Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0307_ES.html
Timestamp: 2019-12-13 05:21:45+00:00

Document:
423k 80k
sobre el tema «Hacia un sistema de IVA definitivo y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA»
Nedzhmi Ali, Comisión de Control Presupuestario
Juan Fernando López Aguilar, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (*)
– Visto el plan de acción relativo al impuesto sobre el valor añadido presentado por la Comisión el 7 de abril de 2016(1),
– Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA(2),
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(3),
– Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(4),
D. Considerando que el IVA, cuyo producto supuso casi un billón de euros en 2014, constituye una fuente importante y creciente de ingresos para los Estados miembros, que contribuye a su vez a los recursos propios de la Unión, y que los ingresos totales de la Unión procedentes del recurso propio basado en el IVA se situaron en 17 667 millones de euros y supusieron el 12,27 % de los ingresos totales de la Unión en 2014(5);
F. Considerando que, según un estudio de la Comisión(6), el fraude en el IVA intracomunitario (denominado comúnmente «fraude en cascada») es responsable por sí solo de una pérdida de ingresos por IVA de entre 45 000 millones y 53 000 millones de euros anuales;
U. Considerando que la técnica de fraude del IVA más utilizada es el fraude en cascada; que este tipo de fraude es muy común en los sectores del comercio de componentes electrónicos, la telefonía móvil y el textil, y consiste en hacer circular a las mercancías entre varias sociedades situadas en diferentes Estados miembros, aprovechando que no existe un impuesto que se aplique a las entregas intracomunitarias;
V. Considerando que se precisan con urgencia esfuerzos de cooperación continuados y mejorados para crear estrategias globales e integradas en el ámbito de la lucha contra el fraude, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias actuales de la Unión y el aumento del comercio electrónico y del comercio por internet, lo que ha debilitado el control territorial sobre la recaudación del IVA;
W. Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y de los Estados miembros es un elemento fundamental del programa político de la Unión para consolidar e incrementar la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se utiliza correctamente.
X. Considerando que el fraude del IVA entraña una pérdida de ingresos para los Estados miembros y, por tanto, para la Unión; crea un entorno fiscal distorsionado que es particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas y es utilizado por las organizaciones delictivas que se aprovechan de las lagunas jurídicas existentes entre los Estados miembros y sus autoridades de supervisión competentes;
Y. Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo, en su Informe Especial n.º 24/2015, concluyó que el fraude del IVA se clasifica principalmente como una actividad delictiva a la que es preciso poner fin;
Z. Considerando que, en el asunto Taricco y otros (C-105/14), el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el concepto de «fraude» definido en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades abarca los ingresos procedentes del IVA;
38. Insta a la Comisión a que evalúe mediante proyectos piloto los efectos del procedimiento de inversión del sujeto pasivo, no solo para determinados sectores particularmente susceptibles al fraude, en términos de beneficios, costes de cumplimiento, fraude, eficacia, problemas de aplicación y ventajas y desventajas a largo plazo, como han solicitado algunos Estados miembros y ha confirmado expresamente la Comisión entretanto, aunque aún no se haya incluido esto en el plan de acción;
41. Celebra el anuncio de la Comisión por el que ampliará la miniventanilla única para convertirla en una ventanilla única plenamente operativa; observa que es especialmente importante que sea fácil de utilizar y que tenga el mismo nivel de eficiencia en los veintiocho Estados miembros; observa que la creación de una ventanilla única aliviaría la carga administrativa que impide a las empresas realizar operaciones transfronterizas y reduciría los costes para las pymes(7);
57. Celebra la propuesta de la Comisión titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración»;
72. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún a que apliquen un número de identificación a efectos de IVA en dos niveles (asignando a los operadores que deseen participar en el comercio intracomunitario un número de identificación de IVA distinto del asignado para la actividad interna), y a que practiquen los controles previstos en el artículo 22 del Reglamento n.º 904/2010, ofreciendo asimismo asesoramiento gratuito a los operadores;
COM(2016)0148 final.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0436.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0173.
Comisión Europea, Informe financiero 2014.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf
El sistema del IVA vigente en la Unión fue concebido en 1993 como un sistema transitorio según el cual la tributación de los «intercambios entre los Estados miembros» sería sustituido por un sistema definitivo basado en el principio de la imposición del gravamen en el Estado miembro de origen de las entregas de los bienes y de las prestaciones de servicios. El Consejo ha de adoptar «las directivas idóneas para completar el sistema comunitario del IVA y, en concreto, para restringir progresivamente o suprimir las excepciones a dicho sistema», mientras que la Comisión tiene la obligación de presentar cada cuatro años al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema comunitario del IVA en los Estados miembros, especialmente en lo que afecta a sus disposiciones transitorias.
La Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, relativa a un plan de acción sobre el IVA pone fin a la dilatada espera para avanzar hacia un espacio europeo único del IVA indicando que por fin ha llegado el momento de las reformas.
La recaudación de cerca de un billón de euros en 2014 hace que el IVA sea para la Unión una fuente de financiación importante y que va en aumento: asciende al 7 % de su PIB, además de que en él se basa uno de sus recursos propios. El actual sistema del IVA ya era desde un primer momento vulnerable al fraude, algo a lo que no se ha podido poner coto a pesar de las múltiples iniciativas en este sentido. La Comisión estima que el fraude provoca una «brecha del IVA» entre los ingresos previstos y los realmente recaudados de unos 170 000 millones de euros anuales, 50 000 millones de los cuales como mínimo se deben exclusivamente al fraude transfronterizo.
El requisito de unanimidad entre todos los Estados miembros ha resultado un gran obstáculo a la reforma del régimen del IVA: los Estados miembros, al optar por la típica defensa de sus sistemas de partida y descuidar sus obligaciones y controles para atajar el fraude, han retrasado y bloqueado todo intento de reforma a fondo hasta la fecha.
Hay, entre los documentos de las posibles propuestas de reforma, un extenso informe de una consultoría de prestigio internacional en el que se plantean hasta cinco posibilidades, dos de las cuales podrían redundar ya a corto plazo en una reducción notable en el fraude transfronterizo del IVA, y también el Tribunal de Cuentas ha presentado un informe en el que examina críticamente la exenciones existentes y propone permitir un IVA del 0 % únicamente en el caso de los alimentos y, por lo demás, unificar a grandes rasgos los tipos mínimos. Durante los primeros meses de 2016, no hubo un tipo mínimo del 15 % por haberse presentado demasiado tarde la propuesta de prórroga de la Comisión.
La Comisión afirma en su plan de acción que va a presentar una propuesta legislativa con el fin de establecer un régimen de IVA definitivo que se basará en el principio de la tributación en el país de destino de las mercancías y los servicios, abandonando por fin así el principio del país de origen que había postulado inicialmente por no ser aplicable a causa de los muchos y evidentes problemas y distorsiones de la competencia que entrañaba. Lo que esto quiere decir más específicamente es que la normativa fiscal en virtud de la cual el suministrador de los bienes recauda el IVA de su cliente se ampliará a las transacciones transfronterizas, lo que debería redundar en una clara disminución del riesgo de fraude del IVA.
Como se afirma en la Comunicación de la Comisión, «por encima de todo, es necesario liderazgo político a fin de superar los obstáculos profundamente arraigados que han bloqueado los avances en el pasado y, en última instancia, adoptar las reformas necesarias para combatir el fraude, eliminar los obstáculos administrativos y reducir los costes que ocasiona la regulación con objeto de facilitar la vida a las empresas europeas». En la Comunicación se señala que la complejidad del sistema también dificulta a los Estados miembros garantizar su cumplimiento.
Según la Comisión, las empresas de la Unión están en una situación de desventaja competitiva frente a los proveedores de terceros países, que pueden suministrar a los consumidores de la Unión bienes exentos de IVA al amparo de la exención por importación de pequeños envíos, por lo que ha anunciado una propuesta encaminada a modernizar el IVA aplicado al comercio electrónico transfronterizo, en particular para las pymes, cuyos puntos fundamentales son la implantación de la ventanilla única tributaria para las ventas en línea destinadas a los consumidores finales de bienes tangibles, la introducción de una medida de simplificación común a escala de la Unión para ayudar a las pequeñas empresas emergentes de comercio electrónico y la supresión de la exención del IVA para las importaciones de pequeños envíos procedentes de proveedores de terceros países.
Para lograr todo ello, lo que la Comisión propone es mejorar la cooperación dentro de la Unión y con terceros países, como ya había pedido el Tribunal de Cuentas, dado que las herramientas de cooperación administrativa no se han explotado suficientemente hasta la fecha y ni la red Eurofisc parece bastar para ello, ni su aplicación ha sido lo suficientemente ambiciosa. Entre otras medidas, se plantea la cooperación entre las veintiocho administraciones fiscales y autoridades aduaneras, así como acuerdos de carácter voluntario entre las administraciones fiscales y las empresas.
La Comisión prevé asimismo excepciones temporales que permitan a los Estados miembros enfrentarse al fraude nacional y estructural, y algunos de los Estados miembros más afectados por el fraude del IVA ya llevan tiempo pidiendo que se les permita aplicar con carácter temporal un sistema generalizado de inversión del sujeto pasivo mediante el que se puedan establecer excepciones a los principios generales de la Directiva sobre el IVA.
En el sentido de avanzar hacia una política de tipos impositivos moderna, la Comisión hace hincapié en que en estos momentos la Directiva sobre el IVA ya establece normas generales que regulan la libertad de los Estados miembros para fijar los tipos del IVA con las que «se pretendía garantizar, sobre todo, la neutralidad, la sencillez y la viabilidad del sistema del IVA». Los legisladores nacionales adoptan decisiones por su cuenta en lo que respecta a su tipo normal de IVA para todas las entregas de bienes y las prestaciones de servicios imponibles, y la toma de decisiones pasa a ser conjunta cuando se trata del tipo mínimo que se ha de aplicar. Estos legisladores permiten dos tipos reducidos, establecidos en el 5 % o más, limitados a determinados bienes y servicios enumerados en la Directiva sobre el IVA. Veintitrés años después de la entrada en vigor de esta Directiva, ya no resultan aceptables las «excepciones de mantenimiento del statu quo», cuyo origen se remonta a la creación de la Unión o al momento de adhesión de cada Estado miembro y que pueden en ocasiones entrañar tipos claramente por debajo del 5 %.
La Comisión observa que, dados los largos plazos que son necesarios para la adopción de modificaciones en la legislación de la Unión, los Estados miembros se han encontrado con frecuencia en el pasado en situación de infracción de las normas, por lo que la Comisión ha tenido que incoar más de cuarenta procedimientos de infracción hasta la fecha contra más de dos tercios de los Estados miembros, por lo que la propuesta pretende es una reforma que otorgue más libertad a los Estados miembros y le evite a la Unión conflictos innecesarios. Lo que la Comisión no ha estudiado es si ello puede contravenir la neutralidad de la competencia del sistema del IVA o derivar en prácticas fiscales abusivas.
El IVA es un impuesto sobre el consumo que repercute al consumidor final, por lo que una de sus principales características es el principio de neutralidad, según el cual la carga impositiva del IVA, en la medida de lo posible, no debería recaer en la empresa y en principio todas las transacciones comerciales deben estar sujetas a gravamen, con excepciones muy limitadas.
Todo plan de reforma del IVA requiere evaluaciones de impacto exhaustivas y cualitativamente fiables, contando con la participación de la comunidad investigadora, las administraciones tributarias y las empresas de la Unión, a fin de que ya durante las negociaciones, además de en las fases de aplicación a nivel nacional, las empresas puedan reducir considerablemente su carga administrativa.
Las iniciativas que se proponen y el calendario distan mucho de ser un avance decisivo: en lugar de plantear una reforma fundamental de un régimen transitorio que ya tiene más de veinte años, la Comisión se conforma con propuestas de mejora de la cooperación y deseos de mayor confianza entre las administraciones fiscales, además de añadir evaluaciones y puntos al programa.
Podría lograrse un régimen permanente del IVA extendiendo de manera generalizada el sistema de inversión del sujeto pasivo a todas las transacciones entre empresas en Europa, lo que haría redundante tanto el pago como la devolución del IVA soportado: donde no hay dinero, no hay posibilidad de fraude. Todo ello supondría una reducción considerable de las distorsiones de la competencia.
Para las empresas también supondría un enorme alivio en materia de financiación y obligaciones administrativas al simplificarse en gran medida la facturación. Las empresas ya no tendrían que «prefinanciar» el IVA soportado, y sería menor la desventaja competitiva frente a las grandes empresas capaces de recurrir a la devolución del IVA soportado como instrumento de financiación. Por otra parte, así podría evitarse en múltiples ocasiones el impago del IVA por causa de quiebra.
La generalización del sistema de inversión del sujeto pasivo redundaría asimismo en una mayor simplificación y armonización, ya que se reduciría considerablemente la existencia simultánea que hay actualmente de la imposición normal, el IVA de caja y el sistema de inversión del sujeto pasivo. También se agilizarían las operaciones transfronterizas, dificultadas por las actuales divergencias en cuanto a los requisitos en materia de normas de simplificación y obligaciones de registro.
Resultan sorprendentes las reservas de la Comisión en cuanto a la implantación generalizada de este sistema que tan buenos resultados ha dado ya en sectores especialmente vulnerables al fraude de determinados Estados miembros, máxime cuando no parece haber motivo por el que no deba funcionar a mayor escala.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (*) (6.7.2016)
sobre el tema «Hacia un sistema definitivo del IVA y lucha contra el fraude del IVA»
Ponente de opinión (*): Nedzhmi Ali
La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los principales desafíos en materia fiscal a que se enfrentan los Estados miembros;
B. Considerando que el fraude en el ámbito del IVA es una práctica muy perjudicial que priva a los Estados miembros de una cantidad significativa de ingresos al tiempo que obstaculiza sus esfuerzos de saneamiento de las finanzas públicas;
C. Considerando que, cada año, el fraude del IVA transfronterizo cuesta cerca de 50 000 millones de euros a nuestros Estados miembros y a los contribuyentes europeos;
D. Considerando que los tipos de fraude del IVA presentan múltiples facetas, evolucionan y afectan a muchos sectores económicos y, por consiguiente, requieren la rápida adaptación de la legislación pertinente con el fin de avanzar hacia un sistema fiscal del IVA simple y sostenible que permita prevenir del fenómeno del fraude y la pérdida potencial de ingresos fiscales;
E. Considerando que la técnica de fraude del IVA más utilizada es la de cascada, que es muy común en los sectores del comercio de componentes electrónicos, de la telefonía móvil y del ramo textil, y consiste en hacer «dar vueltas» a las mercancías entre varias sociedades situadas en diferentes Estados miembros, aprovechando que no existe un impuesto que se aplique a las entregas intracomunitarias;
F. Considerando que se precisan con urgencia esfuerzos de cooperación continuados y mejorados para crear estrategias globales e integradas en el ámbito de la lucha contra el fraude, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias actuales de la Unión y el aumento del comercio electrónico y del comercio por internet, lo que ha debilitado el control territorial sobre la recaudación del IVA;
G. Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento fundamental de su agenda política para consolidar e incrementar la confianza de sus ciudadanos;
1. Acoge con satisfacción el nuevo plan de acción del IVA como una iniciativa clave que llega con un largo retraso para promover y contribuir a la aplicación de la prioridad política «un mercado interior más justo y profundo» a través de la Estrategia para el Mercado Único Digital de la UE y el territorio único de aplicación del IVA en la UE; subraya que abordar la cuestión de la brecha del IVA y el fraude fiscal debería ser una prioridad urgente para la Unión y los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de un mercado único más profundo e igualitario con miras a ayudar a fomentar la justicia fiscal, el consumo sostenible, el empleo, el crecimiento, las inversiones y la competitividad; considera que el nuevo plan de acción debe estar sujeto a una evaluación de impacto exhaustiva;
2. Celebra la propuesta de la Comisión titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020: Acelerar la transformación digital de la administración»;
3. Señala que el nuevo plan de acción incluye nuevas medidas en favor de un sistema definitivo más eficaz, a prueba de fraudes y más propicio para las empresas en la era de la economía digital y del comercio electrónico;
4. Recuerda a la Comisión que el IVA es un impuesto regresivo que afecta sobre todo a los grupos de renta baja; recuerda, por ello, tanto a la Comisión como a los Estados miembros que deberían ser conscientes de este hecho cuando establezcan los tipos impositivos de los bienes que estos grupos de renta baja utilizan a menudo;
5. Recuerda a la Comisión que ha de tomar medidas a fin de aumentar la eficacia de los sistemas fiscales del IVA y garantizar un mejor cumplimiento de las normas en materia de IVA; celebra la aplicación del «país de destino» —es decir, el lugar en el que se consumen los bienes y los servicios—, como principio subyacente del sistema definitivo del IVA de la Unión, que, según las estimaciones, podría conducir a una reducción del fraude del IVA transfronterizo por valor de 40 000 millones de euros al año; anima a la Comisión a modificar la Directiva sobre el IVA de manera que se pueda responsabilizar solidariamente al importador por la pérdida de IVA en el Estado miembro de destino;
6. Apoya la propuesta de la Comisión con arreglo a la cual el IVA correspondiente a las ventas transfronterizas (de bienes o servicios) sería recaudado por la autoridad fiscal del país de origen de conformidad con el tipo aplicable en el país de consumo, y se transferiría al país en el que en última instancia se consuman los bienes y servicios;
7. Toma nota de que el sistema de IVA vigente sigue estando fragmentado y genera una carga administrativa considerable, sobre todo para las pymes y las empresas en línea; pide a la Comisión que proponga enmiendas a la Directiva sobre el IVA para permitir una aplicación de las normas en materia de IVA neutra desde el punto de vista tecnológico, que garantizará que las versiones física y digital de un determinado producto reciban el mismo tratamiento; pide a la Comisión que minimice las cargas administrativas innecesarias, sobre todo para las pymes; apoya la propuesta de la Comisión relativa a la creación de un umbral de exención de IVA para ayudar a las empresas emergentes y a las microempresas;
8. Subraya la importancia de presentar una propuesta legislativa para hacer extensivo el mecanismo electrónico único (para el registro y el pago del IVA a empresas transfronterizas) a las ventas en línea transfronterizas de bienes materiales de empresa a consumidor, con el fin de reducir la carga administrativa, que es una de las principales barreras con que tropiezan las empresas que operan a escala transfronteriza;
9. Pide a la Comisión que aborde la carga administrativa de las empresas que se deriva de un régimen fragmentado del IVA mediante la presentación de propuestas legislativas para ampliar el actual servicio de miniventanilla única a los bienes tangibles vendidos en línea, lo que permitiría a las empresas presentar una única declaración del IVA y efectuar el pago correspondiente en sus propios Estados miembros;
10. Pide a los Estados miembros que simplifiquen sus sistemas tributarios nacionales y los hagan más coherentes y sólidos para facilitar el cumplimiento, la prevención, la disuasión y el castigo del fraude y la evasión fiscales, así como el incremento de la eficiencia de la recaudación del IVA;
11. Expresa su preocupación a la vista de que no se ha alcanzado por completo el objetivo de la simplificación del sistema de rendición de cuentas del IVA como un recurso propio; recuerda la necesidad de una mayor simplificación de la gestión del sistema de recursos propios, a fin de reducir las posibilidades de error y fraude; lamenta que el nuevo plan de acción no aborde el impacto sobre el recurso propio basado en el IVA;
12. Reconoce que la adopción en julio de 2013 de la Directiva sobre la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude(1), y de la Directiva sobre un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA(2), ha ayudado a configurar y mejorar aún más el sistema de lucha contra el fraude del IVA;
13. Pide a los Estados miembros que coordinen mejor sus políticas respectivas sobre mecanismos de inversión del sujeto pasivo con miras a establecer un intercambio obligatorio de información exacta y comprensible; pide a la Comisión que siga analizando y evalúe mejor las posibilidades de extensión de la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo del IVA a los suministros de bienes entre empresas, como ya es el caso para los productos y servicios digitales, a fin de evitar que el fraude del IVA se presente de nuevas formas distintas del «fraude en cascada» y prevenir el aumento de las cargas administrativas de las pymes;
14. Recuerda que las brechas del IVA existentes en los Estados miembros y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA en la Unión ascendieron a alrededor de 170 000 millones de euros en 2015, y subraya el hecho de que, en trece de los veintiséis Estados miembros examinados en 2014, la pérdida media de IVA superó el 15,2 %; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes ejecutivos tanto para controlar como para ayudar a los Estados miembros; señala que una acción eficaz para reducir la brecha del IVA requiere un enfoque multidisciplinar y concertado, pues esa brecha no solo se deriva del fraude sino de una combinación de factores, entre ellos, las quiebras e insolvencias, los errores estadísticos, la morosidad, la evasión fiscal y la elusión fiscal; reitera su llamamiento a la Comisión para que promueva rápidamente legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión, a fin de investigar e impedir mejor el fraude, y prevea un apoyo financiero para el periodismo de investigación transfronterizo, que ha demostrado su clara efectividad en los escándalos de Luxleaks, Dieselgate y los papeles de Panamá;
15. Considera que debe prestarse especial atención a la evaluación de la estrategia de reducción de la brecha tributaria en materia de IVA en el contexto del Semestre Europeo, en la medida en que se trata de un instrumento que permite a los Estados miembros determinar las causas de esa brecha, los segmentos de la economía vulnerables al fraude, los efectos macroeconómicos en juego y la correspondiente incidencia sobre los recursos propios de la Unión;
16. Lamenta que el fraude del IVA, en particular el denominado fraude en cascada o del operador ficticio, distorsione la competencia, prive a los presupuestos nacionales de recursos significativos y sea perjudicial para el presupuesto de la Unión; expresa su preocupación a la vista de que la Comisión no dispone de datos fiables sobre el fraude del IVA en cascada; pide, en consecuencia, a la Comisión que ponga en marcha un esfuerzo coordinado por parte de los Estados miembros para establecer un sistema común de recopilación de datos estadísticos sobre el fraude del IVA en cascada; señala que se podría establecer ese sistema partiendo de las prácticas que ya se utilizan en algunos Estados miembros;
17. Insta a la Comisión a que inicie el establecimiento de un sistema común que permita precisar la estimación del tamaño del fraude del IVA intracomunitario, mediante la recopilación de estadísticas sobre los fraudes en este ámbito, lo que debería permitir a cada Estado miembro evaluar sus resultados respectivos al respecto, sobre la base de indicadores precisos y fiables de la reducción del IVA intracomunitario y el incremento en la detección del fraude y la recaudación fiscal correspondiente; considera que los nuevos enfoques de auditoría, como la auditoría única o las auditorías conjuntas, deberían ampliarse en mayor medida para abarcar las operaciones transfronterizas;
18. Destaca la importancia de poner en práctica nuevas estrategias y de hacer un uso más eficaz de las estructuras de la Unión existentes para combatir más intensamente el fraude del IVA; subraya que una mayor transparencia que permita un control adecuado y la adopción de un enfoque más estructurado y «basado en el riesgo» son clave para detectar y prevenir los sistemas de fraude y la corrupción;
19. Lamenta que la cooperación administrativa entre los Estados miembros en la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA no sea todavía eficiente a la hora de hacer frente a la evasión y los mecanismos de fraude del IVA intracomunitario o de gestionar las transacciones o el comercio transfronterizos; hace hincapié en la necesidad de un sistema de IVA simplificado, eficaz y accesible que permita a todos los Estados miembros reducir la carga tributaria que supone el IVA para cada uno y luchar contra el fraude del IVA; solicita a la Comisión, por tanto, que, cuando evalúe los acuerdos administrativos de cooperación, realice más visitas de seguimiento a Estados miembros elegidos en función del riesgo; pide además a la Comisión que, en el marco de su evaluación de los acuerdos administrativos, se centre en eliminar las trabas legales que impiden el intercambio de información entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales a nivel nacional y de la Unión; pide asimismo a la Comisión que recomiende que los Estados miembros introduzcan un análisis común de riesgo que incluya un análisis de la red social al objeto de garantizar que la información intercambiada a través de Eurofisc se dirige de forma eficaz a combatir el fraude; pide a los Estados miembros que prevean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y que mejoren el sistema de intercambio de información utilizado actualmente;
20. Hace hincapié en la necesidad de reforzar Eurofisc con el fin de acelerar los intercambios de información; destaca que sigue habiendo problemas de exactitud, exhaustividad y puntualidad; considera necesario compartir en su seno las acciones y coordinar las estrategias de las autoridades fiscales, judiciales y policiales de los Estados miembros y de los organismos europeos, como Europol, Eurojust y la OLAF, encargados de la lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero; anima a todas las partes interesadas a seguir analizando modelos sencillos y comprensibles de intercambio de información en tiempo real con el fin de permitir una rápida reacción o medidas atenuantes dirigidas a combatir los sistemas de fraude existentes o emergentes;
21. Considera indispensable que todos los Estados miembros se adhieran a Eurofisc en todos sus ámbitos de actividad para que se puedan tomar medidas eficaces de lucha contra el fraude del IVA;
22. Pide a la Comisión que elabore propuestas que permitan cruzar de manera eficaz los datos de las autoridades aduaneras y fiscales, y que centre su labor de supervisión de los Estados miembros en las medidas que indiquen una mejora de los plazos de respuesta de estos a las solicitudes de información y de la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA (VIES);
23. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros que no lo hayan hecho ya a aplicar un número de identificación a efectos de IVA en dos niveles (un número de identificación de IVA asignado a los operadores que deseen participar en el comercio intracomunitario distinto del asignado para la actividad interna), y a efectuar los controles previstos en el artículo 22 del Reglamento n.º 904/2010, ofreciendo asesoramiento gratuito a los operadores;
24. Pide a la Comisión que prevea que los sistemas de despacho de aduanas electrónico de los Estados miembros permitan y efectúen la comprobación automática de los números de identificación de IVA;
25. Insta a la Comisión a proponer una enmienda a la Directiva sobre el IVA con miras a lograr una mayor armonización de las obligaciones de información en materia de IVA para el suministro dentro de la Unión de bienes y servicios de los Estados Miembros;
26. Lamenta que la propuesta de la Comisión relativa a la responsabilidad solidaria en casos de comercio transfronterizo no haya sido adoptada por el Consejo; señala que esto reduce el efecto disuasorio a la hora de hacer negocios con comerciantes defraudadores; considera que la aplicación de la Directiva sobre el IVA no es uniforme entre los Estados miembros respecto al plazo de presentación de los estados recapitulativos, y que ello aumenta la carga administrativa de los comerciantes que operan en más de un Estado miembro; insta, por lo tanto, al Consejo a aprobar la propuesta de la Comisión relativa a la responsabilidad solidaria;
27. Cree que la OLAF y Europol deberían tener acceso a los datos de VIES y Eurofisc y que los Estados miembros deberían beneficiarse de la información de inteligencia suministrada por estos organismos en aras de un aumento de la eficacia de su lucha contra la delincuencia organizada que actúa a escala transnacional; subraya que la OLAF ha de tener unas competencias claras y herramientas para investigar el fraude del IVA intracomunitario;
28. Subraya que tanto la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (la «Directiva PIF») y el Reglamento sobre la Fiscalía Europea complementarán y reforzarán el marco jurídico y permitirán intensificar considerablemente la lucha contra el fraude; reitera su posición sobre la necesidad apremiante de adoptar la Directiva PIF y el Reglamento sobre la Fiscalía Europea, que han de incluir en su ámbito de aplicación los casos de fraude del IVA más perjudiciales, como la estafa internacional en banda organizada; subraya que la exclusión del IVA del ámbito de dichas propuestas representaría un gran paso atrás ya que el fraude del IVA está cubierto por el marco jurídico actual, concretamente el Convenio PIF, como recordó recientemente el Tribunal de Justicia en su sentencia de 8 de septiembre de 2015 en el asunto Taricco y otros (asunto C-105/14);
29. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que sean más activos a nivel internacional, intensifiquen la cooperación con terceros países y refuercen la recaudación eficiente del IVA, con el fin de establecer normas y estrategias de cooperación basadas fundamentalmente en los principios de transparencia, buena gobernanza e intercambio de información; anima a los Estados miembros a intercambiar entre ellos la información que reciben de terceros países, a fin de facilitar la recaudación del IVA, sobre todo en materia de comercio electrónico.
Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (*) (8.7.2016)
sobre el modo de avanzar hacia un sistema definitivo del IVA y luchar contra el fraude del IVA
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
– Vistos los informes provisionales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0055/2015),
A. Considerando que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y de los Estados miembros es un elemento fundamental del programa político de la Unión para consolidar e incrementar la confianza de los ciudadanos y garantizar que el dinero de los mismos se utiliza correctamente.
B. Considerando que el fraude del IVA entraña una pérdida de ingresos para los Estados miembros y, por tanto, para la Unión; crea un entorno fiscal distorsionado que es particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas y es utilizado por las organizaciones delictivas que se aprovechan de las lagunas legislativas existentes entre los Estados miembros y sus autoridades de supervisión competentes;
C. Considerando que, con arreglo a las estimaciones de Europol, entre 40 000 y 60 000 millones de euros de pérdidas de ingresos anuales por IVA de los Estados miembros están causados por grupos de delincuencia organizada, y el 2 % de dichos grupos son responsables del 80 % del fraude intracomunitario del operador ficticio («fraude en cascada»);
D. Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo, en su Informe Especial n.º 24/2015, concluyo que el fraude del IVA se clasifica principalmente como una actividad delictiva a la que es preciso poner fin;
E. Considerando que, en el asunto Taricco y otros (C-105/14), el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el concepto de «fraude» definido en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades abarca los ingresos procedentes del IVA;
1. Insta al Consejo a que incluya el IVA en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF) con miras a lograr un acuerdo en este asunto lo antes posible;
2. Considera importante que los Estados miembros intercambien información entre ellos y coordinen sus estrategias a fin de colmar cualquier brecha que impida combatir de manera eficaz el fraude del IVA; considera que la creación de herramientas nacionales de análisis de riesgos podría contribuir a incrementar la eficacia de los intercambios de información; opina además que se requieren medidas adicionales para adecuar las estrategias nacionales a las de las agencias y órganos europeos como Europol, Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y que debe considerarse la conveniencia de suprimir las barreras jurídicas que impiden el intercambio de información;
3. Pide a la Comisión que siga evaluando los ingresos obtenidos por las organizaciones delictivas mediante el fraude del IVA, y que presente una estrategia global, común y multidisciplinaria para luchar contra el modelo de negocio de las organizaciones delictivas basado en el fraude del IVA, recurriendo asimismo a equipos conjuntos de investigación en caso necesario;
4. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas legislativas y administrativas pertinentes para garantizar la trazabilidad de los flujos financieros y la transparencia de las entidades bancarias con el fin de evitar que se reinviertan los ingresos obtenidos por fraude del IVA;
5. Estima que es crucial garantizar la creación de una única Fiscalía Europea que sea fuerte, independiente y capaz de investigar, acusar y llevar a juicio a los autores de delitos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, también en relación con el fraude del IVA, tal como se definen en la mencionada Directiva PIF, y opina que una solución menos contundente tendría consecuencias perjudiciales para el presupuesto de la Unión; destaca, además, la necesidad de garantizar que el reparto de competencias entre la Fiscalía Europea y las autoridades de investigación de los Estados miembros no excluya del ámbito de competencias de la Fiscalía Europea aquellos delitos que tengan un impacto significativo en el presupuesto de la Unión;
6. Pide a todos los Estados miembros que publiquen estimaciones sobre las pérdidas debidas al fraude del IVA intracomunitario, corrijan las deficiencias de Eurofisc y coordinen mejor sus políticas sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA en relación con los bienes y servicios;
7. Considera fundamental que los Estados miembros hagan uso del control multilateral, a saber, un control coordinado de las obligaciones fiscales de uno o varios sujetos pasivos por parte de dos o más Estados miembros, como herramienta útil para luchar contra el fraude del IVA.

References: artículo 1
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 1