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Timestamp: 2018-01-21 04:53:24+00:00

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Ningún Estado democrático apuesta a la militarización para garantizar la paz: Sen David Monreal (video) – Dominio Ciudadano
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15 diciembre, 2017 DC
Versión estenográfica del senador Monreal:
En el 2006 la administración federal tomó la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Esto se llevó a cabo sin tener una estrategia definida en materia de seguridad, y los resultados fueron catastróficos, más de 121 mil homicidios dolosos, incremento de la violencia, violación a los derechos humanos, el consumo de drogas entre los jóvenes se expandió más rápido, y ante tal panorama, en el año 2012, durante su primera visita al Heroico Colegio Militar, como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió el regreso gradual de militares y marinos a los cuarteles, con la implementación de una nueva política de seguridad.
Nada de eso ocurrió, la política de seguridad fue un fracaso, empoderaron a la Secretaría de Gobernación al atribuirle facultades en materia de seguridad pública, crearon la gendarmería, la cual ha brillado por su opacidad y siguen manteniendo a las Fuerzas Armadas en la calle.
A casi un año de que termine la actual administración federal se plantea regular el quehacer de las Fuerzas Armadas, es decir, primero prometen que regresarán a sus cuarteles y después desean aprobar una ley que garantice la permanencia del Ejército y Marina en las calles.
Así de contradictorio y difuso ha sido el gobierno de la República.
Del análisis de la Ley de Seguridad Interior, es fácil identificar la gran ambigüedad que existe, la cual provocaría confusión y daría pie para que las Fuerzas Armadas actúen con discrecionalidad y sus actos sean justificados jurídicamente.
La Ley no contempla límite alguno en el quehacer de las Fuerzas Armadas, pero sí garantiza que las acciones de seguridad interior serán llevadas a cabo con su organización, medios y adiestramiento.
Casos como Tlatlaya del Estado de México, como el Palmarito, en Puebla, ilustran de sobremanera el actuar de las Fuerzas Armadas, es claro que su entrenamiento no es para prevenir los delitos, sino para realizar acciones bélicas.
Resulta llamativo que las Fuerzas Armadas no sustituirían las civiles, pero estas últimas sí estarán a su disposición ante amenazas a la seguridad interior.
Contraria a esta propuesta, se debería atender a deficiencia de las policías estatales y municipales, quienes no cuentan con el entrenamiento necesario para hacer frente a dichos delitos.
Por tal razón no es viable la subordinación de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas.
Otro tema relevante es que las autoridades deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
Es decir, por los protocolos que señalen las Fuerzas Armadas y no según el bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad.
Cabe mencionar que dentro de la guerra contra el crimen organizado, la Comisión de los Derechos Humanos ha recibido aproximadamente 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército y determinó más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Tan sólo en el 2016 se reportaron 439 denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 258 contra la Secretaría de Marina.
Asimismo, dio cuenta que 216 fueron por tortura, 28 por privación de la vida y 15 por desaparición forzada, lo que representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332 % y del 36.3, respectivamente, en comparación con el 2015, los datos mencionados hablan por sí mismo.
Por lo que respecta al artículo 8 la Ley de Seguridad Interior ordena que las movilizaciones que tengan motivo político electoral no serán consideradas como amenazas de la seguridad interior.
Lo anterior deja la puerta abierta para que las protestas sociales y libertad de expresión puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad interior, por tal razón las Fuerzas Armadas podrían intervenir en la disolución de dichas manifestaciones.
Finalmente no se contempla recurso alguno de transparencia, rendición de cuenta o contrapeso del Poder Legislativo, únicamente se limitan a rendir un informe al Ejecutivo Federal, es decir, no se valorarán los resultados de la declaratoria a la seguridad interior, mucho menos se conocerán los protocolos de actuación, pues serán considerados como información clasificada.
Lo anterior contradice lo estipulado en el párrafo segundo, artículo 6 de la Constitución Federal.
Para concluir, la Ley de Seguridad Interior no sólo es contraria a varios artículos de la Constitución Federal y violatoria de derechos humanos.
Sino que también deja en desprotección a las propias Fuerzas Armadas al mandarlas a realizar acciones que no les corresponden, situación que le provocará mayor desgaste y con esto la pérdida de credibilidad.
El sacar al Ejército a las calles no resolverá el problema, llevamos 10 años con esta práctica y lo único que ha provocado son más daños, más violencia, más inseguridad, más muerte, lo digo con conocimiento de causa.
En Fresnillo, Zacatecas, municipio al que pertenezco, es rutinario observar a elementos castrenses realizando operativos en patrullas de la policía municipal y que al día de hoy este municipio es considerado a nivel nacional como uno de los cinco municipios más inseguros y más violentos para vivir.
No se puede seguir con esta política de militarización, pues de poco sirve capturar o ejecutar a los líderes del crimen organizado si no se atiende de fondo sus redes de poder y sus recursos económicos.
Asimismo, es primordial contar con instituciones de seguridad pública confiables y bien capacitadas, se deben de atender las recomendaciones de los especialistas en la materia como son la Comisión de Derechos Humanos, el Inai, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales que en los últimos días han manifestado su rechazo a esta ley, pues de no ser así lo único que se llevó a cabo ahora fue un monólogo, puesto que las comisiones se limitaron a escuchar sin realizar algún cambio a la minuta.
Por tal razón, mi voto será en contra del presente dictamen, pues no puedo ser parte de la barbarie que están por cometer.
Ningún estado democrático apuesta a la militarización de su país para garantizar la paz, la vida y la seguridad de sus habitantes.
El rechazo social a la Ley de Seguridad Interior se sustenta en la desconfianza hacia el Gobierno Federal, quien durante sus cinco años de gestión se ha caracterizado por actuar a través de mentira, de engaño, flagelando con cada decisión los derechos humanos de la población.
Ante una inminente militarización del país, la ciudadanía no puede confiar en las promesas y los buenos deseos del Gobierno Federal.
La palabra empeñada no sirve de nada, porque de antemano saben que detrás de esos compromisos se encuentra la mentira y la traición.
La disyuntiva para la población es difícil, porque el Gobierno Federal únicamente le propone una solución: legalizar la presencia del Ejército en las calles, de ahí que la población tenga que optar entre vivir en medio de una guerra sin cuartel o aceptar la restricción de derechos en pro de una supuesta pacificación del país.
Lamentablemente estos son los dos escenarios que plantean la aprobación o no de este dictamen. Por ello, quienes nos oponemos a esta ley estamos convencidos que la salida no será mantener a los militares en la calle, y que el Gobierno Federal debería ser capaz de replantear su estrategia de seguridad, aunque el sentido de mi voto en lo general ha sido en contra, frente a una mayoría ajena a las demandas sociales es necesario corregir en lo más elemental el proyecto de dictamen para que la afectación a los derechos de los ciudadanos sea con el menor daño posible.
Y en este sentido vengo a presentar reserva a los artículos 4, 6, 8 y 32 del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
En cuanto al artículo 4 del proyecto de dictamen, se propone en primer término precisar sobre la declaratoria de protección a la seguridad interior que la misma deberá tener lugar no sólo ante amenazas, sino también para contener y reducir los riesgos de seguridad interior.
Lo anterior, con la finalidad de aclarar en la definición que el mandato que habilita la intervención de la Federación para realizar acciones de seguridad interior es necesario para riesgos y amenazas a la misma, puesto que si no se contemplan los riesgos se dejaría al arbitrio y la discrecionalidad la intervención en los casos de tal naturaleza, como lo precisa la fracción III del artículo 4 del proyecto.
El riesgo contra la seguridad nacional es una situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza, por ende, las acciones dirigidas a contenerlos y reducirlos, debe realizarse con apego a un mandato expreso, como lo sería la declaratoria de protección.
En este sentido, el objeto en esta reserva se ciñe a modificar la fracción IV del artículo 4 del proyecto de Ley de Seguridad Interior con la finalidad de que la declaratoria de protección a la seguridad interior sea necesaria para habilitar la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas en la realización de acciones que contengan y reduzcan también los riesgos y no únicamente las amenazas.
En cuanto a las reservas al artículo 6, se propone modificarlo en razón de que su redacción actual permite que las autoridades federales incluidas las Fuerzas Armadas en el caso de riesgos actúen sin necesidad de que medie la declaratoria de protección, según a través de políticas, programas y acciones para identificarlos, prevenirlos y atenderlos.
Sin embargo, es oportuno considerar seriamente que no puede ni debe permitirse se actúe en la discrecionalidad y sin previo mandato, por tanto la modificación al artículo 6 consiste en aclarar que para la implementación de las políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos a que se refiere la Agenda Nacional de Riesgos, deberá mediar previa declaratoria de protección a la seguridad interior que habilita el despliegue de tales acciones.
En cuanto a la modificación propuesta al artículo 8 de la presente minuta, se justifica en razón de una serie de contradicciones que contiene dicho precepto en el marco de los derechos humanos y el texto constitucional, dicha contradicción estriba en el hecho de que el artículo 9 constitucional no limita el derecho a la movilización y la protesta social a temas político-electorales, pues solo establece como únicos requisitos que éstas sean con fines lícitos, por lo tanto, en los términos en que ha sido aprobado la minuta, abre la puerta a que las movilizaciones y protestas de otra naturaleza sí puedan ser consideradas amenazas a la seguridad interior, situación que la luz de la doctrina y del texto constitucional representaría una violación a los derechos humanos.
Por otro lado, si bien, el texto del artículo 8 del presente dictamen pretende salvaguardar el derecho a la protesta social, cuando se trate de motivos político-electorales bajo el análisis, el cuerpo de la ley propuesta, dicha acción simula una simulación, ello en razón de que el mismo ordenamiento define y distingue lo que debería entenderse como amenaza a la seguridad interior y riesgo a la seguridad interior.
Luego entonces, la forma en que se encuentra redactado el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas federales y de manera preocupante, las fuerzas castrenses pudieran intervenir para la desmovilización de protestas sociales, incluso aquellas que fueran en materia político-electoral, toda vez que si son consideradas como un riesgo para la seguridad interior sería materia de intervención.
Bajo estas consideraciones se propone al Pleno de este Senado de la República, modificar el artículo 8 del presente dictamen para armonizar su redacción con el texto del artículo 9 constitucional, así como para asegurar que las movilizaciones de protesta social, bajo ninguna circunstancia sean consideradas como amenaza de riesgo a la seguridad interior.
Y, finalmente, se propone modificar el artículo 32 del dictamen, a fin de que la facultad de control por parte del Congreso de la Unión se adecúe conforme a lo descrito en la Ley de Seguridad Nacional.
Pido a la Presidenta, pueda ser incorporado el texto íntegro de las reservas.
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References: artículo 8
 artículo 6
 artículo 4
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 artículo 32