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Timestamp: 2017-11-20 05:46:50+00:00

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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA. RECHAZA RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR MP:
Inicio Jurisprudencia Jurisprudencia V.I.F CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA. RECHAZA RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR MP:
Considera que los padres pueden actuar de manera justificada si el castigo que se aplica a los hijos frente a acciones irrespetuosas puede calificarse de moderado. Luego, estas conductas que en principio podrían subsumirse en el tipo del art. 14 de la ley 20.066, se encuentran amparadas por la causa de justificación de ejercicio legítimo de un derecho cuando éstas se realizan en ciertas condiciones.
(Que para dilucidar la efectividad de la errónea aplicación del derecho, necesariamente deben considerarse los hechos fijados y apreciados en la sentencia dictada por el señor Juez de Garantía, ámbito reservado exclusivamente a éste, quien está investido de facultades soberanas para establecerlos y apreciarlos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, teniendo como únicas limitaciones el respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, inobservancia que en la especie no se advierte y tampoco se denuncia la existencia de una prueba ilegalmente rendida. En efecto, el juez fijó los hechos señalando en el motivo Séptimo: Que apreciada libremente la prueba, y en especial el mérito de las declaraciones de la víctima, su padre y la requerida, su madre, ha quedado establecido que en el contexto de una discusión familiar y frente al accionar irrespetuoso de la menor hacia su madre, ésta la golpeó causándole lesiones de carácter leve según la constatación efectuada por la doctora del Hospital Local doña Carolina Ortiz, diagnóstico corroborado durante la audiencia de juicio. Luego en el considerando Noveno, el juez a quo señala las razones por las que estima concurrente la causal de justificación en los términos siguientes: Que a juicio del tribunal, la conducta desplegada por la requerida se enmarca dentro del derecho de corrección establecido por el legislador civil, razón por la cual, su conducta se encuentra exenta de responsabilidad criminal por aplicación del artículo 11 Nº 10 del Código Penal, que señala que se encuentran exentos de responsabilidad penal aquellos que obran en el ejercicio legítimo de un derecho, es así como, actúan justificadamente los padres que para corregir y educar a los hijos bajo su cuidado personal, les castiguen afectando, en forma moderada, ciertos bienes jurídicos penalmente protegidos, dándose en la especie con todos los requisitos para estimar que la conducta observada por la requerida se enmarca en las hipótesis de la eximente indicada, toda vez que, la señora P., en primer lugar, desarrolló una conducta típica prohibida que afecta bienes jurídicos de su hija, la cual puede ser calificada como una forma de castigo objetivamente necesaria frente a un comportamiento indebido, ya que, según lo manifestado por la madre, por el señor Molina y por la propia víctima, aquella observó una actitud irrespetuosa frente a su madre, afectando la integridad corporal de la víctima de una manera que podemos calificar de moderada, lo cual se desprende del mérito de lo declarado por la doctora Ortiz, quien señaló que las erosiones que presentaba en el brazo izquierdo y la muñeca eran rasguños y no demostración de golpes o de palmadas y que en relación a la erosión del cuero cabelludo esta se podría deber a un tirón de pelo, sin que se demostrase lo señalado por la víctima en cuanto se le habría golpeado la cabeza, teniendo en consideración que el delito de lesiones es un delito de resultado; por último, la finalidad de la requerida fue corregir a su hija frente a su actitud irrespetuosa, la que queda de manifiesto al saber el motivo del conflicto familiar, es decir, un altercado por un llamado de atención en razón de temas de estudio, sin que se haya acreditado que el actuar de la requerida ha afectado la salud, entendida como un estado general físico y psíquico, o su desarrollo personal” (considerando 4°). “Que de los hechos que el tribunal a quo ha dado por acreditados y reseñados en el motivo Séptimo y que pondera acertadamente en el motivo Noveno que se consignan, ha aplicado correctamente el sentido y alcance, tanto de la norma civil cuestionada, esto es, el artículo 234 del Código Civil como la penal contemplada en el artículo 10 Nº 10 del Código Penal, por cuanto la Convención de los Derechos del Niño contempla también en el artículo 29, letra c)el respeto del niño a sus padres. En autos se estableció como un hecho: el accionar irrespetuoso de la menor hacia su madre” (considerando 5°)).
Antofagasta, veintiuno de marzo de dos mil seis.
En causa RUC 0500564753-5, RIT 2056-2005 del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, seguida en contra de M. V. P. B., por el delito de lesiones menos graves (violencia intrafamiliar), con fecha 6 de marzo en curso, se verificó la audiencia para conocer el recurso de nulidad deducido a fojas 43 y siguientes por don Jorge Isidro Belaunde Tapia, Fiscal Adjunto de esa ciudad, en contra de la sentencia definitiva pronunciada en juicio simplificado con fecha 30 de enero de 2006, que absuelve a la imputada antes mencionada del cargo de ser autora del delito de lesiones menos graves, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en relación al artículo 494 Nº 5 del mismo cuerpo de leyes y artículo 5º de la Ley Nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar, que se le atribuye en el requerimiento formulado en su contra por el Ministerio Público. En estrados don Edwin Olivares Vega, Abogado Asesor del Ministerio Público, reiteró los planteamientos del recurso de nulidad interpuesto, fundado en la circunstancia de haberse pronunciado la sentencia con una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, ha aplicado una causal de justificación como es la establecida en el artículo 10 Nº 10 del Código Penal que prescribe: Están exentos de responsabilidad criminal El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho; y la norma del artículo 234 inciso 1º del Código Civil, que señala: Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal y deja de aplicar el artículo 5º de la Ley Nº 20.066, procedente en la especie y, como consecuencia de ello, se absolvió a la requerida. La Defensora Penal Público doña Loreto Flores Tapia, pidió el rechazo del recurso, por estimar que la sentencia se ha fundamentado correctamente, tanto en los hechos, como en derecho, tal cual queda de manifiesto en los razonamientos séptimo y noveno de la misma.
PRIMERO: Que el recurso de nulidad interpuesto en esta causa por el Fiscal Adjunto de Taltal, don Jorge Isidro Belaunde Tapia, pretende la anulación de la sentencia y el juicio oral en que ella se ha dictado, ordenando la realización de un nuevo juicio ante el Tribunal no inhabilitado que corresponda, por estimar que el tribunal al absolver a la requerida fundado en que los padres tienen derecho a corregir, entendido como a castigar corporalmente a sus hijos ha desconocido el derecho que tiene toda persona y, en la especie, la víctima, menor J. M. P., a no sufrir ninguna afectación física o psíquica; con su fallo ha consagrado que la requerida ya no sólo en el pasado, sino que en el futuro pueda utilizar impunemente como método de educación el castigo corporal, es decir, la violencia física, desconociendo un derecho constitucional, y colocando en un mismo nivel el supuesto derecho de los padres a golpear a los hijos bajo el fundamento de que lo están educando o corrigiendo. De esta forma, señala que el fallo ha infringido normas constitucionales e internacionales vigentes, contempladas en los artículos 19 Nº 1 y 5, inciso 2º de la Constitución Política de la República y la Convención de los Derechos del Niño.
SEGUNDO: Que la causal de nulidad que aduce el recurrente es la señalada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se efectuara una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto estima que la infracción se produce cuando aplica respecto de la requerida, la causal de justificación contemplada en el artículo 10 Nº 10 del Código Penal que señala: Están exentos de responsabilidad penal: (El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho ( Sostiene que el juez a quo parte del supuesto erróneo, esto es, de que la requerida, madre de la víctima tiene derecho a castigar a su hija y que éste se habría ejercido legítimamente. A su juicio, no se dan las condiciones señaladas, ya que los padres no tienen un derecho que los autorice a golpear a sus hijos, y menos ocasionar lesiones, aunque éstas sean leves. Agrega, en efecto, que repugna a un mínimo sentido de protección, justicia, dignidad, el estimar que un adulto por el sólo vínculo de la sangre o parentesco puede menoscabar la integridad de un menor, que, además, por su condición se encuentra en una situación de absoluta desprotección. No puede aceptarse que quien es llamado a proteger a un niño, tenga derecho a golpearlo, aún cuando puedan esgrimirse fines loables como pueden ser el de educar. Por consiguiente, considera que se equivoca el juez a quo al pretender fundar su errada decisión en la aplicación del artículo 234, inciso 1º del Código Civil, que señala: Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal. Hace presente que esta norma expresamente indica que los padres no pueden menoscabar la salud de sus hijos. A que es posible entender que en concepto del sentenciador, la salud, tanto física como psíquica, no se vea afectada cuando se producen lesiones leves, en un contexto de violencia intrafamiliar, lo que no es inocuo para la víctima. Estima necesario destacar, respecto de la aplicación del concepto de castigo, que hace el juez a quo, toda vez que la referida norma fue modificada y substituida por la Ley 19.585 de su anterior redacción en el artículo 233, inciso primero, que señalaba: Los padres tendrán la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos cuando lo estimen necesario. Pero esta norma que establecía el derecho al castigo fue modificada para adecuar nuestra legislación a tratados internacionales adscritos por Chile, de forma que subsista sólo en esta materia, la de corregirlos, lo que se conforma a la Convención de los Derechos del Niño. En todo caso, indica que la facultad de corregir de acuerdo al pensamiento de la doctrina penal, no comprendía el derecho a castigar, aún moderadamente, menos a justificar la comisión de un ilícito. En relación con esta materia, cita lo expuesto por don Mario Garrido Montt que indica: Se ha sostenido que estas personas (padres, maestros) tendrían derecho a castigar moderadamente a aquellos que están bajo su tuición: Pero parece indudable que la evolución cultural y los adelantos de la psicología y, en general, de la metodología educativa, descartan en plenitud todo medio de coerción, intimidación y mucho más, de violencia como camino para tal efecto, salvo el caso que se de una situación de legítima defensa o estado de necesidad. Las vías físicas pueden conformar lesiones; la privación de libertad, como los encierros, aún la intimidación, las amenazas, hoy día deben quedar descartadas absolutamente como recursos educativos o correctivos. Agrega que por otra parte, es incompresible la interpretación que el juez a quo hace de la Ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar respecto de los sujetos víctimas de ella que menciona el artículo 5º de esta ley y, en consecuencia, deja de aplicar el artículo 494 Nº 5 del Código Penal, todo lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado.
TERCERO: Que en la forma que se ha alegado el recurso, en síntesis se trata de una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al aplicar normas improcedentes en la especie y se ha dejado de aplicar la pertinente. En consecuencia, se ha absuelto a la requerida.
CUARTO: Que para dilucidar la efectividad de la errónea aplicación del derecho, necesariamente deben considerarse los hechos fijados y apreciados en la sentencia dictada por el señor Juez de Garantía, ámbito reservado exclusivamente a éste, quien está investido de facultades soberanas para establecerlos y apreciarlos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, teniendo como únicas limitaciones el respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, inobservancia que en la especie no se advierte y tampoco se denuncia la existencia de una prueba ilegalmente rendida. En efecto, el juez fijó los hechos señalando en el motivo Séptimo: Que apreciada libremente la prueba, y en especial el mérito de las declaraciones de la víctima, su padre y la requerida, su madre, ha quedado establecido que en el contexto de una discusión familiar y frente al accionar irrespetuoso de la menor hacia su madre, ésta la golpeó causándole lesiones de carácter leve según la constatación efectuada por la doctora del Hospital Local doña Carolina Ortiz, diagnóstico corroborado durante la audiencia de juicio. Luego en el considerando Noveno, el juez a quo señala las razones por las que estima concurrente la causal de justificación en los términos siguientes: Que a juicio del tribunal, la conducta desplegada por la requerida se enmarca dentro del derecho de corrección establecido por el legislador civil, razón por la cual, su conducta se encuentra exenta de responsabilidad criminal por aplicación del artículo 11 Nº 10 del Código Penal, que señala que se encuentran exentos de responsabilidad penal aquellos que obran en el ejercicio legítimo de un derecho, es así como, actúan justificadamente los padres que para corregir y educar a los hijos bajo su cuidado personal, les castiguen afectando, en forma moderada, ciertos bienes jurídicos penalmente protegidos, dándose en la especie con todos los requisitos para estimar que la conducta observada por la requerida se enmarca en las hipótesis de la eximente indicada, toda vez que, la señora P., en primer lugar, desarrolló una conducta típica prohibida que afecta bienes jurídicos de su hija, la cual puede ser calificada como una forma de castigo objetivamente necesaria frente a un comportamiento indebido, ya que, según lo manifestado por la madre, por el señor M. y por la propia víctima, aquella observó una actitud irrespetuosa frente a su madre, afectando la integridad corporal de la víctima de una manera que podemos calificar de moderada, lo cual se desprende del mérito de lo declarado por la doctora Ortiz, quien señaló que las erosiones que presentaba en el brazo izquierdo y la muñeca eran rasguños y no demostración de golpes o de palmadas y que en relación a la erosión del cuero cabelludo esta se podría deber a un tirón de pelo, sin que se demostrase lo señalado por la víctima en cuanto se le habría golpeado la cabeza, teniendo en consideración que el delito de lesiones es un delito de resultado; por último, la finalidad de la requerida fue corregir a su hija frente a su actitud irrespetuosa, la que queda de manifiesto al saber el motivo del conflicto familiar, es decir, un altercado por un llamado de atención en razón de temas de estudio, sin que se haya acreditado que el actuar de la requerida ha afectado la salud, entendida como un estado general físico y psíquico, o su desarrollo personal.
QUINTO: Que de los hechos que el tribunal a quo ha dado por acreditados y reseñados en el motivo Séptimo y que pondera acertadamente en el motivo Noveno que se consignan, ha aplicado correctamente el sentido y alcance, tanto de la norma civil cuestionada, esto es, el artículo 234 del Código Civil como la penal contemplada en el artículo 10 Nº 10 del Código Penal, por cuanto la Convención de los Derechos del Niño contempla también en el artículo 29, letra c)el respeto del niño a sus padres. En autos se estableció como un hecho: el accionar irrespetuoso de la menor hacia su madre.
SEXTO: Que en este orden de ideas, no resulta procedente aplicar el artículo 494 Nº5 del Código Penal por las razones expuestas en el razonamiento Décimo del fallo impugnado.
SEPTIMO: Que por las razones señaladas y por no parecer de manifiesto un vicio que dé lugar a una verificación de la causal que constituye el motivo del recurso, en términos que permitan anular la sentencia, aquél no puede prosperar.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 384 del Código Procesal Penal SE RECHAZA EL RECURSO DE NULIDAD, deducido por el Fiscal Adjunto de Taltal don Jorge Isidro Belaunde Tapia, en contra de la sentencia dictada por el Juez de Garantía de esa ciudad, con fecha treinta de enero de dos mil seis, escrita a fojas 36 de esta carpeta.
Rol 22-2006.
No firma la Fiscal Judicial, Sra. Sylvia Rey Marín, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicio.
Redacción de la Ministro Titular Srta. Marta Carrasco Arellano.
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References: artículo 297
 artículo 11
 artículo 234
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 399
 artículo 494
 artículo 5
 artículo 373
 artículo 10
 artículo 234
 artículo 5
 artículo 373
 artículo 10
 artículo 234
 artículo 233
 artículo 5
 artículo 494
 artículo 297
 artículo 11
 artículo 234
 artículo 10
 artículo 29
 artículo 494
 artículo 384