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Timestamp: 2019-09-17 03:49:53+00:00

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Logran diputados acuerdos para equilibrio presupuestario en Sonora – Pasión por los Negocios
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En busca de un contrapeso que obligue al Poder Ejecutivo a brindar información oportuna al Legislativo en materia de impacto presupuestario, la LXII Legislatura aprobó por mayoría reformas y adiciones a las leyes orgánicas de ambos poderes, y a la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
Esta iniciativa fue presentada de manera conjunta por los grupos parlamentarios de MORENA y del Partido Acción Nacional, y durante la discusión en el Pleno contó con la adhesión de las bancadas del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social y de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
“Nos preocupa la falta de regulación, que hace que el proceso legislativo se interrumpa al depender del Ejecutivo del Estado para que nos emita su opinión y evaluación del impacto presupuestal de las iniciativas que se presenten ante este Congreso para su aprobación”, establece uno de los considerandos de la iniciativa.
Este asunto, que se consideró de urgente y obvia resolución para que no fuera enviado a comisión, a propuesta del diputado Eduardo Urbina Lucero, plantea la importancia de contar con un correcto equilibrio de poderes en el Estado, para lo cual se fijan plazos y requisitos para contar con la estimación del impacto presupuestario, por parte de la Secretaría de Hacienda, tal y como tienen para la presentación de las leyes y presupuestos de ingresos y egresos a esta Soberanía de la siguiente manera:
· Se establece un plazo de 24 horas para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso del Estado de Sonora la estimación del impacto presupuestario de las iniciativas que le soliciten;
· Se establece el plazo de 24 horas para que el Presidente del Congreso del Estado solicite la estimación de impacto presupuestario de las iniciativas que se reciban; y
· Se establecen los requisitos que deberá de incluir la estimación del impacto presupuestario.
En esta sesión ordinaria se aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de modificar el catálogo de los conceptos contenidos en dicha legislación, para lo cual se amplía el concepto de violencia contra las mujeres mediante la adición de violencia obstétrica y la que atenta contra los derechos reproductivos de la mujer.
El dictamen presentado por las comisiones para la Igualdad de Género y de Salud, en forma unida, se fundamenta en la iniciativa presentada el pasado periodo ordinario por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, quienes propusieron reformas y adiciones al Artículo 5 de la referida Ley.
También se tomó en consideración la iniciativa presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez ante la Diputación Permanente, con una propuesta similar a la de los legisladores de Nueva Alianza, de establecer la figura de violencia obstétrica, por lo cual las dictaminadoras las resolvieron en el mismo dictamen.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el término violencia de género se usa a menudo para destacar que gran parte de la violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades de género que perpetúan el estado de subordinación jurídica, social o económica en que se encuentran las mujeres en la sociedad.
Además por considerar que a nivel mundial, las formas más comunes de violencia contra la mujer incluyen: violencia infligida por la pareja y otras formas de violencia familiar; violencia sexual; mutilación genital femenina; feminicidio, incluidos los asesinatos en defensa del honor y los relacionados con la dote; tráfico de personas, incluida la prostitución forzada y la explotación económica de niñas y mujeres; y la violencia contra la mujer en situaciones de emergencias humanitarias y conflictos.
La Ley de Salud y la que crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora fueron modificadas en esta sesión ordinaria, al aprobarse el Decreto que, con base a iniciativa de los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, que tiene la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la salud a todos los habitantes del Estado de Sonora, sin importar el lugar en el que residan o se encuentren dentro del territorio sonorense.
Se establecen en el marco jurídico del Estado las herramientas que ya existen a nivel federal y en otras entidades federativas, y que son necesarias para ampliar el concepto de atención médica, e implementar, de manera homologada, programas de lo que se conoce como Telesalud, e-Salud o Cibersalud, términos que se utilizan para referirse a la incorporación de medios tecnológicos para la prestación a distancia de los servicios relacionados con la salud.
Se incluyen diversos conceptos específicos relacionados con este tema, como son: telemedicina, telediagnóstico, telemonitoreo, teleducación, entre otros, y se le da fundamento legal y fortalecimiento al Centro de Atención Telefónico de la Salud, el cual opera desde 2018 en el Hospital General del Estado, y que se encarga de brindar atención y apoyo a los pacientes, gestionar su ingreso al hospital, clínica o centro de salud correspondiente, para que no se dificulte su llegada y atención oportuna en los lugares a los que se dirigen.
Y para que se formalicen las Unidades de Riego dentro de la Ley de Agua del Estado de Sonora, con el objeto de que puedan tener acceso a los programas de gobiernos Federal y estatal, así como créditos en instituciones bancarias para mejorar la infraestructura, equipamiento, productividad y, junto con ello, la eficiencia del uso del agua al asegurar las siguientes temporadas de siembra, el Pleno aprobó el Decreto que reforma y adiciona dicha legislación.
El dictamen, que se elaboró con base a una iniciativa del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, establece que dichas disposiciones traerán grandes beneficios para las comunidades rurales sonorenses, así como para el desarrollo económico del Estado, en lo general, además de que permitirán garantizar los derechos humanos de la sociedad sonorense relacionados con esta materia.
La Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa presentó a la asamblea un dictamen mediante el cual se resuelve desechar diversos escritos que le fueron turnados y otros se remiten a diversas comisiones de dictamen legislativo, al registrarse un número determinado de planteamientos y solicitudes a esta Soberanía para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, intervenga o se pronuncie sobre una diversidad de temas que ya fueron atendidos o se encuentran desfasados, así como aquellos que por su naturaleza deban turnarse.
El Acuerdo aprobado establece el desechamiento de algunas de las solicitudes referidas y serán remitidas aquellas que deban ser del conocimiento de otras comisiones de dictamen legislativo. Se desechan los folios: 401, 497, 548, 580, 744, 783, 801, 1111 y 1146, correspondientes a la LXII Legislatura, y se remiten otros folios a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos del Trabajo, Transporte, Justicia y Derechos Humanos, Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
También a las de Presupuestos y Asuntos Municipales, Seguridad Pública, Asuntos Indígenas, Primera y Segunda de Hacienda, de Vivienda, Educación y Cultura, todos correspondientes a folios de la LXII Legislatura.
En el desarrollo de la sesión, la asamblea aprobó por mayoría el Decreto que reforma el Artículo Segundo Transitorio al Decreto número 40, que autoriza al municipio de Cajeme, Sonora, para que gestione y contrate, en las mejores condiciones del mercado y en una o varias etapas, el otorgamiento de uno o varios financiamientos que incluyan hasta la suma de 33 millones de pesos para la realización de obras que constituyen inversiones públicas productivas.
También para la contratación de un monto adicional hasta el 2.5 por ciento de la cantidad anterior para cubrir conceptos adicionales por gastos y accesorios derivados del o los empréstitos enunciados, de acuerdo a la iniciativa con proyecto de Decreto presentada por el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño.
Turnan iniciativas a comisiones y aprueban acuerdos
En esta plenaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas presentadas por diversos legisladores, la primera de ellas a cargo del diputado Martín Matrecitos Flores, quien propuso reformar la fracción IX del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que el Ejecutivo del Estado realice, por conducto de la Secretaría de Hacienda, los dictámenes de impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Congreso y publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Dicho dictamen deberá ser tomado en cuenta por la dependencia al momento de elaborar el presupuesto de egresos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal o realizar los ajustes al mismo, en vigor al momento de ser aprobada la Ley o Decreto. Asimismo realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que las comisiones del Deporte y Segunda de Hacienda, en forma unida, estudiarán la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado.
El diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz planteó la importancia de sentar las bases para la creación de un fondo estatal de apoyo al deporte, el cual, con la participación pública, así como de la iniciativa privada y el sector social, se pueda lograr apoyar aún más e impulsar el deporte en la entidad.
“Se considera sumamente necesaria la presente reforma, con la finalidad de que los deportistas sonorenses tengan la plena seguridad de que cuando nos representen fuera del Estado, tendrán los medios y recursos necesarios para hacerlo”, aseveró.
El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó en esta ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 263 BIS-1 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de incrementar en diez años la pena mínima a quien cometa el delito de feminicidio.
“Como sociedad debemos trabajar en distintos aspectos para terminar con la violencia en todo nuestro país, principalmente con los feminicidios. Todos debemos aportar desde nuestra trinchera para lograrlo: el Poder Ejecutivo debe realizar acciones tendientes a promover la erradicación de la violencia; el Judicial apegarse a las normas para condenar estos delitos y, por nuestra parte, en este Poder Legislativo debemos realizar las reformas necesarias que puedan aportar para que los feminicidios no sigan ocurriendo”, expresó.
Propuso pena corporal de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la presentada por la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 136 de la Constitución local.
Expuso que en Sonora se generan condiciones de exclusividad para el aprovechamiento de las playas y otros bienes de uso común, que excluyen de su disfrute a la mayoría de la población, por lo cual planteó establecer el derecho de toda persona a acceder y disfrutar de las playas y bienes inmuebles de uso común, imponiendo la obligación de las autoridades municipales de preservar y mejorar dichos espacios.
“En el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas tendientes a cubrir las lagunas legales que permiten un aprovechamiento indebido de las playas que son bienes de uso común, pero paralelamente, las autoridades federales, estatales y municipales deben urgentemente establecer sanciones ejemplares a quienes impidan o limiten el acceso o el disfrute de dichos espacios, y garantizar la accesibilidad desde la vía pública a los inmuebles de propiedad nacional”, externó.
Enseguida se aprobó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo exhorta a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la CONAPESCA, para que en el marco del inicio de la temporada de pesca del camarón, a partir del 21 de septiembre en las bahías de Sonora, se destinen recursos, programas y apoyos especiales para los trabajadores de este sector del mar.
La diputada Rosa María Mancha Ornelas indicó que se trata de garantizar a las familias de los pescadores un suministro alimenticio, es decir, lograr que tengan el alimento seguro en el tiempo promedio que permanezcan en alta mar, en función de un apoyo coordinado por parte de las autoridades estatales y federales correspondientes, con base al registro del padrón de pescadores que tienen su permiso expedido por autoridades de las capitanías de puerto.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad, con una adición que hizo el diputado Lázaro Espinoza Mendivil, a efecto de que el Poder Ejecutivo estatal incluya en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, recursos para contar con seguro de vida de los pescadores, en virtud de que no reciben ningún tipo de ingreso.
Otro Acuerdo aprobado por la asamblea resuelve exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales, a efecto de que se avoquen a dar pronta solución a la problemática de contaminación, desabasto y estudios de calidad del agua potable que reciben los habitantes del municipio de Nacozari de García, Sonora, a propuesta del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.
El legislador respaldó su propuesta con una serie de videos en los que habitantes del referido Municipio muestran el agua potable que sale de las llaves y manifiestan su preocupación ante esta situación, ya que no es apta para el consumo humano, por lo que el promovente sostuvo que se trata de una situación preocupante, ya que se está ante un problema de salud para sus habitantes al recibir el vital líquido con agentes contaminantes.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Carlos Navarrete Aguirre, ante un problema similar que ocurre en el municipio de Ónavas, Sonora, cuya Presidenta Municipal, dijo, le solicitó la intervención de este Poder Legislativo para que se solucione el problema.
“Hago un llamado a los diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura para que se sumen a la solicitud hecha por los ciudadanos antes señalados y, de esa forma, abonemos todos, en la parte que nos corresponde, en la solución de la lamentable situación en la que se encuentran los habitantes del municipio de Nacozari de García”, aseveró.
Y para incluir la figura del divorcio sin expresión de causa o divorcio exprés, la diputada Gricelda Lorena Soto Almada presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia, por considerar que es necesario implementarlo, pues la legislación en derecho familiar sólo contempla el divorcio necesario.
“Lo anterior ya no se apega a la realidad jurídica que impera en el país en el tema de divorcio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió, mediante jurisprudencia, que todas las legislaciones que contengan la necesidad de acreditar alguna causal para efectos de decretar el divorcio, son inconstitucionales”, expresó.
Agregó que basta la voluntad de una de las partes para que se decrete el divorcio, pues obligar a los cónyuges a acreditar alguna de las causales establecidas en la legislación, en muchas ocasiones torna más ríspida la resolución entre los consortes, al tener que ventilar su vida privada ante un tribunal, además de que se atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, quien tiene derecho a construir su proyecto de vida en la forma y términos que considere conveniente a sus intereses. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Como penúltimo punto del orden del día, a nombre de los integrantes de la LXII Legislatura, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un posicionamiento en relación a la celebración del 195 aniversario de la anexión de la Federación de Chiapas a México.
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References: resolución 
 Artículo 5
 Artículo 79
 Artículo 263
 Artículo 136
 resolución