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Timestamp: 2019-01-18 11:12:32+00:00

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TÍTULO I-De los derechos y deberes de los menores (arts. 1 a 11)
CAPITULO I-Ámbito e interés superior del menor (arts. 1 a 2)
CAPITULO II-Derechos del menor (arts. 3 a 9)
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales
Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado
CAPÍTULO III-Deberes del menor (arts. 9 bis a 9 quinquies)
Artículo 9 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar
CAPITULO VI-Medidas y principios rectores de la acción administrativa (arts. 10 a 11)
TITULO II-Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de protección de menores
CAPITULO I-Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor (arts. 12 a 22 quinquies)
Artículo 12. Actuaciones de protección
Artículo 14. Atención inmediata
Artículo 17. Actuaciones en situación de riesgo
Artículo 19. Guarda de menores
Artículo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela
Artículo 20. Acogimiento familiar Artículo 20. Acogimiento familiar
Artículo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares
Artículo 21. Acogimiento residencial
Artículo 21 bis. Derechos de los menores acogidos
Artículo 22 bis. Programas de preparación para la vida independiente
Artículo 22 quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia
CAPITULO II-De la tutela (arts. 22 quáter a 23)
Artículo 23. Índice de tutelas.
CAPÍTULO III-De la adopción (arts. 24 a 25)
CAPÍTULO IV-Centros de protección específicos de menores con problemas de conducta
Artículo 25. Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta
Artículo 26. Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta
Artículo 27. Medidas de seguridad
Artículo 28. Medidas de contención
Artículo 29. Aislamiento del menor
Artículo 30. Registros personales y materiales
Artículo 33. Administración de medicamentos
Artículo 35. Régimen de comunicaciones del menor
Numerosas instituciones, tanto públicas como privadas - las dos Cámaras Parlamentarias, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado y diversas asociaciones relacionadas con los menores -, se han hecho eco de estas demandas, trasladando al Gobierno la necesidad de adecuar el ordenamiento a la realidad de nuestra sociedad actual.
En este sentido -y aunque el núcleo central de la Ley lo constituye, como no podía ser de otra forma, la modificación de los correspondientes preceptos del citado Código -, su contenido trasciende los límites de éste para construir un amplio marco jurídico de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general.
El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio' se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos.
Por otra parte, del conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad de matizar algunos de ellos, combinando, con una parte, la posibilidad de su ejercicio can la necesaria protección que, por razón de la edad, los menores merecen.
Así, con el fin de reforzar los mecanismos de garantía previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se prohibe la difusión de datos o imágenes referidos a menores de edad en los medios de comunicación cuando sea contrario a su interés, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende proteger al menor, que puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes legales o grupos en que se mueve. Completa esta modificación la legitimación activa al Ministerio Fiscal.
Al margen de otras reformas que tan sólo afectaron tangencialmente a la institución de la tutela, la Ley 13/1983, de 24 de octubre, modificó el Título X del Libro I del Código Civil, rubricado «De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados' y mejoró el régimen de la tutela ordinaria que ya contemplaba el Código Civil. Asimismo, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, dio una nueva redacción a los artículos que regulan la tutela asumida por ministerio de la ley por las entidades públicas y cuya reforma ahora se aborda.
TÍTULO I-De los derechos y deberes de los menores
Precepto modificado por L 26/2015, de 28 de Julio, con entrada en vigor a partir del 18-8-2015
· Modificada rúbrica Título I
Redacción hasta el 18-8-2015
TITULO I-De los derechos de los menores
CAPITULO I-Ámbito e interés superior del menor
Precepto modificado por LO 8/2015, de 22 de Julio, con entrada en vigor a partir del 12-8-2015
· Modificada rúbrica del Capítulo I del Título I
Redacción hasta el 12-8-2015
CAPITULO I-Ambito y principios generales
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CAPITULO II-Derechos del menor
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· Modificados apartados 1 y 3 del artículo 5
· Modificado apartado 1 del artículo 7
CAPÍTULO III-Deberes del menor
· Añadido Capítulo III del Título I
· Añadido artículo 9 ter
· Añadido artículo 9 quáter
· Añadido artículo 9 quinquies
CAPITULO VI-Medidas y principios rectores de la acción administrativa
· Renumerado Capítulo IV del Título I. Su contenido se corresponde con el anterior Captítulo III
CAPITULO III-Medidas y principios rectores de la acción administrativa
· Modificados apartados 1, 3 y 4 del artículo 10
· Añadido letra f) del apartado 2 del artículo 10
· Añadido apartado 5 del artículo 10
· Modificado párrafo c) del apartado 2 del artículo 10
· Añadido párrafo e) del apartado 2 del artículo 10
a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente. b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
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Las Administraciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimentícias, consumo, vivienda, educación, sanidad, cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes y espacios libres en las ciudades.
CAPITULO I-Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor
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4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.'
· Modificado apartado 1 del artículo 13
· Añadidos apartados 4 y 5 del artículo 13
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· Añadido artículo 19 bis
· Añadido artículo 21 bis
La entidad pública que tenga menores bajo su guarda o tutela deberá informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situación de aquéllos cuando no exista resolución judicial que lo prohiba.
· Añadido artículo 22 bis
· Añadido artículo 22 ter
· Añadido artículo 22 quáter
· Añadido artículo 22 quinquies
CAPITULO II-De la tutela
CAPÍTULO III-De la adopción
· Modificado artículo 24
· Derogado artículo 25
- Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras.
· Añadido Capítulo IV del Título II
· Añadido artículo 25
· Añadido artículo 26
· Añadido artículo 27
· Añadido artículo 28
· Añadido artículo 29
· Añadido artículo 30
· Añadido artículo 31
· Añadido artículo 32
· Añadido artículo 34
· Añadido artículo 35
El artículo 9.4 del Código Civil , tendrá la siguiente redacción:
«El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paterno-filiales, se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo'.
El artículo 9.5 del Código Civil , párrafos tercero, cuarto y quinto, tendrá la siguiente redacción:
No será reconocida en España como adopción la constituida en el extranjero por adoptante español, si los efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la legislación española. Tampoco lo será, mientras la entidad pública competente no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuera español y estuviera domiciliado en España al tiempo de la adopción'.
Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad'.
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria'.
La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración. Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal.
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de la Ley serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación administrativa previa'.
«1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
5. Todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento se practicarán con la obligada reserva'.
La entidad pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año'.
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias'.
«1. La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado'.
3. En los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá constituirse la adopción, aunque el adoptante hubiere fallecido, si éste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento. Los efectos de la resolución judicial en este caso se retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento'.
2.º Los padres del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Esta situación sólo podrá apreciarse en procedimiento judicial contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el artículo 1827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.º La entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante, cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquél'.
«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor'.
«Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos'.
«Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor'.
«Serán removidos de la tutela los que después de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surgieran problemas de convivencia graves y continuados'.
«El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado o de otra persona interesada, decretará la remoción del tutor, previa audiencia de éste si, citado, compareciere. Asimismo se dará audiencia al tutelado si tuviere suficiente juicio'.
«No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza'.
«Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario'.
«Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representación, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoción y excusa de los tutores'.
2.º Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. 3.º Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado'.
«No necesitarán autorización judicial la partición de herencia ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial'.
«Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los dos artículos anteriores el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno, y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes'.
«El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más idóneo para el cargo'.
Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor o curador que sea ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador'.
«Si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas no dispusiere otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido del curador, aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario'.
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno sometido a patria potestad o tutela, o a curatela por prodigalidad o por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas; pero el contador partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales o curadores de dichas personas'.
«El menor no emancipado que con arreglo a la Ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación'.
«El incapacitado judicialmente sólo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador'.
Número 1.º del artículo 1459:
«Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estén bajo su guarda o protección'.
Número 3.º del artículo 1700:
«Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de cualquiera de los socios y en el caso previsto en el artículo 1699'.
Número 3.º del artículo 1732:
«Por muerte, incapacitación, declaración de prodigalidad, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario'.
En los artículos 108, 823 y 980 quedan suprimidas, respectivamente, las palabras «plena', «plena' y «plenamente'.
En los artículos 323 y 324 se sustituyen, respectivamente, las palabras «tutor' y «tutores' por «curador' y «curadores'.
En el primer párrafo del artículo 171 se eliminan las palabras «no se constituirá la tutela, sino que'.
Al final del último párrafo de este mismo artículo 171 se agrega la frase «o curatela, según proceda'.
«Al cónyuge que conviva con el tutelado'.
En el artículo 852 se sustituye «y 5.º' por «, 5.º y 6.º'. En el artículo 855 se sustituye «y 6.º' por «, 5 º y 6.º'; «169' por «170', y se suprime su último párrafo.
Queda suprimido el párrafo segundo del artículo 992 y en el tercero, que pasará a ser segundo, se elimina la palabra «también'.
«El defensor judicial designado para representar a un menor o incapacitado en una partición, deberá obtener la aprobación del Juez, si éste no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento'.
El número 2.º del artículo 1263 queda sustituido por el siguiente:
«Los incapacitados'.
En el número 1 º del artículo 1291 las palabras «sin autorización judicial' sustituyen a «sin autorización del consejo de familia'.
En el artículo 1338 se sustituyen las palabras «El menor' por «El menor no emancipado'.
En el número 1.º del artículo 1393 se sustituyen las palabras «declarado ausente' por «declarado pródigo, ausente'.
1. Los actuales artículos 1910 a 1918 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasarán a integrar la Sección Tercera del Título IV del Libro III, titulada «Medidas provisionales en relación con los hijos de familia'.
2. La Sección Segunda del Título IV del Libro III, se denominará «Medidas relativas al retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional' y comprenderá los artículos 1901 a 1909, ambos inclusive, con el siguiente contenido:
En los demás supuestos, se declararán de oficio las costas del procedimiento'.
· Modificada disposición final vigésima tercera
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado'.

References: Artículo 3

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 20
 Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 33

Artículo 35
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 1827
 artículo 158
 resolución 
 artículo 1459
 artículo 1700
 artículo 1699
 artículo 1732
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 852
 artículo 855
 artículo 992
 artículo 1263
 artículo 1291
 artículo 1338
 artículo 1393