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Timestamp: 2017-06-23 08:59:09+00:00

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Fallo de Suprema Corte abre paso a liberación de procesado por caso Julio CastroUploaded by Observa El ObservadorRelated InterestsCase LawCriminal LawConstitutional RightFelonyStatute Of LimitationsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: La Suprema Corte de Justicia (SCJ) volvió a declarar inconstitucional la semana pasada la ley interpretativa de la Caducidad, como ya había hecho el 22 de febrero ante el pedido de un grupo de coro...View MoreLa Suprema Corte de Justicia (SCJ) volvió a declarar inconstitucional la semana pasada la ley interpretativa de la Caducidad, como ya había hecho el 22 de febrero ante el pedido de un grupo de coroneles del Ejército indagados por delitos cometidos en dictadura. Los ministros se pusieron de acuerdo en el caso del policía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, ocurrida el 1º de agosto de 1977, dijeron a El Observador fuentes judiciales.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content//tencia No.152
MINISTRO REDACTOR: DOCTOR JULIO CÉSAR CHALAR
Montevideo, ocho de marzo de dos mil trece VISTOS: Para Sentencia Definitiva estos autos caratulados: “ZABALA QUINTEROS, JUAN RICARDO.
CÓMPLICE DE UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 2 Y 3 DE LA LEY NRO. 18.831”, IUE 87-289/1985, venidos a conocimiento de la Corporación en virtud de la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por el Sr. Juan
Ricardo Zabala Quinteros, cuyo procesamiento y prisión fuera dispuesto en autos. RESULTANDO: I) el Sr. Julio Castro Ures El día 9 de julio de 1985 denunció ante el Juzgado
Letrado en lo Penal de 1er. Turno la desaparición de su padre, Sr. Julio Castro Pérez, y aportó información al respecto (fs. 2 y ss.). Se cumplieron diversas
actuaciones que, además del diligenciamiento de prueba, comprendieron una contienda de competencia y el
diligenciamiento de dos excepciones de inconstitucionalidad (respecto de los artículos 59 del Código Penal y 76 del Código de Organización de los Tribunales
Militares en un caso, y de los artículos 1,2 y 3 de la Ley No. 15.848 en otro). Finalmente, con fecha 18 de 1
setiembre de 1989 se incorporó a la causa constancia de que el Poder Ejecutivo consideraba los delitos
denunciados comprendidos dentro del artículo 1 de la Ley No. 15.848, por lo que con la previa conformidad de la Fiscalía tribunal Letrada actuante interviniente, la clausura se y dispuso archivo por de el las
actuaciones (fs. 162). II) En el año 2010 se solicitó
al Poder Ejecutivo expedirse nuevamente acerca de si los hechos denunciados se encontraban comprendidos dentro de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado
impuesta por el artículo 1 de la Ley No. 15.848. A fojas 232 se agregó la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de agosto de 2010 por la cual se declaró que el caso no se encontraba comprendido en el artículo 1 de la Ley No. 15.848. III) Se prosiguió la instruc-
ción de la denuncia (fs. 232 y ss.). A fojas 1037 la Sra. Fiscal Letrada Nacional en lo Penal de 2do. Turno solicitó el enjuiciamiento y prisión de los Sres. José Nino Gavazzo Pereira y Juan Ricardo Zabala Quinteros. El Sr. Juez interviniente, por Resolución No. 402/2012 (a fs. 1283), dispuso el procesamiento y prisión del Sr. Juan Ricardo Zabala Quinteros, en calidad de cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado (fs. 1283-1314); 2 no hizo lugar a la solicitud de
procesamiento dedujo
Resolución No. 402/2012 (fs. 1316 y ss.), por no haberse dispuesto el procesamiento del indagado Sr. Gavazzo. Con fecha 12 de marzo de 2012 la defensa particular del Sr. Zabala dedujo idénticos recursos impugnando su
procesamiento (fs. 1325 y ss.). IV) En la misma fecha que
impugnó el auto de procesamiento, la defensa de Zabala Quinteros dedujo excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 18.831 y, fundando la misma, alegó en síntesis: situación jurídica que lo La titularidad para de la la
defensa emerge de su calidad de procesado con prisión como cómplice de un delito de homicidio muy
especialmente agravado por un delito comprendido en el artículo 1 de la Ley No. 15.848; en consecuencia, las normas de la Ley No. 18.831 que impugna conllevan la posibilidad de ser condenado por un delito extinto por prescripción, quedando acreditada así la legitimación que exige el artículo 258 de la Constitución. - La Ley No. 18.831 en su artículo 1 va más allá de una derogación tácita de la Ley No. 15.848 y tiene efectos retroactivos, al
restablecer la punibilidad de delitos ya extintos por 3
aplicación del artículos 1 de la Ley No. 15.848. Igual efecto retroactivo se advierte en el artículo segundo “No se computará plazo alguno, procesal, de
prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1° de esta Ley” (los comprendidos en el artículo 1 de la Ley No. 15.848); al disponerse en el año 2011 que se borren los efectos producidos durante veinticinco años por los plazos procesales y de prescripción o de caducidad en los procesos sustanciados respecto de delitos
comprendidos en la Ley No. 15.848, la irretroactividad es clara. Igual efecto retroactivo tiene la disposición del artículo 3: al declarar que los delitos comprendidos en el artículo primero de la Ley No. 15.848 son
“crímenes de lesa humanidad”, se les otorga el carácter de imprescriptibles conforme los artículos 29 del
Estatuto de la Corte Penal Internacional y 7 de la Ley No. 18.026. La Ley No. 18.831 al
disponer sobre materia penal con carácter retroactivo colide con el segundo inciso del artículo 10 de la
Carta, el cual, al consagrar el principio de libertad, veda implícitamente la irretroactividad de la ley penal, por ser ésta frontalmente contraria al accionar libre de los seres humanos. Además, la irretroactividad de la ley 4
penal constituye un derecho inherente a la personalidad humana, amparado por tanto por el artículo 72 de la Constitución. - Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 18.831 son además inconciliables con el derecho constitucional a la seguridad jurídica,
consagrado por el artículo 7 de la Constitución, por desconocer podían ser derechos imputados adquiridos. por delitos Aducen que quienes en el
artículo 1 de la Ley No. 15.848, fueran o no autores de alguno de ellos, tenían un derecho adquirido a no ser juzgados por haber caducado, por imperio legal, la
pretensión punitiva del Estado. Además, eran titulares de otros dos derechos adquiridos: el de que los plazos procesales computaran y de de prescripción con de las dichos leyes delitos vigentes se al
tiempo de su comisión. - El artículo 3 de la Ley No. 18.831 es inconciliable con el segundo inciso del artículo 82 de la Carta, e indirectamente con los
artículos 4 y 79 (inciso segundo); ante una ley sometida a referéndum, como la Ley No. 15.848, lo resuelto en el referéndum no es modificable por el Poder Legislativo. V) Por Providencia No.
540/2012, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, dispuso formar testimonio para 5
remitir ante esta Suprema Corte, a efectos de resolver la excepción de inconstitucionalidad planteada, pero
señaló que: “En virtud de que la ley atacada es uno solo de los argumentos la se manejados de por la el despacho penal los para en la
sostener especie,
pervivencia dispone el
presentados, sin perjuicio de lo decida en su momento el supremo Tribunal jurisdiccional de nuestro país” (fs. 1398). Oportunamente el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to. Turno declaró mal franqueado el recurso y dispuso su devolución al Juzgado actuante para cumplir con el artículo 514 del C.G.P., suspender los
procedimientos y elevar las actuaciones para ante esta Corporación en términos de especial urgimiento (fs. 1467 vto.), donde fueron recibidos el 24 de mayo de 2012 (fs. 1476). VI) 1274/2012 se dispuso el Por Interlocutoria de la excepción No. de
inconstitucionalidad interpuesta y traslado de la misma por el término legal (fs. 1480), la que fue evacuada a fojas 1487 por la Sra. Fiscal Letrada Nacional de lo Penal de 2do. Turno, y a fojas 1509 por la defensa particular del Sr. José Nino Gavazzo Pereira. VII) Otorgada vista al Sr.
Fiscal de Corte, en Dictamen No. 3281/2012 consideró que no corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad 6
inaplicables al caso (fs. 1524 y ss.). VIII) En el pasaje a
estudio se concedió el derecho de abstención al Sr. Ministro Dr. Jorge Ruibal Pino integrándose la
Corporación con el miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do. Turno, Sr. Ministro por Dr. José
Balcaldi
legal (fs. 1551 y ss.). CONSIDERANDO: I) Justicia integrada, La por Suprema mayoría, Corte de
inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley No. 18.831 por los fundamentos que se expondrán a
continuación, y desestimará la solicitud de declaración respecto del artículo 1 de dicha ley. II) legitimación interponer o la el interés En directo de cuanto del a la para
entiende la Corte que su interés directo, personal y legítimo (artículo 258 inc. 1 de la Constitución) deriva de la circunstancia de haber sido procesado en la
presente causa por un delito respecto del cual solicitó se declare su prescripción (a fs. 1272 y ss.), petición que fue desestimada por el órgano de mérito, con expresa invocación de los artículos de la Ley No. 18.831 cuya 7
declaración 1300).
cional de los artículos 2 y 3 de la Ley No. 18.831. La Ley No. 18.831 viola en sus artículos 2 y 3 el principio constitucional de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Se trata de principios que no sólo tienen consagración en la Constitución de la República, sino que constituyen garantías impuestas en los sistemas universal e interamericano de derechos
humanos. IV) entonces, a juicio del Por razón de método, conviene
comenzar por precisar que lo propuesto en autos tiene por objeto resolver la excepción de inconstitucionalidad planteada en un proceso penal en el cual, se afirma, mediante aplicación de la ley atacada, se vulnerarían normas de la Carta con consiguiente lesión de derechos fundamentales que ella garantiza. Por ese motivo, pues, ha de tenerse presente que estos autos tratan de derechos fundamentales o de derechos humanos del procesado en ellos. V) La Ley No. 18.831 en su
artículo segundo viola el principio constitucional de 8
irretroactividad de la ley penal más gravosa. V.a) Al analizar la regularidad constitucional del artículo segundo, el punto de partida ineludible es determinar si las normas que regulan la prescripción de delitos son normas penales. Entiende que se trata de normas penales. Como señala el catedrático español Santiago Mir Puig, las normas sobre prescripción tienen “La naturaleza material, sea del y no meramente sea de procesal: la pena, la Corporación
responde a razones que hacen desaparecer la necesidad de pena, aunque en la prescripción del delito se añadan consideraciones procesales, deberá reconocerse a ambas clases de prescripción una naturaleza material y no de mero obstáculo procesal. Dos consecuencias prácticas
importantes se desprenden de este significado material de prescripción. Por una parte, puesto que se ha
extinguido la responsabilidad penal, ha de absolverse al reo si procede la prescripción, aunque ésta no se hubiera alegado...Por de los otra parte, o las modificaciones de la
prescripción serán irretroactivas si perjudican al reo y retroactivas si le son favorables” (Derecho Penal
– Parte General, 5ª Edición, 1998, pág. 782). El autor citado señala que esta misma posición es compartida por 9
otros y entre ellos Morillas, Del Toro, Muñoz Conde, Cobo/Vives (ob. y loc. cit.). Asimismo, tal ha sido la posición del Tribunal Supremo español en Sentencia No. 101/2012 (Sala Segunda reguladoras de de lo la Penal): “[l]as
concretamente las reformas que señalan una modificación de los plazos o del señalamiento del día de inicio del cómputo, son normas de carácter sustantivo penal y, por lo tanto, afectas a la interdicción de su aplicación retroactiva (art. 9.3 CE), salvo que su contenido fuera más favorable. Así lo hemos declarado en varias
Sentencias” (TERCERO, 2, sexto párrafo). A igual conclusión arribó en nuestro medio el Prof. Bayardo Bengoa, en cuanto a que la ley que regula la prescripción es una ley de fondo, citando la opinión de Carrara en estos términos: “la prescripción entraña una disposición de fondo...si la ley antigua es la más favorable, la nueva ley es irretroactiva...” Penal Uruguayo, (Fernando Tomo I, Bayardo Centro de Bengoa, Derecho de
Derecho, Montevideo, 1962). V.b) Las leyes sobre prescripción de delitos son irretroactivas, salvo que fueren más favorables para el prevenido, en tanto se dispuso para ellas idéntico tratamiento que respecto de las leyes 10
sustantivas (remisión del artículo 16 al artículo 15 del Código Penal; arts. 7 y 8 Código del Proceso Penal). Dichos preceptos consagran una garantía inherente a la persona que integra sin duda alguna, el conjunto de normas de derechos fundamentales protectores de los individuos sometidos a proceso penal, debiendo ser, pues, considerado de rango constitucional por imperio de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución. V.c) Determinado que la ley que regula la prescripción de un delito es una ley penal, corresponde analizar la regularidad constitucional de la norma que se examina. Como coincidiendo Constitucional impone la con la señala del Dannecker, Tribunal no
jurisprudencia alemán, de la las
lógica leyes
retroactivas,
sino que las exigencias constitucionales sólo suponen un límite para la aplicabilidad temporal y actúan como
límites de la facultad de autorización. Por lo tanto, la prohibición de la retroactividad es un problema de
protección de los derechos individuales; la conclusión de Dannecker al analizar el aspecto temporal de la ley penal, es que en los casos en que no pueda aplicarse la ley posterior porque perjudica al ciudadano, entonces se deberá aplicar la anterior, sin que eso exija postular 11
un retorno a la vigencia del Derecho anterior (citado por Eliseu Frígols i Brines, El Principio de
Irretroactividad y la Sucesión de Leyes Penales – Una perspectiva desde el Derecho Comparado, Editorial
Jurídica Continental, San José de Costa Rica, 2002, pág. 141). Conforme al principio de
irretroactividad de la ley penal más gravosa, ninguna persona indagada por su eventual responsabilidad en la comisión de un delito puede verse perjudicada por la aplicación de una ley penal que la coloque en una
situación más desfavorable que la resultante de la ley previa aplicable al momento de comisión del delito de que se trate. Este principio se
encuentra consagrado en la Constitución de la República en su artículo y su 72. Respecto por del alcance de este
expresó el Prof. Alberto Ramón Real en clásica obra publicada originalmente en el año 1958: “Esta garantía preciosa para la seguridad de las personas, fue
establecida expresamente en el art. 8 de la Declaración de 1789: ‘La ley no debe establecer sino las penas
estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado promulgada 12 sino en virtud de al una ley establecida y y
aplicada’...entendemos implícita, comprendida
trata art.
de 72,
garantía éste
acoge, genéricamente, las soluciones preconizadas por el jusnaturalismo personalista más que encuentra en su la
Declaración francesa. ...Si nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe (art. 10, donde halla fundamento la regla nullum crimen sine lege, nulla pena sin lege), no es posible que a mediante ciertos en decisiones hechos y de del poder público, se
posteriores convirtieran
conducta esos
hechos...”
(destacados con cambio de fuente en el original, Los principios generales de Derecho en la Constitución
Uruguaya. Vigencia de la estimativa jusnaturalista, en compilación: Los principios generales de derecho en el derecho uruguayo y comparado, F.C.U., 2ª Edición, 2005, págs. 77 y 78). V.d) La Corporación también ha tenido ocasión de establecer del el correcto en alcance y en
reiteradas oportunidades. Así en Sentencia No. 70/1997 expresó: “este principio de legalidad está consagrado en los arts. 1 y 85 C. Penal y el de irretroactividad de la ley penal, no sólo en el precitado art. 15 inc. 1 C. Penal sino que también tiene jerarquía 13
constitucional. irretroactividad liberal o
expresa la ley
Alberto penal en el
Ramón es un
principio 72 de la
Constitución, que deriva, además, indirectamente, del principio de libertad, expresamente proclamado en el
art. 10 inc. 2 de la Carta. ...En igual sentido opinan JIMÉNEZ de ASUA y JESCHECK. Dice el primero que la no retroactividad de la ley primitiva y la extra actividad de la ley más favorable es máxima de Derecho
Constitucional, que se deduce de la regla unánimemente reconocida de que los hombres deben ser juzgados y
condenados por ‘ley anterior a su perpetración’ (Cf. “La ley y el delito Principios de Derecho Penal”, Ed. Hermes, 1954, pág. 165). Jescheck, por su parte,
expresa que uno de los principios rectores del Estado de Derecho de es el de que no las normas luego que regulan un en
perjuicio de la situación jurídica del ciudadano” (estos conceptos han sido reiterados en diversos
pronunciamientos de la Corte: Sentencias Nos. 1501/2011, 2294/2011, 3033/2011, 899/2012). V.e) En definitiva, es contraria a la Constitución una ley que, directa o
indirectamente, pretendiera aplicar en forma retroactiva un régimen de prescripción más gravoso que el existente al momento de comisión del delito. Y eso es precisamente 14
lo que ha venido a ocurrir con la sanción de la Ley No. 18.831. En segundo dispone que “no se efecto, el plazo artículo alguno,
procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la
vigencia de esta ley, para los delitos” referidos en el artículo primero de la Ley No. 15.848. V.f) De modo que por el
artículo segundo de la Ley No. 18.831 se ha buscado derogar para el caso de los delitos referidos por la Ley No. 15.848, el régimen de prescripción que los regía. V.g) De lo anterior, entonces, que por la vía de impedir el cómputo de la prescripción entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de vigencia de la ley -27 de octubre de 2011-, se establecería un régimen de prescripción de delitos más gravoso que el vigente al momento de la comisión de los investigados en autos, al que se le da efecto retroactivo, con las
consecuencias ya referidas. VI) La Ley No. 18.831 en su
artículo tercero viola el artículo 10 de la Constitución y el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal más gravosa. VI.a) No debería ser
necesario, a semanas de cumplirse el bicentenario de las 15
Instrucciones existencia,
argumentar de los
libertad y de legalidad en materia penal. Se trata este último de un principio que como señala Soler, más allá de su contacto con fuentes romanas, proviene de la Carta Magna del año 1215 (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Tomo I, 1949, El Ateneo, pág. 99). Es necesario recordar que “[e]ste principio, entendido en su forma abstracta, es decir, dando a la palabra ley el sentido de norma
prestablecida a la acción que se juzga delictiva, es algo más que un mero accidente histórico o una garantía que puede o no acordarse. Asume el carácter de un la
construcción de toda actividad punitiva que pueda ser calificada como jurídica” (Sebastián Soler, ob. y loc. cit., págs. 98 y 99). VI.b) La Constitución de la
República consagró el principio en materia penal en su artículo 10 y ha de considerarse también establecido en el artículo 72. Respecto es otra de este principio, Cairoli
que “[n]o
cosa que la expresión del
viejo apotegma latino ‘nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege’ y está vigente a través del artículo 10 de la Carta, que dice ‘Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no 16
prohíbe’.
sancionable debe estar específicamente determinada, así como la pena pertinente. No es posible castigar a nadie por la comisión de un hecho que no está previsto en la ley penal como delito. ...Ya en la carta Magna inglesa de 1215 aparece este principio en el artículo 43
original y capítulo XXXI de la modificación: ‘Ningún hombre libre será detenido o en forma alguna destruido, ni procederemos en contra de él ni lo condenaremos, sino por el juzgamiento legal de sus pares, o por la ley del país’”. Y señala más adelante el Prof. Cairoli: “[e]l apotegma tiene para todos un valor absoluto y es para el legislador un factor directriz, y un programa que se impone a sí mismo, es un imperativo que no admite desviación ni derogaciones y representa una conquista de la ciencia jurídica que obedece a
exigencias de justicia y que sólo ha sido negado por regímenes reo, sino totalitarios. de todos No sólo es una que garantía respetan del la
ley...” (Milton Hugo Cairoli Martínez, El Derecho Penal Uruguayo y las nuevas tendencias dogmático penales, Tomo I, F.C.U., 2000, págs. 52 y 53). VI.c) La Suprema Corte ha
sostenido recientemente, revalidando conceptos vertidos por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo 17
turno: “El principio de legalidad penal, comprende una doble garantía: por un lado, una garantía referente a la necesidad de una predeterminación normativa
suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa, dotada de la adecuada
concreción en la descripción que incorpora (lex certa); y por otro lado, en la una garantía de de una orden formal, como
presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que ostente rango de Ley. La jerarquía constitucional del principio de legalidad formal significa que, la única fuente patrio, de producción son los de la ley penal en el sistema órganos constitucionalmente
habilitados, y la única ley penal, es la ley formal de ellos emanada, conforme al procedimiento establecido
por la propia Constitución. Esta solución no admite que la doctrina, la jurisprudencia o la costumbre nacional o internacional, puedan habilitar el poder punitivo del Estado. El principio de legalidad es, pues, granítico: nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenale: esta es la base No del Derecho la Penal garantizador retroactiva y de
ninguna norma penal, salvo el principio de benignidad y, además, expresamente consagrado, como se ha visto, en el Código Penal” (Sentencia No. 1501/2011 de la
Corporación). 18
VI.d)
de la norma impugnada establece: “[d]eclárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes tratados parte”. Los delitos a que refieren los artículos anteriores son, como se sabe, aquellos comprendidos en el artículo primero de la Ley No. de lesa humanidad de de los conformidad que la con los es
15.848, esto es delitos cometidos antes del 1º de marzo de 1985, tal como señala la norma. Consecuentemente, por la vía de declarar que delitos cometidos antes del año 1985 son “crímenes de lesa humanidad”, la Ley No. 18.831 aplica a hechos acaecidos antes de 1985 una ley penal que no existía en ese período, lo que la Constitución prohíbe. El análisis de la
evolución legislativa en nuestro país de la tipificación de los “crímenes de lesa humanidad” muestra que su
incorporación es muy posterior a la fecha de comisión de los delitos contemplados en la Ley No. 15.848, y se inicia recién a partir del año 2001. La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes General de de Lesa las Humanidad”, Naciones adoptada el en 26 la de
noviembre de 1968, fue aprobada por la Ley No. 17.347 19
(fecha de promulgación: 13 de junio de 2001). En el año 2002 la Ley No. 17.510 aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000 (fecha de promulgación: 27 de junio de 2002). En el año 2006 la Ley No. 18.026 establece en su Título II una serie de crímenes considerados de Lesa Humanidad y
consagra su imprescriptibilidad (fecha de promulgación: 25 de setiembre de 2006). En consecuencia, ni las
normas que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos, ni los tipos penales previstos por tales leyes pueden tener aplicación con relación a hechos acaecidos antes de su incorporación a nuestro ordenamiento. Proceder de otro modo
supone violar el principio constitucional de legalidad en materia penal, el cual consagra un derecho humano básico. VII) La incidencia del fallo de la CIDH en la resolución del caso. La Corporación debe
examinar lo atinente a la incidencia que el Sr. Fiscal de Corte atribuye, sobre el objeto de este proceso de inconstitucionalidad por vía de excepción, a fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (fs. 136 vto. y ss.). 20
Sostiene el Sr. Fiscal de Corte, que el fallo de la CIDH de fecha 24 de febrero de 2011, dictado en el caso “GELMAN vs. URUGUAY”, tiene efectos que alcanzan a los procesos en que se impugne la constitucionalidad de la Ley No. 18.831: “... en el proceso de autos no se son aplicables por las normas de cuya los
impugnantes..., sino que lo que corresponde es cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 24 de febrero de 2011, dictada en el caso ‘Gelman versus Uruguay’...” (fs. 1527). La mayoría que suscribe
esta sentencia no comparte esa afirmación. VII.a) El Ministro redactor
destaca que el Estado, como miembro de la comunidad internacional, Tribunales reconoce la y, jurisdicción entre ellos, de la los Corte
Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional y, asimismo, aunque no provengan de un tribunal, las decisiones del Comité de Derechos Humanos, en lo que refiere al sistema universal de protección de los
Derechos Humanos. Que igualmente, el Estado reconoce las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema americano. Que asimismo, reconoce los 21
principios imperativos de derecho internacional, pacta sunt servanda y bona fide, y los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados y 68 de la Convención y Americana que sobre Derechos a Humanos. dar de fiel los
Ello impone, pues, además de la plena observancia de las normas y principios
relativos a Derechos Fundamentales de la Constitución, el pleno respeto de la normativa que, precisamente y para empezar, se invoca por fundamento de la referida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (i.a., Carta de la OEA, Convención Americana sobre
Derechos Humanos), en pie de igualdad con la necesaria aplicación de las normas protectoras de Derechos Humanos del sistema universal del cual el Uruguay es igualmente parte (lo que, por lo demás, se establece en el art. 29 de la Convención). Por lo que, entonces,
concluye, obviamente, nunca cabría soslayar principios constitucionales Fundamentales, de del garantía propio de Derechos que Humanos acepta o la
jurisdicción de la Corte Interamericana, como tampoco los 22 que imponen los referidos sistemas americano y
universal de protección de esos derechos. Para el Ministro redactor, nada puede justificar que el Estado -Estado parte de dichos sistemas internacionales- deba o pueda llevar a cabo acciones que sean contrarias a los Derechos Humanos reconocidos a los individuos, tanto por su legislación interna tanto como por la normativa con fuente en esos sistemas internacionales. No justifique ignorar la normativa existe tutelar razón de que
fundamentales, consagrada tanto en el derecho interno como en el derecho internacional de los Derechos
Humanos. Y esto, destaca el
redactor, es especialmente insoslayable para los órganos jurisdiccionales plena vigencia nacionales de los que deben garantizar Humanos la o
Derechos Fundamentales (art. 23 de la Constitución). Punto que reviste
importancia a la luz de conclusiones de la sentencia de la CIDH a que hace referencia el Sr. Fiscal de Corte. Ello porque entre tales
conclusiones, en su párrafo 254, ese fallo expresa: “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier 23
excluyente similar de responsabilidad sea aplicada...”. La lectura de ese párrafo de la sentencia las de la del CIDH impone, necesariamente, de los
Derechos Humanos, comenzando por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que ese fallo se apoyaría. Porque Convención consagra como garantía de en efecto, la
primero, la irretroactividad de la ley penal (art. 9: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito...”). Segundo, establece que el inculpado absuelto por una sentencia firme (i.e., cosa juzgada) no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos (non bis in idem, art. 8 num. 4:). Tercero, prohibición a los Estados partes de consagra desconocer la el
principio de no retroactividad de la ley penal, y esto hasta en las llamadas situaciones de ciertas de excepción que “La
disposición precedente [en caso de guerra, de peligro público 24 o de otra emergencia que amenace la
independencia suspensión de
Estado]no
autoriza en
siguientes artículos: ...9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad)...ni indispensables para de la las garantías de tales judiciales derechos”
(art. 27 num. 2). Como también, ineludible-
mente, han de recordarse las normas de interpretación de la Convención de su art. 29: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los
Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) ejercicio de cualquier limitar o el libertad goce que y pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza”. Y ello sin olvidar,
todavía, lo impuesto, sin restricciones, en el art. 1º de la Convención: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
jurisdicción, sin discriminación alguna...”. Agrega asimismo el
Ministro redactor que la Corte Interamericana carece de competencia integración penal, en el como lo estableció “Velásquez con memorable vs
Honduras”, haciéndolo en la oportunidad de acuerdo con ilustrada doctrina de derecho internacional. Se dice en ese trascendente fallo de la Corte Interamericana: “132.ante la Corte, como tribunal y El procedimiento que por es, lo
internacional propios
cual no le son aplicables, automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. 133.- Esto, que es válido en general en los procesos internacionales, lo es más 26
aún en los referentes a la protección de los derechos humanos. 134.-En protección internacional de los efecto, humanos la no
debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El Derecho internacional de los derechos humanos no
tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y
disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales
acciones... 189.- El artículo 63.1 de la Convención dispone: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Es evidente que en el presente caso la Corte no puede
disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad la que conculcados. de las la En cambio, de de es la los 27
procedente situación
reparación ha
consecuencias violación
derechos contexto
especificados dentro del
cual cabe el pago de una justa
indemnización”. Lo que viene al caso por cuanto, ahora, en el fallo que invoca el Sr. Fiscal de Corte, la Corte Interamericana ingresaría en lo que
constituye materia propia de los tribunales penales y no de los tribunales de Derechos Humanos. Conforme distinguido Profesor de Derechos lo destacara y el
Internacional Público Dr. Fernando Urioste Braga: “...la Interamericana no tiene competencia penal. Corte Así lo
reconoció en su primera sentencia en el caso Velásquez de acuerdo con toda la doctrina de derecho
internacional. Pero este es un aspecto que la Corte olvida o confunde a menudo, así en su jurisprudencia invade la jurisdicción penal sin darse cuenta o porque no domina la materia las derechos internacional... diferencias humanos y En entre penales. otra las La
oportunidad jurisdicciones
señalé de
primera juzga exclusivamente los hechos a la luz de los derechos humanos el a fin de establecer tiene que si son o no
respetados;
hechos según los tipos o figuras penales establecidas 28
“Búsqueda”, 5 de mayo de 2011). Por de mencionar la existencia de supuesto, una todavía es
internacional del sistema universal que obliga al Estado uruguayo. Porque en efecto, nuestro Estado como parte del sistema universal de protección de los Derechos Humanos, ratificó los Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, y su Protocolo Facultativo que habilita (artículo 2) a presentar denuncias de violaciones de Derechos Humanos reconocidos en el Pacto, ante el órgano de contralor de cumplimiento del mismo (Comité de
Derechos Humanos de la ONU). Uruguay también es parte
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional). Y en tal sentido, cabe
destacar diversas normas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos: el art. 2 (obligación de respetar y
garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio), el art. 5 (ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a 29
un Estado, grupo o individuo para emprender acciones o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos y libertados reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la
prevista en él), el art. 14.7 (nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país), el art. 15 (nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello) y el art. 4 que, aun en situaciones o estados de excepción, que pongan en peligro la vida de la nación, no autoriza a suspender las disposiciones del art. 15. También ha de consignarse que el Estado de se comprometió a cumplir por el con Comité los de
Derechos Humanos de la ONU como lo son la presentación de informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de 30 esos derechos y la recepción de denuncias de
libertades han sido violados. También, todavía, Uruguay
es parte del Estatuto de Roma que creara la Corte Penal Internacional que establece en su art. 20 que: “nadie será procesado por la Corte en razón de conductas
constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado”. Como dispone: “La definición de en su será art. 22.2
estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o
condena”. Y a su vez, el art. 24 el mismo Estatuto establece afirmar la que: irretroactividad “Nadie será ratione personae al de
conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el
enjuiciamiento o la condena”. Por cuyas razones, el Sr. Ministro redactor estima (sin dejar de coincidir con las 31
continuación, y sin perjuicio de ellas) que la opinión del Sr. Fiscal no puede ser recibida por cuanto los artículos impugnados por inconstitucionalidad vulneran la normativa tanto de fuente nacional como de fuente internacional que se viene de examinar. VII.b) Expresan los Sres.
Ministros Dres. Larrieux y Chediak (y lo comparte el Ministro redactor), que, en el año 1985, la República Oriental del Uruguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita sobre en la Conferencia Humanos
celebrada en San José, Costa Rica, entre los días 7 y 22 de noviembre de 1969. El instrumento de ratificación, de fecha 26 de marzo de 1985, fue depositado el 19 de abril de 1985 en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de la República Oriental del Uruguay declaró que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido Humanos y de la Corte los Interamericana casos de la de Derechos a la bajo
relativos Convención,
condición de reciprocidad, de acuerdo a lo establecido en sus artículos 45 párrafo 3, y 62, párrafo 2. Por lo que viene de
expresarse, no cabe duda que las sentencias emanadas de 32
la Corte Interamericana de Derechos Humanos son actos jurisdiccionales producidos por dicho órgano
internacional, cuya jurisdicción y competencia ha sido reconocida expresamente por Uruguay, en el momento del depósito del instrumento de ratificación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se deriva de ello que -en observancia de su obligación
internacional- nuestro país, como Estado condenado, debe proceder de buena fe a dar cumplimiento a lo dictaminado por dicha Corte. Ahora bien, sin desconocer la indudable interrelación del derecho de interno los y el
humanos” y la necesidad de buscar caminos adecuados para su complementariedad, siempre –en su todos articulación los paísesy la efectividad ineludible
aplicación de normas de su orden interno. “Es preciso señalar, ante todo, que ninguna disposición de la CADH establece que la jurisprudencia sentada en las sentencias u opiniones consultivas de la Corte IDH o en los informes de la Com IDH sea obligatoria para las autoridades nacionales. El artículo 68.1 CADH, que establece que ‘[l]os Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes’, no se
refiere a la jurisprudencia, sino a la parte resolutiva de la sentencia o resolución de la Corte IDH. Por ello, en la CADH no puede encontrarse el fundamento de un deber de derecho de internacional los órganos Malarino, de seguir del “Acerca la
jurisprudencia interamericano.”,
pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección de Derechos
Humanos para los Tribunales Nacionales”, publicado en “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional”, Tomo II, 2011, Konrad Adenauer Stifung, pags. 427 a 428. Además, corresponde tener
presente que “...la Corte IDH afirmó la existencia de un deber de las autoridades judiciales nacionales de seguir internos su a jurisprudencia través de la al resolver del los pleitos de
convencionalidad. Como es conocido, esta
doctrina establece que los tribunales de los Estados partes deben controlar la compatibilidad de su
ordenamiento jurídico con la CADH, y que al realizar este examen deben tener en cuenta ‘no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de
la Convención Americana’. De este modo, parámetro para la determinación de la ‘convencionalidad’ de una
disposición del derecho interno no sería solo la CADH, sino también la jurisprudencia de la Corte IDH. Sin del control de de convencionalidad peso: de la la la Corte de embargo, se la doctrina a de una la
obligatoriedad IDH la no puede
jurisprudencia lógicamente de
inferirse de ese
tribunal que la afirma, pues tal tipo de argumentación presupone en sus premisas lo que se debe demostrar, a saber, si la jurisprudencia de ese tribunal es
obligatoria. En otras palabras, solo es posible afirmar que existe un deber de seguir la jurisprudencia de la Corte IDH en virtud de la doctrina judicial del control de convencionalidad si antes se ha concluido que la jurisprudencia estableció obligatoria. el Para de la Corte IDH de caer (también aquella que es de
control eludir
convencionalidad) en una petición
principio es necesario encontrar razones independientes a la misma jurisprudencia de la Corte IDH que permitan concluir el deber de seguir dicha jurisprudencia. Al establecer la doctrina del control de convencionalidad, la Corte IDH sugiere una razón. Argumenta que los tribunales nacionales
jurisprudencia, de la Convención
‘intérprete
embargo, este es un argumento poco afortunado, porque el hecho de que la Corte IDH sea la autoridad final en el sistema interamericano (siendo sus sentencias
definitivas y no revisables: artículo 67 CADH) no apoya la conclusión de que las autoridades locales estén
obligadas a seguir su jurisprudencia al aplicar la CADH en los procesos internos. En verdad, este argumento
solo dice que la Corte IDH tendrá la última palabra en relación con la interpretación de la CADH en los
procesos interamericanos. Ni siquiera es idóneo para fundar Corte la IDH obligatoriedad en los de la jurisprudencia de la es,
para la Com IDH), pues la cuestión de la obligatoriedad de la jurisprudencia es diferente de la cuestión de la definitividad tribunal de e irrevocabilidad instancia de una decisión. Un la
última palabra sobre un caso, pero la doctrina del caso no es necesariamente obligatoria para otros casos y
otros tribunales. Para que esto sea así el sistema debe contar con una regla adicional que establezca el
carácter vinculante de los precedentes (stare decisis et quieta non muovere) y esta regla no existe en el sistema 36 interamericano. Por eso, mal puede derivarse
hecho de que un tribunal tenga la autoridad final para decidir un caso”, Ezequiel Malarino, Ob. cit., págs. 428 y 429. Conforme lo que viene de señalarse, teniendo particularmente en cuenta que como lo expresara la Corte en Sentencia No. 365/2009 “...las convenciones integran a internacionales la Carta por la de derechos del humanos 72, se por
tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales
pactos...”, corresponde señalar que nuestro ordenamiento constitucional y legal no instituye un deber de las autoridades judiciales de la República Oriental del
Uruguay de considerar como precedentes vinculantes los fallos de los órganos interamericanos. Y a la hora de invocarse en el presente de la proceso sentencia de inconstitucionalidad referida, la no
puede soslayarse la regla constitucional cuyo celo es obligación principal de los Magistrados patrios y
conforme a la cual “Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los
derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca” (Artículo
23 de la Carta). En encontramos ante un proceso de el caso, nos
promovido por vía de excepción, respecto del cual su resolución compete, en forma originaria y exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia. Ésta sólo puede expedirse -conforme sus facultadespronunciándose sobre la
conformidad o no de la norma en cuestión con las reglas y principios constitucionalmente consagrados. Sólo en ese marco corresponde emitir pronunciamiento a la
Corporación en esta causa, teniendo presente que “La aceptación de la en competencia relación de con los los órganos procesos
interamericanos no altera la asignación de competencias judiciales establecida de en la de Constitución, los jueces ni la
garantizada en ella” Ob. Cit., pág. 433. Por ello, lo sustentado en el fallo internacional referido no consigue alterar los parámetros preceptivos sobre los cuales corresponde
resolver la cuestión de inconstitucionalidad de autos (arts. 256 a 259 de la Carta). A esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados por la Ley de Caducidad, no se creó ninguna 38
prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos delito, términos por lo la de las extintivos que, en que la para cualquier no sería la cuanto otro de
Interamericana remoción de
reiteran los referidos señores Ministros que, en el caso a estudio la cuestión con la a resolver dice o no relación de la
adecuación de la norma legal a los derechos y garantías consagrados órgano en la del Constitución Poder Nacional. es a Y sólo quien al le
corresponde efectuar ese juicio de comprobación. En la situación de autos, conforme lo plantea el Sr. Fiscal de Corte —con muy respetables argumentos—, correspondería esclarecer si la primacía de un fallo internacional alcanza a la propia Constitución, al punto de impedir la puesta en
funcionamiento —en este caso— del derecho de todos los ciudadanos pronuncie de sobre solicitar la a la Corporación constitucional que de se una
determinada norma que les afecta. Si la respuesta fuera
afirmativa, Interamericana
pronunciamiento Derechos Humanos
Corte rango
superior la Carta (derivando en su desconocimiento), lo que es a todas luces inadmisible. Viene al caso señalar que el imperio del texto constitucional deriva de la
decisión del constituyente que los poderes constituidos no pueden ignorar o refutar. Y dejar de lado el control de constitucionalidad incoado por los indagados en la presente causa, sería precisamente eso, olvidar o
colocar en un segundo plano la Constitución Nacional. Como de la Corte Suprema de sostuvo de el la Ministro República
Argentina, Dr. Carlos S. Fayt: “...el deber positivo de garantizar derechos cada humanos vez mejor y con más eficacia no los
derivarse de consideraciones genéricas elaboradas por la Corte Interamericana. Tampoco sus conclusiones
relativas a la prescripción de la acción penal pueden extrapolarse, a fin de resolver otras situaciones con particularidades propias como las que presenta el sub lite” (discordia extendida Enrique en Causa Lautaro No. s/ 259, caso
“Arancibia
calificado y asociación ilícita y otros”). Como se puede apreciar, el 40
aplicación ni
desconocimiento, sino de efectuar por la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad impetrado, conforme las reglas establecidas en la Carta, cuestión irrenunciable conforme lo establece nuestra Constitución Nacional. En definitiva, si bien
está fuera de toda discusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última de la
Convención Americana de Derechos Humanos –naturalmente en el ámbito de sus competenciastampoco puede
desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Suprema Corte de Justicia, según surge de nuestra propia Carta. Además, para el Sr.
Ministro Dr. Larrieux, es necesario hacer referencia al control de convencionalidad se ya que es la ley cuya del tal
inconstitucionalidad fallo Gelman
consecuencia 224y en
sentido se ajusta a la interpretación del Pacto de San José que hace la CIDH. Según la CIDH los órganos del Estado, a todo nivel, están en la obligación de ejercer el control de convencionalidad entre las normas 41
jurídicas internas y la Convención Americana, no sólo del Tratado, sino de la interpretación que de él hace la Corte Interamericana. Las Cortes Supremas y
Tribunales Constitucionales tampoco están exentas de ese control de convencionalidad, pues para ellas no
alcanzaría con limitarse a confrontar la norma interna con el texto constitucional sino analizar si además es o no convencional (Caso Boyce y otros con Barbados,
comunicación del fallo prevista en el artículo 63 de la CADH, no se deduce fuerza obligatoria para los demás Estados no partes del proceso, ni que el Pacto hubiera concebido un sistema jurisprudencial fuente de derecho, a pesar de la importancia de los fallos en el
reconocimiento, promoción e impacto sobre una cultura de los derechos humanos. Como Señala Sagües “...el talón de Aquiles es de la que doctrina un Estado del control es, de en
particular sus jueces) o, en términos generales, todos los Estados adscriptos al sistema verse interamericano por de una
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 42
Humanos vertida en un procedimiento en que no fueron parte, decir y por tanto, resultan donde tampoco fueron por oídos. una Es
jurisdiccional sobre la que no tuvieron oportunidad de exponer sus puntos de vista, omisión que no coincidiría mucho con las reglas habituales del debido proceso”
(Dificultades operativas del control de convencionalidad en el sistema interamericano, en El Estado de Derecho hoy en América Latina, KAS págs. 21 -29). La CADH interpretación de la
que hace la Corte no está exenta de dificultades. Si sustancialmente no se
perciben dificultades en la integración de las normas contempladas interno, a en la CADH procesal al y ordenamiento de jurídico puede
discutirse si los fallos y opiniones de la CIDH son aptos para crear situaciones de excepción directamente aplicables por los tribunales uruguayos: la garantía
derivada del principio de legalidad y a interdicción de la retroactividad de la norma sancionadora no favorable, al igual que la protección de la confianza o seguridad jurídica contemplados en el estado Constitucional de
Derecho, en el propio texto y espíritu de la Carta, se opone a interpretaciones extensivas. Con lo que cabe 43
convencionalidad en relación al fallo del caso Gelman y la Ley 18.831, no derivan básicamente de las
interpretaciones del Pacto que hace la CIDH, y no de su contenido sustancial. Por lo dicho es la conveniencia ello, de “Conectado interpretar con la
Convención Americana, dentro de lo posible y razonable, atendiendo doctrina las del particularidades margen que de evita locales, según la Tal o
apreciación autismos
nacional. normativos
'internacionalismos salvajes' (como alguna vez se los denominó) afianza, en vez de debilitar, la solidez y eficacia del Pacto de San José de Costa Rica” (Sagües, Obligaciones internacionales y Control de
Convencionalidad, en Estudios Constitucionales, Año 8, No. 1/2010, págs. 117–136). VII.c) El miembro integrado,
Doctor José Balcaldi Tesauro, expresó que no comparte el dictamen del Señor Fiscal de Corte en cuanto expresa que: “...no corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad o no por de las ser
inaplicables...”. Y ello porque, a su juicio, en esta causa, las normas legales cuya inconstitucionalidad se 44
vio, lo cual revela una inconsistencia en el planteo referido. si se están aplicando por el Sr. Juez Entonces, Penal como
claramente lo señala en la sentencia, es imperativo que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la
constitucionalidad o no de los referidos artículos de la ley 18.831, pues es ese y no otro el objeto del proceso de inconstitucionalidad de la ley. El hecho de que el Sr. Fiscal de Corte entienda que son otras las normas que deben regular el caso y que las impugnadas no se deben aplicar, no implica que así no haya acontecido concretamente de acuerdo a los fundamentos por el Señor Juez de la causa en expuestos de su
independencia técnica, como sin hesitación aconteció en el caso, tal como surge de la resolución que desestima la solicitud de clausura y archivo por haber operado la prescripción integrado (a fs. 1300). Entiende Tesauro el que Sr. el Ministro objeto
específico del proceso que se ventila, es el control de constitucionalidad aplicadas o de determinadas que según normas legales de los
aplicables todo
tachadas en
artículos 508 a 522 del Código General del Proceso. VIII) Respecto de la
invocada inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 45
Nº 18.831, en concepto de los Sres. Ministros Dres. Larrieux, integrado Chediak, Dr. Pérez Manrique, y el por miembro diversos
fundamentos- no le asiste razón a los excepcionantes. En este orden, los
indagados sostienen que la norma cuestionada “...colide frontalmente con el segundo inciso del artículo 82 de la Constitución e indirectamente con su artículo 4° y con su artículo 79 (inciso segundo), así como con el principio de que el ejercicio directo de la soberanía, en los casos al establecidos por el artículo 466). 82 solo que
cuando una ley es sometida a referéndum -como lo fue la Ley 15.848 el 16 de abril de 1989-, la competencia para mantenerla Electoral, o el no en cual, vigencia en se traslada al Cuerpo de la
soberanía, decide si la confirma o la revoca. En lo que dice relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley No. 18.831, entiende el Sr. Ministro Dr. Larrieux que como se sostuvo No. en la referida la lo Sentencia No. de la no
Corporación consagró
1.501/2011, amnistía, por
existir, sino que se eliminó la posibilidad de accionar
para su persecución por parte del Ministerio Público. Por lo tanto la norma contenida en el artículo 1 de la Ley No. 18.831 no implicó innovación penal retroactiva alguna. A su vez, el artículo 1 de la Ley No. 15.848 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de
Justicia mediante Sentencia No. 365/2009, por lo que la norma en estudio viene a regular la situación,
adecuándola a los preceptos constitucionales, según lo dispuesto en el fallo de la Corporación. A su criterio por delitos “comprendidos” en el artículo 1º de la Ley No. 15.848, como se expresa en el artículo 1º de la Ley No. 18.831, ¿a qué quiso hacer referencia el legislador patrio?. De la lectura de la norma en cuestión de se los estaría cuales indicando se que los la delitos
punitiva son los comprendidos en el artículo 1º de la Ley No. 15.848, sin que necesariamente hubiera implicado decisión del Poder Ejecutivo conforme al artículo 3 de la Ley No. 15.848, sino atender a la naturaleza de los delitos y a la calidad de la persona autora. Por tanto, la norma de la Ley Nº 18.831 se aplica a todos aquellos casos en los que se investiga la existencia de delitos cometidos en oportunidad del terrorismo de Estado, sin distinguir si 47
Ejecutivo del beneficio consagrado por el artículo 1º de la Ley No. 15.848, en virtud del artículo 3º de ese mismo cuerpo legal. En Ministro electoral Dr. de Chediak, la el criterio por del el Sr. cuerpo una su se
referéndum que la en Ley
determinada desestimación
confiera a la Ley cuestionada un valor tal que escape a las posibilidades derogatorias que la Carta confiere del Poder Legislativo, pues ello no emerge de ninguna norma constitucional. Coincide con este temperamento el Señor Ministro integrado Doctor José Balcaldi Tesauro, quien expresa además que el artículo 1° es constitucional, puesto que se trata de una norma de rango legal que deroga otra anterior de igual categoría. El miembro integrado
Doctor Balcaldi Tesauro entiende que la derogación del artículo 1° no afecta derechos adquiridos, ya que el hecho de remover un obstáculo para habilitar la
investigación de determinados sucesos por los Tribunales no hace otra cosa que restablecer el principio general amparado en la Constitución del libre ejercicio del
derecho de los ciudadanos de recurrir a la Justicia y,
de los titulares de la pretensión punitiva del Estado a cumplir con su poder-deber. Por otra parte, el Señor Ministro que concurre a integrar la Corporación, expresa que no asiste razón al accionante en cuanto tiene
derechos adquiridos por haber sido beneficiario de una ley de amnistía general. En tal sentido, y tal como lo sostuviera en su calidad de integrante de la Sala penal de segundo turno en Sentencia No. 1/2010, señala que la Ley No. 15.848 no constituyó una amnistía. Se manifestó en esa oportunidad que al ser la amnistía un acto de clemencia soberana, la generalis abolitio de los romanos a la que refirió Irureta Goyena, la regulación prevista en la Ley No. 15.848 no reviste, no se compadece, con la nota de generalidad que reclama dicha causa de extinción del delito. En efecto, el funcionario policial, militar, asimilado o equiparado no resulta comprendido en la
caducidad de la pretensión punitiva del Estado por el sólo ministerio de la ley referida (como sucede, por ejemplo, con la Ley 15.737), sino que resultará abarcado si se verifican otros dos supuestos necesarios: a)
pedido de informes del Juez de la causa, y, b) decisión del Poder Ejecutivo acerca de “...si el hecho
investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º...”. Por su parte, en concepto del Señor Ministro Doctor Pérez Manrique corresponde 49
declaración 1 de la
cuestionada, por las razones que expone en la discordia extendida en la presente decisión. Finalmente, Señor Ministro Doctor de Chalar los que, entiende constatada y 3º de la el la Ley
18.831 y la consiguiente ausencia de un presupuesto para el ejercicio y progreso de la acción penal, ello agota el interés del actor, excluyendo su legitimación para reclamar un pronunciamiento respecto del artículo 1º, por cuya razón no ingresa al examen de la pretendida declaración de inconstitucionalidad del mismo. Por lo expuesto, y de
conformidad con lo dispuesto por los artículos. 508 y ss. del Código General del Proceso, y artículos. 256 y ss. de la Constitución Nacional, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría FALLA: DECLÁRANSE INCONSTITUCIONALES E INAPLICABLES RESPECTO DEL SR. JUAN RICARDO ZABALA
QUINTEROS LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY No. 18.831, DESESTIMÁNDOSE EN LO DEMÁS. SIN PROCESAL. COMUNÍQUESE 50 A LA ASAMBLEA ESPECIAL CONDENACIÓN
DR. JOSÉ BALCALDI
Ingresando al mérito, las
presentes actuaciones se inician por denuncia de Julio Castro Ures, respecto de la desaparición forzada de su padre Julio Castro, de fecha 9 de julio de 1985 (fs. 26). Desestimada la excepción
de inconstitucionalidad de la Ley No. 15.848 (fs. 154155), por Oficio de fecha 18.IX.1989 se comunica que la Presidencia de la República ha declarado que los hechos denunciados se encuentran comprendidos por el art. 1 de 51
15.848.
elementos, aparición de los restos de quien fuera en vida Julio Castro a fs. 232 D/280 de fecha 17 de agosto de 2010 SE EXCLUYE EXPRESAMENTE EL PRESENTE CASO QUE SE DECLARA NO COMPRENDIDO EN LA HIPÓTESIS DEL ART. 1 DE LA LEY No. 15.848, DECISIÓN ADMINISTRATIVA FIRME. En posición coincidente a la postulada por el Sr. Fiscal de Corte se entiende que no corresponde a la Corporación ingresar al análisis de la declaración de inconstitucionalidad peticionada por el excepcionante que en la medida de que no se trata al de
disposiciones concreto.
acertada-
mente por el Sr. Fiscal de Corte a fs. 1542 y ss. a partir de la reseña de las actuaciones la solución
desestimatoria se impone en la medida que la normativa en análisis no es aplicable a este caso concreto. Ello por cuanto al
remitirse sus disposiciones a los delitos comprendidos en el art. 1 de la Ley No. 15.848 de 22 de diciembre de 1986 de acuerdo a la resolución actual del Poder
Ejecutivo de fecha 17 de agosto de 2010, lo excluyó expresamente, Ejecutivo de dejando la época sin que efecto lo la decisión del
dentro de la misma. 52
Así, a fs. 161 la Suprema Corte de Justicia en oficio librado al Juez de la causa en fecha 18 de setiembre de 1989 cumple en hacerle saber que “... el Poder Ejecutivo informó que los hechos
denunciados se encuentran comprendidos en el art. 1º de la ley 15.848”, lo que determinó el archivo de las
actuaciones. Elevados los autos por la Sede competente si al Poder Ejecutivo, el caso a fin de o que no
determinara dentro del
consideraba de
comprendido de la
punitiva del Estado consagrado en el art. 1 de la Ley No. 15.848, el 17 de agosto de 2010 (fs. 232) se
expresa: “CONSIDERANDO: I) que la referida
normativa no resulta de aplicación al caso. II) corresponde Judicial, devolver estos que el que, por lo al tanto, Poder no se
considera comprendido dentro del artículo 1º de la ley Nº 15.848...”. “...El República RESUELVE: 1º. Devuélvanse estos Presidente de la
antecedentes al Poder Judicial declarando que el caso 53
establecido por el artículo 1º de la ley Nº 15.848...”. II) nivel de análisis, Procede, la en el presente que tal
declaración conlleva en el subexamine. La establece en su art. 1: “Se norma restablece cuestionada el pleno
ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de
Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986”. Como dictamen fiscal referido, la se norma señala citada en el
inaplicable en la especie en virtud de que de su propio texto surge que sólo se aplica a los delitos
comprendidos en el art. 1 de la Ley No. 15.848, en tanto, si bien en primera instancia el Poder Ejecutivo lo entendió comprendido, a posteriori, lo excluyó
expresamente, decisión que por demás no fue objeto de cuestionamiento alguno. Acto administrativo que se encuentra firme al no haber sido impugnado conforme a derecho. Igual razonamiento cabe
aplicar respecto del art. 2 en cuanto a su ámbito de 54
aplicación restringido comprendiendo sólo los delitos en ella plazo enunciados alguno, al establecer de que: “No se computará o de
caducidad , en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley” así como respecto del art. 3 al establecer: “Declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados parte”. III) Al decretar el procesainternacionales de los que la República es
miento del Sr. Zabala el a quo argumenta que el de autos se trata de un crimen de lesa humanidad, en consecuencia -sostiene- por su naturaleza resulta imprescriptible. Cita abundante doctrina y jurisprudencia. Señala que el Poder
Ejecutivo con fecha 30 de junio de 2011 dejó sin efecto las decisiones administrativas que impedían investigar hechos comprendidos en la Ley No. 15.848. Ignora así que un año antes el la presente caso había sido excluido, mismo.
habilitándosele
Decisión administrativa que no fuera impugnada. Menciona como un argumento más la aprobación de la Ley No. 18.831. Pero tal ley es 55
aplicación en autos, su invocación en consecuencia no constituye prescripción elemento por la decisivo sencilla del razón rechazo que es de la
excluido del ámbito de la misma. IV) Corresponde tener presente
que en nuestro sistema de contralor constitucional el efecto de inaplicación de la ley al caso concreto es el que se produce en todos los sistemas difusos, en los cuales, cualquier juez, en ocasión de aplicar la ley, decide si ésta es o no legítima, especificándose en cuanto al ámbito de actuación del órgano constitucional: “En esencia la actividad consiste en resolver un
conflicto de normas que se plantea –generalmente- con motivo de la aplicación de las mismas a un determinado caso concreto”. “El conflicto de normas es por esencia a un conflicto de a la lógico jurídico, cuál de y la
resolución normas se
determinar situación
dichas es (cf.
aplicará la normal
Vescovi, Enrique “El proceso de Inconstitucionalidad de la Ley”, págs.63 y ss.). El citado autor también
releva como requisito de contenido la relación con la causa 56 principal (pertinencia o relevancia) en los
obtener un pronunciamiento que valdrá para el caso que se está controvirtiendo ante el Juez, el mismo tenga que tener una relación directa con la causa en
cuestión. Si fuera ajeno a la misma, carecería de razón plantearla en el juicio principal. La doctrina y la jurisprudencia se muestran exigentes reclamando que la ‘quaestio’ planteada deba ‘ser un antecedente lógico y necesario para que la resolución una la del Juez. Es
imprescindible entre la ley
exista y
conexión cuestión
indispensable en discusión
(pertinencia)’” (ob. cit. pág. 161). En Sánchez Oribe Carnelli, indica: citando “Nuestro la el mismo del no sentido, Dr. es Berro de
posición Instituto
Inconstitucionalidad de las Leyes, sino de Inaplicación de Leyes por razón de constitucionalidad, que no es la misma cosa. No se trata de ‘juzgar’ una Ley con el padrón de la Constitución por una Corte. Esto, en
cuanto interpretación de la Carta, sólo puede hacerlo el Poder Legislativo. Y podría hacerlo una Corte
Constitucional, con decisión de fuerza invalidante...Se trata, sí, de la propia función jurisdiccional. Decir o declarar jurídica el ya derecho sometida con o motivo que de una ser contienda sometida a
resolución de los Jueces, aunque nada más que sobre un 57
aspecto de la cuestión: aquel de la eficacia relativa para legal ese que caso contencioso de una Ley o disposición para su
decisión en razón de su colisión con determinado texto por principio constitucional” (cf. Lorenzo Sánchez
Carnelli: “Declaración de inconstitucionalidad de actos legislativos”, págs. 112 y ss.). Siguiendo igual rumbo, la doctrina ha indicado que debe tratarse de una aplicación “ineludible” (o “inexcusable”) de la norma legal al caso concreto. V) La solución postulada
determina que no corresponda ingresar al mérito de la cuestión respecto deducida importaría puesto un que un pronunciamiento o al
contra lo que imponen los arts. 259 de la Carta y 508 C.G.P., que indican su procedencia “...Siempre que deba aplicarse una ley o una norma que tenga fuerza de
ley...” (cf. Sentencia No. 179/2006 de la Corte). Este Sentencia No. 24/99, citando Tribunal sostuvo en
“... la Corte se halla facultada para declarar si una ley es o no constitucional; su examen entonces debe constreñirse a la norma y determinar si la misma colide o no con textos o principios superiores que emanan de la Constitución...Los fundamentos en que se apoya este 58
declaración acerca de la constitucionalidad de una ley sólo es pertinente si ésta es de aplicación necesaria e ineludible en un caso concreto...; por el contrario a la Corte en la materia y le está vedado efectuar sobre
cuestiones abstractas de derecho...”. En función de ello
corresponde concluir que no corresponde aplicar al caso de autos las disposiciones cuestionadas en la medida que el ámbito de aplicación de la norma se encuentra
restringido a los delitos comprendidos en el art. 1 de la Ley No. 15.848, entre los cuales no se encuentra el caso de autos, por haber sido excluido del mismo por el Poder Ejecutivo en forma expresa. VI) En suma: no corresponde
pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad toda vez que en autos según resulta de fs. 60 dicha norma no es aplicable por Resolución del Poder Ejecutivo que no fuera impugnada en la vía administrativa
correspondiente. En vedado a la Corte ingresar en consecuencia la queda de
inconstitucionalidad toda vez que en autos no existe caso constitucional. El eventual error de 59
inconstitucionalidad es por lo expresado cuestión propia del mérito del asunto y no de impugnación de
inconstitucionalidad. VII) Se cuestiona en autos la norma impugnada, en cuanto declara el carácter de
delitos de lesa humanidad de los previstos en la Ley No. 15.848 y las consecuencias de tal afirmación respecto del cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal, lo que comprende eventuales agravios
constitucionales derivados de los arts. 2 y 3 de la Ley No. 18.831. A criterio de este
Ministro el impugnante no puede invocar lesión a un interés directo, personal y legítimo. El Sr. Julio Castro estuvo desaparecido hasta que fueron hallados su restos en el mes de octubre de 2011 a partir de dicho momento se verificó que fue asesinado con posterioridad a su
detención, pudiéndose recién ejercer la acción penal por el delito de homicidio. La extinguió, lo que a mi acción penal no que se el para
impugnar la Ley No. 18.831 por inconstitucionalidad. Es también dudoso que la 60
prescripción pues la
operado No.
excepcionante, Ejecutivo que
excluyó el caso de la Ley No. 15.848 tiene efectos ex tunc. Al efecto, Durán Martínez afirma: “Si la revocación es por razones de legalidad y no existe recurso es discrecional aunque limitada por la estabilidad del acto y sus efectos serán ‘ex nunc’. Empero sus efectos podrán ser ‘ex tunc’ si el interés público así lo exige y lo permiten las circunstancias de fondo. Lo mismo ocurre con relación a la revocación de la parte no recurrida del acto impugnado” (cfme. “Nuevas reflexiones sobre la revocación y la anulación de los actos administrativos en Anales en del el Foro derecho 1986,
Números 72-73, pág. 117). Resulta evidente que será el Juez de la causa al quien ámbito deberá de la resolver estas de
inconstitucionalidad propuesta en autos. En Sentencia No. 365/2009 la Corte afirmó en términos que se comparten, al
declararse inconstitucional la Ley No. 15.848: “... excluyeron del aparato las normas del atacadas Estado a
sujetos que, para ello, no necesitaron ser juzgados por el Poder de gobierno que tiene a su cargo la función soberana de aplicar las penas. En definitiva, las normas atacadas excluyeron de la órbita del Poder Judicial el juzgamiento de conductas con apariencia delictiva, lo cual transgredió el principio de separación de poderes y afectó muy seriamente las garantías que el
ordenamiento constitucional puso en manos de aquél”. A continuación y respecto de las denominadas leyes de amnistía o de perdón se afirmó: “Analizada la cuestión en su contexto, se aprecia que no puede ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la
potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos humanos. Los derechos humanos han
desplazado el enfoque del tema y ya no se puede partir de una potestad soberana ilimitada para el Estado en su rol de constituyente. Por el contrario, la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la
posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado. 62
la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana, no su ellos limitan la soberanía esta o
invocarse o para
última su el en las
vulneración no
impedir invocarse
protección principio ejercicio
internacional, de las no
ponen y
garantías establecidas por la comunidad internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad (citado por Martín Risso Ferrand, ob. cit., págs. 114 y 115). En este sentido, el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados preceptúa que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado”. La Corte concluye luego de analizar jurisprudencia de orden internacional -Corte Interamericana- y nacional que: “A ilegitimidad beneficio de cometieron de una Ley de modo de síntesis, dictada la en
funcionarios militares y policiales que de esta naturaleza, gozando de
impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada 63
jurisdiccionales, como de los
procesos similares al vivido por el Uruguay en la misma época. Tales pronunciamientos, por la similitud con la cuestión analizada y por la relevancia que han tenido, no podrían soslayarse de la Ley en No. el 15.848 examen y han de sido
tenidos en cuenta por la Corporación para dictar el presente fallo”. La norma impugnada, Ley
No. 18.831 restablece la pretensión punitiva del Estado en su artículo 1, declara que los plazos de prescripción o de caducidad no se computarán entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley (art. 2) y declara que los hechos comprendidos en la Ley No. 15.848 constituyen delitos de lesa humanidad (art. 3). Entiende que de esta forma el Estado el legislador, cumple con
sentencia de la Corte Americana en el denominado caso Gelman, dejando sin efecto la Ley No. 15.848. Destaco que esta Corte en su argumentación al declarar la inconstitucionalidad de la Ley No. 15.848 y según transcripción que se
realizara, en definitiva afirmó la ilegitimidad de las leyes de amnistía o de perdón, en línea coincidente con la 64 Corte Interamericana y otros Tribunales
Constitucionales del continente. La línea argumental
desarrollada es coincidente con la de la CIDH, más allá de que a criterio de este Ministro, en el caso de autos la sentencia del caso Gelman no tiene incidencia. Además el art. 68.1 de la Convención Americana, relativo a la obligatoriedad de los fallos de esa Corte Interamericana afirma: “Los Estados Partes de la Convención se comprometen a cumplir la decisión en todo caso en sean partes” (Ochs Olazábal, “El fallo de la Corte Interamericana La de Derechos Año IV Humanos Nº 7, Gelman con
Uruguay”, Blengio
Ley Uruguay, Corte
Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay”, Revista de Derecho Público, Ferrand, FCU, Montevideo, de año 2011, Nº de 39; la Risso Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Newsletter, El Derecho Digital Uruguayo). Corresponde señalar que
cuando Uruguay ratificó por Ley No. 15.737 la Convención Americana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo de la época ejercido por el Presidente de la República Dr. Julio M. Sanguinetti y el Ministro de Relaciones
Exterior Cr. Enrique Iglesias en acto voluntario, aceptó indefinidamente la jurisdicción de la CIDH y de la 65
Comisión Interamericana. La inequívoca y permanente conducta internacional del Estado Uruguayo ha sido de respeto y respaldo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación jurídica variación debería de darse tal en
conjunto con la denuncia del Tratado. De entenderse que la norma establecida en el Artículo 3 de la Ley No. 18.831 al establecer: “Declárase que, los delitos a que refieren los artículos de de anteriores, conformidad los que la son crímenes los es los de lesa
tratados parte”, delitos
internacionales consagra como
contemplados en la Ley No. 15.848, derogada, constituyen casos de delitos de lesa humanidad, a mi criterio no constituye modificación del régimen jurídico vigente en la República. Pues tales delitos ya integraban el orden jurídico vigente en el país. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ante las atrocidades cometidas por Alemania y Japón, la respuesta fue la creación de Tribunales Internacionales para juzgar tales conductas y así nacieron los Tribunales de Nuremberg y de Tokio. El 66 Tribunal de Nuremberg
estatuto en el cual se reconoció la existencia como parte del jus cogens internacional de conductas
Tribunal Militar, en su art. 6 establece: “a. CRIMENES CONTRA LA
PAZ: A saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de Tratados, acuerdos o garantías
internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados. b. CRIMENES DE GUERRA: A saber, violaciones de las leyes o uso de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes de públicos ciudades o o privados, pueblos, o la la destrucción devastación sin no
justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes. c. CRIMENES CONTRA LA 67
exterminación, inhumanos
cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma; o la persecución en por motivos de
aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una
vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. El Tribunal de Nuremberg
se constituyó por Ley No. 10 del Consejo de Control Aliado. En el Art. II “c” se consideró que los crímenes contra la humanidad eran “las atrocidades y delitos, incluidos exterminio, pero no limitados a al asesinato, la
sometimiento tortura,
esclavitud, violación y
deportación, otros actos
inhumanos cometidos contra una población civil, o la persecución política, racial o religiosa, en violación o no a las leyes nacionales del país donde los mismos hubieren sido perpetrados”. En consecuencia se suprimió la hasta entonces necesaria vinculación de los crímenes de lesa humanidad del literal c) con los crímenes de guerra de los literales a) y b). Uruguay por decreto de 12 de noviembre de 1945 publicado en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, págs. 1025 y ss. estableció su 68
adhesión términos:
En función de lo cual el Presidente de la República “Que corresponde que el Uruguay, como país beligerante y miembro de las
Naciones Unidas preste su adhesión y coadyuve en los planes adoptados, planes que, en materia de crímenes de guerra se hallan también aconsejado por el Comité
Jurídico Interamericano de Rio de Janeiro del 30 de julio de 1945”. Decretó Embajador en el Reino Unido la para autorización que transmita al al
Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la adhesión del Gobierno del Uruguay al Acuerdo suscripto en Londres el 8 de agosto de 1945, que dispuso la creación de un Tribunal Militar Internacional destinado al
enjuiciamiento y castigo de los principales crímenes de guerra del Eje europeo. Por este acto soberano,
nuestro país reconoció no solamente la competencia de este Tribunal, sino la existencia de los delitos que comprende su Estatuto. Por definición los delitos comprendidos en el Estatuto no admiten la exculpatoria de la obediencia debida y son imprescriptibles. En aplicación de tales 69
Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por Ley No. 17.347, del 19 de junio de 2011. El art. 1 establece la
imprescriptibilidad cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido de, entre otros los crímenes de lesa humanidad. Uruguay, situación de obligación se encuentra respecto en del
cumplimiento del Estatuto del Tribunal de Nuremberg al haber adherido especialmente aceptando su competencia. Por definición, se repite, estos delitos son imprescriptibles por constituir el jus cogens internacional. en La Convención tiene de imprescriptiefectos
declarativos de obligaciones preexistentes y no puede alegarse su inaplicación por la fecha en que el Estado uruguayo la ratificara. Tan es así que al aprobar la Convención que los declaró lo que imprescriptibles, hace es ratificar la el
principio de imprescriptibilidad en función del carácter de jus cogens de los delitos de lesa humanidad. Refuerza tal carácter al
referir que son tales delitos “cualquiera sea el tiempo 70
en que sean cometidos” con lo que se confirma que más allá de la fecha de su comisión, deben ser perseguidos penalmente. La interpretación pro
homine de tal norma permite a concluir que la Convención tiene por finalidad reconocer una situación jurídica que se define por la carencia de tiempos que los vuelvan no perseguibles penalmente. Ello es así por la naturaleza de estas conductas y porque es la Humanidad, la afectada en última instancia por estos delitos. Pero recepción este tipo de crímenes en además nuestros tiene propio
Derecho Constitucional, toda vez que la Constitución de la República establece en su artículo Art. 239 que a la Suprema Corte de Justicia corresponde: “Juzgar...sobre contra Derecho de Gentes...” (Nral. 1). Confiere a la ley la delitos
potestad de regular los aspectos procesales referidos a la competencia originaria establecida en el primer
inciso del numeral. Así, el Dr. Ruben Correa Freitas afirma: “El origen de esta disposición lo
encontramos en el art. 96 de la Constitución de 1830 donde se expresaba: ‘... sobre delitos contra el
derecho de gentes...’. En la Constitución de 1918 se 71
derecho de gentes...’ y en las Constituciones de 1934 ‘art. 215 ordinal 1º’; 1942 (art. 212 ord. 1º) y 1952 (art. 239 ord. 1º) rezaba: ‘... sobre delitos contra derecho de gentes...’. El derecho de gentes que equivale a la alemana ‘Volkerrecht’, es la traducción castellana del ‘ius gentium’ romano no es otra cosa que la antigua denominación en del Derecho Facultad Internacional de Derecho
(antigua Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Mayor de la República) se enseñó Derecho de Gentes a partir del año de 1963, Derecho habiéndose de Perez Gentes Gomar” publicado por el Curso primer “Derecho
Elemental catedrático
Constitucional Contemporáneo”, Tomo II, Tercera Edición actualizada, F.C.U. pág. 223). Al respecto, es dable
señalar lo sostenido por el Prof. Dr. José Korzeniak, en este sentido: “Nos parece superada la polémica acerca de si esta expresión -ya obsoleta en el lenguaje
jurídico moderno- debe entenderse como equivalente al ‘derecho de los gentiles’ de la época romana (distinto del Derecho para los extranjeros y los esclavos), o si lo correcto es entenderla como sinónimo de Derecho
Internacional Público. Pensamos que esta última es la 72
posición correcta. Concretamos nuestra opinión de esta manera: aquellos son delitos contra como el ‘derecho tales en de gentes’ tratados
internacionales o en reglas internacionales aunque no sean otras tratados fuentes (en Derecho Internacional como las se estudian los
principios generales, etc.). Entre tales delitos pueden citarse algunos de muy repudiables como los de ‘lesa de de
humanidad’, terrorismo,
‘torturas de
generalizadas’, tráfico este
delitos etc.
internacional tipo de
estupefacientes, tipificados en ser juzgado en
el Derecho Internacional Público deba nuestro país, la Suprema Corte debe
juzgar (en primera o ulterior instancia, según ya hemos explicado)” (Primer Curso de Derecho Público- Derecho Internacional, F.C.U, pág. 572). Ese supranacional Internacional aplicación en está de el los reconocido Derechos de orden por el que jurídico Derecho regula penal su de
determinadas conductas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ley No. 13.751: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 73
este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, generales fueran del delictivos según los la principios comunidad
internacional”. La Convención Americana de Derechos legalidad Humanos, y de en su Artículo -, 9 – Principio al de
aplicable, excediendo el nivel de la ley interna: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable”. En art. 7 del Convenio Europeo el de mismo sentido el
establece que no hay pena sin ley: “1. condenado por una acción o una Nadie omisión podrá que, en ser el
momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente artículo no 74
impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, generales constituía del derecho delito según los las principios naciones
civilizadas”. La Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, ampara la existencia de este orden normativo en su art. 53: “Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa norma de derecho y internacional por general la es una
internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter”. La Derechos Humanos en el caso Corte Europea de de los
“Guardianes del muro”, es decir los crímenes cometidos por los guardias del denominando “Muro de Berlín” en la ex RDA que estaban mandatados para extinguir si era necesario a quien quisiera cruzar la frontera, entendió que: “una práctica estatal como la política de policía de frontera de la RDA, que viola flagrantemente los 75
derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida, valor supremo en la no jerarquía puede internacional cubierta de por los la
protección del art. 7º de la Convención. Dicha práctica que vació de contenido la legislación sobre la cual se suponía estaba basada, y que fue impuesta a todos los órganos de la RDA, incluyendo sus tribunales, no puede ser descrita como derecho, en el sentido del art. 7º de la Convención”. En consecuencia tales
actos quedan encartados en el concepto de crímenes de lesa humanidad. Norma general de jus
cogens internacional, aplicable por todos los Estados, más allá de su codificación a través del Estatuto de Roma. El efecto de éste es añadir certeza y taxatividad a algo preexistente. Las acciones delictivas de autos por su gravedad y excepcionalidad, resultan de un contexto derechos, en el cual el la violación y denegatoria para de
determinados objetivos políticos, se hizo sistemática la práctica del terrorismo de Estado. El por Ley No. 18.596: “el 76 quebrantamiento del Estado ha reconocido
derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las en el normas período del Derecho
desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985” (art. 1º). Por la misma Ley se ha
reconocido “la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización desaparición de prácticas sistemáticas de tortura, y prisión sin intervención del
Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional” (art. 2). Las conductas señaladas
constituyen delitos de lesa humanidad, por su gravedad, sistematicidad y generalidad de su reiteración. En aplicación de la
interpretación pro homine de los DDHH conforme el bloque de constitucionalidad, cuya aplicación es imperativa
para todos los órganos jurisdiccionales, como afirmara esta Corte en Sabalsagaray, es perfectamente compatible con la Constitución la admisión de un orden normativo 77
comprendido por un único bloque de constitucionalidad cuyo contenido fuera descrito en aquel pronunciamiento. Es interpretar y aplicar dicho orden jurídico menester por los
Jueces Nacionales, sin violentar la Constitución de la República ni los tratados de DDHH. Como se señalara al
analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en “Arancibia Clavel” en el que se decide acerca de la aplicación del principio de imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad: “... esos actos ya eran
imprescriptibles para el derecho internacional, puesto que si bien la aprobación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se produjo con posterioridad a esos hechos, dicho ‘instrumento’ sólo afirma la
imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (jus cogens), en función del derecho internacional De esta público manera, no de se origen fuerza la
prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, comisión Justicia de y que los ya tenía vigencia al tiempo de
(cfme. Ricardo
“Derechos Luis
reparación.”
Alfredo Jorge Kraut”, pág. 138 a 139). 78
Dichas obligan al Estado, al a sus de
generales y a sus en
instituciones los Derechos
definitiva han contribuido a desarrollar el principio ya establecido en el art. 239 Nral. 1 de la Constitución. El efecto del fallo en el presente, objeciones será de la declaración de que no existen en lo la que
corresponda decidir sobre el fondo de la cuestión en las instancias procesales oportunas. En definitiva, rechazo la excepción de inconstitucionalidad respecto de los
artículos 2 y 3 de la Ley No. 18.831. Primero aplican en el caso de autos. Segundo porque no resultan inconstitucionales porque no constituyen innovación en el ordenamiento jurídico internacional, en la medida porque no se
que, como lo ha sostenido la Corporación en anteriores oportunidades, los Tratados de Derecho Internacional
aplicables consagran determinados principios que hacen a la protección de los Derechos jurídica Uruguay en Humanos con en su
situación para el
establecido en el art. 239 Nral. 1 de la Constitución de 79
la República. Tercero, porque además el artículo 3 admite interpretación conforme a la
Constitución, los delitos del art. 1º son crímenes de lesa humanidad “de conformidad con los tratados
internacionales en que la República es parte”. Corresponde al intérprete
y no al tribunal de constitucionalidad, determinar si los hechos investigados integran el elenco del art. 3, de los delitos de lesa humanidad por encontrarse en los tratados firmados por la República. No todos los delitos
comprendidos en la Ley No. 15.848 son de lesa humanidad, pero algunos sí lo son y ello será determinado por el tribunal conductas de mérito, que deberá calificar en el si las Penal
cometidas en el marco de la acción del terrorismo de Estado constituyen o no crímenes de lesa humanidad.
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