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Sentencia A.P. Barcelona 478/2010 de 16 de septiembre. Tráfico. Accidente. Aseguradora. Responsabilidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Barcelona 478/2010 de 16 de septiembre
Accidente de tráfico: Acción de indemnización por razón de los perjuicios sufridos a consecuencia de un accidente de circulación al ser arrollada la motocicleta que pilotaba la recurrente por un camión que no tuvo en cuenta a la hora de maniobrar los «ángulos muertos»
ROLLO N.º 149/2009-A
JUICIO ORDINARIO N.º 1139/2007
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 50 DE BARCELONA
SENTENCIA N.º 478/2010
D.ªINMACULADA ZAPATA CAMACHO
En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de septiembre de dos mil diez.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario n.º 1139/2007, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona, a instancia de D.ª Vicenta, representada por el Procurador de los Tribunales Don Ricard Simó Pascual, contra D. Juan María, D. Cesareo y ALLIANZ, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representados por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 14 de noviembre de 2008, por el Juez del expresado Juzgado.
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo integramente la demanda formulada por la representación procesal de doña Vicenta contra don Juan María, don Cesareo y ALLIANZ, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y absuelvo a los demandados de todas las pretensiones de la misma, e impongo a la actora las costas procesales devengadas en este proceso.".
Segundo.-Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso mediante escrito motivado; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
Tercero.-Se señaló para votación y fallo el día 10 de junio de 2010.
Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales excepto el plazo para dictar la presente.
VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª INMACULADA ZAPATA CAMACHO.
Primero.-Con argumentos que como se verá en gran medida hemos de compartir, se alza D.ª Vicenta frente al pronunciamiento íntegramente desestimatorio de la demanda origen de las presentes actuaciones contenido en la sentencia apelada. Insiste la recurrente en la procedencia de la acción allí ejercitada por razón de los perjuicios sufridos a consecuencia del accidente de circulación ocurrido el 12 de julio de 2006 al ser arrollada la motocicleta que pilotaba por el camión matrícula....- WNV propiedad de D. Cesareo, camión que conducía el codemandado D. Juan María y que en aquella fecha se encontraba asegurado en Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros SA.
Segundo.-Hemos de partir aquí de la premisa de nos encontramos en el ámbito de los daños personales derivados de un accidente de tráfico, ámbito para el que, a diferencia de lo que ocurre con los daños materiales, el artículo 1.1 LRCySCVM dispone que "el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo (...)", responsabilidad de la que "sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo". Acoge pues el legislador, con la consiguiente inversión de la carga de la prueba, el carácter cuasi-objetivo de este tipo de responsabilidad por razón del riesgo que genera la conducción de vehículos de motor en aras a conseguir el resarcimiento de la víctima.
Tercero.-Es indiscutido que el siniestro que nos ocupa se produjo al reanudar la marcha el camión....- WNV tras cambiar a fase verde el semáforo que le afectaba en la Plaza Comín de esta ciudad sin apercibirse el Sr. Cesareo de que, en el espacio existente entre él y el que le precedía, se había detenido la motocicleta pilotada por la Sra. Vicenta. Todo el juicio ha girado en torno a los "ángulos muertos" del camión que, en versión de los demandados, habrían impedido a su conductor advertir la presencia de la moto. Pero es evidente que, de existir tales "ángulos muertos", quien creó la situación de riesgo fue el conductor del propio camión que debía conocerlos y obrar en consecuencia, prestando la precisa atención al espacio libre circundante y extremando las precauciones a los fines de evitar un suceso como el producido, máxime cuando es tan habitual en la circulación urbana la presencia de motocicletas y ciclomotores. Nótese que incluso el perito D. Rubén que, a instancia de los demandados, emitió el informe unido a los folios 231 a 256 hubo de admitir en el acto del juicio la probabilidad de que, antes de situarse en su posición final, pasara "en algún momento" la moto por el campo de visión del retrovisor del camión, hipótesis que confirmó el agente que compareció a ratificar el atestado elaborado por la Guardia Urbana unido a los folios 43 a 53 de los autos.
En cambio, la ahora recurrente no realizó ninguna maniobra irregular ni incurrió en infracción reglamentaria alguna. No otra conclusión cabe alcanzar a la vista del antedicho atestado donde se constató la desatención y exceso de confianza del conductor aquí demandado al reanudar la marcha. El único reproche que se dirige allí a la Sra. Vicenta es haberse situado "en el espacio reducido existente entre dicho camión y el que le precedía (...)", por entender los instructores que debió aquélla "prever que su conductor reanudaría la marcha sin haberse percatado de su presencia al cambiar la fase del semáforo a luz verde". Nos parece evidente sin embargo que no tenía por qué anticiparse la motorista a la indiscutible imprudencia de la contraparte para, por tal vía, hacer recaer sobre ella en todo o en parte la responsabilidad del siniestro cuando, estando detenida en posición que no cabe sino calificar de reglamentaria, literalmente fue arrollada por el camión.
Se revocará en consecuencia la sentencia apelada.
Cuarto.-Indemnizaciones por incapacidad temporal y por lesiones permanentes
Para la fijación de la suma postulada en la demanda por razón de los días de curación de las lesiones y secuelas derivadas del accidente, según informes del médico forense en el juicio de faltas previo y de alta hospitalaria obrantes a los folios 66 a 69, pretende la apelante la aplicación del baremo vigente en la fecha de curación de las primeras (año 2007) y no el correspondiente a la del siniestro. Pretensión que ha de ser acogida a la vista de la doctrina sentada en la sentencia del Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2007 conforme a la cual hay que estar a la norma vigente en la fecha de determinación de las secuelas (alta definitiva). Por tanto, se reconocerán a la Sra. Vicenta las siguientes cantidades:
-11.092'50 euros en concepto de indemnización por el periodo de incapacidad temporal (diez días de hospitalización y otros 208 impeditivos).
-30.124'48 euros por razón de las secuelas (limitación de la flexión plantar y dorsal, imposibilidad de realizar inversión y eversión, cicatriz hipertésica, talalgia/metatarsalgia) valoradas en 20 puntos, más 12 puntos de perjuicio estético, con el incremento del 15'19% (4.575'90 euros) por aplicación del factor de corrección por perjuicios económicos previsto en el baremo atendiendo a los ingresos por trabajo personal de la víctima en el ejercicio 2005 (34.263 euros), en total, por tanto, 34.700'38 euros.
La indemnización final por estos conceptos queda fijada en consecuencia en 45.792'88 euros.
Quinto.-Lucro cesante
Postula además la apelante la condena de los demandados al resarcimiento del lucro cesante padecido durante el periodo de incapacidad temporal, de conformidad con la doctrina sentada en la STC de 29 de junio de 2000 al existir culpa relevante del demandado y ser superior el perjuicio económico sufrido al que resultaría de la aplicación del factor de corrección que prevé el apartado B/ de la Tabla V del baremo (1.648'95 euros).
La Sra. Vicenta, licenciada en Psicología y Filosofía y profesora lectora de Técnicas de Ideación en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cuantifica el perjuicio ahora analizado en un total de 10.102'54 euros, conforme al siguiente desglose: 1/ 5.312'74 euros por no haber podido realizar una colaboración académica con la Escola Superior de Relacions Públiques adscrita a la Universidad de Barcelona, colaboración que realizó el año anterior y para la que había sido propuesta también el curso 2006/2007 (v. justificantes aportados a los folios 148 y 149); 2/ 1.200 euros por no haber podido participar como ponente en el "Curso sobre la Creatividad" organizado por el I Campus de Verano de las Artes de Guía previsto para los días 17 al 28 de julio de 2006 en Santa M.ª de la Guía (Gran Canaria) (v. documentos unidos a los folios 150 a 156) y, 3/ 3.589'80 euros por no haber podido presentar la correspondiente solicitud para optar al complemento por tramos de docencia estatal y autonómica tras la convocatoria realizada en diciembre de 2006 por la Universidad Pompeu Fabra (v. folio 157).
La pretensión analizada ha de prosperar. Recordemos que la STC de 29 de junio de 2000 declaró la inconstitucionalidad del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la LRCSCVM (factor de corrección por perjuicios económicos en incapacidades transitorias), entre otras razones, por no ser apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva en aquellos supuestos en que el conductor ha de responder, no por razón del riesgo creado, sino en virtud de culpa relevante. A consecuencia de esta sentencia, se incorporó al Anexo de la Ley una explicación para la Tabla V que exceptúa de su aplicación el caso en "que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada", supuesto éste en el que el importe de la indemnización ha de venir determinado por los perjuicios efectivamente probados si son superiores, como es el caso.
Se reconocerá por tanto a la apelante la cantidad de 10.102'54 euros.
Sexto.-Daño moral
Reclama la actora la cantidad de 14.000 euros por los siguientes conceptos:
-Pérdida de una Estancia en la Universidad de La Laguna (Tenerife) de julio a diciembre de 2006 para la que había sido invitada la recurrente a los fines de realizar un programa de investigación sobre Psicología de la Creatividad aplicada a los Medios de Comunicación Audiovisual y sobre los procesos de generación de ideas en la publicidad y en el cine (v. documento obrante al folio 162). Se valora este perjuicio en 4.000 euros.
-Pérdida de otra Estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona de febrero a mayo de 2007 para la que fue invitada la Sra. Vicenta en septiembre de 2006 por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (v. documento unido al folio 163). Se valora asimismo este perjuicio en 4.000 euros.
-Imposibilidad de realizar las pruebas de habilitación nacional convocadas por el Consejo de Coordinación Universitaria mediante resolución de 7 de septiembre de 2005, en concreto, para concurrir a la convocatoria de 23 habilitaciones de profesores titulares de universidad en el área de conocimiento "Comunicación Audiovisual y Publicidad"; prueba a la que había sido admitida la apelante y a la que no pudo acudir por no encontrarse preparada teniendo en cuenta que permaneció de baja hasta mediados del mes de febrero de 2007 y el acto de presentación de candidatos se señaló para el siguiente día 6 de marzo (v. documentos obrantes a los folios 164 a 179). Se valora este perjuicio en 6.000 euros.
Para justificar la pretensión ahora examinada, argumenta la Sra. Vicenta por una parte que, aunque las estancias en las universidades de La Laguna y Autónoma de Barcelona no eran remuneradas por lo que no sufrió pérdida de ingresos, hubieran redundado en un mayor prestigio profesional y académico con la consiguiente mejora de su currículum y, por otra, que por razón del accidente perdió al menos la oportunidad de obtener una plaza de profesora titular universitaria al no haber podido acudir a la correspondiente prueba de habilitación nacional. No se formula por tanto esta reclamación en concepto de lucro cesante futuro por lo que no resulta de aplicación la doctrina sentada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010 según la cual, aunque el perjuicio derivado de la disminución de ingresos de la víctima a consecuencia de incapacidad permanente no es susceptible de ser resarcido íntegramente, sí puede ser compensado (en la forma proporcional que se detalla en la propia resolución) por encima de lo que pueda resultar de la aplicación combinada de las Tablas III (indemnizaciones básicas por lesiones permanentes) y IV (factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes) del baremo cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de excepcionales y que determinen un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido.
Sentado lo anterior, es claro que la pretensión que ahora nos ocupa no puede prosperar. Porque, según el baremo de la LRCySCVM, 1/ en la indemnización básica diaria establecida para la incapacidad temporal se encuentran incluidos los daños morales, contemplándose únicamente como factor de corrección el incremento por razón de perjuicios económicos y, 2/ las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes comprenden el daño moral, de manera que sólo se prevén allí los "daños morales complementarios" como factor de corrección ("Sólo en estos casos será aplicable", reza el correspondiente apartado de la Tabla IV) "cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos", supuesto que no es, obviamente, el de autos.
Acogiendo en consecuencia parcialmente tanto la demanda como el recurso, se condenará de forma solidaria a los demandados a que abonen a la actora la suma de 55.895'42 euros, suma que devengará los correspondientes intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial (arts. 1100,1101 y 1108 CC).
Séptimo.-Niega la aseguradora demandada la obligación de responder de los intereses previstos en el artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro (12 de julio de 2006). A tales fines, se refiere Allianz a la consignación efectuada en el juicio de faltas previo y argumenta que en cualquier caso habría existido causa justificada para la demora en el pago de la indemnización acreditada de contrario.
Nula viabilidad cabe reconocer a semejantes argumentos. Ante todo, porque la suma consignada en el proceso penal (limitada, además, a 4.412 euros), tras recaer sentencia absolutoria, fue devuelta a la compañía, que no la reiteró en los presentes autos en coherencia, por lo demás, con la circunstancia de que, como principal motivo de oposición a la acción de contrario ejercitada aunque en franca contradicción con la implícita asunción allí de un 50% de la responsabilidad, adujo la excepción de culpa exclusiva de la víctima, negando por tanto la obligación misma de indemnizar. No se cumple, pues, el requisito que exige el artículo 9 de la LRCySCVM.
Y, aunque como tiene declarado la jurisprudencia, se ha de examinar cada caso concreto para concluir si procede o no tal recargo, no nos cabe duda de que si Allianz no indemnizó a la perjudicada, fue por una causa a ella imputable. Porque no puede reputarse causa justificada la simple existencia de un proceso judicial, pues ello supondría dejar al arbitrio del asegurador el cumplimiento de la obligación de indemnizar (SSTS de 25 de abril de 2002, 8 de noviembre de 2004, 15 de diciembre de 2005, 2 de marzo de 2006 y 24 de julio de 2008).
Octavo.-Conforme al artículo 394-2 LEC, dado que la demanda ha sido parcialmente estimada, no se realizará expresa imposición de las costas causadas en primera instancia, sin que quepa tampoco efectuar especial pronunciamiento sobre las devengadas en esta alzada (art. 398-2 LEC).
Noveno.-A los efectos previstos en el art. 208 LEC se indica que contra la presente sentencia -dictada en juicio ordinario de cuantía inferior a 150.000 euros- no cabe recurso de casación o de infracción procesal ante el Tribunal Supremo (entre otros muchos, ATS de 15 de julio de 2008), salvo que la casación se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de normas de derecho civil de Cataluña, en cuyo caso cabría interponer recurso de casación y extraordinario por infracción procesal por ante el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (arts. 466-1, 477-2, 478-1-II y Disposición Final 16.ª LEC y AATSJC de 15 de octubre y 24 de noviembre de 2009).
Que con parcial estimación del recurso de apelación interpuesto por D.ª Vicenta, revocamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona. En consecuencia, estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones interpuesta por D.ª Vicenta contra D. Juan María, D. Cesareo y ALLIANZ, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, condenamos solidariamente a estos últimos a que abonen a la actora la suma de 55.895'42 euros, suma que devengará los correspondientes intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial, respondiendo la aseguradora demandada de los previstos en el artículo 20 de la LCS desde el 12 de julio de 2006; todo ello, sin que quepa efectuar especial pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta alzada.
La presente sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a preparar mediante escrito presentado ante este tribunal en el término de los cinco días siguientes a su notificación.

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 20
e contrario
e contrario
 artículo 9
 artículo 394
 artículo 20