Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2017/acuerdos_y_sentencias/ays_782_17.php
Timestamp: 2018-09-25 15:32:50+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 782/2017 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 782/17
En Asunción del Paraguay, a los treinta y uno días, del mes de julio del año dos mil diez y siete, estando reunidos en Sala de Acuerdos los Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, SINDULFO BLANCO y MIRYAM PEÑA CANDIA, en reemplazo de los Señores Ministros JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mi la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el Expediente intitulado: "OSCAR N. AGUILAR C/ ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE ITAIPU S/ INDEMNIZACIÓN", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 119, de fecha 25 de Septiembre del 2.014 y el Acuerdo y Sentencia N° 130, de fecha 17 de Octubre del 2.014, ambos dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala.
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, SINDULFO BLANCO y MIRYAM PEÑA CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO PREOPINANTE MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI DIJO: La parte recurrente no fundamento el recurso de nulidad interpuesto. Por consiguiente y al no advertirse en los Fallos en estudio defectos o vicios que justifiquen la declaración de oficio en los términos que autorizan los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, los mismos deben ser declarados desiertos. Asi voto.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: Me adhiero al criterio del Ministro preopinante por compartir idénticas motivaciones.
A SU TURNO LA SEÑORA MINISTRA MIRYAM PEÑA CANDIA DIJO: Adhiere juzgamiento a la opinión que le precede por idénticas motivaciones.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO PREOPINANTE MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI prosiguió diciendo: La presente demanda fue iniciada por Oscar Nery Aguilar Ojeda contra la Asociación Mutual de Empleados de la Entidad Binacional Itaipú por Indemnización de Daños y Perjuicios por responsabilidad extracontractual, proveniente de la querella penal incoada por aquella, la cual le generó cuantiosos daños tanto materiales como morales. El recurrente expresó que con el sobreseimiento libre que obtuvo se evidenció la falsedad de la querella imputable solo a la demandada, pese a constatarles que no tenia ni tan siquiera conocimiento de los hechos porque los que se promovió. Refirió que la parte demandada realizó una amplia publicidad de aquella (la querella)lo que ocasionó perjuicio de suma consideración en sus relaciones personales, puesto que sus conocidos tomaron conocimiento de la imputación y ello, como bien se sabe, genera en la sociedad un impacto que solo desaparece con la obtención de la resolución judicial que declara la inocencia. Manifestó que el Juzgado decretó sobre sus bienes y su cuenta corriente bancaria embargo, y luego del angustioso sumario instruido, una vez demostrado al juez su inocencia, éste concedió primeramente el sobreseimiento provisional y levantamiento de medidas cautelares, para finalmente luego de 5 años de encontrarse ligado a la denuncia, se resolvió el sobreseimiento definitivo, quedando con ello demostrado la falsedad e ilicitud de la querella y en consecuencia la obligación de resarcir a Oscar Nery Aguilar Ojeda por los daños que les fueran causados.
Por S.D. N° 215, del 29 de mayo del 2.013, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Turno de la Capital resolvió: " 1) NO HACER LUGAR con costas, a las excepciones de falta de acción y prescripción opuestas por parte demandada como medio general de defensa. 2) HACER LUGAR con costas a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por el Sr. Oscar Nery Aguilar Ojeda contra la Asociación Mutual de Empleados de la Entidad Binacional Itaipú, estableciendo como monto indemnizatorio la suma de GUARANIES NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (GS. 925.313.574,85) Y DOLARES AMERICANOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS (U$s 64.545,24) más los intereses calculados a una tasa mensual del 2% desde el dia de la promoción de la demanda hasta el dia del efectivo pago, dentro del plazo perentorio de diez (10)dias hábiles de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución. 3.-IMPONER costas a la perdidosa. 4.- ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia." (fs. 430/441).
Por Acuerdo y Sentencia N° 119, del 25 de setiembre del 2.014, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital resolvió: "1.-DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por el Abog. Oscar Paciello (h). 2.- DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por el Abog. Mario Estigarribia. 3.-REVOCAR el segundo apartado de la S.D.N° 215 de fecha 29 de marzo de 2.013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Décimo Turno, de la Ciudad de Asunción, conforme el exordio de la presente resolución. 4.- IMPONER las costas a la parte actora. 5.- ANOTAR, registrar, notificar, por cédula y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia" (fs. 480/486). Por Acuerdo y Sentencia N° 130, del 17 de octubre del 2.014 se resolvió: "DESESTIMAR el recurso de Aclaratoria interpuesto por el Abogado OSCAR PACIELLO (h) contra el Acuerdo y Sentencia N° 119, del 25 de setiembre del 2.014, dictado por este Tribunal conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. ANOTAR...".
El Representante convencional de la parte actora expresó agravios conforme escrito que obra a fs.499/506. Manifestó que el Ad-quem como fundamento de la resolución en estudio sostuvo que para la promoción de una demanda por indemnización donde la causa sea por denuncia o querella penal, las mismas deben ser calificadas de falsas y temerarias, sobre el punto refirió que ello es un error lógico, pues, no existe disposición legal alguna al respecto. Agravia al apelante que la sentencia comete un error, en sostener que su parte alegó la responsabilidad objetiva de la demandada, lo que no es cierto, por el contrario, de la demanda deducida surge la responsabilidad subjetiva, el dolo y la culpa en su actuar, son las que han causado el daño que se reclama y que debe ser indemnizado. Sostuvo que fue demostrado, en el presente juicio, que la demandada actuó con temeridad y falsedad, se demostró que el daño reclamado fue causado con dolo y culpa y que existió abuso del derecho, configurándose plenamente el presupuesto de atribución de responsabilidad subjetiva y antijuridicidad en su actuar, de lo que surge, por imperio de la ley y de la real interpretación de los hechos, la obligación de resarcir los daños materiales y moral reclamados. En autos debió ser analizado por el juzgador el fondo de la cuestión, lo que no han hecho, debido al error lógico en el cual, han caído o cometido, y que dejó a la parte a la que representa huérfano del resarcimiento de las múltiples pérdidas económicas y morales que se le han causado con motivo, en ocasión y en el procedimiento motivado por la denuncia y querella incoados. Siguió manifestando que luego de presentada la acción los responsables de la Asociación Mutual de Empleado de Itaipú Binacional, no respetando la garantía constitucional de la presunción de inocencia, han dado una amplia publicidad a aquella, lo cual le ha ocasionado un perjuicio de suma consideración en sus relaciones personales, puesto que sus conocidos tomaron conocimiento de la imputación sosteniendo que ello como bien se sabe genera en nuestra sociedad un impacto que no se borra con la mera obtención de la resolución judicial que declara la inocencia. Manifestó que el perjuicio económico ocasionado fue plenamente demostrado y cuantificado en autos. Refirió que además del perjuicio que el ocasionara la injustificada denuncia, sus representantes solicitaron embargo sobre los bienes de su mandante, y por via del A.I.N° 145 de fecha 16 de febrero 1996 el juzgado decretó embargo sobre los bienes por la suma de un mil millones de guaraníes. Habiéndose embargado varios inmuebles y también la cta. cte. bancaria del Banco Continental.
Terminó solicitando se proceda a revocar la resolución en estudio, condenando a la parte demandada al pago de la suma de GUARANIES MIL SETENCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES (Gs. 1.713.956.763) más la suma de GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES (Gs. 300.000.000) en concepto de daño moral.
Corrido traslado, el representante de la parte demandada a fs. 511/514 refirió que: "...el Art. 288 del Código Procesal Penal señala participación y responsabilidad, no deja lugar a interpretación alguna este texto claro de la ley, no existe responsabilidad, salvo que exista mala fe o temeridad cuando el juez califique la denuncia como falsa o temeraria impondrá las costas. Es decir para imponer costas y responsabilidades debe existir la declaración de temeridad y mala fe. Estos fundamentos han sido sostenidos en forma unánime, conteste y uniforme por los Tribunales Nacionales y también por la propia Corte Suprema de Justicia... La interpretación restrictiva del Art. 288 del C.P.P. se traduce en que no existe responsabilidad si no existe calificación o declaración de temeridad o mala fe, más bien existe la obligación de denunciar previsto en el Art. 286 del C.P.P...en el caso que nos ocupa el sobreseimiento definitivo deviene no de la probanza de la inocencia o no del actor, sino de la inacción por el transcurso del tiempo. Primero el sobreseimiento provisional y luego el definitivo. No existe la real malicia de mi representada, que ha utilizado el resorte legal a fin de precautelar sus arcas que estaban siendo dilapidados... en forma expresa lo señala las disposiciones legales mencionadas como asi mismo innumerables Jurisprudencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de los Tribunales de Apelación, de que debe existir una calificación previa de temeridad o mala fe, para que exista la obligación de indemnizar, cuando la causalidad es un cuasi contrato, es decir deviene como consecuencia de una acción penal. Tanto los montos como los conceptos indemnizatorios reclamados no se ajustan a derecho, pues una mala administración de la actora que lo ha llevado a la quiebra, pretende responsabilizar a mi mandante, sin probar absolutamente extremo alguno...una cuenta bancaria es cerrada por la Superintendencia de Bancos por haber incurrido en las infracciones administrativas contempladas en la ley de bancos.... tanto la imputación como los embargos han sido solicitados por el Ministerio Público...no puede ser atribuido a la Asociación la responsabilidad de Directores y medios de prensa ya que supuestamente conforme lo describe afectó su buen nombre y la de su familia publicaciones de la prensa nacional del cual no depende ni es responsable mi representada sino el medio o sus directores". Terminó solicitando que la resolución en estudio sea confirmada.
Al adentrarnos al análisis de la resolución cuestionada y fundamentada, primeramente es importante tener en cuenta que ante supuestos como el que se nos plantea se debe determinar si se produjo un hecho antijuridico por ser la querella injusta, falsa, temeraria o maliciosa. Sabido es que no toda querella o denuncia penal reviste las características citadas, pues toda persona tiene el derecho a denunciar un hecho que con convicción considere antijuridico o delictivo a fin de que la autoridad competente lo investigue.
Corresponde entonces el estudio de la denuncia penal y resoluciones recaidas como consecuencia de esa denuncia en Sede Judicial, sin realizar un juzgamiento del expediente penal.
Es asi que los antecedentes legales del caso están dados por la denuncia penal de hechos punibles de Falsificación de instrumento privado y delitos contra el patrimonio de las personas en capital incoada por la Asociación Mutual de Empelados de la Itaipú Binacional, individualizando entre otros al accionante Oscar Nery Aguilar Ojeda como supuesto autor del hecho.
Es asi que el articulo 1833 del Código Civil Paraguayo establece: "El que comete un acto ilicito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente", por su parte el Articulo 1835 de la citada disposición legal dispone: "Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilicito...".
En la forma como quedara trabada la litis no se negó la existencia de la denuncia de Falsificación de instrumento privado y delitos contra el patrimonio de las personas en capital iniciada por la parte demandada, pero si que se haya promovido la misma con el fin de dañar al actor, habiendo manifestado la parte accionada, que no se ha actuado con dolo o culpa fundamentos con los que la misma negó los supuestos daños materiales y moral ocasionados al accionante como consecuencia de los acontecimientos que rodearon a la denuncia instaurada. Ahora bien del análisis realizado se colige que el procedimiento al que fue sometido el accionante implicó un tiempo en el que fácil resulta comprender la desazón, la tristeza, el desasosiego, la turbación que pueden embargar el espíritu de cualquier persona en esa circunstancia, por manifiestamente infundada que fuese la imputación. Ese injusto padecimiento, llegó a su fin con el A.I. N° 299 del 23 de marzo de 2.001 dictado por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia N°2 que sobreseyó definitivamente a Oscar Nery Aguilar Ojeda, con la expresa constancia de que la formación del proceso no afecta su buen nombre y reputación.
Conviene recordar aqui de nuevo que la demandada, no efectuó una simple denuncia, inicio una acción penal, a través de una querella criminal adhesiva, individualizando clara y definitivamente entre otros a Oscar Nery Aguilar como responsables del hecho delictual denunciado.
Sobre el particular Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales dice: "Querella: acción penal que ejercita, contra el supuesto autor de un delito, la persona que se considera ofendida o damnificada por el mismo (o sus representantes legales), mostrándose parte acusadora en el procedimiento, a efectos de intervenir en la investigación y de obtener la condena del culpable, asi como la reparación de los daños morales o materiales que el delito le hubiese causado".
Vemos pues que se trató de una acusación directa al accionante individualizándolo como autor del hecho penal querellado, y, no una simple investigación como pretende hacer parecer la demandada. Asimismo como ya se señalara precedentemente el mismo fue sobreseido, sin que ello afecte su buen nombre y honor, más sobre el particular, es conveniente aclarar que dicha determinación constituye una decisión de orden penal reparadora en dicho fuero, pero que de ninguna manera resulta substitutiva de la reparación de los daños sufridos por el perjudicado ante la infundada acusación y que tiene abierta la via en el fuero civil, claramente prevista en los arts. 1833 y concordantes del Código Civil.
Ahora bien pasando a analizar los daños reclamados en autos, primeramente nos adentraremos al material.
El Señor Oscar Nery Aguilar como distribuidor y propietario de la Casa Comercial "Electro Hogar" de Ciudad del Este a consecuencia de la acción penal sufrió grandes perjuicios económicos, pudiéndose constatar el comportamiento descendente en las diferentes casas comerciales que le proveían de electrodomésticos, como también la disminución de las ventas, lo que por causa de los embargos sobre sus cuentas le impedia obtener linea de crédito. El perito Contador entre otras cosas concluyó que aquel tuvo que desprenderse de sus inmuebles, rodados, mercaderías y demás bienes que componían su activo para hacer frente a gastos judiciales, comerciales y familiares. Es asi que de la actividad probatoria desplegada, especialmente de la prueba pericial obrante a fs. 348/357 considero el monto reclamado de 1.713.956.763 Gs. ajustado a derecho, atento que los mismos fueron justificados y probados en el presente juicio.
En relación a daño moral, es evidente que la consumación del hecho produjo, valga reiterar daño moral en detrimento del demandante, resulta pues indudable por todo cuanto consta en el expediente penal en que fue involucrado. Todas esas circunstancias como el tiempo del injusto enjuiciamiento, con su estela de graves y negativas consecuencias para el bienestar personal a que tiene derecho todo ser humano, reclaman en
estricta justicia una adecuada reparación.
La doctrina más autorizada ha sostenido, al exponer los fundamentos en que se asienta la legitimación a la reparación del, daño moral, que: "... si ningún efecto tiene sobre el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, hay daño moral y no patrimonial. Resarcir los daños morales, aunque sea de modo pecuniario -a falta de otro mejor, no es materializar los intereses morales sino al contrario, espiritualizar el derecho a cuanto este no se limita a la protección de los bienes económicos y rodea también de seguridad aquellos otros bienes no económicos, que son inseparables de la persona humana. Lo mismo que la indemnización de los daños materiales, la de los morales tiene un estricto carácter de reparación, al menos en el derecho moderno: una y otra, en efecto no se proponen inmediatamente imponer un mal al responsable, infligirle un castigo, sino tan solo procurara a la victima una satisfacción o compensación de los daños que ha sufrido, en su patrimonio o en sus valores morales, a razón del acto ilicito. El agravio moral puede tener diversas expresiones concretas, según la Índole de la acción antijurídica y los valores que afecta. La expresión más corriente es la que se traduce en el sentimiento de dolor que experimenta la víctima o sus parientes, generalmente en los delitos que lesionan los bienes personales (vida, integridad moral, honor, libertad; etc.), al punto de que a menudo suele identificarse el daño moral con el llamado "precio del dolor" (pecuniaria doloris)". Como lo indica Larenz, la relación jurídica fundamental es la relación de respeto mutuo que cada uno debe a cualquier otro y puede exigir de este; base de toda convivencia de una comunidad jurídica y de toda relación jurídica en particular. El proyecto de una convivencia respetuosa es el proyecto del Derecho que nos permite exigir de los demás un comportamiento que no nos infrinja dolor alguno o sea, cuando experimentamos una aflicción que es el resultado de la conducta del otro, ese sufrimiento cae en el ámbito de lo jurídico y exige una respuesta que no puede darle sino el mismo Derecho. Poco importa entonces, que la conducta lesiva se derive de una relación negocial o no, que pudiera vincular a ofensor y ofendido. Basta con saber que el sufrimiento del afectado no es sino consecuencia del comportamiento ajeno..." (Responsabilidad Civil, Mossetlturraspe KemelmajerdeCarlucci/ Ghersei/ Parellada/Echevesti, Capítulo XII, El Daño Moral. Gabriel A. Stiglitz/Carlos A. Echevesti, pag. 236).
Del exhaustivo análisis del caso en estudio concluyo que existió daño moral y los demandados han sido responsables de ello.
Haciendo referencia al rubro de Daño Moral, en el sub-lite, es innegable que el accionante Oscar Nery Aguilar se vió sometido a situaciones de mucha angustia, sufrimiento, las que indefectiblemente le tuvo que causar congojas espirituales al verse afectado en su nombre, honor, reputación e imagen ante la familia, en su calidad de comerciante propietario de la casa Comercial Electro Hogar y entorno social en general, viéndose atacados en los aspectos más esenciales como personas, deterioramiento de la autoimagen y valoración del ser con absoluta falta de paz emocional durante el lapso que duro la investigación penal con las consecuencias morales de lo acaecido incluso en sus imágenes públicas, por lo que ésta Magistratura considera que debe hacerse lugar a la Indemnización por Daño Moral en la suma de Guaraníes Trescientos Millones (Gs. 300.000.000).
"Sea cual fuere la cuantificación del daño moral probado que debe ser reparado, desde luego, ella no podrá ni satisfacer debidamente ni reparar los dolores, angustias, sufrimientos o menoscabos en la personalidad del ofendido, pero puede ser un paliativo para que su espíritu recupere el sosiego que podría devolverle el Estado a través de su órgano pertinente, el Poder Judicial, para que experimente la sensación de estar respaldado en derecho que no adquieren contornos de materialidad pero si están profundamente adentrados en su alma. Esto lo hemos dicho antes. El criterio de asumir la reparación del daño moral no tiene carácter punitivo, asume un carácter de reparación o satisfacción que es justo proporcionar a la persona que sufre el mismo. Podemos considerar esta reparación, hasta como un acto de solidaridad social con el afectado, que se manifiesta a través de un órgano del Estado, que le reconoce el derecho a esta satisfacción" (Código Civil De la República del Paraguay, Comentado, Libro Tercero, Titulo II, De los Contratos en particular -continuación- Tomo VI-B, Artículos 1.404 al 1.871, La Ley Paraguay, p. 1.035).
En relación a los intereses los mismos deben ser calculados a una tasa del 2% mensual desde la promoción de la demanda.
Por los motivos explicitados y la normativa vigente en la materia el Acuerdo y Sentencia N° 119, del 25 de setiembre del 2.014 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital debe ser revocado, en consecuencia corresponde hacer lugar a la presente demanda que por indemnización de daños y perjuicios promoviera OSCAR NERY AGUILAR contra la ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU, condenando a pagar a la demandada por una parte en concepto de daño material la suma de Gs. 1.713.956.763 y en concepto de daño moral la suma de Gs. 300.000.000, más los intereses del 2% mensual desde el dia de la promoción de la presente demanda hasta el dia del pago efectivo, dentro del plazo de 10 dias de quedar firme y ejecutoriada la presente resolución.
En cuanto a las Costas, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al Articulo 203, inciso b) y 205 del mismo Cuerpo Legal. Es mi voto.
A SU TURNO EL SEÑOR MINSITRO SINDULFO BLANCO DIJO: Me adhiero al criterio del Ministro preopinante por compartir idénticas motivaciones.
A SU TURNO LA SEÑORA MINISTRA MIRYAN PEÑA DIJO: Adhiere juzgamiento a la opinión que le precede por idénticas motivaciones.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por Ante mi que lo certifico, quedando Acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;
REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 119, del 25 de setiembre del 2.014 y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 17 de octubre de 2.014, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución