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Timestamp: 2019-01-16 12:37:35+00:00

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﻿ SENTENCIA SP16107-2016/46794 DE NOVIEMBRE 2 DE 2016
SENTENCIA SP16107-2016 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ABUSO DEL CARGO Y DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS, SON CATEGORÍAS DIVERSAS CUYA REALIZACIÓN SE PRESENTA AL MARGEN DE QUE LA ARBITRARIEDAD SE VEA REFLEJADA EN UNA DECISIÓN ILEGAL. AL RESPECTO, SE RESALTA QUE EL ABUSO DEL CARGO INHERENTE AL DELITO DE CONCUSIÓN EXIGE QUE EL AGENTE “HAGA SOBRESALIR ILÍCITAMENTE LA CALIDAD PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO” PARA ATEMORIZAR AL PARTICULAR Y CONSEGUIR SUS PROPÓSITOS, ES DECIR, APROVECHA INDEBIDAMENTE SU VINCULACIÓN LEGAL O REGLAMENTARIA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SIN GUARDAR RELACIÓN CON SUS FUNCIONES CONSIGUE INTIMIDAR AL CIUDADANO A PARTIR DE SU INVESTIDURA OFICIAL, A FIN DE OBTENER DE ESTE UNA PREBENDA NO DEBIDA. POR SU PARTE, EL ABUSO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TAMBIÉN CORRESPONDE AL DELITO DE CONCUSIÓN, ESTÁ DETERMINADO POR EL DESVÍO DE PODER DEL SERVIDOR PÚBLICO, QUIEN DESBORDA SUS FACULTADES REGLADAS, RESTRINGE INDEBIDAMENTE LOS LÍMITES DE ÉSTAS O PERVIERTE SUS FINES, ESTO ES, LA CONDUCTA ABUSIVA TIENE LUGAR CON OCASIÓN DEL EJERCICIO FUNCIONAL O EN RELACIÓN CON EL MISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA, EMPLEADO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, RECURSO DE APELACIÓN, CONCUSIÓN
Sentencia SP16107-2016/46794 de noviembre 2 de 2016
SP16107-2016
Radicación 46794
Aprobado acta 346
De conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 21 de agosto de 2015 por la Sala Segunda del Tribunal Superior de Neiva, mediante la cual declaró penalmente responsable a A.P.V., como autor del delito de concusión, por un hecho cometido cuando se desempeñaba como juez segundo civil municipal de XXX (Huila).
Para la resolución del recurso, la Corte contraerá su estudio en los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.
Bajo tal presupuesto, inicialmente abordará la Sala lo relativo a la tipicidad del delito de concusión, para, posteriormente, pronunciarse acerca de la valoración probatoria, frente a la cual, de la misma manera, el apelante lanza reproches.
Señala el artículo 404 del Código Penal (L. 599/2000):
“El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de...”.
La conducta típica se encuentra integrada por tres verbos rectores en forma alternativa: constreñir, inducir o solicitar, a partir de los cuales, para la estructuración del comportamiento como hecho punible, se requiere (i) la presencia de un sujeto activo cualificado: servidor público; (ii) el abuso del cargo o de la función, (iii) la ejecución de por lo menos uno de ellos, y, (iv) la relación de causalidad entre el acto del funcionario y la promesa de dar o la entrega del dinero o utilidad indebidos.
En tal orden, el producto de la abusiva exigencia no fue introducido por el legislador como presupuesto de la configuración del delito de concusión, en cuanto basta con la concreción de la conducta a través de cualquiera de los verbos rectores: constreñir, inducir o solicitar. Es decir, no admite el grado de tentativa, pues:
“[S]e consuma simplemente al ejecutarse cualquiera de estas acciones en provecho del servidor o de un tercero, independientemente de que el dinero o la utilidad hayan ingresado o no al ámbito de disponibilidad del actor. Lo anterior se desprende no solo del alcance y significado de los verbos rectores empleados por el legislador, sino del hecho de que la administración pública, bien jurídicamente tutelado, se ve transgredida con el acto mismo del constreñimiento, de la inducción, o de la solicitud indebidos, en cuanto cualquiera de ellas rompe con la normatividad que la organiza y estructura, desmoronándola y generando la sensación o certeza de deslealtad, improbidad y ausencia de transparencia dentro de los coasociados” (CSJ SP 17459-2015. 16 dic. 2015. Rad. 46139).
Frente al primer requerimiento que contiene el tipo penal ninguna discusión se propone por el recurrente, y probado quedó en el juicio (en razón de estipulación(2)) que A.P.V. se desempeñaba como juez segundo civil municipal de XXX (Huila), para la época de los hechos juzgados en esta actuación.
Acerca del abuso del cargo o de las funciones, sostiene el apelante que no quedó probado que él hubiera proferido un “acto extralimitado” o se hubiera presentado una injusticia en contra de P.N.R.R., por cuanto su actuación como juez a cargo del proceso de restitución de bien inmueble se ciñó a las normas procesales.
Involucra el recurrente en la configuración del tipo penal denominado concusión, requisitos propios de otras estructuras penales sobre las cuales ninguna mención se hizo en esta actuación, dado que no se ha reprochado que el funcionario judicial hubiera proferido decisiones apartadas de la ley.
Al respecto, resáltese que el abuso del cargo y de las funciones públicas, son categorías diversas cuya realización se presenta al margen de que la arbitrariedad se vea reflejada en una decisión ilegal. De tal forma que basta con que el sujeto activo aproveche indebidamente su vinculación al servicio público o desborde sus funciones, para atemorizar al particular con miras a alcanzar la utilidad indebida. Sobre el tema, tiene dicho esta Sala que:
El abuso del cargo inherente al delito de concusión exige que el agente “haga sobresalir ilícitamente la calidad pública de que está investido”(3) para atemorizar al particular y conseguir sus propósitos, es decir, aprovecha indebidamente su vinculación legal o reglamentaria con la administración pública y sin guardar relación con sus funciones consigue intimidar al ciudadano a partir de su investidura oficial, a fin de obtener de este una prebenda no debida.
Por su parte, el abuso de las funciones públicas que también corresponde al delito de concusión, está determinado por el desvío de poder del servidor público, quien desborda sus facultades regladas, restringe indebidamente los límites de estas o pervierte sus fines, esto es, la conducta abusiva tiene lugar con ocasión del ejercicio funcional o en relación con el mismo (CSJ SP 10 nov. 2005. Rad. 22333).
En el caso que ocupa a la Sala, según la teoría de la fiscalía, la conducta abusiva se produjo cuando el juez hizo notar ilícitamente su condición de servidor público, exigiendo a P.N.R.R. la suma de $ 2.000.000 millones, a cambio de permitirle que continuara trabajando tranquilo en el local que tenía en arriendo, cuya restitución había sido solicitada por su propietario. De acuerdo con esa hipótesis, la iniquidad se relaciona con el abuso de sus funciones porque bajo su cargo tenía el proceso en el cual se discutía precisamente el tema del inmueble.
A su vez, alega el procesado que tal petición no resultaba injusta porque la sentencia que ordenó el desalojo corresponde a la decisión que debía producirse dentro del proceso abreviado de restitución de bien inmueble; sin embargo, ha de insistirse en que la acción de solicitar dinero por parte de un juez a un particular, entraña por sí solo el abuso de su cargo y el agotamiento de la conducta típica.
Bajo la misma lógica, pero esta vez, acerca del momento en que sostiene la fiscalía se realizó la exigencia dineraria, corresponde precisar que ni el tiempo (sábado o domingo), ni el espacio (fuera del despacho judicial), en los cuales se perpetra el aducido requerimiento económico, resultan significativos para predicar que la conducta típica no existió y alcanzó tan solo el grado de tentativa, pues, como se dijera en precedencia, la ejecución del delito descrito en el artículo 404 del Código Penal, se agota en el preciso momento en que el servidor público compele, instiga, persuade, pretende, pide o procura que alguien le de cualquier utilidad indebida.
De tal forma que el hecho de que el requerimiento se hubiere realizado un día sábado o domingo, cuando el servidor público se hallaba descansando, no incide en la estructuración del delito, puesto que el cargo público no se ostenta únicamente de lunes a viernes y durante las horas hábiles. Postulado de aplicación general, siempre que el ente acusador consiga probar la ejecución del accionar al margen de la ley.
Continuando en el ámbito de la tipicidad, señala el recurrente la no estructuración dado que no se reúne el requisito “del miedo a la potestad o autoridad”, porque en las tres oportunidades en las que supuestamente solicitó el dinero a P.N.R., este se refirió coloquialmente a que “a él no le alcanza sino para subsistir él y su familia y que “haga lo que tenga que hacer” (era consciente del desalojo). Como quien dice poco o nada le importaba la supuesta advertencia”. Aunque tan desafortunada exculpación parece partir del supuesto de la existencia del requerimiento ilegal, entenderá la Sala que se trata de un intento por acudir a argumentos que descarten la estructuración del punible y de esa manera lo responderá.
Ciertamente, aunque la conducta ilícita atribuida por la fiscalía a A.P.V. no le hubiere producido el resultado deseado, consistente en obtener ilícitamente la suma de $ 2.000.000, ello no equivale a afirmar que el punible de concusión no se configuró, pues, como quedó señalado en precedencia, el acto necesario para tal fin se agota desde el momento en que el servidor público exterioriza la petición, siendo consciente que bajo su órbita funcional tiene un asunto de interés para la persona a la que supuestamente le pide el dinero.
Agréguese, que cuando el servidor judicial conoce que la indebida solicitud tiene la aptitud de quebrantar la voluntad del sujeto pasivo de la acción, por cuanto bajo su investidura se halla la potestad de decidir un caso cuyo resultado interesa a este, así el dinero requerido no entre a su haber patrimonial, se configura la conducta punible de concusión.
Lo anterior, resáltese, el no pago del dinero exigido por el concusionador, tampoco conlleva siempre a entender que la víctima no ha sentido temor de lo que pueda suceder, sino que, por cualquier razón, se sustrae de hacerlo, sin que ello desvirtúe la existencia de la relación de causalidad entre la petición indebida y la condición de servidor público del procesado.
En síntesis, desde el punto de vista objetivo, de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, se estructura la existencia de una conducta ilícita, restando el análisis de la pruebas practicadas y que consideró el a quo suficientes para concluir la real ocurrencia de la indebida solicitud por parte del funcionario judicial aquí juzgado, para lo cual la Sala se adentrará en la valoración de las pruebas testimoniales, como lo propone el recurrente.
Bajo la opinión del procesado, la denuncia presentada por P.N.R.R., es producto de la retaliación propia de quien, en virtud de un proceso judicial, se vio obligado a pagar una suma de dinero y a desalojar un local comercial en razón de la orden de restitución.
Para probar la existencia de una petición indebida realizada por el entonces juez segundo civil municipal de XXX (Huila) a P.N.R., la fiscalía trajo al juicio a tres declarantes, quienes bajo la gravedad del juramento afirmaron haber presenciado cuando ello sucedió: (i) P.N.R. (denunciante), arrendatario del local comercial ubicado en la calle XXX Nº XXX-XXX de XXX, y demandado en el proceso de restitución de bien inmueble que cursaba (año 2009) en el despacho judicial que dirigía como juez el acusado A.P.V.; (ii) F.P., compañera permanente de P.N.R., persona que le ayudaba en los oficios diarios en el billar, y, (iii) J.J.V.L., comerciante vecino del establecimiento de P.N.R.
P.N.R.R. denunció el 21 de septiembre de 2010 a A.P.V., por el delito de concusión, siendo necesario acudir al devenir del proceso civil a cargo de este, con miras a determinar la relación temporal a partir de la cual se logre confirmar o desvirtuar que el denunciante estuvo movido por un interés vindicatorio.
Las copias del proceso civil que ingresaron en su totalidad en virtud del acuerdo entre defensa y fiscal, informan que el apoderado de L.E.M.T. presentó demanda de restitución de inmueble arrendado a P.N.R.R., el 16 de mayo del año 2008(4); en la misma calenda se adelantó el reparto correspondiendo el conocimiento al juzgado segundo civil municipal de XXX que en auto del 28 de los mismos mes y año la admitió ordenando, entre otras decisiones, notificar al demandado; el 24 de junio siguiente, el apoderado del demandado respondió las pretensiones de la demanda y aportó pruebas documentales; el 2 de julio se dio traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión; el 10 de octubre entró al despacho para el fallo; sin embargo, el juez decretó de oficio la práctica de una inspección judicial al inmueble objeto de arrendamiento, designando a un perito; el 23 de octubre se realizó la inspección judicial. Presentados los alegatos de conclusión, el juzgado dictó el fallo el 31 de marzo de 2009, en el que se resolvió dar por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre L.E.M.T. y P.N.R.R., ordenó la restitución del bien inmueble, el pago en costas y el pago de la cláusula penal por valor de $ 3.000.000. Interpuesto el recurso de apelación por parte del abogado del demandado, el juzgado segundo civil del circuito de la misma ciudad, en decisión del 13 de mayo de 2010 confirmó la sentencia de primera instancia.
Entretanto, en el juzgado segundo civil municipal continuó el trámite relacionado con el embargo de la razón social y secuestro de los muebles y enseres del billar que funcionaba en el local cuya restitución se había dispuesto, con el fin de garantizar el pago de las obligaciones contenidas en la sentencia.
Así, el 10 de febrero de 2010 se realizó la diligencia de embargo y secuestro que P.N.R.R. atendió, negándose a firmar el acta; el 9 de diciembre de 2010 se dictó mandamiento de pago a cargo de P.N.R.R. por valor de $ 5.710.000 millones. Mediante auto del 7 de febrero de 2011 el juzgado de primera instancia aceptó la liquidación del crédito presentada por el apoderado de la parte demandante y el 15 del mismo año se fijaron las agencias en derecho a favor de la misma parte. El 5 de abril de 2011 el apoderado de la parte demandante radicó memorial solicitando la suspensión del proceso hasta el 6 de junio del mismo año, debido a que llegó a un acuerdo de pago con el demandado, consistente en que este pagaría la suma de seis millones de pesos, de los cuales en esa fecha canceló cinco millones y se comprometió a pagar el saldo ($ 1.000.000) el 6 de junio.
Tan detallado recuento procesal surge necesario con miras a responder el planteamiento del procesado, quien sostiene que la denuncia en su contra fue presentada por P.N.R. con el interés de vengarse por la orden del pago de perjuicios, siendo sus manifestaciones producto de la invención, como igualmente sucede con los testimonios de F.P.C. y J.V.L.
Encuentra la Sala que el tribunal de primera instancia, aunque no respondió directamente los cuestionamientos de la defensa, de cara a desestimar su tesis, la totalidad de la argumentación del proveído recurrido evidencia su apartamiento con la postura del procesado, lo cual revirtió en la declaratoria de responsabilidad penal.
Destáquese que la prueba de la responsabilidad del procesado en la cual la fiscalía sustentó su teoría del caso, fue testimonial y que las especiales circunstancias de ser denunciantes, víctimas del delito de concusión y afectados con las decisiones adoptadas por el juez civil aquí procesado, ameritan el riguroso escrutinio de sus versiones, sin que tal labor se entienda agotada con el argumento de que se trata de testigos creíbles porque coinciden en narrar el acto delictivo.
En efecto, resáltese que en septiembre del año 2010, cuando P.N.R.R. presentó la denuncia en contra del juez civil aquí acusado, el proceso de restitución de inmueble ya había terminado con sentencia del 31 de marzo del 2009, cuya decisión resultó adversa a sus intereses. Más aún, recientemente (feb. 10/2010) se había ordenado el embargo de los bienes muebles que conformaban el establecimiento comercial y realizado la diligencia de secuestro, de tal manera que no es absurdo y descartable de plano el planteamiento del acusado.
La falta de determinación en el tiempo que se evidencia en los tres testimonios traídos al juicio por la defensa (P.N.R.R., F.P. y J.J.V.L.), no puede tildarse ligeramente como un simple olvido irrelevante para la resolución del caso, como lo ha denominado el a quo, toda vez que se trata ni más ni menos, de las tres oportunidades en las cuales sostuvo la fiscalía que el acusado acudió al local comercial en disputa, a solicitarle dinero al demandado dentro del proceso de restitución de bien inmueble (P.N.R.), que en este proceso penal aparece como denunciante.
Precisamente, el que la fiscalía no estableciera las fechas probables en las cuales ocurrieron las exigencias económicas por parte del juez, situación que se presentó desde la audiencia de formulación de imputación cuando se afirmó que ello ocurrió en el mes de marzo o abril del año 2009, hacía previsible la dificultad para probar la teoría del caso en los términos exigidos por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, riesgo que aumentó cuando en la audiencia de acusación varió el límite temporal para establecerlo en los meses de marzo y abril de esa anualidad.
Tan amplio lapso, revirtió en la dificultad para que en el juicio la defensa refutara las afirmaciones de quienes dijeron haber presenciado la llegada del juez al establecimiento comercial un día cualquiera, de un mes indeterminado, de un año que, al parecer fue el 2009; circunstancia que ameritaba un minucioso examen por parte del fallador, al momento de su apreciación, en cuanto la falta de concreción factual en los relatos de los testigos de cargo quienes se limitaron a afirmar que escucharon cuando A.P.V. le hizo una exigencia económica a P.N.R.R., así lo imponía.
En este sentido, es deber del juzgador valorar cuidadosamente los testimonios sometiéndolos al modelo de valoración probatoria basado en la persuasión racional o sana crítica, explicando razonadamente las razones por las cuales unos le merecen credibilidad, mientras otros no.
Son varias las circunstancias a partir de las cuales la credibilidad de los testigos de la fiscalía se reduce al máximo y que no fueron tenidas en cuenta por el juez de primera instancia: (i) el tiempo transcurrido entre el momento en que se dice ocurrió la exigencia del dinero y la denuncia; (ii) el interés de P.N.R.R. y F.P. en el resultado del proceso penal, debido a la afectación que sufrieron con las decisiones proferidas por el funcionario judicial dentro del proceso de restitución de bien inmueble, y (iii) las contradicciones y la falta de coherencia entre los testigos de cargo, que conllevan a la inverosimilitud de sus dichos.
(i) Aunque afirma P.N.R.R. que las tres oportunidades en las cuales estuvo en su billar el doctor A.P.V., sucedieron durante los meses de marzo y abril del año 2009, la denuncia solo la instauró en septiembre del 2010, situación que, según explicó en el juicio, se dio porque comentó el episodio con unas personas que le aconsejaron ponerlo en conocimiento de las autoridades por tratarse de un delito.
La pretendida explicación no cuenta con sustento probatorio, tampoco lógico, puesto que el denunciante no recuerda quiénes fueron los amigos que le aconsejaron tomar tal decisión, al tiempo que no es creíble que R.R., encontrándose afectado con un fallo civil proferido por quien le pedía dinero precisamente para permitirle continuar trabajando en el local, no alcanzara a intuir que se hallaba frente a una conducta irregular.
Inexplicable también resulta, el que R.R. no le hubiera referido tal acontecimiento a quien, para la época lo representaba judicialmente dentro del proceso de restitución de bien inmueble, y sin embargo, un año y cinco meses después optara por decir lo sucedido a personas de las que ni siquiera puede especificar sus nombres, cuando lo usual es que el cliente acuda a su abogado de confianza para contarle tan especiales situaciones, con mayor razón, si como lo sostiene el tribunal, se trata de un ciudadano con escasos conocimientos jurídicos.
Sobre el punto, manifestó P.N.R.R. que para ese momento no contaba con un abogado que lo asesorara, situación que se aleja de la realidad, por cuanto desde el 24 de junio del año 2008, este le concedió poder a un profesional del derecho(5) para que lo representara en el proceso de restitución de inmueble, cuya actuación continuó hasta el mes de mayo de 2010, cuando renunció al mandato conferido.
Ahora, la falta de conocimiento acerca de las conductas que pueden ser constitutivas de delito, no es óbice para que cualquier ciudadano, así no posea conocimientos jurídicos, tenga la capacidad de discernir la irregularidad que se presenta cuando el juez a cargo del proceso que se adelanta en su contra le pide dinero para ayudarlo, lo cual no requiere ninguna noción adicional a la que tendría cualquier persona del común. Más aún, cuando fue el mismo P.N.R., quien declaró haber sido consciente que estaba siendo víctima de una solicitud indebida: “si claro, eso sí lo entendí desde el primer día que él llegó...”.
(ii) Siendo la credibilidad del testigo un análisis que se realiza desde diferentes aspectos, entre ellos, “la existencia de interés u otro motivo de parcialidad”(6), encuentra la Sala que el tribunal se sustrajo de tal examen necesario en el ejercicio valorativo de la prueba, pues sus conclusiones se circunscribieron a la coincidencia entre las versiones de los tres declarantes de la fiscalía, olvidando que, por lo menos dos de ellos, P.N.R. y F.P., ciertamente, como lo indicó el procesado, tenían razones para cuestionar al juez que adelantó el proceso civil debido al malestar que les produjo que por la vía judicial se diera por terminado el contrato de arrendamiento, con las colaterales consecuencias(7).
Y es que fue precisamente el juez denunciado por P.N.R.R., quien lo condenó a la restitución del inmueble en un término perentorio de cinco días, además del pago de la cláusula penal y las costas procesales, sin contar con que se embargaron y secuestraron los muebles y enseres que conformaban el establecimiento social(8), todo lo cual ocurrió entre el mes de mayo del año 2008 y diciembre de 2010.
Tales decisiones obviamente generaron contrariedad y desagrado en P.N.R., estado emocional que no ocultó y que se advierte cuando se negó a firmar el acta de embargo de la razón social y secuestro de los bienes que se encontraban en el establecimiento, diligencia que, igualmente, presidió el juez A.P.V.
Agréguese que durante el juicio oral, tres declarantes dieron cuenta del disgusto de P.N.R. con lo que estaba sucediendo en el proceso ejecutivo que se desprendió del abreviado de restitución de bien inmueble, uno de ellos, traído por la fiscalía, el doctor C.E.C.R. (apoderado del arrendatario P.N.R. a partir del 13 de febrero de 2012), y los otros por la defensa, L.M.T.S. (madre del arrendador) y L.E.M.T. (arrendador).
Previo al examen de ellos, considera la Sala oportuno poner en contexto que una vez culminó el proceso de restitución de inmueble, continuó en el mismo despacho judicial el ejecutivo para lograr el pago de los montos dispuestos por el juez P.V., de tal manera que se ordenó el remate de los bienes de P.N.R., previamente secuestrados. Solo en ese momento R. buscó al arrendador para intentar una fórmula de pago y este le respondió que hablara con su abogado. Efectivamente P.N.R. consiguió que el apoderado del demandante accediera a un acuerdo de pago que aquel incumplió, reanudándose la actuación.
Fue en ese periodo cuando P.N.R. acudió al negocio que manejaba L.M.T. en búsqueda de su hijo L.E.M. (arrendador), con quien efectivamente sostuvo una conversación en la que le solicitó que llegaran a un acuerdo porque “para él la cláusula era muy alta”(9), ante la negativa de L.E.M., R.R. se disgustó y expresó: “que no le parecía justo que yo me hubiera aprovechado de la amistad que yo tenía con don A. para favorecerse (sic) con el juzgado, pero yo no me acerqué por el juzgado”.
Ya saliendo del local de L.M.T. y sin que esta hubiera escuchado la conversación entre su hijo y P.N.R., observó que R. se iba del lugar descontento diciendo:
“... amangualados hijueputas, me la van a pagar, salió bravo del local...
Sobre el mismo aspecto, el abogado que asumió la representación de los intereses de P.N.R.R. en el proceso ejecutivo (feb. 13/2012), doctor O.E.C.R., declaró(10) que:
Realmente doctor, desde el punto de vista jurídico cuando asumí la representación legal, el proceso transcurrió de manera normal, el proceso se terminó por pago de la obligación en virtud de un acuerdo de pago que se hiciera con el apoderado de la parte demandante. Se hizo ese acuerdo, desafortunadamente don P. incumplió ese acuerdo, se retrasó en el pago y el apoderado de la parte demandante solicitó que la obligación se le pagara en su totalidad. Eso de cierta manera disgustó a don P. y yo lo que le sugerí fue que simplemente se liquidaran unos intereses desde el momento en que se había hecho exigible el pago hasta la fecha en que se verificara el pago y con posterioridad se solicitó la terminación de ese proceso...
Y acerca de si P.N.R.R. le comentó sobre la exigencia de dinero que dos años atrás le había realizado el juez A.P.V., respondió el testigo:
Como le dije al iniciar mi declaración, con precisión dado el tiempo no recuerdo precisamente qué fue lo que él me comentó; sin embargo, me dijo que habían tenido un diálogo frente al tema del proceso ejecutivo que se estaba adelantando, pero preciso preciso, si generó una controversia, una discusión pues ello lógicamente no me lo comentó. La única asesoría jurídica es que le manifesté, si hay alguna situación irregular que se haya presentado con el doctor A., usted está en todo su derecho de darlo a conocer ante la autoridad competente.
De la anterior narración surge que lo único que P.N.R.R. entendía como un hecho irregular dentro del proceso ejecutivo, consistió en que la actuación continuara aun cuando él había pagado —por fuera del término concedido— el valor previamente acordado con el abogado de la parte demandante, y sobre tal queja fue que su apoderado le sugirió que si encontraba alguna irregularidad en el actuar del juez A.P.V., la pusiera en conocimiento de la autoridad judicial, lo cual descarta que el incidente referido en el año 2012 por P.N.R. a su abogado, fuera el relacionado con la supuesta solicitud ilegal de dinero, pues esta —dijo el denunciante— ocurrió en el año 2009, es decir, cuando aún no se iniciaba el proceso ejecutivo.
Situación sobre la cual vale la pena insistir, toda vez que pese al esfuerzo realizado por la fiscalía en el juicio oral para que durante la declaración del abogado O.E.C.R., este diera a conocer que su cliente P.N.R.R. le había contado de la exigencia dineraria realizada por el juez, claramente el testigo relata otro episodio consistente en que R.R. sentía injusto que el juzgado no le expidiera el paz y salvo a pesar de haber pagado la totalidad de lo que él creía adeudaba.
Y fue sobre este incidente, no el que se juzga, que el doctor C.R. le aconsejó que si sentía que el actuar del juez A.P.V. era irregular, estaba en la facultad de ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales. Deducción que surge evidente teniendo en cuenta que para cuando P.N.R. le confirió poder, habían transcurrido más de dos años desde cuando denunció estos hechos, luego, ninguna razón tendría el profesional del derecho para aconsejarle que procediera de tal manera, cuando ya lo había realizado.
Conviene subrayar, además, que la inconformidad que P.N.R. tenía por el resultado de los procesos en su contra, lo llevaron a asegurar que las decisiones de A.P.V. se delineaban por la amistad que había existido entre este y el padre del arrendatario, (fallecido en el 2002), lo cual, reafirma que la ofuscación de R.R. lo hacía imaginar que estaba siendo objeto de abusos por parte del juez; no obstante, esta ilógica protesta tampoco fue advertida por el fallador colegiado de primera instancia, a pesar de que ninguna explicación tendría que pese a la cercanía entre el juez P.V. y el padre del arrendador del local, aquel hubiera decidido ofrecerle ayuda a P.N.R.
Todo lo anterior acredita que P.N.R.R. y su compañera F.P. tienen razones para no ser imparciales en el tema debatido en los procesos civiles decididos por el doctor A.P.V., cuyos resultados les generó consecuencias económicas; por tanto, interesados en que se declare que el funcionario judicial actuó en forma ilegal, lo cual ameritaba un examen severo de esa circunstancia que afecta su credibilidad; no obstante, la respuesta que recibió la defensa se restringió a la coherencia en el relato de los testigos.
Y aunque ciertamente ninguna prueba existe acerca del interés que pudiera tener J.J.V.L., vecino del demandado, en el resultado de este proceso, su lacónico relato de lo que dice haber escuchado, no alcanza a derrumbar la presunción de inocencia del procesado, como se analizará más adelante.
(iii) Súmese a las precedentes consideraciones, que las atestaciones rendidas en el juicio por P.N.R., F.P. y J.J.V.L., contienen rasgos que hacen increíble e improbable que A.P.V. se hubiera presentado en tres oportunidades en la calle XXX Nº XXX-XXX a solicitarle al primero de los mencionados una suma de dinero.
Ante las inexactas y dudosas versiones que desde el comienzo se avizoraban interesadas, debió la fiscalía acreditarlas en procura de despejar cualquier duda que se generara en torno a su credibilidad; no obstante, su único esfuerzo se dirigió a que los tres declarantes de cargo describieran un único momento, que en su opinión, sería suficiente para predicar la coherencia de los testimonios, como en efecto, lo acogió la primera instancia.
Si bien P.N.R. asevera que A.P.V. estuvo en su local en tres oportunidades solicitándole una suma de dinero, a cambio de cuyo pago, podría seguir trabajando en ese lugar, su testimonio en el juicio se restringe a relatar la primera visita, y aunque no dio a conocer la fecha, de la poca información suministrada se deduce que ocurrió en el mes de marzo del año 2009, es decir, días previos al proferimiento del fallo que ordenó la restitución del inmueble; por tanto, nada explica que el juez esperara diez meses (contados a partir de la presentación de la demanda) para acercarse al local a realizar tal exigencia, y menos, que hubiera concurrido en dos oportunidades más, cuando ya había emitido la decisión de dar por terminado el contrato de arrendamiento (mar. 31/2009).
De haber tenido en cuenta el tribunal los criterios previstos por el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), para la apreciación del testimonio, sus conclusiones acerca de la ‘contundencia’ de la prueba de cargo, seguramente serían otras, pues de ninguna manera resulta admisible el tratamiento que se dio a la percepción de los testigos, respecto de quienes se aseveró que era natural y equivalente a la espontaneidad el que casi seis años después de ocurridos los hechos no lograran recordar ningún pormenor del episodio sobre el cual estaban declarando.
Sin embargo, nada explicó el a quo acerca de la particular manera como se desenvuelve el proceso de rememoración de P.N.R.R., quien se acordó de las palabras precisas con las que el juez —ahora acusado— lo abordó durante la primera visita a su billar, concretó que ello ocurrió un día sábado del mes de marzo del año 2009, que la exigencia de dinero la realizó frente a su esposa F.P. y su amigo J.J.V.L.; pero, inexplicablemente de las posteriores visitas no recuerda nada diferente a que el juez le pedía dos millones de pesos para que pudiera continuar trabajando tranquilo en el local.
En este puntual aspecto, verosimilitud del relato de los testigos de cargo, emerge una duda adicional que consiste en establecer lo racional del actuar de un funcionario judicial con más de quince años de experiencia como juez de la República, cuando decide trasladarse hasta el local donde funciona el billar de P.N.R., quien figura como demandado en un proceso que cursa en el despacho que dirige, para allí abordarlo frente a dos desconocidos y solicitarle una suma de dinero, que realmente no es muy representativa, frente a lo que estaba arriesgando.
Y es que, aunque el a quo restara importancia al argumento defensivo, ha de apelarse a una máxima de la experiencia que da cuenta de la manera como casi siempre ocurren las cosas en tratándose de quien decide hacer una exigencia ilegal de dinero, que consiste en el cuidado para no hacerlo delante de testigos, por tanto, es poco probable que A.P.V. entrara al billar de P.N.R. y sin importarle quienes presenciarían su actuar ilícito, lanzara la petición de dinero.
Además, indicó P.N.R.R., que ese día sábado el juez llegó, lo saludó y de una vez lo retiró de su amigo, diciéndole que necesitaba hablar con él, luego, ninguna razón de ser tendría el que el funcionario judicial hubiera tomado precauciones para que nadie se enterara del contenido de su conversación con el dueño del billar, para, seguidamente, divulgar su exigencia en un tono de voz que permitió que todos los que estaban a su alrededor, la escucharan.
Surge, entonces, un testigo presencial: J.J.V.L., quien, como vecino del local comercial —billar— donde se dice ocurrieron los hechos juzgados, se hallaba presente y vio cuando el juez le hizo la petición del dinero, aunque aclara que solo escuchó y prefirió salir del local para no “meterse en problemas”, afirmación que no se advierte admisible, en cuanto ninguna suspicacia debía ocasionarle la conversación que sostenía su amigo P.N.R. con aquel hombre desconocido para J.J.V., luego, no habría razón para temer verse involucrado en algún problema.
Yerra, entonces el tribunal, al sostener que se trata de testigos contestes en su relato, pasando por alto discrepancias en sus versiones, que aunque parecieran ser irrelevantes, terminan generando dudas acerca de la real ocurrencia del hecho constitutivo de delito.
Ciertamente, después de transcurridos más de seis años desde el acontecimiento de un hecho sobre el cual se rinde testimonio, y teniendo en cuenta que la capacidad de rememorar no es igual en todas las personas, se entiende que haya diferencia en sus dichos, cuando de detalles se trata; sin embargo, en declaraciones como las que nos ocupan, que carecen de cualquier acompañamiento descriptivo limitándose a converger en el hecho de que el juez A.P.V. le pidió la suma de dos millones de pesos a P.N.R.R., la valoración no puede dejar de lado los motivos que justificarían, de un lado, la falta de pormenores, y de otro, las discrepancias entre los relatos, pero a su vez, la sincronía para narrar única y compendiosamente el acto que constituye el evento delictivo.
De tal manera que si P.N.R.R., F.P. y J.V.L., afirmaron no recordar la fecha del hecho que describen, tampoco el día de la semana en que ocurrió, ni la hora, limitándose a decir que fue en la mañana, ello se explicaría por el paso del tiempo; no obstante, esta circunstancia no esclarece la razón de sus contradicciones en los pocos datos que dicen recordar, tampoco las falacias, menos, que de repente con gran lucidez traigan a la memoria las palabras puntuales utilizadas por A.P.V. cuando abordó a R.R. exigiéndole la suma de dinero.
En efecto, en cuanto al vínculo que unía a P.N.R. y F.P. con J.J.V.L., señalaron —los dos primeros— que se conocieron cuando establecieron su negocio en el local ubicado en la calle XXX # XXX-XXX de XXX (Huila), es decir, hacía unos siete meses; lo cual confirma V.L., quien concretó que desde el momento en que la pareja se acercó a preguntar por el local surgió una relación de amistad; a pesar de ello, indicó F.P. que lo conocía desde hacía tres años atrás, aproximadamente.
Ahora, sostiene P.N.R.R. que la razón por la cual el día de la primera visita de A.P.V. a su billar, se encontraba J.J.V.L., radica en que este tenía un negocio de canecas plásticas enseguida del suyo, si bien no se ingresaba por la misma puerta, quedaba en la casa pero “eso ya era p’al segundo piso”;(11) sin embargo, V.L. asegura que su establecimiento se ubicaba al otro lado de la calle, diagonal al billar de P.N.R., referencia que aunque no se relaciona directamente con el hecho juzgado, deja en evidencia la falta de confiabilidad en los dichos de los testigos.
En la misma línea, resalta la Sala, F.P. declaró que siempre le ayudaba a su esposo en el establecimiento comercial; sin embargo, expuso que solo el día de la primera visita en la cual A.P.V. le pidió el dinero a P.N.R., ella se enteró —por su esposo— que se trataba del juez que tenía a cargo el proceso de restitución de bien inmueble, afirmación que no coincide con la situación probada, puesto que para ese momento ya el juez había ido al local a practicar una diligencia de inspección judicial (oct. 23/2008), por tanto, debía, por lo menos, individualizarlo.
En forma paralela, pero esta vez relatando el instante en que presenciaron la supuesta exigencia ilegal que A.P.V. realizara a P.N.R., emergen inconsistencias que no son atribuibles al paso del tiempo, dado que se trata de precisiones de forzosa apreciación en tratándose de la credibilidad de los deponentes.
Tal es el caso de la ubicación que cada uno tenía dentro del billar cuando arribó al lugar A.P.V., pues de ella depende que sea factible que hubieran escuchado la petición de dinero. Para el examen de este aspecto, ha de recordar la Sala que el denunciante P.N.R.R., informó que el local tiene una extensión aproximada de trece metros desde la entrada hasta el fondo y que cuando el juez llegó él se encontraba hablando con su amigo J.V.L. en la entrada del negocio, mientras que su esposa se hallaba en la barra, a tres metros.
Si ello es así, tampoco es cierto, como lo sostiene F.P., que ella hubiera estado a un metro del sitio donde hablaba su esposo con el juez, pues es el mismo P.N.R., quien ubica a su compañera a una distancia superior. Y más cuestionable, que la testigo inicialmente se sitúe a un metro de ellos, para, posteriormente, ante una pregunta realizada por la defensora, manifestar que ella se sentó “en la mesa” en la que se ubicaron A.P. y P.N.R. Agréguese, que por su parte J.J.V. dice no recordar que F.P. se hubiera sentado con ellos.
Y en relación con la ubicación de J.J.V.L., señaló P.N.R. que A.P.V. entró al establecimiento y le dijo que quería hablar con él, apartándolo de su amigo, de tal manera que no se concibe que V.L. hubiera seguido detrás de ellos hasta ubicarse en un lugar tan cercano en el cual alcanzara a escuchar su conversación que se entendía privada dadas las precauciones que tomó el juez.
Entonces, sí es sospechoso que los testigos de cargo que han dicho no recordar mayores detalles debido al paso del tiempo, únicamente evoquen con tanta claridad los escasos segundos durante los cuales dicen que A.P. le pidió dinero a P.N.R., sin que la fiscalía hubiere ahondado en interrogantes a partir de los cuales se cimiente su credibilidad, afectada, aclara la Sala, con el transcurso de los interrogatorios cruzados.
Si a lo anterior se agrega lo poco creíble que resulta que A.P.V., luego de recibir la primera vez una contundente negativa por parte de P.N.R., para entregarle cualquier suma de dinero, optara por acudir en dos oportunidades más a exhortarlo para que le proporcionara $ 2.000.000, necesariamente debe concluirse que la fiscalía no alcanzó el grado de conocimiento esencial para fincar en él un fallo condenatorio.
Piénsese, además, que el doctor P.V. era un funcionario de carrera judicial que accedió al cargo de juez segundo civil municipal de XXX mediante concurso, por tanto, no se manifiesta probable que pusiera en riesgo su vida laboral con un requerimiento fracasado desde el primer momento en el cual se supone lo hizo.
Precisamente por su condición de abogado, servidor público y concretamente juez de la república durante más de diez años (contados hasta el año 2009), el acusado conocía que valerse de su cargo o de su función para atemorizar a un ciudadano a través de una petición de dinero constituye una conducta ilícita, por lo que sería torpe ejecutar la solicitud de dinero frente a testigos e insistir en ella, pese a que ya había dictado la sentencia que ponía fin al proceso de restitución inmueble.
Por otro lado, como parte de los argumentos que sustentan el fallo de condena, indicó el tribunal que ya esta corporación en un pronunciamiento anterior dentro de esta actuación (CSJ AP6049-2014, 1 oct. 2014. Rad. 42452) negó la declaratoria de nulidad bajo el entendido que la fiscalía relató con detalles las tres visitas que el juez realizó en los meses de marzo o abril del año 2009; sin embargo, obvia el fallador que tal decisión se adoptó en el marco de la audiencia de acusación cuando la defensa exigía que anticipadamente la fiscalía probara aspectos que serían objeto del debate oral.
A más de lo anterior, no puede la Sala compartir la postura del tribunal referida a que la claridad con la que la fiscalía fijó la situación fáctica en las audiencias de imputación y acusación, determina el éxito de su pretensión, pues lo que realmente delimita el sentido del fallo, son las pruebas practicadas en el juicio oral, oportunidad procesal en la que se reflejará lo que consiguió probar el órgano persecutor de la acción penal.
De tal manera que aunque la fiscalía hubiera fijado con mediana claridad (audiencia de imputación, de acusación y teoría del caso) los hechos que serían objeto de debate, si ellos no encontraron soporte en las pruebas practicadas con el cumplimiento de los principios de inmediación, publicidad y contradicción, la consecuencia no podía ser otra que el fracaso de su teoría del caso.
Bajo los anteriores parámetros, halla la Sala que le asiste razón al recurrente cuando plantea la existencia de contradicciones en las declaraciones de P.N.R.R., F.P. y J.J.V.L., las cuales abren paso a la duda probatoria, imponiéndose, en consecuencia, la revocatoria de la sentencia objeto de impugnación, para en su lugar, declarar que el ente acusador no probó, más allá de toda duda, la existencia de una conducta punible cuya autoría recaiga en el procesado A.P.V., estándar probatorio de ineludible observancia, sin el cual no se logra edificar un fallo condenatorio.
1. REVOCAR la sentencia condenatoria emitida el 21 de agosto de 2015 en contra de A.P.V., por el delito de concusión. En consecuencia, ABSUÉLVASELE de la conducta punible por la cual fue condenado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.
2. CANCÉLENSE todas las anotaciones y medidas dictadas por razón de este proceso.
3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, en donde se archivarán las diligencias, previa verificación de la cancelación total de las anotaciones.
2 Estipulación 2. La calidad de servidor público del procesado A.P.V., quien para el año 2009 se desempeñaba como juez 2 civil municipal de XXX (Huila).
3 CSJ SP 10 sept. 2003. Radicado 18056.
4 Ver folio 30 del cuaderno “Estipulaciones probatorias”.
5 Wilson Fernández Bravo.
6 Artículo 403 de la Ley 906 de 2004.
7 Restitución del inmueble, pago de cláusula penal, de costas y perjuicios.
8 Mediante fallo de fecha 31 de marzo de 2009.
9 Escuchar en el registro que corresponde al audio 2 de la sesión de la audiencia realizada el 10 de julio de 2015.
10 Sesión del 9 de julio de 2015.
11 Escúchese a partir del minuto 35:00 del

References: artículo 32
 resolución 
 artículo 404
 artículo 404
 resolución 
 artículo 381
 artículo 404
 Artículo 403