Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91331
Timestamp: 2019-11-19 09:17:01+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-104/91331
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a acuerdos reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado, suscrita por la Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La suscrita, Patricia Mercado Castro, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:
Nuestro país es uno de desigualdades -tanto social como económica-, con severas consecuencias para quienes tienen el infortunio de padecerlas. Tan solo, en cuanto a lo económico, los índices de pobreza son alarmantes. De acuerdo con la Medición de la Pobreza, llevada a cabo por el Coneval, en el año 2016 había en nuestro país 53.4 millones de personas en situación de pobreza, esto es, 3.9 millones de mexicanos más que en 2008, cuando había 49.5 millones de personas en esta situación [*] . Por ello, no sorprende que México sea el segundo país más desigual de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ser superado solo por Chile [*] .
Dicha situación, a decir del Coneval, deriva de la crisis financiera mundial de 2008, que “afectó la economía mexicana y redujo el poder adquisitivo de los hogares; también impactó la inflación en los precios de la canasta básica, lo que hizo que las familias cayeran en pobreza” [*] . Por ello, al presentar el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018 solicitó “una revisión “crítica” de 6 mil 491 programas sociales y presentó 91 recomendaciones para mejorar la política social, entre las que destacó mejorar la coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno” [*] .
En ese contexto, el país enfrenta otro grave problema, derivado posiblemente de lo antes mencionado. De acuerdo con la Comisión Especial de Reclusorios de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 2013 “por lo menos 6 mil de los 41 mil presos [...] [en la Ciudad de México] fueron detenidos por robar comida” [*] , en su mayoría “en una de las tiendas de Grupo Walmart” [*] que “concentra el mayor número de denuncias por robo en negocios cerrados” [*] , y que “[e]s la tienda que más denuncias presenta y no se desiste” [*] .
Para 2016, en la Ciudad de México había “cerca de 5 mil personas dentro de los penales que robaron por hambre” [*] , en casos que, “aunque muchas veces la persona que robó quiera pagar la mercancía para reparar el daño, las tiendas no les otorgan el perdón legal y llevan la denuncia hasta las últimas consecuencias de la justicia legal” [*] .
Asimismo, “el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) detalla que entre 2013 y marzo de [...] [2016], se registraron 8 mil 637 expedientes por este delito en la Ciudad de México. Esto es, 221 robos por mes, siendo el robo sin violencia el ilícito más común: 5 mil 190 hurtos sin violencia frente a 2 mil 737” [*] . Así, el referido Tribunal “informó que de enero de 2015 a marzo de 2016 [...] cinco personas fueron condenadas en la capital por el ‘robo de alimentos’” [*] .
No obstante lo anterior, el nuevo Sistema de Justicia Penal “ofrece la posibilidad de que en delitos no graves las partes se sienten en la misma mesa para conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio, “pero sin que el proceso penal dé inicio, ni se inicie una investigación policial larga que implica gasto de tiempo y de recursos ministeriales y policiales”.” [*] Es decir, como señala Pamela Romero del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ““Con el nuevo sistema penal se busca evitar estos casos ridículos de un persona en la cárcel por robar 20 pesos”” [*] .
Sin embargo, “el que un caso se vaya a conciliación, o a la justicia penal, no es algo que ni los particulares ni las cadenas de autoservicio puedan elegir [...]. Sino que lo decide el Estado a través de la clasificación que dé al delito en cuestión.” [*]
Lo anterior es así, en tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, en su artículo 144, que el “Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia”.
Por su parte, el referido Código, en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo prevé, como forma de solución alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio, que podrán celebrarse entre la víctima u ofendido y el imputado, a efecto de extinguir la acción penal. Dicho acuerdo -dispone el artículo 187 del Código en mención- procederá únicamente en los casos de: 1) delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; 2) delitos culposos; o, 3) delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.
Asimismo, el artículo 404 del Código que se refiere, establece que el Tribunal de enjuiciamiento podrá determinar la causa de exclusión del delito en atención a, entre otras cosas, las causas de justificación, que prevén “el estado de necesidad justificante”, para lo cual, podría declarar sentencia absolutoria.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido -en la jurisprudencia de rubro “DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.”- que “en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable”, sin embargo, que “se advierte que la antijuridicidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el consentimiento del titular del bien jurídico protegido (expreso o presunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el estado de necesidad justificante; y, iv) el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.”
En ese tenor, se entiende que tanto las Fiscalías locales, como los juzgadores, cuentan con facultades para evitar criminalizar la pobreza, y en cambio, emplear los recursos y esfuerzos del Estado para perseguir y sancionar delitos de mayor impacto. Por ello, proponemos exhortar a las referidas autoridades del Estado, a que, en el marco de sus respectivas competencias, resuelvan los casos que conozcan en los que se advierta un evidente estado de necesidad justificante, mediante alternativas que no impliquen penas privativas de la libertad.
De acuerdo con las cifras de la CNDH, el 38% de la población penitenciaria está bajo proceso, sin sentencia. En ocasiones, encontramos personas que no han sido condenadas por un juez por delitos de cuantías menores, sin que haya mediado violencia. Ante ello, nuestra apuesta no es agravar las penas ni aplicar una política de mano dura, sino por el contrario, utilizar las herramientas que el sistema penal contempla y que no han sido usadas a cabalidad. Ante los intentos por regresar al sistema inquisitorio, proponemos que los principios del nuevo sistema pena, como son la proporcionalidad y la oportunidad, encuentren una relevancia práctica en la labor cotidiana de juzgadores, policías, ministerios públicos y demás operadores que tienen en sus manos mejorar las condiciones de la justicia en México.
PRIMERO. El Senado de la República acuerda exhortar respetuosamente a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal, y recurrir a acuerdos reparatorios, en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.
SEGUNDO. El Senado de la República acuerda exhortar respetuosamente a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias, en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.
[*] “Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval”, El Universal. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumenta-la-cantidad-de-pobres-en-mexico-coneval (consultado el 12 de febrero de 2019).
[*] “México, segundo en desigualdad.-OCDE”, Reforma. Disponible en: https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1180612&md5=b37cf52f2587ec2d214898ff7ed11f8a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe (consultado el 12 de febrero de 2019).
[*] “Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval”, El Universal, Op. cit. supra nota 1.
[*] Idem.
[*] “Robos menores llenan cárceles”, El Universal. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/impreso/robos-menores-llenan-carceles-119300.html (consultado el 12 de febrero de 2019).
[*] “Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga”, Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2016/06/ni-perdon-ni-conciliacion-la-implacable-politica-de-los-supermercados-contra-el-robo-hormiga/ (consultado el 12 de febrero de 2019).

References: artículo 71
 artículo 8
 artículo 144
 resolución 
 artículo 187
 artículo 404