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Timestamp: 2020-07-09 14:55:00+00:00

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Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. TÍTULO III. Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León
Vigencia desde 25 de Julio de 2007. Revisión vigente desde 12 de Julio de 2012
Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
Artículo 67 Deber de conservación
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar, custodiar y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación del conjunto de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su condición de bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.
Articulo 68 Incumplimiento del deber de conservación
1. Si se tuviera conocimiento de un posible incumplimiento del deber contemplado en el artículo anterior, y sin perjuicio de cualquier otra actuación prevista en la Ley 12/2002, de 11 de julio, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales recabará cuantos informes estime necesarios y en todo caso un informe técnico del Servicio Territorial de Cultura, en el que deberá constar el estado actual del inmueble, las actuaciones necesarias para su conservación, su plazo de ejecución, y la estimación económica de las mismas.
En el supuesto de bienes inmuebles, se solicitará una certificación del Ayuntamiento en cuyo término radique el bien en cuestión, que comprenderá los datos identificativos del inmueble (ubicación y documentación gráfica si la hubiere), los titulares del mismo, y el grado de protección que le atribuyan las normas urbanísticas.
2. En el supuesto de bienes inmuebles, si del informe técnico del Servicio Territorial se dedujera que el inmueble se encuentra en una situación de deterioro físico que pudiera suponer una riesgo actual y real para las personas o las cosas, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León remitirá el citado informe al Ayuntamiento correspondiente, a los efectos oportunos.
3. El informe técnico, y demás documentación obrante se remitirá a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con el fin de que sea emitido un dictamen al efecto.
4. Recibido el dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, pondrá de manifiesto el expediente a los interesados concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
5. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo del trámite de audiencia y a la vista de las actuaciones realizadas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
Si en la resolución se ordenara la ejecución subsidiaria, se deberá hacer un requerimiento previo al responsable de la conservación del bien, debiéndose indicar las actuaciones necesarias para su conservación, la estimación del coste económico de las mismas, y el plazo para su ejecución, con apercibimiento de que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento en el plazo establecido se procederá a la ejecución subsidiaria de las actuaciones por la Consejería competente en materia de Cultura, en los términos previstos en la normativa de procedimiento administrativo.
Artículo 69 Obligación de permitir el acceso con fines de inspección y estudios
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán la obligación de facilitar a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales el acceso a bienes integrantes del Patrimonio Cultural con fines de inspección y de realización de estudios previos e informes necesarios para la tramitación de los procedimientos de declaración como Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario.
2. La Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales comunicará al poseedor o, en su defecto al propietario o titular de derecho real, la intención de acceder al bien en cuestión y la identidad de la persona que accederá al mismo, con indicación de que en el plazo de 10 días señale día y hora para el acceso, que salvo causa justificada, no deberá ser posterior a 20 días contados a partir de la fecha de comunicación.
3. En el supuesto de que no fuera atendido el requerimiento o se denegara el acceso a los bienes, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución fijando día y hora para el acceso, que será comunicada a los interesados, con indicación de que de no cumplir los términos de la resolución se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo para la ejecución forzosa de los actos administrativos.
4. En todo caso se garantizará el respeto a la intimidad personal y familiar.
Artículo 70 Obligación de permitir el acceso con fines de investigación
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de facilitar el acceso a estos bienes a los investigadores, previa solicitud motivada de los mismos.
2. En el supuesto de denegación de dicho acceso, los investigadores formularán solicitud motivada a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales acompañada del documento oficial que acredite la condición de investigador y del proyecto objeto de la investigación que, cumpliendo los objetivos establecidos en el articulo 1.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, sea avalado por una Universidad u otra institución científica.
3. A la vista de la solicitud formulada y previo informe acerca de la misma, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, dará traslado del informe junto con la documentación aportada por el investigador al propietario concediéndole un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para ellas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución que será notificada al investigador y al propietario, poseedor o titular de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, fijando, en su caso, el tiempo en que deberá permitirse el acceso al bien, garantizando el respeto a la intimidad personal y familiar.
5. En el supuesto de que se trate de bienes muebles, la resolución podrá imponer el cumplimiento de la obligación a que se refiere el presente artículo acordando su depósito en un museo dependiente de la Comunidad de Castilla y León del que esta sea titular o cuya gestión ejerza, previo informe técnico acerca del estado de conservación del bien y la conveniencia de su traslado al centro elegido, no pudiendo superar este depósito el plazo de un mes por año.
6. Todos los gastos derivados de las actuaciones necesarias para la ejecución de la obligación prevista en el presente artículo deberán ser sufragados por los investigadores que hayan formulado la solicitud.
7. La Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales podrá dispensar, previa solicitud motivada del interesado, del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que existe causa suficientemente justificada para ello. Cuando dichas circunstancias sufran una alteración sustancial, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, previa audiencia al interesado, podrá revocar la dispensa otorgada.
Artículo 71 Obligación de permitir la visita pública
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de facilitar la visita pública en las condiciones que a continuación se determinan, que en todo caso será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijados.
Esta visita comprenderá la contemplación de tales bienes, con exclusión, en el caso de bienes inmuebles, de los lugares o dependencias de los mismos que no afecten a su condición de declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, garantizándose en todo caso el respeto a la intimidad personal y familiar.
2. Para el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior, se solicitará del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, la aprobación del calendario de visita a los bienes, que habrá de especificar:
a) los días de apertura al público.
b) el horario de apertura y cierre.
c) el precio de entrada si lo hubiera.
d) los días y el horario de visita gratuita a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El calendario de visita una vez aprobado se anunciará mediante cartel visible para el público.
3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León podrá dispensar, total o parcialmente, previa solicitud motivada del interesado, del cumplimiento de la obligación prevista en este artículo, cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, entienda que existe causa suficientemente justificada para ello. Cuando dichas circunstancias sufran una alteración sustancial, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, previa audiencia al interesado, podrá revocar la dispensa otorgada.
Artículo 72 Obligación de préstamo de bienes muebles
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León tendrán la obligación de prestarlos para las exposiciones temporales que organicen los Organismos competentes para la ejecución de la Ley 12/2002, de 11 de julio, por un periodo máximo de un mes en un año.
2. Para el cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales comunicará al propietario, poseedor y, en su caso, al titular de un derecho real sobre un bien mueble, la selección de dicho bien para su participación en una exposición organizada por dichos Organismos, requiriendo su préstamo en los términos previstos en el artículo 25.3 de la citada Ley.
3. La comunicación prevista en el párrafo anterior, será efectuada con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista de la exposición. En la misma se señalará el plazo de duración de la exposición, las condiciones de seguridad, transporte y cuantas otras sean necesarias para garantizar la conservación del bien mueble objeto de préstamo, así como la apertura de un plazo de diez días para que formule las alegaciones y solicite la práctica de las pruebas que estime oportunas.
4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para ellas, la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución en la que, en su caso, imponga la realización del préstamo, así como cuantas medidas de conservación y protección sea necesarias para llevar a cabo el mismo, con indicación de que si no atendiera al requerimiento o se negara a prestar dicho bien, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre procedimiento administrativo para la ejecución forzosa de los actos administrativos.
Artículo 73 Obligación de llevar un Libro de registro de comercio de bienes muebles
1. Las personas y entidades que se dediquen habitualmente al comercio de bienes entre los que se encuentren bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, deberán llevar un Libro de registro según modelo normalizado recogido en el Anexo II, en el cual harán constar las transacciones que efectúen, de manera correlativa.
2. Deberá anotarse en el Libro de registro:
a) Datos de identificación del objeto.
b) Descripción del objeto.
c) Forma de adquisición del objeto.
d) Procedencia.
e) Las partes que intervienen en la transmisión del objeto.
f) Valor estimado del bien.
3. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia en que se ejerza el comercio de estos bienes, es el órgano competente para legalizar este Libro de registro con carácter previo a su utilización, así como para diligenciar anualmente el mismo.
El Libro deberá presentarse anualmente para su diligencia en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León correspondiente dentro de los tres primeros meses del año natural.
4. El Libro de registro deberá ser exhibido cuando sea solicitado por aquella persona, que de conformidad con el presente Decreto, tenga atribuido el ejercicio de la actividad inspectora.
Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
Artículo 74 Derecho de tanteo
1. Quien pretenda enajenar un bien mueble declarado de Interés Cultural o Inventariado o inmueble declarado con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o inventariado con la categoría de Monumento Inventariado, deberá notificarlo a la Consejería competente en materia de Cultura indicando precio y las condiciones con que se proponga realizar la enajenación así como el código de identificación del bien, o en su caso el número de anotación preventiva, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
2. En el supuesto de enajenación de un bien inmueble declarado con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o inventariado con la categoría de Monumento inventariado, el titular de la Consejería competente en materia de Cultura, previo informe de la Junta de Valoración de Adquisición de Bienes Culturales, elevará propuesta de ejercicio del derecho de tanteo a la Consejería competente en materia de Hacienda, que podrá ejercerlo para sí, para otras instituciones sin ánimo de lucro o para cualquier entidad de derecho público, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación en el Registro de la Consejería competente en materia de Cultura. Tratándose de la enajenación de un bien mueble, el ejercicio del derecho de tanteo corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de Cultura.
El ejercicio del derecho de tanteo para otras entidades y el otorgamiento de documento público directamente a nombre de estas deberá contar con la iniciativa o aceptación de las mismas.
3. El plazo máximo para el pago del precio convenido será de dos ejercicios presupuestarios siguientes, incluido aquel en el que se ejercite el derecho de adquisición preferente salvo acuerdo expreso con el interesado en otra forma de pago.
Artículo 75 Subastas de bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
1. Los subastadores deberán notificar a la Consejería competente en materia de Cultura con dos meses de antelación la fecha y lugar de celebración de las subastas en la que se pretenda enajenar cualquier bien del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Un representante de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales o de la Dirección General competente en materia de Promoción e Instituciones Culturales, podrá comparecer en el acto de la subasta. En su caso y en el plazo de diez días hábiles, desde la recepción de la notificación del precio de remate se ejercitará el derecho de adquisición preferente por el órgano competente que deberá comunicarlo al subastador.
Artículo 76 Derecho de retracto sobre bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
1. La Consejería competente en materia de Cultura promoverá el ejercicio del derecho de retracto en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiese notificado la pretensión de enajenar.
b) Cuando la pretensión de enajenación y sus condiciones no fuesen notificadas correctamente.
c) Cuando la transmisión se realice antes de transcurrir el plazo de dos meses establecido para el ejercicio del derecho de tanteo.
2. El plazo para el ejercicio del derecho de retracto será de seis meses contados a partir de la fecha en que la Consejería competente en materia de Cultura tenga conocimiento fehaciente de la enajenación, procediéndose en los términos del artículo 74 del presente Reglamento.
Artículo 77 Expropiación por causa de interés social de bienes declarados de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
1. El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación de los bienes de Interés cultural o Inventariados será causa de interés social para la expropiación forzosa por el órgano competente. Dicho incumplimiento deberá ser constatado mediante resolución del titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, previa audiencia de los interesados. Para la expropiación de los citados bienes se seguirá la tramitación prevista en la normativa sobre expropiación forzosa.
2. Podrá acordarse igualmente la expropiación por causa de interés social de los inmuebles que impidan o perturben la utilización, la contemplación, el acceso o el disfrute de los Bienes de Interés Cultural, que atenten contra la armonía ambiental o que generen riesgo para su conservación. Dichas circunstancias deberán ser constatadas mediante resolución del titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, previa audiencia de los interesados. Para la expropiación de los citados bienes se seguirá la tramitación prevista en la normativa sobre expropiación forzosa.
Artículo 78 Expropiación por causa de utilidad pública de los inmuebles necesarios para la instalación, ampliación o mejora de archivos, bibliotecas y museos de titularidad pública
La adquisición de los inmuebles necesarios para la instalación, ampliación o mejora de archivos, bibliotecas y museos de titularidad pública, se considerará de utilidad pública a efectos de su expropiación. La necesidad de adquisición será constatada por resolución el titular de la Dirección General competente en materia de Promoción e Instituciones Culturales, previa audiencia de los interesados. Para la expropiación de los citados bienes se seguirá la tramitación prevista en la normativa sobre expropiación forzosa.
Artículo 79 Ejercicio de la potestad expropiatoria por los Ayuntamientos
1. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán ejercitar la potestad expropiatoria al amparo de lo previsto en los artículos anteriores, debiendo notificar previamente su propósito a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales en el plazo de diez días.
2. La Administración Autónoma tendrá preferencia en el ejercicio de tal potestad. Si en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación, el órgano competente no se pronuncia expresamente, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de expropiación con arreglo a lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.
Evaluación de Impacto Ambiental y Ordenación del Territorio
Artículo 80 Estimación de la incidencia en los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico o Etnológico
1. Cuando las actuaciones sometidas a evaluaciones establecidas por la legislación en materia de Impacto Ambiental o sujetas a planes y proyectos regionales, regulados en la legislación sobre Ordenación del Territorio, puedan afectar a los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico o Etnológico, se efectuará una estimación de la incidencia que el proyecto, obra o actividad pueda tener sobre el mismo.
2. La estimación se extenderá al ámbito de afección del proyecto, obra o actividad, entendiendo por tal el sector principal de la obra, la zona de obras colaterales o auxiliares a la misma, la zona de expropiación temporal y de movimiento de maquinaria u otras y además un área como mínimo de 100 metros que permita analizar de una manera integral el patrimonio arqueológico y etnológico. Si las obras se hallasen dispersas esta referencia espacial se tomará desde el límite externo de cada una de las actuaciones previstas.
3. A los efectos de emitir el informe a que se refiere el artículo 82 de este Reglamento, la documentación que contemple la estimación incluirá:
3.1. Texto íntegro del proyecto, obra o actividad acompañado de la correspondiente documentación fotográfica y planimétrica.
3.2. Inventario exhaustivo con información escrita y gráfica de todos los bienes arqueológicos y etnológicos así como cada uno de los Bienes de Interés Cultural y bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, situados en el ámbito del proyecto, que comprenderá: denominación, localización, atribución cultural, extensión, tipología, cronología, descripción, estado de conservación y protección urbanística.
Asimismo se incorporarán los lugares arqueológicos identificados tras las prospecciones y estudios realizados así como las actividades tradicionales y las instalaciones asociadas a estas, localizadas en el ámbito del proyecto, obra o actividad.
3.3. Valoración del grado de incidencia del proyecto, obra o actividad sobre los bienes arqueológicos y etnológicos, para lo cual se aplicarán los siguientes criterios:
a) Magnitud: se definirá tomando como referente la superficie del bien afectada, teniendo en cuenta su tipología y cronología.
b) Intensidad: se definirá valorando tanto la afección física en superficie o en profundidad como la alteración perceptual o visual previsible sobre el bien.
c) Fiabilidad: se definirá en función del grado de certeza sobre el impacto que puede producir un determinado elemento del proyecto, obra o actividad sobre el bien.
d) Reversibilidad de la afección.
e) Para cuantificar el grado de incidencia se tendrá en cuenta las categorías de impacto que la normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental establece: crítico, severo, moderado y compatible.
3.4. Definición de medidas correctoras para la conservación y protección de los bienes arqueológicos y etnográficos dirigidas a evitar, minimizar, reducir o paliar el impacto.
Artículo 81 Técnico competente para la realización de la estimación
La estimación será realizada por un profesional que cuente con la titulación de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, con competencia profesional en la materia, así como aquellas personas que cuenten con una titulación análoga obtenida en Universidades extranjeras, cuyos títulos hayan sido homologados por el Estado Español.
Artículo 82 Informe de la estimación
1. Presentada la documentación que contempla la estimación, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León o en su caso, el Director General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, deberá:
a) Informar favorablemente la estimación efectuada, con indicación de, en su caso, las conclusiones necesarias para la adecuada protección del Patrimonio Arqueológico o Etnológico.
b) Informar desfavorablemente la estimación de forma motivada.
El informe indicará la obligación de solicitar autorización previa ante el órgano competente, en el supuesto previsto en el artículo 83.1 del presente Reglamento.
2. Las conclusiones serán consideradas en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o en el plan o proyecto regional, debiendo recogerse el contenido del informe del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León o en su caso, del Director General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, tanto en el texto de la Declaración de Impacto Ambiental, como en el instrumento de ordenación afectado.
Artículo 83 Autorización previa
1. Cuando las actuaciones sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental o sujetas a planes y proyectos regionales afecten directa o indirectamente a un bien declarado de Interés Cultural o Inventariado será preceptiva la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. La afección es directa cuando afecta al propio bien o al entorno de protección delimitado del mismo.
Son afecciones indirectas aquellas que, sin localizarse sobre el propio bien o su entorno de protección delimitado, pudieran provocar cualquier tipo de alteración o menoscabo de los valores que le han hecho merecedor de ser declarado bien de interés cultural o inventariado.
3. A la solicitud de autorización se adjuntará la siguiente documentación:
3.1. Documento relativo al proyecto, obra o actividad acompañado de:
a) Plano topográfico con curvas y cotas de nivel a escala.
b) Fotomontaje en el que se sitúen todos los elementos que componen la actuación junto con los bienes de interés cultural e inventariados más próximos.
c) Perfiles topográficos a escala con indicación de cotas y distancias, tomados en ejes de las cuencas visuales que engloben a los Bienes de Interés Cultural e Inventariados mas próximos a la actuación y alcancen a cada uno de los elementos visibles total o parcialmente.
3.2. Relación de Bienes de Interés Cultural e Inventariados englobados en posibles cuencas visuales del proyecto, así como de aquellos afectados visualmente de forma directa.
Artículo 84 Supuestos para la adopción de medidas cautelares
El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en los bienes integrantes del Patrimonio Cultural, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la obra o intervención se esté desarrollando en un bien en el que se aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace mención el artículo 1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
b) Cuando existan indicios de que la obra o intervención pudiera provocar la pérdida o deterioro de los valores culturales de un bien o un grave riesgo para los mismos.
c) Cuando la obra o intervención se esté desarrollando en un bien declarado de Interés Cultural o Inventariado con la autorización preceptiva pero incumpliendo los términos de la misma.
d) Cuando la obra o intervención se esté desarrollando en un bien declarado de Interés Cultural o Inventariado sin la preceptiva autorización.
Artículo 85 Suspensión de obras o intervenciones
1. Cuando se esté desarrollando una obra en un bien mueble o inmueble integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en los supuestos mencionados en el artículo anterior, el Delegado Territorial de la provincia donde esté ubicado el bien, previo informe técnico, podrá dictar resolución de suspensión de la obra.
2. El informe técnico deberá contener:
a) Identificación del bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
b) Datos de identificación (promotor o propietario, localidad y término municipal).
c) Descripción de la obra o intervención realizada.
d) Documentación gráfica.
e) Causas que pudieran motivar la suspensión.
f) Medidas que garanticen la conservación del bien.
3. Dicha resolución se notificará al promotor de la obra o al propietario del bien y al Ayuntamiento afectado en su caso y se comunicará a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.
4. La suspensión de las obras o intervenciones citadas no comportará derecho a indemnización alguna.
Artículo 86 Levantamiento de la suspensión
1. En los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 84 el titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales previo informe técnico, podrá ordenar la realización de estudios complementarios dentro del plazo máximo de dos meses, acordando si procede la iniciación del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario. Dicho acuerdo será comunicado al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
2. En el supuesto de que no se iniciara procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario, el Delegado Territorial, de la Junta de Castilla y León, dentro de ese mismo plazo, dictará resolución de levantamiento de la suspensión, a favor de la continuación de la obra o intervención iniciada, estableciendo las condiciones que, en su caso procedan para la preservación o documentación de los valores del bien, debiendo notificarlo al interesado.
3. La iniciación de procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario determinará, respecto del bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, y en este Reglamento para los bienes declarados e inventariados.
Artículo 87 Procedimiento sancionador
En los supuestos contemplados en el artículo 84 apartados c) y d) del presente Reglamento se iniciará por el Delegado Territorial el correspondiente procedimiento sancionador debiendo en su caso confirmar la medida cautelar adoptada.
Artículo 88 Expediente de declaración de ruina
1. El órgano competente para incoar un expediente de declaración de ruina que afecte a bienes inmuebles declarados de Interés Cultural o sujetos a un expediente incoado de declaración de Bien de Interés Cultural, notificará a la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural la iniciación del procedimiento así como las resoluciones que en el mismo se adopten, debiendo adjuntar en cada caso copia de los informes técnicos que obren en el expediente.
2. La Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural se tendrá por personada en el expediente de declaración de ruina a partir de la notificación de su apertura, pudiendo como parte interesada alegar lo que estime oportuno en cualquier momento del procedimiento.
3. La resolución que declare en ruina un inmueble de Interés Cultural declarado con la categoría de Monumento o Jardín Histórico sólo podrá disponer la ejecución de las obras necesarias para su conservación o rehabilitación previo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
4. En el supuesto de que la situación del inmueble incoado o declarado Bien de Interés Cultural, conlleve peligro inminente de daños a personas, el órgano competente para la declaración de ruina deberá comunicar inmediatamente la situación de ruina al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, el cual, previo informe técnico, dictará resolución que contenga las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de las características y elementos singulares del inmueble. Dichas medidas no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a los términos previstos en la resolución que se dicte.
Artículo 89 Demolición
1. En ningún caso podrá ordenarse la demolición de un inmueble incoado o declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento o Jardín Histórico.
2. La demolición de inmuebles situados en Bienes de Interés Cultural declarados con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Conjunto Etnológico o Vía Histórica, requerirá autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
3. A la petición de autorización se acompañará un proyecto de sustitución que habrá de tener en cuenta la conservación, armonía y enriquecimiento de los valores del conjunto o el entorno protegido y cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 38.1c) y 42.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
En todo caso las sustituciones de inmuebles en conjuntos históricos se considerarán excepcionales y sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto.
Informes a emitir en materia de planeamiento urbanístico
Artículo 90 Planeamiento urbanístico y Bienes de Interés Cultural e Inventariados
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o declarado Bien de Interés Cultural o Inventariado, requerirá con carácter previo a su aprobación definitiva informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Si en el procedimiento de aprobación, revisión o modificación del instrumento de planeamiento urbanístico se produjera cualquier alteración, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el párrafo anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe con los mismos efectos, de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. La solicitud de informe deberá contemplar las alteraciones producidas.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán favorables si no se hubieran evacuado en el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Artículo 91 Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.
Criterios de actuación y documentación que debe presentarse para la emisión de informes en materia de planeamiento urbanístico
Artículo 92 Planeamiento general
1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento general en el que se especificarán:
a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a tal fin así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados, que resulten afectados.
Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de abril de 1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto 69/1984 de 2 de agosto.
b) Que cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.
c) Que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, no podrá fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones, y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán admisibles tales alteraciones mediante la redacción de un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio, con carácter excepcional y siempre que contribuya a la conservación general del bien.
2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección.
2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos.
2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios:
A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y gráficas:
1. Determinaciones escritas:
a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el Registro de Lugares Arqueológicos.
b) Atribución cultural, tipología y estado de conservación.
c) Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico Inventariado o Lugar Arqueológico.
d) Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la clasificación del suelo.
e) Situación jurídica.
2. Determinaciones gráficas :
a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala:1:25.000.
b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.
c) Fotografía que identifique el bien.
d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del documento.
B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:
a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de compensación en los supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.
2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiendo por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.
En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural.
Artículo 93 Planeamiento de desarrollo: planes parciales y estudios de detalle
1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento de desarrollo que incluirá las especificaciones contenidas en el apartado primero del artículo 92 de este Reglamento.
2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento de desarrollo que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el apartado segundo del artículo anterior y además tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en aquellos terrenos en los que con la aprobación, modificación o revisión del instrumento de planeamiento general, no hayan sido efectuados, así como en aquellos otros que con posterioridad a la aprobación definitiva del citado instrumento se incluyan en nuevos sectores. Las conclusiones serán tenidas en cuenta en la redacción del instrumento de planeamiento de desarrollo.
b) En las zonas arqueológicas, yacimientos inventariados o lugares arqueológicos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio, se encuentren en suelos clasificados como urbanos o urbanizables, se establecerá su ordenación detallada de modo que la calificación de usos e intensidades y la previsión de sistemas locales contribuyan a una mayor protección del Patrimonio Arqueológico.
Artículo 94 Plan especial de protección en conjuntos históricos
1. La declaración de un conjunto histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un Plan especial de protección del área afectada, que garantice el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente y los valores que determinaron su declaración.
2. La solicitud de informe preceptivo y previo a la aprobación definitiva de este plan vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento, que deberá contener al menos la siguiente documentación:
a) Documentos de información, análisis y diagnóstico:
1.º- Documento que contenga la información territorial y urbanística de carácter gráfico sobre las características socio-culturales propias del ámbito de actuación, que resulten relevantes para las determinaciones del plan, con claridad y escala suficientes para su correcta interpretación.
2.º- Documento de análisis del conjunto histórico que considere este como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen.
3.º- Documento de análisis y diagnóstico del potencial arqueológico del subsuelo (carta arqueológica) que contendrá:
- información histórica, topográfica, toponímica, cartografía y fotográfica histórica.
- información sobre las intervenciones arqueológicas que se hubieran realizado hasta el momento y sus resultados: superficie intervenida, estructura o unidades de ocupación localizadas, secuencia estratigráfica documentada y posibles inmuebles o estructuras emergentes de interés arqueológico reflejadas en una cartografía temática.
b) Memoria vinculante:
1.º- Justificación del cumplimiento de las determinaciones establecidas en la declaración de Conjunto Histórico.
2.º- Justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.
3.º- Criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y de la estructura y morfología del espacio afectado que deban ser objeto de acrecentamiento y mejora.
4.º- Criterios relativos a la conservación, protección y recuperación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior.
5.º- Programa ordenado de actuaciones dirigidas a la conservación, restauración, mejora, mantenimiento y saneamiento urbano del Conjunto Histórico o de áreas concretas de la edificación, que tenga en cuenta las exigencias histórico culturales de los espacios urbanos, las infraestructuras, redes de servicios e instalaciones públicas. Asimismo se designarán los órganos encargados de la ejecución de dichas actuaciones.
c) Normativa:
1.º- Normas sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios libres públicos y de los edificados, de las alineaciones y rasantes y de la parcelación, enumerando y tratando separadamente todas aquellas alteraciones de carácter excepcional que puedan servir a la conservación, recuperación o mejora del conjunto histórico y su medio.
2.º- Normas para la protección de las edificaciones catalogadas que regulen todos los elementos que sean susceptibles de superponerse a la edificación y para la protección de los espacios públicos.
3.º- Normas que regulen específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas o similares. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas y dispositivos similares, se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o del conjunto histórico. Sólo se autorizarán rótulos cuando guarden armonía con los valores de conjunto. De existir dichas instalaciones, se tomarán las medidas adecuadas para adaptarlas, ocultarlas o suprimirlas.
4.º- Normas sobre nuevas edificaciones que contemplen la prohibición de actuaciones que falseen los lenguajes arquitectónicos tradicionales.
5.º- Normas para la protección del Patrimonio Arqueológico que deberán ajustarse a los siguientes criterios:
- se incluirá el deber de verificar la existencia de restos arqueológicos en cualquier remoción del terreno donde exista o se presuma su existencia.
- se establecerán en las zonificaciones definidas las condiciones particulares de protección y las actividades arqueológicas necesarias según el tipo de actuación urbanística prevista:
• Obras de reforma parcial o general o de demolición total o parcial. Si la edificación lo requiriera, se planteará el análisis arqueológico de las estructuras emergentes.
• Obras de nueva planta o que supongan remoción del subsuelo.
• Obras de urbanización o infraestructura que supongan remoción del subsuelo.
d) Planos:
1.º- Plano de delimitación del ámbito de actuación del plan especial de protección.
2.º- Plano de delimitación del Conjunto Histórico.
3.º- Plano de catalogación de los Bienes de Interés Cultural, que incluya la delimitación de entornos de protección de monumentos y jardines históricos, que en ningún caso deberán ser inferiores a los incluidos en los expedientes de incoación o declaración de Bienes de Interés Cultural de los mismos, Bienes Inventariados y el resto de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural. Asimismo se reflejarán los elementos perjudiciales para el propio conjunto.
4.º- Plano que refleje las posibles alteraciones de edificabilidad o volumen, así como las modificaciones en las alineaciones y rasantes propuestas excepcionalmente por el planeamiento, respecto del estado actual del conjunto.
5.º- Plano de delimitación de posibles áreas de intervención integrada que permitan la recuperación de áreas residenciales así como de las actividades económicas que resulten más adecuadas.
6.º- Plano que identifique los bienes arqueológicos existentes en el ámbito del planeamiento y zonificaciones.
e) Catálogo:
1.º- Catálogo que contenga todos los Bienes declarados de Interés Cultural o en proceso de declaración incluyendo los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, castillos, hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León; Bienes Inventariados y resto de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Se determinará para cada bien su denominación, ubicación, referencia catastral, fecha de construcción, estilo, autor; propietario, usos, valores singulares que justifiquen su inclusión, estado de conservación actual, grado de protección, tipos de actuaciones permitidas y/o debidas para garantizar el deber de conservación y se hará constar si dicho bien figura en el catálogo del instrumento de planeamiento general.
2.º- Catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.
Se incluirá para cada bien las determinaciones escritas y gráficas establecidas en el artículo 92.4.1. y se hará constar si dichos bienes figuran en el catálogo de planeamiento general.
3.º- Relación de inmuebles, espacios urbanos o instalaciones considerados especialmente perjudiciales para la conservación del carácter específico del Conjunto Histórico.
4.º- Relación de espacios libres de edificación, públicos y privados y su vegetación, que incorporará un análisis histórico de la evolución espacial del ámbito de protección.
f) Estudio económico que se realizará de acuerdo al denominado programa ordenado de actuaciones y contemplará:
1.º- Inversiones públicas previstas:
- para el fomento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y prioridades del plan.
- para garantizar el deber de conservación de todos los bienes inmuebles, espacios urbanos o instalaciones protegidas por el plan.
- para el fomento de la adecuación urbana de los inmuebles especialmente perjudiciales para la conservación del carácter específico del Conjunto Histórico, en estado ruinoso o declarados en ruina.
2.º- Designación de órganos gestores.
3.º- Establecimiento de sistemas de financiación, formas de gestión del aprovechamiento del subsuelo y medidas de compensación necesarias en el caso de que la protección y conservación de los bienes requiriera el establecimiento de limitaciones singulares o sistemas de equidistribución de cargas.
Artículo 95 Plan especial de protección en zonas arqueológicas
1. La declaración de una Zona Arqueológica comporta la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un Plan especial de protección que garantice el mantenimiento de los valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la protección de bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales.
2. La solicitud de informe preceptivo y previo a la aprobación de este plan vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento, que deberá contener al menos la siguiente documentación:
a) Documentos de información, análisis y diagnóstico.
1.º- Documento que contenga información territorial y urbanística de carácter gráfico en relación con los bienes arqueológicos conocidos en el ámbito de actuación, que resulten relevantes para las determinaciones del plan, con claridad y escala suficientes para su correcta interpretación. A tal efecto deberán ser considerados aquellos otros bienes muebles e inmuebles cuya presencia pueda influir en la adecuada protección de los bienes arqueológicos y en el desarrollo de las determinaciones del Plan.
2.º- Documento de análisis de la zona arqueológica, de estudios previos de carácter histórico, geográfico y medioambiental y de los resultados de las actividades arqueológicas realizadas.
3.º- Documento de análisis y diagnóstico del potencial arqueológico del subsuelo (carta arqueológica) cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el artículo 94.2a)3.º de este Reglamento.
4.º- Documento que analice las medidas adoptadas para la integración de las previsiones relativas a la protección del Patrimonio Arqueológico, con otras previsiones relacionadas con el fomento, la agricultura, el medioambiente o la educación en el mismo ámbito.
1.º- Justificación del cumplimiento de las posibles determinaciones establecidas en la declaración de Zona Arqueológica.
2.º- Justificación de las modificaciones de alineaciones y edificabilidad que, excepcionalmente, el Plan proponga.
3.º- Programa ordenado de actuaciones dirigidas a la protección, conservación, restauración y en su caso, valorización del Patrimonio Arqueológico y a promover el conocimiento, la exposición y el acceso público a los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico protegido. Asimismo se designarán los órganos encargados de la ejecución de dichas actuaciones.
1.º- Normas que regulen los trabajos de protección, restauración y en su caso, valorización.
2.º- Normas para la adecuada protección del Patrimonio Arqueológico.
- que incluirá el deber de verificar la existencia de restos arqueológicos en cualquier remoción del terreno donde exista o se presuma su existencia.
- que defina una zonificación arqueológica y los criterios de intervención que procedan, en función del grado de protección asignado a cada bien arqueológico y de la clasificación del suelo. Para cada zona se tendrá en cuenta lo siguiente:
• que en terrenos clasificados como suelo rústico con protección cultural no podrá llevarse a cabo ninguna actuación que afecte al subsuelo salvo aquellas destinadas a la investigación, protección o puesta en valor de los bienes arqueológicos.
• que en sectores de suelo urbanizable se establecerán aquellas fórmulas más favorables para la conservación y protección del Patrimonio Arqueológico desde el punto de vista urbanístico del subsuelo.
• que en suelo urbano se recogerá la forma de gestión del aprovechamiento del subsuelo y se consignarán las medidas de compensación necesarias en el caso de que la protección y conservación de los bienes requiriera el establecimiento de limitaciones singulares o sistemas de equidistribución de cargas.
2.º- Plano de delimitación de la Zona Arqueológica.
3.º- Plano de catalogación de los Bienes de Interés Cultural, que incluya la delimitación de entornos de protección de monumentos y jardines históricos, que en ningún caso deberán ser inferiores a los incluidos en los expedientes de incoación o declaración de Bienes de Interés Cultural de los mismos, Bienes Inventariados y el resto de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural. Asimismo se reflejarán los elementos perjudiciales para la propia zona.
1.º- Catálogo que contenga todos los Bienes declarados de Interés Cultural o en proceso de declaración, incluyendo los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico, castillos, hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León; Bienes Inventariados y resto de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Se indicará para cada bien las determinaciones escritas y gráficas establecidas en el artículo 92.4.1. y se hará constar si dichos bienes figuran en el catálogo de planeamiento general.
1.º- Inversiones públicas previstas en los correspondientes créditos presupuestarios.
3.º- Establecimiento de sistemas de financiación.
Artículo 96 Planes especiales de protección en sitios históricos y conjuntos etnológicos
1. La declaración de un Sitio Histórico o Conjunto Etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un Plan especial de protección del área afectada, que garantice el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente.
La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos comporta el mantenimiento de los valores históricos, etnológicos, paleontológicos, y antropológicos, el paisaje y las características generales de su ambiente.
Para ello deberán analizarse las distintas costumbres y formas de vida tradicionales, estudiándose y clasificándose todos aquellos bienes inmuebles y muebles vinculados al ámbito de protección.
2. La solicitud de informe preceptivo y previo a la aprobación definitiva de este plan vendrá acompañará de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento que deberá contener la documentación referida en el artículo 94.2 de este Reglamento, con las siguientes especificidades:
Letra a) «Documentos de información, análisis y diagnóstico»: se añadirá la descripción de instalaciones tradicionales, actividades y manifestaciones culturales simbólicas o significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las que se reconozca la comunidad social.
Letra c) «Normativa»: se incluirán normas para una protección más eficaz de los territorios, lugares o parajes vinculados a conjuntos etnológicos y sitios históricos.
En los conjuntos etnológicos se garantizará la protección de las instalaciones relacionadas con la economía y los procesos productivos e industriales del pasado.
En los sitios históricos se establecerán pautas para el mantenimiento y conservación de las manifestaciones culturales y actividades tradicionales vinculadas a los mismos.
Letra e) «Catálogo»: se incluirán los bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Etnológico y de los acontecimientos históricos y etnológicos vinculados con un bien declarado de interés cultural que contendrá los siguientes datos:
- denominación e identificación de la actividad o manifestación cultural.
- descripción histórica.
- descripción y análisis actual, especificando los diferentes procesos o actos que se realizan.
- relación de lugares y bienes culturales vinculados.
Artículo 97 Instrumentos de Ordenación del Territorio
Cuando las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional, los Planes Regionales de Ámbito Territorial y los Proyectos Regionales, regulados en la normativa de ordenación del territorio, tengan la consideración instrumentos de planeamiento, de conformidad con lo previsto en la normativa sectorial de urbanismo, les será de plena aplicación todo lo previsto en el presente Capítulo.
Autorización de obras o intervenciones en Bienes de Interés cultural e inventariados
Artículo 98 Autorización de obras o intervenciones en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos
1. En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección, la concesión de licencias, la ejecución de las ya otorgadas y la emisión de órdenes de ejecución requerirá, en el ámbito afectado por un inmueble incoado o declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
2. En todo caso se tendrán en cuenta los siguientes criterios: se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto; no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y en general ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto.
3. Aprobado definitivamente el citado instrumento urbanístico de protección, las obras en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos serán autorizadas por el Ayuntamiento correspondiente con la salvedad de lo establecido en el artículo 99 de este Reglamento.
4. El Ayuntamiento deberá comunicar a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o, en su caso, a la Ponencia Técnica, las licencias concedidas a las que hace referencia el apartado anterior en el plazo máximo de 10 días a contar desde su otorgamiento.
5. En todo caso, la autorización para la realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos, se regirá por lo previsto en el Título IV del presente Reglamento, no siendo de aplicación lo previsto en los apartados anteriores.
Artículo 99 Autorización de obras o intervenciones en monumentos o jardines históricos
La realización de cualquier obra o intervención en inmuebles incoados o declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o en sus entornos de protección, requerirán en todo caso autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Artículo 100 Autorización de obras o intervenciones en Bienes Inmuebles Inventariados
1. La realización de cualquier obra o intervención en un inmueble inventariado que no haya sido incluido en el catálogo urbanístico de elementos protegidos requerirá autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
2. En todo caso, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, se sujetarán a las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario.
3. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de promover su inscripción en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en el instrumento de planeamiento urbanístico debiendo dirigir comunicación de dicha inscripción a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.
4. A los yacimientos arqueológicos inventariados le será de aplicación las normas contempladas en el Título IV del presente Decreto.

References: Artículo 67
 resolución 
 artículo 24
 resolución 

Artículo 69
 resolución 
 resolución 

Artículo 70
 resolución 
 resolución 

Artículo 71
 artículo 25

Artículo 72
 artículo 25
 resolución 

Artículo 73

Artículo 74
 artículo 38

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 74

Artículo 77
 resolución 
 resolución 

Artículo 78
 resolución 

Artículo 79

Artículo 80
 artículo 82

Artículo 81

Artículo 82
 artículo 83

Artículo 83

Artículo 84
 artículo 1

Artículo 85
 resolución 
 resolución 

Artículo 86
 artículo 84
 resolución 

Artículo 87
 artículo 84

Artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 16

Artículo 93
 artículo 90
 artículo 92
 artículo 91

Artículo 94
 artículo 92

Artículo 95
 artículo 94
 artículo 92

Artículo 96
 artículo 94

Artículo 97

Artículo 98
 artículo 99

Artículo 99

Artículo 100
 resolución