Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/AS-2015/as201500146.html
Timestamp: 2019-03-26 06:25:35+00:00

Document:
as201500146
AUTO SUPREMO: 146/2015.
EXPEDIENTE Nº: 35/2015.
PARTES: Fernando Jorge Herrera Ramírez.
VISTOS EN SALA PLENA: El memorial de fs. 503 a 505 los antecedentes cursantes en obrados, el informe de la Magistrada Tramitadora Dra. Maritza Suntura Juaniquina, todo lo que ver convino, se tuvo presente.
CONSIDERANDO I: Que, Fernando Jorge Herrera Ramírez interpone Recurso de Revisión Extraordinaria de la Sentencia ejecutoriada Nº 170/2013 de 22 de noviembre, pronunciada por el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro, por el que se declaró probada en parte la demanda, respecto al pago de sueldos devengados sólo desde el momento del despido hasta la conclusión del sumario administrativo, más el incremento salarial, así como el pago de los demás derechos sociales por el mismo periodo que fueron liquidados en ejecución de sentencia e improbada en lo que respecta a la reincorporación a su fuente de trabajo y sobre la nulidad de las resoluciones pronunciadas en el proceso administrativo interno; sentencia de fue apelada y confirmada en todas sus partes por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de la ciudad de Oruro, para finalmente, interpuesto el recurso de casación el mismo ser declarado infundado.
Relata que en su condición de trabajador regular de la Empresa Metalúrgica Vinto (E.M.V.), en el cargo de Jefe del Departamento de Contabilidad, el 31 de octubre fue despedido de dicha empresa, iniciándosele un sumario administrativo interno y notificándosele el Auto de Sumario Administrativo, por la presunta comisión de la pérdida de la factura Nº 00562, comprobante de pago BB01200260 con todos sus anexos y respaldos, denotando indicios de daño económico a la E.M.V. y contravención al art. 8 inc. h) de la Ley 2027 y arts. 28 inc. a) y 29 de la Ley 1178; posteriormente indica que la Autoridad Legal Competente de la mencionada empresa, pronunció la Resolución de Sumario Administrativo Nº 006/2012 de 17 de diciembre, resolviendo declarar probada la perdida de la documentación descrita precedentemente y el incumplimiento del art. 8 inc. h) de la Ley 2027 concordante con el art. 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, estableciéndose la destitución de Fernando Jorge Herrera Ramírez; decisión administrativa que fue ratificada por la Resolución de Recurso de Revocatoria Nº 001/2013 de 10 de enero, y por la Resolución de Recurso Jerárquico de 13 de febrero de 2013.
Con tales antecedentes, expresa que el Gerente General de la E.M.V., ofreció al proceso laboral, como prueba de descargo el Sumario Interno Administrativo por el que se le destituyó por el incumplimiento del art. 8 inc. h) de la Ley 2027 concordante con el art. 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; sin embargo, en el Considerando IV num. 6) de la sentencia objeto de revisión, el juez de oficio y extra petita subsumió su conducta o contravención en el art. 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y el art. 9 inc. c) de su Decreto Reglamentario, alejándose de la verdad histórica de los hechos, ya que no fue destituido por dichas disposiciones, sino por las consignadas en la Resolución de Sumario Administrativo, accionar del juez con el que se apartó de las resoluciones administrativas pronunciadas dentro del sumario administrativo, violando el principio constitucional del debido proceso y privándosele de su reincorporación, conforme señala la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 ampliado por el DS Nº 21060.
Con tales argumentos, solicita Ordenar la remisión del proceso de reincorporación al Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Oruro y declarar fundado el presente recurso, dictándose nueva resolución el cual modifique el anterior, declarando probada la demanda de reincorporación a su fuente de trabajo.
CONSIDERANDO II: Del recurso interpuesto y de la compulsa de los antecedentes venidos a éste Tribunal se tiene que:
El recurrente ampara su pretensión en los arts. 297 y 299 del Código de Procedimiento Civil (CPC) referido a la procedencia y admisibilidad del recurso de revisión extraordinarias de sentencias ejecutoriadas; sin embargo, del análisis y lectura del recurso, se puede observar que éste es sumamente impreciso e insuficiente, no permite inferir por lo menos los motivos en los que se funda; es así que respecto al precitado artículo 297 de la referida norma adjetiva no se precisa de manera clara cuál de las cuatro hipótesis que se señalan en los numerales 1), 2), 3) y 4) se pretende demostrar por el recurrente, consecuentemente al no precisar de manera concreta la referencia de los motivos o alguna de ellas y las disposiciones legales aplicables en que se funda, el recurrente ha inobservado dicha disposición, así como los requisitos de admisibilidad que prevé el art. 299 del CPC.
En efecto de la lectura del recurso interpuesto, se evidencia que el recurrente a través de la Revisión Extraordinaria de Sentencia pretende abrir la competencia de éste Tribunal a efectos de apreciar y valorar nuevamente la prueba documental de cargo producidas en juicio, es decir, tanto en instancias del sumario administrativo como en el proceso laboral, sin tomar en cuenta que los hechos a los que hace referencia el art. 297 del CPC son aquellos que se hubieren fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada, dictada con posterioridad a la sentencia que se trata de rever; que los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia; si se hubiere ganado el proceso injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada; y, si después de pronunciada la sentencia, se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a quien favoreció dicha sentencia, previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada.
Hechos y normativa que el recurrente no ha dado cumplimiento, puesto que los mismos debieron ser descubiertos con posterioridad a la sentencia, vale decir, desconocidos durante la tramitación del proceso que diera lugar a la sentencia de la cual se pretende la revisión; es así que de las documentales adjuntas y lo expuesto por el recurrente, en sentido de que su conducta fue enmarcada en los arts. 16 inc. c) de la Ley General del Trabajo y el 9 inc. c) de su Decreto Reglamentario consignados en el Considerando IV num. 6) de la sentencia a rever, y que las mismas no fueron normas que se manejaron en la Resolución de Sumario Administrativo para disponer su destitución. Al respecto este Tribunal considera que estos aspectos ya fueron de conocimiento del Juez que dictó la sentencia, como de los Tribunales de Apelación y Casación, así se evidencia de las documentales adjuntas de fs. 1 a 475 de obrados consistentes en fotocopias legalizadas del proceso administrativo y laboral instaurados contra el recurrente; consecuentemente dicho argumento esgrimido por el mismo, no es concluyente para que este tribunal pueda accionar a su favor, además tal pretensión no condice con la naturaleza jurídica del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia, cuya finalidad es dictar una nueva sentencia anulando total o parcialmente o modificando la anterior que logró obtener la calidad de cosa juzgada, por lo que no le es permitido a éste Tribunal la apreciación y valoración de dichas pruebas ofrecidas, puesto que ya fueron de conocimiento y tratamiento por parte de las instancias respectivas, máxime si tal competencia es exclusiva y privativa del juez que dictó la sentencia.
Pretensión que el recurrente tuvo la posibilidad de esgrimir a través de los recursos ordinarios que la ley le otorgaba, razón por la que tampoco es posible en revisión de sentencia la consideración de dicho argumento, limitándose la competencia de éste Tribunal a considerar nuevas y relevantes circunstancias que no hubieren sido conocidas y menos consideradas por el juzgador y que permitan demostrar la injusticia de la sentencia, al ser éste recurso de carácter extraordinario, tener un trámite propio y no ser parte del proceso que dio origen a la sentencia ejecutoriada cuya revisión se pretende, y puesto que no se aportó prueba nueva y relevante que pueda establecer el cumplimiento de lo establecido en la normativa procesal civil detallada, dicha omisión hace inadmisible el presente recurso.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad del art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y el art. 297 y siguientes del CPC, declara INADMISIBLE el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia deducido por Fernando Jorge Herrera Fernández; salvando el derecho del recurrente de interponer otro nuevo recurso de conformidad a lo establecido por Ley.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 297
 Resolución