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Timestamp: 2017-12-17 04:04:02+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1263/2010 de 9 de septiembre. Despido disciplinario. Incidencia de la jurisdicción penal sobre la social. Transgresión de la buena fe contractual - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1263/2010 de 9 de septiembre
Despido disciplinario: Procedente. Incidencia en la jurisdicción social de las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito penal. La resolución judicial procedente del orden jurisdiccional penal no tiene la virtualidad de condicionar las conclusiones a que pueda llegarse en el ámbito del proceso laboral. Transgresión de la buena fe contractual: Para justificar el despido, debe ser grave y culpable, y debe suponer la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador. Los hechos imputados integran el incumplimiento contractual imputado: No ofrece duda la intención del trabajador de apropiarse del objeto que portaba. Desestimación.
SENTENCIA: 01263/2010
SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 002(C/ SAN AGUSTIN N.º 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE)
Recurso n.º 847/10.-
Ponente: Sr. José Montiel González.
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000847 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000714 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 001 TOLEDO
Recurrente/s: Fidel
Recurrido/s: MINISTERIO FISCAL, CEVA LOGISTICS ESPAÑA S.L., FOGASA FOGASA
Abogado/a: VERONICA CERON LLORENTE (CEVA LOGISTICS ESPAÑA S.L.)
Procurador: MANUEL SERNA ESPINOSA (CEVA LOGISTICS ESPAÑA S.L.)
Iltmo. Sr. D. José Montiel González
Iltma. Sra. D.ª Petra García Márquez
Iltma. Sra. D.ª Luisa M.ª Gómez Garrido
Iltmo. Sr. D. Eugenio Cárdenas Calvo
En Albacete, a nueve de septiembre de dos mil diez.
SENTENCIA N.º 1.263
En el Recurso de Suplicación número 847/10, interpuesto por Fidel, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Toledo, de fecha 14 de septiembre de 2009, en los autos número 714/09, sobre Despido, siendo recurridos CEVA LOGISTICS ESPAÑA, S.L., FOGASA y MINISTERIO FISCAL.
Es Ponente el Iltmo. Sr. D. José Montiel González.
Primero.-Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por D. Fidel contra la empresa CEVA LOGISTICS ESPAÑA S.L., con la intervención de FOGASA y Ministerio Fiscal, absolviendo a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, y declarando la procedencia del despido efectuado, convalido la extinción del contrato de trabajo que con aquél se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación para la demandante".
Primero.-D. Fidel ha prestado servicios para la empresa demandada, dedicada al transporte y depósito de mercancías, desde el 11 de julio de 1991, categoría de capataz y salario de 68,20 euros/día, incluida la prorrata de paga extraordinaria.
Segundo.-Tras la tramitación del correspondiente expediente contradictorio iniciado el 17 de marzo de 2009, en el que el trabajador hizo las alegaciones que estimó oportunas en escrito de 18 de marzo de 2009, con fecha 26 de marzo de 2009 la empresa demandada notifica al trabajador carta de despido con el siguiente tenor literal: "Por medio de la presente procedemos a comunicarle la finalización del expediente contradictorio llevado a cabo en cumplimiento del art. 56.2 a) del Convenio Colectivo, 55.1, 64.4c) y 68 a) del ET y 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, dada su condición de miembro del Comité de Empresa, y ponemos en tu conocimiento las conclusiones a las que se han llegado en relación a los hechos acaecidos el pasado 16 de marzo de 2009. De acuerdo con la totalidad de los testimonios recabados durante la tramitación del Expediente, y que se adjuntan a esta carta como parte integrante de su contenido, ha quedado acreditado que el pasado día 16 de marzo, en el segundo control de Seguridad realizado por los vigilantes de seguridad Miguel Ángel y Alonso (ambos trabajadores de la empresa ESABE-SEGURIDAD), éstos advirtieron que portabas en uno de tus bolsillos un UMD (Universal Media Disc) correspondiente al Juego de la Consola PSP Buzz, "Cerebros en Acción", propiedad de nuestro cliente PC City y del que Ceva Logistics tiene la función de depósito y Custodia. Esta circunstancia se puso de manifiesto cuando depositaste este objeto en la bandeja dispuesta en el Dispositivo de Seguridad. En tu escrito de alegaciones del pasado 18 de marzo, te limitas a señalar que los hechos han sido tergiversados, sin negarlos ni oponerte a los mismos y sin dar ningún tipo de explicación diferente de los hechos ni solicitar la práctica de ningún tipo de prueba en tu descargo, por lo que entendemos que las mencionadas alegaciones, no sólo no son suficientes para desvirtuar el contenido del informe remitido por la Empresa de Seguridad, que contiene el testimonio de los dos vigilantes de seguridad que realizaron el control de Seguridad, y vieron como depositabas en la bandeja el objeto hurtado de nuestras instalaciones, sino que vienen a confirmar estas imputaciones. La indicada conducta constituye un incumplimiento grave y culpable por tu parte de las obligaciones que, presididas siempre por la buena fe, tienes para con esta empresa, de acuerdo con lo que prevé el artículo 54.1.d) del ET. Asimismo, esta actuación ha de ser calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.3.e) del convenio colectivo de aplicación, como muy grave (transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como hurto o robo a la empresa y a uno de nuestros clientes). Así las cosas, teniendo en cuenta tu evidente intencionalidad, la trascendencia y repercusión de estos hechos en la imagen de nuestra empresa, la existencia de sanciones previas que obran en tu expediente y el hecho de que ostentes un puesto de mando en nuestra compañía (con responsabilidad y gestión de equipos), lo que incrementa aún más si cabe el quebranto a la buena fe contractual que debe presidir nuestra relación laboral, es por lo que venimos a comunicarte la decisión de proceder a tu DESPIDO DISCIPLINARIO que tendrá efectos a partir de la recepción de la presente casta. Se adjuntan a esta carta, como parte integrante de su contenido, los documentos referidos en el cuerpo de la misma, relativos al expediente contradictorio que con esta comunicación se cierra. Se pone a tu disposición saldo y finiquito y se ruega sírvase firmar un duplicado, a efectos de constancia de su recepción".
Tercero.-Con fecha 16 de marzo de 2009, sobre las 22 horas, coincidiendo con la salida de los trabajadores del turno de tarde se establece en la empresa demandada dos controles de seguridad, uno primero de carácter ordinario en que el trabajador D. Fidel, que sale de la empresa junto con su compañero D. Diego, saca los objetos que portaba en los bolsillos, salvo el disco UMD correspondiente al juego de Consola PSP Buzz, "Cerebros en Acción" que había cogido del interior de la empresa, y los deposita en la bandeja, procediendo igualmente a pasar por el arco detector, sin que este pitase, y un segundo control a escasos metros y fuera de su vista que se establece con carácter sorpresivo, por orden del responsable de seguridad de Ceva Logistics, D. Florian, segundo control en el cual están situados los vigilantes de seguridad de la empresa ESABE,D. Miguel Ángel y D. Alonso. En tal control se vuelve a requerir al trabajador que saque los objetos que porte en el bolsillo en la bandeja preparada para ello, entre tales objetos saca el UMD (Universal Media Disc) correspondiente al juego de la consola PSP Buzz, disco perteneciente al cliente de la empresa demandada PC City, alegando que tal disco se lo ha encontrado debajo de un palet y que tenía intención de dejarlo en su sitio. El disco es requisado y se informa por los vigilantes de seguridad a D. Florian de tal circunstancia. Tal disco se halla intacto pero la funda está rajada.
Con fecha 17 de marzo de 2009 D. Florian, en representación de la empresa Ceva Logistics presentó ante la Guardia Civil del Puesto de Seseña (Toledo) denuncia penal contra el trabajador por los hechos relatados en la carta de despido.
Cuarto.-A consecuencia de robos que se estaban llevando a cabo en las instalaciones de la empresa demandada, entre ellos el detectado el 27 de enero de 2009 que motivó el despido del trabajador autor del mismo, D. Serafin, con carácter inmediatamente anterior a la fecha de los hechos, 16 de marzo de 2009, se incrementó el plan de seguridad de la empresa estableciéndose un segundo control de seguridad, a pocos metros de donde se practicaba el primer control, y de carácter sorpresivo dada su situación fuera de la vista de los trabajadores que salen de sus puestos de trabajo.
Quinto.-Conforme se establece en el protocolo elaborado por la empresa demandada como "procedimiento para el control de accesos de salida de material", y del que tienen conocimiento los trabajadores, la salida de todo material de la empresa por el personal de la misma requiere autorización para dicha salida firmada por persona competente para ello.
Sexto.-Con fecha 13 de agosto de 2007 el trabajador demandante fue objeto de sanción por falta grave con 5 días de suspensión de empleo y sueldo, tal sanción fue impugnada ante el Juzgado de lo Social de Toledo mediante escrito de 3 de octubre de 2007. Con fecha 20 de octubre de 2008 la empresa procedió a la anulación de tal sanción, desistiendo la parte demandante de la impugnación. Igualmente con fecha 24 de octubre de 2007 se inició otro expediente contradictorio para imposición de sanción a consecuencia de quejas del cliente Decathlon, imponiéndose en escrito de 26 de noviembre de 2007 sanción de amonestación escrita por falta leve.
Séptimo.-En las reuniones del equipo ejecutivo de la empresa demandada, hasta un año antes del despido del trabajador, y del que formaba parte D.ª Violeta, se hablaba de establecer una "estrategia" para lograr desprenderse del trabajador demandante por el alto coste que representaba.
Octavo.-El trabajador ostenta la condición de representante de los trabajadores.
Noveno.-El día 24 de abril de 2009 se celebró ante la SMAC el preceptivo acto de conciliación en virtud de papeleta presentada el día 14 de abril de 2009. Dicho acto concluyó SIN AVENENCIA.
Primero.-Se solicita por la parte recurrente, al amparo del art. 231.1 de la LPL, la admisión como documento nuevo de un testimonio de la sentencia de fecha 11/09/2009, dictada en el juicio de faltas 69/2009 de los del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Illescas (Toledo), para postular con base en tal documento la revisión del hecho probado tercero de la sentencia de instancia a fin de adicionar un párrafo final al mismo que exprese "Consecuencia de dicha denuncia penal, el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Illescas dictó sentencia n.º 35/09 absolviendo al denunciado de la falta de hurto en grado de tentativa".
Conjuntamente con tal motivo, se formula un segundo, amparado en el art. 191 c) de la LPL, en el que se denuncia infracción del art. 54.2 d) del ET, en relación con el art. 43.3 e) del convenio colectivo de transporte de mercancía por carretera.
En materia de admisión de nuevos documentos en fase de recurso de suplicación debe estarse a la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2007 y 7 de julio de 2009, que señala que "de las previsiones del artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral, a la luz de la nueva redacción de los artículos 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe exponer lo siguiente:
1) Que en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de " sentencias o resoluciones judiciales o administrativas" firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.
La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) las sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas par resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.
2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva.
3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso "el alcance del documento"- art. 271 LEC - en la propia sentencia o auto que haya de dictar, como se ha hecho en el presente caso".
En el presente caso, el nuevo documento no es admisible, en primer término porque no consta en la certificación de la sentencia que ésta sea firme, como exige la doctrina jurisprudencial citada; y en segundo lugar porque dicha resolución dictada en el ámbito penal no resulta condicionante o decisiva para resolver la cuestión suscitada en el presente proceso, como a continuación se expondrá.
Como consecuencia de ello, no puede prosperar el primer motivo de recurso, destinado a la revisión del hecho probado tercero de la sentencia.
Segundo.-Sobre la incidencia en la jurisdicción social de las resoluciones judiciales dictadas en el ámbito penal resulta pertinente recordar la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo (resumidas ampliamente en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2004 y 20 de abril de 2009) en el sentido de que la valoración que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción considere suficientemente acreditado -en uso y ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba- el incumplimiento contractual grave que justifica la procedencia del despido. Así el Tribunal constitucional en Sentencia 36/1985 tiene establecido que "la jurisdicción penal y la laboral persiguen fines diversos, operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta".
Desde esa perspectiva, la distinta valoración de la conducta imputada al recurrente en las distintas jurisdicciones (penal y social) que han tenido ocasión de examinarla, es perfectamente admisible puesto que en el ámbito penal lo que se determina es la existencia de responsabilidad penal del sujeto, en atención a los principios de tipicidad y culpabilidad, mientras que en el ámbito social lo que procede establecer es la concurrencia de un incumplimiento contractual grave y culpable, que pueda justificar el despido disciplinario del trabajador.
Únicamente existiría una estricta vinculación de esta jurisdicción social a la penal en los supuestos contemplados en el art. 86.3 de la LPL, esto es, cuando se produjere sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2004 y 26 de julio de 2006); y ello en razón de que, como sostiene una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional recogida en las Sentencias 77/1983, 24/84, 62/84, 158/85 y 200/03 y Auto 61/1992 que establece que "unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, y que esta negación del principio de contradicción vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución".
Como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1984, de 21 de mayo: ""(...) a los más elementales criterios de la razón jurídica repugna aceptar la firmeza de distintas resoluciones judiciales en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron, o que una misma persona fue su autor y no lo fue. Ello vulneraría, en efecto, el principio de seguridad jurídica que, como una exigencia objetiva del ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los órganos del Estado en el art. 9 núm. 3, de la C.E. Pero, en cuanto dicho principio integra también la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el art. 24-1 de la CE, pues no resulta compatible la efectividad de dicha tutela y la firmeza de pronunciamientos judiciales contradictorios. Frente a estos, por tanto, ha de reconocerse la posibilidad de emprender la vía de amparo constitucional, en el supuesto de que ningún otro instrumento procesal ante la jurisdicción ordinaria hubiera servido para reparar la contradicción.";".
En el presente caso no se cuestiona ni la existencia de los hechos imputados al trabajador ni su participación directa en los mismos, limitándose la discrepancia entre las dos resoluciones judiciales (la penal y la social) a la distinta valoración jurídica de tal conducta, por lo que cabe concluir, de acuerdo con lo antes expuesto, que la resolución judicial procedente del orden jurisdiccional penal no tiene la virtualidad de condicionar las conclusiones a que pueda llegarse en el ámbito del proceso laboral.
Tercero.-Atendiendo, por tanto, al inalterado relato fáctico de la sentencia impugnada, resulta que con motivo de los reiterados hurtos y robos que se estaban produciendo en las instalaciones de la empresa demandada, dedicada al transporte y depósito de mercancías, ésta incrementó el plan de seguridad, añadiendo al control ordinario ya existente a la salida de los trabajadores de sus puestos de trabajo, un segundo de carácter sorpresivo y aleatorio llevado a cabo por trabajadores de una empresa especializada en seguridad.
El día 16/03/2009, el actor se dirigió a la salida de la empresa junto con otro compañero, y sacaron los objetos que portaban el los bolsillos, si bien el recurrente no exhibió un disco UMD Universal Media Disc) correspondiente a un juego para consola, propiedad de la empresa PC City. Al pasar por el segundo control se constató que el recurrente portaba el disco antes mencionado, que no había exhibido en el primer control. El trabajador alegó en ese momento que lo había encontrado debajo de un palet y que lo recogió con la intención de dejarlo en su sitio.
Tales hechos han sido valorados por el Juez de instancia como integrantes de un incumplimiento grave y culpable, definido como transgresión de la buena fe contractual del art. 54.2 d) del ET.
En general, en relación con los incumplimientos contractuales imputables al trabajador, establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Febrero de 1.990 que: "en todo caso, su valoración, a tales fines, ha de hacerse con criterio individualizador (Sentencias de 2 de febrero y 26 de noviembre de 1987) y gradualista (Sentencias de 28 de marzo de 1985 y 5 de marzo de 1987): a) individualizador, en cuanto se ha de conocer la singularidad de cada caso, valorando las circunstancias concurrentes y sus peculiaridades con especial relevancia del factor humano o personal; y b) gradualista, porque, precisamente a través del análisis individualizado de cada caso, ha de pretenderse lograr una plena coherencia y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción".
En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1992, indica que " las infracciones que tipifica el art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, para erigirse en causa que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el mencionado art. 54.2, si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente".
Por lo que respecta a la transgresión de la buena fe contractual, la doctrina jurisprudencial (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Marzo de 1.991), al interpretar el art. 54.2.d) del ET, ha indicado: "La buena fe contractual que el precepto legal cuida de guardar es la que deriva de los deberes de conducta y del comportamiento que el art. 5 a), en relación con el art. 20.2, ambos del Estatuto de los Trabajadores, impone al trabajador; buena fe en su sentido objetivo, que, como declaró la sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 1986, después seguida por otras, "constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible o, mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (art. 7.1 y 1258 del Código Civil), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza". Y bien recuerda esa sentencia que no cualquier transgresión de la buena fe contractual justifica el despido, sino aquella que por ser grave y culpable "suponga la violación trascendente de un deber de conducta del trabajador, esto es la que tenga calidad bastante para que sea lícita y ajustada la resolución contractual basada en el incumplimiento del trabajador (art. 1124 del Código Civil)".
Los hechos imputados al principio relatados y no cuestionados por el recurrente indudablemente integran el incumplimiento contractual imputado, pues no ofrece duda la intención del trabajador de apropiarse del objeto que portaba, ya que no lo mostró en el primer control que se realizó, siendo descubierto por el personal de seguridad que realizaba el segundo control efectuado por sorpresa y aleatoriamente, lo que pone en entredicho la versión del trabajador de que tenía la intención de dejarlo en su lugar.
En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia de instancia, por ser conforme a derecho.
Que desestimando el Recurso de Suplicación número 847/10, interpuesto por Fidel, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Toledo, de fecha 14 de septiembre de 2009, en los autos número 714/09, sobre Despido, siendo recurridos CEVA LOGISTICS ESPAÑA, S.L., FOGASA y MINISTERIO FISCAL; debemos confirmar y confirmamos íntegramente la Resolución recurrida.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente n.º 0044 0000 66 0847 10, que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3.001, sita en la calle Marqués de Molins, n.º 13 de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 €), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo, n.º 49 (clave oficina 1.006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencia de este Tribunal, el día 21-9-10. Doy fe.

References: resolución 
 artículo 54
 artículo 53
 artículo 231
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución