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Timestamp: 2019-06-24 15:52:15+00:00

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Por ello se considera oportuno establecer unas pautas que, en el caso de entidades de nueva creación, permitan determinar ante qué tipo de entidad nos encontramos a efectos de su correcta clasificación.
Las dos cuestiones a analizar son las siguientes: a) Personalidad jurídica de las sociedades civiles. b) Concretar cuándo se entiende que una sociedad civil tiene objeto mercantil.
La sociedad civil una vez constituida, adquiere plena personalidad jurídica, sin necesidad de mayores requisitos formales.
En este sentido La DGT establece:
Consulta V2378-15: “En el presente caso, la entidad consultante es una sociedad civil que goza de personalidad jurídica a efectos del Impuesto sobre Sociedades, puesto que se constituyó mediante documento privado presentado ante la Administración tributaria para la obtención de número de identificación fiscal.”
Consulta V2394-15: “En relación con la primera cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1669 del Código Civil, la sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios no sean secretos. La sociedad civil requiere, así, una voluntad de sus socios de actuar frente a terceros como una entidad. Para su constitución no se requiere una solemnidad determinada, pero resulta necesario que los pactos no sean secretos. Trasladando lo anterior al ámbito tributario, cabe concluir que para considerarse contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, es necesario que la sociedad civil se haya manifestado como tal frente a la Administración tributaria. Por tal motivo, a efectos de su consideración como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles habrán de constituirse en escritura pública o bien en documento privado, siempre que este último caso, dicho documento se haya aportado ante la Administración tributaria a los efectos de la asignación del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad, de acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Sólo en tales casos se considerará que la entidad tiene personalidad jurídica a efectos fiscales.”
En consecuencia, de acuerdo con las consultas y doctrina de la Dirección General de Tributos:
1) Si la entidad se manifiesta como sociedad civil ante la AEAT en el momento de solicitar el NIF (mencionándolo así en el acuerdo de voluntades) se debe considerar que tiene la voluntad de que sus pactos no se mantengan secretos, lo que le otorgará personalidad jurídica y por tanto, la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades (siempre que tenga objeto mercantil en los términos que se señalan a continuación).
En este caso se otorgará un NIF “J” de Sociedad civil.
En estos casos, podemos estar en presencia de una comunidad de bienes, de una herencia yacente o en presencia de cualquier otro ente sin personalidad jurídica. A todos ellos se les otorgará un NIF "E", cualquiera que haya sido la denominación de dicho ente (diferente de sociedad civil) por el solicitante del NIF.
Se va a proceder a modificar la Orden Ministerial de composición del NIF. Se modificarán las claves “E” y “J” de la composición del NIF que quedarán con el siguiente contenido:
B) CUÁNDO SE ENTIENDE QUE UNA SOCIEDAD CIVIL TIENE OBJETO MERCANTIL.
Los artículos 325 y 326 del Código de Comercio señalan que una sociedad tiene objeto mercantil “cuando se pretenda la realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo”.
El criterio para distinguir la mercantilidad del objeto sería la existencia de un conjunto de elementos materiales y personales organizados por el empresario para el ejercicio de una actividad empresarial. Es decir, es necesario que la actividad se realice a través de una organización estructurada para participar en el tráfico mercantil, excluyendo la ocasionalidad. En definitiva,”poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las
Por otra parte la Dirección General de Tributos, en cuanto a la concurrencia o no del objeto mercantil, en las consultas V2391-15, V2394-15, V2430-15, V2378-15, manifiesta el siguiente criterio:
“(…) se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Quedarán, así, excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas
al ámbito mercantil”.
Por tanto, de acuerdo con lo anterior será objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o de prestación de servicios, salvo las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras
o de carácter profesional.
La casilla 620 del modelo 036 referida a la obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre Sociedades la deberán rellenar las sociedades civiles que hayan rellenado alguno de los siguientes contenidos de la casilla 403 del modelo 036 destinado al tipo de actividad económica:
- A01.
- A03. Todos los epígrafes del IAE, excepto:
o Las actividades mineras: epígrafes de la sección 1, división 1 y los de las agrupaciones 21 y 23 de la división 2 de las tarifas del impuesto de actividades económicas (casilla 402 del modelo 036).
o Las entidades constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales (deben haberse acogida a dicha Ley en el acuerdo de voluntades o en la escritura de constitución).
-A04.
-B05.
Madrid, a 22 de diciembre 2015
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:39
1.2. El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
La regulación que de este impuesto establece la LHL se recoge en sus artículos 61 a 78. En ellos se define al IBI como un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley.
El hecho imponible del impuesto que nos ocupa en esta ocasión está constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
Así las cosas, lo que hay que definir a continuación es el concepto de bienes inmuebles a los efectos de la aplicación del impuesto.
Pues bien, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario:
En el artículo 2 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se señala que, a los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble (también tienen esa consideración los trasteros, las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular…).
Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, el que, de conformidad con la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la ley citada. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica, exceptuándose de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales.
A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones:
– Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados.
– Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje.
– Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones.
Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:
– Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.
– Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.
– Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
– Los aeropuertos y puertos comerciales.
– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.
Asimismo, estarán exentos del impuesto los siguientes inmuebles: 1
Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y ello aunque éste se refería a la contribución territorial urbana, precedente del impuesto que nos ocupa.
Los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. En concreto, hay acuerdos suscritos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España.
Previa solicitud, también estarán exentos:
Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural y estén registrados como integrantes del Patrimonio Histórico Español. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan una serie de condiciones.
Finalmente y respecto de las exenciones, las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal.
Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de la LGT, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
Respecto de los inmuebles explotados en régimen de concesión, se establece una norma especial y es que en el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon, ello sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común a los demás concesionarios, girándoles la parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Se establece asimismo, una afección especial de los bienes cuya titularidad está sometida al impuesto de tal modo que, en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible del mismo, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. Los notarios deberán hacer apercibimiento de ello a los adquirentes de esos inmuebles.
Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades sin personalidad jurídica del artículo 33 de la LGT.
Así, en el artículo 8 de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se señala que el valor catastral estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.
Pues bien, para su fijación se tendrán en cuenta una serie de factores, tales como:
Se establecen asimismo límites a la hora de determinar el valor catastral. Así, éste no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden ministerial, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. Además, en los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.
La determinación del valor catastral se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, que es un documento administrativo en el que se recogen, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
Las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo cuando circunstancias de carácter territorial, económico, administrativo o de otra índole justifiquen una extensión mayor.
La elaboración de las ponencias de valores se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera Administraciones públicas en los términos que reglamentariamente se establezca.
Previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.
Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores totales o parciales se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.
Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.
Y en concreto respecto de lo que es la valoración en sí misma considerada señalar que el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración colectiva o de forma individualizada.
El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.
El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:
– De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha.
– De carácter parcial, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores parcial. En este procedimiento se garantizará la coordinación de los nuevos valores catastrales con los del resto de los inmuebles del municipio.
– De carácter simplificado.
El procedimiento de valoración individual. Se trata de valoraciones que derivan de la formalización de declaraciones, comunicaciones y solicitudes, de procedimientos de subsanación de discrepancias o de actos de la inspección catastral.
– Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.
– Son comunicaciones:
- Las que remitan los Notarios y Registradores de la Propiedad, conforme al artículo 55 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
- Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.
- Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.
- La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas.
- La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.
- La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.
- La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.
- La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
- Las variaciones en la composición interna o en la cuota de participación de las comunidades o entidades sin personalidad.
Los actos dictados como consecuencia de estos procedimientos se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT, y tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.
– El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar al que se acaba de hacer referencia.
La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT.
– Las actuaciones de inspección catastral podrán ser de comprobación y de investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así como de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento.
La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de la descripción de los mismos por virtud de actuaciones inspectoras surtirán efectos desde el día siguiente a aquel en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador.
Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores.
Los valores catastrales resultantes de estos procedimientos se notificarán individualmente a los titulares catastrales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 105 de la Ley 230/1963 de la LGT. La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorporándose al expediente la acreditación de la notificación efectuada.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente en atención al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso la comparecencia se deberá producir en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios para determinar su valor catastral, los acuerdos surtirán efectos el día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del momento en que se produzca la notificación del acto.
Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económico- administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutoriedad. Por otra parte, en los casos de notificación de valores acabados de exponer, el plazo para la interposición del recurso de reposición o reclamación económico- administrativa será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación o, en su caso, al de la finalización del plazo de 10 días para la comparecencia.
El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características especiales se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial. La notificación, efectividad e impugnación de los valores catastrales resultantes de este procedimiento se regirán por lo dispuesto para este procedimiento de valoración colectiva general y parcial.
El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores.
Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas:
Los actos dictados como consecuencia de este procedimiento se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT y tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento, sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.
Señalar finalmente por lo que se refiere a la determinación del valor catastral, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles.
Asimismo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se determinarán en función de su dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de los mismos que se establezca reglamentariamente. Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catastrales actualizados con carácter general.
Señalar el momento en que tendrán efectividad los valores catastrales asignados a las siguientes fincas de las que es titular Don Julio Hernando:
Un cortijo en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), localidad en la que se ha producido un procedimiento de valoración colectiva general de bienes inmuebles, producto del cual le han notificado el valor catastral asignado a su inmueble el 17 de septiembre de 2003.
El 1 de enero de 2004.
Un gimnasio en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que adquirió mediante compraventa el 29 de diciembre de 2000, circunstancia que no fue comunicada al Catastro Inmobiliario y que es descubierta por la Inspección el 3 de abril de 2003.
El 30 de diciembre de 2000.
Una finca en la Manga del Mar Menor (Murcia), que ha sido sometida a un procedimiento simplificado de valoración colectiva de bienes inmuebles al estar enclavada en un polígono industrial que ahora va a ser destinada a la construcción de un residencial, producto del cual le han notificado el valor catastral asignado a su inmueble el 16 de febrero de 2004, habiéndose modificado el planeamiento el 31 de octubre de 2003.
Por su parte, la base liquidable del impuesto será el resultado de practicar, de oficio, en la base imponible una reducción que responde a las siguientes características:
No obstante, en el supuesto de inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de esta reducción y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por procedimientos de valoración colectiva de carácter general, se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando. En cambio, cuando se altere por procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial, procedimientos simplificados de valoración colectiva o bien por procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.
El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando se trate de los procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial o procedimientos simplificados de valoración colectiva.
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, con carácter general.
La reducción no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Suponiendo que para un determinado inmueble la base liquidable del año X ha sido de 30.000 euros y que como resultado de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general se ha visto aumentada a 42.000 euros, en el año X + 1 la reducción a practicar y la base liquidable a computar serían las siguientes:
Componente individual de la reducción: 42.000 euros (nuevo valor catastral) – 30.000 euros (base liquidable del año anterior) = 12.000 euros.
Coeficiente reductor: 0,9.
Reducción: 12.000 euros x 0,9 = 10.800 euros.
Base liquidable del año X + 1: 42.000 euros – 10.800 euros = 31.200 euros.
Supongamos ahora que en el año X + 2 el valor catastral asignado al mismo inmueble tras un procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial es de 48.000 euros. En este año, la reducción y la base liquidable del impuesto serían:
Componente individual de la reducción: 48.000 euros (nuevo valor catastral) – 31.200 euros (base liquidable año anterior) / 0,9 (último coeficiente reductor aplicado) = 18.666.67 euros.
Coeficiente reductor: 0,8.
Reducción: 18.666.67 euros x 0,8 = 14.933,34 euros.
Base liquidable año X + 2 = 48.000 euros (nuevo valor catastral) – 14.933,34 euros (reducción) = 33.066,66 euros.
La reducción será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:
Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:
– La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
– La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo de reducción de nueve años que se ha comentado.
Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:
– Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
– Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
– Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
– Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral.
La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva, no requiriéndose en estos casos la notificación individual. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.
El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.
El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer, para cada grupo de los mismos existentes en el municipio, un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%.
Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos que se acaban de señalar con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas:
Dentro de los límites resultantes de lo acabado de comentar, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto.
Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.
Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un periodo máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075%, tratándose de inmuebles rústicos.
En los supuestos de alteración del término municipal, los ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto.
Determinar qué tipo impositivo por el IBI deberá soportar D. José Portela por la titularidad que ostenta en calidad de propietario de los siguientes inmuebles:
Una finca rústica en la que pastan sus caballos, que proviene de una donación efectuada por sus padres, en La Garganta (Cáceres), sabiendo que el citado ayuntamiento ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, un tipo de 0,2 y que lo ha incrementado en las cuantías máximas que le permite la LHL.
0,3 (mínimo establecido por la LHL para los bienes inmuebles rústicos) + 0,15 (incremento por tratarse de un municipio en el que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80% de la superficie total del término = 0,45%.
3 locales de negocio, en Carmena (Toledo), en Alcorcón (Madrid) y en Salamanca, en los que desarrolla su actividad económica relacionada con las industrias cárnicas, sabiendo que los citados municipios han establecido en las correspondientes ordenanzas los tipos máximos que les permite la LHL.
Por el local de Carmena (Toledo): 1,10% (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos).
Por el local de Alcorcón (Madrid): 1,10 (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos) + 0,07 (incremento por prestar el servicio de transporte público colectivo de superficie) + 0,06 (incremento por prestación de más servicios de los obligatorios conforme al art. 26 de la Ley 7/1985) = 1,23%.
Por el local de Salamanca: 1,10 (tipo máximo para los bienes inmuebles urbanos) + 0,7 (incremento por ser capital de provincia) + 0,07 (incremento por prestar el servicio de transporte público colectivo de superficie) + 0,06 (incremento por prestación de más servicios de los obligatorios conforme al art. 26 de la Ley 7/1985) = 1,30%.
1 apartamento en Suances (Cantabria), en el que pasa sus vacaciones estivales, sabiendo que el citado ayuntamiento ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, el tipo mínimo que le marca la LHL.
0,04%(mínimo establecido por la LHL para los bienes inmuebles urbanos).
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. 2
Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima de las señaladas.
Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo que se acaba de señalar. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación.
Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo provincial del impuesto, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Las ordenanzas fiscales deberán especificar los aspectos sustantivos y formales de estas bonificaciones, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.
Asimismo, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.
También, los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en la misma se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio.
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres periodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.
Sin perjuicio de ello, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el periodo inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble esta última bonificación, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior.
Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación.
Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.
Y para terminar, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.
El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural.
Por lo que se refiere a las normas especiales de gestión del impuesto, hay que recordar que las competencias son compartidas entre la Administración tributaria del Estado, que tiene atribuida con carácter general la gestión censal del impuesto, y la Administración tributaria local, que tiene atribuida con carácter general la gestión tributaria del mismo.
El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro (gestión censal), sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.
Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos antecitados deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del impuesto.
Asimismo, en los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
En la medida en que los ayuntamientos tienen atribuida la gestión tributaria del impuesto, la LHL señala que la liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del IBI, serán de su competencia exclusiva y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.
Asimismo, se señala que los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.
Finalmente, los ayuntamientos determinarán la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Sin embargo, se establecen también fórmulas de colaboración entre ambas instancias. Así, en los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión del Padrón catastral o de los demás documentos expresivos de sus variaciones, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente. En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al ayuntamiento o entidad local para que se practique, en su caso, liquidación definitiva.
Finalmente, se señala que las competencias que con relación al IBI se atribuyen a los ayuntamientos se ejercerán directamente por aquellos o a través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la LBRL.
Finalmente, en la LHL también se establecen una serie de obligaciones para el sujeto pasivo por lo que se refiere a la gestión del impuesto:
Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, en los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las citadas declaraciones se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.
Publicado en El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:36
1.1. El impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 79 a 92 de la Ley de Haciendas Locales (LHL). Pero para el estudio de este impuesto hay que tener en cuenta, además, sus tarifas, que se encuentran reguladas, junto con sus respectivas instrucciones, en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, con carácter general, y en el Real Decreto 1259/1991, de 2 de agosto, respecto de la actividad de ganadería independiente.
El hecho imponible del impuesto está constituido, en este caso, por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
Así, es irrelevante la habitualidad en el ejercicio de la actividad. Una sola operación daría lugar a la realización del hecho imponible, la existencia o no de ánimo de lucro y la existencia o no de beneficio.
Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Al respecto hay que hacer las siguientes precisiones:
Se consideran actividades empresariales, a los efectos de este impuesto, las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen tal consideración, por consiguiente, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.
Tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:
– Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
– El estabulado fuera de las fincas rústicas.
– El trashumante o transterminante.
– Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.
También tendrían carácter de actividades empresariales, las actividades de carácter profesional cuando se ejerciten por personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria (LGT) (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio susceptible de imposición).
Se clasifican en la sección 1.ª de las tarifas del impuesto.
Se consideran actividades profesionales las clasificadas como tales en la sección 2.ª de las tarifas del impuesto (Real Decreto Legislativo 1175/1990) y que sean desarrolladas por personas físicas.
Se consideran actividades artísticas las clasificadas como tales en la sección 3.ª de las tarifas del impuesto, con independencia de que sean desarrolladas por personas físicas, jurídicas o entidades del artículo 33 de la LGT.
La LHL señala que el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio; es decir, mediante anuncios por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de cualquier otro modo, correspondiendo a la Administración tributaria la carga de la prueba.
También el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, señala que la prueba del ejercicio de la actividad se llevará a cabo, en particular, por:
Se consideran actividades no sujetas al impuesto:
La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse.
La venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.
La realización de un solo acto u operación aislada de venta al por menor.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. Esta exención tendrá carácter rogado.
– Los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la LGT que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
– En cuanto a los contribuyentes por el IRNR, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A estos efectos el importe neto de la cifra de negocios se determinará del siguiente modo:
– El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.
– El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del IS o de los contribuyentes por el IRNR, el del periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
– Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio (los casos del art. 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1.ª del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991), el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
– En el supuesto de los contribuyentes por el IRNR, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. Este beneficio y el expuesto en el apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
Fuera de la LHL también se recogen exenciones aplicables al impuesto como, por ejemplo, las siguientes:
Las entidades sin fines lucrativos por las explotaciones económicas declaradas exentas del IS por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo o exención que resultará aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades que tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, fundaciones extranjeras situadas en España por las actividades de sus delegaciones, la ONCE, etcétera. Hasta el 31 de diciembre de 2004 mantendrán su vigencia las exenciones concedidas al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de diciembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
El Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España).
El ente público Puertos Españoles y las autoridades portuarias (Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina Mercante).
Las Comunidades de Aguas y Heredamientos de Canarias por la actividad consistente en la captación, tratamiento y distribución de agua para núcleos urbanos (Ley 19/1994, de 6 de julio de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias).
Finalmente, señalar que, con la intención de paliar los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales, es tradicional la aprobación de reales decretos-ley que incorporan medidas tributarias en orden a la exención del IAE para esos ejercicios y zonas afectadas.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, recogidas en los reales decretos legislativos citados, de acuerdo con los preceptos contenidos en la LHL y en las disposiciones que la complementen y desarrollen y los coeficientes y bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.
La fijación de las cuotas que se hace en las tarifas deberá ajustarse a las bases establecidas en la LHL, que son las que siguen:
Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto. Esos elementos son, por ejemplo, la potencia instalada, el número de obreros, la población de derecho, el aforo de los locales de espectáculo, la superficie de los locales en los que se ejercen las actividades gravadas...
Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del 15% del beneficio medio presunto de la actividad gravada y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas. Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijando su importe teniendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.
La cuota tributaria del IAE consiste básicamente en la cuota de tarifa, que suele constar a su vez de dos conceptos:
Cuota de actividad. Que se determina conforme a lo dispuesto en el grupo o epígrafe que proceda de las tarifas, mediante el señalamiento de una cantidad fija (única o mediante una escala de tramos), de un porcentaje aplicable a una determinada magnitud o mediante un sistema de producto en el que se multiplica el número de unidades de los elementos tributarios señalados en el epígrafe por la cantidad señalada para cada uno de ellos.
Valor del elemento tributario superficie.
La cuota de tarifa es el resultado de la suma de ambos conceptos, aunque en determinados casos sólo se tiene en cuenta uno de ellos. Las cuotas de tarifa se pueden clasificar, según el territorio en que facultan para el ejercicio de la actividad, en:
Cuotas mínimas municipales. Son cuotas mínimas municipales de carácter general las que con tal denominación aparecen específicamente señaladas en las tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que no tengan la calificación expresa en las referidas tarifas de cuotas provinciales o nacionales.
Igual consideración de cuotas mínimas municipales, pero de carácter especial, tendrán aquellas que, por aplicación de lo dispuesto en la tarifa, su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del elemento tributario de superficie.
El pago de las cuotas mínimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas en su caso con los coeficientes que hayan podido establecer los ayuntamientos afectados, cuantos locales en los que ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas cuotas mínimas municipales como actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.
Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que radique el local en el que ejerzan su actividad no darán lugar al pago de ninguna otra cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.
Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado y los artistas satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que se realicen sus actividades, pudiendo llevar a cabo, fuera del mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.
Las diputaciones provinciales podrán establecer un recargo sobre el IAE, el cual se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales, modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación que se explicará más adelante, y su tipo no podrá ser superior al 40%. La gestión de este recargo se llevará a cabo juntamente con el impuesto sobre el que recae, por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste y el importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine.
Cuotas provinciales. Son cuotas provinciales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.
El pago de las cuotas provinciales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en el ámbito territorial de la provincia de que se trate, sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal alguna.
Los sujetos pasivos que ejerzan en una isla de los archipiélagos canario o balear actividades que tengan asignada cuota provincial, y cuando tributen por dicha cuota, satisfarán únicamente el 50% del importe de la cuota provincial asignada a la actividad de que se trate.
Cuotas nacionales. Son cuotas nacionales las que con tal denominación aparecen expresamente señaladas en las tarifas.
El pago de las cuotas nacionales faculta para el ejercicio de las actividades correspondientes en todo el territorio nacional sin necesidad de satisfacer cuota mínima municipal o provincial alguna.
Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades que ello implica.
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
A los efectos de la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo.
Asimismo, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Al respecto de este coeficiente de situación, en la LHL se establecen las siguientes limitaciones:
Supongamos que la entidad instaelectric, SA, realiza instalaciones eléctricas en general, actividad señalada con el epígrafe 504.1 de las tarifas del impuesto, para lo cual tiene afectado un local de su propiedad en la localidad de Málaga, que es donde la ejerce, que es valorado conforme a la Instrucción que acompaña a las mimas en 900 euros y que su importe neto de la cifra de negocios asciende a 1.260.600 euros.
Supongamos también que el Ayuntamiento de Málaga ha establecido, mediante la correspondiente ordenanza, que el coeficiente que pondera la situación física del local en el que la entidad ejerce su actividad es de 2,8 y que la Diputación Provincial de Málaga ha establecido un recargo sobre las cuotas del IAE de un 30%.
Si Instaelectric, SA, opta por tributar por la cuota municipal que tiene asignada el epígrafe correspondiente en las tarifas del impuesto, la cuota a ingresar sería la siguiente:
690,47 euros (114.885 ptas.) + 900 euros = 1.590,47 euros (cuota mínima municipal).
1.590,47 euros (cuota mínima municipal) x 1,29 = 2.051,70 euros.
2.051,70 euros x 2,8 = 5.744,76 euros (cuota incrementada).
5.744,76 euros x 30% = 1.723,42 euros (recargo provincial.
5.744,76 + 1.723,42 euros = 7.468,18 euros (deuda tributaria a pagar).
Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las normas siguientes:
La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades, observándose las siguientes especialidades:
– Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o local de que se trate, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.
– En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse.
– Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que radique la central, o por aquel en el que radique la mayor parte de ella. En ambos casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en los mismos no radiquen instalaciones o edificios afectos a la misma.
– Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término ocupada por la zona portuaria.
La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación provincial correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la AEAT en cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y diputaciones provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente se establezcan.
A la cuota calculada conforme al procedimiento que se acaba de señalar, se le podrán practicar las siguientes bonificaciones:
Bonificaciones reguladas en la LHL:
– Bonificación del 95% en las cuotas que deban abonar las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tal y como establece la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
– Bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.
Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 1.ª de la Sección 2.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de la misma hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primera declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).
– Bonificación del 50% de la cuota de las actividades realizadas en Ceuta o Melilla.
Bonificaciones potestativas (a establecer mediante la correspondiente ordenanza fiscal por parte de los ayuntamientos que así lo deseen, así como los aspectos sustantivos y formales complemento de la regulación básica establecida en la LHL y que se van a comentar a continuación. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente) (aplicables a partir de 1 de enero de 2004 conforme a lo dispuesto en la Disp. Adic. 8.ª de la Ley 51/2002):
– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal (no si tributan por cuota provincial o nacional), durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma.
La aplicación de esta bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
El periodo de aplicación de esta bonificación también caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista para los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español (2 primeros periodos impositivos del impuesto en que se desarrolle la misma), ya estudiada.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa modificada por el coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el coeficiente de situación. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación referente a las cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y a las sociedades agrarias de transformación, la que se está analizando se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación comentada.
Hay que advertir sobre la existencia de un régimen transitorio aplicable a quienes a 1 de enero de 2003 estén aplicando esta bonificación al amparo de la Nota Común 2.ª de la Sección 1.ª de las Tarifas del IAE, que continuarán disfrutando de las mismas hasta la finalización del periodo impositivo señalado en esa norma (5 años a contar desde la primerra declaración de alta) (Disp. Trans. 7.ª de la Ley 51/2002).
– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente por creación de empleo, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél.
La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado antecitado, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones obligatorias y las potestativas anteriores.
– Bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:
– Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada.
Bonificaciones establecidas fuera de la LHL:
– Bonificación del 95% en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico, cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración del "Caravaca Jubilar 2003" y que certifique la "Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste" que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.
El periodo impositivo del impuesto coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural, y su devengo se produce el primer día del periodo impositivo.
Las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
Supongamos que la protagonista de nuestro ejemplo anterior, instaelectric, sa, abre su negocio de instalaciones eléctricas el 2 de mayo de 2002 y se ve obligada a cerrar sus puertas el 13 de enero de 2003 dado su escaso nivel de encargos:
En el año 2002 deberá soportar el impuesto correspondiente a tres trimestres, puesto que está obligada a pagar el trimestre de inicio de la actividad completo.
En el año 2003 deberá soportar el impuesto correspondiente al primer trimestre y ello aunque no haya ejercido la actividad durante todo el trimestre completo.
En cuanto a las normas especiales de gestión del impuesto, hay que recordar que las competencias son compartidas entre la Administración tributaria del Estado, que tiene atribuida la gestión censal del impuesto, y la Administración tributaria local, que tiene atribuida la gestión tributaria del mismo.
Todo ello responde al hecho de que el IAE ofrece una información censal de las actividades económicas que se realizan en el país, lo cual tiene una trascendencia relevante en orden a la exigencia de otros impuestos tales como el IRPF o el IVA.
El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término municipal y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos.
A fin de garantizar la adecuación de la matrícula con la realidad económica, se imponen al sujeto pasivo una serie de obligaciones de cara a la comunicación de los datos con trascendencia para la misma, que materializará a través de las correspondientes declaraciones censales:
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.
Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la "exención para pequeños y medianos negocios", deberán comunicar a la AEAT el importe neto de su cifra de negocios.
Esos sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de negocios cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención referida en el punto anterior o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación respecto del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
Pero la Administración tributaria también puede realizar de oficio inclusiones, variaciones o exclusiones en la matrícula cuando tenga conocimiento de las circunstancias que las motivan por vías diferentes a la declaración del sujeto pasivo.
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa y necesaria alteración de estos últimos en el mismo sentido.
Gestión censal. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado. No obstante, tratándose de cuotas municipales, esas funciones podrán ser delegadas en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, en los términos que reglamentariamente se establezca.
Delegada o no la gestión censal del impuesto, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.
Gestión tributaria. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente referidas a todas estas materias.
No obstante, todo lo anterior está referido a las cuotas mínimas municipales, ya que la gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, con relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades.
La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse, en supuestos de tributación por cuota municipal, en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y comunidades autónomas que lo soliciten y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el ministro de Economía y Hacienda.
Publicado en El impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:34
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:33
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:30
2.3. Contribuciones especiales
Al igual que las dos categorías de recursos tributarios que se acaban de analizar, las contribuciones especiales son de exacción potestativa por parte de los entes locales y, al igual que ellas, podrán ser establecidas tanto por los municipios como por las provincias, las comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales asociativas y demás entidades asociativas, así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
Su regulación básica se encuentra recogida en los artículos 28 a 37 de la LHL.
La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales, beneficio que no ha de tener que concretarse en magnitudes económicas, sino que basta un beneficio potencial.
En ese sentido, tendrán la consideración de obras y servicios locales:
Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales, y ello aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.
La LHL señala que las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Así, la vinculación del tributo con las obras o servicios que lo generan es necesaria.
Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición), especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
Y concreta la norma quiénes se pueden considerar especialmente beneficiados:
La LHL señala que el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas. Así, cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación, y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, ya que, de no hacerlo, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.
Continúa la LHL señalando que en el caso de mediar pagos anticipados efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo, el ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución.
La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, coste que estará integrado por los siguientes conceptos:
El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios.
El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieren de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.
El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o entidad pública o privada. No obstante, si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.
La cuota tributaria consistirá en el reparto de la base imponible entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:
Con carácter general se aplicarán como módulos de reparto, conjunta o separadamente, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del IBI.
Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
En el caso de la construcción de galerías subterráneas, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón del espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.
En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.
El devengo de las contribuciones especiales se produce en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. No obstante, en el caso de las obras, si éstas fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.
Así, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado o devolviendo en su caso las cantidades que excedan de la cuota individual definitiva.
La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. Así, la posible existencia de una Ordenanza General de Contribuciones Especiales en una entidad local no le exime de la obligación de aprobar en cada caso concreto, para cada contribución especial, el acuerdo de imposición correspondiente.
Asimismo, el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.
El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la hubiere, para cuestiones que sean comunes a todas las contribuciones especiales.
Respecto de la gestión del tributo, la LHL tan sólo señala que cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizados o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.
Asimismo, y respecto del contribuyente, se señala que una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años.
La LHL recoge un régimen especial de colaboración ciudadana cual es el de las asociaciones administrativas de contribuyentes que los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituir con el fin de promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta (es decir, como mínimo el 10% del coste) cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. No obstante, la decisión final al respecto de la realización de la obra o del establecimiento o ampliación del servicio corresponde a la entidad local.
Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad local también podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales, pero, en este caso, ni proponen la realización de la obra o el establecimiento o ampliación del servicio ni se comprometen a absorber la parte del coste que le corresponde a la entidad local. Así, su única función es la de coadyuvar a la realización de la obra o establecimiento o ampliación del servicio.
Para la constitución de las asociaciones administrativas de contribuyentes, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.
Publicado en Contribuciones especiales
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:26
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:20
Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:13
La revisión de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales
1.6. La revisión de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales
Con carácter general, a salvo de las especialidades que la norma pueda establecer en cada caso concreto, la revisión de los actos dictados en materia de gestión de los tributos locales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
En el caso general, si el acto lo dicta un ente local, la LHL señala que contra él cabrá recurso de reposición obligatorio (en concreto, el regulado en el artículo 14.2) y, contra la resolución del mismo, recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente. Como se puede observar, queda suprimida la vía económico-administrativa en materia de tributos locales con carácter general.
En el supuesto de que un ente local delegue competencias que tiene atribuidas en materia de tributos locales a otro ente local o a una comunidad autónoma (artículo 7 de la LHL), la revisión de los actos dictados en virtud de esa delegación se hará conforme al sistema que tenga establecido el ente gestor:
– Si el acto lo dicta un ente local, la revisión se hará conforme al caso general.
– Si el acto lo dicta una comunidad autónoma, la revisión se hará conforme al sistema que ésta tenga establecido.
En el supuesto de tributos de gestión compartida (IBI e IAE) en los que la Administración estatal delega competencias que tiene atribuidas a los entes locales (artículos 78 y 91 de la LHL, respectivamente), la regla es la contraria que en el caso anterior, el sistema de revisión de los actos es el que tenga establecido el ente titular de la competencia, el Estado. Así, en estos casos, cabrá recurso de reposición potestativo ante el órgano que ha dictado el acto, contra el mismo reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos del Estado y cuando haya finalizado esta vía, recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente.
Los artículos 110 de la LRBRL y 14 de la LHL hacen también previsiones específicas respecto de la normativa del Estado en materia de procedimientos especiales de revisión. En concreto, respecto de los procedimientos especiales de revisión de actos nulos de pleno derecho, de actos contrarios a la ley o insuficientemente fundados, de devoluciones indebidas, de rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos y de actos lesivos para el interés público.
Publicado en La revisión de los actos dictados en vía de gestión de los tributos locales

References: artículo 1669
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 55
 resolución 
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 42
 Real Decreto 
in fine
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 14
 resolución