Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44233
Timestamp: 2017-11-24 03:45:20+00:00

Document:
Sentencia C-60 de 1994 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 17/02/1994
El hecho que haya sentencia sobre las normas acusadas no impide que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre ellos, en cuanto atañe a vicios de fondo exclusivamente, pues ante la existencia de un nuevo orden constitucional, corresponde a esta Corporación confrontar las disposiciones legales precitadas, frente a la Carta que hoy rige, con el fin de determinar si se ajustan o no a sus mandatos.
"Artículo 44. Corresponde al Ministerio de Justicia con relación a la profesión de abogado:..........."
En lo que respecta al artículo 63 demandado, manifiesta la actora, que igualmente infringe el artículo 13 constitucional, ya que "si la reincidencia no se aplica en la dosificación de la sanción (para los delitos del Código Penal) mucho menos por extensión y favorabilidad debería aplicarse para contravenciones contra la ética que son en las que puede incurrir un abogado", por tanto el tratamiento que se da a los abogados "es inequitativo y discriminatorio y golpea duramente a sus profesionales pues es el estatuto de sanción y disciplina más riguroso entre los profesionales colombianos, llámense médicos, ingenieros, arquitectos y demás", situación que configura también la violación de los artículos 15, 18, 21 y 25 de la Carta.
- En lo que respecta al numeral 4 del mismo artículo 44, señala que el aparte que ordena publicar periódicamente en la Gaceta del Foro la lista de los abogados inscritos, "en nada se opone a las garantías constitucionales ya mencionadas", en cambio, la segunda parte, que dispone la publicación de los abogados suspendidos o excluidos de la profesión, viola "la dignidad humana, intimidad y honra de la persona humana". Disposición que analiza en forma conjunta con el artículo 62, también acusado, para señalar que "la publicación de la sanción implica un escarnio público, esto es una sanción moral de repercusiones sociales y personales imprevisibles, cuyas secuelas muchas veces van más allá de la que típicamente corresponde a la falta cometida, y bien sabemos que cuando la pena desborda los linderos de la culpabilidad porque no es proporcionada a ésta, la pena resulta injusta, pudiéndose hablar incluso, de una doble sanción por el mismo hecho, lo cual va en contravía del principio del non bis in ídem".
- El derecho a la igualdad "no conduce a la impotencia del legislador para dictar normas especiales, excepciones, prohibiciones, parámetros para imponer sanciones, etc.".
-El numeral 3o. del artículo 44 del decreto 196 de 1971 no vulnera norma constitucional alguna y por el contrario cumple "una función informativa que busca aportar e impulsar a la profesión, tanto en el ámbito educativo como en el informativo, en la medida en que su fin es actualizar permanentemente las normas legales en beneficio del abogado y propender por un adecuado ejercicio profesional del derecho".
-La publicación de la lista de abogados sancionados a que aluden los artículos 44-4 y 62 del mencionado decreto "tiene como fin informar a la comunidad" y "lograr la eficacia social de la sanción impuesta"; por tanto no se infringe el artículo 15 de la Constitución, pues "es precisamente aquella conducta indebida del abogado la que ha dado mérito a que su nombre y reputación se vean malogrados y no la publicación de la sanción, que por demás es decisión de la autoridad competente".
- "La reincidencia en materia disciplinaria, indica que las sanciones impuestas han sido ineficaces, por ello se adopta tal criterio para que el abogado tome las precauciones correspondientes y consecuentemente actúe con mayor conciencia ética en su profesión, motivo por el cual el Estatuto aumenta de manera gradual la sanción, como medida coercitiva para que el sancionado doblegue su desinterés y falta de cuidado en el ejercicio de la profesión, todo esto con el objeto de lograr una respuesta positiva en su conducta, como que la profesión que ejerce cumple una función social, según lo identificó la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos".
La Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Carta Política de 1886, declaró exequibles, entre otros, los artículos 44, 62 y 63 del decreto 196 de 1971, que en esta oportunidad también se demandan, según consta en sentencia de fecha 23 de mayo de 1975, publicada en la Gaceta Judicial Nos. 2393 y 2394, págs. 66 a76; pronunciamiento que versó no solo sobre aspectos de competencia de las disposiciones acusadas, sino también de contenido. En efecto, al concluir el fallo dijo esa Corporación: "a) Los artículos del decreto número 196 de 1971, materia de la demanda, no exceden las facultades extraordinarias que al Presidente de la República le confirió la ley 16 de 1968"; "b) Igualmente, esas disposiciones no quebrantan los textos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno". Sin embargo ese hecho no impide que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre éllos, en cuanto atañe a vicios de fondo exclusivamente, pues ante la existencia de un nuevo orden constitucional, corresponde a esta Corporación confrontar las disposiciones legales precitadas, frente a la Carta que hoy rige, con el fin de determinar si se ajustan o no a sus mandatos.
En punto a la competencia para el trámite de tales procesos, el constituyente de 1991 asignó al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, la facultad de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley (art. 256-3 C.N.). Por su parte, el decreto 2652 de l991, en su artículo 10, atribuye a los consejos seccionales de la judicatura el conocimiento, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los abogados en ejercicio, y a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, "conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales,...."(art. 9-4 ibidem).
Ahora bien: en lo que atañe a la violación del derecho a la intimidad y al honor, cabe preguntar, ¿en qué medida difundir una sentencia sancionatoria puede lesionar el honor del sancionado, si toda la información es veraz? No puede pretenderse una protección del honor cuando el sancionado ha incurrido en hechos censurables, que demuestran una actuación antiética y a todas luces contraria a la ley.
Y si bien es cierto que en materia criminal, la reincidencia ha sido abolida del Código Penal Colombiano, ello no quiere decir que en materia disciplinaria no pueda contemplarse. Es que las orientaciones filosóficas, principios y reglas del Código Penal, no tienen por qué identificarse con las disciplinarias, pues existen diferencias de contenido, objeto y finalidad, además de que la responsabilidad es diferente.

References: artículo 63
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 62
 artículo 44
 artículo 15
 artículo 10