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Timestamp: 2019-08-24 02:36:34+00:00

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STC 199/1996, 3 de Diciembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355227
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.344/1993
1. No puede ignorarse que el art. 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero «de acuerdo con lo que dispongan las leyes» que desarrollen el precepto constitucional (art. 53.3 C.E., SSTC 32/1983, 149/1991 y 102/1995). El Derecho español, por su propio impulso y por el que le confieren las disposiciones del Derecho comunitario, ha desarrollado un importante «corpus» normativo para la protección del medio ambiente. Pero es de resaltar que tales normas establecen primordialmente medidas preventivas y correctoras de carácter administrativo, atendiendo a la complejidad de los problemas y a su alcance colectivo, como es común en otros países europeos (Sentencia T.E.D.H. Powell y Rainer, apartado 44). Así acaece con la Ley de protección del medio atmosférico (Ley 38/1972, de 22 de diciembre) que tanta incidencia tiene en la causa controvertida, y su prolija reglamentación de desarrollo, a la que ahora se suma la legislación de la Comunidad Autónoma competente (STC 329/1993). 2. Aquí se trata, exclusivamente, de enjuiciar el archivo de una denuncia por delito ecológico, que no prejuzga en modo alguno las resoluciones que haya podido adoptar la Administración competente, en los procedimientos administrativos en que hubieran podido desembocar las denuncias presentadas por infracciones a la legislación medioambiental. Y que tampoco prejuzga el derecho a obtener resarcimiento por los daños que hayan podido sufrir los vecinos de la refinería a causa de la contaminación provocada por el almacén de coque u otras de sus instalaciones, que caso de existir, y de haber sido causados por culpa de la empresa, encontrarían su adecuada reparación en la vía civil correspondiente. 3. La Constitución no otorga ningún derecho a obtener condenas penales. Son las leyes las que prevén el castigo de quienes vulneran sus disposiciones (art. 25.1 C.E.). Y son los Tribunales penales los competentes para enjuiciar los hechos presentados por la acusación y la defensa, y para interpretar y aplicar la ley penal (SSTC 89/1983, 83/1989, 128/1995 y 31/1996). Por ende, la función de este Tribunal en el cauce constitucional de amparo se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el «ius ut procedatur» del ciudadano que ha solicitado protección penal de los derechos que las leyes en vigor le reconocen sobre el medio ambiente atmosférico. Por otra parte, de las diligencias propuestas por la acusación particular, varias de las cuales fueron practicadas, no se constata su necesidad, teniendo en cuenta la actividad que el Juzgado de Instrucción desplegó para descubrir la verdad.
Sentencia citada en: 1645 sentencias, 35 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.344/93, promovido por don José M. M. representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Castillo Díaz, y asistido por el Letrado don Luis María Figueroa Cuenca, contra el Auto de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 6 de octubre de 1993 (rollo núm. 540/93), que confirmó en apelación el archivo de las actuaciones decretado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de La Coruña en las diligencias previas núm. 5/92, por delito ecológico en relación con la refinería de Bens (La Coruña).
Ha comparecido «Repsol Petróleo, S. A.», representada por el Procurador don Fernando Gala Escribano y asistida por el Abogado don Fernando Lorente Hurtado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique Ruiz Vadillo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado el día 10 de noviembre de 1993 ante el Gobierno Civil de La Coruña, y registrado en este Tribunal el 12 de noviembre de 1993, don José M. M. presentó solicitud de amparo ante este Tribunal, interesando el nombramiento de Abogado y Procurador en turno de oficio, y que se declare su derecho a gozar del derecho a la justicia gratuita.
2. Por providencia de 29 de noviembre de 1993, se requirió a dicho solicitante de amparo para que aportara la documentación acreditativa de su derecho a la justicia gratuita y demás documentación legalmente exigible a los efectos de la formalización de la solicitud de amparo efectuada, de acuerdo con el art. 50.5 LOTC.
6. Por providencia de 21 de marzo de 1994 se acordó requerir al Juzgado de Instrucción núm. 2 de La Coruña y a la Audiencia Provincial de dicha localidad, a los efectos de que en el plazo de diez días remitieran a este Tribunal testimonio de las diligencias previas núm. 5/92, y del rollo de apelación núm. 540/93.
7. Por providencia de 18 de abril de 1994, se acordó requerir a la Procuradora de los Tribunales del recurrente, para que bajo la dirección del Letrado designado formalizare en el plazo de veinte días la demanda de amparo, con los requisitos prevenidos en el art. 49 LOTC, sin perjuicio del derecho de excusa previsto en el art. 9 del Acuerdo del Pleno del Tribunal de 20 de diciembre de 1982.
9. Por escrito presentado en el registro de este Tribunal en fecha 9 de junio de 1994 doña Ana C. D. Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don José M. M. interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 6 de octubre de 1993, recaída en el rollo núm. 540/93, resolutoria del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 26 de junio de 1993, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de La Coruña, que archivó las diligencias por delito ecológico.
10. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) Con fecha de 17 de diciembre de 1991, el demandante de amparo, en unión de otros cinco familiares, interpuso una denuncia contra «Repsol Petróleo, S. A.», por supuesto delito ecológico del art. 347 bis del Código Penal, Texto Refundido de 1973, en relación con el art. 565 del mismo texto legal (derogado por L.O. 10/1995, de 23 de noviembre), por razón de los altísimos niveles de contaminación mantenidos por dicha empresa en el entorno del domicilio de los denunciantes. El Juzgado incoó las diligencias previas número 5/92, de las que dimana el presente recurso de amparo.
1) Las instalaciones denunciadas, en concreto las unidades de coquización, calcinación y parques de almacenamiento de coque verde, proceden de la III ampliación de la refinería de petróleo de «Petrolíber, S. A.», en la actualidad «Repsol Petróleo, S. A.». Se encuentran situadas en la zona de Bens, denominación genérica del lugar, integradas en la demarcación territorial competencia del Ayuntamiento de Arteixo, en las proximidades de Sobrado.
3) Desde el mes de diciembre de 1989, un grupo de vecinos residentes en Sobrado-Meicende-Arteixo se dirigieron a diferentes organismos públicos competentes en materia medioambiental, denunciando los peligros que constituía la proximidad a sus viviendas de las instalaciones de «Repsol Petróleo». El Laboratorio Regional de Medio Ambiente de la Xunta realizó diversas comprobaciones, a partir de agosto de 1990, y emitió un informe constatando un elevado grado de contaminación, cuyo origen se situaba en el parque de almacenamiento de coque verde y en la unidad de calcinación, que incumplían diversos preceptos reglamentarios, y requiriendo a la empresa para que presentase un proyecto de medidas correctoras y un plan de autocontroles anuales, dando un plazo que finalizaba el 15 de octubre de 1990.
4) En una segunda etapa, el Laboratorio Regional elaboró un muestreo en la estación de control y seguimiento de la calidad del aire en la zona afectada, que comprende el período del 21 de agosto de 1990 al 21 de noviembre siguiente. El análisis de los resultados fue que: a) existía impacto de partículas en suspensión (PSU) en el punto de muestreo por emisión desde el parque de almacenamiento, por efecto del viento, superando el nivel diario máximo admisible (150 g/Nm) un tercio de los días datados; b) que los niveles de anhídrido sulfuroso (SO) no eran importantes; c) que los niveles de partículas sedimentables (PSD), también producto de la acción del viento sobre el parque de almacenamiento, superaban ampliamente la legislación vigente (unas seis veces por encima de los límites legales).
6) En abril de 1991, el Ingeniero Industrial de la Delegación provincial de dicha Consellería estudió, conjuntamente con los directivos de «Repsol Petróleo», la contaminación producida por el parque de coque, impartiendo órdenes verbales para su corrección. El 20 de mayo siguiente, la empresa comunicó al Delegado provincial las actuaciones iniciadas para reducir y mejorar el control de emisiones de partículas que, en todo caso, no podían ponerse en práctica hasta transcurrido al menos un mes. Entre ellas se incluía la instalación de monitores de agua para humedecer el coque, la formación de una barrera arbórea, la construcción de elementos de control en las chimeneas, y la contratación de una empresa para determinar periódicamente las emisiones.
7) El 27 de mayo de 1991, el Ingeniero de la Delegación de Industria, don Pedro S. S. giró visita de inspección para comprobar las distancias de seguridad de las instalaciones.
8) A requerimiento del Director General de Industria, «Repsol» comunicó el 6 de noviembre de 1991 que se estaban instalando captadores de materia sedimentable en las casetas de inmisión de la refinería, que hasta finales de 1992 no podían estar en funcionamiento los analizadores de partículas y de Nox en las chimeneas, y que el estudio de inmisión del parque de coque había sido adjudicado a «NorControl», que iba a comenzar sus tareas próximamente.
c) Fue entonces cuando el señor M., y otros miembros de su familia, interpusieron denuncia por delito ecológico el 23 de diciembre de 1991. La dirigieron contra el Director de la refinería, y su antecesor en el cargo, así como subsidiariamente contra el Delegado Provincial de Industria y su Ingeniero señor S.. Aportaron copia de los informes del Laboratorio Regional de Medio Ambiente, y los certificados médicos de dos miembros de la familia.
En la denuncia, presentado por el Abogado don José Antonio Aller Bermúdez con poder al efecto, se propusieron diversos medios de prueba: 1) confesión judicial de los denunciados; 2) reconocimiento judicial de los inmuebles contaminados; 3) valoración de los inmuebles que se precisa adquirir para realojar a los moradores de las tres viviendas afectadas por la agresión ecológica denunciada; 4) valoración del terreno y construcciones a expropiar.
d) Repartida la denuncia al Juzgado de Instrucción núm. 2, abrió diligencias el 2 de enero de 1992, que se prolongaron hasta los Autos de archivo impugnados. La demanda afirma que los denunciantes reiteraron en diversas ocasiones la existencia del delito, la solicitud de práctica de pruebas no atendida por el Instructor sin justificación alguna, el incumplimiento reiterado de los mandatos judiciales por los denunciados, y el retraso injustificado de las diligencias.
5) Por providencia de 28 de septiembre de 1992, el Juzgado pidió una ampliación de su informe al Ayuntamiento, y ofició a la Dirección General y a la Delegación provincial de Industria en el sentido ya interesado en su día. Tras recibir diversa documentación de la Dirección General y del Ayuntamiento, el Juzgado dirigió varios recordatorios a la Delegación Provincial.
6) Los denunciantes, personados mediante Procurador, presentaron el 9 de febrero de 1993 un escrito de conclusiones. En él resumieron los hechos, solicitaron la apertura del juicio oral, insistieron en las pruebas solicitadas de reconocimiento judicial y confesión, para acreditar el riesgo que padecían de muerte letal, así como en que se abonasen las indemnizaciones pertinentes.
8) El siguiente día 10 compareció en las actuaciones «Repsol Petróleo, S. A.», mediante Procurador.
9) En la fecha dispuesta compareció el Delegado en funciones, por ausencia del titular, quien aportó abundante documentación, incluidos dos informes del Laboratorio Regional, de 9 octubre 1992 y 12 enero 1993, un estudio de «NorControl», y varios informes del Ingeniero de la Delegación provincial.
11) Por providencia de 29 de marzo de 1993 se acordó citar al Director de la entidad y a los técnicos de la Administración y de la empresa colaboradora que habían emitido los informes obrantes en las diligencias. Las comparecencias fueron llevadas a cabo, con intervención de los Abogados de las partes, en los meses de abril y mayo.
12) El 13 de mayo, los denunciantes sustituyeron a su Abogado por don Juan C. M. El día 18, el señor M. presentó directamente ante el Decanato un escrito solicitando que se dictara Auto de procesamiento contra los imputados, que se abriera el juicio oral, y ser recibido por el Juez de Instrucción. El Juzgado requirió al Procurador que presentara a su patrocinado para que se ratificara.
13) El día 25 de mayo terminaron de prestar declaración en el Juzgado los técnicos informantes, concretamente el Ingeniero de la Delegación de Industria y un técnico del Ayuntamiento de La Coruña, que se ratificaron en sus informes y contestaron a las preguntas de los Abogados de denunciantes y denunciada. El mismo día, el señor M. se ratificó en su escrito de 18 de mayo.
f) En el Auto de archivo, el Juzgado razona que «si bien inicialmente en el informe del Laboratorio Regional del Medio Ambiente Industrial de fecha 31 de enero de 1991 (folio 51 y siguientes) se señalaba (apartado 8) que las partículas sedimentables (P.S.D.) superaban aproximadamente en seis veces los límites legales, también se hacía constar que, por motivos de operatividad del Laboratorio, fue imposible realizar la toma de datos durante el período de un año exigido por la Directiva de la C.E.E. núm. 80/779.
En el informe remitido por el Ayuntamiento, y concretamente del Jefe de Unidad de Medio Ambiente de dicha entidad legal, se dice que el emplazamiento de la refinería cumple la normativa del Decreto 3.143/1975 del Ministerio de Industria que reglamenta los criterios de seguridad para refinerías y parque de almacenamiento de petróleos; añade que el Ayuntamiento encargó un estudio a la Empresa «Enadimsa», y según el mismo los niveles de contaminación atmosférica en la zona se ajustan a los estándares de inmisión máximos permisibles en el vigente R.A.M.I.N.P. (folio 88, informe de fecha 10 de julio de 1991).
En la contestación al oficio remitido a este Juzgado por la Dirección General de Industria (folio 133) se acompaña informe de la empresa «NorControl», que arroja el resultado (de un estudio de más de dos meses), en el sentido de que las concentraciones de partículas en suspensión y materia sedimentable en la zona están por debajo de los valores máximos legalmente admitidos.
Finalmente, la Delegación Provincial de la Consellería de Industria y Comercio, aporta un estudio efectuado por «NorControl», por el período diciembre de 1991, debiendo de tenerse en cuenta que dicha entidad es empresa colaboradora de la Administración en materia de medio ambiente en cuyo resumen y consideraciones expresamente se dice que «la media aritmética y el percentil 95 de los valores diarios registrados durante el año son muy inferiores a los límites establecidos en el Real Decreto 1.321/92 (folio 373). Asimismo, en el informe emitido por el Ingeniero de Industria de la Delegación Provincial (folio 425), Pedro Sabín Sabín se dice «los valores de la concentración de partículas en suspensión y materia sedimentables... están por debajo de los valores máximos legalmente permitidos».
Los informes señalados fueron ratificados a presencia judicial, con asistencia de los Letrados de las partes: Así el señor S. M., por «NorControl, S. A.»; Sres M. P. y N. C., técnicos del Laboratorio de Medio Ambiente; don Pedro S. S. Jefe de la Sección de Industria, el cual además de ratificarse en su informe añadió que la presión que soporta la tubería que pasa por las proximidades de los inmuebles de los denunciantes, hace que el riesgo de que haya un reventón o sufra daños estructurales es prácticamente nulo.
De todo lo expuesto, y de lo que tenía anticipado conocimiento la parte recurrente, se desprende que los estudios realizados por el tiempo establecido en la Directiva 80/779 de la CEE, por la entidad colaboradora de la Administración, así como de los informes del Ayuntamiento y de la Delegación Provincial de la Consellería de Industria, los niveles de contaminación de la refinería de «Repsol» están dentro de los límites legales y, consecuentemente, no se aprecia la existencia de delito ecológico, procediendo mantener el archivo de las diligencias, al no haber sido desvirtuados los motivos que se tuvieron en cuenta para dictar la resolución cuya reforma se pide, por lo que procede desestimar este recurso y admitir en ambos efectos el subsidiario de apelación también interpuesto».
11. Contra dicho Auto se interpone recurso de amparo, interesando su nulidad. La representación del solicitante de amparo estima que las resoluciones recurridas han vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la utilización de los medios de prueba pertinentes, respectivamente reconocidos en los apartados 1. y 2. del art. 24 C.E.
La primera de dichas vulneraciones se apoya en la demanda en una argumentación múltiple. Se aduce a este respecto, en primer lugar, que la decisión de archivo no estuvo suficientemente motivada ni en el Auto de fecha 25 de mayo de 1993 ni en los que posteriormente vendrían a confirmarlo, ya que la ausencia de cualquier tipo de investigación sobre varias de las cuestiones planteadas en el escrito de denuncia -tales como la relación existente entre la contaminación atmosférica y ciertas enfermedades padecidas por la familia del recurrente, o las consecuencias para la salud de la pulverización de partículas en el interior de su vivienda-, no sólo se reflejó en la omisión de tales extremos en el relato fáctico de dichas resoluciones, sino que asimismo condujo a los órganos judiciales a no emitir valoración alguna respecto de la infracción, por parte de la entidad denunciada, de la normativa aplicable en materia de sanidad medio-ambiental.
A estas incongruencias omisivas habría de añadirse que la motivación contenida en el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 2 de La Coruña de 26 de junio de 1993, aceptada en su totalidad por el Auto dictado en sede de apelación, no sólo arranca de una apreciación errónea de los hechos sino que procede a una interpretación arbitraria, parcial e irrazonable de la normativa aplicable. Lo cual se manifiesta concretamente, por ejemplo, en la negación de toda eficacia probatoria al Informe, emitido por el Laboratorio Regional de Medio Ambiente Industrial con fecha de 31 de enero de 1991, que acompañaba a la denuncia -en el que, entre otras conclusiones, se hacía constar que las partículas sedimentables (P.S.D.) sextuplicaban las legalmente toleradas-, por motivo de no haberse basado el mismo en la toma de datos por período no inferior a un año, siendo así que la Directiva 80/779/C.E.E. esgrimida como fundamento de tal requisito no señala período temporal alguno para la toma de tales partículas sino exclusivamente para las partículas en suspensión (P.S.U.).
Finalmente, el derecho a la tutela judicial efectiva habría sido asimismo infringido al haber procedido los órganos judiciales de instancia y de apelación a una interpretación del art. 347 bis del Código Penal que no guardaba coherencia alguna con los hechos denunciados ni con la normativa de obligado cumplimiento.
En consecuencia, se pide a este Tribunal que anule las resoluciones recurridas. Por otrosí, se solicita asimismo que acuerde, como medida cautelar, la remisión de copia testimoniada del Libro-Registro de mediciones y resultados de contaminantes de la empresa «Repsol Petróleo, S. A.», en cuanto corresponda al período comprendido entre el mes de agosto de 1990 y el mes de mayo de 1991.
12. Por providencia de 21 de marzo de 1995, la Sección primera de este Tribunal acordó conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al recurrente, para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la posible existencia de falta de contenido constitucional de la demanda de amparo.
16. Por providencia de 19 de junio de 1995, se tuvo por personado a don Fernando G. E. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de «Repsol Petróleo, S. A.», y asistido por el Abogado don Fernando Lorente Hurtado.
17. Por providencia de 19 de junio de 1995, la Sección acordó admitir a trámite la demanda, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de los testimonios recibidos, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, a la Procuradora del recurrente, así como al de «Repsol Petróleo, S. A.», para alegaciones.
18. Por la representación de «Repsol Petróleo, S. A.», se presentó escrito ante el registro de este Tribunal el día 11 de julio de 1995, pidiendo la desestimación del recurso. Se indicaban los siguientes fundamentos:
La interpretación que se combate es un mero obiter dictum, en el Auto de la Audiencia Provincial, irrelevante para la decisión que ésta adopta, que, con independencia del carácter difuso o individualizable de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 347 del Código Penal, se funda en que no se aprecia la existencia de vertidos o emisiones en contravención de leyes o reglamentos protectores del medio ambiente por considerar, en su terminología que, «los niveles de contaminación de la refinería denunciada están dentro de los límites legales». La demanda discute aquí la selección normativa y la valoración de la prueba hechas por el Juzgador en términos ajenos al objeto que es propio del recurso de amparo.
c) La inexistencia de vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2. C.E.). No puede vulnerarse dicho derecho fundamental con relación con los medios de prueba que no se ha intentado utilizar. Carece de relevancia en el proceso constitucional los reproches que en este punto se formulan sobre la no realización de dictámenes o informes sobre la influencia de la supuesta contaminación en la salud de las personas que habitaban en el entorno de la refinería. Ello supondrá una mejor o peor, o una más o menos completa instrucción de las diligencias, pero no puede atentar al derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa cuando el medio de prueba cuya omisión se reprocha no ha sido propuesto por la parte en cuestión. No existe un derecho fundamental al buen instruir, máxime si tienen en cuenta que dicho derecho se circunscribe a los medios de prueba cuya práctica ha sido propuesta por los interesados.
a) En primer término, la solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio se ha presentado dentro del plazo de veinte días que prevé el art. 44.2 de la LOTC, contados desde la notificación del Auto de la Audiencia Provincial a la representación del demandante: Dado que el 18 de octubre fue lunes, y descontados los tres domingos intermedios, el 1 de noviembre y el 9 de noviembre, como fiestas nacional y local de Madrid, respectivamente, la petición se presentó en el Gobierno Civil el decimoctavo día, y tuvo entrada en el registro de este Tribunal precisamente el vigésimo día del plazo.
c) Entiende el Ministerio Fiscal que, aunque el Tribunal Constitucional establece, en los casos de beneficio de justicia gratuita (en relación con el art. 13 del Acuerdo de 20 de diciembre de 1982) que la no formalización de la demanda de amparo dejando transcurrir con creces el plazo concedido para ello supone la caducidad del recurso y la extinción del proceso (ATC 342/1990), en el presente caso no se dan las circunstancias precisas para entender que procede declarar dicha caducidad y extinción, ya que, de una parte, la Sala accedió a la petición de prórroga (efectuada el 9 de mayo de 1994) una vez transcurrido el plazo inicial de veinte días; de otra, aunque la Sala accede en los términos solicitados, no efectúa ningún requerimiento al Letrado, ni antes ni después del 1 de junio, y, finalmente, no declara la caducidad del proceso, sino que abre el trámite del art. 50.3 de la LOTC; por todo ello, el
Fiscal entiende que no concurre la caducidad del proceso, pues el plazo se prorrogó no desde el momento solicitado por el Letrado, sino desde que se accedió a ello y se le notificó la correspondiente providencia, y, por tanto, debe entrarse en el fondo.
d) Con relación a los derechos fundamentales alegados, el Ministerio Fiscal efectúa las siguientes precisiones: El escrito solicitando nombramiento de Abogado y Procurador de oficio mencionaba los art. 1, 9, 10, 43, 24.1 y 120 de la Constitución; posteriormente, la demanda ya formalizada alega exclusivamente la violación del art. 24.1 C.E. (que desarrolla en tres submotivos) y del 24.2 C.E.; finalmente, en el escrito evacuando el trámite de admisión del artículo 50.3 LOTC, se menciona además el derecho al respeto a la vida privada y familiar, los art. 18.1, 18.2 y 45 C.E.
En lo que se refiere a los art. 1, 9, 10 y 43 C.E., mencionados en el escrito de solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, basta recordar que los mismos no establecen, per se, derechos fundamentales susceptibles de amparo, que son únicamente los enunciados en los art. 14 a 30 de la Norma suprema.
Por lo que respecta a los derechos a la intimidad personal y familiar, el Fiscal entiende que el demandante no puede introducir nuevos derechos fundamentales ni en el trámite de alegaciones del art. 50.3 LOTC (ATC 334/1993), ni mucho menos en el escrito evacuando el traslado del art. 52 (ATC 110/1995 y STC 26/1995), ya que es la demanda la que determina el objeto del proceso. Por ello, se debe circunscribir a las efectuadas en el escrito de formalización de la demanda.
f) Lo mismo cabe decir del segundo de los motivos de esta demanda, que alega infracción del art. 24.1 de la C.E. por error patente en la motivación fáctica, y arbitraria e irrazonada interpretación de la normativa aplicable: El hecho de que los Autos recurridos opten por el resultado de determinados informes, obtenidos de forma contradictoria, en lugar de los que, al parecer, son más favorables a las tesis del recurrente, no supone una violación del derecho a la tutela judicial efectiva.
g) Tampoco se observa infracción del art. 24.1 de la C.E., por incongruente interpretación, en las resoluciones recurridas, del art. 347 bis del Código penal, en relación con los hechos denunciados, con el art. 45 de la C.E. y con otras normas sustantivas y de obligada aplicación: De una parte, las aparentes incoherencias que pudieran observarse en los Autos recurridos (aparte no ser sustanciales para la resolución del caso en la vía en que se dictaron) carecen de relevancia para entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que, conforme ha establecido este Tribunal, no incluye el derecho a una resolución plenamente acertada en Derecho; de otra, porque toda la referencia a «contravención de leyes o reglamentos protectores del medio ambiente», que constituye un auténtico elemento normativo del tipo de injusto, ha sido objeto de prueba valorada, en la competencia que les confiere el artículo 117.3 C.E., por los Tribunales penales, de modo que nos encontramos ante una cuestión de legalidad ordinaria que, por sí misma, no es suficiente para fundamentar un recurso de amparo.
h) En lo que respecta a la falta de práctica de pruebas, que la demanda considera injustificada, entiende el Fiscal que se trata de una discrepancia en cuanto a la relevancia de la prueba propuesta y no practicada a los fines de investigación propios de la fase de instrucción: Aunque los Autos recurridos no hacen referencias expresas a dichas solicitudes, debe entenderse que dichas peticiones de prueba fueron desestimadas tácitamente por los órganos judiciales, que no las consideraron necesarias para la apreciación de si concurrían en los hechos los requisitos necesarios para entenderlos tipificados en el Código Penal. Incluso en lo que se refiere a los certificados médicos aportados, aparte de que el entonces denunciante no realizó ninguna petición de prueba pericial que determinara, en su caso, una relación de causalidad entre las enfermedades que mencionan y la posible contaminación supuestamente generada especialmente por los depósitos de coque, se remite a lo antes dicho acerca de que los órganos judiciales que no consideraron necesarias dichas pruebas, tal vez a la vista de las periciales relativas a los diferentes tipos de emisiones de la refinería de petróleo.
i) En definitiva, la cuestión que suscita la demanda de amparo a este Tribunal supone simplemente una discrepancia del actor con las resoluciones que acordaron y confirmaron el archivo de las actuaciones; dicha discrepancia, está referida no sólo a la determinación de los hechos, sino también a la inclusión o no de los mismos en alguno de los tipos del Código Penal que se indican en dichos Autos, cuestión que es de legalidad ordinaria, pues tanto la comprobación y valoración de los hechos, como la interpretación y aplicación de las normas aplicables es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales, conforme al art. 117.3 de la C.E., sin que el Tribunal Constitucional pueda entrar en su consideración, por no ser una tercera instancia, sino un órgano de control de la violación de derechos fundamentales.
Con carácter previo, no obstante, es preciso desestimar el alegato de extemporaneidad presentado por la parte demandada. Este Tribunal otorgó una ampliación del plazo para formular la demanda al Abogado nombrado de oficio para defender al demandante, dado el volumen de los testimonios de las actuaciones recibidas de los órganos judiciales, de conformidad con el principio de interpretación más favorable al acceso jurisdiccional para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas (STC 287/1994, fundamento jurídico 2.), especialmente intenso cuando se trata de profesionales nombrados de oficio (STC 162/1993, fundamento jurídico 4.). La prórroga del plazo fue concedida por providencia de 23 de mayo de 1994, notificada al Procurador del demandante de amparo el siguiente día 25. El escrito de demanda fue presentado el día 9 de junio, cuando es claro que aún no habían expirado los quince días concedidos.
2. La instrucción penal sometida a nuestro enjuiciamiento, desde la perspectiva de los derechos fundamentales del actor, atañe a una refinería de petróleo. Nadie pone en cuestión que este tipo de instalación industrial constituye una de las actividades más gravemente contaminantes de la atmósfera (Anexo II, grupo A, del Decreto 833/1975, de 6 febrero, de protección del ambiente atmosférico), que por ende se encuentra sometida a unos límites estrictos, en defensa del medio ambiente natural y de la salud de las personas que puedan verse afectadas por su funcionamiento.
Es igualmente obvio que el derecho a un medio ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad industrializada y urbanizada de nuestros días. Así lo reconoce la Constitución, en su art. 45, que enuncia el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Precepto constitucional que, en su segundo apartado, impone a los poderes públicos la tarea de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, como ha tenido ocasión de recordar este Tribunal (así en las SSTC 64/1982, y 227/1988).
La importancia del derecho al medio ambiente ha sido puesta de relieve también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado que, en determinados casos de especial gravedad, los daños ambientales pueden llegar a vulnerar el derecho de una persona a su vida personal y familiar, declarado por el art. 8 del Convenio de Roma (Sentencias del T.E.D.H. Powell y Rainer c. Reino Unido, 21 de febrero de 1990, y López Ostra c. España, 9 de diciembre de 1994).
3. Sin embargo, no puede ignorarse que el art. 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional (art. 53.3 C.E., SSTC 32/1983, fundamento jurídico 2., 149/1991, fundamento jurídico 1., y 102/1995, fundamentos jurídicos 4.-7.).
El Derecho español, por su propio impulso y por el que le confieren las disposiciones del Derecho comunitario, ha desarrollado un importante corpus normativo para la protección del medio ambiente. Pero es de resaltar que tales normas establecen primordialmente medidas preventivas y correctoras de carácter administrativo, atendiendo a la complejidad de los problemas y a su alcance colectivo, como es común en otros países europeos (Sentencia de T.E.D.H. Powell y Rainer, apartado 44). Así acaece con la Ley de protección del medio atmosférico (Ley 38/1972, de 22 de diciembre) que tanta incidencia tiene en la causa controvertida, y su prolija reglamentación de desarrollo, a la que ahora se suma la legislación de la Comunidad Autónoma competente (STC 329/1993).
4. También se ha previsto la represión penal, tipificando determinadas conductas especialmente graves como delito ecológico (como los arts. 347 bis y 565 del Código Penal de 1973, hoy reemplazados por el art. 325 y sigs. del nuevo Código, y STC 127/1990). Los ciudadanos afectados pueden hacer valer su derecho al medio ambiente siguiendo cualquiera de las vías que ofrece la legislación vigente (art. 53.3 C.E., y STC 90/1985, fundamento jurídico 5.). Pero, en sede constitucional de amparo, la situación es completamente diferente cuando los ciudadanos afectados pretenden que sus derechos sean protegidos por la vía penal o bien por las vías administrativa y civil (STC 31/1996, fundamentos jurídicos 9. a 11).
En este sentido debemos señalar que el llamado Derecho penal del medio ambiente constituye la respuesta primaria o básica del ordenamiento jurídico a las más graves vulneraciones del equilibrio de la naturaleza, sin perjuicio del importante papel que en este orden de cosas desempeña el Derecho administrativo sancionador.
En el caso presente, como pone de manifiesto la empresa demandada, no se trata de reaccionar por la vía contencioso-administrativa contra la inactividad de las Administraciones competentes, sino de pretender que se impongan penas a determinadas personas por unos hechos conceptuados como delito. Por consiguiente, no puede aceptarse la invocación que se hace en la demanda de amparo de la doctrina de la Sentencia T.E.D.H. López Ostra, que fue pronunciada para enjuiciar una situación dispar a la actual.
La Constitución no otorga ningún derecho a obtener condenas penales. Son las leyes las que prevén el castigo de quienes vulneran sus disposiciones (art. 25.1 C.E.). Y son los Tribunales penales los competentes para enjuiciar los hechos presentados por la acusación y la defensa, y para interpretar y aplicar la ley penal (SSTC 89/1983, fundamento jurídico 3., 83/1989, fundamento jurídico 2., 128/1995, fundamento jurídico 4., y 31/1996, fundamento jurídico 10). Por ende, la función de este Tribunal en el cauce constitucional de amparo se limita a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del ciudadano que ha solicitado protección penal de los derechos que las leyes en vigor le reconocen sobre el medio ambiente atmosférico.
Por otra parte, de las diligencias propuestas por la acusación particular, varias de las cuales fueron practicadas no se constata su necesidad, teniendo en cuenta la actividad que el Juzgado de Instrucción desplegó para descubrir la verdad.
6. No procede entrar a conocer de los derechos a la inviolabilidad del domicilio o a la intimidad, a la integridad física, ni a la libre circulación (arts. 18, 15 y 19 C.E.), pues ni fueron invocados en el proceso penal [art. 44.1 c) LOTC], ni es lícito que después de haber presentado la demanda de amparo, escrito rector del proceso constitucional, se formulen ampliaciones o se introduzcan nuevas pretensiones (SSTC 74/1985, fundamento jurídico 1., y 180/1993, fundamento jurídico 1.).
Tampoco puede analizarse por separado la alegación relativa al derecho a «utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa», que enuncia el art. 24.2 C.E. La jurisprudencia constitucional pone de relieve que ese derecho protege especialmente a quien es acusado en un proceso penal, en consonancia con lo dispuesto por el apartado 3 del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por el contrario, cuando se trata de quien asume la posición de acusador, y pide el ejercicio del ius puniendi del Estado, sus alegaciones sobre su derecho a la prueba han de ser analizadas en el contexto más amplio de su derecho a una tutela judicial efectiva y sin indefensión de sus derechos e intereses legítimos (SSTC 89/1986, fundamento jurídico 2., y 351/1993, fundamento jurídico 1.), pues los alegatos relativos a la prueba sólo pueden ser atendidos en la medida en que tengan una incidencia en la decisión final del proceso (STC 150/1988, fundamento jurídico 2.). Como señaló la primera Sentencia recaída en esta materia, «lo que a la protección del derecho constitucionalmente garantizado importa es que nadie se vea privado de los medios necesarios para hacer valer su derecho en un juicio equilibrado, en el que, con igualdad entre las partes, pueda ofrecer las razones que abonan su pretensión y apoyarlas con las pruebas necesarias para que los hechos de los que tales razones parten sean aceptados por el Juez o Tribunal» (STC 89/1985, fundamento jurídico 2.).
A esta idea no es ajena la imprecisión de que adolece el término «prueba» en el curso de una instrucción penal, como viene indicando este Tribunal desde la STC 1/1985, fundamento jurídico 2. Ello es debido a que en la fase sumarial o instructoria no puede rectamente hablarse de prueba, pues tal como se desprende de la regulación procesal penal (art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y este Tribunal mantiene inconcusamente desde su STC 31/1981, es la prueba que se practica en el juicio oral. El que algunas de las actuaciones instructorias sirvan en el juicio oral de prueba o la preconstituyan no confiere, salvo muy contadas excepciones que no son aquí del caso, a lo sumarialmente actuado el carácter de prueba (ATC 127/1989, 13 de marzo, fundamento jurídico 2.).
El que la prueba preconstituida realizada en el período sumarial o de investigación sirva en el juicio oral como prueba, no confiere un derecho del acusador a su práctica. En consecuencia, todas las alusiones que el demandante efectúa a su derecho a la prueba, como acusador particular, deben ser analizadas al juzgar su alegación de indefensión.
8. Desde la STC 89/1986, que enjuició el archivo de unas diligencias penales, hemos sostenido que la parte acusadora no tiene derecho a que el órgano instructor lleve a cabo una actividad de investigación y de comprobación ilimitada. En el caso del proceso penal ha de tenerse en cuenta la peculiar situación del posible implicado, en función de su derecho a la presunción de inocencia, y de sus derechos de defensa, lo que presupone también el no alargamiento del sumario, una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad (STC 89/1986, fundamento jurídico 3.)
En la instrucción de la que dimana el presente recurso de amparo, es manifiesto que los denunciantes disfrutaron de la posibilidad de hacer valer sus derechos en el procedimiento, sin que, desde una visión global, quepa hablar en modo alguno de indefensión (STC 89/1986, fundamento jurídico 2., y 150/1988, fundamento jurídico 2.). Por lo que su queja en este punto carece de fundamento, sin que este Tribunal deba entrar a revisar el criterio de los órganos instructores sobre concretos e individuales medios de prueba, una vez constatada la existencia de una instrucción sobre los hechos denunciados.
El derecho a la tutela judicial efectiva no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral en el ámbito penal, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que la ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal. Así lo hemos sostenido inalterablemente desde la STC 71/1984, fundamento jurídico 4, que desestimó el amparo impetrado contra unos Autos de archivo que constituían «resoluciones razonadas en Derecho y emitidas tras una valoración del material fáctico aportado a las actuaciones». A idéntica conclusión es preciso llegar ahora.
Todas estas cuestiones han sido apreciadas, de manera motivada, por los Tribunales competentes según la ley para enjuiciarlas de conformidad con el art. 117.3 C.E. En el caso presente su juicio ha dado lugar al archivo de las actuaciones, lo mismo que en otras ocasiones puede dar lugar, al enjuiciar otros hechos denunciados como graves daños al medio ambiente, a un resultado condenatorio (STC 127/1990, fundamento jurídico 2.). La parte ha obtenido, en cualquier caso, un pronunciamiento motivado sobre la acción penal ejercitada, por lo que ha visto satisfecho su derecho a la tutela judicial ex art. 24.1 C.E., aun cuando lo dispuesto por las resoluciones judiciales fuera distinto a lo que él entiende jurídicamente correcto.
ATC 21/2013, 28 de Enero de 2013
SAP Madrid 674/2005, 19 de Octubre de 2005
SAP Barcelona 64/2008, 15 de Enero de 2008
STSJ Cataluña , 14 de Septiembre de 2002
SAN 98/2011, 22 de Junio de 2011

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 347
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 117