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Lunes, 03 de Noviembre de 2014 18:44
28/11/2014 -CASO BELSUNCE - Anulan la perpetua para Carrascosa y podría recuperar su libertad
La Corte Suprema de Justicia anuló un fallo que confirmaba la prisión perpetua por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, en octubre del 2002 en el country Carmel. Fuentes judiciales indicaron esta mañana que los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, dejaron sin efecto un fallo de la Suprema Corte bonaerense que convalidaba la prisión de Carrascosa, al afirmar que “el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido". Por ese motivo, concluyeron, "se deja sin efecto la sentencia apelada”, por lo que la Corte bonaerense deberá ahora emitir un nuevo fallo después de revisar todos los argumentos de la apelación de la defensa de Carrascosa, quien lleva cinco años preso sin condena firme.
La socióloga María Marta García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, con medio cuerpo semisumergido en la bañera. Su marido dijo que había sufrido un "accidente" y se había golpeado con las canillas, sin embargo la autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en la cabeza.
25/11/2014 - El sábado pasado el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), advirtió a la población sobre el uso de la llamada "pulsera repelente" para ahuyentar insectos y evitar picaduras, ya que está registrada ante la mencionada administración como un cosmético, por lo que "no posee acción preventiva, ni terapéutica", como así tampoco "previene el dengue ni ninguna otra enfermedad".
24/11/2014 - El Gobierno envió al Senado un proyecto de ley para modificar el funcionamiento y control del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Dispone la ampliación del directorio con el nombramiento de representantes del Estado que hacen perder la mayoría a los que se sientan allí por la industria y el sector ganadero; una nacionalización del instituto.
El proyecto dispone ampliar los objetivos del instituto a los productores de pollos, cerdos, pescado y demás tipos de carne y avanzar en la modificación del órgano de control que pasa de los actuales 9 miembros a 18: 6 representantes de los sectores de la carne, 3 de los sectores de la industria, 1 del Ministerio de Agricultura, 1 del INTA, 1 del SENASA, 1 del INIDEP (desarrollo pesquero) y 5 representantes del Poder Ejecutivo por provincias.
Hasta ahora, el instituto funciona con un representante de cada una de las entidades de la producción de la carne, con mayoría directa de CRA, Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural.
19/11/2014 - El Senado emitió dictamen favorable al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prevé "tolerancia cero de alcohol al conducir” para los particulares en rutas nacionales, tras una exposición del ministro Florencio Randazzo, que ante el plenario de comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, dijo que el objetivo es que "el que toma alcohol, por poco que sea, no pueda manejar".
17/11/2014 - Bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, Gobierno creó nuevo órgano para controlar comercio exterior e ingreso y egreso divisas. "La Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior desarrollará las siguientes tareas:
d) Solicitar y brindar información a otras jurisdicciones sobre los temas de competencia de la Unidad", explica el decreto.
13/11/2014 - El Ministerio de Economía vuelve a emitir deuda en el mercado local ajustada por el tipo de cambio oficial por lo menos de U$S 500 millones ampliable, con vencimiento el 18 de marzo de 2018 (Bonad 2018), que pagará intereses del 2,4% encima de la devaluación. A fines de octubre, el Gobierno nacional emitió un bono "dollar-linked" (Bonad 16) por una cifra equivalente a U$S 983,3 millones.
11/11/2014 - Promulgan la ley que establece el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud. La norma fue sancionada el 22 de octubre pasado por la Cámara de Diputados y hoy se publicó en el Boletín Oficial. Es en conmemoración de la denominada Noche de los Lápices.
10/11/2014 - Argentina llevará el conflicto con los fondos buitres a cumbre del G-20. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman representarán al país en nombre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no podrá viajar a Australia debido al reposo. El temario oficial de la cumbre del G20 hace foco en la implementación de políticas destinadas a consolidar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
06/11/2014 - Cuarta jornada de debate Código Procesal Penal: juristas y ex legisladores exponen en el Senado Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado continuarán hoy el debate sobre la reforma del Código Procesal Penal. La ronda de consultas se extenderá hasta fines de noviembre.
05/11/2014 - Código Procesal Penal: segundo día de debate en el Senado. Ayer fueron más de siete horas y doce oradores. Hoy el debate sigue en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Alfredo Pérez Galimberti, Alberto Berardi, Juan Carlos Gemignani, Daniel Obligado y Lisandro Enrico, algunos de los oradores de hoy.
04/11/2014 - El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no descartó hoy la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner extienda las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación para la sanción del nuevo Código Procesa Penal y la ley de telecomunicaciones Argentina Digital.
03/11/2014 - La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagarle u$s 185 millones en concepto de compensación a la empresa British Gas (BG) por el congelamiento de tarifas durante 2001 y 2002. British Gas era la empresa controlante de la local Metrogas y en 2012, le vendió sus acciones a YPF.
Miércoles, 22 de Octubre de 2014 11:01
Con el nuevo Código Procesal Penal quedaría instalado el sistema acusatorio. Es decir el que delega en el fiscal toda la investigación sin quitarle las facultades que le son propias al juez. El rol de la víctima y sus familiares cambiará: van a poder participar en el proceso junto al fiscal. También fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer por Cadena Nacional el envío al Congreso del nuevo Código Procesal Penal. En su mensaje, la jefa de Estado sostuvo que la reforma del Código busca asegurar “una administración de Justicia que contemple la reparación a las víctimas” y que el nuevo Código será un” instrumento de procedimiento ágil, rápido y moderno".
La Presidenta sostuvo además que la iniciativa fue demandada por jueces federales, la academia y por la propia realidad que nos impone un código (procesal) lento, gravoso, con el que la sociedad siente que no tutela sobre sus intereses". “Estamos respondiendo a una demanda de 205 jueces y camaristas y de toda la sociedad que nos pedía modificar el código de procedimientos penales. Tenemos que asegurar a las víctimas el acceso a la Justicia”, remarcó.
Cristina advirtió que el nuevo Código prevé sanciones graves para los jueces y fiscales que no cumplan con los plazos estimados para el proceso. El nuevo Código, explicó, fijará un plazo máximo de un año de instrucción y que su no cumplimiento no generaría la prescripción de la causa sino "sanciones graves para los magistrados".
Adiós justicia sumaria El texto que la Presidenta envió al Congreso incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años, y agiliza la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica no se agota en la investigación y el juicio, sino que se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena, que hoy en día se encuentra muy saturada y sin capacidad de control de resultados. “Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con decisión en el mismo momento, frente a un procedimiento actual escrito, pesado, lento, sin control de las partes. La oralidad da una contemporaneidad a las decisiones, una publicidad y una participación, por parte de la víctima que hoy no tiene y también un control por parte de la sociedad”, explicó Cristina Fernández de Kirchner en Cadena Nacional.
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Jueves, 13 de Noviembre de 2014 12:15
En plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (FpV), y Presupuesto y Hacienda, encabezada por el senador Aníbal Fernández, se emitió este miércoles dictamen para la reforma del Código Procesal Penal, que será tratada en el recinto el próximo miércoles 19 de noviembre. Aunque se introdujeron numerosas modificaciones, la UCR y el Peronismo Federal presentarán dictamen en minoría
El oficialismo se mostró dispuesto a aceptar modificaciones al texto original del Ejecutivo. Entre ellas, la referida a las facultades del procurador general de la Nación y la asignación de causas existentes, estableciendo un sistema de “sorteo que garantice la distribución equitativa”. También hubo cambios tales como la supresión del factor de “conmoción social” y cambios en lo referido a los extranjeros que delinquen.
En el artículo 3°, referido al principio de inocencia, se consigna que “el imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de inocencia”.
En cuanto a las condiciones carcelarias, se responsabiliza de lo que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos “a quien la ordene, autorice, aplique o consienta”.
En cuanto al tema de los extranjeros, se estableció respecto a la suspensión del proceso a prueba que “en caso de tratarse de una persona extranjera, también podrá aplicarse cuando haya sido sorprendida en flagrancia de un delito, conforme el artículo 184 de este Código, que prevea pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser inferior a CINCO (5) años ni mayor de QUINCE (15)”. Se agrega que “el imputado podrá proponer al fiscal la suspensión del proceso a prueba”.
“El acuerdo se hará por escrito, que llevará la firma del imputado y su defensor y del fiscal, y será presentado ante el Juez que evaluará las reglas de conducta aplicables en audiencia”, se puntualizó, aclarándose en otro punto que “los extranjeros en situación regular podrán solicitar la aplicación de una regla de conducta en el país”.
En cuanto a los jueces con funciones de juicio, se puntualizó que “cuando el requerimiento de pena estimado fuera superior a TRES (3) años e inferior a SEIS (6), el imputado podrá solicitar la intervención de (TRES) jueces. Si el representante del Ministerio Público Fiscal requiriera una pena superior a SEIS (6) años, en el juicio oral intervendrán TRES (3) jueces”.
En el artículo 69, referido a la libertad de declarar, se introdujo que “las citaciones al imputado no tendrán por finalidad obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa, pero este tendrá la libertad de declarar cuantas veces quiera”.
Entre los derechos de las víctimas, se agregó que pueden ser asistidas “en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social”.
En cuanto a las funciones del Ministerio Público Fiscal, se redactó que “la distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público Fiscal se realizará de conformidad a las normas que regulan su ejercicio, procurando la especialización de la investigación y persecución penal mediante fiscalías temáticas que tendrán a su cargo las causas que se correspondan a su materia”.
En el artículo 90° referido a los deberes, se puntualizó el de “resguardar el lugar del hecho”, al tiempo que en el 127, de la libertad probatoria, se indicó donde dice que además de los medios de prueba establecidos en este Código se podrán utilizar otros, “siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales”.
El artículo 142° fue modificado en su totalidad, haciendo constar en lo referido a “Objetos no sometidos a secuestro”, que “No podrán ser objeto de secuestro: a) las comunicaciones entre el imputado y las personas que deban abstenerse de declarar como testigos; b) las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber de abstenerse a declarar”.
El artículo 158 alude a la declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas o personas con capacidad restringida, y se agregó a las víctimas de “graves violaciones a derechos humanos”. Se puntualizó allí que “si la víctima estuviera imposibilitada de comparecer por motivos de salud o por residir en un lugar distante a la sede del tribunal, o para garantizar la protección de su seguridad, se podrá realizar el acto "a través de videoconferencias”, como así también “se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones previas de la víctima en ese u otro proceso judicial. Si las partes requiriesen la comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá los motivos y el interés concreto, así como los puntos sobre los que pretendan examinar al testigo, y admitirá el interrogatorio sólo sobre aquéllos que hagan al efectivo cumplimiento del derecho de defensa”.
En el caso de la identificación de cadáveres y autopsias, “el representante del Ministerio Público Fiscal, con comunicación a la defensa, ordenará la realización de la autopsia y descripciones correspondientes. La identificación se efectuará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por otro medio idóneo”.
Sobre la aprehensión sin orden judicial, se indica que “el representante del Ministerio Publico Fiscal podrá, en forma excepcional y por única vez, solicitar en la audiencia prevista en el artículo 225, una prórroga del plazo de detención por razones fundadas en complejidad probatoria, que en ningún caso podrá exceder de SETENTA Y DOS (72) horas”.
Uno de los puntos principales es que se eliminó la caracterización de “conmoción social del hecho” para los casos de prisión preventiva.
Para los procedimientos, se establece que “el requerimiento de una medida cautelar será formulado por las partes ante el juez. Deberá especificar el alcance, plazo de duración y fundamentos de la medida. El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a tomar la decisión”.
Respecto a las excepciones a la oralidad, se agregaron “los registros de declaraciones anteriores de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas notificando previamente a la defensa y en conformidad con las demás pautas establecidas en este Código”.
En cuanto a la recepción de pruebas, “cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba”.
Para el interrogatorio, se indicó que “los testigos y peritos que, por algún motivo grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico apto para su examen y contraexamen”.
En el artículo 267, referido a la prueba no solicitada oportunamente, se agregó “si con ocasión de la recepción de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar, a petición de parte, la producción de otras pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad”.
Terminada la recepción de pruebas, se establece que “el tribunal tomará en consideración la extensión del juicio o la complejidad del caso para determinar el tiempo que concederá al efecto”.
“El tribunal limitará razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en nuevos alegatos”, se agregó también.
Más adelante, en el artículo referido al “decomiso”, se incluyeron estos párrafos: “En aquellos procesos en los que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 5º inciso c), 6º primer y tercer párrafo y 7º de la Ley Nº 23.737, y los artículos 145 bis y 145 ter y Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, cuando existieren indicios vehementes y suficientes de que las cosas o ganancias a las que se alude en el presente artículo son fuente o provienen de objeto ilícito o han servido para cometer el hecho, el juez interviniente ordenará, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, su decomiso por auto fundado, aún antes del dictado de sentencia. En los casos previstos en el párrafo precedente, se promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de terceros ajenos al hecho delictivo. Una ley especial determinará el procedimiento que regirá el incidente y las adecuaciones normativas que resulten necesarias”.
Respecto a la legitimación de la querella, se añadió que “también podrá impugnar las demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones y la denegación o revocación de medidas cautelares, cuando no hubiese habido DOS (2) pronunciamientos en el mismo sentido”.
Asimismo se introdujo el siguiente artículo: “ARTÍCULO 330.- Diferimiento. La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el juez con funciones de ejecución en los siguientes casos: a) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de DOCE (12) meses al momento de la sentencia; b) Cuando el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida, según el dictamen de peritos".
Cuando cesaren esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga alguna forma distinta de ejecución de la condena conforme a la legislación vigente”.
Otra de las modificaciones clave figura en el Anexo II, cuyo artículo 34 referido a las facultades del procurador para la asignación de causas, señala lo siguiente: “ARTÍCULO 34.- En virtud de la creación de órganos prevista en este Anexo, facúltese al Procurador General de la Nación y al Defensor General de la Nación a compensar la distribución de las causas existentes entre las Fiscalías y Defensorías ante cada Cámara, desinsaculando mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa. Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
Miércoles, 03 de Diciembre de 2014 19:22
Ante los empresarios reunidos en el congreso anual de la UIA, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, prometió que en caso de ganar las elecciones 2015 derogará la ley de abastecimiento y la reforma que impulsa el kirchnerismo al Código Procesal Penal
En esa línea, Macri deslizó la posibilidad de que Miguel Galluccio continúe al frente de YPF, ventiló sin dar nombres propios que ya tiene sus candidatos para ocupar el sillón que deja Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema y aclaró que no piensa eliminar los subsidios a los servicios públicos.
A pesar de la contundencia de los anuncios y ante la inminente denuncia de inconstitucionalidad del G-6 contra la norma que regula el producción, las declaraciones del candidato a Presidente por el PRO no recogió los aplausos de parte de los industriales. No precisamente porque no aspiren a que estas dos leyes (Abastecimiento y Código procesal) no entren en vigencia. "Es que no sé si va a llegar a ser presidente", se lamentaban en el lobby del Sheraton al término de la exposición de porteño. Es que todos los allí presentes coinciden que lo más preocupante son los temas económicos y no los políticos.
Con relación al presidente de YPF, dijo: "Gallucio es una rara avis, es un hombre que tiene una idea hacia dónde ir. Es un elemento valioso de este Gobierno. Es la antítesis del modelo improvisado de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Y vamos a evaluar si debe continuar" en caso de que el PRO acceda a la Casa Rosada en 2015.
En cuanto a los subsidios, evaluó: "Sería un error terminar con ellos. Cada persona que lo tenga y lo necesite, lo va a seguir teniendo. Pero el subsidio no debe ser algo permanente, porque eso destruye la autoestima de la gente".
Sobre el Código Procesal Penal, que todavía está en debate en el Congreso, dijo: "Ese Código tiene que surgir de un gran debate, sin ir contra la opinión general. Es muy importante el intento de modernizarlo, pero hay que hacerlo de otra manera, para que cuente con el respaldo de la amplia mayoría", enfatizó.
Respecto de la ley de Abastecimiento, dijo: "Es un mamarracho absoluto. Hay que alejarnos de la discrecionalidad para que haya reglas de juego claras de manera permanente. Ese es el camino necesario para la inversión. No esa ley, aprobada para que una persona sola tenga la suma del poder público. Eso es un modelo que no nos va a permitir progresar".
También opinó sobre el cargo que dejará vacante Zafaroni: "No hay que reemplazarlo. La Corte puede manejarse con los actuales miembros. Tengo varios nombres, siete u ocho personas de trayectoria en el ámbito público. No son militantes del PRO".
En este marco, Macri resaltó que el rol del Estado "es cuidar a los más vulnerables, es estar cerca de la gente que necesita".
El dirigente del Pro puso especial énfasis en remarcar que se siente “identificado con el trabajador y el sindicalista argentino que cree en el trabajo y en la producción”.
Por último, Macri elogió su propia gestión en la Ciudad de Buenos Aires al plantear que está “cerca de la gente en el drama de las inundaciones, la infraestructura escolar y los sectores de salud”.
“Pudimos transformar la Ciudad, porque nos pusimos a trabajar todos juntos, por eso funcionó”, completó.
Lunes, 12 de Enero de 2015 10:12
Unos 80 operadores de la Justicia firmaron un documento en el que apoyaron los nombramientos que realizó la procuradora general de la Nación para cubrir vacantes. Consideran que "sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales".
El 9 de enero, el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico dispuso una precautelar en el marco de una acción de amparo presentada por el abogado y diputado massista Mauricio D'Alessandro que frena la designación de 16 fiscales subrogantes dispuesta por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó
"No se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado", señaló el juez.
D'Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de "cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país".
En ese contexto, más de 80 magistrados de todo el país publicaron hoy una solicitada en la que respaldaron los cambios llevados adelante desde el inicio de la gestión de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y defendieron las recientes designaciones de fiscales subrogantes. Además, condenaron las resistencias de algunos grupos de la administración de justicia ante la adopción del sistema acusatorio, consagrado por el nuevo Código Procesal Penal.
En el comunicado se señala: "La designación de fiscales subrogantes, cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia-, la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad. Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales".
"El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones, revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho".
Texto completo de la solicitada:
Fiscales de cara a la sociedad
Los y las fiscales y funcionarios que suscribimos este documento nos manifestamos frente a las versiones que circularon en los últimos días y que cuestionan decisiones tomadas por la Procuración General de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales. Nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros. Muchos de los firmantes formamos parte de esas organizaciones pero no hemos sido consultados sobre el contenido de sus comunicados, de los cuales pretendemos diferenciarnos.
Esas expresiones se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales y constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal.
En el marco de este modelo –que impera en el resto del continente-, las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad.
Desde el inicio de la actual gestión, encabezada por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, se han creado equipos especializados para los temas más sensibles de persecución penal -las Procuradurías de Narcocriminalidad, Violencia Institucional, Criminalidad Económica, Trata de Personas y Lesa Humanidad y el Programa de Género-, cuyos resultados hoy están a la vista de toda la sociedad. También se pusieron en funcionamiento las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajos), ubicadas en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires; la nueva Dirección de Orientación y protección a las Víctimas (Dovic) y las áreas técnicas de apoyo a los fiscales de todo el país, con el soporte de aplicaciones tecnológicas para el análisis criminal.
A la vez, la creación de los distritos fiscales en las provincias representa una dinámica nueva de trabajo articulado entre las fiscalías federales, provinciales y autoridades locales, destinada a generar una reacción planificada e inmediata de un Ministerio Público organizado para enfrentar la criminalidad de manera homogénea en todo el país.
Estos equipos de trabajo -desarrollados con estructuras similares desde hace décadas en todos los países de la región pero inexplicablemente ausentes hasta ahora en Argentina-, están integrados por expertos y profesionales de diversas disciplinas, muchos de ellos con trayectoria en el Ministerio Público Fiscal, que aportan un valor fundamental para incrementar la productividad y la eficiencia en el proceso penal, en la atención a víctimas y testigos y en el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
En este contexto, la designación de fiscales subrogantes, cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia-, la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad. Sin estas designaciones, el resultado sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales.
El intento por descalificar a magistrados y magistradas que concursaron sus cargos y fueron nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación siguiendo todos los mecanismos constitucionales, así como a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en las estructuras de apoyo a las investigaciones, revela, una vez más, la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población mediante la lucha contra la impunidad en el marco de un estado constitucional de derecho. Firman:
Adler, Daniel (fiscal general); Alagia, Alejandro (fiscal general); Amad, Carlos Martin (fiscal general); Auat, Jorge (fiscal general); Baigún, Gabriela (fiscal general); Barbosa, Vivian (fiscal general); Carniel, Federico (fiscal general); Castro, Julio (fiscal general); Córdoba, Abel (fiscal general); Friele, Guillermo (fiscal general); García Berro, Marcelo (fiscal general); García Lois, Adrián (fiscal general); Gonella, Carlos (fiscal general); Maldonado, Francisco (fiscal general); Molina, Rodolfo Marcelo (fiscal general); Morosi, Guillermo (fiscal general); Osorio, Miguel Angel (fiscal general); Palazzani, Miguel (fiscal general); Parenti, Pablo (fiscal general); Prieto, María Cristina (fiscal general adjunta); Reynares Solari, Federico (fiscal general); Schapiro, Hernán (fiscal general); Snopek, Francisco (fiscal general); Vega, Dante (fiscal general); Villatte, Adolfo (fiscal general).
Abraldes, Sandro (fiscal); Agüero Vera, Marcelo (fiscal); Azzolin, Horacio (fiscal); Caamaño, Cristina (fiscal); Camuña, Pablo (fiscal); Crous, Félix (fiscal); De la Fuente, Aldo (fiscal); De Vedia, Gabriel (fiscal); Domínguez, Federico (fiscal); Domínguez, Juan Manuel (fiscal); Ferrini, Flavio (fiscal); Gambacorta, Mario (fiscal); García, Hernán (fiscal); García Padín, Guillermina (fiscal); García Yohma, Diego (fiscal); Garzón, C. A. Indiana (fiscal); Gomez Barbella, Leonel (fiscal); Guerberoff, Emilio (fiscal); Iglesias, Diego (fiscal); Katok, Claudia (fiscal); Martínez Burgos, Marcelo (fiscal); Mazzaferri, Laura (fiscal); Pablovsky, Daniel (fiscal); Portela, Juan Manuel (fiscal); Rodríguez, Walter (fiscal); Saccone, Adriana (fiscal); Reynoso, Santos (fiscal); Ruiz Morales, María Gabriela (fiscal); Salum, Roberto (fiscal); Senestrari, Enrique (fiscal); Vehils Ruiz, Rafael (fiscal); Villalba, Eduardo (fiscal); Vismara, Santiago (fiscal); Yapur, Ariel (fiscal); Zoni, Juan Pedro (fiscal).
Alcaraz, Fernando (fiscal subrogante); Baric, José (fiscal subrogante); Beute, Cristina (fiscal subrogante); Colla, Lucas (fiscal subrogante); Degiovanni, Marcelo (fiscal subrogante); Giménez, Orlando (fiscal subrogante); Larriera, Pablo (fiscal subrogante); Miguel Carmona, María Virginia (fiscal subrogante); Mola, Sergio (fiscal subrogante); Pelazzo, Pablo (fiscal subrogante); Romero, Walter (fiscal subrogante); Santoni, Patricia (fiscal subrogante); Trotta, Facundo (fiscal subrogante).
Fernández de Cuevas, Verónica (fiscal ad hoc); Nebbia, José Alberto (fiscal ad hoc); Nogueira Juan (fiscal ad hoc); Rodríguez, Horacio Francisco (fiscal ad hoc); Sivila, Juan Manuel (fiscal ad hoc); Vigay, Diego (fiscal ad hoc)… Y siguen las firmas.
Written on Sábado, 18 de Julio de 2015 12:36 in INFORMES Read 1641 times
Written on Miércoles, 13 de Mayo de 2015 11:49 in INFORMES Read 2361 times

References: artículo 3
 artículo 184
 artículo 69
 artículo 90
 artículo 142
 artículo 158
 artículo 225
 artículo 267
 artículo 34