Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931151.html
Timestamp: 2019-11-12 08:49:56+00:00

Document:
as201931151
Expediente : 59/2018
Demandante : Mayoreo y Distribución S.A.
Demandado : Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales
VISTOS: El recurso de casación de fs. 650 a 659 vta., interpuesto por Jose Antonio Mozza Zambrana en representación legal de Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA), contra el Auto de Vista de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 647 a 648 pronunciado por la Sala Primera en materia de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contestación al recurso de fs. 664 a 667 vta., el Auto 13/16 de fs. 668 que concede el recurso de casación, el Auto Supremo de fs. 678 a 679 que admite el recurso y los antecedentes del proceso.
Sentencia Nº 20 de 10 de octubre de 2011.
Tramitado el proceso contencioso tributario seguido por Mayoreo y Distribución S.A. contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, la Juez Primero Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, emitió la Sentencia Nº 20 de 10 de octubre 2011, cursante de fs. 568 a 584, declarando PROBADA EN PARTE la demanda contenciosa tributaria; en consecuencia ANULA la Resolución Determinativa Nº 17-000249-09 CITE:SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/115/2009, y ordena que la Administración Tributaria (AT) proceda a la reliquidación de los cargos que correspondan dictando una nueva Resolución Determinativa.
Auto de Vista Nº 239 de 20 de octubre de 2017
En mérito al recurso de apelación interpuesto por el demandado (fs. 588 a 605), la Sala Primera en materia del Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 239 de 20 de octubre de 2017, cursante de fs. 647 a 648., que ANULA la Sentencia impugnada, disponiendo que la Juez A quo emita una nueva resolución que cumpla con el principio de congruencia.
Mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 2017, Mayoreo y Distribución S.A. interpuso “Recurso de Casación en la Forma y en el Fondo” contra el Auto de Vista Nº 239 de 20 de octubre de 2017, denunciando los siguientes aspectos.
1. Violación a la igualdad de las partes y en consecuencia el debido proceso, al no considerar lo expuesto en su contestación a la apelación.
2. Violación al debido proceso en sus elementos congruencia y motivación, por no haberse establecido las razones que llevaron a determinar la supuesta incongruencia del fallo de primera instancia, habiendo realizado solo una generalización, sin puntualizar cual la incoherencia que existiría entre las partes considerativa y dispositiva.
Por estos motivos solicita se declare fundado su recurso y se anule obrados hasta que se dicte un nuevo Auto de Vista, que considere los argumentos de su contestación a la apelación y detalle en que consiste la falta de coherencia identificada.
1. El Auto de Vista infringe los artículos 251, 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil (1975), bajo el cual fue juzgada la presente causa en primera instancia, toda vez que en su demanda solicitó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por violación al debido proceso en el procedimiento de fiscalización, por lo que al declararse Probada en parte la demanda, se determinó correctamente la nulidad hasta el vicio más antiguo, empero en el Auto de Vista se observa esta situación señalando que debió Revocarse la Resolución Determinativa, cuando esto no fue lo pedido en la demanda, ni correspondía ordenarse, habiéndose dispuesto correctamente la reliquidación de los cargos en vista de que la AT no se pronunció sobre los descargos presentados, lo que evidentemente conlleva que esta resolución quede sin efecto ni valor legal.
De lo anterior, refiere que el Tribunal Ad quem realizó una errónea interpretación de la ley, ya que se encontraba impedido de resolver cuestiones de fondo que no fueron planteadas en la Litis de primera instancia, y al señalar que la sentencia debió Revocar el acto administrativo, ha ingresado a considerar el fondo de la sentencia y modificar el fallo en flagrante violación a la normativa enunciada, sin considerar además que el término revocar es exclusivo de la jurisdicción administrativa.
Asimismo, se habría incumplido la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo Nº 180 de 14 de abril de 2008, habiendo emitido un fallo ultra, extra y citra petita a la vez, ya que su resolución no es coherente con la revocatoria solicitada por el apelante, pues le concede la nulidad, sin revisar el expediente, bajo una supuesta falta de congruencia.
Solicita que su Recurso de Casación en la Forma sea declarado fundado y en consecuencia se ANULE OBRADOS y se ordene la emisión de un nuevo Auto de Vista, o en su defecto, considerando su Recurso de Casación en el Fondo, se CASE el Auto de Vista de fs. 647 a 648, conforme lo dispuesto en el art. 220 del Código Procesal Civil.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Y ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
En consideración a los argumentos expuestos por los recurrentes, de acuerdo a la problemática planteada, se realiza una interpretación desde y conforme la Constitución Política del Estado, el bloque de constitucionalidad y las normas ordinarias aplicables al caso concreto.
A este efecto, de forma previa, corresponde precisar que este Tribunal Supremo de Justicia, por mandato legal, tiene la inexcusable obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores observaron las leyes y plazos que rigen su tramitación y resolución, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 17. I de la Ley 025 LOJ que prevé: “Artículo 17. (NULIDAD DE ACTOS DETERMINADA POR TRIBUNALES). I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley. ”; y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, de conformidad con el art. 106 del Código Procesal Civil, que a su vez dispone: “ARTÍCULO 106. (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD). I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.”
En este contexto, la motivación y congruencia de las resoluciones judiciales constituyen deberes jurídicos que toda autoridad judicial debe observar como elementos integradores del derecho y principio constitucional del debido proceso, que a su vez, constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. Esto implica que todo administrador de justicia que resuelva una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción; sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos, ya que la motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto, que podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la deducción jurídica definitoria en el caso singular.
De lo anterior se tiene que el incumplimiento de las exigencias de motivación y congruencia en las resoluciones judiciales, ameritan que el Tribunal Supremo disponga la nulidad de obrados, con la finalidad de resguardar el debido proceso en aras de una correcta administración de justicia, esto en sujeción a lo previsto por el propio Código Procesal Civil, que en sus arts. 218 y 213, establece, respectivamente:
“Art. 218 (AUTO DE VISTA). I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. (…)”
“Art. 213. (SENTENCIA). I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.
II. La sentencia contendrá: (…) 3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. (…) 4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente.”
Esta normativa impone taxativamente que tanto los jueces de primera instancia como los tribunales de alzada ajusten sus resoluciones (Sentencia y Auto de Vista) decidiendo la controversia con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone lo solicitado por las partes en el proceso, o en su caso la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en los referidos artículos 213 y 218 del Código Procesal Civil.
En ese marco, de la revisión de obrados se advierte que tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem a tiempo de emitir la Sentencia y el Auto de Vista, respectivamente, soslayaron observar el principio y garantía del debido proceso, previsto en el art. 4 del Código Procesal Civil, en sus elementos congruencia y motivación de las resoluciones, al no identificar y resolver adecuadamente las controversias dentro del proceso, toda vez que si bien el demandante Mayoreo y Distribución S.A. inicialmente, en su memorial de demanda denunció sólo aspectos de forma o que hacen a la tramitación o desarrollo del proceso, como ser: la vulneración al debido proceso, incorrecta determinación de la base imponible bajo el método de Base Cierta, inconsistencia de las observaciones en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, omisión valorativa de los descargos presentados en sede administrativa, y otros, solicitando en el petitorio de su memorial de demanda de forma expresa la Nulidad de la Resolución Determinativa impugnada; empero, posteriormente, en su memorial de Ampliación de Demanda, presentó pruebas documentales con el fin de desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria, constituyéndose este un aspecto sustancial o que hace al fondo del proceso, puesto que pone a consideración del juez la revisión de los fundamentos que sustentan las observaciones al IVA fiscalizado.
Asimismo, se advierte que en la etapa probatoria y durante el desarrollo de todo el proceso, el demandante ha producido prueba con el fin de desacreditar los cargos contenidos en la Resolución Determinativa, solicitando además de forma aclarativa en el petitorio de su memorial de alegatos (fs. 423 a 457): “2.1. Se declare la nulidad de todo lo actuado por la Administración Tributaria, al haberse violado los derechos constitucionales elementales del administrado, así como las normas sustantivas y adjetivas que hacen a nuestro ordenamiento jurídico nacional y fundamentalmente al tributario. 2.2. Si su autoridad no determinase la nulidad anteriormente solicitada, pedimos, que se reliquide la deuda tributaria en función del cuadro detallado en el punto anterior.”; evidenciándose de todo lo anterior, que el demandante no sólo demando aspectos de forma sino que a su vez demandó cuestiones que hacen al fondo del proceso.
Ahora bien, la existencia de argumentos de forma y fondo, debió ser oportunamente identificada con precisión tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista, esto, con el fin de determinar cuáles las controversias a ser resueltas, la estructura de la resolución judicial, el orden de los fundamentos jurídicos a desarrollarse para la resolución del caso, y más importante aún, para determinar los alcances de la parte dispositiva, debido a que la Nulidad emergente de declarar probada la demanda, en caso de evidenciarse los vicios procesales demandados, no podría ser compatible con la Revocatoria que debiera disponerse en caso de que, tras el análisis de la prueba presentada, se desvirtuasen los cargos determinados por la AT contra el contribuyente en la Resolución Determinativa; sin embargo esta situación no fue reconocida por ninguna de las instancias anteriores, toda vez que en la Sentencia, la Juez A quo de forma indiscriminada ingresó a analizar todos los agravios expuestos por el demandante, concluyendo que se habrían demostrado tanto la concurrencia de vicios de nulidad en el procedimiento desarrollado en sede administrativa, así como la procedencia de los descargos presentados (que a su vez conllevan la revocatoria los cargos de la Resolución Determinativa), para finalmente disponer incongruentemente en su parte resolutiva, ANULAR la Resolución Determinativa y ordenar al SIN que proceda a la reliquidación de los cargos conforme lo analizado en la parte considerativa de la Sentencia.
Asimismo, en el Auto de Vista, sin considerar el contenido de la demanda y todo lo dilucidado en el proceso contencioso tributario, se ha calificado de incongruente a la Sentencia, bajo el argumento de que al haberse pronunciado sobre aspectos de fondo en su parte considerativa no debió anular la Resolución Determinativa sino revocarla, todo esto sin ponderar que la Sentencia también analiza cuestiones de forma que podrían dar curso a la nulidad dispuesta en primera instancia, empero el Tribunal Ad quem omitió efectuar una adecuada revisión de los antecedentes del proceso y los fundamentos de la Sentencia apelada, inobservando su deber de dirección y la facultad de saneamiento procesal que le asiste, con el fin de subsanar cualquier situación que pudiera acarrear nulidades posteriores en el proceso.
En base a los antecedentes expuestos, este Tribunal encuentra errores o inobservancias del procedimiento que resultan lesivos a la garantía del debido proceso y consiguientemente son sujetos de nulidad, por existir trascendencia y perjuicio a las partes del proceso, toda vez que los defectos identificados en la Sentencia, restringen el derecho de las partes de obtener una resolución congruente y motivada, provocando a su vez indefensión material y limitación al derecho a la impugnación, por no ser coherentes los fundamentos invocados con la decisión asumida; y en vista, que conforme se tiene en antecedentes, el Tribunal de Alzada no corrigió oportunamente estos errores procesales, pese a ser evidentes los defectos contenidos en la Sentencia, así como su imposibilidad de ejecutarla, corresponde a este Tribunal, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 106 del CPC y 17.1 de la Ley Nº 025 LOJ, sanear el procedimiento y fallar de acuerdo a las dispuesto en el art. 220. III. del Código Procesal Civil, y sin ingresar a considerar los argumentos esgrimidos en el recurso de casación, ordenar la nulidad de los actos que vulneraron el debido proceso.
POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, y con base en los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, ANULA obrados hasta la Sentencia Nº 20, cursante de fs. 568 a 584, inclusive, disponiendo que la Juez 1º de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Ciudad de Santa Cruz, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad, pronuncie nueva Sentencia, debiendo considerar los fundamentos contenidos en el presente fallo.
No siendo excusable el error cometido, se impone la multa de Bs. 150.- (ciento cincuenta 00/100 Bolivianos) a la Juez de instancia y a cada uno de los Vocales del Tribunal Ad quem por la manifiesta inobservancia e incongruencia en los fallos emitidos.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme a la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (Garantías para la independencia de las y los operaciones de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas), la remisión de Autos Supremos anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.

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