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Timestamp: 2020-04-07 19:52:39+00:00

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Sentencia nº RH.000391 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 31 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 378268014
Número de Expediente: 11-746
Exp. Nro. 2011-000746
En el juicio por ejecución de laudo arbitral, seguido por la sociedad mercantil BIENES Y RAÍCES AUSTRAL, C.A., representada judicialmente por la abogada A.Z.d.A., contra la sociedad de comercio VAN RAALTE DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados G.C.N., y A.J.P.M.; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 6 de junio de 2011, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la ejecución del laudo arbitral, con fundamento en que “el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje”. En consecuencia, revocó la sentencia apelada, y ordenó al juez a quo que se pronunciara sobre la prosecución de la ejecución del laudo arbitral dictado en fecha 29 de julio de 2009, por el árbitro único G.M.B.d.C.d.A. de la Cámara de Comercio de Caracas. No hubo condenatoria en costas.
Contra la referida sentencia, el apoderado judicial de la parte demandada anunció el recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 19 de octubre de 2011, con fundamento en que el fallo recurrido no encuadra en ninguno de los presupuestos a que se refiere el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa a oír el recurso extraordinario de casación anunciado, la Sala recibió el expediente del cual se dio cuenta en fecha 2 de febrero de 2012, pasándose a dictar la decisión bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe, previas las siguientes consideraciones:
En el presente caso, la Sala observa que la parte demandada anunció recurso de casación contra la sentencia dictada por el juez de alzada, que fue proferida con ocasión a la apelación propuesta por la parte actora, contra el fallo dictado por el juzgado a quo, que negó la ejecución forzosa del laudo arbitral dictado en fecha 29 de julio de 2009, por el árbitro único G.M.B.d.C.d.A. de la Cámara de Comercio de Caracas.
En razón de lo antes señalado, esta Sala a fin de resolver el presente recurso, pasa a transcribir y analizar algunas de las actas del expediente, y lo hace de la manera siguiente:
En fecha 22 de abril de 2008, la sociedad mercantil Bienes y Raíces Austral, C.A., solicitó cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios, mediante el procedimiento de Arbitraje Comercial, contra Van Raalte de Venezuela, C.A. y subsidiariamente a D.d.V., C.A. (Folios 12 al 18 de la pieza 1 del expediente)
En fecha 8 de julio de 2009 el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas dictó laudo definitivo, el cual fue objeto de aclaratoria por cuanto nada mencionó sobre la desocupación del inmueble; en virtud de ello dicho laudo fue aclarado en fecha 29 de julio de 2009, el cual declaró, entre otros, lo siguiente: “…que Daisy no se sumió a este proceso, por no ser parte del compromiso arbitral en que se funda. Por tanto, este laudo no puede afectarla… (Omissis) … el Tribunal Arbitral decide que Van Raalte debe desocupar el galpón ubicado en la parcela Nº 9, en la Calle F del Sector Industrial Guaicay, en el Municipio Baruta del estado Miranda. A los efectos de la desocupación, Austral y Van Raalte acordarán una fecha definitiva para la desocupación, en el entendido que si no pudieren acordarla, esta será dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de este laudo…”. (Folios 355 al 372 y 386 al 403 de la pieza 1 del expediente).
En fecha 20 de noviembre de 2009, la representación judicial de la actora, presentó diligencia, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual solicitó la ejecución forzosa del laudo arbitral. (Folio 469 de la pieza 1 del expediente).
En fecha 1 de diciembre de 2009, fue dictado auto por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue decretada la ejecución voluntaria del laudo arbitral definitivo, dictado en fecha 29 de julio de 2009, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, de conformidad con lo establecido en los artículo 28 de la Ley de Arbitraje Comercial, y 524 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 470 y 471 de la pieza 1 del expediente).
Mediante diligencia de fecha 2 de agosto de 2010, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó la ejecución forzosa del laudo arbitral, en virtud que la demandada no dió cumplimiento voluntario al mismo. (Folio 49 de la pieza 2 del expediente).
En fecha 3 de agosto de 2010, el Juzgado Décimo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, negó la ejecución del laudo arbitral, con fundamento en que el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje, porque el criterio jurisprudencial vigente para la fecha de la introducción de la demanda, no permitía el arbitraje en las demandas de cumplimiento de arrendamientos. (Sentencia publicada por la Sala Político Administrativa Nº 159 de fecha 5 de febrero de 2004). (Folios 50 al 59 de la pieza 2 del expediente).
La mencionada decisión fue apelada por el apoderado judicial de la parte demandante, la cual, fue oída en ambos efectos. (Folios 61 y 62 de la pieza 2 del expediente).
Mediante sentencia dictada en fecha 6 de junio de 2011, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue declarada con lugar, y ordenó la continuación de la ejecución del laudo arbitral. (Folios 246 al 265 de la pieza 2 del expediente).
Mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2012, el apoderado judicial de la demandada solicitó ante esta Sala la admisión del recurso de casación que anunció contra la sentencia de fecha 6 de junio de 2011, porque a su juicio, la misma esta subsumida en los numerales 3º y 4º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que hacen permisible su revisión en sede casacional. (Folios 307 al 315 de la pieza 2 del expediente).
Por escrito de fecha 12 de febrero de 2012, que consta a los folios 317 al 330 de la pieza 2 del expediente, la apoderada judicial de la actora manifestó lo siguiente:
- Que consta sentencia de la Sala de Casación Civil bajo el número 00435 de fecha 30 de septiembre de 2011, en el cual, fue declarado extemporáneo el desistimiento propuesto por el apoderado judicial de la demandada, contra el recurso de casación que anunció, contra la sentencia de fecha 22 de febrero de 2010 dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la admisión del recurso de nulidad del laudo arbitral dictado el 8 de julio de 2009, por el árbitro único G.M.B.d.C.d.A. de la Cámara de Comercio de Caracas.
-Que en fecha 21 de septiembre de 2011, el apoderado judicial de la demandada, volvió anunciar recurso de casación pero contra la sentencia de fecha 6 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, ordenó la continuación de la ejecución del laudo arbitral, y a su vez manifestó en su parte motiva que la sentencia dictada el 22 de febrero de 2010, estaba revestida de cosa juzgada.
Que considera que la demandada está anunciando recurso de casación, dos veces contra la misma sentencia del 22 de febrero de 2010.
Que la demandada interpuso recurso de revisión en fecha 14 de marzo de 2011, ante la Sala Constitucional, contra la sentencia dictada el 22 de febrero de 2010, dicha Sala en sentencia Nº 1773 de fecha 30 de noviembre de 2011, con carácter vinculante, declaró que los laudos arbitrales no son revisables en casación, y por tal motivo, solicitó que fuese declarado inadmisible el anuncio del recurso de casación realizado por la demandada en esta oportunidad.
En virtud de las actuaciones antes señaladas, esta Sala observa que el fallo recurrido fue dictado en etapa de ejecución del laudo arbitral dictado en fecha 29 de julio de 2009, por el árbitro único G.M.B.d.C.d.A. de la Cámara de Comercio de Caracas, por ello a fin de resolver el presente recurso considera necesario, hacer previamente, ciertas consideraciones sobre el procedimiento de arbitraje.
En relación con el arbitraje, esta Sala en sentencia Nº 082 de fecha 8 de febrero de 2002, caso: Hanover P.G.N Compressor, C.A. contra el consorcio COSACOVECA, dispuso lo siguiente:
…En relación con ello, la Sala realiza las siguientes consideraciones:
La excesiva litigiosidad, la ritualidad de los procesos, la multiplicidad de competencias de los tribunales y el reducido número de juzgados en relación con las causas sometidas a su consideración, entre otros motivos, han producido retardos considerables en la administración de justicia por parte del Estado, lo que en definitiva ha causado la pasividad de los particulares respecto de las arbitrariedades e ilegalidades cometidas y ha originado desinterés en poner en marcha la actividad jurisdiccional para obtener el restablecimiento del orden jurídico infringido.
Ante esa realidad, surgió la necesidad de establecer en el ordenamiento jurídico, medios alternativos de resolución de controversias, entre los que se encuentra el arbitraje, el cual permite a los particulares resolver sus diferencias mediante un procedimiento más sencillo y expedito, con la intervención de terceros ajenos e imparciales, denominados árbitros, a los que el Estado les atribuye la facultad de juzgar. De esta manera, se permite la colaboración de los particulares en la solución de conflictos y se evita mayor congestionamiento en los juzgados.
El arbitraje se encuentra establecido en los artículos 607 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y el arbitraje comercial está regulado en la Ley de Arbitraje Comercial. Entre ellos existe una relación de género a especie, y por esa razón, las normas que regulan el primero son de aplicación supletorio en el segundo.
En todo caso, el ordenamiento jurídico venezolano faculta a los particulares para someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una relación jurídica contractual o no contractual, salvo las cuestiones de estado, divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los que no es admisible la transacción.
Esa voluntad de las partes de someterse a arbitraje debe constar por escrito, sea en un acuerdo independiente o en una cláusula contractual. Esta última recibe el nombre de cláusula compromisoria, y consiste en la estipulación mediante la cual las partes se obligan a resolver mediante el arbitraje, todas o algunas de las diferencias que pudiesen presentarse con motivo de la ejecución o incumplimiento de dicho contrato. De esta manera, se establece anticipadamente el mecanismo de resolución de los eventuales conflictos que pudiesen surgir con ocasión del contrato, el cual resulta más expedito que la vía judicial.
Ahora bien, respecto de la validez de los compromisos arbitrales resulta interesante observar que en el Código de Procedimiento Civil derogado, la parte interesada en hacer valer el compromiso arbitral debía acudir ante los órganos judiciales competentes para solicitar la formalización del acuerdo, y si la parte requerida no acudía o se negaba a constituir el tribunal arbitral, dicho acuerdo carecía de efectividad y los derechos subjetivos debían ventilarse por jueces y mediante el procedimiento pautado en la ley (Artículos 503 y 504). Ante esa circunstancia, el arbitraje no logró consolidarse como medio alternativo de conflictos, pues resultaba sencillo sustraerse del compromiso arbitral, sin que hubiese posibilidad legal de constreñir el cumplimiento de la cláusula de compromiso arbitral.
Con la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1987, se logran avances en esta materia, pues el artículo 609 de dicho ordenamiento establece que de negarse una parte a cumplir el compromiso arbitral, la otra puede presentar ante el tribunal que deba conocer o esté conociendo el asunto, el instrumento en el que conste dicho compromiso, expresando las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento, luego de lo cual se ordena la citación de la parte renuente para que conteste acerca del compromiso en el quinto día siguiente.
Luego, puede ocurrir que el requerido: a) Acepte el compromiso, en cuyo caso debe señalar las cuestiones que desea someter a arbitramento, y al día siguiente se procederá a la elección de los árbitros; b) No asista, y en este supuesto la cláusula se tiene por válida y se procederá a la elección de los árbitros, quienes decidirán ateniéndose a las cuestiones sometidas a arbitraje por el solicitante; o c) Niegue la obligación de someter la controversia a arbitraje, hipótesis en la cual el tribunal abrirá una articulación probatoria de quince días, y decidirá dentro de los cinco días siguientes. Este fallo es apelable en ambos efectos, y contra la decisión del juez superior no es admisible el recurso de casación, de conformidad con lo previsto en el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil. Si fuere establecida la validez de la cláusula compromisoria, la controversia se sustanciará mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el indicado Código, y el laudo que le ponga fin, si fuere de derecho, será inapelable, salvo pacto en contrario, por disposición del artículo 624 eiusdem.
Con esta reforma se imprime mayor eficacia al arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos, y se permite el control de la arbitrariedad de las partes respecto de la validez y cumplimiento de la cláusula de compromiso arbitral.
Finalmente, y de manera más categórica y contundente, la Ley de Arbitraje Comercial dispone en el artículo 5º, que celebrado el acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Seguidamente, reitera que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, los artículos 7 y 25 de dicha ley prevén que el Tribunal Arbitral tiene competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. Esto es: la validez del acuerdo de arbitraje comercial no se discute ante jueces, sino ante el Tribunal Arbitral.
Es claro, pues, que la ley establece los mecanismos para asegurar a las partes la validez y eficacia de las cláusulas de compromiso arbitral.
En efecto, el recurso de casación constituye un medio de impugnación que sólo procede por defecto de actividad o quebrantamientos de ley. En el primer caso, el efecto que produce la declaratoria con lugar de dicho recurso es la reposición de la causa, y en el segundo, la nulidad de la sentencia y el reenvío para que ésta sea sustituida, salvo que la Sala case sin reenvío, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En ambos casos los resultados son fatales en el proceso, porque ello implica la realización de nuevos actos que deben ser sufragados por los particulares, y la dilación en la decisión del asunto controvertido, con el agravante de que la ley permite el ejercicio del recurso de casación y nulidad contra la nueva sentencia que se produzca con motivo del reenvío o de la reposición decretada.
Esta circunstancia es más palpable en el caso concreto, pues en la cláusula compromisoria, de forma determinante, ambas partes acordaron que contra el laudo no procedería el recurso de apelación y, por consiguiente, tampoco es admisible el de casación.
Estas consideraciones permiten concluir que por voluntad de la ley y de las partes, la sentencia que se dicte en el procedimiento previo relacionado con la existencia y validez del compromiso arbitral, así como el laudo arbitral que se pronuncie, si fuese establecida la validez del acuerdo de arbitraje, no son revisables en casación.
Asimismo, la Sala establece que la sentencia recurrida no causa gravamen irreparable, porque el interesado puede acudir ante el organismo competente para solicitar el reconocimiento y validez del compromiso arbitral, e incluso, para defenderse en el juicio ya iniciado, mediante la alegación de que existe un acuerdo arbitral que excluye la jurisdicción ordinaria e impide a las partes discutir el asunto controvertido ante jueces, pues ello debe ser tramitado y decidido por un Tribunal Arbitral. Así se establece…
. (Negritas de la sentencia).
En cuanto a la posibilidad de la casación en los recursos de nulidad de laudo arbitral, esta Sala en sentencia Nº 226 de fecha 21 de abril de 2008, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal contra la Compañía Anónima Seguros Orinoco, señaló lo siguiente:
…Ahora bien, debe esta M.J.C. dejar establecido que, si bien es cierto que sobre la naturaleza jurídica del arbitraje la doctrina no tiene una opinión unánime, ya que para unos es un acto jurisdiccional, para otros se trata de una cuestión de carácter eminentemente privada y la resolución de las controversias que se obtengan a través de estos procedimientos se materializa en el llamado laudo arbitral, decisión contra la que, sin lugar a dudas y de conformidad con la normativa legal vigente a tenor de los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, sólo puede ejercerse el recurso de nulidad y por las causales taxativas allí establecidas y en ningún caso, salvo si lo han convenido los litigantes, puede ejercerse contra ellos el medio recursivo de apelación. También es cierto que el juez competente para decidir sobre la nulidad del laudo, siempre que este haya sido dictado por árbitros de derecho, lo es el juez superior del lugar donde se hubiere emitido el laudo.
Ahora bien, la Sala observa que el impugnante para apoyar su solicitud de declaratoria de admisibilidad del recurso de casación, cita sentencial de la Sala que señalan tal inadmisibilidad pero en los casos en que la casación es ejercida contra el laudo arbitral; la Sala reitera ese criterio propio, vertido en las sentencias que citó el impugnante y que se transcribieron ut supra, pues efectivamente los laudos arbitrales son dictados fuera de la jurisdicción y sólo el acuerdo previo de las partes, permitiría un control de grado superior, incluso ante la m.j.c..
El caso de autos es distinto, pues lo planteado no es la recurribilidad en casación de un laudo arbitral, sino la pretensión de nulidad de ese laudo arbitral, que en diferencias, este si es llevado ante la jurisdicción de los Órganos Judiciales del Estado, y persiguen únicamente el control de los requisitos de legalidad de dicho laudo, sin poder entrar a resolver el mérito de la litis.
La mayoría de las legislaciones han coincidido en ser muy celosas en aceptar la posibilidad de ejercer recursos contra el laudo arbitral y esto encuentra su justificación en el hecho de que si el compromiso arbitral deviene de un pacto entre los litigantes a fin de resolver los puntos sobre los que efectivamente no hayan llegado a ningún acuerdo, relación en la que prevalece la autonomía de la libertad, es por eso que se ha tratado de conseguir el equilibrio limitando los medios de impugnación, en beneficio de mantener la eficacia y celeridad propias de los procedimientos arbitrales y de esta manera no desvirtuar la esencia misma de la institución del arbitraje.
Distinto a los casos en que resuelve la nulidad de dicho laudo, donde ya no interviene el acuerdo entre las partes, sino el interés del Estado de que se cumplan las exigencias mínimas que debe cumplir el laudo arbitral para equipararse a una sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Por otro lado, en materia de recursos ordinarios o extraordinarios el legislador ha entendido su existencia ante cualquier tipo de pronunciamiento aunque expresamente no lo prevea, siendo, en consecuencia, claro preciso y expreso cuando pretenda limitar el ejercicio de algún medio recursivo a través normas expresamente así lo determinen. En el caso, no hay norma expresa que niegue la casación en los casos de recurso de nulidad de laudo arbitral…
. (Negritas y subrayado de la sentencia)
En relación con la diferencia existente entre la jurisdicción ordinaria y la arbitral, esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 225 de fecha 21 de abril de 2008, caso: Gerencia y Control de Ingeniería, S.A. (GYCSA) contra C.A. Venezolana de Ascensores (CAVENAS), dispuso lo siguiente:
“…En este orden de ideas, en la primera denuncia por defecto de actividad desechada, esta Sala de Casación Civil, reiteró su criterio mediante el cual las formas de los actos procesales no pueden ser considerados meros formalismos, sino por el contrario, el incumplimiento de estas determinadas formas de realizar los actos procesales, conlleva la ineficacia e inexistencia de los mismos.
Pretender establecer una presunta discriminación existente entre la jurisdicción ordinaria y la arbitral que violentaría los postulados Constitucionales, es ciertamente algo temerario. En la jurisdicción ordinaria las decisiones emanan de los jueces nombrados para tal fin; en cambio, en la jurisdicción arbitral, las decisiones son dictadas por profesionales del derecho escogidos por las partes en conflicto; aunado a ello, la nulidad de los laudos arbitrales sólo puede ser solicitada mediante el respectivo recurso de nulidad y con fundamento en las causales taxativas establecidas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, mientras que en materia ordinaria no existen causales taxativas para alzarse contra un fallo adverso.
En relación a los laudos arbitrales, la Sala en decisión N° 874 del 13 de agosto de 2004, caso Promotora E.P. 1697, C.A. contra Asociación Civil El Carrao, expediente N° 2004-000574, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:
...Con relación a la admisión del recurso extraordinario de casación contra los laudos arbitrales, la Sala se permite transcribir decisión de fecha 8 de febrero de 2002, Exp Nº. 532, Sentencia Nº. 83 en el caso de la sociedad mercantil Hanover P.G.N. Compressor, C.A., anteriormente denominada Proyecto de Gas Natural P.G.B.N., C.A., contra el consorcio Cosa-conveca, integrado por Consultores Occidentales, S.A. (COSA) y Constructores Venezolanos C.A. (CONVECA), en la cual se dijo:
Dispone el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.430 de 7 de abril de 1998, que contra los laudos abitrales podrá proponerse únicamente el recurso de nulidad ante los juzgados superiores competentes del lugar en el cual se profirió el mismo, y el tribunal superior podrá anularlo sólo cuando concurran algunas de las causales contenidas en el artículo 44 eiusdem, a saber:
e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral; y
Al resolver las partes someter su controversia ante los tribunales de Arbitraje, lo hacen con sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia de arbitraje, como lo es la Ley de Arbitraje Comercial, en la cual se excluye la posibilidad de que contra las decisiones emanadas de los Centros de Arbitraje, se ejerzan los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley adjetiva, en tales juicios sólo prevé la posibilidad de ejercer únicamente el recurso de nulidad ante los tribunales superiores de la jurisdicción, a los fines de verificar la legalidad del laudo, tal como se señala en la decisión de esta Sala, anteriormente transcrita; en estos casos, de ser permisible la posibilidad de ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios contra las decisiones de los Centros de Arbitraje, evidentemente se desvirtuaría la intención del legislador de impedir que la sentencia o laudo que haya de recaer en el procedimiento de arbitraje sea revisado en casación, por cuanto contraría los principios de celeridad y de simplicidad que caracterizan a este tipo de procedimientos, así como la eficacia del medio alternativo para la resolución del conflicto...
. (Subrayado y negritas del texto).
Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, existen diferencias entre los procedimientos arbitrales y los ordinarios, al punto de ser excluyentes entre sí, lo cual no debe ser considerado –como pretenden los recurrentes- como una discriminación sino que precisamente la existencia de procedimientos distintos que resuelven asuntos también distintos, obviamente tendrán requisitos o requerimientos que también serán distintos. Cabe destacar que dentro de la jurisdicción ordinaria, aún cuando para ejercer el recurso extraordinario de casación, ciertamente no se exige caución, el mismo está sometido al cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad y no por ello es discriminatorio…”. (Negritas, subrayado y cursivas de la sentencia)
En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación, en las decisiones dictadas con ocasión del recurso de nulidad del laudo arbitral, esta Sala en sentencia N° 383 de fecha 12 de junio de 2008, caso: J.C.C.P. contra Galerías Á.C., señaló lo siguiente:
…El Juzgado Superior basó la negativa de admisión del recurso extraordinario, con fundamento en que se trata de un juicio de nulidad de laudo arbitral, contra el cual no se concede recurso alguno.
A los fines de dar respuesta a lo expuesto por el recurrente de hecho, esta Sala observa lo siguiente:
La Ley de Arbitraje Comercial no prohíbe que contra la decisión que resuelve el recurso de nulidad se pueda intentar el recurso de apelación o el de casación si fuere el caso, y ello, en razón de que la sentencia que resuelve el recurso de nulidad proviene en definitiva de un órgano jurisdiccional, por lo que es lógico sostener que es susceptible de los mismos recursos ordinarios y extraordinarios que son admisibles contra las sentencias judiciales en general.
En efecto, así se pronunció la Sala en reciente sentencia N° 226, de fecha 21 de abril de 2008, expediente N° 2005-762, caso: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal Contra Compañía Anónima Seguros Orinoco, (Hoy Seguros Mercantil, C.A.), en la cual se resolvió lo siguiente:
De allí, que en atención a que se trata de una sentencia de última instancia que pone fin a un juicio especial contencioso, de conformidad con el ordinal 4 de artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, sería procedente el recurso de casación, previo el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad del mismo. En efecto, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Conforme al contenido y alcance de la norma y sentencia supras transcritas, el recurso extraordinario de casación procede contra las decisiones de los Tribunales Superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, siempre y cuando su cuantía exceda de doscientos cincuenta mil bolívares; en tal razón, a objeto de establecer la cuantía estimada en el presente juicio, la Sala estima necesario verificar, en primer lugar, la oportunidad temporal en que fue propuesta la presente demanda arbitral y, en segundo lugar, la estimación de la misma.
Es necesario destacar, en principio, que el hecho de no haber sido estimada la demanda de nulidad contra la sentencia que resolvió el laudo arbitral no determina una imposibilidad para esta Sala, el poder verificar el interés principal del presente juicio a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, ya que en este caso de nulidad de la sentencia del laudo arbitral tantas veces mencionado la cuantía que ha de tomarse en consideración para la admisibilidad del recurso de casación, no es la que surja como producto de la estimación hecha en el escrito de nulidad, sino, que ha de ser la cuantía establecida en el juicio principal, cual es la demanda arbitral propiamente dicha…”. (Negritas subrayado, cursivas y mayúsculas de la sentencia)
En razón de los criterios jurisprudenciales, precedentemente transcritos, se desprende que el arbitraje es un medio expedito y alternativo de resolución de conflictos previsto en la ley, que tiene lugar cuando las partes de común acuerdo manifiestan de manera escrita, mediante acuerdo independiente o cláusula compromisoria, que toda controversia que haya surgido o pueda surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no, deba someterse a la decisión de árbitros, y de esta manera renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los Órganos Judiciales del Estado.
Asimismo, se evidencia que la jurisdicción ordinaria y el arbitraje, son excluyentes entre sí, pues ambas tienen procedimientos distintos, resuelven puntos distintos y por ende tiene requisitos y requerimientos distintos. En la jurisdicción ordinaria las decisiones son dictadas por jueces nombrados para tal fin, en la arbitral son dictadas por árbitros, que son abogados escogidos por las partes en conflicto; la nulidad del laudo arbitral sólo puede ser solicitada mediante recurso de nulidad y fundamentado en las causales taxativas previstas en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, mientras que en la jurisdicción ordinaria no existen causales taxativas para alzarse contra un fallo desfavorable para alguna de las partes.
Por tanto, los laudos arbitrales al ser dictados fuera de la jurisdicción ordinaria, no permiten un control de grado superior, por lo que no pueden ser revisados en sede casacional, pues, la posibilidad de ejercer recursos ordinarios o extraordinarios contra los laudos arbitrales dictados por los Centros de Arbitraje, desvirtuaría la intención del legislador de impedir que el laudo sea revisado por órganos jurisdiccionales, contrariando los principios de celeridad y simplicidad, así como la eficacia que caracteriza este medio alternativo de resolución de conflictos; cuestión diferente es aquella sentencia dictada con ocasión a la pretensión de nulidad de ese laudo arbitral, en la que interviene un juez superior competente del lugar en que profirió el laudo, a fin de verificar que se cumplan las exigencias mínimas que debe tener el laudo arbitral para equipararse a una sentencia con fuerza de cosa juzgada, en las cuales sí es permisible el recurso de casación, pues, en primer lugar, la sentencia es dictada por un órgano jurisdiccional, y en segundo lugar la Ley de Arbitraje Comercial no prohíbe el mencionado recurso contra las sentencias dictadas con ocasión de la nulidad del laudo arbitral; por tanto, al ser permisible la casación es evidente que su procedencia o no está supeditada al cumplimiento previo de los requisitos de admisibilidad a que se refiere el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en relación con las sentencias dictadas en etapa de ejecución del laudo arbitral, la Sala Político Administrativa ha señalado en sentencia Nº 174 de fecha 3 de marzo de 2004, caso: R.A.C.R. contra la Asociación Cooperativa Mixta de Transporte de Carga Táchira, S.R.L., la cual acogemos en esta oportunidad, lo que a continuación se transcribe:
…Acudir a los tribunales de la República para la ejecución forzosa de las obligaciones estipuladas en los Laudos Arbitrales de la naturaleza como el examinado (donde se dirimió una controversia surgida con motivo de la solicitud de una Reunión Normativa Laboral), tal como se vio, es un mecanismo al que perfectamente pueden acudir las partes, y por lo tanto, ha de entenderse como autónomo y no condicionado a que previamente se haya acudido a la autoridad administrativa para la ejecución del laudo.
Sin embargo, ese mecanismo a su vez ha de entenderse como opcional o alternativo, con lo cual no excluye la posibilidad de que se acuda a la propia autoridad administrativa para su ejecución, en cuyo caso aquél puede eventualmente configurarse como complementario (pero nunca condicionado) al último de los mencionados, cuando a través del requerido concurso de la autoridad administrativa no se logre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el laudo.
Por otra parte, se impone advertir, dada cuenta que la solicitud de ejecución del laudo fue formulada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial, que no es en ese instrumento jurídico y, de suyo, en dicha norma, donde ha de soportarse de iure la misma, dada cuenta que, a la vista de su contenido, la materia que regula es de carácter comercial, no estando en consecuencia vinculada con la ejecución de laudos arbitrales dictados en la materia que ha sido objeto de análisis en el presente fallo. No obstante lo señalado, resulta evidente que tal equívoco en cuanto a los fundamentos jurídicos que soportan la solicitud, mal han podido traducirse en una desestimación de la misma, ya que se imponía, tal como se hizo, atender al aforismo iura novit curia, según el cual corresponde al juez la aplicación del derecho a los asuntos sometidos a su conocimiento. Por lo demás, y en descargo de los solicitantes de la ejecución, ha de reconocerse que los preceptos y principios recogidos en la aludida norma están en similar orden a los evaluados en el presente fallo.
Precisado todo lo anterior, en definitiva es necesario concluir que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer la solicitud respecto a la ejecución forzosa del Laudo Arbitral, la cual debe ser dilucidada ante la jurisdicción laboral ordinaria. En consecuencia, debe revocarse la decisión referente a la consulta de ley dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 15 de julio de 2003. Así se declara…
. (Negritas de la sentencia)
Del precedente criterio jurisprudencial, se desprende que las partes pueden acudir a los Órganos del Poder Judicial, para solicitar la ejecución forzosa del laudo arbitral, lo cual debe entenderse como opcional o alternativo, sin excluirse la posibilidad de que se acuda a la propia autoridad administrativa para su ejecución.
Por su parte, la Sala Constitucional en sentencia Nº 1.784 de fecha 30 de noviembre de 2011, caso: Distribuidora J.D.D.A., C.A., ha señalado lo siguiente
“…Sobre la base de las anteriores consideraciones, cabe afirmar que la relación entre los órganos del Poder Judicial y los de arbitraje a los fines de lograr “por vías distintas pero complementarias, el mismo ideal de justicia”, se generan un conjunto de relaciones jurídicas que suponen una necesaria asistencia y, comportan igualmente, un control que garantice la eficacia de los medios de resolución de conflictos como una manifestación del derecho fundamental a una tutela “judicial” efectiva, en los términos expuestos en la sentencia de esta Sala Nº 192/08.
Así, como ejemplos de la necesaria asistencia entre los órganos del Poder Judicial y los órganos arbítrales, puede destacarse…
Por otra parte, desde el ángulo de las relaciones de control entre los órganos del Poder Judicial y los órganos arbítrales, la Ley de Arbitraje Comercial en sus artículos 43 al 47 prevé la anulación de los laudos o, su reconocimiento “por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias”, conforme al artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial y con las excepciones contenidas en el artículo 49 eiusdem.
Ahora bien, no escapa al análisis de esta Sala que históricamente ha existido cierta reticencia frente al arbitraje por parte de algunos de los órganos del Poder Judicial, fundamentalmente por considerar que los pactos arbitrales constituyen una derogatoria de la jurisdicción de los tribunales judiciales -vale decir en una pérdida de poder o debilitamiento de las funciones que le son otorgadas constitucionalmente-; todo lo cual deviene en inaceptable, no sólo por el incuestionable desarrollo actual de la institución como un medio alternativo con rango constitucional, sino más importante aún, por el hecho que semejante posición significaría desconocer a los pilares fundamentales que sustentan al mecanismo como una institución viable y efectiva que, se insiste, forma parte del sistema de justicia (Vid. artículo 253 constitucional).
En tal sentido, si se afirman como cinco los elementos primordiales que debe mostrar una adecuada regulación del arbitraje, a saber “validez y eficacia del convenio arbitral, autonomía de las partes, amplios poderes a los árbitros, intervención judicial sólo como apoyo al arbitraje, e intangibilidad del laudo arbitral” -Cfr. Mantilla Serrano Fernando, La Ley de Arbitraje. Una Perspectiva Internacional, Iustel, Madrid, 2005, página 29-, éstos sólo pueden realizarse eficazmente, en la medida que la aparente tensión entre las jurisdicciones ordinaria y arbitral, sea sustituida por una visión que postule la necesaria e inevitable cooperación entre las mismas.
Sobre este aspecto, comparte esta Sala las consideraciones de Mustill en cuanto a que idealmente, el manejo de los conflictos arbitrables debería parecerse a una carrera de relevos. En las fases iniciales, cuando los árbitros no se han hecho cargo de la disputa, el bastón está al alcance de los tribunales, por cuanto para ese momento no hay ninguna otra organización que pueda tomar medidas para prevenir la falta de efectividad del pacto arbitral. Cuando los árbitros asumen sus funciones, toman el testigo y lo conservan hasta la expedición de un laudo. En este estadio, no teniendo funciones adicionales, los árbitros retornan el bastón de forma tal que los tribunales, en caso necesario, prestan sus poderes coercitivos para la efectividad del laudo. Pero en la vida real esto no es tan claro. Muy pocos comentaristas aseverarían en la actualidad que las funciones legítimas de los tribunales cesan íntegramente cuando los árbitros reciben el expediente y, correlativamente, muy pocos dudarían que hay un punto donde aquellos asumen un papel netamente subordinado -Cfr. Mustill, Michael. Part III: Comments and Conclusions, Conservatory and Provisional Measures in International Arbitration, The ICC International Court of Arbitration, París, 1993, p. 119 y Gamboa Morales, Nicolás. La Inmunidad Soberana de Jurisdicción en el M.d.A.C.I.. Evolución y Actualidad. Universidad del Rosario, Colombia, 2007-.
Corolario de todo lo anterior, es que el análisis judicial de las instituciones del arbitraje debe abandonar cualquier postura dogmática o excluyente que genere un sobredimensionamiento del aspecto contractual que da origen al sometimiento de las partes al sistema arbitral, de forma tal que se desconozca la necesaria participación de los órganos del Poder Judicial para la efectividad de ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos -vgr. Medidas cautelares-; o bien que asuma una visión hipertrofiada de la actividad jurisdiccional, que termine por afectar el núcleo esencial del sistema de arbitraje como un medio idóneo y eficaz para la resolución de conflictos -vgr. El pernicioso análisis de fondo sobre cuestiones relativas a la validez o existencia del acuerdo de arbitraje, como será tratado infra.
…conforme a la jurisprudencia vinculante de esta Sala, el arbitraje postula el principio de cooperación y subsidiariedad de la actividad judicial, que comporta no sólo un parámetro interpretativo de las competencias o instituciones relacionadas con el sistema de justicia arbitral, sino desde el punto de vista material, el garantizar que los órganos del Poder Judicial deban intervenir asistiendo o controlando el procedimiento arbitral o sus efectos, así como evitar que tales órganos interfieran en la actividad jurisdiccional conferida por el ordenamiento jurídico a los árbitros.
Así, en orden a resolver el asunto planteado a la consideración de esta Sala, sólo se hará referencia a la operatividad de la “excepción de arbitraje” frente a la jurisdicción ordinaria y, en particular, a su tratamiento jurisprudencial por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la jurisprudencia de esta Sala en materia de arbitraje. A tal efecto, el parámetro conceptual sobre la base del cual la Sala Político Administrativa aborda este tema, se encuentra recogido entre otras, en la sentencia Nº 2.571/05, conforme a la cual se señala lo siguiente:
De igual forma, la denominada “excepción de arbitraje” ha sido resuelta de forma similar por la mencionada Sala Político Administrativa, en la sentencia Nº 5.245/05, conforme a la cual se señaló que:
De una simple lectura de las sentencias parcialmente transcritas, se advierte que las mismas parten de una premisa que bien puede calificarse como procesalmente válida -en la medida que la cuestión previa contenida en el artículo 346.1 del Código de Procedimiento Civil, es una pretendida “excepción” relativa a la falta de jurisdicción de los tribunales para resolver un determinado caso sometido a arbitraje-; pero que en forma alguna puede ser utilizada como arquetipo fundacional sobre la base del cual interpretar con carácter general, las relaciones de asistencia o control entre los órganos del Poder Judicial y el sistema de arbitraje.
Ciertamente, cuando esta Sala afirmó la unidad funcional y teleológica de las actividades desarrolladas por los tribunales de la República y el sistema arbitral -Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 1.139/00 y 1.541/08-, se niega cualquier concepción que comporte asumir una visión de incompatibilidad entre la “jurisdicción” y el arbitraje. En tal sentido, el ordenamiento jurídico aplicable se caracteriza por la necesaria colaboración entre el arbitraje y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial como partes integrantes del sistema de justicia, cuyo objetivo final debe ser la consecución de una sociedad justa de conformidad con los artículos 3, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de suerte tal que siendo coherentes con esta visión, no puede entonces seguir sosteniéndose que el arbitraje sea, en puridad de conceptos, una “excepción”…”. (Negritas, mayúsculas y subrayado de la sentencia)
Del criterio jurisprudencial antes mencionado, y aplicado al caso concreto esta Sala evidencia que existe una necesaria asistencia entre los órganos del poder judicial y los de arbitraje, con el fin de garantizar la eficacia de dicho medio alternativo de resolución de conflictos; por ejemplo, en el reconocimiento y ejecución del laudo, intervienen los jueces controlando los efectos del mismo, siendo este el llamado principio de cooperación y subsidiariedad de la actividad judicial que postula el arbitraje, por tanto, no puede considerarse que el arbitraje sea una excepción relativa a la falta de jurisdicción de los órganos del poder judicial.
Ahora bien, en el caso concreto, esta Sala observa que la Sala Constitucional de este M.T., dictó sentencia Nº 1.773 en fecha 30 de noviembre de 2011, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la demandada Van Raalte de Venezuela, contra la decisión proferida en fecha 22 de febrero de 2010, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Venezuela, y en la cual declaró lo siguiente:
…En el caso de autos, se solicitó la revisión de la sentencia del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 22 de febrero de 2010, por medio de la cual se “NIEGA LA ADMISION del Recurso de Nulidad de Laudo Arbitral, incoado por la Sociedad Mercantil VAN RAALTE DE VENEZUELA C.A., contra la decisión dictada por el Tribunal Arbitral el día 8-7-2009, por el Árbitro único, G.M.B.d.C.D.A. DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARACAS, llevado en el expediente Nº CA01-A-2008-000003”.
Finalmente, se fija con carácter vinculante el contenido del presente fallo a partir de su publicación íntegra en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que los recursos o juicios que se interpongan o se encuentren en trámite antes de la referida publicación, deberán seguir su curso…
. (Negritas y cursivas de la sentencia).
Ahora bien, en el fallo previamente transcrito la Sala Constitucional, señaló en cuanto a la recurribilidad de los laudos arbitrales que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial contra ellos, procede el recurso de nulidad, y que el conocimiento de esta acción se limita a una única instancia, tal como lo dispone el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, siendo el juzgado competente para conocer de la nulidad un tribunal superior, y no uno de inferior jerarquía; en virtud a la excepción de la doble instancia establecida en el prenombrado artículo, no es posible que pueda ejercerse contra la sentencia que resulta del recurso de nulidad del laudo arbitral, algunos de los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico, -como la casación- por cuanto contrarían lo dispuesto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a la utilización de los medios alternativos de resolución de conflicto como el arbitraje, y los jueces de la república tienen el deber de procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de tales medios, así como proteger y reconocer su efectiva operatividad, pues, si bien el arbitraje implica un desahogo de la justicia ordinaria, no puede considerarse ajeno al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz.
Continúa la Sala Constitucional manifestando, que la admisión del recurso de casación en el procedimiento de arbitraje, implicaría la posibilidad de casación múltiple, lo cual degradaría el procedimiento arbitral, el cual propugna los principios de celeridad y la unicidad de procedimientos.
Las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en el arbitraje no constituyen un fallo de alzada, porque como ya se expresó, estos conocen en única instancia de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje Comercial, por ello no puede dársele el tratamiento que tendría una sentencia de segunda instancia, proferida con ocasión de la resolución de conflictos que conocen los órganos del Poder Judicial; y ello en forma alguna contraría al principio de la doble instancia, pues contra los laudos arbitrales sólo procede la nulidad de los mismos.
Asimismo, señala que es criterio reiterado de esa Sala Constitucional, el que dice que “el derecho a recurrir supone, necesariamente la previa previsión legal de un recurso o medio procesal destinado a la impugnación del acto” , lo cual, consideró plenamente aplicable al caso de la recurribilidad en casación de la sentencia dictada con ocasión a la nulidad de laudos arbitrales, la cual, como no lo contempla el proceso de arbitraje, ni el Código de Procedimiento Civil, tal recurso como medio de impugnación, no procede el recurso extraordinario de casación contra el fallo que resuelva sobre el fondo o inadmita el recurso de nulidad de un laudo arbitral, lo cual no obsta para la procedencia de otros medios de control jurisdiccional como el amparo constitucional o la solicitud de revisión constitucional.
Por último, establece que la sentencia Nº 1.773 de fecha 30 de noviembre de 2011, tiene carácter vinculante, la cual, sólo será aplicable a los recursos o juicios que se interpongan con posterioridad a la publicación íntegra de dicho fallo en Gaceta; la misma fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.841 de fecha 12 de enero de 2012.
Hechas todas esas consideraciones, la Sala observa que la sentencia recurrida no fue dictada con motivo de la nulidad del laudo arbitral, sino que constituye una decisión dictada en ejecución del laudo arbitral.
Ahora bien, para resolver el caso concreto, la posibilidad del recurso de casación contra la sentencia dictada en la etapa de ejecución de laudo arbitral, esta Sala considera necesario mencionar el contenido del Capítulo VIII de la Ley de Arbitraje Comercial, referido al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, artículos 48 y 49, que establecen lo siguiente:
Artículo 48. El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.
Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;
Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje;
Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo; e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, por una autoridad competente de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;
Cuando el tribunal ante el cual se plantea el reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que según la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público;
Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes lo han sometido.
En razón de las normas antes señaladas, esta Sala determina que en la ejecución del laudo arbitral, si bien puede haber una intervención de los tribunales de primera instancia -asistiendo a la Cámara de Arbitraje- con el fin de que ordenen la ejecución forzosa del laudo, ello no quiere decir que el fallo que niegue dicha ejecución, sea recurrible en casación; pues, en el arbitraje un órgano administrativo que es la Cámara de Arbitraje dicta el laudo, bajo el procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje Comercial que propugna los principios de celeridad y de simplicidad, y el cual, no contempla como modo de impugnación los recursos de apelación y casación, que son propios de los órganos del Poder Judicial; de hecho, la sola procedencia del recurso extraordinario de casación, en cualquiera de sus motivos, ya sea por defecto de actividad o de fondo, traería como consecuencia resultados que contrarían los principios, antes mencionados, que caracterizan el procedimiento de arbitraje, porque ello implicaría la realización de nuevos actos que serían sufragados por los particulares, así como la dilación en la decisión del asunto controvertido.
Aunado a ello, la Sala reitera que sólo son recurribles en casación las sentencias dictadas en ejecución, si el fallo que se ejecuta tiene casación, lo que no se cumple en este caso pues el acto ejecutado no es una decisión judicial, sino un laudo, contra el cual no procede recurso de casación.
Asimismo, las causales de suspensión de la ejecución del laudo, ya citadas precedentemente, conllevarían a examinar el trámite y la decisión sobre el laudo, lo que de conformidad con la doctrina reiterada de esta Sala no es posible. En efecto, unas de las causales es incapacidad de quien celebró el laudo o que el laudo se exceda del acuerdo de arbitraje. Por consiguiente, ello conllevaría a examinar aspectos vinculados con la validez del laudo e irremediablemente a su examen, a pesar de que el laudo en si mismo no tiene casación y no es revisable.
En efecto, basta repasar las causales de anulabilidad del laudo, para encontrar su equivalencia con aquellas que determinan la suspensión de la ejecución del mismo, las cuales están previstas en el artúclo 42, el cual es del tenor siguiente:
Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;
Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo;
Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;
Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.
Lo expuesto pone de manifiesto que permitir el recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de un laudo, implicaría necesariamente examinar aspectos relacionados con el trámite y validez del mismo, lo que no es permisible por cuanto el laudo no es revisable en casación, por no preverlo así el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea aplicable lo dispuesto en el ordinal 3, el cual se refiere a actos dictados en ejecución de SENTENCIAS, esto es dictado en ejercicio de la función jurisdiccional, y siempre que contra dicha SENTENCIA sea admisible el recurso de casación.
Lo expuesto no implica que las sentencias dictadas en ejecución de un laudo queden excluidas del control jurisdiccional, sino que ello en modo alguno sería objeto del recurso de casación, sino del amparo o la revisión. Así se establece.
Por los motivos antes expuestos, esta Sala determina que las sentencias dictadas en etapa de ejecución de laudo arbitral, no son recurribles en casación.
En el presente caso, fue dictado laudo arbitral en fecha 29 de julio de 2009, por el árbitro único G.M.B.d.C.d.A. de la Cámara de Comercio de Caracas, el cual ordenó la desocupación de bien arrendado, y para su cumplimiento estableció que acordaría una fecha definitiva, o en su defecto sería dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ese laudo; dicha orden no fue ejecutada por la parte perdidosa Van Raalte de Venezuela, por tanto la parte favorecida Bienes y Raíces Austral, solicitó ante los jueces de esta jurisdicción civil, la ejecución forzosa del laudo. Por su parte, el tribunal de primera instancia que recibió dicha solicitud, negó dicha ejecución con fundamento en que el objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje, y contra el mencionado fallo fue ejercido recurso de apelación, el cual originó la sentencia que es recurrida en casación en esta oportunidad por la parte demandada.
En virtud de lo antes señalado, esta Sala evidencia que la sentencia dictada por el tribunal de alzada no es recurrible en casación, pues, fue dictada con ocasión de la ejecución del laudo arbitral dictado por la Cámara de Comercio de Caracas, y como ya se expresó, el recurso extraordinario de casación no es permisible contra este tipo de sentencias.
En consecuencia, esta Sala considera inadmisible el recurso de casación anunciado por la parte demandada, todo lo cual, lo que consecuencialmente conduce a la declaratoria sin lugar del recurso de hecho que se examina, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 19 de octubre de 2011, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 6 de junio de 2011, dictada por el referido juzgado.
Se condena al recurrente al pago de las costas, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Exp. Nro. AA20-C-2011-000746 Nota: Publicado en su fecha a las

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