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Timestamp: 2018-05-23 08:51:13+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 493/16 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 650713917
Actor: LILIANA PATRICIA GUTIERREZ MARULANDA Y OTRO
Demandado: LEY 1149 DE 2007, ARTICULO 10 PARCIAL.
APELACIÓN SENTENCIAS LABORALES. OPORTUNIDAD PARA SUSTENTAR EL RECURSO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1149 de 2007, por medio de la cual se modificó el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral. Los actores sostienen que la regulación procesal en el área laboral, relativa a la interposición y sustentación del recurso de apelación, desconoce el mandato de trato igual consagrado en el artículo 13 de la Constitución, en tanto los sujetos de las sentencias proferidas en el sistema oral de la jurisdicción laboral están en desventaja frente a los usuarios del área penal, ya que si éstos últimos lo desean, pueden sustanciar el recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, mientras que los primeros deben apelar y sustentar ipso facto en la misma audiencia. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada, tras considerar que contiene una regulación que garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación y a la vez armoniza los principios de celeridad y oralidad, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia.
Sentencia citada en: 2 sentencias, una disposición normativa, 2 noticias
Actores: L.P.G.M. y Faiber Antonio Valero Hernández
Los ciudadanos L.P.G.M. y F.A.V.H., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, por medio del cual se modificó el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral.
El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de la cartera, F.A.C., solicitó a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada, al considerar que reiteradamente[2] la Corte ha respetado la potestad legislativa en materia de expedición de códigos, la determinación de los trámites de cada instancia judicial, la fijación de las etapas, términos, procedimientos y en general los actos que se desprenden del ejercicio de los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución.
El Director del Departamento de Derecho Laboral, J.E.M., manifiesta que la norma demandada no contraviene el ordenamiento Superior en tanto que el artículo 29 de la Constitución consagra que toda persona será juzgada con observancia a las formas propias de cada juicio, y que en ese sentido, la Ley 1149 de 2007 adecuó el procedimiento de la jurisdicción ordinaria laboral al sistema de oralidad.
El Director del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre de Colombia, J.K.B.V., defiende la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez que la oralidad dentro del derecho procesal es considerada más un principio que regla, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-713 de 2008[4] al estudiar una de las reformas a la ley estatutaria de administración de justicia, de donde se puede deducir que la tendencia legislativa está orientada a la implementación de la oralidad, estableciendo como excepción la escritura. De igual modo, indica que en la sentencia C-742 de 1999[5] se definió que los recursos son de creación legal y el Legislador cuenta con una amplia libertad de configuración, salvo en asuntos penales y de tutela (CP. 29 y 86).
El presidente del Instituto, J.P.Q., considera que el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007 por medio del cual se modificó el artículo 66 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social es exequible, toda vez que cuando de disposiciones procesales se trata, cada Código puede establecer lineamientos diferentes respecto del trámite del proceso, ya que es una esfera propia de la libertad de configuración de la rama legislativa (CP. 150.2).
B. C. PREVIA
D. DEL MARGEN DE CONFIGURACIÓN EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE CÓDIGOS Y NORMAS PROCESALES
E. EL CONTEXTO NORMATIVO DE LAS NORMAS PROCESALES
20. C. de lo anterior, se tiene que en una primera oportunidad el recurso de alzada en la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social era mixto, al permitirse que la sustanciación se surtiera verbalmente o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo. No obstante, en aras de implementar plenamente el sistema de oralidad el legislador restructuró el diseño del recurso de alzada eliminando la alternativa escritural con el fin de satisfacer la demanda de una justicia célere, eficaz, sin dilaciones, toda vez que le otorgó mayor preponderancia al acceso efectivo de la administración de justicia frente a las ritualidades escritas.
24. La norma vigente en materia de apelación de sentencias penales, fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2011[21] por: (i) la afectación del derecho de defensa (art. 31 CP) por la presunta restricción de los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal fundada en la reducción excesiva en los términos para sustentar el recurso, al impedir que quienes intervienen en el proceso cuenten con el tiempo y los medios necesarios para el adecuado ejercicio del derecho de defensa; (ii) la eventual infracción del debido proceso (art. 29 CP), los principios de concentración e inmediación (art. 250 CP.), y el derecho de acceso a la justicia (art. 229 CP), comoquiera que el recurso de apelación, se sustentará en la misma audiencia en que se profiere la decisión impugnada, ante el funcionario que la dictó y no frente al juez que definirá la segunda instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los medios para el ejercicio de la defensa, agregan que “la labor de atacar una decisión judicial requiere maduración y tiempo prudencial con el fin de que cumpla con los requisitos de seriedad, profundidad y eficiencia que debe tener un alegato que se propone demostrar que un J. de la República ha incurrido en error”[22].
F. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE NORMAS PROCESALES
36. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Asimismo, en términos más amplios el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace alusión a las garantías judiciales “en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso L.A.A. vs. Suriname con sentencia del 30 de enero de 2014 reiteró el alcance de esta garantía del siguiente modo:
“El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 23 de marzo de 2005, en el que interesó la denegación del amparo. Respecto de la cuestión de la admisibilidad del recurso de suplicación y la interpretación a realizar del art. 189 LPL, debe analizarse con carácter previo si la recurrente ha formulado y agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, presupuesto inexcusable de procedibilidad y obstáculo insalvable para el enjuiciamiento de la cuestión planteada en amparo. En este sentido, dado que la recurrente no interpuso en forma el recurso de casación para la unificación de doctrina o no cumplió los requisitos procesales exigibles, debe concluirse que el órgano judicial se vio privado de la posibilidad de entrar a conocer de la cuestión formal objeto del recurso. Al margen de ello, lo cierto es que esta falta de diligencia de la recurrente no ha impedido la respuesta del Tribunal Supremo sobre la cuestión de fondo, toda vez que la Sala, además de constatar la falta de identidad entre la Sentencia recurrida y la Sentencia de contraste, también inadmitió la pretensión por cuanto que ésta ya había sido resuelta por la propia S. mediante una doctrina reiterada en Sentencias de 25 de noviembre de 2002, 10 de diciembre de 2002 y 21 de enero de 2003, entre muchas otras, respecto de la cuestión de fondo, así como en las Sentencias de 15 de abril de 2003 y 17 de mayo de 2003 respecto a la cuestión de la afectación general. En consecuencia, no existe falta de tutela judicial efectiva a la recurrente, por cuanto que ha existido un pronunciamiento sobre el fondo, y, de otro lado, no ha existido indefensión, pues ni la actitud de la recurrente fue diligente ni ésta ha impedido aquel pronunciamiento”[34] (subrayas fuera de texto).
“Pretender que todos los procesos judiciales sean idénticos, es desconocer precisamente que existen asuntos de naturaleza distinta, que ameritan un trato diferente, ya que no es lo mismo someter a la jurisdicción civil un caso de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, en el que no se presenta controversia alguna y, por tanto, no se requiere de la ejecución de ciertas diligencias procesales que si resultan indispensables en otros procesos contenciosos. La igualdad matemática o igualitarismo absoluto no existe, pues de ser así se incurriría en desigualdades al no considerarse circunstancias específicas que ameritan tratos distintos. Por tanto, el legislador ante supuestos iguales debe obrar dándoles igual tratamiento y ante hipótesis distintas puede establecer diferencias, obviamente, justificadas y razonables” http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-090-02.htm - _ftn2(subraya fuera de texto).
[2] Cita la sentencia C-329 de 2015 MP. M.G.C., en la que se analizaron algunas expresiones contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, sobre el recurso de apelación de sentencias y autos proferidos por jueces administrativos y tribunales administrativos en primera instancia.
[3] MP. E.C.M., en cuya oportunidad se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 41, 63, 65 y 66 (parciales) del Decreto 2158 de 1948 Código de Procedimiento Laboral.
[4] MP. Clara I.V.H.. Revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 023/06 Senado y No. 286/07 Cámara “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.
[5] MP. J.G.H.G.. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 del Decreto Ley 01 de 1984 (anterior Código Contencioso Administrativo).
[6] MP. L.E.V.S.. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 794 de 2003 “Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”.
[7] Sentencia C-1052 de 2001 MP. M.J.C.E.: “la claridad en la formulación de los cargos de inconstitucionalidad constituye “un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental” , no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”.
[9] Sentencia C-1256 de 2001 MP (e). R.U.Y.: “Esta Corporación ha insistido en que los requisitos deben ser cumplidos materialmente por el actor, y no sólo formalmente, por lo cual es deber del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada. Por consiguiente, si el actor se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, la demanda es inepta, pues la falta de concreción del cargo impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.
[10] Sentencia C-1294 de 2001 MP. Marco G.M.C.: “La jurisprudencia ha recalcado que para que la demanda sea admisible, el cargo debe ser constitucionalmente relevante, es decir, que las razones de oposición entre la norma legal y la constitucional deben provenir de una contradicción real entre dichos regímenes, de lo cual se deduce –además- que el cargo debe consistir en un argumento normativo, no en una oposición práctica deducida de una aparente aplicación inconstitucional de la norma, por parte de las autoridades o de los particulares. Como consecuencia de la última restricción, el cargo de inconstitucionalidad no puede estar sustentado en las objeciones que al demandante le surjan respecto de la resolución de un caso particular”.
[11] Sentencia C-860 de 2007 MP. J.C.T.: “Por su parte, la suficiencia en la argumentación se satisface con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; igualmente, este último requisito apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
[12] MP. Gloria S.O.D..
[13] MP. A.B.S..
[14] MP. Á.T.G..
[15] MP. Á.T.G..
[17] MP. E.C.M..
[18] Esta realidad judicial fue relacionada en la sentencia C-543 de 2011 MP. H.A.S.P.: “Como su nombre lo indica, la ley 1395 de 2010 tiene como objetivo adoptar medidas dirigidas a descongestionar la administración de justicia. En efecto, en la exposición de motivos que acompañó el entonces proyecto de ley, el Gobierno Nacional, autor del mismo, expresó que “(…) en Colombia, como en muchos otros países, la demanda de justicia crece en forma permanente, y, por diversos motivos, no pueden multiplicarse, a voluntad, los recursos que serían necesarios para hacer frente a tal crecimiento de las necesidades de justicia. Por estas razones, y sin perjuicio de los esfuerzos que se sigan realizando para aumentar la inversión en justicia, resulta indispensable buscar otros caminos para combatir la congestión y la mora judicial”.
[20] Sobre este trámite se refiere la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en el proceso 26.128 del 11 de abril de 2007 MP. J.L.Q.M., así: “Teniendo en cuenta los argumentos del libelista y de acuerdo con lo reglado por el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, la Sala concluye en los siguientes aspectos: a) El recurso de apelación contra la sentencia de primer grado se interpone y se concede en la misma audiencia de su lectura, para lo cual la parte interesada solicitará los apartes pertinentes de los registros que a su juicio guarden relación con las inconformidades planteadas. b) Recibido el fallo en la secretaria de la correspondiente Sala Penal del Tribunal Superior, ésta deberá acreditar la entrega de los aludidos registros. c) Cumplido con el anterior presupuesto, el Magistrado Ponente convocará a audiencia de debate oral, que se celebrará dentro del lapso de diez (10) días siguientes, en la que la parte sustentará el recurso y, así mismo, se escucharan los alegatos de los intervinientes no recurrentes que estén presentes en dicho acto. d) Agotado lo anterior, el Magistrado Ponente convocará para audiencia de lectura de fallo, que se cumplirá dentro de los diez (10) días siguientes.”.
[21] MP. L.E.V.S..
[24] MP. N.P.P..
[25] MP. M.G.C..
[27] MP. Clara I.V.H..
[28] MP. A.B.S..
[29] Cfr. Caso C.P. y otros. Fondo, R. y C., supra, párr. 161; C.H.U. Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 157 a 168; C.B.L. Vs. Venezuela. Fondo, R. y C.. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párrs. 88 a 91; C.V.L. Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 179; C.M., supra, párrs. 88 a 117, y C.M. y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y R.. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párrs. 241 a 261. (Citas dentro del texto original).
[30] Cfr. Caso H.U., supra, párr. 158, y C.M. y otros, supra, párr. 242. (Cita dentro del texto original).
[34] Sala Primera. Sentencia 329 de 2006, de 20 de noviembre de 2006. Recurso de amparo 6954-2003. Promovido por doña H.M.V.V. frente al Auto del Tribunal Supremo y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un Juzgado de lo Social de Valencia que desestimaron su demanda sobre cuantía de la jubilación anticipada.
[35] MP. Clara I.V.H..
[36] MP. H.A.S.P..
[37] MP. J.I.P.P..
[38] Sentencia T-592 de 2009 MP. J.I.P.P..
[39] MP. G.E.M.M..
[41] MP. E.M.L..
[42] MP. C.G.D..
[43] En la sentencia C-863 de 2008 MP. M.G.C. se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 435 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982, en cuya oportunidad se indicó que si bien el derecho a la doble instancia no es absoluto y en algunos casos admite limitaciones, lo cierto es que en materia penal, este mandato hace parte del núcleo esencial del derecho, tal y como lo señaló esta Corporación en los siguientes términos: “La Corte ha precisado que el artículo 31 de la Constitución Política no le otorga al principio de la doble instancia un carácter absoluto en tanto permite que la ley establezca excepciones a la posibilidad de apelar o consultar una sentencia judicial, por lo cual está autorizado el legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de revisión, también él puede consagrar, y sobre la base de que, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales afectados por vías de hecho, quepa extraordinariamente, la acción de tutela, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, y si bien la doble instancia es requisito indispensable del debido proceso tanto en materia penal como en la esfera de la tutela, fuera de esos ámbitos no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, como tampoco la supresión de la segunda instancia constituye una negación del derecho de acceso a la justicia” (subraya fuera de texto).
[44] Este criterio ha sido ampliamente reiterado por la Corte tal y como se afirmó en la sentencia C-015 de 2014 MP. M.G.C., en la que se sistematizaron algunas de las diferencias entre los asuntos y circunstancias a los que puede aplicarse cada tipo de juicio –leve, intermedio o estricto-. En efecto, “el test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. El test leve ha sido aplicado por este tribunal en casos en que se estudian materias económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos en que está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o en los cuales se trata de analizar una normatividad anterior a la vigencia de la Carta de 1991 derogada pero que surte efectos en el presente, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión”.
[45] El test de proporcionalidad en su intensidad leve fue empleado recientemente en la sentencia C-191 de 2016 MP. A.L.C., al estudiar el delito de contrabando, favorecimiento y facilitación al contrabando, lavado de activos y fraude aduanero previsto en la Ley 1762 de 2015.
[46] MP. L.E.V.S..
[47] En la sentencia C-863 de 2008 MP. M.G.C. se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 435 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, y del artículo 243 de la Ley 23 de 1982, en cuya oportunidad se indicó que si bien el derecho a la doble instancia no es absoluto y en algunos casos admite limitaciones, lo cierto es que en materia penal, este mandato hace parte del núcleo esencial del derecho, tal y como lo señaló esta Corporación en los siguientes términos: “La Corte ha precisado que el artículo 31 de la Constitución Política no le otorga al principio de la doble instancia un carácter absoluto en tanto permite que la ley establezca excepciones a la posibilidad de apelar o consultar una sentencia judicial, por lo cual está autorizado el legislador para indicar en qué casos no hay segunda instancia en cualquier tipo de proceso, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que, como el de revisión, también él puede consagrar, y sobre la base de que, para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales afectados por vías de hecho, quepa extraordinariamente, la acción de tutela, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, y si bien la doble instancia es requisito indispensable del debido proceso tanto en materia penal como en la esfera de la tutela, fuera de esos ámbitos no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, como tampoco la supresión de la segunda instancia constituye una negación del derecho de acceso a la justicia” (subraya fuera de texto).
Sentencia nº 25000-23-36-000-2014-00270-01 de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 15 de Septiembre de 2016
Sentencia nº 13001-23-31-000-2009-00375-01 de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 23 de Noviembre de 2016
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 72303 de 15 de Septiembre de 2015

References: artículo 10
 artículo 66
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 66
 artículo 150
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 66
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 243
 artículo 70
 artículo 11
 resolución 
 artículo 179
 artículo 435
 artículo 1
 artículo 243
 artículo 31
 artículo 435
 artículo 1
 artículo 243
 artículo 31