Source: http://www.servindi.org/actualidad-opinion/15/05/2020/como-construir-politicas-publicas-de-abajo-hacia-arriba
Timestamp: 2020-07-02 09:33:59+00:00

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¿Cómo construir políticas públicas de abajo hacia arriba? | Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural
Servindi, 16 de mayo, 2020.- El Decreto Legislativo N° 1489 promulgado por el gobierno al día 56 de la emergencia no cumple "los derechos humanos" y permitirá "evaluar una segura responsabilidad del Estado al poner en peligro la subsistencia de la población indígena."
Así lo destaca un análisis escrito por Cristina del Rocío Gavancho León quién analiza el comportamiento del gobierno y la ausencia de una estrategia de emergencia clara y diferenciada para proteger a la población indígena, como han recomendado organismos nacionales e internacionales.
La autora llama a las autoridades para que consideren una estrategia multisectorial para implementar y ejecutar servicios y acciones orientados a la protección de los pueblos indígenas u originarios "concertadas con las propias organizaciones indígenas, aliados e incluso la academia."
La integrante del equipo del área de Litigio Constitucional de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) sugiere, además, que el gobierno debió aplicar un enfoque "de abajo a arriba" (bottom-up) y considerar la participación de las organizaciones indígenas en la definición de las estrategias.
"Los COMANDOS COVID regionales y locales, debieron desde un primer momento tener en cuenta la inclusión de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas" sostiene Gavancho León.
Y es que el modelo o enfoque "de abajo a arriba" tiende a considerar que "el proceso de implementación se desarrolla a través de una red de actores, más que a través de una estructura administrativa rígida y jerárquica".
La reflexión y propuesta de la autora parte del conocimiento del protocolo elaborado por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam) y otra experiencia similar de la Central Ashaninka del Río Ene (CARE).
¿Cómo construir políticas públicas de abajo hacia arriba? A propósito del protocolo presentado por CODEPISAM
15 de mayo, 2020.- El 23 de abril la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció al Estado peruano, luego de agotar la incidencia para proponer acciones conjuntas a través de cartas abiertas (1), ante instituciones del sistema universal y americano de derechos humanos (2); teniendo como principal argumento la falta de implementación de una política pública de salud intercultural para la protección de los pueblos indígenas del covid-19, lo que los pondría en un grave peligro de subsistencia, pues no sólo están expuestos a que el virus ingrese a su territorio sin contar con una estrategia de atención inmediata y/o prevención, conforme ya viene ocurriendo en comunidades nativas de las regiones de Loreto y Ucayali, sino además no cuentan con personal de salud capacitado, e insumos médicos para su atención, lo que materializa la falencia en la implementación de una acción concreta de todos los niveles de gobierno para proteger a la población indígena (falta de presupuesto e infraestructura de salud).
Una de esas propuestas se vincula en pensar desde modelos de abajo hacia arriba (Modelo Bottum-up) como el que ha hecho público el día jueves 14 de mayo la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) con la presentación en sus redes sociales del "Protocolo de seguridad en nuestras comunidades nativas: Guía para comunidades nativas de la región San Martín para el manejo interno del covid -19” (4).
La citada propuesta, consideramos, permitiría en mayor medida (o quizás sin tanto ensayo y error) que el gobierno adopte estrategias dentro del marco del respeto a los derechos humanos, sin aumentar el sufrimiento de los pueblos indígenas afectados como uno de los grupos en situación de vulnerabilidad más marginados, conforme a las recomendaciones de la ONU a través de su “Declaración sobre sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos económicos, sociales y culturales” y la CIDH a través de su Resolución 1/2020 sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, y en general los propios criterios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formulados por el ACNUDH (5), sobre lo que queremos comentarles en estas líneas.
Sobre esto, la CIDH, en su Resolución 1-2020, sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, ha recomendado que “(…) En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros: (…) 2. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen. Estas deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los DESCA (7).
los COMANDOS COVID regionales y locales, debieron desde un primer momento tener en cuenta la inclusión de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas
“7. Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes necesarios desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, establecer espacios de diálogo nacionales con participación de personas expertas independientes, las instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado.” (9)
“1. Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia del COVID-19, desde los enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional; tomando en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, con especial atención a la situación de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en relación con la pandemia, especialmente personas mayores y/o con condiciones preexistentes, en áreas distantes a centros de salud;
5. Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en el marco de la pandemia del COVID-19, procurando especialmente resguardar su salud y sus formas de vida, de acuerdo a su autodeterminación y a los principios que rigen la actuación estatal en relación con estos grupos”. (El subrayado es nuestro).
“Artículo 2: 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
Al respecto, conscientes de que este contexto de pandemia hace que los recursos del propio Estado no sean suficientes para garantizar una calidad en la atención de salud esperada a la población en general, consideramos pertinente además mencionar que si bien la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) aún no ha emitido criterios definitivos en relación con las medidas de emergencia para el COVID-19; sin embargo, es importante recordar que el párrafo 15 de su “Informe sobre medidas de austeridad y derechos económicos y sociales” de 2013, prescribe criterios específicos de cumplimiento de los derechos humanos para evaluar la legalidad (aunque yo lo llamaría convencionalidad) de las medidas de austeridad (15):
«15. Cuando las medidas de austeridad resultan en medidas regresivas que afectan la realización o implementación de los derechos humanos, la carga de la prueba para proporcionar justificación para tales medidas regresivas se traslada al Estado implementador. Al garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos al adoptar medidas de austeridad los Estados deben demostrar:
(6) participación genuina de grupos e individuos afectados en los procesos de toma de decisiones”
Los procesos de concertación en políticas públicas se establecen como escenarios posibles de interacción, negociación y deliberación entre la sociedad y el Estado, configurando nuevas formas de gobernabilidad que incluyen apuestas alrededor de la gobernanza, lo que establece un modelo de abajo hacia arriba que busca promover la horizontalidad entre actores, en vez de la verticalidad (16). Como opción alternativa, las políticas públicas desde abajo (Modelo Bottom-up), se originan en una concepción más participativa y democrática en el proceso y ciclo de las decisiones de carácter político en el entorno de lo público. Canto Chac destaca que “el ejercicio desde abajo de las políticas públicas reclama un conjunto de capacidades y destrezas en las organizaciones de la sociedad [y en el accionar de las entidades del Estado], no intercambiables las unas por las otras” (17).
El modelo o enfoque bottom-up, tiende a considerar que el proceso de implementación se desarrolla a través de una red de actores, más que a través de una estructura administrativa rígida y jerárquica. Por esta razón, algunos actores hablan de “estructuras de implementación”, lo que hace referencia a las configuraciones de actores, sus negociaciones y conflictos, como responsables de la realidad de los procesos puestos en marcha.
Es en el marco de este modelo, que queremos resaltar las iniciativas que parten de las propias organizaciones indígenas y sus aliados que tienen que ser la respuesta para que el gobierno adopte estrategias concretas de protección de los pueblos indígenas ante el avance del covid-19, como el presentado el día de ayer a través de sus redes sociales por la CODEPISAM, organización regional que agrupa a los pueblos indígenas Awajun, Kichwa y Shawi en la región San Martin, quien en coordinación con la federación CEPKA, ha elaborado el documento denominado “Protocolo de seguridad en nuestras comunidades nativas: Guía para comunidades nativas de la región san martín para el manejo interno del covid -19”.
(7) CIDH, Resolución 1/2020. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. p. 8.
(8) Ver: Aidesep integrará el Comando Covid para la urgente atención de la Amazonía Indígena, en: http://www.aidesep.org.pe/noticias/aidesep-integrara-el-comando-covid-para-la-urgente-atencion-de-la-amazonia-indigena
(9) CIDH, Resolución 1/2020. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. p. 10.
(11) CIDH, Resolución 1/2020. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. p. 18.
(12) Ver: Quispe, Maritza. Advertencia: Decreto Legislativo Nº 1489 no protege de manera efectiva a los PIACI en tiempos de COVID – 19. En: http://www.orpio.org.pe/?p=1707; y Ver: Ruiz Molleda, Juan Carlos. Comentarios al DL sobre protección de pueblos indígenas afectados por covid-19. En: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/11/05/2020/observaciones-criticas-al-dl-1498-de-emergencia-para-pueblos-indigenas
(13) Ver: Perez Ojeda Del Arco, Matías y Younger, Tom. Coronavirus en la Amazonía peruana: de la inacción estatal a las respuestas que salvan vidas de los pueblos indígenas para proteger la vida. En: https://www.forestpeoples.org/en/coronavirus-in-the-peruvian-amazon-state-inaction-and-lifesaving-indigenous-responses
(14) Ver: AIDESEP revela su posición respecto al DL 1489 mediante un pronunciamiento público que exige al gobierno celeridad y conciencia de emergencia para la atención de nuestros hermanos indígenas de las regiones amazónicas. En: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-que-la-accion-llegue-al-rio.
(16) Guy Peters, B. (1995). “Modelos Alternativos del proceso de la política pública: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo”. En Gestión Política (Bogotá.), 2 (4), Jul-Dic. pp. 257-276.
(17) Canto Chac, M. (2008). “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo”. En: Política y Cultura (México), (30), pp. 9-37. http://www.redalyc.org/pdf/267/26711160002.pdf
(18) Ver: CARE Ashaninka elaboró protocolos de bioseguridad para garantizar la vida de las comunidades nativas de la selva central. En: http://www.aidesep.org.pe/noticias/central-ashaninka-del-rio-ene-cuenta-con-protocolo-comunal-ante-el-covid-19
* Olga Cristina del Rocío Gavancho León es abogada por la Universidad César Vallejo, estudiante de la Maestría en Solución de Conflictos por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla – La Mancha de Toledo, España. Actualmente parte del equipo del área de Litigio Constitucional de Pueblos Indígenas de IDL y docente universitaria en la Universidad Nacional de San Martín.
politicas publicas desde abajo
Rocío Gavancho León
Muy bien análisis Dra
Enlace permanente Enviado por Waldir Flores N... (no verificado) el Vie, 05/15/2020 - 23:21
Muy bien análisis Dra Cristina.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 106
 artículo 41
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución