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Timestamp: 2017-06-27 19:51:23+00:00

Document:
1_9788499855172 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
CÓDIGO DE VIOLENCIA
y sus complementarias. Anotado y
concordado jurisprudencialmenteELENA MARTÍNEZ GARCÍA
(http://www.tirant.com).©ELENA MARTÍNEZ GARCÍA© TIRANT LO BLANCH
DEPÓSITO LEGAL: V - 406 - 2009
I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - 432 - 1
Prólogo .......................................................................................11Abreviaturas.................................................................................21I. LOVG
Exposición de Motivos ..................................................................25Título Preliminar ..........................................................................35Tít. I. Medidas de sensibilización, prevención y detección ...
Cap. I. Medidas en el ámbito educativo .........................
Cap. II. Medidas en el ámbito de la publicidad y de los
medios de comunicación ...................................
Cap. III. Medidas en el ámbito sanitario ..........................38
39Tít. II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género ...............................................................................
Cap. I. Derecho a la información, a la asistencia social
integral y a la asistencia jurídica gratuita ...........
Cap. II. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad
social ................................................................
Cap. III. Derechos de las funcionarias públicas ................
Cap. IV. Derechos económicos ........................................42
52Tít. III. Tutela Institucional .......................................................54Tít. IV. Tutela penal ..................................................................59Tít. V. Tutela Judicial...............................................................
Cap. I. De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ......
Cap. II. Normas procesales civiles ..................................
Cap. III. Normas procesales penales ................................
Cap. IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad de
las víctimas .......................................................
Cap. V. Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer ......66
888ÍNDICEDisposiciones adicionales ..............................................................
Disposiciones transitorias ..............................................................
Disposiciones finales .....................................................................91
113II. ANEXOS
I. Protocolo de actualización y coordinación de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados ante
la violencia de género regulada en la Ley Orgánica
1/2004, de medidas de protección integral contra la
violencia de género (Anexo I) .........................................119II. Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de
25 de julio (Anexo II) ......................................................135III. Circular nº 4/2005 relativa a los criterios de aplicación
de la Ley Orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género (Anexo III) .......................147IV. Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios
de las actuaciones judiciales (Anexo IV) ........................283V. Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por
el que se regula la ayuda económica establecida en
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género y Real Decreto 1917/2008, de
21 de noviembre por que se aprueba el programa de
inserción sociolaboral para mujer víctima de violencia
de género (Anexo V) .......................................................293VI. Instrucción nº 10/2007, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se aprueba el Protocolo para
la valoración policial del nivel de riesgo de violencia
contra la mujer en ls supuestos de la Ley OrgánicaÍNDICE
1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los
órganos judiciales y al Ministerio Fiscal (Anexo VI) .....
VII. Extranjería (Anexo VII)
VII.1. Instrucción núm. 14/2005 de la Secretaría de
Estado de Seguridad sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres
extranjeras víctimas de violencia doméstica o de
género en situación administrativa irregular...
VII.2. Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social ......................................
VII.3. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
de ciudadanos de los estados miembros de la
Unión Europea y de otros estados parte en el
VII.4. Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre,
por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los
servicios públicos de empleo y en las agencias
de colocación ....................................................
Índice analítico .............................................................................9325347361369373
375PRÓLOGO
Al tiempo de la publicación de esta segunda edición de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral
contra la Violencia de Género, se celebra el cuarto aniversario de
su aprobación. Desde entonces, es mucho el camino recorrido.
La presente Ley supone un paso adelante en materia de violencia
sobre la mujer y un indubitado cambio de mentalidad. No cabe
duda que el legislador ha intentado conceptuar estas agresiones
como actos fruto de la violencia que se ejerce por razones de pertenencia al género mujer, es decir entendida esta forma de desequilibrio, entre el hombre y la mujer, exclusivamente, dentro de
las relaciones de afectividad. El citado cambio ha sido propiciado
por una realidad transmitida por los datos estadísticos, que han
evidenciado que esta violencia se genera —algo más que mayoritariamente— en una dirección, es decir, del hombre hacia la mujer.
A partir de ahí, nuestros poderes públicos no han podido seguir
obviando esta situación pues la igualdad, dignidad y libertad son
derechos fundamentales y contra ellos se atenta tanto por acción
como por omisión (por no reconocerlos o garantizarlos). De esta
forma, gracias a esta Ley se ha pasado de tener una concepción
privada del conflicto, donde esta violencia no era un problema político ni social y cuanto menos jurídico, a una toma de conciencia
pública del mismo, visualizado en el plano político y social, con
una inevitable repercusión en la transformación de nuestros usos
y hábitos culturales.
Desde el mes de junio 2005 se encuentran en vigor los artículos relativos a la tutela judicial y por tanto, la creación de los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de este mismo
nombre. Desde la fecha son muchos los esfuerzos realizados por
la Administración central y autonómicas pero mucho también elPRÓLOGO12camino que queda por recorrer. La práctica —a día de hoy— no
arroja nuevas o diferentes estadísticas que demuestren un verdadero cambio, algo —en nuestra opinión— lógico si atendemos al
carácter estructural de esta violencia machista tan intrincada en
nuestra sociedad. Parece un tanto ingenuo esperar que una sociedad se transforme a golpe de BOE. Deberemos esperar todavía
el paso de varias generaciones para obtener nuevas y diferentes
cifras. Es comprensible, que determinados colectivos sostengan
—en un intento de minar la eficacia de esta Ley— que desde su
promulgación han aumentado los casos de violencia de género,
desconociendo el hecho de que lo que ha disminuido es el nivel de
tolerancia a la agresión sufrida por la mujer dentro de una relación
de afectividad. Es decir, esa violencia en la pareja o expareja es
real y presente en esos casos, pero ahora se cuenta con el apoyo
de la Administración, lo que hace a la mujer, familiares, conocidos o testigos proceder a denunciar más y antes. De hecho, si
acudimos a las estadísticas del Observatorio del Consejo General
del Poder Judicial comprobaremos que dos de cada tres muertes
acaecidas tanto en los años anteriores, como en el presente, se
trataban de casos en los que no se había puesto denuncia y, por
tanto, no se había puesto en marcha la maquinaria judicial. En
conclusión, para evitar ese argumento fácil que da base al presunto
fracaso de la Ley sólo hay que poner en marcha de forma real y
constante los términos diseñados en el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género aprobado el 15 de
diciembre 2006 por el Consejo de Ministros, así como el Catálogo
de Medidas de desarrollo, pues es la única forma de que la mujer
La Ley de protección Integral parte de una concepción que
pretende ser más activa y pluridisciplinar en la lucha contra la violencia de género a través del desarrollo de una acción positiva.
Para ello se diseña una actuación administrativa más preventiva e13PRÓLOGOinterventora, destinada a evitar que la mujer adquiera el status de
víctima. Las medidas de prevención y protección social y laboral
introducidas son la esperanza del cambio, pues cuando aparecen
los Jueces y Fiscales, significa que ya tenemos mujer víctima y por
tanto, la Administración en su función preventiva ya ha fracasado.
Debe entonces procederse, en su caso, a la punición del maltratador, siempre jugando dentro de las reglas del Estado de Derecho
que, procesalmente hablando, son garantías del imputado frente a
la propia Administración. En el momento actual y mientras no se
reforme integralmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe
una protección común u ordinaria de la víctima de cualquier delito, una protección específica para aquellas que sufren violencia
doméstica, y una exclusiva y reforzada para las mujer que son víctimas de violencia de género. Con ello queremos precisar que salvo
que decidamos cambiar esta perspectiva constitucional del proceso
y la pena, la víctima no es la protagonista del proceso penal, sin
perjuicio de que acertadamente cada vez tiene un mayor peso en
En los presentes procesos por violencia de género, se manifiesta un importante protagonismo de la víctima en materia de
protección cautelar, que encuentra su justificación en la especial
vulnerabilidad en la que se encuentra. Razones de aseguramiento
de la persona, la evitación de nuevos riesgos para la víctima o su
círculo próximo o la posible alteración de la principal fuente de
prueba, a saber, la declaración de ella, son las finalidades que deben de mover a los Miembros y Fuerzas de Seguridad del Estado
y a los órganos jurisdiccionales a someter a esta tutela cautelar al
presunto agresor y a otorgar un estatuto de protección cautelar.
En este contexto resulta imaginable la importancia de la coordinación de servicios que entran en funcionamiento ante un acto de
violencia de género con el fin de que no existan espacios “sordos”
en la protección de la víctima frente al agresor. Dichos fallos po-PRÓLOGO14drían derivar en posibles exigencias de responsabilidades patrimoniales al Estado. Dentro de la presente coordinación hay que tener
en cuenta la obligación de la Administración central y autonómica
de crear Protocolos de coordinación y la más que útil creación de
las Unidades de Valoración Integral de la Víctima, que poco a poco
se van desarrollando en las Comunidades Autónomas en virtud
del Plan nacional y consiguientes medidas de desarrollo. Cuestión
diferente es la dotación real de medios personales y materiales que
se realice, lo que puede dejar en papel mojado las bondades de
estas medidas. En todo este proceso, consideramos que el papel
del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Violencia sobre la
Mujer es clave.
Por lo que se refiere a la acción positiva desarrollada por el
legislador, afirmar que se trata de una obligación para los poderes
públicos el remover todos los obstáculos que impidan que los ciudadanos disfruten del principio de igualdad. Y ello porque el artículo 14 consagra, en primer lugar, el derecho a la igualdad formal,
que impone la obligación de preservar, por un lado, la igualdad de
trato a no ser tratado jurídicamente de manera diferente a quienes
se encuentren en la misma situación y, por otro, la prohibición de
discriminación. En este sentido, la prohibición de la discriminación tiene un alcance material en el artículo 14 en relación con el
art. 9.2 CE. Ello implica una obligación para los poderes públicos
generar las condiciones necesarias para asegurar la igualdad efectiva. Y es aquí cuando se permite la discriminación positiva para
lograr tal fin. Nos encontramos, pues, en lo que el Tribunal Constitucional ha denominado el “derecho desigual igualatorio”; esto
es, la desigual situación de partida de un determinado colectivo
requiere la adopción de medidas que tiendan a reequilibrar dichas
situaciones con el objetivo de igualarlas de modo real y efectivo.
De lo contrario se produciría la “discriminación por indiferenciación”, es decir, la provocada por el hecho de tratar de modo igual15PRÓLOGOsituaciones disímiles (STC 216/1991). En consecuencia, la Ley
Orgánica 1/2004 ha desarrollado a los largo de su articulado una
acción positiva clara y que alcanza a numerosas vertientes del ordenamiento jurídico español. Una de ellas incide sobre el derecho
penal y el Alto Tribunal se ha pronunciado al respecto asegurando
la compatibilidad constitucional de dicha decisión agravatoria de
penas en el ámbito de la violencia de género (STC 59/2008).
Otra cuestión importante, que a la luz de la aplicación de la Ley
se viene planteando al legislador de lege ferenda, es la relativa a
la aconsejable futura modificación de la previsión legal contenida
en el artículo 57 del Código Penal, que impone el alejamiento
obligatorio en el caso de condena por delito de violencia de género. En nuestra opinión, debe ser objeto de revisión en futuras
reformas legales, permitiendo que sea el Juez, valorando las circunstancias concurrentes, quien acuerde en su caso dicho alejamiento, pues no hay que olvidar las particulares características que
envuelven estos delitos sin que parezca lógico imponer a la víctima
—en todo caso— dicha medida, sobre todo en aquellos casos de
menor gravedad. Se trata esta cuestión una de las que penden en
el momento actual ante el Tribunal Constitucional al suponer que
la imposición de dicho alejamiento podría ser una intromisión del
sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho más relevante es el derecho a vivir juntos, como recuerda la
SSTEDH de 24 de marzo de 1988 y 9 de junio de 1998, entre
otras, tal y como se afirma en la Sentencia del Tribunal Supremo
de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de fecha veintiséis de
septiembre de 2005, al hilo de los tan habituales quebrantamientos consentidos de la medida de alejamiento, tanto en su vertiente
cautelar como punitiva (art. 468 del Código Penal). En definitiva,
el Tribunal Supremo, considera que no existirá el delito en el caso
de quebrantamientos con anuencia de la víctima, estableciendo
además que no podrá estarse a los cambios en la decisión de laPRÓLOGO16víctima que primero acoge al agresor y luego, si surge un nuevo
incidente, lo denuncia por haber quebrantado la orden concedida.
Parece lógica la conclusión a la que se llega en la Sentencia en el
sentido de considerar que si la mujer consiente de forma libre y
voluntaria regresar con su agresor, no podrá ser éste condenado
por un delito de quebrantamiento, debiéndose alzar la medida y
correspondiendo a aquella la solicitud, en su caso, de una nueva
medida de protección si se produjeran nuevos hechos de violencia
sobre ella. Aunque esta doctrina del TS ha sido acogida de forma mayoritaria por las Audiencias Provinciales, el propio Tribunal
Supremo se ha pronunciado en un sentido diferente en las Sentencias de diecinueve de enero de 2007, con cita de la veinte de
enero de 2006, cuando concluye “que la vigencia del bien jurídico
protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento
de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende
con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida
se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para
la protección de su vida e integridad corporal, que tampoco son
bienes jurídicos disponibles por parte de aquella, pero en cualquier
caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto.
De esta forma el cumplimiento de una pena no puede quedar al
arbitrio del condenado y lo mismo debe decirse de la medida de
alejamiento como medida cautelar. Solamente un consentimiento
firme y relevante por parte de la víctima, puede ser apreciado a
los efectos interesados por el recurrente, y siempre desde la óptica
propuesta de un error invencible de tipo”. Corresponde ahora al
legislador pronunciarse al respecto.
En esta misma línea argumental encontramos los problemas
derivados de la aplicación del artículo 416 LECrim sobre el derecho de la víctima a no declarar contra su agresor, en calidad de
cónyuge o pareja estable (STS 134/2007). Es muy numerosa y
contradictoria la jurisprudencia derivada de la aplicación del pre-17PRÓLOGOcepto en cuestión, oscilando entre las posturas tendentes a admitir
por el juez sentenciador el uso de dichas declaraciones formuladas
libremente y con la previa información de la policía y del órgano jurisdiccional (STS 21 de noviembre 2003) que asesora a la
víctima, por suponer una renuncia al citado derecho ex art. 416
LECrim (SAP Cuenca 24 de mayo 2006), hasta aquella jurisprudencia menor que afirma que devendría ilícito el uso de esa fuente
probatoria en juicio oral, dado que la parte se puede retractar de
lo dicho sobre la base del aludido precepto, no valiendo las declaraciones sumariales sin la debida contradicción y audiencia en el
juicio oral (STC 76/1993).
Finalmente, otro tema de calado, en la actualidad muy debatido, es el relativo al mandato establecido en el artículo 87 ter
número 5 de la LOPJ, relativo a la prohibición de que los Jueces
de Violencia realicen cualquier tipo de mediación. Parece que la
práctica arroja una casuística con un perfil adecuado que permitiría
dar a la víctima la posibilidad de pronunciarse en cuanto a la forma
de resolución más satisfactoria de su problema (y que no siempre
pasa por la separación obligatoria de su compañero) y al agresor se le permitiría poder optar por un compromiso resocializador
(aceptando la reprochabilidad de su comportamiento, comprometiéndose a cumplir con la propuesta de restauración de la víctima
en los términos pactados y su sometimiento a un programa de rehabilitación). En nuestra opinión, esta opción sería planteable por
el futuro legislador sólo ante actos de violencia incipiente y leve y,
en ningún caso, cuando se trate de violencia habitual y enquistada.
En esta misma línea, consideramos que uno de los temas neurálgicos, muy controvertidos y poco o nada desarrollado por el legislador, es el relativo a la rehabilitación del maltratador. Legalmente
se trata ésta de una de las finalidades constitucionales exigidas a la
pena. Desde una perspectiva psicológica y sociológica, es la clave
para el cambio y la ruptura con los ciclos de violencia en la pareja.PRÓLOGO18Lograr integrarlos a ellos en este cambio de mentalidad da argumentos positivos en contra de los que todavía niegan la existencia
del problema hasta el punto de rechazar la voluntad plasmada por
le legislador en la Ley 1/2004.
Esta propuesta es acorde con la experiencia desarrollada en
otros países como, por ejemplo, Alemania y Austria, donde se focaliza el diseño de su legislación en la prevención. Nuestro vecino
alemán, por ejemplo, haciéndose eco de sus estadísticas y una vez
corroborado que los actos intimidatorios y violentos porcentualmente se dan con mucha mayor frecuencia en las situaciones de
crisis no declarada judicialmente, frente los supuestos de conflictos
de pareja que se encuentran bajo custodia judicial (incoación de
procesos de separación y divorcio), se optó por diseñar un sistema
preventivo ante los Tribunales civiles (GewSchG). Ante la primera sospecha de violencia, incluso leve, se provoca la separación
inmediata y forzosa en la convivencia durante veinticuatro horas,
con la obligatoria personación ante los Tribunales de Familia con
la finalidad, por un lado, de tener un carácter intimidatorio para el
agresor y persuasivo para la víctima, con una pre-fase mediadora
(no destinada a arreglar ese matrimonio o convivencia sino que se
trata de una fase informadora de los evidentes riesgos de continuar
con esa relación); por otro lado, otra de las claves de estas legislaciones europeas citadas radica en la idea de que, desde el primer
momento se impone al presunto agresor o agresora medidas de
asistencia social y reeducativas para, a continuación, entrar voluntariamente en un proceso de disolución del vínculo civil. Con ello
se logra que no perdure una convivencia no pacífica y además un
control judicial inmediato de esta situación de crisis por lo que se
intenta evitar efectos criminógenos.
Por contra, nuestro legislador ha optado por poner el golpe
legal de voz en los casos en los que ya surgido la violencia en la pareja y, por tanto, cuando existe una víctima. Y en esa línea ha pro-19PRÓLOGOhibido a los órganos de este orden realizar funciones mediadoras
que, como decimos, podría permitir —como en el caso alemán—
una ante-fase tendente precisamente a evitar que una situación de
crisis pase a arrojar una agravación de la situación de la víctima.
Para acabar, merece una mención específica en materia de
violencia de género la aplicación de los procedimientos para el
enjuiciamiento rápido y la institución de la conformidad que, con
carácter general, se puede considerar un arma de doble filo y así
se evidencia en la presente materia. Celeridad significa Justicia,
pero ésta no se concibe sin un pleno respeto por los derechos
del imputado y sus garantías procesales, con suficiencia de medios que eviten tanto las conformidades como las absoluciones y
sobreseimientos indebidos. Los recortes de derechos que pueden
suponer estas fórmulas pueden hacer la Justicia más «acelerada»,
pero no mejor. La impresión que suele quedar tras la asistencia
a una Guardia es la de que el sistema no ha mejorado, si no al
contrario, si por mejora entendemos dotar al proceso de mayores
garantías. Tal vez nuestro legislador, en un intento de quererle
poner puertas al mar, últimamente nos ha tenido muy acostumbrados a dar soluciones penales y procesales a problemas sociales
y, dentro de esta mentalidad, los recortes de tiempo suelen sonar
convincentes. Ya con carácter concreto, en mi opinión, la práctica
está arrojando unos resultados “perversos” en cuanto a la aplicación de este tipo de enjuiciamiento acelerado, dado que, salvo los
casos evidentes de violencia puntual, se está dejando de investigar
violencias habituales y perpetuadas en el tiempo, dado que esta
inercia procedimental —añadido a la enorme carga de trabajo que
tienes estos Juzgados— hace que no se proceda a transformar esta
fase sumarial en diligencias previas, destinadas a investigar cuál es
la situación real de la pareja.
Nos encontramos ante una reforma necesaria, esperada y compleja. Esta ley pasará por ser la primera de la legislatura de estePRÓLOGO20gobierno socialista, pero con toda seguridad se trata de la primera
toma de conciencia de la existencia de un problema real de género
en nuestra sociedad. El legislador ha creado una imagen normativa
de la mujer y corresponde ahora a los órganos jurisdiccionales, en
primer lugar, asimilar que no es el «sexo» la variable fundamental
que mueve esta forma de protección sino el «genero», y en segundo lugar, determinar que la exclusión de la protección que establece la presente ley no puede darse en función de las expectativas
(indefensión, vulnerabilidad, dependencia económica, etc.) que se
prediquen de las víctimas.Russafa (Valencia), noviembre 2008ELENA MARTÍNEZ GARCÍA
Universitat de ValènciaABREVIATURAS
Circular 4/2005: Circular 4/2005, de 19 de julio de 2005, relativa a los
criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Instrucción 10/2007: Sistema de seguimiento en Violencia de Género y
el Protocolo común de valoración del riesgo para Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y policías autonómicas y su comunicación a
los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, aprobado el 23 de julio de
2007 y modificada por la Instrucción 14/2007 y por la Instrucción
Instrucción 14/2005: Instrucción 14/2005, de 29 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre actuación en dependencias policiales
en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o
de género en situación administrativa irregular.
Ley de la Comunidad Valenciana 13/2008, de 8 de octubre, reguladora
de los puntos de Encuentro Familiar.
LI: Ley 3/20087 de 22 de marzo, de Igualdad
LOVG: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre: Orden de la Secretaría de
Estado para la Seguridad sobre la Inscripción en los servicios públicos
de empleo de las mujeres víctimas de violencia de género que hayan
obtenido autorización de residencia por esta causa.
PFCSyA: Protocolo de Actuación y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Abogados ante la Violencia de género regulada por la Ley 1/2004, aprobado por el Comité Técnico de la Co-ABREVIATURAS22misión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su reunión
de 3 de julio de 2007.
PFCSyOJ: Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de
las víctimas de violencia doméstica y de género, de 28 de junio del
PFCSyPL: Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para
la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, suscrito el 13 de marzo de 2006.
Pfo: párrafo
RAJG: Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por
Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, y modificado por el R.D.
1455/2005, de 2 de diciembre
Real Decreto 2393/2004: Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero sobre la Posibilidad de obtención de autorización de residencia temporal por razones humanitarias (arts. 45.4.a) y 46.3) y de
conservar el derecho de residencia obtenido mediante reagrupación
familiar (art. 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero).
Rto. 1/2005: Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento
1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
STC 59/2008: Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008, de 14
TBC: Trabajos en beneficio de la Comunidad.I. LOVGAll pages:2345789101112131415161718InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788499855172 Published on Jun 28, 2013 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 14
de lege ferenda
 artículo 57
 artículo 416
 artículo 87
 resolución 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto