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DE 25 DE MAYO DE 2010
RESPECTO DE REPÚBLICA DOMINICANA
ASUNTO JUAN ALMONTE HERRERA Y OTROS
El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 3 de marzo de 2010 y sus anexos, mediante los cuales sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) una solicitud de medidas provisionales, en los términos de los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 27 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), con el propósito de que se ordene a la República Dominicana (en adelante “el Estado” o “República Dominicana”) que adopte sin dilación medidas provisionales para que se proteja la vida e integridad personal de los señores Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera.
Los supuestos hechos en que se funda la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión, a saber:
el señor Juan Almonte Herrera fue detenido sin orden judicial el 28 de septiembre de 2009 por policías del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, en el marco de una investigación motivada por el secuestro del hijo de un empresario financiero. Desde esa fecha se desconoce su paradero. Ese mismo día la Policía hizo público a través de un noticiario nocturno que “estaba detrás de Juan Almonte Herrera, quien se encontraba prófugo”, y exhibió cinco fotografías de personas presuntamente vinculadas con dicho secuestro, entre las cuales se encontraba la del señor Almonte Herrera;
el 29 de septiembre de 2009 la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas practicaron un allanamiento en una residencia propiedad del señor Almonte Herrera, sin orden judicial y sin la presencia de personal del Ministerio Público. En dicha ocasión detuvieron a once personas, entre ellas la señora Yuberkis [sic] Almonte Herrera, hermana del señor Juan Almonte Herrera;
el 30 de septiembre de 2009 los abogados del señor Almonte Herrera interpusieron un recurso de hábeas corpus a su favor. Dicho recurso fue concedido el 2 de octubre de 2009 por lo cual el Magistrado Juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó la libertad del señor Almonte Herrera. Esa instancia concluyó que había sido detenido sin orden de un juez competente. La resolución fue comunicada oportunamente a la Jefatura de la Policía Nacional, no obstante, no ha sido cumplida. El 4 de octubre de 2009 la Policía Nacional declaró que el señor Almonte estaba bajo su custodia, sin embargo, niega ser responsable de su detención y desaparición;
los peticionarios señalaron que desde el día 28 de septiembre de 2009 el señor Almonte Herrera fue sometido a continuas torturas en una “casa clandestina” para que confesara su presunta participación en el secuestro. Señalaron la posibilidad de que tras haber sido golpeado en la cabeza con un bate de aluminio, el señor Almonte haya fallecido, junto con otra persona, camino al hospital en un vehículo que posteriormente fue incendiado intencionalmente por agentes policiales;
el Instituto de Patología Forense del Distrito Nacional practicó dos pruebas de ADN sobre los cuerpos encontrados en el vehículo incendiado, uno de los cuales supuestamente correspondía al señor Almonte Herrera. Los resultados fueron negativos, no obstante, los peticionantes atribuyen esto a la necesaria intervención de la Policía Nacional, la cual sostenía que el señor Almonte Herrera se encontraba prófugo;
desde el 3 de octubre de 2009 la Policía Nacional ha incrementado la persecución, el seguimiento y las amenazas contra los representantes del señor Almonte Herrera, así como de sus familiares y amigos. En particular, las viviendas de Yuverky Almonte Herrera, Ana Josefa Montilla y Joel Almonte, hermana, esposa e hijo del señor Almonte Herrera, respectivamente, “han estado vigiladas constantemente por miembros de la Policía Nacional”, y sus teléfonos están siendo intervenidos. Asimismo, la señora Ana Josefa Montilla, al ser “seguida” y “acosada” por policías vestidos de civil, decidió “irse nuevamente hacia Estados Unidos” por sentir temor e inseguridad. El señor Joel Almonte ha sido víctima de “seguimientos”, por lo que se ha inhibido de todo tipo de acción tendiente a reclamar la aparición de su padre. Los señores Genaro Rincón y Francisco León Herrera, abogados del señor Almonte Herrera, manifestaron que son “seguidos por agentes de la Policía”, que sus teléfonos se encuentran intervenidos y que sus oficinas se encuentran vigiladas. El señor Genaro Rincón está en un listado del Departamento de Investigaciones Criminales por haber denunciado el caso;
el 30 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana envió una solicitud de información urgente al Estado para que en un plazo de 48 horas informara sobre el paradero del señor Juan Almonte Herrera, las acciones emprendidas para el cumplimiento de la decisión de habeas corpus y la situación de seguridad de la familia y los representantes. El Estado no respondió a dicha solicitud;
el 4 de diciembre de 2009 los peticionarios informaron sobre nuevos hostigamientos y amenazas sufridas por los familiares y representantes del señor Almonte Herrera por agentes de la Policía Nacional, supuestamente como respuesta a sus actuaciones sobre la investigación del paradero del señor Juan Almonte;
el 11 de diciembre de 2009 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte y Ana Josefa Montilla, así como de Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, para garantizar su vida e integridad personal. En dicha comunicación la Comisión requirió al Estado que, en un plazo de 10 días, informara sobre el paradero del señor Almonte Herrera, su estado de salud y la situación de seguridad en la cual se encontraba. También solicitó que indicara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares;
el 22 de enero de 2010 el Estado presentó un informe a la Comisión en el que afirmó que la Procuraduría General de la República había recibido varias denuncias sobre la “supuesta desaparición” del señor Almonte Herrera. También indicó que se había dirigido a su familia con la finalidad de que interpusieran una denuncia para promover la investigación, “sin recibir su colaboración”. El Estado no hizo referencia alguna al hecho de que el señor Almonte Herrera estaba bajo la custodia de la Policía Nacional cuando desapareció. El Estado también mencionó que había iniciado una investigación en la que se solicitó a la Dirección General de Migración los registros de entrada y salida del país del señor Almonte Herrera, y que solicitó un informe médico de aquél, a fin de “hacer comparaciones con necropsias [de otros cadáveres] obtenidas en las fechas de su supuesta desaparición”. Finalmente, el Estado informó sobre las medidas adoptadas con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de los otros beneficiarios. Comunicó que, excepto para la señora Ana Josefa Montilla, quien se encontraba en los Estados Unidos, había dispuesto para los demás beneficiaros la instalación de un servicio policial;
los peticionarios informaron que están abogando para que la Procuraduría General de la República formule cargos penales en contra de los oficiales de la Policía Nacional, y que han recibido amenazas de parte de la Policía Nacional “por si presentan querella en su contra”, y
finalmente, los peticionarios informaron haberse reunido con “la Dirección de Investigaciones Delictivas de la Policía Nacional”, la cual propuso asignar un miembro de la Policía a cada uno de los beneficiarios de las medidas. Frente a esto, manifestaron que presentarían una propuesta distinta ya que no están de acuerdo en que sea la misma institución que se encuentra cuestionada la que lleve adelante el perfeccionamiento, cumplimiento y supervisión de las medidas por otorgarse.
Los argumentos de la Comisión para fundamentar su solicitud de medidas provisionales, a saber:
a) la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia debido a que: i) el señor Juan Almonte Herrera fue detenido el día 28 de septiembre de 2009 y desde entonces se desconoce su paradero; ii) como resultado de la interposición del hábeas corpus, se probó la efectiva detención del señor Juan Almonte por parte de la Policía; iii) la desaparición del señor Almonte Herrera bajo custodia del Estado, la existencia de indicios sobre la participación de agentes estatales en el ocultamiento de su paradero y la ausencia de noticias del mismo, exigen de la República Dominicana un especial despliegue de esfuerzos para buscarlo, establecer lo sucedido y proteger su vida e integridad personal; iv) en razón de lo anterior, es razonable inferir que el señor Almonte Herrera se encuentra en una situación de grave riesgo; v) a pesar de que los familiares y representantes interpusieron un recurso de hábeas corpus, que resultó en una decisión mediante la cual se ordenó la liberación del señor Almonte Herrera, el Estado no ha cumplido con dicha orden y además niega que se encuentre bajo su custodia, y vi) el Estado ha manifestado que “son los familiares quienes deben presentar la denuncia de los hechos”, cuando en un caso como el presente la investigación debe iniciarse de oficio;
b) los esfuerzos estatales, en un caso como el presente, no pueden basarse en la presunción de que la persona en cuestión se encuentra prófuga, sino que deben tomar en cuenta que puede tratarse de una desaparición forzada y que el afectado puede encontrarse en una situación de riesgo extremo, sobre todo cuando existen indicios que favorecen dicha posibilidad;
c) la situación de extrema gravedad y urgencia también se configura respecto a los familiares del señor Almonte Herrera y sus abogados, ya que: i) éstos han sido objeto de amenazas, hostigamientos y seguimientos por parte de agentes estatales, en virtud de las declaraciones públicas y sus gestiones ante autoridades estatales para conocer el paradero del señor Almonte; ii) de la información aportada por los peticionarios no se desprende que se haya llegado a un acuerdo sobre su protección, por lo cual dichas personas no están siendo protegidas actualmente, y iii) las amenazas contra dichas personas se “acrecentarían con la apertura a investigación de los hechos”, y
d) la naturaleza de los bienes amenazados, los derechos a la vida y a la integridad personal, constituye “el extremo de irreparabilidad de las consecuencias que esta solicitud de medidas provisionales busca evitar”.
La solicitud de la Comisión Interamericana para que la Corte, con base en el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte, requiera al Estado lo siguiente:
a) adoptar las medidas necesarias para establecer el paradero del señor Juan Almonte Herrera e informar inmediatamente a la Corte Interamericana y a sus familiares al respecto;
b) una vez que se determine su paradero, adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Juan Almonte Herrera, tras efectuar una evaluación de los motivos que originaron su desaparición estando bajo custodia estatal. Estas medidas deberían ser acordadas con el posible beneficiario y sus representantes;
c) adoptar sin dilación las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, e informar inmediatamente a la Corte Interamericana. En caso de que la señora Ana Josefa Montilla se encuentre fuera del país, otorgarle las referidas medidas tan pronto regrese al mismo;
d) llevar a cabo una investigación de los hechos que motivan la solicitud de medidas provisionales como mecanismo de prevención para impedir cualquier situación de riesgo a la vida e integridad personal de Juan Almonte Herrera, Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera;
e) acordar con los beneficiarios los mecanismos más apropiados para la implementación de las medidas de protección, de forma tal que asegure su efectividad y pertinencia, y
f) informar sobre las medidas adoptadas en virtud de los anteriores literales.
La nota de 5 de marzo de 2010 mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, la Secretaría solicitó al Estado la presentación de las observaciones que considerara pertinentes respecto de la presente solicitud de medidas provisionales (supra Visto 1).
El escrito de 11 de marzo de 2010, por medio del cual el Estado solicitó la concesión de una prórroga para la presentación de las observaciones requeridas (supra Visto 5) e indicó que desde el 14 de diciembre de 2009 “el [señor] Almonte y otros se encuentran siendo beneficiarios de Medidas Cautelares, las cuales se han implementado en coordinación con los beneficiarios”.
La nota de Secretaría de 11 de marzo de 2010 mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se concedió la prórroga solicitada por el Estado (supra Visto 6), se le solicitó que en su comunicación se refiriera con precisión a las medidas cautelares que alegó se implementaron a favor de cada uno de los beneficiarios y que adjuntara una copia de la decisión judicial mediante la cual supuestamente fue concedido un hábeas corpus a favor del señor Juan Almonte Herrera. Asimismo, a través de dicha nota se solicitó a la Comisión Interamericana que informara sobre el estado de implementación de las supuestas medidas cautelares adoptadas por República Dominicana (supra Visto 6).
El escrito de 15 de marzo de 2010 en el cual el Estado indicó que:
a) se encuentra dando cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana, las cuales “consisten en la investigación sobre la desaparición del [señor] Juan Almonte Herrera y la seguridad de [su] familia […] y la de sus representantes”;
b) en cuanto a la investigación, en cumplimiento de la decisión de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional relativa al hábeas corpus que ordenó la liberación del señor Juan Almonte Herrera, hacía constar que dicha persona “no se encuentra en manos de la Policía Nacional y que se están realizando las gestiones pertinentes para determinar su ubicación y sancionar a los eventuales culpables de su desaparición”;
c) el Ministerio Público se ha puesto en contacto con los familiares del señor Almonte Herrera para “instarles a realizar una denuncia [por] la desaparición”;
d) revisó los registros de entrada y salida del país y no se “encontró constancia de salida del [t]erritorio [d]ominicano” del señor Juan Almonte Herrera;
e) está investigando “en el seno de la Policía Nacional la identidad de los supuestos captores del [señor] Almonte Herrera”;
f) ha realizado “necropsias a cadáveres de personas no identificadas para comparar su similitud con las dimensiones antropométricas del [señor] Almonte Herrera”;
g) el 22 de diciembre de 2009, “después de haberse efectuado una reunión con los beneficiarios, se dispuso la instalación de un servicio policial a todos [los familiares del señor Almonte Herrera], con la excepción de la [señora] Ana Josefa Montilla, quien está residiendo en los Estados Unidos”, y
h) por todo lo anterior, consideró que “se encuentra dándole cumplimiento a las [m]edidas [c]autelares ordenadas por la Comisión Interamericana”.
La comunicación de 16 de marzo de 2010, mediante la cual la Comisión Interamericana señaló que:
a) con base en los informes presentados por el Estado y las comunicaciones de los peticionarios durante el trámite de las medidas cautelares, podía considerarse que “la respuesta del Estado no responde a la gravedad y urgencia de la situación en cuanto a que no indica haber adoptado medidas concretas para investigar y establecer [el] paradero [del señor Almonte Herrera] y, por lo tanto, no ha producido los resultados inmediatos que se requieren en situaciones como la presente”;
b) los peticionarios manifestaron que no han podido concertar nada concreto sobre la implementación de las medidas cautelares, “en especial, porque el Estado pretende brindar protección a través de miembros de la policía nacional, quienes reiteradamente han sido identificados […] como los responsables de la desaparición de[l señor Almonte Herrera] y de los hechos de amenazas y hostigamientos en su contra”, de lo cual se desprende que “no están siendo protegid[o]s actualmente”, y
c) reiteraba “enfáticamente” que teniendo en cuenta las particularidades del caso, y sin perjuicio de que el diseño e implementación de las medidas de protección debe ser realizado por el Estado con acuerdo de los posibles beneficiarios, “es necesario tener presente que las personas asignadas a la protección de éstos no deben tener relación con la Policía Nacional”.
La Resolución del Presidente del Tribunal de 24 de marzo de 2010 (en adelante “la
Resolución del Presidente”), mediante la cual resolvió:
Requerir al Estado que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar el paradero del señor Juan Almonte Herrera y para proteger su vida e integridad personal, […].
Requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, […].
Requerir al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Ana Josefa Montilla, si ésta decide regresar a la República Dominicana, […].
Requerir al Estado que dé participación a los beneficiarios en la planificación e implementación de las medidas de protección, […].
Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 12 de abril de 2010 sobre lo dispuesto en los puntos Resolutivos primero y segundo y, en su caso, tercero, de la […] Resolución.
Solicitar a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios que presenten a la Corte Interamericana, a más tardar el 19 de abril de 2010, las observaciones que estime pertinentes al informe mencionado en el punto Resolutivo quinto de la […] Resolución.
Requerir al Estado, asimismo, que continúe informando a la Corte Interamericana cada dos meses, contados a partir de la notificación de la […] Resolución, sobre las medidas adoptadas en conformidad con esta decisión.
Requerir a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana que presenten sus observaciones en un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado que se indican en el punto Resolutivo séptimo.
El escrito de 9 de abril de 2010, mediante el cual el Estado solicitó una prórroga de diez días para la presentación del informe referido en el punto resolutivo quinto de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10).
La nota de Secretaría de 14 de abril de 2010 a través de la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se concedió la prórroga solicitada por el Estado (supra Visto 11) hasta el 22 de abril de 2010.
El escrito de 22 de abril de 2010, mediante el cual el Estado solicitó una prórroga adicional de diez días para la presentación del informe referido en el punto resolutivo quinto de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10).
La nota de Secretaría de 23 de abril de 2010 a través de la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se concedió la prórroga solicitada por el Estado (supra Visto 13) hasta el 3 de mayo de 2010, y se indicó que dicho plazo debía considerarse improrrogable.
El escrito de 30 de abril de 2010, mediante el cual el Estado presentó el informe referido en el punto resolutivo quinto de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10).
El escrito de 3 de mayo de 2010, a través del cual el Estado remitió al Tribunal “una copia de la decisión judicial del H[á]beas Corpus a favor del señor Juan Almonte Herrera”.
La comunicación de 12 de mayo de 2010, mediante la cual la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al informe estatal de 30 de abril de 2010 (supra Visto 15).
La República Dominicana es Estado Parte en la Convención Americana desde el 19 de abril de 1978 y, de acuerdo con el artículo 62 de la misma, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999.
El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
El artículo 27 del Reglamento de la Corte dispone:
La disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene este Tribunal, ya que el principio básico del derecho de la responsabilidad del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, ha señalado que los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)1.
En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. La orden de adoptar medidas es aplicable siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. De esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo2.
En razón de su competencia, en el marco de medidas provisionales corresponde a la Corte considerar única y estrictamente aquellos argumentos que se relacionan directamente con la extrema gravedad, urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro hecho o argumento sólo puede ser analizado y resuelto durante la consideración del fondo de un caso contencioso3.
De la información suministrada por la Comisión se desprende que el señor Juan Almonte Herrera se encuentra desaparecido desde el 28 de septiembre de 2009 (supra Visto 2.a), fecha en que habría sido detenido por la Policía Nacional y desde la cual no ha tenido contacto con sus familiares y representantes. Asimismo, que los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte y Ana Josefa Montilla, familiares del señor Juan Almonte Herrera, así como los señores Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, abogados, habrían sido objeto de amenazas y hostigamientos como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo para determinar el paradero del señor Almonte Herrera. La señora Montilla no se encuentra actualmente en la República Dominicana (supra Visto 2.f).
En particular, en este asunto se debe tener en cuenta que tanto los familiares del señor Juan Almonte como sus abogados han hecho diversas gestiones tendientes a averiguar su paradero, entre ellas: a) la interposición de un recurso de hábeas corpus, el cual fue concedido; b) la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana; c) diversas presentaciones ante la Procuraduría General de la República y la Dirección de Investigaciones Delictivas de la Policía Nacional, y d) denuncias en los medios de comunicación sobre la desaparición del señor Juan Almonte Herrera.
En el informe de 30 de abril de 2010 (supra Visto 15), el Estado señaló que se encontraba “realizando las gestiones pertinentes para determinar la ubicación del [señor] Almonte Herrera y sancionar a los eventuales culpables de su desaparición, desde antes de la adopción de Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana”. Sin embargo, el Estado manifestó que el señor Juan Almonte Herrera “se encuentra prófugo de la justicia por su supuesta participación en el secuestro del [señor] Eduardo A. Baldera Gómez”. Asimismo, el Estado informó que “[e]n lo que respecta a la seguridad de [Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera], se dispuso la instalación de un servicio de seguridad a todos ellos”, excepto a favor de la señora Ana Josefa Montilla, quien “está residiendo en los Estados Unidos”, aunque “el Estado está en la mejor disposición de proveérselo, si decide regresar”.
En la decisión de hábeas corpus dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de 2 de octubre de 2009 (supra Visto 16) se declaró “la ilegalidad de la prisión que guarda[ba el señor Almonte Herrera], puesto que el mismo se enc[ontraba en] prisión sin orden judicial motivada emitida por la autoridad judicial competente”, por lo que “en consecuencia se orden[ó] la inmediata puesta en libertad del [señor Juan Almonte Herrera]”. En dicha decisión también se declaró que esa orden “deb[ía] ser ejecutoria desde el tribunal, sin que ningún funcionario pu[diera] negarse a cumplir[la]”.
La Comisión Interamericana observó que “el Estado no brindó información específica sobre las gestiones que estaría emprendiendo para localizar a[l señor] Juan Almonte Herrera, ni sobre las investigaciones destinadas a sancionar a los responsables de su desaparición”. Asimismo, la Comisión refirió con preocupación que “el Estado continú[a] con la hipótesis principal de que el señor Almonte Herrera se encuentra prófugo, [sin] que aporte información destinada a investigar los indicios concretos de que hubiera sido desparecido por agentes estatales”, no obstante la decisión de hábeas corpus dictada a su favor (supra Visto 16). Además, la Comisión reiteró “que la respuesta del Estado no responde a la gravedad y urgencia de la situación en cuanto a que no indica haber adoptado medidas concretas para investigar y establecer [el] paradero [del señor Almonte Herrera] y, por lo tanto, no ha producido los resultados inmediatos que se requieren en situaciones como la presente”. Finalmente, la Comisión Interamericana indicó que “toma[ba] nota de la información aportada por el Estado en cuanto a la protección brindada a los demás beneficiarios, [pero que] se reserva[ba] el derecho a ampliar sus observaciones una vez que los beneficiarios present[aran] las propias”.
Los representantes no remitieron observaciones al Tribunal.
Después de dos prórrogas (supra Vistos 12 y 14), el Estado informó de manera general sobre “gestiones pertinentes” realizadas para determinar la ubicación del señor Almonte Herrera y sancionar a los culpables de su desaparición. El Estado no precisó dichas gestiones ni informó de resultados o avances concretos que permitan determinar con claridad el paradero y la situación en la que se encuentra el señor Almonte Herrera. Al respecto, el Tribunal observa que mientras el Estado se refirió a las acciones tendientes a sancionar a los “culpables de su desaparición”, al mismo tiempo afirmó que el señor Juan Almonte Herrera se encuentra “prófugo de la justicia”. El Estado no presentó documentación que respalde dicha afirmación.
Del expediente del presente asunto, particularmente de la decisión de hábeas corpus mediante la cual se ordenó la liberación del señor Juan Almonte Herrera, se desprende que éste fue detenido sin orden judicial por autoridades estatales y que a pesar de la orden emitida para que fuera puesto en libertad, éste sigue desaparecido. El Tribunal insiste en que ante la falta de información sobre su paradero, es dable presumir que el señor Almonte Herrera se encuentra en grave riesgo de que sus derechos a la vida, a la libertad e integridad personales sean vulnerados.
La Corte reitera al Estado que el artículo 1.1 de la Convención establece las obligaciones generales que tienen los Estados Parte de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, las cuales se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares. Esta Corte ha considerado que el Estado se encuentra en una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de libertad en razón de que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas4.
Por otra parte, el Estado informó nuevamente de manera general que dispuso la instalación de un servicio de seguridad para los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera. Sin embargo, el Estado no hizo referencia a la manera en que estaría funcionando dicho servicio de seguridad, tal y como fue señalado por el Presidente del Tribunal en la Resolución de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10, Considerando décimo quinto) ni presentó documentación alguna que permita al Tribunal verificar esa información. A pesar de la solicitud del Presidente de la Corte para que el Estado presentara “información concreta y detallada respecto de las medidas provisionales implementadas a favor de cada uno de [los] beneficiarios a efecto de que pu[diera] ser valorada por el Tribunal” (supra Visto 10, Considerando vigésimo segundo), la información del Estado no proporciona elementos para verificar la implementación efectiva de medidas para su protección. Además, como se desprende de dicha Resolución (supra Visto 10, Considerando vigésimo primero), “[l]as medidas provisionales deben ser diseñadas e implementadas dando plena participación a sus beneficiarios y representantes, teniendo en cuenta sus necesidades especiales de protección de acuerdo a las circunstancias específicas del asunto”, y “[e]l Estado debe valorar el riesgo concreto en que se encontraría cada uno de los beneficiarios para determinar los medios específicos de protección”. Sin embargo, el Estado no presentó información al respecto.
El Tribunal toma nota de que la señora Ana Josefa Montilla se encuentra fuera del territorio del Estado y de la expresión de voluntad de éste en el sentido de que se encuentra “en la mejor disposición” para proporcionarle un servicio de seguridad si dicha persona decide regresar al país. Lo anterior es consecuente con lo ordenado por el Presidente del Tribunal en la Resolución de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10, punto Resolutivo tercero).
La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales (supra Visto 1) y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 (supra Visto 10) se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. Particularmente respecto al señor Juan Almonte Herrera, además se encuentra amenazada y en grave riesgo su libertad personal. En consecuencia, la Corte Interamericana estima necesaria la protección de dichas personas a través de medidas provisionales, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana.
El Estado debe realizar las gestiones pertinentes para que las medidas provisionales ordenadas en la presente Resolución se planifiquen y se apliquen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden en forma diligente y efectiva. La Corte destaca que resulta imprescindible la participación positiva del Estado y particularmente de los representantes, con el fin de coordinar la implementación de las medidas provisionales en el presente asunto.
El Tribunal reitera que es necesario que el Estado presente a la Corte, en el plazo establecido en la parte resolutiva de la presente Resolución, información concreta y detallada respecto de las medidas provisionales implementadas a favor de cada uno de sus beneficiarios a efecto de que pueda ser valorada por el Tribunal. Asimismo, reitera que el Estado deberá remitir toda aquella documentación que considere pertinente al respecto.
en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31 del Reglamento del Tribunal,
Ratificar en todos sus términos la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de marzo de 2010 y, por consiguiente, requerir al Estado que mantenga las medidas que estuviere implementando, así como también adopte, de forma inmediata, las medidas complementarias que sean necesarias para proteger la vida, la libertad e integridad personales del señor Juan Almonte Herrera, y la vida e integridad de los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, así como de la señora Ana Josefa Montilla, si decide regresar a la República Dominicana.
Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden de forma diligente y efectiva y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas provisionales adoptadas en conformidad con esta decisión.
Solicitar a los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones en un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado que se indican en el punto resolutivo anterior.
Solicitar a la Secretaría que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales.
Margarette May Macaulay Alberto Pérez Pérez
*La Jueza Rhadys Abreu Blondet, de nacionalidad dominicana, se excusó de conocer del trámite de las presentes medidas provisionales, de conformidad con los artículos 19 del Estatuto y 21 del Reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado por el Tribunal en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, lo cual fue aceptado por la Corte.
1Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de junio de 1998, Considerando sexto; Asunto Guerrero Larez. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2009, Considerando quinto, y Caso Rosendo Cantú y otra. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2010, Considerando sexto.
2 Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, Considerando cuarto; Asunto Natera Balboa. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de febrero de 2010, Considerando séptimo. y Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 1, Considerando quinto.
3 Cfr. Asunto James y Otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando sexto; Asunto Guerrero Larez, supra nota 1, Considerando décimo sexto, y Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 1, Considerando décimo quinto.
4 Cfr. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Solicitud de Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008, Considerando undécimo, y Asunto Guerrero Larez, supra nota 1, Considerando décimo tercero.

References: resolución 
 artículo 63
 artículo 27
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 27
 artículo 63
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 63
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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