Source: https://es.scribd.com/document/212043583/Dossier-TTIP
Timestamp: 2017-05-27 08:33:45+00:00

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EL L ACUER RDO TRA ANSATLÁNTICO O DE LIB BRE COMER RCIO: EL ASCEN NSO AL PODER IL LIMITAD DO DE LAS L MULTINAC IONALE ES Traducción de d una ver rsión reducida del documento o de Se eattle to Brussels B Network N “A Brave New Transa atlantic Pa artnership p”. Resu umen intr roductorio o. El TT TIP ha sido vendido a los ciudadan nos europeo os y norteam mericanos c como un vehículo poderoso para mejorar el cre ecimiento eco onómico, prediciendo un n aumento d del hasta el 1% 1 del PIB, a así como la creación c de cientos c de m iles de puest tos de trabaj jo. Sin emba rgo, parece que q la fe en la liberalización comerc cial es tan ex xagerada com mo los benef ficios que pu udiera report tar. Lo emerge de to odo esto, es que el TTIP es un proye ecto político transatlántic co promovid do por que e las él lites políticas y corporat tivas sobre lla promesa infundada de d aumentar r el comercio y el núme ero de emp pleos, la misma que r retrotraerá las protecciones regula atorias socia ales y os de los ciudadanos medioambientale es, reducirá los derecho c frente f a las s corporacio ones y conso olidará el lide erazgo de EE EUU y la UE e en el mundo. Se e exageran los beneficios y se i ignoran lo os riesgos. . La Co omisión Euro opea llevó a cabo c su prop pio estudio so obre el impa acto del TTIP y concluyó que q el crecim miento espe erado en la región sería d del 0.1%, y el e ritmo del crecimiento c en un perio odo de 10 añ ños, del 0.01 1% del PIB, lo que es ab bsolutamente e trivial si lo o comparamo os con los ri iesgos socio o‐económicos s y medioam mbientales qu ue puede tra aer como resultado. El inc cremento de e la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría p desat tar un proce eso de reest tructuración productiva que llevaría a a la pérdid da de puest tos de traba ajo (capítulo 1). Esta com mpetición aña adida increm mentaría el de esequilibrio y ya existente entre la Eur ropa del centro y la Euro opa periférica a. Por o otro lado, la armonizació ón de las reg gulaciones y normas a ambos lados del Atlántico o sólo puede llevar a un na mayor libe eralización sii se hace por r el mínimo común c deno minador, es decir, e e europeos y americanos, ya y que difier ren prácticam mente implicaría una rebaja de los estándares en to odo, y la única forma de profundizar p e en el libre co omercio es debilitando la as regulacion nes. Por e ejemplo, la protección p de el consumido or en Europa a quedaría muy m debilitad da, en areas como los a alimentos modificados m genéticame ente, la car rne tratada con horm monas y el pollo desin nfectado con n cloro (cap pítulo 3). Co omo resultad do, las polít ticas europe eas de agricultura soste enible podría an desaparec cer totalmen nte, ya que la UE abriría a su mercad o a los prod ductos amer ricanos, los cuales c no están sujetos a normas estr rictas sobre el e bienestar de los anima ales, o el uso o de pesticid das agrícolas dañinos, a la as cuales si están e sujetos s los product tores europe eos. 1 Otras políticas medioambientales europeas, y de regulación financiera en EEUU, podrían verse también afectadas. El TTIP podría amenazar la moratoria europea sobre la extracción de gas de pizarra (gas de esquito) (capítulo 2), podría debilitar también la regulación europea llamada REACH, soslayando los requisitos de pruebas para miles de químicos tóxicos (capítulo 5). Así mismo, la regulación financiera estadounidense podría estar en peligro, puesto que en la actualidad, es más estricta y ejerce más control que la europea, justo en un momento en el que hasta el FMI y el BM han empezado a reconocer que el control del capital puede ayudar a prevenir y prevenir la fuga especulativa y desestabilizadora de capitales. (Capítulo 6), mientras tanto, el TTIP aboga por la liberalización de todos los servicios, incluyendo los financieros, lo que podría reforzar y promover, más que prevenir, otra crisis financiera internacional. Al TTIP también se le conoce como TAFTA, y se propuso en Febrero de 2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron a lanzar las negociaciones sobre el TTIP. La primera ronda fue en Julio de 2013 y se tiene la intención de acabar con estas negociaciones a finales de 2014. Este acuerdo va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado, las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos. Por ejemplo, “en el sector del automóvil, no son los aranceles el mayor problema, sino las diferencias en los estándares de seguridad y medioambiente. El objetivo de estas negociaciones es reducir retrasos y costos innecesarios para las compañías” (Comisión Europea). Con este objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de los grandes negocios para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo. Así por ejemplo, EEUU está deseando ver reducir los estándares laborales y el principio de precaución de Europa, y Europa los estándares para hacer tests, la seguridad de los aparatos médicos y medicinas, así como su régimen de regulación financiera que es más estricto. Las negociaciones pueden amenazar también la libertad en internet a través de los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, y tendrá mayores consecuencias sobre los agricultores, consumidores y pacientes. Además, este acuerdo forma parte de una estrategia de la UE y EEUU para asegurar su liderazgo en los asuntos mundiales en un momento en el que se ve amenazado por el alzamiento de las economías emergentes (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica). Durante más de dos décadas, las corporaciones de Europa y América han estado intentando conseguir un libre mercado a ambos lados del Atlántico, para ello, muchas asociaciones industriales han presentado documentos conjuntos a favor de este acuerdo haciéndose oír con una única voz. Entre estos sectores encontramos: el automóvil, el farmacéutico, la salud, los químicos y el IT, la Comisión Europea ya ha tenido con los lobistas más de 100 reuniones, mientras deja en la más absoluta oscuridad a la población civil sobre este acuerdo. 2 Por otro lado, asociaciones de consumidores, activistas del medioambiente, comercio e internet, así como sindicatos y agricultores, ya han empezado a luchar contra esta agenda corporativa, a la vez que han subrayado la necesidad de que haya un debate público sobre este acuerdo, y han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar las normas del comercio internacional. CAPÍTULO 1 Divididos, desprotegidos, y sin derecho a huelga. Reformando los derechos laborales y la política social a favor de los intereses de las transnacionales. Nos venden el TTIP como un acuerdo que creará millones de empleos y un crecimiento del PIB del 1%, mientras un estudio de la CE lo sitúa en 0.1% y la creación de puestos de trabajo está por ver. Según el estudio llevado a cabo por la Comisión Europea sobre el impacto del TTIP, reconoce que el incremento comercial con los EEUU tendría un shock inicial que en los sectores industriales más afectados que les llevaría a una reestructuración. Estos sectores serían aquellos que se verían en desventaja frente a la mayor competitividad americana como: los productores de carne, fertilizantes, bio‐etanol y azúcar, por ejemplo. También habría un declive en los sectores de equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, especialmente: la madera y productos de papel, los servicios a los negocios, la los sectores de servicios personales y de comunicación. Este estudio asegura que habrá costes prolongados asociados a los ajustes substanciales que serán necesarios. Incluso si se incrementa la demanda de trabajadores en ciertos sectores, no es menos cierto que habrá sectores que perderán trabajadores y la empleabilidad de éstos no será automática, pues necesitarán nueva formación y destrezas. Para mitigar estos impactos negativos sería necesario incorporar en el acuerdo una serie de medidas preventivas, pero éstas no se hallan en Acuerdo TTIP, ni la Comisión Europea hace hincapié en que se adopten, parece que la CE da por hecho que los gobiernos mismos tendrán suficientes recursos para mitigar estos impactos negativos. Para poner un ejemplo, el NAFTA (acuerdo de libre comercio entre EEUU, Méjico y Canadá) incrementó el flujo comercial por tres pero la promesa de millones de puestos de trabajo – 20 millones – no se materializó. De acuerdo con el análisis del Instituto de Política Económica, el número de trabajos creados en EEUU por la expansión de la exportación, en relación al número de puestos de trabajo que se perdieron por el crecimiento de las importaciones extranjeras debidas al NAFTA, se tradujo en la pérdida de casi un millón de puestos, y no en la creación de 20 millones. Esto sin mencionar la presión hacia abajo que sufrieron los sueldos de los trabajadores, lo que contribuyó a su estancamiento desde mediados de los 70. Según el Centro de Investigación sobre Globalización, el NAFTA permitió a las corporaciones americanas mover más fácilmente sus fondos de inversión a través de la frontera para 3 establecer sus nuevas fábricas de producción en Méjico, debido a los sueldos más baratos de este país, mientras se cerraban las fábricas en EEUU. Las corporaciones incrementaron enormemente sus beneficios pero tuvo como resultado el deterioro de las condiciones laborales a ambos lados de la frontera. Los trabajadores americanos sufrieron recortes salariales o desempleo, mientras los trabajadores mejicanos perdieron sus puestos de trabajo tradicionales para ser forzados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud en las fábricas de las corporaciones americanas situadas en Méjico. De acuerdo con el presidente del Instituto de Política Económica de Washington, Jeff Faux, sería inviable pretender una mayor liberalización comercial sin dar la misma prioridad al desarrollo social y laboral que se da a la protección de los intereses de inversores y financieras. Además, en Europa corremos el riesgo de que regiones enteras de la UE carguen con los costes sociales de este acuerdo, dividiendo todavía más a los países ricos y más empobrecidos de Europa, incrementando la brecha entre los países del centro y la periferia europea. Ya en su momento, la adhesión a la UE y el Euro trajo consigo la desindustrialización de los países mediterráneos. Los intereses de exportación americanos se dirigen precisamente a través del TTIP a los sectores principales donde la periferia europea tiene interés en defender, la apertura de este mercado transatlántico llevaría a la exacerbar la división entre los miembros ricos y pobres de la UE, precisamente en un momento en el que se debería proteger a los ciudadanos en lugar de exponerlos a la competición extrajera. Además, los derechos laborales podrían deteriorarse a través de la “armonización” de las normas y regulaciones transatlántica, ya que los EEUU no han ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales. Ya en la UE, ha habido ataques recientes sobre los sueldos de los trabajadores en el contexto de la euro‐crisis, el TTIP serviría al propósito de reformar la legislación laboral europea para sintonizarla con la de EEUU, lo cual incluiría una ley anti sindicalista, llamada erróneamente “Derecho a trabajar”, que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación de los trabajadores en EEUU. De acuerdo con la Federación del Trabajo de EEUU y el Congreso de Organizaciones Industriales, en EEUU se ha iniciado una carrera hacia abajo en relación a los sueldos y los estándares de seguridad y salud, ya que los Estados compiten los unos contra los otros. Cuando la CE dice que “deberíamos revisar la ley laboral europea para minimizar el riesgo de reducir la inversión americana en Europa y que se desvíe a otras partes del mundo”, podríamos estar contemplando el inicio de un panorama similar entre los países europeos que deberán competir entre sí. Después de todo, las leyes laborales europeas se encuentran en la lista de “medidas no arancelarias” identificadas como un obstáculo en el camino al libre flujo comercial y de inversión. 4 La reestructuración industrial provocaría la pérdida de millones de puestos de trabajo pero además, y si se cambia la legislación laboral, los trabajadores europeos no tendrían el derecho a auto‐organizarse ante el crecimiento del desempleo y la austeridad en Europa. CAPÍTULO 2 Comercializando la naturaleza por los beneficios económicos. Destrucción medioambiental con la excusa de crear una riqueza incierta. La propia evaluación de la Comisión Europea sobre el TTIP concluyó que este acuerdo, al tener como objetivo prioritario el incremento del comercio transatlántico, tendría como resultado inevitable impactos negativos en el medioambiente. El TTIP aumentaría la polución y el agotamiento de los recursos naturales al incrementar, la producción, el comercio y el consumo. Además, para conseguir este aumento del comercio, el TTIP necesitaría también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” y “reconocimiento mutuo” entre los estándares de EEUU y la UE. Esto debilitaría ampliamente “el Principio de Precaución” europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, teniendo serias consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente. La cumbre European Business que se reunió en 2013, y cuenta con algunas de las más grandes corporaciones europeas, echa la culpa a la regulación medioambiental de poner a las compañías europeas en desventaja con sus homólogas americanas y chinas, y por ello, están haciendo lobby a los reguladores de EEUU y la UE con la intención de que reduzcan el diferencial entre EEUU y UE. Si esto se consiguiera, muchas de las regulaciones europeas dejarían de ser operativas. Por ejemplo, la Directiva Europea de Energías Renovables tiene muchas fisuras legales, pero al menos en principio, requiere que la materia prima utilizada para conseguir energía cumpla con ciertos objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero y otros criterios de sostenibilidad básica. El Etanol americano se obtiene de maíz y soja modificada genéticamente, así que no cumple con semejantes requisitos y está excluida de los incentivos relacionados con impuestos de los que se benefician otros combustibles. El etanol americano es menos competitivo en el mercado europeo y por eso, las grandes compañías de la industria agraria están tratando de asegurarse de que estos obstáculos regulatorios desaparecen de escena. Sin embargo, si así fuera, los esfuerzos por evitar impactos dañinos sociales y medioambientales, provenientes de la controvertida producción de biocombustibles, serían baldíos. 5 Fracking – La fractura hidráulica El “fracking” ha sido tema de portada en las noticias debido a los impactos negativos de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los cuales incluyen gas metano que escapa al medio ambiente (con la posibilidad de crear serias explosiones) y agua proveniente de los pozos de donde se extrae gas, que retorna a la superficie conteniendo elementos radiactivos y grandes concentraciones de sal (la cual, si se desecha incorrectamente, puede ayudar a provocar pequeños terremotos). Debido a que en EEUU la regulación medioambiental es más débil que en la UE, el “fracking” en EEUU está a la orden del día, con más de 11.400 pozos que se abren cada año para extraer gas natural. Las compañías de energía americanas tienen los ojos puestos en las reservas de gas europeas, especialmente las de Polonia, Dinamarca y Francia, y utilizaría el TTIP para romper con las prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica. Además, el precio de gas natural americano es mucho más barato que el europeo (3$ frente a los 11‐13€ por unidad). Si las compañías americanas consiguieran exportarlo a la UE a través de un acuerdo de libre comercio, aumentaría exponencialmente la práctica de la fractura hidráulica en los EEUU. Sin alternativas frente a la globalización Otra de las demandas típicas en los acuerdos de libre comercio, suele ser asegurar que la contratación pública está abierta a la competición extranjera, especialmente ahora, que hay muchas medidas nacionales para favorecer la contratación pública de compañías nacionales, frente a las extranjeras, como medida para apoyar la economía local y recuperarse de la crisis financiera. Un ejemplo de lo que esto podría significar lo encontramos en el caso de Japón cuando llevó a la provincia canadiense de Ontario ante la Organización Mundial del Comercio en 2010 por haber introducido una Ley de Energía Verde que tenía como objetivo expandir la producción de energía verde renovable, y crear miles de puestos de trabajo a nivel local. Bajo esta ley, todas las compañías, sean nacionales o extranjeras, deben garantizar que al menos el 60% del valor de las partes y servicios contratados deben tener su fuente original en Ontario, de modo que se estimule y apoye la economía local. Esta ley creó más de 31.000 puestos de trabajo y billones de dólares en inversión. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que esta ley era ilegal porque la condición de “comprar localmente” violaba las leyes de comercio internacional. Si el TTIP incluyera un capítulo sobre la contratación pública, como así intenta. Cualquier autoridad pública que quisiera explorar modelos económicos alternativos al internacional de libre comercio correría el riesgo de enfrentarse al mismo tipo de situación con costes legales, no importa si las medidas son beneficiosas y necesarias para las comunidades locales y el medioambiente. 6 CAPÍTULO 3 El último encierro Agricultores y consumidores a merced de la agricultura industrial. La llamada “armonización de las normas y estándares” de la UE y EEUU pretende eliminar no sólo los aranceles, sino cualquier tipo de barrera que obstaculice el comercio transatlántico. Esto nos llevaría a tener que aceptar en la UE los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo esterilizado con cloro, que se usa para eliminar los microbios en la producción de carne de pollo, ya que el TTIP limitaría el “Principio de Precaución” europeo en el cual se basa la regulación alimentaria y los derechos de los consumidores europeos. Además, la reducción o eliminación de los aranceles llevaría a los agricultores europeos a una mayor competición internacional frente a las compañías agrícolas americanas. Si se llevase a cabo y de forma paralela, la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias, seríamos además testigos de una mayor concentración de poder económico en manos de las corporaciones del negocio agrícola a costa de los agricultores y consumidores. En EEUU, la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas, y como la concentración del negocio en grandes corporaciones ha sido progresiva, en la actualidad sólo hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Además de ser más pequeñas, las granjas europeas deben atenerse a unas regulaciones y normas más estrictas. Si el TTIP se llevara a cabo según está planeado, dañaría peligrosamente los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y medioambientalmente, pondría también el punto final a los pequeños circuitos que se han creado entre productores y consumidores, así como con el apoyo necesario para los sistemas de alimentación local y regional. En su lugar, la competición con los agricultores americanos nos llevaría a la aceleración de la concentración de la producción agrícola en unas pocas corporaciones, a la reducción de trabajadores del sector agrícola y consecuentemente, a un mayor porcentaje de desempleo, según reconoció el propio estudio de evaluación de la Comisión Europea. La UE requiere que los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados, lo que impide la entrada de muchos productos americanos. La Organización de la Industria de la Biotecnología de hecho, está instando para que se normalicen dichos productos, mientras la Comisión Europea (CE) ha asegurado a los consumidores que la ley sobre alimentos modificados genéticamente no se puede negociar. Sin embargo, si la CE va cediendo a la presión de las compañías sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria europea, podríamos ver como se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas, donde los productos modificados genéticamente no necesitan ser supervisados, no necesitan realizar test de seguridad o ser etiquetados, ya que se asume que estos productos son iguales que la comida no modificada genéticamente. 7 De hecho, los consumidores europeos están muy sensibilizados respecto a este tema y se oponen a este tipo de alimentos, lo que podría ser soslayado de aprobarse el TTIP, ya que este acuerdo escapa a una discusión pública abierta. Si se legitimara la industria de los alimentos modificados genéticamente, no sólo entrarían rápidamente en el mercado europeo, sino que gracias al “reconocimiento mutuo” de estándares y normas de la UE y EEUU, estos productos importados no tendrían necesidad de etiquetarse, lo que debilitaría los derechos de los consumidores y el “Principio de Precaución” europeo. De momento, las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto, DuPont y Dow Chemical, productores de alimentos y químicos modificados genéticamente, han lanzado una campaña masiva en EEUU para contrarrestar el sentimiento público cada vez más fuerte contra estos productos. Sólo en California, la industria biotecnológica se gastó en 2012, 40 millones de dólares para derrotar una medida que proponía eliminar el etiquetaje de estos productos, hay iniciativas similares en más de 20 estados en la actualidad. El TTIP ofrecería una herramienta útil para parar estas iniciativas llevadas a cabo por los consumidores. Carne tratada con hormonas y cloro. En los años 80 y 90, la UE introdujo una serie de prohibiciones sobre algunos alimentos americanos como consecuencia de nuestras más estrictas normas de salud en la producción alimentaria y porque estos productos entrañaban algunos riesgos para la salud de los europeos. En EEUU los agricultores crían a los terneros y proporcionan a las vacas un tratamiento hormonal para incrementar su productividad, como es el caso de la Somatrotropina Bovina Recombinante, la cual se sospecha que produce cáncer en humanos. A su vez, también se trata a los cerdos con “Clorhidrato de Ractopamina”, lo que refuerza su crecimiento. Sin embargo, esta droga con la que se alimenta a los cerdos justo hasta el momento en que se les sacrifica, ha sido encontrada en la carne de cerdo vendida al consumidor, lo que llevó a su prohibición por la UE. De todos modos, los productores de cerdo americanos sostienen que no aceptarán ninguna otra propuesta que no sea la eliminación de esta prohibición en el uso de la ractopamina en el proceso de producción, la cual creen que es una violación de las leyes del comercio internacional. También el pollo americano fue prohibido en Europa debido a que su carne se lava con cloro, siendo además inefectivo para matar a bacterias peligrosas como la salmonella, el cloro todavía se encuentra en la carne de pollo servida al consumidor. Dado que el objetivo del TTIP es llegar a la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico, hay serias duda y preocupación por la eliminación de las prohibiciones europeas sin consideración por las preocupaciones y deseos de los ciudadanos europeos. Si se llegara a llevar a cabo, el impacto del TTIP afectaría al sector alimentario a todos los niveles, desde la producción al consumo, con las transnacionales teniendo pleno control en cada peldaño del proceso. 8 CAPÍTULO 4 Forzando el “ACTA” por la puerta de atrás y los derechos civiles por la ventana. Los derechos de propiedad de los gigantes de internet por encima de los derechos de los ciudadanos Los gigantes industriales de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, ya han dejado claro que esperan de los EEUU y la UE que pongan el tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el centro del TTIP. Argumentan que un mayor reforzamiento de los DPI protegería a las compañías de la “piratería” y estimularía la innovación, el progreso y traería como resultado, crecimiento económico y bienestar. Sin embargo, hay razones para creer que dar más poder todavía a las corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial de Anti‐Falsificación) que se intentó aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en el año 2012. Los resultados podrían ser, precisamente, la restricción al acceso del conocimiento, el debilitamiento de la innovación, ahogaría los mercados e incentivaría un comportamiento poco emprendedor. También daría a las corporaciones un mayor acceso sobre la información ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad), con un impacto negativo importante sobre la libertad de expresión (ya que el control de los datos que fluyen en internet serían controlados y debilitaría la libertad digital). Cuando en el año 2006 los EEUU empezaron a negociar este acuerdo con otros países, incluidos los de la UE, se pretendía reforzar los derechos de las corporaciones a expensas de infringir el derecho a la privacidad de los ciudadanos, hasta el punto de que los proveedores de servicios de internet se hubieran convertido en una fuerza de vigilancia policial al servicio de las grandes empresas. Tras las protestas y manifestaciones masivas en diversas capitales de Europa, el Parlamento Europeo rechazó el ACTA y toda esperanza de tener éxito se abandonó para el 2012. Sin embargo, hay párrafos centrales de este documento (ACTA) que han vuelto a la vida en la versión preliminar de un acuerdo que se está negociando entre EEUU y Canadá, llamado Acuerdo General Económico y Comercial (CETA en inglés, Comprehensive Economic and Trade Agreement), y hay razones para creer que servirá como anteproyecto para el TTIP, cuando este tema vuelva a las negociaciones. Del documento filtrado del TTIP de la Comisión Europea se deja entrever que el tema sobre los DPI volverá a ser incluido en las negociaciones con EEUU y, si sigue el mismo camino que el CETA, podríamos tener de vuelta una versión resucitada del ACTA que podría re‐entrar en la legislación europea por la puerta de atrás. Mientras en EEUU las compañías pueden usar la información personal de los clientes casi sin restricciones, en la UE los ciudadanos están protegidos por un mínimo de derechos digitales que evitan irrumpir en la privacidad. Esto significa que para las compañías americanas es mucho más difícil obtener la información personal de los usuarios de internet. Por ello, las grande compañías de internet como Facebook, Microsoft y Google, están presionando 9 activamente para reforzar los DPI con la esperanza de llegar, a través de este capítulo, a la protección de información europea que debilitaría nuestros derechos digitales. BusinessEurope y la Cámara de Comercio de EEUU, dos de las asociaciones industriales más grandes a ambos lados del Atlántico exigen lo siguiente: “... debería ser posible incorporar la perspectiva más liberal sobre el comercio electrónico... y se debe evitar a toda costa... adoptar una estrategia innecesariamente estricta y desviadora hacia la privacidad, la retención de información, la protección y la localización”. De hecho, Europa ha suavizado su más reciente propuesta legislativa sobre protección de datos debido a la presión de EEUU, si se añadiera un capítulo similar al ACTA en el TTIP, los europeos verían como su información personal se comparte libremente con compañías americanas a expensas de su derecho a la privacidad. La compañía Business Software Alliance (BSA), la asociación industrial principal que hace lobby en el mejor interés de las compañías de software, ya ha dejado claro que está esperando con ilusión a que “los datos crucen las fronteras” como resultado del TTIP. Además, la introducción de un capítulo sobre los DPI nos podría llevar todavía a una mayor vigilancia de las actividades de los usuarios de internet en nombre de las entidades del sector privado. Uno de los aspectos más controvertidos del ACTA, fue su requisito de que los Proveedores de Servicios de Internet monitorearan online el contenido de sus clientes con la finalidad de identificar “infractores”, “supuestos infractores” y “(cualquiera) involucrado en algún aspecto de (cualquier) supuesta infracción”, así como “de terceras personas supuestamente involucradas”, lo que incluiría a “(cualquier) subscriptor (de cualquier servicio de comunicación electrónica) cuya cuenta fuera supuestamente usada para infringir”. Es decir, bajo esta cláusula tan amplia, cualquier usuario podría, de facto, ser un criminal potencial con sólo apretar un botón del ratón. También, muchas obras de autores cuyos derechos de autor son difíciles de identificar o encontrar, podría desembocar en la multa o encarcelamiento de los usuarios. En la actualidad, tanto abogados como aquellos que tienen en su poder los derechos de autor en Europa están usando fuertes tácticas para explotar a los usuarios inocentes, a los cuales piden sumas importantes de dinero bajo la amenaza de iniciar procedimientos legales. Por esta razón, docenas de grupos de la sociedad civil de EEUU y de Europa ya están preparándose en contra de cualquier forma de inclusión de un capítulo sobre los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones del TTIP. Especialmente en Europa, sería difícil reconciliar esta perspectiva sobre los DPI y la imagen de la UE como la antorcha de los derechos humanos de la que tanto le gusta hacer gala. 10 CAPÍTULO 5 La salud: el becerro de oro para los inversores internacionales. Envenenando a los ciudadanos y denegando el acceso asequible a servicios de salud y medicinas. Como ya sabemos todos, la crisis financiera y las políticas de austeridad en Europa han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos ejemplos, como los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los prestadores, mientras en España, se están cuestionando los tratamientos para el SIDA de los inmigrantes. Podemos suponer que el TTIP sólo contribuirá a empeorar esta situación, puesto que la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico se harán a la baja, degradando las más exigentes, ya que esta es la única manera de profundizar la liberalización comercial y de inversión. A la vez que la competición transatlántica entre corporaciones y el reforzamiento de las leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público. La pretendida “armonización” de los estándares y regulaciones a ambos lados del Atlántico, podría poner en peligro la seguridad pública e incrementar la contaminación medioambiental. En la Unión Europea existe un Principio de Precaución que exige hacer pruebas científicas de los productos antes de ser comercializados, y una ley (REACH) que permite a la Agencia Europea de Químicos poner restricciones sobre cómo se producen los productos químicos, cómo son vendidos y usados para proteger la salud pública y el medio ambiente. En EEUU, las normas sobre los productos químicos son más débiles y ofrecen poco margen de maniobra a la Agencia de Protección Medioambiental. Así nos encontramos con que unos 30.000 productos químicos que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad, todavía se comercializan en EEUU. Este acuerdo podría degradar la regulación europea y abrir el camino al flujo de químicos potencialmente peligrosos y sin testar de EEUU a la UE. Otro aspecto controvertido es la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud a la competición extranjera. La norma sería abrir el acceso de las corporaciones a todo el mercado y garantizar que se ofrece a las corporaciones extranjeras el mismo trato que a las compañías nacionales. Esto podría constreñir la capacidad de los estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados extranjeros que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud europeos. Como además, son las grandes compañías y corporaciones la que buscarán la expansión de sus actividades a través de las fronteras, es de suponer que las ONGs locales, las empresas sociales o las nacionales quedarán relegadas por los grandes competidores extranjeros. En un momento además, en el cual sería necesario promover el desarrollo local y el empleo a través de la contratación de empresas nacionales como medida para hacer frente a la crisis, ésta 11 parece más que una medida totalmente contraproducente. Además, como consecuencia de todo esto, nos podríamos encontrar con que los contribuyentes estamos financiando la adquisición de nuestros sistemas de salud por las corporaciones. El acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores transatlánticos, también quiere reforzar los Derechos de Propiedad Intelectual, al alargar la duración de las patentes se podría provocar una disminución del derecho de los pacientes a adquirir medicinas a un precio razonable. Impediría que entraran medicinas genéricas en los mercaos y reduciría la competición para producir medicinas más baratas y efectivas. En un momento en el que las demandas fiscales sobre los servicios públicos europeos se están incrementando, los genéricos son de gran beneficio a la sociedad, ya que aseguran que los pacientes pueden acceder a medicinas de calidad a la vez que se reducen los costes. Así que permitir la competición entre las farmacéuticas y que las patentes expiren es crucial para mantener los gastos farmacéuticos bajos. Por ejemplo, en el 2000 el tratamiento anti‐ retroviral del VIH costaba 15.000 dólares por persona, en la actualidad el coste ha caído a 150 $ por persona, lo que es una reducción del 99% en coste. Por otro lado, las grandes farmacéuticas usan las normas establecidas en este tipo de acuerdos para amenazar el sistema de patentes de los gobiernos. Por ejemplo, en 2012, Eli Lilly, una de las compañías farmacéuticas más grandes de EEUU, inició una demanda legal contra Canadá amparándose en las provisiones del NAFTA (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio que incluye a los países de EEUU, Canadá y Méjico). Este acuerdo garantiza una serie de privilegios a las firmas privadas cuando ven sus “futuros beneficios” amenazados, pudiendo llevar a los gobiernos a tribunales internacionales para defender sus intereses y que no mermen los beneficios esperados. Eli Lilly ha sido el primer intento de una corporación farmacéutica para usar los extraordinarios privilegios que les otorgan este tipo de acuerdos internacionales como herramienta para asegurarse una mayor protección del monopolio de patentes, que en esta ocasión ha desembocado en una demanda por compensación de 100 millones de dólares a la vez que pone en riesgo a todo el sistema legal de patentes de Canadá, e incrementará el coste de los productos farmacéuticos de los consumidores y gobiernos. 12 CAPÍTULO 6 El alzamiento de los “Superbancos”. Los mercados e inversores financieros se resisten a aprender las lecciones del pasado. “Hay crecientes rumores sobre los esfuerzos de las grandes corporaciones financieras para, de manera inadvertida, y a través de acuerdos comerciales, hacer aquello que no podrían hacer de forma abierta, bajos los focos y con el público mirando”. Senadora de EEUU, Elizabeth Warren. Miembro del Comité del Sector Bancario del Senado de EEUU. A través del TTIP, la UE está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que la desregulación y la competición del sector financiero fue precisamente la raíz originaria de la crisis financiera actual que todavía afecta a las economías de EEUU y la UE. Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, el sector de los servicios financieros está pidiendo una mayor libertad de mercado y que se eliminen todas aquellas regulaciones que pueden interponerse en el camino a los potenciales beneficios – tales como las restricciones sobre el total del valor de las transacciones financieras o la forma legal de sus operaciones – las cuales protegen a los ciudadanos de futuros y costosos recates económicos. En Julio de 2013, Obama se opuso a incluir un marco para la armonización regulatoria de los servicios financieros en las charlas transatlánticas, para furia de Wall Street, los bancos europeos y la propia Comisión Europea. Sin embargo, si se cumpliera tan deseada convergencia, el TTIP podría convertirse en el instrumento legal de los grandes bancos para evitar o debilitar las regulaciones nacionales. El TTIP iba a incluir, además, un capítulo para garantizar a los bancos el derecho legal a demandar a gobiernos, de esta forma los bancos extranjeros podrían eliminar o debilitar las regulaciones y normas legales y pedir compensaciones millonarias, gracias a los contribuyentes, por sus pérdidas potenciales. La manera de prevenir la intervención de reguladores. Para asegurarse de que no se practican regulaciones financieras, la industria de este sector está demandando una “disciplina regulatoria”. Veamos en qué consiste. Primero, ésta se introduciría a través de normas específicas que limitarían la cantidad, alcance y vigencia en el tiempo de las regulaciones ( y de los mismos procesos regulatorios) de manera que el sector permita y favorezca el flujo de operaciones financieras a través del Atlántico. Estas normas específicas, por ejemplo, dañarían seriamente los esfuerzos que se han hecho para reducir y regular “los bancos demasiado grandes para caer”. Segundo, la industria financiera está demandando que las negociaciones incluyan una cláusula llamada “transparencia regulatoria”, la cual aseguraría que cualquier borrador de regulación pudiera llegar a las partes interesadas para que las pudieran comentar, lo cual transformaría la cláusula de transparencia, 13 automáticamente, en un derecho legal de la industria de este sector para hacer lobby. Tercero, el lobby de servicios europeo y americano, el European Services Forum (ESF) y la Coalición de Servicios de la Industria de EEUU (CSI), están exigiendo que el TTIP acoja una “lista negativa”, esto es, una lista donde de escriban qué sectores ( y qué servicios y productos de los mismos) no se incluirían en la privatización, es decir, automáticamente inscribiendo TODOS los servicios y TODOS los productos no listados en la privatización, incluyendo así mismo todos los que se puedan desarrollar en el futuro. Si además tenemos en cuenta lo persistente que es esta crisis financiera, y cómo se originó a través de productos financieros muy complejos, una lista negativa como estrategia hacia la liberalización podría ser una catástrofe, si tales productos no fueran automáticamente prohibidos o sujetos a estrictas regulaciones como resultado de su inclusión directa en el TTIP. Por otro lado, si hubiera una armonización y reconocimiento de todos los acuerdos entre dos partes sobre servicios financieros, como así están demandando los bancos, éstos podrían asentarse allí donde el marco legal les fuera más conveniente, y como consecuencia, cualquier nueva propuesta regulatoria tanto en los EEUU como en la UE sobre los servicios financieros sería inefectiva, pues los bancos podrían elegir dónde operar de acuerdo con la legislación más débil que beneficia a sus intereses. A su vez, la Reserva Federal ha pedido más garantías que aseguren la estabilidad de los bancos americanos y otras firmas que operan en el extranjero y que están involucradas en el comercio muy arriesgado de derivados que cuestan trillones de dólares. Sin embargo, estas propuestas se han encontrado con la firme oposición del sector bancario, apoyado por las autoridades europeas que quieren proteger los intereses comerciales de los grandes bancos, y el poderoso lobby de la industria financiera. Aunque a través del TTIP filtrado, la Comisión Europea afirma que desea cooperar con EEUU para establecer una “regulación prudencial”, de la cual, la propuesta de la Reserva Federal es un ejemplo, en realidad, tanto la UE como sus estados miembros (especialmente Reino Unido y Alemania), se han opuestos a todas las medidas propuestas. El TTIP además, quiere incluir un capítulo que se liberalicen todos los pagos por cuenta corriente y todas las transferencias de grandes inversiones sin casi excepciones. Esto significa que sería muy difícil restringir el flujo masivo de capitales, y que todos los controles sobre los pagos transatlánticos, tanto de bienes como de servicios, royalties y dividendos, e importantes sumas de dinero relacionadas con los servicios financieros, serían eliminados. Ahora que incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han empezado a reconocer la necesidad de controlar el capital para evitar y parar el flujo de capital especulativo y desestabilizador, hay un riesgo real de que, a través del TTIP, los grandes bancos pongan freno a la regulación que restringiría el flujo de capital. Como vemos, se teme que la industria de servicios financieros intentará usar el TTIP para conseguir concesiones regulatorias, a las cuales ningún regulador financiero hubiera accedido. Si todas las propuestas de los lobbies y este sector se incluyeran, los reguladores no tendrían 14 casi espacio para intervenir en los mercados financieros, su papel se vería perjudicado seriamente en el futuro, y las poblaciones estarían sujetas y expuestas a futuras crisis financieras y nuevos rescates. CAPÍTULO 7 Los grandes negocios demandan al gobierno y los contribuyentes pagan la cuenta. Garantizando a las corporaciones más derechos que a las mismas personas. El Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico pretende restringir todavía más la intervención regulatoria estatal, e incluye así mismo en el capítulo sobre inversión internacional que se quiere incorporar en dicho acuerdo, una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y gobierno que permita llevar a éstos ante tribunales internacionales en caso de que sus políticas dañen los intereses corporativos. Ya han ocurrido casos como estos bajo el acuerdo de libre comercio norteamericano llamado NAFTA, y otros acuerdos comerciales bilaterales, en los cuales leyes democráticas diseñadas para proteger a los consumidores y el medio ambiente han sido amenazadas por las demandas millonarias por compensación de compañías privadas. A veces, incluso la misma amenaza de iniciar una demanda ha sido suficiente para que los gobiernes abandonaran o suavizaran ciertas leyes que interfieren con los intereses de las corporaciones. En otros casos, se han constituido tribunales ad hoc con paneles de sólo tres miembros que han garantizado billones de euros a compañías privadas procedentes directamente de los bolsillos de los contribuyentes. Como consecuencia, las compañías estadounidenses podrían soslayar los tribunales europeos y demandar a los gobiernos de la UE en tribunales fuera de nuestro territorio, cada vez que sientan que las leyes en las áreas de la salud pública, de medioambiente y protección social, interfieren con sus beneficios. Incluso, puede que los mismos gobiernos se sientan amenazados por intentar llevar a cabo una serie de políticas progresistas a favor de los ciudadanos y el medioambiente, restringiendo su poder de maniobra y la democracia misma. El caso más reciente de este tipo de mecanismo para la solución de disputas entre inversor y gobierno ocurrió con la compañía de tabaco norteamericana Philip Morris. Ésta demandó a los gobiernos de Uruguay y Austria por sus leyes anti‐tabaco. La compañía se quejaba de que los avisos publicitarios en las cajetillas de tabaco entorpecían la visibilidad de su marca y les causaba una pérdida substancial de mercado. En otro ejemplo del año 2012, la multinacional de energía sueca Vattenfall llevó a juicio al gobierno alemán y pidió 3.7 billones de euros en compensación por la pérdida de beneficios relacionada con sus dos plantas de energía nuclear, ya que el gobierno quería desmantelarlas en fases tras el accidente nuclear ocurrido en Fukushima. 15 Bajo el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, EEUU y Méjico) la compañía Lone Pine Resources Inc. está demandando 191 millones de euros en compensación al gobierno de Canadá, ya que la provincia de Quebec había puesto una moratoria sobre el “fracking” por los riesgos medioambientales que conlleva esta nueva tecnología de extracción de gas y petróleo. En otro caso, Argentina congeló los rangos de interés de los servicios públicos de energía y agua y devaluó su moneda como respuesta a la crisis que vivió en 2001‐2002. A esta acción le siguieron más de 40 demandas legales de grandes compañías, en las que se incluyen CMS Energy de EEUU, Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido), y Aguas de Barcelona (España). Para finales de 2008, Argentina tenía que pagar más de un billón de dólares en demandas. Las Naciones Unidas y el FMI avisaron de que estos acuerdos de inversión pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica. En particular, EEUU y la UE han desatado un boom sin precedentes de demandas legales de estados durante las dos últimas décadas. En 2012 se iniciaron 514 demandas de las cuales el 24% procedían de compañías estadounidenses, después les siguen las de Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Estas demandas se han usado para amenazar en campos tan diversos como la energía verde y las políticas farmacéuticas, la legislación anti‐tabaco, las prohibiciones de agentes químicos peligrosos, restricciones medioambientales sobre la minería, las políticas de seguros médicos y medidas para mejorar la situación económica de las minorías. Además, la inclusión de esta claúsula representa para las corporaciones la esperanza de que se implante un modelo para la protección de la inversión en otros acuerdos alrededor del mundo. El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea parecen determinados a conseguir su inclusión en el Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico, habiendo hecho ya la Comisión Europea una serie de detalladas sugerencias para crear este mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado. Sin embargo, los ciudadanos y la sociedad civil se han opuesto a los excesivos derechos de las corporaciones. Según el Diálogo Transatlántico de Consumidores, “no se deberían de incluir semejante mecanismo de resolución. Los inversores no deberían ser apoyados para que demanden a los gobiernos de manera que se refuerce este acuerdo internacional en tribunales foráneos, privados y secretos, para evitar el sistema legal doméstico y las robustas medidas de protección de derechos de propiedad en los EEUU y la UE”. Así mismo, la Federación de sindicatos de trabajadores de EEUU ha afirmado que “dado el avanzado sistema judicial de EEUU y la UE” este mecanismo supone un riesgo innecesario para las políticas domésticas a nivel local, regional y nacional. Activistas del medioambiente y de los derechos civiles también se han opuesto a este asalto a la democracia, y la Conferencia Nacional de legisladores de los EEUU ha anunciado que “no apoyará una acuerdo de comercio internacional que incluya la resolución de disputa entre inversor y estado” porque interfiere con “su capacidad y responsabilidad como legisladores de los estados para decretar y reforzar normas justas y no discriminatorias que protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar social, y aseguren la salud y la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente”. 16 También algunos estados miembros de la UE se cuestionan la necesidad de incluir esta cláusula de protección de la inversión, y otros están preocupados por la intervención del sector financiero estadounidense que podría amenazar las políticas que pretenden atajar la crisis económica. CAPÍTULO 8 Erase una vez en Occidente... Reflexiones finales sobre el proyecto de la élite transnacional. La evidencia que muestra este informe sugiere que el TTIP puede ser entendido, no sólo como un proyecto económico, sino como un proyecto político y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo está en revertir los logros conseguidos en materia social en occidente y preservar el liderazgo internacional de Europa y EEEUU. La consecuencia de este proyecto podría ser una vuelta a un lejano oeste sin ley, en el cual las grandes corporaciones y bancos lleven la voz cantante poniendo sus intereses por delante de las necesidades e intereses de los ciudadanos, dentro, y más allá del Atlántico. El Oeste contra el resto. Dado que la UA y EEUU dan cuenta de la mitad del PIB mundial y un tercio de todos los intercambios comerciales globales, es fácil suponer que la creación de la mayor zona de libre comercio hasta la fecha nunca vista tendría un impacto considerable en el resto del mundo. Los intereses de los países ricos y los países empobrecidos parecen irreconciliables dentro del sistema de acuerdos comerciales multilaterales. La UE ve las charlas con los EEUU sobre el TTIP como una manera de evitar el estancamiento de las negociaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio e imponer el nivel de liberalización conseguida en el Atlántico al resto del mundo. Los objetivos de este proyecto son las economías emergentes: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, cuyas economías crecientes son vistas como una amenaza a la hegemonía global de la UE y EEUU. La última utopía corporativa Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel doméstico. El TTIP podría dejar libres a las compañías de cualquier tipo de atadura, siendo éstos, los aranceles o la regulación en materia social o medioambiental; por otro lado, tendrían la posibilidad de demandar la autoridad de cualquier gobierno que pudiera interferir con sus futuras 17 ganancias, lo que podría debilitar seriamente las regulaciones socio‐económicas y medioambientales que salvaguardan el bienestar de las personas y el medioambiente de las acciones corporativas con consecuencias negativas. De lo visto hasta ahora: 1. Al eliminar barreras de todo tipo al libre comercio, sectores industriales enteros quedarían expuestos a una competencia transatlántica salvaje que beneficiaría a las grandes multinacionales a costa de reducir o eliminar a los competidores nacionales más pequeños gracias a la economía de escala. Sería particularmente difícil para algunos sectores, como la agricultura europea, donde las diferencias son demasiado grandes como para establecer una competencia justa. Los estudios preliminares indican que desmantelar los aranceles tendría repercusiones serias sobre el empleo, especialmente en la UE. 2. La armonización de la regulación, pensemos especialmente en los estándares que incluyen los alimentos modificados genéticamente y el REACH sobre regulación química, incluiría un reconocimiento de ambos marcos regulatorios como equivalentes, por lo tanto, muchas regulaciones medioambientales y sociales europeas dejarían de ser efectivas a la hora de proteger a consumidores, pacientes o el medioambiente. 3. Más todavía, si se incluyera en el TTIP un capítulo de protección de la inversión, las compañías podrían demandar a los gobiernos por poner en riesgo sus beneficios potenciales y pedir indemnizaciones millonarias. Las regulaciones que podrían implicar un riesgo para las corporaciones incluyen: las moratorias y prohibiciones sobre tecnologías arriesgadas o peligrosas como el “fracking” o la biotecnología, y limitaría, considerablemente, la capacidad de los reguladores para intervenir en el mercado. A través del mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado, se garantizarían a las corporaciones y bancos más derechos que a los ciudadanos, dejando a los contribuyentes con la responsabilidad de pagar indemnizaciones millonarias en un momento en el que los presupuestos nacionales están luchando para cubrir los costes esenciales de los servicios públicos. Pedimos la movilización del 99% Cuando juntamos todos estos elementos, queda claro que se trata no sólo de un acuerdo económico, sino de un plan político de una élite transatlántica cuyo objetivo es revertir todos los logros que los pueblos han logrado conseguir a través de décadas de lucha. Las fuentes de algunas industrias han descrito al TTIP como “la última acción de los lobbies”, y los lobbies industriales se han embarcado ya en una serie de rondas diplomáticas entre Washington y Bruselas a puerta cerrada. 18 Por esta razón, es vital asegurarnos de que dicho acuerdo se enfrenta a la oposición pública y que ésta se incrementa en los meses siguientes de manera que enviemos un claro mensaje a los líderes e instituciones gubernamentales que apoyan el TTIP. Ahora que se están llevando a cabo políticas de austeridad, los líderes europeos necesitan darse cuenta de que este acuerdo no es la solución a nuestros problemas. En su lugar, necesitamos que la UE desarrolle, junto a todos los grupos sociales (y no con los lobbies industriales), un programa de políticas económicas que se base en la cooperación, no en la competición, que ponga a las personas y al planeta por delante de los intereses de las grandes corporaciones y bancos. El ATM, o Mandato Alternativo de Comercio e Inversiones, una coalición de más de 50 organizaciones europeas, ofrece una alternativa a la agenda neoliberal, una que incremente la economía y el bienestar social y medioambiental para todas las personas, globalmente. Por lo menos, el ATM debe ser controlado democráticamente por el público y los parlamentarios, su visión se halla anclada en una comprensión holística del mundo y su problemas, que tiene en cuenta el medioambiente y la limitación de los recursos naturales, así como el respeto por las distintas etnias, clases y género, con la visión y objetivos de fomentar la justicia y la igualdad, dejando amplio margen a las comunidades para elegir libremente e integrarse en una economía global con justiciai. Traducido y adaptado por Verónica Gómez Calvo, ATTAC España. i (Aportación de la traductora) Y no sólo el ATM, hay muchos otros movimientos y organizaciones que promueven y se interesan por una economía europea y global por el bien común, con valores y acorde con las limitaciones que la naturaleza nos impone, como la Economía Solidaria, la Economía del Bien Común, los defensores de los pro‐comunes y los servicios públicos, etc. Necesitamos darnos cuenta de que el cambio que transforme las vidas de millones de personas sólo será posible si ponemos por delante la salvaguarda y el bienestar de las personas y el planeta, y esto sólo será posible si ponemos como fin del sistema económico el bienestar del ser humano y el planeta, incorporamos la dimensión ética a la economía, y desarrollamos estructuras que posibiliten una democracia que además de representativa, sea también participativa (ciudadana) y directa, de manera que el último control de las decisiones políticas lo tenga el pueblo, empoderando a éste como sujeto político, con voz y voto real, de manera que el sistema económico se halle bajo control democrático y sea obligado a funcionar por toda y cada una de las personas que habitamos el mundo y por este planeta que no es sólo nuestra casa, sino la madre naturaleza que acoge y prolonga la existencia de la especie humana. De momento, el TTIP sólo ha probado ir en la dirección opuesta, y arriesgar todo aquello por lo que generaciones enteras han luchado durante décadas. 19 dental en el mundo, creando el “área de libre comercio más grande del planeta”.
UE y EEUU encaran su segunda ronda de negociaciones para el acuerdo TTIP.
Como sucede antes de cada negociación de un tratado comercial, la Comisión Europea (CE) ha publicado una serie de notas de prensa e informes [2] preconizando sus enormes ventajas para la población europea. Entre los supuestos beneﬁcios de este acuerdo está, según la Comisión, la creación de 400.000 nuevos empleos anuales y un crecimiento del 1% anual de la economía europea, una línea en la que también incidió Barack Obama que habló de millones de puestos cualiﬁcados. Estas cifras provienen de un estudio del Centre for Economic Policy Research, que curiosamente ha sido ﬁnanciado por multinacionales como Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, Banco Santander, Barclays o JP Morgan. Los modelos en los que se ha basado dicho estudio han sido puestos en cuestión tanto por profesores universitarios [3], como por el propio Parlamento Europeo [4]. De hecho, el estudio de impacto interno que realizó la propia CE [5] contradice las mismas cifras que utiliza como propaganda, disminuyendo el crecimiento a un 0,1% y alertando de la previsible pérdida masiva de empleos en varios sectores, especialmente en las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, que pueden quedar totalmente desplazadas ante la agroindustria estadounidense. El estudio también advierte de la pérdida de ingresos –y la consecuente pérdida de puestos de trabajo– en industrias como la maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, así como los sectores de productos madereros y papel y en las empresas de comunicación y servicios.
El conocido como TTIP pondrá en riesgo muchos de los logros sociales y ambientales europeos
El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es un intento de recuperar la hegemonía occidental en el mundo, liberalizando aún más la economía y el comercio. Pero esta nueva huida hacia delante plantea numerosas y graves amenazas para la población, la democracia y el medio ambiente, al concentrar todavía más poder económico y político en las manos de las elites comerciales y ﬁnancieras a ambos lados del Atlántico.
n junio de 2013 comenzaron las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU) para acordar el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) o el “sueño europeo-americano”, tal y como lo ha caliﬁcado el ex Secretario General de la OTAN y ex Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana. Desde entonces, la Dirección General de Comercio de la UE y la Oﬁcina del Representante de Comercio de EE UU se están moviendo, a espaldas de la ciudadanía, para sacar adelante un pacto comercial que, de llevarse a cabo, tendrá un impacto más que considerable en la población a ambos lados del Atlántico.
Tom Kucharz y Luis Rico, Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción
Estas negociaciones surgen en un momento en que, según el FMI, de aquí a 2015 el 90% del crecimiento mundial se generará fuera de Europa, y un tercio del mismo tendrá lugar en China [1]. En esta línea el Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano aﬁrma que Asia está desplazando a EE UU y la UE como mayores economías y como exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. De hecho se prevé que en 2050 ninguna de las economías más grandes del mundo sea europea. Para tratar de revertir esta tendencia, las dos potencias a ambos lados del Atlántico preparan la contraofensiva geopolítica, ya que aún representan el 40% del PIB mundial y un tercio del comercio internacional. Así, el TTIP surge como un intento de recuperar la hegemonía occi-
No hay más que ver qué actores están impulsando el tratado comercial transatlántico para ver quiénes quieren sacar mayor partido de este. Pese a que las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada y con documentos secretos, las multinacionales no han tenido problemas para estar en contacto directo con los negociadores. Según el colectivo Corporate Europe Observatory [6] la CE efectuó 130 reuniones con “partes interesadas” en relación a las conversaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y EE UU.
Ecologista, nº 79, invierno 2013/14
Al menos 119 de estas reuniones –más del 93%– fueron con grandes empresas y sus grupos de presión, entre los que destacan el Consejo Empresarial Transatlántico y BusinessEurope, que han reﬂejado en varias ocasiones la importancia de alcanzar el acuerdo [7]. De manera diáfana, la propia CE ha reconocido que: “la barrera comercial más importante no son los aranceles que se pagan en la aduana, sino los obstáculos detrás de las fronteras, tales como las diferentes normas ambientales y de seguridad […] El objetivo de este pacto comercial es reducir los costes y retrasos innecesarios para las corporaciones” [8]. Por ello, el TTIP se centrará en la equiparación de la legislación a ambos lados del Atlántico, lo que según las empresas puede aumentar sus beneﬁcios en más de 25.000 millones de euros anuales [9] (ver tabla), y en la liberalización de nuevos sectores.
PReVISIONeS De AUMeNTO De INGReSOS De LAS GRANDeS eMPReSAS CON eL TTIP
Sector Automóvil Industria química Legislación Regulaciones ambientales y de seguridad; estándares técnicos. Aumento beneficios anuales (mil mill. €)
12 7,1 5 1,6 1,2
Divergencias de regulaciones y estándares; diferentes regulaciones de propiedad intelectual Legislación proteccionista y arancelaria; medidas de seguridad; Industria alimentaria divergencias en la legislación de las marcas; requerimientos de etiquetado (OMG). Diferencias en estándares de los productos; certificados Industria electrónica energéticos y de seguridad; Requerimientos de ensayos; diferentes regulaciones de propiedad intelectual. Impuestos, estándares de información; duplicidades de Financiero supervisión por los bancos centrales; divergencias de servicios de los sistemas de propiedad intelectual.
Frente a las proclamas de la CE de que la equiparación legislativa solo eliminará trabas burocráticas pero no se usará para eliminar regulaciones sociales, laborales y ambientales que hasta la fecha han protegido –de forma desigual– ciertos derechos de las personas, las presiones de la industria hacen temer un escenario en que haya una equiparación a la baja de la regulación europea y estadounidense. Recientemente, la red europea de lucha contra la globalización neoliberal Seattle to Brussels ha publicado un exhaustivo informe en el que se analizan las presiones
de la industria y las amenazas que penden sobre los derechos de la ciudadanía a ambos lados del Atlántico [10]. En primer lugar se teme una pérdida de derechos laborales, habida cuenta de que EE UU se niega a ratiﬁcar convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a sindicarse y la CE, junto al resto de la Troika, están exigiendo bajadas salariales y normas más ﬂexibles. Las negociaciones del TTIP pueden suponer por lo tanto, una excusa perfecta para llevar a cabo estas reformas laborales. Otro de los grandes objetivos de las transnacionales es rebajar las normas ambientales, atacando con especial énfasis el Principio de Precaución sobre el que se basan varias directivas ambientales (como la que regula las sustancias químicas peligrosas o las normas de seguridad alimentaria, etc.) con el ﬁn de aumentar sus beneﬁcios [11]. La industria propone basar la legislación en “ciencia fundada”
obviando la diﬁcultad de probar irrefutablemente la peligrosidad de sustancias que actúan a largo plazo y en combinación con múltiples factores [12]. Este enfoque se suma a las negociaciones relativas a las normativas de seguridad alimentaria, donde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pretende de manera sistemática descafeinar el sistema regulador de la UE para los organismos modificados genéticamente y bajarlos al nivel de EE UU, donde los alimentos transgénicos no requieren supervisión, pruebas de seguridad o etiquetado. Con ello Europa podría ver las puertas abiertas a centenares de productos transgénicos o de sustancias prohibidas en la ganadería europea como la ractopamina o la somatropina bovina recombinante. A este marco desregulador se suman las empresas energéticas cuyo objetivo es extraer petróleo y gas no convencional. Las negociaciones del TTIP pueden ser
1. Protesta contra el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). 2. El Acuerdo UE-EE UU favorecerá la penetración de los transgénicos en Europa. Foto: Protesta de Greenpeace en un campo de maíz experimental en Zuera, Zaragoza.
usadas para tumbar las prohibiciones del fracking logradas gracias a las movilizaciones sociales y haría prácticamente imposible cualquier intento de limitar la entrada de combustibles muy contaminantes (como los provenientes de las arenas bituminosas o del gas de esquisto), como ya ha ocurrido con la Directiva Relativa a la Calidad de los Combustibles, que muy difícilmente verá la luz como consecuencia de la ﬁrma, este pasado mes de octubre, del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá, país con abundante petróleo no convencional. Otro aspecto que se está negociando y donde las multinacionales están presionando con ahínco, es la regulación de la propiedad intelectual, tras el fracaso del Acuerdo Comercial Antifalsiﬁcación, tumbado por el Parlamento Europeo. Retomando las partes más polémicas de dicho acuerdo, la industria busca aumentar las penas por compartir archivos en Internet y tener derecho de acceso a la información cibernética de las personas lo cual, como se ha demostrado con el escándalo de Snowden, tiene el doble objetivo de vigilar a la población y de ofrecer a las compañías datos que pueden usar con ﬁnes comerciales. De endurecer los derechos sobre propiedad intelectual, se pondría en jaque el acceso a medicamentos genéricos. Esto se une a las perspectivas del TTIP de liberalizar la mayoría de los sectores de la economía, lo que tendría como inmediata consecuencia la –aún mayor– privatización de los servicios públicos. De esta manera la salud pública podría quedar en manos de las transnacionales, diﬁcultando su acceso a las personas de menores ingresos. Con todo, el TTIP supondría una nueva vuelta de tuerca en el proceso de liberalizaciones y privatizaciones que ya está padeciendo la población europea, y cuyas consecuencias se han traducido en recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios, al poner la rentabilidad económica por encima de todo lo demás. Las consecuencias no pueden ser otras que el aumento de la precariedad de la población y de la carga para las clases con menos ingresos, especialmente para las mujeres, que suelen ser las encargadas de cubrir los cuidados más básicos cuando el Estado se desentiende de ellos, lo que profundiza una sociedad patriarcal y desigual.
podrían desaﬁar legalmente en tribunales internacionales poco transparentes las políticas públicas ambientales, sociales o de protección de la salud, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales [13]. Esto incidiría sobre las ya de por sí problemáticas consecuencias de la equiparación legislativa y de la liberalización que se espera en el resto de capítulos del TTIP, pues diﬁcultará cualquier cambio de políticas en el futuro si estas chocan con los intereses de las grandes empresas. La inclusión de este capítulo no es segura, pues muchos Estados miembros de la UE han expresado el temor de verse sumidos en multitud de batallas jurídicas con la industria legal estadounidense, la cual es experta en el mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversores y Estados (SDIE). De hecho el Mandato dado por el Consejo Europeo a la CE para la negociación del TTIP expresa sus dudas sobre la inclusión de dicho capítulo y trata de regular más que nunca el SDIE, a sabiendas de su arbitrariedad, de su no desdeñable impacto sobre las arcas públicas [14] y de que aún no está decidido sobre qué presupuesto recaerán las sanciones, si sobre el de la UE o sobre el de los Estados miembros. Sin embargo, la CE está presionando fuertemente para incluir este mecanismo, como demuestra en otros dos artículos de su paquete propagandístico en defensa del SDIE [15], donde en un ejercicio de surrealismo e imprecisión informativa, al más puro estilo del Pierre Menard de Borges, niega, conﬁrma y soluciona los problemas de este mecanismo.
1	FMI, 2013 Perspectivas de la Economía Mundial. 2	Comisión Europea, 2013. FAQ on the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (‘TTIP'). 3	George y Kirkpatrick, 2006. Methodological issues in the impact assessment of trade policy: experience from the European Commission’s Sustainability Impact Assessment (SIA) programme Impact Assessment and Project Appraisal, 24, 325-334. y George, 2013. What’s really driving the EU-US trade deal? 4	European Parliament Impact Assessment Unit, 2013. Initial appraisal of a European commission Impact Assessment. European Commission proposal to authorise the opening of negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and United States of America. 5	Comisión Europea, 2013. Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations. 6	Corporate Europe Observatory, 2013. European Commission preparing for EU-US trade talks: 119 meetings with industry lobbyists. 7	http://trade.ec.europa.eu/consultations/documents/ consul_146.pdf 8	Comisión Europea, 2013. European Union and United States to launch negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership. Nota de Prensa. 13/02/13. 9	FTI Consulting, 2012. EU-US free trade agreement: is it in the air? 10 Bizzarri, 2013 A Brave New Transatlantic Partnership. Seattle to Brussels Network. 11 Hansen-Kuhn y Suppan, 2013. Promises and Perils of the TTIP: Negotiating a Transatlantic Agricultural Market. Institute for Agriculture and Trade Policy. 12 Ver artículo de VA Buonsante: “El TTIP y las sustancias químicas” en esta misma revista. 13 Ver el artículo sobre tratados bilaterales de inversiones, de los mismos autores, en esta revista. 14 Eberhardt, 2013. A Transatlantic Corporate Bill of Rights. Seattle to Brussels Network. 15 Comisión Europea, 2013: Factsheet on Investor-State Dispute Settlement; y Comisión Europea, 2013: Incorrect claims about investor -state dispute settlement 16 Carta ﬁltrada de Denis Redonnet, Jefe de Unidad de Estrategias Comerciales de la Dirección General de Comercio de la CE al Comité de Política Comercial del Consejo Europeo.
Este pacto transatlántico plantea numerosas y graves amenazas para la población, la democracia y el medioambiente, al concentrar todavía más poder económico y político en las manos de las elites comerciales y ﬁnancieras a ambos lados del Atlántico. Esta es la principal estrategia de la UE y de EE UU para no dejar escapar el control planetario así como para ﬁjar los estándares del comercio mundial en el siglo XXI. Así lo expresa de forma nítida un documento interno ﬁltrado de la Dirección General de Comercio de la CE: “El progreso que podemos hacer conjuntamente [EE UU y UE] sentando las bases de los nuevos modelos de ‘capitalismo estatal’, puede servir como un instrumento para apuntalar una interpretación particular del nuevo orden económico liberal global” [16].
En las negociaciones del acuerdo transatlántico se está viendo la posibilidad de incluir un capítulo de protección de las inversiones, con el que las empresas
¿Nuestro futuro en venta?
Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea: una amenaza a la democracia y la protección social, ambiental y de nuestra salud en Europa
La Unión Europea y Estados Unidos han iniciado negociaciones sobre un acuerdo comercial transatlántico, que podría resultar el mayor acuerdo bilateral de libre comercio en la historia. Con este acuerdo, se corre el riesgo de mermar medidas europeas esenciales de protección social, ambiental y sanitaria, entre ellas medidas claves de seguridad alimentaria y contra la contaminación, que la industria considera como barreras al comercio. Se conocen muy pocos detalles del contenido de las negociaciones en curso sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (conocido como TTIP o TAFTA por sus siglas en inglés), pero los documentos conseguidos de manera extraoficial invitan a pensar que, detrás de la retórica de la creación de empleo gracias a un incremento del comercio transatlántico, la Unión Europea y Estados Unidos están buscando desregular importantes sectores, poniendo en riesgo pilares fundamentales de la protección europea y la capacidad de los estados nacionales a legislar en el interés de los ciudadanos. Este documento de posicionamiento analiza las amenazas del acuerdo propuesto y pone de relieve que lo que se necesita es un proceso transparente que busque soluciones a las causas reales de la actual crisis económica, social y climática, poniendo condiciones al comercio que favorezcan las personas y el planeta. En vez de dar por hecho que lo que es bueno para el comercio y los negocios lo es para todo el mundo, se deben estudiar de forma pormenorizada todos los impactos sobre la sociedad y el medio ambiente. Amigos de la Tierra insta al Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo a rechazar cualquier acuerdo que no priorice el derecho de los ciudadanos y la protección del medio ambiente frente a los intereses de empresas e inversores. En ningún caso un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados se debería aceptar en el TTIP.
Una manera equivocada de abordar la crisis económica
Se ha promovido el acuerdo comercial como un empuje al crecimiento gracias al incremento del comercio y la inversión en respuesta a la actual crisis económica, pero se ha demostrado que en realidad los beneficios económicos de un acuerdo serían mínimos1. En vez de abordar los problemas evidentes del sistema actual, como por
http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/the-trade-deal-with-europe-dont-buythe-hype
ejemplo la evasión fiscal empresarial, las propuestas insisten en esta misma dirección, exacerbando los problemas a los que nos enfrentamos. Así, mientras los grandes negocios verán incrementar sus beneficios, las personas, la sociedad y las generaciones futuras pagarán los costes y las consecuencias. Una respuesta más apropiada a la crisis económica consistiría en generar los recursos económicos necesarios para crear buenos empleos y construir una economía más sostenible a través de una nueva fiscalidad, como la tasa a las transacciones financieras.
Las normas de seguridad en riesgo
El acuerdo propuesto podría representar una amenaza muy seria a la protección ambiental y social en Europa. Sectores de la industria llevan años diciendo que las normas europeas de protección de la salud humana, del medio ambiente y del bienestar social son una barrera al comercio. Piden un reconocimiento automático mutuo de las normas (lo que significa que la UE tendría que aceptar la importación de productos estadounidense independientemente de si cumplen la legislación europea o no, y viceversa), o nuevas normas armonizadas o globales. Esto significaría una revisión a la baja de las normas de protección del medio ambiente y de las personas, aumentando los riesgos para la salud y la seguridad entre otros. Por ejemplo, Estados Unidos desafió las restricciones europeas a la importación de carne tratada con hormonas y de pollo clorado. Compañías petroleras están haciendo presión contra los planes de la Unión Europea de protección del clima que limitan la entrada en Europa de petróleo extraído de las muy impactantes arenas bituminosas. Los requisitos de etiquetado de los alimentos que proporcionan al consumidor información sobre sus ingredientes (incluyendo la presencia de transgénicos) y sobre su procedencia se están criticando porque añade un coste y pone barreras al comercio. De la misma forma, los ya de por sí insuficientes criterios de sostenibilidad que la Unión Europea aplica a los agrocombustibles podrían verse amenazados por los productores estadounidenses de maíz y soja para entrar de lleno al mercado europeo. Igualmente, un TTIP podrían amenazar las prohibiciones locales o nacionales de la extracción de gas de esquisto. Rebajar las normas de protección ambiental y social para satisfacer las demandas de la industria tira por los suelos el enfoque de precaución, que requiere a las empresas que sus nuevas tecnologías sean seguras y que representa una piedra angular en la legislación de la protección ambiental europea 2. Por otra parte, reducir las obligaciones sobre trazabilidad y responsabilidad amenazaría el principio de quien contamina paga. Cambios impuestos mediante un acuerdo comercial de obligado cumplimiento aniquila la capacidad de los estados de actuar democráticamente en respuesta a la preocupación de sus ciudadanos.
La soberanía de los estados también estaría en peligro de incluirse en el acuerdo un mecanismo de solución de controversias inversores-estados (ISDS por sus siglas en inglés). Los mecanismos de esta naturaleza, normalmente presentes en los acuerdos bilaterales de libre comercio, permiten a las empresas de denunciar a gobiernos por
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 191.2
pérdidas de ingresos cuando consideran que la legislación afecta a sus beneficios (potenciales). Así, pueden eludir los sistemas judiciales nacionales y acudir directamente a tribunales internacionales influido por los inversores. Por ejemplo, una empresa podría demandar a un gobierno local o nacional por pérdida de ingresos si éste prohibiera los alimentos transgénicos o la extracción de gases de esquito por fracking. El gigante del tabaco Philip Morris está en estos momentos pidiendo reparaciones a Uruguay y Australia bajo un acuerdo ISDS como respuesta a medidas de salud pública que restringen la práctica de fumar.
Un acuerdo para un futuro mejor
El único acuerdo comercial aceptable para Amigos de la Tierra es uno que permite construir un futuro mejor mediante el apoyo a las economías y los empleos locales, un medio ambiente más limpio y una buena protección social; un acuerdo que se centre en el interés de las personas y el planeta, por encima de los intereses de los inversores y los grandes negocios. Un acuerdo debe basarse en una total transparencia y rendición de cuentas, tanto en el proceso de negociación como en su fase de funcionamiento. Debería tener como objetivo:  Construir nuevas economía y mejorar las vida: proteger y favorecer las economías locales, desarrollar empleos de calidad y estables;  Mejorar las condiciones de vida para las generaciones futuras: identificar las mejores prácticas sociales y ambientales como base para una normas mínimas comunes, eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y reducir el uso de los recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y la Unión Europea hasta niveles sostenibles y equitativos;  Promover condiciones al comercio a favor de las personas y el planeta: los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente deberían centrar el acuerdo, no los intereses particulares de inversores y multinacionales;  Asegurar transparencia y rendición de cuentas: es imprescindible que el público y las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar un seguimiento y participar en lo que se negocia y acuerda; y por otra parte que empresas e inversores sean responsables de sus impactos sobre las personas y el medio ambiente. Amigos de la Tierra rechaza todo intento de desregular industrias contaminantes, armonizar a la baja normas sobre productos o seguridad, y limitar futuras legislaciones de protección de la gente y el medio ambiente. En particular, las negociaciones deberían claramente excluir:  Cualquier mecanismo de solución de controversias inversores-estados;  Medidas sanitarias y fitosanitarias, esto es, cualquier sector relacionado con la seguridad alimentaria o la sanidad animal y vegetal;  Cualquier intento de poner en peligro la democracia, la seguridad y los pilares esenciales de la reglamentación europea - como el principio de quien contamina paga y el principio de precaución. Contacto: Amigos de la Tierra España tierra@tierra.org, +34 91 306 99 00 Redactado por: Friends of the Earth Europe 2013 3
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO E INVERSIÓN TRANSATLANTICA (TTIP) SOCAVA TODA POSIBILIDAD DE REGULACION FINANCIERA DEJANDO A LOS CIUDADANOS DESPROTEGIDOS
¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?ALGUNAS ACLARACIONES ✔ TTIP= Aso !" !#$ %& o'&( !o & !$)&(s!#$ *("$s"*+,$*! " ✔ “Comercio de servicios financieros- $o s& (&.!&(& s#+o " "/0&++os s&()! !os o.(& !%os o o$s0'!%os ',s "++, %& +" .(o$*&(" (1o( &2&'1+o 0$ !0%"%"$o %& 0$ 1"3s 10&%& "4(!( o$+!$& 0$" "2" %& "5o((o &$ 0$ 4"$ o %&+ &6*("$2&(o)7 T"'4!8$ !$ +09& &+ 'o)!'!&$*o *("$s.(o$*&(!:o %& 0$ 1(o)&&%o( %& s&()! !os .!$"$ !&(os 9" s&" 1o( '&%!o %& !$)&(s!o$&s o %& 1(&s&$ !" o'&( !"+ (1o( &2&'1+o; o$ +" "1&(*0(" %& 0$" s0 0(s"+ 4"$ "(!" &$ &+ &6*("$2&(o)7 E$ o*("s 1"+"4("s; s& *("*" %& 1&('!*!( &+ " &so " !$)&(so(&s %!(& *os %&+ &6*("$2&(o7 ✔ Servicios financieros e inversores del sector financiero: +"s (&<+"s %& +" TTIP s& o 01"$ %& s&()! !os 4"$ "(!os; %& "5o((o 9 s&<0(os; o'&( !o %& *3*0+os 9 %&(!)"%os(!$ +09&$%o +"s o1&(" !o$&s %& (!&s<o OTC 9 +"s %&(!)"%"s OTC); <&(&$ !"'!&$*o %& .o$%os %& 1&$s!#$; %& .!%&! o'!sos 9 %& o$s0+*o(3" *(!40*"(!" ( 1o( &2&'1+o "s&so("'!&$*o 1"(" &)"%!( o &+0%!( !'10&s*os); *("$s.&(&$ !" %& !$.o('" !#$ .!$"$ !&(" 9 s&()! !os %& 1(o &s"'!&$*o %& %"*os; 4"$ os '!$o(!s*"s; 4"$ os %& !$)&(s!#$; .o$%os %& !$)&(s!#$ +!4(&; .o$%os %& "1!*"+ %& (!&s<o 1(!)"%o; !$*&( "'4!o %& 4!&$&s 9 %& " !o$&s 9 *o%o *!1o %& o$s0+*o(3" &$ '"*&(!" .!$"$ !&(" !$ +09&$%o " +"s (!*! "%"s "<&$ !"s %& )"+o(" !#$ (&%!*! !"7 ATACANDO EL DERECHO DE LOS PARLAMENTOS A ESTABLECER REGULACIONES Los $&<o !"%o(&s %& +" Co'!s!#$ E0(o1&" (CE) 5"$ sos*&$!%o +"("'&$*& /0& +" TTIP 1(&*&$%& =%!s !1+!$"(- +" (&<0+" !#$ &$ '"*&(!" .!$"$ !&(" %& '"$&(" /0& $o s& o$)!&(*" &$ 0$ o4s*, 0+o 1"(" &+ o'&( !o7 Es*o $o s!<$!.! " <"("$*!:"( 0$" 1(o*& !#$ "%& 0"%" o$*(" +os (!&s<os /0& &+ s& *o( .!$"$ !&(o s0&+& "s0'!( " &61&$s"s %& +os o$*(!409&$*&s 9 *("4"2"%o(&s7 L"s 1"0*"s %& +" TTIP )"$ " " o*"( +"s ." 0+*"%&s %& 1"(+"'&$*os 9 %& &$*!%"%&s (&<0+"%o("s &$ '"*&(!" .!$"$ !&(" & !$ +0so )"$ " &s*"4+& &( 1(o5!4! !o$&s>  Desregulación: +"s (&<+"s %& +" TTIP %& " &so "+ '&( "%o )"$ " 1(o5!4!( " +os 1"(+"'&$*os &+"4o("( $o('"s %& (&+&)"$ !" &$ '"*&(!" .!$"$ !&(" *"+&s o'o "/0&++"s *&$%!&$*&s " &s*"4+& &( 0$ +3'!*& "+ )"+o( *o*"+ %& +"s o1&(" !o$&s %& +"s !$s*!*0 !o$&s .!$"$ !&("s7 Es*o !'1&%!(3" /0& +" (&<+"'&$*" !#$ s& o 01& %&'"s!"%o %& +" &s1& 0+" !#$ &6 &s!)"7  Atacar los poderes de las entidades reguladoras del sector financiero> +"s (&<+"s 1(o10&s*"s 1o( +" TTIP &6!<!(3"$ /0& 1"(" ." !+!*"( +" o4*&$ !#$ %& +! &$ !"s %& 1(o%0 *os o %& 1(o)&&%o(&s +" (&<+"'&$*" !#$ " $!)&+ $" !o$"+ %& +os s&()! !os .!$"$ !&(os s&" o42&*!)"7 L" TTIP )" " 1&('!*!( (&<0+" !o$&s "0*&+"(&s /0& .")o(&: "$ " +os +!&$*&s 9 " +" &s*"4!+!%"% .!$"$ !&("7 S!$ &'4"(<o +" %&$o'!$"%" +"?s0+" %& &6 &1 !#$ &s*!10+" /0& +"s '&%!%"s "0*&+"(&s $o s&"$ &6 &s!)"'&$*& <(")os"s7 E$ +" 1(, *! " &+!'!$"(3" '&%!%"s *&$%!&$*&s " &)!*"( $0&)"s (!s!s .!$"$ !&("s7  Eludir a los parlamentos> L" 1(o10&s*" %& +" Co'!s!#$ E0(o1&" %& 0$ '"( o %& oo1&(" !#$ &$ '"*&(!" (&<0+"*o(!" )" " (&/0&(!( /0& +"s $&<o !" !o$&s &$*(& +" U$!#$ E0(o1&" 9 +os Es*"%os U$!%os s& (&"+! &$ " 10&(*"s &(("%"s "$*&s %& /0& "+<0$" 1(o10&s*" ++&<0& "+ 1"(+"'&$*o7 E+ '"( o %& oo1&(" !#$ s& &$*(" &$ &+ %&s"((o++o o$20$*o 9 &$ +" !'1+&'&$*" !#$ %& &s*,$%"(&s <&$&("%os 1o( #(<"$os s01("$" !o$"+&s %o$%& +os 1"(+"'&$*"(!os 9 +os !0%"%"$os "(& &$ %& )o: 1&(o %o$%& &+ +o449 .!$"$ !&(o *!&$& <("$ !$.+0&$ !"7  La industria financiera puede frustar la regulación financiera > +" Co'!s!#$ E0(o1&" 1(&*&$%& *"'4!8$ /0& &+ 'o%&+o &s*"%o@!$)&(so( %& s!s*&'" %& so+0 !#$ %& o$*(o)&(s!"s s&
"1+!/0& " +" (&<0+" !#$ .!$"$ !&("7 Es*o 1&('!*!(3" /0& +"s !$s*!*0 !o$&s &6*("$2&("s 5"<"$ .(" "s"( +"s (&.o('"s &$ '"*&(!" .!$"$ !&(" o'o 9" &s*, s0 &%!&$%o &$ +os *(!40$"+&s $o(*&"'&(! "$os7 DIFICULTANDO LAS REFORMAS FINANCIERAS A LA PREVENCIÓN DE CRISIS  Comportamiento más riesgoso> 0$" '"9o( +!4&("+!:" !#$ %&+ o'&( !o 9 %& +" !$)&(s!#$ &$ +os s&()! !os .!$"$ !&(os <&$&("(3" 0$ "0'&$*o &$ +" o'1&*&$ !" &$*(& !$s*!*0 !o$&s .!$"$ !&("s %& +os Es*"%os U$!%os 9 %& +" U$!#$ E0(o1&" o$ s0s o$s!<0!&$*&s (!&s<os; "0s" %& +" (& !&$*& (!s!s .!$"$ !&("7 A%&',s; +"s (&.o('"s .!$"$ !&("s /0& s& &s*,$ ++&)"$%o "%&+"$*& &$ +" UE 9 &$ +os Es*"%os U$!%os &s*,$ +&2os %& s&( o'1+&*"s o s0.! !&$*&s; +o /0& s!<$!.! " /0& +" +!4&("+!:" !#$ *&$%(3" +0<"( &$ 0$ '"( o (&<0+"*o(!o 1(& "(!o & !$&s*"4+&7  egar reformas financieras en curso> +" TTIP 1(o1o$& +!4&("+!:"( +os s&()! !os .!$"$ !&(os; *"$*o +os &6!s*&$*&s o'o +os .0*0(os 9 &s*o s& o$*("1o$& o$ +" 1(o10&s*" %& +" UE *&$%!&$*& " (&s*(!$<!( %! 5os s&()! !os7  Apo!ar a "ancos demasiado grandes para fracasar> P"(" &)!*"( /0& +os o$*(!409&$*&s *&$<"$ /0& 1"<"( 1o( +os 4"$ os /0& /0!&4("$ "+<0$os <o4!&($os &s*,$ 1(o1o$!&$%o %!)!%!(+os o s&1"("( +os s&()! !os 4,s! os %& +os &s1& 0+"*!)os7 Es*o s&(3" o$*("(!o " +"s (&<+"s %& " &so "+ '&( "%o %& +" TTIP /0& 1(o5!4&$ /0& s& !'1o$<"$ +!'!*" !o$&s "+ *"'"Bo o /0& s& +&s &6!2" " +os 1(o)&&%o(&s %& s&()! !os .!$"$ !&(os /0& "%o1*&$ 0$" %&*&('!$"%" .o('" +&<"+7  Ausencia de diferencias entre las regulaciones financieras de la #nión Europea ! las de los Estados #nidos> +" oo1&(" !#$ &$ '"*&(!" (&<0+"*o(!" 1(o10&s*" 1o( +" UE )" " o$%0 !( " /0& +"s (&<0+" !o$&s %&+ o*(o +"%o %&+ A*+,$*! o s&"$ !%8$*! "s "0$/0& $o s&"$ !<0"+&s &$ s0 .o('0+" !#$7 L"s +&9&s %& Es*"%os U$!%os 1o%(3"$ "1+! "(s& " +os 1(o)&&%o(&s .!$"$ !&(os $o(*&"'&(! "$os &$ +" U$!#$ E0(o1&" 9 )! &)&(s"7 Es*o 1o%(3" (&s0+*"( &$ 0$" "3%" %& +os &s*,$%"(&s "+ '3$!'o o'?$ %&$o'!$"%o(7  $lu%o de capitales inesta"le ! masivo> E+ .+02o +!4(& %& "1!*"+&s &s 0$o %& +os o42&*!)os %& +" TTIP 1&(o &s *"'4!8$ 0$ ." *o( !'1o(*"$*& %&*(,s %& +" 1(o1"<" !#$ (,1!%" %& +os (!&s<os 9 +"s (!s!s .!$"$ !&("s "+ o*(o +"%o %&+ A*+,$*! o7 I$ +0so &+ Fo$%o Mo$&*"(!o I$*&($" !o$"+ "5o(" "%'!*& /0& s! 504!&("$ &6!s*!%o (&s*(! !o$&s "+ .+02o %& "1!*"+ s& 1o%(3" 5"4&( (&%0 !%o +" s&)&(!%"% %& +"s (& !&$*&s (!s!s .!$"$ !&("s &$ Es1"B" 9 G(& !"7 RESPONDIENDO A LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA  El derec&o a &acer lo""! de la industria financiera está garanti'ado> E+ "$*&1(o9& *o %& (&<+"s %& *("$s1"(&$ !" %& +" TTIP &s*!10+" /0& &$ +"s $&<o !" !o$&s %& 1(o10&s*"s (&<0+"*o(!"s *"$*o &$ +" UE 9 o'o &$ +os Es*"%os U$!%os !$*&()&$<"$ +os " !o$!s*"s7 E$ +" 1(, *! " &s*o s!<$!.! " 0$" .0&(*& !$.+0&$ !" %&+ +o449 .!$"$ !&(o &$ &+ %!s&Bo %& (&<0+" !o$&s &$ %&s'&%(o %& +" 1"(*! !1" !#$ !0%"%"$"7 L" 1(o10&s*"s %& +&<!s+" !#$ +& ++&<"(3"$ " +os 1"(+"'&$*"(!os 0$" )&: /0& +os !$*&(&s&s %&+ s& *o( .!$"$ !&(o 5"9"$ s!%o *&$!%os &$ 0&$*"7  Incremento en las ganancias como o"%etivo> L" 1os! !#$ %& +os $&<o !"%o(&s %& +" Co'!s!#$ &0(o1&" (&.+&2" +"s %&'"$%"s %&+ s& *o( .!$"$ !&(o %& +" UE *"+&s o'o &+ 'o%&+o %& so+0 !#$ %& o$*(o)&(s!"s Es*"%o@ !$)&(so( /0& 1&('!*& " +"s o'1"B3"s !$)&(so("s (& +"'"( '!++o$&s &$ o'1&$s" !#$ " +os &s*"%os 1&(o !'1!%& " +os !0%"%"$os %&'"$%"( " &'1(&s"s 9 <o4!&($os "$*& *(!40$"+&s &6*("$2&(os7 L" &61o(*" !#$ %& s&()! !os .!$"$ !&(os &s 0$" !$%0s*(!" '09 +0 ("*!)" 1"(" +" UE &s1& !"+'&$*& 1"(" Lo$%(&s o$ s0 so.!s*! "%o +o449 &( "$o "+ <o4!&($o %&+ R&!$o U$!%o 9 "+ #(<"$o (&s1o$s"4+& %& (&<0+"( &+ '&( "%o !$*&($o7  Desalentar me%oras relativas a la regulación ! a la protección del consumidor> L" oo1&(" !#$ (&<0+"*o(!" %& +" TTIP 1+"$*&"%" 1o( +" Co'!s!#$ &0(o1&" )" " (&s0+*"( &$ 0$" $o('"*!)" o'1"*!4+& o &/0!)"+&$*& /0& 1&('!*" " +"s o'1"B3"s .!$"$ !&("s %& +" UE 9 %& +os Es*"%os U$!%os /0& o1&("$ &$ &+ &6*&(!o( "1+! "( +"s (&<+"s %& s0 1"3s %& o(!<&$7 Es*o
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El riesgo de incluir un mecanismo de solución de controversias inversoresestados en las negociaciones de un Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea
“Cuando me despierto por la noche y pienso en el sistema de arbitraje, nunca deja de sorprenderme que estados soberanos hayan aceptado cualquier forma de arbitraje con inversores (…). Se les da el poder a tres personas privadas para que revise, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de la justicia y todas las leyes y reglamentos provenientes del parlamento.” Juan Fernández-Armesto, árbitro español. 1 Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) sobre un tratado de libre comercio (conocido como TTIP o TAFTA por sus siglas en inglés) se iniciaron en julio de 2013. Los decisores políticos a ambos lados del Atlántico ven como objetivo principal de las negociaciones la “convergencia regulatoria”: promueven el eliminar “obstáculos legislativos al comercio” como manera de resolver las actuales crisis económica y financiera, supuestamente porque empujaría el crecimiento y crearía empleos. Amigos de la Tierra ve con preocupación estos objetivos y anuncios porque esta “convergencia” pondrá probablemente en peligro los derechos de los consumidores y la protección de la salud y del medio ambiente establecidos desde hace mucho, así como las normativas de protección del ciudadanos a ambos lados del Atlántico, como si fueran cargas innecesarias. Con las negociaciones, se pretende sacrificarlas a favor de (inciertos) beneficios económicos2. A este respecto, una de las mayores amenazas al derecho de los estados soberanos a legislar podría provenir del nefasto “mecanismo de solución de controversias inversores-estados” – conocidos como ISDS por sus siglas en inglés.
¿Qué es un mecanismo de solución de controversias inversores-estados?
Los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados negociados caso por caso en acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión dan el poder a inversores extranjeros de denunciar las autoridades nacionales en cortes internacionales. Así pueden reclamar compensaciones económicas si consideran que su inversión potencial (y los beneficios relacionados) están amenazados por cambios legislativos a nivel nacional.
http://www.globalarbitrationreview.com/journal/article/30399/stockholm -arbitrator-counsel-double-hatsyndrome 2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149331.pdf
Se pueden citar como casos famosos los intentos de Vattenfall de anular la decisión de Alemania de cerrar sus centrales nucleares, los ataques de Lone Pine a la prohibición del fracking en Quebec, el incumplimiento por parte del gigante del petróleo Chevron de sus obligaciones legales de reparar daños ambientales y para la salud en Ecuador, o la amenaza a las leyes anti-tabaco en Australia y Uruguay por Philip Morris 3. Las denuncias se resuelven en secreto y por tribunales de arbitraje que escapan a cualquier control, pasando por alto los sistemas judiciales nacionales 4. Las peticiones de compensación pueden alcanzar miles de millones de dólares y representan una seria carga para las finanzas públicas de los estados. En otras palabras, los ISDS permiten a las empresas poner en entredicho el derecho soberano de los estados a legislar (sea o no en el interés público) según sus propios intereses comerciales, deja a los estados indefensos ante estas denuncias y les obliga a pagar. En lo que se refiere al medio ambiente, la energía y la salud pública, compañías trasnacionales relacionadas con crímenes ambientales y abusos a los derechos humanos – como Chevron u Occidental 5 – han estado utilizando este mecanismo para maximizar sus beneficios operacionales a la vez que atacando los marcos regulatorios que tenían que cumplir en el extranjero. Tanto en los países desarrollados como en desarrollo, los ISDS han sido muy útiles a las empresas que buscaban anular legislaciones de protección ambiental y social que iban en contra de su beneficio empresarial. Los costes reales de los mecanismos de solución de controversias inversoresestados Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD) 6  En 2012 se conocían 514 casos de resolución de conflictos bajo el amparo de tratados – de los cuales 58 se iniciaron ese mismo año. Esta cifra representa el mayor número de disputas jamás planteadas en un año, lo que confirma que los inversores recurren cada vez más a este mecanismo. 95 países tuvieron que “responder” a al menos una demanda en 2012. Al menos 329 de todos los casos conocidos (el 64%) fueron iniciados por inversores de EEUU y la UE. Por ejemplo, de las 514 disputas conocidas a finales de 2012, 123 procedían de empresas estadounidenses, 50 holandesas, 30 inglesas y 27 alemanas. Las demandas de los inversores fueron aceptadas en el 70% de las decisiones arbitrales conocidas sobre casos específicos en 2012. En 9 casos, la empresa demandante tuvo derecho a indemnización. Cabe destacar la indemnización más elevada de toda la historia de los ISDS, de 1.770 millones de dólares a Occidental como resultado de su demanda contra Ecuador. Entre todos los casos resueltos, los inversores ganaron en el 31% de los casos y los estados en el 42%, el resto de los casos fueron “acordados ”, lo que significa que no se hicieron públicas las decisiones finales. A menudo se ha puesto en duda la independencia e imparcialidad de los árbitros
Ver cuadro con ejemplos página 6 Para más información sobre los sistemas de arbitraje, ver: http://www.tni.org/briefing/profiting-injustice ; http://www.tni.org/article/response-critics-profiting-injustice 5 http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/business -and-human-rights/oil-gas-and-miningindustries/chevron-corp 6 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf
que resuelven casos de ISDS, incluyendo potenciales conflictos de interés. Este pequeño grupo de personas está dominado por abogados privados (60%) 7, que pueden – y lo hacen – saltar de su papel de árbitro al de asesor de clientes privados, en función del caso. Sólo 15 árbitros, casi todos europeos, estadounidenses y canadienses, han resuelto el 55% de las disputas conocidas derivadas de tratados de inversión. En 2011, 3 gabinetes jurídicos internacionales estaban implicados en 130 casos: Freshfields (Reino Unido), White & Case (EEUU) y King & Spalding (EEUU). 8 Los costes medios legales y de arbitraje por cada caso ISDS se estiman a unos 8 millones de dólares 9. Estos gastos no se pueden recuperar, incluso cuando la otra parte pierde el caso. Tienen por lo tanto que ser sufragados por el dinero de los contribuyentes. Esto implica también que algunos países – sobre todo países en desarrollo – eviten introducir medidas sociales y ambientales progresistas por temor a una demanda a través un ISDS, porque correrían el riesgo de tener que asumir este coste.
En la práctica, las provisiones de los ISDS están diseñadas específicamente para proteger y promover los intereses de las compañías, al permitir a los inversores lo siguiente:   Pedir compensaciones económicas por incumplimiento de un contrato o acuerdo, a pesar del derecho nacional a regular; Cuestionar “expropiaciones indirectas”, cuando el beneficio potencial de una inversión podría verse reducida con un cambio legislativo u otras decisiones por parte de las autoridades públicas (incluyendo permisos ambientales, restricciones al tabaco por razones de salud, prohibiciones de extracción de combustibles o uso de pesticidas, etc.); Eludir la decisión de un tribunal nacional; Llevar estados a cortes internacionales, compuestas por un panel de árbitros comerciales. Estos tribunales actúan en el más absoluto secreto, sin procedimientos para recurrir, ni información pública alguna. El coste de tales demandas legales pueden ser extremadamente elevados. Como ejemplo, los costes asumidos por Ecuador en su defensa contra Chevron alcanzaron 18 millones de dólares.
¿Por qué el TTIP debería dejar fuera todo tipo de mecanismo de solución de controversias inversores-estados?
“Estas provisiones ponen en entredicho la soberanía de un país al dar a una compañía extranjera el derecho de denunciar un gobierno nacional ante una corte internacional. ” Craig Emerson, Ministro de Comercio Australiano 10 El mandato de la UE para las negociaciones del TTIP (obtenido de manera extraoficial) sugiere que la intención es incluir un ISDS en el acuerdo final: “ El capítulo sobre la protección de las inversiones debería cubrir un amplio espectro de inversores y sus inversiones, incluyendo el derecho de propiedad intelectual, la inversión se haya
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/profitingfrominjustice.pdf 9 http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/profitingfrominjustice.pdf 10 http://rabble.ca/blogs/bloggers/council-canadians/2013/04/nafta-challenge-to-fracking-ban-reason-to-avoidinvestor-st
realizado antes como después de la entrada en vigor del Acuerdo. (…) El Acuerdo debería proveer de un mecanismo de solución de controversias inversor-estado efectivo y avanzado, que cuente de transparencia, independencia de los árbitros y predictibilidad del Acuerdo, incluyendo la posibilidad para las Partes de intervenir en la interpretación del Acuerdo. Se deberían incluir mecanismos de solución de controversias estadosestados, pero sin que interfiera con el derecho de los inversores a recurrir a mecanismos de solución de controversias inversores-estados. Se debería facilitar a los inversores un abanico de posibilidades de arbitraje tan amplio como bajo los “Acuerdos de inversión bilaterales ” de los Estados Miembros”11. Es de temer que la inclusión de un ISDS en el TTIP pueda actuar como un potente elemento disuasorio para los estados que, sin ello, hubieran tenido la voluntad de introducir normativas que prioricen los intereses de las personas y el medio ambiente frente a los derechos de los inversores extranjeros. Los estados podrían renunciar con la perspectiva de juicios potenciales que añadirían cargas insostenibles a sus finanzas públicas. Esto pone los ISDS en conflicto directo con el derecho doméstico de regular y los principios fundamentales de precaución y de quien contamina paga, recogidos en los Tratados de la Unión Europea. Amigos de la Tierra cree que no se deberían incluir mecanismos de solución de controversias inversores-estados en el acuerdo trasatlántico en curso de negociación por las siguientes razones:  Las provisiones específicas de ISDS igualan los inversores con la soberanía de los estados, mientras limitan los poderes de los estados sobre las compañías extranjeras operando en sus países. Esto crea una seria barrera al deber del estado de legislar en el interés de sus ciudadanos, y les puede frenar a la hora de introducir medidas que restrinjan el poder de las empresas en aras del interés público. Puede tener impactos particularmente perjudiciales sobre la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Los casos basados en ISDS eluden los mecanismos judiciales existentes, sustituyéndolos por mecanismos de solución de controversias secretos y sin ninguna rendición de cuentas. Como tanto EEUU como la UE cuentan con sistemas judiciales sólidos, esto ni es necesario, ni se justifica. Los ISDS también violan la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que se puede considerar que son incompatibles con los Tratados de la Unión Europea. 12 El ISDS es un mecanismo que sólo funciona en un sentido, injusto para los estados, ya que solamente los inversores pueden iniciar demandas en sus propios términos; los estamos sólo pueden hacer contra-demandas. Además el sistema sólo cubre actividades comerciales, las demandas relativas a derechos humanos o medio ambiente están excluidas. 13 Los ISDS dan derechos excesivos a los inversores, sin el derecho equivalente de acudir a cortes internacionales para los ciudadanos o las comunidades dañadas o engañadas por los proyectos y productos de los inversores. No sería de extrañar que los defensores de los derechos de los inversores argumenten en contra de derechos similares para los ciudadanos o las comunidades afectadas. Desde un punto de vista económico, el empleo de ISDS duplica los eslabones de las autoridades judiciales y añade carga extra a los presupuestos públicos de los
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU-TTIP-Mandate-from-bfmtv-June17-2013.pdf http://acta.ffii.org/?p=1870; (http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/briefing_on_intra eu_bits_0.pdf ) 13 http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2011-08_Kryvoi.pdf
estados, que necesitan sufragar su propia defensa incluso si ganan el caso levantado contra ellos por un inversor. Varios países están en la actualidad revisando su implicación en ISDS por su impacto muy negativo sobre su soberanía como estado. Entre ellos, India, Sudáfrica, Australia, Brasil y Noruega. 14
Cambio climático y energía: se podrían utilizar los ISDS para impedir medidas de restricción o prohibición de la explotación de petróleo y de gas de esquito
Las compañías trasnacionales implicadas en operaciones extractivas utilizan con entusiasmo este sistema costoso. De los 169 los casos ISDS pendientes de resolución ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (ICSID por sus siglas en inglés), 60 están relacionados con petróleo, gas y minería (el 37,5%). 15 La introducción de derechos específicos para los inversores en el TTIP es particularmente crítico en lo que concierne la energía y el medio ambiente. El desarrollo de la extracción de combustibles no-convencionales, en particular el gas de esquisto, es objeto de una intensa controversia en la actualidad en toda Europa, mientras la industria del gas y petróleo ejerce presiones enormes para asegurar sus inversiones en tecnologías altamente arriesgadas como el fracking. 16 Está claro que existe una fuerte voluntad de EEUU de blindar las mejores condiciones para los inversores que exploran las potencialidades de los combustibles no-convencionales europeos, incluyendo el gas de esquito y las arenas bituminosas. Sin embargo, los combustibles no-convencionales representan una de las amenazas más agudas y eminentes para el medio ambiente y el clima. Compañías petroleras y de gas internacionales podrían poner en entredicho y amenazar directamente eventuales decisiones de gobiernos de no aprobar proyectos de extracción de gases de esquito por sus impactos ambientales y sobre la salud. Es imperativo que los estados mantengan su plena capacidad de regular la exploración y explotación de combustibles fósiles, sin la presión de compañías e inversores (que se incrementaría con la introducción de un ISDS).17 Chevron: Cómo promover un mecanismo de solución de controversias inversores-estados en el TTIP como modelo para reforzar los intereses de las grandes compañías en otros acuerdos comerciales “Un TTIP con mecanismos fuertes y completos de inversión podría establecer un estándar mundial para la protección de las inversiones ahora y en el futuro. Este estándar no debería aplicarse solamente en Estados Unidos y la UE. Para que sea verdaderamente operativo, Chevron insta a que, una vez negociado, se extienda en el tiempo a futuros acuerdos comerciales, de inversión o similar para avanzar hacia un estándar de protección de inversiones fuerte, completo y válido a escala global. (…) El arbitraje inversor-estado es un concepto que algunos gobiernos están poniendo en
http://www.bilaterals.org/spip.php?article21295 http://www.ips -dc.org/reports/mining_for_profits_update2013 16 http://corporateeurope.org/sites/default/files/shale_gas_lobby_final.pdf 17 http://www.foeeurope.org/foee-unconventional-and-unwanted-the-case-against-shale-gas-sept2012 ; http://www.foeeurope.org/shale-gas-economic-myths-210513
entredicho en la actualidad como un atropello injustificado a su soberanía. En los hechos, estos mecanismos de solución de discrepancias aseguran que ninguna de las partes tengan el poder de influir indebidamente la determinación de las leyes y los hechos dado que proporciona el acceso a un foro neutro para resolver las disputas. ”18 La postura de Chevron sobre el TTIP asume que los estados y las compañías deberían estar considerados al mismo nivel, ilustrando una total falta de respeto a la soberanía de los estados en su derecho a regular el comportamiento de las empresas y su deber esencial de proteger el interés de sus ciudadanos por encimas del beneficio de poderosas empresas trasnacionales. El punto de vista de Chevron demuestra también que la inclusión de un ISDS en el TTIP representaría un precedente potente para su introducción en otros acuerdos comerciales, incluso a nivel mundial. Esto último lo convierte en un objetivo particularmente importante desde la perspectiva de una empresa.
El impacto que un ISDS pueda tener sobre la protección del medio ambiente y de los ciudadanos depende en parte de qué amplitud se da a la definición de inversión. Una inversión puede incluir licencias y permisos legales, contratos de adquisición, o concesiones para uso de los recursos naturales. Por lo tanto, los estados que restringen la explotación de petróleo o gas, imponen controles ambientales o prohibiciones a determinadas tecnologías, prevén cerrar plantas de carbón o introducen otras medidas limitantes se expondrían a demandas por parte de los inversores. Bajo un ISDS, estas demandas podrían sobrepasar la soberanía de los estados en su derecho a legislar para proteger a los ciudadanos de los efectos peligrosos de la extracción de combustibles fósiles, convencionales o no. Además, como comenta Chevron, es de temer que un acuerdo de ISDS en las negociaciones trasatlánticas podría servir de referencia para futuros acuerdos comerciales firmados por EEUU o la UE con terceras partes, o incluso en acuerdos comerciales mundiales. Por lo tanto, se podría extender un peligroso sistema de solución de controversias opaco y proclive a los intereses empresariales, impidiendo las ambiciones soberanistas de los estados sobre clima y energía. Por ejemplo la EU podría echarse para atrás sobre restricciones comerciales a la importación de petróleo procedente de arenas bituminosas. “No podemos dejar que pequeños países se las jueguen así a grandes empresas – empresas que han realizado grandes inversiones en todo el mundo”, lobbist anónimo de Chevron, citado por Mickael Isikoff en Newsweek. 19 Hechos ya demostrados: cómo se han utilizado mecanismos de solución de controversias inversores-estados para desafiar legislaciones sobre contaminación de suelos y agua, energía nuclear, fracking y salud pública Vattenfall contra Alemania: en 2009, la compañía energética sueca Vattenfall inició un procedimiento ISDS contra Alemania, bajo en amparo del Energy Chapter Treaty, un tratado internacional de protección de las inversiones en el sector de la energía. Vattenfall se había comprometido en la construcción de una planta de generación
Comentario de Chevron sobre el TTIP a la Oficina del Representante de Comercio de EEUU, disponible en: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=USTR-2013-0019-0054 19 http://mag.newsweek.com/2008/07/25/a-16-billion-problem.html
eléctrica de carbón en Hamburgo, a orillas del Rio Elba. Cuando las autoridades ambientales municipales emitieron un permiso con condicionantes sobre la calidad de las aguas residuales vertidas por la planta, Vattenfall protestó diciendo que estos condicionantes hacían el proyecto inviable. La empresa utilizó los procedimientos del ISDS para pedir a Alemania una compensación de 1.400 millones de euros. Vattenfall y la ciudad de Hamburgo llegaron finalmente a un acuerdo, que contemplaba un “permiso revisado de uso del agua”, rebajando así los requisitos ambientales impuestos previamente por la autoridad ambiental de la ciudad. Vattenfall contra Alemania II: En mayo de 2012, Vattenfall inició un segundo procedimiento de arbitraje internacional bajo el mismo tratado, esta vez pidiendo una compensación económica por la decisión de Alemania de cerrar inmediatamente sus centrales nucleares más antiguas y gradualmente las restantes antes de 2022. Esta decisión gubernamental respondía a las preocupaciones de los ciudadanos sobre los riesgos ambientales y para la salud de la energía nuclear después del accidente de Fukushima en Japón. Según fuentes periodísticas, la petición de compensación pudo alcanzar los 3.700 millones de euros. Lone Pine contra Canadá: Basándose en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico (NAFTA por sus siglas en inglés), la empresa estadounidense Lone Pine Resources Inc. pide una compensación económica a Canadá por la introducción de una moratoria al fracking en Quebec. La moratoria, implantada en mayo de 2013, respondía a preocupaciones relativas a riesgos ambientales y para la salud de este nuevo método extractivo. La petición de Lone Pine alcanza los 250 millones de US$ (191 millones de euros). El caso sigue abierto. Chevron contra Ecuador: Después de años de conflicto en los tribunales nacionales ecuatorianos, pueblos indígenas y campesinos ganaron una victoria histórica sobre Chevron: el veredicto del tribunal pedía a la empresa 18.000 millones de US$ para limpiar la contaminación de suelos y agua debida a sus operaciones. Chevron fue entonces al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUUEcuador para anular la sentencia nacional y evitar así su cumplimiento. Este tribunal de arbitraje ordenó al Presidente de Ecuador de bloquear la aplicación de órdenes judiciales previas. Los siguientes fallos repitieron esta petición, argumentando que Ecuador había violado el Tratado al permitir que los denunciantes intentasen acudir a tribunales en Argentina, Brasil y Canadá contra Chevron. Estos fallos plantean un precedente peligroso, permitiendo a las empresas a desafiar las funciones de los sistemas judiciales de un país y las decisiones de sus jueces legítimamente seleccionados. Además en este caso, podría violar la separación de poderes de la Constitución Ecuatoriana. Occidental contra Ecuador: Ecuador puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo con Occidental porque la empresa había vendido el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno, tal y como lo estipulaba el contrato. Occidental retó entonces la decisión, de nuevo bajo el ISDS del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador. Esto dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de US$. Demuestra el poder enorme de estos tribunales. Pacific Rim Mining Corp. contra El Salvador : Al no conseguir cumplir los requerimientos ambientales para obtener un permiso de mina en la mayor cuenca del Salvador, la compañía canadiense de minería de oro Pacific Rim Mining Corp. inició un juicio inversor-estado contra El Salvador, bajo el Acuerdo de Libre Comercio Centro de Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés). La empresa reclama
varios centenares de millones de dólares en compensación por sus “beneficios perdidos”, cuestionando la Ley nacional salvadoreña de Minas. El fallo judicial es eminente y mientras tanto, la violencia y las amenazas contra los activistas ambientales locales continúan en la región donde Pacific Rim quiere abrir una mina de oro con tratamiento al cianuro. Philip Morris contra Uruguay: Después de mudar su sede internacional de EEUU a Suiza por razones legales, el gigante del tabaco Philip Morris inició un caso contra Uruguay en 2010 bajo el Tratado Bilateral de Inversión Uruguay-Suiza. A pesar de que el Tratado explicitaba que no se debía utilizar contra medidas de salud pública, Philip Morris utilizó el ISDS del Tratado para cuestionar varias provisiones de las recientes leyes uruguayas sobre tabaco. La compañía pone en entredicho los requisitos de aviso de peligro para la salud en los paquetes (hasta los gráficos y los tamaños), así como la medida que prohíbe poner en el mercado más de un producto derivado del tabaco bajo la misma marca. El caso sigue pendiente. Representa un buen ejemplo del uso de las reglas de inversiones y de los ISDS como estrategia para eliminar restricciones al comercio del tabaco. Philip Morris contra Australia: En 2011, Philip Morris Asia utilizó el ISDS del Tratado Bilateral de Inversión Australia-Hong Kong para retar la reciente legislación australiana sobre tabaco (Tabacco Plain Packaging Act 2011). El gigante del tabaco dice que la nueva legislación le resta valor a sus inversiones en Australia y que el país le está tratando de manera injusta. Philip Morris pide que Australia esté obligada a suspender el cumplimiento de la nueva legislación y a pagar a la compañía miles de millones de dólares en compensación por sus pérdidas. El caso, todavía abierto, podría tener impactos negativos sobre los esfuerzos regulatorios para prevenir los efectos letales del tabaco mucho más allá de Australia. Por ejemplo, la UE, que en la actualidad está revisando su marco legislativo sobre tabaco, está basando sus propuestas en el modelo australiano.
 Amigos de la Tierra hace un llamamiento a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembro de la EU y el Gobierno de Estado Unidos para que rechacen la inclusión de un mecanismo de solución de controversias inversoresestados (ISDS) en el Tratado de Libre Comercio entre Estado Unidos y la Unión Europea, y se opongan a cualquier acuerdo final que incluya un mecanismo de estas características. El Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no deberían firmar ningún acuerdo intergubernamental que daría el poder a un inversor de denunciar a los estados ante tribunales o sistemas de arbitrajes con el fin de cuestionar políticas y leyes de protección del medio ambiente, la salud, los derechos sociales y el consumidor. Los ciudadanos y las comunidades afectadas o engañadas por compañías e inversores deberían, como mínimo, tener el mismo derecho de apelar a tribunales internacionales que los inversores.
Contacto: Amigos de la Tierra España tierra@tierra.org, +34 91 306 99 00 Redactado por: Natacha Cingotti con contribuciones de Paul de Clerk y Natasa Ioannou, Friends of the Earth Europe 2013
Acuerdo comercial Estados Unidos-Unión Europea: La cosecha del siglo para el agronegocio
Cómo un tratado de libre comercio Estados Unidos-Unión Europea puede dañar para siempre una agricultura y alimentación sostenibles e equitativas
La búsqueda de “coherencia reguladora” en las negociaciones del acuerdo comercial trasatlántico pone en riesgo las normas establecidas para la agricultura y la alimentación en la Unión Europea y Estados Unidos. Grandes empresas del sector agrario y biotecnológico están haciendo presión para eliminar restricciones europeas a los alimentos transgénicos, cuestionan las normas de etiquetado de los alimentos al considerarlas barreras al comercio, y rechazan el uso del “principio de precaución” en el establecimiento de normas de seguridad de los alimentos. Las negociaciones comerciales podrían también amenazar la compra local de alimentos en EEUU y la UE, por ejemplo los programas que buscan orientar el gasto público hacia comidas más saludables y sostenibles en las escuelas. Amigos de la Tierra y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) rechazan cualquier intento de desregular industrias contaminantes, armonizar a la baja las normativas sobre salud o productos, o limitar la posibilidad de legislar en el futuro sobre la agricultura y alimentación a nivel nacional, regional o local.
Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) sobre un tratado de libre comercio (conocido como TTIP o TAFTA por sus siglas en inglés) se iniciaron en julio de 20131. Estas negociaciones podrían tener impactos negativos importantes sobre la agricultura y alimentación a ambos lados del Atlántico. Tanto la UE como EEUU tienen sectores agrícola y alimentario altamente intensivos. Aunque puedan parecer eficientes, en la realidad, obvian costes ambientales, sociales y culturales esenciales. La agricultura intensiva, liderada por actores empresariales potentes, pone en peligro los recursos naturales de los cuales dependen nuestras vidas y destruye el campesinado y el mundo rural en todo el mundo. Cualquier norma y acuerdo que mantenga este sistema alimentario destructivo amenaza los progresos en
Para un cronograma de las negociaciones del TTIP, ver la página web de la eurodiputada holandesa Marietje Schaake: http://www.marietjeschaake.eu/2013/09/new-ttip-faq-the-negotiation-phase-eventsupdates-key-positions-and-docs/
temas claves como la pérdida de fertilidad de los suelos, la desaparición de biodiversidad, la escases de agua dulce, la contaminación de agua y alimentos con fertilizantes, la producción de estiércoles, y la mitigación del y adaptación al cambio climático. El TTIP representa un peligro para los avances en este sentido. Los responsables políticos a ambos lados del Atlántico han declarado que el objetivo principal de las negociaciones del TTIP era la “convergencia reguladora”. El Representante de Comercio de EEUU, Mickael Froman, ha sugerido que, para converger, el proceso regulatorio europeo debería ser como el de EEUU, dominado por la industria.2 Todo indica que la convergencia irá hacia las normas menos exigentes existentes en EEUU o la UE, considerando las legislaciones democráticamente establecidas de seguridad alimentaria, comercio local de alimentos y protección ambiental como meras “barreras al comercio”, que se tienen que quitar o eludir. Esto podría suponer borrar de un plumazo décadas de progresos en la normativa alimentaria y ambiental específica, actualmente en vigor. Como en otros sectores, las grandes empresas en el sector de la agricultura y alimentación están empujando para que se utilice el TTIP como instrumento para debilitar normas y reglamentaciones. Esto podría sin duda conducir al desmantelamiento, el olvido o la congelación del enfoque regulatorio europeo sobre seguridad alimentaria, ingeniería genética, etiquetado y productos químicos tóxicos, simplemente en aras de incrementar el comercio, en beneficio de los exportadores alimentarios europeos y estadounidenses. De la misma forma que en otras negociaciones comerciales, el TTIP se está negociando con absoluta falta de transparencia. Todas las negociaciones se realizan a puertas cerradas. El público y las organizaciones de la sociedad civil no tienen ningún acceso a los textos negociados.
La agricultura intensiva en EEUU y la Unión Europea
El muy complejo amalgama de subvenciones, tarifas y reglamentación en los actuales sistemas agrarios europeos y estadounidenses no permiten un acceso equitativo a alimentos saludables y sostenibles para todos. Bien al contrario, presionan a los agricultores a producir lo más posible, lo más barato posible, y a vender a las grandes compañías del agronegocio que buscan mercados en eterna expansión para la carne, otros alimentos y piensos. Desde esta perspectiva, los alimentos son un producto comercial más, en vez del elemento central de sistemas alimentarios sostenibles, saludables y equitativos.3 En lugar de prestar atención a las presiones de las empresas para expandir alimentos baratos, los gobiernos deberían explorar alternativas para fortalecer la producción y comercialización de alimentos locales, conectando consumidores y agricultores, y para fomentar una agricultura más sostenible. Sin embargo, tanto en la UE como en EEUU, se están expulsando del mercado las explotaciones pequeñas y familiares. En efecto, el enfoque actual económico y las negociaciones comerciales en curso, como las del TTIP, considera a los agricultores como meros productores de materia prima. Pasan por alto que las granjas producen alimentos para la gente, son fundamentales para las economías rurales locales, e interactúan con los ecosistemas, jugando un papel esencial en la protección de la
“Froman calls on EU regulators to be more like their U.S. counterparts”, Inside U.S. Trade, 30/09/ 2013 Para más información, ver: http://www.foeeurope.org/agriculture
biodiversidad y la fertilidad del suelo.4 También el modelo de agricultura será un factor decisivo en la lucha contra el cambio climático.
En el punto de mira del acuerdo comercial: la reglamentación de la agricultura y la alimentación
Los aranceles sobre productos agrícolas comercializados entre EEUU y la UE son extremadamente bajos. En vez de focalizarse en intentar reducirlos todavía más, el objetivo del TTIP es debilitar o eliminar las normativas y reglamentaciones5 que establecen qué alimento se produce cómo – a pesar de que hayan sido implantadas democráticamente. En otras palabras, las negociaciones se están centrando en desregular, poniendo toda la atención en definir la “coherencia reguladora”. Una manera de conseguirla es establecer un sistema en el que un producto o una sustancia considerados seguros en un país o una región se acepte automáticamente en la otra. Esto significa que un producto se podría importar incluso si no cumpliese las normas específicas del país importador. Está claro que un amplio abanico de empresas del sector agroalimentario espera el TTIP para desmantelar o pasar por alto, de un golpe, muchas de las normativas más exigentes en agricultura y alimentación – a pesar de que hayan sido establecidas a duras penas bajo los procedimientos democráticos de la UE. Los exportadores alimentarios europeos también tienen en su punto de mira las normas y las legislaciones estadounidenses, en otras de las partes en negociación del acuerdo6. Entre ellos por ejemplo, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de EEUU que establece restricciones a la importación de pescado o la Ley de Bioterrorismo por sus provisiones restrictivas en cuanto a importación de alimentos. También depende de ello la puesta en marcha efectiva de la norma de Indicación Geográfica en la UE (que protege los productos procedentes de un lugar específico y lleva su nombre).7
Intento de eludir las normativas sobre transgénicos en la UE La legislación sobre cultivos y productos modificados genéticamente, así como los mercados existentes de estos productos, son muy diferentes en la UE y EEUU. Las normativas de seguridad de los organismos modificados genéticamente (OMG) son mucho más estrictas en la UE que en EEUU y EEUU ambiciona utilizar el TTIP para burlar las restricciones europeas. La industria biotecnológica estadounidense ya ha declarado explícitamente que esto es su objetivo principal.8 La oposición de los ciudadanos9 ha hecho que actualmente muy poco transgénico se cultive en suelo europeo y muy pocos productos modificados genéticamente se comercialicen10. En 2012 y 2013, primero BASF11 y luego Monsanto12 anunciaron que
A safe operation space for humanity, Rockström et al, 2009, Nature 461, 472-475 http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html#a1 5 http://www.ecorys.nl/contents/uploads/factsheets/350_1.pdf (p51) 6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf (p79 en adelante) 7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf (p79 en adelante) 8 http://www.bio.org/advocacy/letters/bio-comments-ttip-negotiations 9 Informe sobre biotecnología, Eurobarometro 73.1, Comisión Europea http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf 10 GM crops irrelevant in Europe – Greener farming eclipses GM, Factsheet, FoEE, Febrero 2013 11 http://www.europeanvoice.com/article/2012/january/basf-to-end-gm-crop-production-for-the-eu/73218.aspx
retiraban sus aplicaciones de aprobación de cultivos transgénicos pendientes de resolución en la UE. De momento, solo un maíz (MON810 de Monsanto13) y una patata (Amflora de BASF) modificados genéticamente se pueden cultivar legalmente en Europa. Los únicos otros productos que se pueden utilizar en la UE son algunos maíces y soyas importados como pienso. Así mismo, desde hace 10 años, la EU cuenta con una legislación que obliga al etiquetado de todo producto que contenga ingrediente modificado genéticamente.14 Además si se encuentran trazas15 de material modificado genéticamente en alimentos no transgénicos o semillas, se debe retirar el producto inmediatamente del mercado, y también se rechaza en las fronteras. Para piensos, la EU acepta, bajo determinadas condiciones, una contaminación de hasta un 0,1%.16 En cambio en EEUU, el maíz y la soja transgénicos se cultivan en grandes extensiones y se utilizan como pienso animal y en muchos alimentos procesados. Recientemente se aprobaron varios nuevos cultivos, como el maíz dulce, la remolacha y la alfalfa. No hay etiquetado obligatorio, si bien un amplio movimiento a favor del etiquetado ya lo ha conseguido en varios estados17. En general, la Agencia de los Alimentos y los Medicamentos de EEUU (Food and Drug Administration) considera que los alimentos transgénicos y no transgénicos son equivalentes y los cultivos modificados genéticamente “seguros”, al menos que la presencia del gen extraño provoque la expresión de una proteína diferente18. Los agricultores ecológicos que deben utilizar semillas no transgénicas tienen problemas con el polen de cultivos vecinos que contamina sus cosechas.19 Y las compañías biotecnológicas como Monsanto no dudan en denunciar a los agricultores que conservan semillas transgénicos para sembrarlas al año siguiente – o si cualquier material genético patentado aparece en sus campos - por infracción de patente.20 El agronegocio estadounidense se ha puesto como objetivo acabar con las salvaguardias europeas contra los riesgos de los OMG. Por ejemplo, la Asociación de Exportadores de Grano Norteamericana quiere acelerar las autorizaciones de las exportaciones de productos MG a Europa para alimentos, piensos y transformación. En efecto, declara que reducir “el desfase entre la autorización de un nuevo evento mejorado genéticamente [sic] en EEUU y su autorización e importación para uso en alimento, piensos o transformación en Europa, debería formar parte de las máximas prioridades del TTIP.”21
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/10186932/Major-GM-food-company-Monsanto-pulls-out-ofEurope.html 13 Página de información sobre el MON810, GMO Compass (tal y como se mostraba el 30/09/2013) http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/15.docu.html 14 Esto se aplica solamente a los productos que contienen más del 0,9% de ingredientes MG. http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/labelling_en.htm Además los productos derivados de animales alimentados con transgénicos no tienen obligación de etiquetarse. http://www.genewatch.org/sub-568547 15 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/harmonisation_of_controls_en.htm 16 Reglamento 619/2011 de la Comisión por el que se establecen los métodos de muestreo y análisis para el control oficial de los piensos y de la presencia en ellos de material modificado genéticamente cuyo procedimiento de autorización esté pendiente o cuya autorización haya caducado 17 http://www.foodsafetynews.com/2013/06/movement-to-label-gmos-gaining-steam/#.UkgT7ygYJSo 18 http://www.fas.org/biosecurity/education/dualuse-agriculture/2.-agricultural-biotechnology/us-regulation-ofgenetically-engineered-crops.html 19 http://www.non-gmoreport.com/articles/apr10/organicfarmers_gmocontamination.php 20 http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/why-does-monsanto-sue-farmers-who-save-seeds.aspx 21 http://naega.org/wp-content/uploads/2012/05/NAEGA-NGFA-Joint-Comments-to-USTR-Trade-Policy-StaffCommittee-on-TTIP-May-10-2013.pdf
De la misma forma, la Organización de Industrias Biotecnológicas Estadounidense (BIO) y la Asociación de Comercio de Semilla Americana (ASTA) empujan para que se acabe la tolerancia cero de contaminación transgénica en semillas. La ASTA quiere que la UE adopte la “solución técnica” que permite cierta cantidad (hasta el 0,1%) de OMG en semillas “en los casos en los que las semillas no hayan sido aprobadas todavía para su cultivo en la UE”. También pide “un límite comercial viable [de presencia MG], basado en la ciencia […] cuando se trata de semillas ya aprobadas para su cultivo en la UE”.22 El gobierno de EEUU tiene la intención de cuestionar la legislación europea de etiquetado obligatorio de los OMG a través del TTIP. Esto es una disputa que viene de lejos entre las dos regiones, de hecho EEUU ya denunció formalmente la normativa europea sobre OMG ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).23 El gobierno estadounidense considera que las autorizaciones de alimentos y piensos transgénicos son demasiado lentas en la UE, y que “los limites de presencia de OMG tan bajos que son inviables” y las medidas anticontaminación de varios Estados miembros europeos contradicen las reglas de la OMC.24
Lo que el agronegocio quiere realmente
La industria agroalimentaria ya ha dejado bien claro sus objetivos particulares. Las empresas biotecnológicas por ejemplo quieren que la UE sea más permisiva con la importación de OMG no autorizados, acelere las autorizaciones de nuevos OMG, debilite las pruebas de seguridad para los cultivos transgénicos y sustituya el etiquetado obligatorio de los alimentos transgénicos por normas voluntarias. El TTIP facilitará probablemente también el cuestionamiento por parte de las empresas, de un amplio abanico de otras normativas, existentes o inminentes, en particular sobre restos de pesticidas en alimentos y tratamientos químicos de reducción de patógenos; aditivos en los piensos y hormonas de crecimiento para la carne y la leche; aditivos y aromatizantes en alimentos; etiquetado de productos; sistemas alimentarios locales; y normas a los agrocombustibles.25 Este proceso de desregulación podría tener un impacto dramático sobre nuestro sistema agrario y alimentario. Por ejemplo, podría:   Reducir significativamente la información a los consumidores sobre los ingredientes de sus alimentos y poner en entredicho las reglas de etiquetado de OMG tanto en la UE como en EEUU; Incrementar las presencia de sustancias tóxicas o potencialmente más tóxicas en los alimentos, como pesticidas y productos modificados genéticamente;
http://www.regulations.gov/contentStreamer?objectId=09000064812d84f6&disposition=attachment&content Type=pdf 23 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130518/LDM_BRI(2013)130518_REV1_ EN.pdf 24 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 25 Este resumen se deduce de los comentarios de la industria entregados al Representante Comercio de EEUU: https://www.federalregister.gov/articles/2013/04/01/2013-07430/request-for-comments-concerningproposed-transatlantic-trade-and-investment-agreement y de una carta de varias organizaciones y asociaciones del sector agroalimentario de EEUU al embajador Ron Kirk http://www.nppc.org/wpcontent/uploads/2013-03-04-Ag-Coalition-US-EU-FTA.pdf
Debilitar las normas que se aplican a la producción de alimentos, incluidos los métodos de procesamiento de la carne; Restringir programas de compra pública local de alimentos, por ejemplo para los comedores escolares; Concentrar todavía más el control de la cadena alimentaria en las manos de muy pocas corporaciones trasnacionales.
Cuestionando el etiquetado por considerarlo una barrera al comercio Los requerimientos legales de una información detallada del contenido de los productos alimentarios envasados provienen generalmente de la presión ejercida por grupos de consumidores. Las empresas alimentarias siempre se han mostrado muy reticentes en facilitar la información. 26 La UE tiene un amplio marco regulatorio aplicable a los alimentos en todo su territorio, como las legislaciones sobre la trazabilidad y el etiquetado de los alimentos transgénicos27, y el nuevo Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que se está introduciendo gradualmente.28,29 Existen también numerosos esquemas nacionales de etiquetado voluntario, como el sistema de etiquetado británico llamado Traffic Light Signpost Labelling que indica el nivel de azúcar, grasas, sal y calorías en 100g de producto.30 Por otro lado, hay un sistema de etiquetado sobre bienestar animal en determinados productos31, como los huevos (en los cuales se estipula si las gallinas han sido criadas en jaulas, en granjas, o al aire libre).32 EEUU también cuenta con normativa de etiquetado de alimentos33, entre ellas la nueva legislación sobre el etiquetado del país de origen de la carne (que ya ha sido denunciada ante la OMC). Pero en general, los sistemas de etiquetado obligatorio en EEUU se centran en el contenido en nutrientes34,35. Los decisores políticos consideran que los alimentos producidos con OMG o aditivos a base de hormonas de crecimiento de bovinos no son diferentes que los alimentos sin ellos.36 Existe por lo tanto una predisposición general contra el etiquetado de este tipo de productos. La única excepción se encuentra en la agricultura ecológica, que no emplea ni hormonas sintéticas ni antibióticos, y se etiqueta como tal.37 Las nuevas leyes de etiquetado de OMG en Connecticut y Maine38, y las campañas en este sentido en una docena de otros estados, representan una amenaza directa a este enfoque. La Asociación Americana de la Soja pide que “se reemplacen las políticas de
Ver por ejemplo: http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2012/05/why-biotech-food-labeling-ismet-with-resistance 27 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/labelling_en.htm 28 http://www.food.gov.uk/enforcement/regulation/fir/#.UkgoNygYJSo 29 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm 30 http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/frontofpackguidance2.pdf 31 http:/ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/options_animal_welfare_labelling_summary_en.pdf 32 http://www.labellingmatters.org/about-us/eu-egg-labelling-scheme.html 33 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ ucm2006828.htm 34 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf (p79 en adelante) 35 http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ ucm2006828.htm 36 Ver por ejemplo http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf 37 http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.search.do?q=NOPPetitionedSubstancesDatabase 38 http://www.motherearthnews.com/real-food/connecticut-and-maine-pass-gmo-labeling-lawszwfz1306zsal.aspx#axzz2gIHsRPWB
trazabilidad y etiquetado obligatorios de los productos con ingredientes transgénicos por políticas no discriminatorias de etiquetado libre de transgénicos.”39 Un sistema así sería voluntario y por lo tanto no se podría obligar a que se ponga en marcha. El Representante de Comercio de EEUU por otro lado se ha quejado de que “las políticas europea restringen la importación y uso de bienes agrícolas derivados de la biotecnología [en particular…] al imponer requisitos comerciales imposibles de cumplir sobre contenido transgénico en alimentos según los Reglamentos de trazabilidad y etiquetado.”40 Es de esperar por lo tanto que estas normativas sean objeto de la máxima atención durante las negociaciones del TTIP.
El principio de precaución en la práctica: de la incertidumbre científica a las decisiones políticas La importancia del Principio de Precaución fue claramente y definitivamente reconocida en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro. El principio 15 de la Declaración de Río enuncia que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”41 El Principio de Precaución es ahora una pieza angular de la política europea, ya que se ha introducido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.42 Las normas europeas de seguridad alimentaria y de salud pública se basan en el Principio de Precaución, lo que significa que los que ponen en el mercado nuevos alimentos son los responsables de demostrar que son seguros, antes de comercializarlos. Por lo contrario, las normas estadounidenses de seguridad alimentaria se basan en la prueba “científica” aportada voluntariamente por la industria. Así, por ejemplo, se utiliza maíz y soja modificados genéticamente en toda la cadena alimentaria y están en proceso de aprobación otros tipos de productos procedentes de la biotecnología y de tecnologías emergentes como las nanopartículas artificiales en los alimentos. En marzo de 2013, unas 60 organizaciones estadounidenses de exportadores agrícolas y comerciantes alimentarios mandaron una carta al Representante de Comercio de EEUU, Ron Kirk, centrado específicamente en la recomendación del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de negociar “un ambicioso capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias basado en la ciencia y los estándares internacionales.” Esto representa una amenaza directa a la aplicación en Europa del Principio de Precaución que guía la toma de decisiones en caso de incertidumbre científica.43 En general, las reglas de libre comercio permiten a las partes cuestionar más fácilmente las barreras al comercio “no científicas”.44 Aceptar este enfoque significaría un enorme paso atrás. El Principio de Precaución no
http://www.regulations.gov/contentStreamer?objectId=09000064812cb0c1&disposition=attachment&conten tType=pdf y http://www.regulations.gov/contentStreamer?objectId=09000064812d83b5&disposition=attachment&content Type=pdf 40 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 41 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF 43 http://www.nppc.org/wp-content/uploads/2013-03-04-Ag-Coalition-US-EU-FTA.pdf 44 http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm
es científico. Reconoce precisamente las incertidumbres de innovaciones tecnológicas, y permite a la sociedad protegerse de las consecuencias de riesgos subestimados, ayudando así a orientar las innovaciones en la dirección deseada y sostenible.45 Un ataque al Principio de Precaución en el TTIP podría llevar a un debilitamiento de calado de las leyes europeas de protección del medio ambiente. Podría también impedir que la UE introduzca nuevas normativas estricta y eficaz en el futuro.
Las empresas podrían llevar a los estados a juicio
Uno de los aspectos del TTIP que toca de lleno a todos los sectores es el relativo a inversores, y muy particularmente el hecho de que las empresas tengan o no el derecho de denunciar las decisiones de los gobiernos. Tanto EEUU como la UE han declarado que su intención es incluir un mecanismo de solución de controversias inversoresestados (ISDS por sus siglas en inglés) en el TTIP.46 Esta propuesta altamente controvertida daría la posibilidad a las compañías de denunciar a los gobiernos en un tribunal de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para pedir compensaciones por normativas que afectarían a sus beneficios previstos. Por ejemplo, bajo otros acuerdos comerciales, los inversores han utilizado este tipo de mecanismos para poner en tela de juicio leyes nacionales sobre vertidos de residuos peligrosos, etiquetado en los paquetes de cigarrillos, o restricciones de importaciones de sirope de maíz con alto contenido en fructosa. Incluir un mecanismo de este tipo también añadiría un precedente para que este peligroso sistema se introduzca en negociaciones comerciales globales en el futuro.
Aditivos en los alimentos y piensos: ¿qué comida queremos en nuestro plato? La producción de ganado intensivo a ambos lados del Atlántico se centra en incrementar las tasas de crecimiento de los animales, incluso utilizando diferentes aditivos y sustancias. Existen varias normas en vigor en las dos regiones, que establecen lo que está permitido y lo que no. Esto ha sido el origen de una larga disputa sobre el uso en EEUU de hormonas de crecimiento en la carne de vacuno, prohibido en los Estados miembros de la UE. La disputa se ha resuelto hace poco: la UE mantiene sus prohibiciones pero ofrece un acceso preferencial a su carne de vacuno criado sin hormonas de crecimiento.47 Otro aditivo alimentario igual de preocupante es la ractopamina, solamente autorizada en EEUU y otros 26 países grandes productores de carne.48 La ractopamina se utiliza para acelerar el crecimiento y obtener una carne con menos grasa, pero algunas investigaciones han demostrado que también afecta a la salud y el comportamiento del animal.49,50 La droga imita la hormona del estrés, poniendo a los animales más
Para consultar más argumentos sobre este tema, ver: http://www.theguardian.com/science/politicalscience/2013/jul/08/precautionary-principle-science-policy 46 Para más explicación sobre los ISDS, ver: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/mecanismos_solucion_controversias.pdf 47 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120314IPR40752/html/Win-win-ending-tothe-hormone-beef-trade-war 48 http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/RactopamineFS.pdf
http://www.centerforfoodsafety.org/files/ractopamine_factsheet_02211.pdf
agresivos e hiperactivos. Aumenta también la rapidez de transformación del pienso en carne. Algunos estudios plantean posibles problemas para el corazón, los músculos y el sistema reproductivo.51 Otros estudios también sugieren posibles impactos en la salud humana (como por ejemplo en el caso del medicamento contra el asma retirado, que podría elevar el ritmo cardiaco y causar envenenamiento).52 Por estas razones, muchos países, entre ellos Rusia, China y la UE, han prohibido la importación de carne de animales tratados con ractopamina. Después de cuatro años de negociaciones infructuosas – que llegó finalmente a una conclusión en un voto muy inusual y controvertido – el Codex Alimentarius de Naciones Unidas (el organismo que establece los estándares alimentarios internacionales) adoptó un límite residual máximo para la ractopamina en la carne de vacuno y porcino en 2012. Ahora que la norma de Codex ha sido aprobada, parece que una guerra comercial se avecina, EEUU podría iniciar una disputa contra Rusia en la OMC.53 La industria de la carne estadounidense también ha empezado a quejarse de la prohibición europea como de una barrera comercial, y esto podría perfectamente entrar en las negociaciones (o concesiones) del TTIP.54
Nuevas reglas a la contratación pública en el TTIP podrían limitar programas de compra de alimentos locales En EEUU, numerosas comunidades locales se esfuerzan para recuperar el control sobre sus alimentos, muy particularmente para poder comprar alimentos producidos localmente. Entre estas iniciativas se encuentra el fomento de alimentos locales, más saludables y sostenibles, en programas de comedores escolares u otros comedores públicos. El Programa estadounidense De la Granja a la Escuela por su parte ayuda a poner en contacto las escuelas y los agricultores cercanos.55 El Consejo de Política Alimentaria de Los Angeles va un paso más allá, al incluir consumidores, agricultores, restaurantes y centros escolares locales en un esfuerzo conjunto de priorizar alimentos más saludables y locales. Pone directamente en entredicho el sistema alimentario global e industrializado.56 Algunos países europeos tienen iniciativas similares. Por ejemplo Italia se ha aprovechado de la flexibilidad de las normas sobre compras de la UE para lanzar programas de comedores escolares que toman en cuenta criterios culturales a la hora de adquirir alimentos locales. Desafortunadamente estas experiencias en democracia alimentaria se podrían ver amenazadas por las negociaciones del TTIP. El mandato para las negociaciones de la UE estipula que quiere nuevas normas de compra pública de todo tipo de bienes, en todos los sectores y a todos los niveles de gobierno. Se muestra especialmente
http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/RactopamineFS.pdf http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1041.htm 52 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1041.htm y http://www.centerforfoodsafety.org/files/ractopamine_factsheet_02211.pdf 53 http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2013/02/aaron-cosbey-on-codex-ractopamine-andpork-a-twisted-tail.html y http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/RactopamineFS.pdf 54 http://www.regulations.gov/contentStreamer?objectId=09000064812e5e67&disposition=attachm ent&contentType=pdf 55 http://www.farmtoschool.org/ 56 http://goodfoodla.org/objectives/good-food-priorities/
preocupado por los programas Compra Americano (“Buy America”), que utiliza dinero de los contribuyentes para apoyar programas de compra pública y así fomentar la creación de empleo local.57 EEUU también ha dejado claro sus intenciones de utilizar el TTIP para abordar el “uso creciente de medidas de localización como barrera comercial”.58 Por lo tanto los criterios de alimentación local, tanto en EEUU como en la UE, bien podrían ser considerados como barreras comerciales no arancelarias y en consecuencia declarados ilegales bajo el TTIP.
Amigos de la Tierra y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) instan a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y el gobierno de EEUU a dar prioridad a los intereses de los ciudadanos y el medio ambiente. A este fin, no deberían acordar un tratado de libre comercio transatlántico que debilite la democracia, la seguridad y la protección ambiental. En particular no se deberían tocar pilares fundamentales del marco regulatorio europeo – como el Principio de Quién Contamina Paga o el Principio de Precaución – reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en otros tratados internacionales. Amigos de la Tierra y el IATP rechazan todo intento de desregular industrias contaminantes, armonizar a la baja normas sobre productos o seguridad, y limitar futuras legislaciones de protección de la gente y el medio ambiente. En particular, las negociaciones deberían claramente excluir:
 cualquier mecanismo de solución de controversias inversores-estados, que daría  
a las empresas nuevos derechos para llevar a juicio gobiernos por sus leyes de protección de la salud pública y el medio ambiente; una rebaja de las medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir de cualquier norma relacionada con la seguridad alimentaria o la sanidad animal y vegetal; nuevas normas que limite el derecho a apoyar la compra pública local, en particular en lo que se refiere a los programas de colaboración entre granjas y comedores escolares y otros esfuerzos locales para mejorar el sistema alimentario. todo intento de debilitar las leyes de etiquetado que proporcionan información a los consumidores sobre sus alimentos.
Amigos de la Tierra y el IATP hacen por lo tanto un llamamiento para un acuerdo comercial que construya un futuro mejor para la gente y el planeta mediante el apoyo a las economías locales, sistemas agrarios agroecológicos y un mundo rural vivo. Un tratado de estas características debería tener por objetivos:   Construir nuevas economías y mejorar la calidad de vida: proteger y apoyar a las economías locales y desarrollar empleos de calidad, estables y satisfactorios en el sector agrícola y alimentario. Mejorar las condiciones de vida para las futuras generaciones: identificar las mejoras prácticas sociales y ambientales como base para un marco regulatorio mínimo común para la agricultura y alimentación, eliminar las subvenciones
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU-TTIP-Mandate-from-bfmtv-June17-2013.pdf http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/february/transcript-briefing-us-eu
nefastas para el medio ambiente y reducir el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrario, tanto en EEUU como en la UE, a niveles sostenibles y equitativos. Promover condiciones comerciales que favorezcan a las personas y el medio ambiente: los intereses de los ciudadanos y del planeta deberían estar en el centro del acuerdo, y no los intereses particulares de inversores y multinacionales. Aportar transparencia y rendición de cuenta: el público y las organizaciones de la sociedad civil necesitan saber lo que se está negociando y acordando, y poder participar. Es imprescindible que los inversores y las empresas rindan cuenta y sean responsables de los impactos para las personas y el medio ambiente de sus actuaciones.
Estos pasos son absolutamente esenciales para proteger a las personas y el medio ambiente. Se deben mantener y mejorar las normativas de seguridad y de protección de la salud, y no desmantelarlas. Así mismo, se deben promover y proteger las economías locales y el mundo rural. Las autoridades deben seguir guiándose del Principio de Precaución cuando no existen pruebas científicas suficientes para tomar una decisión, en particular en lo que se refiere a tecnologías controvertidas como la ingeniería genética. El futuro de nuestra alimentación, nuestra agricultura y nuestro medio ambiente está en juego. Nada más y nada menos.
Contacto: Amigos de la Tierra España tierra@tierra.org, +34 91 306 99 00 Redactado por: Mute Schimpf, Friends of the Earth Europe y Karen Hansen-Kuhn, Institute for Agriculture and Trade Policy 2013
Amigos de la Tierra Europa agradece el apoyo económico del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos (DGIS). Lo expresado en este documento es única responsabilidad de Amigos de la Tierra y no se puede considerar como un reflejo de la posición del financiador mencionado. No se puede hacer responsable al financiador por cualquier uso que se haga de la información contenida en este documento.
egún los representantes de la Unión Europea y Estados Unidos, se espera que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, según sus siglas en inglés), el mayor acuerdo comercial mundial, aporte inmensos beneﬁcios a los ciudadanos y proporcione un potencial de crecimiento del 1% del PIB en la UE. Todos estos beneﬁcios se basan en unos supuestos muy optimistas que todavía no han sido veriﬁcados ni debidamente contrastados.
Uno de los temas que están siendo objeto de debate con miras a crear una Zona Transatlántica de Libre Comercio (TAFTA) o a alcanzar un acuerdo de asociación de libre comercio (TTIP) entre EE UU y la UE es la regulación de las sustancias químicas. Las legislaciones comunitaria y estadoVito A. Buonsante, jurista de ClientEarth
unidense relativas a las sustancias químicas presentan diferencias estructurales y también culturales. La base jurídica por la que se rige en EE UU la regulación de las sustancias químicas es la ley de control de sustancias tóxicas (TSCA), una ley de 1976 que se considera un gran fracaso debido a que para regular una determinada sustancia química, la carga de la prueba de que dicha sustancia plantea un riesgo inaceptable recae en la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense (EPA). En razón de este mecanismo, solo se han prohibido cinco sustancias químicas en el marco de esta ley. En la UE existe un reglamento, REACH, que entró en vigor en el año 2007 y se aplica con un enfoque horizontal en todos los Estados miembros. La diferencia fundamental entre el reglamento REACH y la TSCA es que en el primero la carga de la prueba de que el uso de una sustancia química es seguro recae en el suministrador de la misma, mientras que la TSCA no
exige aportar datos sobre ninguna de las 60.000 sustancias comercializadas desde 1976 y solo un conjunto de datos limitado sobre las nuevas sustancias y los nuevos usos. REACH, además, va más allá, dado que promueve (al menos en principio) la sustitución progresiva de todas las sustancias peligrosas. Por consiguiente, los niveles que separan la regulación estadounidense de la comunitaria en este ámbito son dos: la responsabilidad del fabricante y la promoción de una solución innovadora para el diseño y la utilización de sustancias químicas seguras. El reglamento REACH adopta un enfoque basado en los riesgos para regular las sustancias químicas, lo que signiﬁca que una sustancia puede regularse en función de su potencial de riesgo, incluso si la exposición es mínima o puede controlarse, mientras que en EE UU debe demostrarse el riesgo de exposición a dicha sustancia química en condiciones normales de utilización y dicha exposición debe constituir un riesgo inaceptable. Además, la EPA, a la hora de regular una sustancia química preocupante, debe introducir la medida que resulte menos gravosa. En este contexto y ante la ausencia de un análisis exhaustivo coste/beneﬁcio, en el año 1991 un tribunal de apelación estadounidense rechazó la prohibición, por parte de la EPA, de los usos autorizados en aquel momento del amianto, una sustancia química de la que se sabe desde hace mucho tiempo que provoca cáncer de pulmón. Desde entonces la EPA no ha regulado ni una sola sustancia química basándose en un riesgo excesivo. Por su lado, aunque no es perfecto, en el marco del reglamento REACH se prohíbe actualmente la fabricación y el uso de más de 60 sustancias o grupos de sustancias químicas, se requiere autorización para utilizar otros 22 compuestos y, en relación con 144 sustancias consideradas extremadamente preocupantes, los suministradores de dichas sustancias o de productos que las contengan tienen la obligación de notiﬁcar los posibles riesgos. La Comisión Europea está a punto de publicar una hoja de ruta para la inclusión de todas las sustancias extremadamente preocupantes conocidas en la lista de candidatas para su autorización en 2020. Por lo tanto, la ﬁrma de un acuerdo de libre comercio de sustancias químicas con EE UU no reportará ningún beneﬁcio a la UE. Si el objetivo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones es beneﬁciar a los ciudadanos europeos, no existe un espacio para la cooperación en materia normativa con un país, como EE UU, en el que la regulación de las sus-
tancias químicas a las que están expuestos sus ciudadanos es tan deﬁciente.
El Comisario de Comercio de la UE ha dicho que la Unión está dispuesta a examinar propuestas para facilitar el comercio y, al mismo tiempo, mantener la protección intacta. Sugiere que se haga por mediación de un Consejo de Cooperación en Materia de Regulación en el que estén representados los responsables de las agencias reguladoras más importantes de la UE y de EE UU. El principal objetivo declarado de la cooperación en sustancias químicas estaría relacionado con el establecimiento de prioridades en la evaluación de estas sustancias y con la cooperación mutua con miras a definir los temas nuevos y emergentes. Es decir, que la UE está dispuesta a debatir con EE UU todas las iniciativas que estos propongan en el ámbito de la regulación de las sustancias químicas. Pero dado que EE UU no está evaluando ninguna sustancia con vistas a su retirada progresiva, el mencionado Consejo de Cooperación en Materia de Regulación no hará sino retrasar la aplicación del reglamento comunitario relativo a las sustancias químicas y dejará a la UE un control apenas simbólico sobre las iniciativas comunitarias. Veamos, por ejemplo, el caso de los disruptores endocrinos, uno de los denominados temas emergentes. La ciencia independiente sabe, en su inmensa mayoría, que estas sustancias constituyen una amenaza mundial, tal como ha aﬁrmado la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en la Unión Europea se está produciendo una batalla encarnizada a la hora de establecer unos criterios cientíﬁcos que permitan deﬁnir qué son los disruptores endocrinos. A ﬁnales de año está previsto que la UE apruebe dichos criterios de acuerdo con el enfoque basado en los riesgos recogidos en el reglamento REACH, el reglamento relativo a los pesticidas y biocidas. Si en la mesa de negociaciones sobre el acuerdo de cooperación se van a incluir los disruptores endocrinos, no es improbable que la protección de la salud y del medio ambiente se vea socavada por el mucho más laxo enfoque del riesgo aplicado por EE UU a
2 1. El amianto no está prohibido en EE UU por su laxa legislación sobre productos tóxicos. 2. Armonizar la legislación sobre productos químicos reducirá las protecciones europeas. 3. El bisfenol A está prohibido en los biberones de la UE, pero no en EE UU.
la regulación de las sustancias químicas. La presión ejercida por las empresas estadounidenses en ese sentido está siendo bastante fuerte. Por último, está el principio de precaución –a menudo deﬁnido popularmente como “más vale prevenir que curar”– que permite tomar medidas para proteger a los ciudadanos comunitarios incluso cuando no exista una certeza abrumadora sobre los efectos perjudiciales de una sustancia, una tecnología o un producto. En virtud de este principio, en el año 2011, la UE prohibió la utilización del Bisfenol A en los biberones. Pero en EE UU están totalmente al margen de este principio, ya que siguen confiando en la gestión del riesgo y cayendo en la “parálisis por análisis” con el ﬁn de demorar cualquier decisión que afecte a la comercialización de las sustancias químicas. En deﬁnitiva, con estas reglas de juego no queremos llegar a acuerdos de compromiso en relación con este enfoque ni retroceder en nuestra manera de regular las sustancias químicas. Si las ventajas de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones para los europeos no están en absoluto claras, lo que sí resulta evidente es que la inclusión de un capítulo sobre las sustancias químicas solo constituiría una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente.
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