Source: https://redsolhonduras.blogspot.com/2018/06/
Timestamp: 2019-10-16 09:21:36+00:00

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Red Solidaria con la Resistencia en Honduras: junio 2018
HONDURAS: Defensores: Berta Cáceres: Quien Es y Como Vivio // Gremios de periodistas señalan que no observan interés del Estado hondureño en fortalecer el Mecanismo de Protección // Honduras: Comunicado de fin de misión: La tortura, una realidad oculta que urge abordar // Las luchas de los pueblos de La Paz, Valle y Choluteca son comunes // Mesa de DDHH exige sanción para jueza que se parcializó con policías torturadores // Malestar en el sector campesino por el desvío de fondos de la SAG en caso “Pandora” // El Congreso, la Corte y Almagro han sido los tropiezos de la MACCIH, según informe de CLALS // Amenaza y oportunidad de la crisis que provocará Trump (3) Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Berta Cáceres: Quien Es y Como Vivio
El 2 de marzo, 2018, marca el segundo aniversario del asesinato de Berta Caceres. En el Honduras de hoy dia, el anti-democratico y corrupto, represivo y violento Honduras de hoy, apoyado por los Estados Unidos, Canada y otros actores de la “comunidad internacional”, obviamente no se ha hecho justicia por este crimen politico, ni menos por cientos de Hondurenos asesinados y matados desde el golpe del 2009.
Fue el 2 de marzo, 2016, que asesinaron a Berta Caceres, una gran mujer Lenca de La Esperanza, Intibuca, en el occidente de Honduras. La asesinaron por quien es, por como vivió, como resistió y luchó durante toda su vida. Por su vida, sicarios irrumpieron en su vivienda y la mataron a balazos.
A la vez, intentaron a matar a Gustavo Castro, un defensor de la madre tierra y de los derechos humanos de Mexico. El visitaba a Berta y su organizacion COPINH. Le alcanzaron con dos balas, y por poco no murio; los asesinos huyeron en la noche, dejando a Gustavo en su propio sangre, Berta muerta en el cuarto a la par.
Le mataron todas las personas e instituciones económicas y políticas contra cuya codicia e intereses ella vivió, quedo firme y luchó. Berta vivió luchando en contra de todas las injusticias, todas las desigualdades, todas las discriminaciones, y todas las actividades que destruyen la Madre Tierra.
Fue asesinada …
* por los 500 años de imperialismo Europeo racista, violento y despojador,
* por los 200 años de intervenciones militares, explotación, corrupción e impunidad de Estados Unidos,
* por las generaciones de “gobiernos” Hondureños violentos, explotadores, racistas y sexistas, todos con el respaldo de la “comunidad internacional”: los Estados Unidos, Canadá, las grandes corporaciones globales, el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc.
Berta fue asesinada …
* por una eternidad del patriarcado,
* por los siglos de racismo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y las Américas,
* por los tratados de “libre comercio” concebidos por la codicia e impuestos por la violencia,
* por la avaricie interminable inherente a las corporaciones globales e inversionistas, respaldados siempre por la riqueza y el poder de las naciones adineradas y “democráticas” (muchos de los cuales miembros del despreciable club de los G-8) que explotan, reprimen y denigren al “tercer mundo”, que crean, establezcan y luego se burlan de las llamadas “repúblicas bananeras”,
* por el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc. – instituciones creadas y dominadas por esas mismas naciones adineradas, poderosas y “democráticas”.
* por las corporaciones y los inversionistas que conciben al mundo – sus bosques y su tierra, sus recursos naturales, sus ríos, aguas y aire, sus pueblos y toda forma de vida – como si fueran objetos explotables y descartables, para luego robar, matar y destruir vigorosamente para ganarse sus millones y miles de millones,
* por los infames monopolios bananeros (la empresa United Fruit, etc.) y los magnates del ferrocarril de los siglos 1800 y 1900;
* por los productores de la palma africana (de la Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial) y la caña de azúcar para los consumidores globales de “energías verdes” (el etanol y el biocombustible);
* por las maquiladoras explotadoras de la mano de obra barata (Gildan Inc., etc.);
* por los enclaves turísticos exclusivos (operados por el “rey del porno” Canadiense Randy Jorgensen, etc.) violentamente desplazando a los pueblos Garifunas de sus tierras comunales en la costa norte de Honduras;
* por las empresas mineras (Goldcorp Inc., Aura Minerale, etc.) que desgarran la Madre Tierra para los especuladores del oro, que envenenan las aguas del Valle de Siria y la sangre de sus pobladores, que despojan a los pobladores y hasta sus muertos en Azacualpa para alcanzar aun mas oro.
* por la “Guerra contra las Drogas”, creada, financiada y armada por los Estados Unidos, que tomó las situaciones antidemocráticas, injustas, corruptas y violentas en Honduras (Guatemala, México, etc.) y los empeoró, mientras que el consumo de drogas en los Estados Unidos se aumenta, mientras que se incrementen las ganancias que reciben los fabricantes de armas, mientras que se incrementa el dinero de los impuestos que se destinen a los ejércitos y fuerzas ‘especiales’ en varios países,
Y más recientemente, Berta fue asesinada …
* por el golpe de estado de junio de 2009, respaldado por los Estados Unidos y Canadá, que destituyó un gobierno elegido democráticamente para devolverle el poder a los mismos élites que por tanto tiempo dominaron y abusaron de Honduras; quienes una vez en el poder nuevamente, lo tomaron todo y lo empeoraron todo, usando la represión como un arma de terrorismo y control social, contratando a sicarios para señalar y asesinar a tantos cientos de personas desde el golpe de estado, personas como Berta.
Nueve años después del golpe de estado, Honduras tiene la mayor tasa de homicidio per cápita en el mundo, y entre las tasas más altas de represión, feminicidio, asesinato de periodistas, corrupción e impunidad en las Américas. Ignorando o hasta negando todo lo anterior, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá firman tratados de “libre comercio” y promueven la expansión de nuestras compañías e inversiones mineras, en turismo, maquiladoras, bananeras, etc.
Los Motivos Por Los Que Vivió, Se Defendió Y Luchó?
Por usted, por mí y por todas y todos. Por todos los derechos humanos, colectivos e individuales, de todas las personas en todos los países.
Por todas formas de vidas, y por la Madre Tierra misma – el suelo, los campos y los bosques, el aire y el agua, en este planeta tierra solitaria y preciosa.
Me siento apesadumbrado por los hijos, la madre, las hermanas, los hermanos, la familia y las amigas y amigos de Berta en La Esperanza, en Honduras y por todas las Américas. De nuevo este orden mundial humano en que vivimos ha destrozado una parte de nuestros corazones.
Y mientras que una parte de nosotras y nosotros se muere con Berta, una gran parte de Berta sigue viviendo.
¿Qué hacer? Hagan lo que hubiera hecho Berta, lo que siempre hizo. Vivan, resisten y luchen todas y todos juntos. Tómense de las manos. Busquen y apoyen a las innumerables víctimas de esta orden global infame. Y siempre, vivan, defienden y luchen en contra de todas las injusticias y desigualdades, todas las discriminaciones, todas las actividades que destruyen a la Madre Tierra, y por otro mundo que es necesario y posible.
Gremios de periodistas señalan que no observan interés del Estado hondureño en fortalecer el Mecanismo de Protección
Monday, 25 June 2018 12:31 Written by Salvador Monroy Published in Monitoreo de compromisos internacionales
En la foto el periodista Cesario Padilla es reprimido por policías cuando cubría el conflicto en la UNAH
Tanto el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como la Asociación de Prensa Hondureña, APH, esperan que el Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, se fortalezca para beneficio de los sectores víctimas de violaciones a los derechos humanos, de parte de los entes agresores.
Una de las mayores deficiencias detectadas por los gremios periodísticos es la falta de financiamiento, el cual es insuficiente para brindar protección a los afectados y la falta de interés de parte del Estado en querer fortalecerlo para darle respuestas concretas sobre investigaciones y resover los casos de agresiones y resolver los casos de las muertes de periodistas y comunicadores sociales.
Dagoberto Rodríguez-CPH
Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras,(CPH), Dagoberto Rodríguez, contar con un Mecanismo de Protección para periodistas eso ya es un avance el cual hace años no existía.
“El Mecanismo de Protección a Periodistas ya es un avance, antes no lo teníamos, ya hay un mecanismo al cual acudir, yo personalmente fui objeto de amenazas a muerte y en cierto momento tuve que salir del país, aunque no existía en aquel momento, por lo cual yo tuve que acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”.
Rodríguez dijo que “hoy no es necesario acudir al Comisionado, tenemos un Mecanismo de Protección que nos permite acudir a él, recibir medidas de protección por parte de las autoridades y eso es importante y creemos que ya es un avance, además se creó la Fiscalía Especial para casos de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia y yo creo que es otro avance importante”.
Aunque indicó que no solamente es importante contar con una institucionalidad, también los es la investigación de los casos que afectan a los periodistas y comunicadores sociales del país.
“Nosotros hemos demandado investigación en los casos de periodistas amenazados, agredidos y asesinados y creemos que esta fiscalía puede ayudar mucho a resolver esos casos y a reducir esa alta impunidad que existe en los casos de periodistas, a quienes se les han violentado sus derechos”, estableció.
Rodríguez indicó que como gremio “el Colegio de Periodistas ha tomado acciones particularmente por la crisis post electoral, por un lado, ha venido demandando la resolución de los casos de asesinatos a periodistas. Nos henos reunido con fiscales, ministros de seguridad y con otras autoridades para presionar que se resuelvan los asesinatos de periodistas”.
Destacó que con las agresiones, amenazas e intimidaciones, “nosotros presentamos en enero de este año en esta gestión una denuncia formal por amenazas, intimidaciones y agresiones a periodistas y que están allí en el Ministerio Público, para que se investigaran estos casos contra los responsables, porque habían amenazas, intimidaciones y agresiones por parte del Estado, de soldados, policías y por parte de miembros de la Alianza de Oposición”.
Señaló que el CPH ha presentado denuncias que “abarcan a directores, jefes de redacción, coordinadores que estaban siendo amenazados y también a periodistas de UNETV, HispanTV, Televisión Azteca y otros medios de comunicación, que durante las protestas fueron agredidos por las fuerzas del orden”.
De acuerdo al representante de los periodistas se han hecho varias propuestas para eficientar al Mecanismo de Protección.
“Sí, particularmente que se mejore el presupuesto del Mecanismo de Protección porque sentimos de que el presupuesto de 24 millones de lempiras es insuficiente para darle atención a la gran cantidad de defensores de los derechos humanos que han solicitado medidas de protección, así como a periodistas. Actualmente hay alrededor de 55 periodistas y comunicadores sociales que han solicitado medidas de protección”, detalló.
“El año antepasado tuvimos una reunión con el Presidente del Congreso Nacional, le planteamos e incluso le entregamos una propuesta, para que se aumentara el presupuesto del Mecanismo de Protección, igualmente se lo planteamos al Presidente de la República para que se le mejoren las finanzas, hemos planteado que los trámites y particularmente lo que tiene que ver con la resolución de los casos, el Mecanismo debe ser mucho más expedito y menos burocrático, de modo que se puedan atender inmediatamente los casos que se presentan, para que las personas que están solicitando medidas de protección no corran perligro”, manifestó el representante del CPH.
Agregó que “otra petición del Colegio ha sido que se cree una unidad de investigación para que las denuncias de solicitudes de protección no se queden como una denuncia nada más sino que se investigue , para que se determine de dónde proceden estas amenazas, que se capture y se judicialice a los responsables”.
Rodríguez declaró que las solicitudes de protección que han presentado ante el Mecanismo de Protección han sido resueltas.
“La mayoría han sido aceptadas, de hecho el Colegio ha presentado casos, yo personalmente de hecho he llevado casos al Mecanismo de Protección, se les han otorgado medidas de protección. Una colega que recientemente tuvo que salir del país por amenazas se le estuvieron dando medidas de protección. Hay otras también que el Colegio tramitó que también están recibiendo medidas de protección”, detalló.
Para el también periodista, “la ley establece que en casos concretos donde la amenaza o agresión no tiene nada que ver el ejercicio de la profesión se rechazan las medidas de protección, sin embargo en los casos que nosotros hemos tramitado sí se han aceptado casi todos”, indicó.
Sobre las estadísticas que maneja el CPH, señaló que hay 33 periodistas con medidas de protección hasta junio de este año y que aumentaron a raíz de la crisis pos electoral, asimismo hay 22 comunicadores sociales bajo ese régimen. En total son 55 entre periodistas y comunicadores que gozan de protección en el sistema.
Dagoberto Rodríguez mencionó que la mayoría de casos de agresiones contra los periodistas se generan en las principales ciudades del país, en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“Hay casos también en Colón, en La Ceiba y Tela, en donde hemos conocido de casos personales de amenazas muy delicadas, gente que está allá, pero que igual tienen medidas de protección. Generalmente los casos se dan más acá en Tegucigalpa y con la crisis post electoral se dio un incremento en las solicitudes de protección para el Mecanismo, particularmente de aquí de la capital de la República y San Pedro Sula”.
Sobre los casos registrados en el presente año dijo “hay bastantes , aunque no tengo el número exacto, pero la información que tenemos es que entre diciembre, enero y febrero aumentaron las solicitudes de protección para periodistas”.
Sobre las autoridades que dirigen el Mecanismo de Protección, Rodríguez informó que anteriormente “estaba la abogada Nora Urbina quien renunció por motivos personales, sin embargo ya en la última sesión que tuvimos en mayo pasado, se nombró al nuevo director, a través de la asamblea que resolvió nombrar a Danilo Morales”.
“Él no es fiscal pero tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos”, finalizó.
Carlos Ortíz-APH
En tanto el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña,(APH), Carlos Ortiz, dijo hay mucho camino por recorrer y por hacer dentro del Mecanismo de Protección.
“Es una buena iniciativa, sin embargo hay muchas cosas por hacer. Hemos estado insistiendo que el Mecanismo de Protección debe tener todos los recursos financieros por parte del Estado para poder accionar en forma inmediata en el tema de protección y salvar vidas de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que aunque la ley propone un mecanismo diferenciado para los operadores de justicia, no obstante, si es importante que estén acogidos al Mecanismo de Protección, porque desde el punto de vista del Estado, igual no es funcional” dijo.
Ortíz apuntó que “se han hecho intentos con la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la Organización de Estados Americanos,OEA, para ver si es posible que podamos definir y hacerlo lo más viable posible como a un mecanismo diferenciado, pero ha sido casi imposible”.
“El Consejo Nacional de Protección en cuanto a las acciones, se hace lo que se puede, sin embargo se necesita una voluntad política del Estado, en este caso del Presidente de la República. Recientemente tuvimos una reunión de forma conjunta en el Consejo Nacional de Protección y demandamos un proceso de investigación, también porque hay una falencia del Ministerio Público en el tema”.
Argumentó que se ha creado la unidad de investigación para cuando los periodistas son agredidos o asesinados, “pero imagínense, ni siquiera fiscales de investigación tiene esta unidad, eso significa que se crean las instancias legales pero no hay personal técnico adecuado, hay algunas falencias que deben de ser subsanadas desde el Estado mismo y el Consejo Nacional de Protección. Desde el Consejo Nacional de Protección se hacen esfuerzos pero hay mucho que hacer”.
De acuerdo a Ortiz, “tanto desde los representantes de la sociedad civil, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa Hondureña, se han estado haciendo estos reclamos permanentes como tener mayores recursos financieros para el tema de protección, sin embargo hasta ahora se siguen manejando los ingresos de la Tasa de Seguridad que son 10 millones más otros 10 millones que son aportados por el Estado”, detalló.
También se necesita mucha voluntad política, declaró “yo creo que este tema es interesante porque cuando haya voluntad habrá un Mecanismo de Protección más eficiente”.
Según el representante de la APH, se han tenido algunos intercambios con el Mecanismo de Protección de México al cual visitaron recientemente y dijo que allí, “la Sociedad Civil juega un papel muy importante. Acá la Sociedad Civil que somos tres gremios, la Asociación de Fiscales y de Jueces, más dos representantes de la Sociedad Civil, hacemos lo que se puede pero a veces uno se siente un poquito debilitado”.
Sobre los casos que ha presentado la APH, ante el Mecanismo de Protección, Carlos Ortíz señaló que “hemos llevado casos de Danlí, de un colectivo, otro caso de Comayagua y el último que es uno reciente de Juticalpa, Olancho, que lo interpusimos ante el director del mecanismo por una violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión de la misma policía que es parte del Mecanismo de Protección, así que hemos estado utilizando el Mecanismo de Protección”.
Apuntó que “en los últimos casos que la Asociación de Prensa ha presentado, dos de ellos han sido resueltos, probablemente el otro está en proceso porque es más reciente”.
Sobre los datos que la organización maneja destacó que son 305 solicitudes de medidas de protección, de los cuales sólo 74 no se admitieron y sí se le dio trámite a unas 231.
“Para el caso concreto de periodistas y comunicadores sociales tenemos acogidos al mecanismo de protección 38 periodistas y 22 comunicadores, de ellos hay 15 operadores de justicia que están protegidos dentro del Mecanismo de Protección y estos son datos al 30 de mayo del presente año”.
En cuanto a las nuevas autoridades del Mecanismo de Protección, Ortiz dijo que “ahora está Danilo Morales en el cargo, luego de que renunciara la abogada Nora Urbina. Morales es un persona que tiene alguna experiencia en Derechos Humanos y que fungió como Director de la Unidad de Análisis de Riesgo del Mecanismo de Protección, así que estaremos pendientes si logramos un mayor empuje del Mecanismo de Protección porque insisto, debe ser tratado como los demás entes o dirección, se trata de protección y de salvar vidas y sería como un llamado también a evitar el trámite engorroso, administrativo y financiero”, finalizó.
Honduras.- Una delegación internacional compuesta por expertos internacionales e integrantes de organizaciones de derechos humanos que provienen de Argentina, Guatemala y Suiza[1] ha visitado Honduras entre 18 y el 22 de junio de 2018 para verificar la situación de la tortura en el país y las medidas adoptadas por parte de las instituciones del Estado para erradicarla y garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.
Las luchas de los pueblos de La Paz, Valle y Choluteca son comunes
Mesa de DDHH exige sanción para jueza que se parcializó con policías torturadores
Por derogarse la Ley del Consejo de la Judicatura, se debe aplicar una desfasada Ley de Tribunales de 1905, que verifique la conducta de la jueza Gabriela Gallo..
Ariel Diaz, (al fondo) Hedme Castro y Carlos del Cid, frente a la CSJ.
Tegucigalpa, Honduras. – La Mesa de Derechos Humanos solicitó a la Inspectoría de Tribunales que sancione a la jueza Gabriela Gallo, por emitir un fallo parcializado a favor de tres altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva que torturaron a diestro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes universitarios el pasado 08 de septiembre.
Tras el fallo emitido el viernes pasado en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, el grupo de organizaciones aglutinadas en esta Mesa considera que la jueza incurrió en los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por lo que se procedió a denunciarla ante esta instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles 06 de junio.
La Jueza Gabriela Cristina Gallo, favoreció en su totalidad a los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres Y Marlon Agustín Vásquez Palma, a pesar de que se le presentaron unas 200 pruebas de la culpabilidad de los uniformados que actuaron dentro de los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuando las y los defensores iban a descarta a los defensores de la Educación Pública.
“Esperamos una investigación seria, eficaz e imparcial contra la resolución emitida por la jueza Gabriela Gallo, la cual consideramos parcializada, que falta a los estándares internacionales sobre independencia judicial y consideramos que tiene un contenido discriminatorio, estigmatizante y de doble juzgamiento hacia la labor de los defensores y defensoras de Derechos humanos” Ariel Díaz.
Cabe mencionar que todavía no hay una legislación actualizada para resolver este tipo de situaciones, porque se derogó mediante un Recurso de Inconstitucionalidad la ley del Consejo de la Judicatura que establecía todas las causales para sancionar a jueces y juezas que cometían faltas administrativas.
Por lo que, “nos estamos remitiendo a la Ley de Tribunales de 1905, es una norma totalmente desactualizada a los parámetros de Estado de Derecho, y de acuerdo con esta norma lo que procede es que la Inspectoría de Tribunales investigue la conducta de Gabriela Gallo, desde el vocabulario utilizado en la resolución y luego que emita una sanción que puede ser hasta el despido” explicó el abogado Edy Tábora, coordinador del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), parte de la Mesa de Derechos Humanos.
También se presentó una denuncia por el delito de Prevaricato, ante el Ministerio Público, porque se considera que es conducta penal, la tomada por la jueza Gallo. Estas son algunas de las acciones que se harán para que el caso no quede en la impunidad, declaró a www.defensoresenlinea.com el defensor y víctima de los policías, Carlos del del Cid.
Del Cid, tiene daños irreversibles en cuanto a salud física, perdió parte de la visión del ojo izquierdo al ser rociado directamente por el gas lacrimógeno de manos de los comisionados a quienes identificó como Colindres y Aguilar, ese 08 de septiembre, sus constancias médicas fueron emitidas por el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), y ni a éstas le tomó seriedad la jueza.
La Mesa de DDHH “considera que la resolución de la jueza Gallo está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales antes mencionados”.
La arbitrariedad de Gallo no es oculta
Los defensores fueron privados de libertdad al menos 30 horas, por acompañar a estudiantes de la UNAH, el 08 de septiembre del 2017.
El expediente No. 3054-2017, del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, contiene por escrito las arbitrariedades de la Jueza Gallo, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos, expresaron los defensores en un plantón realizado frente a la CSJ, en Tegucigalpa.
Con la resolución los oficiales Aguilar Godoy, Colindres y Vásquez Palma quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado, afirmó la Mesa Nacional de DDHH.
Las investigaciones contra la Jueza Gallo deben ser prontas, expeditas e imparciales, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas que son al acceso a la justicia, el Debido Proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.
“Es sumamente doloroso para nosotros tener que recurrir a una denuncia para que una juez haga su trabajo y evidentemente coludida con los victimarios de los defensores de DDHH, con su acción lo que ha hecho es fortalecer la impunidad del país y ponernos en alto riesgo” Hedme Castro
También solicitaron que esta dependencia de la CSJ examine la conducta de la funcionaria y de comprobar que la misma no es conforme a derecho, a la ética de una funcionaria judicial y de estar al margen de la ley, que se establezca la respectiva sanción administrativa contra la Jueza.
La operadora de Justicia en 2015 tomó el caso los estudiantes universitarios Cesario Padilla, Sergio UIloa y Moisés Cáceres, tras la recusación por violentar la ley de la jueza de letras de lo penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Unidad ante las arbitrariedades
Mesa Nacional de DDHH
La Mesa de Derechos Humanos surgió en septiembre pasado, ante las arbitrariedades de los policías contra Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Ariel Díaz, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos (JDH); María Tomasa “Tomy” Morales, defensora y periodista de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); y Hedme Castro, directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participativa).
En el microbús, propiedad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las defensoras lograron abordar a ocho estudiantes que huían del arresto policial en el operativo “Apolo III” creado para desalojar la Ciudad Universitaria, tras varios meses de protestas sociales.
En total diez estudiantes tienen medidas sustitutivas a la prisión y están bajo la custodia de sus representantes legales; uno tiene orden de captura y más de 85 jóvenes, Carlos del Cid, Tomy Morales y Ariel Díaz, fueron criminalizados, y sobreseídos el 27 de septiembre del 2017.
Los estudiantes víctimas de los policías son José Bustillo, Santos Ruíz, Bryan González, Noé Portillo, Edwin Salas, Cristian Sanabria, José Portillo y Marcio Silva a quien se le libró orden de captura por estar previamente procesado siempre por la defensa de la UNAH y los derechos de tres compañeros, que ayer cumplieron un año de ser condenados por la CSJ acusados de espacio en perjuicio de la Alma Mater.
Este proceso de criminalización ha sido acompañado por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que se pide a la Inspectoría de Tribunales que se tome declaración al representante de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de Derechos Humanos (OACNUDH), CONADEH, y de Embajadas e Instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta emitida por Gabriela Gallo.
El Estados no puede limitar la labor de los y las defensoras de DDHH
Policías acusados por ataques contra defensores de DDHH y ocho Estudiantes de la UNAH. Imagen- Sandra Rodriguez
En su Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2006) y el Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2011), la Comisión indicó que el respeto y garantía del derecho a la integridad personal y el derecho a la vida están directamente relacionados con el libre ejercicio de la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos.
Por eso, los Estados tienen la obligación de no interferir con el disfrute de estos derechos y de actuar de manera razonable para prevenir las amenazas, agresiones y hostigamiento en contra personas defensoras de derechos humanos.
En estos mismos informes, la CIDH también ha destacado que las y los defensores de derechos humanos deben gozar de una protección adecuada que garantice que no serán objeto de injerencias indebidas para ejercer su derecho de circulación y residencia.
La CIDH ha señalado que las obligaciones del Estado a este respecto incluyen, entre otros: abstenerse de limitar, por cualquier medio, el trabajo en donde se puede recopilar información de campo; y facilitar los visados para el acceso a otra jurisdicción para aquellos casos en que las personas defensoras de derechos humanos deben viajar en el curso de su trabajo.
OACNUDH preocupada porque diputados cuestionados por corrupción votarían en la elección del nuevo Fiscal
Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresó su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos, que la Junta Proponente remitió ayer al Congreso Nacional.
OACNUDH lamenta que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
En comunicado público la OACNUDH reiteró lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló el Relator Diego García-Sayán.
En esta nueva etapa a cargo del Congreso Nacional, la Oficina considera fundamental que dicho Poder del Estado realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley.
La Oficina considera, que el plazo de dos meses, hasta el vencimiento del mandato del actual Fiscal (Septiembre 2018), es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social.
Finalmente, la Oficina comparte la preocupación expresada por el Relator Especial en relación a “que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”, y exhorta al Congreso Nacional a adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho.
La Oficina desea destacar la importancia de que esta elección contribuya al fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción.
Tuesday, 19 June 2018 14:49 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
Foto Viva TV Honduras Foto: confidencial.hn
Detalló también que “si le echamos otra mirada al Congreso Nacional, vemos denunciada a la red de diputados, al presidente del Congreso Nacional,
asmismo si nos vamos a la Corte Suprema de Justicia nos damos cuenta de la forma en que se eligió esa Corte en el Congreso Nacional y del repudio que hay en cuanto a la MACCIH se refiere y de toda la pretención de querer desarticular la UFECIC-MP y luego este reciente escándalo del Partido Nacional que dirige el Presidente de la República, entonces vemos que no hay por dónde pasar”.
Concluyó en que “una solución para salir de esta crisis, es ir a nuevas elecciones generales, democráticas, transparentes, participativas y honestas ó la Asamblea Nacional Constituyente originaria para reorganizar u ordenar toda la institucionalidad del país y castigar a los culpables para que no hayan más actos de corrupción como los que están presentando actualmente”, finalizó.
Nuevos poderes éticos y viejas prácticas políticas
No podemos negar que estamos frente a cambios importantes y reales en materia de poder hegemónico en las últimas décadas. El poder y las manos que lo sujetan al parecer siguen intactos. Tenemos una realidad de multicausalidades que está generando diferentes y nuevas formas de micro poderes y nuevos acreedores de esos micros poderes.
Esto facilita una dicotomía extraña: existen más grupos que pueden acceder más fácilmente a esos poderes, pero también esa variedad de grupos con su proliferación de intereses, están imposibilitando que quienes no tengan los recursos y estrategias claras y concretas, no accedan a esas microcuotas de poder. Todo esto está provocando que entre las expectativas de la población y lo que realmente se puede lograr, sea una brecha cada vez más evidente.
La pérdida de confianza de la ciudadanía en la política y en los avances sociales del país, hacen necesarias microacciones, que se apoyen en redes y microeventos en los que con conexión e implicación colectiva consigan pequeños resultados poderosos e inspiradores. Necesitamos ejemplos, hechos y acciones por encima de palabras y discursos. El peso ideológico está quedando en segundo plano y se vuelve importante trazar alianzas con posibles actores que tengan acciones posibles.
Hay que sopesar las estrategias que los partidos políticos, nuevos y viejos, han desarrollado a lo largo de estos años. ¿En qué cosas han sintonizado con las realidades de los ciudadanos?, ¿han sabido canalizar las demandas y expectativas de la ciudadanía o por el contrario siguen manteniendo la premisa de ver a la ciudadanía como votante y no como elector?
Dentro de todas las diversidades y una cultura de diálogo permanente se deben poner algunas coincidencias y consensos para sacar al país de los atolladeros políticos y sociales en los que están metidos quienes gobiernan. Así se pueden generar mínimos acuerdos que apunten a un proceso de soberanía desde los micropoderes populares y sociales.
Es imperante buscar salidas y entradas que puedan dar estabilidad para los próximos años, de no ser así, el grupo de JOH empuja al país hacia un “hara kiri político social” ya anunciado por las propias acciones impulsadas por su gobierno.
Las crisis que hemos ido enfrentando en Honduras, tanto económica, política como social, deberían despejarnos el camino para los próximos años: cualquier proceso que tenga como fin la búsqueda de soberanía y democracia será esencial para la gobernanza desde la dignidad y solidaridad de los pueblos.
Pocas familias y grupos empresariales se han aprovechado de momentos claves en Honduras para concentrar el poder
Monday, 25 June 2018 13:42 Written by Salvador Monroy Published in Contexto
La transición política hacia la democracia en 1982 y la económica al neoliberalismo en 1990, fueron los factores claves para que pocas familias y grupos empresariales concentraran poder político y económico en Honduras, provocando la destrucción sistemática voluntaria y planificada de las instituciones, según las conclusiones de la investigación “Élites, Redes de Poder y Régimen Político en Honduras”, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Oxfam Honduras, presentada en Tegucigalpa este 25 de junio de 2018.
Estos grupos son señalados de elegir presidentes, magistrados, funcionarios, diputados y hasta alcaldes, a la vez son los que toman las decisiones para controlar el futuro político y económico del país.
“A lo largo de los últimos 40 años quienes encabezan este grupo de poder han sido Jaime Rosenthal (Grupo Continental); Carlos Kattán (Industria textil maquiladora); Camilo Atala Faraj (Grupo Ficohsa); Gilberto Golstein (Grupo Atlántida); Eduarco Kafati (Grupo Interur) ; Angelo Botazzi y Masry Asfura Zablah (Industria de la Construcción).
Según Marvin Barahona, investigador principal del estudio, hay una barbarie institucional de destrucción de todo el Estado por estos grupos para su beneficio personal.
Wednesday, 27 June 2018 00:19 Written by Dina Meza Published in Contexto
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, señaló su preocupación por la falta de transparencia y publicidad en la selección de la nómina de los cinco candidatos para el cargo de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público, según un comunicado público difundido este martes 26 de junio de 2018.
La Junta Proponente entregó este 26 de junio al Congreso Nacional el informe de la nómina de los cinco seleccionados para ocupar los cargos de Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto donde figuran Abraham Alvarenga Urbina; Carlos Roberto Cálix Hernández; Daniel Arturo Sibrian Bueso; Hermes Omar Moncada y Lidia Estela Cardona.
La OACNUDH cuestiona el hecho de que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales
OACNUDH expresa su preocupación por la falta de publicidad en la conformación de la Nómina de 5 candidatos y llama al Congreso a un análisis exhaustivo de los perfiles
Tegucigalpa, Honduras, 26 de junio de 2018. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, expresa su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos, que la Junta Proponente ha remitido este día al Congreso Nacional.
OACNUDH lamenta, que la Junta Proponente no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas y al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales, que contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos.
OACNUDH reitera lo señalado el pasado 18 de junio por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, en relación a la labor de la Junta Proponente en la conformación de la nómina.
Hernández habla en EE.UU. de restaurar la democracia en Venezuela
Tegucigalpa.-Un comunicado de la Casa Blanca establece que en la reunión sostenida en Washington hoy entre el el jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, “los dos líderes reafirmaron su grave preocupación por el impacto desestabilizador de la crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar la democracia en este país”.
Hernández ha hecho el señalamiento contra el gobierno venezolano pese a que internamente no ha logrado legitimar su segundo gobierno, el que asumió en medio de protestas y serias denuncias de fraude y violación a la Constitución, porque la reelección se adoptó mediante un fallo del Poder Judicial.
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El vicepresidente Pence agradeció al presidente Hernández por su apoyo a Israel y la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y los dos líderes reafirmaron su grave preocupación por el impacto desestabilizador de la crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar el país a la democracia: Comunicado de la Casa Blanca.
El texto de la Casa Blanca refiere además que el vicepresidente Pence agradeció Hernández por su apoyo a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí su embajada.
El 20 de diciembre del año pasado Honduras votó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en consonancia a los intereses de los Estados Unidos, sobre la capital israelí. A los dos días de la votación en la ONU, el Departamento de Estado reconoció a Hernández como el ganador de las polémicas elecciones del 27 de noviembre.
Analistas consideraron en su momento que el reconocimiento del supuesto triunfo de Hernández, era el pago de Estados Unidos por el voto de Honduras en la ONU.
En abril pasado el Parlamento hondureño aprobó una moción para trasladar su embajada a Jerusalén. Hasta el momento Guatemala ha sido uno de los pocos países que han seguido los pasos de EE.UU. y en mayo inauguró su embajada en Jerusalén.
SEGURIDAD, CORRUPCIÓN Y MIGRACIÓN
El comunicado señala además que la reunión de Mike Pence y Juan Hernández fue para reforzar “la sólida asociación entre Estados Unidos y Honduras, con un enfoque particular en fortalecer nuestra relación de seguridad, reafirmando un compromiso con la lucha contra la corrupción y trabajando conjuntamente para abordar la migración”.
La reunión se llevó a cabo en el ala oeste de la Casa Blanca en la Oficina del Vicepresidente y estuvieron presentes además de Mike Pnece y Juna Hernández, la canciller, María Dolores Agüero y el el embajador de Honduras en Washington, Marlon Tábora. (Foto oficial de la Casa Blanca)
El Vicepresidente Mike Pence se reunió hoy con el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández para reforzar la sólida asociación entre Estados Unidos y Honduras, con un enfoque particular en fortalecer nuestra relación de seguridad, reafirmando un compromiso con la lucha contra la corrupción y trabajando conjuntamente para abordar migración. El vicepresidente Pence agradeció al presidente Hernández por su apoyo a Israel y la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y los dos líderes reafirmaron su grave preocupación por el impacto desestabilizador de la crisis en Venezuela y la necesidad de restaurar el país a la democracia.
El Congreso, la Corte y Almagro han sido los tropiezos de la MACCIH, según informe de CLALS
En la mesa principal, el autor principal del informe: “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, profesor, Charles T. Call.
Tegucigalpa.-El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido las estructuras del Estado que han gestado reveces a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), según un informe presentado hoy por el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de American University (CLALS, por sus siglas en inglés).
“Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, es el informe que en 60 páginas descifra los vaivenes de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante sus dos primeros años de funcionamiento para desentrañar las redes de corrupción en Honduras, donde además se reconoce que el Poder Ejecutivo ha sido parte de ese entramado para debilitar a la Misión.
El documento refiere que el Congreso “pareciera estar empeñado en aprobar únicamente leyes que impidan que la MACCIH colabore efectivamente en los casos anticorrupción, en lugar de aprobar las leyes que ha propuesto”.
En ese entramado de malas intenciones, se precisa de varios reveces legislativos que han afectado el buen funcionamiento de la Misión, entre los que se citan, la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto, más conocida como “pacto de impunidad”, los trastoques que se le hicieron a la Ley de política limpia, la no derogación de la Ley de Secretos Oficiales, la no aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
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El informe refiere que la Corte Suprema de Justicia ha disminuido algunos cargos en casos de corrupción, y ha demostrado estar dispuesta a no aplicar el peso de la ley para funcionarios y ex funcionarios de la misma manera que para el resto de la ciudadanía que cumple sus penas en las cárceles del país, antes y después de sus juicios.
“Y más allá del debilitamiento de la MACCIH por el Ejecutivo, el Congreso La Corte, el futuro de la Misión depende crucialmente del próximo Fiscal General. Ahora que el Presidente Hernández y el Partido Nacional han mostrado su gran influencia sobre los tribunales y el Congreso, el Ministerio Público es uno de los pocos mecanismos potenciales de rendición de cuentas sobre el Poder Ejecutivo, apoyado por la propia MACCIH. La selección del Fiscal General es, pues, crucial para el éxito de los esfuerzos anticorrupción en general y de la MACCIH en el futuro”, establece el documento.
El documento precisa que además de las instituciones hondureñas, “la política de la MACCIH ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente”.
El Futuro de la MACCIH enfrenta duros retos en distintos frentes al comenzar su tercer año de operaciones. El principal reto es el fallo de la Sala de lo Constitucional dictaminando que la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) no es constitucional, señala.
Fue una movida astuta por parte de la Sala Constitucional dictaminar que el convenio de la MACCIH es constitucional, y a la vez lograr eliminar a su socio más importante al dictaminar que UFECIC es inconstitucional: Reflexión del informe.
El liderazgo de la MACCIH todavía es interino (y así, efectivamente, dejando solamente un fiscal en el equipo, mientras la otra fiscal maneja la misión interinamente), dice el informe al referirse a la vocera interina, Ana María Calderón Boy, ya que al momento de la redacción del texto el gobierno hondureño no había aceptado la designación de Luis Antonio Guimarães.
A la presentación del informe: “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, asistieron diferentes sectores de la sociedad hondureña.
Descargue aquí el informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”,
Al hacer una comparación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG), se concluye que la MACCIH no logró ninguna condena en sus primeros dos años, sino que fue hasta en su segundo año, especialmente con la creación de la Ufecic, que logró acusaciones en sus dos casos de más alto perfil-contra cinco parlamentarios y contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Reconoce que la Misión se benefició del trabajo realizado previamente por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Sin embargo, la oposición entre las élites políticas aumentó en 2017, ya que el Congreso no aprobó leyes importantes.
La reelección controversial del presidente Hernández, que muchos analistas y la mayoría de los hondureños creen que fue a través de fraude, profundizó las tensiones entre la OEA y el gobierno y socavó la fe en el sistema democrático, incluyendo el Estado de derecho en el país, cita el estudio.
El informe “Dos años de MACCIH: Avances y Desafíos”, se construyó con base a docenas de entrevistas con funcionarios hondureños, funcionarios estadounidenses, representantes de la OEA y de múltiples organizaciones de la sociedad civil, al igual que en reportes de prensa y comunicados oficiales del gobierno hondureño y los reportes oficiales de MACCIH.
El l informe analiza además el contexto en el cual la MACCIH fue creada, y su desempeño y avances, así como los obstáculos que se fueron presentando por parte del gobierno hondureño y las elites políticas y económicas, y sorprendentemente, los obstáculos presentados por la misma organización creadora de MACCIH – la OEA.
El documento refiere que el gobierno de EE. UU., ha manifestado su apoyo a la MACCIH, al igual que otros países donantes. Sin embargo, su futuro se ve sombrío si la cooperación internacional no manifiesta su apoyo con mayor contundencia, y si en las próximas elecciones del Fiscal General el fiscal electo no es una figura fuerte e independiente.
El documento apunta además que no ha quedado claro si el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le otorgará más autonomía al nuevo vocero y si eliminará algunos de los obstáculos financieros y de gestión que se han puesto en evidencia en estos dos años.
El documento se presentó en el marco de un evento copatrocinado por el CLALS y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). El profesor Charles T. Call, profesor asociado de la Facultad de Servicio Internacional de American University, es el autor principal del informe.
El rector de Unitec, Marlon Brevé, se dirige a los presentes.
Posterior a la presentación del informe hubo un panel integrado por Ana María Calderón, vocera interina de la MACCIH; Yahvé Sabillón, diputado por el Partido Libre y coordinador del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH; Odir Fernández, jefe de investigación del CNA; Marlon Brevé, rector de Unitec y Gabriela Blen, dirigente del Movimiento Indignados y fundadora del Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA).
El descubrimiento del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social HSS) en el 2015 fue la chispa que condujo a la creación de la MACCIH a raíz de las movilizaciones de las antorchas que exigían la renuncia del presidente, Juan Hernádez, luego que éste admitiera que parte de los fondos dilapidados habían servido para financiar su campaña política de 2013.
La población exigía en las calles una comisión internacional auspiciada por las Naciones Unidas, similar a la CICIG. Sin embargo Hernández planteó hábilmente la Misión de la OEA y el 19 de enero de 2016 firmó el convenio junto con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y en abril de ese mismo la instancia comenzó a operar.
En el caso de MACCIH, ahora parece claro que fue un error acceder a las demandas del gobierno que Luis Almagro asumiera el liderazgo de la misión y, en lugar de un jefe, tuviera cuatro coordinadores de área en Tegucigalpa.
Desde el punto de vista político, el depender de la OEA dificultó mucho el trabajo de MACCIH, situación que la CICIG no experimentó, por ser una misión apoyada, pero no manejada, por la ONU.
La trayectoria política de la MACCIH ha puesto en evidencia a una OEA débil y dividida, dirigida por un Secretario General impulsivo e inconsistente.
El solo haber acusado a ¡cinco! diputados de la oposición, literalmente solo la punta del iceberg de la corrupción legislativa, fue suficiente para provocar una reacción virulenta del Congreso que le cerró a la MACCIH y al Fiscal General la posibilidad de investigar a los legisladores corruptos del pasado y presente.
Después del derrocamiento de un presidente electo en 2009, la cuestionable reinterpretación de la cláusula de no reelección de la Constitución, y el aparente fraude en las elecciones del 2017, es claro que se necesitan más medidas para crear un sistema electoral que goce de la confianza de la población, como manifestaron la OEA, la UE y otros organismos internacionales.
junio 27, 2018 Redaccion
Tegucigalpa. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que han tenido lugar recientemente. La CIDH y la OACNUDH expresan su preocupación ante la situación de riesgo en la que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y el incremento de hechos de violencia y ataques en su contra.
A Jero I, que será buen profesor
Su hueste esta feliz. ¿Que bueno que por fin están jodiendo a esos spics? Las elecciones del midterm aun no lucen aplastantes. (No esta a la vista una avalancha demócrata.) Don D.T. se enfrenta al Senado, que no quiere cederle licencia a un consorcio chino de comunicaciones. Al bucloso –así decimos aquí- lo tienen sin cuidado las acusaciones de corrupción contra un par de ministros y la fundación de su familia. No le importa que los liberales reprendan la inhumana separación de los niños migrantes, para obligar a concertar una ley mas dura de migración y aprobar el financiamiento para el muro, que no le quiso pagar México. Si lo critica la ONU peor para ella. Mientras tanto, atribuyéndose mejoras económicas efímeras y aprovechando el engañado aplauso por el acuerdo de Singapur, cuando Corea del Norte ya comenzó a estorbar la concreción de las buenas intenciones, Trump ¡acelera la recolección de fondos de campaña para un segundo periodo! ¿Quién daba un daime por él? ¿Se queda?
El éxito de la economía estadounidense decimonónica fue fruto del libre comercio interno y la protección. La unión de las colonias en 1793 detonó la primera disputa, porque los estados del Sur querían libertad para importar manufacturas del mundo y los del Norte, protección para su industria incipiente. Y la consolidación, por fuerza de armas, de la Unión de los estados en 1860 habría permitido que los EUA se convirtieran en un gran mercado integrado y exclusivo. Pero cuando los EUA pasaron a ser principal protagonista de la Segunda Revolución Industrial, antes de fines del s. XIX, ya buscaban mercados y materia prima afuera. Aun si insistían -entrado el s. XX- en proteger su plantel, su prosperidad dependía ya de la expansión del mercado externo. Sus mogules jugaban a construir ferrocarriles que antes construían los ingleses y a defender el tráfico del opio en China. El doble estándar hipócrita del aislacionismo suponía que los EUA se podían lucrar del comercio mundial, y de la subordinación de amplias geografías, sin asumir responsabilidad, fuera de asegurar el pago. Para eso estaban las cañoneras e intervenciones de los marines). Aunque no debían participar en guerras entre potencias que rivalizaban por las utilidades del orden imperial.
(Ya en los 50s, las clases dominantes aliadas y los ejércitos nativos –a los que EUA reclutaba, armaba, entrenaba y adoctrinaba– garantizaban la hegemonía ante cualquier reto o contradicción, sin recurrir a las armas estadounidenses. En los 60s se aisló a Cuba con el embargo y la CIA organizó golpes contra todos los regimenes surgidos para acatar exigencias populares.)
Sin ser pitiyanqui sin embargo, ni pensar en ingles, la integración exitosa de las economías del Continente era lo más prometedor del nuevo siglo para todos. Generó una nueva eficiencia de todo el sistema y estuvo asociada a un crecimiento sin precedentes de 1941 a 1980. Aunque quedaban pendientes el libre movimiento del capital y el de las poblaciones que -acoplados a un proceso de transferencia de tecnología- suponían una lenta pero continua nivelación de los salarios. No obstante, para los 1980s, un enorme déficit comercial acumulado arrinconaba a los EUA.
Trump surge en la política, ante ese dilema, aprovecha la fisura en el establishment, iza de nuevo la causa del proteccionismo y el desmantelamiento del mercado mundial integrado. Pero el nuevo proteccionismo de EUA no solo contradice la raíz original de su prosperidad, es una contradicción directa de la tendencia global del último siglo. Coincide en eso Trump –otra paradoja- con el rechazo de la izquierda y el reclamo de W. Sanders contra lo que llaman globalización. Y postula que los EUA estarán mejor produciendo lo que ocupan, sin desplazar inversión ni aceptar migración. Esa política reduce la competitividad del todo, anula los retos que mantienen saludable al sistema y solo podrá ganar en un sector lo que pierde en otro. Hoy, a todos nos empobrecerá.
Ni America Latina ni Europa son responsables del déficit comercial de los EUA ni, para el caso, China. (Lo que tendría que hacer EUA -como estado- es disminuir gradualmente su gasto, invirtiendo en áreas que aumentan la productividad, la educación, la salubridad, la infraestructura útil, para producir más y financiar compensaciones graduales de ajuste. Bajo Trump va a gastar más, en armas improductivas y fantasías como el muro.) La política de proteger su mercado contra esa competencia con impuestos esta equivocada, va a fracasar y a resultar contraproducente. Ejemplo, el encarecimiento del acero en la aduana, aumentará los precios de muchos derivados domésticos que tampoco podrán exportarse. Retroceder en la integración o intentar volver al pasado resultara costosísimo. Ya lo resiente el mercado que estaba animado. Las aduanas recogerán más impuesto pero la gente perderá su poderde compra y las economías ligadas perderán eficiencia y mercados
Lógicamente los socios nativos de los estadounidenses perderán influencia y control. Eso pasó a inicios de los 80s y el proceso engendró nuevos retos. Chávez -que fundó el MBR 200 justo entonces- y el Sandinismo surgieron como válvulas de escape del neoliberalismo y de la política hegemónica. Y en vista de que la derecha local no podía con ellos, a inicios de los 80s Reagan organizó una guerra ilegal para neutralizar peligros, comenzando por aislar y aplastar a la Revolución Sandinista, aislándola, saboteándola, rodeándola de bases y armando al contra. Era imperativo preservar la hegemonía fracturada. Hoy D.T. busca asustar, para compensar las perdidas inminentes de control y de mercados. ¡Puede terminar haciendo una pataleta equivalente!
Red latinoamericana y del Caribe demanda a Trump la anulación de la política “tolerancia cero”
Tegucigalpa.-Representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC) se pronunciaron contra el plan “tolerancia cero” que establece políticas contrarias a derechos humanos. Destacaron la necesidad urgente de la articulación a nivel regional para enfrentar las políticas del Gobierno de los Estados Unidos y la urgencia de crear un Mecanismo Transnacional de Protección Especial de Niñez Migrante.
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De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Interna (DHS, EE. UU) proporcionada al Senado, desde la implementación del plan “tolerancia cero” el 6 de mayo y hasta el 19 de junio, 2.342 niñas, niños y adolescentes han sido separados de sus familias y permanecen en más de 100 centros de detención, ubicados en 17 estados de la nación del norte.
“Rechazamos con profunda indignación estas políticas; y los tratos crueles y humillantes que incluso podrían configurarse como tortura; y exigimos la suspensión inmediata del plan “tolerancia cero”, dijo el secretario ejecutivo de REDLAMYC, Juan Martín Pérez García.
Llamó a los Estados de la región a articularse de forma urgente y a establecer un Mecanismo Transnacional de Protección Especial a la Niñez Migrante, que ofrezca una respuesta real y sostenida a la crisis humanitaria desde los países de origen a través de sus instituciones y programas de atención a la niñez; y evite paulatinamente que sea un tema de seguridad nacional y agentes migratorios.
Pérez García resaltó que las políticas migratorias existentes “no reconocen los factores estructurales que generan la salida masiva de familias completas de países como México o países en Centroamérica.”
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN) en Honduras apuntó que su país es uno de los más desiguales del mundo con más del 67% de pobreza y exclusión social, donde la sociedad solo es atendida con el 10% de los recursos del gobierno, lo que obliga a familias, niñas, niños y adolescentes a abandonar el país, no solo por violencia, sino por la falta de oportunidades de educación de calidad, salud, empleo, entre otros. Señaló que el Estado de Honduras debe exigir a su contraparte norteamericana el fin inmediato de las prácticas inhumanas y el cese del plan “tolerancia cero”.
Entre tanto la gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), en El Salvador, Georgina Ramos, mencionó que las imágenes mostradas son indignantes, y llevan a recordar los campos de concentración. La separación y detención realizada por las autoridades norteamericanas “afecta de forma psicosocial, criminaliza y afecta el derecho humano a migrar además de que genera un daño irreparable que puede incluso ser irreversible en niñas y niños; el sufrimiento humano de niñas, niños y sus familias no debe ser visto como mercancía de negociación”.
Ramos consideró que se trata de una campaña orquestada por el Gobierno de los Estados Unidos que busca generar terror y miedo para reducir la migración “el principal fundamento de cualquier política migratoria es la seguridad humana y lo que está ocurriendo es lo contrario: políticas deshumanizantes, violatorias de derechos humanos.”
Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) en Guatemala dijo que la situación lleva a repensar la necesidad de acciones articuladas, no solo nacionales, sino medidas internacionales y subregionales, estableció que “la migración es un derecho, separar a las familias, separar a niñas y niños y enjaularlos, eso, es un crimen”.
Rivera apuntó que las causas estructurales que obligan a niñas y niños a migrar son las violencias, la pobreza y reunificación familiar “adolescentes en Honduras y Guatemala han expresado que, en sus países, sus sueños nunca se podrán cumplir, lo que hace notar que hacen falta políticas estructurales que den oportunidades a familias, niñas y niños.”
Isabel Esteinou, Secretaria Técnica de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza Mx), recordó que México es un país de tránsito, por lo que señaló que “es necesario hacer un extrañamiento contundente para que el gobierno mexicano establezca una posición de indignación al mismo tiempo que esta sea una oportunidad de revisar sus propias políticas migratorias violatorias de derechos humanos”, así como su trato hacia los migrantes centroamericanos, de manera que se establezcan las negociaciones y se logre una solución conjunta con los países en Centroamérica.
Alicia Vargas, presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) dijo que la condición de emergencia “es una violación absoluta a los derechos humanos y un chantaje que van en contra del pacto mundial en derechos humanos”.
Solicitó de manera urgente la anulación del plan “tolerancia cero” y el desistimiento de que niñas y niños sean rehenes. Exigió al gobierno mexicano actué con mayor contundencia y en solidaridad con los gobiernos de Centroamérica.
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El Presidente Trump recibió un contundente y generalizado rechazo de la comunidad internacional, que le forzó a modificar su decreto de separación de las familias migrantes. Sin embargo, sólo se compromete a no separar familias, sin dejar claro la cancelación de las condiciones humillantes de confinamiento en campos de concentración y uso de jaulas metálicas.
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