Source: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2012/04/
Timestamp: 2017-06-23 10:14:10+00:00

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Estado-Ley-Democracia: abril 2012
Participación una visión humanista cristina. Leopoldo Quezada Ruz.
En el blog Doctrina Social de la Iglesia, el 14 de septiembre de 2005 se publica un interesante trabajo sobre la Participación Ciudadana en la Doctrina Social de la Iglesia, escrito por Leopoldo Quezada Ruz, que es muy interesante y que por ello lo replico en este blog:
El título es: Participación: una visión humanista cristina.
Un filósofo griego planteaba que el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos.
Pero, ¿qué es participar? Busqué en el Diccionario y encontré que participar es “tomar o tener parte en algo”, así como en una sociedad o negocio. Una definición más satisfactoria, a mi juicio, es la que propone un texto de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que señala que “Participar es tomar parte activa en algo común, intervenir, colaborar en algo que es obra conjunta de varios”. Participar, entonces, implica necesariamente dos componentes: uno de carácter subjetivo “yo me siento parte de algo”; y el segundo tiene que ver con una mirada desde la propiedad: “esto es mío, me pertenece”.
Cuando reflexionamos sobre la crisis de participación se dan estos dos elementos. Muchos, particularmente los jóvenes y los sectores marginados, no sienten que el país, la comuna, o el barrio, les pertenecen, menos la historia. Se sienten “al margen”. Consideran que su presencia, su voto o su opinión no valen y que no “cambiará nada”.
En el Magisterio de la Iglesia hay un cuerpo de conceptos claves al respecto, y que nos hacen entender a la participación en forma integral. En primer lugar, la naturaleza social del hombre.
En efecto, ya en el Génesis, Dios mismo tras crear al hombre señala que “No es bueno que el hombre esté solo”. Resulta obvio que nuestra especie no pudo subsistir sino unido a otros, de otra forma se hubiese extinguido hace mucho rato. Es evidente que tuvo que unir esfuerzos junto a otros para sobrevivir. Al mismo tiempo, cabe destacar otro elemento clave de la naturaleza humana, que es producto de haber sido creado “a imagen de Dios”, su dignidad, y por tanto portador de derechos que tienden a su perfeccionamiento. Efectivamente, uno de ellos es la participación, en cuanto es una aspiración y una necesidad de la persona humana, que debe ser respetada, permitida y perfeccionada, en cuanto representa, en último término, la realización y perfección de cada ser humano. Debemos señalar que la participa¬ción es un derecho y un deber que para un cristiano debe estar inspirada por la fe y la ética cristiana. La ética cristiana nos obliga a ejercer nuestras responsabilidades, grandes o pequeñas, con la mejor información posible y con la intención de favorecer el bien común integral de los conciudadanos. Por otra parte, a los que ejercen las decisiones políticas les obliga a tener siempre como objetivo de sus decisiones el bien común, librándose de la tentación de utilizar los recursos del poder o de la autoridad para favorecer intereses particulares y privados, ya sean personales o partidistas. Solamente la ordenación al bien común legitima el ejercicio de la autoridad tanto en el orden legislativo como en el ejecutivo o en el judicial.
La participación es un derecho y un deber que debe ejercitarse de manera res¬ponsable, es decir, con la más alta prepara¬ción técnica, profesional, científica y cultural (Pacem in Terris 147-148). En este sentido, participación se entiende como “el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales” (Catecismo 1913), así como, la serie de “actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece” (Compendio DSI 189). Se hace necesario, por tanto, que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, promoviendo el bien común. Los ciudadanos deben cuanto sea posible tomar parte activa en la vida pública. Es consustancial a su dignidad, el derecho a tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común. Tal como lo señalaba Pío XII “el hombre, como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo de la vida social, es por el contrario, y debe ser y permanecer su sujeto, fundamento y fin” (Radio mensaje 1944). Pero la participación no puede ser limitada a un contenido particular de la vida social, sino que tiene un carácter integral, tal como hemos señalado. Este principio no sólo está asociado a la llamada participación social o comunitaria, sino también en la participación económica, es decir, de los trabajadores en la gestión y en las utilidades de las empresas, y de quienes menos poseen, individuos o países, condición necesaria para la justicia social, condición ligada al bien común y al ejercicio de una autoridad que reconoce y promueve los derechos de la persona. Tal como lo señalaba Mater et Magistra “consideramos que es legítima en los obreros la aspiración a participar activamente en la vida de las empresas, en las que están incorporadas y trabajan. No es posible prefijar los modos y grados de tal participación, pues se hallan en relación con la situación concreta que cada empresa presente; situación, que puede variar de una empresa a otra, y que en lo interior de cada empresa está sujeta a cambios, a menudo rápidos y fundamentales. Creemos, sin embargo, oportuno llamar la atención sobre el hecho de que el problema de la presencia activa de los obreros existe siempre, sea pública o privada la empresa; y, en cada caso, se debe tender a que la empresa llegue a ser una verdadera asociación humana, que con su espíritu influya profundamente en las relaciones, funciones y deberes de cada uno de sus individuos”.
Parece confirmado por la experiencia que el desarrollo económico está cada vez más condicionado por el hecho de que sean valoradas las personas y sus capacidades, que se promueva la participación, se cultiven más y mejor los conocimientos y las informaciones y se incremente la solidaridad (Juan Pablo II Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 8 de diciembre de 2000).
Efectivamente, este principio de Justicia Social que se origina ya desde los primeros versículos de la Biblia y que la Doctrina Social de la Iglesia ha destacado a partir de sus primeros documentos se basa -entre otros- en el Destino Universal de los Bienes. El Catecismo, al respecto, señala “Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tenga cuidado de ellos, los domine mediante su trabajo y se beneficie de sus frutos (cf Gn 1,26–29). Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia” (Catecismo 2402). El Magisterio de la Iglesia, al respecto ha señalado desde hace mucho tiempo sobre la propiedad, que, si bien, la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo (Cat. 2402), existe sobre ella una “hipoteca social” (Enc. Sollicitudo rei sociales 42), es decir que, la tradición cristiana no acepta el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable, al contrario siempre ha expresado que la propiedad privada es “en su esencia, sólo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y por lo tanto, en último análisis, un medio y no un fin” (Compendio DSI 177), y por tanto sujeta a un fin social, cual es el bien común, vale decir, “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (Comp. DSI 164).
Hemos hecho mención la participación como “actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece”. De ello se deducen un par de temáticas que analizaremos. En primer lugar, la participación política.
Al respecto, la participación política es perfectamente conforme con la naturaleza humana. Las es¬tructuras jurídico-políticas deben ofrecer a to¬das las personas el derecho y el deber de par¬ticipar en el diseño de la comunidad política, el gobierno, las instituciones, las elecciones de los gobernantes (Gaudium et Spes, Nº 75). La participación política implica hacerse parte de las decisiones y responsa¬bilidades consiguientes. Las decisiones son im¬portantes para todos, porque condicionan la vida, no sólo la de hoy sino la de mañana tam¬bién, y no es entonces justo desconocer la le¬gítima aspiración de los seres humanos a par¬ticipar, con responsabilidad y conocimiento, en esas decisiones (Oct. Adv., N° 47; Conf. Episc., francesa, 30-10-72; Mater et Magistra, p. 144). El problema es que, tal como lo decía Jacques Maritain hace más de medio siglo "La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado aún realizar la democracia". A ello se añade “el escándalo de las irritantes disparidades no sólo en el goce de los bienes, sino, aún más, en el ejercicio del poder. Mientras en algunas regiones una oligarquía goza con una refinada civilización, el resto de la población, pobre y dispersa, se halla "casi privada de toda iniciativa y de toda responsabilidad propias, por vivir frecuentemente en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana” (Populorum Progressio, 9).
El orden político democrático reconoce y respeta la participación política, sino pierde su sentido y se agota. La historia de la democra¬cia, en este aspecto, es la historia del reconocimiento, ampliación y perfeccionamiento de la participación política libre e igualitaria.
De esta forma, los me¬canismos de participación en el régimen polí¬tico democrático están íntimamente ligados a otros aspectos de la democracia, como el reconocimiento y respeto de los derechos fun¬damentales de la persona humana, el princi¬pio del consentimiento voluntario, la respon¬sabilidad de los gobernantes ante los goberna¬dos y el principio de que la mayoría manda y se respetan las minorías.
El Papa Benedicto XVI recientemente ha señalado que “el ejercicio de una verdadera democracia” que, “por la participación del pueblo, lleva a cabo el gobierno de una nación cuando se inspira en los valores supremos e inmutables y hace posible que el acervo cultural de las personas y el progresivo desarrollo de la sociedad responda a las exigencias de la dignidad humana”. Según el obispo de Roma “la paz es el primero y sumo bien de una sociedad; supone la justicia, la libertad, el orden y hace posible todo otro bien de la vida humana”. Citando a Juan Pablo II, ha advertido asimismo que “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia, puesto que, sin una verdad última que guíe y oriente la acción política, las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder” (Discurso al embajador de Paraguay, 2005).
En efecto, el desafío de un modelo de desarrollo que pretenda armonizar lo económico, lo social y lo ambiental requiere de estructuras de gobierno aptas para abordar esta complejidad, a la vez que una activa participación ciudadana en las cuestiones públicas. La participación de la sociedad civil en las decisiones sobre el desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas y viables. La vida democrática moderna requiere de un rol cada vez más activo de la población. La idea de que los gobernados sólo actúan cuando se trata de elegir y luego, valga la redundancia, son gobernados por otros sin que exista posibilidad alguna de interactuar con los gobernantes, ha quedado agotada. Ahora, al concepto de democracia representativa se le agrega la calificación de participativa.
En este sentido, además, tal como lo señaló Juan Pablo II, y lo reafirma Benedicto XVI, la democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular.
Nadie puede restarse de la construcción del bien común, es más, nadie puede afirmar como Caín: “No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?” (Gen. 4,9). Cada uno está llamado a “colaborar, según las propias capacidades en su consecución y desarrollo” (Comp. DSI 167). Los cristianos no pueden desentenderse de la participación en la política como un medio inevitable de ejercer la caridad con el prójimo. “El criterio básico de la participación de los cristianos en la vida política ha de ser siempre la consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre”. (Simposio De Doctrina Social De La Iglesia en el 40º Aniversario de Pacem in Terris, Conferencia episcopal española, 2003).
Como la construcción del bien común es una tarea de todos y cada uno, cabe referirnos al principio de subsidiaridad, que implica que "una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común" (CA 48; Pío XI, enc. "Quadragesimo anno"). La subsidiaridad estatal comprende en relación con los cuerpos intermedios, una doble función: Negativa: aquello que los individuos particulares pueden hacer por sí mismos y con sus propias fuerzas, no se les debe quitar y entregar a la comunidad, es decir que ni a las agrupaciones superiores ni al Estado les compete absorber o destruir la actividad de las inferiores, y Positiva: las autoridades en virtud de este principio deben tender a favorecer y a auxiliar, así como también a fomentar, estimular, ordenar, fiscalizar, suplir y completar a los cuerpos intermedios, como la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales (los municipios en nuestro caso), “en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social” (Comp. DSI 185). Esta "socialización" expresa así la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a garantizar sus derechos (cf GS 25,2; CA 12).
Sería fácil mirar para el lado o responder cínicamente como Caín a la invitación a participar, a construir el bien común, pero de manera alguna puede afirmarse que no estamos convocados a trabajar junto con otros para construir una sociedad más justa.
El Padre Hurtado en una de sus más hermosas reflexiones criticaba la pusilanimidad, de quien cree que no vale nada, o que su esfuerzo no tiene ninguna relevancia. El mismo Jesús, que todo lo puede, ante las multitudes hambrientas les dice a sus discípulos (que sólo tenían un par de peces machucados y cinco panes duros) “denles de comer” (Mt. 14, 13-21) haciéndolos responsables, pese a sus pobres recursos, del bienestar de otros, y estos pocos panes y peces en sus manos alimentan a millares. Esa modesta contribución deja satisfecho a una multitud. ¡Qué emoción le hubiese producido ver a ese joven deteniendo los tanques en Tiananmen, como diciendo “yo puedo cambiar la historia”!
El mensaje de Cristo una y otra vez convoca al amor. Miente quien dice llamarse cristiano, o que ama a Dios y no ama a su hermano. Miente, quien no enfrenta al mal cuerpo a cuerpo. Miente, quien no tiene un gesto heroico con sus semejantes.
Participar no es sólo un derecho, sino más aun, se nos ha dicho que nos juzgará por cuanto bien hicimos, así como por cuanto bien dejamos de hacer. “Cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. Lo que sembramos hoy, lo cosecharemos mañana.
Como Maritain destaca insistentemente en su obra, más que perfección, lo que necesitamos para construir una sociedad mejor es, sobre todo, “heroísmo”. La única garantía de que lleguemos a alguna parte (si es que se puede hablar de "garantías" en esto), está en el compromiso, en la entrega y en la lucha de cada uno de nosotros para poner en acción día a día estos principios conforme, sin duda, a las limitaciones de cada cual, pero también al esfuerzo que pongamos en ser mejores de lo que somos al tratar de estar a la altura de ese desafío (Cristianismo y democracia según Jacques Maritain, Angel Correa).
Decía el Padre Hurtado que, “uno es santo o burgués, según comprenda o no esta visión de eternidad. El burgués es el instalado en este mundo, para quien su vida sólo está aquí. Todo lo mira en función del placer”, o acaso, ¿estás dispuesto a vivir, como pocos, con heroísmo y pararte delante del mal ya sea un tanque o la opresión, y preguntarte, qué haría Cristo en mi lugar?
http://doctrinasocialiglesia.blogspot.com/2005/09/participacin-una-visin-humanista.html
Si preguntan cuántos integran el movimiento de indignados en Venezuela, creo que la gran mayoría de los Venezolanos estamos hoy en el grupo de los indignados, ante el vergonzoso ejemplo moral y ético que nos ha dado el ex magistrado del TSJ y militar de la República Eladio Aponte Aponte. A nadie debe sorprender la crisis del Sistema de Justicia en Venezuela, pues es una crisis producto de una enfermedad que no es nueva, pero que simplemente profundizó. Recuerdo que en una revisión de las actividades de la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) durante el período 1994-1998, se destacaba que los problemas de entonces de la administración de justicia en Venezuela se expresaban de manera concreta en: las recurrente demoras en los tribunales, los altos costos de los procesos, la falta de transparencia de los mismos, la poca previsibilidad de los resultados de las causas y la interferencia política en las decisiones judiciales. Aponte Aponte en sus palabras nos ha demostrado cómo la interferencia de la política en las decisiones judiciales se ha hecho presente en los casos tan significativos que él ha señalado. El mensaje ha sido demoledor para la confianza hacia el Poder Judicial, por otro lado la respuesta del ciudadano refleja que nuestro sistema de justicia no tiene quien la defienda porque desde hace rato se rompió la confianza en ella. Muchas propuestas se han realizado para mejorar el Sistema de Justicia en Venezuela, entre algunas recuerdo precisamente que la extinta COPRE en un documento llamado Bases para el Fortalecimiento Democrático del Sistema Político Venezolano de 19 de febrero de 1998 planteaba una serie de propuestas y expresaba que la reforma judicial era una variable esencial para las transformaciones institucionales que el país exigía para hacer del Estado de Derecho un verdadero Estado de Justicia, orientado al objetivo de obtener más y mejor justicia para los ciudadanos. Esa sigue siendo una tarea pendiente. Los Lineamientos para el Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019), obviamente plantea el tema del Sistema de Justicia y al respecto habla de promover un gran diálogo nacional sobre la situación del mismo que logre un gran compromiso institucional que involucre a todos los sectores sociales y se reconoce que la corrupción, el retardo procesal y la impunidad son las características actuales del Sistema de Justicia. Por cierto, el jueves 19 de abril 2012 Luis Pedro España publicaba un artículo titulado Hacia la Segunda Independencia, en el cual advierte que el país requiere de un gran consenso, en tal sentido señala que para ello, la dificultad no está en “el lado técnico o en el contenido de las políticas públicas, sino del lado de los acuerdos necesarios para viabilizar y mantener en el tiempo las políticas”, es decir en un acuerdo político. Luis Pedro España advierte que en el pasado el problema ha sido precisamente la falta de consenso. Por lo tanto es obvio que un Compromiso político por un Gobierno de Unidad Nacional, suscrito en septiembre 2011 y los Lineamientos Generales para un Gobierno de Unidad Nacional, presentados en enero 2012, no tienen ningún valor si los dirigentes políticos no los asumen con el suficiente compromiso moral y ético con el futuro del país, no como una mera formalidad política, necesaria para el momento histórico, esos hechos políticos deben trascender a los intereses de cada partido y de cada individuo, deben ser la base del gran consenso al que hace mención Luis Pedro España. Igualmente no tiene valor ese esfuerzo de la Mesa de Unidad si la misma no es útil para atraer el interés de quienes no participan en actividades política partidistas, en la tarea de comprometerse con el país y su futuro. El ciudadano debe tener la oportunidad para conocer su contenido, debatir sobre el alcance del mismo y empoderarse de esa visión de país, que además por su contenido favorece al proceso de reencuentro entre los venezolanos y entre ellos con la política. Los ciudadanos debemos ser garantes de un compromiso que evite la improvisación y de un esfuerzo que a todas luces puede apoyar el proceso de inclusión y de reencuentro ciudadano, que alimente además el espíritu de ciudadanía que tanta falta nos hace en una democracia que fue vaciada de ciudadanía. Los ejemplos como Aponte Aponte, sólo sirven para recordar la Venezuela que no queremos. Hoy más que nunca, viendo nuestra situación como país y como sociedad, tiene una gran vigencia las siguientes palabras que nos dejó Mario Briceño Iragorry, en su Mensaje Sin Destino de 1951: “nunca como la presente necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantivos. Tampoco jamás desde la edad heroica nuestro país se había confrontado con mayor número de problemas a la vez”. Carlos Romero Mendoza
César Calderón y sus observaciones al Proyecto Ley de Transparencia en España.
César Calderón, en su portal web hace observaciones con fecha 2 de abril de 2012 al proyecto de Ley de Transparencia que se presenta en España, a saber:
Comencemos por el principio, y éste debe ser felicitar al gobierno por haber producido elprimer intento serio de confección de una ley de transparencia de nuestra democracia. Lo dijeron en la campaña electoral y lo han cumplido… al menos en los plazos.
Como saben, el anterior gobierno remitió a las cortes un anteproyecto de ley de transparencia que no llegó a ver la luz debido al adelanto electoral, un anteproyecto que fue duramente criticado desde este blog por sus enormes carencias y que fue contestado con una proposición de ley del Partido Popular, entonces en la oposición, mediante un texto realmente interesante.
Pues bien, más de un año despues de este episodio y con un cambio de gobierno de por medio, nos encontramos con un texto que no solo es objetivamente menos ambicioso que el presentado por el anterior gobierno, sino que incluso es mucho más limitado que el que el propio PP presentó estando en la oposición. Aquí les dejo algunas notas sobre la nueva propuesta.
En cuanto al espíritu de la ley:
Resulta doloroso leer que en toda la declaración no podamos encontrar ni una sola vez la palabra “internet” ni el concepto “gobierno abierto”. Sintomático.
Tampoco es de recibo que siguiendo las peores tácticas legislativas actuales, que mezclan churras con merinas e incluso con el perro del pastor, la ley nos hable de “transparencia y buen gobierno”, son dos cuestiones absolutamente diferentes que debería ocupar espacios propios en nuestro ordenamiento jurídico para evitar confusiones tanto en la doctrina como entre la ciudadanía.
Estamos ante una ley basicamente analógica, cuya única conexion con la sociedad red es, por un lado, la forma de realizar aportaciones para su mejora ( un triste formulario ciego) y por otro la mención genérica de un “portal” de transparencia. Mal comienzo si no queremos que nazca amortizada.
En cuanto a sus carencias :
A pesar de que existe todo un epígrafe dedicado a la “transparencia activa”, no hay en la ley ni una mención a la apertura y reutilización de datos de las administraciones, el ya famoso “open data” , lo que situa a la ley fuera de la realidad de los paises más avanzados de nuestro entorno.
En cuanto a lo material, y siguiendo el magnífico análisis de Miguel Jiménez:
Si nos centramos en el Título I, dedicado a la transparencia y al derecho de acceso a la información pública, las insuficiencias del borrador del gobierno son evidentes. Destaco las cuatro más importantes a mi juicio. Primero, el anteproyecto fija (artículos 9, 10, 11 y 13) un conjunto de restricciones al derecho de acceso a la información pública. Es más o menos el listado habitual en los textos internacionales pero, a diferencia de éstos, en el caso español estas restricciones se imponen con carácter absoluto (hasta el punto de constituir un motivo para la no admisión de la solicitud de información: art. 15) sin que se obligue a la administración pública afectada a hacer una ponderación entre los intereses protegidos por las restricciones y el interés público que podría prevalecer con la revelación de la información (ponderación a la que obliga el art. 3.2 del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos).
En segundo lugar, el texto del Gobierno sigue aparentemente el art. 5.6 del Convenio del Consejo de Europa al obligar a que las administraciones públicas motiven las resoluciones que denieguen el acceso a la información solicitada aunque sea parcialmente (art. 17.2). Sin embargo, esta obligación queda en papel mojado al consentir el silencio administrativo negativo en sus artículos 17.4 y 21.4, que permitirán que las administraciones que no quieran revelar la información solicitada simplemente no contesten y, con ello, se ahorrarán la ingrata tarea de motivar la resolución denegatoria.
En tercer lugar, en todo el articulado del Título I no encontramos una sola mención a ningún tipo de sanción para aquellas administraciones que incumplan sus deberes de transparencia. Por tanto, el anteproyecto carece de todo potencial coaccionador para impulsar la transparencia en las administraciones públicas más reacias a la misma.
Por último, el texto del Gobierno no reconoce el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública como parte inherente a la libertad de expresión y, por tanto, como un derecho constitucional merecedor de la máxima protección. Esto hará que las peticiones de información que afecten a datos personales protegidos tengan una probabilidad muy baja de salir adelante tras una ponderación entre la protección de tales datos (que tiene respaldo como derecho fundamental) y el derecho de acceso a la información (que no lo tiene).
Estamos por tanto ante un anteproyecto de ley que desde mi punto de vista no garantiza la transparencia y que de ser aprobada de esta forma nos mantendría a la cola de todos los paises desarrollados en esta materia. Una ley que tiene más de marketing político que de voluntad real de cambiar las cosas aportando al ciudadano mayores capacidades de control sobre los gobiernos hacen con nuestros impuestos.
Una ley que de mantenerse así no cambiará nada substancial en cuanto al “engagement” de los ciudadanos con la cosa pública, manteniéndoles quirúrgicamente alejados, ajenos y potencialmente indignados.
Para más información recomiendo revisar:
- Gobern Obert: EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DETRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YBUEN GOBIERNO.
- Lorenzo Cotino: Valoración del anteproyecto de ley de transparencia…
- Pacto por la transparencia: ¿Transparencia a la española? El anteproyecto queda lejos de los estándares internacionales
http://www.cesarcalderon.es/?p=29804
Carta Iberoamericana de participación,
Anteproyecto de Ley Transparencia, acceso a información y buen gobierno en España.
Con fecha 15 de abril en el portal web de la Vicepresidencia del Gobierno Español, se presenta el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El proyecto se va a someter a la consulta pública y debido al interés en su contenido anexo el texto del proyecto.
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
1.Las disposiciones de este título se aplicarán a:
a.La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local.
b.Los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
c.Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, incluidas las Universidades Públicas.
d.El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo.
e.Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
f.Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
g.Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo.
2.Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta Ley.
Capítulo I: Publicidad Activa
1.	Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Título publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
2.	Las obligaciones de transparencia contenidas en este Capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3.	Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 10 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 11.
Artículo 4. Información institucional, organizativa y de planificación.
1.	Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este Título, publicarán en formato electrónico, en sus sedes electrónicas o páginas web, información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación así como su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que permita identificar a los responsables de las principales unidades.
2.	Asimismo, publicarán, en sus sedes electrónicas o páginas web, los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento deberá ser objeto de evaluación y publicación periódica.
Artículo 5. Información de relevancia jurídica
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán en sus sedes electrónicas o páginas web:
a.	Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho.
b.	Los Anteproyectos de Ley cuya iniciativa les corresponda.
c.	Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, una vez que se hayan emitido los dictámenes preceptivos por parte de los órganos consultivos correspondientes.
d.	Las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos.
a.	Los contratos adjudicados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o de precio del contrato.
b.	La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
c.	Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Se entienden incluidas las subvenciones y ayudas reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d.	Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución.
e.	Las retribuciones percibidas por los órganos superiores o directivos, y, en el caso de sociedades mercantiles sujetas a la presente Ley, del Presidente, Consejero Delegado o máximo responsable a los que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Igualmente se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
f.	Las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos mencionados en el artículo 3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado.
g.	La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.
1.	La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia que permita el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores.
2.	El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos en los que se establezca reglamentariamente, la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
3.	La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local podrán adoptar otras medidas complementarias para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo.
Capítulo II: Derecho de Acceso a la Información Pública
Sección 1ª. Régimen General.
Artículo 8. Derecho de acceso a la información pública.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley.
Artículo 9. Información Pública
Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
1.	El derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para:
a.	La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
b.	Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
c.	Los intereses económicos y comerciales.
d.	La política económica y monetaria.
e.	El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
f.	La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
g.	La protección del medio ambiente.
2.	La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección perseguida.
1.	Cuando la solicitud de acceso se refiera a información pública que contenga datos de carácter personal se aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley. No obstante, se aplicará la normativa de protección de datos personales cuando los datos que contenga la información se refieran únicamente al solicitante.
2.	Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos en los términos de la normativa de protección de datos personales, se denegará el acceso salvo que el titular de los datos consienta expresamente y por escrito su divulgación.
3.	Con carácter general y, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación que lo impidan, se concederá el acceso a información que contenga datos vinculados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
4.	Asimismo, se podrá conceder el acceso a información que contenga datos personales que no tengan la consideración de especialmente protegidos si, previa ponderación suficientemente razonada, el órgano competente para resolver considera que no se perjudica ningún derecho constitucionalmente protegido.
5.	La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los datos personales obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.
Artículo 12. Acceso parcial
En los casos en que sea de aplicación alguno de los límites previstos en el artículo 10 pero no se vea afectada la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial, previa omisión de la información a la que se le aplique el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
Artículo 13. Excepciones
Se exceptúan del ejercicio del derecho de acceso las solicitudes que se refieran a información:
a.	Que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b.	Que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.
c.	Para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
Sección 2ª. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública
1.	El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
2.	La solicitud podrá presentarse por cualquier medio y deberá especificar:
o	La identidad del solicitante.
o	La información que se solicita. o	Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. o	En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
3.	El solicitante podrá incluir los motivos por los que solicita la información y que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
a.	Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos en los artículos 9 y 13 de esta Ley.
b.	Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
c.	Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.
d.	Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución. Artículo 16. Tramitación
1.	Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder de la autoridad pública a la que se dirige, ésta la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
2.	Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido.
3.	Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
4.	Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder de la autoridad pública, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otra, se deberá remitirle la solicitud para que decida sobre el acceso.
1.	La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso en que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.
2.	Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
3.	Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la incursión en alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimar la solicitud.
4.	Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
1.	En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones:
a.	Recabar y difundir la información a la que se refiere el Capítulo I del Título I de esta Ley.
b.	Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
c.	Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
d.	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
e.	Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley.
2.	El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso.
1.	El acceso a la información se realizará, preferentemente, a través de la modalidad indicada en la solicitud, salvo que no sea posible o exista una alternativa más económica, siempre que con ello no se dificulte el acceso para el solicitante.
2.	Si ha existido oposición de tercero el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso sin que se haya formalizado o haya sido resuelto.
3.	Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4.	El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrán someterse al pago de una tasa. A estos efectos, se estará a lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos así como en la normativa que sea de aplicación en el ámbito autonómico o local.
Sección 3ª: Régimen de impugnaciones
Artículo 20. Recursos
Las resoluciones dictadas de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo serán objeto de los recursos administrativos y contencioso-administrativos previstos en la legislación que resulte de aplicación.
Artículo 21. Reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.
1.	Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso dictada de conformidad con el procedimiento regulado en el capítulo anterior así como frente a la resolución de los recursos administrativos que contra aquella sean procedentes, podrá interponerse una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso- administrativa.
2.	La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, de la resolución del recurso administrativo o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
3.	La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución del recurso, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
4.	El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes, transcurrido el cual, el recurso se entenderá desestimado.
5.	El Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo.
Artículo 22. Ámbito de aplicación
1.	En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este Título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
A estos efectos, se considerarán altos cargos los previstos en el artículo 3.2 de la Ley 5/2006 de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración. 2.	Este Título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración.
1.	Las personas comprendidas en el ámbito de este Título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
2.	Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes
a.	Principios éticos:
1.	Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
2.	Ejercerán sus funciones atendiendo al principio de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3.	Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
4.	Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
5.	Actuarán de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6.	Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
7.	Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
b.	Principios de actuación:
1.	Desempeñarán su actividad con plena dedicación y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público.
2.	Deberán guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3.	Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
4.	Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus responsables públicos.
5.	No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
6.	No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios con una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado.
7.	Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los ciudadanos.
8.	Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
9.	No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
3.	Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este Título.
Artículo 24. Infracciones en materia de conflicto de intereses
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones a realizar por las personas comprendidas en el ámbito de este Título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado o en otra normativa que resulte de aplicación.
Artículo 25. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
a.	La incursión en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
b.	La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
c.	Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
d.	La realización de pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, en la normativa presupuestaria equivalente en el caso de administraciones distintas de la General del Estado.
e.	La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley General de Subvenciones o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
f.	El incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12.5 y 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
g.	La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que contravenga lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
h.	La no adopción de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
i.	La suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
j.	La no formulación del plan económico financiero exigido por el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o su no puesta en marcha en plazo.
k.	La no presentación del plan de requilibrio exigido en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o no ponerlo en marcha en plazo.
l.	El incumplimiento deliberado e injustificado de las obligaciones de suministro de información o de justificación de desviaciones en el cumplimiento de medidas y planes previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
m.	El incumplimiento deliberado de las medidas de corrección previstas en los planes económico-financieros y de requilibrio previstos en el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
n.	La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
o.	La no atención al requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
p.	El incumplimiento de las medidas necesarias para garantizar la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por el Gobierno previstas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 26. Infracciones disciplinarias
1.	Son infracciones muy graves:
a.	El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
b.	Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c.	La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
d.	La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
e.	La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
f.	El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
g.	La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
h.	La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
i.	La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
j.	La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
k.	El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
l.	La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
m.	El acoso laboral.
2.	Son infracciones graves:
a.	El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b.	Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
c.	La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
d.	No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
e.	El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
f.	Haber sido sancionado por la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.
3.	Son infracciones leves:
a.	La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
b.	El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 27.Sanciones
1.	Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.
2.	Por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y las faltas graves y muy graves reguladas en el artículo 26 se impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones:
a.	La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b.	La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
c.	La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la pensión indemnizatoria creada por el artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre.
d.	La inhabilitación para ocupar alguno de los cargos incluidos en el artículo 22 durante un periodo de entre 5 y 10 años.
3.	Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los siguientes:
a.	La naturaleza y entidad de la infracción.
b.	La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c.	Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
d.	Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
e.	La circunstancia de haber procedido a la substancia de la infracción por propia iniciativa.
f.	La reparación de los daños o perjuicios causados.
En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.
4.	Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.
5.	Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una normativa administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria respecto de las infracciones previstas en el artículo 25, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.
6.	En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 25 conllevará las siguientes consecuencias:
a.	La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
b.	La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 28. Órgano competente y procedimiento
1.	En los supuestos de los artículos 25 y 26 la responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
2.	El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En los demás supuestos el órgano competente para ordenar la incoación será el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los Acuerdos del Consejo de Ministros que resuelvan los procedimientos de convalidación de gasto dispondrán su remisión al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de que incoe, en su caso, el procedimiento sancionador.
3.	La instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflicto de Intereses y Buen Gobierno regulada en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, salvo en el supuesto en el que la infracción estuviera tipificada en el artículo 25 en el que la instrucción corresponderá al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4.	Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y la comisión de las infracciones graves y muy graves reguladas en el artículo 26 y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
La imposición de sanciones por infracciones leves en los demás casos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública
1.	La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.
2.	Se regirán por su normativa específica aquellas materias que tengan previsto un régimen legal específico de acceso a la información.
3.	No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.
Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa
1.	Todas las Administraciones Públicas habrán de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrán de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.
2.	A tal fin, en el ámbito de la Administración General del Estado la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa respecto del resto de departamentos ministeriales.
3.	Las Secretarías Generales Técnicas de los diferentes departamentos ministeriales llevarán a cabo el proceso de revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, debiendo coordinar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas e impulsar la actuación de las mismas a tal fin, dentro de los principios de colaboración y lealtad institucional.
4.	La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes impulsará y coordinará el proceso de revisión y simplificación a nivel local a través de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Disposición adicional tercera. Reclamación
1.	La resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, sus Asambleas Legislativas y las instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas Defensor del Pueblo, así como en los de resoluciones dictadas por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que aquéllas determinen.
2.	No obstante, las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
3.	Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, celebrando al efecto un convenio en los términos previstos en el apartado anterior.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos:
Uno. El artículo 35 h) pasa a tener la siguiente redacción:
"h) Al acceso a la información pública, archivos y registros"
Dos.El artículo 37 pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 37: Derecho de acceso a la información pública
Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y demás leyes que resulten de aplicación."
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado en los siguientes términos:
Uno. La Oficina de Conflictos de Intereses pasa a denominarse Oficina Buen Gobierno y Conflicto de Intereses.
Las referencias a la Oficina de Conflictos de Intereses contenidas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, en el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se aprueba el reglamento por el que se desarrolla la citada ley, así como en cualesquiera otras normas en vigor, deberán entenderse realizadas a la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses.
"4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares".
Artículo 15. Órgano de gestión.
1.	La Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones.
2.	Corresponde a la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses:
a.	La gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos.
b.	Requerir a quienes sean nombrados o cesen en un alto cargo el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.
c.	La llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, y la responsabilidad de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.
d.	La evaluación del cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno previstas en la Ley x/2012, de x de x, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en caso de incumplimiento, la instrucción del procedimiento sancionador conforme a lo que se determine reglamentariamente.
3.	El personal que preste servicios en la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Se modifica la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos:
La Disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos queda redactada como sigue:
"Disposición adicional primera. Autorización para la creación de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios e Informe anual al Congreso de los Diputados.
1.	Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo objeto es la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del derecho de acceso a la información así como la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.
2.	El Consejo de Ministros aprobará anualmente los programas y políticas públicas cuya evaluación incluirá la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en su Plan de Trabajo.
3.	La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, presentará anualmente un Informe al Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales, y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
4.	La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios podrá evaluar políticas y programas públicos gestionados por las Comunidades Autónomas, previo convenio con éstas y en los términos que el propio convenio establezca.
5.	El Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios será nombrado mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderá aceptado el correspondiente nombramiento.
Disposición final cuarta. Modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
El Consejo de Ministros aprobará, mediante Real Decreto, la modificación del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios para adaptarlo a las funciones que le corresponden en materia de Transparencia en virtud de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final quinta. Entidades Locales
Las leyes de Presupuestos Generales del Estado establecerán cada año el baremo al que habrán de ajustarse las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales atendiendo al tipo de entidad local de que se trate, así como a criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo.
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 18.
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References: resolución 
 artículo 10
 artículo 11

Artículo 4

Artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 8
 artículo 105

Artículo 9

Artículo 12
 artículo 10

Artículo 13
 Artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 22
 artículo 3

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 77
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 131
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 176

Artículo 28
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 artículo 35
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 15
 artículo 7
 artículo 18