Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-881-09.htm
Timestamp: 2017-10-24 03:57:12+00:00

Document:
T-881-09
Sentencia T-881/09
DERECHO AL TRABAJO-Instrumentos internacionales y nacionales que lo consagran
DERECHO AL TRABAJO-Valor y principio orientador del Estado Social de Derecho
La Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el derecho al trabajo es un elemento esencial inspirador del Estado Social de Derecho, pues como lo establece la disposición constitucional, es una obligación y un derecho de todo ciudadano y por esto el Estado Colombiano, en todos sus niveles, debe protegerlo y garantizarlo bajo condiciones dignas y justas. Para el efecto, la misma Constitución ha establecido unos principios garantes de este derecho. Sin embargo, estos no son los únicos principios que se deben tener en cuenta, ya que el trabajo comprende la garantía de otros derechos como la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, la intimidad, el buen nombre, y la libertad sexual, entre otros.
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Alcance
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección constitucional especial
ACCION DE TUTELA-Alcaldía deberá permitir las ventas a madre cabeza de familia en eventos y ferias que realice
Referencia: expediente T-2.339.366
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009)
- Fotocopia de las tarjetas de afiliación al régimen subsidiado en salud de la señora Persides Cárdenas, y sus dos hijas, Luz Ángela Hernández Cárdenas y Elizabeth Cárdenas (Folio 6).
- Fotocopia de la tarjeta de identidad de Elizabeth Cárdenas (Folio 7).
- Fotocopia de la tarjeta de identidad de Luz Ángela Hernández Cárdenas (Folio 8).
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Persides Cárdenas (Folio 9).
- Fotocopia de diferentes fórmulas médicas de la señora Persides Cárdenas y de su hija menor Elizabeth Cárdenas, así como la historia clínica de ésta (Folios 10 a 27).
- Fotocopia del formulario de inscripción al evento Expo-Fusa 2009 (Folio 51)
- Fotocopia del reglamento interno de Expo-Fusa 2009 (Folio 55).
En consecuencia, el Comité organizador del evento ha diseñado un formulario de preinscripción, el cual debe ser diligenciado por todas las personas que deseen participar. De las inscripciones realizadas, el encargado selecciona a los expositores que cumplan con los requisitos que han sido establecidos previamente en el reglamento de Expofusa.
Manifiesta la parte demandada que la señora Persides Cárdenas ha participado en varios eventos “turísticos y feriales”, en los cuales se han generado conflictos debido a que ésta no acata los reglamentos establecidos por la Administración.
Argumenta el ente accionado que no se ha vulnerado el derecho a la vida, al trabajo y al mínimo vital de la actora, toda vez que se le ha dejado trabajar en diferentes eventos, sin embargo no se ha recibido de ella un buen comportamiento, pues no ha acatado los reglamentos que se imponen para participar en este tipo de ferias. Así mismo, éste evento tiene un carácter temporal y no puede ser un medio de subsistencia; para ello, la Alcaldía cuenta con programas que benefician a personas de bajos recursos y que a la vez son madres cabeza de familia, un ejemplo de ello es el Programa de Empleos de Medio Tiempo.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA SALA
La Alcaldía Municipal de Fusagasugá es un ente de carácter público, al que se le atribuye responsabilidad en la violación de los derechos fundamentales aducida por la demandante, por lo tanto, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada, como parte pasiva, en el proceso de tutela bajo estudio.
En el presente caso se observa que la petición de la accionante se refiere puntualmente a la participación en la feria Expofusa 2009, la cual ya pasó, y aún cuando cabría pensar que se ha configurado un hecho superado, la Sala considera que debe entrar a analizar el caso, a la luz de los derechos invocados por la actora, pues la posición de la Alcaldía puede tener repercusiones en futuros eventos y amenazar los derechos de la demandante, cuya situación, como se verá, la hace sujeto de especial protección constitucional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada por el tratado de Versalles en 1919, con la “convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente”[1].
Es así como en el año de 1948 la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos en la cual se manifestó que: (1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; (2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; (3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; (4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”[2].
En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala que cada uno de los Estados partes se compromete a adoptar las medidas necesarias, “especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”[3].
Uno de los derechos enunciados en dicho pacto es el del Trabajo, que es definido como la posibilidad que tiene todo ser humano “de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”. Para garantizar este derecho, los Estados partes deberán adoptar medidas que consistirán en la “orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de las personas”[4].
Adicionalmente, el artículo 7 del PIDESC estableció que el derecho al trabajo de todos los seres humanos se debe reconocer en condiciones equitativas y satisfactorias para cada uno de ellos.
A la luz del ordenamiento Colombiano el derecho al trabajo ha sido consagrado en la Constitución Política de 1991 como uno de los principios fundamentales que el Estado Social de Derecho debe garantizar[5]. En este sentido, el artículo 25 de la Carta establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y, por tanto, goza en todas sus modalidades de la protección del Estado. Así mismo, señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Por mandato constitucional el Congreso de la República es el encargado de expedir el Estatuto del Trabajo, el cual debe tener en cuenta los siguientes principios fundamentales: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”[6].
La Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el derecho al trabajo es un elemento esencial inspirador del Estado Social de Derecho, pues como lo establece la disposición constitucional, es una obligación y un derecho de todo ciudadano y por esto el Estado Colombiano, en todos sus niveles, debe protegerlo y garantizarlo bajo condiciones dignas y justas. Para el efecto, la misma Constitución ha establecido unos principios garantes de este derecho. Sin embargo, estos no son los únicos principios que se deben tener en cuenta, ya que el trabajo comprende la garantía de otros derechos como la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, la intimidad, el buen nombre, y la libertad sexual, entre otros[7].
Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 el derecho al debido proceso administrativo tuvo consagración constitucional, por lo que desde ese momento las vulneraciones a éste son susceptibles de protección por vía de tutela.
El artículo 29 de la Carta establece dicha protección y señala que el derecho al debido proceso consiste “en el respeto a las formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad”[8].
Entonces, el debido proceso administrativo se puede definir como un conjunto de etapas establecidas por la ley para que las autoridades administrativas las cumplan y cuyo objetivo es brindar a los administrados seguridad jurídica y garantizar su defensa, así como el correcto funcionamiento de la administración y la certeza de la validez de sus actuaciones[9].
La Corte, de manera reiterada, ha expuesto que “el derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces, la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones[10]”[11]. De esta manera los administrados evitan arbitrariedades por parte de las autoridades.
Lo anterior quiere decir que en todas las relaciones de derecho generadas entre la administración y los administrados se debe proceder con lealtad y que, en especial, el actuar de las autoridades debe ser consecuente “con sus conductas precedentes de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que, por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente fundadas”[12].
Por consiguiente, del principio de la buena fe nace el principio de la confianza legítima de los administrados, el cual, como lo ha mencionado reiteradamente esta Corporación, adquiere su importancia cuando la administración ha creado expectativas favorables para los administrados en ciertas condiciones específicas y, súbitamente, cambia las condiciones generando un desequilibrio en la relación administración-administrado. Por lo tanto, la confianza que los ciudadanos depositan en las actuaciones de la administración debe respetarse y protegerse[13].
Lo anterior no quiere decir que los actos contrarios a las leyes o al interés general se deban permitir, sino que, en virtud de la actuación permisiva de la administración, se genera en los administrados una confianza en la continuidad en la regulación y, por tanto, para recuperar de nuevo el equilibrio y evitar la vulneración de derechos fundamentales se debe armonizar el interés general con el interés particular de cada uno de los administrados. Por lo tanto, para que proceda lo anterior, la administración debe adoptar medidas que les permitan a los administrados asimilar la nueva situación[14].
6. Protección constitucional a las madres cabeza de familia
Uno de los grupos que ha sido marginado y discriminado históricamente y que por tanto, es objeto de protección mediante acciones afirmativas es el conformado por las madres cabeza de familia, quienes deberían gozar de ciertas prerrogativas, pues, por diferentes razones, se convierten en el único sustento económico de su familia, “sin haber llegado jamás a desprenderse de los patrones culturales que las confinan al espacio doméstico y al cuidado de los hijos”[15].
Como fundamento de lo anterior, el constituyente de 1991 estableció, en el artículo 43 de la Carta, una protección especial a las madres cabeza de familia[16], protección que fue desarrollada por el legislador mediante la expedición de la Ley 82 de 1993, modificada por la Ley 1232 de 2008. Al regular esta materia se señaló que se debe considerar madre cabeza de familia a“quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”[17].
Así mismo, el artículo 3 de la Ley 82 de 1993, modificado por la Ley 1232 de 2008, estableció que el Gobierno Nacional deberá instaurar mecanismos eficaces para proteger de manera especial a la mujer cabeza de familia, mediante los cuales se promueva el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, se procure asegurar condiciones de vida dignas y promover la equidad y la participación social.
La señora Persides Cárdenas presentó acción de tutela contra el Municipio de Fusagasugá por considerar que éste vulneró sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo y al mínimo vital, al no permitirle participar, como vendedora de mazorcas asadas, en la feria Expofusa 2009, realizada por la Alcaldía, sin justificación alguna y a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos para el efecto.
Apreciado (a) Señor (a), el presente reglamento contiene los mecanismos para el buen funcionamiento y desarrollo de la feria anual EXPOFUSA 2009 Fusagasugá del 10 al 15 de junio de 2009, así como las recomendaciones para el uso de las instalaciones, conservación del local y la seguridad de todos los participantes. 1- Los expositores podrán instalarse en sus respectivos locales el día 10 de junio del año en curso a partir de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del mismo día, habiendo presentado ante la administración del evento a más tardar el día 22 de mayo del presente año los siguientes documentos: a. recibo de pre-inscripción, b. recibo de pago de tesorería. 2-El horario de expositores que deberán cumplir será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. jornada continua. El horario para visitantes y compradores será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 3-El retiro de los expositores se hará el 16 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 a.m., previa la verificación de los elementos que se retiran del local y la entrega en buen estado de los elementos inventariados al momento de la entrega del stand por parte de la administración municipal. 4-Los expositores recibirán el stand directamente de la administración del evento con inventarios de las instalaciones y accesorios electrónicos instalados; el mobiliario de mesas y sillas debe ser uniforme y material plástico en buen estado. 5- El expositor no podrá ubicar publicidad ni extender objetos o carpas fuera del área reservada para su local, todos los montajes y adecuaciones deberán realizarse el día 09 de junio de 2009, el cerramiento de seguridad del stand debe ser de color blanco. 6- Todo personal autorizado deberá portar su escarapela. 7- Es obligatorio mantener aseada el área del local. 8-La organización mantendrá diferentes eventos culturales durante todo el evento. 9- Se deberá dar uso adecuado al local de acuerdo a lo expuesto en el formulario de inscripción. 10-Utilizar un volumen moderado en el caso de ofrecer demostraciones sonoras. 11-En el stand en donde se comercialicen bebidas alcohólicas no podrá haber emisiones sonoras (música). 12-No hacer fuego ni mantener elementos con llamas permanentes. Los stand se entregaran con sus instalaciones eléctricas. 13-Se recomienda orientar a sus clientes en cuanto la ubicación y el uso de los sanitarios. 14-Para los stands en donde se venden alimentos, las personas que manipulan los mismos deben portar su respectivo uniforme, tapabocas, gorro y la certificación de manipulación de alimentos. 15-Los stand en donde se ofrezcan alimentos esta prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 16- Esta rotundamente prohibido la reventa o subarrendamiento del stand cuya sanción será la desvinculación como participante en el evento del Expositor. 17-Parámetro de participación de los expositores es el siguiente: Para los Stands de Alimentos en locales y espacios de 4x4: es obligación tener el certificado de manipulación de alimentos, portar su respectivo uniforme, tapabocas, gorro. Stand de 3x3 sombreros: exclusividad sombreros, ponchos. Stand de 3x3 Artesanal: Exclusividad artesanías y manualidades, no podrán vender accesorios diferentes. Stand 4x4 Comercial: puede comercializar electrodomésticos, ropa, equipos de sistemas, joyería, equipos de comunicación, muebles y calzado, no se permitirá ningún tipo de comida (empacado al vacío). Stand 4x4 Agroindustrial: puede comercializar productos del campo e insumos para el campo. Stand 4x4 Bebidas: se puede vender cigarrillos y alimentas en paquete (papas, chitos) no se podrán comercializar otro tipo de alimentos. Stand de comidas rápidas: Los productos que se comercialicen deben estar higiénicamente preparados y los empaques utilizados para la disposición final deben garantizar la higiene y calidad del mismo. Stand de Vehículos: Se podrán comercializar cuatro (4) carros por stand. 18- En caso de asonada, actos terroristas y/o cualquier siniestro que sea producto de las fuerzas extremas no previsible por la organización; esta queda exenta de toda responsabilidad. 19- Es indispensable que los expositores y el personal contratado por ellos lleve su escarapela en un lugar visible, la organización lo exigirá. 20- Solo se podrá participar con aquellos productos, mercancías y servicios relacionados en la respectiva inscripción. 21- Los Stands son intransferibles e inmodificables y sujetos a lo reglamentado. 22-El expositor se compromete a no causar ningún tipo de deterioro que afecte el stand, la infraestructura del local y la general. 23- El expositor es directo y único responsable del manejo de su mercancía y solidariamente de sus subordinados o dependientes. 24- Queda prohibida cualquier alteración del orden, la ley, la disciplina, la moralidad y buenas costumbres al interior del recinto, su falta se considera como incumplimiento del reglamento y da derecho a que se apliquen las acciones pertinentes. 25- El expositor no podrá introducir materiales inflamables, combustibles o explosivos que puedan causar siniestros al interior de la feria, en caso de que se presente este hecho se asumirá la responsabilidad total por los daños causados. 26- El expositor que no cancele el total en la fecha límite perderá el derecho del área y las sumas que haya cancelado. 27- La organización no se hace responsable por la mercancía que sea decomisada por la DIAN en la feria, si no se encuentra debidamente legalizada, presenta problemas tributarios o afines. 28- El expositor es el único responsable de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de actos o hechos de su personal y/o en demostración de sus productos”.
Lo anterior no significa que la Administración en virtud de la potestad reglamentaria de la que está investida no pueda expedir reglamentos para desarrollar, de manera adecuada, las actividades y ferias que realiza. Sin embargo, la aplicación de los reglamentos que expida debe estar acorde con la Constitución y con la realidad de las personas, pues la Administración no puede desconocer las circunstancias de los habitantes del lugar y, menos aún si la actividad que ahora se pretende prohibir le ha sido admitida a la actora durante largo tiempo, generándole la confianza de que su situación se va a mantener invariable o, por lo menos, de que no va a ser objeto de un cambio intempestivo y radical.
Como se expuso en la parte general de esta providencia “el derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces, la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones[18]”[19].
Por todo lo anterior, la Administración del Municipio de Fusagasugá no puede desconocer la situación de la actora, pues, de hacerlo, actuaría en contra del artículo 43 de la Constitución, que establece como deber del Estado la protección especial a las madres cabeza de familia y el deber de adelantar medidas positivas, por ser éste un grupo tradicionalmente discriminado.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Fusagasugá el once (11) de junio de dos mil nueve (2009) y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Fusagasugá que permita la participación de la señora Persides Cárdenas en todos los eventos y ferias que realice la Alcaldía y, en lo sucesivo, facilitar la participación, brindando la información y el acompañamiento indispensables para que el ejercicio de los derechos correspondientes a la señora Persides Cárdenas sea posible sin desatender el interés general de la comunidad.
TERCERO: ADVERTIR a la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá que debe evitar futuras violaciones a los derechos fundamentales de la actora, en razón de su situación socioeconómica y, así mismo, advertir a la señora Persides Cárdenas que, en razón del deber de todo ciudadano de acatar las normas jurídicas, deberá ceñirse a los parámetros que le señale la Alcaldía.
[1] Texto del Preámbulo de la Constitución de la OIT, http://www.ilo.org/ilolex/spanish/iloconst.htm#annex.
[2] Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 23.
[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2.
[4] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 6.
[5] Constitución Política de 1991, Preámbulo: “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano (…) y con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz (…)”.
[6] Constitución Política de 1991, Artículo 53.
[7] Corte Constitucional, sentencia SU-484 del 15 de mayo del 2008, MP. Jaime Araujo Rentería, sentencia C-898 del 1 de noviembre de 2006, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[8] Corte Constitucional, sentencia T-214 del 8 de marzo de 2004, MP. Eduardo Montealegre Lynett
[9] Corte Constitucional, sentencia T-214 del 8 de marzo de 2004, MP. Eduardo Montealegre Lynett, sentencia T-224 del 23 de marzo de 2006, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[10] Corte Constitucional, sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001, MP. Jaime Córdoba Treviño.
[11] Corte Constitucional, sentencia T-214 del 8 de marzo de 2004, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-048 del 30 de enero de 2009, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[13] Corte Constitucional, sentencia T-364 del 20 de mayo de 1999, MP. Alejandro Martinez Caballero, sentencia T- 630 del 26 de junio de 2008, MP. Jaime Córdoba Treviño, sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999, MP. Alejandro Martinez Caballero, entre otras.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-925 del 23 de septiembre de 2004, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Constitución Política, Artículo 43, inciso segundo: “(…) El Estado Apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”
[17] Ley 82 de 1993, artículo 2, modificado por la Ley 1232 de 2008.
[18] Corte Constitucional, sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001, MP. Jaime Córdoba Treviño.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-214 del 8 de marzo de 2004, MP. Eduardo Montealegre Lynett.

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 43
 Artículo 23
 Artículo 2
 Artículo 6
 Artículo 53
 Artículo 43
 artículo 2