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Timestamp: 2019-10-15 10:57:14+00:00

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STC 44/2008, 10 de Marzo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 37788926
STC 44/2008, 10 de Marzo de 2008
Número de Recurso: 4423-2005
Recurso de amparo 4423-2005. Promovido por el Ayuntamiento de Martos respecto a la Sentencia y el Auto de nulidad de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén que estimaron la demanda del Banco Vitalicio de España sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por daños. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (incongruencia): sentencia que deja sin respuesta la alegación de la Administración pública demandada acerca de la caducidad de la acción de responsabilidad.
Sentencia citada en: 789 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
STC 44/2008, de 10 de marzo de 2008
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 15 de junio de 2005 el Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Martos, dedujo demanda de amparo contra las resoluciones judiciales de las que se deja hecho mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
La compañía anónima de seguros y reaseguros Banco Vitalicio de España, que había satisfecho a su asegurado los daños causados en un vehículo de la propiedad de éste al golpearse en un badén sin señalizar existente en la calle Teniente General Chamorro de la localidad de Martos, promovió mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2003 la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento demandante de amparo para resarcirse de lo satisfecho al asegurado. El Ayuntamiento inició el expediente y requirió de la aseguradora que aportara datos sobre los hechos en razón de los cuales se solicitaba la indemnización de los daños causados, con apercibimiento de que, de no aportarse la documentación interesada en diez días, se la tendría por desistida con archivo del expediente. Transcurrido el indicado plazo el Ayuntamiento de Martos dictó acuerdo de archivo del expediente el 17 de febrero de 2004, notificándose tal acuerdo por correo certificado con acuse de recibo el 24 de febrero de 2004, con expresa mención en el texto del acuerdo de que contra él podía interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el término de dos meses.
Con fecha 9 de febrero de 2005 la aseguradora Banco Vitalicio de España interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial a la que estamos haciendo referencia. Señalada la vista para el día que por su turno le correspondía se celebró el juicio, en el cual la corporación municipal demandada opuso “la prescripción por caducidad de la acción”, recogiéndose en el acta del juicio que la alegación se realizó los siguientes términos: “alega la prescripción por caducidad de la acción.... habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación de la resolución administrativa hasta que interpone el recurso”. Tal alegación fue respondida por la compañía de seguros aduciendo que “el documento 8 de la demanda de 22 de noviembre de 2004, es un telegrama interrumpiendo la prescripción, estando dentro del plazo de un año, que no está prescrita su acción”.
El Ayuntamiento demandante de amparo aduce vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues, en su opinión, la Sentencia habría incurrido en el vicio de incongruencia omisiva, toda vez que no dio respuesta a la excepción de caducidad legalmente contemplada en relación con la interposición del recurso contencioso-administrativo, sino que resolvió en sentido desestimatorio una excepción de prescripción de la acción de responsabilidad por el transcurso del plazo de un año que en ningún caso había sido hecha valer por el demandante de amparo. A tal efecto recuerda que en el acto del juicio oral, único momento en el que podía hacerlo, invocó como cuestión previa la caducidad de la acción por el transcurso del plazo para ejercitarla, exponiendo que, si bien el plazo para exigir ese tipo de responsabilidad es de un año, sin embargo, cuando se ha entablado una reclamación administrativa que concluye por una resolución de archivo debidamente notificada, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses contados desde la fecha en que haya sido notificada dicha resolución, pues ya no cuenta el plazo de un año para entablar la reclamación administrativa. Sin embargo en la Sentencia del Juez de lo Contencioso-Administrativo ninguna respuesta se da a tal alegación y se entra a resolver sobre el fondo de la responsabilidad patrimonial. A lo anterior añade la corporación municipal que en el Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, obviando la existencia de reclamación administrativa previa de responsabilidad patrimonial que había concluido con una resolución de archivo del expediente, se insiste en la referencia al plazo de un año para el ejercicio de la acción de responsabilidad, aludiendo al carácter interruptivo del ejercicio de la acción penal pese a que en el supuesto contemplado no se haya tramitado causa penal alguna.
En virtud de providencia de 24 de julio de 2007, la Sala Segunda de este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC admitió a trámite la demanda de amparo y, obrando ya en este Tribunal certificación de las actuaciones judiciales y del expediente administrativo de los que este recurso de amparo trae causa, acordó, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la indicada Ley Orgánica, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jaén a fin de que, en plazo no superior a diez días, emplazase a quienes hubieran sido parte en el proceso judicial, salvo a la corporación demandante de amparo, para que, si lo desearan, pudiesen comparecer en este recurso de amparo.
Mediante diligencia de ordenación de 11 de enero de 2008, se tuvo por personado y parte en este proceso constitucional al Procurador don José Manuel Dorremochea Aramburu en representación de Banco Vitalicio de España, compañía anónima de seguros y reaseguros, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por término común de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
A través de escrito presentado el 31 de enero de 2008 la representación procesal del Ayuntamiento demandante de amparo formuló alegaciones, insistiendo en la argumentación vertida en su escrito de demanda.
El Ministerio público, en escrito presentado el 1 de febrero de 2008, interesó el otorgamiento del amparo solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, como consecuencia de ello, la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia impugnada.
La representación procesal de Banco Vitalicio de España, compañía anónima de seguros y reaseguros, formuló alegaciones, mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2008 en el Registro General de este Tribunal, en las cuales solicita la desestimación de la demanda de amparo. A tal efecto razona que ninguna indefensión se ha producido al Ayuntamiento demandante de amparo, pues el plazo de prescripción de un año a efectos del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial quedó interrumpido por la publicación el 7 de febrero de 2005 de un edicto del Ayuntamiento a través del cual se requería al perjudicado, que obraba en el expediente administrativo en representación de la compañía de seguros, para que mejorase la solicitud formulada ante el Ayuntamiento en demanda de responsabilidad patrimonial. De ahí que el recurso contencioso-administrativo interpuesto el 9 de febrero siguiente estuviera dentro de plazo al haberse interrumpido la prescripción por la publicación del referido edicto.
Por providencia de 6 de marzo de 2008 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 de dicho mes y año.
La cuestión a resolver en el presente recurso es la de si la Sentencia de 21 de abril de 2005 y el Auto de 27 de mayo de 2005, ambos dictados por el Juez de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jaén en el procedimiento abreviado núm. 61-2005, vulneraron o no el derecho de la corporación municipal demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 CE.
La doctrina de este Tribunal en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que supone el dictado de una resolución judicial incongruente es tan prolija como lineal en su significación. Para evitar una exposición exhaustiva de la misma baste reproducir la síntesis efectuada en la STC 40/2006, de 13 de febrero, en la cual afirmábamos que:
La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido (SSTC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3; ó 174/2004, de 18 de octubre, FJ 3; entre muchas otras). Recordaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos aún iniciales, como la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), hemos definido en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:
b) Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que, para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales. En algunas ocasiones, tiene declarado este Tribunal, ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquélla en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia. En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (por todas, SSTC 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3;182/2000, de 10 de julio, FJ 3; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 8/2004, de 9 de febrero, FJ 4)
. Por lo demás, en la misma Sentencia, con cita de la STC 100/2004, de 2 de junio, recordábamos que:
[L]a necesidad de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno. La anterior reflexión, de la que puede ser exponente la STC 141/2002, de 17 de junio, cobra especial relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora (art. 43 LJCA de 1956) la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen ‘dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición’, mandato este redactado en términos semejantes en el art. 33 LJCA de 1998, al ordenar que el enjuiciamiento se produzca ‘dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición
La aplicación al caso de la doctrina expuesta ha de partir de que, aun cuando las alegaciones formuladas por Banco Vitalicio de España, compañía anónima de seguros y reaseguros, aborden las cuestiones de si se interrumpió o no el término de la prescripción del plazo de un año previsto para instar ante la Administración la declaración de responsabilidad patrimonial y la de si había transcurrido o no el plazo previsto para la interposición del recurso contencioso-administrativo iniciado por la compañía aseguradora, no nos corresponde pronunciarnos al respecto, pues se trata de consideraciones atinentes a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria que se encuentran fuera del ámbito de conocimiento de este Tribunal en el marco del recurso de amparo y que, además, no son las planteadas por la corporación municipal demandante de amparo como fundamento de su queja. Lo que este Tribunal ha de enjuiciar es si el órgano judicial dio o no respuesta a la totalidad de las pretensiones hechas valer en el caso por el Ayuntamiento, ya sea de modo explícito, ya de manera implícita.
La estimación de la demanda de amparo ha de conducir, como forma de restablecimiento del derecho fundamental invocado, a la anulación tanto de la Sentencia como del Auto impugnados, con retroacción de las actuaciones judiciales al momento de dictar Sentencia para que se pronuncie otra con respeto al derecho fundamental vulnerado.
Declarar que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la corporación municipal recurrente.
Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de 21 de abril de 2005 y el Auto de 27 de mayo de 2005, ambos dictados por el Juez de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jaén en el procedimiento abreviado núm. 61-2005, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia indicada para que se concluya el proceso con pleno respeto al derecho fundamental vulnerado.
SAP Madrid 319/2006, 25 de Octubre de 2006
STS, 16 de Febrero de 2010

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