Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/47319/sentencia-tsj-madrid-1718-2009-de-3-de-diciembre-tasas-gestion-de-residuos-urbanos-memoria-ec
Timestamp: 2018-02-22 14:46:12+00:00

Document:
Sentencia T.S.J. Madrid 1718/2009, de 3 de diciembre. Tasas. Gestión de residuos urbanos. Memoria económico-financiera - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Madrid 1718/2009, de 3 de diciembre. Tasas. Gestión de residuos urbanos. Memoria económico-financiera
Sentencia T.S.J. Madrid 1718/2009, de 3 de diciembre
Tasas y precios públicos: Gestión de residuos urbanos. Se debe elaborar una memoria económico- financiera que permita conocer el valor de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa. A veces basta con un estudio de costes, tanto directos como indirectos, así como una previsión de los ingresos. Se desestima el recurso contencioso administrativo.
En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de 2009.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo n.º 274/09, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández-Criado Bedoya, en nombre y representación de don Vicente, contra el Acuerdo del Ayuntamiento de madrid de fecha 22 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, (BOCM de 29 de diciembre de 2008); habiendo sido parte la Administración demandada representada por el Abogado del Estado y la Comunidad de Madrid representada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
Segundo.-Tanto el Abogado del Estado como i.e. Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad contestan a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
Tercero.-No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Cuarto.-En este estado se señala para votación el día 26-11-09, teniendo lugar así.
Primero.-A través del presente recurso la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández-Criado Bedoya, en nombre y representación de don Vicente, impugna el Acuerdo del Ayuntamiento de madrid de fecha 22 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, (BOCM de 29 de diciembre de 2008).
Segundo.-La parte demandante sostiene que el acuerdo impugnado vulnera el artículo 20 de la Ley 8/89, de 13 de abril, a cuyo tenor todo proyecto para imponer una nueva o tasa o para la modificación específica de las cuantías de una preexistente requiere el acompañamiento de una memoria económico- financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. Dicho requisito es esencial de tal manera que su ausencia motiva la nulidad de la resolución que haya prescindido de la mencionada memoria.
Así, entiende la recurrente que la ordenanza recurrida "ha sido aprobada sin que conste la elaboración de una verdadera, completa y detallada memoria económico-financiera y sí solamente un estudio de costes que no puede considerarse suficiente para suplir la falta de aquella. Además, dicho estudio está incompleto, no justificado en varios de sus apartados e incluye conceptos de gasto que no serían aplicables al servicio que se presta".
Con relación al coste directo hace las siguientes alegaciones:
Por lo que se refiere a la gestión del punto limpio, a juicio del Sr. Sanchos, "ofrece serias dudas este gasto debido a que los vecinos tenemos que depositar en dicho punto limpio... determinados residuos que no son recogidos por el Ayuntamiento en los puntos habituales". Se pregunta el recurrente "qué servicio de recogida se presta al vecino en estos casos si es el propio vecino el que tiene que llevar por sus propios medios los residuos al punto limpio".
Además, como no se trata de una memoria económica se hecha en falta un mayor detalle qué es objeto de gestión por el Ayuntamiento respecto a este punto limpio para determinar si el coste aplicado se corresponde efectivamente con la prestación directa del servicio de recogida de basuras. En su opinión, "el contrato de recogida de residuos sólidos sería el único punto admisible en cuanto a un coste real y directo de prestación del servicio. Pero no se aporta una copia del mismo para comprobar que efectivamente ese es el gasto y no otro o cual es la empresa encargada de la realización del servicio o cual es la duración del contrato; aspectos todos ellos y algunos más que sería necesario que constasen en la propuesta de modificación y que no están al faltar la referida memoria".
Sostiene, además, que se "ignora... en qué consiste el coste relativo a la mejora del contrato vigente de recogida de residuos por lo que es difícil ejercer sobre este concepto... el oportuno control jurisdiccional en caso de impugnación".
Con relación al coste indirecto sostiene que ninguno de los que, como tales, aparecen en la memoria puede considerarse como un coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, sino más bien un coste directo del servicio de recaudación de un tributo local, la tasa de basura. Razona que "un coste indirecto del servicio lo constituiría el gasto del personal encargado, por ejemplo, del mantenimiento de los vehículos de recogida, o los gastos financieros o de amortización de los vehículos y materiales empleados para prestar el servicio, etc... pero en ningún caso pueden serlo los gastos para recaudar una tasa, sea esta de basura o cualquier otra, ya que en sí mismo ese gasto (de personal, técnicos, Secretaría, etc.) no tiene nada que ver con el servicio que se presta sino más bien con la función de gestión y recaudación que tiene el propio Consistorio. Y en este caso es una empresa externa la que presta el servicio de recogida de basuras, por lo que no existiría ningún coste indirecto de los que se especifican en el estudio"
Añade que, además, el cálculo efectuado es totalmente injustificado; se imputa un 12% y un 6% según los casos, del trabajo de los diversos funcionarios para gestionar la recaudación; si tenemos en cuenta que actualmente el Ayuntamiento cobra más de una docena de tasas, más los impuestos y los precios públicos se llegaría a la conclusión de que no hay funcionarios suficientes para realizar estas funciones".
Niega que tengan la consideración de costes indirectos los gastos de correo, agua, teléfono o aplicación informática, pues son gastos de gestión y de recaudación del tributo y no de prestación del servicio.
Por lo que se refiere a los ingresos, entiende que los estimados para 2008 (de los que se parte) no se detallan suficientemente "ya que solamente se limita a considerar de forma global en cuanto a las viviendas una suma de valores catastrales a los que aplica las correspondientes tarifas, sin que exista un listado detallado para poder comprobar la veracidad de los datos globales y, sobre todo, para que en caso de impugnación los Tribunales puedan ejercer su función de control a que hace alusión la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya se ha mencionado". De la misma manera, en relación con los establecimientos industriales y comerciales, no se dice cuantos son, ni de que clase, ni ningún otro dato concreto que permita ese control.
Tercero.-La Sala se muestra de acuerdo con la actora en relación con la necesidad de que dentro de las fases de preparación de la ordenanza se ha de elaborar una memoria económico financiera que permita conocer los costes del servicio, así como una previsión de los ingresos que el percibo de la tasa conllevaría.
Como se ha dicho, a continuación la actora expone los concretos apartados en que funda su conclusión de que no nos encontramos ante una verdadera memoria sino, más bien, ante un mero estudio de costes que no puede considerarse suficiente para suplir la falta de aquella estudio. Tal afirmación hace preciso que la Sala analice las razones que llevan a la actora a concluir la inexistencia de la memoria para así decidir si, en los particulares aspectos examinados, se vulnera o no el artículo 20 antes citado.
La impugnación se divide en tres partes: costes directos, costes indirectos e ingresos.
En cuanto a los primeros, y en relación a los costes del punto limpio no se puede estar de acuerdo con las manifestaciones de la actora pues el hecho de que el usuario deba llevar la citado punto los útiles, muebles, productos peligrosos o contaminantes (restos de pinturas, disolventes, aerosoles, baterías, etc) o medicamentos no significa que no existan costes. Desde luego no se produce el coste de recogida domiciliaria pero tampoco se tiene en cuenta tal gasto en la memoria a la hora de analizar los costes del servicio.
Pero es que, además de estos puntos limpios, de carácter fijo y permanente, hay otros móviles que recorren periódicamente la ciudad recogiendo muebles que por su tamaño, son difíciles de trasladar hasta el punto fijo. Para éstos, son para los que se prevé como coste los gastos de recogida
En ambos casos, tanto la retirada de los productos a los gestores autorizados como el tratamiento de los mismos generan unos gastos que sí han de ser tenidos en cuenta para calcular el coste del servicio.
En relación con la ausencia del contrato por el que se encomienda la realización del servicio a una empresa privada, efectivamente, no aparece en el expediente administrativo el referido documento pero ello no impide que esos gastos se puedan y deban tener en cuenta, pues sí constan diversas certificaciones correspondientes a 2007 (último año cerrado inmediatamente anterior a la elaboración de la ordenanza) en las que aparecen los gastos de pre-recogida (instalación, distribución y mantenimiento de recipientes normalizados) y los de recogida entre los que se han de incluir no sólo los de la contrata, como afirma el actor, sino también los del resto del personal que ayuda directamente en estas labores y que se adscriben tanto al Departamento de Explotación de recogida de residuos como al de Control de Limpieza Urbana y Recogida de Residuos, llegándose a la conclusión en la memoria de que, del coste imputable al servicio de pre-recogida, un 5,6 % corresponde al coste de personal, un 89,4% a la contrata y un 5% a los costes de estructura; En cuanto al coste de recogida un 1,5 provienen de costes de personal, un 93,4% de la contrata y un 5.1% de la estructura; reparto de costes del que nada ha manifestado la actora. Es decir, se ha de estar más al dato que a la forma. En el expediente constan los datos, lo que es suficiente para que los interesados puedan hacer las alegaciones concretas que tengan por conveniente así como plantear, en el período procesal correspondiente, los medios probatorios de que deseen valerse.
Por último, en relación con la mejora del contrato vigente de recogida de residuos, no existe dificultad alguna para entender que la memoria se refiere a las actualizaciones de precios previstas en los distintos contratos con las empresas que prestan materialmente el servicio, basadas en la alteración del IPC o en ciertas fórmulas polinómicas.
Cuarto.-En cuanto a los costes indirectos no puede la Sección participar de la opinión de la actora toda vez que los gastos del personal dedicado a la gestión del cobro de la tasa sí se deben tomar en cuenta como coste indirecto dado que, sin ese personal, no se podría ni gestionar el servicio, ni siquiera prestarlo. Lo mismo habría que decir respecto de los gastos de correo, agua, teléfono o aplicación informática
Quinto.-Por lo que se refiere a los ingresos, tampoco podemos estar de acuerdo con que su cálculo no esté suficientemente detallado. Se podrá estar o no de acuerdo con el criterio acogido pero lo que no es aceptable es la afirmación de que no se encuentra detallado pues en el informe técnico económico consta la simulación que se reproduce en el documento aportado con la contestación de la demanda y que tiene en cuenta los resultados de la matrícula de 2008 (1.979.250 inmuebles y un valor catastral total de 159.456.011.092 euros) y aplica la tarifa básica inicial de 0,001097 € por cada euro de valor catastral. Todos esos datos, desarrollados hasta la saciedad, constan en el expediente administrativo sin que sea de recibo la afirmación de falta de detalle.
Pero es, además, se ha de tener en cuenta que para calcular los ingresos a la hora de la elaboración de la Ordenanza, necesariamente se ha partir o bien de datos conocidos, cuando se tiene experiencia practica en la tasa de que se trata, o bien de simulaciones. Los primeros deben ser admitidos en todo caso. Los segundos sólo si, como ocurre en el presente caso, son acordes con la naturaleza de la ordenanza.
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso jurisdiccional dado que, en los aspectos examinados, la Ordenanza se ajusta a derecho.
Sexto.-Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción.
Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández-Criado Bedoya, en nombre y representación de don Vicente, contra el Acuerdo del Ayuntamiento de madrid de fecha 22 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos, (BOCM de 29 de diciembre de 2008), DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que la mentada resolución se encuentra ajustada a derecho.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ramón Verón Olarte Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fe.

References: resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 artículo 139
 resolución 
 resolución