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Timestamp: 2018-10-20 04:10:11+00:00

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LEY Nº 22913 NUEVO REGIMEN PARA LAS EMERGENCIAS AGROPECUARIAS
LEY Nº 22.913 NUEVO REGIMEN PARA LAS EMERGENCIAS AGROPECUARIAS
REGIMEN L.N. Nº 24.769 PENAL
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de Cien mil pesos ($100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año.
LA pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión, cuando en el caso del Artículo 1º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de Un millón de pesos ($1.000.000).
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de Doscientos mil pesos ($200.000).
c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de Doscientos mil pesos ($200.000).
SERA reprimido con prisión de tres años y seis meses a nueve años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo percibido supere la suma de Cien mil pesos ($100.000) en un ejercicio anual.
SERA reprimido con prisión de uno a seis años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional.
EN los casos de los Artículo 2º, inc. c), 3º y 4º, además de las penas allí previstas se impondrá al beneficiario la pérdida del beneficio y de la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de diez años.
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el agente de retención o percepción de tributos nacionales que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de diez mil pesos ($10.000) por cada mes.
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de veinte mil pesos ($20.000) por cada periodo.
LA prisión a aplicar se elevará de tres años y seis meses a nueve años, cuando en el caso del Artículo 7º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de cien mil pesos ($100.000), por cada período.
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de cuarenta mil pesos ($40.000).
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el agente de retención de aportes del sistema de seguridad social nacional que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, los importes retenidos, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cinco mil pesos ($5.000) por cada período.
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social nacionales, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones.
Simulación dolosa de pagos
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, o cualquier otro ardid o engaño, simulare el pago total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social nacional o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros.
SERA reprimido con prisión de dos a seis años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, relativos a las obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado.
LAS escalas penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del máximo, para el funcionario o empleado público que, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, tomase parte de los delitos previstos en la presente ley.
CUANDO alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyen condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz.
EL que a sabiendas dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
EN los casos previstos en los Artículos 1º y 7º de esta ley, la acción penal se extinguirá si el obligado acepta la liquidación o, en su caso, la determinación realizada por el organismo recaudador, regulariza y paga el monto de la misma en forma incondicional y total, antes de formularse el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Este beneficio se otorgará por única vez por cada persona física o de existencia ideal obligada.
La resolución que declare extinguida la acción penal será comunicada a la Procuración del Tesoro de la Nación y al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.
EL organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos.
Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda, a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo, en un plazo de noventa días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo.
AUN cuando los montos alcanzados por la determinación de la deuda tributaria o previsional fuesen superiores a los previstos en los Artículos 1º, 6º, 7º y 9º, el organismo recaudador que corresponda no formulará denuncia penal, si de las circunstancias del hecho surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible.
En tal caso, la decisión de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada, mediante resolución fundada y previo dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia. Este decisorio deberá ser comunicado inmediatamente a la Procuración del Tesorero de la Nación, que deberá expedirse al respecto.
LA formulación de la denuncia penal no impedirá la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o previsional, pero la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal.
En este caso no será de aplicación lo previsto en el Artículo 76º de la Ley Nº 11.638 (t.o. en 1978 y sus modificaciones).
CUANDO hubiere motivo para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la presente ley, el organismo recaudador podrá solicitar al juez penal competente las medidas de urgencia y toda autorización que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquéllos.
LA aplicación de esta ley en el ámbito de la Capital Federal será de competencia de la Justicia Nacional en lo Penal Económico; en el interior del país será competente la Justicia Federal.
DEROGASE la Ley Nº 23.771.
ARTICULO 25º: De forma.
B.O. 15/01/97
DECRETO 1562/96
Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1996
VISTO: El Artículo 7º de la Ley Nº 23.966 que aprueba el texto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural; y
QUE la Ley Nº 24.698 introduce algunas modificaciones a dicho texto, entre las cuales se incrementa el importe del impuesto sobre las naftas de hasta Noventa y dos (92) RON (número de octavo método research) y demás de Noventa y dos (92) RON en Diez centavos de pesos ($ 0,10) por litro;
QUE por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar un sistema de impuesto diferenciado del orden de Dieciocho centavos de pesos ($ 0,18) por litro, para el gravamen que recae sobre las naftas que se destinen al consumo en el ejido municipal de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones;
QUE de implementarse tal sistema, el impuesto sobre las naftas de hasta Noventa y dos (92) RON se disminuiría en Dos mil setenta y ocho diez milésimos de pesos ($ 0,2078) y sobre las naftas de más de Noventa y dos (92) RON en Tres mil sesenta y cinco diez milésimos de pesos ($ 0,3065);
QUE a fin de evaluar la posibilidad de hacer uso de dicha facultad, se realizó un análisis de las razones que dieron origen a la incorporación de esta norma y de la actual situación del comercio en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones;
QUE de tal análisis se desprende que la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, se encuentra conectada con la ciudad de Encarnación de la República del Paraguay, en forma rápida y directa, por el puente internacional que une ambas ciudades, en el cual no se cobra peaje para su uso;
QUE además, los precios vigentes en el mercado paraguayo para productos similares a los que se comercializan en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, son menores, fundamentalmente en lo que rigen para las naftas;
QUE en este último caso las diferencias son significativas atento que el precio de venta al público en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, del litro de nafta es en la actualidad inferior al que rige en la ciudad de Posadas en Veinte centavos de pesos ($ 0,20) para las naftas de hasta Noventa y Dos (92) RON y de Treinta centavos de pesos ($ 0,30) para las demás de Noventa y Dos RON;
QUE atento lo expuesto y teniendo en cuenta que la situación planteada trae como consecuencia que la población de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, se traslade a la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, para adquirir el combustible necesario para sus vehículos, los que afecta no solo el comercio de estos productos sino también influye sobre la demanda de otros bienes, resulta conveniente adoptar medidas que permitan atenuar las consecuencias negativas que tales hechos provocan en el comercio general de la ciudad de Posadas Provincia de Misiones;
QUE por lo tanto resulta oportuno hacer uso de las facultades conferidas por el Artículo 4º del texto de la Ley del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural fijando un monto de impuesto diferencial para determinada cantidad de litros de naftas que se expendan en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a fin de equiparar el precio final de ventas de dichos combustibles al vigente en la República del Paraguay;
QUE el presente se dicta en uso de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional por el tercer párrafo del Artículo 4º del texto de la Ley de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, aprobado por el Artículo 7º de la Ley Nº 23.966, según las modificaciones introducidas por la Ley Nº 24.698.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARG.
FIJASE en Dieciocho centavos de pesos ($ 0,18) el monto del impuesto a liquidar por litro de nafta sin plomo de hasta Noventa y Dos (92) RON, sin plomo de más de Noventa y Dos (92) RON, con plomo de hasta Noventa y Dos (92) RON y con plomo de más de Noventa y Dos (92) RON, vendido para el consumo en el ejido municipal de la ciudad de Posadas de la Provincia de Misiones.
LA rebaja de impuesto establecida en el Artículo anterior regirá en tanto los litros de naftas vendidos mensualmente no superen en su conjunto la cantidad de Cinco millones (5.000.000) de litros.
A los fines del presente régimen se entenderá como comercialización para consumo, al expendio de los combustibles realizados por las estaciones de servicios directamente sobre el tanque incorporado por el fabricante al vehículo o en bidones, tanques, tambores o similares cuya capacidad no supere los Veinte (20) litros.
LOS expendedores de combustibles beneficiados por el régimen establecido en el presente decreto deberán inscribirse en el registro que a tal efecto deberá habilitar la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.
LOS responsables del impuesto sobre los combustibles y el gas natural que vendan los productos detallados en el Artículo 1º del presente decreto a los sujetos a que se refiere el artículo anterior, deberán liquidar el gravamen de conformidad a lo dispuesto precedentemente en la medida en que los mismos acrediten su calidad de beneficiarios inscriptos en el aludido registro municipal.
FACULTASE a la Dirección General Impositiva, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para suscribir con la Dirección de Rentas de la Provincia de Misiones, convenios tendientes a garantizar la efectividad de los controles para el cumplimiento de los objetivos perseguidos y a dictar las normas complementarias que resulten necesarias para la implementación del sistema que se establece en este decreto, las que deberán incluir un sistema de información que permita verificar el cumplimiento del cupo establecido en el Artículo 2º del presente decreto.
FACULTASE al Ministerio de EconomÍa y Obras y Servicios Públicos a suspender la aplicación de este régimen cuando, de la información que deberá suministrarle anualmente la Dirección General Impositiva, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, se verifique que la cantidad vendida en (1) año supera el monto acumulado del cupo mensual establecido y hasta tanto se determinen las causales de tal circunstancia.
También podrá hacer uso de dicha facultad cuando la Dirección General Impositiva, dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos compruebe que existe desvios de combustibles a zonas no beneficiadas por la franquicia o detecte diferencias en la información que solicite a efectos de controlar el cumplimiento del presente régimen.
LO dispuesto en el presente decreto entrará en vigencia el 1º de Enero de 1997, inclusive.
B.O.N. 26/12/96
DECRETO 581/97
Buenos Aires, 26 de Junio de 1997
VISTO: El expediente Nº 800-006326/96 del registro de la entonces Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el que se propone la reglamentación de la Ley Nº 22.913; y
QUE es necesario dictar las disposiciones reglamentarías de la Ley Nº 22.913 para el cumplimiento eficaz de sus objetivos y a fin de dotar de mayor dinamismo y flexibilidad al sistema;
QUE atento a que la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria propone al Poder Ejecutivo Nacional la declaración de los estados de emergencia y/o desastre agropecuario de las zonas afectadas, basándose en datos concretos y puntuales con delimitación del área territorial, es necesario que los gobiernos provinciales cumplan con ciertos requisitos esenciales a efectos de posibilitar una gestión eficiente;
QUE para el logro adecuado de los cometidos es indispensable definir conceptos en forma rigurosa y establecer procedimientos precisos para su aplicación;
QUE para asegurar un cumplimiento ágil, oportuno y eficiente de los objetivos de la Ley, la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria debe contar con una Secretaría Técnica cuya función sea la de coordinar las acciones de desarrollar y actuar como organismo de apoyo técnico administrativo de la misma;
QUE de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11º de la Ley Nº 22.913, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional reglamentar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria;
QUE la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete;
QUE el presente acto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 99º, inciso 2) de la Constitución Nacional.
LA Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria tendrá su sede permanente en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y podrá constituirse en el lugar del país que las circunstancias así lo requieran.
LAS denominaciones de los organismos representados en la citada Comisión que se mencionan en el Artículo 2º de la Ley Nº 22.913, se adecuarán a lo que establece la Ley de Ministerios vigente.
LA Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria tendrá una Secretaria Técnica cuya función será la de coordinar las acciones a desarrollar y actuar como organismos de apoyo técnico y administrativo de la misma.
EL Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación determinará la unidad orgánica que ejercerá la Secretaria Técnica y la dotará de los recursos humanos, técnicos, administrativos y presupuestarios necesarios para su efectiva gestión.
SERAN facultades del Presidente de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria:
a) Ejercer la representación legal de la mencionada Comisión y la dirección de su organización interna.
b) Convocar a las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
c) Suscribir la documentación de dicha Comisión.
d) Adoptar las medidas que resulten pertinentes para dar respuesta a las situaciones de emergencia y ejecutarlas cuando existan problemas que merezcan un tratamiento diferencial o inmediato, sin perjuicio de su posterior confirmación en el seno de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
e) Realizar directamente o a través de la Secretaria Técnica las gestiones necesarias para el logro de su cometido, ante organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales y privados.
SERAN funciones de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria:
a) Ejecutar todos los actos que le encomiende la referida Comisión.
b) Convocar a reunión de la mencionada Comisión en representación del Presidente, cuando las circunstancias lo indiquen.
c) Recabar de las provincias y de los organismos competentes en forma directa, en representación de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, toda documentación e información que se vincule con la competencia asignada.
f) Participar en las reuniones de las Comisiones Provinciales y Municipales de Emergencia Agropecuaria que así lo requieran, con el objeto de colaborar en la evaluación de las situaciones de emergencia y la formulación de los informes de situación para presentar ante la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
LA Convocatoria a reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria será notificada a los miembros con una anticipación mínima de cinco (5) días, acompañándose a la citación el Orden del Día, en casos excepcionales, debidamente justificados, se podrá prescindir del cumplimiento de estos requisitos. La Comisión podrá resolver la incorporación de temas no previstos en el Orden del Día cuando su importancia así lo aconseje.
EN lo referido al Artículo 5º de la Ley Nº 22.913 entiéndese por:
"Zona afectada": a aquella zona o región en la cual la producción o la capacidad productiva se ven disminuidas en un valor superior a las pérdidas promedios de los últimos Diez (10) años.
"Explotación agropecuaria": al conjunto de tierras, ganado y mejoras cuando constituyen una unidad técnica y económica o predio, que tiene por objeto la producción agrícola, ganadera o forestal por cuenta de la misma persona física, jurídica o sociedad irregular.
SE considera que un predio se encuentra en emergencia agropecuaria cuando la producción o capacidad de producción de las actividades agrícola, ganadera, hortícola, frutícola, de granja, florícola, o forestal, que involucren la mayor proporción del capital de explotación inmovilizado o proporcionen el mayor ingreso neto del predio se vea disminuido en un cincuenta por ciento (50%) durante el ciclo productivo. En el mismo sentido será considerado en desastre agropecuario cundo dicha disminución supere el Ochenta por ciento (80%).
A los fines de la aplicación del Artículo 6º de la Ley Nº 22.913, para que las solicitudes de los gobiernos provinciales de declaración de emergencia o desastre agropecuario puedan ser consideradas ante la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria y analizadas previamente por la Secretaría Técnica deberán ajustarse al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Comunicar a la citada Comisión, en un plazo no mayor de quince (15) días de ocurrido el fenómeno adverso o de percibidas la situación de emergencia o desastre agropecuario, la intención de realizar su declaración a nivel provincial.
b) Remitir a la Secretaría Técnica el decreto provincial de declaración o prórroga de emergencia o desastre agropecuario para su tratamiento dentro de los diez (10) días hábiles previos a la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. Dicha norma debe indicar las causas del fenómeno, la zona abarcada por el mismo, las fecha de inicio y finalización de la respectiva declaración o prórroga de la emergencia o desastre agropecuario, la delimitación de las áreas afectadas y hacer referencia a los beneficios que se otorgarán.
d) A la fecha del tratamiento por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria deberá encontrarse vigente el período de declaración de emergencia o desastre agropecuario efectuado por el gobierno provincial. Los decretos de prórroga deberán ser presentados como máximo cuarenta y cinco (45) días después del vencimiento de la declaración.
e) Remitir a la Secretaría Técnica toda la información que avale la emergencia y/o el desastre agropecuario dentro de los diez (10) días hábiles de declarados el fenómeno, de conformidad con lo determinado en las normas complementarias dictadas o a dictar por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
f) Para que toda situación de declaración o prórroga de estado de desastre o emergencia agropecuaria sea considerada por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria deberá encontrarse presente un representante de la provincia solicitante en la reunión en que se trate la misma.
SE entenderá que una situación es de carácter permanente cuando la producción o capacidad de producción de una zona afectada por un fenómeno adverso no se recupera con la aplicación de técnicas ordinarias.
NO se considerará a una región en emergencia agropecuaria cuando sea afectada su producción o capacidad de producción cinco (5) veces o más en un período de diez (10) años por el mismo fenómeno adverso.
LAS provincias deberán acreditar el otorgamiento a los productores afectados de beneficio similares o complementarios a los solicitados a nivel nacional, con antelación al pedido de homologación de la situación de emergencia y/o desastre a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 8º de la Ley Nº 22.913.
SE entenderá como "zona ecológicamente no apta para el desarrollo de una actividad agropecuaria" a aquella en que las condiciones edáficas, climáticas y bióticas, individualmente o en conjunto impidan el normal desarrollo de la actividad en cuestión.
EL certificado que las provincias deberán otorgar para que los productores afectados acrediten su situación contendrá como mínimo la siguiente información: identificación del productor y del establecimiento, decreto provincial que lo comprende, precisando las fechas de inicio y finalización de la respectiva declaración o prórroga de la emergencia o desastre agropecuario y las actividades afectadas, indicando asimismo el porcentaje de afectación de la explotación.
FACULTASE a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y alimentación del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a dictar las normas aclaratorias y complementarias para la aplicación de éste Decreto.
EL presente Decreto comenzará a regir al día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 18º: De forma.
B.O.N. 01/07/97
Correlación: L.N. Nº 22.913

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 7
 resolución 
 resolución 
 Artículo 76
 Artículo 7
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 11
 Artículo 99
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 8