola, Martínez, Núñez y Valdés, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, corresponde señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, propone al señor Presidente que los proyectos de acuerdo sean discutidos en general y particular a la vez.
¿Hay acuerdo en la Sala para aprobar los Acuerdos?
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Cuenta con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3011-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 19 de marzo de 2002.
Vivienda, sesión 34ª, en 19 de marzo de 2003.
Vivienda (segundo), sesión 42ª, en 29 de abril de 2003.
Sesión 35ª, en 25 de marzo de 2003 (se aprueba en general).
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto y la calificó de "suma". Éste fue aprobado en general en la sesión de 25 de marzo próximo pasado, y cuenta con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
La Comisión informante deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hubo artículos que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones; de que se aprobaron las indicaciones números 1, 6, 8 y 9; que se rechazaron las números 7 y 10, y que fueron declaradas inadmisibles las indicaciones números 2, 3, 4, 5 y 11.
Las modificaciones efectuadas por la Comisión al proyecto aprobado en general por el Senado fueron todas acordadas por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Arancibia, Cordero, Gazmuri, Prokurica y Sabag. En consecuencia, deben votarse sin debate, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento del Senado, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite debatir lo propuesto por la Comisión respecto de alguna de ellas, o que existan indicaciones renovadas.
Finalmente, debe señalarse que la Secretaría ha elaborado un boletín comparado dividido en cuatro columnas que consignan las normas pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; el articulado aprobado en general; las modificaciones propuestas en el segundo informe, y el texto final que se propone aprobar.
Señor Presidente , como se recordará, esta iniciativa tuvo origen en mensaje del Ejecutivo y tiene por objeto, en términos generales, consagrar ciertos mecanismos destinados a otorgar certeza jurídica a determinados actos administrativos vinculados a la construcción.
Concretamente, establece un procedimiento voluntario de publicidad para dar a conocer a la ciudadanía las resoluciones mediante las cuales se aprueban anteproyectos o se conceden permisos de construcción. Ello va acompañado del establecimiento de una presunción de derecho según la cual, a partir de una fecha cierta, se cuentan los plazos que las leyes consagran para impugnar los respectivos actos administrativos vinculados a la construcción.
De lo que se trata es de dar reglas claras a la ciudadanía para formular las reclamaciones que estimen procedentes frente a obras o proyectos que de alguna forma vulneren sus derechos. Del mismo modo, se persigue que los agentes inmobiliarios cuenten con estabilidad en las condiciones en que desarrollarán sus inversiones y obras.
Como lo señalara el propio Jefe de Estado al iniciar la tramitación del proyecto, se busca evitar que importantes obras se vean paralizadas por acciones judiciales cuando ya están en plena ejecución, con las consecuentes pérdidas y daño a la confianza en la actividad inmobiliaria.
Es conveniente hacer presente, también, que la Comisión analizó detenidamente la constitucionalidad de la iniciativa, contando para estos efectos con la valiosa ayuda de los profesores señores Francisco Cumplido y Arturo Fermandois , quienes descartaron todo reparo vinculado a ese aspecto. Del mismo modo, se escuchó a los presidentes del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de Oficinas de Arquitectos.
El texto aprobado en general por el Senado recibió un total de once indicaciones. Tres de ellas fueron concordadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, y recogen inquietudes compartidas desde el inicio de la tramitación de este asunto.
Las ocho restantes son de autoría del Honorable señor Bombal . Sobre estas enmiendas quiero hacer presente que la Comisión escuchó al señor Senador, quien explicó los objetivos perseguidos por sus propuestas. Todas estas ideas fueron compartidas por la Comisión, pues dan cuenta de problemas reales que todos nosotros podemos observar en las distintas Regiones del país. Sin embargo, al no encuadrarse todas ellas dentro de las ideas matrices de la iniciativa, fue necesario declarar la inadmisibilidad de algunas, específicamente de las que llevan los números 2, 3, 4, 5 y 11.
No obstante, durante el debate se convino con el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo que esos planteamientos del Senador señor Bombal fueran considerados en una próxima iniciativa que el Gobierno envíe a tramitación legislativa y, también, dentro del trabajo de la Comisión que se va a iniciar próximamente.
Como se ha dicho, las indicaciones acogidas simplemente introducen ajustes al texto aprobado en el primer informe por el Senado.
En sustancia, en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se precisa que las interpretaciones de los instrumentos de planificación territorial emitidas por las Secretarías Regionales Ministeriales regirán, no a partir de cuando se emitan, sino desde su notificación o publicación, según corresponda.
En el artículo 116 de la misma ley se agrega que los anteproyectos aprobados mantendrán su vigencia respecto de las normas de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización vigente al momento de la aprobación.
En el artículo 116 Bis C), nuevo, se incorporan formas de publicidad que realmente, a juicio de la Comisión, garantizan que los vecinos tomen conocimiento del otorgamiento de permisos de construcción u otros actos administrativos que podrían afectarlos.
Finalmente, en la misma norma se devuelve a la municipalidad la función de certificar que no se han presentado reclamos o recursos que recaigan sobre la gestión publicitada.
Cabe poner de relieve que estas modificaciones fueron acogidas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, por lo que me permito proponer a la Sala que las apruebe en esa forma.
Debo hacer presente que estamos en el tratamiento de la tabla de Fácil Despacho. Luego de las próximas dos intervenciones, se dará fin al debate.
Señor Presidente , me voy a permitir recomendar a la Sala que tenga a bien aprobar el proyecto tal como lo ha hecho la Comisión.
Quiero, simplemente, recordar a los señores Senadores que esta iniciativa se complementa armónicamente con la de procedimientos administrativos que se transformará muy pronto en ley de la República y que estableció que podían existir procedimientos especiales, cual es este caso, que se justifica ampliamente por la especialidad de la materia.
Recuerdo también que en aquel texto general que se aprobará dentro de pocos días, o que promulgará el Ejecutivo , se consagran las posibilidades de reclamar y se señalan los recursos administrativos correspondientes, que van a ser aplicables, precisamente, al sistema municipal y que vienen a armonizar completamente con esta ley en proyecto que implicaría procedimientos especiales perfectamente válidos en razón de la especialidad.
Señor Presidente, creo que esta ley futura se va a complementar plenamente con el proyecto de ley general que acabamos de aprobar en el Senado.
Estamos excedidos en el tiempo correspondiente a Fácil Despacho. Sin embargo, concederé dos minutos al Vicepresidente , señor Bombal.
Señor Presidente , deseo agradecer a la Comisión la buena disposición que tuvo al escuchar los planteamientos que formulamos acerca de las indicaciones presentadas. Asimismo, quiero destacar lo que en su momento señaló el señor Presidente de la Comisión , con el acuerdo de ésta, en el sentido de que las indicaciones no aceptadas en este trámite puedan ser analizadas en el marco del proyecto de ley general que se halla en estudio. Incluso, expresó que dicho órgano técnico se abocaría, más allá de la iniciativa, a estudiar las materias contempladas en las indicaciones que no fueron acogidas.
Por lo tanto, ojalá se pueda materializar cuanto antes el encuentro entre técnicos para profundizar aún más el proyecto en debate, porque todavía quedan algunos asuntos que son de mucho interés y que están pendientes.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba el proyecto en particular, y queda despachado en este trámite.
El señor RAVINET ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Deseo, por su intermedio, agradecer al Senado la aprobación unánime del proyecto. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento a los jefes de los Comités y a la Mesa por haberle dado el carácter de Fácil Despacho y, muy especialmente, a la Comisión de Vivienda, a su Presidente y a sus miembros, por cuanto enriquecieron la iniciativa en cuestión, que pasa ahora a tercer trámite constitucional.
Terminada la tabla de Fácil Despacho.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e informe de la de Hacienda .
Sesiones 16ª, en 30 de julio de 2002 (se aprueba en general y queda habilitado); 8ª, en 30 de octubre de 2002 (se aprueba en general).
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto y la calificó de "suma".
La iniciativa fue aprobada en general por el Senado en sesión ordinaria del día 30 de octubre del año pasado.
La Comisión de Educación deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones sólo el artículo 15, referido a las reuniones del Comité Consultivo, asesor del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el que adoptará sus acuerdos por la mayoría de sus asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto del Presidente del Comité Consultivo .
En conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 124 de nuestro Reglamento, esta disposición deberá darse por aprobada, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los Senadores presentes, solicite someterla a discusión y votación.
Las restantes constancias reglamentarias, esto es, las indicaciones aprobadas, rechazadas, retiradas y las declaradas inadmisibles, se describen en el informe.
Las modificaciones efectuadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al proyecto aprobado en general se detallan en el informe. Dichas enmiendas fueron acordadas por unanimidad, con excepción de las siguientes:
1.- El reemplazo del epígrafe del Título I, que pasó a denominarse "DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES". Esta modificación fue aprobada por cuatro votos a favor de los Honorables señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega. Votó en contra el Senador señor Ruiz-Esquide.
2.- Las modificaciones efectuadas al artículo 1º, al inciso primero de los artículos 16 y 28, a los artículos 37, 38, 39, 40 y 41, y a los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios, en lo que concierne al reemplazo de la expresión "Consejo Nacional de Cultura" por "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes", aprobadas por cuatro votos a favor de los Honorables señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega. Se pronunció en contra del Senador señor Ruiz-Esquide.
3.- La enmienda al inciso tercero del artículo 2º, que fija el domicilio y sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la ciudad de Chillán, aprobada...
Advierto a las personas que se hallan en las tribunas, que hicieron un esfuerzo por llegar acá, que a la próxima manifestación me veré obligado a desalojarlas. Les pido orden. En el Parlamento hay que trabajar con orden y el público puede estar presente para escuchar, pero no le es posible intervenir.
Continúa el señor Secretario .
Decía que dicha enmienda fue aprobada por tres votos a favor, de los Honorables señores Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega. Votó en contra el Senador señor Boeninger y se abstuvo el Honorable señor Larraín.
Respecto de esta materia, cabe tener presente que fue sometida a votación la admisibilidad de las indicaciones números 7 y 8, las cuales fueron declaradas admisibles por tres votos a favor (de los Honorables señores Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega) y dos en contra (de los Senadores señores Boeninger y Larraín).
4.- La modificación realizada al Nº 12) del artículo 3º, que agrega un párrafo nuevo, estableciendo que para la operación del sistema nacional y regional de información cultural de carácter público el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes podrá crear un banco de datos personales de aquellos señalados en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. Fue aprobada por tres votos a favor (de los Honorables señores Boeninger, Ruiz-Esquide y Vega). Votó en contra el Senador señor Muñoz Barra.
5.- La enmienda al artículo 21, que reemplaza su inciso segundo, disponiendo que los integrantes de los Comités Consultivos Regionales serán designados por el Consejo Regional que corresponda, a propuesta de las organizaciones que posean personalidad jurídica vigente. Los integrantes de los Comités Consultivos Regionales durarán dos años en sus funciones.
Esta modificación fue aprobada por cuatro votos a favor (de los Honorables señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega). Se pronunció en contra el Senador señor Ruiz-Esquide.
6.- La enmienda al artículo 36, que sustituye su encabezamiento, estableciendo que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Calificación Cinematográfica serán coordinados por el Consejo Nacional de la Cultura, en lo concerniente a sus políticas, planes, programas y acciones.
Dicha norma fue aprobada por cuatro votos afirmativos (de los Honorables señores Boeninger, Larraín, Muñoz Barra y Vega). Votó en contra el Senador señor Ruiz-Esquide.
7.- La modificación al inciso primero del artículo 41, que autoriza al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para integrar y participar en una corporación de derecho privado cuyo objeto principal sea la promoción, fomento y gestión directa de actividades culturales mediante el Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta de Cámara de Chile.
El referido precepto fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Boeninger, Larraín y Muñoz Barra). Se abstuvieron los Senadores señores Ruiz-Esquide y Vega.
8.- La enmienda que eliminó el inciso final del artículo quinto transitorio, que eximía de la limitación contemplada en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834 a las personas que pasaran a ser personal a contrata en la División de Extensión Cultural del Ministerio de Educación y en el Departamento de Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que fue aprobada por cuatro votos afirmativos (de los Honorables señores Boeninger, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega). Votó en contra el Senador señor Larraín.
Respecto de esta modificación, cabe indicar que se intercaló un artículo sexto transitorio que amplió la excepción a todo el texto de la ley. Dicha disposición transitoria fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión. Sin embargo, el Honorable señor Ríos dejó expresa reserva de constitucionalidad, por considerar que la excepción aprobada en el artículo sexto transitorio, nuevo, vulnera la carrera funcionaria contemplada en el artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental. La opinión del Senador señor Ríos se consigna en la parte pertinente del informe.
9) Votación separada del inciso tercero del artículo quinto transitorio.
El Honorable señor Larraín solicitó votarlo separadamente, por estimar que dificulta el actuar del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes debido a que, en cierta medida, impondría el traspaso de 50 personas a honorarios a la condición a contrata, rigidizando así su conducción.
La disposición fue aprobada por cuatro votos a favor (de los Senadores señores Boeninger, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega) y el voto en contra del Senador señor Larraín.
La Comisión de Hacienda, al conocer de las normas de su competencia, efectuó una sola modificación, recaída en el inciso primero del mismo artículo quinto transitorio, consistente en suprimir la frase: "y que realicen labores que correspondan a las habituales y propias del Consejo". Tal enmienda fue aprobada por la unanimidad de sus miembros, Honorables señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Gazmuri.
Es necesario resaltar que las enmiendas acordadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio del debate en particular, solicite discutir la proposición de las Comisiones respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Al respecto, la Mesa ha recibido dos solicitudes de discusión y votación separada.
Asimismo, cabe tener presente que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19, 21, 22, 24, nuevo, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 permanentes y el artículo segundo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto de 27 señores Senadores.
Finalmente, informo a Sus Señorías que el boletín comparado se divide en cuatro columnas: la primera, consigna el texto aprobado en general por el Senado; la segunda, las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación; la tercera, la enmienda introducida por la de Hacienda, y la cuarta, el texto definitivo que resultaría en caso de aprobarse los cambios efectuados por las Comisiones.
Antes de iniciar la discusión particular y a petición del Ministro de Educación , solicito el asentimiento para que puedan ingresar a la Sala el señor Rodrigo González, Jefe del Departamento Jurídico de esa Cartera , y el señor Agustín Squella, Asesor Cultural de la Presidencia de la República .
Corresponde iniciar la discusión particular del proyecto.
Iremos artículo por artículo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 133, inciso sexto, del Reglamento, con arreglo al cual correspondería que la Sala diera por aprobadas todas las modificaciones acordadas por unanimidad en Comisiones y que no hayan sido objeto de indicaciones renovadas.
Señor Presidente , aunque no sé con exactitud si se encuentran en esa condición, pido discutir los artículos 5º y 17.
Entonces, quedarían aprobadas todas las modificaciones acogidas por unanimidad en las Comisiones, salvo las recaídas en los artículos mencionados por el Senador señor Larraín .
La primera modificación al proyecto aprobado en general es al Título I, "Del Consejo Nacional de Cultura", que la Comisión de Educación propone reemplazar por "Título I, Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes". Contó con cuatro votos a favor y uno en contra, el del Senador señor Ruiz-Esquide.
¿Habría acuerdo? ¿No?
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez, para fundamentar su voto, pues queda abierta la votación.
Señor Presidente , no me parece correcto incluir las artes en forma separada de la cultura. Existe una apreciación equivocada del término "cultura", que abarca todas las actividades humanas. Al agregar las artes se corre el riesgo de dejar fuera del concepto de desarrollo de la cultura actividades que, sin ser arte, constituyen expresiones del espíritu o de la creatividad humana.
Por lo tanto, me opongo a lo propuesto por la Comisión de Educación.
Señor Presidente , el cambio obedece a indicaciones formuladas por el Senador señor Viera-Gallo y el que habla. Aquél precisamente tiene por finalidad incorporar a las artes, en atención a que éste es un proyecto que prácticamente implica el desarrollo de las mismas. Ése es su propósito fundamental. La expresión "cultura" rebasa lo que es la responsabilidad de un consejo. La cultura está en las expresiones religiosas o de desarrollo social, y en todo cuanto hace la sociedad. Pero el proyecto tiene como propósito esencial utilizar las artes como elemento básico y necesario para el desarrollo de un área de la cultura que desde el punto de vista social requiere mayores fortalezas.
Si el señor Presidente repara en las normas que vienen a continuación, se dará cuenta de que las personas que forman parte del Consejo que se crea son representativas de las artes.
Por eso que para el Honorable señor Viera-Gallo y el Senador que habla debe incorporarse en la denominación del Título correspondiente al Consejo la expresión "artes", como parte esencial de él.
Señor Presidente , sólo deseo justificar mi voto contrario en la Comisión de Educación. Allí manifesté que colocar determinadas áreas en la denominación del título me parecía excesivo. Porque también se podrían poner otras actividades además del arte. Pero, a mi juicio, ello no es necesario, porque la cultura es un concepto muchísimo más global. De tal manera que no veo razón para separar y explicitar determinadas disciplinas tomando un camino ad infinitum.
Por eso voté en contra, señor Presidente, y lo mismo voy a hacer en esta ocasión.
En votación económica la proposición para reemplazar la denominación del Título I.
--En votación económica, se aprueba por 26 votos contra 8, y 2 abstenciones.
En seguida, corresponde discutir las modificaciones al párrafo 1º y al artículo 1º, que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Educación. Por lo tanto, conforme al acuerdo adoptado por la Sala hace unos minutos a instancias del señor Presidente , se encuentran aprobadas. Sin embargo, debe dejarse constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que fueron aprobadas por 36 señores Senadores.
Lo mismo vale para la primera modificación al artículo 2º, mediante la cual se sustituye el inciso primero de dicha norma por los que se indican; es decir, que se entiende aprobado con esa votación.
En cuanto al inciso segundo, que pasaría a ser tercero, el texto aprobado en general por el Senado dice: "Su domicilio y sede será la ciudad de Valparaíso, y constituirá Consejos Regionales en el territorio nacional." La Comisión propone reemplazar la palabra "Valparaíso" por "Chillán".
Por favor, ruego guardar orden.
En caso contrario, me veré obligado a desocupar las tribunas. ¡Por favor! Se los reitero.
En discusión la propuesta de la Comisión
Señor Presidente , vengo en solicitar la inadmisibilidad de la norma tendiente a cambiar la sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que se propuso en la Comisión, vengo en plantear su inadmisibilidad. En virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicito que el señor Presidente -o la Sala en su defecto- se pronuncie sobre la inadmisibilidad de la indicación para cambiar la sede de dicho organismo, que originalmente el Ejecutivo sugirió en Valparaíso, y que con posterioridad la Comisión acordó...
Seré muy claro: si hay una nueva manifestación, procederé a desocupar las tribunas. Carabineros ya tiene dada la orden. Los asistentes deben respetar el Reglamento de la Corporación, así como nosotros respetamos su presencia.
Puede continuar el Honorable señor Romero.
Efectivamente, se ha propuesto la creación de un nuevo servicio público.
El número 2º del artículo 62 de la Constitución Política establece como facultad privativa del Presidente de la República la de crear nuevos servicios públicos o empleos. En relación con el inciso tercero de tal precepto, referente a la administración financiera o presupuestaria del Estado, existen, a mi juicio, precedentes muy claros. En el caso del traslado del Congreso desde Valparaíso hacia Santiago que en alguna oportunidad se intentó, la iniciativa debía contar con el patrocinio del Ejecutivo por irrogar gastos al erario.
Por tales consideraciones, el señor Presidente del Senado, o la Sala, debe pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la indicación.
En todo caso, debo advertir que, por las dudas de la Mesa, someteré el asunto al pronunciamiento de la Sala, y no ejerceré la facultad que poseo como Presidente .
En consecuencia, pongo en discusión la admisibilidad de la indicación.
Señor Presidente , me referiré al tema -que es de previo y especial pronunciamiento-, en cuanto a si estamos frente a una cuestión constitucional o no lo estamos, porque de ello depende la votación que pueda haber sobre la materia.
Pero antes de eso, quiero manifestar que el proyecto en debate y toda la actividad que se procurará desarrollar a través del Consejo Nacional de la Cultura deben tener un carácter descentralizado, con independencia de la sede de su funcionamiento. Eso es lo más importante. Así lo consagra la iniciativa en diversas disposiciones,
Nosotros no podemos suponer que, por fijar la sede en una u otra parte, el Consejo actuará en forma concentrada en la región donde aquélla se ubique. Por lo tanto, es muy importante entender que la descentralización de la actividad cultural forma parte esencial del proyecto, independientemente de la dirección del organismo que se crea.
Señor Presidente , considero muy valioso que la sede del Consejo no radique en Santiago. En mi opinión, la Capital de Chile, por muchas razones, ha crecido en forma desmedida. Sobre todo en los últimos años, se han concentrado allí las principales actividades. Por eso es hora de que el país mantenga un desarrollo armónico a lo largo de todo su territorio.
Quienes representamos a las regiones vemos con mucha inquietud que se están creando dos países: uno en la Región Metropolitana, con perfiles de gran ciudad, con mucho desarrollo y modernidad; y otro en el resto del país, dejado a la buena mano del Señor y, por desgracia, con mucho retraso, subdesarrollo y distanciamiento en comparación con lo que ocurre en la Capital y, por lo tanto, en desmedro de los niveles de desarrollo. No me parece que eso sea justo y, desde todo punto de vista, debemos reordenarlo.
Ahora bien, el hecho de que sea Valparaíso o Chillán la sede del Consejo, en mi concepto, es una discusión que dignifica al país, en el sentido de que las diversas regiones manifiesten interés por que el organismo esté radicado en ellas.
Valparaíso, por cierto, tiene pergaminos más que suficientes y, por eso, se entiende la iniciativa del Ejecutivo sobre la materia. Pero también quiero valorar que Chillán -una ciudad del sur con una dimensión distinta de la de Valparaíso- haya jugado un papel en su afán de constituirse también en sede de la cultura. Tiene un reconocimiento que debemos admitirle, no sólo por sus pergaminos y por su historia, sino por el valor que representa la decisión de su gente, que fue recogida por algunos integrantes de la Comisión.
Sin embargo, aquí hay un problema anterior que -como señalaba- dice relación al tema de la constitucionalidad a que se refirió el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
El proyecto del Ejecutivo establece la sede del Consejo Nacional de la Cultura en Valparaíso y una modificación al respecto, ciertamente no depende de la iniciativa de los Parlamentarios.
Aquí hay precedentes de mucha naturaleza. Desde luego, se recordó la discusión sobre el funcionamiento del Congreso en Valparaíso cuando un proyecto presentado en el Senado propuso llevarlo a Santiago. Muchos nos opusimos a esa decisión y presentamos un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Éste lo acogió en gran parte. Porque la ubicación del Parlamento en una determinada ciudad irroga gastos, y todo lo que dice relación a la administración financiera del Estado es de resorte exclusivo del Presidente de la República . Nos guste o no nos guste, es así. Y eso tiene una justificación histórica -a la cual no voy a entrar ahora- suficientemente elocuente.
El Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias así lo ha declarado. Una de ellas, la número 79, dice que "son atribuciones suyas -del Presidente de la República -, entre otras, la de fijar la política tributaria, arancelaria, presupuestaria, de fijación de precios, de remuneraciones, de creación de servicios públicos, de recaudación de las rentas públicas y de su inversión conforme a la ley, de seguridad social...", etcétera.
Esa disposición está claramente configurada en el número 4.º del artículo 62 de la Carta Fundamental y también, en el inciso tercero del mismo precepto, que entrega a la iniciativa exclusiva del Presidente todas las materias relacionadas con el ordenamiento de la administración financiera o presupuestaria del Estado.
Tengo en mi poder un oficio del Director de Presupuestos dirigido al señor Presidente del Senado , en el cual se señala textualmente - respecto del gasto de operación del funcionamiento del Consejo Nacional de la Cultura- que "en parte depende de las características del bien en que funciona el Consejo, lo único que se puede señalar en este momento, es que el gasto en personal será superior si la sede es en Chillán en lugar de Valparaíso, ya que en la primera ciudad existe un 15 % de asignación de zona que legalmente debe pagarse a los funcionarios públicos y en Valparaíso no existe tal asignación.".
Este elemento es un dato objetivo sobre el aspecto presupuestario a que me refiero. Hay un mayor gasto en esta materia, y así lo reconoce el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, surge el problema de la creación del servicio público que, por cierto, lleva inherente la idea de su domicilio. Es consustancial a la creación el lugar donde se localiza dicho servicio público.
Por lo tanto, cuando se establece que la creación de nuevos servicios públicos es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , se está diciendo, en forma consustancial, que donde éste instale su domicilio forma parte de las prerrogativas del Presidente de la República .
En consecuencia, independientemente de la discusión de fondo -a la cual estamos dispuestos a entrar una vez despejado este tema-, me parece que corresponde sólo al Presidente de la República presentar una indicación para cambiar la sede del Consejo Nacional de la Cultura de Valparaíso a Chillán -como lo propone el proyecto- o a cualquiera otra región que se proponga. Y no puede una indicación parlamentaria fijar esa posición.
Por lo tanto, si el Ejecutivo no ha hecho suya la propuesta de algunos Parlamentarios o de los representantes de Chillán, en el sentido de cambiar la sede, tal indicación es inadmisible independientemente -repito- de los méritos que pueda ofrecer dicha ciudad.
Por consiguiente, desde el punto de vista del Senado, para la determinación de jurisprudencia y de los criterios sobre cómo debemos aplicar la Constitución, el punto debe ser resuelto desde una perspectiva estrictamente jurídica.
Deseo recalcar este aspecto porque así como en su momento defendimos la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso, basados en esos mismos criterios, considerando que no correspondía a la iniciativa de los Parlamentarios definir su traslado y que era una regresión al centralismo, hoy día queremos mantener tal predicamento, más allá de una discusión legítima, pero que, desde el punto de vista jurídico, es claramente inequívoca.
Aquí estamos, como lo sostuve en la Comisión, frente a una proposición inadmisible y, por eso, solicito a la Sala confirmar ese criterio.
Señor Presidente , es bueno recordar un aspecto. El país debe mirarse como un todo, en el sentido de cuáles son sus condiciones en relación con su geografía.
Se dice que la actividad marítima es y ha sido clave para nuestro desarrollo, y sabemos que es así porque la economía lo está confirmando. Y si quiero plantear que Chile es un país marítimo, tengo que reconocer su realidad geográfica. Y ésta se inicia cuando se descubre la bahía de Valparaíso y llega una cultura diferente al Chile de esa época. Y esa cultura diferente se produce porque el mar y la bahía permiten la entrada de elementos propios del espíritu y de la creatividad.
En consecuencia, desconocer el hecho de que Valparaíso se constituyó en la puerta de ingreso de la cultura a Chile, sería un grave error y una enorme injusticia.
Pero, además, hay otro aspecto que debemos considerar. ¿Cuál es la realidad geográfica de Chile? Marítima. ¿Cuál ha sido y es el primer puerto en esta actividad? Valparaíso.
Ahora bien, quiero referirme a otro punto adicional. En la actualidad, esta ciudad concentra el mayor número de universidades; es decir, los lugares de encuentro de los grupos pensantes o de los que van a generar pensamiento. Por lo demás, en cuanto a ideas, tecnologías e introducción de mejores condiciones de vida, Valparaíso ha contribuido en forma destacada a su desarrollo en el país.
Por lo tanto, sin desconocer las pretensiones de Chillán u otras ciudades -también podría ser Valdivia-, resulta evidente que al propiciar el cambio de la sede de ese organismo cultural se está desconociendo una realidad, disminuyendo el concepto de Chile país-marítimo, y lo más importante, ignorando las capacidades acumuladas en la ciudad de Valparaíso.
Sin la menor duda, pienso que se debe mantener a Valparaíso como sede de la nueva entidad, sin que posteriormente su instalación sirva de justificación -como algunos han sostenido- para destinar este edificio a tal propósito cuando se pretenda trasladar el Congreso Nacional a Santiago.
¿Me permite una interrupción, señor Senador, para presentar una moción de orden?
Señor Presidente , estimo lógico que antes de empezar una discusión sobre el fondo, respecto de los méritos de una u otra ciudad, nos pronunciemos sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación.
Por consiguiente, si la Mesa lo estima pertinente, deberíamos proceder de inmediato en tal sentido
Por lo tanto, solicito que los señores Senadores inscritos se refieran sólo al tema de la admisibilidad, para lo cual cada orador dispone de cinco minutos.
Señor Presidente , me referiré a esa misma materia.
Señor Presidente , en vez de argumentar sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación, podríamos votar de inmediato, aprovechando de fundamentar el voto.
Supongo que no será necesario fundamentarlo si quienes desean pronunciarse sobre la admisibilidad intervienen en uno u otro sentido.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , me referiré a ese mismo tema.
Sostengo que, independientemente del fondo, la indicación es admisible. Es iniciativa exclusiva del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, suprimirlos, determinar sus funciones y atribuciones, y adoptar cualquier medida que implique gasto.
En este caso, a diferencia de lo que señala el Senador señor Larraín , no se trata del traslado de un servicio ya establecido a otro lugar, sino de fijarle un domicilio a uno que se crea, lo que puede ser más barato o más caro, según el lugar en que se instale. Y esto ya lo decidió el Presidente de la República .
Además, no se puede sostener que el domicilio sea de la esencia del organismo o de sus funciones y atribuciones.
Acabamos de aprobar el cambio del nombre del servicio. Eso es obvio, pues no corresponde ni a sus funciones ni a sus atribuciones. La radicación física de un organismo que todavía no existe no necesariamente implica mayor gasto, incluso puede significar un ahorro. Por lo tanto, sería absurdo que el Congreso Nacional se cercenara la facultad de pronunciarse sobre la materia.
Por lo anterior, a mi juicio, la indicación es plenamente admisible.
Señor Presidente , aunque éste es un problema jurídico, me limitaré a una opinión práctica.
Recurriendo al mismo planteamiento del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, debo manifestar que estamos creando un nuevo servicio y no cambiando una estructura del Estado ya en funciones. Reconozco que eso no lo podríamos hacer, pues sería inadmisible.
Pienso que el Senado, dentro de sus facultades, tiene perfecto derecho de opinar acerca de la estructura de nuevos servicios, a su racionalidad, funcionalidad y distribución en el territorio nacional.
Por lo tanto, ante esta nueva eventualidad, esta Corporación legítimamente tendría que pronunciarse, porque es un problema que redundará en la eficiencia, costos e influencia de esa entidad en el fomento de la cultura nacional, que es lo que se pretende con su creación.
Considero admisible la indicación.
Señor Presidente , en la Comisión voté por la inadmisibilidad y quiero aquí reiterar mi posición.
Me parece que los argumentos dados al respecto son muy claros. Objetivamente, en este caso, se produce un mayor gasto público, así como en otros podría haber uno menor.
Asimismo, cuando se crea un servicio público, fijarle una sede es de su esencia misma, no veo que sea algo adjetivo y separable.
A pesar de lo solicitado por la Mesa, en dos frases me referiré también al fondo de la cuestión. Porque es evidente que en la votación de admisibilidad, sobre todo en quienes no son juristas, influyen de alguna manera sus simpatías al respecto.
Cabe señalar que los representantes de la ciudad de Chillán hicieron una brillante exposición cuando fueron invitados a la Comisión y demostraron que ella posee extraordinarios méritos. Sin embargo, también me queda claro que la infraestructura de la ciudad de Valparaíso y su potencialidad cultural, expresada, por ejemplo, en las distintas actividades culturales realizadas en enero pasado, demuestran que en tales aspectos posee una capacidad mayor que justifica la instalación de la sede de este organismo, sin quitar méritos a la de Chillán.
Por último, como sostuve en la Comisión -lo mencionó también aquí el Senador señor Larraín -, se trata de un servicio descentralizado por definición, de manera que cabe pensar que cualquiera que sea su sede -sostengo que debe ser Valparaíso-, al operar tendrá que hacerlo descentralizadamente. Incluso, en el órgano especializado manifesté que dentro de su estructura operativa podría recomendarse poner particular énfasis en una subsede -llamémosla así - o en alguna de sus oficinas regionales. En el norte, por ejemplo, podría ser Iquique; y en el sur, Chillán .
Tiene la palabra el Senador Muñoz Barra.
Señor Presidente , quiero partir recordando que el proyecto primitivo fijaba la ciudad de Santiago como sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Posteriormente, por razones que al menos yo desconozco -creo que también los señores Senadores-, se cambió por Valparaíso.
Vamos, en consecuencia, dejando las cosas claramente establecidas en el sentido de que respecto del domicilio de la sede no hubo una idea definida y perentoria, sobre la base del análisis de las razones por las cuales debía radicarse en determinado lugar geográfico.
Tal circunstancia animó legítimamente la postulación de una cuidad tan prestigiosa como lo es Chillán. Creo que ningún señor Senador en esta instancia opondrá reparos a los merecimientos que al respecto tienen tanto Valparaíso como Chillán, y ennoblece a las autoridades de ambas ciudades el que hoy se encuentren empeñadas en esta cruzada, cuyo horizonte lo constituyen perspectivas de nivel superior como dotar a Chile de una institucionalidad cultural. Vayan, pues, mis respetos a esas ciudades que en los medios de comunicación y en el Parlamento han esgrimido, con altura, argumentos que las hacen acreedoras a transformarse en sedes de esta institucionalidad cultural.
En cuanto a la admisibilidad de las indicaciones que el señor Presidente anunció que sometería a votación, debo señalar que en la Comisión procedí en la misma forma. Y lo hice sobre la base de lo planteado por los representantes de esas regiones en el sentido de que, por primera vez, se está creando un servicio público -¡por primera vez!-, por lo que no estaría en juego una ubicación anterior.
Señor Presidente , escuché con mucho respeto a un prestigioso Senador por Valparaíso comparar tal situación con la ocurrida con la sede del Congreso Nacional. Pero ese ejemplo no sirve, porque éste ya se encuentra instalado aquí, y no es iniciativa parlamentaria trasladarlo a Santiago u otro lugar. De modo que quiero dejar claramente establecido, por la seriedad del debate, que el ejemplo no es apropiado.
En seguida, la Comisión de Hacienda solicitó un informe técnico que precisara si ese cambio de sede significaba un gasto fiscal adicional. Porque aquí ¿qué se argumenta? Que es inadmisible la fijación de la sede -en este caso, en Chillán-, porque irrogaría gastos y estaríamos incursionando en una materia sobre la cual la iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República .
Insisto en que aquí se está creando un servicio nuevo, cuya futura sede constituye el motivo de esta discusión. Pero, curiosamente, la Comisión de Hacienda, para afianzar su postura, formuló esa consulta al Ministerio de Hacienda, organismo que se limitó a decir "comme çi, comme ça". O sea, no indicó que efectivamente hay un gasto extraordinario, sino uno menor consistente en la otorgación del 15 por ciento de asignación de zona al personal que eventualmente pudiera desempeñarse en esta entidad cultural. De tal manera que el planteamiento de un mayor gasto que habría hecho Hacienda, materia en la cual no tendríamos atribuciones, no es efectivo.
Por eso, reitero mis respetos hacia ambas ciudades, y quiero decir que respecto de la admisibilidad hubo tres votos a favor, uno en contra, y una abstención.
Señor Presidente , creo que no se necesitan especiales esfuerzos interpretativos para determinar la inadmisibilidad de esta proposición.
Estoy seguro de que en los Honorables colegas finalmente prevalecerá el análisis objetivo y riguroso de la norma en sí, aparte eventuales simpatías que legítimamente pudieran expresarse entre una y otra opción.
Francamente, lamento que haya sufrido este desventurado accidente una iniciativa que debió culminar sin objeciones de ninguna índole, consagrando a Valparaíso como la capital cultural de Chile. No se necesita estipularlo en una norma positiva, pues ésta es una ciudad cultural.
Se ha argumentado a favor de una también muy querida ciudad de nuestro país el hecho de que allí nacieron, entre otros, Claudio Arrau y Bernardo O'Higgins.
¡Y Marta Colvin!
Pero quiero manifestar al señor Senador que hizo la propuesta que, no porque en Vicuña nació Gabriela Mistral , se le ocurrió a alguien dar a esa ciudad un carácter especial; no porque en Parral haya nacido Pablo Neruda se haya pensado también darle una consagración de este tipo.
Está dando buenos argumentos, Su Señoría .
Tal vez. No porque en Aracataca, en Colombia, naciera Gabriel García Márquez , pudiera existir una iniciativa de este tenor. Por lo demás, Aristóteles nació en Estagira y, sin embargo, la capital cultural de Grecia es Atenas.
Por lo tanto, creo que hemos caído en una clase de discusión que no debió haberse dado jamás en el Congreso, particularmente en el Senado. Es incómodo y enojoso estar estableciendo comparaciones acerca de eventuales méritos de una u otra ciudad para obtener la consagración de capital de la cultura en Chile.
Me apena profundamente que una proposición de este tipo -por cierto, sin apego alguno a la norma constitucional- se fundamente en el hecho de que habría existido una mayoría cuando se votó en la Comisión especializada. Pero que yo sepa, en ese órgano técnico no hay ningún constitucionalista, menos aún lo es el autor de la indicación. Y mucho menos tengo antecedentes de que sus miembros sean especialistas en el ámbito que nos ocupa.
En consecuencia, ya que la Mesa se eximió de pronunciarse sobre esta materia, propongo entonces que la Sala asuma rigurosamente lo que compete, en una interpretación libre de prejuicios y de simpatías personales que no tienen que ver con un estricto apego a la Constitución que nos rige.
Señor Presidente , derechamente, habría preferido que la instalación de la nueva institucionalidad en Valparaíso se hubiese hecho de acuerdo a sus méritos, ya que éstos son muchos y totalmente indesmentibles, como centro universitario, como historia cultural, como infraestructura, como proyección internacional en el mundo. Esta ciudad posee una proyección internacional que ni siquiera Santiago tiene. Eso me parece absolutamente innegable.
Todo lo anterior, sin perjuicio del interés de Chillán, que considero muy importante valorar. Y debiéramos ver cómo en la configuración definitiva del proyecto se aprecia prácticamente el esfuerzo que dicha ciudad ha realizado para disputar también la condición de sede.
Habría sido deseable que otras ciudades hubiesen manifestado interés en jugar un rol central en el desarrollo cultural de nuestro país.
¿Por qué no Valdivia?
Como dice el Senador señor Valdés , por qué no Valdivia. Hay muchas otras ciudades que tienen bastantes méritos.
Sin embargo, creo que el señalado es el aspecto fundamental. Pienso que no existe ninguna razón para cambiar algo que fue formalmente comprometido por el Presidente de la República.
Está presente el señor Ministro de Educación , por si acaso.
Y, en esto, quiero corregir lo que señaló un Honorable Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
No se trata de que el proyecto haya partido con Santiago y terminado con Valparaíso. Eso no es así. Hubo una iniciativa del Presidente Frei , del año 1998, que planteó la creación de una Dirección de Cultura en Santiago. Posteriormente, el Presidente Lagos envió un proyecto distinto para crear una nueva institucionalidad cultural, con características y facultades diferentes; y desde el primer momento se planteó que su capital fuera Valparaíso . Digamos las cosas como son. Y no hay ninguna razón para agraviar a esta ciudad, que, por lo demás, en estos días postula a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Valparaíso va a enfrentar, entre finales de mayo y el mes de junio, una votación muy importante en el seno de la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad . Y me parecería francamente un agravio buscar una enmienda de esa situación ahora.
Empero, lo que está planteado en nuestro debate es la admisibilidad de la disposición pertinente.
Al respecto, el último informe de la Dirección de Presupuestos no admite dos interpretaciones. Hay una cifra absolutamente verificable: 2 mil millones de pesos cuesta instalar en Valparaíso un conjunto de servicios y los respectivos funcionarios, todo perfectamente acotado. Hacerlo en Chillán vale 15 por ciento más, porque se debe pagar asignación de zona; eso significa 300 millones de pesos adicionales.
Señor Presidente, uno podrá discutir cuáles debieran ser las atribuciones del Parlamento; pero no cabe la menor duda de que no tenemos facultades para modificar un proyecto que irroga mayor gasto. Y, al respecto, debemos ser rigurosos con los precedentes que se sientan.
Señor Presidente , primero que todo, quiero agradecer a las personas venidas de Chillán, que han tenido y seguirán teniendo una actitud de mucho respeto con la Sala.
En segundo lugar, creo que, antes de entrar al tema de fondo -los méritos de una y otra Región para ser sede, que es materia de una discusión posterior-, los Senadores debemos referirnos a lo que estamos abocados ahora: la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma planteada.
Tercero, con toda franqueza, lamento que las dos últimas intervenciones hayan sido tan peyorativas para con el resto de los Senadores que pertenecemos a la Comisión de Educación. No me parece que sea el lenguaje que debemos emplear entre nosotros.
Señor Presidente , nadie ha manifestado que vamos a votar por Chillán porque allí nació Arrau o Bernardo O'Higgins . Ésa es una manera inadecuada de usar la ironía. Y para usar la ironía, como dijo Quevedo, hay que tener mucha calidad.
No hemos utilizado ese argumento. Es como si yo quisiera burlar la frivolidad, actuar de manera inadecuada y decir, por ejemplo, que si determinado Senador nació en San Felipe o en Putaendo -no lo sé exactamente; me lo están averiguando-, deberíamos nombrar a una de esas dos ciudades como centro de la religiosidad chilena.
Por otra parte, tampoco es conveniente argumentar en términos de quién agravia o quién no agravia. Aquí nadie agravia a nadie. Lo que estamos haciendo es respaldar la posibilidad de hacer las cosas mejor.
Y en ese sentido, una sola cosa.
Yo firmé para que Valparaíso sea Patrimonio de la Humanidad. Ello demuestra que no estoy por agraviar. Pero también quiero dar algunos argumentos sobre la materia.
Primero, guste o no guste, el primer proyecto del Ejecutivo, de la Concertación, consignaba a Santiago como sede del ente respectivo. Por lo tanto, si se cambia por Valparaíso en la Cámara de Diputados o en una instancia posterior, eso demuestra que nos es posible hacer las cosas de otra manera. Y nadie agravia por ello al Presidente Lagos o a Valparaíso. Pero deseo que tampoco se agravie al ex Presidente Frei . Así de claro.
Segundo, valoro el hecho de querer descentralizar; pero, con mucha seriedad, descentralizar realmente. Porque, ¿saben Sus Señorías cuál es el problema, por lo menos desde mi punto de vista? Con esto de traer todo a Valparaíso -me parece muy bien; y tienen que solicitarlo-, vamos a terminar en Chile, no con una descentralización, sino con una megalópolis, conformada por Santiago y Valparaíso . Y eso no es descentralizar verdaderamente.
Tercero, no voy a argumentar las razones tenidas en vista para optar por Chillán. Lo dijimos en esta Sala cuando se reunió la Comisión. No considero que sea ése el motivo de nuestra discusión ahora.
Además, se sostiene que la sede de determinado ente es de la esencia del respectivo proyecto.
¿Es de la esencia del Congreso estar radicado en Valparaíso y no en Santiago u otra parte? ¿De dónde sacan que la sede es la esencia de una institución que tiene un valor muchísimo mayor?
Por tanto, considero que ése es un argumento falso.
A mayor abundamiento, traeré a colación tres cosas.
Primero: ciertamente, la Sala es soberana; pero también está el antecedente histórico de que, cuando las Comisiones han resuelto que una materia es admisible o inadmisible, aquélla ha respetado siempre sus recomendaciones.
Segundo: en materia presupuestaria, el argumento prínceps de quienes participan en el debate en pro de Valparaíso es que la opción de Chillán irroga mucho gasto. Pero fíjense, Sus Señorías, lo que dice el Director de Presupuestos -y esto no ha sido leído- en respuesta a un oficio: "En todo caso, se puede señalar que estimaciones preliminares indican que, en la actualidad, los bienes raíces en la ciudad de Chillán tienen un precio promedio de mercado del orden de un 25% menor a los de Valparaíso.".
Entonces, si hacemos un cálculo aritmético, el argumento de que la instalación en Chillán implica un mayor gasto de 15 por ciento no funciona. A lo menos, dicha información invalida cualquier afirmación en este sentido.
Por último, con franqueza, llamo a los señores Senadores, cualquiera que sea su opción de voto, a tener cuidado con autocercenarnos y autoflagelarnos al incapacitarnos para por lo menos, sin que ello implique mayor gasto, fijar la sede de una institución que todavía no ha sido creada. Por esa vía podemos terminar en una capitidisminución de nuestro Parlamento que en algún momento rebotará en nosotros mismos.
Por eso, creo que la norma es admisible.
Señor Presidente , deseo plantear una moción de orden.
Solicito formalmente a Su Señoría la aplicación del artículo 142 del Reglamento, que lo faculta para clausurar el debate. Ya hemos discutido bastante, y creo que todos sabemos perfectamente cuáles son los argumentos en un sentido u otro.
Pero terminemos de discutir.
Le ruego, señor Presidente , que acceda a lo que estoy solicitando.
Que se vaya fundamentando el voto.
Están inscritos los Senadores señores Foxley, Fernández, Silva, Ríos,...
Por lo menos que intervengan quienes están inscritos.
... Ruiz De Giorgio y Arancibia, y la Honorable señora Matthei.
No vamos a alcanzar a votar, pues la sesión está citada hasta las 2.
Conforme al Reglamento,...
Conforme al Reglamento, Su Señoría debe someter a votación mi solicitud.
...formulada la petición de clausura del debate, debe votarse de inmediato.
¿Puedo votar primero, señor Presidente ? Porque aquí se han formulado una serie de observaciones que no se ajustan a la realidad.
Los Senadores señores Ruiz-Esquide y Muñoz Barra ya aclararon que el proyecto nace con la ciudad de Santiago como sede del ente que se crea. Por tal motivo, no corresponde sostener que se trata de una iniciativa del Presidente Ricardo Lagos , a quien tenemos mucho respeto. Estamos ante un proyecto del Presidente Eduardo Frei , presentado al término de su mandato; en enero de 1999 llegó a la Cámara Baja, donde comenzó su discusión.
Quienes formularon la indicación -y aquí están los documentos- para fijar dicha sede en Valparaíso y no en Santiago fueron los Diputados señora María Victoria Ovalle y señor Manuel Rojas . No se la consideró inadmisible y fue votada en la Cámara Baja, donde...
Le ruego, señor Presidente, procurar que haya silencio en la Sala.
Excúseme, señor Senador , pero acabo de reasumir la Presidencia .
La Secretaría me advierte que corresponde votar la clausura del debate. De modo que no entraremos aún al tema de la inadmisibilidad.
Por lo tanto, someto a votación económica la clausura del debate.
Por favor, levanten la mano los señores Senadores que están de acuerdo en clausurar el debate.
Quienes rechacen la clausura del debate, levanten la mano, por favor.
Queda clausurado el debate por mayoría.
En votación la admisibilidad de la proposición de la Comisión contenida en el artículo 2º, inciso tercero, del proyecto.
Al efecto, sugiero comenzar con los señores Senadores que no alcanzaron a intervenir, respetando el orden de inscripción.
Por intermedio de la Mesa, pido a la Sala mantener silencio, porque estamos tratando un tema muy relevante desde el punto de vista constitucional y que afecta claramente las disposiciones que nos rigen como Parlamento. Sin duda alguna, nuestra resolución tendrá incidencia en otras acciones propias de nuestras funciones legislativas.
Señor Presidente , aquí se ha señalado de manera reiterada que este proyecto nació con la ciudad de Valparaíso como sede del ente que se procura crear; que fue enviado por el Presidente Ricardo Lagos , y que así se aprobó en la Cámara de Diputados, para luego pasar al Senado.
Sin embargo, la iniciativa vio la luz bajo la firma del Presidente Eduardo Frei , quien la envió al Congreso el último año de su mandato. Efectivamente, venía con la proposición de Santiago como sede. Y hay además un informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, donde se expresa que la aprobación del proyecto no irrogará gastos especiales o extraordinarios.
Por ello, es conveniente aclarar la situación y no hacer tan decididamente una afirmación alejada de la realidad.
Señor Presidente , la iniciativa que sugiere a Valparaíso como sede surge de una indicación de dos Diputados: la señora María Victoria Ovalle y el señor Manuel Rojas (aquí tengo el informe respectivo). Esa indicación fue votada en la Cámara Baja, que la rechazó, manteniendo por ende la ciudad de Santiago. Posteriormente, en el segundo informe se volvió a votar, aprobándose en definitiva la propuesta de fijar la sede en Valparaíso.
Por tal motivo, señalar que se trata de una indicación del Ejecutivo no es efectivo, pues ella -según expresé- tuvo origen parlamentario.
Además, en el mensaje, donde se fijan las áreas en que deberá desarrollarse la acción legislativa mediante las indicaciones, no figura como elemento fundamental la sede del ente que se crea. Sí aparecen otros aspectos trascendentales para el estudio del proyecto.
De otro lado -y esto es quizá lo más importante-, lo que hizo la Comisión de Educación fue actuar conforme al Reglamento, tal como ha ocurrido con el resto de las Comisiones del Senado. Y así ha sido siempre: lo que determinada Comisión establece respecto de una materia, la Sala lo respeta. En este caso debemos respetar aquí, no sólo lo dispuesto por la Comisión, sino también los argumentos que dieron origen a la proposición de Valparaíso como sede, que emanó de una indicación de Diputados y no del Ejecutivo.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda, a propósito de una intervención del Senador señor Foxley , quien hizo presente una petición del Honorable señor Ominami -Su Señoría no pudo asistir a la sesión pertinente- en cuanto a solicitar a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda un informe técnico sobre la materia, dijo lo siguiente: "la Comisión rechazó la solicitud del Honorable Senador señor Ominami , por considerar que dilataría el despacho del proyecto por la Comisión, lo que no se justificaba atendido el tenor del referido Informe Técnico actualizado, emanado de la Dirección de Presupuestos, de fecha 2 de abril del presente año, que es posterior al informe de la Comisión de Educación".
Está claro, entonces, que el informe técnico de la Dirección de Presupuestos es posterior al informe de la Comisión y que no existen argumentos en contra de lo resuelto por ésta.
Señor Presidente , es tremendamente delicado sostener que la instalación de un servicio en Chillán o hacia el sur implica un gasto superior de 15 por ciento, teóricamente, por concepto de mayor ingreso para los funcionarios públicos que trabajen en las áreas respectivas. Aducir ésa como una de las razones para no instalar allí el ente en cuestión implica, en el fondo, rechazar el establecimiento de cualquier organismo futuro en Regiones donde existen porcentajes superiores de remuneraciones -en este caso, de 15 por ciento- por concepto de asignación de zona.
Se trata de un argumento que hiere al desarrollo armónico de nuestro país y quiebra absolutamente el crecimiento descentralizado que todos -supongo- queremos impulsar.
En consecuencia, señor Presidente -con esto termino; más adelante entregaré los fundamentos por los cuales creo que Chillán es importante como sede-, desde los puntos de vista técnico, reglamentario y legal, el trabajo de las Comisiones de Hacienda y de Educación y la disposición en comento, surgida de un planteamiento parlamentario en la Cámara de Diputados, son elementos que permiten concluir en la plena admisibilidad. Y todo ello se suma al hecho, como se ha señalado -y quiero reiterarlo-, de que estamos creando un servicio inexistente y promoviendo el debate de normas emanadas, no sólo del Ejecutivo, sino también de la acción legislativa.
Señor Presidente , considero admisible la proposición de la Comisión, basado en que, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Carta Fundamental, las facultades del Presidente de la República son una excepción dentro del ordenamiento constitucional. Porque la regla general es que los proyectos sean presentados por Parlamentarios; la excepción son las materias respecto de las cuales el Primer Mandatario tiene iniciativa exclusiva, que están consignadas en el artículo 62. Y toda norma de excepción debe interpretarse restrictivamente, de acuerdo con los preceptos jurídicos más elementales.
¿Qué establece el Nº 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución? Que es facultad privativa del Presidente de la República "Crear nuevos servicios o empleos rentados,"..."suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.". Obviamente, dadas esas atribuciones, el Congreso no puede entrar a modificar las iniciativas que sobre la materia proponga el Primer Mandatario , sino que las debe aceptar o rechazar.
Sin embargo, no cabe extender esa facultad a otros elementos del proyecto, como el nombre -cosa que ha ocurrido, incluso, en esta misma sesión-, que es un atributo tanto de las personas jurídicas como naturales; un atributo de la personalidad de esos entes morales. También lo es, a nuestro juicio, el domicilio, elemento fundamentalmente variable que no es de la esencia de la normativa y que, por lo demás, no está señalado taxativamente en el Nº 2.º del artículo 62 de la Carta, que habla de "determinar sus funciones o atribuciones;".
Ésas son las limitaciones que tiene el Congreso Nacional. No las extendamos más allá de lo que la Constitución establece. Porque, repito, éstas son normas excepcionales y, por lo tanto, deben entenderse restrictivamente. Lo que no podemos hacer es modificar las funciones o atribuciones del servicio; pero sí, intervenir en otro tipo de facultades.
Ahora, se podría llegar al absurdo de plantear, por ejemplo, que al Parlamento no le cabría sino aceptar el domicilio que proponga el Ejecutivo . Porque si no tiene facultad para sustituirlo, solamente podría aceptarlo o rechazarlo. Y si lo rechazara, estaríamos en presencia de un proyecto que crearía un servicio sin domicilio, lo cual carecería de sentido. Naturalmente, ninguna interpretación puede llegar al absurdo de sostener que en este caso existiría un servicio sin domicilio.
En consecuencia, me parece perfectamente lícito determinar el lugar donde funcionará un servicio público, por cuanto esto no se encuentra contemplado dentro de las estrictas normas establecidas en el artículo 62 de la Constitución.
¿Su Señoría vota por la admisibilidad?
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda examinamos el proyecto y concluimos que no nos correspondía pronunciarnos respecto del artículo que establecía la sede, aunque sí acerca de una serie de preceptos que dicen relación a tareas propias de ese órgano técnico, entre ellas, la de si acaso la iniciativa implicaba o no un gasto adicional, para lo cual debíamos contar con un informe financiero del Ministerio de Hacienda.
Dicha Secretaría de Estado envió ese documento al comienzo del proceso de estudio de la normativa, en el supuesto de que el Consejo se instalaría -según la propuesta del Gobierno- en Valparaíso. En él se consigna que el proyecto será financiado con los fondos habituales de la Ley de Presupuestos y que no implicará costos adicionales, excepto los que requiere la creación de 20 cargos directivos, que son precisamente aquellos que se cargan a la Dirección de Presupuestos.
Posteriormente, por decisión de una Comisión, se cambió la sede desde una ciudad a otra. En la Comisión de Hacienda algunos Senadores argumentamos que era necesario modificar el informe financiero, porque no podíamos aprobar o rechazar una propuesta del Ejecutivo si no iba acompañada de las cifras relativas a su costo. Planteamos la idea de esperar hasta que el Ministerio de Hacienda nos hiciera llegar otro informe. Sin embargo, hubo mayoría en la Comisión, por razones puramente pragmáticas tendientes a no demorar el despacho de la iniciativa, en el sentido de pedir que aquél se hiciera llegar a la Sala del Senado y no, como establece el Reglamento, a la Comisión respectiva, que es la de Hacienda.
Recién hoy, hace diez minutos, me enteré de que en ese informe se señala que los costos de una sede u otra son difíciles de determinar; que si se fijara en Chillán habría un recargo de 15 por ciento, pero que el valor de la instalación podría ser menor. O sea, el punto no se halla definido, pero está claro que un cambio de sede determinado por el Parlamento varía los costos.
Por ejemplo, cuando se discutió el eventual traslado de sede del Congreso, se estimó inadmisible que fuera propuesto por el propio Poder Legislativo porque implicaba gasto. Alternativamente, en el caso en debate podría aducirse que la Comisión que aprobó el cambio de sede a Chillán podría haberse inclinado por instalarla en Punta Arenas, en Arica, en Isla de Pascua, etcétera. En cualquiera de esos casos -que seguramente habrían tenido una justificación en sí mismos, desde el punto de vista de los méritos de tales lugares para constituirse en un centro cultural del país- habría existido un costo significativamente diferente y, por tratarse de puntos extremos del país, o Isla de Pascua , bastante más alto que el que impulsó al Gobierno a declarar que el único mayor costo que representaba el proyecto era el de 20 cargos más en la planta.
Pienso que desde el comienzo el Ejecutivo debería haber establecido clara y taxativamente en el informe financiero que la modificación de la sede implicaba costos adicionales y que el Congreso, sobre la base de ese informe real, tendría que aprobar o rechazar la ubicación de ella.
Dicho de otra manera, no me parece aceptable que los Parlamentarios fijemos otra sede, ya sea en una región extrema o en Isla de Pascua, que signifique un costo adicional, sin el respectivo informe financiero y, por consiguiente, sin saber a cuánto ascenderá ese mayor desembolso. De lo contrario, estaríamos vulnerando las atribuciones del Presidente de la República , que tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos que involucran gasto.
Lamento la confusión que se ha generado, producto de que el Ejecutivo no determinó oportunamente los costos del cambio de sede, ya que el Parlamento carece de atribuciones para aprobar un aumento o variación de ellos si el Gobierno no los ha asumido como tales previamente a la aprobación que a nosotros nos compete.
Por eso, considero que la norma, tal como está planteada, es inadmisible.
Advierto a los señores Senadores que la presente sesión fue convocada hasta las 2 de la tarde; pero como estamos en votación deberé prolongarla hasta el término de ésta.
Señor Presidente , quiero manifestar, con todo respeto, que si desde el inicio nos hubiésemos limitado a votar por la admisibilidad o inadmisibilidad de la enmienda, habríamos debido argumentar como lo hizo el Senador señor Larraín primigeniamente: desde el punto de vista de la interpretación de la norma constitucional. Y nada más.
Me permito recordar al Honorable Senado que la norma del Nº 2.º del artículo 62 de la Constitución, mencionada tantas veces, tuvo origen en la ley Nº 7.727, de noviembre de 1943, que reformó el Texto Fundamental.
Ese cuerpo legal, que nació de la iniciativa patriótica del Senado de la época -el cual, consciente de que el conjunto de leyes iniciadas en mociones implicaban un enorme gasto público no financiado, resolvió desprenderse de esa atribución que a la sazón tenía el Congreso-, se denominó "Ley de Restricción de la Iniciativa Parlamentaria en Materia de Gastos Públicos". Desde entonces esa normativa, que fue incorporada en la Constitución Política en 1943, ha restringido la facultad de ambas Cámaras en ese ámbito.
Más de algún señor Senador ha dicho que al interpretarla así corríamos el peligro de autocercenarnos atribuciones. ¡Fue el propio Congreso el que se restringió esa potestad en 1943! Por consiguiente, desde esa fecha hasta ahora cualquier tipo de iniciativa legal que comprenda gasto, mayor o menor -sin entrar a analizar si en este caso la sede en Chillán representaría un gasto menor que en Valparaíso-, en la especie es absolutamente indubitable que, desde el punto de vista constitucional, sólo puede ser declarada inadmisible.
En consecuencia, voto por la inadmisibilidad.
A mayor abundamiento, me permito decir muy brevemente que el señor Ministro me ha informado que, en verdad, este proyecto fue de iniciativa del Gobierno del Presidente Lagos y que desde el comienzo se señaló específicamente que la sede debía ser Valparaíso y no Chillán.
Señor Presidente , este debate ha sido esencialmente jurídico; pero, después de escuchar en esta Sala a distinguidos abogados, no hay definitivamente una postura que demuestre en forma certera la fórmula que en esta oportunidad debe aplicarse.
Deseo hacer notar que, cuando una Comisión declara admisible una norma, la Sala, desde el punto de vista estrictamente reglamentario -así se ha procedido en muchas ocasiones-, puede enmendarle la plana. Pero la declaración de inadmisibilidad no da lugar a discusión.
Este tema se ha debatido latamente múltiples veces en el Senado y en más de una de ellas se planteó la necesidad de modificar el Reglamento para que la Sala tuviera la posibilidad de rediscutir lo ya resuelto por una Comisión. Eso es lo lógico. La Sala debería ejercer una potestad superior a la de las Comisiones.
Lamentablemente, el Reglamento vigente dispone otra cosa. Esta norma del proyecto, despachado por la Comisión de Educación -también lo vio la Hacienda-, fue declarada admisible. Y la Sala tiene todo el derecho de revisar el punto.
Más allá de las interpretaciones jurídicas afinadas que puedan plantearse, hay un tema que me preocupa y que es clave. El Senador señor Fernández manifestaba, por ejemplo, que el artículo 62 de la Constitución dispone una especie de excepción a la regla general, en el sentido de que al Congreso le correspondería la iniciativa, lo que es cierto desde el punto de vista del principio jurídico. Pero la práctica demuestra que el Parlamento cuenta con muy pocas facultades, porque ese precepto abarca un conjunto enorme de atribuciones presidenciales e impone al Congreso limitaciones importantes, incluso por la vía de calificar las urgencias. Así, en definitiva, el que dirige en gran medida el proceso legislativo es el Poder Ejecutivo , que es tremendamente fuerte hoy día en Chile.
Por lo tanto, ante las dudas, prefiero adoptar una postura de mayor amplitud; prefiero entender que no corresponde a los Parlamentarios, particularmente al Senado, autolimitarse en sus atribuciones; y prefiero mil veces que la Corporación ejerza facultades para decidir sobre materias que la Constitución no establece con claridad suficiente como para que todo el mundo las interprete de una manera.
En consecuencia, independientemente del debate posterior sobre donde debe quedar instalada la sede del Consejo, creo que la modificación es admisible.
Señor Presidente , a estas alturas del debate y habiendo escuchado tan doctos argumentos acerca de los apoyos jurídicos, legales, constitucionales y de otra índole, deseo hacer un par de planteamientos más bien orientados a una suerte de análisis lógico, pero que sea entendible, en castellano simple, por el común de los mortales.
En ese sentido, aquí hay dos temas en discusión. Uno, el central, se refiere a la inadmisibilidad de la norma. Me refiero a la inadmisibilidad abordada conforme a dos grandes temas: primero, si el establecimiento del domicilio es iniciativa del Presidente de la República, y segundo, si el problema de costos implica la inadmisibilidad por el hecho de que el control del gasto corresponde al Ejecutivo.
Hemos escuchado opiniones desde esos dos puntos de vista, proporcionándose muy buenos argumentos acerca de que podemos cambiar el domicilio. Y quiero poner un ejemplo simple. Estoy convencido de que la creación de un servicio conlleva indefectiblemente la fijación de su sede. Porque si el Presidente de la República -hagamos una ficción- crea el Servicio de Impuestos Internos y el Senado resuelve instalar su domicilio central en Putre, será necesario contar con sistemas computacionales muy desarrollados para cumplir su cometido con efectividad.
Estoy aludiendo a la esencia y no discutiendo si se trata de Chillán, Valparaíso, Punta Arenas o Arica. El punto es que quien va a crear el organismo debe indicar donde lo hará, porque eso es consustancial a lo que se espera.
Además, deseo recordar al Senado que en su oportunidad la señora Ministra de Educación , después de participar en una sesión en esta Sala, al enfrentar a los medios de comunicación señaló enfáticamente que el Ejecutivo , independientemente del debate parlamentario, deseaba mantener en Valparaíso la sede del Consejo. Ésa es la expresión de la voluntad del Gobierno, y hasta el momento no he escuchado que haya cambiado.
Otro aspecto importante es el mayor costo. Sea como sea -y hay un informe tal vez no taxativo en la materia-, establecer ese organismo en un área extrema, lejana o distante, se traduce en gastos más elevados. En cambio, traer de Santiago a Valparaíso la capital cultural o la sede del instrumento cultural no tiene diferencias de costos, sin perjuicio de los que irroguen la instalación. Sin embargo, llevarla a Chillán, Punta Arenas o Isla de Pascua sí representa gasto permanente. Y, probablemente, eso lo tuvo en consideración el Ejecutivo al formular el planteamiento.
He mencionado dos elementos, a los cuales no daré un respaldo jurídico, sino que más bien pretendo que tengan una expresión lógica.
En definitiva, me parece que el asiento de algo que se desea crear y que el Ejecutivo ha pensado para un fin específico es consustancial a lo que se persigue. Y en este caso particular representa un mayor costo.
Por lo tanto, voto por la inadmisibilidad.
Señor Presidente , me pronunciare también de esa forma; pero quiero precisar el alcance de mi voto.
Tiendo a compartir lo argumentado por el Honorable señor Fernández en cuanto a que deberían interpretarse con carácter restrictivo las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ya que la norma general es que los proyectos de ley o las indicaciones tengan origen en moción parlamentaria o en mensaje presidencial.
También creo que no son pertinentes las restricciones -o por lo menos hay muchas dudas en cuanto a su aplicación- relacionadas con las atribuciones o funciones de los servicios públicos. Coincido en que el domicilio no es una atribución o función. Tampoco podría señalarse que se altera la administración financiera del Estado por el hecho de que se cambie o fije un domicilio distinto.
Finalmente, debemos ser extremadamente prudentes en la interpretación de la norma que señala que el Congreso no puede aumentar los gastos. Es evidente que si el Ejecutivo propone un nivel de gasto determinado, el Parlamento no podría aumentarlo. Pero no cabe llegar al extremo de hacer una especie de análisis financiero de todas las disposiciones que nosotros votamos, para ver si ellas inciden o no inciden en un mayor gasto. Por ejemplo, este Congreso ha aprobado muchas veces, a iniciativa de Parlamentarios, normas que establecen medidas de publicidad de los actos públicos, medidas de fiscalización, formas en que una autoridad debe ejercer sus funciones. Y es evidente que todas esas materias, en mayor o menor medida, implican gasto. Pero sería absurdo que porque le exigimos a una autoridad determinada que informe a la ciudadanía o que fiscalice de manera especial a otras entidades, lo cual podría conllevar mayor gasto, nos limitáramos en nuestras atribuciones.
Sin embargo, en este proyecto específico hay una norma, el artículo tercero transitorio, inciso segundo, que dice especialmente que la Planta que se fije no podrá significar un mayor gasto ni una alteración del que se está haciendo actualmente a través del Ministerio de Educación o de la Secretaría General de Gobierno.
Estamos frente a una norma muy específica, que limita el gasto en comparación al actual, y hay un informe de la Dirección de Presupuestos que señala que el trasladar la sede significará un costo mayor. Entonces, ahí estaríamos alterando o aumentando un gasto en forma expresa, no en forma indirecta, no en la forma que quizás uno pudiera interpretar como admisible.
Por eso, considerando que en términos generales la facultad exclusiva del Presidente de la República debiera interpretarse de manera restrictiva, porque no es lógico y no me parece conveniente para el país que nos autolimitemos de manera excesiva en cuanto a las iniciativas, en este caso particular, en virtud de lo señalado expresamente en el artículo tercero transitorio, inciso segundo, estimo que la disposición es inadmisible.
Señor Presidente , la Comisión de Educación, que es el órgano técnico, analizó este tema y declaró admisibles las indicaciones. Ya ése es un hecho importante que debe pesar en la Sala, sin perjuicio de que tenemos la facultad de analizar tal resolución, como lo estamos haciendo en esta oportunidad.
De los diversos argumentos aquí vertidos, recojo el del Senador señor Viera-Gallo , quien ha señalado que el Consejo es un servicio que se está instalando por primera vez. Por lo tanto, el costo que significaría ubicar la sede en Valparaíso puede ser exactamente el mismo que el situarla en Chillán, con el mérito, incluso, de que allá las propiedades tienen menor valor, razón por la cual los gastos de instalación pueden ser inferiores.
La argumentación de fondo en la parte jurídica la dio el Senador señor Fernández . Claramente me quedo con ella. Es perfectamente admisible que el Senado y la Comisión nos pronunciemos con respecto a esta materia.
Deseo, también, rebatir en parte la argumentación del Senador señor Novoa : aquí no se trata del traslado de un servicio -eso sí que significaría gasto, como vimos cuando se planteó el traslado del Congreso en su oportunidad-, sino de la instalación de un servicio nuevo. Por lo tanto, el gasto es el mismo, ya se trate de Valparaíso o de Chillán.
Voto por la admisibilidad de la norma.
Señor Presidente , acepto todas las razones que dio el Senador señor Novoa -lamentablemente no está en la Sala-, pero no la conclusión. Yo voto por la admisibilidad, porque, de otra manera, la limitación que el Senado y el Congreso de la República estarían adquiriendo nos dejaría en condiciones muy lamentables.
Ya en el primer año de Leyes aprendí que el Parlamento es colegislador con el Ejecutivo . Nunca he sabido que en Chile ni en ninguna democracia el Congreso sea un empleado del Gobierno, que deba hacer aquello que a éste se le ocurra. En este caso reclamo, porque la iniciativa en debate lleva dos años; se le han hecho indicaciones sustantivas; se ha hablado con el Presidente de la República , con los Ministros; se les han dicho las razones por las cuales puede modificarse, pero finalmente se invoca la facultad del Presidente para imponer un valor: el costo. ¡Yo quisiera saber si en Chile nos vamos a seguir dirigiendo por el costo de las cosas; si lo que nos preocupa en la cultura es su costo, el costo de los servicios; si en la guerra del Pacífico nos preocupamos del costo para ganarla! Cómo es posible que tengamos este concepto tan reducido en virtud del cual si en la ley tal dice que no se puede alterar ningún costo, tenemos que votar el que supone el Gobierno.
No creo que haya otro Congreso que se autolimite en la forma en que nosotros nos estamos autolimitando para crear, como dice el Senador señor Sabag , con razón, un servicio nuevo, cuyo costo no sabemos. Se da una norma, pero no sabemos. El Presidente se va a ver obligado seguramente a pedir un suplemento para el servicio. No se puede decir cuánto cuesta la cultura. Me irrita pensar el argumento de que la cultura tiene que someterse a cierta partida de cierto Presupuesto de ciertas normas que cierto funcionario dijo en cierta Comisión. Eso quiere decir que no estamos tratando un Consejo de Cultura. Aquí estamos tratando una parte del Presupuesto.
Esto es muy serio. Por eso, sin hablar de una ciudad u otra; démonos cierta elasticidad, cierta capacidad de pensar. Si aquí hay Ministros, que han sido Parlamentarios -y los supongo cultos, porque los conozco hace muchos años-: que sepan que están colegislando con nosotros, que la opinión nuestra sobre cuánto cuestan las cosas vale tanto como la del Ejecutivo. Yo tengo mucho respeto por el Presidente Lagos , porque lo elegí y creo que es un gran Presidente , pero no me parece que él tenga, como tampoco el señor Bush , la vara del bien y el mal para determinar cuánto cuestan las cosas. Comprendo que debe existir un concepto del gasto, pero cuando estamos hablando de un concepto exterior, o de la cultura o de valores que son muy difíciles de imaginar, ¡por amor de Dios, no invoquemos facultades limitadas que, en definitiva, corresponden al Director de Presupuestos ! Yo, como Senador, no fui elegido para hacer la voluntad del señor Director de Presupuestos , por quien tengo mucho respeto, pero él tiene otras funciones. Si creamos un Consejo de Cultura, hagámoslo bien, como corresponde, no un servicio pequeño, en Valparaíso, en Chillán o donde sea, que cuesta tanto. Si cuesta más, ¿no se hace? Eso querría decir que el país se ha empequeñecido demasiado.
Por las razones dadas, voto por la admisibilidad.
Señor Presidente , ya expresé mi opinión con respecto a la admisibilidad de la norma, pero quisiera agregar que no es un servicio el que estamos creando. Va mucho más allá de eso: éste es el aspecto preliminar de un modelo de desarrollo del espíritu de Chile, que no lo tiene.
Cuando hicimos uso de la palabra al debatir la idea de legislar, dijimos que estábamos en deuda con nuestros artistas, con nuestros intelectuales.
Ahora veamos si vamos a crear un servicio menor, con un presupuesto pequeño, o si realmente vamos a crear el modelo que sea la legítima contraparte del modelo económico. Éste se encuentra en gloria y majestad, conectándose con el mundo, con Europa, con Estados Unidos, con grandes proyecciones, pero le falta el reverso de la medalla, que es el desarrollo interior del ser humano, sin el cual se han provocado innumerables conflictos.
Ayer analizábamos, en relación con la reforma constitucional, la cuestión de los mapuches: si eran pueblo o etnia, y la verdad de las cosas es que hemos desatendido aspectos esenciales de nuestra nacionalidad y nuestra sociedad por la falta de ese modelo.
En consecuencia, cuando se hace referencia al presupuesto, a si es legítimo o no lo es, a si podemos cambiarlo o no, estimo que el Senado tiene el legítimo derecho de expresar su opinión madura, reflexiva, y su conocimiento profesional, con mucho respeto, en la creación de un modelo imprescindible para el presente y el futuro de Chile. Por tal razón, concuerdo plenamente con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en que no se trata de un presupuesto. Este último será más, será menos, según el lugar de la instalación, pero el desarrollo de nuestra cultura es determinante de lo que debemos hacer.
En virtud de lo anterior, me pronuncio por la admisibilidad.
Señor Presidente , sólo precisaré un aspecto que me parece relevante: una instalación importa un costo. En el caso que nos ocupa se establecerá algo por primera vez. Mayor costo irroga la reinstalación. Conforme a esa lógica, entonces, se realiza una instalación y sólo existe un costo. Punto.
Sobre esa base, el Parlamento no se halla inhabilitado. Por el contrario, se encuentra habilitado perfectamente para determinar un criterio u otro.
Por esa razón, voto a favor de la admisibilidad.
Señor Presidente , seré muy conciso. Pienso que el criterio correcto es la inadmisibilidad. Pero quiero hacerme brevemente cargo de los planteamientos del Senador señor Valdés , a quien mucho respeto, ya que la argumentación expuesta merece una reflexión mayor.
Los que concluimos la inadmisibilidad jamás apuntamos a autocercenarnos facultades. Lo que intentamos es cumplir con la ley. Ello lo expuso claramente el Honorable señor Novoa . No es que uno se autolimite para la cultura, para la educación o en cualquier concepto. Lo que pasa es que, si éste es un país que cumple con las leyes, debe hacerlo en las buenas y en las malas. Ésa ha sido la clave de la estabilidad económica y financiera.
Por lo tanto, no es cuestión de la voluntad de decir: "No quiero gastar más en esto", o bien, "El Parlamento fijará autónomamente el costo en esto otro". Se trata de algo que es parte de la institucionalidad exitosa en aspectos relevantes del país.
No podemos expresar, en consecuencia, a pesar de la pasión, de las ganas, del entusiasmo: "Mire, no importa cuáles sean las normas en esta materia, porque igual la cultura no tiene precio.". La educación tampoco lo tiene. Ni el deporte, ni la salud. Con esa lógica, si no nos sujetáramos a determinados criterios legales previos, si entendiéramos que hay cierto espacio adicional, evidentemente afectaríamos la estabilidad económica y financiera de Chile.
En tal virtud, no deseo que quede la sensación de que existe una especie de opción de los Senadores en cuanto a si somos más o menos autónomos, más o menos sensibles, o tenemos más o menos ganas de actuar con pasión. Lo importante -y ello es lo que nos pide esta Corporación- es tratar de entender qué nos exigen la Constitución y las leyes.
Y muchas veces cuesta respetar el ordenamiento jurídico. Ello a menudo es complejo, porque a uno le gustaría que fuera distinto. Y, evidentemente, respecto del presidencialismo, que es un mérito importante, hay cosas que pueden molestar, como Parlamentario, en relación con las cuales nos gustaría una evolución, pero el costo que ello supondría implica precisamente sepultar algunas de las bases que nos han hecho un país estable, sobre todo en lo financiero.
En consecuencia, señor Presidente , compartiendo plenamente lo planteado por el Senador señor Novoa respecto del tema de fondo, no quería dejar pasar la argumentación a que he hecho referencia. Entiendo que fue hecha con la mejor buena fe, mas su extensión a cualquier proyecto evidentemente no sería adecuada para la estabilidad en Chile.
Señor Presidente , en mi opinión, lo acertado es la inadmisibilidad. Porque, tal como lo explicó el Honorable señor Silva , el origen de que el Congreso se autolimite en la proposición de proyectos que signifiquen mayor gasto público dice relación, precisamente, a la finalidad de evitar que el Presupuesto de la Nación resulte desfinanciado producto de una larga lista de iniciativas que en último término no cuenten con los recursos necesarios para materializarse.
Considero que el domicilio es consustancial a la creación de un servicio público. Llevadas las cosas a un extremo, pudiera ocurrir que cada uno de nosotros quisiese que ese elemento correspondiera al lugar que representamos y que nunca hubiera acuerdo entre los Parlamentarios, por lo tanto, para establecerlo. Y pienso que ese aparente absurdo podría darse, pero no creo que el ordenamiento constitucional dé siquiera la posibilidad de que una barbaridad semejante pudiera ocurrir.
Señor Presidente , me pronuncio por la admisibilidad. Y quiero decir que ello no guarda relación directa con el punto que después se deberá votar, que es la sede del Consejo Nacional de la Cultura, sino con una actitud permanente en el sentido de que la interpretación de la Carta -y es la labor que hacemos respecto de un punto completamente interpretable- a mi juicio no puede efectuarse siempre de manera que restrinja al extremo las facultades del Congreso Nacional. Porque, tratándose de una Constitución que ya es sumamente presidencialista, si a ello se agrega el hecho de que la interpretación del propio Congreso es autorrestrictiva, realmente considero que se desbalancea en exceso el sistema institucional.
Estimo que concurre una completa admisibilidad por las razones que han dado quienes han defendido en derecho esa tesis, lo que me ahorra una mayor argumentación.
Señor Presidente , ya fundamenté mi posición respecto de la inadmisibilidad. Deseo formular breves precisiones.
La primera de ellas dice relación a un comentario del señor Presidente de la Comisión acerca de la votación en ese órgano técnico. Según consta en el segundo informe de la Comisión de Educación, no hubo, a diferencia de lo dicho por Su Señoría, tres votos a favor, uno en contra y una abstención. El texto señala que, "Terminado el debate y sometida a votación la admisibilidad de las indicaciones, fue aprobada su admisibilidad" por tres votos a favor y dos en contra. De manera que quisiera, simplemente para los efectos del registro, que de ello quedase constancia en la Versión Oficial.
En seguida, deseo puntualizar que no se halla en discusión ni la conveniencia o inconveniencia de desarrollar la cultura, ni tampoco, en este minuto, la de que la sede se instale en Valparaíso o en Chillán. Aquí analizamos una cuestión de carácter jurídico, como lo hemos reiterado -y, en ese sentido, me parecen completamente fuera de lugar las expresiones de algunos señores Senadores-, y que, además, dice directa relación a la discusión de fondo, desde el punto de vista constitucional.
El Senador señor Silva recordaba el origen de la norma atinente a la restricción del Congreso en el ámbito de las decisiones financieras y la reforma constitucional materializada en la ley Nº 7.721, de 1943; y al respecto quiero recordar un párrafo relativo al por qué de esa reforma constitucional.
Dice textualmente: "La Constitución del 25 trató de establecer un Ejecutivo fuerte, pero un sistema financiero débil, en que interfiere cada diputado y cada senador, por lo cual su propósito resulta estéril por la libre e ilimitada iniciativa parlamentaria en materia de gasto público.".
De ese modo, el Ejecutivo se veía obligado a compartir la facultad administrativa con el Congreso. Tal problema fue el que se quiso resolver mediante la reforma constitucional con una disposición que se consigna en la actual Carta Política, para evitar la irresponsabilidad financiera de la cual, desgraciadamente, hicieron gala en su momento los Parlamentarios. Y si aquélla se mantuviera, creo que podría repetirse el cuadro anterior.
Por eso todo lo relacionado con materias de impacto financiero está radicado en una sola mano en la Ley Suprema desde 1943. El fundamento me parece razonable. Alguien tiene que llevar la administración de las finanzas del Estado.
Con razón el Senador señor Valdés argumentaba en favor de la cultura. Si de mí dependiera, yo también daría presupuesto ilimitado a todo lo cultural, y también a la educación. Estoy seguro de que, si entráramos en ese debate, algunos preguntarían por qué en Salud no se puede gastar más. Pero el problema no termina ahí. Por tal razón, hay un ordenamiento. Eso es, señor Presidente , lo que está en juego.
Evidentemente, el proyecto en debate tiene impacto financiero. Ya lo señalaba el Senador señor Novoa al recordar el problema de los gastos. Yo también lo hice presente en mi primera intervención.
Aquí hay un gasto financiero adicional, el cual se va a irrogar por el traslado de personal, situación distinta a si se cambia la sede de Valparaíso a Santiago, porque, a pesar de que el servicio es nuevo, se van a incorporar a él los Departamentos de Educación y el de Cultura desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría General de Gobierno, lo que supone cambio de personal. Esa es una manera gráfica de comprobar que efectivamente se produce un mayor gasto.
Eso en lo relativo al gasto financiero.
Pero además, señor Presidente , estimo que aquí, erróneamente, se ha dicho que, para el servicio público que se crea, lo relativo a su domicilio no sería de su esencia. Sobre tal materia, podría abrirse discusión. Eso es efectivo desde el punto de vista de que funcionalmente el organismo podría estar en uno u otro lugar; pero no es correcto en cuanto a la argumentación jurídica, porque lo que aquí se discute es la creación de un servicio público cuyo domicilio es inherente a la facultad de quien está creando el servicio. Forma parte de la competencia de la iniciativa exclusiva; y en ese sentido, aunque no sea de la esencia el lugar de su establecimiento, sí lo es en el atributo de su creación, que radica en el Presidente de la República . En ese sentido, es errónea la argumentación expuesta.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Pero fui interrumpido, señor Presidente . Sólo me resta una breve argumentación.
Estamos en votación, y el tiempo de Su Señoría es limitado.
Pero he sido distraído de mi planteamiento, señor Presidente .
Anuncie su voto, señor Senador.
Lo lamento. Quería agregar otro fundamento, pero el señor Presidente me distrajo.
Cuando se vote el fondo del asunto, podrá agregarlo el señor Senador.
Si es que hay pronunciamiento, señor Presidente , porque espero que la proposición sea declarada inadmisible.
Señor Presidente, después de haber escuchado tantos buenos argumentos desde todos los sectores, uno queda convencido de que más vale defenderse solo y no a través de brillantes abogados, porque ello podría ir hacia cualquier lado.
Deseo manifestar lo siguiente: como me acostumbraron a tratar de ser lógico en mis actos, quiero informar sobre la comunicación que el Presidente del Senado recibió del Director de Presupuestos , fechada el 29 de abril. Ella es muy simple: "Mediante el oficio de la Comisión de Hacienda, le contesto respecto de si el proyecto significa un costo fiscal adicional.". En eso consistía la pregunta, que fue muy concreta.
¿Y qué dice el oficio? Que no hay costo adicional, porque -según se manifiesta- las propiedades en Chillán valen menos del 25 por ciento que en Valparaíso, y que para un grupo de funcionarios pudiera haber un 15 por ciento de asignación adicional. Por lo tanto, si sumo y resto dentro de lo que implica calcular entre un costo y otro, llego a la conclusión objetiva de que el Director del Presupuestos manifestó "No hay implicancias de costo en lo que se resuelve.". Si eso es así, en mi calidad de Senador de la República tengo constitucionalmente el derecho a pronunciarme, a elegir entre una sede u otra, pues no hay diferencia de costo. No infrinjo la Constitución ni me atribuyo responsabilidades ajenas.
Por lo tanto, señor Presidente, en virtud de lo dicho en el oficio citado, voto por la admisibilidad.
Señor Presidente , después de la discusión habida en la Sala, como Presidente de la Comisión de Educación , tengo la tranquilidad absoluta de que operamos con una intención seria y responsable, y que no hubo liviandad por parte de ninguno de los integrantes de ella con respecto a la resolución que se tomó.
Por qué preciso lo anterior. Porque si un señor Senador, ex Ministro de Hacienda y actual miembro de la Comisión de Hacienda, ha reconocido que en el proyecto no viene acotado el presupuesto, significa que la norma que según se dice estaríamos infringiendo no existe.
En la página 53 del informe se dice: "Artículo 4º. El Presidente de la República , por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y traspasará a éste, desde el Presupuesto de las unidades señaladas en el artículo 2º transitorio, los recursos para que cumpla sus funciones.".
¿Dónde está la cantidad que se aumentaría? Yo, realmente, me quedo con la inquietud después de haber escuchado a connotados juristas, porque, en realidad, a pesar del brillo que ellos muestran, siendo -como se ha señalado, los únicos que pueden determinar una materia de esta índole en el Parlamento, voy a exigir una segunda oportunidad de aclaración.
No soy constitucionalista, sino profesor; y la democracia me ha permitido el derecho de estar en el Congreso como maestro. Y señalo con énfasis, señor Presidente , que la norma la entiendo claramente. No la estamos infringiendo. Y, por razones de capacidad y de habilidad, su interpretación -lo digo en el silencio de las paredes del Hemiciclo- obedece más bien a la posición de una mayoría, o de una minoría, y no a la realidad transparente que nosotros deberíamos determinar con nuestra votación.
Deseo señalar que me afirmo en la posición de la Comisión de Educación, porque también un señor constitucionalista ha dicho que la sede no es de la esencia de la ley.
Doy excusas al Senador señor Larraín , porque efectivamente la votación de la admisibilidad fue tres por dos; pero respecto de la sede el resultado fue tres votos a favor, uno en contra y una abstención, la del propio señor Senador .
Señor Presidente , con la tranquilidad de presidir una Comisión integrada por prestigiosos Senadores que actúan con seriedad y con responsabilidad, quiero decir que podremos estar equivocados en algunos aspectos de la interpretación, pero voto por la admisibilidad.
Señor Presidente , se han dado ya muchos argumentos respecto a una u otra posición.
Al leer y releer el artículo 62 de la Constitución y luego de enterarme del tenor del oficio que debiéramos haber conocido al principio de esta sesión, ahora con mayor razón no tengo dudas de que es perfectamente posible que en esta materia la iniciativa la pueden tener también los Senadores, como algunos lo han planteado.
Por lo tanto, es admisible la propuesta.
Por las razones que expuse en mi anterior intervención, e independientemente del juicio que uno pueda tener sobre la Constitución, creo que se trata de una moción inadmisible.
Presidente , no voy sino a reiterar la posición que la Sala ya me ha escuchado con motivo de declaración de inadmisibilidad sobre proyectos de mi autoría.
Los argumentos entregados hoy por el Senador señor Fernández son los que hice presente para dejar constancia en su minuto de mi desacuerdo con dichas inadmisibilidades.
Las normas constitucionales que establecen la iniciativa exclusiva del Presidente de la República son excepcionales y deben ser interpretadas restrictivamente.
En consecuencia, estoy convencido de la admisibilidad de la indicación de los señores Senadores que plantearon el cambio de domicilio del servicio público que ahora se crea.
A mi juicio, el asunto reviste, además, enorme importancia. Esta tarde vamos a votar la reforma constitucional que sustituye el texto del artículo 3º de la Carta Fundamental. Y en estos días vamos a dar pasos para concretar el proceso de modernización del Estado. Si por asumir una actitud de interpretación extensiva de la facultad presidencial renunciamos anteladamente a la posibilidad de dar una mirada de conjunto a las exigencias del desarrollo armónico del país al momento de adoptar nuestras diversas decisiones, evidentemente estamos cometiendo un error mayor.
Señor Presidente , después de escuchar el largo debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma propuesta, debo confesar que estoy bastante preocupado por el criterio empleado permanentemente en el Congreso al definir diversos proyectos de ley -que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestra sociedad- sólo sobre la base del costo o impacto financiero que ellos involucran.
La situación se torna más grave o peligrosa al constatar, a raíz de la discusión del proyecto en análisis, que el informe financiero no aclara absolutamente nada. Es vago, impreciso y deja abierta la alternativa de que la institucionalidad de la cultura pueda ser instalada en Valparaíso o en Chillán.
En verdad, de acuerdo con el criterio seguido aquí, perfectamente podríamos abrir una propuesta pública en cada una de las ciudades del país para ver en cuál de ellas es menos oneroso para el Gobierno instalar tal institucionalidad. Y de ese modo aquéllas podrían competir. Entonces, a lo mejor, la decisión no estará basada en el fondo del asunto que es cómo desarrollamos y llevamos a cabo la cultura, sino en donde se gasta menos o en qué lugar el Ministerio de Hacienda va a emplear menor cantidad de recursos.
Me parece que nadie en el Senado puede entender tal criterio, y, menos aún la opinión pública y la gente que ha venido en apoyo de una ciudad u otra.
A mi juicio, lo que corresponde es hacer uso de las atribuciones del Congreso, las cuales, no obstante ser limitadas, nos permiten tomar decisiones en materias que no irroguen gasto, o que no lo aumenten. Podríamos reducirlo -para tal efecto habría que preguntar en qué ciudad sale más barato instalar la sede y resolver sobre ello-, pero no podemos incrementarlo. Y como el informe financiero entregado indica que no hay mayor gasto -según se leyó-, creo que lo lógico es pronunciarse por la admisibilidad.
Asimismo, deseo manifestar que lo más probable es que las personas que se hallan en las tribunas -algunas apoyan determinada postura; otras, una diferente- no logren entender que la verdadera votación que en la práctica se está haciendo ahora es respecto de la sede de la institucionalidad de la cultura y no sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma.
Quiero dar a conocer con mucha franqueza que voto por la admisibilidad, no porque desee que sea Chillán la sede o porque esté en contra o en favor de Valparaíso, sino por creer que, sobre la base del informe financiero entregado y de las pocas facultades del Parlamento, corresponde pronunciarnos acerca de la proposición, independientemente de la ciudad de que se trate.
Por último, deseo dejar constancia de que con el criterio empleado aquí, en el sentido de que hay que tratar de instalar la sede en aquellas zonas donde realmente no implique un mayor gasto para el Estado, lo que se hace es fomentar el centralismo, porque en definitiva vamos a instalar todas las instituciones o servicios públicos en Santiago, dado que ahí resulta más barato.
Me parece que ello constituye un criterio sumamente peligroso, según se ha expresado reiteradamente en esta sesión.
Señor Presidente, creo que ha sido lamentable el hecho de que alguien haya planteado el tema de la inadmisibilidad, porque se confunde el debate.
A mi juicio, las personas que están en las tribunas difícilmente podrán sacar una conclusión de la votación. Porque lo que estamos decidiendo no es si la sede se instala en Valparaíso o en Chillán, sino si se puede discutir el tema en la Sala. El pronunciamiento, a diferencia de lo señalado por el Senador señor Pizarro , no prejuzga sobre la próxima votación.
En cuanto a la admisibilidad, habría preferido entrar de inmediato a argumentar respecto del fondo del asunto y de por qué unos creen una cosa y otros, una distinta.
Pero, en fin, ya que estamos en esto, es evidente que el Congreso Nacional, como lo señala el inciso final del artículo 62 de la Constitución, sólo puede aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos, etcétera. ¿Qué dice el informe del Director de Presupuestos?: "..que es imposible tener en este momento claridad respecto de si el costo de instalación" -en Chillán- "sería menor, igual o mayor en una ciudad u otra". Ante esa circunstancia, a mi juicio, no cabe la menor duda de que el Parlamento puede discutir la materia. Porque si se sostiene que es de la esencia de una institución el lugar donde ella se ubica, ello implicaría no entender lo elemental de la filosofía, que distingue entre aspectos esenciales y accidentales. El nombre, ubicación o tamaño de algo constituye un accidente. Otra cosa es la esencia de un ente, que, en este caso, es la naturaleza específica del servicio que se crea.
Por tal motivo, voto por la admisibilidad.
Antes que se dé a conocer el resultado de la votación quiero consultar si hay algún pareo.
No hay pareos formalizados por los Comités, según me informa Secretaría.
--Se aprueba la admisibilidad del inciso tercero del artículo 2º propuesto por la Comisión (23 votos contra 22).
Votaron por la afirmativa los señores Canessa, Cantero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Foxley, García, Larraín, Martínez, Matthei, Naranjo, Novoa, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Silva y Zurita.
--Se levantó a las 14:49
A V.E.
Don Andrés Zaldívar Larraín
Por la presente Moción tengo el honor de presentar a la consideración de esta Honorable Corporación un proyecto de ley, que tiene por objeto otorgar, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi, como un reconocimiento a la valiosa y fructífera labor que durante varias décadas ha realizado en nuestro país, principalmente en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la salud pública y al desarrollo en el área del conocimiento científico.
Esta especial distinción, contemplada en nuestra Carta Fundamental que constituye el honor más significativo que se puede conferir a un extranjero en Chile, supone un reconocimiento especial reservado a las personas foráneas que, luego de una abnegado trayectoria de vida, se han distinguido por los servicios prestados en diversas actividades ya sea empresariales, intelectuales, artísticas, espirituales, u otras, para el desarrollo y prestigio del país.
Don Raúl Etcheverry Darucchi, nació en Córdoba, Argentina, el 9 de mayo de 1909; de niño llegó a Chile realizando sus estudios en el instituto Nacional, posteriormente, ingresó a la Universidad de Chile. Sus inicios, en el área de la medicina, se remontan a 1931, como ayudante del Policlínico Israelita y dos años más tarde, en el Policlínico de Pediatría del Salto y co-Director de la Cruz Roja de Recoleta. En el año 1933, ingresó como interno al Servicio de Medicina del Hospital del Salvador, alcanzando el titulo de profesor; al año siguiente, es nombrado Jefe del Departamento de Hematología del Servicio de Medicina del profesor Hernán Alessandri de ese establecimiento. En la creación de las Especialidades de la Medicina interna, fue pionero en las ramas de la Hematología Clínica y de la Citopatología.
Recibió su título de Médico en 1034, y su tesis, calificada con distinción máxima, versó sobre la epidemia de Tifus Exantemático: “Estudio clínico y hematológico, constituyendo una gran ayuda para la vida de un número importante de la población asolada por esa enfermedad. Sus conocimientos y estudios han quedado reflejados en numerosas publicaciones de revistas de medicina, 56 nacionales y 20 extranjeras. Su meritoria labor ha sido reconocida a través de numerosos premios: de la Sociedad Médica; del Colegio Médico; de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia; del Laboratorio Winthrop y del Chile. En 1976, obtuvo Medalla de oro de la Sociedad Chilena de Hematología; en 1990, Condecoración de la Cruz del Sur, en el Grado de Gran Cruz, de la Presidencia de la República y, en 1991, de la Sociedad Hematología de Mendoza.
Finalmente, en el año 2000, se le otorgó el Diploma de “La Fundación Social y Educativa Doctor Hernán Alessandri Rodríguez, expresa su admiración, gratitud y cariño al Dr. Raúl Etcheverry Barucchi, excelso clínico, hematólogo, maestro de médicos y especialistas, desde el origen de la Cátedra “E” de Medicina hasta la época actual”,
Su vasta trayectoria y su dedicación y amor por el prójimo, continúa desarrollándose hasta la fecha: Hematólogo, con 11 horas semanales, en el Servicio de Medicina Hernán Alessandri; impartiendo clases de tercero y cuarto año de medicina; integrante de la Comisión de examen teórico de Hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y examinador de pre y post grado.
Ha cumplido 70 años en el ejercicio de su profesión, privilegiando la labor asistencial, de docencia e investigación tanto en los centros de salud como en terreno, lo que constituye un ejemplo de trabajo efectivo y relevante para nuestros conciudadanos.
Como testimonio de las consideraciones precedentes, acompaño a esta presentación el curriculum vitae de don Raúl Etcheverry que da cuenta de todos los antecedentes de lo que ha sido su entrega por el bien de Chile y de sus semejantes.
En mérito a lo expuesto, vengo en presentar, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 10, Nº 6, de la Constitución Política de la República, el siguiente proyecto de ley:
“Articulo único: concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi”.
(Fdo.): Carlos Bombal Otaegui, Senador de la República.— Antonio Viera-Gallo Quesney, Senador de la República.— Enrique Zurita Camps, Senador de la República.
Valparaíso, 30 de abril de 2003.
1. Que mediante la Declaración Presidencial de 23 de junio de 1947, Chile fue el primer país en el mundo que reivindicó la zona de doscientas millas marinas adyacentes a las costas continentales y a las islas oceánicas para ejercer soberanía económica sobre ella.
2.- Que este instrumento impulsó la Declaración de Santiago, de 1952, mediante la cual Chile, Ecuador y Perú proclamaron su decisión de reservar para sus pueblos la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la zona marítima aludida.
3.- Que tras una larga batalla diplomática, la referida Declaración de Santiago plasmó en el Derecho del Mar la institución de la Zona Económica Exclusiva, tanto por la Convención de Jamaica como por la costumbre aceptada como Decrecho.
4.- Que esta franja de mar, ya asegurada por el Derecho, es un valioso patrimonio para nuestro país constituyéndose en el acto de mayor trascendencia durante el siglo pasado.
5.- Que el 30 de abril de 1982, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar aprobó la Convención del Mar, instrumento que define y regula los derechos y deberes de los estados en los espacios marítimos.
6.- Que la aludida Convención –a la que ha adherido más del setenta por ciento de los Estados miembros de las Naciones Unidas- es un avance formidable para asegurar la estabilidad de los derechos de los países sobre los océanos.
Solicitar a S.E. el Presidente de la República instituir el 30 de abril de cada año como día que recuerde la incorporación de las doscientas millas marítimas a la soberanía económica chilena, dentro de las efemérides nacionales.
(Fdo.) Arancibia Reyes, Jorge; Ríos Santander, Mario; Ruiz De Giorgio, José; Zaldívar Larraín, Adolfo

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 artículo 127
 artículo 127
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 artículo 116
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 artículo 133
 artículo 133
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 artículo 2
 artículo 25
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 142
 artículo 2
 resolución 
 artículo 62
 artículo 62
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 artículo 62
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 resolución 
 artículo 2
 artículo 62
 artículo 3
 artículo 62
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