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MINEDU DILATA PAGO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN http://wicart5000.espacioblog.com/post/2014/03/01/minedu-dilata-pago-bonificaci-n-especial-preparaci-n-de
2014-03-01T19:37:14+00:00
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0019-2013-ED
LIMA, 27 FEB 2013
VISTOS: los Expedientes Nº 188065-2012, 006152-2013 y 008365-2013 y el Informe Nº 135-2013-MINEDU/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;
Que, en aplicación del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, mediante el cual se establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del estado, en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, las Unidades de Gestión Educativa Local, pertenecientes a la jurisdicción de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, han venido declarando improcedentes las solicitudes de docentes sobre pago del 30% de la remuneración total correspondiente a la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación;
Que, al respecto, el Tribunal del Servicio Civil ha declarado fundados los recursos de apelación presentados por los docentes, según relación detallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, disponiendo que se realice el cálculo de la mencionada bonificación especial mensual sobre el 30% de la remuneración total que perciben los recurrentes y se proceda al abono del íntegro que les corresponde;
Que, el argumento expuesto por el mencionado Tribunal, está referido al principio de especialidad, entendido como "la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad", en razón del cual debe preferirse la norma contenida en el Art. 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado;
Que, a su vez, el Art. 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM establece que las bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, salvo las excepciones expresamente señaladas;
Que, asimismo, el Art. 10º del mencionado dispositivo precisa que lo dispuesto en el Art. 48º de la Ley del Profesorado se aplica sobre la Remuneración Total Permanente;
Que, el Tribunal del Servicio Civil, al haber emitido resoluciones administrativas (...) declarando fundados los recursos de apelación y disponiendo que las Unidades de Gestión Educativa Local realicen el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre el 30% de la remuneración total que perciben los recurrentes y proceda al abono del íntegro que les corresponde, ha infringido lo establecido en el Art. 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, lo cual constituye un agravio a la legalidad administrativa vigente y causa su nulidad de pleno derecho;
Artículo 1.- Declarar que las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil, detalladas en el Anexo de la presente Resolución Ministerial, han sido emitidas en agravio a la legalidad administrativa vigente y al interés público, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, a fin que disponga las acciones que considere convenientes para efectos de iniciar la demanda contenciosa administrativa y se declare la nulidad de las resoluciones detalladas en el Anexo de la presente Resolución.
PATRICIA SALAS O`BRIEN
23º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE LIMA
EXPEDIENTE: 26795-2013-0-1801-JR-LA-72
MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA: SANTA CRUZ VILCA FERNANDO
DEMANDADO: TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL
PROCURADURÍA DE LA PCM
SOLIS SOLIS ARMANDO EZEQUIEL
DEMANDANTE: MINSTERIO DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN Nº UNO.-
Lima, once de noviembre del año dos mil trece.-
DADO CUENTA, en la fecha el escrito de demanda por las recargadas labores del Juzgado; con las instrumentales anexadas; al principal y tercer otrosi digo; y,
PRIMERO: Que, conforme lo dispone el Art. 148º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Art. 1º de la Ley 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa tiene por finalidad materializar el control jurídico por parte del Poder Judicial respecto de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados.
SEGUNDO: Que, la demanda reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia previsto en los Art. 424º y 425º del Código procesal Civil, aplicable en forma supletoria a los procesos contenciosos administrativos en virtud de la Primera Disposición Final de la Ley 27584, además cumple con el requisito especial de admisibilidad señalado en el inciso 1 del Art. 20º de la Ley glosada.
1.- ADMÍTASE A TRÁMITE la demanda interpuesta por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN contra el TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL y don ARMANDO EZEQUIEL SOLIS SOLIS, sobre NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, en la vía del procedimiento especial, confiérase traslado de la acción al Procurador Público de la emplazada y co-demandado, por el plazo de diez días a fin de que contesten la demanda, con conocimiento de la institución demandada; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se señalan, que serán merituados en la etapa respectiva.
Al segundo otrosi digo: téngase por delegada las facultades generales de representación que se afectua a favor de los letrados mencionados.
ANGEL SANTA CRUZ VILCA
23º JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE Nº 00404-2013-0-3001-SP-CI-01
SECRETARIO: SALAS ORTEGA
CUADERNO. PRINCIPAL
SUMILLA: INTERPONGO RECURSO DE CASACIÓN
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL DE LIMA SUR
MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ, identificada con DNI Nº 07973786, Procuradora Pública Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación, designado mediante Resolución Suprema Nº 136-2012-JUS, en los seguidos por LINDA VERÓNICA CASTAÑEDA FLORES contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a usted responsablemente me presento y digo:
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 47º de la Constitución Política del Estado concordante con los Art. 2º, 5º y 22.8º del Decreto Legislativo Nº 1068, ME APERSONO al presente proceso, reiterando el domicilio real en de esta Procuraduría Pública en Jr. Sánchez Cerro Nº 2150, distrito de Jesús María y procesal en Casilla Judicial Nº 989 de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, lugar donde se me deberán hacer llegar todas las notificaciones que recaigan en el presente proceso, para los fines de ley.
Asimismo, habiendo sido notificado de la Sentencia de Vista el día 16 de enero del 2014, y con arreglo a lo previsto en el Art. 387º Inciso 1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los autos, interpongo RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de Vista, contenida en la Resolución Nº 03 de fecha 27-11-2013, expedida por la presente Sala Superior, con la finalidad de que sea anulada íntegramente por el Superior Jerárquico y proceda éste además a resolver de manera indicada en el numeral 4 del Art. 396º del Código Adjetivo; en mérito a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:
Es decir, si observamos lo resuelto por la Autoridad de SERVIR (Resolución Nº 2536-2010-SERVIR/TSC-Primera Sala) encontramos que se ampara en lo señalado en el Art. 48º de la Ley Nº 24029 -Ley del Profesorado - modificado por Ley Nº 25212 y en el Art. 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, dejando de lado lo establecido por el Art. 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, norma que tiene rango y fuerza de ley, que además expresa que tipo de remuneración es la que se debe tener en cuenta para realizar el cálculo de la bonificación por preparación de clases (...)
De lo señalado, se puede advertir que una de las normas indicadas (Ley del Profesorado) establece la bonificación por preparación de clases, mientras que la segunda el Art. 10º del D.S. Nº 051-91-PCM precisa cómo debe ser calculada, por ende, debe tenerse en cuenta que para el cálculo de dicha bonificación, la norma aplicable no es la Ley del Profesorado, sino el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, la misma que no ha sido revisada por la Sala Civil de Lima Sur, y que sólo se ha pronunciado sobre si el acto administrativo es firme o no, sin realizar un debido análisis, referido a la aplicación correcta sobre la forma del cálculo de la bonificación antes descrita, la cual debe efectuarse en base a la remuneración total permanente y no en base a la remuneración total.
Estando a la luz de lo expuesto se evidencia la infracción que tanto la Sala como el Tribunal del Servicio Civil ha realizado, pues si bien la sentencia de vista sólo basa sus argumentos en que lo emitido por SERVIR no ha sido impugnado, (...)
La Resolución de Vista materia de casación, al incurrir en infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, me causa agravio al afectar mi derecho constitucional al Debido Proceso y a la Tutela Procesal Efectiva, porque la Sala Superior omitió pronunciarse respecto a la vigencia del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, lo cual evidencia una falta de motivación sobre la resolución recurrida.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, delego facultades de representación en virtud a lo dispuesto en el Art. 22.8º del Decreto Legislativo Nº 1068, a los letrados: PATRICIA VALENZUELA ALEJO, CHRIS OMAR RICAPA ASTORAYME, HEIDY GIULIANAN SALAVDOR ESPINOZA, VERÓNICA TRUJILLO GASTELLO y BERTHA ORTEGA BOCANEGRA, a fin de que individual e indistintamente me representen (...)
Lima, 23 de Enero del 2014
MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ
CAL Nº 32614
MINEDU OBSTACULIZA Y DILATA EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN EQUIVALENTE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 48º DE LA LEY DEL PROFESORADO, LEY Nº 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 25212, CONCORDANTE CON EL ART. 210º DE SU REGLAMENTO CONTENIDO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 019-90-ED.
COMO ES OBSERVARSE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0019-2013 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2013, SE ORDENÓ QUE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESARROLLE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIR QUE DECLARARON FUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN DE MILES DE MAESTROS SOBRE EL PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN.
DE ESTA FORMA, EL MINEDU SÓLO PRETENDE ENTRAMPAR Y OBSTRUIR LA EJECUCIÓN DE CÁLCULO Y PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN (LIQUIDACIÓN DE DEVENGADOS E INTERESES LEGALES), DE ALLÍ QUE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SE RESISTEN A EMITIR LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE PAGO.
PARA EVITAR LA EJECUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO, LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESARROLLA DOS ACCIONES LEGALES EN ABIERTA OPOSICIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR SERVIR:
1. ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LOS DOCENTES QUE HAN OBTENIDO EL RECONOCIMIENTO DE SU DERECHO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SERVIR, CON EL PROPÓSITO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHA RESOLUCIÓN.
2. RECURSOS DE CASACIÓN CONTRA LOS DOCENTES QUE HAN OBTENIDO EN DOS INSTANCIAS SENTENCIAS JUDICIALES QUE DECLARA FUNDADO LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIR, CON EL PROPÓSITO QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHAS SENTENCIAS JUDICIALES.
RESULTA CONTRADICTORIO QUE, MIENTRAS EN PROVINCIAS, LAS PROCURADURÍAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE HAN ALLANADO EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES RECONOCIENDO EL DERECHO QUE LE ASISTE AL MAGISTERIO NACIONAL, SIENDO QUE SE VIENEN EMITIENDO LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CON SUS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES QUE CON RETROACTIVIDAD AL AÑO 1991 SOBREPASAN LOS S/. 50,000.00 POR CADA MAESTRO; SIN EMBARGO EN LIMA, SE EXPRESA RENUENCIA Y DESACATO A MANDATOS ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES DE SERVIR) Y JUDICIALES (SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA).
TAMBIÉN RESULTA CONTRADICTORIO QUE EL MINEDU, POR UN LADO, AVALE UN INFORME TÉCNICO DE SERVIR PARA JUSTIFICAR LA REDUCCIÓN DE LAS ASIGNACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS AL MAGISTERIO NACIONAL(VÉASE ARTÍCULO ANTERIOR PUBLICADO POR ESTE SERVIDOR) Y, POR OTRO LADO, RECHACE LOS INFORMES DE SERVIR CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.
REFERENTE A LA OBSTACULIZACIÓN Y DILACIÓN DE LOS PROCESOS DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EN LAS INTERVENCIONES DEL PROCURADOR PÚBLICO ANTE SERVIR, TODOS LOS RECURSOS DE NULIDAD SOLICITADOS HAN SIDO DECLARADOS IMPROCEDENTES (VÉASE EN EL PORTAL DE SERVIR: SE DECLARA IMPROCEDENTE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN).
ES MÁS, EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR) HA SEÑALADO QUE LA CONDUCTA DEL PROCURADOR PÚBLICO "HA TENIDO LA INTENCIÓN DE DILATAR INDEBIDAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR ESTA TRIBUNAL", DEBIENDO APERTURARSE "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO" POR INCURRIR EN INCONDUCTA PROCEDIMENTAL.
FINALMENTE, FRENTE AL CASO DE ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEBE DEDUCIRSE EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD Y FRENTE AL RECURSO DE CASACIÓN DEBE ARGUMENTARSE LO RESUELTO EN LA SENTENCIA DE VISTA. EN EL PRIMER CASO, EL JUEZ DECLARARÁ IMPROCEDENTE LA DEMANDA, Y EN LA SEGUNDA, LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DECLARARÁ INFUNDADO, NO CASARON; CONFIRMÁNDOSE EN AMBOS CASOS EL LEGÍTIMO DERECHO ALCANZADO POR EL MAGISTERIO NACIONAL.
CELULAR CLARO 992422446
CELULAR MOVISTAR 964941975
RPC 992422446
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2014-02-11T04:41:22+00:00
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 07027-2013-UGEL 05
San Juan de Lurigancho, 11 de diciembre del 2013.
El Expediente Nº 32996 del año 2013 y el Informe Técnico Nº 725-2013-OE-EPER-AGA-UGEL Nº 05-SJL-EA con seis (06) folios.
Que, mediante Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC, se aclaran los conceptos remunerativos que deben ser base de cálculo para los beneficios de la Ley del Profesorado, precisándose que "los conceptos remunerativos de pago pertenecientes a la Ley del Profesorado deben cumplir algunas condiciones señaladas en el informe. El análisis de 39 conceptos de pago identifica a 12 conceptos de pago como base de cálculo para los beneficios regulados en dicho régimen".
ARTÍCULO 1.- RECONOCER EN VIA DE REGULARIZACIÓN LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA según disponibilidad presupuestal cumplir 30 años de servicios al personal que a continuación se indica:
Apellidos y Nombres Años Vigencia
DIAZ FLORES RICARDO 30 19/04/2012
Equivalente a 03 Remuneraciones, según Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC
S/. 133.59
S/. 400.77
San Juan de Lurigancho-El Agustino
NUEVAMENTE EL MINEDU REEDITA LA REDUCCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS AL MAGISTERIO NACIONAL Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS.
PESE A QUE LA LEY DEL PROFESORADO ESTABLECÍA EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA, EL MINEDU APLICABA UNA NORMA DE INFERIOR JERARQUÍA COMO ES EL D.S. Nº 005-91-PCM QUE ESTABLECÍA EL CÁLCULO DE LOS BENEFECIOS ECONÓMICOS EN BASE A LA DENOMINADA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE QUE EN LA PRÁCTICA SIGNIFICABA LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS, OBLIGANDO A LOS MAESTROS A SEGUIR EL CAMINO DE LA JUDICIALIZACIÓN.
EFECTIVAMENTE, MILES DE MAESTROS, PRINCIPALMENTE DE PROVINCIAS GENERARON JURISPRUDENCIA LLEGANDO HASTA LA INSTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUEDANDO CLARAMENTE ESTABLECIDO EN REITERADA Y UNIFORME JURISPRUDENCIA QUE PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS NO ERA APLICABLE LA DENOMINADA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE SINO LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA QUE CORRESPONDÍA DE ACUERDO A LEY.
EN LIMA, AL INSTALARSE EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL COMO SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA EN LO ADMINISTRATIVO, ANTE MILES DE APELACIONES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES ECONÓMICAS SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA Nº 01-2011-SERVIR/TSC PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2011 DETERMINANDO EL PAGO DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA, CONSTITUYÉNDOSE , COMO EL PROPIO TSC LO HA SEÑALADO EN SU CONTENIDO, EN PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO .
EL MINEDU, EN FORMA CONCORDANTE, EMITIÓ EL OFICIO MÚLTIPLE Nº 0036-2011-ME/SG-OGA-UPER DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011 ORDENANDO A TODAS LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO A EFECTUAR EL PAGO DE DICHO BENEFICIO A MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL (VÉASE ARTÍCULO PUBLICADO POR ESTE SERVIDOR EN FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2011).
SIN EMBARGO, AHORA TENEMOS QUE SERVIR HA PUBLICADO EL INFORME LEGAL Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 DONDE "ANALIZA" LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS CORRESPONDIENTE A DOCENTES DE LA LEY 24029 Y ADMINISTRATIVOS DEL D.L. 276.
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE INFORME LEGAL NO ES UNA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA DE SERVIR, NO CONSTITUYE PRECEDENTE VINCULANTE, SIMPLEMENTE ES UNO DE LOS TANTOS INFORMES LEGALES PUBLICADOS POR SERVIR Y QUE EL MINEDU EN FORMA ILEGAL Y ARBITRARIA UTILIZA PARA JUSTIFICAR LA REDUCCIÓN DE LAS ASIGNACIONES ECONÓMICAS POR AÑOS DE SERVICIOS, SIENDO QUE SE CONTRADICE DE LO ORDENADO EN SU OFICIO MÚLTIPLE Nº 0036-2011-ME/SG-OGA-UPER DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011, DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCIÓN DE LA SALA PLENA Nº 01-2011-SERVIR/TSC PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA JURISPRUDENCIA REITERADA Y UNIFORME DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y PRINCIPALMENTE, DE LO QUE ESTÁ ESTABLECIDO EN EL ART. 52º DE LA LEY DEL PROFESORADO.
FRENTE A ESTE ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR DEL MINEDU CORRESPONDE INTERPONER RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN SIENDO QUE NUEVAMENTE SE OBLIGA A LOS MAESTROS Y ADMINISTRATIVOS A JUDICIALIZAR EL PAGO DE DICHO ASIGNACIÓN PARA OBTENER UNA SENTENCIA QUE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA SOBRE PAGO DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL O ÍNTEGRA.
FINALMENTE, TENIENDO PRESENTE QUE A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE ENCUENTRA VIGENTE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, EN LA QUE SE ESTABLECE EL PAGO DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS EQUIVALENTE A 02 RIM, RESPECTIVAMENTE (DOS REMUNERACIONES ÍNTEGRAS MENSUALES), DEBEMOS ACLARAR QUE LA NORMA APLICABLE EN EL PRESENTE CASO ES LA NORMA QUE SE ENCUENTRA VIGENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA EVENTUALIDAD.
RECORDEMOS, QUE YA MEDIANTE D.S. 039-2013-EF DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE REDUJO EL SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELIO PARA LOS DOCENTES DE LA LEY 29944 QUE FIJA UN MONTO ÚNICO DE S/. 3,000.00 CUANDO LA LEY 24029 LEY DEL PROFESORADO ESTABLECIA CUATRO REMUNERACIONES TOTALES O ÍNTEGRAS ASCENDENTE A S/. 4,800.00
A CONTINUACIÓN, PUBLICAMOS MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN:
SUMILLA: Interpongo Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11 de Diciembre del 2013.
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA Nº 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO-EL AGUSTINO
RICARDO DIAZ FLORES, identificado con DNI Nº 07908368, señalando domicilio real en ............................... del distrito de Surquillo y con domicilio procesal en Av. Abancay N° 210 Of. 804 del Cercado de Lima, a Ud. con el debido respeto me presento y digo:
Que, se proceda a PAGAR EL REINTEGRO DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE A TRES REMUNERACIONES TOTALES POR CUMPLIMIENTO DE 30 AÑOS DE SERVICIOS DOCENTES de conformidad con el Art. 52º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, concordante con el Art. 213° del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado.
Que, asimismo, solicito el pago de los intereses legales moratorios y compensatorios que se hubiesen generado. •II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
PRIMERO: Que, dentro del término legal y de acuerdo a lo que se contrae en el numeral 207.2 del Artículo 207º y del Artículo 209º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, vengo a interponer Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11 de Diciembre del 2013, que RESUELVE reconocer en vía de regularización a favor del recurrente la suma de S/ 400.77 NUEVOS SOLES, por concepto de asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios.
SEGUNDO: Que, la mencionada asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios me fue asignada por la Administración del Ministerio de Educación en base al Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC del 21 de diciembre del 2012, lo cual es injusto en mi caso como es de verse en la cuestionada resolución toda vez que se me asignó una irrisoria suma económica, lo que conculca mi derecho y contraviene la Ley de Profesorado.
TERCERO: Que, siendo la Ley del Profesorado de mayor jerarquía sobre el Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC del 21 de diciembre del 2012, la aplicación de ésta última infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado, en el extremo que prescribe: En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y 3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario.
En consecuencia, solicito se me reconozca mi derecho a percibir el PAGO DE REINTEGRO de la asignación económica por cumplimiento de 30 años de servicios tomándose como base la remuneración total, que me corresponde por estar de acuerdo a ley.
b) Artículo 52º de la Ley Nº 24029; y su modificatoria, Ley Nº 25212.
c) Artículo 213º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED.
1. Copia de DNI del recurrente.
3. Copia de Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027 de fecha 11 de Diciembre del 2013.
4. Constancia de Recepción de Resolución Directoral UGEL 05 N° 07027-2013.
San Juan de Lurigancho, 26 de Diciembre del 2013.
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BONIFICACIÓN DIFERENCIAL EN BASE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PARA SERVIDORES DEL D.L. 276 http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/10/07/bonificaci-n-diferencial-base-al-30-la-remuneraci-n-total
2013-10-07T02:28:10+00:00
LOS SERVIDORES Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM TIENEN DERECHO A PERCIBIR LA BONIFICACIÓN DIFERENCIA EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO DE SU REMUNERACIÓN TOTAL.
QUE DEL ANÁLISIS DE LAS NORMAS EN MENCIÓN ES DE APRECIARSE QUE NO SE ENCUENTRA REGULADA LA FORMA DE CÁLCULO DE DICHA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL ASIGNADA EN EL RUBRO DE "BON ESP" DE SUS RESPECTIVAS BOLETAS DE PAGO, EMPERO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ESTABLECIDO EN REITERADA Y UNIFORME JURISPRUDENCIA QUE EL BENEFICIO LABORAL DEL 30% CORRESPONDE SE CALCULE EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL Y NO EN BASE A LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE, COMO ILEGALEMTE, SE VIENE APLICANDO.
SIENDO QUE ADEMÁS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ESTABLECIDO EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN TOTAL PARA LAS ASIGNACIONES POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIOS Y SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO QUE TAMBIÉN ESTÁN CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS EN MENCIÓN (ART. 144º Y 145 º DEL D.S. Nº 005-90-PCM), AGREGANDO, QUE ADEMÁS, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL OTORGADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE SALUD PÚBLICA QUE LABORAN EN ZONAS RURALES Y URBANAS, CONFORME AL ART. 184º DE LA LEY Nº 25313, SE CALCULA SOBRE LA BASE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL. EN CONSECUENCIA, DEBE PRESERVARSE EL SISTEMA ÚNICO DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDOS POR EL D.L. Nº 276 Y SU REGLAMENTO EL D.S. Nº 005-90-PCM.
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE PAGO DE BONIFICACIÓN DIFERENCIAL EQUIVALENTE AL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL A FAVOR DE SERVIDORES DEL D.L Nº 276:
Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana
EXPEDIENTE : 00174-2012-0-3101-JR-LA-02
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
ESPECIALISTA : OLIVA CARRASCO KARIU LIZZIEL
DEMANDADO : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SULLANA ,
: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA ,
: PROCURADURIA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEMANDANTE : MORENO HUAYAMA, CRESCENCIO
SENTENCIA Resolución Número: 5
Sullana, dieciséis de agosto del dos mil trece,
1) Que, don Crescencio Moreno Huayama interpone demanda contencioso administrativa con el escrito de demanda de fojas 21 a 24 a efectos de que se declare la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral No 6532 del 6 de diciembre del 2011 y en consecuencia se reconozca su derecho a percibir la Bonificación diferencial en base al 30% de su remuneración total integra en sustitución de la que percibe actualmente , y asimismo se le pague los devengados , más los intereses legales .
2) Que, mediante resolución número 1 de fojas 26 y 27 la demanda fue admitida a trámite en la vía del proceso Especial, contestándola la demandada Procuradora Pública mediante el escrito que obra de fojas 49 a 54. Por resolución número 02 de fojas 55 a 57 se tiene por contestada la demanda y se declara la rebeldía de la parte demandada Dirección Regional de Educación de Piura asi como la Ugel de Sullana ,se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios y se prescinde de la realización de la Audiencia de Pruebas, y del expediente administrativo, relacionado con la presente litis, disponiéndose se remitan los autos al Ministerio Público quien por dictamen de fojas 75 a 80 y se ordena pasen los autos a Despacho para sentenciar.
II.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES 2.1 Argumentos expuestos por la parte demandante La parte accionante sostiene con fecha 25 de agosto del 2011 y mediante Expediente No 00028350 solicitó a la Ugel de Sullana el pago de la Bonificación diferencial en base a la remuneración total , por lo que la Ugel de Sullana mediante oficio número 109-2011-GOB.REG-DREP-UGEL S.A. ADM/PERS devuelve el expediente indicando que no es posible atender su solicitud y al impugnar dicho oficio se emite Resolución declarando infundada la apelación por Resolución Regional No 6532 del 6 de diciembre del 2011 y que tanto la Ugel de Sullana como la Dirección Regional de Educación de Piura, han vulnerado su derecho a la igualdad.
2.2- Argumentos de la parte demandada Procuradora Pública 1. Alega la demandada que el artículo 48 de la Ley N° 24029, tiene previsto el otorgamiento de la bonificación por preparación de clases y evaluación, así como la bonificación por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión se hace en base a la remuneración total permanente, definida en el artículo 8 inciso a) del mismo Decreto Supremo, existiendo un supuesto de sucesión normativa y no contradicción entre las normas, no pudiéndose hablar de una aplicación de normas de rango superior, sino de una interpretación sistemática de normas.
2. Refiere que el análisis jurisprudencial que invoca el demandante se refiere a bonificación por cumplimiento de años de servicios y subsidio por el fallecimiento y gasto de sepelio y luto, que constituyen contingencias de carácter extraordinario y por única vez, lo que no sucede con la bonificación cuyo pago se demanda, en forma periódica y mensual, no existiendo igualdad de razón, siendo que la Sala Especializada Laboral de Piura viene emitiendo Sentencias de Vista que declaran infundas acciones contenciosas administrativas similares a la presente.
3. Precisa que la nueva Ley de la Carrera Magisterial, su Reglamento y el Tribunal Constitucional han ratificado que la bonificación por preparación de clases y evaluación se debe calcular sobre la base de la remuneración permanente. Asimismo, indica que el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N° 00016-2008-PI/TC del 17 de junio del 2010 declara infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el SUTEP contra la Ley N° 29062. Agrega que las denegatorias impugnadas se han emitido dentro del marco legal, sin incurrir en casual alguna de nulidad establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444.
1. El proceso contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. El Poder Judicial controla así la constitucionalidad y la legalidad de la actuación administrativa, pero también brinda además una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los administrados que pudieran haberse lesionado o que se hallen amenazadas por la actuación administrativa inconstitucional o ilegal.
2. Los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho se encuentran establecidos en el artículo 10° de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; por lo que siendo así corresponde a este órgano jurisdiccional determinar si las resoluciones administrativas impugnadas se encuentran incursas en alguna de ellas y en consecuencia declarar su nulidad.
3. De lo actuado se establece que la parte accionante mediante escrito presentado con fecha 25 de agosto del 2011 - Expediente N° 00028350 , cuyo cargo obra de folios 3 y 4 solicitó al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana, el pago de la Bonificación Diferencial en base al total de su remuneración total , ante lo cual se emitió el Oficio Múltiple No 109-2011-GOB.REG.P.DREP.UGEL .S.A. ADM/PERS que obra a fojas 5 que al ser impugnado se emite la Resolución Directoral Regional No 6532 del 6 de diciembre del 2011 declarándose infundada la apelación
4. Que, de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212 publicada el 20 de Mayo de 1990, "El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total"; (lo resaltado y subrayado es nuestro); asimismo en el primer parágrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N° 19-90-ED, se precisa que "El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total".
5. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 051-91-PCM, publicado el 06 de marzo de 1991, se establece en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales, disponiéndose en su artículo 9 que las Bonificaciones, beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, precisando en su artículo 10 que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el mismo Decreto Supremo.
6. Ante este conflicto normativo suscitado entre la Ley N° 24029 y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, resulta de aplicación la parte pertinente del artículo 51 de la Constitución Política del Perú, conforme al cual la Ley prevalece sobre las normas de menor jerarquía, consagrándose así el Principio de Jerarquía Normativa, en cuyo mérito prevalece la Ley N° 24019, Ley del Profesorado, sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM que viene a ser una norma reglamentaria, de menor jerarquía que dicha Ley.
7. En tal sentido, acorde a lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Profesorado, para el cálculo de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, se debe tomar como base de referencia la denominada remuneración total, considerándose que el concepto de remuneración total es uno y su noción no varía según la bonificación que se trate, no haciendo mención alguna el citado artículo 48 al concepto de remuneración total permanente, de la cual obviamente es diferente.
8. A mayor abundamiento, sobre el particular cabe señalar que también a nivel administrativo la última instancia administrativa viene resolviendo en el mismo sentido recursos impugnatorios contra resoluciones denegatorias de la Bonificación por Preparación de Clases, amparando tales pretensiones. En efecto, el Tribunal del Servicio Civil, a partir del 15 de enero del 2010 como última instancia administrativa en materias establecidas en el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, a través de su Primera y Segunda Sala, viene emitiendo resoluciones que contienen pronunciamientos uniformes y reiterados que declaran fundados los recursos de apelación interpuestos por los administrados contra resoluciones administrativas que deniegan la referida bonificación, disponiendo se realice el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre la base del treinta por ciento (30%) de la remuneración total percibida por la señora...", considerando sobre el particular que "en atención al principio de especialidad, (...) debe preferirse la norma contenida en el artículo 48 de la Ley N° 24029. Lo que determina que para el cálculo de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Cfr. Resolución N° 1067-2010-SERVIR/TSC-Primera Sala, su fecha 21 de setiembre del 2010, entre otras resoluciones en casos similares, como la Resolución N° 4542-2011-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 21 de setiembre del 2011, entre otros.
9. En el presente caso, de la Resolución Directoral N° 000967 copiada a folios 15 se establece que la parte demandante es personal nombrado como de apoyo educativo en el cargo de trabajador de Servicio II( Portero guardián) a partir del 29 de agosto según así también se corrobora de la boleta de pago que obra a fojas 19 ,por lo que le corresponde a la parte accionante la Bonificación Diferencial que solicita pero calculada en base a la remuneración total y no en base a la remuneración total permanente como la parte demandada ha venido efectuando, resultando el monto abonado mensualmente sumamente inferior al que realmente les corresponde, tal como se demuestra con las boletas de pago citadas en el fundamento precedente, en cuyo rubro bonesp se aprecia que se les abona una suma inferior que no se condice con el monto al que tienen derecho a percibir por tal Bonificación, infringiéndose sus derechos constitucionales e inobservándose asimismo el Principio de Jerarquía Normativa consagrado en el citado artículo 51 de la Constitución, siendo atendible el reajuste de la Bonificación que se demanda .
10. Que, asimismo resulta atendible el extremo de la demanda referido al pago de las bonificaciones que se hubieran devengado, por cuanto el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha expresado que en los casos de restitución de derechos y en los que el pago de la prestación resultara insignificante por equidad, debe aplicarse el criterio expuesto en el artículo 1236º del Código Civil, debiendo pues reintegrarse el monto de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que no se percibieron como efecto de la vulneración, al haberse repuesto el derecho conculcado.
11. En relación al pago de los intereses que se demanda, se debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la entidad demandada está obligada al pago de los intereses que genere el retraso en la ejecución de la sentencia, los que, de ser el caso, deberán ser liquidados con el carácter de intereses legales, y en base a la tasa fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo establecido en los artículos 1244 y 1246 del Código Civil.
12. Finalmente, no resulta procedente el pago de costas y costos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, conforme al cual las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.
IV. DECISIÓN: DECLARAR FUNDADA la demanda interpuesta por don Crescencio Moreno Huayama contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana en consecuencia:
a) NULA y sin efecto legal alguno la Resolución Directoral Denegatoria Ficta que en aplicación del Silencio Administrativo Negativo deniega su solicitud contenida en el Expediente N° 14692-2010 del 29 de marzo del 2010. b) NULA y sin efecto legal alguno la Resolución Directoral Regional Denegatoria ficta que en aplicación del Silencio Administrativo Negativo deniega su recurso de apelación contra la Resolución denegatoria Ficta contenida en el Expediente N° 31035-2010 de fecha 14 de agosto del 2010.
c) ORDENESE a la parte demandada para que emitan nueva resolución reajustando la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación , más el reintegro de las remuneraciones devengadas tomando como base del cálculo la Remuneración Total y asimismo procédase al pago de los intereses legales sin costos ni costas del proceso .
d) Consentida o ejecutoriada y cumplida que sea la presente resolución: ARCHIVESE los de la materia en el modo y forma de Ley.-
EXPEDIENTE : 2008-01846-0-0401-JR-CI-6
ESPECIALISTA : LUNA URQUIZO ERIKA JULIETH
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DEMANDANTE : DE LA GALA HUAMANTUMA JULIO CESAR
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RESOLUCIÓN : 13-2009
SENTENCIA Nº 22-20009
Arequipa dos mil nueve
Enero veintidós.-
VISTOS: La demanda que obra a fojas cuarenta y cinco y siguientes, subsanada a fojas cincuenta y tres, interpuesto por JULIO CESAR DE LA GALA HUAMANTUMA, sobre Acción Contenciosa Administrativa, en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR, con emplazamiento del Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa.
PETITORIO: Se disponga que la entidad demandada cumpla con emitir Resolución Directoral mediante la cual se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente, con retroactividad al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.
FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA PRETENSIÓN: Señala el recurrente que desde el mes de julio de mil novecientos noventa y cinco a la actualidad viene laborando para la administración pública en el cargo de Personal de Servicio III. Que actualmente viene percibiendo la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total permanente cuando la bonificación diferencial debe calcularse en base al treinta por ciento de su remuneración total íntegra. Que con fecha cinco de febrero del dos mil ocho ha solicitado mediante Expediente Nº 003037 el pago de dicha bonificación a la mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, y que a la fecha de interposición de la demanda han transcurrido más de quince días hábiles sin respuesta alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PRETENSIÓN: Se ampara por lo dispuesto en el artículo 53 inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276, el artículo 23 y 26 de la Constitución Política del Estado, el artículo 184 de la Ley Nº 25303.
Actividad jurisdiccional: Mediante resolución número dos, a fojas cincuenta y cuatro, se admite la demanda interpuesta, corriéndose traslado a la parte demandada; asimismo, se integra en calidad de Litisconsorte Necesario Pasivo al Gobierno Regional de Arequipa.
A fojas cuarenta y tres se apersona al proceso la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR representada por su apoderada Ivette Luz Herrera Villanueva, quien procede a contestar la demanda, bajo los siguientes términos:
FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA CONTESTACIÓN: Señala que en cuanto a la bonificación a que hace referencia el demandante ésta es calculada en base a la remuneración total permanente por ser una bonificación permanente que se viene aplicando mes a mes conjuntamente con su remuneración, a diferencia del subsidio por gastos de luto y sepelio que son calculados en base a la remuneración total íntegra, ello debido a que son bonificaciones ocasionales. Que al respecto, cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Circular Nº 004-2003-EF/7610 da a conocer que la Dirección Nacional de Presupuesto Público sólo procederá a autorizar los calendarios de compromisos tomando en consideración lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es decir, sólo se procederá al pago, lo otorgado en base a la remuneración total permanente, y no lo que se haya otorgado en base a la remuneración total íntegra, como es el caso de la resolución materia de litis. Que como es de verse, su representada no es que no quiera hacer el pago que corresponde al demandante sino que como se ha señalado en los puntos precedentes no cuenta con disponibilidad presupuestaria toda vez que el Pliego Presupuestario y el Ministerio de Economía y Finanzas no le asignan las partidas correspondientes a fin de atender los requerimientos realizados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA CONTESTACIÓN: Ampara su pretensión en lo establecido en la Ley Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.
Actividad jurisdiccional: Mediante resolución tres, a fojas ochenta y seis, se resuelve tener por contestada la demanda en los términos que se precisa.
SANEAMIENTO: Mediante resolución número seis, expedida en audiencia única de fojas ciento cinco y siguientes, se resolvió declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida y por saneado el proceso.
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Se fijaron los siguientes: 1) Determinar si la demanda se encuentra en la obligación legal de cumplir con el pago de la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total íntegra dispuesta por el inciso b) del artículo 53 del decreto Legislativo Nº 276 desde julio de mil novecientos noventa y cinco, 2) Determinar si procede disponer el pago de intereses.
ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: Se admitieron los medios probatorios del demandante y demandado, procediéndose a su actuación.
DICTAMEN FISCAL: A fojas ciento diecinueve, la Fiscal Provincial Civil Elena Carolina Delgado Manrique presenta si Dictamen Fiscal. Siendo su estado procede a emitirse sentencia.
PRIMERO: Que el proceso contencioso administrativo tiene como finalidad revisar la legalidad del acto administrativo declarando su validez o invalidez, además de proporcionar efectiva tutela de los derechos e interese de los administrados tal como lo establece el artículo 148 de la Constitución Política del Estado y el artículo 1 de la Ley Nº 27584. En el presente caso se pretende determinar: 1) Si la demandada se encuentra en la obligación legal de cumplir con el pago de la bonificación diferencial en base al treinta por ciento de la remuneración total íntegra dispuesta por el inciso b) del artículo 53 del decreto Legislativo Nº 276 desde julio de mil novecientos noventa y cinco, 2) Determinar si procede disponer el pago de intereses.
SEGUNDO: Que el artículo 30 de la Ley Nº 27584 establece que salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. En el caso de autos no estamos frente a una sanción administrativa. Por su parte, el artículo 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, precisa que en caso de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante no probaran los hechos que sustentan su pretensión, la demanda será declarada infundada.
TERCERO: Agotamiento de la vía previa.- Antes de entrar a evaluar el fondo del asunto, se debe dejar anotado que mediante solicitud de fecha cinco de febrero del dos mil ocho, el demandante solicitó a la entidad demandada, el pago de la bonificación diferencial en base a la remuneración total, como se desprende de su solicitud con el respectivo sello de recepción de la entidad demandada (foja tres). Que interpone la presente demanda con fecha trece de marzo del dos mil ocho (conforme cargo de ingreso a foja uno), pues ha transcurrido el plazo establecido por ley y la entidad demandada no se ha pronunciado al respecto.
CUARTO: Pretensión.- Que el demandante solicita se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente, con retroactividad al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco, interpone la presente en vista que ha transcurrido el plazo para que la entidad demandada se pronuncie respecto de su solicitud de fecha cinco de febrero del dos mil ocho (foja tres), tal como lo establece el artículo 19 inciso 2, concordante con el artículo 5 inciso 4 de la Ley Nº 27584. Ahora bien, mediante Resolución Directoral Nº 1547 de fecha treinta y uno de marzo del dos mil ocho (copia certificada a foja setenta y tres), la entidad demandada ha resuelto declarar improcedente la solicitud presentada por el demandante con fecha cinco de febrero del dos mil ocho. Por lo que al momento de pronunciarse sobre el fondo del litigio, será necesario emitir pronunciamiento respecto de la validez de dicha resolución, en vista que ha sido expedida con fecha posterior a la de la interposición de la presente demanda.
QUINTO: Que mediante la presente acción, la demandante solicita se le otorgue la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra en sustitución de la que percibe actualmente calculada sobre la base de la remuneración total permanente. Para lo cual ha probado: 1) Que realiza sus actividades para la entidad demandada, pues de la copia certificada de la Resolución Directoral Nº 3436-UGEL.AS de fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro (fojas cuarenta y tres), se resolvió nombrar en vía de regularización a partir del primero de enero del dos mil cuatro al demandante con el cargo de Trabajador de Servicio III. 2) Que ha venido laborando en dicho cargo, en forma ininterrumpida desde el primero de julio de mil novecientos noventa y cinco tal como constan de las copias certificadas de las Resoluciones Directorales obrantes de fojas seis a cuarenta y tres. 3) Que está percibiendo la suma de cuatro nuevos soles con sesenta y cuatro céntimos (S/. 4.64) por concepto de la bonificación diferencial, tal como se aprecia de la copia certificada de su boleta de pago (foja cinco). Que la entidad demandada ha probado: 1) Que para el mes de marzo del dos mil ocho se le regularizó el pago en el rubro "Diferencial Pensionable" a la cantidad de cuatro nuevos soles con sesenta y cuatro céntimos(S/. 4.64) tal como se desprende de la copia certificada del Informe Nº 177-2008-PLLAS-AGA-UGEL.AS (fojas ochenta y uno) y que dicho monto ha sido calculado en base de la remuneración total permanente por lo que mediante Resolución Directoral Nº 1547 (fojas setenta y tres) se ha declarado improcedente la solicitud del demandante.
SEXTO: Determinación de la controversia.- Que según los hechos expuestos en la demanda y la contestación realizada por la parte demandada, en este proceso no está en discusión si a la demandante le corresponde o no la bonificación diferencial, este extremo es aceptado por la demandada, aún más, le viene pagando la citada bonificación como aparece de las boletas de pago de fojas cinco, lo único que se encuentra en discusión es la forma de cálculo, es decir, si la bonificación diferencial que en la fecha se le viene otorgando al demandante, debe calcularse en base a la remuneración total o en base a la remuneración total permanente. Por tanto, será materia de pronunciamiento por parte de este Despacho, únicamente el referido extremo.
SÉTIMO: Valoración.- Que el Decreto Legislativo 276 en el inciso b) del artículo 53 establece que la Bonificación Diferencial tiene por objeto compensar a un servidor de carrera por condiciones excepcionales respecto del servicio común. Tal como es de verse de las boletas de pago obrantes a fojas seis la actora viene percibiendo la suma de S/. 4.64 nuevos soles por dicho concepto, habiéndose calculado en base a la remuneración total permanente, conforme a lo señalado por la parte demandada en la contestación de la demanda.
OCTAVO: Del análisis del Decreto legislativo 276 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 051-90-PCM, no se advierte que se haya regulado la forma de cálculo de la citada bonificación, empero teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional con fecha doce de febrero del dos mil siete ha expedido la sentencia en el expediente 7888-2006-AC/TC en la cual ha establecido que el beneficio laboral del 30% establecido por la Ley 25303 corresponde se calcule en base a la remuneración total y no de la remuneración total permanente, tal criterio por su propia naturaleza resulta también aplicable al presente caso por lo que debe ampararse la demanda interpuesta a fin de preservar el sistema único de remuneraciones establecido en las normas legales citadas en los considerandos precedentes.
NOVENO: Que además, debe tenerse presente en consideración los reiterados pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la "remuneración total" para otros supuestos, en la sentencias recaídas en los expedientes número: 2848-2002-TC, 447-2001-AA/TC, 420-2001-AA/TC y 414-2001-AA/TC sentencias en las cuales se ha valorado que "el pago de dicha bonificación debe efectuarse sobre la base de remuneraciones íntegras y no de las remuneraciones totales permanentes a que se refiere el decreto Supremo 051-91-PCM; de acuerdo con el numeral 52 de la Ley número 24029 y el numeral 213 del Decreto Supremo número 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), el beneficio reclamado por la demandante se otorga sobre la base de las remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco años de servicios, situación que ha sido precisada por el Decreto Supremo 041-2001-ED al señalar que el concepto de remuneración a que se refiere el segundo párrafo del numeral 52 de la Ley 24029 debe ser entendido como remuneración total regulado por el Decreto Supremo 051-91-PCM".
Asimismo, debe valorarse que en la sentencia recaída en el expediente Nº 03717-2005-PC/TC, el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente: "8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonificación diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no establece cuál es la forma en que se debe calcular dicha bonificación, sin embargo, esta Tribunal considera que para su cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada remuneración total y no la remuneración total permanente, por cuanto esta es utilizada como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144 y 145 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM". Agregando en el fundamento nueve que: "Además debe tenerse en cuenta que la bonificación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública que laboran en zonas rurales y urbanas, conforme el artículo 184 de la Ley Nº 25303, se calcula sobre la base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones de los funcionarios y servidores del Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la bonificación diferencial debe ser calculada sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se solicita al haberse otorgado al demandante la bonificación diferencial permanente sobre la base de la remuneración total constituye un mandato válido y exigible".
DÉCIMO: Que además, debe valorarse que el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 276 establece que la remuneración de los servidores contratados será fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que esta Ley establece. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 1885-2005-PC/TC ha precisado: "que sólo tiene derecho a percibir la bonificación diferencial aquel servidor de carrera designado para desempeñar un cargo de responsabilidad directiva, no teniendo derecho a percibirla aquellos servidores públicos que hayan sido contratados, puesto que no se encuentran comprendidos en la Carrera Administrativa según lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 276; además, debe tenerse en cuenta que la remuneración de los servidores contratados no conlleva bonificaciones de ningún tipo según lo señalado por el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 276". Que, estando a la norma citada, la misma que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, la bonificación diferencial sólo corresponde que se pague desde el nombramiento de la parte demandante, es decir, a partir del primero de enero del dos mil cuatro, conforme se aprecia de la Resolución Directoral Nº 03436 corriente a fojas cuarenta y tres.
DÉCIMO PRIMERO: Respecto al pago de intereses legales, habiéndose establecido en autos que al demandante le corresponde el derecho a percibir la bonificación diferencial sobre la base de cálculo de la remuneración total, resulta procedente el pago de los intereses legales generados por la falta de pago oportuno con el cálculo correspondiente, desde que obtuvo el derecho a percibir tal bonificación, conforme a lo expuesto en el considerando precedente, monto que será calculado en ejecución de sentencia.
DÉCIMO SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 27854, Ley del Proceso Contencioso Administrativo las partes no podrán ser condenadas al pago de costas y costos.
Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación. FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda contenciosa administrativa interpuesta por JULIO CESAR DE LA GALA HUAMANTUMA, sobre Acción Contenciosa Administrativa en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR, con emplazamiento del Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional de Arequipa. En consecuencia, declaro NULA la Resolución Directoral Nº 1547 y DISPONGO que la entidad demanda cumpla con expedir la resolución correspondiente y abonar la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración total íntegra, así como los reintegros correspondientes desde el primero de enero del dos mil cuatro más los intereses legales. E INFUNDADA en cuanto pretende que se le pague a partir del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. SIN COSTAS NI COSTOS. DISPONGO: Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo catorce de la Ley 27584, se notifique con copia de la presente sentencia al Ministerio Público. Esta es la sentencia que pronuncio, mando y firmo en la Sal del Despacho del Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio de Arequipa. Tómese razón y hágase saber.
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2013-09-28T19:57:51+00:00
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2013-09-14T22:17:54+00:00
LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944 HA SIDO SUSPENDIDA EN EL EXTREMO QUE, DE MANERA AUTOAPLICATIVA, ORDENABA EL CESE DE DOCENTES POR LÍMITE DE EDAD (65 AÑOS).
HEMOS COMENTADO AMPLIAMENTE QUE EL OFICIO MÚLTIPLE Nº 0033-2013-MINEDU DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013 HA PUESTO EN EVIDENCIA LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL (OBSERVAR EL PUNTO 5).
LO CIERTO ES QUE, MILES DE MAESTROS HAN QUEDADO FUERA DE SERVICIO (DESPEDIDOS) POR APLICACIÓN INCONDICIONADA E INMEDIATA DEL ART. 53º LITERAL D) DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SIN EMBARGO, NO SE HA GARANTIZADO EL PAGO DE SU COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) Y MENOS SE LE ASEGURA LA INCORPORACIÓN A SISTEMA PENSIONARIO. ES DECIR, HAN QUEDADO TOTALMENTE DESAMPARADOS SIN GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA Y MANUTENCIÓN DE SU FAMILIA POR CUANTO HAN DEJADO DE PERCIBIR INGRESO REMUNERATIVO ALGUNO. RECUÉRDESE QUE LA LEY 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY 25212, LEY DEL PROFESORADO, OTORGABA UN NIVEL SUPERIOR AL DOCENTE QUE CESABA POR LÍMITE DE EDAD, DERECHO QUE ÁHORA HA SIDO SUPRIMIDO O ELIMINADO.
ENTONCES, LA AGRESIÓN ES PLURIOFENSIVA Y LA DEGRADACIÓN DEL DOCENTE CESADO ES TOTAL, COLISIONANDO CON EL ART. 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO QUE ESTABLECE: "LA DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL RESPETO DE SU DIGNIDAD SON EL FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO", MÁS CUANDO LA LEY EN CUESTIÓN INCLUSO SE APLICA DE MANERA RETROACTIVA LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ART, 103º DE NUESTRA CARTA MAGNA.
ANTE TAL SITUACIÓN, LOS MAESTROS DE TACNA QUE HABÍAN SIDO CESADOS EN LA CONDICIÓN REFERIDA, HAN SIDO REINCORPORADOS A SU CENTRO LABORAL POR MANDATO JUDICIAL AL HABER INTERPUESTO MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, MODELO DE MEDIDA CAUTELAR QUE A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS:
SUMILLA: MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE ANCASH.-
EUGENIO CASTILLO ROJAS, identificado con DNI N° 33243527, con domicilio real en Jr. San Martín Nº 446, Pingullo Alto Sihuas y con domicilio procesal sito en ............................; ante Ud. me presento y digo:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 38º del TUO de la Ley 27854, Ley que Regula el Proceso Contencioso-Administrativo, solicito se dicte Medida Cautelar Innovativa a favor del solicitante a fin de que se ordene a la demandada disponga mi reposición en el puesto de trabajo que venía desempeñando como docente de la I.E. "Capitán Marcelino Valverde Solórzano" del Distrito y Provincia de Sihuas, Región Ancash, al haber concluido mi relación laboral sin habérseme cumplido con pagar mi compensación por tiempo de servicios y la pensión que por ley me corresponde, vulnerándose mis derechos laborales; en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer:
•II. DEMANDADOS:
- Gobierno Regional de Ancash debidamente con dirección en ...................
- Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Ancash debidamente con dirección en.......................
•III. FUNDAMENTOS DE HECHO:
PRIMERO: Verosimilitud del derecho invocado. El recurrente es docente de la I.E. "Capitán Marcelino Valverde Solórzano" del Distrito y Provincia de Sihuas, Región Ancash, nombrado a través de la Resolución Directoral Nº ............, con jornada laboral de .. horas pedagógicas dentro del régimen de la Ley 24029 y su modificatoria, Ley 25212, Ley del Profesorado, que establecía la edad límite de servicio hasta los 70 años de edad.
SEGUNDO: Que, sin embargo, al entrar en vigencia la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial que deroga a la Ley del Profesorado, se estableció como límite de edad de servicio hasta los 65 años de edad. Es así que, mediante Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013 se resuelve de oficio el cese por límite de edad del recurrente.
TERCERO: Peligro en la demora. Se me retiró intempestivamente del trabajo sin cumplir la demandada con pagarme la Compensación por Tiempo de Servicios ascendente a la suma económica de S/. 5,746.90 Nuevos Soles. Se me ha privado no sólo del trabajo sino de mi remuneración por CTS, poniéndose en peligro mi subsistencia y el de mi propia familia que dependen de mi, al no poder cubrir la satisfacción de necesidades elementales. Téngase presente que "la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado", precepto contenido en el Art. 1º de nuestra Carta Magna. Se establece así la urgencia de que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley y la Constitución.
CUARTO: Que, Señor Juez, el suscrito es un docente que ha venido laborando durante más de 25 años en la carrera del profesorado, la renuencia de la demandada para cumplir con sus obligaciones laborales de pagarme mis beneficios laborales (CTS) me perjudica toda vez que ostento carga familiar y deudas pendientes con entidades financieras, perjudicándoseme en todos los extremos: daño personal, lucro cesante y daño moral.
QUINTO: Adecuabilidad de la medida. Resulta adecuada pues concurren los dos supuestos adicionales de la medida cautelar innovativa:
- Inminencia de perjuicio irreparable. En el presente caso se verifica ello pues el peligro en la demora originaria un perjuicio irreparable dado que no concederse la medida cautelar solicitada hasta esperar el fallo definitivo, para tal fecha la situación será irreversiblemente desfavorable para el peticionante, a pesar de que el fallo ampare su pretensión, pues el tiempo e ingresos dejados de percibir no podrán recuperarse de modo alguno.
- Excepcionalidad de la medida. En el presente caso resulta procedente reponer un estado de hecho cuya alteración es el sustento de la demanda, como es el estado de que el demandante reingrese a su centro laboral, finalidad que sólo puede ser cumplida a través de la medida cautelar innovativa.
SEXTO: Que, por lo expuesto, es posible inferir que resulta de necesidad imperiosa que se suspendan los efectos de la Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013, que ordena mi cese (despido) y se disponga la reposición inmediata del suscrito a mi centro de trabajo en el mismo cargo que venía desempeñando al momento de darse el cese, hasta que se garantice el pago de mis beneficios sociales (CTS) y la incorporación a sistema de pensiones.
•IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Art. 139° Inciso 3.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
Ninguna persona puede ser desviada de de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
Art. 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.
Art. 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.
l pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.
Art. 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
Art. 1º.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
LEY 27854, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.-
Art. 38º.- Sentencias estimatorias. La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente:
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.-
Art. I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
Art. III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
Art. 682º.- Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho, cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que sólo se concederá cuando no resulte de aplicable otra prevista en la ley.
LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944.
Art. 2º.- Principios: El régimen laboral del magisterio público se sustenta en los siguientes principios:
DECRETO SUPREMO 004-2013-ED.-
Art. 75º.- Garantía de los derechos del profesor.
El profesor que se considere afectado en sus derechos puede hacer uso del derecho de petición y/o presentar los recursos legales que le permitan restaurar los derechos afectados. El MINEDU y el Gobierno Regional a través de sus Instancias de Gestión Educativa Descentralizada están en la obligación, bajo responsabilidad, de dar respuesta por escrito dentro del término de ley establecido para un acto administrativo. De ser el caso, la comunicación debe incluir orientaciones que le permitan al profesor conocer los canales previstos en la ley para la interposición de sus recursos.
•V. FORMA:
•VI. VIA PROCEDIMENTAL:
•VII. MEDIOS PROBATORIOS:
1. Copia de Resolución de Nombramiento.
2. Copia de Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S de fecha 07 de agosto del 2013, configurándose el daño y perjuicio causado en contra del recurrente.
•VIII. ANEXOS:
1-B Copia de Resolución de Nombramiento.
1-C Copia de Resolución Directoral Nº 1130-2013-UGEL-S.
OTROSI DIGO: Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 613º del Código Procesal Civil, en concordancia con el Art. 15º último párrafo del Código Procesal Constitucional; cumplo con ofrecer CONTRACAUTELA personal de caución juratoria (para lo cual legalizo mi firma ante el personal judicial correspondiente), sin perjuicio de que su despacho requiera, de considerarlo pertinente, una CONTRACAUTELA real.
Sírvase Ud. Señor Juez, solicito admitir la presente y tramitarla conforme a su naturaleza.
EN EL MISMO SENTIDO, REGIONES COMO PIURA Y AREQUIPA HAN DISPUESTO LA SUSPENSIÓN DEL CESE DE MAESTROS POR LÍMITE DE EDAD.
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LA ORDENANZA DE LA REGIÓN AREQUIPA:
ORDENANZA REGIONAL Nº 241-AREQUIPA, QUE ESTABLECE REQUISITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE "CESE POR CAUSAL DE LIMITE DE EDAD, DISPUESTO POR LA LEY N° 29944″ Artículo 1°.- Término de la Relación Laboral ESTABLECER como requisito indispensable, para dar término a la relación laboral de la Carrera Pública Magisterial por la causal de límite de edad estipulada en el artículo 53° de la Ley N° 29944, que la Gerencia Regional de Educación cuente con la disponibilidad Presupuestal para el Pago de Compensación por Tiempo de Servicio y los beneficios pensionarios si fuere el caso. En tanto la Gerencia Regional de Educación, no cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para lo fines a que se refiere el párrafo precedente, no procederá los actos administrativos que den por concluida o terminada la relación laboral por causal de límite de edad. Artículo 2°.- Finalidad La presente ordenanza regional tiene como Finalidad garantizar el respeto de la dignidad de la persona y el derecho de los profesores del sector público a efectos de viabilizar el pago respectivo de la Compensación Tiempo de Servicio y evitar ulteriores demandas o acciones civiles. Artículo 3°.- De la Disponibilidad Presupuestal ENCARGAR al Órgano Ejecutivo Regional a través de la Gerencia Regional de Educación realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación tendientes a conseguir la disponibilidad presupuestal, y asimismo, presupuestar en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014 el pago de CTS y beneficios pensionarios para aquellos profesores que terminen su relación laboral por causal de límite de edad. Artículo 4°.- Ámbito de Aplicación La presente ordenanza regional será de aplicación en el ámbito de la Región Arequipa. Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente ordenanza regional al Órgano Ejecutivo Regional y a la Gerencia Regional de Educación. Artículo 6°.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial "El Peruano" como en el Diario de Avisos Judiciales "La República"; en ese sentido, se encarga a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Ejecutivo Regional que, una vez publicada en el Diario Oficial, inmediatamente, ésta se publique en la página web institucional, de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. La tramitación de la publicación será a cargo de la Secretaría del Consejo Regional, mientras que el costo que ésta irrogue será cubierto por el Órgano Ejecutivo Regional. Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para su promulgación. En Arequipa, a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece. JOSÉ CÁRCAMO NEYRA Presidente del Consejo Regional de Arequipa POR TANTO: Mando se publique y cumpla Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil trece. JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES Presidente del Gobierno Regional de Arequipa MAYOR INFORMACIÓN GRATUITA
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2013-09-06T05:53:58+00:00
Callao, doce de abril Del dos mil trece.-
RAMAL BARRENECHEA MENDOZA CABALLERO
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2013-09-03T05:05:49+00:00
CONTROVERTIDAS SENTENCIAS HAN SIDO EMITIDAS POR EL TC REFERENTE A LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.
ES DE RESALTAR QUE SI BIEN ES CIERTO EL PLENO DEL TC HA RESUELTO LA IMPROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE AMPARO RESPECTO A LOS PROCESOS LLEVADOS POR MAESTROS DE HUANCAVELICA, TAMBIÉN ES CIERTO QUE EXISTE UN VOTO SINGULAR QUE MARCA UN PRECEDENTE IMPORTANTE EN LA CALIFICACIÓN DE LA LEY EN CUESTIÓN.
COMO VENIMOS INFORMANDO,LA CUESTIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE AMPARO SE SUSTENTA EN LA CALIFICACIÓN DE LA NORMA EN CUESTIÓN, ESTO ES, ADEMÁS DE SER INCOMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN, DEBE SER DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, POR CUANTO NO PROCEDE DEMANDA DE AMPARO CONTRA NORMAS DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
EN ESTE SENTIDO, MILES DE DEMANDAS DE AMPARO HAN SIDO ADMITIDAS A TRÁMITE PORQUE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA HAN CALIFICADO PREVIAMENTE LA LEY EN CUESTIÓN, ASÍ TENEMOS QUE LOS JUECES DE LAS JURISDICCIONES DEL NORTE DEL PAÍS HAN ADMITIDO A TRÁMITE LAS DEMANDAS DE AMPARO, INCLUSO, INICIALMENTE LOS JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA SUR FUERON DEL MISMO PARECER. ESTOS PROCESOS SE ENCUENTRAN EN CURSO, SALIENDO A JUICIO LOS PROCURADORES PÚBLICOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DE OTRO LADO, TENEMOS QUE LOS JUECES DE LAS JURISDICCIONES DEL SUR DEL PAÌS HAN DECLARADO IMPROCEDENTE LAS DEMANDAS DE AMPARO AL CALIFICAR DE HETEROAPLICATIVA LA NORMA EN CUESTIÓN, EN EL MISMO SENTIDO ES EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS JUECES DE LIMA CENTRO Y LIMA NORTE. AQUÍ, LAS SALAS CIVILES HAN SIDO DEL MISMO PARECER, POR LO QUE CORRESPONDE LOS RECURSOS DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.
EN EL CALLAO TENEMOS UNA PARTICULARIDAD, SI BIEN LAS DEMANDAS DE AMPARO FUERON DECLARADAS IMPROCEDENTE, LOS MAGISTRADOS DE LAS SALAS CIVILES ESTÁN REVOCÁNDOLAS Y ORDENANDO LA ADMISIÓN DE LAS MISMAS.
ASÍ, VEMOS AHORA QUE EN EL SENO DE PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE EXPRESA ESTA CONTROVERSIA SOBRE UNA MISMA NORMA, TENEMOS QUE EL MAGISTRADO MESIA RAMIREZ, MIEMBRO DEL PLENO DEL TC HA EMITIDO VOTO SINGULAR SUSTENTANDO QUE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, LEY 29944, ES UNA LEY DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, SIENDO SU VOTO POR REVOCAR LAS RESOLUCIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA QUE RECHAZARON LIMINARMENTE LAS DEMANDAS DE AMPARO, Y EN CONSECUENCIA, ORDENAR AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA QUE LA ADMITA Y TRAMITE DE ACUERDO A LEY.
EN ESTE CONTEXTO, ES IMPORTANTE QUE LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTENGAN TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA QUE LOS JUECES TENGAN A BIEN VALORARLOS EN SU OPORTUNIDAD, COMO SON: BOLETAS DE PAGO CON EL NUEVO RIM, OFICIO MÚLTIPLE Nº 0008-2013-MINEDU Y OFICIO MÚLITPLE Nº 0033-2013-MINEDU (SIENDO ÉSTE ÚLTIMO EL QUE EVIDENCIA LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY EN CUESTIÓN).
FINALMENTE, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA IMPROCEDENCIA RESUELTA POR EL TC SOBRE LAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, SÓLO APERTURA LA VÍA SUPRANACIONAL, RECORDANDO QUE EN ESTA INSTANCIA SE RESOLVIÓ EL CASO DELOS CINCO PENSIONISTAS VS. PERÚ, SIENDO QUE FUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS LA QUE ORDENÓ AL ESTADO PERUANO LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA QUE CAUSABA AGRAVIO.
A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSITUCIONAL: EXP. Nº 01516-2013-PA/TC
MARIA FELICITA CUADROS RAMOS
Lima, 15 de mayo del 2013.
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Felícita Cuadros Ramos contra la resolución de fojas 35, su fecha 15 de febrero del 2013, expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Huancavelica, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
1. Que, con fecha 18 de diciembre del 2012, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional de Educación de Huancavelica, solicitando que se ordene la inmediata suspensión e inaplicación de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, que deroga la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, por vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo, a la remuneración, a las bonificaciones, a la estabilidad laboral y a la pensión. Manifiesta que la Ley Nº 29944 establece condiciones laborales desfavorables en comparación con la Ley Nº 24029, y que no pueden ser aplicadas retroactivamente.
2. Que, el Segundo Juzgado Civil de Huancavelica, con fecha 08 de enero del 2013, declara improcedente la demanda por considerar que la norma objeto del proceso es heteroaplicativa. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similares argumentos.
3. Que, el objeto de la demanda es que se declare inaplicable para el caso concreto la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de noviembre del 2012, por vulnerar supuestamente el derecho al trabajo.
4. Que, el Art. 3º del Código Procesal Constitucional ha regulado el proceso de amparo contra normas legales, señalando que sólo procede contra normas autoaplicativas. El segundo párrafo del mismo artículo define que "Son normas autoaplicativas aquellas cuya aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada".
•5. Que, en el presente caso se aprecia que la norma cuestionada no es autoaplicativa, puesto que requiere de una actividad administrativa posterior. En ausencia del acto de aplicación por los emplazados no es posible examinar las consecuencias de dicha norma para el caso concreto, en efecto, importan una afectación de los derechos constitucionales invocados (subrayado nuestro) .
6. Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que sobre el control abstracto de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, se han interpuesto los procesos de inconstitucionalidad, Expedientes Nº 00021-2012-PI, 00008-2013-PI, 00009-2013 y 00010-2013-PI, y se han admitido a trámite los Expedientes Nº 00019-2012-PI y 0020-2012-PI, los mismos que se encuentran pendientes de solución.
GERVARA GOTELLI
EXP. Nº 01516-2013-PA/TC
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESIA RAMIREZ
Haciendo uso de la facultad establecida por el artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, manifiesto a través de este voto, mi parecer discrepante con la ponencia, parecer que se sustenta en las consideraciones siguientes:
1. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Ley Nº 29944, de Reforma Magisterial.
Para analizar los efectos -inmediatos o mediatos- que produce la Ley cuestionada en la esfera jurídica de las personas, considero que primero debe analizarse el status de la demandante. Si ésta no es una profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029 o de la Ley Nº 29062, obviamente que la Ley cuestionada no le es aplicable, por lo que en este caso la demanda sería improcedente.
Diferente es la situación de la demandante que es profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029 o de la Ley Nº 29062, pues en este supuesto es evidente que la Ley cuestionada le es aplicable. En este supuesto lo que corresponde es determinar si la Ley Nº 29944 es autoaplicativa o heteroaplicativa, toda vez que en autos se encuentra probado que la demandante es una profesora comprendida dentro del régimen laboral de la Ley Nº 24029.
2. De los alegatos de la demanda se advierte que no se busca un control abstracto de la Ley Nº 29944, sino que se cuestiona el traslado automático del régimen laboral de la Ley Nº 24029 a este nuevo régimen laboral. Por dicha razón considero que corresponde aplicar el principio iura novit curia a fin de entender que la demanda pretende que se declare inaplicable su Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final que dice:
PRIMERA: Ubicación de los profesores de la Ley Nº 24029 en las escalas magisteriales.
Los profesores nombrados pertenecientes al régimen de la Ley Nº 24029, comprendidos en los niveles magisteriales I y II son ubicados en la primera escala magisterial, los del III nivel magisterial en la segunda escala magisterial y los comprendidos en los niveles magisteriales IV y V son ubicados en la tercera escala magisterial a que se refiere la presente ley.
3. El tenor literal de la disposición transcrita me permite concluir que es una norma autoaplicativa, es decir, su eficacia es inmediata porque no se encuentra sujeta a la realización de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, en la medida que adquiere su eficacia plena en el mismo momento que entra en vigencia la Ley Nº 29944. consecuentemente, el auto de rechazo liminar debe ser revocado y ordenarse la admisión de la demanda (sombreado nuestro).
Por estas razones mi voto es por REVOCAR las resoluciones de la primera y segunda instancia que rechazaron liminarmente la demanda; en consecuencia, ORDENAR al juzgado de primera instancia que la admita a trámite dentro de los plazos establecidos en el código procesal constitucional.
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2013-08-04T04:36:57+00:00
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BONIFICACIONES PARA EL MAGISTERIO ACTIVO Y CESANTE A TRAVÉS DEL D.U. 105-2001, REINTEGROS DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL, DIFERENCIAL Y ESPECIALES http://wicart5000.espacioblog.com/post/2013/08/03/bonificaciones-el-magisterio-activo-y-cesante-trav-s-del
2013-08-03T23:41:11+00:00
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE PORQUE PERMITIRÁ DESARROLLAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR EL REAJUSTE DE PENSIONES DE LOS DOCENTES CESANTES Y EL PAGO DE REINTEGROS PARA LOS DOCENTES ACTIVOS POR EL PERIODO DE LABORES DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA LEY 24029 LEY DEL PROFESORADO, CON RETROACTIVIDAD AL 1 DE SETIEMBRE DEL 2005.
LA CASACIÓN QUE PUBLICAMOS HA GENERADO UN PRECEDENTE DE CARÁCTER VINCULANTE SOBRE EL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL, DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN, DEL REAJUSTE DE LOS D.U. 090, 073 Y 011, ADEMÁS DE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES, LAS MISMAS QUE DEBIERON OTORGARSE EN FUNCIÓN DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA DISPUESTA POR EL D.U. 105-2001 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2005, QUE FIJÓ EN S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) LA REMUNERACIÓN BÁSICA DESDE EL 1 DE SETIEMBRE DEL 2005.
LO ANTEDICHO, OBLIGA A NUEVO RECÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN PERSONAL ESTABLECIDA EN EL ART. 52 DE LA LEY 24029, DE LA BONIFICACIÓN POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 48 DE LA LEY 24029 Y EL CONSIGUIENTE REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES OTORGADAS POR LOS D.U. 090, 073 Y 011, ADEMÁS, EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL POR COMPENSACIÓN DE VACACIONES ESTABLECIDA EN EL ART. 218 DEL D.S. 019-90-ED REGLAMENTO DE LA LEY 24029, LEY DEL PROFESORADO.´ASIMISMO, DEBE SOLICITARSE EL PAGO DE INTERESES LEGALES GENERADOS Y EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL NO HABERSE PAGADO OPORTUNAMENTE DICHAS BONIFICACIONES.
A CONTINUACIÓN ESTE SERVIDOR PUBLICA LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LOS JUSTICIABLES.
CASACIÓN N° 6670-2009 CUSCO
(Publicada: 01-10-2012)
CAS. Nº 6670-2009 CUSCO. Lima, seis de octubre de dos mil once.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, VISTA: La causa número seis mil seiscientos setenta guión dos mil nueve, en audiencia pública llevada a cabo el día en la fecha, integrada por los Magistrados Arévalo Vela, Mac Rae Thays, Araujo Sánchez, Morales González y Chaves Zapater; producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas dos del cuaderno de casación por María Nieves Cruz Loaiza de Campana contra la sentencia de vista corriente a fojas ciento setenta y seis, de fecha nueve de julio de dos mil nueve, que confirmando la sentencia apelada de fecha quince de abril de dos mil nueve, obrante a fojas ciento veintisiete, declara infundada la demanda. CAUSALES DEL RECURSO: Que, se ha declarado procedente el recurso de casación, mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil diez, corriente a fojas diecisiete del cuaderno de casación, por la causal de: Infracción normativa del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo Nº 847 y Decreto de Urgencia Nº 105-2001. CONSIDERANDO: Primero.- Antecedentes: Que, la pretensión que se demanda es que se declare la nulidad total de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 632-2008-GR CUSCO/PE de 06 de mayo de 2008 y la Resolución ficta que deniega el pedido de reajuste de pensión definitiva y como consecuencia de ello que su pensión de cesantía se reajuste en función de la remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, lo que implica reajustar las bonificaciones personal, diferencial y especiales así como compensación vacacional, con los correspondientes reintegros desde el mes de setiembre de dos mil uno, así como el pago de intereses, señalando que se desempeñó como profesora, correspondiéndole la aplicación de la Ley Nº 24029 su reglamento Decreto Supremo Nº 19-90-ED, entre otras normas invocadas. Segundo.- Que la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda, siendo confirmada por la sentencia de Vista, expresando como fundamentos de ésta, que el Decreto Legislativo Nº 847 que congela montos de conceptos remunerativos, está autorizando la posibilidad que mediante un Decreto Supremo se incremente "los montos en dinero de los conceptos señalados" por éste lo que en el presente caso ha sucedido en el monto correspondiente al concepto remunerativo "Remuneración Básica" al darse el Decreto Urgencia Nº 105-2001, incrementando dicho monto, no otro u otros en la suma de cincuenta nuevos soles (S/.50.00 nuevos soles). Es por ello que el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF establece en la segunda parte del articulo 4 lo ya dicho "las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general todo otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847". Entonces el Decreto Legislativo anotado ha congelado los montos correspondientes a los conceptos remunerativos establecidos por el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM modificados en concordancia con él por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 sólo en cuanto a la Remuneración Básica con efecto en la Remuneración Principal, más no con relación a los otros conceptos remunerativos como son las bonificaciones, entre las que están las reclamadas en este proceso. Tercero: Análisis de la controversia.- Que habiéndose declarado procedente el recurso de casación, mediante resolución de fecha diez de setiembre de dos mil diez, por la causal de: Infracción normativa del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, Decreto Legislativo Nº 847 y Decreto de Urgencia Nº 105-2001, corresponde emitir pronunciamiento in iudicando, delimitando la controversia, a fin de determinar si ha existido infracción normativa que puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas por interpretación errónea, aplicación indebida e infracción normativa, en las que incurre la ‘Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Cuarto: Que, es necesario determinar las normas aplicables al caso de autos, considerando que la demandante laboró como profesora, Directora de Centro Educativo, estando comprendida en la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, publicada el 15 de diciembre de 1984, habiendo cesado el 31 de marzo de 1987, siendo pensionista del régimen previsional del Decreto Ley Nº 20530: 1. El artículo 5 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, con vigencia desde el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, establece que: "La Remuneración Básica es la retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el cálculo de las bonificaciones y la compensación por tiempo de servicios, con excepción de la Bonificación Familiar" 2. El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, vigente desde el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, señala que: "Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos actualmente." 3. De manera concordante la bonificación personal en el caso de los profesores se encuentra regulada en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado- modificada por la Ley Nº 25212, publicada el veinte de mayo de mil novecientos noventa, que dispone: "(...) El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos". 4. El reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo Nº 019-90-ED, publicado el 29 de julio de 1990, en su artículo 209 señala: "(...) El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento de la remuneración básica, por cada año de servicios cumplidos (...)" 5. El artículo 1 inciso a) del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 de 31 de agosto de 2001, fija a partir del 01 de setiembre de 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.50.00) la Remuneración Básica de los servidores públicos, entre ellos los profesores que se desempeñen en el área de docencia y Docentes de la Ley Nº 24029 - Ley General del Profesorado y el artículo 4 reajusta el régimen de pensiones de los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley Nº 20530 que perciban pensiones menores o iguales a S/.1 250,00; y, 6. El artículo 4 del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF del 20 de setiembre de 2001 hace precisiones al artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, señalando: "Precisase que la Remuneración Básica fijada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente, continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847." Quinto: Que, como es de verse el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, fijó a partir del uno de setiembre de dos mil uno, la remuneración básica en cincuenta nuevos soles (S/. 50.00 Nuevos Soles) para los servidores públicos en él detallados, dentro de los que se encuentran los profesores que se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado; con la dación de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, específicamente el artículo 4, mencionado en el numeral 6 del considerando anterior, precisó la aplicación del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 105, variando lo que este Decreto de Urgencia disponía, que el incremento (los S/.50.00) reajustaba automáticamente en el mismo monto, la Remuneración Principal a la que se refiere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM (artículo 4: "La Remuneración Principal es la compensación que percibe el trabajador y que resulta de adicionar la Remuneración Básica y la Remuneración Reunificada"), contrariando el texto expreso de la ley y el principio de jerarquía de las normas que Implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de las normas jurídicas, a decir de Requena López, Tomás, en El principio de la jerarquía normativa. Madrid: Civitas, 2004, p.133. Sexto: Que, el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, es una norma de inferior jerarquía, que a su vez contradice el artículo 5 del Decreto Supremo 057-86-PCM y el artículo 52 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212, normas que disponen que la bonificación personal se computa sobre la remuneración básica, y corresponde que se calcule en el dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos para el caso de los docentes. Sétimo: Que, en cuanto al principio de jerarquía de normas, nuestra propia Constitución Política en el artículo 51 dispone que: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.", afirmando los principios de supremacía constitucional. Octavo: Que en la jurisprudencia constitucional, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 047-2004-Al/TC de fecha veinticuatro de abril de dos mil seis que en su fundamento 55 señala: La Constitución contiene un conjunto de normas supremas porque estas irradian y esparcen los principios, valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas restantes. En esa perspectiva el principio de jerarquía deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal.(...) La Constitución es una especie de super ley, de norma normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa.(...)" el artículo 51 de la Constitución dispone que: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.(...) y en su fundamento 56 precisa que "El Principio de Jerarquía puede ser comprendido desde dos perspectivas: a) La Jerarquía basada en la cadena de validez de las normas, (...) y b) La Jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las normas. Establece también que la pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores: a) Las categorías y b) Los grados; en las categorías se encuentran: Primera categoría: Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional, que tiene como Grados: 1ero. La Constitución, 2do. Leyes de Reforma Constitucional y 3ero. Tratados de Derecho Humanos. Segunda Categoría: Las leyes y las normas con rango de ley, como los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley. Tercera Categoría: los decretos y demás normas con contenido reglamentario. Cuarta Categoría: las resoluciones, que pueden ser ministeriales, de órganos autónomos no descentralizados. Quinta Categoría: Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales". Noveno: Que, en ese contexto, una norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la superior, ello al amparo del artículo 138 de la Constitución vigente, concordado con su artículo 51, que consagran los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional, disponiendo que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Conforme ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades, como en el caso del fundamento 8 de la STC Nº 2939-2004-ANTC, de fecha 13 de enero de 2005, que establece: "(...) el principio de supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en el artículo 51 de la Constitución: [...] La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Este valor normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43 de la Carta Fundamental, que exige una concepción de la Constitución como norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de eficacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras normas (...)"; mientras que en el fundamento 13 de la STC 004-2006-PUTC, de fecha 29 de marzo de 2006, precisa que: "(...) las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución (...)". Décimo: Que, en ese sentido el artículo 52 de la Ley 24029, modificado por la Ley Nº 25212, y el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001, al ser esta una norma reglamentaria de aquella y así también en razón a que toda norma encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una norma se adecue a otra superior, sino también a su compatibilidad material, lo que no ocurre con el Decreto Supremo referido. Décimo Primero: Que, el Decreto Legislativo Nº 847, emitido en el año mil novecientos noventa y seis, conforme señala su parte expositiva, se expidió (...) para un adecuado manejo de la hacienda pública, sea necesario que las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del Sector Público, se aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos de los trabajadores y pensionistas', esta norma no impide que a futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de Urgencia 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los alcances del artículo 118 numeral 19) de la Constitución Política del Estado, teniendo fuerza de ley1. Décimo Segundo: Que, en consecuencia, en el caso de autos resulta de aplicación el Principio de Jerarquía de las normas respecto a la bonificación personal, por lo que el principio jurisprudencial que establece este Supremo Tribunal es el siguiente: Para determinar la remuneración personal prevista en el artículo 52 de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado modificada por la Ley Nº 25212, aplicable a los profesores que se desempeñan en el área de la docencia y los Docentes de la Ley Nº 24029 debe aplicarse en base a la remuneración básica de cincuenta nuevos soles (S/.50.00), determinada en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 847, como lo indica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, que igualmente no resulta aplicable al ser una norma de inferior jerarquía; razón por la cual las causales denunciadas devienen en fundadas. Décimo Tercero: Que, en cuanto a la pretensión relativa al reajuste de la bonificación diferencial y la bonificaciones especiales previstas por el Decreto de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99, atendiendo a que de la boleta de pago del mes de setiembre de 2001 de fojas 04 y del mes de enero de 2007 de fojas 05 se desprende que la demandante viene percibiendo los referidos conceptos sin el reajuste en base a la remuneración básica que establece el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; corresponde se efectué el reajuste de las referidas bonificaciones en base a la remuneración básica, siendo ello así, la demanda en este extremo deviene en fundada. Décimo Cuarto: Que, respecto a la pretensión de reajuste de la compensación vacacional, corresponde señalar que el artículo 218 del Decreto Supremo 19-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado prescribe: "El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales. El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año al personal del Área de la Docencia y a los pensionistas magisteriales, como es de verse le asiste el derecho a percibir este reajuste, al ser una pensionista magisterial, deviniendo por lo tanto fundada su pretensión de reajuste de la compensación vacacional que le corresponderla a la demandante en base a la remuneración básica determinada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001. Décimo Quinto: Precedente vinculante.- Que de lo expuesto precedentemente respecto al reajuste de la bonificación personal en base a la remuneración básica determinada en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 conlleva la determinación del criterio asumido por esta Sala Suprema respecto a dicha bonificación, lo que implica que los fundamentos décimo al décimo segundo constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa de conformidad con el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y por tanto constituye precedente judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial; RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones; con lo expuesto por el Dictamen de la señora Fiscal Supremo; Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Nieves Cruz Loaiza de Campana; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, su fecha nueve de julio de dos mil nueve que declara infundada la demanda; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada, su fecha quince de abril de dos mil nueve, de fojas ciento veintisiete, que declara Infundada la demanda y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda, ORDENARON a la entidad demandada cumpla con efectuar el cálculo de la bonificación personal que determina el artículo 52, tercer párrafo de la Ley 24049, modificado por el artículo 1 de la Ley 25212, de acuerdo a la remuneración básica señalada en el Decreto de Urgencia 105-2001, así como la bonificación diferencial y las bonificaciones dispuestas por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99 y la Compensación Vacacional a partir de setiembre de 2001; ESTABLECIERON como principios jurisprudenciales los considerandos Décimo al Décimo Segundo de la presente resolución, los mismos que constituyen precedente vinculante en aplicación del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial, conforme a ley; en los seguidos por María Nieves Cruz Loaiza de Campana con la Dirección Regional de Educación del Cusco sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo como Ponente, la señora Juez Supremo Araujo Sánchez; y, los devolvieron.- SS. ARÉVALO VELA, MAC RAE THAYS, ARAUJO SÁNCHEZ, MORALES GONZÁLEZ, CHAVES ZAPATER
CEL 992 422446
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ACCION DE AMPARO Y RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
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2013-06-30T04:52:03+00:00
SOBRE EL PROCESO DE LAS ACCIONES DE AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONAL LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL ESTÁ DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE SU NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, DE ALLÍ QUE QUE LAS SEDES JURISDICCIONALES DE LA PARTE NORTE DEL PAÍS Y SEDES JURISDICCIONALES DE LIMA SUR HAN ADMITIDO A TRÁMITE MILES DE DEMANDAS DE AMPARO, SIENDO QUE EN ESTOS MOMENTOS LOS EMPLAZADOS ( EL PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL PROCURADOR PÚBLICO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA) ESTÁN REMITIENDO LOS RECURSOS DE CONTESTACIÓN QUEDANDO LA CAUSA EXPEDITA PARA SENTENCIAR.
COMO VENIMOS SOSTENIENDO, ES IMPORTANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY EN CUESTIÓN ( OF. MÚLTIPLE Nº 008-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2013 Y OF. MÚLTIPLE Nº 0033-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2013) QUE DEMUESTRAN LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 29944 SIN NECESIDAD DE REGLAMENTACIÓN, SIENDO LA PRUEBA REAL Y MATERIAL LAS BOLETAS DE PAGO CON LA NUEVA RIM EXPEDIDAS DESDE ENERO 2013. TÉNGASE PRESENTE QUE EL REGLAMENTO DE LA LEY EN CUESTIÓN RECIÉN SE EMITIÓ EL 03 DE MAYO DEL 2013 MEDIANTE D.S. Nº 004-2013-ED.
ASIMISMO, ES IMPORTANTE LA INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE DE LAS BOLETAS DE PAGO DE LOS DOCENTES QUE HAN JUDICIALIZADO EL TEMA DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN QUE OSTENTAN LA REMUNERACIÓN REAL, PARA DEMOSTRAR LA REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN REAL, SIENDO QUE MILES DE MAESTROS VIENEN JUDICIALIZANDO EL PAGO DE DICHA BONIFICACIÓN. HEMOS PUBLICADO UN CUADRO COMPARATIVO DE REMUNERACIONES DEMOSTRANDO QUE EL PISO SALARIAL POR NIVELES DE LA LEY 24029, LEY DEL PROFESORADO, ESTÁ POR ENCIMA DEL PISO SALARIAL QUE OFRECE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL. NO TIENE PUNTO DE COMPARACION.
POR OTRO LADO, RESPECTO A LAS DEMANDAS DE AMPARO QUE HAN SIDO DECLARADAS IMPROCEDENTES CORRESPONDE INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN, SIENDO QUE SE HAN PROGRAMADO VISTA DE LA CAUSA Y DONDE SE HAN EXPEDIDO YA RESOLUCIONES DE VISTA POR PARTE DE LAS SALAS CIVILES CONFIRMANDO LAS RESOLUCIONES APELADAS.
EN ESTE CASO, CORRESPONDE INTERPONER INMEDIATAMENTE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO, SIENDO QUE EL EXPEDIENTE SERÁ ELEVADO AL MISMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON EL QUE CONCLUYE LA VIA NACIONAL Y, DE SER EL CASO, TENDRÁ QUE RECURRIRSE A LA INSTANCIA SUPRANACIONAL: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
REITERAMOS LA IMPORTANCIA DE INCORPORAR AL EXPEDIENTE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA SUSTENTAR LOS INFORMES ORALES CORRESPONDIENTES.
A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS, ESTE SERVIDOR PUBLICA UN MODELO DE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL QUE A LA VEZ PERMITIRÁ UNA SUSTENTACIÓN TÉCNICA ADECUADA.
SUMILLA: RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.-
PEDRO PEREZ VENTURA en el proceso constitucional de amparo que sigue en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y OTROS; a Ud., respetuosamente, digo:
Interpongo recurso de agravio constitucional en contra del Auto de Vista 534-2013 (Resolución Nº 40) de fecha 20 de Junio de 2013 que CONFIRMA el auto que declara improcedente mi demanda, a fin de que el superior en grado, revocando la recurrida se pronuncie sobre el fondo del presente proceso por haberse configurado la contravención al principio pro actione.
1.- Con fecha 11 de enero de 2013, interpuse mi demanda de amparo.
2.-Con fecha 06 de febrero de 2013 se emite la Resolución 05-2013 que declara improcedente la demanda
3.- Con fecha 28 de febrero de 2013, interpuse recurso de apelación en contra de la antes indicada resolución.
4.- Con fecha 20 de septiembre de 2010 se emite el Auto de Vista 534-2013 que es materia del presente recurso de agravio constitucional.
Como se puede verificar, pese al carácter urgente de la acción de amparo, la misma no ha sido admitida a trámite desde febrero de 2013.
III.- FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO.
- SOBRE LA NATURALEZA AUTOAPLICATIVA DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL.
Que, en principio, de acuerdo al texto Constitucional contenido en el Art. 200º, numeral 2, el proceso de amparo no procede contra normas legales, sin embargo, conforme lo establece el Art. 3º del Código Procesal Constitucional, modificada por Ley 28946, la procedencia del Proceso de Amparo contra una norma legal (control difuso), está condicionada – además de la incompatibilidad con la Constitución- al carácter autoaplicativo de esta última; es decir, cuando su aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada.
Que, con relación al carácter autoaplicativo de la norma legal, el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 5719-2005-PA/TC, ha señalado que la necesidad de reglamentación legislativa le quita a una norma legal, el carácter autoaplicativo de ejecución inmediata, esto es, cuando su operatividad queda supeditada a la posterior reglamentación (acto adicional).
Que, sobre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 00051-2011-PA/TC, ha señalado que en una primera fase se evalúa si la norma impugnada tiene carácter autoaplicativo por ser una condición de procedibilidad, y, en la segunda fase, examinar si en el caso concreto se lesionan los específicos derechos fundamentales que se invocan.
Que, respecto a la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión, es de observarse que ésta fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 24 de noviembre del 2012 entrando en vigencia desde el día siguiente de su publicación.
Que, con fecha 18 de enero del 2013 el Ministerio de Educación emitió el Oficio Múltiple N° 008-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER indicando la implementación inmediata de la nueva RIM (Remuneración Íntegra Mensual) subrayando “a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley” indicando además, que los docentes de la Ley 24029 y Ley 29062 habían sido ubicados dentro del nuevo sistema de ocho escalas, es decir, se produjo el cambio en el Sistema Único de Planillas (SUP) y el desplazamiento en forma humillante y denigrante a escala inferior para los docentes de la Ley 24029, además de la reducción de beneficios económicos y sociales consagrados en la Ley del Profesorado, sin necesidad de reglamentación de la ley, como es de observarse en las boletas de pago emitidas desde enero del 2013, configurándose la prueba real y material de la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión. Que, en el mismo sentido, con fecha 29 de abril del 2013, se emite el Oficio Múltiple N° 0033-2013-MINEDU/SG-OGA-UPER, que implementa el cese de los docentes por límite de edad (65 años de edad) de conformidad con el Inciso d) del Art. 53º de la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, subrayando que la ley en cuestión “es una disposición clara y precisa, ésta es operativa desde la entrada en vigencia de la Ley, sin necesidad de su reglamentación, al no requerir dicho acto de procedimientos reglamentarios adicionales”.
De esta forma, el propio MINEDU reconoce y pone en evidencia la naturaleza autoaplicativa de la ley en cuestión, siendo que ésta recién fue reglamentada el 03 de mayo del 2013 aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED.
- SOBRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL TRABAJO Y A LA PROPIEDAD.
Que, siendo evidente la operatividad y eficacia de la ley en cuestión, la aplicación de la misma vulnera derechos constitucionales y laborales consagrados en la Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212, Ley del Profesorado, siendo que la mayoría de maestros y el mío propio, hemos sido desplazados en forma ARBITRARIA Y UNILATERAL de NIVEL SUPERIOR A ESCALA INFERIOR, por tanto, el agravio se ha producido en forma humillante y denigrante, cambiando mi régimen laboral, afectando además, directamente en la reducción de mis haberes mensuales cuando se liquida beneficios laborales y bonificaciones económicas especiales, lo que se evidencia en las boletas de pago desde enero 2013, con la nueva RIM.
Que, de esta forma, SIN REGLAMENTACIÓN, se ha eliminado y/o recortado los beneficios económicos y sociales, consagrados en la Ley del Profesorado, como son: la bonificación por preparación de clases y evaluación, las bonificaciones especiales que corresponde por los D.U. 090, 073 y 011, la bonificación personal, la asignación familiar, la acumulación de años de estudio a los años de servicios, los tres permisos al año por motivos particulares. Se ha eliminado la asignación económica por cumplimiento de 20 años de servicios y se ha reducido la asignación económica por 30 años de servicios, igualmente, se ha eliminado el subsidio por gastos de sepelio y se ha reducido el subsidio por luto. Se ha eliminado también el índice remunerativo del Quinto (V) Nivel equivalente al que le corresponde a un Vice-Ministro de Estado y el beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica.
Que, en el mismo sentido, se ha reducido la remuneración real que corresponde a la Ley del Profesorado. Así tenemos, que para la jornada laboral de 24 horas, el piso salarial establecido para la I Escala de la Ley 29944 (S/. 1,243.50) se encuentra por debajo de la remuneración real que percibe un docente del I Nivel de la Ley 24029, que asciende a S/. 1,719.00 Nuevos Soles (considerando la aplicación de la bonificación especial mensual por preparación de clases equivalente al 30% de la remuneración total y la indexación de los D.U. 090, 073 y 011), como está acreditado con la boleta de pago de docente de la Ley 24029 que obra en los actuados, siendo que la recurrente se encuentra judicializando dicha bonificación especial. Y si seguimos ascendiendo, el piso salarial establecido para la V Escala de la Ley 29944 (S/. 2,239.00) no tiene punto de comparación con la remuneración real que corresponde a un docente del V Nivel de la Ley 24029, equivalente al índice remunerativo de un Vice Ministro de Estado y que asciende a S/, 9,798.00 Nuevos Soles, suma económica que se encuentra incluso por encima del piso salarial que ofrece la VIII Escala de la Ley 29944 (S/. 3,109.00).
Que, además, la mayoría de maestros, como el mío propio, con promedio de vida de 50 años de edad y que hemos sido degradados a la I Escala de la Ley 29944 no tenemos ninguna posibilidad de sobrepasar la IV Escala (considerando sólo el tiempo de permanencia por cada escala), configurándose el peligro de concluir nuestra relación laboral en un corto período de tiempo, sin considerar nuestra condición profesional (años de estudio y servicios), nuestra condición personal (proyecto de vida y carga familiar).
Que, de esta forma, la aplicación de la cuestionada ley contraviene mi derecho al trabajo consagrado en el art. 22º de nuestra Carta Magna, así como Art. 23° de la misma que señala: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.
Que, asimismo, la aplicación de la cuestionada norma infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado, en el extremo que prescribe: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, y 3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario; colisionando además, con el Art. 10° en el extremo que señala: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.
Que, la Ley 25212 modificó la Ley 24029 ampliando los derechos del magisterio peruano (incorporando la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, las asignaciones económicas por cumplimiento de años de servicios entre otros); sin embargo, la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial al eliminar y/o recortar derechos del magisterio peruano deviene en retrógrada y anti-histórica por cuanto degrada mi condición profesional y personal.
A Ud. Pido dar al presente recurso el trámite que le corresponda conforme al Código Procesal Constitucional.
Lima, 27 de junio de 2013.
CEL 992422446
RPM 964941975
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 Resolución 

Artículo 2
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 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 207
 Artículo 209
 Resolución 
 resolución 
in dubio
 Artículo 52
 Artículo 213
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 210
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 48
 artículo 51
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 17
 artículo 48
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 1236
 artículo 48
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 23
 artículo 184
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 148
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 30
 artículo 200
 artículo 19
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 184
 resolución 
 artículo 48
 artículo 2
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 45
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 53
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 9
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 Artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 52
 artículo 209
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 138
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 43
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 118
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 218
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 37
 resolución 
 Resolución 
in dubio