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Conflicto competencial 54/2010. Suscitado entre el tribunal colegiado del segundo circuito, con residencia en nezahualcóyotl y el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Ponente
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CONFLICTO COMPETENCIAL 54/2010.
SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
SECRETARIO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de mayo de dos mil diez.
PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil nueve ante la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, **********, presentó demanda de amparo directo contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil cuatro, en el Toca Penal **********, mediante la cual, el tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia pronunciada por el Juez Penal del Distrito Judicial de Otumba, en la causa penal **********.
SEGUNDO. El trece de enero de dos mil diez, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, dispuso que el conocimiento del asunto corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, toda vez que dicho órgano jurisdiccional conoció del juicio de amparo directo penal *********, promovido por ********** contra actos de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el Toca Penal **********.
TERCERO. El dieciocho de enero de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó que es improcedente avocarse al conocimiento de la demanda de amparo directo remitida por el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México; porque desde su perspectiva, el turno no es materia de competencia jurisdiccional entre tribunales colegiados de la misma materia y circuito, por lo que la controversia que surja con motivo de ello no es susceptible de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo.
CUARTO. En auto de tres de febrero de dos mil diez, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, insistió en carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, argumentando que su determinación encuentra apoyo en lo que establece la jurisprudencia 2ª./J.181/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispuso que las cuestiones de turno como cuestión legal, atañen necesariamente a la competencia, lo anterior, en razón de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito, investidos de la misma competencia, grado, materia y territorio.
QUINTO. Una vez que fueron recibidos los autos, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil diez, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ponente.
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, Cuarto y Quinto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la cuestión controvertida se suscita respecto del conocimiento de un amparo directo en materia penal, y por ende, esa circunstancia le otorga jurisdicción a esta Primera Sala para dirimirla por tratarse de un tema de su especialidad.
SEGUNDO. Existencia del conflicto. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe un conflicto competencial.
Los conflictos de turno por conocimiento previo (también llamados “de asuntos relacionados”) se suscitan cuando: 1) un tribunal se niega a conocer de un asunto, en que el acto reclamado lo constituye una resolución o actuación dictada o ejecutada en el curso de un procedimiento penal, civil, laboral o administrativo, en cualquiera de sus estadios procesales, 2) para ello, el órgano judicial aduce que guarda relación con un diverso asunto vinculado con la misma causa o procedimiento, del que con anterioridad, ya tuvo conocimiento un tribunal diferente con jurisdicción en un mismo territorio, y 3) este último desconoce o niega tal circunstancia.
En el caso, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, sostiene que el conocimiento del juicio de amparo promovido por ********** corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en razón de que dicho órgano jurisdiccional federal conoció del diverso juicio de amparo directo penal **********.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, no acepta la competencia planteada, porque de conformidad con el artículo 67/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se advierte que a partir del dos de diciembre de dos mil nueve, entró en funciones el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al que se otorgó idéntica jurisdicción territorial a la de los juzgados de Distrito que funcionan en esa ciudad.
Lo anterior, permite concluir que existe conflicto competencial, en razón de que un tribunal se niega a conocer de un asunto, cuyo acto reclamado es una resolución por la que concluyó un procedimiento penal, bajo el argumento de que otro tribunal ya resolvió diverso asunto que guarda vinculación con la misma causa, y el diverso órgano jurisdiccional desconoce dicha competencia.
Por tanto, procede determinar qué órgano es el competente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ********** contra la sentencia dictada en el Toca Penal **********, del índice de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal **********, del Juez Penal del Distrito Judicial de Otumba.
TERCERO. Solución del conflicto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, debe conocer el juicio de amparo directo promovido por **********, contra la sentencia dictada en el Toca Penal **********, del índice de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal **********, del Juez Penal del Distrito Judicial de Otumba.
En efecto, el Acuerdo General 67/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 1, modificó el diverso 57/2006 2 de ese órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
1.- Quince tribunales colegiados especializados: cuatro en materia penal, cuatro en materia civil y dos en materia de trabajo, con residencia en Toluca, cuatro tribunales colegiados en materia administrativa, con residencia en Naucalpan de Juárez y un tribunal colegiado en Nezahualcóyotl.
TERCERO.- La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito es la que enseguida se indica:
II.- SEGUNDO CIRCUITO: Respecto de los tribunales colegiados en materia penal, en materia administrativa, en materia civil y en materia de trabajo, es la establecida para los juzgados de Distrito con sede en Toluca y Naucalpan de Juárez, Estado de México, y en cuanto al tribunal colegiado con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en la referida ciudad.
CUARTO.- La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente:
II.- SEGUNDO CIRCUITO:
Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial formado por los siguientes municipios: Acolman, Amecameca, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco y Valle de Chalco, Solidaridad.”
De la transcripción que antecede, se puede advertir que, de conformidad con la jurisdicción territorial del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, establecida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicho tribunal colegiado ejerce jurisdicción, entre otros, en el municipio de Texcoco, Estado de México, sede jurisdiccional de la Primera Sala Colegiada Penal que pronunció la sentencia combatida.
Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/2002, de la Segunda Sala, cuyo criterio comparte esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente:
“COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción.” 3
Cabe señalar, que en la especie, no se actualiza alguna de las excepciones previstas por el punto cuarto del Acuerdo General 67/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y que en su caso, implicarían que el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, no deba conocer del presente asunto.
La citada disposición normativa señala literalmente:
“CUARTO. Dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio de funciones del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, los tribunales colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez y Toluca, remitirán a éste todos los asuntos en trámite procedentes del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con sus respectivos anexos, exceptuándose los siguientes casos: los asuntos en trámite que se hayan relacionado, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° del Acuerdo General 13/2007, modificado por el diverso 48/2008, los asuntos listados para su resolución, retirados o aplazados de sesión y en engrose, así como los asuntos enviados para su resolución a algún tribunal colegiado auxiliar y los asuntos resueltos pendientes de cumplimentación, todos los cuales conservarán para continuar con su trámite, cumplimentación, en su caso, y archivo definitivo.
Asimismo, los tribunales colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez y Toluca, conservarán los asuntos archivados de forma definitiva y aquéllos en los cuales deba pronunciarse alguna resolución de carácter urgente, hecho lo cual, en este último caso, los remitirán”.
En esencia, puede verse, que la precisión que efectúa el mencionado punto cuarto no constituye una prórroga de competencia de los tribunales colegiados, porque no es un aspecto que modifique o extienda la jurisdicción establecida para los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito; sino una regla de distribución de asuntos en trámite, entre los diversos órganos de jurisdicción que integran ese circuito y el tribunal colegiado de nueva creación (Tribunal Colegiado de Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl), la que en la especie, se encuentra sujeta por la disposición normativa a una condición de temporalidad, toda vez que su aplicación se circunscribió a los diez días hábiles siguientes al inicio de funciones del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
De lo antes transcrito, se desprende que el Consejo de la Judicatura Federal estableció una regla general para el reparto o distribución de los asuntos en trámite, procedentes del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl; esto, al momento en que se creó el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, para que los mismos fueran remitidos al órgano jurisdiccional de nueva creación.
Así, no se advierte que en el caso particular, se esté en presencia de alguna de las excepciones dispuestas expresamente por el propio Acuerdo General 67/2009, ni aun por el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito haya conocido en un momento anterior del diverso juicio de amparo directo penal **********, promovido por ********** contra actos en el toca penal **********, por la propia sala colegiada señalada como responsable.
En primer lugar, porque no se observa que el asunto que ahora suscita el conflicto; esto es, el que promueve **********, hubiera sido relacionado previamente (en términos de lo dispuesto por el artículo 9° del Acuerdo General 13/2007, modificado por el diverso 48/2008) al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ni que, con motivo de ello, lo hubiese registrado en su índice o se encuentre tramitándolo; circunstancia que en su caso, daría lugar a que no asistiera competencia al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Aunado a ello, no se trata de un asunto listado; ni se encuentra retirado o aplazado y menos aun, ha sido enviado a algún tribunal colegiado (con la finalidad de auxiliar al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito) 4 ni se encuentra pendiente de cumplimentación, motivo por el cual, es claro que el caso se ubica en la regla general que otorga competencia al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl.
La presente determinación encuentra apoyo además, en las consideraciones siguientes:
La Constitución Federal en su artículo 100, encomendó al Consejo de la Judicatura Federal la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, salvo lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral, con la atribución constitucional (artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Federal) y legal (artículo 81, fracciones IV, V y VI) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) de determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, la que ejerce a través de su facultad reglamentaria.
En esas condiciones, corresponde a dicho órgano administrativo, dotado de competencia jurídica y conocimiento técnico, determinar cuándo ─de acuerdo a diversos factores como son el geográfico, demográfico, la división político administrativa, los índices de la labor jurisdiccional, entre otros─ es necesario crear un nuevo órgano jurisdiccional en un determinado territorio, como lo hizo en el caso, mediante el Acuerdo General 67/2009, por el que determinó la creación del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México; motivo por el cual, la determinación que ahora se emite, reconoce esa potestad específica del citado órgano encargado de la administración y creación de nuevos órganos en el Poder Judicial de la Federación.
Además, garantiza de mejor manera el acceso a la justicia puesto que, evidentemente, es benéfico para los justiciables que los asuntos sean resueltos por tribunales instalados en lugares de más fácil acceso, porque ello se traduce en prontitud y expeditez en la impartición de justicia.
En efecto, un verdadero “acceso a la justicia” en los sistemas jurídicos contemporáneos sólo puede entenderse cuando además de estar diseñado para alcanzar un orden justo, privilegia también un acceso igualitario y efectivo a la justicia. Así, la “accesibilidad” se manifiesta cuando existen las condiciones necesarias para que un mayor número de sujetos puedan acudir a los órganos judiciales y se eliminen en el más alto grado posible, las barreras materiales, económicas y culturales que impiden a los sujetos acudir a los órganos resolutores.
En este contexto, uno de los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los tribunales es el de su fallida ubicación o delimitación geográfica; en razón de que un tribunal que se encuentre en una ubicación material inconveniente por razones de acceso, o que ejerza jurisdicción sobre un territorio que no esté correctamente delimitado, ocasiona que los justiciables eroguen más gastos en la tramitación de sus asuntos, que los procesos sean más largos, que sus cargas de trabajo no sean proporcionales respecto a las de otros tribunales y que incluso, se desincentive la formulación de demandas, con la consecuente afectación a una administración de justicia plena.
De ahí que sea un imperativo estatal, buscar una eficiente distribución de los tribunales, en aras de un mejor servicio público que implique, entre otras cosas, minimizar los costos (no sólo económicos) que resultan de la distancia que los justiciables tienen que recorrer para llegar a los tribunales; finalidad que indudablemente persigue el Consejo de la Judicatura Federal cuando, ante la necesidad de creación de nuevos órganos jurisdiccionales, decide establecerlos en determinados sitios y les asigna la competencia territorial y/o especialización por materia puesto que, como se ha dicho, es el órgano constitucional y legalmente dotado de competencia jurídica y conocimiento técnico para determinar cuándo es necesario crear un nuevo órgano jurisdiccional en un territorio especifico.
En atención a las consideraciones expuestas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil cuatro, en el Toca Penal **********, por la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado de México, es el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl.
PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial a que el toca **********, se refiere.
SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer del amparo directo promovido por **********, contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil cuatro, en el Toca Penal **********, de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
TERCERO. Remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcoyotl, Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los Tribunales contendientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo.
Esta hoja corresponde al conflicto competencial 54/2010. Suscitado entre el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, fallado el veintiséis de mayo de dos mil diez, con los siguientes resolutivos: PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial a que el toca **********, se refiere.- SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer del amparo directo promovido por **********, contra la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil cuatro, en el Toca Penal **********, de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.- TERCERO. Remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcoyotl, Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Conste.
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1 Relativo a la denominación, competencia, jurisdicción territorial e inicio de funcionamiento del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos, así como a la modificación de la circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados del mencionado Circuito.
2 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.
3 Visible en la página 36, del Tomo XV, del mes de febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época.
4 Porque como se señala en los antecedentes fue enviado directamente por la autoridad responsable al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl.

References: artículo 48
 resolución 
 artículo 67
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 100
 resolución