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Timestamp: 2020-01-19 23:14:03+00:00

Document:
TASAS JUDICIALES ANULADAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Sentencia 140/2016, de 21 de Julio de 2016)
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el Viernes, 30 de Diciembre de 2016 a las 10:23h
Como todos sabemos, contra determinados preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacinal de Toxicología y Ciencas Forenses, ley que fue impulsada en su día por el exministro de Justicia D. Alberto Ruiz-Gallardón, en el año 2013 se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados.
El citado recurso de inconstitucionalidad (número 973/2013) fue resuelto el pasado 21 de julio de 2016 por el Pleno de nuestro Tribunal Constitucional en virtud de su Sentencia número 140/2016, adoptada por unanimidad, y en la que fue Ponente el Sr. Santiago Martínez-Vares García. En dicha sentencia se acordó estimar parcialmente dicho recurso declarando inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que tales gravámenes vulneran el derecho a al tutela judicial efectiva de los ciudadanos del artículo 24.1 CE.
El Tribunal considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera en sí mismo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva ni incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial, ni el principio de gratuidad de la justicia. Explica en al sentencia que el legislador tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la justicia pero siempre que garantice el ejercicio de ese derecho a quienes acrediten no tener recursos suficientes para litigar. En este sentido, concluye que la cuantía de las tasas -tanto la cuota fija como la variable- resulta desproporcionada porque pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales y advierte de lo gravoso que resulta para el justiciable sumar al pago de la tasa los honorarios de abogado y procurador.
Con base en lo anterior, el Alto Tribunal anula los incisos del artículo 7.1 de la Ley que prevé las cuotas fijas en el orden contencioso administrativo de 200 € para interponer el Recurso contencioso-administrativo abreviado y de 350 € para interponer el Recurso contencioso-administrativo ordinario. Declara nula también la cuota fija de 800 € para interponer el Recurso de Apelación, la de 1.200 € para los Recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden contencioso adminsitrativo y en el orden civil así como las tasas para el Recurso de suplicación (500 €) y el de casación, en cualquiera de sus modalidades (750 €) en el orden social.
Asimismo, el TC también anula la cuota variable establecida en el artículo 7.2 de la Ley y que se calculaba conforme al valor económico del litigio.
Con relación a la cuota fija establecida en el artículo 7.1 de la Ley para los procesos civiles en primera o única instancia (importe que oscila -en función del tipo de proceso- entre los 100 € del proceso monitorio y los 300 € del juicio ordinario) el Tribunal indica en el Fundamento Jurídico número 11 de la Sentencia que: "importa precisar por tanto, que la demanda no formula cuestión alguna sobre la cuota fija establecida en el art. 7.1 de la Ley 10/2012, lo que nos impide pronunciarnos sobre ella".
Por tanto, a raíz de esta importantísima Sentencia, las únicas tasas que quedarían vigentes para las personas jurídicas serían las siguientes:
1.- Juicio Verbal y Cambiario: 150 €
2.- Juicio Ordinario: 300 €
3.- Juicio Monitorio, Monitorio Europeo y demanda incidental en proceso concursal: 100 €
4.- Ejecución extrajudicial y Oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €
5.- Concurso necesario: 200 €
Las tasas anuladas sólo afecta a las personas jurídicas por cuanto que recordemos que con la reforma de la Ley sufrida en el año 2013 se eximió del pago del tributo a las personas físicas (entre las que se incluyen las comunidades de propietarios) de conformidad con el artículo 4.2 de la ley.
Asimismo, el Tribunal aclara que la declaración de nulidad sólo surtirá efectos en el futuro (pro futuro), esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme y, por esa razón, la sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas.
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 artículo 7
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 artículo 4
 resolución 
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