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Timestamp: 2018-02-25 17:39:24+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 342/2012, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 108/2012, 13-07-2012 | Iberley
Toro Alcaide, Juan Carlos
Sentencia Penal Nº 342/2012, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 6, Rec 108/2012 de 13 de Julio de 2012
Sentencia Penal Nº 266/2013, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 105/2013, 04-07-2013
Órden: Penal Fecha: 04/07/2013 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Toro Alcaide, Juan Carlos Num. Sentencia: 266/2013 Num. Recurso: 105/2013
Sentencia Penal Nº 685/2013, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 303/2013, 04-12-2013
Órden: Penal Fecha: 04/12/2013 Tribunal: Ap - Malaga Ponente: Garcia Gutierrez, Francisco Javier Num. Sentencia: 685/2013 Num. Recurso: 303/2013
Sentencia Penal Nº 109/2014, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 21/2014, 18-02-2014
Órden: Penal Fecha: 18/02/2014 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Rodriguez Martinez, Lamberto Juan Num. Sentencia: 109/2014 Num. Recurso: 21/2014
Sentencia Penal Nº 216/2010, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 314/2010, 23-07-2010
Órden: Penal Fecha: 23/07/2010 Tribunal: Ap - La Rioja Ponente: Santisteban Ruiz, Alfonso Num. Sentencia: 216/2010 Num. Recurso: 314/2010
Sentencia Penal Nº 88/2015, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 1039/2014, 12-02-2015
Órden: Penal Fecha: 12/02/2015 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Toro Alcaide, Juan Carlos Num. Sentencia: 88/2015 Num. Recurso: 1039/2014
Resolución No Vinculante de DGT, 0727-02, 16-05-2002
Órgano: Sg De Impuestos Especiales Y De Tributos Sobre El Comercio Exterior Fecha: 16/05/2002
Núm. Resolución: 0727-02
Resolución No Vinculante de DGT, 2119-03, 10-12-2003
Órgano: Sg De Impuestos Especiales Y De Tributos Sobre El Comercio Exterior Fecha: 10/12/2003
Núm. Resolución: 2119-03
Resolución de TEAC, 00/1505/2009, 11-05-2010
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 11/05/2010
Núm. Resolución: 00/1505/2009
Ponente: Toro Alcaide, Juan Carlos
Núm. Sentencia: 342/2012
Núm. Recurso: 108/2012
Núm. Cendoj: 38038370062012100317
D./Da. JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
D./Da. JUAN CARLOS TORO ALCAIDE (Ponente)
D./Da. ANA ESMERALDA CASADO PORTILLA
En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2012.
Visto en grado de Apelación, en nombre de S.M. El Rey, el Rollo No 108/2012 derivado del Jucio rápido 256/2009, seguido en el Juzgado de lo Penal Número Tres de Santa Cruz de Tenerife y habiendo sido partes de la una y como apelante Belarmino representado por la Procuradora de los Tribunales Dna. Cristina togores Guigou y defendido por el Letrado José Domingo Flores siendo parte el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Que Por el Juzgado de lo Penal Número Tres resolviendo en el referido Juicio Rápido, con fecha 11 de noviembre de 2011 se dictó Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Belarmino , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor responsable de un delito contra la seguridad del tráfico, previsto y penado en el art. 379.2 CP , a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un ano y y un día, así como al abono de las costas procesales."
SEGUNDO.- Que la referida resolución declara como probados los siguientes hechos: "Resulta probado y así se declara que el acusado, Belarmino , mayor de edad y sin antecedentes penales, sobre las 17:56 horas del día 6 de diciembre de 2009, en el Km. 5,5 de la TF-324 Los Realejos, condujo el vehículo matrícula SP-....-OX , después de haber ingerido bebidas alcohólicas que mermaban sus facultades para conducir, arrojando un resultado de 0,69 y 0,73 mg de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas a las que fue sometido a las 17:34 y 17:56 horas respectivamente."
TERCERO.- Que impugnada la Sentencia, con emplazamiento de las partes se remitieron a este Tribunal las actuaciones formándose el correspondiente Rollo y dado trámite al Recurso, se senaló el día de la fecha para deliberación, votación y fallo.
CUARTO.-Se aceptan los hechos declarados probados de la Sentencia apelada.
PRIMERO.- Se pretende por la defensa de la parte recurrente D. Belarmino , la revocación de la sentencia, que le condenaba como autor de un delito contra la seguridad del tráfico ( art. 379.2 Código Penal ) a seis meses multa y cuota diaria de 6 euros, además de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un 1-0-1 y costas procesales, ello al tener básicamente acreditado y en lo que aquí respecta que el la tarde del 6-XII-09, conducía tras haber ingerido sustancias alcohólicas que mermaban sus facultades conductoras, arrojando resultado de 0,69 y 0,73 MG de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas a las que respectivamente fue sometido a las 17:34 y 17:56 horas.
El hoy recurrente, solicitó que se dictara otra en que se fuera absuelto alegando como motivos de impugnación no concurrir los elementos objetivos ni subjetivos, no haber sido ratificada la denuncia por los agentes y estar medicado con Omeprazol 20 MG que produce reacciones adversas en el sistema nervioso central y periférico. Además ha de ser absuelto por haberse vulnerado el principio non bis in ídem pues ya ha sido sancionado administrativamente por la DGT, además se impugna los resultados obtenidos por el etilo metro.
SEGUNDO.- Alega error en la valoración de la prueba, y dado que la determinación de la certeza de los hechos que se declaran probados ha sido realizada a partir de la valoración de la prueba testifical practicada (agentes) y, como ha declarado la Jurisprudencia y ha sostenido esta Sala, la valoración de la credibilidad de la declaración de un testigo es un juicio que depende esencialmente de la percepción directa del tribunal de instancia (cfr. STC 167/2002 ; 197/2002 ; 198/2002 ; 200/2002 ; 212/2002 ; 230/2002 ; 68/2003 ; SSTS de 13 de noviembre de 2002 y 21 de mayo de 2002 ) y que difícilmente por tanto puede ser revisada por un Tribunal que no ha podido ver a esos testigos ni escuchar su declaración. No obstante se han de realizar varias precisiones:
a.- Respecto de la inexistencia de ratificación, aducida, se advierte que no se corresponde a la realidad, pues en la grabación consta haber, el agente NUM000 , ratificado el atestado que da lugar a este procedimiento, aportando la elusión por el conductor pretendida de del control, como indicio de su estado, y que llegados al mismo advirtió olor a alcohol y demás sintomatología que hicieron constar.
b.- Respecto de la manifestación de estar medicado (omeprazol 20 mg) que produce reacciones adversas en el sistema nervioso central y periférico. Bien es cierto que el recurrente en su día declaró estar "algo mareado", consecuencia de tomar dicho medicamentos y otro mas creyendo que pudo ellos pudieron influir en la conducción. Peor no es menos cierto que ni tal medicación consta haber sido prescrita por facultativa alguno, ello obvia la igual afirmación de que "había bebido un par de vasos de vino una hora antes con la comida", que pudieran haber sido mas, además parece anómalo la ingesta aún de escasa cantidad de alcohol, que se refiere con medicamentos que se indican, en definitiva ni esta acreditada tal medicación fuera tomada o prescrita, que corresponde al recurrente, y si la tasa de alcoholemia.
c.- Principio non bis in ídem, ya sancionado administrativamente DGT. No cabe admitir la presente por cuanto tal cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Constitucional en su sentencia núm. 2/2003, de 16 de enero , dictada por su Pleno en una situación muy parecida a la que ahora nos ocupa donde un conductor fue condenado por igual delito al de las presentes diligencias por el Juzgado de lo Penal pese a haber sido sancionado previamente en vía administrativa y la Audiencia Provincial desestimó su apelación confirmando la sentencia, si bien con abono en la ejecución penal de la multa y la privación temporal del carnet de conducir administrativas que ya había cumplido, al entender no se trataba de un doble proceso penal sino de la convergencia de un procedimiento sancionador administrativo con un proceso penal, aun incoado el primero erróneamente -como ocurre aquí- en virtud del carácter preferente de la jurisdicción penal, y donde concluyó que no procedía el amparo al no producirse "una reiteración punitiva constitucionalmente proscrita", puesto que "...el órgano judicial penal tomó en consideración la sanción administrativa impuesta para su descuento de la pena en fase de ejecución de la Sentencia penal, tanto en lo referido al tiempo de duración de la privación del carné de conducir como en lo que atane a la cuantía de la multa, e intentó impedir cualquier otro efecto de la resolución administrativa sancionadora poniendo en conocimiento de la Administración la resolución penal. De modo que no puede sostenerse que materialmente el recurrente haya sufrido exceso punitivo alguno...", razonando asimismo en su undécimo y último fundamento que "...En conclusión, en el caso examinado, las resoluciones penales no han ocasionado la vulneración del derecho a no ser sancionado en más de una ocasión por los mismos hechos con el mismo fundamento ( Art. 25.1 CE ), pues no ha habido reiteración sancionadora (bis), ni tampoco la lesión del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento punitivo por los mismos hechos ( Art. 24.2 en relación con el Art. 25.1 CE ), ya que el procedimiento administrativo sustanciado no es equiparable a un proceso penal a los efectos de este derecho fundamental...", denegando, en consecuencia, el amparo solicitado.
A la vista de lo expuesto, no ha lugar a estimar tal causa de impugnación. Siendo cierto que el Juez de lo Penal deba tener en consideración a los efectos del cumplimiento de las penas impuestas las sanciones administrativas, es decir el juez de lo pena descontaría de la sanción pecuniaria a imponer lo que acreditara haber satisfecho el recurrente.
No es el caso por cuanto el pago realizado lo ha sido después de dictarse la sentencia, por lo que el juez no ha podido saber de ella ni haber hecho por tanto el descuento por el Tribunal Constitucional determinado.
d.- Finalmente y respecto de la Impugnación de los resultados obtenidos por el etilo metro, constituye mera repetición de la alegación en primera instancia sin indicar nuevas razones de y constando allí resuelta y habiéndose impugnado la validez de la prueba, aduciendo no estar el aparato en período de validez al momento de los hechos, diciendo que certificado contenido a los 11 y 12 refieren ensayo y no verificación. Sin embargo y sin necesidad de reiterar la normativa expuesta en al sentencia advertimos que el ensayo de verificación se realizó el día 24 de septiembre de 2009 sin que hubiera transcurrido un ano desde entonces y hasta el momento de los hechos el día 6 de diciembre de 2009, ello sin mas debe llevar al desestimación.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 123 del Código Penal y 239 y 240 de la LECrim , las costas procesales, si las hubiere, serán impuestas por Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, incluidas las causadas por la acusación particular, salvo que se apreciare temeridad, que no es el caso por lo que se declaran de oficio.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación en nombre de S.M. el Rey por la autoridad conferida por el pueblo espanol.
Que procede desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Belarmino , contra la referida sentencia de *, dictada por el Juzgado de Lo Penal no 3 de Santa Cruz de Tenerife, confirmándola en todos sus extremos, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
DILIGENCIA DE PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el mismo día de su fecha, por el Sr. Magistrado Ponente, durante las horas de audiencia pública, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

References: Resolución 

Resolución 

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