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Timestamp: 2019-08-25 04:49:32+00:00

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Temas: falta de acusación fiscal. Facultades del querellante. Alegato. Nulidad de actos procesales. Requerimiento de absolucióN. Requerimiento de condena. Revocación de sentencia
TEMAS: FALTA DE ACUSACIÓN FISCAL. FACULTADES DEL QUERELLANTE. ALEGATO. NULIDAD DE ACTOS PROCESALES. REQUERIMIENTO DE ABSOLUCIÓN. REQUERIMIENTO DE CONDENA. REVOCACIÓN DE SENTENCIA.
(Libro de Acuerdos Nº 57, Fº 2859/2864, Nº 760). San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los seis días del mes de octubre del año dos mil catorce, los Sres. Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Marcelo Jenefes, José Manuel del Campo y María Silvia Bernal, y los Sres. Vocales de la Sala III del Tribunal Civil y Comercial, Dres. Carlos Marcelo Cosentini y Norma Beatriz Issa, llamados a integrar el Cuerpo en razón de las constancias de la causa, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 10189/13, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 119/12 (Tribunal en lo Criminal Nº 2) T. del R. M. Exacciones ilegales. Ciudad”.
El 20 de setiembre de 2.013, el Tribunal Criminal Nº 2, resolvió condenar a la procesada T. M. del R. M., a la pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso con más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cuatro años por encontrarla autora material y responsable del delito de exacciones ilegales previsto y penado por el artículo 266 del Código Penal de la Nación, accesorias legales y costas.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el tribunal de juicio: 1) señaló que en oportunidad de formular alegatos sobre la prueba producida, el Representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó la absolución de la encartada por el beneficio de la duda ya que a su criterio no existen probanzas suficientes para generar la convicción en orden de acreditar el hecho y atribuir su autoría a la encartada; en cambio, la querella mantuvo su acusación contra la encartada solicitando la aplicación de la pena de tres años de prisión con más la inhabilitación de cinco años, 2) sostuvo que en base al requerimiento de la querellante y conforme criterio oportunamente fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Santillán”, autoriza a dicho órgano jurisdiccional a ingresar al tratamiento de la materia en debate, 3) analizó, luego, los aspectos materiales del conflicto suscitado con ajuste a los elementos probatorios aportados en la causa para concluir afirmando que el hecho de exacciones ilegales existió.
En contra de dicho pronunciamiento, el Dr. Hugo Alberto Lara, en ejercicio de la defensa técnica de la procesada interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria a fs. 27/59 de autos.
Se agravia la quejosa por considerar que el fallo resulta arbitrario toda vez que afecta derechos de raigambre constitucional, como lo son el derecho a la defensa y debido proceso, el principio de legalidad, el principio de inocencia y el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna.
Luego de efectuar breves consideraciones sobre ley penal más benigna, afirma que el fallo se asienta en normativa del anterior Código Procesal Penal (Ley 3584) a fin de otorgar autonomía de la acusación de la querella ante la ausencia de acusación fiscal. Que no existiendo en el texto de la ley 3584 previsión alguna que sirva para sustentar la autonomía de la querella, el a-quo acude a una jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1998, la cual ha sufrido sustanciales modificaciones efectuadas por posteriores pronunciamientos del mismo Alto Cuerpo, transcribiendo las partes fundamentales de los mismos.
Sostiene que, al no existir en relación a la imputada acusación fiscal alguna en el debate, sino un pedido de absolución por el beneficio de la duda, corresponde dictar el sobreseimiento definitivo de la misma.
Se agravia, también, de la valoración de la prueba y solicita la aplicación del principio in dubio pro reo.
El traslado del recurso es contestado por la Dra. Mariana Vargas, apoderada de la querellante adhesiva en esta causa, M. C. P. de C.
Pasados los autos a Fiscalía General, a fs. 91/95 de autos, emite su dictamen el Sr. Fiscal General opinando que corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Cumplidas, así, las diligencias procesales de estilo, la causa se encuentra en condiciones de resolver.
Previo a ingresar al análisis de los cuestionamientos vertidos por la recurrente, resulta útil efectuar una breve reseña de lo acontecido en los autos principales y que guardan relación con la ponderación de los mismos.
Receptada la pertinente declaración indagatoria por el delito de exacciones ilegales basada en los hechos que se relatan a la imputada, se presenta en la causa la víctima de tal ilícito -con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Vargas- constituyéndose en querellante adhesivo (fs. 210/214 del principal). A fs. 215 el juez instructor le otorgó a la querellante la calidad de parte, con los límites y facultades que establece la ley 5285.
Luego de ampliada la declaración indagatoria, se dicta auto de procesamiento en contra de la prevenida T. M. del R. M. (fs. 300/303). Apelada dicha resolución, la misma fue confirmada por la Sala de la Cámara de Apelaciones de la Cámara en lo Penal (367/372). No obstante ello, por las razones apuntadas a fs. 411/412, el Juez Instructor declara nulo dicho auto de procesamiento y dicta un nuevo auto interlocutorio por el delito que viene imputada M. (fs. 436/441). Este dispositivo, a su vez, fue declarado nulo por la Sala de Apelaciones en lo Penal -a raíz de la impugnación deducida por la defensa- quien dispuso que el trámite de autos debe proseguir según su estado (fs. 528/530).
Cabe destacar que a fs. 448 el Juez dispuso que “vuelvan las presentes actuaciones a los fines dispuestos a fs. 404 párrafo 5to.”, es decir, para que conteste la vista que se le confiriera “conforme lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal”. Consta en autos, que ambos decretos, fueron notificados a todos los que intervienen en el proceso sin merecer reproche alguno de la parte querellante –respecto a la vista corrida exclusivamente al Agente Fiscal- encontrándose, por ende, firmes y consentidos.
Ahora bien, declarado nulo por la Sala de Apelaciones el resolutorio de fs. 436/441, el Juez de instrucción a fs. 568 volvió a correr vista, exclusivamente, a la Agente Fiscal “a los fines establecidos en el Art. 340 del Código Procesal Penal”, quién, a fs. 571/573, se expidió sobre el mérito del sumario, acusó a la procesada M. como supuesta autora responsable del delito de exacciones ilegales y solicitó se eleve la causa a juicio (art. 342 del C.P.C.).
En virtud de tal requerimiento de la causa a juicio, es decir, el formulado por la Agente Fiscal, el Juez interviniente declaró cerrada la instrucción y decidió elevar las presentes actuaciones a juicio a la Sala II de la Cámara en lo Penal (fs. 584). Notificadas las partes, el Juez a fs. 590 revoca por contrario imperio el cierre de la instrucción y remite nuevamente los autos a la Agente Fiscal para que aclare la fecha de la supuesta comisión del delito y el teléfono celular de la procesada (fs. 590), quién -por tercera vez en el presente proceso-, vuelve a expedirse sobre el mérito de la prueba, acusar y a solicitar se eleve la causa a juicio (fs. 591/593).
Finalmente, a fs. 617, en mérito al último requerimiento efectuado por la Agente Fiscal, el Juez de Instrucción resuelve declarar cerrada la instrucción y elevar dichas actuaciones a juicio.
Citadas las partes a juicio, quienes ofrecieron los pertinentes elementos probatorios, el Presidente del trámite se expide sobre su pertinencia a fs. 667.
A fs. 747/754, 755/756, 757, 765/770 obran actas de la audiencia de vista de causa, constando en las mismas: a) las declaraciones prestadas, ante el tribunal penal, por la imputada y los testigos propuestos, b) la incorporación al debate de las demás pruebas instrumentales y periciales, c) los alegatos producidos por el Fiscal de Sala; la querellante y la defensa.
A fs. 771 obra acta de lectura de veredicto y a fs. 795 de los fundamentos del fallo que rola a fs. 772/794.
Así reseñado el desarrollo de la presente causa, resulta claro que el impulso de la acción penal en el delito investigado fue motivado por el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Agente Fiscal, ya que la querellante –no obstante las múltiples oportunidades que se le presentaron en el curso de la etapa instructoria- no solicitó se le confiriera la vista prevista por el art. 340 del Código Procesal Penal a los fines allí dispuestos. Así las cosas, a instancias del requerimiento de elevación solicitado por la Agente Fiscal, el Juez declaró cerrada la instrucción y remitió lo actuado a la Cámara.
En este orden, cabe precisar que a partir de la vigencia del nuevo código de rito, surgen nuevos interrogantes en relación a diversos institutos que responden a sistemas diferentes –entre ellos, la querella-. Como se sabe, la actividad jurisdiccional juega un rol significativo en la integración, al menos axiológica del sistema, para lo cual corresponde verificar si el derecho a querellar por parte de las víctimas del delito se encuentra receptado en nuestro código de rito efectuando una interpretación sistemática de sus normas.
Asimismo, cabe ajustarse a los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los distintos precedentes. Si bien las decisiones de la Corte Suprema no obliga sino en el caso en que fueron dictadas, de manera que los tribunales inferiores pueden apartarse de su doctrina sin agravio constitucional (Fallos: 302:748; 307:207; 308:1575; entre otros) el máximo Tribunal ha señalado reiteradamente el deber que tienen las instancias ordinarias de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294). Ello así, por su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, como en razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 256:208; 303:1769; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas).
No obstante, esa doctrina no ha importado privar a los magistrados de la facultad de apreciar con criterio propio las resoluciones de la Corte e incluso apartarse de ellas cuando mediaran motivos valederos para hacerlo, siempre que esto hubiera sido debidamente fundado en razones novedosas y variadas (Fallos: 262:101; 302:748; 304:898 y 1459; 307:2124; 312:2007; 321:3201; entre otros). La razón de esa facultad reside en que es atributo de los jueces ordinarios de la causa ponderar los hechos, establecer el derecho aplicable y –en su caso- subsumir la solución del debate al precedente dictado en cuestiones similares. La libertad de juicio de los magistrados en el ejercicio de sus funciones es tan incuestionable como la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51; 160 y 251; 321:2114).
Sentado ello, respecto la situación planteada, cabe precisar que la misma difiere de la resuelta en el caso “Santillán”. Sin embargo, de dicho precedente como de otros fallos de la Corte, pueden extraerse ciertas pautas aplicables al caso bajo estudio.
Debe observarse, también, la estructura establecida por el sistema judicial sobre el tema compatibilizándola con el avance que la Corte va desarrollando en distintos precedentes. La Ley N° 5285 (Querellante Adhesivo) en su artículo 1° establece que “Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública.... tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en esta Ley se establecen…”. El artículo 6° de dicha normativa dispone que “El querellante adhesivo que fuere tenido por parte del proceso podrá proponer medidas probatorias y diligencias procesales útiles y conducentes al esclarecimiento del hecho, e instar el trámite de la investigación hasta su culminación…”.
En cuanto a la participación en el debate, el artículo 10° establece que, “La Cámara al fijar la fecha de debate público, deberá notificar por cédula al querellante adhesivo, que podrá intervenir e interrogar en el juicio con las mismas facultades previstas para el Fiscal de Cámara. Tendrá prioridad en el derecho de intervención el representante del Ministerio Público Fiscal”.
Así regulada la intervención que se le otorga al querellante adhesivo en el debate, resulta fundamental integrarlo con lo dispuesto en el artículo 340° del Código Procesal Penal (Ley 3584), en tanto establece que: “Cumplida la instrucción, el Juez correrá vista al Agente Fiscal o al querellante en su caso, para que se expida, dentro del término de cinco días, prorrogables por otro tanto sobre el mérito del sumario, solicitando su remisión a juicio o el sobreseimiento si así correspondiere”.
Con ajuste a la doctrina de la Corte, cabe señalar que la acusación constituye un bloque indisoluble que se perfecciona en dos momentos procesales distintos: el requerimiento de elevación a juicio, que habilita la jurisdicción del tribunal para abrir el debate y el alegato solicitando condena, que habilita la jurisdicción para fallar (fallos: 327:5863, considerando 14). Se infiere, entonces, que de acuerdo a la estructura establecida por la ley ritual, el fiscal o querellante para acusar en el debate debe haberse manifestado en tal sentido en la Instrucción, ello así, dada la naturaleza de acusación reconocida al requerimiento de elevación a juicio y porque esta es la interpretación que corresponde otorgar a los preceptos normativos transcriptos precedentemente según la doctrina de la Corte. Es que, “la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos. 300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090 y 1962, entre muchos otros).
En la especie, la causa se elevó a juicio exclusivamente por el requerimiento efectuado por la Agente Fiscal a fs. 591/593 del principal. Consecuentemente no es posible asimilar fáctica y normativamente los supuestos de esta causa con lo resuelto por la Corte en “Santillán”.
En dicho precedente, la apertura del juicio había contado con un requerimiento acompañado por el de la querella. Allí se sostuvo que: “...la exigencia de acusación como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula (Fallos: 143:5)” y que “si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en la promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31), todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266). Ello en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150. entre otros); coincidente con el que reconocen los arts. 8, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Allí también se aseveró que lo contrario va “en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego, con serio menoscabo de los derechos asegurados por la Constitución Nacional al privar al particular querellante, a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos, pues esta interpretación dejaría a aquél vacío de contenido”.
La labor hermenéutica efectuada en el precedente “Santillán” es posible en la medida que reconoce que tanto el requerimiento de elevación a juicio como el alegato producido en la Audiencia de Debate son actos que revisten la naturaleza de acusación. Sin esto no podría abrirse el juicio –requerimiento de elevación al debate oral y sin alegato final no podría haber pronunciamiento eficaz de la jurisdicción, según lo establecido por la Corte en el Fallo “Mostaccio”.
Entonces, mientras en el caso “Santillán” esa acusación con la que se abre el debate fue concretada por el Ministerio Público y la Querella, en el proceso bajo análisis no existió dicho acto por parte de esta última. Por lo tanto la doctrina sentada en aquella no resulta aplicable en la presente causa, ya que carece de analogía en los términos fácticos y normativos exigidos para tal cometido; ajustándose, en cambio, a la doctrina sentada en el fallo “Del ‘Olio, Edgardo Luis y Del ‘Olio, Juan Carlos (Fallos: 329:2596). En esta oportunidad, la Corte Suprema si bien reafirmó la doctrina de “Santillán” al sostener que “la exigencia de la acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto o contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula, clarificó las responsabilidades que impone el derecho a llevar adelante la acusación y el impulso del proceso por parte de la querella, en adhesión al Ministerio Público en el requerimiento de apertura a juicio. En tal sentido sostuvo que la falta de requerimiento de la querella debe privarla de poder alegar al concluir el debate pues “se trató de un acto que se orientó a integrar un reproche que, de su parte, no había tenido lugar en tiempo apropiado”, reafirmando más adelante que “no podría integrar legítimamente una incriminación que no formuló”.
Conforme , entonces, la interpretación concedida por la Corte al querellante a través del caso “Santillán” supondría para su aplicación al caso bajo análisis, la existencia de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal al que hubiera al menos adherido o acompañado la parte querellante, lo que como se analizó, no ocurrió en la presente causa. De tal modo, la acusación formulada por la querellante no se ajusta a las previsiones contenidas en el código de rito y en virtud de ello afecta la garantía de debido proceso y de la defensa en juicio de la imputada M. Conforme los criterios de interpretación referidos en párrafos anteriores, corresponde declarar la nulidad el alegato producido, en la audiencia de debate, por la parte querellante y la condena impuesta por el tribunal a-quo por el delito de exacciones ilegales a T. M. del R. M. Como consecuencia de ello, corresponde absolver a la nombrada.
En atención a ello, no corresponde expedirme respecto a los demás agravios vertidos por la recurrente.
En cuanto a los honorarios de los Dres. Hugo Alberto Lara y Mariana Vargas, por la labor desarrollada por cada uno de ellos, en la instancia anterior deben fijarse en la suma de $ 2.500 y en la presente en la suma de $ 1.000, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.
Los Dres. del Campo, Bernal, Cosentini e Issa adhieren al voto que antecede.
1°) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Hugo Alberto Lara en su carácter de abogado defensor de T. M. del R. M. y, en consecuencia declarar la nulidad de la condena impuesta a la nombrada en el punto I.- de la sentencia de fs. 772/794 y absolverla respecto de los hechos objeto de la presente causa.
2°) Regular los honorarios de los Dres. Hugo Alberto Lara y Mariana Vargas, por la labor desarrollada en la instancia anterior en la suma de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) para cada uno de ellos, y por la desplegada en la presente instancia en la suma de mil pesos ($ 1.000) para cada uno de ellos, con más el impuesto al valor agregado en caso de corresponder.
3°) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.
Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Carlos Marcelo Cosentini (Habilitado); Dra. Norma Beatriz Issa (Habilitada).
Ante mí: Dra. María Leonor Espeche – Secretaria.

References: artículo 266
in dubio
 artículo 340
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 340