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Timestamp: 2019-10-20 04:06:05+00:00

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﻿ Sentencia T-689 de septiembre 30 de 2013
SENTENCIA T-689 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESALOJOS LA RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA RECAE SOBRE VARIAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES TANTO A NIVEL LOCAL COMO NACIONAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA DEBEN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES RESPECTO A LA NO VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIVIENDA DIGNA Y A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO DESALOJADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A VIVIENDA DIGNA, PROCESO POLICIVO, DESALOJO DE BIEN INMUEBLE, DILIGENCIA DE DESALOJO DE BIEN INMUEBLE
REVISTA TUTELA N°:172 DE ABRIL DE 2014, PÁG.609
Sentencia T-689 de septiembre 30 de 2013
Ref.: T- 3.468.223 y T- 3.477.644
Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil trece.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside— y Alberto Rojas Ríos, y el conjuez Edgardo José Maya Villazón, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
Que pone fin al proceso de revisión de los fallos proferidos (i) por el juzgado segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena, el 23 de febrero de 2012, y por el juzgado segundo penal del circuito de Ciénaga, Magdalena, el 30 de marzo de 2012 (Exp. T-3.468.223); y (ii) por el juzgado tercero promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena, el 25 de enero de 2012, y por el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga, Magdalena, el 7 de marzo de 2012 (Exp. T-3.477.644), dentro de las acciones de tutela promovidas por Edilberto de Jesús Cortina Molina y otros; y Rafael Martínez Rodríguez y otros.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del reglamento de la corporación, la Sala de Selección Siete de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia.
Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda, presuntamente vulnerados por el señor Juan Miguel de Vengoechea y por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, por iniciar y tramitar una acción de protección policiva en su contra, sin tener en cuenta que no se acreditó el requisito de haberla promovido dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la supuesta invasión en el predio objeto de controversia y, en particular, por inobservar todo el trámite dispuesto en el Decreto 747 de 1992, lo cual finalizó con la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de aproximadamente sesenta familias asentadas en el lugar donde se ejecutó la misma.
1.2.1. Las accionantes señalan que el señor Juan Miguel de Vengoechea F. presentó ante la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, demanda policiva de lanzamiento por ocupación de hecho contra Pablo Pérez e indeterminados, la cual radicó, apróximadamente, el 20 de septiembre de 2011, manifestando ser el propietario de la Finca Córdoba o Lote 6C, localizada en el área rural de esta población.
1.2.2. Afirman que la persona demandada, Pablo Pérez, no existe, pues los accionantes, miembros de la Asociación Integral Nueva Esperanza, y en su calidad de parceleros y ocupantes de los predios rurales denominados Villa del Rosario, San Judas y Toribio, no lo conocen. Agregan que tampoco forma parte de las más de sesenta familias de parceleros asentados, unos desde mediados de 2010 y otros desde enero de 2011, en dichas tierras.
1.2.3. Cuentan que se encuentran en estos predios con autorización de la señora Rosa Gargioli Piedriz, poseedora y dueña de esos predios, en los cuales han realizado explotación económica agrícola. También indican que durante su permanencia en estas tierras, han recibido constantes amenazas de la familia Vengoechea, lo cual ha sido un hecho público, y fue consignado, por ejemplo, en la prensa en el mes de enero de 2011.
1.2.4. Refieren que en el proceso policivo se aplicaron los artículos 15 de la Ley 57 de 1905 y 6º del Decreto Reglamentario 992 de 1930, cuando el procedimiento que debió aplicarse fue el establecido en el Decreto 747 de 1992, por tratarse de un bien rural. Por tanto, alegan que la Alcaldía de Ciénaga, Magdalena, y la Inspección de Policía, al aplicar las normas subrogadas y no el mencionado decreto, incurrieron en una vulneración al debido proceso.
1.2.5. De otro lado, señalan que el artículo 7º del Decreto 747 de 1992 exige que el auto mediante el cual se avoca el conocimiento del proceso policivo, se comunique al Procurador Agrario competente y se notifique personalmente al querellado, lo cual no se vislumbra en dicho caso. Enfatizan que la notificación al querellado Pablo Pérez no se pudo realizar personalmente porque esa persona no existe, nadie la conoce y no es colono de las tierras que conforman Villa del Rosario, Toribio y San Judas. Indican que tampoco obra prueba en el plenario de que se hubiese fijado aviso para notificar a los querellados ni que se haya fijado aviso un día antes de efectuarse la diligencia como lo indica la norma. Al parecer, dicen, el 10 de octubre de 2011, después de las 5:00 p.m., una persona lanzó un oficio informando que al día siguiente a las 8:00 a.m. se iba a efectuar un lanzamiento en la finca Córdoba. Aclaran que no se trataba de un aviso sino de un oficio o comunicación dirigida a Pablo Pérez en el que le informaban que iban a efectuar la diligencia en comento. De otra parte, insisten en que la diligencia de lanzamiento estaba dispuesta para realizarse en la finca Córdoba y no en la finca Villa Ana María, conformada por tres predios, donde ellos se encuentran(1). Aseguran que esta circunstancia fue manifestada por los parceleros durante la práctica de la diligencia, pero el Inspector de Policía guardó absoluto silencio, y no tuvo en cuenta dichas manifestaciones al momento de adoptar una decisión definitiva.
1.2.6. Agregado a lo anterior, cuentan que no obra dentro del plenario el auto mediante el cual nombraron como perito al señor Calixto Lavalle Mercado para que rindiera su dictamen en la diligencia de inspección ocular, por lo cual, aducen, su actuación debe declararse nula.
1.2.7. Por otra parte, sostienen que el querellante presentó el folio de matrícula 022-17816 de la oficina de registro de instrumentos públicos, para acreditar que ejerce un derecho real sobre la finca Córdoba Lote 6C, cuando en este tipo de procesos lo que debe probarse es la tenencia y posesión además de la explotación económica del predio. Agregan que al leer el folio de matrícula inmobiliaria aportado, anotación 6 del año 2001, se puede evidenciar que Juan Miguel de Vengoechea Fleury como persona natural no es el propietario inscrito de la finca en comento sino que lo es una Sociedad Comercial denominada Juan Miguel de Vengoechea y CIA S. en C.S. (persona jurídica).
1.2.8. Sumado a lo anterior, dicen, las dos declaraciones extraproceso obrantes en el plenario no se refieren en absoluto a la finca Córdoba sino que se limitan a hablar de la Hacienda Papare.
1.2.9. Al contrario, manifiestan, ellos sí probaron con hechos notorios y varias declaraciones rendidas en la diligencia, que se encuentran en posesión del bien por autorización de la señora Rosa Gargioli Piedriz al señor Salvador Parejo, presidente de la asociación de los predios Villa del Rosario y San Judas desde enero de 2011, lo cual constató el perito designado, quien en su dictamen evidenció la existencia de cultivos de maíz, ahuyama y otros, enfatizando en que “ tenían como tres meses o que faltaban tres meses para la cosecha”. Aseguran que este hecho probó que esas tierras estaban siendo explotadas económicamente con cultivos desde hacía varios meses y no, como lo afirmó el querellante, desde el 10 de septiembre de 2011, ya que es imposible que en un mes existan cultivos en producción. Lo anterior, a su juicio, también evidencia que habían pasado más de quince días desde la supuesta invasión.
1.2.10. Por otra parte, aducen, el artículo 9º del Decreto 747 de 1992, exige que se elabore un inventario de los bienes que no pertenecen al querellante y se proceda a la designación de un depositario para que se encargue de los mismos mientras se hace presente el querellado. Sin embargo, el inspector de Policía no permitió el ingreso de los parceleros a sus viviendas para buscar sus objetos personales, no levantó el inventario de cultivos existentes en el predio objeto de la diligencia, ni designó depositario, en consecuencia, consideran vulnerado su debido proceso.
1.2.11. Agregan que el artículo 10 del Decreto 747 de 1992 establece la doble instancia para este tipo de procesos; no obstante, el inspector de policía, según afirman los accionantes, bajo intimidaciones del señor Alfredo Vengoechea, aplicó la Ley 57 de 1905 y ante la interposición de los recursos de reposición y apelación, no concedió el de apelación, vulnerando su derecho de defensa.
1.2.12. Sumado a lo anterior, refieren, ante la misma alcaldía municipal cursa un proceso policivo de amparo a la posesión, entablado por Salvador Parejo y otros contra Juan Miguel y Alfredo de Vengoechea, el cual se entabló en el mes de noviembre de 2010 y versa sobre las mismas tierras, esto es, Villa del Rosario, San Judas y Toribio, con lo cual se prueba que dichas tierras están fuera de la tenencia y posesión de la familia de Vengoechea(2).
1.2.13. Afirman que luego de cerrada la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, el inspector de policía agregó un otrosí al acta del 11 de octubre de 2011, en donde se hizo constar que la finca había sido entregada al abogado del querellante, sin que los participantes en la misma hubiesen conocido de este hecho.
1.2.14. La realidad, dicen, es que no hubo entrega de la finca, el abogado se encontraba con los actores en la carretera y quienes ingresaron, ya entrada la noche por orden del inspector, fueron la Policía y el grupo antimotines escoltando a Alfredo de Vengoechea, quienes entraron violentamente al predio, dispararon contra las tierras y montañas, y lanzaron gases lacrimógenos, sin tener en cuenta la presencia de niños, adultos mayores y demás personas que se encontraban en este lugar.
1.2.15. Por todo lo relatado, sostienen que sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la vivienda han sido vulnerados, pues actualmente se encuentran sin un lugar en donde habitar junto a sus familias, sin alimentos y sin protección alguna. En consecuencia, solicitan (i) tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna, (ii) dejar sin efecto el proceso policivo contra Pablo Pérez e indeterminados, (iii) reiniciar el trámite policivo aplicando la normativa pertinente, (iv) que el alcalde municipal desaloje de dichas tierras al querellante y (v) se proceda a la entrega material de los predios a los accionantes con el inventario del estado en que los reciben.
2.1. Expediente T-3.468.223.
2.1.1. Traslado y contestación de la demanda.
2.1.1.1. Contestación en el trámite del proceso de tutela.
El 1º de diciembre de 2011, el señor Juan Miguel de Vengoechea Fleury, mediante apoderado judicial, manifestó que los accionantes no se constituyeron como parte dentro del proceso policivo a pesar de que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro de este.
Frente a la afirmación de los accionantes acerca de que en el predio objeto de debate se encuentran asentadas 60 familias desde enero de 2011, indica que no existe prueba alguna, pues el bien sobre el cual ejerce la propiedad y posesión se denomina “finca Córdoba o lote 6” nombre que dista del atribuido por los accionantes al predio o predios que ocupan, esto es, Villa del Rosario, San Judas y Toribio, sumado a que en el sector es imposible que existan inmuebles con la naturaleza de baldíos.
2.1.2. Pruebas y documentos.
2.1.2.1. Fotocopia del oficio que emitió la alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena, el 22 de septiembre de 2011, avocando el conocimiento de la querella civil policiva (Lanzamiento por ocupación de hecho) en relación con el bien denominado Lote seis (6) C, Finca Córdoba (Fl. 9 del cdno. Ppal.).
2.1.2.2. Fotocopia del Oficio 359 del 27 de septiembre de 2011, dirigido al señor Pablo Pérez y personas indeterminadas, solicitándoles se presentaran en el despacho de la Inspección Única de Policía de Ciénaga, con el fin de notificarse de la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho (fl. 10 del cdno. Ppal.).
2.1.2.3. Fotocopia del poder otorgado por la señora Rosa Gargioli Piedriz, en calidad de querellada dentro del proceso policivo (Fl. 11 del cdno. Ppal.).
2.1.2.4. Fotocopia de los oficios 372, 373 y 374 del 4 de octubre de 2011, y sin número del 7 de octubre de 2011, mediante los cuales se puso en conocimiento del alcalde municipal, del secretario de gobierno municipal, del personero municipal de Ciénaga, Magdalena, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Procurador Agrario y del Medio Ambiente de Santa Marta, Magdalena, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho programada para el día 11 de octubre de 2011 a partir de las 11:00 a.m. (Fls. 18 al 20 del cdno. Ppal.).
2.1.2.5. Fotocopia de la intervención de la querellada Rosa Gargioli Piedriz dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Juan Miguel de Vengoechea (Fl. 21 del cdno. Ppal.).
2.1.2.6. Fotocopia del aviso fijado el 10 de octubre de 2011, en un lugar visible de la secretaría del despacho del inspector de policía y del lugar en donde se llevaría a cabo la práctica de la diligencia, dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Fl. 27 del cdno. Ppal.).
2.1.2.7. Fotocopia de la querella presentada por el señor Juan Miguel de Vengoechea contra Pablo Pérez y personas indeterminadas (Fl. 30 y s.s. del cdno. Ppal.).
2.1.2.8. Fotocopia de dos declaraciones extraproceso relacionadas con el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Fl. 37 del cdno. Ppal.).
2.1.2.9 Fotocopia de la escritura No. Cuatro mil doscientos setenta y uno (4.271) contentiva de la división material de la Hacienda Santa Cruz de Papare (Fls. 39- 63 del cdno. Ppal.).
2.1.2.10. Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena (Fls. 64-83 del cdno. Ppal.).
2.1.2.11. Fotocopia de mapas de la Hacienda Papare de Vengoechea (Fls. 84-86 del cdno. Ppal.).
2.1.3. Decisiones judiciales.
2.1.3.1. Decisión de primera instancia —juzgado segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena—
En segundo lugar, adujo, de acuerdo con los artículos 233, 237-6 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el perito designado no exhibió las pruebas de sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, en este caso particular, para delimitar linderos. El juez enfatizó lo siguiente: (i) durante el desarrollo de la inspección ocular sostuvo que los linderos de la finca Córdoba eran los que se especificaban en el certificado de tradición 222-17816, afirmación de la cual se infiere que nunca constató directamente la delimitación de los linderos como era su obligación hacerlo. (ii) El representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan José Villoria Pabón, afirmó que durante la práctica de la diligencia “no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y (...) si existen niños o niñas adolescentes que tengan su domicilio en las mismas...”.
Agregado a lo anterior, el juez de instancia señaló que la conducta omisiva del perito designado contraviene lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 9º de la Ley 794 de 2003, según el cual, las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos y demás elementos que permitan su identificación, normativa que hubiese podido ser aplicada al presente caso a través del principio de integración, máxime cuando se trató de la instauración de una acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, en la que nunca existió certeza acerca de la ubicación exacta del predio objeto de controversia.
2.1.3.2. Juzgado segundo penal del circuito de Ciénaga, Magdalena.
Específicamente, indicó que el artículo 7º del decreto referido preceptúa que en el auto mediante el cual se avoca conocimiento de la querella debe (i) fijarse fecha y hora para la práctica de inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella; (ii) comunicarse al procurador agrario competente; y (iii) notificarse personalmente a la parte querellada o, en su defecto, mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con un día de antelación a la fecha y hora de realización de la diligencia.
No obstante, señaló, al realizar un análisis del auto mediante el cual se avocó conocimiento de la querella, concluyó que el mismo no cumplió con los requerimientos exigidos en la normativa, pues “...el mismo no solo adolece de señalar fecha y hora, es igualmente notificado a un abogado totalmente ajeno a la querella policiva, como así mismo lo reconoce el secretario de gobierno del municipio en su resolución de fecha 7 de octubre de 2011, cuando esboza que la señora Gargioli Piedriz, no es parte del proceso ya que el mismo se remite en contra de Pablo Pérez e indeterminados, no siendo la antes mencionada parte en el proceso, sin embargo notifican a su apoderado del auto que avoca conocimiento...”.
En este orden de ideas, al no evidenciarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 7º del Decreto 747 de 1992, aseguró que se vulneró el derecho al debido proceso, puesto que al no comunicarse con la debida antelación la realización de la diligencia de inspección ocular, se le impidió a los accionantes ejercer el derecho de contradicción dentro de la diligencia, sumado a que no se les permitió acudir a la misma para determinar con certeza quiénes eran los perjudicados.
2.2. Expediente T- 3.477.644.
2.2.1. Traslado y contestación de la demanda.
En segundo lugar, (i) asumió el conocimiento de las acciones de tutela instauradas por Rafael Martínez, Carlos E. Florez, Arturo Vega; y Gustavo Trillos, Ana Sofía Barbosa, Jairo Trillos y Pablo Barbosa; (ii) vinculó a la señora Rosa Gargioli Piedriz; (iii) comunicó la solicitud de tutela a la Asociación Integral Nueva Esperanza y (iv) requirió la colaboración de una emisora radial en Ciénaga, Magdalena, para que informara a la comunidad en general acerca de la acción de tutela presentada por los peticionarios con el fin de que los interesados que consideraran tener derechos sobre dichos bienes, se hicieran parte dentro del proceso.
2.2.1.1. Contestación en el trámite del proceso de tutela.
2.2.1.1.1. Señora Rosa María Gargioli Piedriz.
El 23 de enero de 2012, la señora Rosa María Gargioli Piedriz solicitó al juez de tutela que declarara improcedente la acción de amparo instaurada, aduciendo que la familia Gargioli Piedriz es poseedora con ánimo de señor y dueño del predio Villa del Rosario y propietario del predio San Judas, ambos de carácter rural, ubicados en la región de Cordobita, en Ciénaga, Magdalena, aproximadamente desde el año de 1934.
Enfatizó que ninguna de las personas demandantes ha tenido la posesión a ningún título, solo han sido tenedores indirectos en virtud de la autorización de la señora Rosa Gargioli a Salvador Parejo, lo cual hace notar la intención de confundir y hacer incurrir en error al despacho.
2.2.1.1.2. Señor Juan Miguel de Vengoechea.
Por otra parte, contó que la señora Rosa Gargioli Piedriz, está siendo investigada por la Fiscalía 4º local de Ciénaga por el presunto delito de invasión de tierras y por patrocinar a otros para que incurran en la misma conducta. Al margen, señaló que entre la familia de Vengoechea y la señora Gargioli Piedriz existe un proceso policivo por presunta perturbación a la posesión, ante la Alcaldía Municipal de Ciénaga.
2.2.2. Pruebas y documentos.
2.2.2.1. Fotocopia del certificado de existencia de entidades sin ánimo de lucro “Asociación Integral Nueva Esperanza” (Fl. 14 del cdno. Ppal.).
2.2.2.2. Fotocopia de la sentencia emitida por el juzgado segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena, el 28 de noviembre de 2011, en el cual resolvió un litigio con similares pretensiones a las invocadas por los actores (Fl. 17 del cdno. Ppal.).
2.2.2.3. Fotocopia de la actuación mediante la cual la alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena, avocó conocimiento de la querella civil de policía de lanzamiento por ocupación de hecho, el 22 de septiembre de 2011 (Fl. 58 del cdno. Ppal.).
2.2.2.4. Fotocopia de dos declaraciones extraproceso relacionadas con el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Fls. 67 y 68 del cdno. Ppal.).
2.2.2.5. Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la alcaldía municipal de Ciénaga (Magdalena) dentro de la querella civil policiva instaurada por el señor Juan Miguel de Vengoechea contra Pablo Pérez y personas indeterminadas (Fls. 70-92 del cdno. Ppal.).
2.2.2.6. Fotocopia del recurso de reposición presentado por el señor Salvador Parejo Charris en contra de los autos del 29 de diciembre de 2010 y 12 de enero de 2011 dentro del trámite del proceso policivo (Fl. 93 y s.s. del cdno. Ppal.).
2.2.2.7. Fotocopia de la comunicación de la empresa C.I. Andiminerals SAS titular de un contrato de concesión para explotar materiales de construcción, dirigida al juzgado tercero promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena (Fls. 122-126 del cdno. Ppal.).
2.2.2.8. Declaración extraproceso de la señora María Lilia Picon de Neira dentro del proceso policivo de la referencia (Fl. 160 del cdno. Ppal.).
2.2.2.9. Fotocopia de la decisión de la alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena, en donde se abstiene de conocer de la querella civil policiva de perturbación a la posesión de Salvador Parejo Charris contra Juan Miguel de Vengoechea, Alfredo de Vengoechea y personas indeterminadas (Fl. 163 del cdno. Ppal.).
2.2.3. Decisiones judiciales.
2.2.3.1. Decisión de primera instancia —juzgado tercero promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena—
2.2.3.2. Juzgado primero penal del circuito de Ciénaga, Magdalena.
Ahora, con respecto a lo manifestado por los accionantes en cuanto a la ausencia de comunicación de la diligencia de inspección ocular dentro del proceso policivo, encontró que esta se notificó por edicto al señor Pablo Pérez y personas indeterminadas, en un lugar visible de la secretaría de la inspección única de policía.
3.1. Debida integración del contradictorio.
3.2. Pruebas decretadas por la Sala.
3.2.1. De igual forma, con el fin de contar con elementos de juicio que explicaran mejor los hechos particulares del caso, mediante auto de fecha cuatro (04) de septiembre de 2012, la Sala decretó las siguientes pruebas:
3.2.1.1. Ofició a la alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena, y a la Inspección Única de Policía de este mismo municipio, para que allegaran copia completa del trámite administrativo y del proceso policivo por ocupación de hecho que se adelantó en contra de los accionantes identificados en los procesos de la referencia.
3.2.1.2. Invitó a las universidades de Córdoba, del Sinú, Pontificia Bolivariana (seccional Montería), Rosario, al Centro de Investigación y Educación Popular- Programa por la Paz (CINEP-PPP), y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con el fin de que, si lo consideraban pertinente, emitieran un concepto técnico sobre la demanda.
3.2.2. Además, mediante auto adiado el 19 de septiembre de 2012, la Sala, decidió solicitar las siguientes pruebas adicionales:
3.2.2.1. Comisionó al juzgado segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena para que practicara una diligencia de inspección judicial en la finca Córdoba o lote 6C, localizada en el área rural de este mismo municipio.
3.2.2.2. Solicitó acompañamiento para la práctica de la diligencia de inspección judicial a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a través de un funcionario que tuviera conocimiento sobre temas agrarios y/o afines.
3.2.2.3. Solicitó a la cámara de comercio de Ciénaga, Magdalena, remitir copia del certificado de existencia y representación legal de la Sociedad denominada Juan Miguel de Vengoechea y Cía. S. en C.S.
3.2.2.4. Ofició al Incoder para que informara (i) si el predio objeto de controversia integra los denominados bienes baldíos de la Nación, y (ii) si los peticionarios han presentado alguna solicitud de adjudicación de dicho bien, aduciendo la naturaleza de baldío de este y la explotación económica del mismo.
3.2.2.5. Ofició a la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga, Magdalena, para que allegara el certificado de tradición del inmueble identificado como la finca Córdoba o lote 6C, localizado en área rural de este municipio.
3.3. Informes e intervenciones.
3.3.1. Procuraduría General de la Nación.
El 8 de octubre de 2012, el Procurador General de la Nación emitió concepto dentro del presente proceso de tutela, indicando que el procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, fue subrogado y modificado por el Código Nacional de Policía. En este orden de ideas, señaló, si el alcalde municipal y el inspector de policía de Ciénaga se apoyaron en estas normas para adelantar el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho en contra los actores, estos incurrieron en un defecto sustantivo al aplicar normas que perdieron su vigencia. Igualmente, sostuvo que incurrieron en un defecto procedimental, lo cual se evidencia en las siguientes actuaciones:
“...En primer lugar, mediante escrito del 22 de septiembre de 2011, el alcalde ´...avocó conocimiento de la querella civil policiva (lanzamiento por ocupación de hecho)... presentada por el señor Ricardo Fernández de Castro Dangond en contra del señor Pablo Pérez y personas indeterminadas´, por supuestos actos de invasión ocurridos en el mes de enero de 2011. Así las cosas, parecería que la querella fue presentada varios meses después de los quince días calendario siguientes a la ocurrencia de la invasión, desconociendo con dicho actuar lo establecido en el artículo 3º del Decreto 747 de 1992. Este precepto dice que la acción de protección policiva debe solicitarse dentro de ´los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión´.
En segundo lugar, el Inspector de Policía, al rechazar las solicitudes interpuestas mediante apoderado, lo hizo de conformidad con el procedimiento policivo reglamentado por la Ley 57 de 1905 en concordancia con el Decreto 992 de 1930, pues, partió de la base que quien estaba a punto de ser lanzado solo podía oponerse exitosamente a la diligencia, exhibiendo título o prueba demostrativa de la legitimidad de su ocupación, del derecho a la tenencia en virtud de un contrato de arrendamiento.
Dicho aserto se verifica en la diligencia de lanzamiento que por ocupación de hecho se realizó el 11 de octubre de 2011, al sostener el inspector de policía de Ciénaga que ´...En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el statu quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor, sin que medio contrato de tenencia de tierra...”.
3.3.2. Defensoría del Pueblo.
El 14 de septiembre de 2012, la directora nacional de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo manifestó que, en el presente caso, el juez constitucional debía verificar si se vulneró o no el derecho al debido proceso con ocasión de la tramitación del proceso policivo, en el cual, con base en una deficiente prueba pericial, se ordenó el desalojo de sesenta núcleos familiares, aproximadamente, quienes realizaban labores de explotación económica.
3.3.3. Inspección Única del municipio de Ciénaga, Magdalena.
De otra parte, adujo, la decisión que tomó su despacho se fundamentó en que como inspector de policía, tenía pleno conocimiento de que existían diversos procesos policivos sobre el inmueble objeto de controversia. al respecto, explicó “...tanto la caducidad de la acción materia de la oposición por parte del abogado de la parte (sic) querellada, como la identificación plena del inmueble materia del asunto, eran relevantes y así se dejó plasmado en la decisión, pues, ya existían, como dije anteriormente, diversos procesos policivos en dicho inmueble que entre otras cosas también dan certeza que el suscrito conocía de antemano el predio materia de la diligencia, que al tenor del artículo 337 parágrafo 4º de la diligencia no se necesitara de su identificación y con relación a la caducidad de la acción, con la presentación de la primera querella de cual tuve conocimiento se interrumpía el término de caducidad...”.
Finalmente, sostuvo “...que en el predio materia del asunto se presentaron para el tiempo de la posesión que de manera errada dicen tener los accionantes, alteraciones del orden público, entre los accionantes y un señor de nombre Alfredo de Vengoechea, quien dice ser hijo del señor Juan Miguel de Vengoechea Fleur I. Estos fueron hechos públicos los cuales fueron divulgados por la prensa hablada y escrita de la región, lo que da certeza...que nunca existió ninguna posesión quieta, pacífica e ininterrumpida por parte de los accionantes. Situación que conllevó a la verificación de lanzamiento por parte de mi despacho...”.
3.3.4. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
3.3.5. Inspección judicial practicada por el juzgado segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena.
El juez segundo promiscuo municipal, el 1 de octubre de 2012, se trasladó hasta el predio rural denominado Córdoba o lote 6C y al cual los demandantes denominan Villa Ana María, conformado por los lotes Villa del Rosario, San Judas y Toribio, localizado en el área rural del municipio de Ciénaga, Magdalena, al costado derecho de la carretera troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta. Indica que luego de informarle acerca de la práctica de la diligencia a quien custodiaba el predio, este permitió el acceso al inmueble de los funcionarios comisionados, esto es, al delegado de la Defensoría del Pueblo, al apoderado de los accionantes y de algunos de ellos; además, contó con el acompañamiento de dos miembros de la policía nacional de Ciénaga.
Agregado a lo anterior, hizo constar que (i) el Ministerio Público, no obstante la convocatoria que le hiciera el despacho mediante Oficio 2016 adiado el 28 de septiembre del presente año, no se hizo presente; y (ii) algunos sectores del predio objeto de la diligencia no fueron objeto de inspección, por cuanto se encuentran localizados en zonas de muy difícil acceso por lo escarpado del terreno, tal y como consta en el video que adjunta. La diligencia finalizó a la 1:45 p.m.
3.3.6. Informe sobre la diligencia de inspección judicial practicada al predio rural denominado lote 6C-Córdoba, presentado por la Defensoría del Pueblo.
Para concluir su intervención, presentó las siguientes conclusiones: (i) el predio tiene el carácter de rural; (ii) se ubica en el margen derecho de la carretera troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta; (iii) se encontró evidencia de cultivos y viviendas anteriores que fueron destruidas o arrasadas; (iv) no se encontraron viviendas habitadas ni cultivos recientes; (v) no se tiene certeza sobre la condición de propiedad privada que pueda tener el inmueble visitado, ya que el descrito en el plano protocolizado en la escritura pública 4271 del 27 de diciembre de 1990, mediante la cual se hizo la división material del predio hacienda Papare, podría encontrarse en su totalidad localizado en el margen izquierdo de la carretera troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta; (vi) el proceso a seguirse, por tratarse de un predio rural, es el contemplado en el Decreto 747 de 1992, el cual es de doble instancia; (vii) la acción policiva pudo haberse instaurado de manera extemporánea, puesto que según lo consignado por el perito interviniente en la diligencia de inspección judicial, existían cultivos de pancoger con edad de tres a seis meses; (viii) la alinderación hecha por el perito sobre el predio objeto de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, difiere de la contenida en los planos de parcelación y de la carta catastral del IGAC. Lo anterior, aseguró, indica que el predio identificado por el perito estaría situado al otro lado de la carretera troncal del Caribe, dirección Ciénaga-Santa Marta y al costado sur del río Córdoba.
3.3.7. Accionantes Edilberto de Jesús Cortina y Horika Caballero.
Contaron que han presentado derechos de petición al alcalde de Ciénaga, con el fin de que los indemnice por los perjuicios causados como consecuencia del desalojo efectuado el 11 de octubre de 2011, ya que dicha diligencia se realizó de forma arbitraria y sin dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9º del Decreto 747 de 1992 respecto del inventario de bienes y de la designación de un depositario, todo lo cual los ha dejado en estado de pobreza, afectados emocionalmente y totalmente desprotegidos.
3.3.8. Parte accionada.
También comentó que en el inmueble objeto de la diligencia, el personal del comisionado fue recibido por el señor Darío Antonio Rivas Urieles, quien es el encargado de cuidar el predio del accionante y de realizar otras labores de campo, resaltando que los accionantes a quien denomina “invasores” se encontraban presentes en el lugar, lo que lleva a inferir que a dicha parte sí le comunicaron el día y la hora en que se realizaría la misma, lo cual vulnera la igualdad y compromete la imparcialidad que los jueces deben garantizar en todas sus actuaciones.
Sobre el desarrollo de la diligencia, explicó que no entiende cómo el funcionario de la Defensoría del Pueblo que acompañó al juez en su realización no suscribió el acta. Por otra parte, aseveró que el juez comisionado había expuesto que sí existía evidencia de las labores de explotación económica alegadas por los demandantes, por cuanto se encontraban vestigios y algunos cultivos de yuca, papaya, limones, mangos, lo cual es cierto, pero aclara que estos fueron sembrados por el querellante quien ha explotado sus tierras con estos cultivos. Esto es, indicó que el funcionario judicial no puede afirmar que estos cultivos pertenecen a los actores, en razón a que la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se efectúo el 11 de octubre de 2011, y los cultivos de pan coger se realizan en menos de seis meses, sumado a que en el plenario obra prueba de un contrato suscrito desde el 2003 con el señor Dunnis Duran Cabana para sembrar diferentes productos.
En definitiva, sostuvo, ante las irregularidades presentadas durante la ejecución de la práctica judicial, lo cual se traduce en la vulneración de su derecho al debido proceso, solicitó la nulidad procesal de la diligencia adelantada en comisión por el juez segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena, adelantada el 1º de octubre de 2012.
3.3.9. Universidad del Sinú.
Agregó, aun siendo flexibles e interpretando la comisión efectuada por el funcionario, se entiende que dichas funciones fueron delegadas en el inspector único de policía del municipio, pero solo frente a la culminación de la diligencia de inspección ocular, nunca para resolver de fondo la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, y menos para ordenar a la Policía Nacional el desalojo de las personas identificadas en el curso de dicha diligencia. Por tanto, la actuación que adelantó el inspector de policía desconoció el debido proceso y está viciada de nulidad.
En segundo lugar, con respecto a la prueba pericial, indicó que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil establece que la peritación es procedente para verificar hechos que interesen dentro del proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, mientras que el artículo 241 de este mismo código preceptúa que al evaluar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Además, el artículo 237, numeral 6º, ibídem consagra que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado.
Ahora bien, a la luz de la anterior normativa, sostuvo que el perito designado no exhibió las pruebas que acreditaran sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, enfatizando que durante su intervención en la diligencia de inspección ocular admitió que los linderos de la finca Córdoba, región de Cordobita, son los que se encuentran insertos en el certificado de matrícula inmobiliaria 222-17816 expedido por la oficina de instrumentos públicos, afirmación de la cual se infiere que el inspector no constató directamente los linderos del predio objeto de controversia como era su obligación hacerlo, lo cual es corroborado por el representante del ICBF, quien durante la inspección ocular expuso que “...no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas o niños o adolescentes, tengan su domicilio en las mismas...”.
4.3. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales y la procedencia de la acción de tutela frente a particulares.
La acción de tutela es un mecanismo constitucional establecido para la protección y defensa de los derechos fundamentales. Esta acción se caracteriza por ser expedita y subsidiaria, es decir que solo procede ante la ausencia de otro mecanismo judicial idóneo que efectivamente proteja las garantías fundamentales ante la real amenaza o transgresión de las mismas(3).
Es importante subrayar que la vulneración de los derechos fundamentales no solo deviene de la acción u omisión de las autoridades públicas, sino que también pueden ser desconocidos, a veces en mayor grado, por los particulares, atendiendo a las relaciones heterogéneas que se presentan en la sociedad.
En el plano de las relaciones privadas, la protección de los derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal como una manifestación del principio de la igualdad(4), pues, precisamente ante las relaciones dispares que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad de los derechos fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría sometida sin más, a la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja sobre ella, y desde el punto de vista material, equivale a decir que quienes se encuentran en estado de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses. Al respecto esta corporación ha manifestado:
“El criterio por excelencia que ha primado en la doctrina y la jurisprudencia constitucionales para admitir el examen constitucional de actuaciones particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares, que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en relaciones contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía individual la Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la protección constitucional de los derechos fundamentales. En cambio, tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de subordinación o de indefensión —como es el caso en materia laboral(5), pensional(6), médica(7), de ejercicio de poder informático(8), de copropiedad(9), de asociación gremial deportiva(10) o de transporte(11) o religiosa(12), de violencia familiar(13) o supremacía social(14)—, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas situaciones(15). (Destaca fuera de texto).
Debido a las asimetrías de poder en la sociedad, el constituyente previó la posibilidad de que la acción de tutela se dirija contra particulares en ciertos casos, como cuando (i) el particular presta un servicio público; (ii) la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y (iii) el solicitante se halle en estado de subordinación e indefensión frente al particular(16).
Específicamente, sobre el estado de indefensión en que puede encontrarse un particular al que se refiere el inciso final del artículo 86 de la Constitución, la Sentencia T-277 de 1999(17), sostuvo lo siguiente:
“...El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, este puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción —sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras—. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. —sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T—; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación —Sentencia 411 de 1995— la utilización de personas con determinadas características —chepitos— para efectuar el cobro de acreencias —Sentencia 412 de 1992—; etc.
En la anterior enumeración solo están algunas de las hipótesis que han permitido fijar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en relación con el estado de indefensión y la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, sin que se agote en estas su materialización, dado que es el juez de tutela el llamado a darle contenido a este concepto, mediante un examen juicioso de las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo...”.
4.4. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones surtidas en el marco de un proceso policivo —reiteración de jurisprudencia—
Esta corporación ha sostenido reiteradamente que las autoridades de policía ejercen una función jurisdiccional en aquellos asuntos en donde se pretende el amparo de los derechos de posesión, tenencia o de servidumbre, en los siguientes términos(18):
“...Está consagrado en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos. En razón de lo anterior y dada la naturaleza material de actos jurisdiccionales que tienen las referidas providencias, cuando se alegue la tutela del debido proceso, por estimarse violado con motivo de la actuación de las autoridades de policía en el trámite de los procesos policivos, para que aquella prospere es necesario que se configure una vía de hecho, en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en esta clase de procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de sus competencias, están amparadas por la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces. Es decir, que como titulares eventuales de la función jurisdiccional, en la situación específica que se les somete a su consideración, gozan de un margen razonable de libertad para la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho...
Por consiguiente, solo cuando se configure una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del debido proceso...”(19).
Cabe anotar que la atribución jurisdiccional otorgada a las autoridades en el marco de un proceso policivo tiene sustento en el inciso tercero del artículo 116 superior, el cual consagra que “Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas...”.
Ahora, según lo establecido en el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, las decisiones proferidas en juicios de policía no son objeto de estudio por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tampoco proceden las acciones civiles para atacar los actos emitidos por una autoridad administrativa en ejercicio de una función jurisdiccional, puesto que a través de estas lo que se pretende es resolver debates en torno al derecho de propiedad y/o posesión, no constatar si dentro de un proceso policivo, presuntamente adelantando con irregularidades, se desconocieron los derechos fundamentales de la parte querellada.
Bajo esta perspectiva, la intervención del juez constitucional solo será procedente en aquellos eventos en los cuales se evidencie la vulneración de un derecho fundamental durante el desarrollo del trámite del proceso policivo que deslegitime la actuación surtida al interior de este(20).
4.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.5.1. De la vía de hecho a la doctrina de los requisitos generales y las causales específicas de la tutela contra providencias judiciales.
A partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre los defectos que configuran una vía de hecho y que permiten censurar una providencia judicial en sede de tutela. Por ejemplo, en la Sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo “Si este comportamiento —abultadamente deformado respecto del postulado en la norma— se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(21). En casos posteriores, esta corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
En el marco de esta línea jurisprudencial, se subrayó que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta Fundamental. También indicó que uno de los efectos de la categoría Estado Social de derecho en el orden normativo está referido a que los jueces en sus providencias definitivamente están obligados a respetar los derechos fundamentales.
Lo anterior encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del constituyente de 1991 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, “(i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales(22) ”(23).
4.5.1. Requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias.
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(24). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(25). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(29). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(30).
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(32).
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”(33).
En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de corrección(34) del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
4.5.2. Defecto procedimental —reiteración de jurisprudencia—
Esta corporación ha establecido que el defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos constitucionales: (i) el derecho al debido proceso (art. 29), el cual entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener el funcionario judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y (ii) el acceso a la administración de justicia (art. 228) que implica el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal(35).
En particular, frente a la configuración del defecto procedimental absoluto, la Corte ha sido enfática en señalar que este se estructura “cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto(36) ), o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido(37) afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”(38).
Por excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”(39).
Es decir que el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos(40), (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales(41).
4.5.3. Violación directa de la Constitución.
“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales...´(42).”(43).
Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular.
4.6. El derecho a la vivienda digna.
El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda desarrollar su proyecto de vida(44). Dentro del marco constitucional, el artículo 51 consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas, entre otros.
En cuanto al contenido de este derecho, la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC)(45) establece los siguientes lineamientos para que una vivienda pueda considerarse adecuada en los términos del PIDESC:
“7. En opinión del comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al pacto. Así pues, ´la dignidad inherente a la persona humana´, de la que se dice que se derivan los derechos del pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000 en su párrafo 5: ´el concepto de ´vivienda adecuada´... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. (Destacado fuera de texto).
En concordancia, esta corporación, con fundamento en la Observación General 4 del Comité DESC, fijó como sigue los requisitos para que una vivienda sea considerada digna en la Sentencia T-585 de 2006(46):
En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (...). (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia —en cualquier modalidad— deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal” (Negrilla y subraya fuera del texto).
Así las cosas, cualquier proyecto de vivienda o solución de vivienda que las autoridades públicas ofrezcan a los ciudadanos —de forma directa o por intermedio de los particulares— en virtud de su obligación de garantizar la faceta de asequibilidad, debe cumplir las anteriores exigencias. La Sala llama especialmente la atención sobre la necesidad de adelantar programas de vivienda en las zonas rurales que reúnan los requisitos de habitabilidad, accesibilidad —física y económica— y aceptabilidad cultural; este último requisito en atención a las particularidades de la cultura campesina del país, entre otros.
4.7. Medidas de protección a favor de las personas en situación de vulnerabilidad cuando existe una orden de desalojo.
En el ámbito del derecho internacional, la protección del derecho a la vivienda digna, especialmente de grupos vulnerables frente a órdenes de desalojo, se deriva del Pidesc y las observaciones generales del comité DESC que cumplen una función interpretativa de las normas establecidas en el primero, como también de los principios de Pinheiro sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas(47). Estos últimos hacen hincapié en la importancia de garantizar protección a la población en circunstancia de desplazamiento frente al desalojo arbitrario o forzoso.
El artículo 11-1 del Pidesc dispone que “Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento” (Negrilla fuera del texto).
“7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos a gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades (...)”.
Adicionalmente, el Comité recordó que conforme al párrafo 1 del artículo 2º del Pacto(48), los estados parte deben utilizar “todos los medios apropiados” ante las situaciones de desalojo de poblaciones vulnerables(49), lo cual implica también la adopción de medidas legislativas para promover los derechos protegidos por el pacto. Esta legislación, según el comité, deberá contar con disposiciones que:
Igualmente, en la observación bajo análisis, se manifestó la necesidad de que los Estados parte adopten las medidas necesarias, no solo para que en el procedimiento mismo se garanticen los derechos fundamentales de las personas, sino además, para que se proteja el derecho a la vivienda digna de los afectados con posterioridad al desalojo, con el objetivo de impedir que su situación se haga más gravosa. Así lo señaló el comité:
“16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda”(50) (negrilla fuera de texto).
“...Principio 5. “Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas (...).
Además, el principio 5 “...tras instar en su párrafo segundo a los Estados a que adopten medidas en su legislación nacional para la protección y la prevención contra el desplazamiento, en su tercer párrafo se refiere a las prácticas de desalojo forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de tierras como medida punitiva. En su párrafo cuarto, el principio 5 incluye garantías adicionales de protección contra el desplazamiento por parte de agentes estatales y no estatales, incluidas las entidades privadas. Ello abarcaría toda una variedad de agentes, incluidos los grupos armados, los dueños privados de tierras, las corporaciones que intenten o que logren tomar el control de parcelas ocupadas por viviendas, así como cualquier persona o institución responsable del desplazamiento de individuos y comunidades. Merece la pena en este punto estudiar algo más en detalle los actos de desalojo forzoso, puesto que son una de las causas del desplazamiento. El derecho de no ser sometido a desalojos forzosos está implícito en el derecho a una vivienda adecuada así como el derecho a la vida privada y el respeto al hogar. Según interpretaciones autorizadas del derecho a una vivienda adecuada, un desalojo forzoso solo podría justificarse en circunstancias excepcionales y, en todo caso, habrá de practicarse de conformidad con los principios respectivos de derecho internacional...”(51).
En este sentido, el derecho a la vivienda digna es un eje fundamental que debe ser observado y reconocido por las autoridades, de modo que las medidas adoptadas deben encaminarse a conservar la garantía del derecho a la vivienda digna, tal como lo señala la observación 7 del comité DESC. Esto, porque si bien es cierto las ocupaciones irregulares de los bienes fiscales y de uso público o de bienes privados, no cuentan con respaldo legal, el derecho a la vivienda adquiere una mayor relevancia, no tanto en un contexto de propiedad, sino para impedir que las personas padezcan más sufrimientos en razón a los desalojos.
4.8. La acción de protección policiva consagrada en el Decreto 747 de 1992.
De acuerdo con esta normativa, la querella debe presentarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión, la cual debe acompañarse de una prueba siquiera sumaria que acredite la explotación económica del predio por parte del querellante (D. 747/92, arts. 3º y 4º).
Por otra parte, en esta misma normativa se consagra que en el auto mediante el cual se avoque conocimiento de la acción de protección policiva debe (i) fijarse fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella; (ii) comunicarse al procurador agrario competente; y (iii) notificarse personalmente a la parte querellada o en su defecto mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia (art. 7º, ib.).
Además, establece que una vez realizada la diligencia de inspección ocular, el funcionario de conocimiento tomará una decisión y deberá realizar un inventario de los bienes que no pertenezcan al querellante para dejarlos al cuidado de un depositario mientras se hace presente el querellado (art. 9º, ib.).
No obstante, la procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios, mediante oficio que remitió a esta corporación el 9 de octubre de 2012, realizó las siguientes manifestaciones (Fls. 739 y 741 del cdno. Ppal.):
(ii) Sobre la realización de esta diligencia se libró comunicación a la procuraduría provincial de Santa Marta el 28 de septiembre de 2012, mediante Oficio 2016. Ese mismo día esta dependencia le dio aviso a la procuradora 13 judicial II ambiental y agraria del Magdalena, del cual obra constancia de recibido.
(iii) Según lo informó la procuradora 13 judicial II ambiental y agraria, la diligencia efectivamente se realizó y contó con la presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, también anotó “...que no reposa constancia de que se haya comunicado a una de las partes de la diligencia, pretermitiendo lo ordenado en el artículo sexto del auto de marras... es por ello, que esta delegada buscando amparar y garantizar el derecho fundamental del debido proceso solicita comedidamente que se practique nuevamente la diligencia en la que se encuentren todas las partes...”.
En razón a la ausencia de notificación del auto que comisionó la práctica de la diligencia de inspección judicial, como la no comunicación acerca de la fecha en que se efectuaría la misma a una de las partes accionadas, esta Sala, con el fin de evitar futuras nulidades y garantizar el derecho al debido proceso de todas las partes involucradas en el presente asunto, prescindirá de valorar las actuaciones surtidas en desarrollo de la diligencia de inspección judicial practicada por el despacho comisionado, y en consecuencia, declarará su nulidad.
5.2. Procedencia de la acción de tutela contra particulares.
5.3. Análisis de los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales.
En segundo lugar, frente al agotamiento de los recursos legales ordinarios y extraordinarios, es importante advertir que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para solicitar el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues las autoridades policivas, en el caso concreto, ejercieron una función jurisdiccional (amparo del derecho a la posesión) por lo cual no cabe la acción ante los jueces de lo contencioso administrativo(52).
En tercer lugar, frente al principio de inmediatez, se observa que el acta de entrega del bien inmueble, luego de practicada la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, se suscribió el 11 de octubre de 2011 y las acciones de tutela fueron instauradas el 21 de noviembre de 2011 (Exp. T-3.468.223); el 21 de diciembre de 2011 y el 13 de enero de 2012 (Exp. T-3.477.644), es decir, el lapso que transcurrió entre el último hecho generador de la vulneración alegada y la solicitud de amparo no es desproporcionado ni denota falta de diligencia de los accionantes.
En cuarto lugar, los peticionarios identificaron razonablemente los hechos que originaron la presentación de la acción de tutela y alegaron la materia de vulneración con ocasión de la instauración de la querella policiva en contra de Pablo Pérez y otros, específicamente evidenciaron las siguientes irregularidades durante el trámite de la querella: (i) el proceso se adelantó con base en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el artículo 6º del Decreto Reglamentario 992 de 1930, normas subrogadas por el Código Nacional de Policía; (ii) no se siguió el procedimiento especial contemplado en el Decreto 747 de 1992 sobre la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, en particular, alegaron que la querella se instauró con posterioridad a los quince días de haberse conocido la supuesta invasión por parte del querellante; además, la persona contra quien se dirige la acción no existe; y finalmente, el demandante no acreditó ni siquiera sumariamente la explotación económica del predio. Sumado a todo lo anterior, (iii) no se realizó debidamente el trámite de notificación personal o por aviso, en los términos consagrados en el Decreto 747 de 1992.
5.4. Análisis de las causales específicas de procedibilidad de la presente acción contra los actos proferidos en el curso del proceso policivo.
5.4.1. En el caso bajo análisis se configuró un defecto procedimental absoluto.
El artículo 1º del Decreto 747 de 1992, consagra la acción de protección policiva a favor de la persona que (i) explote económicamente un predio agrario y (ii) haya sido privada de hecho de la tenencia material de este. Esta acción no impide el ejercicio de otros mecanismos ante los jueces para efectuar el lanzamiento por ocupación de hecho. Igualmente, en esta misma disposición se establece que el objetivo de la protección tiene por objeto que dentro de los tres días calendario siguientes a su interposición, se restablezca la situación existente antes de la invasión.
Además, el mismo decreto establece como condiciones que (i) la acción se solicite dentro de los 15 días calendario siguientes al acto de invasión (art. 3º); (ii) se anexe a la misma prueba siquiera sumaria de que el querellante ha venido explotando económicamente el predio (art. 4º); (iii) se indique con claridad la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente (art. 6º).
5.4.1.1. Aplicando las anteriores reglas al caso bajo estudio, se observa, en primer lugar, que el señor Juan Miguel de Vengoechea al instaurar la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho no acreditó ni siquiera sumariamente la explotación económica del bien como tampoco la tenencia del mismo, pese a lo cual la autoridad acusada avocó conocimiento e inicio el proceso. Cabe reiterar que la naturaleza de este tipo de acción se circunscribe a proteger la tenencia y la posesión del bien sobre el cual pretende restablecerse la situación existente antes de la presunta invasión. No obstante, de las pruebas obrantes en el plenario puede colegirse que el querellante no acreditó el cumplimiento de estas exigencias legales, sino que allegó como soporte probatorio de su solicitud copia de las escrituras públicas del inmueble, un certificado de tradición y libertad, una denuncia penal, entre otros documentos, que no logran comprobar la posesión ni la explotación económica del bien (fls. 335-336 del cdno. Ppal.).
5.4.1.2. En segundo lugar, la acción de protección policiva, según se evidencia de la prueba documental, ya había caducado, esto es, la parte interesada no la ejerció dentro de los 15 días calendario siguientes al supuesto acto de invasión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 747 de 1992, pues en el hecho cuarto de la querella presentada el día 21 de septiembre de 2011, por el señor Juan Miguel de Vengoechea, se expone que contra algunas de las personas contra quienes se dirige la querella se formuló una denuncia penal desde enero de 2011, y que con posterioridad a dicha fecha se han asentado en este predio otras personas.
Por tanto, esta Sala encuentra que la acción de protección policiva no podía ejercerse por la parte querellante ante la superación del tiempo establecido en el artículo 3º del Decreto 747 de 1992 (no la presentó dentro de los 15 días siguientes al supuesto acto de invasión) de modo que debió acudir ante los jueces competentes para que resolvieran el conflicto suscitado en torno a la presunta ocupación irregular del bien.
5.4.1.3. En tercer lugar, en el proceso no existió plena certeza acerca de la identificación del bien objeto de controversia. Al respecto, los accionantes afirman que ellos se encuentran ubicados en el bien denominado Villa Ana María, conformado por los predios Villa del Rosario, Toribio y San Judas, ubicado al costado derecho de la carretera que de Ciénaga conduce a Santa Marta, mientras que la finca Córdoba o lote 6C está localizada al frente de este predio, esto es, al otro costado de la misma carretera y se extiende en dirección hasta el mar caribe sin llegar a la playa.
Esta situación fue expuesta por el apoderado de los querellantes durante la realización de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, al indicar que la escritura pública 1612 del 6 de agosto de 1987 hace referencia a la división material de un inmueble denominado Hacienda Papare, en la cual se puede constatar que el predio Córdoba o lote 6C hacía parte de dicho bien.
Además, las declaraciones extraprocesales de los señores Wilmar Cardozo y Héctor Enrique Agamez, hace referencia a la Hacienda Papare(53) y no al lote 6C o finca Córdoba.
A pesar de que se objetó el dictamen pericial por error grave, ante la indeterminación y falta de certeza sobre si la diligencia de inspección ocular se estaba realizando en el lote 6C o finca Córdoba, el inspector de policía sostuvo que “...En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el statuo quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor...”. Esta respuesta contraría lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 747 de 1992 el cual consagra que debe indicarse la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente.
En virtud de lo anterior, la señora Rosa Gargioli instauró acción de tutela y el juez segundo promiscuo municipal de Ciénaga ordenó la restitución de la tierra denominada Villa del Rosario y San Judas a la accionante. Paralelamente, Juan Miguel de Vengoechea inició el presente proceso de acción policiva para solicitar la protección de la posesión sobre un predio que denominó lote 6C y, el inspector único de policía el día 11 de octubre de 2011 le entregó el predio Villa del Rosario cuya posesión tenía la familia Gargioli Piedriz al querellante(54).
Por su parte, el Incoder informó el 2 de octubre de 2012, respecto del trámite administrativo adelantado sobre los predios Villa del Rosario, San Judas y Yolamira, que “...La subgerencia de tierras rurales del Incoder, en cabeza de la dirección técnica de procesos agrarios, se encuentra adelantando el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados en lo atinente a los predios Villa del Rosario y San Judas...”(55).
En atención a lo expuesto precedentemente, (i) al parecer el lote 6C hizo parte del lote de mayor extensión denominado Hacienda Papare y se trata de uno sustancialmente diferente al que los accionantes y la familia Gargioli denominan Villa del Rosario y San Judas; y (ii) si los actores afirman que se encuentran en los lotes denominados Villa del Rosario, San Judas y Toribio, según lo afirmado por el Incoder el pasado 2 de octubre de 2012, estos probablemente tienen la naturaleza de baldíos y actualmente cursa un proceso administrativo de recuperación de los mismos.
5.4.1.4. Adicional a todo lo anterior, se evidencia que durante todo el trámite del proceso policivo, la procuraduría judicial ambiental y agraria no se hizo presente en el mismo, lo cual hubiera sido de suma importancia en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las partes involucradas en este proceso.
5.4.1.5. En conclusión, es evidente el conflicto legal que trasciende la solicitud de la querella, en consecuencia, no era posible que el mismo fuera resuelto por la vía de un proceso policivo porque escapaba a la órbita de la competencia del inspector de policía.
Bajo esta perspectiva, esta Sala evidencia, además del conflicto legal que subyace el presente asunto, una problemática en torno a la posesión y tenencia del bien pendiente aún por resolver. No obstante, esta situación no solo se circunscribe a la aclaración de títulos como tal, sino al reconocimiento de los derechos de quien o quienes han trabajado la tierra realmente, circunstancia que deberá ser valorada por el juez natural al momento de decidir el caso.
5.4.2. En el caso bajo análisis, se estructuró el defecto específico de violación directa de la Constitución.
(iii) No se observa que las autoridades estatales hayan brindado algún tipo de asesoría a las personas que residían en el lote, acerca de los programas de vivienda —nacionales y territoriales— a los cuales pueden acceder.
En este respecto, no se evidencia que la alcaldía municipal de Ciénaga hubiese realizado un estudio de enfoque diferencial de la población asentada en dicho predio, ni tampoco que hubiese adoptado medidas de protección específicas a favor de los grupos que allí se encontraban antes de la ejecución del desalojo forzoso para asegurar la protección de sus derechos fundamentales, como por ejemplo, ocuparse de su ubicación transitoria, inscribirlos en programas de vivienda y de salud ofrecidos por la alcaldía municipal a personas de escasos recursos económicos o en situación de desplazamiento; alternativas que se enmarcan dentro del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales como autoridades de la República (C.P., art. 2º) y que en el caso concreto omitieron materializar.
5.4.3. Efectos inter comunis de las decisiones en sede de tutela.
5.4.3.1. Los efectos de las decisiones que se profieren en sede constitucional son de diversa naturaleza, por ejemplo, en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, los efectos de los fallos se fijan de manera general e impersonal; por el contrario, cuando se aborda el análisis dentro de un proceso de tutela, la regla general es que sus decisiones solo tienen fuerza vinculante en el caso concreto (D. 2591/91, art. 36).
No obstante, aunque las decisiones en los procesos de tutela tienen efectos inter partes, esta corporación ha establecido como excepción a dicha regla general, la posibilidad de otorgar efectos inter comunis a los fallos cuando el juez constitucional evidencia que no solo se desconocen los derechos fundamentales de los accionantes sino que las acciones u omisiones de las entidades demandadas también vulneran las garantías de otras personas no tutelantes que se encuentran en las mismas circunstancias de los primeros; en esos eventos, tan solo proteger las garantías superiores de quienes ejercieron directamente la acción de tutela cuando se tiene conocimiento de un número mayor de personas afectadas por la misma situación que dio origen al amparo tutelar, vulnera el derecho a la igualdad de quienes no ejercieron la acción de tutela directamente. Por lo anterior, en ciertos casos, es posible que el juez constitucional otorgue a sus decisiones efectos inter comunis cuando dicha vulneración también afecta a otros miembros de la misma colectividad de los accionantes. Acerca de la justificación y requisitos para que proceda este tipo de decisión, esta corporación señaló lo siguiente:
“...Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado...”(56).
En definitiva, los requisitos para que proceda una decisión con efectos inter comunis son los siguientes: (i) se evidencia que si no se amparan las garantías superiores de quienes no ejercieron directamente la acción de tutela y que pertenecen a la misma comunidad afectada, existe un desconocimiento de su derecho a la igualdad; (ii) se vislumbra que quienes no solicitaron directamente el amparo tutelar, se encuentren en condiciones comunes frente al particular o entidades accionadas a las de quienes presentaron la acción de tutela porque pertenecen a la misma colectividad y; (iii) se acredita que la orden de protección otorgada por el juez constitucional repercute —de manera directa e inmediata— en el desconocimiento de los derechos fundamentales de los no tutelantes.
5.4.3.2 Ahora bien, en el caso concreto, se observa que las condiciones exigidas para conferir al presente fallo efectos inter comunis se encuentran dadas, pues (i) se evidencia, según lo relatan los mismos peticionarios, que la orden de desalojo afectó a más de 60 familias, hecho que se corrobora con la afirmación del funcionario del ICBF que estuvo presente en la diligencia de inspección ocular al predio objeto de controversia, en el sentido de que “...no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas, niños o adolescentes tengan su domicilio en las mismas...”; (ii) se encuentra acreditado que al igual que los accionantes, varias familias fueron afectadas con la orden de desalojo que se ejecutó en el predio donde tenían establecidos su vivienda y cultivos por parte de las entidades aquí accionadas y, en consecuencia; (iii) la Sala observa que no reconocer el derecho a la vivienda y al debido proceso de los no tutelantes deviene en un desconocimiento a su derecho a la igualdad, pues se evidencia que estos se encuentran en las mismas circunstancias de quienes sí ejercieron la presente acción de amparo.
Por las anteriores razones, para garantizar la igualdad efectiva entre las personas que fueron afectadas con la orden de desalojo del bien objeto de controversia que acudieron a la acción de tutela y los no tutelantes, este fallo no solo tendrá efectos vinculantes frente a los peticionarios de la referencia sino también frente a los no tutelantes que acrediten que fueron ocupantes del predio objeto controversia a la fecha en que se ejecutó la diligencia irregular de desalojo, en particular, a los parceleros y miembros de la Asociación Integral Nueva Esperanza, que se encontraran ocupando los predios rurales denominados Villa del Rosario, San Judas y Toribio, aproximadamente entre junio de 2010 e inicios de enero de 2011, quienes deberán acreditar su pertenencia a la misma —en este periodo— mediante cualquier medio probatorio.
Ante la existencia de vulneraciones graves e insubsanables del debido proceso, así como del derecho a la vivienda digna, no existe otra alternativa distinta a dejar sin efecto todo lo actuado dentro del proceso en virtud del ejercicio de la querella de acción de protección policiva presentada por el señor Juan Miguel de Vengoechea, contra el señor Pablo Pérez e indeterminados. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente las sentencias proferidas por el juzgado segundo promiscuo municipal y el juzgado segundo penal del circuito de Ciénaga, Magdalena (Exp. T-3.468.223), para tutelar el derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes; y revocará las sentencias proferidas por el juzgado tercero promiscuo municipal y el juzgado primero penal del circuito de Ciénaga, Magdalena (Exp. T-3.477.644); en su lugar, la Sala concederá el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad (Exp. T-3.468.223), en cuanto tutelaron el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. ADICIONAR las sentencias proferidas por los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma ciudad (Exp. T-3.468.223), para TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta misma ciudad (Exp. T-3.477.644). En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO todo lo actuado dentro de los procesos policivos de la referencia.
5. ORDENAR a la alcaldía municipal de Ciénaga, Magdalena, con efectos inter comunis, a partir de la notificación del presente fallo, que le garantice a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo una solución de vivienda adecuada, durante el tiempo en que el Incoder adelante el procedimiento administrativo al que se hace referencia en el numeral sexto, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
6. ORDENAR al Incoder que agilice el trámite del procedimiento administrativo de recuperación de baldíos sobre los inmuebles denominados Villa del Rosario y San Judas, el cual no deberá superar el término de tres (3) meses. Una vez concluido el proceso, determinar si los accionantes y las familias objeto del desalojo pueden ser potenciales beneficiarios de dichas tierras, a través de su adjudicación, en los términos contemplados en la Ley 160 de 1994.
7. ORDENAR a la alcaldía del municipio de Ciénaga, Magdalena, con efectos inter comunis, que realice el acompañamiento necesario a los accionantes y a todas las familias objeto del desalojo que deseen postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos para ser beneficiario y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos complementarios de ser necesarios. Además, la autoridad municipal deberá valorar su inscripción en otros programas, dirigidos a proteger y realizar los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad. De lo anterior, deberán enviar un informe al juez segundo promiscuo municipal de Ciénaga, Magdalena, al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación, en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación del presente fallo.
8. ADVERTIR a los accionantes y a los demás miembros de la comunidad objeto del desalojo, que deberán iniciar diligentemente los trámites necesarios en la postulación para acceder a los subsidios de vivienda otorgados a nivel nacional y a nivel municipal, lo cual se hará con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, conforme a la orden anterior.
9. ADVERTIR a las partes que se encuentran en libertad para acudir al juez competente para dirimir su controversia legal, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
10. COMUNICAR el presente fallo a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo —regional Magdalena— para que realicen el acompañamiento respectivo conforme a los ordinales anteriores y hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
11. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, los juzgados de origen harán las notificaciones y tomarán las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
12. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos—Edgardo José Maya Villazón.
(1) Anotan que las tierras que componen Villa del Rosario, San Judas y Toribio, están localizadas al costado derecho de la carretera que de Ciénaga conduce a Santa Marta, entre los ríos Córdoba y Toribio y en dirección hacia la Sierra Nevada, entre tanto, la finca Córdoba o Lote 6C, está localizada al frente de los predios que ocupan, esto es, al otro costado de la misma carretera, la cual se extiende en dirección hacia el mar caribe, sin llegar a la playa. Indican que la finca Córdoba formaba parte de una Hacienda de mayor extensión, denominada Hacienda o Finca Papare (matrícula anterior 222-0013720) como consta en el plano topográfico protocolizado de sucesión 1612 del 6 de agosto de 1987 de la Notaría Segunda de Santa Marta.
(2) Adicional a lo anterior, también indican que se han entablado denuncias por lesiones personales, tentativas de homicidio, incendio y daño en bien ajeno ante la Fiscalía de Ciénaga y de Santa Marta contra Alfredo de Vengoechea Méndez, hijo de Juan Miguel de Vengoechea, en relación con las tierras objeto del proceso policivo.
(3) Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.
(4) Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-112 del 9 de febrero de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(5) “Corte Constitucional, sentencias S. T-335 de 1995, T-172 de 1997, T-202 de 1997, SU-519 de 1997, S. T-584 de 1998, T-651 de 1998, T-639 de 1999, T-732 de 1999, T-203 de 2000. ´´
(6) “Corte Constitucional, sentencias T-339 de 1997, T-650 de 1998, T-295 de 1999, T-576/99, T-833 de 1999”.
(7) “Corte Constitucional, Sentencia T-697/96, T-433 de 1998”.
(8) “Corte Constitucional, Sentencia T-1682 de 2000, SU-1721 de 2000”.
(9) “Corte Constitucional, Sentencias T-630 de 1997, T-308 de 1998, T-418 de 1999”.
(10) “Corte Constitucional, Sentencia T-796/99”.
(11) “Corte Constitucional, Sentencia T-640 de 1999”.
(12) “Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 1996”.
(13) “Corte Constitucional, Sentencia T-557/95, T-420/96”.
(14) “Corte Constitucional, Sentencia T-263/98”.
(15) Corte Constitucional, Sentencia de tutela T-1042 del 28 de septiembre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) Corte Constitucional, Sentencia C-378 del 19 de mayo de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(18) Esta posición ha sido reiterada, entre otros, en los siguientes fallos: T-878 y T-629 de 1999, T-324 de 2002, T- 1104 de 2008, T-423 de 2010 y T-267 de 2011.
(19) Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(20) Corte Constitucional, Sentencia T-324 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(21) Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(22) Sentencia T-078 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas.
(23) Corte Constitucional, Sentencia T-774 del 13 de agosto de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(24) “Sentencia 173/93”.
(25) “Sentencia T-504/00”.
(26) “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”.
(27) “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”.
(28) “Sentencia T-658-98”.
(29) “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”.
(30) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(31) “Sentencia T-522/01”
(32) “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01”.
(33) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(34) Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
(35) Corte Constitucional, sentencia T-599 del 28 de agosto de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(36) “Ver Sentencia T-996 de 2003”.
(37) “Cfr. Sentencias T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. ´(se pretermiten etapas) señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado —en los eventos en los que sea necesario—, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas´. (Tomado de la SU-159/2002)”.
(38) Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(40) Corte Constitucional, Sentencia C-029 del 2 de febrero de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
(41) Corte Constitucional, Sentencia T-1091 del 6 de noviembre de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(42) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1143 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
(43) Corte Constitucional, Sentencia T-1045 del 24 de octubre de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(44) Ver sentencias T-079 de 31 de enero de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 26 de agosto de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, T-791 de 23 de agosto de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería y T-958 de 6 de septiembre de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(45) La mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del artículo 51 constitucional. El parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición constitucional.
(46) M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver en el mismo sentido las sentencias C-444 de 2009, T-865 de 2011, T-919 de 2011, T-075 de 2012 y T-245 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(47) Los principios Pinheiro fueron aprobados por la subcomisión de protección y promoción de los derechos humanos de las Naciones Unidas en agosto de 2005.
(48) Artículo 2: 1. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
(49) Concretamente, el comité define los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.
(50) Un caso destacado a nivel internacional en materia de desalojos forzosos puede verse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica, institución que usando como referencia el PIDESC, particularmente la Observación General 7, protegió los derechos de la peticionaria (señora Grootboom) y demás personas que se asentaron en un predio de propiedad privada. En concreto, el caso se resume así: La señora Grootboom y los demás vivían en condiciones deplorables y estaban esperando, desde hacía siete años, viviendas a bajo precio de parte del municipio de Oostenberg, en la provincia de Cape Town. Sin ayuda del Estado, decidieron ocupar ilegalmente una propiedad privada. El propietario presentó una demanda y obtuvo una orden de desalojo. La señora Grootboom y los demás fueron desalojados y se refugiaron en un campo de deporte, sin ninguna protección contra el invierno que estaba llegando.
La Corte Constitucional de Cape Town ordenó a las autoridades municipales ofrecer a esas personas condiciones mínimas de vivienda. En lugar de cumplir esta decisión, el conjunto de las autoridades políticas correspondientes (el gobierno federal y las autoridades de la provincia y el municipio) pusieron un recurso ante la Corte Constitucional a nivel nacional. La Corte Constitucional sudafricana en su sentencia de 4 de octubre de 2000 empezó reafirmando el derecho a la vivienda de toda la población sudafricana, tal como se reconoce en la Constitución nacional. Después examinó la situación de la señora Grootboom y de los demás y la política para la vivienda del gobierno sudafricano, para concluir que esta política era inadecuada, en particular porque no preveía ninguna medida a corto plazo para ayudar a los más pobres. Así pues, la Corte ordenó que la señora Groothoom y los demás recibieran una ayuda inmediata, que la política nacional de vivienda fuera revisada y que una parte mayor del presupuesto atribuido a esta política se dedique a mejorar las condiciones de vivienda de los más pobres a corto plazo. Fuente: Corte Constitucional de Sudáfrica. El Gobierno de la República de Sudáfrica, el Premier de la Provincia de Wertern Cape, Consejo Metropolitano de Cape, Municipio de Oostenberg, contra Irene Grootboom y otros. Caso CCT 11/00. Sentencia de 4 de octubre de 2000. www.escr-net.org/usr_doc/Grootboom_Judgment_Full_Text_(CC).pd. Nota: Este caso es recordado porque a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional sudafricana, lamentablemente la señora Grootboom falleció en el año 2008, viviendo aún en un albergue.
(51) Manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados y personas desplazadas. Aplicación de los “Principios Pinheiro”, marzo de 2007. ONU.
(52) Artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(53) Ver folios 339 y 340 del cuaderno 1.
(54) Ver folio 771 del cuaderno 1.
(55) Ver folio 764 del cuaderno 1.
(56) Corte Constitucional, Sentencia SU-1023 del 26 de septiembre de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

References: artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 76
 artículo 9
 artículo 7
 resolución 
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 337
 artículo 9
 artículo 233
 artículo 241
 artículo 237
 artículo 86
 artículo 116
 artículo 105
 artículo 4
 artículo 51
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 36
 artículo 36
 Artículo 86
 artículo 51
 Artículo 2
 Artículo 105