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Timestamp: 2017-10-18 02:11:24+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 7 de diciembre de 2010. IVA. Derecho comunitario. Responsabilidad patrimonial. Regla de prorrata - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 7 de diciembre de 2010
IVA: Responsabilidad patrimonial del Estado. Limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Incumplimiento por parte del Estado Español de las obligaciones que le incumben en esta materia en virtud del Derecho Comunitario. Se regula en la Sexta Directiva del Consejo, de 1977, que tiene por objeto la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios. Regla de prorrata: será de aplicación cuando el sujeto pasivo efectúe conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras que no habiliten para el ejercicio del citado derecho. La Comisión Europea entendió que este supuesto de aplicación de la regla de prorrata a los sujetos pasivos totales del Impuesto no estaba contemplado en la Directiva, que limita dicha regla a los sujetos pasivos mixtos del Impuesto. Existe una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por el particular.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Srs. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 309/07, interpuesto por el Procurador D. Antonio Miguel Ángel Araque Almendros, en nombre y representación de la Fundación Tomillo, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de los servicios públicos derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-El Procurador D. Antonio Miguel Ángel Araque Almendros, en nombre y representación de la Fundación Tomillo, mediante escrito de fecha de presentación 18 de mayo de 2007, interpuso recurso contencioso- administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de marzo de 2007, desestimatorio de indemnización por el funcionamiento de los servicios públicos derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones.
Segundo.-Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 4 de junio de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA.
Tercero.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 7 de septiembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dictara sentencia que acuerde "Anular la Resolución del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2007 por el que se deniega a esta parte el pago de las cantidades satisfechas en concepto de IVA, al no ser el mismo conforme a Derecho, ordenando al Tesoro Público el pago de 34.630,10 euros más los intereses legales que se devenguen desde la fecha del pago de dicha cantidad hasta la fecha en que se dicte Sentencia".
Por medio de Otrosí Segundo Digo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 60.1 LJCA, solicita el recibimiento a prueba del presente recurso, fijando los puntos de hecho sobre los que ha de versar dicha prueba.
Por medio de Otrosí Segundo Digo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.2 LJCA, suplica a la Sala se acuerde el trámite de conclusiones.
Cuarto.-El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia "... por la que sea declarado inadmisible o, en su defecto y subsidiariamente, sea desestimado, el recurso interpuesto contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador".
Quinto.-Por Auto de 25 de octubre de 2007, la Sala acordó recibir el presente proceso a prueba, confiriendo a las partes el plazo de quince días para que pudieran proponer todos los medios de prueba de que intentaran valerse, habiéndose practicado toda la prueba propuesta por la parte actora, con el resultado que es de ver en los autos.
Sexto.-Concluso el término probatorio, se dio traslado para conclusiones a la recurrente, que presentó el correspondiente escrito en fecha 8 de febrero de 2008. Dado traslado para igual trámite al Abogado del Estado, éste formuló conclusiones con fecha 24 de abril de 2008.
Séptimo.-Por providencia de 23 de mayo de 2008 se acordó dar traslado al Abogado del Estado para alegaciones del escrito de la parte recurrente presentado el anterior día 16, en el que solicitaba el planteamiento de cuestión prejudicial, y una vez efectuadas las alegaciones por el Abogado del Estado, se dictó providencia de 15 de julio de 2008, por la que se acuerda, con suspensión del trámite del recurso, estar al resultado de la cuestión prejudicial ya planteada en el recurso n.º 173/07 por esta Sala.
Octavo.-Una vez resuelta por el TJCE la cuestión prejudicial planteada, por providencia de 5 de febrero de 2010, la Sala ordenó alzar la suspensión acordada y conferir traslado de la resolución del TJCE a las partes, para que en término de diez días pudieran alegar cuanto tuvieran por conveniente, habiendo evacuado el trámite únicamente la parte recurrente mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2010, siendo declaradas nuevamente conclusas las actuaciones mediante diligencia de ordenación de fecha 11 de marzo de 2010.
Noveno.-Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo la audiencia del día 1 de diciembre de 2010, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 16 de marzo de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la Fundación Tomillo en fecha 30 de noviembre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas en los ejercicios 1998, 1999 y 2000, y con fundamento en el incumplimiento por parte del Estado Español de las obligaciones que le incumben en esta materia en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los arts. 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva en materia de IVA).
En el suplico de la demanda se concreta la pretensión solicitando que se acuerde la declaración de ser contrario a Derecho el Acuerdo impugnado por no reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado por la limitación indebida del derecho a la deducción del IVA y que se acuerde la correspondiente indemnización.
Segundo.-El Abogado del Estado propone como causa de inadmisibilidad, al amparo del art. 69.c) en relación con el art. 28 de la Ley Jurisdiccional, el haberse dirigido el recurso contra actos no susceptibles de impugnación y ello porque las liquidaciones tributarias practicadas no fueron recurridas en tiempo y forma por lo que han devenido en actos consentidos y firmes frente a los que no cabe ahora recurso alguno.
Esta causa de inadmisibilidad debe rechazarse pues el acto impugnado es el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2007 por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en razón de la vulneración del Derecho Comunitario por la Ley 37/1992, y no las liquidaciones tributarias practicadas en su día al amparo de tal Ley.
En cuanto a los efectos de esta Sentencia, la Administración Española adoptó la Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, sobre la incidencia en el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones (Boletín Oficial del Estado de 22 de noviembre).
Cuarto.-A la Fundación Tomillo, empresa dedicada a la investigación científica y técnica, se le levantaron sendas Actas el 12 de abril de 2002 por la Agencia Tributaria, la primera regularizando su situación tributaria, y la segunda de sanción por infracción tributaria grave. En el Acta de regularización se concluye que "1. Que a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, el art. 4 de la Ley 37/1992, en su apartado Tres, señala que la sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. 2. Que las actividades de investigación científica y técnica no están recogidas como exentas en el art. 20 del texto normativo del impuesto. 3. Que las subvenciones objeto de comprobación no se consideran de capital, pues según la definición de las mismas dada por el Plan General de Contabilidad, no son concedidas para el establecimiento o estructura fija de la empresa. Tampoco se trataría de subvenciones con finalidad específica, pues no se conceden para adquirir un bien concreto (art. 104.Dos.2 E), sino que la finalidad de las mismas, el objeto, es la realización de determinados estudios y trabajos".
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 34.630,10 €, a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA. Esta reclamación fue desestimada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2007.
Sentado lo anterior y partiendo de los requisitos que para el establecimiento de la responsabilidad patrimonial se concretaron en la sentencia Factortame III del TJCE, rechaza que en el presente caso pueda declararse tal responsabilidad. Así, considera que la Ley 66/1997, al introducir en la Ley 30/1992, del IVA, determinadas limitaciones al derecho de deducción, no determinó una infracción suficientemente caracterizada del Derecho Comunitario, concretamente de la Sexta Directiva, pues tal infracción solo puede sustentarse en un apartamiento manifiesto y grave de sus mandatos, circunstancia que aquí no se produce por estar amparada la innovación de la Ley 66/1997 en el margen de discrecionalidad que a todos los Estados se les reconoce en la transposición de la Directivas comunitarias, discrecionalidad que en el presente caso ha sido ejercida dentro de unos márgenes de apreciación razonables lo que impide que pueda hablarse de lesión antijurídica.
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, treinta y cuatro mil seiscientos treinta con diez euros (34.630,10 €), cuya procedencia resulta justificada en los documentos que obran en autos y en la falta de impugnación del Abogado del Estado a los mismos, quien tampoco cuestiona la cuantificación del perjuicio patrimonial sufrido por la parte demandante, y que se expresa en el concreto petitum del escrito de demanda.
Además, el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el de la "restitutio in integrum" o reparación integral del daño, lo que obliga no solo al abono de la cantidad indebidamente satisfecha a las arcas públicas sino también, en aras de ese principio de plena indemnidad, reconocido en la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 5 de febrero y 15 de julio de 2000, entre otras muchas) y en la propia Ley 30/1992 (art. 141.3) al abono de los intereses legales de la cantidad a devolver desde el día en que se presentó la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de esta Sentencia, a partir de la cual se cuantificarán los intereses de acuerdo con lo establecido en el art. 106, apartados 2 y 3 de la Ley Jurisdiccional.
Primero.-ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Tomillo, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 16 de marzo de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente, en fecha 30 de noviembre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
Segundo.-DECLARA
R la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de la Fundación Tomillo a ser indemnizada en la cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos treinta con diez euros (34.630,10 €), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

References: artículo 49
 Resolución 
 artículo 60
 artículo 62
 resolución 
 Resolución