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Timestamp: 2020-08-14 01:01:00+00:00

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abril 2020 - Between Traduccion.es
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Pandémie de coronavirus : renforcement de nos dispositifs de bourses et d'aide à la scolarité
28 abril, 2020 /en Actualidad /por Between
Un accompagnement spécifique leur est tout d’abord proposé pour le paiement des frais de scolarité du 3ème trimestre de l’année en cours. Ce mécanisme de soutien est ouvert aux familles, qu’elles soient déjà boursières ou non, apportant la (…)
Source: Pandémie de coronavirus : renforcement de nos dispositifs de bourses et d’aide à la scolarité
20 abril, 2020 /en Actualidad /por Between
Source: Formación de mayo y junio. Nuevos amigos y viejos conocidos.
Droit de visite et d'hébergement des enfants de parents séparés ou divorcés
8 abril, 2020 /en Actualidad /por Between
– de modalités de (…)
Source: Droit de visite et d’hébergement des enfants de parents séparés ou divorcés
Etablissements de santé essentiels ou pas
La publication au Bulletin officiel d’une ordonnance du 31 mars du ministre de la Santé précise les établissements de soins qui entrent dans la catégorie de « services essentiels » visés par le décret du 14 mars établissant l’état d’alerte et par celui du 27 mars qui renforce les mesures de confinement des travailleurs. Ceux qui n’entrent pas dans cette catégorie devront cesser leur activité.
Sont, à titre illustratif, classés comme (…)
Source: Etablissements de santé essentiels ou pas
La publication au Bulletin officiel du décret du 31 mars relatif aux violences de genre permet de continuer à lutter contre ces actes. Ainsi, les services d’assistance et de protection des victimes de violence de genre sont qualifiés de « services essentiels », ce qui signifie qu’ils peuvent continuer à fonctionner et que leurs personnels sont autorisés à se déplacer, en respectant les consignes sanitaires. Les services d’assistance en ligne ou de conseil (…)
Source: Violence de genre
STAFE – Attention, nouveau calendrier !
7 abril, 2020 /en Actualidad /por Between
La date limite de retrait des dossiers est reportée au 30 mai 2020, celle du dépôt des demandes au 15 juin 2020.
Source: STAFE – Attention, nouveau calendrier !
7 abril, 2020 /en General, Juradas, Profesionales, Recursos de TeI /por Between
Llevaba ya muchos días sin escribir nada por una falta crónica de tiempo. Sin embargo, a la vista de la situación en la que nos encontramos en estos momentos en España —gracias a la manifiesta incompetencia y necedad de nuestros mal llamados gobernantes— entiendo que es necesario que todos nos apoyemos entre nosotros aportando cada cual su granito de arena por muy pequeño que sea. España podría ser un gran país si no fuera por nuestra clase política. Cada vez que avanzamos en algo tengo la sensación de que es gracias a nuestra sociedad civil y no por la acción de nuestros políticos instalados en su poltrona. Más bien logramos alcanzar metas a pesar de todas las zancadillas que nos ponen por el camino.
Sin perjuicio de lo anterior, el estado de alarma a causa de la pandemia de la COVID-19 ha obligado a que muchos tengamos que trabajar a distancia desde casa. El pasado 26 de marzo la OIL publicó unas «Orientaciones para el ejercicio profesional de los Traductores-Interpretes Jurados» en las que se recomienda que las actuaciones profesionales de los Traductores-Intérpretes Jurados se lleven a cabo, en la máxima extensión posible, de forma remota, haciendo uso de los medios electrónicos disponibles.
Esto ha resucitado una vieja cuestión entre los traductores-intérpretes jurados acerca del uso de la firma electrónica, es decir, si podemos firmar electrónicamente nuestras traducciones a pesar de que la OIL —competente en esta materia— nunca haya regulado nada al respecto. Con fecha 6 de abril de 2020 la OIL publicó en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el siguiente aviso:
Lo cierto es que no hace falta ningún pronunciamiento de la OIL, dado que ya existe una regulación general en las leyes existentes y que son de aplicación a nuestro caso. Entiendo que existe una gran confusión al respecto por lo que vamos a intentar aclarar algunas cuestiones básicas en esta entrada.
Vaya por delante que la firma manuscrita sigue siendo el non plus ultra en muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, tampoco hay que darle una proyección más allá de la que tiene. Mi compañera de despacho Ana Tapia Acebes publicó hace unos días un interesante artículo acerca de la adveración de los testamentos ológrafos. Ana es abogada y perito calígrafo judicial y una experta en la materia. ¿Por qué cito a Ana y el artículo? Para resaltar que incluso las firmas manuscritas —aquí en el marco del art. 688 del Código Civil para testamentos ológrafos— pueden ofrecer dudas provocando la intervención de un perito para cotejar y verificar la autenticidad de una firma. Una firma manuscrita es, sin duda alguna, el arquetipo de rúbrica pero no hay que darle un valor infalible frente a otras alternativas. Lo cual nos conduce a la firma electrónica.
El tráfico y el envío de documentos se han digitalizado y la firma —como elemento clave de la seguridad jurídica y como manifestación de voluntad— no iba a quedarse al margen. Sin ir más lejos —y por poner un ejemplo cercano— hace ya muchos años que los abogados empezamos a presentar nuestros escritos en el juzgado por vía telemática, utilizando para la firma de dichos escritos nuestra firma electrónica. En vez de imprimir el escrito, firmarlo a mano y dárselo a nuestro procurador para que lo presente en el juzgado, ahora resolvemos todo el trámite sin tener que movernos del despacho.
Sin embargo, hablamos de una firma muy específica: una firma electrónica que no una firma digitalizada. No se trata de firmar un documento a mano y escanearlo para crear un PDF. Esto sería el equivalente a enviar un fax, del cual nadie puede verificar, a ciencia cierta, si la firma es nuestra o no. El quid de la cuestión estriba en que usemos una firma electrónica reconocida o cualificada tal y como lo indica la ley. Necesitamos a un prestador de certificación que pueda expedir un certificado reconocido para poder vincular nuestra firma. Viene a ser —a grandes rasgos— como cuando nos piden el DNI junto con la tarjeta de crédito para ver si somos el titular de la tarjeta y si la firma coincide.
Con ese requisito básico —el prestador de certificación— ya entramos en la regulación del artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica donde se definen tres tipos:
1. «La firma electrónica». Es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
2. «La firma electrónica avanzada». Es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.
3. «La firma electrónica reconocida». Es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
En el caso de los abogados, tenemos un certificado de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA) instalado en nuestro carné colegial con el que, en combinación con el lector (también conocido como token) y un PIN personal, firmamos documentos. Con eso se genera en el documento una firma electrónica que el destinatario sabe que es mía.
¿Y qué valor tiene dicha firma? Esa firma electrónica tiene el mismo valor jurídico que nuestra firma manuscrita a tenor de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La regulación es muy clara al respecto y en el artículo 3.4, claramente, se establece lo siguiente:
La misma regulación la encontramos a nivel comunitario en el Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Esto es un aspecto importante y a tener en cuenta para aquellos documentos que se vayan a presentar en otros Estados miembros de la Unión Europea.
El Reglamento (art. 3) diferencia y define tres tipos de firma electrónica:
1. «Firma electrónica», los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con los que utiliza el firmante para firmar.
2. «Firma electrónica avanzada», la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26.
3. «Firma electrónica cualificada», una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica.
Y establece en el artículo 25 lo dicho por nuestra normativa nacional en el artículo 3.4 de la Ley 59/2004:
Art. 25 Efectos jurídicos de las firmas electrónicas
Es decir, si se cumplen una serie de requisitos —estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo y estar vinculada con los datos firmados por ella de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable— estaremos en posesión de una firma electrónica cualificada que es el supuesto que nos interesa. Dicha firma tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.
Téngase en cuenta que al tratarse de un Reglamento, este es de aplicación directa en toda la Unión Europea por lo que un documento provisto con firma electrónica cualificada —reconocida como tal en un Estado miembro— no podrá ser rechazado por ningún organismo en otro Estado miembro. Esto es fundamental cuando trabajamos con clientes comunitarios y cuando la traducción tiene como destino otro Estado miembro.
Lo anteriormente expuesto enlaza con lo indicado por parte de la OIL el día 6 de abril de 2020 cuando se remite al artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):
Artículo 10 Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas
a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la »Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
De aquí y todo lo expuesto se extrae la primera conclusión: la OIL no tiene nada que regular porque la eficacia de una firma electrónica ya está recogida en la legislación nacional y comunitaria.
Segunda conclusión: si disponemos de una firma electrónica avanzada nacional / firma electrónica cualificada según el Reglamento, podemos operar con ellas en todo el territorio de la Unión Europea.
Generada la firma podemos observar en el PDF como se indica: «Esta es una firma electrónica cualificada conforme al Reglamento 910/2014 de la UE»
Claro que los traductores-intérpretes jurados no disponemos de un carné colegial como los abogados. Pero sí que tenemos el DNIe, el cual, en combinación con un lector, nos deja firmar nuestros documentos con firma electrónica.
Yo suelo usar por comodidad mi carné colegial. Además, me gusta que la firma de mi carné colegial indique que se trata de una firma conforme al actual Reglamento 910/2014 de la UE. Una cosa que, por alguna razón que no acabo de entender, mi DNIe no hace. Mi DNIe toma como referencia la Directiva 1999/93/CE que fue derogada por el Reglamento 910/2014. Tal vez sea una cuestión puntual de mi DNIe, pero tampoco me extrañaría que al Ministerio del Interior se le haya pasado este punto por alto.
En resumen, desde la perspectiva legal yo no le encuentro ningún problema a usar una firma electrónica para las traducciones juradas. Tenemos una normativa aplicable y dicha regulación le atribuye un efecto jurídico equivalente a la firma manuscrita.
Es más, para ciertos casos como, por ejemplo, si la traducción se tiene que presentar telemáticamente ante la Administración, usar la firma electrónica es perfecto porque permite la comprobación de los datos del firmante. Además, conviene recordar que con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se estableció para los profesionales la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. De aquí que resulte incomprensible enviarle en la actualidad a un profesional un documento en papel si se sabe de antemano que luego lo va a presentar por vía telemática. A día de hoy ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que un arquitecto, ingeniero o perito me envío su proyecto visado o informe en papel. Al final, el uso de la firma electrónica en las traducciones juradas no es otra cosa que adaptarse a los nuevos tiempos y la denominada Administración Electrónica.
Finalizamos la entrada con un documento explicativo de la FMNT (se puede consultar aquí) en el que se explica cómo firmar un documento PDF haciendo uso de la firma electrónica. En el caso de utilizar un lector con tarjeta los pasos son idénticos.
Source: La firma electrónica en las traducciones juradas
Les attestations de déplacement obligatoires sont accessibles via cette rubrique
Source: Autorisations de circulation en France et en Espagne pour regagner son domicile
Informations pour les entreprises, « autónomos », salariés transmises par le gouvernement espagnol pour les personnes résidant et cotisant en Espagne
3 abril, 2020 /en Actualidad /por Between
Pour les personnes en grande difficulté professionnelle, vous pouvez contacter la GENERALITAT :
La Generalitat a publié un communiqué dans lequel elle offre différentes possibilités d’aides au monde entrepreneurial.
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/03/20/3d8HJathdKQ9nz_z85jUAA/marketplace-empresarial-covid-19?utm_source=AL&utm_medium=20-02-titol3&utm_campaign=covid
A noter (…)
Source: Informations pour les entreprises, « autónomos », salariés transmises par le gouvernement espagnol pour les personnes résidant et cotisant en Espagne

References: artículo 3
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 10

Artículo 10