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﻿ AUTO 15824 DE NOVIEMBRE 24 DE 1999
AUTO 15824 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA. SOLICITUD DE NULIDAD Y DE PRUEBAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXTRADICIÓN, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, PRUEBA, PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN, TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN, REQUISITOS DE LA EXTRADICIÓN, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:339 DE MARZO DE 2000, PÁG.362
Auto 15824 de noviembre 24 de 1999
TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA
SOLICITUD DE NULIDAD Y DE PRUEBAS
EXTRACTOS: «Vencido el traslado previsto en el artículo 556 del Código Procesal Penal, resuelve la Sala la petición de nulidad hecha por el señor defensor del solicitado en extradición Orlando García Cleves, y de práctica de pruebas elevada subsidiariamente.
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a esta Sala de la Corte el expediente cursado por la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Orlando García Cleves, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en nuestro país mediante nota verbal Nº 265 del 22 de abril de 1999. Previamente el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que por no existir tratado de extradición aplicable a este caso es procedente tramitarlo de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
Con nota verbal Nº 128 del 22 de febrero de este año, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, solicitó la detención provisional con fines de extradición de Orlando García Cleves, instrumento que propició la expedición de la resolución del 23 de febrero siguiente por medio de la cual el Fiscal General de la Nación dispuso su captura, orden que fue materializada por la Policía Nacional, al día siguiente.
Junto con la solicitud de extradición el país requirente remitió los siguientes anexos:
Anexos todos autenticados y traducidos en debida forma.
2. Una vez recibido el expediente y previo a correr el traslado prescrito en el artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, la Sala hizo saber al señor Orlando García Cleves el derecho que le asiste de designar un defensor, y que de no hacerlo le designaría uno de oficio.
3. Provisto de un defensor de oficio el reclamado en extradición, y descorrido el traslado previsto en el artículo 556 del Código Procesal Penal, la defensa técnica elevó las siguientes peticiones:
3.1. Con carácter principal demanda de la Sala se declare la nulidad de la actuación desde el auto que avocó su conocimiento, pretensión que funda en la supuesta violación del derecho de defensa, porque en la etapa verificada por el Ministerio de Justicia y del Derecho no se enteró al requerido del derecho que tenía de designar un defensor y que de no hacerlo se le nombraría uno de oficio, omisión que como consecuencia le impidió controvertir la decisión adoptada por ese ministerio de apreciar perfeccionado el expediente y remitirlo a la Corte para su concepto, cuando en realidad estaba incompleto, toda vez que el Estado requirente prescindió de adosar a la solicitud las garantías relativas al cumplimiento del principio de reciprocidad, además, que el señor Orlando García Cleves no será juzgado por hechos anteriores a los que originaron su requerimiento, que le será reconocido el tiempo que permanezca privado de la libertad por este trámite como parte de la pena que eventualmente se le imponga, a no ser extraditado a un tercer Estado sin su consentimiento y/o del Estado Colombiano. Ante esta situación, reitera, se conculcó lo normado por el artículo 567 del Código Procesal Penal, máxime cuando el concepto encomendado por la ley a esta Sala se restringe a los presupuestos comportados en el artículo 558 ibídem. Ahora, como la corporación no devolvió en su momento el expediente ante la ausencia de esa documentación, considera, debe declarar la nulidad del rito y devolverlo al Ministerio de Justicia y del Derecho para que se le imprima el procedimiento correspondiente.
3.2. Como postulación subsidiaria solicita a la Sala devuelva el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, pues siendo evidente que el mismo se encuentra incompleto, le es imposible rendir el concepto que por ley le corresponde emitir. Apoya su pretensión en el hecho de que en la documentación anexa no obra la declaración de reciprocidad hecha por el Estado solicitante, la cual aprecia fundamental para este caso, por cuanto no existe tratado bilateral de extradición entre los dos Estados, y en razón a que es uno de los principios básicos de las relaciones internacionales reconocidos por la Constitución Política.
Además de lo anterior, por cuanto en el legajo no militan: el compromiso del Estado reclamante de no juzgar a su patrocinado por hechos anteriores y diversos a los que generaron la petición, la manifestación de que le será reconocido el tiempo de privación de la libertad en virtud al trámite de la extradición como parte de la pena que eventualmente se le imponga, y el compromiso de no extraditarlo a un tercer Estado sin consentimiento del Estado Colombiano.
Como el estudio de la documentación le corresponde al Ministerio de Justicia y del Derecho, que debe adelantar bajo presupuestos diferentes a los que deben inspirar el concepto de esta corporación, pide se retorne el expediente a ese ministerio para que procure su perfeccionamiento.
3.3. Finalmente, y como segunda petición subsidiaria, solicita se disponga la práctica de las siguientes diligencias:
3.3.1. Se requiera al Ministerio de Relaciones Exteriores para que remita la certificación o manifestación formal hecha por el Estado requirente sobre reciprocidad en relación con la extradición de nacionales suyos a nuestro país, en caso de no contar con ella le sea reclamada al Estado Norteamericano.
A través de ese ministerio se demande del Estado requirente la remisión de las leyes de extradición de 1982 y la de interpretación de los tratados de extradición de 1998, también del capítulo 209, secciones 3181 a 3196 del Código de Procedimiento Penal de ese país, que tratan de los temas referentes a la extradición.
3.3.2. Se pida a la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, informe si recibió solicitud de asistencia judicial de parte del Estado solicitante en relación con las conductas imputadas al señor Orlando García Cleves.
3.3.3. Se obtenga del Ministerio de Relaciones Exteriores certificación sobre la vigencia de la Declaración de intenciones suscrita por la República de Colombia y los Estados Unidos de América el 25 de febrero de 1991, y otros datos complementarios.
3.3.4. Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores se pida información de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, atinente al vigor e información complementaria de los siguientes instrumentos internacionales: Convención de extradición suscrita en Montevideo (Uruguay) el 26 de diciembre de 1993, Convención única sobre estupefacientes (Viena 1961), Convención sobre sustancias sicotrópicas de 1971, Protocolo de modificación de la convención única de 1961, y Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
3.3.5. Por último, se logre obtener con la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá copia del expediente Nº 33.390 que la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá adelanta contra el reclamado en extradición, por la incautación de un cargamento de cocaína realizada el 26 de septiembre de 1998 en el puerto marítimo de Buenaventura por la Dirección de la Policía Antinarcóticos en desarrollo de la operación “Alcatraz”. Pretende con esta prueba evidenciar que los hechos por los cuales se demanda la extradición de su patrocinado, son objeto de una actuación judicial en nuestro país, la que tuvo su inicio tiempo antes de que se elevara la solicitud por los Estados Unidos de América —al menos en cuanto a las diligencias previas se refiere. Además, verificar que las pruebas que aduce el Estado Norteamericano en contra de García Cleves para solicitar su extradición, fueron practicadas por nuestra jurisdicción dentro de las actuaciones referidas y posteriormente entregadas al gobierno norteamericano, para que éste solicitara la extradición.
1. En primer término la Sala se pronunciará sobre la solicitud de nulidad hecha por el señor defensor del pedido en extradición, en atención a que de prosperar su efecto sería el de retornar el expediente al Ministerio de Justicia; para lo cual es necesario discurrir sobre la naturaleza del instituto, y acerca del sistema mixto del procedimiento adoptado por el Código de Procedimiento Penal, operable en el presente asunto por no existir tratado de extradición aplicable entre el país requirente y el nuestro. Tema sobre el cual la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en los autos del 5 de agosto y el 22 de septiembre del corriente año, con ponencia del H. Mg. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. En el primero expresó:
“Antes de cualquier interpretación exegética de los textos legales, la Corte debe reiterar en esta oportunidad que el trámite de extradición tiene una naturaleza mixta, en el sentido de que es administrativo-jurisdiccional y, en todo caso, se cumple bajo el liderazgo y la responsabilidad preeminente del Gobierno Nacional, obviamente con la insoslayable colaboración de la rama judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, no sólo por voluntad legal sino también constitucional, porque la sustanciación y las competencias del instituto son una consecuencia del mandato según el cual a la rama ejecutiva le corresponde la dirección de las relaciones internacionales (Const. Pol., art. 189, num. 2º). De otro lado, ya se sabe que la institución de la extradición se ajusta al desarrollo de tales facultades gubernamentales, pues doctrinariamente se le estima como un acto de asistencia jurídica y solidaridad internacional para la lucha eficaz contra el delito.
En armonía con la establecida naturaleza constitucional y política de la extradición, el ordenamiento jurídico colombiano prevé que la oferta, concesión o negación corresponde y es facultativa del gobierno, que lo hace al final del trámite por medio de una resolución administrativa, aunque previamente se requiere el concepto de la Corte Suprema de Justicia, que sólo sería vinculante si fuere negativo (arts. 547, 548, 55, 559).
Así las cosas, el trámite formal sólo se inicia con la admisión del expediente por la Corte, como claramente lo indica el artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, pues antes de ello sólo se advierte una fase preliminar de perfeccionamiento del legajo documental y apenas preparatoria de la parte judicial del rito. En esta etapa previa, además de alistar la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores únicamente configura un requisito de procedibilidad, cuando debe indicar cuál sería la vía y la legislación aplicable al incidente, mientras que el Ministerio de Justicia y del Derecho solamente cumple una función requirente del trámite judicial y del concepto, aunque no de la decisión final que obviamente le concierne al gobierno (arts. 552 a 555).
Precisamente, por cuanto esas tareas administrativas de alistamiento del expediente, de constitución de un mero requisito de procedibilidad y de requerimiento de la vía judicial no están expuestos a la controversia, pues ésta se cumplirá cabalmente cuando se abra la fase jurisdiccional, no se prevé legalmente para dicha etapa preliminar el espacio probatorio y de contradicción que imagina el defensor del requerido para justificar su postura. Para ver de probar este carácter preparatorio de dichos actos, basta revisar el contenido de los artículos 551 al 555 del Código de Procedimiento Penal, en cuyo texto no se incluye la posibilidad de proposición y debate probatorio”.
Más adelante agregó la Sala:
“No sobra advertir que una vez emitido el concepto judicial por la Corte, el expediente queda listo para que el gobierno dicte la resolución que conceda o niega la extradición, de conformidad con el artículo 559 del Código de Procedimiento Penal, la cual se expone a los controles administrativos y/o contenciosos que elijan los interesados, momento en el cual podrán reclamar por cualquier abuso relacionado bien con los temas previstos en el artículo 558 ora con otras materias que ellos estimen pertinentes al ámbito de la extradición.
En razón de esta sistemática procesal, es apenas obvio que el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal dispusiera que la defensa debe proveerse desde la iniciación del trámite de extradición, comienzo que se entiende a partir del recibo del expediente por la Corte, no antes, como lo prevé el artículo 556 del mismo ordenamiento”.
De otro lado, sobre el tópico de la nulidad en el trámite de la extradición la Sala en auto del 7 de febrero de 1990 con ponencia del H. Mg. Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez, manifestó:
"La extradición corresponde decretarla al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Justicia (arts. 747 del C. de P.P., anterior, 659 del CPP actual), contemplándose dentro del diligenciamiento previsto por el estatuto procesal penal que se ha aplicado en este caso, el concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para determinar si se cumplen los requisitos sustanciales exigidos; debiendo negarse por el ejecutivo en el evento de que aquella opinión fuere negativa (incs. 2º, arts. 747 y 657, respectivamente, CPP citados).
Significa lo anterior que a esta actuación o análisis se limita la intervención y pronunciamiento de la Corte, conforme a las finalidades que se han asignado a su competencia, para garantizar el cumplimiento de determinadas exigencias básicas (arts. 374 y 642, respectivamente, CPP aludidos) y cumplidos los pasos necesarios sigue el expediente al Ministerio de Justicia, entendiéndose que en este momento el gobierno colombiano ya ha determinado o resuelto, examinar la petición, que es procedente la gestión cumplida y dispone las diligencias subsiguientes (arts. 746 y 655 estatutos procesales mencionados).
La nulidad que se propone hace relación a un acto de carácter administrativo —extradición— por cuanto implica un pronunciamiento inicial sobre la viabilidad de la actuación o trámite que debe cumplir el Gobierno Nacional para llegar a una decisión final; o sea, que conforme al criterio tradicional constituye una manifestación de voluntad de la administración dirigida a producir efectos en derecho en ejercicio de una facultad legal, lo cual le da tal carácter (CCA, art. 83) y dada esta naturaleza ha de debatirse su validez ante la jurisdicción correspondiente, a través de las acciones respectivas como se desprende de la misma solicitud del apoderado...
Refuerza la anterior consideración el que ante la misma jurisdicción y dada la índole de la providencia, es impugnable la determinación del gobierno que ponga fin al procedimiento señalado.
Cabe también anotar que la extradición contempla un trámite mixto con resolución del ejecutivo que niega o concede finalmente aquella, pero con la intervención de la Corte Suprema de Justicia que por intermedio de la Sala Penal debe emitir concepto sobre determinados aspectos jurídicos, sin que esta actuación pueda variar la naturaleza de la actuación del gobierno colombiano que debe calificarse como administrativa y sujeta al control jurisdiccional correspondiente, conforme a las normas generales de la materia”.
Así pues, regulada la demanda de extradición por el Código Procesal Penal, es incontrastable que el trámite de extradición pasiva comporta tres fases, una inicial de carácter preliminar a cargo de la administración a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, a quienes concierne, en su orden, conceptuar sobre el ordenamiento jurídico que debe aplicarse a la petición, y perfeccionar el expediente con miras a que la Corte Suprema de Justicia rinda su concepto; la segunda etapa, con la cual se inicia el trámite formal de la extradición a cargo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que prevé el traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de 10 días, luego un período de práctica de pruebas por el mismo lapso, y después permanecerá el expediente por cinco días en secretaría para alegatos, culminando esta fase con la emisión del concepto con arreglo a lo prescrito por los artículos 557 y 558 del mismo ordenamiento jurídico; y la última etapa también administrativa a cargo del Gobierno Nacional, que concluye el rito expidiendo la resolución que concede o deniega la extradición.
Atendiendo la naturaleza del procedimiento, es evidente que el control de la actuación surtida en las etapas previa y definitiva compete a la administración o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no a esta Sala de la Corte a quien obviamente le pertenece de manera exclusiva el control de la legalidad de la actuación judicial. Importa insistir, en que como atrás se vio, la etapa previa acorde con la reglamentación legal no admite controversia, empero, si alguna inconformidad subsiste en el reclamado o su apoderado, pueden plantearlas a través de los recursos y/o las acciones pertinentes ante la administración y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, una vez expedida la resolución que decide el procedimiento.
Así pues, determinado como se encuentra que a la Corte le incumbe controlar la regularidad del trámite judicial, la Sala entra a decidir la solicitud de nulidad impetrada por el defensor del reclamado en extradición.
Contrario al sentir del señor apoderado, encuentra la Sala que en el trámite formal de la extradición el ejercicio del derecho de defensa del señor Orlando García Cleves le ha sido garantizado cabalmente por esta corporación. En efecto, no le asiste razón al peticionario cuando argumenta que la falta de apoderado en la etapa preparatoria engendra nulidad, por cuanto como atrás se dejó expresado, tanto la naturaleza del rito, como las formas previstas en el Código Procesal Penal, denotan que el trámite de la extradición inicia una vez la Corte avoca su conocimiento al tenor de lo reglado por los artículos 556 y 557, siendo un imperativo por mandamiento legal que el reclamado en extradición designe en esta etapa un defensor, y de no hacerlo corresponde a la corporación nombrarle uno de oficio.
Además, dentro de esa etapa previa es claro que formalmente no se previó la controversia de los actos administrativos preparatorios proferidos por los ministerios que en ella intervienen, de tal suerte, que el argumento consistente en que a ellos no pudo oponerse el solicitado por carecer de defensor en esa etapa, no es admisible, y no constituye una irregularidad que vulnere el derecho de defensa; el rito ha transitado con acatamiento a las formas previstas en la ley, que son de forzoso cumplimiento tanto por las autoridades como por los particulares que en él intervienen.
Tampoco, la ausencia de los documentos señalados por la defensa, que contengan el compromiso del Estado requirente de cumplir con el principio de reciprocidad, de no someter al reclamado a una pena diferente a la impuesta, ni juzgarlo por un hecho anterior o diverso al que sirve de base a la demanda, a reconocerle el tiempo que lleva privado de la libertad como parte de la pena, de no extraditarlo a un tercer Estado, y a conmutarle la pena de muerte en caso de ser ese el castigo previsto en la ley penal extranjera; socavan el derecho de defensa del pedido en extradición, ya que ellos no constituyen presupuesto para el perfeccionamiento del expediente en orden a lo normado por el artículo 551 del Código Procesal Penal; además, es al Gobierno Nacional a quien atañe, si así lo estima necesario, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho distinto al que motiva la extradición, ni sometido a castigos diferentes a los que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del estado requirente sanciona con pena de muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, en orden a lo contemplado en el artículo 550 del Código de Procedimiento. Por consiguiente, es a esa autoridad, al gobierno, a quien la defensa podría plantear su inquietud.
Es que, por lo demás, es evidente para la Sala, que el examen de la documentación que cumple el Ministerio de Justicia y del Derecho, se circunscribe a la confrontación entre los anexos de la demanda de extradición y los documentos relacionados en el artículo 551 del Código de Procedimiento Penal, que apuntan a patentizar los requisitos sustanciales cuya presencia debe constatar esta Sala (arts. 549 y 558 ibídem) con el propósito de vertir el concepto, pero que no trasciende a las condiciones que el gobierno puede exigir al Estado requirente (art. 550) al momento de conceder la extradición.
De otro lado, la primera actuación cumplida por la Sala una vez recibió el expediente del Ministerio de Justicia y del Derecho, previo a impartir el trámite del artículo 566 del Código Procesal Penal, fue la de enterar al señor Orlando García Cleves del derecho que le asistía de designar un defensor, con la advertencia que de no hacerlo se le nombraría uno de oficio; quien inicialmente otorgó poder a un abogado de confianza, al cual le revocó el poder aduciendo encontrarse en una situación económica precaria, razones por las cuales fue aprovisionado del defensor de oficio que viene actuando hasta este momento.
Frente a estas argumentaciones, es palmar que el derecho de defensa ha sido respetado enteramente en el procedimiento, en consecuencia, la Sala denegará la nulidad pedida.
2. En lo atinente con la pretensión subsidiaria de devolver el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lograr su perfeccionamiento, no puede la colegiatura acceder a ella, en virtud a que tanto la declaración de reciprocidad del Estado reclamante, como el compromiso de que el solicitado no va a ser juzgado por hechos anteriores y diversos a aquellos que originaron el requerimiento actual, la manifestación de que le será reconocido a Orlando García Cleves el tiempo que lleva en privación de la libertad por este trámite como parte purgada de la pena que eventualmente se le imponga, la garantía de no extraditarlo a un tercer Estado sin el consentimiento del nuestro; no son documentos necesarios para dar por perfeccionado el expediente, habida cuenta que éste se logra con el envío por parte del Estado requirente de los documentos señalados en el artículo 551 del Código de Procedimiento Penal, como aquí ocurrió, los cuales sí son imprescindibles para que la Corte pueda rendir su concepto, ya que con ellos podrá establecer si se reúnen los requisitos consagrados por el artículo 558 ibídem.
Los documentos echados de menos por la defensa, como ya se vio, puede solicitarlos al Gobierno Colombiano antes de resolver si concede o no la extradición, pues es a él a quien concierne en ese instante determinar si subordina la concesión de la extradición a las condiciones que estime oportunas, hallándose obligado eso si, según lo prescrito por el artículo 550 de la misma obra, a solicitar al país requirente la garantía suficiente de que el reclamado no será juzgado por un hecho anterior y diverso al que dio origen a la demanda, ni sometido a sanciones diversas de las impuestas en la condena, y a conmutarle la pena capital si es esa la sanción prevista en aquel ordenamiento para el delito imputado. Obligación que de no ser cumplida, permitiría a la defensa ejercitar los recursos y/o acciones ante la administración o la jurisdicción contencioso administrativa.
Razones estas que bastan para que la Sala niegue esta petición.
3. En lo atinente a la postulación de realización de pruebas hecha por la defensa como segunda pretensión subsidiaria, importa precisar que la Corte ha sostenido que dicha materia dentro del trámite de extradición se encuentra disciplinada por las reglas contenidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal, por consiguiente, serán rechazadas aquellas que no conduzcan a demostrar los elementos que constituyen el fundamento del concepto que la Sala debe emitir con arreglo a las previsiones del artículo 558 ibídem, las que hayan sido obtenidas de manera ilegal, las legalmente prohibidas o ineficaces, y aquellas que versen sobre hechos notoriamente impertinentes, o sean manifiestamente superfluas.
3.1. Ahora bien, inicialmente la Sala rechazará las pruebas dirigidas, a juicio del postulante, a perfeccionar el expediente, y que aluden a pedir al país requirente garantías sobre el cumplimiento del principio de reciprocidad y de las condiciones previstas en el artículo 550 del Código de Procedimiento Penal, y orientadas a determinar si existió colaboración judicial de nuestro Estado con el país requirente dentro del proceso fuente de la reclamación, dado que como quedó explicado en párrafos anteriores estas pruebas no tocan con el objeto del concepto delineado por el artículo 558 ibídem, amén de que ya se demostró que los documentos exigidos por la preceptiva del artículo 551 fueron totalmente remitidos.
Así entonces, se negará oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para por su conducto obtener del país requirente los siguientes documentos: Certificación en donde se comprometa a cumplir el principio de reciprocidad, copia de la ley de extradición de 1982 “extradition act” y la ley de interpretación de los tratados de 1998, el capítulo 209, secciones 3181 a 3196 del Código de Procedimiento Penal de los Estados Unidos, y que tratan sobre los temas de la extradición; normatividad última, que por demás el peticionario ni siquiera enuncia qué pretende demostrar con ellas frente a los fundamentos del concepto encomendado a la Corte.
3.2. Igual decisión adoptará la Sala en relación con las pruebas que apuntan a demostrar la supuesta colaboración judicial de Colombia a los Estados Unidos, y su soporte normativo, habida cuenta que esta materia trasciende el objetivo del concepto delineado por el canon 558 del Código de Procedimiento Penal, ya que no pretende enervar alguno de sus elementos, esto es, la validez formal de la documentación, la correspondencia entre la persona requerida y la persona privada de la libertad, el principio de doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el exterior, y cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. Ahora, si lo que pretende la defensa es cuestionar y evidenciar la ilegalidad de la colaboración, no es este el escenario para obtener esa aspiración, el que sí reposa en el proceso origen de la solicitud de extradición, ante la jurisdicción del país reclamante.
En consecuencia la Sala niega oficiar a la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a objeto de que informe si recibió solicitud de asistencia judicial de parte del país requirente, con la ilustración de su soporte normativo. Y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certifique sobre la vigencia de la declaración de intenciones suscrita por la República de Colombia y los Estados Unidos de América.
3.3. También negará obtener certificación de la Secretaria General de los Estados Americanos (OEA) acerca del vigor de la Convención de Extradición suscrita en Montevideo, la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, el texto de las reservas hechas, y la fecha en que entró a regir; y de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en procura de la misma información pero esta vez referida a la Convención única sobre estupefacientes de 1961 y su protocolo de modificación, a la Convención sobre sustancias sicotrópicas de 1971, y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotropicas; en razón a que definido como quedó en el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el trámite que gobierna esta reclamación de extradición es el previsto en el Código de Procedimiento Penal, por no existir tratado de extradición aplicable entre las dos Naciones, asoman enteramente impertinentes.
3 4. Igual decisión adoptará la corporación en relación con la solicitud de oficiar a la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá, para que informe a esta Sala, por qué estado procesal transita el expediente Nº 33.390, seguido, al parecer, contra Orlando García Cleves, adelantado con base en la incautación de un cargamento de cocaína, el 26 de septiembre de 1998 en el puerto marítimo de Buenaventura en desarrollo de la operación “Alcatraz” realizado por la Dirección de la Policía Antinarcóticos de nuestro país; por rebasar el objeto del concepto ya que no se dirige a enervar alguno de los elementos que configuran su fundamento de acuerdo con lo reglado por el artículo 558 del Código Procesal Penal, y correspondiéndole al Gobierno Nacional determinar si concede o no la extradición, será a él a quien compete establecer si por los hechos que es reclamado en extradición el señor García Cleves, existe o no proceso penal en su contra, para proceder como lo regula el artículo 565 de la Ley Procedimental Penal.
Por lo atrás expuesto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia,
1. Negar la nulidad impetrada por el señor defensor del reclamado en extradición, por las razones expuestas.
2. Denegar la realización de las pruebas atrás discriminadas, pedidas por el defensor del requerido en extradición, conforme a las razones allí expuestas.
(Auto de noviembre 24 de 1999. Radicación 15.824. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

References: artículo 556
 resolución 
 artículo 556
 artículo 556
 artículo 567
 artículo 558
 resolución 
 artículo 556
 resolución 
 artículo 559
 artículo 558
 artículo 567
 artículo 556
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 551
 artículo 550
 artículo 551
 artículo 566
 artículo 551
 artículo 558
 artículo 550
 artículo 250
 artículo 558
 artículo 550
 artículo 558
 artículo 551
 artículo 558
 artículo 565