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Timestamp: 2016-10-22 05:34:49+00:00

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LEY 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura	LEY 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura Mis Leyes
LEY 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA	Sumario:
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
Artículo 2. Sector público autonómico.
Artículo 4. Concepto y derechos integrantes de la Hacienda Pública de Extremadura.
Artículo 5. Normativa reguladora.
Artículo 6. Convenios de colaboración y acuerdos de cooperación.
Artículo 7. Principios rectores de la actividad económico-financiera.
Artículo 8. Competencias de la Asamblea de Extremadura.
Artículo 9. Competencias del Consejo de Gobierno.
Artículo 10. Competencias del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Artículo 11. Competencias de las Consejerías y de otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 12. Competencias de los organismos autónomos.
CAPÍTULO I. LOS DERECHOS.
SECCIÓN I. DERECHOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE EXTREMADURA. CLASIFICACIÓN.
Artículo 13. Derechos de la Hacienda Pública de Extremadura.
Artículo 14. Clasificación de los derechos económicos de la Hacienda Pública de Extremadura.
SECCIÓN II. NORMAS COMUNES A LOS DERECHOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE EXTREMADURA.
Artículo 15. Afectación de recursos.
Artículo 16. Competencias y administración.
Artículo 17. Régimen común de los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura.
Artículo 18. Ejercicio de acciones judiciales.
SECCIÓN III. RÉGIMEN DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PÚBLICA.
Artículo 20. Prerrogativas.
Artículo 21. Gestión y liquidación de tributos y precios públicos.
Artículo 22. Recaudación.
Artículo 23. Procedimiento de apremio.
Artículo 24. Intereses de demora.
Artículo 25. Aplazamiento o fraccionamiento.
Artículo 27. Derechos económicos de baja cuantía.
SECCIÓN IV. RÉGIMEN DE LOS DERECHOS DE NATURALEZA PRIVADA.
Artículo 28. Derechos de naturaleza privada.
Artículo 29. Aplazamiento o fraccionamiento.
CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES.
Artículo 30. Nacimiento y extinción de las obligaciones.
Artículo 31. Exigibilidad de las obligaciones.
Artículo 32. Prerrogativas.
Artículo 33. Intereses de demora.
Artículo 34. Prescripción de las obligaciones.
TÍTULO II. DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
Artículo 35. Principios de la programación presupuestaria.
Artículo 36. Principios de la gestión presupuestaria.
CAPÍTULO II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Artículo 37. Escenarios presupuestarios plurianuales.
Artículo 38. Contenido de los escenarios presupuestarios plurianuales.
Artículo 39. Elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.
Artículo 40. Programas plurianuales de las Consejerías.
Artículo 41. Elaboración de los programas plurianuales.
Artículo 42. Contenido de los programas plurianuales.
Artículo 43. Adecuación a los escenarios presupuestarios plurianuales.
CAPÍTULO III. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.
Artículo 45. Ámbito orgánico.
Artículo 46. Contenido.
Artículo 47. Ámbito temporal.
Artículo 48. Imputación de obligaciones generadas en ejercicios anteriores.
Artículo 49. Créditos presupuestarios.
Artículo 50. Programas presupuestarios.
SECCIÓN II. ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS.
Artículo 51. Estructura de los presupuestos.
Artículo 52. Estructura de los estados de gastos.
Artículo 53. Estructura de los estados de ingresos.
SECCIÓN III. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Artículo 54. Procedimiento de elaboración.
Artículo 55. Elaboración del anteproyecto de presupuestos.
Artículo 56. Documentación del Proyecto de Presupuestos.
Artículo 57. Remisión a la Asamblea.
Artículo 58. Prórroga de los Presupuestos.
CAPÍTULO IV. DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES.
Artículo 59. Especialidad cualitativa de los créditos.
Artículo 60. Vinculación de los créditos.
Artículo 61. Vinculación de los proyectos de gasto.
Artículo 62. Especialidad cuantitativa de los créditos.
Artículo 63. Compromisos de gastos de carácter plurianual.
Artículo 64. Modificación de los porcentajes de compromisos futuros.
Artículo 65. Adquisiciones de bienes inmuebles con pago aplazado.
Artículo 66. Temporalidad de los créditos.
Artículo 66 bis. Fondo de contingencia.
SECCIÓN II. DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.
Artículo 67. Modificación de los créditos iniciales.
Artículo 68. Transferencias de créditos.
Artículo 69. Limitaciones en las transferencias de créditos.
Artículo 70. Generaciones de créditos.
Artículo 71. Compromiso firme de aportación.
Artículo 72. Compromiso firme de futuro.
Artículo 73. Créditos ampliables.
Artículo 74. Créditos extraordinarios.
Artículo 75. Autorizaciones de los créditos extraordinarios.
Artículo 76. Incorporaciones de créditos.
Artículo 77. Financiación de las incorporaciones.
Artículo 78. Anticipos de tesorería.
SECCIÓN III. COMPETENCIAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.
Artículo 79. Competencias del Consejo de Gobierno.
Artículo 80. Competencias del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Artículo 81. Competencias de los Consejeros y de los Presidentes y Directores de las entidades públicas con presupuesto limitativo.
CAPÍTULO V. DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL.
Artículo 82. Presupuesto.
Artículo 83. Tramitación.
CAPÍTULO VI. DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
SECCIÓN I. PRINCIPIOS GENERALES Y GESTIÓN POR OBJETIVOS.
Artículo 84. Principios de la gestión económico-financiera.
Artículo 85. Gestión por objetivos.
Artículo 86. Informe sobre la consecución de objetivos.
SECCIÓN II. GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Artículo 87. Fases de la gestión de los gastos.
Artículo 88. Aprobación del gasto.
Artículo 89. Compromiso del gasto.
Artículo 90. Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
Artículo 91. Competencias en materia de gastos.
Artículo 92. Competencias en materia de convenios.
Artículo 93. Ordenación de pagos.
Artículo 94. Limitaciones en materia de gastos.
Artículo 95. Pagos indebidos y demás reintegros.
Artículo 96. Anticipos de caja fija.
Artículo 97. Pagos a justificar.
Artículo 98. Fases de la gestión de los ingresos.
Artículo 99. Devoluciones de ingresos.
CAPÍTULO I. DE LA TESORERÍA.
Artículo 100. La Tesorería.
Artículo 101. Funciones de la Tesorería.
Artículo 102. Registro de cuentas.
Artículo 103. Caja General de Depósitos.
Artículo 104. Relación con entidades de crédito.
Artículo 105. Medios de pago.
Artículo 106. Pago, compensación de oficio y convenios de información de pagos.
Artículo 107. Embargo de derechos de cobro.
Artículo 108. Plan de Disposición de Fondos de Tesorería.
Artículo 109. Excedentes de tesorería.
Artículo 110. Conceptos.
SECCIÓN II. ENDEUDAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO LIMITATIVO DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
Artículo 111. Operaciones a corto plazo.
Artículo 112. Operaciones a largo plazo.
Artículo 113. Otras operaciones financieras.
Artículo 114. Aplicación del endeudamiento.
Artículo 115. Habilitación legal para la creación del endeudamiento a largo plazo.
Artículo 116. Competencia para la formalización del endeudamiento.
Artículo 117. Régimen jurídico.
Artículo 118. Prescripción.
Artículo 119. Endeudamiento de los organismos autónomos y entes públicos.
SECCIÓN III. ENDEUDAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
Artículo 120. Endeudamiento de las entidades del Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 121. Endeudamiento de otras entidades del sector público autonómico.
CAPÍTULO III. DE LOS AVALES.
Artículo 122. Objeto de los avales y límites.
Artículo 123. Competencias.
Artículo 124. Formalización de los avales.
Artículo 125. Limitación de riesgos.
Artículo 126. Devengo de comisión.
Artículo 127. Facultades de inspección.
Artículo 128. Obligación de información.
Artículo 129. Operaciones garantizadas por Sociedades de Garantía Recíproca.
Artículo 130. Avales concedidos por organismos autónomos y entes públicos con presupuesto limitativo.
Artículo 131. Avales concedidos por otras entidades del sector público autonómico y entidades del Sector Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 132. Contabilidad del sector público autonómico.
Artículo 133. Rendición de cuentas.
CAPÍTULO II. COMPETENCIAS EN MATERIA CONTABLE.
Artículo 134. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Artículo 135. Funciones de la Intervención General como centro directivo de la contabilidad pública.
Artículo 136. Funciones de la Intervención General como centro gestor de la contabilidad pública.
CAPÍTULO III. INFORMACIÓN CONTABLE.
SECCIÓN I. ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS CUENTAS.
Artículo 137. Formación y cierre de las cuentas. Cuentadantes.
Artículo 138. Verificación de las cuentas.
Artículo 139. Transparencia y control parlamentario.
SECCIÓN II. LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
Artículo 140. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 141. Documentos de la Cuenta General.
Artículo 142. Contenido y elaboración de las cuentas del sector público administrativo.
Artículo 143. Formación de la Cuenta General y remisión al Tribunal de Cuentas.
Artículo 144. Control interno.
Artículo 145. Función interventora.
Artículo 146. Funciones de la Intervención General.
Artículo 147. Contenido de la función interventora.
CAPÍTULO II. DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA PREVIA.
Artículo 148. Excepciones a la intervención previa.
Artículo 149. Reparos.
Artículo 150. Efectos del reparo sobre la tramitación del expediente.
Artículo 151. Discrepancias.
CAPÍTULO III. DEL CONTROL FINANCIERO.
Artículo 152. Control financiero.
Artículo 153. Principio general.
Artículo 154. Hechos que pueden generar responsabilidad.
Artículo 155. Tipos de responsabilidad.
Artículo 156. Responsabilidad de los Interventores y ordenadores de los pagos.
Artículo 157. Órgano competente y procedimiento.
Artículo 158. Régimen jurídico del importe de los perjuicios irrogados.
Artículo 159. Diligencias previas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Régimen de los organismos autónomos anteriores a la Ley del Gobierno y de la Administración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Gestión económica de los centros docentes no universitarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Gestión de los gastos de la Política Agraria Común.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Exención de garantías.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Especialidades presupuestarias de la Asamblea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Generación de créditos destinado a financiar gastos corrientes del Servicio Extremeño de Salud.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Habilitaciones normativas.
Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía vengo a promulgar la siguiente Ley.
La primera plasmación sistemática y completa de la ordenación de la Hacienda Autonómica se efectuó en la Ley 3/1985, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en cuya exposición de motivos se afirma que la aprobación del Estatuto de Autonomía impone la necesidad de sentar como punto de partida para ulterior desarrollo legislativo en materia económico-financiera el de una Ley General de Hacienda Pública, que sin perjuicio de su inspiración en la Ley General Presupuestaria del Estado se adapte a nuestras necesidades y peculiaridades regionales.
El Título Preliminar, denominado Principios Generales, se inicia con la definición del objeto de la Ley y del sector público autonómico como ámbito sobre el que actúa la Ley, y su división en tres subsectores: administrativo, empresarial y fundacional.
El Título I, relativo al Régimen de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se divide en dos capítulos; el primero destinado a los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura, se inicia con una relación de los mismos, de igual forma que el artículo 57 del Estatuto de Autonomía, y contiene una distinción del régimen aplicable en función de su naturaleza pública o privada, si bien también se establecen una serie de normas comunes a ambos.
Sin duda es en el Título II relativo al Presupuesto donde la nueva regulación implica un mayor cambio sobre la que contenía la Ley 3/1985, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
El capítulo cuarto, De los créditos y sus modificaciones, recoge los principios de especialidad cuantitativa y cualitativa de los créditos y las reglas sobre las vinculaciones jurídicas de los mismos. De especial interés es la regulación de los compromisos de gasto de carácter plurianual, adaptada al régimen que estos últimos años habían venido estableciendo a este respecto las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
También dentro de este capítulo se da carácter estable a la distribución de competencias en materia de modificaciones de créditos, que anualmente se recogía en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo destacable como novedad la atribución al Consejo de Gobierno de la competencia para conceder créditos extraordinarios hasta el límite máximo del 1 % del Presupuesto inicial consolidado ante situaciones de emergencia y siempre que se financien con recursos distintos al endeudamiento.
El capítulo segundo, Del Endeudamiento, de capital importancia en una norma como ésta que debe respetar el principio de estabilidad presupuestaria plasmado en las normas comunitarias y estatales vigentes, destina su sección 1ª establecer las normas generales en esta materia, la segunda al endeudamiento de la Administración autonómica, sus organismos autónomos y el resto de los entes públicos con presupuesto limitativo, y la sección tercera a las entidades pertenecientes al sector administración pública según las prescripciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y otras entidades del sector público autonómico.
Así, la contabilidad es objeto de regulación en el Título IV, donde se contiene un capítulo I relativo a normas generales, un capítulo II que establece una distribución de las competencias en esta materia y, finalmente, el capítulo III, Información contable, se divide a su vez en dos secciones, relativas respectivamente a la elaboración, verificación y control de las cuentas, y a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
El Título V, denominado De la intervención, mantiene, en general, el contenido de la Ley 3/1985, estructurándose en tres capítulos, dedicados a las normas generales en esta materia, a la función interventora previa y al control financiero.
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.
Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
Los entes públicos distintos de los recogidos en las letras b y c vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entendiendo por tales las creadas por Ley de la Asamblea.
Las sociedades mercantiles autonómicas. Se considerará como tales a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de las entidades que integran el sector público autonómico sea superior al 50 % o aquellas en que se den las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.
Las fundaciones del sector público autonómico entendiéndose por tales aquellas en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos o demás entidades del sector público autonómico.
Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
Los consorcios, dotados de personalidad jurídica propia, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de la Comunidad Autónoma.
Los sujetos mencionados en las letras a y b del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo anterior.
Las entidades mencionadas en la letra d del apartado 1 del artículo anterior que tengan presupuesto limitativo.
Las entidades de la letra h del apartado 1 del artículo anterior, que tengan alguna de las siguientes características:
Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza, en todo caso sin ánimo de lucro.
Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las entidades públicas empresariales.
Las sociedades mercantiles autonómicas.
Las entidades mencionadas en la letra d del apartado 1 del artículo anterior con presupuesto estimativo.
Las entidades de la letra h del apartado 1 del artículo anterior no incluidas en el sector público administrativo.
1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura está constituida por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a sus organismos autónomos y a los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo anterior de esta Ley.
Por las Leyes especiales que se dicten en esta materia por la Asamblea de Extremadura.
Por las Leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por las normas dictadas en desarrollo de las anteriores leyes.
La concesión de créditos extraordinarios, en los términos indicados en esta Ley.
El establecimiento, la modificación y la supresión de los tributos propios de la Comunidad Autónoma y el ejercicio de la capacidad normativa sobre los tributos cedidos por el Estado en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en las Leyes de cesión de tributos que afecten a Extremadura.
El régimen de la deuda pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El régimen del patrimonio de la Comunidad, en el marco de la legislación básica del Estado.
El régimen de la contratación pública, en el marco de la legislación básica del Estado.
El régimen de concesión de avales por la Comunidad.
El régimen general y especial en materia financiera de las entidades que, de conformidad con el artículo 2 de esta Ley, integran el sector público autonómico.
Aquellas otras cuestiones en materia de Hacienda que, según las leyes, deban ser reguladas por normas de este rango.
La determinación de las directrices básicas de la política económica y financiera de la Comunidad Autónoma.
El ejercicio de la potestad reglamentaria dentro del marco establecido por la Ley.
La aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su remisión a la Asamblea.
La presentación de los proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos, dentro del mismo ejercicio presupuestario.
Autorizar créditos extraordinarios en los casos previstos en la letra a del artículo 75 de esta Ley.
Autorizar los gastos en los supuestos previstos en las leyes.
Las demás funciones y competencias que le atribuyan ésta u otras leyes.
Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Establecer las normas reguladoras de la ejecución del presupuesto de gastos aplicables a los distintos procedimientos de gestión, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Ejercer la superior autoridad en materia de ordenación de pagos.
Velar por la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el cumplimiento de las disposiciones de carácter financiero.
Dictar las normas de desarrollo que específicamente le encomiende la presente Ley.
Proponer al Consejo de Gobierno, en el marco de la política económico-presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo autonómico incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de función pública, así como autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer un incremento del gasto.
Autorizar las propuestas de modificación de las dotaciones o sustituciones de los proyectos incluidos en los Fondos de Compensación Interterritorial, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.
Aprobar las modificaciones presupuestarias que, en su caso, conlleven las propuestas a las que se refiere la letra anterior.
Las demás funciones y competencias que le atribuyan las leyes, así como cualesquiera otras de naturaleza económico-financiera que no hubieran sido atribuidas a otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Elaborar las propuestas de sus estados de gastos y de ingresos a los efectos establecidos en el artículo 55 de esta Ley.
Administrar los créditos para gastos consignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Autorizar los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación del Consejo de Gobierno los que sean competencia de este último.
Reconocer las obligaciones e interesar de la Consejería competente en materia de Hacienda la ordenación y el pago de las mismas.
La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del propio organismo autónomo.
Autorizar los gastos y ordenar los pagos.
Elaborar el anteproyecto de presupuestos anuales del organismo autónomo.
DEL RÉGIMEN DE HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
Constituyen los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura:
El rendimiento de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
El rendimiento de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado.
Los recargos sobre los tributos estatales.
Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial y otros Fondos para el Desarrollo Regional.
Otras asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea.
El producto del endeudamiento y otras operaciones de crédito.
Los ingresos de precios públicos.
Los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada.
Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de Extremadura los tributos y los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a sus organismos autónomos y a los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3 que deriven del ejercicio de potestades administrativas, así como aquellos respecto de los cuales la ley lo disponga expresamente.
Son derechos de naturaleza privada de la Hacienda de la Comunidad los que pertenezcan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a sus organismos autónomos y a los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3, y que no estén comprendidos en el apartado anterior y, en todo caso, los rendimientos o productos de cualquier naturaleza de sus bienes patrimoniales, los que adquieran a título de herencia, legado o donación, y cualquier otro que obtengan de relaciones regidas por el derecho privado.
Los recursos de la Hacienda Pública de Extremadura se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.
1. La administración de los recursos de la Hacienda Pública de Extremadura corresponde, según su titularidad, a la Consejería competente en materia de Hacienda o a los organismos autónomos, en las condiciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de las competencias que legalmente pudieran atribuirse a otros departamentos o entidades del sector público autonómico.
2. El manejo o custodia de fondos o valores de naturaleza pública podrá encomendarse a personas o entidades privadas, que deberán prestar garantía en los casos, cuantía y forma que se determine reglamentariamente.
1. No se pueden enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública de Extremadura, salvo en los casos establecidos en las Leyes.
2. Tampoco pueden concederse exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura, salvo en los casos y en la forma que determinen las leyes, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.
3. No se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, previo dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura.
4. La suscripción y celebración de acuerdos y convenios previstos en la legislación concursal requiere únicamente autorización del órgano que determine el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
5. La extinción, total o parcial, de las deudas que la Administración del Estado, sus organismos autónomos, la Seguridad Social, las Corporaciones Locales y otras entidades de derecho público tengan con la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá realizarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos autónomos podrán ejercitar las acciones judiciales que sean precisas para la mejor defensa de sus derechos.
1. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de Extremadura nacen y se adquieren de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, de acuerdo con su sistema de fuentes.
2. Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de Extremadura se extinguen por las causas previstas en la Ley General Tributaria y las demás previstas en las leyes.
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley y en la normativa reguladora de cada derecho, el procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública de Extremadura se someterán a lo establecido en la Ley General Tributaria.
1. La Hacienda Pública de Extremadura goza de las prerrogativas establecidas legalmente a favor de la Hacienda del Estado para el cobro de tributos, precios públicos, cantidades que hubieran de percibirse en virtud de actos o contratos administrativos o cualesquiera otros derechos de naturaleza pública y actuará conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
En especial, la Hacienda de la Comunidad Autónoma podrá abstenerse en los procesos concursales en los supuestos establecidos por la legislación aplicable a estos procesos, en cuyo curso, no obstante podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en aquélla, así como acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no podrán ser más favorables para el deudor que las recogidas en el acuerdo o convenio que ponga fin al proceso judicial concursal. Igualmente, podrá acordar la compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos.
2. A los fines previstos en el apartado anterior, la Hacienda Pública de Extremadura gozará de las prerrogativas, facultades y garantías previstas en la Ley General Tributaria.
3. En caso de concurrencia de derechos, prevalecerán los de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre los de las restantes entidades que forman el sector público autonómico.
1. Corresponde a la Hacienda de la Comunidad Autónoma la gestión, en todas las fases del procedimiento, de sus propios tributos y precios públicos, así como el ejercicio de las facultades de revisión, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con otras Administraciones Públicas, ajustándose, en su caso, el ejercicio de dichas facultades a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, las Leyes de la Asamblea de Extremadura, a los reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno en la materia y a las normas de desarrollo dictadas por el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en virtud de autorizaciones que le sean concedidas, sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal en los casos que sea procedente.
2. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos por el Estado que asuma la Comunidad Autónoma se ajustará a lo que disponga la normativa de cesión.
1. El pago de las deudas correspondiente a los derechos de naturaleza pública se realizará en período voluntario o en período ejecutivo.
2. El período voluntario será el establecido en las normas aplicables a los distintos derechos. En defecto de norma legal o reglamentaria expresa, el período voluntario será el establecido al efecto en la Ley General Tributaria.
3. El inicio del período ejecutivo comporta, para las deudas de derecho público no tributarias, el mismo régimen de recargos y costas procesales que se establece con carácter general en la normativa tributaria, así como los intereses de demora a que se refiere el artículo 24.
1. La providencia de apremio expedida por el órgano competente, acreditativa del descubierto de las deudas correspondientes a derechos de naturaleza pública, es título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
2. El procedimiento de apremio puede suspenderse en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y procedimientos económico-administrativos.
3. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha prescrito o ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.
4. Cuando un tercero, que no tenga responsabilidad frente a la Hacienda Pública de Extremadura en virtud de obligación o gestión propia, o transmitida en relación con los créditos objeto del procedimiento, pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos trabados, o bien considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública de Extremadura, deberá formular la correspondiente reclamación de tercería ante el órgano competente.
5. Interpuesta la reclamación de tercería, se procederá de la siguiente forma:
Tratándose de una tercería de dominio, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento procedentes, se suspenderá el procedimiento de apremio sólo en la parte que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, debiendo sustanciarse este incidente en la vía administrativa como previa a la vía judicial. Cuando la reclamación fuera denegada en vía administrativa, continuará el apremio, salvo justificación documental, en el plazo legalmente establecido, de la interposición de la correspondiente demanda judicial.
No obstante lo anterior, si se hubiera continuado el procedimiento de apremio sobre el resto de los bienes o derechos del obligado al pago no cuestionados por tercería, y con su producto hubiera quedado totalmente satisfecha la deuda, se dejará sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de la reclamación de tercería sin que ello suponga reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante.
Si se tratase de una tercería de mejor derecho, se proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes embargados y el producto obtenido se consignará en depósito a las resultas de la tercería.
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Extremadura por los conceptos contemplados en esta sección devengarán el interés de demora desde el día siguiente a su vencimiento. Se incluyen en este apartado las cantidades recaudadas a través de cuentas restringidas, entidades colaboradoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública de Extremadura que no sean ingresadas por dichas entidades en la Tesorería en los plazos establecidos.
2. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o período de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos del Estado para cada ejercicio.
3. En los supuestos de reintegro de subvenciones se devengará el interés legal antes mencionado incrementado en un 25%, salvo que la propia Ley de Presupuestos establezca uno diferente.
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria o las establecidas en las normas específicas que resulten aplicables.
1. Podrán aplazarse o fraccionarse, devengando el correspondiente interés de demora, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Extremadura en virtud de una relación jurídica de derecho público, en los casos, por los medios y a través del procedimiento establecidos reglamentariamente.
2. Dichas cantidades deberán garantizarse, salvo en los casos siguientes:
Las de baja cuantía, entendiéndose por tales aquéllas inferiores a la cifra que fije la Consejería competente en materia de Hacienda.
Cuando el deudor carezca de suficientes bienes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de su capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, salvo que ello produjera grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública de Extremadura.
1. Salvo lo establecido en las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirán a los cuatro años los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura:
A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar desde la fecha de su notificación, o si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria, y se aplicará de oficio.
3. Los derechos de la Hacienda Pública de Extremadura declarados prescritos serán dados de baja en las respectivas cuentas, previa la tramitación del oportuno expediente.
4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda Pública de Extremadura se ajustará a lo prevenido en el Título VI de esta Ley.
El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste de su exacción y recaudación.
La efectividad de los derechos de naturaleza privada de la Hacienda Pública de Extremadura se llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del derecho privado.
Podrán aplazarse o fraccionarse las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Extremadura en virtud de una relación jurídica de derecho privado en los casos y con las condiciones que establezca el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
1. Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública de Extremadura nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.
2. Las obligaciones de la Hacienda Pública Autonómica se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación.
1. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de la Hacienda Pública de Extremadura cuando resulten de la ejecución de sus Presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.
2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Autónoma de Extremadura, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.
1. Ningún juez, tribunal o autoridad administrativa podrá despachar mandamiento de ejecución o dictar providencia de embargo contra los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni tampoco contra sus bienes o derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital social de empresas públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
A estos efectos, se considerarán siempre materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, el dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluidos todos los saldos existentes en cualquier clase de cuentas abiertas en el Banco de España y en las entidades de crédito.
2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública de Extremadura corresponde exclusivamente a la autoridad administrativa competente por razón de la materia, la cual acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites que establezca el respectivo presupuesto, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Si para el pago fuera necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
En las materias tributarias, de contratación administrativa y de expropiación forzosa se aplicará para la exigencia a la Hacienda Pública autonómica de intereses de demora lo dispuesto en sus legislaciones específicas.
En las materias no contempladas en el párrafo anterior, si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública Autonómica dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 24 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
1. Salvo lo establecido en leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública de Extremadura de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluya el servicio o prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuera reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de la notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
2. La prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil, salvo que otra cosa se establezca en leyes especiales.
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública de Extremadura que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa la tramitación del oportuno expediente.
DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.
Los escenarios presupuestarios plurianuales, en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, constituyen la programación de la actividad del sector público autonómico con presupuesto limitativo en la que se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria.
Los objetivos plurianuales expresados de forma objetiva, clara y mensurable a alcanzar en el período y estructurados por programas presupuestarios.
La actividad a realizar para la consecución de los objetivos.
Los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.
Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los créditos que, para el logro de los objetivos anuales que dichos programas establezcan, se propone poner a disposición de los centros gestores del gasto responsables de su ejecución.
Las inversiones reales y financieras a realizar.
CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.
Los presupuestos de la Administración General, de sus organismos autónomos, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, así como de los órganos con dotación diferenciada a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de esta Ley.
Los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público autonómico empresarial y del sector público autonómico fundacional.
Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer y los derechos a liquidar durante el correspondiente ejercicio los sujetos referidos en el apartado a del artículo anterior.
Los gastos e ingresos y las operaciones de inversión y financieras a realizar por las entidades contempladas en la letra b del artículo anterior.
La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad Autónoma.
Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven.
Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.
Las generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gasto adquiridos, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para los que hubiera crédito disponible en el ejercicio de procedencia.
La clasificación orgánica agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto con dotación diferenciada en los presupuestos.
La clasificación funcional permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos en atención a las finalidades u objetivos que se pretendan conseguir y establecer, de acuerdo con la Consejería competente en materia de Hacienda, un sistema de objetivos que sirvan de marco a su gestión presupuestaria y que haga posible, de conformidad con ellos, clasificar los créditos por programas. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual.
La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de contingencia.
Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos
La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Comunidad Autónoma y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos y los de otras entidades, según proceda.
La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital y las operaciones financieras.
1. La fijación anual del límite de gasto no financiero que deben respetar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se efectuará con la extensión y de la forma previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
2. El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda establecerá, mediante Orden, el procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
3. Las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se formularán y tramitarán sirviéndose de los medios informáticos que establezca al efecto la Consejería competente en materia de Hacienda, quien asimismo fijará los plazos para su presentación.
Texto articulado.
Estados de ingresos y gastos.
Anexo de proyectos de gastos y programación plurianual, que incluirá su clasificación territorial.
Estados consolidados de los presupuestos.
Memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes.
Memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales.
Memoria de los beneficios fiscales.
Liquidación de los Presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente.
Informe socio-económico.
Presupuestos de las entidades autonómicas del sector público empresarial y del sector público fundacional.
Los declarados ampliables conforme a lo establecido en esta Ley.
Los que establezcan subvenciones nominativas.
Los que, en su caso, se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. Además, para las inversiones reales y transferencias de capital, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación, minorado o aumentado por las transferencias de créditos negativas o positivas, en su caso, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 60 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 %.
Estos porcentajes serán del 100 % en cada uno de dichos ejercicios para el resto de operaciones.
Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25 % del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 63 de esta Ley.
Artículo 66 bis.Fondo de contingencia. 1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y para las que no se hubiera previsto la adecuada dotación de crédito en todo o en parte, incluirá un concepto presupuestario bajo la rúbrica "Fondo de contingencia" por importe máximo del dos por ciento del total de gastos para operaciones no financieras.
Las ampliaciones de crédito.
Los créditos extraordinarios.
Las incorporaciones de crédito.
En ningún caso podrá utilizarse el Fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Admi nis tración que carezcan de cobertura presupuestaria.
6. La gestión presupuestaria del Fondo de contingencia corresponderá a la Consejería competente en materia de Hacienda; en ningún caso podrán tramitarse gastos con cargo a los créditos del Fondo de contingencia
Incorporaciones de créditos.
No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras o de capital a créditos para operaciones corrientes.
No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan ampliado en el ejercicio.
No podrán minorarse o incrementarse los créditos que hayan sido incrementados o minorados, respectivamente, mediante transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal. Dicha limitación se aplicará al correspondiente nivel de vinculación de los créditos. No obstante, se entenderán referidas a nivel de concepto para aquellos casos en que la vinculación sea a nivel de artículo.
Los créditos del programa de imprevistos y funciones no clasificadas.
Los créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas.
Los créditos procedentes del traspaso de nuevas competencias.
Los créditos del programa del endeudamiento público.
Artículo 70. Generaciones de créditos. 1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
Aportaciones del Estado, de sus organismos o instituciones, de la Unión Europea o de otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la Comunidad Autónoma.
Aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo a la Administración de la Comunidad Autónoma, otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
Préstamos concedidos a la Administración de la Comunidad Autónoma por otras administraciones públicas, sus organismos o instituciones para financiar total o conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a la misma.
Ingresos obtenidos por reintegros de pagos indebidos de presupuestos cerrados para la reposición de los créditos afectados con cargo al presupuesto corriente.
Recursos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
4. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el Presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior, para los mismos supuestos anteriores
2. La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de la Comunidad Autónoma podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, mediante baja en los créditos del Fondo de contingencia conforme a lo previsto en el artículo 66 bis de esta Ley, o con baja en otros créditos del presupuesto.
Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto.
Con nuevos ingresos sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.
Mediante baja de otros créditos.
Con los recursos de operaciones de crédito para financiar gastos de inversión.
Artículo 75. Autorizaciones de los créditos extraordinarios. La competencia para autorizar créditos extraordinarios corresponderá:
Al Consejo de Gobierno, para atender necesidades de gastos inaplazables de carácter no discrecional e imprevistas hasta un límite máximo en el ejercicio del dos por ciento del presupuesto inicial consolidado no financiero cuando se financien con baja en el Fondo de contingencia.
A la Asamblea, mediante la remisión de un proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General competente en materia de Presupuestos y dictamen del Consejo Consultivo, en los restantes casos.
Cuando así lo disponga una norma de rango legal.
Los que resulten de créditos extraordinarios que hayan sido concedidos mediante norma con rango de ley en el último trimestre del ejercicio presupuestario anterior.
Los créditos que amparen compromisos de gasto contraídos antes de finalizar el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo.
Los procedentes de créditos para operaciones de capital.
Los derivados de créditos para gastos cuya financiación sea afectada.
2. Los remanentes de créditos se incorporarán manteniendo la misma clasificación orgánica, funcional y económica que los créditos de procedencia; no obstante, se adaptarán a las estructuras vigentes los créditos afectados por reclasificaciones
Artículo 77. Financiación de las incorporaciones. La financiación de las incorporaciones de créditos se realizará de la forma que se indica a continuación:
Con cargo a los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
Mediante baja en los créditos del Fondo de contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 66 bis de esta Ley, o en otros créditos del presupuesto
Cuando se haya aprobado por el propio Consejo de Gobierno el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario.
Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario.
Las transferencias de créditos entre diferentes secciones presupuestarias, salvo las señaladas en el artículo siguiente.
Los créditos extraordinarios a los que se refiere la letra a del artículo 75.
Los anticipos de tesorería.
Artículo 80. Competencias del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. Corresponde al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda:
Las transferencias de créditos, salvo las señaladas en el artículo 79 y 81 de esta Ley.
Las generaciones de créditos.
Las ampliaciones de créditos.
Las incorporaciones de créditos.
Las minoraciones de créditos.
2. Autorizar modificaciones en la financiación y vinculación asignadas a los proyectos de gastos siempre que existan los derechos reconocidos o compromisos de ingresos finalistas que lo justifiquen
Los gastos de personal como consecuencia de variaciones en las relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas presupuestarias, o de modificaciones generales o puntuales en las retribuciones del personal al servicio de la Administración Autonómica.
Los créditos cuya financiación sea afectada.
Las atenciones protocolarias y representativas.
DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL.
2. Las entidades que deban elaborar los presupuestos de explotación y de capital que posean, directa o indirectamente, la mayoría de capital social de una o varias sociedades mercantiles autonómicas podrán presentar sus presupuestos de explotación y de capital y, en su caso, sus programas de actuación plurianual de forma consolidada con dichas sociedades mercantiles autonómicas, relacionando las sociedades objeto de presentación consolidada. Esta norma no se aplicará a aquellas sociedades mercantiles autonómicas que, a su vez, estén participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por otra entidad que deba elaborar los presupuestos de explotación y de capital.
3. Deberán presentar, en todo caso, el presupuesto de explotación y de capital y, en su caso, el programa de actuación plurianual de forma individualizada, las entidades públicas empresariales y las fundaciones del sector público autonómico, así como las empresas públicas, las sociedades mercantiles autonómicas y los consorcios referidos en la letra h del apartado 1 del artículo 2 que soliciten con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma subvenciones de explotación o capital u otra aportación de cualquier naturaleza.
Compromiso de gasto.
2. Bajo la superior autoridad del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, corresponde a la Dirección General con competencia en materia de Tesorería la función de Ordenador General de Pagos. Los presidentes o directores de los Organismos Autónomos y demás entes a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3, como ordenadores de pagos dentro del ámbito de sus competencias, estarán bajo la autoridad del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Partidas de gastos con financiación afectada, hasta tanto exista constancia del compromiso de ingreso correspondiente.
Transferencias internas corrientes o de capital destinadas a los organismos autónomos y entidades integrantes del sector público autonómico, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada.
Cuando los servicios y prestaciones a que se refieran se realicen en moneda extranjera.
Cuando por razones de oportunidad y otras debidamente motivadas se considere necesario para agilizar la gestión de los créditos, mediante resolución del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
En aquellos otros supuestos que por Decreto acuerde el Consejo de Gobierno.
3. La extinción del derecho podrá producirse por su cobro en metálico, así como en especie, o por compensación, en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.
DE LA TESORERÍA, DEL ENDEUDAMIENTO Y DE LOS AVALES.
DE LA TESORERÍA.
1. La Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura depende de la Consejería competente en materia de Hacienda, sirve al principio de unidad de caja y está constituida por todos los recursos financieros, ya sean dinero, valores o créditos, de la Administración de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos y los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3 de esta Ley.
Recaudar los derechos, recoger los flujos monetarios de toda clase de ingresos y pagar las obligaciones.
Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.
Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.
Responder de los avales contraídos por la Administración de la Comunidad Autónoma, según las disposiciones de esta Ley, así como custodiar los avales que se depositen en la Caja General de Depósitos.
Las demás que se deriven o relacionen con éstas.
2. En la Caja General de Depósitos se constituirán, a disposición de la autoridad administrativa correspondiente, los depósitos definitivos realizados en metálico, valores y avales que deben constituirse a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus Organismos Autónomos y los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3 de esta Ley. Estas funciones podrán organizarse en régimen de desconcentración, en los términos que reglamentariamente se determinen.
1. Los recursos de la Tesorería se situarán en entidades de crédito debidamente autorizadas por el Banco de España para el ejercicio de su actividad, en cuentas de las que, en todo caso, ostentará su titularidad la Junta de Extremadura, sus Organismos Autónomos o los entes públicos a que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 3 de la presente Ley.
Empréstitos representados por medio de títulos, anotaciones en cuenta o cualquier otro documento que formalmente los reconozca.
Operaciones de crédito, o préstamo concertadas con personas físicas o jurídicas.
Cualquier otra apelación al crédito público o privado admitida en derecho.
Que el importe total del crédito se destine a la realización de operaciones de capital.
Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25 % de los ingresos corrientes.
Acordar operaciones de canje, conversión, amortización anticipada total o parcial, refinanciación, sustitución o modificación de las condiciones de las operaciones de endeudamiento, al amparo de lo dispuesto en las respectivas normas de emisión o contracción, o por mutuo acuerdo de acreedores, cuando la situación del mercado u otras circunstancias lo aconsejen.
Acordar la realización de operaciones de intercambio financiero o derivados financieros tales como seguros, permutas, opciones y cualquier otra operación que tenga por finalidad limitar, diversificar o modificar el riesgo cambiario o el riesgo y coste del endeudamiento debido a la evolución de los tipos de interés, facilitar su colocación, negociación o administración, o mejorar la gestión y distribución de la carga financiera.
Concertar convenios de colaboración con entidades financieras e instituciones de inversión colectiva u otros inversores institucionales con el fin de promover la mejor colocación del endeudamiento y la liquidez de su mercado.
El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos derivados de las operaciones de endeudamiento se aplicarán por su importe íntegro al respectivo presupuesto, excepto la liquidación de principal e intereses de las operaciones de permuta financiera. No obstante, el producto y la amortización de las operaciones de endeudamiento a corto plazo por necesidades transitorias de tesorería tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias.
Artículo 116. Competencia para la formalización del endeudamiento. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113 de esta Ley, corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda la contratación y formalización de las operaciones de endeudamiento, previa autorización del Consejo de Gobierno.
1. Prescribirán a los cinco años las acciones para reclamar los intereses del endeudamiento y para devolver los capitales llamados a reembolso, contados respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso. En los supuestos de llamada a conversión o canje obligatorio, prescribirá la obligación de reembolso de capitales a los diez años contados desde el último día del plazo establecido para la obligación.
1. Los organismos autónomos y entes públicos recogidos en la letra b apartado 1 del artículo 3 de esta Ley no podrán concertar operaciones de endeudamiento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, o leyes especiales a tal efecto, en base a la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar, así lo autorice. Dicha ley establecerá los términos y límites en que dicho endeudamiento debiera realizarse.
No obstante, cuando se trate de operaciones a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería por importe inferior a 600.000 ?, o bien de préstamos concedidos por otras Administraciones Públicas o Entidades pertenecientes a su Sector Público por importe inferior a 120.000 ?, la autorización corresponderá al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
La renuncia al beneficio de excusión que establece el artículo 1830 del Código Civil.
Excepcionalmente, en los avales que garanticen operaciones de crédito exterior, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.
1. Los organismos autónomos y entes públicos recogidos en la letra b apartado 1 del artículo 3 de esta Ley no podrán prestar avales, salvo que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, o leyes especiales a tal efecto, en base a la especial naturaleza de las condiciones y actividad a realizar, así lo autoricen, y siempre que estén autorizados para ello en sus leyes de creación. Dicha ley establecerá los términos y límites en que dichas operaciones debieran realizarse.
DE LA CONTABILIDAD.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las restantes entidades integrantes del sector público autonómico recogidas en el artículo 2 quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta Ley.
La sujeción al régimen de la contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Asamblea de Extremadura y al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Junta de Extremadura.
COMPETENCIAS EN MATERIA CONTABLE.
Registrar la ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las restantes entidades integrantes del sector público autonómico.
Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse a la Asamblea de Extremadura y al Tribunal de Cuentas.
Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las Cuentas Económicas del sector público de Extremadura.
Rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones a nivel de Gobierno o de Administración.
Cualquier otro que le fijen las disposiciones vigentes.
La Intervención General de la Junta de Extremadura, es el centro directivo de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y le corresponde:
Someter a la decisión del Consejero competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura al objeto de su posible coordinación y articulación en el Plan General de Contabilidad del sector público estatal.
Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar las circulares e instrucciones que le permitan las Leyes y Reglamentos.
Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboran conforme al Plan General.
Inspeccionar la contabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las restantes entidades integrantes del sector público autonómico.
Formar la Cuenta General.
Examinar, formular observaciones y preparar las Cuentas que hayan de rendirse a la Asamblea de Extremadura y al Tribunal de Cuentas.
Centralizar la información, deducida de la contabilidad, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las restantes entidades integrantes del sector público autonómico.
Elaborar las cuentas económicas del sector público de Extremadura, de acuerdo con el sistema español de cuentas nacionales.
Vigilar e impulsar las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Junta de Extremadura.
Someter a la aprobación del Consejero competente en materia de Hacienda la imposición de las sanciones que reglamentariamente se determinen por falta de rendición de cuentas, notable retraso en ellas o rendirlas con graves defectos.
1. Las cuentas y la documentación que deban rendirse a la Asamblea de Extremadura y al Tribunal de Cuentas se formarán y cerrarán anualmente, sin perjuicio de la información periódica que legal o reglamentariamente deba remitirse a órganos competentes.
Las autoridades y los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de gastos.
Los presidentes o directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales y demás entidades del sector público autonómico.
Los presidentes del consejo de administración de las empresas y sociedades mercantiles autonómicas, y en su caso, los liquidadores de las mismas en proceso de liquidación.
Los presidentes de los patronatos o quienes tengan atribuidas funciones ejecutivas en las fundaciones del sector público autonómico.
Los perceptores de subvenciones, en cuanto a la justificación del destino dado a las mismas.
Los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores de la Comunidad.
La Consejería competente en materia de Hacienda enviará a la Asamblea de Extremadura a efectos de información, estudio por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y publicación en el Diario Oficial de Extremadura, los siguientes datos:
Las operaciones de ejecución del Presupuesto.
La situación y movimiento de la Tesorería, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
Las demás que se consideren de interés.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Administración de la Comunidad Autónoma y las demás entidades integrantes del sector público autonómico.
La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura se formará con las cuentas anuales de cada una de las entidades que conforman el sector público autonómico.
En el caso del sector público empresarial, las cuentas anuales se formarán mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que las integren, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad del sector privado y disposiciones que lo desarrollen.
El contenido, la estructura y las normas de elaboración de las cuentas de las entidades integrantes del sector público administrativo se determinarán por la Consejería que ejerza las competencias en materia de Hacienda, a propuesta de la Intervención General. En todo caso, se suministrará información sobre:
La situación económica, financiera y patrimonial.
Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.
La ejecución y liquidación de los presupuestos del ejercicio.
La Cuenta General de la Comunidad de cada año se formará por la Intervención General de la Junta de Extremadura y se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y por las disposiciones que la desarrollan.
La Intervención General de la Junta de Extremadura, con plena autonomía respecto a los órganos y entidades sujetos a fiscalización, tendrán el doble carácter de centro de control interno y centro directivo de la contabilidad pública de la Junta de Extremadura.
La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.
La función interventora de los actos o acuerdos de reconocimiento de obligaciones, que acompañados de la documentación justificativa correspondiente, respondan a compromisos de gastos fiscalizados previamente de forma favorable o exentos de fiscalización previa, podrá realizarse una vez reconocidos al tiempo de contabilización de la obligación del gasto.
La intervención formal del pago y de su ordenamiento.
La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros o adquisiciones y servicios, que comprenderá tanto la intervención material como el examen documental.
La fiscalización previa de los derechos será sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Junta de Extremadura.
No obstante, será necesaria la fiscalización previa en los actos que acuerden el fraccionamiento y aplazamiento de los derechos de la Hacienda.
La función interventora podrá ejecutarse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas de los actos, documentos o expedientes relacionados con los gastos de subvenciones, en la forma que reglamentariamente se determine.
Recabar de los órganos competentes, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente a intervenir así lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, juntamente con los antecedentes y documentos precisos para el mejor ejercicio de esta función.
La comprobación de los efectivos de personal y las existencias de metálico, valores y demás bienes de todas las dependencias y establecimientos de la Junta de Extremadura.
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA PREVIA.
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de la cantidad que cada año se establezca en la Ley de Presupuestos cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipos de caja fija.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 63 de esta Ley.
Aquellos otros extremos que, dentro del ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de las normas que ampara el gasto y por su trascendencia en el proceso de gestión, determine mediante acuerdo el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.
Si el reparo afecta a la disposición de los gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación del expediente en los siguientes casos:
Si hay insuficiencia de crédito o el presupuesto no se considera adecuado.
Si se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredita suficientemente el derecho del perceptor.
Si faltan en el expediente requisitos o trámites esenciales, o se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Junta de Extremadura o a un tercero.
Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
1. Si el órgano a que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:
Cuando haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella.
Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta haya confirmado el de una Intervención Delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la Junta de Extremadura su resolución.
DEL CONTROL FINANCIERO.
1. El control de carácter financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento económico-financiero de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del resto del sector público autonómico.
2. El control financiero se efectuará mediante procedimiento de auditoría, sustituyendo a la intervención previa, en las Sociedades Mercantiles, Empresas, Entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas por la Junta de Extremadura, o por sus Organismos.
3. El Consejero competente en materia de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Junta de Extremadura, determinará las normas e instrucciones a que deberá ajustarse la actividad auditora y elaborará anualmente un Plan de Auditorías, para cuya ejecución, podrá recabarse cuando sea necesario la colaboración de empresas de auditoría.
Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas en el artículo 2 de esta Ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta Ley, estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública de Extremadura o, en su caso, a la respectiva entidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder.
Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública regional sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en la Tesorería.
Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta Ley o en la de Presupuestos que sea aplicable.
Dar lugar a pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de esta Ley.
No justificar la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 96 y 97 de esta Ley y la normativa reguladora de las subvenciones.
Cualquier otro acto o resolución con infracción de esta Ley, cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo anterior.
2. Las infracciones tipificadas en el número anterior darán lugar, en su caso, a la obligación de indemnizar establecida en el artículo precedente.
En las condiciones fijadas en los artículos anteriores, están sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la respectiva entidad, además de los que adopten la resolución o realicen el acto determinante de aquélla, los interventores en el ejercicio de la función interventora, respecto a los extremos a los que se extiende la misma, y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.
2. El acuerdo de incoación, el nombramiento de instructor y la resolución del expediente corresponderán al Consejo de Gobierno cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de autoridad, y en los demás casos al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
3. La resolución que, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, ponga fin al expediente tramitado con audiencia de los interesados, se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda Pública de Extremadura o, en su caso, de la entidad, imponiendo a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y en el plazo que se determine.
4. El plazo máximo para dictar la resolución será de doce meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de incoación.
Dicha resolución será recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
1. Los perjuicios declarados en los expedientes de responsabilidad, tendrán la consideración de derechos de la Hacienda Pública autonómica o del ente respectivo.
Dichos derechos gozarán del régimen a que se refiere el artículo 20 y se procederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio.
2. La Hacienda Pública autonómica, o en su caso la entidad correspondiente, tienen derecho al interés previsto en el artículo 24, sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los perjuicios. Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará a contar del día en que se les requiera el pago.
Tan pronto como se tenga noticia de que se ha producido un hecho constitutivo de las infracciones a que se refiere el artículo 154 o hayan transcurrido los plazos señalados en los correspondientes artículos de esta Ley sin haber sido justificadas las órdenes de pago o los fondos a que el mismo se refiere, los jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública autonómica o los de la respectiva entidad, dando inmediato conocimiento al Tribunal de Cuentas o al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, en cada caso, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
Los organismos autónomos creados con anterioridad a la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sean de carácter administrativo o de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, se entenderán a todos los efectos como organismos autónomos de los previstos en la letra a del apartado 1 del artículo 111 de la citada Ley 1/2002, y pasarán a ser considerados como integrantes del sector público administrativo autonómico e incluidos en la letra b del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley.
Su régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero será el establecido para los organismos autónomos en esta Ley.
La gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios se regirá por su normativa específica, y en su caso, por la regulación que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley.
La gestión de los gastos de la Política Agraria Común se regirá, en cuanto a su ejecución y gestión, por las normas y procedimientos establecidos en los Reglamentos de la Unión Europea que sean de aplicación, por las normas básicas del Estado en esta materia, y por las que, en su caso, pueda dictar la Comunidad Autónoma.
Estarán exentas de la obligación de constituir garantía por las aportaciones económicas que reciban de manera anticipada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
Las entidades integrantes del sector público autonómico incluidas en el artículo 2 de esta Ley.
Las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los organismos de ellas dependientes.
La Mesa de la Asamblea de Extremadura podrá aprobar transferencias, generaciones e incorporaciones de crédito en la Sección del Presupuesto correspondiente a dicho órgano legislativo.
Las dotaciones presupuestarias a la Asamblea de Extremadura se librarán por cuartas partes, en firme y sin justificación a petición del Presidente de la misma.
Mientras tenga vigencia lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas en materia de financiación sanitaria, se autoriza al Consejo de Gobierno a generar créditos en el estado de gastos del Servicio Extremeño de Salud destinados a bienes y servicios de naturaleza corriente, financiándose con anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación de los tributos cedidos y del Fondo de Suficiencia, que autorice el Tesoro del Estado, por importe superior a las previsiones iniciales contempladas en el presupuesto de ingresos.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo que dispone esta Ley y, en especial, la Ley 3/1985, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
1. Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente Ley.
2. Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para regular la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las materias contempladas en esta Ley.
Esta Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, entrarán en vigor el día 1 de enero de 2008 los siguientes capítulos y artículos:
Los Capítulos II y IV del Título II.
Los artículos 83, 85 y 86, en lo que se refiere a la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales.
Mérida, 19 de abril de 2007.
Artículo 131 (apdo. 4):
Derogado por Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículo 32 (apdo. 1 segundo párrafo):
Añadido por Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012. Artículos 52 (letra c)) , 70, 73 (apdo. 2), 75, 76 (apdo. 2), 77, 80, 116, 117 (apdo. 2), 120 (apdos. 3 y 4), y 148 ( letra c) del apdo. 2)
Redacción según Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículos 54 (apdo. 1), 66 bis, 107 (apdos. 3, 4 y 5), y 145 (párrafo):
Añadido por Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículos 54 (apdos. 2 y 3 antes 1 y 2 respectivamente), 73 (apdo. 2 antes 3), 148 (letra c) del apdo 2 antes letra d)):
Renumerado según Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Artículo 73 (apdo. 2), 148 (letra c) del apdo.2) :
Suprimido por Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cerrar
LEY 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2008LEY 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de ExtremaduraLEY 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraORDEN de 21 de noviembre de 2008 por la que se convocan becas a la creación literaria para el año 2009, reguladas en el Decreto 254/2005, de 7 de diciembre. (2008050383)LEY 4/2008, de 25 de noviembre, de endeudamiento extraordinario de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraLEY 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2009LEY 2/2009, de 2 de marzo, para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo LocalLEY 3/2009, de 22 de junio, de creación del Instituto de Estadística de ExtremaduraORDEN de 12 de noviembre de 2009 por la que se acuerda la apertura de la convocatoria de las ayudas a la edición de libros españoles para el año 2010, reguladas por el Decreto 255/2005, de 7 de diciembre. (2009050511)LEY 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2010ORDEN de 31 de marzo de 2010 por la que se convocan las ayudas Francisco de Zurbarán a artistas plásticos. (2010050115)LEY 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de ExtremaduraORDEN de 24 de agosto de 2010 por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010050262)ORDEN de 10 de septiembre de 2010 por la que se convocan becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2010/2011 para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010050277)LEY 10/2010, de 16 de noviembre, de la ciencia, la tecnología y la innovación de ExtremaduraLEY 12/2010, de 16 de noviembre, de impulso al nacimiento y consolidación de empresas en la Comunidad Autónoma de ExtremaduraLEY 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2011LEY 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la Comunidad Autónoma de ExtremaduraORDEN de 29 de diciembre de 2010 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas correspondientes al ejercicio 2011 destinadas a la realización de acciones formativas de la oferta preferente de la Consejería de Igualdad y Empleo dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. (2011050019)LEY 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura	Derecho.com
LEY 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura	Trámites

References: Artículo 2

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Artículo 27

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Artículo 29

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Artículo 35

Artículo 36

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Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

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Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 143

Artículo 144

Artículo 145

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 151

Artículo 152

Artículo 153

Artículo 154

Artículo 155

Artículo 156

Artículo 157

Artículo 158

Artículo 159
 artículo 49
 artículo 57
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 75
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 63

Artículo 66

Artículo 70
 artículo 66

Artículo 75

Artículo 77
 artículo 66
 artículo 75

Artículo 80
 artículo 79
 artículo 2
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 116
 artículo 113
 artículo 3
 artículo 1830
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 63
 resolución 
 artículo 2
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 154
 artículo 111
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 131
 Artículo 32
 Artículo 73