Source: http://www.urru.org/papers/20040906_InformeFraude_IPV.htm
Timestamp: 2017-09-24 06:36:46+00:00

Document:
INFORME ESPECIAL: Consideraciones sobre el fraude en Venezuela, durante el Referendo Revocatorio Presidencial del 15 de agosto de 2004., 2004.09.06
Caracas 6 de septiembre de 2004.
1.- LA VISIÓN QUE SE TIENE DE VENEZUELA
2.- EL FRAUDE CONTINUADO
- Resumen de violaciones del CNE a la normativa Constitucional y Electoral
- Problemas en el Registro electoral
- Problemas con los Miembros de Mesa
- Cambios ilegales de reglas y a última hora
3.- EL FRAUDE ELECTRÓNICO
4.- EL “FRAUDE” DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES
- El papel de los observadores internacionales en Venezuela
- Los indicios del fraude.
2) Los exit polls.
3) Las auditorias no realizadas.
4) La nueva auditoria.
- Prontuario del CNE: Resumen de irregularidades y violaciones a la Constitución, la Ley del Sufragio y sus propias Normas sobre el referendo
Este trabajo especial, sobre lo ocurrido en Venezuela con el referendo presidencial del 15 de agosto, esta elaborado desde la perspectiva de un ciudadano. No tengo acceso a información privilegiada, ni a ningún “cracker” o “hacker” clandestino, que este conectado con comandos supersecretos que habrían hecho la trampa. Se basa en las preguntas que me formulo y las respuestas que consigo, las del ciudadano común, con los elementos que están allí, a la vista de todos. Son, eso si, ordenadas con la mente de quien ha sido un observador electoral, que dejó de serlo para participar activamente con la oposición y promover la opción del SI y que ahora pretende explicar a la comunidad internacional, o a quienes nos observan desde el exterior, lo ocurrido con el referendo revocatorio a Chávez Frías… y eso no es tarea sencilla.
Sí cuesta trabajo explicarle al país lo ocurrido el 15 de agosto; mucho más difícil es explicárselo a la comunidad internacional, sobre todo cuando ellos ya tienen una versión —de la OEA y el Centro Carter— que piensan que es rigurosa, objetiva, imparcial y desinteresada.
No he conocido gente imparcial frente al proceso venezolano. No pretendo tampoco yo asumir una posición neutral. Eso supondría despojarse de cualquier pretensión de imparcialidad u objetividad y creo que eso no es posible. Lo haré de acuerdo con mi visión; por lo tanto, quienes pretendan encontrar en este trabajo imparcialidad y objetividad, pueden dejar de una vez su lectura. Pretendo solo ser riguroso y documentar bien mis argumentos. También pueden abandonar la lectura los que esperen encontrar aquí una formula o receta para salir de la crisis o un compendio de acciones y actividades para la sociedad civil y los partidos políticos que permitan derrocar al Gobierno de Chávez Frías, no es esa tampoco, la finalidad de este trabajo.
1.- LA VISIÓN QUE SE TIENE DE VENEZUELA.
Desde mi perspectiva creo que la visión que de Venezuela se tiene en la comunidad internacional es errada, pero no es casual. Se ha transmitido que en Venezuela nuevamente ganó Chávez Frías una contienda electoral, la octava en fila desde 1998 y la oposición, otrora golpista en proceso de regeneración democrática, que solo defiende sus “privilegios” del pasado, no se resigna a que fue derrotada y no quiere dejar gobernar a un Presidente, que podrá ser izquierdista y radical, pero que esta trabajando por los pobres y que estos lo apoyan. Desde luego que las cosas son algo más complejas que esta visión lineal del mundo.
¿De donde viene esta percepción de la comunidad internacional? Por supuesto que no solo de los informes electorales de la OEA y el Centro Carter. Si tenemos un país absolutamente dividido y polarizado, la visión que se transmite de él no puede ser uniforme y desde luego el Gobierno transmite la suya; pero lo hace con poderosos medios y recursos, contratando empresas de “lobby” y difundiendo su visión a través de los medios noticiosos del Estado venezolano y de la “prensa amiga”, generalmente de tendencia izquierdista, por todo el mundo. La oposición oligarca no cuenta con medios tan poderosos.
Esta visión sobre Venezuela, además, esta teñida por la apreciación de quienes nos observan como en una especie de circo de varias pistas, en donde se desarrollan diversos espectáculos simultáneamente, pero sin conexión entre las pistas y sin que ocurra que lo que se monta en una de ellas pase después a la otra y viceversa. Eso hace que cada quién tenga su versión bien particular de los hechos, aunque todos están conscientes de que se trata del mismo circo; por último, como siempre ocurre, es más fácil aceptar lo que les diga el dueño del circo o creer lo que les dice el “jefe de pista”.
Por ejemplo, a los izquierdistas americanos y europeos, que nos visitan de vez en cuando —usualmente con los gastos pagados por el régimen, como en esta ocasión que vinieron a “observar” el referendo— o que nos observan, afablemente, desde sus agradables cafés y tertulias o desde el solaz de sus cubículos académicos o salas de redacción de la prensa “contestataria y progresista”, les tranquiliza la conciencia este exótico personaje latinoamericano; le perdonan que sea un ex militar gorila, que intentó un golpe de estado en 1992, siempre y cuando les hable del Che Guevara y admire a Fidel Castro —ya que ellos ya no pueden hacerlo públicamente— mientras socorre a los pobres con medidas populistas y denigra de la oligarquía, los “ricos privilegiados”, la globalización, el ALCA, Bush y el imperialismo. Les debe resultar muy pintoresca esa frase de Chávez Frías, que repite en todas las cumbres presidenciales —que por cierto no falla una sola en su jet presidencial de cincuenta millones de dólares—a las que asiste acompañado de una gran comitiva: “Mientras nosotros andamos de cumbre en cumbre, nuestros pueblos andan de abismo en abismo”.
Por otro lado, a los liberales norteamericanos les preocupa poco que Chávez Frías despotrique del imperialismo norteamericano, de la globalización, el ALCA y del “diablo Bush”, mientras les garantice el suministro seguro de petróleo y haga buenos negocios con las empresas trasnacionales; total, saben que siempre será más fácil lidiar con un bocón que haga su voluntad, que con técnicos petroleros que se empeñen en hacer las cosas conforme a las leyes del mercado. Ese, el mercado —piensan— es un suculento plato, pero no para las repúblicas bananeras que se suelen indigestar con él. Así que, no me vengan con cuentos, acerca de visiones complejas del mundo y de la estabilidad política latinoamericana, porque todos sabemos —lo diré una vez más— que aquí no aplica aquello de “ver para creer” sino que cada quien ve aquello en lo que cree.
Hay un tercer grupo, el formado por funcionarios o empleados de “tanques de pensamiento” (think tanks) o de ONG dedicadas a la promoción de la democracia que también tiene una idea preconcebida sobre lo que representa Chávez Frías y a quien —los pobres por supuesto— enfrentado a la oposición tradicional, representante de las clases poderosas y corruptas, conformada por viejos partidos o partidos tradicionales, que no tienen liderazgo ni arraigo popular, y que no se resignan a que perdieron el poder, que no se renuevan o que no hacen esfuerzos por dejar de lado sus supuestas apetencias personales e intereses particulares para presentar un solo frente o un líder único, que sea tan “carismático” o populista como Chávez Frías y que le pueda competir de tu a tu.
De esta manera se ha creado la visión falaz de que tenemos un Gobierno, que en limpios comicios, supervisado por acuciosos observadores internacionales, fue ratificado legítimamente y que hay una vieja dirigencia tradicional que no admite su derrota, por los sectores populares, encabezados por un líder, para quienes trabaja. No voy a ocuparme de la parte final de la falacia, eso de que Chávez Frías trabaja por los pobres y que estos lo apoyan, me referiré solamente al problema medular: ¿Fue legal y legitima la ratificación de Chávez Frías?,¿Hubo o no hubo fraude en el proceso de referendo revocatorio que acaba de finalizar?
La respuesta es definitivamente si, pero debe ser matizada y sobre todo caracterizado y probado el fraude. Veamos entonces las tres situaciones fraudulentas o de defraudación del sentir y la voluntad popular.
2.- EL FRAUDE CONTINUADO.
Lo primero que debemos tener claro es que en el proceso de referendo se dio un fraude continuado, durante más de un año, aun antes de ser nombrado el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), pero especialmente después del nombramiento de este. Segundo, existen elementos e indicios suficientes para pensar que el 15 de agosto se dio una manipulación de los datos, que permite, a algunos, tener una duda razonable de que los resultados no son los que se anunciaron y a otros, que tengamos la certeza moral de que se produjo un fraude. Y tercero, no cabe duda que una parte de la población, la de oposición, la que voto SI, nos sentimos defraudados por la actuación poco técnica, sesgada y superficial de los observadores internacionales de la OEA y el Centro Carter. Veamos en detalle cada uno de los casos.
En otras ocasiones, en diversas publicaciones y articulos, tanto quien suscribe como otras personas —analistas y dirigentes políticos, periodistas, etc.— hemos señalado y denunciado las graves irregularidades que se venían cometiendo por parte de la mayoría oficialista del CNE, durante todo el proceso de recolección de firmas, de reparos y en los días previos a la celebración del referendo revocatorio. Los casos más destacados y notorios, que se constituyen en si mismo irregularidades que en cualquier parte se caracterizarían como fraude, son:
Resumen de violaciones del CNE a la normativa Constitucional y Electoral
1) No voy a repetir ahora la larga lista de violaciones a la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Sufragio, la Ley de Licitaciones, las propias Normas del CNE y el desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El prontuario es largo. Me voy a referir solamente a lo ocurrido desde el momento en que se decidió convocar al referendo revocatorio, en junio de este año, y se fijo fecha para el mismo. He aquí un resumen de las principales violaciones, solamente durante este tiempo, en que incurrió el CNE:
· Permitió, casi hasta el final de la campaña, que el Presidente de la República utilizara los recursos del Estado para movilizarse, él y sus seguidores, para asistir a actos políticos de juramentación de sus Comandos Maisanta, Unidades de Batalla Electoral (UBE) y Patrullas Electorales.
· Permitió, hasta que el Presidente de la República decidió no continuar, que utilizara la red nacional de emisoras y televisoras para transmitir, constantemente, en cada una de sus intervenciones, mensajes electorales durante más de 15 minutos cada vez, en pro de su aspiración de que no se le revocara el mandato.
· Permitió que los Comandos Maisanta, comandos de la campaña del Presidente de la Republica, estuvieran integrados por funcionarios públicos, entre ellos varios Ministros y Gobernadores, quienes dedicaron parte o todo su tiempo a esta actividad, utilizando los medios y recursos de sus despachos para financiar las actividades proselitistas e incluso los vehículos oficiales para participar en actos políticos y movilizar los ciudadanos a votar.
· Permitió también que participaran en la campaña de apoyo al Presidente numerosos alcaldes y diputados de la Asamblea nacional, en violación además del artículo 145 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Administración Central, que establece que: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”
· Contrató, seleccionó empresas y adquirió equipos y servicios por 197,63 millones de dólares, sin someter la mayoría a licitación pública, en los términos que contempla la Ley de Licitaciones y sin estar aprobadas por la Asamblea nacional, en violación de los articulos 1 y 2 de la Ley de Licitaciones y del artículo 187.9 de la Constitución Nacional; tal es el caso de:
o La compra de maquinas de votación por 87.5 millones de dólares al Consorcio SBC.
o La contratación de servicios electorales para el referendo y para las elecciones regionales por 42.9 millones de dólares a diversas empresas.
o La compra de “captadoras de huellas” por 53.95 millones de dólares a Cogent Sistem.
o La contratación de Conexión Satelital, para las “captadoras de huellas”, por 13,28 millones de dólares a Gliat
· Aprobó Normas para llevar a cabo la fase final del proceso referendo del 15 de agosto, violatorias de la Ley Orgánica del Sufragio, algunos de cuyos artículos son claramente un menoscabo del derecho al voto, como por ejemplo:
o El Nº 2, en el cual se supedita el derecho al voto a los efectos que sobre el proceso pueda producir la utilización de las maquinas para captar huellas;
o El Nº 50, que establece que será el “listado de votos” que emita la maquina lo que servirá de soporte físico de los votos y no los comprobantes que la maquina emite a cada votante, en contravención del artículo 153.5 de la Ley Orgánica del Sufragio, que señala que cada voto debe registrase individualmente.
o El Nº 44, que ordena que se transmitan los datos al haber finalizado el Acto de Votación, sin haber concluido el Acto de Escrutinio, tal como lo establece el artículo 157 de la Ley Orgánica del sufragio: “… solo se transmitirán datos una vez concluido el acto de escrutinio”
· Aprobó normas para los votantes en el exterior, según las cuales se les podía exigir, para ejercer el derecho al voto, presentar documentos diferentes a la cedula de identidad, que es el único documento que establece la Ley.
· Aprobó normas que modificaron la Ingeniería de Mesa y que afectan partes sustanciales del proceso, como Normas de Contingencia, Normas para el Voto de Militares, etc. a solo pocos días antes del referendo, sin publicarlas en Gaceta Electoral y dándolas a conocer por pagina WEB a solo dos días de realizarse el referendo, a las cuales no referiremos más adelante.
Las anteriores son irregularidades que caracterizan un verdadero fraude electoral en cualquier país del mundo en donde existan autoridades y poderes independientes que respeten la Ley, que sabemos bien que no es el caso de Venezuela.
Problemas en el Registro electoral
2) El Registro Electoral Permanente (REP) o Registro Civil y Electoral —que de acuerdo con el Capitulo V la Ley Orgánica del Poder Electoral, es una de las atribuciones del CNE— fue completamente alterado y manipulado. Tradicionalmente el REP venia creciendo entre elección y elección, en periodos de 5 años, en promedio, un 11%; en esta oportunidad, entre el año 2000 y el 28 de julio de 2004, creció un 19,9%. Más curioso aun, el REP en noviembre de 2003, cuando se recogieron las firmas para solicitar el referendo revocatorio fue establecido en 12.180.413 electores. Para el mes de abril de 2004, según la pagina Web del CNE estaba en 12.428.044, se había incrementado en un 2.03%; el 10 de julio, fecha en que se tomo para determinar el numero de inscritos que irían al referendo —el REP es permanente y no se “cierra” nunca— estaba en 12.518.812, lo que significaba un incremento del 0,73%, pero de manera inusitada, el 28 de julio cuando se publico la cifra definitiva de los votantes que participarían en el referendo, ya había llegado a 14.037.900, lo que implicaba un incremento del 12,13% con respecto a la última cifra que se había publicado y, lo que ya hemos dicho, de casi el 20% con respecto a la última elección presidencial del año 2000.
¿Cómo sucedió esto? Durante los últimos meses la inscripción en el REP se produjo a través de los Agentes de Actualización del Registro Electoral, que es la vía normal y simultáneamente con lo que la Ley conoce como Agentes de Actualización Extraordinarios, a través de un mecanismo de “Cedulación Express” ideado por el Gobierno nacional, por el cual se proveyó de documento de identidad a mas de un millón setecientas mil personas, sin ningún tipo de control; e incluso se proveyó de nacionalidad venezolana a miles de personas, sin tener la evidencia de que se estaban respetando los lapsos de permanencia y residencia en el país que contemplan las leyes. Estas irregularidades en la cedulación y nacionalización fueron denunciadas en diferentes oportunidades, sin que ninguna autoridad tomara medidas, y mucho menos el CNE, cuya responsabilidad es velar por el Registro Civil y Electoral. Este operativo de Cedulación Express se realizaba a través del Ministerio de Interior y Justicia y la dirección de Identificación y Extranjería, pero la parte de incorporación al REP de los nuevos cedulados, se realizaba sin la supervisión de la Dirección de Registro Electoral del CNE. Ahora bien, la Ley Orgánica del Sufragio establece que cualquier mecanismo de registro en el cual intervengan Agentes de Actualización Extraordinarios “… deberá cesar con seis (6) meses de anticipación por lo menos a la realización de cualquier proceso electoral o de referendo.” (Artículo 92); sabemos bien que esto no fue lo que ocurrió.
Por otra parte, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sufragio, el REP debió “cerrarse”, para efectos de establecer quienes participarían en el Referendo Revocatorio, 90 días antes del proceso de referendo y debió publicarse con 60 días de anticipación, para que se hicieran las impugnaciones y correcciones a que hubiere lugar, tal como dicen los articulos 119 y 120 de la Ley; sin embargo, es bien conocido que esto no fue así, a pesar de que se produjeron las denuncias de la oposición —y de algunos funcionarios del propio del Gobierno— sobre alteraciones del registro, desaparición de votantes o la “migración” de los mismos, hasta uno o dos días antes del proceso de referendo. Con respecto a las migraciones y exclusiones y su posible impacto, esto fue descartado por Súmate, cuyos voceros afirmaron, pocos días antes del referendo, que apenas un1% del REP había sido afectado por este problema. No se si se midieron los efectos de la suma de todos los factores o solamente el tema de “migraciones” y “excluidos”. No he visto estudios recientes, exhaustivos, que sería importante hacer, de la incidencia que haya podido tener el conjunto de cambios en el REP, esto es de las migraciones, exclusiones o el crecimiento del REP, en los resultados del referendo revocatorio; excepto un interesante, pero parcial, análisis que hace el periodista Eugenio Martínez en El Universal el pasado 30 de agosto y en el cual encuentra una relación entre el incremento del REP en algunas circunscripciones (Amazonas, Aragua y Distrito Libertador) y el aumento de los votos NO, en comparación con la votación obtenida por Chávez Frías en las elecciones del año 2000 en las mismas circunscripciones.
Por supuesto, lo tardío en “cerrar” el REP, para efectos de elaborar los Cuadernos de Votación, se dejo sentir y limitó severamente la auditoria que se debió realizar también de estos cuadernos y ocasiono que estos salieran con algunas irregularidades u omisiones. Algunas de estas irregularidades se pretendieron “solventar” con “cuadernos suplementarios”, en los cuales votarían aquellos que, por este tipo de problemas, no aparecían en los cuadernos de votación regulares y el personal militar acreditado al Plan República; sobre los cuadernos suplementarios no tuvimos noticias, pero si sabemos que en la practica los soldados, bien que fueran del Plan Republica o no, votaron donde mejor les pareció, sin que existiera ningún control y sin que se cumpliera la norma establecida por el CNE —que a ultima hora apareció en la pagina Web del CNE, el 13 de agosto y no en Gaceta Electoral, como ordena la Ley— de que solamente los soldados acreditados al Plan Republica podían votar en el centro de votación al que estaban asignados. Sabemos de camiones de soldados que se desplazaban de centro en centro votando donde mejor les parecía, sin que nadie se los pudiera impedir. Cuanto de eso influyo en el resultado, no lo se, pero si se que es una irregularidad que debió ser notada por los observadores.
Problemas con los Miembros de Mesa.
3) Con los Miembros de Mesa, que de acuerdo con la Ley fueron sorteados con suficiente anticipación, se hicieron todo tipo de desafueros e irregularidades. Comenzando porque nunca se les contacto ni entreno de forma efectiva; pero además, se intento cambiarlos en varias oportunidades, porque supuestamente habían firmado solicitando el revocatorio del Presidente o de algún diputado; por último se les acepto, sobre todo porque su selección se había hecho después de que ya habían firmado y por tanto no se les podía aplicar esa norma con carácter retroactivo; en todo caso se les debió aplicar al momento del sorteo pues ya se sabia quienes habían firmado y quienes no. Pero se decidió reemplazar a los Miembros de las Juntas Municipales o Regionales, responsables de acreditar a los Miembros de Mesa y responsables de velar por la instalación de las mismas. Estos funcionarios fueron reemplazados el viernes 13, dos días antes del referendo; por supuesto se hizo de manera sesgada contra los miembros considerados de oposición, pues muchos de los partidarios del Gobierno, permanecieron en sus cargos; el caso más notorio fue el hermano del Presidente del CNE, quien había firmado solicitando la revocatoria de diputados de oposición en el Estado Lara y debió ser por tanto sustituido y a pesar de eso continuo siendo el encargado de esa Oficina Regional.
Estos cambios de los miembros de Juntas Municipales y Regionales a última hora, creo un caos, que retraso la entrega de las credenciales a miembros y testigos y la instalación de las mesas. Además de que, como ya dijimos, este proceso de los Miembros de mesa venia con una serie de deficiencias, pues la mayoría de ellos no fueron localizados, ni notificados y mucho menos capacitados y aquellos que si lo fueron, porque personalmente se ocuparon de ello, se les retraso las credenciales para que no pudieran ejercer su función y se retiraran o se pretendió reemplazarlos a última hora, lo que contribuyo a crear más caos e incertidumbre en todo el proceso, justo el día anterior del proceso de votación
Cambios ilegales de reglas y a última hora.
4) El seis de agosto, pero con fecha de publicación 13 de agosto, apareció una resolución del CNE —de por si ya ilegal pues debió publicarse en Gaceta Oficial a los 5 días de su aprobación y no después de 7— modificando las Normas para la Instalación de las Mesas, en la cual se cambió la Ingeniería de Mesas y aunque se corrigieron algunos defectos de la normativa, dado lo tardío de su publicación no fue conocida por la mayoría de los Miembros de Mesa y Testigos, con lo que se crearon más confusiones y no se aclararon algunos puntos cruciales.
Entre ellos el punto esencial de que hacer con los comprobantes del voto emitidos por la maquina y que el elector podía revisar, si debían guardarse como decía un articulo de la normativa o si debían destruirse como material desechable, como decía otro, pues hasta ese punto llego la confusión y pésima elaboración de las Normas. O si debían depositarse en una caja o urna por maquina o una por cada tres maquinas, como sugería el esquema de Ingeniería de Mesa. Esta circunstancia, que parece una nimiedad, propició que en algunas mesas no se hiciera la auditoria posterior de manera adecuada, pues los auditores del CNE se negaron a abrir aquellas cajas, que fueron la mayoría, en la cual en una sola se recogieron los comprobantes por cada tres maquinas de votación.
Hay otros hechos, referentes a la auditoria, que también son una demostración de las serias y fraudulentas irregularidades, a los cuales me referiré en el momento de tratar la observación internacional. Veamos ahora el espinoso tema del fraude electrónico.
3.- EL FRAUDE ELECTRÓNICO.
Después de tres semanas, al momento de publicar este trabajo especial, tras escuchar a diversos especialista en estadísticas, programación, matemáticas, numerólogos de diverso tipo; tras ver las declaraciones de los voceros de la oposición y del Gobierno, de escuchar a los Rectores del CNE y a los dueños de la empresa que vendió las maquinas; tras leer los informes de los observadores internacionales y algunas de las hipótesis, las conjeturas que se filtran de la comisión de la oposición que esta recogiendo y evaluando las pruebas del fraude y tras escuchar la rueda de prensa sobre este tema por parte de Súmate, el día 5 de septiembre, y su reseña en la prensa, llego a la conclusión de que estamos apuntando de manera equivocada.
Veámoslo de la siguiente manera: Un día la granja amaneció vuelta un caos, completamente arrasados los sembradíos y encontramos huellas de un animal muy grande, parecían las de un elefante o de un dinosaurio, dice alguien. Junto a ellas, algunas plantas mostraban unos pequeños mordiscos y huellas de un animal más pequeño, cuyos rastros comienzan a aparecer por todas partes. De pronto, por entre la plantas comienzan a saltar unos conejos y nos dispusimos a cazarlos. ¡No, No, No…! —grita alguien— ¡los conejos no!, ¡es un “dinofante”, busquen al “dinofante”, no pierdan el tiempo con nada mas”. Y eso hicimos. Durante casi un mes buscamos el “dinofante”, pero se muestra esquivo; a lo mejor lo atrapamos, quien sabe; pero mientras tanto se nos escapan los conejos que amenazan con arrasar la próxima granja.
No creo que nuestro problema principal sea demostrar con pruebas contundentes que hubo un fraude, sino que se nos demuestre a nosotros que esto fue un proceso transparente y limpio y que por lo tanto vale la pena ir al proceso electoral para elegir Alcaldes y Gobernadores, en este año, o Diputados, el próximo o Presidente en el 2006, porque lo que esta en juego es la credibilidad del sistema electoral venezolano.
Cuando nos hablan de un fraude electrónico tenemos la misma sensación que teníamos hace 40 años, cuando trataban de explicarnos la teoría de la relatividad de Einstein: Justo cuando empezaban a decir algo de importancia, cuando creíamos que empezábamos a entender algo, de tensores y geodésicas, nos dábamos cuanta de que lo que estábamos entendiendo era otra cosa, que nada tenía que ver con la teoría de la relatividad. Al final, uno se terminaba ocupando de las anécdotas, apócrifas o no, sobre la conducta estrafalaria de Einstein, su violín o su pelo largo. Algo similar ocurre cuando se habla de un fraude electrónico, se termina hablando de historias de “crackers”, “hackers”, novelas de ciencia ficción o argumentos de películas fantásticas.
Por supuesto que esto es lo que hay que probar, que hubo un fraude en el referendo que concluyo el 15 de agosto; pero entender que el fraude cometido no fue solamente el fraude electrónico ocurrido el 15 de agosto, sino que hubo una serie de irregularidades a todo lo largo del proceso, como las ya descritas en la sección anterior, que también se constituyen en un fraude y que permiten pensar que también ese día se debe haber cometido, al menos, una manipulación indebida con los datos de la votación.
Frente a esta situación, se han tejido dos posiciones. Los que creen que el problema de la demostración del fraude es meramente político, jurídico o legal, y están dispuestos a aceptar cualquier teoría, hipótesis o conjetura, por peregrina que sea; y cuanto más complicada, compleja, incomprensible o ingeniosa, mejor. A quienes sostienen esta posición les basta con sus fundamentos “jurídicos” y lo demás se lo dejan a la retórica de la política. ¡Total! —dicen— si no logramos demostrar nada contundente, todos saben que es porque el Gobierno hizo trampa y no esta dispuesto a dejar el poder.
Por el contrario, otros creen que el problema se soluciona descubriendo el “modelo” o algún algoritmo que explique lo que paso con las maquinas o buscando y encontrando el fantasma pitagórico del fraude. Y nosotros, público en general, acicateados por los que en el fondo no quieren que aparezca nada, pretendemos que aparezca ya y se nos explique ese fantasma pitagórico de manera que todos lo entendamos, como si se tratara de una ecuación simple, tipo dos mas dos son cuatro, que todos lo podamos ver de manera clara.
La raíz de este problema reside en que nuestra civilización, ahora cibernética, sigue dominada por la cantidad y hemos llegado a creer que lo único real sigue siendo lo cuantificable, lo medible, lo pesable y todo lo demás es una pura y engañosa ilusión. Algunos de estos cibernéticos y científicos, desorientados por no encontrar una solución fácil que explique todo de una sola vez, desesperados por la falta de una respuesta, suelen entregarse a la imaginación más desenfrenada, construyendo modelos y teorías, en lugar de atenerse, como pretenden o deberían, a los hechos. Los hechos modestamente indican que paso algo raro y es deber del CNE demostrarnos que eso no fue así y explicarnos que fue lo que paso.
Tenemos derecho a aspirar que el CNE actué tal como lo hicieron cuando Chávez Frías grito Fraude el 30 de Noviembre de 2003, cuando aun no habíamos terminado de recoger las firmas para solicitar el referendo revocatorio. En esa ocasión el Presidente no aportó ninguna prueba contundente, meras conjeturas y sospechas; mostró una que otra planilla sin valor estadístico alguno, para las cientos de miles que había, en la cual se repetía algún nombre o había trazas de que alguien había firmado mas de una vez con la misma letra. O dio el numero de cedula de identidad de algún fallecido que había firmado y que invariablemente apareció vivo a las pocas horas, desmintiendo al Presidente. Pero con esas “contundentes pruebas”, el CNE detuvo el proceso de reconocimiento de firmas, lo alargo por seis meses, hasta que “encontró” el “fraude” que reclamaba el Presidente; poco importaba si ese “hallazgo” implicaba haber violado sus propias normas y plazos o si eso lo hacia después de haber descubierto aquella original teoría de Francisco Carrasquero —Presidente del CNE, hoy candidato a Magistrado del Tribunal Supremo— la de las “normas sobrevenidas”, que permito inventar la artimaña de las “firmas planas” que les sugirió Diosdado Cabello, adalid del oficialismo, con las cuales los rectores oficialistas del CNE eliminaron mas de un millón de firmas, pusieron otras en duda y nos llevaron a todos a tener que demostrar que si habíamos firmado.
Ahora se trata de lo mismo; nosotros somos los que gritamos que los indicios nos permiten pensar que hay fraude y le toca al CNE demostrar que todo fue, como ellos dicen, perfectamente limpio. Nosotros aportamos lo que tenemos, la sospecha, basada en indicios, en exit polls de diversas empresas y organismos, en las firmas que recogimos por centros de votación y que no coinciden con los resultados de las actas, en algunas coincidencias extrañas entre números y resultados, que permiten pensar que hubo manipulación de datos; y sobre todo basada la sospecha en una conducta irregular, sistemáticamente irregular, de parte del CNE de violar las normas electorales y la constitución, tal como ya he demostrado.
Sí el CNE ya me ha engañado antes, sí ya me ha hecho trampas antes, sí ya ha violado las leyes antes, sí ya se ha saltado sus propias normas antes, sí ya me ha cambiado las reglas del juego en la mitad de la partida antes, ¿Por qué, ahora que veo indicios, tengo que pensar que sí me jugo limpio? Lo único que estamos pidiendo es que nos demuestre que en efecto todo fue normal, que de verdad gano el NO, sin ninguna sombra de duda y por el bien de la paz y del país. Y para ello tienen un expediente fácil, que es al que queremos acudir: Queremos abrir las cajas y contar los comprobantes de los votos, para ver si coinciden con las actas que transmitió e imprimió la maquina, sobre todo si esto —transmitir y luego imprimir— lo hizo en violación del artículo 157 de la Ley Orgánica del sufragio que claramente establece que: “En los casos en que se adopten sistemas mecanizados de votación, se deberá garantizar que sólo se transmitirán datos una vez concluido el Acto de Escrutinio”.
Todo esto, sumado a lo dicho en la sección anterior sobre el fraude continuado, es lo que nos lleva a dudar y sentirnos defraudados de la actuación de los observadores del Centro Carter y la OEA.
4.- EL “FRAUDE” DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES.
Ya he dicho en otras ocasiones que no voy a caer en la diatriba o duda acerca de la honorabilidad personal de los observadores internacionales; en particular sus cabezas o jefes: Cesar Gaviria o James Carter. Tampoco es mi campo específico entrar en complicadas y enmarañadas elucubraciones acerca de la influencia geopolítica de ciertas decisiones y el impacto que sobre ellas tenga la situación energética mundial y la serie de cosas extrañas que están ocurriendo en ese ámbito. No las descarto, simplemente digo que no es mi área; tengo suficiente con los problemas electorales. Tampoco voy a caer en la tentación de señalar que estaban sesgados por algún interés particular; simplemente quiero resaltar su incapacidad como observadores electorales en un proceso automatizado. Solo desde ese punto de vista quiero hacer mi análisis.
Se que suena muy fuerte hablar de un fraude de los observadores internacionales, pero ni mas ni menos eso es lo que como observador electoral siento y pienso: Que he sido defraudado por la calidad técnica y profundidad de su observación. A eso solo me referiré, a lo que los observadores internacionales, supuestos expertos electorales, dicen que vieron o no vieron y las declaraciones posteriores, bien confusas, de algunos de sus más conspicuos voceros. Omitiré algunas absurdas, que solo confirman mi hipótesis sobre la incapacidad, como las del Jefe de la Misión Técnica de la OEA, para quien el señalamiento que se hizo de que a lo mejor se habría producido un fraude electrónico con las maquinas de votación, no ameritaba auditar el software.
Tampoco me referiré a la insistencia del Centro Carter y Jennifer McCoy en descalificar algunos indicios del fraude presentados por la oposición con respecto a los topes y la repetición de algunos resultados; para ello presentaron en su informe y en una entrevista posterior para The Economist, los argumentos de un Profesor de la Universidad de Stanford, Jonathan Taylor, quien después admite ante estudios que le fueron presentados, que se equivoco en la forma en que hizo sus cálculos, aunque insiste en que eso no constituye evidencia de fraude. (http://www-stat.stanford.edu/~jtaylo//venezuela/) Pero si es evidencia de que los venezolanos nos podemos sentir defraudados de la tarea técnica que esperábamos de los observadores internacionales.
El papel de los observadores internacionales en Venezuela.
Como es sabido, es tarea del CNE acreditar y definir la actuación de los observadores nacionales e internacionales. Sabemos también que el actual CNE impidió el ejercicio del derecho de observación a los nacionales; pero además, pretendió con sus normas (Resolución Nº 040623-1050) aprobadas en julio, restringir, censurar, limitar la observación internacional, volviéndola un acto oficial, cuyo informe debía ser confidencial y entregado al CNE. Sin embargo, tanto la OEA como el Centro Carter sortearon esta dificultad y llegaron, cada uno, a un acuerdo particular con el CNE que les dio libertad de acción; por lo tanto puedo suponer que prácticamente no tuvieron ninguna limitación para observar cualquier cosa que desearan. Razón de más para sentirme decepcionado con el resultado de la observación.
La pieza central, o resultado de la observación esta recogida en el informe presentado por la OEA y el Centro Carter sobre los resultados de la auditoria, que fue presentado al Consejo Permanente de la OEA, basado en el cual este Organismo publico una Resolución (OEA/Ser. G CP/RES. 869 1436/04), que esta publicado en la pagina Web de esta organización; una versión de la Fase Final del informe del Centro Carter, pero solamente en idioma ingles se puede conseguir también en la pagina Web del Centro Carter. Una recopilación de los principales documentos relativos a este proceso se puede ver en la siguiente dirección: http://www.oas.org/documents/Venezuela/default_year.asp?nYear=2004
Sin embargo, yo me referiré solamente al informe del Centro Carter y al informe conjunto realizado por ambos organismos sobre la auditoria posterior de 150 cajas y a unas declaraciones posteriores de Cesar Gaviria y de Jennifer McCoy, vocera del Centro.
La OEA y el Centro Carter, como he dicho en otra oportunidad, no eran solo observadores electorales, eran garantes de los acuerdos firmados entre el Gobierno y la oposición en el año 2003 y habían estado en el país durante casi dos años. Resulta entonces decepcionante que su informe se refiera estrictamente a lo ocurrido el 15 y 16 de agosto: El problema de los resultados y la duda razonable o la sospecha de fraude electrónico y el tema de la “auditoria” de las 150 cajas.
Lo que pienso con respecto al fraude electrónico ya esta contenido en otra sección y no lo repetiré. Todos los argumentos e hipótesis, el tema de los “topes”, “programas que actúan como un virus y no dejan rastros”, “hackers que alteraron las transmisiones y los resultados”, etc. puedo admitir —por los momentos— que son conjeturas e hipótesis de trabajo, que deben ser demostrados y probados, tarea que puede ser difícil.
Tampoco me referiré a los argumentos sobre la falta de imparcialidad, objetividad o transparencia del CNE y otros argumentos similares, que ya han sido expuestos en algunas cartas abiertas de voceros de la oposición al Presidente Carter o al Secretario Gaviria. Pero quiero enfatizar, como observador electoral que he sido por varios años, la extrañeza que me produce la ausencia de comentarios o de evidencia de observación de estos dos organismos, que se suponen puntales en la materia, ante otros hechos que son evidentes anormalidades, que atentan contra el derecho al voto, que se constituyen en una irregularidad y que fueron omitidas en sus informes.
Me referiré solamente a lo que se hizo evidente el día 15 de agosto, en donde había una serie de indicios de que algo estaba ocurriendo:
Los indicios del fraude.
1) La abstención. Las largas filas de votantes, sorprendieron a todo el mundo; incluso al propio CNE, cuyo Rector, Jorge Rodríguez, quien se atrevió a vaticinar que esta sería la abstención más baja en la historia comicial en Venezuela; sin embargo, la abstención final fue del 30%, la cuarta más alta de la historia electoral venezolana —en elecciones presidenciales, que estas casi lo eran— y tras cinco años de Gobierno y dos de intensa polarización política, que junto con las grandes filas de votantes hacían suponer una abstención menor.
¿Por qué se produjo? ¿Tendrá que ver con la manipulación de los resultados? ¿O como en todo proceso electoral, en la deficiencia de su organización? En todo caso, ¿No es eso una anormalidad que debió ser resaltada en informe de observación? ¿No les pareció extraño, a los observadores, que con una población votante de 14 millones, con mas de 8 mil centros de votación y 19.962 maquinas, distribuidas de a dos o tres por centro de votación, se hiciera una sola fila para votar, que obviamente retrasaba el proceso? ¿Por qué no se organizaron las filas por Mesa de Votación o incluso por maquina de votación?
Fue evidente que una de las causas del retraso eran las denominadas maquinas “cazahuellas” o “captadoras de huellas”, que en número de 12 mil fueron distribuidas por el país, para abarcar una población votante de 8 millones y que al final solo “capturaron” 5 millones de huellas y dejaron muy poca evidencia de que fueran útiles para lo que fueron adquiridas, para “cazar votantes dobles”. Estas maquinas estaban a la entrada de los Centros de Votación, operadas exclusivamente por empleados o personal seleccionado por el CNE —sin participación ninguna de testigos de la oposición— que tenían la facultad, por normas absolutamente ilegales e inconstitucionales, de impedir el acceso de los electores al centro de votación, y en consecuencia al voto, si por alguna razón la cedula de identidad que se les presentaba no aparecía en el sistema o si la huella dactilar coincidía con una que ya hubiera sido captada.
No hay evidencias de que lo anterior ocurriera de forma masiva o puntual, pero si de que fueron una traba importante que retraso el proceso y —a mi no me cabe duda— que incidieron en la alta abstención. Tan es así, que a las 2 de la tarde el CNE ordenó que fueran puestas al final del proceso, después de que los electores ya hubieran votado. Sin embargo, esa orden no fue cumplida hasta bien entrada la noche, debido a la negativa de obedecerla por parte de los oficiales del Plan Republica. Ni siquiera en los centros a los que se les llevaba una fotocopia de la circular con la orden expresa del CNE. ¿No les pareció extraño a los observadores el desobedecimiento de esta orden, frente a una actividad que era claramente un atentado contra el derecho al voto? ¿No merecía este episodio y la actitud renuente del Plan Republica a cumplir una orden del CNE una observación en el informe? ¿No les pareció que esto podía ser un indicio de que eso era lo que realmente se buscaba con las “cazahuellas”, que la gente se abstuviera?
2) Los exit polls. Otro de los indicios que argumenta la oposición para sospechar del fraude es que diferentes encuestas a boca de centro (exit polls) daban unos resultados favorables a la opción del SI, con una diferencia de casi 20 puntos. Desde luego es razonable el argumento de los observadores internacionales en el sentido de que las encuestas no pueden sobreponerse a datos “duros” de escrutinio. Estos deben prevalecer, pues las encuestas pueden estar mal elaboradas o estar siendo manipuladas ¿Pero no es razonable pensar que hay algo extraño cuando la mayoría de los exit polls —entre ellos los de algunas prestigiosas empresas norteamericanas, ajenas a la polémica interna— daban los mismos resultados? ¿No era además extraño que esos resultados del escrutinio, en algunos centros no se correspondieran con la cantidad de firmas recabadas para solicitar el referendo revocatorio? Si bien es razonable el argumento de que las encuestas previas a los días de la votación demostraban una recuperación de la popularidad del Presidente Chávez Frías, ¿No les pareció extraño que eso ocurriera en todas las regiones del país, incluso en algunas que ni siquiera las encuestas más favorables al oficialismo los daban como ganadores?
¿No les pareció a los observadores internacionales que se estaba produciendo algo insólito?: Un gobierno que tras cinco años incrementaba su votación en más del 54% y una oposición que solo incremento en un 6% su votación, con respecto a las firmas que presentó para revocar el mandato, hace menos de seis meses, y que además perdía en todas las regiones del país, incluso en aquella cuyos gobernadores son de la oposición y gozan de gran apoyo popular.
3) Las auditorias no realizadas. El tema de las auditorias merece una consideración especial. Se ha centrado la discusión en la auditoria posterior, la de las 150 cajas, que se realizo a partir del 18 de agosto, como consecuencia de las denuncias formuladas por la oposición y en la que esta, finalmente, se negó a participar. A esa me referiré de manera particular, pero antes es necesario considerar otras que no son mencionadas, o solo se mencionan marginalmente.
Se ha denunciado la sospecha de un fraude electrónico, que pudo haber alterado los resultados y que por sus características se debe haber realizado mediante una alteración del programa que contenía la maquina de votación, con el cual registraba los votos, los imprimía, los totalizaba y los transmitía. Obviamente, para prever esta situación estaba contemplada una auditoria del software o programa, solo que nunca fue admitida para una muestra que representara la totalidad de los equipos. Cuando el domingo 6 de agosto se evaluaron unas 150 ó 200 maquinas, se cotejo su funcionamiento y que lo que imprimían se correspondía con lo que transmitían, pero que sepamos nunca se tuvo acceso a las fuentes o códigos de los programas. ¿O es que acaso el Centro Carter y la OEA si auditaron el software o programas que fueron instalados en las maquinas? Y en el caso de que así fuera, ¿Qué pruebas o rutinas de auditoria pusieron en practica para asegurarse que esos programas fueran los que finalmente estaban instalados en las maquinas que llegaron a los centros de votación? En resumen, hasta donde tengo conocimiento, sí se revisaron la última semana unas 200 maquinas en los depósitos del CNE, pero sobre el total que quedaban, después de que unas 13 mil ya habían sido despachadas a las regiones y centros de votación. Es decir, que las maquinas equivalentes a unos 8 millones de votos no entraron en esa revisión.
También me pregunto si los Observadores Internacionales del Centro Carter y la OEA tuvieron la oportunidad, no digamos de auditar, sino de revisar siquiera los Cuadernos de Votación que salieron para los diferentes Centros y Mesas; y si es así, ¿Cómo explican que algunas personas, estando inscritas en el REP, no aparecían en los listados de los Centros y sin embargo si aparecían en los cuadernos de votación de las respectivas mesas? ¿No habrá influido también esto en un porcentaje de la abstención? Si una persona chequea sus datos en el REP y no aparece y tampoco aparece en el listado de la puerta del Centro, lo más probable es que se retire sin votar y sin verificar si su nombre aparece en el Cuaderno de Votación de la Mesa, lo que le daba derecho a votar.
Dado que estas dos importantes auditorias no se pudieron hacer, se confió en que esa deficiencia la subsanaría la tercera auditoria, llamada “auditoria en caliente”, que era la acordada a realizar en 192 mesas, escogidas mediante un sorteo aleatorio el domingo 15 de agosto y que consistía en abrir las cajas contentivas de los comprobantes de votación y compararlas con los resultados del las actas de escrutinios que emitían las maquinas. Como sabemos, por el propio informe del Centro Carter y la OEA, esta auditoria no se llevo a cabo, por diversas razones; entre las que argumenta el informe, y Jennifer McCoy en declaraciones posteriores, no se realizo debido a lo “tarde” que cerraron las mesas.
Si al final influyó la hora del cierre de las mesas —como dice el informe del Centro Carter— no lo se, pero lo cierto es que esa auditoria estuvo claramente viciada por muchos motivos: Se limitó, por razones que solo el CNE conoce a solo 20 municipios en 14 estados y no a los 24 estados; nadie de la oposición o de los observadores internacionales, que se sepa, reviso el programa con el cual se hizo el sorteo de los municipios, los estados y las mesas; nadie da tampoco evidencia de que presenció dicho sorteo; tampoco se entregaron credenciales a tiempo a la mayoría de los testigos de la oposición, ni se les ofreció ningún tipo de protección, por el contrario algunos fueron detenidos por las autoridades del Plan República por querer hacer sus auditorias. Al final, solo se llego a efectuar, según dice el informe OEA/Carter, en menos de la mitad de los Centros previstos, 82 de los 192, pero no se conocen los resultados, salvo que según el CNE fueron “satisfactorios”; en los pocos centros, apenas 27, en los que la oposición logro participar, en varios de ellos no se permitió abrir la caja o urna contentiva de las boletas o comprobantes de votación, con la excusa de que dicha caja contenía también las papeletas de las otras dos maquinas; y a pesar de que se argumentó que los comprobantes se podían separar fácilmente, los “auditores” del CNE no permitieron que esas cajas se abrieran. ¿No era la falta de esta auditoria, previamente acordada, razón suficiente para declarar viciado el proceso, toda vez que no se habían auditado tampoco el software ni los Cuadernos de Votación? Pero los observadores del Centro Carter y la OEA, en vez de levantar este punto como una grave irregularidad, prefirieron subsanarlo aceptando una nueva auditoria, que se llevo a cabo entre el 19 y el 21 de agosto, la famosa auditoria de las 150 cajas.
4) La nueva auditoria. En la que si participaron el Centro Carter y la OEA y sobre la que hicieron un informe especial, les despejo a ellos todas las dudas que podían tener acerca de la pureza del proceso. Ese informe conjunto, al igual que uno del Centro Carter, describen de manera detallada el proceso de la auditoria y su participación en la misma: El número de personas que participaron y la cantidad de horas hombre empleadas; el celo que tuvieron los observadores en cuidar las cajas después de realizado el sorteo y como hasta las acompañaron durante todo el trayecto desde las guarniciones militares, hasta el lugar donde se abrieron las cajas; y dedica una buena parte del informe a describir la forma en que se realizo el sorteo, incluida la descripción del programa, y luego los resultados encontrados, que naturalmente divergían muy poco de los resultados que arrojó la totalización de las actas.
Podríamos hacernos varias preguntas sobre este proceso, desde la más ingenua como sería preguntar ¿De que forma se aseguraron que los precintos de las cajas eran los mismos que se pusieron en la noche del 15 o la madrugada del 16?; hasta otras mucho más mal intencionadas, como por ejemplo ¿Quién asegura que el contenido de esas cajas no fue completamente cambiado? Pero eso no nos llevaría a ninguna parte. Sin embargo, yo tengo una objeción más básica y fundamental, que para mi pone en duda todo el procedimiento de esa auditoria y la capacidad técnica de la OEA y el Centro Carter para ser observadores electorales en proceso automatizados.
La primera sospecha de esa “capacidad”, o falta de ella, ya la tuvimos cuando se nos presento el día 16 como gran argumento de pureza del proceso la realización de un “conteo rápido” (quick count), que todos sabemos que solo es útil para evitar retrasos o disparidades en el escrutinio de los resultados, pero cuando lo que se cuestiona es el programa que elabora las actas, dudo mucho que el “conteo rápido” nos de ninguna garantía. Me explico, no me cabe la menor duda de lo que reporta el Centro Carter en su informe: El Server del CNE recibió con una exactitud del 99% lo que las maquinas trasmitieron de sus actas de escrutinio; ni siquiera hace falta que Súmate lo avale, como en efecto lo hizo, pues ellos también realizaron un “conteo rápido” de las mismas actas. La pregunta es: ¿Cómo sabemos que era eso lo que tenían que transmitir? ¿Cómo sabemos si fue eso o no, lo que marcaron los votantes? ¿De que sirve un “conteo rápido”, que lo único que hace es totalizar una muestra, si se duda de la validez y exactitud de las actas de donde procede la muestra? Si eso no era ya prueba suficiente de la banalidad de su tarea, ahora, con esta auditoria los observadores internacionales, nos dieron otra muestra de esa falta de capacidad o de exceso de ingenuidad, para no pensar algo peor.
Lo que se esta cuestionando es la idoneidad, la honestidad, la imparcialidad del arbitro, del CNE, y se tiene dudas o sospechas acerca de que hayan alterado los resultados de un proceso automatizado. Por lo tanto, ¿Cómo se nos dice de la manera más candida que el programa que se utilizó para realizar el sorteo de las cajas de esta segunda auditoria es el mismo con el que se sortearon las 192 mesas del día 15 de agosto, proceso que estuvo completamente viciado y fue considerado poco confiable por el propio Centro Carter y la OEA? ¿Qué sentido tiene que se nos diga que se acudió al sorteo de las 150 cajas y que tanto el programa, como la computadora que lo hizo, como el funcionario que introdujo los números clave o “semillas” eran del organismo que esta siendo cuestionado? ¿Por qué en vez de revisar el programa que proporciono el CNE, no se hizo el sorteo con uno que proveyeran el Centro Carter o la OEA? ¿Por qué no se hizo con una computadora del Centro Carter o de la OEA?
Se nos explica que el programa se revisó, que era un programa Delphi y lenguaje Pascal y que se proporcionó a los observadores una copia del archivo ejecutable, del código fuente, del archivo de entrada y del archivo de salida; y que la generación de la muestra se hizo en un acto publico, televisado y que para colmo de malicia —disculpen la ironía— antes de la generación de la muestra se efectuaron varias corridas del programa y se verifico que el archivo estuviese borrado. Pero, ¿De que forma se aseguraron que el programa que finalmente corrió, en una computadora que no era de ustedes, era el mismo que ustedes revisaron? Dado que estábamos frente a un delicado problema, donde estaba en duda la imparcialidad del árbitro y la manipulación electrónica de resultados electorales, ¿Por qué no se hizo un sorteo simple, mecánico, de las cajas? ¿Por qué no se sorteo, manualmente, con bolitas de un bingo, tomara el tiempo que tomara, que además no podía ser mucho para solo 150 mesas?
Pero tengo todavía un argumento más fuerte. Cualquier persona que sabe estadística, sabe que todo sorteo realizado con una computadora es solo semi aleatorio, por la posibilidad de que se pueda manipular. Los observadores hicieron pruebas del programa que proporciono el CNE, pero ¿Hicieron pruebas de la aleatoriedad de los resultados que arrojaba el programa? En ninguna parte del informe se dice que se hayan hecho esas pruebas de aleatoriedad, con lo cual se levantan enormes sombras acerca de la aleatoriedad en escogencia de las 150 cajas.
En conclusión, no entiendo como pueden haber omitido en su informe de esta fase final —o dejarlo para uno posterior, como declaró Jennifer McCoy— todo lo relativo a las serias denuncias sobre irregularidades y violaciones de la Constitución, las leyes electorales contenidas en las Normas sobre la Instalación de mesas de Referendo, que rigieron para esta última fase del proceso.
Tampoco puedo entender que se pasara por alto todas las irregularidades cometidas en los últimos días con el Registro Electoral Permanente: La eliminación de votantes, la migración ilegal de los mismos, el exigir a los votantes en el exterior requisitos ilegales o basados en su migratoria o condición legal en terceros países o la serie de abusos cometidos por el CNE que llevaron a enormes retrasos en el proceso de votación —algunos ya descritos al hablar de la abstención— y que influyeron en el incremento de ese fenómeno y atentaron contra el ejercicio del voto. ¿Es que acaso eso no son irregularidades electorales que debieron denunciar? ¿No serian algunas de esas cosas claros fraudes en sus respectivos países de origen?
Menos puedo entender, que con todos estos antecedentes de irregularidades, se nos quiera vender como bueno una auditoria posterior, que no resiste el primer examen elemental acerca de si el programa utilizado para escoger la muestra era un programa realmente confiable o si la muestra que arrojaba era realmente aleatoria.
En Venezuela no hubo fraude el 15 de agosto, pero Cesar Gaviria recomiendan que para los próximos procesos nos busquemos un sistema más confiable. Tampoco tiene desperdicio esta recomendación del informe del Centro Carter, que copio textualmente: “La transparencia es la base fundamental de la confianza. Durante los últimos ocho meses, la ausencia de una política de información del CNE al público de Venezuela, la influencia de la política partidista y hasta los observadores internacionales ha generado preocupaciones y sospechas innecesarias. Reclamamos mayor transparencia a todos los niveles, a fin de asegurar la confianza en los futuros procesos electorales.” (Subrayado mío) Es decir, no hubo fraude, pero el Centro Carter recomienda al CNE que en el futuro actué de manera más transparente para que haya más confianza del público. Interesante conclusión, para un proceso electoral en el que no hubo fraude.
Por último, estoy plenamente consciente de mis limitaciones en materia estadística o matemática; mucho menos me presento como un especialista en materia cibernética o manejo electrónico de equipos o programas de computación. Como dije al principio, soy simplemente un ciudadano, que ha dedicado una buena parte de los últimos años a hacer observación electoral. Me hago preguntas comunes, como las que se podría hacer cualquier ciudadano y pido respuestas convincentes de aquellos que, como la OEA y el Centro Carter, merecen ser creídos. Los venezolanos necesitan ser convencidos, a prueba de cualquier duda, que no les fue robado su voto, ni defraudada su voluntad. Queremos seguir creyendo que es posible una salida electoral, pacifica, constitucional y democrática a la crisis que vive el país.
Prontuario del Consejo Nacional Electoral
He aquí el resumen, a la fecha, de las principales irregularidades cometidas y las violaciones a las leyes y al orden jurídico del país por parte del CNE, durante el proceso que condujo al referendo revocatorio presidencial:
· Impidió a los ciudadanos ejercer, de manera individual, el derecho a solicitar revocatoria de mandato a cargos de elección popular (Art. 72 de la Constitución) y los obligó a pasar por los partidos políticos o grupos de electores para ejercer este derecho
· Reglamentó sobre los referendos revocatorios, con clara violación de los plazos y requisitos para su convocatoria, establecidos en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
· Violó el principio de celeridad y eficiencia de los procesos electorales, al definir normas que atrasaron y entorpecieron el proceso (Art. 293 de la Constitución)
· Decidió inconstitucionalmente y contrario a sentencias del TSJ, que no se podía recoger firmas para revocar el mandato de Gobernadores, Alcaldes y Concejales (Sentencia de la Sala Constitucional del 5 de junio de 2002).
· Impidió recoger firmas para el revocatorio presidencial a los venezolanos en el exterior. (Art. 21 de la Constitución)
· Impidió la actividad de los observadores nacionales y discrimino a los observadores internacionales, reduciendo la autorización para observar a solo dos instituciones: OEA y Centro Carter.
· Escogió a los observadores electorales a partir de listas presentadas por los partidos políticos, violando el principio de despartidización de los organismos electorales.
· Definió y cambio reglas de juego a solo pocas horas de iniciarse el proceso de recolección de firmas.
· Transcurrida la recolección de firmas del oficialismo, estableció nuevas reglas para la oposición, diferentes a las fijadas para el oficialismo (por ejemplo: la prohibición de usar computadoras para dar información a los firmante y la fijación de criterios para la actividad de los recolectores itinerantes de firmas, que no estaban establecidos en ninguna normativa)
· Contrató transcriptores y verificadores sin acto público o una convocatoria abierta y transparente
· Estableció condiciones distintas y fechas distintas para entregar las firmas de la oposición y del oficialismo, a quienes se permitió hacerlo en varias tandas, mientras que a la oposición se le exigió entregarlas en una determinada fecha
· Permitió la actuación del denominado Comando Ayacucho, en nombre del Sector Oficialista, sin estar inscrito en el CNE ni reconocido siquiera como grupo de lectores, situación que regularizo mucho después del proceso de recolección de firmas.
· Pretendió limitar la tarea de los observadores internacionales durante el proceso de recolección de firmas —hasta que estos se quejaron públicamente— y pretendió impedir y limitar infructuosamente la participación de los mismos durante el proceso de referendo del 15 de agosto.
· Selecciono de manera irregular de los Observadores del Proceso de verificación, y los Agentes de Reparo, contra el principio de despartidización de los procesos electorales.
· Sin haber concluido el proceso, ni haber omitido opinión sobre la validez de las firmas, entregó copia de estas al Presidente de la Republica, quien las estuvo utilizando para crear una campaña de opinión en contra del proceso, que además estaba prohibida por las Normas sobre Referendo.
· Violó los lapsos para la verificación, establecidos en el artículo 28 de las “Normas para regular los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular”
· Permitió que los candidatos del Gobierno y algunos de oposición a Alcaldías y Gobernaciones adelanten la campaña electoral para las elecciones regionales
· Permitió que el Presidente de la República adelantara juicios y opiniones mientras se estaban realizando los procesos de recolección de firmas.
· Desacato una orden directa del Tribunal Supremo de Justicia —en Sala Electoral— que le ordenó incorporar como validas 876.017 firmas para solicitar la revocatoria del mandato del Presidente de la República, que había excluido contrariando las Normas sobre Referendos, violando además el principio de la no retroactividad de una norma, el principio que supone la buena fe de los firmantes e invirtiendo la carga de la prueba.
· Permitió y permite que el Presidente de la República utilice los recursos del Estado para movilizarse, él y sus seguidores, para asistir a actos políticos de juramentación de sus Comandos Maisanta, Unidades de Batalla Electoral (UBE) y Patrullas Electorales.
· Permite que el Presidente de la República utilice la red nacional de emisoras y televisoras para transmitir, constantemente, en cada una de sus intervenciones, mensajes electorales, durante más de 15 minutos cada vez, en pro de su aspiración de que no se le revoque el mandato.
· Permite el programa radial “Patrullando con Chávez”, el cual es una campaña de defensa electoral de la gestión de Gobierno con vistas a la revocatoria de su mandato
· Permite que los Comandos Maisanta, comandos de la campaña del Presidente de la Republica estén integrados, entre otros, por los siguientes funcionarios públicos, quienes dedican parte o todo su tiempo a esta actividad, comenzando por el propio Chávez Frías, Presidente de la República:
o Jesse Chacón, Ministro de Información;
o Nelson Merentes, Presidente del Bandes;
o Rafael Ramírez, Ministro de Energía;
o Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación;
o María Cristina Iglesias, Ministra del Trabajo;
o Ana Elisa Osorio, Ministra del Ambiente;
o Francisco Natera, Ministro de Estado;
o Francisco Ameliach, Presidente de la Asamblea Nacional;
o Liborio Guarulla, Gobernador del Estado Amazonas;
o Didalco Bolívar, Gobernador del Estado Aragua;
o Hugo de los Reyes Chávez, Gobernador de Barinas;
o Jhony Yanez, Gobernador del Estado Cojedes;
o Yelitza Santaella, Gobernadora del Estado Delta Amacuro;
o Jesús Montilla, Gobernador del Estado Falcón;
o Eduardo Manuitt, Gobernador de Guárico;
o Luis Reyes Reyes, Gobernador del Estado Lara;
o Florencio Porras, Gobernador del Estado Mérida;
o Alexis Navarro, Gobernador del Estado Nueva Esparta;
o Antonia Muñoz, Gobernadora de Portuguesa;
o Ramón Martínez, Gobernador del Estado Sucre;
o Ronald Blanco La Cruz, Gobernador del Estado Táchira;
o Gilmer Vitoria, Gobernador del Estado Trujillo;
Además de contar con numerosos alcaldes y diputados de la Asamblea nacional; todo esto en violación además del artículo 145 de la Constitución: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna” y de la Ley Orgánica de la Administración Central
· Aprobó normas que modificaron la Ingeniería de Mesa y que afectaban partes sustanciales del proceso, como Normas de Contingencia, Normas para el Voto de Militares, etc. a solo pocos días antes del referendo, sin publicarlas en Gaceta Electoral y dándolas a conocer por pagina WEB a solo dos días de realizarse el referendo, a las cuales no referiremos más adelante.
· Impidieron que testigos de la oposición participaran en la auditoria —que contempla la Ley Orgánica del Sufragio, articulo 168, y en las propias Normas del CNE­— que debió efectuarse al finalizar el proceso de votación y escrutinio, al retrasar la entrega de credenciales y no prever la protección de las personas que realizarían la auditoria.

References: artículo 145
 artículo 187
 artículo 153
 artículo 157
 resolución 
 artículo 157
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 28
 artículo 145