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Timestamp: 2017-12-15 18:59:44+00:00

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Vigencia desde 28 de Septiembre de 2005
ARTÍCULO 6 Responsabilidad penal de los jefes de empresa
ARTÍCULO 8 Extradición y acción penal
ARTÍCULO 10 Ne bis in idem
ARTÍCULO 11 Disposiciones internas
ARTÍCULO 12 Tribunal de Justicia
ARTÍCULO 14 Adhesión de nuevos Estados miembros
ARTÍCULO 15 Reservas
3. Conforme al apartado 4 del artículo 12:
Véase el apartado ED. de la Res. 24 octubre 2008, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 7 noviembre), por el que se publican las adhesiones por parte de Bulgaria, con entrada en vigor el 1 de diciembre de 2007 y con formulación de declaración, y Rumania, con entrada en vigor el 1 de diciembre de 2007.
Remitiéndose al Acto del Consejo de la Unión Europea de 26 de mayo de 1997,
Considerando que los Estados miembros consideran de interés común, en virtud de la cooperación establecida en el Título VI del Tratado, la mejora de la cooperación judicial en la lucha contra la corrupción;
Considerando que el Consejo, mediante Acto de 27 de septiembre de 1996, estableció un Protocolo que se refiere, en particular, a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios, ya sean comunitarios o nacionales, y que causen o puedan causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas;
Considerando que, a los efectos de la mejora de la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros, procede ir más allá de dicho Protocolo y establecer un Convenio que contemple todos los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros en general;
Deseosas de garantizar una aplicación coherente y efectiva del presente Convenio en todo el territorio de la Unión Europea,
c) «funcionario nacional»: el «funcionario» o el «empleado público» tal como se defina ese concepto en el Derecho nacional del Estado miembro en que la persona de que se trate tenga esta condición a los fines de la aplicación del Derecho penal de dicho Estado miembro.
No obstante, cuando se trate de diligencias judiciales en las que esté implicado un funcionario de un Estado miembro incoadas por otro Estado miembro, éste sólo deberá aplicar la definición de «funcionario nacional» en la medida en que esa definición sea compatible con su Derecho nacional.
2. Cuando un Estado miembro haya promulgado legislación especial sobre actos u omisiones de los que sean responsables ministros del Gobierno por su especial posición política en dicho Estado miembro, el apartado 1 podrá no aplicarse a dicha legislación, siempre y cuando el Estado miembro garantice que los miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas también están cubiertos por la legislación penal por la que se aplican los artículos 2 y 3.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones aplicables en cada Estado miembro en materia de procedimiento penal y de determinación de los órganos jurisdiccionales competentes.
4. El presente Convenio se aplicará respetando plenamente las disposiciones pertinentes de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, del Estatuto del Tribunal de Justicia y de los textos adoptados para la aplicación de los mismos, en lo relativo a la suspensión de las inmunidades.
c) la infracción se cometa contra una de las personas mencionadas en el artículo 1 o contra un miembro de las instituciones de la Comunidad Europea mencionadas en el apartado 1 del artículo 4 que sea al mismo tiempo nacional de ese Estado;
d) el autor de la infracción sea un funcionario comunitario al servicio de una institución de la Comunidad Europea o de un organismo creado de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate.
2. Todo Estado miembro, cuando uno de sus nacionales sea presunto autor en otro Estado miembro de una infracción tipificada de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los artículos 2, 3 y 4, y no conceda la extradición de dicha persona al otro Estado miembro únicamente debido a su nacionalidad, deberá someter el asunto a sus autoridades competentes para que éstas efectúen, si procede, las correspondientes diligencias judiciales. Con el fin de que puedan realizarse tales diligencias, se remitirán los documentos, informaciones y objetos relativos a la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957. Se informará al Estado miembro requirente de las diligencias efectuadas y de su resultado.
3. A los efectos del presente artículo, se considerarán «nacionales» de un Estado miembro los definidos como tales de conformidad con cualquier declaración que dicho Estado miembro haya hecho con arreglo a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición.
b) si los hechos a que se refiere la sentencia extranjera constituyeran un delito contra la seguridad u otros intereses igualmente esenciales de ese Estado miembro;
c) si los hechos a que se refiere la sentencia extranjera hubieran sido cometidos por un funcionario del Estado miembro de que se trate con incumplimiento de las obligaciones de su cargo.
4. Las excepciones que hayan sido objeto de una declaración en virtud del apartado 2 no se aplicarán cuando, por los mismos hechos, el Estado miembro interesado hubiera pedido al otro Estado miembro el procesamiento o hubiera concedido la extradición de la persona de que se trate.
5. El presente artículo no afectará a los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre los Estados miembros sobre esta materia ni a las declaraciones correspondientes.
2. Todo litigio relativo al artículo 1, con excepción de la letra c), o a los artículos 2, 3 y 4, entre uno o varios Estados miembros y la Comisión de las Comunidades Europeas, en la medida en que se refiera a una cuestión de Derecho comunitario o a los intereses financieros de las Comunidades, o estén implicados miembros o funcionarios de las instituciones comunitarias o de los organismos creados de acuerdo con los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, que no haya podido resolverse por vía de negociación, podrá ser sometido al Tribunal de Justicia por una de las partes en el litigio.
3. Cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre una cuestión relativa a la interpretación de los artículos 1 a 4 y 12 a 16, planteada en una causa pendiente ante aquél, en la que estén implicados miembros o funcionarios de las instituciones comunitarias o de los organismos creados de acuerdo con los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, que actúen en el ejercicio de sus funciones, si estima necesaria una resolución al respecto para poder emitir su fallo.
4. La competencia del Tribunal de Justicia a que se refiere el apartado 3 estará subordinada a su aceptación por el Estado miembro de que se trate, manifestada en una declaración en ese sentido efectuada en el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 del artículo 13, o bien en cualquier momento posterior.
5. Todo Estado miembro que haya efectuado una declaración con arreglo al apartado 4 podrá limitar a sus órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno la facultad de pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial.
6. Serán aplicables el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y su reglamento de procedimiento. Con arreglo a dicho Estatuto, cualquier Estado miembro, o la Comisión, haya o no hecho una declaración con arreglo al apartado 4, podrá presentar memorias u observaciones escritas al Tribunal de Justicia en asuntos que se planteen en virtud del apartado 3.
2. Los Estados miembros notificarán al Secretario General del Consejo de la Unión Europea la conclusión de los procedimientos requeridos por sus respectivas normas constitucionales para la adopción del presente Convenio.
3. El presente Convenio entrará en vigor a los noventa días de la notificación contemplada en el apartado 2 por parte del Estado miembro que efectúe en último lugar esta formalidad.
4. Hasta que entre en vigor el presente Convenio cualquier Estado miembro podrá declarar, en el momento de la notificación a que se refiere el apartado 2 o en cualquier momento posterior, que el presente Convenio, con excepción de su artículo 12, será aplicable en lo que a él respecta, en sus relaciones con los Estados miembros que hayan formulado igual declaración. Respecto del Estado miembro que haya efectuado tal declaración, el presente Convenio será aplicable a partir del primer día del mes que siga a la expiración de un plazo de noventa días contados desde el depósito de su declaración.
5. Todo Estado miembro que no haya efectuado declaración alguna con arreglo al apartado 4 podrá aplicar el Convenio con otros Estados miembros contratantes en virtud de acuerdos bilaterales.
4. El presente Convenio entrará en vigor, con respecto a cada Estado que se adhiera a él, noventa días después de la fecha del depósito de su instrumento de adhesión o en la fecha de entrada en vigor del Convenio si éste no hubiera entrado todavía en vigor al término de dicho período de noventa días.
5. Si el presente Convenio no hubiera entrado todavía en vigor en el momento del depósito del instrumento de adhesión, se aplicarán a los Estados que se adhieran al mismo las disposiciones del apartado 4 del artículo 13.
el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete,
Países Firma Manifestación consentimiento Entrada en vigor
Alemania (1) 26-05-1997 08-10-2003 28-09-2005
Austria (1) 26-05-1997 19-01-2000 28-09-2005
Bélgica 26-05-1997 12-03-2002 28-09-2005
25-10-2004 (Ad) 28-09-2005
Dinamarca (1) 26-05-1997 02-10-2000 28-09-2005
30-09-2004 (Ad) 28-09-2005
21-09-2004 (Ad) 28-09-2005
España (1) 26-05-1997 20-01-2000 28-09-2005
17-01-2005 (Ad) 28-09-2005
Finlandia (1) 26-05-1997 18-12-1998 28-09-2005
Francia (1) 26-05-1997 04-08-2000 28-09-2005
Grecia (1) 26-05-1997 11-04-2001 28-09-2005
13-06-2005 (Ad) 28-09-2005
Irlanda 26-05-1997 11-03-2003 28-09-2005
Italia (1) 26-03-2003 06-03-2003 28-09-2005
14-04-2004 (Ad) 28-09-2005
28-05-2004 (Ad) 28-09-2005
30-06-2005 28-09-2005
Países Bajos (1) 26-05-1997 28-03-2002 28-09-2005
25-01-2005 (Ad) 28-09-2005
Portugal (1) 26-05-1997 03-12-2001 28-09-2005
Reino Unido (1) 26-05-1997 11-10-1999 28-09-2005
Suecia (1) 26-05-1997 10-06-1999 28-09-2005
La República de Austria declara, de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del Convenio, que no estará obligada por el apartado 1 del artículo 10 del Convenio en los casos siguientes:
a) cuando los hechos a que se refiera la sentencia hayan tenido lugar, en todo o en parte, en su territorio. No obstante, en este último caso, esta excepción no se aplicará si esos hechos han tenido lugar en parte en el territorio del Estado miembro en que se haya dictado la sentencia;
complot contra la seguridad del Estado y preparación de un complot contra la seguridad del Estado (artículos 242 y 244 del Código Penal austriaco);
asociación con el fin de perjudicar al Estado (artículo 246 del Código Penal austriaco);
denigración del Estado y de sus símbolos (artículo 248 del Código Penal austriaco);
atentados contra los órganos supremos del Estado (artículos 249 a 251 del Código Penal austriaco);
alta traición (artículos 252 a 258 del Código Penal austriaco);
infracciones penales cometidas contra el ejército austriaco (artículos 259 y 260 del Código Penal austriaco);
infracciones penales cometidas por una persona contra un funcionario austriaco (apartado 4 del artículo 74 del Código Penal austriaco) en el ejercicio o a causa del ejercicio de sus funciones;
infracciones según la ley sobre comercio exterior e
infracciones según la ley sobre material de guerra;
c) cuando los hechos a que se refiera la sentencia dictada en el extranjero hayan sido cometidos por un funcionario austriaco (apartado 4 del artículo 74 del Código Penal austriaco) infringiendo las obligaciones de su cargo.
a) La República de Austria reconoce la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Convenio;
?1. Finlandia sólo aplicará a sus nacionales las reglas previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 del Convenio, de conformidad con el punto 11 del Capítulo 1 del Código Penal finlandés, en la medida en que la infracción también sea punible en virtud de la ley del lugar donde se haya cometido y pudiera asimismo ser considerada como tal por un tribunal del país extranjero. Se excluye imponer en Finlandia sanciones más severas que las previstas por la ley del lugar en que se haya cometido la infracción.
2. Finlandia no aplicará las reglas previstas en las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 7 del Convenio.
3. Finlandia no estará obligada por el apartado 1 del artículo 10 del Convenio en los casos a que se refieren las letras a) a c) del apartado 2 del artículo 10.
4. Finlandia acepta que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Convenio, cualquier tribunal finlandés pueda solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que resuelva con carácter prejudicial en los casos contemplados en el mencionado artículo.»
de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del Convenio:
que Suecia podrá perseguir a una persona que haya sido juzgada por los mismos hechos en otro Estado miembro de la Unión Europea cuando esos hechos
a) hayan tenido lugar, en todo o en parte, en territorio sueco (letra a del apartado 2 del artículo 10), o
que los tribunales suecos podrán solicitar del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la interpretación, con carácter prejudicial, del Convenio. Esta posibilidad no se limitará a los órganos jurisdiccionales que resuelvan en última instancia;
de conformidad con el apartado 4 del artículo 13 del Convenio:
que el Convenio será aplicable con respecto a Suecia, incluso antes de su entrada en vigor, en su relación con los Estados miembros que hayan formulado idéntica declaración.
El presente Convenio entró en vigor de forma general y para España el 28 de septiembre de 2005.
8 de marzo de 2006.-

References: ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 resolución 
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 13