Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/may/20160520.html
Timestamp: 2018-01-23 17:55:32+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4533, viernes 20 de mayo de 2016
Anexo I Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Anexo II Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal
Que reforma el inciso c) del artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recibida de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de mayo de 2016
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortar a las comisiones para que dictaminen las iniciativas enviadas por las legislaturas locales y no permitan su preclusión, recibida de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2016
De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la reunión ordinaria celebrada el miércoles 13 de abril de 2016
Del Grupo de Trabajo en materia de medio ambiente, a la reunión de instalación, que se realizará el viernes 20 de mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Salud, a la séptima reunión de junta directiva, que se efectuará el lunes 23 de mayo, a las 10:00 horas
De la Comisión de Salud, a la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 23 de mayo, a las 12:00 horas
De la Comisión de Economía, a la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas
Del diputado Juan Romero Tenorio, al foro Diálogo con congresistas mexicanos: que las transnacionales paguen lo justo, por celebrarse el martes 24 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas
Del diputado Juan Romero Tenorio, y la diputada Araceli Damián González, al foro Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: De la guerra sucia a Iguala, que se llevará a cabo el martes 24 de mayo, de las 10:00 a las 15:00 horas
De la Comisión de Asuntos Indígenas. La sexta reunión ordinaria, a realizarse el lunes 23 de mayo, a las 11:00 horas, se cancela
Suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Natalia Karina Barón Ortiz, PRD.
Expediente 2509.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 22 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente 2514.
Expediente 2516.
Presentada por la diputada Melissa Torres Sandoval, PES, y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.
Expediente 2517.
Expediente 2518.
Suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM.
8. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Expediente 2548
Ciudad de México, a 20 de mayo de 2016.
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten el dictamen correspondiente al asunto turnado a las comisiones siguientes:
1. Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Hacienda y Crédito Público.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, y de la Ley Federal de Derechos.
Enviada por el Congreso de Chihuahua.
Expediente 1433.
Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un Grupo de Trabajo en Materia de Ambiente, le comunico que la diputada María Chávez García se desempeñará como representante del Grupo Parlamentario de Morena ante dicho grupo de trabajo.
Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, 117, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción VIII, 6, numeral 1, 77, numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
La función jurisdiccional es una de las labores y atribuciones más nobles de la razón humana porque, a través de ella, se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, el orden y la paz social. Por ello, ciertos principios constitucionalmente establecidos rigen dicha actividad.
El artículo 100, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la carrera judicial debe regirse por los siguientes principios: excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, entendemos por profesionalismo la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. El juzgador debe cuidar no actuar con ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, por el contrario, el juzgador debe actualizar constantemente sus conocimientos jurídicos y, por ende, la concepción actual de los derechos humanos, pues el control de convencionalidad trae aparejada una nueva forma de interpretación, anteponiendo la protección más amplia de la persona al ponderar la aplicación de uno o más derechos humanos.
Por otro lado, la excelencia como principio que rige la carrera judicial implica el perfeccionamiento del juzgador para estar en aptitud de desarrollar las virtudes judiciales; consistentes en el humanismo, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza, el patriotismo, el compromiso social, la lealtad, el orden, el respeto, el decoro, la laboriosidad, la perseverancia, la humildad, la sencillez y la honestidad.
Analizando los principios de la carrera judicial, es evidente que las autoridades judiciales, tanto federales como locales, tienen a su cargo responsabilidades de gran importancia; debido a que, en el desempeño de su labor, toman decisiones que involucran los derechos del resto de la población, siendo necesario cumplir cierto perfil técnico y profesional para el desempeño adecuado de sus funciones.
Por ello, según el grado de responsabilidad y de jerarquía que tengan dentro de sus respectivos órganos jurisdiccionales, deben cumplir con una serie de requisitos para poder calificar y tener cierto puesto.
Con base en ello, cuanto mayor sea su nivel jerárquico y la instancia judicial que estén encargados de resolver, mayor será el número de requisitos que deberán cubrir y la exigencia de ellos.
En el ejercicio de la carrera judicial, los magistrados electorales de las salas superior y regionales, así como de los órganos jurisdiccionales locales, también tienen a su cargo grandes responsabilidades y la toma de importantes decisiones, encaminadas a la protección de los derechos políticos y electorales de todos los ciudadanos, así como a garantizar la vida democrática del país.
El profesionalismo, entendido en el ámbito de los magistrados electorales o locales, se sustenta en el derecho de los justiciables, de los partidos políticos y de la sociedad en general; a obtener una resolución con argumentos jurídicos debidamente sustentados en las normas y principios del orden jurídico nacional.
Debido a lo anterior, es de suma importancia contar con los profesionistas mejor calificados para desempeñar las funciones respectivas de estas magistraturas y, para asegurar la experticia, es necesario exigir el cumplimiento de una serie de requisitos, los cuales deben estar en concordancia con la posición jerárquica que ocupan y la instancia judicial, cuya resolución esté a su cargo.
En el caso particular de los magistrados que integran las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se requiere, para ocupar dicho cargo, entre otros requisitos, contar con título profesional y, práctica profesional de, cuando menos, cinco años.1
En cambio, en el caso de los magistrados que integran la Sala Superior y los órganos jurisdiccionales locales, se requiere el título profesional que cuente con 10 años de antigüedad al día de la designación.2
Los requisitos enunciados no fueron considerados en relación con el grado jerárquico que ocupan los magistrados de los distintos órganos jurisdiccionales ni con la instancia judicial que está a su cargo resolver, pues se requieren 10 años de antigüedad del título profesional al día de su designación, tanto para los magistrados que integran la sala superior como para los de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral.
Si bien es fundamental garantizar que las personas encargadas de garantizar nuestra vida en democracia como Estado y encargados de proteger nuestros derechos políticos y electorales como ciudadanos sean profesionistas con experiencia y experticia en el área legal. Es fundamental que, con la finalidad de otorgar a los aspirantes a estos cargos igualdad, se debe requerir el cumplimiento de ciertas formalidades con base en el encargo que pretenden desempeñar como bien dice el apotegma tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, lo cual no es de tal forma, como se expone en el párrafo inmediato anterior.
De acuerdo con lo anterior, y considerando que uno de los principios básicos de la carrera judicial es el Profesionalismo, es importante señalar que los requisitos exigibles para acceder a determinados cargos, debe ir acorde con el cargo que desempeñará.
Por ello considero que en el caso de los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, no se justifica la exigencia de la antigüedad de diez años de práctica profesional, pues no estamos ante la designación de un ministro de la Suprema Corte o de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los cuales son autoridades máximas en la materia judicial, habida cuenta que para ser magistrados de salas regionales se exige, cuando menos, cinco años de práctica profesional y estos son la autoridad revisora, en muchos casos, del actuar de los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales.
Esto tiene un grado de incongruencia tal, que un magistrado de sala regional o especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien desempeña el trabajo de un tribunal de alzada o de segunda instancia respecto de las resoluciones emitidas por los magistrados integrantes de los tribunales electorales locales, puede resolver un expediente que controvierte una del tribunal electoral local para revisar su legalidad y constitucionalidad, pero no podría desempeñar dicho encargo de magistrado de tribunal electoral local, en el supuesto de que la antigüedad del título sea menor de 10 años.
Así pues, a manera de ejemplo, en una secuela procesal de juicio de revisión constitucional3 contra una sentencia emitida por un tribunal electoral local respecto de los resultados comiciales de ayuntamientos o diputados en una entidad federativa, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocen y resuelven del expediente, pero por el contrario alguno de los integrantes que no cumpla con los 10 años de antigüedad estaría imposibilitado para desempeñar el cargo de magistrado en cualquier entidad federativa.
Por lo expuesto, y de acuerdo con la necesidad de encontrar una paridad en los requisitos exigidos para ser magistrado electoral, es que someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa, tendiente a reformar la exigencia del número de años de antigüedad del título profesional, requeridos para ser magistrado electoral de los órganos jurisdiccionales locales, establecido en el artículo 115, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, con ello, homologar disminuirlo a 5 años, para que haya una relación entre éste y el mismo requisito exigido para los magistrados que integran las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Decreto por el que se reforma el artículo 115, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Único. Se reforma el artículo 115, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
d) a k) ...
Artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
I. a III. (...);
IV. Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años;
2 Artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (también son requisitos para ser magistrado de la Sala Superior, con fundamento en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), se necesita
Artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
1. Para ser magistrado electoral se requieren los siguientes requisitos:
c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello ;
3 De la Procedencia
Sede de la Comisión Permanente, a 11 de mayo de 2016.
Diputada Gretel Culin Jaime (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 11 de 2016.)
La que suscribe diputada Eloísa Chavarrías Barajas, perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.
La figura de la excitativa fue derogada del Reglamento de la Cámara de Diputados, por considerarse una figura innecesaria dado el nuevo reglamento aprobado durante la LXI Legislatura. Sin embargo en la terminología Legislativa se le define de la siguiente manera:
Excitativa: Exhorto que realiza la Mesa Directiva, a una o varias comisiones, para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les fue turnado o realicen acciones omitidas en su encargo. Es motivada a partir de la petición de un legislador, grupo parlamentario o una comisión legislativa.
En el artículo 71 constitucional se menciona la figura de la Iniciativa parlamentaria y quien puede presentarla ante el Congreso, en el mismo se cita que los Congresos Estatales tienen esa facultad.
En un breve análisis estadístico de la LXII y LXIII Legislaturas se observa que más del 90 por ciento de las iniciativas de los congresos estatales terminan en la preclusión señalada en el artículo 89 del Reglamento.
La sociedad organizada ha presionado para que nuevas figuras legislativas sean incorporadas a nuestro marco jurídico destacando: la Iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, y el referéndum.
Cada nuevo sexenio se habla de una nueva reforma política y se ejecutan cambios importantes a nivel constitucional
* Cuadro realizado por el Servicio de Investigación y Análisis (SIA), con información del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal).
Sin embargo las figuras existentes y que representan un verdadero federalismo no han tenido el peso suficiente que la ciudadanía espera.
Recordemos que durante más de cincuenta años nuestro país se vio envuelto en enfrascamientos entre federalistas y centralistas conflictos que fueron el preámbulo para la pérdida de territorios y de momentáneas separaciones de algún estado de la federación.
En el actual Reglamento se menciona en el artículo 175 el orden de los asuntos de una comisión. Es necesario que las Comisiones consideren dar prioridad a dictaminar las iniciativas de los congresos estatales pues representan la voluntad de una entidad libre y soberana y como consecuencia lógica de sus ciudadanos.
Además, no dictaminar las iniciativas de los congresos estatales señala una opacidad que tarde o temprano será tema de reclamos populares y de las mismas entidades federativas, que consideraran obsoleto el actual sistema de iniciativas. La disyuntiva es clara o se acelera el proceso o las entidades federativas pueden considerar que es innecesario el proceso de aprobar iniciativas que serán enviadas al congreso federal.
Cuando la nación lo ha requerido, los Congresos estatales han aprobado con toda celeridad la aprobación de reformas constitucionales.
El reconocer este rezago dará mayor confiabilidad a la ciudadanía que reconoce en los legisladores a sus representantes.
Es reconocer el valor de los congresos estatales y un pleno ejercicio federalista, además de con esto se busca prevenir cualquier motivo de pretensión de rompimiento de la unidad nacional so pretexto a que todo se encuentra centralizado.
Es por lo antes expuesto, que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Único. Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados a que en uso de sus facultades exhorte a las diversas comisiones a dictaminar en los términos legales establecidos las iniciativas promovidas por los congresos estatales y evitar sean precluidas según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2016.
Diputada Eloísa Chavarías Barajas (rúbrica)
(Turnado a la Cámara de Diputados. Mayo 11 de 2016.)
A las once horas del día trece de abril del año dos mil dieciséis, en el patio sur del edificio A, situado en la honorable Cámara de Diputados, con domicilio en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, se reunieron las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.
El diputado presidente, Javier Guerrero García, solicitó a la secretaria informara el resultado del cómputo de asistencia. La diputada secretaria, Gabriela Ramírez Ramos, informó de la asistencia de veintiocho integrantes de la Comisión presentes.
En consecuencia, el presidente declaró el quórum correspondiente y solicitó a la diputada secretaria Gabriela Ramírez Ramos diera lectura al orden del día y consultara si era de aprobarse.
En uso de la palabra, la diputada secretaria dio lectura al orden del día, la sometió a consideración de los integrantes y fue aprobada por mayoría.
A continuación, y siguiendo el orden del día, el diputado Javier Guerrero García, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, solicitó a la Asamblea se omitiera la lectura del acta de la reunión extraordinaria celebrada el 25 de febrero de dos mil dieciséis y se sometiera a discusión.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Secretaria la sometió a consideración y fue aprobada por mayoría.
Acto seguido, el diputado presidente puso a consideración el desahogo del siguiente punto del orden del día correspondiente al análisis, discusión y, en su caso aprobación de los dictámenes enunciado en el orden del día.
Al respecto, mencionó las iniciativas que fueron reservadas para su discusión y aquellas que fueron retiradas por sus proponentes:
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (discusión en comisiones unidas con la de Trasparencia y Anticorrupción);
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X y un último párrafo al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, presentada por el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (la diputada Erika Irazema Briones Pérez comentó que iba a ser retirada por su proponente);
c) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza (retirada por su proponente);
d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (retirada por su proponente); y
e) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el programa social de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y para vigilar el adecuado cumplimiento de las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (retirada por su proponente).
Consecutivamente se procedió a la aprobación en un solo módulo de los siguientes dictámenes:
a) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (aprobado con 26 votos a favor, 1 abstención);
b) Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3° y un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (aprobado con 27 votos a favor, 1 abstención);
c) Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que haga del conocimiento público las acciones concretas que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016, presentada por el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano (aprobado con 28 votos a favor);
d) Dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y el Distrito Federal para que actualice y homologue sus ordenamientos en materia de Desarrollo Social, tomando como referencia la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, conceptualizando la pobreza bajo un enfoque integral y multidimensional con pleno respeto al ejercicio de los derecho humanos, presentada por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (aprobado con 28 votos a favor);
e) Dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y a los sistemas DIF de las entidades federativas a convenir la compra directa de leche a la empresa Liconsa, SA de CV, para dotación de los diferentes programas de desarrollo social, presentada por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (aprobado con 28 votos a favor); y
f) Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que atienda y difunda los medios por los cuales responda las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación emitidas en el informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2014, presentado por el diputada Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (aprobado con 27 votos a favor, 1 abstención).
Para desahogar el punto del orden del día correspondiente a asuntos generales el diputado presidente informó de dos eventos por realizarse el día 20 de abril de los corrientes.
El primero correspondió a la realización del foro-taller Criterios de medición de la pobreza, conformación de polígonos y padrones sociales, por celebrarse el día 20 de abril de dos mil dieciséis organizado por la Subcomisión de Padrones de los Programas Sociales.
El segundo, a la firma del acuerdo de colaboración para el programa de parlamento abierto entre la Comisión de Desarrollo Social y diversas organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y expertos en tecnología cívica e inclusión digital con el objeto de elevar los estándares de transparencia y apertura en el trabajo legislativo.
Al respecto, solicitó a la asamblea la aprobación para celebrar dicho acuerdo y fue aprobado por unanimidad.
Acto seguido informó al pleno de la comisión sobre la exposición de la diputada Araceli Damián González sobre su libro La dimensión del tiempo en la medición y en el impacto a la condición de pobreza, por efectuarse junto con la Congregación María Trinitaria, el día 27 de abril del dos mil dieciséis.
Asimismo, comunicó sobre una reunión de trabajo con la directora del INAES en fecha próxima y la incorporación como secretaria de la comisión de la diputada Ana Laura Rodela Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución de la diputada Adriana Terrazas Porras.
Al no haber ninguna diputada o diputado que hiciera uso de la palabra se dio por concluida la presente sesión a las once horas con cuarenta y nueve minutos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días de abril de dos mil dieciséis
Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier, David López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Ana Laura Rodela Soto, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica),Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios.
A la reunión de instalación, que se realizará el viernes 20 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón E del edificio G.
A la séptima reunión de junta directiva, que se efectuará el lunes 23 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión de junta directiva.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 2 proyectos de dictamen en sentido positivo de minutas.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 4 proyectos de dictamen de 5 iniciativas en sentido positivo.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 6 proyectos de dictamen de 6 iniciativas en sentido negativo.
a) Solicitudes de prórroga para diversos dictámenes.
A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 23 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.
A la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Al foro Diálogo con congresistas mexicanos: que las transnacionales paguen lo justo, por celebrarse el martes 24 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el auditorio norte del edificio A.
Del diputado Juan Romero Tenorio y la diputada Araceli Damián González
Al foro Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: De la guerra sucia a Iguala, que se llevará a cabo el martes 24 de mayo, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón Legisladores de la República.

References: artículo 4
 artículo 115
 artículo 29
 artículo 88
 artículo 115
 artículo 100
 resolución 
 resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115

Artículo 213
 Artículo 95
 artículo 212

Artículo 115
 artículo 78
 artículo 71
 artículo 89
 artículo 175
 artículo 89
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 36
 artículo 26
 artículo 3
 artículo 32