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Timestamp: 2017-12-13 17:59:39+00:00

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CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA
ARTÍCULO 1 Obligación de prestarse asistencia mutua
ARTÍCULO 3 Motivación de la denegación
ARTÍCULO 4 Cumplimiento de solicitudes
ARTÍCULO 5 Entrega de objetos
ARTÍCULO 6 Entrega de documentos procesales y notificación de resoluciones en materia penal
ARTÍCULO 7 Citación de testigos y peritos
ARTÍCULO 8 Gastos de viaje y estancia de peritos y testigos
ARTÍCULO 9 Comparecencia de testigos detenidos
ARTÍCULO 10 Inmunidad de testigos y peritos
ARTÍCULO 11 Comunicación de extractos del registro de antecedentes penales
ARTÍCULO 12 Forma de la solicitud de asistencia judicial
ARTÍCULO 14 Denuncia de los hechos a fines de iniciación de actuaciones
ARTÍCULO 15 Intercambios de comunicaciones de condena y de resoluciones judiciales
ARTÍCULO 16 Lenguas
ARTÍCULO 17 Exención de legalización
ARTÍCULO 19 Gratuidad de la asistencia judicial
ARTÍCULO 20 Intercambio de información sobre las legislaciones nacionales
ARTÍCULO 22 Vigencia y terminación
BOE 7 Diciembre. Corrección de errores Convenio entre España y Mauritania de 12 Sep. 2006 (relativo a la asistencia judicial en materia penal)
Convenio 12 septiembre 2006, rectificado por Corrección de errrores («B.O.E.» 7 diciembre).
El Reino de España y la República Islámica de Mauritania.
Animados del deseo de mantener y estrechar los vínculos que unen a ambos países y, en particular, de regular de común acuerdo sus relaciones en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal, han decidido concluir a estos fines el presente Convenio, y acuerdan lo siguiente:
2. El presente Convenio no será aplicable al cumplimiento de resoluciones que tengan por objeto una detención o condena.
La asistencia judicial podrá ser denegada en el caso de que:
a) La solicitud se refiera a delitos que el Estado requerido considere delitos políticos, o bien a delitos conexos con delitos políticos o consistentes únicamente en la violación de obligaciones militares. A tal efecto, no tendrán la consideración de delitos políticos los delitos de terrorismo.
b) El Estado requerido considera que el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público.
Toda denegación de asistencia deberá estar motivada.
1. El Estado requerido hará cumplir, en la forma prevista por su legislación, las solicitudes de asistencia relativas a un asunto penal que le dirijan las autoridades judiciales competentes del Estado requirente y cuyo objeto sea el cumplimiento de actos de instrucción, la transmisión de documentos probatorios o la entrega de objetos, expedientes o documentos.
2. Los hechos que motivan la solicitud del registro y/o incautación deberán ser punibles en ambos Estados Contratantes.
3. El Estado requerido podrá transmitir únicamente copias o fotocopias certificadas conformes de los expedientes o documentos solicitados.
No obstante, si el Estado requirente solicita expresamente la remisión de los originales, se dará cumplimiento a dicha solicitud en todo lo posible.
1. El Estado requerido podrá suspender cautelarmente la entrega de objetos, expedientes u originales de documentos cuya remisión se solicite si le son necesarios para un procedimiento penal en curso.
Se efectuará la entrega una vez haya concluido el procedimiento.
2. Los objetos, así como los originales de los expedientes y documentos entregados en cumplimiento de una solicitud de asistencia judicial, serán devueltos por el Estado requirente al Estado requerido lo antes posible, a menos que éste renuncie a ello expresamente.
1. El Estado requerido procederá a la entrega de los documentos procesales y a la notificación de las resoluciones en materia penal que le sean enviados a este fin por el Estado requirente; dicha transmisión podrá efectuarse mediante simple entrega del documento o de la resolución al destinatario. Si el Estado requirente lo solicita expresamente, el Estado requerido efectuará la entrega en alguna de las formas previstas por su legislación para notificaciones análogas o en alguna forma especial compatible con dicha legislación.
2. Constituirá medio de prueba de la entrega o la notificación el recibo fechado y firmado por el destinatario o una certificación de la autoridad competente del Estado requerido en donde se deje constancia del hecho, la forma y la fecha de la entrega o de la notificación. Tanto uno como otro documento serán enviados inmediatamente al Estado requirente.
3. Si no se hubiera podido llevar a cabo la entrega o la notificación, el Estado requerido hará saber su causa inmediatamente al Estado requirente.
El testigo o perito que no haya obedecido una citación para comparecer cuya entrega hubiere sido requerida, no podrá ser sometido a ninguna sanción o medida coercitiva, aun cuando dicha citación incluyera alguna conminación legal, a menos que se desplace seguidamente, por su propia voluntad, al territorio del Estado requirente y que sea allí citado de nuevo formalmente:
1. Se abonarán los gastos de viaje y estancia a testigos y peritos según las tarifas y reglamentos vigentes en el Estado requirente.
2. En la solicitud de entrega de la citación o en la propia citación deberá figurar el importe y las modalidades de reembolso por parte de la autoridad competente del Estado requirente de los gastos de viaje y estancia del testigo o perito.
3. El Estado requirente deberá adelantar al testigo o perito, previa solicitud, la totalidad o parte de los gastos de viajes y estancia a través de sus autoridades consulares.
1. Cualquier persona detenida, cuya comparecencia en persona como testigo o para un careo sea solicitada por el Estado requirente, será trasladada temporalmente al territorio donde deba tener lugar la vista, a condición de que sea enviada de vuelta en el plazo indicado por el Estado requerido y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, en la medida en que pueda ser aplicable.
Se podrá denegar el traslado:
a) Si la persona detenida no presta su consentimiento.
b) Si su presencia es necesaria en un procedimiento penal en curso en el territorio del Estado requerido.
c) Si su traslado puede prolongar su detención o existan otras consideraciones imperiosas que se opongan a su traslado al territorio del Estado requirente.
2. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio del Estado requirente, a no ser que el Estado requerido que haya concedido su traslado solicite su puesta en libertad.
1. Ningún testigo ni perito, sea cual fuere su nacionalidad, que de resultas de una citación comparezca ante las autoridades judiciales del Estado requirente, podrá ser procesado ni detenido ni sometido a restricción alguna de su libertad individual en el territorio de dicho Estado por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado requerido.
2. Ninguna persona, sea cual fuere su nacionalidad, citada ante las autoridades judiciales del Estado requirente a fin de responder en el mismo de hechos por os que hubiera sido objeto de actuaciones judiciales, podrá ser procesada o detenida ni sometida a ninguna otra medida restrictiva de su libertad individual en dicho territorio por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado requerido y que no estén contemplados en la citación.
3. La inmunidad prevista en el presente artículo dejará de tener efecto cuando el testigo, el perito o la persona encausada, habiendo tenido posibilidad de abandonar el territorio del Estado requirente durante treinta días consecutivos desde que su presencia ya no fuera requerida por las autoridades judiciales, hubiera permanecido, no obstante, en dicho territorio o hubiera regresado al mismo tras haberlo abandonado.
1. La información procedente del registro de antecedentes penales, solicitada en un asunto penal, será comunicada del mismo modo que si hubiese sido solicitada por una autoridad judicial del Estado requerido.
2. Las solicitudes provenientes de un Tribunal civil o de una autoridad administrativa estarán motivadas. Se les dará curso ciñéndose a las disposiciones legales o reglamentarias internas del Estado requerido.
1. La solicitud de asistencia deberá incluir las siguientes indicaciones:
a) La autoridad de quien procede la solicitud.
b) El objeto y el motivo de la solicitud.
c) En la medida de lo posible, la identidad y la nacionalidad de la persona de que se trate.
d) El nombre y dirección del destinatario, en su caso.
e) Cualquier otra información que posea la autoridad requirente relativa a la solicitud de asistencia judicial.
2. Asimismo, las solicitudes de asistencia judicial incluirán, en su caso, una exposición somera de los hechos, los cargos imputados y los textos legales aplicables.
3. Las solicitudes de registro e incautación deberán ir acompañados de una orden del Juez competente del Estado requirente.
Sin perjuicio de la utilización de la vía diplomática y respetando lo dispuesto en el artículo 2, la solicitud de asistencia judicial y los documentos relativos a su cumplimiento serán transmitidos por las autoridades centrales de ambas Partes.
La autoridad central para España será el Ministerio de Justicia.
La autoridad central para Mauritania será el Ministerio de Justicia.
Las Partes se comunicarán mediante notas verbales, por vía diplomática, las modificaciones que se produzcan en relación con la designación de sus respectivas autoridades centrales. Cualquier modificación tomará efecto si no existe ninguna oposición por la otra Parte.
1. Cualquier denuncia de los hechos a fines de iniciar actuaciones será transmitida por el conducto previsto en el artículo 13 del presente Convenio.
2. El Estado requerido deberá notificar al Estado requirente el resultado dado a la denuncia.
Cada una de las Partes Contratantes comunicará a la Parte interesada las condenas penales y demás medidas de seguridad concernientes a nacionales de dicha Parte y que hayan sido objeto de inscripción en el registro de antecedentes penales; las autoridades centrales procederán a dicha comunicación al menos una vez al año.
Previa solicitud expresa, se remitirá una copia de la resolución dictada.
1. La solicitud de asistencia judicial y cualquier documento anejo deberán estar redactados en la lengua de la Parte requirente y se acompañarán de una traducción en la lengua de la Parte requerida o en lengua francesa.
2. Toda traducción que acompañe a una solicitud de asistencia deberá ir certificada conforme por una persona expresamente habilitada para ello según la legislación de la Parte requirente.
En aplicación del presente Convenio, los documentos y traducciones redactados o certificados por los Tribunales u otras autoridades competentes de una de las Partes, no serán objeto de forma alguna de legalización cuando vayan provistos del sello oficial.
Se crea una Comisión Mixta Consultiva, compuesta por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, que se reunirá periódicamente a solicitud de uno u otro Estado, con el fin del facilitar la solución de los problemas que pudieran plantearse en torno a la aplicación del presente Convenio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, las Partes renunciarán al reembolso de los gastos ocasionados por la asistencia judicial.
1. Las Partes Contratantes se comprometen a intercambiarse información relativa a sus respectivas legislaciones en materia penal, así como en el ámbito de los procedimientos penales y de la organización judicial.
A este fin, España designa al Ministerio de Justicia como órgano encargado de recibir las solicitudes de información procedentes de sus autoridades judiciales y de remitirlas a los órganos de recepción competentes de la otra Parte.
Mauritania designa al Ministerio de Justicia para los fines expresados en el presente artículo.
2. El Estado requerido podrá negarse a dar curso a una solicitud de información cuando sus intereses se vean afectados por un litigio o cuando considere que la respuesta puede menoscabar su soberanía o su seguridad. Dicha negativa deberá notificarse por escrito a la mayor brevedad posible.
3. La solicitud de información, así como sus anejos, deberán estar redactados en la lengua oficial del Estado requerido, o se acompañarán de una traducción en dicha lengua o en lengua francesa. La respuesta deberá venir redactada según la misma regla.
El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor de forma definitiva el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación en que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los dos Estados.
El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración ilimitada. Cada uno de los dos Estados podrá denunciarlo por medio de una notificación por escrito enviada al otro Estado por vía diplomática. La denuncia tendrá efecto un año después de la fecha de su envío.
En fe de lo cual, los representantes de ambos Estados, autorizados a dicho efecto, firman el presente Convenio.
el 12 de septiembre de 2006,
por duplicado en lenguas española, árabe y francesa, siendo igualmente auténticos todos los textos.
25 de septiembre de 2006.-

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 22
 resolución 
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 13
 resolución 
 artículo 8