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Timestamp: 2019-07-20 23:17:54+00:00

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.
La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.
Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.
Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.
Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.
Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.
Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.
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Lesbianas con niño | Foto: Николай Григорьев/iStock/Thinkstock
Un estudio realizado por el New England Journal of Medicine ha determinado que no hay diferencia entre los niños criados por parejas del mismo sexo y los niños criados por parejas heterosexuales.
Esta semana el New Englad Journal of Medicine publicó los resultados de un estudio que demuestran que los hijos de parejas lesbianas concebidos a través de la donación de esperma no tenían más probabilidades de tener problemas físicos o emocionales que los hijos de parejas heterosexuales.
Los investigadores compararon un grupo jóvenes de veinticinco años de edad que habían sido criados por parejas del mismo sexo con una muestra típica de estadounidenses de veinticinco años de edad emparejados por sexo, clase, género y origen étnico.
Descubrieron que la muestra estudiada y que representaba a hijos de parejas del mismo sexo era tan feliz en sus relaciones con sus amigos y familiares como los criados por parejas heterosexuales contituidas.
El LA Times informó que la autora principal del estudio, Nanette Gartrell, comenzó a reclutar futuros padres en 1987 a fin de recabar información científica debido a la falta de investigación existente sobre el tema, que era necesaria para que los jueces decidieran sobre casos de adopción infantil.
Muchos de los participantes del estudio inicialmente se mostraron reacios a participar en el estudio, agregó Gartrell, porque “les preocupaba que se llevaran a sus hijos”.
El estudio había evaluado previamente a los hijos de parejas del mismo sexo a las edades de 10 y 17 años, y de nuevo no encontró diferencias entre ellos y los hijos de padres heterosexuales.
Este estudio viene a corroborar el consenso científico “de que los niños de familias LGBTQ no experimentan diferencias en relación con los niños criados en familias heterosexuales en los resultados relacionados con el bienestar mental y emocional y la educación, entre otros”, explicó Ryan Light, sociólogo de la Universidad de Oregón.
A pesar de que la ciencia asegura que no hay ninguna diferencia en el desarrollo de los niños, en Estados Unidos el sistema legal ha zanjando una brecha argumentando razones de inestabilidad emocional. Como sucedió en el año 2017 cuando un juez de Kentucky declaró que no escuchará ningún caso de adopción que involucre a padres homosexuales.
Sin embargo, durante las discusiones en torno al histórico fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015, de manera contundente el juez conservador y pieza clave en su aprobación, Anthony Kennedy, escribió que “si los hijos de parejas del mismo sexo sufrían psicológicamente era porque estaban siendo relegados a un Estado desigual, ya que a sus padres no se les permitía casarse”.
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La jubilación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy amenaza los derechos conquistados por las personas LGTB
El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Anthony Kennedy ha anunciado su próxima jubilación, que tendrá lugar el próximo 31 de julio. Eso permitirá al presidente Donald Trump elegir a su sustituto, que posteriormente deberá ser convalidado por un Senado con mayoría republicana, inclinando aún más la balanza de fuerzas en el Tribunal Supremo del lado más conservador. Anthony Kennedy, a pesar de pertenecer también a esa sección, se ha destacado, sin embargo, por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente. Los grupos más reaccionarios ya están preparando estrategias para revertir esas sentencias, con la expectativa de la nueva composición del tribunal. Las decisiones futuras del Tribunal Supremo respecto a cuestiones como las leyes tránsfobas vigentes en municipos o estados, o la denegación de prestación de servicios a las personas LGTB escudándose en las creencias religiosas, quedarán en manos de jueces ultraconservadores.
El juez Anthony Kennedy, que cumplirá 82 años el próximo mes de julio, ha anunciado su retirada por jubilación como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nombrado por el presidente Ronald Reagan en el año 1988, forma parte del sector conservador del alto tribunal. Sin embargo, en materia de derechos civiles se ha mostrado siempre favorable a la protección constitucional de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Así lo ha evidenciado en materias como el derecho a la libre decisión de la mujer sobre su embarazo o el respeto a los derechos de las personas LGTB, respecto a los cuales ha debido decidir en cuatro ocasiones fundamentales, que han pasado a formar parte de la historia de la lucha del colectivo estadounidense. En todas ellas, además, ha sido el ponente:
Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación
En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.
Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según explicaba el juez Kennedy en la sentencia, «la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia».
La sentencia abrió el camino para que las leyes estatales y federales pudieran incluir medidas contra la discriminación de los ciudadanos por razón de la orientación sexual.
Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad
En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la «conducta homosexual» vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas sí estuvieran permitidas para las parejas heterosexuales.
Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.
Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, con ponencia de Anthony Kennedy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que esos derechos a la intimidad y a la privacidad debían ser disfrutados igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.
Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.
US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB
Edith (familiarmente «Edie») Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa, Thea Spyer, en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera de su territorio).
De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos.
Tras una ardua batalla legal, el caso llegó a manos del Tribunal Supremo, que falló a su favor en una histórica sentencia fechada el 26 de junio de 2013, por una diferencia de 5 votos a favor y 4 en contra. El fallo, de nuevo con el juez Kennedy como redactor, dictaminaba que la sección 3 de la DOMA violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que suponía que los matrimonios entre personas del mismo sexo pasasen a ser inmediatamente reconocidos por la administración federal, independientemente del lugar en el que se hubieran celebrado, en ámbitos como el fiscal, el migratorio o las pensiones.
US vs. Windsor allanó así el camino para la que sería la sentencia definitiva que reconocía la igualdad de las parejas del mismo sexo, que llegaría dos años después.
Obergefell vs. Hodges o la legalización del matrimonio igualitario
Los nueve jueces del Tribunal Supremo tuvieron que discernir en esta ocasión si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde fuera legal. Las sentencias afectaban a los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio y se trataban de las únicas por parte de una Corte de Apelaciones que habían dictaminado en contra del derecho al matrimonio igualitario.
Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.
El 26 de junio de 2015, de nuevo por una mayoría de 5 votos contra 4, el Tribunal Supremo declaraba inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio igualitario. El argumento y fallo final del dictamen, firmado por el juez Kennedy, rezaba así:
Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.
La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.
Con esta última sentencia no solo se legalizaba el matrimonio igualitario en todo el territorio estadounidense, sino que además se reconocía la discriminación histórica sufrida por gais, lesbianas y bisexuales con estas palabras del juez Kennedy:
Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación.
La futura composición del Tribunal Supremo
Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump).
Ese equilibrio lo romperá quien ocupe el cargo que ha dejado vacante el juez Kennedy. El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente Trump, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar este en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno.
Donald Trump ya ha anunciado que anunciará su candidato el próximo 9 de julio, semanas antes de que sea efectivo el retiro del juez Kennedy. Según sus declaraciones, está barajando entre un grupo de quince posibles opciones, entre las que se contaría a dos mujeres.
Desde el Partido Demócrata se ha solicitado al presidente del Senado que aplace cualquier votación al respecto hasta que se celebren las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre, que, según las encuestas, devolverían el control de la cámara a los liberales. Piden que sea coherente con lo que él mismo defendió cuando el anterior presidente, Barack Obama, propuso a un candidato al Tribunal Supremo tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia. El presidente del Senado aplazó la decisión hasta que se celebraron las elecciones presidenciales, con el argumento de que así el nuevo candidato tendría el respaldo de los votantes. Sin embargo, la petición ha sido desestimada de inmediato, ante el temor de que los demócratas hagan la propio si obtienen la mayoría en la cámara y aplacen la decisión del nombramiento hasta unas nuevas elecciones presidenciales. Según Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, la votación sobre el candidato del presidente Trump al Tribunal Supremo tendrá lugar en el próximo mes de octubre.
Ciertamente, la mayoría republicana no se ha detenido ante nada para lograr sus objetivos. Cuando Donald Trump se presentó su candidato, Neil Gorsuch, tras ganar las elecciones, se rompió la regla de que la convalidación por el Senado fuera por una mayoría de tres cuartas partes, y se aprobó su nombramiento con mayoría simple, pues ocupan 51 de los 100 escaños del Senado. La única esperanza para los liberales es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto.
El cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, por lo que el candidato que apruebe finalmente el Senado permanecerá previsiblemente en su cargo durante un largo período, pues, según los rumores, la media de edad de los candidatos valorados por el presidente ronda los 50 años. Por otra parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace temer que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.
La amenaza para los derechos LGTB
Este nuevo escenario en el más alto tribunal de los Estados Unidos, cuyas decisiones son de altísima relevancia, ha causado entusiasmo entre los sectores de la sociedad más opuestos a los derechos de las minorías sexuales. Así, desde la asociación ultraconservadora Liberty Counsel se emitía un comunicado en el que se afirmaba que «con la jubilación del juez Kennedy habrá una nueva justicia que tendrá un gran impacto en el futuro de los Estados Unidos. Si el juez Kennedy es reemplazado por una persona que sea fiel al texto original y al significado de la Constitución, entonces solo será cuestión de tiempo que cambien varias decisiones horribles, incluidas el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo».
Por su parte, Brian Brown, presidente de la altamente LGTBfoba National Organization for Marriage (NOM) ha solicitado donaciones para financiar una campaña que lleve de nuevo hasta el Tribunal Supremo la cuestión del matrimonio igualitario. Su propósito es que la nueva mayoría conformada tras el nombramiento del candidato del presidente Trump revierta la sentencia favorable al matrimonio igualitario, y se vuelva a la situación anterior, en la que serían los estados quienes legislarían respecto al matrimonio de manera independiente.
La amenaza para los derechos civiles que supone la nueva composición del Tribunal Supremo estadounidense puede tener consecuencias drásticas. Quedan pendientes de resolver conflictos que afectan a colectivos tan sensibles como el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género. También pueden llegar al alto tribunal recursos contra las sanciones a establecimientos y negocios que discriminen a las personas LGTBI escudándose en las convicciones religiosas de sus dueños (la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto semejante se limitaba exclusivamente a ese caso).
Tampoco hay que olvidar que, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son reversibles. Como hemos visto en el caso de Lawrence vs. Texas, la sentencia que declaró inconstitucionales las leyes estatales contra la sodomía revirtió una anterior que las había declarado conformes a la Constitución. El peligro de pérdida de derechos conquistados, como el mismo matrimonio igualitario, la protección contra la discriminación o, incluso, la no injerencia del Estado en las prácticas sexuales consensuadas entre adultos, está sobre la mesa.
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Donald Trump celebra el apoyo del Supremo al pastelero homófobo que negó tarta a pareja gay
“¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este lunes una victoria judicial a un repostero cristiano de Colorado que se negó a preparar un pastel de bodas para una pareja homosexual, por considerar que los derechos religiosos de éste se habían visto vulnerados.
En una decisión alcanzada por una mayoría de siete contra dos, la máxima corte del país ha dictaminado que una comisión de Colorado, que había decidido que el comerciante debía atender a todos sus clientes independientemente de su orientación sexual, demostró una “animadversión evidente e inaceptable” hacia la religión.
Dicha comisión había dictaminado que el pastelero, Jack Phillips, había violado la ley antidiscriminación del estado de Colorado, que prohíbe a las empresas negar el servicio a las personas por razón de su raza, género, estado civil u orientación sexual.
La sentencia del Supremo, sin embargo, ahora concluye que la comisión vulneró los derechos religiosos del propio Phillips, aunque no ha emitido una decisión definitiva acerca de en qué circunstancias concretas se pueden hacer excepciones a las leyes antidiscriminación basándose en las creencias religiosas.
“La hostilidad de la comisión fue inconsistente con la garantía recogida en la Primera Enmienda de que las leyes se deben aplicar de forma que sean neutrales hacia la religión”, escribió el autor de la sentencia, el magistrado Anthony Kennedy, quien también fue el autor de la histórica decisión de 2015 de legalizar el matrimonio gay en todo el país.Donald Trump celebró el fallo con el que el Tribunal Supremo dio la razón al repostero. “¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo el presidente de EEUU en Twitter.
Big Supreme Court ruling for Baker just out!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2018
Sin embargo, Kennedy también recogió en la sentencia que “las personas homosexuales y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como marginados sociales o personas de menor dignidad y valor”, y anticipó que los litigios sobre cuestiones similares probablemente continúen sucediéndose en tribunales inferiores.
“Estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin faltas de respeto indepidas a las creencias religiosas sinceras, y sin someter a las personas gays a indignidades cuando buscan bienes y servicios en un libre mercado”, concluyó.
De los 50 estados de EEUU, Colorado es uno de los 21 que tienen leyes antidiscriminación para proteger al colectivo LGTBI.
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Fallece el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia, enemigo pertinaz de los derechos LGTB
El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.
Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.
Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.
Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.
Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.
El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.
El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que “quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.
En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.
Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.
Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.
A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.
Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).
De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…
General, Homofobia/ Transfobia. Anthony Kennedy, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Discriminación, DOMA, Edie Windsor, Elena Kagan, Estados Unidos, Homofobia, John G. Roberts, Lawrence vs. Texas, Obergefell v. Hodges, Romer vs. Evans, Ruth Bader Ginsburg, Samuel Alito, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer, Tribunal Supremo (Estados Unidos), US vs. Windsor
Donald Trump, a favor de revertir la sentencia del Supremo sobre el matrimonio igualitario… promoviendo a nuevos jueces dispuestos a hacerlo
Hasta hace unos días, Donald Trump era considerado el “menos antigay” de entre los candidatos con posibilidades reales de ganar la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una impresión que se ha venido abajo después de las declaraciones de este domingo a Fox News, en las que el favorito del bando republicano ha mostrado su intención de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario… proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.
“Es algo sobre lo que se ha sentenciado, está ahí”, respondió, al ser preguntado sobre la cuestión. “Si soy elegido seré muy firme a la hora de promover al Tribunal a jueces que puedan cambiar las cosas, pero es un camino muy largo”, advirtió. “Yo no estoy de acuerdo con el Tribunal [Supremo], debería ser una cuestión que decidiesen los estados”, aclaró.
Para entender el sentido de las palabras de Donald Trump, hay que tener en cuenta que el de juez del Tribunal Supremo es un cargo vitalicio. Cuando una de las nueve vacantes queda libre, ya sea por fallecimiento, retiro voluntario o impeachment, es el presidente el que propone un candidato, que debe recibir el visto bueno del Senado por mayoría simple. De hecho, se considera que la elección de jueces del Tribunal Supremo es uno de los más importantes legados que un presidente deja una vez acaba su mandato. De los actuales miembros del alto tribunal, dos fueron nominados por Ronald Reagan, dos por Bill Clinton, uno por George Bush padre, dos por George Bush hijo y dos por Barack Obama. Y aunque no siempre los jueces se alinean con las posiciones supuestamente más próximas al ideario de los presidentes que los nominaron (Anthony Kennedy, ponente del fallo en Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, fue nominado por Reagan), es indudable que proponer a un juez con un perfil más o menos conservador es importante cara al equilibrio final.
Volviendo a Trump, pese a su perfil extremista en multitud de cuestiones, lo cierto es que en materia LGTB el magnate ha preferido huir de la polémica. Cuando se produjo el encarcelamiento de Kim Davis, la funcionaria de Kentucky que se negaba a permitir que en su condado se emitiesen licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, Trump llegó a asegurar que el matrimonio igualitario era ya ley, y que por tanto si Davis no quería emitir estas licencias debería haber permitido que sus funcionarios lo hicieran. Un posicionamiento pragmático, que contrastaba con las manifestaciones de apoyo incondicional a Davis por parte de sus oponente republicanos, y muy especialmente del que hoy se adivina como su principal rival, Ted Cruz. Donald Trump también se ha manifestado en contra de que las empresas privadas puedan despedir a trabajadores por el mero hecho de ser homosexuales, aunque lo ha hecho de forma ambigua y por supuesto sin comprometer un apoyo formal a una posible ley antidiscriminatoria (la Ley de No Discriminación en el Empleo, también conocida como “ENDA” por sus siglas en inglés), que pese a llevar más de dos décadas en discusión aún no ha podido ser aprobada.
Es por eso que las declaraciones de Donald Trump a Fox News han causado cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que al menos en el tema del matrimonio igualitario Trump había pasado página. Algo que las bases republicanas más vinculadas a la derecha religiosa, cuyo candidato favorito parece Ted Cruz, no han hecho. Quizá sea precisamente en este contexto en el que las palabras de Trump puedan entenderse mejor: a las puertas del inicio de las primarias en Iowa, donde Cruz es muy popular entre las bases republicanas y parece el único capaz de hacerle sombra (una duda que se resolverá en solo unas horas).
Sus oponentes, aún peor…
Lo cierto, en cualquier caso, es que si de respeto a los derechos LGTB hablamos tampoco hay mucho donde elegir en el Partido Republicano. Especialmente preocupante es el apoyo expreso que ocho de los candidatos a ganar la nominación (Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz, Carly Fiorina, Rand Paul, Marco Rubio, Rick Santorum y Mike Huckabee) han dado al proyecto de Ley de Defensa de la Primera Enmienda (First Amendment Defense Act o “FADA”), una propuesta republicana que tiene como objeto impedir por ley que la administración federal exija a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con ella no discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Una exigencia que la actual administración federal mantiene gracias a una orden ejecutiva firmada por Obama en julio de 2014, precisamente debido al enésimo fracaso de la ENDA en el Congreso.
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Nuevo estudio muestra la disparidad entre los fieles católicos y las enseñanzas de su iglesia, también en materia LGTB
Un reciente estudio del Pew Research Center confirma que los fieles católicos de Estados Unidos se distancian, en buena medida, de las enseñanzas de su propia iglesia, pese a su amplia voluntad de permanecer dentro de la misma. Esta disparidad se manifiesta también en materia LGTB, aunque aquí la opinión se encuentra más dividida que en otros asuntos.
El próximo 21 de septiembre comenzará en Filadelfia una nueva edición (la octava) del denominado “Encuentro Mundial de las Familias”, que incluirá una misa que se prevé multitudinaria. Se espera que, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, sirva para reafirmar las tesis más tradicionales y como escaparate de grupos ultraconservadores (de hecho, asistirán incluso grupos que siguen defendiendo las peligrosas “terapias” de conversión).
En este contexto, resultan interesantes los datos del último estudio del Pew Research Center sobre las posiciones de los católicos estadounidenses en diversos temas. Datos que muestran una población católica que está lejos de aceptar monolíticamente las enseñanzas de la iglesia, especialmente las referidas a moral familiar y sexual (incluido lo referido a la realidad LGTB). Así, preguntados por si consideran aceptables diversos modelos de familia, hay un amplio consenso (predecible) en valorar positivamente la “familia tradicional”: un 90% de los encuestados lo considera “aceptable y tan bueno como otros para educar hijos”. Lo interesante es que la misma valoración se da en porcentajes relativamente elevados respecto de otras formas de familia, incluidas las de padres del mismo sexo: 48% para parejas heterosexuales no casadas, 43% para parejas del mismo sexo (no especifica si casadas o no), 38% para padres y madres solteros y 31% para padres y madres divorciados.
En lo referido a las familias homoparentales, el porcentaje de “aprobación total” es más bajo que con el matrimonio “tradicional”, pero significativamente más alto que con padres y madres solteros o divorciados. Parecen preferir una pareja antes que una persona sola para la crianza… En cambio, para dar un retrato completo del estudio, hay que señalar que las parejas del mismo sexo tienen un porcentaje de “desaprobación total” (considerarlas inaceptables en cualquier caso) más alto que todas las demás, pues en las otras la consideración de “mal menor” (esto es, tenerlas por aceptables aunque por debajo del ideal) tiene mayores porcentajes. Parece que en lo referido a las personas LGTB, la opinión está más polarizada: o la aceptan plenamente, o la rechazan del todo.
Preguntados por formas de pareja (sin hijos), se repiten resultados similares: una pareja del mismo sexo sin hijos obtiene la aprobación del 46% mientras que una pareja heterosexual no casada y sin hijos recibe la aprobación del 55%; un matrimonio heterosexual que decide no tener hijos, por su parte, recibe la aprobación de un 70%.
Otra variable que hay que tener en cuenta es la diferencia entre los católicos que asisten a misa regularmente (al menos una vez por semana) y quienes no lo hacen. Entre los primeros, la adhesión a las enseñanzas de su iglesia es mayor que entre los segundos. En concreto, sobre las personas LGTB, encontramos que un 36% de los católicos que asisten regularmente a misa encuentran inaceptable una familia homoparental y un 25% la ve como “no tan buena” como una familia “tradicional”; en cambio, un 36% la ve tan buena como cualquier otra. La interpretación de este dato, obviamente, está sujeta a discusión. Unos podrán pensar que los católicos que van a misa son los más coherentes, otros en cambio podrán pensar que quienes no van quizá no lo hagan porque no se sienten a gusto con su iglesia tal y como está…
El caso del juez Kennedy, un ejemplo
El estudio completo aporta muchos más datos interesantes. De entre ellos, podemos destacar uno que suele despertar polémica desde ambientes católicos y no católicos, aunque por razones distintas. Se trata de la paradójica “fidelidad” que manifiestan los católicos a su iglesia, incluso entre quienes no aceptan enseñanzas suyas y ni siquiera asisten a misa regularmente. Aquí el estudio ofrece un dato claro: entre quienes se declaran católicos, un 70% afirma no imaginarse dejar la iglesia en ningún caso (entre quienes sí han dejado la iglesia católica, un abrumador 89% señala que no tiene pensado volver: parece que resulta difícil irse de la iglesia católica, pero que quien lo hace también difícilmente volverá).
La disparidad entre lo que piensan muchos católicos y las enseñanzas de su iglesia cuenta con un ejemplo elocuente: la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos acerca del matrimonio igualitario. Su ponente, el juez Anthony Kennedy, es conocidamente católico, lo que en cambio no le impidió posicionarse a favor del matrimonio igualitario, ser además quien redactara la sentencia, y hacerlo en los términos elocuentes con los que habla del matrimonio. En este sentido, se refiere, por ejemplo, al carácter “trascendente” de la institución matrimonial. Asimismo, no hay constancia de que Kennedy haya abandonado la iglesia católica (a pesar de las furiosas críticas que ha recibido desde sectores ultraconservadores).
En definitiva, un ejemplo más que muestra que, al menos en algunas partes del mundo, muchos fieles no dudan en apartarse abiertamente de enseñanzas que de su iglesia sin que por ello dejen de considerarse católicos. Y la realidad LGTB —aunque en menor proporción que otras cuestiones— forma parte claramente los elementos de disenso.
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprueba el matrimonio igualitario y reconoce la discriminación histórica de gais, lesbianas y bisexuales
Por una mayoría de 5 votos favorables a 4, el plantel de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede excluir a las parejas del mismo sexo. El espíritu de la sentencia puede resumirse en su resolución final, en la que los magistrados favorables estiman que las parejas demandantes reclamaban “igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho”. Contra esta argumentación, la minoría disidente alude a argumentos caducos como el relacionar matrimonio y procreación o el socavamiento de la libertad religiosa.
Las previsiones más optimistas se han visto cumplidas y la más alta instancia judicial de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, intérprete máximo de la Constitución, ha dictaminado que las parejas del mismo sexo de todo el país tienen el derecho constitucional a contraer matrimonio, sea cual sea el estado en el que residan. Así, el matrimonio igualitario alcanza a todos aquellos estados donde las leyes que lo prohibían aún estaban vigentes o pendientes de resolución judicial definitiva: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Texas, Misuri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio y Michigan. La sentencia también afectará a otros territorios vinculados a las decisiones del Tribunal Supremo, como Puerto Rico.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo debían discernir si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde era legal. Afectaban a sentencias de los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio.
Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que finalmente fue aceptado por el Tribunal Supremo para su consideración a principios de año. El caso hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción. Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.
El ponente de la sentencia ha sido el juez Anthony Kennedy (el mismo del fundamental y precursor caso Windsor), a quien se han unido con su voto favorable los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez Kennedy establece que el matrimonio es un derecho fundamental, y que “la identificación y protección de los derechos fundamentales es una parte perdurable de la obligación judicial de interpretar la Constitución”. Prohibir ese derecho fundamental a un grupo determinado de ciudadanos vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara el derecho al debido proceso y la igual protección ante la ley: ”Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a una ley que limite los privilegios o exenciones de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún tribunal de cualquiera de los estados podrá privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni podrá denegar a una persona dentro de su jurisdicción la igual protección ante las leyes. Si los estados permiten que las personas se casen con otras personas del sexo opuesto de su elección, deben permitir que las personas hagan la misma elección con cónyuges del mismo sexo”.
Discriminación histórica
No obstante, algunos esperaban que los fundamentos del fallo hicieran referencia a la orientación sexual como merecedora del más alto escrutinio, el mismo que merecen el sexo, la raza o el origen étnico. Eso hubiera significado que ninguna ley, mandato u ordenanza podría discriminar, ni siquiera por omisión, a los ciudadanos de los Estados Unidos en base a su orientación sexual. Sin embargo, la sentencia únicamente se ha ceñido al derecho al matrimonio y a la vulneración de la igual protección ante la ley en ese ámbito.
Aunque el dictamen contiene un detalle que no se ha pasado por alto: el juez Kennedy califica la orientación sexual de gais, lesbianas y bisexuales como “de naturaleza inmutable”, incidiendo más tarde en que “los psiquiatras y otros expertos han reconocido que la orientación sexual es una expresión normal de la sexualidad humana y es inmutable”. Esta calificación da fin a cualquier debate jurídico sobre la elección arbitraria de la orientación sexual y abre la puerta a que en futuros casos se le estipule el más alto escrutinio, pues la cuestión de la “naturaleza inmutable” ha sido fundamental para que le fuera reconocido al sexo o a la raza. A nadie se le escapa tampoco la relevancia que podrá tener en la lucha contra las terribles “terapias reparadoras”.
Pero el factor principal para designar a un grupo como merecedor del más alto escrutinio es el hecho de que haya sido históricamente discriminado. El juez Kennedy lo establece sin duda alguna: ”Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación”. La repercusión que este argumento pueda tener en futuras sentencias, de este u otro tribunal, es indudable.
Finalmente, la sentencia se fundamenta en el derecho a la igual dignidad de todos los ciudadanos, sin excepción, y en la decisión de no excluir a ninguna persona de un derecho fundamental, la institución del matrimonio, que no hace sino engrandecerse al poder acoger a todos los ciudadanos:
Los votos contrarios a la sentencia han partido de los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo), Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, como la mayoría de los expertos había previsto. Han presentado sus argumentos en cuatro opiniones de disenso, que ocupan dos tercios de los 103 folios que componen la sentencia.
La más profusa, elaborada por el juez Roberts, ha sido firmada también por Scalia y Thomas, e incide en viejos argumentos como el de relacionar matrimonio con procreación: “el matrimonio es una solución socialmente organizada para el problema de lograr que las personas permanezcan unidas y cuiden a sus hijos, pues el mero deseo de tener hijos y el sexo que hace posible que haya niños, no lo resuelve”. No sabemos si ese criterio es aplicable a las parejas heterosexuales que no puedan o no quieran procrear.
También echa mano el juez Roberts de la definición del matrimonio que ofrece la primera edición del diccionario Webster, como argumento de peso: “la unión legal de por vida entre un hombre y una mujer”. Al parecer, al Webster aún no había llegado el divorcio. Pero su argumento fundamental es que no se trata de una cuestión de índole constitucional, sino de una decisión que debería poder tomar el pueblo mediante votación, aunque suponga la discriminación de parte de la ciudadanía. Así lo evidencia en su sorprendente conclusión final: “Si se encuentra usted entre los muchos estadounidenses, cualquiera que sea su orientación sexual, que están a favor de la expansión de los matrimonios del mismo sexo, por supuesto que celebrará la decisión de hoy. Celebrará el logro de una meta deseada. Celebrará la oportunidad de una nueva expresión del compromiso con su pareja. Celebrerá la disponibilidad de nuevos beneficios. Pero no celebrará la Constitución. No tenía nada que ver con eso”.
El juez Scalia llega tan lejos como para negar que el propio tribunal al que pertenece pueda dictar resolución alguna: “Un sistema de gobierno que subordina a las personas a un comité de nueve magistrados no electos no merece llamarse una democracia”, una clara referencia a que la mayoría de las legislaciones contra el matrimonio igualitario habían sido convalidadas mediante referéndum. Scalia asevera que no es un intolerante mientras califica a sus colegas firmantes de la sentencia favorable de “narcisistas pretenciosos”.
El juez Clarence Thomas considera que la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo debería haberse limitado a una cuestión política, no judicial. También teme que la decisión mayoritaria socave la libertad religiosa. Aunque lo más sorprendente es que el siguiente argumento provenga del único miembro afroamericano del alto tribunal: “El corolario de este principio es que la dignidad humana no puede ser socavada por el gobierno. Los esclavos no perdieron su dignidad (más de lo que pierden su humanidad) porque el gobierno permitiera que fueran esclavizados. Los detenidos en campos de internamiento no perdieron su dignidad porque el gobierno les confinara allí. Y a quienes les niegan beneficios gubernamentales ciertamente no pierden su dignidad porque el gobierno se los niegue. El gobierno no puede conceder la dignidad, y no la puede quitar”.
Finalmente, el juez Samuel Alito se muestra muy preocupado por que los partidarios de los derechos LGTB utilicen los argumentos de la mayoría del tribunal respecto a la discriminación histórica del colectivo para vilipendiar a quienes quieran discriminarles: “Serán utilizados para vilipendiar a los estadounidenses que no estén dispuestos a asentir a la nueva ortodoxia. En sus fundamentos, la mayoría del tribunal compara las leyes tradicionales de matrimonio a las leyes que negaban la igualdad de trato para los afroamericanos y las mujeres. Las implicaciones de esta analogía serán explotadas por aquellos que están decididos a acabar con todo vestigio de disidencia”.
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Tras escuchar argumentos a favor y en contra del matrimonio igualitario, el Supremo de Estados Unidos mantiene el suspense
Los nueve miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han escuchado este martes 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Como es habitual en estos casos, los analistas han examinado con lupa todas y cada una de las preguntas que los magistrados han hecho a las partes. No parece haber sorpresas: el juez que según las previsiones inclinará la balanza hacia uno u otro lado, Anthony Kennedy, ha hecho observaciones comprometidas para las dos partes. También lo ha hecho John Roberts, a priori alineado con los conservadores. El proceso, como hemos señalado en entradas anteriores, puede significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el país o la regresión hacia una situación de profunda desigualdad jurídica en función del estado en el que se viva.
El Tribunal Supremo anunciaba en enero que en este primer semestre de 2015 revisaría el fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2014 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, las sentencias se referían a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, falló en sentido contrario, al considerar que la decisión o no de autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales (en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos), como sí han considerado el resto de circuitos que se han pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) y casi todos los jueces federales que han fallado ya sobre el asunto.
Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:
¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?
A priori: resultado muy ajustado (5-4 a favor, 5-4 en contra…)
¿Cuál es el equilibrio de poder, en este caso? La mejor referencia es la de junio de 2013, cuando el Tribunal Supremo, por 5 votos contra 4, consideró que la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
En aquella ocasión fallaron a favor los cuatro jueces considerados de perfil liberal (Stephen Breyer, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor) y Anthony Kennedy, cuyo voto resultó decisivo y que fue, de hecho, el ponente de la sentencia. En contra fallaron los cuatro jueces de perfil más conservador (Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y el actual presidente del Supremo, John Roberts).
Tras los argumentos orales… ¿Dos posibles votos oscilantes?
Pero, ¿qué ha pasado este martes? Sin entrar en mucho detalle, los analistas señalan que, a tenor de las preguntas que han hecho a las partes, la clave estará en dos jueces: el propio Anthony Kennedy, cuyo voto podría volver a ser el decisivo, y John Roberts, que hace dos años prefirió inclinarse en contra de los intereses de los matrimonios del mismo sexo. Ambos han hecho preguntas incómodas para los dos partes.
Anthony Kennedy ha provocado cierta inquietud en los partidarios del matrimonio igualitario al considerar, al dirigirse a Mary Bonauto, abogada de las parejas, que el matrimonio ha sido entendido durante “milenios” como una unión entre un hombre y una mujer. “Es difícil para el Tribunal llegar y decir ahora: ‘bueno, nosotros lo sabemos mejor’”. Kennedy, sin embargo, también se mostraba inquisitivo con John Bursch, que representaba a los estados que prohíben el matrimonio igualitario, al que le pedía explicar por qué el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan casarse pone en peligro el matrimonio tradicional. También se ha mostrado preocupado por cómo la prohibición del matrimonio igualitario afecta a los hijos de parejas homosexuales. Kennedy ha afirmado además que “el propósito fundamental del matrimonio es dignificar a las parejas, algo que se niega a las parejas del mismo sexo”.
John Roberts, por su parte, ha mostrado también su preocupación por lo que ha considerado un cambio profundo de la institución del matrimonio, pero por otro lado ha pedido explicaciones a los contrarios al matrimonio igualitario. “Si Sue ama a Joe y Tom ama a Joe, y Sue puede casarse con él pero Tom no… ¿Por qué no estamos hablando de una situación de discriminación sexual?”, se ha preguntado.
Más previsibles han sido las manifestaciones del resto de magistrados, tanto de los más conservadores como de los más liberales. Entre estos últimos han destacado algunos comentarios de Ruth Ginsburg, uno de los votos seguros a favor del matrimonio igualitario, que ha destacado que ya en el pasado la definición de matrimonio ha cambiado, pasando de ser una institución en la que había una parte dominante y otra subordinada a ser una institución igualitaria entre las partes.
En definitiva, nada está claro. El resultado podría ser un 5-4 a favor de la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario (sería el resultado más coherente con el de hace dos años sobre la DOMA), un 5-4 en contra, o incluso un 6-3 a favor, en caso de que Kennedy mantenga argumentaciones alineadas con la sentencia que él mismo redactó en 2013 y Roberts decida dar la sorpresa.
La solución, a finales de junio…
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El Supremo de EE UU suspende temporalmente el matrimonio igualitario en Idaho y Nevada
El gobernador republicano de Idaho, Butch OtterEstados Unidos
Juez de EEUU vuelve a autorizar el matrimonio igualitario en Nevada, pero no en Idaho
Idaho, Nevada y Colorado se suman al matrimonio igualitario
Incertidumbre legal sobre el matrimonio gay en Idaho y Nevada
En un breve comunicado difundido ayer, el magistrado del Supremo Anthony Kennedy indicó haber admitido a trámite la petición de suspensión presentada por el gobernador de Idaho, el republicano Butch Otter.
Un juez del Tribunal Supremo de EE.UU. emitió ayer una orden de suspensión que impide temporalmente la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en Idaho y Nevada, al día siguiente de que una corte federal derogase las prohibiciones vigentes en estos estados.
Esa petición fue entregada al juez sólo una hora y media antes de que en Idaho se hubiesen podido empezar a celebrar enlaces homosexuales.
Otter solicitó la suspensión de esta medida por los riesgos potenciales de “caos, confusión, conflictos e incertidumbre” que, a su juicio, hubiese supuesto para las administraciones locales empezar a celebrar bodas entre personas del mismo sexo.
La suspensión emitida por Kennedy afecta al dictamen de ayer de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, con jurisdicción sobre Idaho y Nevada (ambos en el oeste del país), que derogó las prohibiciones del matrimonio igualitario en esos estados.
Kennedy, el juez designado para responder a los recursos de emergencia presentados por los estados cubiertos por el Noveno Circuito, indicó que ahora los partidarios de la derogación de la ley contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en Idaho tienen hasta el jueves para presentar sus alegaciones.
Aunque el recurso solo fue presentado por el gobernador de Idaho, la suspensión también afecta a Nevada, porque el dictamen emitido ayer contemplaba la derogación de las leyes contra el matrimonio igualitario en ambos estados por el mismo motivo, es decir, “violar el derecho de igual protección ante la ley”.
La derogación de las leyes suponía el reconocimiento de la legalidad de estos matrimonios en los dos estados, y mientras en Idaho se había fijado la mañana del miércoles para empezar a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo, Nevada contemplaba empezar a celebrar esas bodas la tarde del miércoles.
Según los medios locales, la suspensión temporal del dictamen de ayer tomó por sorpresa a varias parejas homosexuales de Idaho que esperaban ante los ayuntamientos del estado para casarse.
La legalidad del matrimonio igualitario ha vuelto a agitar el sistema de justicia estadounidense esta semana, después de que el Tribunal Supremo declinase el lunes pronunciarse sobre la legalización de este tipo de enlaces a nivel nacional.
El Supremo rechazó también las apelaciones de cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.
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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos deniega la suspensión del matrimonio igualitario en Oregón
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado la petición de la organización homófoba National Organization of Marriage (NOM) de suspender la sentencia que permite el matrimonio igualitario en Oregón. Su petición había sido previamente denegada por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, después de que la organización interpusiera una apelación a la decisión de no permitirle intervenir ante la justicia federal en defensa de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Oregón.
El pasado 19 de mayo, el juez federal Michael McShane declaraba contraria a la Constitución de los Estados Unidos la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Oregón. El juez no dictaminó la suspensión de su sentencia en espera de una posible apelación, tal como habían decidido otros jueces federales anteriormente. Tampoco se produjo tal apelación, pues tanto el gobernador de Oregón como su Fiscal General rechazaron presentarla al mostrarse completamente de acuerdo con la sentencia del juez McShane.
De esta manera, se empezaron a celebrar las bodas entre personas del mismo sexo en Oregón, que ya se había convertido en el 18º estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario. Esta circunstancia, que se repitió apenas unos días después en Pensilvania, contrarió profundamente a la National Organization of Marriage, cuyo principal objetivo es la lucha contra la igualdad ante la ley de las personas LGTB.
NOM había solicitado en su día participar ante el tribunal del juez Michael McShane en defensa de la prohibición estatal del matrimonio igualitario, ya que la Fiscalía General de Oregón había rehusado hacerlo. Su argumento para esa petición era que representaban a los ciudadanos que en 2004 habían votado la enmienda a la Constitución del estado de Oregón que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez McShane estimó que la organización apenas si tenía afiliados en el estado de Oregón como para atribuirse una representación semejante, y denegó su solicitud.
Esta denegación fue apelada ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, a quien se solicitó además que suspendiera la ejecución de la sentencia del juez McShane mientras la apelación era considerada, con la pretensión de impedir de esta manera que continuasen celebrándose en Oregón matrimonios del mismo sexo. La Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que aún debe resolver la apelación, denegó la solicitud de suspensión cautelar.
Como último recurso, NOM recurrió la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito ante el juez del Tribunal Supremo encargado de su supervisión, Anthony Kennedy. El juez Kennedy fue precisamente el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Windsor, que declaró la inconstitucionalidad de la sección 3 de la DOMA, obligando a la administración federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde están permitidos. Los argumentos de la ponencia del juez Kennedy en ese caso han sido fundamentales para que desde entonces todas las sentencias dictadas por jueces federales o estatales hayan sido favorables al matrimonio igualitario.
El juez Kennedy podía resolver por sí mismo el recurso de NOM, pero prefirió someterlo al pleno del Tribunal, que ha rechazado por unanimidad la petición de NOM en una resolución no argumentada de apenas dos líneas. Sin embargo, no se escapa que esta decisión recuerda la resolución adoptada por el alto tribunal en el caso de la Proposición 8, cuando consideró que la organización que había conseguido que se celebrara un referéndum en California para impedir los matrimonios entre personas del mismo sexo no tenía derecho a apelar la sentencia que lo anuló.
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Anulan la prohibición al matrimonio igualitario en el estado de Virginia.
Desde Estados Unidos, el goteo de buenas noticias relativas a los derechos LGBT no para... Una jueza federal anuló el jueves a última hora la prohibición del matrimonio igualitario en Virginia, una decisión que sigue la línea de los dictámenes emitidos por tribunales en numerosos estados durante los últimos meses.
La jueza de Distrito Arenda Wright Allen ha dictado una suspensión de la enmienda constitucional mientras es recurrida, lo que significa que las parejas del mismo sexo en Virginia no podrán casarse todavía hasta que se resuelva definitivamente el caso.
Ambas partes creen que el caso no se resolverá hasta que la Corte Suprema decida escucharlo o uno parecido.
La juez federal Arenda L. Wright Allen ha dictaminado en la noche de este jueves 13 de febrero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Virginia es inconstitucional. Sin embargo, al igual que en otras recientes decisiones judiciales de este tipo, la aplicación de la sentencia ha quedado en suspenso hasta que sea revisada por la Corte de Apelaciones. Otra victoria más, en cualquier caso, para los partidarios de la igualdad LGTB en los Estados Unidos, en un proceso que se muestra imparable.
La sentencia de la juez Wright Allen es clara: tanto los artículos de la Constitución del estado de Virginia como los de su Código Civil o cualquier otra ley del estado “que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento por parte de Virginia de los matrimonios del mismo sexo legítimos celebrados en otras jurisdicciones son inconstitucionales. Estas leyes niegan a los demandantes su derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.
Una resolución que bebe, sin duda, de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Se asemeja también a las recientemente dictadas por jueces federales en Utah, Oklahoma o Kentucky. Como en estos dos últimos estados, la aplicación práctica de la sentencia queda en suspenso, en este caso a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el seguro recurso. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que en este caso se hubieran celebrado numerosos matrimonios).
El caso de Virginia se centra en una pareja gay de Norfolk a la que le fue denegada una licencia de matrimonio por el Tribunal de Norfolk en julio, poco después de que el Tribunal Supremo anulara la Ley de Defensa del Matrimonio. Una pareja del Condado de Chesterfield, casada en California y con una hija adolescente, se unió posteriormente a la demanda, solicitando que su matrimonio fuera reconocido en el estado Virginia. Los demandantes aseguran que el caso es análogo a otra causa que marcó un hito en 1967 cuando el Tribunal Supremo EEUU dictó sentencia en un caso de matrimonio interracial. Mildred y Richard Loving se casaron en Washington DC, y estaban viviendo en Virginia cuando la policía irrumpió en su casa y los acusó de violar la ley de Integridad Racial del estado. Fueron declarados culpables, pero más tarde prevalecieron ante el Tribunal Supremo.
En el caso de Virginia, la juez decidía sobre la demanda presentada por Mary Townley y Carol Schall, una pareja de lesbianas legalmente casadas en California, cuyo matrimonio no era reconocido por el estado de Virginia, donde residen. Carol deseaba adoptar a la hija que habían decidido tener ambas, pero que fue gestada por Mary. La respuesta de los funcionarios del registro civil fue “tú no eres nadie, no importas”, negándole la filiación. Ambas presentaron la demanda correspondiente, que ahora ha sido estimada por la justicia federal.
“La justicia a menudo se ha forjado a partir de las vejaciones y perjuicios sufridos” estimaba en su sentencia la juez Wright Allen, resolviendo que “los intereses del gobierno en la perpetuación de las tradiciones, protegiendo los asuntos estatales de la interferencia federal, y favoreciendo un modelo de paternidad sobre los demás deben ceder el paso a la protección de la garantía del ejercicio de las opciones privadas del ciudadano sobre el amor y la familia, tan querida por este país”.
La Oficina del Procurador General de Virginia tomó la decisión de no defender la prohibición
Virginia, giro político en muy poco tiempo
La sentencia se ha producido tan solo unos días después de que el nuevo fiscal general de Virginia, el demócrata Mark Herring, renunciara a defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario que estaba vigente hasta ahora, ya que cree que la prohibición viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14. Sin embargo, pidió al juez que la mantuviera a fin de evitar una situación como lo que pasó en Utah después de que otro juez federal declarara inconstitucional la prohibición en ese estado a los matrimonios homosexuales. Herring se hacía en las elecciones de noviembre con el puesto de fiscal general que dejaba vacante el homófobo Ken Cuccinelli, candidato a gobernador por el Partido Republicano. Una batalla que perdió por escaso margen frente al candidato demócrata, Terry McAuliffe.
Dos cambios que sin duda han marcado para bien la evolución de los derechos LGTB en Virginia. La primera orden de Terry McAuliffe como gobernador fue de hecho prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado. Por otro lado, aunque la vía judicial, de resultar finalmente favorable, aceleraría el reconocimiento estatal del matrimonio igulitario, también se ha abierto un proceso legislativo: hace tan solo unas semanas, un grupo de legisladores del estado anunciaban su intención de presentar un proyecto de ley para revertir el veto del matrimonio entre personas del mismo sexo (vigente desde 2006 tras ser aprobada por los votantes en un referéndum con el 57% de los votos). Una iniciativa de éxito improbable (los republicanos controlan la Cámara de Delegados) pero de gran valor simbólico en este contexto.
Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas
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Suma y sigue: un juez federal de Kentucky declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario.
El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la vigente prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Kentucky viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez da la razón a cuatro parejas del mismo sexo legalmente casadas en otros estados a las que Kentucky negó el reconocimiento de su matrimonio. El fallo no supone que las parejas del mismo sexo puedan comenzar a casarse todavía en ese estado.
Al igual que en las recientes sentencias de Utah y Oklahoma, el fallo de Kentucky (que puedes descargar pinchando aquí) bebe directamente de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. El juez Heyburn considera que la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio vulnera el principio de igual protección bajo la ley que garantiza la Constitución estadounidense y desmonta los argumentos de los contrarios. “El que las leyes de Kentucky estén profundamente arraigadas en la tradición no justificar por sí solo la violación de las libertades individuales”, argumenta Heyburn, un juez nominado por George Bush padre en 1992 a propuesta de un senador republicano.
El juez también rechaza que reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio suponga un daño a los menores, recurriendo también aquí a los argumentos del Tribunal Supremo en el caso Windsor. “El juez Kennedy explicó que es precisamente la negativa del gobierno a reconocer los matrimonios del mismo sexo lo que puede dañar a los niños, al no permitir casarse a los padres que precisamente sean del mismo sexo”, añade el juez Heyburn, que también niega el argumento tradicional de que el fin primordial del matrimonio es la procreación. “Kentucky no requiere prueba alguna de la capacidad para procrear a la hora de reconocer matrimonios celebrados en otros estados. Excluir a las parejas del mismo sexo por ese motivo tiene tan poco sentido como excluir a las parejas postmenopaúsicas o estériles”, afirma el juez.
Sin embargo, quizás influido por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que se hubieran celebrado numerosos matrimonios) o el más reciente de Oklahoma (que ni siquiera dio lugar a que se celebrara ningún matrimonio), el juez Heyburn ha emitido también una orden que deja la sentencia en suspenso hasta que se celebre una audiencia, cuya fecha no ha sido aún establecida, en la que se discuta cómo y cuándo implementar la decisión.
Avalancha de sentencias
Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como las mencionadas de Oklahoma o Utah. En dosmanzanas hemos aludido a algunas de las que están en proceso (como las de Nevada, Pensilvania o Virginia) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados sin matrimonio igualitario, entre ellos algunos tan importantes como Texas (donde se espera una primera sentencia inminente) o Florida.
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