Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700594.html
Timestamp: 2019-03-25 04:19:40+00:00

Document:
se201700594
SENTENCIA: 594/2017.
EXPEDIENTE: 505/2010.
PARTES: Ferroviaria Oriental (FO. S.A.) contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
VISTOS EN SALA PLENA: La Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial, la Ley Nº 620, el Dictamen General Nº 06/2014 de la Procuraduría General del Estado, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0099/2017 – S2 de 20 de febrero, todo lo que convino ver se tuvo presente.
CONSIDERANDO I: Que el art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) en su parágrafo I, dispone: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución”. A su vez el artículo 108 de la Constitución Política del Estado menciona: Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Que el art. 122 de la Constitución Política del Estado refiere: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.
Que, amparados en las disposiciones citadas precedentemente, consideramos pertinente y necesario precisar el alcance jurisdiccional de dos procesos judiciales, como ser el Contencioso y el Contencioso Administrativo, previstos en el art. 775 y siguientes del ya abrogado Código de Procedimiento Civil e incluidos en la Ley Nº 620 (Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo).
Sobre el proceso Contencioso corresponde señalar que el mismo procede para resolver las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Gobierno Central y demás instituciones públicas o privadas que cumplan roles de administración pública a nivel nacional (Art. 2 núm. 1 Ley Nº 620).
Corresponde así mismo señalar que toda controversia emergente de un contrato administrativo, debe dilucidarse en proceso contencioso, en concordancia con lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 1178 que señala: “… son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza”.
Que existen diferencias entre lo que constituye un contrato privado y un contrato administrativo a saber: 1. En el primero rige el principio de la voluntad entre las partes, lo que hace que exista una igualdad entre el ofertante y aceptante, siendo su finalidad el lucro de una las partes o de ambas, 2: En cambio en un contrato administrativo, las solemnidades o formalidades previstas en la Ley, están por encima de la voluntad de las partes, su finalidad es pretender el bienestar social y no individual, por consiguiente no se evidencia una igualdad entre las partes.
Que por las características propias de un contrato administrativo, no es viable que las controversias emergentes de dicha relación contractual, deban resolverse en la vía civil o contenciosa administrativa, sino mediante un proceso especial, denominado Contencioso, conforme se asumió en los Autos Supremos 281/2012 y 286/2012, citados en el Dictamen Nº 06/2014, emitido por la Procuraduría General del Estado. La amplitud de este proceso, hace que a consecuencia de los hechos controvertidos expuestos tanto por la parte actora, como demandada, pueda ser tramitado como proceso contencioso de derecho o de hecho, posibilidad que no existe en una demanda “contencioso administrativa”, que es también consecuencia lógica de su naturaleza procesal, conforme se explicara posteriormente.
En lo que corresponde al proceso Contencioso Administrativo, el mismo se constituye en el mecanismo idóneo para materializar el principio de control judicial de legalidad previsto en el art. 4 inciso i) de la Ley Nº 2341, por lo que se asume que el requisito procesal de admisibilidad es que se haya agotado los mecanismos de impugnación administrativos, respecto a un determinado acto administrativo lo cual se acredita con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico; en consecuencia la finalidad única de un proceso contencioso administrativo es realizar un control de legalidad, es decir evidenciar si en el transcurso del proceso administrativo previo, se aplicó correctamente una norma jurídica sea esta sustantiva o adjetiva, siendo esta la razón por lo cual un proceso Contencioso Administrativo, únicamente puede ser tramitada como de derecho y no de hecho.
Que, el pretender resolver una controversia jurídica, que haya emergido directamente de un contrato administrativo, vía un proceso contencioso administrativo, implica vulnerar el principio de legalidad y desconocer una regla elemental de la competencia, como es la naturaleza del proceso, admitiendo en tal caso -lo que no es lógico- que una controversia emergente de un contrato administrativo, si puede ser impugnado administrativamente, lo que no es pertinente a la naturaleza misma de un contrato administrativo, toda vez que este instituto jurídico no es un acto administrativo. Al respecto recordar que el art. 27 de la Ley Nº 2341 lo define así: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”, concordante con lo dispuesto por los arts. 28, 29 y 30 de la misma Ley.
CONSIDERANDO II. Que de la revisión de los antecedentes del presente proceso se evidencia lo siguiente:
De fs. 77 a fs. 97 cursa copia legalizada del Testimonio Nº 135-B de 1996, correspondiente al contrato de concesión a la prestación del servicio público ferroviario de carga, pasajeros y equipaje sobre la denominada Red Ferroviaria, suscrito entre la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (ECO S.A.M.) y la Superintendencia de Transportes de la República de Bolivia.
De fs. 147 a 150 cursa copia legalizada de la Resolución Administrativa Regulatoria TR Nº 0024/2010 de 19 de enero, por la que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), resolvió rechazar la solicitud de compensación económica presentada por la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. (FO S.A.), mediante nota FO S.A. AL 559/2009 de 22 de diciembre, por no concurrir los elementos legales y fácticos requeridos en el numeral 8.3 inc. b) y numeral 8.2 inc. d) y e), de la Cláusula Octava y en el numeral 9.2 inc. c) y d), de la Cláusula Novena del Contrato de Concesión, suscrito el 14 de marzo de 1996, impugnado y resuelto el recurso revocatorio mediante Resolución Administrativa Regulatoria TR Nº 0122/2010 de 25 de marzo, que resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Empresa Ferroviaria Oriental (FO S.A.) por lo que confirma la Resolución Administrativa Regulatoria TR Nº 0024/2010 de 19 de enero, impugnado y resuelto el recurso jerárquico mediante Resolución Ministerial Nº 247 de 20 de agosto de 2010, el cual rechaza el recurso jerárquico, por lo que confirma totalmente la resolución Administrativa Regulatoria TR Nº 0122/2010 de 25 de marzo de 2010 y la Resolución Administrativa Regulatoria TR Nº 0024/2010 de 19 de enero.
Que, la Empresa Ferroviaria Oriental (FO S.A.), mediante sus representantes legales, por escrito de fs. 335 a 346 vlta. , interpuso demanda contencioso administrativa, pidiendo que se revoque en forma total la Resolución Ministerial Nº 247 de 20 de agosto de 2010 pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia y, en su mérito las Resoluciones que la preceden pronunciadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes ATT; y deliberando en el fondo se proceda a la compensación establecida en el inciso e) del numeral 8.2 de la cláusula octava del Contrato de Concesión de fecha 14 de marzo de 1996, por la prestación ininterrumpida del servicio de transportes de pasajeros en el corredor Santa Cruz – Puerto Quijarro, a raíz de la pérdida sufrida en la unidad de negocios de transporte de pasajeros en el corredor Santa Cruz – Puerto Quijarro, a raíz de la pérdida sufrida en la unidad de negocios de transporte de pasajeros en el ramal este, ocurrida en las gestiones 2005 a 2008 en los trenes 9 y 10 en el corredor Santa Cruz – Puerto Quijarro. Sea aplicando el criterio de compensación previsto en el numeral 9.2 inciso c) y numeral 9.6 de la cláusula novena del mencionado Contrato, debiendo efectuarse el pago correspondiente, conforme se estipula en el inciso d) del numeral 9.6 del mismo Contrato de Concesión.
Que, del contenido del escrito de demanda, se asumió en principio que dicha pretensión si cumplía mínimamente los requisitos de admisibilidad formal, no obstante luego de haber contrastado la pretensión del actor con la contestación del demandado, se asume que si bien este Tribunal es competente para conocer y resolver una demanda contenciosa y una demanda contenciosa administrativa, en mérito al principio de dirección que corresponde a este Tribunal ejercer de oficio y por los argumentos jurídicos expuestos en el primer Considerando de esta resolución, se hace necesario tener presente que tanto el proceso contencioso como el contencioso administrativo, tienen finalidades procesales diferentes, en consecuencia, pretender tramitar y resolver la pretensión expuesta por la entidad en el memorial de demanda a través de un proceso contencioso administrativo, resulta contrario al debido proceso, la seguridad jurídica y finalmente afectaría a la efectividad jurídica de una resolución judicial, en previsión de lo dispuesto por el art. 122 de la Constitución Política del Estado.
Corresponde señalar así mismo que si bien tanto el proceso contencioso como el contencioso administrativo, se rigen por el principio dispositivo y los mismos deben resolverse en observancia al principio de congruencia, ello no impide que una autoridad judicial, pueda reconducir de manera oportuna lo erróneamente pretendido por alguna de las partes, siendo esta la razón esencial del principio de saneamiento.
Por lo expuesto y en aplicación del principio de saneamiento procesal, corresponde reconducir el presente proceso, debiendo en definitiva tramitarse el mismo como un proceso contencioso conforme a las previsiones del art. 775 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Además de lo manifestado y siendo que en obrados cursa la Sentencia Constitucional Plurinacional 0099/2017-S2 de 20 de febrero que confirmó en todo la Resolución 005/2016 de 18 de noviembre, pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo de la ciudad de La Paz, constituido en Juez de garantías que otorgó la tutela solicitada en la Acción de amparo constitucional dejando sin efecto la Sentencia Nº 486 por no estar debida y suficientemente fundamentada la referida Sentencia, por lo que conforme al razonamiento expuesto precedentemente, siendo la naturaleza del proceso contencioso diferente al del contencioso administrativo, resulta imposible ejecutar la Sentencia Constitucional que responde a una imposibilidad jurídica, lo que no implica incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 203 de la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de las facultades conferidas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y artículo 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 dispone ANULAR OBRADOS hasta fs. 360 inclusive, debiendo la entidad demandante, reconducir su pretensión conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución conforme al artículo 775 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

References: artículo 108
 Resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 203
 artículo 122
 artículo 6
 resolución 
 artículo 775