Source: http://www.amfjn.org.ar/2018/05/08/el-habeas-corpus-correctivo-como-garantia-por-antonomasia-de-las-personas-privadas-legitimamente-de-su-libertad/
Timestamp: 2019-04-18 13:32:05+00:00

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Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional El hábeas corpus correctivo como garantía por antonomasia de las personas privadas legítimamente de su libertad
Por Tomás H. Charni.1
Sumario: el autor realiza una descripción detallada del instituto del hábeas corpus en su modalidad correctiva y plantea la necesidad de una actualización normativa de la ley reglamentaria del instituto. Para ello expone diversos elementos a la hora de materializar dicha actividad legisferante y formula una propuesta de lege frenda.
La manda constitucional prevista en el art. 18 vinculada al estado de las cárceles es clara e inequívoca. Éstas, indica la norma, serán sanas y limpias, constituidas para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Sin embargo, el estado actual de las unidades penitenciarias de nuestro país dista mucho del citado postulado.
Sobrepoblación, hacinamiento, situaciones continuas de conflicto, falta de elementos de higiene, ausencia de tareas laborales, dificultad en el acceso a procesos de socialización y aprendizaje son algunas de las notas características del sistema carcelario.2
Ausencia de un presupuesto acorde a las necesidades y falta de políticas públicas concretas son las causas alegadas con mayor frecuencia. No obstante, la población penitenciaria continúa en aumento y, con ella, la problemática se agrava.
En este contexto, la persona privada de su libertad encuentra, en algunas ocasiones, respuesta mediante la vía del hábeas corpus. Sin embargo, la infinidad de presentaciones realizadas ante distintos órganos jurisdiccionales, la disparidad de criterios y la falta de precisión legislativa ha provocado una degeneración de este instituto, que muchas veces actúa en desmedro del accionante.
El presente trabajo se propone realizar un abordaje de este fenómeno que sirva de utilidad para una futura actualización normativa en consonancia con los parámetros constitucionales actuales y su recepción jurisprudencial, tendiente a zanjar los inconvenientes que plantea la normativa regulatoria vigente.
A tales fines, será necesario efectuar un conjunto de consideraciones y aportes en relación al hábeas corpus en su modalidad correctiva. Para ello, abordaré diversos temas cruciales: la resocialización y su fundamento constitucional, la especial posición de garante del Estado frente a las personas privadas legítimamente de su libertad, el carácter colectivo del instituto y su utilización como medio de acceso a la justica.
II) Acercamiento conceptual.
De acuerdo al debate senatorial correspondiente a la normativa reglamentaria del instituto en el ámbito nacional, ley 23.098, la modalidad correctiva se dirige a resguardar las exigencias constitucionales en el marco de privaciones legítimas de la libertad. En palabras de doctrina especializada:
“(…) es aplicable a las situaciones de aquellas personas que se encuentran legalmente privadas de su libertad, pero ven arbitrariamente agravadas las condiciones en que se cumple su detención, con el consiguiente desmedro de sus derechos esenciales.”3
Se trata de una herramienta jurídica destinada a tutelar la dignidad del trato carcelario.4
Sagües refiere que es un dispositivo singular, cuya finalidad es enmendar la forma o el modo en que se cumple la detención ante la presencia de actos vejatorios.5Del mismo modo, agrega que:
“Para quienes lo promueven, tiene por meta cambiar el lugar de detención cuando no fuera el adecuado a la índole del delito cometido o la causa de la detención, y reparar el trato indebido al arrestado. Actuaría, asimismo, para subsanar la agravación de las limitaciones legalmente impuestas.”6
Esta comprensión ha sido abrazada por Arocena al entender que su propósito es la protección del principio de humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad o, siguiendo la terminología constitucional, el derecho al debido o digno trato en prisión, que originariamente emanaba del art. 18 de la Ley Suprema y que en la actualidad tiene también fundamento normativo en disposiciones de diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados en virtud del art. 75, inc. 22 de dicho plexo normativo.7
Sumado a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió respecto a este instituto, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos8, mediante la Opinión Consultiva 8/879, momento en el que refirió, en lo pertinente, que:
“El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”10
En sentido coincidente tiene dicho nuestro máximo tribunal que:
“Que con la extensión del procedimiento sumarísimo del hábeas corpus (…), el legislador ha buscado establecer un medio legal adicional, rápido y eficaz, para resguardar el trato digno de las prisiones y para solucionar situaciones injustas que allí se planteen. Pues lo que caracteriza al instituto sub examine es el objetivo de suministrar un recurso expeditivo para la protección de los derechos comprometidos cuando fuere urgente modificar el agravamiento de las condiciones de detención, y cuando ello no aconteciere por cualquier razón.”11
También en este orden de ideas ha afirmado que esta modalidad:
“(…) ha sido prevista para corregir el agravamiento ilegítimo del modo y condiciones en que se cumple la detención, es decir, para evitar mortificaciones que excedan las precauciones exigidas por la seguridad, sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere.”12
De igual modo, entendemos que esta herramienta constitucional resulta indispensable para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas privadas de su libertad atento su condición de vulnerabilidad.
En ese sentido, resulta propicio destacar que nuestro máximo tribunal acordó adherir a las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”13, las cuales estipulan expresamente que:
“La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad (…).”14
Un análisis crítico del panorama actual, nos lleva a concluir que la consagración de numerosos derechos destinados a reglamentar la situación de encierro, por medio de la incorporación de diversos tratados internacionales a nuestro plexo normativo, sumado a la constante actualización legislativa en materia penitenciaria, denota que la cuestión redunda, en el plano jurídico, en la falta de elementos apropiados para que estos se efectivicen.
Resulta infructuoso que el Estado se limite a realizar declaraciones formales de derechos y luego no arbitre los medios conducentes para que sus titulares puedan acceder de forma efectiva al sistema de justicia y obtener su tutela.
De allí, que el concepto de acceso a la justicia sea el resultado de la interrelación de dos elementos autónomos y diversos. Por un lado, el trato igualitario a nivel normativo, sin distinción alguna, ya sea en razón de la edad, género, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, y por el otro, su correlato factico, la existencia de elementos procedimentales aptos que aseguren el reconocimiento legislativo. 15
En este contexto, la acción de hábeas corpus se erige como un medio legal adecuado para ejercer, de manera pronta y asequible, los derechos adquiridos por las personas privadas de su libertad, como consecuencia del ejercicio de la facultad sancionatoria estatal.
Más aún, si tomamos en consideración el carácter colectivo alcanzado por el instituto a partir del caso “Verbitsky”. Allí, el máximo tribunal de alzada nacional, se preguntó si el art. 43 de la Carta Magna16 solo le reconoce al amparo strictu sensu la aptitud procesal suficiente para obtener una protección judicial efectiva de los derechos de incidencia colectiva o si, por el contrario, se admite la posibilidad de hacerlo mediante la acción de hábeas corpus.
Ante esto, optó por formular una interpretación sistemática del mencionado plexo legal y remarcó:
“Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla.”17
Siguiendo esta lógica y teniendo especial consideración de la situación de las personas bajo encierro mencionó:
“Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad.”18
b) Definición y caracteres.
De lo expuesto precedentemente, sumado a los parámetros normativos vigentes, podemos definir a este remedio jurídico como la acción constitucional con la que cuenta toda persona privada legítimamente de su libertad para acceder, de manera pronta y asequible, a los órganos jurisdiccionales competentes, a los fines de hacer cesar un actual o inminente acto u omisión de autoridad pública que implique agravación de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez natural.
Su naturaleza jurídica, motivó una serie de discusiones y ambigüedades que fueron zanjadas mediante la última reforma constitucional. Parte de la literatura jurídica entendía que se trataba de un recurso jurídico.
También fue éste el título con el que se introdujo en los repertorios jurisprudenciales, y oportunamente fue como lo acogió de manera amplia la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso “Kot”.
A su vez, Bertolino lo posiciona de acuerdo a la pretensión y menciona una triple categorización como acción, recurso y excepción.19
Sin perjuicio que la interpretación lingüística literaria de la Constitución Nacional20 resulta clara e inequívoca, con el tiempo la voz acción adquirió un consentimiento general. Ello sobre la base del entendimiento que su interposición implica el ejercicio del derecho a la jurisdicción, se cuestiona mediante un proceso autónomo la conducta de la autoridad pública. Por el contrario, el vocablo recurso hace alusión a una decisión precedente, un remedio dentro de un proceso, circunstancia que en la mayoría de los casos no se encuentra presente.
Por otra parte, el texto constitucional resalta el carácter expedito y rápido. En tal sentido, Quiroga Lavié considera que esto debe entenderse como sinónimo de acción abierta, que no puede trabarse con obstáculos procesales como incidentes.21
Cabe agregar en tal sentido, que dichos elementos deben adquirir operatividad al momento de la interposición de la acción y la respectiva comunicación con el órgano jurisdiccional competente, a los fines de evitar la desnaturalización de la pretensión.
Ello así toda vez que los lacónicos plazos previstos en la normativa regulatoria responden a la necesidad de expedirse en torno a la legalidad de una detención, en el marco de una acción en su modalidad clásica, donde se denuncia una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.
Sin embargo, en la variable correctiva no serán pocas las ocasiones en que se ponga en tela de juicio una política penitenciaria general vinculada, por ejemplo, al lugar de alojamiento de un colectivo de personas, a la posibilidad de que accedan a realizar tareas laborales o educativas, entre otras. Situaciones que requerirán, inevitablemente, de una recopilación y análisis de información dirigida a un decisorio auto suficiente que responda de manera acabada a la problemática puesta en conocimiento.22
Por ello, insistimos en pregonar que la prontitud y asequibilidad deberán presentarse en la primera etapa del proceso, esto es cuando la persona privada de su libertad o un allegado exprese su voluntad de acceder a la jurisdicción. Esta situación pondrá en cabeza de la autoridad requerida, la obligación de comunicar inmediatamente la voluntad accionante al tribunal actuante, quien se encontrará facultado para disponer medidas cautelares en caso de resultar esto necesario.23
En torno a su objeto, redunda en hacer cesar un actual o inminente acto u omisión de autoridad pública que implique agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad.
Con ello se prevé la posibilidad de que la conducta lesiva no se limite exclusivamente a un comportamiento activo. Recordemos que la autoridad requerida, en su posición especial de garante, se encuentra obligada a tomar medidas orientadas a la resocialización del individuo.
Como derivado de esta situación, el detenido se encuentra facultado para accionar ante un incumplimiento o ausencia de conducta determinada por parte de las autoridades penitenciarias. Paradigma de esta variante, resulta el caso del estado edilicio de las unidades de detención caracterizadas muchas veces, por sus problemas estructurales que derivan en casos de sobrepoblación donde el Estado no realiza una actividad tendiente a solucionar esa problemática.
A su vez, la normativa posibilita la utilización de este instrumento ante un gravamen inminente. En otras palabras, si bien no se encuentra materializado el acto lesivo, existe una amenaza de que suceda prontamente. Fayt recuerda en torno a ello que:
“Las garantías deben tener como carácter singularizador, el amparo de los derechos contra la amenaza de la ofensa, con poder suficiente para impedir su materialización. Poder suficiente para evitar el daño, eficacia para detener el agravio antes de que se concrete, previniendo el avasallamiento o restableciendo inmediatamente el ejercicio del derecho avasallado o impedido.”24
Encuadra dentro de esta variante el supuesto del detenido que toma conocimiento de que será trasladado a la brevedad a otra unidad carcelaria, donde no podrá continuar con su tratamiento penitenciario, sin mediar autorización por parte del tribunal a cuya disposición se encuentra detenido –requisito indispensable en este tipo de procedimientos–.
En torno a esto último, cabe destacar que son constantes los conflictos de competencia que se generan entre el juez de hábeas corpus25 y el órgano jurisdiccional encargado de fiscalizar el tratamiento penitenciario del interno. Ante esta situación hay que preguntarse: ¿Qué ocurre ante opiniones discrepantes de la judicatura respecto a la presencia de un acto que implique agravación de las condiciones de detención?
Nuestro máximo tribunal se expidió en torno a ello al decir que:
“(…) el hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben, respecto de cuyas decisiones, en caso de existir agravio constitucional, cabe la interposición de los recursos de ley.”26
Sobre dicho aspecto, deviene pertinente citar el fallo “Vargas, Antonio Orlando s/ Habeas Corpus”, emanado de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el cual se sostuvo lo siguiente:
“La competencia propia de los jueces del hábeas corpus no se extiende a suplir facultades propias de los magistrados del proceso al que se encuentra sometido el interesado (conforme art. 3, inc. 2, in fine, ley 23098).”27
Por ello, entendemos que las cuestiones vinculadas al tratamiento individual de la persona privada de su libertad, que puedan ser atendidas mediante las vías ordinarias, sin que ello conlleve un detrimento del derecho invocado, deberán ser materia de conocimiento del órgano jurisdiccional actuante en la causa penal que originó la detención. Por el contrario, cuando la salvaguarda corresponda a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos28 consideramos que será el Juez de hábeas corpus quien tendrá que tomar temperamento respecto de la cuestión.
Ello es así, toda vez que el abocamiento individual del conflicto podría generar decisorios contradictorios. A su vez, la centralización de una cuestión colectiva evitaría la acumulación de múltiples causas individuales con el mismo objeto.29
Resta mencionar que este mecanismo de acceso a la justicia actúa frente a situaciones de agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad. Este concepto normativo de carácter ambiguo, fue objeto de interpretación por diversos tribunales. Así, la Cámara Federal de Casación Penal ha reconocido la procedencia de la vía en casos en los que se discutía el derecho a la alimentación30, trabajo31, educación32 y salud entre otros.
Siguiendo esta línea, el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias de nuestro país, indicó:
“(…) se entenderá por agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención a todo acto u omisión de autoridad pública o entidad privada que vulnere o restrinja arbitrariamente cualquier derecho de las personas privadas de su libertad reconocido en la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la Ley N° 24.660 u otra norma de cualquier nivel.”33
Procede, en palabras de Bidart Campos:
“(…) no sólo cuando ese agravamiento recae sobre la libertad corporal del detenido, sino también cuando a éste, por su situación de tal, se le cercenan, lesionan o cohíben otros derechos cuyo ejercicio le es restringido o impedido, o cuando en su privacidad de libertad se le infligen mortificaciones innecesarias. Así, en su derecho a recibir asistencia espiritual y religiosa, a gozar de la atención médica y sanitaria necesaria, a comunicarse con el exterior, a expresarse, etc.”34
Entendemos que la formula engloba todo tipo de menoscabo que se genere en el marco de una detención. Responde al concepto según el cual:
“Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal.”35
No obstante, la terminología utilizada por el legislador generó una extensión contraproducente del instituto, que en ocasiones actúa en perjuicio del interno y resulta anticuada ante los problemas estructurales que presentan las unidades carcelarias argentinas. La ausencia de criterios claros e inequívocos de admisibilidad llevó confusión a esta herramienta constitucional y reclaman una actualización de la normativa reglamentaria.
Hasta tanto ello suceda, los intérpretes, en particular los jueces, se verán obligados a realizar una interpretación dinámica de esta garantía bajo una inteligencia superadora, siguiendo como norte el parámetro según el cual la Constitución:
“(…) que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria para poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción.”36
Por último, entendemos necesario recalcar la condición de garantía del instituto37 que, como tal, se encuentra destinado a asegurar la plenitud del ejercicio de los derechos públicos subjetivos consagrados en la Constitución e incorporados al derecho positivo, en el caso las seguridades en favor de la persona privada legítimamente de su libertad –art. 18 in fine–.
Ello es así, puesto que, en ausencia de las garantías constitucionales, los derechos subjetivos consagrados en la Carta Magna quedan reducidos a simples declaraciones formales, en palabras de Fayt:
“Serían a lo sumo un puñado de palabras gloriosas, que no pudiendo hacer valer su significación y contenido, tendrían el valor de una mansa y callada idea, grávida de exaltaciones, transformada en hueca y vacía por su imposibilidad de realizarse (…) los derechos estarían insertos en las constituciones como términos generales, sin alma y sin matriz, como soñados pensamientos, pero jamás como derechos.”38
Como indicaba Joaquín V. González con suma perspicuidad ya a fines del siglo XIX:
“No son, como puede creerse, las ‘declaraciones, derechos y garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los Jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace a cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina.”39
III) Fundamento.
a) La resocialización social.
A la hora de mencionar los elementos fundantes del instituto debemos hacer referencia a este precepto que fuera objeto de análisis, en innumerables trabajos teóricos. En lo que aquí respecta cabe decir que se trata de la base teórica y finalidad en la que se sostiene el régimen de ejecución de penas en nuestro país. Consiste en un principio que adquirió rango constitucional mediante la incorporación de diversos tratados internacionales (arts. 5°6, CADH y 10.3, PIDCP)40.
En el plano infraconstitucional se encuentra receptado en el art. 1 de la ley 24.660, “Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad” el cual indica que:
“La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.
El régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.”41
El postulado de la reinserción social, se trata de una obligación institucional del Estado de proporcionar a las personas privadas de su libertad, por medio de un programa individualizado, las oportunidades necesarias para su desarrollo personal en miras a su reingreso a la sociedad.
Para ello, pone el acento en el carácter personal de la ejecución de la pena, en otras palabras, teniendo en cuenta las características de cada caso en particular. En efecto, se prevé la aplicación de todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten necesarios para la incorporación de pautas de conductas individuales que favorezcan la interacción con los diversos actores sociales.42
En consecuencia, debe existir una política estatal tendiente a mitigar los efectos del encarcelamiento que se proyecte en el tiempo durante un período previo a su liberación definitiva, mediante programas de seguimiento post-penitenciario.43
De ello se deduce, de acuerdo a lo expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que:
“(…) los Estados deben adoptar políticas integrales, orientadas a la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados. El logro de estos objetivos, depende necesariamente del establecimiento de un sistema integral en el que los Estados establezcan planes y programas de trabajo, educación y otros, orientados a brindar a los reclusos las herramientas necesarias para su eventual retorno a la sociedad.”44
Esta situación, encuentra su correlato en el siguiente artículo del citado plexo normativo que estipula expresamente que:
“El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.”45
Este precepto legal reafirma la regla general que el único derecho que se pierde al ingresar a un centro carcelario es la libertad ambulatoria. La persona detenida continúa siendo titular de los mismos derechos que aquellos que transitan el ámbito libre46 y, toda limitación que se imponga deberá estar prevista expresamente y ser objeto de fiscalización por parte del órgano jurisdiccional competente.
Siguiendo este concepto, resulta oportuno traer a conocimiento lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Instituto de Reeducación del Menor” del cual, se puede inferir como pauta de interpretación de esta consagración, la obligación de los Estados partes de:
“(…) asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible de aceptar.”47
b) La especial posición de garante del Estado frente a las personas privadas de su libertad.
La lectura de los lineamientos que anteceden, nos lleva a preguntarnos de dónde surge este conjunto de obligaciones que representa una responsabilidad inexorable cuya desobediencia contraría los propios cimientos de la Nación. La respuesta la encontraremos en la especial posición de garante que adopta el Estado frente a las personas detenidas legalmente en el marco de su jurisdicción.
Este concepto es un derivado de lo normado en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que:
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
En torno a ello, el mencionado tribunal internacional, manifestó que:
“(…) de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.”48
Por ello, resulta indudable que las personas privadas de su libertad forman parte de este colectivo, atento la dependencia existente entre ellos y la unidad carcelaria donde se encuentren alojados. En efecto:
“Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.”49
De allí, que el principal elemento que caracteriza la privación de la libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde se encuentre recluido.50
Este contexto de subordinación del interno, surge a partir de una relación de sujeción especial, que enmarca al Estado en una posición de garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de la libertad, y al sujeto en la obligación de respetar y cumplimentar diversas imposiciones estipuladas normativamente por parte de la autoridad estatal.51
En concordancia con lo expuesto, la Corte Interamericana estableció en el caso “Neira Alegría” que:
“(…) toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.”52
Este concepto fue desarrollado por el citado tribunal en el mencionado caso “Instituto de Reeducación del Menor” al exponer lo siguiente:
“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.”53
En suma, se trata de un compromiso en el que confluyen diversos estamentos, desde los órganos legislativos competentes en la traza de políticas penitenciarias hasta los agentes destinados a poner en práctica las medidas en las unidades carcelarias. Entre ambos puntos encontraremos la judicatura en su variante de tribunal de ejecución penal o de hábeas corpus, junto con los Ministerios Públicos, en su función de fiscalización, control y reclamo de legalidad. Se trata de una tarea compleja y mancomunada en la que los derechos individuales de rango constitucional y la responsabilidad del Estado ante la comunidad internacional se encuentra en juego.
IV) Conclusiones. Propuesta de lege frenda.
De lo expuesto precedentemente, podemos advertir la cantidad de elementos que confluyen al momento de caracterizar el hábeas corpus en su modalidad correctiva.
La extensión de su radio de acción, sumado a su condición de garantía nos lleva a concluir que se trata del remedio jurídico más significativo con el que cuenta la persona privada de su libertad. No obstante, la normativa regulatoria en ocasiones se presenta como un obstáculo que trae confusión a esta herramienta.
Resalté que la ausencia de vías procedimentales ordinarias para dar respuesta a problemáticas colectivas, en especial aquellas donde existen intereses individuales homogéneos, abonan la inteligencia según la cual esta herramienta tiene vital preponderancia en contextos de encierro legítimo.
No obstante, los inconvenientes procedimentales que presenta el instituto, debido al marco legislativo regulatorio a nivel nacional a través de la ley 23.098, exponen la necesidad de contar con una actualización normativa.
En efecto, este plexo normativo, que data del año 1984, fue concebido para hacer frente a una problemática constante vinculada a las detenciones ilegales. La simple lectura del debate senatorial sumado a su interpretación gramatical y sistemática son prueba de ello.
La situación actual demuestra que, en la generalidad de los casos, esta acción constitucional es utilizada para dar respuesta ante un agravamiento de las condiciones de detención en el marco de una privación de la libertad. Sin embargo, se estipula idéntico procedimiento para el caso en que se evalúa la legalidad de una detención.
Sumado a ello, no existen parámetros inequívocos de procedencia lo que ha llevado a interpretaciones contradictorias por parte de la judicatura. La participación del Ministerio Público Fiscal es nula y las cuestiones de carácter colectivo no se encuentran previstas. Tampoco se estipula la normativa supletoria en caso de darse una falta de reglamentación y no se hace referencia a la etapa ejecutoria de la sentencia.
Una respuesta acabada de cada uno de estos puntos demandaría una reforma integral del marco regulatorio puesto en crisis, cuyo desarrollo en extenso exorbita el presente trabajo.
Ahora bien, una respuesta parcial de las observaciones formuladas, consistiría en modificar los supuestos de admisibilidad del instituto. De esta forma, existiría mayor precisión a la hora de identificar las causales que dieran lugar a esta herramienta, lo que redundaría en un estado de mayor previsibilidad en torno a los supuestos pasibles de ser subsanados.
Por ello, y siguiendo los conceptos analizados precedentemente, es que entiendo necesario modificar el art. tercero inciso segundo, vinculado a los casos de procedencia, el cual quedaría redactado de la siguiente manera:
“Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique:
Agravación colectiva de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad y todo aquel que, siguiendo los recursos o remedios judiciales ordinarios que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate, conlleven una desnaturalización de la pretensión.”
La expresa recepción de la modalidad colectiva como elemento preponderante a la hora de analizar los supuestos de admisibilidad, sería el corolario de un proceso iniciado con la última reforma constitucional y su posterior interpretación tribunalicia. Sin perjuicio de ello, siguiendo la técnica legislativa prevista para la acción de amparo, se postula la posibilidad de atender cuestiones meramente individuales, salvaguardando la contingencia de que la pretensión formulada se torne abstracta, debido a obstáculos procedimentales en el empleo de las vías ordinarias.
De esta manera, se reducirían los conflictos suscitados entre órganos jurisdiccionales al tomar un temperamento sobre una misma problemática y, por sobre todas las cosas, la persona privada de su libertad contaría con un remedio ágil e informal ante una problemática que no amerita dilaciones.
1 Secretario del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora.
2 La situación expuesta responde a las conclusiones arribadas por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación. (Para mayor precisión ver boletines estadísticos obrantes en http://www.ppn.gov.ar).
3 BISSERIER, Pamela, et al., Habeas Corpus, ley 23.098, Lerner Editores Asociados, Buenos Aires, 1985, p. 20.
4 Cfr. LEDESMA, Ángela Ester, Juicio de hábeas corpus, MANILI, Pablo L. (dir.), primera edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, p. 79.
5 Cfr. SAGÜES, Néstor Pedro, “Alternativas del hábeas corpus correctivo”, en La Ley 2015-C, p. 40.
6 SAGÜES, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional. Habeas Corpus, cuarta edición, Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 214.
7Arocena ilustra sobre la cuestión con un razonamiento que compartimos: “A partir de la reforma constitucional de 1994 (…) un conjunto de normas de raigambre constitucional –ora incluidas en el propio articulado de la Ley Suprema, ora previstas en instrumentos internacionales constitucionalizados–, tienen supremacía en relación con las leyes dictadas por el Congreso de la Nación (art. 28, CN), y desde luego que también respecto del derecho provincial o local (arts. 5, 31, 123 y 129, CN). Y muchos de estos instrumentos internacionales nombrados en el art. 75, inc 22, de la CN incluyen una pluralidad de disposiciones directamente vinculadas con la ejecución de la pena privativa de la libertad, entre los que se encuentra, precisamente, el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (arts. 10, ap. 1°, PIDCP; 5° ap. 2°, 2a disposición, CADH), e incluso el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (arts. 7°, 1a disposición, PIDCP; 5°, ap. 2°, 1a disposición, CADH; 16, ap. 1°, CT). (AROCENA, Gustavo A. El hábeas corpus correctivo, CESANO, José D. (dir.), primera edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, p. 26 y ss.).
8 El art. 7.6 dispone “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.”
9 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicación del 10 de octubre de 1986, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la última frase del artículo 27.2 de la misma. La Comisión formuló la siguiente consulta a la Corte: ¿El recurso de hábeas corpus, cuyo fundamento jurídico se encuentra en los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una de las garantías judiciales que, de acuerdo a la parte final del párrafo 2 del artículo 27 de esa Convención, no puede suspenderse por un Estado Parte de la citada Convención Americana? Finalmente, el Tribunal entendió que los procedimientos jurídicos consagrados en los citados artículos no pueden ser suspendido “(…) porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición.”
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 Y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), pár. 35.
11 CSJN, “Gallardo, Juan Carlos s/ hábeas corpus”. Fallos 323-4108, consid. 4 (1/11/1999).
12 CSJN, “Gómez, Sergio s/ hábeas corpus”. Fallos 313-4108 (21/12/2000).
13 CSJN, acordada N° 5/2009. Expte. N° 821/2009.
14 Sección 2a. 10, Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
15 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro, et al., El acceso a la justicia, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, La Plata, 1983, pp. 19–23.
16 En lo que respecta a la metería de análisis del citado pronunciamiento, la manda indica que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo (…)”. “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.” “(…)”. “Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.”
17 CSJN, “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus”. Consd. 16 Fallos 328-1146 (3/5/2005).
18 Idem., consd. 17.
19 BERTOLINO, Pedro J. El hábeas corpus en la provincia de Buenos Aires, Librería Editora Platense S.R.L, La Plata, 1983, p. 56 y ss.
20 Recordemos que el art. 43, último párrafo, refiere expresamente “(…) la acción de habeas corpus (…)”.
21 Cfr. QUIROGA LAVÍE, Humberto, “El amparo, el hábeas data y el hábeas corpus en la reforma de la Constitución nacional” en La reforma de la Constitución. Explicada por miembros de la comisión de redacción, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 1994, p. 112.
22 En similares términos se expidió la Corte al momento de declarar procedente el recurso extraordinario dejando sin efecto la sentencia apelada, al indicar que “(…) el procedimiento aplicado a esta acción exige que se agoten las diligencias tendientes a hacer efectivo su objeto.” (…) “Que de las constancias agregadas al ‘sub judice’ surge que los jueces han omitido extremar la investigación con el fin de determinar si existe un acto u omisión de funcionario o autoridad pública que agrave ilegítimamente la forma y condiciones en que el detenido cumple su privación de libertad. En tal sentido, no adoptaron las medidas necesarias para esclarecer debidamente la veracidad y seriedad de los hechos denunciados (…)”. “Lo expuesto debió realizarse, sin perjuicio de la ulterior intervención del tribunal a cuya disposición se encuentra el prevenido.” CSJN, “Gómez, Sergio s/ hábeas corpus”. Fallos 320-2729 (21/12/2000).
23 En igual sentido el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, refiere que “El juez podrá disponer, de oficio o a pedida de parte, las medidas cautelares que correspondan a fin de otorgar protección urgente al derecho reclamado. El recurso interpuesto contra la medida cautelar ordenada por el juez de habeas corpus no tendrá efecto suspensivo”. (Recomendación V/2015. Art. 12. 17/9/2015).
24 FAYT, Carlos S., Los derechos del hombre y sus garantías constitucionales, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1945, p. 151.
25 La ley 23.098 establece en su Art. 8º que: “Cuando el acto denunciado como lesivo emana de autoridad nacional conocerán de los procedimientos de hábeas corpus:1° En la Capital Federal los jueces de primera instancia en lo criminal de instrucción. 2° En territorio nacional o provincias los jueces de sección, según las reglas que rigen su competencia territorial.”
26 CSJN, “Tórtora, Daniel E. s/ hábeas corpus”. Fallos 312-1262 (27/11/1990).
27 CFALP, sala II, causa N° FLP 11973/2014. (información obtenida a través del sistema Lex 100 PJN).
28 Mediante el fallo “Halabi” nuestro máximo tribunal indicó: “Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados.” “En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.” Sumado a ello, agregó: “Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.” (CSJN, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563 /04 s/ amparo ley 16.986”. Fallos 332-111. 24/02/2009).
29 Sentado este principio, Arocena agrega diversos supuestos de excepción. Compartimos aquel en que “por la razón que fuere (por ejemplo, la producción del acto u omisión que agrava ilegítimamente el cumplimiento la privación de la libertad en día u horario inhábil), el recluso no pudiere –o no quisiere– denunciar el hecho lesivo del derecho al trato digno en prisión ante dicho juez de vigilancia penitenciaria, competente respecto de ésta, de instrucción o de menores, contará con el hábeas corpus correctivo como medio judicial idóneo para canalizar su pretensión ante el órgano jurisdiccional –distinto del juez encargado de la ejecución– competente para conocer de tal acción constitucional, siempre que exista un agravio actual y concreto”. (AROCENA, op. cit., p. 71).
30 CFCP, sala II, causa N° 13.788, “Procuración Penitenciaria de la Nación -Hábeas Corpus- s/ recurso de casación”, sentencia del 11 de mayo de 2011, voto de los jueces García, Yacobucci y Mitchell.
31 CFCP, sala II, causa N° 1318/13, “Képych, Yuri Tiberiyevich s/ recurso de casación”, sentencia del 1 de diciembre de 2014.
32 CFCP, sala II, causa N° 14.961, “N.N. s/ recurso de casación”, sentencia del 22 de junio de 2012, voto de los jueces Figueroa, Slokar y Ledesma.
33 Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, recomendación V/2015. Art. 9. 17/9/2015.
34 BIDART CAMPOS, German J., Manual de la Constitución reformada, segunda reimpresión, Ediar, Buenos Aires, 2000, tomo segundo, p. 402.
35 NUÑEZ, Ricardo C., Manual de derecho penal, cuarta edición actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1999, p. 279.
36 CSJN, “Kot Samuel S.R.L s/ Recurso de Hábeas Corpus”, Fallos 241-291 (5/6/1958).
37 Bidart Campos, destaca en una opinión que compartimos: “Si antes se pudo pensar –acaso– que la afectación a derechos distintos de la libertad física debía reclamarse por vía de amparo cuando se trataba de personas privadas de su libertad, ahora el art. 43 corrobora lo que anticipó la ley 23.098; la vía es el habeas corpus, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal; si lo principal es la libertad de la que está privado el detenido, el agravamiento de sus condiciones de detención tiene que ser objeto de la misma garantía reservada para su libertad –que es el habeas corpus– no obstante que los derechos afectados en su privación de libertad sean otros diferentes.” (BIDART CAMPOS, op. cit., p. 402–403).
38 FAYT, op.cit., p. 141.
39 GONZALEZ, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), Estrada editores, Buenos Aires, 1897 p. 102.
40 La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional incorporados en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, en la reforma de 1994–, establecen expresamente que: Art.5 CADH. “Derecho a la integridad personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”. Art. 10 PIDCP. “1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3.- El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.”.
41 Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.375 B.O. 28/07/2017
42 Cfr. LÓPEZ, Axel, et al., Análisis del régimen de ejecución penal. Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de libertad, segunda edición actualizada y ampliada, Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 2014, p.52.
43 Cfr. ALDERETE LOBO, Rubén A., Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, ZAFFARONI, Eugenio Raúl (dir.); DE LANCHE, Marcela (coord.), primera edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, pp. 191–192.
44 CIDH, Comunicado de Prensa 56/11. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad culmina visita a Suriname. Washington, D.C., 9/6/2011, Anexo, par. 17, en CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, par. 609.
45 Art. 2°, Ley 24.660.
46 La propia normativa prevé en el transcurso de la privación de la libertad, que el interno tenga la posibilidad de acceder al derecho a trabajar (art. 106), a recibir educación en todos sus niveles (art. 133), a la salud (art. 143), a la asistencia espiritual (art. 153), a establecer o mantener relaciones familiares y sociales directas (arts. 158 y 168) entre otros.
47 Corte I.D.H., “Instituto de Reeducación del Menor v. Paraguay”, 2/9/04, serie C, N° 112, par. 152 y 153.
48 Corte I.D.H., “Caso Vélez Loor Vs. Panamá”, 23/11/00, serie C, N° 219, par. 98.
49 Corte I.D.H., “Caso Bulacio Vs. Argentina”, 18/9/2003, serie C, N° 100, par. 126.
50 ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009, Cap. III: Consideraciones temáticas, párr. 46, en CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, par. 49.
51 Este concepto es un derivado de la doctrina de las relaciones de sujeción especial. Rivera Beiras, citando a Lasagabaster la define como “(…) aquella construcción jurídica que fundamenta un debilitamiento o disminución de los derechos de los ciudadanos, o de los sistemas institucionalmente previstos para su garantía, como consecuencia de una relación cualificada con los poderes públicos, derivada de un mandato constitucional o de una previsión legislativa conforme aquella que puede ser, en algunos casos, voluntariamente asumida y que, a su vez, puede venir acompañada del reconocimiento de algunos derechos especiales en favor del ciudadano afectado por tal institución.” Bacigalupo explica que “(…) constituye un concepto elaborado por la teoría del Derecho público de finales del siglo XIX, que hace referencia a relaciones estrechas entre el Estado y el ciudadano, referido particularmente a las relaciones que se dan ‘en la escuela pública, los establecimientos penitenciarios y, en general, a las relaciones que se generan dentro de establecimientos públicos, así como a las que existen entre el Estado y los funcionarios o los sometidos a la prestación del servicio militar.’ (RIVERA BEIRAS, Iñaqui, La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política penitenciaria, segunda edición, Del Puerto, Buenos Aires, 2008, volumen dos, pp. 266–267)
52 Corte I.D.H., “Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú”, 19/01/95, serie C, N° 20, par. 60.
53 Corte I.D.H., “Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay”, 02/09/14, serie C, N° 122, par. 153.
Agravación de Condiciones de Encierro Carcelario

References: in fine
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 artículo 1
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 75