Source: https://www.slideshare.net/gamalserhan/demanda-cidh-tuto-quiroga-2013
Timestamp: 2018-06-25 18:37:18+00:00

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Alejandra Prado , Abogado, Ex Diputada Nacional de Bolivia. Amante de la libertad, defensora de DDHH. Anticomunista total! at Asamblea Legislativa Plurinacional
Gamal Serhan Jaldin , Director Ejecutivo Nacional en FUNDEMOS at FUNDEMOS
1. PRESENTA DENUNCIA EN CONTRA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Señor: DR. EMILIO ALVAREZ ICAZA Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Fax (1-202) 458 3992 cidhoea@oas.org I. PERSONA, GRUPO DE PERSONAS U ORGANIZACIÓN QUE PRESENTAN LA PETICIÓN INDIVIDUAL. Nombre: Nacionalidad: Dirección Postal: Teléfono: Fax: Correo electrónico: JORGE FERNANDO TUTO QUIROGA RAMIREZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA DEL 6 DE AGOSTO DE 2001 6 DE AGOSTO 2002, 2do CANDIDATO MAS VOTADO 2005 Y PRECANDIDATO PRESIDENCIAL PARA LAS ELECCIONES DE 2014. Boliviano. HERMANOS MANCHEGO 2441 LA PAZ – BOLIVIA (591) 2-2151975 (591) 2-2151975 tutoquiroga@gmail.com II. NOMBRE DE LA PERSONA AFECTADA POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. Nombre: Nacionalidad: Dirección postal: Teléfono: Fax: Correo electrónico: JORGE FERNANDO TUTO QUIROGA RAMIREZ PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA 6 DE AGOSTO DE 2001 - 6 DE AGOSTO DE 2002 Y 2do CANDIDATO MAS VOTADO 2005 PRECANDIDATO PRESIDENCIAL PARA LAS ELECCIONES DE 2014. Boliviano. HERMANOS MANCHEGO 2441 LA PAZ – BOLIVIA (591) 2-2151975 (591) 2-2151975 tutoquiroga@gmail.com III. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA AMPLIACIÓN. La Petición Individual, así como sus posteriores ampliaciones a futuro son dirigidas en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, que al haber aprobado y ratificado mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica reconoce la competencia contenciosa de los órganos del Sistema Interamericano. 1
2. IV. INTRODUCCIÓN. BOLIVIA se prepara para una próxima elección general para la Presidencia del Estado Plurinacional a ser realizada en Octubre de 2014, en la cual tengo derecho pleno a postular a la Presidencia del Estado. Frente a este hecho el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, ha desarrollado una serie de acciones que violan los principios de legalidad y constitucionalidad, al conseguir una habilitación para una tercera elección consecutiva al gobierno, y, al mismo tiempo ha desatado en mi contra una inclemente persecución judicial con el propósito deliberado de inhabilitar mi candidatura o limitarla de tal forma que no represente una participación basada en el principio de igualdad que consagra la Constitución Boliviana, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con el propósito de introducir el planteamiento que formulo a la CIDH, me permito citar los siguientes antecedentes: entre los años 2006 y 2009 se ha desarrollado un proceso de reforma total de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Este proceso se ha desarrollado en tres etapas o momentos históricos claramente definidos: 1) La primera etapa se desarrolló con la elección de una Asamblea Constituyente encargada de la Reforma total del texto constitucional. Este período comprende desde el mes de agosto de 2006 y se prolonga hasta diciembre del 2007. Esta etapa concluye con la aprobación de un primer texto de la nueva Constitución Política del Estado en las sesiones de la Asamblea Constituyente celebradas en la ciudad de Oruro. La aprobación de este texto reunió los votos mayoritarios de la bancada oficialista y no así de las bancadas de la oposición, hecho que contradecía la Ley Nº 3364 Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente del 6 de marzo de 2006 y la Ley Nº 3728 de Modificación de Convocatoria a la Asamblea Constituyente del 4 de agosto de 2007. 2) Este texto sirvió de base para el desarrollo de la segunda etapa del proceso constitucional denominado “Dialogo Nacional”, desarrollado entre agosto y septiembre del año 2008. En esta segunda etapa se modificó por completo el sistema autonómico aprobado en la ciudad de Oruro, comprendido en los artículos 297 hasta el 304 de la constitución vigente. Esta segunda etapa tuvo como actores a los más altos niveles del Gobierno Nacional, los Prefectos de los Departamentos, y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, (FAM) en representación de los gobiernos municipales del país. 3) La tercera etapa de esto proceso se desarrollo en el Congreso Nacional. En este escenario institucional los partidos políticos de oficialismo y oposición ejercieron lo que se ha denominado por la Salle, el consenso político para establecer el nuevo orden constitucional. En esta tercera etapa se aprobaron 147 modificaciones de fondo al texto aprobado en la ciudad de Oruro. Posteriormente se aprueban dos Leyes importantes, la Ley 3941 del 2008 incorporando al proceso constituyente las dos etapas antes descritas (la reforma de los Prefectos y representantes municipales, y los debates del Congreso Nacional) y se aprueba también la Ley 3942 del año 2008 que 2
3. convoca a referéndum y refrenda la incorporación al proyecto de Constitución las reformas de las últimas dos etapas al proyecto final de constitución sometido al voto popular. Finalmente el mes de enero del año 2009, se realiza referéndum para aprobar la Nueva Constitución con la siguiente pregunta explícita en el artículo 4 de la Ley 3942: “¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?”, la que fue votada y aprobada por el pueblo boliviano, y posteriormente promulgada en el mes de febrero del mismo año. V. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA RE-ELECCION PRESIDENCIAL EN EL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL. La re-elección inmediata por un nuevo periodo constitucional, no se encontraba permitida en la Constitución de 1967. El artículo 87 de la lay fundamental dice: “El mandato improrrogable del Presidente de la Republica es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurridos cuando menos un periodo constitucional.” La nueva Constitución Política del Estado en su Artículo 168 señala que: “el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua”. Sin embargo de este principio esencial del nuevo texto constitucional, el proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente en la ciudad de Oruro planteaba claramente la re-elección inmediata por un tercer periodo presidencial, bajo el forzado argumento que el primer periodo de gobierno del Presidente Evo Morales, no seria tomado en cuenta a los efectos del computo. Efectivamente, la Disposición Transitoria Primera señalaba que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución NO serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.” Vale decir que permitía al Presidente Morales optar por tres gestiones continuas. El acuerdo político congresal, modificó la Disposición Transitoria Primera, parágrafo segundo1, estableciendo que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución SERÁN tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.” Vale decir que autoriza al Presidente Morales a optar por dos gestiones presidenciales continuas, la segunda que concluye indefectiblemente el 21 de enero del 2015. Este proceso de negociación, en el marco de la Carta Democrática Interamericana ha contado (en el caso de la Organización de 1 Ver. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07244.pdf, Pág. 80. (2/2013). 3
4. Estados Americanos) con la participación (en calidad de veedor y garante) del representante de la Secretaría General el Dr. Raúl Lago, quien como consta en su respectivo informe2 refrenda el proceso de negociación y los resultados alcanzados, informe que fue refrendado por el presidente Morales (ver nota SAP/OE-502/13 del Consejo Permanente de la OEA dirigida a Jorge Fernando Tuto Quiroga en respuesta a tres notas enviadas denunciando este hecho). Puesta en vigencia la Nueva Constitución, el 14 de Abril del 2009 se promulga la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio aprobada y sancionada por el Congreso Nacional, que rigió el proceso de relección de las nuevas autoridades del Estado Plurinacional desarrollando la Disposición Transitoria Primera parágrafo I. Este Régimen Electoral3 es una norma de desarrollo constitucional que establece en su artículo 25, parágrafo II: “En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes: a) Se computará como primer período, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado”. Bajo los parámetros establecidos por esta norma, el Presidente Morales participó en las elecciones de diciembre de 2010, ganó y asumió su SEGUNDO mandato, haciendo uso de su derecho a “ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, como señala el artículo 168 de la CPE. Como se podrá apreciar, el Presidente Morales promulgó y puso en vigencia la Nueva Constitución y el Régimen Electoral Transitorio entre Febrero y Abril del 2009, estampando su firma no una, sino dos veces, en textos contundentemente claros que no admiten posibilidad alguna de una tercera gestión presidencial continua. Decenas de declaraciones y publicaciones de esa época permiten corroborar esto. Aquí consignamos algunos ejemplos:  El Vicepresidente García Linera el 20 de Octubre del 2008 afirmó en el Congreso4, como consta en el Redactor Oficial, durante la sesión que aprobaría la nueva Constitución: “Entre esos acuerdos se incluye también y se lo comunicó a las 6 de la tarde, algo que se había acordado a las 3 de la tarde, el hecho que se había definido por acuerdo de las cuatro fuerzas políticas que las elecciones generales se las llevará adelante en Diciembre del 2009, QUE SE HABILITARÁ LA POSIBILIDAD DE OPTAR POR UN SEGUNDO MANDATO AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA…”  El Ministro Carlos Romero, cabeza del equipo negociador del Presidente Morales en Octubre del 2008 respondió así en entrevista publicada en El Deber5, el día 22 de ese mes: “PREGUNTA: ¿Cuál fue la clave para acordar la reelección? RESPUESTA: ….. Por eso acordamos en retrasar las elecciones hasta diciembre del próximo año, EL PRESIDENTE RENUNCIÓ A UNA POTENCIAL SEGUNDA REELECCIÓN”. 2 Ver. http://www.oas.org/sap/docs/misiones/2009/CP%20Informe%20MOE%20Bolivia%20enero%202009.pdf Ver. http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/18NEC 4 Ver. http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/tomov.pdf, Pág. 217. (2/2013). 5 Ver. http://www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=081022003237 (2/2013). 3 4
5.  El propio Ministro Romero en el libro “Del Conflicto al Diálogo: Memorias del Acuerdo Constitucional”, publicado6 en Marzo del 2009 por las fundaciones Friederich Ebert (Alemania) y NIMD (Holanda), escribe en la página 24: “Superado el debate acerca de la pertinencia o no de la reelección presidencial, la oposición concentró sus observaciones en torno al cómputo o no del actual período constitucional para la contabilización de la reelección presidencial. En términos técnicos, en aplicación del principio de irretroactividad de la Ley, el actual período constitucional no debería aplicarse para el cómputo. Sin embargo, A FIN DE VIABILIZAR EL GRAN PACTO POLÍTICO NACIONAL, SE ACEPTÓ POR PARTE DEL OFICIALISMO, QUE EL ACTUAL PERIODO CONSTITUCIONAL SEA CONSIDERADO PARA APLICAR LA FIGURA DE LA REELECCIÓN."  El Ministro Romero escribe más adelante7 en la página 29: “Acerca de la reelección presidencial se ACORDÓ CONTABILIZAR EL ACTUAL PERIODO CONSTITUCIONAL.”  En el citado libro, presentado al público con activa participación de autoridades oficialistas, el Senador Carlos Bohrt señala8 en la página 79: “El pacto político, sin embargo, se viabilizó en gran manera gracias a un cambio trascendental en la disposición transitoria primera, QUE DETERMINÓ, NADA MÁS Y NADA MENOS, LA ELIMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE UNA TERCERA POSTULACIÓN DE EVO MORALES A LA PRESIDENCIA Y DE ÁLVARO GARCÍA A LA VICEPRESIDENCIA o a la Presidencia de la República.”  El actual diputado Fabián Yaksic del Movimiento Sin Miedo (MSM), ex Viceministro de la Presidencia en el año 2008 que coordinaba temas parlamentarios para el Presidente, ha señalado reiteradas veces que el gobierno de Morales aceptó cambiar el texto constitucional y sólo tener dos mandatos presidenciales.  Decenas de publicaciones de prensa nacional e internacional, en Octubre del 2008, destacaban el acuerdo constitucional que limitaba al Presidente Morales a una sola reelección y por ende a dos mandatos. Como muestra presentamos el titular9 de Reuters, que el 20 de Octubre informa: “MORALES RENUNCIA A SEGUNDA REELECCIÓN PARA ACUERDO EN BOLIVIA.”  Asimismo, el propio presidente Morales, en su discurso de 21 de octubre de 2008 ha declarado no tener intención e interés de participar en una relección, como evidencia la grabación de televisión boliviana con el establecimiento de dicha declaración: http://www.youtube.com/watch?v=WTdE75E1Xfs&feature=youtu.be  El inicio del nuevo mandato del Presidente Morales en Enero 2010, fue conmemorado por dos sellos postales10; como se puede apreciar estos tienen fotos del Presidente con la inscripción: “SEGUNDO MANDATO, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia: EVO MORALES AYMA.” 6 Ver. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07244.pdf, Pág. 24, (2/2013). Ver. Ídem, Pág. 29, (2/2013). 8 Ver. Ídem, Pág. 79, (2/2013) 9 Ver. http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE49J1AC20081020 (2/2013). 10 Ver. http://www.correosbolivia.com/emisiones.php?gestion=2010&pageNum=2&boletinID=77 (2/2013). 7 5
6. Retrospectivamente, en diciembre del año 2005 se realizan elecciones nacionales, dentro las cuales gana Evo Morales Ayma como Presidente y Álvaro García Linera como Vicepresidente asumiendo así su PRIMER mandato, ello según el orden constitucional enmarcado en la constitución de 1967 reformada los años 1994 y 2004, posteriormente el 6 de diciembre del año 2009 se realizan elecciones (en el anterior régimen constitucional no se establecía la posibilidad de reelección) donde los señores Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera son reelegidos como Presidente y Vicepresidente respectivamente. Asimismo, el tiempo de mandato en el anterior régimen constitucional era de cinco años y en el actual régimen se mantuvo dicho tiempo de mandato. La Disposición Transitoria Primera parágrafo II establece que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución SERÁN tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. El 25 de abril del año 2013 el Tribunal Constitucional Plurinacional emite la Declaración Constitucional 0003/2013 cuyo expediente cursa con el número: 02856-2013-06-CCP, donde fundamenta desde la doctrina y no desde la norma, que la aprobación de la Nueva Constitución implica una refundación del Estado y que la reelección es parte de la parte dogmática de la constitución y debido a ello debe aplicarse directamente, asimismo establece un criterio de interpretación de la Disposición Transitoria Primera en su parágrafo IV sin fundamentar debidamente dicho extremo, disponiendo que los mandatos se inician en la gestión del 2010 y los preceptos de la Disposición Transitoria Primera parágrafo II. de la nueva constitución NO son aplicables a los efectos del cómputo de los nuevos mandatos. VI. EL INFORME DE LA COMISION CIDH, SOBRE LA TERCERA REELECCION PRESIDENCIAL EN EL CASO DE FIJIMORI. La CIDH ha emitido el informe sobre la situación democrática en Perú, el informe de 2000, que en su capítulo IV sobre derechos políticos ha elaborado las siguientes conclusiones: “CONCLUSIONES: 70. La Comisión comparte plenamente la calificación final efectuada por la Misión de Observación Electoral de la OEA, en el sentido que “de acuerdo a los estándares 6
7. internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo”,[41] así como también la afirmación de la Defensoría del Pueblo respecto a que, “en un mundo globalizado como el actual la democracia representativa y el respeto al derecho de participación política no pueden entenderse al margen de lo dispuesto por los tratados sobre derechos humanos”.[42] Para la Comisión Interamericana, el proceso eleccionario que ha tenido lugar en Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático a que se refiere la Resolución 1080, adoptada en 1991 por la Asamblea General de la OEA. 71. La CIDH observa que en consecuencia la elección del Ingeniero Alberto Fujimori no se ha llevado a cabo conforme a las debidas garantías de limpieza electoral que exige el ejercicio soberano de voluntad del pueblo peruano. Por lo señalado anteriormente, el lapso que dure el próximo mandato presidencial estará caracterizado por haber sido obtenido en violación al derecho de los peruanos y peruanas de “votar…en elecciones…auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana. 72. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que tanto el proceso previo como los resultados de las elecciones del año 2000 en Perú son el producto previsible de varios años en los que la voluntad arbitraria del Gobierno ha prevalecido sobre las Leyes y sobre las instituciones democráticas. De tal manera, el orden jurídico e institucional ha sido subordinado a la voluntad del Gobierno, quien de manera autoritaria ha manipulado su autoridad para frustrar, con métodos frecuentemente ilícitos, cualquier acto percibido como amenaza a su evidenciado propósito de perpetuarse en el poder. 73. La CIDH se encuentra sumamente preocupada por tal modelo de organización política, en donde se pretende aparentar formas de organización democrática, pero en la práctica se violan totalmente los postulados fundamentales de la democracia representativa y, por lo tanto, la vigencia de los derechos contemplados en la Convención Americana. La Comisión Interamericana, teniendo muy en cuenta su larga experiencia en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática, continuará observando con suma atención la situación de los derechos humanos en el Perú. 74. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al restablecimiento del Estado de derecho en Perú y a la convocatoria, en un plazo razonable, de elecciones libres, soberanas justas y auténticas que cumplan con los estándares internacionales respectivos. En dichas nuevas elecciones se deberá garantizar el mencionado derecho de los peruanos y peruanas de “votar…en elecciones…auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana.[43] La CIDH ofrece a Perú su colaboración para alcanzar dicho fin”. 7
8. La claridad de los conceptos de la CIDH, hace innecesario todo comentario respecto a la inconstitucional habilitación en Bolivia de Evo Morales Ayma y Alvaro Garcia Linera, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Estas conclusiones se convierten en fundamento de la presente petición individual. VII. HABILITACION INCONSTITUCIONAL E INHABILITACION ILEGAL DE OPOSITORES. De forma paralela a la habilitación para acceder a un nuevo periodo constitucional de gobierno, el Presidente Evo Morales Ayma, a través de la red del gabinete jurídico que ha instrumentalizado para perseguir a sus opositores, me ha hecho victima de una persecución penal inclemente a través de sendos juicios penales con el objeto de conseguir mi inhabilitación como candidato a la presidencia de la Republica de Bolivia. Claramente el objetivo de dicha persecución penal es lograr impedir que pueda ser candidato en las elecciones generales de mi país el año 2014. Esta dualidad del accionar presidencial, que por un lado de manera inconstitucional se habilita para ser candidato por un tercer período consecutivo en contra de un mandato expreso de la Constitución Política del Estado contenido en el artículo 168, y por otra parte busca la inhabilitación de un candidato opositor, solo es posible entenderlo a partir del control y monopolio absoluto que tiene el gobierno del conjunto del sistema judicial y Ministerio Publico de Bolivia. A manera de antecedentes para el conocimiento de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, debo señalar que he sido victima de dos procesos penales en plena realización por los siguientes hechos: 1) Denuncia de Corrupción en el caso CATLER-UNISERVICE. En mi condición de Jefe Nacional de la Agrupación Política PODEMOS, con la mayor representación congresal de la oposición en Bolivia, he realizado una denuncia pública por uno de los mayores hechos de corrupción y asesinato cometidos en Bolivia, por el entonces Presidente de la empresa de petróleos de Bolivia, SANTOS RAMIREZ y una banda de sicarios que fueron contratados para el caso. Un contrato de la Empresa Estatal de Petróleo de Bolivia, YPFB, con una empresa creada un día antes del mismo, sin licitación publica, con decretos de excepción y un sobreprecio desmesurado, dieron lugar a pagos ilegales a favor de los funcionarios de la Empresa YPFB. Para realizar estos pagos en varias oportunidades se desembolsaron montos cercanos al medio millón de dólares en efectivo para realizar estos pagos ilegales. El Banco que facilito estos operativos es de Propiedad del Estado, el Banco Unión. Un empresario de Catler-Uniservice Jorge O’Connor D’Arlach, fue victimado por sicarios contratados por funcionarios de la empresa petrolera, cuando se dirigía al domicilio de su Presidente SANTOS RAMIREZ, para realizar el pago doloso. Este hecho de sangre conmovió al país que exigió la investigación de este gigantesco fraude en contra de la economía del Estado. 8
9. La denuncia que hice pública a través de los medios de comunicación social dio lugar una importante investigación del hecho, encontrándose los culpables, y plenamente corroboradas todas mis denuncias. Actualmente se ha dictado sentencia condenatoria ratificando todos los términos de mi denuncia. Sin embargo la primera sentencia fue en contra mía por haber denunciado el hecho. Efectivamente en un proceso penal por los delitos de injuria, difamación, y calumnia promovida por el Banco gubernamental UNION, fui condenado a dos años y 9 meses de privación de libertad, por haber mellado la dignidad y el honor del BANCO UNION de propiedad del Estado Boliviano. Actualmente este proceso se encuentra en pleno tramite de los recursos de apelación y casación, sin que se haya agotado la instancia judicial. La paradoja hace que el denunciante en ejercicio de su libertad de expresión de un hecho que posteriormente se prueba cierto, es condenado por ofender el decoro y la dignidad de un Banco de propiedad del gobierno Boliviano. 2) Juicio de Responsabilidades por contratos petroleros. Mediante Querella penal firmada por el Presidente Evo Morales Ayma, recientemente se me notifica con la imputación penal por el supuesto delito de Incumplimiento de Deberes, y Daño Económico al Estado, por contratos que nunca he suscrito en mi condición de Presidente de la Republica de Bolivia. Mi acusador oficial, el Fiscal General del Estado, quien fue inconstitucionalmente habilitado como Ministro de la Corte Suprema de la Nación, por designación directa de mi querellante, el Presidente Evo Morales Ayma, ordena la separación de procesos y con este hecho remite a juzgamiento por un proceso separado a los ejecutivos de las empresas que suscribieron el contrato con el Estado Bolivia. Este hecho, prohibido en forma expresa por el Código de Procedimiento Penal Boliviano, en su artículo fue realizado por el actual Fiscal General del Estado cuando ejercía la función de Ministro de la Corte Suprema por designación inconstitucional del Presidente Evo Morales, porque se trataba de una atribución intransferible del Congreso de la Republica. El querellante que elige y designa a quienes posteriormente me juzgarán y eventualmente intentaran condenarme. Es imposible esperar un juicio imparcial y con garantía de presunción de inocencia, cuando el que me acusa elige a quienes van a conformar el Ministerio Publico y el tribunal que me juzgará. Esta imputación se me notifica oficialmente el día 24 de octubre de 2013. El ya referido Fiscal General del Estado pide mi detención preventiva y arraigo entre otras medidas. En estas condiciones y con las limitaciones de movimiento y libertad que se requieren en mi contra, se hace prácticamente imposible mi derecho a ser candidato a la Presidencia en las elecciones próximas. Este hecho claramente instrumentalizado por el poder político en vísperas de iniciarse las campañas electorales, viola de manera flagrante los principios del 9
10. artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que proclaman el derecho de: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Esta persecución sistemática en mi contra con el deliberado fin de evitar mi participación como candidato en las elecciones presidenciales, constituye una flagrante violación a mis derechos políticos protegidos por la Convención. Contrasta con la ilegal habilitación para un tercer mandato inconstitucional del presidente Evo Morales Ayma, a través de su red judicial y de persecución penal. Este hecho me legitima como víctima de esta violación. Acompaño en fotocopias tanto las querellas iniciadas en mi contra, las resoluciones judiciales, sentencia, e imputación penal reciente practicada en mi persona. VIII. CUESTIONES DE DERECHO.La declaración constitucional 0003/2013 es inconstitucional y por tanto vulnera el orden legal establecido por los artículos 2, 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana. El artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. El artículo 2 de la Ley 3942 de 2008 establece lo siguiente: “Se aprueba e incorporan en el texto del Proyecto de Constitución Política del Estado los ajustes efectuados por el H. Congreso Nacional, sobre la base del trabajo realizado en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y representantes municipales sobre Autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional. Según texto anexo, que consta de 411 Artículos y 10 disposiciones transitorias, 1 disposición abrogatoria y 1 disposición final”. Aquí se establecen dos cuestiones primordiales, primero que las disposiciones transitorias son parte integra de la constitución y, que el orden constitucional vigente es fruto también del orden legal previamente establecido; es perfectamente viable afirmar que existen cuestiones legales del anterior orden que han derivado en la constitución del actual orden legal y al mismo tiempo, esta construcción es parte de un proceso de construcción y concertación política reconocido por el orden legal expresado en la Ley 3942, ello definitivamente se expresa en las disposiciones transitorias de la constitución. 10
11. Asimismo, el artículo 168 de la constitución vigente establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua” y la disposición transitoria primera, in extenso establece lo siguiente: “I. El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente Constitución, sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009. II. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. III. Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4 de abril de 2010. IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de conformidad con el párrafo anterior.” De este modo, encontramos una vinculación sistémica entre el artículo 2 de la Ley 3942 y el artículo 196 parágrafo II. de la Constitución vigente, a establecer: “II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.”; entonces, la voluntad constituyente no es solo la asamblea constituyente sino también, los dos procesos complementarios, el dialogo nacional y la comisión del congreso, de modo que sus aportes se incorporaron al cuerpo constitucional y han determinado en la convocatoria a referéndum de aprobación de la constitución. Este criterio sistémico del derecho boliviano ha sido refrendado por el artículo 25 II. de la Ley 4021 del 14 de abril del 2009 que regía el régimen electoral transitorio, transitorio entre el Estado y las autoridades anteriores a la constitución y las posteriores desarrollando lo previsto en la disposición transitoria primera en el siguiente sentido: “II. En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, el cómputo de los mandatos constitucionales se regirá de conformidad a los siguientes: a) Se computara como' primer periodo, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. b) Para el efecto del cómputo se consideraran los mandatos correspondientes al mismo cargo electivo”. De modo que, al momento de la posesión del presidente y vicepresidente el año 2011 ambas autoridades, además del propio Estado Plurinacional estaban definitivamente conscientes el criterio referido a la reelección, siendo como habíamos expuesto antes, un criterio sistémico: el debate constituyente ha determinado la contabilización de los mandatos anteriores y ello se ha expresado en la disposición transitoria primera II. y por ultimo las normas que regularon la elección de nuevas autoridades asumieron dicho sentido. Para mayor abundamiento, de dichas normas claramente se entiende que existe una excepción al parágrafo III establecido en el parágrafo IV referido a la extensión el mandato de “Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, de modo que al ser excepción, su contenido no se aplica a los parágrafos 11
12. I y II, los que normativamente gozan de autonomía ya que no se encuentran comprendidos dentro de la excepción, pero contrario sensu, la declaración constitucional establece: Al respecto, la norma objeto de análisis determina dos aspectos que deben ser analizados a fin de realizar el contraste de constitucionalidad, el primero determina que el Presidente y el Vicepresidente se encuentran habilitados para la reelección por una sola vez de forma continua desde el momento de haber sido elegidos por primera vez, a partir de la vigencia de la Constitución; y el segundo, establece que el parágrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010, continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento. Sobre este particular y en lo referente al ámbito personal de aplicación regulado por el proyecto de Ley de Aplicación Normativa que regula la reelección de autoridades, debe señalarse que tanto el Presidente como el Vicepresidente, en el marco del Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, tal cual reza el artículo 1 de la CPE, son autoridades cuya fuente de poder tiene su origen en una forma democrática de gobierno mediante el voto universal, obligatorio, directo, libre y secreto, tal como lo señala el artículo 166.1 de la CPE; en este sentido, por la naturaleza jurídica de su mandato, que tal como se dijo, emerge del voto popular, en el contexto del sistema de gobierno adoptado por el Estado Plurinacional de Bolivia, que se plasma en el artículo 11 de la CPE y al estar regulado su mandato en la parte orgánica de la constitución, se colige que no existe incompatibilidad alguna del desarrollo normativo mediante Ley expresa de este elemento fáctico-normativo de la disposición objeto de análisis con el orden constitucional. En ese sentido, se advierte que la norma en análisis destaca la figura de la reelección, refiriéndose únicamente al caso del Presidente y Vicepresidente, sosteniendo además que si éstos fueron elegidos en vigencia del nuevo régimen constitucional se encuentran habilitados para la reelección, dado que de una interpretación literal de la Disposición Transitoria Primera, se extrae que los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución, seguirán computándose hasta la posesión de las nuevas autoridades, desprendiendo el mismo resultado si se considera la interpretación sistemática de la referida Disposición Transitoria, así su parágrafo I acorta los mandatos de autoridades nacionales hasta "…la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la Republica…", posteriormente el parágrafo IV prorroga el mandato de las autoridades municipales y en ese contexto el parágrafo II, refiriéndose a todos los mandatos sean de nivel nacional, departamental o municipal en ese momento vigentes, prorroga el computo de sus funciones hasta el nuevo periodo de las nuevas autoridades, de forma que no hace mención expresa, sobre si el periodo constitucional que desarrollaba constituía o no su primer periodo constitucional. Asimismo, para este Tribunal la Disposición Transitoria Primera de la CPE, debe interpretarse conforme a las normas definitivas contenidas en la misma Constitución y específicamente por la parte dogmática constitucional. 12
13. Por otra parte, conforme al Fundamento Jurídico III.5 de la presente Declaración Constitucional, es necesario rememorar que la Asamblea Constituyente en Bolivia, cuyo proceso fue iniciado el 2006, concluyendo el 2009, tuvo inequívocamente un carácter originario, con origen en la voluntad democrática popular, característica a partir de la cual, se entiende su autonomía, en mérito de la cual, el nuevo orden es diferente al pre-existente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico- política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundo el Estado y por ende creo un nuevo orden jurídico - político.” De la transcripción previa se establecen dos cuestiones: primero por aplicación del parágrafo IV de dicha disposición, se entenderá que el alcance del parágrafo II sólo se aplica a las autoridades posesionadas en enero del 2010, cuando claramente el parágrafo IV establece su carácter excepcional en relación al parágrafo III. Segundo, su fundamento central es el carácter originario de la reforma total de la constitución (contradiciendo el Auto Constitucional 568/2006-AC del 17 de noviembre del 2006 que establece en resumen el carácter derivado de la reforma total de la constitución debido a su vinculación con normas legales de convocatoria del Estado boliviano), y como veremos más adelante, dicha justificación es insuficiente, ya que su fundamento es meramente doctrinal y no así normativo, el mismo fundamento establece que esta disposición corresponde a la parte dogmática de la constitución y por tanto, no se deberá fundar y delegar su aplicación a ninguna Ley sino que será de aplicación directa, pero ello no justifica de ningún modo la aplicación discrecional de la disposición transitoria primera. Entonces, existe un orden constitucional y legal que establece, por medio de un acuerdo y consenso político, la existencia del derecho de reelección para mandatarios, pero ese derecho según la disposición transitoria primera parágrafo II ya ha sido ejercido por el Presidente y Vicepresidente constitucionales, de modo que el auto 003/2012 que reconoce un nuevo derecho de reelección vulnera el orden constitucional y legal boliviano refrendado por el voto del pueblo soberano en el Referéndum Constitucional y por tanto también los artículos 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana. La violación aquí se manifiesta de dos formas: primero, no existe fundamento legal para aplicar un criterio discrecional y no el criterio constitucional sobre la interpretación de la disposición transitoria primera, vulnerando directamente lo establecido por el artículo 196 parágrafo II. de la Constitución que establece que para toda interpretación de la Constitución se debe recurrir a las actas de demás documentos para determinar la voluntad del constituyente; segundo, el criterio sobre las partes dogmática y orgánica de la constitución, y en especial el criterio de que la parte dogmática es de aplicación directa y por tanto deberá establecerse un criterio de interpretación constitucional ni un criterio de interpretación sistémico sino más bien, un criterio discrecional en la aplicación de una excepción claramente establecida por el parágrafo IV para el parágrafo III y que no así está establecido de ninguna forma hacia el parágrafo II. La declaración constitucional 0003/2013 no fundamenta debidamente su decisión y por tanto vulnera el derecho al debido proceso y su expresión referida a la debida fundamentación de las decisiones. 13
14. Los dos elementos de argumentación de la declaración constitucional son: a) la reelección del presidente del Estado Plurinacional forma parte de la parte dogmática de la constitución, y en consecuencia es de aplicación directa sin necesidad de previa Ley, elemento descrito por jurisprudencia, concretamente la SC 0044/2010-R, y en consecuencia, la constitución en el aspecto dogmático, no necesita Ley alguna que la regule y es de aplicación directa, y b) el carácter refundacional de la constitución política del Estado del año 2009, que en el fondo reinicia todos los elementos institucionales. Ambos argumentos empero, no desarrollan de ningún modo un argumento sobre la no aplicación de la disposición transitoria primera, restringiendo la aplicación del parágrafo II de dicha disposición a una interpretación no fundamentada de que, el parágrafo IV que establece: “Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de conformidad con el párrafo anterior” se aplica también al parágrafo II aplicando un análisis lógico restringido y no sistémico, obviando las normas vigentes y olvidando el carácter excepcional de dicho parágrafo, empleando el siguiente argumento, el cual transcribimos completamente, como fundamentación del artículo 4 de la Ley de Aplicación Normativa que, regulara la reelección del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional: “Al respecto, la norma objeto de análisis determina dos aspectos que deben ser analizados a fin de realizar el contraste de constitucionalidad, el primero determina que el Presidente y el Vicepresidente se encuentran habilitados para la reelección por una sola vez de forma continua desde el momento de haber sido elegidos por primera vez, a partir de la vigencia de la Constitución; y el segundo, establece que el parágrafo de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero de 2010, continuaron ejerciendo cargos públicos, sin nueva elección, designación o nombramiento. Sobre este particular y en lo referente al ámbito personal de aplicación regulado por el citado proyecto, debe señalarse que tanto el Presidente como el Vicepresidente, en el marco del Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, tal cual reza el artículo 1 de la CPE, son autoridades cuya fuente de poder tiene su origen en una forma democrática de gobierno mediante el voto universal, obligatorio, directo, libre y secreto, tal como lo señala el artículo 166.1 de la CPE; en este sentido, por la naturaleza jurídica de su mandato, que tal como se dijo, emerge del voto popular, en el contexto del sistema de gobierno adoptado por el Estado Plurinacional de Bolivia, que se plasma en el artículo 11 de la CPE y al estar regulado su mandato en la parte orgánica de la constitución, se colige que no existe incompatibilidad alguna del desarrollo normativo mediante Ley expresa de este elemento fáctico-normativo de la disposición objeto de análisis con el orden constitucional. En ese sentido, se advierte que la norma en análisis destaca la figura de la ReReElección, refiriéndose únicamente al caso del Presidente y Vicepresidente, sosteniendo además que si éstos fueron elegidos en vigencia del nuevo régimen constitucional se encuentran habilitados 14
15. para la reelección, dado que de una interpretación literal de la Disposición Transitoria Primera, se extrae que los mandatos anteriores a la vigencia de la Constitución, seguirán computándose hasta la posesión de las nuevas autoridades, desprendiendo el mismo resultado si se considera la interpretación sistemática de la referida Disposición Transitoria, así su parágrafo I acorta los mandatos de autoridades nacionales hasta “…la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la republica…”, posteriormente el parágrafo IV prorroga el mandato de las autoridades municipales y en ese contexto el parágrafo II, refiriéndose a todos los mandatos sean de nivel nacional, departamental o municipal en ese momento vigentes, prorroga el computo de sus funciones hasta el nuevo periodo de las nuevas autoridades, de forma que no hace mención expresa, sobre si el periodo constitucional que desarrollaba constituía o no su primer periodo constitucional. Asimismo, para este Tribunal la Disposición Transitoria Primera de la CPE, debe interpretarse conforme a las normas definitivas contenidas en la misma Constitución y específicamente por la parte dogmática constitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al autorizar la ReReElección del Presidente y Vicepresidente, mediante Declaración Constitucional 003/2013, al establecer su naturaleza de aplicación directa, al establecer el carácter refundacional del Estado Plurinacional y al realizar una aplicación no sistémica y sin comprender el carácter excepcional del parágrafo IV de la disposición transitoria primera de la CPE, vulnera directamente el derecho al debido proceso en su expresión referida a la debida fundamentación de sus decisiones. En la jurisprudencia interamericana este criterio ha quedado claro de la siguiente forma, en el caso Yatama Vs. Nicaragua “Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos, tal como el derecho a la participación política, deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”11, este criterio jurisprudencial se ha fundado en el Tribunal Europeo sobre el deber de motivación como garantía de no arbitrariedad establecidos en el Caso García Ruiz vs. España y en el Caso H vs. Bélgica. Agregó también la Corte que, en el caso concreto, «debidamente fundamentadas» suponía tres aspectos: 1) señalar la base jurídica en la que se fundamentaban los requisitos que estaba incumpliendo YATAMA, 2) los hechos en los que consistía el incumplimiento y 3) las consecuencias de ello12. Cabe notar la ampliación del criterio de la Corte con relación al Caso Lori Berenson vs. Perú, el caso Castañeda Gutman vs. México y el caso El Caso López Mendoza vs. Venezuela. En referencia a los elementos establecidos por el caso Yatama Vs. Nicaragua, en la Declaración Constitucional 003/2013 no existe una debida fundamentación sistémica o literal de la decisión: el fundamento de la aplicación del parágrafo IV al parágrafo II y no al parágrafo III como la misma norma establece en la disposición transitoria primera, el carácter de aplicación directa de la elección presidencial por ser parte de la parte dogmática de la constitución, 11 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de junio de 2005, párrafo 152 12 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de junio de 2005, párrafo 153. 15
16. hecho que implicaría desconocer las normas y decisiones sobre la reelección no se funda más que en doctrina construida por el propio tribunal, y el carácter refundacional de la constitución desconoce la propia jurisprudencia constitucional; para todo ello no hacen más que fundarse en una doctrina construida por ellos, y no se fundan en normas, en los hechos o actos en los cuales se han establecido dichas normas y desconocen la consecuencia de su decisión, hecho que en el fondo, visto desde cualquier perspectiva desconoce todo el sentido desarrollado por la Constitución Boliviana. La declaración constitucional 003/2013 no establece una base jurídica para la decisión, se funda en un criterio puramente doctrinal para argumentar el carácter dogmático de la parte en cuestión, la aplicación del parágrafo IV de la disposición transitoria primera, como excepción al parágrafo II. cuando la propia norma establecía su alcance solo al parágrafo III. y al mismo tiempo el carácter refundacional del Estado boliviano; obvia los hechos sobre los cuales se ha fundado la norma y al mismo tiempo no toma en cuenta que, bajo el criterio de la anterior constitución, un mandato no podría exceder los cinco años, y bajo el parámetro de la constitución vigente un mandato no podría exceder los diez años (existiendo una reelección que extendería el mandato de cinco a diez años) y que, hasta enero del 2015 Evo Morales y Álvaro García Linera estarían gobernando este país por nueve años y que, habiendo la posibilidad de una nueva ReReElección ese tiempo de mandato se extendería hacia los catorce años de mandato, situación de implica una flagrante violación al sentido constitucional, siendo que el tiempo de mandato tendría que implicar, entre una y otra gestión no más de nueve años, cuatro por la gestión bajo la anterior constitución y cinco bajo la constitución vigente. La declaración constitucional 0003/2013 vulnera el derecho humano a la democracia y por tanto habilita la posibilidad de denuncia de los arts. 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana. Existe vulneración al principio democrático establecido por el artículo 4 de la carta democrática interamericana, que establece “fundamentalmente que los componentes de la democracia son: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”, elemento congruente con lo establecido por el artículo 3 al establecer que “…el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, …el régimen plural de partidos y organizaciones políticas…”, como se había establecido en el caso Yatama, la democracia es un derecho humano en función a los arts. 7 y 8 de la carta democrática interamericana, y por tanto, cualquier hecho o norma que transgreda el orden constitucional y legal vulnera este derecho y por tanto, cuando debidamente se hayan resuelto las cuestiones de admisibilidad, el sistema interamericano de derechos humanos puede conocer el asunto. Los artículos 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana establece: “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos 16
17. humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos” y “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”. El artículo 4 de la Ley 3942 establece que la pregunta del Referéndum Constitucional sea: “¿Está usted de acuerdo con refrendar el texto del proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión Especial de concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el dialogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías, incorporando el resultado de la consulta sobre el artículo 398 a ser resuelto en este mismo referéndum, y que la misma sea promulgada y puesta en vigencia como nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano?”. Esta fue la pregunta el pueblo soberano (artículo 7 de la Constitución) que obtuvo el 64% del voto a favor (que incluía la posibilidad de 2 mandatos continuos) y el 36% de voto en contra (asumiendo que dicho voto sea por mantener la vieja Constitución que no permitía la reelección presidencial). Es decir el 100% de la población NO votó a favor de un tercer mandato. El Tribunal Constitucional Plurinacional que emitió la Declaración Constitucional 0003/2013 y habilita al Presidente y Vicepresidente para optar por un tercer mandato, fue nominado por la bancada oficialista y votado por el pueblo boliviano en la elecciones judiciales del 2011. En la selección congresal conforme se tiene demostrado, el partido de gobierno sólo habilitó como candidatos para las elecciones judiciales a quienes han demostrado una probada lealtad con el gobierno, rechazando ilegalmente las candidaturas independientes que se presentaron. Con esta acción se violo de manera irreversible la independencia del Órgano Judicial y Ministerio Publico, cimiento del debido proceso y la presunción de inocencia. En estas elecciones el pueblo boliviano rechazó la sesgada selección de candidatos vinculados al gobierno mediante el ausentismo, votos nulos o votos blancos. El padrón electoral tenía para esa elección judicial 5.243.375 ciudadanos habilitados para sufragar. Se tuvo un 20% de abstención (más de un millón de personas). Los votos nulos representaron un 35% (1.838.903 votos) del Padrón Electoral y los votos blancos sumaron un 11% (579.363 votos) del mismo Padrón. Los Magistrados elegidos fueron los siete más votados entre decenas de aspirantes, y obtuvieron los siguientes votos y porcentajes del Padrón Electoral: NOMBRE Cusi, Gualberto Choque, Efrén Velásquez, Ligia Mónica VOTOS 276.037 185.793 127.632 % 5,3% 3,5% 2,4% 17
18. Camacho, Mirtha Flores, Ruddy José Andrade, Neldy Virginia Chanez, Soraida Rosario 104.621 101.481 92.340 89.370 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% La legitimidad de este Tribunal fue fuertemente afectada por el viciado proceso congresal llevado adelante por el oficialista MAS, cuyo intento de cooptación judicial fue repudiado por el pueblo boliviano, cuando el día de la elección más del 66% de los ciudadanos habilitados para sufragar optaron por votar nulo, votar blanco o quedarse en casa. Como resultado de la falta de credibilidad del MAS, hoy tenemos magistrados titulares en el Tribunal que recibieron entre 1,7% a 5,3% del Padrón Electoral. Hoy este Tribunal cambio y modificó la Constitución votada en Enero de 2009 por millones de bolivianos, con una participación electoral de más del 90% de los inscritos13 en el Padrón Electoral. En democracia, lo que el pueblo dispuso con su voto, sólo el pueblo puede modificar, y no artilugios jurídicos que violan la Constitución y conculcan el derecho humano a la democracia. No podemos permitir, como dice el artículo 20 de la propia Carta Democrática Interamericana “…una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático...” para prorrogar en el poder a gobiernos mediante candidaturas de facto. En las dos últimas décadas hemos visto esta misma clase de debates con Menem en Argentina, Fujimori en Perú, o Uribe en Colombia. Pero los dos ejemplos más ilustrativos son el de Brasil y Venezuela. En Brasil el respetado Presidente Lula no escuchó cantos de sirena para forzar un tercer mandato y su partido postuló a Dilma Rousseff, actual Presidenta de Brasil. El otro caso es Venezuela, donde el Presidente que no podía volver a postular el 2012, realizó dos intentos para modificar la Constitución y habilitarse para un nuevo mandato mediante referéndum constitucional: el intento fallido del 2007 rechazado por los votantes, y el cambio a su Carta Magna del 2009 aprobado por el pueblo y que posibilitó una nueva postulación CONSTITUCIONAL del fallecido Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías. En Bolivia ese es el UNICO camino legal y democrático que establece la propia Constitución: reforma por iniciativa ciudadana o legislación congresal por 2/3, y aprobación popular en referéndum. Lo que el pueblo soberano votó, sólo el pueblo soberano con su propio voto puede cambiar. Asimismo, el artículo 23 1 de la Convención Americana establece entre el desarrollo de los derechos políticos que: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 13 http://www.oep.org.bo/proces_electoral/RefConstitucion2009/documentos/Boletín%2042%20RC%20CNE%20cierra%20cómputo %20Referéndum%20020209.pdf 18
19. medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”. Cuando existe un proceso eleccionario que no reconoce la continuidad del orden constitucional y legal, permitiendo la habilitación de candidaturas fuera de los parámetros del derecho, es evidente que se encuentran vulnerando directamente los derechos políticos de los posibles candidatos, en el sentido de los inc. a, b y c del numeral primero del artículo 23 de la Convención Americana. La declaración constitucional 0003/2013 no respeta los fundamentos interpretativos de la propia Constitución. La Ley Nº 3941 de 21 de octubre de 2008 establece que en el marco de la facultad interpretativa de la Constitución vigente, se reinterprete el artículo 232 de la constitución vigente en el siguiente sentido: “I La reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial de Convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República. II Concluido el proceso constituyente y recibido la propuesta constitucional, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el H. Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por Ley especial de Congreso, aprobada por dos tercios de votos de sus miembros presentes. III Los ajustes no podrán afectar la esencia de la voluntad del constituyente.” Esto fundamenta que el congreso puede realizar ajustes necesarios, esos ajustes están comprendidos en la Ley 3942 del siguiente modo: “Artículo 2: Se aprueba e incorporan en el texto del Proyecto de Constitución Política del Estado los ajustes efectuados por el H. Congreso Nacional, sobre la base del trabajo realizado en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y representantes municipales sobre Autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional. Según texto anexo, que consta de 411 Artículos y 10 disposiciones transitorias, 1 disposición abrogatoria y 1 disposición final.”, por tanto, el alcance del artículo 196 II de la constitución vigente que establece: “II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.” Implica tomar en cuenta para la interpretación constitucional se regirá también por lo debatido en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y representantes municipales sobre Autonomías y por la Comisión Especial de Concertación del H. Congreso Nacional, y por tanto, dichos debates tendrían que ser parte del análisis que no ha realizado el Tribunal Constitucional Plurinacional al autorizar por declaración constitucional que la Ley Nº 381 de Aplicación Normativa establezca la reelección del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional en su artículo 4. El proceso de negociación congresal ha sido avalado, en el marco de la propia carta democrática interamericana con la participaciones en calidad de veedores de diferentes organismo internacionales, concretamente ha sido susceptible de un informe presentado por al representante de la Organización de Estados Americanos, el Dr. Raúl Lago, informe que 19
20. establece que, en el marco de dichos diálogos, el acuerdo de los partidos políticos fue que, el Presidente Evo Morales podrá ser reelegido una sola vez mas y por tanto, el mandato anterior a la nueva constitución si será tomado en cuenta14. En la página 8 de este informe de la OEA se señala textualmente lo siguiente: "A los pocos días de finalizada la mesa de concertación en Cochabamba, comenzó el diálogo en el Congreso entre el oficialismo y la oposición. Como resultado de este proceso se aprobó la Ley Interpretativa Nº 34 1, de 21 de octubre de 2 , mediante la cual se habilitó al parlamento para realizar ajustes al proyecto de Constitución Política aprobado en Oruro por la Asamblea Constituyente. Las reformas, significaron la modificación de 147 de los 408 artículos del proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente e incluyeron varios temas: se aumentaron las competencias para los gobiernos departamentales, se limitaron las disposiciones acerca del control social y la justicia indígena, se redujo la reelección presidencial de dos periodos consecutivos a uno solo..." La habilitación inconstitucional del Presidente y vicepresidente de Bolivia, y la inhabilitación ilegal o limitación objetiva de mi candidatura, conforman el núcleo esencial de esta petición individual, y demuestran el nivel de deterioro evidente de mis derechos políticos resguardados por la Convención Americana en su artículo 23. La sentencia del caso Ricardo Canese Vs. Paraguay de 31 de agosto de 2004, fundada en las limitaciones políticas que se impone a un candidato a la Presidencia de la República del Paraguay, por la violación especifica de su libertad de expresión, exactamente en los parámetros que se imponen a mi persona, en el juicio por delitos de calumnia, difamación, e injuria, en contra de un Banco de Propiedad del Estado Boliviano. El objetivo de la querella en mi contra es la inhabilitación de mi candidatura presidencial, tal como lo manifiestó el Ministro de la Corte Suprema Willian Alave Laura, cuando de manera pública afirma que Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez, no puede ser candidato a la Presidencia del Estado. Al respecto, la Corte Europea ha establecido que: Las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de cualquier sistema democrático (Cfr. Sentencia del caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Belgica, de 2 de marzo de 1987, Serie A no. 113, p.22, párr. 47, y sentencia del caso Lingens c. Austria de 8 de julio 1986, Serie A no. 103, p. 26, párrs. 41-42). Los dos derechos están interrelacionados y se refuerzan el uno al otro: por ejemplo, como ha indicado la Corte en el pasado, la libertad de expresión es una de las “condiciones” necesarias para “asegurar la libre expresión de opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo” (ver la sentencia mencionada más arriba del caso Mathieu-Mohin y Clerfayt, p. 24, párr. 54). Por esta razón[,] es particularmente importante que las opiniones y la información de toda clase puedan circular libremente en el período que antecede a las elecciones. 14 Ver. http://www.oas.org/sap/docs/misiones/2009/CP%20Informe%20MOE%20Bolivia%20enero%202009.pd f 20
21. Validez de las disposiciones Interamericanas en el derecho interno de Bolivia. El Tribunal Constitucional de Bolivia (el anterior) mediante SC 1420/2004-R, de 6 de septiembre15 ha asumido este concepto y lo ha incorporado al derecho boliviano de ese entonces. Asumiendo el principio de progresión la constitución boliviana aprobada en enero del año 2009 en su artículo 410 II ha asumido y normado aquello, estableciendo el concepto de bloque de constitucional e incluyendo a los tratados internacionales sobre derechos humanos y de derecho comunitario automáticamente, a diferencia de la reforma argentina que establecida únicamente una lista cerrada de once tratados, en Bolivia el reconocimiento es paralelo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado desarrollando este concepto de otro modo, un concepto que implique la obligación de los jueces (de todos los jueces) de fallar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos16, así se ha establecido una línea jurisprudencial17 que se vincula como obligación de los estados en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, la Corte consideró que los jueces deben aplicar las Leyes internas, pero en el caso de la Convención Americana, los jueces se encuentran obligados a velar por garantizar los efectos de sus normas mediante el control de convencionalidad18; asimismo, en el Caso Boyce y otros vs. Barbados se ha considerado que la reforma constitucional de dicho Estado debe implicar su coherencia con la convención americana, de modo que no deben existir incoherencias19. 15 “(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución.”; entendimiento ratificado en la SC 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que se expresó que: “(...) este Tribunal Constitucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el artículo 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”. 16 Para mayor abundamiento ver. Salmón y Blanco, El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y GTZ, Lima Perú, 2012, págs. 48-52. 17 Ob. cit. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2007, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de septiembre de 2010, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de noviembre de 2010, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. 18 Ob. cit. pág. 49. § 124 del caso original. 19 Ob. cit. pág. 49-50. § 77 y 78 del caso original. 21
22. Con respecto al Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, no solo estamos hablando de obligaciones generales establecidas hacia la comunidad internacional parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también hechos y obligaciones vinculadas directamente a nuestro país, en tal sentido se ha establecido que: “la Corte reiteró que en relación con las prácticas judiciales, los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de Leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial está llamado a ejercer un «control de convencionalidad» ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”20. Entonces, si existen obligaciones estatales, estas deben ser asumidas por todos los agentes estatales, incluyendo el órgano judicial21. Entonces, existe una obligación de derecho internacional que implica que los Estados miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre ellos el Estado Boliviano deba utilizar en todas sus instancias, incluyendo las judiciales, el derecho interamericano de derechos humanos cuyo referente es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también a aplicar en su construcción argumentativa (discursos de aplicación) las consideraciones de la Corte en el proceso de reconstrucción interna del derecho. Estas disposiciones engranan perfectamente en lo establecido por el artículo 410 II de la Constitución boliviana concordante con los arts. 256 y 257 de la misma norma. Entonces, indudablemente Bolivia está obligada a aplicar, en sus criterios normativos internos, en lo que respecta a derechos humanos, cuestiones relativas al derecho interamericano y por tanto debe ejercer un control de convencionalidad en su proceso de reconstrucción interna del derecho, de modo que es importante que los jueces establezcan criterios específicos, formas de determinación de discursos de aplicación y principalmente establezcan un análisis sistémico al momento de ejercer el control de convencionalidad, a continuación estableceremos algunos elementos necesarios para profundizar el tema: 20 Ob. Cit. pág. 50. § 219 y 220 del caso original, en la cita 69 del texto, las autoras recomiendan en este aspecto al Caso Gomes Lund y otros («Guerrilha do Araguaia») vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de noviembre de 2010, § 176. 21 En el Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, la Corte estableció que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar, las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, deben disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinario en sustitución del fuero militar. Ob. cit. pág. 51. § 219 del caso original, en la cita 71 del texto, las autoras recomiendan en este aspecto los casos: Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de noviembre de 2009, § 339; y el Caso Fernández Ortega vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de agosto de 2010, § 237. 22
23. Se debe identificar claramente el campo del derecho en el que cada caso se sitúa, para considerar adecuadamente la relación de las normas internas y desarrollar coherentemente la relación entre derecho internacional y derecho interno, en este caso, el Tribunal Constitucional ha definido que pertenece a la parte dogmática y por tanto, no existe un solo criterio, el de aplicación directa, sino que esta aplicación debe respetar los derechos humanos y el derecho interamericano. El control de convencionalidad implica el uso de derecho internacional (principalmente derechos humanos) por todos los jueces y por la totalidad del aparato estatal. IX. DERECHOS VULNERADOS La Declaración Constitucional No. 003/2013 de 25 de abril de 2013, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, instancia final de la jurisdicción constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos fallos, sentencias y Declaraciones no admiten recurso ulterior, y emergente de esta, la Ley Nº 381 de Aplicación Normativa de fecha 20 mayo de 2013, que en su artículo 4 autoriza la habilitación para un tercer mandato constitucional del actual Presidente Evo Morales Ayma, ha violado las siguientes disposiciones: 1. Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que proclama: “ Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.” 2. El derecho humano a la democracia reconocido por los arts. 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana y vinculados con los derechos políticos reconocidos por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. El derecho a la debida fundamentación de decisiones que restringen derechos políticos, derecho vinculado al derecho al debido proceso establecido por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y desarrollado por jurisprudencia interamericana.” 4. El derecho a la integridad personal protegido por el artículo 5 de la Convención. 23
24. 5. Derecho a la libertad personal consagrado por el artículo 7 de la Convención, materializado por la imputación penal y requerimiento de medidas cautelares que exigen mi detención y arraigo, limitando con ello mi posibilidad de ejercer las responsabilidades que derivan de mi condición de ex-Presidente Constitucional de Bolivia, y claramente me impiden realizar campaña dentro del país y en el exterior, debido al voto de los bolivianos en el extranjero que por razones de un éxodo masivo histórico hoy se constituye una parte significativa de la votación final en las próximas elecciones. 6. El derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia, y a la independencia de las autoridades del Poder Judicial y Ministerio Publico consagrado por el artículo 8 de la Convención. 7. Violación al principio de legalidad y retroactividad protegido por el artículo 9 de la Convención. Por la aplicación ilegal y retroactiva de la Ley 004 denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, y en violación a los principios de unidad procesal y prescripción de la acción penal. 8. Violación al Derecho a la honra y dignidad de la persona protegido por el artículo 11 de la Convención. 9. Violación al Derecho a la libertad de expresión protegido por el artículo 13 de la Convención. Todos en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. X. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. De acuerdo a la norma del artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la presente Petición Individual, reúne los requisitos exigidos para la declaración de admisibilidad de la misma de acuerdo a los criterios que expongo en forma siguiente. 1. Agotamiento de instancias de derecho interno conforme a los principios del derecho internacional reconocido. Al haberse emitido una declaración del Tribunal Constitucional Boliviano, entidad que por artículo 196 I. ejerce el control de constitucionalidad en Bolivia, autorizando a la Asamblea Legislativa Plurinacional la emisión de la Ley Nº 381 de Aplicación Normativa de fecha 20 mayo de 2013 por medio de Declaración Constitucional 003/2013 de 25 de abril de 2013, se han agotado todas las instancias de derecho interno, asimismo no existe una instancia de reclamo posterior en el derecho interno y no ha fenecido el plazo de seis meses desde la última resolución, todo ello según el artículo 46-1) a y b de la Convención Americana de Derechos Humanos; el resto de los requisitos, como la identidad de la parte afectada constan en la primera parte de este documento y en aplicación del artículo 46-1)-c) de la Convención Americana, declaramos que este asunto no se encuentra en sustanciación por ningún organismo internacional para arreglo de diferencias. 24
25. Por tanto, en aplicación del artículo 115. de la Ley de Código Procesal Constitucional de Bolivia que establece: “(DECLARACIÓN Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EN LAS CONSULTAS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado. Esta declaración será de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo. II. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional establece la declaración de constitucionalidad del Proyecto de Ley, ya no podrá interponerse otra consulta o recurso posterior sobre las cuestiones consideradas y absueltas por el Tribunal.” Por tanto, ante la existencia de una declaración constitucional, si se han recurrido a todas las instancias de derecho interno y se han agotado dichos recursos internos, persistiendo la violación de los derechos y quedando expedita la vía de la protección de derechos por el derecho internacional. 2. Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. Conforme he señalado anteriormente la Declaración Constitucional 003/2013, ha sido fechada el 25 de abril de 2013, y las notificaciones correspondientes a la misma han sido realizadas días después de esta fecha, por lo que la presente petición cumple con el requisito exigido. 3. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. El peticionario declara que no existe otro procedimiento o instancia internacional que conozca la presente petición, o que se encuentre pendiente de solución. 4. Que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. El peticionario ha manifestado su nombre, nacionalidad, profesión y domicilio. XI. COMPETENCIA DE LA CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene competencia para conocer la denuncia que presento en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referirse a violaciones específicas sancionadas por los instrumentos internacionales de protección a los derechos fundamentales del sistema americano. Entre estos la propia Convención, el Reglamento de la CIDH, y la Carta Democrática de la OEA XII. MEDIDAS CAUTELARES. 25
26. Tomando como base lo descrito por el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos el establecimiento de medidas cautelares, fundamentadas en la gravedad y urgencia de la situación. Riesgo de no aplicarse las medidas cautelares solicitadas, implica un daño irreparable al sistema constitucional y democrático de Bolivia. Vulnera en forma irreparable el principio de igualdad en relación al derecho político de elegir y ser elegido, protegido por el artículo 23 de la Convención. El requerimiento que solicita la detención preventiva, y el arraigo constituyen medidas judiciales que violan el derecho de participar en las elecciones generales convocadas para el mes de octubre de 2014. Sin estas libertades esenciales, el peticionario se verá privado de desarrollar una campaña electoral basada en los principios de igualdad y accesibilidad. Dichas medidas consisten en la suspensión de la vigencia de la Declaración Constitucional 003/2013 y de cualquier medida legal y administrativa que permita la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral como candidatos a Presidente y Vicepresidente del Estado buscando la ReReElección, mientras no se establezca la violación de derechos políticos, derecho a la democracia y derecho al debido proceso vinculado a la debida fundamentación de decisiones cuando afectan derechos políticos. Solicito a la Comisión que en aplicación del principio de igualdad y participación en los eventos democráticos que consagra el artículo 23 de la Convención, se determine como medida cautelar la suspensión de toda medida jurisdiccional que imponga mi privación de libertad y locomoción, bien sea a través de la detención preventiva o el arraigo, impidiendo con las mismas mi libre ejercicio del derecho político a ser candidato a la Presidencia de mi país en los próximos eventos electorales de octubre de 2014. En el marco del artículo 23 1 b) y c) de la Convención Americana, considerando que una reelección presidencial que altere el orden constitucional y legal refrendado por los arts. 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana y afectara los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos, en el marco de del artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegamos el carácter de: a) la gravedad de la situación, debido a que de continuar las acciones desarrolladas por el Estado Plurinacional de Bolivia se afectará a la totalidad de los ciudadanos bolivianos debido a que no podrán ejercer adecuadamente sus derechos políticos en las próximas elecciones presidenciales, y b) la urgencia de la situación, debido a que existe el riesgo inminente de la inhabilitación de la potencial candidatura de JORGE FERNANDO TUTO QUIROGA RAMIREZ, o en su caso la limitación objetiva que se deriva de un eventual estado de detención preventiva o arraigo que le impida realizar una campaña electoral tanto al interior como exterior del país. En estas condiciones, además de la habilitación inconstitucional para una tercera reelección la limitación de los derechos políticos para participar de una elección general para la presidencia del Estado, vulnera de manera real y urgente el principio de igualdad en la participación que proclama el artículo 23 de la Convención. En el marco del artículo 25. 4 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecemos los siguientes elementos como parte de la solicitud: 26
27. Dado que los afectados son los ciudadanos bolivianos, al estar sus derechos políticos fuera del orden constitucional y legal, los beneficiarios identificables para las medidas cautelares son los ciudadanos habilitados a participar de las elecciones presidenciales, debidamente identificados y registrados en el padrón electoral nacional biométrico cuyos registros cursan en los archivos del Tribunal Supremo Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Sobre los Hechos que fundan las medidas cautelares, siendo los mismos que cursan en la presente denuncia, pueden resumirse del siguiente modo: la emisión de la declaración constitucional 003/2013 de 25 de abril de 2013 y la promulgación de la Ley de aplicación normativa Nº 381 han alterado el orden constitucional al establecer la posibilidad de la ReReElección del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia sin considerar los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos, violando el derecho humano a la democracia reconocidos por los arts. 23 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 7 y 8 de la Carta Democrática Interamericana y el derecho a la debida fundamentación de las decisiones que afecten derechos políticos reconocidos por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La medida cautelar implicara solicitar (y en caso de su rechazo o demora, remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) al Estado Plurinacional de Bolivia que suspenda cualquier acción referida a la inscripción del actual Presidente y Vicepresidente del Estado como candidatos en busca de un tercer mandato, mientras se resuelvan las cuestiones de fondo expresadas en la presente denuncia. Asimismo, manifestamos el hecho de que se han realizado las denuncias respectivas ante las autoridades nacionales, existiendo una interpretación uniforme por parte de todas las autoridades de desarrollar las acciones legales y administrativas de acuerdo a la Declaración Constitucional 003/2013 y la Ley de aplicación normativa Nº 381, siendo asumido el asunto como resuelto. XIII. CONCLUSIÓN. La presente denuncia de Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez contra el Estado Plurinacional de Bolivia se refiere a los sucesos que han ocurrido durante los últimos tres años a través del abuso de las instituciones democráticas del Poder Judicial y Ministerio Publico, designadas a través de procedimientos eminentemente políticos controlados por el MAS (Partido del Presidente Evo Morales), a través de procesos penales construidos en contra de la victima por razones eminentemente políticas y con el propósito de vulnerar los derechos políticos que le reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al mismo tiempo y a través de las mismas instituciones del Poder Judicial, ha logrado una habilitación inconstitucional para postular a un tercer mandato en la Presidencia y Vice Presidencia del Estado Boliviano. El Órgano Judicial y el Ministerio Público han violado su obligación de permanecer independiente del gobierno. Lo han hecho además con vehemencia y desconociendo los fundamentos esenciales del debido proceso y la presunción de inocencia. Todo ello como 27
28. consecuencia del hostigamiento, incluso actos públicos y ruedas de prensa, organizados por los fiscales, jueces y las propias autoridades del gobierno que preside Evo Morales Ayma. El objetivo de esta acción es doble, por una lado inhabilitar la posible candidatura presidencial de JORGE FERNANDO TUTO QUIROGA RAMIREZ, y por otro habilitar inconstitucionalmente a EVO MORALES AYMA, y ALVARO GARCIA LINERA, a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El peticionario denuncia, por tanto, la persecución judicial dirigida por el Estado Plurinacional de Bolivia su contra, en cuyo contexto se han producido numerosas violaciones de los derechos humanos. En concreto, se ha producido una violación por parte de Bolivia de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección a la honra y la dignidad) y 23 (derechos Políticos) todos en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar y garantizar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. XIV. PETITORIO DE LA DENUNCIA. A la vista de los hechos denunciados y del Derecho internacional de los derechos humanos alegado, la presente denuncia reclama lo siguiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 1. Que se declare el caso admisible toda vez que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos por el Reglamento de la CIDH. 2. Que se declare que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con referencia a los Derechos Políticos protegidos por la Convención, en relación con los artículos 7 y 8 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. 3. Que se declare la violación del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por efecto de la Declaración Constitucional 003/2013 referida a la inconstitucional habilitación para la reelección del Presidente Evo Morales Ayma, y del Vicepresidente Álvaro García Linera, y que solicite a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia la derogación del artículo 4 de la Ley N0. 381 de Aplicación Normativa. 4. Que se recomiende al Estado boliviano que investigue la violación de los derechos políticos vulnerados por la habilitación inconstitucional para la reelección del Presidente Evo Morales Ayma, por un tercer mandato consecutivo, asimismo se determinen las responsabilidades de los autores de esta violación perpetrada, en particular de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, las autoridades legislativas que aprobaron la Ley de habilitación, y las autoridades de la Corte Electoral Plurinacional de Bolivia que administra el proceso electoral. 5. Que se imponga al Estado Plurinacional de Bolivia la obligación de reparar conforme al derecho internacional, que incluye los daños materiales e inmateriales que ha ocasionado con su acción. 6. Que “se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento” en contra de el Ing. JORGE FERNANDO TUTO QUIROGA 28
29. RAMIREZ, tanto en los medios de comunicación como dentro del poder judicial y que, en consecuencia, se proceda a cerrar de inmediato las investigaciones penales temerarias contra del mismo. 7. Que el Estado Plurinacional de Bolivia realice “un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional.”22 8. Que se incorporen y garanticen efectivamente las disposiciones de la Convención Americana sobre debido proceso y protección judicial en el orden interno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de asegurar la existencia de un poder judicial independiente e imparcial que dé pleno cumplimiento a las garantías del debido proceso establecidas en dicho tratado. 9. En caso de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones de la Comisión, se solicita que el caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. XV. PRUEBA QUE SE ACOMPAÑA. Se acompaña la siguiente prueba que podrá ser complementada en el futuro sobre los siguientes hechos: 1. En relación a la habilitación inconstitucional del Presidente Evo Morales y Vicepresidente Álvaro García Linera:         Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 Intervención del Vicepresidente de la República Álvaro Marcelo García Linera el 20 de Octubre del 2008 en la Sesión de Congreso conforme consta en el Redactor Oficial del Poder Legislativo. Declaraciones del entonces Ministro de Autonomías, actualmente de Gobierno Carlos Romero Bonifaz el día 22 de Octubre del 2008 en el periódico El Deber. Libro “Del Conflicto al Diálogo: Memorias del Acuerdo Constitucional”, publicado en Marzo del 2009 por las fundaciones Friederich Ebert (Alemania) y NIMD (Holanda). Informe entregado por la misión de observación electoral que envió la OEA al Referéndum Constitucional del 25 de Enero del 2009. CP/doc. 4435/09 del 20 de Octubre del 2009 Ley 4021 de 14 de Abril del 2009 de Régimen Electoral Transitorio Ley 381 20 de mayo de 2013 de Aplicación Normativa Declaración Constitucional Plurinacional 0003/2013 de 25 abril de 2013 que resuelve la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto "Ley de Aplicación Normativa" formulada por Álvaro Marcelo García Linera, en su calidad de Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 2. En relación a la inhabilitación de Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez: 22 Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay; sentencia de 26 de septiembre de 2006, pár. 176, punto 10. 29
30.  Por el proceso seguido a instancia del Banco Unión: - -  Sentencia n° 19/2010 de 8 de septiembre de 2012, dictada por el Juez Tercero de Sentencia. Resolución 67/2012 de 5 de octubre de 2012 y el Auto Complementario de fecha 20 de febrero de 2013 dictados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental De Justicia Del Distrito De La Paz. Auto Supremo 076/2013-RA de 20 de marzo de 2013 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Auto Supremo 107/2013-RRC de 22 de abril de 2013 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Resolución 51/2013 de 14 de junio 2013 dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental De Justicia Del Distrito De La Paz. Por el Juicio de responsabilidades denominado “Petrocontratos” - - - - - Proposición Acusatoria presentada ante el Fiscal General de la República por los entonces Diputados Nacionales Juan Evo Morales Ayma, presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Antonio Peredo Leigue, Santos Ramírez Valverde y Ricardo Alberto Díaz el 18 de abril de 2005. Primer requerimiento acusatorio del Fiscal General de 4 de mayo de 2005 y Auto Supremo Nº 76/2005 de 1 de junio de 2005. Segundo Requerimiento Acusatorio del Fiscal General de 16 de marzo de 2006 y Auto Supremo N° 035/2006 de 21 de abril de 2006. Resolución R.A.L.P. Nº 019/2011-2012 de 10 de septiembre de 2011 emitida por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprueba la autorización del enjuiciamiento de mi persona en mi calidad de ex Presidente Constitucional de la República de Bolivia. Decreto Presidencial Nº 0432 por el que Ramiro Guerrero Peñaranda fue designado Ministro de la Corte Suprema por el acusador Juan Evo Morales Ayma. Auto Supremo Nº 82 de fecha 15 de Noviembre de 2011 suscrito por Ramiro Guerrero Peñaranda como Ministro de la Sala Penal Segunda, que actuaba como tribunal de garantías, en el Juicio de Responsabilidades denominado “Petrocontratos”. Resolución de Imputación Formal de 4 de octubre de 2013, emitida por la Fiscalía General del Estado. XVI. AUTORIDADES CONTRA LAS QUE SE DIRIGE LA DENUNCIA. 1. Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional. 2. Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 3. Wilma Velasco Aguilar, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral. 4. Rudy Flores Monterrey, Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. 30
31. 5. Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado Plurinacional. La Paz – Bolivia 25 de octubre de 2013 31
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References: artículo 4
 artículo 398
 artículo 87
 Artículo 168
 artículo 25
 artículo 168
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 168
 artículo 24
 artículo 2
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 artículo 168
 artículo 2
 artículo 196
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 166
 artículo 11
 artículo 196
 artículo 4
 artículo 1
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 artículo 11
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 398
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 232
 artículo 196
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 410
 artículo 35
 artículo 410
 artículo 4
 Artículo 23
 artículo 23
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 196
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 115
 RESOLUCIÓN 
 artículo 44
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 23
 Artículo 23
 artículo 4
 Resolución 
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