Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520119.html
Timestamp: 2019-03-21 15:52:57+00:00

Document:
as201521119
Auto Supremo: 119/2015
Sucre: 19 de febrero 2015
Expediente: LP-150-14-S
Partes: CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia representado por Iván LimaMagne y
Juan José Lima Magne c/ Edgar Isaac Torres Saravia y Beatriz Tejada de
Proceso:Revisión de resolución
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 544 a 553 y vta.interpuesto por Edgar Isaac Torres Saravia y Beatriz Tejada de Torres, contra el Auto de Vista Nº S-437/2012 de 01 de noviembre de 2012 de fs. 535 a 537 pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de revisión de resolución, seguido por CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia representado por Iván LimaMagne y Juan José Lima Magne contra Edgar Isaac Torres Saravia y Beatriz Tejada de Torres, el Auto de concesión de fs. 557,los antecedentes del proceso, y;
La Juez de Partido Quinto en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz dicta Sentencia Nº 441 de 19 de diciembre de 2011, cursante de fs. 491 a 496 y vta., declarando probada la demanda de fs. 243 a 246 de obrados interpuesta por CITIBANK N.A. Sucursal Boliviaen tal virtud se deja sin efecto el Auto de Vista Resolución Nº 160 de fecha 29 de abril de 2003 disponiéndose que los demandados Edgar Isaac Torres y Beatriz Tejada de Torres dentro de tercero día de ejecutoriada la presente Sentencia den y paguen al CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia representado por Juan José Lima Magne la suma de Us. 198.577, más intereses y costas.
Resolución que es apelada por los demandadosEdgar Isaac Torres Saravia y Beatriz Tejada de Torres por escrito de fs. 501 a 509, que mereceAuto de Vista Nº S-437 de 01 de noviembre de 2012, cursante a fs. 535 a 537, que confirma la Sentencia Nº 441 de 19 de diciembre de 2011. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.
De forma resumida se pasa a detallar los fundamentos de agravio que exponen los recurrentes:
Acusan la violación de las formas esenciales del proceso por haberse otorgado más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales de instancia (art. 254 num. 4 C.P.C.).
1. Por error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba contenida en la Escritura Pública Nº 76/99 y Nº 319/2001, documento cursante en proceso ejecutivo, en el cual no se acreditó en forma íntegra la fusión e incorporación por absorción suscrita entre CITIBANK N.A. Bolivia y el BHN Multibanco S.A. (Escritura Pública Nº 299/98).
2. Por desconocer, vulnerar y violar el art. 3 del Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera de 28 de febrero de 1994 emitido por la Superintendencia de Bancos vigente a la fecha de la suscripción del contrato, el art. 1331 del Código de Comercio y Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras.
Por lo expuesto, al amparo de los previsto por los arts. 250, 253 num. 1) y 3), 254 num. 4), 255 num. 1), 257, 258, 274 y 275 del Código de Procedimiento Civil, solicita al Tribunal de casación, que fallando en la forma, anule obrados hasta que el Tribunal Ad quem, velando por el debido proceso, protección efectiva judicial y principio de seguridad jurídica resuelva el recurso de apelación de todos los agravios acusados en el recurso de apelación y sólo en el hipotético caso de que se considere que no existen vicios sancionados con nulidad por la ley, se pase a considerar el recurso en el fondo, y deliberando se Case el Auto de Vista recurrido y auto complementario de fs. 540, y pronunciándose sobre el fondo del recurso, se declare improbada la demanda y no haber lugar a la revisión del proceso ejecutivo tramitado y concluido en el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil.
La parte recurrente acusa que el Tribunal Ad quem ha otorgado más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso,inobservando de ésta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, de la revisión de la Resolución de alzada y conforme al razonamiento emitido en el mismo, se evidencia que el Ad quem, en el considerando II hace referencia a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, y en el considerando III, haciendo mención a la pertinencia establecida por el art. 236 del adjetivo civil, en sus puntos 1 al 6, desarrolla su análisis en relación a dichos agravios, remitiéndose de ésta manera a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación y también resuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del adjetivo civil. Sin embargo, corresponde concretar que la Resolución de alzada si bien en su razonamientoha hecho referencia a los antecedentes de la presente causa, precisamente para contextualizar su Resolución, empero en la parte dispositivano ha otorgado más de lo pedido por las partesni haresuelto sobre alguna pretensión ajena al presente caso de Autos, por lo que la denuncia efectuada no es evidente.
En consecuencia se concluye que el Auto de Vista recurrido se circunscribe a la expresión de agravios que hubo sido detallado en el memorial de apelación, porque resuelve sobre los mismos puntos, habiendo observado de esta manera la pertinencia que establece el art. 236, deviniendo el recurso en la forma en infundado.
Por lo referido, en ésta parte corresponde resolver en la forma prevista por el art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
1.De manera introductoria corresponde relievar los siguientes antecedentes jurídicos:
1.1.Al tratarse la presente causa de una demanda de ordinarización de proceso ejecutivo interpuesta al amparo del art. 490 Código Procedimiento Civilsustituido por el art. 28 de la Ley 1760; se hace necesario realizar algunas consideraciones respecto a los alcances en la Resolución de este tipo de procesos con relación al proceso ejecutivo ya resuelto.
La Jurisprudencia Constitucional delineada en la SC 0264/2011-R de 29 de marzo, ha estableciendo que la dilucidación del proceso ordinario debe circunscribirse precisamente a lo resuelto en la Sentencia ejecutiva; es decir, lo determinado con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, ya que el juicio ejecutivo al ser breve, no puede por su propia naturaleza permitir como en un juicio de conocimiento, demostrar la certeza de la pretensión o de la excepción; sin embargo ésta situación en tratándose de cobro de dineros, no debe entenderse como una vía procesal más para lograr el pago, es decir lo que no pudo ser cobrado en la vía ejecutiva será finalmente cobrable por la vía de la ordinarización; pues esta instancia, aunque tramitada mediante otro proceso como es el ordinario, es una continuación del proceso ejecutivo para dilucidar sobre la pretensión de modificarse lo resuelto y declarar en su caso, la obligación o no del pago.
Sin embargo, lo resuelto en el proceso ejecutivo puede ser modificado en un proceso ordinario posterior, mismo que tiene como objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos del primero, o sea, la competencia del Juez, si la demanda se sustenta en una obligación de plazo vencido y sobre todo la calidad del título ejecutivo; también revisará la legitimación de las partes, las excepciones planteadas y su resolución, para concluir en las resoluciones asumidas por el órgano jurisdiccional.
No obstante, en la tramitación de un proceso ejecutivo -como en cualquier otro- suelen alegarse vulneraciones a derechos fundamentales como el debido proceso, aspecto que en el proceso ordinario no puede restituirse ni mucho menos corregirse las deficiencias de procedimiento en las que se hubieran incurrido en la tramitación del proceso ejecutivo; en caso de existir dichas deficiencias, es factible reclamar esa situación directamente mediante la tutela que brinda la acción de amparo, sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal y Civil de Asistencia Familiar (LAPCAF); en ese sentido dicha Sentencia Constitucional,delimita el ámbito de tratamiento respecto a la ordinarización de los procesos ejecutivos.
1.2.En ese entendido,de los antecedentes de la presente causa se tiene que CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia representadopor Iván Lima Magne y Germán Gary Rico Ferrel,interponedemanda ejecutivafundamentando haber suscrito un contrato de préstamo con el demandado Edgar Isaac Torres Saravia con la garantía solidaria y mancomunada de Beatriz Tejada de Torres, sin embargo al existir incumplimiento de la obligación y por encontrarse la misma en mora y siendo el plazo vencido, demandan el cobro de U s. 198.577,00 sustentándose en el documento privado Nº 843 de 28 de julio de 1995 debidamente reconocida en demanda preliminar;en ese antecedente una vez sustanciada la causa,el Juez 2º de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz dictó la Sentencia Nº 389 de 06 de septiembre de 2002 que cursa a fs. 184 y vta., y 219 y vlta. (fs. 143 del proceso original) por la que declaró probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepcionesde falta de fuerza ejecutiva y de pago documentado opuestas por los ejecutados Edgar Isaac Torres Saravia y Beatriz Tejada de Torresen ese proceso; ante la apelación interpuesta por los ejecutados, la Sala Civil Comercial Primera de la entonces Corte Superior de Justicia mediante Auto de Vista Nº 160 de 29 de abril de 2003 visible a fs. 196 a 197, revocó en parte la Sentencia Nº 389 y en su mérito declaró improbada la demanda ejecutivay probada la excepción de falta de fuerza ejecutiva, salvándose los derechos de la parte demandante para que los pueda hacer valer por la vía correspondiente.
De la revisión del contenido del Auto de Vista Nº 160/03 de 29 de abril de 2003 correspondiente al proceso ejecutivo que es objeto del presente proceso ordinario, se evidencia que la Sala Civil Comercial Primera de la entonces Corte Superior de Justicia que conoció en grado de apelación el proceso ejecutivo de referencia, para revocar la Sentencia se basó en los siguientes aspectos: 1)que el documento base de la ejecución fue suscrito entre el BHN Multibanco S.A., como acreedor, Edgar Isaac Torres Saravia como deudor, y Beatriz Tejada de torres como co-deudora consecuentemente no tiene la calidad de documento público en virtud de que fue una tercera persona, es decir CITIBANK N.A. sucursal Bolivia la que demandó el reconocimiento de firmas y rúbricas de los deudores sin ser parteen la suscripción del contrato, 2) El CITIBANK N.A. sucursal Bolivia en ningún momento puede acreditar hechos jurídicos emergentes de un acto de comercio, como los referidos en las excepciones opuestas, sin haber sido parte en la realización de dicho acto, 3) que si bien CITIBANK N.A. sucursal Bolivia en virtud de la fusión efectuada con el BHN Multibanco S.A., asume toda la responsabilidad de todos los activos y pasivos del BHN Multibanco S.A., dentro del presente proceso no seacreditó el documento por el cual se puede determinar el marco jurídico de dicha responsabilidad, y 4) que la fusión entre instituciones implica una transmisión de obligaciones entre las partes, situación que da origen a la cesión de crédito, cesión que de acuerdo a nuestra ordenamiento jurídico adquiere su eficacia respecto al deudor cedido cuando ha sido aceptada por dicho deudor o cuando se la hubiera notificado con ella de conformidad al art. 389 del Código Civil, actos que no fueron acreditados en el desarrollo del proceso, consecuentemente queda establecido que CITIBANK N.A. sucursal Bolivia no ha acreditado su titularidad del crédito por cuanto no ha presentado el instrumento jurídico que le acredite dicha titularidad.
En ese antecedente los ejecutantesinterpusieron la presente demanda ordinaria de revisión de resolución dictada dentro el proceso ejecutivo,peticionando revertir el fallo formal dictado en el mismo y solicitando se dicte sentencia donde se condene a los demandados al pago a favor de CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia de la deuda de Us. 198.577 más intereses costas y demás cargas legales.
2. En relación a los agravios de fondo descritos por el ahora recurrente:
2.1.Sobre error de hecho y de derecho en la apreciación y valoración de la prueba contenida en la Escritura Pública Nº 76/99 y Nº 319/2001, documento cursante en proceso ejecutivo, en el cual no se acreditó en forma íntegra la fusión e incorporación entre CITIBANK N.A. Bolivia y el BHN Multibanco S.A. (Escritura Pública Nº 299/98).
Al respecto debemos referir que la parte actora en la sustanciación del proceso ejecutivo no ha acreditado debidamente con documentación idónea la fusión operada entreBHN Multibanco S.A. y CITIBANK N.A. sucursal Bolivia, extremo que entre otros ha servido para que el Ad quemrevoque en parte la Sentencia y declare improbada la demanda y probada la excepción de falta de fuerza ejecutiva. No obstante, en el presente ordinario se ha salvado dicha omisión, conforme se evidenciadel Testimonio Nº 299 de 28 de julio 1998 donde se consigna la escritura pública de fusión e incorporación por absorción suscritaentre el CITIBANK N.A. Boliviay el BHN Multibanco S.A.,lo que se ratifican con los testimonios de poder adjuntos al presente caso, con lasresoluciones administrativas: Nº 08336/99 de 23 de marzo de 1999 de aprobación de fusión emitida por la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones y Nº 02059/2000 de fecha 26 de mayo de 2000 emitida por el SENAREC, así como por la actualización de matrícula emitida por el Registro de Comercio de fecha 29 de mayo de 2000,la misma que se encuentra corroborada por el Certificado J.O.L.P. Nº 1013/04 de Registro de Comercio emitido por FUNDEMPRESA de fecha 10 de diciembre de 2004y con la escritura pública Nº 136/2005 de 29 de noviembre de 2005 dondese desglosa entre otros la escritura pública Nº 299/98 de 28 de julio 1998 de fusión e incorporación por absorción suscritaentre el CITIBANK N.A. Boliviay el BHN Multibanco S.A., evidenciándose de ésta manera el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley para dicha fusión, de donde se tiene por demostrado la fusión del BHN Multibanco S.A. al CITIBANK N.A. sucursal Bolivia, y de consiguiente la legitimación activa del CITIBANK N.A. sucursal Bolivia para accionar por los derechos y obligaciones asumidos por el entonces BHN Multibanco S.A.
En consecuencia éste aspecto ha sido debidamente valorado por el Ad quem y de consiguiente es infundado el agravio al respecto.
2.2.Por desconocer, vulnerar y violar el art. 3 del Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera de 28 de febrero de 1994 emitido por la Superintendencia de Bancos vigente a la fecha de la suscripción del contrato, el art. 1331 del Código de Comercio y Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras.
Respecto al presente agravio, corresponde referir que la parte actora funda su pretensión en el presente caso, argumentando que suscribióun contrato de préstamopor la suma de Us. 198.577,00, en el documento privado Nº 843 de 28 de julio de 1995 debidamente reconocida en demanda preliminar, con el demandado Edgar Isaac Torres Saravia con la garantía solidaria y mancomunada de Beatriz Tejada de Torres, sin embargo al existir incumplimiento de la obligación y por encontrarse la misma en mora y siendo el plazo vencido, demandó el cobro de dicha suma, por la vía ejecutiva la misma que fue desestimada, no obstante habiendo acreditado su legitimación activa así como la fuerza ejecutiva del título ejecutivosolicita se dicte Sentencia donde se condene a los demandados al pago a favor de CITIBANK N.A. Sucursal Bolivia de la deuda de Us. 198.577 más intereses costas y demás cargas legales.
Si bien, el art. 487 num. 2) del Código de Procedimiento Civil establece que el documento privado debidamente reconocido tiene fuerza ejecutiva, no obstante en el presente caso de autos la parte actora de manera reiterativa ha confesado que al ahora demandado se le hubo efectuado un “primer” préstamo mediante la operación Nº 30282 el mismo que efectivamente tuvo un desembolso original de Us. 490.332,36en fecha 22 de febrero de 1994, conforme se acredita con la prueba documental pertinente adjuntada por la parte actora así como por la confesión prestada por el mismo. Este crédito es parcialmente cancelado por el deudor, sin embargo, existiendo un saldo de Us. 198.577,27 la parte acreedora asume dicho saldo como un nuevo préstamo que habría sido admitido por el referido deudor (fs. 331 a 332), extremo que se concretaen el documento privado signado con el Nº 843 de 28 de julio de 1995 debidamente reconocida en medida preliminar iniciada en fecha 25 de febrero de 2000.
Del “documento privado de préstamo Nº 843”suscrito en fecha de 28 de julio de 1995 cursante de fs. 42 a 43, se conoce que el mismo se constituye en un Contrato de préstamo de dinero o mutuo, donde el acreedor BHN Multibanco S.A., hace constar que otorga en favor del deudor Edgar Torres Saravia, un préstamo de dinero por la suma de Us. 198.577, monto que declara recibir en su integridad y a su entera satisfacción a la firma del presente documento, firmando en constancia el acreedor, deudor y garante solidario. Sin embargo no se hace constar en éste contrato que el mismo se constituye en un “reconocimiento de deuda”, o en una “reprogramación” del crédito original, sino simple y llanamente que se tratade un Contrato de préstamo de dinero o mutuo.
Respecto a éste último instituto, el autor David Cabezas Caballero en su obra “Nociones de Derecho Comercial”, 1ra. edición 1995, refiere que: “El préstamo, en general, es un contrato por el cual el prestador entrega una cosa al prestatario para que éste la use y/o consuma y devuelva o restituya su equivalente después de cierto tiempo. Hay dos especies de préstamo: el de cosas fungibles y el de cosas no fungibles; el primero se llama mutuo o préstamo de consumo o simplemente préstamo; el segundo, comodato o préstamo de uso.
En el mutuo el mutuario está obligado a devolver al mutuante las cosas que recibió en igual género, cantidad y calidad. Las cosas que se entregan en mutuo pasan a propiedad del mutuario. Es permitido en el préstamo de dinero, productos u otras cosas muebles fungibles, estipular intereses sobre el valor principal. Hay dos clases de mutuo: gratuito llamado también simple préstamo y oneroso cuando existe obligación de pagar intereses, en cuyo caso se llama también préstamo a interés. El primero es de naturaleza civil y el segundo, comercial.
El préstamo de dinero, como una forma de mutuo, es una operación primaria en los bancos. De ella dependen todas las demás actividades en tal sentido con diferentes nombres y con el empleo de distintos documentos. Es la operación activa fundamental “…es un contrato por el cual el prestatario se obliga a devolver al banco prestamista una suma igual a la recibida de éste en los plazos estipulados y además a pagarle los intereses convenidos” (art. 1330 del Código de Comercio)… “El contrato de préstamo (…) no se perfecciona sino con la entrega del dinero al prestatario en la cantidad convenida y deberá constar por escrito. Cuando el préstamo se convenga para que sea por entregas parciales, éste se perfecciona con la primera entrega que haga el banco prestamista y que igualmente constará por escrito” (art. 1331 del Código de Comercio) (las negrillas son nuestras).
En relación a lo anterior Carlos Morales Guillen en su “Código de Comercio concordado y anotado”2da.edición 1999, al realizar el comentario del art. 1331 del referido código recuenta que: “Su característica y naturaleza de contrato real, hace necesaria la entrega para el perfeccionamiento del contrato. Tanto el art. 879 del c.c., como el 972 del Código, definen esa característica, cuando especifican que el mutuo supone que una parte entrega a la otra, etc.”.
De donde podemos inferir que el préstamo bancario, como una forma de mutuo, de conformidad al art. 1331 del Código de Comercio no se perfecciona sino con la entrega del dinero al prestatario en la cantidad convenida, condición esencial que deberá constar por escrito, es decir mediante la constancia de desembolso correspondiente. No obstante, como se ha analizado precedentemente, en el presente caso no ha existido un “reconocimiento de deuda” o una “reprogramación” como entiende la parte actora, sino queBHN Multibanco S.A., conforme se evidencia del contrato suscrito,ha efectuado un “segundo” préstamo totalmente independientementedel “primero”, no obstante en relación a éste “segundo” préstamo de fecha 28 de julio de 1995no existe constancia de desembolsopor la suma de Us. 198.577, menos plan de pagos, ni liquidación de cartera, es decir que en definitiva el contrato de préstamo no se ha perfeccionado porque no se ha cumplido con la condición sine quanon del desembolso, ya que en éste último préstamo no ha existido la entrega de dinero al prestatario, en consecuencia lo que correspondía enel presente caso es liquidar conforme a derecho la primera obligación pendiente de cobro y no a título de “reprogramación” firmar un contrato de préstamo autónomo, cuya naturaleza jurídica difiere jurídicamente de la reprogramación que es entendida como un convenio de modificación y reprogramación al contrato principal y no precisamente como un contrato de préstamo independiente.
Ahora bien, el art. 3 de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financierasde 28 de febrero de 1994, en su Título V Cartera de Créditos, Capítulo I: Evaluación y calificación de la cartera de créditos, en su sección 1: Consideraciones generales y definiciones, Art. 3º, define el concepto “reprogramación” de la siguiente manera: “Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se modifican las principales condiciones del crédito, ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo de un crédito impago. La reprogramación debe estar instrumentada mediante un nuevo contrato o un adendum al contrato original, independientemente de que se encuentre o no amparado bajo una línea de crédito”; en ese antecedente, se debe dejar claramente establecido que la parte actora en el proceso ejecutivo así como en el presente ordinario lo que ha demandado es el cobro de la sumade $us. 198.577, es decir lo que ha perseguido el acreedor es la ejecución de un préstamo autónomo, cuya pretensión no puede ser modificada recién en apelación menos en casación refiriendo de que se trata de una reprogramación, lo que conforme a lo examinado precedentemente no corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que el título que ha servido de base del proceso ejecutivo carece de fuerza ejecutiva establecida por el art. 487 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque precisamente el contrato de préstamo cuya ejecución se persigue no se ha perfeccionado,ya que no se ha cumplido con condición esencial del desembolso pues no ha existido la entrega del dinero al prestatario, de consiguiente tampoco existe plazo vencido, haciéndose evidente de ésta manera la vulneración del art. 1331 del Código de Comercio, correspondiendo por ello casar en ésta parte el Auto de Vista recurrido.
Consiguientemente corresponde emitir Resolución en la forma prevista por los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,y en aplicación del art. 271 num. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma de fs. 544 a 553 y vta., y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº S-437 de 01 de noviembre de 2012 de fs. 535 a 537 pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda principal de fs. 243 a 245 y vta. de obrados,salvando los derechos de la parte demandante a la vía llamada por ley.

References: resolución

 Resolución 

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