Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2010/07/
Timestamp: 2018-12-12 11:06:15+00:00

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JUSTICIA CIEGA: julio 2010
Valladolid: La mediación penal resuelve 47 casos antes de llegar a juicio
«La mediación es la forma real de administración de justicia» porque en ella la víctima y el autor de los hechos «se ponen de acuerdo a través de una reparación, un perdón o una aceptación de los hechos en que haya una sentencia en la que todos salen beneficiados». Con estas palabras explicó el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, esta fórmula que desde el año 2009 se aplica de manera experimental en la provincia y que está dando buenos resultados.
En ese primer año, 17 asuntos fueron resueltos a través de mediación penal, en lo que va de 2010 la cifra se ha elevado hasta los 47. Esta fórmula, según Trebolle, es la alternativa «más válida» ante el «agobio» que viven los juzgados. En este sentido, destacó que en Estados Unidos se logra mediar en el 30 % de los asuntos, «si se consiguiera esto en España sería una manera de paliar la dilación en la administración de justicia», añadió.
Además de los beneficios para la saturación de los juzgados, Trebolle hizo hincapié en los que esta fórmula tiene para las víctimas que muchas veces «pueden tener traumas psicológicos que se eliminan con este sistema» que, además, da «mayor confianza» en la administración de la justicia, uno de los poderes del Estado menos valorados por la ciudadanía.
La Diputación de Valladolid y la Asociación Castellano y Leonesa de Mediación Penal suscribieron un convenio que tiene por objeto fomentar el desarrollo de la mediación penal en la resolución intrajudicial de conflictos interpersonales. El programa se desarrollará en las dependencias de la Audiencia Provincial de Valladolid y en los juzgados de Medina del Campo y de Medina de Rioseco.
Tras la firma el dia 23, la presidenta de la Asociación de Mediación Penal de Castilla y León, Patricia Guilarte, criticó que el Ministerio de Justicia no apoye esta iniciativa y agradeció la colaboración de administraciones como la Diputación de Valladolid que sin cuya financiación no se podría llevar a cabo el proyecto. El año pasado, esta fórmula se aplicaba sólo en dos juzgados de la provincia y este año ese número ya se ha ampliado a doce. Para Guilarte se trata de «un indicador de la importancia y los efectos positivos tanto para la población como para los juzgados». En éstos últimos, expuso, que la «colaboración» es cada vez mayor.
En ese ejercicio, en Valladolid había tres mediadores y ahora son siete, seis de ellos hacen mediación en tres equipos multidisciplinares formados por un jurista y un psicólogo o trabajador social, y el séptimo hace un seguimiento de las mediciones.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, recordó que la mediación consiste en una intervención profesional antes de que se celebre el juicio en aquellos supuestos que la ley lo permite. Con esta fórmula «se busca fomentar el entendimiento entre el imputado y la víctima para alcanzar un acuerdo».
La Justicia gallega arrastra más de 180.000 asuntos sin resolver
Los males de la Justicia en Galicia se mantienen. Ni el cambio de Gobierno en la Xunta, que tiene transferidas las competencias en cuestión de infraestructuras y medios materiales, ni el relevo en el Ministerio de Justicia, al frente del cual se halla un gallego con ganas de impulsar la modernización pendiente, han provocado hasta la fecha cambios perceptibles para el ciudadano. Eso es al menos lo que se desprende de una primera lectura de la memoria del 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia presentada por su presidente, Miguel Ángel Cadenas.
Las constantes estadísticas se resumen en los siguientes datos correspondientes al 2009: Galicia fue la octava comunidad en tasa de litigiosidad -el año anterior era décima-, la quinta en tasa de asuntos pendientes y congestión (primera en la jurisdicción contencioso-administrativa). Ese mismo puesto ocupa en cuanto a número de asuntos resueltos y concursos de acreedores presentados en los distintos juzgados de lo Mercantil (un 57,1 % más que en el 2008).
En cifras absolutas, a los distintos juzgados gallegos llegaron el pasado año 538.162 asuntos -el 4,6% del total nacional-, de los cuales se resolvieron 507.686, pero, dado el retraso acumulado, siguen pendientes 181.415.
Las tasas de pleitos en trámite y de congestión son ligeramente superiores a la media, mientras que la de litigiosidad es inferior, y la de resolución, idéntica.
Uno de los datos más preocupantes del panorama gallego que resalta la memoria es la acumulación de sentencias pendientes de ejecución en los 20 juzgados de lo penal de las siete ciudades. Pasaron de 13.727 en el año 2007 a 18.916 en el 2009, lo que supone un incremento del 37,8% en solo tres años. «Los mecanismos de ejecución legalmente previstos no son plenamente satisfactorios», reconoce la memoria, y precisa que «en casos muy concretos, resultan insuficientes para dar contenido real a las sentencias dictadas».
La memoria señala que el origen de este problema radica en el «insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, que, en muchas ocasiones, tiende más a la sustitución de soportes materiales por otros más avanzados, sin modificar la manera de su uso o su fin».
«Un cambio de filosofía»
Aboga por introducir «un cambio de filosofía basado en la rapidez de la gestión y en la integración de resoluciones y datos para su conocimiento y uso común por los órganos judiciales».
En este capítulo, Miguel Ángel Cadenas también llamó la atención sobre las dificultades surgidas ante las penas en las que se condena a trabajos en beneficio de la comunidad. «Nos encontramos -dijo- con el problema de no encontrar organizaciones o entidades donde poder cumplirlos».
En cuanto a los medios humanos, el presidente del TSJG puso más énfasis en mejorar el diseño de las plantillas de funcionarios y su formación que en reivindicar más jueces.
De las 36 nuevos órganos judiciales que reclamaban hace un año para cubrir las necesidades existentes, lograron 11 más dos jueces comodín de adscripción territorial, con lo que Galicia cuenta ya con 11,3 jueces por cada 100.000 habitantes, uno más que la media nacional.
Apuntó Cadenas que buena parte de los problemas se resolverían con una mayor agilidad en la cobertura de las vacantes y las bajas temporales por enfermedad. Todo ello acompañado de una mejor formación del personal interino.
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Valencia: Hacen falta 35 juzgados más
El número de demandas y asuntos que han entrado en los juzgados de Valencia en el primer semestre del año se ha reducido de forma leve respecto al mismo periodo de 2009, especialmente en los de Instrucción, lo Social y lo Contencioso-administrativo. Esta disminución supone un "alivio" en la situación que viven los juzgados desde el inicio en 2007 de la crisis económica, según el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, aunque los juzgados todavía tienen una sobrecarga "inasumible" que duplica o triplica, según los casos, los módulos de entrada del CGPJ.
Viguer ha destacado que esta tendencia es significativa al tratarse de la primera vez en los últimos años que el número de demandas y asuntos no aumenta, aunque ha agregado que es pronto para decir que refleja la salida de la crisis.
Durante la presentación de los datos estadísticos correspondientes a los primeros seis meses del año, Viguer ha asegurado que hacen falta 35 juzgados más en Valencia -actualmente cuenta con 106-, y ha concretado que serían necesarios ocho más de Primera Instancia, seis más de lo Social, dos más de lo Mercantil y cuatro más de lo Contencioso-administrativo.
En los juzgados de Primera Instancia se ha registrado un leve incremento del 1,27% en el primer semestre hasta los 25.021, con descensos destacados en los juicios ordinarios (-6,8%), cambiarios (-44,8%), de desahucio (-18%) y los juicios de vehículos (-30% en los mayores de 3.000 euros).
Por el contrario, han aumentado los procesos monitorios (+6,3%) y la ejecución de bienes hipotecarios (+16,7%).
Desde 2007 los asuntos que han entrado en los juzgados de Primera Instancia de Valencia se han incrementado cerca del 65% y la carga de estos juzgados es un 143% superior a los módulos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En los juzgados de lo Social la bajada de asuntos ha sido del 11,9% y entre ellos destaca la disminución del 33,8% de las demandas por despido de menos de diez actores.
El incremento de demandas que han entrado en estos juzgados desde hace tres años es del 62,7%, lo que supone que se sitúan en el 93,5% por encima de lo recomendado por el CGPJ.
En el caso de lo Mercantil, también se ha advertido un leve descenso del 0,9%, con una disminución del 30,8% en el caso de los concursos de acreedores, que se han reducido de los 341 del primer semestre de 2009 a los 236 del mismo periodo de este año.
Los juzgados de lo Mercantil han sufrido el mayor impacto de la crisis económica, con un incremento de asuntos del 124,5% en los últimos tres años, lo que supone que los tres juzgados existentes en Valencia atienden el 288% más de lo recomendado, aunque dos de los juzgados están apoyados por un juez de refuerzo.
También en los juzgados de lo Contencioso-administrativo ha habido un descenso del 24,8% en el reparto de demandas, con bajadas destacadas en los asuntos en materia urbanística (-12,5%) y en extranjeros (-31,1%). Según Viguer, estos juzgados superan los módulos del CGPJ en un 157%.
En Instrucción, el descenso ha sido del 14,5% pero esta reducción se viene produciendo desde 2007 y estos juzgados dejaron de atender asuntos de guardias de violencia de género.
En lo Penal, la reducción de asuntos ha sido del 13,7% pero en este caso la disminución está influida por la entrada en funcionamiento de los juzgados de lo Penal de Torrent y Paterna, que llevan también las ejecutorias.
Esta circunstancia se refleja también en los juzgados de Ejecutorias Penales, que han reducido sus asuntos el 16% y su carga de trabajo está ajustada a los módulos.
No obstante, Viguer ha señalado que el problema en estos juzgados son los asuntos pendientes acumulados y un "punto negro", el juzgado número 14 que solo cuenta con una plantilla orgánica de nueve funcionarios frente a los veintisiete habituales.
Los juzgados de Familia han registrado un incremento del 2,2% mientras que los de Violencia sobre la Mujer han tenido un aumento del 31% de los demandas penales y una disminución del 11,3% en el caso del ámbito civil.
El juez decano ha propuesto varias iniciativas para paliar la sobrecarga de los juzgados, entre ellas potenciar la mediación y el arbitraje, reintroducir tasas, reagrupar partidos judiciales y crear tribunales colegiados de Primera Instancia.
Preguntado por la rebaja de los presupuestos del CGPJ en materia de modernización, ha comentado que hay otras partidas "más prescindibles".
Gijón: Justicia da el visto bueno al Juzgado de lo Mercantil de Gijón
La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ha anunciado que el Ministerio de Justicia ha culminado el último trámite pendiente para la puesta en marcha de lo que será el primer Juzgado de lo Mercantil de Gijón, que se prevé comience a funcionar a finales de este año.
Así lo ha manifestado el pasado jueves a los periodistas tras la visita a una exposición en la Colegiata de San Juan Bautista. La regidora ha explicado que fue la consejera de Justicia, María José Ramos, quien le dio la noticia, tras recibir esta última una llamada del Ministerio, y ha recordado que Gijón acumula casi un tercio de los asuntos mercantiles de Asturias.
Asimismo, ha apuntado que había un trámite pendiente con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha resuelto "favorablemente", ha dicho. Con ello, a finales de este año Gijón contará con dos juzgados, el de Violencia de Género y el de lo Mercantil, "por los que ha trabajado fuertemente la consejera y también el Ayuntamiento de Gijón", ha indicado Felgueroso.
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Aragón: La crisis aumenta la litigiosidad, especialmente en los ámbitos de lo social, civil y mercantil
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, ha manifestado que la crisis económica ha supuesto un aumento de la litigiosidad en la Comunidad autónoma, como lo refleja la memoria anual de este órgano, especialmente en los ámbitos de lo social, civil y mercantil. Zubiri explicó, tras reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a quien le entregó la memoria anual, que las "dificultades" por las que pasan las empresas y las relaciones personales y comerciales "implican un aumento en el trabajo de los juzgados".
Al respecto, ha precisado que en el ámbito de lo social tuvo lugar un "refuerzo" en 2009, que se mantuvo a partir del otoño "y que sirvió para sacar los asuntos de mayor urgencia, sobre todo, lamentablemente, los asuntos por despidos", de los que "ha habido bastantes procedimientos, especialmente en Zaragoza", ha apuntado.
En los demás ámbitos, ha agregado, "no ha habido refuerzo, pero la perspectiva que tenemos" es que sí los va a haber, con la creación de nuevos órganos judiciales a finales de este año, con dos juzgados nuevos en el ámbito de lo civil en Zaragoza y un juzgado nuevo en Huesca, otro en Fraga (Huesca) y otro en Barbastro (Huesca).
"Nos hubiera gustado que hubieran llegado antes", ha reconocido, si bien van a permitir, "aunque parcialmente, mejorar y agilizar la Administración de Justicia".
Por otra parte, Zubiri ha recordado algunas cuestiones relevantes que refleja la memoria de 2009, como la celebración en noviembre del juicio por el crimen de Fago (Huesca), en la Audiencia Provincial de Huesca, respecto al que el Tribunal Supremo "avala la forma en que se realizó" y que mereció el Premio a la Transparencia Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Además, en 2009 se instruyó la investigación de la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), asunto que se encuentra "todavía en fase de instrucción y que espero que pronto termine para que pase a la fase de juicio", ha comentado Zubiri.
También ha mencionado las negociaciones que se realizaron con el Gobierno de Aragón para crear una comisión mixta de trabajo entre la Sala de Gobierno del TSJA y la Comunidad autónoma, que "en 2009 no terminó de cristalizar, pero que este año ya ha comenzado a funcionar y empieza a dar sus frutos".
El presidente del TSJA ha comentado, asimismo, que la crisis económica va a implicar recortes presupuestarios que si bien en 2010 no han tenido lugar en el caso de la Administración de Justicia, en el presupuesto de 2011 sí les va a afectar porque "van a venir recortes para todo y para todos".
A pesar de eso, ha reclamado la mejora en los sistemas informáticos "para lograr un funcionamiento ágil" de la Administración de Justicia, que evite los problemas ocurridos en los últimos días en el Juzgado de Guardia de Zaragoza o en los Juzgados de Teruel.
Al respecto, ha recordado que ha habido "caídas" del sistema, "servidores que se colapsan" y ordenadores que "no funcionan en un determinado momento, como el fin de semana", "disfunciones" que "perturban" el funcionamiento normal de los órganos de justicia, ha dicho.
En cuanto a los edificios, ha señalado que "queremos que se lleven a efecto" y de los proyectos "se pase a las obras" y ha recordado que hay programaciones realizadas para la Audiencia y los Juzgados de Huesca, y también para la ampliación de la sede de la Audiencia Provincial Zaragoza y para crear una nueva zona judicial en el meandro de Ranillas de la capital.
Zubiri ha solicitado que, "dentro las posibilidades presupuestarias —ya que sabemos que estamos en un tiempo difícil—, se arbitren los medios para conseguir su mejora", aunque alguno de los proyectos deba realizarse en "un tiempo mayor del que nos gustaría".
En su opinión, "no hay que perder de vista lo que queremos conseguir para tener una buena Administración de Justicia en todo Aragón y, especialmente, en cuanto a edificios, medios informáticos, medios personales y materiales, teniendo en cuenta que la situación de crisis ha supuesto un aumento de trabajo".
El presidente del TSJA también se ha referido a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y ha reconocido que le hubiera gustado "que hubiera sido más rápida". No obstante, ha explicado que "se está trabajando en ella y bien", aunque "este año no vamos a ver la Nueva Oficina Judicial", mientras que "es probable que los primeros servicios se pongan en funcionamiento a comienzos de 2011".
Al respecto, ha relatado que, entonces, "tendremos un sistema de ejecución civil en la ciudad de Zaragoza, juntamente con otros de registro y reparto de asuntos".
Según ha recalcado, la ejecución es "muy importante" puesto que "no basta con dictar la sentencia, función que corresponde a los tribunales, sino que hay que hacer ejecutar lo juzgado" para "dar cumplimiento a los derechos de las personas que se reconocen en esas sentencias".
Fernando Zubiri ha señalado que "esto es algo que en este momento está teniendo dificultades" y por eso "tenemos que tener un sistema ágil, con buen funcionamiento y con personas especialmente preparadas", algo para lo que el nuevo sistema de instrucción civil especializada "va a ser muy útil".
En este sentido, ha precisado que el sistema Minerva, para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, "está dando dificultades" desde su puesta en marcha en mayo "a consecuencia de problemas informáticos", además de que el sistema es "muy rígido y no abarca todas las posibilidades de decisiones que puede tomar un juez", lo que implica "ciertas dificultades en el funcionamiento" y también refleja que "quizá la formación ha sido incompleta".
Por eso, ha indicado que en los próximos meses hay que arbitrar una "formación plena" para todas las personas que usan este sistema y detectar las dificultades "para mejorarlo" porque "tiene que ser un instrumento para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y no un obstáculo para su desarrollo".
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Murcia: El presidente del TSJ asegura que la inversión en Justicia "ayuda" a superar la crisis
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, aseguró en la presentación de la memoria de actividad de los tribunales murcianos correspondiente al año 2009, que la inversión en Justicia "ayuda" a superar la crisis económica "porque genera seguridad jurídica". Tras lo que resaltó que la segunda fase de la Ciudad de la Justicia "no puede quedar afectada por recortes presupuestarios", —proyecto de 36.000 metros que se espera que concluya a finales de 2011—, porque "es la generalización del nuevo modelo de administración de justicia, de oficina judicial, para todos los órganos judiciales".
La cabeza de sentencias dictadas y con menos jueces
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Haciendo bote para pagar el papel higiénico
"Me he ido a mi casa al aseo. Si tienen alguna necesidad, el bar más cerca está enfrente", reza un cartel a la entrada de los juzgados de Villajoyosa, en el centro de la ciudad, para escenificar la esperpéntica realidad de su Palacio de Justicia. Más de 30 grados en la mayoría de estancias, ventiladores por doquier, ausencia de papel de oficio para trámites ordinarios y problemas con los medios materiales del archivo o con el equipamiento técnico, que no admite la posibilidad de trabajar con varios programas a la vez, son la realidad diaria en los juzgados de Denia, Benidorm y Villajoyosa. La empresa asturiana de artes gráficas que provee a los juzgados valencianos ha cortado el suministro, y así sucesivamente.
Los funcionarios han comenzado a hacer derramas con las que consiguen comprar papel higiénico y productos que luego proporcionan al personal encargado de la limpieza, huérfano de cualquier otra cosa que no sea el agua corriente como consecuencia de los impagos de la consejería a la empresa subcontratada para realizar las tareas diarias. Los funcionarios han llegado a sacar las bolsas de basura. El comité de Seguridad y Salud de los juzgados, que agrupa a los sindicatos y la Consejería de Justicia, se reunió hace tres semanas, aunque los representantes sindicales llevan desde marzo reclamando que se resuelva esta situación.
Las protestas van camino de generalizarse. Los empleados de Clece SA, que lleva el servicio de limpieza de los juzgados de Elche, han denunciado que la consejería no paga desde hace dos años los servicios que prestan y que, en consecuencia, esta mercantil hace cinco meses que se retrasa en el pago de las nóminas de sus trabajadores. En la misma situación se encuentran los empleados de la sede de Denia. Además, los juzgados han sido obligados a abastecerse de papel en blanco para hacer fotocopias del papel de oficio de los presupuestos trimestrales que se destinaban a otras necesidades.
Los problemas no complican únicamente el día a día de este colectivo de trabajadores. Los letrados del turno de oficio, que ahora están al día en la percepción de sus servicios, llegaron a cobrar con seis meses de retraso, lo que se tradujo en diferentes manifestaciones en Valencia, Denia o L'Alfàs del Pi.
Once autonomías acuerdan pedir a Justicia más jueces y menos juzgados
Las 11 autonomías con competencias en Justicia acordaron en Valencia unificar sus reivindicaciones al ministerio: jueces de adscripción territorial y refuerzo; órganos colegiados dentro de la nueva oficina judicial; y competencias en materia de personal. No quieren más juzgados, que es la infraestructura que debe pagar cada autonomía, sino más jueces, que no suponen un gasto para las cuentas autonómicas. La petición consensuada se ha fraguado durante dos días de reunión en la que han participado responsables de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.
Paula Sánchez de León, consejera de Justicia y portavoz del Consell, destacó "el consenso" en reclamar "la adecuación de la implantación de la oficina judicial a la realidad económica". La nueva oficina judicial es una de las más ambiciosas reformas del Gobierno. Supone una nueva estructura del trabajo y del servicio al ciudadano, con competencias nuevas para los secretarios judiciales. Solo en formación, Sánchez de León fijó hace meses en siete millones de euros el desembolso inicial necesario. El miércoles, los 11 responsables autonómicos de Justicia consideraron que "la culminación del proceso de nueva oficina judicial ha de implicar el mínimo impacto presupuestario", por lo que exigieron al ministerio una comisión con representación autonómica para diseñar y debatir las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afectan, por ejemplo, a tasas, consignaciones o asistencia gratuita.
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Granadilla: Funcionario de Justicia, juzgado por presuntos cobros fraudulentos a imputados
La Fiscalía solicitó el lunes, en el juicio celebrado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público para José A.B.C. La defensa pidió la libre absolución. El acusado, según las conclusiones del Ministerio Público, entre noviembre de 1987 y mayo de 2000, aprovechó su condición de auxiliar del Juzgado número 2 de Granadilla para cobrar el importe de responsabilidades civiles que debían pagar determinados imputados, a cuyos procesos tenía acceso José A.B.C., indicándoles que así su causa estaría finalizada, y quedándose él con el dinero.
El acusado emitía a los imputados justificantes de pago falsos, elaborados por él, a los que ponía el sello del Juzgado para dar apariencia de veracidad. Además, firmaba estos resguardos.
José A.B.C. escondía los procedimientos en bolsas de basura y en una caja de folios y los colocaba en el archivo del Juzgado ocultos entre otras piezas, para que no fueran encontrados. El procesado hacía anotaciones falsas en los libros de registro para señalar que habían sido enviados a Fiscalía, cuando esto no ocurría. Además, en dichos libros no aparecía que se hubiese realizado cobro alguno en estas causas.
Las conclusiones provisionales señalan que aparece demostrado que, al menos, en tres ocasiones, el acusado llegó a cobrar el pago de las responsabilidades civiles de algunos imputados, uno de los cuales tenía pendiente una causa por un delito contra la seguridad del tráfico y otro de homicidio imprudente.
Con motivo de una reorganización del archivo, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2000, fueron encontrados hasta 61 documentos, que al parecer el acusado había ocultado, de los cuales once estaban asignados para su tramitación al procesado; los otros cincuenta no pudieron determinarse a qué funcionario correspondían. Cabe señalar que la tramitación de algunos de estos documentos seguía en curso.
En la vista de oral, José A.B.C. se declaró inocente, y señaló que "no recordaba muchas cosas de esa época".
Respecto al funcionamiento del Juzgado, el acusado explicó que en esa época "nos repartíamos los procedimientos que llegaban sin criterio alguno, y los dejábamos en un mostrador, para enviarlos a la Fiscalía, al que cualquiera tenía acceso".
La Fiscalía había solicitado en sus conclusiones provisionales nueve años de prisión por dos delitos de falsedad documental, así como la indemnización de los tres afectados, conocidos, por el importe cobrado, que asciende a 2.377 euros.
El Ministerio considera que el actual modelo de Justicia está "agotado"
La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia mostraron el martes su apuesta por un cambio "conceptual" en el modelo de organización de la Administración de Justicia al considerar que el actual está "agotado". Así lo han manifestado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido; y el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo; en sus intervenciones en el seminario 'La crisis de la Justicia en España', que se celebró esta semana dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
Logroño: "Que el Palacio de Justicia se haga de una santa vez"
El proceso de negociación para el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias de Justicia ha topado con un nuevo imprevisto. Cuando todo indicaba que el consenso sobre las condiciones y la cantidad de la transferencia era un hecho a falta de unos flecos que hacían factible cerrar la cuestión este mismo verano, el departamento que dirige Francisco Caamaño se descuelga apoyado por el ministerio de Hacienda con un nuevo condicionante económico.
La última propuesta barajada por los representantes de ambas partes al más alto nivel planteaba un importe cercano a los 41,8 millones de euros. De ellos, 15,8 corresponderían al coste efectivo de la transferencia, mientras que los 26 restantes se incluirían en concepto del convenio para la construcción del Palacio de Justicia en los terrenos de la calle Murrieta que albergaban el antiguo Hospital Militar.
El Ministerio discrepa ahora de esta valoración. Su postura se aferra a la oportunidad de que la parcela se conceptúe en tres partes, una de las cuales se reservaría el Estado contemplando la opción de, en un futuro, llevar allí algunos servicios de la Administración central. El precio que Justicia impone a este tercio del solar es sustancial: 7 millones de euros que podrían minorarse de la partida dedicada a la construcción del Palacio y que, de ser asumida por parte de la Comunidad Autónoma, quedaría reducida a en torno 19 millones.
El Gobierno de La Rioja discrepa de esta posibilidad. Por múltiples razones. De entrada, por la propia segmentación del solar una vez que las diferentes instituciones y los operadores jurídicos de La Rioja hayan coincidido en la conveniencia de que deba contemplarse como un todo dedicado íntegramente a la construcción del nuevo Palacio de Justicia. Más aún, cuando todas las voces han advertido de la falta de espacio de que adolecen las actuales dependencias en Bretón de los Herreros y cuando la implementación de la Oficina Judicial ofrece la oportunidad de 'partir de cero' en la construcción y adaptación de las nuevas instalaciones.
El Ejecutivo recuerda en este punto no sólo los inconvenientes funcionales que surgirían, sino el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Logroño para acomodar urbanísticamente el uso de la parcela. Aquí se enmarcan los acuerdos de modificación puntual del Plan General Municipal aprobados por el Consistorio logroñés tanto para salvaguardar que el enclave sea utilizado con funciones judiciales como para incrementar su edificabilidad.
Tampoco la estimación económica que el Estado hace de la parcela amparándose en el aumento de la posibilidad de edificación resulta admisible para el Ejecutivo de Pedro Sanz. Los técnicos riojanos apuntan aquí que las valoraciones para terrenos de características similares se fijan actualmente en una horquilla que va de los 100 a los 150 euros por metro cuadrado. De acuerdo a esta ecuación, el coste de la edificabilidad de 9.974,5 metros sobre el precio máximo manejado alcanzaría los 1,49 millones. Una cantidad a la que, apunta el Gobierno, debería descontarse los 800.000 euros en que estima las obras de demolición de las edificaciones existentes, dejando así la valoración final en no más de 0,69 millones.
Para reforzar su argumentación, la Comunidad Autónoma recuerda que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria (SEGIPSA) ya intentó vender la parcela a través de una subasta convocada en el año 2002 por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa. El «desproporcionado» tipo de licitación fijado -10,5 millones- y el uso dotacional que impide un aprovechamiento comercial hicieron que la puja quedara desierta.
Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Logroño observan la cuestión desde diferentes ángulos. El alcalde de la capital, Tomás Santos, abre su argumentación de manera tajante: «Que el Palacio de Justicia se haga de una santa vez». El primer edil destaca en este sentido el esfuerzo desplegado por la Corporación logroñesa que él lidera para allanar los reparos urbanísticos sobre la parcela de la calle Murrieta que en su día trabaron el proceso. «A través de sendas modificaciones puntuales del Plan General se mejoró la edificabilidad y se especificó el uso dotacional del solar para que, como todos los interesados reclamaban, su destino fuera exclusivamente para servicios judiciales», destaca Santos dejando de lado si es al Ministerio o al Gobierno de La Rioja a quien le corresponde ceder para completar el traspaso de la última competencia de peso pendiente: «Sólo sé una cosa: la única administración que ha hecho todos sus deberes en este tema y nadie le puede señalar como culpable de nada es el Ayuntamiento de Logroño». Santos reitera en este sentido la «absoluta predisposición» de la capital riojana para que la transferencia de Justicia se complete y el Palacio empiece a ser una realidad «ya mismo».
El delegado de Gobierno se aferra a la prudencia. «No estoy en la comisión negociadora, pero me consta que existe una voluntad del Ministerio por completar la el proceso igual que se ha hecho en los últimos tiempos con otras comunidades», indica José Antonio Ulecia subrayando la «cordialidad» que ha imperado hasta ahora en las conversaciones mantenidas entre los representantes de La Rioja y del Gobierno central.
«Aún no hay nada cerrado», destaca también para disipar la posibilidad de un enquistamiento en la negociación. «El Ministerio tiene además un interés expreso en la modernización de la Justicia en La Rioja, lo cual abarca no sólo las infraestructuras, sino también la implementación de la Oficina Judicial, la mejora de los procesos, el aumento de efectivos...». Ulecia señala que, desde este punto de vista, la construcción del Palacio es una cuestión «paralela» aunque concede que sería «muy bueno para todos» que ambas vías -modernización y nueva sede- convergieran en un futuro próximo con el traspaso competencial.
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Los juzgados navarros presentan la segunda menor tasa de asuntos pendientes
Los juzgados y tribunales navarros presentan la segunda tasa de asuntos pendientes más baja de toda España, sólo superada por la registrada por los órganos judiciales de Aragón. Este es uno de los principales datos recogidos en un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los datos de 2009, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
"Un año más, este estudio comparativo vuelve a situar al TSJN entre los más destacados en importantes parámetros, ya que presenta la segunda menor tasa de congestión de litigios y uno de los mayores índices de resolución, concretamente el quinto". Asimismo, el TSJN presentaba a finales de 2009 la quinta menor tasa de litigiosidad, con 158,1 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes.
De igual forma, los órganos judiciales navarros son los segundos que menos quejas recibieron en 2009 por parte de los usuarios por el anómalo funcionamiento de la Administración de Justicia con un total de 83, sólo 5 más de las presentadas en Cantabria.
Puesto 13º en trabajadores
El informe La Justicia dato a dato también desglosa algunos datos que ponen de mayor relieve los resultados alcanzados por los jueces, secretarios judiciales y funcionarios navarros, ya que el TSJN continúa en el décimo tercer puesto en cuanto el número de jueces por cada 100.000 habitantes con 9,5.
Por otra parte, en términos absolutos, Navarra contaba a finales del año pasado con la segunda menor plantilla de secretarios judiciales y fiscales, con 45 y 18, respectivamente, sólo por encima de La Rioja (27 secretarios y 12 fiscales) y lejos de la tercera, Cantabria (54 y 26).
El TSJN indicó en el comunicado de prensa que, desglosados por jurisdicciones los índices de asuntos pendientes, el informe muestra que en lo Social y Penal los órganos judiciales navarros ostentan la tercera menor tasa y en lo Civil y Contencioso-Administrativo, la cuarta.
Del mismo modo, el resumen constata respecto a los parámetros que miden la congestión de los juzgados que en lo Contencioso-Administrativo tienen el segundo menor índice de España, en lo Penal y Social el tercero y en lo Civil el quinto.
El dossier comparativo también incluye las partidas presupuestarias destinadas a Justicia por los diferentes gobiernos autonómicos con competencias transferidas. Y según estos daños, el Ejecutivo de Navarra fue, con diferencia, el que menos cantidad de dinero invirtió. Así lo muestran los números: Cataluña invirtió 466,7 millones de euros; Madrid 415,4; Andalucía 412,5; la Comunidad Valenciana 240,2; País Vasco 175,8; Canarias 157,6; Galicia 102,7, y Navarra 34,4.
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Canarias: Autorizada la contratación para el mantenimiento del Atlante II
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 4.830.000 euros para la contratación, mediante concurso abierto, del servicio de mantenimiento integral de las aplicaciones de gestión procesal (Atlante II), implantadas en los órganos judiciales y fiscales radicados en Canarias y su adaptación a la Nueva Oficina Judicial (NOJ) para el periodo 2011 y 2012.
En un comunicado se asegura que esta nueva contratación viene determinada por la finalización de la actual pero, sobre todo, porque a partir de 2011 el aplicativo de gestión procesal Atlante II será el único utilizado por todos los órganos judiciales y fiscales de la Canarias, fruto del trabajo realizado en los últimos años por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La nueva contratación permitirá, además, realizar las actualizaciones y modificaciones oportunas en el Atlante II, con el fin de que esta aplicación de cabida a las necesidades y requerimientos de los usuarios de los distintos órganos judiciales y fiscales, así como a las mejoras que el equipo de mantenimiento proponga a lo largo del proyecto.
En esta nueva fase se pretende también, mediante el desarrollo de nuevos módulos funcionales, lograr la plena participación de los diferentes agentes que intervienen en la Administración de Justicia con el fin de conseguir la implantación del expediente electrónico en esta Comunidad.
Para lograr este objetivo, el Gobierno de Canarias considera imprescindible la participación y coordinación con otros organismos e instituciones, como Colegios de Abogados y Procuradores, Consejo General del Poder Judicial, Fogasa, Ministerio de Justicia, otras Comunidades Autónomas, Servicio Jurídico de la CAC y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Además de incorporar herramientas de análisis de calidad de datos y para la medición de resultados, así como la integración con otras aplicaciones (dado que el Atlante II está preparado para interoperar con otras aplicaciones u organismos relacionados con la Administración de Justicia), el nuevo contrato contempla la adaptación a la Nueva Oficina Judicial, teniendo en cuenta que ya se han articulado todas las actuaciones necesarias en el ámbito legislativo para que la implantación de la NOJ en la Comunidad Autónoma sea posible.
Vieira alerta de la extrema situación del sistema judicial madrileño
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha alertado otra vez de la "extrema situación" que atraviesa la Justicia madrileña ante el colapso que "abruma" a los órganos judiciales, ingresando un total de 1,5 millones de asuntos el pasado año, lo que supone un 1,97 por ciento más que en 2008.
Vieira ha presentado este pasado viernes la Memoria del TSJM correspondiente a 2009, que aglutina los datos de los órganos judiciales de la región. Las cifras reflejan un panorama poco alentador, que ha llevado a Vieira a urgir la puesta en marcha de reformas legislativas que reduzcan la litigiosidad en la región y a reclamar la creación de 73 plazas más de magistrados y jueces.
Como cada año, el máximo responsable del TSJM ha puesto sobre la mesa las viejas reivindicaciones que se reclaman desde este órgano judicial superior; la creación de más órganos judiciales; la agrupación de sedes por jurisdicciones; más magistrados suplentes y jueces sustitutos; la optimización de recursos; y la mejora de un sistema de gestión procesal.
"No estoy satisfecho con los datos de la memoria. La situación no es la más favorable debido a las muchas deficiencias que hay y el incremento de la carga de trabajo", ha reconocido el magistrado, quien ha confiado en que la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial y el Plan de Modernización del Ministerio de Justicia mejoren la situación.
En cifras, el número total de asuntos ingresados en 2009 se sitúa en 1.567.386, lo que representa un incremento de un 1,97 por ciento respecto al año anterior. Los asuntos resueltos fueron 1.503.650, lo que supone un 95,93 por ciento del número de ingresados, resolviéndose un 1,77 por ciento de asuntos más que el pasado año.
Asimismo, el número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados y tribunales madrileños es de 467.269, incrementándose un 12,36 por ciento respecto al año anterior.
ACTIVIDAD EN EL TSJM
En cuanto a la actividad judicial en el TSJM, la Sala de lo Social se encuentra sobrecargada con motivo de la crisis económica, ingresando un total de 6.679 asuntos, es decir, un 10,52 por ciento más que en 2008. Y se resolvieron 6.170, aumentando la pendencia en un preocupante 33,22 por ciento.
Además, ha incrementado su actividad la Sala de lo Civil y Penal, donde ingresaron 83 asuntos penales y cinco civiles. En contra, los asuntos que han entrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo se han reducido un 11,57 por ciento, al ingresar 28.497 asuntos y se han resuelto 21,76 por ciento.
En el ámbito de los órganos unipersonales los Juzgados de los Social son los que mayor carga judicial soportan debido a la crisis económica. Así, se incoaron 65.874 asuntos, un 16,86 por ciento más que en el año anterior. y se resolvieron un 7,95 por ciento menos que el número de iniciados.
Además, se mantiene la sobrecarga habitual de los asuntos penales ingresados en los Juzgados de esta jurisdicción al ingresar 1.105.977 asuntos, resolviéndose 1.100.136. La pendencia se sitúa en 156.183 asuntos, un 6,93 por ciento más que en el año anterior.
COMBATIR LA LITIGIOSIDAD
Ante esta situación, Vieira cree necesario la adopción de "medidas urgentes y eficaces" que reduzcan la litigiosidad de todas las jurisdicciones. "Uno de los males que aqueja a la Justicia española es el excesivo número de asuntos que abruman a los tribunales", ha aseverado.
"La única salida son la puesta en marcha de reformas legislativas", ha insistido el magistrado, quien también ha apostado por la mediación y el arbitraje para evitar que lleguen a los tribunales gran número de asuntos que se podrían resolver por una solución extrajudicial.
Asimismo, ha reseñado que son necesarias medidas urgentes para reubicar a los órganos judiciales por materias ante la paralización de la construcción del Campus de la Justicia por la falta de presupuesto por parte de la Comunidad de Madrid.
Además, ha adelantado que la Sala de Gobierno del TSJM se propone agrupar a los jueces sustitutos por especialidades, proponiendo el nombramiento de cada juez sustituto para una sola jurisdicción. "Se sugiere modificar el sistema de jueces sustitutos por jueces adjuntos bajo la supervisión de un juez titular", ha especificado.
NI 10 JUECES POR CADA 100.000 HABITANTES
"El número de magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes es de 9,8 en la Comunidad de Madrid, muy por detrás de comunidades como Asturias con 13,3 jueces", aseguró Vieira durante una rueda de prensa ofrecida después de la entrega de la memoria a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Por otro lado, los archivos judiciales ocupan un espacio desmesurado, llegando a contar con más de 81 kilómetros de estanterías. "Es preciso poner en marcha la Junta de Expurgo y Valoración para potenciar la destrucción de la documentación archivada sin interés judicial ni histórico y facilitar así el archivo y manejo de los expedientes judiciales", informó el presidente del TSJM.
Fuente: que.es , madridiario.es
Analizarán en Valencia la implantación de la nueva oficina judicial
La ciudad de Valencia acogerá los días 20 y 21 de julio la reunión de la comisión de coordinación de las once comunidades autónomas con competencia en la gestión de la administración de justicia, en la que se analizará la implantación de la nueva oficina judicial, han informado fuentes de la Generalitat.
Las sesiones de trabajo, que se celebrarán en la Ciudad de la Justicia, se centrarán, además de analizar el desarrollo e implantación de la nueva oficina judicial, en el seguimiento del nivel de cumplimiento de los compromisos del Gobierno central adoptados en las dos últimas reuniones celebradas en Barcelona y en Pamplona.
Las autonomías con competencia en Justicia son Cataluña, Canarias, Galicia, Navarra, Aragón, Madrid, País Vasco, Cantabria, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana.
Las comunidades autónomas acordaron el 29 de enero en Pamplona una revisión de la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita en correspondencia con los colegios profesionales, para que sea más racional y eficiente, y una racionalización de los ámbitos de actuación de la asistencia jurídica gratuita, ya que las últimas modificaciones legislativas han incrementado considerablemente las actuaciones en dicha jurisdicción.
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha recordado que "las comunidades autónomas instamos al Gobierno central a impulsar la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con la creación de un grupo de trabajo, de modo que presentase un borrador de texto normativo antes del pasado mes de junio".
La consellera ha agregado que también "se constató la necesidad de que el Ministerio de Justicia comunicara a las comunidades autónomas las cuantías que hemos de recibir de los fondos del depósito por recurrir, que ayudarían a sufragar los gastos del turno de oficio, antes de la siguiente conferencia sectorial".
"Sin embargo, la conferencia sectorial no ha sido convocada, como era habitual, en el mes de julio, tal y como esperábamos las comunidades autónomas por referencia de otros años y ni siquiera hemos sido convocados aún", ha puntualizado Sánchez de León.
Por este motivo, la titular de Justicia ha destacado la importancia de estas reuniones autonómicas "para hacernos oír en el Ministerio de Justicia y para consolidar un modelo único de Justicia y no once con características diferentes, ya que estamos hablando de un derecho fundamental que todos los ciudadanos han de tener independientemente del lugar donde vivan".
La primera sesión de trabajo, convocada para el próximo martes, será de carácter técnico y en ella participarán los viceconsejeros y directores generales de las comunidades autónomas.
El día 21 de julio tendrá lugar el encuentro de los consejeros de las once autonomías con competencias, tras el cual presentarán los acuerdos y conclusiones de las sesiones de trabajo.
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Algeciras: El PP cree necesario crear otro juzgado de lo Social
El PP considera que la situación de la administración de Justicia en el partido judicial de Algeciras comienza a ser preocupante. Recuerda que la ciudad sufre la carencia de unas infraestructuras judiciales "adecuadas". "Muchos de los proyectos contemplados en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía y que debía haber concluido en 2008 a nivel provincial no se han llevado aún a cabo. Algunos de ellos acumulan años de retraso, como es el caso de la Ciudad de la Justicia en Algeciras".
También denuncia la saturación generalizada que padecen los juzgados en Algeciras. Recuerda que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado día 10 de julio el decreto por el que se constituyen 134 nuevas unidades judiciales para este año, entre las que no se encuentra el nuevo juzgado de lo Social, "que ayudaría a descargar al actual, que está desbordado y es el que soporta más carga de Andalucía".
Explica que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había alertado de la sobrecarga de trabajo generalizada a que están sometidos la mayoría de los juzgados en Algeciras, "algunos en límites alarmantes, entre ellos, el de lo Social, que soporta el doble de trabajo de lo recomendado por este órgano".
Añade que el TSJA señala la necesidad de 6 nuevas salas en la provincia de Cádiz que deberían haberse unido de forma inmediata a las previstas para el 2008, entre ellas el segundo de lo Social.
Concluye que el Partido Popular logró la aprobación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al ministerio de Justicia a la creación de este nuevo juzgado, "pero, a pesar de ello, no se ha hecho nada".
En su última memoria, el TSJA hizo hincapié en la necesidad de crear un nuevo órgano de lo Social debido a que el actual ingresa más del doble de lo recomendado. También propuso el funcionamiento de uno de Familia, de Capacidad y un segundo de Vigilancia Penitenciaria.
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Vitoria: El juzgado desestima la denuncia que una musulmana presentó contra un médico
Un juzgado de Vitoria ha dado por desestimada la denuncia que una mujer musulmana residente en Vitoria presentó contra un médico por obligarle a quitarse el “niqab”, ya que en la vista también se opuso a retirarse dicha prenda. La vista no se celebró ya que el fiscal solicitó la conversión del procedimiento en diligencias previas para investigar los hechos, no como un juicio de faltas, sino por un posible delito de atentado a la autoridad al tratarse de un médico presuntamente amenazado.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando la mujer, Nadia Chabbi, acudió con el “niqab” al centro de salud de Olaguibel, en Vitoria. Nadi Chabbi, que se encuentra en periodo de gestación con un posible embarazo de riesgo, pidió ser atendida por el jefe de la Unidad de Atención Primaria, a quien solicitó un informe médico y un volante para el ginecólogo. El responsable de Atención Primaria le pidió que se quitase el velo “para saber con quién estaba hablando”, a lo que ella se opuso por sus principios religiosos, han explicado las mismas fuentes sanitarias.
El pasado martes iba a tener lugar la vista por estos hechos en la que se iba a juzgar en el mismo procedimiento estas imputaciones y, al ver a la mujer cubierta, la jueza le pidió que se quitara el “niqab” para ser identificada como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que no llevaba ningún documento que acreditara su identidad.
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Valladolid: Justicia gastará 8.000 euros en el jurado de un juicio por allanamiento
El Ministerio de Justicia se gastará unos 8.000 euros para celebrar la vista oral prevista durante tres días de la semana que viene, en la que se juzgará a un joven, soldado de profesión, como autor de dos delitos de allanamiento de morada cometidos durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo del 2008, cuando el acusado, que había consumido varias bebidas alcohólicas, fue encontrado dormido en un piso en el barrio de la Rondilla. La Fiscalía de Valladolid solicita 21 meses de pena y el pago de una indemnización de 74 euros por los desperfectos que ocasionó el joven en una persiana de la vivienda.
El juicio deberá celebrarse con un tribunal de jurado integrado por nueve personas y dos suplentes. Previamente, la Audiencia Provincial ha elegido a 36 candidatos residentes en la provincia de Valladolid, para poder formar un grupo de 20 que servirán a las partes, acusadora y particular, para designar el jurado titular de nueve miembros definitivos.
Esta circunstancia hace que tal y como establece la ley del Jurado se tengan que abonar las dietas y kilometrajes, tanto de los seleccionados como de los que se rechazan. Además, el Ministerio deberá de pagar 67 euros por persona y día en concepto de alojamiento, y otros 37 euros para las comidas y cenas de los tres días previstos.
Según indicaron fuentes judiciales, «este importante gasto se podría haber evitado si el juicio lo hubiera celebrado un tribunal profesional formado por tres magistrados, que en una mañana habrían concluido». Las mismas fuentes cuestionaron que la ley atribuya al jurado el delito de allanamiento que no requiere complejidad y, sin embargo, supone poner en marcha una infraestructura judicial que acarrea tiempo y dinero.
La Fiscalía de Valladolid ha tratado de llegar a un acuerdo con la defensa del acusado, respecto a la posibilidad de pactar una pena, que sería inferior a los 21 meses, pero no ha sido posible.
Los hechos se produjeron en la madrugada del 9 de septiembre cuando R. V. S. se introdujo en una vivienda de la calle Serafín entrando a través de la ventana que había quedado abierta y que daba a la terraza del comedor.
Una vez dentro, y en ausencia de sus moradores, el acusado se tumbó en la cama y se quedó dormido hasta que fue sorprendido por los inquilinos. Según la Fiscalía, el joven había intentado antes entrar en otro piso de estudiantes del mismo edificio sin lograrlo, pero causando daños en la persiana y donde olvidó la cartera.
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Canarias: Los juzgados resolvieron más casos en 2009
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, informó de que durante 2009 la tasa de resolución de casos en la administración de Justicia del archipiélago ha mejorando pasando del puesto 17 de hace cinco años al cuarto actual junto a Cataluña, aunque precisó que la tasa de pendencia sigue siendo alta.
Castro Feliciano explicó en rueda de prensa tras entregar la memoria del TSJC de 2009al presidente del Parlamento regional, Antonio Castro Cordobez, que "los empleados de la administración han trabajado mucho y bien", pero añadió que no deja de reconocer que "queda mucho camino por recorrer". Para ello demandó respaldo de la Sala de gobierno del alto tribunal y de las administraciones que deben colaborar presupuestariamente, Ministerio y Gobierno de Canarias.
Según los datos de la memoria anual en 2009 se resolvieron 440.381 procedimientos, lo que supone 11.328 más --un 2,64 por ciento-- que en 2008. De este modo continúan tramitándose 168.504, es decir, 11.418 más que en el anterior ejercicio. Esta cifra supone un 7,27 por ciento más.
La cifra de litigios registrados también aumentó un 2,62 por ciento. Así se iniciaron 454.360 casos, 11.592 más que el año anterior. Además se emitieron 89.718 sentencias (+2,63 por ciento) y 307.115 autos (9,42 por ciento).
"La tasa de litigiosidad sigue alta, igual aproximadamente que la del año pasado, pero lo importante es que la tasa de resolución ha sufrido un salto cuantitativo espectacular con respecto a años anteriores", defendió el presidente del TSJC que añadió que en la jurisdicción social es la que mayor tasa de resolución tiene en el territorio nacional.
MENOS LITIGIOS PENALES Y MÁS SOCIALES
De igual forma y sobre la tasa pendencia, dijo que sigue siendo "alta". Aquí especificó que ello se debe a que la litigiosidad no ha descendido, "todo lo contrario". Matizó Castro Feliciano que si bien en Penal no ha subido sí lo ha hecho en Civil y Laboral. "Espero que el año que viene si estoy aquí poder decir que la tasa de pendencia ha bajado. Creo que sí", dejó en el aire.
Con respecto a la situación de los juzgados de lo Penal, admitió que no se explica cómo no ha aumentado la litigiosidad. "Parece que con la crisis se podían haber generado más delitos contra el patrimonio como robos, estafas o apropiaciones indebidas, pero no ha ocurrido afortunadamente". A pesar de ello, sí recalcó que los juzgados de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife tienen una alta cifra de pendencia, "acumulada de años". Indicó que con los 8 juzgados baje la tasa.
Castro Feliciano también recordó que desde hace días opera un juzgado bis cuya finalidad es "sacar la ejecutorias atrasadas de los juzgado de lo Penal". El objetivo es que no se repitan casos como el de la menor Mari Luz.
En este punto recordó que se solicitó la puesta en funcionamiento de doce unidades judiciales para 2010, pero que no se pudieron conseguir "por razones económicas". La cifra se redujo a siete. A pesar de ello, sí detalló que se amplían plazas en tribunales u órganos más atascados como la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife que desde este julio creará una nueva plaza de magistrado para la Sala de lo Penal y el 30 diciembre nuevos juzgados en los municipios de Arona, La Orotava, Arrecife, San Bartolomé de Tirajana y Telde.
Castro Feliciano además subrayó que en cuatro de estos nuevos juzgados se establecerá una separación de jurisdicciones. Así habrá juzgados de primera instancia --que conocerán de procedimientos civiles-- y de instrucción --que conocerán de las causas penales que serán juzgados por la sala de lo Penal y la Audiencia Provincial--. "Es un logro que ha costado porque hay reticencias de los jueces destinados en esos partidos judiciales", dijo para defender la especialización como mejor manera de administrar la justicia.
Asimismo Castro Feliciano admitió los efectos de la crisis. "Ya se está notando", sentenció al tiempo que puso el ejemplo de que "cuando nombramos a un juez de refuerzo el Ministerio aprueba una partida para 3 meses y no para 6 como antes". "Si la medida funciona puede prorrogarla, pero no la prorrogan generalmente", apostilló.
Murcia: La crisis "engorda" el atasco judicial
Carpetas repletas de papeles rebosan las mesas se agolpan en pequeñas estanterías. Llueve sobre mojado. La crisis económica ha disparado el número de asuntos que llegan a los tribunales murcianos y ha 'engordado', aún más, un atasco judicial ya de por sí preocupante. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -plasmados en su informe 'La Justicia dato a dato'- no son nada halagüeños. En 2009 los juzgados de la Región cerraron con 124.102 asuntos pendientes de resolver.
Despidos, concursos de acreedores, reclamaciones de cantidad... La mala situación económica ha disparado el trabajo. En los dos últimos años, el atasco judicial ha aumentado cerca de un 50%. Si 2007 se cerraba con algo más de 80.000 asuntos pendientes de la decisión de un magistrado, el pasado año los tribunales echaron el cierre con más de 124.000 casos en trámite.
Los juzgados observan atónitos como, pese al trabajo, cada año reciben más y más asuntos y, aquellos que no se consiguen resolver, se van acumulando sobre la mesa. Es una bola de nieve que, a cada nuevo giro, gana en tamaño. En las últimas vueltas, sin embargo, esta hipotética bola ha crecido más de la cuenta.
Esta situación fue abordada la pasada semana por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, y los vocales delegados para la Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado, durante la presentación de su último informe. Según ponen de relieve las cifras, durante 2009, la justicia española ingresó más de 9,5 millones de asuntos, lo que supone un aumento de un 5,77% con respecto a la actividad del 2008.
Carmona defendió que el aumento de los asuntos judiciales es similar al incremento de trenes que realizan un determinado recorrido: «Si se ponen más trenes en funcionamiento, hay más que estarían en camino sin llegar a su destino, pero no tienen por qué ir con retraso, sino que hay más en circulación».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya, apunta al impacto de la crisis y al aumento de la litigiosidad como algunas de las causas que han propiciado que haya más trenes sobre estas vías. No hay que obviar que el pasado año los tribunales de la Región recibieron 301.181 asuntos, 18.399 más que el año anterior -y 46.388 más que en 2007-. Una avalancha de trabajo que, pese a los nuevos juzgados creados, hace más lento el sistema, ralentiza los procesos y desespera a la población.
Especialmente significativo es el aumento de casos que han experimentado los juzgados de lo Civil -que han pasado de 41.169 en 2008 a los 66.498 del pasado año-y lo Social -aumentando de 9.319 en 2008 a 19.477 en el ejercicio anterior-. Martínez Moya explica que estas jurisdicciones son las más afectadas. El CGPJ puso en marcha, en septiembre de 2009, un plan de refuerzo para los juzgados de lo Social que ha decidido prorrogar, al menos, hasta final de mes.
Sea o no debido a este plan, lo cierto es que los juzgados lograron el pasado año batir sus propias marcas. Haciendo frente a una situación adversa, la justicia murciana logró sacar adelante 281.447 asuntos, 18.399 más que en 2008. Aún así, la tasa de resolución (0,93) sigue estando, según los datos del CGPJ, por debajo de la media del país (0,96). La tasa de congestión, como es obvio, está también alejada de la media. En el país se sitúa en 1,35, mientras que en la Región sube hasta el 1,45.
Una de las consecuencias más claras de este atasco judicial son las esperas. La avalancha de trabajo no permite a los juzgados murcianos trabajar con la premura que sería deseable. Por poner un ejemplo, la espera media de un ciudadano que inicia un proceso por la vía civil es actualmente de nueve meses y medio. Una tardanza que está bastante alejada de lo que soportan de media la mayoría de los españoles (7,7 meses) y que ha ido aumentando al compás de este atasco. En 2005 y 2006, los murcianos tenían que esperar unos siete meses de media. En 2007, la espera aumentó medio mes más y en 2008 el proceso podía ya tardar ya 8,4 meses.
En los juzgados de lo Social, tan castigados por la crisis, también se ha notado una ralentización de los asuntos. En 2008 los casos se podían resolver en unos 4,7 meses de media. Los últimos datos del CGPJ apuntan, sin embargo, a que la espera ha superado ya el medio año.
La implantación definitiva de la oficina judicial, prevista previsiblemente para septiembre, y el proyecto de modernización de la justicia tienen, en estas cifras, un duro reto. Queda mucho camino si quieren reducir el número de asuntos atascados y que la justicia funcione como debiera. ¿Estarán a la altura?
De Rosa apuesta porque gobierno y comunidades "unan intereses"
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se ha mostrado partidario de apostar por una "unión de intereses" a la hora de invertir en Justicia por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia en un periodo en el que, en su opinión, las partidas económicas pueden ser "más escasas". De Rosa señaló que en los últimos años "se ha invertido dinero", pero, a su juicio, se ha realizado "de espaldas unos a otros".
"Cada comunidad autónoma tiene un programa informático específico que, en ocasiones, es incompatible con el Ministerio de Justicia", comentó De Rosa, quien consideró que, de esta manera, también se "imposibilita" la conexión entre los juzgados de diferentes ciudades.
De esta manera, según manifestó, lo único que se consigue es generar "islotes" que, a su juicio impiden la agilidad de la Justicia y, por lo tanto, la "calidad" de un servicio público que, a su entender, es tan importante como la sanidad o la educación en el sistema de bienestar.
EL JUEZ "TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO"
Por otra parte, el vicepresidente del CGPJ también subrayó como "reto fundamental" de la Justicia, y de los jueces en particular, establecer el concepto de juez "tecnológicamente avanzado". Una figura que, según De Rosa, además de conocer las nuevas tecnologías, "debe ser un impulsor de la nueva modernización" y, por lo tanto, que posea "el mando" del servicio público de "calidad" que tiene la Justicia.
Con este nuevo concepto, consideró que se dejaría atrás la figura del juez que, en su opinión, en el siglo pasado estaba "aislado en su juzgado", para dar paso a un concepto de profesional mucho más "conectado y relacionado".
Para lograrlo, el vicepresidente del CGPJ aseguró que no serían necesarios "grandes costes económicos", pero sí una "mayor formación e información", además de una "conectividad" entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para, en su opinión, establecer un mismo esfuerzo con el que lograr "un importante objetivo".
Asturias: Los juzgados registraron en 2009 un incremento de asuntos del 14,89%
El número de asuntos registrados en los tribunales y juzgados del Principado de Asturias se incrementó un 14,89 por ciento en 2009, alcanzando así un total de 182.993 casos frente a los 159.275 de 2008. Así lo comunicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, durante la presentación de la Memoria Judicial 2009.
Asimismo, Vidau cifró en 182.588 los casos resueltos, una cantidad que también se ha incrementado con respecto a 2008, cuando se resolvieron 151.071. Los asuntos en tramitación a principios de año ascendieron a 51.772, y al finalizar este, eran 52.177.
Según el presidente del TSJA, la tasa de resolución es "muy elevada", ya que se han resuelto el mismo número de casos que los ingresados, lo que hace que la situación actual de los órganos judiciales asturianos sea "aceptable". Más aún, aseguró que el Principado está "a la cabeza" en materia de resoluciones y actividad con respecto al resto de tribunales españoles.
Para Vidau, el incremento sostenido de la litigiosidad en 2009 se debe al incremento de asuntos, notablemente superior al de otros años. Así, dijo que la actual crisis económica es la principal causa del incremento de la carga en los juzgados, aunque apuntó que durante el segundo trimestre de 2009 y el primero de 2010, la situación está decreciendo.
"GRAVE" SITUACIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES
Vidau calificó de "grave" la situación de las sedes judiciales en Asturias, aunque subrayó las iniciativas del Principado para aminorar las consecuencias.
En este sentido, recordó que ya están en marcha las obras del Instituto de Medicina Legal, las del nuevo Palacio de Justicia de Gijón, así como las del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pravia.
Aún así, insistió en la necesidad de construir "con carácter prioritario" nuevos edificios en Infiesto, Cangas de Onís y Luarca. Por ello, pidió a los respectivos ayuntamientos que pusieran a disposición del Principado los terrenos para acometer las construcciones de las nuevas sedes.
También destacó el caso de Langreo y urgió a que se realizasen los trámites necesarios para construir una sede que aune los cuatro órganos judiciales que en la actualidad están divididos en tres sedes diferentes.
Lo mismo ocurre en el caso de Oviedo, por lo que Vidau alertó de la necesidad de erradicar la dispersión de sedes judiciales.
Por otra parte el presidente del TSJA sostuvo que es "absolutamente necesario" dotar cuanto antes a los órganos judiciales de aplicaciones para trabajar en red, y también consideró importante introducir un sistema de tramitación electrónica de los procedimientos.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de creación de un cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Siero, así como uno de lo Mercantil que podría tener su sede en Gijón. También el Ministerio de Justicia apoya la creación de un tercer Juzgado de lo Mercantil para 2010. Además, para dar respuesta a los casos de violencia de género, se creará un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Gijón.
Igualmente, Vidau calificó de "imprescindible" la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 en Avilés.
"Los funcionarios de justicia están peor tratados y peor pagados"
Aunque pertenecen a dos generaciones tan distintas y distantes como las profesiones que representan, el juez y el abogado, coinciden en mucho. Sobre todo en que la Justicia necesita, antes que nada, una sede digna y después reformas puntuales. Pero mientras el más joven aboga por recuperar una justicia de proximidad, quitarle trabajo a los tribunales, dar un plus de productividad a los funcionarios o que sea el fiscal quien instruya, el veterano no quiere ni oír hablar de ese tribunal administrativo que va a crear la Junta y que supone «colocar a ocho o diez enchufados». Son Rafael Belmonte, Presidente de los Abogados Jóvenes de Sevilla y Joaquín Sánchez Ugena, Presidente de la Sección I de la Audiencia de Sevilla.
—¿Cómo calificaría la situación de la Justicia?
—Rafael Belmonte: La Justicia está en una situación de acoso y derribo. Al sistema le pondría un aprobado raspado, a los profesionales notable.
—Joaquín Sánchez Ugena: Estoy totalmente de acuerdo porque los profesionales nos esforzamos de la mañana a la noche. Algo que la inmensa mayoría de la sociedad ignora.
—¿Por qué tiene tan mala imagen la Justicia?
—R.B.:El sistema tiene mala imagen porque los medios se han utilizado de forma improvisada. Porque está anquilosado en el XIX sin haber pasado por el XX. Porque muchas veces las garantías procesales se han transformado en trabas burocráticas y quizás porque los plazos se transforman en incertidumbre y en frustración. Es el sistema el que tiene mala imagen.
J.S.U.: Estoy de acuerdo en que estamos anclados en el siglo XIX pero en algunas materias hemos pasado directamente del XIX al XXI sin pasar por el XX: Por ejemplo en grabar los juicios. Es verdad que tiene mala imagen pero se debe a que a los políticos le interesa que la Justicia sea la mala de la película. También porque la inmensa mayoría de ciudadanos nunca ha tenido nada que ver con la Justicia y no nos conoce. En 40 años, mucha gente me ha dicho: pensaba que eran de otra forma pero los jueces son serios y responsables. Siempre habrá un 50 por ciento de personas que hablen bien del juez y otro tanto mal.
—¿No son jueces, fiscales y abogados poco cercanos al ciudadano?
—R.B.: Quizás en el papel. Pero el abogado tiene la obligación de ser cercano al ciudadano porque lo representa. En el caso de otros operadores jurídicos como jueces o fiscales, la cercanía tiene que ser en el estricto cumplimiento de las garantías. Tampoco están en el mismo papel. Es conveniente la distancia de la persona para que se desapasione.
—J.S.U.:El abogado es muy próximo a los medios de comunicación cuando le interesa barrer para adentro o un titular a favor de sus intereses. Con respecto a los jueces, nuestra obligación es ser transparente e informar a los medios porque son el vehículo por el que la gente nos va a conocer. Pero desgraciadamente hay muchos jueces que se creen que son el no va más y que jamás aceptan hablar con un periodista o con una señora que tiene a su hijo en la cárcel.
—Respecto al lenguaje judicial ¿no habría que simplificar eso de la parte demandante, el otrosi, o la incoación del procedimiento?
—R:B: Habría que explicarse mejor pero tampoco tendríamos que dejar el rigor.
—J.S.U.:El derecho es una ciencia y una técnica y tiene su lenguaje. No se puede criticar al médico porque use tecnicismos pero me repatea el rocambolesco y retorcido lenguaje que a veces utilizamos.
—¿Es normal que hayan pasado dos años y medio desde lo de Mari Luz y año y medio de Marta y sus asesinos sigan sin sentarse en el banquillo?
—R.B.: Muchas veces las garantías procesales se convierten en trabas burocráticas del sistema. Hay que facilitar, sobre todo en casos con mayor repercusión, la agilidad.
—J.S.U.: Los asuntos que salen en los medios son los que van lentos. La inmensa mayoría de casos van con una celeridad asombrosa. En esta sala los asuntos se señalan inmediatamente.
—El otro día citaron a un imputado, un político, no se pudo celebrar, y se fijó de nuevo para diciembre...
—R.B: Los órdenes judiciales difieren. Yo tengo un juicio señalado para el 7 de julio de 2012 en lo contencioso. Y es algo habitual. Pero hay juicios sociales que se resuelven con rapidez. Otros llevan a la frustración.
—J.S.U.: Voy a poner un ejemplo. Nos han recusado y uno de los argumentos del letrado es que el asunto lo hemos resuelto con una celeridad asombrosa. Es como nosotros resolvemos, que haya otros tribunales que van despacio porque los responsables no se lo toman en serio, eso yo no lo sé.
—Volviendo al caso Mari Luz y Marta. Ambos van a ser juzgados por un jurado ¿Ofrece las mismas garantías para Carcaño y Del Valle?
—R.B.: la Ley del Jurado garantiza suficientemente la independencia del órgano. Cuestión diferente es que la insituación del jurado quizás viene de una cultura anglosajona y todavía hace falta una asimilación social. Quiero pensar que no están condenados de antemano. Si no, no creería en el sistema y habría un linchamiento.
—J.S.U.: Las personas que entienden siempre dicen, yo preferiría un tribunal profesional. Existe una desconfianza sobre el jurado. Los miembros del jurado no tienen porque se ser fríos y profundamente imparciales, pueden dejarse llevar por la opinión pública, ese es el peligro. En el caso de Mari Luz y de Marta hay garantías de que no se va a hacer trampa ni cartón sea un jurado o un tribunal profesional. pero los técnicos siempre prefieren un tribunal.
—Si tuviera usted que sentarse en el banquillo ¿Qué preferiría?
—R.B.:Depende del delito porque quizás en el caso de Marta, no preferiría un jurado. Pero en otro tipo de caso si preferiría un jurado. Podría ser más comprensivo.
—J.S.U.: Si yo me sentara en el banquillo me tiraría de la Giralda. ja, ja, ja. Porque los jueces somos tan corporativistas que cuando nos tenemos que sentar en el banquillo, tenemos algún principio procesal «in dubio» contra el compañero. Es el anticorporativismo. Yo creo que lo debe de juzgar un jurado siempre que haga lo que el presidente crea oportuno.
—Se habla mucho de modernizar la Justicia ¿Eso como se hace cuando las diligencias se pasean en carrito y el email apena se usa?
—R.B.: Antes hay que hacer una reforma hacia adentro. Primero la autocrítica, después una gran reforma. No me vale que el procedimiento únicamente se impulse por el juez. En otros sitios los fiscales investigan, los jueces juzgan y los secretarios ejecutan. Esa desconcentración habría que hacerla. Porque lo que no puede ser que es que para celebrar un juicio de faltas por diez euros esté sentado en una mesa un juez, un secretario, un fiscal, dos abogados y dos horas de trabajo.
—J.S.U. : A mi me da pánico. Porque cada vez que hemos intentado modernizar sólo ha servido para complicarla o enturbiar lo que estaba claro y hacer difícil lo sencillo. Lo primero es sacar la justicia de esta pocilga en la que trabajamos que es un insulto al ciudadano, a los profesionales, a los testigos. Basta subir a la sexta planta, el TSJA, y están hacinados como ganado los magistrados. No se le puede llenar a los políticos la boca de modernizar la Justicia mientras esos profesionales vivan como viven en la sexta planta. En cuanto a lo de la instrucción por el fiscal, no tiene porqué ser menos lenta. Pero los jueces somos independientes y los fiscales no porque dependen del poder público y van a seguir las instrucciones del Gobierno. No me importaría que eso fuera así siempre que el fiscal fuera independiente. Mientras el fiscal esté nombrado por el ministro de Justicia a ningún juez nos merece la menor fiabilidad.
—¿Qué le parece la actuación de la Fiscalía de Sevilla en el caso Mercasevilla? ¿Contrasta su actitud con la de otras fiscalías de otras zonas?
—R.B.: La cuestión de Mercasevilla no ha terminado y no es evaluable: Llama poderosamente la atención que la misma denuncia que se pone en la Fiscalía o en el juzgado recibe distinto trato. Otro debate sería el de la independencia de los fiscales.
—J.S.U.: No puedo opinar porque todos los recursos vienen a esta sala.
—¿Se pleitea demasiado?
—R.B. No. A los ciudadanos no se les deja otra opción que los tribunales. Habría que ver cuántos recursos de alzada pone el ciudadano y cuántos son estimados por los tribunales.
J.S.U. Los jueces entendemos que los abogados pleitean demasiado y los abogados que demasiado poco.
—¿La solución para descongestionar los juzgados es poner a trabajar a los funcionarios por la tarde?
—R.B: Quizás la solución sería poner complementos de incentivación al rendimiento como pasa con los jueces que muchas veces cobran por sentencia. Podría ser un estímulo. No se trata de trabajar por la mañana o por la tarde, se trata de impulsar. Pero la mayoría de los funcionarios realizan una actividad encomiable y son víctimas de los legajos en el suelo.
J.S.U.: Con que trabajen por la mañana esto sería jauja. Primero vamos a trabajar por la mañana y si no hemos terminado, vamos a trabajar por la tarde. Y no lo digo como una crítica.
—¿También tienen mala fama los funcionarios de justicia?
—R.B.: Rompo una lanza por ellos.
—J.S.U.: Los funcionarios de justicia trabajan mil millones de veces más que los de la administración a secas. Y están peor tratados y peor pagados.
—Se admiten apuestas sobre la fecha de la ciudad de la Justicia...
—R.B.: Las sedes judiciales no aguantan una inspección de Trabajo, de salud laboral. Hace falta alguien del poder político que tenga la suficiente voluntad de realizar el proyecto. Y mostrar cómo se va a hacer. Han variado cuatro veces de sitio. Quizás el edificio del equipo quirúrgico uniéndolo al Prado y quitando Viapol podría ser una sede concentrada y noble. Tampoco es bueno una Ciudad de la Justicia demasiado alejada.
—J.S.U.: La Ciudad de la Justicia no se podía hacer porque no había dinero. Mientras subsista este régimen en Andalucía no se va a hacer nunca.
—¿Qué le parece este dato: el 40 por ciento de los juicios por maltrato acaban en absolución?
—R.B.: Habrá que ver cual ha sido la respuesta del juzgado y si se han abierto diligencias por denuncia falsa y si hay una utilización perversa. Habría que verlo antes de pronunciarse.
—J.S.U.: Si es así, me parece escandaloso. Sentar a diez señores en el banquillo y que de ellos, cuatro se vayan inocentes a casa, me parece fuerte.
—¿Lo del Kurdo del zapatazo a Erdogan es para echarle tres años?
—R.B.: Solo lo conozco por prensa.
—J.S.U.: Si le llega a dar, le cae cadena perpetua. Me parece disparatado que por un detalle como ese se condene a una persona a tres años. Tengo la seguridad de que va a ser indultado o le van a conceder el tercer grado.
—¿Qué le parece la tipificación de la agresión al Gran Poder?
—R.B. La actuación de los tribunales ha sido correcta. Pero la enorme repercusión por el peso devocional que tiene hace que nos cuestionemos hasta el más mínimo detalle. Hay que dilucidar si debería ser además de contra el patrimonio artístico delito contra las creencias religiosas. Nos hemos sentido absolutamente conmovidos. También habría que ver la finalidad porque no es lo mismo que a ese señor se le haya ido la pinza o que quisiera hacer daño a lo que representa el Gran Poder.
—J.S.U.: Me ha llamado la atención al calificación jurídica. Creo que no es la más afortunada. Me parece que encaja en al artículo 523 bajo la rúbrica de delitos contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos. Para el sentimiento común de los sevillanos, por encima del valor artístico está lo que significa. El mismo respeto me merece el Gran Poder que la estatua de Buda.
—El príncipe Felipe se ha quitado la corbata ¿Qué le parece quitar las togas en los juicios?
—R.B.: La toga representa la importancia del acto que estamos desarrollando. Tampoco le pedimos al cirujano que se quite la mascarilla para que el operado pueda verle la cara.
—J.S.U.: Yo durante toda mi vida me he puesto camisa blanca y corbata negra en los juicios. Los símbolos son importantes pero no puede convertirse en un símbolo en sí mismo.
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 resolución 
in dubio
 artículo 523