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Timestamp: 2018-11-15 15:20:41+00:00

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Acto administrativo desviación de poder existencia / desviacion de poder material probatorio que configura el vicio Del acervo probatorio reseñado
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DESVIACION DE PODER -Tasación de perjuicios - PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES - Por transacción renuncian a aprovechamiento económico
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
que no era posible dar concepto favorable para la ubicación del local referido
«con miras a restringir o impedir toda utilización que obstaculice su posterior adquisición para el desarrollo de los programas respectivos»
por más de 70 años
dicho hotel no contaba con la documentación respectiva para poder laborar
resalta la Sala después de 70 años
Radicación número
Actor: MARIA ELENA GOMEZ VIVARES Y OTRA
ACTO ADMINISTRATIVO - Desviación de poder - existencia / DESVIACION DE PODER - Material probatorio que configura el vicio
Del acervo probatorio reseñado, concluye la Sala que los actos administrativos acusados fueron expedidos con «DESVIACIÓN DE PODER», pues este vicio de ilegalidad se presenta cuando una autoridad administrativa u órgano del Estado en ejercicio de sus funciones y competencias, utiliza sus poderes o facultades, para expedir decisiones contrarias a los fines u objetivos que le han sido atribuidos, amparándose en la legalidad formal del acto. En efecto, la Inspección10 C de Policía del Municipio de Medellín, en uso de sus atribuciones de policía referentes al control y supervisión de los establecimientos comerciales de la mencionada entidad territorial, relativos a las licencias, uso de suelos, condiciones de salubridad, intensidad auditiva, horario, ubicación, etc., expidió los actos administrativos que se censuran, pero no con el fin de dar cumplimiento a las mencionadas funciones de policía, sino en aras de obtener la desocupación del Edificio Vásquez, por cuanto la Administración Municipal requería disponer de él, en forma inmediata, sin tener que acudir a trámites prolongados y costos. Desde el momento en que se libró el Oficio BI-1758 de 8 de mayo de 1996, suscrito por el Jefe de Sección de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda Municipal (Omar Giraldo López), la actuación administrativa se vio supeditada a no otorgar licencias de funcionamiento para los locales comerciales ubicados en el Edificio Vásquez, toda vez que el Municipio, entre otras razones, quería desalojar y evitar que los ocupantes de la mencionada edificación tuvieran argumentos legales suficientes para no abandonar el referido inmueble y apoyarse de esta manera ante las instancias judiciales. Lo anterior, trajo como consecuencia que se negara todo tipo de licencias y permisos, al paso que se cuestionó, inclusive, en el caso del HOTEL SANTANA, la salubridad y funcionabilidad de sus baños, tal y como se evidenció en el Oficio sin número de 8 de julio de 1999, obrante a folio 101 del expediente. En consecuencia, la Sala se formula el siguiente interrogante: ¿cómo fue posible que la Administración permitiera, por más de 70 años, que el HOTEL SANTANA operara sin el cumplimiento de los requisitos legales? Observa la Sala el Acta de 17 de abril de 1997, visible a folio 23 del expediente, en la cual se le notificó a María Elena Gómez (actora) que dicho hotel no contaba con la documentación respectiva para poder laborar (resalta la Sala después de 70 años), por tal razón se exigió que la documentación, debía reunirla en el término de 30 días. Dentro de dicha documentación se encontraba el mencionado certificado de ubicación, el cual fue negado, por virtud del posterior uso que la Administración iba a tener con el referido bien. (ver folios 54, 197, 198, 199, 200, 201 y 216 a 218). Se observó también, que las irregularidades en la actuación administrativa se presentaron, en un principio, con la expedición de las Resoluciones núms. 161 de 31 de julio de 1996 y 183 de 21 de agosto de la misma anualidad, por las cuales se ordenó el cierre definitivo del HOTEL SANTANA de propiedad de las actoras, toda vez que dicha actuación fue declarada nula por el señor Alcalde (E) del Municipio de Medellín, mediante Resolución núm. 1251 de 6 de septiembre de 1996, por haber encontrado vicios en el procedimiento, al no haberse efectuado el requerimiento establecido en el artículo 4º de la Ley 232 de 1995, ni la notificación consagrada en el artículo 44 del C.C.A.
Ahora, como quiera que el apoderado de las actoras manifestó estar en desacuerdo con la tasación de los perjuicios reconocidos por el a quo, se procede a efectuar el respectivo análisis, pues en el sentir de las demandantes, el mecanismo utilizado por los peritos para calcular los perjuicios, con base en la vida probable de las propietarias, es completamente razonable y coherente con la historia del establecimiento de comercio que ha pasado de generación en generación. En este orden de ideas, es del caso analizar la conciliación de 14 de diciembre de 2000, celebrada entre las actoras y los antiguos propietarios del Edificio Vásquez, toda vez que el a quo se basó en ella para la tasación de los perjuicios materiales futuros solicitados. En el referido acuerdo, se pactó lo siguiente: Dar por terminado el contrato de arrendamiento. Como reconocimiento a la terminación contractual referida, las demandantes recibieron por un lado, el valor de $50.380.000.oo. (deducido del depósito de arriendos que se había efectuado a favor de los antiguos propietarios) y por el otro, el valor de $8.000.000.oo. (deducido del valor que aquellos recibieran de la venta del bien). Una vez recibieran el último saldo de los $8.000.000.oo, las actoras efectuarían la entrega material del local donde funcionaba el HOTEL SANTANA. En virtud de lo anterior, frente al lucro cesante –futuro-, considera la Sala, que si bien, mediante la referida conciliación extrajudicial no se acordó el pago de los perjuicios solicitados en el sub lite, es del caso tomar en cuenta lo allí pactado, tal y como lo estimó el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues para calcular dicho perjuicio, es necesario determinar el tiempo en el que efectivamente estuvo en funcionamiento el HOTEL SANTANA, ya que debido a la transacción, las actoras renunciaron al aprovechamiento económico del mencionado hotel cuando accedieron a la terminación por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento, por lo que su explotación no podía extenderse por más tiempo; por tanto, se estiman acertadas las consideraciones del a quo frente a dicho perjuicio. En cuanto a los daños morales, se observa que el Tribunal de primera instancia, consideró que en tratándose de detrimento patrimonial, con el reconocimiento de los perjuicios materiales, se entendía la reparación de la lesión moral, además que para acceder a su reconocimiento, las demandantes debían encontrarse en un grado tal de angustia, congoja, dolor y sufrimiento que ameritara su reconocimiento, situación que, en su sentir, no se daba en el sub lite, pues la prueba testimonial no era suficiente para predicar la verdadera existencia del perjuicio. Al respecto, estima la Sala que en el presente asunto no se probaron los perjuicios morales alegados por las demandantes, pues las declaraciones rendidas por sus ex empleadas, así como por el esposo de una de ellas, no pueden tenerse como imparciales, en la medida en que las primeras tenían grado de dependencia con aquellas y el segundo, un indiscutible interés en las resultas del proceso. Aunado a lo anterior, no se allegó prueba documental que ratificara su testimonio en torno al hecho de haber tenido que dejar de enviar, por el término de un año, a una de sus hijas al colegio, como tampoco la falta de pago a sus empleadas y el retraso en el pago de los servicios públicos del inmueble donde funcionaba el pluricitado hotel, ni la relación de causalidad de dichos hechos con circunstancias de dolo, angustia y daño moral.
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012)
Del acervo probatorio reseñado, concluye la Sala que los actos administrativos acusados fueron expedidos con «DESVIACIÓN DE PODER», pues este vicio de ilegalidad se presenta cuando una autoridad administrativa u órgano del Estado en ejercicio de sus funciones y competencias, utiliza sus poderes o facultades, para expedir decisiones contrarias a los fines u objetivos que le han sido atribuidos, amparándose en la legalidad formal del acto.
En efecto, la Inspección10 C de Policía del Municipio de Medellín, en uso de sus atribuciones de policía referentes al control y supervisión de los establecimientos comerciales de la mencionada entidad territorial, relativos a las licencias, uso de suelos, condiciones de salubridad, intensidad auditiva, horario, ubicación, etc., expidió los actos administrativos que se censuran, pero no con el fin de dar cumplimiento a las mencionadas funciones de policía, sino en aras de obtener la desocupación del Edificio Vásquez, por cuanto la Administración Municipal requería disponer de él, en forma inmediata, sin tener que acudir a trámites prolongados y costos.
Desde el momento en que se libró el Oficio BI-1758 de 8 de mayo de 1996, suscrito por el Jefe de Sección de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda Municipal (Omar Giraldo López), la actuación administrativa se vio supeditada a no otorgar licencias de funcionamiento para los locales comerciales ubicados en el Edificio Vásquez, toda vez que el Municipio, entre otras razones, quería desalojar y evitar que los ocupantes de la mencionada edificación tuvieran argumentos legales suficientes para no abandonar el referido inmueble y apoyarse de esta manera ante las instancias judiciales.
Lo anterior, trajo como consecuencia que se negara todo tipo de licencias y permisos, al paso que se cuestionó, inclusive, en el caso del HOTEL SANTANA, la salubridad y funcionabilidad de sus baños, tal y como se evidenció en el Oficio sin número de 8 de julio de 1999, obrante a folio 101 del expediente.
Según se advierte a folio 200 del expediente, al solicitarse certificado de ubicación, los arquitectos de «Usos y Licencias de Funcionamiento» y «Departamento de Interventoría y Recibo» manifestaron, mediante Oficio 2083-3 M-25319 de 17 de octubre de 1997, que no era posible dar concepto favorable para la ubicación del local referido, por cuanto se dispondría de su afectación especial, «con miras a restringir o impedir toda utilización que obstaculice su posterior adquisición para el desarrollo de los programas respectivos».
Igualmente, tal y como lo puso de presente el a quo, dentro del material probatorio allegado al proceso, no se observó que la entidad demandada acreditara que las supervisiones y los controles efectuados por la Inspección10 C de Policía Municipal, fueran rutinarios y previos a la compraventa del inmueble en cuestión, de allí que se valore la antigüedad del HOTEL SANTANA, el cual llevaba funcionando más de 70 años; era un negocio que habían adquirido las demandantes a título hereditario, (afirmación ésta que no fue controvertida por la demandada, por lo que la Sala presume su veracidad), y durante dicho tiempo, el citado establecimiento comercial, jamás había tenido algún tipo de inconveniente con la Administración Municipal.
Por el contrario, según se demostró con el Oficio 2083-2 M-28099/97 obrante a folio 121 del expediente, los arquitectos de «Usos y Licencias de Funcionamiento» y «Departamento de Interventoría y Recibo» acreditaron que el HOTEL SANTANA tenía licencia anterior de funcionamiento núm. 877/72, licencia de construcción núm. 1079/96 y servicios y recibo de obras.
Así mismo, mediante Oficio 001130 de 1999, la Administración informó que el desaparecido Departamento de Seguridad y Control, a través de proveído de 20 de agosto de 1968, expidió patente 078 de 29 de agosto de 1968, la cual había sido revalidada en junio de 1994.
En consecuencia, la Sala se formula el siguiente interrogante: ¿cómo fue posible que la Administración permitiera, por más de 70 años, que el HOTEL SANTANA operara sin el cumplimiento de los requisitos legales?
Observa la Sala el Acta de 17 de abril de 1997, visible a folio 23 del expediente, en la cual se le notificó a María Elena Gómez (actora) que dicho hotel no contaba con la documentación respectiva para poder laborar (resalta la Sala después de 70 años), por tal razón se exigió que la documentación, debía reunirla en el término de 30 días. Dentro de dicha documentación se encontraba el mencionado certificado de ubicación, el cual fue negado, por virtud del posterior uso que la Administración iba a tener con el referido bien. (ver folios 54, 197, 198, 199, 200, 201 y 216 a 218).
Se observó también, que las irregularidades en la actuación administrativa se presentaron, en un principio, con la expedición de las Resoluciones núms. 161 de 31 de julio de 1996 y 183 de 21 de agosto de la misma anualidad, por las cuales se ordenó el cierre definitivo del HOTEL SANTANA de propiedad de las actoras, toda vez que dicha actuación fue declarada nula por el señor Alcalde (E) del Municipio de Medellín, mediante Resolución núm. 1251 de 6 de septiembre de 1996, por haber encontrado vicios en el procedimiento, al no haberse efectuado el requerimiento establecido en el artículo 4º de la Ley 232 de 1995, ni la notificación consagrada en el artículo 44 del C.C.A.
Ahora, llama la atención el testimonio rendido por Julio Nelson Guizado Hernández, en ese entonces, Inspector 10 C de Policía de Medellín, quien informó que había observado en el HOTEL SANTANA, el ejercicio de la prostitución y el consumo de estupefacientes, pues según él, dichas actividades eran de conocimiento público y denunciadas por la comunidad, pero, sin embargo, no actuó al respecto por ser un asunto penal cuya competencia no le correspondía. No obstante en la actuación administrativa no obra constancia ni informes del caso, y si la comunidad hubiese denunciado dichas actividades delictivas en la referida propiedad, las autoridades competentes habrían efectuado los arrestos respectivos y en consecuencia, se hubiese clausurado el local comercial por dicha causa.
Así pues, la Sala considera probada la causal de desviación de poder y, por ende, se releva de estudiar las demás causales invocadas por las demandantes, debiendo, en consecuencia, confirmar la sentencia en lo que atañe a la declaratoria de nulidad de los actos acusados.
Radicación número: 08001-23-31-000-2000-02789-01
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