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Timestamp: 2019-09-21 02:57:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 7781 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2005
SENTENCIA 7781 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:SOCIEDAD PATRIMONIAL. CUANDO LOS HEREDEROS DEMANDAN PARA LA SUCESIÓN NO SE FORMA LITISCONSORCIO NECESARIO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DEL HEREDERO, SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO, HEREDERO, LITISCONSORTE NECESARIO, DEMANDA DE SUCESIÓN
Sentencia 7781 de septiembre 2 de 2005
Ref.: Expediente 7781
Bogotá D.C., dos de septiembre de dos mil cinco.
Decide la Corte el recurso de casación que la parte demandante interpuso contra la sentencia del 6 de mayo de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario adelantado por María Claudia, Jaime Alfonso y Manuel José Mantilla García, Martha Rocío Mantilla Ardila y la menor Angélica María Mantilla Caez, representada por María de Jesús Caez Sedano, frente a Lucila Ramírez Carvajal.
1. Al Juzgado 4º de Familia de Bucaramanga le correspondió tramitar la demanda instaurada por los mencionados demandantes, quienes comparecieron a pedir que se declarara la existencia de la unión marital de hecho formada entre Alfonso Mantilla Lozada y Lucila Ramírez Carvajal, desde enero de 1968 hasta el 2 de septiembre de 1995, fecha del fallecimiento de aquel y que, en consecuencia, entre ellos existió una sociedad patrimonial, a la que pertenecen los bienes relacionados en dicho libelo, los cuales deben restituírsele o, en su defecto, su valor comercial, como también la suma de $ 8.345.135 que le fueron cancelados por Jorge Aurelio Díaz por concepto del ganado entregado “en compañía”.
2. Aduce la parte actora como sustento fáctico de sus pretensiones que la demandada y Alfonso Mantilla Lozada convivieron como marido y mujer e hicieron comunidad de vida permanente y singular desde enero de 1968 hasta el día del óbito de aquel, lapso dentro del cual procrearon a Adriana Lucía (nacida en dic. 22/68) y Catherine Mantilla Ramírez (nacida en feb. 5/81) y adquirieron los bienes descritos en el libelo demandatorio. Agregó, que el causante contrajo matrimonio con Carmen García, pero se separaron de hecho desde el 29 de marzo de 1974 habiendo disuelto y liquidado la respectiva sociedad conyugal mediante escritura pública 2397, otorgada el 18 de junio de 1987 en la Notaria 4ª de Bucaramanga.
3. Admitida la demanda y dada en traslado a la demandada, se opuso esta a las pretensiones allí contenidas y para enervarlas propuso las “excepciones” que denominó “inexistencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial” y “falta de legitimación de los demandantes para obrar”, las cuales, a grandes rasgos, apuntaló en que cuando Alfonso Mantilla empezó a convivir con ella (enero de 1973) estaba legalmente impedido para contraer matrimonio por estar casado con Carmen García, además que la disolución y liquidación de dicha sociedad conyugal solamente ocurrió el 18 de junio de 1987, esto es, muchos años después de estar cohabitando juntos, amén que esa unión no fue permanente, ni singular y en ella no hubo ayuda mutua, dados los múltiples amoríos del difunto.
4. La primera instancia concluyó con sentencia absolutoria, por haber encontrado probados el fallador a quo los medios defensivos aducidos por la demandada, determinación que fue confirmada por el sentenciador de segundo grado, mediante la sentencia impugnada ahora en casación.
El sentenciador para entrar en el estudio del caso planteado trajo a colación la definición de unión marital de hecho contenida en la Ley 54 de 1990 y señaló los eventos que da lugar a la existencia de sociedad patrimonial, según el artículo 2º de dicho ordenamiento.
Luego de advertir que los demandantes están legitimados para actuar, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la citada ley, procedió a analizar el acervo probatorio de cara a los hechos alegados en la demanda, en la que se dijo que la demandada y Alfonso Mantilla Lozada convivieron como marido y mujer en forma permanente y singular desde enero de 1968 hasta la fecha del óbito de aquel (sep. 2/95), aseveración que la accionada rebatió al contestar la demanda en cuanto afirmó que vivió con el causante desde enero de 1973 hasta diciembre de 1994, pero “sin existir comunidad de vida permanente y singular”, relación que, en todo caso, se rompió al descubrir que aquel y su nuera Yadira Villamizar eran amantes. Incluso en la audiencia de conciliación expresó “‘que nunca hubo unión marital de hecho, ni sociedad patrimonial con el difunto y que los bienes relacionados fueron el fruto de su trabajo, mientras el señor Alfonso Mantilla’... ‘vivía de conquista en conquista’..., ‘habiendo dejado como descendencia con Carmen Ardila a Martha Rocío Mantilla y’... ‘de la relación con María quedó María Angélica, relaciones (sic) que desde hacía mucho venía (sic) y así muchas conquistas”’.
Dicho esto, reseñó el tribunal los testimonios de Carmen Sofía Mantilla de López, Raúl García García, Yolanda Castro Fonseca, Carmen García Díaz, Jorge Aurelio Díaz, Jesús Alejandro Moreno Bohórquez, Lourdes Caez Sedano, Alcira Sedano viuda de Caez, Marina Patiño Forero, María Lucila Camargo Osorio, Flor María Ramírez de Pereira, Edelmira Ramírez Mantilla, Carmen Gómez Sepúlveda, Myriam Ramírez Carvajal, Adriana Lucila Mantilla Ramírez, Helda Ortega Moreno, Ramón Galvis Sáenz, Publio Antonio Rincón Daza, Enriqueta y Sara Luz Ardila Muñoz; igualmente, consignó una síntesis de los interrogatorios absueltos por Lucila Ramírez Carvajal y Manuel José Mantilla García.
Agotada tal faena, sostuvo el juzgador que estaba plenamente probado que la demandada era “mujer soltera” para la época en que inició la convivencia con Alfonso Mantilla Lozada y que este era “hombre casado con la señora Carmen García”, tal como lo acredita el registro civil traído con la demanda, luego eran “aptos” para conformar la unión marital de hecho, pero como esta solo adquiere vida jurídica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, esto es, luego de su promulgación, según lo dispone en su artículo noveno, solo puede contabilizarse el tiempo comprendido desde esa época hasta el día en que se interrumpió la convivencia entre la pareja (sep. 2/95).
Empero, prosiguió, dado que el artículo 1º de la citada ley exige para que exista unión marital de hecho que la pareja hubiese constituido “una comunidad de vida permanente y singular”, habrá de entenderse que estos dos términos “no permiten considerar como unión marital de hecho cualquier relación sentimental entre la pareja en la cual se hayan dado múltiples accesos carnales e inclusive engendrado hijos”. La comunidad de vida tiene que ver con la real convivencia, traducida en la cohabitación, en el socorro y ayuda mutua, al paso que la permanencia ha de ser la necesaria para reflejar una efectiva comunidad de vida, claro está no inferior a 2 años para que se presuma la sociedad patrimonial, y la singularidad indica que no es admisible la coexistencia dentro de un mismo lapso temporal de otras relaciones maritales fácticas.
Afirmó seguidamente, que el material probatorio reseñado no demuestra la presencia en el caso en litigio de los elementos estructurales de la unión marital de hecho, habida cuenta que los testigos, con indiscutible unisonancia, narraron que “la convivencia que hubo entre Lucila Ramírez Carvajal y Alfonso Mantilla Lozada no fue permanente, continua y estable, por cuanto que este constantemente se iba de la casa y que en ese lapso no solo vivió con la demandada sino que lo hizo con otras mujeres con las cuales también tuvo hijos, prueba de ello el nacimiento de Angélica María Mantilla Caez nacida el 27 de octubre de 1990, hija de Alfonso y María de Jesús Caez Sedano. Ni siquiera puede decirse que el señor Mantilla Lozada le prestó a Lucila la ayuda y el socorro que es necesario entre la pareja para que haya unión marital de hecho, porque los declarantes son acordes en afirmar que ella era la única que trabajaba y él lo que hacía era gastarle y despilfarrarle lo que ella conseguía”.
Concluyó, entonces, que la parte actora no acreditó la existencia de la unión marital de hecho alegada, pese a que le incumbía la carga de la prueba, luego mal puede presumirse la existencia de la sociedad patrimonial, puesto que esta es consecuencia de aquella.
La Corte despachará los cinco cargos que el recurrente enfiló contra la sentencia recurrida en el orden propuesto por este, pero examinará conjuntamente los tres últimos por las razones que en su momento se señalarán.
Con sustento en la causal quinta de casación acúsase el fallo impugnado de haber sido proferido en un proceso afectado de nulidad (C.P.C., art. 140, ord. 9º), habida cuenta que se omitió citar a los herederos indeterminados y a la totalidad de los determinados del causante Alfonso Mantilla Lozada.
Aduce el censor, en síntesis, que el presente proceso es de conocimiento, ya que las pretensiones se dirigen a que se declare la certeza de la existencia de una relación jurídica objetiva, consistente en la unión marital y la sociedad patrimonial, en la que “uno de los extremos era el compañero permanente y socio Alfonso Mantilla Lozada, ya fallecido”. Por tanto, “la pretensión tiene que ser deducida frente al compañero supérstite y a todos los herederos de aquel”, tal como lo exige el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, disposición cuyo texto transcribió.
Sin embargo, en este caso la demanda solo fue incoada por algunos de los herederos conocidos y se dejó por fuera de ella a las herederas Adriana Lucía y Catherine Mantilla Ramírez, hijas del fallecido, de tal suerte que por tratarse de un litisconsorcio necesario, era indispensable su citación, como también la de los herederos indeterminados para que el fallo produjera efectos erga omnes de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 333 Ibidem.
Al juzgador le correspondía integrar el contradictorio para poder fallar el asunto, por así disponerlo el artículo 83 ejusdem, luego si se trata de un deber incumplido por aquel cualquier sujeto procesal puede reclamar la corrección de ese yerro in procedendo, de ahí que los demandantes tienen interés para proponer la nulidad deprecada, “en la medida que el interés es universal y permanente, porque cualquier afectado con el proceso puede alegarla (interés universal), y la parte actora resulta afectada con la indefinición de la relación material debatida, por no producir efectos omenes (sic) el fallo”.
Para finalizar transcribió apartes de la sentencia proferida por esta corporación el 6 de octubre de 1999, conforme a la cual la ausencia de citación del litisconsorte es causal de nulidad del proceso.
1. El discurso argumentativo de la censura se desdobla a partir de la consideración según la cual, por mandato del artículo 81 del estatuto procesal, debieron citarse indiscutiblemente al proceso los herederos indeterminados y la totalidad de los determinados del causante Alfonso Mantilla Lozada, habida cuenta que todos ellos conforman un litisconsorcio necesario.
Empero, la endeblez de dicho argumento emerge de bulto puesto que del texto del aludido artículo 81, no es posible, ni con el mayor arrojo, colegir semejante aserto, toda vez que las disposiciones allí previstas tienen como fundamento que “... se pretenda demandar en un proceso a los herederos de una persona...”, vale decir, cuando los herederos son los demandados en el proceso, no como acá acontece, cuando son ellos, o algunos de ellos, quienes adelantan el proceso obrando para la sucesión del finado, hipótesis en la cual el litisconsorcio que se forma entre los herederos ya no es necesario, motivo por el cual no es imperativo que comparezcan todos a integrar el extremo activo de la relación procesal.
Por supuesto que, como lo tiene dicho la Corte, “... ‘En razón de la titularidad per universitatemque tienen todos los herederos en la masa hereditaria, ellos forman un consorcio pasivo y necesario para responder de las acciones que tiendan a sustraer bienes que pertenecen al patrimonio sucesoral. En cambio, por activa, cada heredero, en razón de suceder al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (C.C., art. 1008), y de la representación del causante en tales derechos y obligaciones (art. 155, Ibíd.), puede demandar para todos los herederos a los cuales aprovecha lo favorable de la decisión, y perjudicará solamente al demandante en lo favorable de ella’ (CXVI pág. 123)...”. Y más adelante puntualizó que “... cuando un heredero asume la condición de demandante para la herencia, no es forzoso convocar a los coherederos en esta calidad para que figuren como sujetos pasivos de la pretensión. Todo sin perjuicio de que tales coherederos, motu proprio puedan intervenir para coadyuvar a cualquiera de las partes” (G.J. CCXVI, pág. 299 y s.).
Con estribo en la causal primera de casación, acúsase la sentencia recurrida de violar indirectamente los artículos 1602, 2469 y 2483 del Código Civil, 1º y 2º de la Ley 54 de 1990 y 305, 306 y 332 del Código de Procedimiento Civil, a causa de haber incurrido en error de derecho en la apreciación de las siguientes pruebas: a) el contrato de transacción celebrado entre las mismas partes del proceso (fls. 109 a 112, C-1); b) el acta de la audiencia de conciliación (fls. 106 a 108, C-1), c) el interrogatorio de parte de la demandada (fls. 53 a 72, 83 y 84, C-2); d) los recibos de pago relacionados con la transacción (fls. 73 y 74, C-2); e) la declaración de Adriana Lucía Mantilla Ramírez (fls. 51 a 76, C-3); f) la declaración de Ramón Galvis Sáenz (fls. 196 vto. a 197 íd.).
El censor para desarrollar la imputación refiere que la parte actora en la conciliación aportó en fotocopia simple el aludido contrato de transacción y que de este se corrió traslado a la contraparte, cuya replica transcribió, para poner de presente que el acta contentiva de dicha audiencia acredita la existencia de la transacción pero que el sentenciador omitió valorarla, situación que también aconteció con el interrogatorio de parte absuelto por Lucila Ramírez, cuyo aparte relacionado con el punto igualmente trasuntó, y con los documentos allí aportados, esto es, los recibos expedidos con motivo de un pago que aquella hizo al doctor Gabriel Mantilla relacionado con el mentado negocio jurídico.
El recurrente apuntando hacia el mismo fin, vale decir, la demostración de que la transacción está probada y que el juzgador desconoció tal hecho, consignó los apartes de la declaración de Adriana Lucía Mantilla Ramírez en que esta refirió que las partes habían celebrado “una conciliación”, a la vez que puso de relieve que el declarante Ramón Galvis Sáenz atestó haberle permutado a la demandada la parte de la finca que le correspondió en la transacción por un inmueble en Bogotá.
Afirma el impugnante que en ese negocio jurídico la demandada reconoció la existencia de la unión marital y de la sociedad patrimonial entre ella y el causante Mantilla Lozada, por lo que no se opondría a la declaratoria de dicha unión, además que en la cláusula cuarta los contratantes acordaron que “los demandantes se obligaban a abstenerse de iniciar o proseguir cualquier acción judicial encaminada a demostrar o liquidar cualquier clase de sociedad conformada entre aquellos, anticipándose de ese modo al fallo que debía proferir el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga dentro del presente proceso, en razón de existir motivos graves para proceder en esta forma, tales como las deudas existentes, cuyos vencimientos conllevaban el inminente peligro del remate de la finca, ‘único bien de la sociedad de hecho’, y en la cláusula sexta la demandada se obligó a allanarse a la demanda en la fecha en que los demandantes solicitan el desistimiento de la medida cautelar sobre el inmueble (fl. 111).
Sostiene que el contrato en comento, cuya validez no ha sido desconocida judicialmente, vincula a las partes a la luz de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, de modo que el objeto de litigio quedó comprendido en ella, “desapareció por haberse administrado justicia directamente las propias partes, y ya el fallador no podía hacer cosa distinta que reconocer en la sentencia oficiosamente las excepciones de cosa juzgada y de transacción de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 332 del mismo estatuto, 2683 del Código Civil” (resaltado de origen). No podía, en consecuencia, el fallador, dejar de aplicar los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990.
Para concluir, destaca el recurrente la evidencia y la trascendencia de los reseñados errores diciendo que por causa de los mismos el tribunal negó las pretensiones de la demanda cuando la unión ya había sido aceptada por las partes y los derechos sociales transigidos entre ellos, al punto que la demandada, según confesó, enajenó con fundamento en la transacción los bienes que en ella le correspondieron.
1. El recurrente perfiló el cargo por la causal primera de casación, pero advierte la Sala que lo que es objeto de reclamo es que el sentenciador omitió “reconocer oficiosamente las excepciones de cosa juzgada y de transacción de conformidad con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil”, acusación que no comporta un error de juzgamiento sino in procedendo, pues precisamente lo denunciado es la falta de pronunciamiento sobre el aludido tema, cuestión que ha debido atacarse con sustento en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 368 Ibidem, en que se contempla la falta de consonancia del fallo por no estar en armonía con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
Sobre ese puntual aspecto, la Corte ha sostenido que “... La incongruencia, como causal de casación contemplada en el artículo 368-2 del Código de Procedimiento Civil, es error in procedendo en que puede incurrir el fallador no solo cuando la sentencia que profiere no está en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que el código de la materia contempla, sino también cuando no guarda armonía con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley, según las voces del artículo 305 ejusdem ,precepto que bajo el epígrafe congruencia, debe enlazarse con la norma primeramente citada para inferir que también es incongruente, y por ello impugnable en casación, sobre las cuales tiene que proveer el juez aunque no hayan sido alegadas por el demandado. Siendo deber insosloyable del juzgador reconocer las excepciones cuando se hallen demostrados los hechos que las constituyen, si omite hacerlo la sentencia cae en incongruencia por citra petita , pues habrá dejado de decidir sobre uno de los extremos de la litis, contraviniendo de este modo el categórico mandato contenido en el artículo 306 ibidem...” (cas. ene. 30/92).
2. Pero, además, dejando de lado lo dicho, se tiene que la referida acusación envuelve, más que una paradoja, un notorio contrasentido, pues siendo la excepción una de las más destacadas manifestaciones del derecho de contradicción del cual es titular el demandado, resulta incomprensible que sea la parte actora la que abogue por su prosperidad, tanto más en cuanto se advierta que las excepciones presuponen la demostración de hechos nuevos, “diversos a los postulados en la demanda, excluyentes de los efectos jurídicos de estos, ya porque hayan impedido el nacimiento de tales efectos (hechos impeditivos), ya porque no obstante haber ellos nacido los nuevos hechos invocados los han extinguido (hechos extintivos)...” (G.J. CXXX, pág. 18, citada en sents. ene. 30/92 y jul. 19/2000).
Por consiguiente, si la más sobresaliente característica de la excepción es su virtualidad de enervar los pedimentos del demandante, resulta incuestionable que este carece de interés para perfilar una imputación de esa especie, pues si, en gracia de discusión, se admitiese que el juzgador dejó de decidir sobre la excepción de transacción, tal cuestión, aparejaría la terminación del proceso sin satisfacer los pedimentos de la parte actora, quien es la recurrente.
El cargo, subsecuentemente, no se abre paso.
El recurrente, con sustento en la causal primera de casación, acusa la sentencia censurada de haber quebrantado indirectamente los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 54 de 1990 y el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de manifiestos y trascendentes errores de hecho cometidos en la apreciación del material probatorio, dado que en ella se omitió valorar las siguientes pruebas: 1) la confesión existente en la contestación de la demanda (fls. 90 a 96, C-1); 2) el documento contentivo del contrato de transacción celebrado entre las partes el 14 de junio 1996 (fls. 109 a 111, C-1); 3) los recibos de pago visibles a folios 73 y 74 del cuaderno 2; 4) el documento público del folio 82 del cuaderno 1; 5) las fotografías del folio 51 del mismo cuaderno; 6) los documentos que obran a los folios 24 y 30 Ibídem; 7) los documentos que reposan a folios 168 a 179; 8) la copia de la demanda de lanzamiento por ocupación de hecho (fls. 85 a 88); y, 9) los indicios de existencia de unión marital de hecho, pruebas todas estas que, en su parecer, no fueron valoradas.
Así mismo, sostiene el censor que el sentenciador distorsionó las declaraciones de Carmen Sofía Mantilla de López, Raúl García García, Enriqueta Ardila Muñoz, Carmen García Díaz, Jorge Aurelio Díaz, Álvaro Lozada Villabona, Jesús Alejandro Moreno, Lourdes Sedano, Alcira Serrano viuda de Briceño, Marina Patiño, María Lucía Camargo, Flor María Ramírez, Edelmira Ramírez, Carmen de Sepúlveda, Myriam Ramírez, Adriana Lucía Mantilla, Cecilia Suárez, Helda Ortega, Ramón Galvis Sáenz y Publio Antonio Rincón; igualmente, los interrogatorios de parte absueltos por las partes.
Para demostrar sus imputaciones asevera que el tribunal no valoró la confesión contenida en la contestación del hecho primero de la demanda, que transcribe, pues la demandada, aunque negó la existencia de la unión marital, dejó claro que no era por falta de convivencia de los compañeros, ya que reiteró que vivieron juntos desde 1993 hasta diciembre 1994, sino porque el finado Alfonso Mantilla tuvo otras mujeres e hijos e inició la unión antes de haberse divorciado o liquidado la sociedad conyugal.
Tampoco apreció el documento “privado auténtico” contentivo del contrato de transacción, aportado en la audiencia de conciliación y reconocido por la parte demandada, que fuera tenido como prueba en el auto que las decretó. En ese documento reconoce aquella expresamente la existencia de la unión marital cuya declaración se pretende y transige con los demandantes, no solo respecto de la existencia de la misma, sino, también, en relación con la sociedad patrimonial, aserto que respalda con la transcripción de las cláusulas primera y segunda de dicho convenio.
Del mismo modo omitió apreciar los recibos obrantes a los folios 73 y 74 del cuaderno 2 que acreditan que la transacción en referencia fue ejecutada por Lucila Ramírez, pues vendió los terrenos que le correspondieron al abogado de la parte actora por concepto de honorarios y le entregó el dinero recibido.
Dejó de apreciar, así mismo, el documento público que contiene la constancia sentada el 13 de julio de 1995 por la demandada, ante la Inspección Departamental de Yarima, por una supuesta agresión de que fue víctima por parte de Alfonso Mantilla, a quien, además de llamarlo como su ex esposo, lo tildó de invasor de la finca; agregó, igualmente, que este estaba acompañado por dos mujerzuelas, una de ellas hija de aquel y la otra su nuera. Lo que refleja la prueba es la reacción de una mujer que aún vive con su compañero permanente y ante la sospecha de que le es infiel monta en cólera y protagoniza una escena de celos.
De otro lado, las fotografías que fueron tomadas en 1994 son documentos auténticos que muestran que las relaciones entre Alfonso y Lucila no eran tan tensas como esta y algunos testigos quisieron presentarlas. Igualmente, ignoró el fallador los documentos visibles a los folios 24 y 30, relativos a la liquidación de la compañía de ganado que tenía el difunto con el señor Jorge Aurelio Díaz, lo que desmiente el calificativo de administrador de la finca “La Gloria” que la accionada tardíamente le atribuyó, pues ni en la demanda ni en la audiencia de conciliación se advierte tal adjetivo. Tampoco reparó en los documentos alusivos a las exequias del finado (fls. 168 a 179), y que muestran que aquella las contrató y pagó los avisos del periódico. Emerge, entonces, un indicio que demuestra la existencia de la sociedad patrimonial porque no es normal que una persona profundamente ofendida se esmere tanto por las exequias de otra, así se trate del padre de sus hijas.
El juzgador ad quem no advirtió la copia de la demanda de lanzamiento, en la que no se menciona que el señor Mantilla fuere el administrador de la finca, ni reparó en los indicios derivados de las declaraciones de Adriana Mantilla, según la cual, le “cogió” a su padre en 1993 varias llamadas, sin que le hubiese dicho nada a su madre, quien de todos modos, se enteró en 1994 y tuvieron por eso un altercado. Si ellos no hubiesen tenido algo que ver no se entiende por qué le rastreaban las llamadas y la razón no es otra sino que aún vivían juntos, lo que explica la “camaradería” que se ve en las fotos del folio 151 y la constancia dejada ante la inspección de policía que pone de presente la ira de Lucila al presumir que su compañero le era infiel.
El sentenciador de segundo grado supuso la prueba o cercenó, según cada caso, los testimonios e interrogatorios referidos en esta acusación, cuya apreciación fue tan deficiente que resulta imposible saber cuáles de ellos constituyen el soporte de su decisión, ya que se limitó a extraer el dicho de algunos deponentes, pero sin hacerles ninguna valoración, para concluir que tales pruebas no permitían inferir la existencia de la unión marital de hecho porque la convivencia entre la pareja no fue permanente, continua y estable, pues vivió con otras mujeres.
A continuación el censor resume, a su guisa, los aspectos que consideró medulares de las aludidas declaraciones y acota que con los testigos Carmen Sofía Mantilla de López, Enriqueta y Sara Luz Ardila Muñoz, Carmen García Díaz, Yolanda Castro, Yolanda Castro Fonseca, Álvaro Lozada Villabona y Jesús Alejandro Bohórquez y el interrogatorio absuelto por Manuel José Mantilla García se demostró claramente que el causante y la demandada vivieron juntos, por lo menos hasta enero de 1995, lo que coincide con la contestación de la demanda, el contrato de transacción, los indicios y demás documentos señalados.
Tuvo por ciertas, en cambio, se queja el impugnante, las afirmaciones de Lucila Ramírez Carvajal, contenidas en la contestación de la demanda y que, por el contrario, están en contradicción con los anotados documentos y con los indicios que obran en el proceso. En efecto, mientras en la réplica a la demanda se afirmó que Lucila vivió con Mantilla Lozada desde 1973 hasta 1994, en la transacción admitió que lo hizo desde 1968 hasta 1995; al paso que en el interrogatorio de parte sostuvo que vivió con él desde 1978 hasta 1991, tratando de urdir una coartada que le permitiera ubicar el período de convivencia por fuera de lo que considera es el ámbito de aplicación de la Ley 54 de 1990.
Los testimonios de Marina Patiño Forero y Martha Lucía Camargo Osorio son de oídas, lo que declaran lo oyeron de la demandada y además son mentirosos porque la primera aseveró que el difunto no trabajaba, no obstante que la misma demandante y varios testigos dan cuenta de que se trataba de un hombre laborioso, y la segunda dijo que la relación era inestable porque el causante iba al Edificio Chávez cuando tenía que meter mujeres. Otro tanto acontece con las declaraciones de Flor María Ramírez de Pereira y Edelmira Ramírez Mantilla. Además, nada prueban los testimonios de Carmen Gómez de Sepúlveda, Myriam Ramírez Carvajal, Adriana Lucía Mantilla Ramírez, Lourdes Caez Sedano, Alcira Sedano viuda de Caez, Cecilia Suárez Hernández, Helda Ortega, Ramón Gálvez Sáenz y Publio Antonio Rincón.
Para finalizar, resalta la evidencia y trascendencia de los errores que le atribuye al tribunal, pues estima que debió declararse probada la unión marital por lo menos desde 1973 y de aceptarse la tesis del sentenciador según la cual la Ley 54 de 1990 solamente es aplicable a partir del 31 de diciembre de ese año debió decretarse desde esta fecha. Así, el fallador a causa de los señalados errores de hecho dejó de aplicar los artículos 1º y 2º de la citada ley, pues adujo que Alfonso Mantilla sostuvo relaciones con otras mujeres, sin tener en cuenta que tal como acontece con el matrimonio, tales instituciones no desaparecen por la infidelidad, aun cuando pueden ser constitutivas de la declaración de terminación de la unión. Luego en nada afecta la existencia de la unión marital que el compañero tenga hijos por fuera de ella mientras mantenga la comunidad de vida, esto es, la permanencia, aunque se presenten momentáneas desarmonías interfamiliares.
Con apoyo, igualmente, en la causal primera de casación, se duele la censura de la violación indirecta de las normas señaladas en el cargo anterior por causa del error de derecho cometido por el fallador en relación con la apreciación de las mismas pruebas anotadas en la acusación precedente, de cuya reseña, por tal razón, queda relevada la Corte.
Para sustentar sus imputaciones afirma que el juzgador de segundo grado cometió error de derecho en la valoración de las mencionadas piezas de convicción porque desconoció que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil le impone al juez el deber de apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, para lo cual debe examinar y aquilatar cada una de ellas y luego enlazarlas de manera global, combinando los distintos argumentos de convicción que del conjunto emerge, aserto que respalda citando una providencia de esta corporación.
Precisa que la primera regla probatoria violada por el ad quem es la relacionada con la exigencia legal de valorar las pruebas en su conjunto en la forma prevista por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que aquel no apreció la contestación de la demanda en que se confiesa la existencia de la unión marital y la sociedad patrimonial, ni los testimonios referidos en el cargo anterior, pues se limitó a extraer algunos de sus apartes para tener por no demostrados los elementos necesarios para la conformación de la unión marital de hecho, ya que la convivencia habida entre Lucila Ramírez Carvajal y Alfonso Mantilla Losada no fue permanente, continua y estable.
Tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de Carmen Sofía Mantilla de López (fls. 1 a 8, C-2), Enriqueta Ardila Muñoz (fls. 13 a 24, C-2), Sara Luz Ardila Muñoz (fls. 24 a 31; C-2), Yolanda Castro Fonseca (fls. 36 a 43, C-2), Álvaro Losada Villabona (fls. 126 a 127, C-2), Carmen García Díaz (fls. 126 a 127, C-2), Jesús Alejandro Moreno Bohórquez (fls. 127 y 128, C-2), y mucho menos las examinó en conjunto con los demás testimonios, para hallar coincidencias, contradicciones y establecer la credibilidad de los deponentes.
Dejó, así mismo, de apreciar en conjunto los interrogatorios de parte e ignoró por completo los documentos a que se hace referencia en el cargo anterior, con los cuales se demostraba fehacientemente la unión marital.
No vió los indicios que se derivan de la actitud asumida por la demandada frente a la posibilidad de que su compañero le fuera infiel, deducidos de los hechos, de que tanto ella como su hija Adriana espiaban a Mantilla para enterarse de las personas con las que se comunicaba por teléfono y escuchaban sus conversaciones, aún en la época en que según sus dichos no vivían juntos. Otro tanto acontece con la reacción de la demandada cuando va a la finca y estima que su compañero le es infiel, protagonizando un enfrentamiento que culmina con la constancia dejada ante la inspección de policía de Yarima, y la iniciación del juicio de lanzamiento por ocupación de hecho. Todos estos indicios son demostrativos de la existencia de la unión marital para la época en que los hechos que los estructuran acaecieron.
Reseña, seguidamente, algunas reflexiones de un autor nacional sobre la materia, para acotar que la labor de análisis integral no se agota con el análisis de conjunto de una o más pruebas de una misma naturaleza, sino de la totalidad de las pruebas para obtener “la conclusión probatoria y el conocimiento pleno”. En síntesis, dijo, el sentenciador “no hizo la valoración de todas las pruebas en forma aislada ni mucho menos en conjunto como lo ordena la ley”.
La segunda norma probatoria violada es la que le impone al juez el deber de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba (CPC, art. 187, inc. 2º), regla incumplida por el tribunal porque no estableció en la sentencia el valor probatorio que le asignaba a cada una de las probanzas recaudadas, habida cuenta que se limitó a decir, que los testimonios en número considerable, mostraban que no había permanencia y singularidad marital.
El tercer precepto de índole probatorio quebrantado es el concerniente con la apreciación de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica (CPC, art. 187 inc. 1º), mandato que infringió el juez de segundo grado cuando dijo que los testigos, “en número considerable”, corroboraban unísonamente el dicho de la demandada, pero sin puntualizar cuales eran tales testigos, ni las razones por las cuales les dio credibilidad, sino que los tuvo como prueba decisiva porque al parecer son mayoría. No dijo tampoco cuál afirmación de la demandada corroboran, pues esta aceptó varios hechos, entre ellos la existencia plena de la unión y la sociedad en el contrato de transacción celebrado, y otro, que es el que se acompasa con su coartada tardía expuesta en el interrogatorio de parte y con la que coinciden algunos de los testigos acomodados a su dicho extemporáneo.
La cuarta regla probatoria violada consistió en darle credibilidad a testigos sospechosos (CPC, art. 217), toda vez que frente a los declarantes que tienen parentesco con la demandada, como sucede con Adriana Lucía Mantilla Ramírez (fls. 51 a 76, C-3), hija de Alfonso Mantilla y de Lucila Ramírez, el fallador de segundo grado no hizo una valoración rigurosa, a pesar de que utilizó expresiones despectivas frente a su extinto padre, como la de “simbionte” y “parásito”, lo cual evidencia el desprecio de la declarante hacia este, amén que faltó a la verdad cuando afirmó que no trabajaba, hecho que fue ampliamente desvirtuado por otros declarantes.
Tampoco se hizo esa rigurosa valoración, atendiendo al parentesco y al interés en el triunfo de la demandada, respecto de las declaraciones de las hermanas de esta, señoras Flor María Ramírez de Pereira (fls. 16 a 28, C-3) y Myriam Ramírez Carvajal, quienes repiten textualmente lo mismo que relataron la demandada en su interrogatorio y su hija Adriana Lucía en su declaración. La coincidencia en estas versiones y la forma despectiva y grotesca como se expresan de Alfonso, son expresiones de su inocultable parcialidad.
Por último, destaca la censura la “evidencia” de tales errores y su trascendencia, la cual hace consistir en que de no ser por ellos se habría declarado probada la existencia de la unión marital de hecho desde junio de 1987 o por lo menos, atendiendo el argumento del tribunal que se combate en otro cargo, a partir del 31 de diciembre de 1990.
El censor, con sustento en la causal primera de casación, acusa la sentencia impugnada de violar directamente los artículos 1º, 2º y 9º de la Ley 54 de 1990, preceptos que transcribió para demostrar que fueron inaplicados por el juzgador al considerar que “la unión marital de hecho ‘no adquiere vida jurídica sino a partir de su vigencia, la cual comenzó a regir el 31 de diciembre de esa calendada, pues en el artículo 9º dice expresamente que la ley rige a partir de la fecha de su promulgación, por lo tanto no tiene efecto retroactivo ni retrospectivo como bien lo ha dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia’...”, yerro en que estima incurrió aquel por no distinguir los efectos de la ley en el tiempo, esto es por no diferenciar “entre la retroactividad, la irretrospectividad y el efecto general inmediato”, habida cuenta que el primer fenómeno tiene que ver con que la ley nueva entre a regular derechos existentes en razón de un hecho pasado, o a desconocer hacia el futuro la realidad de derechos adquiridos bajo el amparo de la ley anterior, mientras que la ley es retrospectiva cuando modifica los efectos futuros de hechos o actos anteriores, actuando no sobre la causa generadora del derecho sino sobre los efectos aún pendientes de producción.
Cita extensamente, a continuación, la sentencia del 29 de mayo de 1997 de esta corporación relativa al examen del fenómeno de la retroactividad de la ley, al cabo de lo cual acota, citando a un autor, que si antes de la Ley 54 de 1990 no existía régimen legal de unión marital, no existían tampoco derechos de los compañeros permanentes, bajo el amparo de norma alguna y, por ende, la aplicación hacia el pasado no vulnera derecho alguno, siendo retrospectiva la ley; además, como se trata de una ley de interés social expedida con el propósito de nivelar los derechos entre la pareja que conforma una familia de hecho, con la que contrae el matrimonio, su efecto inmediato y regula las situaciones anteriores.
1. Se despachan conjuntamente estos cargos porque, como es palmario en ellos, incurrió el recurrente en distintas deficiencias técnicas en su formulación.
En efecto, débese comenzar por advertir cómo el impugnante, en lo medular, se empeñó en el cargo cuarto a tratar de demostrar que el sentenciador se abstuvo de apreciar las pruebas que reseña, olvidándose, empero, que esa queja no se acompasa con el error de derecho que dijo aducir. Así mismo, al denunciar la infracción del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se abstuvo de poner en evidencia que la labor valorativa del juez fue ajena al análisis de conjunto requerido por el precepto en comento, es decir, que no se preocupó por demostrar que la apreciación de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias, ineptitud que, por tal causa, además de tratarse de una mera enunciación, derivó hacia la sindicación de preterición de algunas probanzas.
De igual modo, es necesario recordar cómo el sistema de valoración de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, acogido de manera franca por el citado artículo 187, tiene como cimiento la libertad del juez para razonar sobre ella, liberado de la sujeción que la tarifa legal impone, de manera que goza aquel de soberanía en el ejercicio de tal labor, sin que sea imposible exigirle a la Corte, mediante el recurso de casación, que establezca confines dentro de los cuales ella puede realizarse. “Como la soberanía del juzgador de instancia en el punto —tiene dicho esta corporación— no puede desbocarse hacía la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderación debe ser razonada, es decir, fundada en el sentido común y las máximas de la experiencia, la labor del recurrente en casación sube de punto cuando trata de cuestionar la crítica que de la prueba haga el tribunal, pues puede acontecer que este la hubiese percibido en su realidad objetiva, solo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que el sentido común y las reglas del saber empírico conforman, le reste credibilidad, de modo que sería vana una confrontación entre lo que el medio dice con lo que el tribunal afirmó de él, desde luego que en tal evento ambos coincidirían. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda lógica y sensatez, valoró antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hipótesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista” (cas. mar. 24/98), tarea que, por supuesto importa, a la postre, un escrutinio sobre la apreciación material de la prueba, razón por la cual cualquier yerro de esa índole, cual allí se estimó, debe denunciarse como de facto.
Otro tanto debe decirse de la apreciación de los testimonios sospechosos, punto respecto del cual ha precisado esta Sala que “cuando lo cuestionado es que el juzgador, colocado de cara al contenido objetivo del testimonio, ha incurrido en yerro por haberle atribuido cierto grado de credibilidad a los testigos, la falencia que en tal evento cumple poner de resalto en casación debe encauzarse por el sendero que marca el error de hecho; doctrina aplicable a los testimonios sospechosos, habida cuenta que si la veracidad que les pueda caber en principio arranca estigmatizada, aflora inevitable que la rigidez para mirar a tales deponentes quedará desvanecida en la medida en que brinden un relato responsivo, exacto y completo...” (Cas. sep. 22/2004).
4. De otro lado, relativamente a las acusaciones contenidas en los cargos tercero y quinto, parece oportuno reiterar que incumbe al impugnante confutar la decisión recurrida mediante un discurso argumentativo que guardando rigurosa coherencia lógica y jurídica con las razones expuestas por el juzgador, conduzca inexorablemente a su desquiciamiento, esto es, que las argumentaciones de la censura han de ser de “consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya” (cas. jul. 14/98). Por supuesto que si el inconforme no replica en forma proporcionada las reflexiones del fallador es tanto como si no las refutara.
En el asunto de esta especie es bien evidente el divorcio existente entre las razones medulares del fallo recurrido y las esgrimidas por la censura para combatirlo.
En efecto, los argumentos en que se edifica la sentencia impugnada bien pueden resumirse diciendo que para el tribunal la unión marital de hecho adquirió vida jurídica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, la que en su artículo primero exige para su conformación que la pareja haya constituido “una comunidad de vida permanente y singular”, por lo que no cualquier relación sentimental entre la pareja en la cual se hayan dado múltiples accesos carnales e inclusive hijos puede tenerse por tal. La comunidad de vida se traduce en la cohabitación, socorro y ayuda mutua, cuya permanencia no determinó el legislador pero ha de entenderse que es la necesaria para reflejarla y, por supuesto, no inferior a dos años para que se presuma la sociedad patrimonial, amén que la singularidad implica que sea única, pues “es elemento estructural de la familia el matrimonio monogámico”, de ahí que no es admisible la coexistencia dentro de un mismo lapso temporal de otras relaciones maritales fácticas.
Empero, el fallador, en términos totalizadores, es decir sin entrar a hacer distinciones sobre la convivencia desarrollada por la pareja antes o después de la vigencia de la Ley 54 de 1990, consideró que los elementos de la unión marital a que aludió no fueron demostrados en el proceso, toda vez que los testigos, “en número considerable”, son unísonos en afirmar que la cohabitación de Alfonso y Lucila no fue permanente, continua, estable, por cuanto que él constantemente se iba de la casa y que en ese lapso no solo vivió con la demandada sino que lo hizo con otras mujeres con las cuales también tuvo hijos; ni siquiera, a juicio del tribunal, puede decirse que aquel le prestó a la demandada la ayuda y el socorro que son necesarios para que nazca la unión marital de hecho, “porque los declarantes son acordes en afirmar que ella era la única que trabajaba y él lo que hacia era gastarle y despilfarrarle lo que ella conseguía”.
No descartó, pues, el sentenciador, que el fallecido Alfonso Mantilla y la demandada Lucila Ramírez hubiesen convivido, inclusive, con anterioridad a la vigencia de la Ley 54 de 1990, solo que esa relación, en su entender, no reunía los requisitos previstos en la ley por no haber sido “permanente, continua y estable”, además que aquel no le prestó a ella la ayuda y el socorro necesarios para que surja una unión marital de hecho.
Pero el recurrente, en lugar de empeñarse en mostrar que de la prueba recaudada en el proceso se infería con evidencia que la convivencia de la mencionada pareja sí reunía los requisitos echados de menos por el tribunal, como se lo imponía el haber trazado su refutación por la vía indirecta de la causal primera, se empecinó, en el cargo tercero, en tratar de demostrar la existencia de la relación de la pareja, e inclusive que cohabitaban juntos, cuando esa circunstancia no fue cuestionada por el juzgador. Por el contrario, habiendo optado por controvertir la decisión impugnada en el restrictivo ámbito de la apreciación fáctica, dejando de lado, por consiguiente, el debate estrictamente jurídico relativo a los alcances y discernimiento de las normas dejadas de aplicar por el sentenciador, se abstuvo de mostrar cómo de las pruebas recaudadas en el proceso, sí era posible inferir de manera ostensible que la cohabitación existente entre Alfonso Mantilla y la demandada reunía los requisitos de permanencia, estabilidad, singularidad, ayuda y socorro mutuo que no habría advertido el juzgador ad quem.
No solamente malogró la acusación en ese aspecto, sino que la misma, olvidándose de su cometido esencial, derivó en un extenso alegato en el cual el recurrente expuso su propia apreciación de las pruebas, pretendiendo contraponerla a la del sentenciador, pero sin rematar en la demostración de los errores de facto atribuidos al fallador.
Es incontestable, igualmente, que la recriminación contenida en el quinto cargo está exclusivamente enderezada a refutar la elucidación del tribunal conforme a la cual la unión marital de hecho solamente adquirió vida jurídica a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, esto es con posterioridad al 31 de diciembre de ese año; empero, como es palpable, semejante imputación deja de lado las inferencias jurídicas y probatorias en las que realmente se edificó el fallo censurado.
5. Por lo demás, al margen de lo anteriormente expuesto, no sobra destacar que las reflexiones alusivas a la ausencia de prueba de los ya indicados elementos que a juicio del tribunal estructuran la unión marital de hecho —elucidación no combatida por el censor por tratarse de un aspecto estrictamente jurídico de la cuestión—, no son contrarias a la materialidad reflejada por varios de los testimonios obrantes en el proceso. Así, por ejemplo, Marina Patiño Forero; María Lucila Camargo Osorio, quien dijo ser madrina de una de las hijas de la demandada, cuya casa visitaba con una frecuencia no mayor a un mes; Flor María Ramírez de Pereira, hermana de la demandada; Edelmira Ramírez Mantilla, Myriam Ramírez Carvajal, también hermana de la demandada; Adriana Lucía Mantilla Ramírez, hija de la pareja, cuya trascendente declaración es extensa, escueta y de primera mano; y Cecilia Suárez de Hernández.
De modo pues, que a lo sumo la infructuosa labor del recurrente simplemente pondría de presente la existencia de algunos testimonios contradictorios que, justamente, por ser tales, conducen a inferencias opuestas o disímiles, incumbiéndole al juzgador, en esa hipótesis, como tantas veces lo ha destacado la Corte, establecer, dentro del ámbito propio de sus facultades relativas al examen de la prueba y de la mano de las reglas de la sana crítica, su mayor o menor credibilidad, “razón por la cual tan solo podría prosperar una acusación por error en la apreciación probatoria de la prueba testimonial en la que se apoyó la sentencia del tribunal, en caso de demostrarse la comisión por este de error de derecho, o de yerro evidente de hecho, el que afloraría, privativamente, cuando las conclusiones del sentenciador fueren por completo arbitrarias e irrazonables, de tal suerte que la única interpretación posible fuere la que aduce el recurrente” (cas. nov. 11/99, entre otras).
6. Otro tanto acontece con el reproche de la censura referido a la preterición del documento contentivo de la fallida transacción y el cual contendría, así mismo, una confesión de la demandada. Pretende el impugnante derivar del texto del aludido documento, la existencia de una confesión inadvertida por el juzgador, consistente en el reconocimiento que la demandada habría hecho de la unión marital pretendida en la demanda. Sin embargo, dejando de lado el examen del valor probatorio de la copia informal que contiene la fallida transacción, lo cierto es que la supuesta confesión no puede desconectarse del contenido general del texto que la contiene, pues ello aparejaría el quebrantamiento del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. Es así como en este caso, las aseveraciones de los contratantes, la demandada entre ellos, no pueden escindirse de la naturaleza del acto jurídico celebrado, el cual a la postre no se hizo valer en el proceso, pacto que estaba enderezado a finiquitar el litigio, razón por la cual las afirmaciones allí asentadas por las partes se produjeron únicamente en aras de lograr un arreglo, de modo que frustrado este, tales aseveraciones quedan sin justificación alguna, a menos que se demuestre lo contrario.
De todas maneras, toda confesión admite prueba en contrario, de ahí que de haberla habido en la aludida transacción ella estaría desvirtuada por la argumentación en que se sustentó la decisión impugnada.
Así las cosas, los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 6 de mayo de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario de la referencia.
Costas a cargo de las recurrentes.

References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 81
 artículo 333
 artículo 83
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 1602
 artículo 306
 artículo 332
 artículo 306
 artículo 368
 artículo 368
 artículo 305
 artículo 306
 artículo 306
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 9
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 258