Source: http://apunteselectronicos.blogspot.com/2010/
Timestamp: 2017-06-23 00:07:34+00:00

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Apuntes Electrónicos: 2010
2011: Un año para evaluar (necesariamente) los beneficios del Gobierno Electrónico
Andábamos el año pasado por estas fechas dilucidando si la fecha del 31/12/2009 iba o no a suponer un cambio real en la disponibilidad de los servicios públicos electrónicos. Todo indica que efectivamente fue así. El último informe eEspaña 2010 de la Fundación Orange muestra una indisponibilidad de servicios residual en la AGE y una disponibilidad (muestral) en CCAA superior al 77%. En los ayuntamientos existen menos datos, y aunque la percepción general es de un cierto retraso en la implementación del derecho de acceso electrónico, se va avanzando.
2011 presenta por tanto el reto de recoger los beneficios del esfuerzo realizado, extender el mismo a todas las capas de la sociedad, ciudadanos y empresas. Este beneficio sólo se alcanza si los servicios e infraestructuras desplegadas se usan y las ventajas de ese uso son difundidas a quien no lo hace. Ello sólo puede evaluarse desde un nuevo marco conceptual de medición, ya que la evaluación del beneficio social de los servicios públicos electrónicos se ha basado hasta ahora en la definición de la Comisión Europea, que descansa sobre la base de considerar éste beneficio posible tan sólo a través del uso directo. Para poder evaluar los beneficios es necesario empezar a obtener cifras de la penetración social del Gobierno Electrónico.
¿Qué es la penetración social del Gobierno Electrónico? La penetración social del Gobierno Electrónico es la estimación del cambio de modelo de relación de la Sociedad con la Administración, el índice de evolución hacia la desmaterialización de los procedimientos y servicios administrativos. El concepto tradicional de uso antes mencionado no nos vale por razones fáciles de entender: Nunca ha habido un 100% de uso de los servicios presenciales de la Administración ya que siempre ha habido personas que han necesitado de otros en dicha relación. Tampoco nos vale la observación de servicios puntuales. Si consideraramos sevicios puntuales estaríamos hablando ya de una penetración del 100% del Gobierno Electrónico. El caso de la expedición del Carnet de Conducir a través de los Centros de Reconocimiento de Conductores nos permite ya hablar de un servicio público electrónico utilizado (de modo indirecto) por el 100% de la ciudadanía.
La penetración social sólo puede observarse mediante la liberación de los datos comparativos entre el uso de los canales (presencial, electrónico, telefónico) para cada uno de los servicios posibles. Parece de perogrullo, pero existen pocos datos al respecto, preguntarse el porqué llevaría a también a conclusiones interesantes. Los datos que hay son, además, no obvios de encontrar, y generalmente han de combinarse diversas fuentes para llegar a conclusiones interesantes, como el más de 60% del uso del canal electrónico para el IRPF que muestra la "Memoria 2009 de la AEAT". A partir de los datos de penetración social, al menos para un conjunto de servicios significativos, sean cuales sean las Administraciones involucradas, podemos echar a andar en el cálculo de beneficios:- Ahorro de costes para la sociedad- Reducción de costes internos - Eficiencia de las inversiones realizadas
Pero la estimación de la penetración social es necesaria y de complejidad relativamente baja. Vamos a suponer que los datos no se tienen, ¿a que esperamos para tenerlos? Si queremos que nuestro trabajo se aprecie hemos de empezar a dar evidencias. 2011 ha de ser año que mostremos el valor del Gobierno Electrónico.
Plan de Acción de #egov UE: Evitando que las #aapp sean irrelevantes
La semana pasada, la Comisión Europea hizo pública la estrategia para el desarrollo del Gobierno Electrónico en la Unión Europea en el próximo quinquenio. El nuevo plan de acción tiene como objetivo facilitar la construcción de Gobiernos más inteligentes, sostenibles e innovadores con ayuda de las TIC. El Plan de Acción tiene una duración de prevista de cinco años, 2011-2015, siendo el instrumento para la implementación de la Declaración de Malmö aprobada en Noviembre de 2009. Sus objetivos, consecuentemente, son promover el empoderamiento de ciudadanos y empresas, impulsar el mercado único y facilitar la construcción de Administraciones Públicas más eficientes y efectivas. Existen otros objetivos enunciados con menos concreción, pero incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos es el gran objetivo del nuevo Plan de Acción. Alcanzar el 50% de uso por parte de la ciudadanía y el 80% por parte de las empresas son las metas fijadas para hacer del canal electrónico el canal dominante en la provisión de servicios públicos. Son objetivos claramente al alcance de la mano a la luz de los últimos datos de Eurostat, el uso por parte de ciudadanía está en un 42% y el uso por parte de las empresas se situa en un 75%. Claramente, es el uso la condición necesaria para extender los beneficios del Gobierno Electrónico a la sociedad, si bien están ausentes (y serían necesarios) objetivos de uso indirecto, igual o más importantes en la construcción de un Gobierno Electrónico Inclusivo. Para alcanzar el objetivo de uso, se ponen en forma de acciones los medios para alcanzar servicios mas orientados a las necesidades de la sociedad. Más participación, más transparencia, más colaboración. En definitiva, más Gobierno Abierto es la vía que marca la Comisión para alcanzar el objetivo. Como dijo la Comisaria Kroes en su discurso de presentación del plan, "eGovernment is growing up to be weGovernment".
Es difícil destacar alguna de las medidas contenidas en el Plan, por lo demás algunas de ellas en el lenguaje complejo de este tipo de documentos (recomiendo a todo tipo de lector sin embargo la magnífica nota de prensa resumen ¿Qué hay en el Plan de Acción para mí?). Por elegir tan sólo una de ellas, opto por la denominada "Plan de Acción de la eCommision", que pretende que sea la propia Comisión Europea la que lidere con el ejemplo. La implementación por la Comisión de la contratación electrónica o el desarrollo de su propio catálogo de datos abiertos, entre otros servicios, le permitirá a un mismo tiempo un mayor nivel de exigencia mayor a los Estados miembros y conocer las limitaciones y problemáticas de las acciones planteadas en su estrategia.
Para acabar esta entrada, un recordatorio también tomado del discurso de la Comisaria Kroes: "If public administrations fail to keep up with the times, they risk irrelevance or even worse." Este Plan de Acción es un impulso al Gobierno Electrónico, un medio para evitar la irrelevancia de los poderes públicos.
Una reforma necesaria de las AAPP: La migración al canal electrónico
La presente crisis económica es un momento para el liderazgo en la Administración Pública, para la toma de decisiones que podrían ser de difícil encaje en epocas de bonanza. A los funcionarios se nos ha bajado el sueldo, a los pensionistas se les ha congelado sus derechos económicos, pero pocas medidas reales de reforma han sido tomadas, escasas decisiones que supongan una apuesta decidida por la sostenibilidad del sector público. Se trata de hacer más con menos, pero para hacer más con menos hemos de cambiar nuestra aproximación a la obligación diaria de servir al ciudadano.
El canal electrónico de los servicios públicos presenta indudables beneficios, tanto en términos de eficiencia como de efectividad. Estos frutos, sin embargo, no están recogiéndose, y lo que es más, está suponiendo un coste añadido. La dura decisión de suprimir los canales heredados de servicios públicos sólo ha sido tomada de modo contundente al respecto de los boletines oficiales. Es difícil encontrar ya una Administración en España que publique los mismos en formato papel. Hay que seguir profundizando en esta vía, pero el momento se antoja siempre lejano.
Sin embargo, los instrumentos para ello están ahí. El artículo 27.6 de la Ley 11/2007 permite a las Administraciones Públicas establecer de modo reglamentario la obligatoriedad de relacionarse con ellas de modos electrónicos. Aun siendo este artículo de carácter básico de acuerdo a la Disposición Final Primera de la Ley 11/2007, existen pocos casos en que se haya hecho uso de la previsión. La AEAT y la Seguridad Social creo que obligan para algún procedimiento de empresas, pero se ha dado el caso que incluso algún juez haya denegado la potestad de imponer esta obligación.
Una migración ordenada al canal electrónico es una reforma de la Administración cada vez más perentoria. Sin embargo, dado el carácter legalista de nuestra Administración, es difícil que esta suceda sin un marco legal que obligue a ella. Una posibilidad sería el desarrollo de una norma de objetivación de la migración, desarrollo reglamentario del artículo 27.6 de la Ley 11/2007 o en forma de Ley que supere el mismo. Bastaría que el contenido de dicha norma estuviera incluyera:
* Obligación a las unidades administrativas a publicar para todo procedimiento los datos de uso mensuales para cada uno de los canales (presencial, internet, móvil)
* Obligara a suprimir el canal presencial si por un periodo concreto (a determinar) el uso del mismo estuviera por debajo de un umbral determinado
* Medidas de inclusión selectivas pero objetivas para ciertos colectivos, facilitándoles intermediación humana gratuita a través de funcionario público (prevista en artículo 22 de la Ley 11/2007)
El exceso de normas legales es siempre objeto de crítica. Ciertas normas son necesarias para garantizar nuestro modelo de sociedad. Esta posible norma sería una de ellas.
Resistencia a la innovación de la sociedad española ante el #egov
La Ley 11/2007 obliga en su artículo 34 a que la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos implique un "rediseño funcional y simplificación del procedimiento". Eso, ni más ni menos, es lo que se ha realizado con el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores. Dicha norma regula como todos y cada uno de los españoles accedemos a la renovación del carnet de conducir.
El rediseño realizado es quizás uno de los más innovadores en materia de Gobierno Electrónico en España, aunando inclusividad en la aplicación de medios electrónicos con reducción de cargas administrativas para el ciudadano y reducción de burocracia innecesaria. No entra plenamente en vigor el Real Decreto hasta Noviembre, pero algunos ya hemos disfrutado del mismo. Antes, habíamos de ir a los centros de reconocimiento médico de conductores (CRC) para después ir a las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finalizar la tramitación del carnet de conducir aportando fotografía y certificado médico. Ahora, son los CRC los que por medios electrónicos hacen llegar la DGT nuestra fotografía y firma manuscrita digitalizada junto con el resultado del reconocimiento médico sin necesidad de que hayamos de desplazarnos a las oficinas de la Administración. Los medios técnicos que permiten esta modernización de la expedición del carnet de conducir son aportados por la DGT, que instala en cada CRC la aplicación, una Webcam y un lector de firmas manuscritas (de esos que ya se ven en uso en grandes superficies comerciales).
Cuando aún esta innovación estaba en fase de diseño, tuve oportunidad de oir hablar de ella. Me resultaba difícil pensar que nadie pudiera posicionarse en contra de la misma. Es difícil que una solución de Gobierno Electrónico presente menos dificultades de uso para los ciudadanos. Sin embargo, la resistencia al cambio de la sociedad española es capaz de aparecer donde uno menos se los espera. El otro día me enteré (con retraso) que una serie de asociaciones profesionales de fotografos "se oponen al sistema propuesto por la DGT de captación de imagen mediante webcam en los centros de reconocimiento psicotécnicos ya que supone un intrusismo en el sector de la fotografía profesional". Leyendo su carta, proponen para ello que los CRC en lugar de tomar la fotografía con la Webcam proporcionada realicen un escaneo de la que proporcione el ciudadano o admitan que esta le sea enviada por correo electrónico. En definitiva, mantener su cuota de negocio cautivo. Claramente, el sistema en fase de implantación por la DGT supondrá una merma de ingresos para los fotografos, que ellos estiman pérdidas en 27 millones de Euros. Sin embargo, el ahorro económico para la sociedad que supone la medida también es cuantificable y excede con creces está cantidad. De acuerdo a los datos de la DGT, se expidieron en 2008 un total 859.179 licencias de conducir tipo B (la que usamos todos). De acuerdo con el sistema de evaluación de cargas incluido en la "Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo", la diferencia de coste a favor de la sociedad que supone la presentación de cada solicitud a través de los CRC en lugar de hacerlo él presencialmente es de 45 Euros, lo que supondrá una reducción de costes económicos para la sociedad (sólo en licencias B) de más de 38 millones anuales de Euros (sin contar los ahorros que supone para la Administración que también repercuten en todos los ciudadanos).
Cuanto nos gusta que la sociedad gane en competitividad y que la Administración sea más efciente mientras que nada cambie para nosotros.
Todos los ciudadanos somos #wikileaks
La memoria es subversiva. Y juega malas pasadas para con la conciencia, introduciendo en ellas imágenes que no te dejan dormir. Una de ellas es la que acompaña este párrafo. A muchos no les sonara de nada, en mi cerebro es poco más que el recuerdo de uno de aquellos Nodo previos a las tardes de sesión continua en los cines de mi barrio. Esa imagen es la voladura del "Diario Madrid", un periódico que la dictadura fascista en España persiguió hasta el exterminio material, no eran "rojos subversivos", simplemente eran de otra familia política del régimen, la que quería una retirada temparana del dictador. Simplemente eran molestos al poder.
La voladura virtual es lo que quieren hacer con Wikileaks, eso es lo que los ciudadanos tenemos que tratar de impedir. Voladura virtual es que se les eché de los servidores de Amazon por un presunto delito (aunque parece obvio que se haya podido cometer una ilegalidad). Como bien indica el Gobierno de Australia en defensa del ciudadano Assange, "la responsabilidad legal es de los responsables de la fuga inicial no autorizada". Es decir, de funcionarios o responsables políticos del Gobierno de Estados Unidos. Cuando la primera ronda de persecución de Julian Assange, escribí otra entrada en este sentido. La legalidad ha de ser el límite de la transparencia y un funcionario o político solo puede dar a conocer aquello que legalmente no tiene prohibición de hacer público. Y ello está definido en España, y es de suponer que de modo igual en USA como (ver Ley 7/2007, artículo 95) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
Pero en lugar de los fallos en el procedimiento interno se persigue a quien los pone a la luz. Se persigue al mensajero. Por eso todos somos wikileaks, porque está matándose al mensajero, porqué se está cercenando la libertad de expresión.
Pero al mismo tiempo, todos las Administraciones son la Administración Obama. En alguna entrada dejé escrito algo parecido a que la tecnología inhabilita las excusas para lo que es público no esté en línea 24x7. No es el caso que nos ocupa, que existe material secreto de por medio, pero a lo mejor la primera pregunta es si muchos de los documentos filtrados merecen tal calificativo, si una mejor clasificación de los documentos no habría facilitado la vigilancia de lo que realmente no debía trascender. En el caso de España, la clasificación de documentos se realiza de acuerdo a la Ley 9/1968 . Es de pensar que en Estados Unidos existen previsiones similares, con previsiones de clasificación igual de ininteligibles incluso para el común de los funcionarios o políticos , con referencias a marcos legales propios de cada sector, y que conducen a un exceso de celo en la clasificación, a que se intente proteger el todo inabarcable dejando las partes (incluidas las vitales) inermes. Aumentar el perímetro de la opacidad, no nos hace más seguros. Por eso las Administraciones Públicas debemos aumentar el perímetro de lo público, darlo a conocer sin restricciones, facilitar su acceso por las TIC. Sólo mediante la transparencia podremos proteger lo que debe mantenerse en secreto.
La tecnología está arrasando modelos de negocio obsoletos. Primero, fueron las discográficas las que sucumbieron por no querer adaptar sus modelos de negocio a la tecnología. Las editoriales literarias llevan el mismo camino. ¿Ha llegado el turno de las Administraciones Públicas? Esperemos que no porque detrás sólo está la ley de la selva, esperemos saber migrar hacia un modelo de negocio de AAPP basado en la habilitación de la transparencia mediante las TIC.
Antes y después: Una visión pesimista tras la pandemía de #controladores
Me estaba resistiendo a escribir entrada alguna sobre los acontecimientos (a determinar si por una huelga o pandemia de controladores) acaecidos en esta primera parte del puente más largo del año, pero la carne es debil y los dedos largos. Al final he cedido a la tentación. Esta es una visión personal muy pesimista de un par de días que, por muchas razones, marcan un antes del 3/12/2010 y un después del 5/12/2010. Advierto, que es una sesión de diván bloguero para el que no le guste este tipo de piezas.
Los actores principales han sido el colectivo de los controladores aereos. Un grupo de trabajadores contra los que se ha ido alimentando progresivamente la ira popular. Ciertamente tienen un sueldo muy superior a la media y un puesto de trabajo estable, pero ninguna de ellas son razones para negarles el derecho a cualquier tipo de reivindicación. Alguna de las reivindicaciones creo que tiene un fondo de razón: no conozco a nadie excepto a ellos al que una baja laboral no le signifique un equivalente a haber estado en su puesto de trabajo, a nadie que se le obligue a que esos días de baja los devuelva en forma de días laborables (este extremo , por extraño que parezca, lo confirma el ministro en este video: "en las horas de trabajo computaban bajas por enfermedad" y lo explica @davidrjordan en su bitácora ). El límite que han traspasado es plantear estas reivindicaciones en una forma tan virulenta y tratando de convencernos que la virulencia es resultado de una presión insoportable. Con la forma, han perdido toda posible solidaridad que otros pudiéramos tener para con ellos. Y si la presión que sufren es insoportable, el camino está claro, a nadie le obligan a trabajar en ningún puesto de trabajo. A lo mejor cometieron el error de su vida al entrar en ese trabajo, pero siempre se está a tiempo de rectificar. Y escribo esto desde la posición de alguien que ha abandonado trabajos estables cuando personalmente le parecían insufribles. Antes del día 3/12 tenían la imagen de un colectivo de trabajadores que, aunque especiales, eran dignos de todo respeto. Después del día 5/12 tienen la imagen de unos irresponsables que hacen uso excesivo de su capacidad de presión.
Luego tenemos al Gobierno. Un Gobierno elegido democráticamente tiene toda la legitimidad para desarrollar cualquier tipo de política pública (dentro de los límites razonables), incluidas en materia de organización del personal del sector público. En este campo ha tomado ya varias, incluyendo la bajada de sueldo de los funcionarios (y sólo los funcionarios, sin que sepamos porqué aún) y otras como la privatización de AENA están en camino. Toda medida tiene una consecuencia, pero un Gobierno está ahí para adoptarlas. Dicho esto, la declaración del Estado de Alerta me parece excesiva para la resolución de un conflicto laboral, por grande que este sea. Para abrir un expediente disciplinario, no era necesaria tal sobreactuación. La militarización de un servicio que dicho Estado de Alerta supone nos retrotrae a tiempos pasados, en que las huelgas de metro se resolvían haciendo uso de soldados de reemplazo. A ver como en la próxima huelga salvaje de un servicio público en cualquier ciudad o región, como por ejemplo la huelga de metro del verano pasado en Madrid, se le deniega a su alcalde o presidente autonómico la petición de que el Gobierno declare el Estado de Alerta en su territorio. Antes del 3/12 creiamos que existía el límite de lo civil para la resolución de conflictos civiles. Después del 5/12 sabemos que la militarización es una opción válida para resolver conflictos civiles.
Por cerrar el tema de los políticos, tampoco ha estado mal el papel del principal partido de la oposición. La intervención de su portavoz Gonzalez Pons fue una antología del disparate. Ofrecer apoyo llamando incapaces o acusar a ZP de esconderse tras Rubalcaba cuando Rajoy ha destacado por su callada elocuencia durante todos estos días, reflejan el porqué el PSOE se despeña otro 10% y el PP crece tan sólo un 0,2%. Antes del 3/12 teníamos pocas ilusiones de la existencia de una alternativa responsable. Después del 5/12 hemos perdido toda esperanza.
Y la resolución del conflicto importa poco, lo que importa es el juego cainita de culpar al otro. Dando cada uno pábulo a una teoría conspiratoria distinta ante lo que, mientras no se demuestre lo contrario, ha sido una ida de olla colectiva de un colectivo (incluso por sus primeras declaraciones tengo la duda de si los líderes de USCA han tenido algún tipo de control en el arranque del plante aunque después todo parece indicar que trataron de aprovecharlo). De un lado, los que insinuan una estrategia del Gobierno de cara a futuras medidas económicas excepcionales. De otro, los que alimentan la especie de la estrategia del PP para corroer las estructuras del Gobierno. Antes del 3/12, veiamos difícil que nuestros políticos alcanzaran un acuerdo sobre cualquiera de las reformas y políicas necesarias. Después del 5/12, sabemos que cualquier acuerdo entre ellos es una quimera.
Finalmente, llegamos a los más perjudicados, los atrapados en los aeropuertos. Existen entre ellos historias dramáticas de adopciones frustradas o personas tratando de llegar junto a madres moribundas , también http://www.netoraton.es/?p=21810con más que razones para estar indignados. Me he visto en ambas circunstancias (aunque por un áximo de 6 horas) en las huelgas de controladres franceses y entiendo lo que sigifica. Pero si algo me llamó la atención en las primeras horas con escaso filtrado por los medios de las entrevistas a viajeros a pie de terminal, era la continua repetición de un mismo lamento: "Me han fastidiado el puente, con la ilusión que tenía por ir a ... ". La sonora protesta de esta sociedad por la quiebra del derecho de consumo (@barahona dixit) frente al elocuente silencio ante el recorte de derechos sociales no deja de ser sorprendente. Antes del 3/12, eramos conscientes del silencio de muchos ante el recorte social. Después del 5/12, sabemos que muchos de los que callan ante lo primero no toleran que les alteren un puente. No obstante, a todos ellos hay que reconocerles la serenidad ante la impotencia. Aparte de los silbidos a la puerta de una reunión de controladores, no ha habido mayores incidentes cuando hubieran sido perfectamente esperables. Lamento tanto pesimismo. Tras lo ocurrido en estos tres días no estoy para celebrar ningún día de la Constitución.
La evolución de Internet y el Gobierno Electrónico
Internet es el soporte tecnológico del Gobierno Electrónico. Toda evolución de las condiciones de servicio del primero tienen su lógico impacto en el segundo. Hoy por hoy, son dos los condicionantes que parece van a marcar la evolución de Internet. En su capa exterior, la tan cacareada muerte de la web. En su vertiente interna, el debate sobre la neutralidad de la red. Ambos condicionantes tienen un impacto sobre las condiciones básicas de prestación de los servicios de Gobierno Electrónico, la garantía de la continuidad de los mismos en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad.
La muerte de la web es un nombre desafortunado (además de sensacionalista). Prefiero el término astillamiento de Internet que apareció con anterioridad. La interfaz de usuario única está definitivamente rota. Primero fueron los widgets, tras ellos las apps para teléfonos inteligentes (varios de ellos) y ahora aplicaciones transaccionales sobre facebook. Ya anteriormente escribí que no creo que las AAPP podamos mantener todas estas variaciones de interfaz, pero ahora creo que tampoco debemos. El uso (aunque probablemente mal medido) del Gobierno Electrónico está alrededor de un 12%-15% de la población española, no llega al 25% de los cibernautas.Concentrarse en la extensión del servicio básico, parece la primera obligación, siguiendo de la habilitación de su extensión a otras interfaces por terceros. Los recursos públicos son escasos (hoy más que nunca), la lógica priorización de inversiones ha de dejar a un lado satisfacer a la minoría para tratar de llegar a una mayoría. Sólo una modificación radical de las condiciones de entorno, como el uso generalizado de las redes sociales por la sociedad (no sólo los cibernautas) o el abaratamiento de los telefónos inteligentes tipo iPhone, podría justificar un cambio de estrategia.
La posible atenuación o desaparición de la neutralidad de la red, la clasificación del tráfico según pague su origen o destino, plantea otra problemática: ¿cuál sería la calidad de servicio que se de al Gobierno Electrónico? ¿quién pagaría por que el acceso a los servicios de Gobierno Electrónico sea de mejor o peor calidad? ¿pagarían los Gobiernos por una calidad determinada e igual para todos los ciudadanos o dependería de la calidad de acceso a la red que pagase el ciudadano? El tema, obviamente, no es baladí. De optarse por la segunda, podría tener impacto, por ejemplo, en el momento en que un ciudadano registrase una petición hacia la Administración, retardándola sobre otro ciudadano que tuviera un acceso por el que hubiese pagado más. Y podemos imaginarnos que pasaría si la opción fuera que el gobierno pagase por una calidad determinada a sus servicios, ya tendríamos el constante cuestionamiento sobre si es necesario o no que se pagase con los impuestos tener esa determinada calidad (fuera la que fuera). Una posible salida, es incluir dentro de las licencias de operación la obligación de dar una determinada prioridad (alta) al tráfico gubernamental, pero es obvio que las operadoras plantearán sus problemas a esta opción.
Si hay algo que deja claro tanto una cuestión como la otra, es que las decisiones a tomar no son técnicas, sino políticas. Cada uno con sus consecuencias sobre el futuro modelo de sociedad. Si alguien aún no creía en la necesaria politización del Gobierno Electrónico, aquí tiene otras dos razones para hacerlo.
De un tiempo a esta parte, desde que empezó esta crisis sin visos de fin, los funcionarios nos hemos convertido en el muñeco del pim-pam-pum. Todo vale, empezando por el efectismo y las imprecisiones, y continuando por la desinformación. Es dificil conocer dónde empieza uno y donde termina otro, y yo siempre prefiero pensar que es simplemente efectismo e imprecisiones, querer vender prensa a toda costa y mantener el negocio y la parroquía de lectores contando lo que quieren escuchar y sin profundizar en los datos. El último ejemplo ha sido el titular cacareado en diversos medios, tantos que sólo enlazo el que normalmente leo, sobre la eliminación de 24.750 funcionarios en Irlanda. Vamos a empezar por analizar el uso del término funcionario. Si uno lee el plan propuesto por Irlanda descubrirá que tal eliminación no es de 24.750 funcionarios. Vayase a la página 64 que tan sólo 2.750 de los puestos que se elimnan corresponden al equivalente a funcionario (civil service).
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, han hecho público y abierto a consulta pública el proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 37/2007. Se pretende con el mismo promover y faciltar al máximo la puesta a disposición de la información del sector público para su reutilización para fines tanto comerciales como no en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE). El texto legislativo propuesto es sin duda necesario. La AGE es en exceso reglamentista, y sin el mismo difícilmente terminará de despegar la reutilización de la información del sector público dentro de la misma. El proyecto de Real Decreto viene a facilitar la superación de las barreras a la reutilización dentro de la AGE que señale en una reciente entrada de la bitácora.En muchos aspectos incluso supera lo que comenté entonces, por ejemplo, introduciendo la figura del responsable de reutilización en cada ministerio u organismo.
Dado que es el momento de participar, así lo he hecho hace unos dias. Estas son mis propuestas para el debate y de mejora para el texto:Definición con tiempo de respuesta tasado de un procedimiento para solicitar que un conjunto de datos se ofrezca en formato procesable. El organismo o ministerio debería dar transparencia máxima a dichas solicitudes y las respuestas facilitadas a las mismas (salvaguardando la privacidad del solicitante). Establecimiento de un procedimiento de mecenazgo de datos. Apoyándose en las posibilidades de colaboración público-privado contenidas en las leyes de contratación pública, definir un marco general que permita a una empresa realizar la transformación de conjuntos de datos de formatos cerrados y no procesables a un formato abierto y procesable. La contraprestación sería los derechos económicos resultantes de la venta del conjunto de datos por el organismo o ministerio. Enumeración de un conjunto mínimo de información disponible para la reutilización en formato procesable. Existe un grupo común de información de interés general que todos los organismos poseen (e.g. contrataciones, presupuestos, recursos humanos, ...) cuya liberación en formato procesable de forma obligatoria para todos ellos supondría un impulso a la reutilización de la información pública y la implementación del Real Decreto. Cuadro de mandos público de la reutilización. Incluir dentro de la "información sobre documentos susceptibles de reutilización" un conjunto de datos sobre la implementación de la norma que han de ser públicos y estar en formato procesable. Entre estos datos figurarían el total de conjuntos de datos, cuales de ellos son gratuitos o de pago, cuáles están en formato procesable, cuáles están accesibles de modo automatizado, ...
Estas propuestas las he hecho llegar al buzón consultareutilizacion@mityc.es , que además amablemente han hecho acuse de recibo de las mismas. Y esto me lleva a una reflexión general para la mejora de los procesos de consulta pública de la Administración, que en gran medida están aplicándose en éste caso:Transparencia de la consulta. La publicación de las propuestas y comentarios recibidos, que ha sido anunciada en la web del proceso de consulta.
La colaboración es el tercer pilar del Gobierno Abierto. En su piedra angular teórica el memorandum aprobado por Obama en el primer día de sus Presidencia, se enunciaba que Government should be collaborative. Collaboration actively engages Americans in the work of their Government.El Gobierno debía abrirse a las comunidades, empresas y ciudadanos particulares y hacerles participes de la búsqueda de soluciones y gestión de servicios públicos. No es una renuncia a la responsabilidad final sobre los resultados, ni un abandono a su suerte de los individuos.
El Gobierno de David Cameron articula su estrategia de Colaboración alrededor del concepto de "The Big Society". Básicamente, la idea base del concepro esWe want to give citizens, communities and local government the power and information they need to come together, solve the problems they face and build the Britain they wantAquí el Gobierno desaparece, renuncia a sus obligaciones en dando lugar a un renacimiento de la sociedad victoriana, con servicios apoyados en la caridad, el voluntariado o autogestión de las comunidades locales. Ejemplos de todo ello son medidas que pretende implementar como la creación de un Servicio Nacional Civil de Voluntarios basado en el adoctrinamiento de adolescentes, obligar a participar en este voluntariado a funcionarios mediante el chantaje de incluirlo como punto de su evaluación del rendimiento, dar la "oportunidad" a empleados públicos de dirigir y ser dueños los servicios que proveen o alentar las empresas sociales y de caridad para realizar funciones públicas.
Los experimentos sociales terminan pagándose caros. Recordemos que los lodos de la huida del derecho administrativo que supuso la Nueva Gestión Pública ha dado lugar a un enjambre descontrolado de empresas públicas, que curiosamente ahora quieren suprimir quienes idearon el modelo sin por lo menos entonar un mea culpa. Publicado por
Las acciones hasta ahora de los poderes públicos han ido destinadas a hacer posible la transición a IPv6. Aunque sin fruto evidente, la Comisión Europea ha financiado diversos problemas de investigación en la última decada. La creciente escasez de direcciones obliga a que se acelere el paso. Hay que entrar en la fase de implementación de IPv6. Se han comenzado a dar los primeros pasos de esta evolución a IPv6 en las AAPP. La Agenda Digital para Europa habla de la necesidad de que las Administraciones Públicas apoyen la transición a IPv6, y, de un modo más concreto tal y como acostumbra, Vivek Kundra ha definido una hoja de ruta para el Gobierno Federal USA. Ello supondrá actualizar de un modo u otro equipos y aplicaciones de Gobierno Electrónico.
Cuando la Comisión Europea publicó la Agenda Digital mostré mi escepticismo sobre la idoneidad del momento y la aproximación. Lamentablemente, sobre el momento no podemos actuar, pero si sobre la aproximación tomada. La migración a IPv6 debe ser una acción global liderada por organismos multinacionales. De un lado, los operadores de telecomunicaciones han de comenzar a activas las nuevas reglas de IPv6 en su equipamiento de red, haciendo del actual IPv4 un servicio sobre la misma, algo totalmente posible. De otro, hemos de hacer una diseminación de la problemática entre los ciudadanos y comenzar a prepararles para el cambio, del mismo modo que se les ha hecho participes de la lucha contra el cambio climático. Si sólo abordamos qué tenemos que hacer las AAPP como usuarios de la red para evolucionar a IPv6, fracasaremos en asegurar la sostenibilidad de Internet. Publicado por
En tiempos de cambio, en epocas de reforma de lo público, es indudable que se necesita incorporar cambios en la función pública. Pero el cambio más importante a realizar es en las reglas de funcionamiento de la Administración y poder ejecutivo, en definir cómo este conjunto puede servir mejor a la sociedad. Publicado por
Importancia de las TIC en empresas y sector público: La trampa del lenguaje
Recientemente un amigo me regalo el libro "The real business of IT". El libro está dirigido a CIOs pero que puede ser de interés a cualquier profesional de las Tecnologías de la Información con interés por conocer el entorno de su trabajo. Toda la temática del libro gira entorno al problema de cómo realizar la puesta en valor de nuestro quehacer diario.
Resulta chocante el poco peso de los directivos TIC en cualquier empresa pública o privada cuando un 94% de los CEOs culpan del fracaso de cualquier tipo de proyecto a las TIC (encuesta realizada por Gartner en 2004 citada en el libro). Una de las razones que se da para ello es la excesiva cultura de servicio de las áreas TIC reflejado en nuestro lenguaje. Llamar cliente a quienes no son más que compañeros y acatar consecuentemente sus dictados sin la más mínima aportación de ideas propias, son los signos más evidentes de este "servilismo".
La visión de las otras áreas del negocio como clientes, incluso hablar de ellas como las áreas de negocio de modo diferenciado a las áreas TIC, ha llevado a que seamos considerado un ente externo. Se nos considera sólo el soporte que puede prestar cualquiera, empleados de rango inferior dentro de la misma compañía u organismo público. El primer paso para revertir la situación es cambiar nuestro propio lenguaje. Hablar de compañeros en lugar de clientes y huir de la cómoda posición de suministrador interno. Involucrarse mediante la aportación de una visión de innovación. Las palabras nunca son no intencionadas en el entorno laboral, y menos en el mundo de la Administración Pública. Cambiemos nuestro lenguaje y cambiemos nuestra actitud. Ni nuestros compañeros son clientes cautivos pagando el vasallaje de la tecnología ni los profesionales TIC somos ajenos al negocio que nos rodea.
Corren tiempos de reforma de lo público, de optar entre reducir gasto, incrementar impuestos o realizar ambas cosas. O también de optar por alternativas más complejas, compartir servicios o contratar a otra AAPP para que ejecute parte de mis obligaciones. También reformas radicales están sobre el tapete, reducir ayuntamientos o reducir funcionarios. Cada un tiene su coste. La ciudadanía, no toda pero si parte, piensa que las opciones son de consecuencias neutras, que todas las reformas conducen al final al mismo destino. Desgraciadamente no es así, pero seguramente no sabemos hacerles ver lo contrario. Si los ciudadanos emplean su tiempo en juegos de simulación como FarmVille, ¿no les sería igual de entetenido un PublicVille? Diversos niveles de administración cada uno con sus complejidades en los que los ciudadanos descubran la limitación de recursos y la complejidad de la decisión en cada caso. Hacer el presupuesto, establecer un convenio con otra Administración, rediseñar una RPT, elegir en cada caso entre personal propio o outsourcing, ... Construir un micromundo administrativo virtual sería quizás la mejor de las enseñanzas a los ciudadanos, de la cual sin duda podrían sacarse decisiones de calado para aplicar en el mundo real.
Las barreras de la reutilización de la información en la AGE
Son ya casi dos años los que el Proyecto Aporta lleva tratando de difundir entre las AAPP la culutura de la reutilización. Un catálogo de acceso a la información pública generada por la Administración General del Estado, es quizás el símbolo externo más palpable de su progreso. Sólo con ver este catálogo, uno es consciente de la gran cantidad de información pública que ya está disponible. El mismo, seleccionando datos estadísticos, da a acceso a los datasets generados por organismos y ministerios de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo siguen existiendo barreras a la reutilización en la AGE.
Tenemos sin embargo el concepto de un escaso compromiso de la AGE con la reutilización y el opendata. Es ello quizás cierto, pero también juega en contra la escasa visibilidad que se da a las iniciativas existentes. En parte, es un problema de marketing de lo público, comenzando por el mismo catálogo, que en lugar de haberle llamado datos.gob.es le hemos ocultado dentro de la web de un proyecto. Mezclando además los conjuntos de datos con otra información que, aunque de interés, tiene menos interés para los reutilizadores. Y continuando por las webs públicas, donde no en ocasiones los datos están dispersados entre distintas páginas sin existir una zona lógica que los agrupe y los haga accesibles.
El acceso a los datos reutilizables es el segundo de los obstáculos. Frente al modelo data.gov en el cual los datos están accesibles en formato procesable directamente en el catálogo, la AGE cuenta con un linkódromo. El reutilizador ha de acceder desde el catálogo a la web dónde realmente están los datos. Allí generalmente no acaban sus penas. Habrá de enfrentarse a un formulario para descargar los datos que quiere. Unas veces podrá automatizar otro proceso, pero será bajo su cuenta y riesgo y sin contar con una API oficial.
Los formatos en que se ofrecen los datos tampoco facilita la reutilización, aunque este tercer obstáculo es menos generalizado. Existen muchos de los datos en formato excel (e.g. DGT) y algunos en HTML (e.g MAMRM), pero pervive el uso del pdf.
¿Pero son los datos a los que accede reutilizables con fines comerciales o no comerciales? La inseguridad jurídica es el cuarto de los obstáculos a la reutilización. La mayoría de los conjuntos de datos ofrecidos carecen de condiciones de licenciamiento claras. Unas veces por aparecer en el aviso legal un mensaje críptico al respecto y otras veces por ni tan siquiera aparecer nada. La visibilidad, la accesibilidad, los formatos y la inseguridad son las barreras de la reutilización que Aporta no ha conseguido romper en dos años. No creo haya sido por falta de esfuerzo, sino quizás por un defecto generalizado en la AGE: Nuestro excesivo regulacionismo. Aquello sin soporte legal tiende a no hacerse. Sólo por ello, es una buena idea que dentro del Plan Avanza2 se haya incluido el desarrollo de la Ley 37/2007 mediante Real decreto. A lo mejor con ello se consigue remover barreras.
Acceso a la información: Una defensa acorde con la realidad
El día 28/9/2010 se celebró el "Dia Internacional del Derecho a Saber". Con tal motivo, AccessInfo organizó una jornada vespertina denominada "Del secretismo a la transparencia: ¿Qué es el derecho a saber?". Es conocido por quien me lee que doy gran importancia al libre acceso a la información pública, cuya efectividad en España deja que desear, razón por la cual hice difusión de dichas jornadas a través de twitter y me acerque a las mismas. También mantengo por ello en esta bitacora publicidad de la necesidad de una Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, creo que la defensa de toda idea hay que hacerla desde una base sólida y desde la realidad, no desde una visión sesgada de la realidad tratando de atizar el fuego de los neutrales. Es esta una práctica que en política (y defender el libre acceso a la información es política) no creo que sea la más acertada (aunque sea practicada con frecuencia). Mezclo en esta nota qué se contó y mi grado de acuerdo parcial o total con algunas afirmaciones (y actuaciones) que allí presencie.
En primer lugar, y por las razones que expuse en una anterior entrada al escribir sobre el caso Wikileaks, me parece condenable que se me reciba dándome una copia del borrador de anteproyecto de la denominada ley de transparencia, no publicado oficialmente y fruto de una filtración. Tenemos derecho a saber, ese anteproyecto tenía que haberse debatido publicamente, pero distribuirlo en un acto público en una universidad pública creo que roza la apología de la ilegalidad. Las leyes nos obligan a todos, y saltarnoslas cuando no coinciden con nuestra visión ideológica no creo que sea el mejor modo de luchar por una idea. Defiendo un más efectivo acceso a la información y una mayor transparencia de nuestros gobernantes, pero ello no implica la necesidad de quebrantar o fomentar que se quebrante la legalidad.
En segundo lugar, las ideas hay que defenderlas con datos objetivos e irrebatibles. Helen Darsbishire expuso magistralmente las limitaciones del supuesto anteproyecto de ley de transparencia (básicamente, el ámbito y alcance objetivo y subjetivo no definido suficientementemente y los plazos de acceso), pero se ha de ser más sólido en el argumentario comprativo con otros países. Ejemplos de la endeblez argumental comparativa internacional son a mi juicio los siguientes:Se dice que España es de los pocos paises que no posee una ley de acceso a la información, ello es una verdad a medias. No existe una ley como tal pero si existe un marco legal general (art 35 y 37 de la Ley 30/92) y previsiones parciales en otros textos legales (Ley 16/85, Ley 38/95, ..). Cuestionemos la efectividad del marco legal, pero no su falsa inexistencia.
Se habla de la necesidad de adecuarse al Convenio del Consejo de Europa para acceso a documentos oficiales. Comparto totalmente ese objetivo, pero no puede defenderse sin indicar que tan sólo un puñado de países han firmado su adecuación. No se dan datos sobre el alcance y ámbito de las leyes de acceso a la información de otros países. Supongo que todos los países que se indican tienen leyes, pero no se indica cuáles de estos no es más que previsiones legales similares a las que ya existen en España, aunque tengan forma de ley independiente.
No se dan datos sobre la efectividad del marco legal en otros páises. Como antes indiqué, emn España no es que no exista un marco legal, sino que no es efectivo. No me preocupa que en otros países no lo sea sino que no lo sea en el mio, sin emabargo, si se usa el argumento comparativo, hay que dar datos concretos de cumplimiento, citando las fuentes de los mismos.
Algo parecido puede decirse de la intervención del Profesor Manuel Sanchez. Toda su intervención giró en la necesidad de regular el acceso a la información como ley orgánica. La razón no es otra que las mayores garantías de efectividad de una ley que esto supone (permite recurso de amparao ante el Tribunal Constitucional) y evita la desigualdad territorial de derechos (una ley orgánica es básica en todas sus previsiones y no admite particularidades autonómicas). Estando de acuerdo en las razones que da para ello, creo que no se puede defender que ello es posible hacerlo ya de conformidad con el artículo 20 de la Constitución que regula la libertad de información. No pueden estirarse los textos legales "adinfinitum" para que cuadren con mis ideas. Mas coherente me pareció la breve intervención del Profesor Jose Luis San Martín, de igual modo defendió la conveniencia de regular el acceso a la información por ley orgánica, pero previa reforma Constitucional. Para este tema, y para muchos, hay que perder el miedo al cambio de la Constitución. Lo contrario, deriva en un páis del "todo vale".
Si hay un tema con el que perdí las reticencias, hacer de la Agencia de Protección de datos el guadían del acceso a la información. En cierto modo, es quizás contradictorio, ya que pùede introducir un cierto cariz restrictivo al acceso a la información. Sin embargo, me convenció la intervención de Jose Luis Piñar. El principal problema de este páis con el acceso a la información y la transparencia no es legal, es de cultura, si algo ha hecho bien la Agencia es extender la cultura de la privacidad y eso es una garantía de éxito para extender la cutura de la transparencia administrativa.
No pude asistir a más. Sigo defendiendo que necesitamos un marco efectivo de acceso a la información pública, pero cada vez tengo más dudas que una ley más sea lo que necesitamos. Ya lo comenté cuando se hizo pública la existencia del anteproyecto, creo que un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la Ley 30/1992 puede conseguir el mismo efecto con menor coste. También creo que la defensa del acceso a la información hemos de basarla en la necesidad de crear el derecho, por higiene social y pública no en una supuesta existencia del mismo o en una carencia en comparación con nuestro entorno.
El Gobierno Electrónico es una política pública más, debiendo aprender por su relativa juventud de las herramientas utilizadas en otros ámbitos. Una de ellas es la discriminación positiva, cuyo uso podría ser clave para favorecer la introducción definitiva del software de fuentes abiertas en las Administraciones Públicas. No deja de ser chocante, que en este periodo de búsqueda de ganancia de eficiciencia económica y racionalización de las TIC no se ponga la cuestión del software de fuentes abiertas encima del tapete. No soy un talibán del mismo, pero si reconozco que su uso en las Administraciones Públicas puede traer ventajas económicas, además de mayor transparencia al Gobierno Electrónico. Se trata de poner las condiciones para que estas ventajas sean obtenidas, una competición igualitaria entre software propietario y software de fuentes abiertas. Nuestra legislación (Ley 11/2007 y Esquema Nacional de Interoperabilidad) es a mi juicio acertada en no establecer una predilección en la elección del software de fuentes abiertas, pero ello significa que hay que establecer las condiciones de igualdad para que ello no suponga una predilección no deseada por el software propietario. En palabras de John Stuart Mill utilizadas en la exposición de motivos de la Ley Organica de Igualdad, la «perfecta igualdad es la que no admite poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros».
Software Abierto,
Efectivamente, existen razones para el escepticismo ante la lectura del Real Decreto. Se constituye un órgano con la finalidad de realizar "diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación" (artículo 2), que más adelante se anuncia que van a ser realizados con los medios técnicos, personales y materiales ya existentes en la Dirección General de Función Pública y sin que suponga impacto presupuestario (Disposición adicional segunda). Ello sólo puede implicar dos cosas. O bien se va a seguir realizando lo mismo pero va a ser convenientemente adornado o bien van a dejar de realizarse actividades que antes se realizaban en esta Dirección General. Me inclino por la primera de las opciones, aunque carezco de base para tal opinión, ya que es de suponer que los diagnósticos misión del observatorio son ya realizados por la Dirección General de Función Pública.
Como en todo tramo final de legislatura, el Parlamento de Cataluña ha estado envuelto en los últimos meses en un frenesí legislativo. Entre estas leyes se encuentran la Ley 26/2010 y la Ley 29/2010 de la Generalidad de Cataluña que regulan, respectivamente, las particularidades del procedimiento administrativo en Cataluña y la aplicación de medios electrónicos en el sector público de Cataluña.
He de reconocer que me resulta incomprensible cuál es la razón (aparte de que esté escrito en la Constitución) por la que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas se empeñan en aprobar leyes propias relacionadas con el funcionamiento de la Administración, que debería ser igual para todos los españoles. Ello sin embargo es ocasión para mejorar y superar el marco legislativo del Estado, algo que en parte, aunque insuficientemente, hacen las leyes mencionadas en lo relativo al Gobierno Abierto.
Ya es bastante que ambas leyes, a diferencia de las equivalentes del Estado (Ley 30/1992 y Ley 11/2007), dediquen más espacio a la transparencia y participación por medios electrónicos. Se quedan sin embargo casi siempre en el ámbito del "puede" y no del "debe". El derecho de acceso a la información regulado en los artículos 26 y 27 de la Ley 26/2010 no elimina en ningún momento las restricciones de la Ley 30/1992. Ni elimina la condición de interesado como requisito de acceso ni fija plazos tasativos de respuesta. Tampoco avanza la Ley 29/2010 en este ámbito, no obligando a ningún plazo para implementar el ejercicio del derecho de acceso ante las Administraciones Catalanas por medios electrónicos ni mucho menos a ofrecer de modo proactivo estadísticas sobre cuantas son las peticiones recibidas y el tratamiento realizado de ellas.
En lo referente a la información publicada de modo proactivo, el artículo 10 de la Ley 29/2010 ofrece una lista de la que es obligado ofrecer, bastante más que hace la Ley 11/2007. Sin embargo, ni fija un plazo en el cual ha de estar esa información necesariamente presente en las sedes electrónicas y entre la misma no figuran datos de ejecución presupuestaria de modo desagregado. Tampoco la ley establece obligación alguna a uso de formatos reutilizables en la información publicada (algo más que el uso de estándares abiertos que cubre las menciones a la interoperabilidad).
La participación por medios electrónicos queda igualmente en el ámbito del "puede". Se indica la posibilidad del uso de los mismos en los procedimientos de audiencia e información pública (artículos 67 y 68 de la Ley 26/2010) y el artículo 12 de la Ley 29/2010 habla de fomentar el uso de los mismos para canalizar la participación y promover la creación de comunidades virtuales. Bastantes más menciones que en legislación estatal, pero sólo "pueden" y no "deben".
Se va avanzando, pero tal y cómo indicaba en un post anterior, no esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto por unos meses. Publicado por
El capítulo del informe de la OECD que he leido con mayor detalle es el relativo al Gobierno Electrónico, 4.7, denominado "Plan Avanza and the Public Administration: supporting national agendas for modernisation and e-government". No se si habrá alguna revisión del mismo antes de su publicación final (en agosto no lo localice en la web de la OECD por lo que supongo estaría baho revisión final), si es así, espero que este post sea una contribución a la mejora del documento en la puesta en valor de lo diseñado y realizado en el área del Gobierno Electrónico.
Es triste comenzar por el ólvido mayor. Era destacado en el Plan Avanza como gran objetivo (página 19) "Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP". No existía por entonces aún la Ley 11/2007, y su confección, aprobación y ejecución no merece un sóla mención en todo el capítulo. Es cierto que se incluye un (escaso) párrafo en el capítulo dedicado a la Gobernanza del Plan (capítulo 2), pero personalmente me parece escaso bagaje. Relacionado con ello, tampoco el informe recoge los datos de cumplimiento de ejecución de la ley en la AGE que si recoge el informe Orange eEspaña 2010, y que superan con creces el 80% que se marcaba en el Plan Avanza (cercanos al 98%). Dada la difusión del informe de la OECD, se ha perdido una gran ocasión de publicitar el mayor logro de modernización de las AAPP en los últimos años y el esfuerzo por conseguirlo.
También habla el documento de estrategia del Plan Avanza del objetivo de (página 20) "crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas (AGE, CCAA y EELL)". Queda siempre terreno por mejorar en esta materia, pero resulta una carencia del informe no resaltar que esas estructuras se han creado (e.g. Consejo Superior de Administración Electrónica, Conferencia Sectorial de Administración Electrónica) y que fruto de ellas han sido logros tan importantes como el desarrollo de la misma Ley 11/2007 o los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
Y por acabar con algunas de las medidas dividas en dos periodos que han sido ejecutadas y no se nombran en el capítulo dedicado al Gobierno Electrónico. Durante el periodo del Plan Avanza tal y como estaba previsto, se ha desarrollado el Esquema nacional de Interoperabilidad, se ha avanzado en implementar el nivel AA de accesibilidad en las webs públicas, se ha progresado en la eliminación del papel (BOE electrónico, eliminación de fotocopias en DNI, ...) y se ha creado el Centro de Transferencia Tecnológica para el intercambio de buenas prácticas entre las Administraciones Públicas.
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References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 22
 artículo 34
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 10
 artículo 12