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Timestamp: 2018-04-19 17:47:17+00:00

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Prescripción de las acciones aduaneras para imponer sanciones por infracciones – Las causales de interrupción y algunas interpretaciones en torno a la aplicación de las mismas – Por Dr. Jorge Argentino Patricios (Por: Dr. Jorge Argentino Patricios)
por Dr. Jorge Argentino Patricios
Ya nos hemos explayado anteriormente sobre esta cuestión por diversos medios y en la actividad forense, pero dada su importancia y la mala doctrina que impera a su respecto, no está demás volver sobre el tema.
La cuestión consiste en determinar si es suficiente el mero dictado del auto de apertura del sumario (en su caso, el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera), como pretende la aduana y la jurisprudencia en general o, si es necesario, como sostenemos, que dichos actos resolutivos sean debidamente notificados al imputado para causar el efecto pretendido, la interrupción del plazo de prescripción.
Pero ello implicó inmediatamente establecer el alcance del término “llamado”, es decir, si bastaba el mero dictado de la resolución o si es necesaria la efectiva notificación de la misma. La jurisprudencia y doctrina casi unánime se inclinaba por la primera de las hipótesis, es decir, el mero dictado del acto procesal, con la cual discrepamos.
En la causa “ASA S.R.L.” que tramitaba ante el JUZGADO EN LO PENAL ECONOMICO Nº 7, SEC. 13, se dispuso llamar a indagatoria al imputado, casi sobre la fecha de la prescripción, pero no le fue notificada sino meses después, razón por la cual en ejercicio de la defensa, se planteó la prescripción de la acción, por no haber sido notificada en término la resolución que decidía el primer llamado a indagatoria.
Si bien el Juzgado de instrucción rechazó el planteo, la Cámara del fuero, Sala “A” se inclinó por la hipótesis que sostenía la defensa y decretó la prescripción de la acción fundada en la carencia de notificación oportuna del acto procesal y por la doctrina del caso MATTEI. En el sentido indicado, citó la garantía de ser juzgado en un juicio rápido, consagrado en los Fallos 272:188 (“Mattei”) y Fallos 327:327 (“Barra”) cuyo resguardo torna apropiada la declaración de prescripción de la acción penal (conf. CSJN, Fallo M.2710 XLII del 23/10/2007 “Moyal, José Armando s/asociación ilícita “, siendo aplicable al presente caso la doctrina mencionada, en la medida del tiempo transcurrido desde la fecha del hecho imputado.
La publicidad, tanto de los actos administrativos así como de los actos procesales, incluidas en ello las sentencias, hace a la esencia del sistema republicano que surge de nuestra Constitución Nacional.
Por su parte, según el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL: (G. CABANELLAS; L. ALCALÁ-ZAMORA, Editorial Eliasta; 12ª. Edición, año 1979), la notificación consiste en el acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial. Documento en que consta tal comunicación, y donde deben figurar las firmas de las partes o de sus representantes. Comunicación de lo resuelto por una autoridad de cualquiera índole.
Por su parte, el Código Procesal Penal de la Nación de Ricardo Levene (h), Jorge O. Casanovas, Ricardo Levene (n), Eduardo H. Hortel, 1993, Depalma, pag. 112), señala que por notificación se entiende el acto escrito mediante el cual se comunica, se da a conocer, en forma auténtica, a los interesados, la resolución judicial con todas las formalidades de la ley. Los interesados, conforme el texto, “a quienes corresponda”, son todos aquellos a quienes, de alguna manera, les puede afectar la decisión judicial y que gracias a la notificación pueden evitarse un perjuicio, cumplir una obligación legal o ejercer un derecho.
3.- Interrupción de la prescripción en materia de infracciones aduaneras-La existencia de un plenario al respecto.-
Expuesto lo anterior, nos avocamos al análisis del Plenario “HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A.” dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en 23/9/2003 para resolver la doctrina aplicable en materia de interrupción de la prescripción respecto de las infracciones aduaneras y las penalidades aplicables a las mismas.
Pero el plenario mencionado, adolece de algunos defectos que resulta necesario destacar:
3.1. – En primer lugar, cuando enumera las causales de interrupción de la prescripción, en vez de citar entre ellas el “dictado del auto por el cual se ordenare la instrucción sumarial”, se refiere al “dictado del auto de apertura a prueba del sumario”, hipótesis inexistente pues la ley no la consagra, con lo cual ya de por sí desvirtúa la esencia y seriedad del plenario mencionado pues la situación expuesta, en sí misma, evidencia poca lectura y análisis del tema.
Concluye sosteniendo que cuando existe un vacío que completar en el contexto del Código Aduanero, se aplica de manera supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos, (art. 1017, párrafo primero del C.A.) pero que en el caso de la interrupción de la prescripción de la acción para imponer sanciones por infracciones aduaneras tipificadas en la ley 22.415, no existe tal vacío y que el texto del art. 937 C.A., es autosuficiente, porque la norma manda simplemente a dictar el acto procesal y no indica que se lo deba notificar para que interrumpa la prescripción, solución que nos parece insostenible, por las razones que ya hemos expuesto.
Es decir, el art. 1017 del C.A. si bien señala que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplica supletoriamente en los procedimientos aduaneros, cuando se trata de procedimientos por infracciones y delitos aduaneros se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal, que prevalece, de acuerdo al texto legal citado, respecto de la primera, con lo cual el plenario en análisis aporta una doctrina falsa.
Como se debe aplicar el Código Procesal Penal, veamos que dice al respecto el artículo 142 de dicho código de forma, respecto de las notificaciones: “las resoluciones judiciales se haran conocer a quien corresponda dentro de las 24 horas de dictadas, salvo que el tribunal dispusiera un plazo menor y no obligaran sino a las personas debidamente notificadas.”
Más allá de las razones expuestas y a partir de la propia letra de la Ley 22.415, Código Aduanero, es inexacto que el auto de instrucción sumarial y las resolución condenatoria sean interruptivas de la prescripción por el sólo hecho de ser dictados, sin necesidad de notificación alguna, como lo sostiene el plenario mencionado.
Para desvirtuarlo, basta con analizar el texto del artículo 1012, incisos a) y b) del C.A., según el cual “…deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; b) Los que….en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos…”.
Es decir, el artículo 1012 del Código Aduanero es complementario del artículo 937, incisos a) y d) del mismo texto legal y por ello, los actos procesales en cuestión deben ser notificados para que causen el efecto pretendido (interrupción de la prescripción).
Obviamente, un acto susceptible de interrumpir la prescripción encuadra en dichas categorías y no puede sino ser notificado para lograr dicho efecto. Como expresa el art. 142 del C.P.P.N., aplicable supletoriamente según el art. 1017, párrafo segundo del C.A.), “…no obligarán sino a las personas debidamente notificadas”.
5.- Los argumentos de la minoría que voto en disidencia en el mencionado plenario.-
La minoría, integrada por los Dres. Licht y Coviello, incurrieron en los mismos errores conceptuales que la mayoría al sostener que se aplica supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y al incluir entre las causales de interrupción al auto de apertura a prueba, como lo hizo erróneamente, también la mayoría, pero terminaron sosteniendo lo siguiente:
En definitiva: El auto de instrucción sumarial, así como la resolución condenatoria sólo interrumpen la prescripción si son notificados en tiempo y forma (art. 1017, segundo párrafo del C.A., 142 del C.P.P.N. y 1012 del C.A.).
6.- Reflexión a modo de síntesis
Resta una reflexión al respecto: Si se hubiera aplicado la doctrina y la legislación correcta, se hubiera arribado a una solución acorde a la razonabilidad, pues es imposible que un acto administrativo o procesal cause efectos como los pretendidos (interrupción de la prescripción) sin notificarlo.
b) Es de esperar que la doctrina y la jurisprudencia evolucionen para bien y que en breve contemos con pronunciamientos adecuados al derecho de defensa en juicio y al debido proceso, garantías estas de carácter constitucional, ajustados además a la legislación aplicable en la materia, a la cual nos hemos referido.
Finalmente y como hemos expuesto, el propio Código Aduanero (Ley 22.415y sus reformas), nos aporta la solución correcta en el art. 1012 de su texto, por lo cual el plenario en cuestión carece de sustento.
doseme@fibertel.com.ar

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 142
 resolución 
 artículo 1012
 artículo 1012
 artículo 937
 resolución