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Timestamp: 2019-10-15 04:16:24+00:00

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﻿ SENTENCIA C-887 DE OCTUBRE 22 DE 2002
SENTENCIA C-887 DE 22 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL, PCS. SE DECLARAN INEXEQUIBLES EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 5, ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 16, SE DECLARA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 17 Y EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 555 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DIGITAL
Sentencia C-887 de octubre 22 de 2002
Sentencia C-887 de 2002
Ref.: Proceso D-4019
Actor: Néstor Raúl Correa Henao.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º, 9º, 16 y 17 (parciales) de la Ley 555 de 2000, “por la cual se regula la prestación de los servicios de comunicación personal, PCS y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá, D.C., octubre veintidós (22) de dos mil dos (2002).
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.883, subrayando los segmentos normativos impugnados.
ART. 5º—Principios generales de la contratación.
PAR.—En la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS intervendrá transparencia internacional, directamente o a través de su filial Transparencia Colombia, y/o un organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional, dedicado a la lucha contra la corrupción, con el objeto de salvaguardar los principios de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio y, en general, evitar cualquier forma de corrupción.
Luego de la adjudicación, la organización informará sobre la transparencia del proceso y la observancia de los principios enunciados.
ART. 9º—De la contratación.
2. Transparencia. Toda la documentación relativa al proceso será pública, salvo en los casos en que haya expresa reserva legal. Los resultados parciales y finales se publicarán en medios de comunicación de amplia circulación y difusión.
El Ministerio de Comunicaciones informará al público cuáles proponentes cumplieron con los pliegos de condiciones, por medio de comunicación de amplia circulación y difusión, antes de efectuarse el procedimiento de subasta.
El Ministerio de Comunicaciones deberá informar al público por un medio de comunicación de amplia circulación y difusión el resultado de la adjudicación.
ART. 16.—Recaudos. El recaudo total de los pagos iniciales que efectúen los operadores de PCS por las concesiones de que trata el artículo 11 de la presente ley lo hará directamente la Dirección General del Tesoro Nacional. Tal valor se constituye en un ingreso corriente de la Nación y su monto será referencia para que la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público haga aportes, por el mismo valor, a los patrimonios que Telecom y Adpostal hayan constituido o a la entidades que hagan sus veces y al fondo de comunicaciones con el objeto de atender el pago de las obligaciones pensionales.
Este aporte será distribuido así: el sesenta y cinco (65%) para el patrimonio autónomo de Telecom, veinticinco por ciento (25%) para el de Adpostal o la entidad que haga sus veces con el objeto de atender el pago de sus obligaciones pensionales y el diez por ciento (10%) al fondo de comunicaciones para que recaude y gire dicho aporte a los patrimonios o entidades que haga sus veces para contribuir a cubrir las obligaciones pensionales de las empresas oficiales y mixtas en las cuales la participación pública sea igual o superior al setenta por ciento (70%) del capital social, que presten el servicio de telefonía pública básica conmutada local o local extendida, según criterios que establezca el fondo de comunicaciones.
Dicho aporte será efectuado en la fecha en que establezca su cuantía, mediante un documento de deuda cuya amortización a capital se comenzará a más tardar tres años después de su creación y en un plazo máximo de siete años a partir de su fecha de constitución. De cualquier forma, durante el plazo de obligación se causarán intereses corrientes a una tasa de mercado determinada con base en el plazo y forma de autorización que sean establecidos.
Los pagos iniciales provenientes de las concesiones adicionales de que trata el artículo 12 de la presente ley, se destinarán al fomento de programas de inversión social en sector de las telecomunicaciones, al igual que los pagos periódicos de que trata la presente ley los cuales pertenecen al fondo de comunicaciones y se destinarán al mismo fin.
ART. 17.—Régimen de protección al usuario.
PAR. 2º—Los operadores de todos los servicios móviles de telecomunicaciones sólo podrán almacenar y registrar datos que, según las normas o pautas que fije la comisión de regulación de telecomunicaciones, y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren estrictamente relevantes para evaluar el perfil económico de sus titulares.
Cualquier daño causado con violación de esta norma dará lugar a la indemnización de perjuicios según las reglas civiles de la responsabilidad, sin perjuicio de la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política, desarrollado por el artículo 43 de la Ley 270 de 1996, y el Decreto Reglamentario 2067 de 1991, esta corporación es competente para decidir sobre los artículos impugnados de la Ley 555 de 2000.
Teniendo en cuenta los cargos propuestos en la demanda, las intervenciones de las distintas autoridades y el concepto del Procurador General de la Nación, los siguientes son los cuestionamientos que debe resolver la Corte en relación con las disposiciones impugnadas de la Ley 555 de 2000:
a) Respecto de los segmentos normativos acusados del inciso primero del parágrafo del artículo 5º que establecen la intervención de transparencia internacional o su filial Transparencia Colombia, en los procesos de licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias del sistema de comunicación personal PCS, con el fin de salvaguardar los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio y evitar cualquier forma de corrupción, la Corte debe establecer:
i) Si desconocen el principio de igualdad de oportunidades y la libre competencia en igualdad de condiciones al privilegiar a un contratista que es seleccionado directamente por el legislador, violando de esta manera los artículos 13, 333 y 334 de la Constitución.
ii) Si se privatizan las funciones de los órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, vulnerando los artículos 267, 269, 272, 273 y 277 de la Carta Política.
iii) Si se monopoliza en cabeza de dichos organismos la participación ciudadana para vigilar la gestión pública en el proceso de concesión de licencias de PCS, desconociendo los artículos 40, 103 y 270 superiores que consagran el derecho de todos los ciudadanos a participar en el control de la gestión pública.
iv) Si el Congreso se inmiscuyó en un asunto de competencia privativa del ejecutivo como es la adjudicación de los contratos, infringiendo los artículos 113 y 136, numerales 1º y 4º, de la Constitución.
v) Si al seleccionar directamente a un contratista, el legislador burló las reglas generales de contratación que él mismo había señalado en la Ley 80 de 1993, en desarrollo del artículo 150 inciso final de la Carta Política;
b) En relación con los segmentos impugnados del inciso segundo del parágrafo del artículo 5º y del numeral 2º del artículo 9º, que en su orden disponen que la organización que intervenga en la licitación de PCS también tendrá acceso a los documentos reservados y que salvo los casos de expresa reserva legal toda la documentación relativa al proceso será pública, la Corte debe determinar:
i) Si tales disposiciones hacen alusión a una reserva documental que no existe en materia de comunicaciones, desconociendo de esta manera los artículos 6º y 29 superiores que consagran el principio de legalidad y el debido proceso.
ii) Si autorizan a la administración para que señale cuáles documentos son reservados en la licitación de PCS, vulnerando el núcleo esencial del derecho de petición, del derecho de acceder a los documentos públicos y del principio de publicidad consagrados en los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Constitución.
iii) Si de existir tal autorización para el Ministerio de Comunicaciones se está empeorando para los usuarios el estatuto general de contratación, violándose el artículo 84 superior que prohíbe exigir permisos, licencias o requisitos adicionales cuando una actividad está reglamentada de manera general.
iv) Si por las mismas razones se desconoce el artículo 93 de la Carta según el cual hacen parte del ordenamiento interno los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, que garantizan la libertad de buscar, recibir informaciones salvo las excepciones expresamente fijadas en la ley.
v) Si la norma acusada entró a regular el núcleo esencial de los derechos fundamentales de información, petición y acceso a los documentos públicos contraviniendo el artículo 152 de la Carta según el cual tal determinación debe adoptarse por medio de ley estatutaria;
c) Respecto del artículo 16 de la Ley 555 de 2000, que en lo acusado dispone que el valor del monto del recaudo inicial de los pagos que hagan los operadores de PCS será referencia para que la Nación a través del Ministerio de Hacienda haga aportes por el mismo valor a los patrimonios que Telecom y Adpostal hayan constituido o a las entidades que hagan sus veces y al fondo de comunicaciones con el objeto de atender el pago de obligaciones pensionales, con arreglo a la distribución allí ordenada, y que también serán destinados a programas de inversión social en el área de las telecomunicaciones, la Corte debe establecer:
i) Si los aportes a que se refiere la norma acusada constituyen una renta de destinación específica que viola el artículo 359 superior.
ii) Si se discrimina a pensionados estatales de sectores diferentes al de las comunicaciones y al resto de los colombianos desconociendo el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
iii) Si el contenido normativo de la disposición acusada no guarda identidad temática con el objeto de la Ley 555 de 2000, violando el artículo 158 fundamental, y
d) En relación con lo impugnado del inciso final del parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 555 de 2000 que se refiere a la protección del derecho fundamental a la intimidad personal mediante la acción de tutela en los casos en que se produzcan daños por la violación de lo dispuesto en esa norma, la Corte debe establecer:
i) Si tal referencia es excluyente de otros derechos fundamentales como la honra, petición e información que también pueden ser vulnerados en el manejo de los bancos de datos por parte de los operadores de las PCS, vulnerando de esta forma el artículo 86 de la Constitución que consagra la acción de tutela.
ii) Si con tal determinación se restringe la eficacia de los derechos fundamentales excluidos de la acción de tutela, infringiendo el artículo 2º superior que establece como uno de los fines del Estado la eficacia de los derechos de los coasociados.
3. La intervención de Transparencia Internacional de la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS.
El inciso primero del parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000, dispone que en la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS intervendrá Transparencia Internacional, directamente o a través de su filial transparencia Colombia, y/o un organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional, dedicado a la lucha contra la corrupción, con el objeto de salvaguardar los principios de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio y, en general, evitar cualquier forma de corrupción.
En criterio del demandante tal determinación resulta inconstitucional, porque aparte de privatizar las funciones de los órganos de control y de usurpar una competencia que es propia del ejecutivo como es la adjudicación de los contratos, impide que otras organizaciones nacionales también puedan participar en la contratación de la vigilancia del proceso de licitación y adjudicación de PCS. En el mismo sentido se pronuncia el Procurador General de la Nación, para quien el legislador está descalificando a priori a otras organizaciones ciudadanas y personas que adelantan en Colombia la actividad de vigilancia y control de la función administrativa, creando de esta manera una discriminación injustificada que desconoce el principio de igualdad y el carácter participativo de las veedurías ciudadanas.
Por su parte, quienes intervienen en nombre del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones piensan que no existe quebranto del ordenamiento superior, por cuanto estiman que el legislador no está adjudicando directamente a Transparencia Internacional el contrato para la vigilancia del proceso de licitación de las PCS, sino que al permitir expresamente que esta tarea también pueda ser desarrollada por otro organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional dedicado a la lucha contra la corrupción, simplemente está consagrando un criterio en relación con la persona o entidad que debe ser seleccionada para vigilar el proceso de licitación de las PCS, sin perjuicio de las funciones de los órganos de control.
Antes de entrar a analizar la acusación, la Corte considera que es necesario integrar la unidad normativa con los segmentos no demandados del parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000, pues es evidente que el examen de estas disposiciones influye directamente en la decisión que se adopte, a tal punto que de no llevarse a cabo daría lugar a la inocuidad del fallo (1) . En efecto, en el caso que se examina se advierte que los apartes normativos del citado parágrafo que no fueron demandados —referentes a la intervención de otros organismos no gubernamentales de reconocido prestigio internacional en el proceso de licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS, el acceso a los documentos, las facultades y deberes de la organización—, tienen íntima conexión con las expresiones acusadas atinentes a la intervención obligatoria de Transparencia Internacional en dicho proceso, por lo que se concluye que en la presente causa es procedente ampliar el juicio de constitucionalidad a todo el contenido normativo del parágrafo en cuestión.
(1) Sobre este punto, la Corte ha expresado: “...la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente, que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”. Sentencia C-320 de 1997.
El parágrafo bajo revisión es del siguiente tenor literal:
“PAR.—En la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS intervendrá Transparencia Internacional, directamente o a través de su filial Transparencia Colombia, y/o un organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional, dedicado a la lucha contra la corrupción, con el objeto de salvaguardar los principios de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio, y, en general, evitar cualquier forma de corrupción”.
“La organización tendrá acceso a los documentos, aún a los reservados, y podrá asistir a las diligencias de preparación de pliegos licitatorios, evaluación de ofertas y selección de adjudicatarios. No participará en la adopción de decisiones.
Luego de la adjudicación, la organización informará sobre la transparencia del proceso y la observancia de los principios enunciados”.
A la luz del ordenamiento superior nada impediría que el legislador adopte una medida de esta naturaleza, pues en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150 fundamental, que autoriza al Congreso para dictar un estatuto general de contratación de la administración pública, y en especial de la administración nacional, el órgano legislativo goza de libertad de configuración (2) que le permitiría diseñar los mecanismos que juzgue indispensables con el fin de imprimirle trasparencia e imparcialidad a la gestión contractual de la administración, además porque tal como lo ha reconocido esta Corte, “la necesidad de rodear de condiciones de transparencia e imparcialidad a la función administrativa juega un papel determinante como factor de legitimidad en el proceso de contratación, pues tiene una doble función: una negativa, ya que señala las condiciones mínimas para el acceso a la contratación, constituyéndose en un límite a la actividad administrativa y particular. Y, tiene una función positiva, en la medida en que el interés general se convierte en una condición inexcusable que dirige la acción estatal (3) ”.
(2) Cfr. Sentencia C-949 de 2001.
(3) Sentencia C-429 de 1997.
Así mismo, la creación de herramientas legales que le impriman transparencia a los procesos de contratación pública apuntaría a la realización de los principios constitucionales que orientan la función administrativa (C.P., art. 209), pues se trata de una estrategia indispensable en la lucha contra la corrupción administrativa la cual ha sido reconocida como un fenómeno que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos y que en el concierto internacional ha dado lugar a que las naciones se hayan comprometido a efectuar todos los esfuerzos en el ámbito interno para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio (4) .
(4) Al respecto no sobra recordar que nuestro país al suscribir la “Convención interamericana contra la corrupción”, aprobada por medio de la Ley 412 del 6 de noviembre de 1997, se comprometió a adoptar medidas institucionales enderezadas a impedir el soborno de funcionarios públicos, a crear mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción y a estudiar otras medidas de prevención que garanticen la probidad en el servicio público. Dicho instrumento internacional y su ley aprobatoria, fue declarado exequible en Sentencia C-397 de 1998.
Además, según los antecedentes legislativos la decisión del legislador de ordenar la intervención de Transparencia Internacional, directamente o a través de Transparencia Colombia, se inspiró en la trayectoria de esta organización no gubernamental considerada la más importante a nivel mundial en la lucha contra la corrupción en la gestión pública, y que en nuestro país funciona bajo las leyes nacionales desde 1998 implementando una suerte de control ético en la contratación estatal mediante los llamados pactos anticorrupción, en los que a instancia de este organismo especializado los actores en un proceso licitatorio se obligan voluntariamente, por medio de convenios de comportamiento con responsabilidades personales y económicas, a no sobornar con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, a no hacer colusión y, en fin, a no recibir sobornos por parte de terceros para obstruir el desarrollo de la licitación.
No obstante lo anterior, cree la Corte que el parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000 se opone abiertamente al ordenamiento superior, por las siguientes razones:
La norma que se revisa no es clara en su redacción y tampoco brinda los elementos necesarios para establecer si allí se consagra una exclusión o un privilegio, pues los antecedentes legislativos dan cuenta que en el segundo debate en la Cámara de Representantes al proyecto de ley que regula la prestación del servicio de comunicación personal PCS, algunos congresistas propusieron adicionar con un parágrafo el artículo 5º consagrando únicamente la intervención de Transparencia Internacional, directamente o a través de su filial Transparencia por Colombia, en la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS, para salvaguardar los principios de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio y evitar cualquier forma de corrupción (5) .
(5) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 598 de 1999, págs. 15 y 16.
La entonces Ministra de Comunicaciones, se mostró complacida con tal determinación pero consideró que la intervención en el proceso licitatorio de las PCS también debería quedar abierta a cualquier organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional encargado de luchar contra la corrupción, sugerencia que finalmente fue acogida por la plenaria de la mencionada corporación legislativa que aprobó el actual texto del inciso primero del parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000 estableciendo la intervención de Trasparencia Internacional, directamente o a través de Transparencia por Colombia, “y/o” un organismo no gubernamental de prestigio internacional en la lucha contra la corrupción, en el proceso licitatorio de las licencias de PCS.
Podría pensarse que al expedir la norma que se revisa el legislador no limitó la intervención en el proceso de licitación y adjudicación de las licencias de PCS a una sola organización —Transparencia Internacional—, directamente o a través de su filial Transparencia Colombia, sino que también contempló la posibilidad de que un organismo no gubernamental de reconocido prestigio internacional dedicado a la lucha contra la corrupción pudiera realizar tal intervención, al mismo tiempo con Transparencia Internacional o en defecto de esta organización, circunstancia que lejos de aportarle claridad a la norma impugnada la llena de oscuridad y ambivalencia dificultando de esta manera su aplicación.
De otra parte, según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Correlativamente, este principio conlleva para la administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los competidores, dando solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. En este sentido, la igualdad entre los licitantes indudablemente constituye una manifestación del principio constitucional de la buena fe (C.P., art. 83), pues le impone a todas las entidades públicas la obligación de obrar con lealtad y honestidad en la selección del contratista.
El reconocimiento del principio superior de la igualdad de oportunidades implica así mismo que el legislador al configurar el régimen de contratación estatal (C.P., art. 150 in fine) establezca procedimientos o mecanismos que le permitan a la administración seleccionar en forma objetiva y libre a quien haya hecho la oferta más favorable, mediante la fijación de reglas generales e impersonales que presidan la evaluación de las propuestas y evitar incluir cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier proponente, sin entrar a predeterminar, claro está, al sujeto —persona natural o jurídica— con quien ha de celebrarse el correspondiente contrato.
En relación con el principio de igualdad entre los proponentes el Consejo de Estado ha sentado la siguiente doctrina que prohíja la Corte dada su importancia para la solución del caso que se analiza:
“El derecho de igualdad entre los oferentes
Por virtud de esta garantía, todos los sujetos interesados en el proceso de licitación han de estar en idénticas condiciones, y gozar de las mismas oportunidades, lo cual se logra, según la doctrina, cuando concurren los siguientes aspectos: “1. Las condiciones deben ser las mismas para todos los competidores. 2. Debe darse preferencia a quien hace las ofertas más ventajosas para la administración.
Dromi, citando a Fiorini y Mata, precisa que el trato igualitario se traduce en una serie de derechos en favor de los oferentes, cuales son: 1. Consideración de su oferta en competencia con la de las demás concurrentes; 2. Respeto de los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento; 3. Cumplimiento por parte del Estado de las normas positivas que rigen el procedimiento de elección de co-contratante; 4. Inalterabilidad de los pliegos de condiciones; 5. Respeto del secreto de su oferta hasta el acto de apertura de los sobres; 6. Acceso a las actuaciones administrativas en las que se tramita la licitación; 7. Tomar conocimiento de las demás ofertas luego del acto de apertura; 8. Que se le indiquen las deficiencias formales subsanables que pueda contener su oferta; 9. Que se lo invite a participar en la licitación que se promueve ante el fracaso de otra anterior. Como vemos, la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas (6) ”.
(6) Ob. Cit. Pág. 137.
“En relación con la igualdad entre los oferentes, Marienhoff precisó: “La licitación debe respetar el principio de que todos los licitadores u oferentes se hallen en pie de “igualdad”. Tal exigencia constituye una noción racional que fluye de la propia esencia y razón de ser de la licitación, siendo ínsito a ella. Para lograr su finalidad, la licitación debe reunir ese carácter de “igualdad”, pues ésta excluye o dificulta la posibilidad de una colusión o convivencia entre algún licitador y oferente y la administración pública que desvirtúen el fundamento ético sobre el cual descansa la licitación y que, junto con los requisitos de “concurrencia” y “publicidad”, permite lograr que el contrato se realice con quien ofrezca mejores perspectivas para el interés público. La referida “igualdad” exige que, desde un principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas (7) ” (8) .
(7) Miguel S. Marienhoff; Tratado de derecho administrativo, tomo III. A: tercera edición actualizada, Buenos Aires, 1992, págs. 203 y 204.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001). Radicación 11001-03-26-000-1996-3771-01 (12037).
Sentadas las anteriores premisas para la Corte es claro que la medida consagrada en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000 resulta a todas luces inconstitucional, puesto que al ordenar en forma perentoria la intervención de Transparencia Internacional, directamente o de su filial Transparencia Colombia, con el fin de monitorear el proceso licitatorio para la adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS, está haciendo un señalamiento expreso de la persona con la cual la administración debe celebrar el respectivo contrato para la ejecución de dicha labor, impidiendo que otras organizaciones también puedan presentar sus ofertas en igualdad de condiciones con el objeto de ser contratadas para adelantar tal intervención.
De contera, el parágrafo impugnado impide que la administración tenga la posibilidad de seleccionar objetiva y libremente entre varios oferentes la propuesta que sea más favorable para la ejecución de dicha tarea de monitoreo, lo que igualmente desconoce abiertamente el principio superior de la igualdad de oportunidades.
Aprecia la Corte que en el parágrafo sub examine tampoco se establecen criterios sobre la intervención de Transparencia Internacional y de las demás organizaciones allí enunciadas, lo cual haría prácticamente inoperante la medida y dificultaría en grado sumo el propósito perseguido con tal disposición. Además, la circunstancia de que en el parágrafo que se examina se haya previsto que la intervención también podrá adelantarse en forma simultánea o subsidiaria por un organismo no gubernamental “de reconocido prestigio internacional” no atempera la desigualdad advertida, puesto que la exigencia de esta cualificación impide que las organizaciones no gubernamentales nacionales que carezcan de ella puedan participar en igualdad de condiciones y contando con las mismas facilidades, en la contratación de la labor de monitoreo del proceso licitatorio de la concesión de licencias de PCS.
Ahora bien, el hecho de que el Estado no pueda desplazar en organizaciones no gubernamentales de carácter particular su responsabilidad en lo que atañe a la trasparencia de la gestión contractual de la administración pública, no significa que la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS se quede sin vigilancia alguna, puesto que la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación están habilitadas para intervenir en dicho proceso realizando un control de carácter preventivo (9) , con el fin de proteger la integridad el patrimonio público y los derechos fundamentales expuestos a un inminente peligro (10) .
(9) “Precisamente en el capítulo VII del estatuto general de contratación de la administración pública —Ley 80 de 1993— se establecen las siguientes disposiciones sobre el control preventivo de la gestión contractual por parte de la Procuraduría General de la Nación y de las autoridades que ejercen control fiscal.
“ART. 62.—De la intervención del Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del Ministerio Público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pacuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.
ART. 63.—De las visitas e informes. La procuraduría adelantará visitas a las entidades estatales oficiosamente, y con la periodicidad que demande la protección de los recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración pública. Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, se oirá a las asociaciones gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a los administrados para que hagan las denuncias y presenten las quejas que a bien consideren. Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escritos que se pondrán en conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá traslado a los jefes de las entidades y a quienes aparezcan implicados en la comisión de conductas antijurídicas. Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la Nación o a la delegada respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a la función de que trata el artículo siguiente: El visitador exigirá a los administrados identificarse y les advertirá de las consecuencias de la formulación de denuncias temerarias.
ART. 65.—De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal, incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control interno. Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden”.
(10) Cfr. Sentencia C-113 de 1999, en relación con la intervención excepcional de la Procuraduría General de la Nación en los procesos contractuales.
Igualmente observa esta Corte que el parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000, al indicar expresamente cuáles son las organizaciones que intervendrán en el proceso licitatorio para la adjudicación de las licencias de PCS con el objeto de salvaguardar los principios de igualdad de oportunidades, acceso democrático, transparencia, trato no discriminatorio y en fin evitar cualquier forma de corrupción, se monopoliza en cabeza de las mismas el control y vigilancia ciudadanas sobre la gestión contractual de la administración, tareas éstas que conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución pueden ser ejercidas, sin condicionamiento alguno, por parte de las distintas asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales que al tenor de la norma superior en comento actúan como “mecanismos democráticos de representación” en las instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.
En efecto, conforme al artículo 103 superior la intervención de las organizaciones no gubernamentales no está sometida a ningún límite o condición, y menos aún está supeditada a la necesidad de que medie un contrato con la administración para el ejercicio de las actividades de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión estatal. Por tanto, resulta inconstitucional pretender que en el caso de la licitación para la adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS, la actividad de vigilancia y control en cabeza de las organizaciones no gubernamentales deba ser contratada por parte de la administración.
Así mismo, comparte esta Corte el planteamiento hecho por el Procurador General de la Nación en el sentido de que tampoco resulta ajustado a la Constitución Política ordenar la intervención obligatoria de un ente internacional en los delicados procesos administrativos de la licitación y adjudicación de los contratos previstos en la norma impugnada, puesto que tal intervención al ser susceptible a la influencia de factores de diversa índole, puede terminar por afectar la transparencia de imparcialidad que debe presidir a esos procesos, pero sobre todo la misma independencia nacional, dando al traste con el mandato del artículo 75 superior que define el espectro electromagnético como un bien público de la Nación “inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado”
Por las anteriores razones la Corte declarará la inexequibilidad del parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000, advirtiendo que esta determinación no significa que la Corte desapruebe o descalifique la importante labor que adelanta Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción.
4. La reserva documental en el proceso de licitación para la adjudicación de contratos de licencias de PCS.
Corresponde a la Corte determinar si se ajustan a la Carta Política las expresiones acusadas del numeral 2º del artículo 9º de la Ley 555 de 2000 que impiden el acceso a la documentación relativa al proceso licitatorio de las PCS en los casos de expresa reserva legal. Con el fin de dilucidar este interrogante, la Corte considera necesario hacer unas breves consideraciones en torno al derecho de acceder a los documentos públicos y a la reserva de los mismos.
El artículo 74 de la Constitución Política dispone que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley”, derecho que encuentra desarrollo en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, que autoriza a los ciudadanos para acceder a la información oficial consultando los documentos que reposen en las oficinas públicas, siéndoles permitido igualmente solicitar y obtener copias de los mismos, con excepción de los que estén bajo reserva legal o que se relacionen con la defensa o seguridad nacional.
De lo anterior se desprende claramente que la regla general sobre publicidad de los documentos públicos está consagrada en la propia Constitución, y que únicamente la ley está habilitada para establecer las excepciones al derecho de acceder a los documentos públicos. Así lo ha reconocido la Corte desde sus primeros pronunciamientos al considerar que “el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos debe, pues, ceñirse a los postulados de la Constitución y la ley tal como lo dispone expresamente el artículo 74. Vale decir: solo la Carta Fundamental y la ley pueden establecer límites al ejercicio de este derecho que por supuesto, incluye la consulta de los documentos in situ y no sólo como pudiera pensarse, la solicitud de copias (11) ”.
(11) Sentencia T-473 de 1992.
También ha señalado la Corte que el acceso a los documentos públicos no es absoluto en tanto y cuanto la ley puede establecer su reserva con base “en una objetiva prevalencia del interés general. En este orden de ideas, es permitido a los funcionarios impedir el acceso a documentos reservados, si va autorizada, también cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad (12) . Igualmente, en reiteradas oportunidades (13) esta corporación ha expresado que si bien el derecho a acceder a documentos públicos tiene carácter autónomo, es también una manifestación concreta del derecho de petición, como quiera que la principal finalidad de éstos derechos es obtener una información a través de una respuesta concreta.
(12) Sentencia T-473 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
(13) Entre muchas las sentencias T-424 de 1998, T-605 de 1996, T-116 de 1997, T-074 de 1997, T-306 de 1993 y T-473 de 1992.
Hechas estas consideraciones, se puede concluir que contrariamente a lo que opina el actor mediante las expresiones impugnadas el legislador no está autorizando a la administración para que establezca motu proprio qué documentos tienen o no carácter reservado dentro de la licitación y adjudicación de los contratos de concesión de licencias de PCS en clara violación a la Carta Política, sino que a propósito de la consagración del principio de transparencia, en virtud del cual toda la documentación relativa al citado proceso será pública, hace expresa mención a las excepciones al derecho de acceder a los documentos públicos que son aquellos eventos en los cuales se ha establecido legalmente su reserva, reproduciendo de esta manera el texto del artículo 74 superior.
Las expresiones acusadas tampoco desconocen el principio de la buena fe (C.P., art. 84) ni la prevalencia de los tratados sobre derechos humanos (C.P., art. 93), puesto que, se repite, la medida allí regulada no implica una autorización para que la administración entre a señalar cuáles documentos tienen carácter reservado, sino que constituye una determinación que adopta el legislador conforme a lo dispuesto en el artículo 74 fundamental. Por las mismas razones, resulta claro que mediante lo acusado tampoco se pretende regular el núcleo esencial del derecho fundamental a la información, razón por la cual no se presenta infracción al artículo 152 superior que establece la reserva de ley estatutaria en esa materia.
Con fundamento en estas consideraciones la Corte declarará la exequibilidad del segmento normativo “salvo los casos en que haya expresa reserva legal” del artículo 9º de la Ley 555 de 2000.
5. El artículo 16 de la Ley 555 de 2000.
El artículo 16 de la Ley 555 de 2000, dispone que el valor del monto del recaudo inicial de los pagos que hagan los operadores de PCS es un ingreso corriente que servirá de referencia para que la Nación a través del Ministerio de Hacienda haga aportes por el mismo valor a los patrimonios que Telecom y Adpostal hayan constituido o a las entidades que hagan sus veces y al fondo de comunicaciones con el objeto de atender el pago de obligaciones pensionales con arreglo a la distribución y al procedimiento allí consagrados, y también a programas de inversión social en el área de las telecomunicaciones.
Según el demandante, los segmentos demandados de la disposición que se revisa desconocen los artículos 13 (principio de igualdad), 158 (unidad de materia) y 359 (prohibición de rentas de destinación específica) de la ley fundamental.
El procurador y el apoderado de la empresa Telecom coinciden en que la medida se encuentra ajustada a la Carta Política, pues la prohibición constitucional sobre las rentas de destinación específica (C.P., art. 359) cobija solamente a las que tienen carácter tributario y los recursos que se obtienen por los pagos que hacen los operadores de PCS constituyen rentas contractuales de naturaleza no tributaria.
Por su parte, quienes intervienen en nombre del Ministerio de Comunicaciones y de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expresan que dicha determinación, además de guardar identidad temática con la materia de la Ley 555 de 2000, constituye realmente una renta de destinación específica que por estar destinada al pago de obligaciones pensionales con el sector de las telecomunicaciones, constituye una inversión social que encaja dentro de la primera excepción a la prohibición regulada en el artículo 359 superior.
Siguiendo un orden lógico, debe entonces la Corte entrar a dilucidar en primer término si los segmentos normativos impugnados del artículo 16 de la Ley 555 de 2000, tienen relación con la materia tratada en la Ley 555 de 2000 “por la cual se regula la prestación de los servicios de comunicación personal, PCS y se dictan otras disposiciones”.
En reiteradas oportunidades la Corte ha expresado (14) que el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política, tiene por finalidad racionalizar el proceso legislativo en tres frentes distintos: en primer lugar, buscando que exista un control sobre los contenidos de las iniciativas legislativas pues en virtud de lo establecido en la norma superior los presidentes de las comisiones constitucionales permanentes están autorizados para rechazar las iniciativas que incumplan ese principio; en segundo lugar, garantizando una deliberación pública y transparente en el proceso de formación de la ley pues con la inclusión de este principio se evita la aprobación de normas no consideradas en los debates parlamentarios; y, en tercer lugar, por sus implicaciones en la intensidad del control constitucional pues se impone la necesidad de mantener una relación de equilibrio entre la materia de las leyes y el principio democrático de modo que por preservar la vigencia de este principio no se sacrifique la capacidad de configuración jurídica del Congreso de la República.
(14) Sentencia C-995 de 2001.
En torno a la unidad de materia la Corte ha decantado una línea jurisprudencial según la cual este principio no puede interpretarse con un sentido estrecho y rígido “al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño de la cuestión de fondo del proyecto legal. Además, que dicha unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma (15) ”. (se resalta)
(15) Sentencia C-352 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra.
Concretamente, sobre las implicaciones de dicho principio en el control constitucional la Corte también ha manifestado que si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación; y, por el contrario, si se opta por un control más flexible sólo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia regulada, ante lo cual debe aplicarse un control “que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinadas con un criterio objetivo y razonable (16) ”.
(16) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Tal como lo anuncia su título, por medio de la Ley 555 de 2000 se regula la prestación de los servicios de comunicación personal PCS y se dictan otras disposiciones, propósito al cual se orienta su contenido normativo en la medida en que desarrolla aspectos como la prestación de servicios de comunicación personal; los principios generales de contratación aplicables a los servicios de comunicación personal; el plazo de la concesión para los servicios PCS; la naturaleza de los concesionarios de los servicios PCS; modificación de la concesión; el procedimiento de selección de contratistas; pliego de condiciones; audiencia pública; la subasta; el valor mínimo; la garantía de seriedad de las propuestas; las contraprestaciones económicas de los concesionarios de servicios PCS; las condiciones de prestación de los servicios; las concesiones iniciales; nuevas concesiones; la audiencia pública de subasta; la inversión extranjera en la prestación de servicios PCS; las competencias de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para promover y regular la competencia entre los operadores de los servicios de comunicación personal; el régimen de protección del usuario de los servicios de PCS; criterios para la adjudicación de contratos y concesiones y finalmente el recaudo y destinación de los pagos que efectúen los operadores de PCS, materia que es desarrollada por la norma bajo análisis.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 555 de 2000 el objeto principal de este ordenamiento legal consiste en “fijar el régimen jurídico aplicable a los servicios de comunicación personal, PCS y establecer las reglas y principios generales para otorgar concesiones para la prestación de los servicios de PCS”, propósito que ha sido reconocido por esta Corte al afirmar que “El tema dominante de la Ley 555 de 2000 gira en torno de la prestación de los servicios de comunicación personal (PCS), los que se definen literalmente en el artículo 2º de dicha ley como aquellos “servicios públicos de telecomunicaciones, no domiciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro electromagnético asignado, que proporcionan en sí mismo capacidad completa para la comunicación entre usuarios PCS, y, a través de la interconexión con las redes de telecomunicaciones del Estado con usuarios de dichas redes (17) ”.
(17) Sentencia C-1344 de 2000, fundamento 4.
Hechas estas precisiones, encuentra la Corte procedente la acusación del actor por supuesta infracción del principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 fundamental, por cuanto los apartes acusados del artículo 16 de la Ley 555 de 2000 no tienen relación alguna de conexidad con la materia su dominante de la Ley 555 de 2000 que, según se anotó, versa sobre el establecimiento de un régimen jurídico de carácter general aplicable a los servicios de comunicación personal PCS.
En efecto, en el segmento normativo que se revisa el legislador se ocupa de regular lo relacionado con la destinación y las implicaciones que en el ámbito del gasto público acarrea el recaudo de los pagos iniciales que hagan los concesionarios de dichos servicios, disponiendo que el valor del mismo no sólo se destinará a programas de inversión social en el sector de las telecomunicaciones, sino que también servirá de referencia para que a través del Ministerio de Hacienda la Nación haga aportes por el mismo valor a Telecom, Adpostal y al fondo de comunicaciones con la finalidad de atender sus pasivos pensionales, en la proporción allí establecida y mediante el procedimiento regulado en los incisos tercero y cuarto de la citada disposición, asuntos éstos que no tienen —ni siquiera lejanamente—, relación alguna de orden temático, sistemático o teleológico con la materia que se propone regular la Ley 555 de 2000, que, según se advirtió, se refiere a la prestación de los servicios de comunicación personal (PCS), que se definen en el artículo 2º de dicha ley.
En cambio, en lo que se relaciona con las expresiones “El recaudo total de los pagos iniciales que efectúen los operadores de PCS por las concesiones de que trata el artículo 11 de la presente ley lo hará directamente la Dirección General del Tesoro Nacional. Tal valor se constituye en un ingreso corriente de la Nación”, la Corte encuentra que no rompen con el principio constitucional de la unidad de materia pues lo concerniente al recaudo y a la definición de los recursos provenientes de los pagos iniciales por concepto de las concesiones de las licencias de PCS, está en perfecta consonancia con la temática que desarrolla la Ley 555 de 2000, motivo por el cual serán declaradas exequibles.
Por las anteriores razones, la Corte declarará la inconstitucionalidad de los segmentos acusados del artículo 16 de la Ley 555 de 2000, sin necesidad de entrar a analizar los restantes cargos propuestos en la demanda.
6. La acción de tutela y los daños producidos con el manejo y registro de datos por parte de los operadores de servicios móviles de telecomunicaciones.
El inciso final del parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 555 de 2000, en lo impugnado consagra la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal cuando se producen daños por violación a lo dispuesto en el mismo parágrafo donde se autoriza a todos los operadores de servicios móviles de telecomunicaciones para almacenar y registrar datos que se consideren relevantes conforme a las pautas establecidas por la comisión de regulación competente y siempre que sean pertinentes, exactos y actualizados de modo que correspondan verazmente a la situación real de su titular.
En criterio del actor, la referencia que hace dicho precepto al derecho a la intimidad personal es inconstitucional pues es excluyente de otros derechos fundamentales como el de la honra, petición e información que también pueden ser vulnerados por las mismas circunstancias anotadas anteriormente.
Los intervinientes y el Procurador General de la Nación son de la opinión de que los segmentos normativos acusados no están restringiendo el ámbito de la acción de tutela y, por ende, la protección de los derechos fundamentales, puesto que la mención que se hace al derecho a la intimidad personal sólo pretende resaltar el derecho constitucional fundamental que en esos casos resulta más vulnerable.
Con el fin de despejar el interrogante que plantean los cargos de la demanda la Corte cree conveniente hacer las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, acción que solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte tiene establecido que “La acción de tutela, en sus dos modalidades, encarna el principio de efectividad (C.P., art. 2º) que, en el campo de los derechos fundamentales, supone que éstos no se reducen a su proclamación formal sino que demandan eficacia real. Los derechos fundamentales, desprovistos de protección judicial efectiva, pierden su carácter de tales y dejan de tener el valor subjetivo que representan para la persona y el objetivo que tienen como base jurídico axiológica de todo el ordenamiento (18) .
(18) Sentencia C-531 de 1993.
Los derechos fundamentales objeto del ejercicio de la acción de tutela no son únicamente los rotulados en la Constitución Política con este título, pues según la jurisprudencia “El juez de tutela debe acudir a la interpretación sistemática, finalística o axiológica para desentrañar, del caso particular, si se trata o no de un derecho fundamental, lo que podría denominarse una “especial labor de búsqueda” científica y razonada por parte del juez (19) ”. Al efecto, esta corporación en diferentes pronunciamientos de las Salas de Revisión ha establecido los criterios para la definición de los derechos constitucionales fundamentales, entre los que se destaca el que el derecho sea esencial para la persona “todo ello partiendo del supuesto según el cual la división en títulos y capítulos de la Constitución y el orden del articulado no es una norma constitucional vinculante sino indicativa para el intérprete, pues ello no fue aprobado por la asamblea nacional constituyente, conforme al procedimiento establecido en su reglamento (20) ”.
(20) Sentencia C-018 de 1993.
Así pues, si es de la esencia de la acción de tutela la protección efectiva de los derechos fundamentales que estime vulnerados quien acude a su ejercicio, resulta claro que no podría el legislador, sin violar la Carta, entrar a señalar cuales son los derechos fundamentales que en su criterio sólo pueden ser invocados como tales por los particulares frente a determinada actuación del Estado, tal como parece disponerlo el fragmento acusado del parágrafo segundo del artículo 17 que al parecer reconoce la procedencia de la acción de tutela solamente para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal en los casos de violación a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 555 de 2000.
Sin embargo, el segmento normativo demandado también acepta otra lectura pues bien puede admitirse que la mención que se hace al derecho fundamental a la intimidad personal no pretende excluir otros derechos fundamentales del radio de protección de la acción de tutela, sino que se trata de un criterio meramente indicativo de que a través del ejercicio de esta acción pueden ser amparados otros derechos fundamentales íntimamente vinculados a aquél derecho, como son, por ejemplo, el derecho a la honra y el derecho de petición, por citar algunos de ellos. La Corte acoge esta interpretación del texto acusado por estar acorde con los mandatos superiores, y por ello dando aplicación al principio de conservación del derecho mantendrá dicha disposición en el ordenamiento legal condicionando su exequibilidad al entendimiento que se ha planteado anteriormente.
Por lo expuesto, se declarará la constitucionalidad de las expresiones “para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal” del parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 555 de 2000 bajo el entendido que no excluyen la protección de otros derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de tutela.
1. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 5º de la Ley 555 de 2000.
2. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “salvo los casos en que haya expresa reserva legal” del numeral 2º del artículo 9º de la Ley 555 de 2000.
3. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 16 de la Ley 555 de 2000, salvo las expresiones “El recaudo total de los pagos iniciales que efectúen los operadores de PCS por las concesiones de que trata el artículo 11 de la presente ley lo hará directamente la Dirección General del Tesoro Nacional. Tal valor se constituye en un ingreso corriente de la Nación...” que son EXEQUIBLES.
4. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “para proteger el derecho fundamental a la intimidad personal” del parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 555 de 2000, bajo el entendido que no excluyen la protección de otros derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de tutela.

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