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septiembre, 2012 | Gestores de Riesgo y Morosidad
El síndrome de Dawes Tomes Mousley Grubbs Fidelity Fiduciary Bank (o del niño de Mary Poppins) se agudiza
24 septiembre, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
El síndrome de Dawes Tomes Mousley Grubbs Fidelity Fiduciary Bank se agudiza en el Estado Español. No se molesten en buscar en internet más información sobre este banco ya que es de ficción y sólo existió en la fértil imaginación de Walt Disney. Concretamente apareció en la película “Mary Poppins”, ya que es el banco en el que trabajaba Mr. Banks, el padre de los dos niños que cuidaba Mary Poppins.
El pequeño Michael Banks arruina involuntariamente a este banco al exigir que le devuelvan una moneda de 2 peniques que el presidente del Banco, Mr. Dawes Sr quería obligarle a depositar en la entidad como el comienzo de un programa de ahorro infantil. El niño que quería la moneda de 2 peniques para comprar comida para las palomas a una anciana y pobre vendedora que tenía su parada delante de la iglesia, monta tal escándalo en la central del banco que llama la atención de los clientes allí presentes. Los primeros clientes reaccionan negativamente y al ver la pataleta del pequeño Michael que lucha por recuperar su moneda, se asustan y deciden retirar todos los fondos que tienen en el banco. La conducta de este primer grupo de clientes es contagiosa y todos los impositores de la entidad empiezan retirando sus depósitos a la vista. Luego comienza a propagarse por todo Londres la noticia de que el banco no puede devolver los ahorros a un niño. Con lo que corre el rumor por todo el Reino Unido que el banco se niega a reintegrar los ahorros a los ahorradores y el pánico desatado provoca un “run on the bank” o estampida de los impositores. Esto hace que todos los clientes retiren sus fondos ese mismo día, dejando al banco totalmente arruinado. Como lección podemos sacar que ningún banco del mundo por muy solvente y sólida que sea, puede aguantar un “run on the Bank” o sea una retirada masiva de depósitos si los clientes pierden la confianza en la entidad. Moraleja: un rumor infundado puede hundir un banco. Extrapolando lo mismo podemos decir de un Estado.
Y volviendo a la realidad española, las empresas y familias retiraron 101.700 millones de euros de sus depósitos en entidades financieras actuantes en España, durante el periodo de doce meses comprendido entre agosto 2011 a julio 2012. Así se desprende de los últimos datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Concretamente, los depósitos de la clientela en bancos y cajas se redujeron a finales de julio último a 1,23 billones de euros, lo que significa una caída del 7,61% respecto de los 1,33 billones de euros del mismo mes de 2011.
Portavoces de la AHE apuntan que el descenso en los ahorros podría responder tanto al progresivo desapalancamiento de empresas y familias, como al trasvase de ahorro a otros productos ajenos a los depósitos.
Por otro lado, el saldo total de las hipotecas que contabiliza la banca se estableció en julio en 941.100 millones de euros, lo que supone un desplome del 8,11% en tasa interanual y la mayor caída de la historia registrada hasta la fecha. Las mismas fuentes ponen de manifiesto que el volumen de nuevas contrataciones de hipotecas no es suficiente para cubrir el ritmo de amortizaciones, en un momento en que la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y la creación del banco malo no anima a los potenciales compradores a formalizar las adquisiciones. Los datos transcritos reflejan la reversión del sector hipotecario desde que estalló la crisis en Estados Unidos en agosto de 2007 y contrastan con los crecimientos superiores al 20% que el saldo vivo llegó a experimentar en la fase más eufórica de la burbuja inmobiliaria en España
Cuando un ciudadano está en un registro de morosidad de forma indebida, el afectado puede ejercer su derecho ARCO en caso de ser incluido en un fichero de morosos. ARCO es el acrónimo como se conoce el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En caso que al afectado no le saquen del fichero de morosos
17 septiembre, 2012 gestoresderiesgo	2 comentarios
El exequátur es el procedimiento judicial que establece el ordenamiento jurídico para homologar las sentencias extranjeras para que luego puedan ser ejecutadas en España con todas sus consecuencias.
Según la disposición derogatoria única de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente; Ley 1/ 2000, “Se deroga la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de Febrero de 1881, con las excepciones siguientes: …/…. 3ª Los artículos 951 a 958 de la LEC, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil.”
Por tanto, dicho procedimiento se regula en la LEC de 1881.
De acuerdo con el Artículo 951 de dicho cuerpo legal, las sentencias firmes extranjeras tendrán en España la fuerza que establezcan los tratados internacionales.
Por lo que cuando nos encontremos con una sentencia de un país extranjero, lo primero que habrá que hacer es investigar si hay algún tratado bilateral entre España y ese país; por ejemplo tomando como ejemplo España-Andorra: no lo hay entre ambos países. A continuación, hay que ver si existe algún tratado multilateral, del tipo Convenio de Bruselas, que en el ejemplo propuesto, tampoco lo hay.
Continúa el Artículo 952 del siguiente modo: “Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España.”
Estableciéndose en el Artículo 953 que “si la ejecutoria procediere de una nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España.”
Con dichos dos Artículos hemos descrito lo que la doctrina llama “Reciprocidad” que dicho de un modo sencillo, es, ver lo que hacen los tribunales de origen de la sentencia que queremos ejecutar en España con nuestras sentencias para a continuación darles aquí, en España, el mismo tratamiento. Una suerte de ojo por ojo, diente por diente internacional y procesal.
En el caso de que no pudiéramos traer al pleito y demostrar la reciprocidad, entre dos países, el Artículo 954 dispone lo siguiente: ”Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes:
Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.
Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.”
Dicho sistema residual de homologación de sentencias, es el llamado por los autores como el Sistema de Condiciones que el letrado tendrá que demostrar su cumplimiento en el pleito. Dichas condiciones exigibles a las sentencias foráneas que queremos ejecutar en España explicadas muy brevemente y de un modo más comprensible son las siguientes:
“Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal”, significa que la sentencia que queremos homologar se haya dictado en base a una competencia de las que el derecho español ha definido como competencia no exclusiva.
“Que no haya sido dictada en rebeldía”, explico que se ha cumplido el deber de notificar a la parte a la que afecta la sentencia, requisito necesario para que exista un verdadero proceso con posibilidad de que el derecho a ser defendido sea eficaz.
“Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España”, traducimos como su tenor nos indica que ”la obligación de que se trate, sea legal en España”.
“Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.”, resumiendo estamos ante un requisito de tipo documental y formal, básicamente.
Ello no obstante, y siguiendo con el ejemplo propuesto para nuestra explicación, será relativamente sencillo demostrar una posible reciprocidad entre las sentencias españolas y andorranas ante nuestros Tribunales de Justicia. Para el caso de que ello no fuera posible, acudiríamos al Sistema de Condiciones descrito.
Tres criterios de clasificación de las sucursales bancarias
17 septiembre, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Para la mayor parte de las entidades de crédito, la oficina o sucursal constituye el canal principal que utilizan para distribuir sus productos entre la clientela, a excepción lógicamente de aquellas entidades que operan sin sucursales. Esta oficina o sucursal bancaria la podemos definir como la dependencia que establece una entidad de crédito en un determinado lugar y que goza de ciertas atribuciones y autonomía con respecto a los servicios centrales. A ella se le asignan tanto objetivos de tipo cuantitativo (volumen de negocio, márgenes, resultados) como cualitativos (calidad en el servicio que presta).
Los clientes de una entidad financiera suelen vincularse a una determinada sucursal, aunque puedan utilizar canales complementarios para operar con ella, tales como la banca electrónica o la telefónica, o incluso otras sucursales. La organización de la red de sucursales bancarias varía en función de aspectos tales como las características de la propia entidad financiera, la política comercial que llega a aplicar o la demografía de la posible clientela. En concreto, España se ha venido caracterizando por poseer una extensa red de oficinas bancarias, apoyada en la especialización bancaria en el negocio al por menor y en la dispersión de la población a nivel nacional. No obstante, la crisis ha puesto de manifiesto que esta red estaba sobredimensionada y prueba de ello es la cantidad de oficinas bancarias que están desapareciendo por todo el país.
Existen múltiples criterios para clasificar los tipos de sucursales bancarias, entre ellos me decanto por los tres siguientes:
1. En función de su ubicación geográfica:
Industriales: Situada en polígonos o zonas industriales.
2. En función de sus atribuciones y autonomía:
Autónomas: Sucursales que pueden realizar transacciones con relativa libertad, las cuales contabilizan en sus propios estados contables.
Auxiliares: Aquellas que dependen de sucursales autónomas.
Cabeceras: En ellas se centralizan determinados tipos de operaciones como la recaudación de declaraciones de tipo fiscal o la de seguros sociales.
3. En función del tipo de producto comercializado:
Multiproducto: En las que se comercializan todo tipo de productos bancarios dirigidos también a todo tipo de clientes.
Especializadas: Aquellas en la que prevalece la oferta de productos bancarios diseñados para un tipo de clientela específico, como, por ejemplo, las oficinas de empresas
clasificación de las sucursales bancariassucursales bancarias
Los derechos de las personas cuyos datos son incluidos en los ficheros de mora
Aunque la mayoría de las empresas que realizan el tratamiento y explotación de los registros de morosos actúan con gran corrección y los datos que incluyen suelen ser en principio correctos, en la práctica diaria al tratar algunos de los principales registros de morosidad más de 200.000 altas y bajas cada mes, es posible que se produzcan errores en el tratamiento de estos ficheros de morosos.
En caso que a través de la OMIC no se puede arreglar el problema el afectado deberá acudir al arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios. Su finalidad es resolver los problemas que surjan entre ambas partes sin necesidad de acudir a la vía judicial. Las solicitudes de arbitraje se pueden obtener en el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, en la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente, en las juntas arbitrales, colegios arbitrales, oficinas municipales de información al consumidor, en las asociaciones de consumidores adheridas al sistema arbitral y en el Portal del Consumidor.
La prima de riesgo se ha colado en nuestras vidas
5 septiembre, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
La prima de riesgo se ha colado en nuestras vidas desde hace un tiempo y no nos deja vivir tranquilos con aquello de que está en 400, de que supera los 500… A pesar de la insistencia en vigilar su valor absoluto y en que no sobrepase ciertos niveles, que los expertos llaman psicológicos, hemos de tener en cuenta que tiene un carácter relativo, puesto que lo que mide es un diferencial de tipos de interés, en concreto la diferencia que existe entre la rentabilidad del bono a diez años emitido por un país, por ejemplo, España, con respecto a la rentabilidad del bono alemán a igual plazo, que se toma como referencia por el consenso internacional de ser una deuda segura. Y la evolución de esa prima de riesgo tiene sentido en la medida que hay un mercado secundario donde se negocian los bonos emitidos por los estados.
Si la prima de riesgo española se sitúa en 500 puntos básicos, esto significa que el bono español está ofreciendo un 5 por ciento más de rentabilidad que el bono alemán, en ese preciso momento, en el mercado secundario. De tal modo que si se eleva, puede deberse tanto a que aumente el interés que paga el bono español como a que disminuya el del alemán o a una combinación de ambos movimientos.
En el mercado primario de deuda pública, donde se emiten los bonos, el Estado español que busca financiarse los vende en subasta a los inversores a un tipo de interés, por ejemplo, al 6 por ciento, que es el que pagará durante los diez años de vida del título. El inversor con ese bono puede hacer dos cosas, mantenerlo hasta vencimiento, cobrando los intereses prefijados y sin perder nada de un modo directo, solo el coste de oportunidad de no haber invertido en un bono con rentabilidad mayor, o acudir al mercado secundario a negociarlo, donde puede obtener una pérdida o una ganancia. Cuando se desconfía de la capacidad de pago de un país, el interés sobre su deuda en el mercado secundario se dispara, cumpliendo aquella ley financiera de a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y esto es lo que lleva a que la prima de riesgo también se eleve. Si aumentan los tipos, el precio de los bonos en el secundario disminuirá, puesto que las nuevas emisiones en el mercado primario ofrecerán una mayor rentabilidad, de tal modo que el inversor que quiera vender sus títulos “antiguos”, tendrá que ofrecer un descuento sobre su precio de compra y asumir una pérdida. El que pierde es el inversor, puesto que Estado seguirá pagando el mismo 6 por ciento inicial hasta el vencimiento de esos bonos. El problema para el Tesoro Público vendrá con las siguientes emisiones de deuda que serán más caras y eso es lo que, llegados a ciertos límites de carga financiera, no nos deja vivir tranquilos.
La curva de Laffer y la decisión sobre subir impuestos
3 septiembre, 2012 gestoresderiesgo	Deja un comentario
En medio del debate sobre la conveniencia o no de subir impuestos, uno de los términos económicos que está cobrando mayor relevancia es el de la curva de Laffer, denominada así en honor al economista norteamericano Arthur B. Laffer, asesor del gobierno del presidente Reagan, que muestra el modo en que varía la recaudación fiscal total (R) cuando se modifica el tipo impositivo aplicado en una economía (t).
Esta curva parte de la idea básica de que si el tipo impositivo que se aplica a las rentas generadas es cero, la recaudación lógicamente será nula, pero si es del 100 por ciento también lo será, puesto que nadie estará dispuesto a producir o trabajar. Entre estos dos puntos extremos, la curva tendrá una parte de pendiente positiva en la que incrementos de tipos aumentan la recaudación y otra parte de pendiente negativa en el que el tipo impositivo resulta tan elevado que la recaudación fiscal total disminuye, por el desánimo que cunde entre los que tienen que producir o trabajar. En el punto de inflexión en el que cambia el sentido de la curva, tendremos una recaudación fiscal máxima (R*) a un tipo impositivo que podríamos denominar óptimo (t*). Desde este planteamiento, el problema principal al que se enfrentan los que han de decidir sobre elevar o no tipos impositivos a la ciudadanía es conocer en que tramo de la curva, creciente o decreciente, se encuentran sus economías antes de actuar.
Por cierto, aunque la relación que acabo de exponer pueda parecer relativamente reciente, al atribuirse a Laffer en el siglo pasado, hay historiadores económicos que señalan su origen en el filósofo árabe del siglo XIV, Ibn Khaldoun. Por lo que parece, nuestros problemas no son tan modernos como a veces se cree.

References: Real Decreto 
 Artículo 951
 Artículo 952
 Artículo 953
 Artículo 954
 resolución