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Timestamp: 2017-03-28 11:58:29+00:00

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SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2011
CC SC 937 de 2011
Selección de educadores para grupos étnicos. Ley 115 de 1994, "por la cual se expide la Ley General de Educación"; Art. 62 (parcial) : Inepta demanda
CC SC 936 de 2011
¿El establecimiento de una Junta Técnica Científica de Pares de la Superintendencia Nacional de Salud que debe emitir un concepto sobre la pertinencia médica y científica de la prestación ordenada por el profesional de la salud tratante no prevista en el Plan de Beneficios, negada o aceptada por el Comité Técnico-Científico de la Entidad Promotora de Salud, en un plazo de siete días calendario, vulnera el principio de eficiencia contenido en el artículo 48 de la Constitución y el derecho fundamental a la salud desarrollado en el artículo 49 superior? La Corte encontró que se trata de un órgano de control que tiene como objetivo verificar desde el punto de vista médico y científico, la validez de las órdenes médicas de prestaciones excluidas de los planes de beneficios, bien sea que hayan sido negadas o aprobadas por los CTC de las EPS, con el fin de velar por el buen uso de los recursos del sistema. Sin embargo la Corte estimó que las dificultades constitucionales del precepto pueden ser remediadas mediante la modulación del fallo, con el fin de precisar el alcance de la disposición y ajustarla a los mandatos superiores. En consecuencia, la Corte procedió a declarar la exequibilidad del artículo 27 de la Ley 1438 de 2010, (i) en el entendido de que en los casos en los que el médico tratante indique que existe una urgencia en los términos antes señalados, el suministro de los servicios y-o medicamentos excluidos de los planes de beneficios no deberá supeditarse ni a la aprobación del CTC de la respectiva EPS ni al de la JTCP de la Superintendencia Nacional de Salud, por las razones expuestas en esta providencia; (ii) en el entendido de que en los demás casos, es decir cuando no existe urgencia ni el CTC autorizó la prestación, si no se cumple el término perentorio de siete días previsto por la disposición censurada para que la JTCP emita su concepto, el servicio deberá prestarse de manera inmediata por la correspondiente EPS; y (iii) en el entendido de que la revisión de la JTCP no suspende las autorizaciones de los CTC de servicios no previstos en los planes de beneficios, de forma que las EPS deben suministrarlos de forma inmediata. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 27 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 914 de 2011
Existencia de cosa juzgada respecto de la exequibilidad de la derogación de las normas que establecían un incentivo económico para el actor de las acciones populares. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo"
CC SC 913 de 2011
Es inexequible el trato diferenciado para que el contribuyente nacional - según su participación -tenga derecho al descuento tributario por impuestos pagados en el exterior. El sistema fiscal, para efectos de crear, modificar, ampliar o restringir gravámenes o beneficios tributarios, debe consultar la capacidad económica de los contribuyentes. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 46, Lit. c) (Mod. el Art. 254 del ET) : Apartes INEXEQUIBLES
CC SC 912 de 2011
¿La exigencia de asociarse en una sociedad de gestión colectiva para obtener la remuneración de sus derechos de autor y derechos conexos de los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales, entraña una forma de constreñimiento del artista en su libertad de elegir el procedimiento para la defensa de sus derechos y, por ende, desconoce el derecho de libre asociación consagrado en el artículo 38 de la Carta Política? El contenido normativo acusado ha de entenderse de conformidad con el artículo 38 de la Constitución, en el sentido de que reguló el cobro de derechos de remuneración derivados de obras audiovisuales a través de sociedades de gestión colectiva, sin perjuicio de que los intérpretes y ejecutantes puedan hacerlos a través de otras formas de asociación o de manera individual. Ley 1403 de 2010, "por medio la cual se adiciona la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey""; Art. 1 (Mod. el Art. 168 de la Ley 23 de 1982) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 911 de 2011
Derogación de incentivos económicos por la instauración de las acciones populares. Exequible por vicios de trámite y sobre el cargo por vulneración al principio de igualdad. Cosa juzgada en relación a los demás cargos. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998-Acciones Populares y Grupo"
CC SC 904 de 2011
El artículo demandado - cesión gratuita de bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional - no viola el principio de unidad de materia. La jurisprudencia ha precisado que el principio de unidad de materia se respeta cuando existe conexidad temática, teleológica, causal o sistemática entre la norma acusada y la ley que la contiene. Ley 708 de 2001, "por la cual se establecen normas relacionadas con el Subsidio Familiar para Vivienda de Interés Social y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 : exequible
CC SC 903 de 2011
¿La norma acusada desconoce la autonomía de las entidades territoriales para la regulación de los tributos propios de dichos entes, como el impuesto predial, en tanto dispone un nuevo sujeto pasivo responsable del pago de dichos tributos, en este caso concesionarios de inmuebles públicos, respecto de dichos bienes? Si bien las entidades territoriales tienen derechos análogos a los de propiedad privada en relación con recursos endógenos -de fuentes externas- carecen de soberanía fiscal. Esto significa que el legislador, de acuerdo con sus competencias constitucionales, tiene facultad de regular los aspectos generales de estos ingresos, disposiciones que sirven de marco para el desarrollo normativo, éste sí específico, del que se encargan las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales. De esta manera, para que los órganos de representación popular de las entidades territoriales puedan regular sus fuentes tributarias endógenas, debe existir una ley que faculte a dichos entes para la imposición del tributo territorial correspondiente y determine los lineamientos generales que deben tener en cuenta dichos organismos para la fijación de los elementos esenciales y específicos del tributo. Al mismo tiempo, existen unas limitaciones constitucionales al legislador en materia de tributos de las entidades territoriales, en cuanto no tiene competencia para: (i) regular aspectos particulares del tributo y, en especial, su administración y recaudo; y (ii) disponer sobre su destinación, salvo en lo previsto en el artículo 362 de la Constitución, habida consideración que las entidades territoriales tienen derecho de propiedad de esos recursos, según lo ha explicado la jurisprudencia que interpreta el alcance del artículo 287-3 de la Carta Política. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 (parcial) : exequible
CC SC 902 de 2011
¿La derogatoria de los incentivos económicos para las acciones populares, se debió tramitar bajo ley estatutaria? En criterio del actor los derechos colectivos son a la vez derechos fundamentales, y las acciones populares son mecanismos de participación ciudadana, de modo que al eliminar los incentivos económicos consagró graves restricciones o limitaciones a su ejercicio, lo que sólo podía ser regulado mediante ley estatutaria y no a través de una ley ordinaria, como finalmente ocurrió. La cláusula de reserva de ley estatutaria y su alcance en la jurisprudencia constitucional - La cláusula de reserva de ley estatutaria debe interpretarse de manera restrictiva. La acción popular "es un derecho político, constitucional y fundamental, basado en los principios de autogobierno democrático, libertad individual y solidaridad, que tiene como propósito principal asegurar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos". Ello se explica en la medida en que corresponde a un derecho instrumental, relacionado con el modelo de Estado. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998-Acciones Populares y Grupo". Exequible
CC SC 901 de 2011
La derogatoria de la vigencia diferida de la prohibición de vincular personal misional permanente mediante cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, debe entenderse con independencia de si el personal requerido hace parte de una "institución y-o empresa pública y-o privada ". Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 103, Par : Inepta demanda por carencia actual de objeto
CC SC 900 de 2011
¿Al establecerse como una de las obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud, la de garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, se desconoce la autonomía personal (art. 16 C.P.), la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y el debido proceso (art. 29 C.P.). Lo anterior, cuando no sea posible obtener autorización del representante legal, ya sea por imposibilidad fáctica de obtenerlo o cuando éste no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en principio, corresponde a quienes ejercen la patria potestad prestar su consentimiento para la práctica de las distintas intervenciones quirúrgicas o tratamientos terapéuticos indispensables para la recuperación o rehabilitación de un estado patológico, a través del denominado consentimiento sustituto. No obstante, esta facultad no es absoluta y por el contrario debe garantizar (i) que la opinión del niño sea consultada, de acuerdo a su edad y madurez y (ii) bajo ciertas circunstancias resulta indispensable el consentimiento informado del menor de 18 años, en aras de salvaguardar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la proyección de su identidad y en últimas, la vida digna, especialmente en aquellos procedimientos invasivos y definitivos. Es decir, que las reglas sobre capacidad consagradas en la legislación civil no son trasladables para determinar la plausibilidad del consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en relación con las intervenciones médicas. El numeral 6 del artículo 46 de la Ley 1098 de 2006 excepciona esa necesidad de consentimiento informado del paciente o de su representante legal en los casos en que se encuentre en peligro inminente la vida de un niño, niña o adolescente, restricción que a juicio de la Corte se encuentra plenamente justificada. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Art. 46, Num. 6 : exequible
CC SC 899 de 2011
Al incluir la norma demandada como destinatarios del mismo a los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, ¿se desconoció la competencia de la Procuraduría General de la Nación, al conferir a los Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura para facultad para investigarlos y sancionarlos? ¿esa potestad resulta contraria al principio "non bis in ídem" porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2001) y el de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado? Una cosa es la competencia para investigar e imponer las sanciones disciplinarias a los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas "por infracción del deber funcional", la cual está asignada de manera preferente al Procurador General de la Nación en el artículo 277, numeral 6 de la Constitución y se cumple por lo general, por intermedio de sus delegados y las oficinas de control interno disciplinario. Y otra, la competencia para imponer sanciones por violación de la normatividad que rige la profesión de abogado. Tampoco prosperó el cargo por violación de la prohibición de non bis in ídem, por cuanto a juicio de la Corte, el inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 debe interpretarse en el sentido según el cual, los abogados que en su condición de servidores públicos deban ejercer la profesión, deben ser disciplinados por las faltas que lleguen a cometer en su ejercicio, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se desprenda por la infracción de sus deberes funcionales. La posibilidad de investigar disciplinariamente y éticamente a un servidor público o a un particular que desempeñe función pública, que ejerza plenamente su profesión de abogado en desarrollo del vínculo de sujeción con el Estado, responde a objetivos diversos y por lo mismo, no desconoce la prohibición del doble juzgamiento consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 19 (parcial) : EXEQUIBLE
CC SC 898 de 2011
La exigencia de título de abogado o título profesional en disciplinas económicas, administrativas o financieras para ser elegido contralor municipal, desconoce el artículo 272 superior, al establecer requisitos no previstos en la Carta Política. Si bien en desarrollo del artículo 150.23 de la Carta, corresponde al Congreso dictar las normas relativas al ejercicio de las funciones públicas, competencia que incorpora la facultad de determinar los requisitos para cada empleo público, no puede fijar un régimen jurídico distinto, cuando el ordenamiento constitucional determina calidades específicas para acceder a un cargo del Estado, como sucede respecto de los contralores municipales. Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 158 (parcial) : INEXEQUIBLE
CC SC 882 de 2011
La reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2009 en cuanto a prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas con el propósito de prevenir y atacar la drogadicción como un problema de salud pública, no requería consulta previa a las comunidades indígenas, ya que en criterio de la Corte las prácticas ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas que involucran la hoja de coca no se enmarcan dentro del ámbito de aplicación del mismo. Acto Legislativo 2 de 2009, "por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política"
CC SC 881 de 2011
¿El que el impedimento que la norma prevé para el juez que niega la solicitud de preclusión, no se hiciese extensivo al fiscal que formuló la fallida solicitud, constituye una omisión legislativa que vulnere las garantías constitucionales consagradas en los artículos 229 y 250 de la Constitución a favor de las víctimas? No concurren los presupuestos necesarios para declarar la inconstitucionalidad por causa de una omisión legislativa relativa, ni se está frente a una disposición legal incompleta que vulnere las garantías constitucionales. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; Art. 335, Inc. 2o. : Exequible
CC SC 880 de 2011
Derogatoria incentivo económico que se reconocía al actor de la acción popular. Cosa juzgada. Ley 1425 de 2010 - "por medio de la cual se derogan se derogan artículos de la Ley 472 de 2010"; Art. 1
CC SC 879 de 2011
¿La facultad que les otorga a las autoridades militares a compeler a los varones mayores de edad para el cumplimiento de la obligación consistente en inscribirse para definir su situación militar, lo que les otorga la potestad de retener a estas personas, configura una vulneración de la reserva judicial de la privación de la libertad personal (art. 28) y de la libertad de locomoción (art. 24)? La expresión compelerlo del Art. 14, resulta ajustada al Art. 28 de la C.P, si se entiende en el sentido de que quien no ha cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente, incorporarlo a filas. En cuanto al literal g) del artículo 41 de la Ley 48 de 1993, la Corte observó que se trata de un supuesto distinto, pues supone que el ciudadano ya se inscribió para definir su situación militar y surtió la mayoría de las etapas previstas en el mismo cuerpo normativo, pues superó las pruebas de aptitud psicofísica y el sorteo y fue citado para concentración e incorporación, pero no asiste en la fecha y hora indicados por las autoridades de reclutamiento. En este caso la expresión "compelidos" no puede ser entendido en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional. Ley 48 de 1993, "por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización"; Art. 14 y 41 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 878 de 2011
Sanción por violación a las condiciones de una exención. ¿Al establecer que podría imponerse una sanción por las actividades de los últimos tres años, la norma acusada establece la aplicación retroactiva de una sanción tributaria o un término de prescripción de la acción fiscalizadora de la Administración? Advirtió la Corte que en efecto, como lo afirma el actor, el inciso final del artículo 8º de la Ley 1430 de 2010 reviste un carácter ambiguo, en la medida que es posible inferir de su tenor literal más de un significado. Por lo tanto debe acogerse la interpretación según la cual la administración contaría con el plazo de tres años siguientes al período en el cual ocurrió o cesó la conducta sancionable descrita en el artículo de la Ley 678 de 2001, para expedir el acto administrativo sancionatorio. A partir de esta interpretación, la norma no estaría indicando que pueda sancionarse conductas acontecidas con anterioridad al 29 de diciembre de 2010, sino que el término máximo con que cuenta la Administración para expedir el acto sancionatorio es de tres años a partir de la verificación de la conducta sancionable, con lo cual se amplía el término de prescripción general de la sanción de dos (2) años a tres (3) para este caso particular. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 8, Inciso 3o. : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 877 de 2011
El que la administración imponga al contribuyente la suscripción de una caución que no sólo cubra el monto del objeto de la devolución, sino que además comprenda aquél de unas eventuales sanciones tributarias viola el principio de buena fe, presumiendo una solicitud amañada? ¿vulnera así mismo la presunción de inocencia en la medida en que se partiría de la responsabilidad, no probada, del contribuyente? Sin lugar a dudas la administración puede imponerle las sanciones correspondientes a aquel contribuyente que, obrando de mala fe, solicite temerariamente la devolución de impuestos a la cual no tiene derecho. Sin embargo, el legislador no puede crear una medida, como lo es la caución objeto de análisis, que parta de suponer que todos los contribuyentes obrarán dolosamente. Tal actuación, no sólo parte de la mala fe sino que conduce a un resultado perverso como lo es desestimular las solicitudes legítimas de devoluciones por la imposibilidad de cancelar tales cauciones.Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad" ; Art. 18 (Mod. el Art. 860 del ET) (parcial) : INEXEQUIBLE
CC SC 876 de 2011
El limitar la tipificación de acceso carnal abusivo o de actos sexuales a menores de 14 años (excluyendo a los mayores de 14 y menores de 18) no vulnera el derecho de igualdad ni los derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución a favor de los menores de edad. De la definición de edad del menor no se colige necesariamente que la protección que el orden jurídico brinde a los menores deba ser idéntica para todos ellos, con prescindencia absoluta de la edad. A juicio de la Corte, la medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aunque no medie coerción, lo cierto es que la capacidad de comprensión de una persona menor de 14 años y su valoración del acto sexual no es adecuada para su edad. Por eso, la ley lo protege, aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no sólo sus derechos sexuales y reproductivos, sino también su libre desarrollo de la personalidad. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Arts. 208, 209 (parciales) : Exequibles
CC SC 875 de 2011
El término de un año fijado para la procedencia del silencio administrativo positivo previsto en la disposición acusada, en donde la Administración pierde la competencia para resolver el recurso interpuesto y el ciudadano que ha recurrido la decisión sancionatoria queda exonerado de la responsabilidad administrativa, no vulnera los postulados de la Constitución de 1991, entre otros, la vigencia de un orden justo, el derecho al debido proceso y los principios que rigen la función pública. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 52 (parcial) : Exequible
CC SC 843 de 2010
Revisión oficiosa del Decreto 2693 de 2010, "por el cual se declara el estado de emergencia social" . Exequible. Para la Corte la declaratoria de emergencia social cumplió con los requisitos fijados por la Constitución y la ley, cuales son: presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el juicio de suficiencia de los medios ordinarios. S.V
CC SC 883 de 2011
La excepción a la regla de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago, para las que efectúe el retenedor que tenga un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT, no configura un trato discriminatorio prohibido por el art. 13 de la Constitución. A su juicio, lo que busca la medida legislativa es minimizar el riesgo para el Estado, relativo a la no recaudación efectiva de recursos provenientes de retención en la fuente, como pago anticipado del tributo futuro, lo cual antes que contrariar, se aviene a los principios de eficiencias tributaria. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 15 (Adic. el Art. 580-1 al ET) (parcial) : Exequible
CC SC 824 de 2011
¿El legislador al calificar de "severas y profundas" las limitaciones de las personas beneficiadas con las medidas de asistencia y protección establecidas en la Ley 361 de 1997, excluyendo a las personas con una discapacidad leve o moderada, vulnera los derechos que la Constitución y los tratados internacionales han otorgado a la población discapacitada en general? Para la Corte, la referencia específica que hace el artículo 1º de la Ley 361 de 1997, a las personas con limitaciones "severas y profundas" no puede tomarse como expresiones excluyentes para todos los artículos que conforman la citada ley. Aclaró que la clasificación del grado de severidad de una limitación (art. 7º, Ley 361\97) no implica la negación y vulneración de un derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de severidad (vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361\97). Más que de discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en estas situaciones debe hablarse de personas que por su estado de salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y que por tanto, requieren de una asistencia y protección especial para permitirle su integración social y su realización personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Ley 361 de 1997, "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (parcial)
CC SC 823 de 2011
¿Es inconstitucional el que la norma no hubiese definido como financiera la actividad de prestación de servicios postales de pago, y regularla de conformidad? El legislador podía legítimamente no definir a la prestación del servicio postal de pago como una actividad financiera. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, y de la regulación de las distintas actividades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, no se trata de actividades financieras, o que constituya una simple provisión de un servicio de transporte, puesto que está atada a la garantía y la eficacia de un derecho fundamental, cual es el derecho a la correspondencia y a su privacidad. Los servicios postales de pago no se confunden materialmente con las actividades financieras, lo que no obsta para advertir que, dada la tecnificación de las comunicaciones, el mecanismo a través del cual operan los giros postales y los giros bancarios sea probablemente el mismo, un mecanismo electrónico, siendo esta, de momento, la única real similitud que se percibe entre las dos instituciones. ¿La adición de otros servicios postales que puedan ser clasificados como tales en el futuro por la Unión Postal Universal, desconoce los principios constitucionales? La obligación de reglamentar servicios postales reconocidos por la Unión Postal Universal, pero incluidos en tratados no ratificados por Colombia, solo surge a partir del momento en que el Estado colombiano exprese su consentimiento para obligarse. No obstante, ello no impide que un Estado, sea o no parte de la Unión Postal Universal, pueda utilizar la experiencia o recomendaciones no vinculantes de ese organismo internacional para orientar su propia legislación nacional. Ley 1369 de 2009, "por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones"; Arts. 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 11, 12 (parcial), 18 (parcial), 20 (parcial) y 22 : Exequibles. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 4 (parcial) y 22
CC SC 822 de 2011
El establecimiento de nuevos sujetos pasivos del Impuesto Predial y de la Contribución por Valorización, no desconoció los principios de legalidad y equidad tributaria. Tampoco se incurrió en errores de trámite en la aprobación del texto demandado. En cuanto a la falta de certeza en la definición legal de los elementos del tributo, establece la Corte que ésta solo conduce a la inexequibilidad de disposiciones tributarias cuando la falta de claridad sea "insuperable", que obedezca a la oscuridad invencible del texto legal que no hace posible encontrar una interpretación razonable sobre cuáles puedan ser en definitiva tales elementos. Lo que hizo el legislador en desarrollo de su potestad tributaria, fue ampliar los sujetos pasivos de dichos tributos, cuyos elementos ya estaban preestablecidos en disposiciones anteriores. La valorización comparte con el impuesto predial la característica de que la definición de los sujetos pasivos y hechos generadores no está limitada por la Constitución; por tanto, el legislador puede establecer otras formas de relación con el bien como susceptibles del gravamen. Por último en materia tributaria no es posible hablar de derechos adquiridos de los administrados. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 54 : Exequible
CC SC 821 de 2011
Inexequible Proyecto de ley No. 91 de 2010 - Senado y 63 de 2009 - Cámara "Por la cual se modifica la ley 860 de 2003 que se refiere al régimen de pensión de vejez por exposición de alto riesgo y se dictan otras disposiciones" por incurrir el Congreso de la República en vicios de trámite de carácter insubsanable - Reserva de iniciativa gubernamental
CC SC 820 de 2011
La opción de que las excepciones de cosa juzgada, y prescripción sean alegadas en el proceso laboral como previas o como de fondo, y que como consecuencia de ello, sólo en el último evento el demandante pueda controvertirlas en sede de casación, no contraviene los principios del orden justo, el debido proceso, y el igual acceso a la justicia. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Art. 32 (parcial)
CC SC 819 de 2011
Inepta demanda contra el numeral 4o. del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía"
CC SC 818 de 2011
¿La regulación sobre el derecho de petición, contenida en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, vulnera la reserva estatutaria? e ¿igual violación desconoce la derogatoria del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, consagrada en el artículo 309? La regulación del derecho de petición incluida en el Título II, debió tramitarse como ley estatutaria. Fallo diferido hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que se surta el trámite de la ley estatutaria del derecho de petición, que supla el vacío que produce la derogatoria. En relación con la derogatoria del artículo 73, si bien deroga una norma consagrada en una ley estatutaria, su contenido es propio de las competencias ordinarias del legislador, razón por la cual su modificación no requería dicho trámite. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" Arts. 13 a 33 : INEXEQUIBLES. Art. 309 (parcial) : Exequible. Inepta demanda en relación con el Art. 10
CC SC 817 de 2011
Inexequible Ley 1402 de 2010, "por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima". Ley de honores no puede desconocer la neutralidad del estado en materia religiosa. El deber de neutralidad conlleva para el Estado una serie de prohibiciones, a saber: (i) establecer una religión o iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Esto implica que el Estado puede válidamente asociarse con fenómenos con contenido religioso, a condición que pueda predicarse un contenido secular principal y verificable
CC SC 816 de 2011
¿La aplicación extensiva de las sentencias de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado que reconocen un derecho a quienes se hallen en la misma situación fáctica y jurídica resuelta en ella, vulnera el sistema de fuentes del Derecho previsto en el artículo 230 de la Constitución Política, al desconocer el carácter de criterio auxiliar de interpretación? y ¿El artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, en lo demandado, desconoce el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4º de la Constitución y las competencias que el artículo 241 de la Carta Política le confiere a la Corte Constitucional, configurándose una inconstitucionalidad por omisión del legislador? Mientras la jurisprudencia de juzgados y tribunales es criterio auxiliar de interpretación en el ejercicio de la función judicial, las sentencias de los órganos judiciales de cierre y unificación de las diferentes jurisdicciones, además del valor de cosa juzgada propio de ellas frente al caso sub judice, posee fuerza vinculante como precedente respecto de posteriores decisiones judiciales que examinen casos similares, sin perjuicio de la posibilidad de apartamiento e inaplicación del mismo que tiene el juez, a partir de argumentaciones explícitas al respecto. Y tal fuerza vinculante del precedente de las denominadas altas cortes puede ser extendida a la autoridad administrativa por el Legislador. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 102, Incisos 1o. y 7o. : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 807 de 2011
Expedición de copias judiciales. Inepta demanda en relación con el numeral 5 del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil
CC SC 792 de 2011
Revisión de la Ley 1442 de 2011, aprobatoria del "Acuerdo relativo a los servicios postales de pago"
CC SC 791 de 2011
La Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", no requería ser tramitada como ley estatutaria. La Corte estableció que cuando la ley actualiza o configura el contenido del derecho fundamental y precisa sus elementos estructurales, los aspectos inherentes a su ejercicio y los elementos que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido, debe ser expedida por el procedimiento legislativo más exigente previsto en el artículo 153 de la Constitución. Por el contrario, cuando la ley tenga como cometido armonizar o ponderar derechos, deberá ser tramitada por procedimientos ordinarios. Exequible
CC SC 790 de 2011
Censura el accionante las reglas del contrato de cuentas en participación del Código de Comercio, referidas a la reputación del gestor como único dueño del negocio, al ocultamiento de los partícipes no gestores y a la limitación de su responsabilidad frente a terceros, por vulnerar el interés general, las funciones pública y administrativa y la libertad de competencia de mercado, que protege la carta política. La sola existencia de los partícipes y sus especiales calidades, no constituyen razón válida ni suficiente para presumir la supuesta ocurrencia de conductas indebidas o ilícitas alrededor, por ejemplo, de la contratación estatal en la que llegaren a intervenir, en cuanto que esta modalidad pública es autónoma, tiene sus normas y controles, a los que debe hacer frente el partícipe gestor, en materia de obligaciones, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, etc., siendo entonces inane la no revelación del participe no gestor o inactivo.Código de Comercio; Arts. 510 y 511 (parciales) : Exequibles
CC SC 789 de 2011
La conversión de la "Bonificación por Compensación" en factor salarial para el personal de la Fuerza Pública en servicio activo y su extensión a la liquidación del personal retirado con asignación de retiro o pensión, no vulneran el principio de progresividad en seguridad social, ni los derechos adquiridos. Ley 420 de 1998, "por la cual se adicionan unos artículos a los Decretos leyes 1211, 1212, 1213 de 1990 y el Decreto 1091 de 1995; Art. 1 (parcial) : Exequible
CC SC 788 de 2011
Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia", y de la Ley 1441 del 23 de febrero de 2011, por medio de la cual fue aprobado. Exequibles
TRATADOS Y OTROS ACTOS INTERNACIONALES
CC SC 787 de 2011
Estarse a lo resuelto, revisión previa de norma estatutaria. Ley 1285 de 2009, "por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia"; Art. 23 (Adiciona el Art. 209A a la Ley 270 de 1996
CC SC 748 de 2011
Análisis constitucional previo al Proyecto de Ley Estatutaria número 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"
CC SC 747 de 2011
¿La inclusión del presupuesto de ingresos y gastos de la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro del presupuesto de los establecimientos públicos del orden nacional, en el capítulo de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación, vulnera la autonomía de la Comisión, al ser sometido, según el demandante, a las limitaciones propias de tales establecimientos, pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público?; y ¿La exigencia de un certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Dirección General del Presupuesto público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adicional al certificado de disponibilidad presupuestal emanado de la entidad pública obligada, como requisito previo para iniciar los trámites ante la Comisión Nacional del Servicio Civil con miras a proveer cargos de carrera mediante concurso, vulnera el principio del mérito para ello, en cuanto a la celeridad, oportunidad y eficacia con que se deben adelantar los concursos públicos y el ejercicio de las funciones de administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos? En primer lugar, la ley de presupuesto tiene un contenido puramente instrumental, pues su finalidad no es otra que permitir una adecuada ejecución del mismo, sin que implique el desconocimiento de la naturaleza y las funciones de los órganos y entidades públicas cuyas partidas se incluyen en dicha ley. En cuanto al requisito de obtener un certificado de viabilidad presupuestal antes de adelantarse un concurso de méritos para proveer un cargo público, este sí constituye un obstáculo innecesario y contradictorio frente a lo previsto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1420 de 2010 y de las funciones públicas en cabeza de la Comisión Nacional del Servicio Civil; además comporta una trasgresión de la autonomía jurídica y financiera de que goza esta entidad. Arts 1 y 3 (parciales) : Exequibles; Art. 14, Inciso 2o. : INEXEQUIBLE
CC SC 746 de 2011
¿La exigencia de que la separación de cuerpos deba haber perdurado por más de dos (2) años para que se configure la causal de divorcio, constituye una vulneración del derecho a la autonomía personal consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política, al establecer un límite al derecho a la libre escogencia del estado civil, imponiendo la continuación del vínculo matrimonial sin poder contraer uno nuevo hasta que transcurra ese lapso? La limitación legal establecida en la disposición demandada constituye un desarrollo de la potestad regulatoria confiada al legislador en el artículo 42 de la Constitución. A su juicio, la prolongación por más de dos años de la separación de cuerpos para erigirse en causal de divorcio, apunta a la defensa del matrimonio de las crisis coyunturales que naturalmente lo rodean, disponiendo que la separación de cuerpos sea una oportunidad de reflexión de la decisión definitiva de disolución del vínculo y a la vez, un tiempo de preparación de los efectos que apareja un virtual divorcio respecto de los hijos, de los bienes sociales, de terceros y de los propios cónyuges, esto es, de la institución familiar que la Constitución privilegia como "núcleo fundamental de la sociedad". Se trata de una restricción temporal, dirigida a la protección de la unidad familiar, sin negar ni menoscabar el derecho de autodeterminación personal. Código Civil; Art. 154, Num. 8 (parcial) : Exequible
CC SC 732 de 2011
Inepta demanda al encontrarse expresamente derogado el parágrafo demandado que difería la prohibición de la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. Ley 1429 de 2010, "por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo; Art. 63, Par.
CC SC 731 de 2011
Ley 1184 de 2008, "por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones" Inepta demanda
CC SC 730 de 2011
¿En el proceso de formación de la Ley 1425 de 2010, la integración de la Comisión Accidental de Conciliación con el senador Juan Carlos Restrepo Escobar vulnera los artículos 29 y 161 de la Constitución y los artículos 186 y 187 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992), que exigen que los integrantes de una comisión de conciliación pertenezcan a las respectivas comisiones permanentes en donde se haya discutido en primer debate el proyecto de ley? No se configuró la irregularidad alegada. Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo". Exequible
CC SC 689 de 2011
¿Desconocen el principio de autonomía propio de las corporaciones autónomas regionales (art. 150, num. 7 C.P.), las normas legales que establecen la naturaleza jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la forma de elección de su director ejecutivo, el sometimiento a la aprobación del Presidente de la República de sus estatutos, la exigencia de concepto previo del ministerio sectorial competente para la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Regalías y la atribución al Departamento Nacional de Planeación para ejercer el control y vigilancia de la correcta utilización de dichos recursos.? Si bien es cierto que la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena es una entidad creada directamente por el Constituyente en el artículo 331 superior, también lo es que su organización y fuentes de financiación corresponde configurarlas al legislador, con fundamento en el mismo precepto constitucional que remite expresamente a la ley la regulación de estos aspectos, así como la definición a favor de los municipios ribereños de un tratamiento especial en la asignación de regalías y en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación. La jurisprudencia constitucional ha señalado que por su creación y naturaleza constitucional la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena es una entidad constitucional autónoma e independiente, pero no constituye una entidad territorial, a pesar de que su creación se encuentre contenida dentro del título XI de la Carta, sobre organización territorial. Ley 161 de 1994, "por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones "; Arts. 1, 12 y 15 (parciales). Ley 141 de 1994, "por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones"; Art. 30 (parcial). : EXEQUIBLES. Decreto 111 De 1996, "por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"; Art. 4 . : Cosa juzgada
CC SC 688 de 2011
CC SC 687 de 2011
CC SC 686 de 2011
¿Al prescribir la entrada en vigencia del beneficio que establece el artículo 16 de la Ley 1429 de 2010, a partir del año 2010 (i) se contraría el artículo 338 de la Constitución, a cuyo tenor las leyes que regulen contribuciones en las cuales la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley y (ii) si se desconoce el artículo 363 superior, de conformidad con el cual, las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad? La irretroactividad no se predica de disposiciones tributarias que resulten más benéficas para el contribuyente. No se trata de una aplicación retroactiva, sino retrospectiva. La Corte dilucidó la controversia suscitada en torno a si ese beneficio cobijaba los apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado a título de capital semilla durante todo el año gravable 2010 o sólo los apoyos entregados durante el 29, 30 y 31 de diciembre de esta anualidad, teniendo en cuenta la fecha de publicación de la Ley 1429 de 2010. Al respecto, precisó que dicho beneficio se predica de todo el período fiscal, esto es, al capital semilla no reembolsable que se haya entregado durante el año 2010. Ley 1429 de 2010, "por medio de la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo"; Art. 16, Parágrafo transitorio : Exequible
CC SC 685 de 2011
¿Son inconstitucionales las Leyes 1373, 1375, 1277, 1378, 1380 de 2010 por vicio de trámite al no haber sido publicado el Decreto 4906 de 2009, mediante el cual el Gobierno nacional convocó al Congreso a las sesiones extraordinarias en las cuales se votaron y aprobaron? Para la Corte no solo son inconstitucionales sino que el vicio es insubsanable. Ley 1373 de 2010, "Por la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población colombiana, objeto de la misma y se actualiza el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)". Ley 1375 de 2010, "por la cual se establece las tasas para la prestación de servicios a través del Sistema Nacional de Identificación y de Información del Ganado Bovino, Sinigán". Ley 1377 de 2010, "por medio de la cual se reglamenta la actividad de reforestación comercial". Ley 1378 de 2010, "por la cual se regula la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales en lo correspondiente al descuento del impuesto para los productores oficiales". Ley 1380 de 2010, "Por la cual se establece el Régimen de insolvencia para la persona natural No comerciante"
CC SC 679 de 2011
¿La facultad otorgada a las autoridades de las entidades territoriales, en relación con la asignación de funciones a los docentes directivos desconoce el artículo 122 de la Constitución, en la medida que les estaría confiriendo potestad reglamentaria reservada a las autoridades nacionales? En cuanto al vocablo reglamento empleado en el inciso primero del artículo 122 de la Constitución, la jurisprudencia ha precisado que se refiere no sólo a los decretos reglamentarios que corresponde expedir al Presidente como atribución constitucional propia, sino también a una serie de actos de diversas formas: resoluciones, circulares, instrucciones, órdenes, etc. provenientes de las autoridades administrativas jerárquicamente inferiores. En este sentido, el reglamento hace alusión a las normas de contenido general, expedidas en desarrollo de una ley preexistente por autoridades en ejercicio de funciones administrativas y no exclusivamente al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional. Ley 715 de 2001, "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"; Art. 39, Inc. 3o.
CC SC 652 de 2011
Delegación asignada al Gobernador de Cundinamarca en relación con reconocimiento y cancelación de personería jurídica, así como funciones de inspección y vigilancia a instituciones de utilidad común que tengan su domicilio en el departamento de Cundinamarca, y en el Distrito Especial de Bogotá. Violación de la reserva de ley orgánica sobre norma expedida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Ley 22 de 1987, "por la cual se asigna una función"; Arts 1 y 2 : Inepta demanda
CC SC 651 de 2011
¿Al no permitirse a las víctimas presentar alegatos antes de que el juez decida sobre la petición de absolución perentoria, vulnera los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8-1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque impediría a la víctimas el ejercicio de sus derechos a ser oídas y a controvertir decisiones adversas y con ello, la realización efectiva a través del proceso penal, de sus derechos a la verdad, justicia y reparación? La Corte advierte que la razón por la que el juez no está obligado a oír a las partes es porque la atipicidad de los hechos que surge después de practicadas las pruebas de la etapa del juicio, es tan palmaria, patente o manifiesta que no tendría sentido continuar con el proceso por razones de eficiencia, eficacia y economía procesal, situación que se acompasa con el papel que la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la víctima del delito como interviniente especial más no parte, según el cual, dependiendo de la etapa procesal podrá participar de manera directa o por intermedio del Fiscal o del Ministerio Público. No la coloca de manera injustificada en una posición de especial desventaja en relación con los actores y demás intervinientes, puesto que ha tenido la oportunidad de intervenir a lo largo de todo el proceso para contribuir en la construcción del expediente, con plenas garantías en defensa de sus derechos y en la etapa del juicio a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, estando el juez obligado, en todo caso, a tomar una decisión con la convicción suficiente que le permita decidir con certeza sobre el asunto materia de controversia, de conformidad con el artículo 372 del C.P.P sobre los fines de la prueba. A lo anterior se agrega que a la víctima, aún le queda la posibilidad de controvertir las decisiones que consideran adversas a sus derechos, como lo reconoció la Corte en la sentencia C-047-06, en la que protegió el derecho de la víctima del delito, permitiéndole impugnar la sentencia absolutoria y en la sentencia C-979-05, en la que garantizó su derecho a solicitar la revisión extraordinaria de las sentencias condenatorias en procesos por violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando una instancia internacional haya concluido que dicha condena es aparente e irrisoria. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 442 (parcial) : Exequible
¿La posibilidad prevista en la disposición acusada, de que las precooperativas y las cooperativas de trabajo asociado en los casos excepcionales en que tengan trabajadores, puedan retribuir a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, (i) resulta contraria a los preceptos constitucionales que protegen al trabajo en todas sus modalidades y garantizan el derecho de asociación y la autonomía privada; (ii) si esa alternativa vulnera el derecho a la igualdad; (iii) si desconoce el mandato constitucional de promoción del sector solidario y se opone al postulado de la buena fe? La remisión que la expresión acusada del artículo 63 de la ley 1429 de 2010 hace al Código Sustantivo del Trabajo para determinar la retribución de los trabajadores asociados, con la naturaleza de las Cooperativas de Trabajo Asociado de las que forman parte, conduce a la conclusión de que la compensación que en dichas cooperativas reciban los trabajadores asociados por las labores realizadas, debe estar prevista de manera tal que, respetando la naturaleza asociativa y solidaria de esa modalidad de trabajo, resulte equivalente en condiciones a las que se han previsto para la retribución, en aspectos tales como el salario mínimo, el principio de a trabajo igual, salario igual; el porcentaje del salario que se puede pagar en especie; las horas extras y el recargo nocturno o el descanso remunerado y las vacaciones. Agregó que ante las ambigüedades que para lograr esa armonización, surgen de la ley, es preciso que las cooperativas, en ejercicio de su autonomía, adecuen su régimen interno para acogerse a esa nueva realidad y lo propio debe acontecer con el marco regulatorio estatal, en orden a permitir que se realice esa equivalencia de prestaciones entre las dos modalidades de trabajo, en función del mínimo de garantías previsto en el Código Sustantivo del Trabajo. Ley 1429 de 2010, "por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo"; Art. 63 (parcial) : exequible en los términos de la sentencia
¿Debió la ley que regula el arancel judicial ser tramitada bajo trámite de ley estatutaria? Que la administración de justicia sea desarrollada por el legislador a través de una ley estatutaria, no implica que absolutamente todas las situaciones puntuales relacionadas con esta materia deban desarrollarse siguiendo este procedimiento calificado. Sólo en la medida que la regulación legal toque con la estructura básica de la administración de justicia, con sus principios fundamentales o aspectos que le sean sustanciales como rama del poder público, requerirá sujetarse al trámite especial de una ley estatutaria. Ley 1394 de 2010, "por la cual se regula un arancel judicial ": Exequible. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 3 y 12
Las autoridades administrativas deben tener en cuenta en la adopción de sus decisiones no solo las reglas de derecho expresadas por las sentencias de unificación que adopte el Consejo de Estado, sino también, y de manera preferente, a la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad abstracto y concreto. La Corte observó que este precepto reconoce una fuente de derecho particular, que debe hacer parte del análisis para la adopción de decisiones, a la cual el legislador le reconoce carácter vinculante mas no obligatorio, pues la disposición alude a que el precedente debe ser consultado, pero no aplicado coactivamente. Indicó que las autoridades a las que hace referencia son aquellas que ejercen función administrativa, con exclusión de la competencia jurisdiccional. Para estas autoridades no es aplicable el principio de autonomía o independencia válido para los jueces (art. 230 C.P.). Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 10 : CONDICVIONALMENTE exequible
Revisión de constitucionalidad de la la Ley 1440 de 2011, mediante la cual se aprobó el "Tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas", hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008 : Exequible
¿El legislador, al incluir las medidas compensatorias dentro del régimen sancionatorio ambiental y asignarle a las autoridades administrativas la competencia para adoptarlas, desconoció las garantías de non bis in ídem, legalidad de la sanción y reserva de ley, así como también, el principio de separación de poderes? En concreto, el régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009, hace referencia a tres tipos de medidas: preventivas, sancionatorias y compensatorias. Contrariamente a la pretensión de atribuirles a las preventivas y compensatorias la naturaleza de verdaderas medidas sancionatorias y por esta vía, imputarles el presunto desconocimiento de algunas de las garantías que conforman el debido proceso, la Corte ha señalado que la naturaleza jurídica de las medidas adoptadas en materia ambiental, lo determina la finalidad perseguida con las mismas, esto es, los objetivos y propósitos que con ellas se pretendan satisfacer y no su gravedad o nivel de intensidad, ni tampoco las consecuencias que de ellas se pudieran derivar. El daño ambiental da lugar a la afectación de dos tipos de intereses: los personales, relacionados con la reparación a favor de las personas afectadas en sus derechos y patrimonio y los naturales, concernientes a la compensación o restauración de la naturaleza, de suerte que se mantenga y regeneren sus ciclos vitales. Teniendo en cuenta el componente tecnológico e incluso científico que identifica el manejo medio ambiental, la medida compensatoria a adoptar sólo puede determinarse una vez se establezca la clase y magnitud del daño sufrido por el ecosistema en cada situación particular y concreta. Por ello, la naturaleza, alcance y tipo de medida, corresponde definirlo a la entidad técnica ambiental de acuerdo a la evaluación que haga de cada daño, lo cual asegura que resulte equilibrada y coherente y permita cumplir el objetivo de restituir in natura el valor del activo natural afectado. Ley 1333 de 2009, "por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"; Arts. 31 y 40, Par. 1 y 2 : Exequibles
Ley 1425 de 2010, "por medio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares y Grupo" : Cosa juzgada
El que la norma demandada establezca que sólo a partir del tercer año los trabajadores vinculados a empresas formadas al amparo de la Ley 1429 de 2010, tendrán derecho a la cuota monetaria de subsidio, vulnera el derecho a la igualdad en relación con los demás trabajadores? ¿La falta de reconocimiento de la cuota monetaria vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, y al trabajo en condiciones dignas y justas si se entiende que el subsidio familiar es un derecho mínimo, cierto e indiscutible de los trabajadores? ¿Es regresivo el contenido demandado y por lo tanto violatorio de la Constitución? Para la Corte el trato diferenciado que alega el demandante tiene origen en la regulación diferente del aporte de los empleadores a las cajas de compensación y por ende, del pago de la cuota monetaria para los trabajadores de dichas empresas. El límite temporal preestablecido por el legislador y el límite subjetivo respecto de los empleadores a quienes beneficia, sirven para desestimar los cargos relacionados con la afectación del derecho al mínimo vital de los trabajadores y de su grupo familiar, así como los cargos. Algunos intervinientes ponen en tela de juicio que la progresividad en el pago de la cuota monetaria del subsidio familiar sea una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales pues puede ser entendida desde diversas perspectivas, precisamente como una medida dirigida a generar empleo formal o como una medida que temporalmente reduce las garantías sociales de cierto grupo de trabajadores. Empero si se adopta la perspectiva de que disminuye las garantías sociales de los trabajadores, en todo caso supera el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional. Ley 1429 de 2010, "por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo"; Art. 5 : Exequible. S.V
CC SC 620 de 2011
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1418 del 1o. de diciembre de 2010, por medio de la cual se aprueba "la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 : Exequible
CC SC 619 de 2011
¿El que sólo sea obligatorio para los conductores involucrados en accidentes de tránsito acudir a la prueba de alcoholemia y no lo sea para los peatones igualmente involucrados, vulnera el principio constitucional de igualdad, en tanto el legislador omitió injustificadamente incluir a los últimos como sujetos de dicha obligación? La Corte advirtió que los términos de tal procedimiento son consecuencia lógica de la prohibición genérica de conducir bajo los efectos del alcohol (art. 26 de la Ley 769 de 2002). En este orden, como quiera que está prohibido conducir en estado de embriaguez, la obligatoriedad de enviar a los conductores en caso de accidente a la prueba de alcoholemia, se presenta como el curso de acción coherente. Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones": Art. 149 (parcial) : Exequible
CC SC 600 de 2011
Existencia de una omisión legislativa relativa que vulnera el derecho a la igualdad, al no incluir dentro de las causales de recusación de los magistrados, jueces y conjueces demandadas al compañero o compañera permanente y a los parientes en primero grado civil. La Corte reiteró que desde múltiples perspectivas el matrimonio y la unión marital son dos opciones vitales igualmente protegidas por la Constitución, pero distinguibles en razón de su conformación y efectos jurídicos. En estas condiciones, ha señalado la Corte que el trato diferenciado entre uno y otra, siempre que sea razonable y proporcionado, resulta no sólo constitucional sino necesario, pues, una regulación idéntica, equivaldría a desconocer las diferencias entre las dos instituciones e incluso podría implicar anular una de las dos opciones constitucionalmente protegidas, con que cuentan los ciudadanos para conformar una familia. Sin embargo, y pese a las diferencias anotadas, la jurisprudencia ha precisado igualmente que existe una equivalencia sustancial entre el matrimonio y unión marital de hecho: las dos instituciones dan origen a una familia y desde este punto de vista, merecen igual protección constitucional. Al mismo tiempo, ha reconocido que en ambos tipos de uniones surgen entre sus integrantes vínculos morales y afectivos que se estructuran en virtud de la comunidad de vida permanente y singular que las caracteriza. Código de Procedimiento Civil; Art. 150, Nums. 7, 8, 10, 11, 13 y 14 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 599 de 2011
¿Establecer en cabeza de la Contraloría General de la República el control fiscal del Fondo de Bienestar Social de ese mismo organismo de control, vulnera el artículo 274 de la Constitución Política, por contrariar los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que rigen el control fiscal, así como la competencia constitucional del Auditor General para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República? El control fiscal del Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República debe estar a cargo de la Auditoría General. Decreto 267 de 2000, "por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece una estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; Art. 81 : INEXEQUIBLE
CC SC 598 de 2011
Obligación de aportar las pruebas que las partes tengan en su poder so pena de no poderlas presentar en el proceso judicial, en el evento de que fracase la etapa conciliatoria, vulnera los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso. En la medida en que la conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos en donde prima la libre voluntad de las partes, resulta desproporcionado crear una sanción por inobservar la carga que impone el precepto acusado. Tampoco vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia la inadmisión de la solicitud de conciliación en materia contencioso administrativa por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y el reglamento ya que esto contribuye a darle seriedad en el acceso a este mecanismo y permite tanto a la parte convocada como al conciliador tener los elementos suficientes para determinar si la parte que cita realmente le asiste una pretensión legítima a partir de la cual se puedan proponer fórmulas de arreglo que permitan arribar a una conciliación que haga innecesaria la activación de la justicia formal. Advirtió que ninguno de los requerimientos establecidos en el Decreto 1716 de 2009 para la petición de conciliación extrajudicial, se convierte en una exigencia excesiva para quienes pretenden acudir ante la jurisdicción contenciosa. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 52, Par. 2o. : Exequible, salvo aparte INEXEQUIBLE, Par. 3o. : Exequible (Mod el Art. 35 de la ley 640 de 2001)
CC SC 587 de 2011
Inepta demanda sobre el artículo 242 - Actuación de agentes encubiertos - de la Ley 906 de 2004
CC SC 577 de 2011
¿Con base en el derecho a la igualdad, debe permitirse el matrimonio de las parejas del mismo sexo? Familia, no existe un solo modelo de ésta. Matrimonio como una de las formas de constituir una familia, aparece ligado a la pareja heterosexual, sin que ello implique una exclusión absoluta de la posibilidad de que el legislador regule la manera cómo formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre las parejas del mismo sexo que libremente quieran hacerlo, reservándose la libertad de asignarle el nombre que quiera darle a dicho vínculo. Aunque los demandantes insisten en la equiparación absoluta, la Corte consideró que en esta materia el legislador debe tener en cuenta toda una serie de cuestiones y de relaciones jurídicas que surgen de las distintas modalidades de vínculos familiares, para diseñar la forma institucional a la que podrán acudir las parejas integradas por personas del mismo sexo para solemnizar y formalizar su unión. La Corte exhorta al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas. Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual.. Código Civil; Art. 113 "un hombre y una mujer" : exequible. Fallo inhibitorio en relación con los apartes contenidos en los artículos 2o. de la Ley 294 de 1996 y de la Ley 1361 de 2009, por reproducir apartes de la Constitución
CC SC 574 de 2011
Fallo inhibitorio en relación con el aparte "El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica" contenido en el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009, "por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política."
CC SC 546 de 2011
Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 142 : Ley estatutaria, cosa juzgada
CC SC 545 de 2011
Funciones de policía administrativa de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 73 : Inepta demanda
CC SC 544 de 2011
Trabajadores independientes con ingresos menores a un salario mínimo, no están obligadas temporalmente a cotizar en pensiones. Ley 1250 de 2008 "por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 6o de la Ley 797 de 2003"; Art. 2 (Adiciona Art. 19 de la ley 100) : Inepta demanda
CC SC 543 de 2011
La reducción del plazo de suspensión de la audiencia para proferir sentencia (de 10 días a 2 horas) en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, no vulnera la garantía de un orden justo, efectividad de los derechos fundamentales, derecho de defensa, ni de acceso a la administración de justicia. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 25, Num. 4 (parcial) (Mod. el Art. 432 del C.P.C) : Exequible
CC SC 541 de 2011
¿La competencia en cabeza de la Contraloría General de la República para ejercer el control fiscal sobre los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos y municipios productores y a los municipios por donde se transportan, es excluyente de aquella atribuida por el artículo 272 de la Constitución a los órganos de control fiscal de las entidades territoriales? Competencias de las Contralorías General y territoriales. Naturaleza jurídica de los recursos de las regalías. El grado de injerencia por parte del legislador en la autonomía territorial, y especialmente en cuanto a la administración de los recursos, depende en buena medida del origen de aquellos. La Corte ha concluido que el legislador está autorizado para señalar la destinación de los recursos provenientes de fuentes exógenas, esto es, de aquellos fondos cuyo origen está en la Nación. Ley 1283 de 2009, "por la cual se modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994"; Arts. 1, Par. y 2, Par. 30. (Modifica los Arts. 14, Par. 3o. y Art. 15, Par.de la Ley 141 de 1994) : exequibles
CC SC 540 de 2011
¿El segundo inciso del artículo 76 de la Ley 1395, en tanto asigna la competencia para revisar en segunda instancia las decisiones de los fiscales que tramitan la acción de extinción de dominio, a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante Tribunal- Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, desconoce el artículo 29 superior, en particular la garantía de imparcialidad, teniendo en cuenta que todos estos funcionarios - los que deciden tanto en primera como en segunda instancia- pertenecen a la misma entidad y hacen parte de la misma estructura jerárquica? ¿Autorizar al fiscal, durante la fase inicial, para emplear las técnicas de investigación de registros y allanamientos, interceptaciones de comunicaciones telefónicas y similares, recuperación de información cibernética y similar, y vigilancia de cosas, vulnera los artículos 15, 28, 29 y 250 superiores, en cuanto, según el actor, (i) se requiere orden judicial para su práctica, y (ii) tal orden no puede ser dictada por la Fiscalía, pues no puede cumplir funciones jurisdiccionales de esa naturaleza? La acción de extinción de dominio es una acción constitucional autónoma distinta a la acción penal y a las demás acciones ordinarias. Por esta razón, las funciones que cumple la Fiscalía en el proceso de extinción de dominio, aunque son jurisdiccionales, no son de naturaleza penal. La estructura jerárquica de la Fiscalía no riñe con los principios de autonomía, independencia e imparcialidad, pues en tanto los fiscales delegados son servidores que cumplen funciones jurisdiccionales, sus decisiones -en primera y segunda instancia- deben regirse por estos últimos principios. En el proceso de extinción de dominio, los fiscales son competentes para ordenar el empleo de técnicas de investigación que afecten los derechos fundamentales de los afectados. En este caso al Constitución no exige la intervención del juez de control de garantías. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 76, Inc 2 y Art. 78 (Modifica los Art. 11 y 12A de la Ley 793 de 2002) : Exequibles
CC SC 539 de 2011
¿Al regular la aplicación del precedente judicial en materia administrativa delimitando las entidades y materias a las cuales se debe aplicar, así como la existencia de cinco o más pronunciamientos para que se considere como precedente judicial, el legislador desconoció los artículos 2º, 4º, 13, 83, 209, 230 y 241 de la Constitución Política? la Corporación reiteró que el entendimiento del imperio de la ley a la que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales debe comprenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales. Según esto, todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas legales a los casos concretos de conformidad con la Constitución y la ley. A juicio de la Corte, la enumeración de materias a las que se impone el acatamiento del precedente judicial no es taxativa, por lo que en la medida que el legislador lo considere podrá ir extendiendo el mismo a otras cuestiones, conforme a la teoría del derecho viviente. En cuanto a la expresión "que en materia ordinaria o contenciosa administrativa" la Corporación encontró que si bien es una alternativa válida dentro del margen de configuración del legislador, comenzar por imponerle a las autoridades administrativas que tengan en cuenta el precedente judicial en dichos ámbitos, también lo es que las materias a que alude la norma igualmente pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, evento en el cual su interpretación debe ser vinculante para las autoridades administrativas. Por tanto, el legislador incurrió en este caso en una omisión legislativa al no tener en cuenta la obligatoriedad y los efectos erga omnes de los fallos de constitucionalidad de esta Corte, consagrada en los artículos 241 y 243 de la Constitución, como tampoco las reglas que se imponen en las sentencias de unificación de jurisprudencia en materia de protección de derechos fundamentales, temas en los cuales la Corte Constitucional es órgano de cierre. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial "; Art. 114 : Apartes exequibles, y apartes CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 538 de 2011
Apelación de las decisiones de adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación. Inepta demanda en relación con el cargo relativo a si resulta contrario al derecho al debido proceso que un funcionario judicial que conoció de un asunto determinado pueda volver a conocer de él. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Art. 478
CC SC 490 de 2011
Revisión constitucional del Proyecto de Ley Estatutaria Número 190 de 2010 Senado - 092 de 2010 Cámara, "por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones"
CC SC 470 de 2011
La regla según la cual el actor puede escoger que el proceso laboral se adelante ante el juez del lugar donde se prestó el servicio o ante el de su propio domicilio vulnera el principio de igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia. Igualmente violatorio al debido proceso la facultad otorgada juez laboral para ordenar antes de la sentencia el pago de aquellos conceptos solicitados en la demanda que correspondan a derechos ciertos e irrenunciables del trabajador y que a su juicio se encuentren debidamente probados por documentos. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Arts. 45 y 47: INEXEQUIBLES
CC SC 469 de 2011
La introducción del parágrafo del artículo 1o. de la Ley 1378 de 2010, no desconoció los principios de consecutividad e identidad flexible, en la medida que la destinación de los recursos provenientes del descuento al IVA de licores fue un tema que siembre estuvo presente en el debate legislativo, salvo en lo que tiene que ver con la condición temporal impuesta a esa destinación, que se declara INEXEQUIBLE. Ley 1378 de 2010 "por medio de la cual se regula la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales en lo correspondiente al descuento del impuesto para los productores oficiales"; Art. 1, Par. : Exequible, salvo aparte declarado INEXEQUIBLE
CC SC 468 de 2011
El requisito de "saber leer y escribir" exigido por el legislador para obtener la licencia de conducción de vehículos automotores particulares, no introduce un restricción injustificada al ejercicio de la libertad constitucional de conducir y transitar libremente en un vehículo automotor de las personas que no saben leer y escribir. Ley 1397 de 2010, "por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002"; Art. 3, Num. 1 (Mod. el Art. 19) : Exequible
CC SC 461 de 2011
Las visitas de inspección del Ministerio Público a los establecimientos de reclusión no se restringen a una visita mensual. Decreto 2636 de 2004, "por la cual se desarrolla el Acto legislativo número 03 de 2002"; Art. 7 (parcial) (Mod. el Art. 169 de la Ley 65 de 1993)
CC SC 460 de 2011
Inepta demanda en relación con los Arts. 2, 4, 16, 17, 18 y 25 de la Ley 1380 de 2010, "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la persona natural no comerciante"
CC SC 459 de 2011
La previsión del decomiso como medida correctiva de carácter policivo, en los artículos 166, numeral 10 del Decreto 1355 de 1970 y 129 del Decreto 522 de 1971, constituye una limitación legítima del derecho de propiedad diferente de la acción de extinción del dominio y por tanto, no requiere ser ordenado por una autoridad judicial, sino que puede ser impuesto por una autoridad administrativa como lo es el alcalde, a quien corresponde conocer de las contravenciones que dan origen a la medida correctiva. Lineamientos trazados por la jurisprudencia en relación con el decomiso administrativo, según los cuales: (i) existen eventos en los que el decomiso permanente se ajusta a la Constitución, como sanción por la comisión de una sanción administrativa; (ii) si bien el decomiso administrativo implica la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado, no requiere la declaración judicial, porque esa reserva solo la impuso el Constituyente para las situaciones enunciadas en el inciso segundo del artículo 34 de la Carta que hacen relación a la adquisición ilegítima del bien objeto de la extinción del dominio, mientras que el decomiso administrativo no tiene por finalidad poner en entredicho la legitimidad de la propiedad del bien objeto de dicha medida, sino sancionar la inobservancia de una obligación legal; (iii) tampoco se puede asimilar esta clase de decomiso a la confiscación, medida expresamente prohibida por la Constitución y que supone "el apoderamiento de todo o de parte del patrimonio de una persona por parte del Estado sin compensación alguna", toda vez que el origen de este decomiso es la infracción administrativa determinada por el legislador, mientras la confiscación carece de fundamento normativo alguno. Decreto 1355 de 1970 "por el cual se dictan normas de policía", Arts. 186, Num 10, 194 y 213 (parciales); Decreto 522 de 1971; Art. 129 (Mod. el Art. 220 del Decreto 1355 de 1970) : Exequibles
CC SC 445 de 2011
El requisito de no haber sido sancionado en los últimos tres años para ascender al cargo de subintendente de los Patrulleros en servicio activo, no constituye una vulneración del derecho a la igualdad. Decreto 1791 de 2000, "por la cual se modifican las normas de carrera del personal de Oficiales, Nivel ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional"; Art. 21, Par 4, Num. 4 : Exequible
CC SC 444 de 2011
La irretroactividad de la ley penal impone la entrada en vigencia del Código Penal Militar a partir del momento de la promulgación, y no a partir del 1o. de enero de 2010 como lo estableció la norma. Ley 1407 de 2010, "por la cual se expide el Código Penal Militar; Art. 628 (parcial) : INEXEQUIBLE
CC SC 443 de 2011
¿La reposición de votos a los candidatos elegidos al parlamento andino configura una vulneración a lo establecido en el Acto legislativo 1 de 2009 que modificó el articulo 109 de la Constitución, en cuanto establece la financiación previa? Cuando la norma constitucional establece la posibilidad de que el legislador determine el porcentaje de votación necesaria para obtener financiación estatal por votos válidos obtenidos, la única exigencia que se deriva para el legislador será establecer, con base en criterios de conveniencia que no desborden los parámetros constitucionales. Ley 1157 de 2007, "por la cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política, con relación a la elección directa de los parlamentarios andinos"; Art. 6 : Exequible
CC SC 442 de 2011
¿La tipificación de los delitos de injuria y calumnia y sus modalidades en la forma que lo hacen los artículos 220 a 228 de la Ley 599 de 2000, vulnera el principio de legalidad establecido en el artículo 28 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto, constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Carta Política? La jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha precisado los elementos que configuran los delitos de injuria y calumnia. De tal manera que esta jurisprudencia resulta vinculante para los jueces cuando interpreten y apliquen estas disposiciones en casos concretos. La Corte no desconoce que actualmente en el Sistema Americano de protección de derechos humanos se avanza en la despenalización de estas conductas, bajo la idea de que su penalización puede resultar nociva para el ejercicio de las libertades de información y de expresión y que por lo tanto, resulta más conveniente su proyección por medio de mecanismos distintos a la sanción penal, pero esta es una decisión que, en principio, está reservada al legislador. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Arts. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228 : Exequibles
CC SC 441 de 2011
Inepta demanda contra la Ley 1330 de 2009, "por la cual se adiciona la Ley 793 de 2002 y se establece el trámite abreviado y el beneficio por colaboración"
CC SC 440 de 2011
Excluir del beneficio del subsidio monetario a los trabajadores independientes y desempleados que voluntariamente se afilien a las cajas de compensación familiar, resulta regresivo y contrario a los principios constitucionales? Para la Corte las disposiciones demandadas apreciadas en su conjunto no son regresivas, sino que avanzan en el desarrollo progresivo de la seguridad social, en este caso, en el ámbito propio del subsidio familiar, al incluir la posibilidad de que los trabajadores independientes y los desempleados accedan, así sea parcialmente, a un conjunto de prestaciones que se habían desarrollado en el ámbito de la relación laboral y beneficiaban únicamente a los trabajadores dependientes. Ley 633 de 2000, Art. 72 y Ley 789 de 2002, 19 (parciales) : Exequibles
CC SC 439 de 2011
Esta permitido llevar animales "domesticos" en los vehículos de servicio público de pasajeros cumpliendo ciertas condiciones. Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre"; Art. 87: CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 438 de 2011
La orden impartida al Fondo de Garantías Financieras, FOGAFIN preste su concurso para avalar a un guardador que no tenga recursos suficientes para poder tomar en el mercado financiero la garantía que se le exige como protección de los intereses del incapaz objeto de la medida de protección, implica un vicio formal de inconstitucionalidad en cuanto debió ser tramitado en una ley marco, y no en una ley ordinaria como lo es la demandada? Una ley ordinaria claramente puede regular los temas de una ley marco; en tanto las leyes marco no difieren por su trámite de las leyes ordinarias, no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes que de manera prevalente no lo son, siempre y cuando se satisfaga el requisito de unidad de materia y el grado de amplitud que debe caracterizar a las prescripciones que regulan los asuntos objeto de leyes generales o marco. Ley 1306 de 2009, "por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de representación legal de los incapaces emancipados; Art. 82 (parcial) : Exequible
CC SC 437 de 2011
La Corte reiteró la interpretación sistemática de los artículos 150-9, 189, numerales 20 y 23 de la Constitución y del artículo 29 de Decreto 111 de 1996, según la cual, es necesaria la contratación por parte del Gobierno Nacional cuando sea una persona jurídica de derecho privado la que se encargará del manejo, administración, recaudo e inversión de las contribuciones parafiscales creadas por ley de manera excepcional. Igualmente, reiteró que los recursos parafiscales pueden ser administrados tanto por entidades públicas como por personas jurídicas de derecho privado y que en este último caso el legislador, en desarrollo de la potestad de configuración que le asiste, tiene la facultad para determinar la entidad de carácter privado que vaya a administrar estos recursos, siempre y cuando se garantice una estructura democrática y participativa en la administración de los mismos. Ley 26 de 1989, "por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo"; Art. 9 : CONDICIONALMENTE exequible; Arts. 5, 7, 8 : Exequibles; Art. 6 y 9 : inepta demanda en relación con otros cargos
CC SC 436 de 2011
Inepta demanda en relación con el Art. 9 (Adic. Par. al Art. 124 del C.P.C) de la Ley 1395 de de 2010, "por la cual se adoptar medidas en materia de descongestión judicial"
CC SC 400 de 2011
Corresponsales cambiarios. Caducidad de la acción por vicios de forma. Ley 1328 de 2009, "por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones"; Art. 100 : Fallo inhibitorio
CC SC 399 de 2011
Inexequible Ley 1410 de 2010, aprobatoria del "Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", por incurrirse en un vicio de forma en la aprobación de la ley - Falta de anuncio previo
CC SC 398 de 2011
La prohibición de ejercer como abogado para quien está privado de la libertad por una medida de aseguramiento, no resulta incompatible con la constitución, respecto de los cargos analizados. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 29, Num 3 (parcial) : Exequible
CC SC 397 de 2011
¿La exención del impuesto de renta sobre los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal, a los ingresos hasta 1.000 UVT sólo para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, vulnera el derecho a la igualdad de los demás trabajadores? En la jurisprudencia se ha precisado que el legislador puede introducir tratos legales desiguales si con ello logra conseguir un objetivo constitucionalmente relevante. Decreto 624 de 1989, "por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"; Art. 206, Num 5 (Mod. por el Art. 51 de la Ley 1111 de 2006) : Exequible
CC SC 396 de 2011
Régimen salarial y prestacional de todos los trabajadores en actividades petroleras. ¿Viola el derecho a la igualdad al equiparar las condiciones laborales de sólo un grupo de trabajadores del contratista, aquellos que cumplen con las condiciones de desarrollar las mismas actividades petroleras en las mismas zonas en que lo hacen los trabajadores de la empresa beneficiaria? Decreto 284 de 1957, "por el cual se dictan normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo, en empresas de petróleos"; Art. 1 (parcial) :Cosa juzgada
CC SC 395 de 2011
Reemplazo de miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular. Caducidad de la acción de inconstitucionalidad, sobre la demanda contra el Acto legislativo 01 de 2009, "por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia", Art. 6 (Mod. del Art. 134 de la C.P), toda vez que al momento de presentarse la demanda había transcurrido más de un (1) año desde la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2009
CC SC 394 de 2011
Inepta demanda en relación con el plazo de cinco (5) días para interponer el recurso de casación y el de treinta (30) días para sustentarlo establecido en el Art. 98 (Mod. Art. 183 de la Ley 906 de 2004) de la Ley 1395 de de 2010, "por la cual se adoptar medidas en materia de descongestión judicial"
CC SC 393 de 2011
El término "particulares" del título de la Ley 52 de 1975 "por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares", vulnera el derecho a la igualdad de los docentes al servicio del Estado en la medida que establece un régimen para liquidar los intereses a las cesantías de los trabajadores particulares más favorable que el consagrado en el literal B del numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para el personal docente nacional y nacionalizado? La expresión demandada no tiene un contenido normativo propio del cual se pueda desprender una diferencia de trato que vulnere el derecho a la igualdad. No es posible comparar aisladamente aspectos puntuales de un régimen especial que comprende asuntos prestacionales y de seguridad social, basado en sus propias reglas, principios e instituciones. Declara exequible el término demandado. Cosa juzgada en relación con el Art. 15, Num. 3, Lit b de la Ley 91 de 1989, "por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio"
Exequible la Ley 1386 de 2010, "por la cual se prohibe a las entidades territoriales deleguen a cualquier título, la administración (administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones) de los diferentes tributos (por ellos administrados) a particulares y se dictan otras disposiciones", en cuanto al trámite surtido a la misma y no quedar incluido un parágrafo según el cual "los contratos de concesión diferentes a los tributarios, tales como los de infraestructura vial o los de los servicios públicos, no son objeto de la presente ley"
CC SC 338 de 2011
¿La exclusión de las sociedades de economía mixta regidas por el derecho privado, de la aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, resulta contraria al artículo 123 de la Constitución Política? El criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas. En otras palabras, el control disciplinario fue reservado por el constituyente, para quienes cumplan de manera permanente o transitoria funciones públicas. Las excepciones en materia de responsabilidad de los servidores de las sociedades de economía mixta y el legislador. La excepción al régimen disciplinario de los servidores públicos contemplada en la preceptiva demandada opera siempre y cuando, en atención al objeto social de la sociedad de economía mixta de que se trate, sus servidores desarrollen funciones industriales y comerciales regidas por el derecho privado. Están sujetas a la dirección y control administrativos, así como al control Fiscal por parte de la Contraloría General de la República y al régimen de garantías del patrimonio estatal frente a la propia administración Estado y frente a los particulares. Adicionalmente son objeto del denominado control administrativo de tutela por parte de las entidades a las que se vinculan y en los términos actualmente establecidos en los artículos 41, 98 y 99 de la Ley 489 de 1998, fuera de las maneras de hacer efectiva la responsabilidad conforme al derecho privado y al derecho penal, si fuere el caso. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 53 (parcial) : Exequible
CC SC 337 de 2011
La protección integral en materia de seguridad social del teletrabajador, debe incluir el sistema del subsidio familiar. Ley 1221 de 2008, "por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones"; Art. 6, Lit. c) CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 336 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 145 de 2011, "por el cual se modifica el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2011", dictado en desarrollo de la segunda declaratoria del estado de emergencia social y ecológica, mediante el Decreto 20 de 2011
CC SC 301 de 2011
Hurto calificado. ¿La utilización de expresiones como 'cualquier otro instrumento similar' u 'otras semejantes' en el inciso demandado , resultan contrarias al principio de taxatividad? Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Pena"; Art. 240, Num. 4: Fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 300 de 2011
Los instrumentos financieros para asignar recursos que permitan la recuperación de la capacidad productiva y la estabilidad socioeconómica del sector rural afectado, así como los instrumentos para la atención sanitaria y fitosanitaria y las medidas relacionadas con distritos de adecuación de tierras, cumplen con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de excepción. Precisiones en cuanto se refiere a los derechos de sujetos de especial protección, agricultores, zonas que pueden beneficiarse con tales medidas, y delimitación en el tiempo para su aplicación. Decreto 4828 de 2010, "por el cual se dictan disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos"
CC SC 299 de 2011
Los Proyectos de Desarrollo Integral Urbano cumplen con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de emergencia, dentro de las fases de atención humanitaria y rehabilitación concebidas hasta el año 2014. Decreto 4821 de 2010, "por el cual se adoptan medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional". Exequible. Condiciona Art. 1 y 7
CC SC 298 de 2011
La modificación temporal de la legislación ordinaria en orden a direccionar las transferencias del sector eléctrico para llevar a cabo obras de mitigación y prevención de daños, cumple con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de excepción. Decreto 4629 de 2010, "por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional. Exequible
CC SC 297 de 201
Declaración de utilidad pública e interés social la disposición de escombros, estabilización y construcción de obras públicas para atender la emergencia invernal y concesión de permisos temporales de utilización de fuentes de material constituyen medidas conexas, necesarias y proporcionales para conjurar la crisis causada por el fenómeno de La Niña. No obstante advirtió que privilegiar los precios del mercado como base de la oferta, impone una carga desproporcionada. Condiciona así mismo los permisos temporales para la explotación de fuentes de materiales inactivas que cuentan o no con título minero. Decreto 4824 de 2010, "por medio del cual se permite la disposición temporal de los escombros y la utilización de fuentes materiales para atender la emergencia invernal"
CC SC 296 de 2011
La destinación provisional de bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes para el asentamiento y reubicación de familias damnificadas por la crisis invernal, cumple con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad y necesidad. La enajenación y destinación definitiva de esos bienes vulnera el debido proceso y afecta de forma desproporcionada el derecho de propiedad. La Corte advirtió que existen otros medios alternativos previstos en la Constitución para conseguir bienes que se destinen a la atención de la emergencia invernal, que resultan menos gravosos para el debido proceso y el derecho de propiedad, como es el de la expropiación por vía administrativa, mecanismo que se adoptó en el Decreto Legislativo 4628 de 2010. Decreto 4826 de 2010, "por el cual se adiciona la Ley 785 de 2002 y se dictan otras disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica". Decreto exequible salvo el inciso 2o. del Art. 1 y el Art. 2 declarados INEXEQUIBLES
¿Al establecer como cargos de libre nombramiento y remoción de la Contraloría, los cargos de Gerente Departamental, Director, Director de Oficina , Asesor de Despacho , se desconoció el principio general de la carrera administrativa? Son dos las condiciones -alternativas, no copulativas- que habilitan al Legislador para clasificar un determinado cargo público como de libre nombramiento y remoción, ambas referidas a la naturaleza y funciones de cada cargo en particular: (1) Que el cargo tenga asignadas funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se definan o adopten políticas públicas; o (2) Que el cargo tenga asignadas funciones y responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza, adicional al que se le puede exigir a todo servidor público. Las oficinas denominadas Direcciones ejercen funciones típicamente administrativas, que no conducen a la adopción políticas generales de la entidad, ni implican confianza especial ni responsabilidad de aquel tipo que reclame para su provisión un mecanismo de libre nombramiento y remoción. Decreto 268 de 2000, "por el cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República"; Art. 3 : Inexequible el cargo de "Director" exequibles los demás cargos
También tienen derecho a la porción conyugal el compañero o compañera permanente y la pareja del mismo sexo. La Sala advirtió que para tener el derecho a la denominada "porción conyugal" se debe demostrar por los medios probatorios idóneos la condición de compañero o compañera supérstite, es decir, los dos años de convivencia que exige la Ley 50 de 1994, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005. La Corte reiteró su jurisprudencia frente a la diferencia que existe entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio. Sin embargo, el que no sean vínculos iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que el legislador le ha reconocido a los miembros de una u otra unión, en especial, en el campo patrimonial, pues los dos vínculos están basados en la decisión libre de las personas de convivir con una vocación de permanencia, apoyo, ayuda mutua, entre otros. Parejas del mismo sexo: el reconocimiento de derechos que hasta hoy son predicables de las uniones heterosexuales y el principio democratico. Exortó al Congreso para que legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo. Código Civil; Arts. 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 242 de 2011
Inexequible el Decreto 4820 de 2010, "por el cual se dispone la enajenación de una participación accionaria de la nación en Ecopetrol S. A.". Por no satisfacer el presupuesto de especificidad, porque de manera prioritaria, los cometidos del Fondo de Adaptación al que habría de transferirse el producido de la venta, se orientan a la atención de fenómenos estructurales, en el mediando y el largo plazo y, (ii) tampoco satisface el requisito de necesidad, porque, no obstante una general relación de conexidad con los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia, no está acreditada la insuficiencia de la vía ordinaria, en este caso el trámite de un proyecto de ley, que, incluso, con el mismo objeto, ya había sido presentado a la consideración del Congreso de la República
Exequible el Decreto 4823 de 2010, "por medio del cual los contratistas y concesionarios del Estado deberán contribuir solidariamente a la atención de la emergencia económica, social y ecológica", en el entendido que las medidas en él contenidas sólo son aplicables al ámbito geográfico expresamente definido por el Gobierno en el inventario de vías y áreas afectadas por el fenómeno de La Niña. Adicionalmente consideró que son los precios oficiales establecidos por INVIAS para las distintas regiones del país el parámetro objetivo que mejor cumple con la finalidad constitucional de atender de manera expedita a los damnificados de emergencia. Art. 1 : condicionalmente exequible; Art. 2, condicionalmente exequible, y apartes inexequibles, Arts. 3 a 5 exequibles
CC SC 264 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 142 de 2011, "por la cual se adiciona el Decreto 4819 de 2010", al haber sido declarado inexequible el Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia C-216-11
CC SC 263 de 2011
¿La exigencia de inscripción en el Registro Nacional de Turismo como requisito para el funcionamiento de los establecimientos turísticos y la previsión de la omisión de registro como una infracción sancionable por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desconoce el artículo 333 de la Constitución, en particular, la libertad de empresa? La Corte ha avalado la imposición de requisitos para el ejercicio de las actividades económicas, siempre y cuando sean razonables y proporcionados. La Corte determinó que la interpretación que hace el demandante acerca del alcance del inciso primero del artículo 333 de la Constitución no es acertada. No es cierto que la norma constitucional emplee el adjetivo de "previos" para referirse solamente a los permisos y no a los requisitos, ya que se predica de ambos, por lo que no puede considerarse que todo requisito previo al ejercicio de una actividad económica sea contrario a la Carta. Ley 300 de 1996, "por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones" ; Arts. 61, Par. 2o. (Mod. por la Ley 1101 de 2006) y 71, Lit. g) : Exequibles
CC SC 262 de 2011
Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 175 y 189 : Fallo inhibitorio
CC SC 261 de 2011
Ley 1343 de 2009, aprobatoria del "Tratado sobre Derecho de Marcas y su Reglamento", adoptados el 27 de octubre de 1994. Exequible
CC SC 260 de 2011
¿Configura una omisión legislativa relativa, contraria a los derechos de las víctimas, permitir al juez y al Ministerio Público hacer preguntas complementarias de los interrogatorios de las partes para el cabal entendimiento del caso, más no preveer esa facultad para la víctima? Existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma. En efecto, a diferencia del juez y del Ministerio Público, quienes en el cumplimiento de sus roles deben siempre mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, es razonable suponer que a la víctima asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 397 : exequible
CC SC 259 de 2011
Atribución de los concejos distritales : Gravamen del impuesto predial y complementarios a particulares en cuyas manos se encuentren construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación. Ley 768 de 2002, "por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta"; Art. 6, Num. 3 : Fallo inhibitorio
CC SC 258 de 2011
¿La previsión conforme a la cual eludir la responsabilidad disciplinaria constituye un criterio de agravación punitiva, resulta contraria a la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo, prevista en el artículo 33 de la Carta? Alcance del derecho a la no autoincriminación. Exequible, en el entendido de que dicha elusión se refiere a las conductas dolosas orientadas de manera positiva a obstruir la investigación. Ley 1015 de 2006, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional ; Art. 40, Num 1, Lit. k)
CC SC 257 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 143 de 2011, "por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010", al haber sido declarado inexequible el Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia C-216-11
CC SC 256 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 129 de 2011, "por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 020 de 2011", al haber sido declarado inexequible el Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia C-216-11
CC SC 255 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 128 de 2011, "Por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011", al haber sido declarado inexequible el Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia C-216-11
CC SC 254 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 126 de 2011, "por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos" , al haber sido declarado inexequible el Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia C-216-11
CC SC 253 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 144 de 2011, "por la cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de La Niña". Decreto dictado al amparo del Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, el cual, a su vez fue declarado inconstitucional en sentencia C-216-11
CC SC 252 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 130 de 2011, "por la cual se modifica el Decreto 016 de 2011" - empleo de emergencia- , Decreto dictado al amparo del Decreto 020 de 2011, que había declarado un segundo estado de emergencia económica, social y ecológica, el cual, a su vez fue declarado inconstitucional en sentencia C-216-11
CC SC 251 de 2011
Decreto 4819 de 2010, "por la cual se crea el Fondo Adaptación. La creación del Fondo Adaptación es una medida proporcionada en estricto sentido, siempre y cuando respecto de las acciones que se emprendan, no superen el año 2014, pues no se encuentran razones de tiempo ni de materia que justifiquen después de ese lapso, el no acudir a la institucionalidad ordinaria. Condiciona la transferencia de recursos en relación con las entidades a las cuales se puede transferir recursos, la obligatoriedad de hacer el registro contable de las operaciones y llevar cuentas especiales y separadas, con el límite del año 2014 para aplicar el régimen especial de contratación. Inexequible la asignación de potestad reglamentaria al Consejo Directivo del Fondo Adaptación, toda vez que la misma corresponde ejercerla al Presidente de la República
CC SC 250 de 2011
¿La limitación establecida en los artículos 86 y 89 de la Ley 1395 de 1910, para que el tercero civilmente responsable sólo pueda participar en el proceso penal con posterioridad a la culminación del juicio de responsabilidad penal, vulnera el derecho de participación en las decisiones que la afectan y el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia? El tercero civilmente responsable no es equiparable a los demás intervinientes y partes del proceso penal, como sucedía en el anterior sistema penal, puesto que su finalidad está orientada a la restauración de los perjuicios causados a la víctima, de modo que la potencialidad de la acción de reparación tan sólo nace una vez se ha determinado la generación del daño, obligación que surge necesariamente con posterioridad a la sentencia de condena. ¿El que en la etapa de individualización de la pena y sentencia (Art. 100) , se excluya a la víctima de ser oída, vulnera igualmente los derechos antes citados? La Corte encontró que se configuraba una omisión legislativa relativa, declara condicionalmente exequible el Art. 100 de manera que se entienda que el juez debe concederle a la víctima y-o su representante, la oportunidad de referirse a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado y si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones concedidas a la defensa y a la Fiscalía. Ley 1395 de 2010, "por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"" Arts. 86, 89, 90 y 100 (Mod. los Arts. 102, 106 y 447 respectivamente de la Ley 906 de 2004) : Exequibles. Condiciona el fallo del Art. 100
CC SC 246 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 146 de 2011, "por medio del cual se establecen medidas de eficiencia y control en el manejo y protección de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia económica, social y ecológica y se dictan otras disposiciones"
CC SC 245 de 2011
Inexequible por consecuencia el Decreto 127 de 2011, "por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la inversión de recursos para garantizar la prestación del servicio público educativo con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica"
CC SC 244 de 2011
Atribución conferida a Fonvivienda para desarrollar directamente o a través de contratos de fiducia mercantil, las soluciones de vivienda de interés social de familias afectadas directamente o asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable, así como para el desarrollo de proyectos integrales de desarrollo urbano, con el fin de satisfacer el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas por la ola invernal producida por el Fenómeno de La Niña. Declarado exequible el Decreto 4832 de 2010, "por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica nacional", restringidos, por la Corte hasta el año 2014, teniéndose en cuenta que dicho criterio indica que vencido este plazo podrá hacerse uso de los mecanismos ordinarios que ofrece la legislación vigente
CC SC 243 de 2011
Impuesto al patrimonio por el año 2011. Exequible el Decreto 4825 de 2010, "por el cual se adoptan medidas en materia tributaria en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010". Condiciona la constitucionalidad del artículo 5 a que ellas sólo aplicarán a los supuestos de hecho ocurridos con posterioridad a la vigencia del Decreto, esto es, a las escisiones, constituciones societarias y fraccionamientos ocurridos el 30 y 31 de diciembre de 2010
CC SC 241 de 2011
Exequible el Decreto 4703 de 2010, "por el cual se decretan medidas sobre fuentes de financiamiento en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 4580 de 2010" CONDICIONADO a que no se puede tratar de una autorización para endeudarse de manera constante y sin mayores controles; ni para atender proyectos a largo plazo, propios de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, como tampoco se encontró justificación alguna para que los contratos de empréstito no sean finalmente registrados ante la Contraloría General de la República. Adicionalmente, señaló que en materia de operaciones de crédito público externo llevadas a cabo por entidades territoriales, (i) la Constitución establece un manejo macroeconómico unitario; (ii) el legislador es el competente para establecer las condiciones y límites de tal endeudamiento; (iii) las entidades territoriales, si bien gozan de autonomía en la materia, no pueden ejercerla por fuera de los límites constitucionales y legales; y (iv) la Nación debe avalar y garantizar el pago de los mencionados créditos. De igual forma condicionó a que las garantías a operaciones de crédito público que brinde la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público se extenderán únicamente por las cantidades y tiempos estrictamente necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, mas no de manera permanente ni para financiar proyectos de inversión a largo plazo; y (ii) en ningún caso se podrá exceder la capacidad pago de la Nación ni de las entidades territoriales. Limita adicionalmente la destinación de los recursos obtenidos mediante estos créditos, a la financiación de las fases I y II
CC SC 240 de 2011
Redistribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías; autorización a las entidades beneficiarias de las regalías y compensaciones para que con cargo a esos recursos, asuman compromisos para atender la emergencia económica y autorización a las entidades beneficiadas con las regalías y compensaciones para que financien los proyectos en sus respectivos planes de desarrollo con cargo a esos recursos. Exequible Decreto 4831 de 2010, "por el cual se destinan recursos para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos causados por el fenómeno de La Niña" pero condicionada a que los recursos se utilizarán solo para la rehabilitación de las zonas afectadas con la ola invernal
Declarado CONDICIONALMENTE exequible el Decreto 4628 de 2010, "por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas", decreto expedido en desarrollo de la declaratoria del estado de emergencia económica y social
¿La limitación del estímulo otorgado a "las glorias del deporte" a que se presenten condiciones socioeconómicas particulares viola el principio de igualdad y el mandato constitucional de fomento al deporte? Ley 181 de 1995, "por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte"; Art. 45 (parcial): Exequible
CC SC 219 de 2011
Declaró INEXEQUIBLE el Decreto 15 de 2011, "por el cual se establecen los límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", en razón de haber sido expedido en forma extemporánea
CC SC 218 de 2011
Declaró INEXEQUIBLE el Decreto 17 de 2011, "por medio del cual se adoptan medidas en materia de salud con el fin de hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010", por haber sido expedido en forma extemporánea
CC SC 217 de 2011
Declaró INEXEQUIBLE el Decreto 16 de 2011, "por el cual se crea la figura del "empleo de emergencia" para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010", por haber sido expedido cuando ya no estaba vigente el estado de emergencia. Los estados de excepción se cuentan en días calendario y no hábiles. Tratándose del cómputo de tiempo de los términos del estado de emergencia, la interpretación que se impone es que el propio decreto declaratorio es el que determina la fecha a partir de la cual dicho estado debe entrar a regir
CC SC 216 de 2011
Declaró INEXEQUIBLE el Decreto 20 de 2011, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón grave calamidad pública". No se había demostrado por el Gobierno de manera concreta y específica, las razones por las cuales los hechos que se aducen no podían ser atendidos en su momento, con las facultades de excepción que ostentaba en virtud del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, el cual estuvo vigente hasta el 5 de enero de 2011, ni por qué, estas atribuciones resultaban insuficientes para superar la perturbación causada por el fenómeno climático de La Niña e "impedir la extensión de sus efectos", y por tanto, era necesario acudir a una nueva declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. Se reiteró que, dado el carácter excepcionalísimo que en la arquitectura constitucional de la Carta de 1991 tiene que predicarse del uso de las extraordinarias facultades que el Presidente de la República adquiere en virtud de los estados de excepción, cada declaratoria del estado de emergencia tiene que ser rigurosa y autónomamente justificada
CC SC 194 de 2011
Análisis constitucional del Decreto 4830 de 2010, "por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010" - Modifica el Decreto 1547 de 1984, "por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento" -. Los cambios introducidos por el Decreto 4830 de 2010 al Decreto 4702 de 2010, se refieren a: a) agregar a la destinación de las transferencias de recursos la "rehabilitación económica del sector agrícola, ganadero y pecuario afectados por la ola invernal"; b) posibilidad de contratar directamente y por el régimen privado, con los recursos de transferencias para la fases de atención humanitaria y rehabilitación; c) actuación articulada de los organismos de control y el Sistema de Control Fiscal para la vigilancia de los recursos estatales y podrá acordarse por la Junta del Fondo Nacional de Calamidades, la provisión de recursos humanos y administrativos para la ejecución de dicho control; d) se modificó la referencia a "censo de damnificados" por "Registro Único de Damnificados por Emergencia Invernal"; d) en la función de la Junta Consultora relativa a la indicación de la destinación de los recursos y el orden de prioridades, se cambio el término "disponibilidades financieras", por el de "disponibilidades presupuestales". Reitera los condicionamiento establecidos en la C-913-11, respecto de las prescripciones que fueron reproducidas. Limita a un año el régimen contractual que se aplicará al momento de ejecutar los recursos económicos derivados de las transferencias realizadas por el Fondo Nacional de Calamidades a las entidades públicas nacionales o territoriales y privadas, para su administración
CC SC 193 de 2011
Fondo de Calamidades - conformación de su junta directiva. Creación de la Gerencia del Fondo de Calamidades. Régimen de contratación. Transferencia de recursos. Funciones del Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres.. Falta gravísima - No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la prevención y atención de desastres. Creación de Comité de Ética y Transparencia. Veeduría. La Corte encuentra exequible la norma en estudio sin embargo, dada la excepcionalidad de las medidas y de la permanencia que pueden tener algunas de ellas, consideró necesario condicionar la exequibilidad respecto de la categoría de las entidades privadas a las cuales se pueden transferir recursos para atender la emergencia invernal, la exigencia del registro contable de todas las operaciones presupuestales y la necesidad de llevar una cuenta separada y especial de dichos recursos, según lo previsto en el artículo 4º del Decreto 4702 de 2010, a fin de guardar la conexidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas. Al mismo tiempo, condicionó la exequibilidad del artículo 9º, a la escogencia de las empresas integrantes del Comité de Ética y Transparencia mediante concurso público de méritos y la no exclusión del control fiscal a cargo de la Contraloría General, pues si bien la Constitución (art. 267) autoriza la contratación de la auditoría interna con empresas privadas nacionales de reconocida idoneidad, no puede desplazarse a la Contraloría General de la República, ni a la Procuraduría General del ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de vigilancia y control. Decreto 4702 de 2010, "por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989" modifica además la Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 64 y el Decreto 1547 de 1984
CC SC 187 de 2011
Exequible la Ley 1411 de 2010, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo en Materia de Informes Anuales sobre Derechos Humanos y Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá", hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010. La Corte resaltó que no se trata de un informe generalizado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, ni sobre el libre comercio y los derechos humanos, sino que la obligación se restringe al efecto que en tales derechos hayan tenido las medidas adoptadas en desarrollo del mencionado Acuerdo
CC SC 186 de 2011
Las limitaciones establecidas a los acuerdos entre proveedores, no desconocen la reserva de ley en materia de regulación de los servicios públicos de información y comunicaciones, ni el principio de autonomía de la voluntad privada, ni las libertades económicas, tampoco el derecho de acceso a la administración de justicia en la modalidad de justicia arbitral. Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones."; Art. 22, Num. 9 (parcial) Exequible
CC SC 185 de 2011
La exigencia del pago de la multa para acceder al mecanismo sustitutivo de prisión de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivo de la prisión, resulta discriminatoria y violatoria del derecho a la igualdad para el caso del condenado, que no obstante cumplir con los demás requisitos para ello, demuestre insolvencia económica. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 50 (Adic. el Art. 38A. a la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 156 de 2011
Exequible el Decreto 4580 de 2010, "por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública"
CC SC 128 de 2011
Exclusión del acto de formulación de imputación de las decisiones recurribles en apelación. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 177 y 268(parcial) : Fallo inhibitorio
CC SC 127 de 2011
¿Incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa, violatoria del debido proceso y del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia y de las garantías reconocidas en tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, al no prever en el artículo 267 de a Ley 906 de 2004, la posibilidad de que el ciudadano solicite su propia audiencia de formulación de la imputación ante el juez de garantías? Existencia de garantías suficientes en la etapa preprocesal. - La falta de previsión de un término específico para que la Fiscalía formule la imputación, distinto al de prescripción de la acción penal, no desconoce los derechos de defensa, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana (Art. 287). Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Arts. 267 y 287 : Exequibles
CC SC 126 de 2011
Aumento del término de prescripción de la acción legal por ausencia del adolescente juzgado. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia"; Art. 158 (parcial) : Cosa juzgada en la C-055-10. Destaca el editor la inquietud planteada en Aclaración de Voto, no resuelta en la sentencia: ¿puede un ciudadano acusar de inconstitucionalidad una norma legal que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, cuando el cargo planteado (1) se refiere al sentido normativo que adquirió la norma a partir del condicionamiento impuesto por la Corte en la sentencia y (2) no fue considerado por la Corte al momento de adoptar la decisión de condicionar la norma?
CC SC 125 de 2011
Condicionalmente exequible la Ley 1304 de 2009, aprobatoria del "Convenio Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente", firmado en Roma el 25 de junio de 1995; bajo el entendido el Presidente de la República al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente Convenio, formule una declaración interpretativa en el sentido que el Gobierno de Colombia entiende que por existir un precepto de derecho interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el artículo 63 de la Carta Política, según el cual "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables", éste se aplicará de preferencia en relación con los términos de prescripción consagrados en el Instrumento Internacional.. S.V Aviso previo
CC SC 124 de 2011
La improcedencia de objeción al dictamen pericial en el marco de un proceso verbal no resulta contrario al debido proceso, en sus componentes de derecho a la contradicción y a la defensa. La Corte tuvo en cuenta que tanto en su jurisprudencia como en la de la Corte Suprema de Justicia, el dictamen pericial, en tanto medio de prueba, está sometido al menos a tres tipos de controles judiciales: la solicitud de aclaración o complementación del dictamen, la objeción del mismo por error grave y la valoración judicial a lo largo del proceso y en especial, el momento del fallo, siempre en el marco de la contradicción en la audiencia. En el caso concreto, el legislador, en desarrollo de su potestad de configuración de los procedimientos y en el marco de toma de medidas en materia de descongestión judicial, eliminó la posibilidad de objetar el dictamen pericial en el proceso verbal de mayor y menor cuantía. La Corte advirtió que el apartado acusado del literal a) del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil restringe la posibilidad de contradicción a uno solo de los planos posibles , sin interferir en otros, como es la solicitud de adición y complementación del dictamen y la valoración judicial que se hace presente durante el trámite mismo de la audiencia , en la formulación de las alegaciones por las partes (art. 432.3 C.P.C.), como el discernimiento del juez previo a la adopción del fallo (art. 432.4 C.P.C.). Ley 1395 de 2010, "por el cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial"; Art. 25, Lit. a) (parcial) (Mod. el Art. 432 del C.P.C) : Exequible
CC SC 123 de 2011
¿El que la norma demandada establezca como requisito para ser socio de las empresas de vigilancia y de seguridad privada, ser personas naturales y de nacionalidad colombiana, vulnera los derechos a la igualdad y al trabajo? La Constitución reconoce los derechos civiles de los extranjeros y en concreto el derecho fundamental a la igualdad. Sin embargo, la propia Carta acepta que la igualdad no conduce a tratamientos idénticos de tal manera que, en el caso de los extranjeros, autoriza expresamente que el ejercicio de sus derechos puede ser limitado por el legislador, atendiendo razones de orden público, por supuesto, cuando existan motivos fundados para hacerlo y bajo el principio de razón suficiente. En cuanto a los tratamientos diferenciales fundados en la condición de persona natural o jurídica deben ser razonablemente justificados de acuerdo con el ámbito específico en el que se pretenda implementar. La Corte encuentra fundamentos para el tratamiento diferencial, dado que es una "actividad disuasiva de posibles conductas delictivas, con miras a la protección del orden público en la búsqueda de la armónica convivencia social y en últimas, la realización de los fines esenciales del Estado". Adicionalmente, establece, "lo relevante no es tanto la calidad de extranjero sino el objeto social de estas empresas, relativo a la prestación de un servicio público que guarda estrecha relación con la garantía del orden público". Por otro lado, la Corte se inhibe de fallar en relación con la demanda a la limitación de la naturaleza de las mismas empresas, a ser sociedades de responsabilidad limitada. Decreto 356 de 1994, "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada"; Arts.12 y 47 (parciales) : Exequibles. Arts. 8, 30 y 66 (parciales) : Fallo inhibitorio
CC SC 122 de 2011
¿Desconoce la composición en las mesas directivas de las comisiones permanentes y comisiones legales del Congreso de la República los derechos de los partidos y movimientos políticos minoritarios y de oposición? ¿Debió ésta norma ser tramitada como ley estatutaria? La interpretación del inciso segundo del artículo 112 de la C.P. sobre la participación de las minorías en los cuerpos colegiados. "Minoría política" vs. "minoría de oposición". La equiparación del término "partido minoritario", como "partido minoritario de oposición" generaría que no se pudiera cumplir con el artículo 147 de la Constitución sobre la renovación anual de los miembros de las mesas directivas, cuando el partido o los partidos que se declaren en oposición no tengan un número considerable de congresistas que impida que no sean reelectos. En todo caso, advirtió que era claro, que en las mesas directivas de las comisiones constitucionales y las comisiones legales del Congreso consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición. Este es el sentido del inciso segundo del artículo 112 de la Constitución, precepto que no se desconoce por el parágrafo del artículo 40 demandado. Por otra parte, la elección de las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales del Congreso de la República, no es un derecho de la oposición que necesite ser regulado mediante ley estatutaria, sino una materia propia del ejercicio de la actividad legislativa que debe ser regulado a través de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso. No vinculatoriedad de las excepciones de inconstitucionalidad en el control de constitucionalidad. El control por vía de excepción no trae la consecuencia de anular de manera definitiva la norma legal o reglamentaria que se inaplica por considerarse contraria a la Constitución, como quiera que los efectos de este tipo de control son inter partes, esto es, se predican sólo del caso concreto y la norma legal puede ser demandada ante la Corte Constitucional, que ejercerá el control en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes, si la disposición exceptuada es constitucional o no. Lo anterior, por cuanto la demandante había anexado como fundamento de los cargos, la excepción de inconstitucionalidad que profirió la Sección Quinta del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2009, en donde se dejó de aplicar -como también en dos fallos anteriores de esa Corporación- el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992. Ley 5 de 1992, "por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representante"; Art. 40, Par. : Exequible
CC SC 102 de 2011
¿La inclusión de funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de ciertas entidades territoriales, sobre la actividad inmobiliaria urbana viola el principio de unidad de materia? ¿La facultad sancionatoria sobre las personas que ejercen profesionalmente la actividad inmobiliaria de arrendamiento de bienes raíces según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 820 de 2003, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de administración suscrito con el propietario del inmueble, vulnera el principio de igualdad por la circunstancia de que no sanciona también a los propietarios? Art. 33, Lit. b) Num. 3; Art. 34, Nums. 2 y 6 : Exequibles
CC SC 100 de 2011
Cuando la norma se refiere a la agravación punitiva del delito de desaparición forzada sobre los familiares en segundo grado de consanguinidad, debe entenderse que incluyen al cónyuge o al compañero(a) permanente de los funcionarios y demás personas mencionadas en el artículo 166 del Código Penal. Omisión legislativa relativa. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 166 Num. 5 : CONDICIONALMENTE exequible. Fallo inhibitorio en relación con el Art. 165
CC SC 90 de 2011
¿La no inclusión de la figura de conmutación pensional y administración de patrimonios autónomos en materia de pensiones dentro de la exención tributaria establecida para los fondos que manejan los recursos para el nuevo sistema; así como el no señalar expresamente que los recursos de los fondos a los que se refieren el precepto acusado quedaban exentos de todo tributo de carácter "territorial" constituye una omisión legislativa relativa? Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"; Art. 135, Inc. 1º. : Exequible
CC SC 89 de 2011
La obligación solidaria del propietario del vehículo y de la empresa afiliadora, cuando existe responsabilidad de éstos en la comisión de la infracción cometida, no desconoce el debido proceso y el derecho de defensa del propietario o la empresa a la cual esta afiliado. Por otro lado, la norma relativa a reducción de multas, cuando utiliza las expresiones "inculpado" y "contraventor" se refieren igualmente al propietario o empresa a la cual esta afiliado. Ley 1383 de 2010, "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito- y se dictan otras disposiciones"; Arts. 18 y 24 (Mod. los Arts. 93-1 y 136 de la Ley 769 de 2002) : Exequibles
CC SC 79 de 2011
Corredores de seguros. Naturaleza jurídica. Ley 510 de 1999, "por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencia Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades"; Art. 101 (parcial) : Cosa juzgada
CC SC 78 de 2011
Sistema integral de transporte aéreo medicalizado. Ley 1151 de 2007, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010". Art. 6 Num. 3.3 (parcial): Cosa juzgada y fallo inhibitorio por inepta demanda
CC SC 77 de 2011
Inepta demanda para demostrar que la prestación de servicio educativo oficial por particulares en las condiciones establecidas en la ley es regresiva. Ley 1294 de 2009, "por la cual se modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007"; Art. 1 (Mod. el Art. 27 de la Ley 715 de 2001)
CC SC 34 de 2011
Particulares disciplinables. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 53 : Fallo inhibitorio
CC SC 33 de 2011
Canon superficiario. Ley 1382 de 2010, "por la cual se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas"; Art. 16 (Mod. el Art. 230) : Estarse a lo resuelto en la C-983-10
CC SC 29 de 2011
Ley 1105 de 2006, "por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 (Mod. el Art. 19 del Decreto-ley 254 de 2000) : Fallo inhibitorio, no encuentra la Corte, que como lo aduce el demandante, la norma legal acusada haya dejado por fuera los pasivos que se generen con posterioridad al acto de liquidación de la entidad pública, ni como esta omisión constituye una vulneración del debido proceso. Ni que con la suscripción del contrato de fiducia mercantil de constitución de patrimonio autónomo se excluyan ciertos pasivos
CC SC 28 de 2011
Competencia en acción de reparación directa derivada de la responsabilidad por los hechos de la administración de justicia. Código Contencioso Administrativo; Art. 134-B (adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998). Fallo inhibitorio por la aparente contradicción entre el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 6 del artículo 134-B del CCA
CC SC 27 de 2011
Ley 1254 de 2008, aprobatoria del "Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia", hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001. Exequible

References: artículo 48
 artículo 49
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 362
 artículo 287
 artículo 46
 artículo 277
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 272
 artículo 150
 artículo 49
 artículo 41
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 73
 artículo 309
 artículo 73
 artículo 230
 artículo 102
 artículo 4
 artículo 241
 artículo 115
 artículo 153
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 42
 artículo 331
 artículo 16
 artículo 338
 artículo 363
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 372
 artículo 63
 artículo 274
 resolución 
 artículo 242
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 204
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 272
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 76
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 227
 artículo 28
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 123
 artículo 45
 artículo 4
 artículo 333
 artículo 333
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 267
 artículo 63
 artículo 432
 artículo 112
 artículo 147
 artículo 112
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 28
 artículo 166
 artículo 30
 artículo 42
 artículo 73
 artículo 134