Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-622-08.htm
Timestamp: 2019-06-17 02:39:32+00:00

Document:
C-622-08
REF: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 362 y 452 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Sentido Material
Para que exista cosa juzgada material no es indispensable que el texto de la norma examinada sea idéntico al de la reproducida, aunque su contenido sí debe serlo, que es lo que sucede con el artículo 16 de la Ley 584 de 2000, cuyas enmiendas no restringen, aumentan o alteran el sentido y efectos del numeral 2° del artículo 432 del C. S. T., que establecía condiciones para la escogencia de representantes en la negociación colectiva, consideradas por la jurisprudencia como violatorias de la autonomía sindical, encontrándose que el contexto normativo dentro del cual se produjo la declaración de inexequibilidad del numeral 2° del artículo 432 del C. S. T. no ha variado, pues tal determinación se tomó a la luz de los preceptos de la Constitución de 1991 que consagran la libertad sindical y de lo establecido al respecto en los Convenios 87 y 98 de la O. I. T., que desde mucho antes fueron incorporados a nuestra legislación interna.
Referencia: expedientes D-7029, D-7031, D-7042, D-7047, D-7055, D-7057, D-7059, D-7060, D-7061, D-7062, D-7063 (acumulados).
“Artículo 362. Subrogado Ley 50 de 1990, art. 42. Estatutos. Toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:
2. Su objeto .
7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago .
10. Épocas de celebración de asambleas generales ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y votaciones .
En su parecer tales condiciones implican una gran desigualdad, porque obligan a los trabajadores a renunciar a ciertos beneficios mínimos que son otorgados a los delegados, tales como la protección contra despidos injustos, el traslado o desmejoramiento de condiciones laborales que son propias del fuero sindical e implica que esa clase de trabajadores no tengan la posibilidad de transigir o conciliar sobre derechos plasmados en el pliego de condiciones, “así posean los conocimientos y sean las personas indicadas para interceder ante el patrono a favor de los trabajadores, menoscabando de esta forma sus derechos y hasta su propia dignidad al darles un trato igual”.
Consideran que en este sentido los requisitos exigidos por la norma demandada a los delegados sindicales desconocen las obligaciones que emanan del Convenio 87 de la O. I. T y también representan una grave violación del artículo 53 de la Constitución, “al no tener en cuenta que por mandato constitucional todo convenio debidamente ratificado por Colombia debe ser tenido como parte de la legislación interna”.
Agregan que lo acusado también vulnera la protección que la normatividad internacional otorga a los representantes sindicales e igualmente ignora que según los órganos competentes de la O. I. T., el alcance de los derechos relacionados con la libertad sindical se extiende a todos los trabajadores pertenecientes al sector público o privado, sin ninguna clase de discriminación, con excepción de la fuerzas armadas y de policía, “según la cláusula reiterada no sólo por el Convenio 87 sino por el Pacto de Derechos Civiles Políticos y la Convención Americana”.
Agregan que los requisitos de elegibilidad de los delegados sindicales previstos en el segmento impugnado del artículo 432 del C. S. T. también impiden el desarrollo de la autonomía sindical para escoger libremente sus representantes, ya que “no sólo son limitantes del derecho sino que resultan irrisorios si se comparan con otros aspectos de mayor relevancia”.
En su criterio, si los representantes sindicales actúan en pro de intereses jurídicos colectivos del sindicato, “nada tiene que ver que se encuentren al momento de ser designados como delegados, vinculados mediante una relación laboral con la empresa, ya que como es claro defienden intereses de los trabajadores plasmados en pliego de condiciones y no de los empleadores”.
Los argumentos de impugnación están soportados en consideraciones alusivas a la naturaleza y carácter del derecho de huelga y a la escasa cobertura de los convenios colectivos, debido en criterio del actor al bajo nivel de sindicalización en nuestro país y a la violencia contra los sindicatos. También menciona como fenómenos que afectan la contratación colectiva la flexibilización laboral y “la facultad de los tribunales de arbitramento para revisar las convenciones colectivas, favoreciendo con ello las demandas de los empresarios en el sentido de desmejorar y /o suprimir derechos conquistados por los trabajadores”, situación que en opinión de la demandante “ha inducido a muchos sindicatos a no presentar pliegos de peticiones y a preferir la prórroga de la convención colectiva vigente antes que someterse al riesgo de perder derechos ante un tribunal de arbitramento”. Considera que constituye violación del derecho de negociación colectiva que algunos sindicatos se disuelvan o que sus afiliados renuncien a derechos convencionales, “por presiones de los grupos armados”.
Fanny Suárez Higuera, apoderada del ministerio, se opuso a la acción de inexequibilidad contra el artículo 362 del C.S.T manifestando que es errada la apreciación de los demandantes sobre la injerencia negativa del Estado en lo estatutos sindicales, pues olvidan que tales estatutos “deben estar sometidos al principio de legalidad, esto es, a las normas consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y a los pilares de la Constitución, la cual consagra que este derecho positivo de los sindicatos deberá ser conforme a la ley”; agrega que en ese sentido se pronuncia el artículo 8° del Convenio 87 de la O. I. T., que se menciona como infringido, al disponer que las organizaciones de trabajadores están obligadas a respetar la ley.
Indica que el artículo 432 del C. S. T. fue objeto de pronunciamiento en sentencias C-385 y C-797 de 2000 y además solicita a la Corte inhibirse de fallar sobre el segmento acusado del artículo 452 del C. S. T., “al no existir sustentación que demuestre porqué vulnera nuestra Carta Magna”; sin embargo, advierte que de todas formas es equivocada la apreciación del demandante, como quiera que el tribunal de arbitramento cumple funciones jurisdiccionales que no lo habilitan para revisar la convenciones colectivas y su fallo es en equidad, sobre puntos no resueltos en la etapa de arreglo directo.
Carlos Rodríguez Díaz y Alberto León Gómez Zuluaga, integrantes de la CUT, se pronunciaron sobre la demanda de la referencia expresando, en relación con el artículo 362 del C. S. T., que confrontado con el artículo 39 superior y los artículos 3 y 8 del Convenio 87 de la O. I. T. no se deduce su inconstitucionalidad, puesto que no establece restricciones a la facultad de redactar los estatutos sindicales, sino que fija “un mínimo de cuestiones que debe regular la organización en sus estatutos, sin darles contenido…es una simple enunciación en cuanto nada se opone a que los sindicatos establezcan otras regulaciones acordes a su objeto y a su programa de acción”.
Respecto del numeral 2° del artículo 432 del C. S. T., consideran que la exigencia legal de que los representantes o delegados sindicales para la negociación sean trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, lleven 6 meses o más y pertenezcan al gremio o industria, es “literalmente” contraria a las previsiones del artículo 3° del Convenio 87 de la O. I. T. y resultan además irracionales, “en cuanto excluyen, por ejemplo, la posibilidad de delegar la negociación en dirigentes de las centrales sindicales o en profesionales en economía y derecho”.
A su juicio debe tenerse en cuenta que a los sindicatos de empleadores no se le imponen límites para designar sus representantes en la negociación colectiva y es así como de hecho la delegan “en equipos de abogados y economistas o de otros profesionales” y por ello, en su opinión, “se está en presencia de una franca discriminación con un claro contenido de clase, que permite que en la mesa de negociación una de las partes esté en condiciones de ventaja”.
Sin embargo, estiman que la exigencia hecha en la norma acusada de que los delegados sean mayores de edad no parece contraria a la Constitución ni al citado Convenio, toda vez que “es un requisito de capacidad para la representación…no es suficiente la pertenencia al sindicato, sino que se requiere plena capacidad”.
José Luciano Sanin Vásquez, Director General de la ENS, se pronunció sobre la demanda de la referencia partiendo de algunas consideraciones generales sobre la libertad sindical a la que califica de “derecho humano consagrado como libertad, bajo el principio de permitir y no prohibir”, el cual además en su parecer incorpora, entre otros atributos, el derecho de las organizaciones sindicales a redactar sus estatutos y reglamentos y elegir libremente sus representantes, conforme lo reconoce el Convenio 87 de la O. I. T.
Afirma que la regulación de los estatutos del sindicato “goza de la prioridad de libertad humana” y en ese sentido la exigencia establecida en el artículo 362 del C. S. T. resultaría, en su concepto, contraria al principio de “permitir y no prohibir”, si bien la O. I. T. acepta que los derechos de asociación pueden ser limitados “pero no en razón de una libertad absoluta del legislador, sino muy por el contrario por los motivos esgrimidos en los mismos instrumentos de derechos humanos y convenios ratificados por la OIT.”
Se refiere al alcance de la libertad de configuración legislativa en materia de libertad sindical, aseverando que no es absoluta “por ser un derecho humano” y asegura que la autonomía sindical debe garantizarse como libertad, de modo que la regulación que haga el legislador respecto de los estatutos sólo esté limitada, en razón de la salvaguarda del orden público, la salud y los principios de una sociedad democrática.
Indica que en principio los requisitos que exige el artículo 362 del C. S. T. no atentarían contra la libertad sindical, pero que “la aplicación de esa norma por parte del Ministerio de la Protección Social, viene constituyendo una grave violación a la libertad sindical”, ya que esa entidad a través de los inspectores del trabajo niega el registro de los estatutos de los sindicatos que no se ciñen a los “formatos y modelos” tomados de la citada disposición.
Explica que la exigencia de unos mínimos formales en los estatutos se ha tornado en una “injerencia indebida y arbitraria” del Estado en la autonomía sindical y de ello dan cuenta la estadísticas de la ENS según las cuales, en el período 2002-2007 se negaron 423 solicitudes de inscripción de registro sindical, “teniendo además la certeza que dicho número puede crecer aún más”.
Anota que la inscripción de los estatutos sindicales cumple la función de dar publicidad y prueba de los mismos y según el artículo 365 del C. S. T. constituye un requisito para el registro de los sindicatos, por lo cual son varias las consecuencias que se derivarían de la negativa de dicha inscripción, “la más grave sin duda es que se niegue la inscripción de una nueva organización sindical” y en otros casos se impida el funcionamiento y organización de acuerdo a la voluntad de sus asociados.
Por último, solicita a la Corte declararse inhibida para fallar en relación con el literal b) del artículo 452 del C. S. T., porque en su parecer “los argumentos del demandante se basan en suposiciones vagas, indeterminadas y que no se derivan de la norma demandada, pues en nada tiene relación el que se obligue al empleador con la decisión de los trabajadores de optar por un tribunal de arbitramento, con las problemáticas de celebrar huelga, de flexibilización laboral, de baja sindicalización o de la competencia de los tribunales de arbitramento”.
La jurisprudencia ha sido constante[1] en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, mas no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Además, esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio constitucional, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad, ya que de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción[2].
La demanda contra el citado precepto tampoco ofrece argumentos de índole constitucional, ya que la impugnación está soportada en consideraciones distintas alusivas a la naturaleza y carácter del derecho de huelga, la escasa cobertura de los convenios colectivos, según el actor, debida al bajo nivel de sindicalización en nuestro país, como a la violencia contra los sindicalistas y los sindicatos ejercida “por presiones de los grupos armados”, falencia que sumada a los defectos antes mencionados llevará a esta Corte a abstenerse de fallar respecto del literal b) del artículo 452 del C. S. T.
[1] Cfr. C-1052 de 2001 (octubre 4), M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-568 de 2004 (8 de junio), M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] C-555 de 2005 (26 de mayo), M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: artículo 16
 artículo 432
 artículo 432
 artículo 53
 artículo 432
 artículo 362
 artículo 8
 artículo 432
 artículo 452
 artículo 362
 artículo 39
 artículo 432
 artículo 3
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 365
 artículo 452
 artículo 452