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Timestamp: 2019-09-16 04:17:47+00:00

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Resolución de TEAF Álava, 24-10-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 24 de Octubre de 2008
Núm. Resolución: R080082
A una sociedad anónima no le es aplicable directamente la previsión del art. 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que no se embargarán los instrumentos de trabajo del ejecutado cuando su valor no guarde relación con la cuantía de la deuda. El precepto se refiere a los bienes imprescindibles para atender con dignidad a la subsistencia del deudor y de su familia. La diligencia de embargo del terreno y de las construcciones es conforme a derecho.
En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de octubre de dos mil ocho. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 199/08, interpuesta por , contra la resolución de la Agente Ejecutiva, de 23 de julio de 2008 (sic), que desestima el recurso de reposición interpuesto el 29 de julio contra la diligencia de embargo, de 14 de julio anterior, de la finca registral 5653 y los demás objetos o edificaciones adosados a ella, sita en , por impago de la deuda derivada de la declaración-liquidación nº 55903/2008, correspondiente al IVA del mes de abril de 2008.
Primero.-El 11 de junio de 2008 la Agente Ejecutiva notifica en el domicilio empresarial la providencia de apremio del Director de Hacienda que declara la deuda de 502.211,77 € -resultante de la declaración-liquidación por el IVA del mes de abril de 2008- incursa en el recargo de apremio que corresponda -10% ó 20% según sea la fecha de pago- de los previstos en el art. 28 de la Norma Foral General Tributaria.
En la notificación se indica que la misma puede recurrirse en el plazo de un mes y que el procedimiento ejecutivo puede suspenderse por alguno de los motivos y condiciones del art. 169 de la citada Norma Foral. No consta actuación de la empresa en uno u otro sentido.
Segundo.-Ante el impago de la deuda, el 14 de julio siguiente la citada Agente Ejecutiva embarga la finca registral núm. 5653 del municipio de (terreno no edificado sito en la parcela 6 del Sector 1) y los objetos o construcciones que puedan existir sobre la misma.
Tercero.-Contra la resolución, con registro de salida núm. 2041 del 9 de septiembre, que desestima el recurso de reposición interpuesto el 29 de julio anterior contra la diligencia de embargo, el representante empresarial formula la presente reclamación y solicita su anulación.
A este respecto alega: 1) Las actuaciones ejecutivas llevadas a cabo han paralizado las actividades mercantiles de su representada porque se han trabado los créditos de sus clientes y los saldos de sus cuentas hasta colocarla en situación de solicitar el concurso de acreedores; 2) Las mismas son desproporcionadas y contrarias al art. 606 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que declara inembargables los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio; y 3) Debió ejecutarse antes el aval que tenía prestado para hacer frente a las deudas por Impuesto sobre .
Cuarto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/2007, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe a si es o no conforme a derecho la diligencia de embargo de un terreno y lo adosado o construido sobre él, sito en el término municipal de , para hacer frente al impago de la deuda derivada de la declaración-liquidación por el IVA correspondiente al mes de abril de 2008.
Segundo.-De acuerdo con lo regulado en los arts. 164.2 y 167 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, la recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse en período ejecutivo mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento de apremio, procedimiento que es exclusivamente administrativo, consiste en el conjunto de actuaciones dirigidas a cobro de las deudas mediante la ejecución del patrimonio del deudor, se impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez, iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma previstos en la normativa tributaria.
Dicho procedimiento se inicia, según el art. 171 siguiente, con la notificación al obligado tributario de la providencia de apremio, que será título suficiente a estos efectos y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.
Emitida la providencia de apremio, y notificada a la empresa deudora, como sucede en este caso, el procedimiento ejecutivo prosigue por todas sus fases sin necesidad de intervención alguna de la apremiada, estando prevista su suspensión exclusivamente por las causas del art. 169, esto es, la presentación de garantías en el curso de un procedimiento de recurso o reclamación, o la demostración por el afectado de que se ha producido un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma se ha ingresado, condonado, compensado, aplazado o suspendido, o que ha prescrito el derecho a exigir el pago.
Tercero.-En este caso, y como se ha dicho en el Antecedente Primero, la providencia de apremio fue notificada a la mercantil con la indicación expresa de los órganos y plazos ante los que podía impugnarse, de las condiciones para suspenderse la ejecución (art. 169) y de los motivos para su anulación, sin que conste intervención posterior al respecto de la deudora más allá de las impugnaciones realizadas en otros expedientes ejecutivos concurrentes a éste en los que se han trabado otros bienes por impago de otras deudas.
Así las cosas, la diligencia de embargo ahora cuestionada sólo podrá ser anulada sin concurre alguno de los motivos tasados que regula el apartado 3 del artículo 174 de la citada Norma Foral 6/2005, esto es:
'a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
e) Tener concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago'.
De entre ellos, se alega que se ha infringido lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173 de la Norma Foral 6/2005, esto es:
'4. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las Normas Forales o las leyes…', previsión que remite al 606 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que dispone que 'Son también inembargables: 2º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada'.
Respecto de este artículo, y tal y como razona el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de marzo de 2005 (Ar. AC\2005\1000), recogiendo la opinión mayoritaria de las distintas Audiencias Provinciales al interpretar el precepto similar de la anterior LEC de 1881, esta previsión se refiere a aquellos bienes que el legislador ha considerado imprescindibles para que la persona del ejecutado y sus descendientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia, como son el mobiliario y el menaje de la casa, las ropas del ejecutado y su familia, el salario mínimo interprofesional, los instrumentos del oficio, etc., pero no puede pretenderse su aplicación a las personas jurídicas porque en ellas no es reconocible la dignidad humana, y menos aún en la sociedades mercantiles, cuya finalidad, por definición, no es sino el ánimo de lucro, con las ventajas de orden económico que este marco legal comporta para ellas, por lo que no es coherente que a la hora de practicar los embargos se pretenda la aplicación de las normas pensadas para las personas físicas, olvidando que todos los bienes de las personas jurídicas, sin excepción, son embargables, porque a ellas es exigible, con todo su rigor, la responsabilidad universal patrimonial del art. 1.911 del Código Civil(Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros).
A mayor abundamiento, la redacción del citado art. 606.2º añade una coletilla a la de la anterior LEC de 1881 al mencionar que la prohibición se circunscribe a cuando el valor de los bienes embargados no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada, desproporción que ni se alega, ni consta, ni parece pueda darse en el caso de esta empresa, sujeta al embargo de todo o la mayor parte de su patrimonio porque las deudas impagadas eran de cuantía considerable.
Cuarto.-Por otra parte, la protesta porque antes debió de ejecutarse el aval prestado queda sin contenido después de comprobar en el expediente administrativo que el citado aval fue ejecutado el 16 de junio de 2008, con anterioridad a la diligencia del 14 de julio aquí recurrida.
Quinto.- En último lugar debe decirse que la situación de insolvencia y de concurso de acreedores en que se halle la apremiada podrá ser consecuencia de una determinada conducta empresarial o de circunstancias del mercado, pero es ajena a la legalidad de la diligencia de embargo aquí impugnada, aprobada, de acuerdo con el procedimiento establecido, para garantizar el cobro de una deuda tributaria de IVA, devengada, liquidada y no satisfecha a su vencimiento.
Sexto.-Lo anteriormente expuesto y razonado conlleva la desestimación de la presente reclamación y la confirmación de los actos impugnados.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 199/08, interpuesta por la representación de , contra la resolución de la Agente Ejecutiva, de 23 de julio de 2008 (sic), que desestima el recurso de reposición interpuesto el 29 de julio contra la diligencia de embargo, de 14 de julio anterior, de la finca registral 5653 y los demás objetos o edificaciones adosados a ella, sita en , por impago de la deuda derivada de la declaración-liquidación nº 55903/2008, correspondiente al IVA del mes de abril de 2008,RESUELVEDESESTIMAR la misma y, en su virtud, confirmar la resolución y la diligencia de embargo impugnadas, por ser conformes a derecho.
Sentencia Administrativo Nº 2094/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 8, Rec 38/2006, 22-10-2008
Orden: Administrativo Fecha: 22/10/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Sanchez Sanchez, Ricardo Num. Sentencia: 2094/2008 Num. Recurso: 38/2006
Sentencia Contencioso-Administrativo TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1386/2015, 05-07-2017
Orden: Administrativo Fecha: 05/07/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Recurso: 1386/2015

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 174
 artículo 173
 resolución 
 resolución