Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-19004.htm
Timestamp: 2017-12-17 09:45:46+00:00

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B.O.E. Nº 277 de 19/11/2005
El modelo de crecimiento econÃ³mico seguido en los Ãºltimos aÃ±os, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per cÃ¡pita de EspaÃ±a a los de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados de la UniÃ³n Europea, ha presentado carencias que es indispensable afrontar y corregir. Por un lado, se ha apoyado en factores como el favorable tipo de cambio con que se entrÃ³ en la moneda Ãºnica o la significativa reducciÃ³n de los tipos de interÃ©s, cuyos efectos positivos tienden a moderarse. Por otro lado, este modelo presenta una debilidad estructural que, ademÃ¡s, se ha intensificado en los Ãºltimos aÃ±os: la escasa contribuciÃ³n de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la economÃ­a espaÃ±ola se haya alejado, en los Ãºltimos aÃ±os, del de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.
El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los paÃ­ses mÃ¡s avanzados representa un serio riesgo para la evoluciÃ³n de la economÃ­a espaÃ±ola, tanto a largo plazo como de forma mÃ¡s inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econÃ³mico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaciÃ³n al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma mÃ¡s inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraciÃ³n de la economÃ­a espaÃ±ola en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producciÃ³n y evitar asÃ­ pÃ©rdidas de competitividad que supondrÃ­an un freno al crecimiento.
Para contribuir a superar las carencias ya reseÃ±adas y afrontar los riesgos seÃ±alados, mediante esta Ley se aprueban una serie de reformas de contenido fiscal cuyo objetivo es primar determinadas actividades que tienen efectos beneficiosos sobre la productividad. AsÃ­, se limitan las tasas aplicables por actuaciones en los mercados de valores, se estimula la oferta de alquiler de viviendas y se intensifican los apoyos al uso de tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y las comunicaciones en las pequeÃ±as y medianas empresas.
El TÃ­tulo I contiene diversas modificaciones de la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
En primer lugar, se introduce un nuevo tipo de instituciones de inversiÃ³n colectiva de carÃ¡cter inmobiliario que podrÃ¡n desarrollar la actividad de promociÃ³n inmobiliaria de viviendas para destinarlas al arrendamiento. A esta modalidad se le aplicarÃ¡ un tipo de gravamen del uno por ciento del Impuesto sobre Sociedades, condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos tendentes a preservar la naturaleza de estas entidades como instrumentos canalizadores del ahorro.
Al mismo tiempo, se modifica la deducciÃ³n por actiÂ­vidades de investigaciÃ³n y desarrollo e innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, para incluir en el concepto de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica a los muestrarios textiles.
Con el fin de potenciar las nuevas tecnologÃ­as en el Ã¡mbito de las pequeÃ±as y medianas empresas, se incrementa en cinco puntos el porcentaje aplicable a la deducciÃ³n para el fomento de las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n, que pasa del 10 al 15 por ciento.
En lÃ­nea con la reforma efectuada en el Ã¡mbito de las instituciones de inversiÃ³n colectiva inmobiliarias, tambiÃ©n se modifica el rÃ©gimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Para estimular la realizaciÃ³n de esta actividad, se eliminan algunas restricciones que impedÃ­an el correcto funcionamiento de este rÃ©gimen especial y se introducen otros requisitos para dar una mayor coherencia a su aplicaciÃ³n. Se mantiene Ãºnicamente la bonificaciÃ³n del 85 por ciento de la cuota Ã­ntegra para las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas y se suprime la bonificaciÃ³n para las rentas derivadas de su transmisiÃ³n. Asimismo, con la misma finalidad, resulta oportuno que los notarios y los registradores, en cuanto perceptores de ingresos pÃºblicos, colaboren en la promociÃ³n pÃºblica de estas entidades mediante la no percepciÃ³n de aranceles, sin que ello tenga una repercusiÃ³n significativa en sus honorarios.
El TÃ­tulo II estÃ¡ dedicado al Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
La existencia de la exenciÃ³n prevista para los servicios pÃºblicos postales da lugar a que servicios idÃ©nticos prestados por operadores privados queden excluidos de dicha exenciÃ³n. Para corregir esta asimetrÃ­a y las distorsiones que ello comporta, se limita la exenciÃ³n a partir del 1 de enero de 2006 a las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias que constituyan el servicio postal universal y estÃ©n reservadas al operador al que se encomienda su prestaciÃ³n de acuerdo con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalizaciÃ³n de los servicios postales.
Por otra parte, se suprime el tipo del 4 por ciento aplicable a las viviendas adquiridas por las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, en consonancia con la modificaciÃ³n que se realiza de este rÃ©gimen especial en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
En el TÃ­tulo III, se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, ampliando la exenciÃ³n y la bonificaciÃ³n previstas para las instituciones de inversiÃ³n colectiva inmobiliarias a aquellas instituciones entre cuyas actividades se encuentre la promociÃ³n de inmuebles para su arrendamiento, en consonancia con el nuevo rÃ©gimen en el Impuesto sobre Sociedades.
El TÃ­tulo IV tiene como objetivo estimular la competitividad del sector financiero, introduciendo cambios en los lÃ­mites de las tasas aplicables por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores en la prestaciÃ³n de determinados servicios. La reforma implica una reducciÃ³n sustancial de las tasas cobradas por ciertos conceptos, bien porque reduce la cuantÃ­a de los lÃ­mites ya existentes, bien porque introduce lÃ­mites en casos en los que no se preveÃ­a lÃ­mite alguno. Esta reducciÃ³n de tasas supondrÃ¡ un ahorro muy significativo para las entidades emisoras de valores, lo cual incidirÃ¡ positivamente en la mejora de la competitividad del mercado financiero, y servirÃ¡ para la mejor adaptaciÃ³n del mercado al nuevo marco de mayor competencia impuesto por la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pÃºblica o admisiÃ³n a cotizaciÃ³n de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, mÃ¡s conocida como la Directiva de folletos.
Dicho todo lo anterior, se adopta esta Ley que introduce reformas en materia tributaria para el impulso o estÃ­mulo a la productividad y que forma parte de un conjunto de reformas mÃ¡s amplio diseÃ±ado por el Gobierno, en el que se estructuran y coordinan una variedad de actuaciones, en diferentes Ã¡mbitos y con distintos plazos de ejecuciÃ³n, orientadas a dinamizar la economÃ­a espaÃ±ola. Estas actuaciones, que persiguen efectos positivos sobre la eficiencia y el crecimiento, tienen un impacto que no se agota en el corto plazo, sino que, adicionalmente, afecta a la sostenibilidad del desarrollo econÃ³mico en el largo plazo.
ArtÃ­culo primero. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El apartado 5 del artÃ­culo 28 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«5. TributarÃ¡n al tipo del 1 por ciento:
a) Las sociedades de inversiÃ³n de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, siempre que el nÃºmero de accionistas requerido sea, como mÃ­nimo, el previsto en su artÃ­culo 9.4.
b) Los fondos de inversiÃ³n de carÃ¡cter financiero previstos en la citada Ley, siempre que el nÃºmero de partÃ­cipes requerido sea, como mÃ­nimo, el previsto en su artÃ­culo 5.4.
c) Las sociedades de inversiÃ³n inmobiliaria y los fondos de inversiÃ³n inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, siempre que el nÃºmero de accionistas o partÃ­cipes requerido sea, como mÃ­nimo, el previsto en los artÃ­culos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carÃ¡cter de instituciones de inversiÃ³n colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversiÃ³n en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento y, ademÃ¡s, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan, representen conjuntamente, de forma directa o indirecta, al menos, el 50 por ciento del total del activo.
La aplicaciÃ³n de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirÃ¡ que los bienes inmuebles que integren el activo de las instituciones de inversiÃ³n colectiva a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido al menos tres aÃ±os desde su adquisiciÃ³n, salvo que, con carÃ¡cter excepcional, medie la autorizaciÃ³n expresa de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
La transmisiÃ³n de dichos inmuebles antes del transcurso del perÃ­odo mÃ­nimo a que se refiere esta letra c) determinarÃ¡ que la renta derivada de dicha transmisiÃ³n tributarÃ¡ al tipo general de gravamen del impuesto. AdemÃ¡s, la entidad estarÃ¡ obligada a ingresar, junto con la cuota del perÃ­odo impositivo correspondiente al perÃ­odo en el que se transmitiÃ³ el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los perÃ­odos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen previsto en esta letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada perÃ­odo y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
d) Las sociedades de inversiÃ³n inmobiliaria y los fondos de inversiÃ³n inmobiliaria regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, que, ademÃ¡s de reunir los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promociÃ³n exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones:
1.Âª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promociÃ³n inmobiliaria no podrÃ¡n superar el 20 por ciento del total del activo de la sociedad o fondo de inversiÃ³n inmobiliaria.
2.Âª La actividad de promociÃ³n inmobiliaria y la de arrendamiento deberÃ¡n ser objeto de contabilizaciÃ³n separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que Ã©stos se dividan, sin perjuicio del cÃ³mputo de las inversiones en el total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c).
3.Âª Los inmuebles derivados de la actividad de promociÃ³n deberÃ¡n permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o fondo de inversiÃ³n inmobiliaria durante un perÃ­odo mÃ­nimo de siete aÃ±os. Este plazo se computarÃ¡ desde la fecha de terminaciÃ³n de la construcciÃ³n. A estos efectos, la terminaciÃ³n de la construcciÃ³n del inmueble se acreditarÃ¡ mediante el certificado final de obra a que se refiere el artÃ­culo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de OrdenaciÃ³n de la EdificaciÃ³n.
La transmisiÃ³n de dichos inmuebles antes del transcurso del perÃ­odo mÃ­nimo a que se refiere esta letra d) o la letra c) anterior, segÃºn proceda, determinarÃ¡ que la renta derivada de dicha transmisiÃ³n tributarÃ¡ al tipo general de gravamen del impuesto. AdemÃ¡s, la entidad estarÃ¡ obligada a ingresar, junto con la cuota del perÃ­odo impositivo correspondiente al perÃ­odo en el que se transmitiÃ³ el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los perÃ­odos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada perÃ­odo y el tipo del uno por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
Las sociedades de inversiÃ³n inmobiliaria o los fondos de inversiÃ³n inmobiliaria que desarrollen la actividad de promociÃ³n de viviendas para su arrendamiento estarÃ¡n obligadas a comunicar dicha circunstancia a la AdministraciÃ³n tributaria en el perÃ­odo impositivo en que se inicie la citada actividad.
e) El fondo de regulaciÃ³n del mercado hipotecario, establecido en el artÃ­culo 25 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaciÃ³n del mercado hipotecario.Â»
Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artÃ­culo 35 quedan redactados del siguiente modo:
Â«2. DeducciÃ³n por actividades de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica. La realizaciÃ³n de actividades de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica darÃ¡ derecho a practicar una deducciÃ³n de la cuota Ã­ntegra en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica.
Se considerarÃ¡ innovaciÃ³n tecnolÃ³gica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnolÃ³gico en la obtenciÃ³n de nuevos productos o procesos de producciÃ³n o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarÃ¡n nuevos aquellos productos o procesos cuyas caracterÃ­sticas o aplicaciones, desde el punto de vista tecnolÃ³gico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.
Esta actividad incluirÃ¡ la materializaciÃ³n de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseÃ±o, la creaciÃ³n de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostraciÃ³n inicial o proyectos piloto y los muestrarios textiles, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotaciÃ³n comercial.
TambiÃ©n se incluyen las actividades de diagnÃ³stico tecnolÃ³gico tendentes a la identificaciÃ³n, la definiciÃ³n y la orientaciÃ³n de soluciones tecnolÃ³gicas avanzadas realizadas por las entidades a que se refiere la letra b).1.Âº siguiente, con independencia de los resultados en que culminen.
b) Base de la deducciÃ³n.
La base de la deducciÃ³n estarÃ¡ constituida por el importe de los gastos del perÃ­odo en actividades de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica que correspondan a los siguientes conceptos:
1.Âº Proyectos cuya realizaciÃ³n se encargue a universidades, organismos pÃºblicos de investigaciÃ³n o centros de innovaciÃ³n y tecnologÃ­a, reconocidos y registrados como tales, segÃºn el citado Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.
2.Âº DiseÃ±o industrial e ingenierÃ­a de procesos de producciÃ³n, que incluirÃ¡n la concepciÃ³n y la elaboraciÃ³n de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones tÃ©cnicas y caracterÃ­sticas de funcionamiento necesarios para la fabricaciÃ³n, prueba, instalaciÃ³n y utilizaciÃ³n de un producto, asÃ­ como la elaboraciÃ³n de muestrarios textiles.
3.Âº AdquisiciÃ³n de tecnologÃ­a avanzada en forma de patentes, licencias, Â«know-howÂ» y diseÃ±os. No darÃ¡n derecho a la deducciÃ³n las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al sujeto pasivo. La base correspondiente a este concepto no podrÃ¡ superar la cuantÃ­a de un millÃ³n de euros.
4.Âº ObtenciÃ³n del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantaciÃ³n de dichas normas.
Se consideran gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica los realizados por el sujeto pasivo en cuanto estÃ©n directamente relacionados con dichas actividades, se apliquen efectivamente a la realizaciÃ³n de Ã©stas y consten especÃ­ficamente individualizados por proyectos.
Los gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica correspondientes a actividades realizadas en el exterior tambiÃ©n podrÃ¡n ser objeto de la deducciÃ³n, siempre y cuando la actividad de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica principal se efectÃºe en EspaÃ±a y no sobrepasen el 25 por ciento del importe total invertido.
Igualmente, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica las cantidades pagadas para la realizaciÃ³n de dichas actividades en EspaÃ±a, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboraciÃ³n con otras entidades.
Para determinar la base de la deducciÃ³n, el importe de los gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica se minorarÃ¡ en el 65 por ciento de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el perÃ­odo impositivo.
c) Porcentajes de deducciÃ³n.
Los porcentajes de deducciÃ³n aplicables a la base de deducciÃ³n serÃ¡n del 15 por ciento para los conceptos previstos en la letra b).1.Âº y del 10 por ciento para los previstos en la letra b).2.Âº, 3.Âº y 4.Âº
No se considerarÃ¡n actividades de investigaciÃ³n y desarrollo ni de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica las consistentes en:
a) Las actividades que no impliquen una novedad cientÃ­fica o tecnolÃ³gica significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la adaptaciÃ³n de un producto o proceso de producciÃ³n ya existente a los requisitos especÃ­ficos impuestos por un cliente, los cambios periÃ³dicos o de temporada, excepto los muestrarios textiles y de la industria del calzado, asÃ­ como las modificaciones estÃ©ticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares.
b) Las actividades de producciÃ³n industrial y provisiÃ³n de servicios o de distribuciÃ³n de bienes y servicios. En particular, la planificaciÃ³n de la actividad productiva: la preparaciÃ³n y el inicio de la producciÃ³n, incluyendo el reglaje de herramientas y aquellas otras actividades distintas de las descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporaciÃ³n o modificaciÃ³n de instalaciones, mÃ¡quinas, equipos y sistemas para la producciÃ³n que no estÃ©n afectados a actividades calificadas como de investigaciÃ³n y desarrollo o de innovaciÃ³n; la soluciÃ³n de problemas tÃ©cnicos de procesos productivos interrumpidos; el control de calidad y la normalizaciÃ³n de productos y procesos; la prospecciÃ³n en materia de ciencias sociales y los estudios de mercado; el establecimiento de redes o instalaciones para la comercializaciÃ³n; el adiestramiento y la formaciÃ³n del personal relacionada con dichas actividades.
c) La exploraciÃ³n, sondeo o prospecciÃ³n de minerales e hidrocarburos.
4. AplicaciÃ³n e interpretaciÃ³n de la deducciÃ³n.
a) Para la aplicaciÃ³n de la deducciÃ³n regulada en este artÃ­culo, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3.
Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.
b) El sujeto pasivo podrÃ¡ presentar consultas sobre la interpretaciÃ³n y aplicaciÃ³n de la presente deducciÃ³n, cuya contestaciÃ³n tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.
c) Igualmente, a efectos de aplicar la presente deducciÃ³n, el sujeto pasivo podrÃ¡ solicitar a la AdministraciÃ³n tributaria la adopciÃ³n de acuerdos previos de valoraciÃ³n de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de investigaciÃ³n y desarrollo o de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo, para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3, asÃ­ como a la identificaciÃ³n de los gastos e inversiones que puedan ser imputados a dichas actividades. Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.Â»
Tres. El artÃ­culo 36 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 36. DeducciÃ³n para el fomento de las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n.
1. Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 108 de esta Ley tendrÃ¡n derecho a una deducciÃ³n en la cuota Ã­ntegra del 15 por ciento del importe de las inversiones y de los gastos del perÃ­odo relacionados con la mejora de su capacidad de acceso y manejo de informaciÃ³n de transacciones comerciales a travÃ©s de Internet, asÃ­ como con la mejora de sus procesos internos mediante el uso de tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n, que se especifican a continuaciÃ³n:
a) Acceso a Internet, que incluirÃ¡:
1.Âº AdquisiciÃ³n de equipos y terminales, con su Â«softwareÂ» y perifÃ©ricos asociados, para la conexiÃ³n a Internet y acceso a facilidades de correo electrÃ³nico.
2.Âº AdquisiciÃ³n de equipos de comunicaciones especÃ­ficos para conectar redes internas de ordenadores a Internet.
3.Âº InstalaciÃ³n e implantaciÃ³n de dichos sistemas.
4.Âº FormaciÃ³n del personal de la empresa para su uso.
b) Presencia en Internet, que incluirÃ¡:
1.Âº AdquisiciÃ³n de equipos, con Â«softwareÂ» y perifÃ©ricos asociados, para el desarrollo y publicaciÃ³n de pÃ¡ginas y portales web.
2.Âº RealizaciÃ³n de trabajos, internos o contratados a terceros, para el diseÃ±o y desarrollo de pÃ¡ginas y portales web.
c) Comercio electrÃ³nico, que incluirÃ¡:
1.Âº AdquisiciÃ³n de equipos, con su Â«softwareÂ» y perifÃ©ricos asociados, para la implantaciÃ³n de comercio electrÃ³nico a travÃ©s de Internet con las adecuadas garantÃ­as de seguridad y confidencialidad de las transacciones.
2.Âº AdquisiciÃ³n de equipos, con su Â«softwareÂ» y perifÃ©ricos asociados, para la implantaciÃ³n de comercio electrÃ³nico a travÃ©s de redes cerradas formadas por agrupaciones de empresas clientes y proveedores.
d) IncorporaciÃ³n de las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n y de las comunicaciones a los procesos empresariales, que incluirÃ¡:
1.Âº AdquisiciÃ³n de equipos y paquetes de Â«softwareÂ» especÃ­ficos para la interconexiÃ³n de ordenadores, la integraciÃ³n de voz y datos y la creaciÃ³n de configuraciones intranet.
2.Âº AdquisiciÃ³n de paquetes de Â«softwareÂ» para aplicaciones a procesos especÃ­ficos de gestiÃ³n, diseÃ±o y producciÃ³n.
2. Esta deducciÃ³n serÃ¡ incompatible para las mismas inversiones o gastos con las demÃ¡s previstas en este capÃ­tulo. La parte de inversiÃ³n o del gasto financiada con subvenciones no darÃ¡ derecho a la deducciÃ³n.Â»
Cuatro. El capÃ­tulo III del TÃ­tulo VII queda redactado del siguiente modo:
[ignorar]ArtÃ­culo 53. Ãmbito de aplicaciÃ³n.
1. PodrÃ¡n acogerse al rÃ©gimen previsto en este capÃ­tulo las sociedades que tengan como actividad econÃ³mica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio espaÃ±ol que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad serÃ¡ compatible con la realizaciÃ³n de otras actividades complementarias, y con la transmisiÃ³n de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el perÃ­odo mÃ­nimo de mantenimiento a que se refiere la letra c) del apartado 2 siguiente.
A efectos de la aplicaciÃ³n de este rÃ©gimen especial, Ãºnicamente se entenderÃ¡ por arrendamiento de vivienda el definido en el artÃ­culo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley para los contratos de arrendamiento de viviendas.
Se asimilarÃ¡n a viviendas el mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje con el mÃ¡ximo de dos, y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador, excluidos los locales de negocio, siempre que unos y otros se arrienden conjuntamente con la vivienda.
a) Que el nÃºmero de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada perÃ­odo impositivo sea en todo momento igual o superior a 10.
c) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos siete aÃ±os. Este plazo se computarÃ¡:
1.Âº En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de la entidad antes del momento de acogerse al rÃ©gimen, desde la fecha de inicio del perÃ­odo impositivo en que se comunique la opciÃ³n por el rÃ©gimen, siempre que a dicha fecha la vivienda se encontrara arrendada. De lo contrario, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo siguiente.
2.Âº En el caso de viviendas adquiridas o promovidas con posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron arrendadas por primera vez por ella.
El incumplimiento de este requisito implicarÃ¡, para cada vivienda, la pÃ©rdida de la bonificaciÃ³n que hubiera correspondido. Junto con la cuota del perÃ­odo impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberÃ¡ ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas en la totalidad de los perÃ­odos impositivos en los que hubiera resultado de aplicaciÃ³n este rÃ©gimen especial, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
d) Que las actividades de promociÃ³n inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilizaciÃ³n separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que Ã©stos se dividan.
e) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad econÃ³mica principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55 por ciento de las rentas del perÃ­odo impositivo, excluidas las derivadas de la transmisiÃ³n de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el perÃ­odo mÃ­nimo de mantenimiento a que se refiere la letra c) anterior, tengan derecho a la aplicaciÃ³n de la bonificaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 54.1 de esta Ley.
4. Cuando a la entidad le resulte de aplicaciÃ³n cualquiera de los restantes regÃ­menes especiales previstos en este TÃ­tulo VII, excepto el de consolidaciÃ³n fiscal, transparencia fiscal internacional y el de las fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canje de valores y el de determinados contratos de arrendamiento financiero, no podrÃ¡ optar por el rÃ©gimen regulado en este capÃ­tulo, sin perjuicio de lo establecido en el pÃ¡rrafo siguiente.
Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 108 de esta Ley, les sean de aplicaciÃ³n los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensiÃ³n previstos en el capÃ­tulo XII de este TÃ­tulo VII, podrÃ¡n optar entre aplicar dichos incentivos o aplicar el rÃ©gimen regulado en este capÃ­tulo.
[ignorar]ArtÃ­culo 54. Bonificaciones.
1. TendrÃ¡ una bonificaciÃ³n del 85 por ciento la parte de cuota Ã­ntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos del artÃ­culo anterior. Dicha bonificaciÃ³n serÃ¡ del 90 por ciento cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las obras e instalaciones de adecuaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 69.1.4.Âº del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas. Las obras e instalaciones deberÃ¡n ser certificadas por la AdministraciÃ³n competente de acuerdo con lo establecido en la letra a) del citado artÃ­culo 69.1.4.Âº
A estos efectos, el arrendatario deberÃ¡ acreditar la discapacidad en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 58.6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
2. La renta que se bonifica derivada del arrendamiento estarÃ¡ integrada para cada vivienda por el ingreso Ã­ntegro obtenido, minorado en los gastos directamente relacionados con la obtenciÃ³n de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso.
TratÃ¡ndose de viviendas que hayan sido adquiridas en virtud de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el capÃ­tulo XIII del TÃ­tulo VII de esta Ley, para calcular la renta que se bonifica no se tendrÃ¡n en cuenta las correcciones derivadas de la aplicaciÃ³n del citado rÃ©gimen especial.
3. A los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicaciÃ³n la bonificaciÃ³n prevista en el apartado 1 anterior, cualquiera que sea la entidad que los distribuya, el momento en el que el reparto se realice y el rÃ©gimen fiscal aplicable a la entidad en ese momento, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n la deducciÃ³n para evitar la doble imposiciÃ³n regulada en el artÃ­culo 30.1 de esta Ley. No serÃ¡n objeto de eliminaciÃ³n dichos beneficios cuando la entidad tribute en el rÃ©gimen de consolidaciÃ³n fiscal. A estos efectos, se considerarÃ¡ que el primer beneficio distribuido procede de rentas no bonificadas.
La deducciÃ³n que resulte de aplicar el artÃ­culo 30.5 de esta Ley a las rentas derivadas de la transmisiÃ³n de participaciones en el capital de entidades que hayan aplicado este rÃ©gimen fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados, se reducirÃ¡ en un 50 por ciento, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten, el momento en el que se realice la transmisiÃ³n y el rÃ©gimen fiscal aplicable a las entidades en ese momento. No serÃ¡n objeto de eliminaciÃ³n dichas rentas cuando la transmisiÃ³n corresponda a una operaciÃ³n interna dentro de un grupo fiscal.Â»
ArtÃ­culo segundo. ModificaciÃ³n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El nÃºmero 1.Âº del apartado uno del artÃ­cuÂ­lo 20 queda redactado del siguiente modo:
Â«1.Âº Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas, que constituyan el servicio postal universal y estÃ©n reservadas al operador al que se encomienda su prestaciÃ³n, de acuerdo con la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de liberalizaciÃ³n de los servicios postales.Â»
Dos. El nÃºmero 6.Âº del apartado dos.1 del artÃ­cuÂ­lo 91 queda redactado del siguiente modo:
Â«6.Âº Las viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial o de promociÃ³n pÃºblica, cuando las entregas se efectÃºen por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente. A estos efectos, el nÃºmero de plazas de garaje no podrÃ¡ exceder de dos unidades.
Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial previsto en el capÃ­tulo III del TÃ­tulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificaciÃ³n establecida en el apartado 1 del artÃ­culo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad adquirente comunicarÃ¡ esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operaciÃ³n en la forma que se determine reglamentariamente.Â»
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados
ArtÃ­culo tercero. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El apartado 19 del apartado I.B) del artÃ­culo 45, que regula las exenciones de las instituciones de inversiÃ³n colectiva, pasa a ser el apartado 20, y el actual apartado 20 pasa a ser el 21.
Dos. El pÃ¡rrafo 3 del apartado I.B).20 del artÃ­culo 45 queda redactado del siguiente modo:
Â«3. Las instituciones de inversiÃ³n colectiva inmobiliaria reguladas en la ley citada anteriormente que, con el carÃ¡cter de instituciones de inversiÃ³n colectiva no financieras, tengan por objeto social exclusivo la adquisiciÃ³n y la promociÃ³n, incluyendo la compra de terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, siempre que, ademÃ¡s, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan, representen conjuntamente, al menos el 50 por ciento del total del activo, tendrÃ¡n el mismo rÃ©gimen de tributaciÃ³n que el previsto en los dos apartados anteriores. Del mismo modo, dichas instituciones gozarÃ¡n de una bonificaciÃ³n del 95 por ciento de la cuota de este impuesto por la adquisiciÃ³n de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisiciÃ³n de terrenos para la promociÃ³n de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos especÃ­ficos sobre mantenimiento de los inmuebles establecidos en las letras c) y d) del artÃ­culo 28.5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, salvo que, con carÃ¡cter excepcional, medie la autorizaciÃ³n expresa de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.Â»
LÃ­mites a las tasas aplicables por la realizaciÃ³n de actividades o prestaciÃ³n de servicios por parte de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores
ArtÃ­culo cuarto. ModificaciÃ³n de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del rÃ©gimen jurÃ­dico de la funciÃ³n pÃºblica y de la protecciÃ³n por desempleo.
El apartado cinco del artÃ­culo 13 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del rÃ©gimen jurÃ­dico de la funciÃ³n pÃºblica y de la protecciÃ³n por desempleo, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Â«Cinco. Los tipos o, en su caso, las cuotas de cuantÃ­a fija podrÃ¡n ser establecidas por el Gobierno teniendo en cuenta lo dispuesto en los artÃ­culos 19 y 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios PÃºblicos.
En aquellos casos en los que la base imponible de la tasa se establezca en funciÃ³n de los parÃ¡metros previstos en las letras a) y b) del apartado cuatro anterior, se establecen los siguientes importes mÃ¡ximos y mÃ­nimos a la cuota resultante para los distintos hechos imponibles:
Cuota fija mÃ¡xima (â¬)
Cuota fija mÃ­nima (â¬)
Registro de folletos informativos de oferta pÃºblica de venta o suscripciÃ³n de valores de renta variable. Valor nominal de la oferta. 65.055 1.626
Registro de folletos informativos de oferta pÃºblica de venta o suscripciÃ³n de valores de renta fija. Valor nominal de la oferta. 39.033 975
Registro de folletos informativos de admisiÃ³n de valores de renta variable. Valor nominal de la admisiÃ³n. 20.000 1.626
Registro de folletos informativos de admisiÃ³n de valores de renta fija. Valor nominal de la admisiÃ³n. 9.000 975
SupervisiÃ³n del proceso de verificaciÃ³n de requisitos de admisiÃ³n, en mercados secundarios de valores de renta fija. Valor nominal de la admisiÃ³n. 9.000 975
TramitaciÃ³n de solicitudes de autorizaciÃ³n de ofertas pÃºblicas de adquisiciÃ³n (OPA). Valor efectivo del nÃºmero mÃ¡ximo de valores a los que se extiende la oferta. 65.055 3.252
Cuando la base imponible de la tasa se establezca en funciÃ³n del parÃ¡metro previsto en la letra e) del apartado cuatro anterior, el tipo que se aplicarÃ¡ a los saldos de valores de renta fija serÃ¡ la mitad del tipo aplicable a los saldos de valores de renta variable.Â»
ArtÃ­culo quinto. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto LegislatiÂ­vo 3/2004, de 5 de marzo.
La letra b) del apartado 1 del artÃ­culo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, se modifica en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) Los rendimientos Ã­ntegros a que se refiere la letra a) anterior en cuanto procedan de entidades residentes en territorio espaÃ±ol, se multiplicarÃ¡n por los siguientes porcentajes:
2.Âº 125 por ciento, cuando procedan de las entidades a que se refiere el artÃ­culo 28.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
3.Âº 100 por ciento, cuando procedan de las entidades a que se refiere el artÃ­culo 28.5 y 6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de las entidades acogidas al rÃ©gimen especial regulado en el capÃ­tulo III del TÃ­tulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y se correspondan con beneficios bonificados los cuales se identificarÃ¡n de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 54.3 del citado Texto Refundido, de las cooperativas protegidas y especialmente protegidas reguladas por la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre RÃ©gimen Fiscal de las Cooperativas, de la distribuciÃ³n de la prima de emisiÃ³n y de las operaciones descritas en la letra a) 3.Âº y 4.Âº
Asimismo, se aplicarÃ¡ el porcentaje del 100 por ciento a los rendimientos que correspondan a beneficios que hayan tributado a los tipos previstos en el apartado 8 del artÃ­culo 28 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, se considerarÃ¡ que los rendimientos percibidos proceden en primer lugar de dichos beneficios.
TambiÃ©n se aplicarÃ¡ el porcentaje del 100 por ciento a los rendimientos que correspondan a valores o participaciones adquiridas dentro de los dos meses anteriores a la fecha en que aquÃ©llos se hubieran satisfecho cuando, con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo, se produzca una transmisiÃ³n de valores homogÃ©neos. En el caso de valores o participaciones no admitidos a negociaciÃ³n en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, el plazo serÃ¡ de un aÃ±o.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Aranceles notariales y registrales.
Durante los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los notarios y registradores aplicarÃ¡n una reducciÃ³n del 100 por ciento en los derechos arancelarios exigibles por aquellos documentos autorizados que contengan actos y contratos para la realizaciÃ³n de las operaciones de constituciÃ³n, aumento de capital, fusiÃ³n, escisiÃ³n y venta de activos a que se vean obligadas en caso de segregaciÃ³n de actividades de las entidades a las que resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen especial regulado en el capÃ­tulo III del TÃ­tulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, segÃºn la redacciÃ³n establecida por esta Ley, asÃ­ como por los asientos correspondientes. En caso de entidades que se acojan al citado rÃ©gimen especial con posterioridad a la realizaciÃ³n de las operaciones de constituciÃ³n, aumento de capital, fusiÃ³n, escisiÃ³n y venta de activos a que se vean obligadas en caso de segregaciÃ³n de actividades, las mismas tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n de los aranceles satisfechos.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
Lo establecido en el artÃ­culo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y en el artÃ­culo 23.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, segÃºn la redacciÃ³n establecida por esta Ley, serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los casos de distribuciÃ³n de dividendos y transmisiÃ³n de las participaciones imputables a beneficios obtenidos por entidades que hubiesen aplicado el rÃ©gimen de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas vigente en los perÃ­odos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Efectos de determinados incumplimientos relativos a las Instituciones de InversiÃ³n Colectiva.
1. En los supuestos previstos en el artÃ­culo 13 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, no resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen especial de tributaciÃ³n previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con efectos desde el perÃ­odo impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la suspensiÃ³n o revocaciÃ³n acordada por la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
2. La iniciaciÃ³n de oficio de los procedimientos de suspensiÃ³n o revocaciÃ³n, por parte de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, comprenderÃ¡ la incoaciÃ³n mediante peticiÃ³n razonada de la AdministraciÃ³n tributaria.
3. Cuando la AdministraciÃ³n tributaria comunique la existencia de circunstancias o hechos distintos de los que motivaron la inscripciÃ³n en los Registros previstos en el artÃ­culo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 de los que pueda apreciarse la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el citado artÃ­culo 13, la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores se pronunciarÃ¡ sobre la improcedencia de incoar expediente de revocaciÃ³n o suspensiÃ³n o dictarÃ¡ acuerdo declarando o no la suspensiÃ³n o revocaciÃ³n en el plazo de seis meses desde que la comunicaciÃ³n haya tenido entrada en cualquiera de los registros de la ComisiÃ³n.
El transcurso de dicho plazo sin que se haya producido el pronunciamiento o el acuerdo de la ComisiÃ³n a los que se refiere el pÃ¡rrafo anterior habilitarÃ¡ a la AdministraciÃ³n tributaria para dictar el acto de liquidaciÃ³n que procediera, si bien las calificaciones que lo motiven sÃ³lo tendrÃ¡n efectos tributarios.
Cuando la ComisiÃ³n dicte con posterioridad al acto de liquidaciÃ³n pronunciamiento en el que se declare la improcedencia de la incoaciÃ³n del expediente o acuerdo en el que no se declare la suspensiÃ³n o revocaciÃ³n, resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 219 de la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria.
4. Todas las revocaciones y suspensiones acordadas por la ComisiÃ³n deberÃ¡n ser comunicadas a la AdministraciÃ³n tributaria.
La AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ practicar la regulaciÃ³n que, en su caso, sea procedente en atenciÃ³n a los acuerdos de revocaciÃ³n o suspensiÃ³n que sean ejecutivos, sin perjuicio de la aplicaciÃ³n del citado artÃ­culo 219 de la Ley General Tributaria a la vista de la resoluciÃ³n de los recursos interpuestos contra aquÃ©llos.
5. Se considerarÃ¡ perÃ­odo de interrupciÃ³n justificado, a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 104 de la Ley General Tributaria, el tiempo que transcurra entre la comunicaciÃ³n efectuada por la AdministraciÃ³n tributaria y la recepciÃ³n por Ã©sta del pronunciamiento o acuerdo de la ComisiÃ³n, o el plazo de seis meses a que alude el apartado 3 anterior de no recibirse aquÃ©llos en ese tÃ©rmino. Si la ejecuciÃ³n del acuerdo de la ComisiÃ³n resultara suspendida, el perÃ­odo de interrupciÃ³n abarcarÃ¡ hasta la finalizaciÃ³n de la suspensiÃ³n del acuerdo.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicaciÃ³n y el desarrollo de esta Ley.
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversiÃ³n, recursos propios y obligaciones de informaciÃ³n de los intermediarios financieros.
Se da nueva redacciÃ³n a los apartados 5 y 6 de la disposiciÃ³n adicional segunda, que quedarÃ¡n redactados en los siguientes tÃ©rminos:
Â«5. El rÃ©gimen previsto en los apartados 2 y 3 de esta disposiciÃ³n serÃ¡ tambiÃ©n aplicable a las emisiones de instrumentos de deuda realizadas por entidades que cumplan los requisitos de la letra a) del apartado 1 y que coticen en mercados organizados. AdemÃ¡s, en el caso de emisiones realizadas por una entidad filial su actividad u objeto exclusivo serÃ¡ la emisiÃ³n de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros y deberÃ¡n cumplirse los requisitos de cotizaciÃ³n en mercados organizados y de depÃ³sito permanente y garantÃ­a de la entidad dominante que se establecen en las letras g) y b) de dicho apartado. Igualmente, resultarÃ¡ aplicable el citado rÃ©gimen a los valores cotizados en mercados organizados y emitidos con cargo a fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria, regulados por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre rÃ©gimen de sociedades y fondos de inversiÃ³n inmobiliaria y sobre fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria y a fondos de titulizaciÃ³n de activos regulados por la disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaciÃ³n espaÃ±ola en materia de entidades de crÃ©dito a la segunda directiva de coordinaciÃ³n bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
6. Lo dispuesto en esta disposiciÃ³n adicional serÃ¡ aplicable, igualmente, a las participaciones preferentes o a otros instrumentos de deuda emitidos por entidades cotizadas que no sean de crÃ©dito o por una sociedad residente en EspaÃ±a o en un territorio de la UniÃ³n Europea, que no tenga la consideraciÃ³n de paraÃ­so fiscal, y cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad, directa o indirectamente, a entidades cotizadas que no sean de crÃ©dito. En estos casos, para proceder a la amortizaciÃ³n anticipada no serÃ¡ necesaria la autorizaciÃ³n prevista en la letra f) del apartado 1, y no serÃ¡ de aplicaciÃ³n el lÃ­mite establecido en la letra i) del mismo apartado 1.Â»
Lo dispuesto en el TÃ­tulo I surtirÃ¡ efectos para los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Lo dispuesto en el artÃ­culo segundo.uno surtirÃ¡ efectos a partir del 1 de enero de 2006.
[ignorar]Madrid, 18 de noviembre de 2005.

References: Real Decreto 
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