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Timestamp: 2019-08-21 14:42:54+00:00

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Avales y garantías del pago de las facturas impagadas
Destacan las siguientes cuestiones controvertidas: Aumento del presupuesto de ejecución debido a las exigencias recogidas en la declaración de impacto ambiental (DIA). Posiblemente tal postura derive de una cuestión previa que también expone, pero que tampoco resuelve: Efectivamente la entrada en concurso es anterior a la demora, pero la ley señala En el supuesto analizado, resuelto el contrato de obras, se insta por el órgano de contratación la resolución del contrato de Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud, con base a lo dispuesto en el artículo 284.c. A sensu contrario, en el caso objeto de Dictamen, en el que la causa de la resolución contrato principal al que va inescindiblemente unido el que nos ocupa, no es imputable a la administración, sino al contratista de la obra principal, y debe considerarse que dichos costes entran dentro del riesgo y ventura del contratista.”
Caducidad del procedimiento. Como ya es doctrina consolidada de este despacho de abogados (a diferencia de otros como por ejemplo el de Málaga) –véase referencias-, la resolución del contrato por causa imputable al contratista no supone desde la aprobación de la LCSP, la incautación en su totalidad de la garantía, sino que la misma sólo abarcará hasta el límite de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que los mismos habrán de ser previamente calculados, pudiendo entre tanto el ente contratante retener la garantía prestada. Ante una propuesta de resolución contractual, el avalista no sólo debe ser notificado respecto a la misma, sino también –aun cuando en su momento no hubiese formulado alegaciones en el trámite de audiencia-, el acuerdo de suspensión del plazo para resolver y notificar la resolución.
En este último supuesto en concreto, la adjudicataria, reclamaba el coste de la constitución y mantenimiento de avales, y el Tribunal Superior estima tal pretensión, debido a que el incumplimiento contractual era imputable a la Administración contratante. Resolución de contrato por entrada en concurso del contratista. Con motivo de la resolución de un contrato de servicios por desistimiento de la Administración contratante – aunque ésta, erróneamente, fundamento la propuesta de resolución en una causa inexistente en la ley: La innecesariedad del servicio contratado-, lleva a cabo el despacho de abogados un análisis pormenorizado del desistimiento como causa de resolución en lo que se refiere a su naturaleza, requisitos, límites y, efectos de la misma, con referencias a dictámenes del despacho de abogados de Málaga y sentencias del Tribunal Supremo.
En este caso el / la secretario / a judicial dictará un decreto con el cual dará por terminado el proceso monitorio. Dicha doctrina se mantiene, salvo que se actualice un riesgo patológico y desmesurado de tal suerte que se quiebre enteramente el equilibrio contractual. Es, por tanto, esta doctrina la que ha de examinarse para su aplicación en este concreto supuesto. Sobre incautación de la garantía. Sin embargo, el sostenimiento de esta tesis se ha visto seriamente menoscabado por la línea jurisprudencial plasmada en dos recientes sentencias del Tribunal Supremo.
Al final no me escapo de pagar, y encima he perdido tiempo con el monitorio. Hasta que se hagan oficiales los plazos de pago conforme al mencionado Real Decreto 635/2014, te recomendamosr en el área de administración de la entidad con la que vayas a trabajar y también al técnico responsable del encargo que te hacen. “La carga de una deuda excesiva -tanto pública como, especialmente, privada- sigue lastrando las posibilidades de crecimiento de la economía española”, según enfatiza el programa. La referencia no puede sino significar que existen otras obligaciones de esta misma naturaleza que no están en el pliego o en el contrato, que están, expresado en términos positivos, en la propia Ley, en otros apartados del mismo artículo 206 o en otros preceptos legales”.
De acuerdo con lo que establecía la LCSP, antes de ser modificada por la LES, los contratos sólo se podían modificar por razones de interés público y para atender causas imprevistas, y en este caso debía justificarse suficientemente la necesidad en el expediente y, además, las modificaciones no podían afectar las condiciones esenciales del contrato. En este Dictamen, el despacho de abogados indica que la modificación responde a dos causas que obstaculizaron la ejecución del contrato: las dificultades experimentadas por el contratista a raíz de las deficiencias del proyecto y las circunstancias tanto materiales del terreno (la afectación de servicios o las geológicas) como jurídicas (las tasas).
SI LA ADMINISTRACIÓN RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS NO PUEDE AMPARARSE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS Con arreglo a lo expuesto, este despacho de abogados considera que si bien procede la resolución contractual, ésta debe fundarse en el artículo 284.b) de la LCSP, esto es, en el desistimiento del contrato, al que se ha visto abocada la Administración ante la imposibilidad de adjudicar la obra por los motivos presupuestarios en los que se funda la renuncia. Los efectos previstos en la LCSP para esta causa de resolución, tal como alega el contratista, son los determinados en su artículo 285.3: “En el caso de la letra b) del artículo anterior el contratista tendrá derecho al 10 por ciento del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener”. Un requerimiento que repetí el día a través del policía, y que se negó a recoger”.
En el procedimiento de resolución del contrato no se ha cumplimentado adecuadamente el trámite de audiencia, causando indefensión, por lo que procede la retroacción de las actuaciones. EL MERO INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA LEY COMO CAUSA DE RESOLUCIÓN, NO ES SUFICIENTE PARA RESOLVER EL CONTRATO. el despacho de abogados Jurídica Asesora, concluye que no procede la resolución del contrato, considerando que ni el acta de suspensión parcial, ni documento posterior alguno remitido al contratista, relacionó en el modo debido que partes de las obras no se encontraban afectadas por la suspensión, quedando la suspensión de la obra y su reanudación al arbitrio de la entidad contratante, y condicionada a la realización del modificado del proyecto.
Esta entrada se publicó en facturas impagadas y está etiquetada con garantías de cobro en 06/12/2015 por abogadoestepona.

References: resolución 
 artículo 284
 resolución 
 resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 206
 resolución 
 artículo 284
 artículo 285
 resolución 
 resolución