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Timestamp: 2017-05-28 01:05:33+00:00

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El “No Llame” todavía suena | NORMA MORANDINI
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de los organismos que corresponda acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del Registro Nacional “No Llame”, creado por Ley Nº 26.951:
1. Cuál es la cantidad de titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, inscriptos al día de la fecha en el Registro Nacional “No Llame”. Detalle cuántos de ellos son usuarios de telefonía fija y cuántos de telefonía móvil.
2. Cuál es la dotación de personal de la Dirección Nacional de Datos Personales, autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.951, afectado a la implementación del Registro.
3. Cuál es el monto total de la partida presupuestaria ejecutada a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 26.951 durante los años 2014 y 2015, respectivamente.
4. Cuál es el grado de cumplimiento de las empresas que utilizan como medio de contacto con sus clientes los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, respecto de su obligación de consultar el Registro Nacional “No Llame” en forma previa a la realización de todo procedimiento de contacto, tal como lo impone el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 2501/14. Remita la nómina de las empresas que han consultado el Registro durante el período julio 2014-julio 2015.
5. Cuál es la cantidad de denuncias por incumplimientos realizadas por titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, desde la implementación del Registro hasta la fecha. Indique qué porcentaje de las denuncias corresponden a campañas electorales que transgreden los plazos permitidos por la Ley Nº 19.945, modificatorias y concordantes. Precise la cantidad total de denuncias desestimadas y especifique el motivo de éstas.
6. Si se ha implementado el Registro de Infractores a la Ley N° 26.951, creado mediante el artículo 5° de la Disposición 3/2015 del Dirección Nacional de Datos Personales. Detalle, desde la creación del Registro hasta la fecha, la cantidad de infractores registrados; el tipo de infracciones cometidas según su condición de leves, graves y muy graves; la sanción aplicada; el grado de su acatamiento; los recursos planteados por las empresas, la decisión final recaída fundamentada y el nivel de reincidencia relevado.
7. Cuál es la cantidad total de recursos recaudados en concepto de multas por infracciones a la citada Ley desde su sanción.
8. A través de qué mecanismos la Dirección Nacional de Datos Personales articula su base de datos con las que poseen las jurisdicciones provinciales que cuentan con normas de regulación similares. Precise qué medidas ha adoptado a fin de garantizar la efectividad de la Ley Nº 26.951 en todo el territorio nacional, tal como lo impone su artículo 12.
9. Detalle las campañas de difusión implementadas acerca del objeto de la Ley y del funcionamiento del Registro Nacional “No Llame” por ella creado.
La Ley Nº 26.951, de creación del Registro Nacional “No Llame”, promulgada 30 de julio de 2014, tiene por objeto el resguardo de la privacidad de las personas frente a los abusos de las empresas que utilizan como medio de contacto los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes o servicios no solicitados.
Amparado por los tratados internacionales de Derechos Humanos, el artículo 19º de nuestra Constitución Nacional y fallos ejemplaresde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, sin embargo, es vulnerado constantemente por empresas que acceden de manera irregular a los datos personales de los usuarios y realizan llamadas indeseadas. Frente a esta situación fue necesario regular el contacto de quienes publicitan bienes y servicios, atento a que también la propia Carta Magna, en los artículos 18º, 43º y 75º, inciso 22 consagra el citado derecho en sus aspectos particulares:
El artículo 18º entiende que “(…) El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación (…)”.
El artículo 43º, que garantiza los derechos de amparo, habeas corpus y habeas data, sostiene que: “(…) Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. (…)”.
Finalmente, el artículo 75º, inciso 22 incorpora, con rango constitucional, tratados internacionales de Derechos Humanos que contemplan el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre ellos:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 5º establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12º estipula: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 11º refiere a la protección de la honra y la dignidad y afirma: “1. Toda persona tiene derecho a al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Por su lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entiende en su artículo 17º que “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Con ese espíritu, la Ley Nº 26.951 crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional “No Llame”, en el que puede inscribirse toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios. Se exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien público y de emergencia para garantizar la salud y seguridad de la población.
Se contempla un mecanismo eficiente y sencillo para la inscripción, que debe ser gratuita, en el citado Registro. Las inscripciones tendrán una duración de dos años a partir del momento de realización del trámite y los inscriptos podrán, asimismo, solicitar a la autoridad de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en cualquier momento, la que tendrá efectos inmediatos.
La sanción de la Ley también pretendió corregir las consecuencias que provocaba carecer de una norma de alcance nacional, en tanto los Registros creados en las jurisdicciones locales que contaban con regulaciones similares no resultaban completamente efectivos en la protección de sus habitantes: por ejemplo, si un viedmense estaba inscripto sólo en el Registro “No Llame” de su ciudad, las empresas de telemarketing que utilizaban call centers radicados en Neuquén podían, de todas maneras, llamar a este cliente porque el Registro rige sólo para su jurisdicción.
Seis meses después de la sanción de la Ley Nº 26.951, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 2501/14, reglamentario de la norma citada, por el que se precisó el mecanismo de inscripción de los ciudadanos y, sobre todo, la responsabilidad de quienes ofrecen bienes o servicios, tal como lo expresa su artículo 7º: “Es obligatoria la consulta de la última actualización disponible de inscriptos ante el Registro Nacional ‘No Llame’ en forma previa a la realización de procedimientos de contacto, publicidad, ofertas, venta y regalos de bienes o servicios no solicitados por parte de los sujetos obligados en el artículo 7º de la Ley Nº 26.951, en la forma que establezca la Autoridad de Aplicación”.
En caso de incumplimiento de la Ley, el titular o usuario autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, podrá realizar la denuncia ante la Dirección Nacional de Datos Personales, que ha creado a tales efectos un Registro de Infractores, mediante el artículo 5° de la Disposición 3/2015.
Según datos oficiales, en lo que va del año se han recibido casi 37.000 denuncias de usuarios que han visto vulnerada su intimidad. La cifra no sólo nos alerta acerca de la irresponsabilidad de los sujetos obligados sino que impone la necesidad de requerir al Poder Ejecutivo toda la información que nos permita ponderar la eficacia de los procedimientos dispuestos por la Autoridad de Aplicación, la conducta de las empresas de utilizan el telemarketing y los alcances de las sanciones impuestas en los casos de incumplimiento, entre otras cuestiones. Por tal razón, se solicita la cantidad de titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, inscriptos al día de la fecha en el Registro Nacional “No Llame”; la cantidad de recursos humanos y financieros afectados a garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 26.951; el grado de cumplimiento de las empresas; la cantidad de infractores relevados y el tipo de infracciones cometidas según su condición de leves, graves y muy graves; las sanciones aplicadas y el grado de su acatamiento; la cantidad total de recursos recaudados en concepto de multas por infracciones a la citada norma; los mecanismos por los que se articula el Registro Nacional con sus similares en las jurisdicciones locales; etc.
La Ley Nº 26.951 significó un claro avance en la protección del derecho a la intimidad de las personas, por encima de cualquier práctica comercial que intentara transgredirla. En tal sentido, debemos resguardar su objeto a través de mecanismos eficaces, que garanticen, ya en el largo plazo, el respeto por los preceptos constitucionales. Le cabe al Poder Legislativo, en este caso, ejercer el control sobre esos procedimientos a fin de que la norma resulte, como fue concebida, en beneficio de todos los ciudadanos.

References: artículo 7
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 43
 artículo 75
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5