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Timestamp: 2020-07-13 18:08:43+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 046/01 de Corte Constitucional, 24 de Enero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614298
Sentencia de Constitucionalidad nº 046/01 de Corte Constitucional, 24 de Enero de 2001
Sentencia citada en: 19 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
Actor: A.S.G. y otros
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Alba Saleg de G., A.M.C.P., M.I.Q.P., C.C.C.G., C.C.V.E., L.D.N.F., G.M.C.G., A.G.L., L.G.C. y H.F.V. demandaron los numerales 2 y 3 del artículo 204 del Decreto 1355 de 1970 "Código Nacional de Policía".
Artículo 204. Compete a los Comandantes de Estación y de subestación exigir promesa de residir en otra zona o barrio El artículo 126 del Decreto 522 de 1971 trasladó la competencia de estos asuntos a los alcaldes e inspectores de policía.
Al que en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocio situados en el barrio donde tenga su residencia fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable.
Al que por su conducta depravada perturbe la tranquilidad de los vecinos de la zona o barrio."
Al respecto, citan específicamente los siguientes textos: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y protocolo facultativo, del 16 de diciembre de 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y D.. Así mismo se refieren al artículo 9o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala que "[n]adie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado" y al artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 aprobada por la Ley 32 de 1985 sobre el derecho de los tratados, que establece el carácter imperativo de las normas de derecho internacional (ius cogens).
De otro lado, estima que la restricción prevista en el precepto acusado conlleva el ejercicio legítimo del poder de policía como consecuencia de una conducta inaceptable de un ciudadano que atenta contra intereses públicos o sociales y se enmarca dentro de los criterios que sirven de límite al uso del mismo, los cuales recuerda fueron precisados por esta Corporación en la sentencia C-024 de 1994 con ponencia del Magistrado A.M.C..
El P. General de la Nación, mediante concepto No. 2283, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 30 de agosto de 2000, presentó escrito frente al proceso de la referencia y solicitó a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la norma enjuiciada, con fundamento en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
En este caso en su concepto dicha limitación debe examinarse dentro del marco de los precedentes establecidos en la jurisprudencia constitucional y en particular en las sentencias C-024/94 con ponencia del Magistrado A.M.C., que "precisó de manera amplia el concepto de policía en nuestro régimen constitucional, y C-110 de 2000, con ponencia del Magistrado A.B.C., en la cual se declaró la inexequibilidad del numeral primero del artículo 204 del Decreto ley 355 de 1970, cuyos numerales 2 y 3 son objeto de la presente demanda.
Para el señor P. en efecto, buena parte de los argumentos expuestos en la Sentencia C-110 de 2000, justifican a su vez la declaratoria de inexequibilidad de los apartes demandados en la presente oportunidad, por lo que hace transcripción literal de las principales consideraciones expuestas en aquella ocasión, con énfasis en que si bien es cierto que la medida acusada puede resultar adecuada para la conservación del orden público, no lo es menos que su indeterminación temporal configura una sanción imprescriptible prohibida por la Constitución, que además desconoce el núcleo esencial del derecho a la libre circulación y residencia, por lo que debe ser declarada inconstitucional.
Para el señor P. algunos de los fundamentos que sirvieron a la Corte constitucional para declarar la inconstitucionalidad del numeral primero de la norma demandada en la sentencia C-110/2000 son los mismos que deben aplicarse para proferir idéntica decisión en relación con los numerales 2 y 3 atacados por que si bien la disposición (el artículo 204 del decreto 1355 de 1970 en su conjunto), "puede resultar adecuada para la conservación del orden público, no es menos cierto que ésta no tiene un límite en el tiempo, convirtiéndose en una sanción imprescriptible, que además desconoce el derecho superior de circulación y residencia, el cual si bien se puede limitar mediante la imposición de una sanción, no puede ser afectado intemporalmente por que en este evento se desconoce su núcleo esencial".
La petición de inhibición por ineptitud de la demanda.
Al respecto la Corte recuerda en efecto que "La formulación de un cargo constitucional concreto contra la disposición demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante. Y tales cargos, deben ser acusaciones concretas de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizadas y evaluadas mediante el ejercicio del control abstracto constitucional" Sentencia C-721/99 M.A.M.C...
En el presente caso, sin embargo, no se enfrenta la Corte a una "formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad" Sentencia C-447/97 M.A.M.C.. que impida que "se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad" I... Por lo que la Corte no comparte en este punto los argumentos del señor apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho y en consecuencia a continuación entra en el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas.
Los antecedentes jurisprudenciales sobre las normas del Código Nacional de Policía y su interés para el presente caso.
En relación con el poder de policía y en particular con las disposiciones del Decreto 1355 de 1970 por el cual se establecen normas de policía, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes sentencias Particularmente pertinentes resultan para el examen del presente caso las sentencias C-024/94 con ponencia del Magistrado A.M.C., 087 y C-1444 de 2000 con ponencia del magistrado A.B.S. y en especial la sentencia C-110 de 2000 con ponencia del Magistrado A.B.C.. en las que ha examinado "la forma como son compatibles las atribuciones del poder de policía, establecido en el artículo 218 de la Carta, y los derechos individuales de los habitantes del país" Sentencia C-1444/2000 M.A.B.S...
Esta jurisprudencia sirve necesariamente de marco al presente análisis, máxime cuando como lo expresa el señor P. en su concepto, la Corte ha entrado a pronunciarse ya, en la sentencia C-110 de 2000 con ponencia del Magistrado A.B.C., sobre la inexequibilidad del numeral primero de la norma acusada (artículo 204 del Decreto 1355 de 1970 numerales 2 y 3), y que en el presente proceso se exponen argumentos similares a los analizados por la Corte en esa oportunidad.
En dicha sentencia además de recordar el concepto, las funciones y los límites del poder de policía en un Estado social de derecho, según los lineamientos constitucionales identificados en la Sentencia C-024 de 1994 con ponencia del Magistrado A.M.C. y a los cuales nuevamente remite esta Corte Como se recordó en una sentencia posterior sobre este tema, allí se expusieron los siguientes principios, "la Policía Nacional es autoridad administrativa, sometida al principio de legalidad; su actividad debe tender a asegurar el orden público; el límite de su actuación y las medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y restablecimiento del orden público; las medidas deben ser proporcionales y razonables, no pueden, pues, traducirse en la supresión absoluta de las libertades; no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; la medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades." Sentencia C-1444/2000 M.A.B.S., se analizó de manera específica el marco que las normas constitucionales y los tratados y convenios internacionales (art. 93) que reconocen e imponen el respeto y efectividad de los derechos humanos, señalan para la restricción de los derechos y libertades ciudadanas por parte de las normas de policía expedidas por el legislador. Allí concretamente se dijo:
Las restricciones, en consecuencia, no buscan impedir el goce de éstos, sino regular y permitir su cabal ejercicio acorde con las necesidades de la convivencia social, y el respeto por los derechos de todas las personas que integran el conglomerado social. De ahí que sólo sean admisibles aquellas restricciones mínimas, necesarias e indispensables, que obedezcan a finalidades constitucionalmente legítimas, dentro del sistema democrático que nos rige, que tiendan a prevenir infracciones penales o a proteger o a asegurar la seguridad nacional, el orden público la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.." Sentencia C-110 de 2000 M.P.A.B.C..
El examen de los cargos.
En efecto lo que le está vedado autorizar al legislador es la "expulsión del territorio del estado, de manera temporal o permanente, de una persona que ha cometido un delito, generalmente de carácter político" Sentencia C-110/2000 M.A.B.C.. , lo cual como es evidente no sucede en este caso. Por lo que no asiste razón a los demandantes en relación con este cargo.
En este sentido no cabe invocar por este aspecto una violación al debido proceso. Sin embargo tal violación, así como la posible contradicción de los textos acusados con las normas de derechos humanos, debe examinarse en relación con la afirmación del señor P. según la cual en el presente caso se establece una medida de seguridad imprescriptible prohibida por la Constitución.
En efecto, en el capítulo que contiene el procedimiento aplicable para la imposición de medidas correctivas, se señala igualmente que "el funcionario de policía que haya impuesto la medida correctiva podrá hacerla cesar en cualquier tiempo si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público" Las itálicas no son del texto. (Art. 222), con lo cual se deja en realidad sin ningún límite temporal la medida aplicable, pues queda al arbitrio de la autoridad respectiva la fijación de su duración.
Como lo recuerda el señor P. en su concepto, uno de los motivos por los cuales esta Corporación mediante Sentencia C-110 de 2000 declaró la inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 204 del Decreto 355 de 1970 fue precisamente esta ausencia de límite temporal. En efecto allí se dijo:
"Pero, al analizar la medida correctiva, tal como está concebida, se observa que no tiene un límite en el tiempo durante el cual se dé la prohibición del ingreso al sitio público o abierto al público. Sobre este aspecto, el decreto dice en el artículo 222 del decreto 1355 de 1970, que es la autoridad de policía, la que haya impuesto la medida correctiva, quien podrá hacerla cesar en cualquier tiempo "si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público". Como se ve, la medida correctiva resulta indefinida, pues, deja al arbitrio de la autoridad, la fijación del período en que se aplica. Hay que señalar que una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la Constitución, pues en el artículo 28 de la Carta están proscritas las medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos" Sentencia C-087/2000 M.A.B.S.. .
"Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia". La itálica no es del texto.
"En las circunstancias descritas es evidente que con invocación de las normas de los mencionados tratados, el derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales" Sentencia T-483/99 M.A.B.C...
Por lo que si bien es posible establecer una restricción a tales derechos, es preciso examinar, como lo hizo la Corte en la sentencia C-110/2000, la disposición acusada bajo el parámetro del juicio de proporcionalidad, según el cual cuando diversos principios constitucionales entran en colisión "corresponde al juez constitucional no sólo estudiar la constitucionalidad de la finalidad perseguida por la medida examinada sino, además, examinar si la reducción del derecho es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. Para ello, debe el juez primero determinar si el trato diferente y la restricción a los derechos constitucionales son "adecuados" para lograr el fin perseguido, segundo si son "necesarios", en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, tercero, si son "proporcionados stricto sensu", esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer" Sentencia C-309/97 M.A.M.C..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 25 de Noviembre de 2008

References: artículo 204

Artículo 204
 artículo 126
 artículo 9
 artículo 53
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 218
 artículo 204
 artículo 222
 artículo 28