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Timestamp: 2019-02-21 08:23:27+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 527, de 27/04/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 527
celebrada el martes, 27 de abril de 2010
- Del diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre relación detallada de los regalos recibidos por el titular del Ministerio del Interior en los últimos tres años (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/069024). (Número de expediente 181/002599.) ... (Página 2)
- Sobre catálogo de puestos de trabajos en las comisarías de policía de la provincia de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000838.) ... (Página 4)
- Sobre la falta de medios materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001192.) ... (Página 7)
- Relativa al complejo policial de zapadores en la ciudad de Valencia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001569.) ... (Página 11)
- Para la rehabilitación integral del complejo del Cuerpo Nacional de Policía de la Zona Franca de la ciudad de Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000856.) ... (Página 13)
- Sobre equiparación de la edad de jubilación entre los Mossos d´Esquadra-Policía de la Generalitat de Catalunya y las demás policías autonómicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001577.) ... (Página 15)
- Sobre la equiparación de la edad de jubilación de los diferentes cuerpos de policía integral existentes en el Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000592.) ... (Página 15)
- Sobre la equiparación de la edad de jubilación de los Mossos d´Esquadra a la de los miembros de la Ertzaintza y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001433.) ... (Página 15)
- Relativa a la instauración de un plan especial de emergencias en la bahía de Algeciras (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001551.) ... (Página 21)
- Sobre cooperación policial en la bahía de Algeciras y Gibraltar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001487.) ... (Página 23)
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA RELACIÓN DETALLADA DE LOS REGALOS RECIBIDOS POR EL TITULAR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. (Número de expediente: 181/002599)
Abrimos la sesión de esta Comisión de Interior, cuyo orden del día, que ya conocen SS.SS, voy a obviar. Vamos a empezar, tal como está indicado en el mencionado orden del día, con la pregunta oral número 2599 del señor Hernando Fraile al que va a responder el señor subsecretario del Ministerio del Interior.
En esta Comisión, en esta Mesa hemos acordado reducir a la mitad el tiempo previsto para las preguntas. En cualquier caso, como usted, señor Hernando, va a formular una sola pregunta, y como es miembro de esta Comisión, seré menos rigurosa, pero le concedo cinco minutos como máximo.
El señor HERNANDO FRAILE: La pregunta es sencilla: ¿Cuál es la relación detallada de los regalos recibidos por los titulares del Ministerio del Interior en los últimos tres años?
La señora PRESIDENTA: Para responder a la pregunta tiene la palabra el señor Zambrana.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señor diputado, de acuerdo con el código de buen gobierno que aprobó el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005, y que se publicó posteriormente en el "Boletín Oficial del Estado" número 56, de 7 de marzo, en el que se definen y exponen los valores que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno, los obsequios recibidos lo han sido en el contexto de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin ser objeto de un valor relevante ni de una mayor significación de carácter institucional que precisasen la incorporación de los mismos al patrimonio del Estado y su correspondiente inventario en los términos previstos en la Ley 33/ 2003.
La señora PRESIDENTA: Tiene un turno de réplica el señor diputado, si lo quiere.
El señor HERNANDO FRAILE: Esta es una pregunta que, como usted sabe señor Zambrana, ya le hicimos hace cinco meses y que se ha transformado en oral en virtud del Reglamento y debido a que el Gobierno, desoyendo el Reglamento de la Cámara y, por tanto, faltando a las normas democráticas que rigen el funcionamiento del Congreso de los Diputados, ha vulnerado con reiteración el artículo 189.
Sabe usted, señor Zambrana, que cuando se hace una pregunta escrita tienen 20 días, desde su publicación, para contestarla y que si no es así el Gobierno puede pedir una prórroga superior para disponer de otros 20 días con resolución motivada. No lo ha hecho el Gobierno. Desde el principio el Gobierno tenía la firme voluntad de no contestar esta pregunta.
Desconozco los motivos, pero que venga usted hoy a contarme lo que dice el código ético demuestra que su ministerio tiene la voluntad deliberada de no contestar a esta pregunta en los términos precisos que se contienen en el texto de mi pregunta.
No le he preguntado qué es lo que dice el código ético, señor Zambrana. Le he preguntado cuál es la relación de los regalos. Esos datos son los que usted tendría que haber traído hoy a esta Cámara como ha traído otras veces otros. ¿Cuáles son las razones por la que usted hoy, y la semana pasada el responsable del Ministerio de Sanidad, no quiere contar a esta Cámara ni a los ciudadanos españoles qué regalos ha recibido su titular? Esa es una pregunta que tendrá usted que contestar, pero evidentemente hay voluntad de ocultismo ante esta pregunta. Tres pueden ser las causas.
Una que el valor del regalo no sea razonable y no pueda ser justificado ante los ciudadanos. Otra que quien hace el regalo, persona física o empresa no pueda justificar las razones. Y una tercera, el motivo por el cual se hace el regalo, es decir, que el motivo no sea real y sea sencillamente espúreo.
Ustedes, en lugar de agarrarse a lo que normalmente nos dice la señora vicepresidenta del Gobierno, que una marca que caracteriza a este Gobierno es la transparencia, prefieren ocultar este asunto. Yo no sé cuanto tiempo van ustedes a ocultarlo. No lo sé. No sé cuando decidirán confesar esto que no tendría por qué ser inconfesable si las cosas fueran normales. No obstante, le garantizo que no es algo que vayamos a dejar así como así. No estoy satisfecho con su contestación. Me parece que es una tomadura de pelo a la Cámara. Lamento, señor Zambrana, porque le conozco a usted, que le hayan utilizado para tener que hacer este papelón hoy aquí con nosotros porque, evidentemente, quien tendría que estar aquí hoy es el ministro del Interior, que es quien ha recibido esos regalos y por el que yo pregunto precisamente.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señora presidenta, veo que el señor Hernando, al que ayer oí hablar en una radio en un tono extremadamente sosegado, ha vuelto a recuperar hoy en el discurso perfiles duros porque evidentemente el lenguaje de la radio no era el lenguaje de grueso calibre que Seguridad Social hoy ha utilizado.
Señor Hernando, este ministerio está haciendo un esfuerzo muy importante para responder preguntas. Es verdad que esta pregunta llegó hace algún tiempo; pero se han hecho 60.391 preguntas al ministerio en lo que va de legislatura y se han respondido 54.975. S.S solo ha presentado cerca de 500 preguntas, es decir, está activo. Por consiguiente, no se puede decir que no se haya hecho un esfuerzo para responder. Por lo demás no creo que haya ningún ánimo de ocultismo en un Gobierno que no solamente ha aprobado el código ético, sino que ha aprobado una ley que ha hecho que, por primera vez en la historia de nuestro país -y créanme que es una ley de una enorme contundencia-, se haya publicado el valor de los bienes de todos los ministros y secretarios de Estado en el Boletín Oficial del Estado. Esa es la prueba del nueve porque cualquier cosa que tenga significado económico se traduce en incremento patrimonial y los patrimonios de los ministros y de los secretarios de Estado los conoce toda la opinión pública española y todos los medios de comunicación los han publicado. Ese es un ejercicio de transparencia difícil de hacer en cualquier democracia, que ha promovido este Gobierno, que no estaría mal que hicieran una serie de comunidades autónomas porque sería algo positivo para el buen funcionamiento de la democracia.
Por otro lado, la casuística que puede plantearse en torno a la pregunta que dice S.S que no se le ha respondido es infinita; posiblemente ni la mayor parte de los ministros sepan los regalos que reciben porque el 99 por ciento de los regalos se reciben en Navidad y muchas veces son las personas que trabajan alrededor las que distribuyen entre ellos los dulces o las botellas de vino o los cuatro detalles que todos recibimos en una sociedad como la nuestra. Todos los ministros y, en concreto, el ministro del Interior, que se caracteriza por una austeridad espartana en todo su comportamiento y en toda su vida, tiene mucha tarea que hacer como para ahora comenzar a preguntarse por todos los regalos que recibe porque francamente yo tampoco sería capaz de reproducir los regalos que llegan en Navidad que son el 99 por ciento.
Su señoría obviamente puede plantear lo que le parezca, pero la pregunta es de difícil solución. No vea mala fe. Otro momento en el que se suelen intercambiar regalos es la visita de mandatarios extranjeros a los cuales se les regala un libro de El Prado, una corbata significada, algún detalle, un pañuelo a la señora del ministro si lo acompaña. Son regalos siempre institucionales. Son detalles. Los regalos que pueden traer mandatarios extranjeros son del mismo tipo. La mayor parte de las veces son libros o informes o algún detalle que tiene que ver con la actividad del ministerio. En nuestro
caso tenemos metacrilato y algún pañuelo de señora. No le voy a detallar la relación de regalos que se intercambia con las delegaciones extranjeras. Asimismo, tenemos los regalos habituales de la Navidad.
Señor diputado, no hay ningún ánimo de ocultismo. Tampoco voy a hacer juicios acerca de cuál es la motivación de este tipo de preguntas, pero la transparencia de este Gobierno es total desde el momento en que están publicados los patrimonios personales de todos los ministros y de todos los secretarios en el Boletín Oficial del Estado. No hay mayor prueba de transparencia. Esa es la prueba del nueve. Y la prueba del nueve está hecha.
La señora PRESIDENTA: Con esta respuesta hemos dado fin a la pregunta y al punto número 1 del orden del día. Despedimos al señor Zambrana y le damos las gracias por haber estado hoy aquí.
Seguimos con la tramitación de la proposición no de ley. Son las once y veinte y no vamos a votar antes de la una aproximadamente. Propongo un cambio en el orden del día a S.S que consiste en pasar el punto número 3 del orden del día al número 2, es decir, en hacer un cambio entre la proposición no de ley 1192 y la 838.
Si no hay oposición al cambio quedaría como les he dicho.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: No, no hay ninguna oposición al cambio del orden del día, pero quisiera preguntar a la señora presidenta si es posible fijar una hora previsible de votación.
La señora PRESIDENTA: Calculo que la hora de votación no será antes de la una. Por lo tanto, a la una si hemos terminado se vota. Si terminamos cinco minutos antes esperamos y si no será después.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De acuerdo. Disculpe.
- SOBRE CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS COMISARÍAS DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000838.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces al punto tercero del orden del día: Proposición no de ley sobre catálogo de puestos de trabajo en las comisarías de policía de la provincia de Cádiz que va a defender, en nombre de Grupo Parlamentario Popular, el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en defensa de esta proposición no de ley en la que solicitamos -y espero que sea votada favorablemente- del Gobierno que se complete el catálogo de puestos de trabajo de las comisarías de la provincia de Cádiz y que aumente el número de funcionarios destinados en las mismas.
La seguridad es un tema muy sensible que afecta a todo el país. De hecho, en cualquier encuesta o estudio sociológico que se analice aparece la seguridad como uno de los problemas que más preocupa a los españoles. En Cádiz la seguridad tiene aún mayor importancia. Las características de esta provincia, su especial enclave geográfico, puerta de Europa y Estrecho de Gibraltar, su proximidad al continente africano, principalmente a Marruecos y el Magreb, sus dos bases aéreo militares, Gibraltar y Rota, su inmensa área portuaria, Algeciras, primer puerto de España, su extensión, 7.436 kilómetros cuadrados, su población en torno a 1. 300.000 habitantes, sus 44 municipios y la suma importancia socioeconómica de varios de ellos -no voy a hacer referencia a ninguno para no molestar a nadie-, su variada y amplia oferta turística -es el segundo destino turístico andaluz-, todo ello conforma un conjunto de factores que bien merecen una reflexión y análisis sobre la importancia de la seguridad en la provincia de Cádiz.
En efecto, en todas y en cada una de las ciudades en las que están ubicadas las comisarías de policía de la provincia de Cádiz concurren circunstancias especiales que merecen ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar el catálogo de puesto de trabajo de cada una de ellas.
Algeciras, por ejemplo, es frontera con otro continente, pues tiene, además, su puerto, un puerto de gran importancia y una prisión allí ubicada. La Línea de la Concepción tiene frontera con Gibraltar. El Puerto de Santa María tiene tres prisiones en su término municipal y tiene, además, que desdoblarse para atender a Puerto Real. En la costa noroeste está Sanlúcar con un río que se ha convertido en un coladero para los narcotraficantes. Rota tiene una base militar importantísima.
Jerez tiene un término municipal muy extenso y cuenta con un aeropuerto.
Cádiz cuenta con su puerto y es la capital de la provincia. Y San Fernando cuenta asimismo con instalaciones militares de relevancia. En todas se dan connotaciones importantes que han de ser tenidas en cuenta y por las que se tienen que dedicar efectivos adicionales para su salvaguarda. Además, hemos de señalar que la delincuencia se ha disparado en los últimos años en la provincia de Cádiz, a pesar del esfuerzo que día a día realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la mayoría de las veces sin contar con los medios adecuados.
Ya sé que desde el Ministerio del Interior se manejan otros datos que no coinciden con la verdad objetiva que todos los días se vive en la calle.
Ya nos gustaría que el ministerio facilitase los índices provinciales que continuamente le demandamos; pero la realidad de la calle es la mejor estadística y esta nos dice que la delin
cuencia en la provincia de Cádiz no deja de subir. Por otro lado, la delincuencia organizada ha aumentado en los últimos años y también lo han hecho el tráfico de estupefacientes y la inmigración ilegal, que se ven facilitados por la proximidad de la provincia con el continente africano y la extensa amplitud de sus costas.
Los delitos de violencia de género han crecido de forma alarmante. Sólo en Jerez se ha superado la cifra de 800 en medidas de protección a la mujer víctima de violencia de género resueltas por la autoridad judicial, lo que conlleva una gran carga de trabajo y responsabilidad para las unidades de prevención, asistencia y protección a la mujer. El terrorismo en todas sus manifestaciones, tanto de ETA como islamista, puede tener como claro objetivo nuestra provincia. Es de dominio público, a raíz de la últimas intervenciones policiales, que, en efecto, Cádiz puede estar en el punto de mira de la banda terrorista ETA. Todo ello ha multiplicado la carga de trabajo en todas las comisarías de la provincia de Cádiz. Se conocen datos contrastados en los que se observa un aumento muy significativo del volumen de trabajo. Por ejemplo, en la comisaría de Cádiz supone más de un 11 por ciento desde el año 2008 a 2009; es decir, se ha pasado de 12.462 a 14.035 actuaciones en la comisaría de Algeciras, lo que significa un 9,72 por ciento más. La comisaría de la Línea de la Concepción ha tenido un aumento del 16 por ciento. La más significativa y llamativa ha sido la de Jerez con más de un 85 por ciento de incremento de la carga de trabajo.
Pese al trabajo que existe y la problemática que le hemos detallado que afecta especialmente a la provincia de Cádiz, las comisarías de policía de esta provincia están mal dotadas de personal. Cuando se aprobó el catálogo de puestos de trabajo en el año 2007 hubo una queja generalizada, pues el número de funcionarios destacados en las distintas comisarías era completamente insuficiente. Pero lo realmente grave es que pese a la insuficiencia del personal jamás se han completado los puestos de ninguna de estas comisarías, de tal manera que el catálogo de puesto de trabajo aprobado nunca se ha cumplido. (Rumores.)
Les ruego que bajen un poco el tono de su voz cuando hable un diputado.
El señor ROMERO GIRÓN: Nos hemos visto obligados a presentar una enmienda a nuestra propia proposición no de ley, pues recientemente se ha aprobado, y de ello hemos tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la misma, el nuevo catálogo de puestos de trabajo. Una vez más nos encontramos con que las altas previstas para la comisaría de Cádiz dejan mucho que desear. Jerez tiene solo dos funcionarios nuevos.
San Fernando uno solo y el Puerto de Santa María seis, pese a tener que atender también a la comisaría de Puerto Real. Todo ello demuestra la falta de sensibilidad del Gobierno con Cádiz, dándole de nuevo la espalda a esta provincia en política de seguridad.
Es evidente que a mayores y mejores medios disponibles mayor eficacia.
Tengo que destacar la gran labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pese a la escasez de personal y de medios materiales. Por todo ello solicitamos el voto favorable a esta proposición no de ley en la confianza de que una vez aprobada el Gobierno la acogerá favorablemente y aumentará y completará el catálogo de puestos de trabajo de las comisarías de la provincia de Cádiz.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere la señora Díez intervenir en este punto?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Como no están presentes el resto de los portavoces de los grupos tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, mi grupo parlamentario está de acuerdo con esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, proposición que en un primer momento instaba al Gobierno a completar el catálogo de puestos de trabajo de las comisarías de la provincia de Cádiz. A ella le acabo de añadir una autoemienda de la que luego hablaremos.
Estamos a favor porque, como ha quedado demostrado en estos años, el Ejecutivo socialista apuesta por la seguridad pública como una prioridad política esencial. Estamos a favor porque reforzar los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía es una de las líneas prioritarias de este Gobierno. Estamos a favor porque creemos que nuestra policía y que nuestra Guardia Civil son el mejor instrumento que tenemos para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos y, además, porque contar con una política de seguridad y con un mayor número de efectivos nos permite reducir la criminalidad y las infracciones penales, incrementar el número de infracciones y delitos esclarecidos, aumentar el número de personas detenidas, luchar, investigar y perseguir delitos que hasta hace poco permanecían en un segundo plano: violencia de género, pornografía infantil y corrupción.
En definitiva, estamos a favor por pura coherencia. El Gobierno socialista trabaja para completar los catálogos de puestos de trabajo de las distintas comisarías. Lo que no es coherente es que sea el Partido Popular quien inste al Gobierno a hacer lo que ellos no fueron capaces de ejecutar. Está demostrado que si hay un gobierno que apuesta por un servicio de seguridad pública suficientemente dotado de personal como para garantizar la seguridad de la ciudadanía, ese es sin duda un gobierno
socialista. También se puede demostrar que cuando gobierna el Partido Popular la seguridad pública deja de ser una prioridad.
Vamos a hacer un poco de memoria; en ocho años de Gobierno del Partido Popular se reduce la inversión en seguridad en términos de PIB, de un 0,63 en el año 1996 a un 0,49 en el año 2004. Ocho años de Gobierno en el que se perdieron 10.000 policías y guardias civiles. Sí, los quitaron de las calles y de las comisarías. Ocho años de Gobierno que fueron un tiempo perdido en materia de seguridad con frases que quedarán para la historia, tales como:quien quiera seguridad que se la pague. Sí, señor Romero, esa fue la política de su Gobierno, menos presupuesto, consecuentemente menos medios y menos plantillas y con ello un aumento de la criminalidad.
Y ahora en la oposición vuelven a hacer una política totalmente novedosa y contradictoria. Por una parte, piden una reducción del gasto público continuamente en cada Comisión y en cada Pleno, pero a la vez un aumento del mismo al pedir más personal. Es necesario que la oposición aclare de una vez su política.
La política de seguridad que hizo el Partido Popular en ocho años de Gobierno se dejó sentir en la provincia de Cádiz. De hecho, nuestra provincia fue una de las más perjudicadas por esa política raquítica. En el año 2004, cuando el Partido Popular dejó el Gobierno había en la provincia de Cádiz 1.373 policías en activo. Ahora tenemos 2.036, es decir, la provincia de Cádiz cuenta con 663 policías más en activo que cuando el Partido Popular dejó de gobernar. A todo esto hay que añadir que en nuestra provincia, sin contar la segunda actividad o las prácticas, disponemos de 56 efectivos pertenecientes a la unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma andaluza.
Señor Romero, ¿recuerda el catálogo de puestos de trabajo que hicieron cuando ustedes gobernaron? No solo contemplaba menos efectivos que el actual, 1.718, sino que tenía una ocupación menor. Concretamente, estaba cubierto al 79 por ciento. En este momento, con un catálogo ampliado en 582 puestos más, está ocupado al 88 por ciento, nueve puntos más que con ustedes. ¿Por qué no lo contemplaron? ¿Quizás porque no estaban dispuestos a invertir en seguridad pública? Actualmente, el catálogo de puestos de trabajo de la provincia de Cádiz está un punto y dos décimas por encima de la media nacional. No sé si también tengo que recordar que los años en los que hubo menos policía en las distintas comisarías de la provincia de Cádiz coincidieron con un ministro del Interior llamado Mariano Rajoy. Señorías, ha sido y es un objetivo principal de este Gobierno la ocupación de las plazas vacantes de policía. Para ello se está realizando un importante esfuerzo a través de las sucesivas convocatorias de la oferta de empleo público. Primero hemos tenido que cubrir el catálogo que el Gobierno del Partido Popular no cubrió y que solo ocupó el 79 por ciento en la provincia de Cádiz. Después el Gobierno socialista, tras cubrir aquel catálogo, ha aprobado uno nuevo, que en poco más de dos años está cubierto al 88,52 por ciento. Decía antes que el Grupo Popular ha presentado una enmienda, en la que por cierto también hay contradicción, porque o es de modificación o es de adición. Supongo que es de adición. Como además vamos a ofrecer una transaccional introduciendo simplemente una palabra, para ver cómo quedaría el texto si la añadiéramos, voy a leer, señora presidenta, la transaccional que ofrecemos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar el catálogo de puestos de trabajo y a continuar aumentando el número de funcionarios destinados en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de Cádiz. Esa es la transaccional, con una palabra añadida, y lo demás es una cuestión de redacción, que queda un poco mejor.
Señoría, los planes, los objetivos, la coordinación, son fundamentales para mejorar la seguridad, pero una parte importantísima de toda esta estrategia son las personas, es decir, la policía y los guardias civiles.
Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una situación bastante complicada en materia de seguridad, un servicio público deteriorado, escasas plantillas, en muchos lugares desmotivadas, con problemas de representatividad sindical y social, y nos pusimos manos a la obra para arreglar esa situación y contar con un servicio público bien organizado, bien dirigido y bien financiado. Con todos estos datos, queda claro que el Grupo Parlamentario Socialista va a defender esta iniciativa por convicción, por coherencia y porque piensa que el elemento humano es el factor determinante del éxito policial y por tanto de la seguridad de los ciudadanos. Por el contrario, el otro grupo que también va a aprobar esta proposición no de ley lo va a hacer quizá para justificar en la oposición algo que no fueron capaces de hacer cuando tuvieron la oportunidad de gobernar.
La señora PRESIDENTA: A efectos de la votación, pregunto al portavoz del Grupo Popular si acepta la enmienda transaccional que acaba de incluir una palabra.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Se la voy a pasar.
La señora PRESIDENTA: Leo exactamente cómo quedaría la instancia al Gobierno con el párrafo de la autoenmienda del PP. Diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar el catálogo de puestos de trabajo y a continuar aumentando el número de funcionarios destinados en las comisarías de Policía de la provincia de Cádiz. Este último párrafo es la autoenmienda del Grupo Popular.
El señor ROMERO GIRÓN: Señora presidenta, si me permite, como las votaciones no se van a producir hasta la una de la tarde, en el transcurso de la mañana le diré exactamente...
La señora PRESIDENTA: Nos gustaría que un poco antes de las votaciones lo comunicara a la Mesa.
El señor ROMERO GIRÓN: Efectivamente. Muchas gracias, señora presidenta.
(Número de expediente 161/001192.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 1192, sobre la falta de medios materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Para su defensa, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Señorías, quisiera empezar parafraseando libremente a nuestro clásico diciendo que, si ya estábamos preocupados por la situación de la seguridad en España, ahora estamos muy preocupados. Y no voy a hablar de las cifras de criminalidad, que para eso están los apasionantes y sin duda clarificadores debates entre el portavoz de mi grupo, mi buen amigo, el señor Cosidó, aquí presente, y el ministro del Interior. Ahora bien, quiero decir con toda rotundidad que sean cuales sean hoy esas cifras de delincuencia, van a ir a peor, a bastante peor. Con esto no pretendo alarmar a nadie ni desde luego hacer un frívolo ejercicio de futurología. Hago un análisis frío, basado en una lógica aplastante por su sencillez. Si se da un tijeretazo al número de efectivos policiales y se recortan drásticamente los medios materiales de que disponen esos agentes, ¿cómo va a bajar la delincuencia? Es metafísicamente imposible. O la totalidad de los delincuentes que hay en España deciden de pronto y al unísono convertirse a la legalidad o marcharse a delinquir a otro país o la inseguridad en España se va a convertir en un problema de primer orden. Quiero aprovechar aquí para despejar con toda claridad la excusa que suele esgrimirse para justificar el fuerte recorte en medios humanos y materiales que están sufriendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por supuesto que hay una crisis económica. Como que hay 4.600.000 parados, según las últimas cifras conocidas hoy. Sin embargo, en la seguridad debería ocurrir al revés que en casi todos los demás ámbitos de actuación del Gobierno: a más crisis, más gasto, más inversión. O dicho de otro modo, no es que la seguridad deba seguir siendo una prioridad a pesar de la crisis, es que debe serlo precisamente y de manera muy especial porque hay una crisis.
El problema que tenemos es que el Gobierno esto no lo ve y, si lo ve, no actúa en consecuencia. A los hechos me remito. En primer lugar, y muy brevemente, el recorte del número de policías y guardias civiles. El Gobierno acaba de aprobar la oferta de empleo público para la policía más baja de los últimos veinte años. ¡Se dice pronto! La cifra mínima para garantizar la reposición de agentes es de 2.020 para el Cuerpo Nacional de Policía y de 2.280 para la Guardia Civil. Pues bien, para 2010 el Gobierno ha aprobado una oferta de empleo de apenas 222 policías y 232 guardias civiles. Es un recorte -si me permiten la expresión- brutal, es un tijeretazo de casi un 90 por ciento, que va a generar problemas muy serios, muy graves. El primero y más grave es un aumento de la inseguridad tanto subjetiva como objetiva. Habrá menos policías patrullando nuestras calles y barrios, habrá menos agentes dedicados a combatir graves amenazas, como el crimen organizado, el narcotráfico, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, y menos policías y guardias civiles persiguiendo las bandas que se dedican a asaltar viviendas y locales comerciales a lo largo y ancho de España. Sabemos bien lo que ocurre cuando hay menos policías, que el espacio que desocupan los policías lo ocupan los delincuentes y un tijeretazo de estas características es -siento mucho decirlo- un acicate para la delincuencia, un estímulo. En segundo lugar, el recorte en efectivos también tendrá un impacto negativo sobre la formación y la capacidad operativa de las plantillas. En pocos años tendremos una fuerza policial envejecida y por tanto en peores condiciones para hacer frente al delito.
Y por último, también tendrá consecuencias económicas, claro que puntuales, pero profundas para los afectados. Estoy pensando, por ejemplo, en la economía de Ávila. Hace unos días los empresarios y comerciantes de la zona explicaban que van a perder unos 10 millones de euros anuales por culpa de la drástica reducción del número de alumnos que van a ingresar en la Academia de Policía. Y en relación con esto quiero decir también -lo lamento mucho- que la historia se repite, porque en el año 1996 el Partido Socialista abandonó el Gobierno dejando no solo una economía anémica, sino también unas plantillas policiales bajo mínimos tras años de convocatorias que oscilaron entre poco más de mil -incluso cero- plazas y fue el Gobierno del PP quien, a pesar de las dificultades económicas, recuperó esas plantillas con ofertas de empleo público que llegaron a estar por encima de los 6.000 policías y guardias civiles y con un ambicioso plan de convocatorias que el actual Gobierno se ha limitado en los primeros años a aplicar y esto lo quiero explicar con claridad. Todos los policías que se han ido incorporando al servicio activo hasta el año 2007 provienen de las ofertas de empleo público del PP. Digo esto porque el señor Rubalcaba insiste mucho en negarnos el mérito y en apuntarse el tanto. Les aseguro que no nos vamos quejar; eso sí, nunca más queremos escuchar eso de que el PP vació las calles de policías. La realidad es la contraria y de verdad siento mucho tener que decirlo. Quien está vaciando las calles de policías con decisiones como estas es el señor Rodríguez Zapatero, con una política, en nuestra opinión y también en la de los sindicatos policiales, muy poco responsable que hipoteca el futuro de la seguridad en España.
Y ahora me voy a referir al asunto concreto, complementario de este, que tiene que ver con la política de seguridad, al que se refiere la proposición no de ley que mi grupo trae a esta Comisión y que espero sinceramente que consiga los votos necesarios para su aprobación. Lo advertimos durante los debates de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, los peores en quince años para el Ministerio del Interior.
Advertimos que un recorte, el 50 por ciento, en la inversión en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iba a perjudicar seriamente el funcionamiento y la propia seguridad de esos cuerpos policiales. La situación es aún mucho peor que a principios de los noventa, cuando -nos acordaremos todos- policías y guardias civiles se veían obligados a racionalizar el combustible de sus vehículos patrulla. Pondré solo algunos ejemplos de la situación penosa que se vive en comisarías y puestos de la Guardia Civil de toda España: agentes que se tienen que comprar con su dinero impresoras y folios para poder recibir y tramitar denuncias de los ciudadanos. Ocurrió en la comisaría sur de Tenerife y en muchas otras. Carencia de chalecos antibalas y de guantes anticortes. En algunos casos, la ratio de chalecos por policía es de 1 a 10, 15 chalecos para 150 efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana en algunas comisarías, y los chalecos que hay en muchos casos son de los años ochenta, que ni siquiera se adaptan a las necesidades de protección y a la talla de los agentes. Falta de municiones para realizar prácticas de tiro, con lo que esas prácticas, que son tan necesarias, evidentemente no se realizan. Motoristas obligados a compartir cascos golpeados y con viseras y broches de barbilla rotos. Vehículos con más de diez años de antigüedad y más de 400.000 kilómetros de rodaje, auténticas antiguallas que se estropean a menudo y, lo que es peor, no tienen reposición, con lo que ya se están dando casos de agentes obligados a patrullar a pie. La falta de vehículos en condiciones ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de efectivos policiales y de los sindicatos policiales de toda España y de momento ¿qué solución ha ofrecido el Gobierno? Al parecer, la última ocurrencia ha sido preparar unos trípticos para repartir entre los policías con instrucciones sobre cómo se debe conducir adecuadamente, como si la culpa del mal estado de unos coches antediluvianos fuera de los policías. Y también al parecer han dado órdenes de que utilicen el vehículo lo menos posible, como si los policías y los guardias civiles sacaran sus vehículos para hacer turismo, para contemplar el paisaje urbano por la ventanilla. Por hacer una analogía fácilmente comprensible, es como si los médicos tuvieran que pagar de su bolsillo las jeringas, los apósitos, los guantes de cirugía o la insulina. ¿Nos parecería justo? ¿Nos parecería razonable? Claro que no. ¿Por qué permitimos entonces que policías y guardias civiles se tengan que pagar de su bolsillo los guantes anticortes, los chalecos o los cascos? No es lógico, no es justo, no es aceptable y además entra en clamorosa contradicción con los reales decretos 2/2006, de 16 de enero y, como ha dicho el Grupo Socialista, 179/2005, de 18 de febrero, que establecen las normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil. Según esos decretos -cito literalmente el de la Policía-, la Administración proporcionará a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y para garantizar la seguridad y la salud de los funcionarios. En las circunstancias actuales, la labor que desarrollan los policías y guardias civiles -quiero decirlo- es doblemente heroica y eso hay que reconocerlo no solo con palabras, no solo con homenajes públicos, que son todos muy merecidos, pero insuficientes, sino también con hechos, el primero de los cuales es el que mi grupo plantea hoy en esta proposición no de ley. Tenemos que garantizar adecuadamente la seguridad de los policías y de los guardias civiles. El Gobierno tiene que cumplir sus propios decretos y dotar a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil del equipamiento individual y de los medios de autoprotección necesarios para desarrollar su importantísima labor. Tienen que hacerlo porque es de justicia, pero también por una cuestión de eficacia, porque ¿cómo van a garantizar nuestra seguridad, la seguridad de todos, quienes por falta de medios en muchos casos ni siquiera tienen asegurada la suya propia? Dejo esta pregunta en el aire con la esperanza sincera de que todos los grupos presentes en esta Comisión respondan con un voto afirmativo a nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: A esta PNL ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Bar Cendón.
El señor BAR CENDÓN: Señorías, tengo que empezar por decir que mi grupo comparte la preocupación manifestada por el Grupo Popular en lo que se refiere a las condiciones de seguridad en las que Policía y Guardia Civil desarrollan su ingente tarea, que motiva además su proposición no de ley.
La comparte desde luego mi grupo y todos los grupos -no se lo he preguntado, pero estoy seguro de ello- y la comparte y obra en consecuencia además el Gobierno. Ser policía, ser guardia civil, como en otros ámbitos policía autonómico, local o personal de emergencias, comporta por definición unos riesgos. Significa desarrollar una profesión arriesgada y son riesgos que se asumen vocacionalmente, con voluntarismo y profesionalidad. Sin embargo, esto no quiere decir dar el riesgo por asumido y no intentar minimizarlo en lo posible. Bien al contrario, como servidores públicos, los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son también titulares del derecho a que su desempeño sea protegido con medios preventivos de seguridad, con formación específica, con una evaluación exhaustiva de los riesgos laborales y con una planificación rigurosa de la actividad preventiva. Ahora bien, decir que compartimos la preocupación no significa
compartir los términos en los que se ha expresado aquí el Grupo Popular, entre otras cosas porque tenemos la impresión de que la suya es una preocupación sobrevenida, no muy coherente y expresada en clave -en algunos términos- cuasi sindical, muy de página web, cuando los sindicatos desde luego cumplen con una función, una buena función, pero los grupos parlamentarios deben cumplir otra. Digo que no es muy coherente porque, tras las encendidas proclamas del freno al gasto público en los plenos, vienen las peticiones de bolsillo roto y más y más gasto en las comisiones. Y digo sobrevenida porque si no su preocupación hubiera encontrado mejor encaje cuando el presupuesto destinado a seguridad era, como en 2004, 2.400 millones de euros más bajo que ahora o cuando el esfuerzo en términos de PIB era del 0,49 por ciento y no del 0,63 por ciento, como ahora. Y esas diferencias tienen con toda evidencia su traducción en efectivos, medios e infraestructuras, de los que ya se ha hablado otras veces y no vamos a repetir aquí. Así, pues, con 32.000 policías más en la calle, no sé si la portavoz del Grupo Popular está hablando de este país, pero desde luego no está hablando de este año ni de los inmediatamente anteriores. Le daré un dato que sirve de ejemplo.
El número de bajas por accidentes en actos de servicio se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, pero, al aumentar la plantilla en los 32.000 efectivos que he dicho antes, la tasa de accidentalidad ha descendido desde el Gobierno del Partido Popular: del 3,72 por ciento en 2004 se pasó al 3,49 por ciento en 2007, cifra que desde luego tenemos que bajar aún más, pero que es inferior porque se ha gastado más en ello.
Sin salirnos del tema concreto de la seguridad, en época del Gobierno socialista se dictó la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y, aunque en su ámbito de aplicación exceptuaba expresamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes habían de tener normativa específica por las peculiaridades de su trabajo, esa ley marcaba ya los principios inspiradores que habría de tener la corporativa propia, pero hubo que esperar ocho años -nueve, si no me equivoco- a tener un nuevo Gobierno socialista para que tal normativa específica fuera desarrollada.
Se hizo a través del Real Decreto 2/2006, por el que se establecieron las normas sobre la prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y del Real Decreto 179/2005, para la Guardia Civil, que por cierto no citaban ustedes en su proposición no de ley y hemos incorporado en la enmienda. Hace un mes aprobamos por unanimidad un reglamento disciplinario de policía que incorpora también previsiones sobre el incumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales y el régimen de personal en proceso de negociación lo incorpora también entre los derechos y deberes. Así, pues, la preservación de la seguridad constituye uno de los ejes centrales de actuación del Ministerio y de la propia Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Este es el criterio que se viene siguiendo respecto al equipamiento y a los medios de autoprotección con los que se están dotando y se vienen distribuyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y son los derivados de una estricta evaluación de potenciales riesgos, según las actividades que desarrollan las distintas unidades. Voy a poner algunos ejemplos concretos. Cuerpo Nacional de Policía. Los principales materiales de autoprotección son los siguientes: chalecos antibalas. Es un medio de protección del que disponen todas las plantillas policiales para su uso cuando las necesidades del servicio -afortunadamente, no siempre- lo requieren. Botas. Disponen de botas específicas todos los funcionarios integrantes de las unidades especiales que por las características del servicio lo precisan. La nueva uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía contempla la asignación individual de botas y su distribución se ha iniciado durante el presente mes. Guantes anticortes.
Se está procediendo a su distribución en función de los criterios operativos establecidos y está prevista la asignación individual a todo el colectivo del Cuerpo Nacional de Policía que realiza funciones operativas. Cascos de caballería. Durante el primer semestre del año 2009 se ha procedido a su dotación a todos los integrantes de las unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía. Guardia Civil. Voy a ser todavía más concreto, aun a riesgo de ser incluso un poco pesado. Guantes anticortes. Se han efectuado en los últimos ejercicios económicos las siguientes adquisiciones: 11.811 pares en 2007 por importe de 300.000 euros; en 2008 -fue la mayor inversión en aquel año-, en dos partidas se adquirieron 42.578 pares, con una inversión de casi un millón de euros, 920.800 euros; en 2009, 6.000 pares por 116.580 euros y en 2010, otros 6.000 pares por el mismo importe. Si hacen ustedes la suma, estamos cubriendo la práctica totalidad de la plantilla de la Guardia Civil.
Además, en este curso académico se empezaron a entregar a todos los guardias civiles de nuevo ingreso como parte del equipo básico del vestuario. Chalecos antibalas externos. En el año 2008 fueron adquiridos 2.002 y otros 2.502 en 2009, que, añadidos a los 9.474 preexistentes, hacen que en la actualidad se dispongan de 13.000, casi 14.000, unidades y está previsto en el presente ejercicio adquirir 2.000 más. Cada chaleco viene dotado con tres fundas, que permiten triplicar el número de usuarios de cada prenda. Chalecos antibalas internos. Se disponen de 2.051. Chalecos antitrauma, 4.146 ya distribuidos y otros 559 en reserva.
Botas polivalentes -la lista es interminable-, 6.877 pares y se dispone de 13.500 y pico en stock. Se adjudican normalmente a petición propia del personal. Cascos especiales para unidades de Caballería, 161 unidades por importe de 53.600 euros. E igualmente tapones auditivos para la utilización en los ejercicios de tiro, etcétera. Así, pues, la prevención, la seguridad y la salud de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están presentes en los planes, en la formación y en las dotaciones que ofrece el ministerio, pero además se han establecido mecanismos de control riguroso y de participación -no páginas de
Internet- de los propios funcionarios, que antes no existían ni introdujo tampoco el Partido Popular en sus ocho años de Gobierno, como son los controles periódicos y auditorías cada cinco años, la Comisión Nacional y los comités territoriales de Seguridad y Salud Laboral o el Servicio de Prevención.
Señorías, permítanme terminar con una frase extraída de una circular de hace unos meses del sindicato mayoritario de Policía -la tengo por aquí y, si no la encuentro, la he copiado-, que dice: Todos sabemos que la prevención de riesgos laborales en la policía es una asignatura difícil por muy diversos motivos, pero también sabemos que a lo largo de nuestra historia sindical se nos han presentado numerosos problemas, algunos de muy difícil solución, y han sido resueltos en el tiempo con mayor o menor premura, pero al fin y al cabo resueltos, que es lo importante. Eso dice el sindicato mayoritario de Policía y, si lo dicen los sindicatos, por algo será. Solo me resta decir, no obstante, que agradecemos muchísimo la voluntad de acuerdo del Grupo Popular para redactar un texto transaccional común y así hacer de la seguridad de nuestros agentes una cuestión de Estado, una causa común.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, señora Díez? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo para anunciar mi propósito de apoyar la proposición no de ley defendida por el Grupo Popular y para mostrar mi satisfacción por el hecho de que se haya llegado a un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas.
Para cualquiera que pudiera estar siguiendo este debate y que además perteneciera a la Guardia Civil o a la Policía, podría, si no enfatizamos lo fundamental, llegar a la conclusión de que estamos más preocupados por lo nuestro que por lo suyo, es decir, porque quede claro quién de nosotros lo hizo mejor o quién de nosotros lo hizo peor y todas esas cosas que por el contenido de la proposición no de ley, en relación con la cual además nos vamos a poner de acuerdo. Si quitamos la hojarasca -y tú más, y anda que tú y mira que yo-, llegamos a la conclusión de que tenemos un problema para asegurar la seguridad -valga la redundancia- de aquellos que tienen que garantizar la nuestra y que es el Ejecutivo en última instancia, pero el Legislativo en la intermedia, que es lo que estamos haciendo, quien tiene que garantizarla. Yo no dudo nada, pero nada, de las cifras que ha aportado el portavoz del Grupo Socialista, con las que ha puesto de manifiesto el esfuerzo económico que se ha hecho en los últimos años para responder a una necesidad, no a una demanda sindical, como ha dicho él, sino a una necesidad, porque no somos sindicalistas, claro, pero no lo somos nunca, ni para citar frases de los sindicatos cuando nos viene bien para nuestra argumentación ni para lo contrario, porque yo tenía aquí escritas otras frases del sindicato mayoritario, que contaba algo que acaba de ocurrir en Valencia, donde tuvieron que pedir chalecos a todos los de las comisarías para poder salir a una intervención y consiguieron ocho. O sea, que no vamos a comportarnos como sindicalistas; vamos a reconocer que existe un problema, que hay que garantizar la seguridad de quienes protegen la nuestra y que, efectivamente, nosotros hacemos que suspendan en prevención de riesgos laborales la Policía y la Guardia Civil, como muy bien planteaba el responsable portavoz del Grupo Socialista en esta intervención. Eso es lo que hay que destacar, que, además de la escasez de medios económicos, suspendemos en seguridad desde el punto de vista de los riesgos laborales y que no hemos puesto en marcha, precisamente por dificultades económicas, algunos de los instrumentos que es necesario que pongamos en marcha para garantizar que se cumple también dentro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional la normativa que tiene que ver con riesgos laborales, porque no solamente es un problema económico. No vale decir tenemos ya 14.000 chalecos. Pues estupendo, para 80.000 guardias tenemos 14.000 chalecos. A lo mejor los 80.000 no salen, y estoy refiriéndome a la cifra que el portavoz del Grupo Socialista ha dado. Es decir, ¿tenemos más que teníamos hace años? Sí, pero seguimos teniendo dificultades y hay una normativa de protección de riesgos laborales que no estamos cumpliendo. Creo que hemos de congratularnos por estar acercándonos a dar respuesta a nuestra responsabilidad reconociendo que tenemos un problema, lo denuncien los sindicatos o quien sea, y de nada sirve realmente que hagamos estos debates en los que parece que estamos más preocupados por hablar de nuestras cosas, o sea, de quién queda mejor de los que aquí estamos, que por hacerlo de los problemas que tratamos de resolver.
Perdonen ustedes que haya dedicado mi intervención a hacer una reflexión de carácter general sobre la necesidad de que hablemos de lo suyo, en este caso de la seguridad de la Policía y de la Guardia Civil, y de que se cumplan todas las recomendaciones que tienen que ver con la protección de los riesgos. Me congratulo, como he dicho al principio, por el hecho de que nos vayamos a poner de acuerdo y vayamos a dar un paso más en el cumplimiento de nuestra responsabilidad.
La señora PRESIDENTA: Está claro que cada portavoz o cada diputada que hace el papel de portavoz puede hablar de lo que quiera y creo que en el fondo estamos hablando del contenido de la proposición no de ley, en relación con la cual pregunto a la portavoz del Grupo Popular si la transaccional que ha anunciado el Grupo Parlamentario Socialista va a ser aceptada a efectos de tenerlo claro en la votación y porque hay que saberlo en el transcurso del debate.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Sí. Me congratulo porque hemos llegado a un acuerdo después de una enmienda que presentó el PSOE, que no recogía ni las expectativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni las nuestras. Hemos llegado a
un acuerdo que consideramos que recoge bien la preocupación que tenemos y en relación con esto le doy una breve respuesta, señora Díez. Le aseguro que lo único que nos anima en la presentación y defensa de esta proposición no de ley es garantizar la seguridad de los guardias civiles y de los policías, porque, como he dicho antes, son a su vez quienes garantizan la nuestra por una cuestión de justicia y de eficacia. Por tanto, aceptamos la transaccional.
La señora PRESIDENTA: Queda así recogido para la votación.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001569.)
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a la proposición no de ley relativa al complejo policial de Zapadores en la ciudad de Valencia. Es la número 1569. Para su defensa tiene la palabra la señora Camarero. (El señor vicepresidente, Rascón Ortega, ocupa la Presidencia.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Debatimos hoy, señorías, un asunto que es de capital importancia para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, y en especial para los que vivimos en Valencia. La seguridad ciudadana, junto con el paro, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los valencianos, pues no contamos ni con los efectivos ni con las infraestructuras suficientes para la población que somos para garantizar la seguridad que necesitamos. Y en este caso el Grupo Popular solicita el inicio inmediato de las obras del complejo de Zapadores en la ciudad de Valencia, una de las reivindicaciones que insistentemente se viene reclamando al Gobierno central tanto desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana como desde el Grupo Parlamentario Popular en este Congreso a través de las distintas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que ustedes, el Grupo Socialista, nos rechazan reiteradamente, desde los sindicatos policiales, desde los distintos responsables policiales que van pasando por la provincia de Valencia y por supuesto desde la propia ciudadanía, porque la realidad supera la ficción en el complejo policial más grande de la Comunidad Valenciana, que se encuentra en un estado lamentable, señorías. El desprendimiento de cascotes, la aparición de goteras y la proliferación de roedores es la tónica habitual en los últimos años en este vetusto cuartel de Valencia. La ruinosa situación ha llevado a no poder utilizar más que una quinta parte de sus instalaciones, porque en el resto no se puede ni siquiera trabajar, cuando estamos hablando de un complejo policial que reúne, entre otros, la Brigada de Seguridad Ciudadana, algunos servicios de la Policía Judicial, el servicio de automoción y la Unidad de Intervención Policial, todo ello -insisto- en unas instalaciones que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad para los más de 800 efectivos de seguridad destinados en el mismo, que están trabajando en unas condiciones sumamente lamentables y peligrosas. Se hablaba hace un momento del peligroso trabajo y de las condiciones en las que trabajan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pues a los agentes que trabajan en Zapadores a este peligroso trabajo se añade un plus de peligrosidad por tener que acudir cada día a un cuartel que literalmente se está cayendo a pedazos. No hablamos de una reivindicación nueva. Ya durante la campaña electoral de 2008, la vicepresidenta primera del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, prometió en Valencia una amplia rehabilitación y remodelación del complejo policial de Zapadores. Sin embargo, han transcurrido dos años y, tras numerosos anuncios por parte de la señora De la Vega y de otros responsables del Gobierno, las obras aún no han comenzado y parece que se van a retrasar algún año más, a pesar de que el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el señor Peralta, anunció, primero, que la adjudicación y licitación de las obras se produciría antes de terminar 2009, para más tarde, el pasado mes de diciembre, aclarar que el Gobierno central tenía previsto invertir 4 millones de euros en la adjudicación y licitación de las obras del complejo de Zapadores para el primer trimestre de 2010.
Pasó 2009, ha pasado el primer trimestre de 2010 y los plazos dados se han agotado. Nos encontramos, señorías, ante otro de los muchos incumplimientos de las promesas electorales del Partido Socialista. No vemos la luz, señorías, porque el Gobierno no está dando ninguna explicación al retraso. Las últimas noticias que tenemos aparecen en una respuesta dada desde la Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y Documental de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a una pregunta de un miembro del sindicato mayoritario, del CEP, que le instaba a la reforma de las instalaciones del cuartel de Zapadores -cito literalmente- lo antes posible para evitar las penurias que los funcionarios están padeciendo. La respuesta es que se trata de una obra de gran envergadura, lo que en este momento económico hace necesaria y conveniente la planificación de las actuaciones de dichas obras de remodelación y modernización por fases, consideradas todas ellas vinculadas entre sí, iniciando en este año las actuaciones relativas a la primera fase, que comprende... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Perdón, señora Camarero, así es imposible que defienda su proposición. Señorías, por favor, un poco de silencio para que la señora Camarero se pueda concentrar y hacer su intervención.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Como decía, la respuesta insiste en que este año se iniciarán las actuaciones relativas a la primera fase, que comprende la urbanización general del complejo, con un coste estimado, una vez finalizada, de 6 millones de euros. Lo único que hace esta respuesta es generarnos más incertidumbre, porque no concreta ni cuando se van a comenzar las obras ni cuándo se van a licitar y está firmado el pasado 30 de marzo, es decir, ni el Gobierno ni los responsables de la Dirección General de Policía avanzan, anuncian o confirman que el futuro de estas obras esté próximo. Quienes lo siguen sufriendo, evidentemente, son los funcionarios que allí trabajan y el resto de los ciudadanos valencianos, que no reciben adecuadamente el servicio que debieran. Por eso los valencianos necesitamos que el Gobierno deje de demorar esta y otras reformas y afronte con seriedad las políticas de seguridad para la Comunidad Valenciana, porque en los últimos años el Gobierno del presidente Zapatero la viene estrangulando en materia de inversiones.
Señorías, la inversión en materia de seguridad se ha reducido en más de un 54 ciento, más de 5 millones de euros; se han eliminado las partidas destinadas a las comisarías de la Guardia Civil en las provincias de Alicante y Valencia; las inversiones para la Guardia Civil se han visto reducidas en un 92 por ciento en la Comunidad Valenciana, mientras que las inversiones para infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía descendieron en un 28 por ciento. Los valencianos necesitamos una mayor inversión, implicación y responsabilidad en materia de seguridad, una de las principales asignaturas pendientes de Zapatero con la Comunidad Valenciana, porque, pese a que el ministro del Interior mantiene que se ha reducido la delincuencia, lo cierto es que en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, seguimos 15 puntos por encima de la media nacional en materia de delincuencia y tenemos numerosos asuntos pendientes, como los fallos del SIVE, la saturación de las prisiones, los robos en los campos, la falta de agentes y la urgente necesidad de mejorar muchas de nuestras infraestructuras, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Por ello, desde el Grupo Popular, a través de esta iniciativa, pedimos al Gobierno que se deje de parcheos, de retrasos, de excusas y que acometa cuanto antes una reforma integral del complejo de Zapadores, para que Zapadores se convierta en un edificio policial funcional y moderno, que cubra todas las necesidades de la policía valenciana en el futuro y que pueda llegar a convertirse en jefatura superior del Cuerpo Nacional de Policía, como desea al Partido Popular.
El Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda de sustitución, que insta al Gobierno a que continúe adoptando las medidas necesarias para llevar a cabo de forma inmediata la reforma integral del complejo policial de Zapadores en la ciudad de Valencia. No podemos aceptarla, pero quiero aprovechar para agradecer a la portavoz del Grupo Socialista la voluntad que ha mostrado de llegar a un acuerdo. Sin embargo, el Grupo Popular no puede aceptar esta enmienda de sustitución, porque considera que el Gobierno no está adoptando todas las medidas necesarias o adecuadas para comenzar las obras de rehabilitación de este complejo, que se están buscando excusas, que se está dilatando la solución a un tema que es -insisto- muy urgente para la ciudad de Valencia. Se lo he comentado a la portavoz del Grupo Socialista. Si el Partido Socialista, como partido que apoya al Gobierno, nos anunciase una fecha concreta para el inicio de las obras, estaríamos encantados de llegar a un acuerdo, pero estamos cansados de esperar. Los ciudadanos valencianos, los agentes destinados en Zapadores y el Partido Popular estamos cansados de excusas y dilaciones, por lo que hoy solo podemos aceptar una respuesta concreta, un plazo concreto, un plazo que no figura en esta enmienda. Esta enmienda no recoge en absoluto el objetivo que plasmábamos al presentar esta proposición no de ley. Por eso hoy, a pesar de no poder aceptar esta enmienda, me gustaría solicitar al grupo mayoritario, al Grupo Socialista, que se deje de dilaciones y que nos apoye, que apoye esta proposición no de ley para que entre todos logremos hacer fuerza para que esta obra se convierta en una realidad, en una prioridad en las agendas políticas y comience de una vez por todas. Los valencianos, señorías, se lo agradecerán.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, es para mí un honor exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
En primer lugar, quiero compartir la preocupación de la señora Camarero por un tema que, como ella ha expuesto, es un compromiso adquirido por el Gobierno y concretamente por la vicepresidenta primera, la señora Fernández de la Vega. Fíjese si es importante que no solo existe un compromiso firme de la vicepresidenta, sino que la puesta en marcha del mismo y la andadura de la solución del problema que nos ocupa son reales, porque así aparecen en los presupuestos, que son el reflejo claro de la solución a los problemas.
Quisiera hacer un ejercicio de memoria. En primer lugar, ha descrito usted una situación catastrófica de una instalación, que bien podría corresponder a un acuartelamiento con otra ubicación, incluso podríamos hablar de la ciudad de Bagdad, que no les gusta mucho que les recordemos.
En segundo lugar, voy a darle algunos datos que refuerzan el ejercicio de memoria al que me he referido. Según el barómetro del CIS, la percepción de la inseguridad ciudadana como principal problema en España ha tenido una clara evolución decreciente. Así, en el periodo 2002-2003, la media se cifraba en un 22 por ciento de la población, pero la media en estos últimos doce meses ha decrecido hasta el 11,3 por ciento y en
enero de 2010 esta percepción ha bajado al 8,1 por ciento. Estas cifras están claramente alejadas de las de Dinamarca, con un 39 por ciento, o de las del Reino Unido, con un 36 por ciento, siendo la media europea de un 19 por ciento. Esta evolución, evidentemente, se debe a algo. Quisiera recordar también algún dato de refuerzo de las plantillas policiales, que han tenido un incremento del 25,4 por ciento desde el año 2003, hasta alcanzar los 148.850 agentes disponibles, lo que supone un aumento de 30.184 agentes más. La dotación económica para los cuerpos y servicios de la seguridad del Estado ha subido de los 4.296 millones de euros en 2004, a los 6.663 millones de euros en 2010. Pero le voy a dar otro dato significativo. El gasto en seguridad pública era del 0,63 por ciento del PIB en 1996, alcanza su punto más bajo en 2004, con el 0,49, y se sitúa de nuevo en el año 2010, con el Gobierno socialista, en el 0,63 por ciento, alcanzando la cifra que he citado anteriormente de 6.663 millones de euros, sin incluir las inversiones que se realizan en diferentes dependencias dentro del PlanE.
Como ve, somos conscientes de que un aumento de efectivos debe conllevar también una mejora en sus dotaciones y en las infraestructuras en las que desarrollan su trabajo, pero evidentemente a usted le interesan más algunos datos de su comunidad, de la Comunidad Valenciana. Pues bien, voy a seguir haciendo ejercicio de memoria. En siete años de Gobierno socialista, el Ministerio del Interior ha construido o reformado 35 comisarías. Sí, señoría, se ha intervenido en 35 edificios policiales.
¿Sabe en cuántos edificios se intervino entre los años 2000 y 2003? Se lo voy a recordar: concretamente, en dos edificios, en Patraix, en el año 2000, y en Abastos, en el año 2003. Entre 2001 y 2002 no hubo ninguna actuación. En la primera legislatura socialista se ejecutaron actuaciones en 14 comisarías y en la presente legislatura son ya 21 las dependencias policiales en las que hay trabajos de reforma o proyectos de nueva construcción.
Señoría, el Ministerio del Interior es consciente de las necesidades del complejo de Policía Nacional de Zapadores de Valencia y por este motivo se toma la decisión de acometer una gran obra de rehabilitación y de modernización de las instalaciones, con un presupuesto nada despreciable de 42 millones de euros. El proyecto inicial se ha mejorado, se ha precisado y se ha planificado en cinco fases. La fase inicial no ha estado exenta de dificultades, alguna de ellas de tipo urbanístico, que ya se ha solucionado. Esta fase inicial tiene una dotación de 6 millones de euros y está en ejecución, puesto que ya ha comenzado la redacción del proyecto básico y de ejecución. El proceso ha comenzado, señoría, luego el compromiso adquirido por la vicepresidenta ha iniciado ya su andadura.
Como ha visto, hemos presentado una enmienda de sustitución que estamos dispuestos a transaccionar para llegar a un acuerdo y que pueda aprobarse por unanimidad, porque en definitiva nos une el deseo de ver concluida una iniciativa deseada y deseable para todos, sobre todo para los efectivos que utilizan las dependencias, una iniciativa que afortunadamente empieza a ser una realidad. Habíamos presentado un texto, que podemos modificar brevemente manteniendo la primera parte del escrito y completándola: Iniciando en el plazo de seis meses las actuaciones correspondientes a esta primera fase del proyecto, que -como les he dicho- ya están iniciadas. Si les parece, seguimos en conversaciones y presentaremos la enmienda en los términos en los que lleguemos a un acuerdo. Si no hay acuerdo, nos veremos obligados a votar en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): En la Mesa estamos abiertos hasta el último momento a ese deseado acuerdo.
¿Algún otro grupo quiere intervenir sobre esta proposición no de ley? (Pausa.)
Señora Camarero, ¿acepta la transaccional?
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Lo estudiaré, señor presidente.
- PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE LA ZONA FRANCA EN LA CIUDAD DE BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000856.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley para la rehabilitación integral del complejo del Cuerpo Nacional de Policía de la Zona Franca de la ciudad de Barcelona.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor presidente, el diputado que tiene que defenderla estaba en otra Comisión y está viniendo en este momento.
¿Podemos esperarle dos minutos?
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Sí.
Suspendemos la sesión durante dos minutos. (Pausa.)
Reiniciamos la sesión.
Señor Gallego, tiene la palabra para defender la proposición no de ley de su grupo parlamentario.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias por la gentileza de haberme esperado estos minutos. Seré muy breve, porque la PNL que defiende hoy el Grupo Popular tiene un significado muy claro y lo que se solicita es bastante sencillo.
Una vez finalizado el despliegue de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, en noviembre de 2008, muchas de las funciones que desarrollaban los policías nacionales allí pasaron a manos de los Mossos d'Esquadra.
Lógicamente, el número de efectivos de la Policía Nacional en Cataluña se vio reducido como consecuencia de ese despliegue, pero el Cuerpo Nacional de Policía aún mantiene funciones, aún tiene competencias y aún tiene ciertas responsabilidades en algunas áreas muy concretas de la seguridad en Cataluña. El Cuerpo Nacional de Policía tiene aún en la ciudad de Barcelona, en toda la provincia de Barcelona y en toda Cataluña varios complejos policiales, tiene aún infraestructuras. Una de las más importantes es el complejo situado en la Zona Franca de Barcelona. Este importante equipamiento policial fue inaugurado en el año 1992, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y desde ese momento, hace ya dieciocho años -podemos decir coloquialmente que ya es mayor de edad-, no se ha hecho ninguna reforma de importancia.
Creo que no exagero si digo que se ha dejado de invertir en el mantenimiento y que muchas de las dependencias del complejo policial están en un estado más que mejorable. Sabemos que se han invertido algunos recursos en la mejora del CIE, el centro de internamiento de extranjeros -en el año 2006, se invirtieron 4,5 millones de euros-, pero a partir de 2007, en 2008 y 2009, las cantidades invertidas en la mejora del cuartel policial de Zona Franca, desde el punto de vista de la inversión pública, son ridículas. En el año 2007 se invirtieron escasamente 100.000 euros; en el año 2008, 22.000 euros, y en el año 2009, 80.000 euros. Solo hace falta darse una vuelta por el complejo, visitarlo y ver sus instalaciones para darse cuenta de que son muy mejorables, y por eso el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley, en la que insta al Gobierno a que se ponga manos a la obra en esta cuestión e intente solucionar las malas condiciones del edificio. Los espacios destinados para la higiene del personal y su aseo están en unas condiciones deplorables, el pabellón deportivo tiene muchas deficiencias en su estructura, falta material, falta mobiliario, falta mejorar conductos eléctricos, agua, climatización, puertas de emergencia, extintores. El centro necesita realmente una reforma. Por eso el Grupo Popular somete a la consideración de esta Comisión que se vote a favor de una propuesta que solicita la rehabilitación y el acondicionamiento general del centro policial de Zona Franca en la ciudad de Barcelona.
Hemos negociado con el Grupo Socialista una enmienda transaccional, en la que el propio Ministerio del Interior y el Grupo Socialista reconocen que el estado del cuartel es mejorable, y al final hemos llegado a un acuerdo que respeta la filosofía y prácticamente la literalidad de la demanda que impulsaba el Grupo Popular. El acuerdo que vamos a someter a votación viene a decir: El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta las necesidades de reforma del complejo policial de Zona Franca de Barcelona -es decir, se reconoce esta demanda-, insta al Gobierno a impulsar las mejoras y el acondicionamiento que el complejo demanda, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su construcción así como las insuficiencias que presenta. Para nosotros este acuerdo es satisfactorio y positivo. Nos alegramos de que sea así. Esperemos que esta PNL, que saldrá por mayoría, no se quede en un papel, en un documento en esta Comisión, sino que invite a reflexionar al Ministerio del Interior. Más que una invitación a la reflexión, esperamos que sea una invitación a la inversión, porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que están ubicados en el cuartel de Zona Franca necesitan unas instalaciones acordes con las necesidades del cuerpo en pleno siglo XXI. Por eso nos congratulamos de esta cuestión. Esperemos que el año que viene podamos felicitarnos todos por el incremento notable de las mejoras y las inversiones en ese centro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Señor Gallego, ¿sería tan amable de repetir nuevamente la enmienda transaccional?
El señor GALLEGO BURGOS: De todas maneras, señor presidente, la tenemos aquí pactada y luego le pasaremos copia firmada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): De acuerdo.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. La señora Cabezón tiene la palabra para defenderla.
La señora CABEZÓN ARBAT: Como bien se ha indicado, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, en la que insta al Gobierno a continuar trabajando en el complejo de la Zona Franca. En aras del consenso y del acuerdo, hemos llegado a una enmienda transaccional in voce que el diputado del Grupo Popular acaba de leer y que luego haremos llegar a la Mesa.
El complejo policial de la Zona Franca está compuesto por dos zonas completamente diferenciadas. La primera de ellas es el centro de internamiento de extranjeros, que eran las antiguas caballerizas. Cabe decir que toda la construcción y las distintas instalaciones son nuevas debido a la inversión estatal que se ha llevado a cabo para ir mejorando paulatinamente este complejo empezando por un sitio y acabando por el otro. En la otra parte están ubicados la Unidad de Intervención Policial, los GOES -grupos operativos especiales de seguridad-, la Unidad Canina, parte de la Ucrif y distintos servicios de la secretaría general, como automoción, armamento y tiro, vestuario y almacén de suministros, que han sido objeto de varias mejoras en los últimos años, por ejemplo, la vigilancia electrónica. Luego hablaré con más detalle de algunas de las mejoras que se han llevado a cabo en el centro. Como iba diciendo, el Gobierno y el Grupo Socialista no han sido ajenos a las demandas que ha necesitado el complejo, construido en 1992. Cabe decir que -como bien se ha señalado- el edificio tiene una antigüedad de dieciocho años, cuando, cogiendo la normativa contable, que nadie ha tocado, se estima que la
vida media útil de un edificio son cincuenta años. Todos los años se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones del mismo. Se han dicho las cantidades, pero lo que cabe remarcar es que ha sido una actuación constante, todos los años. Podríamos citar los proyectos de mejora del CIE en 2006, el proyecto de ejecución de construcción del almacén de la parte policial en 2007, la instalación del equipo descalcificador en las calderas del CIE en 2008 y las varias reparaciones del vallado y de los cierres en 2009. Durante este año se está redactando un informe sobre el estado de la estructura total del CIE. En total, desde 2006, estamos hablando de una inversión acumulada de casi 5 millones de euros en infraestructuras, lo que equivale a una inversión de casi un millón de euros anuales en el complejo en varios años, teniendo en cuenta que las competencias y funciones del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona han cambiado mucho desde 1992. Por tanto, estamos hablando de un edificio de dieciocho años -hecho que conoce perfectamente el portavoz- y somos conscientes de la necesidad de mejora que existe en algunos aspectos, pero no compartimos el concepto de rehabilitación integral y por este motivo hemos llegado a la transaccional.
Sensibilidad ante las expectativas del Cuerpo Nacional de Policía no nos falta. Como se puede observar, se han llevado a cabo actuaciones para la mejora del centro continuamente. Cabe decir que en el centro de la Zona Franca se han realizado actos oficiales y protocolarios de la Policía Nacional con la presencia de autoridades comunitarias, como por ejemplo la más reciente, la ceremonia de la 24ª Promoción A de policías nacionales de escala básica, que se llevó a cabo con la presencia del director general de la policía italiana. Esta ceremonia tuvo lugar el día 31 de marzo de este año, por lo que no estamos hablando de los inicios del complejo, sino del complejo en la actualidad. Con este nuevo destacamento se ha dotado a Barcelona con 253 nuevos policías, cosa que, por otras PNL que se han debatido hoy en esta Comisión, vale la pena remarcar.
Para finalizar, quiero que conste el deseo de votar a favor de la enmienda transaccional in voce que luego haremos llegar a la Mesa. La voluntad del Gobierno es firme en este aspecto. Por eso, aun contando con las dificultades económicas, que no nos son extrañas a nadie, continuamos haciendo un esfuerzo e invirtiendo en las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía, como también continuamos invirtiendo en el número de efectivos. Por los motivos expuestos, mi grupo votará a favor de la enmienda transaccional in voce presentada anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Esperamos el texto transaccional.
¿Algún grupo parlamentario, que no sea el proponente o el enmendante, quiere tomar la palabra?
Señora Pigem, cuando quiera.
La señora PIGEM I PALMÉS: Simplemente quiero expresar la posición del voto de Convergència i Unió, que va a ser favorable a la enmienda transaccional a la que el Grupo Popular y el Grupo Socialista han llegado.
El portavoz del Grupo Popular ha descrito perfectamente la situación en la que se encuentra el complejo del Cuerpo Nacional de Policía de la Zona Franca, que, por decirlo de forma sintética, es francamente mejorable.
Convergència i Unió va a continuar reivindicando la justicia y la policía, una policía de proximidad, tanto la Guardia Urbana, como los Mossos, de acuerdo con lo que establece la Carta Municipal de Barcelona, que el Gobierno de España todavía no ha implementado. A pesar de que vamos a seguir defendiendo esto, vamos a sumar nuestro voto a la propuesta para continuar mejorando la situación del complejo de la Policía Nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Damos por concluido el debate sobre este punto del orden del día.
- SOBRE EQUIPARACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS "MOSSOS D'ESQUADRA, POLICÍA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA" Y LAS DEMÁS POLICÍAS AUTONÓMICAS.
(Número de expediente 161/001577.)
- SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS DIFERENTES CUERPOS DE POLICÍA INTEGRAL EXISTENTES EN EL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000592.)
- SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS MOSSOS D'ESQUADRA A LA DE LOS MIEMBROS DE LA ERTZAINTZA Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMETANTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001433.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rascón Ortega): Pasamos a debatir los puntos séptimo, octavo y noveno: proposiciones no de ley sobre equiparación de la edad de jubilación entre los Mossos d'Esquadra, Policía de la Generalitat de Catalunya y las demás policías autonómicas. Se van a debatir en el orden preestablecido. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem, para la defensa de la número 1577.
La señora PIGEM I PALMÉS: Mi grupo parlamentario presenta de nuevo una iniciativa que pretende dar un nuevo impulso y especialmente concretar una medida que tiene como objetivo último mejorar la seguridad de la población, aumentando la eficacia y la calidad del servicio policial que se presta a la ciudadanía y que se concreta en la petición de que antes de fin de año se adopte una medida, muchas veces solicitada, que es la equiparación de la edad de jubilación a los 60 años entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza, garantizando la igualdad entre las policías autonómicas en la aplicación de las condiciones de financiación de las prejubilaciones.
¿Cuál es la situación? Se ha explicado en numerosas ocasiones, pero básicamente es que los policías nacionales no están adscritos al régimen general de la Seguridad Social sino a otro distinto y específico llamado clases pasivas. En función de esta adscripción, la regulación es que se pueden jubilar a los 60 años con una pensión del cien por cien de la base reguladora. Por el contrario, los mossos d'esquadra están sujetos al régimen general y, por tanto, solo se pueden jubilar con una pensión del cien por cien de la base reguladora a partir de los 65 años; en caso de que opten por una jubilación anticipada, la propia ley prevé que se aplique un coeficiente corrector, lo que se traduce en una reducción del 8 por ciento en el importe de la pensión por año anticipado, es decir, que por cada año pierden un 8 por ciento de los emolumentos de su pensión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Por qué se pide esta equiparación? La finalidad -ya lo he dicho- es mejorar la seguridad de la ciudadanía. Tenemos estudios, que ya hemos citado al defender esta misma iniciativa, que nos dicen que las condiciones psíquicas y físicas para el completo ejercicio de las funciones policiales no se pueden presuponer a partir de una edad que se podría cifrar en torno a los 55 años; sensu contrario, mantener agentes en dedicación plena a partir de esta edad pone en peligro la eficacia y la calidad del servicio policial en su atención a la ciudadanía.
Esta iniciativa, como he dicho al inicio de mi intervención, no es nueva, en absoluto, llevamos ocho años defendiéndola; la primera vez, en el año 2002 -Gobierno del Partido Popular-, cuando en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado se introdujo una disposición adicional que decía que el Gobierno, en el plazo más breve posible, presentaría un informe en el que se analizaría esta situación. Esta disposición adicional jamás fue desarrollada. Con el Gobierno del Partido Socialista, en el año 2006, y en el marco de las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social, se dijo que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, acometería las reformas que permitieran la reducción de la edad de jubilación de los funcionarios de las policías autonómicas integrales.
Por ello, en la Ley 40, de 4 de diciembre de 2007, de medidas en materia de Seguridad Social, se aprobó la edad mínima de jubilación para determinados grupos, en ciertas actividades profesionales, cuyos trabajos fueran de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, etcétera, es decir, se contemplaba una habilitación al Gobierno a fin de que pudiera fijar la edad mínima de jubilación de las personas que ejercieran estas profesiones. A pesar de esta habilitación legal la edad mínima nunca fue rebajada. El día 31 de marzo del pasado año 2009 se aprobó en el Pleno una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la que se instaba al Gobierno a garantizar la igualdad entre las policías autonómicas, igualdad en la aplicación de las condiciones de financiación de las prejubilaciones, y se aprobó, además, que se presentara un estudio sobre la posibilidad de reducción de la edad de jubilación de los miembros de dichos cuerpos. Pues bien, pasado un año desde que se aprobó esta proposición no de ley en el Pleno, no sabemos si se ha hecho este estudio, pero desde luego no se ha presentado. Repito que conviene que se regule esta situación para dar más seguridad a la ciudadanía. La objeción principal que se nos hace en este momento es de tipo económico, pero frente a esto tenemos que decir que no afecta a los mossos porque la pirámide de edad de la policía catalana es baja y, por tanto, lo que solicitamos que se apruebe es un derecho no un gasto, porque previsiblemente dicho gasto no se va a producir hasta que los primeros mossos cumplan los 60 años, y estamos a unos cuantos años de esa fecha. Esperemos que en el tiempo que falta para ese momento finalmente hayamos podido salir de la crisis económica en la que estamos.
A esta iniciativa, a la que se suman otras que van en el mismo sentido, con la misma intención, de los grupos de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds, se han presentado dos enmiendas. La primera, del Grupo Socialista. Ya he comentado con el portavoz de este grupo que no la vamos a poder aceptar porque la literalidad de la misma supone reiterar que se presente el informe y francamente a estas alturas podemos aprobar una iniciativa que realmente suponga un avance en la consecución de este objetivo, pero preferimos someterla a votación, porque lo que no vamos a hacer con nuestros votos es dar un mayor recorrido para que esta situación no se produzca. Como digo, llevamos más de ocho años persiguiendo esta cuestión; se han aprobado distintas iniciativas al respecto y ninguna de ellas se ha cumplido todavía. La segunda, del Grupo Popular. Esta enmienda lo que hace es dar apoyo a nuestra pretensión, pero al mismo tiempo añade la suya de una progresiva equiparación de los niveles retributivos entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mi grupo parlamentario ha dicho muchas veces que es muy difícil conseguir la equiparación retributiva cuando los pagadores son distintos. Pero si no atendemos a la literalidad de la palabra equiparación sino que lo que se persigue es una convergencia basada en un principio de igualdad de retribución, parecida o igual, por un mismo trabajo o por
uno similar, no podemos más que estar de acuerdo. Todavía estamos pendientes de concretar una redacción definitiva y si llegamos a un acuerdo la pasaremos a la Mesa, pero no veríamos mal incorporar este principio de convergencia en la retribución por trabajos iguales, similares o de igual valor.
La señora PRESIDENTA: La defensa de las proposiciones no de ley números 592 y 1433 se repartirá entre dos portavoces. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Como ven, hoy hay diferentes iniciativas en esta Comisión que obedecen al sentido común, ya que se viene reclamando desde hace mucho tiempo la equiparación en derechos de los diferentes cuerpos de seguridad y porque, además, de forma muy reciente, esa equiparación se ha producido para uno de los cuerpos, la Ertzaintza, pero sin generalizarse a los otros. No me voy a referir a todos los precedentes con el detalle con el que lo ha hecho la señora Pigem, simplemente los enunciaré para evidenciar que hoy esta Comisión no está en condiciones de aprobar una vez más estudios que ya se aprobaron en el año 2002 sino que lo que tiene que hacer es aprobar un mandato para que haya una equiparación efectiva y real en el acceso a la jubilación por parte de los integrantes de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los precedentes los conocen ustedes bien: la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2002, gobernando el Partido Popular, hablaba ya de un informe. El 6 de junio de 2006 el Congreso de los Diputados aprobó una resolución, en este caso a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, en la que se hablaba de la reducción de la edad de jubilación de los funcionarios de las policías autonómicas integrales. El 21 de junio de 2006 una representación de los sindicatos de los Mossos d'Escuadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra -precisamente a partir de esa aprobación- se reunió con el director general de Seguridad. Después hubo otras iniciativas; sin ir más lejos, en el Senado, en debate del proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social, se aprobó una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que después fue rechazada en el Congreso -aquel día se rozaba el larguero-, aunque después se incorporaron otras enmiendas. En la Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público, se decía que el Gobierno presentaría en el Congreso de los Diputados un estudio -estudio, una vez más- sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios para garantizar una no discriminación. Se daba un paso más el día 25 de marzo de 2009, cuando se aprobó por unanimidad en esta Cámara la reducción en la edad de jubilación de los mossos d'escuadra. Lo ya definitivo se produjo en los presupuestos de 2009, y en los de 2010, como bien saben, mediante un acuerdo firmado entre el Grupo Socialista y el Partido Nacionalista Vasco se hacía prosperar la enmienda que preveía la jubilación de los miembros de la Policía autonómica vasca, garantizando una igualdad entre la Ertzaintza y el Cuerpo Nacional de Policía. Estos son los precedentes. ¿Cuál es la realidad? Si miramos hoy a los países de nuestro entorno, en todos ellos la edad efectiva de jubilación de los miembros de los cuerpos de seguridad es inferior a 65 años; es el caso de Alemania, donde se jubilan a los 60 años; en Bélgica se jubilan a partir de los 54 años; en Dinamarca se jubilan a los 63 y en esa línea están Grecia, Irlanda del Norte, Noruega, Reino Unido, etcétera. La pregunta es, ¿por qué en España tiene que haber una excepción? Es más, ¿por qué en España cuando ese modelo equipara a la Ertzaintza no se aplica también a los Mossos d'Escuadra? Creo que no es nada razonable que se mantenga esta situación.
Hoy nos dicen que el momento económico no es el más apropiado, pero la realidad es tozuda y esa realidad es que hoy la mayoría de los mossos d'escuadra tienen una edad muy inferior a los 60 años, no están en edad de jubilarse y, por tanto, las consecuencias económicas no son las que podrían frenar la iniciativa. Hoy existe una cierta anomalía por parte de los mossos d'escuadra como cuerpo y es precisamente que no se pueden prejubilar como sí lo hacen en otros colectivos. Existen diferentes informes -la señora Pigem lo explicaba bien en su intervención y también la exposición de motivos de su proposición no de ley- que acreditan que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las características del trabajo que realizan, para garantizar la calidad de ese servicio, deben acceder a la jubilación a una edad más temprana que la de la media del conjunto de los trabajadores. Por esta razón no entendemos por qué no se pueden aprobar hoy las proposiciones no de ley y aún entendemos menos por qué el Grupo Socialista nos viene con la propuesta que aprobamos en el año 2002, es decir, hacer un estudio.
Señoras y señores diputados, estamos en el año 2010, llevamos batallando con este tema muchos años; esta Cámara ha aprobado medidas parecidas, es más, hemos avanzado en la equiparación, que nos parece razonable, para un cuerpo como es la Ertzaintza. Creemos que ya ha pasado el tiempo de los estudios y que es hora de aprobar el mandato; por eso valoramos positivamente aprobar el equiparar la edad de jubilación a los 60 años entre Mossos d'Escuadra, Ertzaintza y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando esa igualdad entre policías autonómicas, también en lo que se refiere al acceso a la jubilación, y avanzando en la igualdad en la aplicación de las condiciones de financiación de las prejubilaciones, pero también del resto de aspectos, como nos plantea el Grupo Popular. Creemos que ese consenso es posible y lo que esperamos es que el grupo que sustenta al Gobierno esté a la altura y se sume a ese consenso para decirle al Gobierno lo que está Cámara ha aprobado y lo que dicta el sentido común, y es que hoy lo que no puede ser es que sean los Mossos d'Escuadra el único cuerpo que no puede acceder a una edad de prejubilación, a lo que sí acceden el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad autonómicas, como es el caso de la Ertzaintza.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ridao para la defensa de la otra proposición no de ley, la número 592, de contenido similar.
El señor RIDAO I MARTÍN: De contenido más bien análogo, porque debo recordar antes de nada que esta es la tercera ocasión en la que este portavoz tiene la oportunidad de defender esta misma cuestión. Sin ir más lejos, hace poco más de un año, concretamente el 31 de marzo de 2009, en el Pleno del Congreso debatimos e incluso alcanzamos un acuerdo satisfactorio con el Grupo Socialista, mediante el cual se incorporaba un mandato explícito al Gobierno para garantizar la igualdad entre todas las policías autonómicas, no solo Mossos d'Escuadra sino también la Policía Foral de Navarra, teniendo en cuenta, además, el antecedente inmediato de que en diciembre de 2008 el Grupo Socialista, que sustenta al Gobierno, había alcanzado un acuerdo con el Grupo Vasco (PNV) en relación con la Ertzaintza.
De forma complementaria me gustaría exponer algunas cuestiones que ya han sido manifestadas por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra. A la hora de insistir en ese agravio comparativo al que aludían los distintos portavoces, quiero recordar que la Policía de la Generalitat, Mossos d'Escuadra, fue creada en 1983; casi treinta años después de su creación se ha convertido en una policía ordinaria e integral que tiene asumidas todas las competencias en materia de seguridad y de orden público, excepto, como es sabido, las extra y supra comunitarias. Desde hace muchos años los sindicatos policiales, y los mossos d'escuadra en particular, vienen insistiendo, además con razón, en que a partir de una determinada edad, concretamente a partir de los 60 años, los agentes no pueden garantizar un servicio policial totalmente eficaz ante situaciones que muchas veces son peligrosas o desagradables, para las cuales, evidentemente, la sociedad habilita o capacita a estos efectivos, y que en ocasiones requieren el uso de la fuerza, servicio que ya no pueden prestar estos agentes. Reitero la circunstancia de que estos policías tienen atribuidas o conferidas las mismas funciones que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de que desde finales de noviembre de 2008 los mossos d'escuadra ya están plenamente desplegados de forma operativa en todo el territorio del Principado de Cataluña. Por este motivo, todos los cuerpos de seguridad deben gozar de las mismas condiciones, de los mismos derechos laborales y sociales y esto debería comportar, lógicamente, un avance significativo en cuanto a la jubilación.
Se ha dicho también, citando algunos antecedentes, que la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales y Administrativas, en su disposición trigesimosegunda, así como una resolución posteriormente aprobada en el Congreso el 6 de junio de 2006, en relación con la jubilación de los funcionarios de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas, ya compelía al Gobierno a adelantar la edad de jubilación del colectivo de las policías autonómicas; por tanto, hay distintos mandatos de esta Cámara que tienden a equiparar la edad y los mecanismos de jubilación previstos, en este caso, de forma exclusiva o privativa, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, este mandato también resolvía que debía hacerse en el plazo más breve posible, y evidentemente, desde 2001 hasta el día de hoy ha llovido muchísimo. Quiero decir también que a partir de la reforma del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en la reforma operada en el año 1994, y en relación con la jubilación anticipada, ya se incorporó un artículo en el que se especificaba que a través de un real decreto -por tanto, reglamentariamente- el Ministerio de Trabajo debería garantizar esta plena equiparación. Las cosas no han sido así y, por eso hoy estamos planteando de nuevo esta cuestión que nos parece razonable.
Estamos abiertos desde hace tiempo a llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior, incluso con el Ministerio de Economía, que es quien, en definitiva, juzga innecesaria o inoportuna esta iniciativa por los costes económicos que lleva aparejados, pero en este caso el grupo que soporta al Gobierno -nunca mejor dicho- lo que nos plantea es simplemente lo mismo que antes: un estudio. No estamos para más estudios sino, evidentemente, para acabar de una vez por todas con este agravio comparativo. En ese sentido, igual que se ha expresado por algún otro portavoz, nuestro grupo está interesado en llegar a un acuerdo con el Grupo Popular mediante la propuesta de transacción que nos plantea esta equiparación que, aunque es verdad que no expresa un plazo concreto, en teoría creo que sería lo razonable.
La señora PRESIDENTA: Como saben, se han presentado enmiendas a estas tres proposiciones no de ley tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Creo que todos los grupos de esta Comisión podemos estar de acuerdo al menos en dos cosas en torno a estas tres proposiciones no de ley. La primera, que la profesión de policía exige algún tipo de fórmula que permita un retiro anticipado, porque lamentablemente las condiciones físicas que exige el desarrollo de la labor policial se pierden con el paso del tiempo. Todos podemos estar de acuerdo en que no es asumible ni común, no solo en nuestro país sino en cualquier otro país del mundo, ver policías con 60 o con 65 años patrullando por las calles. En segundo lugar, creo que también podemos estar todos de acuerdo en que en este terreno las policías autonómicas tienen un problema muy concreto y muy específico, porque al ser cuerpos de policía de nueva creación, relativamente
jóvenes, han tenido que hacer grandes convocatorias de personal en unos pocos años, lo que hace que cuando se produzca la llegada a estas edades avanzadas habrá un envejecimiento excesivo de los cuerpos de policía autonómicos, lo cual -y me gustaría destacarlo- incide no solamente en las propias condiciones profesionales del policía, que con una determinada edad tiene que subirse en una moto o estar ejerciendo una función de seguridad ciudadana, luchando contra los delincuentes en unas condiciones físicas que, evidentemente, no son las mismas que cuando se tienen 30 años, sino también en la propia eficacia de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque si se produce un proceso de envejecimiento, como al que por razones puramente históricas están abocados, esto repercutiría también en la calidad del servicio que estas policías pueden prestar a los ciudadanos.
Saben que mi grupo es muy persistente en la defensa de un principio de igualdad entre todos los españoles, que entendemos que afecta también a los policías, a aquellos funcionarios que desempeñan su labor de uniforme; por tanto, desde el máximo respeto, tanto a la autonomía política de las comunidades como a la autonomía de los municipios, hemos defendido el principio genérico de que a igual trabajo y con igual responsabilidad y dedicación las retribuciones diferentes no están justificadas. En este sentido, entendemos que en el momento actual se produce una triple discriminación. Por un lado, una discriminación entre la Policía Autónoma Vasca, Mossos d'Escuadra y la Policía Foral, que es exactamente la proposición no de ley que hoy traen a debate estos tres grupos. En un mercadeo parlamentario legítimo, pero que entiendo que resulta contraproducente, a cambio del apoyo de un determinado partido a los Presupuestos Generales del Estado del último año se dio la ventaja de aceptar una prejubilación para la Policía Autónoma Vasca, que no se aceptaba para el resto de las policías autonómicas. Intentando acabar con un problema que era real, que si quieren era especialmente urgente en el caso de la Ertzaintza, porque es en este cuerpo en el que empieza a haber promociones con una determinada edad, por lo que urgía que se facilitara una solución, se ha generado una clara posición de discriminación en relación con el resto de las policías autonómicas, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Escuadra. Quiero agradecer de forma expresa a los grupos parlamentarios proponentes que hayan introducido a la Policía Foral de Navarra en esta proposición no de ley para que no creáramos, a su vez, una tercera discriminación, como digo, entre Mossos d'Escuadra, Policía Autónoma Vasca y Policía Foral de Navarra.
La segunda discriminación, en la que también mi grupo ha insistido mucho, se produce en materia retributiva. Mi grupo, que saben que intenta ejercer una oposición responsable, supedita cualquier avance que pueda producirse en la equiparación retributiva entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a una mejora de la situación económica, pero creemos que es muy importante que desde el punto de vista político la posición de esta Comisión sea de reconocimiento de ese principio, de que tenemos una situación real de discriminación. Las comparaciones entre realidades distintas siempre son complejas; podemos discrepar sobre cuál sería realmente la diferencia retributiva de la que estamos hablando, pero creo que no hay nadie hoy en esta Comisión que se atreva a afirmar que no existe una discriminación en materia retributiva entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicas o locales. Insisto en que -es un principio que mi grupo ha defendido siempre- hay una situación de discriminación por la cual las policías del Estado son las que en estos momentos, con diferencia, tienen una retribución más desfavorable.
En tercer lugar, quiero mencionar a las policías locales, que saben que también han planteado una reivindicación en esta cuestión, aunque nuevamente mi grupo entiende que hay una diferencia entre lo que son policías con una función primaria de seguridad ciudadana y policías con unas funciones distintas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Cosidó.
¿Por favor, podrían bajar un poco el tono? Hay demasiado murmullo.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Al hilo de la proposición no de ley que hoy debatimos quisiera añadir una reflexión, y es que tienen razón la portavoz de Convergència i Unió, doña Mercè Pigem, así como también los otros dos portavoces en que la medida que traen a esta Comisión no tiene un efecto económico inmediato, esto es una realidad; pero creo que tampoco debemos ocultarnos -insistiendo en que hay un acuerdo de principio por parte de mi grupo parlamentario de que a determinadas edades es muy difícil justificar que tengamos policías en la calle desempeñando determinadas funciones- que no es nada seguro que dentro de veinte años, no en términos económicos sino de sistema de pensiones, de Seguridad Social, la situación vaya a ser necesariamente mejor o peor, porque sin duda es algo indeterminado. Lo cierto es que hace pocas fechas el Gobierno planteó una reforma del sistema de pensiones que lo que hacía era aumentar en dos años, hasta los 67, el pase a la situación de retirado, con carácter genérico, y que el próximo jueves en el Pleno del Congreso veremos un real decreto que, aunque sea con carácter voluntario, aumenta también la edad de pase a la situación de reserva por parte de los guardias civiles. Quiero llamar la atención sobre la necesidad de que, al margen de que arreglemos problemas puntuales -y claramente este que tenemos hoy encima de la mesa es un problema puntual para el que es necesario encontrar solución-, probablemente en el futuro todos tendremos que hacer una reflexión de carácter más general sobre cómo hacemos que nuestra Seguridad Social sea fuerte y
viable, que es, en definitiva, lo que todos queremos. No quería dejar de hacer esa reflexión.
Mi grupo, y así lo han referido los otros tres grupos proponentes, ha presentado una enmienda que básicamente pretende tres cosas. En primer lugar, vincula -como muy bien se ha dicho- la equiparación de prejubilaciones a las condiciones generales profesionales de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de forma muy específica en materia retributiva. Sería un gran éxito histórico para mi Grupo que por primera vez en esta Cámara se reconociera el principio general de que tenemos que mantener una cierta equiparación en las retribuciones sin caer en discriminaciones que no sean justificables, aun cuando entiendo bien el argumento de la señora Pigem de que al ser distintas las administraciones es imposible que esa equiparación sea automática ni absoluta. No obstante, creo que es una equiparación de principio. Mi grupo no admite que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la Guardia Civil y la Policía Nacional, sigan siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad peor pagadas en todo el Estado español.
En segundo lugar, hablar de un principio de equiparación para el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad abre la reflexión sobre esta cuestión puntual de las jubilaciones que tratamos al ámbito de la policía local, que no es el tema que nos ocupa, pues tiene un tratamiento que necesariamente habrá de ser diferente, pero a la que tampoco debemos excluir de esta reflexión porque ellos están haciendo también esta demanda con mucha intensidad.
En tercer lugar, mi grupo supedita esta política de equiparaciones a la situación económica porque en un momento de crisis sería ciertamente irresponsable plantear subidas retributivas para ningún colectivo de funcionarios del Estado. Por tanto, mi grupo, que hace un ejercicio de responsabilidad, supedita esta política, que queremos que se reconozca de principio, a la posibilidad económica que realmente tengamos.
Hemos buscado una fórmula de transacción que tenemos que terminar de perfilar, y que espero que podamos entregar a la Mesa en breves minutos, y lo hemos hecho por dos motivos, primero porque es muy importante que cuando hablemos de equiparaciones no nos movamos siempre en una única dirección, es decir, que eliminemos aquellas discriminaciones que afectan exclusivamente a las policías autonómicas o a las policías locales, sino que hemos de tener una visión de conjunto de lo que debe ser un concepto global de igualdad que debe afectar a todos. Y también, en segundo lugar, por un principio de coherencia política. Lo que tiene poco sentido es que apoyemos una cosa en el Pleno y que cuando un grupo parlamentario venga a una comisión a exigir que se cumpla lo que se ha aprobado en el Pleno nosotros cambiemos nuestra posición como lo hace algún que otro grupo Es importante en política, aunque a veces la rentabilidad pueda ser discutida, como principio político, mantener una posición de coherencia sobre los principios y las políticas que uno defiende.
Con la esperanza de que en breves minutos podamos entregar un texto de enmienda transaccional, doy por defendida mi enmienda. Asimismo, agradezco a los grupos proponentes la enorme flexibilidad que están teniendo con mi Grupo a una fórmula de consenso.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Canongia.
El señor CANONGIA GERONA: Antes de nada quiero tratar una cuestión técnica. Hemos presentado la enmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió en el bien entendido de que la presentamos a las tres proposiciones en el momento de su votación. Lo aclaro a efectos meramente técnicos.
La señora PRESIDENTA: Entendemos que el mismo texto de la enmienda alude a las tres PNL.
El señor CANONGIA GERONA: De acuerdo.
Seré extremadamente breve. Preparar esta intervención ha supuesto para mí un ejercicio intelectual muy interesante. Ya se ha dicho aquí que detrás hay una larga historia. Por lo tanto, hay una abundante documentación parlamentaria sobre este tema. Al leer las sucesivas intervenciones que ha habido a lo largo de la historia uno se da cuenta de que los posicionamientos son cambiantes según las circunstancias políticas del momento y el lugar que uno ocupa.
También es verdad -y no vamos a equivocarnos- que esta larga historia tiene encuentros y desencuentros. Ha habido puntos coincidentes, momentos coincidentes y momentos divergentes. ¿Cuál es la situación a día de hoy? No pongamos la pelota en el área porque si lo hacemos podríamos hablar muchas horas y tampoco creo que haya que aburrir a sus señorías.
En estos momentos estamos inmersos en un debate muy importante para el futuro de España dentro del Pacto de Toledo sobre la edad de jubilación de todos nuestros trabajadores. Dicho esto, que no podemos obviar a día de hoy -lo creo sinceramente-, los estudios preliminares que se han hecho sobre los policías -digo preliminares porque algún grupo ha dicho que les proponemos lo mismo que hace un año- por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo deducen que la siniestralidad en dicho sector no presenta índices lo suficientemente elevados que aconsejen tomar esta medida. A día de hoy es preciso avanzar en mayor medida en la confrontación de los diferentes estudios. Dicho de otra forma, hay que estudiar más profundamente el tema para que podamos conseguir que concurran las circunstancias legalmente requeridas para hacer frente a dicha demanda.
Yo podría dejar mi intervención aquí y tampoco pasaría nada más. Pero hemos presentado la enmienda
para recalcar que continuamos trabajando. Ahora bien, para sorpresa de este portavoz, el Grupo Parlamentario Popular no ha perdido oportunidad y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha introducido una de sus demandas históricas, como no, la equiparación de salarios. Hoy por cierto el compañero Cosidó no ha hecho referencia al artículo 14 de la Constitución a la que sí se refirió en el pasado al hablar sobre el mismo tema. La compañera Rosa Díez fue bastante brillante en una de sus intervenciones sobre este tema, fue muy incisiva en este punto. Una cosa es el principio de igualdad y otra cosa es el principio de uniformidad.
Personalmente me sorprende y mucho que el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades -las tuvo y las tendrá- no diera el más mínimo paso para conseguir esta igualdad que ahora cree tan necesaria. Ya les apunto que si la enmienda transaccional va por el camino que ha expuesto el señor Cosidó, nuestro grupo se va a oponer a su tramitación. Que nadie se lleve a engaño. Dicho esto, señorías, no tengo nada más que añadir.
La señora PRESIDENTA: Terminado el debate, quiero advertir que dos de las tres proposiciones no de ley que estamos debatiendo son muy similares, pero no son idénticas y no son totalmente iguales en el contenido. En cualquier caso, no sé si en este momento los portavoces de las tres PNL están en disposición de decirnos cual va a ser su posición ante las enmiendas presentadas o si prefieren dejarlo para después. El grupo proponente tiene que decir si admite o no la transaccional.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió admite la transacción del Grupo Parlamentario Popular en la redacción que he acercado a la Mesa. En consecuencia, retiramos de la votación nuestra propuesta inicial.
La señora PRESIDENTA: Si el grupo proponente de la proposición no de ley admite esta transaccional que, a su vez, es una transacción entre su PNL y la transaccional del Grupo Parlamentario Popular esta quedaría debatida. El otro grupo proponente es ERC, pero el señor diputado no desea intervenir.
Vamos a dejar en suspenso durante unos minutos la finalización de este debate y continuamos. Antes de la votación retomaremos el tema y volveremos a repasar las enmiendas y las proposiciones. Seguimos entonces.
- RELATIVA A LA INSTAURACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001551.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del antiguo punto sexto del orden del día: proposición 1551 sobre la instauración de un plan especial de emergencias en la Bahía de Algeciras, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señorías, la Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar son puntos estratégicos en el tráfico marítimo internacional y genera un tráfico de buques tremendamente importante cada año. Las últimas cifras están por encima de 206.000.
La presencia del Puerto de Algeciras en esa bahía es otro de los puntos que hace que exista un movimiento constante de buques entrando y saliendo del mismo puerto ya sea para cargar o descargar mercancías, pasajeros o cualquier tipo de avituallamiento. Pero la actividad que podemos considerar de riesgo no se limita sólo a la actividad marítima. Señorías, la Bahía de Algeciras cuenta en su orilla norte con un polígono industrial, el primero de Andalucía, el segundo de España en importancia.
Se trata de grandes industrias que incluyen una refinería.
Por otra parte, no podemos olvidar que el Estrecho de Gibraltar también se erige como un punto fundamental de la Unión Europea y de África y, por tanto, como un punto caliente como posible objetivo terrorista. Este particular también es una de las razones que hacen necesaria la aprobación de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular para que permita, al margen de los servicios de emergencias, que se prepare un protocolo de actuación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protección civil, policía local, policía autonómica, bomberos, unidad militar de emergencias o los estamentos sanitarios y, por supuesto, la Cruz Roja. ¿Para qué? Para propiciar una rápida actuación en caso de cualquier tipo de emergencia.
Es verdad que existen planes municipales de emergencia en los siete municipios del Campo de Gibraltar y también la posibilidad de activar un plan provincial en caso de que se produzca un incidente de importancia con riesgo para la población o el medio ambiente. La Bahía de Algeciras carece de un plan comarcal que sirva para coordinar desde el primer momento los recursos disponibles en caso de tener que actuar para garantizar una actuación eficaz en el sentido que acabo de mencionar.
Hemos hablado de terrorismo o de accidentes que puedan afectar al medio ambiente, pero también podemos tener en cuenta la posibilidad de incendios y desgraciadamente los hemos padecido en el Campo de Gibraltar o inundaciones. Tenemos ejemplos, demasiados, de esta necesidad de coordinación inmediata en casos que han supuesto graves daños ecológicos a las aguas de la bahía y a las costas del Campo de Gibraltar. Uno de ellos, quizás el más significado en los últimos años, aunque desgraciadamente no ha sido el único, es el caso protagonizado por el carguero panameño New Fleing, ese barco cargado de chatarra, supuestamente alguna de ella contaminante, embarrancó a una milla escasa, de Punta Europa. La falta de coordinación de las administraciones
fue una de las claves negativas que hicieron que permaneciese en el lugar de su hundimiento por más de un año, y aún parte del casco está en el fondo marino, y parte de la carga que portaba acompaña al caso en el fondo de la Bahía de Algeciras.
Si bien es el más significado de los últimos años tampoco quiero, S.S, dejar en el olvido que es necesario que haya un coordinación integral de todos los efectivos disponibles. Fue allá por mayo del año 1985 cuando un buque panameño, el Petrogen One, explotó literalmente cuando se encontraba en las inmediaciones de la refinería Gibraltar de Cepsa, en el término municipal de San Roque. La explosión afectó, además de a ese buque, al buque español Camponavia. El resultado fue un desgraciado accidente que causó la muerte a 30 personas y muchísimos heridos y que hizo que tuviese que evacuarse a más de 3.000 personas de las poblaciones más próximas a la refinería donde se produjo ese incidente.
Como decía, desde el hundimiento del New Fleing han tenido lugar varios incidentes con resultado de contaminación por fuel que en caso de haber sido abordados con mayor celeridad pudieran haber sido menos agresivos.
Por ello esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular pretende obtener un compromiso para que el Gobierno arbitre las medidas oportunas para la creación de un plan de emergencia comarcal en la Bahía de Algeciras para atajar en la medida de lo posible cualquier incidente que se produzca en las aguas de la Bahía de Algeciras o en sus inmediaciones y en el que se ven implicadas, al margen de las administraciones locales, las autonómicas y la central con la aportación de los medios necesarios para este fin.
Valga como ejemplo de coordinación, señora presidenta, la necesidad de racores. Los racores son las conexiones de los bomberos a las bocas a las que se enganchan las mangueras para extinguir un fuego. En España son diferentes. Eran hace poco diferentes en la zona de refinería y en la zona del territorio español y diferentes en las del territorio cedido temporalmente a la colonia de Gibraltar, pues desgraciadamente las bocas son distintas. La colaboración entre los bomberos se hace prácticamente imposible cuando a la hora de conectar mangueras a las bocas contra incendios no se puede realizar.
Es un ejemplo que les pongo porque el Grupo Parlamentario Popular espera que estos acuerdos se lleven a cabo, que el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda, tenga en cuenta que la Bahía de Algeciras tiene muy poco que ver con la Bahía de Cádiz, que el Campo de Gibraltar tiene poco que ver con La Sierra o con La Janda en la provincia de Cádiz. Por ello, le pido que sea sensato, que dé su voto a esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que tengamos ese plan especial de lucha contra las emergencias en toda la Bahía de Algeciras y en el Campo de Gibraltar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender su enmienda, el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: No se trata de pedir sensatez, como acaba de hacer el diputado del Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario Socialista, sino de respeto al Estado de las autonomías y de respeto a las competencias. El Grupo Parlamentario Popular trae aquí una iniciativa en la que ignora que las competencias en materia de emergencia y, por tanto, de protección civil en el caso de Andalucía está transferidas a la Junta de Andalucía.
Señor Landaluce, lo primero que usted tendría que haberse planteado, antes de traer una iniciativa en la que pide algo que crea más alarma y que no resuelve lo que persigue, es que la competencia ordinaria en materia de protección civil en el ámbito territorial de la zona en la que usted y yo residimos de la Bahía de Algeciras corresponde a la Junta de Andalucía y a las entidades locales, a los siete municipios en el ámbito que ellos tienen. El resto, la dirección y la coordinación de aquellas emergencias que sean declaradas de interés nacional sí corresponden al Estado, pero usted en una iniciativa -se lo digo con todo el cariño- carente de rigor, dado que desconoce el ámbito competencial de la Junta de Andalucía, pide aquí algo a lo que no le decimos que no, pero sí le decimos que no se puede hacer como usted lo plantea.
Le quiero recordar, además, que existen ya planes de protección civil en el Campo de Gibraltar y en todos y en cada uno de los municipios y ayuntamientos. En lo relativo a las aguas existe el plan de emergencia interior del Puerto de Algeciras para hacer frente a aquellas situaciones que se puedan producir con ustedes gobernando y con nosotros. Usted pone sólo ejemplos de accidentes marítimos que han ocurrido en los últimos años. Con ustedes ocurrieron muchos más. Hubo infinitamente más vertidos, pero se le olvida citarlos. Olvida la mayor, que es que existe un plan y, además, eficaz, de actuación, de emergencias interior en el Puerto de la Bahía de Algeciras. Además, es un plan que desde hace tres años está muy activado.
Todas las grandes industrias del complejo petroquímico del Campo de Gibraltar tienen planes de actuación. Lo tienen Cepsa y la refinería no de petróleo de San Roque, homologado desde el 17 de diciembre de 2007, y también Petroquímica Española, Petresa, Intercontinental Química, Interquisa, Acerinox, Repsol, etcétera. Todas las grandes industrias -y no debería traer usted aquí iniciativas que dejan en entredicho esos planes de emergencias homologados- lo tienen y activados y, además, funcionan y usted lo sabe.
Lo que usted aquí plantea es una iniciativa a la que no se puede decir que sí no porque no se quiera apoyar, sino porque estaríamos asumiendo actuaciones que competen a la Junta de Andalucía y que están hechas y desarrolladas.
Por otra parte, usted no ha mencionado los riesgos, pero que yo sí cito, de los submarinos nucleares. Uno de ellos llegó a estar un año entero allí para arreglar una avería en el reactor nuclear, el famoso Tireless.
Existe también una red de alerta a la radio activación de la Dirección General de Protección Civil que permite disponer en numerosos puntos de la zona de medidas de control para la detección de niveles para cuando se dé una situación de emergencia. Por lo tanto, lo que usted aquí hoy nos plantea es una iniciativa injustificada carente de rigor. Por eso, le he propuesto -y se lo he comentado fuera de la sala- una iniciativa donde se dice que se inste al Gobierno de España a que, teniendo en cuenta la distribución de competencias, a la que le he hecho mención en el ámbito de la protección civil, correspondiente a la Junta de Andalucía y a las entidades locales, los servicios del Estado y la unidad militar de emergencia, continúen perfeccionando su participación y su puesta a disposición en las administraciones competentes a través del plan de emergencia interior del Puerto de Algeciras y del plan provincial de Cádiz. Usted ha hecho referencia a él y tiene que saber que, como provincia, aparte del interior de la zona hay uno para todo el territorio, para aquellas situaciones de emergencia que se puedan suceder en la Bahía de Algeciras. Concluyo diciendo que no pida usted lo que ya existe, sino que pida lo que este grupo parlamentario plantea, que es que sigamos perfeccionando porque toda la vida es mejorable.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir algún grupo en este debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular?
Finalizado el debate el grupo proponente debe posicionarse en relación con la enmienda presentada y defendida.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular admitiría la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista siempre y cuando se añadiese una coletilla haciendo especial mención a un catálogo sobre el Campo de Gibraltar o sobre la Bahía de Algeciras.
La señora PRESIDENTA: Eso supondría una transaccional sobre la enmienda.
Tiene la palabra el portavoz socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, no he llegado a entender al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿En qué sentido supondría una transaccional sobre la enmienda?
La señora PRESIDENTA: Ya no vamos a entrar en el debate porque ya está hecho. Se añadiría algo como lo que sigue: haciendo especial mención a un catálogo en la Bahía de Algeciras.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Dentro del plan provincial, señora presidenta, de Cádiz habría que hacer un especial catálogo de la Bahía de Algeciras.
La señora PRESIDENTA: Sería como un paréntesis metido en ese párrafo.
Después de "provincia de Cádiz".
Tenemos que debatir otra proposición no de ley y también le toca a usted intervenir. Estamos dejando todo para después.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Solamente quiero que me diga dónde sería introducida esa palabra dentro de la enmienda que hemos presentado. ¿En qué parte?
La señora PRESIDENTA: Sea un poquito más concreto, señora presidenta.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Sí, señora presidenta.
Dice: El plan provincial de Cádiz en el que debe haber un catálogo especial...
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Pero eso ya está metido. El plan provincial de Cádiz contempla toda la provincia hasta aquella zona. No es razonable meter algo que ya está metido.
La señora PRESIDENTA: Parece que no.
Si antes de la votación hay algún acercamiento entre las posiciones podríamos verlo.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001487.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces a la última PNL y último punto del orden del día que hace referencia a la cooperación policial en la Bahía de Algeciras y Gibraltar. La proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Vamos a seguir hablando de la Bahía de Algeciras, sólo que en este caso vamos a hablar de las condiciones en las que desarrolla su trabajo la Guardia Civil del mar en su tarea de prevención e investigación de delitos en el mar, prevención de la inmigración irregular y represión del contrabando.
Esta es una cuestión abierta casi de forma permanente, pero en los últimos meses hemos tenido muchas informaciones. Hemos podido leer y conocer diversas informaciones en relación con la situación en la que nuestros guardias civiles hacen su trabajo, situación de dificultad en la zona y situación complicada no solamente porque
se dediquen a perseguir delincuentes y a prevenir hechos delictivos, sino que en muchos casos esta situación de complejidad y de riesgo ha venido incrementada por las dificultades puestas sobre la Mesa, en este caso, además, sobre el mar por las autoridades del Peñón.
Por citar alguna de las noticias que nos mueven a plantear esta reflexión y esta proposición no de ley aquí en la Comisión de Interior, les diré que en el mes de noviembre. (Rumores.) Señora presidenta, no me oigo. Hay tanto ruido que no me escucho.
La señora PRESIDENTA: Tiene razón.
Señora Díez, aunque comprendo que estamos terminando, bajen, por favor, porque hay que concretar algunas cuestiones, un poco la voz para que ese pueda oír la intervención que se está produciendo en este momento.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy a citar algunas de las informaciones que nos han alertado a todos, a la proponente y al conjunto de los miembros de esta Comisión, que recogían todos los medios de comunicación, empezando por las últimas de noviembre. Distintos medios titulaban: "Nueva ofensiva del Reino Unido. Alejar a la Guardia Civil de Gibraltar". Londres advierte de las incursiones de dos patrulleras en las aguas del Peñón y dice que el Reino Unido ha pedido a España que la Guardia Civil deje de patrullar en las aguas que considera que pertenecen a Gibraltar y ha advertido que esas incursiones -entre comillas- son una violación de la soberanía británica y dañan la colaboración con España.
También se han denunciado actuaciones para avivar lo que podemos llamar el tira y afloja por el Peñón, cuestiones que para nosotros son antiguas.
Este tira y afloja entre España y el Reino Unido y las autoridades de Gibraltar, pero que en este caso afectan de forma muy negativa a las condiciones en las que la Guardia Civil hace su trabajo en la zona y que ya dejan de ser, por tanto, un debate político, un debate entre dos países o entre dos países y un tercero que apela a una tercera soberanía para ser un problema -insisto- para aquellos agentes de la seguridad, Guardia Civil en este caso que hacen su trabajo y que no lo hacen en la mejor de las condiciones. Podríamos decir que la política en este caso, en vez de ayudar a que la Guardia Civil del Mar haga en mejores condiciones su trabajo, perjudica el trabajo de los profesionales. Todo empieza, citando las mismas fechas, por aquellos acontecimientos que conocimos de una patrullera de la Guardia Civil que sorprendió a otra de la Marina británica haciendo prácticas de tiro con una boya con los colores de la bandera española y una protesta británica que se hizo después a Exteriores. ¡Qué cosas más raras ocurren! Son los británicos los que protestan ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro Gobierno. Los argumentos del Gobierno del Reino Unido versan sobre la violación de la soberanía, o sea, quienes la violan nos denuncian por violarla nosotros, y la réplica de España, en fin, si me permiten, desde mi punto de vista tampoco fue la más adecuada. Yo entiendo lo de las relaciones exteriores y que nuestros diplomáticos tengan que comportarse diplomáticamente, siempre y cuando no pidan perdón por los hechos que han cometido otros, sino por los que nosotros no hemos cometido. El colofón ha sido, siguiendo con estas citas, que, finalmente, unos agentes españoles de la Guardia Civil, que iban a bordo de una embarcación que perseguía a narcotraficantes o por lo menos a presuntos narcotraficantes, fueron detenidos por la policía de Gibraltar. Quiero recordar que la Guardia Civil estaba en alerta en el Estrecho debido a una alarma antiterrorista que se había activado en la zona. Fue eso que llaman los expertos una operación en caliente. Probablemente, como estaba tan en caliente, no dieron cuenta de que iban a iniciar la persecución, pero igual, si tienen que dar cuenta, la persecución no es iniciada y su trabajo a lo mejor no puede realizarse. Es decir, hay multitud de informaciones que no solo son periodísticas, sino que también son reconocimientos e intercambio de papeles y de non-papers entre el Gobierno de España, el Gobierno británico y las autoridades de Gibraltar, que vienen a demostrar lo que a mi juicio es una evidencia, que nuestros guardias civiles del mar no hacen su trabajo en las mejores condiciones.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En muchas ocasiones ni siquiera saben cómo tienen que actuar o qué protocolo de actuación han de seguir para tener cubierta en todo momento no solo la protección, sino también, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista político, la tarea que desarrollan precisamente siguiendo instrucciones de nuestro Gobierno en atención a la protección y a la seguridad de esa zona. Todo esto y mucho más sobre lo que podríamos hablar al respecto y que podríamos comentar con cantidad de adjetivos que me preocupan bastante poco a la hora de adjetivar -valga la redundancia- el comportamiento de cada cual pone de manifiesto la necesidad de clarificar la tarea de nuestros agentes, no solamente la tarea que tienen que llevar a cabo, sino cómo deben llevarla a cabo. Creo que corresponde a las autoridades españolas ser más claras a la hora de dar sus instrucciones, a la hora de determinar un protocolo de actuación, a la hora de que la Guardia Civil sepa que para hacer esa tarea y para hacerla de esa manera tiene el apoyo de nuestro Gobierno, en definitiva de sus jefes. Y para instar a que nuestro Gobierno tome las decisiones adecuadas de protección y de amparo en relación con quienes nos protegen, volvemos a hablar hoy aquí de algo que ha sido una constante en la reunión de esta mañana, la necesidad que el Legislativo primero y el Ejecutivo después tomen las medidas precisas para proteger a aquellos que están llamados a ser nuestros protectores y que de hecho lo hacen cada día. Por eso -digo-, para que hagamos mejor nuestra tarea, para que ayudemos a la Guardia Civil a hacer mejor la suya,
para que ayudemos al Gobierno a asumir mejor su responsabilidad, les traigo esta proposición no de ley.
Antes de finalizar mi intervención, para no utilizar después un turno en relación con las enmiendas que se han presentado, quiero decir que, como saben SS.SS., la Mesa particularmente, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular han presentado sendas enmiendas de modificación de esta proposición no de ley. He creído ver en las dos enmiendas y en las conversaciones que he mantenido con los portavoces de los dos grupos políticos el máximo interés en que resolvamos el fondo de la cuestión, más allá del énfasis que cada uno de nosotros podamos poner en el contenido y en el discurso. He querido ver en la intervención de ambos y he visto un espíritu constructivo, político, en el verdadero sentido de la palabra, y quiero agradecer a ambos su voluntad de llegar a un acuerdo, de defender en este caso lo que nos une a todos, este objetivo de fondo que nos ha llevado a plantear este debate. Anuncio que hemos alcanzado un acuerdo, una enmienda transaccional que pasaré a la Mesa después de insistir en que agradezco muchísimo su disponibilidad tanto al portavoz del Grupo Socialista como al portavoz del Grupo Popular y su deseo de contribuir a que realmente resolvamos el verdadero problema, que no es la disputa antigua entre Gibraltar español o no, los debates entre el Reino Unido y España sobre el Peñón, sino ayudar a nuestro profesionales, a los guardias civiles, a que hagan mejor su tarea, a que persigan de manera más eficaz a los delincuentes y a que lo hagan sabiendo que sus enemigos solo son los delincuentes y que siempre encontrarán protección en el Gobierno de España y en nuestras leyes.
La señora PRESIDENTA: Para defender su enmienda tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, entiende que la cuestión que se plantea en esta Cámara relativa a aumentar los niveles de seguridad y de control del narcotráfico y de las actuaciones de redes ilícitas organizadas en la Bahía de Algeciras o en el Estrecho cuente seguro con el apoyo de todos los grupos políticos aquí representados, pero cuando, como en este caso, se trata de implicar también a Gibraltar, hemos de ser cautelosos. Para que el Grupo Popular apoye esta proposición no de ley, tendrían que tenerse en cuenta ciertas modificaciones que en modo alguno afectan al sentido estricto de la propuesta planteada por UPyD, pero que aportan ciertos matices que no pueden quedar en el aire. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere modificar el sentido de esta iniciativa proponiendo un cambio en el primer punto de los acuerdos a adoptar, de tal manea que en el texto quede claro que se quiere crear un protocolo de actuación que establezca la forma de actuar de los agentes que permita incrementar la cooperación policial y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el mar territorial que rodea a Gibraltar. Estos cambios no son caprichosos, sino que pretenden que no existan dudas sobre dos cuestiones fundamentales. La primera, que la titularidad del mar territorial que rodea a Gibraltar es español, como queda reflejado en el tratado de Utrecht y como ha quedado refrendado en distintas ocasiones por otros tratados y acuerdos internacionales, entre ellos las resoluciones de Naciones Unidas, que siguen otorgando un estatus colonial a Gibraltar, pero no le otorgan en ningún momento control alguno sobre las aguas que lo rodean. La segunda de las cuestiones, señorías, que para el Grupo Parlamentario Popular es importante que quede expresada con suficiente claridad en este debate -está directamente relacionada con la anterior- es que, partiendo de las premisas anteriores, las aguas que rodean a la colonia son mar territorial español y por tanto es lógico que el control recaiga en manos del Gobierno de España. Y una vez aclaradas estas cuestiones de colaboración entre las administraciones española y británica a través de Gibraltar para dificultar, atajar o acabar de raíz con las actividades ilícitas en las aguas de la bahía, no deja de ser un ejercicio de responsabilidad que al menos en lo que se refiere a la Guardia Civil del Mar no admite ninguna duda. La labor de la Guardia Civil del Mar en las aguas de la Bahía de Algeciras y del Estrecho en relación con el control de estos tráficos ilícitos es encomiable y este buen hacer -a los hechos me remito- se ve en muchas ocasiones enturbiado por la falta de cooperación por parte de las autoridades de Gibraltar, que, en lugar de colaborar con las autoridades españolas, se muestran más preocupadas por hacer valer un supuesto control sobre ese mar territorial español, dificultando la labor de la Guardia Civil. Esto es algo que conocen bien los narcotraficantes, que utilizan la roca como refugio a sabiendas de que la Royal Navy o la policía gibraltareña se muestran muchas veces más preocupadas por alejar a las embarcaciones de la benemérita de las inmediaciones de la roca que por abordar una actuación ilegal, como pude ser el narcotráfico. Como ejemplo, señora presidenta, señorías, quiero informarles de lo que ocurrió hace pocos días, el viernes día 9 de este mes de abril. Había un fuerte temporal de levante y unos supuestos narcotraficantes que se encontraban en una embarcación tuvieron que ser rescatados por el helicóptero Helimer. Hubo una petición de la Guardia Civil del Mar para que la lancha que había llegado a una de las playas de la colonia, en concreto a la playa de Levante, y un fardo de droga que también había llegado a esa playa les fuese entregado para que estos supuestos narcotraficantes, aparte de ser encausados por un delito contra los trabajadores, lo fuesen también por un delito contra el narcotráfico. Desgraciadamente, la autoridad de Gibraltar no entregó el fardo de droga ni la embarcación. Por eso, como conclusión, estos supuestos narcotraficantes... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Landaluce. Por favor, ¿pueden bajar un poco el tono de voz?
El señor LANDALUCE CALLEJA: Estos supuestos narcotraficantes solamente han sido acusados de un delito contra los trabajadores y no, como decía, de narcotráfico. Por eso creemos que va a haber poca o nula colaboración de las autoridades de la colonia con la Guardia Civil del Mar, pero el Grupo Parlamentario Popular ha enriquecido esa propuesta y, como no puede ser de otra manera, vamos a tratar de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén lo más protegidas posibles y de que los ilegales, los narcotraficantes, por falta de colaboración entre las policías de ambos lados de la verja, estén lo más desprotegidos posibles.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El Grupo Parlamentario Socialista no tiene inconveniente alguno en defender con rotundidad la propuesta que ha presentado UPyD, doña Rosa Díez, solicitando el incremento de la cooperación policial en la zona, entre otros con el objetivo de acabar con el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. Sé que es tarde y que estamos impacientes por votar, pero a este diputado le gustaría hacer referencia a un aspecto que no es de fondo, sino de forma y que es de justicia. Me gustaría que no se hablase una vez más, como suele ser habitual en el Congreso de los Diputados, en relación con una zona como el Campo de Gibraltar, primer puerto de España, entre los veinte primeros puertos del mundo, primer complejo petroquímico de Andalucía, solamente del crimen organizado, de la droga, del narcotráfico y de los problemas de Gibraltar. No, señoría, pongamos las cosas en su sitio. La exposición de motivos adolece de un hecho de forma, pero que va en la línea de dar una imagen negativa de la ciudad que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué digo esto? De los datos estadísticos del Senda, que es el sistema de evaluación, análisis y explotación de datos sobre drogas, de los tres últimos años -2007, 2008 y 2009- se extrae la conclusión de que solamente el 2,01 por ciento de la cocaína entra por dicha zona. Por tanto, no de los datos a que se hace referencia en la exposición de motivos. Esa zona no es una nueva puerta de entrada para la cocaína porque solo representa el 2,01 por ciento de España. Por otra parte, lo mismo ocurre con respecto al tráfico de hachís. Se hace en la exposición de motivos una referencia a que el 70 por ciento entra por la zona. No, señorías, entra el 28 por ciento del total nacional. Con esto quiero hacer ver a la proponente, con la que estoy de acuerdo plenamente y vamos apoyar una enmienda transaccional, que aquello no es lo que se dice en esta exposición de motivos. Es una zona más con problemas, como en todo el mundo, pero con una situación geográfica de puerta de entrada que hace más propicio un porcentaje algo mayor, pero no mucho más. Son datos que he extraído de la estadística nacional que se publica todos los años.
Dicho esto, que no tiene importancia y que es de forma, vamos al fondo. El fondo -se lo he dicho antes a doña Rosa Díez- es que nosotros también queremos potenciar la lucha contra el narcotráfico, queremos seguir mejorando los mecanismos de lucha contra la delincuencia y queremos seguir potenciando el diálogo con Gibraltar y por eso, señora Díez, este Gobierno, con ese espíritu de solucionar los problemas en una zona problemática por la colonia de Gibraltar, creó el Foro de diálogo sobre Gibraltar, que ha venido mantenido constantes reuniones ministeriales y técnicas, solucionando algunas de ellas, señorías, problemas históricos de las personas, porque, si algo tiene este Gobierno, es que se preocupa por las personas fundamentalmente. Otros esgrimen bandera, sacan pecho de hojalata, pero luego en sus años de Gobierno se olvidan de las personas y este foro ha resuelto que 6.000 pensionistas muy mayores, que se iban a morir sin revalorizar sus pensiones, cobraran 6.000... (El señor Landaluce Calleja: ¡Demagogo!) Demagogo es hablar de Gibraltar como lo hace usted, sacando pecho de lata, bandera española y no dando soluciones como las que he dicho anteriormente, señor Landaluce. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Diga usted demagogo a los 6.000 pensionistas... (El señor Landaluce Calleja: ¿Cómo vas a confundir una cosa con otra?) Déjeme, que estoy hablando...
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor. Señor Landaluce.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Diga usted a esos 6.000...
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, un momentito, por favor. No hagan un debate tan nominalista. Ya sé que es imposible, pero traten de no hacerlo y, por favor, no interrumpan cuando otra persona está hablando. Vaya terminando.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sí, voy terminando, señora presidenta.
Decía que pregunte usted a los 6.000 pensionistas, que estuvieron dieciocho años esperando, quién les resolvió sus problemas. Pregunte usted a los muchos trabajadores que hasta hace unos años tardaban una hora en cruzar esa verja cuando iban a Gibraltar qué tiempo tardan ahora.
Los acuerdos que ha propiciado el foro de diálogo han supuesto mejoras para los ciudadanos, que es el objetivo fundamental, pero en el ámbito en que estamos, cooperación policial aduanera y fiscal, también se ha avanzado. Por darle alguna fecha de estos últimos cuatro meses, concretamente el 18 de enero de 2010 tuvo lugar en Gibraltar una reunión técnica sobre cooperación aduanera, donde se avanzó en esto que estamos debatiendo. El 22 de enero de este año tuvo lugar también una reunión técnica sobre cooperación policial y el día 27 se celebró en Algeciras la primera reunión del grupo de trabajo trilateral, España, Reino Unido y Gibraltar, sobre las tres
materias: cooperación policial, judicial y aduanera. Por tanto, el foro de diálogo es el cauce para seguir avanzando en problemas que son complejos, como los derivados de la colonia de Gibraltar, en relación con lo cual todos deberíamos mantener una postura común, pero, desgraciadamente, el Partido Popular, en una actitud de deslealtad institucional, ha roto esa dinámica histórica y no apoya al Gobierno de España, debilitando su posición. Flaco favor le hace a los españoles y a esa legítima reivindicación, que no es del Gobierno de Zapatero, sino que se viene haciendo desde hace más de 300 años, sobre la colonia de Gibraltar.
En todo caso, señora presidenta, para terminar, hemos coincidido en una enmienda transaccional con la señora Rosa Díez, encaminada a lo que se persigue en la iniciativa. Nos parece razonable y por eso la vamos a apoyar.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Entiendo -si no, me corrigen- que tanto esta PNL que acabamos de debatir como la anterior, que también versaba sobre Algeciras, tienen dos transaccionales asumidas por los proponentes.
¿Es así? (Asentimiento.) Pues, si quieren los grupos, podemos dar un plazo de dos o tres minutos para llamar a votaciones. (Pausa.)
¿Están los grupos parlamentarios en disposición de iniciar las votaciones? (Asentimiento.) Pues las comenzamos siguiendo el orden en que hemos debatido. En primer lugar, la proposición no de ley número 838, a la cual se ha presentado una transaccional, que ha sido aceptada por el grupo proponente. Es el punto 3.º del orden del día, que ha sido debatido en segundo lugar, y lo que votamos es la transaccional al texto.
Punto 2.º del orden del día, proposición 1192. También votamos el texto transaccional de la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 37; abstenciones, una.
Pasamos a la proposición no de ley 1569, que se vota en sus términos.
Pasamos a votar la PNL 856, que tiene también un texto transaccional, que es el que votamos.
Pasamos a votar ahora las tres PNL que hemos debatido conjuntamente, la 1577, la 592 y la 1433, con un texto transaccional, que es el que finalmente votamos, habiendo quedado retirados los tres textos de las PNL ¿Es así? (Asentimiento.)
Pasamos a la PNL 1551, sobre instauración de un plan especial de emergencias en la Bahía de Algeciras, con texto transaccional de las enmiendas presentadas.
Por último, votamos la proposición no de ley 1487, sobre cooperación policial en la Bahía de Algeciras y Gibraltar, con la redacción transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.

References: artículo 189
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 161
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 14