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Timestamp: 2018-04-26 11:21:08+00:00

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Nº 1728 lunes 16 de abril de 2018
El pozo del FROB sigue sin fondo
Pierde más de 100 millones, debe más de 15.500 y se enfrenta a pleitos millonarios
por el ‘caso Popular’
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sigue perdiendo dinero a manos llenas. El propio Gobierno así lo reconoce cuando hace sólo unos días, en la presentación de los Presupuestos, señalaba que prevé que la sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero registre pérdidas por valor de 116,9 millones de euros este año, lo que supone incrementar en un 54% las registradas en 2017.
Este agujero en sus cuentas se debe a la caída de sus ingresos financieros, que pasarán de 64 millones de euros a 665.000 euros, al tiempo que el endeudamiento rozará los 15.500 millones. La gran esperanza: vender otro paquete de Bankia –de la que posee aún el 60%– sin minusvalías y minimizar el impacto de las demandas judiciales que se les acumulan por el ‘caso Popular’.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no quiere malvender Bankia pero al mismo tiempo tiene prisa por ir deshaciéndose de paquetes de acciones porque las cuentas no le cuadran y el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri -en el que ‘metió’ más de 22.000 millones de euros-, es una de sus pocas bazas para ingresar dinero y enderezar sus maltrechas cuentas.
El presidente de Bankia lleva tiempo insistiendo en la necesidad de vender más, más rápido y mejor, porque el mercado tiene apetito y porque al ritmo actual es difícil conseguir la privatización total de la entidad antes de que finalice 2019, que es el plazo fijado.
Sin embargo, hasta el momento el FROB no ha tenido mucha suerte. Su presidente, Jaime Ponce, no quiere precipitarse e incluso ha señalado que consideraría una buena noticia ampliar el plazo de privatización de Bankia más allá de finales de 2019 con el objetivo de maximizar la recuperación de las ayudas concedidas a la entidad. Y es que, el FROB no solo está vendiendo lento sino que además lo está haciendo a pérdidas. En diciembre el organismo dependiente del Ministerio de Economía vendió un 7% de Bankia por un importe total de 818,30 millones de euros, a razón de 4,06 euros por título, lo que provocó unas minusvalías contables de unos 70 millones. El FROB vendió un primer paquete del banco, del 7,5% del capital, en febrero de 2014 y lo hizo a un precio de 1,51 euros por acción, equivalente a 6,04 euros actuales. En aquella ocasión sí se anotó plusvalías, ya que vendió un 11,85% por encima del precio de entrada. Hasta el momento, con estas dos colocaciones –aunque fuentes del sector señalan que está al caer una tercera- el Estado apenas ha recuperado unos 2.656 millones de euros de las ayudas públicas inyectadas a Bankia, solo un 11% del total aportado a Bankia junto a BMN, absorbida por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. “La recuperación del capital público inyectado en Bankia va a ser tarea prácticamente imposible”-señala una fuente del sector.
Y el problema es que Bankia es la gran esperanza para el FROB y su cuenta de resultados. Hace solo unos días, el Ejecutivo presentaba su proyecto de Presupuestos y entre sus páginas pasaban desapercibidas las cuentas de las principales entidades públicas, entre ellas el fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, creado en 2009 para hacer frente a la intensa crisis financiera que empezó con el rescate de las cajas de ahorro, siguió con el Bankia y, por el momento, ha terminado con la resolución y venta por un euro del Banco Popular. El Proyecto de Presupuestos detalla que dicho organismo público elevará un 54% sus pérdidas hasta cerrar 2018 con un resultado negativo de 116,87 millones de euros, frente a los 75,8 millones de 2017. Fuentes del sector señalan que estas pérdidas se deben a varias razones. En primer lugar, a un menor rendimiento del activo, derivado de la gestión de la tesorería en un entorno de bajos tipos de interés. En segundo lugar, a los vencimientos de deuda pública adquirida en ejercicios anteriores con cupones muy superiores a los tipos actuales de mercado.Y por último, a la reducción en la partida de ingresos financieros. Hasta 2017 los intereses devengados de las obligaciones contingentes convertibles (conocidas como ‘CoCos’) suscritas por FROB incrementaban esta partida. Con la amortización de los CoCos de Caja3 y la recompra de Unicaja realizadas en 2017, en 2018 el FROB ya no mantiene CoCos en su balance.
Además,los resultados de explotación negativos se deben a los gastos financieros derivados, fundamentalmente, de la parte viva para FROB del préstamo concedido por el Tesoro en el marco del programa de asistencia financiera (Mecanismo Europeo de Estabilidad), unos 10.456 millones de euros.
En cuanto al balance, destaca el aumento del 48% de su deuda a largo plazo desde 10.426 millones a 15.430 millones.
Precisamente, al cierre de esta edición, una de las participadas princpales del FROB, la Sareb, el denominado banco malo donde el Gobierno decidió trasladar gran parte de los activos tóxicos en ladrillo de la banca, amortizaba 889 millones de deuda, de forma que sitúa su volumen de deuda cancelada en 12.906 millones de euros en sus cinco años de vida.Hace un par de meses en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Jaime Ponce, destacaba que uno de los elementos pirncopales para la polémica devbolución de las ayudas del rescate bancario era la evolución de la Sareb, “una evolución no exenta de riesgos significativos derivados del comortamiento del mercado inmobiliario, el ritmo de desinversión, y la capacidad de absorción de sus activos. Por el momento, la entidad que preside Jaime Echegoyen ha vendido un 27% de esos activos.
Así las cosas, la oposición ha criticado en varias ocasiones el rescate financiero del que, opinan, no se ha recuperado practicamente nada. El total de las ayudas otorgadas pro el FROB durante estos nueve años de vida asciende a 56.545 millones de euros, una cantidad que el propio Jaime Ponce, ha calificado de “ingente”. De manera efectiva solo se ha recuperado 5.911 millones, de los cales 4.477 corresponden a os diferentes procesos de venta de entidades y repago de instrumentos de deuda, y 1.434 son intereses percibidos. Adicionalmente, hay que añadir 2.600 milones recibidos por BFA, en concreto de dividendos (534 millones) y por la venta de dos paquetes accionariales de Bankia que suman otros 2.100 millones.
AL FROB no le han ido nunca bien las cuentas. El año pasado el Gobierno tuvo que inyectar 3.000 millones para evitar que presentara un patrimonio negativo.
Con los recursos del ‘caso Popular’ a cuestas
■Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidía suspender las actuaciones abiertas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en el marco del caso de Banco Popular. El juez considera que "es la JUR la responsable de la adopción de todas las decisiones relacionadas con la resolución" y que al Frob le correspondió "la aplicación de las medidas de resolución dispuestas por la JUR mediante el cumplimiento de las instrucciones que reciba al respecto".
Un balón de oxígeno porque son muchas las demandas que pesan sobre el organismo. Hace unos días, el millonario chileno Andrónico Luksic, propietario del grupo Luksic, reclamaba formalmente al Santander más de 113 millones euros invertidos en acciones del popular a través de Aeris invest, que resultaron amortizadas tras la resolución de la entidad el 7 de junio del año pasado. Este procedimiento discurrrá en paralelo a los ya interpuestos contra el FROB en la Audiencia nacional y contra la Junta Única de Resolución (JUR), organismo comunitario del que partió la decisión, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El año pasado se presentaron además centenare de recursos conra el FROB por accionistas minoritarios. A finales del del año pasado, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) interponía una querella ante la Audiencia Nacional contra Banco Popular y 18 miembros del consejo de administración del banco, en representación de 703 accionistas. Esta acción se sumaba a los recursos contenciosos administrativos presentados contra el Fondo de Reestruccturación Ordenada Bancaria (FROB) y contra la Junta Única de Resolución (JUR) en los que se ha solicitado acceso a los informes sobre los que se sustentó la resolución de Banco Popular. Los 703 accionistas de Popular adheridos a la querella ostentan unos 9,7 millones de títulos del banco, según los datos de la asociación.
Aunque son los de los grandes fondos de inversión los que más preocupan. El fondo de inversión estadounidense Pimco presentó en julio del año pasado en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Banco Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.

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