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ESTUDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS ORDENANZAS DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES – V | HISTORIA DE COVALEDA
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Y para terminar y como ya adelantábamos al principio, nos vamos a referir a unas sentencias del Tribunal Supremo, algunas de las cuales ya han sido citadas en las sentencias antes transcritas, pero que consideramos, dada la naturaleza de ese Alto Tribunal, de cita específica y obligada, como la También cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1991, de la que fue Ponente Don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, y en la que se desestimaba el recurso, entonces de Apelación, interpuesto contra la sentencia dictada el 8 de julio de 1989 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el recurso número 185/85 interpuesto contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra, y en la que se dice:
“Centrada así la cuestión resulta que el régimen estricto de presencia en la villa que se exige en la Ordenanza local excluye en todo caso del aprovechamiento a quien no justifica sus ausencias. En los diversos apartados del artículo 8 se regula el régimen de presencias y ausencias, no cumplido por los apelantes, y se establece que, en todo caso, para tener derecho al reparto de pinos “nadie podrá estar ausente de esta Villa durante más de noventa días en total durante cada año forestal”. De las propias manifestaciones de los apelantes se deduce – sin necesidad de practicar una prueba, que ha sido omitida además- -por negligencia imputable a ellos – que trabajan fuera de la localidad a la que -dicen, y se afirma “que lo sabe todo el pueblo en general” -acuden sólo los fines de semana (Folio 3 vuelto del expediente administrativo). No basta, a la luz de las Ordenanzas, con mantener casa en la Villa ni está prevista la pretendida situación de fuerza mayor que alegan los apelantes, lo que fuerza a considerar ajustada a derecho su exclusión del aprovechamiento de los “pinos de privilegio”.
Pero ya en la sentencia de 23 enero 1996, Ponente Don Julián García Estartús, que resulta más determinante porque supone un cambio con respecto a la anterior al considerar la posibilidad de circunstancias excepcionales que determinan que subsista el derecho al aprovechamiento:
“La motivación expresada en dicho art. 5 para acceder al lote entero en el reparto a los incluidos en el precepto que alcanzasen la edad de 65 años: “teniendo en cuenta para ello que por su estado de ancianidad no podrá obtener otros recursos con el fruto de su trabajo, cumpliendo con un deber de ciudadanía y de atención respecto a la ancianidad”, no contempla el que los beneficiarios en el reparto de la suerte de unos bienes comunales mediante el sistema previsto en el art. 94 b) del vigente Rgto. de Bienes de las Corporaciones Locales de 13 junio 1986, y objeto de regulación municipal según la tradición y costumbre local al amparo de la Ley de 23 diciembre 1948, tengan o no bienes o rentas propias.
Segunda.- El derecho a la participación en el reparto de los bienes comunales establecido en la Ordenanza de Canicosa de la Sierra para el supuesto de tenerlo sobre el lote enero arts. 2 y 3 no se condiciona tampoco a que los beneficiarios no tengan bienes o rentas propias; de lo que se infiere que del contexto de la Ordenanza no se desprende que su posesión por los vecinos con derecho al reparto se determina y su cuantía en la situación económica sino en las cargas que presuntamente por su situación familiar deben afrontar: el estar casado o no y tener o no tener hijos; con la presunción de que al alcanzar la edad de 65 años se limita la opción de trabajar y por ello se concede la suerte entera a los comprendidos en dicho art. 5.
SEGUNDO.- La cuestión planteada, como aduce el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra en el escrito de contestación a la demanda se centra en un problema de hermenéutica jurídica del mentado art. 5 de la Ordenanza Municipal sobre los bienes comunales, que a tenor de lo dispuesto en el art. 3,1 CC, tanto si se interpreta según el tenor literal de su texto como en relación con su contexto abona como acertada la dada por el Tribunal de instancia; sin perjuicio además de que la incidencia de una realidad social distinta al tiempo en que se aprobó la Ordenanza tampoco conduce lógicamente a la que postula la Corporación Municipal, toda vez que como se expresa en el f. j. 4 de la sentencia recurrida, ya existía entonces un sistema de Previsión Social, y por ello no se puede ahora desconocer el derecho al percibo de un lote entero por razón de que los recurrentes contra los acuerdos municipales sean todos beneficiarios de la Seguridad Social en sus diversos sistemas, ya que cuando se aprobó la ordenanza podrían también ser beneficiarios de la misma; percibiendo, por otro lado, unas pensiones que de manera patente no justificaría, en su caso, por su menguada cuantía la limitación del derecho al lote íntegro, que de estimarse como pretende el Ayuntamiento apelante como correcta sería en contra de la realidad social y del espíritu y finalidad de la norma que es la de mejora a los ancianos en la participación del reparto aunque no tengan cargas familiares, por estar disminuidos físicamente para el trabajo, o dada la situación de empleo mermada la oportunidad de obtener un puesto de trabajo, no siendo admisible la interpretación restrictiva, ya que ello desvirtuaría y dejaría sin contenido, en este caso el art. 5, en relación al derecho al lote entero en el reparto de los bienes comunales, dada la universalidad de nuestra Seguridad Social en la protección de los ciudadanos.
O la sentencia de 25 octubre 1995, de la que fue Ponente Don Antonio Martí García, donde se reconoce la vigencia y aplicación de las Ordenanzas pese a ser las mismas preconstitucionales:
“Se aducen, en fin, como cuarto y quinto motivo de casación, al amparo del art. 95,4 LJCA, la aplicación indebida de determinadas sentencias, entre ellas SS 9 abril 1963, 4 julio 1964 y 10 julio 1989, y la no aplicación de la doctrina de otras, las de 31 mayo 1954, 6 diciembre 1962, y aunque dados los términos de la litis, no resulta ya necesario, procede también aceptar tales motivos de casación, pues la jurisprudencia ha venido manteniendo la vigencia y aplicación de las Ordenanzas Especiales sobre aprovechamientos forestales, que la ley autorizaba y autoriza, y la aplicación genérica de tales Ordenanzas no puede resultar afectada por la jurisprudencia habida respecto a aprovechamientos comunales, que no sean forestales, que tiene un régimen específico, cual se ha señalado, ni tampoco por las soluciones adoptadas por hechos acaecidos antes de su vigencia, máxime cuando entre otros, las SS 4 noviembre 1958, 3 octubre 1958 y 21 abril 1964, aceptan la vigencia y aplicación de las mismas, a partir de su vigencia, pero respetando los derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia.
SEXTO.- Una vez estimados los motivos de casación, procede declarar haber lugar al recurso de casación, y en su consecuencia, y dados los términos en que aparece planteado el debate, es obligado, desestimar el recurso contencioso administrativo y confirmar los acuerdos que en el mismo se impugnan, y ello, además de por las razones antes aducidas, que muestran que el acuerdo del Ayuntamiento de Tardelcuende, aparece en todo conforme a lo dispuesto en el art. 2 Ordenanza Especial sobre aprovechamientos forestales, que sólo reconoce el derecho al aprovechamiento a los hijos de padre o madre que desciendan de la localidad y hubieren sido vecinos de la misma y disfrutado de los aprovechamientos, y esta condición no la reúne el recurrente, que solicitaba la concesión de tal derecho, porque no se ha acreditado, cual se ha referido que lo dispuesto en la Ordenanza no sea conforme a la costumbre local, ni incluso, cual sea esta costumbre local y por ello se ha adjudicado un aprovechamiento forestal, en contra de lo dispuesto en la Ordenanza y sin que conste que se ha aplicado la costumbre local, y ello infringe lo dispuesto en el art. 75,4 RDLeg. 781/86 citado, que dispone la adjudicación de los aprovechamientos forestales por medio de la oportuna Ordenanza según la costumbre local, y sin olvidar, que el recurrente pretendía la no aplicación de la Ordenanza, por ser obsoleta, e infringir los arts. 19 y 14 CE, y ninguna de esas razones es atendible, la primera, porque el término obsoleto, aparece definido en el diccionario de la Real Academia, como cosa poco usada, y las actuaciones no muestran que la Ordenanza no hay sido usada desde su aprobación y si lo contrario.
La segunda, porque la propia sentencia recurrida, adecuadamente resuelve, que la regulación sobre el aprovechamiento forestal no afecta a la libertad de residencia que el art. 19 CE garantiza, y la tercera, porque la propia norma, art. 75,4 RDLeg. 781/86, permite unas exigencias de arraigo, de vinculación y de permanencia en el municipio, y por tanto el privilegio o la prioridad que se reconozca a los vecinos que reúnan esas exigencias, está justificado y autorizado por la norma y no puede por ello estimarse que se infringe el principio de igualdad que la constitución garantiza, a salvo claro está, que ese privilegio o prioridad, aparezca en contra de la costumbre, circunstancia que no se ha acreditado, o que en el momento actual no sirva para el cumplimiento de los fines para los que aparece dispuesto el régimen especial de los aprovechamientos forestales, circunstancia que tampoco aparece acreditada en las actuaciones, y por todo ello, procede desestimar el recurso contencioso administrativo y revocar la sentencia recurrida, pues ha posibilitado la concesión de un aprovechamiento a quien no reúne las condiciones exigidas por la norma que lo regula y sin haberse acreditado que esa norma esté en contra le la costumbre local, tampoco se ha acreditado cual sea la costumbre local, para poder determinar si las condiciones de arraigo del solicitante eran o no conformes con esa costumbre local.”
Las sentencias de 11 y 24 de abril 2000, de las que fue Ponente Don Antonio Martí García, y en las que siendo de las pocas que se ha entrado a conocer sobre el fondo de la cuestión planteada recientemente, ya que la limitación cuantitativa del acceso casacional, hace hoy que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre estas cuestiones, se precisa que:
“….Así acontece en el caso que se examina, en el que en instancia se pretendió la inclusión del recurrente en el Padrón de aprovechamientos comunales, se trata, según la Ordenanza correspondiente, de la participación en los aprovechamientos forestales del Monte Pinar de Matute, numero 65 del catalogo de los de utilidad pública, así como los aprovechamientos de los montes comunales denominados Pinadas del Pueblo, Choperas y arboles de la ribera del río “I.”, pretensión que, con independencia de su consideración por las partes, se traduce económicamente en el valor del lote del aprovechamiento que corresponde a cada vecino de “M.” incluido en el Padrón correspondiente, que, aplicando las reglas establecidas en los artículos 50 y 51 LJCA , no excedería del límite indicado de los seis millones de pesetas fijado en el artículo 93.2 b) LJCA .
En consecuencia la Sala llega a la conclusión de que se está ante una causa de inadmisión del recurso, causa ésta que al no haber sido apreciada en el trámite correspondiente se convierte ahora en virtud de reiterada jurisprudencia, (SS de 9 de febrero, 6 de abril, 6 de mayo, 21 de junio y 17 de septiembre de 1999 ), en causa de desestimación del recurso.
No obstante lo anterior, no está demás señalar que también en el fondo, hubiera procedido la desestimación del único motivo de casación aducido, pues en ese motivo denuncia el recurrente la infracción del artículo 75 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril , en atención a que se le ha excluido del aprovechamiento solicitado por la aplicación de una Ordenanza de la que dice desconocer y que no fue aprobada por el órgano competente, la Comunidad Autónoma previo el oportuno informe del órgano consultivo o del Consejo de Estado, y procede rechazar tal motivo de casación, de una parte porque la sentencia recurrida ha dado adecuadamente respuesta a esa alegación, y de otra, porque es el propio artículo 75 citado el que en su nº 2 habla de costumbre u Ordenanza Local sin precisión alguna y en su nº 4 incluso habla de Ordenanzas tradicionales observadas, y siendo ello así, no solo ningún obstáculo había para aplicar la Ordenanza de 1958, -de la que si consta su fecha de vigencia y el órgano que la aprobó el Ministerio de la Gobernación, que era en esa fecha el Organo competente-, sino que era obligada su aplicación a la luz de lo dispuesto en el artículo 75 citado, cuando así además lo acordaron la mayoría de los vecinos. Sin olvidar en fin que esta Sala, entre otras en sentencia de 25 de octubre de 1995 , en relación con acuerdo del Ayuntamiento de “T.” relativo también a aprovechamientos comunales ha reconocido la vigencia y aplicación de otra Ordenanza Municipal, aprobada por el Ministerio de la Gobernación el 3 de junio de 1959.
Y por último la sentencia Sala 3ª de 10 noviembre 2003, de la que fue Ponente Don Rafael Fernández Montalvo, y en la que se refiere al tema de la publicación de las Ordenanzas indicando que:
“El último de los motivos de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) LJCA, es por infracción de los artículos 1,2,3, y 4 del Código Civil y, en síntesis, se razona señalando que la sentencia considera vigente una Ordenanza del año 1959 de cuya literalidad no hay constancia y que aplica por analogía con Ordenanzas de otras Juntas Vecinales como la Cigüela.
Ello supone, en tesis de la recurrente, vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE ), del sistema de fuentes (art. 1 CC ), del criterio de interpretación literal (art. 3 CC), de la interdicción de la analogía (art. 4 CC) y de la exigencia de publicidad de las normas (art. 2 CC ).
Ciertamente ha de compartirse con todo énfasis la tesis del motivo en cuanto a su fundamentación teórica, basada especialmente en la necesidad ineludible de la publicación de las normas o disposiciones generales para su vigencia y aplicación.
En cuanto a su proyección de la doctrina al presente caso, ha de partirse de la declaración de la Sala de instancia de que no consta la publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero, como señala la propia sentencia recurrida, la publicidad exigible era la que establecía la normativa vigente en la época de la Ordenanza cuestionada; esto es, la que resultaba de los artículos 108 y siguientes de la Ley de Régimen Local, Texto Articulado y Refundido aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955, y de cuyo cumplimiento puede entenderse que hay suficiente constancia como resulta de la copia parcial del Boletín Oficial de la Provincia de Santander aportada y referido a Ordenanza aprobada por la Junta Vecinal de Oreña regulando la concesión de terrenos pertenecientes al patrimonio de esta Entidad loca menor (Oreña, 2 de mayo de 1959).”
Con estas palabras terminamos este breve recorrido por lo que ha sido la problemática jurisdiccional de las Ordenanzas y las diversas soluciones adoptadas en las sentencias estudiadas, cuyo importante numero, ya pone de relieve la trascendencia que para estos municipios sigue teniendo y tendrán los Aprovechamientos Forestales.
En mayo de dos mil cinco.
M.BEGOÑA GONZÁLEZ GARCÍA
Una respuesta a ESTUDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE LAS ORDENANZAS DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES – V

References: artículo 8
 artículo 93
 artículo 75
 Real Decreto 
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 88