Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0045_ES.html?redirect
Timestamp: 2019-12-08 07:26:24+00:00

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INFORME sobre el papel de las regiones y las ciudades de la UE en la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 sobre el cambio climático
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sobre el papel de las regiones y las ciudades de la UE en la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 sobre el cambio climático
Ponente: Ángela Vallina
– Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP 21, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,
– Vistos el artículo 7, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo de París, que reconocen las dimensiones locales, subnacionales y regionales del cambio climático y de la acción por el clima,
– Vista su Resolución legislativa, de 4 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático(1),
– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech (Marruecos) (CP 22)(2),
– Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP 23) en Bonn (Alemania)(3),
– Vistos los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en particular el objetivo 11, a saber, «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»,
– Vistas las disposiciones del Pacto de Ámsterdam por el que se establece la agenda urbana de la UE,
– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE(4),
– Vistos los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) n.º 12/2016, titulado «Urban adaptation to climate change in Europe 2016» (Adaptación urbana al cambio climático en Europa 2016), y n.º 1/2017, titulado «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016» (Cambio climático, efectos y vulnerabilidad en Europa 2016),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2013, titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216),
– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones titulado «Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada en un enfoque integrado» (CDR 2430/2016 - 8.2.2017),
– Visto el artículo 8 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) (Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013), que establece que «los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el principio de desarrollo sostenible»(5),
– Vistos los acuerdos de asociación y programas contemplados en el RDC, que, de conformidad con el artículo 8 de dicho RDC, tienen como objetivo promover «la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo»,
– Vistos los objetivos temáticos específicos respaldados por cada Fondo EIE, incluidos el desarrollo tecnológico y la innovación, la transición a una economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático y la promoción de la eficiencia de los recursos,
– Visto el Quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0045/2018),
A. Considerando que el aumento de los fenómenos climáticos extremos es consecuencia directa del cambio climático provocado por la actividad humana y que seguirá afectando negativamente y con más frecuencia a muchas partes de Europa, acrecentando la vulnerabilidad de los ecosistemas habitados; que, según las hipótesis planteadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la temperatura del planeta podría aumentar de 0,9 a 5,8 ºC de aquí a 2100;
B. Considerando que el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA), que orientará la política medioambiental europea hasta 2020, identifica como objetivo prioritario la mejora de la sostenibilidad de las ciudades de la UE, junto con los tres objetivos horizontales principales de proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, convertir a la UE en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva, y proteger a los ciudadanos de la UE de las presiones y los riesgos medioambientales para su salud y bienestar;
C. Considerando que el cambio climático podría exacerbar los cambios sociales en caso de que no se tome ninguna otra medida; que deberían tenerse en cuenta los importantes flujos migratorios previstos a raíz de estos cambios climáticos mundiales y derivados de las consecuencias de los desplazamientos de población, que originarán nuevas demandas en las infraestructuras de las ciudades;
D. Considerando que, según las principales conclusiones del informe de la AEMA n.º 12/2016, la realidad del cambio climático ya se está dejando sentir en la UE en forma de fenómenos meteorológicos extremos e impactos graduales a largo plazo, como huracanes, tormentas, desertificación, sequías, erosión costera y del suelo, lluvias intensas, olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar, escasez de agua, incendios forestales y propagación de enfermedades tropicales;
E. Considerando que, a causa del cambio climático, existe un mayor riesgo de desaparición de determinadas especies de plantas y animales, así como de incidencia de enfermedades infecciosas provocadas por factores climáticos; que hay zonas, como las regiones ultraperiféricas y otras regiones de la UE vulnerables desde un punto de vista topográfico, que sufren aún más los efectos del cambio climático;
F. Considerando, además, que estudios recientes revelan que diversos cambios observados en el medio ambiente y la sociedad, como la alteración de las especies forestales, el establecimiento de especies exóticas invasoras y los brotes de enfermedades, se han producido o exacerbado debido al cambio climático mundial, acrecentando la vulnerabilidad de las personas, la naturaleza y los ecosistemas que habitan a menos que se tomen medidas concretas; que un apoyo integrado de la UE para mejorar la solidaridad y el intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros ayudaría a garantizar que las regiones más afectadas por el cambio climático puedan tomar las medidas necesarias para adaptarse;
G. Considerando que el cambio climático influye en las diferencias sociales, ya de por sí crecientes en la última década en la UE, al incrementar la vulnerabilidad de los sectores de la sociedad más débiles y con menos capacidades y recursos para enfrentarse a sus efectos; que la vulnerabilidad de las personas frente a los efectos del cambio climático viene determinada en gran medida por su capacidad para acceder a los recursos básicos, y que las autoridades públicas deben garantizar el acceso a esos recursos;
H. Considerando que casi el 72,5 % de la población de la UE —aproximadamente unos 359 millones de personas— vive en ciudades; que, además, la UE es responsable del 9 % de las emisiones mundiales, y que entre un 60 % y un 80 % del consumo de energía mundial, y alrededor del mismo porcentaje de emisiones de CO2, corresponde a las zonas urbanas;
I. Considerando que las decisiones tomadas en materia de infraestructura urbana repercutirán en la capacidad de las ciudades para resistir al cambio climático; que las ciudades, las empresas y otros agentes no estatales tienen un potencial de mitigación que oscila entre 2 500-4 000 millones de toneladas de CO2 para 2020; que las regiones y las ciudades están en medida de reducir en un 5 % las emisiones mundiales para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, y que tienen potencial para reducir las emisiones mundiales de manera significativa;
J. Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 11 —«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles»— aspira a incrementar considerablemente, de aquí a 2020, el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias, y la resiliencia ante desastres, y para desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles;
K. Considerando que las autoridades municipales son uno de los principales beneficiarios de la financiación europea;
L. Considerando que el artículo 7, apartado 2, del Acuerdo de París reconoce que «la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales»; que la actuación de las autoridades locales y de los agentes no estatales es esencial para permitir que las Administraciones puedan llevar a cabo sus compromisos en el marco de la acción mundial por el clima;
M. Considerando que en la «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216), así como en los respectivos Reglamentos de la UE sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), se identifican los objetivos principales y las medidas de actuación correspondientes, en particular mediante la introducción de mecanismos como las condiciones ex ante y los objetivos temáticos (OT) relacionados con el clima en el marco de la política de cohesión 2014-2020 —entre ellos, el OT 4: favorecer la transición a una economía hipocarbónica en todos los sectores, el OT 5: promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, y el OT 6: preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos—, lo que ha dado lugar, al menos en algunos de los Fondos EIE, a una financiación mayor y mejor orientada de la acción por el clima;
N. Considerando que las regiones y las ciudades han demostrado su compromiso con el proceso de la CMNUCC mediante su participación en las iniciativas de la Agenda de Acción Lima-París (AALP) y la Zona de los Agentes No Estatales para la Acción Climática (NAZCA);
1. Celebra el papel desempeñado por la UE en el marco del Acuerdo de París/CP 21 y su rol como líder mundial en la lucha contra el cambio climático; destaca que Europa se ha fijado uno de los objetivos más ambiciosos del mundo en materia de lucha contra el cambio climático; insta a que la mitigación del cambio climático sea considerada una prioridad importante en las políticas de cohesión de la UE, para cumplir y mantener los compromisos del Acuerdo de París/CP 21, fomentando la innovación en energías limpias, la economía circular, las energías renovables y la eficiencia energética, sin perjuicio de las necesarias medidas de adaptación y preservando el cometido y los objetivos fundamentales de la política de cohesión en virtud del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
2. Aprueba el enfoque de lucha contra el cambio climático planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas) y el Pacto de Ámsterdam (agenda urbana para la UE); subraya que Europa tiene que convertirse en un auténtico líder mundial en energías renovables, tal como ha propuesto la Comisión, y recuerda que la agenda urbana para la UE contribuye a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante el objetivo de ciudades inclusivas, seguras y sostenibles; tiene en cuenta, en este contexto, la variedad de diferencias existentes entre las autoridades locales europeas y sus diferentes potenciales; pide un enfoque flexible y a medida a la hora de aplicar la agenda urbana, que prevea incentivos y asesoramiento para aprovechar al máximo el potencial de las ciudades;
3. Recuerda que, en su Resolución de 14 de octubre de 2015 titulada «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París»(6), se pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de asumir compromisos complementarios en materia de reducción de gases de efecto invernadero; subraya la necesidad de garantizar el máximo grado de transparencia y control del proceso de la CP 21;
4. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a implementar objetivos ambiciosos de mitigación y adaptación en consonancia con la legislación vigente de la UE en materia de acción por el clima, y en respuesta a la petición hecha por el Comité de las Regiones en su dictamen de 9 de febrero de 2017 titulado «Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada en un enfoque integrado»;
5. Lamenta las estrategias irresponsables que ponen en peligro el medio ambiente, como determinadas actividades económicas y sectores industriales concretos que generan altos niveles de contaminación, y hace hincapié en la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad para contribuir a las medidas imprescindibles para invertir una tendencia que pone en riesgo la vida sobre el planeta; destaca que falta información sobre las medidas adoptadas por algunos sectores industriales para combatir los efectos de la contaminación y sobre la búsqueda de soluciones menos contaminantes; deplora, no obstante, que algunos líderes de opinión en el mundo de la ciencia, de los medios de comunicación o de la política sigan negando la evidencia del cambio climático;
6. Deplora la intención de los EE. UU de retirarse de los Acuerdos de París y celebra el gran número de agentes no federales, en concreto Estados y ciudades estadounidenses, que han reafirmado su compromiso de cumplir los objetivos fijados en dicho Acuerdo; anima a las autoridades regionales y locales estadounidenses que deseen participar en la lucha contra el cambio climático a que cooperen y se asocien con otras entidades públicas y privadas en sus proyectos y que intercambien buenas prácticas al respecto; aboga por una nueva gobernanza que pueda garantizar fondos para la acción por el clima y por una mejor integración de las regiones y ciudades y sus órganos de representación;
7. Destaca que las ciudades han de jugar un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático, en coordinada interdependencia con las autoridades nacionales y la región en que se circunscriben; alienta una mayor colaboración entre los dirigentes subnacionales y las Administraciones centrales a escala internacional a través de plataformas como «Friends of Cities» (amigos de las ciudades); considera que, en el caso concreto de un desarrollo urbano sostenible e integrado, las autoridades locales deberían estar capacitadas no solo para seleccionar proyectos, sino también para preparar, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo local; resalta los posibles aspectos positivos relacionados con el crecimiento y los empleos verdes;
8. Observa que las entidades locales son responsables de la aplicación de la mayoría de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y de la mayor parte de la legislación de la UE en la materia; subraya la necesidad de actuar en el ámbito de la planificación urbana, la movilidad, el transporte público y las infraestructuras, la eficiencia energética de los edificios, las campañas educativas, las ciudades inteligentes, las redes inteligentes y las subvenciones regionales para aplicar el Acuerdo de París;
9. Observa que los alcaldes de las ciudades son responsables de sus decisiones directamente ante sus votantes y pueden actuar de forma más eficaz y con más rapidez, y a menudo con resultados inmediatos y mayor repercusión;
10. Pide que las Administraciones nacionales ayuden a las ciudades y regiones a cumplir los compromisos internacionales para apoyar iniciativas sobre el clima y la energía a nivel local y regional;
11. Señala que el cambio climático interactúa con factores sociales y económicos y que, por tanto, se precisa una visión integradora, que será operativa a escala local y regional;
12. Advierte de los costes sociales y del impacto económico causados por las emisiones de gases de efecto invernadero y que recaen actualmente sobre las infraestructuras urbanas y los sistemas públicos de salud y asistencia social, que se encuentran —a veces y en algunas ciudades y regiones— sobrecargados y se enfrentan a una situación económica precaria; observa que estos sistemas se verán sometidos así a una presión adicional y que deberán atender necesidades crecientes y de mayor complejidad; acoge con satisfacción los posibles beneficios económicos para las ciudades que inviertan en infraestructuras hipocarbónicas y asuman el liderazgo en este ámbito, entre ellos unos costes energéticos y de mantenimiento menores y una reducción del gasto en salud pública, que experimentará una mejora gracias a las reducciones de los contaminantes;
13. Reconoce que la mitigación y la adaptación son procesos a largo plazo que superan tanto los ciclos electorales como las decisiones a escala local y regional, e invita a considerar la mitigación y la adaptación como una fuente de oportunidades ante otros retos, como el empleo y la mejora de la salud, de la calidad de vida y de los servicios públicos; señala que el Acuerdo de París contempla la participación activa de las partes interesadas no signatarias a través de los procesos de examen técnico sobre mitigación y adaptación;
14. Reconoce que las regiones, ciudades y municipios desempeñan un papel vital a la hora de promover que se asuma la responsabilidad de la transición energética y de impulsar los objetivos en materia de clima y energía desde la base; señala que las regiones y las zonas urbanas son las que mejor se prestan para ensayar y aplicar soluciones energéticas integradas en cooperación directa con la ciudadanía; hace hincapié en la necesidad de impulsar la transición energética y las inversiones locales en medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus consecuencias; destaca que las innovaciones en energías limpias y los proyectos de energías renovables de pequeña escala pueden desempeñar un papel importante en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen la manera de proporcionar acceso a medidas financieras que tengan en cuenta las características específicas y el valor a largo plazo de las comunidades energéticas locales para el mercado de la energía, el medio ambiente y la sociedad, y a que promuevan el papel desempeñado por los prosumidores individuales en el ámbito de las energías renovables, con vistas a una mayor autosuficiencia y autoproducción; pide a las ciudades y a las regiones que asuman el liderazgo del fomento de la eficiencia energética y la producción de energía renovable a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica;
15. Reitera la necesidad de que las regiones apliquen la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, y pide que los Fondos Estructurales de la UE se orienten o refuercen con el fin de promover la eficiencia energética de los edificios públicos y el autoabastecimiento de los municipios a través de la energía renovable; pide que los proyectos energéticos ciudadanos cooperativos reciban apoyo de los Fondos Estructurales y mediante la reducción de las cargas administrativas a nivel nacional y regional;
16. Señala que, según las estadísticas más recientes, la UE genera aproximadamente el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y que, por tanto, sin una actuación a escala mundial no pueden invertirse las tendencias climáticas negativas; señala, no obstante, que la UE podría desempeñar un papel destacado en este sentido, en particular mediante el fomento de soluciones y tecnologías de energía limpia;
17. Recuerda que la agenda urbana para la UE promueve un nuevo método de trabajo que permite aprovechar plenamente el potencial de las ciudades para responder a los desafíos mundiales que plantea el cambio climático, y que conlleva prestar especial atención a la mejora de la normativa, el acceso a financiación y el intercambio de conocimientos;
La UE y la política de cohesión
18. Considera que el futuro marco financiero plurianual (MFP) debería reforzar, cuando proceda, su grado de ambición en lo que respecta a la consecución de los objetivos climáticos, y que se debería aumentar la proporción del gasto asignado a este fin;
19. Recuerda el compromiso de destinar, como mínimo, el 20 % del presupuesto de la UE para 2014-2020 (aproximadamente 212 000 millones EUR) a acciones relacionadas con el clima; Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta el Informe Especial n.º 31/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, que advierte que existe un riesgo importante de que el objetivo del 20 % no se cumpla si no se toman medidas adicionales, y pide a la Comisión que mantenga al Parlamento al corriente de los progresos realizados en este importante ámbito; hace hincapié en que en el Fondo Social Europeo y en los ámbitos de la agricultura, el desarrollo rural y la pesca no se ha observado una transición significativa hacia la acción por el clima ni se han explorado plenamente todas las oportunidades potenciales para financiar estas actuaciones;
20. Destaca el papel clave que le corresponde desempeñar a la política de cohesión a la hora de afrontar los retos del cambio climático a escala regional y local; reitera la necesidad de aumentar el presupuesto de la política de cohesión posterior a 2020; insiste en que la política de cohesión debería prestar una especial atención a las inversiones realizadas en el medio urbano en los ámbitos de calidad del aire, economía circular, adaptación climática, soluciones para el desarrollo de infraestructuras ecológicas y transición energética y digital;
21. Apoya la creación de una herramienta de análisis coste-beneficio que permita a las Administraciones locales conocer las repercusiones de los proyectos en términos de reducción de las emisiones de carbono, así como aprovechar al máximo las oportunidades de financiación disponibles a escala de la UE;
22. Estima que en la política de cohesión deben contemplarse tanto los enfoques de mitigación como los de adaptación, diferenciándolos pero teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre ellos, y creando mecanismos de financiación claros para estimular e incentivar la adopción de políticas y medidas en cada ámbito; considera que dichos mecanismos se podrían implantar mediante inversiones claras, medibles y planificadas con la participación de las ciudades y regiones (en particular, de las autoridades públicas, la industria y la sociedad civil), y que dicha participación debería abarcar también las etapas de aplicación y evaluación;
23. Observa que solo quince Estados miembros han adoptado un plan de acción y una estrategia de adaptación, con pocas medidas concretas sobre el terreno; considera que la futura planificación de los Fondos EIE debería integrarse mejor con los planes nacionales en materia de clima y energía para 2030; subraya que, en el futuro marco financiero plurianual, debería mejorarse aún más la integración de los objetivos climáticos, vinculando por ejemplo más estrechamente las inversiones de la política de cohesión con los planes generales de los Estados miembros para alcanzar el objetivo de 2030; señala que, por una parte, los Acuerdos de Asociación deberán evaluarse teniendo en cuenta los objetivos climáticos de la UE y que, por otra, los programas operativos deberán mantener un estrecho vínculo con las estrategias y planes de adaptación de cada Estado miembro con vistas a aportar coordinación y coherencia a todos los niveles de la planificación y la gestión, en particular cuando los fondos de la UE representen una elevada proporción del gasto público disponible; observa que, de esta manera, la evaluación de los programas operativos deberá considerar la efectividad de su contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se trata de lograr una metodología y un proceso de seguimiento común a fin de evitar el «blanqueo ecológico»;
24. Insta a que las inversiones de la política de cohesión sean coherentes con una política climática efectiva a fin de garantizar la sostenibilidad medioambiental;
25. Pone de relieve que la política de innovación y la dimensión urbana son un terreno apropiado para las sinergias entre los objetivos climáticos y los objetivos económicos más amplios de la política de cohesión; llama, por tanto, a desarrollar disposiciones específicas dirigidas al desarrollo urbano sostenible y la innovación urbana, fortaleciendo financieramente de manera notable estos ámbitos en la política de cohesión posterior a 2020;
26. Pide a las diversas asociaciones que se dedican a cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático en el marco de la agenda urbana para la UE que adopten y presenten cuanto antes sus planes de acción; solicita, en este sentido, a la Comisión que tenga en cuenta las propuestas contenidas en dichos planes, en concreto por lo que respecta a la mejora de la normativa, la financiación y los conocimientos en las futuras propuestas legislativas;
27. Subraya que, con vistas a alcanzar los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, es necesario dotar de mayor coherencia a las inversiones con una trayectoria de descarbonización a largo plazo en el conjunto del mercado a escala regional, de los Estados miembros y de la UE, y pide que se adopten medidas para facilitar el acceso a la financiación de modo que las ciudades y regiones de menor tamaño puedan obtener fondos; hace hincapié, asimismo, en que se otorgue prioridad a la financiación de las regiones dependientes del carbono con el fin de posibilitar una transición fluida hacia una economía de bajas emisiones, y en que se priorice la transición al empleo alternativo para los trabajadores de sectores con una alta emisión de carbono; pide a la Comisión que proponga que la reducción efectiva de las emisiones (junto con otras medidas como las obras o actividades de recuperación dirigidas a regenerar y descontaminar zonas industriales abandonadas) constituya un elemento central de la evaluación del rendimiento de los programas operativos en el marco de la política de cohesión posterior a 2020;
28. Destaca la importancia de recurrir a otras políticas e instrumentos financieros, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Mecanismo «Conectar Europa» y Horizonte 2020, para financiar proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático o a la adaptación a este;
29. Insiste en que las subvenciones a regiones y ciudades deberán seguir siendo la herramienta fundamental de la financiación comunitaria en la política de cohesión y, en especial, en las acciones a favor del clima; destaca, no obstante, que, pese a la mejora de la coherencia y la precisión de los indicadores de resultados y de impacto relacionados con el clima, estos resultan insuficientes para determinar el nivel de contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos climáticos globales de la UE, y considera necesario mejorar el sistema de vigilancia y seguimiento del gasto de la UE en materia de clima con el fin de garantizar que dicho gasto contribuya de forma específica y medible a la consecución de los objetivos de la UE; pide una hoja de ruta sobre adaptación que supervise la acción sobre el clima a nivel regional y local, y pide a la Comisión que evalúe el porcentaje de fondos que los Estados miembros gastan a nivel local para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y velar por la adaptación del territorio al cambio climático;
30. Reconoce la función de los instrumentos de desarrollo territorial integrado, como las inversiones territoriales integradas y el desarrollo local participativo, a los que las ciudades pueden recurrir como herramientas adicionales para financiar áreas funcionales o estrategias de desarrollo urbano sostenible; aboga por estrategias y enfoques ascendentes, locales e integrados para garantizar un uso más eficiente de los recursos, desarrollar resiliencia y adaptarse a las repercusiones del cambio climático en las zonas más afectadas por este;
31. Reconoce que las ciudades de la UE albergan la mayor parte de la industria europea de investigación y desarrollo centrada en el cambio climático: pide a la Comisión que preste más apoyo a las ciudades y regiones en materia de formación y sensibilización, orientación financiera, conocimientos técnicos, comunicación, investigación y desarrollo, educación sobre la protección del clima y asesoramiento, tanto para la mitigación como para la adaptación, en particular mediante la consolidación de los instrumentos existentes, como la plataforma urbana de asesoramiento e inversiones URBIS, URBACT y la iniciativa de las Acciones Innovadoras Urbanas (AIU); pide a la Comisión que vele por que estas industrias sacan el máximo partido de la cooperación mundial en materia de investigación y por que refuerce estos instrumentos con objeto de ayudar a las Administraciones locales a ejecutar proyectos adecuados para los fines perseguidos, así como a acceder a opciones de financiación para el ensayo de soluciones innovadoras en estrategias de desarrollo urbano; pide que las autoridades subnacionales de terceros países puedan participar de forma voluntaria en las iniciativas europeas en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la tecnología, como Horizonte 2020, tanto con carácter formal como informal, a fin de cumplir los objetivos colectivos; considera que las autoridades locales deberían poder acceder directamente a las posibilidades de financiación, como los fondos mundiales para el clima; considera que las sinergias entre la política de cohesión y las políticas de investigación e innovación deberían reforzarse para garantizar el rápido despliegue de nuevas tecnologías hipocarbónicas;
32. Pide a la Comisión que vele por que el programa Horizonte 2020 dedique más atención y aporte más financiación a los proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la economía circular y las ciudades sostenibles; anima a los Estados miembros a que, con el apoyo de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), refuercen la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades con objeto de que puedan aprovechar plenamente las oportunidades de financiación pública y privada disponibles a escala de la UE;
33. Pide a las autoridades competentes que aborden el problema de los residuos para aprovechar plenamente la economía circular y fomentar técnicas de eliminación de los residuos no reutilizables o reciclables distintas de la incineración;
34. Considera que, en el próximo período de programación, será necesario incluir la cuestión del cambio climático en la programación de la cooperación territorial; subraya el importante papel de la cooperación territorial, la cooperación transfronteriza y las estrategias macrorregionales en las acciones llevadas a cabo por las regiones y ciudades, tanto dentro como fuera del territorio de la UE, y reitera la necesidad de reforzar política y financieramente este instrumento, tanto para la mitigación como para la adaptación; destaca que un marco para la realización de acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados miembros, como Interreg, resulta especialmente apropiado para combatir el cambio climático y adoptar medidas adecuadas para mitigar sus efectos; se congratula, en este sentido, de que siete de los quince programas transnacionales Interreg de toda Europa financien estrategias, acciones piloto, formación e instrumentos que ayudan a las ciudades a crear capacidades para reducir las emisiones de CO2 y mitigar el cambio climático con vistas a alcanzar los objetivos de la UE;
35. Celebra iniciativas como la del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y el papel desempeñado por numerosas ciudades y regiones en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente; insta a las ciudades y regiones a cooperar y a incorporar en mayor medida y con carácter de urgencia la lucha contra el cambio climático en la agenda institucional; recomienda que las autoridades urbanas apliquen y actualicen periódicamente las estrategias inteligentes de planificación urbana a largo plazo y los enfoques innovadores, como la iniciativa «Ciudades Inteligentes»; destaca la necesidad de construir viviendas sostenibles y energéticamente eficientes, y edificios inteligentes que ahorren energía, así como de realizar inversiones en energías renovables, desarrollar sistemas de transporte público ecológico, y apoyar en mayor medida los proyectos de fomento de ciudades y regiones con bajas emisiones de carbono, y las alianzas entre ciudades y Administraciones locales y regionales para cooperar en la lucha contra el cambio climático;
36. Señala la importancia de establecer un marco de información basado en parámetros objetivos y metodologías contrastadas, y de realizar un seguimiento de las actuaciones en favor del clima emprendidas por las ciudades y las regiones con el fin de compartir datos sobre los compromisos climáticos y aumentar la transparencia entre los distintos agentes para alcanzar los objetivos perseguidos;
37. Recuerda que el sector de los transportes es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos peligrosos para la salud, cuya concentración en zonas urbanas está regulada por la Directiva (UE) 2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos; opina que las regiones y las ciudades tienen un enorme potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte, y subraya la necesidad de financiación para iniciativas que faciliten la movilidad local y regional baja en carbono; subraya la importancia de que las ciudades asuman un papel de liderazgo en el fomento del uso del transporte público y de la electrificación del transporte público y privado, y pide que se promuevan varias regiones modelo para fines de investigación sobre un sistema de transporte inteligente e interconectado entre zonas urbanas y rurales;
38. Acoge con satisfacción las iniciativas de ciudades, como las ciudades inteligentes y las redes inteligentes, que tratan de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia de los recursos; destaca que las regiones deben mejorar las disposiciones sobre ciudades verdes fomentando la transformación energética y digital, y que soluciones como las redes inteligentes presentan potencial para suministrar energía de forma más eficiente a hogares y edificios; reconoce que la colaboración entre empresas y ciudades ayuda a generar soluciones innovadoras e integradoras, y aboga por su promoción; hace hincapié en la necesidad de incrementar las inversiones en otras soluciones sostenibles, como las infraestructuras ecológicas y, en particular, en aumentar la cubierta de vegetación leñosa en las ciudades; recuerda que no solo es necesario reducir las emisiones sino también aumentar la capacidad de absorción de CO2 del suelo, y pide que se refuerce la protección de los bosques urbanos ya existentes y recién establecidos en las regiones de la UE;
39. Subraya que los alimentos de temporada de producción local pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el transporte y reducir así la huella de carbono en general de los alimentos; pide a la Comisión que trabaje con el sector alimentario para mejorar la producción sostenible de alimentos a nivel local y regional, y acoge con satisfacción las medidas voluntarias (como el código de colores rojo, ámbar y verde) que visibilizan las repercusiones en el clima y la huella de carbono generadas por los alimentos y otros productos; aboga por la introducción de indicadores a nivel de la UE que hagan posible un etiquetado voluntario pero comparable, y pide a las autoridades locales que organicen campañas de información para concienciar sobre la huella de carbono de los alimentos;
40. Señala que las medidas de mitigación deben planificarse sobre una justa distribución de los esfuerzos y beneficios entre los diferentes actores, y que las medidas de adaptación deben centrarse en la protección de los sectores más vulnerables de la población en su conjunto;
41. Reconoce la diversidad y el carácter específico de las vulnerabilidades y potencialidades regionales, y señala que los retos, los recursos y las medidas más efectivas pueden diferir en cada territorio; reitera, en consecuencia, su compromiso con el principio de subsidiariedad, y destaca que las ciudades y regiones deben poseer la necesaria competencia y la suficiente autonomía política, administrativa y financiera para planificar e implementar las acciones individuales; subraya la necesidad de que las ciudades diseñen a su medida su propia planificación urbana invirtiendo en infraestructuras ecológicas, movilidad, transporte público y redes inteligentes para cumplir los objetivos fijados en el Acuerdo de París; reitera que los entes locales y regionales, en cuanto niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos y al impacto de los retos relacionados con el cambio climático, tienen una visión mucho más completa de muchos problemas, por lo que subraya la importancia de dotarlos de la capacidad administrativa y los instrumentos financieros necesarios para elaborar soluciones a medida para la mitigación del cambio climático;
42. Defiende una gobernanza multinivel más eficaz y con plena transparencia que pueda implicar mejor a las Administraciones locales y a las regiones y ciudades y sus órganos de representación en el proceso de toma de decisiones de la UE y en el marco del proceso de la CMNUCC; insta a que se promueva y garantice la coordinación de todas las Administraciones públicas y a que se fomente la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales y económicos, y pide a la Comisión que promueva la coordinación y el intercambio de información y mejores prácticas entre Estados miembros, regiones, comunidades locales y ciudades; señala que deberían fomentarse los modelos de gobernanza participativa a escala local;
43. Acoge con satisfacción la decisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de elaborar en 2023 un informe especial sobre las ciudades y el clima, compromiso este que impulsará una mayor investigación sobre la importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático; considera que las ciudades deberían hacer aportaciones al próximo informe global sobre el clima de 2018; considera asimismo que las ciudades y las regiones pueden influir en la elaboración de políticas a raíz del Acuerdo de París mediante la aplicación de un enfoque estratégico para atajar el calentamiento global y apoyar las medidas de mitigación y adaptación en zonas urbanas, donde reside más de la mitad de la población mundial; pide a la Comisión que propugne una visión multinivel de la acción por el clima en dicho proceso con el fin de promover un régimen climático integrador que reconozca las actuaciones de las autoridades locales y subnacionales;
44. Pide a las autoridades nacionales que pongan en práctica la descentralización y apliquen mejor el principio de subsidiariedad, permitiendo así que las Administraciones locales y regionales refuercen su papel en la lucha contra el cambio climático;
45. Observa que numerosos sectores industriales están invirtiendo en una transformación ecológica y han apostado por una política de descarbonización; reconoce que la colaboración entre empresas y ciudades genera soluciones innovadoras e integradoras en el ámbito de la acción por el clima y ayuda a la UE a lograr sus objetivos; recuerda que la industria desempeña un papel fundamental en la financiación y la reducción de la brecha de inversión en las zonas urbanas; pide que se promuevan las asociaciones entre ciudades y empresas;
46. Hace hincapié en que una planificación inteligente y la inversión en infraestructuras urbanas hipocarbónicas y resistentes al cambio climático pueden mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, así como crear empleo y estimular la economía local y regional;
47. Pide a las ciudades y las regiones que aprovechen las iniciativas de la UE, como la de las Acciones Innovadoras Urbanas, para ejecutar proyectos piloto en materia de desarrollo urbano sostenible;
48. Acoge con satisfacción la iniciativa «Women4Climate» («Mujeres por el clima»), que debería fomentar una mayor implicación de las mujeres dirigentes en la lucha contra el cambio climático con miras a fortalecer sus aptitudes de liderazgo y alentar a la próxima generación de mujeres dirigentes a participar en esta lucha, y celebra la participación del sector privado en dicha iniciativa;
49. Reconoce la responsabilidad especial de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, pues a ellas se debe el 70 % de las emisiones de CO2 a nivel mundial, y reitera el compromiso del Parlamento Europeo de lograr el lanzamiento con éxito a escala mundial del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, incluidas la iniciativa de adaptación al cambio climático «Mayors Adapt» («Los alcaldes se adaptan»), el Memorándum de Entendimiento «Under2 Degrees» («Dos grados menos»), el Pacto de Ámsterdam y la iniciativa «Regions Adapt» («Las regiones se adaptan»); considera que los compromisos asumidos mediante la Declaración del Ayuntamiento de París en 2015 solo se cumplirán mediante la adhesión al Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y anima a todas las ciudades, dentro y fuera del territorio de la UE, a adherirse a dicho pacto sin perjuicio de su participación en otras redes sectoriales o institucionales con iguales objetivos, así como a comprometerse con una acción ambiciosa por el clima y a organizar intercambios de experiencias de buenas prácticas; observa que una serie de planes de acción presentados por ciudades contienen compromisos hasta 2020 e insta, por tanto, a tales ciudades a desarrollar su programa de trabajo hasta 2030; opina que la UE debería seguir dotando a las ciudades de autonomía para confeccionar sus estrategias de mitigación del cambio climático, puesto que a menudo se fijan objetivos más ambiciosos;
50. Destaca la necesidad de una referencia clara al papel de las Administraciones locales y regionales en el Acuerdo de París a fin de lograr una respuesta a largo plazo al cambio climático; subraya que la UE ha de trabajar sobre el terreno con las ciudades y las regiones para hacer que las regiones y las ciudades de la UE estén mejor conectadas y sean más sostenibles, para crear municipios eficientes en su uso de la energía y para desarrollar redes de transporte urbano más inteligentes;
51. Opina que se debería fomentar la transferencia de conocimientos y experiencia a nivel local y regional, en vista de la ingente experiencia adquirida por ciertas regiones y ciudades, así como por determinadas agencias regionales de protección medioambiental y agencias regionales de energía;
52. Cree que se debería recurrir a organizaciones, asociaciones o redes europeas, internacionales o mundiales de ciudades, municipios y regiones como instrumento para una mejor cooperación en el tratamiento de los problemas del cambio climático a nivel local y regional;
53. Observa que, durante la CP 22 celebrada en Marrakech, las entidades locales y regionales desarrollaron la Hoja de Ruta de Marrakech, en la que se destaca la necesidad de una participación más directa de las entidades locales, que deberían considerarse formalmente parte del debate oficial sobre el cambio climático, en lugar de situarlas al mismo nivel que otros agentes no estatales, como las ONG y el sector privado;
54. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Europeo de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Estados miembros, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0363.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0383.
DO L 347 de 20.12.2013, p. 342.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359.
El cambio climático es una evidencia científica cuyos síntomas y consecuencias son cada vez más perceptibles, para la ciudadanía y los responsables públicos. El aumento de la temperatura en la UE en la última década ha sido más rápido que en el resto del planeta(1); asistimos a un aumento de las temperaturas extremas, de incendios forestales, de sequías, inundaciones y tormentas; de especies exóticas invasoras y pérdida de biodiversidad, de competencia por el agua(2), y de la demanda energética.
Muchos sectores se ven afectados: el sector primario o el turismo, y servicios públicos como la sanidad, y el suministro de agua y energía. Los costes económicos del cambio climático son muy altos, incluso para niveles moderados de cambio. Por otra parte, la Europa mediterránea es más vulnerable y sus costes asociados son más altos, es decir, el cambio climático afecta a la cohesión territorial de la UE(3).
El cambio climático acentúa además las diferencias sociales dentro de la UE; hay grupos sociales más expuestos que otros (por salud precaria, bajos ingresos, vivienda inadecuada, falta de movilidad, género, entre otras razones). La pobreza energética es ya una constante en la vida de muchos europeos. Igualmente, Europa tiene también la responsabilidad de paliar las consecuencias humanitarias del cambio climático fuera de Europa: hambrunas, sequías, huracanes, y un modelo de desarrollo injusto, generan una ola de refugiados climáticos, que llega hasta la UE y especialmente a sus ciudades, en busca de una vida digna.
ESTRATEGIAS Y ACUERDOS
La UE contribuye con un 9% de las emisiones mundiales, y sus ciudades generan el 75% de las mismas. Ante este reto, la Unión ya puso en marcha en 2013 una Estrategia de Adaptación al cambio climático. La firma del Acuerdo de París (CP 21) refuerza el compromiso de la UE en la lucha contra el cambio climático(4), enlaza con los ODS (suscritos igualmente por la UE) y a su vez establece el marco adecuado para una formulación de las políticas de la Unión, que deben luego trascender al resto de niveles: Estados miembros, autoridades regionales y locales, sector privado y ciudadanía.
La adopción de este Acuerdo es por tanto una oportunidad de bienestar y desarrollo globales. La insolidaria retirada de los EE. UU, siendo el primer productor mundial de GEI, hace más difícil el camino, pero no debe apartarnos del mismo.
La UE ha venido avanzando ya en esta línea a través de su Paquete sobre Clima y Energía: 40% de reducción de emisiones de GEI para 2030; aumentar un 27% la eficiencia energética y garantizar un 40% de generación energética renovable. El cumplimiento de estos objetivos es muy variable según los territorios, y es un reto de los próximos años ayudar especialmente a aquellos más vulnerables. Y en todo caso, para alcanzar los objetivos globales del Acuerdo de París, será preciso promover objetivos sectoriales más ambiciosos.
Las ciudades, nivel óptimo de lucha
El cambio climático es un cambio sistémico que interactúa con factores socioeconómicos: reto demográfico, segregación social, migración, urbanización, cambio tecnológico y transición a una energía hipocarbónica. Ello hace más preciso que nunca una visión integradora, que combine medidas sectoriales y transversales, multinivel, tangibles e intangibles, públicas y privadas, tecnológicas y basadas en ecosistemas. Esta visión integradora es mucho más factible y operativa a escala local. Las autoridades locales son siempre la administración más próxima a la ciudadanía(5).
Más del 70% de los europeos y el 73% de los empleos se encuentran en zonas urbanas: las ciudades tienen una gran responsabilidad en el calentamiento global, y a la vez constituyen un gran potencial para las soluciones. Los principales campos de acción son: movilidad y transporte; comportamiento energético de los edificios; producción, distribución y consumo de bienes y servicios (incluido el importante factor de la alimentación); gestión de los residuos; calidad del aire, ordenación del territorio y planificación urbana. Todos estos aspectos están recogidos ya como prioridades en la Agenda Urbana para Europa (Pacto de Ámsterdam).
Para adoptar soluciones al cambio climático, las ciudades han venido señalado reiteradamente necesidad de apoyo desde la UE en los siguientes ámbitos: un marco jurídico prescriptivo, creación de capacidades, sensibilización y formación, base de conocimiento técnico y científico, y financiación.
Priorizar la mitigación sin olvidar la adaptación
Las soluciones posibles se articulan en torno a dos ejes: adaptación y mitigación. A su vez, ambos ejes emanan de tres posibles enfoques(6):
• Espontáneo: adaptación en respuesta al clima y sus efectos experimentados, sin planificación explícita o sin que esté enfocada conscientemente al cambio climático.
• Incremental: adaptación cuyo objetivo central es mantener la esencia e integridad de un sistema.
• Transformativo: adaptación que modifica los atributos fundamentales de un sistema en respuesta al clima, para la mitigación de sus efectos.
El enfoque espontáneo y el incremental están basados en tecnología y experiencia probadas, mantienen el actual nivel de servicios y no cuestionan el modo de vida vigente. Es preciso combinarlos con soluciones transformadoras que afronten el carácter sistémico del cambio climático, dirigiéndose a las causas primarias.
Sin embargo, y hasta ahora, las actuaciones de las ciudades han ido sobre todo orientadas a la adaptación, y especialmente a través del enfoque espontáneo. Se han tomado medidas de adaptación, aunque no se etiqueten así ni formen parte de una estrategia global (reducción de desastres naturales, gestión de agua, creación de verde urbano...); no obstante, pueden ser muy eficaces: por cada euro invertido en evitar inundaciones, se evitan seis euros en daños a largo plazo. Los enfoques espontáneo e incremental tienen, sin embargo, un límite en cuanto a la capacidad tecnológica y al balance final de GEI. Por otra parte, escándalos como el dieselgate contribuyen a un mayor escepticismo de la opinión pública sobre estos enfoques.
Preocupantemente, más del 75% de las ciudades europeas no han tomado apenas medidas de calado para adaptarse al cambio climático. Se constata, además, una clara brecha geográfica, entre las ciudades del norte y oeste de Europa, y las del sur y el este. Es decir, son precisamente las ciudades ubicadas en regiones más vulnerables al cambio climático las que más dificultades tienen para adaptarse al mismo.
Las principales barreras identificadas son: falta de concienciación entre políticos y quienes toman las decisiones, falta de conocimientos técnicos y difícil acceso a la financiación(7). En todo ello, el papel de las autoridades estatales y regionales es ambivalente: no apoyan activamente medidas más novedosas, normalmente por motivos legales o sectoriales; existen barreras no tecnológicas para el despliegue de nuevos modelos de urbanismo, de movilidad, o de energías renovables.
Más que la adaptación, la mitigación del cambio climático ha de ser una prioridad. Para ello, es preciso un cambio de mentalidad, que incluye el modo en que organizamos nuestra vida y nuestro trabajo. El cambio es transversal y multidisciplinar; por ello, la mitigación es un proceso a largo plazo, que comienza por la planificación de la ciudad, trasciende ampliamente los ciclos electorales y los plazos de las decisiones a escala local, y también los límites de la ciudad, al ponerla en relación con su región funcional.
Vincular la mitigación del cambio climático con otros retos más próximos a la ciudadanía (tales como la mejora de la salud, o la búsqueda de nuevas oportunidades económicas), puede ser muy útil para lograr la implicación en el corto y medio plazo de todo el cuerpo social de la ciudad. Para ello, la sensibilización y formación son esenciales.
Una gobernanza bien armada y proactiva, que cubra una amplia gama de actores y asuma compromisos verticales y horizontales, es condición básica para la planificación y buen desarrollo de los procesos de adaptación y mitigación. Dicha gobernanza incluye un fuerte protagonismo de las ciudades en la formulación de las políticas que después se van a aplicar con carácter vinculante; el «Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía» es un ejemplo a potenciar para dicha gobernanza.
Reconocer la naturaleza multifactorial del problema
Los cambios hacia una economía hipocarbónica requieren cambios en tecnología, energía, economía, finanzas, y la sociedad. Ello implica un aumento de los esfuerzos para abordar el nexo entre cambio climático, recursos naturales, prosperidad, estabilidad y migración.
Por ello, todas las políticas de la UE deberían ir alineadas en este sentido. Este informe se refiere especialmente a los cambios en la política de cohesión, pero otras políticas (PAC, Horizonte 2020, energía, medioambiente) son vitales para el cumplimiento, en todas las escalas territoriales, del Acuerdo de París.
A escala local, es esencial que las adaptaciones sean transversales y no se queden en el departamento de «medio ambiente»: las ciudades han de unir el cambio climático a otras políticas urbanas como desarrollo económico, regeneración urbana, y mejoras en la calidad de vida. La adecuada dotación de capacidades es fundamental, para afrontar la naturaleza multisectorial de la lucha contra el cambio climático, para mejorar la gobernanza de dicha lucha mediante el compromiso activo de todos los actores locales (incluyendo la ciudadanía y el sector privado), y para un mejor uso de los recursos asignados.
Dar coherencia, mejorar y facilitar el acceso a la financiación
Sin embargo, algunos de los instrumentos financieros de la UE podrían colaborar más a la lucha contra el cambio climático, como ya ha constatado(8) el TCE en relación con el FSE o el FEMP. Ante otros instrumentos crediticios o de seguros, será imprescindible dar una mejor información a las ciudades sobre cómo acceder y combinar los diferentes Fondos. Se debe promover una tarificación de las emisiones de carbono, corregir a la baja las subvenciones a los combustibles fósiles y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética, siempre teniendo en cuenta el empleo para que la transición energética hacia un desarrollo sostenible medioambientalmente lo sea también en lo social.
Aumentar, mejorar y difundir la base de conocimientos
La creación de método y de conocimiento es esencial para conocer el punto de partida de las ciudades ante el cambio climático, y verificar la efectividad de las medidas y la oportunidad de su trasposición.
El trabajo llevado a cabo desde mecanismos europeos como la plataforma ADAPT, la EEA, el JRC o ESPON es digno de aplauso. Gracias a ello, se cuenta con buena información a escala de la UE, pero falta información e indicadores adecuados a escala de ciudad, tanto de los efectos como de los riesgos del cambio climático: proyecciones e indicadores regionales de los impactos, vulnerabilidades y resultados, así como cálculos de costes y beneficios de la adaptación; además, sigue faltando una buena comunicación para difundir las buenas prácticas y resultados.
Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, COM(2013)216 final.
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, key findings. EEA, 2016.
COM(2013)216 final
El camino desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París..., COM(2016)110 final.
Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam’, 2016
Urban adaptation to climate change in Europe 2016, transforming cities in a changing climate. European Environment Agency, 2016
Adaptation Strategies for European Cities, EC – Directorate General for Climate Action, 2013.
Gastar al menos un euro de cada cinco del presupuesto de la UE en acción por el clima: una labor ambiciosa que corre un grave riesgo de ser insuficiente, TCE, Luxemburgo, 2016.
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (24.11.2017)
sobre el papel de las regiones y las ciudades de la Unión en la aplicación del Acuerdo de París de la COP 21 sobre el cambio climático
Ponente de opinión: Gilles Pargneaux
1. Indica que las regiones y las ciudades ya han demostrado su compromiso de luchar contra el cambio climático en su condición de contribuyentes importantes a las iniciativas de la Agenda de Acción Lima-París (AALP) y la Zona de los Actores No Estatales para la Acción Climática (NAZCA); se congratula de iniciativas como el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, incluida la iniciativa de adaptación al cambio climático (la iniciativa «Mayors Adapt», «Los alcaldes se adaptan») o el Memorándum de Entendimiento «Under2 Degrees» («Dos grados menos»), así como la iniciativa «Regions Adapt» («Las regiones se adaptan»); anima a más ciudades de la Unión a adherirse a estas iniciativas y comprometerse con una acción ambiciosa por el clima; considera que los Gobiernos subnacionales y nacionales, así como las organizaciones intergubernamentales, deben reconocer y fomentar la contribución de dichas iniciativas;
2. Observa que las entidades locales son responsables de la aplicación de la mayoría de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y de la mayor parte de la legislación de la Unión en la materia; Subraya la necesidad de actuar en el ámbito de la planificación urbana, la movilidad, el transporte público y la infraestructura, la eficiencia energética de los edificios, las campañas educativas, las ciudades inteligentes, la red energética inteligente y las subvenciones regionales para aplicar el Acuerdo de París sobre cambio climático;
3. Señala que, en la actualidad, la mayoría de los europeos vive en las ciudades; señala asimismo que las decisiones en materia de infraestructura urbana tomadas por los responsables de las ciudades repercutirán en la capacidad de las ciudades para resistir al cambio climático, ya que probablemente tendrá como consecuencia que las ciudades europeas tengan que enfrentarse a desafíos como más precipitaciones e inundaciones y olas de calor más frecuentes;
4. Resalta el hecho de que ciudades, empresas y otros agentes no estatales tienen un potencial de mitigación que oscila entre 2 500-4 000 millones de toneladas de CO2 para 2020(1), que es más de lo que la India emite en un año, y que esta cantidad es de magnitud similar a los 4 000-6 000 millones de toneladas de CO2 que, según estimaciones de las Naciones Unidas, reducirán para el año 2030, una década después, las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) adoptadas en París;
5. Hace hincapié en que las regiones y las ciudades tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático, que por sí solas pueden reducir en un 5 % las emisiones globales para cumplir el Acuerdo de París, y que, de acuerdo con otros niveles de gobierno y con el sector privado, tienen potencial para llegar a reducir las emisiones globales en un 46 %(2);
6. Recuerda que el sector de transportes es responsable de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos peligrosos para la salud, cuya concentración en zonas urbanas está regulada por la Directiva (UE) 2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos(3);
7. Recuerda que el artículo 7, apartado 2, del Acuerdo de París reconoce que «la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales»;
8. Reconoce que la actuación de las entidades locales es esencial para habilitar a los gobiernos para que puedan llevar a cabo sus compromisos en el marco de la acción global por el clima;
9. Hace hincapié en que los agentes no estatales están convirtiéndose en un elemento central del régimen del cambio climático para después de París y del proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); destaca que estos agentes pueden realizar contribuciones valiosas al diálogo facilitador y a los balances globales, y pueden contribuir a un proceso de revisión más eficaz en virtud del Acuerdo de París;
10. Pide que se mejore la acción individual y coordinada a los niveles de la Unión, regional y local para la adaptación a las repercusiones del cambio climático;
11. Subraya que las ciudades formulan las políticas urbanas y son capaces de conectar sus iniciativas con los planes de acción nacionales y centrarse en las iniciativas con el mayor impacto; pide una mayor participación de los gobiernos locales en el proceso de toma de decisiones de la Unión;
12. Observa que los alcaldes de las ciudades son responsables de sus decisiones directamente ante sus votantes y pueden actuar de forma más eficaz y con más rapidez, y a menudo con resultados inmediatos e impactantes;
13. Pide una nueva gobernanza que pueda garantizar fondos para el clima, y una mayor integración de las regiones y las ciudades y sus órganos de representación, como el Comité de las Regiones a nivel de la Unión, en el proceso de la CMNUCC, a fin de establecer un diálogo directo permanente entre los diferentes niveles, empezando a nivel local y regional; observa que el anuncio de la retirada de los EE. UU. del Acuerdo de París ha inducido a muchos Estados y ciudades de los EE. UU. a reiterar su compromiso de respetar la contribución determinada a nivel nacional por los EE. UU. consistente reducir las emisiones entre el 26 % y el 28 % para 2025 en relación con el nivel de 2005, y que, habida cuenta del contexto concreto, las entidades locales y subnacionales deben formar parte integrante de la CMNUCC a fin de que sus posiciones estén representadas en el proceso y de facilitar la difusión de mejores prácticas locales en lo que se refiere a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias;
14. Destaca la necesidad de una referencia clara al papel de los gobiernos nacionales y regionales en el Acuerdo de París a fin de lograr una respuesta a largo plazo al cambio climático; subraya que la Unión ha de trabajar sobre el terreno con las ciudades y las regiones para hacer que las regiones y las ciudades de la Unión estén mejor conectadas y sean más sostenibles, para crear municipios eficientes en su uso de la energía y para desarrollar redes de transporte urbano más inteligentes;
15. Destaca que, en 2030, casi el 60 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas; señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 11, «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» aspira a incrementar considerablemente para 2020 el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus consecuencias y la resiliencia ante desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles; señala que, según las Perspectivas de Urbanización Mundial (World Urbanization Prospects) de las Naciones Unidas de 2014, el 54 % de la población mundial reside en zonas urbanas, mientras que en 1950 ese porcentaje era del 30 %; señala que se espera que ascienda al 66 % en 2050;
16. Pide que la nueva estructura global implique formalmente a las entidades locales y regionales en la preparación y la aplicación de un plan de acción claro sobre el clima para el Acuerdo de París; destaca que dicha estructura debe realizar un seguimiento de los objetivos vinculantes, seguir los avances mediante mecanismos de evaluación y proporcionar instrumentos financieros a medida para transformar los compromisos en resultados tangibles;
17. Insta a que se promueva y garantice la coordinación de todas las administraciones públicas y a que se fomente la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales y económicos;
18. Pide una hoja de ruta sobre adaptación que supervise la acción sobre el clima a nivel regional y local y que incorpore los datos más recientes sobre medidas de adaptación en la Unión, entre otros fines, para las notificaciones relativas a la contribución determinada a nivel nacional de la Unión;
19. Manifiesta su preocupación por el aumento de los fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, inundaciones y sequías, que son consecuencia directa del cambio climático provocado por la acción del hombre y seguirán afectando negativamente y con más frecuencia a muchas partes de Europa, acrecentando la vulnerabilidad de las personas, la naturaleza y los ecosistemas que habitan a menos que se tomen medidas de adaptación concretas y se restaure el ciclo del agua; hace hincapié en la necesidad de aumentar las inversiones en infraestructura ecológica que pueda ayudar a las ciudades a refrescarse y proporcione protección y asistencia durante fenómenos climáticos extremos; observa que las ciudades y las regiones están interconectadas y dependen de que otras ciudades y regiones les proporcionen servicios esenciales como alimentos, agua y energía, y de las infraestructura para transportarlos; hace hincapié en que la planificación y el desarrollo de una adaptación eficaz requieren información bien fundada sobre los futuros riesgos climáticos a los que se enfrenta la ciudad, y cómo ello se traduce en puntos vulnerables físicos y económicos; recuerda que sigue habiendo ciudades que no disponen de información específica sobre riesgos climáticos que informe los procesos de toma de decisiones sobre planificación y desarrollo a nivel local, y que para lograrlo es necesario un enfoque conjunto y amplio que combine el diálogo y las asociaciones y que atraviese sectores y niveles gubernamentales; pide que haya un apoyo integrado de la Unión para mejorar la solidaridad y el intercambio de las mejores prácticas entre Estados miembros, y para garantizar que las regiones más afectadas por el cambio climático puedan tomar las medidas necesarias para adaptarse;
20. Insta a regiones y ciudades a contar con una planificación específica en material de adaptación que garantice la reducción de su vulnerabilidad ante el cambio climático;
21. Hace hincapié en la necesidad de aumentar las inversiones en infraestructura ecológica que pueda ayudar a las ciudades a reducir las temperaturas y proporcionar protección y asistencia durante fenómenos meteorológicos extremos;
22. Observa que el aumento de la cubierta de árboles y arbustos en las ciudades, con una selección cuidadosa de las especies adecuadas a una zona determinada, reduce el flujo de calor sensible y la temperatura del aire, mejorando eficazmente el microclima de las ciudades y el confort térmico de las personas; opina que esta reflexión debe servir de base para la planificación territorial y los proyectos urbanísticos de las ciudades de la Unión;
23. Destaca la necesidad de que las regiones apliquen y actualicen periódicamente los programas regionales que contienen medidas para facilitar una adaptación adecuada con miras a luchar contra los efectos del cambio climático, y de que todas las regiones colaboren en la elaboración de planes para la adaptación a las repercusiones del cambio climático, y en el desarrollo de planes integrales para la gestión de las zonas costeras y los recursos hídricos;
24. Recuerda que la Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión (COM(2013)0216) establece tres objetivos principales y sus respectivas acciones: 1) fomentar la actuación de los Estados miembros; 2) instar a todos los Estados miembros a adoptar estrategias exhaustivas de adaptación; y 3) facilitar financiación de LIFE para respaldar la creación de capacidades y acelerar las medidas de adaptación en Europa (2013-2020);
25. Recuerda que, para respetar los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, no solo es necesario reducir las emisiones sino también aumentar la capacidad de absorción de CO2 del suelo, de manera que, en la segunda mitad de siglo se pueda contar con una retirada neta de CO2 de la atmósfera;
26. Pide que se refuerce la protección de los bosques urbanos ya existentes y recién establecidos en las regiones de la Unión, habida cuenta de su importancia para el esparcimiento de la población local y, en algunas zonas, para el suministro y conservación de las fuentes de agua potable; Los municipios deben prestar todo el apoyo necesario para mantener estos ecosistemas y sus servicios, y evitar cualquier actividad que pueda provocar su deterioro;
27. Manifiesta que aumentar la resiliencia de la sociedad y las zonas habitadas a fin de hacer frente a las repercusiones inevitables del cambio climático exige una serie de medidas, como aumentar la eficiencia y racionalidad del uso de agua (entre las medidas de adaptación debe concederse prioridad a las del ámbito del agua, del mismo modo que las medidas de mitigación que se están tomando ya con respecto del carbono) y medidas en las zonas costeras; desarrollar estrategias basadas en una planificación urbana ecológica, con especial atención a la defensa ante inundaciones; movilizar conocimiento y recursos para la adaptación de cultivos y de la gestión forestal para hacer frente a los problemas causados por sequías e incendios; y aumentar la conectividad entre ecosistemas para favorecer las migraciones de especies;
28. Reconoce la necesidad de disponer de medidas de adaptación para aportar coordinación y coherencia a todos los niveles de la planificación y la gestión y que es importante garantizar enfoques conjuntos y plena coherencia entre las estrategias nacionales de adaptación y los planes locales de gestión de riesgos;
29. Destaca que la vulnerabilidad de las personas ante las repercusiones del cambio climático, especialmente ante los llamados fenómenos extremos, viene en gran parte determinada por su capacidad para acceder a recursos básicos como la energía y el agua; pide a las administraciones públicas, teniendo esto presente, que garanticen el acceso a estos dos recursos básicos;
30. Observa que solo quince Estados miembros de la Unión han adoptado un plan de acción y una estrategia de adaptación, con pocas medidas concretas sobre el terreno; Subraya la necesidad de supervisar y evaluar todas las estrategias de adaptación y planes de acción en materia de prevención de riesgos, gestión de inundaciones y gestión del agua;
31. Reconoce que una gestión eficiente de los recursos es esencial para fines de mitigación y adaptación, con miras a identificar prioridades conjuntas; Pide estrategias locales integradas para velar por un uso más eficiente de los recursos y para desarrollar resiliencia y adaptarse a las repercusiones del cambio climático en las zonas más afectadas;
32. Opina que las entidades locales y regionales deben tomar medidas integradas y a largo plazo con miras a la mitigación del cambio climático y la adaptación a nivel local;
33. Considera que las entidades locales y subnacionales deben ser capaces de definir claramente sus compromisos de mitigación y adaptación, como han hecho los países mediante las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), a fin de aportar contribuciones sólidas y transparentes, empezando por procesos sólidos de seguimiento, notificación y verificación, a través de iniciativas como el Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía; pide que se cree un sistema de contribuciones determinadas a nivel local para su aplicación en conexión directa con las contribuciones determinadas a nivel nacional y como complemento de ellas; considera que esas contribuciones, ya sean nacionales, subnacionales, regionales o locales, deben adoptar modalidades, procedimientos y pautas comunes, según proceda, para la transparencia de la acción y el apoyo;
34. Recuerda que al menos el 20 % del presupuesto de la Unión para 2014-2020 (aproximadamente 212 000 millones EUR) debe destinarse a acciones relacionadas con el clima; observa que, en su informe especial 31/2016, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que existe un grave riesgo de que el objetivo del 20 % no se cumpla si no se incrementan los esfuerzos para afrontar el cambio climático, reconociendo que la aplicación del objetivo ha dado lugar a una financiación mayor y mejor orientada de la acción por el clima en el marco de algunos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, concretamente, en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el Fondo de Cohesión, mientras que en otros ámbitos, como en el Fondo Social Europeo, la agricultura, el desarrollo rural y la pesca, la situación se mantiene en gran medida como de costumbre (es decir, sin cambios notables hacia la acción en favor del clima);
35. Acoge con satisfacción la inclusión de los objetivos temáticos OT4, OT5 y OT6 entre los criterios para conceder fondos de cohesión; recuerda que, según el Tribunal de Cuentas Europeo, podría no alcanzarse el compromiso de gastar como mínimo el 20 % del marco financiero plurianual en acciones en favor del clima en el período 2014-2020 si no se adoptan medidas complementarias;
36. Destaca la ausencia de un sistema de presentación de informes sobre los porcentajes de los Fondos Estructurales y de Cohesión destinados a acciones de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo por parte de las entidades locales;
37. Pide a la Comisión que haga obligatorio que los Estados miembros indiquen el porcentaje de fondos de la Unión gastado a nivel local para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y velar por la adaptación al cambio climático;
38. Insta a la Comisión, al BEI y a los Estados miembros a que refuercen la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades con objeto de que puedan aprovechar plenamente las oportunidades de financiación pública y privada disponibles a escala de la Unión; hace hincapié en la necesidad de una asistencia financiera mejorada para ayudar a las entidades locales y regionales a aplicar medidas coherentes sobre el clima; considera que las posibilidades de financiación, como los fondos mundiales para el clima, deben ser directamente accesibles para las entidades locales;
39. Es consciente de los problemas a los que se enfrentan los municipios y regiones que hasta ahora han sido totalmente dependientes en términos económicos de la extracción de fuentes de energía convencionales, como el carbón, y pide que su transformación estructural reciba apoyo mediante programas de financiación a nivel europeo;
40. Insta a las entidades locales y regionales a que hagan cuanto puedan por constituir fondos de carácter público que puedan utilizarse, por ejemplo, para promover el desarrollo de las energías renovables, descentralizar redes y fomentar el autoconsumo eléctrico;
41. Insta a las autoridades públicas a que impongan gravámenes sobre las actuaciones que incrementan la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, y a que incentiven fiscalmente las actuaciones que favorecen la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones;
42. Hace hincapié en la necesidad de impulsar la transición energética y las inversiones locales en medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus consecuencias, racionalizando la legislación, reduciendo la burocracia, posibilitando soluciones innovadoras y fomentando las asociaciones con las comunidades locales y la sociedad civil, a fin de promover la acción por el clima; pide iniciativas nacionales dirigidas a concienciar a los ciudadanos sobre los efectos del cambio climático;
43. Hace hincapié en la importancia de la educación sobre la protección del clima, y pide medidas adecuadas para los municipios y escuelas sobre el terreno, con el fin de garantizar el nivel pertinente de conocimientos técnicos;
44. Acoge con satisfacción las iniciativas de ciudades, como las ciudades inteligentes y las redes energéticas inteligentes, que tratan de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia de los recursos, haciendo frente al cambio climático y logrando un crecimiento ecológico, fomentando zonas conectadas por sistemas de transporte público; destaca que las regiones deben mejorar las disposiciones sobre ciudades verdes con miras a lograr un crecimiento ecológico urbano y nacional, habida cuenta de que las ciudades están entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, y que soluciones como las redes inteligentes presentan potencial para suministrar energía de forma más eficiente a hogares y edificios, mejorando la eficiencia energética y el consumo de energía;
45. Pide a las administraciones competentes que orienten la producción agrícola y forestal hacia actividades capaces de reducir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero y que redacten planes que permitan incrementar de forma progresiva la capacidad de absorción del suelo;
46. Acoge con satisfacción las posibles repercusiones económicas beneficiosas para las ciudades que lideren en el ámbito de la infraestructura hipocarbónica, incluidos unos costes energéticos y de mantenimiento menores y menos gasto en salud pública, lo cual mejora con las reducciones de los contaminantes;
47. Recuerda que los proyectos a pequeña escala de energías renovables, como los proyectos de comunidades de energías renovables y de autoconsumo, pueden contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París;
48. Subraya la importancia de que las ciudades asuman un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, promoviendo el uso del transporte público, en particular por ferrocarril; señala que la congestión del tráfico es una de las fuentes principales de emisiones de carbono; destaca que la Unión debe trabajar sobre el terreno con las ciudades y regiones para hacer que las regiones y ciudades de la Unión sean más eficientes en su consumo de energía y estén mejor conectadas, a fin de desarrollar redes de transporte urbano más inteligentes con miras a un mundo más resiliente ante el cambio climático;
49. Recuerda que el transporte no solo provoca emisiones con un impacto considerable sobre la salud sino también emisiones de gases de efecto invernadero; opina que las regiones y las ciudades tienen grandes oportunidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte teniendo más en cuenta dichas emisiones en la planificación del transporte; subraya la necesidad de financiación para iniciativas que faciliten la movilidad local y regional baja en carbono;
50. Pide a las entidades locales que apliquen planes en los ámbitos del transporte y la logística tendentes a favorecer el transporte público y privado electrificado, entre otras vías mediante la realización de zonas de circulación exclusiva para bicicletas y vehículos eléctricos y proporcionando puntos de recarga en número suficiente y de fácil acceso;
51. Pide, reconociendo la importancia específica del sector del transporte, que se designe a varias regiones modelo para fines de investigación sobre un sistema de transporte inteligente e interconectado entre zonas urbanas y rurales;
52. Pide a la Comisión Europea que vele por que el programa Horizonte 2020 dedique más atención y aporte más financiación a los proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la economía circular y las ciudades sostenibles;
53. Reitera que las regiones deben aplicar la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios(4) y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética(5);
54. Pide a las entidades locales que organicen campañas de información, también en colaboración con representantes de la restauración colectiva, para sensibilizar sobre la huella de carbono de los alimentos, a fin de educar a la población sobre la alimentación sana e inducirla a tomar alimentos con un impacto reducido sobre el clima;
55. Subraya que los alimentos de temporada de producción local pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el transporte y de este modo reducen la huella de carbono en general de los alimentos; pide a la Comisión que mejore la producción sostenible de alimentos a nivel local y regional;
56. Pide que se refuercen las asociaciones entre la Unión y los Gobiernos locales y regionales para fortalecer los procedimientos para acelerar la acción local por el clima en el marco de la economía circular, a fin de reducir los residuos, controlar el cambio climático y emplear los recursos de forma más eficiente;
57. Destaca que la economía circular es un instrumento de enorme potencial para mejorar la sostenibilidad de las ciudades y pide a la Comisión Europea que las incluya en la estrategia de economía circular;
58. Pide a las autoridades competentes que aborden el problema de los residuos con miras a llevar la economía circular a su pleno desarrollo y que fomenten técnicas de eliminación de la parte de los residuos no reutilizable o reciclable distintas de la incineración;
59. Pide a la Comisión que busque maneras de mejorar la cooperación internacional entre regiones y agentes a nivel local con el fin de intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas con miras a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París;
60. Pide que los gobiernos nacionales ayuden a las ciudades y las regiones a aplicar los compromisos internacionales para apoyar iniciativas sobre el clima y la energía a nivel local y regional;
61. Pide a las ciudades y a las regiones que asuman el liderazgo del fomento de la eficiencia energética y la producción de energía renovable a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica; señala que las regiones y las ciudades pueden desempeñar un papel fundamental en la descarbonización de la sociedad y que su compromiso con la creación de un sistema energético basado en las fuentes renovables debería ser prioritario para la Unión y los Estados miembros individuales;
62. Acoge con satisfacción la decisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de elaborar en 2023 un informe especial sobre las ciudades y el clima, compromiso que impulsará una mayor investigación sobre la importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático; pide a la Comisión que participe activamente en su elaboración y propugne una visión territorial de niveles múltiples sobre la acción por el clima; considera que las ciudades deben hacer aportaciones al próximo informe global sobre el clima de 2018; considera que las ciudades y las regiones pueden influir en la elaboración de políticas a raíz del Acuerdo de París mediante la aplicación de un enfoque estratégico para atajar el calentamiento global y apoyar las medidas de mitigación y adaptación en zonas urbanas, donde reside más de la mitad de la población mundial;
63. Reconoce la responsabilidad especial de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, pues aportan el 70 % de las emisiones de CO2 a nivel global; considera que los compromisos asumidos mediante la Declaración del Ayuntamiento de París en 2015 solo se cumplirán mediante la colaboración con el Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía y la adopción amplia de planes de acción por parte de las ciudades en toda la Unión; pide a la Comisión que ayude a garantizar, cuando sea necesario, una buena integración de la Coalición de Alcaldes y del Pacto de los Alcaldes, que comenzó el 22 de junio de 2016;
64. Observa que, durante la COP 22 celebrada en Marrakech, las entidades locales y regionales desarrollaron la Hoja de Ruta de Marrakech, que destaca la necesidad de una participación más directa de las entidades locales, que deberían ser consideradas formalmente como parte del debate oficial sobre cambio climático, en lugar de ser situadas en el mismo nivel que otros agentes no estatales como las ONG y el sector privado;
65. Hace hincapié en que las autoridades públicas deben dar ejemplo como consumidoras de energía y pide que se destinen o se refuercen los Fondos Estructurales con el fin de promover el saneamiento energético de los edificios públicos y la autosuficiencia de los municipios a través de la energía renovable;
66. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan sistemas piloto y modelos de autogestión energética a nivel local, es decir, modelos basados en sistemas distributivos cuyo rendimiento económico se destine a financiar nuevas instalaciones que reduzcan las repercusiones sobre el medio ambiente;
67. Pide a la Comisión que promueva la coordinación y el intercambio de información y mejores prácticas entre Estados miembros, regiones, comunidades locales y ciudades;
68. Expresa su consternación ante la apreciación de 2016 del Tribunal de Cuentas Europeo de que no se alcanzará el objetivo de la Unión de gastar el 20 % del presupuesto en el periodo de programación actual en medidas en favor del clima; reconoce la gran variedad de dificultades para medir y evaluar los proyectos de la Unión que tratan de mitigar el cambio climático y sus repercusiones; pide a la Comisión que mantenga al Parlamento al corriente sobre los progresos en este importante ámbito;
69. Destaca la importancia de los proyectos energéticos ciudadanos descentralizados y cooperativos, y pide que reciban apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión y mediante la reducción de las cargas administrativas a nivel nacional y regional;
70. Reconoce la importancia de los enfoques ascendentes para obtener de las partes interesadas la aprobación de la mitigación del cambio climático; reconoce el potencial de los instrumentos establecidos en el Reglamento sobre disposiciones comunes(6), como las inversiones territoriales integradas (ITI) y el desarrollo local participativo (CLLD), para contribuir a lograr los objetivos de la Unión en este ámbito; pide a la Comisión que trabaje junto a las partes interesadas a nivel nacional y local para garantizar que utilicen adecuadamente toda la gama de instrumentos a su disposición;
71. Reitera su compromiso de asegurar el lanzamiento con éxito del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía; observa la importancia que tiene fijar objetivos que sean plenamente mensurables; observa, además, que una serie de planes de acción presentados presentan compromisos hasta 2020 y que por ello estas ciudades han de realizar labores adicionales hasta 2030;
72. Acoge con satisfacción las medidas voluntarias (como el código de colores rojo, ámbar y verde) que visibilizan las repercusiones en el clima y la huella de carbono generadas por los alimentos y otros productos, y pide la introducción de indicadores a nivel de la Unión que hagan posible un etiquetado voluntario pero comparable, en particular en el ámbito del comercio regional.
Informe de Global Gender and Climate Alliance (GGCA), diciembre de 2015.
Estudio de Arup titulado «Deadline 2020. How cities will get the job done’» («Plazo 2020. Cómo harán las ciudades el trabajo»).
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
Última actualización: 7 de marzo de 2018 Aviso jurídico

References: artículo 7
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 174
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7