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BOE.es - Documento BOE-A-2013-5934
Documento BOE-A-2013-5934
«BOE» núm. 133, de 4 de junio de 2013, páginas 55 a 67 (13 págs.)
BOE-A-2013-5934
2. Con carácter previo al examen de fondo se formula una objeción de carácter general y de orden material, fundamentada en la existencia de irregularidades en el procedimiento legislativo de aprobación de la Ley 62/2003, que derivarían de su tramitación simultánea y paralela, con la tramitación de la propia Ley 61/2003, de aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2004, lo que, a juicio del Letrado autonómico determina la infracción de las reglas relativas al ejercicio de la potestad legislativa como función propia de las Cortes Generales (arts. 66.2, 88 y 89 CE), dado el genérico y variado contenido de la denominada «ley de acompañamiento» y su contenido carente de vinculación con la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Determina también la existencia de arbitrariedad y la vulneración del principio de seguridad jurídica (arts. 9.1 y 9.3 CE), al producirse por esta vía la modificación de normas que son cabecera de sector del ordenamiento jurídico administrativo, modificaciones que han sido introducidas, además, en momentos diferentes del procedimiento legislativo.
b) El art. 127.3 y 4, introduce una disposición adicional cuarta en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, a la que se conecta la modificación de su disposición final tercera. La modificación introducida identifica la «evaluación» del art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995 con la evaluación de impacto ambiental, desapoderando así a la Administración de la Comunidad Autónoma de la potestad propia de control de la biodiversidad efectuada mediante la certificación de la afección del proyecto, que se desplaza a la Administración General del Estado a través de su inclusión en la evaluación de impacto ambiental, que corresponde tramitar, en forma instrumental, al órgano ambiental de la Administración con competencia material para la aprobación o autorización de un proyecto, ignorándose así la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de espacios naturales. La absorción por el Estado de la «evaluación» de la afección de los proyectos y planes a ejecutar en una zona de especial conservación o en una zona de especial protección para las aves, a través del trámite de evaluación de impacto ambiental, negando que aquella sea una actividad de gestión propia e inherente a dicho espacio natural, contraviene el reparto competencial en la materia, dado que no existe una identidad entre ambas técnicas que permita, como pretende el Estado, absorber en el trámite de evaluación de impacto ambiental, la técnica a aplicar para efectuar el control de la conservación de los hábitats, que se prevé en el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995.
d) En lo que respecta a la impugnación dirigida contra el art. 129, el Letrado del Gobierno de Aragón se limita a reiterar los argumentos ya expuestos, en relación con la inadecuación del instrumento normativo de la ley de «acompañamiento» para efectuar la transposición de la Directiva 2000/60/CE, alegando, además, la ausencia del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Se añade, a lo ya señalado, la utilización fraudulenta y contraria al principio de seguridad jurídica, de la ley de medidas, para efectuar, mediante la introducción del concepto de «demarcación hidrográfica», como unidad de gestión y planificación hidrológica, una modificación sustancial de las disposiciones legales vigentes en materia de aguas.
3. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Cuarta de 27 de abril de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, acordando dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran, así como publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
b) En relación con la impugnación dirigida contra el art. 126.1, 2 y 3, considera el Abogado del Estado que las intervenciones estatales previstas en la nueva redacción dada a los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, están justificadas por el carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, que no hace posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre ella y requiere un alto grado de homogeneidad, lo que hace necesario recurrir a la intervención de un «ente supraordenado de capacidad de intereses contrapuestos de sus componentes parciales», en los términos del fundamento jurídico 8 de la STC 102/1995, estando garantizada la competencia de las Comunidades Autónomas a través de su intervención en los órganos mixtos de composición paritaria, que tienen atribuida la gestión y administración de cada uno de los parques nacionales y la coordinación del conjunto de la red estatal.
e) Considera el representante estatal que, las alegaciones relativas al art. 129, se ciñen a la adecuación del instrumento de la denominada ley de acompañamiento para transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en la política de aguas, por lo que se remite a las alegaciones ya realizadas, afirmando que las modificaciones realizadas al Real Decreto Legislativo 1/2002, de 20 de julio, son singularizadas y no suponen un cambio sistemático ni total de una ley de cabecera en un sector del ordenamiento jurídico como es la regulación de las aguas continentales, pues la única innovación esencial es el primer apartado, que establece el concepto de «demarcación hidrográfica», que está solamente referida a la determinación de las demarcaciones hidrográficas en tanto que unidades de gestión de las cuencas de competencia estatal y de los organismos estatales de cuenca, es decir, cuando la cuenca propiamente dicha excede del ámbito de una Comunidad Autónoma.
El art. 127.3 y 4 ignora la competencia autonómica exclusiva en materia de espacios naturales (art. 35.15 EAAr), y el art. 128 excede de las competencias básicas del Estado en materia de medio ambiente (art. 149.1.23 CE) e infringe las que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de gestión medioambiental. La impugnación dirigida contra el art. 129 se fundamenta en la inadecuación del instrumento normativo de la ley de «acompañamiento» para efectuar la transposición de la Directiva 2000/60/CE, lo que determina la infracción de las reglas constitucionales relativas al ejercicio de la potestad legislativa (arts. 66.2, 88 y 89 CE) y da lugar a la existencia de arbitrariedad y a la vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
En primer lugar, es preciso señalar que, con posterioridad a la interposición del presente recurso, se ha producido la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, norma estatutaria que constituye parámetro de control del presente conflicto, en aplicación de nuestra doctrina sobre el ius superveniens, conforme a la cual «el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo a las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al momento de dictar Sentencia» (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y doctrina allí citada).
En segundo lugar, durante la pendencia de este proceso han tenido lugar también modificaciones normativas que afectan a las cuestiones que debemos resolver aquí. Puesto que del examen de la demanda se deduce con claridad que nos encontramos ante un recurso de inconstitucionalidad de carácter fundamentalmente competencial, la cuestión ha de ser examinada a la luz de lo que este Tribunal ha afirmado reiteradamente, en el sentido de que «la eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento jurídico, cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos» [por todas, STC 149/2012, de 5 de junio, FJ 2 b)]; de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia será la no desaparición del objeto del conflicto (por todas, STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2). En aplicación de estos criterios, será preciso, por tanto, analizar si las modificaciones operadas en las normas recurridas han producido o no la pérdida de objeto del presente proceso constitucional.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres ha sido completamente derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, pero, además, los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, objeto del presente recurso, ya fueron derogados, incluso antes, por la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la red de parques nacionales. Por este motivo, como señalamos en la STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2, la impugnación «se basaba en la inconstitucionalidad del modelo de cogestión de los parques nacionales y, por tanto, de la regulación de la comisión mixta, de la figura del director-conservador y del sistema previsto de financiación que estaba estrechamente vinculado a la idea de gestión mixta. Desaparecidas estas regulaciones de la legislación estatal (Ley 5/2007, de la red de parques nacionales y Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad) es manifiesto que ha desaparecido la controversia competencial a la que daba lugar y que, por tanto, ha desaparecido también el objeto de esta parte del presente recurso», concluyendo más adelante en el mismo fundamento jurídico que «la impugnación del art. 126 de la Ley 62/2003 ha perdido su objeto, resultando improcedente un pronunciamiento al respecto por parte de este Tribunal, que sólo está llamado a dirimir controversias competenciales en la medida en que estén aún vivas (por todas, STC 18/2011, FJ 3), lo que no sucede en el caso de los preceptos señalados tras la derogación de los mismos y su sustitución por una nueva regulación acorde con la pretensión autonómica». No procede pues, sino hacer extensivos los argumentos señalados al presente supuesto y, en consecuencia, declarar producida la desaparición del objeto del recurso en relación con este precepto.
b) El art. 127.3 y 4 viene a añadir una nueva disposición adicional cuarta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, relativa a la «evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art. 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre», a la que se conecta la modificación de su disposición final tercera. El art. 127 fue asimismo objeto de examen en STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2, en la que, tras poner de manifiesto que el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio ha sido derogado por la disposición derogatoria única a) del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, venía a señalar no obstante que «la vigente disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2008 sigue atribuyendo a la Administración del Estado la competencia para la realización de la evaluación de los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas de la Red Natura 2000, así como la determinación de las medidas compensatorias que puedan ser necesarias, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la propia Administración del Estado, aspecto éste que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía considera contrario al orden constitucional de competencias por invadir las competencias que le corresponden en materia de espacios naturales protegidos y de gestión de la protección medioambiental. El nuevo precepto sigue, por tanto, suscitando la misma controversia, sin que la modificación de la norma recurrida haya producido, en este caso, la pérdida de objeto del recurso».
c) Hemos de plantearnos asimismo la pervivencia del recurso en lo que respecta al art. 128.2, que modifica el párrafo segundo del apartado 4 del art. 27 de la Ley 10/1998, de residuos. El mencionado precepto de la Ley 10/1998 venía a establecer que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo debían remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de suelos contaminados. La modificación efectuada por la Ley 62/2003 en el citado precepto, viene a disponer que la remisión de los citados informes de situación, se realice por los titulares de actividades potencialmente contaminantes, «tras una evaluación preliminar, cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas».
La Ley 10/1998 fue derogada en su totalidad por la disposición derogatoria única, apartado 1, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, pero, como hemos tenido ocasión de señalar en la reciente STC 104/2013, de 25 de abril, FJ 2, «conviene advertir que el mencionado art. 27 de la Ley 10/1998 fue completado y desarrollado por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, norma que no ha resultado afectada por lo dispuesto en la Ley 22/2011. El art. 3 del Real Decreto contempla en sus apartados 1 a 3 los denominados “informes preliminares” de situación (que integran la denominada evaluación preliminar); en los apartados 1 y 2 se determinan las actividades que dan lugar a la remisión por sus titulares del informe preliminar y se fija el alcance y contenido mínimo de éste, así como la obligación de remisión de dicho informe a la Comunidad Autónoma. En el apartado 3 se faculta a la Comunidad Autónoma para recabar informes complementarios, datos o análisis añadidos que, en todo caso, deberán realizarse de acuerdo con los criterios y estándares establecidos en el Real Decreto. Ello implica que, pese a la derogación del art. 27 de la Ley 10/1998, manteniéndose vigente la denominada “evaluación” o “informe” preliminar regulada en el mismo, debe considerarse subsistente la disputa competencial, lo que determina que el recurso no haya perdido objeto en este punto». También en este supuesto, por tanto, hemos de concluir que no se ha producido la desaparición de la controversia competencial.
3. Una vez delimitado el objeto del recurso en los términos expuestos, hemos de comenzar nuestro examen por lo dispuesto en el art. 127.3 y 4, en cuanto añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, relativa a la «evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art. 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre», a la que se conecta la modificación de su disposición adicional tercera. Considera al respecto la Comunidad Autónoma que el Estado carece de título competencial suficiente para negar a la Comunidad Autónoma —mediante la práctica de la evaluación prevista en el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995— el ejercicio de su potestad de control de la afección al hábitat de los proyectos a ejecutar en las zonas de especial conservación y en las zonas especial protección para las aves, como espacios protegidos de titularidad autonómica (art. 21.21 EAAr).
«En la primera de las citadas [STC 149/2012], tras analizar la regulación impugnada y su contexto normativo, concluimos, en relación con la denunciada vulneración de las competencias autonómicas sobre medio ambiente, lo siguiente:
La misma doctrina, “según la cual el elemento determinante del encuadre competencial de este tipo de certificación es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra o actividad cuyas consecuencias se evalúan (se trata de un informe sectorial que determina la conveniencia o no de realizar determinadas obras o actividades desde la perspectiva de sus repercusiones sobre este tipo de espacios), es igualmente decisiva cuando el conflicto se traba entre la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad y la competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales protegidos, procediendo, por tanto, que declaremos que esta clase específica de evaluación ambiental es una materia que se incardina en el primer título y no en el segundo” (STC 59/2013, de 13 de marzo, FJ 3). Así la evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad, cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, se sitúa extramuros de las competencias autonómicas sobre espacios naturales protegidos, pues, como señalamos en la misma sentencia y fundamento jurídico, “la evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, pues una evaluación así configurada tiene una finalidad estrechamente vinculada con la obra o actividad de que se trate, cual es que todos los entes públicos valoren el medio ambiente, en este caso un elemento específico del medio ambiente, cuando ejercen sus atribuciones sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades de su competencia, valoración ambiental que, como no podía ser de otra manera, debe tener en cuenta los objetivos de conservación del lugar de que se trate, como expresamente constata tanto el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995 como el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2008”.»
4. El art. 128.2 modifica el párrafo segundo del art. 27 de la Ley 10/1998, de residuos; este último precepto venía a establecer que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo debían remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de suelos contaminados. La modificación efectuada por la Ley 62/2003 viene a disponer que la remisión de los citados informes de situación se realice por los titulares de actividades potencialmente contaminantes, «tras una evaluación preliminar, cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas».
Considera la Comunidad Autónoma recurrente que la introducción de ese trámite previo de «evaluación preliminar» supone una ampliación de la potestad normativa del Consejo de Ministros, que vulnera el reparto competencial en materia de medio ambiente, en cuanto condiciona y determina el contenido del informe de situación, y constituye un acto de mera gestión que limita la competencia de la Comunidad Autónoma para declarar, delimitar, inventariar y elaborar la lista de prioridades de actuación, sobre la base de los datos que considere que deba suministrar el propietario.
«Desde una perspectiva formal, no cabe dudar que el precepto, en cuanto se limita a incorporar una requisito adicional al informe de situación contemplado en el art. 27.4 de la Ley 10/1998, de Residuos, participa de la cobertura competencial determinada en la disposición final segunda de esta ley, en la que se proclama su carácter de legislación básica, dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE. Desde una perspectiva material, el precepto tiene también carácter básico, pues se ajusta a lo reiteradamente señalado por nuestra doctrina de que lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos (SSTC 170/1989, FJ 2, 196/1996/, FJ 2, 101/2005 FJ 5 y 7/2012, FJ 5).
En cuanto a lo que haya de constituir el contenido propio de esa evaluación preliminar, el precepto que se examina se limita a señalar que el mismo será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas; se remite, por tanto, a una posterior norma reglamentaria la determinación concreta del contenido mínimo de la evaluación preliminar, remisión que resulta justificada en atención a la especificidad de la materia y al carácter marcadamente técnico de los concretos aspectos o cuestiones a regular, cuya valoración no es posible efectuar en este momento sino a la vista de la forma en la que dicha habilitación reglamentaria se concrete. Resulta entonces que nos hallamos ante una impugnación preventiva, vedada en nuestra doctrina, sin que, de otro lado, nada impida que, si el Gobierno, al dictar las correspondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su regulación a aspectos no básicos pudiera plantearse el oportuno conflicto positivo de competencias a fin de examinar si se hubiera producido o no la extralimitación en el ámbito competencial estatal.»
5. El art. 129 de la Ley 62/2003, modifica el texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con la finalidad de incorporar al derecho interno la Directiva comunitaria 2000/60/CE, por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. La impugnación formulada por la Comunidad Autónoma de Aragón se sustenta en la inadecuación del instrumento de la «ley de acompañamiento» para efectuar la transposición de la Directiva e introducir modificaciones sustanciales de las disposiciones legales vigentes en materia de aguas, mediante un procedimiento legislativo ad hoc que se aparta del general.
La alegación relativa a la supuesta inadecuación de la llamada ley de acompañamiento para la transposición de la Directiva comunitaria, fue expresamente rechazada en el fundamento jurídico 2 de la STC 36/2013, «pues no existe ningún mandato legal que exija que una Directiva comunitaria deba ser traspuesta a través de un determinado instrumento normativo. La ley de “acompañamiento” es una ley ordinaria y como tal ley ordinaria que emana de las Cortes Generales “puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo, y es que, del bloque de la constitucionalidad no se deriva ni impedimento alguno para que se puedan aprobar lo que califica como leyes transversales, ni exigencia de ninguna clase que imponga que cada materia deba ser objeto de un proyecto independiente, dado que las formas de manifestarse la voluntad de las Cámaras sólo tendrán un carácter limitado cuando así se derive del propio texto constitucional. En consecuencia, ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo” (STC 136/2011, de 30 de septiembre, FJ 3).»
En relación a la técnica legislativa de las llamadas «leyes de acompañamiento», afirmamos en la STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, que «el juicio de constitucionalidad no lo es de técnica legislativa, razón por la cual, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, habida cuenta de que el control jurisdiccional de la ley nada tiene que ver con su depuración técnica». y, reiteramos en la STC 36/2013, FJ 2, que «la inobservancia “de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley, cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de la voluntad en el seno de las Cámaras” … No basta en consecuencia, “cualquier vicio o inobservancia de los previstos en las normas que regulan el procedimiento parlamentario para declarar la eventual inconstitucionalidad de la norma o disposición con que se pone fin al mismo”, pues “tal inconstitucionalidad sólo se producirá si el vicio o inobservancia denunciada afecta esencialmente al proceso de formación de la voluntad de los parlamentarios, de modo que sólo los vicios o defectos más graves provocan un déficit democrático en el proceso de elaboración de una norma, que podría conducir a su declaración de inconstitucionalidad”.»
En este sentido, el hecho de que el proyecto de ley se tramite en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, y en la de Economía y Turismo del Senado, y no en la competente por razón de cada materia, no da lugar a la inconstitucionalidad de la ley, pues como se afirma en el fundamento jurídico 2 de la STC 36/2013, de 14 de febrero, «hemos señalado en la STC 102/2012, de 8 de mayo, FJ 3, “que estamos en presencia de un acto de trámite (la atribución a una comisión del conocimiento de un proyecto de ley), inserto en un procedimiento parlamentario cuya eventual inobservancia sólo podría alcanzar relevancia constitucional y, por tanto, viciar de inconstitucionalidad la ley resultante cuando … esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad de una Cámara … Pero es que, en segundo lugar, la decisión de atribuir el conocimiento de un proyecto a una u otra comisión es una función de la Mesa del Congreso de los Diputados (arts. 43.1 y 109 del Reglamento del Congreso de los Diputados) o del Senado (arts. 54 y 104.2 del Reglamento del Senado) de manera que, cuando por razón de la materia del proyecto, proposición o asunto pueda corresponder, en principio a varias comisiones, se encomendará a aquella “que sea de la competencia principal de una comisión” (así se deduce del art. 43.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados). Se trata, pues, de una decisión de mera oportunidad parlamentaria que, en sí mismo, no conlleva merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo en cuanto procedimiento de formación de la voluntad del órgano».
En cuanto a la supuesta quiebra del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), justificada en que la acumulación de preceptos heterogéneos hace imposible a los ciudadanos un adecuado conocimiento del contenido de la Ley, la STC 36/2013, FJ 2, se remite a lo ya señalado en la STC 136/2011, FJ 9, «en la que concluimos que no cabe apreciar en ello ningún vicio susceptible de afectar a la seguridad jurídica conforme al contenido constitucionalmente garantizado de dicho principio, pues tales leyes de acompañamiento tienen un objeto que, aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el “Diario Oficial de las Cortes Generales”, como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el “Boletín Oficial del Estado” (en el mismo sentido STC 120/2012, de 4 de junio, FJ 3)».
En lo que afecta a la vulneración de la prohibición de arbitrariedad (art. 9.3 CE), debe insistirse una vez más en que el control de constitucionalidad de las leyes debe ejercerse por este Tribunal de forma que no se impongan constricciones indebidas al poder legislativo y se respeten sus legítimas opciones políticas; por ello, hemos venido señalando reiteradamente que el cuidado que este Tribunal ha de observar para mantenerse dentro de los límites del control del legislador democrático, debe extremarse cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados como es el de interdicción de arbitrariedad. Así, al examinar una norma legal desde este punto de vista, nuestro análisis ha de centrarse en verificar si el precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien si, no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad (por todas, STC 102/2012, de 8 de mayo, FJ 2). No se aprecia, en el supuesto examinado, que la ley recurrida establezca discriminación de ningún tipo; la norma persigue una finalidad razonable y no se muestra desprovista de fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada, pues «entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida justa, supone discutir la opción tomada por el legislador, que, aun cuando pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional» (STC 149/2006, de 11 de mayo, FJ 6). A ello cabe añadir que, en el supuesto que se examina, la alegación de arbitrariedad no deja de ser una imputación genérica que no se especifica en preceptos concretos, ni se identifica dónde está el trato desigual, sino que únicamente se vincula a ese contenido heterogéneo de la Ley 62/2003, por lo que debe rechazarse también esta alegación.
Alega asimismo la Comunidad Autónoma recurrente, que el hecho de que este precepto haya sido introducido en virtud de una enmienda presentada en el Senado ha determinado la ausencia de un control de relevancia jurídico constitucional, al no acompañarse el dictamen del Consejo de Estado, pese a exigirlo la finalidad y contenido del texto legislativo aprobado, alegación que también debe ser rechazada, pues «ni la Constitución ni los Reglamentos parlamentarios, ni la Ley Orgánica del Consejo de Estado, prevén la necesidad de dictamen de este órgano consultivo en el trámite de enmiendas, por lo que no cabe admitir que se entienda contraria al bloque de constitucionalidad una enmienda que ha previsto la transposición de una Directiva comunitaria sin el citado dictamen, siguiendo el procedimiento legislativo legalmente previsto» (STC 36/2013, FJ 4).
La representación autonómica no formula objeciones de fondo al contenido concreto de la regulación que efectúa el art. 129 de la Ley 62/2003, pues, aunque se hace mención en el texto de la demanda a la introducción de un nuevo concepto, el de «demarcación hidrográfica», como unidad de gestión y planificación hidrológica, la Comunidad Autónoma se limita a argumentar que supone un modificación sustancial del texto refundido de la Ley de aguas, que se lleva a cabo mediante un procedimiento legislativo ad hoc, que se aparta del general, por lo que, dado que se limita a reiterar los argumentos ya examinados, procede en este punto remitirse a lo expuesto con anterioridad.
1.º Declarar extinguido, por desaparición sobrevenida de su objeto, el recurso formulado en relación con el art. 126.1, 2 y 3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto a la redacción dada a los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
DICTADA en el RECURSO 2144/2004 (Ref. BOE-A-2004-9247).
la EXTINCIÓN por desaparición sobrevenida de su objeto y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás en relación a los arts. 22.3, 23.4 y 23.ter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo en la redacción dada por la LEY 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1989-6881) y (Ref. BOE-A-2003-23936).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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