Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6152
Timestamp: 2019-05-26 21:38:39+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 185/2007
SENTENCIA 185/2007, de 10 de septiembre
ECLI:ES:TC:2007:185
En el recurso de amparo núm. 2152-2005, promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Fernández Salagre y asistido por el Abogado don Luis María Figueroa Cuenca, contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña de 10 de enero de 2005, confirmatorio en reforma del Auto de 2 de noviembre de 2004, confirmatorio a su vez del Acuerdo de la comisión disciplinaria del Centro Penitenciario de Teixeiro de 20 de julio de 2004 de sanción por falta grave (expediente disciplinario 591-2004). Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito de 10 de marzo de 2005, remitido por el Centro penitenciario de Nanclares de la Oca y registrado en este Tribunal el siguiente día 29, don Carlos Luis Trujillo Abreu manifiesta su voluntad de interponer recurso de amparo contra los Autos que se mencionan en el encabezamiento. Solicita para ello la designación de Procurador y Abogado del turno de oficio.
a) Mediante Acuerdo de 20 de julio de 2004 la comisión disciplinaria del Centro penitenciario de Teixeiro sancionó al hoy recurrente con veinte días de privación de paseos y de actos recreativos comunes por la autoría de una falta grave consistente en intentar reiteradamente una llamada telefónica que no le había sido autorizada. El tipo aplicado es el del art. 109 b) del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo: “Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas”. El informe del funcionario en el que se sustenta el pliego de cargos se especifica que el hecho se produjo a las 16:30 “aprovechando la bajada de las plantas de los internos”.
b) El sancionado recurrió en queja al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, reiterando su proposición de la prueba de visionado de la grabación de video, añadiendo que la cinta de la cámara de la sala de televisión y la del patio mostrarían que no se encontraba “en toda la tarde cerca del teléfono; ni siquiera bajé, dada la sanción”.
c) Interpuesto recurso de reforma, con queja, entre otras, de la falta de resolución sobre la práctica de pruebas, el Juzgado confirma su decisión mediante Auto de 10 de enero de 2005: “los hechos probados han resultado acreditados por las manifestaciones de los funcionarios … No ha aportado el interno prueba alguna que desvirtúe tales hechos, ni motivo alguno para dudar de la veracidad de las manifestaciones de los funcionarios … La prueba propuesta era innecesaria por tratarse de la declaración del mismo funcionario que informó de la incidencia”. En apoyo de esta denegación se cita a continuación un fragmento de la STC 236/2002, de 9 de diciembre, acerca de los requisitos “para que resulte fundada una queja sustentada en una vulneración del derecho a la prueba”.
3. La demanda de amparo se dirige tanto contra los dos Autos de Juzgado de Vigilancia Penitenciaria como contra el Acuerdo administrativo sancionador, solicitando la anulación de todas estas resoluciones en cuanto vulneradoras de los derechos del recurrente a la utilización de medios de prueba pertinentes para la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. Mediante providencia de 21 de febrero de 2007 la Sección Primera de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de amparo y, conforme a lo previsto en el art. 51 LOTC, interesar del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña el emplazamiento de quienes fueron parte en el expediente que origina el presente recurso para posibilitar su comparecencia en este proceso constitucional.
5. Mediante diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 27 de marzo de 2007, la Sección Primera tiene por personado al Abogado del Estado en representación de la Administración y le concede a él, al Ministerio Fiscal y a la representación del recurrente un plazo de veinte días para la presentación de las alegaciones previstas en el artículo 52.1 LOTC.
6. En su escrito de alegaciones, de 17 de abril de 2007, el Abogado del Estado interesa que se dicte “la resolución que se estime justa”. Tras matizar que la petición coherente de la demanda hubiera sido “la reposición de actuaciones”, reconoce que “procedía una respuesta explícita a la petición del interno, al margen de su presumible irrelevancia”. Tal irrelevancia la sustenta en que “la cinta de video cuya reproducción interesaba se refería a la sala de televisión y al patio, que son lugares distintos a aquél donde parece resultar cometida la infracción cometida, ‘aprovechando la bajada a las plantas de los internos’”.
7. En su escrito de alegaciones, de 30 de abril de 2007, la representación del recurrente reitera su argumentación relativa a que la prueba de video fue solicitada y era factible y necesaria para la acreditación de la inocencia, y a que, sin embargo, el recurrente no obtuvo contestación alguna a su solicitud al respecto, por lo que vio vulnerados sus derechos a la prueba y a la tutela judicial efectiva.
8. En su escrito de alegaciones, de 30 de abril de 2007, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesa la estimación de la demanda por vulneración del derecho a la prueba (art. 24.2 CE) en relación con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE). A la anulación de las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas debería seguir la retroacción de actuaciones “a fin de que por el Instructor del expediente sancionador se pronuncie sobre la prueba propuesta por el interno” o, alternativamente, para que haga lo propio el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
9. Mediante providencia de 7 de septiembre de 2007 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.
1. Cuando se encontraba cumpliendo condena en el Centro penitenciario de Teixeiro, el demandante fue sancionado por la Administración penitenciaria por la comisión de una falta grave de desobediencia consistente en intentar efectuar reiteradamente una llamada telefónica que no le había sido autorizada. Con invocación de los derechos a la utilización de los medios pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), su queja de amparo consiste en que ni en el expediente sancionador ni en el procedimiento judicial posterior recibió respuesta alguna a su temprana proposición de que se practicara la prueba consistente en el visionado de las cintas del sistema interno de grabación de la prisión, que demostrarían que no se encontraba en el lugar del hecho que se le atribuye, sino en su celda cumpliendo una sanción previa.
2. La queja de amparo se dirige contra un acto de la Administración penitenciaria, la denegación de una prueba en un expediente sancionador. Se trata así de un recurso de amparo de los contemplados en el art. 43 LOTC, sin que quepa atribuir a la actividad judicial posterior un significado autónomo respecto a la vulneración que se denuncia. Los Autos judiciales, en su caso, no supondrán la generación de una nueva infracción constitucional, sino la denegación de un amparo ordinario: la falta de reparación de la lesión del derecho a la prueba generada en la actividad administrativa sancionadora.
3. La aplicación del canon de enjuiciamiento expuesto a la denegación de prueba que se impugna en este proceso conduce a la apreciación de la vulneración del derecho fundamental que se invoca como vulnerado y al correspondiente otorgamiento del amparo [art. 53 a) LOTC].
a) La prueba que centra el objeto de la queja fue propuesta en el expediente disciplinario en el tiempo y en la forma normativamente previstos; la petición fue asimismo reiterada regularmente en sede judicial.
b) La petición de prueba del interno expedientado y después sancionado no recibió respuesta alguna. Ninguna referencia al respecto se encuentra en el expediente sancionador ni en el primer Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y tampoco en realidad en el segundo Auto, resolutivo del recurso de reforma, en el que se afirma que los hechos probados se sustentan en “las manifestaciones de los funcionarios” y, sin consideración alguna en torno a la prueba videográfica propuesta, que “no ha aportado el interno prueba alguna que desvirtúe tales hechos, ni motivo alguno para dudar de la veracidad de las manifestaciones de los funcionarios”. Y, si bien señala a continuación que “la prueba propuesta era innecesaria”, refiere esta afirmación a “la declaración del mismo funcionario que informó de la incidencia”, que no es la prueba cuya denegación considera ahora el recurrente como lesiva de su derecho fundamental a la prueba.
c) Concurre también, en tercer y último lugar, la generación de un efecto material de indefensión justificado por quien alega haberlo padecido. En su escrito de descargo en el expediente disciplinario, en sus recursos judiciales y en el presente recurso de amparo ha especificado el demandante, con mayor o menor precisión, que con el medio de prueba que proponía trataba de acreditar su ausencia en el lugar de los hechos denunciados en el momento de los mismos. Que la acreditación de este dato hubiera sido relevante para la resolución del expediente sancionador, para la determinación de si se había producido la infracción que se le imputaba, es tan evidente como notoria es a priori la capacidad del medio propuesto para dicha acreditación. En efecto, a falta de contradicción alguna por parte de la Administración penitenciaria acerca de la existencia de las cámaras o de las cintas, o de alegación de alguna razón por la que las mismas no pudieran o no debieran ser visionadas, procede considerar que las cintas que grababan la celda del interno y el lugar en el que se encontraba el teléfono o por el que se accedía al mismo podrían demostrar la ausencia del expedientado junto al teléfono en el momento en el que se le atribuye la desobediencia a través de su intento de utilización.
Otorgar el amparo solicitado por don Carlos Luis Trujillo Abreu, y en su virtud:
2º Declarar la nulidad del Acuerdo de la comisión disciplinaria del Centro penitenciario de Teixeiro de 20 de julio de 2004 (expediente disciplinario 591-2004); del Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña de 2 de noviembre de 2004, confirmatorio del Acuerdo anterior; y del Auto del mismo órgano judicial de 10 de enero de 2005, confirmatorio en reforma del Auto anterior.
3º Retrotraer las actuaciones disciplinarias (expediente disciplinario 591-2004) al momento en el que el Instructor debe decidir en torno a la práctica probatoria (art. 244 RP), a fin de que el mismo adopte una decisión al respecto respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2152-2005
Promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu respecto a los Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña que confirmaron la sanción disciplinaria impuesta por el centro de Teixeiro por intentar una llamada telefónica no autorizada.
Un interno sancionado por una falta grave de desobediencia consistente en intentar efectuar reiteradamente una llamada telefónica solicitó en su pliego de descargos y en los posteriores recursos de reforma y queja, entre otras pruebas, el visionado de las cintas para verificar que no estuvo ese día cerca del teléfono.
La Sentencia otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia. El Tribunal entiende que no puede dejarse sin pronunciamiento alguno la propuesta de una prueba que ha sido suficientemente justificada como pertinente, máxime en un procedimiento disciplinario penitenciario. Concurren los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal para apreciar la vulneración del derecho a la prueba: propuesta de prueba en tiempo y forma, falta de respuesta alguna y relevancia de la misma para determinar si se había producido o no la infracción imputada.
Se vulneró el derecho del recluso a la prueba ante la falta de respuesta a una solicitud de prueba, consistente en el visionado de las cintas del sistema interno de grabación de la prisión, que demostrarían que no se encontraba en el lugar del hecho que se le atribuye, sino en su celda cumpliendo una sanción previa, realizada en tiempo y forma y cuya relevancia estaba suficientemente justificada por el recurrente [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre el derecho a la prueba en el procedimiento disciplinario penitenciario (SSTC 81/2000, 316/2006) [FJ 2].
Tratándose de un recurso de amparo de los contemplados en el art. 43 LOTC, dirigido contra un acto de la Administración penitenciaria, la denegación de una prueba en un expediente sancionador impide atribuir a la actividad judicial posterior un significado autónomo respecto a la vulneración que se denuncia [FJ 2].
Procede la anulación del Acuerdo sancionador y de los Autos judiciales que lo confirman y la retroacción de las actuaciones disciplinarias al momento en el que el Instructor debe decidir en torno a la práctica probatoria, pues, aunque la sanción impugnada ha sido ya ejecutada, una hipotética declaración de falta de responsabilidad del interno expedientado no sólo satisfaría la reclamación de su inocencia, sino que evitaría cualquier efecto negativo que pudiera seguir desplegando la sanción sobre su situación penitenciaria [FJ 3].
Artículo 242.2 h), f. 3
Nulidad de resoluciones administrativasNulidad de resoluciones administrativas, f. 3
Sanción cumplidaSanción cumplida, f. 3
Retroacción de actuaciones hasta la inadmisión de la pruebaRetroacción de actuaciones hasta la inadmisión de la prueba, f. 3

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 52
 resolución 
 resolución 

Artículo 242