Source: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40070
Timestamp: 2019-04-25 10:16:06+00:00

Document:
La SCJN hace eco de planteamientos de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, académicos y activistas, además de ratificar la necesidad de que la seguridad pública quede en manos de instituciones civiles.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de su facultad constitucional de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 105 fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de Tratados Internacionales cuando se estime que vulneren derechos humanos.
Esto significa que, como parte de las labores que la CNDH realiza para cumplir con sus objetivos de protección y observancia de los derechos humanos, se encuentra la tarea de consultar diariamente la publicación de las reformas, adiciones o modificaciones de normas generales federales y locales, a efecto de realizar un análisis y estudio de constitucionalidad, con el fin de verificar que dichas normas respeten los derechos de todas las personas.
A partir del año 2006, fecha en que se reformó la Constitución Federal para otorgarle la facultad a este Organismo Nacional para impugnar normas generales ante la SCJN, se han presentado 186 demandas de acciones de inconstitucionalidad.
Acciones de inconstitucionalidad promovidas anualmente Fila: 200720082009201020112012201320142015201620172018
En la gráfica se aprecia el desarrollo evolutivo de dicha facultad constitucional, cabe destacar que en los últimos años la labor de la CNDH en materia de acciones de inconstitucionalidad se ha incrementado exponencialmente.
Los resultados anteriores responden al Programa Anual de Trabajo de la CNDH, consistente en la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, como resultado de la revisión legislativa del Diario Oficial de la Federación y de los periódicos oficiales de las entidades federativas.
Durante este año, la CNDH presentó 53 demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, sumadas a las promovidas con anterioridad durante esta gestión, suman 147 acciones de inconstitucionalidad iniciadas en la actual administración.
Cabe destacar que el número de demandas de acciones de inconstitucionalidad, resulta especialmente significativo para la CNDH, ya que la cifra de las acciones presentadas durante esta sola gestión, supera los años anteriores de esta gestión, e incluso a todas las que se promovieron en administraciones anteriores.
Acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2018
Para cumplir con su labor, la CNDH lleva a cabo el estudio de constitucionalidad de las leyes de carácter federal, local, así como de Tratados Internacionales, con el fin de verificar que se respeten los derechos de todas las personas. De esta manera, identifica cuando un ordenamiento contiene disposiciones que pueden llegar a vulnerar los derechos humanos de las personas.
La facultad de la Comisión Nacional en materia de acciones de inconstitucionalidad es eminentemente una labor preventiva, pues, antes de que las normas lleguen a aplicarse y afectar a las personas, la CNDH tiene la posibilidad de solicitarle a la Suprema Corte que declare su invalidez y sean expulsadas el sistema jurídico, y en el caso de que esto no se produzca, la SCJN, se debe de pronunciar respecto de su validez o de forma en que debe de entenderse y aplicarse la norma.
A continuación, se presentan las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que corresponde al periodo que se informa:
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADAS EN EL AÑO 2018 Fila: EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
La CNDH localizó en los medios de difusión oficial tanto federal como locales, la publicación de 2,896 emisiones, adiciones y/o modificaciones de ordenamientos legales a nivel federal y local. Del total mencionado, se estimaron inconstitucionales 189, de las cuales 184 fueron expedidas por Legislaturas Locales y 5 por el Congreso de la Unión, por lo cual fueron presentadas las 53 demandas correspondientes.
Normas Detectadas Impugnadas Fila: Leyes detectadas 2017 Leyes impugnadas 2017 Leyes detectadas 2018 Leyes impugnadas 2018
Las demandas de acción de inconstitucionalidad que este Organismo Nacional ha promovido durante el periodo que se informa son:
Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por Entidad Federativa durante el año 2018 Fila: Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Ciudad de México Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de México Michoacán de Ocampo Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatán Zacatecas Federación
Acciones de Inconstitucionalidad (Entidades y Federación)
Síntesis de las acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en 2018
Acciones de inconstitucionalidad resueltas durante 2018
No sólo el número de acciones de inconstitucionalidad promovidas ha aumentado exponencialmente, sino que además los resultados obtenidos de las impugnaciones de la CNDH han resultado de una o de cualquier forma favorables a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, ya sea porque se haya determinado su inconstitucionalidad, su validez o bien de qué manera deben de interpretarse las normas.
Durante el período que se informa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 27 acciones de inconstitucionalidad de las promovidas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En 17 de esos casos, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal declaró la invalidez de al menos un artículo que implicaba una transgresión a los derechos humanos de las personas.
En algunos casos, la Suprema Corte realizó una interpretación conforme de las leyes que se impugnaron y en 3 asuntos, los Congresos Locales que emitieron las leyes impugnadas por esta CNDH decidieron modificar sus normas antes de que el Pleno emitiera su sentencia para evitar violaciones a los derechos fundamentales y en el resto determinó su validez.
Sentido de las sentencias emitidas por la SCJN que recayeron a las demandas promovidas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el 19 de enero de 2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de la Ley de Seguridad Interior (LSI).
Los principales temas abordados en la demanda fueron los siguientes:
Necesidad de seguridad para la sociedad
Con la promoción de la demanda, la CNDH no se opone de forma alguna a la persecución del crimen organizado. Al contrario, este Organismo comparte la necesidad y urgencia de proporcionar a la población niveles mínimos de seguridad, que permitan una normalidad en su existencia cotidiana. No obstante, la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe ser compatible con el marco constitucional y convencional, garantizando en todo momento los derechos y libertades básicas de las personas. Para la CNDH, la LSI contiene diversos artículos de la ley de seguridad interior que ponen en riesgo libertades y derechos fundamentales.
En el Estado Democrático Constitucional, todo el actuar de las autoridades debe regirse por la certeza y la legalidad. La LSI contiene preceptos que, por su indeterminación y su vaguedad, permiten que las autoridades actúen de forma arbitraria. La CNDH argumentó que la amplitud del alcance de los supuestos jurídicos impide que se brinde certidumbre y seguridad jurídicas tanto para las autoridades, —que no sabrán como dirigir su actuación—, como para los gobernados, —quienes no conocerán el alcance de las actividades de los agentes estatales—.
La CNDH lamentó, que durante el proceso legislativo de formación de la LSI se dejara a un lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento. En contraste, el contenido de la acción promovida por la CNDH es producto de un proceso de diálogo y debate que para su formulación se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Bajo esta misma línea, este Organismo Nacional exhorta a que los canales de comunicación permanezcan abiertos durante la tramitación de todas las impugnaciones que se realicen contra la LSI, hasta su resolución.
Incompatibilidad con los estándares internacionales
Este Organismo Constitucional estima que diversas disposiciones de la LSI son incompatibles con los estándares convencionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la habilitación que se realiza para que cuerpos policiales y Fuerzas Armadas ejerzan la Fuerza Pública es deficiente, pues no se prevén principios que rigen el Uso Legítimo de la Fuerza, tales como su procedencia en casos absolutamente necesarios y no se prevén los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Asimismo, tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, han sido enfáticos en señalar que debe limitarse al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Esta CNDH encontró que la LSI o garantiza la mínima intervención por parte de las Fuerzas Armadas, puesto que posibilita que las Fuerzas Armadas, lleven a cabo acciones de seguridad interior, de forma permanente y sin necesidad de que se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, para identificar, prevenir y atender riesgos.
Participación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior
La CNDH planteó ante la SCJN que el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para que, en ejercicio de una facultad del Poder Ejecutivo, se disponga del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, pero esto no implica que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo tareas de forma permanente, subordinando a las autoridades civiles bajo el mando militar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló seis conceptos de invalidez, en los que, en esencia, se argumentó lo siguiente:
En el primer apartado de la demanda, la CNDH señaló que la expedición de la Ley de Seguridad Interior no cuenta con el sustento constitucional que permita al Congreso de la Unión la emisión de dicho ordenamiento. Se argumentó que la falta de habilitación constitucional para expedir una LSI viola el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, porque se afecta la esfera jurídica de las personas sin un sustento jurídico para hacerlo.
La Ley regula de manera deficiente los supuestos normativos relativos a la seguridad interior, los riesgos y amenazas a la misma, así como los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza, por lo que las personas no tienen la certeza de cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realicen ni del actuar de las autoridades por no encontrarse limitado y acotado.
La Ley permite que las Fuerzas Armadas ejecuten materialmente actividades de Seguridad Pública sin que medie solicitud de apoyo por las autoridades civiles, sujetando a estas últimas al mando de las autoridades militares, lo que trasgrede además los principios en materia de Seguridad Pública. Asimismo, permite que las Fuerzas Armadas vulneren el deber de poner a los detenidos de manera inmediata y sin demora a disposición del Ministerio Público.
La Ley permite que todas las movilizaciones, distintas a las de protesta social o con motivo político-electoral, puedan ser consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, por lo que autoriza a las Fuerzas Armadas a disolverlas y hacer uso de la fuerza cuando a su consideración no se realicen conforme a la Constitución.
El artículo 9 establece como regla general que toda la información que se genere al aplicar la Ley de Seguridad Interior se considerara de Seguridad Nacional y por tanto sea clasificada como reservada, incluso aquella que derive de violaciones graves a derechos humanos.
El artículo 31 de la LSI vulnera el derecho de protección de datos personales ya que las autoridades federales y los órganos autónomos, están obligados a proporcionar la información que le requieran todas las autoridades.
En su último concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la Ley de Seguridad Interior transgrede el derecho a la consulta previa de las personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas reconocido en los artículos 6 y 7 del Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ya que, del proceso legislativo de la Ley en comento, se advierte que no se llevó a cabo la consulta previa para su creación, misma que afectan directamente a las comunidades citadas.
Durante el mes de noviembre de 2018, el Pleno de la SCJN emitió una sentencia de trascendencia histórica en torno a la Ley de Seguridad Interior, cuya demanda fue elaborada tomando en consideración una diversidad de ideas y posiciones planteadas por distintos actores de la sociedad civil.
La resolución tuvo como eje primordial la protección de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad mexicano, y constituye un precedente importante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El Pleno de la SCJN consideró procedente y fundada la demanda promovida por esta Comisión Nacional, al estimar que el Congreso de la Unión no tiene competencia para expedir una ley en materia de seguridad interior.
En las sesiones en las cuales se resolvió la impugnación planteada por esta CNDH, hubo diversos pronunciamientos de los integrantes del Tribunal Constitucional en relación a que existieron vicios en el proceso legislativo que tenían un potencial invalidante de la totalidad de la Ley de Seguridad Interior, al no haberse respetado los principios de deliberación democrática ni de efectiva participación de todas las fuerzas políticas.
Asimismo, varios Ministros se pronunciaron en relación con que la ley controvertida regulaba cuestiones de seguridad pública en lugar de normar cuestiones de seguridad interior, con la cual se permitía la injerencia de las fuerzas militares en tareas de prevención del delito y otras tareas cuya realización corresponde a las policías de corte civil, lo cual era contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con tal resolución se protegieron los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, particularmente el relativo a la seguridad jurídica, pues garantizó que su esfera jurídica sólo sea afectada por las autoridades a las que les está asignada constitucionalmente la atribución de llevar a cabo labores de seguridad pública.
Aspectos relevantes en 2018
En el año 2018, la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la promoción de acciones de inconstitucionalidad ha tenido un impacto trascendental, ya que su trabajo implicó que la SCJN se pronunciara sobre diversos temas en materia de derechos humanos y en algunas ocasiones propició cambios de criterio.
Con el motivo de mostrar el trabajo realizado por la CNDH en este rubro, enseguida se incluye un cuadro ilustrativo:
Normas generales detectadas 2,652
Normas estimadas inconstitucionales 189
Demandas promovidas 53
Acciones de inconstitucionalidad resueltas 27
Como se indicó con anterioridad, el Máximo Tribunal discutió y resolvió 27 acciones de inconstitucionalidad promovidas por este Organismo Constitucional Autónomo. Lo que implicó que, con motivo de la presentación de las demandas de la CNDH, la SCJN tuvo la oportunidad de analizar un total de 138 normas generales con la finalidad de determinar si dichos ordenamientos respetaban los derechos humanos de las personas, o si por el contrario debían ser invalidadas.
La resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por esta CNDH en contra del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta trascendental, pues se protegen los derechos humanos a la libertad deambulatoria, a la propiedad y a la privacidad de las personas.
La decisión adoptada por la SCJN sentó un precedente importante en favor de las personas, pues resolvieron que ni la policía ni el Ministerio Público pueden inspeccionar a personas y sus posesiones o vehículos por una simple sospecha, pues debe en todo caso existir una denuncia previa de la que deriven datos e información que permitan tener una sospecha razonable y objetiva. Asimismo, se determinó que las normas que permiten un arresto por un plazo mayor a 36 horas son contrarias a nuestra Norma Suprema.
Además, el Tribunal Supremo determinó la inconstitucionalidad del aseguramiento de operaciones financieras, el embargo precautorio y el aseguramiento de bienes cuando no hay intervención previa del juez de control, al ser una técnica de investigación que afecta el derecho a la propiedad.
Finalmente, se decretó la inconstitucionalidad de permitir la geolocalización de personas, a través de sus dispositivos móviles, cuando ésta no se limita y acota a delitos específicos, pues ello permitía la discrecionalidad desmedida de su uso por la autoridad, vulnerando el derecho a la privacidad de las personas.
La resolución de la demanda interpuesta por esta Comisión Nacional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México contribuyó a la protección de las remuneraciones de los servidores públicos, la seguridad jurídica y el derecho a un sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, de todas las personas que residen o transitan por la Capital mexicana.
La SCJN determinó la inconstitucionalidad de la norma impugnada por esta CNDH, cuya redacción posibilitaba que se realizaran ajustes razonables a las remuneraciones de los trabajadores al servicio de la Capital a petición del ciudadano, de manera contraria al régimen de establecimiento de las percepciones de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México, pues ello debe ser fijado de conformidad con la Constitución Federal y local con base en el sistema y principios que ahí se recogen.
Con lo anterior, se ha salvaguardo el derecho a que no sean reducidos los salarios de forma arbitraria en perjuicio de las personas trabajadoras al servicio del gobierno local y el principio de seguridad jurídica, ya que la norma era confusa al no permitir dilucidar de manera cierta lo relativo a los ajustes razonables, pues no era posible saber si eran aplicables a las remuneraciones o se referían a las modificaciones necesarias para proteger a las personas con discapacidad.
Por otro lado, se logró proteger el derecho de todas las personas en la Ciudad de México a un sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, al declararse la inconstitucionalidad de un juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, del cual conocería la Sala Constitucional del Poder Judicial local, con el fin de hacer vinculantes las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos local que hubieran sido aceptadas y no cumplidas por las autoridades capitalinas.
Lo anterior, desnaturalizaba el sistema constitucional de protección no jurisdiccional de derechos humanos, pues permitía la intervención del poder judicial sobre las recomendaciones emitidas por un organismo autónomo especializado en la protección de los derechos humanos. Así, se garantiza el funcionamiento adecuado del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, el cual se encuentra instituido como un complemento del sistema jurisdiccional en la Ciudad de México.
Consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas
En relación con el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que los afecten, mediante la celebración de consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas que deben llevar a cabo todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, se logró que en los Estados de Sinaloa y Yucatán la SCJN determinara la inconstitucionalidad de tres leyes que no habían respetado este derecho.
En el caso de Sinaloa, se determinó que el Congreso local de manera previa a la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, debe de consultar a los pueblos y comunidades indígenas pues la norma tiene un gran impacto en los intereses educativos, en la conciencia y en la identidad de las personas de diversos grupos originarios asentados en dicha entidad.
Debe destacarse que al emitirse la sentencia que invalidó por completo la Ley mencionada, el Tribunal Constitucional decretó que los efectos de la declaratoria de invalidez se surtirán a los doce meses siguientes a la publicación de la sentencia correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los estudiantes, maestros y planta laboral podrían verse perjudicados en caso de que se invalidara completamente la ley a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. En ese sentido, se le concedió un plazo prudente al citado órgano legislativo para que pueda llevar a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas e hiciera los ajustes normativos correspondientes.
Por otro lado, en el Estado de Yucatán fueron invalidadas las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, pues ambas normas inciden de manera directa en temas que afectan a personas indígenas del Estado, como son la asistencia por intérpretes ante los órganos de procuración e impartición de justicia y los requisitos para ser juez maya.
Con estas resoluciones, se garantiza el respeto y protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de conformidad con los estándares nacionales e internacionales aplicables, a fin de que se tome en cuenta de manera efectiva la totalidad de sus derechos al expedirse medidas legislativas que sean susceptibles de afectarles directamente.
En el mes de mayo de esta anualidad el Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad del precepto que tipificaba la calumnia en el Código Penal para el Estado de Nayarit, impugnado por este Organismo Autónomo al considerar que atentaba fundamentalmente el derecho humano a la libertad de expresión.
La norma impugnada establecía penas privativas de la libertad y pecuniaria a quien imputara falsamente un delito a otra persona. El Tribunal Supremo determinó que la manera en la que estaba configurado el delito de calumnia no permitía excluir de responsabilidad el hecho de que exista un error respecto de la información expresadas decir, la descripción del delito carece de las precisiones necesarias de manera que restringe de manera desproporcional la libertad de expresión, pues no se establece la finalidad que debe perseguirse ni se especifica el daño que debe producirse con ello, a efecto de que la persona se haga merecedora a una sanción penal, por lo cual la norma se traducía en un instrumento intimidatorio que inhibe el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, la SCJN indicó que el delito de calumnia impugnado tenía un impacto desproporcional en el gremio periodístico al criminalizar la divulgación de información.
Con esta resolución se protegió el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas en el Estado de Nayarit y, de manera particular, a las personas que ejercen la labor periodística.
Legitimación de la CNDH
En este punto conviene recordar que en el año de 2010 la SCJN, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, estableció que bastaba con que la CNDH adujera en su demanda una violación a derechos humanos para considerarla legitimada para plantear el referido medio de control de la constitucionalidad.[1]
Sin embargo, en 2016, en un cambio de criterio la Segunda Sala de la SCJN determinó[2] en que la CNDH únicamente cuenta con legitimación activa para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se aleguen violaciones a derechos humanos en leyes y tratados internacionales, pero no puede plantear cuestiones competenciales, dado que su facultad para promover se encuentra íntimamente relacionada con el correcto desarrollo de sus atribuciones como órgano constitucional garante de la protección de los derechos humanos, sin que sea óbice el que se vulneren estos derechos de manera indirecta.
Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por este Organismo Constitucional Autónomo[3], la SCJN tomó una decisión muy relevante y progresiva en relación con la legitimación de la CNDH para impugnar leyes en esa vía.
En votación dividida, una mayoría de seis Ministras y Ministros estuvieron de acuerdo con la legitimación de esta Comisión Nacional para impugnar leyes que impliquen invasiones competenciales y aquéllas de carácter tributario, cuando se considere que vulneran los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad mexicano.
La mayoría del Pleno concluyó que necesariamente todo acto de molestia que derive de autoridad incompetente implica una vulneración al artículo 16 constitucional, es decir, el derecho fundamental de seguridad jurídica, además de que los principios tributarios constituyen auténticos derechos fundamentales consagrados en la Norma Suprema, cuya violación puede aducirse ante la SCJN.
Con esta decisión, el Máximo Tribunal de nuestro país abre la entrada para que la CNDH pueda plantear contradicciones de legislaciones ordinarias con la Constitución Federal, de manera que se salvaguarde el orden constitucional incluso cuando existan normas que alteren el sistema de competencias asignadas a las autoridades, lo cual permite que las personas no tengan la necesidad de acudir al juicio de amparo para que se protejan sus derechos humanos.
Ahora bien, se estima conveniente hacer una breve valoración de las demandas más trascendentes presentadas desde enero hasta el 10 de diciembre de 2018 ante el Máximo Tribunal de nuestro país.
La CNDH presentó demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley General de Salud que permiten la objeción de conciencia por parte del personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud, la cual fue elaborada tomando en consideración elementos aportados por miembros de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia.
Con esta impugnación, se buscó evitar la posible violación a los derechos de protección a la salud, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a la vida, las libertades sexuales y reproductivas, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Lo anterior, al estimar que la deficiencia en la configuración de la norma podría permitir una negativa indebida de prestación de servicios médicos a las personas en general y, particularmente, a quienes necesiten transfusiones sanguíneas, busquen utilizar algún método anticonceptivo o decidan interrumpir el embarazo dentro de los supuestos permitidos por las leyes, entre otras hipótesis.
Así, este Organismo Nacional pretende lograr que la regulación que se dé al ejercicio de la objeción de conciencia en el ámbito de salubridad, se realice de una forma en que se respete tanto la libertad religiosa y de conciencia como el derecho al más alto nivel de salud de las personas, de forma que exista un equilibrio armónico entre ambas prerrogativas fundamentales y que no prime ninguna en detrimento de la otra.
Otro tema relevante en el quehacer de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2018 para impedir violaciones a los derechos fundamentales, es el que se refiere a la impugnación del esquema de regulación del gasto de recursos públicos en comunicación social.
Al analizar la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social emitida por el Congreso de la Unión, la CNDH estimó que la misma no establece reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva y el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de parámetros suficientes en su configuración genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.
Además, consideró que el ordenamiento controvertido delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación que transmitirá la publicidad oficial en normas infra-legales, permitiendo una distribución arbitraria y discriminatoria de la misma.
Por lo tanto, este Organismo Autónomo decidió ejercer su facultad constitucional y promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha ley, a fin de que con su aplicación no afecte los derechos humanos de las personas que se encuentran en todo el territorio nacional, procurando garantizar que para ello el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en un marco de igualdad y no discriminación, como lo prevé el texto constitucional.
En el mes de septiembre del año que concluye, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública, ambas del Estado de Guerrero.
Al revisar las normas generales señaladas, así como el proceso legislativo que les dieron origen, se consideró que su emisión no se llevó a cabo en atención a los diversos derechos reconocidos a favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que residen en el Estado de Guerrero, particularmente aquéllos que se encuentran enunciados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del cual nuestro país forma parte desde inicios de los años noventa del siglo pasado.
Esta Comisión Nacional estimó que el proceso de creación de ambos decretos legislativos no respetó el derecho de los pueblos y comunidades locales a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales y los parámetros señalados en la reiterada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Particularmente, la impugnación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, fue valorada tomando en cuenta la situación especial que surgió en los últimos años dentro del Estado de Guerrero por cuanto hace al ámbito de seguridad pública, por el surgimiento de las Policías Comunitarias y el Sistema Comunitario de Justicia, circunstancias que incluso han sido del conocimiento de este Organismo Constitucional Autónomo a través de diversos procedimientos de queja.
En ese sentido, la pretensión planteada por esta institución defensora de los derechos humanos respecto de dicha legislación, es que sean tomadas en consideración las formas de organización, autoridad y régimen interno, los sistemas normativos, las expresiones y aspiraciones culturales, así como el proyecto de vida y desarrollo de todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dentro de las fases legislativas previas a la emisión del ordenamiento legal, toda vez que incide directamente en sus derechos e intereses.
Por otra parte, al impugnar en particular diversas disposiciones de las reformas aprobadas a la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura indígena guerrerense, la CNDH buscó garantizar el reconocimiento expreso y auténtico a la personalidad jurídica de cada una de las comunidades indígenas y afromexicanas que se encuentran dentro del territorio de la entidad federativa, con el motivo de que aquéllas puedan ejercer sus derechos colectivos sin impedimento u obstáculo alguno, así como el no retroceso en los avances obtenidos en el goce del derecho de las personas indígenas a la educación bilingüe, el cual se encuentra reconocido en la Constitución General de la República.
Como se puede apreciar, la tarea de la CNDH, en la promoción de acciones de inconstitucionalidad ha incidido de forma significativa en diversos temas de derechos humanos, en algunos casos, debatibles o controversiales, pero siempre con el compromiso de cumplir con su finalidad, proteger, y velar por el respeto y la garantía de todos los derechos humanos de todas las personas sin distinción.
[1] Acciones de inconstitucionalidad 22/2009 y 49/2009, resueltas respectivamente el 4 y 9 de marzo de 2010.
[2] Acción de inconstitucionalidad 104/2015, resuelta el 16 de noviembre de 2016.
[3] Acciones de inconstitucionalidad 18/2018 y 27/2018, resueltas el 4 de diciembre 2018.
En septiembre de 2015, se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. De donde surgió la Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, (A/70/L.1), denominada “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. México, como miembro adoptó los objetivos de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y está obligado a cumplir tal proyecto.
En ese sentido, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha planteado conforme a los objetivos del documento promover acciones de inconstitucionalidad para declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de las normas en aras de contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Al buscar proteger el acceso al alumbrado público en condiciones de equidad y proporcionalidad mediante las acciones de inconstitucionalidad 18/2018, 19/2018, 23/2018, 27/2018 y una demanda promovida en contra de diversas leyes de ingresos del Estado de Tlaxcala cuyo número de expediente se encuentra pendiente de asignación, se contribuye al Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
A fin de proteger la igualdad y no discriminación de las personas con la acción de inconstitucionalidad 29/2018, 50/2018, 55/2018, 70/2018, 81/2018, 85/2018, 86/2018, 87/2018, 88/2018, 90/2018, 91/2018, 93/2018 y una demanda promovida en contra del Código Civil del Estado de Jalisco cuyo número de expediente se encuentra pendiente de asignación se contribuye al Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
Con la protección a los derechos a la igualdad, a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la legalidad a través de las acciones de inconstitucionalidad 1/2018, 3/2018, 4/2018, 7/2018, 11/2018, 17/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 31/2018, 35/2018, 39/2018, 40/2018, 42/2018, 46/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 64/2018, 66/2018, 67/2018, 73/2018, 77/2018, 79/2018, 80/2018, 94/2018, 95/2018, 107/2018 y 110/2018 se contribuye al Objetivo 16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
En lo relativo al Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se promovió la acción de inconstitucionalidad 54/2018, 62/2018, 107/2018 y 110/2018.

References: artículo 105
 artículo 89
 artículo 9
 artículo 31
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 artículo 16
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