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Timestamp: 2020-04-05 10:53:34+00:00

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EL DERECHO A LA DEFENSA: FORMAL, TÉCNICA, GENERAL, RESTRICTIVA, ANÁLISIS DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL ECUADOR
Por. Abogado Nebel Viera Encalada
El tratadista Luis Jiménez de Azúa en su obra denominada “Lecciones de Derecho Penal”, expresa que la historia de esta clase de defensa ha sido hecha con detalle, y se han analizado sus antecedentes en Roma, entre los bárbaros y en el derecho canónico, donde estuvo demasiado restringida por la interpretación cerrada de la exigencia de maderamen inculparae tutelae.
Por su parte, lo más importante ahora no es seguir paso a paso la evolución de la legítima defensa a través de los tiempos, sino juzgarla sistemáticamente en las diversas legislaciones; al respecto, la génesis de la sociabilidad humana debe reconocerse en un instinto universal, en vez de buscarla en la obra de la mera razón del hombre; en consecuencia, los cálculos de la razón humana tienen siempre el carácter de voluntario y mudables, el instinto es ley inmutable, porque es mandato divino (2). Los cálculo de la razón humana están, con demasiada frecuencia, sujetos a error,
pero el hombre nunca erró sobre la conveniencia de la vida social.
El estado de asociación es el ideal de la armonía para la raza humana. La tendencia congénita y universal a la agregación es el medio que Dios escogió para apartar al hombre del aislamiento. Esta tendencia universal, constante, irresistible, proporciona, asimismo, la más sólida prueba de los supremos mandatos; y, al mismo tiempo cumple la ley y la revela a nuestro ojos.-
El ilustre tratadista y maestro Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su magistral obra “El Debido Proceso Penal”, manifiesta que el derecho de defensa es el escudo de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia.
Ya en tiempos de valoración internacional de los derechos humanos, la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995, hizo más de doscientos mil muertos y marcó una página trágica en los Balcanes, en el pleno territorio europeo; así como en las guerras más primitivas, se verifican masacres de población civil y violencias insidiosas, perpetradas como políticas de Estado; en consecuencia, los distintos ordenamientos jurídicos consagran este derecho. Las Constituciones lo regulan expresamente en concordancia con las normas contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales.-
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a la presunción de inocencia, el derecho de toda persona acusada de delito a un juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
En el Convenio de Roma se establece mediante un texto más concreto el derecho a defenderse así mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, podrá ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio. Cuando los intereses de la justicia así lo exijan.
En términos semejantes se reitera este derecho en el Pacto de Nueva York y en el Pacto de San José de Costa Rica, resaltándose la comunicación libre y privada con el defensor y la irrenunciabilidad del derecho a ser asistido por un defensor
:proporcionado por el Estado.-
La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada a partir de una Conferencia Plasmática realizada en la ciudad de Roma, en 1998. En la ocasión, fue aprobado el Estatuto de Roma, que empezó a vigorar el V de julio de 2002, tras la manifestación de consentimiento de sesenta Estados cuya idea se originó de dos experiencias, en los años 1993 y 1994, cuando fueron instituidas como cortes especiales para punir graves violaciones del derecho internacional humanitario sucedidas en la ex Yugoslavia y en Ruanda. La creación de estas cortes especiales y, posteriormente, de la Corte Penal Internacional, demuestra el interés de la comunidad internacional en pugnar por el juicio de crímenes de lesa humanidad, del genocidio, de los crímenes de guerra y de graves agresiones a pueblos específicos.
Defensa general y Defensa Restrictiva
Desde el punto de vista procesal se da esta clasificación de Defensa Procesal como Defensa Restrictiva institución jurídica tanto para el Ofendido, sospechoso, procesado, ó Acusado.
La Defensa General.- El estado ecuatoriano a través de la Constitución de la Republica del Ecuador, Códigos Orgánicos, Leyes, Reglamento y Resoluciones, otorga y concede a todas las personas legalmente capaz para que pueda demandar cuando se sientan afectados sus bienes tanto materiales como inmateriales, es decir el derecho subjetivo que el estado otorgo a los habitantes de un país determinado.
La Defensa restrictiva.- Por el contrario al principio de Defensa General es cuando ejerce la acción para reclamar un derecho en un reclamo determinado cuando se hayan afectado sus interese en materia penal es cuando el sospechoso, imputado, procesado consiste cuando se opone a lo que se investiga, se acusa o se imputa.
Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su Art. 11 trata de la
Inviolabilidad de la Defensa, normativa jurídica que expresa lo siguiente:
“Art. 11.- Inviolabilidad de la Defensa.- La defensa del imputado es inviolable.
El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas· las peticiones y observaciones que considere oportunas.
Si el imputado está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al “juez de garantías penales”, al “tribunal de garantías penales” de la causa o a la “Fiscalía” las peticiones u observaciones que formule”
De la transcripción del artículo que antecede podemos observar que redundante el mismo ya que manifiesta que el imputado debe estar presente en todos los actos de pruebas, solicitar peticiones y observaciones que consideren oportunas, pues es redundante por el contrario debería manifestar que tendría derecho a intervenir en toda actividad procesal quedando sobreentendido que tendría derecho para poder ejercer el derecho cuando se realice cualquier acto procesal, cuando esta sea o no medio de prueba para el caso en que se este investigando, sea cualquier estado de la persona que se encuentre en un proceso ya sea como sospechoso, imputado o procesado.-
Podemos apreciar que, la inviolabilidad del derecho a la defensa se encuentra consagrada en la Constitución de la Republica del Ecuador establece que toda persona es inocente aún en caso ser procesado en un delito hasta que no haya sentencia condenatoria, lo cual puede ejercerse en cualquier momento lo que da lugar a oponerse, es decir, el principio de contradicción frente a los cargos que se le acusan así tenemos el derecho a la vida , el honor, buen nombre los cuales no pueden ser negados ni vulnerados tiene que haber cumplido principios constitucionales y procesales establecido en el Código de Procedimiento Penal.-
El derecho de defensa del acusado por un delito, son obligatorios desde que es sujeto de una investigación, Policía Judicial, Indagación Previa, Instrucción Fiscal, Auto de Llamamiento a Juicio , Audiencia de Juzgamiento, es decir desde el momento que se sospecha que una persona ha intervenido ya sea en calidad de autor, cómplice ó encubridor de un delito que se investiga.-
El derecho de defensa del acusado es inviolable, es decir que toda persona tiene derecho a defenderse esta reconociendo que ninguna persona puede estar en indefensión por lo que el juez está obligado a que se respeten los derechos del individuo desde el momento que se sospecha que una persona ha intervenido ya sea en calidad de autor, cómplice ó encubridor de un delito que se investiga para que se hagan efectivas la garantías constitucionales que se encuentran debidamente consagradas, razón por la que, no debe el investigador (Fiscal) el Juez, irrespetar, desacatar, infringir, violar, quebrantar las garantías Constitucionales bajo ningún pretexto o motivo alguno para justificar la violación del derecho de defensa del acusado.-
Pero podemos observar que en la redacción del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, establece que la defensa del Procesado es inviolable, a diferencia de lo establecido en el Art. 70 del citado cuerpo legal, en donde se establece lo siguiente:
“Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina “procesado” a la persona a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella.
El “procesado” y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la finalización del proceso”(5)
De la transcripción del citado artículo, podemos observar que el Código de Procedimiento Penal, ha definido de manera precisa la situación jurídica del procesado y acusado; ya que, en el primer caso, es cuando el fiscal le atribuya la participación en un delito ya sea como autor, cómplice y encubridor; a diferencia del acusado cuando ha dictado auto de llamamiento a juicio en cualquier grado de participación sea esto como autor, cómplice o encubridor del delito que se le atribuye; sin embargo, en el inciso final de la citada normativa jurídica, manifiesta que solo el procesado y el acusado tienen derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país desde la etapa preprocesa! hasta la finalización del proceso.
Sin embargo, el articulo 70 del citado cuerpo legal, al definir tanto al procesado como al acusado, establece que ambos tienen derecho a la defensa, sin embargo, es contradictorio ya que el derecho a la defensa es intrínsico y se lo puede ejercer la acción desde el momento en que la persona es parte de una investigación, indagación, por lo que nuestro Código de Procedimiento Penal, al manifestar en su articulo 11, sobre la inviolabilidad de la defensa, éste sólo hace referencia al procesado siendo contradictorio ya que toda fase procesal inclusive en la de investigación, tiene derecho a la defensa por lo que dicha redacción debería ser que todo ciudadano en vez de procesado porque es algo especifico o singular .
De igual manera, nuestro Código de Procedimiento Penal establece la calidad de sospechoso en su artículo 208, el mismo que se refriere, que la policía judicial realizara las investigaciones cuando una persona haya intervenido en un delito, es por lo tanto, que se debe hacer énfasis, que el derecho a la defensa para el sospechoso, procesado y acusadoson inviolables aunque no se encuentre debidamente detallada en el Art. 11 del citado cuerpo legal, por cuanto el derecho a la defensa, se encuentra consagrada también en la Constitución de la Republica del Ecuador, en su Art. 76, numeral 7, literal a), el mismo que establece, que ningún ciudadano podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.
Este derecho a la defensa institución jurídica establecida en la constitución nos permite al ciudadano sujeto de alguna investigación policial, indagación previa, instrucción Fiscal, permite que intervenga en todo los actos que lo involucren y a realizar actos, presentar pruebas, solicitar diligencias impugnar diligencias que considere ilegales solicitar informaciones para poder realizar con efectividad el derecho a la defensa.
Debemos tener en consideración que el actual Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 215, es contradictorio al derecho a la defensa, ya que el mismo establece que en la fase de indagación previa es secreta sin embargo se recogen pruebas del sospechoso violentándose el derecho a la defensa del sospechoso a impugnar o solicitar que se realicen diligencia para deslindar responsabilidad en que se le atribuye haber cometido ya que estas pruebas al ser anunciadas en la etapa del juicio no tuvo la debida oportunidad para oponerse por haberse practicado por el fiscal a escondidas, no siendo controvertido uno de los requisitos del sistema oral y no del inquisitivo en que se atropellaba el derecho a la debida defensa.
De esta manera podemos ver que el derecho a la defensa es fundamental aunque exista prueba que involucre al sospechoso, Procesado y Acusado en la comisión de un delito el estado protege a todas las personas del derecho a la inocencia hasta que no haya sentencia condenatoria pero es requisito indispensable que en toda sentencia se declare ya que puede estar ausente el involucrado en un delito en cualquier grado de participación ya sea autor cómplice ó encubridor, pero no puede desarrollarse ningún proceso sin la presencia del abogado defensor sea privado ó público.-
De igual manera, el inciso tercero del art. 11 del Código de procedimiento Penal, textualmente estable lo siguiente:
“……Si el “Procesado” está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al “juez de Garantías penales”, al “tribunal de Garantías penales” de la causa o a la”Fiscalía” las peticiones u observaciones que formule”
Podemos observar que es contradictorio a lo dispuesto en nuestra carta magna, ya que manifiesta que el encargado de la custodia debe trasmitir acto seguido al Juez de Garantías penales, al Tribunal de Garantías Penales de la causa; o, a la Fiscalía, las peticiones y observaciones formule; en consecuencia, pues el encargado de la custodia, es el encargado de trasmitir al Juez; tribunal o Fiscalía las peticiones u observaciones que realizare el Procesado, contraviniendo de esta manera lo manifestado en la Constitución de la Política de la República del Ecuador en su art. 77, numerales 4 y 6, la misma que manifiesta que la agente o agente, informaran que tiene derecho a solicitar un abogado(a), comunicarse con un familiar y para el caso de no contar con recursos económicos, contar con el patrocinio de un defensor público, lo que es lógico y entendible para el caso que se haya privado de su libertad tendrá derecho a comunicarse con un familiar y un Abogado ya sea particular o público según la condición económica pero en ningún caso estará incomunicado debiendo dejar aclarado que no es el carcelario que deba trasmitir a las autoridades las peticiones sino más bien el custodio esta en la obligación de comunicar inmediatamente al procesado con familiar, su defensor(a) privado, o defensor público para que realice las peticiones y observaciones a lo que se le impute por lo tanto debe ser al abogado y no al juez o fiscal como lo manifiesta el Código de Procedimiento Penal, debiendo recordar que el sospechoso, procesado o acusado, en su gran mayoría no son abogados por lo que entraría en diferencia de condiciones, ya que elFiscal y el juez son conocedores del derecho.-
Así mismo debemos dejar constancia que existe contradicción ya que al inicio de este tercer inciso del citado Artículo 11, el mismo que manifiesta, que es el procesado si está detenido tiene derecho a realizar las peticiones u observaciones dejando no mencionando al sospechoso, acusado de una comisión de un delito, que ser privados de su libertad, debiendo manifestar que la Constitución Política de la República, establece que es derecho de toda persona a ser comunicado inmediatamente ante un familiar, defensor privado o defensor público y no como erróneamente el art. 11 del Código de Procedimiento Penal, deberá trasmitir al juez, Tribunal o fiscal las peticiones u observaciones en calidad de sospechoso o acusado de un delito.-
Consecuentemente, debo manifestar que los derechos a la defensa se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República, sin embargo, el hecho de que una persona se la sospecha de la participación en la comisión de un delito ella sea en el grado de autor, cómplice ó encubridor no pueden restringirse, cercenarse sus derechos, ya que su condición humana y jurídico dentro de la sociedad no es minimizada ya que no pierde la calidad de persona que el estado le ha concedido, aunque sea el caso de haber sido sentenciado.
Defensa Formal y Defensa Técnica.-
EI Código de Procedimiento Penal de actual vigencia, establece en su Artículo 12 que hace mención a la Información de los Derechos del Imputado lo siguiente:
“Art. 12.- Información de los derechos del imputado.– Toda autoridad que intervenga en el proceso debe velar para que el”procesado” conozca inmediatamente los derechos que la “Constitución de la República”, “los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos” y este Código le reconocen. El “procesado” tiene derecho a designar un defensor. Si no lo hace, el “juez de garantías penales” debe designarlo de oficio, “un Defensor Público”, antes de que se produzca su primera declaración. El “juez de garantías penales” o “tribunal de garantías penales” pueden autorizar que el “procesado” se defienda por si mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica.“
El contenido del citado artículo es claro y preciso y por ende inteligible en el sentido de expresar que el sospechoso, procesado ó acusado en la participación en la comisión de un delito sea en el grado de autor, cómplice ó encubridor, la Constitución de la República como el Código de procedimiento Penal, disponen que el juez nombre defensores públicos para que represente al sospechoso, procesado y acusado, para que, de esta manera no quede en indefensión; y, el artículo 12 del citado cuerpo legal, establece desde su primera declaración, es decir, en una investigación o una vez iniciado el proceso penal en contra del sospechoso, procesado y acusado, dando lugar a la duda, ya que da lugar desde el periodo preprocesal, o sea desde la investigación por parte de la policía judicial o fiscal, puede ser sometido a una investigación sin contar con la presencia de un defensor público; consecuentemente, podemos observar desde una óptima jurídica que esta contradicción se soluciona con lo dispuesto en la Constitución de la República, al manifestar que ninguna persona puede ser interrogada, ni aun con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto, es decir ninguna persona para el caso de no contar con recursos económicos para contar con defensor privado el Estado le otorga un defensor público para que ejerza el derecho a la defensa.-
Pero a pesar que el estado le asigna un defensor público para el caso de no contar con un defensor privado por falta de recursos se hace efectivo el derecho a la defensa del sospechoso, Procesado y Acusado es necesario que este defensor público realice u otorgue asistencia técnico legal al sospechoso, Procesado y Acusado ya que el mismo se encuentra en desventajas frente al Fiscal y juez quien tiene el rol el primero de acusar y el segundo avalizar la materialidad y la responsabilidad de la persona inmerso en el proceso penal.- .
Sin embargo, podemos ver que el sospechoso, procesado y acusado cuando se les ha nombrado defensor público no realizan un trabajo técnico legal, dejando en indefensión ya que los mismos no presentan peticiones, impugnaciones diligencia que tiendan a deslindar la responsabilidad de sus defendidos, ya que los jueces se amparan que la providencia conste que se haya designado defensor de oficio y que consten las notificaciones por parte del actuario en el proceso, sin preocuparse de la defensa técnica realizada por los mismos que vaya a favor del sospechoso, Procesado y Acusado.-
Podemos ver que en el Art. 12 del Código de Procedimiento Penal, se establece que los Jueces y Tribunales de Garantías Penales, tienen la potestad de que el sospechoso, procesado y acusado, se defienda por si mismo y para el caso de ser aceptada el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica a esto se le denomina defensa dual que es la defensa material o formal que la puede realizar el propio sospechoso,
procesado ó acusado.-
Para el tratadista Miguel Fenech en su tratado “Derecho Procesal Penal” volumen 1, diferencia a la Defensa Genérica como la que realiza el propio sospechoso, procesado ó acusado mediante peticiones u omisiones para con el objeto de impedir que prospere el proceso o que prospere con el objetivo de deslindar responsabilidad; y, la Defensa Especifica ó Procesal es la que no realiza la propia parte por el contario es realizada personas versadas en derecho en donde van a realizar una defensa técnica jurídica conocedores del derecho penal y el derecho procesal penal en donde van a dar orientación y dirección de las etapas procesales para asegurar el
derecho a la defensa al sospechoso, procesado y acusado.-
Para el ilustre tratadista Ecuatoriano Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Penal” Volumen 2, prefiere la expresión de material cuando la defensa la realiza el propio involucrado y técnica cuando la defensa a través del abogado sin importa defensa sea realizada por defensor privado ó público. (9)
Como hemos analizado la defensa técnica solo puede ser asumida por las personas que hayan obtenido el título de Abogado o Doctor en Universidades debidamente acreditadas y su título se encuentre inscriptos en la actualidad en el foro de Abogados del Consejo de la Judicatura; en consecuencia, podemos ver que la intervención del profesional del derecho pone el equilibrio en la defensa ya que quien va indagar, procesar o acusar es un abogado y el sujeto pasivo es decir el sospechoso, procesado o acusado no son abogados por lo que existe una desigualdad de conocimientos que van a ser revalidados con la presencia del abogado defensor particular o público.
La intervención de un abogado defensor público o privado cuya finalidad es la defensa técnica del sujeto pasivo cuando no se asume eficientemente puede llevar al sujeto pasivo a que sea condenado por lo que esta sobreentendido que la defensa técnica debe ser asumida con mucha responsabilidad por parte del profesional contratado; al igual que en el caso de los defensores públicos, deben de realizar una defensa técnica podemos ver que en la práctica los defensores públicos nada o poco hacen por la defensa del sujeto pasivo ya que en el proceso no consta ninguna diligencia o impugnación a favor de su defendido por lo que lo deja en indefensión a pesar de contar con defensor público no se está cumpliendo la defensa técnica a cabalidad.-
Podemos ver que la ley faculta para que el sujeto pasivo designe un defensor privado podemos ver que en la práctica que quienes designan defensores privados son los que cuentan con recursos económicos puede hacerlo ya que la defensa técnica en el ámbito privado, por cuanto no tiene un costo determinado y la misma es de libre pacto debiendo tomarse en cuenta el renombre y el prestigio profesional se estipulan los honorarios profesionales entre el abogado y el sujeto pasivo y para el caso de no poder contar con el mismo; en consecuencia, la ley faculta y lo obliga a la autoridad de justicia en este caso al juez para que este le designe un defensor público debiendo resaltar que la defensa técnica jamás se puede renunciar y debe estar presente desde el inicio, ya que, el sospecho o investigado de la participación de un delito, por cualquier medio el sujeto activo esta en
absoluta indefensión frente a los interesados y los investigadores.-
Es necesario resaltar que, en la fase de investigación en las declaraciones que se toman en la policía judicial se realizan sin ninguna defensa técnica del sujeto activo ya que no cuentan con recursos para ejercer del debido derecho a la defensa y por el contrario existen malos profesionales del derecho que se prestan a firmar las declaraciones realizadas por el sujeto activo que ha estado en desigualdad de condiciones aunque las declaraciones del sujeto activo consta firma de abogado defensor público o privado pues aquí la importancia de la defensas técnica desde la primera declaración del sujeto activo.-
Si bien es cierto, que la persona que se encuentra siendo investigada, procesada o acusada dentro de un proceso penal puede al no contar con defensor público o privado, su psiquis se va alterar por el grave momento en que atraviesa, ya que su mente se encuentra perturbada debiendo recordar que el procesado penal lo que busca, es la imposición de una pena y todo delito como sanción tiene una pena; consecuentemente, el sujeto activo al involúcraselo en un hecho delito sea en calidad de sospechoso, procesado y acusado se va ver perturbado mentalmente ya que la libertad consagrada en la constitución se va a ver interrumpida al igual que el buen nombre y su reputación.-
Por lo que la defensa material no debe ser considerada la que realiza el sujeto pasivo a través de peticiones o interponiendo recurso por sí mismo por el contrario es aquella en la que el sujeto pasivo reacciona frente a la pretensión pungitiva de los interesados, fiscalía, investigadores negando los hechos o guardando silencio al momento de rendir su declaración o versión puede también en su autodefensa la crítica de los medios probatorios o de las actuaciones judiciales pero en ningún momento puede de puede reemplazar al defensor sea este público o privado quien es el que va a orientar en todo al sujeto pasivo como la presentación de alegatos, pruebas, impugnaciones, recursos y para el caso de hacerlo por sí mismo el sujeto pasivo debe este estar debidamente asesorado por parte del defensor.-
La Constitución Política de la República en su artículo 76, numeral 7, literal e), manifiesta el derecho en el que se reconoce, esto es, el inicio de toda investigación o proceso legal que debe contar con un profesional del derecho y nadie debe ser interrogado con fines de investigación y además la declaraciones deben realizarse en los lugares establecidos por la ley; en tal virtud, podemos determinar que se trata de una defensa técnica propiamente dicha, a diferencia de la defensa material o formal que puede ser renunciada en cualquier momento por parte del sujeto activo, a diferencia de la defensa técnica, que no puede ser renunciada en ningún momento, razón por la que, este derecho consagrado en la Constitución, cual es, el derecho a la defensa técnica, es de mucha importancia y transcendencia, ya que al estar en un estado de derecho constitucional en donde la Constitución prima sobre todo y además contamos con normas y procedimientos penales generales y especiales; caso contrario, al no cumplirse con este requisito constitucional, acarrearía la nulidad de la investigación o del proceso cuando se viola este requisito sine quo non que el juez debe considerar, ya que no se puede dejar en indefensión al sujeto pasivo por estar en diferencia de condiciones como lo consideré anteriormente.-
La defensa en el Proceso Penal Ecuatoriano.-
La Constitución Política de la República, al referirse al Derecho de Defensa manifiesta que puede entenderse como el derecho fundamental que asiste a todo persona entiéndase por sospechosos, procesado ó acusado en la que el estado le otorga el derecho a ejercer el derecho de defensa como lo hemos manifestado sea formal y técnicamente a través de su abogado defensor privado ó público a comparecer inmediatamente en la primera declaración, indagación, instrucción ó auto de llamamiento a juicio; y, en si a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la sospecha, o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad en todos los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la inocencia y la libertad que asiste a todo ciudadano ya que se presume la inocencia hasta que no haya sido condenado se presume la inocencia.-
El derecho de defensa del sujeto pasivo del proceso penal es una garantía constitucional enmarcada en el Capítulo Octavo, Derechos de Protección, No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se dice: “El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías”:
La Constitución de la República del Ecuador establece que ninguna persona podrá ser privado del derecho a la defensa , sin embargo el articulo 11que contiene el principio de la inviolabilidad de la defensa es singularizado ya que solo se refiere a que el procesado tiene derecho a intervenir en todos los actos, pruebas, solicitar peticiones y a realizar observaciones que considere oportunas limitando al sospechoso, al acusado, acusador particular cuyos derechos se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, sin embargo a pesar de existir contradicción el derecho a la defensa está debidamente consagrado lo que prevalece sobre otra norma inferior.
Pues como es lógico la constitución manifiesta que toda diligencia que se realice en un investigación o proceso penal debe contar con el tiempo para poder realizar la impugnación de lo que se sospecha o se acuse es así que cuando se solicita al juez la instrucción fiscal y la solicitud de medidas cautelares debe conocer el sospechoso o acusado de lo que se va a tratar por cuanto no es posible que se acerque a una diligencia sin saber lo que se va a tratar, de igual manera se trate algo que no ha sido solicitado entonces queda en indefensión por cuanto se viola el derecho a contar con los medios necesarios para la preparación de la defensa y el tiempo que se requiere la misma dejando en indefensión al sujeto pasivo o justiciable.
e) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
La Constitución de la Republica del Ecuador, establece en su art 11 numeral 2 también establece que todas las personas son iguales sin distinción de etnia lugar de nacimiento, edad raza, sexo estado civil idioma religión ideología, discapacidad física orientación sexual portador de VIH (SIDA), sin embargo hace excepción a los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, quienes sufran enfermedades catastróficas pero esta excepción la realiza por las razones de que estas personas por excepción tienen que ser protegidos debemos destacar que este principio se ha mantenido en la historia de nuestra constituciones ya que todas las personas deben ser iguales sin distinción de ninguna naturaleza sin embargo esto es una utopía ya que al ser un estado de derecho liberal no están en igualdad de condiciones económicas. El derecho penal nace para la igualdad de condiciones sin embargo para la aplicación de multas o indemnizaciones no se toma en cuenta la condición económica por lo que no existe la igual a la que referimos por lo que todas las personas son iguales ante ley en iguales condiciones excepto del grupo de personas y grupo de atención prioritaria hace la excepción con el fin de imponer igualdad a pesar de estar en desigualdades.-
Esta diferenciación es necesario por cuanto se puede confundir la igualdad con las desigualdades que existen sin embargo el estado se encarga de darles la mismas condiciones para logar la igualdad; en consecuencias, en caso de realizarse investigaciones o procesos legales el sujeto activo tiene garantizado los derechos individuales. Así mismo, cuando de designe un defensor público debe ser un profesional entendido en la materia para que exista igualdad de condiciones ya que a pesar de contra con defensor estaría en desigualdad de condiciones, por lo que no basta que el juez designe un defensor sino que pongo un profesional idóneo y especializada en la materia.-
Debemos ver que al iniciar un proceso no existe igualdad de condiciones ya que es el fiscal el que dirige el proceso en su primera etapa en donde da inicio a la instrucción fiscal donde funge como juez porque queda en desigualdad el justiciable donde ordena diligencia reconocimientos de lugar de los hechos designa peritos, etc por lo que el principio de contradicción seria en la etapa del juicio.
Por lo que este principio de igualdad lo que pretende es que las partes procesales tengan igualdad de derechos debiendo manifestar que ningún proceso penal es igual a otro podrá ser semejante pero no igual por lo que la resolución de un proceso no puede ser aplicada a otro por lo antes expuesto las condiciones procesales entre un proceso y otro no son iguales por lo que el procedimiento será diferente no significa que existe desigualdad, debemos considerar que los derechos de las víctimas u ofendidos son iguales a los del sujeto pasivo por lo que es el juez quien debe garantizar la igualdad de condiciones.
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.
Conforme lo manifestado todo procedimiento es publico excepto cuando lo dispongas las leyes así tenemos el caso de la indagación previa es reservada para el público en general pero no para las partes procesales involucradas a las que· la autoridad competente está obligada a informar sobre su contenido y toda actuación que se está realizando en la misma de igual manera todas las diligencias son públicas, excepto pues en el caso de delitos sexuales al igual que los procesos iniciados en contra de menores infractores que la ley protege por cuanto no pueden ser revictimizados por el sistema evita que se enfrenten públicamente ante la sociedad evitando de esta manera lo antes manifestado.
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscales General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.
Como lo manifestado en páginas anteriores ninguna persona puede ser investigado sin la presencia de su abogado defensor público o privado es más el estado ha proveído para el caso de no contar con recursos económicos la autoridad le designara un defensor público para que realice sus impugnaciones de lo que se le acuse al igual que participar en todos los actor debemos ver que el estado ha prevenido este principio ya que el sujeto activo esta en desigualada de condiciones ya que ante quien va a ser investigado son expertos en investigaciones y el fiscal y el juez son profesionales del derecho y no estaría en igualdad de condiciones por esta razón deberá hacerse en presencia de un abogado debiendo resaltar que el abogado que actuara en calidad de defensor público y privado es el que va ha ejercer la defensa técnica y podrá impugnar la acusación al igual solicitar diligencias e impugnara las mismas cuando no se practiquen conforme lo determina la ley. Hay que manifestar que ni el fiscal ni ninguna autoridad podrá interrogar a ninguna persona sea esta en calidad de sospechoso, procesado ó acusado en si al sujeto pasivo por lo que sería absurdo que el policía interrogue al sospechoso con el objeto se sacar información ya que estaría violentando principio que estamos analizando sin embargo en la práctica se realiza esta violación csagrada en la constitución violentándose el debido proceso.
Como podemos ver en la última parte de este principio deja claramente manifestado que ninguna investigación podrá realizarse fuera de los recintos autorizados para el efecto pues entonces los lugares para que se escuche la versión de un sospechoso será única y exclusivamente ante la policía judicial, Fiscalía y Centro de Rehabilitación Social para el caso de pesar en contra del procesado la prisión preventiva o el lugar donde la autoridad lo ordene para el caso de estar internado en un centro de salud del lugar debiendo dejar en claro que no podrá ser interrogado antes manifestado.
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.
Debo manifestar que para el caso de iniciarse una investigación, el sujeto pasivo tiene derecho a que se le designe de un intérprete que no es otra cosa que es la persona que le va a traducir el idioma que habla y escribe el sujeto activo podemos ver que en el Ecuador existe tres idioma, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y son el castellano, Kichwa y el Shuar, debiendo tomar en cuenta que cuando se inicie un proceso contra un mismo ecuatoriano, debe tomarse en cuenta el tipo de idioma que habla, por lo que es de importancia que al que se lo investiga o se lo acusa no quede en indefensión al no saber el idioma sería absurdo jurídico indagar y acusar a una persona sin que tenga conocimiento de lo que se le acusa.-
El intérprete no es parte procesal pero si auxiliar de la justicia ya que sin su colaboración sería imposible que se inicie y se culmine un proceso. Debemos criticar que el Código de procedimiento penal en su art. 13 manifiesta que es el procesado dejando en indefensión al sospechoso y acusado ya que es singularizado pero es superado esto ya que el derecho a la defensa es general para todas las personas lo que prevalece sobre otra norma inferior.-
Debiendo resaltar que este derecho es para todos los ecuatorianos y extranjeros sin distinción de raza es asegurar al justiciable estar informado o exprese a través de perito intérprete desde la primera declaración y no solo como lo manifiesta en el caso de procesado De igual manera debemos resaltar que no solo podrá sin que debiera decir podrá designar un intérprete entiéndase que este debe ser privado o público cuando este no cuente con los recursos económicos al igual para los extranjeros que no dominan o hablan a medias al autoridad deberá nombra un traductor o el sujeto pasivo nombrar su interprete para que asista al justiciable para oponerse de lo que lo acusan, presentar recursos pruebas y oponerse y oponerse y criticar el proceso.-
Como lo expresé en líneas anteriores, se da el derecho a la defensa es inviolable todas las personas desde la primera declaración el sujeto pasivo tiene este derecho conforme lo establece el artículo 12 del Código de Procedimiento penal. Desde el inicio de una investigación tiene el derecho el sospechoso, procesado o acusado en la participación de un delito tiene el derecho a tener comunicación libre y privada con su defensor. Como hemos analizado los defensores pueden ser públicos y privados debiendo resaltar que los defensores privados son los que el sujeto activo ha contratado al abogado de su confianza y para el caso de contar con los recursos económicos el estado para asegurar el derecho a la defensa a través de la autoridad competente le designar un defensor público pero sea el defensor privado ó público ha esta no se le podrá negar a la comunicación y privacidad con el sujeto pasivo. Sin embargo en la práctica podemos ver que al momento que una persona se encuentra detenida se prohíbe la comunicación y para el caso de comunicarse la privacidad con el sujeto pasivo no se realiza por lo que una vez más podemos ver que el principio enunciado por el estado no se da cumplimiento.
Como hemos analizado el estado le ha entregado a todas las personas el derecho para que ejerzan sus derechos por esta razón será el abogado defensor privado ó publico quien deberá realizar su defensa técnica quien es el que tiene los conocimientos del derecho ya que el sujeto pasivo es desconocedor de sus derechos entonces el defensor en quien va a jugar un papel importante dentro del derecho a la defensa ya que este solicitara en forma oportuna las pruebas, recursos y presentara impugnaciones de pruebas e imputaciones que vayan en contra de su defendido.
Demos tener en cuenta que las peticiones hechas por el sujeto activo presentadas ante la autoridad competente deben ser atendidas oportunamente ya que para el caso de no ser atendidas dejarían en indefensión ya que una prueba solicitada y no despachada por la autoridad competente dejaría en indefensión ya que la prueba solicitada se desvincularía de la acusación que se le realiza. También para el caso de recursos ya sean estos horizontales y verticales que se presenten para el cuándo se sienta insatisfecho con lo resuelto estos deben presentarse en forma oportuna y con los requisitos de ley lo cual es de conocimientos de los profesionales del derecho que con su profesionalismo sabrán que solicitar o impugnar dentro del término señalado por la ley.
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa o materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.
Es necesario manifestar que nadie puede ser reprimido dos veces por un mismo hecho es así el código de procedimiento penal nos habla del único proceso en que nos manifiesta que ninguna persona podrá ser procesada ni penada más de una vez por un mismo hecho ya que para el caso de varios hechos en un mismo delito se iniciara un proceso con el hecho de mayor pena porque dichos hechos fueron con un solo propósito y no se puede iniciar procesos por cada propósito es así que para el caso de ser sentenciado no se puede· sentenciar otra vez por el mismo hecho es decir si se inicia un proceso por el mismo hecho sería ilegal y contrario al principio emanado por la constitución y por ley ya que nadie puede ser juzgado mas de dos veces por un mismo hecho.
Para el caso de los indígenas en donde imponen la sanción de acuerdo a sus creencias y costumbres, la constitución manifiesta que deben respetarse es decir son cosa juzgadas por lo que esta entendido que una vez que los indígenas hayan impuesto una pena la administración de justicia no puede iniciar otro proceso por cuanto ya fue juzgado debiendo respetarse este principio a pesar de que la pena impuesta por los indígenas fuera excesiva o muy blanda deberá respetarse sin importar las condiciones antes manifestadas ya que esto forma parte de la garantía jurídica que sería injusto, contradictorio que se castiguen dos ó más veces a una persona que ya recibió condena por un acto típico y antijurídico.
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.
Como vemos los testigos o peritos a pesar de no ser parte procesal están obligados a comparecer a juicio ya que dentro de los procesos constan declaraciones o informes que son relevantes y que en base a esos informe dependería la acusación o absolución de una persona ya que estas versiones o informes alcanzaran el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas dentro de la etapa del juicio es decir deben estar presentes cuando el tribunal de garantías constitucionales laos convoque y deberán comparecer en el día y la hora señalada para que ante el tribunal se ratifiquen en los informes y para el caso de versiones se ratifique y amplié su versión ante el tribunal que son los que van dilucidar y de esta manera se formara un criterio en los juzgadores quienes van a decidir sobre el futuro del sujeto pasivo.
El Código de procedimiento penal también prevé que es obligación de comparecer al juicio los testigos y los peritos o interprete se ocultares para no comparecer el tribunal de garantías penales el presidente oficiara al la fiscalía para que inicie una Instrucción fiscal contra el rebelde de conformidad con ley De igual manera que la ley facultad al tribunal ordenar la detención de los testigos, peritos e intérpretes hasta que se realice la audiencia de juzgamiento su detención además ante el tribunal están obligados a responder las preguntan que realicen las partes y que preguntare el tribunal debiendo entender que estas no seas capciosas subjetivas ó impertinentes.
Como podemos observar ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento por otro juez, tribunales de excepción o comisiones especiales será única y exclusivamente el juez ordinario en este caso por el juez determinado por las leyes con anterioridad al hecho presuntamente delictuoso entiéndase como juez natural al juez del lugar donde se cometió la infracción. Por lo que el proceso debe iniciarse ante el juez competente ya que no puede ser juzgado por un Juez A Doc o tribunal de excepción es decir un civil juzgado por un tribunal militar o viceversa.
El estado excluye cualquier juez de excepción o especiales que haya sido creados especialmente para juzgar a una determinada persona. Así que los jueces previo a la iniciación de un proceso deben prever si son competentes al caso que se va iniciar ya que todo proceso penal se inicia y termina o concluye con una sanción.
L) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se anuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas debemos entender que resolución es el fin que se pone a un proceso que se inicie en contra de una persona ya sea estos administrativos o judiciales cuando nos referimos a administrativos no son emanados por jueces sino por autoridades que por disposición de la ley administran justicia. Sea el caso de resolución administrativa o judicial están deben resolverse teniendo en cuenta los principios jurídicos en que se funda es así que en su parte considerativa de manifestarse los antecedentes del hecho y motivarse jurídicamente para poder resolver es decir administrar justicia podemos ver si no se encuentran debidamente motivadas serán considerados nulos es decir no tendrán valor la resolución administrativa o judicial emanada sin estos requisitos por lo que estado anuncia que para el caso de declararse nula una sentencia sin las características antes mencionadas los funcionario administrativos o judicial son responsables y serán sancionados al hablar de sanción esta sanción puede ser de carácter civil y penal ya que la constitución les impone dichos requisitos y al ser enjuiciado el estado ecuatoriano civil por daños y perjuicios ocasionados el estado podrá repetir contra ellos y en el ámbito penal serán responsables por sus omisión realizadas dentro de las resoluciones.
Para el caso de llegarse a una resolución sea de carácter administrativa o judicial el estado otorga el derecho a las personas de recurrir al fallo entiéndase por recurrir apelar ante la autoridad competente cualquier recurso establecido por la ley.
Los recursos pueden ser horizontales y verticales siendo Jos primeros que tiendan a la aclaración o ampliación de la sentencia dictada por las autoridades administrativas o judiciales que tienen que ser resueltos por los que emanaron una resolución y verticales los recursos que se dan cuando se han violentados principios o ha variado la situación jurídica del procesado o acusado como con apelación, recurso de hecho o casación y se tramitan ante otra autoridad superior. Debiendo manifestar que en la presentación de estos recursos jamás se podrá empeorar la situación jurídica.
Sobre el derecho a la defensa judicial del que goza toda persona No. 7 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, también menciona lo siguiente: “El derecho de toda persona a la defensa incluye”:
Como hemos manifestado el estado ecuatoriano reconoce al castellano, el Kichwa y el Shuar pero para poder entender los procedimientos judiciales iniciados en su contra debe hacérselos conocer en su leguaje para poder entender y realizar su derecho a la legitima defensa igual cosa ocurre para el caso de los extranjeros que desconozcan los idiomas oficiales pero debemos entender que el caso de comprender no es todo debe escribirlo saberlo y comprenderlo para que de esta manera el inicio su defensa y no se menoscabe su derechos otorgado por parte del estado.
En la parte final de este articulo manifiesta que el sujeto pasivo debe conocer la identidad de la autoridad responsable de su acción o procedimiento como es de conocimiento la autoridad debe identificarse ante el sujeto pasivo manifestándole los detalles de la sospecha o inicio de un proceso en su contra para que este sepa de lo que se le acusa o se acusa y de esta manera el pueda ejercer su defensa pues como ya sabemos lo hará a través de su abogado defensor público ó privado ya si lo hace unilateralmente sin la intervención de su defensor estaría en desigualdad de condiciones y sería ilegal e inconstitucional.
Pues el estado ha reconocido el derecho a impugnar, rechazar e increpar las pruebas al sujeto pasivo pero también le ha otorgado el derecho a que el elija de la mejor manera para el caso de que el sujeto pasivo no desee declarar a que si el no quiere hablar. Pero el derecho a guardar silencio no debe considerarse como aceptación tácita de su intervención de lo que se lo investiga o se lo acusa pues sería absurdo pensar que sería indicio de culpabilidad como pensaban los antiguos inquisidores.
Podemos ver que el estado garantiza el derecho al silencio ya que si el estado le otorga el derecho a defenderse también lo puede hacer callando pero no es admisible que el sujeto activo por no declara o acogerse a este derecho sea sujeto de vejámenes y obligado a declarar lo que sería una violación a su derecho y su declaración carecería de valor jurídica ya que es obtenida violando principios fundamentales incurriendo los que forcé en una declaración en un delito penal.
El derecho a silencio no solo es referente a la versión del sospechoso, procesado o acusado si no también a la posibilidad de negarse a cooperar a ciertas diligencias como la reconstrucción de los hechos que no es obligación de comparecer.
Debemos entender que el derecho a la defensa debe también ser considerado que el sujeto pasivo no se auto incriminé ya que este acoge este derecho por diversas circunstancias sea de índole moral, religiosos, sentimental, patriótico,
e) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.
Como derecho a no declarar en contra de si mismo pues es el procesado o acusado que tiene la facultad de decidir si le conviene o no le conviene a declarar contra sí mismo. La defensa técnica es de gran importancia ya que este le aconsejará cual es la mejor estrategia al momento de que vaya en
perjuicio de sí mismo.
Entiéndase como forzado ni con violencia puede hacerse que se declare contra sí mismo como ya hemos manifestado es ilegal dicha declaración y el investigador o fiscal que actúa de esa manera está incurso en actividad ilícita.
El derecho a la Defensa Judicial en el Código de Procedimiento Penal.
Uno de los derechos fundamentales del hombre es el de defensa, el cual, de manera singular está incorporado en el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal, que dice: “La defensa del procesado es inviolable.- El “procesado” tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas.
Si el “procesado” está privado de la libertad, el encargado de su custodia debe trasmitir acto seguido al “juez de garantías penales”, al “tribunal de garantía penales”, al tribunal de garantías penales de la causa o a la “fiscalía” las peticiones de la causa o a la “fiscalía” las peticiones y observaciones que formule”.
Hemos dicho que el mandato contenido en el art. 11 del citado cuerpo legal, es un mandato singular porque limita el derecho de defensa al imputado, excluyendo al sospechoso, al acusado y al acusador particular, o al privado todos los cuales también pueden ejercer el derecho de defnsa, y cuyas personalidades se encuentran expresamente reconocidas en distintas disposiciones del código de procedimiento penal; en consecuencia es destacar no existe persona alguna que no pueda ejercer el derecho de defensa que es una garantía constitucional expresamente establecida.-
Uno de los derechos fundamentales del hombre es el de defensa, el cuál de manera singular está incorporado en el Código de Procedimiento Peanal, en su Libro Primero Titulo lII, Capitulo III que trata El “procesado”, en sus artículos 70, último inciso, expresa lo siguiente:
“Art. 70.- Denominación y D erechos.-
“EI procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesa! hasta la finalización del proceso”.
Art. 71.- Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni aún con fines de investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su confianza.
Art. 72.- Incomunicación.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, nadie podrá ser incomunicado, ni aún con fines de investigación.
Art. 73.- Comunicación del Fiscal con el “procesado”.- Ni el Fiscal, ni los investigadores policiales podrán tomar contacto con el “procesado”, sin la presencia de su defensor.” (10)
La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable.
Derecho Comparado sobre el Derecho de Defensa.-
EI artículo 5 de la Constitución Española que hace mención “De la suspensión de los derechos y libertades”, prescribe en su inciso final que: “La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.
El art. 214 numeral 5 de la Constitución de Colombia que hace referencia “De los estados de excepción” prescribe textualmente lo siguiente: “El Presidente y los Ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de cónmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores”.
El articulo 112 de la Constitución de Bolivia, que se refiere a los efectos del estado de sitio, contiene -en su apartado N” 5 la disposición siguiente: “Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea él estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores”.
El artículo 141 de la Constitución de Brasil establece que: “Cesado el estado de defensa o el estado de sitio, cesarán también sus efectos, sin perjuicio de la responsabilidad por los ilícitos cometidos por sus ejecutores o agentes”.
En el derecho constitucional chileno sólo se contempla la responsabilidad patrimoniaL-del Estado, conforme al artículo 45° inciso 2° que establece: “Las requisiciones que se practiquen (durante los E.E.C.) darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause dano”.
Para poder desarrollar este tema investigativo de realce, es necesario considerar el desenvolvimiento histórico del derecho de defensa, en el concierto internacional, es por lo tanto que, el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal recoge lo que los Tribunales y Convenciones internacionales llaman “garantías mínimas” que deben ser respetadas en la formación del debido proceso, como se observa en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales, en artículos especiales, determinan cuáles son las “garantías mínimas” que aseguran institucionalidad jurídica del debido proceso. Con la expresión “garantías mínimas” lo que quieren decir tales Pactos es que, además de las otras garantías que puedan estar consagradas en las Constituciones políticas y en las leyes de procedimiento penal de los diversos estados, las que constan en dichos acuerdos internacionales son las de exigida obligación que no pueden ser soslayadas, sin perjuicio de enervar la legitimidad del proceso penal, pues son de la esencia del derecho de defensa, el cual sería violentado si es que no se respetan dichas garantías esenciales.
Por otra parte, es necesario tener presente que las “garantías mínimas” a los que se refieren los antes mencionados acuerdos internacionales no agotan el número de garantías, sino que se inscriben en los pactos y tratados como un ejemplo de lo que debe ser una garantía judicial, sin perjuicio de que, además de ellas, los Estados sumen otras garantías para proteger la defensa preprocesa! y procesal del acusado.-
Es fundamental que en las culturas nacionales se plantee un tribunal internacional no corno corte extranjera que se introduce en asuntos internos de naciones soberanas; así como también es importante decir que solamente actúan con la aceptación previa de los Estados signatarios y, más aún, sólo en la ocurrencia de parálisis de las justicias locales, cuando el Estado que debía juzgar dejó de hacerlo; en consecuencia, este
derecho consagrado en la Constitución Política de la República, sin embargo, el hecho de que una persona se la sospecha de la participación en la comisión de un delito ella sea en el grado de autor, cómpliCe ó encubridor no pueden restringirse, cercenarse sus derechos, ya que su condición humana y jurídico dentro de la sociedad . no es minimizada ya que no pierde la calidad de persona que el estado le ha concedido, aunque sea el caso de haber sido sentenciado.
01. ARROYO Herrera Juan.- Como llevar una Defensa Penal.- Editorial
PORRUA.- Año 2002.-
02. BERGMAN Paul.- La Defensa en Juicio: La defensa Penal y la Oralidad.­ Ediciones Abeledo-Perrot.- Año 2001.-
03. CARRARA Francesco.- Programa de Derecho Criminal.- Volumen !l.­ Ediciones Universitarias.- Año 1994.-
04. CARRARA Francesco.- Derecho Penal.- Volumen III.- Ediciones Oxford.­ University Press.- Año 1999.-
05. Constitución de la República del Ecuador.- Corporación de Estudios y
Publicaciones.- Año 2010.-
06. Código de Procedimiento Penal.- Editorial Jurídica del Ecuador.- Año 2009
07. FEBECH Miguel.- Derecho PROCESAL PENAL.- Enciclopedia de ciencias
Jurídicas y Sociales.- Volumen Segundo.- Editorial Labor.- 1985.-
08. GUERRERO Vivanco Walter Dr.- Los Sistemas Procesales Penales.­ Ediciones PUDELECO.- Año 2001.-
09. JIMENEZ de Asúa.- Lecciones de Derecho Penal.- Volumen VIl.- Ediciones
Oxford.- Año 1999.-
10. MAIER Julio.- Derecho Procesal Penal.- Segunda Parte.- Ediciones Latinográfica S.A., Año 2004
11. PUYO Jaramillo Gil Miller.- Diccionario Jurídico Penal.- Ediciones Librería del
Profesional.- Año 1981.-
12. VALDIVIESO Vintimilla Simón Dr.- El Juez Ecuatoriano y el Nuevo Código de
Procedimiento Penal.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Año 2003.-
13. ZAVALA Baquerizo Jorge Dr.- El Proceso Penal.- Tomo III.- Ediciones
Edino.- Año 1990.-
14. ZAVALA Baquerizo Jorge Dr.- El Debido Proceso Penal.Ediciones Edino.­ Año 2002.-
15. ZAVALA Baquerizo Jorge Dr.- Tratado de Derecho Procesal Penal.- Tomo
VI.- Ediciones Edino.- Año 2005.-
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References: artículo 11
 artículo 208
 Artículo 215
 Artículo 11
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 76
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 artículo 12
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 artículo 141
 artículo 45