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Timestamp: 2019-11-21 21:17:54+00:00

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Los Incidentes | TodoLex
TodoLex sábado, febrero 03, 2018 Etiquetas: Derecho Procesal
El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Toda cuestión accesoria de un juicio que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este título, si no tiene señalada por la ley una tramitación especial."
La norma legal citada da a entender que todos los incidentes deben tramitarse con audiencia de la contraparte, pero, ello no es tal pues, existen incidentes que pueden ser rechazados sin audiencia de la contraparte, es decir, de plano.
1. ELEMENTOS DE LOS INCIDENTES
Los elementos que deben concurrir para que exista jurídicamente un incidente son dos:
1°. Una cuestión accesoria respecto de la cuestión principal; y
2°. Que requiera de un pronunciamiento especial del tribunal.
2. CLASIFICACION DE LOS INCIDENTES
1. Atendiendo a su relación con la cuestión principal: conexos o inconexos.
Conexos: son aquellos que tienen relación con el asunto principal del juicio.
Inconexos: son aquellos que no tienen relación con la cuestión principal del pleito.
Esta clasificación es importante en atención a que el inciso primero del artículo 84 del Código preceptúa: "Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano."
2. Desde el punto de vista de la oportunidad de la ocurrencia de las causas en que se basan: anterior o coexistente al juicio; durante el juicio y después del mismo.
Incidentes que nacen de hechos anteriores al juicio o coexistentes con su principio o iniciación, como por ejemplo, las excepciones dilatorias.
Incidentes que nacen de hechos que acontecen durante el curso del juicio, como la nulidad de la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba.
Y, por último, hay incidentes que nacen o se fundan en hechos producidos después de dictada la sentencia definitiva, como ocurre con las costas del juicio.
3. Desde el punto de vista del procedimiento que se les aplica o de las particularidades que presentan: ordinarios y especiales.
Ordinarios: son aquellos que se tramitan conforme a las reglas generales de los incidentes.
Especiales: son aquellos que tienen una tramitación específica señalada por la ley o determinadas particularidades aun cuando la tramitación sea la de un incidente general.
Así, las cuestiones de competencia tienen una tramitación especial distinta a la de un incidente general; y, el abandono del procedimiento tiene la tramitación común, pero para su procedencia, se requieren ciertos requisitos.
En atención a lo anterior, discrepamos de las opiniones de aquellos que sostienen que un incidente es general o especial dependiendo, únicamente, de la forma de su tramitación.
4. En cuanto a los efectos que produce su interposición: de previo y especial pronunciamiento y aquellos que no tienen ese carácter.
Los primeros, son aquellos que mientras no son resueltos paralizan la causa principal y se tramitan en el cuaderno principal. Ejemplo: las excepciones dilatorias.
Por el contrario, los que no son de previo y especial pronunciamiento, no suspenden la causa principal y se tramitan en cuaderno separado. Ejemplo: las medidas precautorias.
5. En cuanto a su finalidad: dilatorios y no dilatorios.
Los dilatorios son aquellos que tienen por objeto corregir vicios de procedimiento.
Los no dilatorios, a la inversa, no tienen ese carácter.
6. Desde el punto de vista de la forma como se resuelven por el tribunal: de plano y sujetos a tramitación.
De plano son aquellos incidentes que el tribunal puede fallar sin audiencia de las partes.
Los demás, son aquellos que deben acogerse a la tramitación ordinaria o a la especial que la ley establece.
3. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER UN INCIDENTE
En cuanto a la oportunidad para promover los incidentes existen las siguientes normas:
a) Si el incidente nace o se funda en un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio: debe promoverse antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito.
El artículo 84 inciso segundo del Código dispone: "Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito."
Por hecho anterior al juicio se entiende antes de la notificación de la demanda.
El inciso tercero del mismo artículo consagra la sanción para el caso que no se interponga en la oportunidad anotada: Es rechazado de oficio por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que establece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
b) Si el incidente nace o se funda en un hecho que acontece durante el juicio: debe promoverse tan pronto como el hecho llegue al conocimiento de la parte respectiva.
El artículo 85 dispone al respecto: "Todo incidente originado de un hecho que acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.
c) Si en el proceso consta que el hecho ha llegado al conocimiento de la parte, y si ésta ha practicado una gestión posterior a dicho conocimiento, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se trate de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el inciso 3° del artículo anterior."
La referencia que se efectúa en la última parte, se refiere al caso que se trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que establece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
d) Todos los incidentes cuyas causas existen simultáneamente deberán promoverse a la vez.
El artículo 86 señala: "Todos los incidentes cuyas causas existan simultáneamente deberán promoverse a la vez. En caso contrario, se observará, respecto de los que se promuevan después, lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 84."
Lo anterior implica que será rechazado de plano por el tribunal.
Como se desprende de las normas citadas, existen casos en que un incidente, no obstante que no se haya interpuesto en las oportunidades anotadas, él no será rechazado de plano, según lo indica el inciso tercero del artículo 84:
1. Cuando se trata de vicios que anulan el proceso como, por ejemplo, la incompetencia absoluta del tribunal o la falta de emplazamiento, los que pueden ser interpuestos en cualquier momento.
2. Cuando se trata de una circunstancia esencial para la marcha o ritualidad del juicio, evento en que el tribunal no los rechaza de plano, sino que, los acoge y de ser procedente ordena que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
Estas circunstancias, no acarrean la nulidad de todo el proceso, sino solo de aquellas actuaciones que están viciadas.
e) Facultades del juez para corregir vicios del procedimiento de oficio. (Art. 84 inciso final)
No obstante que lo normal es que los que instan porque se subsanen los vicios por medio de los incidentes son las partes, el juez está facultado para corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso y para tomar todas las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento; pero, no puede subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.
El inciso final del artículo 84 señala: "El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley."
La anterior, es una facultad y no una obligación del tribunal, respecto de la cual la jurisprudencia ha sostenido, de manera uniforme, que los jueces pueden hacer uso de ella solo cuando se trate de actos que miren al orden público o al interés general; pero no pueden hacer uso de la misma respecto de aquellos actos que miran al interés privado de las partes, los que solo pueden ser anulados a petición de la parte afectada.
4. TRAMITACION GENERAL U ORDINARIA DE LOS INCIDENTES
Esta tramitación se emplea siempre que los incidentes no tengan señalada por la ley una tramitación especial.
Una vez interpuesto el incidente, el tribunal puede adoptar dos actitudes:
1°. Resolverlos de plano: el tribunal puede resolver de plano el incidente en los siguientes casos:
a) Cuando se trata de un incidente que no tiene conexión alguna con el asunto que es materia del juicio principal, es decir, en el caso de los incidentes inconexos;
b) Cuando el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su inicio y la parte hace cualquier gestión principal antes de promoverlos;
c) Si el incidente nace de un hecho acontecido durante el pleito y éste ha llegado a conocimiento de la parte y dicha parte ha practicado alguna gestión después de conocer ese hecho y no ha formulado el incidente;
d) Cuando las partes promueven incidentes con posterioridad a otros cuyas causas existan simultáneamente; y
e) Cuando se trata de incidentes cuyo fallo se puede fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal debe consignar en su resolución. El tribunal puede acogerlos o rechazarlos pero siempre de plano. (Art. 89)
2°. Acogerlos a tramitación: en este caso, debe darle tramitación al incidente cuando no se está en presencia de las situaciones anteriores.
La ley establece un procedimiento ordinario o común y, como en todo procedimiento, se distinguen tres etapas: (1) Etapa de discusión; (2) Etapa de prueba; y (3) Etapa de sentencia.
(1) Etapa de Discusión
a) La interposición del incidente o demanda incidental: es el acto por el cual uno de los litigantes solicita al tribunal la resolución previa de una cuestión accesoria.
El incidente puede ser promovido por cualquiera de las partes, tanto las partes directas como las partes indirectas.
La presentación es proveída por el tribunal confiriendo traslado a la parte contraria, resolución que es un decreto.
b) Contestación de la contraparte: la contraparte tiene 3 días para contestar el incidente, plazo que es legal e individual.
El artículo 89 señala que si "se promueve un incidente, se concederán tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución".
Vencido este plazo el juez debe recibir el incidente a prueba o bien fallarlo.
(2) Etapa de Prueba
a) Con o sin la contestación del demandado incidental, y una vez transcurridos esos 3 días, el tribunal debe hacer el mismo examen que efectúa en el juicio ordinario, es decir, determinar si existen o no hechos controvertidos, substanciales y pertinentes.
b) Si el tribunal llega a la conclusión de que esos hechos existen, debe recibir el incidente a prueba.
El juez, dicta una resolución que debe contener las siguientes menciones:
1°. Declarar que recibe el incidente a prueba; y
2°. Determinar los hechos controvertidos sobre los que debe recaer la prueba.
Cabe recordar que, como se estudió al tratar de las notificaciones, la resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado diario y no por cédula, como es la regla general de notificación de este tipo de resoluciones. (Arts. 48 y 323).
c) Término probatorio
El término probatorio en los incidentes puede ser de tres clases: ordinario, extraordinario y especial.
1. Término probatorio ordinario: es aquel que dura 8 días y comienza a correr desde que se notifica por el estado diario la resolución que recibe el incidente a prueba.
Durante él se puede rendir prueba en cualquier lugar y la parte que desee rendir prueba de testigos debe acompañar, dentro de los dos primeros días, una lista de testigos.
El artículo 90 incisos Io y 2° del Código, señalan: "Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de ocho días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas"; y: "Dentro de los dos primeros días deberá acompañar cada parte una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Solo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina".
2. Término probatorio extraordinario: es aquel que procede cuando las partes lo solicitan y el tribunal lo decreta.
En este término, solo se puede rendir prueba en el lugar para el cual se ha concedido.
Este término dura el número de días que determine el juez pero con un máximo de 22 días.
El inciso 3° del artículo 90 del Código no debe inducirnos a error, pues si bien él dispone que cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, el tribunal puede, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que estime necesarios, "no excediendo en ningún caso del plazo total de treinta días", este plazo se cuenta "desde que se recibió el incidente a prueba".
3. Término especial de prueba: es aquel que procede conforme a las reglas del juicio ordinario.
En efecto, al no contemplar la ley un término especial de prueba para los incidentes, se aplica aquel del juicio ordinario, en atención al carácter supletorio de él.
De conformidad con el artículo 90 inciso final del Código, las resoluciones que pronuncie el tribunal tanto con motivo de la recepción del incidente a prueba como de la ampliación del término probatorio son inapelables.
(3) Etapa de sentencia
Vencido el término de prueba, la hayan o no rendido las partes, y aun cuando éstas no lo pidan, el tribunal fallará inmediatamente el incidente o a más tardar dentro de tercero día. (Art. 91)
Por ende, no hay período de observaciones a la prueba ni citación para oír sentencia.
5. REITERACION DE INCIDENTES
El legislador, para evitar la promoción de incidentes destinados a dilatar el juicio, proporciona diversas normas sobre el particular. (Art. 88)
1ª. La parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, no puede promover ningún otro sin que, previamente, deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije;
2ª. El tribunal de oficio y en la resolución que deseche el segundo incidente determinará el monto del depósito, el que fluctuará entre una y diez unidades tributarias mensuales y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si es rechazado el respectivo incidente.
El incidente que se formule sin haberse efectuado previamente el depósito fijado, se tendrá por no interpuesto y se extinguirá el derecho a promoverlo nuevamente;
3ª. El tribunal determinará el monto del depósito considerando la actuación procesal de la parte y si observare mala fe en la interposición de los nuevos incidentes podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo;
4ª. La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará obligada a efectuar depósito previo alguno, pero, si esa parte interpone nuevos incidentes y éstos le son rechazados, el juez, en la misma resolución que rechace el nuevo incidente, puede imponer personalmente al abogado o al mandatario judicial que lo haya promovido, por vía de pena, una multa a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias mensuales, si estima que en su interposición ha existido mala fe o el claro propósito de dilatar el proceso;
5ª. Todo incidente que requiera de depósito previo deberá tramitarse en cuaderno separado, sin afectar el curso de la cuestión principal ni de ninguna otra, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el fallo del respectivo incidente; y
6ª. Las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones anteriores, en cuanto al monto de depósitos y multas se refiere, son inapelables.
6. LOS INCIDENTES ESPECIALES
El Código de Procedimiento Civil en los Títulos X a XVI del Libro I, que comprende los artículos 92 a 157, trata de diversos incidentes especiales que serán objeto de estudio en el mismo orden que los contempla el Código.
En primer término, cabe advertir, que los incidentes son especiales, no por que contengan una tramitación especial, o si se quiere, distinta a la de los incidentes ordinarios, como suele afirmarse en algunos textos.
En efecto, como analizaremos enseguida, varios incidentes especiales tienen la misma tramitación que un incidente general y no por eso dejan de ser especiales.
En consecuencia, lo que califica a un incidente como especial, puede ser la tramitación que le da la ley o bien la exigencia de requisitos particulares que ella contempla para su interposición.
A. LA ACUMULACION DE AUTOS
Este incidente se encuentra contemplado en el Título X del Libro I entre los artículos 92 a 100 del Código.
La acumulación de autos es aquel incidente que tiene lugar siempre que se tramiten separadamente dos o más procesos que deban constituir un solo juicio y terminar por una sola sentencia, para mantener la continencia, o unidad de la causa. (Art. 92)
Por lo tanto hay lugar a la acumulación de autos:
1°. Cuando la acción o acciones entabladas en un juicio son iguales a las que se han deducido en otro o cuando unas y otras emanan directa e inmediatamente de unos mismos hechos;
2°. Cuando las personas y el objeto o materia de los juicios sean idénticos, aunque las acciones sean distintas; y
3°. En general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en otro.
El artículo 93 señala que hay lugar, también, a la acumulación de autos en los casos de quiebra, pero de esa acumulación se trata en la Ley de Quiebras.
b) Formas de decretar la acumulación de autos
La acumulación de autos puede decretarse a petición de parte y también de oficio.
A petición de parte, se requiere una solicitud escrita del interesado y, al efecto, se considera parte legítima para solicitarla, a todo el que haya sido admitido como parte litigante en cualquiera de los juicios cuya acumulación se pretende.
De oficio, se puede decretar cuando los procesos se encuentran en un mismo tribunal. (Art. 94)
c) Oportunidad para solicitar la acumulación de autos
La acumulación de autos se puede pedir en cualquier estado del juicio antes de la sentencia de término y debe solicitarse ante el tribunal a quien corresponda continuar conociendo de los procesos acumulados.
Si los juicios están pendientes ante tribunales de igual jerarquía, se debe pedir ante el tribunal que conoce del juicio más antiguo.
En cambio, si los juicios se encuentran pendientes ante tribunales de distinta jerarquía, la acumulación se debe solicitar al tribunal de superior jerarquía de los que conocen los juicios.
Si se trata de juicios ejecutivos, se debe pedir antes del pago de la obligación. (Art. 98)
d) Requisitos para decretar la acumulación de autos
Para que pueda tener lugar la acumulación de autos se requiere:
1) Que existan dos o más procesos en tramitación ante un mismo tribunal o ante diversos tribunales;
2) Que los juicios se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento; y
3) Que la substanciación de todos ellos se encuentre en instancias análogas. (Art. 95).
e) Tribunal ante el cual se acumulan los procesos
Para determinar ante qué tribunal se acumularán los procesos, es preciso distinguir si los tribunales son o no de igual jerarquía. (Art. 96)
Si los juicios están pendientes ante tribunales de igual jerarquía: el más moderno se acumulará al más antiguo.
Si los juicios se encuentran pendientes ante tribunales de distinta jerarquía: la acumulación se hará sobre el juicio que está sometido al tribunal superior.
f) Tramitación
1) Pedida la acumulación, se concederá un plazo de 3 días a la otra parte para que exponga lo conveniente sobre ella;
2) Transcurrido ese término, haya o no respuesta de la otra parte, el tribunal debe resolver la acumulación solicitada, haciendo traer, previamente a la vista, todos los procesos cuya acumulación se solicita, si todos están pendientes ante él;
3) Si los procesos cuya acumulación se pide no se encuentran todos en tramitación ante él, puede pedir que se le remitan los que se sigan ante otros tribunales. (Art. 99)
El artículo 99, en el caso que los procesos se encuentren ante el mismo tribunal al que se ha solicitado la acumulación, es imperativo al indicar que el tribunal hará traer los procesos. A la inversa, cuando los procesos no se encuentran todos en tramitación ante él, el tribunal "puede" pedir que ellos le sean remitidos;
4) De las resoluciones que nieguen la acumulación o den lugar a ella solo se concederá apelación en el efecto devolutivo. (Art. 100)
g) Efectos de la acumulación de autos
En aquellos casos en que se ha dado lugar a la acumulación de autos, el curso de los juicios que estén más avanzados se suspenderá hasta que todos lleguen a un mismo estado. (Art. 97)
Este efecto es lógico si se considera que la acumulación de autos tiene por finalidad que los procesos acumulados constituyan un solo juicio y terminen por una sola sentencia.
B. LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA
El Título XI del Libro I del Código, entre los artículos 101 a 112, contempla este incidente especial.
Como lo señalamos al estudiar la competencia, estas cuestiones son las incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido para conocer de un negocio judicial. Asimismo, dijimos que las cuestiones de competencia se suscitan entre los litigantes y el tribunal y que se rigen, fundamentalmente, por el Código de Procedimiento Civil.
La incompetencia, por medio de este incidente, se puede reclamar de dos maneras, como lo señala el artículo 101: por inhibitoria o por declinatoria.
a) Por inhibitoria: se produce cuando se concurre al tribunal que no conoce del asunto y es estimado competente, pidiéndole que se dirija al que está conociendo del negocio para que se inhiba y se abstenga de seguir conociendo de él y le remita los antecedentes. (Art. 102)
b) Por declinatoria: se configura cuando se solicita al tribunal que está conociendo del asunto que decline de seguir conociéndolo y se declare incompetente. (Art. 111)
Ahora bien, estas dos formas de reclamar la incompetencia del tribunal son incompatibles en el sentido que, utilizada una vía, ella no se puede abandonar para emplear la otra; ni tampoco pueden emplearse las dos ni simultánea ni sucesivamente. (Art. 101 inciso segundo)
EFECTOS DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA EN LA TRAMITACION DE LA CAUSA
1. Mientras se halle pendiente el incidente de competencia, se suspende el curso de la causa principal, pero el tribunal que esté conociendo de ella, puede dictar las providencias que tengan el carácter de urgentes. (Art. 112)
2. En el caso de inhibitoria, la tramitación de la causa continuará después de notificada la resolución denegatoria dictada por el tribunal requerido, sin perjuicio que esas gestiones queden sin valor si el tribunal superior correspondiente declara que el tribunal que está conociendo del juicio, o sea, el requerido, es incompetente para ello. (Art. 112)
C. LAS IMPLICANCIAS Y RECUSACIONES
Se refiere a estos incidentes especiales el Título XII del Libro I del Código que contiene los artículos 113 a 128.
Las causales de implicancia y recusación se encuentran señaladas en forma detallada en los artículos 195 y 196 de Código Orgánico de Tribunales.
Cuando se configura al gema de esas causales, la vía que corresponde a la parte que le afecta, a fin de que la inhabilidad sea declarada y consecuencialmente produzca sus efectos, es la de deducir la incidencia correspondiente, cuya tramitación la señala el Código de Procedimiento Civil.
El artículo 113 del Código señala que solo puede inhabilitarse a los jueces y a los auxiliares de la Administración de Justicia para que intervengan en un negocio determinado, en los casos y por las causas de implicancia o recusación que señala el Código Orgánico de Tribunales.
Para inhabilitar a los peritos, la parte a quien pueda perjudicar su intervención, debe expresar y probar alguna de las causas de implicancia o recusación determinadas para los jueces, en cuanto sean aplicables a aquéllos.
Si la recusación afecta a un abogado integrante, el Presidente de la respectiva Corte procederá de inmediato a formar sala, salvo que ello no fuera posible por causa justificada.
1. LOS INCIDENTES DE IMPLICANCIAS
El juez que tome conocimiento que le afecta algún hecho constitutivo de causal de implicancia en relación con un proceso del que le corresponderá conocer, debe, de inmediato, dejar constancia de ello en el expediente.
Si se trata de tribunal unipersonal, el mismo juez se declarará a continuación inhabilitado para conocer del asunto y tratándose de miembros de tribunales colegiados, esta declaración, conforme lo dispone el artículo 199, es efectuada por el tribunal del cual forman parte. (Arts. 115 y 116)
Ahora bien, si el juez que se encuentra afectado por hechos que configuran alguna causal de implicancia no lo estima así, la parte afectada deberá deducir la correspondiente incidencia conforme a las siguientes normas:
Aun cuando se trata de una cuestión accesoria de un proceso, de las cuales normalmente conoce el mismo tribunal en virtud de la regla de la extensión, por la naturaleza de esta incidencia la ley ha señalado las siguientes normas:
Si la implicancia se deduce en contra del juez de un tribunal unipersonal: conoce el mismo; (Art. 202 COT)
Si se interpone en contra de algún miembro de tribunal colegiado: conoce el mismo tribunal del cual forma parte, con exclusión del afectado; (Art. 203 COT)
Si la implicancia se deduce respecto de algún otro funcionario: conoce de ella el tribunal ante el cual el funcionario debe intervenir; (Arts. 491 COT y 117 CPC)
b) Oportunidad en que debe solicitarse
La incidencia de implicancia debe plantearla la parte interesada, antes de realizar cualquier gestión relativa al fondo del asunto o antes de que comience a actuar la persona en contra de la cual se dirige, con el objeto de evitar la nulidad de los actos procesales en que éstas intervengan.
Sin embargo, dada la naturaleza de las implicancias, ellas pueden ser planteadas posteriormente, es decir, en este caso no hay preclusión, pero sí, se incurre en multa, salvo que la causal sea sobreviniente o se compruebe que la parte no tenía conocimiento de la existencia de los hechos que la constituyen. (114 CPC)
Este artículo 114 dispone: "La declaración de implicancia o de recusación cuando haya de fundarse en causa legal, deberá pedirse antes de toda gestión que ataña al fondo del negocio, o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa alegada exista ya y sea conocida de la parte.
Si la causa es posterior o no ha llegado a conocimiento de la parte, deberá proponerla tan pronto como tenga noticia de ella.
No justificándose esta última circunstancia, será desechada la solicitud, a menos que se trate de una implicancia. En este caso, podrá el tribunal imponer a la parte que maliciosamente haya retardado el reclamo de la implicancia una multa que no exceda de un sueldo vital."
Por otra parte, es necesario recordar que tratándose de jueces árbitros, éstos solo pueden ser inhabilitados por implicancia constituida por hechos sobrevinientes, cuando el nombramiento lo han efectuado las partes de común acuerdo.
c) Tramitación propiamente tal
1. La parte que deduzca la incidencia debe formular la petición por escrito al cual deberá adjuntar una boleta de consignación previa por las sumas que señala el artículo 118 del C. P. C. cuando se refiera a alguna de las personas que desempeñan alguno de los cargos que esa disposición señala, salvo que la parte goce de privilegio de pobreza. La omisión de esta consignación importa la inadmisibilidad de la incidencia.
En efecto, el artículo 118 preceptúa: "Cuando deba expresarse causa, no se dará curso a la solicitud de implicancia o de recusación de los funcionarios que a continuación se mencionan, a menos que el ocurrente haya sido declarado pobre, si no se acompaña testimonio de haber efectuado un depósito en la cuenta corriente del tribunal que deba conocer de la implicancia o recusación, de las cantidades que en seguida se expresan, para responder a la multa de que habla el artículo 122.
En la implicancia o recusación del Presidente, Ministro o Fiscal de la Corte Suprema, una unidad tributaria mensual. En la del Presidente, Ministros o Fiscales de una Corte de Apelaciones, media unidad tributaria mensual. En la de un juez letrado o de un subrogante legal, juez árbitro, defensor público, relator, perito, secretario o receptor, un cuarto de unidad tributaria mensual.
La consignación ordenada en este artículo se elevará al doble cuando se trate de la segunda solicitud de inhabilitación deducida por la misma parte, al triple en la tercera y así sucesivamente."
2. En el escrito deben indicarse, en forma precisa, los hechos que constituyen la causal que se invoca, los que deberán ser especificados claramente; además se adjuntarán las pruebas pertinentes o se ofrecerán.
3. Recibido el escrito, el tribunal examinará previamente si se ha adjuntado la boleta de consignación, cuando ello procede, si los hechos se encuentran claramente descritos y si los mismos constituyen o no la causal legal que se invoca; si no se reúne alguno de estos requisitos, la solicitud se desecha de plano.
4. Si el escrito cumple con los requisitos, el tribunal declarará bastante la causal y admitirá el incidente a tramitación. Este estudio que efectúa el tribunal para admitir o no la incidencia a tramitación, se denomina comúnmente "bastanteo". En este momento, si además constan al tribunal los hechos en que se funda la implicancia o ellos aparecen de los antecedentes acompañados o de aquellos que el tribunal manda agregar de oficio, procederá a declarar la implicancia sin más trámite.
El artículo 119 del Código dispone: "Si la causa alegada no es legal, o no la constituyen los hechos en que se funda, o si éstos no se especifican debidamente, el tribunal desechará desde luego la solicitud.
En el caso contrario, declarará bastante la causal, y si los hechos en que se funda constan al tribunal o resultan de los antecedentes acompañados o que el mismo tribunal de oficio mande agregar, se declarará, sin más trámites, la implicancia o recusación.
Cuando no conste al tribunal o no aparezca de manifiesto la causa alegada, se procederá en conformidad a las reglas generales, de los incidentes, formándose pieza separada."
5. Si el tribunal estima que se reúnen los requisitos indicados en el NO 3, pero los hechos no aparecen probados en la forma señalada en el ND 4, conferirá traslado de la incidencia a la contraparte, prosiguiéndose con los trámites del incidente ordinario, formándose cuaderno separado, es decir, sin suspender la tramitación de la cuestión principal.
6. Si la implicancia es acogida de plano, el funcionario afectado por ella quedará, de inmediato, inhabilitado para actuar en el asunto; en todo caso, si la causal es declarada bastante, desde ese momento y hasta que la incidencia sea resuelta, el funcionario deberá abstenerse de actuar y el proceso será substanciado por el subrogante legal, en caso de que se trate de tribunal unipersonal o por el tribunal colegiado con exclusión del ministro inhabilitado. Si se trata de otros funcionarios, ellos serán subrogados y reemplazados por quien corresponda en cada caso.
7. Si la incidencia es rechazada, se condenará en costas al solicitante y además se aplicará una multa no inferior a la mitad ni superior al doble de la consignación.
8. Si la tramitación del incidente se paraliza por más de 10 días sin que la parte que lo promovió efectúe las gestiones pertinentes para ponerlo en estado de ser fallado, el tribunal de oficio declarará el abandono, con citación del solicitante. (Art. 123)
9. Solo procede la apelación en contra de la sentencia interlocutoria que resuelve la incidencia de implicancia cuando ella es pronunciada por un tribunal unipersonal desechando la implicancia, apelación que será conocida por el superior jerárquico.
2. LOS INCIDENTES DE RECUSACION
A diferencia de lo que sucede con las implicancias, si bien los jueces y ministros se encuentran igualmente obligados a dejar constancia en el proceso, tan pronto tengan conocimiento de ello de la existencia de algún hecho que constituya a su respecto causal de recusación, el artículo 125 dispone que estos hechos deberán ser puestos en conocimiento de la parte a la cual podría afectar la presunta falta de imparcialidad, a fin de que ésta deduzca dentro del término de cinco días el correspondiente incidente, bajo apercibimiento de tenérsele por renunciado a la recusación si no lo hace en dicho plazo. En todo caso, durante esos cinco días el magistrado respectivo queda provisoriamente inhabilitado para intervenir en el asunto.
El artículo 125 preceptúa: "Producida alguna de las situaciones previstas en el artículo 199 del Código Orgánico de Tribunales respecto de las causales de recusación, la parte a quien, según la presunción de la ley, pueda perjudicar la falta de imparcialidad que se supone en el juez, deberá alegar la inhabilidad correspondiente dentro del plazo de cinco días contados desde que se le notifique la declaración respectiva. Si así no lo hiciere, se considerará renunciada la correspondiente causal de recusación. Durante este plazo, el juez se considerará inhabilitado para conocer de la causa y se estará a lo dispuesto en el artículo 121 de este Código."
b) Recusación amistosa
Antes de plantear la incidencia de recusación, la parte puede concurrir ante el magistrado o tribunal colegiado del que éste forma parte, solicitándole que declare la recusación sin más trámite, para lo cual le expondrá los fundamentos pertinentes. Si el juez o el tribunal colegiado del cual éste forma parte no es timan pertinente la recusación amistosa, el interesado deberá deducir la incidencia pertinente. (Art. 124)
El tribunal competente es aquel que señala el artículo 224 del Código Orgánico, el que distingue:
Si la recusación se deduce en contra de un juez, es competente la Corte de Apelaciones respectiva;
Si se interpone en contra de un ministro de Corte de Apelaciones, es competente la Corte Suprema;
Si se deduce en contra de ministros de la Corte Suprema, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones de Santiago;
Si se deduce en contra de un juez árbitro, es competente el juez de letras respectivo;
Si se trata de algún otro funcionario, es competente el tribunal que conoce del proceso en el cual le toca intervenir al funcionario recusado. (Arts. 117 C. P.C. y 491 C. O. T.)
d) Oportunidad en que debe alegarse
Al igual que la implicancia, la recusación debe ser alegada antes de realizar cualquier actuación relativa al fondo del asunto, salvo que sea causal sobreviniente o se acredite que la parte no estaba en conocimiento de los hechos que constituyen la causal. Si no se alega oportunamente, precluirá el derecho, es decir, aquí no se aplica multa, como en las implicancias, en atención a que la recusación no es de orden público y, consecuencialmente, puede renunciarse a ella tácitamente. (Art. 114)
e) Tramitación propiamente tal
El resto de la tramitación es igual a la de las implicancias, con la salvedad de que son apelables solo las interlocutorias que dicta un tribunal unipersonal aceptando una recusación amistosa o declarándose de oficio inhabilitado por alguna causal de recusación. (Art. 126)
f) Recusación de abogados integrantes
Los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, pueden ser inhabilitados por vía de recusación sin necesidad de expresar causa, por el solo hecho de presentarse el escrito correspondiente o hacerlo presente al relator en forma verbal. Este derecho no podrá ejercerse sino hasta respecto de dos abogados integrantes en cada proceso, no obstante cualquiera que sea el número de partes de él. La ley no señala en forma expresa que cada parte pueda recusar una sola vez, de tal forma que puede ocurrir que una misma parte agote este derecho ejerciéndolo dos veces sucesivas. (Art. 198 inciso 20 COT)
La recusación de los abogados integrantes en cualquiera de los Tribunales Superiores de Justicia referidos, paga un impuesto fiscal especial en estampillas.
D. EL PRIVILEGIO DE POBREZA
Este incidente espacial se encuentra consagrado en el Título XIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil.
En términos generales, el privilegio de pobreza es aquella institución en virtud de la cual la ley concede a las personas de escasos recursos el beneficio de quedar exentos de pagos que normalmente se deben efectuar ya sea a abogados y procuradores, como a algunos auxiliares de la Administración de Justicia, así como otros desembolsos por concepto de consignaciones en los procedimientos.
Este beneficio, en algunos casos, lo otorga la ley en forma directa a personas respecto de las cuales, por el hecho de encontrarse en determinadas situaciones se presume que son pobres, como por ejemplo los defendidos por alguna Corporación de Asistencia Judicial, los demandantes en juicios de alimentos, los procesados presos, etc.
Pero, además, el privilegio de pobreza puede ser otorgado por el tribunal respectivo, lo que éste debe hacer a través de una resolución con la cual resuelve precisamente el incidente de privilegio de pobreza.
En consecuencia, el incidente de privilegio de pobreza es aquel incidente especial por el cual mía persona de escasos recursos solicita al tribunal que lo declare pobre y que, como consecuencia de ello, quede exento del pago de honorarios, derechos, consignaciones, etc.
Cuando existen varios procesos seguidos entre las mismas partes, cuyo conocimiento corresponde al mismo tribunal, podrá solicitarse el privilegio para todos esos procesos al mismo tiempo, por razones de economía procesal.
Por otra parte, cabe destacar que, si bien el privilegio debe solicitarse ante el juez que conoce del asunto en única o en primera instancia, ello solo se refiere al tribunal competente y no a la oportunidad procesal para pedirlo. Así, el proceso puede encontrarse en apelación en la Corte de Apelaciones y la parte puede solicitar al juez de primera instancia el privilegio. (Art. 130 inciso primero)
1. La parte interesada deberá presentar al tribunal una solicitud en la cual indicará los fundamentos de su petición, ofreciendo además rendir información para acreditar esos fundamentos.
2. El tribunal resolverá la solicitud ordenando se rinda la información solicitada, con citación; es decir, dará lugar a recibir la citación pasados tres días, siempre que la contraria no se oponga en ese plazo.
3. Si la demandada en la incidencia nada dice en el plazo señalado, se rendirá la información correspondiente y se agregarán al proceso las restantes pruebas que aporte el peticionario o que el tribunal mande agregar, conforme lo señala el artículo 132 inciso primero y, a continuación el juez resolverá la incidencia.
4. Si la contraparte se opone, de esa oposición se da traslado y luego se procederá de acuerdo con las reglas del incidente ordinario. (Art. 132 inciso segundo)
5. En la gestión de privilegio de pobreza serán oídos los funcionarios judiciales a quienes pueda afectar su concesión, si se presentan oponiéndose antes de que el incidente se resuelva. Cuando sean varios los que deduzcan la oposición, litigarán por una cuerda en los trámites posteriores a la presentación. (Art. 133)
6. La resolución que se dicte es apelable y, conforme a las normas generales, la apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Lo anterior, no obstante que siendo un auto no sería apelable.
El artículo 135 del Código establece la siguiente presunción legal: "Se estimará como presunción legal de pobreza la circunstancia de encontrarse preso el que solicita el privilegio, sea por sentencia condenatoria, sea durante la substanciación del juicio criminal."
Esta norma se relaciona con el artículo 102 del Código Procesal Penal, el que estatuye: "Derecho a designar libremente a un defensor. Desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere, el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado el imputado.
Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el tribunal lo autorizará solo cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa; en caso contrario, le designará defensor letrado, sin perjuicio del derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo, según lo dispuesto en el artículo 8°."
E. LAS COSTAS
El incidente referido a las costas se encuentra tratado en el Título XIV del Libro I del Código.
Normalmente en todo proceso se originan gastos que debe solventar la parte a fin de poder hacer valer convenientemente sus derechos.
Todos estos gastos, salvo los que dicen relación con las consignaciones exigidas por la ley en determinados casos, reciben, en forma genérica, el nombre de costas. No se incluyen las consignaciones en atención a que ellas son exigidas por la ley para prevenir gestiones maliciosas, en forma tal que si la gestión es rechazada, esa consignación pasa a ser estimada como importe de una multa; por el contrario, si la gestión es acogida, el monto de ella es restituido.
Las costas se clasifican de las siguientes maneras:
a) Costas personales y procesales
Son personales las correspondientes a los honorarios de abogado y procurador y son procesales las restantes, como por ejemplo, los honorarios de peritos, receptores, etc.
b) Costas comunes y costas individuales
Son comunes las que los litigantes deben pagar por partes iguales, como por ejemplo las que se causan a raíz de un informe pericial solicitado de común acuerdo y son individuales las que corresponde solventar a cada parte.
c) Costas útiles y costas inútiles
Útiles son aquellas necesarias para el proceso e inútiles las que no son indispensables, como por ejemplo el que una de las partes haga notificar personalmente a la otra una notificación que según la ley se practica por el estado diario. En este caso los honorarios del receptor serán costas inútiles.
Sin perjuicio de que cada parte haya pagado las costas durante el proceso, la sentencia definitiva debe contener un pronunciamiento respecto de cuál de esas partes deberá, finalmente, soportar el pago, siempre que ello haya sido solicitado en la demanda o en la contestación.
El Código señala, al respecto, las siguientes normas:
La parte que haya sido vencida totalmente en algún proceso o incidencia deberá soportar el pago de las costas del mismo, salvo que goce de privilegio de pobreza o cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar o que la ley establezca específicamente una norma diferente.
El artículo 144 del Código es el que establece dicha regla general y sus excepciones en los términos siguientes: "La parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual hará declaración expresa en la resolución.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código."
Se estima que la parte ha tenido motivos plausibles para litigar, cuando no lo ha hecho maliciosamente, lo que el tribunal deberá señalar en forma expresa. En todo caso, no podrá eximirse de este pago tratándose de un incidente dilatorio que ha sido rechazado, ya que la ley así lo dispone en el artículo 147: "Cuando la parte que promueve un incidente dilatorio no obtenga resolución favorable, será precisamente condenada en las costas."
En segunda instancia, el tribunal puede eximir del pago de las costas causadas en esa etapa procesal a la parte contra quien se dicta la sentencia, exención que puede extenderse incluso a las impuestas en primera instancia, pero en este caso deberá señalar en forma expresa los motivos especiales que autorizan la exención. (Art. 145)
c) Tribunales Colegiados. Fallo que no es unánime
En general, tratándose de tribunales colegiados, conforme al artículo 146, si el fallo no es unánime, no podrá condenarse en costas a la parte vencida.
Si la sentencia respectiva condena en costas o rechaza la condena, la parte que se sienta afectada por ello, puede apelar de la sentencia solo en ese aspecto. Puede incluso que esa parte haya resultado gananciosa del proceso y que solo apele por no haberse condenado en costas a la contraria.
EL INCIDENTE DE TASACION DE COSTAS
Es aquel incidente especial, promovido por la parte de un proceso o de una incidencia que no se encuentre conforme con el monto en que esas costas han sido reguladas, solicitando se rectifique o complemente la tasación.
Como se señaló, primero es necesario que exista una resolución que imponga a una de las partes el pago de las costas y, luego, debe procederse a los trámites que indicaremos.
b) Gestiones previas
1. La parte en cuyo favor se ha dispuesto el pago de las costas, para obtener efectivamente ese pago, deberá solicitar al tribunal correspondiente, en primer término, la tasación de ellas presentando al efecto el escrito pertinente. Tratándose de costas de segunda instancia se dispondrá la regulación de las personales por el ministro de tumo.
2. Conforme lo señala el artículo 140, el secretario no es la persona directamente obligada a efectuar la tasación de las costas procesales, pero como la ley autoriza al juez para encomendarle a ese funcionario esta tarea, lo normal es que se le designe.
En efecto, el artículo 140 dispone: "Solo se tasarán las costas procesales útiles, eliminándose las que correspondan a diligencias o actuaciones innecesarias o no autorizadas por la ley, y las de actuaciones o incidentes en que haya sido condenada la otra parte.
El tribunal de la causa, en cada instancia, regulará el valor de las personales, y avaluará también las procesales con arreglo a la ley de aranceles. Esta función podrá delegarla en uno de sus miembros, si es colegiado, y en su secretario respecto de las costas procesales."
3. Para efectuar la tasación de costas procesales, solo se considerarán aquellas útiles, conforme a los valores que se haya estampado en el proceso por concepto de derechos de receptor, peritajes, etc.
4. Tasadas las costas procesales, procederá el juez o el ministro de turno a regular las costas personales correspondientes a abogado y procurador. También se incluyen dentro de estas costas las de los defensores públicos cuando hayan actuado en representación de ausentes o incapaces.
5. En la misma resolución, el juez dispondrá que la tasación y la regulación de las costas, sean puestas en conocimiento de las partes y que se tengan por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día, notificándose esa resolución por el estado diario.
1. Una vez efectuada la tasación de costas, y puesta en conocimiento de las partes, ella se tendrá por aprobada si nada exponen dentro de tercero día. (Art. 141)
2. Ahora bien, dentro de ese plazo, las partes pueden objetar la liquidación, ya sea porque ella es estimada muy baja o muy alta y, sí se formula alguna objeción, el tribunal puede resolverla de plano o darle la tramitación de un incidente. (Art. 142)
3. Una vez ejecutoriada la resolución que falla el incidente de costas o, no habiendo habido oposición dentro del plazo de citación, la parte en cuyo favor se dispuso el pago de ellas puede exigirlo por vía compulsiva o ejecutiva si la contraparte no efectúa la consignación de las mismas ante el tribunal.
4. Por último, cabe tener presente lo expuesto en el artículo 143 del Código, el que estatuye: "La tasación de costas, hecha según las reglas precedentes, se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas cuyos honorarios se hayan tasado, para exigir de quien corresponda el pago de sus servicios en conformidad a la ley."
La norma anterior implica que la regulación de costas personales que efectúa el tribunal, lo es sin perjuicio de aquellos honorarios que se hayan pactado y del derecho a cobrarlos en conformidad a la ley, esto es, mediante el procedimiento sumario o del procedimiento incidental, como se estudiará.
F. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
Este incidente es regulado por las normas del Título XV del Obro I del Código.
En primer término, se debe precisar que para que estemos en presencia de un desistimiento, la demanda debe encontrarse legalmente notificada al demandado, pues, si la demanda no ha sido notificada, se trata de un simple retiro material de la misma que no tiene formalidad ni tramitación alguna.
Así, el artículo 148 dispone: "Antes de notificada una demanda al procesado, podrá el actor retirarla sin trámite alguno, y se considerará como no presentada. Después de notificada, podrá en cualquier estado del juicio desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto, y esta petición se someterá a los trámites establecidos para los incidentes."
1. El desistimiento puede presentarlo la parte demandante en cualquier estado del proceso antes de que el mismo haya concluido y el tribunal proveerá el escrito confiriendo traslado a la parte contraria. (Art. 148)
2. Si la contraria nada dice dentro de 3 días o, haciéndolo no se opone al desistimiento, el tribunal dictará una sentencia interlocutoria acogiendo el desistimiento.
3. En cambio, si el demandado se opone a ese desistimiento, porque desea que el juicio termine por la dictación de la sentencia definitiva, de acuerdo al artículo 149, el tribunal debe resolver si continúa o no el proceso, o la forma como debe tenerse por desistido al actor, si el desistimiento solo es parcial.
El artículo 149 preceptúa: "Si se hace oposición al desistimiento o solo se acepta condicionalmente, resolverá el tribunal si continúa o no el juicio, o la forma en que debe tenerse por desistido al actor."
d) Efectos del desistimiento
La sentencia interlocutoria que acepta el desistimiento, haya o no habido oposición, extingue las acciones a que él se refiere, con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio al cual se pone término.
En consecuencia, debe verse, en cada caso, el tenor de la demanda y las pretensiones que ella contiene para determinar ese punto.
El desistimiento produce cosa juzgada respecto de la materia del proceso y por eso, en su oportunidad, dijimos que era un equivalente jurisdiccional.
El artículo 150 del Código es el que se refiere a estos importantes efectos al señalar: "La sentencia que acepte el desistimiento, haya o no habido oposición, extinguirá las acciones a que él se refiera, con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio a que se pone fin."
e) Desistimiento de la reconvención
El desistimiento de la reconvención presenta algunas diferencias con el desistimiento de la demanda principal pues, debe ser aceptado con citación, y si la parte contraria se opone, se confiere traslado y se resuelve de inmediato o en la sentencia definitiva.
Así lo ordena el artículo 151: "El desistimiento de las peticiones que se formulen por vía de reconvención se entenderá aceptado, sin declaración expresa, por el hecho de proponerse; salvo que la parte contraria deduzca oposición dentro de tercero día después de notificada. En este caso se tramitará la oposición como incidente y podrá su resolución reservarse para la sentencia definitiva."
G. EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
El abandono del procedimiento es el último incidente especial que regula el Código y lo hace en su Título XVI del Libro I.
El abandono del procedimiento es aquel incidente especial que consiste en la extinción de las actuaciones realizadas dentro de un procedimiento cuando todas las partes que figuran en él no han instado por su prosecución dentro del plazo que señala la ley y que impide seguir con su substanciación.
b) Campo de aplicación del incidente
Como el abandono del procedimiento se encuentra tratado en éste Título XVI del Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativo a "Disposiciones comunes a todo procedimiento", el incidente tiene aplicación o es procedente en cualquier tipo de procedimientos, salvo que la ley no lo permita o que la naturaleza del asunto lo impida.
El artículo 157 del Código dispone, expresamente, que no puede alegarse el abandono del procedimiento en los juicios de quiebra, ni en los de división o liquidación de herencias, sociedades o comunidades.
Por otra parte, además de los casos en que el Código señala, expresamente, que no resulta procedente el abandono del procedimiento, existen otras situaciones en la que, en virtud de la naturaleza del asunto, el incidente no resulta aplicable, como, por ejemplo, en los juicios penales o en los de Policía Local.
El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. (Art. 152)
En este caso, la notificación de la resolución que recaiga en la presentación del actor, que pretende continuar con el procedimiento, o la notificación de la resolución de la solicitud del demandado solicitando la declaración del abandono, debe notificarse personalmente o por cédula, si han transcurrido seis meses sin que se haya dictado resolución alguna en el proceso.
d) Oportunidad para hacer valer el abandono del procedimiento
El abandono puede hacerse valer solo por el demandado, durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa.
En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además solicitar el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472, es decir, cuando no se han opuesto excepciones y el mandamiento hace las veces de sentencia.
En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento es de 3 años contados en la forma que señala el Código y que se estudiará al tratar del juicio ejecutivo. (Art. 153)
Sin perjuicio de lo anterior, resulta procedente destacar que el inciso segundo del artículo 153 habla de "En los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además....", por lo que esa, no es la única oportunidad en que se puede alegar el abandono en los procedimientos ejecutivos, sino que, rige también para ellos la disposición del inciso primero.
Asimismo, la ley habla de "procedimientos ejecutivos", por lo que no cabe limitar el instituto solamente a los "juicios ejecutivos".
e) Formas de alegar el abandono y tramitación
El abandono puede alegarse por vía de acción o de excepción y, en ambos casos, se tramita como incidente, es decir, de acuerdo al procedimiento de los incidentes generales. (Art. 154)
El abandono del procedimiento se alega como acción, en aquellos casos en que el demandado constata la existencia de los requisitos que hacen procedente el abandono y se presenta al juicio solicitándolo.
Cuando el incidente se alega por vía de excepción, ello tiene lugar cuando, luego de haber cesado todas las partes que figuran en el juicio en su prosecución por el plazo legal, pretende el demandante continuarlo, compareciendo al juicio el demandado alegándolo, como primera gestión.
f) Renuncia del derecho a alegar el abandono
Si, renovado el procedimiento, hace el demandado cualquiera gestión que no tenga por objeto alegar su abandono, se considerará renunciado este derecho. (Art. 155)
g) Efectos
Los efectos del abandono del procedimiento, a diferencia de aquellos que se producen con el desistimiento de la demanda, son limitados, pues, por su declaración, no se entienden extinguidas las acciones o excepciones de las partes, pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Subsisten, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos. (Art. 156)
En definitiva, lo que las partes pierden con la declaración del abandono del procedimiento es, solamente, el procedimiento, pero, pueden volver a demandar, sin perjuicio de las normas relativas a la prescripción en atención a que el Código Civil preceptúa que no se produce la interrupción civil de la prescripción cuando se ha declarado el abandono.
Estos efectos, aparece claro que se refieren respecto del abandono del procedimiento que se declara en virtud del artículo 152, o sea, durante el juicio y en el caso del inciso primero del artículo 153 del Código, y frente a los procedimientos ejecutivos cuando la institución se impetra de acuerdo al inciso segundo del citado artículo 153, a pesar de lo cual, se han dictado fallos que no lo reconocen de dicha forma.
H. LA NULIDAD PROCESAL
1. EL INCIDENTE ORDINARIO DE NULIDAD DE LO OBRADO
Es aquella cuestión accesoria de un proceso que requiere de un pronunciamiento especial del tribunal, la que versa sobre la nulidad de la relación procesal misma o de uno o más actos de procedimiento.
Atendiendo a la extensión de la nulidad solicitada, este incidente puede tener por objeto la nulidad de la relación procesal misma o bien perseguir la ineficacia de actos procesales determinados.
Como ejemplo del primer caso, se puede citar el incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento, fundado en que no se notificó legalmente la demanda. La segunda situación, se produciría cuando se solicita la nulidad de actuaciones probatorias fundándose en la falta de notificación legal de la resolución que recibió la causa a prueba.
b) Oportunidad procesal en que puede plantearse un incidente
La norma general es que deben promoverse en primera instancia hasta antes de que se notifique la sentencia definitiva a alguna de las partes.
c) Plazo para deducir la nulidad
El incidente de nulidad solo puede deducirse dentro de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que quien debe reclamar la nulidad tuvo conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal, en que la incidencia puede plantearse en cualquier momento, sin perjuicio de que el juez deba declararla de oficio. (Arts. 83 y 84)
Con todo, si el vicio se refiere a alguna circunstancia anterior a la contestación de la demanda, procede deducir la excepción dilatoria pertinente en la oportunidad procesal correspondiente.
d) Persona que no puede solicitar la nulidad
El artículo 83 señala, expresamente, que la nulidad no puede ser solicitada por la parte que ha originado el vicio, concurrido a su materialización o que ha convalidado expresa o tácitamente el acto nulo. Habrá convalidación tácita si contesta la demanda sin reclamar de la nulidad de la notificación.
e) Vicios que dan origen a la nulidad
1°. La nulidad se produce en todos aquellos casos en que la ley establezca expresamente esa sanción; y
2°. En todos los eventos en que exista algún vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio solo reparable con la declaración de nulidad.
En consecuencia, si existe algún vicio, pero él no causa un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad, el tribunal no dará lugar a ella. Así, si una parte no ha sido legalmente notificada de la resolución que recibió la causa a prueba, pero, a pesar de ello, rindió prueba, habrá un vicio que no causa un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad.
De acuerdo a lo expuesto, se dice que no hay nulidad sin perjuicio.
El Código, además, alude a ciertos incidentes especiales de nulidad en los artículos 79 y 80.
2. INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACION
Si el incidente se funda en la nulidad de alguna notificación y él es acogido, la notificación declarada nula se entenderá practicada desde el momento en que se notifique a la parte esa resolución que la declara nula.
Cuando la nulidad ha sido dispuesta por un tribunal superior, la notificación se entiende practicada cuando el tribunal de primera instancia notifique por el estado diario la resolución que ordena cumplir lo resuelto por el tribunal superior, es decir el "cúmplase".
3. LA NULIDAD DE OFICIO
El Código, en los artículos 83 inciso primero y 84 inciso final, se refiere a las facultades del juez en esta materia.
Esta declaración de oficio podrá efectuarla el juez siempre que no exista sentencia definitiva notificada legalmente a una de las partes y siempre que no haya precluido la oportunidad de las partes para solicitar la nulidad. La primera limitante, es consecuencia del desasimiento del tribunal y la segunda, se funda en que si las partes no han reclamado oportunamente del vicio, con ello han convalidado el acto nulo.
4. LA EXTENSION DE LA NULIDAD PROCESAL
Como lo dispone el artículo 83, en su inciso final, las declaraciones de nulidad de un acto no necesariamente implican la nulidad de todo lo obrado con posterioridad, toda vez que el juez debe señalar, en forma precisa, cuáles son los actos nulos en razón de su conexión con el acto anulado.
Lo anterior, sin perjuicio de que pueda invalidarse todo el proceso, cuando el vicio afecta a la relación procesal misma, como por ejemplo, si el demandado no ha sido emplazado.
Por último, en caso de que se rechace la incidencia de nulidad por resolución ejecutoriada, no obstante haber existido el vicio, la parte podrá deducir posteriormente contra la sentencia definitiva recurso de casación en la forma, el cual es otro medio para reclamar de la nulidad procesal, como se verá en su oportunidad.

References: artículo 82
 artículo 84
 resolución 
 artículo 84
 artículo 83
 artículo 85
 artículo 83
 artículo 86
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 artículo 89
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 artículo 93
 artículo 99
 artículo 101
 resolución 
 artículo 113
 artículo 199
 artículo 114
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 122
 artículo 119
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 199
 artículo 121
 artículo 224
 resolución 
 artículo 132
 resolución 
 artículo 135
 artículo 102
 artículo 8
 artículo 144
 artículo 147
 resolución 
 artículo 146
 resolución 
 artículo 140
 artículo 140
 resolución 
 resolución 
 artículo 143
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 150
 artículo 151
 resolución 
 artículo 157
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 472
 artículo 153
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 153
 resolución 
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 resolución