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Timestamp: 2018-01-23 08:13:45+00:00

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BUENOS AIRES, 03 de Marzo de 2011
RESOLUCIÓN Nº 16.527
VISTO el Expediente Nº 1808/08 rotulado “INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A. s/ verificación de libros contables y sociales”; lo dictaminado a fs. 360/369 y 370/381 en la Subgerencia de Sumarios y a fs. 382/386 por la Gerencia General; y
Que por Resolución Nº 16.103 del 29/04/09 esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) ordenó instruir sumario (fs. 104/109):
(i) a INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A. (IASA) y a sus directores al momento de los hechos investigados, Sres. Luis Santiago DELCASSÉ, José MREJEN y Mónica ZÓMBOLO, por posible infracción a los artículos 43, 44, 48 y 54 inc. 2° del Código de Comercio (Cod. Com.), y artículos 59, 73 y 238 de la Ley N° 19.550 (LSC);
(ii) a la síndico de esa sociedad, Sra. Patricia LAMBRECHTS, por presunto incumplimiento del art. 294 inc. 1° y 9° LSC y Resolución Técnica (RT) N° 15 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE), Anexo I Punto 1.1.a) y Anexo II Punto I d), e) y f); y
(iii) a su auditor externo, Sr. Gustavo Pablo CURONE, por posible infracción a la RT N° 7 de la FACPCE (Normas de Auditoría), Punto III, B.2.1., Punto III, B. 2.5.1.2., 2.5.2 y 2.9 y Anexo I punto 1.1. a).
Que en el último trimestre del año 2007 IASA se registró como PyME en el régimen de oferta pública (fs. 82), y fue motivo de diversas verificaciones por esta CNV sobre el estado de sus libros societarios y contables (fs. 2/3), a raíz de las cuales se observó:
(i) el 26/06/08, que en el Libro de Inventarios y Balances N° 1, en todas las notas a los estados contables, y en el de Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 faltaban firmas; y que el Libro de Actas de Directorio no estaba a disposición;
(ii) el 05/09/08 (fs. 4/5) entre otras omisiones se verificó: (a) la falta de firmas en la totalidad de las fojas de otros libros, (b) no se habían inicialado los estados contables intermedios y (c) el folio 2 del Libro de Actas de Directorio N° 1 se encontraba en blanco sin anular, al igual que el de Actas de Asamblea N° 1 (ver acta de fs. 48/49);
(iii) si bien algunas de estas omisiones fueron luego subsanadas (ver fs. 72 y fs. 73) quedó pendiente la trascripción de los inventarios de los ejercicios comprendidos entre el 31/3/2003 y el 31/3/2008.
1.2. Los cargos.
Que según la Resolución N° 16.103 (fs. 104/109) tales omisiones importaban la presunta infracción del artículo 54 inciso 2° del Cód. Com. ( - por reenvío del artículo 73 primer párrafo LSC -, en cuanto establece que los libros societarios deben cumplir las formalidades de los de comercio; y como corolario de ello la imposición de redactar actas societarias según requisitos extrínsecos e intrínsecos de los libros de comercio, que se completan con las firmas de todos los asistentes al acto.
Que lo observado en la sociedad evidenció desprolijidad en la forma de llevar la contabilidad, los libros societarios y sus actas; y la desatención en la importancia de otorgar seguridad jurídica a los actos allí contenidos.
Que estas circunstancias comprometían la conducta de los administradores de la sociedad en los términos del artículo 59 LSC, en tanto en el ejercicio de sus funciones no demostraron obrar con lealtad y diligencia propias de un buen hombre de negocios.
Que la responsabilidad por las presuntas infracciones de la sociedad y de sus administradores se extiende a los miembros del órgano de fiscalización por aplicación del artículo 294 inciso 9 LSC, quienes si bien no ejercen la dirección de la sociedad, tienen por ley la imposición de fiscalizar en forma constante, rigurosa y eficiente a los directores respecto del cumplimiento de normas legales, reglamentarias y estatutarias.
Que a su vez el síndico habría incurrido en una posible infracción a la RT N° 15, Anexo I Punto 1.1. a) y Anexo II Punto I, d), e) y f), al no haber verificado que los libros contables se apartaban de las formalidades de la normativa.
Que el Auditor Externo habría incumplido la exigencia de la RT N° 7 de la FACPCE (Normas de Auditoría), por falta de un conocimiento cabal de la estructura de la sociedad, de sus operaciones, y de sus sistemas, cotejándolos con los estados contables; y el control de cumplimiento de la normativa (conf. Punto III, B.2.1., Punto III, B. 2.5.1.2., 2.5.2 y 2.9 de la RT N° 7 y Anexo I punto 1.1. a).
1.3. Los descargos
Que en presentación única y conjunta los directores, la síndico y el auditor externo de IASA – en el ejercicio de sus respectivas funciones para la sociedad –, reconocieron las omisiones incurridas, pero alegaron que al momento de presentar el descargo habían quedado subsanadas.
Que en su solicitud de eximisión de sanciones sostuvieron que IASA tuvo corta trayectoria bajo supervisión de la CNV, que careció de antecedentes sancionatorios, y que los errores incurridos fueron menores, producto del exceso de actividades.
Que para diferenciar incumplimientos respecto de lo normado por los artículos 48 y concordantes del Cód. Com., y los del artículo 73 LSC, argumentaron que en libros estrictamente societarios como en “actas de directorio y de asambleas” son inevitables las alteraciones, blancos o interlineados, siendo vedadas tales alteraciones en libros de contabilidad; y que según dice la doctrina, las actas societarias conservan fuerza probatoria hasta tanto sea declarada su falsedad.
Que a su criterio no existe plazo para la firma de actas de Directorio y que la falta de firmas en actas de Asamblea fue subsanada de inmediato.
Que la síndico, por su parte, manifestó que el artículo 48 del Cod.Com. no establece un plazo para transcribir los estados contables en el Libro de Inventarios y Balances, y sin embargo la información contable se presentó en tiempo oportuno ante la CNV; que en todo caso se trató de un error involuntario en la gestión empresaria, subsanado de inmediato y ajeno a la labor de la síndico.
Que en su opinión la imputación de infracciones a los directores con sustento en los artículos 59 y 274 LSC, precisa la verificación de daños al patrimonio social.
Que el auditor externo sostuvo ser ajeno a la preparación de estados contables que se auditan, de responsabilidad del ente; dijo que el trabajo de auditoría consiste en informar correctamente los resultados obtenidos, y en ello dar una opinión imparcial de los estados contables que revisa el auditor.
Que el 12/05/09 se notificó a los sumariados la Resolución de apertura del sumario (fs. 112/117); éstos presentaron su descargo (fs. 325/327) y adjuntaron a copias de sus libros sociales en ofrecimiento de prueba documental (fs. 120/324) cuya autenticidad certificó luego la Subgerencia de Sumarios (fs. 329).
Que en ocasión de la audiencia preliminar, se relacionaron los hechos motivo de los cargos y los sumariados pidieron declarar la cuestión como de puro derecho (fs. 342/343).
Que previo a ello esta CNV solicitó a la Subgerencia de Normativas Contables y Estudios Económicos un dictamen técnico acerca del efectivo cumplimiento de las omisiones verificadas, y sobre los alcances de la normativa aplicable al caso (fs. 347/348).
Que obtenido dicho informe esta CNV consideró la cuestión como de puro derecho y sujeta a las constancias del expediente (fs. 355/356), dando lugar a que la sociedad sumariada presentase un memorial de lo actuado (fs. 358/359).
3.- Examen de los cargos y constancias del expediente
3.1. Que en respuestas a las vistas conferidas, los sumariados reconocieron los hechos motivo de la instrucción del sumario; como también en su descargo, al manifestar que subsanaron “las omisiones formales detectadas”, calificándolas en su intento exculpatorio de meros errores que no ocasionaron perjuicios al ente social o a terceros.
Que en la audiencia preliminar agregaron a lo anterior que las observaciones “se subsanaron mal o erróneamente, y que se trata de una pequeña empresa con poco personal, no habiendo nadie abocado a este trabajo” (fs. 342).
3.2. Que en el régimen de oferta pública no es esgrimible el incumplimiento de una obligación básica como la de contar con una organización administrativa adecuada para atender los requerimientos del sistema; cuando además la sumariada goza de un régimen diferencial para pequeñas y medianas empresas con imposición de menores cargas, que tienden a facilitar el acceso al financiamiento.
Que no hubo tal enmienda inmediata de las observaciones, y ninguna respecto de las verificadas el 26/06/08 y 05/09/08; no habiéndose además acreditado la transcripción de los inventarios en el Libro pertinente, por los ejercicios comprendidos entre el 31/03/03 y 31/03/07 (ver fs. 351).
Que en relación al “Libro Inventario y Balances N° 1” se observó la falta de trascripción del Inventario así como la omisión de firmas desde el folio 121 hasta el 142 y en todas las notas de los estados contables.
3.3. Que según doctrina el inventario es “…el relevamiento analíticamente procesado, y su comprobación contable del activo y pasivo de la empresa, con indicación de sus valores a la fecha en que se practica”; “… es la base para la composición del balance”, como que un “…balance sin inventario carece de significación contable económica” (Alfredo R. Popritkin, “Fraude y Libros Contables”, pag. 82, Buenos Aires, La Ley, 2004); y la inexistencia de inventario dificulta del control e integración de los activos y pasivos (Cabanellas de las Cuevas, Derecho Societario – Parte General – Contabilidad y Documentación societaria, pag. 46/47, Buenos Aires, Edit. Heliasta, 1999).
Que las carencias de firmas en inventarios y balances, contraviene lo que claramente exige el artículo 48 del Cod. Com. para todos los interesados “que se hallen presentes al tiempo de su formación”.
Que en lo tocante a la existencia de blancos sin anular, y contrariamente a lo sostenido por los sumariados, no puede ignorarse que el artículo 73 LSC que las actas de las deliberaciones de los órganos colegiados deben labrarse en libro especial, “con las formalidades de los libros de comercio”, siendo por ende plenamente aplicable lo dispuesto por el artículo 54 inciso 2° del Cód. Com.
Que la ausencia de firmas en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1 en relación a la Asamblea General Ordinaria del 24/07/07, también contraviene lo dispuesto por el artículo 238 LSC al establecer que “los accionistas o sus representantes que concurren a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará constancia de sus domicilios, documentos de identidad y número de votos que les corresponda”.
3.4. Que la caracterización de las inobservancias como meros errores involuntarios y/o formales y/o “errores administrativos menores producto de un exceso de actividades materiales en una pequeña empresa que no cuenta con una gran cantidad de personal a su cargo…”, se muestra irrelevante por no constituir errores excusables o indiferentes.
Que en cualquier caso, “la afirmación de que el error fue involuntario denota falta de diligencia exigible” (Dictamen Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de 17.11.99, “Comisión Nacional de Valores – Value Calificadora de Riesgo S.A. s/sumario”).
3.5. Que en cuanto a que “no existió intencionalidad de orden infraccional reprochable a título de dolo…” vale comprender que en el marco genérico del derecho del mercado, uno de cuyos segmentos corresponde al mercado de capitales, se considera razonable entender que las normas no conminan con penas determinadas conductas, sino que éstas quedan configuradas por las acciones u omisiones contrarias a la ley o a su reglamento; no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal, ni se requiere dolo; las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión, de modo que la constatación de las faltas genera la consiguiente responsabilidad del infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna causa válida de exculpación (Cam.Nac.Cont.Adm.Fed. Sala III, Banco Serrano Cooperativo Limitado c/Banco Central de la República Argentina s/apel. Resolución 1038/1991, del 15/10/1996 y Sala II “BCRA en autos Banco de Intercambio Regional (en liquidación) del 02/02/1996).
Que a título referencial, en la especie, por la ubicación del domicilio social de la emisora, cobra resalto que la CNV es su única autoridad de control (conf. Leyes 17.811 y 22.315).
Que en este punto Directorio resolvió el 17/08/06: “…convalidar la doctrina que pone en cabeza del obligado el observar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en forma oportuna, íntegra y espontánea” (fs. 23 del Expte. N° 926/06).
Que no resulta ocioso tener presente que la confección y consiguiente divulgación de la información contable es “congruente no sólo con la limitación de responsabilidad propia de tal tipo societario sino con la función de la sociedad comercial – en particular de la sociedad por acciones – como institución jurídica que permite la acumulación de capital para actividades lucrativas…” (CNCom. Sala D, 11/02/09, “Inspección General de Justicia c/Fragún S.A. s/ordinario”).
3.6. Que en relación a los miembros de los órganos societarios el patrón de apreciación de conductas surgido del artículo 59 LSC, es la diligencia del buen hombre de negocios, que “impone la previsión de acontecimientos que no resultan absolutamente desacostumbrados en el ámbito de la actividad de la que se trata, según la experiencia común” (CNCom. Sala D, 09/11/95, La Ley t. 1996-B, pag. 193, fallo 94.163).
Que según es jurisprudencia la responsabilidad de éstos nace de la sola circunstancia de integrarlos, y debe juzgarse en función de la actividad (u omisión) del órgano, aunque sus integrantes no hayan intervenido particularmente en los actos disvaliosos (CNCom. Sala C, 11/06/96, Minetti y Cia. Ltda.. SA., J.A. 1997-1-612 N° 970620).
Que en todo caso “…en el régimen de policía administrativa la constatación de la comisión de infracciones genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (Cam. Nac. Cont. Adm. Fed, Sala II del 08/02/1996, en la causa 21.997 “Banco de Intercambio Regional S.A. (en liquidación) s/instrucción de sumario”)
3.7. Que en particular el síndico de la sociedad tiene la carga de “vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias”, por lo que los incumplimientos incurridos por la sociedad y el órgano de administración implican una falta de ejercicio del “derecho-deber” establecido en el artículo 294, inc. 1) y 9) LSC; como también de la RT N° 15 de la FACPCE (Anexo I punto 1.1.a) y Anexo II punto I d), e) y f)), en tanto su falta de vigilancia del cumplimiento aludido de los órganos sociales comprometen su responsabilidad, aún cuando no hayan participado activamente en los actos u omisiones que se sancionan.
Que el Superior ha entendido que “es exigible a los síndicos que fiscalicen los libros de la sociedad en forma periódica”, debiendo en su caso acudir a algunos de los recursos que la ley le otorga para subsanar la irregularidad (cfr. Nissen, “Ley de Sociedades Comerciales”, t.5 pag. 102) (CNCom. Sala C, “Comisión Nacional de Valores – Equity Trust Company (Argentina) S.A. s/verificación contable” del 31/10/2008).
Que en lo tocante al auditor externo, las normas de autoría (RT. N° 7 de la FACPCE, en particular Punto III B. 2.1, B. 2.5.1.2, 2.5.2 y 2.9) le exigen un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones, sistemas y las normas legales que le son aplicables, comprobar que las actividades formales de control de los sistemas se aplican en la práctica, el cotejo de los estados contables con los registros de contabilidad y emitir informe teniendo en cuenta las disposiciones legales, reglamentarias y profesionales que fuesen de aplicación.
Que contrariamente a lo manifestado los informes de este profesional colisionan con lo constatado en el Libro de Inventarios y Balances de la sociedad.
3.8. Que en el caso las transgresiones verificadas, dentro del particular contexto del mercado de valores, evidencian potencia para afectar la confianza que debe imperar en el mismo; y no existen elementos capaces de permitir la diferenciación de actuaciones individuales distintas de otras con relación a los miembros de los órganos de administración y fiscalización.
3.9. Que en cuanto a la alegada ausencia de peligro o perjuicio para la emisora o terceros, la jurisprudencia ha considerado que “…la existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias…” (CNCom., Sala B, 16/10/2003, “Comisión Nacional de Valores c/FCI Chacarero II), y el peligro se produce con la misma inobservancia de la normativa.
4. Que lo expuesto lleva a tener por acreditados los cargos formulados en la Resolución N° 16.103 y justifica una sanción a la sociedad sumariada, cuya aplicación habrá de recaer solidariamente en los miembros de los órganos societarios sumariados y del auditor externo; contemplándose en la aplicación de la sanción – en orden a lo establecido en el art. 10 de la Ley N° 17.811 (modif. por Dto. N° 677/01) - que los sumariados carecen de antecedentes sancionatorios, que las faltas reprochadas no generaron beneficios o perjuicios materiales inmediatos, y por su calificación como PyMe el volumen operativo de la emisora, por definición, luce atenuado.
ARTÍCULO 1º.- Aplicar a INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. la sanción de MULTA que se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), que se hará efectiva en forma solidaria por: (i) sus directores Sres. Luis Santiago DELCASSÉ, José MREJEN y Mónica ZÓMBOLO por infracción a los artículos 43, 44, 48 y 54 inciso 2° del Código de Comercio y 59, 73 y 238 de la Ley N° 19.550; (ii) la síndico Sra. Patricia LAMBRECHTS por su infracción al artículo 294 incisos 1° y 9° de la Ley N° 19.550 y Resolución Técnica N° 15 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Anexo I Punto 1.1.a) y Anexo II Punto I d), e) y f); (iii) el auditor externo Gustavo Pablo CURONE, por su infracción a la Resolución Técnica N° 7 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Normas de Auditoria), Punto III, B.2.1., Punto III, B. 2.5.1.2., 2.5.2. y 2.9 y Anexo I punto 1.1. a).
ARTÍCULO 2°.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (sita en calle 25 de Mayo Nº 175, Piso 11 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.), dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha en que esta Resolución quede firme (conf. art. 10 bis, Ley N° 17.811; texto s/ Anexo Dto. N° 677/01). En caso de que el pago se efectivice fuera del término estipulado la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los intereses correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Registrar y notificar a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES con copia autenticada de esta Resolución para su publicación en su Boletín Diario, e incorporarla en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar. Firmado: Alejandro VANOLI, Presidente; Hernán FARDI, Vicepresidente; Dr. Héctor O. HELMAN, Director.

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 artículo 54
 artículo 73
 artículo 59
 artículo 294
 artículo 73
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 artículo 73
 artículo 54
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