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Timestamp: 2018-02-26 01:32:17+00:00

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Sentencia T.C. 11/2008, de 21 de enero. Indemnización sustitutoria de la entrega de hijos biológicos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 11/2008, de 21 de enero
Recurso de amparo contra varios autos de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en apelación de un litigio sobre desamparo de menores, elevó la cuantía debida a la madre biológica como indemnización sustitutoria de la entrega de sus hijos. La queja planteada no alcanza los niveles que exige la doctrina constitucional para estimar lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva.
«Fallamos: estimamos el recurso de apelación interpuesto por Carmen Fernández Fernández frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla, recaída en autos núm. 408-1997, promovidos por la recurrente citada, la que revocamos y dejamos sin efecto, y, en su lugar, y previa estimación de la oposición a la situación de desamparo declarada por la Junta de Andalucía, Consejería de Asuntos Sociales, declaramos la inexistencia de situación legal de desamparo, dejamos sin efecto el acogimiento preadoptivo realizado y ordenamos que los dos menores hijos de la recurrente sean devueltos y colocados bajo la guarda y custodia de la misma, recuperando así la patria potestad, lo que se llevará a cabo de inmediato. No hacemos especial pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.»
1.º Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por la procuradora Sra. Pulido Gómez frente al proveído de esta Sala de fecha 17 de julio del corriente.
2.º Estimar el recurso de apelación deducido por la representación procesal de Carmen Fernández Fernández frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia (Familia) núm. 7 de Sevilla de fecha 8 de septiembre de 1998 recaída en autos núm. 408-1997, la que revocamos y dejamos sin efecto.
3.º Declaramos que no ha existido situación legal de desamparo respecto de sus hijos menores S. e I. S. F., por lo que dejamos sin efecto la declaración hecha al respecto, y denegamos asimismo el acogimiento preadoptivo interesado.
4.º Acordamos que, en consecuencia, los menores referidos vuelvan a convivir con su indicada madre bajo cuya guarda y custodia quedarán.
5.º Declaramos la imposibilidad de ejecución de lo aquí resuelto en el punto cuarto de este fallo.
6.º Acordamos que por parte del Juzgado del que proceden estas actuaciones y al que corresponde su ejecución, se incoe incidente para la determinación de la indemnización sustitutoria que ha de corresponder a la recurrente por la imposibilidad de la ejecución señalada.
7.º No hacemos especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta alzada.»
«Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador don Rafael Quiroga Ruiz, en nombre y representación de Carmen Fernández Fernández, promoviendo juicio incidental al objeto de que, al amparo de lo prevenido en el art. 18.2 LOPJ, se establezca indemnización sustitutoria conforme a lo ordenado por la Sentencia de 26 de diciembre de 2002 dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, y en el que han sido parte el Ministerio Fiscal, la Junta de Andalucía, el Estado y los Sres. don Juan Sánchez Mancebo y doña Josefa Rivas Gómez, debo declarar y declaro:
- Absolver al Estado de todo pronunciamiento condenatorio en este procedimiento.
- Condenar a la Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Delegación Provincial de Sevilla, a que abone a Carmen Fernández Fernández la suma de setenta y dos mil seiscientos setenta euros (72.670 euros).
- Que el menor I. S. F. quede bajo la guarda y custodia del matrimonio constituido entre Juan S. M. y Josefa R. G., quienes compartirán el resto de las funciones derivadas del ejercicio de la patria potestad sobre el mismo, con doña Carmen Fernández Fernández. No cabe en la actualidad, fijar ningún régimen de relación y contacto entre el menor I. y su madre y hermana.
Todo ello sin imponer las costas del procedimiento a ninguna de las partes litigantes.»
h) Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso el Ministerio público, respecto al tercero de los pronunciamientos del fallo, por cuanto entendía que el menor I. quedaba en una situación de indefensión, doña Carmen Fernández Fernández, respecto a todos los pronunciamientos, y la Junta de Andalucía, exclusivamente respecto al segundo de los pronunciamientos, relativo a la indemnización impuesta ex art. 18.2 LOPJ, por considerar excesiva la cuantía.
De otra parte, el Auto de 19 de enero de 2006, por el que acordó mantener la situación de acogimiento familiar con carácter indefinido del menor I. S. F., bajo la vigilancia de la entidad pública de protección, así como establecer un régimen de visitas entre I., su madre biológica, doña Carmen Fernández Fernández, y su hermana S. S. F., de forma progresiva.
Por último rechaza el Ministerio público que pueda calificarse de irracional o irrazonable la motivación que sustenta la resolución impugnada en lo relativo a los criterios de determinación de la indemnización, puesto que el art. 18.2 LOPJ se refiere de modo específico al concepto de indemnización como contenido necesario de la Sentencia o Auto sustitutorio, lo que permite el «llenado» de tal concepto por el Tribunal encargado de la ejecución. En su opinión la suscitada no es sino una cuestión de interpretación e integración de normas, y no resulta arbitrario que el juzgador entienda que el sufrimiento moral, la pérdida de los hijos o los padecimientos físicos y psíquicos integren la indemnización que se concede dentro del margen de discrecionalidad que la norma confiere al juzgador.
Denuncia la Administración recurrente la vulneración por las resoluciones impugnadas de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque la condenan, no sólo a que indemnice por sustitución (o por equivalente) el aspecto inejecutable del fallo relativo a la imposibilidad de reintegración de los menores a la convivencia con su madre, sino que, sin ningún tipo de apoyo legal ni motivación en Derecho, se la condena en vía civil a que indemnice los daños y perjuicios causados a ésta desde 1996 hasta finales de 2005, y por tanto los anteriores a la fecha (26 de diciembre de 2002) en la cual se dictó la Sentencia a cuya ejecución proceden, lo que en su opinión supone una extralimitación sin justificación alguna de la competencia jurisdiccional de la Sala, por venir atribuida la competencia jurisdiccional para dilucidar la responsabilidad patrimonial de la Administración de manera exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo (arts. 9.4 LOPJ; 2.e de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa; y 139 y siguientes de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común). Además aduce que el Auto impugnado incurre en irrazonabilidad en la fijación del quantum indemnizatorio, considerando y valorando aspectos que afectan a la actora que no guardan relación con el contenido del fallo ejecutado, lo cual afecta a la inmutabilidad e intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Por último denuncia la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías en su dimensión de derecho a un Juez imparcial (art. 24.2 CE), por cuanto se la hace responsable de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la dilación en la resolución de un litigio provocada por el ambiente de grave enfrentamiento existente entre los órganos judiciales de ambas instancias, por lo cual no puede afirmarse que se cumplan en este caso las exigencias de imparcialidad del órgano juzgador.
Esta cuestión encuentra adecuada respuesta en la doctrina establecida por la STC 175/2001, de 26 de julio. En dicha Sentencia hemos advertido que, aun cuando el derecho a la tutela judicial efectiva «protege, antes que nada, a los individuos frente al poder» y, por extensión, «ampara a otros sujetos privados que son creación y expresión de las libertades de los ciudadanos» (FJ 4), «en supuestos excepcionales una organización jurídico pública disfruta -ante los órganos judiciales del Estado- del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; y por lo tanto... excepcionalmente podemos considerar el recurso de amparo como cauce idóneo para que las personas públicas denuncien una defectuosa tutela de los Jueces y Tribunales» (FJ 5).
«Aquellos litigios en los cuales la situación procesal de las personas públicas "es análoga a la de los particulares". En este sentido, ya en la STC 19/1983, de 18 de marzo, FJ 2, declaramos que un sujeto público (la Diputación Foral de Navarra) estaba amparado por el art. 24.1 CE "en sus relaciones laborales" y en un proceso en el orden social. Siguiendo aquel precedente, en otras Sentencias hemos otorgado el amparo pedido frente a vulneraciones del art. 24.1 CE en procesos donde la situación jurídica de las personas públicas era equiparable a la de las personas privadas (entre otras, SSTC 120/1986, de 22 de octubre; 162/1990, de 22 de octubre; 117/1991, de 23 de mayo; 91/1991, de 25 de abril; 27/1992, de 9 de marzo; 168/1992, de 26 de octubre; 58/1993, de 15 de febrero; 96/1993, de 22 de marzo; 278/1994, de 17 de octubre; 4/1995, de 10 de enero; 30/1995, de 6 de febrero; 189/1995, de 18 de diciembre; 124/1997, de 1 de julio; 68/1999 de 26 de abril; 179/1999, de 11 de octubre; 100/2000, de 10 de abril). Se trataba de litigios donde las personas públicas no gozaban de privilegios o prerrogativas procesales y pedían justicia como cualquier particular. No es necesario detenerse ahora en el fundamento, en cada caso, de aquella situación procesal ordinaria, constituido bien por la existencia de una personificación jurídico privada para el cumplimiento de tareas públicas, bien por un mandato legal de sometimiento al Derecho privado y a los órdenes jurisdiccionales correspondientes, o bien por una decisión legal a favor del foro procesal ordinario, con independencia del Derecho material que en él había de aplicarse. Lo relevante ahora es destacar que en todos aquellos casos donde la posición procesal de los sujetos públicos es equivalente a la de las personas privadas el art. 24.1 CE también ampara a las personas públicas...
También, como excepción, las personas públicas están amparadas por el derecho a no sufrir indefensión en el proceso (art. 24.1 CE). Así lo hemos entendido en relación con procesos donde una defectuosa contradicción entre las partes conducía a un vicio de incongruencia en la resolución del litigio (SSTC 150/1995, de 23 de octubre; y 82/1998, de 20 de abril). Y ello con independencia de qué derechos o competencias se hagan valer, quiénes sean las otras partes procesales y el orden jurisdiccional ante el que actúen. Tiene sentido destacar aquí que la prohibición de indefensión procesal a las personas públicas protege inmediatamente a éstas, pero mediatamente también a otros intereses: al interés objetivo en que el proceso sirva de forma idónea a la función jurisdiccional atribuida por la Constitución a Jueces y Tribunales (art. 117.1 CE). Y también al interés de las otras partes de que el proceso en el que actúan esté desprovisto de toda indefensión; de esta forma queda reforzada la confianza de las demás partes en la estabilidad de las resoluciones que pongan fin al proceso. Correlato lógico del derecho a no sufrir indefensión es el disfrute, por las personas públicas, de las singulares garantías procesales que se enuncian en el art. 24.2 CE, y cuya esencial vinculación con la prohibición de indefensión viene siendo destacada por este Tribunal en numerosas Sentencias, desde la STC 46/1982, de 12 de julio, FJ 2.»
Hemos de compartir el criterio del Fiscal al considerar inadmisible la denuncia de la vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su vertiente de derecho a un juez imparcial, como consecuencia de las dudas de parcialidad del órgano judicial que ha dictado las resoluciones impugnadas (la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla) por el clima de enfrentamiento existente entre el citado órgano jurisdiccional y un Juez de familia (el de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla) tanto en relación con el presente procedimiento como en otros anteriores (lo que se aduce se traduciría en una pérdida de imparcialidad objetiva). La queja debe ser inadmitida por no satisfacer los requisitos de procedibilidad que exige el art. 44 LOTC en relación con el agotamiento de la vía judicial previa y la invocación en el proceso judicial, pues, de una parte, no se interesó por la Administración recurrente la recusación de los Magistrados que integraban la Sala que había de resolver la apelación del incidente de ejecución, ni se invocó en momento oportuno la lesión del derecho fundamental que ahora se denuncia ex novo ante este Tribunal Constitucional, siendo así que la pretendida causa de falta de imparcialidad (la dilatada situación de enfrentamiento existente entre los órganos judiciales de ambas instancias) era pública y notoria con anterioridad a la resolución del incidente en cuestión (al respecto es de aplicación la doctrina establecida en la STC 306/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, y en las allí citadas). No desmiente la conclusión alcanzada el argumento esgrimido por la Junta de Andalucía en su escrito de demanda para justificar la omisión de la recusación: que la predisposición de ánimo del órgano judicial, que excluye su imparcialidad, no lo sería con la parte ahora demandante, sino con respecto del Juez a quo, lo que impediría su encuadramiento en una causa legal de recusación. Este Tribunal ha reiterado que, respecto del derecho a la imparcialidad judicial, debe distinguirse entre una «imparcialidad subjetiva», que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y una «imparcialidad objetiva», referida al objeto del proceso, por la cual se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el thema decidendi y, por tanto, se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo (por todas, STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3). Siendo esta última expresión de la imparcialidad (imparcialidad objetiva) la que suscita la denuncia deducida por la demandante de amparo, su apreciabilidad en el caso debió plantearse en el momento procesal oportuno (art. 223 LOPJ) dentro de la vía judicial ordinaria a fin de preservar, de este modo, el carácter subsidiario del recurso constitucional de amparo, para cuya operatividad efectiva resultan establecidos los requisitos de procedibilidad de la demanda especificados en el art. 44.1, a) y c), LOTC.
Por el contrario no puede compartirse con el Ministerio público el criterio de inadmisibilidad «por falta de su invocación ante la jurisdicción ordinaria y la consiguiente extemporaneidad de su formulación en esta sede de amparo constitucional (art. 44 LOTC)», de la queja que denuncia la irracionalidad de la motivación de las resoluciones de ejecución impugnadas al no ajustarse a Derecho por venir a deducir de facto la responsabilidad patrimonial de la Administración demandante como consecuencia de su defectuoso funcionamiento, materia reservada en exclusiva al conocimiento a los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pues cabe advertir que, al tratarse la anomalía denunciada de un vicio in iudicando imputado al contenido de las resoluciones impugnadas con las que pone término al procedimiento de ejecución, la lesión denunciada aflora con el dictado de las resoluciones frente a la que se alza el amparo, sin que se señale por parte del Fiscal ni se aprecie en el presente caso la existencia de una vía de recurso o de un remedio procesal idóneos para corregir dentro del propio cauce procesal el vicio aducido.
Ambas objeciones de procedibilidad de la demanda de amparo por falta de agotamiento deben ser rechazadas. Por lo que se refiere al aducido carácter prematuro de la presentación de la demanda de amparo al hallarse pendiente de resolución el recurso de aclaración y rectificación del Auto impugnado de 30 de diciembre de 2005, es de aplicación en el presente caso el criterio afirmado en la STC 304/1993, de 25 de octubre, en la que se abordaba un supuesto semejante al que ahora nos ocupa (con el añadido de que la solicitud de aclaración fue instada por los propios demandantes de amparo), en la cual afirmamos que: «el recurso de aclaración interpuesto en paralelo con el presente recurso, cuya existencia por cierto fue puesta en conocimiento de este Tribunal por los demandantes de amparo mediante un escrito posterior a la demanda, no hace inviable a la solicitud de amparo, pues lo cierto es que el recurso fue resuelto más tarde y la parte demandante de amparo presentó un nuevo escrito poniendo en conocimiento del Tribunal el Auto de aclaración dictado al efecto, escrito en el que daba por reproducidas las anteriores alegaciones del escrito de demanda. El amparo no puede, por ello, conceptuarse como prematuro o contrario al principio de subsidiariedad» (FJ 5).
En síntesis, de lo que la Administración autonómica demandante en amparo se queja es de que en estas resoluciones se ejecuta cosa distinta de la ejecución por sustitución o por equivalente (art. 18.2 LOPJ) del aspecto inejecutable del fallo (relativo a la reintegración de los menores a la convivencia con su madre biológica), ordenada por la Sentencia firme objeto de ejecución (la Sentencia de 26 de diciembre de 2002), ya que, por el enfoque y conceptos indemnizatorios considerados en aquéllas (enfermedades y padecimientos físicos y psíquicos sufridos a los largo de diez años), lo que la Audiencia está determinando en realidad es la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica por los daños y perjuicios causados a la demandante del procedimiento civil como consecuencia de la indebida separación de sus hijos por el defectuoso funcionamiento de la Administración (también el de la Administración de Justicia), concepto éste que no se corresponde con el contenido dispositivo del fallo ejecutado y cuyo enjuiciamiento supone (en opinión de la recurrente en amparo) una extralimitación de la competencia jurisdiccional de la Sala, por estar atribuida dicha materia de modo exclusivo y excluyente a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo [arts. 9.4 LOPJ; 2 e) de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa; y 139 y siguientes de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común]. Al propio tiempo se advierte que las resoluciones impugnadas eluden la circunstancia de que el fallo había devenido parcialmente ejecutado, al haber decidido voluntariamente la menor S. volver a convivir con su madre biológica.
Por tanto en el recurso de amparo no puede debatirse de nuevo el contenido de la Sentencia que se ejecuta, ni la interpretación y consecuencia de su fallo (tarea ésta de exclusiva competencia de los órganos jurisdiccionales). Nuestro control es sólo de tipo negativo, y se ciñe al examen de la razonabilidad de la interpretación que los titulares de la potestad de ejecución realicen del fallo en el marco de la legalidad ordinaria. Lo que nos corresponde es garantizar que, en aras precisamente de la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, los Jueces y Tribunales no lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o apartarse de ellos, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error (SSTC 116/2003, de 16 de junio, FJ 3;140/2003, de 14 de julio, FJ 6; 223/2004, de 29 de noviembre, FJ 6; STC 96/2005, de 18 de abril, FJ 5, entre otras). El marco en el que debe operar el canon constitucional de control del ajuste de la actividad jurisdiccional de ejecución al fallo se integra pues, por el propio fallo (interpretado de acuerdo con la fundamentación y con el resto de los extremos del pleito) y por lo posteriormente resuelto para ejecutarlo. Y lo que hemos de verificar es si hubo o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y con el alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta (SSTC 116/2003, de 16 de junio, FJ 3; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4; y 146/2002, de 15 de julio, FJ 3; entre otras).
Ahora bien, el ejercicio de nuestro control sobre si las resoluciones de ejecución se han apartado o no del fallo de cuya ejecución se trata no debe limitarse de forma literal o restrictiva al texto del mismo. En este sentido hemos señalado que, para determinar si los Autos de ejecución se han apartado del significado y alcance de los pronunciamientos de la Sentencia de la que traen causa, «es necesario partir del examen de tales pronunciamientos que, plasmados en el fallo o parte dispositiva, son consecuencia de la fundamentación jurídica de dicha resolución judicial, en una línea secuencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora, con la fundamentación jurídica y argumentación que funda la Sentencia, para desembocar en el fallo y concretos pronunciamientos en ésta contenidos. La función jurisdiccional de decir el Derecho, presupuesto necesario de la ejecución, no permite una consideración aislada de cada uno de dichos momentos y actos procesales, sino que requiere su valoración unitaria o global, pues ésta es la que permite extraer, con mayor grado de certeza, el genuino alcance y significación de las determinaciones del órgano jurisdiccional y de los efectos jurídicos, de naturaleza formal o material, que deben producir aquéllas» (STC 240/1998, de 15 de diciembre, FJ 3, posteriormente reproducida por las SSTC 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4, y 121/2007, de 21 de mayo, FJ 1, entre otras).
En primer lugar cabe reparar en la singularidad que, por muy diversos conceptos, presenta el procedimiento del cual trae causa el presente de amparo, sobre el que este Tribunal, y más precisamente esta misma Sala Segunda, ha tenido ocasión de pronunciarse en su STC 124/2002, de 20 de mayo, en relación con anteriores quejas, que ahora se formulan respecto de la ejecución en sus propios términos de un concreto pronunciamiento del fallo examinado (ciertamente singular), por el que se declaró la imposibilidad de ejecución de la entrega de unos menores a la guarda y custodia de su madre biológica, actora en el procedimiento sobre oposición a las declaraciones de desamparo y acogimiento de aquéllos, y se ordenó la determinación de la indemnización sustitutoria acordada en razón de la señalada imposibilidad de la ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Aquella singularidad se plasma ahora en un pronunciamiento (no puede dejar de advertirse en el examen que realizamos del mismo) ciertamente complejo en su formulación. En efecto, siendo el interés prevalente del menor (necesariamente valorado en el momento en el cual se adopta la correspondiente decisión judicial) el criterio rector que debe orientar la decisión sobre su régimen de guarda y custodia (arts. 2, 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor; arts. 172.4, 173.3 y 4, y 173 bis del Código civil: CC; SSTC 143/1990, de 26 de septiembre, 298/1993, de 18 de octubre, 187/1996, de 25 de noviembre, 114/1997, de 16 de junio, y 141/2000, de 29 de mayo, entre otras muchas), es «imposible desconocer lo que resulta evidente, y es que los derechos en juego en este tipo de procesos de los que sean titulares los menores han de considerarse inescindibles de los de los recurrentes, por la elemental razón de que constituyen su razón de ser sustantiva, hasta el punto de que carecerían de sentido recursos como el aquí planteado si se fundasen en un interés exclusivo de quienes los interponen (padres naturales, adoptivos, acogedores, guardadores de hecho, etc.): en estos casos, su interés no resulta diferenciable del que ellos estiman interés de los menores por cuya guarda y custodia litigan» (STC 71/2004, de 19 de abril, FJ 2). Por ello resulta singular o complejo un fallo que, resolviendo sobre la situación de convivencia de los menores, acuerda la reintegración de éstos a la guarda y custodia de la actora (la madre biológica) y, sin solución de continuidad, atendiendo precisamente al propio interés de los menores, declara la imposibilidad de la ejecución de lo acordado como consecuencia del tiempo transcurrido desde que fueron separados de su madre.
8. En este contexto ha de inscribirse y recibir respuesta la queja que denuncia la irracionalidad de la motivación de las resoluciones impugnadas por no ajustarse a Derecho al estimar sustancialmente la pretensión indemnizatoria de la actora-apelante considerando conceptos y criterios indemnizatorios que vendrían, en realidad, a precisar en el caso enjuiciado la deuda de responsabilidad de la Administración que en su caso ésta hubiera contraído por su defectuoso funcionamiento, para lo que resulta legalmente incompetente la jurisdicción civil por corresponder su exclusivo conocimiento a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. A este respecto cabe advertir, de un lado, que no puede ponerse en cuestión en el caso que nos ocupa la competencia de la jurisdicción civil para ejecutar sus propios pronunciamientos, dictados en un procedimiento civil (como lo es el presente de desamparo y acogimiento de menores: art. 172.6 del Código civil y arts. 753 y 779 y ss. de la Ley de enjuiciamiento civil) en el que la Administración recurrente era parte demandada, sometida a las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales del orden civil; y, de otro lado, que la determinación del contenido indemnizable en cada caso, es decir, la valoración y ponderación de cuáles sean los conceptos que haya de comprender la indemnización sustitutoria por inejecutabilidad del fallo pronunciado por el Tribunal civil, en un caso, o el contenido indemnizatorio que lleve aparejada la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración por su defectuoso funcionamiento, si hubieran sido deducidas una y otra pretensión a través de los oportunos cauces procesales (como parece haber ocurrido en el supuesto examinado), de otro, es materia que compete discernir autónomamente en los correspondientes órdenes jurisdiccionales, en los cuales la Administración ejecutada y demandada contemporáneamente en concepto de responsable por un defectuoso funcionamiento de sus servicios puede, cuando así proceda, oponer en el procedimiento oportuno la efectiva compensación del daño que pudiera reclamársele por ambas pretensiones indemnizatorias independientes, disipándose de este modo el riesgo de duplicidad compensatoria.
En las resoluciones ahora impugnadas no se observa (conforme advierte el Fiscal) aquella quiebra lógica e incoherencia que determina, a efectos exclusivos del control de constitucionalidad, la irrazonabilidad manifiesta de la motivación, dado que la Sala sentenciadora adopta unos criterios indemnizatorios que, independientemente de su grado de acierto, toman el daño (físico y moral) causado a la actora por la separación de sus hijos como premisa de la determinación de la indemnización sustitutoria de la ejecución que le reconoce el fallo ejecutado; daño que viene a consolidar y a actualizar el pronunciamiento firme que declara la imposibilidad de reintegración de los menores a la convivencia con su madre, haciendo definitiva la situación de separación de los menores. Ello se desprende claramente del fundamento jurídico quinto del Auto impugnado, de 30 de diciembre de 2005, en el que la Sala indica expresamente los dos criterios que ha seguido para fijar el quantum indemnizatorio: «el de la enfermedad padecida por la solicitante a causa del sufrimiento, y el de la pérdida de los hijos, y este segundo criterio a su vez ha de tener en cuenta, por una parte, el tiempo que ha estado apartada de los mismos, que se puede hacer equivalente a una privación de libertad indebida a los solos efectos indemnizatorios, claro está; por otra, el específico sufrimiento como consecuencia de la razonable expectativa que tenía de recuperación de los mismos como consecuencia de las sucesivas resoluciones a su favor; y finalmente la definitiva pérdida de toda esperanza y expectativa cuando recae nuestra resolución del año 2002 en la que se acuerda la inejecutividad». Por la razón apuntada no puede considerarse irracional o manifiestamente irrazonable, en el grado en que ha de desarrollarse el escrutinio constitucional que nos es propio, el proceder del órgano judicial que pondera los daños ocasionados por una separación que se transforma, finalmente, en pérdida de la expectativa de reintegración de los menores a la situación de convivencia con la actora, su madre biológica.
Voto particular que formula el Magistrado don Pascual Sala Sánchez a la Sentencia de fecha 21 de enero de 2008, recaída en el recurso de amparo núm. 1140-2006
Con el máximo respeto a la posición mayoritaria de mis compañeros de la Sala debo manifestar mi discrepancia con parte de la fundamentación de la Sentencia y su fallo; una discrepancia que fundo en las siguientes consideraciones.
1. La Sentencia de la que discrepo desestima el amparo solicitado por considerar, en lo que ahora exclusivamente importa, que las resoluciones judiciales impugnadas (que fijaron, conforme a lo previsto en el art. 18.2 LOPJ, la indemnización sustitutoria por la imposibilidad de cumplir el pronunciamiento de la Sentencia que ordenó la devolución de los hijos menores a la guarda y custodia de su madre biológica), no se apartaron en forma manifiestamente irrazonable, arbitraria o errónea de lo dispuesto en el fallo a ejecutar ni, por lo mismo, vulneraron el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes que garantiza el art. 24.1 CE.
La Sentencia considera, en síntesis, que el hecho de que el órgano judicial decidiera fijar el quantum indemnizatorio atendiendo principalmente al sufrimiento soportado por la madre biológica por la privación ilegítima de sus dos hijos durante casi diez años (los que median entre septiembre de 1996, que es la fecha en la que la Administración autonómica declaró la situación legal de desamparo y acogimiento familiar de sus hijos, y diciembre de 2005, que es la fecha de la resolución judicial que determina la correspondiente indemnización sustitutoria por la imposibilidad de su devolución), es una decisión judicial razonablemente coherente con el significado y alcance del pronunciamiento a ejecutar.
Niega, en consecuencia, que con semejante decisión el órgano judicial civil encargado de la ejecución hubiera desbordado, según se denunciaba en la demanda de amparo, los cauces del art. 18.2 LOPJ para, en realidad, acabar determinando la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica por los daños y perjuicios causados a la madre biológica por la indebida separación de sus hijos y, de este modo, terminar por atender a un concepto indemnizatorio que poco tiene que ver con el contenido del fallo a ejecutar y que formalmente, además, sólo corresponde determinar a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para alcanzar esta conclusión la Sentencia «perfila el sentido del fallo» a ejecutar poniendo de manifiesto su singularidad y la complejidad, por ausencia de expresas prescripciones al respecto, de la tarea de determinar el quantum indemnizatorio «por la imposibilidad de devolución (pérdida) de los hijos menores a su madre biológica» (FJ 7); subraya la «la competencia de la jurisdicción civil para ejecutar sus propios pronunciamientos, dictados en un procedimiento civil en el que la Administración recurrente [en amparo] era parte demandada, sometida a las resoluciones dictadas por lo Jueces y Tribunales orden civil» (FJ 8). Y recuerda, en fin, «los criterios que ha seguido el órgano judicial para fijar el quantum indemnizatorio» (FJ 9).
2. Sin embargo, a mi juicio, el problema a decidir exigía antes que nada dilucidar, tal y como se denunciaba además en la demanda de amparo, si la Audiencia Provincial pudo válidamente, sin apartarse del sentido y términos del fallo a ejecutar, fijar una indemnización sustitutoria atendiendo a los daños y perjuicios sufridos por la madre biológica como consecuencia de las declaraciones administrativas en 1996 de desamparo y acogimiento preadoptivo de sus hijos, y su consiguiente separación. Dicho de otra forma, el principal problema consistía en determinar si, en el asunto considerado, la indemnización sustitutoria prevista en el art. 18.2 LOPJ comprendía todos los daños y perjuicios causados a la madre biológica como consecuencia de la separación de sus hijos o, por el contrario, sólo abarcaba el cálculo de la indemnización que había de corresponderle por la imposibilidad de ejecutar el derecho a convivir de nuevo con sus hijos, esto es, por la pérdida del derecho a su devolución.
Y sobre esta decisiva cuestión la Sentencia de la que discrepo se limita a concluir que no «puede considerarse irracional o manifiestamente irrazonable, en el grado que ha de desarrollarse el escrutinio constitucional que nos es propio, el proceder del órgano judicial que pondera los daños ocasionados por una separación que se transforma, finalmente, en pérdida de la expectativa de reintegración de los menores a la situación de convivencia con su madre biológica».
En contra de esta conclusión, la irrazonabilidad de las resoluciones impugnadas me parece sin embargo manifiesta. Hay dos datos que opino son definitivos al respecto. El que paralelamente a la tramitación del incidente de ejecución para la determinación de la indemnización sustitutoria considerada, la madre biológica hubiera interpuesto demanda contencioso-administrativa contra la Administración autonómica en reclamación precisamente de su responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las declaraciones administrativas de desamparo y acogimiento preadoptivo de sus hijos, luego anuladas por la Sentencia civil a ejecutar. Y, concluyentemente, el que no pueda obtenerse nunca por vía de ejecución más de lo que podría haberse obtenido por la vía principal, esto es, de no haberse declarado la imposibilidad de ejecutar el pronunciamiento del fallo que ordenó devolver los menores a la guardia y custodia de su madre biológica.
Pues en esta última hipótesis, esto es, si la devolución de los menores ordenada judicialmente hubiera podido ejecutarse, es incontrovertible que la madre biológica no habría obtenido entonces ninguna indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la indebida separación de sus hijos, entre otras razones, porque no consta tampoco que la actora formulara ninguna pretensión indemnizatoria por ese motivo en su demanda de oposición al desamparo. Lo que significa que la reparación administrativa de esos daños no pudo nunca decidirse, so pena de ignorar el contenido y alcance del fallo a ejecutar, en la vía de ejecución por sustitución considerada, sino que debió seguir efectivamente su cauce habitual, como denunciaba la Administración demandante de amparo, es decir, el previsto en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas son, sumariamente expuestas, las razones que defendí en la deliberación y que motivan mi discrepancia con los fundamentos y el fallo de la presente Sentencia, que debería haber estimado la lesión del derecho fundamental del art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho a la ejecución en sus propios términos de las resoluciones judiciales firmes.

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