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Timestamp: 2019-08-23 14:16:20+00:00

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Tras el cambio de régimen político ocurrido en 1975, se hace necesaria la creación de una ley suprema y legítima que establezca los principios y valores que han de servir de base al nuevo estado democrático.
Fue aprobada por los plenos del Congreso y del Senado, en sendas sesiones, el 31 de octubre de 1978, por abrumadora mayoría.
El 27 de agosto de 1992, el Rey sancionó una reforma de la Constitución, dando una nueva redacción al apartado 2 del artículo 13, referente al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales que, a partir de la misma, ha pasado a ser activo y pasivo.
Esta reforma fue aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, el día 22 de julio de 1992, y del Senado, el día 30 de julio de 1992.
El contenido de los distintos epígrafes de la Constitución es el siguiente:
Título Preliminar: (arts. I a 9). Incluye los principios básicos en los que se sustenta Estado Español.
Título I: “De los derechos y deberes fundamentales”
Con 45 artículos, éste es el Título más amplio de nuestra Constitución. A lo largo de su articulado se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos.
Está dividido en cinco Capítulos, sirviendo el artículo 10 de pórtico al mismo.
– Capítulo 1° De los españoles y los extranjeros” (arts. 11 al 13)
– Capítulo 2° Derechos y libertades” (arts. 14 al 38); está dividido en dos Secciones:
– Sección Ia: De los Derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 al 29). Sección 2a: De los Derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 al 38).
– Capítulo 3°: “De los principios rectores de la política social y económica” (arts. 39 al 52).
– Capítulo 4°: “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales” (arts. 53 y 54)
– Capítulo 5°: “De la suspensión de los derechos y libertades” (art. 55).
Título II: “De la Corona” (arte. 56 a 65).
Regula la figura del Rey, sus funciones, juramento, la sucesión de la Corona, la Regencia, la Tutela del Rey, el refrendo a los actos del Rey y el Presupuesto y organización de la Casa Real.
Título III: “De las Cortes Generales” (arts 66 a 96).
Establece la composición, organización y atribuciones de las Cortes Generales. Regula el procedimiento de elaboración de las leyes, el estatuto de los parlamentarios y el régimen de los Tratados Internacionales.
Está dividido en tres Capítulos.
– Capítulo 1 ° “De las Cámaras” (arts. 66 al 80).
– Capítulo 2° “De la elaboración de las leyes” (arts. 81 al 92).
– Capitulo 3° “De los Tratados Internacionales” (arts. 93 al 96).
Título IV: “Del Gobierno y de la Administración” (arts. 97 al 107).
Regula la composición y funciones del Gobierno, el nombramiento y cese del Presidente, Vicepresidentes y Ministros, así como su responsabilidad criminal.
Con respecto a la Administración, establece sus principios de actuación y organización, el control jurisdiccional y la responsabilidad patrimonial de la misma. Regula el Consejo de Estado como órgano supremo de carácter consultivo.
Título V: “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales” (arts. 108 al 116). Establece la responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados; regula la cuestión de confianza, la moción de censura, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cámaras; asimismo, reconoce el derecho de información de las Cámaras a través de interpelaciones y preguntas y regula los estados de alarma, excepción y sitio.
Título VI: “Del Poder Judicial” (arts. 117 al 127).
Regula los principios básicos del Poder Judicial: principio de independencia judicial, de inamovilidad de jueces y magistrados, de exclusividad jurisdiccional y de unidad jurisdiccional; la colaboración con la justicia; la justicia gratuita; la publicidad y oralidad de las actuaciones judiciales, la indemnización del Estado por error judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, la acción popular, etc.
Título VIl: “Economía y Hacienda” (arts. 128 al 136).
Este Título establece el principio de subordinación de la riqueza al interés general, el principio de legalidad en materia tributaria y los principios básicos del régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales.
Regula el Tribunal de Cuentas y el régimen de elaboración de los Presupuestos del Estado. Reconoce la iniciativa pública en la actividad económica; la participación de los trabajadores en la Seguridad Social y la actividad de los organismos públicos, asi como la posibilidad de planificación de la actividad económica.
Título VIII: “De la organización territorial del Estado” (arts. 137 al 158).
Regula los principios de organización territorial del Estado, la Administración Local y las Comunidades Autónomas. Está dividido en tres Capítulos:
– Cap. Primero: “Principios Generales” (arts. 137 al 139).
– Cap. Segundo: “De la Administración Local” (arts. 140 al 142).
– Cap. Tercero: “De las Comunidades Autónomas” (arts. 143 al 158).
Título IX: “Del Tribunal Constitucional” (arts. 159 al 165).
Regula la composición, estatuto y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional; las competencias y funciones del mismo; la legitimación para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo y la cuestión de inconstitucionalidad.
Título X: “De la Reforma Constitucional” (arts. 166 al 169).
Establece el procedimiento de reforma de la Constitución así como los límites temporales para efectuarla.
1. Se trata de un texto de ruptura, en la medida en que supone el paso de un régimen autocrático (del General Franco) a una democracia.
2. Se trata de un texto consensuado, realizado mediante el proceso de negociación y pacto de las fuerzas reales, actuales y latentes en nuestro país durante el bienio constituyente.
3. Constituye el texto más extenso de nuestra historia constitucional salvo el de 1812.
4. La Constitución Española de 1978 es polivalente y deliberadamente ambigua. Como señala la Sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional, constituye el texto constitucional un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo.
5. Destaca la doctrina, que se trata de una Constitución incompleta, por sus repetidas remisiones a leyes orgánicas que regulen una determinada materia, reprochándose un carácter inacabado, a pesar de su extensión.
6. El texto constitucional refleja la pertenencia de España al contexto cultural occidental europeo.
7. Se trata de un texto donde se han reflejado influencias de la Constitución alemana y de la Constitución italiana, especialmente.
A. Estado Social y Democrático de Derecho
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1 CE).
El Estado social y democrático de derecho es fruto de una evolución histórica plasmada en la normativa de nuestra Constitución y tiene las siguientes características:
a. Estado Social
El antecedente de la expresión “Estado social” lo encontramos en la Ley Fundamental de Bonn, que definía la República Federal de Alemania como un Estado social, democrático y federal.
La doctrina no es unánime a la hora de dotar de contenido la citada expresión. Para unos,
el estado social implica un Estado de servicios, de distribución o de bienestar; para otros, sena el Estado orientado hacia la consecución de la justicia social, a través de la protección del trabajo y de la implantación de un sistema adecuado de seguridad social. Un estado social es aquél que reconoce pretensiones de los individuos frente a la comunidad; a través de él se consigue la protección social y económica de todos los ciudadanos.
El hecho de que España se constituya en un Estado social significa el reconocimiento no sólo de los derechos y libertades a nivel individual, sino también a nivel colectivo o de grupos donde un individuo tiende a integrarse. Por tanto, el Estado debe asumir la obligación de garantizar el bienestar y la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los ciudadanos.
El elemento social se encuentra recogido en muchos de los derechos reconocidos en el Título I, Capítulo segundo de la Constitución (como el derecho al trabajo, la libertad de residencia, derecho de asociación y tutela judicial) y en todos los principios del Capitulo tercero (protección a la salud, a la familia, distribución de la rente, etc.).
El Estado social en que la Nación Española se constituye, conlleva la obligación de los poderes públicos de:
– Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
– Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
– Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En nuestro texto constitucional existen diversos preceptos que obligan a los poderes públicos a promover las condiciones favorables para una distribución de la renta personal y regional más equitativa.
El término social significa igualdad; esta igualdad comprende el principio de redistribución, enriqueciendo los derechos de los menos favorecidos. Así por ejemplo, nos encontramos con la protección de los hijos con independencia de su filiación, el amparo que se debe prestar a los disminuidos, la protección a la tercera edad, etc.
b. Estado Democrático
Desde el propio preámbulo de la Constitución se proclama la voluntad del pueblo español de establecer una sociedad democrática avanzada y garantizar la convivencia democrática de los españoles.
La ¡dea de que la soberanía nacional reside en el pueblo se encuentra claramente expresada en el preámbulo de la Constitución, es más, la Constitución misma es un acto de soberanía, y una afirmación del carácter democrático del Estado.
La palabra democrático se repite a lo largo del articulado de la Constitución, y así:
– Al hablar de los partidos políticos, de los sindicatos de trabajadores, de las Asociaciones Empresariales, de los Colegios Profesionales y de las Organizaciones Profesionales se subraya que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
– La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
– Ha de tenerse en cuenta que la democracia está muy interrelacionada con la participación, consecuencia de que la soberanía reside en el pueblo español. La participación se realiza a través del sufragio, de la pluralidad de partidos, de sindicatos y de otros tipos de asociaciones, de las Cortes e incluso del Gobierno.
Un régimen democrático no sólo es aquél en que el poder procede del pueblo, sino que también debe ser nota característica del mismo que el pueblo participe en las decisiones del poder.
El elemento democrático se encuentra en:
– El principio de soberanía popular (art. 1.2).
– El derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23).
– La representatividad de las Cámaras; así el art. 66 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español.
– El origen de la justicia; así el art. 117 establece que la justicia emana del pueblo.
c. Estado de Derecho
El Estado de Derecho es por tanto un fundamento de nuestra sociedad, ya que organiza la comunidad para que todos se sientan protegidos.
En primer lugar, hay que tener claro que la expresión Estado de Derecho, viene a configurar a aquél Estado en el que predomina el gobierno de las leyes. Un Estado que no estuviera sometido a derecho, no sería considerado como tal.
La idea del Estado de Derecho parte del principio de que el poder debe ser limitado; supone que los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como a una serie de principios de actuación entre los que podemos destacar los de legalidad, irretroactividad, jerarquía normativa, seguridad jurídica y publicidad de las normas.
El carácter del Estado de Derecho implica el reconocimiento y garantía de una serie de derechos y libertades, expresamente recogidos en el Titulo I de la Constitución.
El Estado de Derecho no sólo implica que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, sino también que el Ordenamiento debe procurar los medios para que la persona alcance su plena dignidad y pueda desarrollar libremente su personalidad.
Asimismo es característica fundamental del Estado de Derecho la separación de poderes, de manera que cada uno de ellos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es independiente de los demás sin perjuicio de la posible colaboración entre los mismos.
Con respecto a este tema ha de tenerse en cuenta el art. 9.3 de la Constitución que enuncia una serie de principios del ordenamiento jurídico que constituye una garantía sustancial de lo que el Estado de Derecho significa, consagrando los siguientes principios generales:
– Principio de legalidad y jerarquía normativa; estos principios suponen que los poderes públicos están sujetos al ámbito de sus competencias, y no pueden sobrepasarlos.
– Principio de publicidad de las normas y principio de seguridad jurídica; estos principios aseguran que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones y puedan prever las consecuencias de sus actos.
– Principio de irretroactividad de las normas no favorables o restrictivas de derechos individuales.
– Principio de interdicción de la arbitrariedad y principio de responsabilidad de los poderes públicos, de forma que los mismos sujeten su actividad a los poderes del Estado.
B. Valores superiores del Ordenamiento Jurídico
– El pluralismo político.
La libertad se reconoce expresamente como un derecho en el art. 17 de la Constitución que establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Igualmente, el texto constitucional recoge la libertad en todas sus manifestaciones; así se desarrolla como:
• Libertad física
Los arts. 17 y 19 CE recogen el tiempo máximo de detención preventiva y el procedimiento de habeas corpus para los detenidos ilegalmente, así como la libertad de residencia y circulación.
El art. 16 reconoce el derecho a la libertad ideológica y religiosa.
• Libertad de expresión y de información
Recogida en art. 20.
• Derecho a ejercería libertad de forma individual y colectiva
De este modo el art. 22 reconoce el derecho de asociación y el art. 21 el derecho de reunión.
• Derecho a ejercerla libertad para participaren asuntos públicos
Esta libertad se puede ejercer directamente o a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal (art. 23 CE).
• Medios para defender la libertad
Se configura como el derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales sin que, conforme estipula el propio texto constitucional, pueda producirse indefensión.(art. 24 CE).
La libertad es un valor que aparece también informando el Título Primero. El artículo que lo contempla dice expresamente:
“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social”.
El valor superior de la justicia se proyecta sobre muchos artículos de la Constitución; este valor adquiere especial relevancia en el Título VI que establece las bases de organización de la Administración de justicia.
La justicia es el instrumento con el cual se consigue que la libertad y la igualdad sean de aplicación para todos los ciudadanos.
El art. 117 de la Constitución establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
La palabra “justicia” no se utiliza en el sentido de hacer justicia, sino que se emplea en consonancia con el art. 1.2 de la Constitución que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado; en este sentido el poder judicial, como el de los restantes poderes del Estado, emana del pueblo.
Igualmente, como se desprende del art. 24 CE, debe destacarse el derecho de toda persona a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Finalmente, la Constitución en su art. 119 consagra el principio de gratuidad de la justicia, en los casos que así lo establezca la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
• Principio de igualdad ante la ley
El art. 14 CE establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esta igualdad debe entenderse en el sentido manifestado por el Tribunal Constitucional al afirmar que “la igualdad es el tratamiento desigual de las situaciones desiguales”.
El principio de igualdad ante la ley se encuentra asimismo consagrado a lo largo del Título Primero de la Constitución, cuando se configuran los derechos y libertades fundamen­tales.
• Compromiso de los poderes públicos
El art. 9.2 CE establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
El art. 40 CE establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta regional y personal más equitativa.
El Capítulo 3° del Título I de la Constitución, arts. 39 a 52, recoge los principios rectores de la política social y económica, entre los que se establecen los compromisos de los poderes públicos en orden a hacer efectivo el principio de igualdad.
• Igualdad de los españoles en todo el territorio del Estado
Art. 139.1 CE: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.
d. El pluralismo político
El pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico tiene su principal manifestación en el art. 6 de la Constitución que establece: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.
En este mismo sentido se expresa el art. 7 de la Constitución: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que les son propios”.
No obstante lo anterior, el texto constitucional contiene múltiples referencias que conforman la base sobre la que se asienta la existencia de los partidos políticos como expresión del pluralismo político, así:
– El art. 10 CE reconoce el libre desarrollo de la personalidad.
– El art. 14 CE establece la no discriminación por razón de opinión.
– El art. 16 CE reconoce el derecho a la libertad ideológica y religiosa.
– El art. 20 CE reconoce el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas, etc.
– Los arts 21, 22 y 23 CE reconocen los derechos de reunión, asociación y participación en los asuntos públicos.
Visto el pluralismo político, ha de tenerse en cuenta que hay también otras manifestaciones del pluralismo, como pueden ser:
– Pluralismo lingüístico, como consecuencia de la configuración del Estado autonómico (arts 3 y 4).
– El pluralismo sindical (art 28).
– El pluralismo profesional, (arts 36 y 52), constituyéndose colegios profesionales.
C. Soberanía nacional
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2).
D. Forma política del Estado
E. Unidad de la Nación española y reconocimiento del derecho a la autonomía
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (art. 2).
Estamos frente a lo que se define como un estado descentralizado. Este carácter se desprende del propio artículo 2 del texto constitucional, cuando expresa que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…” y a la vez reconoce y garantiza “la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
Podemos afirmar que unidad y autonomía no son conceptos contrapuestos, sino complementarios. La unidad implica que existe una organización, que es el Estado, para todo el territorio nacional; pero los órganos del Estado no ostentan todo el poder, el cual se distribuye además entre los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, teniendo todos ellos autonomía para la gestión de sus respectivos
Junto a los principios de unidad y autonomía, hemos de hacer referencia a los de solidaridad e igualdad entre todas las zonas del territorio nacional, lo que implica la obligación de impedir privilegios de unas respecto a otras.
F. Idioma oficial del Estado
El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla (art. 3.1).
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2).
G. La bandera de España y la de las Comunidades Autónomas
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas (art. 4.1).
Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales (art. 4.2).
H. La capital del Estado
Es la villa de Madrid (art. 5).
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (art. 6).
J. Sindicatos y asociaciones empresariales
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos (art. 7).
K. Las Fuerzas Armadas
Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8.1).
Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución (art. 8.2).
L. Principio de legalidad y garantías jurídicas
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), con lo que se pone de manifiesto que la Constitución, perteneciendo al ordenamiento jurídico español, constituye la norma superior y fundamental, cúspide de la pirámide normativa.
Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE), garantizando al efecto unos principios básicos en el art. 9.3 de la Constitución:
Principio de legalidad: todas las actuaciones se condicionan al imperio de la ley, tanto las de los ciudadanos como las de la Administración.
Los derechos y deberes fundamentales se regulan en el Título I de la Constitución, que comienza con el artículo 10 y se estructura en 5 capítulos:
1° De los españoles y los extranjeros.
2° Derechos y Libertades:
Secc. 1a. Derechos fundamentales y libertades públicas.
Secc. 2a. Derechos y deberes de los ciudadanos.
3° Principios Rectores de la política social y económica,
4° De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
5° De la suspensión de los derechos y libertades.
Establece como fundamento del orden político y la paz social:
– La dignidad de la persona.
– Los derechos inviolables que le son inherentes
– El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
– El libre desarrollo de la personalidad.
Igualmente, establece cómo se interpretarán las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
b. Capítulo Primero
“De los españoles y extranjeros”
– Artículo 11: Normas sobre nacionalidad.
– Artículo 12: Mayoría de edad.
– Artículo 13: Derechos de los extranjeros en España.
c. Capítulo Segundo
– Artículo 14: Principio de igualdad ante la Ley.
Sección Primera: De los derechos fundaménteles y de las libertades públicas (arts. 15a
Sección Segunda: De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38).
d. Capítulo Tercero
“De los principios rectores de la política social y económica”. Comprende desde el art. 39 hasta el art. 52, ambos inclusive.
e. Capítulo Cuarto
“De las garantías de las libertades y derechos fundamentales” Recogidas en los arts. 53 y 54.
f. Capítulo Quinto
“De la suspensión de los derechos y libertades” Según se establece en el art. 55.
B. Justificación y fundamento
El libre ejercicio de los derechos y deberes fundaménteles es presupuesto de la democracia y condición y fin de un régimen constitucional. La defensa de estos derechos ha de ser una finalidad esencial del sistema.
Por ello, el Título I de la Constitución los recoge ampliamente, dotándolos además de un conjunto de garantías y medios de defensa especiales.
10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son funda­mento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Hu­manos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis­mas materias ratificados por España.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionali­dad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En es­tos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudada­nos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
13. 1. Los extranjeros gozarán en España de las liberta­des públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a cri­terios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo o pasivo en las elecciones mu­nicipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciproci­dad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apatridas podrán gozar del derecho de asi­lo en España.
14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir­cunstancia personal o social.
15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tor­tura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abo­lida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimien­to del orden público protegido por la ley.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie­dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la se­guridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiem­po estrictamente necesario para la realización de las averigua­ciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma in­mediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determi­nará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo, en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en es­pecial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolu­ción judicial.
19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su re­sidencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de Es­paña en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse me­diante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamen­tario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas len­guas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los de­rechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las le­yes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al ho­nor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, gra­baciones y otros medios de información en virtud de resolu­ción judicial.
21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin ar­mas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito públi­co y manifestaciones se dará comunicación previa a la autori­dad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fun­dadas de alteración del orden público, con peligro para per­sonas o bienes.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios ti­pificados como delito son ilegales.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendi­das en sus actividades en virtud de resolución judicial mo­tivada.
23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de represen­tantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufra­gio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.
24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tu­tela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario pre­determinado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letra­do, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse cul­pables y a la presunción de inocencia.
25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por ac­ciones u omisiones que en el momento de producirse no cons­tituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legis­lación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de segu­ridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción so­cial y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley peniten­ciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de li­bertad.
26. Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reco­noce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios demo­cráticos de convivencia y a los derechos y libertades fun­damentales.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la ense­ñanza, con participación efectiva de todos los sectores afecta­dos y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los prin­cipios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos in­tervendrán en el control y gestión de todos los centros soste­nidos por la Administración con fondos públicos, en los tér­minos que la ley establezca.
28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos someti­dos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejer­cicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical com­prende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elec­ción, así como el derecho de los sindicatos a formar confede­raciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegu­rar el mantenimiento de los servicios esenciales de la co­munidad.
29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual o colectiva, por escrito, en la forma y con los efec­tos que determine la ley.
30. 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de de­fender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de concien­cia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación so­cial sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimien­to de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciuda­danos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución respon­derán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o pa­trimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y ca­pacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyu­ges, las causas de separación y disolución y sus efectos.
2. La función social de estos derechos delimitará su con­tenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, me­diante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración su­ficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
36. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
37. 1. La ley garantizará el derecho a la negociación co­lectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresa­rios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que re­gule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitacio­nes que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad,
38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y pro­tegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuer­do con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación,
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independen­cia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su es­tado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su mi­noría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuer­dos internacionales que velan por sus derechos.
40. 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una dis­tribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una políti­ca que garantice la formación y readaptación profesionales; ve­larán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada la­boral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situacio­nes de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores espa­ñoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retomo.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la sa­lud pública a través de medidas preventivas y de las prestacio­nes y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y de­beres de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanita­ria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
44. 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el ac­ceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la inves­tigación científica y técnica en beneficio del interés general.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y me­jorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio am­biente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado ante­rior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cul­tural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titu­laridad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinen­tes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la ac­ción urbanística de los entes públicos.
49. Los poderes públicos realizarán una política de previ­sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminui­dos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la aten­ción especializada que requieran y los ampararán especialmen­te para el disfrute de los derechos que este Título otorga a to­dos los ciudadanos.
50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia eco­nómica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promove­rán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultu­ra y ocio.
51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimien­tos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses eco­nómicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afec­tar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anterio­res, la ley regulará el comercio interior y el régimen de auto­rización de productos comerciales.
52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos ‘que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capí­tulo II del presente Título vinculan a todos los poderes públi­cos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su conte­nido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sec­ción 1.a del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legisla­ción positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordi­naria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos compren­didos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la activi­dad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Ge­nerales.
La Constitución española no se limita, en su Título I, a reconocer una serie de derechos y libertades personales, públicos y económico-sociales, sino que además establece el respeto de estos derechos tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los demás ciudadanos.
La Constitución hace una distinción entre los derechos y libertades fundamentales (formados básicamente por los derechos personales y los cívico-políticos) y los principios rectores de la política social y económica (entre los que figuran la mayoría de los derechos económicos y sociales).
Protección de los derechos y libertades
La Constitución, en su art. 53, diseña los siguientes procedimientos de protección:
a) Regulación por ley
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I (arts. 14 a 38, ambos inclusive) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en el caso de los derechos reconocidos en los arts. 15 a 29 tendrá carácter de ley orgánica, podrá regularse el ejercicio de estos derechos y libertades, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.
b) Control de constitucionalidad de las leyes
Todos los derechos reconocidos en el Capítulo segundo del Título I (arts. 15 a 38 inclusive) están protegidos jurisdiccionalmente por dos vías:
– Recurso de inconstitucionalidad, planteado directamente al Tribunal Constitucional, contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.
– Cuestión de inconstitucionalidad, planteada ante el Tribunal Constitucional, previa apreciación de la inconstitucionalidad por la jurisdicción ordinaria.
Por violación de los derechos fundamentales (Sección la del Capítulo Segundo: arts. 15 a 29), del derecho a la igualdad (art. 14) y del derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2), se podrá interponer directamente al Tribunal Constitucional recurso de amparo, pudiéndolo interponer toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162 de la CE).
Los mismos derechos citados en el apartado anterior están protegidos ante una posible violación de los mismos. Así el art. 53.2 establece que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos y libertades recogidos en los arts 14 a 29 ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
Protección de los derechos económico-sociales
La protección de estos derechos que están contenidos en el Capítulo tercero del Título I (De los principios rectores de la política social y económica) es mucho más débil, ya que el art. 53.3 de la Constitución determina que, aunque el reconocimiento, respeto y protección de dichos derechos informará (inspirarán) la legislación positiva, práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, los mismos sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, y deberán ajustarse al contenido constitucional de las mismas, ya que en caso contrario cabría contra dichas leyes recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con el art. 161 .a) de la Constitución.
55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1.a) y d) y 5, ar­tículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Cons­titución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apar­tado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de esta­do de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria interven­ción judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actua­ción de bandas armadas o elementos terroristas.
Los derechos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión e información, de reunión y manifestación, a la huelga y a la adopción de medidas de conflicto colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o el de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el derecho de información del detenido de sus derechos, razones de su detención y asistencia de Letrado en las diligencias policiales y judiciales para el supuesto de declaración del estado de excep­ción (a estos estados de excepción y sitio se refiere el art. 116 de la Constitución).
Los derechos de plazo de setenta y dos horas para ser puesto el detenido a disposición de la Autoridad Judicial o en libertad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicacio­nes pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, regulándose esta suspensión por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, que reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de delitos relacionados con la actividad de estas bandas armadas y ele­mentos terroristas o rebeldes.
Articulo 116 Constitución: 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno me­diante decreto acordado en Consejo de Ministros por un pla­zo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya auto­rización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto de­terminará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar ex­presamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría abso­luta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, du­ración y condiciones.
5. No podrá precederse a la disolución del Congreso mien­tras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su fun­cionamiento, así como el de los demás poderes constituciona­les del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produje­re alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de di­chos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.)
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (art. 2 CE).
Pero el reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía no se circunscribe al ámbito de las nacionalidades y regiones sino que se extiende también a los municipios y a las provincias.
“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyen. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 CE).
Según el diccionario de la Real Academia, autonomía es la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias y regiones u otras entidades para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios.
Partiendo de esta definición, la autonomía, como capacidad de autogobierno y autoorganización, se establece constitucional mente para los distintos niveles de organización política y administrativa, pudiendo diferenciarse dos grandes grupos: la autonomía local y la de las nacionalidades y regiones, de naturaleza y contenido distinto.
El art. 2 de la Constitución vincula el principio de autonomía al principio de unidad de la Nación Española, pues sólo partiendo de esta unidad podrá establecerse una determinada autonomía, ya que ambos principios se encuentran ligados indisolublemente.
La autonomía hace referencia a un poder limitado y que autonomía no es soberanía y dado que cada organización territorial es una parte del todo, en ningún caso, el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido.
Asimismo, hay que destacar que en este contexto del reconocimiento del derecho a la autonomía en el seno del Estado, el término “Estado” adquiere un doble sentido: Por un lado sirve a los efectos de definir al Estado español como soberano y por otro, para designar el aparato jurídico-público de carácter unitario en el que se integran los poderes centrales.
La Constitución dedica el Título VIII a la Organización Territorial del Estado, dividido en tres Capítulos:
– Capítulo I: Principios generales.
– Capítulo II: De la Administración Local.
– Capítulo III: De las Comunidades Autónomas.
La autonomía no constituye soberanía por cuanto está limitada por la propia Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes. Se reconoce la autonomía de las unidades de organización territorial -provincias, municipios y Comunidades Autónomas- para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 Constitución).
En aplicación de lo dispuesto en el art. 2 de la Constitución, se prevé la realización efectiva de este principio, buscando un equilibrio “económico, adecuado y justo” entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular (art. 138.1 CE).
C. Principio de igualdad
Tanto económica como social. Es una consecuencia directa del principio anterior, ya que las diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas nunca podrán implicar privilegios económicos y sociales (art. 138.2 CE).
Este principio de igualdad se ve reforzado, además, por dos previsiones constitucionales (art. 139 CE):
• La igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado.
• La prohibición de adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas, así como la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
D. Principio democrático
Tanto en la elección de sus miembros como en el funcionamiento de sus órganos, la Administración territorial se fundará en principios democráticos.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: CONSTITUCIÓN, COMPETENCIAS Y ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
Para solucionar el problema de la convivencia entre las distintas comunidades, la Constitución republicana de 1931 optó por una fórmula intermedia entre el Estado Unitario
y el Estado Federal: el denominado Estado Integral, que trataba de hacer compatible la existencia de regímenes de autonomía con los distintos municipios y regiones. De este modo se pretendió instaurar varios Estatutos de Autonomía, como los de Cataluña (1932), País Vasco (1936) y Galicia (1936) que, sin embargo, no tuvieron aplicación práctica debido a la Guerra Civil (1936-1939). El régimen de Franco impuso posteriormente la llamada Unidad Nacional, desapareciendo así las Autonomías.
Pero al restablecimiento de la Monarquía, en 1975, comienzan a constituirse por Decreto-ley diferentes regímenes de autonomía (1977 y 1978) con vigencia provisional hasta la publicación de la Constitución, que no sólo ampara, sino que prevé el auténtico Estado de las Autonomías, regulando y desarrollando sus contenidos.
Según el art. 137 de la Constitución, las Comunidades Autónomas constituyen, junto a las provincias y los municipios, las entidades en que el Estado se organiza territorialmente, gozando de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Igualmente se reconoce (art. 2) el derecho a la autonomía “de las nacionalidades y regiones” integrantes de la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas.
Analizaremos a continuación quiénes tienen derecho a constituirse en Comunidades Autónomas y las vías existentes para el acceso a la autonomía.
a)Con carácter general
Tienen derecho a constituirse en Comunidad Autónoma (art. 143.1. CE):
b. Por motivos de interés nacional
Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1 CE vistas en el apartado anterior.
Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el art. 143.2 (caso de Segovia).
a. Vía común
Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla (art. 143.2).
Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses, a contar desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones Locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del art. 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes (Disp. Trans. 1).
En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen.
Dicha decisión deberá ser ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente y, en todo caso, transcurrido el plazo de 5 años.
Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros así lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica (Disp. Trans. 5).
Tales ciudades han pasado a ser Comunidad Autónoma por Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, y Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, respectivamente.
Será elaborado por una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley (art. 146).
b. Vía especial
No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años que establece el U ..JIS art. 148.2 CE (por el que se pueden ampliar las competencias que asumen las Comunidades Autónomas) cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada, en el plazo de seis meses, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspon­dientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada, mediante referéndum, por mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica (art. 151 CE).
Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Esta­tuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del art. 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno (Disp. Trans. 2).
El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripcio­nes comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, con el fin de elaborar el proyecto de Estatuto, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
Si se alcanzara dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos váli­damente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
A. Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas Vienen recogidas en el art. 148 de la Constitución:
Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el art. 149.
• Competencias del Estado
El art. 149 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
Coordinación de competencias legislativas.
a. Leyes Marco
Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley estatal.
b. Leyes de Transferencia
El Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
c. Leyes de Armonización
El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general; corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad (art. 150).
Competencias financieras de las Comunidades Autónomas
La Constitución otorga a las Comunidades Autónomas autonomía financiera suficiente para el desarrollo de las competencias examinadas, estableciendo unos recursos:
Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras disposiciones en los ingresos del Estado.
El art. 152 de la Constitución recoge una serie de órganos que con carácter obligatorio deben constituirse en las Comunidades Autónomas que accedieran a la autonomía por la vía especial; pero estos órganos han sido recogidos también en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas constituidas por la vía común, a pesar de no estar obligadas a ello. Tales órganos son:
A. Asamblea Legislativa
Elegida por sufragio universal según un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. Tiene carácter unicameral y su denominación varia según las Comunidades de que se trate (Parlamento en el País Vasco, por ejemplo; Cortes, en Valencia, Asamblea Regional, en Cantabria, etc.).
Por lo general, los Estatutos no fijan el número de Diputados definitivo, cuestión que se determinará en virtud de ley posterior. La duración de la legislatura se fijará invariablemente en 4 años, y su estructura interna y funciones son paralelas a las de las Cortes Generales.
B. Consejo de Gobierno
Se trata de un órgano colegiado, a veces denominado también Gobierno (en el País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia y Madrid, por ejemplo), con funciones ejecutivas y administrativas, a cuyo frente se encuentra un Presidente, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno y la Suprema representación de la Comunidad Autónoma, así como la representación ordinaria del Estado en dicha Comunidad.
El Presidente es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Tanto el Presidente como los Consejeros serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Será el supremo órgano judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminando la organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
El control que la Constitución prevé sobre las Comunidades Autónomas, puede ser de cuatro tipos:
Sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, así como de las resoluciones adoptadas por sus órganos de gobierno. Se ejerce a través de:
B. Por el Estado con dos modalidades:
Sobre facultades delegadas a las Comunidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en el art. 150.2 de la Constitución, con el dictamen previo del Consejo de Estado. La forma de control vendrá determinada por la propia Ley Orgánica de delegación.
El Gobierno, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a las CC AA a cumplir con sus obligaciones, cuando así no lo hicieren, o para la protección del interés general (art. 155 Constitución).
C. Por la jurisdicción contencioso-administrativa
Sobre las normas reglamentarias y resoluciones de la Administración Autonómica.
D. Por el Tribunal de Cuentas
Se controla la actividad de carácter económico y presupuestario, sin perjuicio de los órganos físcalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos.
El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado; pero cuando la actividad fiscalizadora se refiera a las Comunidades Autónomas, el informe se remitirá, asimismo, a la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad y se publicará también en su Boletín Oficial.
En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales (art. 145).
Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y Provincias, en su caso(art. 158).
Comunidades Autónomas: enumeración
Actualmente, existen 17 Comunidades Autónomas constituidas; además de éstas, las ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su autogobierno de acuerdo con lo establecido en el art. 144 b) de la Constitución y aprobaron sus respectivos Estatutos de Autonomía el 13 de marzo de 1995, mediante la Ley Orgánica 1/1995 para Ceuta y 2/1995 para Melilla. Así pues, las Comunidades Autónomas actuales son:
– Comunidad Autónoma del País Vasco.
– Comunidad Autónoma de Aragón
– Comunidad Autónoma de Castilla-León
– Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
– Comunidad Autónoma de Extremadura.
– Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
– Comunidad Autónoma délas Islas Canarias.
– Comunidad Autónoma de Cantabria.
– Comunidad Autónoma de La Rioja.
– Comunidad Foral de Navarra.
– Ciudad Autónoma de Ceuta.
– Ciudad Autónoma de Melilla.
• Dentro del ordenamiento autonómico, constituyen la norma más importante a la que se subordinan las restantes.
• Dentro del ordenamiento del Estado, constituyen una ley conocida y amparada como parte integrante del mismo. Tienen rango de ley orgánica, según el art. 81 de la Constitución.
Según el art. 147 de la Constitución, el contenido mínimo de los Estatutos se centrará en:
• La denominación de la Comunidad que corresponda mejor a su identidad histórica.
• La delimitación de su territorio.
• La denominación, organización y sede de las instituciones propias.
• Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
C. Proceso de elaboración
Ya ha sido tratado en un epígrafe anterior, al hablar de las vías de acceso a la autonomía, donde se reseñaba la elaboración del Proyecto de Estatuto. Por lo tanto, nos remitimos a dicho punto.
Con carácter general, la Constitución señala que la reforma de los Estatutos deberá ajustarse a lo establecido en los mismos, y que requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica (art. 147.3).
Los procedimientos previstos en los Estatutos varían según haya sido la vía de acceso a la autonomía:
• Estatutos de la vía común: La iniciativa corresponde al Gobierno o Parlamento Autónomo, exigiéndose la aprobación de este antes de su sanción definitiva por las Cortes Generales.
• Estatutos de vía especial: Se requiere un referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes y se tramitara según lo previsto en los respectivos Estatutos.
La Administración Local se puede definir como aquella parte de la Administración Pública integrada por Entes Públicos de carácter territorial.
La Constitución Española de 1978 regula la Administración Local en sus artículos 140,141,142.
La Administración Local se regula además por la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de Abril.
Está integrada por las siguientes entidades:
• La Provincia.
• Islas (en los archipiélagos balear y canario).
• Comarcas.
• Áreas Metropolitanas.
• Mancomunidades.
El art.11.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, define al municipio como la entidad básica de la organización territorial del Estado y le otorga personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
El municipio está integrado por los siguientes elementos:
1) El término municipal. Es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
2) La población. La constituyen todos los inscritos en el Padrón Municipal,
3) La Organización Municipal. La Ley de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, determina que el gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.
En todos los ayuntamientos deben existir los siguientes órganos:.
I. El Alcalde. Es el presidente de la corporación. Se procede a su elección en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de acuerdo con el siguiente procedimiento:
• Si alguno de ellos obtuviere la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, es proclamado electo.
• Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá mediante sorteo.
II. Los Tenientes de Alcalde. Sustituyen por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y revocados por éste de entre los miembros de la Comisión de Gobierno y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
En los municipios con Comisión de Gobierno, el número de Tenientes de alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla. Aquellos municipios en los que no exista Comisión de Gobierno, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de los miembros de la Corporación.
III. El Pleno. Está integrado por los Concejales y es presidido por el Alcalde. Se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
IV. La Junta de Gobierno Local. Existirá sólo en aquellos municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en aquellos otros casos, que así lo disponga su reglamento orgánico y lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. Se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas.
Además pueden existir otros órganos complementarios de los anteriores, que se establecen y regulan por los propios municipios en sus reglamentos orgánicos.
La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local modificó determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entre ellos, el que se refiere a la organización municipal, que pasa a estar integrada por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno como órganos que existen en todos los Ayuntamientos y la Junta de Gobierno Local en los municipios con población superior a 5000 habitantes, y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. Por lo tanto toda referencia a la Comisión de Gobierno de los Ayuntamientos debe entenderse ahora a la Junta de Gobierno Local.
La organización provincial también se ve afectada por la Ley 57/2003, pasando la Comisión de Gobierno a denominarse Junta de Gobierno, por lo que toda referencia a la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial debe considerarse a la Junta de Gobierno.
El Título X de la Ley 57/2003, establece un Régimen de Organización diferente para los municipios de gran población, entendiendo por tales los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. Dicho régimen también se podrá aplicar si lo solicitan los Ayuntamientos y lo deciden las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en el caso de municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y en los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes y presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
Se mantienen los mismos órganos (Alcalde, Tenientes de Alcalde, Comisión de Gobierno, que pasa a denominarse Junta de Gobierno Local y Pleno) y se incorporan otros nuevos (Distritos, Consejo Social de la Ciudad y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones), así como algunos otros de carácter puramente administrativo.
La Junta de Gobierno Local es la novedad más importante del nuevo modelo organizativo, puesto que se le atribuyen amplias funciones ejecutivas y administrativas en detrimento del Alcalde y del Pleno.
Existen diferencias entre la Junta de Gobierno Local de los municipios de gran población y la del resto de los municipios tanto en su composición como en sus competencias.
Por lo que respecta a su composición la novedad más importante es la posibilidad de que formen parte de la Junta de Gobierno Local personas que no tengan la condición de Concejales, ya que el artículo 126 señala que “el Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde”.
Los elementos constitutivos de la provincia son:
El territorio provincial es la suma de los territorios municipales de todos los municipios que lo integran.
Cualquier alteración de los límites provinciales deberá ser aprobada por las Cortes generales mediante Ley Orgánica.
La población viene dada por la suma de las poblaciones de los municipios que la integran.
La Constitución Española en su artículo 141, encomienda a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo el gobierno y la administración de las provincias.
En todas las Diputaciones Provinciales existirán los siguientes órganos:
a) El Presidente. La Diputación se reúne en sesión constitutiva presidida en una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, para elegir al Presidente de entre sus miembros.
El Candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación o simple ene la segunda.
El presidente podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número legal de Diputados.
b) Los Vicepresidentes. Sustituyen por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Comisión de Gobierno.
c) La Junta de Gobierno. Se haya integrada por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél y dando cuenta al Pleno de la Diputación. Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas.
d) El Pleno. Se haya integrado por el Presidente y los Diputados Provinciales. Se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres y se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Diputación o de quienes legalmente les sustituyan.
Las propias Diputaciones pueden establecer otros órganos complementarios de los anteriores. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria.

References: artículo 13
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 artículo 14
 artículo 30
 artículo 37
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 126
 artículo 141