Source: https://es.scribd.com/doc/151956394/SOCIEDADES-IRREGULARES
Timestamp: 2016-05-27 06:37:17+00:00

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INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 7 SOCIEDADES IRREGULARES ....................................................................... 2 CONCEPTO ......................................................................................................... 2 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD IRREGULAR .............................. 5 EFECTOS DE LA IRREGULARIDAD ............................................................ 6 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES .................................................................................................. 7 EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD .. 9 APRECIACIÓN CRÍTICA ............................................................................... 11 LAS SOCIEDADES IRREGULARES ............................................................. 12 REGULARIZACIÓN ........................................................................................ 13 BIBLIOGRAFIA................................................................................................ 15
El presente trabajo titulado sociedades irregulares tiene por objetivo citar las normas y comentarios de dichas sociedades. Para el desarrollo del presente trabajo se han consultado diversos libros y la recopilación de algunos libros. El trabajo consta de una sola sección, en la que se citan los artículos de la Ley General de Sociedades y posteriormente los comentarios hechos a criterio del
equipo, los que son importantes para cumplir la norma establecida. Como producto de este llegamos a la conclusión Finalmente, esperamos que este trabajo sirva como contribución para los conocimientos específicos y base para otras investigaciones.
CONCEPTO Las sociedades irregulares pueden serlo por su origen, o sea, aquellas cuya existencia consta de prueba escrita, pero que no se han constituido por escritura pública; o por irregularidad sobrevenida, o sea, las que continúan en actividad después de vencido el plazo de duración, o no obstante la pérdida de su capital en lo proporción señalada en la ley; o las que modifican su organización sin las formalidades legales, o las que, en general, debían haberse disuelto en virtud causal prevista en la ley o en el pacto social. En primer término, es sociedad irregular la que no se ha constituido he inscrito conforme a los preceptos legales. Pero, no obstante este hecho, las relaciones internas se rigen por el pacto social o por ley, según la clase de sociedad de que se trate. Los socios que forman la sociedad irregular de origen, así como los miembros de su organismo de gobierno, responden en forma personal, solidaria e ilimitada frente a terceros; de donde se desprende que los socios solo podrían hacer valer entre ellos la responsabilidad respecto a quienes gozaran de este beneficio, pero la limitación no tendrá valor en relación con terceros. De esta manera, entre los socios, la sociedad será del tipo convenido por ellos. No puede aceptarse, desde un visto práctico, que la inexistencia de la sociedad por inobservancia de la forma determina la nulidad de todos los contratos celebrados por ella, originando perjuicios a terceros, que no tienen responsabilidad por las omisiones formales en que se hubiera incurrido. La ley procura por diversos medios la regularización de las sociedades irregulares, privándola en muchos casos de las garantías que se conceden a las sociedades regularmente constituidas. Cualquier socio puede pedir la formalización de la
constitución del pacto social o, la inscripción. Hay otras medidas indirectas que conducen a la regularización según se verá más adelante. El nacimiento, actividad y disolución de la sociedad producen una serie de relaciones jurídicas que el derecho regula en forma sistemática para dar eficacia y asegurar tanto a la institución como a quienes se pongan en relación con ella. Es por estas razones que se ha creído conveniente rodear la constitución de la sociedad de todas las garantías que su importancia aconseja, estableciendo condiciones y requisitos que debe cumplirse para que adquiera todo los atributos que la ley le otorga para el normal desenvolvimiento de su actividad. Según el artículo 423º de la ley, es irregular la sociedad que no se ha constituido he inscrito conforme a la ley o la situación de hecho que resulta que dos o más personas actúan de manera manifiesta en sociedad sin haberla constituido he inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere la condición de irregular: 1) Transcurridos sesenta días desde que los socios fundadores han firmado el pacto social sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura pública de constitución; 2) Transcurridos treinta días desde que la asamblea designo a los firmantes para otorgar la escritura pública sin que estos hayan solicitado su otorgamiento; 3) Transcurridos más de treinta días desde que se otorgó la escritura pública de constitución, sin que se haya solicitado su inscripción en el registro; 4) Transcurridos treinta días desde que quedo firme la denegatoria a la inscripción formulada por el registro; 5) 6) Cuando se ha trasformado sin observar las disposiciones de esta ley; o, Cuando continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto. Se tiene, de esta manera, que hacer la distinción de lo que se entiende por una sociedad irregular, y aquel otro concepto relacionado con una sociedad en formación; en esta última puede suceder que no se haya cumplido con constituir la sociedad he inscribirla en el registro, sin embargo se ha cumplido con realizar los actos necesarios dentro de los plazos establecidos en la ley, por lo que no podemos
calificarla como una sociedad irregular, sino como sociedad en formación. Así por ejemplo calificaremos a una sociedad como irregular, cuando han transcurridos treinta días de suscrita la escritura pública de constitución de la sociedad, y no se ha cumplido con solicitar su inscripción en el registro. Caso distinto al que supone haber suscrito la escritura pública, haber solicitado la inscripción en el registro y haber transcurrido los treinta días. En este caso estamos ante una sociedad en formación, pues se ha cumplido con solicitar la inscripción de la sociedad en el registro ya no depende de la voluntad de los socios la inscripción de dicho acto. Los socios, los acreedores de estos o de la sociedad o los administradores de una sociedad irregular están en su derecho de pedir la regularización o la disolución de la sociedad (art.426º de la LGS), recurriendo al juez del domicilio social, por el proceso no contencioso, si lo que se busca es la regularización y de tratarse de la petición de disolución se recurre al juez para que convoque ajunta, por el proceso sumarísimo. La inscripción de la regularización de una sociedad inscrita que ha incurrido en causal de irregularidad, se realizara en mérito del acuerdo del órgano social competente adoptado con las formalidades y requisitos de la ley y de este reglamento. De acuerdo al art.163º del RRS, cuando se trata de inscribir a sociedades irregulares que no se encuentren inscritas, se requiere la presentación del parte de la resolución judicial consentid o ejecutoriada que ordene la regularización de sociedad irregular no inscritas, así como el instrumento público notarial que cumpla con los que corresponda a la forma societaria que se pretende inscribir. Por excepción, son inscribibles la disolución, liquidación y extinción de la sociedad irregular no inscrita, siempre que su denominación razón social no sea igual a la de una inscrita o a una que cuente con reserva de preferencia registral. Para estos efectos, serán de aplicación las disposiciones de la ley sobre dichas materias, se abrirá partida especial para inscribir estos actos (art.163º, RRS)
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD IRREGULAR Respecto a la administración de las sociedades irregulares, debe considerarse sus aspectos interno y externos, o sea, de gestión y de representación; el hecho de si la representación es atribuida a alguno o algunos de los socios y si ella debe ejercitarse conjunta o separadamente. Desde el punto de vista externo, es decir, en relación a los terceros con quienes los administradores contratan a nombre de la sociedad, estos terceros pueden considerar válidamente como representante a cualquiera de los administradores sin que pueda oponérseles las limitaciones de la representación, salvo, desde luego, que se acrediten que los terceros tenían conocimiento de los pactos limitativos. La norma protege, pues, la buena fe, es decir, la ignorancia de tales convenios. Si el tercero conoce la verdadera situación de la administración, no hay nada que proteger. En ausencia de pacto particular, se reputan que la administración corresponde a los socios en forma separada. Esta es la regla general y en tal hipótesis se reconoce a cada socio administrador el derecho de oponerse a la operación que otro pretende llevar acabo antes de que se haya realizado. La oposición se resolverá por el voto mayoritario de los socios, computándose la mayoría según la parte atribuida a cada socio en las utilidades. Si se trata de la administración conjunta, se requiere la unanimidad de los socios administradores para llevar adelante las operaciones sociales; y si se hubiese convenido que para la administración o para determinados actos es necesario el consentimiento de la mayoría, este debe computarse de acuerdo a lo establecido en el pacto social. En este caso la administración conjunta, ningún administrador puede realizar aisladamente acto alguno, salvo que se pretenda evitar un daño inminente a la sociedad. En este sentido se presume que los socios y administradores de la sociedad irregular, actuando individualmente, están facultados para realizar actos de carácter urgente y a solicitar medidas judiciales cautelares. En cuanto a la revocación de los administradores, debe considerarse dos situaciones: a) la de administrador nombrado en el pacto social; b) la del administrador nombrado por acto posterior, y decidir si en el primer caso se requiera justa causa que si la
revocación puede ser solicitada judicialmente por cualquiera de los socios; y en el segundo si puede revocarse ad libitum al administrador si para cada revocatoria debe requerirse acuerdo mayoritario. Así debe ser, puesto que en una sociedad, como en cualquier agrupación societaria, debe imperar la voluntad de la mayoría.
EFECTOS DE LA IRREGULARIDAD En las relaciones entre los socios, el pacto social mantiene su eficacia vinculante, originando un primer derecho de los socios a pedir la regularización del contrato, que no es sino una consecuencia del derecho mas general de pedir la formalización de los actos informales. En segundo lugar, los socios pueden pedir su separación de la sociedad y liquidación de la cuota que le corresponde. Asimismo, del pacto resultan obligaciones que los socios deben satisfacer. La principal es efectuar los aportes a que se hubiesen obligado, los cuales se deberán hacer en partes iguales si no se hubiesen obligado, los cuales se deberán hacer en partes iguales si no se hubiese hecho determinación en otro sentido. Los socios están obligados a efectuar los aportes y las prestaciones a que se hubieran comprometido en el acto social o en el acto posterior, en todo lo que sea necesario para cumplir el objeto social o, en caso de la liquidación de la sociedad irregular, para cumplir con las obligaciones contraídas con terceros (art.425º). Si no hubiera estipulación al respecto se considera que todos los socios deben aportar en partes iguales. Además, los socios pueden pedir la disolución de la sociedad (art.426º), o los administradores pueden solicitar alternativamente la regularización o la disolución de la sociedad. El derecho de pedir la disolución alcanza igualmente a los acreedores. Los socios podrán separarse de la sociedad si la junta general no accediera a la solicitud de regularización o de disolución. La corte suprema, en Ejecutoria de 19 de junio de 1969 (Rev. Jur. Per.Nº307, agosto de 1969, p. 980) ha resuelto que la existencia de una sociedad de hecho no justifica el que el socio denunciado cometa una apropiación ilícita consistente en tomar para así
una suma de dinero que le fue entregada para invertir en el negocio pactado, y no haberla devuelto. Y, en Ejecutoria de 17 de noviembre de 1981 (Diario Oficial el Peruano, 1º de marzo de 1982, p. 479), la Corte Suprema ha resuelto que las relaciones internas en las sociedades irregulares se rigen por lo establecido en el contrato del que hubiesen derivado y, en su defecto, por las disposiciones suplementarias de la ley de sociedades mercantiles, según la clase de sociedad del que se trate. En el mismo sentido resolvió la Ejecutoria de 20 de junio de 1983, descartando que la rendición de cuentas, en su caso, no debe hacerse conforme a las normas del CPC, sino con arreglo a los artículos pertinentes de la ley de Sociedades Mercantiles (Diario Oficial El Peruano, 20 de junio de 1983). Frente a terceros la situación es diversa. Los administradores, representantes y, en general, quienes se presenten ante terceros actuando a nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y, en general, por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad. Si la irregularidad existe desde la constitución, los socios tienen igual responsabilidad. En la relación de la sociedad con terceros, el artículo 428º señala que el pacto social, el estatuto, los convenios entre socios y sus modificaciones, así como las consecuencias que de ellos se deriven, son válidos entre los socios. Ellos no perjudican a terceros quienes pueden utilizarlos en todo lo que lo favorezca, sin que les queda ser opuesto el acuerdo o contrato o sus modificaciones que tienda a limitar o excluir la responsabilidad de los socios o de los administradores por la situación irregular. Sin embargo, la ley considera validos los contratos que la sociedad celebre con terceros; no puede invocarse la irregularidad de la sociedad para eludir los compromisos y obligaciones asumidos por la sociedad irregular.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES La disolución de las sociedades debe considerar la situación de los socios, de manera especial la de los terceros, pues en muchos casos estos quedarían perjudicados si se aceptan todo los casos de rescisión parcial o total que se consideran para la
disolución de la sociedad regularmente constituida. Debe tenerse en cuenta que los pactos celebrados por los terceros con la sociedad irregular importan un vínculo para todo los socios singulares, de modo que si estos se separan de la sociedad no quedan liberados de responsabilidad frente a aquellos. Puede ocurrir, así, que sociedades irregulares disueltas internamente sigan existiendo para terceros hasta que sus créditos sean satisfechos. Como consecuencia del reconocimiento de la existencia de las sociedades
irregulares es obligatoria la inscripción de su disolución en el registro mercantil, a fin de prevenir a los terceros que una sociedad que ha estado funcionando como tal ha dejado de existir. Tratándose de los socios, que se supone que están debidamente informados del contenido del pacto y de las vicisitudes de la sociedad, la disolución surte sus efectos cualquiera que sea la forma en que tomen conocimiento de ella, sin que sea necesario observar formalidades de ningún género. La liquidación de las sociedades irregulares debe sujetarse a lo previsto en el pacto social, en su defecto, a las reglas generales contenida en la ley. Tratándose de las sociedades anónimas, la Corte Suprema, en Ejecutoria de 1º d
junio de 1972 (Rev. Jur. Per. Nº 341, de junio de 1972, p. 741), ha resuelto que los accionistas y demás personas que numera al art. 339º de la Ley de Sociedades Mercantiles, pueden solicitar la disolución de la sociedad irregular, sujetándose al procedimiento establecido en el art. 126º o en la última parte del art. 316º de la precitada ley; y así mismo, que habiéndose alegado la inactividad social, resulta de aplicación el citado art. 316º de la Ley de Sociedades y que por lo tanto, se ha debido pedir previamente la convocatoria a Junta General de Accionistas y, en su caso recurrirse a la intervención judicial para tramitar la solicitud en la forma prevista en la última parte del artículo citado. La Ejecutoria de la Corte Suprema de 11 de enero de 1978, estableció que para solicitar la devolución de las sumas aportadas a una sociedad irregular de responsabilidad limitada, debe previamente declararse su disolución e inscribirse en respectivo acuerdo en el Registro Mercantil.
En el aspecto externo deben observarse las disposiciones legales en cautela de los derechos de terceros, pues la falta de publicidad de la escritura de sociedad y de sus estatutos coloca a aquellos en situación desventajosa, lo que no ocurre respecto a las disposiciones legales cuyo conocimiento se presume. Empero, si las disposiciones establecen un régimen más favorable a los terceros, como sería una liquidación más rápida y viable que la establecida en la ley, deben adoptarse tales disposiciones. Aun cuando no se acepte que las sociedades irregulares tengan personalidad jurídica, su existencia de hecho y su actividad justifica que se entienda a proteger a quienes contrataron de buena fe con la sociedad, reputándola normalmente constituida. En cuanto a la insolvencia y sus efectos, estos deben alcanzar a todos los socios. Empero, tratándose de los socios que de buena fe limitaron su responsabilidad, se plantea el problema de si puede admitirse esa limitación. Al respecto, debe tomarse en cuenta no solo si el pacto social establece esa forma de responsabilidad sino también la existencia de datos reales, objetivos, que de manera suficiente puedan llevar a los terceros al convencimiento que la responsabilidad del socio era limitada.
EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD POR PROLONGADA INACTIVIDAD La Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26682 (LGS) otorgaba un plazo de 270 días como máximo, computado a partir del primero de enero de 1998 –fecha en que entró en vigencia la nueva ley- , para que las sociedades tómenlos acuerdos necesarios y adapten su pacto social y su estatuto a las disposiciones de la nueva ley; o en el momento que se realice la primera reforma del estatuto o del pacto societario, lo que curra primero. Este plazo ha sido prorrogado por la ley 26977, 27219 y 27388. El último de los dispositivos anotados precisó que el plazo de adecuación a la nueva ley vencía por última vez el 31 de diciembre de 2001. Disponiendo a su vez la modificación de la Modificación de la Octava Disposición transitoria en la parte que deja en suspenso, por última vez, hasta el 31 de diciembre del año 2001, los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 176º, en el artículo 220º y en el inciso 4) del artículo 407 de esta ley, es decir la obligatoriedad que impone la ley de:
convocar a junta cuando prevea causal de insolvencia derivada de la insuficiencia de activos para pagar los pasivos de la sociedad; la reducción obligatoria del capital tendrá carácter obligatorio cuando las perdidas hayan disminuido el capital es más del cincuenta por ciento y hubiese transcurrido un ejercicio si haber sido superado; y causal de disolución por perdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. La ley Nº 27219 introdujo en su oportunidad un nuevo elemento respecto al momento a partir del cual se entiende cumplida la adecuación señalando que la adecuación “se tendrá por cumplido con la suscripción de la escritura pública, sin embargo su eficacia se encontrará sujeta a la inscripción en el registro público”. Finalmente la ley Nº 27673 dispuso que las sociedades que adecuen su pacto social y estatuto a las disposiciones de la ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, después de vencido el plazo establecido anteriormente, no requerirán de convocatoria judicial y no serán consideradas irregulares y sus socios o administradores, que no cumplan con ejecutar los actos que lo competan necesarios para adoptar los acuerdo requeridos para adecuar oportunamente el pacto social o el estatuto de la sociedad, no responden personal, solidaria e ilimitadamente frente a terceros y a la propia sociedad del perjuicio que causare su incumplimiento de adaptación en cuanto a la presunción de extinción por prolongada inactividad a que se refiere a la Décima Disposición Transitoria de la LGS la extinción se produce cuando la sociedad mercantil o civil no ha inscrito acto societario alguno en los diez años precedentes a la publicación de la ley. Para tal efecto la Superintendencia de los Registros Públicos publicara la relación de estas sociedades. De no haber posición o petición en contrario a la extinción, el Registro cancelara la inscripción. La ley permite que cualquier socio, administrador o acreedor de la sociedad pueda solicitar que no se aplique la presunción, para lo cual dentro de los treinta días de publicada la relación por la Superintendencia Nacional de los Registro Públicos deberá publicar un aviso que indique tal petición. La extinción producida en virtud de lo establecido no afecta en forma alguna los derechos de los socios para con la sociedad extinguida ni los de los terceros acreedores con ella o con sus socios. Igualmente, no afecta los derechos y obligaciones de carácter tributario de la sociedad extinguida.
La ley Nº 27673 ha dispuesto que la presunción de la extinción no se aplica a las sociedades antes indicadas, lo que no deja de calificarlas como irregulares, pero con un régimen de responsabilidad distinto a la irregularidad sobrevenida a que se refiere la propia LGS. La diferencia consiste en que en el caso de la irregularidad sobrevenida por cualquier causal contenida por la ley, los administradores son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y, en general, por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad, cuando actúen a nombre de la sociedad irregular. En el caso de la irregularidad sobrevenida por causa de no adaptación de la sociedad a la nueva Ley General de Sociedades, la ley Nº 27673 los ha liberado de dicha responsabilidad, no obstante encontrarse en situación irregular.
A las sociedades irregulares también se les llama de hecho y son aquellas las que se forman sin escritura pública, por omitir un paso para su formalización o por incumplir las normas que impone la ley de sociedades. Los socios, al caer en irregularidad, tienen una responsabilidad solidaria frente a las obligaciones percibidas de terceros. Existen instancias, como la corte suprema, que no reconoce a este tipo de sociedades. Pero por el simple hecho de que haya voluntad de los interesados para formar sociedad, está ya existe. La ley permite a estas sociedades llegar a su regularidad por los medios establecidos por dicha ley en el momento que esta sociedad esté dispuesta. La disolución de estas sociedades se puede realizar en cualquier momento y acuerdo de los socios, pero con una debida información a terceros mediante un medio confiable.
LAS SOCIEDADES IRREGULARES La irregularidad de las sociedades mercantiles deriva del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de las mismas se haga constar en escritura pública o del hecho de que, aun constando en esa forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el Registro público. Las sociedades mercantiles con esos defectos se les conocen con el nombre de sociedades irregulares. La multiplicidad de exigencias legales para la creación de una sociedad mercantil tiene como resultado que, en muchas ocasiones, se descuide satisfacer algunas de ellas, lo que provoca la irregularidad de la sociedad. La irregular se origina cuando las sociedades mercantiles en que el acto de constitución no se haya hecho constar en escritura pública y aquellas otras en que dicha escritura no hayan sido inscritas en el Registro público. Las sociedades irregulares de origen se caracterizan por no haber terminado el proceso fundacional quedándose a mitad del camino de los societarios terceros. La frustración del proceso fundacional, no causa desde luego, su nulidad. Lejos de ello, la ley les reconoce determinada aptitud para actuar en el tráfico en salvaguarda de los terceros que se relacionan con ella. En las sociedades irregulares existe una voluntad concreta y efectiva de realizar las actividades que constituyen su objeto.
Las sociedades mercantiles irregulares están sujetas a un régimen distinto al de las regulares. Esto nace a causa de la irregularidad de las sociedades mercantiles, este hecho produce ciertos efectos especiales que a continuación menciono:
1. Responsabilidad de los representantes 2. Efectos en relación a terceros 3. Efectos en materia de quiebra 4. Efectos entre los socios 5. Las sociedades anónimas irregulares no podrán emitir bonos u obligaciones
REGULARIZACIÓN En el párrafo anterior ya expusimos que la irregularidad de las sociedades
mercantiles puede derivar del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de las mismas se haga constar en escritura pública o del hecho de que, aun constando en esa forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el Registro públicos. Cuando la irregularidad deriva de que el contrato social no se otorgó en escritura pública, pero contiene los requisitos esenciales que la ley exige, cualquier persona que figure como socio podrá demandar el otorgamiento de la escritura correspondiente según lo dispone el artículo 7º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando la irregularidad deriva de que la escritura no fue inscrita en los Registros públicos, cualquier socio podrá exigir la regularización de la sociedad. Así, el párrafo segundo del artículo 7º de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que, en el caso de que la escritura social no se presentare para su inscripción en el Registro público dentro del término de quince días, a partir de su fecha, cualquier socio podrá demandar dicho registro. Además, los socios culpables de irregularidad responden frente a los no culpables, de los daños y perjuicios que dicha irregularidad ocasione a estos últimos. Al declarar, en su segundo párrafo, el artículo 2º de la Ley General de Sociedades Mercantiles que, "no podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público del Comercio", se debe comprender que la omisión de la inscripción tiene un efecto sanatorio absoluto. Por lo tanto, valdrá aunque el consentimiento de alguno de los socios haya sido dado por error, arrancado por violencia u obtenido con dolo; valdrá también, aunque alguna de las partes fuese menor de edad o hubiese sido declarada en estado de interdicción. Esto último se justifica porque los terceros que contratan con la sociedad confían en la legitimidad de su existencia en virtud de estar inscrita en el Registro Público, y podrán resentir serios perjuicios si la sociedad desapareciera como consecuencia de un vicio constitutivo, que no estaban en aptitud de conocer. Si la irregularidad se debió a la falta de documento, esto es, si la constitución de la sociedad fue puramente verbal, en tal caso, las dificultades de la prueba crecen
enormemente. Sin embargo, la existencia de la sociedad, y las cláusulas esenciales que la rigen, pueden demostrarse de diversas maneras. Si allega tales elementos probatorios, un socio puede exigir de los demás el otorgamiento de la escritura pública, pues el artículo 7º no supedita la acción respectiva a la celebración por escrito del negocio social. En cuanto a personalidad, responsabilidad de los socios y de los administradores, etc., vale para la sociedad verbal lo dicho anteriormente. En consecuencia, las sociedades irregulares, en efecto, no son nulas, tanto porque la ley les atribuye personalidad jurídica como porque reconoce los efectos que ellas producen, tanto internamente, respecto a los socios como externamente respecto a terceros.
 ULISES MONTOYA MANFREDI, derecho comercial – tomo I  Dr. HERNAN FIGUEROA ESTREMADOYRO, Ley General de Sociedades comentada, edición 2013.  C.P.C. JOSÉ G. CALDERON MOQUILLAZA, Contabilidad de Sociedades I teoría y practica
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References: artículo 423
 resolución 
 artículo 428
 artículo 176
 artículo 220
 artículo 407
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 7