Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632064.html
Timestamp: 2019-03-21 20:02:15+00:00

Document:
as201632064
Auto Supremo Nº 64/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-BNI.258/2015.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo (fs. 309 a 312) interpuesto por Hermes Vargas Ribera y Wilson Franco Semo, representado legalmente por Enrique Franco Méndez, impugnando el Auto de Vista Nº 38/2015 de 26 de junio (fs. 302 a 306), pronunciado por la Sala Social y Administrativa y Sala Social Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por la Contraloría General del Estado, contra los recurrentes coactivados, el auto de fs. 315 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, planteada la demanda coactiva fiscal por la Contraloría General de la República, representada por Ernesto Natusch Serrano, el Juez Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Trinidad-Beni, pronunció la Sentencia Nº 10/2013 de 28 de noviembre de 2013 (fs. 233 a 236), declarando se mantenga la Nota de Cargo Nº 194/03 de 28 de octubre de 2003, girada en forma solidaria contra Hermes Vargas Ribera, Carmelo Parada Zarco y Wilson Franco Semo, por la suma de Bs.18.184.-, equivalentes a $us.2.831.-, ordenando se gire pliego de cargo en contra de los coactivados, concediéndoles el término de cinco días para el cumplimiento de sus obligaciones, más intereses, bajo prevenciones de ley.
En grado de apelación deducida por los coactivados, representados por Enrique Franco Méndez, la Sala de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, pronunció el Auto de Vista Nº 74/2014 de 29 de agosto (fs. 268 a 272), confirmando la sentencia apelada, sin costas en cumplimiento del art. 39 de la Ley Nº 1178.
La señalada resolución, motivó la interposición de recurso de casación (fs. 275 a 278), resuelto mediante Auto Supremo Nº 99/2015 de 2 de abril (fs. 288 a 289), que anuló obrados hasta el sorteo de fs. 264 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin espera de turno, previo sorteo, dicte una nueva resolución, poniendo en conocimiento de las partes, las actuaciones que se produzcan en el proceso a efectos de ley. Sin multa por ser excusable.
En cumplimiento de la Resolución Suprema, la Sala en Materia de Trabajo y Seguridad Social Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió Auto de Vista Nº 38/2015 de 26 de junio (fs. 302 a 306), que confirmó la Sentencia Nº 10/2013 de 28 de noviembre, sin costas.
Contra la resolución de vista, los coactivados Hermes Vargas Ribera y Wilson Franco Semo, a través de su representante legal Enrique Franco Méndez, interpusieron recurso de casación en el fondo de fs. 309 a 312, expresando en síntesis, los siguientes argumentos:
Alega que el tribunal de alzada, violó el art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), toda vez que a fs. 298, en fecha 15 de junio se realizó el sorteo de la causa, solo con la presencia del Dr. Emiliano Sandoval Castellón, siendo el mismo relator de la causa. A fs. 299 de obrados, la Autoridad mencionada, mediante Decreto de 23 de junio, 8 días después del sorteo, amparado en el art. 27.8) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial (LOJ), se excusó de conocer el caso, señalando que había actuado como juez en la tramitación del proceso.
Señala que, al respecto el art. 348 de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, ley aplicación anticipada, determina que la autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de recusación, tendrá la obligación de excusarse en su primera actuación; sin embargo, el Vocal mencionado se excusó después de haber realizado el sorteo de la causa, siendo que su excusa correspondía ser efectuada antes de realizar el sorteo e inclusive cuando se dictó el decreto de autos, viciando de nulidad la actuación, en franca violación del art. 348 de la Ley Nº 439 o del Órgano Judicial.
Continúa señalando que, en mérito a la excusa presentada, se convocó al Vocal Carlos Alberto Eguez Añez, miembro de la Sala Civil, conforme al art. 68.5) de la LOJ, quien dictó el Auto Nº 65/15 de 25 de junio, declarando legal la excusa presentada, dictando luego el auto de vista recurrido; sin embargo una vez retirado la autoridad excusada, previo a la emisión del auto recurrido, debió realizarse un nuevo sorteo para designarse Vocal relator, lo que no ocurrió en el caso presente, violándose el principio del debido proceso, por lo que solicita que, en aplicación del art. 17 de la LOJ, se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta fs. 296 inclusive.
Violación del art. 237.3) del CPC. Toda vez que, la prueba de descargo de fs. 133 a 150, son documentos auténticos, es decir prueba idónea, que en su momento fue respaldada con el informe de auditoría de fs. 163, motivo por el que era aplicable el art. 237.3) y no el inciso 1 de dicho artículo, habiéndose aplicado erróneamente el art. 253.1), señalando que: “…el art. 237 Inc. 1) con meridiana claridad establece: (RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO). Procederá el recurso de casación en el fondo:
3). Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”
2.2. Violación del art. 16 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF). Alega que dicha violación consiste en no haber valorado los descargos de fs. 133 a 150; asimismo el art. 1283 del Código Civil (CC) y el art. 375.1) de su procedimiento, por no haber valorado de forma correcta la prueba de descargo, incurriendo en error de hecho, al tratarse de documentos auténticos que demuestran plenamente la equivocación de los de instancia. Añade que el tribunal de alzada no interpretó correctamente el informe del auditor de la Sala Social de fs. 157 y su complementación de fs. 163, en los que se manifiesta que los coactivados no tienen responsabilidad en la retardación del pago correspondiente a los aportes al Seguro Social Obligatorio, FONVIS y honorarios de profesionales.
Asimismo manifiesta que no tomaron en cuenta que los atrasos en el pago de aportes patronales fue consecuencia del retraso en el desembolso de fondos por parte del Tesoro General de la Nación, pues si estos desembolsos se hubieran realizado en forma oportuna, sus representados no hubieran sido perjudicados con una demanda de responsabilidad civil, por lo que acusa la violación del art. 33 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, toda vez que la decisión que asumieron los coactivados en su momento, fue debido a una situación de fuerza mayor, porque fue tomada, en procura de un beneficio mayor.
3.3. Violación del art. 31 y 32 de la Ley Nº 1178. Alega que el tribunal de alzada, conculcó la normativa mencionada, al confirmar la sentencia apelada argumentando erradamente que existe responsabilidad civil por parte de sus mandantes, lo que a criterio suyo, no es correcto, pues no causaron daño económico al Estado, por cuanto ellos salvaron la situación agobiante por la que atravesaban los funcionarios de la Alcaldía de Guayaramerín; ocasionándoles al confirmar la sentencia apelada, daño moral y económico por tener que responder al pago de una deuda que no contrajeron en beneficio propio; además, señala, sus mandantes no fungían como autoridades cuando se produjo el daño económico, tal como lo demuestran las pruebas de fs. 133 a 150, que nunca fueron observadas por la Contraloría. Específicamente refiere que la documental de fs. 133, evidencia que Wilson Franco Semo, informó a Hermes Vargas Ribera, Alcalde Municipal, que la deuda con la AFP Futuro de Bolivia, por concepto de Seguro Social Obligatorio, ascendía a la suma de Bs.606.210,23.-; asimismo, de fs. 134 a 135, cursan los informes de la contadora, haciendo conocer al Alcalde, las cuentas por pagar a la AFP de la gestión 1999, empero, reitera que en esa gestión, sus mandantes no eran servidores públicos, por lo que carecen de legitimidad para ser demandados por la vía coactiva, para responder por un daño al que supuestamente debería aplicarse el art. 32 de la Ley Nº 1178, lo que a su parecer evidencia, que la prueba no fue valorada en alzada, aplicando y malinterpretando los arts. 132 y 133 de la ley, máxime si Hermes Vargas Ribera, únicamente cumplió con lo determinado por el Concejo Municipal, de suscribir el convenio sobre pago a la AFP, lo que lo libera de responsabilidad civil.
3.4. Violación del art. 25 del DS Nº 21364. Que la señalada norma, determinaba que el pago de multa, no puede imputarse con defraudación de bienes patrimoniales, porque no recae dentro del ámbito de la norma citada, los gastos particulares, viáticos y uso de vehículos, extremo que, señala, no ha sido correctamente aplicado en el auto de vista recurrido.
Por lo expuesto, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta fs. 298, correspondiente al sorteo de causas, de acuerdo a los fundamentos del recurso de casación en la forma, o en su defecto case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo, declare improbada la demanda.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso, analizado el contenido del mismo, se establece lo siguiente:
El recurrente solicita la anulación del auto de vista recurrido, argumentando la violación del art. 90 del CPC, toda vez que el vocal designado como relator, presentó su excusa después de 8 días de efectuado el sorteo, siendo que el art. 348 de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, o de aplicación anticipada, determina que la que la autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de recusación, deberá excusarse en su primera actuación, viciando de nulidad su actuación.
Al respecto, en efecto, tal como refiere el recurrente, el art. 348 de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre, dispone en el parágrafo I, que: “La autoridad judicial comprendida en cualquiera de las causas de recusación tendrá la obligación de excusarse en su primera actuación…”; sin embargo no es menos cierto que en cuestión de nulidades, el Código de Procedimiento Civil limita las mismas, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, pero siempre como una decisión de última ratio, de ahí que, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del CPC, permiten el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe ser concordada con el parágrafo I del art. 251 del mismo cuerpo de leyes, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, esta será aplicable únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo determine la ley; observándose además los principios procesales que atingen a esta figura jurídica, como son el principio de trascendencia entre otros, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio
En el caso de autos, si bien el vocal relator de la causa, presentó su excusa posterior a emitir el decreto de autos e incluso después de realizado el sorteo; sin embargo, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, presento su excusa argumentando haber intervenido como juez en la tramitación de la causa; en cuya virtud, y siguiendo el procedimiento, se convocó al suplente llamado por ley, quien luego de aceptar y declarar legal la excusa presentada, requirió en mérito a lo establecido por el art. 68.5) de la LOJ, con el objeto de conformar tribunal para conocer y resolver la causa, al Vocal de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. En ese sentido, como podrá advertirse, el vocal excusado no emitió criterio alguno respecto al fondo del asunto en litigio, mucho menos pronunció auto de vista; en consecuencia, mal puede el recurrente alegar violación del debido proceso, toda vez que, la resolución de alzada fue dictada por la autoridad llamada por ley. Por otro lado, el recurrente no demostró cual es el perjuicio que a su parecer, le hubiera causado la presentación de la excusa del Vocal, 8 días después de realizado el sorteo, tomando en cuenta que la nulidad se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio. De ahí que, en el caso de autos, al no estar debidamente identificado el supuesto vicio procesal en los que hubiera incurrido el tribunal de apelación, no es posible deferir favorablemente.
Sobre el recurso de casación en el fondo se tiene:
En el primer punto el recurrente acusa la violación del art. 237.c) del CPC, porque considera que con la prueba de fs. 133 a 150, que es auténtica e idónea, se demuestra que debía aplicarse el art. 237.3) y no así el numeral 1), del CPC, señalando además que se aplicó erróneamente el art. 253 .1) de la norma adjetiva referida.
Al respecto es pertinente señalar en inicio, que el art. 237 del CPC, que el recurrente acusa como violado, establece las formas de resolución del recurso de apelación y el pago de costas; es decir, se trata de una norma que establece una denominación a la determinación asumida por el tribunal de alzada; así, según el análisis efectuado por este en el desarrollo del auto de vista, la decisión final será de confirmar totalmente, confirmar parcialmente, revocar total o parcialmente la sentencia, o anular obrados. En ese sentido, a no ser que el tribunal de alzada emita una resolución diferente a las cuatro mencionadas, estaría incumpliendo o “violando”, si se quiere, la citada norma legal; sin embargo, de la revisión del auto de vista recurrido, éste dispone en la parte resolutiva, confirmar la sentencia apelada, tal como establece el inciso 1) del referido artículo. Ahora bien, el hecho que el recurrente considere que el tribunal de alzada debió declarar el auto de vista, conforme dispone el numeral 3) del art. 237 del adjetivo civil, no significa que no habiéndolo hecho así haya violado la norma, máxime si el recurrente, no acreditó de manera fundamentada, por qué considera que el tribunal de apelación debió revocar total o parcialmente la sentencia, y no confirmarla.
En ese entendido, y siendo falto de argumento legal el alegato del recurrente expuesto en este acápite, corresponde declararlo infundado.
Sobre la violación del art. 16 del LPCF, por no haberse valorado los descargos de fs. 133 a 150, además de la violación del art. 1283 del CC y art. 375.1) del código adjetivo civil, por no haberse valorado de forma correcta la prueba de descargo, incurriendo en error de hecho por tratarse de documentos auténticos que demuestran el error del juez a quo, refiriendo concretamente el informe del auditor de la Sala Social de fs. 157 y su complementación de fs. 163, que demuestran que no tuvieron responsabilidad alguna en la retardación del pago de los aportes al Seguro Social Obligatorio y FONVIS, además de honorarios profesionales; corresponde señalar que el art. 16 del Decreto Ley Nº 14933 de 29 de septiembre de 1977, elevado a rango de ley por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, al que seguramente quiso referirse el recurrente, y no así equivocadamente, al Código de Procedimiento Coactivo Fiscal, prevé que: “Presentados los descargos o justificativos, el juez coactivo, previa apreciación de los mismos, dictará Resolución Administrativa manteniendo el cargo original, dejándolo sin efecto o reduciéndolo.”; de cuya lectura se evidencia que la misma, es una norma que marca el procedimiento que el juez coactivo fiscal debe observar luego de la presentación de descargos o justificativos, es decir, debe dictar una Resolución Administrativa; en ese entendido, dicho precepto resultaría vulnerado o violado, si el juez omitiría su cumplimiento, sin embargo de la revisión de antecedentes se evidencia que dicho extremo no ocurrió, por lo tanto, mal puede el recurrente alegar la violación del mismo.
Cosa similar ocurre con los arts. 1283 del CC y 375.1) del CPC, también acusados de haber sido violados, pues ambas normas resultan ser atingen al juez en cuanto a su cumplimiento, toda vez que ambas están referidas a la carga de la prueba, y a quien corresponde su incumbencia; entonces, mal puede el recurrente acusar al juez o tribunal de alzada la violación de una norma cuyo cumplimiento le corresponde al actor o al demandado, no así a la autoridad judicial, que no aporta prueba al proceso; por ello, resulta impertinente el alegar la violación de una normativa que impone una obligación a la partes, mas no así al juez.
Empero el recurrente, al acusar la violación de la normativa precedente, señala que dicha violación se hubiera producido por no haber valorado la prueba en forma correcta, incurriendo el tribunal de alzada en un error de hecho, toda vez que se trata de documentos auténticos, que demuestran fehacientemente la equivocación de los de instancia, refiriéndose concretamente a la prueba corriente a fs. 157 y 163. Al respecto, el recurrente nuevamente equivoca su argumentación, toda vez que la denuncia de error de hecho en la valoración de la prueba, no guarda relación con la violación del art. 1283 del CC, y el art. 375.1) acusada, que como se refirió precedentemente, están referidos a la carga de la prueba.
Sin embargo, de la lectura del auto de vista impugnado, se evidencia que el tribunal de alzada, valoró toda la prueba aportada al proceso, que en su conjunto, demostraban que la misma no evidencia que el daño ocasionado por concepto de pago de interés y mora, hubiera sido imputable a gestiones anteriores, sino que toda la documentación presentada, correspondía a la liquidación por conceptos similares y honorarios profesionales desde mayo de 1998 a marzo de 2000, y que el cargo que se les imputa a los coactivados, correspondía al año 2000, es decir que la mora y su pago, se produjo en la gestión 2000, momento en el que los coactivados ejercían funciones ejecutivas en el Municipio de Guayaramerin. De esa forma se demuestra que, el tribunal de alzada valoró la prueba aportada, cuya valoración en conjunto le llevó a determinar la responsabilidad de los coactivados; de ahí que, la decisión asumida por el juez no se basó únicamente en la documental cuestionada por el recurrente, sino como ya se refirió, en todo lo obrado, entonces mal puede alegar el recurrente error de hecho en la valoración de las pruebas de fs. 157 y 163, si además de ellas, hubieron otras pruebas y otros aspectos que llevaron al juez a confirmar la sentencia apelada.
Debe señalarse además que, se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en el proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en autos, o en su caso cuando el juez altera o modifica, cercenando o incrementando el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo que en el caso de autos visiblemente no ha ocurrido o no ha sido demostrado por el recurrente, pues simplemente se limitó a señalar que dicha prueba no fue interpretada correctamente, sin demostrar que el tribunal de alzada, hubiera incurrido en error de hecho en la valoración de la prueba cuestionada.
Finalmente, se debe recordar a los recurrentes, que la jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal de Justicia, ha establecido que en aplicación del art. 1286 del CC, la apreciación y valoración de la prueba constituye una atribución privativa de los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el inciso 3) del art. 253 del CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador," lo que en la especie no aconteció.
En este punto, el recurrente alega la violación de los arts. 31 y 32 de la Ley Nº 1178, referidos a la responsabilidad civil y quienes pueden incurrir en ella; sin embargo, incurre en el mismo error identificado en los dos anteriores puntos, pues se trata de normas que no son susceptibles de ser vulneradas por la autoridad judicial, pues son puramente enunciativas y conceptual, entonces mal puede acusarse su violación en el entendido que violar significa quebrantar o infringir una norma jurídica; en ese sentido, una norma jurídica solo puede ser quebrantada cuando ordena asumir determinada conducta respecto a cierta situación y esta no es cumplida, no así una norma que contiene únicamente definiciones o conceptos de algo en particular.
Por otro lado, en el punto anterior ya se hizo referencia a la valoración de la prueba y su incidencia en la decisión asumida por los de instancia, consiguientemente, reiterar al respecto sería redundar.
Finalmente, el recurrente refiere la violación de art. 25 del DS Nº 21364, empero no explica de qué manera se produjo la misma, pues se limita a señalar que el tribunal de alzada no aplicó correctamente dicha normativa, incumpliendo con la carga procesal de fundamentar e indicar cómo, porqué y de qué manera se produjo la supuesta violación, pues no le está legalmente permitido a este Tribunal, inferir, deducir o suponer lo que el recurrente pretendió; en consecuencia, la acusación realizada, no puede ser atendida por este Tribunal de Casación.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 309 a 312, interpuesto por Enrique Franco Méndez, en representación de Hermes Vargas Ribera y Wilson Franco Semo. Con costas.

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