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Timestamp: 2019-02-20 10:00:07+00:00

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone en evidencia la injusticia del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria en España
De nuevo han tenido que ser los tribunales, en este caso los europeos los que evidencien las injusticias y desproporcionalidades entre los ciudadanos y los bancos en el procedimiento de ejecución Hipotecario en España.
La interpretación (C‑169/14de 17 de Julio de 2014) sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria en España que establecen:
Que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.
Es manifiestamente contrario a la Directiva 93/13/CEE en su artículo 7, apartado 1º y al artículo 47 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El TJUE muestra la injusticia manifiesta de la Ley de Enjuiciamiento Civil que rige las ejecuciones hipotecarias que impide el recurso de oposición a la ejecución hipotecaria por fuera de las dos excepciones establecidas por la Ley, 1.ªExtinción de la garantía o de la obligación garantizada, […]. 2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, […].
Mientras que a la entidad de crédito, al banco no la limita a la hora de oponerse cualquier resolución que se dicte en contra de sus intereses.
Esta falta de equilibrio de las partes supone por un lado violar los principios de igualdad de las partes que se establecen y son reconocidos por el derecho español en cualquier relación contractual y por otro anular de facto la capacidad de los jueces de “Ejercer la Tutela Judicial Efectiva protegiendo al ciudadano de una injusticia manifiesta”. Este derecho a la Tutela Judicial no sólo se reconoce en la Legislación Europea, sino que se establece como un derecho fundamental en la Constitución España en su artículo 24:
Esta interpretación del Tribunal Europeo de Justicia lo único que hace es mostrar lo ya dicho por la PAH o por “el Modelo de Oposición a la Ejecución Hipotecaria” generado por #opeuribor.
Una vez aclarado el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria es contrario a la Constitución Española, a la Carta de los Derechos Fundamentales y la Directiva 93/13 me pregunto ¿Qué sucederá con todas las ejecuciones ya realizadas? ¿Quién compensará el sufrimiento y la pérdida económica de miles de familias? ¿quién se responsabilizará de las detenciones ilegales en defensa de las familias expulsadas de sus viviendas por una legislación injusta? ¿qué responsabilidad tiene los sucesivos gobiernos de España y los legisladores que desde 1993 han protegido a la banca a sabiendas de lo injusto de la Ley?
Y por último, ante las persistencia en defender un procedimiento injusto por parte del actual gobierno con la última reforma el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE nº 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767) y que ha provocado innumerables suicidios y muertes indirectas, ¿Realmente no estamos ante un presunto delito contra los Derechos Humanos?.
Si bien hay que alegrarse ante la interpretación del Tribunal de Justicia Europeo que obligará a la modificación del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria en España, es necesario mantenerse vigilantes porque ni la banca, ni la casta está dispuesta a perder sus privilegios y en estos momentos ya estarán ideando algún mecanismo para poder mantener el poder omnímodo que ejercen frente a los ciudadanos en los procedimiento de ejecución hipotecaria.
Para aquellos que quieran leer la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 17 julio de 2014, C‑169/14, transcribo a continuación:
«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Artículo 7 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Contratos celebrados con los consumidores —
Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Legitimación activa»
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Castel ón, mediante resolución de 2 de abril de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2014, en el procedimiento entre
Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García y
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de junio de 2014; consideradas las observaciones presentadas:
— en nombre del Sr. Sánchez Morcil o y de la Sra. Abril García, por el Sr. P. Medina Aina, procurador de los tribunales, y el Sr. P.-J. Bastia Vidal, abogado;
2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Sánchez Morcil o y la Sra. Abril García, por una parte, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en lo sucesivo, «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria»), por otra, en relación con la oposición de los primeros a la ejecución hipotecaria relacionada con su vivienda.
7 El anexo de la Directiva 93/13 enumera las cláusulas a las que se refiere su artículo 3, apartado 3.
«1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: [...]
1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, […]. 2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, […].
3 .ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.
4 .ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.
3. El auto que estime la oposición basada en las causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo mandará sobreseer la ejecución; el que estime la oposición basada en la causa 2.ª fijará la cantidad por
la que haya de seguirse la ejecución.
«1. Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a el a, en el tiempo y en la forma prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes:
«1 Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución no fundada en defectos procesales y, en su alguna
de las siguientes resoluciones:
1 .ª Declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad que se hubiese despachado, cuando la oposición se desestimare totalmente. En caso de que la oposición se hubiese fundado en pluspetición y ésta se desestimare parcialmente, la ejecución se declarará procedente sólo por la cantidad que corresponda.
2 .ª Declarar que no procede la ejecución, cuando se estimare alguno de los motivos de oposición enumerados en los artículos 556 y 557 o se considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere admitido conforme al artículo 558.
3 .ª Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquél as consideradas abusivas.
15 A raíz del incumplimiento por los recurrentes en el litigio principal de su obligación de pagar las cuotas mensuales para la devolución del préstamo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria presentó una demanda contra el os el 15 de abril 2011, solicitando el pago de la totalidad del préstamo junto con los intereses ordinarios y de demora, así como la venta en pública subasta de la finca hipotecada.
16 Una vez iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, los recurrentes en el litigio principal formularon oposición contra ésta, oposición que fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Castel ón el 19 de junio de 2013. Los recurrentes en el litigio principal interpusieron entonces recurso de apelación contra la resolución de dicho Juzgado. Tras haber sido admitido a trámite, el recurso de apelación fue remitido a la Audiencia Provincial de Castel ón.
18 El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de la mencionada normativa nacional con el objetivo de protección de los consumidores que persigue la Directiva 93/13, así como con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. El órgano jurisdiccional remitente hace asimismo hincapié en que atribuir a los deudores la facultad de interponer recurso de apelación puede resultar todavía más decisiva si se tiene en cuenta que cabría considerer «abusivas», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, algunas de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario controvertido en el litigio principal.
19 En tales circunstancias, la Audiencia Provincial de Castel ón, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
20 En atención a lo solicitado por el órgano jurisdiccional remitente, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió someter el presente asunto al procedimiento acelerado previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (auto del Presidente del Tribunal de Justicia Sánchez Morcil o y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:1388).
22 A este respecto, procede recordar de entrada que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se hal a en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencia Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartado 32, y Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 44).
24 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para el o (sentencias Aziz, EU:C:2013:164, apartado 46, y Barclays Bank, EU:C:2014:279, apartado 34).
27 El Tribunal de Justicia declaró asimismo que la citada Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre el as, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su resolución final (véase la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 64).
34 En lo que atañe, por otro lado, al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (en este sentido, véanse las sentencias Asociación de Consumidores Independientes de Castil a y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, apartado 34, y Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, apartado 51 y jurisprudencia citada).
43 Habida cuenta de las mencionadas características, en el supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal español, considerado en su conjunto y tal como resulta aplicable en el litigio principal, expone al consumidor, o incluso a su familia —como sucede en el litigio principal—, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, habrá l evado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda. La tutela que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, podría obtener eventualmente de un examen judicial distinto, efectuado en el marco de un proceso declarativo sustanciado en paralelo al procedimiento de ejecución, no puede paliar el mencionado riesgo, puesto que, aun suponiendo que tal examen desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al despacho de la ejecución del bien inmueble hipotecado, sino que obtendría únicamente, en el mejor de los casos, una indemnización que compensara tal perjuicio. Ahora bien, este carácter meramente indemnizatorio de la reparación que eventualmente se conceda al consumidor le proporcionará tan sólo una protección incompleta e insuficiente. No constituye un medio adecuado y eficaz, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, para lograr que cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico de constitución de hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de base para trabar el embargo de dicho inmueble (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 60).
46 En tales circunstancias, procede declarar que el sistema procesal controvertido en el litigio principal pone en peligro la realización del objetivo perseguido por la Directiva 93/13. En efecto, este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y, por otro, el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes, que ya se ha puesto de relieve en el apartado 22 de la presente sentencia, y que, por lo demás, se reproduce en el marco de un recurso individual que afecte a un consumidor y a un profesional en su calidad de otra parte contratante (véase, en este sentido y mutatis mutandis, la sentencia Asociación de Consumidores Independientes de Castil a y León, EU:C:2013:800, apartado 50).
50 En tales circunstancias, es preciso declarar que un procedimiento nacional de ejecución hipotecaria,
como el controvertido en el litigio principal, se caracteriza por disminuir la efectividad de la protección del consumidor que pretende la Directiva 93/13, interpretada en relación con el artículo 47 de la Carta, en la medida en que dicha regulación procesal incrementa la desigualdad de armas entre los profesionales, en su condición de acreedores ejecutantes, por una parte, y los consumidores, en su condición de deudores ejecutados, por otra, en el ejercicio de las acciones judiciales basadas en los derechos que la Directiva 93/13 atribuye a los consumidores, máxime habida cuenta de que las modalidades procesales de articular esas mismas acciones resultan incompletas e insuficientes para lograr que cese la aplicación de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca que sirve de base para que el profesional proceda al embargo del bien inmueble que constituye la garantía.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 7
 artículo 47
 resolución 
 artículo 24
 Artículo 7
 Artículo 47
 artículo 267
 resolución 
 artículo 3
 artículo 517
 artículo 558
 resolución 
 artículo 47
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 105
 resolución 
 artículo 7
 artículo 47