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Timestamp: 2018-01-17 01:14:26+00:00

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Legitimación para instar ejecución de sentencia: interpretación constitucional del concepto de «parte interesada» del art. 101.1 LJCA 1956
Ponente: Alfredo RAMOS SÁNCHEZ
Fuente: Diario La Ley, Nº 8024, Sección Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Fecha: 15 Feb. 2013
El origen de este recurso se remonta a 1998, año en el que la Sentencia del Tribunal Supremo —Sala 3ª Contencioso-administrativo— de 20 de mayo de 1998 estimó el recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, declarando la conformidad a derecho de una Resolución administrativa que, como resultado de la inicial queja de una Asociación de consumidores, acordaba que correspondía a la Administración fijar un procedimiento para calcular las cantidades a devolver derivados de los incrementos unilaterales de potencia realizados por una Compañía eléctrica, pero reservando a los Tribunales ordinarios imponer o no la devolución de dichas cantidades a los abonados.
Primera solicitud de ejecución: primer recurso de amparo.— En el año 2005, pendiente de ejecución aquella STS ya varios años, el ahora recurrente en amparo solicitó del TSJ la ejecución forzosa de la misma por primera vez, en calidad de nudo propietario de una vivienda en la que se habían producido los citados incrementos unilaterales de potencia eléctrica, siendo usuario de ella junto con su madre y abonando los recibos de la luz, alegando también que el TSJ ya le había reconocido legitimación en un proceso judicial para acceder a determinados documentos relativos al contrato de suministro eléctrico. El TSJ rechazo la petición por cuanto el solicitante ni había sido parte en el procedimiento ni había efectuado reclamación alguna a la Empresa eléctrica. Frente a dicha inadmisión de la ejecución, el recurrente interpuso un primer recurso de amparo, que se otorgó por STC111/2009 (LA LEY 58148/2009) de 11 de mayo, reputando rigorista limitar la legitimación a los que hubieran sido parte y no, como se extendía legalmente, a las «partes interesadas», y desproporcionado exigir una previa reclamación a la Empresa cuando la Sentencia imponía a la misma fijar la cantidad indebidamente abonada y, en su defecto, debía encargarse de ello subsidiariamente la Administración, por lo que, anuladas las resoluciones impugnadas por vulneración de art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), acordó retrotraer las actuaciones al TSJ para un nuevo pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental vulnerado.
Segundo y actual recurso de amparo.— Dictada, pues, la citada STC 111/2009 (LA LEY 58148/2009), el TSJ, tras nuevas y diversas vicisitudes procesales, volvió a inadmitir el incidente de ejecución por falta de legitimación activa del recurrente, fundándose en que no existía relación con la Compañía eléctrica —la contratante era su madre—, ni como su representante ni como heredero, sin que la mera ocupación de la vivienda como nudo propietario implicara su subrogación en lugar de la titular. Recurrida dicha inadmisión, se alegó el interés legítimo derivado no solo de lo ya justificado con anterioridad —nudo propietario, domiciliado en la vivienda, pagador de recibos luz y reconocimiento por resolución judicial—, sino, además, porque en ese momento, y fallecida su madre, ya era titular del contrato por subrogación, con diversas facturas a su nombre, así como, finalmente, porque otra Sentencia del TSJ le había reconocido legitimación en relación con una reclamación sobre la centralización de contadores del citado suministro. El recurso fue desestimado sobre la base de que la Sentencia a ejecutar no se refería al recurrente sino al periodo en el que la titular era su madre, expresando la resolución que la misma era recurrible en casación, recurso también inadmitido por falta de cuantía y porque, aun alegada vulneración de derecho fundamental, ello no alteraba el régimen de recursos.
Formulado nuevo recurso de amparo que dio lugar a la STC ahora referida, se alegó vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, al considerar excesivamente rigorista, a partir de los datos expresados, negarle legitimación activa para instar el proceso de ejecución. Por otra parte, alegaba que la especial trascendencia constitucional del recurso enlaza con la contravención de un pronunciamiento previo del TC por las resoluciones impugnadas, lo que significa, a su juicio, una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del TC.
El TC admitió el recuso y concluyó otorgando el amparo al recurrente por vulnerar su derecho de acceso a la jurisdicción, en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, con anulación de las resoluciones recurridas y retroacción de actuaciones a fin de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y APLICACIÓN AL CASO CONCRETO.
Comienza el TC por encuadrar el objeto del recurso dentro del derecho a la tutela judicial efectiva en su perspectiva de acceso a la jurisdicción. Y señala que este derecho comporta, como elemento esencial, la obtención de una resolución del órgano judicial sobre el fondo de la pretensión, lo que, no obstante, también queda satisfecho si existe una decisión de inadmisión fundada en causa legal y aplicada razonablemente, si bien en estos casos el control constitucional ha de verificarse de forma especialmente intensa —principio pro actione— evitando aplicaciones o interpretaciones de los requisitos legales para acceder al proceso que, por manifiestamente erróneas, irracionales o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que pretende la causa legal y los intereses sacrificados, obstaculizando injustificadamente el derecho a que un órgano judicial resuelva en Derecho la pretensión sometida a su conocimiento.
En lo que se refiere a la legitimación activa para promover un proceso de ejecución de sentencia en el orden contencioso-administrativo, vigente la LJCA de 27-12-1956, y en orden a la interpretación constitucional de «partes interesadas» del art. 110.1 de aquella ley, recuerda el TC que ha establecido que deben considerarse legitimadas no solo las que han comparecido en el proceso principal sino aquellas que vean afectada su esfera de jurídica de derechos e intereses legítimos, entendido esto ultimo como «titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta, en el sentido de que se pueda apreciar un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto».
A partir de este marco general destaca lo siguiente: 1.— que la sentencia cuya ejecución se pretendía había declarado conforme a derecho una resolución administrativa que imponía a la Administración establecer el procedimiento de calculo de las cantidades a devolver como consecuencia de incrementos unilaterales de potencia, a cuyo efecto la empresa eléctrica debía fijar la cantidad abonada indebidamente, y, en caso de incumplimiento, se encargaría de ello subsidiariamente la Administración. 2.— El recurrente fundaba su interés legítimo en varios elementos: ser nudo propietario de la vivienda donde se había producido el incremento unilateral de potencia, usuario de la misma junto con su madre, pagador de los recibos de luz y tener reconocida legitimación en un proceso judicial relativo al acceso a documentación relacionada con dicho suministro. Mas adelante, con motivo del recurso interpuesto contra el auto inicial de inadmisión, el recurrente también alego que, fallecida ya su madre, era titular del contrato de suministro eléctrico —acreditándolo con facturas a su nombre solicitud de subrogación— y también que se le había reconocido legitimación en un segundo procedimiento judicial relativo a los contadores del contrato de suministro. 3.—. Por último, la decisión judicial de inadmisión por falta de legitimación se fundaba en que el recurrente no la instaba ni en virtud de una relación contractual con la empresa —en el periodo contemplado la titular era la madre— y que la ocupación de la vivienda como nudo propietario no alteraba el contrato ni justificaba la subrogación en el mismo.
Pues bien, señala el TC que la interpretación judicial del art. 110.1 LJCA 1956 (LA LEY 39/1956) excluye al recurrente como persona interesada, con una interpretación rigorista, al entender que la legitimación para promover la ejecución corresponde exclusivamente a los titulares del contrato de suministro, lo que da respuesta únicamente a la pretensión de devolución, pero deja al margen el interés en relación con la pretensión de cuantificación administrativa por incremento unilateral de potencia. En este sentido, recuerda que la STC 111/2009 (LA LEY 58148/2009) FJ 3 del primer recurso de amparo ya aludía que la sentencia a ejecutar contemplaba no solo la reclamación de lo indebidamente cobrado, sino, con carácter previo, la obligación de la empresa eléctrica de cuantificar la cantidad abonada de forma indebida, y, en su defecto, por incumplimiento, se fijaría sustitutivamente la Administración con cargo a la Empresa. En relación con esto último, era necesario tomar en consideración el criterio amplio antes señalado, que incorpora el concepto de interés legitimo, especialmente el de titularidad potencial de una ventaja, que se pudiera apreciar un efecto positivo o negativo, actual o futuro, pero cierto, de la pretensión ejercitada, puesto en relación con los intereses alegados por el recurrente respecto de la cuantificación pretendida. Y ello hubiera exigido valorar los extremos alegados por el recurrente en justificación de un efecto positivo o negativo actual o futuro derivado de dicha cuantificación —uso de la finca, derechos de nudo propietario, pago de facturas, subrogación y reconocimiento judicial de legitimación en otros procesos sobre cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico en cuestión—, valoración que fue omitida por la resolución judicial. En efecto, esta se limitó a fundar la falta de legitimación a un juicio relativo a los intereses del recurrente y la pretensión de devolución de lo indebidamente cobrado, sin considerar los intereses argüidos por el demandante en relación con la pretensión de cuantificación pendiente.
Todo lo cual determinaba el otorgamiento de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por segunda vez aborda el TC la legitimación del mismo recurrente para instar la ejecución de la STS Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20-5-1998 (RJ 1998, 3664) —en síntesis, devolución de cantidades, previa operación para determinación de su importe—, cuestión que, si bien desde otra perspectiva, se había planteado con anterioridad dando lugar a la STC 111/2009 (LA LEY 58148/2009), la evolución del proceso de jurisdicción ordinaria requirió nuevamente de la tenacidad del recurrente en defensa de sus derechos, que ha culminado, por el momento, con la STC188/2012 (LA LEY 172774/2012) ahora referida; sentencia ésta que, desde el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978), en su manifestación de acceso a la jurisdicción, se centra en la interpretación constitucional del art. 110.1 LJCA 1956 (LA LEY 39/1956) —ejecución a instancia de «partes interesadas»—, que, con aquella perspectiva del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978), bien podría extenderse al actual art. 104.2 LJCA 1998 (LA LEY 2689/1998) —ejecución forzosa de sentencia a instancia de «cualquiera de las partes y personas afectadas»—.
La respuesta del TC podemos estructurarla de acuerdo a los siguientes elementos:
1.— Tutela judicial efectiva y decisiones de inadmisión.— Señala el TC que el derecho a obtener una resolución sobre el fondo debe hacerse por los cauces procesales existentes (STC 166/2003 (LA LEY 13374/2003), FJ 5), quedando aquel derecho igualmente satisfecho con una decisión de inadmisión (así, SSTC 139/2010 (LA LEY 227019/2010), FJ 4, y 22/2011 (LA LEY 6068/2011), FJ 3), fundada en causa legal apreciada razonadamente, proscribiendo aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.
2.— Legitimación.— El TC parte (STC 139/2010 (LA LEY 227019/2010), FJ 4) de que la legitimación activa para recurrir es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria exclusiva de los Órganos judiciales (art. 117 CE (LA LEY 2500/1978)), por lo que el TC, si bien reduce su intervención a velar por que las normas procesales que la regulan sean interpretadas y aplicadas conforme a las exigencias reseñadas del principio pro actione, puede, no obstante, desde esta óptica, estimar que el razonamiento concreto que sustenta una precisa decisión de inadmisión por falta de legitimación lesiona el citado derecho fundamental.
3.— Interes legitimo: legitimación y ejecución de sentencia.— La STC 166/2003 (LA LEY 13374/2003) de 29 de septiembre, con relación a la STC 229/2000 (LA LEY 901/2001), de 2 de octubre, remitiéndose, a su vez, a la STC 4/1985 (LA LEY 391-TC/1985) de 18 de enero, ya admitía (FJ 6) la posibilidad de que comparecieran en el proceso de ejecución quienes, a pesar de no haber sido litigantes en el proceso principal, siempre que no hubieran podido serlo, alegasen un derecho o interés legitimo que pudiera resultar afectado por la ejecución, advirtiendo que los arts. 270 LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 260.2LECivil 1881 (LA LEY 1/1881), al exigir la notificación de las resoluciones judiciales no solo a las partes, sino también a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio, están, en principio, admitiendo implícitamente la posibilidad de que los que no sean parte en el proceso de ejecución puedan interponer contra ellas, cuando no esté previsto otro medio más específico de oposición, los recursos que sean procedentes, lo que cabria también deducir, actualmente, de lo previsto en el vigente art. 150 LECivil 1/2000 (LA LEY 58/2000). Y así, el TC precisa el contenido de dicho interés legitimo, aludiendo (SSTC 119/2008 (LA LEY 141872/2008), FJ 4 y 139/2010 (LA LEY 227019/2010), FJ 4) a una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de modo que su anulación determine un efecto positivo o negativo, pero cierto, aunque actual o futuro, conceptuándolo como titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta.
Desde el punto de vista de legalidad ordinaria y solo incidentalmente, resulta de interés señalar que el Tribunal Supremo ha venido estableciendo un criterio muy amplio sobre la legitimación con proyección a los supuestos de ejecución de sentencia, como se deduce de la STS del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 7 junio 2005 (RJ 2005\5244) la cual, aunque contó con el voto particular de varios Magistrados, ha sido posteriormente reiterada en otras sentencias (así, entre otras, SSTS-Sección 3ª de lo Contencioso-Administrativo de 15-2-2011 —RJ 2011/1485 y Sección 5ª de 22-11-2011 —RJ 2012\2398).
4.— Contenido principal y adicional de la sentencia a ejecutar.— Con relación a la STS, cuya pretensión de ejecución origina el proceso de amparo, es preciso distinguir dos pronunciamientos: primeramente, la declaración de devolución de las cantidades indebidas, que deberá ser reclamada por cada interesado de la empresa eléctrica y, si no accediera a la misma, a través del oportuno juicio en vía jurisdiccional civil; y en segundo lugar, otro aspecto que no es otro sino el que la STC 111/2009 (LA LEY 58148/2009)denomina (FJ 3) «contenido adicional, que en la perspectiva del proceso Contencioso-Administrativo es el principal» y se encuentra estrechamente conectado con aquella reclamación, pero tiene un carácter previo a la misma. La resolución recurrida impone a la Compañía eléctrica una obligación, declarada con fuerza ejecutiva al ser confirmada por el Tribunal Supremo, y tal obligación es la de fijar cuál es la cantidad abonada de forma indebida, obligación incumplida durante varios años siguientes a dictarse aquella sentencia. Precisado lo anterior, y solo en el caso de que no se cumpla voluntariamente por la Compañía eléctrica dicha determinación, será la Administración la que, por sustitución, cumplirá con cargo a la Compañía eléctrica. Es a partir de aquí, ya determinada la cuantía de la devolución, cuando los que se consideren perjudicados podrán reclamar su reintegro de la Compañía eléctrica y, si no accede a ello, acudir a la vía judicial civil.
5.— Objeto concreto de la ejecución.— Por tanto, la inicial liquidación de las cantidades a devolver constituye el presupuesto previo e indispensable para efectuar cualquier reclamación de devolución posterior por quien se sienta perjudicado y, en su caso, acredite las condiciones de legitimación para ello. El interés, ventaja o utilidad jurídica que faculta para la ejecución no se identifica con la legitimación para la reclamación de la cantidad debida, sino que conecta con lo que constituye su presupuesto previo: la cuantificación del exceso.
6.— Acreditación de interés legitimo. El recurrente acreditó su condición de nudo propietario de la vivienda del suministro eléctrico, de usuario de la misma junto con su madre, de persona que pagaba los recibos de la luz, y de tener reconocido su legitimación en dos procedimientos judiciales por cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico —documentos del mismo y situación de los contadores—. A mayor abundamiento, y dada la prolongación temporal de la cuestión, devino titular del contrato con la empresa eléctrica, subrogándose en el mismo por fallecimiento de su madre, siendo ya emitidas las facturas a su nombre.
7.— Conclusión: vulneración del derecho.— Con estos presupuestos, el Órgano judicial, al negar al recurrente su legitimación para la ejecución —por carecer de una relación contractual, corresponder la facturación a su madre, no siendo la existente a nombre de dicho recurrente sobre el periodo contemplado en la sentencia cuya ejecución se pretendía, sin que la condición de nudo propietario pueda alterar el contrato—, realiza una interpretación del concepto de persona interesada del art. 110.1 la LJCA de 1956 (LA LEY 39/1956) basada en criterios que por su rigorismo y formalismo excesivo revelan una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican. Y así, viene a identificar erróneamente persona interesada en la ejecución del reseñado aspecto de cuantificación de las tantas veces citada STS de 20-5-1998 con persona legitimada para reclamar la devolución de lo indebidamente satisfecho por incremento unilateral de potencia. Como señala la STC, al limitar la legitimación activa a los supuestos de titularidad del contrato, reincide la resolución judicial en lo ya apreciado por la STC 111/2009 (LA LEY 58148/2009), FJ 3. En efecto, se desconocen y dejan de valorar los extremos alegados por el recurrente, en definitiva, aquellos otros intereses, distintos de la mera titularidad del contrato, que ostentaba el ahora demandante por su relación con la finca, con el suministro de energía eléctrica a la misma, con la titular del contrato de dicho suministro y con su intervención judicialmente avalada en otras reclamaciones judiciales, que le afectan y vinculan, condicionando, además, la ejecución de la Sentencia, y cualquier reclamación de un eventual derecho que pudiera acreditar, que no puede ejercitar sin la previa circunstancia de que conste la posible cantidad a reclamar en los términos de la STS cuya ejecución se pretendía por el recurrente en amparo.

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