Source: https://actualidadhumanitaria.com/uso-de-la-fuerza-y-derechos-humanos-el-caso-de-libia/
Timestamp: 2019-04-22 08:00:15+00:00

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Uso de la fuerza y Derechos Humanos: el caso de Libia – Actualidad Humanitaria
Las acciones armadas en curso contra Libia, dirigidas y ejecutadas por la OTAN, bajo cobertura de la resolución 1973 (2011), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de marzo de 2011, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión de fondo en Derecho Internacional: la relación entre uso de la fuerza y protección de los derechos humanos. Para entender el tema, es preciso ir a los antecedentes.
En enero de 2011, manifestantes libios, al calor de los exitosos movimientos populares de Túnez y Egipto, salen a las calles de varias ciudades, entre ellas Bengasi, en demanda de mejoras sociales. El Gobierno reacciona anunciando un fondo de inversión de 24.000 millones de dólares. No obstante, a partir del 15 de febrero, las manifestaciones se reavivan y derivan en rebelión contra el “hombre fuerte” de Libia, Muamar el Gadafi, quien lleva 42 años en el poder. Los rebeldes asaltan y queman distintas instalaciones y dependencias del Gobierno en Bengasi y otras ciudades. Los choques con las fuerzas de orden público se hacen enfrentamientos armados. La deserción de mandos y tropas del ejército y su paso a las filas de los rebeldes convierten las protestas en guerra civil. Libia se divide en dos bandos, con un fuerte componente tribal. El Gobierno responde, ahora, con duras amenazas contra los alzados, a los que llama “ratas” que perseguirá “casa por casa” hasta exterminarlas. Estas declaraciones, causan rechazo general y alimentan a quienes piden una acción en Libia. En tanto, en días sucesivos, los rebeldes, partiendo desde Bengasi, toman otras ciudades de la costa libia y del interior. El Gobierno reacciona con energía y, pese a los bombardeos de la OTAN, logra recuperar buena parte de las ciudades y estabilizar el frente de lucha en Brega.
“3. Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria.”
La resolución 1973 remite, por tanto, al Derecho Internacional –con especial énfasis en los derechos humanos– y al Derecho Internacional Humanitario. Extiende su preocupación a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad que, de comprobarse su perpetración, daría lugar a acciones de la Corte Penal Internacional. Todo ello se encuentra en la parte preambular de la referida resolución. En esa misma línea está la primera resolución adoptada sobre la situación en Libia -la resolución 1970 (2011)-, aprobada el 26 de febrero. En esta resolución el Consejo de Seguridad
No parece haber duda, pues, de que tanto la resolución 1970 como la 1973 están fundamentadas en la presunta o real percepción de que, desde el 15 de febrero de 2011, el Gobierno libio ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en perjuicio de una parte de su población. El Consejo de Derechos Humanos, por su parte, adoptó el 3 de marzo, la resolución A/HRC/RES/S-15/1, en la que, entre otras duras consideraciones, expresaba su
La expresión “todas las medidas necesarias” (para proteger a la población civil no combatiente) fue interpretada por los países que decidieron intervenir en el conflicto interno libio, como una autorización para el uso –por ahora limitado– de la fuerza contra el Gobierno libio y las Fuerzas Armadas leales, así como contra instalaciones y medios que le eran fieles o permanecían bajo su control. De hecho, la coalición que dirige la OTAN, actúa cada vez más como “la” fuerza aérea del bando rebelde, que como una fuerza internacional encargada por la ONU de mantener la “zona de exclusión aérea”. Esta toma de partido de la coalición internacional constituiría una violación de la propia resolución 1973, que en ninguna de sus partes autoriza a dicha coalición internacional a tomar parte en el conflicto interno libio. El mandato otorgado tiene el propósito concreto, vale recalcar, de “proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque”, no de tomar parte por uno de los bandos en lucha.
Los pasos siguientes, según han anunciado distintos países que integran la coalición, es proporcionar personal especializado para entrenar y preparar al bando rebelde y suministrar armas y equipos militares. De llegar a concretarse estas dos acciones, se estaría ante otra violación flagrante de la resolución de la ONU y del Derecho Internacional general y consuetudinario, pues se estarían violando dos principios fundamentales del Derecho Internacional: el principio que obliga a respetar la soberanía e integridad territorial de los Estados y el principio de no intervención, ambos recogidos en la Carta de Naciones Unidas. La operación que había sido solicitada para proteger la vida y los derechos humanos de la población civil no combatiente ha, finalmente, derivado en una intervención armada contra un país soberano.
La CIDH designó una comisión investigadora, que viajó a Nicaragua a finales de 1978, realizó un informe (OEA/Ser.L/V/II), que luego presentó a la OEA, donde quedó documentada la veracidad de las denuncias presentadas y se pudieron probar los crímenes perpetrados por la dictadura somocista. El organismo regional actuó como debía: primero investigar las denuncias, luego adoptar las medidas del caso, si las denuncias se confirman y si acaso se considera procedente adoptar medidas. Este es, por demás, el orden lógico en otros ámbitos del Derecho, en aplicación del principio de que toda persona (o Estado) es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad.
En ese sentido cabe recordar el informe Un Programa para la Paz, presentado en 1992 por el entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali. En dicho informe, Ghali recordaba que el artículo 42 de la Carta autorizaba al Consejo de Seguridad a iniciar acciones militares de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pero que una acción de esa naturaleza “solo debe iniciarse si han fracasado todos los medios pacíficos”. Es decir, era imprescindible, primero, recurrir al agotamiento de los medios pacíficos de solución de controversias, tal y como manda el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas y establece el Derecho Internacional, antes de autorizar acciones militares.
Con el Gobierno de Libia se actuó de forma inversa. Primero se procedió a condenar a su Gobierno; segundo, no se hizo intento alguno de recurrir al abanico de medios de solución pacífica que ofrece el Derecho Internacional; luego se adoptaron medidas coercitivas y, finalmente, se autorizó que una coalición de Estados, dirigida por EEUU y la OTAN recurriera al uso de la fuerza para crear una “zona de exclusión aérea”. Posteriormente, la misión de la coalición ha derivado en acciones armadas a favor de uno de los bandos, con el propósito deliberado de derrocar al Gobierno libio.
Destaca, en esta línea, el desinterés de la ONU y otros actores regionales en realizar una inspección in situ sobre la situación de los derechos humanos en Libia, dando oportunidad a su Gobierno a presentar posiciones y a la comisión investigadora a determinar la magnitud y realidad de las denuncias presentadas. El Gobierno libio ha sido, adrede, condenado a una indefensión rampante. ¿Podría ser considerado este modus operandi compatible con el sistema internacional de defensa y protección de los derechos humanos? Para responder a esta pregunta no es preciso hacer construcciones teóricas. Basta recurrir a lo dicho por la CIJ, en el parágrafo 268 de su sentencia de 1986, respecto a la pretensión del Gobierno de EEUU, de justificar los actos de uso de la fuerza en nombre de la defensa de los derechos humanos:
La Corte toca, en este parágrafo, el punto central de la cuestión: ¿cabe recurrir al uso de la fuerza para defender los derechos humanos? La CIJ da una respuesta clara y contundente: “no puede ser el método apropiado para verificar y asegurar” su respeto.
¿Ha cambiado, de 1986 al presente, el sistema internacional de los derechos humanos como para permitir el uso de la fuerza? No hay nada que así lo indique. Los tratados y convenciones internacionales siguen siendo los mismos. No se han aprobado nuevos tratados, ni hay una práctica internacional aceptada por una generalidad de Estados que permita afirmar que ha surgido una norma consuetudinaria a ese respecto. Lo afirmado por la CIJ, en su sentencia de 1986, sigue manteniendo su vigencia y vigor.
Por demás, si la CIJ estima que el minado de puertos o la destrucción de instalaciones petroleras es incompatible con la defensa y protección de los derechos humanos ¿qué puede decirse de las acciones armadas –en este caso bombardeos, incluso contra ciudades- dirigidas a destruir o debilitar al máximo al Gobierno de un Estado soberano y a sus Fuerzas Armadas, o los planes de proporcionar armas y entrenamiento a las fuerzas opositoras al Gobierno libio? ¿Y qué decir de otro hecho, no menos relevante, como el que los dirigentes políticos de los países que organizaron la coalición militar que ataca Libia, como el británico David Cameron y el francés Nicolas Sarkozy, afirmaran, el 28 de marzo, que el líder libio, Muamar el Gadafi, “debe irse inmediatamente” porque “el régimen libio actual ha perdido toda legitimidad”?
Estas declaraciones recuerdan las expresadas por distintos presidentes estadounidenses relativas a Gobiernos latinoamericanos, que justificaron intervenciones armadas y golpes de Estado. En 1909, el presidente Howard Taft exigió la renuncia del presidente nicaragüense José Santos Zelaya. En 1946, Washington declaró al presidente argentino Juan Domingo Perón “el más grande enemigo de EEUU”. En 1984, Ronald Reagan pidió el “desplazamiento” del Gobierno sandinista. En pocas semanas, el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para crear una “zona de exclusión aérea” por motivos humanitarios, ha sido convertida en una intervención armada en toda regla, similar, en el fondo y en la forma, a las que organizaba EEUU contra los países del mar Caribe en la primera mitad del pasado siglo XX.
Para defenderse de las intervenciones armadas extranjeras fue para lo que los países latinoamericanos trabajaron denodadamente en que se aceptara, como norma jurídica de obligatorio cumplimiento, el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados. Este principio vio la luz en la VI Conferencia Internacional Americana, celebrada en La Habana en 1928 (teniendo de fondo la lucha heroica del general Augusto C. Sandino contra los marines en Nicaragua). Del Sistema Interamericano y de la mano de Latinoamérica, el principio de no intervención saltó a la ONU, hasta convertirse en uno de los principios esenciales en las relaciones internacionales. Hoy este principio está recogido en múltiples tratados y resoluciones internacionales, así como también en dos sentencias de la CIJ, la emitida en 1949 (Caso del Canal de Corfú, que fue la primera sentencia de la CIJ) y la de 1986. En la sentencia de 1986 la Corte cita su sentencia de 1949, una forma de decir que, aunque habían transcurrido 37 años entre una y otra decisión judicial, lo afirmado en 1949 seguía teniendo igual vigencia en 1986 (y lo mismo podría afirmarse en 2011). Señaló el Tribunal en la página 34 de su sentencia de 1949, respondiendo al alegato del Reino Unido sobre la existencia de un derecho de intervención:
Siguiendo el razonamiento de la CIJ en 1968, ¿puede pensarse hoy, en 2011, si existe la creencia en un derecho general de intervención, que haya modificado la norma hasta hoy existente, tal y como la expuso la CIJ? Es posible sostener que lo afirmado por la Corte en 1986 sobre el principio de no intervención sigue siendo tan válido como cuando confirmó su validez, en contenido y continente. La aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de operaciones humanitarias en casos concretos y aislados (como los de Somalia o Ruanda), lo hizo el Consejo de Seguridad sobre el Capítulo VII de la Carta, que le da poderes discrecionales en materia de paz y seguridad internacionales. Más aún, ni la resolución 1970 ni la 1973 mencionan una sola vez el término “intervención”, menos aún fundamentan las medidas que adoptan con base en un concepto que se cimente o sustente en un hipotético derecho a una “intervención humanitaria”. En casos donde el Consejo de Seguridad ha autorizado acciones de asistencia humanitaria, lo ha hecho recordando el principio de soberanía de los Estados.
Tampoco puede dejar de señalarse otro hecho: desde la desaparición de la Unión Soviética, en 1992, la OTAN ha protagonizado cuatro guerras contra otros tantos países en tres continentes. Contra la exigua Yugoslavia de Serbia y Montenegro, en 1999; contra Afganistán (que todavía perdura), en 2001; contra Irak, en 2005, y hoy contra Libia. Por el contrario, su celo por los derechos humanos y los derechos de los pueblos ha enfrentado su complacencia, cuando no complicidad, en actos de auténtica barbarie, como la agresión de Israel contra Líbano, en 2006, o contra Gaza, en 2008.
La doble moral y el doble rasero han existido y seguirán existiendo en múltiples situaciones internas y externas. Valga de ejemplo la propia resolución 1973, que deplora “que las autoridades libias continúen utilizando mercenarios”. Según estudios del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios, entre 30.000 y 50.000 mercenarios habían sido contratados por EEUU y otros países en Irak, siendo la segunda fuerza militar del país, después de las tropas estadounidenses.
El diario The Washington Post, en 2007, duplicó esta cifra, citando un censo del Comando Central de EEUU, que cifraba el número de mercenarios en Irak en unos 100.000 hombres, de los cuales 48.000 eran soldados privados: “El número de especialistas en seguridad personal que utilizamos sólo en Irak es más que todos los agentes de Seguridad Diplomática que tenemos a nivel mundial”, afirmó Gregg Starr, funcionario del Departamento de Estado, en testimonio ante el Congreso en junio de 2006. En Afganistán, el número de mercenarios (o “contratistas privados” como los llama el Gobierno de EEUU) sumaban, en 2009, 71.000 hombres, con las empresas Halliburton y Blackwater como principales operadoras en el mercado de los soldados de fortuna. Por demás, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989, en vigor desde octubre de 2001, no fue firmada por ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad y sigue esperando la firma o la ratificación de los países miembros de la OTAN.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 42
 artículo 2
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