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Timestamp: 2017-11-19 01:21:57+00:00

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Sentencia Civil Nº 160/2010, AP - Lleida, Sec. 2, Rec 335/2004, 12-04-2010 | Iberley
Sentencia Civil Nº 160/2010, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2, Rec 335/2004 de 12 de Abril de 2010
Sentencia Civil Nº 382/2006, AP - A Coruña, Sec. 4, Rec 6/2005, 20-09-2006
Órden: Civil Fecha: 20/09/2006 Tribunal: Ap - A Coruña Ponente: Fernandez Montells Y Fernandez, Antonio Miguel Num. Sentencia: 382/2006 Num. Recurso: 6/2005
Sentencia Civil Nº 267/2012, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3308/2010, 04-04-2012
Órden: Civil Fecha: 04/04/2012 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Fernandez Soto, Magdalena Num. Sentencia: 267/2012 Num. Recurso: 3308/2010
Sentencia Civil Nº 262/2014, AP - Gipuzkoa, Sec. 3, Rec 3278/2014, 11-11-2014
Órden: Civil Fecha: 11/11/2014 Tribunal: Ap - Gipuzkoa Ponente: Unanue Arratibel, Juana Maria Num. Sentencia: 262/2014 Num. Recurso: 3278/2014
Sentencia Civil Nº 18/2008, AP - Madrid, Sec. 11, Rec 190/2007, 05-02-2008
Órden: Civil Fecha: 05/02/2008 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Almazan Lafuente, Felix Num. Sentencia: 18/2008 Num. Recurso: 190/2007
Sentencia Civil Nº 553/2010, AP - A Coruña, Sec. 4, Rec 630/2010, 21-12-2010
Órden: Civil Fecha: 21/12/2010 Tribunal: Ap - A Coruña Ponente: Fernandez-montells Fernandez, Antonio Miguel Num. Sentencia: 553/2010 Num. Recurso: 630/2010
NOTA: Según el art. 108 LECrim "La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o ...
RESOLUCION 5 julio 2000, de la Direccion General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por don Jesus Maria Alcalde Barrio, en nombre y representacion de la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de una escritura de prestamo con garantia hipotecaria, en virtud de apelacion del Registrador.
RESOLUCION de 14 de junio de 2000, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Jesus Maria Alcalde Barrio, en nombre y representacion de la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de una escritura de prestamo con garantia hipotecaria, en virtud de apelacion del Registrador.
RESOLUCION de 7 de julio de 2000, de la Direccion General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Jesus Maria Alcalde Barrio, en nombre y representacion de la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia don Juan Ignacio de los Mozos Tuya a inscribir determinados pactos de una escritura de prestamo con garantia hipotecaria, en virtud de apelacion del Registrador.
Resolución de TEAC, 4825/2016, de 29-06-2017. No comunicación requerimiento pago previo para embargo bienes cobro responsabilidad civil
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 29/06/2017
Ponente: Sainz Pereda, Ana Cristina
Núm. Recurso: 335/2004
Núm. Cendoj: 25120370022010100283
Rollo nº. 335/2004
Procedimiento ordinario núm. 341/2003
Juzgado Instrucción 2 Lleida (ant.CI-6)
SENTENCIA nº 160/10
En Lleida, a doce de abril de dos mil diez
La sección segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores anotados al margen, ha visto en grado de apelación, las actuaciones de Procedimiento ordinario número 341/2003 , del Juzgado Instrucción 2 Lleida (ant.CI-6), rollo de Sala número 335/2004, en virtud de del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 5 de mayo de 2004 y auto de aclaración de fecha 14/5/2004. Es apelante Calixto , Erasmo y Eloisa , representado/a por el/la procurador/a ROSA SIMO ARBOS y defendido/a por el/la letrado/a JESUS MOGILNICKI RODRIGUEZ . Es apelado/a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, representado/a por el/la procurador/a NATALIA PUIGDEMASA DOMENECH y defendido/a por el/la letrado/a RAMIRO NAVÍO ALCALÁ. Es ponente de esta sentencia el/la Magistrado/a Doña ANA CRISTINA SAINZ PEREDA.
PRIMERO.- La transcripción literal de la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2004 , es la siguiente: " DECISIÓ : ESTIMO PARCIALMENT la demanda interposada pel BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO; ABSOLC Erasmo i Eloisa de la pretensió que s'ha exercitat en contra seu, i CONDEMNO Calixto a pagar a la demandant la suma de 17.131,73 euros de principal a més d'uns altres 8.245,64euros en concepte d'interessos pactats des del dia 14 d'octubre de 2000 fins al dia 10 de juny de 2003, a més de l'interès de demora del 17,5% des del dia 10 de juny de 2003, fins que es faci complet pagament, a més de les costes meritades en el present procediment."
Y la transcripción literal de la parte dispositiva del auto de aclaración de fecha 14/5/2004, es la siguiente: "Que debiendo OMITIR LA OMISIÓN contenida en el fundamento de derecho quinto de la sentencia de fecha 5 de mayo de 2.004 , procede añadir, al final del primer párrafo. " Calixto , deberá abonar las costas causadas a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO. No procede la imposición de las costas de Erasmo e Eloisa al BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, por entender que han transcurrido en el presente caso, serias dudas para la determinación de los hechos probados, y la valoración de la prueba a que a ello ha conducido".
Incluir otro párrafo que diga" No procede la imposición a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO de las costas causadas a Erasmo e Eloisa ."[...]"
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, Calixto , Erasmo y Eloisa interpusieron un recurso de apelación que el Juzgado admitió y, seguidos los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.
TERCERO.- La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. En fecha 21/02/2005 se dictó auto por esta Sala por el que se acordó la suspensión de las presentes actuaciones por prejudicialidad penal .Alzándose dicha suspensión por providencia de fecha 18/2/2010 y señalandose el dia 26/3/2010 para la votación y decisión.
PRIMERO.- La demandante Banco Santander Central Hispano S.A interpuso demanda de juicio ordinario contra los demandados en reclamación de las cantidades adeudadas como consecuencia del impago del préstamo concedido por importe de tres millones de Ptas. mediante la suscripción de la denominada "solicitud de crédito coche Santander" a través de la tienda de compraventa de automóviles Zulima , interviniendo el codemandado Don. Calixto como cliente y deudor principal, y sus padres también codemandados, los Sres. Calixto Eloisa , como avalistas.
Según se expone en la sentencia de primera instancia la principal cuestión controvertida ha girado en torno a la identidad de los firmantes puesto que tanto el prestatario como los avalistas negaron haber suscrito el documento en el que la parte actora funda sus pretensiones. La sentencia de primera instancia considera acreditado que el Sr. Calixto es autor de la firma que consta en el documento (prestatario) por lo que estima la demanda contra él formulada, absolviendo a sus padres (avalistas) ante la duda surgida sobre la autoría de las firmas. Al mismo tiempo, a la vista de la declaración testifical de Doña. Zulima se acuerda en la sentencia deducir testimonio de particulares, por si los hechos fueran constitutivos de un delito de falsedad documental, estafa y falso testimonio.
En su recurso de apelación el codemandado Sr. Calixto reitera que no tuvo ninguna intervención en la confección, redacción y firma del documento en que se basa la demandante y menos aún en la percepción del dinero, y que los hechos objeto de la causa criminal coinciden con los que fundamentan la postura de esta parte demandada, por lo que el juzgador de instancia debió tener en cuenta la prejudicialidad penal antes de dictar sentencia, puesto que la decisión que adopte el tribunal penal influirá decisivamente en la resolución de este pleito civil, interesando por ello que se decrete la suspensión del proceso civil hasta la resolución de la causa criminal.
Como bien conocen las partes con posterioridad a la fecha de la sentencia de primera instancia y una vez interpuesto recurso de apelación por los codemandados la Sala acordó mediante auto de 21 de febrero de 2005 la suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal, al encontrarse en trámite las diligencias penales por, entre otros, un presunto delito de falsedad documental, respecto de un documento decisivo para la resolución de la litis, cual es el mencionado documento de "solicitud crédito coche Santander". Una vez acreditado la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal se acordó alzar la suspensión en su día acordada.
SEGUNDO.- La sentencia firme de fecha 6 de octubre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de esta ciudad condena a Dña. Zulima como autora criminalmente responsable de un delito de falsedad de documento mercantil y oficial, en concurso medial con estafa, y entre otros pronunciamiento dicha sentencia le condena "3.- A indemnizar en concepto de responsabilidad civil a Banco Santander S.A. en la cantidad de 17.523,73 euros, más el interés del 17,5% desde el día 14 de octubre de 2000 hasta el día 6 de octubre de 2009, fecha desde la que la cantidad adeudada devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Esta cantidad correspondiente a la responsabilidad civil, por acuerdo de las partes, deberá ser satisfecha en los plazos mensuales consecutivos que sean necesarios, una vez determinada la cantidad líquida exacta, de 150 euros cada uno.... ".
La misma sentencia absuelve a D. Calixto del delito de falsificación de documento mercantil y oficial, en concurso medial con estafa, del que provisionalmente venía acusado, declarando como hechos probados los siguientes:
"UNICO.- La acusada, Doña Zulima , en julio del año 2000, con la intención de conseguuir un ilícito beneficio, ideó un plan, consistente en la simulación de la venta de un vehículo a su cuñado, Don Calixto , para lo cual confeccionó una serie de documentos para conseguir que por la entidad "Banco de Santander", se le concediera un crédito coche, supuestamente a su cuñado, per del que dispondría ella.
Para tal fin, consiguió que don Calixto , ajeno a los manejos de la acusada, le remitiera una fotocopia de su DNI y del de sus padres, Doña Eloisa y Don Erasmo , así como fotocopia del impreso de su declaración de la renta del año 1999.
La acusada rellenó personalmente el impreso de solicitud del c'redito coche del "Banco Santander", poniendo de su puño y letra unas firmas, simulando la de su cuñado como prestatario y la de sus suegros, como avalistas.
Además, confeccionó dos nóminas en las que consta como trabajador de la empresa propiedad de la acusada y su marido, su cuñado, Don Calixto , aportando otras dos nóminas tambièn confeccionadas por ella, en la que su cuñado consta como trabajador de una empresa inventada.
Finalmente, también modificó la declaración de la renta de su cuñado, para hacerla coincider con las nóminas aportadas.
Con el proceder descrito, la entidad bancaria concedió a Don Calixto un préstamo coche, del que dispuso la acusada.
Al no proceder a la restitución del préstamo, la entidad "Banco Santander" interpuso una demanda contra Don Calixto , dando origen a los autos civiles de Procedimiento Ordinario núm. 3411/03, siendo en la vista del juicio oral donde la acusada señaló ser la autora de los documentos.
No consta en la presente causa la cantidad satisfecha por el Banco, si bien es superior a los 3.000euros."
TERCERO.- La referida sentencia viene, por tanto, a confirmar la tesis mantenida por la parte demandada para oponerse a la reclamación dineraria formulada de adverso y, al mismo tiempo, condena a la Sra. Zulima , por vía de responsabilidad civil derivada del delito, a indemnizar a la entidad bancaria aquí demandante y apelada en las mismas cantidades reclamadas en la demanda, que serás satisfechas en los términos antes expuestos, en virtud del acuerdo entre las partes.
Siendo esto así, y puesto que el Banco demandante ejercitó en aquel proceso penal no sólo la acción penal sino también la acción civil derivada del delito resulta de aplicación al presente caso la reiterada doctrina jurisprudencial relativa al alcance de la prejudicialidad positiva de la sentencia penal previa sobre el proceso civil ulterior ( SSTS 10-12-1992 , 31-12-1999 , 17-5-2004 , 21-3-2005 , 11-9-2007 y las que en ellas se citan) en el sentido que las sentencias penales condenatorios vinculan al Juez civil en aquéllas declaraciones fácticas declaradas probadas que son integrantes del tipo de delito que se define y castiga. También debe tenerse en cuenta la otra vertiente o efecto de la sentencia penal, es decir el principio de prejudicialidad negativa, que impide volver a conocer sobre asuntos en los que ha recaído sentencia firme.
Para determinar el efecto o vinculación que producen en el procedimiento civil los pronunciamientos de las sentencias penales condenatorias ha de tenerse en cuenta que en este caso la parte perjudicada -acusación particular en aquél procedimiento y actora en éste- no se reservó las acciones civiles sino que las ejercitó expresamente, con la consecuencia de que la sentencia penal produce efectos de cosa juzgada en materia civil respecto de todas las acciones civiles posibles. En este sentido, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2006 , "...la sentencia de 24 octubre 1998 resume claramente cuáles son estas repercusiones y por lo que interesa en el actual procedimiento, en el que se ha producido una sentencia condenatoria, afirma que "las sentencias (penales) firmes resultan definitivas y vinculantes para el orden jurisdiccional civil, no sólo en cuanto a los hechos que declaren probados, sino también respecto a las decisiones en materia de responsabilidades civiles derivadas de delito o falta".;
En similar sentido la STS de 12 de septiembre de 2003 apunta que "...la desestimación de la demanda se basa en que por los mismos hechos que fundamenta la acción civil, se habían seguido procedimiento penal en el que se había llegado a Juicio Oral en la Audiencia Provincial de Huelva con personación de los ahora actores ejercitando junto a la acusación privada, y como perjudicados, la acción civil correspondiente, dictándose sentencia... condenando al hoy demandado D. Eduardo como autor de un delito de estafa, y además a que abonara a los ahora demandantes y recurrentes D. Carlos Jesús y Dª María Cristina la suma de dos millones de pesetas....", añadiendo esta misma sentencia que "...no solamente no hay reserva,, por parte de los perjudicados, de las acciones civiles en el proceso penal (arts. 109 y 112 de la Ley Enjuiciamiento Criminal ), sino que comparecidas como partes acusadoras ejercitan simultáneamente la acción civil a la que se dio lugar en forma de indemnización de daños y perjuicios, acción que se agota en ese proceso, sin posibilidad después de haber ganado firmeza la sentencia penal de ejercitarlas de nuevo en la jurisdicción civil", por lo que se concluye que la existencia de prejudicialidad negativa impide entrar en el estudio de los demás motivos de recurso.
También la STS de 10 de octubre de 2003 analiza un supuesto en que la parte demandante fue victima de una estafa, según declaró una sentencia penal firme, y ejercitaba demanda sobre acción reivindicatoria de un inmueble contra quienes lo adquirieron de los condenados, desestimando la demanda porque la cuestión ya se había resuelto en la jurisdicción penal por lo que "...De lo expuesto resulta claro que no procede entrar a conocer en el orden civil nuevamente de la restitución del inmueble que en su día interesaron los querellantes por vía de responsabilidad civil derivada del delito, al ser reiterada la doctrina jurisprudencial que establece que cuando por unos hechos presuntamente delictivos, se sigue el correspondiente juicio criminal, en el que la parte perjudicada, además de la penal ejercita también la acción civil derivada del delito o falta enjuiciado, la sentencia condenatoria que recaiga en dicho juicio penal, en la que además de la pena correspondiente al delito, condena también al acusado al abono de la indemnización correspondiente, en virtud de la acción civil ejercitada conjuntamente con la penal, impide en virtud del principio "non bis in idem", que vuelva a promoverse un juicio civil sobre los mismos hechos, al haber quedado ya agotada o consumada la acción civil correspondiente.
La aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta conduce necesariamente a la estimación de las alegaciones de la parte apelante y, por tanto, a la desestimación íntegra de la demanda, al quedar vinculada la Sala tanto por los hechos declarados probados en la sentencia penal firme como por la decisión adoptada en materia de responsabilidad civil derivada del delito, quedando así agotada o consumida la acción civil que se ejercita en la presente litis.
CUARTO.- En materia de costas procesales de primera instancia ha de mantenerse el pronunciamiento de la sentencia de instancia (auto de aclaración de fecha 14 de mayo de 2004) en lo que se refiere a los codemandados-avalistas, los Sres. Calixto - Eloisa , por no haber sido expresamente impugnado por ninguna de las partes pues aunque inicialmente, en el escrito de preparación del recurso de apelación de la parte demandada se anunciaba la voluntad de recurrir dicho pronunciamiento, posteriormente, en el escrito de interposición del recurso no se esgrime argumento alguno para combatir aquél pronunciamiento. Y en cualquier caso, comparte la Sala la apreciación del juzgador de instancia en cuanto a la concurrencia en el presente caso de serias dudas fácticas y jurídicas que justifican la no aplicación de la regla general del vencimiento objetivo que establece el art. 394-1 de la LEC , dudas que a su vez han de conducir al mismo pronunciamiento de no imposición de las costas a ninguna de las partes en lo que se refiere a la desestimación de la demanda planteada contra Don. Calixto , habiendo sido necesario el presente procedimiento, y la tramitación de la causa penal, para poder esclarecer lo realmente sucedido en relación con la suscripción del documento en que se funda la pretensión de la parte actora.
En cuanto a las costas derivadas de esta alzada, al estimar el recurso no procede efectuar especial pronunciamiento al respecto (art. 398-2 de la LEC ).
Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Calixto , D. Erasmo Y DÑA. Eloisa contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº6 de los de LLeida en los autos de Juicio Ordinario nº 341/2003 REVOCAMOS PARCIALMENTE la citada resolución y, en su lugar, DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda absolvemos a todos los demandados de las pretensiones formuladas en su contra.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 576
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