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Timestamp: 2019-05-25 17:29:49+00:00

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﻿ Sentencia 4941 de mayo 18 de1992
SENTENCIA 4941 DE 18 DE MAYO DE 1992
CONTENIDO:NO ES POSIBLE ACUMULAR A LA INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA EL VALOR DE LAS PRESTACIONES EN DINERO. SE PRECISA QUE PARA REPARAR LOS DAÑOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES, PADECIDOS POR EL TRABAJADOR, LA LEGISLACIÓN SOCIAL PARTE DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL EMPLEADOR Y FIJA UNAS PRESTACIONES QUE CUBREN ESTOS RIESGOS PROPIOS DE LAS RELACIONES LABORALES. ES POR ELLO, QUE EL ARTÍCULO 216 DEL CST, ESTABLECE A CARGO DEL EMPLEADOR LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR AL TRABAJADOR O BENEFICIARIOS QUE SUFREN UN DAÑO COMO RESULTADO DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL A CONSECUENCIA DE LA CULPA PATRONAL COMPROBADAY SE CONTRAPONE LA LEGALMENTE TARIFADA QUE DEBE PAGARSE AL TRABAJADOR CUANDO SUFRE ACCIDENTE SIN QUE MEDIE LA CULPA DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN EL CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN LA ENFERMEDAD PROFESIONAL POR PARTE DEL EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN AL TRABAJADOR
Sentencia 4941 de mayo 18 de1992
Rad.: 4941
Dr. Hugo Suescún Pujols.
Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Por la Corte se resuelve el recurso de casación interpuesto por los demandantes Pa-Mack Ltda., Orfilia Ríos de López y Pascual López Ramírez contra la sentencia dictada el 26 de julio de 1991 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Stella Patricia Ospina Raye y Luis Fernando Henao Ospina.
Actuando en su condición de viuda de Iván Darío Henao Serna y en representación de su hijo legítimo, Luis Fernando Henao Ospina, Stella Patricia Ospina Rayé llamó a juicio a la sociedad Pa-Mack Ltda., a Pascual López Ramírez y a Orfilia Ríos de López pidiendo que fueran condenados solidariamente a pagarles la cesantía y sus intereses, la compensación en dinero de las vacaciones, prima de servicio, .los subsidios de transportes y familiar por todo el tiempo de los servicios; el seguro de vida, la “sustitución de la pensión de sobrevivientes a que habría tenido la esposa e hijo del trabajador si este hubiese sido afiliado al ISS” (folio 12), según textualmente se dice en la demanda inicial, la indemnización de los perjuicios por el accidente de trabajo derivado de la culpa patronal y la sanción moratoria, sumas por las que pidió condena que solicitó se pagaran “en forma indexada”, además de las costas.
Las pretensiones las fundaron los autores en el contrato de trabajo que afirmaron existió entre los demandados y su beneficiante, en virtud del cual les prestó servicios como mecánico, desde principios del mes de marzo de 1979 hasta el 31 de agosto de 1988 cuando perdió la vida en el momento en que reparaba un vehículo en cumplimiento de sus labores diarias. Se dijo en la demanda que Henao Serna murió de 27 años, pues había nacido el 8 de enero de 1961.
Según los demandantes, el trabajador fallecido debía laborar de lunes a sábado en las instalaciones o talleres de la empresa, pero por la naturaleza del servicio a su cargo “debía cumplir con los requerimientos que sus patrones le hacían, en días no hábiles de trabajo, como cuando debía desplazarse fuera del perímetro de la ciudad a desvarar vehículos, lo cual hacía en las horas que era solicitado, fuera en la noche, en domingos o festivos” (folio 3), y que precisamente en cumplimiento de una de estas órdenes habituales, que le fue dada por Pascual López Ramírez, se trasladó al municipio de Guarne, “con el fin de atender mecánicamente uno de los vehículos de propiedad de la socia y gerente de la empresa. Pa Mack Ltda., señora Orfilia Ríos de López” (folio 4). Dicho vehículo era la tractomula de placas TA-0272, “con el trayler de placas RO-0440, que entonces se encontraba completamente cargado de cemento” (folio 5), y que se hallaba inmovilizado por fallas mecánicas a la altura del kilómetro 19 de la autopista Medellín-Bogotá, vereda Romeral. Que encontrándose en esta labor “los tacos y el gato de elevación que había empleado, cedieron o se reventaron y precipitaron su caída brusca sobre la humanidad del trabajador, quien quedó aprisionado por el vehículo cargado” (folio 6), perdiendo instantáneamente la vida por el peso de la carga que soportaba el vehículo.
Para los actores hubo culpa patronal en el accidente porque no se le suministró la herramienta con las condiciones o especificaciones técnicas necesarias para realizar sin riesgo su trabajo, por no habérsele proporcionado gatos o elevadores mecánicos de la capacidad que requerían los vehículos que iban a ser sometidos a su reparación, exponiéndose al trabajador imprudente y negligentemente al riesgo, confiando los demandados en que solo era necesaria la experiencia y pericia de este en la labor que se le había encomendado, pero sin cumplir con el deber que tenían como patronos de proporcionarle “los medios para su oficio lo ejecutara sin riesgo para su salud y vida” (folio 8).
Al contestar los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda pues no aceptaron ninguno de los hechos allí aseverados, afirmando que el único vínculo laboral que existió lo hubo con la sociedad en forma exclusiva y no con las personas naturales y que dicho contrato se dio entre el 21 de julio de 1980 y el 2 de marzo de 1985, tiempo durante el cual estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, habiéndosele cancelado además en forma oportuna y legal todos los salarios y prestaciones sociales originados en tal relación laboral. Alegaron que para la época en que ocurrió el hecho en que perdió la vida Henao Serna no era trabajador, ni siquiera de la sociedad, por lo que nadie pudo haberle dado la orden y que las personas a quienes el demandado Pascual López Ramírez “encomendó desvarar el tracto-camión de placas TA-0272 y efectuar las labores pertinentes para traer (...) el trayler de placas RO-0440, fue a los señores Alfonso Garcíay Sigifredo Grajales Bedoya, el último de los cuales pidió al señor Iván Darío Henao que le acompañara a desvarar el vehículo, ya que (...) el señor Henao Serna no era mecánico experto sino un mero ayudante de estos menesteres” (folio 38), según puede leerse en la contestación de la demanda. En su defensa propusieron las excepciones de pago y prescripción respecto de los salarios y prestaciones sociales derivados de la relación laboral que terminó el 2 de marzo de 1985, así como las que denominaron “incordancia entre los presupuestos lácticos y las pretensiones”, “culpa exclusiva de la víctima” y “la genérica”.
Como juez de la causa actuó el del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín y por sentencia del 6 de mayo de 1991 condenó únicamente al demandado Pascual López Ramírez a pagarle a los demandantes $ 15.500.949.62 “reducidos en un 50%” por concepto de “lucro cesante y lucro consolidado”; $ 1.000.000 por perjuicios morales; una pensión de sobreviviente por valor de $ 25.637 a partir del 31 de agosto de 1988 “en la proporción señalada por la ley para la cónyuge (50%) y su hijo (50%) y bajo el cumplimiento de los requisitos exigidos para su pago” (folio 167); $ 56.619 como cesantía y $ 4.529 como intereses a la cesantía e igual cantidad como sanción por el no pago oportuno, y $ 8.571.42 por concepto de vacaciones. De las demás pretensiones absolvió a este demandado y a los otros dos de la totalidad de los cargos de la demanda inicial. Declaró probada la excepción de prescripción respecto de los derechos causados con anterioridad al 1º de junio de 1987 y no probadas las demás excepciones alegadas. Las costas las dejó a cargo de todos los demandantes rebajadas en un 20%.
Por apelación del demandante y del demandado que fue condenado se surtió la alzada, que concluyó mediante la sentencia aquí acusada en casación, por medio de la cual el tribunal confirmó la de su inferior pero modificándola “en el sentido de CONDENAR a todos los demandados en este proceso, es decir que responderán por las condenas impuestas tanto la empresa Pa-Mack Ltda., como también en forma solidaria la señora Orfilia Ríos de López y el Señor Pascual López” (folio 198). Luego, mediante proveído del 22 de agosto de 1991, el ad quem dijo aclarar su sentencia “en el sentido de que las condenas impuestas a todos los demandados deben ascender al 100% de lo liquidado en primera instancia; pues la totalidad de la culpa residió en los empleadores” (folio 204).
La parte recurrente pretende, y así lo declara al fijar el alcance a su impugnación, que se case parcialmente la sentencia acusada en cuanto confirmó la condena por concepto de pensión de sobrevivientes que le debe pagar a los demandantes y confirmó la decisión del a quo que impuso condenas a Pascual López Ramírez, e igualmente en cuanto declaró que Orfilia Ríos de López es solidariamente responsable, sin limitación alguna, de las condenas impuestas a Pa-Mack Ltda., para que así la Corte, en sede de instancia, revoque la condena del juzgado por razón de la pensión de sobrevivientes “y disponga que de las demás condenas responde Pa Mack Ltda. ilimitadamente y Orfilia Ríos de L. solidariamente, pero apenas hasta concurrencia del valor de su aporte en la sociedad” (folio 10).
En procura de este objetivo que persigue con el recurso extraordinario, le hace al fallo tres cargos que se estudiarán y revolverán en el mismo orden propuesto.
La demanda de casación, que no fue replicada, corre del folio 7 al 16 del cuaderno en que actúa la Corte.
Acusa la sentencia de violar por vía directa e interpretación errónea los artículos 216 del CST y 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3170 de 1964 , “en relación con los artículos 19 del C.S. de T. y 2341, 1626 y 1649 del Código Civil” (folio 10).
El argumento fundamental que presenta el cargo es el de que el ordenamiento laboral no tiene una definición propia respecto a lo que debe entenderse como “la responsabilidad ordinaria de perjuicios”, por lo que es en el campo del derecho civil donde se encuentra la respuesta sobre qué debe entenderse por perjuicio, qué conceptos comprende la reparación y hasta dónde debe llegar la misma. Y partiendo de este inicial planteamiento explica que indemnizar a alguien es dejarlo en una situación igual, si se puede, o equivalente cuando ello no es posible, a la que tenía antes de sufrir el daño que le causa el perjuicio y por ello concluye afirmando que: “La obligación reparatoria va solamente hasta remediar el mal causado; pero no tiene porqué superarlo, mejorando las condiciones que tenía la víctima antes de haber padecido mengua” (folio 11).
Sostiene que lo anterior se acomoda a la definición que trae el artículo 1626 del Código Civil al definir el pago como la satisfacción efectiva de lo que se debe, y dice por ello que hay pago suficiente cuando se paga exactamente lo debido, ni menos no más; y que al haber establecido el artículo 216 del CST para el empleador la obligación de la indemnización total, contrapone esta clase de accidente de trabajo sin culpa patronal, lo que significa que la reparación debe cubrir el daño sin sobrepasarlo; pero como el tribunal así no lo entendió, siendo este el verdadero sentido y alcance de la norma, incurrió en un error de interpretación, puesto que al confirmar la decisión del juez que determinó que los demandantes tenían derecho a recibir por la muerte de su esposo y padre una suma de dinero que cubriera anticipadamente todo lo que este habría de ganar en sil vida probable y, adicionalmente, una pensión de sobrevivientes, dispuso “un caso clarísimo de doble indemnización en donde el responsable contra lo que dice y quiere la ley, es obligado a darle a quien perjudicó mucho más de lo que le hizo perder” (folios 11 y 12).
Anota por ello que: “Es evidente que si no se hubiera dado el hecho lesivo y Henao Serna hubiera vivido los 46, 38 años de vida probable que le quedaban no les hubiera podido dar a sus familiares todo lo que él ganaba y, además, lo que el ISS les hubiera reconocido por su muerte. Estas dos indemnizaciones son incompatibles, porque una supone y necesita la muerte del trabajador y a otra reemplaza en utilidad en vida. Ambas formas indemnizatorias reparan el mismo daño (lucro cesante de quien murió) y, por eso no se le pueden imponer al lesionador como si se trataran de dos perjuicios distintos” (folio 12). Y agrega, que esa es la razón por la cual los artículos 216 del CST y 83 del Acuerdo 155 de 1963 “para evitar el enriquecimiento sin causa que resulta de la doble indemnización, ordenan que de lo que le corresponda pagar a los empleadores se deduzca lo que los damnificados deban recibir por prestaciones privadas del mismo daño, sea que las haya satisfecho el propio patrono, sea que estén a cargo del ISS. En este caso, como los demandantes nada recibirán del ISS no es posible restarle a la indemnización patronal ninguna suma por este concepto; pero tampoco sumársela sin violar la incompatibilidad que la ley prescribe” (ídem).
Como acertadamente lo explica la recurrente, al establecer el artículo 216 del CST a cargo del empleador la obligación de indemnizar totalmente al trabajador o sus beneficiarios que sufren un daño como resultado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional a consecuencia de la culpa patronal comprobada, contrapone esta indemnización plena y ordinaria de perjuicios a la legalmente tarifada que debe pagarse en aquellos casos en que el trabajador sufre un accidente o una enfermedad sin que medie culpa del empleador.
Para reparar los daños que son consecuencia de los accidentes laborales y enfermedades, padecidos por el trabajador, la legislación social parte de la responsabilidad objetiva del empleador y fija unas prestaciones que cubren estos riesgos propios de las relaciones laborales. Por tanto no resulta posible acumular “a la indemnización total y ordinaria de perjuicios” el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas que trae el Código Sustantivo del Trabajo.
Resulta entonces indudable que el Tribunal de Medellín violó la ley cuando confirmó la sentencia de su inferior y mantuvo las condenas que simultáneamente este profirió por concepto de pensión de sobrevivientes, “lucro cesantes y lucro consolidado” y perjuicios morales, con el agravante de que extendió las condenas para cobijar a todos los demandados.
Ninguna duda hay para la Corte acerca de que el entendimiento que explica el cargo corresponde al genuino sentido del artículo 216 del CST, según jurisprudencialmente lo tiene establecido de tiempo atrás. Por este aspecto le asistiría razón a la parte recurrente; pero ocurre que el tribunal en su equivocada sentencia no hizo absolutamente ninguna interpretación de dicha norma.
De lo único que se ocupó el fallador fue de estudiar, en un capítulo de la sentencia que denominó “culpa patronal”, si en el proceso obraba prueba que permitiera tener por establecido, como lo creyó el juzgado, que al trabajador fallecido había sido también culpable de accidente. Y una vez que descartó este hecho, cuestión que para nada le exigía hacer una interpretación de la norma por ser ello asunto eminentemente fáctico, concluyó que toda la culpa del infortunio laboral en que perdió la vida Iván Darío Henao Serna la tuvieron los demandandos, a todos los cuales, sin explicar por qué consideró que habían sido empleadores del trabajador fallecido.
Significa lo anterior que el cargo permite hacer una corrección doctrinaria: pero por fundarse la acusación en un concepto de transgresión de la ley, como es la interpretación errónea que no corresponde al verdadero quebramiento en que incurrió el fallo, no resulta procedente al verdadero quebranto en que incurrió el fallo, no resulta procedente ínfirmarla, por no estaría permitido a la Corte casar una sentencia por una razón diferente a la que se invoca por el recurrente.
Según la demanda, este cargo únicamente se hace “con respecto al codemandado Pascual López Ramírez” (folio 13) y en él se acusa la sentencia impugnada de violar, por aplicación indebida que de ellos hizo, “los artículos 36, 216, 127, 249, 187 y 189 del C.S. de T., 27, 30 y 31 del Decreto 3170 de 1964, lo de la Ley 4ª. de 1976 y lo. de la Ley 52 de 197 en relación con los artículos 51 y 145 del CPL, 187 del C. de P.C. y 289, 30, 110, 158 y 362 del C. de Co.” (folio 13). Normas señaladas como sustanciales que, al decir de la parte recurrente, “fueron aplicadas a una situación equivocadamente deducida por el ad quem, por haber incurrido en un error de derecho al dar por establecido que Pascual López R. es condueño, comunero o socio de la empresa Pa-Mack Ltda. por un medio probatorio no autorizado por la ley” (ídem).
Para explicar su acusación comienza por reproducir la consideración de la sentencia en la que el tribunal razona de la siguiente manera:
“En el proceso que tenemos a estudio se desprende con claridad que el señor Henao venía desempeñándose como trabajador dependiente de la empresa Pa-Mack Ltda. hasta cuando se rompió la vinculación para luego reiniciarla bajo la apariencia de una actividad independiente, a pesar de que se trataba de la misma actividad, prestarla en el mismo sitio de trabajo, a los mismos vehículos y a las mismas personas (f 191).
“Los testigos son claros en afirmar sobre la labor que ejercía el demandante y para quien la cumplió, por lo que no encontramos válida la posición que lo ubica solo como trabajador del señor Pascual López, pues este, como administrador de la sociedad demandada, empleaba al señor Henao en actividades de las que se beneficiaba esta que era' la que requería de sus servicios para poder ejecutar el objeto social y no en particular cada uno de los socios afiliados (...)' (f. 192)” (folio 13).
Luego de anotar que en otra parte del fallo se da por sentado que el damandado Pascual López Ramírez“ es socio, condueño o comunero de la empresa demandada” (folio 14), critica esta conclusión a que llega el fallador y afirma que “la única prueba aceptada por la ley para acreditar quiénes son los socios (condueños o comuneros) de una sociedad de responsabilidad limitada es el certificado de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio de dicha sociedad” (ídem), de conformidad, al decir de la impugnante, con los artículos del código de comercio que incluye dentro de la proposición jurídica del cargo, que regulan lo relativo a la forma solemne, mediante escritura pública, como debe constituirse y reformarse la sociedad cuando hay cesión de cuotas sociales; la obligación de inscribir dichas escrituras e (sic) el registro mercantil, y que tanto la inscripción como las cláusulas del contrato social se acreditan por medio del certificado de la Cámara de Comercio.
Igualmente se dice en el cargo que si bien el tribunal no especifica el medio de convicción que le permitió dar por probado el carácter de socio, condueño o comunero de Pa-Mack Ltda. del también demandado Pascual López Ramírez, dicha prueba “no puede haber sido el Certificado de la Cámara de Comercio de Medellín que obra a folios 20 y que apreció (lo menciona a folio 191) porque en tal documento brilla por su ausencia esta circunstancia” (folio 14).
En los claros términos del artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, modificatorio del artículo 87 del CPT “(...) Solo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza siendo el caso de hacerlo”.
Esto significa, conforme lo tiene suficientemente explicado la jurisprudencia de la Sala desde hace ya largo tiempo, que el error de derecho en la casación del trabajo está reservado para las pruebas ad substantiam actus, o sea, aquellas que exige la ley como solemnidad para la existencia y validez del acto de que se trate.
La calidad de condueño o comunero de una empresa no requiere, pues la ley no lo exige, ni de una determinada prueba ni menos aún de una solemnidad del tipo de las que permiten configurar el error de derecho en la casación laboral. Tampoco la calidad de socio de una persona jurídica requiere de una solemnidad de esta clase, puesto que una cosa es que, frente a terceros no sean oponibles ciertos actos mercantiles mientras no sean inscritos en el registro mercantil y otra, diferente, que para la existencia y validez del acto se requiera de una solemnidad. De esta regla se exceptúa el caso previsto en el artículo 362 del C. de Co.; pero dicha hipótesis además de estar restringida a los efectos legales puramente mercantiles, para nada se relaciona con el caso juzgado.
Dado que el tribunal, en su ambigua sentencia, no precisó si el demandado Pascual López Ramírez tenía el carácter de condueño o comunero de la empresa explotada por la sociedad Pa-Mack Ltda. , y como respecto de esta, con fundamento en “los testigos”, tuvo por probado su carácter de “administrador”, conforme puede leerse en el fragmento que la recurrente transcribe, es forzoso concluir que si bien es verdad que el fallo no determina cuál es el fundamento de la solidaridad que declara entre los demandados, lo que constituye una notoria deficiencia, cualquiera que haya sido el medio probatorio que le permitió al tribunal llegar a esta inexplicada conclusión, es lo cierto que no pudo incurrir en un “error de derecho”, entendida esta expresión en los estrictos términos de la ley procesal.
Este último cargo, según la demanda de casación, se formula “corno respecto a la condemandada Orfilia Ríos de López” (folio 14) y acusa la sentencia impugnada por infringir directamente el artículo 36 del CST, “en relación con el artículo 19 del mismo código y el 353 del C. de Co.” (folios 14 y 15).
Aquí la acusación acepta el carácter de trabajador de la demandada Pa-Mack Ltda. que tuvo Iván Darío Henao Serna, que su muerte se produjo en un accidente de trabajo en el que hubo culpa patronal, que la demandada Orfilia Ríos de López es socia de la persona jurídica codemandada y que esta tiene carácter de sociedad de responsabilidad limitada, por lo que no se discute el que aquélla hubiese sido condenada solidariamente; la discrepancia estriba en que la parte recurrente considera que el Tribunal se rebeló contra los artículos 36 del CSTy 353 del C.Co., o se olvidó de ellos, pues no obstante el claro tenor de ambas disposiciones, que limitan la responsabilidad solidaria de los socios entre sí y con respecto a la sociedad, hasta el monto del valor de su respectivo aporte, condenó solidariamente a la demandada Ríos de López sin limitación alguna.
Siendo indiscutible que tanto la norma laboral específica que rige la materia, como la que de manera general regula lo atinente a la responsabilidad personal de los socios de compañías de responsabilidad limitada que precisamente por eso revisten tal modalidad-, la restringen hasta concurrencia del monto de los aportes que ellos hagan, salvo estipulación en contrario que conste en los estatutos, tampoco resulta procedente la infirmación del fallo por razón de esta otra transgresión legal, en la medida en que la proposición jurídica no se integra con las normas sustantivas laborales que atribuyen los específicos derechos que la sentencia reconoció a los demandantes.
En efecto, el tribunal en el fallo impugnado confirmó las condenas que por concepto de indemnización plena y ordinaria de perjuicios, incluidos los morales, hizo su inferior, e igualmente las otras que se dispusieron por concepto de la “pensión de sobreviviente”, el auxilio de cesantía y sus intereses y la sanción por el no pago de los mismos, y la compensación en dinero de las vacaciones. Derechos todos estos que no consagran los artículos 19 y 36 del CST, ni el artículo 353 del C. Co.
Este defecto del cargo obliga a desestimarlo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia ocurrida, dictada el 26 de julio de 1991 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio que contra los recurrentes Pa-Mack Ltda., Orfilia Ríos de López y Pascual López Ramírez sigue Stella Patricia Ospina Raye en su propio nombre y en representación de su hijo menor Luis Fernando Henao Ospina.
Magistrados: Hugo Suescún Pujols—Rafael Baquero Herrera—Ernesto Jiménez Díaz

References: ARTÍCULO 216
 artículo 1626
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 60
 artículo 87
 artículo 362
 artículo 36
 artículo 19
 artículo 353