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Timestamp: 2019-09-18 01:17:02+00:00

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﻿ Sentencia 1996-00004 de marzo 3 de 2014
SENTENCIA 1996-00004 DE 03 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO. CUANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN LAS QUE OPERA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ES PUESTA EN PELIGRO POR LA OMISIÓN O NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL MANTENIMIENTO DE LA MISMA, LAS CONSECUENCIAS GRAVOSAS PARA LOS PARTICULARES QUE DE ALLÍ SE DERIVEN, DEBEN SER ASUMIDAS POR AQUÉLLAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, EMPRESA DEL ESTADO, OBRA DE INFRAESTRUCTURA
Sentencia 1996-00004 de marzo 3 de 2014
Rad.: 0501-23-31-000-1996-00004-01 (29.325)
Demandante: Guillermo Pineda y otros
Asunto: Reparación directa
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 11 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la que se negaron las pretensiones de la demanda, para tal efecto se analizará, la existencia del daño antijurídico y si este resulta imputable a la demandada.
1. Previo a abordar el análisis conceptual indicado, la Sala se referirá a la posible valoración del documento que fue allegado a este proceso por el demandante, consistente en la copia simple de la minuta del levantamiento de cadáver realizado por la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Medellín(1) el 15 de enero de 1994.
Al respecto, debe precisarse que el mencionado documento, obra como anexo desde el momento de la presentación de la demanda, es decir, ha estado en todo el curso del proceso, pudiendo haber sido cuestionado por la otra parte, facultad de la cual no se hizo uso en el momento pertinente, por lo tanto, en aras de prevalecer el principio de la primacía de lo sustancial sobre las formalidades, se le dotará de virtud probatoria para ser valorada.
Sobre este punto en particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia proferida el 18 de enero de 2010, en el proceso radicado con el Nº 1999-01250, la cual se cita in extenso:
“(…) Ahora, la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el comité técnico para la valoración de daños, el cual fue suscrito por el alcalde municipal, el secretario de planeación, el presidente de la Cruz Roja, el secretario de obras públicas y el promotor comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $55’000.000, con la constancia de que “el comité local de emergencias del municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el comité técnico de valoración para los fines pertinentes” (fls. 12 a 14 cdn. 1).
(…) PRUEBAS.
Así mismo me permito solicitar se decrete la siguiente prueba: (…)”.
“6. El 27 de febrero a las 9 a.m., según acta Nº 6 se reúne nuevamente el CLE para escuchar el informe de los señores Jhon Jenry Morales y Ferney Figueroa G., destacándose en dicha acta que la pérdida de la vivienda de mi poderdante Gloria A. Orjuela de Lozano, asciende a cincuenta y cinco millones de pesos, después de haberse reajustado el precio inicial que daba cuenta de cincuenta millones de pesos”.
Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que estas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.
Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a este último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta. En estos términos la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado:
‘En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación (…)’(2).
‘La conducta contradictoria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falto de lealtad. He aquí por donde la regla según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena de en las relaciones jurídicas’.
‘Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:
— La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2 del artículo 254 y el numeral 3 del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que estos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (…).
— No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (…).
— En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6 del artículo 133 del C. de P. Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si solo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquella, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento, se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.
— Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (…).
— Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.
(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, estas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.
— Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos’. (…)”(3)-(4) (negrillas fuera del texto).
Así las cosas, se itera que por el hecho de haber sido aportado el acta de levantamiento de cadáver con la demanda en copia simple, circunstancia que, prima facie, lo haría invalorable, se impone en sostener que, conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes(5), debe reconocérsele valor a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de contradicción.
2. Para analizar los cargos presentados resulta fundamental la revisión del material probatorio obrante en relación con el daño, del que se destacan los siguientes aspectos:
2.1 Copia auténtica del certificado de defunción expedido por la Notaría Cuarta del Círculo de Medellín, en el que se indica que la muerte de la joven Ana María Pineda, tuvo como causa principal el choque traumático y lesiones cráneo encefálicas (fl. 8, cdn. ppal. Tribunal).
2.2 Copia del acta de levantamiento del cadáver, realizado el 15 de enero de 1994 por la secretaría de tránsito y transporte de Medellín. Se extraen los siguientes datos:
“Lesiones: Aplastamiento total de cabeza, con exposición de masa encefálica, fractura de huesos propios de la cara. Trauma toracoabdominal, múltiples laceraciones.
Hechos: La ahora occisa viajaba como parrillera en la moto de placa F.G.N. 25, se desplazaba por la Kra. 50 en sentido sur norte, al llegar a la calle 32 el camión fue a girar a la izquierda y la moto se tuvo que orillar y paró sobre un desagüe de alcantarillado que no tiene regilla (sic), perdiendo el control de la moto su conductor”. (fl. 12, cdn. ppal. Tribunal). (Subraya de la Sala).
2.3 Copia auténtica de la investigación adelantada por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, a raíz del accidente presentado el 15 de enero de 1994, radicada bajo número 48042, la cual culminó sancionando al señor Mario Rueda Sierra (conductor del camión), quien fue declarado infractor del artículo 109 del Código Nacional de Tránsito. En el mismo pronunciamiento, se eximió de toda responsabilidad a el señor Sergio León Quintero (conductor de la moto), por no haber violado ninguna disposición de tránsito (fls. 130-160, cdn. ppal. Tribunal). Se extrae lo pertinente:
“El despacho después de haber hecho un análisis de las declaraciones de los dos conductores implicados en este accidente como son: Mario Rueda Sierra y Sergio León Quintero de haber observado el informe y el croquis elaborado por la guarda del procedimiento de placa Nº 368 de esta institución. Considera el despacho de que el accidente se originó debido a que el conductor del vehículo número uno, señor Mario Rueda Sierra, le faltó precaución he hizo un giro sin precaución y debido a esto se presentó el accidente. Violando en esta forma lo estipulado en el art. 109, este en armonía con el art. 177-2 del C.N.T.
“Resuelve. -092.
“ART. PRIMERO.—SANCIONAR contravencionalmente en este accidente a el (sic) señor Mario Rueda Sierra, por haber violado el art. 109, este en armonía con el art. 177-2 del C.N.T. Condenándolo a pagar a favor del fisco municipal la suma de seis mil seiscientos ($6.600) pesos.
“ART. SEGUNDO.—DECRETAR la suspensión de la licencia de conducción del señor Mario Rueda Sierra si transcurridos veinte días a partir de la fecha no han hecho efectiva dicha multa.
“ART. TERCERO.—EXIMIR de responsabilidad contravencional en este accidente a el (sic) señor Sergio León Quintero C por no haber violado ninguna norma de tránsito”(6).
2.4 Diligencia de inspección judicial celebrada el diez de diciembre de 1997 en el lugar de los hechos, en la que se resaltan los siguientes datos circunstanciales:
“(…) una vez allí el despacho constata lo siguiente: En la carrera 50 sentido sur norte, al voltiar (sic) a la calle 32 donde existe una estación de gasolina, se observa un desagüe de alcantarillado que mide 60 centímetros de ancho por 81 de largo y 60 de profundidad que en el momento de la diligencia se encuentra debidamente tapado con varillas de hierro. También se constató que de esta alcantarilla al man holl existe una medida de 8.80 metros, y de la alcantarilla al lugar donde quedó el vehículo y la occisa, la distancia aproximada es de 4,80 metros (…)” (fl. 192, cdn. ppal. Tribunal).
2.4 (sic) Testimonio de Sergio León Quintero Cardona, rendido el 9 de diciembre de 1997, en el que señaló lo siguiente:
“Preguntado: Nos puede informar cómo ocurrieron los hechos el día del accidente. Contestó: Yo había recogido a Ana María en la Clínica Las Vegas, estábamos visitando a un primo mío, veníamos de Las Vegas hacia en (sic) centro, veníamos detrás de un camión (…) el camión dio un giro hacia la izquierda entrando a la bomba sin poner direccionales ni nada. Para yo no darme con el camión, porque giró siempre rápido, traté de salirme a una mangita (sic), nos fuimos a un hueco de la alcantarilla y nos votó (sic) la moto. Ya cuando yo me recuperé de la caída el camión había pisado a Ana María. (…) el giro del camión me tomó por sorpresa, en ningún momento pensaba que iba a voltear.
Preguntado: Se le pone de presente al testigo el folio 136 del proceso donde se encuentra el croquis. Está conforme usted con el mismo. Contestó: Ese croquis se hizo ese día, a mí me parece que está bien.
Preguntado: Diga específicamente cuál fue la causa por la que Ana María Pineda cayó al suelo o fue arrojada de la moto. Contestó: cuando el camión hizo el giro, que yo me salí hacia un (sic) grama que había en el lado izquierdo, pero como antes había un hueco de una alcantarilla que no tenía reja, la moto nos votó (sic) y Ana María y yo quedamos bajo el carro y cuando yo volví ya a Ana María la había pisado. Preguntado: Si lo recuerda, díganos si lo que usted ha llamado hueco de la alcantarilla sin rejilla quedaba en la vía de circulación o fuera de ella Contestó: Es en la vía de circulación. Preguntado: Díganos si antes de caer la moto en este hueco usted pudo percatarse o no de que estuviera sin rejilla. Contestó: No en ningún momento, de momento no lo vi.
Preguntado: Si usted pensó en tirarse a la grama esa fue su reacción porque (sic) cayó a la rejilla. Contestó: Porque la rejilla estaba antes de yo llegar a la grama, estaba el hueco y ese sí no sabía yo que estuviera ahí. Preguntado: Dice usted que la rejilla estaba en zona de circulación, si ella está junto a la grama, cómo puede explicar usted que la grama sea zona de circulación Contestó: El hueco sí está en la zona de circulación, luego sigue la grama. (…)” (fls. 187-190, cdn. ppal. Tribunal).
3. Las diferentes pruebas allegadas al proceso permiten establecer, que el 15 de enero de 1994 ocurrió un accidente de tránsito en la carrera 50 calle 32, en el que se vieron vinculados, por un lado, la moto de placas F.G.N., conducida por el señor Sergio León Quintero Cardona, y por el otro, el vehículo tipo camión de placas X.K.E. 410. En el suceso perdió la vida la joven Ana María Pineda —familiar de los demandantes—, quien transitaba como parrillera de la motocicleta, al ser aplastada su cabeza por el camión, lo cual tuvo lugar ante la caída de la moto, que fue desnivelada al atravesar una alcantarilla destapada, con motivo del cierre no advertido por el camión. Al conductor de este último se le declaró contraventor por llevar a cabo un giro intempestivo, sin las señales de rigor, ocasionándose con ello el evento(7). Por lo tanto, el daño antijurídico se encuentra debidamente acreditado, en la medida en que la muerte de la joven Ana María Pineda Montoya viene a ser una lesión que no tienen porqué tolerar los familiares de la misma, al ser la pérdida de la vida de un ser querido una carga antijurídica por excelencia y por esencia.
Pues bien, las anteriores conclusiones se derivan del contenido de la diligencia de levantamiento de cadáver llevado a cabo por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín(8). Así como también, de la investigación del accidente desplegada por la misma secretaría(9), la cual culminó sancionando al conductor del camión —señor Mario Rueda—, por ser el responsable de que el suceso tuviera lugar, al girar su vehículo de forma imprudente e intempestiva, y sin las señales de advertencia, tomando por sorpresa al conductor de la moto, lo que luego llevó a las consecuencias fatales.
Del acervo probatorio se tiene por acreditado el accidente ocurrido en la carrera 50 con calle 32 del municipio de Medellín, en la fecha y circunstancias anotadas. Respecto a la alcantarilla destapada, ubicada cerca de donde ocurrieron los hechos, el testigo, señor Sergio León Quintero Cardona —conductor de la motocicleta accidentada— afirma que el hecho de haber atravesado por la misma —ante el cierre sorpresivo del camión que también transitaba en la vía—, fue lo que determinó su pérdida de equilibrio, desestabilizándose con ello su vehículo y trayendo consigo la caída y posterior aplastamiento de la parrillera. Frente a este hecho, se impone un examen probatorio riguroso y en conjunto, acerca de las circunstancias indicadas como orígenes del accidente, de tal suerte que con ello se pueda establecer la responsabilidad a la entidad demandada, o en su defecto, declarar una falta de imputación.
En ese orden, en materia de la prueba testimonial, y en especial respecto al testigo sospechoso, el tema ha sido tratado en la corporación. Sobre el particular, la doctrina ha sostenido lo siguiente:
“(…) la prueba testimonial, tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, negar esta propensión es negar el fundamento de las pruebas personales y negar que el problema fundamental del hombre es el retorno a sí mismo”(10).
“La prueba testimonial es generalmente la principal (…) es posible prescindir de la confesión o de los escritos, pero es más difícil prescindir de testigos cuando se quiere saber cómo se desarrollaron los hechos. ‘Los testigos, decía BENTHAM, son los ojos y los oídos de la justicia’ ”(11).
La prueba testimonial es un medio probatorio que reviste una especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que es la prueba por excelencia para acreditar conductas humanas y acontecimientos de la sociedad y de la naturaleza. Por ello, se han determinado criterios objetivos de valoración probatoria de este medio probatorio como lo son: la probidad de quien interviene en la prueba, en el que se tiene en cuenta las condiciones personales del testigo, la aptitud en la declaración; la ciencia, relacionados con la fuente de conocimiento del testigo; la credibilidad que es la conducencia de la declaración; y la concordancia entendida como la coherencia guardada con los demás medios de prueba(12). Asimismo, el estudio debe hacer un análisis retrospectivo, esto es, al proceso de formación del testimonio, lo cual viene a ser clave para que lo declarado tenga la virtud de acreditar los supuestos de hecho que sirven de fundamento a las pretensiones.
Aplicando este análisis al caso concreto, es menester advertir que, el declarante Sergio León Quintero Cardona, conductor de la motocicleta, guarda una relación de cercanía con los demandantes, y aunque su credibilidad o imparcialidad se puede ver comprometida en razón a ese motivo, se ha señalado que los vínculos que puedan tener los testigos con cada una de las partes del proceso no son óbice, por sí mismos, para no valorarlos, y que de hecho, la prueba testimonial, regulada en el artículo 294 del C.P.C., en concordancia con el artículo 254 del C.P.C., se rige en cuanto a su apreciación, por el principio de la sana critica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes.
“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Mas, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿Y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, mas o menos subsistente en todas las legislaciones”(13).
No existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que correspondan(14). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 218, advierte que el juez debe apreciarlo "de acuerdo con las circunstancias de cada caso", lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad. En efecto, nada obsta para que en el presente caso se aplique la regla de la sana crítica establecida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(15), en la apreciación de la declaración del señor Quintero Cardona
Así las cosas, en el caso sub lite se tiene que el testimonio del señor Sergio León Quintero ofrece confiabilidad, su versión se presume cierta, los hechos que relata y las circunstancias que describe pueden ser tenidas en cuenta, además, no fueron desvirtuadas, ni su dicho fue tachado de sospechoso o falso(16). En ese orden, se observa, al confrontar su declaración en conjunto, es decir, con las demás pruebas que obran en el proceso, que el resto del caudal guarda consonancia con lo dicho, en la medida en que las mismas apuntan a una causa compartida determinante del accidente, en tanto van dirigidas a establecer que no solo fue el hecho del camión —giro intempestivo—, lo que fácticamente originó el accidente, sino que la existencia del desagüe destapado también activó el suceso fatal, toda vez que al estar en la vía de circulación, y al ser atravesada por el conductor de la moto, generó que este último se desnivelara y cayera estando en movimiento. Es decir, la concurrencia o simultaneidad de esas dos fallas, una particular —conductor del camión—, y otra de la administración —alcantarilla destapada—, estructuraron la ocurrencia del evento dañoso, comoquiera que en razón de esa culpa plural y concurrente fue que tuvo lugar el accidente, lo cual es corroborado por la investigación del tránsito, que culminó con una decisión sancionatoria para con el conductor del camión —señor Mario Rueda—. Al respecto, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín consideró:
“Considera el despacho que el accidente se originó debido a que el conductor del vehículo número uno señor Mario Rueda, le faltó precaución he hizo un giro sin precaución y debido a este se presentó el accidente (…)”(17).
Asimismo, de la descripción de los hechos en el levantamiento de cadáver, se visualiza que la falla del servicio de las Empresas Públicas de Medellín también tuvo injerencia en el acontecer de los hechos. Al respecto se dijo:
“HECHOS: La ahora occisa viajaba como parrillera en la moto de placa F.G.N. 25, se desplazaba por la Kra. 50 en sentido sur norte, al llegar a la calle 32 el camión fue a girar a la izquierda y la moto se tuvo que orillar y paró sobre un desagüe de alcantarillado que no tiene regilla (sic), perdiendo el control de la moto su conductor”(18).
Al analizar el croquis elevado por la misma Secretaría el día de los hechos, se observa la existencia de desagüe sin rejillas de protección, el que se encontraba paralelo al andén, y sobre la vía de circulación, lo que es suficiente para tenerlo como razón adicional del origen del fatal evento, pues, se itera, fue una génesis compartida lo determinante para la ocurrencia del accidente; por un lado, la imprudencia del conductor particular; y por el otro, la falta de mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado constitutivo de una falla del servicio de la administración.
En situaciones como estas, se insiste en que las entidades territoriales, las empresas, o los establecimientos creados para la prestación de servicios públicos domiciliarios, tienen el deber jurídico de conservación, mantenimiento y señalización de la infraestructura de servicios públicos de su competencia. Y para el caso de Medellín, es la Empresa de Servicios Públicos Municipales —EEPPMM— quien cumple esta labor. Se trata de empresa industrial y comercial del estado, de propiedad exclusiva del municipio de Medellín, dotada de autonomía administrativa y patrimonio propio, en virtud de la figura de la descentralización técnica y por servicios del orden descentralizado —municipal—. Inicialmente fue creada como establecimiento público, mediante Acuerdo 98 de 1955; no obstante, a través de Acuerdo 69 del 10 de diciembre de 1997, se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado, aclarándose que ese cambio de naturaleza jurídica no tuvo injerencia en el objeto social, ya que ha sido el mismo desde su creación, aún pasando por su periodo de transformación jurídica —año 1997—, objeto que consiste en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de su marco territorial.
Pues bien, la prestación de estos servicios públicos es un componente de los fines del Estado, y este, en el discurrir de su dinámica, puede entrar a operarlos directamente, o mediante la interacción de particulares, haciendo la salvedad de que conserva la regulación, control y vigilancia de los mismos(19). El prestar un servicio público impone no solo la operación del mismo, y que su cobertura sea general, sino que implica un deber de mantenimiento de la infraestructura con la que la operación se hace realizable. Es decir, informa un deber adicional de mantenimiento, y eso comporta labores de arreglos, de modernización, y de prevención de posibles accidentes en razón a su ubicación, dado que la infraestructura de todo servicio público, viene a ser un cuerpo que se interconecta en toda la jurisdicción que se sirve de ella, ya sea de acueducto y alcantarillado, de energía eléctrica, o bien, de otra naturaleza.
Para el caso que nos ocupa —servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado—, por ser de uso esencial de todo asociado, su infraestructura se hace extensiva a todo el territorio que se beneficia de dicha prestación, siendo en este evento, el municipio de Medellín, por lo tanto, su prestadora debe encargarse del mantenimiento de la red que lo conforma. En ese orden, si una parte de la infraestructura no se encuentra en condiciones normales, constituyéndose ese solo hecho en un peligro para los ciudadanos, es obligación de su dueño y operario, el entrar a subsanar tales falencias. Y si ante ese incumplimiento obligacional se generan daños antijurídicos, debe entrar a responder por los mismos, en razón a la falla del servicio concretada.
En el caso sub examine, el hecho de estar en malas condiciones la infraestructura de alcantarillado —registro destapado—, fue en parte, determinante en que ocurriera el suceso, que tuvo como consecuencia la muerte de la joven Ana María Pineda, quien transitaba como parrillera en la moto que atravesó el mencionado registro; lo que, junto con la infracción de tránsito del conductor del camión, contribuyó cocausalmente en la ocurrencia del fatal suceso. Y es que el estar un desagüe sin la rejilla de protección es una conducta constitutiva de falla del servicio, evidencia una falta de mantenimiento de la red, violándose con ello un contenido obligacional que reside en la empresa prestadora del servicio domiciliario de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Medellín —Empresas Públicas de Medellín—.
Se torna en apodíctica verdad que cuando la seguridad de los usuarios de las vías públicas en las que opera infraestructura de servicios públicos domiciliarios, es puesta en peligro por la omisión o negligencia de las autoridades competentes del mantenimiento de la misma, las consecuencias gravosas para los particulares que de allí se deriven, deben ser asumidas por aquellas. Así las cosas, el daño antijurídico padecido con motivo de la muerte de la joven Ana María Pineda, es imputable a las Empresas de Servicios Públicos de Medellín, pues la falla del servicio concretada en la ausencia de rejilla de protección del desagüe ubicado en la vía de circulación, activó en parte el origen del accidente de tránsito presentado. En consecuencia, se declarara la responsabilidad de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios por los daños antijurídicos ocasionados a los demandantes.
Como primera medida, es pertinente advertir que frente a este accidente en particular, los hoy demandantes, promovieron reclamación civil en contra de la aseguradora del vehículo tipo camión —Colseguros—, y el propietario del mismo —señor Mario Rueda—. Proceso que culminó mediante un mecanismo alternativo de solución de conflictos, cuyo arreglo se concretó en el pago de catorce millones de pesos ($14.000.000.00), por concepto de perjuicios morales y lucro cesante(20).
Lo anterior es de suma importancia en este escenario, en la medida en que el mencionado pago tiene que ser analizado a la luz de la figura de la acumulación de compensaciones o compensatio lucri cum damnos, en aras de determinar si es procedente la misma, o, en su defecto, se debe entrar a descontar dicho valor de lo que será reconocido en esta jurisdicción.
Pues bien, existen eventos en los cuales la víctima acreedora de una indemnización, se erige en una situación patrimonial mejor a la cual se encontraba al momento de ocurrir el hecho dañoso, es decir, la víctima puede enriquecerse a raíz de un daño, al recibir, de varias fuentes, sumas de dineros causados por diferentes conceptos, (donaciones por piedad de personas distintas al responsable, cobro de seguros de personas, cobros de pensiones derivadas de una relación laboral, etc.). La doctrina sobre el particular ha expuesto:
“El tema es de por si complejo, pero ello no impide centrarlo correctamente. Se debe recordar, con el Consejo de Estado colombiano, ‘que no es cierto que un delito o cuasidelito, no puede ser motivo de enriquecimiento para la víctima. Este resultado se darán […] cuando exista un título o causa que justifica ese enriquecimiento’(37), precisión que conduce a aceptar que el lucro o la ventaja que la víctima recibe a raíz del daño puede superar el valor de este. Se combate así la idea de quienes consideran que la víctima frente a su daño solo puede quedar máximo en situación idéntica a la que se tenía antes de su advenimiento, porque una víctima sí puede enriquecerse a raíz de un daño. El ejemplo típico es el cobro de un seguro de personas o el caso de donaciones realizadas por piedad al dañado, que provengan de personas distintas al responsable, en las cuales quien sufre el daño puede quedar en una situación económica que supere a la entidad real de su daño.
“El problema consistirá entonces, como bien se observa en la sentencia citada, en que la causa o título que justifica la mejoría de la víctima no se excluya con la indemnización del proceso de responsabilidad. Dentro de esta óptica se plantea de una manera diferente la regla de la indemnización plena del daño: no se trata de discutir si la víctima tiene derecho a quedar en mejor situación porque existen causas que lo justifican. A este propósito se puede sentar la siguiente regla: si existe un título o causa que justifica el cúmulo de compensaciones, por ejemplo —un seguro, una pensión, una donación, etc.—, y si, además, dicha causa o título no se excluye con la propiamente indemnizatoria debida por el directamente responsable, procede aceptar la acumulación. Si el cúmulo de compensaciones se acepta porque proviene de causas o títulos diferentes que no son excluyentes entre sí, no se viola la regla de la indemnización plena de solo el daño. Nótese que se habla de cúmulo de compensaciones y no necesariamente de indemnizaciones, porque bien puede ocurrir que no todos los ingresos que tenga la víctima a raíz del daño sean indemnizatorios”(21).
Es el caso, tratado en varias ocasiones por la jurisprudencia de la corporación, cuando la víctima reclama la indemnización legal o a forfait (prestaciones sociales, mas técnicamente) y la indemnización propiamente dicha, en el que se ha planteado el problema de su acumulación. Para el análisis debe establecerse si coinciden la indemnización que se origina con el daño, y las prestaciones sociales que se derivan de la condición que las posibilita, análisis que ha tenido variable recorrido por la corporación, y cuya última conclusión fue el de establecer que dichos pagos son completamente acumulables, en tanto su procedencia viene marcada por orígenes distintos; uno determinado por la relación laboral, y otra por el daño mismo. Conclusión que resulta más coherente en este sistema jurídico, pues se mantiene una absoluta independencia entre la indemnización proveniente del hecho dañoso y las reglas de seguridad social, doctrina conocida como la de la perfecta compatibilidad entre indemnizaciones civiles y laborales(22), conforme lo ha destacado el Tribunal Supremo en España.
Aceptar el planteamiento según el cual se pueden subsumir los dos sistemas de indemnización en uno solo, equivaldría a borrar la distinción, que al menos en el derecho positivo obliga por el momento, entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, y ello no se puede hacer sin violentar el ordenamiento constitucional y legal. “Ha establecido entonces claramente el juez colombiano que son independientes la indemnización que se causa con el hecho dañino y la prestación legal o laboral que se genera por el mismo hecho, porque estas últimas tienen una causa jurídica diferente”(23).
Ahora bien, cosa distinta sucede en materia de pagos por responsabilidad civil, en la medida en que el referido desembolso sí es de carácter indemnizatorio, pues no es una categoría diferente al que se ordena en esta jurisdicción, toda vez que su naturaleza es la misma, y comparten la misma ontología indemnizatoria, aún con las características particulares de la contenciosa. En esta esfera compartida —indemnización de daños—, se da lugar al concepto de idéntica causa jurídica del pago, es decir, para determinar la posibilidad o no de un descuento por un pago ajeno, se requiere examinar el acto desencadenante del daño como causa del pago, y si ese acto es común, no dará lugar a una acumulación de compensaciones. Asimismo, se debe tener presente el carácter indemnizatorio del mismo; ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿Qué tipo de pagos tiene ese carácter? Pues bien, los pagos que son indemnizatorios, son aquellos que extinguen la obligación del responsable, al tener la virtud de resarcir los perjuicios causados por este último, quien viene a ser el obligado directo de esta fuente.
En el caso sub examine, se ha presentado lo antes expuesto, teniendo en cuenta que está probado un pago originado en el mismo daño que hoy nos ocupa, pues en las diligencias de interrogatorio de parte surtidas a instancias de este proceso(24), los demandantes —padres de la víctima— confesaron haber recibido el valor de $14.000.000.oo, por acuerdo conciliatorio llevado a cabo en el proceso ordinario de responsabilidad civil promovido por ellos contra el dueño del camión —Mario Rueda Sierra— y la aseguradora del vehículo, a raíz de este mismo accidente de tránsito. Pago que tiene la virtud de ser indemnizatorio, independientemente de que el lucro haya tenido lugar en lo conciliado en otra jurisdicción, ya que, viene a constituir un pago parcial de la indemnización plena, derivada del daño antijurídico padecido por los demandantes. Se itera, ostenta un carácter indemnizatorio y su génesis es el mismo que el del caso de autos. Así las cosas, por compartir el anterior pago la misma causa del que será decretado, se procederá al descuento de los $14.000.000.oo ya recibidos en sede de responsabilidad civil.
En cuanto a los perjuicios materiales, se tiene que los demandantes solicitaron su reconocimiento en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres de la víctima; no obstante, se negará la referida petición, al no estar acreditado que estos dependían económicamente de la misma, para la fecha de los hechos —15 de enero de 1994—, esta tenía 25 años de edad,(25) razón por la cual resulta improcedente este decreto, y al no concurrir en el acervo probatorio otro tipo de circunstancias que permitan reconocerlo.
En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(26) ha señalado que este daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes que hayan acreditado el parentesco o un vínculo afectivo con la occisa.
Así las cosas, se reconocerán perjuicios morales para todos los demandantes, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(27).
Comoquiera que en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado, según el arbitrio judicial, para lo cual es imprescindible tener en cuenta la prueba de la relación de consanguinidad, entre la causante y los miembros de su familia.
En el caso sub examine, se tiene que la víctima es hija de Guillermo de Jesús Pinedo Montoya y Dolores Nidia Montoya; y hermana de Juan Guillermo Pinedo Montoya y Luis Oscar Pineda Montoya, según dan cuenta los registros civiles de nacimiento visibles a folios 5, 6 y 7 del cuaderno principal. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la muerte de la misma, se impone decretar la máxima y la mitad tasación de este perjuicio, atendiendo a la líneas recta y colateral de parentesco, por lo tanto, se condenará a la demandada a pagar, la suma de 100 salarios mínimos a cada uno de los padres, y 50 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de los hermanos de este grupo familiar.
Ahora bien, para efectos de proceder al descuento del pago que por concepto de perjuicios materiales y morales le fue entregado a los demandantes en el proceso de responsabilidad civil, esto es, $14.000.000.oo, se determinará el valor en pesos de los salarios mínimos legales otorgados, los cuales suman $184.800.000.oo, y si a ese valor se le hace el descuento de $37’185.064(28), se arroja con ello un total de $147’614.936. Y al dividir esta última en tres partes —dada la distribución de rigor—, se redistribuye la asignación del monto de este perjuicio en las siguientes sumas:
Guillermo de Jesús Pinedo Montoya ($49’204.978)
Dolores Nidia Montoya ($49’204.978)
Juan Guillermo Pinedo Montoya ($24’602.489)
Luis Oscar Pineda Montoya ($24’602.489)
Por último, en lo que atañe al llamamiento en garantía efectuado por la empresa de servicios públicos demandada a las Compañías Aseguradoras: La Previsora S.A. y Suramericana de Seguros S.A., es pertinente analizar su situación en el proceso, es decir, las calidades que ostentan, según el pacto contractual previo; y de allí, determinar si tiene obligaciones para con las Empresas de Servicios Públicos de Medellín, por razones indemnizatorias.
La vinculación a los terceros tuvo lugar en el proceso, toda vez que la entidad demandada suscribió póliza de cumplimiento Nº 1402, que cubría riesgos en los que eventualmente se podía ver inmersa la entidad, con ocasión a daños causados en el ejercicio de la prestación de los servicios públicos de su competencia, en el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 1990 y el 5 de noviembre de 1995(29).
Ahora bien, revisada la póliza en mención, y toda vez que los hechos que dieron origen al caso sub examine tuvieron ocurrencia en enero de 1994, esto es, en el tiempo de cobertura del seguro, se procederá a hacerla efectiva, en aras de que la compañías concurran al pago de la condena que se impone; no obstante, este pago será divido de acuerdo al porcentaje coasegurado, teniendo en cuenta la distribución porcentual contemplada en la póliza Nº 1402, la que determina un 60% de cobertura por parte de la Previsora S.A., y un 40% restante por parte de Suramericana de Seguros S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Revócase la sentencia del 11 de agosto del 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Y en su lugar se dispone:
Primero. Declárase a las Empresas de Servicios Públicos de Medellín —EEPPMM— patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a las demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda.
Segundo. Condénase a las Empresas de Servicios Públicos de Medellín —EEPPMM— a pagar a las siguientes personas, lo que a continuación de señala:
2.1. Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:
Tercero. La compañías aseguradoras: La Previsora S.A. y Suramericana de Seguros S.A., pagarán a las Empresas Públicas de Medellín, el valor de lo cancelado por esta, pago será divido de acuerdo al porcentaje coasegurado, teniendo en cuenta la distribución de cobertura, de acuerdo a la Póliza de cumplimiento Nº 1402 de la cual es beneficiaria la segunda.
Cuarto. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Dése cumplimiento a los dispuesto en los artículos 115, 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
Sexto. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.
(1) Fl. 12, cdn. ppal. Tribunal.
(2) Sentencia C-836 que dictó la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2001. Exp: D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. Rad. 1999-01250. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(4) Ver entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Rad. 1996-0142 y 1994-0845. C. P. Enrique Gil Botero.
(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. C. P. Enrique Gil Botero. Expediente 25022.
(6) Fls. 159 y 160. Cdn. ppal. Tribunal. Subrayas de la Sala.
(7) Investigación de la Secretaría de Tránsito y transporte del municipio de Medellín. Exp. 48042. Fls. 159 y 160. Cdn. ppal. Tribunal.
(8) Folio 12. Cdn. ppal. Tribunal
(9) Fls. 129-160. Cdn. ppal. Tribunal.
(10) Parra Quijano, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá. 1982. Pág. 29.
(11) Gorphe, François. La apreciación judicial de las pruebas. Editorial La Ley. Buenos Aires. 1967. Pág. 367.
(12) En este sentido. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 5 de 1999. Exp. 4978 M. P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.
(13) Gorphe, François. De la Apreciación Judicial de las Pruebas. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1955. P.412.
(14) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que pareciese estar, nunca da más que un resultado muy limitado, y a menudo resulta contraproducente. En primer término, solo puede operar de forma negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo solo se pueden eliminar algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para intentar ser más o menos completo, ¿qué lista sería necesaria? Esto ya lo hemos visto en ciertas tentativas de legislaciones antiguas. Si se debiesen descartar todos los testimonios sobre los que hubiera sospechas, ¿qué quedaría en algunos casos? A la inversa, se corre el peligro de descartar buenos testigos. No se podría fijar a priori una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, que depende de múltiples factores y comporta numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, fuera de los casos extremos, superficial y artificial. Las declaraciones lo mismo que los documentos, no forman generalmente un todo indivisible y de igual valor: el tamiz de la crítica de aplicarse principalmente a su contenido para retener lo que merece confianza, rechazar lo sospechoso y dejar en suspenso lo incierto. Son muy pocas las deposiciones que no contienen una parte de verdad, que no son utilizables (…)” (Ibídem. Págs. 426 y 427).
(15) “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
“El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
(16) Artículo 217 del C.P.C. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”
Artículo 218 del C.P.C. “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba.
(17) Folio 159 del cdn. ppal. Tribunal.
(18) Folio 12. Cdn. ppal. Tribunal.
(19) Constitución Política de Colombia. Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.
(20) Confesión realizada en interrogatorio de parte, por los demandantes: Guillermo Pineda Suarez —fls. 193-196— y Dolores Nidia Montoya —fls. 196 a 198—. Cdn. ppal. Tribunal.
(37) (sic) Consejo de Estado Col., Sección Tercera, 12 de septiembre de 1991, C. P. Uribe Acosta, Actor: Rosa Nelly Londoño, Exp. 6572.
(21) Henao, Juan Carlos. El daño. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, págs. 51 y 52.
(22) Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, quinta edición, Editorial Temis, Bogotá 2011, pág. 227.
(23) Henao, op., cita pág. 56.
(24) Interrogatorio de parte a los demandantes: Guillermo Pineda Suarez —fls. 193-196— y Dolores Nidia Montoya —fls. 196 a 198—. Cdn. ppal. Tribunal.
(25) Según certificado de nacimiento que obra a folio 7 del cdn. ppal., Ana María Pineda Montoya, nació el 28 de febrero de 1969.
(26) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, del 13 de agosto de 2008, exp. 17042, y del 1º de octubre de 2008, exp. 27268.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.
(28) Valor actualizado de los $14.000.000.oo entregados en agosto de 1997 a los demandantes.
(29) En virtud de los certificados de renovación. Folios 40-102 del cdn. ppal. Tribunal.

References: artículo 83
 artículo 254
 artículo 268
 artículo 133
 artículo 274
 artículo 255
 artículo 244
 artículo 109
 artículo 294
 artículo 254
 artículo 218
 artículo 187
 artículo 42
 artículo 106
 Artículo 217

Artículo 218
 Artículo 365