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Timestamp: 2017-05-26 11:05:05+00:00

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Análisis y propuesta sobre sistemas de pensiones en El Salvador | Carta Economica
Foto: Antonio Corbillón
La privatización de la administración de las cotizaciones para pensiones de los trabajadores, y las transformaciones que sufrió el sistema de pensiones de El Salvador, se enmarca en la lógica del modelo neoliberal que fundamentalmente busca trasladarle al capital privado toda actividad económica que garantice grandes utilidades y que por lo general esté organizada en mercado cautivos, que por su naturaleza tienen condiciones oligopólicas o monopólicas, con el fin de garantizarle ganancias importantes para su lógica de acumulación y centralización del capital que le ayude a luchar contra la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
En El Salvador, la voracidad de los neoliberales llegó al extremo de dejarle al Estado la carga de pagar pensiones y trasladarle al sector privado las cotizaciones de los pensionados, de tal suerte que, al 31 de diciembre de 2012, los pensionados del sector público todavía eran 100,336 (83%) y en el sistema de privado solo alcanzaban la suma de 20,798 (17%), y las cotizaciones del sector público equivalen al 5% del total y las del sector privado son el restante 95%; como se comprenderá, quitarle al sistema público las cotizaciones y dejarle la responsabilidad de pagar pensiones, fue una decisión absurda, que hoy pretenden justificar los defensores del sistema privado de pensiones diciendo que el sistema público estaba quebrado o que no acumuló reservas suficientes para el pago de las futuras pensiones, cuando es de elemental conocimiento que las pensiones en el sistema público o de capitalización colectiva se financia con las cotizaciones de los trabajadores activos .
En sí, es un mecanismo de refuncionalización, donde el gran capital adquiere grandes beneficios y la población relacionada con dicha actividad sufre mayores niveles de explotación.
Esto lo demostramos en este breve análisis, donde, por una parte, las ganancias de las AFP(entidades que son propiedad de la banca transnacional) son extraordinariamente inusuales, casi equivalentes al 50%cada año, en relación a su patrimonio y al 100% de su capital social; por otra parte, la gran mayoría de los trabajadores cotizantes son engañados desde una visión individualista a lo Adam Smith, es así que solo una minoría, que devengan altos salarios en su vida laboral, logra acumular pensiones importantes o suficientes para su vejez y la mayoría de cotizantes al final de su vida laboral tiene una pensión mínima insuficiente para cubrir sus necesidades, se rompe el principio de solidaridad y se elimina la universalidad que requieren los sistema de pensiones, por ser en su naturaleza un servicio social, un servicio público de carácter obligatorioy, por lo tanto, no una mercancía que entra a la especulación del mercado. Pero, por otra parte, este esquema privatizado de la administración de pensiones genera un tercer problema grave, como es el de convertirse en una carga financiera insostenible para el Estado, como lo demostramos a partir de las mismas proyecciones hechas por el Ministerio de Hacienda del país; ahora este factor no se queda en la problemática fiscal, dado que su reflejo inmediato se convierte en un daño a los trabajadores del país, así como a la población en general, al convertirse en una causa más para que las finanzas públicas estén cada vez más en una mayor incapacidad financiera para atender las necesidades fundamentales de la población, como salud, educación y otros servicios básicos.
Todo este abuso neoliberal implementado en los gobiernos de ARENA, se hace emulando al resto de países capitalistas, donde también han causado los mismos daños expuestos en los párrafos anteriores y que en este documento se demuestran para el caso de nuestro país; para justificar la medida, en su momento hablaron de la ineficiencia de los sistemas de pensiones públicos, mintieron, como siempre lo hacen al engañar a los pueblos, y dijeron que el sistema público era financieramente más costoso, que la solidaridad y la universalidad eran insostenibles, y que en el sistema privatizado cada quien tendría una mejor situación previsional a la hora de su jubilación. Los cantos de sirena y el individualismo se impusieron, en un país con una estructura de ingresos totalmente polarizada, en un Estado financieramente débil, en fin, toda esa mentira ahora la sacamos a luz al demostrar con números concretos que el Sistema Público de Pensiones no estaba en crisis financiera y, además, que no le significaba una carga financiera al Estado y se mantenía el principio de solidaridad, tan importante en un país pobre de grandes desigualdades, etc. Las mentiras del eficientísimo privado, de las bondades del mercado neoliberal rapaz y de la flagrante mentira del individualismo de Adam Smith, creemos que lo demostramos en este documento, que además llega a presentar una propuesta para dejar atrás este esquema privado de pensiones y retomar la ruta correcta de administrar las pensiones como un Bien Social, enmarcado en una administración financiera sana, no especulativa. También abordamos el hecho de que actualmente se están presentando propuestas(por parte del Ministerio de Hacienda, entre otros) para, aparentemente, resolver el problema financiero que este sistema privado presenta, pero, eso sí, resguardando de manera prioritaria y única los intereses del capital privado, o sea, de los dos bancos transnacionales que actualmente administran los Fondos de Pensiones, agravando más la situación de los pensionados en el país y dejando fuera la posibilidad de los parámetros de solidaridad y universalidad en este tema. Sin duda, una de las decisiones prioritarias del próximo gobierno será resolver este doble problema para el pueblo y las finanzas públicas, es así que, luego de hacer una crítica a la propuesta del Ministro de Hacienda, procedemos a dar las bases de lo que debería ser un proceso para el rediseño del Sistema de Pensiones en El Salvador, recuperando la solidaridad, introduciendo la universalidad y rescatando las finanzas públicas, quitándole la insostenible carga financiera que implica el modelo actual.
Así, el presente documento tiene por objeto dar claridad meridiana respecto de lo que ha ocurrido en El Salvador con los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector público y privado, por consiguiente, se excluyen del análisis el sistema de pensiones de la Fuerza Armada y el programa de pensiones no contributivas o asistenciales (Pensión Básica Universal –PBU–), focalizado en adultos mayores en extrema pobreza, establecido por el Plan Global Anticrisis en el año 2009.
En el primer capítulo se describen las bases constitucionales y legales de los sistemas de pensiones antes referidos, con el objeto de dejar establecida la responsabilidad del Estado en este tema.
En el Capítulo II se analizan los fundamentos teóricos básicos del sistema de capitalización colectiva y del sistema de ahorro, con el objeto de presentar las diferencias de fondo entre uno y otro, de tal suerte de poder juzgar las ventajas y desventajas de ambos; además comentamos otros análisis que se han hecho sobre los dos sistemas.
En el Capítulo III se estudian las consecuencias negativas que ha tenido para el Estado y los cotizantes el sistema de ahorro programado, vigente desde abril de 1998.
En el Capítulo IV se plantea cómo y quiénes se han beneficiado del sistema de ahorro para pensiones, siendo principalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones y las empresas aseguradoras, es decir, la banca privada transnacional.
En el Capítulo V se hace una comparación de los costos de gestión del sistema de capitalización colectiva con el sistema de ahorro para pensiones.
En el Capítulo VI se incluyen algunas conclusiones con el objeto de destacar los aspectos más importantes que contiene este documento.
Y por último, en el Capítulo VII, se comentan las propuestas de solución que han hecho los sectores interesados en el sistema de ahorro para pensiones y se hace una propuesta alternativa para sacar de la crisis al sistema de pensiones del país.
Capítulo I. Las bases constitucionales y legales de los sistemas de pensiones
El primer sistema de pensiones para los trabajadores que existió en El Salvador fue de carácter no contributivo y fueron los empleados del sector público quienes tuvieron derecho a pensionarse desde el año 1930, en virtud de la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles, las cuales eran otorgadas por el Ministerio de Hacienda sin requerir cotizaciones por parte de los trabajadores beneficiarios de ese régimen.
El tema de la seguridad social, con base a sistemas contributivos, tiene sus inicios constitucionales a partir de la Constitución Política de 1950, conceptos que no han sido modificados en su esencia en las dos constituciones posteriores, es decir, la de 1962 y de 1983; en los tres documentos, solo con cambio de número de los artículos, se expresa que: La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará los alcances, extensión y forma (…); y que: Al pago de la cuota del seguro contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado.
Como se podrá advertir, en ambos casos, es decir, en los sistemas contributivos y no contributivos, el Estado ha asumido la responsabilidad económica de contribuir con la seguridad social de los trabajadores en general.
La puesta en marcha de los anteriores fundamentos constitucionales del sistema de pensiones contributivos se dio en 1969, con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),el cual fue creado para dar cobertura a los trabajadores del sector privado.
En 1975 inició operaciones el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), para administrar el Régimen Contributivo de Invalidez Vejez y Muerte a favor de los empleados del sector público; y en 1978 se creó el régimen para cubrir los mismos riesgos para los docentes del sector público.
En 1990, en la administración de ARENA presidida por Alfredo Cristiani, la responsabilidad del pago de las pensiones otorgadas en virtud de la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles, de 1930, fue trasladada al INPEP, por lo que el Ministerio de Hacienda dejó de ser responsable del pago de esas pensiones porque no se vio obligado a hacer transferencias de recursos al Instituto, por lo que éste adquirió la obligación de pagar esas pensiones sin contar con los recursos para ello. El neoliberalismo entra ya al proceso de desarticular el Sistema de Pensiones en el marco de los principios de la Constitución, en cuanto a que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, porque el Estado trasladó su obligación a los cotizantes del INPEP, o sea, se dan los primeros pasos para la privatización del Sistema de Pensiones.
En 1996 se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la cual entró en vigencia en 1998; este sistema se basa en un esquema de ahorro personal obligatorio de contribución definida, en el que aportan trabajadores y empleadores; y en el que el Estado no participa como administrador ni como contribuyente para el pago de cotizaciones, excepto cuando actúa como empleador de trabajadores del sector público; no obstante tiene la obligación de aportar para el pago de la denominada garantía de pensión mínima. Con esta Ley se eliminan dos principios básicos, el de solidaridad y el de que la seguridad social es un servicio público al que debe contribuir el Estado obligatoriamente, por tanto, podríamos decir que se viola la Constitución.
La Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones, que siguió el modelo substitutivo chileno y fue fuertemente influenciada por éste, casi cerró los sistemas públicos de pensiones existentes para los trabajadores (para trabajadores del sector privado, el administrado por el ISSS y, para empleados públicos, el administrado por el INPEP), porque ya no se permitió que ingresaran nuevos afiliados a estos, pero se mantienen en ellos los cotizantes que, a la entrada en vigencia del nuevo sistema, tenían más de 36 años de edad y que no optaron por el nuevo sistema; no obstante, siguen pagando las pensiones de quienes se jubilaron bajó esos sistemas y pagarán las de sus cotizantes que se jubilarán en los próximos años.
Capítulo II. Los sistemas de capitalización colectiva y los sistemas de ahorro individual
En este apartado se analizan los fundamentos teóricos básicos del sistema de capitalización colectiva (conocido también peyorativamente como de reparto) y del sistema de ahorro para pensiones, con el objeto de presentar con claridad meridiana las diferencias de fondo entre uno y otro, de tal suerte de conocer las ventajas y desventajas de ambos, y con el fin último de tener suficientes elementos de juicio para hacer una propuesta que alivie la situación aflictiva de las finanzas públicas, considerando en primer lugar a la persona humana, como lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República, el cual en lo pertinente dice así:
Los sistemas de capitalización colectiva
Se conoce como sistema de capitalización colectiva (o de reparto peyorativamente) aquel en que las cotizaciones de los trabajadores y patronos se destinan a un fondo común, con el que se pagan las pensiones. En este sistema, el monto de la pensión no está determinado en forma directa por el monto de lo cotizado por cada trabajador, este generalmente es determinado por un salario promedio de los últimos años trabajados.
El éxito de un sistema de capitalización colectiva consiste en que los trabajadores activos aportarán las cotizaciones suficientes para sufragar las pensiones a los afiliados que han adquirido el derecho a obtenerlas. En una sociedad en donde la mayor parte de la fuerza de trabajo es joven, y cuente con oportunidades de trabajo, el éxito está asegurado, porque los cotizantes activos serán siempre en mayor número que los pensionados, y sus salarios siempre serán mayores que los devengados por esos que ahora están pensionados.
La hipótesis del éxito puede ser afectada negativamente por los cambios demográficos (disminución de la tasa de natalidad y el incremento de la expectativa de vida de los cotizantes) y por los niveles de empleo de la población económicamente activa; una forma de corregir esos efectos son el establecimiento de cotizaciones escalonadas, es decir, el progresivo aumento de la cotización.
Se puede afirmar categóricamente que su fundamentación filosófica es la solidaridad, porque el sostenimiento de una generación de pensionados depende del trabajo de la generación que le sucede y así sucesivamente.
1.1. Descripción delos sistemas de capitalización colectiva de El Salvador
En los sistemas de capitalización colectiva, como los administrados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos(INPEP),entidades estatales ambas, los ingresos por las cotizaciones de los afiliados pasaban a formar parte de la entidad que los administraba y con esos recursos se cubrió el pago delas prestaciones a sus afiliados (pensiones y otros beneficios establecidos por ley) y se constituyó una reserva técnica para prevenir situaciones inesperadas. Esto ya no ocurre, porque la mayor parte de cotizantes se trasladaron (por voluntad propia o por requerimiento legal) al nuevo sistema de pensiones.
El mismo destino tuvieron los ingresos que generaron las inversiones que se realizaban con las cotizaciones, con estos ingresos se sufragaron los costos de administración de la entidad administradora del programa de pensiones; no obstante, estos pudieron ser aportados por el Estado en cumplimiento del mandato constitucional, contenido en el artículo 50 de la Constitución de la República, que en su inciso tercero dice así:
“Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley.”
Esto debe ser así, no como la pretendida manipulación teórica de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) en su Diagnóstico del Sistema de Pensione de El Salvador y Propuestas de Mejoras y Sostenibilidad, publicado el segundo semestre de 2013, en el sentido de que solamente las cotizaciones son los ingresos que debe tener un sistema de pensiones de capitalización colectiva.
1.2. Los argumentos de la derecha para desmontarlo
Cuando se promovió el nuevo sistema de pensiones (Sistema de Ahorro para Pensiones), administrado por la empresa privada, se argumentó que en los sistemas de capitalización colectiva el número de pensionados crece a una tasa mayor que el número de afiliados y que la tasa de natalidad del país se va reduciendo y que la expectativa de vida va en aumento. Dichos argumentos, aún en esta fecha, son considerados válidos por (ASAFONDOS) en su Diagnóstico de 2013, en el cual se sostiene lo siguiente:
“Sin embargo, en la medida que transcurre su tiempo de operación, un número mayor de personas van cumpliendo los requisitos respectivos y empieza a crecer el número de pensionados a una tasa mayor que con la que crecen los afiliados activos. Esta condición que es esperable, se ve agravada por los cambios demográficos que se han registrado durante las últimas décadas, en las que tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo (como el nuestro), las tasas de natalidad y, por consiguiente, el ingreso de nuevos afiliados a los sistemas de reparto (capitalización colectiva) se ven reducidas, mientras que la expectativa de vida de las personas se incrementa, aumentado de esa forma el período de pago de beneficios por los afiliados que viven por períodos más largos en su calidad de pensionados.”
Luego agregan lo siguiente: “…lo que un indicador clave para analizar su sostenibilidad es la relación afiliados activos/afiliados pasivos, el cual, en el caso salvadoreño, presentaba una reducción bastante significativa en relativo poco tiempo, pasando de 10.9 cotizantes activos por un pensionado en 1986 a 7.2 cotizantes activos por pensionado en 1998”
Lo anterior significa que en doce años el índice se redujo en 3.7 y estos argumentos fueron suficientes para que los partidos de derecha justificaran el nuevo sistema de pensiones; no obstante la realidad es otra, aún quince años después de la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones, como se demuestra a continuación:
Según el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2012, se reporta que: “el 63.7% de la población es menor de 30 años y la población de 60 años y más, que es considerada como las personas adultas mayores, representan el 11.0%. Esto revela que la población salvadoreña es bastante joven, lo que facilita la renovación generacional en los ámbitos productivos y de la sociedad en general”. Esto contradice, potencialmente, el argumento que los pensionados aumentan en mayor proporción que los cotizantes o afiliados activos, porque la población del país es joven, es decir, los cotizantes pueden crecer significativamente con una adecuada política de empleo.
Por otra parte, la caída del índice de pensionados por cotizantes que muestra ASAFONDOS en su Diagnóstico no resulta ser la misma en los últimos doce años (2000 a 2012), pues en el año 2000 el índice es 5.73 y en el año 2012 es 4.36, lo cual demuestra una reducción de solo 1.37 en doce años, contrario a la reducción de 3.7 en el período que ellos analizaron; en conclusión, no es cierto que el índice de pensionados respecto a cotizantes se reduzca drásticamente como ellos lo afirman, no obstante que el porcentaje de cotizantes respecto de la PEA es bajísimo en el período analizado, todo esto se puede observar en el cuadro siguiente:
A continuación presentamos otro cuadro en donde se proyecta que los cotizantes aumentan en 20% respecto de la PEA, con lo cual se obtendrían índices de cotizantes por pensionados, muy superiores a los actuales:
Como podrá advertirse, la solución no era el cambio (del sistema de capitalización colectiva hacia el sistema de ahorro), sino la apuesta al mejoramiento de la calidad del empleo, porque si entendemos que la Población Económicamente Activa (PEA) es aquella que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo al mercado laboral, lo único que se debió, y se debe hacer, es mejorar la calidad de trabajo, para que haya más salvadoreños en capacidad de cotizar para una pensión. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, para el año de 2012, la PEA está constituida por 2,559,315 personas.
Pero aún más, si se aprobaran políticas públicas no solo para mejorar la calidad del empleo sino para aumentar la PEA, las posibilidades de aumentar el número de cotizantes y de tener un sistema de capitalización colectiva exitoso son mayores, pues, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples para el año 2012, se obtuvo que la Población en Edad de Trabajar era de 4,308,637, la cual está constituida por las personas de 16 años en adelante.
Los promotores de la privatización de los sistemas de pensiones y sus actuales beneficiados, como ASAFONDOS, sostuvieron y aún lo hacen, que el INPEP era una institución quebrada, por consiguiente, que no tenía la capacidad financiera para soportar el pago de los beneficios a los pensionados, pero los hechos demuestran otra realidad.
A pesar de que el gobierno de Calderón Sol (1994/1999) inició con los despidos masivos de empleados públicos, lo cual disminuyó el número de cotizantes al INPEP y consecuentemente aumentó el número de pensionados, los estados financieros de esa Institución, correspondientes a los últimos cuatro años antes de iniciar el nuevo sistema de pensiones, presentan resultados económicos favorables, es decir, los ingresos eran superiores a los costos, como se podrá observar en el cuadro siguiente:
En cuanto a la parte financiera sí se advierte que había dificultades, pero esto se debe a una deficiente estructura de activos y pasivos (los vencimientos contractuales de los depósitos no coincidían con el vencimiento de la obligación del pago de beneficios a los pensionados),por eso es que se estuvo requiriendo flujos de efectivo para pagar esas obligaciones
1.3. Cotizaciones y beneficios
Las tasas de cotización en los tres regímenes creados eran diversas, en el administrado por el ISSS la contribución laboral y de los empleadores era del 3.5% del salario del trabajador (3% correspondía al trabajador y el 0.5% al Estado), al momento de entrar en vigencia el sistema de ahorro para pensiones; mientras que en el Régimen Administrativo del INPEP era del 9%y del 12% para los docentes en estos casos el Estado aportaba como empleador.
Los beneficios que se otorgaban también eran diferentes:
a) Para los cotizantes al régimen del ISSS, oscilaban entre un mínimo del 55% y un máximo del 80% del promedio de salarios de los últimos 3 años.
b) Para los cotizantes al régimen del INPEP se otorgaban pensiones calculadas con porcentajes entre el 50 y el 100% del salario, tomando como referencia el promedio simple de los salarios de los últimos 3 o 5 años, el que fuere mayor (si el promedio de los últimos cinco años era mayor que el promedio de los últimos tres años se tomaba el de los cinco años o viceversa)
El tiempo mínimo de cotización para los cotizantes al sistema administrado por el ISSS era de 14.5 años; para el sistema administrado por el INPEP era de 15 años, en ambos casos sin condición de edad.
Ambos regímenes otorgaban pensiones vitalicias, es decir, durante toda la vida del pensionado y con el beneficio de heredar ese derecho a favor de su cónyuge o compañera de vida, porque su fundamentación filosófica, insistimos, es la solidaridad.
2.El sistema de ahorro para pensiones
En el sistema de ahorro individual, cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus cotizaciones y la rentabilidad de sus ahorros. Al término de la vida laboral, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensión. En el caso que el trabajador sobreviva al tiempo que se estimó para devolverle sus ahorros, o sea, que se termina la pensión que él pudo ahorrar, es el Estado el responsable de otorgarle una pensión mínima por el resto de años que siga viviendo, esto el Estado lo debe financiar con recursos de los impuestos que este recaude.
Las inversiones de los ahorros de los trabajadores son efectuadas por una entidad privada denominada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), misma que cobra una comisión a los trabajadores por prestar ese servicio.
El éxito financiero, no social, de este sistema de pensiones depende de la rentabilidad que puedan tener las inversiones de los ahorros de los trabajadores, esta hipótesis puede ser afectada por los ciclos económicos de bajo crecimiento o por malas decisiones de las AFP; para ninguno de éstos casos hay garantía de recuperar lo perdido. También puede ocurrir, como de hecho ha sucedido que los gobiernos tomen decisiones que afecten la rentabilidad, tal es el caso de la decisión que se tomó en 2006 de que los fondos de pensiones inviertan en títulos valores de baja rentabilidad emitidos por el Estado, lo cual ha ocasionado que los trabajadores presenten una acción de inconstitucionalidad porque consideran afectado su derecho a recibir una mejor rentabilidad.
Sin lugar a equívocos, se puede afirmar que este sistema de pensiones se fundamenta en el individualismo, pues la pensión depende de lo que pueda cotizar el trabajador y sus cotizaciones dependen de los salarios que devengue en su vida laboral, lo que hagan o dejen de hacer otros trabajadores no incide en modo alguno en su pensión.
2.1. Descripción del sistema de ahorro para pensiones de El Salvador
En un sistema de pensiones como el que se adoptó en El Salvador a partir del año 1998, el pago de las pensiones se sustenta en un 100% en la acumulación de ahorros formado individualmente por cada cotizante y dicha acumulación depende de las cotizaciones y de los rendimientos de éstas, por lo que es necesario que el trabajador cotice durante el mayor tiempo posible, de forma regular y con salarios muy superiores al salario mínimo, solo así puede contar con una disponibilidad satisfactoria para que el trabajador obtenga una pensión digna.
Como se comprenderá, en un país como el nuestro, en donde la mayor parte de la población que trabaja no tiene un empleo estable que le permita cotizar regularmente y un 40% de la población en edad de trabajar está totalmente desempleada, esto hace que el sistema se vuelve inviable; pero además, en este sistema corre por cuenta del trabajador la administración de sus ahorros y se benefician de las prestación de este servicio sujetos privados con ánimo de lucro.
La generación de rendimientos en un esquema de ahorro de largo plazo como este, se obtiene como resultado de la inversión de los recursos en los instrumentos que la Ley autoriza, pero además, los ahorros de los cotizantes están sometidos a los riesgos del mercado financiero, los cuáles son inevitables.
2.2. Deficiencias del sistema de ahorro para pensiones de El Salvador
El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), que tiene un poco más de15 años, ya evidencia serias dificultades, como las siguientes:
a)El sistema tiene muy baja cobertura
La expectativa de los promotores del SAP no se ha cumplido después de 15 años, respecto a que se iba a lograr una amplia cobertura de la población económicamente activa; la diferencia entre la PEA y los cotizantes es una constante, lo cual significa que el empleo no crece y, por consiguiente, tampoco la cobertura como se observa en el cuadro siguiente. Por otra parte, recordemos que la PEA referida en el cuadro siguiente, es la calculada a partir de las encuestas de Ingresos y Gastos de Propósitos Múltiples, pero la población económicamente activa, medida por la edad de trabajar, o sea, las personas que tienen una edad entre 16 y 60 años, demuestra una PEA real superior a los 4.3 millones de personas, dentro de las cuales, como ya se mencionó, 1,743,000 personas están total talmente desempleadas, quedando así demostrado que el objetivo de la amplia cobertura está totalmente incumplido y no tiene perspectivas positivas. A esto se agrega que esa amplia diferencia entre la PEA y los cotizantes presentada en el cuadro a continuación, muestra el gran nivel de subempleo, lo que genera otro problema para la población subempleada, la cual difícilmente llena el requisito de cotizar los 30 años que ahora le exige la Ley de Pensiones, por lo que una alta proporción de los cotizantes no llegan a llenar este requisito para tener una pensión, sino es trabajando hasta los 70, 80 o más años.
En síntesis, este sistema de pensiones no ha sido diseñado para atender el derecho constitucional de los trabajadores, sino única y exclusivamente para darles un negocio altamente lucrativo, como veremos más adelante, a las empresas que administran como una mercancía este servicio social.
Contrario a esta situación de bajísima cobertura en nuestro país, en el caso de Panamá y Costa Rica, estos países tenían coberturas en sus sistemas de pensiones, en el año 2009, del 59 % y 42 % respectivamente, muy superiores a la nuestra.
b) El incumplimiento de los patronos de los cotizantes, respecto a entregarlas cotizaciones previsionales a las empresas que las administran
Según ASAFONDOS, un indicio de este incumplimiento se demuestra al comparar el número de trabajadores cotizantes al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, versus el número de cotizantes a los sistemas de pensiones, como se demuestra en el cuadro siguiente:
La diferencia entre cotizantes de uno y otro sistema es significativa y creciente, según se muestra en la última columna de cuadro anterior. Este incumplimiento podría entrar en muchos casos en delito de apropiación indebida por parte de los patronos.
c) Sobre los trabajadores agrícolas y domésticos
La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en el artículo 9, estipuló que los trabajadores agrícolas y domésticos serían incorporados por un reglamento especial de acuerdo a las peculiaridades de su labor, pero no definió las condiciones ni estableció un plazo para dictar el reglamento, que es competencia de la Superintendencia del Sistema Financiero; a pesar de reiterados intentos y estudios de esta, desde 1998, para incorporar a estos trabajadores con un reglamento y financiamiento especial, aún sigue pendiente quince años después.
2.3 Las cotizaciones y beneficios
La tasa de cotización en el SAP es del 13% del ingreso base de cotización del trabajador, porcentaje constituido por un 6.25% que es aportado por el trabajador y un 6.75% por el empleador. Del 13%, un 10.8% se destina a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones del trabajador y el 2.2% restante se utiliza para cubrir la comisión por administración de la cuenta y la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia.
El tiempo mínimo de cotización para obtener una pensión en el sistema de ahorro para pensiones es de 25 años, no obstante, se estima que para obtener una pensión razonable se requiere un tiempo de cotización de entre 30 y 40 años, con la condición de tener una edad de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
El cálculo de la pensión que recibe un afiliado a este sistema se fundamenta principalmente en la expectativa de vida del pensionado, pero si este la supera y, en consecuencia, se termina el saldo de ahorro y rendimientos acumulado en su cuenta individual, ya no recibe más pensiones de este sistema y le queda nada más la pensión mínima que debe ser cubierta por el Estado.
Pero la gravedad de lo anterior se termina de aclarar al graficar (como podemos ver en el siguiente cuadro) la gran desproporción de las cotizaciones que reciben ambos sistemas, comparadas con los beneficiarios de las pensiones de los mismos, quedando de nuevo establecido el abuso corrupto que se dio en esa decisión de privatización, como ha sucedido en todas las privatizaciones: En resumen, mientras en el sistema público reciben pensión el 87% del total de pensionados en el país, este sistema solo recibe el 5% de las cotizaciones que captan ambos sistemas. Por otra parte, el sistema privado sólo paga pensiones al 17% de los pensionados totales del país y recibe el 95% de las cotizaciones de ambos sistemas.
A parte de lo anterior (y para demostrar más lo absurdo del sistema privado de pensiones, así como el juego sucio que le hicieron al Estado y al pueblo) los privatizadores areneros neoliberales comprometieron al Estado a pagar una deuda por un total de 24,043.97 millones de dólares entre los años 2003 y 2067 (ver Banco Mundial, Republic of El Salvador Public Expenditure Review, June 30, 2004. Central America Department, Latin American and Caribbean Region), este compromiso es totalmente impagable y las obligaciones referidas tienen al Ministerio de Hacienda en graves problemas financieros y se corre el riesgo de que las pensiones no puedan pagarse debido a la iliquidez e insolvencia del Estado para volver efectivos los traspasos. En una palabra, el sistema de pensiones privatizado en El Salvador corre riesgos crecientes de colapsar.
Es de tal magnitud este problema que el gobierno ha recurrido desde 2006 a financiar el pago de pensiones del sistema público con las cotizaciones del sistema privado, por medio de obligar a los fondos de pensiones a que inviertan en títulos valores del gobierno de baja rentabilidad, convirtiendo de hecho a los dos sistemas en un sistema de capitalización colectiva, en el cual tiene participación la empresa privada, con jugosas utilidades, situación que antes no existía.
2.Obligaciones monetizadas
Desde las privatización de las pensiones y a lo largo de los años, las principales reformas a la Ley SAP fueron las que se muestran a continuación (pero es importante entender que su efecto neto fue obligar al Estado a complementar el pago de pensiones otorgadas por las AFP, de modo que las pensiones que paguen se equiparen a las que se hubieran recibido en los antiguos sistemas públicos):
13 DE DICIEMBRE DEL 2001 (Decreto 664): Modificación a la forma de pago de los Certificados de Traspaso (de efectivo a plazo de 15 años, TIBP 180 días).
11 DE ABRIL DEL 2003 (Decreto 1217): Se crea la figura de Certificado de Traspaso Complementario (para equiparar pensiones de vejez del sistema privado a las que se hubieran recibido en el sistema público.
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 (Decreto 100): Modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales por medio de CIP (FOP) (volviendo vitalicias las pensiones y equiparadas a las que se hubieran recibido en el antiguo sistema público; además se deroga el anterior Decreto 1217 de los Certificados de Traspaso Complementario).También se elimina la obligación de invertir un mínimo de los recursos de los Fondos de Pensiones en títulos valores emitidos por el FSV.
Es importante ver que el compromiso del Estado de pagar una deuda por un total de 24,043.97 millones de dólares entre los años 2003 y 2067se adquirió sin considerar intereses, pensando que se podía pagar este compromiso de los ingresos corrientes del Estado o, dado el grado de irresponsabilidad de los que diseñaron el sistema, no se dieron cuenta que el Estado no tenía capacidad para adquirir ese compromiso, además de que era innecesario si se mantenía el anterior sistema de pensiones.
El hecho es que está registrado que al principio se pagaron los traspasos (en los años 1999 y 2000) utilizando las reservas técnicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ya en el año 2001 el gobierno de turno se dio cuenta de la incapacidad financiera que tenía para pretender pagar este compromiso anual; porque en los primeros años erosionaron las reservas técnicas del ISSS y, de la caja central era inviable, así que optan, el 13 de diciembre del 2001 por aprobar el Decreto 664: Modificación a la forma de pago de los Certificados de Traspaso (de efectivo a plazo de 15 años, TIBP 180 días). Acá se profundiza la trampa de la deuda del Estado, debido a que este se ve obligado a monetizar la deuda de pensiones.
El problema con los bonos, que se comienzan a emitir a partir del año 2002, es que estos tenían que ir a aprobación de la Asamblea Legislativa y, en tanto, el FMLN comienza a denunciar el problema del endeudamiento público y a condicionar su incremento. El 13 de septiembre del 2006 se crea el Decreto 100, que establece una nueva modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales por medio de la creación del fideicomiso, que le da vida a los CIP (FOP). A partir de este decreto, los valores emitidos para cubrir los traspasos de los fondos de pensiones CIP, se vuelven inconstitucionales, dado que estos no llegan para su aprobación a la Asamblea Legislativa, lo cual pone en alto riesgo los fondos de pensiones de los cotizantes, pues estos valores no tienen la garantía del Estado, son simples papeles.
La historia concreta del compromiso financiero del Estado ante los fondos de pensiones, para el período 2006-2011, se resume así:
Ese total de emisiones (deuda) significó, por un lado, que la deuda pública desembolsada, solo por este concepto, totalizara 3,210.5 millones de dólares, los que representaron el 22.2% de la deuda pública, divulgada por el Banco Central de Reserva(BCR) a noviembre del año 2011. Esta deuda no incluye la deuda previsional, todavía no monetizada.
Por otra parte, este total de bonos representaron el 52.5% de los Activos del Fondo de Pensiones administrados por las AFP a diciembre del año 2011. Esta relación demuestra cómo, de hecho, el Estado sigue convirtiendo en valores financieros los compromisos con los fondos de pensiones, independientemente que para este cálculo, basados en la ley, no relacionen los CIP B, pero financieramente el análisis correcto es el que hemos mencionado y no el que maneja la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que solo relacionan los CIP A, sin dar ninguna explicación para no considerar los CIP B.
Obligaciones a monetizar en el futuro
Los montos de deuda por traspaso que tendría que monetizarse, en una proyección hasta el año 2030, según la SSF, son los siguientes:
Esto demuestra que el sistema actual de pensiones está llevando al Estado a la insolvencia financiera y la probabilidad de que el mismo colapse, en poco tiempo.
Como vemos, el saldo acumulado en valores financieros por los Fondos de Pensiones significaría10,608.2 millones de dólares, pero recordemos que la deuda que el Estado tiene con estos fondos llega hasta el año 2067, es decir, se está posponiendo el problema a altos costos financieros.
La situación analizada de la nueva acumulación de deuda que año con año trae el Sistema de Pensiones al gobierno, y la incapacidad financiera de las arcas públicas para hacerle frente, no termina de estar completo si no incorporamos lo que es el servicio que esta deuda nueva monetizada genera y generará en los próximos años.
En el año 2012, como se puede constatar en el cuadro siguiente, totaliza 88.2 millones de dólares, costo que, ya para el 2014, llega a US$ 132.7 millones, y así el crecimiento se dispara anualmente hasta llegar a representar 1,018.3 millones de dólares solo para el año 2030. El gasto fiscal acumulado en el período 2012-2030 totalizaría 9,291.4 millones de dólares. Los valores acumulados CIP A y B al 2030 serían 10,608.2 millones de dólares, más la deuda remanente que, según el compromiso que hizo el gobierno de Calderón Sol, entre el año 2030 y 2067 sería de 8,818 millones de dólares, o sea, la deuda con el Fondo de Pensiones sería, en el año 2030, de 19,426.2 millones de dólares. Esto habiendo pagado ya por servicio de esta deuda 9,291.4 millones de dólares. El monto de deuda contraído cuando se privatizaron las pensiones totalizaba 24,043 millones de dólares. Como vemos, al 2030 esta deuda solo se habría reducido en US$ 4,416 millones, no obstante el Estado habría pagado por servicio de esta US$ 9,664.1 millones.
Este panorama del Costo Fiscal de la Deuda Previsional, descansa en una tasa de interés libor inferior al 1% a diciembre del año 2011, resultado (esta baja tasa de interés) de la política económica de la FED de los Estados Unidos de Norteamérica de manipular la tasa de interés interbancaria hasta los niveles de 0.25%; esta situación, para el año 2014 en adelante, cambiará y el incremento de las tasas de interés de la FED retomaran una tendencia hacia tasas normales que se proyecta llegarán entre el 3%, 4% o hasta el 5% entre los años 2014y 2015, lo anterior como resultado de las proyecciones de recuperación de la economía norteamericana. Esta nueva situación del costo del dinero en los mercados financieros de los Estados Unidos disparará la Tasa Libor a niveles normales; así, en el mes de diciembre del año 2006 la Tasa Libor fue de 5.3951y la tasa de rendimiento CIP6.12%.
En esta perspectiva, el costo financiero solo por intereses de la deuda previsional, podrá doblarse, triplicarse o hasta cuadruplicarse, como ya se proyecta le sucederá a la deuda del Estado norteamericano; de ser así, por ejemplo, solo el costo de intereses pasará de 69.3 millones de dólares en el año 2014 a posiblemente 140 o 280 millones de dólares, en una proyección que al año 2018 podría llegar el pago de intereses de esta deuda previsional hasta los 400 o 600 millones de dólares. El servicio total de esta deuda estaría entre los 520y los 720 millones de dólares anuales; sin duda un costo financiero insostenible para el gobierno. Esto le llevaría al sistema neoliberal del Fondo de Pensiones una alta rentabilidad y los pensionados de altos ingresos tendrían un incremento en sus pensiones, aunque a la inmensa mayoría, por tener unos fondos de pensiones bajos, sus incrementos por utilidades no los sacarían de las condiciones de pobreza en que viven.
El contrapeso de esto es un Estado financieramente incapaz de pagar ese servicio de la deuda, lo que deja más claro la amenaza de quiebra del sistema de pensiones actual, a menos que el Estado elimine los servicios sociales de salud, educación, etc., para atender el sistema de pensiones que, como ya vimos, solo atiende a un reducido número de trabajadoras y trabajadores en el país. Con estos argumentos se refuerza la urgente necesidad de desprivatizar el sistema de pensiones vigente y rediseñarlo a un Sistema de Capitalización Colectiva Solidario, como se propone en la parte final de este documento. Para cerrar la idea, el costo de las pensiones en el año 2030 andaría en un rango de pago de intereses de entre 987.2 y 1,480.8 millones de dólares, lo que llevaría a un pago de servicio de la deuda total (intereses más principal) de entre 1,511.8 y 2,005.4 millones de dólares, lo anterior estimando una deuda de entre 3% y 5%, que podría ser mayor.
En fin, como podemos ver, el círculo vicioso de deuda del actual sistema de pensiones es insostenible y absurdo, dado que solo sirve, como ya demostramos, para que las AFP, o sea, los dos bancos transnacionales que las poseen, sigan acumulando las altas y especulativas tasas de utilidades que pasamos a analizar.
El buen negocio para el sector privado en la privatización de los sistemas de pensiones
La razón fundamental de privatizar los sistemas de pensiones fue para otorgarle a los grupos financieros (Bancos, Empresas de Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones, Emisores de Tarjetas de Crédito, etc.) la oportunidad de ganar jugosas utilidades mediante el manejo de las cotizaciones de los trabajadores y el pago de comisiones por administrarles su dinero, actualmente son dos conglomerados financieros extranjeros los que administran este fondo de pensiones.
A partir de abril de 1998 se cambió el sistema de capitalización colectiva por el sistema de ahorro para pensiones, prometiendo a las personas pensiones “más dignas”, la publicidad que se hizo fue tal que convenció a miles de los que tenían más de 36 años de edad y podían elegir entre cambiarse al sistema privado o quedarse en el sistema de capitalización colectiva que se caracteriza porque las personas activas financian aquellos en situación de retiro. Otra de las cosas que se dijeron fue que los sistemas de capitalización colectiva habían fracasado en muchos países de Europa y que el nuestro también estaba quebrado. Es cierto lo de los países europeos, pero eso ocurrió porque las poblaciones se hicieron viejas, no había jóvenes que trabajaran para sostener a los pensionados. En nuestro país ocurre lo contrario, pues la población joven en edad de trabajar es mayor que la población pensionada.
Lo que sí sabían, quienes gobernaban en esa época, es que las privatizaciones y el achicamiento del Estado que impulsaban provocarían desempleo y desfinanciamiento, lo que mermaría los recursos necesarios para mantener el sistema de capitalización colectiva a flote.
Estudios realizados en esa época advertían que lo procedente no era el cambio de sistema, sino aumentar la cotización escalonando un peldaño para que el “barco no se hundiera”, lo cual estaba previsto en la Ley, pero no se hizo, sino hasta que entró en vigencia el sistema de ahorro para pensiones, fue así que en 1999 la cotización al Régimen Administrativo del INPEP pasó de 9% a 10%, en 2000 al 11%, en 2001 al 12%, en 2002 al 13% y del 2003 en adelante al 14%. Obviamente, existió la intención perversa de no fortalecer al sistema de capitalización colectiva para justificar su desaparición.
Otros aconsejaron no cambiar el sistema porque las oportunidades de inversión en instrumentos financieros en El Salvador eran y siguen siendo casi inexistentes, porque la mayor parte de empresas privadas que captan recursos en la bolsa de valores son de grupos familiares cerrados, que no tienen interés en abrir sus patrimonios para que otros participen de las utilidades
El verdadero objetivo del cambio de sistema era entregar los fondos de pensiones a los grandes bancos del sector privado, y como la magnitud de beneficios que vaticinaban los defensores del sistema privado era más importante, no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad, como se demuestra a continuación con datos a partir del año 2000 hasta el año 2013.
Del año 2000 al 2012, las AFP obtuvieron utilidades por valor deUS$ 211,743,867.17 (Doscientos once millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y siete dólares con 17 centavos), como se presentan en la gráfica a continuación:
Lo anterior les permitió a las AFP obtener una rentabilidad en los trece años, contados a partir del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2012,del 729% (setecientos veintinueve por ciento), con un patrimonio promedio de US$ 29,053.40 y una rentabilidad anual promedio del 45%, recuperando así el patrimonio invertido en un poco más de dos años. Si la rentabilidad se mide en función del capital accionaria invertido la rentabilidad es de alrededor del 100%, por consiguiente, este se recupera año con año, es decir, las AFP han recuperado 16 veces el capital accionario invertido desde 1998 hasta diciembre 2013.
2.La comisión por administración
La comisión que cobran las AFP a los cotizantes es por el servicio de administrar las cotizaciones, según el artículo 48 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, por un lapso de tiempo que incorpora los años de cotización del trabajador, más el tiempo que dure la pensión cuando ya está jubilado el cotizante. Siendo esto así, el regulador debió haber establecido políticas contables que no permitieran a las administradoras de las pensiones llevar a ingresos cada año todo lo recibido en concepto de comisiones.
a) Que una persona entra al mercado laboral con una edad de 25 años en abril de 1998 y que esta persona trabajará y cotizará de forma permanente 35 años;
b) Que esta persona decidirá pensionarse a los 60 años y que al otorgarle la pensión le estiman que vivirá otros 15 años más, por consiguiente, la Administradora de Fondos de Pensiones tendría que administrar esas cotizaciones por 50 años;
c) Que esta persona habría pagado hasta el 31 de diciembre de 2013 US$ 20,000.00 (veinte mil dólares) en concepto de comisiones, de los cuales US$ 10,000.00 se destinaron para el pago del seguro previsional y los otros US$ 10,000.00 para administrarle su cuenta individual (según ASAFONDOS la mitad de la comisión se destina al seguro previsional y la otra mitad es el ingreso para la AFP);
d) Al encontrarnos al 31 de diciembre de 2013 solo habrían transcurrido 177 meses de los 600 que durará el tiempo de la administración de su cuenta individual, por consiguiente, la AFP solamente habría devengado el 29.5% de los US$ 10,0000.00 (diez mil dólares) de comisiones que le corresponden, por tanto, sus ingresos por este concepto deberían ser de US$ 2,950.00 y no de US$ 10,000.00 como se los permite la Superintendencia del Sistema Financiero.
Si extrapolamos este análisis a las AFP en los años comprendidos del 2000 al 2012, suponiendo que ha devengado el 75% de los ingresos por comisiones, considerando que dentro de la población cotizante existen personas que comenzaron a cotizar con edades superiores a los 25 años de edad, tendríamos el resultado siguiente:
Del cuadro anterior se puede concluir que las AFP se han apropiado de US$162,695,238.94 (ciento sesenta y dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos treinta y ocho dólares con 94 centavos), porque son utilidades no devengadas, las cuales deberían formar parte del fondo de pensiones y los rendimientos que se obtengan deberían ser en beneficio de los cotizantes.
No pretendemos decir que esto es una realidad, porque para ello necesitaríamos tener conocimiento de datos que no están disponibles, como por ejemplo: cuánto cotizó cada persona y en qué momento, la edad de esta persona, etcétera. Sí nos interesa denunciar que se ha obviado una política contable que es aplicable en otros casos similares, como en las empresas de seguros, entidades que cada ingreso por prima de seguros lo difieren en el tiempo que dura el contrato de seguros, convirtiendo ese diferimiento en una reserva técnica, para hacerle frente a los riesgos futuros.
En el caso de las comisiones que pagan los cotizantes al sistema de ahorros para pensiones, también debería haber un diferimiento que se acreditara a la orden de los cotizantes como recursos que generan ingresos a su favor.
En realidad, es preocupante que no se use el concepto de lo devengado para que las AFP presenten sus estados financieros, sino el concepto de lo percibido, lo cual es contrario a los estándares contables de reconocimiento internacional, porque esto les ha permitido que se apropien de ingresos que no les corresponden y así incrementar sus utilidades, las cuales, por ser empresas extranjeras, los sacan del país.
Peor sería si esto se ha concertado con las autoridades supervisoras (Superintendencia del Sistema Financiero), previendo una eventual disminución de las utilidades y programar la retirada del país de estas empresas, por lo que dejarían al Estado la administración de las cuentas individuales de los cotizantes, sin los recursos designados por la ley para cubrir los costos de administración de las pensiones y sin beneficio alguno.
3.Utilidades de las compañías de seguros
Pero no solamente las AFP obtuvieron importantes ganancias, también las compañías de seguros se beneficiaron en forma considerable con la emisión de las pólizas para cubrir los riesgos previsionales (invalidez y muerte de los afiliados al sistema), recibiendo, del año 2000 al año 2012,US$ 498,088.918.75 (Cuatrocientos noventa y ocho millones ochenta y ocho mil novecientos dieciocho dólares con 75 centavos); para calcular la utilidad en este negocio se consideró como costo la siniestralidad promedio de las aseguradoras al 3 de diciembre de 2012, la cual es del 61% (dato obtenido de la Superintendencia del Sistema Financiero). Siendo así, las utilidades brutas de las compañías de seguros, para este caso, serían de US$ 194, 254,000 (Ciento noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil dólares). Obviamente, a esa utilidad habría que restarle los costos de administrar ese negocio, los cuales seguramente no serán muy altos.
En total, la contribución de los trabajadores con las utilidades del sistema financiero fue de US$ 405,997,000 (Cuatrocientos cinco millones novecientos noventa y siete mil dólares), monto que está compuesto por las utilidades de las AFP, por un valor de US$ 211,743,000 (Doscientos once millones setecientos cuarenta y tres mil dólares) más las utilidades de las compañías de seguros por un valor de US$ 194,254,000 (Ciento noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil dólares).
Si las utilidades de las AFP se contabilizaran sobre la base de lo devengado, el total de las utilidades del sistema financiero sería de US$ 243,302,000 (doscientos cuarenta y tres millones trescientos dos mil dólares), o sea, US$ 162 millones menos, los que deberían formar parte de la cuenta individual de cada cotizante y ganar utilidades a favor de ellos, lo cual no sucede ahora, dado que las AFP se cobran utilidades por servicios que no han dado, defraudando a los trabajadores.
Los costos de administración de los sistemas de pensiones
La comparación que presentamos a continuación es de los últimos cuatro años de operación del INPEP (1994, 1995, 1996 y 1997), antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema de pensiones en abril de 1998; respecto de los últimos cuatro años de operación de las AFP (2009, 2010, 2011 y 2012); los gráficos son más que elocuentes, en los cuales se pude advertir la falacia del argumento sobre la ineficiencia de las empresas públicas, al menos en cuestión de costos.
Es realmente difícil admitir que las diferencias en costos de gestión sean abismales sin considerar la elusión del impuesto sobre la renta, que seguramente hacen las AFP, incrementando sus gastos de manera artificiosa. Un mecanismo recurrente para este propósito en las empresas de capital extranjero, son los gastos pagados a sus casas matrices por diferentes conceptos cobrados como prestación de servicios, los cuales generalmente son inexistentes.
A continuación se presentan las conclusiones que se han podido extraer de lo expuesto anteriormente, con el objeto facilitar la compresión de este trabajo, las cuales se expresan así:
1.Sobre los riesgos de los sistemas de pensiones
Después de estudiar brevemente los dos sistemas de pensiones (el de capitalización colectiva y el de ahorro individual), se puede concluir que los riesgos asociados al primero dependen de políticas de Estado relacionadas con el empleo, o sea, si se generará más empleo en el país y dada la estructura de edades en la población, no habría ningún riesgo en el sistema de capitalización colectiva; en cambio, los riesgos asociados al segundo son los relacionados al mercado, que dependen de decisiones de los particulares respecto a donde inviertan los ahorros de los cotizantes; y por la escases de opciones de inversión local, se requiere que se abra la posibilidad de invertir en el extranjero, con lo cual los riesgos se incrementan, dada la gran corrupción y falta de claridad en la administración del sistema financiero mundial, como quedó demostrado en la última crisis del 2008-2009, lo cual sigue sucediendo por la falta de supervisión y el libertinaje con que funciona el sistema.
Además, como ya analizamos el alto costo financiero, que es ya insostenible en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, se hace más insostenible con los incrementos que se proyectan de manera cierta en la Tasa Libor de Interés, lo cual hace prever el quiebre financiero del sistema.
2.Sobre los beneficios de los sistemas de pensiones
Los sistemas de capitalización colectiva son los que más benefician a los trabajadores, porque sus pensiones tienen parámetros ciertos en la ley, en cambio, en los sistemas de ahorro individual, las pensiones dependen de los riesgos del mercado.
En los sistemas de ahorro individual las Administradoras de Fondos de Pensiones, han sido las que han logrado los mayores beneficios, no así el cotizante.
3.La universalidad de los sistemas de pensiones de capitalización colectiva
Para que un sistema de pensiones de capitalización colectiva(que son los que más beneficios otorgan a los trabajadores) sea sostenible en el tiempo, además de contar con políticas públicas que promuevan el empleo, debe ser lo más universal posible en cuanto a la afiliación de los trabajadores, es decir, debería estar constituido por trabajadores privados (dependientes e independientes) y públicos (civiles y militares), para evitar que las políticas de gobierno o de Estado los afecten en cuanto a reducir de manera repentina los trabajadores en determinados sectores, como ocurrió en el gobierno de Calderón Sol, cuando decidió disminuir los empleados públicos, lo cual afectó al INPEP, en el sentido de disminuirle sus cotizantes y aumentar los pensionados de un día para otro; igual ocurrió con el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, que vio disminuidos sus cotizantes con la finalización del conflicto armado.
Si en El Salvador hubiese habido un solo sistema de pensiones de capitalización colectiva, lo que hubiera ocurrido es que las personas desplazadas del sector público hubieran seguido perteneciendo al sistema, pues si estos ya no son empleados en el sector público buscan empleo en el sector privado, pero en su mayoría siempre serán trabajadores.
Sobre los argumentos para desmontar los sistemas de capitalización colectiva e introducir el sistema de ahorro individual
Todo lo que se afirmó sobre la ineficiencia de los sistemas de capitalización colectiva y su administración estatal, se ha demostrado que fue falso, pues, tanto los supuestos demográficos argüidos, como lo relacionado con la situación económica de los entes estatales, se ha podido demostrar en este trabajo que no tenían ningún sustento técnico.
Pero aún más, se puede demostrar que en El Salvador es factible financieramente un sistema de capitalización colectiva individual, a continuación presentamos un cuadro con datos del quinquenio 2006/2010, porque no contamos con información actualizada; en donde se demuestra que el sistema de capitalización colectiva es autosuficiente para pagar las pensiones con base a las cotizaciones y a los rendimientos de éstas:
A continuación se grafican los datos anteriores, lo cual permite el análisis a continuación:
En el cuadro anterior se puede observar que la brecha entre cotizaciones y pago de pensiones es más amplia cuando hay más empleo(la cual se redujo en los años de la crisis 2008/2009), que las cotizaciones crecen en mayor proporción que el pago de pensiones y que las pensiones tienden a estabilizarse; por lo tanto, es consistente sostener que la brecha entre los ingresos totales de los fondos de pensiones público y privado son superiores a los egresos por el pago de pensiones, lo cual confirma que es sostenible un sistema de capitalización colectiva actualmente, aún con el bajo nivel de empleo que existe en el país en relación a la oferta laboral real, o sea, la población en edad de trabajar. Como se demuestra con la gráfica anterior, la brecha entre cotizaciones y pago de pensiones es amplia, pero además, el nuevo sistema de pensiones se podría nutrir significativamente con las cotizaciones de quienes de quienes dejen el sistema de ahorro para pensiones, considerando que las cotizaciones del sistema privado ya ascienden a 7,000 millones de Dólares.
Pero aún más, ara hacer sostenible el sistema de capitalización colectiva, habría que optar por políticas públicas que incrementen el empleo y en última instancia establece cotizaciones escalonadas.
¿Para quién fue el negocio de la privatización de los sistemas de pensiones?
El sistema de ahorro individual, que trasladó al sector privado los ahorros de los trabajadores, afectó al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, porque le ha generado al erario nacional una deuda impagable y los futuros pensionados seguramente tendrán pensiones de hambre; en cambio, favoreció a un pequeño grupo del sector privado, dueño de los grandes conglomerados financieros, porque las AFP han sacado ganancias escandalosas, así como también las empresas aseguradoras.
¿La crisis del sistema de pensiones de ahorro individual es local o global?
La reciente campaña presidencial de Chile sacó a la luz las deficiencias del sistema de ahorro para pensiones de ese país, que fue el modelo para el sistema de pensiones en El Salvador; al respecto citamos las siguientes noticias:
Noticia del 07 de agosto de 2013:
Este jueves se llevará a cabo una nueva versión del Encuentro Nacional de la Seguridad Social, con la participación del premio Nobel de Economía Cristopher Pissarides, seminario que tendrá entre sus exponentes a José Piñera, hermano del actual presidente y creador del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Consultado por el modelo de previsión local, Pissarides ha declarado que es un buen modelo, pero no comprendido, ya que asegura una pensión uniforme. A su juicio, es necesario incluir a todos los trabajadores, aumentar el porcentaje de cotización e incentivar una jubilación más tardía.
El encuentro se da en un momento de amplio debate político respecto de las AFP, con posturas a favor de mantener este modelo instaurado en 1982, y opositores a un mecanismo que exhibe ganancias cercanas a los 160 mil millones de dólares durante todo este período.
A juicio del ex senador (Ricardo Hormazábal), es necesario sumar nuevas alternativas, y permitir que el trabajador decida entre una AFP, un sistema de reparto (capitalización colectiva), e incluso, la creación de una AFP estatal: “Si el sistema de reparto está malo, ¿por qué mantienen a las Fuerzas Armadas ahí? Chile necesita un sistema de reparto solidario, que dé libertad a las personas. Si alguien quiere quedarse en las AFP con pensiones miserables, es su libertad, pero si otros quieren un sistema de reparto, que invierta en Chile y no financie a los grupos económicos, pues estoy por un sistema de reparto”.
Noticia del 01 de agosto de 2013
Solo diez países de Naciones Unidas tienen un sistema de capitalización individual, como el que se impuso en Chile en 1981, pero el caso de nuestro país es el único en el que las personas no tienen derecho a escoger si ahorrar en un sistema privado o público.
Esta es una de las particularidades que evidenció el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Gonzalo Cid, quien agrega que en este grupo Chile es el único que, desde 1981, no incluye un aporte patronal al fondo de pensiones.
En el evento también expuso el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, quien resaltó que el régimen de Pinochet sacó a la previsión social del listado de derechos a exigir a través de un recurso de protección, lo que en la práctica no ha dejado alternativa judicial para resolver este tema, y por lo mismo solo queda el camino de la movilización política.
Pero también en los Estados Unidos de América ocurre algo similar, veamos lo siguiente:
El señor Dan Beaker Co Director del Center For Economic and Policy Research, recientemente ha escrito un artículo titulado: El Robo de las Pensiones: La lucha de clases pasa a la siguiente etapa, mismo que trata sobre la quiebra del sistema de pensiones en Detroit y es revelador lo que dice al respecto, por lo que citamos a continuación algunos párrafos de ese artículo:
“Antes de llegar a los detalles específicos de estos casos, merece la pena hacer frente a un par de puntos. En primer lugar, ha habido una gran campaña mediática para pregonar la generosidad de las pensiones del sector público. El Washington Post, publicó en una oportunidad un importante artículo de primera plana sobre las pensiones públicas en las que el niño que aparecía en el cartel era un exfuncionario en una pequeña ciudad de California que estaba recibiendo una pensión de más de 500.000 dólares al año.”
“Por supuesto, esto suena aterrador, y lo es. El funcionario había sido el administrador de la ciudad y se había asignado a sí mismo muchos otros altos puestos de trabajo, los cuales tenían generosas pensiones. Él también estaba bajo acusación.”
“Esto no está cercano a la pensión normal en California o en cualquier otro lugar. En el caso de Detroit, la pensión normal es un poco más de US$ 18.000 al año. En Illinois anda alrededor de US$ 33,000 al año.”
Comentario: Muchos deben recordar que para justificar el sistema de ahorro para pensiones, en El Salvador, se hicieron afirmaciones similares a la anterior; y aún a la fecha, cuando se quiere justificar la disminución de las pensiones se siguen haciendo argumentos similares, es decir, hay personas que han abusado del sistema de pensiones y por eso se justifica una reducción de las mismas, lo cual es más que falaz.
“Las pensiones no son regalos otorgados por el gobierno a los trabajadores, sino que son parte del salario del trabajador. Cuando la ciudad de Detroit o el Estado de Illinois redujeron las pensiones de los trabajadores, ellos en efecto están diciendo que no les van a pagar a los trabajadores por el trabajo que ellos mismo hicieron.”
“Pero en América del siglo 21, los contratos y el imperio de la ley aparentemente no significan nada, al menos no si la gente en el otro extremo son los trabajadores ordinarios. Así que, en lugar de incomodar a toda esa gente rica en la Junta de Comercio de Chicago u otros negocios de gran éxito con un proyecto de ley de impuestos más grande, el plan es incomodar a los bomberos, los maestros de escuela y las personas que recogen la basura por 30 años.”
Las anteriores citas nos permiten concluir, sobre el problema del Sistema de Pensiones de capitalización individual, por una parte, que este sistema solo existe en 10 países de los miembros de las Naciones Unidas, por otra, varios han comenzado a abandonarlo y en otros ya se da un proceso de debate demostrando sus inconsistencias y la necesidad de reformarlo por su insostenibilidad. Es de responsabilidad en el país, pasar definitivamente a desarticular gradualmente este sistema y pasar al sistema de capitalización colectiva.
7.Las perversidades de los sistemas de ahorro para pensiones
La mercantilización abusiva de los fondos de pensiones llevó a un sistema en el que cada persona que trabaja, aunque sea temporalmente por más de un mes, está obligada a registrarse en una u otra de las AFP y si deja de trabajar por más de un año, la AFP está autorizada a cobrarle una comisión de hasta el 5% de la rentabilidad de sus ahorros, según el literal “c” del artículo 49 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. La perversidad consiste en que, además de estar afectado por la falta de empleo, debe pagar una comisión como castigo por no trabajar.
VII. Las propuestas de solución a las crisis del sistema de ahorro para pensiones
En los últimos meses se ha tratado en los medios de comunicación masiva el tema de posibles reformas al sistema de ahorros para pensiones, en parte por la baja rentabilidad que están teniendo los fondos de pensiones y porque el Gobierno de la República está utilizando las cotizaciones de los trabajadores a este sistema, para cubrir necesidades del presupuesto nacional. Las molestias de los trabajadores son tan sentidas que los ha llevado a presentar una acción de inconstitucionalidad por considerar que sus cotizaciones no están siendo adecuadamente remuneradas.
Se han mencionado como posibles soluciones, reformas para aumentar la edad de retiro de los cotizantes, la reducción de las pensiones actuales a los pensionados que perciben mayores cuantías y del posible aumento de las cotizaciones. Todas las soluciones están enfocadas en perjuicio de los actuales y de los futuros pensionados, pero nada se ha dicho con relación a las empresas que administran esos fondos, las que, como se demostró en el romano anterior, han obtenido ganancias leoninas en los 15 años de operación del perverso sistema de pensiones aprobado por el gobierno de Armando Calderón Sol. Además no se dice nada sobre la insostenibilidad del Sistema de Pensiones vigente, aún con las reformas; menos se dice sobre que la continuidad de este significaría continuar con la deuda estatal insostenible, como ya argumentamos, así también se está aceptando como normal las pensiones de hambre de los pensionados actuales y futuros, así como la baja cobertura de las pensiones en relación a la población de la tercera edad, producto de la inexistencia de la solidaridad en este sistema y la negación definitiva a una universalidad del Sistema de Pensiones.
1.Propuestas con enfoque neoliberal
Como se comprenderá, existe una gran preocupación por revertir indicadores financieros que se consideran adversos para las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero ninguna de las soluciones que proponen tienen rostro humano, lo cual no es de extrañar, pues son hechas por funcionarios formados con el pensamiento neoliberal que promovió o se benefició en el pasado reciente de ese sistema, formando parte de las élites de gobiernos anteriores(como el caso del actual Superintendente del Sistema Financiero, quien formó parte del grupo gestor del cambio de sistemas de pensiones, y el Intendente Adjunto de Pensiones, quien ocupó el mismo cargo en gobiernos anterior eso como el caso del Ministro de Hacienda, quien ocupó cargos importantes en la banca privada, sector ampliamente beneficiado con el sistema de ahorro para pensiones, recién antes de ostentar el cargo de Ministro).
Estos funcionarios proponen aumentar las cotizaciones, aumentar la edad de retiro de los futuros pensionados, invertir las cotizaciones en los mercados financieros internacionales; todo ello con el objeto de incrementar la cuenta individual de cada trabajador, para que en el futuro pueda tener una mejor pensión; las dos primeras opciones son sacrificios que debe hacer el cotizante y la última son riesgos que debe asumir el mismo, pues si las inversiones en los mercados financieros internacionales resultan en pérdidas él y solo él será el afectado. Para dichas propuestas de solución seguramente habrá justificaciones técnicas que nada tienen que ver con la realidad del país, por ejemplo, se argumentará que la expectativa de vida del salvadoreño ha aumentado, para justificar el aumento en la edad de retiro, pero para ello se ocuparán tablas de mortalidad de estudios demográficos de otros países, porque en el nuestro no hay ese tipo de estudios; también se argumentará que la colocación en los fondos de inversión genera grandes rentabilidades, pero en nuestro país la mayor parte de empresas que pudiesen cotizar sus acciones en la bolsa no lo hacen porque son empresas de grupos familiares y las perspectivas de la crisis del sistema financiero internacional, por el nivel insostenible de la creación de valores financieros en el mundo capitalista, hace prever que, invertir en el extranjero es una quiebra anunciada, financieramente hablando, del Sistema de Pensiones en cuanto a las colocaciones que hagan en el exterior. Los datos internacionales a finales del año 2013, hablan de una existencia de más de 700 millones de millones de dólares en valores sin ningún respaldo real, ante una economía mundial que apenas genera un producto anual que solo representa un 10% de esos valores, que en su mayoría son chatarra. A esto hay que agregarle que esos valores son propiedad mayoritariamente de los grandes bancos y fondos internacionales que están todos totalmente interrelacionados en la emisión y especulación en el sistema mundial financiero, es así que el nivel de contagio y de posibilidades del colapso del Sistema Financiero Mundial es pregonado por instituciones y economistas, propietarios de fondos de inversión, etc. Ignorar esta situación es condenable y debería de deducirse responsabilidad a las autoridades que autoricen ese tipo de inversión con los fondos de pensiones.
A continuación citamos fragmentos de una noticia aparecida el día 11 de diciembre de 2013 en el Diario de Hoy, en donde se materializa el pensamiento neoliberal con las propuestas de solución financiera, sin rostro humano:
“El diagnóstico de pensiones que prepara el gobierno desde hace más de un año ya está listo, pero no trae buenas noticias para los salvadoreños.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, mencionó ayer que el estudio plantea una disminución de los beneficios previsionales para los jóvenes que cotizan actualmente al sistema privado. “Se les ofreció el 70 % y no van a tener más que el 35 %”. “Uno debe tener la pensión que merece porque si no impactamos en el déficit fiscal”
El pago de la deuda sin pensiones estaría por el orden del44% del PIB, según el funcionario.
El diagnóstico también contempla otras medidas que afectarían el retiro digno de los salvadoreños en el futuro. En ocasiones anteriores, el superintendente adjunto de pensiones, Omar Iván Martínez, ha manifestado que el estudio también incluiría un análisis sobre los años de cotización, que hoy requieren de 25 años de trabajo, y la edad de jubilación, que establece como requisito 55 años para la mujer y 60 para los hombres.”
Además se analizan las opciones de inversión de los fondos de pensión, que son vitales para que el dinero de los cotizantes se multiplique en el tiempo y garantice una pensión mensual digna.
En el Diagnóstico del Sistema de Pensiones de El Salvador y Formulación de Propuestas de Mejora y Aseguramiento de su Sostenibilidad, publicado por ASAFONDOS, 2013, se proponen algunas reformas para sacar de la crisis a este sistema, como las siguientes:
1.Encontrar en el mediano plazo, una alternativa de financiamiento del déficit previsional del ISSS e INPEP que libere a los Fondos de Pensiones de la obligación de invertir en Certificados de Inversión Previsionales, mecanismo actual mediante el cual dichos Institutos perciben los recursos para cubrir sus obligaciones previsionales. Mientras esto sea posible, se propone que se modifique la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en lo relativo a las condiciones de tasa de interés que devengan dichos Certificados, evaluando si se mantiene su cálculo referido a la tasa LIBOR o se establece una tasa local (TIBP) como referencia, más una sobretasa, y estableciendo un rango de tasa de interés mínima (piso) y máxima (techo) en el que la tasa de interés pudiera variar, a fin de disminuir la volatilidad de los Fondos de Pensiones, asociada a esta inversión obligatoria.
Nuestro comentario: En realidad el déficit previsional del ISSS y del INPEP lo creó el sistema de ahorro para pensiones, al sustraer de esos sistemas una gran cantidad de cotizantes, sin considerar que en todo sistema de pensiones de capitalización colectiva son indispensables las cotizaciones de los trabajadores, pero la voracidad por cobrar comisiones a los trabajadores pudo más. Es sorprendente la ignorancia de los funcionarios que hacen las propuestas, en cuanto a las perspectivas de las tasas de interés en el sistema financiero mundial, como ya lo analizamos anteriormente, lo cual, por un lado, la Tasa de Libor va a rentabilizar los fondos de pensiones, pero va a llevar a la quiebra al Estado, si este no se deshace de la deuda previsional.
2.Agilizar el estudio y aprobación de la Ley de Fondos de Inversión, a fin de que los Fondos de Pensiones cuenten con más alternativas de inversión en el mercado local, permitiéndoles diversificar el riesgo y acceder a rendimientos adecuados que permitan brindar una mejor pensión a los afiliados, mientras que también se beneficia el país al contar con inversionistas institucionales que podrán financiar proyectos productivos en el país.
Nuestro comentario: El escaso desarrollo de nuestra economía será un obstáculo para que estos fondos puedan ser una verdadera opción que satisfaga las necesidades de inversión de los fondos de pensiones. En alguna parte de su Diagnóstico, ASAFONDOS reconoce la poca bursatilidad del país, por consiguiente, esta será otra ley que tendrá pocos efectos en la economía.
3.Analizar qué acciones y cambios legales o reglamentarios deberían impulsarse para incentivar el surgimiento de nuevos emisores en el mercado de valores local, basándose en estudios disponibles que identifiquen las principales razones que explican la problemática. Dicho análisis debería contar con la participación más amplia posible de los diferentes actores del mercado, reguladores y fiscalizadores, ya que el desarrollo del mercado de valores beneficiará no solo a los Fondos de Pensiones sino que al país en su conjunto, al ser un mecanismo para canalizar el ahorro interno hacia proyectos productivos e inversión.
Nuestro comentario: Es muy difícil que en El Salvador se aumente el surgimiento de nuevos emisores, principalmente de acciones que se coticen en la bolsa, porque las empresas que lo podría hacer, o son propiedad de pequeños grupos familiares o son de capital extranjero, que prefieren obtener recursos con otras fuentes de financiamiento.
4.Aprobar la apertura a la realización de inversiones en plazas internacionales para los Fondos de Pensiones con límites que se incrementarían gradualmente, resguardando que las transacciones se realicen siempre bajo la supervisión y fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero y en condiciones de liquidez y seguridad, tal como lo plantea la Ley SAP.
Nuestro comentario: Esto es relativamente fácil de lograr, pero es de alto riesgo, si la crisis del sistema capitalista no afectó de forma directa a El Salvador fue porque nuestra economía no estaba vinculada con transacciones financieras internacionales; consecuentemente, una reforma como la solicitada pone en alto riesgo los ahorros de los salvadoreños. Es oportuno citar las palabra del señor Dan Beaker en su artículo titulado: El Robo de las Pensiones: La lucha de clases pasa a la siguiente etapa, cuando dice lo siguiente: “Entre aquellos que merecen el vilipendio especial en esta historia son las agencias calificadoras (sí, la gente que calificaron todos aquellos valores respaldados por hipotecas de alto riesgo como AAA). Durante los años de la burbuja bursátil en la década de 1990, se analizaron los fondos de pensiones bajo el supuesto de que la burbuja podría persistir indefinidamente. Esto significaba que los gobiernos estatales y locales tuvieron que hacer poca o ninguna contribución a su pensión. A estos riegos nos exponemos al invertir en el extranjero.
Elestablecimientodelaedaddejubilaciónesunfactorclavedentrodelfuncionamiento del Sistema y, por supuesto, su modificación no es una decisión fácil de tomar porque tiene implicaciones sobre toda la población afiliada. Sin embargo, es importante considerar que las condiciones demográficas son variables y en la medida que existen variaciones en la expectativa de vida, se hace necesario que en los sistemas previsionales se revise de forma periódica su comportamiento, y en base a su evolución, se analice la pertinencia de modificar o no las edades establecidas para el retiro.
Nuestro comentario: No importa la gente, sino las finanzas, para que estas sean del beneplácito de los inversionistas de las AFP, y para que éstas puedan seguir esquilmando a los trabajadores; aunque la decisión sea difícil hay que tomarla. Estos funcionarios neoliberales tienen en la quiebra fiscal al Estado y deberían ser expulsados del mismo.
Finalmente, cabe recordar y destacar que el Fondo Monetario Internacional (FMI), forma parte del mismo coro que pregona reformas neoliberales y se opone a la derogación del sistema de ahorro para pensiones vigente y su remplazo por un nuevo sistema de capitalización colectiva, de estructura progresista y de carácter público. En efecto, el FMI prefiere que se mantenga el sistema neoliberal vigente, pero que se suban las tasas de contribución de trabajadores y empleadores, que se aumente significativamente la edad de retiro y que se reduzcan/eliminen significativamente los beneficios existentes, todo esto junto a otras medidas de ajuste similares. En su Informe de Mayo 2013, el FMI afirma:
Por lo tanto es de esperar que si el nuevo gobierno de El Salvador para el período 2014-2018 comete el gravísimo error de juicio de comprometerse a un programa de ajuste con el FMI, esta Institución le impondrá al pueblo trabajador enormes costos sociales y económicos con el propósito de mantener el sistema vigente de pensiones que beneficia al gran capital. Que dice el fondo:
“23.La reforma del sistema de pensiones debería formar parte de la estrategia fiscal de mediano plazo. La evaluación preliminar de las autoridades estima que los pasivos fiscales sin financiamiento en el sistema de pensiones (que tiene un componente público y uno privado) rondan entre 65 y 75 por ciento del PIB. El análisis también plantea importantes cuestiones de equidad, dado que la mitad de esos pasivos representan beneficios a solo el 10 por ciento de los afiliados (véase el recuadro 2). El personal técnico del FMI está de acuerdo en que la evaluación puso en relieve la necesidad de realizar modificaciones paramétricas para recortar prestaciones, incrementar aportes y aumentar la edad de jubilación. Las autoridades señalaron que tienen proyectado elaborar una propuesta de reforma del sistema de pensiones para la consideración del nuevo gobierno, pero indicaron que existe poco respaldo del público a favor de esta reforma.”
“24. El personal técnico del FMI aconsejó no cambiar el tratamiento contable de los pasivos jubilatorios. Las autoridades explicaron sus planes para absorber en las cuentas del gobierno las cuentas de pensiones privadas que reciben prestaciones definidas, junto con los activos de esas cuentas (principalmente, títulos del gobierno). A su vez, argumentaron que esta operación reduciría la deuda pública de El Salvador a niveles más comparables con los de países vecinos (que tienen sistemas pensionales de reparto). El personal técnico del FMI aconsejó no realizar esta operación, recalcando que no remediaría los desequilibrios subyacentes del sistema de pensiones ya que la brecha entre las prestaciones y los aportes no se reduciría, y haría menos transparentes que en la actualidad la existencia de estos pasivos sin financiamiento.”
(Ver página Web del Fondo Monetario Internacional. “El Salvador-Informe del Personal Técnico sobre la Consulta del Artículo IV de 2013”; Informe País del FMI No.13/132 de Mayo 2013.)
Un comentario general a las propuestas neoliberales: Ninguna contempla resolver el problema del Sistema de Ahorro para Pensiones desde la perspectiva de los cotizantes y los futuros pensionados, así como desde la perspectiva de resolver el profundo problema de la deuda previsional del Estado que es ya insostenible, y será mucho más grave en el futuro próximo y de más largo plazo. Sin duda, los funcionarios que están trabajando en cómo resolver esta grave situación deben ser sustituidos por profesionales que incorporen en sus análisis los intereses de los cotizantes y del Estado, y que además no sigan ignorantes de lo que suceden en el mundo exterior o dejen de hacerse los ignorantes por seguir defendiendo un sistema neoliberal que solo favorece a los dos bancos transnacionales (City-Bank y el Bancolombia), dueños de las AFP CRECER y CONFIA, así como de las Aseguradoras que se lucran del sistema actual.
Lo que pretendemos es hacer una propuesta que se manifiesta como un proceso, considerando en primer lugar a la persona humana, como lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República, por consiguiente, se trata de recuperar la solidaridad, introducir la universalidad y rescatar las finanzas públicas, quitándole al Estado la insostenible carga financiera que implica el modelo actual, por supuesto, siendo respetuosos de los derechos adquiridos por las AFP y de quienes decidan libremente seguir siendo miembros de esas entidades, totalmente a su riesgo personal, sin ninguna garantía de última instancia si las AFP quiebran o les dan unos rendimientos bajos o pierden sus pensiones por quiebra.
La pertenencia a uno u otro sistema de pensiones debe ser totalmente voluntaria y libre, por consiguiente, las personas que así lo decidan podrán cotizar en el sistema público y si quieren seguir ahorrando a su propio riesgo en las AFP lo pueden hacer libremente, este ahorro no tiene ninguna relación con la obligación que la Constitución impone al Estado sobre las pensiones, en cuanto a que este es un servicio social, un servicio público de carácter obligatorio.
Nuestra propuesta se divide en tres partes, la primera contiene los conceptos y criterios fundamentales que debería tener un sistema de capitalización colectiva; la segunda, las reformas que deberían introducirse en el actual sistema de ahorro para pensiones, que como ya dijimos debería pasar a llamarse Sistema de Ahorro para la Vejez y la tercera contiene las disposiciones que deben darle sostenibilidad a los dos sistemas.
Proponemos un sistema de capitalización colectiva porque es viable y tiene la ventaja de dar mejores prestaciones a los trabajadores, pero aun, porque desde el 2006 en la práctica los dos sistemas (el público y el privado), funcionan como una solo sistema de capitalización colectiva, esto pasó con la decisión de financiar el sistema público con las cotizaciones del sistema privado.
El sistema de capitalización colectiva
Es necesario crear la institucionalidad necesaria para que una sola entidad del Estado -el INPEP podría ser- asuma la obligación de administrar las cotizaciones para pensiones de los trabajadores públicos y privados, que libremente lo deseen, volviendo al sistema de capitalización colectiva y de pensión definida; este sistema de pensiones debería tener las siguientes características:
a) Debe ser administrado a partir de la constitución de un fondo independiente de la entidad que lo administre, el cual se nutra de las cotizaciones y los ingresos que generen las inversiones de los recursos del fondo.
b) Esta nueva institucionalidad debe estar fundamentada en la solidaridad, por consiguiente, la base sobre la cual debe calcularse la cotización no debe tener límite respecto del monto del salario, lo que implica que si una persona gana 400, 2,000, 5,000 o 10,000 dólares todos deben cotizar en el mismo porcentaje.
c) El derecho a tener una pensión se fundamenta en el tiempo cotizado y debe haber un mínimo de años cotizado para optar a una pensión, sin condición de la edad; esto es importante porque contribuye a diferenciar los riesgos laborales a que están sometidos los trabajadores, por ejemplo, si se pone como mínimo tener una edad de 60 años, un trabajador de la construcción está en desventaja con una persona con formación académica (un técnico en laboratorio clínico, por ejemplo), porque el primero entra al mercado laboral a muy temprana edad y si se le pone como condición que tenga 60 años para tener derecho a la pensión, seguramente no podrá gozar de ella o si la logra obtener será por muy poco tiempo, porque el desgaste físico de su trabajo ha sido intenso, en cambio, el técnico entra más tarde al mercado laboral, pero como su trabajo no requiere de gran desgaste físico, podrá gozar de su pensión a mayor edad que el obrero de la construcción. Por otra parte acumular 60 años de edad cotizando en el mercado de trabajo de la construcción es muy poco probable, dado que a los 35 o 40 años de edad el trabajador generalmente ya no es contratado; esto es igual en el sector servicio y en el sector industrial en general.
g) El sistema de capitalización colectiva debe ajustar cada año la pensión mínima por la inflación anual registrada en El Salvador, en el mismo evento en que se aprueba el Presupuesto General de la Nación. A manera de ejemplo, conforme a la Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2012, aprobado en el 2011, se establece en el Art. 4, que el monto de la pensión mínima de vejez e invalidez total será de US$ 207.60 mensual y la pensión mínima de invalidez parcial es de US$ 145.32.
Sistema de ahorro para pensiones, que se convertirá en un Sistema de Ahorro para la Vejez.
Este sistema ya cuenta con la institucionalidad necesaria y suficiente para operar, por consiguiente, de lo que se trata es de introducirle algunas reformas como las siguientes:
a) La primera de las reformas que debería hacérseles relativamente fácil y de gran impacto, se trata de aplicar los conceptos fundamentales de contabilidad a las AFP respecto a lo devengado de las comisiones. Ya no se puede tolerar que las AFP contabilicen las comisiones sobre la base de efectivo. El concepto de lo devengado dice: “Los ingresos se reconocen hasta que se han devengado y los costos cuando se ha incurrido en ellos”; por lo tanto, deben diferir las comisiones que no han devengado. Esto es tarea del Banco Central de Reserva, porque es esta Institución la que tiene la obligación de regular en materia contable a los integrantes del sistema financiero nacional.
b) La Ley del Sistema de Ahorro para la Vejez debe ser objeto de reformas para eliminar las responsabilidades patrimoniales que tiene el Estado en esa ley, como por ejemplo, la garantía de las pensiones mínimas de distinta naturaleza; para prohibir la participación directa o indirecta del Estado en el patrimonio de las AFP, como la del literal “d” del artículo 29 de esa Ley, y para prohibir la emisión de certificados de traspaso a favor de las AFP o de los trabajadores.
c) Debe reformarse la ley en el sentido de que la pertenencia a este sistema sea totalmente libre y voluntaria, por consiguiente, debe regularse que lo que un trabajador haya cotizado en el Sistema de Ahorro para la Vejez, le sea entregado junto con sus rendimientos cuando este se retire antes de ser parte dela tercera edad, si así este lo requiere.
Medidas para poner en marcha el nuevo sistema de pensiones
a) La primera acción consistiría en trasladar los pensionados, por quienes el Estado tiene la obligación de aportar recursos a las AFP a la nueva entidad estatal. Con esta decisión el Estado se estaría liberando de las obligaciones monetarias que tiene con las AFP.
El costo fiscal de esta deuda monetizada ya es un enorme problema, y en las mismas proyecciones del Ministerio de Hacienda se vuelve insostenible el actual sistema de pensiones. La deuda pactada por el proceso de privatización es de más de 24 mil millones de dólares en la medida que se monetiza, y por más que se cubra el servicio de ésta no disminuye significativamente. Con esto se aliviaría el problema fiscal, además de quitarse el pago de miles de millones de dólares por intereses, como ya se analizó.
No se trata de que el Estado no cumpla con las obligaciones con los pensionados, sino de establecer un mecanismo para diferir el pago de esas obligaciones.
b) Las AFP deberían trasladar a la nueva entidad del Estado que administrará el sistema de capitalización colectiva las cotizaciones de los trabajadores que se pasen al nuevo sistema, sean estos pensionados o cotizantes activos.
Quienes sean pensionados obtendrían una pensión equivalente a las que otorga el sistema de capitalización colectiva, pero en todo caso no podría ser menor que la que se obtuvo en el sistema privado, con la diferencia que se trata de una pensión vitalicia.
c) Se deben diseñar planes de incorporación flexibles, los cuales deben contener: pagos semanales, trimestrales o anuales, en lugar de solo mensuales, utilizando bancos, oficinas de correo, ONG y otras vías accesibles; simplificación del pago de las PYMES mediante uno solo, combinado con impuestos; obligación a las empresas que contratan independientes de retener su cotización, unida a la del empleador; fomento y apoyo a asociaciones, sindicatos y cooperativas de independientes y trabajadores agrícolas para que ayuden en la afiliación y recaudación de sus cotizaciones; e incentivos para promover la formalización.
d) Los trabajadores independientes que carecen de empleador y tienen bajos ingresos, así como los dependientes domésticos y agrícolas, serán muy difíciles de cubrir sin un subsidio que sustituya la cotización del empleador, del cual carecen, por ello, para incentivar y facilitar la afiliación, se ha de implementar un aporte fiscal destinado a estos trabajadores. También, se extenderá la Pensión Básica Universal (PBU) del proyectado 37 % en 2011 a la totalidad (100 %) de los adultos mayores en pobreza extrema. El monto de la PBU deberá ser ajustada oportunamente para que siempre sea superior a la canasta básica alimentaria, urbana y rural.
f) El Ministerio de Hacienda debe ayudar a monitorear la incorporación a uno u otro sistema de pensiones mediante la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta para personas naturales, la cual deberá contener una casilla que pregunte si se ha inscrito a un sistema de pensiones y exija que acredite su inscripción. En caso no esté inscrita, el Ministerio no dará proceso final a la Declaración de Renta. Conforme a cifras recientes, existen más de 240,575 personas registradas como contribuyentes al Impuesto sobre la Renta, pero evasores al SAP, con un salario mínimo cotizable. La incorporación al nuevo Sistema Público de este número de personas, o más, generaría un incremento importante en la recaudación de cotizaciones.
g) Reformas constitucionales en beneficio del derecho humano a una pensión de vejez y en beneficio de los trabajadores miembros de la PEA que pierden su empleo
1º. Propuesta de edad mínima para jubilación y la solidaridad del sistema.
Agregase al final del Art. 220 de la Constitución de la República de El Salvador el siguiente inciso:
“Todo hombre y toda mujer tendrán derecho a pensión de vejez, siempre que haya registrado 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas; a pensión parcial cuando, por lo menos, haya cotizado continua o des continuamente dos terceras partes de los 25 años.”
“Toda mujer y todo hombre mayor de 60 años, que viva en situación de pobreza extrema y este desempleado por incapacidad física o mental o por no encontrar trabajo en el mercado laboral, tendrá derecho a la Pensión Básica Universal, la cual será cubierta por el Estado.
2º. Propuesta para el seguro de desempleo
Agregase al ordinal décimo primero del Art. 38 de la Constitución de la República de El Salvador el siguiente inciso:
“El Instituto Salvadoreño del Seguro Social pagará hasta seis salarios mínimos, proporcionalmente, a quien se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral. El ISSS registrará y reglamentará los subsidios de desempleo.”
h) Se debe eliminar la carga financiera en contra de los pensionados actuales, por la cotización al sistema de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, lo cual es una injusticia y contrario a la solidaridad, pues se trata de personas que durante toda su vida laboral cotizaron al sistema de salud y seguramente en su juventud no se beneficiaron de esas cotizaciones.

References: artículo 1
 artículo 50
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 29