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Legislación: Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones.
Fecha: 22/06/1990 Ambito: Nacional
B.O.E. nº 155, de 29 de Junio de 1990
CAPÍTULO PRELIMINAR. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN.
CAPÍTULO I. DEL REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
CAPÍTULO II. DEL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
CAPÍTULO III. DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY Y POR LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES.
Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el citado artículo 51, artículo 2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, en su artículo 2.e), establece, como uno de los derechos básicos de aquellos la audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
Se regula, en consecuencia, el libro registro al que hace referencia el artículo 20.3 de la Ley 26/1984, el Consejo de Consumidores y Usuarios, al que se refiere el artículo 22.5 de la citada Ley, así como las condiciones y requisitos para estar representadas en dicho consejo, atendiendo a los criterios que la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su citado artículo 20.3, párrafo segundo: en la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos se tendrán en cuenta, entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar.
En su virtud, y en cumplimiento de lo prevenido en la disposición final cuarta de la Ley 26/1984, que establece que el Gobierno aprobará el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicación o desarrollo, oídas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 22 de junio de 1990, dispongo:
1. Para poder gozar de cualquier beneficio que otorgue la Ley, disposiciones que la desarrollan y complementarias, las Asociaciones de consumidores y usuarios deberán figurar inscritas en el libro de registro que se llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo.
a. Certificación del correspondiente registro de asociaciones, en la que se haga constar la inscripción en el mismo de la asociación, federación o confederación, y a la que deberá acompañarse copia de sus estatutos y acta de constitución debidamente autentificadas.
b. Certificación expedida por el órgano competente de la Asociación, Federación o Confederación en que se acrediten los siguientes extremos:
• Composición de los órganos directivos de la misma, con especificación de los nombres de sus miembros y de los cargos que ostentan, así como el procedimiento de elección, que deberá responder a principios democráticos.
• Implantación territorial, con expresión precisa de las delegaciones locales, o, en su caso, de las Asociaciones federadas de ámbito inferior al nacional.
• Número efectivo de sus asociados, con especificación de su distribución territorial y la cuantía de las cuotas que están obligados a satisfacer. En el caso de Federaciones y Confederaciones, se acompañarán las certificaciones de los acuerdos correspondientes a las asambleas plenarias de cada una de las asociaciones agrupadas en las que se decidió su constitución o la incorporación a las mismas, según corresponda.
c. Declaración jurada de que en la Asociación, Federación o Confederación no incurre ninguna de las circunstancias del artículo 21 de la Ley.
d. Certificación de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se haga constar la inscripción en su registro de asociaciones de consumidores y usuarios, en su caso.
a. Certificación del órgano competente donde se haga constar su inscripción en el correspondiente registro de cooperativas, así como copia de los estatutos, debidamente autenticada.
b. Memoria de las actividades de educación y formación de sus socios en materia de consumo desarrolladas en el año anterior al de la formalización de la solicitud, así como el detalle de financiación de las mismas, mediante certificación del órgano competente.
a. Comunicar todas las modificaciones que se hayan producido en sus estatutos.
b. Comunicar los cambios en la composición de los órganos de gobierno, así como los traslados de domicilio social.
2. Representantes de asociaciones, federaciones o confederaciones de asociaciones de consumidores en los términos siguientes: de ámbito estatal y que acrediten más de 7.500 socios, un representante.
a. Uno, dos o tres representantes más si acreditan 125.000, 175.000 ó 225.000 socios, respectivamente, o
b. Uno, dos, tres o cuatro representantes más si acreditan 40.000 socios y presencia en cuatro Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas, 125.000 socios y presencia en seis Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas, 175.000 socios y presencia en nueve Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas o 225.000 socios y presencia en doce Consejos de Comunidades Autónomas, respectivamente.
1. Una vez determinado, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 9, el número de vocales que correspondan a cada organización, éstas designarán a sus representantes en el Consejo, los cuales serán nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo. Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
b. La Comisión Permanente.
c. Las Comisiones especializadas.
El Secretario será nombrado entre funcionarios que presten servicio en el Instituto Nacional del Consumo, a propuesta del Presidente del mismo, por el Ministro de Sanidad y Consumo y asistirá con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
a. Reglamentos de aplicación de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
b. Reglamentaciones sobre productos o servicios de uso y consumo.
c. Ordenación del mercado interior y disciplina de mercado.
d. Precios y tarifas de servicios en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios y que se encuentren legalmente sujetos a control de la administración del Estado.
e. Condiciones generales de los contratos de empresas que prestan servicios públicos en régimen de monopolio.
f. En los demás casos en que una Ley estatal establezca, con carácter preceptivo, la audiencia de las asociaciones, federaciones o confederaciones de los consumidores y usuarios.
a. Proponer a las asociaciones, federaciones, confederaciones o cooperativas, integradas en el consejo, para participar en los órganos colegiados, organismos y entidades públicas o privadas, de ámbito nacional o internacional, en los que deben estar representados los consumidores y usuarios.
b. Formular cuantas propuestas sean consideradas de interés en materia de defensa de los derechos de los consumidores y asesorar a los órganos de las administraciones públicas con competencias en materia de consumo.
c. Solicitar información a las administraciones públicas competentes sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.
d. Cuantas funciones le sean asignadas por otras disposiciones.
1. El Consejo elaborará todos los años un informe-memoria sobre el desarrollo de sus actividades, así como relativo a la política global en materia de consumo, en el que, además, se recogerán las sugerencias de dicho órgano en el ámbito de su competencia.
2. Los órganos de las Administraciones públicas cuya actuación afecte a los intereses de los consumidores y usuarios podrán solicitar al Consejo de Consumidores y Usuarios asistir a sus reuniones, al objeto de informar sobre asuntos de interés general o sectorial en materia de consumo, así como solicitar informe sobre asuntos de su interés. Dicha solicitud será dirigida a la Secretaría del Consejo.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Instituto Nacional del Consumo, facilitará al Consejo de Consumidores y Usuarios los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento.
La Subdirección General de Información, Fomento y Arbitraje del Instituto Nacional del Consumo será la sede de dicho Consejo, tal y como establece el Real Decreto 1943/1986, de 19 de septiembre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. (Véase el Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto.)
1. Las Asociaciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios, inscritas en libro registro del Ministerio de Sanidad y Consumo, podrán representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, o de la asociación o cooperativa, en lo referente a los derechos e intereses reconocidos en el artículo 2 de la Ley 26/1984. Cuando tales acciones se realicen ante los Tribunales de Justicia, en defensa de los derechos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley, dichas asociaciones y cooperativas gozarán del beneficio de justicia gratuita.
Las asociaciones referidas en el artículo anterior podrán también ser declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de asociaciones, a cuyos efectos el informe exigido será emitido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, acompañado, en su caso, por el informe de la Comunidad Autónoma correspondiente.
1. Ejercer las correspondientes acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito territorial y funcional propio de la asociación. En el caso de que tales acciones se ejerzan ante los Tribunales de Justicia en defensa de los derechos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley, dichas asociaciones gozarán del beneficio de justicia gratuita.
a. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
b. Por no ajustarse a los datos que figuran en la documentación aportada para la inscripción en el libro registro.
c. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Real Decreto.
d. Destinar las subvenciones concedidas a fines distintos de aquellos para los que fueron otorgadas.
e. Incumplimiento total o parcial de las condiciones que en cada caso se determinen para la utilización de las subvenciones.
f. Utilizar su condición de asociación inscrita en el libro registro del Ministerio de sanidad y consumo para acciones o fines distintos a los previstos en este Real Decreto.
g. Y en general, el incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en la presente disposición y normas que lo desarrollen.
Primera. Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios que reúnan los requisitos exigidos en el presente Real Decreto presentarán su candidatura a partir de los diez meses de la entrada en vigor de este Real Decreto, y la elección de los miembros del primer Consejo de Consumidores y Usuarios se efectuará en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto.
Segunda. Publicado el nombramiento de los vocales en el Boletín Oficial del Estado, el Consejo deberá constituirse y elegir su presidente, vicepresidente y la comisión permanente, en el plazo máximo de quince días.
En el mismo plazo se designará al Secretario según el procedimiento establecido en el artículo 12.4 del presente Real Decreto.
El Consejo deberá elaborar en el plazo máximo de seis meses su reglamento de funcionamiento, en el que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, la distribución de funciones entre el pleno y la comisión permanente y demás aspectos que afecten a su régimen interior, todo ello con arreglo a las normas vigentes de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en el Capítulo II del Título I de la Ley de Procedimiento Administrativo. Este Reglamento deberá ser aprobado en el Pleno por mayoría absoluta y comunicado al Ministro de Sanidad y Consumo.
Tercera. Todas las Asociaciones incluidas en el censo del Instituto Nacional del Consumo podrán solicitar su inscripción en el libro registro en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, pudiendo ser denegada por la Administración si pasado un mes desde la notificación a la asociación solicitante de los posibles defectos, éstos no se subsanan.
Primera. Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para adoptar cuantas medidas complementarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto.
Segunda. Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid a 22 de junio de 1990.
Página actualizada el: 24/04/2013

References: Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto