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Timestamp: 2018-08-17 03:09:05+00:00

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El control de la obligación de secreto para los investigadores de Universidades y Organismos Públicos de investigación en el Proyecto de Ley de Patentes remitido recientemente al Congreso de los Diputados
Entrada en Opinión por RedTransfer
Comentario al Proyecto de Ley de Patentes presentado y su relación con la investigación de los centros públicos de investigación
Generalmente se ha planteado que las patentes era el mejor medio para proteger los resultados de la investigación desarrollada por los investigadores de la Universidades y otros Centros Públicos de Investigación ya que se podía, previa protección, la divulgación de los mismos por los procedimientos tradicionales. Esto puede cambiar si se aprueba el proyecto de Ley de patentes que recientemente el Gobierno ha enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El proyecto se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 28 de noviembre de 2014 Serie A: PROYECTOS DE LEY 28 de noviembre de 2014 Núm. 122-1.
Entre otros temas criticables de proyecto de Ley en los que no vamos a entrar en este momento, está el relativo a la prerrogativa que reservan las entidades, en el artículo 21.3 de una vez sometida la solicitud de la patente a análisis por la entidad, esta puede tomar la decisión de mantenerla en secreto sin necesidad de dar ninguna explicación al Investigador proponente de la solicitud de patente. En cierta manera se está sustrayendo al investigador su capacidad de decisión sobre el resultado, se atribuye esta decisión a no se sabe quién y no existe la posibilidad de pedir explicaciones. Lo peor de todo es que se establece en una Norma con rango de Ley. Eso impide la maniobralidad que permiten normas con menor rango ya que para modificar esto siempre hay que acudir al Parlamento. ¿Se podría estar privando a los investigadores de un derecho fundamental de los recogidos en el artículo 20.1 a) y b) de la Constitución Española?
Otro aspecto que, aunque de un carácter diferente, viene al caso comentar aquí, es la regulación, parcial e incompleta, en una Ley sobre patentes, de una materia como es el secreto, hacerlo en esta Ley complica una actividad materia de cierta importancia para los Investigadores de los CPI. Más si se tiene en cuenta que no es una materia relativa a un título de propiedad industrial como es el relativo al tratamiento del secreto.
Esta materia que debería estar incluida, de hecho lo está, en normas de otras características más relacionadas con aspectos contractuales que con una norma que lo que hace es generar derechos de exclusiva por la creación de una propiedad que es defendible una vez que se obtiene frente a todos (erga omne). Esta materia se encuentra regulada de alguna manera en varios textos legales, la legislación sobre competencia desleal, el Código Penal, también en la legislación recogida en tratados de carácter internacional.
La propuesta del Proyecto de Ley de Patentes recoge la regulación criticada expresamente en el artículo 21.3. La razón de la crítica estriba en que la obligación principal de los investigadores es la divulgación de sus resultados, a eso se comprometen en muchas ocasiones con los proyectos de investigación que solicitan para el desarrollo de sus tareas habituales.
Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas, las Universidades Públicas, las Fundaciones del Sector Público Estatal, las Sociedades Mercantiles Estatales y los Centros de Investigación de la Administración General del Estado pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas. A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación.
Las invenciones contempladas en el apartado 1 deberán ser notificadas por escrito a la Entidad Pública a cuyo servicio se halle el investigador autor de la misma en el plazo de un mes desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación por parte del personal investigador llevará consigo la perdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes.
El Organismo o la Entidad Pública, en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado precedente, deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.
Si el Organismo o Entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.3.
El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7.
En los contratos o convenios que las entidades a que se refiere el apartado 1 celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos.
El Consejo de Gobierno de la Universidad determinará las modalidades y la cuantía de la participación del personal investigador de la universidad en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones contempladas en este artículo, y en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por el investigador con la explotación de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los Entes Públicos de Investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de las invenciones contempladas en este artículo se establecerán por el Gobierno atendiendo a las características concretas de cada Ente Público de Investigación. Esta participación no tendrá en ningún caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.
Las opiniones del presente comentario son realizadas única y exclusivamente a título personal, fruto de la experiencia de más de 25 años de actividad profesional en temas relativos a promoción de transferencia de tecnología y aprovechamiento de la actividad investigadora en la Universidades y Organismos Públicos de Investigación
Abogado, miembro de RedTrasfer y de LES España y Portugal
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Realmente, no se porqué nos empeñamos a poner cada vez más trabas a la investigación, cuando lo que realmente se habla es de datos abiertos, publicación en abierto, parece que el gobierno vaya en contra de todos estos movimientos… incomprensible.

References: artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 83
 artículo 64