Source: http://yoaldo.org/?m=201803
Timestamp: 2019-10-18 12:55:29+00:00

Document:
Marzo | 2018 | Yoaldo Hernández Perera
Sobre la inscripción de hipotecas ante la JI, en base a sentencias civiles condenatorias. No deben confundirse (como ha ocurrido en la práctica) la hipoteca judicial provisional, reglada por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, con la hipoteca definitiva. La primera –como es sabido- es una medida conservatoria para cuando el acreedor aún no cuente con un título ejecutorio, en tanto que la segunda se lleva a cabo en base a un título ejecutorio, directamente (en principio), ante el Registro de Títulos.
De entrada, es revocable la sentencia de TJO que rechaza una inscripción hipotecaria por “no seguirse el trámite instituido en el consabido art. 54”, cuando lo que se persigue es inscribir una hipoteca definitiva. Se trata de un trámite que, como se ha dicho, no tiene por qué judicializarse: quien cuente con un título ejecutorio, pues debe acudir directamente al Registro a canalizar la inscripción de hipoteca judicial. Y ya alcanza la categoría de “precedente”, el criterio fijado por los tribunales del orden inmobiliario, en el sentido de que las sentencias civiles (ni ninguna otra) no son susceptibles de “homologación”. Únicamente de forma excepcional, y con el designio preclaro de viabilizar la ejecución de la decisión, pudiera judicializarse la ejecución cuando exista alguna situación que esclarecer. Por ejemplo, que no haya sido posible precisar –técnicamente- las características catastrales de algún inmueble, etc.
El principio general es que al órgano del tribunal (TJO y TST) solamente ha de llevarse lo que apareje alguna contestación, o bien aquello cuyo trámite la ley prevea una fase judicial, independientemente de que haya contestación o no (saneamiento, deslinde, etc.). Por eso, si no existe controversia, en el caso de la inscripción de hipoteca, lo normal es agotar tal diligencia directamente ante el Registro de Títulos.
Justamente, en la página web del Registro de Títulos consta, en la parte de prestación de servicios, lo correspondiente a la inscripción de hipoteca judicial definitiva, a saber:
“Documento Base:
Sentencia condenatoria definitiva.
a. Copia certificada.
b. Registrada en Registro Civil.
Acto de alguacil de notificación de la sentencia Original.
Certificación Original del mismo Tribunal que emitió la sentencia que indique que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Doble factura para la inscripción hipotecaria.
b. De acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 2148 del Código Civil.
Copia de Cédula/RNC a favor de quien se emite la hipoteca judicial, o Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos donde se haga constar el RNC).
a. Legible.
b. De ambos lados (cédula).
Pagar en el Banco de Reservas correspondiente a la Jurisdicción Inmobiliaria por la suma de RD$1,000.00.
Recibo Ley No. 173-07 o comunicación de exención por DGII. Por un equivalente al 2% del monto de la hipoteca.
Observaciones: El Distrito Catastral determina a cual Registro de Título pertenece su inmueble. Para los casos concernientes al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo los Distritos Catastrales números 02, 03, 04, 05 y 13 pertenecen al Distrito Nacional, el Distrito Catastral número 01 es compartido entre el Registro de Título de la provincia Santo Domingo y el Registro de Título del Distrito Nacional. Todos los demás Distritos Catastrales pertenecen al Registro de Título de la provincia Santo Domingo”[1].
Finalmente, no es ocioso precisar que el artículo 2123 del Código Civil permite al acreedor inscribir hipoteca respecto de todos los bienes inmuebles de su deudor, incluso de lo futuros. Y en el supuesto de que dicho acreedor haya inscrito su garantía respecto de inmuebles que superan el importe de su crédito, pues el artículo 2161 del mismo Código Civil reconoce a dicho deudor afectado la facultad de demandar la reducción de rigor. De suerte y manera, que el hecho de que la inscripción sea peticionada por varios inmuebles no debe ser óbice para la procedencia de la medida. En efecto, el fardo de la prueba, a fines de sostener ante el tribunal que se ha inscrito hipoteca por más de lo debido, recae sobre el deudor que pretenda demandar la reducción de lugar.
[1] http://ji.gov.do/index.php/atencion-al-usuario/actuaciones-y-requisitos/requisitos-registro-de-titulos/48-hipoteca-judicial-definitiva
Sobre la titularidad del derecho registrado, en la órbita de la “transferencia” y de la “sucesión”. Cuando una persona sucede[1] a su causante[2], en rigor jurídico, dicho causahabiente es una extensión jurídica del de cujus[3]; por tanto, el inmueble no cambia (en ficción jurídica[4]) de titularidad. La cuestión sucesoral motiva que ante el Registro de Títulos se ponga a nombre del causahabiente el inmueble. A tales efectos, el impuesto que corresponde pagar es por concepto de sucesión, no de transferencia inmobiliaria[5]. Esta última tiene lugar cuando se transfiere –propiamente- el inmueble a otra persona, mediante algún acto traslativo de propiedad.
En la práctica, ante los tribunales del orden inmobiliario es recurrente que, en el contexto esbozado ut supra, se peticione la “transferencia” del inmueble a favor del causahabiente. Imaginemos las típicas pretensiones sometidas de forma concentrada (principio de concentración procesal[6]): determinación de herederos, deslinde y transferencia. Como se ha dicho, este último petitorio sobra. La titularidad cambia de nombre producto de la “determinación de herederos”: de ese trámite resulta como titular el causahabiente.
No olvidemos que, salvo que se trate del saneamiento o de la revisión por causa de fraude (que son los dos procedimientos de orden público ante la JI[7]), el poder dirimente de los jueces lo delimitan las conclusiones de las partes[8]. En efecto, del principio dispositivo[9] sugiere que éstas (las partes) deben someter al escrutinio judicial petitorios útiles, evitando –por tanto- promover solicitudes superfluas como la aludida anteriormente.
[1] Es sucesor, en especial, toda persona que toma el lugar de otra en sus derechos y obligaciones. Es la llamada a recoger la sucesión, en todo o en parte. (Cfr CAPITANT, Henri. “Vocabulario Jurídico”, p. 529)
[2] “Causante. DEFINICIÓN. Antecesor, predecesor, autor. EJEMPLO ACTUALIZADO. “Objeto del proceso sucesorio. … el proceso sucesorio determinará: 1) el fallecimiento del causante o su ausencia (…) ETIPOMOGÍA. Persona de quien se deriva a alguno el derecho que tiene. Proviene del latín causants, autis (…)”. (COUTURE, Eduardo J. “Vocabulario Jurídico”, 4ta. edición, p. 154)
[3] “De cujus. (Derecho Civil) Primeras palabras de la fórmula latina “de cujus succesione agitur” (aquel de cuya sucesión se trata); utilizada en nuestros días para designar al difunto causante de la sucesión: se dice el “de cujus”. (“Enciclopedia Jurídica”. En línea: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-cujus/de-cujus.htm)
[4] “Ficción. DEFINICIÓN. Proposición normativa consistente en que la ley atribuya ciertas consecuencias, a determinados eventos previstos en ella, aun en contra de su efectiva realidad. EJEMPLO. “La subrogación es una ficción jurídica”. (Op. Cit. COUTURE, Eduardo J., p. 349)
[5] Consultar los requisitos para cada trámite en la página de la Jurisdicción Inmobiliaria, específicamente el enlace correspondiente al Registro de Títulos: http://ji.gov.do/index.php/atencion-al-usuario/actuaciones-y-requisitos/requisitos-registro-de-titulos/42-transferencia
[6] “Se trata de cumplir en el menor número de actuaciones la mayor cantidad posible de actos útiles para el progreso del expediente”. (GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. “Teoría General del Derecho Procesal”, p. 136.
[7] Los jueces de tierras tienen un poder activísimo en materia de saneamiento y, por extensión, de revisión por causa de fraude (en el deslinde aplican las reglas del saneamiento, en tanto sean aplicables). En ese ámbito puede -de oficio- el tribunal adoptar las medidas que estime pertinente, a pesar de que no lo soliciten las partes. Esa realidad no se verifica en materia de litis de derechos registrados, que es un asunto de interés privado. Es lo más parecido a las demandas ordinarias ante los tribunales de derecho común.
[8] “Las conclusiones de las partes son las que fijan la extensión del proceso y limitan, por tanto, el poder de decisión del juez apoderado y el alcance de la sentencia”. (Sentencia SCJ, 1ra. Cám., núm. 33, del 16 de octubre del 2002, B.J. núm. 1103, p.p. 254-262)
[9] “El principio dispositivo, rótulo cuya paternidad atribuye Goldschmidt a Gonner, equivale decir: señorío ilimitado de las partes, tanto sobre el derecho sustancial motivo del proceso litigioso, como sobre todos los aspectos vinculados con la iniciación, marcha y culminación de éste (…)”. (PEYRANO, Jorge W. “El proceso civil”, p. 50. Lo cierto es que, como sabemos, hoy por hoy, el principio dispositivo no se manifiesta en sentido puro: ha atenuado su implementación. Modernamente se dice que “las partes son dueñas, no del proceso en sí, sino de sus pretensiones”. Pero el fuero judicial es de orden público y, por tanto, deben tutelarlo –así sea oficiosamente- los tribunales de la República. El artículo 69 de la Constitución instituye las nociones (importantísimas) del debido proceso y de la tutela judicial efectiva: las partes piden lo que entienden, pero los tribunales han de ser guardianes –en todo momento- del debido proceso, ejerciendo para ello una verdadera tutea efectiva de los derechos de los sujetos procesales.
Sobre las sentencias declinatorias de lo civil y la asignación de sala en la JI. Cuando un tribunal de derecho común declina un expediente ante la Jurisdicción Inmobiliaria, la parte demandante simplemente debe perseguir audiencia ante el tribunal de envío, mediante instancia, a fines de proseguir con la sustanciación de la causa declinada. Si la remisión fuere ante un tribunal de tierras dividido en salas, la Coordinación de dicho órgano está llamada a asignar el expediente a una de las salas, a fines de que el proceso continúe ventilándose. Pero es incorrectísimo requerir a la parte interesada la instrumentación de una instancia introductiva, al tenor del artículo 30 de la citada Ley núm. 108-05, cual si se tratare de un proceso sometido originalmente en la consabida jurisdicción de excepción: la sentencia de declinatoria ha de servir para dar curso al proceso ante la jurisdicción designada.
En efecto, por aplicación del principio VIII y del párrafo II del artículo 3 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, deben aplicar en el proceso inmobiliario los preceptos del artículo 24 de la Ley núm. 834, que establece que el juez que se declare incompetente designará la jurisdicción que estime competente, imponiéndose dicha designación a las partes y al juez de envío. Asimismo, cuenta con aplicabilidad el artículo 25 de la indicada norma, que sostiene que en caso de reenvío ante la jurisdicción designada, el expediente del asunto es inmediatamente transmitido por el secretario, con una copia de la decisión de reenvió. En caso de mediar un recurso de impugnación contra dicha sentencia declinatoria, pues obviamente el reenvío no deberá producirse hasta tanto no se defina dicha acción recursiva. Y es el propio artículo 25 el que sostiene que desde la recepción del expediente, las partes son invitadas a –sencillamente- perseguir audiencia por instancia: cualquier pormenor, en aras de la tutela del derecho de defensa de las partes (las que han estado instanciadas desde la otra jurisdicción) ha de resolverse en el fragor del proceso ante el juez designado.
No debe olvidarse que la tendencia es hacia atemperar los formalismos procesales. En definitiva, parafraseando a COUTURE, el proceso es un instrumento de tutela del derecho. Debe evitarse, a toda costa, que el derecho sucumba ante el proceso, fallando el instrumento de tutela en su cometido. Y como bien dijera –también- el referido autor, la tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales. Justamente, el artículo 40.15 de la Carta Sustantiva consagra que la ley (incluyendo la procesal) solamente ha de disponer para lo que resulte justo y útil; y no es ni justo ni útil conminar a un usuario a realizar una instancia introductiva de litis, con su consecuente notificación por acto de alguacil, cuando al efecto lo que se ha producido es una declinatoria de una jurisdicción a otra, permitiendo la ley aplicable que el curso del asunto se active mediante simple requerimiento, por instancia, de fijación de audiencia.
Sobre la naturaleza, interlocutoria o preparatoria, de las decisiones que disponen inspecciones parcelarias en el proceso inmobiliario y el aspecto recursivo derivado de ello. En rigor procesal, la decisión que ordena una inspección es de naturaleza interlocutoria, no preparatoria[1]. Por consiguiente, puede ser recurrida en apelación antes de que recaiga la sentencia definitiva[2]. Pero no debe perderse de vista que, por regla general, el plazo para recurrir las sentencias rendidas en estrados inicia su cómputo desde el momento de su dictado, sin necesidad de acto de alguacil notificativo alguno[3].
La praxis ante la Jurisdicción Inmobiliaria ha puesto de relieve que, en un altísimo porcentaje, las decisiones que ordenan inspecciones a cargo de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (o cualquier otro tipo de experticia) son recurridas por las partes, porque –sencillamente- alguna de ellas no está de acuerdo con el resultado del peritaje[4]. Es decir, no se trata –en sí- de recurrir la decisión per se de ordenar la medida de instrucción, es criticar un trabajo técnico que no le resulta favorable: un “pataleo”[5]. Justamente por esa situación, muchos recursos de apelación son declarados inadmisibles, por caducos, en el descrito contexto procedimental: la parte “afectada” no recurre a tiempo, por aguardar hasta el desenlace de la experticia, a fines de constatar si le conviene o no.
Ante la práctica perniciosa de apelar las sentencias que ordenan este tipo de medida de instrucción, por no serle favorable el resultado del peritaje; y luego proponer ante el tribunal apoderado el sobreseimiento, hasta tanto la alzada estatuya en torno a la apelación, muchos se han visto seducidos a considerar tales sentencias como preparatorias y, por tanto, no susceptibles de apelación previa a la sentencia de fondo. No obstante, vale insistir, la jurisprudencia ha sido constante en considerar como interlocutoria toda sentencia que se encamine a constatar situaciones que puedan ser favorables a una de las partes, poniendo a depender la suerte del litigio de tales comprobaciones; por tanto, lo propio ha de ser –sencillamente- la declaratoria de inadmisibilidad de todo recurso que sea incoado fuera del plazo correspondiente. Pero además, aun cuando se optase por considerar como “preparatoria” este tipo de sentencia, no es al tribunal que la ha dictado al que le corresponde calificar de preparatoria o de interlocutoria la misma. Es la alzada la llamada a cubrir tal cometido, lo que quiere decir que la consabida práctica perniciosa -de apelar y luego someter el sobreseimiento, invocando el efecto suspensivo de la apelación- no se solucionaría calificando de preparatorio algo que realmente es interlocutorio. De todos modos, habría que esperar que la alzada decida al respecto.
El deber ser, en el ámbito procesal, sugiere que la decisión que ordene una inspección sea apelada cuando, en sí, alguna de las partes estime que tal medida de instrucción no sería de utilidad para la sustanciación de la causa (sea porque existen suficientes elementos para forjar la convicción del tribunal, o por lo que fuere), pero no pretender, bajo la fórmula de un apelación contra la decisión que dispone la medida, cuestionar el contenido mismo de la pericia: esto último es un asunto de fondo. En efecto, no se discute que el resultado de estas pericias no es vinculante a los jueces del fondo. En caso de no estar conforme con algún resultado pericial, lo propio es argumentar –con base- en contra de tal trabajo técnico, a fines de persuadir al tribunal para que lo desestime y, en su caso, disponga otra experticia.
En conclusión, una apelación contra una decisión que ordena una inspección, cuyo fundamento sea que no se está de acuerdo con los resultados del informe es –sencillamente- inviable. En el remoto supuesto de que el recurso esté dentro del plazo, resulta muy cuesta arriba que se acoja el mismo contra una sentencia interlocutoria que ordena una inspección, cuando de manera constante la jurisprudencia ha sostenido que se trata de una facultad que pueden los jueces del orden inmobiliario disponer, incluso, de forma oficiosa. Y en cuanto al contenido de tal informe, como se ha dicho, los jueces serán soberanos en acogerlo o no, por lo que cuestionar dicho aspecto en el curso de una apelación contra la decisión que dispuso la medida es –obviamente- contraproducente.
[1] “Es interlocutoria la sentencia que ordena una medida de instrucción encaminada a la prueba de hechos precisos cuyo establecimiento puede ser favorable a una de las partes, pues pone a depender la suerte del litigio de las comprobaciones que se hagan a través de la señalada medida de instrucción”. (Sentencia SCJ, Salas Reunidas, núm. 6, del 19 de febrero del 2014, B.J. núm. 1239). “Es interlocutoria la sentencia que ordena un informativo pericial, a fines de determinar la porción de terreno ocupada por una de las partes y que indica que dicha medida es vital para el conocimiento de la controversia”. (Sentencia SCJ, 1ra. Sala, núm. 60, del 19 de abril del 2013, B.J. núm. 1229)
[2] “Según el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias interlocutorias pueden ser recurridas antes de que recaída la sentencia definitiva”. (Sentencia SCJ, núm. 60, del 19 de abril del 2013, B.J. núm. 1229)
[3] “De conformidad con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, en materia civil y comercial el término para apelar es de un mes contado desde el día de la notificación de la sentencia a la persona condenada o a su representante o en el domicilio del primero. Sin embargo, la notificación hecha al abogado, no tiene virtud de dejar iniciado el plazo de apelación, salvo el caso en que el juez pronuncie su decisión en las barras del tribunal en presencia de éste, en cuyo caso la notificación se reputa como ocurrida”. (Sentencia SCJ, 1ra. Cám., núm. 1, del 14 de abril del 2004, B.J. núm. 1121, p.p. 47-55). Criterio del que ha hecho acopio el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, visto: “El plazo para apelar sentencias dictadas in voce, en presencia de las partes, inicia desde el instante mismo de su dictado, no desde la fecha en que es transcrita el acta o en que se redacte una sentencia previa en soporte de papel”. (Sentencia in voce dictada el 12 de noviembre del 2015 por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central). Decisión compilada en el libro de nuestra autoría y del Mag. Alexis Read, titulado “La Jurisdicción Inmobiliaria y el Tribunal Superior de Tierras (Dpto. Central) –Selección de precedentes relevantes-“, p. 91. Siendo dicho criterio, finalmente, refrendado mediante el criterio del Tribunal Constitucional, al sostener dicha alta Corte que las partes han de tenerse como “notificadas” desde que conste que se ha tomado conocimiento de la decisión en cuestión, al margen de que no haya mediado un acto de alguacil notificativo.
[4] “Según el artículo 87 del Reglamento de los Tribunales Supriores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, el tribunal de tierras puede ordenar durante la audiencia de sometimiento de pruebas, a petición de parte o de oficio, la realización de cualquier peritaje u otra medida de instrucción que estime necesario para el esclarecimiento del caso”. (Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. 25, del 20 de marzo del 2013, B.J. núm. 1228). “Los jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria no están obligados a ordenar un peritaje cuando una parte lo solicite, solo si lo consideran útil, puesto que constituye una facultad que usan de manera discrecional”. (Sentencia SCJ, 3ra. Sala, núm. 36, del 20 de marzo del 2013, B.J. núm. 1228)
[5] “Los informes de los inspectores de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales comisionados por el tribunal constituyen simples opiniones que no ligan ni obligan al tribunal, el cual conserva siempre completa libertad para estatuir en el sentido que le dicte su convicción”. (Sentencia SCJ, Cámaras Reunidas, núm. 8, del 8 de octubre del 2003, B.J. núm. 1115)
Los principios y el proceso inmobiliario, a la luz de las decisiones de la 2da. Sala del TST (Dpto. Central). La constitucionalización de los procesos es transversal a todos los subsistemas jurídicos; con lo cual, el proceso inmobiliario (igual que el penal, el civil, el laboral, etc.) ha de ser estudiado bajo el prisma de sus principios orgánicos (y formativos) y de los principios constitucionales, de raigambre general, aplicables en todos los órdenes (igualdad de armas, adquisición procesal, inmediación, etc.).
Con tino, COUTURE ha afirmado que el proceso no tiene un fin en sí mismo, más que tutelar la prerrogativa que, en definitiva, se pretende que sea reconocida judicialmente[1]. De ahí que deba evitarse, a toda costa, que el proceso suprima al derecho mediante formalismos insostenibles y, sobre todo, a través de una instrumentación de la causa apartada de los principios orgánicos y constitucionales, en general.
Constituye una conquista, en el marco de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, que los tribunales del orden judicial hayan venido haciendo acopio (cada vez más) de los principios rectores del proceso, a fines de velar (de la manera más eficaz posible y siempre de cara a la constitucionalidad) por el irrestricto respeto de los intereses envueltos en cada tramitación. En esta oportunidad nos centraremos en las decisiones de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, relacionadas con la Principiología a la cual hemos estado haciendo referencia.
A continuación, pasamos a presentar sendas decisiones que, desde nuestro punto de vista, cuentan con relevancia en el ámbito de los principios y del proceso inmobiliario, con puntuales comentarios introductorios y la transcripción del fragmento esencial correspondiente a cada principio.
PRINCIPIOLOGÍA DE LA LEY NÚM. 108-05, DE REGISTRO INMOBILIARIO
Principiología de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario. Aplicación constitucionalizada de la norma inmobiliaria: en doctrina vanguardista se conoce como “Principiología” el estudio de los principios rectores de determinado subsistema jurídico. La Ley núm. 108-05, debe ser interpretada bajo el prisma de sus principios. Una interpretación constitucionalizada de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, supone que el contenido de dicha normativa sea estudiado bajo el prisma de sus principios, no de manera fragmentada y aislada, texto por texto, sacando de contexto determinados preceptos legales. En esa tesitura, esta alzada invita a las partes a que al momento de articular sus petitorios, tomen en consideración los principios que rigen en esta materia especializada, a fines de ganar tempo en la sustanciación de la causa y, sobre todo, para que lo solicitado pueda ser concedido, en buen derecho, por este tribunal. (Sentencia in voce dictada el 22 de febrero del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de celeridad procesal. En qué consiste. Medidas de instrucción. Fijación de audiencia: la celeridad procesal impacta el ámbito judicial, desde la perspectiva de dirección del proceso, y la dimensión forense, del litigio de los abogados postulantes, en el orden de formular pedimentos y agotar diligencias tendentes a agilizar la sustanciación de la causa. Ante la rogación de dejar sin fecha el aplazamiento peticionado al efecto, sin objeción de partes, esta alzada tiene a bien precisar que, por celeridad procesal, resulta más factible que la próxima audiencia quede fijada por sentencia, concediendo a tales propósitos un plazo razonable. Y en el hipotético caso de que para la indicada fecha fijada no estén cubiertas todas las diligencias argüidas en estrados, pues se probaría dicha situación y el tribunal tendría ocasión de deliberar acerca de la procedencia de una eventual nueva prórroga. Sin embargo, de entrada, ante la oposición de la contraparte de que el proceso sea dejado sin fecha fijada y, sobre todo, tomando en consideración que se trata de un expediente que, según pone de relieve la glosa que lo conforma, tiene ya un tiempo importante en el fragor de su instrumentación, ha lugar a dejar a fecha fija el proceso. No olvidemos que la celeridad procesal impacta el rol judicial, en el sentido de dirigir ágilmente el proceso, pero además, dicho principio afecta el rol forense de los abogados litigantes. Estos últimos están llamados a formular pedimentos tendentes a agilizar el proceso. (Sentencia in voce dictada, con ocasión del expediente marcado con el número 031-201346863, el día 7 de marzo del 2018, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de comunidad de prueba o de adquisición procesal. Concepto. Limitaciones: el principio de comunidad de prueba o de adquisición procesal, en suma, supone que las partes pueden servirse de todas las pruebas acreditadas a los debates. Las pruebas (documentales, materiales, testimoniales, etc.) pasan a ser parte del proceso, más que de la tribuna que la aportó. Pero si una parte es excluida o inadmitida en la instancia, ello arrastra las pruebas que ésta pretendía incorporar. Si bien el principio de adquisición procesal o de comunidad de la prueba supone que, en suma, las piezas aportadas por las partes pasan a formar el expediente y, por tanto, cualquiera de dichas partes pudieran servirse de ellas, lo cierto es que esto será así, por pura lógica procesal, respecto de aquellos que justamente ostenten tal calidad de “parte” en el proceso. Así, en la especie, al inadmitirse la consabida intervención, se excluyó a dicha parte interviniente; con lo cual, mal podría forjar su convicción el tribunal en función de documentos que fueron aportados por alguien que ha dejado de ser parte. Y es que, como se ha visto, al estudiar este principio procesal de comunidad de prueba, ha de interpretarse todo a partir de aquellos que sean parte: lo que se inadmite no prosigue hasta el fondo, incluyendo tanto las pretensiones como las piezas aportadas para apoyarlas.(Sentencia núm. 1398-2017-S-00094, dictada el 8 de mayo del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de comunidad de prueba o de adquisición procesal. En qué consiste. Medidas: en virtud de este principio, las medidas de instrucción y los documentos, una vez sean acreditados, forman parte del expediente y aprovechan a todas las partes. El principio de comunidad de pruebas consiste, en suma, en que una vez sean acreditadas las mismas al proceso, pasan a ser parte de la instancia. Aprovechan a todas las partes, no solamente a quien depositó un documento en particular o peticionó alguna medida de instrucción. En ese sentido, huelga aclarar que, una vez haya sido acogida una comparecencia, independientemente de que la parte que originalmente la solicitó desista de ella, si otra parte externa su interés por el conocimiento de tal comparecencia, en virtud del citado principio de comunidad de la prueba, procede ventilar la medida. Como se ha dicho, una vez acogida la misma, pasa a ser parte del expediente y, consecuencialmente, ha de aprovechar a todos los
instanciados. (Sentencia in voce dictada el 1 de marzo del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de concentración. Comunicación de documentos. Historial o histórico de inmueble: con base a la concentración procesal, es posible peticionar conjuntamente el aplazamiento para fines de comunicar documentos y un historial (o histórico) del inmueble en cuestión. Si bien, en virtud del principio de concentración procesal, es posible solicitar varias medidas de manera conjunta, a propósito de un aplazamiento, lo cierto es que en la especie el histórico de inmueble solicitado al mismo tiempo que la comunicación de documentos, carece de pertinencia, ya que –según el propio peticionario- la finalidad es precisar una “posesión”, que es un asunto de hecho que no se debe determinar mediante la aludida providencia, que se enfoca en el tracto sucesivo de derechos reales inmobiliarios registrados. (Sentencia in voce dictada, con ocasión del expediente marcado con el número 031-2016-72803, en fecha 25 de octubre del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de congruencia. Pedimentos. Precisión de su contenido: en virtud del principio de congruencia, los jueces deben comprender todos los pedimentos que formulen las partes. Si algo no les queda claro, es factible que –en estrados- se requiera la aclaración correspondiente. Solamente así lo que finalmente se decida podrá sintonizarse con lo peticionado. Este tribunal le pide al recurrido que aclare si la inadmisión que acaba de proponer es respecto de la demanda original o en relación al recurso. Es importante que sea aclarado el alcance de dicho incidente, para que al momento de emitir el fallo de rigor, lo decidido se sintonice con lo pedido; sea acogiéndolo o rechazándolo. Es que para que la decisión se baste, en un sentido o en otro, debe considerar la real finalidad del pedimento. (Sentencia in voce dictada el 8 de marzo del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
PRINCIPIO DE CONTRADICTORIEDAD
Principio de contradictoriedad. Citación. Debido proceso: hasta que no estén todas las partes instanciadas presentes en estrados o debidamente convocadas, no ha lugar a formular pedimento alguno, ajeno a las citaciones per se. En efecto, según el principio de contradictoriedad o de contradicción, deben estar todas las partes presentes o, al menos, regularmente citadas para que opinen sobre todos los pedimentos que se promuevan. El tribunal le aclara a la parte recurrida que no están las condiciones procesales dadas para permitirle que formalice el pedimento que ha referido, puesto que en virtud del principio de contradicción, aunado al derecho de defensa, deben estar todas las partes presentes para que puedan opinar acerca de ese petitorio que desea realizarse en este momento, así como acerca de cualquier otro pedimento que pudiera hacerse luego. Así, dado que la audiencia, como se ha dicho, debe aplazarse justamente para completar el trámite de las citaciones a las partes que no están presentes, se impone aplazar y que dicha recurrida plantee su pedimento en la próxima audiencia. (Sentencia in voce dictada el 8 de marzo del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de contradictoriedad. Cuándo se configura: este principio se configura cuando todas las partes se refieren sobre todos los petitorios formulados en el proceso. En efecto, el contradictorio se verifica cuando una parte dice y la otra contradice. El tribunal invita a la parte co-recurrida a que se refiera en torno al medio de inadmisión planteado al efecto. Para que la dinámica del contradictorio quede cubierta, todas las partes han de opinar sobre todos los pedimentos. (Sentencia in voce dictada el 8 de marzo del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de contradictoriedad. Intimación previa. Debido proceso: para que sea cónsono con el debido proceso la acumulación, necesariamente los tribunales deben intimar a las partes para que se pronuncien en torno al petitorio en cuestión. La contradictoriedad se cubre cuando todas las partes opinan sobre cada aspecto debatido. Para cumplir con el principio de contradictoriedad y con el debido proceso en general, previo a acumularse algún incidente, los tribunales deben intimar a todas las partes para que se refieran sobre el petitorio en cuestión. (Sentencia in voce dictada el 22 de febrero del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de especialidad. Contrato de venta. Tachaduras: si el contrato de venta contiene tachaduras, no es posible determinar inequívocamente las particularidades del negocio jurídico suscrito, violándose con ello el principio de especialidad que, además de los sujetos, supone que deben identificarse la causa y el objeto de la transacción.Se puede evidenciar que el acto de venta no cumple fielmente con el principio de especialidad, pues las tachaduras no permiten certificar con certidumbre lo pactado, resultando incorrectamente expresado o corregido el objeto del contrato, ya que se debió hacer con apego al Derecho, es decir, al margen del acto firmado por las partes. (Sentencia núm. 1398-2017-S-00120, dictada el 31 de mayo del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de preclusión. Medidas de instrucción. Fase de fondo: por regla general, las medidas de instrucción no proceden en la fase de fondo, sino en la etapa de producción de pruebas y de asuntos previos. Solamente de manera excepcional, y siempre que exista una justa causa, pudieran admitirse estas medidas en la etapa del fondo. Ha precluido la fase para conocer medidas de instrucción, ya que nos encontramos en la audiencia de fondo. Solamente si existiere una justa causa que justifique la circunstancia de no haber promovido esta medida en el momento procesal originalmente concebido a tales efectos, pudiera sopesarse la posibilidad de admitirlas. En este caso, una garante administración de justicia sugiere rechazar las pretensiones promovidas, tendentes a conocer sendas medidas de instrucción, ya que la parte peticionaria de ellas se ha limitado a sostener que tiene interés en tales providencias, sin invocar en ningún momento un motivo válido sobre la extemporaneidad de su petitorio. (Sentencia in voce dictada el 1 de marzo del 2017, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio de preclusión. Medidas de instrucción. Fase de fondo. Procedencia excepcional: excepcionalmente, procede acoger medidas de instrucción en la fase de fondo, siempre que se motive fehacientemente al respecto. Procede acoger la medida de instrucción peticionada al efecto, consistente en la comparecencia de la persona misma de la recurrida, a fines de que ésta externe personalmente cuál de los dos abogados que han alegado representarle cuenta con un mandato vigente. Esto así, independientemente de que nos encontremos en la fase de fondo. Se trata de un asunto que ha surgido luego de cerrada la fase de pruebas.(Sentencia in voce dictada el 5 de abril del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio dispositivo. Instanciación de las partes: si una parte solicita algo que afecta derechos de una persona, física o moral, que no fue puesta en causa, se impone el rechazo de tales pretensiones. En la especie, el tribunal advierte que se han formulado pedimentos que afectan a personas que no han sido puestas en causa, lo cual –evidentemente- viola el derecho de defensa a tales personas dejadas de instancias y, por ende, lacera el debido proceso de ley. Por vía de consecuencia, en ejercicio de la tutela judicial efectiva instituida en el artículo 69 de la Constitución, se impone el rechazamiento de las pretensiones sometidas a nuestro escrutinio en las descritas circunstancias. (Sentencia núm. 1398-2017-S-00156, dictada el 11 de julio del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
Principio dispositivo. Instanciación de partes: en virtud del principio dispositivo, las partes son árbitras de precisar a quién desean poner en causa. Los tribunales de tierras, en materia de litis de derechos registrados, que es de interés privado, no deben disponer –de oficio- que se ponga en causa a ninguna parte en particular. Lo propio es rechazar si lo solicitado viola algún derecho de alguien que debió ponerse en causa y no se puso. Propicia es la ocasión para que esta Sala recuerde que las partes, en virtud del principio dispositivo, en materia de litis de derechos registrados, no tienen que pedir autorización a los tribunales para poner en causa a ninguna entidad o persona física. Ellas (las partes) encausan a quien estimen pertinente. En caso de no instanciar a una parte que debió llamarse al proceso, y lo solicitado pudiera afectar sus derechos, pues los tribunales rechazarían las conclusiones formuladas en ese contexto, sin imponer que sea citado nadie que las partes voluntariamente no hayan encausado. Distinto sucede en los dos procesos de orden público que se ventilan ante la Jurisdicción Inmobiliaria que, como sabemos, son el saneamiento y la revisión por causa de fraude. En los referidos procesos de efecto erga omnes, los jueces tienen un papel activo y la prueba es libre. (Sentencia in voce dictada el 19 de abril del 2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central).
[1] “El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave, se ha dicho, es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido (…) es menester, entonces (…) que el proceso no aplaste al derecho (…) la tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales”. (COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 4ta. edición, p. 120.)

References: artículo 54
 artículo 2123
 artículo 2161
 artículo 69
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 451
 artículo 443
 artículo 87
 artículo 69