Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2007/05/
Timestamp: 2018-10-23 17:26:11+00:00

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El Gobierno central afirmó que hasta la fecha (concretamente desde finales de abril) no ha obtenido respuesta del Govern balear del cuadro de valoración del coste de la transferencia en materia de Administración de Justicia, y que por ello todavía no se han realizado las transferencias en materia de Administración de Justicia al Ejecutivo autonómico.
No obstante, también aseguró que “tan pronto” como reciba dicha respuesta sobre la valoración económica que ha realizado el Ejecutivo central, “se pondrán formar los grupos de trabajo oportunos para examinar las demandas y discrepancias” de las islas.
Si bien, el Gobierno destacó que esas sugerencias de las Administración autonómica se tendrán que discutir bajo “el escenario, criterios y contenidos” que “definen” la transferencias de servicios, pues el Ministerio mostró su convencimiento de que es precisamente ése el marco para “culminar con éxito” la cesión de poderes.
Así se pronunció el Gobierno a la pregunta formulada por el diputado del PP por Baleares, Juan Salord Torrent, quien solicitaba información sobre la previsión del Ministerio de Justicia para acelerar las conversaciones con el Govern, y así llevar a cabo el traspaso de las competencias en materia de justicia al archipiélago.
El Ejecutivo central dice que el proceso de traspaso debe sujetarse a los criterios que dispone el título IV de la ley 12/1893 del Proceso Autonómico, que en su artículo 19 contempla la serie de pasos a seguir entre ambas instituciones, y que detallan la recopilación documental del coste de los servicios transferidos.
También apuntó el Gobierno central que con fecha del 8 de marzo de este año, se remitió a Baleares el cuadro de valoración del coste efectivo de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia en la Comunidad, tras cerrarse el ejercicio presupuestario del 2006, la referencia de costes directos tanto en lo concerniente al personal como al gasto corriente. Aparte, indicó el Ministerio, de los gastos de inversión y el coste indirecto de los servicios.
Así, en su disposición primera de la Ley de Proceso Autonómico recoge que “el coste efectivo de los servicios transferidos estará formado para cada servicio y Comunidad Autónoma por la suma de los correspondientes costes directos, indirectos y gastos de inversión que correspondan”.
Además, se aclara por medio de la segunda disposición que “dicho coste efectivo se determinará de acuerdo con la metodología común, aplicable a todas las Comunidades Autónomas, que aprobará el Gobierno previa elaboración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera constituido por la referida Ley Orgánica”.
También se plantea que “en el supuesto de que se careciese de los datos definitivos para realizar la valoración a que se refiere el número anterior”, se puede proceder “a transferir provisionalmente a la Comunidad Autónoma los créditos disponibles en el Presupuesto del Estado, correspondientes a los servicios que se transfieren”, si bien la Comunidad Autónoma “estará obligada en este supuesto a destinar tales créditos a las finalidades previstas en el Presupuesto para su ejecución por el Estado”.
Por último, el punto cuarto señala que “cuando se transfieran servicios, sean de la Administración Central o de la Administración Institucional, cuya prestación esté gravada con tasas o reporte ingresos de Derecho privado, el importe de la recaudación líquida obtenida por aquéllas y éstos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma aminorará la valoración del coste efectivo del servicio transferido” y que “el Ministerio de Economía y Hacienda dictará las normas presupuestarias y contables precisas para asegurar que las Comunidades Autónomas dispongan de los fondos inherentes al traspaso de servicios en la fecha de su efectividad”.
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Esta joven afgana explica que, a pesar de la caída de los talibán y la formación de un nuevo gobierno liderado por Hamid Karzai, su pueblo “está sometido al terror y a la tiranía de los fundamentalistas”. Para contrarrestar la situación, RAWA – que todavía no ha sido legalizada en el país -- visita las ciudades y las áreas rurales, crea escuelas y centros de salud clandestinos, pone en marcha programas para discapacitados y forma a la mujer en derechos. Además, forma los hombres afganos “para conseguir un cambio de mentalidad que permita mejorar” la situación de las mujeres. Actualmente, las mujeres afganas ocupamos el mismo papel que los judíos en la Europa nazi.
La situación es aún peor, porque el Gobierno no tiene el control. Esto significa que en estas provincias los fundamentalistas tienen el poder, pistolas y dólares en los bolsillos. Y hacen lo que les apetece: matan, violan, maltratan, secuestran... Ni en las ciudades ni en las áreas rurales hay seguridad para las mujeres y su situación seguirá igual mientras haya fundamentalistas en el poder. En todo el país no hay una buena atención sanitaria, ni servicios de educación, somos un país destruido que ha de empezar de cero y que debería apostar por la seguridad, en especial para las mujeres. ¿Para qué queremos escuelas o universidades si no nos sentimos seguras? Incluso dentro del burka las mujeres tienen miedo.
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Mérida: El Juzgado de lo Contencioso, colapsado por la sanidad
El Consejo General del Poder Judicial tiene estipulado que los Juzgados de lo Contencioso atiendan como mucho 600 asuntos al año. De los cinco que hay en Extremadura hay uno que sobrepasa esa cifra, se trata del de Mérida, en el que el año pasado ingresaron 1.024 asuntos.
Wenceslao Olea Godoy señala que este Juzgado está colapsado porque Mérida es la capital de la autonomía, y aquí están los órganos centrales de la administración regional. Comenta que gran parte de los recursos son contra el Servicio Extremeño de Salud (SES), las normales reclamaciones por actos médicos que cada vez son más numerosas en España. Una vez que La Junta asumió la competencia en materia de sanidad, el Juzgado de Mérida ha pasado de tener 400 asuntos al año a tener más de 1.000.
Este problema va a estar pronto solucionado. El ministro de Justicia ya anunció el pasado 7 de mayo que Mérida tendrá un segundo Juzgado.
Para leer más declaraciones de Wenceslao Olea Godoy, Presidente de la Sala de lo Contencioso, sobre la jurisdicción contenciosa en Extremadura, pincha aquí
Según el Supremo, no se debe expulsar a los "sin papeles"... sólo multarles
Desde hace días, agentes de las Comisaría de Extranjería y Documentación tienen sobre la mesa una circular interna que deberán tener en cuenta a partir de ahora si no quieren que se anulen todos los expedientes de expulsión de irregulares que incoen.
Dicho documento, da a conocer la jurisprudencia que sienta el Supremo desde hace unos meses y que sugiere la anulación de un buen número de expulsiones. En casi todas las resoluciones judiciales citadas del Alto Tribunal se les recomienda que se multe a los irregulares y, que sólo en los casos más graves, se proceda a echarlos del país después de “justificar” por qué el inmigrante en cuestión es merecedor de dicho procedimiento.
Sirva de ejemplo un caso extraído de una de las sentencias a las que nos referimos: Galo Patricio fue detenido en 2002 en una calle madrileña. No disponía de papeles que acreditaran su residencia legal en España. Al carecer de documentación, los agentes abrieron un procedimiento de expulsión. El 24 de mayo de 2002, la Delegación del Gobierno dictó una orden en ese sentido, que incluía la prohibición expresa de regresar a territorio español en tres años. Patricio recurrió la decisión en todas las instancias legales sin resultado. Hasta que llegó al Supremo.
Este tribunal, después de examinar el procedimiento, ha argumentado que a tenor de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la sanción de expulsión de Galo Patricio no es “justa” porque hay que dejarla para los supuestos más graves. Y añade: “En los supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio se sanciona con multa”.
Fuentes policiales consultadas cuestionan este criterio del órgano judicial por la vaguedad que introduce en su trabajo diario. “Dicha medida favorece la inmigración ilegal y es ineficaz porque… ¿cómo se cobra una multa a un indocumentado sin domicilio legal y permanente en nuestro país?”.
Cantabria: Firmado el traspaso de las competencias de Justicia
El Gobierno de la Nación y el Ejecutivo cántabro culminaron ayer el traspaso de competencias en materia de Justicia a la comunidad autónoma en lo que definieron como "un fortalecimiento del Estado de las autonomías". El traspaso incluye 668 puestos de trabajo y 18 inmuebles, con un coste total de 26.469.000 euros, a los que hay que añadir otros cinco millones de euros en inversiones que se entregarán en los próximos cuatro próximos años.
Los ministros de Administraciones Públicas y Justicia, Jordi Sevilla y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente, y el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo cántabro, José Vicente Mediavilla, firmaron ayer el acuerdo que termina con tres años de negociaciones para el traspaso de las competencias en materia de Justicia.
Sevilla explicó que este acuerdo demuestra que el Ejecutivo potencia el "principio de cooperación" y su "confianza en la Constitución" y supone una "apuesta" por el Estado de las autonomías. Así, mostró su "convicción" de que el traspaso competencial "lejos de debilitar, fortalece a España como país". "Es bueno recordarlo en estos momentos", aseveró.
En la misma línea se manifestó el titular de la cartera de Justicia, quien aseguró que este acuerdo "demuestra que España no se rompe sino que se fortalece" y calificó la firma como la culminación de una negociación "entre partes de un todo, partes que construyen España".
Con este traspaso, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2008, Cantabria se convierte en la segunda comunidad autónoma que pasa a asumir la gestión de la Administración de Justicia en lo que va de legislatura, tras Asturias, y se sitúa como la tercera que más traspasos ha recibido en los últimos tres años con 11 materias. El ministro de Administraciones Públicas reconoció que espera que alguna comunidad más asuma estas competencias durante la actual legislatura.
En la Comisión Mixta de Transferencias también se acordó el traspaso a Cantabria del Centro de Información de los Derechos de la Mujer a partir del día 1 de julio de 2007. De esta forma, Cantabria asumirá las funciones y servicios de este centro que hasta ahora venía realizando el Instituto de la Mujer y, además, supone el traspaso de los medios económicos a la comunidad autónoma, que tienen un coste de 63.500 euros.
El consejero mostró su "gran satisfacción" por la firma del acuerdo e insistió en la idea de que con él "se fortalece el Estado de las autonomías y la nación española". Además, explicó que la gestión por parte de la administración más cercana de los recursos de Justicia permitirá gestionar los procesos judiciales "de una manera más eficaz y eficiente".
Mediavilla criticó las declaraciones del secretario de Libertades, Seguridad y Justicia del Partido Popular, Ignacio Astarloa, calificando el traspaso de competencias de "oportunismo" electoral y acusó a los 'populares' de haber rechazado siempre el traspaso de competencias a Cantabria. "Rechazo esas afirmaciones, ya he dicho que fortalece el Estado de las autonomías", subrayó.
En este sentido, defendió que el Gobierno autonómico apostó "decididamente" por el traspaso de competencias y se mostró "convencido" de que si el PP hubiese gobernado el acuerdo nunca se hubiera cerrado. Además, opinó que las declaraciones de Astarloa denotan "desconocimiento" del largo proceso de negociación que requieren estos acuerdos. "Astarloa ya nos tiene acostumbrados a los españoles a no decir la verdad en algunas ocasiones", concluyó.
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Paraguay: Robo, rapiña y abandono en el Ministerio de Justicia
El ministro de Justicia y Trabajo Derlis Céspedes solicitó al fiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla abrir una investigación en esa cartera ante supuestos hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Juan Darío Monges, actual diputado oficialista. Se trata de casos de robo y rapiña de vehículos detectados con la última actualización de la flota.
Céspedes remitió a la Fiscalía General del Estado una nota en la que solicita la apertura de una investigación en su propio ministerio. Fue tras una auditoría y actualización de datos sobre los bienes vehiculares que posee la secretaría estatal.
El inventario sacó a luz que una gran cantidad de vehículos del ministerio desapareció y no pudo ser ubicada físicamente. El número de rodados no trascendió ni tampoco el costo que representa para el Estado. Otros vehículos fueron “carneados” y se ha constatado la apropiación ilegal de los accesorios y repuestos. Se llega al extremo de que faltan motores enteros y solo se pueden recuperar las carrocerías de estas unidades.
Esta situación está calificada como “hechos punibles” por las leyes vigentes, según dijo el ministro Derlis Céspedes.Varias de las unidades destrozadas se encuentran actualmente en las inmediaciones de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en otras dependencias de Justicia y Trabajo. En su mayoría, las unidades rapiñadas corresponden a las oficinas dependientes de la Subsecretaría de Justicia, así como las de uso en otras penitenciarías y correccionales del país, según manifestaron funcionarios del ministerio.
Todos los datos y antecedentes recabados por el Ministerio de Justicia y Trabajo fueron remitidos a la Fiscalía junto a materiales gráficos y fotografías. En la nota se solicita que se realicen las investigaciones tendientes a determinar la existencia de hechos de acción penal pública en perjuicio del patrimonio del Estado paraguayo.
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Lérida: Apuesta por una nueva ciudad de la justicia
La gerencia del Canyeret está buscando el apoyo de todos los colectivos dedicados a la justicia para abandonar el proyecto de rehabilitación del edificio del Canyeret y orquestar una nueva obra que permita construir una ciudad judicial que no se quede pequeña en menos de una década.
Después de que el Departament de Justícia presentara a los diferentes colectivos del Canyeret (abogados, procuradores, sindicatos de funcionarios, jueces, fiscales...) una mastodóntica propuesta de reforma del edificio del Canyeret, la cual estará caduca de aquí a una década, los diferentes trabajadores han mostrado su disconformidad con la obra y se han mostrado partidarios de crear una Ciudad Judicial al ejemplo de la que está construyendo Barcelona en l’Hospitalet de Llobregat.
Varios son los colectivos que tras ver unos planos que obligan a cavar debajo del edificio para crear una planta subterránea han considerado que el esfuerzo económico no “merece la pena” y mucho menos “la cantidad de molestias que acarrearán las reformas”.
Hay otros colectivos que no creen en una ciudad judicial estricta pero que consideran que la reforma del Canyeret “sólo hará que complicar las cosas”, tal y como afirmaba Cecília Moll, decana del Col·legi de Procuradores de Tribunales en Lleida. Para Moll la solución ideal y “menos molesta”, sería construir un edificio delante de los juzgados, donde hay algunos solares e “invertir así el dinero de una reforma imposible en un nuevo edificio que amplíe el que ya se ha quedado pequeño”. De alguna manera la idea de la decana de los procuradores es la de costruir una pequeña ciudad de la justicia aprovechando las instalaciones ya existentes.
Aún así, todo apunta que pese al desacuerdo de todos y cada uno de los colectivos de justicia el departament siga con la idea de crear un subterráneo en la falda que sujeta la Seu Vella y estar cinco años de obras.
Wuppertal, Alemania: La muchacha de 16 años fué casada contra su voluntad, se oponía a su padre, hasta que éste la arrojó por el balcón. Ahora el padre ha recibido su condena. El juez dijo: “es un milagro que la muchacha aún viva”. Ahora la muchacha tiene que temer por la venganza.
Un turco de 42 años tiene que pasar cuatro años y medio en la cárcel por arrojar a su hija de 16 años desde el cuarto piso. El tribunal de Wuppertal lo encuentra culpable de intento de homicidio. La muchacha de 16 años fue casada contra su voluntad y en verano volvió a contradecir a su padre. La familia la insultaba y despreciaba bajo el famoso calificativo musulmán de “deshonrada”.
El juez reprochó al turco de 42 años, que vive en un “mundo paralelo” siguiendo los valores de su patria turca a pesar de ser un turco de tercer generación en Alemania. “De integración no se puede ni hablar. La igualdad entre hombre y mujer es una palabra extranjera para él”, dijo el juez.
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Logroño: En verano acaban las obras de la nueva Oficina Judicial
El Ministerio de Justicia prevé finalizar «este verano» las obras necesarias para poner en marcha en Logroño la nueva Oficina Judicial. La capital riojana fue escogida entre las ciudades para poner en marcha esta oficina como experiencia piloto. Se pretende, tal y como anunció el Ministerio, «agilizar el desarrollo de la justicia». Para su puesta en marcha se necesitará un cambio tecnológico así como hacer obras en los juzgados y crear la figura de los secretarios judiciales.
Mientras en el Congreso se aprueba la normativa legal necesaria para su puesta en marcha, en La Rioja se desarrollan las obras que permitirán el cambio. En este momento, las correspondientes al edificio del Palacio están «prácticamente acabadas en un 95 por ciento, a falta de pequeños detalles».
Por otro lado, las obras del edificio de Juzgados -anexo al anterior- están a un 30%. Según las previsiones, está previsto que las obras finalicen en verano. La nueva oficina supondrá un cambio de la Administración de Justicia.
A partir de su implantación, el secretario judicial será el que esté al frente de la oficina, mientras que el juez se ocupará, exclusivamente, de su deber constitucional: juzgar y hacer ejecutar.La tramitación intermedia del proceso, instrumento fundamental para dictar sentencia, será competencia del secretario.
La depresión causa disminuciones significativamente superiores de la productividad laboral cuando aparece acompañada por condiciones habitualmente concurrentes con esta patología como son la fatiga, los problemas del sueño o la ansiedad, según un estudio que se ha presentado en el 160 encuentro anual de la Asociación Americana de Psiquiatría en San Diego (Estados Unidos), informaron los laboratorios Eli Lilly y Boehringer Ingelheim.
Así, el estudio utilizó una base de datos integrada con requerimientos sanitarios y encuestas de casi 14.000 empleados de dos grandes empresas de Estados Unidos, y para medir el impacto de la depresión y de otros trastornos crónicos, los investigadores analizaron los datos del gasto sanitario y del 'presentismo', término acuñado para definir la menor productividad de empleados enfermos mientras están en su puesto de trabajo (por ejemplo, a partir de las estimaciones que realizaban los empleados de su propia productividad durante la jornada laboral).
Entre los diez trastornos físicos y mentales más prevalentes que se sometieron a estudio, la depresión obtuvo por sí sola el peor efecto sobre la productividad laboral, y tal efecto fue mayor cuando la fatiga, los problemas del sueño y la ansiedad estaban también presentes. Además, mientras que la depresión tenía efectos adversos significativos sobre la productividad en la ausencia de otros trastornos comórbidos, los efectos de estas patologías en la ausencia de depresión no eran tan pronunciados, según el estudio.
"Mientras que la depresión por sí misma tiene un impacto económico significativo, el efecto negativo tanto sobre la productividad en el lugar de trabajo como sobre los costes sanitarios puede ser considerablemente superior cuando los empleados que están deprimidos sufren también otras enfermedades", afirmó el doctor Ronald C. Kessler, profesor de Política Sanitaria de la 'Harvard Medical School de Boston' (Massachussets, Estados Unidos).
Los juzgados de instrucción de Marbella tramitaron unos cincuenta procedimientos relacionados con delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio y se formularon escritos de acusación en cuatro casos, según datos de la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
El número de procesos pendientes en los juzgados de esta ciudad aumentaron el año pasado, ya que en el 2005 se cerraron escritos de acusación en trece procesos. Según la memoria, el retraso en la tramitación de los casos se debió al planteamiento de algunas partes de acumular todos los procedimientos urbanísticos, una cuestión que se resolvió en distintas resoluciones de la Audiencia Provincial de Málaga, que desestimó unir los procesos porque «daría lugar a un macroproceso que sería muy difícil de celebrar».
Por otro lado, los casos que están pendientes de celebración de juicio en los Juzgados competentes rondan la docena, y se espera que la tramitación de aquellos pendientes en los juzgados de instrucción de Marbella se agilice este año. En la memoria se hace mención a la ejecución de las penas por delitos urbanísticos en las que figura como condenado, entre otros, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, en prisión preventiva desde el pasado 20 de julio.
A este respecto, la Audiencia de Málaga confirmó en julio del 2006 la segunda condena firme contra el ex alcalde de Marbella por el denominado caso Proinsa.
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China: Malos tiempos para las concubinas de los funcionarios
El Gobierno ha aprobado una norma destinada a que los funcionarios desempeñen sus labores "de acuerdo con la ley" y a consolidar "la posición dirigente del Partido Comunista de China", según el viceministro ministro de Supervisión, Qiu Wanxiang, en declaraciones recogidas por la prensa del país asiático.
"Los funcionarios deben ser modelos de moralidad y tener altos estándares éticos", ha afirmado Chu Huaizhi, catedrático de Derecho de la Universidad de Pekín, para quien la legislación demuestra que el Gobierno "escucha a sus ciudadanos". Tener una amante no sólo es una falta de conducta, sino "un estímulo para la corrupción, pues los funcionarios se aprovechan muchas veces de su poder para beneficiar a sus queridas", ha señalado este experto.
Sin embargo, algunos críticos creen que castigar las relaciones extramatrimoniales, una costumbre bastante extendida entre los hombres chinos, y heredera de la larga tradición de concubinato, podría ser un arma para deshacerse de rivales políticos, según el diario South China Morning Posta.
Entre los casos más sonados de corrupción de los últimos tiempos en el país asiático, muchos han incluido líos de faldas, como el de Qiu Xiaohua, expulsado de su cargo como director del Buró Nacional de Estadísticas, por "aceptar sobornos, llevar una vida licenciosa, y practicar la bigamia".
La nueva ley incluye otros comportamientos que podrían costar su cargo a los funcionarios: no cuidar de sus mayores, involucrarse en el comercio sexual, no hacer su trabajo en accidentes, desastres, contaminación medioambiental y "protestas de masas".
La agrupación de los órganos judiciales de Cartagena se ha roto cuando sólo han pasado seis años desde que se levantó el actual Palacio de Justicia, que en su estreno acabó con la dispersión de los tribunales cartageneros, que se repartían por distintas zonas de la ciudad, como la plaza de España, Palacio Consistorial y calle Cuatro Santos, entre otros.
El crecimiento de la actividad en el partido judicial de Cartagena, que acoge los municipios del Campo de Cartagena, sigue creciendo sin descanso. En veinte años pasó de seis órganos judiciales a quince, que han llenado el actual edificio, que cuando se estrenó dejó cinco espacios libres que han cubierto tres juzgados, la Audiencia Provincial y el Instituto de Medicina Legal. Para final de este año se instalará el Juzgado de Violencia Doméstica.
"El Palacio de Justicia ha sufrido un envejecimiento demasiado rápido y se ha quedado pequeño, por lo que decidimos 'sacrificar' al juzgado de Lo Contencioso-Administrativo, como mal menor para dejar hueco a un tribunal con delitos penales", explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya.
La sala de Lo Contencioso-Administrativo se ubicará en la plaza Vicente García Marcos, en los terrenos de la antigua Lonja. "Un lugar céntrico y no alejado del Palacio", añade el presidente del TSJ regional, para quien el futuro pasa por la construcción de un gran complejo o campus de la justicia para Cartagena, en el que están de acuerdo TSJ, Ayuntamiento y colegios profesionales, pero que no activará las gestiones hasta pasadas las elecciones del 27-M.
El otro "reto del TSJ" son las competencias de Justicia, como acaba de recibir Cantabria. "Ya hay diez comunidades que las tienen y Murcia sigue esperando".
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, habla de diversos temas de actualidad en PERIODISTA DIGITAL. Para leer la entrevista, pincha aquí
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ha propuesto que la legislación permita la mediación en los casos de violencia doméstica para contribuir a descongestionar esos juzgados, que el año pasado recibieron un 24% más de asuntos que en 2005.
Según revela la memoria judicial, el 72% de los órganos judiciales de Cataluña reciben más causas de las que pueden gestionar en condiciones óptimas y las jurisdicciones más colapsadas en el 2006 fueron, como habitualmente, la de violencia doméstica, la mercantil y la contencioso-administrativa.
Alegret ha presentado en rueda de prensa la memoria del TSJC del 2006 y, una vez más, ha advertido de la sobrecarga que soportan los juzgados catalanes por la falta de medios y de personal y que, lejos de solucionarse, "ha ido a peor" a lo largo de este año, especialmente en el último semestre.
Para contribuir a descongestionar los juzgados especializados en violencia doméstica, Alegret ha propuesto que se revise la ley de manera que no se impida la mediación en los casos de violencia doméstica que respondan a problemas puntuales o a "situaciones de crisis matrimonial o de pareja". Tras reconocer que los resultados de la ley de violencia de género son de momento "relativos", porque siguen sin bajar las agresiones machistas, la presidenta del TSJC se ha mostrado partidaria de modificar la legislación para que no sea "tan rígida" y permita los acuerdos entre las partes en los casos en que no haya habido maltratos habituales o permanentes.
Los ocho nuevos juzgados de violencia doméstica que se crearán en Cataluña no permitirán aliviar el trabajo de los ya existentes si no asumen funciones en un ámbito comarcal, ha añadido.
La memoria del TSJC ha detectado también que en una "parte significativa" de las denuncias de violencia doméstica las víctimas no colaboran para aclarar los hechos ni prosiguen con la acción penal, por lo que Alegret cree necesaria más información que alerte a las mujeres de "los riesgos que comporta esa actitud".
Perú: Funcionarios judiciales celebraron el Día de la Madre con "strippers"
La Corte Superior de Justicia de Lima admitió "con bochorno" que funcionarios del tribunal celebraron con 'strippers' el día de la madre en el auditorio de la Corte, según un comunicado difundido el martes.
El tribunal informó que abrió una investigación contra los responsables del "bochornoso incidente por desmerecer la imagen de la Corte Superior de Justicia de Lima en el concepto público".
El representante sindical Eloy Dila reconoció que organizaron la celebración, pero minimizó el escándalo creado por la prensa local este martes.
El dirigente dijo que las bailarinas "solo tenían el dorso descubierto mostrando sus pectorales" mientras danzaban alrededor del público.
"El Sindicato realizó un homenaje a mamá con toda la delicadeza y cariño, el evento hasta fue de orden religioso, sumamente austero, limpio y pulcro con una danza selvática elaborada por un grupo de muchachos", aseguró.
Según el diario Expreso, "hubo danzas obscenas y los bailarines se quitaron la ropa en medio de los gritos y silbidos de una parte de la concurrencia femenina".
La Corte aclaró que en la celebración realizada el martes pasado no participó ninguna autoridad administrativa ni judicial, sino solo los funcionarios sindicalizados del poder judicial.
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Talavera de la Reina: Una "ONG" se dedica a perseguir a una funcionaria del Registro Civil
El Movimiento contra la Intolerancia solicitó la "intervención y el amparo" del Ministerio de Justicia ante las "represalias" que, según esta organización, ha adoptado una funcionaria del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo) contra cuatro personas que presentaron quejas por presuntas anomalías y discriminación étnica.
Concretamente, esta asociación presentó ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia un informe sobre el trato "grosero" y la presunta discriminación hacia gitanos e inmigrantes en el Registro Civil de esta localidad toledana.
Según esta ONG, son cuatro las personas pertenecientes a minorías étnicas y sociales que han recibido de Sagrario Jiménez, funcionaria del Registro de Talavera, una denuncia por "calumnias e injurias", tras presentar una queja ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, por recibir presuntos tratos "discriminatorios" durante la solicitud de diferentes procedimientos.
Estas denuncias, según la ONG, podrían acarrear sanciones penales a los ciudadanos que presentaron las quejas. Por ello, y ante "la gravedad de la situación", el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, solicita la intervención y amparo del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para acabar con esta "doble victimización" de las personas que formularon unas quejas "por una situación que les parece injusta".
Esta empleada del Registro de Talavera, añadió Ibarra, "debe estar al servicio de los ciudadanos", y no "inspirando temor y recelo". Finalmente, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia solicita también una reunión urgente con la directora general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, Pilar Blanco-Morales, con el fin de "requerir medidas inmediatas ante las insostenibles circunstancias señaladas en las quejas presentadas sobre el Registro Civil de Talavera".
Extremadura: Bermejo animó a la Junta a asumir las competencias
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recomiendó a la Junta de Extremadura que debe empezar a reflexionar sobre el futuro traspaso de competencias del Gobierno central al autonómico en materia de Justicia. Así lo expresó el responsable nacional durante su visita a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, donde ejerció como fiscal varios años (entre 1971 y 1981).
Fernández Bermejo animó al Gobierno extremeño a plantearse el marco para efectuarse el traspaso de competencias y remarca que "no hay que tenerle miedo, ya que se administra mejor desde la cercanía a los ciudadanos". Respecto a las condiciones en las que podrían venir esas competencias y la posibilidad de que el Ministerio de Justicia fuese descuidando sus inversiones en la región con la vista puesta en el traspaso competencial, el ministro aseguró que se realizará "con el coste que tiene" y que no "será cicatero" porque al final, los servicios hay que pagarlos y "todos somos Estado".
Durante esta visita, Mariano Fernández Bermejo recordó con cariño sus años en Cáceres y, como anécdota, relató la visita en febrero de 1977 del Rey a Plasencia, en la que la Policía Nacional cargó contra la muchedumbre congregada en la plaza Mayor. Según explica, aquello se produjo porque un pequeño grupo se manifestaba frente a la comisaría por unas detenciones; el "comisario se puso nervioso" y llamó a las fuerzas de orden público que se habían desplazado por la visita del Rey y que dispersaron a la gente que estaba en la plaza tras ver al monarca. "La carga fue tremenda y produjo muchos lesionados", observa Fernández Bermejo, al tiempo que achacó el hecho a un "profundo desconocimiento de la vida de la ciudad".
Por último, el ministro firmó con el presidente de la Junta dos convenios para la realización de cursos de formación para fiscales y secretarios judiciales de la comunidad autónoma.
Una situación cada vez más insostenible. El caos en las colas del Registro Civil de Alicante ha obligado a poner un guardia civil en la puerta para que se respeten los turnos y evitar incidencias. Según fuentes judiciales, la avalancha de personas y la falta de una ventanilla de información hace que los funcionarios no puedan desempeñar con normalidad su trabajo ante el acoso continuo de la gente que espera y pregunta.
Las largas esperas y la falta de información hacen a más de uno perder los nervios. Se tuvo que expulsar del juzgado a una persona que insistía en que le dieran una fe de vida sin que el interesado compareciera. Tras explicarle los funcionarios y la juez titular que no podían expedirle el documento, el hombre se negó a marcharse, por lo que tuvo que llamarse a uno de los guardias para que lo acompañaran a la puerta.
Las quejas y las protestas están a la orden del día. Registrar a un niño o conseguir un impreso puede llevar toda la mañana ante el colapso existente. «Hemos tenido que poner un guardia en la puerta para que controle que se pasa de uno en uno y que los funcionarios puedan trabajar», señala la juez Virtudes López Lorenzo.
«Esto no funciona», explicaba uno de los agentes de la Guardia Civil encargados de custodiar el orden en el Registro. «Estamos aquí toda la mañana, cuando esto se solucionaría con un sistema de gestión de colas y con alguien que diera información» en el vestíbulo. De hecho, «muchos de los que vienen es sólo porque necesitan un impreso».
Los propios guardias señalaban su voluntad de hablar con la decana de los jueces de Alicante para que diera una solución al problema. Los funcionarios, armados de paciencia, soportaban las quejas de los que guardaban turno y reclamaban información porque no sabían ni por qué puerta del Registro tenían que entrar.
«Podrían poner a alguien fuera que nos dijera al menos donde tenemos que ir», lamentaba un usuario del Registro. Los funcionarios le daban la razón. «Quéjese. Está en su derecho. Mi trabajo es procesar documentos y aquí tengo que hacer de portero, de servicio de información y de todo», explicaba uno de los empleados.
La juez Virtudes López Lorenzo ya ha solicitado a la Conselleria que realice cambios en la sede del Registro Civil para mejorar la atención al ciudadano. Entre sus peticiones se encuentran una reforma de las instalaciones, un servicio de información y otro de gestión de colas.
Por otro lado, el presidente de la Audiencia Provincial solicitaba a principios de abril al Tribunal Superior de Justicia y a la Conselleria la creación de un segundo Registro Civil en Alicante.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana propone expedientar, por una falta grave y otra leve, a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante), Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, por la posible comisión de una falta grave y otra leve por el escrito enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, contra el teniente fiscal, José María López Coig, y en el que criticaba a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
En su propuesta de resolución el TSJV estima procedente expedientar a la juez por una falta grave, sancionable con una multa de 305 euros, en aplicación del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (dirigirse a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición) y una sanción por falta leve, sancionable con una pena de advertencia, por el artículo 419.2 de dicha ley (desconsideración con miembros del Ministerio Fiscal).
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado día 24 de abril, por tres votos frente a dos, devolver al instructor el expediente abierto el pasado mes de noviembre a la juez de Denia (Alicante).
En esta segunda propuesta, el instructor del expediente disciplinario considera que al tratarse de una persona revestida del poder jurisdiccional, sus expresiones "deben ser ponderadas y eliminar o no utilizar unos términos de los que pudiera deducirse una desconsideración o falta de mesura" y alega que, en el presente caso, "tal moderación no concurrió" así como tampoco "la necesidad de ponderar el contenido de sus escritos".
Así mismo, según agregaba el escrito, "cuando insinúa que yo he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte".
Oviedo: El ministerio reparará la fachada del Palacio de Justicia
El Palacio de Justicia ya tenía antes de ser inaugurado -nunca hubo un acto de apertura oficial- grietas, goteras y desprendimientos. Después de un año y medio de dar vueltas al estudio sobre el estado del inmueble, el Ministerio de Justicia ha aprobado la adjudicación de las obras para la consolidación y renovación de su fachada. Así apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en víspera electoral.
La Subsecretaría de Justicia aprobó e hizo pública el 23 de abril la adjudicación de los trabajos, por procedimiento negociado y sin publicidad, a Acciona Infraestructuras. El presupuesto que pedirá a cambio de sus servicios asciende a 637.499,80 euros, algo menos del precio de licitación: 749.999,76 euros. Lo que no indica es el plazo de ejecución.
La tramitación del contrato ha tenido carácter urgente, según aparece en el BOE. Pero el problema de los desprendimientos no es nuevo, ya venía de atrás. Los sindicatos denunciaron en numerosas ocasiones su existencia y los peligros que conllevaba.
En el interior, los problemas crecen: el abombamiento de una de las columnas del sótano, brechas del tamaño de tres dedos en el Juzgado de Primera Instancia número 6, inundaciones en la sala de togas.
El Palacio de Justicia lleva seis años abierto. Pero sólo llevaba cuatro cuando, a finales de 2005, el Ministerio de Justicia decidió tomar cartas en el asunto y encargar un estudio del inmueble al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Con las conclusiones sobre la mesa unas semanas después, el ministerio decidió retrasar un mes la decisión sobre «el modo de actuación» y optar por una ampliación de los análisis de materiales. Pasó el plazo, concluyó el estudio y nunca se volvió a saber nada al respecto.
Hasta ahora. Además de resolverse una de las deficiencias que asolan la sede judicial de Comandante Caballero, se despejó una incógnita planteada cuando las losetas comenzaron a volar sobre las cabezas de los viandantes: ¿Qué administración, la central o la regional, se haría cargo del presupuesto cuando a punto estaban de transferirse las competencias de Justicia? Finalmente, como pública el BOE, es el ministerio.
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El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha afirmado que Cantabria ha salido "bastante favorecida" en el acuerdo alcanzado con el Ministerio para las transferencias de Justicia. Así lo manifestó su representante, Manuel Barriuso, tras la reunión mantenida con los representantes de la Dirección General de Justicia, según informa la Consejería de Presidencia en un comunicado.
Barriuso señaló que el acuerdo por el que se traspasan estas competencias está "bien, y más si se compara su coste efectivo con las Comunidades que recientemente han llegado a un acuerdo, como son Asturias y Aragón".
Del mismo modo, destacó la "actitud abierta, dialogante y participativa" de la Consejería de Presidencia durante el proceso negociador, en el que se ha contado con la opinión de todos los agentes implicados en la Administración de Justicia en Cantabria.
Por ello, el representante sindical prevé que a partir del 1 de enero de 2008, cuando se haga efectivo el traspaso, el Gobierno de Cantabria y las centrales sindicales lleguen a un "buen acuerdo" que logre mejorar las condiciones laborales de los 600 trabajadores de esta Administración. "Aspiramos a firmar acuerdos que reflejen los logros alcanzados por el Gobierno regional y el Ministerio de Justicia en el proceso de las transferencias de Justicia", dijo.
Por otro lado, Barriuso se mostró confiado en que las transferencias supondrán mejorar sustancialmente los servicios y aplicaciones informáticas, que requieren importantes inversiones. Asimismo, cree que el programa de sedes que plantea el Ejecutivo regional solucionará en gran medida la actual dispersión de los órganos judiciales de Torrelavega, pero sobre todo de la ciudad de Santander. "Todo ello mejorará enormemente el servicio prestado al ciudadano", concluyó.
Para la construcción de estas sedes, el Gobierno regional ha conseguido la entrega por parte del Ministerio de cinco millones de euros adicionales, además de que éste financie y finalice las obras actuales de reforma y ampliación del complejo judicial de Las Salesas.
Entre las obras que se acometerán, destaca la nueva sede del TSJC y la Audiencia Provincial en el edificio de Tabacalera, que incluye un gran espacio verde y un aparcamiento público, y el edificio del Instituto de Medicina Legal en el polígono de Candina, además del nuevo complejo judicial en Torrelavega.
La bolsa de casos pendientes que arrastran los juzgados gallegos sufrió un repunte importante en 2006. Después de tres años de descensos continuos en el número de asuntos que quedaban sin resolver, los últimos datos revelan un cambio brusco de tendencia que podría hacer peligrar el esfuerzo realizado por los profesionales de la justicia en Galicia para eliminar por completo la bolsa de asuntos pendientes.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los órganos gallegos cerraron 2006 con 141.352 casos sin resolver, es decir, 30.023 más que los que había a 31 de diciembre del año anterior. Este incremento de la pendencia de casi un 27% devuelve a la justicia gallega a unos niveles de atraso y congestión que no presentaba desde hace más de cinco años. De hecho, en 2002 el número de casos pendientes en Galicia era de 114.461 -casi 27.000 menos que en 2006- y en 2005 la pendencia judicial se había logrado reducir ya a 111.329 asuntos. El año pasado, sin embargo, los órganos gallegos vieron cómo se incorporaban a esa bolsa 30.000 asuntos más, ya que ingresaron 426.706 casos nuevos pero sólo pudieron resolver en el mismo periodo 417.037.
La provincia con más retraso en 2006 fue la de La Coruña, que arrastra 55.289 casos pendientes. Le siguen Pontevedra, con 43.810 y, a bastante distancia, Orense (11.772) y Lugo (11.006).
Las últimas estadísticas del CGPJ confirman un cambio de tendencia brusco que ya se veía venir. La última memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia alertaba de que la reducción de los casos pendientes en el Alto Tribunal gallego se había ralentizado, hasta el punto de cerrar 2005 con apenas 230 casos pendientes menos que el año anterior.
Éste fue el primer aviso de un repunte de la pendencia que, como advirtió el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio González Nieto, situaba ya a la sala de lo Social de este órgano al borde del "colapso total".
La causa de este empeoramiento se atribuyó entonces a la drástica reducción de los refuerzos, equipos integrados por jueces, magistrados y secretarios judiciales que, a mayores de su trabajo habitual, asumen durante periodos de seis o nueve meses una carga extra de trabajo para reducir la bolsa de pendencia. El esfuerzo de estos equipos, que empezaron a operar a finales de los 90 en dos de las salas más colapsadas del TSXG, consiguió reducir el número de casos pendientes en cinco años de 11.000 a 8.600. Cuando se presente la memoria del año 2006, sin embargo, esta tendencia probablemente se habrá invertido.
La justicia gallega sigue presentando unos niveles de colapso y congestión alarmantes que año tras año sitúan a Galicia a la cabeza del ranking nacional en cuanto a atraso y número de casos pendientes. En 2006, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue el tercero de toda España con una mayor tasa de congestión, al registrar cuatro asuntos sin resolver por cada tres que acabaron en sentencia. La situación judicial gallega no mejoró en términos absolutos durante el año pasado aunque su posición en el conjunto de España sí lo hizo debido, sobre todo, al peor funcionamiento que registraron otros tribunales autonómicos.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Galicia desciende una posición en el ranking respecto a 2005, cuando era la segunda comunidad española con más colapso judicial. Sin embargo, la tasa de congestión (índice que relaciona los asuntos pendientes de años anteriores y los de nuevo ingreso con el número de casos resueltos) empeora en Galicia respecto a la del año anterior, al pasar de 1,33 a 1,34.
Sólo Canarias (con una tasa de 1,37), Castilla-La Mancha y Murcia (ambas con 1,36) presentan unos niveles de congestión judicial peores que los del TSXG. En cuanto al atraso judicial, Galicia tampoco sale muy bien parada en las últimas estadísticas del CGPJ. La tasa de pendencia -un índice que compara la proporción entre número de asuntos pendientes y los casos resueltos- también es de las más altas.
Pero... ¿De verdad hay un calentamiento global? (2)
Malas noticias para Al Gore, Greenpeace y demás mensajeros del Apocalipsis ecológico. Los datos demuestran que la banquisa de la Antártida no se derrite ni encoge ni desaparece. La superficie ocupada por el hielo es idéntica entre 1978 y 2007. Las subvenciones corren peligro. Desde hace unos pocos años, diversos científicos, políticos y ecologistas en busca de poder y dinero presentan un clima enloquecido que se venga de las supuestas agresiones de la humanidad al planeta. Una de las escenas habituales es la de los océanos anegando Nueva York y todas las costas de la Tierra.
Los picos superiores indican los máximos anuales y los picos inferiores los mínimos. Entre 1978 y 2007 se observa que no hay una disminución del hielo, y que, en contra de lo que ocurre en el Artico, incluso parece percibirse una ligera tendencia al aumento. “¿Como casa esto con la homogeneidad interhemisférica del aumento del considerado máximo culpable, el CO2?”, se pregunta Uriarte.
¿Por qué los hielos de la Antártida desobedecen a los ecologistas?. ¿Es una conspiración de las petroleras norteamericanas?
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Peru: 15.000 funcionarios implicados en procesos penales
Lima. La ministra de Justicia, María Zavala informó que unos 15 mil funcionarios públicos están implicados en procesos penales interpuestos por las procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas.
En un mensaje televisado en el que brindó los avances de los primeros nueve meses de gestión, la titular del sector precisó que estas dependencias de justicia han iniciado 7 mil procesos penales, en los que se ha embargado alrededor de 10 millones de soles.
Además, indicó que la procuraduría anticorrupción ad hoc para el caso Fujimori - Montesinos repatrió de agosto a la fecha unos 37 millones de soles, los cuales han sido transferidos al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadoi).
La ministra Zavala aseveró que su portafolio, a través de la procuraduría ad hoc correspondiente, está haciendo cumplir la ley y trabaja de manera objetiva para lograr la extradición del ex presidente Alberto Fujimori.
Asimismo, resaltó que el Perú viene dando un mensaje importante de voluntad de cumplimiento de las recomendaciones, resoluciones y sentencias del sistema regional universal. Aseguró que el país está proyectando una imagen de Estado respetuoso y promotor de los derechos humanos.
Por otro lado, reiteró que el nuevo Código Procesal Penal garantizará procesos rápidos, públicos y transparentes. En ese sentido destacó su implementación en el distrito judicial de la Libertad. Esta situación ha permitido incrementar el número de defensores de 19 a 61, distribuidos en once sedes, acotó.
Con el propósito de reducir la criminalidad y garantizar la paz social, refirió que se apoya la implementación y el funcionamiento de 15 juzgados de paz letrados, con sede en las comisarías a nivel nacional.
Respecto al tema penitenciario, dijo que la población penal en el país llega a 38 mil internos e informó que se desarrollan una serie de obras para mejorar las condiciones carcelarias en el país.
Finalmente, la ministra Zavala ratificó su compromiso de seguir trabajando para acercar la justicia a toda la población, sin restricciones.
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Adolfo Prego de Oliver, Magistrado del Tribunal Supremo y Vocal del Consejo General del Poder Judicial es entrevistado en HISPÁNITAS. Para leer la entrevista, pincha aquí.
Un juez de la localidad de Attala, en el estado norteamericano de Alabama, decidió obligar a dos ladrones que robaron en Wal-Mart a permanecer dos fines de semana frente al establecimiento con una camiseta en la que se leyera 'Soy un ladrón. Robé en Wal-Mart'.
El juez Kenneth Robertson Jr. ordenó a los dos ladrones a que muestren la camiseta durante cuatro horas dos sábados sucesivos. 'Los únicos comentarios que hemos escuchado hasta ahora han sido positivos', aseguró el encargado del almacén, Neil Hawkins.
Uno de los condenados, una mujer de 46 años, Lisa King Fithian, llevó la camiseta entre las 11:00 y las 15.00 horas del sábado, para evitar una condena de 60 días de cárcel. El otro condenado estuvo con el particular cartel entre las 15:00 y las 19:00 horas.
Fithian, que asegura que es inocente, aseguró que las personas que la veían en el exterior de la tienda le decían que el castigo era 'cruel'. Para el encargado del Wal-Mart, las personas que vieran a los ladrones 'se lo pensarán dos veces antes de hacer lo mismo'.
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Cantabria: Resultados "satisfactorios" en 2006 y las obras sin fin
Los juzgados y tribunales de Cantabria consiguieron resolver en 2006 casi el mismo número de asuntos que pleitos ingresaron, lo que supone un «cambio de tendencia» significativo respecto a los últimos años. Ante estos resultados «satisfactorios», las autoridades judiciales se plantean un nuevo reto: acabar con la bolsa de causas pendientes. Así lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, en la presentación de la Memoria Judicial correspondiente al ejercicio 2006. «Nuestro nuevo reto de futuro es invertir del todo la tendencia y que desaparezca la bolsa de asuntos pendientes que nos acucia en algunos órganos judiciales», que no cuantificó.
Los datos son más que elocuentes. El año pasado ingresaron en los distintos juzgados y tribunales de la región 116.466 asuntos en las distintas jurisdicciones civil, penal, social y contencioso-administrativo y se resolvieron 114.063, lo que sitúa la tasa de resolución en un 98 por ciento.
Para conseguir este nuevo desafío y evitar el enquistamiento de los problemas, el presidente del TSJC, que compareció ante los medios de comunicación arropado por los miembros de la Sala de Gobierno, solicitó el reforzamiento de las plantillas con nuevos magistrados en las secciones civiles de la Audiencia Provincial y en la Sala de lo Contencioso Administrativo; la creación de un nuevo juzgado en Castro Urdiales y en San Vicente de la Barquera, y más funcionarios para los órganos unipersonales.
En este sentido, Tolosa destacó el «notable retraso» en la implantación de la nueva oficina judicial que ha dado lugar a una «ralentización» en la creación de nuevas plazas de funcionarios, lo que ha provocado un «desfase importante».
Como viene siendo habitual ya en los sucesivos informes anuales, el TSJC reitera la necesidad de poner fin a la dispersión de las sedes judiciales en Santander y de construir una sede para el Instituto de Medicina Legal de Cantabria (IMLC), cuya directora Pilar Guillén estuvo presente en el acto informativo, así como un nuevo Palacio de Justicia que albergue todos los juzgados de Torrelavega.
El presidente expresó su preocupación por los problemas de ubicación del IMLC, cuya «absoluta provisionalidad es insostenible para una adecuada prestación del servicio, pese al esfuerzo que realizan sus integrantes».
Tolosa también aprovechó su comparecencia para denunciar el «notable retraso» en las obras del complejo judicial de Las Salesas de Santander, lo que está provocando «disfunciones y molestias difícilmente soportables». La primera fase de las obras está previsto que concluya en octubre de este año, por lo que la segunda quedaría fuera del plazo de finalización «teórico» de 32 meses, señaló. El presidente pidió a la Administración de Justicia que se hagan «los esfuerzos necesarios que permitan la rápida conclusión de las obras, dado que todos los servicios judiciales se están viendo gravemente afectados, perjudicando, además, la imagen pública de la Administración de Justicia».
El máximo responsable del Poder Judicial en Cantabria confío en que el acuerdo de transferencias de Justicia suscrito recientemente entre la administración cántabra y estatal dé respuesta a lo largo de la próxima legislatura a estos tres problemas: dispersión judicial, sede del Instituto de Medicina Legal y nuevo edificio judicial en Torrelavega.
Asimismo, el presidente César Tolosa puso de manifiesto la necesidad de avanzar en la «modernización» e informatización de las sedes judiciales y anunció que el próximo 16 de mayo se celebrará una reunión preparatoria para la puesta en funcionamiento de la web de la Administración de Justicia, a la que tendrán libre acceso los ciudadanos y que «permitirá disponer de toda la información relevante acerca de la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales»
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Palencia: Las "buenas palabras" del Ministerio de Justicia
El presidente del TSJCYL, José Luis Concepción, criticó la tardanza del Ministerio de Justicia para dotar de medios al Juzgado de Palencia que se encarga de todo lo relacionado con el siniestro del pasado 1 de mayo en Palencia en el que murieron nueve personas, hubo decenas de heridos y muchos damnificados. Según Concepción, los medios para una Justicia rápida, eficaz y calidad muchas veces no llegan o tardan en llegar, como en el caso de Palencia, en el que «aún no se ha materializado el apoyo pese a las buenas palabras del Ministerio de Justicia».
Concepción consideró que la situación podría mejorar cuando se transfieran a Castilla y León las competencias en materia de medios materiales y humanos de apoyo a los jueces. En este sentido, lamentó que «desgraciadamente no acaba de concretarse».
Precisamente, los jueces decanos de Castilla y León, reunidos en Burgos durante dos días, pidieron intervenir como interlocutores de las administraciones en el proceso de transferencia de la Justicia a la Junta de Castilla y León.
Mientras, la directora de la Gerencia Regional de Justicia, Felisa Herrero, se mostró optimista en relación con las transferencias en materia de Justicia y adelantó que, aunque las diferencias se centran en los costes, entiende que «no son insalvables».
Sobre este mismo tema se pronunció en León el ministro de Justicia. Mariano Fernández Bermejo invitó a la Junta de Castilla y León a retomar «cuanto antes» las negociaciones para el diseño de las trasferencias en materia de Justicia, paradas desde 2006, un proceso que se ha desbloqueado en tres autonomías, con lo que «da la impresión de que el tal Bermejo no es este ogro que se ha pintado».
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El alcalde, Leoncio Collado, aseguró que «reiterados informes» del Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de restaurar y ampliar el actual palacio de justicia «descartan» esta opción y apuestan por la creación de una nueva sede para los juzgados.
A preguntas de los periodistas aseguró que el Ministerio de Justicia ha solicitado Ayuntamiento un solar de más de 3.400 metros cuadrados de superficie para edificar un nuevo palacio de justicia. Sobre la posible ubicación del edificio señaló que «es algo que tenemos que decidir conjuntamente con el ministerio» y añadió que «de momento no queremos tomar decisiones que supongan trastornar ni preocupar al colectivo de jueces ni al de abogados y procuradores».
Collado indicó que representantes del ministerio visitarán Lorca tras las elecciones para negociar el posible emplazamiento «en función de los solares disponibles y del proyecto del nuevo edificio», que tendrá cuatro plantas. En este sentido sostuvo que el proyecto ministerial «es muy ambicioso» porque prevé la creación en Lorca de un palacio de justicia con capacidad para 18 juzgados frente a los siete que existen en la actualidad y que estará dotado de un depósito de prisión preventiva, entre otras dependencias.
Leoncio Collado, sí manifestó que en el casco histórico no hay ningún solar que disponga de las características del que ha solicitado el ministerio y reiteró que queda descartada la propuesta, varias veces formalizada por el ayuntamiento, de incorporar a la actual sede central de los Juzgados, en el edificio de la antigua casa del corregidor, el resto de los inmuebles de la manzana formada por el Pósito y la cárcel.
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Santander: Los jueces, contra el recorte del personal de seguridad
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y las Juntas Sectoriales de Jueces de Santander han aprobado acuerdos en los que expresan su rechazo al recorte de personal de seguridad que el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo en los edificios judiciales de Cantabria.
El órgano de gobierno del Poder Judicial en Cantabria ha remitido una queja a este Ministerio por lo que considera "una importante reducción de los niveles de protección y seguridad de las distintas sedes judiciales, llegando a concretarse franjas horarias en las que se carecerá de todo tipo de vigilancia".
Por su parte, en sus acuerdos -todos son iguales-, las Juntas de Jueces de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, de Primera Instancia, de Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de Social de Santander, dejan constancia de su "más enérgica protesta" por las restricciones en las condiciones de seguridad, lo que ha llevado a limitar el horario en el que permanece el personal de seguridad.
Además, señalan los jueces que este hecho hace que no se pueda garantizar el cumplimiento del horario flexible para el personal de la Administración de Justicia, al tiempo que entorpece el trabajo judicial.
Recientemente, el Ministerio de Justicia aprobó un nuevo contrato del servicio de vigilancia y seguridad privada de los edificios judiciales que entró en funcionamiento el segundo trimestre de este año 2007.
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Argentina: Los trabajadores judiciales van al paro
La conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció una huelga de 48 horas para hoy lunes y martes próximo en el interior del país y de 38 horas en la Capital Federal a partir de las 10 del lunes 14, que incluirá una movilización a Tribunales de Capital Federal.
El titular de la organización sindical, Julio Piumato, indicó que la decisión fue adoptada ante "el fracaso de la negociación paritaria", ya que luego de casi dos semanas de diálogo "los trabajadores ignoran por qué razón no se resuelve la cuestión".
"La paciencia tiene un límite y con los derechos de los trabajadores no se juega", afirmaron Piumato y la secretaria de Prensa del gremio, Laura Iparraguirre, para agregar que el sector soportó "una furiosa campaña sostenida ideológica, política y económicamente por sectores judiciales oligárquicos".
Los dirigentes indicaron que esos sectores se valieron en esa campaña de "esbirros, pasquines y agravios para desviar el eje de la discusión, lo que en su momento fue soportado para intentar alcanzar un acuerdo respecto del pago de la deuda salarial, el nombramiento de los meritorios y un aumento para este año". El sindicato suspendió el viernes dia 4 un paro nacional en aras de alcanzar "un acuerdo paritario".
El gremio reclama una suma fija mensual durante doce meses de entre 200 y 300 pesos de acuerdo a las categorías en relación con el pago de la deuda salarial y un plan de designaciones para que este año se solucione la situación de los 1.078 trabajadores meritorios que quedan de los censados en junio de 2005. También demanda que se fije una pauta de aumento salarial del 17 por ciento (10 a abonarse de inmediato y otro 6,5 acumulativo).
"El retraso en definir la negociación y la campaña reaccionaria son indicios claros de que alguien pretende jugar con los derechos de los judiciales", señalaron los sindicalistas. Las medidas de fuerza fueron decididas hoy por un plenario general de delegados que sesionó en el hotel sindical "26 de Julio" de Humberto I al 1.500, concluyeron los dirigentes.
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Aragón: Acordado el traspaso de las competencias de Justicia
El Gobierno aragonés y el central han dado por cerradas las negociaciones sobre las transferencias de la Administración de Justicia a esta Comunidad. Tras meses de negociaciones, se alcanzó el acuerdo final entre el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, y el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, en una sesión de dos horas a la que al final se incorporó también el ministro, Mariano Fernández Bermejo.
Según este acuerdo, Aragón asumirá estas competencias el próximo 1 de enero y, por ello, recibirá del Estado una transferencia económica inicial de 47,5 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 13 millones de euros a la cifra estipulada inicialmente para proceder al traspaso. Además, el ministerio asumirá con fondos propios la conclusión de la sede de los juzgados de Teruel.
Biel recordó que la transferencia de estas competencias a la Comunidad autónoma estaba pendiente de 1996. El vicepresidente aragonés calificó el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia de «muy interesante».
Por otra parte, la Exposición Universal que albergará Zaragoza el próximo año ha favorecido, además, la inclusión en el acuerdo del compromiso la creación de tres nuevos órganos judiciales en le capital aragonesa: un juzgado de lo contencioso, otro de lo penal y un último de instrucción. Tanto Biel como Pérez Hernández, al término de la reunión, dejaron la puerta abierta a la creación de un cuarto órgano judicial, que previsiblemente tendrá su sede en Huesca.
El secretario de Estado afirmó que «de esta forma se intenta acomodar la previsión de crecimiento de los órganos judiciales en Aragón durante 2008 a las necesidades que la Expo va a generar». Por su parte, el vicepresidente aragonés consideró, en declaraciones a los periodistas, que la comunidad autónoma «se coloca en una buena posición de partida» gracia a un acuerdo que calificó como de «muy interesante».
Biel, además, hizo hincapié en subrayar que el acuerdo alcanzado obliga además a la terminación de la sede de los juzgados de Teruel «con cargo al Ministerio».
Ceuta: Nueva sede para los juzgados de lo Penal en junio
Será el próximo mes cuando, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, comiencen a funcionar los juzgados de lo Penal en la nueve sede que ocupa la Comandancia de Obras.
Este es el propósito de la administración en aras a poder iniciar así las obras de reforma en los juzgados actuales empleando la zona que dejen liberada los penales para posibilitar los traslados.
La visita girada por el delegado del Gobierno, Jenaro García Arreciado, a la instalación militar sirvió para conocer in situ el desarrollo de las obras y reafirmarse en el propósito de tener listas las instalaciones el próximo mes.
Unas instalaciones en las que se han invertido entre 500 y 600 millones de las antiguas pesetas, precisamente para poder habilitar los espacios necesarios para ubicar los juzgados de lo Penal que operan en la ciudad así como los calabozos y las áreas destinadas al funcionariado.
En un plazo de entre 10 y 15 días se espera que se desarrollen los trabajos de traslado de los Penales hacia su nueva ubicación, de momento, intemporal. Las obras de remodelación de la Comandancia de Obras -edificio que pertenece a Defensa y que ha sido cedido de manera temporal para esta labor- han obtenido, hasta el momento, el visto bueno de la clase judicial, ya que el inicio de las obras comenzaron con la supervisión de miembros de la Junta de Personal, el propio gerente de Justicia y representantes de la Fiscalía y de la delegación del Gobierno de justicia, entre otros.
De dicha supervisión nació, por ejemplo, la idea de construir unos calabozos para el mantenimiento de los presos a la espera del juicio o de dotar de cierta amplitud a las salas en las que se celebrarán las vistas judiciales correspondientes de manera exclusiva al área de lo Penal. Aunque en principio se barajó la posibilidad de reubicar aquí los distintos juzgados, entendiendo lo caótico de la situación, se decidió única y exclusivamente el traslado de los penales, como así se hará.
Se confía en que los penales comiencen a funcionar a primeros del próximo mes, aunque todo depende de las pruebas de funcionamiento que se lleven a cabo, tanto en materia de seguridad como de aplicaciones tecnológicas. Hay que definir el control de seguridad en la puerta, el estado de los calabozos, así como las medidas operativas tanto de cableado como de grabación para hacer operativas el desarrollo de las sesiones judiciales.
En la Comandancia de Obras sigue viviendo personal que dispone de una vivienda en su interior. Este es el caso de una anciana que tiene ahí su vivienda y que permanecerá aunque se sigan desarrollando las tareas judiciales. Algo, al menos, llamativo.
Los sindicatos han mantenido la necesidad de que se cumpla con la normativa vigente en materia de riesgos laborales y prevención, algo a lo que permanecen atentos para evitar, por ejemplo, que la actividad judicial comience a funcionar sin todas las previsiones establecidas. Aún y todo, persisten las quejas por el desembolso de más de 500 millones de las antiguas pesetas que ha supuesto esta actuación urbanística porque a posteriori será la Ciudad la que deba determinar qué uso le da a estas instalaciones cuando se ponga en marcha el Palacio de Justicia nuevo.
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Comunidad Valenciana: 213.446 causas pendientes en 2006
Los juzgados de primera instancia e instrucción de la Comunitat Valenciana acumularon el pasado año 97.517 asuntos penales y 115.929 civiles pendientes de resolver, retraso provocado, entre otros motivos, por la obligación de compatibilizar estas materias con las causas de violencia doméstica.
Así lo expone la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) presentada por el presidente de este organismo, Juan Luis de la Rúa, quien destacó que, si bien esta acumulación no es "excesivamente preocupante", ya "se ha encendido la luz de color ámbar".
Según recoge este informe, "este significativo nivel de pendencia" es consecuencia, no sólo del aumento del número de procesos, sino de la Ley contra la Violencia de Género, que establece que la mayoría de los partidos judiciales deben compatibilizar esta materia con el resto de asuntos ordinarios.
Al respecto, indica que esta "compatibilización" incide "en la provocación directa de un retraso en la resolución de los procesos", especialmente en los de materia civil. Estos juzgados "mixtos" encuentran "enormes dificultades" para coordinar estos procesos con el resto de vistas orales, lo que origina "continuas suspensiones" y una "mengua del tiempo para dictar otras resoluciones".
Según expuso el presidente del TSJCV, la "solución" a esta acumulación de procesos en primera instancia e instrucción y a las "disfunciones" detectadas en los juzgados de violencia doméstica, sería la creación de once nuevos juzgados exclusivos de circunscripción comarcal que abarcaran varios partidos judiciales. Para su implantación, debería partirse de un estudio de datos estadísticos sobre proximidad geográfica entre partidos, índice demográfico y entrada de asuntos, entre otras variables. Asimismo, añade la memoria, deberían ser dotados de un representante del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de funcionarios específicamente preparados para la tramitación de este tipo de causas, "todo ello con los convenientes medios materiales". Esta proyecto, que ya ha sido remitido al Ministerio de Justicia, se cubrirían "todas las necesidades" relativas a la Ley de Violencia de Género, aseguró el presidente del TJSCV.
Por otra parte, los juzgados de violencia doméstica de la Comunitat Valenciana -exclusivos y mixtos- registraron el pasado año un total de 17.114 causas y resolvieron 17.080, una "agilidad" fruto de "la sensibilidad del colectivo judicial ante esta problemática". Entre otros procedimientos, estos órganos judiciales tramitaron doce causas por muerte, 5.986 de malos tratos físicos y 3.948 de malos tratos psíquicos. Asimismo, registraron la entrada de 8.075 causas de lesiones, 805 cinco contra la integridad moral y 75 contra la libertad sexual, recoge la memoria.
Otro de los "mayores problemas" detectados en este informe es el incremento de la pendencia de asuntos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que ha aumentado un 91,81 por ciento en Alicante, un 54,47% en Castellón, un 75,25% en Elche y un 67,32 en Valencia. Según recordó De la Rúa, estos juzgados funcionaban "magníficamente" antes de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, que los dotó de mayores competencias y "entorpeció el perfecto equilibrio" de estas salas, incide la memoria.
El presidente del TSCV lamentó que esta situación está "prolongando y retrasando" -en ocasiones durante un año- la resolución de causas. Por ello, la memoria reclama una "mínima e ineludible creación" de dos juzgados en Alicante, uno en Elche y otro en Valencia, aunque, "la solución ideal pasaría por la puesta en funcionamiento de algunos otros más".
En total, los diferentes órganos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tramitaron 1.073.114 asuntos, y resolvieron 1.047.619.
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References: artículo 19
 resolución 
 artículo 418
 artículo 419
 resolución 
 resolución 
 resolución