Source: https://tc.vlex.es/vid/2014-499971938
Timestamp: 2019-01-21 03:19:29+00:00

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ATC 52/2014, 24 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 499971938
Número de Recurso: 877-2014
Inadmite a trámite el recurso de amparo electoral 877-2014, promovido por doña María del Carmen Pérez García de la Mata.
El 13 de febrero de 2014 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de doña María del Carmen Palomares Quesada, Procuradora de los Tribunales y de doña María del Carmen Pérez García de la Mata, concejal que encabezó la candidatura del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Cudillero en las elecciones municipales de mayo de 2011, por el que formula demanda de amparo frente al Auto de 10 de febrero de 2014 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Auto del mismo órgano judicial de 24 de enero de 2014, todo ello en el procedimiento contencioso-electoral 670-2013.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana por mayoría absoluta las elecciones locales de mayo 2011 en el Ayuntamiento de Cudillero (Asturias), obteniendo 8 escaños frente a los 3 del Partido Popular (PP) y los 2 de Foro Asturias Ciudadanos (FAC). Don Gabriel López Fernández, alcalde de Cudillero, renuncia en 11 de enero de 2013 tanto a su acta de concejal como a la alcaldía. Los candidatos y suplentes de la lista por la que don Gabriel se había presentado renuncian a cubrir la vacante de concejal. La ejecutiva local del PSOE propone entonces a don Ignacio Fernández Díez como candidato a la concejalía vacante al amparo del art. 182.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), que en esta situación permite al “partido, coalición, federación o agrupación de electores” designar a “cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad”. A su vez, don Luis Fernández Garay y el resto de concejales electos del Grupo Municipal Socialista renuncian anticipadamente a la candidatura a la alcaldía. Todo ello da lugar a que en la sesión extraordinaria de 27 de marzo de 2013 el Pleno elija como alcalde a alguien que no concurrió a las elecciones, don Ignacio Fernández Díez. La STC 125/2013, de 23 de mayo, anula el acuerdo del Pleno, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior, por entender que el régimen electoral aplicable, interpretado a la luz del art. 23.2 CE, no permite presentar candidatura a alcalde a quienes no integraron la lista electoral.
El 23 de agosto de 2013 el Pleno del Ayuntamiento vuelve a elegir y proclamar alcalde a don Luis Fernández Garay. Interpuesto recurso contencioso-electoral contra el señalado acuerdo, es estimado por la Sentencia de 24 septiembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dictada en el recurso contencioso-electoral núm. 670-2013, que, apoyándose en la STC 147/2013, tiene por irrevocable la renuncia formulada por don Luis Fernández Garay y declara en consecuencia no ajustada a Derecho su elección y proclamación como alcalde.
Declarada la firmeza de la Sentencia y ordenada su ejecución, FAC y otros presentan escrito de 1 de octubre de 2013 en el procedimiento contencioso-electoral núm. 669-2013, explicando la que, a su juicio, es la “nueva maniobra” diseñada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cudillero para incumplir la Sentencia de 24 de septiembre de 2013 y evitar que la alcaldía pase a manos de la oposición. Afirman que lo esperable es la elección como alcalde de un concejal del PP o FAC habida cuenta de que don Ignacio Fernández Díez no puede ocupar el cargo por carecer de la condición de electo y de que los demás miembros del Grupo Municipal Socialista renunciaron anticipadamente a ese cargo. Sin embargo, avisan de que el grupo municipal mayoritario evitará el cumplimiento de la Sentencia mediante “la nueva renuncia de tres concejales electos del PSOE”, porque esto propiciará “la formación de una comisión gestora al amparo del artículo 182.3 LOREG, con arreglo al cual “en el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior”.
El 28 de septiembre de 2013, tres concejales electos del Grupo Municipal Socialista (don Luis Fernández Garay, don Fernando Castro García y doña Verónica Vior Martínez) presentan su dimisión irrevocable al cargo de concejal “por motivos personales”. El Pleno de la Corporación, en sesión de 24 de octubre de 2013, toma razón de las renuncias y declara que los candidatos llamados a cubrir las vacantes resultantes son los propuestos por el PSOE del Principado de Asturias conforme al art. 182.2 LOREG (don Diego Antonio Cándano López, don Pelayo Marqués Suárez y doña Verónica Marqués Inchurrandieta). A su vez, en esa misma sesión tomaron posesión de su cargo tres concejales sustitutos elegidos asimismo por la vía del art. 182.2 LOREG (don Juan Antonio González Álvarez, doña Andrea Gutiérrez Valle y don Amalio Fernández Quintana) en razón de las renuncias formuladas al acta de concejal en 27 de junio (doña Victoria López San Román) y 28 de agosto (doña Nuria Álvarez García y doña Vanesa Menéndez Riesgo).
Los acuerdos de la Junta Electoral Central por los que se expiden las correspondientes credenciales de concejal son confirmados por Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2013, en los procedimientos contencioso-electorales 787-2013 y 872-2013, respectivamente. Los recurrentes aducían que las renuncias de las que tales acuerdos traen causa están realizadas en fraude de ley con la única intención de incumplir la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de septiembre de 2013 mediante la constitución de una comisión gestora, pervirtiendo de este modo el contenido y espíritu del art. 182 LOREG. La Sala desestima los señalados recursos apoyándose en la STC 147/2013 y en el argumento de que por sí solo “el acto de la renuncia de concejales y la acreditación de otros nuevos, en ningún caso podría provocar la constitución de la comisión gestora con fraude de ley”.
En el procedimiento de ejecución de la Sentencia de 24 de septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta Auto de 29 de octubre de 2013 por el que: a) declara que el Ayuntamiento ha incumplido el plazo de diez días (art. 40.5 Real Decreto 2568/1986) para celebrar el Pleno extraordinario de designación de nuevo alcalde, sin que pudiera esperar a la provisión de las vacantes producidas por las renuncias porque de otro modo “se alteraría a voluntad de los interesados el plazo para la elección de nuevo alcalde”; y b) ordena al Ayuntamiento que en plazo improrrogable de cinco días proceda a la convocatoria de dicho pleno “sin que puedan participar en el mismo los nuevos concejales, toda vez que la elección de alcalde obedece a una obligación normativa que debió incorporarse a la propia convocatoria en la que se tomada sic razón de las renuncias y de los nuevos concejales”.
Por Auto de 28 de noviembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias: a) declara que su anterior Auto de 29 de octubre no exigía necesariamente para ejecutar la Sentencia de referencia que se eligiese alcalde, “pues ello derivará de que se cumpla o no la situación que se prevé en el artículo 182.3 de la LOREG, pero de igual forma deben entenderse nulas y sin valor las actuaciones que se han seguido con posterioridad a la indicada fecha de 23 de agosto en el que se procedió a la designación de alcalde que resultó anulada por haber renunciado a dicha condición”; y b) ordena que en el plazo de diez días el Ayuntamiento convoque Pleno extraordinario partiendo de su configuración a fecha de 23 de agosto de 2013, tome en consideración “las renuncias a concejal presentadas hasta entonces” y “proceda a la elección del alcalde o, en su caso, se inicien las actuaciones necesarias para constituir la comisión gestora municipal que se contempla en el artículo 182.3 de la LOREG”. A ello añade que “a la misma situación de constituir una comisión gestora municipal se llegaría de dar validez y eficacia a las renuncias efectuadas con posterioridad a la fecha de 23 de agosto, que entendemos susceptibles de ser revocadas en tanto que no han sido perfeccionadas al no haber sido presentadas ante un pleno municipal válido como se recoge en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”.
FAC y otros interponen recurso de reposición contra el Auto de idéntico contenido y fecha dictado en el procedimiento contencioso-electoral 669-2013 por entender que incurre en una “cierta incongruencia” porque “si parte de la nulidad y retroacción de todo lo acontecido con posterioridad a 23 de agosto de 2013, es evidente que no se da el supuesto de la Comisión Gestora Municipal”. Por Auto de 20 de diciembre de 2013, la Sala desestima el recurso, reiterando lo declarado en la resolución impugnada y precisando que “esta Sala debe entrar a valorar la situación existente y no los comportamientos futuros que puedan ocurrir, siendo por ello la resolución impugnada congruente con el objeto del proceso”.
En la sesión extraordinaria del Pleno de 10 de enero de 2014, tras la lectura del fundamento jurídico tercero del Auto de 28 de noviembre de 2013: a) se da cuenta de las renuncias al cargo de concejal presentadas en 27 de junio, 28 de agosto y 28 de septiembre de 2013 y de la designación consecuente de los sustitutos por la vía del art. 182.2 LOREG, poniendo de manifiesto que las Sentencias de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias han confirmado los acuerdos de la Junta Electoral Central por los que se expiden las credenciales de concejal a favor de los nuevos miembros; b) los concejales dimisionarios abandonan el pleno tras confirmar su renuncia; c) los sustitutos legales se incorporan al pleno ratificando su toma de posesión; d) a la vista de la composición del Pleno (sólo 6 concejales del total de 13 de miembros legales de la corporación ostentan la condición de electos), se constata la concurrencia del supuesto previsto en el art. 182.3 LOREG, procediéndose a la constitución de la comisión gestora municipal; e) constituida la comisión, sólo los concejales socialistas toman posesión de las vocalías correspondientes y se procede a la designación del presidente, resultando elegida quien venía desempeñándose como alcaldesa en funciones (doña Olga Fernández Aguiar), única concejal electa del Grupo Municipal Socialista; f) la presidente de la comisión ordena a la secretaria que proceda a la remisión del acta de constitución de la gestora a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La actual demandante de amparo presenta en 14 de enero de 2014 escrito solicitando la anulación de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del Pleno de 10 de enero con requerimiento a la alcaldesa en funciones para que proceda a la convocatoria de nueva sesión para la elección del alcalde tomando sólo en consideración las renuncias al cargo de concejal anteriores al 23 de agosto de 2013. Consideran que los acuerdos adoptados no podían tener en cuenta las renuncias presentadas el 28 de agosto y el 28 de septiembre de 2013 ni, en consecuencia, proceder por la vía del art. 182.2 LOREG a la designación de los concejales sustitutos correspondientes. Siendo ello así, afirman, no se daban los presupuestos para la creación de la comisión gestora municipal al amparo del art. 182.3 LOREG.
Respecto de las renuncias a concejal presentadas con posterioridad a la retroacción de las actuaciones al 23 de agosto de 2013, tras afirmar el fundamento jurídico tercero que son nulas e intrascendentes a efectos de la designación de alcalde en razón de lo declarado en el Auto de 28 de noviembre de 2013, el fundamento jurídico cuarto señala que se les reconoce “validez y eficacia”. Ello es así, afirma, porque “la declaración de nulidad de todas las actuaciones posteriores a la indicada fecha era motivada por la circunstancia de que no podían incidir en la elección de alcalde por tratarse de hechos sobrevenidos con posterioridad a dicha fecha por una serie de irregularidades formales que no deben considerarse invalidantes o carentes de todo valor y eficacia, así como de los sucesivos nombramientos de los sustitutos efectuados por la Junta Electoral Central, y ello, porque con independencia del carácter personalísimo que tiene la renuncia, para que tenga efectividad, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada el 11 de noviembre de 1998, solo se precisa, que se presente en el registro de la Corporación Municipal, por escrito dirigido al Pleno de la Corporación, y llevada al Pleno, éste tome conocimiento de la renuncia”. En el caso, los concejales dimisionarios presentaron sus escritos de renuncia ante el Registro de la corporación y mantuvieron su renuncia hasta la celebración del Pleno el día 10 de enero último, ante el cual ratificaron sus respectivos escritos de denuncia (sic).
La actual demandante de amparo interpone recurso de reposición por considerar que el Auto, al admitir que el Pleno haya tomado en consideración las renuncias posteriores al 23 de agosto de 2013, incurrió en contradicción con lo por él declarado unos renglones más arriba y con la propia Sentencia de 24 de septiembre de 2013. Es claro, afirma, que tales renuncias no pueden producir efectos retroactivos de forma que sean tomadas en consideración en el Pleno de 23 de agosto de 2013 cuya repetición ordenó aquella Sentencia. El fallo del Auto, desde el momento en que acepta la constitución de la comisión gestora dando validez a las renuncias presentadas con posterioridad a dicha fecha, se apartaría del mandato de ejecutar las Sentencias en sus propios términos y vulneraría el art. 23.2 CE.
Por Auto de 10 de febrero de 2014 el órgano judicial desestima el recurso de reposición, si bien lo aclara y rectifica en el siguiente sentido. Admite que en el Auto impugnado “se aprecia cierta incongruencia entre lo razonado y la resolución del mismo”. No obstante, insiste en que su fundamento jurídico cuarto razona que “la nulidad de los posteriores al 23 de agosto de 2013 se refiere exclusivamente a aquellos que pudieran afectar a la constitución del Pleno a celebrar en dicha fecha y reconoce validez y eficacia a todas las renuncias a concejal presentadas con posterioridad”. Añade como “aclaración” que “una vez constituido legalmente el Pleno a celebrar el día 23 de agosto de 2013 y puestas de manifiesto en ese momento por la Secretaría del Ayuntamiento … las renuncias a Concejal, y una vez ratificadas las mismas, se produjo la situación prevista en el artículo 182.3 LOREG” y con ello “la imposibilidad de proceder a la elección de alcalde por lo que entendemos ejecutada la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2013 con la necesidad de constituir una Comisión Gestora Municipal, sin otras consideraciones dado que la correcta constitución de la misma excede del contenido del presente incidente de ejecución”.
El recurso de amparo considera que los precitados Autos de 24 de enero y 10 de febrero de 2014 vulneran los derechos fundamentales de la demandante consagrados en los arts. 23.2 y 24.1 CE. Habrían vulnerado los derechos fundamentales allí consagrados en la medida en que no habrían ejecutado en sus propios términos la Sentencia de 24 de septiembre de 2013 imposibilitando en consecuencia que la concejal recurrente presentase su candidatura a la alcaldía.
El presente recurso de amparo impugna los Autos de 24 de enero y 10 de febrero de 2014 dictados en el procedimiento contencioso-electoral 670-2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Tales decisiones habrían vulnerado los derechos fundamentales previstos en los arts. 24.1 y 23.2 CE en la medida en que no habrían ejecutado en sus propios términos la Sentencia de 24 de septiembre de 2013 imposibilitando en consecuencia que la concejal recurrente presentase su candidatura a la alcaldía.
La demanda argumenta sólo la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). La queja relativa al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) no se desarrolla autónomamente, sino como mero reflejo de la vulneración anterior. Ello no plantea problema alguno de admisibilidad, pues los recursos de amparo electorales, aunque suelan plantear vulneraciones del art. 23 CE, pueden perfectamente limitarse a denunciar la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por parte de los órganos judiciales: “ni el art. 49 ni el 114 LOREG restringen el ámbito objetivo del amparo electoral a la violación del art. 23 CE, sino que su especialidad deriva de que atendido el reducido número de resoluciones impugnables, el agotamiento de la vía judicial se realiza mediante un proceso contencioso-administrativo especial. De hecho, el Tribunal viene resolviendo en recursos de amparo electorales quejas relativas a otros derechos fundamentales” e, incluso, demandas que sólo invocan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (ATC 13/2000, de 11 de enero, FJ 2).
Para abordar la vulneración denunciada, hay que partir del canon de arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta y error patente vinculado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en casi todas sus dimensiones y, en particular, en la que afecta a la ejecución de Sentencias: el control del Tribunal Constitucional debe ser “sólo de tipo negativo y ceñido al examen de la razonabilidad de la interpretación que los titulares de la potestad de ejecución realicen del fallo en el marco de la legalidad ordinaria”; se trata de garantizar que “no lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o apartarse de ello, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error”, es decir, examinar “si hubo o no un apartamiento irrazonable, arbitrario o erróneo en relación con el significado y alcance de los pronunciamientos de la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta” (STC 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4).
Desde esta perspectiva, no parecen irrazonables, arbitrarios ni incursos en error patente los Autos recurridos al tener por cumplida mediante la constitución de una comisión gestora la Sentencia que declaró no ajustada a Derecho la elección y proclamación como alcalde de don Luis Fernández Garay. Ello pese a que a que los razonamientos brindados por el órgano judicial a lo largo del proceso de ejecución no han sido siempre excesivamente precisos y aunque en este caso el art. 24.1 CE juegue en conexión con el art. 23.2 CE.
La Sentencia de 24 de septiembre de 2014 declara no ajustado a Derecho un acuerdo de elección y proclamación de alcalde, pero nada dice sobre cómo resolver el problema de gobernabilidad que resulta de que ninguno de los concejales del grupo municipal mayoritario puede presentar su candidatura a alcalde (por haber renunciado a ello con anterioridad o ser concejal no electo). No cabe deducir de lo en ella declarado que quede proscrita la constitución de la comisión gestora ni que no puedan los concejales socialistas renunciar a su condición de tales. Es más, la Sentencia, si hubiera ido más allá del control “negativo” al acto de proclamación y elección de alcalde de don Luis para condicionar “positivamente” cómo debe el Ayuntamiento resolver sus problemas de gobernabilidad, habría podido ocupar ilegítimamente parcelas de discrecionalidad que la ley asegura a la Administración, lo que sería problemático desde la perspectiva de los principios constitucionales de separación de poderes y legalidad (art. 9.3 CE). Consecuentemente, no hay contradicción alguna entre la Sentencia a ejecutar y los Autos que la tienen por ejecutada.
La decisión de tener por ejecutada la Sentencia con la constitución de la comisión gestora está suficientemente razonada. Es más, debe tenerse en cuenta que el proceso de ejecución no es un procedimiento de aplicación mecánica del fallo; es un proceso en sentido estricto que sirve para adaptar ese fallo a las circunstancias que la Sentencia no pudo tomar en consideración (por acaecer después de que se dictase el acto administrativo enjuiciado o de la propia Sentencia). Por eso tiene sentido que el órgano judicial haya tomado en consideración las renuncias efectuadas por los concejales socialistas con posterioridad al acuerdo municipal que resultó anulado y a la Sentencia de 24 de septiembre de 2013. Que ésta declare la ilegalidad de la designación de un alcalde no puede significar que los concejales de la corporación queden impedidos para el ejercicio de los derechos que les atribuye la ley y, entre ellos, el de renunciar “en cualquier momento” a su condición de concejales. Establecido que la Sala no podía atribuir carácter fraudulento a tales renuncias (por haber confirmado los acuerdos de expedición de credenciales de los concejales sustitutos en sus Sentencias de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2013 y reafirmada la eficacia de la renuncia anticipada a la alcaldía de don Luis Fernández Garay en la Sentencia a ejecutar, todo ello en aplicación de las SSTC 125/2013, de 23 de mayo, y 147/2013, de 6 de agosto), el régimen legal de ejecución de Sentencias conducía razonablemente a aceptar todas las producidas (también la de las posteriores al 23 de agosto de 2013) y, en consecuencia, a tener por ejecutada la Sentencia con la constitución de la comisión gestora.
STSJ Castilla y León 230/2014, 6 de Febrero de 2014
SAP Barcelona 352/2007, 29 de Junio de 2007
Auto nº 146/1983 de Tribunal Constitucional, Sección 1ª, 13 de Abril de 1983

References: artículo 182
 Real Decreto 
 artículo 182
 artículo 182
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 182
 resolución