Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5190
Timestamp: 2019-09-20 22:21:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 185/2004
SENTENCIA 185/2004, de 2 de noviembre
ECLI:ES:TC:2004:185
En el recurso de amparo núm. 6562-2000, promovido por IG Farben, S.A., Residencial Centro, S.L., don Ignacio Sáez de Montagut Alfredo, don Fernando Arbex Valenzuela y don Fernando Arbex Vizcaíno, representados por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián y asistidos por el Abogado don Eduardo de Zulueta Luchsinger, contra el Auto de 14 de noviembre de 2000 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimando el recurso de queja interpuesto contra el Auto de 20 de septiembre de 2000, dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se acordó no tener por preparado el recurso de casación contra el Auto de la misma Audiencia de 13 de julio de 2000 desestimatorio del recurso de súplica formulado contra el Auto de 14 de abril de 2000, que había declarado desierto, por su parte, un recurso de apelación contra la Sentencia recaída en el juicio de menor cuantía 846/97 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 64 de Madrid. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 14 de diciembre de 2000 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito, firmado por la representación procesal de los recurrentes, las entidades IG Farben, S.A., y Residencial Centro, S.L., don Ignacio Sáez de Montagut Alfredo, don Fernando Arbex Valenzuela y don Fernando Arbex Vizcaíno, mediante el cual se interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, con relieve para su resolución, son los siguientes: a) En el Juzgado de Primera Instancia núm. 64 de Madrid se tramitó el juicio de menor cuantía 846/97, promovido por los ahora demandantes de amparo sobre impugnación de acuerdos sociales de la entidad mercantil Tempest, S.A., recayendo Sentencia el 23 de noviembre de 1999, desestimatoria de la demanda.
b) Contra la referida Sentencia se interpuso por los demandantes recurso de apelación, que fue admitido a trámite por providencia de 26 de enero del 2000, acordándose al propio tiempo el emplazamiento de las partes para que comparecieran ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de diez días.
c) El 2 de febrero del 2000 la parte recurrente presentó, en el Registro General de la Audiencia Provincial de Madrid, escrito de personación; en dicho escrito se identificó erróneamente el proceso, ya que se le atribuyó el número 486/97 cuando, en realidad, el que le correspondía era el 846/97.
d) Dicho error dio lugar a que, tras hacer constar el Secretario Judicial en el rollo formado para tramitar el recurso de apelación que la parte recurrente no se había personado, la Sección Octava de la Audiencia Provincial, a la que había correspondido el conocimiento de dicho recurso, dictara Auto el 14 de abril del 2000 declarando desierto el mismo y la firmeza de la resolución recurrida, ordenando al propio tiempo que se devolvieran las actuaciones al Juzgado a quo.
e) Comunicada por el Juzgado a la parte apelante la recepción de las actuaciones, la parte demandante formuló, mediante escrito de 24 de mayo del 2000, recurso de súplica con simultánea petición de declaración de nulidad de actuaciones, contra el Auto de 14 de abril de 2000 de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando que se declarase la nulidad de dicha resolución porque, aun reconociendo el error en que incurrió al identificar el número del proceso, que se subsanaba en el propio recurso de súplica, dicho error era susceptible de salvarse por las demás menciones identificadoras del proceso que se contemplaban en el escrito de personación presentado, tales como el nombre de las partes, el número del Juzgado, la naturaleza del asunto y la fecha de la Sentencia recurrida.
f) La anterior impugnación fue desestimada por Auto de 13 de julio del 2000 (que fue notificado el 7 de septiembre siguiente, aunque la parte que pide amparo acreditó que el 20 de julio del 2000 se le notificó un Auto de 11 de julio del 2000 con el mismo contenido que el de 13 de julio) por apreciar que es una carga de la parte la correcta identificación del proceso, carga que en el presente caso fue, en opinión del órgano judicial, defectuosamente cumplida.
g) Contra dicho Auto de 13 de julio del 2000 la parte que pide amparo formuló recurso de casación por infracción de ley, cuya preparación fue denegada por la Audiencia Provincial de Madrid mediante Auto de 20 de septiembre del 2000 por considerar que la resolución recurrida no es susceptible de casación.
h) El anterior Auto, que fue notificado el 21 de septiembre del 2000, fue recurrido en queja por la parte que solicita el amparo, siendo resuelto dicho recurso de queja por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de noviembre del 2000, mediante el que se confirmó la denegación de tener por preparado el recurso de casación, por apreciar que la resolución recurrida no es susceptible de casación. Este Auto desestimando el recurso de queja fue notificado el 20 de noviembre del 2000.
3. La demanda de amparo invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del acceso al recurso, razonando que como consecuencia de una interpretación rigorista de los requisitos necesarios para el acceso a los recursos y de la diligencia que deben observar las partes procesales en la identificación de los procesos en los escritos que presenten a los Tribunales que estén conociendo de los mismos, su pretensión no ha sido resuelta, al considerar la Audiencia Provincial de Madrid que debía declararse desierto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia desestimatoria de la demanda rectora porque el escrito de personación ante la misma contenía un error en el número identificador del proceso.
4. Por providencia de 7 de mayo de 2001, la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid y al Juzgado de Primera Instancia núm. 64 de Madrid para que remitieran testimonio, respectivamente, del recurso de queja núm. 4364-2000, del rollo de apelación núm. 176-2000 y del juicio declarativo de menor cuantía núm. 846/97, interesando al propio tiempo para que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes en amparo, que aparecen ya personados, para que en plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a estos efectos de copia de la demanda presentada.
5. En la misma providencia de 7 de mayo de 2001 se acordó formar pieza separada de suspensión, en la que, de conformidad con el art. 56 LOTC, se concedió un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la parte solicitante del amparo, para que alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada.
6. Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones, mediante diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2001, se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al Procurador de los solicitantes de amparo, para que dentro de dicho término presentaran las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. La parte demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones el 18 de octubre de 2001, en el que se reproducen los hechos y fundamentos jurídicos de la demanda, reiterando sus pedimentos.
8. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó el 24 de octubre de 2001 su escrito de alegaciones, en el que, tras resumir los antecedentes de hecho del presente procedimiento, razona la concurrencia de la causa de inadmisión de la demanda consistente en la extemporaneidad de su presentación, prevista en el art. 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para lo que no es obstáculo que la misma haya superado el trámite de admisibilidad realizado por la Sección que la examinó. Recuerda la reiterada doctrina constitucional que, entendiendo que el plazo de presentación de la demanda de amparo es de caducidad, considera que la duración del mismo no puede ser alargada por la parte merced a la interposición de recursos improcedentes contra la resolución judicial frente a la que se pide amparo, condición de improcedentes que es de aplicación a todos aquellos recursos cuya improcedencia resulta de manera clara, terminante e inequívoca del propio texto legal, sin dudas cuya solución exija la realización de interpretación que revista alguna dificultad (con cita de las SSTC 32/1998, 201/1998, 132/1999, 210/1999 y 4/2000).
9. Por providencia de fecha 27 de octubre de 2004, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de noviembre de 2004, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
1. Se dirige la demanda de amparo contra el Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso de queja interpuesto contra el Auto de 20 de septiembre de 2000 dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se acordó no tener por preparado el recurso de casación contra el Auto de la misma Audiencia de 13 de julio de 2000 desestimatorio del recurso de súplica formulado contra el Auto de 14 de abril de 2000, que había declarado desierto, por su parte, un recurso de apelación contra la Sentencia recaída en el juicio de menor cuantía 846/97 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 64 de Madrid.
2. Antes de entrar en el examen del fondo de la queja así formulada es necesario abordar el análisis de la objeción de procedibilidad opuesta por el Ministerio Fiscal, que de confirmarse determinaría la inadmisión del recurso en este momento procesal, de acuerdo con lo establecido en los arts. 44.2 y 50.1 a) LOTC. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional razona la concurrencia de la causa de inadmisión de la demanda consistente en la extemporaneidad de su presentación, conforme al art. 44.2 LOTC, argumentando que el Auto de la Audiencia Provincial que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en juicio de menor cuantía no era susceptible de casación (art. 1687 LEC 1881), por lo que, aun aceptando que el recurso de súplica interpuesto pueda considerarse un recurso efectivo contra dicha resolución, el dies a quo para el cómputo del plazo de presentación de la demanda de amparo sería el 8 de septiembre de 2000, que es el siguiente al de la notificación de la desestimación del recurso de súplica, notificación que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2000, por lo que cuando se presentó la demanda de amparo, que fue el 14 de diciembre de 2000, había transcurrido con creces el plazo de veinte días previsto para su interposición en el art. 44.2 LOTC. Se produjo así un alargamiento artificial del plazo de presentación de la demanda de amparo mediante la interposición de recursos improcedentes, como lo fueron el de casación y el de queja contra la inadmisión de la casación, máxime cuando, además de actuar el interesado con defensa letrada y representación técnica, tanto el Auto declarando desierto el recurso de apelación como el que desestimó el recurso de súplica no contenían pie de recursos y, además, en el primero se declaraba la firmeza de la Sentencia que se pretendió recurrir.
3. Para dar respuesta al óbice procesal planteado hemos de partir de que el art. 44.2 LOTC, que regula el recurso de amparo contra resoluciones de órganos judiciales, establece la exigencia de que el mismo se interponga dentro del plazo de veinte días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. Según reiterada doctrina de este Tribunal, ese plazo es de caducidad, improrrogable y no susceptible de suspensión, y, por consiguiente, de inexorable cumplimiento, que no consiente prolongación artificial ni puede quedar al arbitrio de las partes (por todas, SSTC 72/1991, de 8 de abril, FJ 2; 177/1995, de 11 de diciembre, FJ único; 201/1998, de 14 de octubre, FJ 3; 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2; 69/2003, de 9 de abril, FJ 2; y 78/2000, de 27 de marzo, FJ 2).
4. La aplicación de la anterior doctrina al presente caso conduce a apreciar la extemporaneidad de la demanda de amparo. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Auto de 14 de abril de 2000, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la Sentencia recaída en primera instancia. Esa es la decisión del órgano judicial contra la que la parte demandante desplegó su actividad impugnatoria. Primero, a través de un recurso de súplica, con simultánea petición de declaración de nulidad de actuaciones, que fue desestimado; y, después, mediante un recurso de casación cuya preparación fue denegada, tanto por la propia Audiencia Provincial como posteriormente por el Tribunal Supremo al desestimar el recurso de queja interpuesto.
5. Pero tal apreciación no es extensible a los recursos de casación y queja, cuya interposición debe calificarse como una prolongación artificial de la vía judicial, ya que de los arts. 840 y 1664 LEC 1881 se derivaba, con nitidez y sin dificultad interpretativa alguna, la improcedencia de cualesquiera recursos formulados contra Autos dictados por las Audiencias Provinciales en segunda instancia, que declarasen desierto un recurso de apelación. Especialmente tajante era el art. 840 LEC 1881 cuando disponía que "Todo apelante debe personarse en forma ante el Tribunal superior dentro del término del emplazamiento. Si no lo verifica, así que transcurra dicho término, se declarará desierto el recurso, sin necesidad de que se acuse rebeldía, y de derecho quedará firme la sentencia o auto apelado sin ulterior recurso".
Promovido por IG Farben, S.A., y otros frente a resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que inadmitieron sus recursos de apelación y casación en un litigio sobre impugnación de acuerdos sociales.
Se produjo un alargamiento artificial del plazo de presentación de la demanda de amparo mediante la interposición de recursos improcedentes, máxime cuando, además de actuar el interesado con defensa letrada y representación técnica, tanto el Auto declarando desierto el recurso de apelación como el que desestimó el recurso de súplica no contenían pie de recursos y, además, en el primero se declaraba la firmeza de la Sentencia que se pretendió recurrir [FJ 2].
El empleo de recursos no previstos legalmente para el caso, dilata ilegítimamente el plazo establecido para la interposición del recurso de amparo, más allá de su límite temporal, provocando la extemporaneidad de la demanda de amparo [FJ 3].
Los defectos insubsanables de que pueda estar afectada la demanda de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitida a trámite (SSTC 99/1993, 85/2004) [FJ 2].
Cabe apreciar la causa de inadmisión consistente en la extemporaneidad del recurso de amparo, y por tanto, se inadmite la demanda de amparo [FJ 5].
Artículo 840, ff. 4, 5
Artículo 1664, f. 4
Inadmisión de recurso de amparoInadmisión de recurso de amparo, ff. 2, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 840

Artículo 1664