Source: http://dogsaga.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2017-07-27 12:40:35+00:00

Document:
El tonel del cínico: 2012
PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIENDA (Y II)
El Ministerio de Hacienda ha sido uno de los que más actividad ha desarrollado durante este primer año de Gobierno popular, si no el que más. Lo cual habla a favor de la capacidad de trabajo de su titular, Cristóbal Montoro, pero conlleva estar más expuesto a las críticas y a incurrir en errores. No obstante, estaba claro que la tarea de este departamento era fundamental para enderezar la situación heredada en diciembre del año pasado.
Aunque lo fácil sería descalificar a Montoro por su recién nacida pasión por subir impuestos, hay que ser justos y afirmar que ha habido decisiones y proyectos acertados. Entre ellos, el plan de pago a proveedores de la Administración, el desarrollo legal del principio de equilibrio presupuestario recogido en el nuevo artículo 135 de la Constitución y la declaración tributaria especial para regularizar bienes y derechos no declarados (amnistía fiscal). Asimismo, hasta el presente momento Montoro ha demostrado firmeza frente a las Comunidades Autónomas que peor están llevando a cabo la reducción del déficit. Es de esperar que dicha firmeza no se debilite si llega a darse el supuesto de tener que intervenir una Comunidad Autónoma. Ésa será la prueba de fuego.
Huelga decir que no comparto la estrategia de subir los impuestos para combatir el déficit, sobre todo si a esa estrategia se encomienda más de la mitad del éxito del ajuste que tiene que realizar el sector público. Han subido el IRPF, el IVA y los impuestos especiales; además, han eliminado muchas deducciones del Impuesto de Sociedades. Se está exigiendo un esfuerzo enorme a ciudadanos y empresas, aunque, como era obvio, los niveles de recaudación han sido menores de lo previsto, pues de donde no hay no se puede sacar deprimiendo aún más la actividad económica. "En la economía real, los incentivos fiscales son muy importantes para acelerar o frenar el crecimiento", ha recordado Arthur Laffer. El furor impositivo al que se han entregado Montoro y compañía no es el mejor aliado del consumo o de la inversión empresarial.
El último pilar importante de la actividad del Ministerio de Hacienda, y auténtica piedra de toque de Montoro, ha sido la lucha contra el fraude fiscal. Bien está que se dote a la Agencia Tributaria de más medios y personal, y que se persiga al defraudador con tenacidad. No obstante, en su conjunto la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que refuerza los poderes de la Agencia Tributaria para perseguir el fraude fiscal (en la práctica, el reverso tenebroso de la amnistía fiscal), es, a mi modo de ver, un ataque demasiado incisivo contra los derechos de los contribuyentes y posiblemente muchas de las medidas que se contienen en ella sean discutibles desde distintos puntos de vista. Pienso en el ejemplo de las medidas cautelares que ahora puede adoptar la Administración tributaria en el proceso por delitos contra la Hacienda Pública sin consultar al juez --aunque éste tenga que convalidarlas con posterioridad--, aun en el caso de que el proceso no sea consecuencia de una previa inspección tributaria.
La lucha contra el fraude fiscal, o dicho de otra forma, que todos cumplan correctamente sus obligaciones tributarias, es imprescindible e inexcusable, haya o no crisis. Pero me preocupa que la demagogia antifraude en la que está cayendo el Ministro se traslade a los textos legales, con perjuicio de la calidad de las leyes tributarias y su adecuación a los principios que rigen en un Estado de Derecho.
En este preciso sentido, la idea de Montoro de publicar una lista de morosos y defraudadores, que aireó con suma vulgaridad en sede parlamentaria, no sólo atenta contra la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (el art. 95 establece el carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria), sino que no respeta el derecho a la intimidad y al honor protegido constitucionalmente (art. 18 CE), "no se puede decir más claro y en plata".
Mi conclusión es que el Ministerio de Hacienda debería abandonar esa vertiente demagógica y centrarse en proponer reformas más razonables. Y, ante todo, tiene que ser riguroso con los recortes de gasto público que han de practicar las Comunidades Autónomas. La vigilancia y, en su caso, la intervención son armas al servicio del equilibrio en las cuentas públicas y no hay que dejar que se oxiden.
Quiero desear a todos mis lectores, nuevamente, una Feliz Navidad y un venturoso 2013. Venga como venga el año, más o menos difícil, seguiremos luchando por la supervivencia. Publicado por
PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIENDA (I)
De resultas de mi formación e intereses, los dos departamentos gubernamentales que más hondamente me afectan son Justicia y Hacienda. Después de un año de Gobierno del Partido Popular, es claro que las decepciones han sido más que las satisfacciones, especialmente en los dos departamentos citados, en los que voy a concentrar mis críticas.
En enero escribí, ingenuo de mí, que la “reforma clave para la regeneración de la Justicia es la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ya no serán exclusivamente elegidos por el Parlamento, recuperándose, pues, el sistema de elección original, el más acorde con lo que dicta la Constitución en su artículo 122”. Pensaba por aquel entonces que Gallardón haría honor a su palabra y reformaría el CGPJ en ese preciso sentido. Hoy ya es conocido que la reforma va a dejar todo prácticamente igual, siendo los cambios meros retoques cosméticos. Con suma desvergüenza se ha vanagloriado Gallardón de que, gracias a que va a dejar todo en esencia igual que antes, ha podido llegar a un acuerdo con el PSOE. Una componenda propia de Gallardón. El hecho de que el PSOE estuviera en desacuerdo era, en todo caso, una señal inequívoca de que la reforma iba por la buena senda. Ahora se ha echado a perder por completo. Pero no se ha limitado Gallardón a defraudar promesas, sino que también se ha sacado de la manga unas tasas judiciales abusivas, chapuceras e inconstitucionales. Las tasas son útiles en muchos ámbitos como medio de financiación de servicios públicos, pero en la Justicia y en su versión actual sobrepasan, en razón de su cuantía y extensión (antes sólo las abonaban las grandes empresas), cualquier límite razonable y menoscaban el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE. Como injuria añadida, hay que aludir a la chapucera técnica legislativa empleada en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, denunciada por Andrés de la Oliva, que ha reflejado en sus escritos un buen número de objeciones a este atropello de Gallardón. Tal fue la chapuza, que el día de su aprobación no había formularios del Ministerio de Hacienda con los que liquidar las tasas, por lo que hubo que retrasar su aplicación. Este episodio revela que el Ministerio de Justicia está hoy en manos de incompetentes y que el único valor político que atesora Gallardón es saber usar divinas palabras. Cuando se trata de gestionar, fracasa, y eso lo pagan los contribuyentes y la seguridad jurídica. Los argumentos que se manejan para justificar la aplicación de unas tasas tan elevadas no son convincentes. Cualquiera puede comprobar, revisando los datos, que el número de litigios en España está descendiendo, no aumentando. Por tanto, no hace falta obstaculizar el acceso a la Justicia con la finalidad de evitar un número excesivo de procesos. Y, sin perjuicio de lo anterior, el mensaje que se traslada a la ciudadanía, esto es, que los conflictos no hay que dirimirlos en los tribunales, es muy poco presentable en un Estado de Derecho. Por último, esa intención, reflejada en el texto legal, de que lo ingresado por las tasas se destinará a financiar la asistencia jurídica gratuita no es más que una vestimenta políticamente correcta para tapar las vergüenzas de una norma nefasta. Si a Gallardón no le dieran alergia los pensadores liberales, debería leer A Protest Against Law Taxes (1795), de Jeremy Bentham, que afirmaba que las tasas judiciales eran el peor y más injusto tributo posible: “It is a well-known parliamentary saying, that he who reprobates a tax ought to have a better in his hand. A juster condition never was imposed. I fulfil it at the first word. My better tax is---any other that can be named”. Pero quizá, habida cuenta de la importancia que otorga este hombre a la familia, bastaría con que leyera lo que su padre, José María Ruiz Gallardón, consignó en una enmienda a un proyecto de ley de supresión de tasas judiciales en 1986: “Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos”. ¡Qué diferente el padre del hijo! ¡Cuánto degeneran las dinastías políticas de una generación a otra!
En fin, la Justicia está necesitada de reformas serias. Por ejemplo, no se explica cómo puede ser que cada Comunidad Autónoma haya implantado un sistema informático distinto que dificulta la comunicación entre órganos judiciales. Gallardón, sin duda, no es la persona adecuada para encargarse de esta materia. Sugiero que se le nombre embajador de algún país alejado de España y que vaya allí a soltar discursos engolados y tragarse sesiones de ópera. Publicado por
SHINZO ABE Y LA CARPA JAPONESA
Las elecciones celebradas hoy en Japón han devuelto al poder al Partido Liberal Democrático y, por ende, Shinzo Abe va a a disfrutar de una segunda oportunidad como inquilino del Kantei. El cambio que se produjo hace tres años no ha dado los resultados esperados (la economía no ha ido a mejor, la respuesta al tsunami y terremoto de 2011 fue torpe y en el exterior Japón está retrocediendo) y los japoneses han decidido votar masivamente al PLD, que retorna así a su condición plena de partido dominante. Por lo pronto, la estabilidad está asegurada. Sería difícil definir las ideas de este partido, en el poder en Japón desde 1955 menos entre 1993 y 1994 y 2009 y 2012. Surgió como cortafuegos frente a los socialistas y, en línea con el pragmatismo político japonés, no se ajusta a una ideología clara. En los setenta y los ochenta fue fijando más concienzudamente sus posiciones y, a día de hoy, es un partido defensor del libre mercado, de la cooperación estrecha con Estados Unidos y del mantenimiento de la tradición japonesa. Es, al mismo tiempo, mucho más liberal y conservador que el PP, por buscar un punto de comparación con el escenario patrio. En todo caso, su funcionamiento por facciones en competición y su largo período como partido gobernante determinan que sea una formación más bien absorbente y experta en acuerdos y equilibrios. Por lo que se refiere a su actual líder Shinzo Abe, primer ministro entre 2006 y 2007, fue y será un digno sucesor del ya legendario y ejemplar Junichiro Koziumi. Shinzo Abe probó el sabor de la derrota cuando tuvo que dimitir en 2007: justamente por eso creo que ahora está más preparado y es totalmente consciente del desafío que ha de abordar. La prensa le llama halcón, pero aún tiene mucho que demostrar. Las visitas a Yasukuni, que no encuentro censurables, no son suficientes. Porque Japón no lo tiene nada fácil. Su mayor rival, China, le ha desbancado como segunda potencia económica mundial y no descarta sus ansias expansionistas, que afectan a las Senkaku, un pequeño grupo de islas que pertenece a Japón desde el siglo XIX; y el protegido de China, Corea del Norte, continúa con sus provocaciones lanzando misiles cada cierto tiempo. El debate sobre la seguridad y la influencia de Japón pasa por el papel de las Fuerzas de Autodefensa. En mi opinión, la modificación del artículo 9 de la Constitución de 1947, que prohíbe el uso de la fuerza armada como medio de resolución de disputas internacionales y la existencia de fuerzas armadas japonesas, constituiría un avance simbólico y útil, pero no lo único que hay que hacer. Shinzo Abe debe reforzar las Fuerzas de Autodefensa con nuevas tecnologías, armas y efectivos, y, en cuanto se presente la ocasión, dejar claro a China que si se propasa con Japón pagará un alto precio. Aun siendo China más poderosa, hay que señalar que otras naciones asiáticas también están sufriendo su hegemonía en la zona, así que Japón no estaría solo en un hipotético conflicto. Como la carpa Koi de sus leyendas, Japón todavía puede sobreponerse a las adversidades, remontar el río de aguas turbulentas y transformarse en un imponente dragón, su verdadero destino. A Abe le corresponde liderar esa lucha por la supervivencia de su pueblo. Le deseo suerte y fortaleza. Lo va a necesitar. Publicado por
UN DIQUE CONTRA LA MAREA BLANCA
Muy recientemente, he tenido que pasar por el trance de que me extrajeran una muela del juicio problemática. Era necesaria la intervención de un cirujano maxilofacial y acudí a la sanidad pública. Pude ver fuera y dentro del hospital muchas pancartas y carteles contra los planes de la Comunidad de Madrid denominados privatizadores por los profesionales del sector sanitario. Eran carteles con rimas malas y manifiestos trufados de tópicos y falacias. A los médicos les había colocado en un altar, y creo que son de los más importantes profesionales en una sociedad, pero a la hora de protestar están demostrando tener un nivel muy bajo. Gregory House se echaría las manos a la cabeza. No estoy en contra de la sanidad pública, de la que soy usuario. Durante demasiado tiempo, la izquierda agitó en Madrid el bulo de la privatización, a sabiendas de su falsedad. Lo que en verdad ocurría es que se abrían nuevos hospitales y los usuarios reflejaban su satisfacción en las encuestas. Pero la crisis pasa factura y se imponen cambios en un sector tan costoso como es el sanitario. En todo caso, la sanidad madrileña no se privatiza, sino que la gestión de varios hospitales va a ser adjudicada a empresas privadas, en la previsión de que prestarán un servicio sanitario más eficiente y ahorrarán dinero. Este plan, obviamente, supone cambios nada cómodos para la generalidad del personal sanitario afectado. Hay puestos de trabajo y condiciones laborales en juego. Y los médicos, siempre muy celosos de su poder, ven con malos ojos que un empresario les organice. Tienen derecho a protestar y a exponer las insuficiencias del modelo propuesto, que las tiene. Pero lo que no pueden hacer es mentir descaradamente. Están tratando de confundir a la opinión pública. En ningún caso se va a proceder a una privatización de la sanidad madrileña, que seguirá siendo gratuita y universal. Los usuarios no van a notar el cambio, como pone de manifiesto el hecho de que en hospitales de gestión privada ya operativos se atiende bien, sin merma de la calidad, y así lo reconocen los interesados. Con su huelga indefinida, son los médicos y enfermeras los que realmente están perjudicando a los pacientes. No sé por qué claman contra lo privado si ellos mismos son los primeros en defender sus intereses estrictamente particulares cuchillo en boca.
Los médicos, que en hospitales de gestión privada ya no serían funcionarios, se acogen a consignas ñoñas y baratas. “La sanidad no es un negocio”, dicen. Y lo dicen sin empacho alguno, a pesar de que muchos de ellos, entre los que cabe incluir a los líderes de la protesta, regentan clínicas privadas de las que obtienen grandes beneficios. Socialistas y comunistas, por su parte, también se oponen. Habría que recordar que en Andalucía abundan los conciertos con la sanidad privada. Y allí no gobiernan los neoliberales, sino PSOE e IU. En esta historia no hay que creer ciegamente a los que están detrás de la pancarta. Es muy fácil exaltar lo público, pero conviene no dejar de lado los datos y los argumentos serios. Las posturas irreductibles son las que más daño hacen en un contexto de crisis en el que los cambios son imprescindibles y, en ocasiones, forzosos. ¿Cuál es el problema de fondo en esta polémica? Cuando el Estado decide proveer un servicio público, en este caso la sanidad, la producción del mismo puede ser pública o privada. O dicho en términos jurídicos, hay que distinguir entre titularidad y gestión del servicio. Ambas alternativas son imperfectas. La Comunidad de Madrid ha entendido que es preferible una gestión privada (al menos en determinados hospitales) porque piensa que se reducirán los costes y no será afectada la atención sanitaria. Ello no significa el fin de la sanidad pública madrileña. Indudablemente, a la CAM debe exigirse un proceso transparente y que se eviten a toda costa los favoritismos y los chanchullos. También ha de negociar con el personal sanitario a fin de minimizar los efectos negativos de la externalización sobre situaciones particulares.
La bata blanca de los médicos es un símbolo de autoridad. Que se asocie ese símbolo a protestas demagógicas e histéricas por medio de las cuales se pretende engañar al ciudadano no les hará bien a la larga. La CAM tiene que lograr que la marea blanca, esa disparatada y suicida rebelión, se estrelle contra un dique construido con razones de peso y capaz de imponerse a la infumable ensalada de lemas, cantos y bailes en que ha degenerado la noble profesión médica. Publicado por
CUANDO SÓLO QUEDA NOSTALGIA
Lo negarán, pero la nostalgia es lo único que ha unido por unas horas a un PSOE fragmentado, anquilosado y perdido. El acto de homenaje a Felipe González en el treinta aniversario de su primera toma de posesión ha evidenciado que, para el PSOE, cualquier tiempo pasado fue mejor y que, tal vez, no haya mucho futuro. Los socialistas se han arremolinado en torno a su antiguo dios no sólo para rendirle pleitesía, sino también para demostrar que todavía son algo, a pesar de las sucesivas derrotas electorales. Pero es dudoso. Felipe González es muy superior a Rubalcaba y, por supuesto, a Zapatero. Lógicamente, mantengo ciertas reservas. No puede desconocerse cómo acabaron sus gobiernos, la corrupción a mansalva, los GAL, la voluntad de que el poder político socialista copara todas las instituciones... La situación que heredó el PP era muy mala, crítica. Por ello, no creo que deba mitificarse a González. No obstante, él supo modernizar el PSOE y convertirlo en un partido aceptable para la mayoría; acometió reformas profundas ya en el Gobierno, con miras de estadista; y, por último, el PSOE albergaba un proyecto ambicioso de carácter nacional y contaba, en general, con gente capacitada en sus filas.
Actualmente ocurre lo contrario. El PSOE está dividido, ayuno de ideas y anclado en el pasado. Además del recuerdo fresco de siete años tras los cuales España ha quedado postrada por la crisis, les lastra lo anticuado de sus líderes e ideas. Hay algunos jóvenes, pero con mentalidad de anciano, como Tomás Gómez, el que una vez lució patillas. Con Rubalcaba al frente, el PSOE no podrá aspirar ni a un mínimo lavado de cara. Porque el señor Rubalcaba es la viva imagen de lo peor del PSOE, si es que hay algo bueno. Respecto a su programa, solamente tiene dos opciones. La primera es la ejecutada por Tony Blair con el Partido Laborista, esto es, limpiar el partido de viejos dogmas ideológicos y asumir que a la gente le preocupa más su bolsillo que las causas sociales en abstracto. Basta ya de decir a la ciudadanía que gracias a ellos tiene derechos y que sólo ellos pueden interpretarlos. El PSOE, si eligiera esta vía, tendría que parecerse más al Partido Liberal de Sagasta que a la mezcolanza de clichés y lemas de pancarta que es hoy.
La otra opción es la que, por desgracia para ellos, parece que están prefiriendo. Radicalizar aún más su discurso, oponerse con testarudez a los recortes en el gasto público y sumarse al pensamiento altermundista de los indignados. Como bien ha señalado Aznar, en una pelea de radicales gana el más radical. La extrema izquierda ya tiene muchos productos, a cual más aberrante, donde elegir. No necesita uno nuevo, adulterado y plagado de izquierdistas caviar.
A mí, honestamente, el PSOE no me importa nada. Ha hecho más daño que bien a España, sobre todo en los últimos siete años, y es el partido más corrupto de la Historia. Aun así, entiendo que en democracia es saludable la existencia de una alternativa seria al partido gobernante. Y si esa alternativa no es una unión temporal e inestable de chiringuitos extremistas, mucho mejor. Así pues, creo que es necesaria una oposición fuerte y unida. Estoy a favor del bipartidismo, una alternancia que requiere de dos jugadores aseados.
El recambio del PP no tiene por qué ser el PSOE, claro está. Visto lo visto, es posible que el PSOE no recupere jamás la fuerza que tuvo, especialmente si persiste en mantener unos líderes caducos y un discurso trasnochado, contrario a la libertad económica y a las aspiraciones individuales, y si sigue diciendo cosas distintas en función de la región de España a la que se dirija.
Mi sueño, ya lo he dicho otras veces, es que en España se turnaran en el poder dos partidos. Uno liberal y el otro más liberal si cabe. Como está difícil, puedo conformarme con un PP menos intervencionista y con UPyD de recambio. Queda un largo trecho para que este último partido pueda ocupar el lugar del PSOE, pero los socialistas, absortos en su nostalgia, se lo están poniendo fácil. Publicado por
Otro domingo, otra noche electoral. El órdago separatista lanzado por Mas y su muy corrupto partido ya ha medido su apoyo en las urnas. Para llegar hasta aquí, ha habido que superar una desastrosa campaña –pérdida de tiempo y dinero-- y asistir a una honda crisis institucional y política.
Sin duda, Mas, “travestido en nuevo Moisés, brazos al viento, mirada al futuro de la tierra prometida, dispuesto a llevar al pueblo elegido a través del Mar Rojo de la incomprensión de Madrit” (Jesús Cacho), es un cobarde que convocó las elecciones anticipadas porque se veía incapaz de hacer frente a la crisis. Envuelto en la bandera para tapar sus errores y vergüenzas, ha engordado las emociones nacionalistas y formado un embrollo de incierta resolución, pues lo que está claro es que, una vez creado el monstruo, su creador no tendrá el control por mucho tiempo, máxime si ese personaje es Mas, quien ha cambiado de discurso, criterios y hoja de ruta casi a cada minuto de la campaña. Es difícil imaginar a un político más confuso y hueco. A pesar de la tensión generada y del empeoramiento de la enfermedad nacionalista, hay unas cuantas cosas buenas que se pueden extraer de este sainete. La deriva nacionalista ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la deslealtad, ignorancia y egocentrismo de Mas, así como la doblez, estulticia y ductilidad del ya amortizado Durán. Esas características ya me constaban, pero ahora han quedado iluminadas con especial intensidad. Asimismo, ha servido para dejar constancia de que en el PSOE, PSC o lo que sea sólo conocen del federalismo el nombre. Otra revelación interesante atañe a La Vanguardia, que ha despejado toda duda razonable acerca de cuál es la voz de su amo. El último en retratarse ha sido el fiscal de Cataluña, cuya actuación extravagante y servicial merece más que un reproche público. Gracias a las majaderías de Mas, se han empezado a refutar desde distintas instancias los agravios que él agita, como el déficit fiscal, un concepto harto erróneo. El mismísimo Zapatero, haciendo tabula rasa de su pasado, escribió un artículo más que meritorio contra las groseras proclamas nacionalistas. Y en ese proceso de acumulación de argumentos y realidades contra los sueños y embustes nacionalistas, las instituciones europeas han aclarado que Cataluña estaría fuera de la Unión Europea en caso de separarse de España, con las consecuencias gravosas que ello acarrearía para esa región. Muchos intelectuales, políticos y expertos han firmado manifiestos a favor de la permanencia de Cataluña en España. Bienvenido sea este movimiento que rechaza el fin de la nación española. En fin, la campaña ha sido un escenario idóneo para traer a colación los diversos y variados escándalos de corrupción en los que CiU, que es el que de verdad roba a los catalanes, ha estado o está directamente implicado. La reacción de los nacionalistas fue acorde con su manual. No van a por ellos, sino a por Cataluña. Para ellos no existe la responsabilidad personal. Ya se sabe que CiU ha ganado las elecciones, aunque no con mayoría absoluta, su objetivo declarado, y por un margen más estrecho que en 2010. El gran beneficiario de los planteamientos de Mas ha sido ERC, un partido extremista, de camisas negras y ¿futuro compañero de cama de los burgueses de CiU? Mas se ha inmolado para que ERC suba en votos y escaños. Es posible que siga adelante con su plan, si es que alguna vez lo tuvo, pero su fuerza será la misma (o menor) que antes de las elecciones. Si obtener mayoría absoluta daba igual a efectos de cumplir los sueños de Cataluña, ¿por qué anticipó las elecciones? Para este viaje (a lo desconocido) no se necesitaban alforjas.
La diferencia con respecto a su situación anterior es que ahora tendrá que elegir entre lanzarse por el precipicio que él mismo ha señalado a sus conciudadanos o retroceder y pedir diálogo, siempre y cuando se lo permitan las fuerzas que él, en atención a puros intereses partidistas, ha desatado. Su victoria de hoy es pírrica, problemática: recibirá las burlas merecidas por su inepta estrategia, las críticas de quienes le reprochan no ocuparse de los problemas reales de los catalanes y el interés de la Justicia hacia sus corruptelas. ¡Qué estadista! ¡Qué salvador de la patria! Una genialidad sin parangón la del antes llamado Arturo. Una mayoría absoluta, con todo, no habría hecho aceptable el proceso separatista, como no lo hace que en Cataluña una gran mayoría haya votado opciones independentistas. Es por ello que éste ha sido, a fin de cuentas, un domingo cualquiera. No tiene sentido que una de las naciones más antiguas de Europa se rompa por una cuestión de sentimientos basados en invenciones históricas y sin consultar a todo el pueblo español, que es el sujeto de la soberanía y el que tiene que decidir, conjuntamente, el destino de su territorio, de acuerdo con lo que establece la Constitución. A partir de mañana, hay que seguir combatiendo a los nacionalistas, y exigir respeto a la Constitución, a la autonomía catalana y a los ciudadanos de toda España. Publicado por
CONTRA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FISCAL
La única objeción de conciencia reconocida de manera expresa por la Constitución de 1978 es la vinculada al servicio militar (art. 30.2), protegida, además, por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Ello no obsta a que, a lo largo del tiempo, hayan aparecido otros supuestos de objeción de conciencia que han recibido una respuesta desigual de la jurisprudencia. Cito, a título de ejemplo, la objeción de conciencia al aborto (al principio sin cobertura legal, pero aceptada por el TC en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, y recogida hoy en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de maro, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo), la objeción de conciencia a tratamientos médicos o la más dudosa objeción de conciencia a los matrimonios homosexuales. Y, recientemente, parece que de la mano del Sindicato Unificado de Policía puede hablarse de objeción de conciencia policial a participar en desahucios. Para Santiago Cañamares, en estos casos “el individuo se encuentra en la disyuntiva de obedecer a la norma o a su propia conciencia, que le impone no atenerse a las exigencias de la primera, ya le reclamen un comportamiento activo u omisivo, tratando de encontrar una salida razonable que respete su conciencia” (Derecho Eclesiástico del Estado, Colex, 2011, p. 111). El fundamento de dar efectividad al conflicto que nace entre la conciencia de un individuo y una norma jurídica reside en la libertad de conciencia consagrada en el artículo 16 CE. Y no es un derecho fundamental menor, como es obvio. Pero los casos son muy variados, así como las consecuencias, por lo que es preferentemente la jurisprudencia la llamada a resolver la cuestión de sus límites. Debería aplicarse, según Cañamares, la regla de la proporcionalidad, a fin de que la libertad de conciencia sea afectada sólo cuando entre en colisión con ella un interés de relevancia constitucional equivalente (ibidem, p. 114). El TC, por un lado, ha afirmado que la objeción de conciencia “es un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional española” (STC 15/1982, de 23 de abril, Fundamento Jurídico 6) y, por otro, que “el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera […], admitiéndose sólo “excepcionalmente respecto a un deber concreto” (STC 161/1987, de 27 de octubre, FJ 3). Esta segunda línea es la que ha acabado imponiéndose.
Entrando en la objeción de conciencia fiscal, la pregunta es: ¿Caben excepciones basadas en la conciencia al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31 CE)? Lo primero es explicar el porqué de esta objeción. No se busca defraudar la cuota tributaria, sino dejar de pagarla porque el objetor no desea que se financien con lo recaudado fines contrarios a su propia conciencia (véase Rafael Navarro-Valls, “Las objeciones de conciencia”, Derecho Eclesiástico del Estado español, Eunsa, 2004, p. 171). En concreto, una modalidad habitual ha sido la de no pagar la parte del IRPF que correspondería, en teoría, a gastos de defensa. Pues bien, el TC, en su Auto 71/1993, de 1 de marzo, ha argumentado en contra de la objeción de conciencia fiscal. El objetor solicitaba deducirse del IRPF la parte proporcional correspondiente, según sus estimaciones, a los gastos de armamento previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 1986. Presenta recurso de amparo y el Alto Tribunal no lo admite a trámite. El rechazo del TC es tajante, pues “no cabe invocar la objeción de conciencia como excepción al deber general previsto en el art. 31 C.E., por carecer tal pretensión de fundamento constitucional y no estar, además, prevista en el ordenamiento tributario” (FJ 3). Ni siquiera “cabe ampararse en la libertad ideológica del art. 16 C.E. para pretender de este Tribunal, con base en este derecho, ni que se reconozca una excepción al cumplimiento del deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 C.E.), ni la adopción de formas alternativas de este deber, como parece haber sostenido el recurrente ante la Administración Tributaria”, puesto que implicaría atribuir a cada contribuyente “la facultad de autodisponer de una porción de su deuda tributaria por razón de su ideología” (ibidem). Compete a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, como destaca el TC, a los ciudadanos les asiste el derecho clave de “participar en los asuntos públicos eligiendo a sus representantes a través de elecciones periódicas, en las que podrán censurar o dar su aprobación, mediante su voto, a la actuación llevada a cabo en las Cortes Generales por los partidos políticos en relación con la concreta determinación en los Presupuestos Generales del Estado de las previsiones de ingreso y las autorizaciones de gastos para cada ejercicio económico” (ibidem). Lo cual es la dinámica propia de un Estado de Derecho. A pesar de que claramente la conciencia de uno no debiera confundirse con las obligaciones tributarias, determinados personajes de la vida política española pusieron de manifiesto, con ocasión de la aprobación de la amnistía fiscal, una amorosa relación entre moral e impuestos. Así, los que se oponían a la amnistía aducían que era inmoral. Lo que para unos es bueno desde el punto de vista moral, para posibles objetores sería indeseable, y podrían decir que no es moral pagar impuestos, al menos en la parte que ellos entienden financiaría gastos inaceptables. Por lo tanto, es más conveniente no hacer de los impuestos un tema moral: son una obligación puramente legal y absolutamente imprescindible para mantener un Estado operativo. La moral, en mi opinión, se caracteriza por su no exigencia coactiva, justo lo contrario que los tributos. Publicado por
UNA HUELGA GENERAL CON FINES PARTICULARES
La segunda huelga general convocada en esta legislatura, prevista para el próximo miércoles, no tendrá el efecto de torcer la voluntad del Gobierno. Primero, porque un éxito rotundo es improbable. Y, en segundo término, porque el Gobierno, a pesar de que mucha gente proteste, tiene la obligación de gobernar y de no escuchar a la calle, especialmente en caso de que ésta se entregue a líderes tan irresponsables como Tocho y Cándido. Aunque no cumpla su objetivo, el de forzar al Gobierno a que convoque un referéndum sobre los recortes, la huelga sí servirá para difundir propaganda y deteriorar un poco más la imagen de España, dejando ahora al margen la actuación violenta de los piquetes coactivos, el destrozo de mobiliario urbano, las pérdidas de las empresas, etcétera. La huelga es una buena excusa para contar un relato de la crisis que no se corresponde con los hechos. Porque hay gente a la que determinados políticos y sindicalistas, con embustes sobrecogedores, ha convencido de que los culpables de la crisis del sector financiero son los bancos y que los recortes son malos sin excepción. En rigor, el verdadero problema del sector financiero se incubó en las cajas de ahorros: en ellas se han dado los mayores abusos, disparates y corruptelas. Estas entidades, gestionadas por políticos y sindicalistas, son las que han recibido las más cuantiosas ayudas públicas. Bankia, por ejemplo, no es otra cosa que la fusión de ocho cajas de ahorros, controladas --hay que insistir-- por fuerzas políticas. El mal no vino de las finanzas, sino de la política. Los bancos, en general, han hecho sus deberes. Por consiguiente, es una vergüenza que politicastros como Elena Valenciano sigan hablando de ayudas a la banca, creando una confusión deliberada para ocultar las responsabilidades de políticos y sindicalistas en el colapso del sistema financiero español. Los bancos y los ciudadanos no necesitan rescates del Estado: necesitan ser rescatados de políticos socialistas y sindicatos que hacen de todo menos defender a los trabajadores.
Por lo que se refiere a los recortes, a nadie debería doler que se adelgace un Estado demasiado grande e ineficiente y que se reformen determinados servicios para que puedan seguir funcionando en un futuro. Y, además de lo anterior, la reducción del déficit es un asunto crucial para sanar la economía y un objetivo irrenunciable exigido por la Unión Europea. Ocurre que los sindicalistas se resisten al cambio y sólo ofrecen como alternativa una orgía de gasto público (y si lo administran ellos, mejor). En mi opinión, la gente que con más cerrazón ideológica defiende los servicios públicos es la peor enemiga de los mismos. Obstaculizan reformas que son las que pueden salvar lo salvable del Estado de Bienestar. Como ha criticado Esperanza Aguirre, “los convocantes de la huelga general del próximo día 14 están haciendo un uso torticero del derecho de huelga porque es indisimulable su carácter político, es decir, su pretensión de doblar el brazo a un gobierno democrático y legítimo”. Sin duda, es una huelga ajena al interés de los trabajadores. El único interés en juego es el de UGT y CCOO, que pretenden mantener a toda costa la rentabilidad de su fructífero y opaco negocio sindical. Desde 2010, su poder e influencia han disminuido, y tampoco les ha sentado bien perder parte de las subvenciones que reciben del Estado, ya que viven de eso, no de las cuotas de sus afiliados. Lógicamente, entiendo que miles de liberados participen en la huelga general, pero no ciudadanos bien informados. Regreso a lo que escribí en 2010 con ocasión de otra huelga general: “Apoyar a los sindicatos en esta huelga general es cometer un error, pues los únicos beneficiados van a ser Cándido y Tocho, tanto monta, cuyo temor a que se les acabe el chollo es tangible”. Habría que determinar cuál es el grado de responsabilidad de estos dos sindicatos en la situación actual de España. Si en 2008 el Gobierno hubiese reaccionado poniendo en marcha reformas y controlando el gasto, muy probablemente a día de hoy no tendrían que haberse hecho tantos recortes de sopetón y adoptado decisiones drásticas (dejo claro, de todas maneras, que la austeridad predicada por unos y deplorada por otros no es en la mayoría de los casos real). Sin embargo, hasta 2010 Zapatero estuvo mal aconsejado o presionado por Cándido para no hacer nada, excepto emplear el dinero público en abrir y cerrar zanjas. Pues bien, cuando los sindicatos hablen de lo que tiene que hacer o dejar de hacer el Gobierno, habría que reprocharles su papel en la crisis. Puede que el Gobierno se equivoque en muchas cosas, lo que no excluye la certeza de que caer en manos de los sindicatos sería infinitamente peor. Finalizo con ciertas advertencias. Los que sigan la huelga han de respetar el derecho a trabajar de los demás y los servicios mínimos. Y la actuación de piquetes coactivos puede y debe ser contestada con denuncias a las autoridades, o bien ejerciendo la legítima defensa si hay agresiones por su parte.
Uno de los pocos estadistas que ha tenido España, Cánovas del Castillo, declaró: "Un hombre honrado no puede tomar parte más que en una revolución, y esto porque ignora lo que es". Pues bien, con plena consciencia de lo que es una revolución mucha gente de bien (admito que no sólo extremistas) acudió a manifestarse en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, a fin de alentar un proceso constituyente revolucionario. Su derecho de manifestación fue respetado, pero cuando sujetos violentos trataron de forzar el cerco policial para asaltar la sede de la soberanía nacional, objetivo original de la convocatoria, las fuerzas del orden intervinieron con firmeza y mesura, de la misma manera que sucede en otras democracias del mundo civilizado, como Francia o Inglaterra. Es comprensible el descontento popular y las críticas contra el Gobierno, la clase política y las instituciones en general. Es inevitable en tiempos de crisis, y con más razón en España, ya que la necesidad de una regeneración democrática es cada día más perentoria. El problema es que los que fueron a la manifestación han asumido que la voluntad de la calle puede sustituir a la voluntad libremente expresada en las urnas; y han asumido algo más, y es que la calle siempre tiene razón. Y las razones de la calle, sinceramente, no poseen mucha sustancia. No son más que rimas en cartones, tópicos repetidos hasta la saciedad. Puede que el Gobierno lo haga de pena y que el Parlamento esté lleno de politicastros, pero no me pondría jamás en manos de asambleas callejeras y filósofos de pacotilla que piensan que el dinero cae del cielo. La salida de la crisis no la traerán consignas de megáfono y pancartas pintarrajeadas con lemas ingeniosos. Y, por otra parte, no hay mucha coherencia en sus propuestas y deseos. Piden que el "próximo parado sea un diputado". Bien, es obvio que sobran políticos en todas partes. Sin embargo, me temo que Esperanza Aguirre, que abrió el debate sobre la reducción del número de diputados en la Asamblea de Madrid, no tendría una acogida muy calurosa en una manifestación de indignados. Su impulso es más bien destructivo, negativo, como pone de relieve el mensaje de uno de los carteles más reproducidos: "No". ¿No a qué? Se sobrentiende que no a los recortes, al control del déficit, a las hipotéticas privatizaciones, a la reforma y modernización del Estado de Bienestar. Aunque los manifestantes son pocos, hay una parte importante de la sociedad española que no está totalmente convencida de la transcendencia de una agenda reformista y que opina que la austeridad es un mero ejercicio de sadismo. El Gobierno, que parece avergonzarse de sus propias políticas, debería estar explicando mejor por qué hace lo que hace y cuál es su visión de España. Se echa de menos un discurso más audaz, fundamentado y atractivo, distinto del fatalismo y el tono de administrador resignado que caracteriza a Rajoy. Y hay que añadir el agravante, además, de que el Gobierno, en realidad, no está llevando a cabo ni la mitad de la mitad del ajuste que requiere el sector público para no generar más déficit y Deuda pública. Eso es algo que los indignados ni se paran a valorar. De momento, lo único que han conseguido con su algarabía los aprendices de revolucionario es que los mercados y la Unión Europea desconfíen aún más de España. Y, en lo que a mí respecta, todas esas imágenes que ha dejado la protesta --el camarero protegiendo a unos alborotadores, el hombre tendido en el suelo y sangrando, los policías en Atocha-- no me conmueven un ápice. Lo que me vino a la mente, al igual que a Juan Ramón Rallo, fue una escena típica de "países bananeros donde una mayoría de ciudadanos y de grupos de presión aspira a meter el cazo en el presupuesto y a vivir de él, esto es, del dinero de su vecino". No aguanto a las termitas. ¿Se salvará España? Ya no lo sé. Del Gobierno, de ese PP ya netamente socialdemócrata, espero poco o nada y las alternativas son peores. Sea como sea, mientras llega el desenlace, me acojo a lo dicho por Emilio Castelar en cierto discurso memorable en el Congreso de los Diputados: "Renunciemos a las revoluciones y unámonos todos en los sentimientos que a todos deben inspirarnos bajo la bóveda de este templo: en la santidad de la Ley y en el amor de la libertad y de la patria". Publicado por
Las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos concitaron una atención fuera de lo común, lo que tuvo su reflejo en los medios de comunicación, que se volcaron en ellas. Pero la mejor manera de enterarse del devenir de aquella campaña fue leer Un vasco en Nashville. Su autor, Antxon Garrogerrikabeitia, realizó un seguimiento exhaustivo de todo lo que acontecía, desde entrevistas a town hall meetings. Posteriormente, cubrió las elecciones de 2010 a la Cámara de Representantes, las primarias republicanas y, en la actualidad, las nuevas presidenciales, que se decidirán el día 6 de noviembre. En su nuevo blog, 2012, no se perderán ni un detalle de dichos comicios y podrán disfrutar en sus análisis y comentarios de su conocimiento enciclopédico de la política americana. Pregunta.- ¿Cómo nació la idea de crear un blog dedicado enteramente a las campañas electorales americanas y con la voluntad de abarcar casi cada acto, anuncio y declaración?
PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIEND...
PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIEN...

References: artículo 135
 artículo 122
 artículo 24
 artículo 9
 resolución 
 artículo 19
 artículo 16