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Timestamp: 2018-10-18 01:12:18+00:00

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SENTENCIA C-216 DE 16 DE MAYO DE 1996
CONTENIDO:PRINCIPIO DE NACION MAS FAVORECIDA. SE DECLARAN EXEQUIBLES EL "CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA", SUSCRITO EN BUDAPEST EL 18 DE JUNIO DE 1993 Y LA LEY 249 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1995, APROBATORIA DEL MISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO CONSTITUCIONAL, EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD, CONVENIO INTERNACIONAL, PRINCIPIO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA
Sentencia C-216 de mayo de 1996
Ref.: Expediente L.A.T. 065
Revisión constitucional del “Convenio comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, suscrito en Budapest el 18 de junio 1993 y de la Ley 249 de 1995 aprobatoria del mismo.
Santafé de Bogotá, D.C., mayo dieciseis de mil novecientos noventa y seis.
b. Firma del tratado
El convenio comercial enviado para su revisión, aparece suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores de la época, doctora Nohemí Sanín de Rubio, en representación del Gobierno colombiano, quien de conformidad con el artículo 7º de la Convención de Viena, aprobada por la Ley 32 de 1985, estaba autorizada para hacerlo sin necesidad de presentar plenos poderes. No hay pues reparo constitucional por este aspecto.
La Ley 249 de 1995 “Por la cual se aprueba el convenio comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría, suscrito en Budapest el 18 de junio de 1993”, surtió el siguiente trámite en el Congreso de la República:
— El Gobierno Nacional a través del Ministro de Relaciones Exteriores, presentó ante el Senado de la República el día 4 de agosto de 1994, el proyecto de ley respectivo junto con la correspondiente exposición de motivos, el cual una vez radicado bajo el número 28/94 Senado, se repartió a la comisión segunda constitucional de esa corporación, por competencia, y se efectuó la publicación en la Gaceta del Congreso 112 de agosto 5/94, páginas 3 a 5.
— Dicha comisión procedió a designar ponente al senador José Guerra de la Espriella, cuya ponencia para primer debate aparece publicada en la Gaceta 211 del 21 de noviembre de 1994, páginas 7 y 8, siendo aprobada por la unanimidad de los miembros que asistieron (8 de los 13 que conforman la comisión) a la sesión llevada a cabo el 30 de noviembre de 1994, según consta en la certificación expedida por el secretario de ese ente corporativo el 13 de febrero de 1996, que se ha adjuntado al expediente.
— Para presentar la ponencia para segundo debate el Senado en pleno designó al mismo ponente de la comisión y al doctor Armando Holguín Sarria, quienes procedieron a su elaboración siendo publicado su texto en la Gaceta 108 del 26 de mayo/95, páginas 9 y 10 y, una vez considerada fue aprobada con el quórum legal y reglamentario establecido para estos casos, según consta en el acta 50 del 13 de junio/95, publicada en la Gaceta 177 del 22 de junio del mismo año, página 25.
— Posteriormente, el proyecto se remitió a la Cámara de Representantes, el cual quedó radicado bajo el número 267/95 Cámara, siendo publicado en la Gaceta del Congreso 274 del 4 de septiembre de 1995, páginas 8 y 9, y repartido a la comisión segunda constitucional, la que procedió a nombrar al representante Tomás Caicedo Huerto como ponente.
— El proyecto fue debatido y aprobado en primer debate por la unanimidad de los representantes que conforman la comisión, según consta en la certificación remitida a esta Corte por el secretario general de la misma el 12 de febrero de 1996.
— La ponencia para segundo debate se publicó en la Gaceta 365 del 30 de octubre de 1995, página 2 y aprobada unánimemente por la plenaria de la cámara en sesión realizada el 15 de noviembre de 1995, con quórum decisorio y deliberatorio de 151 representantes, según comunicación del secretario general de ese ente corporativo, fechada el 23 de noviembre de 1995.
Cabe agregar que en dicho trámite también se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 160 de la Carta y, que la sanción presidencial se produjo el 29 de noviembre de 1995.
Dado que este último convenio derogaba parcialmente el convenio comercial de 1967, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, “asumió la iniciativa para lograr la suscripción de un nuevo convenio comercial, que contemplara las actuales realidades y posibilidades comerciales bilaterales, pues el convenio comercial vigente fue superado por el tiempo y por los hechos. En vista de lo anterior, las autoridades económicas colombianas propusieron a las de Hungría, un proyecto de convenio comercial, cuya principal característica es la realización de los pagos en divisas libremente convertibles”(1).
Según el Gobierno colombiano el convenio comercial sometido al estudio de esta Corte “puede constituirse en un instrumetno(sic) que permita vitalizar y agilizar el comercio entre los dos países, sin que para ello el país deba incurrir en costos fiscales o de otro tipo. Las anteriores consideraciones unidas al previsible fortalecimiento de las economías de Europa Oriental y particularmente de Hungría, hacen que la ratificación del convenio comercial resulte no solo benéfica para el país, sino necesaria, como medida tendente a incrementar nuestra presencia en esa región del mundo, como ya lo han empezado a hacer otras naciones, entre tanto, las de similar desarrollo al nuestro y las industrializadas”(2).
El instrumento internacional sujeto al examen de esta Corte, es un convenio bilateral entre Colombia y Hungría, cuyo objetivo primordial es el fomento y la facilitación del desarrollo del intercambio comercial entre ambos países (art. 1º), para lo cual las partes contratantes se comprometen recíprocamente a darse el tratamiento de la “Nación más favorecida” de acuerdo con las normas del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Tarifas) (art. 2º).
En el artículo 3º se acuerda que las personas naturales y jurídicas de los dos partes pueden celebrar contratos con base en el convenio, tomando como referencia los precios del mercado internacional.
En el artículo 4º se consagra que los pagos entre las dos partes se efectúen en moneda libremente convertible, de acuerdo con los reglamentos legales vigentes en cada uno de los países.
En el artículo 5º las partes se obligan a concederse recíprocamente facilidades para la organización de ferias y exposiciones comerciales.
En el artículo 6º los dos países autorizan la importación y exportación libre de derechos aduaneros, impuestos y demás gravámenes de este tipo, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en cada uno de sus territorios de los siguientes artículos: a) muestras de productos y materiales de publicidad comercial, necesarios para obtener pedidos y para fines publicitarios; b) mercancías que deben ser enviadas para ser reemplazadas, siempre y cuando los artículos sustitutivos sean devueltos; c) artículos y mercancías para ferias y exposiciones permanentes u organizadas temporalmente, siempre y cuando dichos artículos y mercancías no sean vendidos; d) repuestos suministrados gratuitamente en cumplimiento de garantías otorgadas; e) herramientas y equipos destinados a los servicios en el territorio de una de las partes contratantes, siempre y cuando no sean vendidos.
En el artículo 7º se crea una comisión mixta integrada por autoridades representantes de las partes contratantes, la cual debe reunirse según las necesidades, en Bogotá y en Budapest, alternativamente, en las fechas que de común acuerdo se establezca. Dicha comisión tendrá las siguientes funciones: — asegurar el cumplimiento del convenio; — impulsar el desarrollo de las relaciones comerciales; — fortalecer el espíritu de cooperación; — sostener consultas sobre temas específicos de carácter comercial de interés para las partes.
En el artículo 8º se nombran como ejecutores del convenio, al Ministerio de Comercio Exterior de Colombia y al Ministerio de Relaciones Internacionales de Hungría.
En el artículo 9º se señala que las controversias referentes a la interpretación o aplicación del convenio serán resueltas mediante consultas directas entre los organismos citados en el artículo anterior, a través de la vía diplomática. Y las controversias derivadas de los contratos celebrados dentro del marco del convenio serán resueltas de acuerdo con lo establecido en dichos contratos.
En el artículo 11 se consagra la duración del convenio, —3 años—, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes comunique a la otra con antelación de 6 meses a la fecha de expiración del término, su decisión de darlo por terminado.
El convenio objeto de revisión, como ya se ha expresado tiene como propósito fomentar y fortalecer las relaciones comerciales entre nuestro país y la República de Hungría, sobre la base del respeto a la soberanía nacional, la igualdad de derechos y el mutuo beneficio, como se lee en el preámbulo del mismo.
En desarrollo de lo cual las partes se comprometen, de acuerdo con las leyes internas vigentes en cada país y las normas del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas GATT, a facilitar el desarrollo del intercambio comercial, para lo cual se concederá el trato de “Nación más favorecida”, lo que significa otorgarse recíprocamente un trato no menos favorable del que se le concede a otros países u órganos en similares circunstancias. Igualmente, se obligan a suministrarse mutua colaboración para facilitar la organización de ferias y exposiciones comerciales, preceptos que no infringen mandato constitucional alguno.
De otra parte, cabe anotar que cuando el convenio remite a las disposiciones del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), han de entenderse incluidas las modificaciones que a este se le hicieron en el convenio constitutivo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), incorporado a nuestra legislación por medio de la Ley 170 de 1994, que fue objeto de revisión por esta Corte y declarada exequible como consta en la Sentencia C-137 de marzo 28 de 1995(3).
Las partes contratantes se comprometen también a autorizar de acuerdo con las normas internas de cada país, la importación y exportación de los productos a que alude el artículo VI del convenio, libre de derechos aduaneros, impuestos y demás gravámenes de este tipo, de acuerdo con las normas internas que rigen en cada país, lo cual no vulnera el Estatuto Superior, pues “la Constitución, en materia de exenciones, solo prohíbe aquellas que tengan que ver con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, según el artículo 294. Esta prohibición tiene fundamento en el principio de la autonomía de gestión de las entidades territoriales, pues solo estas pueden disponer de sus recursos fiscales, y por tanto, no es permitido que por ley se disponga de ellas”(4).
En este orden de ideas considera la Corte que el instrumento internacional a que nos hemos venido refiriendo se adecua plenamente a los cánones constitucionales, concretamente a lo dispuesto en los artículos 9º, 150-16, 226 y 227, pues en ellos se dispone que las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Y se autoriza al Estado para promover o consolidar la integración económica con otros estados sobre bases de igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, como también la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas.
Declarar EXEQUIBLES el “Convenio comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, suscrito en Budapest el 18 de junio de 1993 y la Ley 249 del 29 de diciembre de 1995, aprobatoria del mismo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, publíquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.»
(1) Exposición de motivos ley, Gaceta del Congreso 112/94.
(3) Sent. C-137/95, M.P. Jorge Arango Mejía.
(4) Sent. 249/94, M.P. Jorge Arango Mejía.

References: artículo 7
 artículo 160
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 294