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Timestamp: 2020-07-11 05:10:21+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00018 de septiembre 27 de 2013
SENTENCIA 2001-00018 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:FALLO DEL SISTEMA. EL SUSTENTO DEL RECONOCIMIENTO DEL FALLO DEL SISTEMA, COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESPONSABILIDAD ESTATAL PERMITE, A DIFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL O DISCIPLINA, QUE CON INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN Y OMISIÓN INDIVIDUAL DE UN SERVIDOR PÚBLICO Y AUNQUE TODO INDIQUE QUE EL ESTADO DE COSAS IMPIDE REALIZAR UN SEÑALAMIENTO DETERMINADO, PREDICAR, EN TODO CASO, LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COMO ENTE MORAL QUE TIENE A SU CARGO LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS, TALES COMO EL CARCELARIO, EL SALUD Y EL EDUCATIVO, ENTRO OTROS. SE ESTUDIA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INTERNO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Sentencia 2001-00018 de septiembre 27 de 2013
Rad.: 200100018 02 (29504)
Actor: Rouzddy Wenddy Gómez García
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dado que la cuantía del asunto alcanza la exigida en vigencia del Decreto Ley 597 de 1988, para que esta corporación conozca del mismo en segunda instancia(1).
Corresponde a la Sala resolver si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, es responsable por la muerte del señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán, en hechos acaecidos el 9 de octubre de 1999 en las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo de la ciudad de Bogotá D.C. Así mismo corresponde establecer si hay lugar a la condena por perjuicios materiales a favor de los demandantes.
3.1.1. Consta que de la unión de los señores Rafael Aceldas Gutiérrez e Hilda Beltrán nació Roberto el 2 de agosto de 1954; Blanca Myriam el 2 de noviembre de 1955; Rafael Hernando el 19 de diciembre de 1957; María del Carmen el 7 de noviembre de 1959 y Rafael Antonio el 25 de junio de 1968 —copias auténticas de los registros civiles de nacimiento visibles a folios 7, 3, 4, 2 del cuaderno de pruebas 4 y 174 del cuaderno de pruebas 2 respectivamente—.
3.1.2. Se tiene también que la señora Hilda Beltrán nació el 1º de enero de 1934, según da cuenta el registro civil visible a folio 6 del cuaderno de pruebas 4.
3.1.3. Consta que los señores Rafael Antonio Aceldas Beltrán y Rouzddy Wenddy Gómez García contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1991 —copia auténtica del registro civil de matrimonio visible a folio 185 del cuaderno de pruebas 2— y que de dicha unión nació Laura Daniela Aceldas Gómez el 12 de agosto de 1993 —copia auténtica visible a folio 180 del cuaderno de pruebas 2—.
3.1.4. Está demostrado, además que la señora Rouzddy Wenddy Gómez García nació el 19 de mayo de 1975, según consta en la copia del registro civil de nacimiento —visible a folio 176 del cuaderno de pruebas 2— y que su esposo y padre de su hija, falleció el 9 de octubre de 1999, como consecuencia de heridas perpetradas con arma de fuego, según da cuenta el registro civil de defunción allegado al proceso —folio 178 del cuaderno de pruebas 2—.
3.1.5. Obra copia de la providencia de 4 de diciembre de 1998, proferida por la Fiscalía 35 —Unidad de Fiscalías Locales de Honda— que contiene la resolución de acusación por el delito de inasistencia alimentaria seguido contra Rafael Antonio Aceldas Beltrán —folio 136 del cuaderno principal— Se destaca:
“Proferir resolución de acusación en contra de Rafael Antonio Aceldas Beltrán de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como autor del delito de inasistencia alimentaria, de que trata el libro 2º, título IX, capítulo 4º, artículo 263 del Código Penal modificado por el artículo 270 del Código del menor (…)”.
3.1.6 Consta la declaración de renta del año gravable de 1998, remitida por la División de Documentación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que da cuenta del patrimonio del señor Rafael Antonio Aceldas Guzmán a 31 de diciembre de la misma anualidad; aunque en la casilla correspondiente no figura suma alguna por concepto de salarios o ingresos laborales, ni por honorarios comisiones y servicios —folio 38 del cuaderno 2 de pruebas—.
3.1.7. Para acreditar los perjuicios causados a los demandantes se recibieron distintas declaraciones entre las que se destaca:
3.1.7.1. La rendida por la señora Luisa Fernanda Castaño Araque compañera y amiga de la señora Rouzddy Wenddy Gómez García —folio 181 del cuaderno de pruebas 2—.
PREGUNTADA: ¿Sírvase manifestar al despacho dónde, cuándo y cómo conoció al señor RAFAEL ANTONIO ACELDAS BELTRÁN y que tiempo hace? CONTESTÓ: Yo lo conocí aquí en Bogotá hace aproximadamente 10 u 11 años en las ocasiones que él venía aquí a Bogotá a visitar a ROUZDDY, aunque ellos estaban casados él vivía en Honda y ella estudiaba aquí en Bogotá. PREGUNTADA: ¿Sírvase indicar al despacho si sabe y le consta como estaba conformada la familia del señor RAFAEL ANTONIO ACELDAS BELTRÁN y como eran las relaciones existentes entre ellos? CONTESTÓ: Recién los conocí eran solo los dos, al año nació LAURA y me imagino que por la distancia que había entre ellos por el trabajo de RAFAEL y el estudio de ROUZDDY eran muy unidos y él consentía mucho a ROUZDDY y a la niña, era una familia normal, unida y tanto LAURA como ROUZDDY dependían económicamente de él. PREGUNTADA: ¿Indique al despacho si sabe o le consta a que actividad económica se dedicaba el señor RAFAEL ANTONIO ACELDAS BELTRÁN y a quiénes ayudaba con sus ingresos? CONTESTÓ: RAFAEL se dedicaba a la ganadería y tenía negocios de esmeraldas, sus ingresos eran para el sostenimiento de ROUZDDY, pago de la universidad, alimentación y los gastos de su hija LAURA (…).
3.1.7.2. Para probar los perjuicios sufridos por la familia Aceldas Beltrán se recibieron las declaraciones de los señores Gabriel Hernando Camero Pabón, Miguel Eduardo Jaramillo Villegas, Marco Tulio Torres Castillo, Olga Jaramillo de Camero, Javier Rodríguez Cruz y César Augusto Giraldo García, quienes, por razones de amistad, vecindad y de negocios conocían a los demandantes —folios 19 a 22 del cuaderno de pruebas 10—. Al tiempo depusieron sobre las relaciones familiares, la actividad económica y la situación financiera de la víctima para la época en que sucedieron los hechos. En términos comunes declararon que i) el núcleo familiar del señor Aceldas Beltrán estaba integrado por la madre y los hermanos de la víctima; ii) se dedicaba a la ganadería y lechería, iii) fueron grandes los perjuicios sufridos por todos los miembros de la familia, a raíz de la muerte del señor Aceldas Beltrán, dada la dependencia de la madre. Sostuvieron también que no conocían de vista, trato y comunicación a la señora Rouzddy Wenddy Gómez García y a su hija Laura Aceldas Gómez y que el occiso no convivía con ellas.
Obran en el plenario documentos que permiten establecer que el interno Aceldas Beltrán se encontraba amenazado y que en consecuencia su vida corría peligro, así:
3.2.1. Hoja de comportamiento del interno Rafael Antonio Aceldas Beltrán en la Cárcel Nacional Modelo expedida por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, visible a folios 94 de cuaderno principal. Se destaca:
3.2.1.1. Boleta de encarcelación 6 —folio 149 del cuaderno principal— consta lo siguiente:
Fecha - 21/09/98
Proceso - 34.827
Delito - Paramilitarismo
Fecha captura - 10/09/98
Autoridad - Dirección Regional de Fiscalías Bogotá
Nombre - Rafael Antonio Acedas Beltrán
Profesión u oficio - Ganadero comerciante
3.2.1.2. Certificado de calificación de conducta del interno Rafael Antonio Aceldas Beltrán de 27 de julio de 1999 —folio 111 del cuaderno principal—:
“Que revisados los libros radicadores de investigaciones, al igual que su hoja de vida, NO le aparece(sic) sanciones disciplinarias durante el periodo comprendido entre 13 de abril/99 a julio /99, cuya conducta a(sic) sido calificada en el grado de buena”.
3.2.1.3. Cartilla biográfica —folio 124 del cuaderno principal—:
— Cartilla Biográfica del Interno-Oficina Jurídica del Inpec.
Interno: Aceldas Beltrán Rafael Antonio
Ingreso: Septiembre 22 de 1998
Captura: Septiembre 10 de 1998
Sindicado X
Delitos: Paramilitarismo-inasistencia alimentaría
“El día 10 de septiembre de 1998 fue capturado por el presunto delito de paramilitarismo por tal motivo fue recluido en la Cárcel Modelo el día 22 de septiembre de 1998, por este delito tiene una diligencia ante la fiscalía regional de Bogotá (…) el 1 de febrero de 1998 posee notificación correspondiente por el delito de inasistencia alimentaría (…)”.
3.2.2. El 24 de mayo de 1999, el Comandante de Vigilancia de la Cárcel Nacional Modelo informó al personal de guardia que, por orden de la Fiscalía, debían extremarse las medidas de seguridad, requeridas por el interno Aceldas Beltrán —folio 7 del cuaderno 2— así:
Guardia Interna y Pabellón 5
Comedidamente les comunico que mediante oficio S.A.B.L. 121 de la Dirección Regional de Fiscalías, solicitan se extremen las medidas de seguridad para proteger la vida del interno Rafael Antonio Aceldas Beltrán recluido en el pabellón 5 de este centro carcelario. En consecuencia, todo desplazamiento del interno a cualquier dependencia será acompañado por el oficial de servicio y dos guardianes previa requisa minuciosa, dejando registro en las (ilegible). Igualmente se le debe pasar revista permanentemente, constatando su estado físico, solicitando que se presente constantemente al comando de guardia del pabellón, haciendo el respectivo registro en la (ilegible)”.
3.2.3. Mediante escrito de 26 de septiembre de 1999, Rafael Antonio Aceldas Beltrán, en ejercicio del derecho de petición, solicitó su traslado al Director del Inpec, para el efecto adujo razones de seguridad y de carácter familiar —folio 8 del cuaderno de pruebas 4—:
“Referencia–Derecho de Petición (CP, art. 23)
De: Rafael Antonio Aceldas Beltrán
Occiso–Cárcel nacional Modelo
Para: Coronel Laureano Villamizar
— Por medio del cual el recluso Rafael Antonio Aceldas Beltrán solicita el traslado a la Cárcel del Circuito Judicial de Honda—.
“Solicito comedidamente el traslado a la Cárcel del Circuito Judicial de Honda conforme a las siguientes consideraciones”:
“La Fiscalía me acusaba de varios delitos, pero justamente se ha comprobado mi inocencia en la mayoría de ellos, como en su momento se hará con el que está pendiente. Pero, el delito que presuntamente me endilgan, “paramilitarismo”, pone en peligro constante mi vida, toda vez que es de público conocimiento, tanto la subversión como la delincuencia organizada, apuntan sus retaliaciones contra los sindicados, culpables o no, del mencionado punible”.
Mi excelente conducta en este centro carcelario se ha caracterizado por la participación en promover la paz, el acatamiento a las normas penitenciarias y en mediar ante la situaciones difíciles que hemos vivido”.
Mi propósito de ser trasladado al citado establecimiento carcelario, aparte de la obvia cercanía a mi adorada hija y familia, es la de cooperar en las actividades que generan empleo para los internos tales como la granja, estanques piscicultura, la porcicultura y si es posible hasta establo de lechería. Ahora que he compartido con la población reclusa, me doy cuenta que al existir trabajo y recreación, las condiciones del interno mejoran simultáneamente con la disciplina del establecimiento”.
3.2.4. La Jefe de Asuntos Penitenciarios del Inpec informó sobre el trámite de la solicitud de traslado, presentada por la víctima —folio 112 del cuaderno de pruebas 2—.
— Mediante el cual informa el trámite dado a la solicitud de traslado solicitada o presentada por el señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán, antes de su fallecimiento.
“En la petición en comento el interno Aceldas Beltrán solicitaba ser trasladado de la Cárcel Nacional Modelo a la Cárcel de Honda, Tolima, por acercamiento familiar y porque el delito por el cual se encontraba sindicado “paramilitarismo” ponía en peligro su vida”.
“Por su parte, la Oficina Jurídica–Coordinación Asuntos Penitenciarios, con oficio 7133 OJU 10794 de octubre 1 de 1999 solicita al Director de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, “con carácter urgente”, remitir la situación jurídica del interno Rafael Antonio Aceldas Beltrán con el fin de dar alcance a la petición elevada por el mismo y procede de conformidad”.
3.2.5. Consta el acta 7635-2849 en la que se refiere al protocolo de necropsia 4668-99 y al tiempo deja constancia que la víctima fue identificada mediante cotejo dactiloscópico como Rafael Antonio Aceldas Beltrán, nacido en Honda, Tolima, el 25 de junio de 1968, por el Subgrupo de Dactiloscopia Forense —folio 8 del cuaderno de pruebas 2— y hace constar que:
“En esta oficina se hizo presente Adriana Patricia Barreneche Ángel, identificada con cédula 38283569 de Honda, Tolima, quien manifestó ser compañera del occiso y se compromete a retirar el cuerpo”.
3.2.6. Según el protocolo de necropsia, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el señor Aceldas Beltrán falleció como consecuencia de anemia aguda secundaria a heridas causadas por proyectiles de arma de fuego —folio 48 del cuaderno 2 de pruebas—. Se destaca:
“Instituto de Medicina Legal
— Fotocopia del protocolo de Necropsia 04668-1999 practicado al cuerpo del señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán el día 10 de octubre de 1999—.
Nombre: Aceldas Beltrán Fabian (sic) Rafael
Fecha Ingreso: Octubre 10 de 1999
Procedencia cadáver: Cárcel Modelo
Solicitada por: Fiscalía 284
Fecha muerte: Octubre 9 de 1999
Causa Muerte: Arma de fuego
Hombre adulto recluido en la cárcel modelo y quien es víctima de múltiples disparos en circunstancias que no son referidas y que por operar la ley del silencio no tiene testigos al momento de la diligencia.
Conclusiones, Comentarios y Sugerencias
Toxicología: sangre, orina
Laboratorio clínico: Sangre
Balística: 10 proyectiles recuperados en el cadáver, 1 proyectil recuperado en prendas.
Prendas: Estudio en morgue
Hitología: En custodia
Hombre adulto recluido en cárcel modelo, al parecer es el segundo al mando del grupo de paramilitares, quien recibe múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, no hay testigos ni versiones.
La autopsia demuestra la existencia de 17 heridas por proyectil de arma de fuego, de las cuales son recuperadas dentro del cuerpo 10 proyectiles, seis de ellos calibre 38 especial y los otros cuatro corresponden a calibre 9mm largo. Las trayectorias de los proyectiles comprometen encéfalo, cerebelo, pulmón derecho, aorta toracxica(sic), arteria pulmonar, pericardio, diafragma, hígado, asas intestinales delgadas.
Hombre adulto quien fallece en (sic) anemia aguda secundaria a heridas vasculares y viscerales, producto de las trayectorias de múltiples proyectiles de arma de fuego calibre 38 especial y 9mm largo”.
3.2.7. El informe de balística da cuenta de la distancia de los impactos y de las características del arma utilizada —folios 104 y 105 del cuaderno de pruebas 2—.
Protocolo de Necropsia 4668/99
Fecha: 1999/10/10
Fiscal: 284
Nombre occiso: Fabian (sic) Rafael Aceldas
Estudio: Balística
“Los proyectiles recuperados, calibre 38 especial, fueron disparados por arma de fuego tipo revólver, con ánima de cinco (5) estrías con sentido de rotación hacia la derecha, calibre 38 especial/357 mágnum, entre los que encontramos las marcas Smith & Wesson. — Acorde al estudio físico químico, se conceptúa que los disparos que dieron origen a las lesiones allí citadas, se efectuaron a corta distancia, en un rango que oscila entre 30 cm y 1.20 metros”.
3.2.8. La prueba de absorción atómica practicada al señor Aceldas Beltrán por el Instituto Nacional de Medicina Legal arrojó resultado positivo —folio 109 del cuaderno 2 de pruebas—:
Necropsia 4668/99
Acta de levantamiento: 7635-2849
Nombre occiso: Fabián (sic) Rafael Aceldas Beltrán
Estudio: Emisión Atómica–Absorción Atómica
“La determinación para los residuos compatibles con los de disparo, representado por los elementos plomo, antimonio, bario y cobre, en la muestra identificada como frotis tomada a las manos; dio el siguiente resultado: Mano derecha–Positivo (+) = Mano izquierda – Positivo (+)”.
3.2.9. La Fiscal Quince Seccional adscrita a la Unidad Segunda de Vida de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación certificó sobre la existencia de la investigación adelantada por la muerte del señor Aceldas Beltrán —folio 151 del cuaderno principal, documento acompañado por la parte actora—. Así:
“Que en este despacho se adelantó la investigación previa radicada bajo el número 451079, por el homicidio de Rafael Antonio Aceldas Beltrán y otro, hechos ocurridos en la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad, el día 9 de octubre de 1999, según acta de inspección de cadáver 7635-2849 Cuerpo Técnico de Investigación, levantada por el fiscal 284 delegado.
En la actualidad las diligencias se encuentran suspendidas mediante resolución emanada por el señor coordinador de la unidad calendada el 15 de noviembre del año en curso.
No se expiden fotocopias conforme a lo estipulado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal reserva de las diligencias. Durante la investigación penal las diligencias son reservadas”.
Mediante providencia de 15 de noviembre de 2000, la Fiscalía Catorce Delegada ante los juzgados penales decretó la suspensión de la investigación preliminar, por no existir pruebas relacionadas con la autoría del hecho —folio 24 del cuaderno 4 de pruebas—.
“La presente investigación como la gran mayoría adelantada por homicidios cometidos dentro de las cárceles de este país, se encuentra en la oscuridad total, no hay siquiera prueba incipiente, que nos permita establecer la identidad de los autores materiales de estas muertes violentas (…)”
“RESUELVE: ORDENAR LA SUSPENSIÓN de las presentes diligencias por las razones que quedaron ya expuestas en la parte motiva de esta decisión”.
Para que surja la obligación de reparar se requiere la presencia de los elementos que configuran la responsabilidad, esto es un daño que la víctima no esté obligada a soportar imputable a la demandada y una relación de causalidad, entre uno y otro elemento. En el presente caso, valorados las distintas pruebas incorporadas al proceso están presentes los elementos que configuran la responsabilidad de la administración.
La orientación actual de la jurisprudencia se dirige a hacer notar la situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta de los reclusos, que implica la existencia de una relación de especial sujeción al Estado(2), con la consecuente limitación de sus derechos y libertades, que a si mismo comporta la reducción hasta la eliminación de sus posibilidades “(...) de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario”(3). De modo que el Estado debe asumir por completo su seguridad y garantizar su vida e integridad, mientras se encuentran en situación de retención.
Esto porque los reclusos no están obligados a soportar cargas diferentes a las que se desprenden de las propias condiciones de su privación de la libertad, no así de las que van más allá, así el menoscabo de su integridad provenga de la acción de otros reclusos, terceros o el propio personal oficial(4).
Tampoco puede pasarse por alto que en las cárceles del país existe un estado de cosas inconstitucional, cuyas consecuencias sería injusto atribuir exclusivamente al Inpec, pero que indudablemente comprometen al Estado en su totalidad. A este respecto vale citar lo señalado por la Corte Constitucional:
Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no solo un delicado asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida”. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del Inpec o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo estudio. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”(5).
Ahora bien, es preciso aclarar que la falla del sistema o del servicio, derivada del estado de cosas inconstitucional resulta atribuible al defectuoso funcionamiento de más de una entidad e incluso ser consecuencia de una inadecuada política, atribuible a los mismos responsables de diseñarla o de elaborar los modelos de destinación presupuestal. Sin embargo, también es patente que tiene que existir un centro de imputación, frente al cual el asociado pueda reclamar las consecuencias que el daño sistemático genere, sin diluirla. Por esta razón, frente al fallo del sistema ha de entenderse que el principal centro de imputación radica siempre en la entidad directamente responsable, esto es, el órgano al que legal y reglamentariamente se ha atribuido la función en este caso, en el Inpec. Esto se debe, por lo demás, a que, en estricto sentido, en la prestación se distinguen dos instancias de cumplimiento: el órgano público directamente encargado y el conjunto de instituciones que directa e indirectamente le permiten al principal obligado cumplir con su misión. Así pues, si el órgano directamente responsable incumple sus obligaciones en todos los frentes, pues se encuentra en imposibilidad de asumirlas, no se puede sino reconocer su crisis, en todo caso, ajena a las víctimas(6).
Aunque el asunto bien podría gobernarse bajo la falla sistemática a la que se hace mención, prolongada en el tiempo que, pone de manifiesto una falla estructural y no coyuntural, las pruebas arrimadas comportan responsabilidad de la administración a título de falla en la prestación del servicio, si se considera: i) el señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán ingresó a la Cárcel Nacional Modelo de esta ciudad el 22 de septiembre de 1998, procesado por el delito de paramilitarismo e inasistencia alimentaría, por cuenta de la Fiscalía Regional de Bogotá, conforme da cuenta la información registrada por la demandada y el establecimiento carcelario y ii) falleció el 9 de octubre de 1999 en la misma institución carcelaria, por múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego, que comprometieron el cerebelo, el pulmón derecho, la aorta y el hígado, entre otros órganos vitales, según da cuenta el informe de necropsia expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Aunque no se identificó a la persona o personas que ultimaron a la víctima, ni las circunstancias particulares del caso, se conoce que i) los hechos ocurrieron al interior de la Cárcel Nacional Modelo; ii) que las armas utilizadas fueron percutidas a corta distancia, iii) que el recluso se encontraba amenazado de tiempo atrás, iv) que dicha situación la conocían el ente instructor y las autoridades carcelarias, v) que la Dirección Regional de Fiscalías había solicitado extremar las medidas de seguridad del señor Aceldas Beltrán y que, a su vez el comandante de vigilancia del centro penitenciario dispuso que los oficiales de servicio y de la guardia interna, incluidos los oficiales del pabellón respectivo, cumplieran con su obligación de custodia y vi) que el 26 de septiembre de 1999, en ejercicio del derecho de petición, la víctima solicitó su traslado a la cárcel del Circuito Judicial de Honda, pues la gravedad del delito por el que se encontraba procesado —paramilitarismo— hacía imperiosa la adopción de medidas eficaces que impidieran cualquier atentado contra su vida o integridad personal.
No obstante, los elementos de juicio incorporados al proceso dan cuenta que la entidad se limitó a dar trámite formal al pedimento, lo que favoreció el actuar de los culpables, en tanto, nada indica que la administración hubiese tratado de proteger o repeler el accionar de los delincuentes, pues las huellas que dejó al descubierto el examen de necropsia y la investigación adelantada por la Fiscalía, así lo indica, en tanto el occiso fue impactado de manera tal que diecisiete heridas comprometieron sus órganos vitales, sin que se conozca la autoría de los hechos. En suma la actuación desproporcionada de los delincuentes al interior del establecimiento, obliga a censurar la conducta de la administración y deja al descubierto la falta de protección imputable a la demandada, pues, sin importar la gravedad del delito por la que se encontraba procesado y retenido se conocía que la vida del señor Aceldas Beltrán corría peligro, sin que se tenga noticia de medidas especiales para protegerlo, pese a las distintas órdenes y peticiones que así lo reclamaban. Y si bien el antes nombrado tenía la carga de asumir ciertas restricciones y limitaciones de sus derechos, de ello no se seguía la exposición a la que fue sometido. Lo anterior sin perjuicio que a la administración le corresponde adoptar medidas necesarias para prever y evitar que armas de fuego o de cualquier otra categoría ingresen a los establecimientos carcelarios, con miras a garantizar la seguridad de quienes se encuentran bajo su custodia y cuidado.
Por último, tampoco es de recibo el argumento expuesto por la entidad demandada relativo a que la víctima se expuso imprudentemente al daño, primero porque alrededor de lo sucedido hubo silencio total, de modo que no se pudo establecer las circunstancias especiales que rodearon el hecho y en ese sentido no podría concluirse que atacó a sus agresores, dado que bien pudo suceder lo contrario y segundo, porque a pesar que la prueba de absorción atómica practicada a la víctima arrojara un resultado positivo, ello no exonera a la administración, por el contrario, solo pone de relieve la falla imputada, en tanto confirma la anarquía, la falta de control y el estado de cosas inconstitucional, a que se hizo referencia relacionado con la situación carcelaria.
La entidad demandada impugnó la decisión del tribunal en lo que tiene ver con el reconocimiento de perjuicios a favor de la señora Rousddy Wenddy Gómez García porque no probó el interés jurídico para demandar, si se considera que debió denunciar penalmente al señor Aceldas Beltrán por inasistencia alimentaría y no probó sus relaciones de convivencia con la víctima. No obstante la condena será confirmada, en cuanto a los perjuicios morales pretenden compensar el dolor por la muerte del ser querido y la circunstancia de adelantar una acción judicial, no demuestra nada distinto a lo que la acción indica, esto es, que el occiso en algún momento debió ser conminado al cumplimiento de sus deberes alimentarios. Sorprende a la Sala la impugnación de la demandada, pues con ella da a entender que quien emplea las acciones judiciales para reclamar sus derechos, adolece de sentimientos al punto de romper lazos de afecto y cercanía con el demandado. En tanto se trata precisamente de lo contrario, pues quien accede a la justicia, para solventar sus diferencias demuestra respeto y consideración por quienes por el momento y en relación con la controversia tienen desavenencias.
De modo que, la Sala mantendrá la decisión del tribunal, en tanto los elementos presentes permiten suponer el grado de afectación moral vivido por los demandantes y conforme a las pautas jurisprudenciales relacionadas con la inferencia de dicho perjuicio, en atención al grado de consanguinidad entre la víctima y quienes concurrieron al proceso en calidad de madre, hija, y hermanos, aunado a las reglas de la experiencia deberán ser indemnizados por el dolor sufrido a causa de la muerte del señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán.
Siguiendo la orientación actual de la jurisprudencia, sentada en sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso 13.232–15646, la condena surtirá efectos en salarios mínimos legales mensuales, y no en el equivalente en gramos oro como fue solicitado en la demanda. Ahora bien, en los casos en que el dolor o la aflicción moral, cobre mayor intensidad será indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, conforme a las circunstancias particulares del caso, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros(7): i) la indemnización se hace a título de compensación, mas no de restitución ni de reparación(8); ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 Y iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso, acorde con valores indemnizados en situaciones similares, con el propósito de garantizar el principio de igualdad.
De suerte que el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario-Inpec pagará por concepto de perjuicios morales por la muerte del señor Rafael Antonio Aceldas Beltrán a favor de Laura Daniela Aceldas Gómez, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A favor de Hilda Beltrán, madre de la víctima, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia A favor de Rouzzddy Wenddy Gómez García la suma equivalente de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia. A favor de María Del Carmen, Myriam, Rafael Hernando y Roberto Aceldas Beltrán, hermanos de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para cada uno de ellos.
La parte actora solicitó reconocer perjuicios materiales a favor de la madre, los hermanos, la cónyuge y la hija de la víctima, dadas las relaciones de convivencia y la dependencia económica, al tiempo pidió tener en cuenta la declaración de renta de 1998.
La Sala mantendrá la decisión del tribunal, en tanto las pruebas arrimadas muestran que para la fecha en que sucedieron los hechos los mentados demandantes eran mayores de edad y no hay condiciones especiales que permitan inferir la dependencia económica o que se encontraran inhabilitados para ejercer alguna actividad productiva. Adicionalmente, aunque se allegó copia de la declaración de renta del año gravable de 1998, remitida por la división de documentación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que da cuenta del patrimonio existente a nombre del señor Rafael Antonio Aceldas Guzmán a 31 de diciembre de la misma anualidad, en la casilla correspondiente no arroja suma alguna por concepto de salarios o ingresos laborales, ni por honorarios comisiones y servicios. En ese orden de ideas, no cabe el reconocimiento de perjuicios, pues, los bienes capital por razón fallecimiento no sufren ninguna afectación, y el patrimonio denunciado por el occiso generaba además renta de capital, al punto que también se transmiten a sus herederos.
En ese orden de ideas, se negarán los perjuicios materiales solicitados por los demandantes, pues el monto patrimonial que figura en la correspondiente declaración de renta, acompañada con la demanda, permiten inferir que la víctima era un rentista de capital, aunado a que no percibía ingresos laborales ni honorarios por ningún concepto y con ocasión de la privación de la libertad y luego su fallecimiento, los bienes no sufrieron mengua o disminución patrimonial alguna, por lo que no se probaron los perjuicios alegados.
CONFÍRMASE la sentencia proferida el 7 de octubre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sala de Descongestión por las razones expuestas en la parte motiva.
(1) La cuantía exigida para que la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26.390.000 y el monto de la pretensión mayor para el 13 de diciembre de 2000, cuando se presentó la demanda superaba la suma de $ 340’000.000.
(2) Entre otras, se pueden consultar, las sentencias de 30 de agosto de 2006, radicación 27581, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; de 3 de mayo de 2007, radicación 21511, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 20 de febrero de 2008, radicación 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial que fue reiterada en las sentencias de 29 de enero de 2009, radicación 16975, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 26 de mayo de 2010, radicación 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(3) Sentencia de 23 de abril de 2008, radicación 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(4) Sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 18.800, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(5) Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Con posterioridad a esta decisión, la Corte se ha pronunciado sobre el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas en las sentencias T-530 de 1999, T-84 de 2000, T-1291/2000, T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-1077 de 2001, C-157 de 2002 T-1030 de 2003, y T-1096 de 2004
(6) Sentencias de 29 de agosto de 2013 Proceso 28170 y 27521. Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Sección Tercera Subsección B Consejo de Estado.
(7) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia radicación 21.350, actor: Mauricio Monroy y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(8) En la sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 13.232, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…).”

References: resolución 
 resolución 
 artículo 263
 artículo 270
 resolución 
 artículo 321
 artículo 16