Source: http://www.elsegurodeproteccionjuridica.es/2012/01/
Timestamp: 2017-08-16 13:17:11+00:00

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Date archives Enero 2012
LOS RIESGOS DEL ARBITRAJE EN ARRENDAMIENTOS URBANOS
El arbitraje en arrendamientos urbanos ha tenido mucha repercusión al publicitarse como un medio para desahuciar a los inquilinos morosos con mayor rapidez y menor coste que el acudir a los Juzgados.
Cuando existe un conflicto entre arrendador y arrendatario, el Organismo Arbitral nombra un árbitro que dicta un laudo, si éste no se cumple, debe acudirse a los Juzgados para que ejecute dicho laudo y obligue a su cumplimiento, ya que el árbitro no tiene poder legal para ejecutarlo.
¿Cómo se han pronunciado los Juzgados respectos a dichos laudos?, ¿Han aceptado ejecutarlos? La mayoría de los Jueces se han negado a ejecutar dichos laudos y hacerlos cumplir a los inquilinos por considerar que la materia arrendaticia comporta derechos indisponibles para las partes que pueden ser vulnerados en los casos de resolución de conflictos mediante el arbitraje de equidad. Seguir leyendo…
Tráfico / Vehiculo
CIRCULAR DEMASIADO RAPIDO.
Todo el mundo conoce que está prohibido circular con un vehículo superando los límites de velocidad establecidos y que ello comporta una sanción. Sanción económica, cuya cuantía varía dependiendo del exceso de velocidad imputado y detracción de puntos del carnet, que igualmente se gradúa dependiendo del exceso de velocidad imputado.
Lo que no todo el mundo conoce es que un conductor veloz puede terminar su viaje compareciendo ante un Juez como reo de un delito contra la seguridad del tráfico. Dicho de otro modo, cuando el exceso de velocidad excede determinados límites establecidos entra en vigor la norma sancionadora penal.
El artículo que nos interesa en este caso es el 379 del Código Penal. Dicho precepto establece que quien conduzca un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superando la permitida en 60 Km/h en vía urbana o en 80 Km/h en vía interurbana, será castigado con pena de prisión de 3 a seis meses o con la de multa de seis a doce meses y en todo caso con la suspensión del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor de uno y hasta cuatro años. Seguir leyendo…
¿LAS EMPRESAS PÚBLICAS PUEDEN DESPEDIR ALEGANDO PROBLEMAS ECONÓMICOS?
El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al regular el Despido Colectivo, establece la posibilidad de la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de la empresa.
Para que las citadas causas tengan validez es preciso que, en ningún caso, los despidos puedan ser caprichosos, de forma que la empresa deberá acreditar, al comunicarlo a la Autoridad Laboral y a los representantes de los trabajadores que es una medida eficaz para salvar su futuro. En base a la documentación aportada, dicha Autoridad dictará resolución estimando o no la petición empresarial de extinción de los contratos de trabajo.
Las personas cuyo contrato de trabajo quede extinguido percibirán 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
Pero, ¿Qué pasa con los trabajadores de las Empresas Públicas? Seguir leyendo…
Tráfico / Trámites
Tras la entrada en vigor de Ley 18/2009, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LSV), cuando una persona es parada y se le identifica como conductor del turismo, entregándosele una copia de la denuncia (aunque no la firme), se considera que ya ha sido notificado y tiene pleno conocimiento de la misma, por lo que desde aquella fecha tiene un plazo de 20 días naturales para pagar la multa con bonificación del 50% o formular las alegaciones. Si no hace ninguna de las dos cosas, ya pueden ejecutar la multa, sin más dilación.
En efecto el artículo 74.3 d) y e) de la vigente Ley de Seguridad vial, dispone lo siguiente:
“3. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 73.2:
d.- En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 80, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e.- Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 81.5.” Seguir leyendo…

References: resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 74
 artículo 73
 artículo 80
 artículo 81