Source: https://incidenciainternacional.promsex.org/recursos-judiciales/page/3/
Timestamp: 2020-07-08 23:09:16+00:00

Document:
Recursos Judiciales - Incidencia Internacional PROMSEX
Todo 13 /Colombia 3 /Honduras 2 /Perú 10
GERMÁN HUMBERTO RINCÓN PERFETTI vs. ART. 46 (PARCIAL) DEL DECRETO 2277 DE 1979
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO
PABLO ENRIQUE TORRES GUTIÉRREZ y JOSÉ JULIÁN PRIETO RESTREPO vs. INSTITUTO GINEBRA - LA SALLE
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN
JESSICA MARBELLA AMBROSIO MORGA vs. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
GODFREY ARBULÚ GRIPPA vs. DISCOTECA GÓTICA
CHRISSTIAN MANUEL OLIVERA FUENTES vs. SUPERMERCADOS PERUANOS
OSCAR UGARTECHE GALARZA vs. RENIEC
ROMERO SALDARRIAGA vs. RENIEC y MINISTERIO PÚBLICO
P.E.M.M vs. RENIEC y MINISTERIO PÚBLICO
C.F.A.D vs. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
MARISOL ELIZABETH VENTURO RÍOS vs. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
KAREN MAÑUCA QUIROZ CABANILLAS vs. RENIEC
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ ROJAS vs. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DEFENSORÍA DEL PUEBLO vs. ART. II Y III DEL TITULO PRELIMINAR DEL DECRETO LEY N° 23201
Nº Exp: D-1978
Instancia: SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Recurso o materia: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jueces y Juezas: Alejandro Martínez Caballeto, Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa
Hechos y fallo:
Germán Rincón Perfetti presenta demanda de inconstitucionalidad parcial contra el literal del Art. 46 del Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, ya que considera a la homosexualidad como una causal de mala conducta en el ejercicio de la profesión de docente. El demandante considera que el extremo de la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al trabajo y a escoger libremente profesión u oficio.
La Corte resuelve declarar inexequible la expresión “homoexualismo” del literal mencionado.
La Corte concluye que todo trato diferente fundado en la orientación sexual y la identidad de género equivale a discriminación por razón de sexo y se encuentra sujeta a un control constitucional riguroso.
Este Tribunal considera que las posibles finalidades que pretende perseguir la norma serían la protección frente a la violación sexual de los estudiantes y la posible influencia en la determinación de la orientación sexual de los estudiantes. Respecto a lo primero, la Corte concluye que no existe evidencia empírica de que un homosexual sea más propenso a abusar de un menor que un heterosexual. Y en cuanto a lo segundo, afirmar que la presencia de un profesor homosexual implique un riesgo en que los alumnos se vuelvan homosexuales, significaría simplificar el complejo proceso de formación de la identidad y orientación sexual de las personas, reproduciendo así estigmas contra la población homosexual.
Así, concluye que la presencia de profesores con distintas orientaciones sexuales no afectaría el desarrollo sicológico y moral de los alumnos, sino que los formaría en un mayor espíritu de tolerancia y de aceptación, siguiéndose así los mandatos constitucionales que establecen que la educación deberá formar al colombiano en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia.
Fecha: 24/03/1998
Nº Exp: T-147493
Instancia: SALA NÚMERO 8 DE REVISIÓN DE TUTELAS
Recurso o materia: ACCIÓN DE TUTELA (PROCESO DE TUTELA)
Jueces y Juezas: Fabio Morón Díaz, Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa
Los demandantes, Pablo Torres y José Prieto, ambos menores de edad, se retiraron del Instituto Ginebra la Salle debido a que su situación económica y la exigencia de cambio de uniformes por parte del colegio no les permitía continuar estudiando. Los dos se dedicaron a trabajar con la intención de inscribirse más adelante en el turno nocturno, sin embargo cuando fueron a inscribirse el rector les manifestó que en una reunión con el Consejo Directivo habían decidido no darles un cupo por ser homosexuales.
Debido a esto inician un proceso de tutela, pues consideraban que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
La Corte resuerve tutelar el derecho a la educación, y ordena al rector y al Consejo del Instituto La Salle les garantice a ambos alumnos un cupo para el próximo periodo escolar.
La Corte estudió el caso y concluyó que la negativa a darles a ambos alumnos un cupo en el colegio se originó, de acuerdo a lo expresado por el director en diversas manifestaciones, por la prejuicio negativo que tenía este a la homosexualidad. Esto, a juicio de la Corte, constituye un accionar discriminatorio que afecta los derechos fundamentales de los estudiantes a la igualdad, la educación y al libre desarrollo pues fueron colocados en una situación de desigualdad respecto a los jóvenes heterosexuales que solicitaron los mismos cupos.
En esta sentencia, la Sala considera que “la imposición de un paradigma religioso como fundamento del proyecto educativo que ofrece un colegio de caracter oficial, restringe el derecho a la educación de aquellos pontenciales usuarios que no lo comparten o practiquen”. Además indica que la “realización efectiva del derecho a la educación exige un proceso de interiorización y práctica efectiva, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, de principios fundamentales para la convivencia armónica, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la igualdad en la diferencia”.
Fecha: No aplica
Nº Exp: 121-2018
Instancia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Recurso o materia: ADMINISTRATIVO
Jueces y Juezas: No aplica
La solicitante es Jessica Ambrosio, una persona trans femenina que solicita se le otorgue el carnet de visita penitenciaria, el mismo que le es concedido. Sin embargo cuando solicita se le autorice poder hacer uso del beneficio de visita íntima, el Instituto Nacional Penitenciario le exige que demuestre que está casada o en una unión de hecho con su pareja, de manera que el beneficio le es negado al no poder cumplir con lo solicitado. Su defensa interpuso recurso de reposición encontrándose pendiente de resolver.
Aunque aun el caso se encuentra pendiente de resolver, cabe mencionar que el caso tiene especial relevancia debido a que sería el primer caso judicializado sobre el goce del derecho a visita íntima de una persona trans.
Nº Exp: 847-2012/CPC // 1073-2012/CPC (acumulados)
Instancia: SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Recurso o materia: DISCRIMINACIÓN EN EL CONSUMO
Jueces y Juezas: Durand Carrión, Rospigliosi Vega, Zúñiga Quevedo
En 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor inicia de oficio procedimiento administrativo contra la Discoteca Gótica por incurrir en prácticas discriminatorias al impedir el ingreso de la ciudadana Godfrey Arbulú, mujer trans, a sus instalaciones. A esta denuncia se la suma la denuncia de parte. Godfrey acudió como invitada a un evento en dicha discoteca, siendo que al llegar al lugar un miembro de seguridad le solicita documento nacional de identidad (DNI) antes de entrar al local. Ella entrega su documento, el miembro de seguridad advierte que el indicador de sexo legal en su DNI indicaba masculino; para posteriormente, informale que no se encontraba en la lista de personas invitadas y que no podía ingresar pues había ingresado el máximo de invitados por lista. Ante esto, le condicionan la entrada al pago por derecho de admisión, ella acepta y el personal de seguridad le proporciona diferentes precios, los mismos que iban desde S/ 100.00 a S/ 200.00, cuando en el costo real de la entrada era de S/ 50.00.
La Comisión de Protección al Consumidor halla responsable a la Discoteca Gótica de incurrir en prácticas discriminatorias por la identidad de género de la consumidora. Esta resolución es apelada por la parte denunciada, y es confirmada por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, ordenando el pago de una multa, que ofrezca disculpas y publique un aviso para sus consumidores informando que se encuentra prohibida cualquier tipo de discriminación incluida la opción sexual.
Se expone en la resolución que ante la denuncia de un acto discriminatorio corresponde al consumidor acreditar la existencia de dicha discriminación, y al proveedor de demostrar la existencia de una causa objetiva y justificada que justifique un trato desigual.
Es por esto que se halla responsable a la Discoteca Gótica, pues de las pruebas y declaraciones brindadas en el presente caso, Indecopi consideró que no existían causas objetivas para impedir el ingreso de la sra. Arbulú al local de la discoteca, pues no existían sustentos para el incremento del precio de la entrada, ni existen indicios que hagan creer que la denunciante significase un riesgo para la seguridad del establecimiento o la tranquilidad de sus clientes.
Esta decisión de Indecopi marca un precedente, pues es el primer pronunciamiento de esta instancia que determina la prohibición de discriminación en el consumo por la identidad degénero de sus consumidoras y consumidores.
Nº Exp: 1183-2005/CPC
Instancia: SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Recurso o materia: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, DISCRIMINACIÓN EN EL CONSUMO E IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO
Jueces y Juezas: Rojas León, León Martínez, Seminario de Marzi, Zolezzi Ibárcena
En 2004, el sr. Chrisstian Olivera Fuentes acudió junto a su pareja, una persona de su mismo sexo, a la cafetería del Supermercados Peruanos “Santa Isabel”. Estando ahí la responsable del local junto a 4 miembros del personal de seguridad se les acercan y les exigen se abstengan de realizar demostraciones de afecto entre ellos porque ese tipo de comportamiento no se encontraba permitido por atentar a las buenas costumbres. Ante las protestas por la discriminación que sentían se estaba cometiendo, los empleados del supermercado les solicitaron que se retirarán del local, supeditando su permanencia al consumo de algún producto y a la no repetición de muestras de afecto.
La Comisión de Defensa del Consumidor, con dos votos en discordia, declara infundada la denuncia del Sr. Olivares, pues coincide con lo alegado por la parte denunciada de que resultaba razonable exigirle a las parejas en general que muestren una conducta apropiada en zonas donde exista la presencia de niños.
La Sala de Defensa de la Competencia confirma por mayoría la resolución anterior, pero modifica sus fundamentos.
Este es el primer pronunciamiento de INDECOPI respecto a discriminación por orientación sexual, y si bien la denuncia fue declarada infundada, en su fundamentación señala que los proveedores están prohibidos de ejercer cualquier tipo de discriminación sobre sus consumidores. Por lo que, si bien considera que resulta válido que la denunciada reprima ciertas conductas que no resulten acordes al carácter público de su establecimiento, la empresa debe tener mucho cuidado en no permitir que la prohibición de estas conductas respondan a condiciones discriminatorias.
A su vez, en la resolución se dispone que la Comisión de Defensa del Consumidor organice y realice operativos destinados a identificar posibles conductas discriminatorias en establecimientos abiertos al público,
Nº Exp: 22863-2012-0-1801-JR-CI-08
Recurso o materia: PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO
Jueces y Juezas: Malbina Saldaña Villavicencio
El demandante, Óscar Ugarteche Galarza se apersonó ante el RENIEC en enero del 2012 solicitando se inscribiera en el registro correspondiente su matrimonio celebrado en México con Fidel Aroche Reyes. Solicitud que fue declarada improcedente por la RENIEC, exponiendo que de acuerdo al art. 234 del Código Civil del Perú el matrimonio solo puede darse por la unión entre un hombre y una mujer y que, en esa medida, no existe respaldo jurídico para reconoer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El sr. Ugarteche apeló la decisión del RENIEC y esta fue denegada. Por lo que interpuso un proceso constitucional de amparo solicitando que se ordene al RENIEC que cumpla con reconocer e inscribir el matrimonio celebrado entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche. Su demanda fue declarada fundada en primera instancia.
El juzgado, en su fundamentación, observa que el art. 234 del Código Civil, bajo el cual se ampara la decisión del RENIEC, no se ha adaptado a los cambios que se han dado en el mundo con el reconocimiento del matrimonio homosexual en diversos países. Sin embargo, también es conciente que no puede emitir pronunciamiento sobre si debe aprobarse el matrimonio homosexual en nuestro país y reconoce que no está en posición de emitir opinión sobre si debería aprobarse el matrimonio homosexual o no.
Sin embargo, sobre el caso en concreto, el juzgado, después de enumerar diversas jurisprudencia y normas internacionales, considera que la única razón por la que el reconocimiento del matrimonio del demandante ha sido denegado es que se trata de la unión de dos personas del mismo sexo, lo que resulta discriminatorio, de acuerdo a las normas constitucionales.
Esta es la primera sentencia en el Perú que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien después fue anulada, esto no quita la relevancia de lo expuesto por el juzgado en su fundamentación.
Nº Exp: 06040-2015-PA/TC
Instancia: PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso o materia: AGRAVIO CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Nuñez, Espinosa-Saldaña Barrera
En junio del 2012 Romero Saldarriaga, una mujer trans, interpone una demanda de amparo en contra del RENIEC y contra el Ministerio Público, solicitando se modifiquen su prenombres y el indicador sexo en su partida de nacimiento y DNI.
En primera instancia se declaró fundada la demanda, sin embargo el RENIEC interpone un recurso de apelación, ante lo cual la sentencia es revocada y declarada improcedente, alegando que existen otras vías igualmente satisfactorias que el amparo para hacer valer el derecho de la demandante. Es por esto que Romero Saldarriaga acude al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso de agravio constitucional.
El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda por considerarse que se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso a la justicia de la demandante al declararse improcedente su demanda de amparo con el argumento de que existía una vía igualmente satisfactoria cuando la realidad era que no existía dicha vía. Aasí mismo deja sin efecto la jurisprudencia vinculante recaída en la sentencia 0139-2013-PA/TC, pero también declara improcedente el pedido de cambio de nombre y sexo, dejando a salvo su derecho a recurrir a la vía judicial que indica.
La principal importancia de esta sentencia es que afirmaque el transexualismo no puede ser entendido como un trastorno mental. Además sostiene que el sexo de una persona no puede estar determinado únicamente por el aspecto biológico sino que debe ser visto como una construcción social, cultural e interpersonal; modificando así lo establecido por la doctrina jurisprudencial de la sentencia 0139-2013-PA/TC, que había hecho inviable cualquier pedido de cambio de sexo en el Poder Judicial.
Respecto a la identidad de género, explica que la forma en que una persona se identifica con un género es resultado de sus vivencias, siendo un aspecto esencial de la manera en que esta persona desarrolla su vida, volviéndose un elemento básico de su identidad que permite distingirla de otras personas, por lo cual merece tutela constitucional.
Así mismo, el Tribunal Constitucional especifica que las solicitudes de cambio de prenombres y de sexo en adelante deberán ser tramitadas por la vía civil sumarísima.
A su vez, el TC negó que la modificación del nombre y sexo de las personas trans en los registros civiles vaya a afectar el interés público, la función registral, el derecho de sucesiones, las relaciones laborales o la justicia penal, siguiendo así la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nº Exp: 00139-2013-PA/TC
Jueces y Juezas: Urviola Hani, Vergara Gotelli, Calle Hayen. Álvarez Miranda
La parte demandante, de inicales P.E.M.M, es una mujer trans que ha conseguido judicialmente la adecuación de sus prenombres a su identidad de género. Este cambio que fue registrado tanto en su partida de nacimiento como en su Documento Nacional Identidad (DNI), sin embargo el indicador sexo en ambos documentos sigue figurando como masculino, aspecto que considera vulnera su derecho a la identidad. En razón a esto es que acude al Tribunal Constitucional solicitando que el indicador sexo de su DNI y partida de nacimiento figuren como femenino, luego de que su demanda de amparo haya sido declarada improcedente por considerarse que el amparo no es la vía idónea para dicha solicitud.
El Tribunal Constitucional resuelve declarar infundada la demanda, pues considera que no se ha acreditado la afectación al derecho fundamental de la identidad, así mismo declara que esta sentencia constituye doctrina constitucional vinculante obligatoria.
El voto en mayoría de la presente sentencia configura un retroceso en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans pues acude a argumentación prejuiciada. En este pronunciamiento se determina que el sexo como elemento de la identidad de la persona es un elemento intangible. Esta sentencia aborda la identidad de género desde la patologización. Estos criterios fueron discutidos por los jueces Masía Ramírez y Eto Cruz en su voto singular. Así, en respuesta al voto en mayoría que ha declarado infundada la demanda encontramos que en el voto singular se fundamenta lo siguiente:
1) En doctrina internacional y jurisprudencia nacional se ha reconocido que el sexo de una persona está compuesto por diversos elementos, que van más alla de lo biológico, cromosómico o génetico.
2) De acuerdo a la evidencia médica la transgeneridad no representa una patologia por lo que no puede dársele un tratamiento curativo, sino uno de aceptación y acompañamiento.
3) Negar el reconocimiento legal del cambio de sexo por las posibles consecuencias que tendría no resulta válido, incluso estaría infringiendo el principio de no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley
Nº Exp: 00926-2007-PA/TC
Instancia: SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Calle Hayen
C.F.A.D era alumno de Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra hasta que fue destituido mediante Resolución Directoral por considerarse que había incurrido en falta muy grave contra la moral policial (decoro) al haber mantenido relaciones homosexuales dentro y fuera de la institución con otro alumno. Para la aplicación de esta sanción se le realiza al demandante un examen psicológico para determinar su orientación sexual y un examen médico forense de proctoscopia (examen visual y directo de la mucosa del recto mediante un rectoscopio). La decisión fue apelada pero el recurso fue desestimado.
Frente a este contexto el demandante inicia un procesos constitucional de amparo por considerar que se había violado su derecho fundamental a la defensa, demanda que fue declarada improcendente, por lo que acudió al Tribunal Constitucional.
Los magistrados del tribunal emiten votos razonados declarando fundada la demanda, ordenando se reincorpore a C.F.A.D como alumno de la institución.
De los votos razonados sobresale el del magistrado Mesía Ramírez, quien consideró que tanto el informe psicológico y el informe forense de proctoscopia constituyeron violación al derecho a la intimidad, al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la integridad personal del demandante y que se constituye en trato discriminatorio. Del mismo modo consideró que la destitución del demandante tuvo como origen en su orientación sexual por lo que la calificó como discriminatoria e inconstitucional.
Así, resulta ejemplar y resaltante que, en vista de los sucesos de este caso y la realidad del país, el magistrado en su fundamentación precise que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, y que hace parte del libre desenvolvimiento de la personalidad y la identidad por lo que el Estado debe protegerla así como derogar o eliminar medidas legales que puedan verse como traba para su pleno ejercicio.
Nº Exp: 01575-2007-PHC/TC
Instancia: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Álvarez Miranda
La demandante, Marisol Elizabeth Venturo Ríos, una persona privada de su libertad condenada por el delito de terrorismo que gozaba del beneficio penitenciario de visita íntima del año 2002 al 2006, año en que le es retirado tal beneficio bajo el argumento que por haber sido codenada por el delito de terrorismo no tenía derecho a este beneficio, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley N° 24651 y el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 927. Es en estas circunstancias que la recurrente interpone una demanda de hábeas corpus contra el director Regional y el Director General de Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) alegando que estaban siendo vulnerados sus derechos a la integridad personal y a la no discriminación por su orientación sexual (denominado como “género” en la demanda).
Ante la declaración de improcedencia de su demanda, Marisol acude al Tribunal Constitucional interponiendo recurso de agravio constitucional, el mismo que es declarado fundado.
El Tribunal hace un análisis normativo de la supuesta prohibición normativa del beneficio de visita íntima para las personas privadas de su libertad por el delito de terrorismo y concluye que este no se encuentra restringido y que la interpretación realizada por el INPE es arbitraria. El Tribunal Constitucional en sus fundamentos indica que el proceder de esta institución vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad personal.
En cuanto a la vulneración al derecho a la no discriminación por orientación sexual, el Tribunal Constitucional hace hincapié en que el beneficio de visita íntima no puede estar sujeto a ningún tipo de discriminación, especialmente a una discriminación en razón de la orientación sexual, concluyendo que no se le puede negar este beneficio a alguien por ser homosexual.
Nº Exp: 2273-2005-PHC/TC
Jueces y Juezas: García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Landa Arroyo
En el año 1989, Karen Mañuca, mujer trans, interpuso una demanda de rectificación de sus prenombres, pues al momento de su nacimiento le asignaron prenombres masculinos. El Poder Judicial admitió su demanda y ordenó la rectificación de su partida de nacimiento en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para su posterior de entrega un nuevo DNI con los pre nombres “Karen Mañuca”.
Sin embargo, en mayo del 2000 el RENIEC lleva a cabo un proceso de depuración del padrón electoral para evitar la multiplicidad de inscripciones, por lo cual se cancela la actualización de su inscripción. Karen pierde su DNI y solicita un duplicado, pasan más de 4 años y este no le es entregado, a pesar de haber cumplido con el pago de los derechos para su emisión. Funcionarios de la institución le comunican de forma verbal que la no entrega se debía a que su identidad se encontraba cuestionada solicitándole que presente su partida de nacimiento, requisito adicional que ella cumplió pero que no resolvió los cuestionamientos de la institución.
Es a raíz de esto que el 09 de febrero del 2005 Karen interpone una demanda de hábeas corpus contra el RENIEC, la misma que es declarada infundada, por lo que en marzo del mismo año interpone un recurso de agravio constitucional.
El Tribunal Constitucional resuelve declarar fundada la demanda de hábeas corpus y ordena al RENIEC otorgar a Karen el duplicado de su DNI manteniendo los demás elementos identitarios consignados en la partida de nacimiento.
En su argumentación, el Tribunal Constitucional reconoce por primera vez que el elemento sexo de la partida de nacimiento de una persona está compuesto por factores cromosómicos, gonadales, anatómicos, sicológicos, registrales y sociales. El Tribunal refiere que si bien es cierto que al nacer las personas son clasificadas como de género masculino o femenino tomando en cuenta únicamente el sexo anatómico, esto es porque la personalidad apenas comenzará a desarrollarse .
Respecto adecuación de prenombres, esta instancia determina que Karen cuenta con una resolución judicial con calidad de cosa juzgada que ordena la adecuación de los prenombres consignados en su partida de nacimiento, razón suficiente para que la parte demandada,RENIEC, se encuentra obligada a entregar el DNI con los datos consignados en la partida de nacimiento rectificada, de lo contrario estaría lesionando derechos fundamentales.
Esta es la primera sentencia del Tribunal Constitucional peruano que reconoce el derecho a la identidad de una persona trans en cuanto a lo que la adecuación de los prenombres refiere.
Fecha:24/11/2004
Nº Exp: 2868-2004-AA/TC
Jueces y Juezas: Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma
El demandante, José Antonio Álvarez Rojas, interpone en diciembre del 2003 una demanda de amparo contra el Ministerio del Interior, solicitando se le reincorpore al servicio activo de la Policía Nacional del Perú, institución de la cuál había sido retirado tras haber contraído matrimonio con una persona trans. La institución alegaba que su proceder se encontraba justificado debido a que este acto significaría una falta contra el decoro y la decencia, y que, además, habría incurrido en un acto de desobediencia al haber contraido nupcias sin contar con autorización previa.
La demanda es declarada improcedente, por lo cuál el demandante acude al Tribunal Constitucional interponiendo un recurso extraordinario contra la sentencia que declaró la improcendencia. Dicho tribunal declara fundada la demanda y ordena que el demandante sea reincorporado al servicio activo de la Policía Nacional del Perú y, así mismo, se le reconozca su tiempo de servicio.
En este caso el Tribunal Constitucional señala que toda persona es libre de decidir con quién y cuándo contrae matrimonio, sin necesidad de solicitar autorización a la institución para la cual trabaje, por lo que considera que, al exigir se solicite esta autorización, la Policía Nacional del Perú estaría vulnerando no solo el principio de legalidad sino que también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, resultando más grave aún el hecho de que solo se haga esta exigencia por tratarse de un matrimonio no heterosexual.
Si bien en esta sentencia no se ahonda en el análisis del derecho a la igualdad, es importante resaltar la afirmación que hace el Tribunal Constitucional al indicar que “la Constitución peruana no distingue a las personas por opción y preferencias sexuales”, dejando en claro que cualquier trato desigual basado en la orientación sexual de una persona resulta inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de la dignidad de persona.
Nº Exp: 0023-2003-AI/TC
Recurso o materia: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jueces y Juezas: Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Reboredo Marsano, Gonzales Ojeda, García Toma
La Defensoría del Pueblo interpone una acción de inconstitucionalidad contra el artículo N° 269 del Código de Justicia Militar que sancionaba con la expulsión y hasta la privación de la libertad a los militares que sostuvieran relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, las cuales eran denominadas como “actos deshonestos o contra natura”, ya sea dentro o fuera del lugar militar. Pues consideraba que este artículo vulneraba el principio de dignidad de la persona y el derecho a la igualdad y no discriminación.
Por su lado, la parte demandada, el Congreso de la República, expone que dicho artículo no debería ser declarado inconstitucional, pues sostiene que las personas homosexuales no resultan adecuadas a las exigencias de la vida militar. El Tribunal Constitucional resuelve declarar inconstitucional dicho artículo.
El Tribunal Constitucional considera que el artículo N° 269 vulnera el principio igualdad y no discriminación, pues no resulta objetivo ni razonable que solo se sancione a quienes practican “actos deshonestos o contra natura” con personas de su mismo sexo, y no se sancione a quienes realicen estos actos con personas de sexo diferente al suyo y, en general, a cualquier persona que tenga relaciones sexuales dentro de la sede militar. Agrega que también resulta inconstitucional que estos actos puedan ser sancionados con pena privativa de libertad, pues estas conductas, siempre que sean consentidas, no constituyen delito.
Si bien en la sentencia los magistrados dan una explicación de sus fundamentos muy superficial, es una sentencia muy relevante debido a que es el primer pronunciamiento del Tribunal que determina que es inconstitucional los tratos diferenciados que sean motivados por la orientación sexual de una persona, por vulnerar el derecho a la igualdad.

References: resolución 
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 Resolución 
 artículo 2
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