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Timestamp: 2016-04-29 09:08:07+00:00

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XVI. DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO for Admin todo
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Los bienes pertenecientes al Estado que no están afectados a un uso
público, directo o indirecto, constituyen su dominio privado. Los bienes
privados del Estado, o bienes patrimoniales, son usados de manera inmediata
por éste, debiendo agregarse además, aquellos otros bienes que sin tener un
uso concreto, sirven como reserva o patrimonio fiscal, o producen algún
rendimiento o garantía, o de cualquier otra manera están destinados al
cumplimiento de las actividades estatales, de cualquier forma que fuere.
La diferencia entre dominio público y dominio privado es, esencialmente,
una diferencia de régimen jurídico, de derecho público en un caso,
predominantemente de derecho privado en el otro. El régimen propio de los
bienes del dominio privado del Estado admite algunas alteraciones al sistema
de propiedad civil, derivadas del interés público que siempre preside la
LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS A LA PROPIEDAD PRIVADA
I. LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU FUNCIÓN SOCIAL
Se ha señalado que la propiedad es el reflejo de la personalidad en el
dominio de los bienes materiales. La propiedad privada, es uno de los
basamentos de nuestra sociedad actual, que permite a cada hombre satisfacer
sus necesidades, concurriendo, además, como un factor de desarrollo de sus
fines racionales y morales. Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la
cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio
II. LIMITACIONES EN INTERÉS PRIVADO Y EN INTERÉS PÚBLICO
La propiedad privada no solo puede resultar afectada por limitaciones
impuestas en razón de interés público, sino que también en razón de interés
privado. La distinción de la determinación es la siguiente:
1. Las limitaciones impuestas en razón de interés público benefician a la
colectividad, su destinatario no es individual ni determinable. Están
sujetas a un régimen de derecho público.
2. Las limitaciones impuestas en razón de interés privado benefician a un
individuo, su destinatario es individual y determinable. Están sujetas a
un régimen de derecho privado.
III. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA EN INTERÉS PÚBLICO
Son el conjunto de medidas de índole jurídica, que se adoptan con el
propósito de armonizar y compatibilizar el ejercicio de la propiedad privada con
las exigencias de interés público, de modo que aquél derecho no solo no
constituya un obstáculo para el logro de ese interés general, sino que
contribuya a él.
El fundamento reside en la prevalecencia razonable que el interés
público debe tener respecto del interés privado.
V. CLASIFICACIÓN DE LAS LIMITACIONES EN INTERÉS PÚBLICO
A. Por la forma como inciden en los particulares:
1. Régimen negativo: el que aparece imponiendo un deber de no hacer.
2. Régimen positivo: aquel que impone al propietario una obligación de
dar o hacer.
B. Pro su objeto.
1. Comunales: tienden a facilitar la existencia común en sí misma.
2. Para aprovechamientos especiales: que condicionan el establecimiento
y uso de ellos.
3. Las que condicionan los servicios de gobierno, procurando previsiones
C. Por el carácter del dominio que afectan:
a) Restricciones Administrativas: Son limitaciones al ejercicio de la
propiedad que están implícitas dentro del ejercicio del propio dominio.
Implica tolerancia del propietario de la administración, no importa al
propietario la indemnización porque no causa daño. “Son condiciones
legales del ejercicio de la propiedad implícitas dentro del ejercicio del
dominio, constituyen tolerancia del propietario, es una reducción del
carácter absoluto de la propiedad. Existen para hacer compatible el
derecho de propiedad privada con las exigencias del interés público.
Ej: poner # a la casa. Características:
• Ilimitadas.
• Se da sobre toda clase de bienes, especialmente inmuebles.
• Indeterminadas.
• Imponen una obligación de hacer o de no hacer.
• Deben estar establecidas en ley.
a) Ocupación temporánea: Es transitoria, es el uso y goce de la
propiedad privada por tiempo limitado y por causa de interés público.
Se pone en práctica por una situación particular y precisa. Lleva
indemnización por el daño causado. Recae sobre toda clase de
bienes, pero más que todo a inmuebles. Implica la afectación de un
bien a la finalidad pública. Es una medida concreta que se aplica
cuando un caso individual es necesitado adoptando esta solución para
dar satisfacción al interés colectivo.
b) Servidumbres administrativas: Su base es la legislación civil. Es un
derecho real público que integra la dominialidad pública, constituido a
favor de una entidad pública, sobre un inmueble ajeno con el objeto
de que este bien sirva a un uso público. Los tres supuestos esenciales
• Son bienes públicos pero no del Estado, a favor de otros bienes
• Son bienes públicos a favor de bienes privados.
• Son bienes privados a favor de bienes públicos.
• Derecho real público.
• Integra el dominio público
• Se constituye generalmente a favor de entidad pública.
• Se constituye sobre un bien ajeno.
• No sirve a un bien determinado, sino a la comunidad.
• Se establece por contrato, resolución administrativa o ley.
• Camino ribereño.
• Prestación de servicios públicos.
• Por ley.
• Por expiración del plazo por el cual hubieren sido convenidas.
• Por desafectación del bien del dominio público que dio origen a la
• Por acto convencional, cuando hubiere sido instituido también de
• Por renuncia.
• Por el no uso inmemorial.
c) Requisición de uso: Impuesta por razones de interés público que tiene
por objeto el uso coactivo de bienes mediante pago de una
indemnización. Es de carácter general que se concreta sobre cualquier
bien. Implica obligación del propietario de tener el bien a disposición
del requisidor.
Bienes de tipo generales.
Soluciona problemas aislados.
Bienes de tipo individualizados.
d) Secuestro: Se parece al comiso, pero en el comiso casi se pierde el
bien, en el secuestro no. El secuestro es un medio que implica la
custodia temporal de cosa ajena, no es una sanción, sino que se da
como un medio para asegurar el resultado determinado de un juicio o
gestión administrativa y consiste en sustraer el bien mueble y
depositarlo en manos de tercero a medida de asegurar su
b) Requisición
c) Comiso o decomisoVer página 17
Hay personas que consideran que son actos administrativos y otras no.
A. De servicios públicos
Un servicio público es cualquier actividad de prestación directa que
satisface intereses de la comunidad. Por medio de ésta concesión, se le otorga
la facultad de prestarlos a un tercero. Es un acto mediante el cual la
administración encarga temporalmente a una persona la prestación de un
servicio público, transmitiéndole ciertos poderes jurídicos y efectuándose la
prestación del servicio bajo su vigilancia y control. La administración transmite
la obligación de prestar el servicio. El beneficiario de la concesión es el
concesionario, que puede ser cualquier persona. Está regulada por la ley de
contrataciones del Estado. El objeto de la concesión es la prestación de un
servicio público. Hay transferencia de poderes de la administración al
concesionario, por ejemplo: solicitar una expropiación o usar privativamente
bienes del Estado. Siempre hay un contralor que vigila que el servicio se
preste bien, porque esa obligación es de la administración y como tal debe
vigilar que se preste bien, en caso contrario se puede intervenir. A cargo del
concesionario queda el riesgo, si gana o pierde dinero en la prestación del
servicio es problema de él, en principio no se le puede imputar a la
administración. La concesión siempre es temporal, no podrá ser otorgada de
manera indefinida, pero si puede ser renovada. Los sujetos que intervienen en
esta concesión son:
1. Al momento de otorgarla: individuo – administración
2. Una vez otorgada: concesionario – administración
3. Al prestarse el servicio: el concesionario – administración – usuario.
1. Prestar el servicio de manera eficiente.
2. Iniciar la prestación dentro del plazo previsto, salvo causa justa.
3. Prestar el servicio de forma continua, concreta y uniforme.
4. El servicio se debe ejecutar sujetándose a las cláusulas de la concesión.
1. A que se le permita cumplir con el servicio público que se obligó a
prestar, durante el tiempo por el que se le concedió.
2. A que se le presten las condiciones para poder prestar bien el servicio.
3. A que se le otorguen ciertos poderes de la administración.
4. Lucro, derecho a perseguir ganancias.
5. Derecho al mantenimiento positivo de la ecuación financiera de la
6. Derecho a que en casos concretos el concesionario tenga exenciones
(no pagar impuestos) y subvenciones fiscales (pagar solo un porcentaje
para mantener la ecuación en sentido positivo).
1. A usar el servicio.
2. A que se le preste en forma eficiente.
3. A que se le cobre el precio conocido.
1. Que se cumpla el plazo para el que fue otorgada.
2. Por el incumplimiento del concesionario. Ejemplo: no iniciar el servicio
en el término fijado.
3. Por incumplimiento de la administración.
4. Por la ilegalidad de forma o fondo en la forma de otorgarla.
5. Por mutuo acuerdo.
B. De obras públicas
Es una mezcla del contrato de obra pública y la concesión de servicio
público, por medio de esta concesión se encarga a un tercero la realización y
administración de una obra pública, con el objeto de ganar lo invertido. Tiene
los mismos elementos que la concesión de servicios públicos.
Por medio de éste la administración dice al
contratista que haga una obra a cambio de
una remuneración, aquí termina el
contrato, no tiene duración en el tiempo,
es más cerrado que la concesión.
La administración pide al concesionario
que haga una obra y que la administre por
un tiempo determinado y cobre al
particular por el uso que hace de la obra,
para recuperar lo gastado.
C. De uso de bienes públicos
Son actos por medio de los cuales la administración pública otorga a una
persona la utilización privativa de un bien público. El Estado otorga un permiso
especial de uso, con fines especiales lucrativos. La utilización del bien público tiene
1. Satisfacer el interés privado.
2. Permitir que ese bien público cumpla su objetivo.
3. Se requiere para prestar un servicio público.
Posturas de algunos autores:
Son actos unilaterales.
Los contratos que realiza la administración son privados.
Los contratos que realiza la administración siempre son públicos.
Son actos unilaterales cuando la administración impone su voluntado. Son
contratos públicos cuando celebra ciertos contratos regulados por el derecho
público y son contratos privados cuando baja de su nivel u contrata en
igualdad de condiciones con los particulares.
Si la finalidad es de interés público son contratos administrativos, si la finalidad
es privada, son contratos privados.
Si el Estado participa son contratos administrativos, si no participa el Estado
son contratos privados.
I. LOS CONTRATOS: CONCEPTO GENERAL Y EVOLUCIÓN
Desde que existieron las primeras formas de sociedad se realizaron
acuerdos entre dos o más personas. El objeto de tales acuerdos era reglar
ciertas situaciones, precisando de antemano los efectos que habrían de
producirse, con motivo y como consecuencia de ellas. Estas convenciones
debieron estar reducidas, en un principio a términos muy simples, sin que
existiera la posibilidad de hacer cumplir coactivamente sus estipulaciones,
pero con el tiempo surgió la necesidad de arbitrar los medios para asegurar su
fiel y completo cumplimiento. Fue así como apareció un efectivo orden jurídico
y la teoría de las convenciones.
En el Derecho Romano, la convención era el acuerdo de voluntad de
varias personas, sobre un asunto, siendo su objeto, crear, modificar o extinguir
derechos, especialmente de crédito. Las convenciones daban lugar a
obligaciones naturales. Los contratos en cambio, eran convenciones que
tenían una denominación especial, una causa civil obligatoria, y que eran
sancionadas por una acción aplicándose la expresión contractus.
En el derecho moderno, la teoría de los contratos está dominada por el
principio básico de la formación de ellos por el solo acuerdo de las partes sin
depender del empleo de formalidades, más o menos rigurosas. Los contratos
van evolucionando, con la aparición del Código Francés, la voluntad individual
se torna soberana, y se desarrolla así la teoría de la autonomía de la voluntad,
que ha predominado en la exposición del régimen general de los contratos;
éste régimen se estructura sobre dos bases:
1. El acuerdo de voluntades individuales, como medio de establecer
vínculos contractuales. Los contratos exigen que sean concretados
entre partes que actúen en un mismo nivel y en completa libertad.
2. La vigencia de ese acuerdo entre las partes tiene una fuerza semejante
a la de la ley.
En nuestros días, la teoría de los contratos aparece conmovida por la
influencia de una nueva orientación, cuyas características son:
1. Debilitamiento del principio de la autonomía de la voluntad.
2. Implantación de fórmulas contractuales redactadas con carácter general
y de antemano.
3. Aparición de contratos reglamentarios.
II. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
La administración pública se caracteriza por desarrollar una actividad.
En el cumplimiento de esa actividad, la administración pública dicta:
Actos unilaterales: actos generados exclusivamente por la actuación de la
Actos plurilaterales: en los cuales participan distintos órganos de la
administración (actos convencionales) o particulares (actos contractuales o
III. RESUMEN DE LAS TEORÍAS NEGATIVAS Y POSITIVAS DEL CONTRATO
A. Teorías negativas: niegan la existencia de los contratos administrativos,
propician, en reemplazo de la categoría de los contratos administrativos,
el acto administrativo necesitado de coadyuvante, actos unilaterales
coligados, actos condición, etc.:
1. En las relaciones establecidas entre la administración y los
particulares, aquélla actúa en una posición de supremacía. En estos
casos, falta la debida igualdad entre las partes en relación, la cual es
indispensable para poder hablar de la existencia de un contrato. Al
contrario, cuando existe tal igualdad entre la administración y los
particulares, ésta actúa como si fuera otro particular, y entonces se
está frente a un contrato de derecho privado.
2. Todo contrato exige que lo que en él se establece sea el resultado de
la voluntad libre de las partes que lo celebren. En las relaciones entre
la administración y los particulares tal autonomía de la voluntad no es
3. Los presuntos contratos administrativos versan sobre objetos que
están naturalmente fuera del comercio, y el objeto de los contratos, al
contrario, conforme a la doctrina común debe ser siempre cosas que
estén en el comercio.
4. El concepto unitario de derecho, que rechaza la existencia de la
dualidad del derecho, impide distinguir entre contratos civiles y
administrativos, si hay contrato éstos son iguales en uno y otro caso.
Teorías positivas:
1. Hay contrato administrativo, siempre que la administración sea una de
las partes y actúe como tal. Esta teoría no permite determinar con
precisión cuándo la administración un contrato administrativo y
2. Se puede afirmar la existencia de los contratos administrativos cuando
se trata de contratos cuyo conocimiento es de competencia de
jurisdicción contencioso administrativa. Esta teoría no puntualiza
cuándo y porqué un contrato es sustraído de la jurisdicción común,
para ser trasladado a la jurisdicción especial.
3. También se ha procurado caracterizar a los contratos administrativos
atendiendo a la observancia de ciertas formas muy especiales que se
cumplen para cu concertación, como la existencia de pliegos de bases,
la exigencia de licitación, etc., pero esta tendencia tropieza con el
inconveniente de que en la actualidad muchos contratos privados son
concretados adoptando esas mismas formas.
4. El contrato administrativo es aquél que se diferencia del civil, por los
fines que con su celebración se persiguen. Los contratos
administrativos existen y se caracterizan por la inserción, en sus
disposiciones, de cláusulas exorbitantes del derecho privado, es decir,
de cláusulas que no se admitirían en un contrato de derecho privado.
IV. LA NOCIÓN ESENCIAL DE CONTRATO
Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una
declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. Los
caracteres esenciales del contrato son:
Acuerdo de voluntades, debiendo actuar las partes intervinientes en un pie de
igualdad y con completa libertad de acción
Vigencia de los términos contractuales con un valor semejante al de la ley, el
contrato es la ley de las partes.
Lo que significa esencialmente el contrato es:
1. La existencia de un acuerdo de voluntades.
2. Que esa declaración de voluntad común está destinada a reglar los
Otros caracteres como la igualdad y la libertad de las partes, la
inmutabilidad de sus cláusulas y la limitación de sus efectos, han sufrido en
nuestra época alteraciones más o menos profundas, sin que por ello se haya
perdido la idea básica del contrato, lo que ha dado lugar a que se consideren
como contractuales actos que en el pasado no hubieren sido reconocidos como
V. LA NOCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Los distintos criterios aceptados por la doctrina para diferenciar el
contrato administrativo del contrato de derecho privado son los siguientes:
1. Criterio subjetivo: El contrato es administrativo por el hecho de que es
celebrado por la administración pública, o por una de las partes, obrando
como tal y relacionándose por ese conducto con los particulares. Este
criterio es insuficiente ya que no permite precisar cuando la
administración actúa como tal y cuando actúa como un particular.
2. Criterio de la jurisdicción: Son contratos administrativos aquellos cuyos
diferendos y controversias deban ser sometidos a la decisión de los
tribunales contencioso administrativos. La crítica es que la jurisdicción no
puede alterar la esencia de los contratos, ni mucho menos mudar su
naturaleza. La existencia de una jurisdicción específica para considerar
las cuestiones derivadas de un contrato, resulta, en efecto, de que ese
contrato es administrativo, y no a la inversa.
3. Criterio formal: El hecho de que el contrato administrativo esté sujeto,
como en efecto lo está, en cuanto a su celebración, a formalidades
concretas y especiales, precisadas por normas propias del derecho
administrativo, no sirve tampoco como criterio cierto que permita
otorgarle a este contrato su propia individualidad. La realización de una
licitación, la formulación de pliegos de condición, los procedimientos de
preadjudicación, adjudicación, aprobación, etc., no son exclusivos del
contrato administrativo, sino que en la práctica jurídica se pone de
manifiesto que tales procedimientos son cada vez más utilizados para
concluir contratos de carácter privado.
4. Criterio de cláusula exorbitante: La nota propia de este tipo de contratos
radica en la existencia en ellos de cláusulas exorbitantes del derecho
privado. La crítica es que la existencia de cláusulas exorbitantes aparece
más bien como una consecuencia, como un resultado, de otras causas
más esenciales, que serían justamente las que darían su especial
fisonomía al contrato administrativo.
5. Criterio que hace referencia a la teoría que procura diferenciar el derecho
público del privado: hace referencia a la existencia de relaciones de
subordinación o de coordinación. Este criterio tampoco sirve porque no
alcanza a explicar por que en unos casos esa subordinación existe y
porque en otros no se presenta.
VI. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Los contratos administrativos son una forma de la actividad
administrativa (actos jurídicos plurilaterales), y como tales, en ellos debe estar
presente, de alguna forma, el poder o potestad administrativa, en todos o en
algunos de sus aspectos más importantes. En los contratos administrativos,
por lo tanto, se ha de advertir la vigencia de las prerrogativas propias de la
administración pública; cuando ésta actúa como tal, la presencia de esas
potestades es necesaria y constante.
VII. LA FINALIDAD DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Es la satisfacción del interés público, de las necesidades colectivas.
Estos contratos tienen por objeto directo, por finalidad específica, la
satisfacción del interés público, de las necesidades colectivas.
VIII. LA NOCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO
El interés público consiste y es la suma de una mayoría de intereses
individuales coincidentes, personales, directos, actuales o eventuales, y,
asimismo, el resultado de un interés emergente de la existencia de la vida en
comunidad, en el cual la mayoría de los individuos reconocer, también, un
interés propio y directo.
IX. DEFINICIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Joaquín Serra Rojas: “Contrato administrativo es el negocio bilateral que
el Estado realiza con una o varias personas, privadas o públicas con propósito
de utilidad pública para constituir, modificar o extinguir un vínculo patrimonial
o económico, regulado por leyes de interés público”.
La caracterización de los contratos administrativos resulta, en
conclusión, de las siguientes notas básicas:
• Son verdaderos contratos, es decir, participan de la noción esencial de
• Los celebra la administración pública, es decir, alguno de sus órganos
con capacidad suficiente para hacerlo.
• Tienen como finalidad el interés público.
• Pueden tener cláusulas expresas exorbitantes del derecho privado.
• Al perseguir la administración pública, el cumplimiento de una finalidad
administrativa, de interés público, actúan con las prerrogativas
especiales que le son propias para el cumplimiento de esas funciones.
X. ELEMENTOS ESENCIALES (Iguales que en todo acto administrativo)
1. Sujetos: Una de las partes será la administración, la otra parte puede ser
cualquiera que no tenga impedimento para contratar con la
2. Voluntad: Tienen que existir dos voluntades cálidas y libremente
manifestadas. El silencio no tiene nada que ver con el contrato
administrativo. La regla general es que la voluntad sea expresa, aunque
hay casos de aceptación tácita.
3. Contenido: debe adaptarse al de los contratos en general: lícito, posible,
4. Causa: razón por la cual se celebra el contrato, motivación originaria.
5. Finalidad: satisfacción del interés público.
6. Forma: Generalmente escrita, debe estar establecida en la ley.
a) Contratación directa o tratativa directa: En esta contratación no hay
muchos pasos intermedios, el Estado manifiesta que necesita algo
directamente, la administración se pone de acuerdo con el contratista
(particular) y eso es todo.
b) Cotización: Consultar con determinado número de proveedores antes
c) Licitación: Es una invitación pública o restringida a los que tengan un
producto determinado o a los que quieran realizar una obra. Tiende a
determinar la oferta más ventajosa para la administración pública y de
ahí surge el vínculo contractual. Consiste en una invitación a los
interesados para que sujetándose a las bases preparadas por la
administración (pliegos de condiciones), formulen propuestas de las
cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa
(adjudicación), con lo cual el contrato se perfecciona; todo el
procedimiento se funda en dos principios:
• Igualdad de condiciones entre los licitantes.
• Cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones.
XI. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A. Por las partes que se obligan:
Unilaterales: Es una sola la parte que se obliga hacia la otra, sin estarle ésta a
su vez, obligada.
Bilaterales: Las partes quedan obligadas recíprocamente, la una hacia la otra.
B. Por la relación que existe entre las prestaciones:
Onerosos: Se configuran cuando las ventajas que otorgan a una de las partes
son concedidas a ésta sobre la base de una prestación que esa parte ha
prometido o ha hecho a la otra.
Gratuitos: Son aquellos que dan lugar a una ventaja a favor de una de las
partes, con prescindencia de toda prestación de ésta a la primera.
C. Por el momento en que quedan concluidos:
Consensuales: Quedan concertados desde el momento que las partes
manifiestan su consentimiento.
Reales: Quedan concretados desde la tradición de la cosa sobre la cual versa el
D. Por su calificación o no por la ley:
Nominados: Están designados por la ley bajo una denominación especial y
regulados por ella en sus caracteres y condiciones generales.
Innominados: Algunos autores pretenden sostener, al respecto, que en el
derecho administrativo no es posible hablar de la existencia de contratos
administrativos innominados, ya que la actividad administrativa es una
actividad reglada por el orden jurídico y subordinada a él. Criterio,
excesivamente riguroso, plantea la cuestión en términos equivocados.
E. Por la circunstancia de que las prestaciones sean o no ciertas y puedan
ser objeto de apreciación:
Conmutativos: Son aquellos en que las prestaciones que reportan a las partes
que los celebran son ciertas y pueden ser objeto de apreciación inmediata.
Aleatorios: Cuando las ventajas o pérdidas que de ellos resultan para las
partes, o al menos para una de ellas, dependen de un acontecimiento incierto.
(loterías)
F. Por su dependencia o no de otro contrato:
Principales: Cuando tiene existencia sin depender para ello de ningún otro
Accesorios: Contratos cuya existencia depende de otro principal.
G. Por la circunstancia de constituir o no una unidad diferenciada:
H. Por la duración del cumplimiento de las prestaciones:
Instantáneos: Su prestación se cumple en un tiempo único, aún cuando esté
sujeto a plazo.
Sucesivos: Cuando las prestaciones se cumplen de una manera continuada, en
períodos convenidos por las partes y en un tiempo determinado o
Escalonados: Cuando la prestación debe cumplirse de forma fraccionada, en
épocas o períodos diferentes.
XII. PRINCIPALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE MÁS CELEBRA LA
1. Empleo público: Forma más normal de llegar a la administración pública.
2. Obra pública: Por medio de éste la administración dice al contratista que
haga una obra a cambio de una remuneración.
3. Suministro: Mediante el cual la administración pública por el pago de un
precio adquiere cosas muebles que necesita o servicios que le pueden ser
prestados o entregados de una sola vez o en períodos sucesivos.
Ley del Organismo Legislativo
Artículo 134.- Procedimiento del antejuicio. Cuando el Congreso deba
conocer de antejuicio, la Junta Directiva del Congreso hará saber al Pleno que
en la próxima sesión ordinaria (a más tardar en ocho días) se iniciará con el
trámite. El Congreso procederá así:
En la sesión ordinaria el Congreso será informado de todos los detalles del
El Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora (cinco miembros
elegidos por sorteo entre todos los diputados, menos el presidente del
Congreso), cuyas decisiones de adoptarán por mayoría de votos.
La Comisión pesquisidora examinará expediente y al funcionario.
La Comisión emitirá un dictamen del que dará cuenta al Pleno. No determina la
culpabilidad o inocencia del funcionario investigado. Su función es establecer si
el funcionario debe ser puesto a disposición de la justicia común.
La resolución favorable de antejuicio, declarándolo sin lugar no integra cosa
Después de discutir el dictamen de la Comisión, se votará. El voto afirmativo
( de por lo menos las dos terceras partes del total de diputados, artículo 138)
declara con lugar el antejuicio y el caso se remitirá a la Corte Suprema de
Justicia para que ésta lo turne al tribunal del orden común correspondiente.
Artículo 135.- Flagrante delito. Cuando un diputado es detenido en
flagrante delito, la autoridad que lo detuvo lo pone a disposición de a Junta
Directiva o de la Comisión Permanente del Congreso, dándoles los
antecedentes para que conozcan del antejuicio.
Artículo 136.- Inhibitoria. Cuando el Congreso reciba denuncia de comisión
de delito de un diputado, por haberse inhibido un órgano judicial de continuar
instruyendo el proceso, deberá inhibirse y remitir expediente a la Corte
Suprema para tramite de antejuicio.
Artículo 137.- Antejuicio estando en reposo el Congreso. Los trámites los llevará la
Comisión Permanente, la comisión pesquisidora será integrada por sus miembros, por sorteo.
Si fuere antejuicio contra Presidente de la República o del Presidente del Organismo Judicial, se
convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias y en ellas se conocerá del antejuicio.
Normas que regulan forma en que se desarrollan los procedimientos para
alcanzar un objetivo final.
En el área administrativa, los planteamientos no se hacen a un juez, sino a la
Juicio de cuentas: Proceso de conocimiento. Se entabla contra funcionario que
ha tenido a su cargo la administración de fondos públicos y lo ha hecho
incorrectamente, lo que no implica que esta administración sea criminal. El
actor es la contraloría de cuentas. A veces hay de por medio ilícitos penales, en
estos casos se inicia acción penal que ejerce el MP. Este juicio deduce
responsabilidad patrimonial del demandado.
Juicio económico-coactivo: Proceso de ejecución. Demanda entidad que es
sujeto activo de alguna obligación (tributario, ejecutar sentencia de juicio de
cuentas, municipalidades por concepto del IUSI), la vía es la del juicio ejecutivo
Policía administrativa: poder de fiscalización de la administración pública.
DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ADMINISRATIVA
• Art 28, 2º párrafo de la constitución y art 1 LCA
• 30 días se computan como días hábiles, art 45, d) LOJ
• Esos 30 días se computan a partir de que se encuentra el expediente
en estado de resolver, para saber cuándo se está en estado de
resolver ver art 1 LCA
• Art 10, f) L amparo
• Silencio administrativo: no declaración de voluntad del órgano
administrativo que debe resolver la cuestión planteada.
• ¿Para qué interponer un amparo en este caso? R// para restituir
derecho violado, obligando a la autoridad a resolver (art 8 y 49 L
No se está conforme “Recurso
de Reposición”
Si no se está de acuerdo con
resolución “Contencioso
Administrativo” (Proceso de
Hasta este momento se da
participación al órgano
jurisdiccional, tribunal
integrado por magistrados.
• ¿En todos los casos de silencio administrativo es viable el amparo?
R// No, a veces la ley da soluciones a ese silencio, por ejemplo art 16
• Principio de definitividad en materia de amparo: agotar antes de
plantear amparo, todos los recursos, medios o impugnaciones, ya no
debe caber más recursos.
• Efectos de no acatar orden de tribunal de amparo: art 50 L amparo
DERECHO DE PETICIÓN ≠ DERECHO DE ACCIÓN
La renovación y cancelación de la marca deben seguir un procedimiento,
señalando el camino que debe seguir una petición. “Hay un procedimiento
Puede que hayan controversias al momento que me rechacen la inscripción de
una marca, eso se resuelve por una resolución administrativa, resuelta por el
Registrador de Marcas.
Ejemplo de ministerio de ambiente y recursos naturales
Este ministerio vela por el medio ambiente, autoriza instalación de fábricas,
construcciones de edificaciones. Las fábricas deben demostrar que su
instalación no causará daños al medio ambiente o indicar cuáles son los pasos
a seguir para evitar o contrarrestar esos daños.
Ejemplo de licencia sanitaria para restaurante
Si no la quieren otorgar, la resolución que la deniega se impugna por medio
Formada por Org. Ejecutivo
1.- Autonomía. Son autónomos los
que la Constitución diga que son
así. No llamaremos autónomos a
los que tengan independencia
2.- Patrimonio propio
3.- Personalidad Jurídica: El MP,
contraloría, PGN (no tienen
autonomía, patrimonio ni
Personalidad Jurídica), son órganos
del Estado que ejercen
determinadas funciones y tienen
Esta ley regula los procedimientos para adquirir bienes del estado.
En todos estos casos, para gestionar hay un PROCEDIMIENTO.
Impugnable ⇒ Revocatoria ⇒ Reposición ⇒ Contencioso-Administrativo
PRINCIPIOS DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
1. Impulso de oficio
2. Se formalizan en escrito
3. Se observa derecho de defensa
5. Sencillez: formalismos no son tan importantes
6. Eficacia: que dé resultados y surta efectos
7. Gratuidad: en el caso de la inscripción de una marca, esta no es gratuita,
pero el pago que se hace se ve como un impuesto que se da a cambio
para que el Estado proteja la marca. La actuación del personal
administrativo es siempre gratuita. La municipalidad, por ejemplo, tiene
un listado de actos a certificar con una tasa fija a cobrar, aquí existen las
tasas más altas.
Impuesto ≠ tasa
Art. 3 Forma de las resoluciones: “Da certeza”
1. Deben emitirse por autoridad competente
2. Citar normas: fundamento legal, aunque el acto esté beneficiando al
3. Prohibido tomar como resolución lo que emita un órgano técnico o legal.
4. Notificación personal.
Requisito esencial del acto administrativo:
1. Emitido por autoridad administrativa
2. Dentro del ámbito de su competencia
El amparo se interpone contra:
más que de manera genérica.
La administración da un
servicio a cambio del pago
J 1ª I
Clases de resoluciones administrativas:
1. De trámite: ej “trasládese a la unidad jurídica”
2. De fondo: ej “Se declare con lugar la autorización a XXX de talar # de
árboles pinabete... “
Ley de carrera judicial, ley del servicio civil del Organismo Judicial. Entre las
sanciones de la ley de la carrera judicial se encuentra: mal goce de salario,
suspensión con goce de salario, destitución. Para los auxiliares judiciales se
aplica la ley del servicio civil del OJ, tiene un procedimiento y sanciones.
Etapas en asuntos administrativos
1. Etapa instancia administrativa: con distinto procedimiento y legislación:
multiplicidad legislativa. Para esta etapa hay reglas generales en la LCA
2. Etapa o instancia judicial.
Generalidades de la ley de lo contencioso administrativo
6. Revocatoria (característica de los actos administrativos: la revocabilidad)
1. Revocatoria: recurso jerárquico, porque un órgano superior revisa
actuaciones de un subalterno (a la reposición también se le llama
recurso de reconsideración, porque la misma autoridad reconsidera o
repone)
a. Procedencia: contra resoluciones de autoridades con superior
b. Plazo de interposición:
c. Forma de interposición: por medio de memorial
f. Trámite
Art 10. LCA
Partes legitimadas:
1. Partes del expediente
• Se plantea ante autoridad subalterna, la que está obligada a elevar el
expediente a sus superior jerárquico. Contra la resolución que declare sin
lugar este recurso no procede recurso de reposición.
• Correr audiencia a (art 12 LCA):
i. Interesados
ii. Órgano asesor técnico o legal
iii. PCG
Son plazos perentorios e improrrogables,
• Evacuadas las tres audiencias, no queda más que resolver.
• La autoridad debe resolver en 15 días a partir de que el expediente esté
en estado de resolver, esto es obligatorio, pero debemos esperar 30 días
para aplicar el silencio administrativo, pasados esos 30 días se tiene por
resuelto el recurso desfavorablemente y procede el contencioso
administrativo. (Se considera que el expediente está en estado de resolver
a los 10 días de traerlos a la vista)
• Si la autoridad lo estima, puede practicar o traer informes o dictámenes a
la vista para mejor resolver.
• Se considera que el expediente está en estado de resolver a los 10 días de
traerlos a la vista
• Art 10 L amparo: procedencia: se extiende a toda situación.
• Requisito: definitividad
• En el silencio administrativo no cabe amparo (art 16 LCA) porque la ley
nos da el contencioso administrativo para resolver la controversia; aquí no
hemos agotado la vía ordinaria.
• El amparo se usa cuando no hay otro medio de defensa. Es muy difícil
atacar una resolución tácita como el silencio administrativo, por lo que es
más fácil seguir tratando de conseguir una resolución administrativa.
• NO ES CIERTO que la revocatoria y la reposición sean los únicos medios de
impugnación en materia administrativa (art 17 LCA) porque después de
esta ley surgieron otras leyes, por ejemplo en materia financiera existe
recurso de apelación para las resoluciones de la superintendencia de
bancos; o en el ámbito disciplinario judicial hay recurso de revisión y
apelación al igual en la LSC.
• Solve et repet:: art 28 y 221 Constitución: No se puede exigir pago previo
para utilizar los recursos porque si se quiere proteger al individuo contra la
administración y sus resoluciones arbitrarias es necesario que tenga
acceso al derecho de defensa.
• Se considera que una resolución ha sido consentida por los interesados, si
la misma no se impugna dentro del plazo para recurrirla.
• ¿En qué momento el trámite de la revocación y reposición se unifica? R//
Cuando la autoridad superior recibe actuaciones del órgano o autoridad
• Diligencias para mejor resolver: equivalente a auto para mejor fallar
Naturaleza: Será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos
suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal
decida lo contrario, cuando:
1. Lo considere indispensable
2. Y de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes.
Procedencia: Procede:
1. Contienda por actos y resoluciones de la admón., entidades
descentralizadas y autónomas del Estado.
2. Controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas.
Para que proceda, la resolución impugnada no pudo remediarse por medio de
recursos puramente administrativos.
Características de la resolución administrativa:
1. Que cause estado: causan estado las resoluciones no susceptibles de
impugnación en la vía administrativa, por haberse resuelto los recursos
2. Que vulnere un derecho del demandante, reconocido por ley,
reglamento o resolución.
3. No serán necesarios los requisitos, cuando el acto o resolución hayan
sido declarados lesivos para los intereses del Estado, en acdo gub.
Emitido por el Presidente en consejo de ministros. Declaración que
puede hacerse solo a los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o
acto que la origina.
1. En los asuntos políticos, militares o de defensa, sin incluir
2. Disposiciones de carácter general s/ salud e higiene públicas, sin incluir
3. Asuntos de competencia de otros tribunales
4. Asuntos por originados por denegatoria de concesiones de toda especie
5. Cuando la ley excluya la posibilidad de plantear la vía contenciosa
3. Órgano descentralizado que haya conocido del asunto
4. Personas con interés legítimo en el expediente administrativo
5. Contraloría General de la Nación cuando el asunto se trate al control o
fiscalización de hacienda pública.
Plazo: tres meses contados a partir de:
1. La última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento
2. El vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en
3. La fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el
acto o resolución
Acumulación: Se acumularán de oficio o a solicitud de parte cuando se
hubieren planteado varios contenciosos administrativos en relación al mismo
asunto, para resolverlos en una sola sentencia.
Caducidad de instancia: Caduca en 3 meses, que empiezan a contarse desde la
última actuación judicial. Debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte
Integración: LOJ y CPCyM
Recursos: Salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los
recursos que contempla CPCyM, incluso casación.
1. Designación de la sala de lo contencioso administrativo
2. Nombre del demandante, notificaciones, auxilio profesional
3. Calidad en la que actúa, más acreditar personería
4. Indicación precisa del demandado, lugar para notificarlo
5. Identificación del expediente administrativo, resolución que se convierte,
última notificación, personas interesadas, lugar para notificarles
6. Hechos, fundamento de derecho
8. Petición de trámite y de fondo
9. Lugar y fecha
10.Firma del solicitante
11.Firma y sello del abogado director
Documentos: Acompañar documentos que estén en poder del demandante, o
indicar lugar donde se encuentren, o persona que los tenga en su poder, para
que el tribunal los requiera al darle trámite a la demanda.
Presentación: El memorial de demanda podrá presentarse:
1. Directamente a la sala del tribunal de lo contencioso administrativo
2. Juzgado de primera instancia para que lo traslade a quien deba conocer
Subsanación de faltas: Errores de la demanda
1. Subsanables, señalando plazo para que el demandante lo enmiende.
2. Insubsanables: se rechazará de plano la demanda.
Antecedentes: La demanda cumple requisitos de forma:
1. Tribunal pide antecedentes al órgano administrativo correspondiente,
dentro de 5 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda,
bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se procesará por
desobediencia, además que conocerá teniendo como base lo
argumentado por el actor.
2. El órgano enviará documentación al tribunal, con informe
circunstanciado, dentro de 10 días hábiles siguientes al pedido del
3. Puede presentarse el expediente en cualquier etapa procesal.
Admisión: El tribunal examina la demanda con relación al expediente y si la
encontrare a derecho, la admite para su trámite, resolución que dictará dentro
de 3 días siguientes a recibir antecedentes o en que se haya vencido el plazo
Providencias precautorias: Resueltas discrecionalmente por el tribunal en la
resolución que admite para su trámite la demanda.
Emplazamiento: Dándoles audiencia común de 15 días, los sujetos procesales
públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto
Actitudes de los demandados:
1. Excepciones previas: 5 días de emplazamiento: incompetencia,
litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de
personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada,
transacción. Se tramitan en incidente. Declaradas sin lugar, el plazo para
contestar la demanda será de 5 días siguientes a la notificación del auto
que resuelve el incidente.
2. Rebeldía: contestada en sentido negativo
3. Contestación de la demanda: Puede contestarse + o -. La contestación
negativa deberá ser razonada en cuanto a fundamento de hecho y de
4. Allanamiento: se dicta sentencia. Si el memorial de allanamiento va con
firma legalizada no será necesario ratificar.
5. Excepciones perentorias: se interponen con la contestación negativa de
la demanda, se resuelven en sentencia
3. Reconvención: en caso de Controversias derivadas de contratos y
concesiones administrativas, se plantea con la contestación de
demanda, en los mismos casos que se plantea en el proceso civil.
Apertura a prueba: 30 días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, en
donde no abrirá a prueba, al igual que cuando existan elementos de convicción
suficientes en el expediente. La resolución en que se omite la apertura a
prueba será motivada.
Vencimiento anticipado: El período de prueba podrá declararse vencido, al
recibirse los medios de prueba ofrecidos.
Vista: al vencer período de prueba, se señalará día y hora para la vista
Auto para mejor fallar: Plazo que no exceda de 10 días, indicando en dicho auto
las pruebas que se han de practicar, las que se efectuarán con citación de
Sentencia: Revoca, confirma o modifica el acto o resolución cuestionada. El
tribunal no está limitado por lo impugnado o agravio invocado.
Reparaciones pecuniarias: Si el contencioso se planteó por Contienda por actos
y resoluciones de la admón., entidades descentralizadas y autónomas del
Estado, el tribunal puede condenar a los funcionarios responsables al pago de
reparaciones pecuniarias, por daños y perjuicios ocasionados, cuando se
hubiere actuado con manifiesta mala fe, sin perjuicio de la obligación solidaria
Remisión de antecedentes: Al estar firme la resolución que puso fin al proceso,
el expediente se devuelve, con certificación de lo resuelto.
Cumplimiento: La sentencia señalará plazo prudencial al órgano administrativo
que corresponda, para ejecutar lo resuelto. La sentencia es ejecutable en VA
(ante tribunales civiles o económico coactivos, según el caso)

References: resolución 

Artículo 134
 resolución 
 artículo 138

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

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