Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A096-07.htm
Timestamp: 2017-11-22 22:19:04+00:00

Document:
A096-07
Auto 096/07
ACCION DE TUTELA CONTRA POLICIA NACIONAL Y MINISTERIO DE DEFENSA-Conflicto negativo de competencia entre Tribunal Superior y Consejo de Estado
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN NACIONAL-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales en primera instancia/ACCION DE TUTELA CONTRA POLICIA NACIONAL Y MINISTERIO DE DEFENSA-Competencia del Tribunal Superior
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela/ACCION DE TUTELA CONTRA POLICIA NACIONAL Y MINISTERIO DE DEFENSA-Interpretación desfavorable a los intereses del actor debiendo solicitar ampliación de la demanda e inclusive declaración ante el propio juez
Referencia: expediente ICC-1097
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala Segunda de Decisión Civil-Familia- y el Consejo de Estado -Sección Cuarta- en la tutela promovida por el ciudadano Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa
Provee la Corte Constitucional en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala Segunda de Decisión Civil-Familia- y el Consejo de Estado -Sección Cuarta- en la tutela promovida por el señor Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
El treinta (30) de agosto de 2006, el señor Franklin de Moya Fernández, actuando mediante apoderado, instauró acción de tutela contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil-Familia, -Reparto-, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, “solidaridad”, mínimo vital, trabajo, igualdad y seguridad jurídica, de conformidad con los hechos que a continuación se sintetizan. (Fls. 1-8, cuaderno No. 1)
El demandante fue retirado del servicio como agente de policía mediante Resolución No. 02304 de 2001, por incapacidad. Por lo tanto, demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico y este emitió el respectivo fallo de legalidad del acto recurrido. Posteriormente, instauró una acción de tutela contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad, por la expedición del referido acto administrativo.
De esa demanda conoció, en primera instancia el Tribunal Superior de Barranquilla y en segunda instancia, la Sala Civil- Familia de la Corte Suprema de Justicia, quien denegó la tutela de los derechos cuya protección se invocó. El proceso fue seleccionado para revisión en esta Corporación y el proceso fue repartido al Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra quien, mediante sentencia T-1143 de 2005, de la Sala Sexta de Revisión, confirmó la decisión del ad quem pero por considerar que el actor contaba con la posibilidad de solicitar la revocatoria directa del referido acto administrativo objeto de controversia, pues se dio una inexequibilidad sobreviniente del acto cuestionado, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que sirvió de base a la expedición de la Resolución (sentencia C-381 de 2005) y, por lo tanto, la Corte le señaló al actor que todavía le queda la opción de solicitar la revocatoria directa.
Posteriormente el apoderado del actor allegó a la Corte copia de un Acto administrativo[1] expedido por la Secretaría General de la Policía Nacional, mediante el cual esta entidad se opuso a la revocatoria directa de la Resolución No. 02304 de 2001, solicitada por el actor con ocasión de la sentencia T-1143 de 2005 de esta Corte. Mediante Auto del 13 de enero de 2006, el Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, ponente de la sentencia T-1143 de 2005 resolvió remitir ese y otros documentos al Tribunal Superior de Barranquilla -Sala Civil- para lo de su competencia y le ordenó que informara a esta Corte las actividades que realizara para darle trámite a la solicitud del peticionario.
En cumplimiento de lo anterior, el 3 de abril de 2006, el Tribunal Superior de Barranquilla requirió a la Policía Nacional para que le diera cumplimiento a la sentencia de esta Corte, sin haber obtenido resultados positivos, razón por la cual el actor interpuso incidente de desacato ante el referido Tribunal, quien lo resolvió, el 18 de julio de 2006, desfavorablemente a sus pretensiones, al no haber encontrado mérito para sancionar al demandado.
Como consecuencia de todo lo anterior, el actor, nuevamente mediante apoderado, instauró la acción de tutela dentro de la cual se suscitó el conflicto en referencia, que será resuelto por esta Corte.
Por reparto le correspondió conocer de la demanda al Tribunal Superior de Barranquilla quien, mediante providencia del veintisiete (27) de octubre de 2006, se declaró incompetente para conocer del asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, y ordenó que se remitiera la demanda a la Secretaría General del Consejo de Estado para nuevo reparto entre los magistrados de esa entidad en la Sala de lo Contencioso Administrativo, al estimar que como lo que pretende el actor es que se deje sin efectos la Resolución No. 012304 de 2001, cuya legalidad fue estudiada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, es necesario vincular al citado Tribunal, porque la decisión que se adopte en la tutela tiene relación directa con su pronunciamiento. (Fl.46, cuaderno No. 1)
Realizado el nuevo reparto, el veinticuatro (24) de noviembre de 2006, le correspondió conocer de la demanda a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual, mediante Auto del diecinueve (19) de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, ordenó devolver el expediente por competencia al Tribunal de origen, al estimar que en el presente asunto la parte demandada es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y no el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, “como erradamente lo consideró el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla”. (Fl. 51, cuaderno No. 1)
En esas condiciones, el expediente fue devuelto a la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, quien, mediante Auto del seis (06) de febrero de 2007, no asumió el conocimiento del expediente y ordenó remitirlo a la Corte Constitucional para que resolviera sobre el claro conflicto de competencia suscitado. (Fls. 55 y 56, cuaderno No. 1)
Mediante oficio No. 999 del 9 de febrero de 2007, la Secretaría de la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla notificó la anterior decisión y remitió el expediente a la Corte Constitucional.
De otra parte, cabe recordar que luego de expedido el Decreto 1382 del doce (12) de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República, según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación mediante Auto ICC-118 del veintiséis (26) de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades[6], lo inaplicó en virtud de la primacía que al ordenamiento Superior ha de darse sobre las normas de rango inferior y además, por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Constitución Política, especialmente con los artículos 86, 150 y 152 de la misma.
En el presente caso se somete a consideración de la Corte Constitucional un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala Segunda de Decisión de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la tutela promovida por el señor Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
Para empezar, vale recordar que la Corte ha fijado un criterio según el cual la resolución de los conflictos de competencia debe responder a la realización de dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución Política y del establecimiento de la acción de tutela, a saber, i.) la eficacia de esos derechos fundamentales (Art. 2), para lo cual es necesario atender al postulado de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y ii.) la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (Art. 86), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de ese tipo especial de derechos constitucionales.[7]
De manera pues que, la Corte considera que la regla de reparto que se debe aplicar en el caso concreto, es la prevista en el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según la cual “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.” Así, como quedó establecido que la acción fue interpuesta contra un dos entidades del sector público, ambas del orden nacional, en razón de la competencia el Despacho Judicial encargado de tramitarla y decidirla debe ser el Tribunal Superior de Barranquilla, que fue el elegido por el actor para instaurar su demanda.
En efecto, de las pruebas que obran en el expediente no se concluye que el actor esté cuestionando la sentencia que debió proferir el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico respecto de la legalidad de la resolución en cuestión, como lo interpretó la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, pues, además, esa información se deduce del relato de la Corte en la sentencia T-1143 de 2005, a la cual se refiere el actor en la nueva demanda de tutela, pero no existe copia de esa decisión judicial, ni el actor la cuestiona en su libelo.
Por lo tanto, el competente para conocer de la demanda de tutela promovida por el señor Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía y el Ministerio de Defensa será el Tribunal Superior de Barranquilla, tal como ocurrió con la primera demanda que promovió el actor contra los mismos accionados, cuyos fallos fueron objeto de revisión por la Corte Constitucional en la sentencia T-1143 de 2005, antes referenciada.
Distinto sería si el actor estuviera impugnando el pronunciamiento de la entidad judicial que se pronunció sobre la legalidad de la Resolución No. 02304 de 2001, cuestionada, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, duda que podría, y ahora deberá, ser despejada antes de resolver sobre la admisión de la demanda por parte del Tribunal Superior de Barranquilla, a quien le correspondió el conocimiento del asunto, solicitando al actor la ampliación de la demanda o una declaración juramentada. Eso era lo procedente, para evitar la dilación que las autoridades judiciales suscitaron con este conflicto de competencia dentro de la acción de tutela que promovió el actor para la protección de sus derechos fundamentales.
En efecto, es evidente que si lo que el actor pretendía era demandar el fallo que en su oportunidad profirió el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, y así lo manifestara, es lógico que el pronunciamiento del Juez de tutela, sin lugar a dudas, tendría que estar necesariamente ligado tanto al referido fallo como a la entidad que lo profirió, por haberse pronunciado sobre su legalidad. Sin embargo, esa no fue la manifestación del actor y, en consecuencia, primero deberá ser resuelto ese punto por el Tribunal Superior de Barranquilla, para que en caso de que el accionante indique su voluntad de demandar al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, por el fallo proferido respeto del acto administrativo cuestionado, remita las diligencias al competente, que en este caso sería el Consejo de Estado, en virtud de los dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
De esta manera, en el presente asunto la colisión de competencias suscitada entre la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sección Cuarta del Consejo de Estado es aparente[8], puesto que como ya se estableció, la controversia procesal suscitada y que generó la remisión del expediente de la referencia a esta Corporación, tuvo su razón de ser en la inobservancia de las reglas que informan el reparto y trámite de la acción de tutela[9] por parte de la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, cuando se le instó para que avocara el conocimiento de la misma, en razón de la competencia, de la cual se desprendió haciendo una interpretación desfavorable a los intereses del actor y sin consultar su verdadera volunta, lo cual se logra, como se anotó, con la sencilla solicitud de ampliación de la demanda e inclusive con una declaración ante el propio Juez.
En virtud de lo anterior, la Sala Plena, considerando que una vez efectuado el reparto correspondiente del asunto entró a conocer la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, se ordenará remitir a ese Despacho Judicial el expediente de la acción de tutela promovida por el ciudadano Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Así mismo, y con el propósito de que el otro órgano involucrado en el conflicto, en este caso la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tenga conocimiento sobre los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión, deberá comunicarse a dicha Corporación lo resuelto en esta providencia.
Primero.- Por Secretaría General REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el ciudadano Franklin de Moya Fernández contra el Director de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, a la Sala Segunda de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, para que éste asuma en forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional y, en consecuencia, adelante la correspondiente actuación judicial sin más dilaciones.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE la decisión adoptada en esta providencia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
Salvamento de voto al Auto 096/07
Actor: FRANKLIN DE MOYA FERNANDEZ
[1] Oficio No. 02120 SEGEN-OFJUR-760, DEL 22 DE JUNIO DE 2006.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1