Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as2015201101.html
Timestamp: 2019-03-19 04:18:33+00:00

Document:
as2015201101
Auto Supremo: 1101/2015
Expediente: LP – 39 – 15 - S
Partes: Zoila Isolina Salcedo de Gómez c/ Zulema Salcedo de Montaño
Proceso: División y Partición de Inmueble
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 253 a 256, interpuesto por José Samuel Montaño Salcedo Abogado-apoderado de la demandada Zulema Salcedo Sánchez, contra el Auto de Vista signado como Resolución Nº 166, de 27 de mayo de 2014 de fs. 246 a 247 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia – La Paz, en el proceso ordinario de división y partición de bien inmueble seguido por Zoila Isolina Salcedo de Gómez contra Zulema Salcedo de Montaño; la respuesta al recurso de fs. 261 a 262; el Auto de concesión de fs. 263; los antecedentes del proceso, y:
Zoila Isolina Salcedo de Gómez, por memorial de fs. 26 a 27 adjuntado las literales de fs. 1 a 25 interpone demanda en la vía sumaria y voluntaria, de división y partición de bien inmueble contra su hermana Zulema Salcedo de Montaño, señalando que en virtud a la Escritura Pública Nº 271/1973 y 2693/2001 debidamente registrado en Derechos Reales bajo el Folio Real Nº 2.01.0.99.0008910 de 31 de octubre de 1.973 y 16 de octubre de 2001 respectivamente, acredita ser legítima propietaria en acciones y derecho sobre el 50% del inmueble ubicado en la calle Max Paredes Nº 972, zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, con una superficie es de 630,13 m2., otorgado en anticipo de legítima por sus extintos padres Samuel Salcedo y Zoila de Salcedo, correspondiéndole 310.65 m2., de citado inmueble; sin embargo refiere que desconoce cual el motivo por el que su hermana Zulema Salcedo de Montaño se opone a dividir el bien de su propiedad, no obstante haberle solicitado en reiteradas oportunidades y admitir el mismo cómoda división, sobre todo considerando que nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Por lo que al amparo del art. 167 num. I) concordante con el art. 639 num. 5) del Código de Procedimiento Civil interpone en la vía sumaria y voluntaria división y partición del inmueble ubicado en calle Max Paredes Nº 972, pidiendo que en ejecución de sentencia se ordene la construcción de la pared divisoria y su respectiva inscripción en Derechos Reales. Observada la demanda es subsanada por memoria de fs. 48.
Citada legalmente la demandada, por memorial de fs. 63 a 64 opone oposición a la demanda, motivando se declare contencioso el proceso mediante Resolución Nº 298/2010 emitido por el Juez Primero de Instrucción en lo Civil y Comercial de la Capital.
Remitido y radicado el proceso en el Juzgado Octavo de Partico en lo Civil y Comercial de la Capital, la demandante ratifica su demanda, corrida en traslado es respondida por la demandante en forma negativa, reconviniendo al mismo tiempo por la acción de usucapión.
Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez de Partido Octavo en Materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 227, de 01 de octubre de 2013 cursante de fs. 221 a 225, declaró probada la demanda de fs. 26-27, 48 ratificada a fs. 78-79 sobre división y parición de bien común, con imposición de costas. En consecuencia se dispone la división y partición en partes iguales del inmueble ubicado en la calle Max Paredes Nº 972, zona del Gran Poder.
Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandada a través de su representante legal José Samuel Montaño Salcedo interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 166, de fecha 27 de mayo de 2014, cursante a fs. 246 a 247 y vta., confirma la Sentencia Resolución Nº 227, de 01 de octubre de 2013; en contra de esta última Resolución de segunda instancia, José Samuel Montaño Salcedo, en representación legal de Zulema Salcedo Sánchez, recurre de casación en el fondo.
Acusa, que el Juez A quo no habría tomado en cuenta el plano de fs. 11, la inspección judicial de fs. 161 a 163, misma que acreditaría la existencia de construcciones antiguas de tres pisos y que la misma no cuenta con plano aprobado por la Municipalidad, extremos que no habrían sido evaluados por el juzgador, finalmente refiere que la prueba pericial producida por la parte demandante no cuenta con aprobación del Gobierno Municipal, hecho que tampoco habría sido considerado por el juzgador.
Señala que el Juez no habría fijado los puntos de pericia de acuerdo al art. 431 del Código de Procedimiento Civil.
Señala que el Juez de primera instancia de manera curiosa habría nombrado perito dirimidor al Arq. Lopera, para luego nombrar perito de parte al Arq. Soria, hecho ilegal que contraviene el art. 432 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto de que la demandada Zulema Salcedo no habría probado que el inmueble no admitía cómoda división, señala no haberse tomado en cuenta la prueba documental cursante de fs. 32 a 43 de obrados, donde figura el anticipo de legítima y en cuya cláusula segunda se tiene como voluntad de los testadores de establecer servidumbre de paso definitiva.
Alega que el proceso voluntario de división y partición interpuesto ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil no habría finalizado, puesto que no aprueba ni rechaza, mas al contrario de forma ilegal declara contencioso el presente proceso.
Acusa errónea interpretación de los arts. 1.287 y 1.289 del Código Civil, en el entendido de que la prueba documental presentada por la demandante no sería publica por no estar aprobada por el Gobierno Municipal, constituyéndose solo como documentos privados.
Incide en la inobservancia del art. 432 del Código de Procedimiento Civil, respecto del orden de nombramiento de peritos, aspectos que no hubieran sido objeto de reclamos, alegando que si lo hizo en el memorial de apelación de la Sentencia.
Señala que la sana critica debe estar dentro de las reglas de la lógica formal, raciocinio, análisis crítico, dialéctica, ciencia jurídica y experiencia encuadrada a la ley, extremos que ponen limite a la apreciación arbitraria del juzgador. Asimismo aduce que los arts. 1.287 y 1.289 del Código Civil son claros respecto de los documentos públicos y no privados, alegando que los mismos no requieren de la sana critica del juzgador
Con referencia a la prueba cursante a fs. 32 a 43, el juzgador desconoce que la servidumbre habría sido establecida en un anticipo de legítima otorgado por sus padres, el cual tendría el valor definitivo de ley, conforme lo establece el art. 274 del Código Civil, no siendo en este caso exigible se proceda a construir una nuevo paso en el inmueble objeto de materia.
Por lo que de conformidad a lo dispuesto por el art. 250 y 253 del Código de Procedimiento Civil recurre de casación en el fondo contra la Resolución Nº 166, de 27 de mayo de 2014, por errores de hecho y de derecho en la apreciación de pruebas, que demuestran la equivocación manifiesta del juzgador, pidiendo que el superior en grado case la mencionada Resolución en su totalidad de conformidad al art. 274 del Código de Procedimiento Civil.
Ingresando al fondo del caso de Autos y luego de una revisión exhaustiva del recurso, se advierte que la recurrente Zulema Salcedo Sánchez trae a colación los mismos agravios denunciados en su recurso de apelación, Ahora bien interpone recurso de casación en el fondo por la causal 3) del Art. 253 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la Resolución impugnada Nº 166/2014 (Auto de Vista) habría incurrido en error de hecho en la valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, no habiendo sido estas debidamente valoradas, por lo que ingresaremos a absolver las mismas en el orden que fueron presentadas:
Al agravio 1, respecto de que la Juez A quo no habría tomado en cuenta el plano de fs. 11, el acta de inspección judicial de fs. 161 a 163 referido a las construcciones, mismas que no contarían con plano aprobado por la Municipalidad, así como las pruebas periciales producidas por la parte actora que tampoco contarían con la aprobación del Municipio.
Del análisis de las pruebas contrastadas con la Sentencia emitida por la Juez de primera instancia mediante Resolución Nº 227, de fecha 01 de octubre de 2013, cursante a fs. 221 a 225, se tienen como hechos probados los consignados en el Considerando I) de dicha Resolución, señalando lo siguiente: A) prueba literal, por Testimonio Protocolo Nº 271 de fecha 31 de octubre de 1973 de fs. 3 a 7 y 33 a 39 se acredita que los esposos Samuel Salcedo y Zoila de Salcedo, en su condición de legítimos propietarios del inmueble ubicado en la calle Maximiliano Paredes Nº 972 debidamente registrado en Derechos Reales, Partida 1533, fs. 875 del Libro “B” de 1.939, cedieron en calidad de anticipo de legítima el mencionado inmueble en favor de sus hijas Zoila Isolina Salcedo de Gómez y Zulema Salcedo de Montaño.
Que por Testimonio original de fs. 41 a 43, se evidencia que los causantes adquirieron en compra venta el inmueble objeto de la presente acción.
Que por Testimonio Nº 2893/2001 se tiene protocolizado el formulario C.I.M. 02 emitido por el Gobierno Municipal de La Paz, mismo que evidencia que el inmueble cuenta con un Código Catastral signado con el Nº 010-0017-0011 y se encuentra registrado a nombre de la demandante y demandada, cada una con el 50% de acciones.
Que por Resolución Administrativa de fs. 25 de fecha 05 de febrero de 2010, se evidencia que la demandante se subrogó la duda tributaria que se tenía ante el Gobierno Municipal.
Respecto del plano de fs. 11 elaborado por la Arq. Eliana D. Mejía Vera, se tiene que la fisonomía del terreno del bien inmueble, misma que no tendría una forma rectangular ni cuadrada, pero nos señala la posible forma de división y partición a 310 m2., para cada una de las propietarias.
Finalmente el plano de fs. 171 verificado por el Colegio de Topógrafos presentado por la parte actora, mismo que señala nuevamente la topografía y forma del terreno objeto de la división y partición, objetada por la parte demandada y rechazada por impertinente.
Por otra parte el inciso B) Inspección Judicial, acto procesal plasmado en el acta de fs. 161 a 163, cuyo contenido hace constar la asistencia de los sujetos procesales al inmueble objeto de litis, con la finalidad de objetivizar la existencia física del mismo, ubicado en la calle Max Paredes Nº 972, zona Gran Poder, advirtiendo que la parte conflictiva sería el ingreso al inmueble.
En el inciso C) Prueba Pericial, se tiene que en el marco del art. 430 del Código de Procedimiento Civil ha sido admitido el perito ofrecido por la parte actora Arq. Mario Leonardo Soria Valverde, cuyo informe conclusivo cursante a fs. 164 a 170, señala claramente que el inmueble admite cómoda división en dos partes iguales para cada una de las propietarias, cumpliendo debidamente con las normas USPA, sugiriendo únicamente la construcción de una escalera interior en la entrada con el fin de evitar perjuicios a las propietarias.
Como se puede advertir las pruebas producidas por las partes han sido debidamente valoradas por la Juez, de manera detallada, refiriendo todas y cada una de ellas como se tiene manifestadas líneas arriba, llegando a la conclusión de que las partes acreditaron ser propietarias del inmueble objeto de litis y que este admite cómoda división según plano de fs. 11 e informe pericial de fs. 164 a 170, en un 50% para cada propietaria, siendo falsa la aseveración de la recurrente de no haber sido tomadas en cuenta las pruebas aludidas, pretendiendo erradamente que estos planos sean aprobados por el Gobierno Municipal, no siendo ese el objetivo de la pericia en particular.
Asimismo debemos aclarar que el art. 430 del Código de Procedimiento Civil (Procedencia).- señala: “Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimiento especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica”. De su interpretación podemos colegir que la finalidad de esta prueba es contar con el conocimiento de personas especializadas en determinada área o rubro que de mayores luces al juzgador en el conocimiento de la causa para su posterior Resolución; en el presente caso, el objeto de la acción es la división y partición de un bien común y la finalidad de la pericia es saber si el bien admite cómoda división o no, para lo cual se requiere el conocimiento de profesionales en el área y no así la aprobación de planos como erradamente pretende la recurrente, por lo que no se advierte el agravio denunciado.
Al agravio 2, acusa que el Juez no habría fijado los puntos de pericia de acuerdo al art. 431 del Código de Procedimiento Civil.
Al efecto haremos referencia a lo dispuesto por el art. 431 del Adjetivo Civil (Puntos de Pericia) I. “La parte que deberá producir la prueba de peritos establecerá en el escrito de la solicitud los puntos sobre los cuales versará esa prueba II. Al darse traslado a la parte adversa, ella podrá objetarla o agregar nuevos puntos”… aplicable al caso se tiene que la parte actora a tiempo de ratificar su demanda de división y partición de inmueble (fs. 78-79), en el otrosí 1º del aludido memorial ofrece prueba pericial, proponiendo el nombre del Arq. Mario Leonardo Soria Valverde, señalando como punto de pericia la elaboración del plano de división y partición del inmueble motivo de litis y compruebe la cómoda división del bien y la factibilidad del mismo, punto pericial que es corroborado con el punto 4º del Auto de Relación Procesal de fs. 139, en la que se fija como punto de hecho y pericia que el bien se encuentra en lo proindiviso y requiere de una división y partición para conocer los límites y colindancias y que el mismo sea física y técnicamente posible dividir a mitades en partes iguales, provisiones que fueron puestas en conocimiento de la parte adversa conforme lo señala la citada norma en el numeral II, mismas que no fueron objetadas por la demandada, operando el principio de convalidación de los actos procesales, resultando ser impertinente la acusación de este punto.
Al agravio 3, acusa que el Juez de primera instancia de manera curiosa habría nombrado perito dirimidor al Arq. Lopera, para luego nombrar perito de parte al Arq. Soria, hecho ilegal que contraviene el art. 432 del Código de Procedimiento Civil.
Es cierto y evidente que el art. 432 del Código de Procedimiento Civil establece la forma de designación de peritos, estableciendo que las partes designaran de común acuerdo uno o dos peritos, pudiendo dejar al arbitrio del Juez la designación. Si no hubiere acuerdo designaran uno por parte y en su caso el Juez podrá nombrar un tercero.
Previsión legal que fue aplicada al caso de Autos, en el entendido de que la parte demandante a tiempo de ratificar su demanda propuso como perito al Arq. Soria Valverde; sin embargo cabe aclarar que en el desarrollo del proceso se llevó a cabo la audiencia pública de conciliación fijada para el día 28 de septiembre de 2011 (fs. 118), en la cual las partes contendientes manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo equitativo, motivo por el cual la Juez de la causa en dicha audiencia dispuso oficiar al Colegio de Arquitectos a objeto de que remitan una terna de profesionales del ramo para designar en sorteo al que elaboraría el plano, esta fue la circunstancia por la que se designó un perito dirimidor, recayendo la designación en el Arq. Carlos Lopera Ríos, quien en cumplimiento a sus funciones emitió el informe correspondiente, objetado por la parte demandada alegando que sería un simple plano que no contaba con la aprobación del Gobierno Municipal, circunstancias que dejaron sin efecto el acto conciliatorio al que habían arribado las partes, disponiendo en consecuencia el Juez de la causa la prosecución del juicio. En merito a tal circunstancia el perito ofrecido por la parte demandante procedió a elaborar el informe pericial admitido por la Juzgadora.
Se debe destacar que ambas pericias autorizadas por la Juez del proceso cumplieron su finalidad de demostrar que el inmueble objeto del proceso si admite cómoda división y partición, no habiendo trasgresión alguna del art. 432 del Código de Procedimiento Civil, por las circunstancias anotadas.
Al agravio 4, respecto de que no se habría tomado en cuenta la prueba documental de fs. 32 a 43, donde figura el anticipo de legítima y en cuya cláusula segunda se tiene como voluntad de los testadores de establecer servidumbre de paso definitiva.
De la revisión de obrados, se advierte que a fs. 32 a 43 cursa documental consistente en el Testimonio Nº 271/74 de fecha 15 de enero de 1974, en cuya clausula segunda los causantes ceden su derecho sobre el inmueble objeto de la calle Max Paredes Nº 972, con todos sus usos, costumbres, servidumbres y mejoras en favor de sus hijas (las ahora contendientes), documento que si ha sido considerado por la A quo, para determinar el derecho que tienen las partes sobre el bien común, prueba que fue valorada en su entera dimensión.
Para mayor abundamiento diremos que el art. 167 del Código Civil (División de la Cosa Común) señala: “I. Nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada propietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común”, salvo pacto establecido entre partes para permanecer en comunidad por un tiempo no mayor a cinco años, con la salvedad dispuesta por el mismo art. 167 parágrafo II del sustantivo Civil que señala que, “de mediar graves circunstancias, el Juez puede ordenar su división antes del tiempo convenido”, previsión aplicable al caso de Autos toda vez que no existe acuerdo de voluntades para continuar en comunidad.
Como se tiene de la misma norma, existen dos situaciones diferentes para el caso de Autos, la primera referida a los casos en los cuales la cosa admite cómodo fraccionamiento, sin alterar su sustancia y la segunda referida a aquellas situaciones en que la cosa no puede dividirse físicamente o de producirse su división, la misma resultaría inservible para el uso a que está destinada, hecho que no acontece en el caso que nos ocupa, toda vez que por los datos del proceso y la prueba pericial producida se tiene demostrado que por la superficie y características del inmueble hacen viable la división física del bien común, razón por la que, los Jueces de instancia han dado curso a la pretensión de división y partición del inmueble en un a 50% para cada copropietaria, no existiendo afectación de derechos a ninguna de las partes, no siendo evidente el agravio denunciado.
Al agravio 5, alega que el proceso voluntario de división y partición interpuesto ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil no habría finalizado, habiendo sido ilegalmente declarado contencioso.
En ese contexto es menester señalar que; el Capítulo I, del Título IV, del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, en su art. 639 regula los procedimientos voluntarios, señalando entre otros el num. 5) “La división de herencia y otros bienes comunes”, siendo competente para su conocimiento los Jueces de Instrucción, conforme lo dispone el art. 640 del citado Código, mientras no resultaren contenciosos, a cuyo efecto el parágrafo II del precitado artículo textualmente señala: “el procedimiento declarado contencioso será remitido, dentro de tercero día, al juez de partido ordinario…”, disposición legal correctamente aplicada por el A quo frente a la oposición suscitada por la demandada en su memorial de fs. 63 a 64, emitiendo la Resolución Nº 298, de 29 de mayo de 2010 (fs. 68-69), cuyo fundamento radica en la contraposición de la demandada a la pretensión de la demandante, tornando el proceso voluntario en contencioso, aspecto que por lógica legal pasó a conocimiento del Juez de Partido en cumplimiento a las disposiciones señaladas en este punto, no siendo evidente la ilegalidad aducida por la recurrente.
Al agravio 6, acusa errónea interpretación de los arts. 1.287 y 1.289 del Código Civil, en el entendido de que la prueba documental presentada por la demandante no sería pública, sino privada.
Las disposiciones citadas por la recurrente se encuentran referidas a los documentos públicos y la fuerza probatoria que estos tienen de cuerdo a ley, en ese entendido la demandada ahora recurrente considera que las pruebas producidas por la parte actora serían simples documentos privados y no públicos, por la simple razón de no estar aprobados por el Gobierno Municipal. Del contenido del agravio se infiere que este tiende a cuestionar los informes periciales producidos por la demandante durante la sustanciación del proceso, informes que cuentan con planos de ubicación, cuyo objetivo es demostrar la cómoda división del bien en cuestión, así como la forma más adecuada de su división considerando la superficie y las irregularidades que presenta el terreno, precautelando no afectar el derecho de ninguna de las partes, cuyo resultado ha cumplido su finalidad, cual es demostrar la divisibilidad del bien y no así su aprobación por la entidad edilicia como erradamente pretende la recurrente.
Al agravio 7, incide en la inobservancia del art. 432 del Código de Procedimiento Civil. En ese orden diremos que la respuesta ya fue absuelta en la respuesta al agravio 3 de la presente Resolución.
Al agravio 8, señala que la sana critica debe estar dentro de las reglas de la lógica formal, raciocinio, análisis crítico, dialéctica, ciencia jurídica y experiencia encuadrada a la ley y que los arts. 1.287 y 1.289 del Código Civil son claros respecto de los documentos públicos y no privados, alegando que los mismos no requieren de la sana crítica del juzgador.
Respecto del agravio acusado en este punto, ya se tiene manifestado en la respuesta al agravio 6 de la presente Resolución, con referencia a los documentos públicos y el valor que les asigna la ley; en el caso de Autos los de instancia no han desconocido ni contrariado las disposiciones aludidas, careciendo de fundamento legal el agravio acusado en este punto.
Al agravio 9, reitera que la prueba que cursa de fs. 32 a 43, el juzgador habría desconocido la servidumbre establecida en el documento de anticipo de legítima otorgado por sus padres, mismo que a su criterio tiene el valor que le da la ley, conforme lo establece el art. 274 del Código Civil.
Del análisis de obrados se tiene que la parte actora adjunta a su demanda el documento mediante el cual sus padres otorgan en anticipo de legítima el bien inmueble de su propiedad, ubicado en calle Max Paredes Nº 972, en cuya cláusula segunda los padres de las ahora propietarias cedieron el derecho que tenían sobre el bien inmueble con todos, sus usos, costumbres, servidumbres y mejoras, aspecto que no impide dar curso a la pretensión de la demandante respecto de la división y partición como se tiene ya manifestado, no siendo evidente el agravio denunciado.
De lo que se concluye que los jueces de instancia han obrado correctamente y conforme a ley, tanto el A quo a tiempo de emitir la Sentencia de primera instancia y el Ad quem al confirmar la misma, deviniendo infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada Zulema Salcedo Sánchez, correspondiendo fallar en la forma que dispone el art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por José Samuel Montaño Salcedo, representante legal de Zulema Salcedo Sánchez, contra el Auto de Vista Nº 166, de 27 de mayo de 2014, cursante a fs. 246 a 247 y vta., pronunciada por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

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