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Timestamp: 2020-07-15 17:16:19+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 392/02 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618565
Sentencia citada en: 68 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Actor: E.L.M.Z.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano E.L.M.Z. demandó el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"
Mediante auto del 2 de noviembre de 2001, el Magistrado Ponente admitió la referida demanda una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2o. del Decreto 2067 de 1991 "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional". Al proveer sobre esa admisión, se ordenó fijar en lista las disposiciones acusadas en la Secretaría General de la Corte, para garantizar la intervención ciudadana, así mismo se dispuso enviar copia de la demanda al señor P. General de la Nación, a fin de que rindiera el concepto de su competencia, y se ordenó realizar las comunicaciones exigidas constitucional y legalmente.
Para el demandante la disposición desconoce el principio constitucional de igualdad en cuanto otorga un trato privilegiado para los abogados, que se ven beneficiados por una causal de ausencia de responsabilidad adicional a las establecidas en el artículo 32 del Código Penal y a "las que surgen de los criterios y reglas señalados en abstracto para la determinación de la punibilidad (artículos 54 y ss del Código Penal)", mientras que los demás ciudadanos frente a la misma conducta deberán soportar una sanción penal por injuria con todas las consecuencias que ello implica.
El señor F. General de la Nación solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma atacada, basado en las consideraciones que se sintetizan a continuación.
Señala que el propósito de la disposición es el de "otorgar al abogado que interviene en un proceso la mayor garantía posible para hacer una adecuada defensa técnica de su cliente, pues si este compareciera ante las autoridades judiciales con limitaciones previas, su misión se dificultaría ostensiblemente, al verse restringida su actividad profesional en procura de una efectiva defensa; de allí que sabiamente el legislador en su cláusula general de competencia sobre el Ius Puniendi otorgó a los destinatarios de la norma, una especie de inmunidad" Así lo considera el maestro A.R.E. en su libro Derecho Penal Parte General" correlativa a su misión social..." En apoyo de su tesis transcribe apartes del libro Tratado de Derecho Penal, Editorial Temis, Pág 150 Tomo V, L.C.P..
Afirma, finalmente que la protección de un derecho como el del buen nombre o de un bien jurídico como la integridad moral, no sólo es posible mediante un proceso penal que "antes que procurar proteger, puede propiciar condiciones en las que se puede llegar a aumentar el riesgo de agresión".
Con base en los argumentos expuestos, el señor F. General de la Nación concluye que la norma acusada debe ser declarada constitucional y así lo solicita a esta Corporación.
El señor P. General de la Nación, mediante concepto No. 2764, recibida el 13 de diciembre de 2001 en la Secretaría de la Corte Constitucional, solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma atacada basado en los argumentos que se resumen a continuación.
La Vista F. manifiesta que en su escrito reitera las consideraciones expuestas con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 321 del Decreto 100 de 1980 (Expediente D-3454), cuyo contenido normativo es igual al que se demanda en la presente oportunidad, y respecto del que la Corte Constitucional se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, en la sentencia C-924 de 2001 con ponencia del Magistrado J.A.R., por considerar que la norma se encontraba derogada, precisamente, como consecuencia de la expedición del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000).
Recuerda que la Constitución Política dispone la protección de la honra de las personas, así como de su dignidad y buen nombre en los artículos 12, 15 y 21, entre otros, y que el deber de protección de los mismos en cabeza del Estado, y la necesidad político criminal de tipificar la injuria, con el fin de conservar el orden social y el respeto mutuo dentro de la comunidad, se deduce igualmente de numerosos instrumentos internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos Humanos Cita al respecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17 numerales 1 y 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11 numerales 1 a 3 y artículo 14). .
Asegura que la disposición acusada no resulta razonable, como quiera que presupone que el litigante nunca va obrar con ánimo diverso a la defensa legítima de su representado, supuesto que, en su criterio, "ignora la naturaleza humana" y no corresponde a un criterio objetivo, pues descarta de plano la posibilidad que, en efecto, el apoderado envilezca a su contraparte o a terceros mediante imputaciones deshonrosas.
Así las cosas, con base en la doctrina Lecciones de Derecho Penal, parte general, I.V.G. de la Torre y otros, editorial Praxis página 197. Problemas de Derecho Penal, L.J. de Asúa, Librería y Editorial "la Facultad", página 75. explica que en virtud de este artículo los litigantes "quedarán a salvo cuando las injurias proferidas ciertamente guarden relación con el objeto de la litis y tengan como finalidad el legítimo desempeño de la defensa de su cliente, más podrán ser sancionados cuando sobrepasen las fronteras de lo necesario e incurran en expresiones degradantes contra los sujetos procesales o terceros absolutamente inocuas para la defensa de sus pretensiones jurídicas, y que revelen su ensañamiento caprichoso hacia cualquiera de ellos; del mismo modo como pueden ser sancionados vr. gratia, los declarantes técnicos cuando en su testimonio incluyen imputaciones deshonrosas, innecesarias para dar respuesta a los cuestionamientos."
Considera finalmente que no puede argumentarse que el éxito en el ejercicio profesional dependa de la posibilidad de recurrir a "falaces manifestaciones deshonrosas en contra de alguna de las partes u otras personas", menos aún si se toma en cuenta que el respeto debe ser una constante entre los involucrados en el trámite judicial. En este sentido concluye que mantener en el ordenamiento jurídico una disposición como la demandada genera mayor perjuicio que beneficio para la convivencia social, en la medida que "autoriza a los litigantes para proferir cualquier clase de expresiones injuriosas contra las partes o terceros, convirtiendo los litigios en confrontaciones personales que desbordan la índole jurídica de las actuaciones procesales"
El Señor F. General de la Nación defiende la constitucionalidad de la norma y explica que el objeto de la misma es ofrecer las mayores garantías posibles para el ejercicio de la defensa técnica del procesado. En su concepto es razonable en este sentido que el legislador haya tomado en cuenta la misión social del abogado y el contexto específico del proceso en que actúa. Aclara que la disposición atacada no debe entenderse en forma absoluta, pues debe existir una relación de causalidad entre las afirmaciones del abogado y la defensa a su cargo, y que en caso de desbordarse el estricto marco del proceso respectivo se tipificará el delito de injuria independientemente de la calidad de litigante, apoderado o defensor de quien profiera dichas afirmaciones, las que en todo caso, cuando se presenten por escrito y sean contrarias a la decencia o a la respetabilidad de las personas, podrán ser rechazadas de plano (art. 142 C.P.P)
El Señor P. General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada dado que, en su concepto, ésta deja sin sanción todas las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores. Para la vista fiscal la norma parte de un presupuesto que desconoce la naturaleza humana al suponer que los abogados nunca actuarán con ánimo diferente a la defensa legítima de las pretensiones de sus representados. En este sentido estima que el criterio utilizado por el Legislador para establecer un trato desigual no tiene justificación objetiva, con lo que se viola el artículo 13 constitucional, al tiempo que se permite que los litigios se transforman en confrontaciones personales ajenas al debate jurídico.
En este mismo sentido, tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5) Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques, establecen que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques a su honra y a su reputación.
Cabe recordar además que por estar ligados al respeto de la dignidad humana, principio fundamental del Estado Social de Derecho (art. 2 C.P.), y valor fundamental de la Comunidad internacional Ver Sentencia C-410/01 M.P.A.T.G., dichos derechos son objeto de una particular protección en nuestro ordenamiento jurídico.
En este sentido tomando en cuenta su carácter de derechos fundamentales, esta Corporación ha señalado que independientemente de la existencia mecanismos de protección en materia penal Título V del Código Penal (ley 599 de 2000)., cuando se presenten violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, afecten estos derechos, será posible invocar la acción de tutela, cuando ello sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable Ver Sentencia T-263/98 M.P.E.C.M...
La jurisprudencia de la Corte en este campo ha señalado así mismo que la protección del derecho a la honra, entendida como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana, es un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad Ver Sentencia T-411/95 M.P.A.M.C...
La Corporación ha precisado que no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación deshonrosa. Esta debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por esta razón, la labor del J. en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento Sentencia T-028/96 M.P.V.N.M.. .
Así mismo esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo con las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 1994. M.P.A.M.C..
De acuerdo con el artículo 220 del Código Penal, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la misma pena estará sometido quien profieran injurias por vías de hecho Artículo 226 " En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona". .
Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que el delito de injuria se estructure se requiere (i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona Ver Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Auto del 29 de Septiembre de 1983 M.P.F.C.B.. .
Es decir que la legislación colombiana solo consagra como sancionable el comportamiento doloso, esto es, el realizado sabiendo que la imputación que se hace es deshonrosa para el agraviado, y pese a ello queriendo hacerla I...
Tanto en materia de injuria como de calumnia la conducta típica se podrá dar de manera indirecta Artículo 222 "A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido, quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia, imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante".. En ambos casos no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe se retracta voluntariamente antes de producirse sentencia de primera o única instancia y no se podrá iniciar la acción penal si la retractación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia Artículo 225 C.Penal. . Igualmente en el caso de injurias o calumnias recíprocas se podrá declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos Artículo 227 C.Penal. .
El texto artículo 228 de la Ley 599 de 2000 Artículo 228. Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes, es idéntico al del artículo 321 del Decreto 100 de 1980, que a su vez reproducía el artículo 340 de la ley 95 de 1936.
En esta disposición que encuentra su equivalente en otros países El texto analizado es idéntico al establecido en el artículo 115 del Código Penal Argentino. En el Código Penal español el artículo 215 establece "(...) Nadie podrá deducir acción de calumnia o injurias causadas en juicio sin previa licencia del J. o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido (...)". , el legislador tomó en cuenta que pueden existir casos en los que las afirmaciones de quienes intervienen en los procesos en defensa de sus derechos, dada las características mismas de los litigios configuran injurias para la contraparte o terceros directamente relacionados con el pleito, pero que esta circunstancia no necesariamente debe implicar una sanción penal.
"Durante el curso de los procesos judiciales criminales y civiles, es inevitable, en ciertas oportunidades, para probar y sostener la propia razón, darle su nombre propio a la demasía o sinrazón de la contraparte, y de ahí resultan con frecuencia ataque y contraataques que no pueden limitarse por la vía penal, pues harían mas difícil la marcha de los litigios y solo deben ser reprimidos por sanciones disciplinarias" Texto citado por L.C.P., Derecho Penal, Tomo V , Editorial Temis, Bogotá,1986, pág. 152.
Debe tenerse en cuenta que en materia penal, dado su carácter de litigantes o apoderados, la norma se aplica igualmente, a los apoderados de la parte civil Artículo 137 C.P.P. y del tercero civilmente responsable Artículo 140 C.P.P., al sindicado Artículo 127 C.P.P., al vocero Artículo 407 C.P.P. y al Ministerio Público que actúa en representación de la sociedad Artículo 122 C.P.P..
El articulo 228 atacado señala que las injurias deberán ser expresadas en los escritos, discursos o informes, producidos ante los tribunales. Es decir que quedan excluidas de la disposición las injurias que se expresan no por medio de dichos "escritos, discursos o informes" sino a través de gestos o actitudes eficaces para atacar el honor la reputación o el decoro V.A.V.A., Comentarios al Código Penal colombiano, Editorial Temis, 1989, pág 307., o por vías de hecho Artículo 226 del Código Penal " En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona". .
En este sentido para la Corte no asiste razón al señor P. cuando afirma que el texto atacado deja sin sanción penal todas las injurias proferidas por los litigantes apoderados o defensores, pues como reiterada y uniformemente lo ha señalado la doctrina En este sentido ver P.P.O., Derecho Penal Especial, Editorial Temis, Bogotá, 1978, pags 447-450, L.C.P., Derecho Penal, Tomo V, Editorial Temis, Bogotá, 1986, págs 150-153, C.F.B., Derecho Penal, Editorial Aboledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, págs-180-183. La doctrina colombiana hace suyos los comentarios del autor argentino J.P. al artículo 115 del Código Penal de ese país según las cuales "Las injurias necesarias para el esclarecimiento de los hechos importan el ejercicio legítimo del derecho de defensa, sin cortapisa alguna. Consecuentemente, excluye aquellas consiguientes a hechos ajenos al motivo de controversia o del juicio. El Código ampara la ofensa que salvaguarda el derecho, no la que busca el pretexto del juicio para desahogo del odio. Si cualquiera de los litigantes, apoderados o abogados, extemporáneamente, imputa un vicio o befa al adversario, sin guardar relación de causalidad con el juicio, incurre en injurias". Citado por A.V.A., Comentarios al Código Penal, Editorial Temis, Bogotá, 1989, pág 307. , quien presenta un escrito, discurso o informe lleno de improperios que no guardan relación con el objeto del juicio o contra personas que nada tienen que ver con él, no puede invocar la aplicación del artículo 228 del Código Penal.
La Corte ha señalado reiteradamente al respecto lo siguiente En relación con la aplicación del test de igualdad ver entre otras las sentencias C-412/01 M.P.J.C.T., C-586/01 y C-233/02 M.P.A.T.G., C-742/01 M.P.A.B.S., con aclaración de Voto del Magistrado J.A.R., ..
Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución." Sentencia C-530 de 1993 M.P.A.M.C..
En relación con el concepto de proporcionalidad a que hace referencia la jurisprudencia citada, la Corporación ha igualmente precisado que para que un trato desigual no vulnere el artículo 13 constitucional debe demostrarse que la norma analizada es (1) adecuada para el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesaria, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionada en sentido estricto, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato Sentencia C-022 de 1996 M.P.C.G.D.. . De esta forma el principio de proporcionalidad busca que la medida sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo. Sentencia T-422 de 1992 M.P.E.C.M..
Finalmente y sin que con ello la Corte renuncie a sus responsabilidades o permita la supervivencia en el ordenamiento de regulaciones inconstitucionales, ha buscado racionalizar el examen constitucional a fin de respetar la potestad de configuración de los órganos políticos, modulando la intensidad del juicio de proporcionalidad. Ver Sentencia C-093/01 M.P.A.M.C.. En el mismo sentido la Sentencia C-557 /01 M.P.M.J.C.E. En este sentido ha concluido que en aquellos campos en donde la Carta confiere a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, una amplia potestad de apreciación y configuración el escrutinio judicial debe ser más dúctil, a fin de no afectar la discrecionalidad legislativa, que la propia Constitución protege. Por el contrario, en aquellos asuntos en que la Carta limita la discrecionalidad del Congreso, la intervención y control del juez constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por la Constitución. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto la Carta así lo exige." Sentencia C-093/01 M.P.A.M.C..
Como lo recuerda el señor F., el fin perseguido por la norma es el de garantizar la eficacia de la defensa técnica en materia penal, y en general el de permitir que "el debate judicial sea libre e inmune a las preocupaciones que puedan disminuir su totalidad y eficacia" C.F.B., Derecho Penal, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, pag 180..
En este punto, la Corte llama la atención sobre el hecho que el artículo 21 constitucional deja claramente en manos de la ley la protección del derecho a la honra que el mismo artículo garantiza. Derecho que constituye el bien jurídico específico que se protege con el delito de injuria que se establece en el artículo 220 del Código Penal Artículo 220 . Injuria " El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá (...) (resaltado fuera de texto)
Al respecto cabe señalar entonces, que no asiste razón al Señor P., cuando afirma que en esta circunstancia resultaría aplicable el artículo 32-5 del Código Penal Artículo 32 Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: (...) 5) se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita, o de un cargo público. , por cuanto no cabe alegar que injuriar a otro pueda ser considerado como legitimo ejercicio de una actividad lícita, en este caso la de la abogacía, aun cuando ello se haga en ejercicio del derecho de defensa. Claramente esta conducta constituye una violación de los deberes del abogado Artículo 47 del Decreto 196 de 1971 " Son deberes del abogado:
1. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión
3. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores de la justicia , con la contraparte y sus abogados, y con las demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión (...) y mal puede afirmarse que la injuria haga parte del ejercicio legítimo de la profesión.
En relación finalmente con la proporcionalidad estricto sensu de la norma, esto es, que el trato desigual que ella establece no sacrifique valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato, la Corte hace énfasis en el hecho que los derechos de defensa y de contradicción que busca garantizar la norma atacada son consubstanciales al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional y encuentran amplio respaldo en los textos internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad Sobre el derecho de defensa y la integración en el bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos que lo consagran Ver entre otras las Sentencias C-774 /01 M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-200 /01 M.P.A.T.G. En esta última Sentencia se señalo específicamente a este propósito lo siguiente " (...)el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8° de la Convención (americana de Derechos del Hombre), al no poder ser suspendido durante los estados de excepción y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado ratificado por Colombia, hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta por esta Corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Igual consideración cabe respecto del artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto su contenido se refiere a elementos esenciales del debido proceso, que como acaba de señalarse debe ser respetado en toda circunstancia en el ordenamiento jurídico colombiano.
. Así mismo ha de tenerse en cuenta que en los procesos judiciales se discuten igualmente derechos particularmente valiosos y dignos de protección, cuya efectividad depende precisamente en gran medida del pleno respeto del derecho al debido proceso.
Este deber establecido en particular por el artículo 15 constitucional y que recuerdan diferentes textos internacionales ratificados por Colombia Como se señaló en el aparte pertinente de esta Sentencia ellos son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 5), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11).
, que aun cuando no forman parte del bloque de constitucionalidad, constituyen criterios necesarios de interpretación de las normas constitucionales que aseguran en nuestro ordenamiento la plena vigencia de los derechos a la honra y el buen nombre, no se abandona por el Legislador sino que se adecua en función de la necesidad de proteger otro derecho de gran relevancia constitucional como es el derecho de defensa (art. 29 C.P.).
Cabe recordar además que en el ordenamiento jurídico colombiano más allá de la protección penal, y de las acciones civiles pertinentes Las normas generales del Codigo Civil, en materia de responsabilidad extracontractual son en efecto igualmente aplicables, en razón de la configuración de un daño causado al patrimonio moral de las personas. , la acción de tutela puede ser ejercida en determinadas circunstancias, para salvaguardar los derechos a la honra y al buen nombre de las personas Sentencia T-263/98 M.P.E.C.M., lo que ratifica que la existencia de la norma atacada no significa, ni mucho menos, que se deje en un total abandono por parte del Estado su obligación de defender la honra de los ciudadanos involucrados en los procesos judiciales.
La ley asigna a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro de los distintos procesos, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales Ver Sentencia C-1512/00 M.P.A.T.G. con salvamento de Voto del Magistrado (E) J.C.R.. .
En materia de deberes, en todos los ámbitos procesales - civil, penal, laboral, contencioso administrativo- se establecen así diferentes disposiciones en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al J. (Art. 37 C. de P. C. Art 142 C.P.P.), otras a las partes y apoderados (Art. 71 C.P.C) o a los sujetos procesales (art 145 C.P.P.) .
El hecho de no sancionarse penalmente la alegación injuriosa en que estos incurran en los términos precisos del artículo atacado, no significa que los procesos puedan convertirse, como lo afirma el señor P. en simples rencillas personales alejadas de los fines de la administración de justicia.
En este sentido, los servidores judiciales cuentan con instrumentos correccionales que les permiten mantener el proceso dentro de los cauces de dignidad y decoro propios del ejercicio de la profesión de abogado Artículo 47-1 del Decreto 196 de 1971., así como exigir la mesura, seriedad y respeto debidos entre los sujetos procesales, las partes en los procesos, los terceros que en ellos intervienen y entre todos estos y los servidores públicos.
En este sentido de acuerdo con el numeral 3° del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil dentro de los poderes disciplinarios del J. figura el de "ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros", mientras que en materia penal (art 142-3 C.P.P.) será deber de los servidores judiciales "denegar y rechazar de plano, las peticiones maliciosas, los escritos y exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, sin perjuicio de la respectiva sanción"
Adicionalmente el litigante apoderado o defensor que incurra en estas conductas podrá ser amonestado, censurado o incluso suspendido del ejercicio de la profesión "Artículo 50. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.
de acuerdo con el artículo 50 del Decreto 196 de 1971, que establece como faltas contra el respeto debido a la administración de justicia las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los procesos.
En mérito de los expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor P. General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Declarar EXEQUIBLE el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal", bajo el entendido que las injurias eximidas de sanción penal son solamente aquellas que guardan una relación de causalidad con el objeto del proceso.

References: artículo 228
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 321
 artículo 14
 artículo 13
 Artículo 5
 Artículo 17
 Artículo 11
 artículo 220
 Artículo 226
 artículo 220
 Artículo 222
 Artículo 225
 Artículo 227
 artículo 228
 Artículo 228
 artículo 321
 artículo 340
 artículo 115
 artículo 215
 Artículo 137
 Artículo 140
 Artículo 127
 Artículo 407
 Artículo 122
 Artículo 226
 artículo 220
 artículo 115
 artículo 228
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 220
 Artículo 220
 artículo 32
 Artículo 32
 Artículo 47
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 15
 Artículo 47
 artículo 39
 artículo 50
 artículo 228