Source: http://www.libertadidioma.com/20200122.htm
Timestamp: 2020-02-17 13:54:21+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 22 Enero 2020
Pío Moa gaceta.es 22 Enero 2020
–La cultura democrática e histórica de los políticos y periodistas españoles es, con muy pocas excepciones, inexistente. Resulta que llega el PSOE ya en 1982 pregonando la muerte de Montesquieu, lo que es anunciar un verdadero golpe de estado, ¡y no pasa nada, aparte de algunas quejas retóricas o testimoniales! Resulta que los asesinatos de la ETA son considerados implícitamente como actos políticos, ¡y no pasa nada! Resulta que Aznar, en su último período, ataca a la ETA, por primera vez, de acuerdo con el estado de derecho, y encuentra la oposición abierta o encubierta, de los demás partidos. Resulta que una ETA prácticamente en la ruina es rescatada por el PSOE, premiando sus crímenes con legalidad, dinero público etc, ¡y no pasa nada! Resulta que el gobierno rescatador de la ETA impone la ley de memoria histórica al ver amenazada (en gran parte por mis investigaciones) la versión de la historia en que basa una falsa legitimidad, ¡y no pasa nada! ; es más, el PP se suma de hecho. Resulta que el gobierno de Zapatero va más allá, introduce la “educación para la ciudadanía”, que, viniendo de donde viene, solo puede ser educación para la corrupción, y todos tan contentos. Resulta que se imponen leyes “de género” antijurídicas, que discriminan a la mitad de la población ¡y no pasa nada! Resulta que se refuerza el adoctrinamiento educativo por parte del partido de mayor historia criminal de la historia de España en un siglo ¡y no pasa nada! Durante todos estos años los partidos separatistas han atacado sistemáticamente la unidad de la nación, garantizada por la ley, e infringido contantemente la legalidad ¡y no ha pasado nada! Una individua conoce delitos de espionaje y corrupción sexual de jueces y otros políticos con menores, no los denuncia y es ascendida a ministra… ¡de justicia!, por un doctor fraudulento, ¡y no pasa nada! Y así interminablemente.
¿Quiere usted explicarme qué tiene de democrático cualquiera de estos pasos? ¿Qué tienen de demócratas sus autores? ¿O son acaso minucias, pequeños inconvenientes que siempre se dan en toda política?
Antonio Martín Beaumont esdiario 22 Enero 2020
Sánchez quiere ejercer como el presidente más poderoso de la historia cuando en realidad es el menos votado. Y la épica ideológica, llena de sectarismo, es su herramienta.
“Jamás un presidente tan débil se ha mostrado tan desatado”. La observación corre por los mentideros políticos. Nadie conoce con exactitud las intenciones de Pedro Sánchez, más allá de Iván Redondo y de una reducida guardia de corps en La Moncloa.
La propia Carmen Calvo se enteró casi en tiempo real del cambio de los Consejos de Ministros de los viernes a los martes. Tampoco pesos pesados como José Luis Ábalos o María Jesús Montero tenían claro en las horas previas al estreno del nuevo Gobierno si tendrían sobre la mesa la comprometida revalorización de las pensiones. El equipo de ministros más extenso de la democracia, y de coalición, va camino de ser el más presidencialista.
Sánchez hubo de tragar mucha quina durante los pasados meses. Incluso la última hoja del calendario del año 2019 cayó marcada todavía por las quinielas sobre su investidura. Ahora, desea cambiar su victoria, sin duda pírrica, en una carrera estelar.
Ha tenido meses para conocer el paño de armiño que aguanta entre sus manos y tiene bien pensado cómo usarlo en su beneficio. Nos aguarda un rosario de imágenes tras imágenes repletas de sensaciones.
Simbólicamente, le ha cortado la coleta a Pablo Iglesias, uno entre cuatro vicepresidencias. Eso sí, no para de halagarle. El estreno de María Jesús Montero como portavoz, flanqueada por Isabel Celáa e Irene Montero, respondió a esa voluntad de crear en las huestes moradas la sensación de que viven en el mejor de los mundos.
"Irene se diluyó"
“En este Gobierno no hay ministros de Podemos ni ministros del PSOE. Este es un Gobierno de coalición”, bendijo, creyéndoselo o no, la titular de Hacienda. A su lado, la otra Montero, Irene, a pesar de su facilidad para conectar, demostró su inexperiencia. Se diluyó. No fue capaz de ofrecer respuestas.
A Iván Redondo, atento en primera fila, se le escapaban medias sonrisas, porque también se trataba de eso: de recordar al público que, “por suerte para los españoles”, es el PSOE el que tiene los mandos ante “los advenedizos” de Podemos. Esto si hablamos de coaligados, claro, porque más amarga pócima se reserva a los “enemigos” políticos.
A partir de ahora, más si cabe, la belicosa línea discursiva del Gobierno pasa por vincular a la oposición con lo más retrogrado. Cualquier cosa sirve si presenta a PP, Vox y por añadidura a Cs como amenazas para la misma democracia.
Fíjense la estúpida controversia creada alrededor de la libertad de los padres a supervisar la educación de sus hijos en los colegios de Murcia. Una polémica de laboratorio social escogida por los estrategas del “Gobierno progresista” para desviar la atención de su errático estreno. Poco importa que el ahora bautizado como “pin parental” lleve quince años implantado en Madrid sin mayores problemas.
La idea del PSOE y Podemos, pese a los baches enormes que van a encontrarse en su camino, fruto primordialmente de la debilidad parlamentaria que arrastran, pasa por durar cuanto se pueda. Como mínimo, tres años.
El "relato"
Para ello buscan edificar un “relato” aferrado a la épica de la batalla ideológica. Desearían tener a la oposición permanentemente tras la pancarta en las calles. Una prolongada foto de Colón usada hasta que pierda el color para apiñar al “progresismo”.
Saben, sin embargo, que Pablo Casado no está por la labor. Por más que los acontecimientos vayan a velocidad de vértigo y el PP tampoco puede dar la sensación de que frente a la irracionalidad y el sectarismo social-populista hay un vacío. O peor aún, que sólo está Vox.
Liberal Enfurruñada okdiario 22 Enero 2020
Lo hemos visto y vivido muchas veces, todos los extremistas intentan adoctrinar a los niños para hacer proselitismo de su ideología de odio al diferente. Nazis, fascistas, comunistas, chavistas… Todos han arrebatado siempre “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” que claramente garantiza nuestra Constitución en su artículo 27.3. Y todos ellos siempre lo han hecho utilizando el mismo argumento: que el Estado tiene la obligación de formar a los ciudadanos en unos valores superiores a los que elijan los padres y que ellos, los nazis, fascistas, comunistas o chavistas, protegen a los hijos de los demás de las ideas “reaccionarias” de unos padres que no comulgan con la ideología de los extremistas que ostentan el poder del Estado represor y adoctrinador. Por eso en el gobierno socialcomunista español se han puesto tan nerviosos por el “pin parental”.
Si el que ostenta el poder es un nacionalista extremo, como ocurre en Cataluña, los niños serán adoctrinados en ese nacionalismo que odia a España quieran o no los padres. Cuando el Estado es controlado por la extrema derecha, como ocurrió en Alemania o Italia el siglo pasado, a los niños se les enseñará a odiar a los judíos, a los gitanos o a los comunistas. Y si el sistema educativo es dominado por los comunistas, como en Cuba, Venezuela, China y ahora en España, se transmitirá a los niños el odio a la libertad y sus ideas anticapitalistas, neoecologistas, neofeministas, su ideología de género y su multiculturalidad. Los fascistas dicen que los comunistas adoctrinan pero en cambio ellos transmiten valores universales y los comunistas opinan que es justo al contrario. Pero del mismo modo tanto unos como otros despojan a los padres de la responsabilidad de educar y proporcionar una formación integral a sus hijos, que es un derecho y una obligación inherente al ejercicio de la patria potestad que les corresponde en cualquier democracia liberal.
Por ejemplo, hace años la asignatura de religión católica fue obligatoria en los colegios españoles pero dejó de serlo en la Transición. Si algún partido ultraconservador ganase las elecciones en España se podría plantear que de nuevo volviera a ser obligatoria y evaluable para todos los niños españoles y posiblemente muchos padres de extrema izquierda desearían en ese caso también que un “pin parental” les permitiera excluir a sus hijos de dichas enseñanzas. Aunque Begoña Villacís y Ciudadanos no lo entiendan, los liberales no queremos que a nuestros hijos ni a los de los demás se les transmitan valores morales de ningún tipo sin el consentimiento de sus padres. Queremos que la libertad para elegir el tipo de educación de nuestros hijos sea total y absoluta sin que el Estado ni nadie les impongan sus creencias. Pretendemos para todos una libertad que nos proteja de todos los extremistas ya sean nazis, fascistas o comunistas.
Los liberales no nos conformamos con un “pin parental” que sólo sirve para excluir a nuestros hijos de las actividades complementarias impartidas por personal no decente que no nos agradan. Deseamos que todas los temarios estén libres de un adoctrinamiento indeseado. En las escuelas públicas españolas se adoctrina en todas las asignaturas. En historia se enseña la falsa memoria histórica revanchista. En ciencias sociales se transmite neoecologismo de extrema izquierda. Las ciencias naturales están impregnadas de ideología de género y ultrafeminista. Y el anticapitaismo está presente hasta en los enunciados de los problemas de matemáticas. Los liberales pedimos el “cheque escolar” que nos permita elegir el tipo de escuela a la que asisten nuestros hijos, para que los que quieran formarlos en un entorno comunista puedan hacerlo libremente y quienes no lo deseamos podamos librarnos del extremismo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todos los perturbados a los que están eligiendo para cargos de responsabilidad. Pero hasta que se consiga tendremos que conformarnos al menos con el “pin parental”. Porque un poco de libertad siempre es mejor que nada de libertad.
Juan Ángel Soto, director de la Fundación Civismo okdiario 22 Enero 2020
Agustín García okdiario 22 Enero 2020
Tras asesinar ETA al padre de un compañero de clase, Cris, una alumna de la novela Mejor la ausencia (Edurne Portela, 2017), propone guardar un minuto de silencio; pero el profesor se niega diciendo «no es asunto mío lo que pase fuera de esta aula. Aquí estudiamos Filosofía», a lo que Cris le contesta «Cuando a ti te da la gana» y, dolida con el profesor y con sus pasivos compañeros, abandona el aula con un portazo.
Es difícil tener tanta personalidad como Cris y más difícil es que los profesores, y más aún los colaboradores activistas de organizaciones de todo tipo, eviten transmitir su ideología. Estos, bien por omisión como el profesor de la novela, bien por acción, como parece que quieren algunos, «tienen en su mano la llave que abre a cada generación el acceso a una representación del universo -nos decía Revel (El Conocimiento Inútil, 1989)-, desde los más humildes maestros de las escuelas elementales hasta los más esplendorosos y célebres profesores de universidad, pasando por los que son, tal vez, los más influyentes en la visión del mundo de una sociedad: los maestros de segundo grado”.
Conozco a muchos y grandes profesores que, como todos, tienen su credo y su ideología, pero que enseñan a pensar y a hacerse preguntas antes que a contestarlas. Sin embargo, también sé de muchos que se empeñan en usar su poder de influencia para inocular mantras y sesgos y despertar emociones ante sus propias pasiones o censurar al disidente.
Y qué quieren que les diga, por mucho que pienso, todos los que así conozco son de la misma cuerda, la “progre”; progresores, podríamos decir. Tenía razón Revel cuando se preguntaba «Por qué los maestros, en todos los países democráticos, odian a tal punto la sociedad liberal y, para hablar concretamente, votan notoriamente más a la izquierda que la media de la sociedad de la que son miembros y cuyos niños instruyen? En el siglo XIX y en el curso de la primera mitad del siglo XX, a menudo era el ejército quien se desviaba peligrosamente de la corriente principal de la opinión pública, hacia la derecha y la extrema derecha. Hoy, son los profesores, hacia la izquierda y la extrema izquierda».
Así las cosas, mientras esto no cambie, mientras en las aulas haya más progresores que profesores y acudan invitados especiales, para dar la matraca según la agenda política del momento, siempre puede hacer como decía Mark Twain: no permita que la escuela entorpezca su educación.
Y para seguir en consejo de Mark Twain debemos diferenciar aquello de lo que es responsable el colegio (la instrucción académica) de lo que es corresponsable (la educación). Pues bien, díganme ustedes como pueden corresponsabilizarse las familias sin herramientas como el pin parental.
Pero claro, eso supondría compartir las decisiones y, quizá, los propagandistas de causas subvencionadas perderían su poder adoctrinador. Eso ya lo sabía Robespierre y los dictadores del siglo XX, con su “Formación del Espíritu Nacional” por ejemplo.
Y lo sabe ahora Celaá y sus nuevos compañeros del Consejo de Ministros con su “Educación para la Ciudadanía” o “Valores éticos”, y no pueden permitirlo. ¡Fuera padres!, libertad ¿Para qué?, terminan siempre preguntándose.
Pero el problema no es el inevitable proceso instruir-educar-adoctrinar propio de toda escuela. Los docentes no son robots y consciente o inconscientemente condicionan ideologías y creencias. El problema es que el Estado sustituya a los padres (salvo que el padre sea rico y pueda escoger un colegio privado) en elegir el modelo y el ideario (o la ausencia de ideario) para sus hijos. Esto no lo hará abiertamente, claro; lo hará restringiendo la oferta, cerrando aulas, bajando ratios para vaciar lo demandado y llenar lo rechazado. Lo hará, esto es lo peor, enfrentando a los distintos modelos de escuela. Y lo hará, lo hace ya, impidiendo el rechazo de las familias a determinadas actividades complementarias.
Por ello, ¡bienvenido el pin parental!
Ramón Pérez-Maura ABC 22 Enero 2020
Hace falta tener mucho desparpajo para declarar el presidente del Gobierno, como lo hizo el lunes por la noche en su televisión particular, que «cuando gobierna el Partido Socialista siempre ocurre lo mismo: hay bronca, hay crispación. La derecha, cuando pierde el poder, tiene un problema y es que no asume la derrota electoral. Yo qué le voy a hacer...». Lo que podría hacer el presidente es no mentir, aunque comprendo que sería complicado porque cuesta mucho labrarse una imagen y Sánchez la tiene ya muy asentada como el político más mentiroso de Occidente. Dice Arcadi Espada que aquí debería hacer algún medio de comunicación una contabilidad como la que le está calzando «The Washington Post» al presidente Trump con sus mentiras. No sé yo si hay una computadora a la altura de ese reto. Aunque Sánchez no lo recuerde, las cámaras de televisión captaron al presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, tras una entrevista televisiva en la campaña de 2008, diciendo que había que tensar la situación. Aunque Sánchez no lo recuerde tampoco, su partido ha ejecutado acciones de crispación sin límites cuando el PP tenía mayoría absoluta buscando derrotar en la calle las políticas que los ciudadanos habían respaldado por mayoría absoluta en las urnas. Y esas políticas, en el caso de Rajoy, se vieron condicionadas por las mentiras que había heredado el PP en 2011 en materia de déficit. Esta vez, los españoles han dado una magra mayoría a un PSOE que en las urnas prometió lo contrario de lo que está ejecutando después de su llegada al poder. Frente a eso, es legítimo protestar.
Hace falta desfachatez para decir que «el señor Torra ha exigido antes de la celebración de esa comisión que haya una reunión bilateral entre ambos presidentes. Yo no tengo ningún problema...». Así que un delincuente condenado como el señor Torra está en condiciones de exigir al Gobierno de la nación. No hay ningún otro Gobierno en el mundo en el que un político condenado siga en el ejercicio de las funciones que le han sido retiradas de hecho por la Junta Electoral. Y lo que es peor es que en España el presidente del Gobierno se somete a él proclamando sin pudor que le ha exigido una reunión que contraviene el pacto de Gobierno que él firmó con otro partido y que él no tiene «ningún problema» en obedecer al condenado y no cumplir los plazos acordados con quien le facilitó el Gobierno. Supongo que el que Sánchez no haya cumplido su palabra tampoco habrá sorprendido al ciudadano Rufián. El que con niños se acuesta... Bueno yo estaba pensando en lo que se decía antes: que se levantaba mojado. Hoy en día se levanta camino de la cárcel. Sánchez debería tomar nota.
Y en fin, hace falta mucha desvergüenza para hablar de modificar el delito de sedición en el Código Penal. «Se ha demostrado algo y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España». Una frase así sólo la puede pronunciar un iletrado -como el doctor Sánchez- o un iluminado. ¿Cómo que «la época que ha tocado vivir a España»? España ha vivido todas las épocas desde 1492 y le va muy bien con este Código. A quien le va muy mal el Código Penal es a Pedro Sánchez que, como todos los populistas iluminados del mundo, empieza a confundir su persona con el país al que representa como presidente de su Gobierno. El Código Penal no necesita ninguna reforma, lo que necesita Sánchez es pagar las deudas contraídas con Oriol Junqueras para su invetidura. No nos tome por imbéciles, por favor.
Código Penal: Sánchez alienta el golpismo
EDITORIAL Libertad Digital 22 Enero 2020
Con las ampliaciones y modificaciones propias del paso del tiempo, Francia mantuvo vigente el Código Penal napoleónico de 1810 hasta 1994, lo que da una idea de la calidad de ese texto y del cuidado con el que un país serio modifica una ley tan importante.
Es exactamente lo contrario de lo que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, dispuesto a modificar el Código Penal para lograr un acuerdo cortoplacista que le permita aprobar unos Presupuestos con el apoyo de al menos uno de los partidos implicados en el golpe de Estado separatista.
El mensaje es políticamente demoledor y moralmente infame: mientras que los separatistas se reafirman una y otra vez –la última, este fin de semana en El País blanqueador– en que no hubo nada de ensoñación en la intentona sediciosa de 2017, y en que lo volverán a hacer en cuanto tengan la oportunidad, el Gobierno les ofrece una rebaja de penas; como para despejar todas las dudas que el miedo a la Ley pudiese despertar en los golpistas que no han dejado por un momento de serlo.
Por desgracia, todos los Gobiernos de la democracia han hecho concesiones al nacionalismo, y eso es, precisamente, lo que nos ha llevado a esta situación. Sin embargo, Sánchez está yendo mucho más allá: en primer lugar, porque ya no se trata de partidos que iban de moderados y se movían dentro de la legalidad, sino con formaciones abiertamente separatistas cuyos líderes están condenados por delitos muy graves o huidos de la Justicia. Y, en segundo lugar, porque el del PSOE es el primer presidente del Gobierno que parece dispuesto a cambiar lo esencial para lograr lo circunstancial; a modificar –o más bien demoler– la arquitectura institucional de la Nación para lograr un acuerdo que le permita sobrevivir unos meses o como mucho unos años en la Moncloa.
El felón Sánchez y los que le aconsejan parecen creen que una voladura controlada del régimen del 78 les puede dejar en el poder de forma prácticamente indefinida; pero que se anden con cuidado, porque las revoluciones terminan por devorar a sus hijos y a sus instigadores, y esta no sería una excepción.
Emilio Campmany Libertad Digital 22 Enero 2020
El tirón oligárquico de una democracia
Amando de Miguel Libertad Digital 22 Enero 2020
La frase de una flamante vicepresidenta (o valida) parece extraída del famoso cuento Alicia en el país de las maravillas. (Por cierto, la verdadera traducción del título debería ser Alicia en el país de las preguntas). La sentencia de la dicharachera gerifalte dice así: "Lo importante no es quién gobierna, sino para quién se gobierna". Hombre (con perdón), en una democracia no tendría que haber duda: siempre se gobierna para el pueblo. Ahora se tiende a decir "la gente". Es igual, el dicho de la parlera vicepresidenta tiene sentido porque el Gabinete del señorito Sánchez es claro que manda para unos pocos, poquísimos, ellos mismos y sus conmilitones.
Solo que lo dicho es la literal definición de oligarquía (= gobierno de unos pocos), un término que casi siempre adhiere un tono despectivo. También es verdad que "el pueblo" o "los pocos" querían decir cosas distintas en la Grecia clásica o en la España de hoy. Hilando fino, todas las variantes del espectro democrático en el mundo presentan en la práctica un corrimiento hacia el rojo oligárquico. El cual quiere decir que el mando se ejerce más bien para proteger ciertos intereses parciales, que son, por definición, los de unos pocos. Normalmente, el movimiento indicado es sutil, pero en la España actual resulta descarado. Los "pocos" privilegiados hodiernos no son por necesidad los clásicos "ricos", esto es, los que atesoran el dinero. Más bien se refieren a la casta de los que controlan la información, la cultura, los medios de difusión, la propaganda, las influencias. Por eso se puede decir que constituyen una auténtica banda oligárquica.
En el pasado el tirón oligárquico se apoyaba en la herencia y en la fuerza; hoy se basa sobre todo en el dominio de los canales de comunicación, algo que se ve favorecido por el estado de las artes, lo que hoy se llama con menor propiedad "tecnología".
Claro que, por definición, la tarea de gobernar solo puede corresponder estadísticamente a unos pocos. Ahora bien, lo que importa para la calificación oligárquica es si esa minoría se comporta de una forma cerrada, excluyente, despótica, con manifiesto desprecio para los simples contribuyentes. Piadosamente nos llaman "ciudadanos". Se trata, pues, de un estilo de gobernar moralmente reprobable, aunque se despliegue como una cuestión de grado y de circunstancias.
El Gobierno oligárquico actual abomina de la clásica división de poderes, siempre que se presente la ocasión para ello. Los jurisconsultos se ven transmutados en altos cargos ejecutivos. La corrupción que digo no es tanto mercantil como ideológica.
Es común la observación de que las democracias actuales son una excepción en el mundo, una especie de exclusiva para los países mal llamados "occidentales". Como contraste, la degeneración oligárquica o autoritaria es la forma característica de la mayor parte de los países del llamado Tercer Mundo. Si eso fuera así, es claro que la actual democracia española, tal como ha ido degenerando, nos hermana con las corruptas y atrabiliarias oligarquías iberoamericanas. Este parentesco ideológico y cultural añade un punto de cálida tradición a la desvencijada estructura política española. No es un gran consuelo.
Sea cual fuere su parentesco cultural, el caso español de hoy responde al arquetipo de una verdadera banda oligárquica. Aparece conectada con una red internacional de grandes fundaciones y otros acrónimos sin ánimo de lucro, que proporcionan grandes rentas a sus dirigentes. El nuevo Gobierno español viene a ser una especie de sucursal de esa trama globalista. Mantiene una posición solapadamente anticatólica, antimonárquica y subrepticiamente antiespañola. Conecta muy bien con los movimientos separatistas, feministas y ecologistas y con todos los artículos del credo de lo políticamente correcto. Al final, asume una cantidad de poder por individuo de los que mandan que resulta superior a la que nunca ha existido en la España contemporánea.
Como es lógico, la sustancia de la oligarquía española actual necesita manifestarse con el talante intervencionista o totalitario típico de los fascismos o los comunismos. Véase el ejemplo en esta reciente declaración taxativa de la ministra de Educación para justificar el ánimo adoctrinador de la escuela: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres". Resuena el axioma de Mussolini: "Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado". Luego resulta muy fácil tildar de "fascistas" a los que protestan contra ese ánimo totalitario. Si los padres se oponen al proyecto de adoctrinamiento moral de sus hijos en las escuelas en la dirección progresista, su protesta se ve calificada como censura. El mundo al revés.
OKDIARIO 22 Enero 2020
El Círculo Ahumada, una de las principales asociaciones de la Guardia Civil, no aceptará intromisiones ni insultos a su dignidad como institución. Lo ha hecho en forma de una carta abierta, dirigida a la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la que defiende a ultranza uno de los aspectos que Pablo Iglesias ha combatido de forma decidida: el carácter militar del Cuerpo. El programa de la formación de ultraizquierda aboga porque la Benemérita se convierta en una fuerza policial de naturaleza exclusivamente civil, pese a que su histórica naturaleza militar y seña de identidad es parte de la clave de su eficacia en el cumplimiento de sus misiones.
El Círculo Ahumada explica con rotundidad que “la defensa del carácter militar del Instituto” es la “base esencial desde su fundación y le ha permitido cumplir 175 años siendo la Institución mas valorada dentro y fuera de nuestras fronteras. Y digo esto, porque precisamente el vicepresidente del actual Gobierno, D. Pablo Iglesias, hace cuatro años redactó un documento manifestando que si llegaba al Gobierno pediría la disolución de la Guardia Civil, la Legión y Regulares”.
La advertencia del Círculo Ahumada supone un mensaje claro contra los intentos de politizar un Cuerpo que es ejemplo de entrega y defensa de los valores constitucionales. Modificar su naturaleza militar, tal y como ha planteado Podemos, supondría una afrenta intolerable a una institución que se ha erigido en pilar básico de la democracia y de la convivencia entre todos los españoles.
Precisamente por eso, la ultraizquierda pretende desvirtuar su esencia y convertirla en una Policía civil: para destruir uno de los muros de defensa de nuestro marco constitucional. En este sentido, cabe recordar las declaraciones de Pedro Garrido, general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, en las que expresó el firme compromiso del Cuerpo de trabajar por la libertad y combatir a quienes quieren seguir la «senda del terror» y «de poner a disposición de la Justicia a quienes no acaten la ley».
En el momento político actual, cuando el Gobierno de España ha claudicado ante las exigencias de los separatistas, la Guardia Civil es garantía de la defensa de la unidad de España.
EDUARDO INDA | Davos (Suiza) okdiario 22 Enero 2020
Tampoco esta vez ha defraudado Donald J. Trump. El presidente de los Estados Unidos ha demostrado, eso sí, que Europa le sienta mejor que su país. Más suave, más didáctico, otro Trump. Ha recomendado a sus colegas mundiales que apliquen políticas arancelarias duras, desregulen y bajen los impuestos para generar empleo y riqueza: “Nuestros trabajadores, sus familias, en definitiva la clase media, tienen que estar por encima de todo”. Casi sin solución de continuidad ha lanzado un aviso a navegantes, que cualquiera diría estaba pensado para Pedro Sánchez y su socio comunista Pablo Iglesias: “No vamos a dejar que los socialistas radicales destruyan nuestra economía y nuestra libertad”.
Donald Trump se ha demorado y el vacío lo ha llenado un soporífero coro suizo. El presidente estadounidense, al que le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, se ha hecho de rogar, ha tardado en franquear la puerta, pero ha llegado, ha visto y ha vencido. Al menos, en lo que a expectación se refiere. Eso sí: el estúpido pensamiento único impuesto por Soros y cía en el Viejo Continente ha provocado que su llegada fuera recibida con escasísimos aplausos, situación que se ha repetido, idéntica, a su despedida. Él ha contrarrestado la mala educación con finezza: inclinando la cabeza en señal de respeto al auditorio cuando ha entrado en el plenario del Foro Económico Mundial de Davos y con el puño en alto cuando ha dicho adiós tras el consabido “¡Dios bendiga a América!”. Cosas de una vetusta Europa en la que lo valiente quita lo cortés en un momento procesal de la historia marcado por el pensamiento único y por esa gigantesca incorrección política que es la sesgada corrección política.
El presidente de los Estados Unidos ha insistido en numerosas ocasiones que su gran objetivo, e incluso “uno de los grandes motivos” por los que decidió adentrarse en la carrera por el Despacho Oval, fue lograr que “los trabajadores y sus familias, el eje de cualquier país, recuperasen el poder económico y el bienestar perdidos. Los trabajadores están por encima de todo”. “Trabajadores”, “familias” y “clase media” han sido las tres palabras más repetidas en un discurso de 45 minutos en el que apenas ha leído y en el que ha dejado para mejor ocasión el tono mitinero de altos, bajos e histrionismo al que nos tiene acostumbrados, especialmente, cuando viaja a ese Medio Oeste blanco estadounidense que le otorgó la victoria.
El hombre más poderoso del mundo se ha jactado de haber conseguido la gran meta que se puso cuando hace 3 años y un día aterrizó en la Casa Blanca con pocas ideas pero muy claras: “Un nuevo modelo de comercio, justo y recíproco, y una política inclusiva en la que se da prioridad a trabajadores y familias [el mantra, otra vez]”. Por mucho que moleste a sus detractores europeos, los números le avalan. Y él, arrogante como es, los ha desgranado uno a uno, con meticulosidad de relojero suizo. “Hemos creado 7 millones de empleos en estos tres años frente a los 2 millones que preveíamos”, ha relatado en presencia de su ojo derecho, Ivanka, y de esa menor de edad explotada que es Greta Thunberg, que se ha presentado en Davos como si de una estrella de Hollywood o una primera ministra se tratase. Una niña a la que los medios de comunicación tontos dedican setenta veces siete más atención que a los miles de científicos que llevan tres décadas luchando contra el cambio climático. Ha sido soltar su ya aburrida frase, “¡hay que actuar!”, y todos los periodistas entrar en un incomprensible clímax.
‘Trumpanomics’
Las minorías han salido ganando con su llegada al poder. Al menos, eso se extrae de los insobornables datos. “La tasa de paro entre las mujeres”, ha enfatizado en el que quizá ha sido el único arranque pasional que ha exhibido hoy en Davos, “es la menor desde 1953 y la de los afroamericanos, la menor de todos los tiempos”. Por no hablar de los millenials que, aunque en menor medida que en Europa, son los que más dificultades padecen también al otro lado del charco para acceder al mercado laboral. “Un millón de ellos tienen trabajo desde que comenzó este mandato”, ha sintetizado.
El Trump tiburón ha dejado paso esta vez, siquiera por unos momentos, al Trump persona. Afirma que “un millón de niños y cientos de miles de madres solteras han salido de la pobreza” desde 2017 y “los sueldos de los directivos ya no suben como los de los trabajadores”. Sostiene que es más bien al contrario, que el de estos últimos se incrementa a una media del “10%” desde que él sucedió a un Barack Obama al que, las cosas como son, arrasa en cifras macro. “La media de ingresos es más alta que nunca”, apostilla, “porque hemos vuelto más grandes y más fuertes que nunca y la clase media es la gran beneficiada”. “¡Ah! y la Bolsa ha subido un 50% en estos tres años”, ha añadido en su esbozo de este círculo virtuoso que son las Trumpanomics.
Ha contrapuesto las estadísticas laborales, “las mejores en 50 años [3,5% de paro]”, con las que se encontró al jurar el cargo en el Capitolio el 20 de enero de 2017. “Se habían perdido 250.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero y el trabajador medio cobraba menos. Se habían cerrado 60.000 fábricas. Y les recuerdo un dato estremecedor: 10 millones de estadounidenses dependían de los comedores sociales para no morir de hambre”, ha recordado en otro de los pasajes de los que ha echado mano para intentar matar a datos a escépticos, críticos y mediopensionistas.
Como buen liberal que es, ha desvelado la obvia receta que ha empleado para conseguir crecer casi el doble que Obama y para obtener los mejores guarismos de empleo desde que hay registros: “Lo tuvimos claro, si reducíamos la regulación, bajábamos impuestos y arreglábamos acuerdos que estaban rotos, tendríamos éxito, y es innegable que así ha sido”. “Les dejo un dato que lo dice todo: frente a las 60.000 fábricas que, como les he dicho, cerraron mis predecesores, nosotros hemos fomentado la apertura de 12.000”, ha agregado demostrando que no tiene abuela.
Desregulación, desregulación, desregulación. Ése ha sido el otro leit motiv del jefe del mundo libre, que ha apuntado que antes por cada reglamento que se eliminaba, se aprobaban dos nuevos. El cambio imprimido en esta legislatura es inversamente proporcional. “Ahora por cada ocho que suprimimos, se crea uno nuevo”. Es lo que él denomina “acabar con los obstáculos al éxito”.
Donald Trump ha advertido en un foro en el que están los grandes popes del capitalismo y el liberalismo planetario que no habrá marcha atrás en su deriva proteccionista. “Seguirán” los aranceles con China y con el resto del mundo. “Se acabó”, ha sentenciado, “cerrar fábricas en Estados Unidos, fabricar fuera y volverlo a vender en nuestro país”. “Mi relación con China es mejor que nunca, tengo un gran aprecio a Xi Jinping [presidente chino]”, ha puntualizado provocando las risas de los asistentes. Acto seguido, ha manifestado que los acuerdos comerciales suscritos con México y Canadá son “un gran éxito”.
Ha puesto punto y final con una parrafada que bien podría haber ido dirigida al Pedro Sánchez socio de comunistas, golpistas e independentistas. A ese presidente del Gobierno que se cree Rey y que ha desplazado a Felipe VI de este epicentro del mundo que es esta semana el Foro de Davos. “No vamos a dejar que los socialistas radicales destruyan nuestra economía y nuestra libertad. El mundo va a ser más hermoso que nunca pero tenemos que ser leales con nuestros trabajadores y sus familias, son las almas de nuestros países”.
Contando Estrellas. www.radiocadenaespañola.com 22 Enero 2020
Hace ya muchos años que la izquierda viene usando varias palabras-policía para demonizar al que discrepa de sus dogmas ideológicos. Uno de sus términos favoritos es «ultraderecha».
Con esta palabra, curiosamente, la izquierda pretende lograr que se identifique cualquier posición liberal, conservadora o cristiana con el fascismo y el nazismo, a pesar de que esas ideologías totalitarias surgieron del socialismo, que es una ideología izquierdista. Recordemos que Benito Mussolini militó en el Partido Socialista antes de formar el Partido Fascista, y que Adolf Hitler llamó a su partido, significativamente, «Nacional-Socialista». El afán de la izquierda por señalar como ‘ultraderechistas’ a todos los disidentes se ha ido ampliando de tal forma que casi cualquier cosa puede ser hoy ‘ultraderecha’, incluso cosas tan normales como las siguientes:
La maternidad: en 2011, el Partido Socialista lanzó una absurda acusación contra el gobierno regional gallego de querer «exportar a Galicia el modelo familiar de la ultraderecha» por el mero hecho de implementar un plan de apoyo a la maternidad.
Defender la libertad de educación: este derecho está amparado por el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de por otros tratados. Para protegerlo se han creado iniciativas como el pin parental: ayer el socialista Pedro Sánchez lo presentó como un invento de la «ultraderecha», en medio de una ofensiva de su gobierno socialista-comunista contra ese derecho humano. La mayoría de los españoles se han mostrado a favor de esa medida para proteger ese derecho humano.
Defender la igualdad ante la ley para hombres y mujeres: en octubre de 2018, un medio izquierdista tachó eso como la «neolengua de la ultraderecha». La ofensiva izquierdista contra ese derecho ha llegado a extremos tales como la ley aprobada por los socialistas en 2004 que impone penas distintas en función del sexo del agresor, algo abiertamente contrario a la igualdad ante la ley que amparan el Artículo 14 de la Constitución Española y el Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pedir ayuda para madres sin recursos: la izquierda lleva su apoyo al aborto hasta unos extremos grotescos. En 2019, un dirigente del Partido Socialista de Málaga tachó de «ultraderecha» a Vox por pedir ayudas para las embarazadas sin recursos para que no se vean obligadas a abortar. El PSOE ya había lanzado la misma acusación contra el PP en Galicia en 2009 por apoyar una iniciativa legislativa de apoyo a la mujer embarazada.
Defender la presunción de inocencia del varón: en julio de 2019 un diario izquierdista citó ese derecho fundamental como una de las «condiciones ultraderechistas» puestas por Vox para apoyar un gobierno del Partido Popular y de Ciudanos en la Región de Murcia. En España, tanto socialistas como comunistas han atacado directamente ese derecho.
Defender la vida de los hijos por nacer: la defensa de ese derecho humano viene siendo denostada por la izquierda con una especial virulencia. Durante el mandato de Rajoy, las Juventudes Socialistas de España tacharon de «posturas tradicionales de ultraderecha» la mera posibilidad de modificar la ley del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, como había prometido -y finalmente no cumplió- el Partido Popular en su programa.
La libertad lingüística: en septiembre de 2018, la lucha por este derecho fundamental en el ámbito escolar fue tachada como «una concepción del Estado claramente de ultraderecha» por la web de extrema izquierda Kaos en la Red, a pesar de que esa libertad es la que existe en todos los países democráticos con más de una lengua oficial, con la única excepción de España.
Rechazar la negociación con terroristas: que se negocie el cumplimiento de la ley con una banda de asesinos es un insulto a la justicia, a la igualdad y a las víctimas. A pesar de ello, durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fue tachada de «ultraderecha» por medios izquierdistas por el mero hecho de oponerse a esa negociación. Las Juventudes Socialistas incluso llamaron «fascista» a la AVT.
Rechazar el comunismo: el comunismo es una de las ideologías totalitarias que más muerte y opresión han provocado en toda la historia. Rechazar esa ideología es tan normal, legítimo e incluso necesario como rechazar el nacional-socialismo y el fascismo. Sin embargo, en junio de 2019, el Partido Comunista de España publicó un documento identificando el «anticomunismo» con la «extrema derecha». En las últimas elecciones europeas, los comunistas de Izquierda Unida incluyeron en su programa la pretensión de que la Unión Europea persiguiese a los anticomunistas, equiparándoles con racistas y xenófobos.
En vista de todo lo anterior, empieza a resultar obvio que el problema no está en esas cosas normales que disgustan a la izquierda, sino en que la izquierda quiere demonizar todo lo que es bueno, justo y sensato para poner en su lugar sus disparates ideológicos, que nadie se atreva a discutirlos e ir, así, limitando cada vez más la libertad de pensamiento y de expresión. Personalmente hace ya tiempo que me importa un bledo que a esa izquierda le parezca mal que defienda cualquiera de los puntos que acabo de exponer. Es más: si esa izquierda irracional, totalitaria y sectaria me llama «ultraderechista» por defender todo esto, me lo tomo como un piropo. Lo que me preocuparía sería recibir elogios de unos fanáticos.
No habrá indulto a los golpistas catalanes, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez reformará el Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición -necesita mayoría absoluta en el Congreso y la tendrá con el apoyo de las separatistas (por la cuenta que les tiene), izquierda radical, nacionalistas vascos y proetarras-, lo que permitirá a Oriol Junqueras y el resto de golpistas ver sustancialmente reducidas las penas que les impuso el Supremo y, de ese modo, salir pronto de la cárcel. Lo sugirió Sánchez el lunes y lo ha confirmado la ministra portavoz, María Jesús Montero. Por si alguien tenía alguna duda, quien manda en España es el delincuente Junqueras. Dicho de otro modo: el Gobierno cambiará el sistema punitivo español sólo para cumplir con las exigencias de los separatistas catalanes que permitieron su investidura.
Estamos ante la mayor traición cometida jamás por un jefe del Ejecutivo al marco constitucional, pues no tiene precedentes en ningún país democrático que un Ejecutivo una sus fuerzas con quienes subvirtieron el ordenamiento jurídico para favorecer a un puñado de golpistas.
Sánchez ya ni siquiera disimula. Su plan de ruptura con la España del 78 avanza a toda velocidad. Todo estaba pactado: el socialismo se ha revuelto contra el orden constitucional y se ha erigido en cómplice y colaborador necesario del independentismo. Pretende derribar todos los muros de contención del Estado de Derecho. En eso consiste la «desjudicialización»: en aniquilar las instituciones y asaltar el poder por la vía de un siniestro plan de retroalimentación de intereses con los enemigos declarados de España.
De resultar aprobado por mayoría absoluta en el Congreso el texto definitivo de reforma de Código Penal pactado con los golpistas, a Oriol Junqueras y el resto de sediciosos se les aplicará retroactivamente las nuevas penas, que serán evidentemente menores para que se beneficien de la reducción del tiempo que deben pasar en prisión.
Conclusión: el separatismo catalán dio un golpe de Estado, el Supremo les condenó por sedición y el Gobierno de Pedro Sánchez promoverá otro golpe de Estado para que salgan de prisión.
Carlos Dávila okdiario 22 Enero 2020
La pregunta que se hacen los juristas es ahora mismo espeluznante: ¿Sabe ya el presidente del Gobierno qué dirá finalmente el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra? La cuestión se deriva de una sospecha también expresada en forma de interrogante: ¿Se hubiera lanzado el lunes Sánchez a anunciar su reunión con el susodicho en la primera semana de febrero si no tuviera esperanzas de que el Supremo no le dejará Torrá sin escaño, y, en consecuencia, sin Presidencia de la Generalidad?
Es sólo un temor bien fundado. Al PP y a Ciudadanos, que ya se han dirigido al Alto Tribunal para oponerse a la Fiscalía que pretende suspender la inhabilitación hasta tanto Torra no sea suspendido definitivamente, no les cabe la camisa en el cuerpo conociendo como cono conocen la personalidad del fiscal Pedro Crespo que es el que, sorprendentemente, ha apostado por la suspensión. Crespo es tildado en todos los ambientes jurídicos relevantes como un fiscal absolutamente comprometido con el PSOE, hasta el punto de que ha sido un candidato muy cualificado a la Fiscalía General del Estado. Hay quien, más gráficamente, apunta a la obediencia de Crespo a los postulados de la izquierda con esta expresión realmente dura: “Es como si fuera de las Juventudes Hitlerianas”.
Así las cosas, todo puede pasar. El balón se encuentra en una sección del Supremo que preside el magistrado Díaz Picazo, es una Sección con un antecedente preocupante: es la que permitió la exhumación de Franco tal y como deseaba el Gobierno de Sánchez. Ahora bien: existe un esperanza porque el ponente de este caso el momento es nada menos que el juez que fue ponente en el Constitucional del Estatuto de Cataluña, el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, un jurista al que no se le puede suponer ninguna tendencia a la subordinación política.
En pocos días -ya lo advertimos aquí- se puede se puede esperar por tanto que el Tribunal no acceda a la suspensión que ha pedido el todavía presidente de la Generalidad. Quim Torra quien, con una pirueta inteligente diseñada por sus abogados, ha colocado en la Justicia en el trance de aplicar o no una Ley que data de 2011 cuando el PP y el PSOE aprobaron un texto que hacía imposible la consecución en su cargo de un político condenado por desobediencia.
El antiguo alcalde de Valladolid, León de la Riva, fue precisamente el personaje al que primero se le aplicó esta Ley. Pero, ¿qué han hecho los letrados del inhabilitado? Pues han solicitado que el Supremo aprecie un punto preciso de inconstitucionalidad al procedimiento y en consecuencia tenga que elevar una petición al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Si el Supremo se acodara afavor de esta premisa la inhabilitación de Torra daría para mucho tiempo, se eternizaría más bien.
Y lo dicho: antes de que haya decisión legal el presidente del Gobierno ya ha prometido ante las cámaras de la fiel Televisión Española, reunirse con Torra y además en Barcelona. En el fondo, le da igual que el aún presidente quede inhabilitado; él como sus socios catalanes sediciosos creen que la policía está por encima de las leyes. Esto es lo que hay.
Un Código Penal al servicio de ERC
Editorial larazon 22 Enero 2020
Paso a paso, se va cumpliendo el pacto que alcanzó el PSOE con ERC que llevó, de nuevo, a Pedro Sánchez a La Moncloa. El punto central es «desjudicializar» el «proceso» para abrir «el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo» –tal y como lo especifica el documento que socialistas e independentistas firmaron–, lo que, por lo que vemos ahora, incluye medidas que aligeren las condenas a los procesados por el golpe contra la legalidad democrática de octubre de 2017. Primero fue Sánchez quien lo adelantó el lunes en su entrevista en TVE: es necesario un «Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España». Sin duda que a esta época que nos ha tocado vivir no le correspondía que se alzarán contra la Constitución una parte de su Estado representado en la Generalitat de Cataluña. Esa fue la anomalía y el delito de sedición es el que más se ajustaba, según falló el Tribunal Supremo, y en aplicación del artículo 544, que es el que ahora estaría dispuesto a reformar el Gobierno.
Después del presidente, la portavoz María Jesús Montero ratificó esta idea tras el Consejo de Ministros, pero incluso fue más allá en su concreción, ya que propuso un «debate abierto» para una «tipificación de delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se ha producido en Cataluña». Por lo tanto, no cabe duda de que esta es la intención, que puede ejecutar, bien desde el propio Gobierno, lo que obligaría a que PSOE y Unidas Podemos llegaran a un acuerdo, lo que parece que será posible, si no está ya cerrado. De no ser así, se tramitaría a través de los grupos parlamentarios en el Congreso, un proceso más lento que si lo propone el Ejecutivo, que tiene prioridad en la Mesa. En todo caso, en aplicación del artículo 2 del Código Penal, supondría una reducción sustancial de la pena de los condenados por el 1-O, ya que el reo se beneficia de la ley más favorable, por lo que tendrá un carácter retroactivo, «aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Más valor tendrá, incluso, el levantamiento de la pena de inhabilitación para cargo público, lo que a todas luces tendrá aún más significado en el caso de Oriol Junqueras, que coincide con el objetivo político de ERC de que, tras su paso –breve– por la cárcel presida la Generalitat. De esta manera se cerraría el acuerdo que Sánchez pactó con los independentistas, condición para que la legislatura continúe y se aprueben los presupuestos antes del verano, de ahí que se haya planteado de manera tan rápida –en el segundo Consejo de Ministros– y, sobre todo, de manera tan clara y pública. ERC quería un compromiso claro y Sánchez ha aceptado, sin importarle que esta reforma del Código Penal, que ni siquiera estaba en el programa electoral, se hace para asegurar su continuidad en La Moncloa, concediendo a los independentistas la primera gran exigencia del «pacto oculto»: anular la inhabilitación de Junqueras.
Y algo más: dejando abierta la posibilidad de un referéndum, en contra de lo que se comprometió en la campaña electoral de tipificar como delito las consultas ilegales. Sánchez ha vuelto a mentir, lo que ya forma parte de su manera de entender la política, o de poner a su servicio las instituciones del Estado: ha elegido a una fiscal general, Dolores Delgado, para «desjudicializar» el «proceso» y ha nombrado a una nueva directora general de la Guardia Civil para destituir al general de la Benemérita en Cataluña, tal y como exige ERC. Paso a paso, Sánchez está cumpliendo con lo pactado, aunque afecte directamente a lo que supuso el desafío independentista y su asalto a la legalidad. Sánchez debería explicar en el Congreso con toda claridad cuál es el objetivo último de reformar el delito de sedición tipificado en el Código Penal.
Cristian Campos elespanol 22 Enero 2020
Es fácil entender el enamoramiento del socialismo por Pedro Sánchez si se comprende cuál es el atractivo de las religiones: ofrecer al consumidor un sistema de creencias capaz de responder todas las grandes preguntas de la existencia.
La política es un conflicto de intereses disfrazado de disputa sobre principios –esto lo decía Ambrose Bierce– y nadie ha logrado difuminar la frontera entre intereses propios y principios generales con tanta eficacia como Sánchez.
El socialismo de Sánchez no deja espacio para la duda y ni siquiera acepta que determinados conflictos –por ejemplo el pin parental y su batalla entre Estado e individuo– sean intrínsecamente irresolubles y por lo tanto sólo zanjables mediante la imposición de una parte sobre la otra.
La solución de Sánchez a todo es el progreso, es decir la izquierda, y el problema a resolver es el retroceso, es decir la derecha, que es toda ella ultraderecha.
Con un matiz. El que decide qué es progreso y qué es retroceso es Sánchez. Que es como nombrar árbitro a Piqué en los partidos del Barça.
Sin embargo, y a diferencia de las viejas religiones, el socialismo de Sánchez aporta un elemento nuevo, intrínsecamente moderno, a las técnicas de control ideológico de masas. El presentismo.
El sistema de verdades absolutas usado por Sánchez para llegar al poder en un momento determinado sólo es válido mientras este le sea útil. Si las circunstancias cambian, el sistema de valores de Sánchez pivota en sentido contrario y lo que ayer era retroceso pasa a ser progreso hoy. El pasado es una ilusión, el futuro una fantasía y el ahora es todo lo que importa.
Progreso es todo lo que Sánchez diga que es progreso hoy. Mañana quizá sea algo diferente y por eso todo lo que se exige del militante socialista es su fe en el líder.
Quim Torra era "el Le Pen español" en 2018, porque el supremacismo no es progresista, pero un interlocutor legítimo hoy, porque el diálogo es progresismo. Los pactos con ERC y Bildu y Podemos son necesarios por la misma razón por la que ayer eran indeseables. Porque eso era lo progresista antes y porque eso es lo progresista ahora.
Que el progreso coincida, con increíble precisión cuántica, con los intereses políticos de Pedro Sánchez es apenas una llamativa coincidencia.
Esa es toda la sofisticación del trabajo de Iván Redondo. Ahora, en los medios, se multiplican los artículos explicando quién es y de dónde sale este mago de la mercadotecnia electoral que ha logrado convertir en presidente del Gobierno a un perdedor sin una sola idea política relevante y al que su propio partido desterró a cajas destempladas. Que ha regado con napalm el centro político y exterminado a Ciudadanos. Que ha convertido el PSOE en un partido impermeable a todos los escándalos, a todas las vergüenzas, a todas las humillaciones.
Es lógico sentirse derrotado. Un sólo escándalo de los protagonizados por Sánchez desde 2018 habría sido suficiente para acabar con cualquier otro político en apenas unas horas.
La sentencia de los ERE. El asalto al Poder Judicial. Los ataques a la Corona. Los pactos con Bildu en Navarra. La sumisión al presidiario Oriol Junqueras. La conversión del CIS en un órgano de propaganda del PSOE. La tesis plagiada. Los ataques contra Ciudadanos alentados por ministros del Gobierno. Las amenazas a las comunidades gobernadas por el PP. El chantaje a los partidos que se negaron a dar el sí a la investidura de Sánchez. El caso de las menores prostituidas en Mallorca.
Es imposible ir más allá. No hay escándalo capaz de superar esa amalgama de corrupción, mentira, manipulación, nepotismo, chantaje y amenazas. Si esto no ha acabado con Sánchez, nada lo hará.
Se habla mucho de los éxitos de Iván Redondo antes de su fichaje por Pedro Sánchez. De las elecciones ganadas en 2011 por Xavier García Albiol en Badalona. De las elecciones ganadas por José Antonio Monago en la Extremadura de ese mismo año. Del pacto entre PSOE y PP en el País Vasco en 2009 que llevó a Patxi López a la presidencia de la región y a una popular, Arantza Quiroga, a la presidencia del Parlamento autonómico vasco por primera vez en democracia.
Se suele hablar menos de lo que ocurrió después de esas gestas de Redondo en territorio enemigo. Xavier García Albiol volvió a ganar las elecciones en 2015, pero la oposición en pleno se conjuró en su contra para echarlo de la alcaldía. Las ganó de nuevo en 2019, pero fue traicionado por el PSC, que prefirió aliarse con los nacionalistas y la extrema izquierda a pesar de su pacto tácito con el político popular.
En Extremadura, la victoria de Monago, que fue apodado como el Barón Rojo por su propio partido por su insistencia en aplicar las políticas del PSOE, tampoco fue más allá de una legislatura. En las siguientes elecciones autonómicas, el PSOE le barrió de forma aplastante en votos y escaños.
Permitan que me ahorre resumir qué ha sido del PP vasco tras su pacto con el PSOE.
Iván Redondo es el Gran Incinerador de la política española. Lleva a sus clientes a la cima demoliendo todos los puentes, quemando todas las naves, sacrificando la dama y volando la Santa Bárbara en el intento. Y luego les abandona sobre un páramo de cenizas.
Redondo fue el ideólogo tras la campaña contra la inmigración de Albiol en Badalona. Hoy Albiol es demonizado, por supuesto de forma injusta, como "el alcalde xenófobo del PP". Sus posibilidades de volver a gobernar en Badalona son, a día de hoy, nulas.
Monago ganó las elecciones de 2011 siendo más socialista que los propios socialistas. Quizá no había otra forma de llegar al poder en Extremadura. Pero la misma receta que le llevó a la victoria le condenó a la derrota en 2015. ¿Para qué votar a la copia si los extremeños ya tenían el original?
En el País Vasco, el acuerdo entre el PSOE y el PP propició el primer gobierno constitucionalista de la democracia en la región, pero fulminó la posibilidad de que este volviera a producirse jamás. A día de hoy, el PSOE vasco preferirá pactar mil veces con Bildu, y no digamos ya con el PNV, antes que una sola con el PP. El PP no volverá a tocar poder en el País Vasco en décadas.
La política de tierra quemada de Iván Redondo es consecuente con su idea de que todo lo que importa es el ahora. Y si algo ha aprendido Redondo a lo largo de sus años de rookie es que el PP no supera sus debacles y que el PSOE siempre lo hace, tarde o temprano, por su disposición a pactar con quien sea y donde sea a cambio de poder.
Pero está por ver cómo revalidará su victoria Pedro Sánchez en un escenario político que ha sido incinerado hasta sus cimientos. Con una sociedad fracturada, con una polarización social inédita en la España democrática, con el Poder Judicial y la Corona en el punto de mira de extremistas, con la mitad de la ciudadanía atemorizada ante la perspectiva de un Gobierno que, en su primera semana de trabajo, ya ha afirmado que los hijos le pertenecen al Estado.
Don Cortoplazo Tierraquemada Redondo tiene ahora, es cierto, un arma que no tenían Albiol, Monago y el PP vasco. Tiene al PSOE. Es decir sus televisiones, sus medios y sus periodistas. Tiene a los nacionalistas, a los golpistas, a los simpatizantes del terrorismo y a los cantonalistas. Tiene a los funcionarios y especialmente a los del sector educativo. Tiene en sus manos miles de asociaciones civiles cuya dependencia del presupuesto público es total y que harán lo que sea para que este no deje de fluir en su dirección.
Y eso es mucho arsenal. Suficiente para volar por los aires el país entero tres o cuatro veces.
Pero el trabajo de Redondo nunca ha superado el test del tiempo. Cuando sus clientes fracasaban con estrépito, convertidos en una caricatura de sí mismos y atados por los pactos con el demonio firmados para llegar al poder, él ya andaba lejos de ellos.
Veremos qué tal se maneja con la permanencia quien ha hecho del oportunismo un arte.
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 22 Enero 2020
Ignacio Camacho ABC 22 Enero 2020
Puede ser un escándalo monumental, el definitivo casus belli de la legislatura, el detonador que dinamite los pocos puentes de consenso que haya dejado en pie el sanchismo. Un eventual indulto encubierto de Junqueras y los líderes del procés, colado de rondón en una reforma-ómnibus del Código Penal, rozaría en la práctica el fraude de ley al requerir el voto de los partidos cuyos dirigentes se beneficiarían de la medida. Una especie de autoamnistía. Una vergüenza nacional que dejaría en este Gobierno marcas de oprobio y heridas imposibles de cerrar en una sociedad ya bastante ofendida por la levedad de las consecuencias del desafío separatista. Una claudicación humillante, imposible de justificar con el mantra de la «desjudicialización» de la política porque supondría un cambio legal ad hoc y ad hominem para burlar la acción de la justicia. Una cláusula oculta -pero no mucho, porque se intuía- del pacto de investidura que lo convertiría, de llevarse a efecto, en una verdadera ignominia.
Y sin embargo, están en eso. Lo admitió el presidente en TVE y no lo descartó ayer la portavoz Montero. El cebo sería la explicitación del consentimiento sexual e incluso la tipificación de la convocatoria ilegal de referendos. Una argucia para colocar en el mismo paquete la rebaja penal del delito de sedición y su inmediata aplicación retroactiva -artículo 2.2. del CP- a la condena firme de los reos. Junqueras a la calle, en libertad plena y rehabilitado en todos sus derechos -incluido, por supuesto, el de ser candidato electoral-, con menos de un tercio de cumplimiento del veredicto del Supremo.
No deja de resultar significativo que Sánchez, que se ha tragado sin pestañear siquiera decenas de declaraciones prodigadas con tanta solemnidad como ligereza, se resistiese a descartar explícitamente el perdón para los responsables de la revuelta. Al menos en eso no necesitará sentir escrúpulos de conciencia, si es que los alberga. No hubo manera de que se comprometiese en campaña ante los requerimientos de sus adversarios y de la prensa. Esa cuestión ha rondado siempre en su cabeza; lo tuviera o no hablado, sabía que sería cláusula imprescindible de cualquier acuerdo con Esquerra. Ahora ha dado el siguiente paso, el de abrir el debate para que la opinión pública se vaya haciendo a la idea. Quizá pronto empiece la fase de ablandamiento propagandístico de la resistencia. El diálogo y tal, la reconducción del conflicto, la reconstrucción de la convivencia por el procedimiento del borrón y cuenta nueva.
Este proyecto puede y debe causar indignación, pero no sorpresa. Porque primero ha legitimado la sedición sentándose con sus autores a la mesa y luego ha firmado un pliego de condiciones que implican la revocación de facto de la sentencia… salvo en la parte que consideraba un «ensueño», una entelequia, el golpe contra la soberanía de la nación entera.
Amnistía por la puerta de atrás
Editorial El Mundo 22 Enero 2020
Sánchez planea lanzar una reforma penal 'ad hominem', destinada a excarcelar a Junqueras sin siquiera recurrir al indulto
Los manuales de resistencia establecen que las medidas más impopulares es mejor adoptarlas al principio de la legislatura, en la esperanza de que el paso del tiempo borre su memoria. Sánchez está concentrando en sus primeras semanas de mandato decisiones tan reprobables como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o la reunión con Torra, político amortizado en proceso de inhabilitación. La precariedad parlamentaria de la pretendida coalición progresista obliga a Sánchez no solo a seguir prorrogando sine die los presupuestos de Montoro, sino también a aplicar la subida salarial a los funcionarios que pactó el PP en 2018. Mientras su maquinaria propagandística se afana en hacer pasar como propios estos méritos, Sánchez intenta despejar el camino para poder desarrollar un día su programa, que necesita del visto bueno de ERC. De manera que el objetivo de la agenda legislativa del Gobierno, bajo la hojarasca buenista, se centra en un solo objetivo: complacer a sus socios separatistas radicales, de los que depende la duración de la legislatura. De ERC y también de Bildu, cuyos votos pueden ser igualmente decisivos.
Por esa razón María Chivite ha perdido definitivamente la vergüenza de sentarse cara a cara con los herederos políticos de ETA para pactar las cuentas navarras. Lo hace porque Sánchez, liquidado el valor de su palabra, le habilita para ello en contra de lo que prometió por respeto a la memoria de los socialistas asesinados. Y si los navarros padecerán las contrapartidas identitarias de un PSN que cohabita con Geroa Bai y depende de los abertzales, todos los españoles tendrán que soportar la reforma del Código Penal que Sánchez prepara para indultar a Junqueras por la puerta de atrás.
Según se extrae de las palabras de María Jesús Montero, el pacto entre PSOE y Podemos prevé una batería de modificaciones legislativas que diluyan la rebaja del delito de sedición entre cambios de alto voltaje mediático -buscando el efecto cortina de humo- tales como blindar el "solo sí es sí" en las relaciones sexuales o implantar un plan nacional contra la corrupción. Camuflado entre estas medidas, Sánchez planea lanzar una reforma penal ad hominem, destinada a excarcelar a Junqueras sin siquiera recurrir al indulto para que pueda encabezar un tripartito con Iceta y los comunes, indispensable para sustentar el poder de Sánchez en Madrid. La fontanería parlamentaria del PSOE recomienda la figura de la proposición de ley, que permita al Gobierno saltarse el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Más rápido, menos filtros.
Bastarían 176 escaños. Bastaría la mayoría de la moción de censura, apoyada por todos los enemigos de la unidad de España. Bastaría la asombrosa desfachatez de un Gobierno que parece renunciar a traer a ERC a la legalidad constitucional porque ya se mueve él en dirección a Lledoners.
Vicente Gil esdiario 22 Enero 2020
Quien fuera polémico fiscal general del Estado con Zapatero está maniobrando para colocar a un "caballo de Troya" al frente del alto tribunal y desde ahí desactivar el procés judicial.
“Estamos en zafarrancho de combate”. Así describe un magistrado del Supremo el ambiente que se respira en el alto tribunal ante las andanadas, nada disimuladas, del nuevo Gobierno.
La Judicatura se ha convertido en objetivo prioritario del nuevo Ejecutivo socialista-bolivariano de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Durante meses, PSOE y Podemos han cargado contra los jueces calificándolos de “reaccionarios” en una campaña lenta, pero continúa, para que cale, poco a poco, en la opinión pública y justificar el “asalto” (en palabras del magistrado) al poder judicial desde el Gobierno.
“Molestamos al PSOE por el tema catalán -dice- y molestamos a Podemos porque ellos, aunque ahora disimulen, no creen en la Constitución del 78, en las leyes que emanan de ella y en la separación de poderes”.
“Van a intentarlo al más puro estilo bolivariano”, afirma. “Lo que viene con este Gobierno va más allá de la elección partidista de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional”. Un sistema, por cierto, que creó el primer Ejecutivo del PSOE, en 1985, con Felipe González y que justificó Alfonso Guerra con aquella famosa frase: “Montesquieu ha muerto”. Luego, una reforma de Aznar lo diluyó algo para introducir algunos criterios más profesionales.
El episodio De Prada
El sistema de elección está politizado -viene a decir la fuente- pero permite a los jueces actuar con independencia y salvaguardar la “apariencia de imparcialidad”, “salvo los hooligans habituales aquí, en el Supremo, o en la Audiencia Nacional”, matiza, “y que siempre han hecho más política que justicia”.
Se vio con la sentencia del caso Gürtel, del magistrado José Ricardo de Prada, buen amigo de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que le costó la Presidencia a Mariano Rajoy. Año y medio después fue duramente desacreditada por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional por incluir argumentos y expresiones sobre el PP que no se juzgaban.
“Lo que viene ahora -augura- es un asalto en toda regla para anular el poder judicial y concentrar el poder en el Gobierno sin contrapeso alguno”. “Les molestan las leyes y, por tanto, los jueces que somos quienes las hacemos cumplir. Va más allá del tema catalán. Es afán de poder totalitario”.
Conde-Pumpido promueve a Xiol como presidente del Constitucional
Otro magistrado me cuenta, en una de esas cafeterías del entorno de la plaza de París, las “maniobras orquestales en la oscuridad” de personajes como Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional. “Es incansable”, dice. “Vive permanentemente conspirando hasta en los más mínimos asuntos”.
Cándido Conde-Pumpido fue el polémico fiscal general del Estado durante las dos legislaturas de Zapatero, “aunque lo de Dolores Delgado -vaticinan las fuentes- va a ser mucho más sectario”.
Conde-Pumpido maniobra -desde hace meses- para absolver a los responsables del asalto al Parlamento de Cataluña en 2011, condenados a tres años de cárcel, aunque, como fiscal general, entonces, calificó los hechos de “actos violentos contra las instituciones” y propició la acusación.
Es uno de esos casos que, por proximidad, pueden ir marcando el devenir judicial de los asuntos pendientes del 1-O .
“Ahora, Conde-Pumpido maniobra también para colocar a Juan Antonio Xiol Ríos como presidente del Tribunal Constitucional”, me dice este veterano jurista, buen conocedor de las entrañas de nuestra Justicia.
Xiol ha roto ya dos veces la unanimidad del Constitucional en decisiones relativas al procés, mostrándose contrario al encarcelamiento de Oriol Junqueras y favorable a la salida de prisión de Jordi Sánchez para defender su candidatura a la Presidencia de la Generalitat en marzo de 2018.
Xiol, catalán, bien relacionado con el nacionalismo, estuvo en el Gobierno socialista de Felipe González con Fernando Ledesma como ministro de Justicia entre 1985 y 1990 y luego, a propuesta del PSOE, entró en el Consejo General del Poder Judicial.
“Conde-Pumpido maniobra en favor de Xiol para empezar a desmontar el proceso judicial del 1-O desde el propio Constitucional”, dicen las fuentes. O sea, para echar una mano al Gobierno con ERC. Es un magistrado muy crítico, además, con las reformas económicas y sociales del Gobierno Rajoy.
Comento a mis interlocutores que el PP dice que no va a pactar con Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional si no hay garantías globales. “Ya veremos”, dicen. “En el llamado bloque progresista siempre ha habido divisiones, pero por rencillas personales. Cuando el PSOE toca a rebato, se unen”. “Los del PP no se enteran”, dicen con escepticismo. “Les falta la maldad del PSOE. Se las cuelan por todos lados”.
Uno de ellos me recuerda la respuesta, en cierta ocasión, desde La Moncloa (en tiempos de Soraya Sáenz de Santamaría) al denunciar lo que ciertos jueces próximos al PSOE cocían, en determinado asunto, contra el PP. “Me respondieron: nosotros no somos como ellos”… Que se lo digan a Rajoy.
María Claver okdiario 22 Enero 2020
Esta semana se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Estamos viviendo un proceso revolucionario de deslegitimación de una parte de nuestra clase política, una estrategia de criminalización diseñada para sepultar la transición española y alumbrar un régimen incierto de confrontación y rencor. En estos tiempos en los que lo políticamente correcto implica la demolición de los consensos constitucionales y la demonización de aquellos que contribuyeron a la consolidación de la democracia en España, me gustaría rendir un homenaje a uno de los políticos que más he admirado, Gregorio Ordóñez. El asesinato de Ordóñez fue un magnicidio que cambió la Historia del País Vasco y, en consecuencia, de España. Ésa es la verdad.
“Gregorio estamos hasta los cojones de ti. Una sola declaración más tuya y tu familia corre el riesgo de morir. Estamos hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón”. Las amenazas de los terroristas no hicieron mella en Ordoñez. “Goyo” –como le llamaban los suyos- era un político honesto, de esa clase de honestidad que no se imposta ni se ensaya en cursos de management, inmune a las censuras, que no sucumbe a las consignas, que hace trizas a los urdidores de falsas telegenias, que no teme a las hemerotecas, que se eleva sobre el ruido, que vence al miedo, que es el arte de la conciencia, que empatiza con la gente y concilia en valores. Era sencillo, contundente, tenía un gran olfato social, hábil políticamente, era un vasco que amaba su tierra. Y le mataron. Nadie puede saber cómo hubiese madurado su pensamiento durante este tiempo, pero creo honradamente que no sería un pintor de brocha gorda. Su verbo era llano, pero su instinto natural le dotó de muchos matices.
Cuando en el año 1983 se afilió a Alianza Popular conocía muy bien el alcance de su sacrificio. Ese año, la banda terrorista ETA asesinó a 43 inocentes. Formaba parte de una “casta” de héroes que entregaron su vida por defender nuestra democracia, de una “casta” de valientes que se enfrentaron al miedo con la noble aspiración de obtener algún escaño suelto o una concejalía, no para financiarse una vida de lujo en Galapagar, sino para plantar cara a los asesinos que les apuntaban. Hubiese sido alcalde de San Sebastián y lendakari después, no me cabe la menor duda. Era periodista, licenciado por la Universidad de Navarra, aunque ejerció poco tiempo. No obstante, gracias a su obstinación logró sentarse frente al entonces obispo de San Sebastián, José María Setién, y formularle la única pregunta que merecía escuchar: “¿Cree usted en Dios?”. Fue la única y la última pregunta de una breve entrevista, Monseñor le echó de la habitación. Gregorio Ordoñez, en la memoria.
Raquel Tejero okdiario 22 Enero 2020

References: artículo 27
 Artículo 26
e contrario
 Artículo 14
 Artículo 7
 artículo 544
 artículo 2
e contrario