Source: https://e-justice.europa.eu/content_taking_evidence_by_videoconferencing-405-at-es.do?init=true&member=1
Timestamp: 2019-06-24 17:51:19+00:00

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Austria
Ambas formas de obtención de pruebas por videoconferencia son posibles y están admitidas en Austria. El procedimiento civil austriaco se regula en La ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung, ZPO) en cuanto a los procedimientos contenciosos, mientras que los no contenciosos se regulan en la Ley de jurisdicción voluntaria (Außerstreitgesetz, AußStrG). Las disposiciones relativas a la obtención de pruebas se recogen en la ZPO (apartados 266 a 389) y en la AußStrG (apartados 16, 20 y 31 a 35, con remisión parcial a la ZPO), así como en las disposiciones especiales que regulan clases concretas de procedimiento, como el artículo 85, relativo a la obligación de participar en procedimientos de paternidad. Los procedimientos y disposiciones nacionales pertinentes se describen con detalle en las respuestas a las siguientes cuestiones y en la ficha técnica «Obtención de pruebas - Austria».
De conformidad con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos contenciosos) y con el artículo 35 de la AußStrG en relación con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos no contenciosos), la videoconferencia puede utilizarse para la obtención de pruebas y, por tanto, también para tomar declaración a las partes, a los testigos y a los peritos.
De conformidad con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos contenciosos) y con el artículo 35 de la AußStrG en relación con el artículo 277 de la ZPO (procedimientos no contenciosos), la videoconferencia puede utilizarse para la obtención de pruebas. Sin embargo, pueden oponerse a ello impedimentos prácticos; por ejemplo, cuando en la obtención de pruebas deba recurrirse a certificados o a la inspección ocular.
Cualquier persona puede ser citada por el juzgado o tribunal de su localidad para que preste declaración por videoconferencia. Todos los órganos jurisdiccionales, fiscalías y centros penitenciarios de Austria están equipados con al menos un equipo de videoconferencia. No existe ninguna norma en el Derecho austriaco en virtud de la cual la obtención de pruebas mediante videoconferencia solo esté permitida en la sede de órganos jurisdiccionales.
En materia civil, la legislación austriaca no contiene ninguna disposición general sobre protección de datos en relación con la grabación de las tomas de declaración por videoconferencia. Por lo tanto, para la grabación es preciso el consentimiento de todas las personas participantes en la videoconferencia. Y lo mismo sucede con la obtención indirecta de pruebas, que, con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (en lo sucesivo, «el Reglamento»), debe llevarse a cabo aplicando el Derecho del Estado requerido.
No obstante, las solicitudes de obtención directa de pruebas se efectúan de conformidad con el Derecho del Estado requirente (artículo 17, apartado 6, del Reglamento). Si dicha legislación prevé la grabación de las videoconferencias sin el consentimiento de las personas intervinientes, esto es lícito desde el punto de vista del Derecho austriaco.
En principio, la toma de declaración por videoconferencia puede ser grabada con cualquier equipo de videoconferencia. En los lugares donde los procedimientos judiciales se graban como regla general (en muchos tribunales penales), el equipo técnico disponible puede ser utilizado para grabar la toma de declaración por videoconferencia. La toma de declaración puede ser grabada en cualquier otro lugar mediante la simple instalación del dispositivo de grabación pertinente.
a) Con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento, la obtención de pruebas se debe efectuar con arreglo al Derecho del Estado requerido. Por lo tanto, la toma de declaración se ha de llevar a cabo en alemán (en algunos tribunales austriacos se permiten también el croata, el esloveno o el húngaro). El órgano jurisdiccional requirente puede solicitar que se utilice su propia lengua oficial (u otra lengua) dentro de un procedimiento especial de ejecución de su solicitud de obtención de pruebas. No obstante, el órgano jurisdiccional requerido puede desestimar dicha petición si se oponen a ello grandes dificultades de hecho (artículo 10, apartado 3, del Reglamento).
b) Con arreglo al artículo 17, apartado 6, del Reglamento, el órgano jurisdiccional requirente debe llevar a cabo la obtención directa de pruebas de conformidad con el Derecho de su Estado miembro y, por lo tanto, en alguna de las lenguas oficiales admitidas por dicho Derecho. No obstante, como Estado miembro requerido, Austria está facultada, con arreglo al artículo 17, apartado 4, para exigir el uso de su lengua como condición para la obtención de pruebas.
En cuanto a la obtención indirecta de pruebas, al margen de cualquier reembolso efectuado con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento, la responsabilidad por la consecución de intérpretes recae fundamentalmente sobre el órgano jurisdiccional requerido. No obstante, los órganos jurisdiccionales implicados deben cooperar de forma constructiva (al igual que en otros ámbitos).
En cuanto a la obtención directa de pruebas, con arreglo al artículo 17 del Reglamento, la responsabilidad de conseguir intérpretes recae fundamentalmente sobre el órgano jurisdiccional requirente. El artículo 17 no exige al Estado miembro requerido que preste asistencia a este respecto, pero tampoco lo prohíbe. El artículo 39a, apartado 4, de la Ley jurisdiccional (Jurisdiktionsnorm, JN) obliga al tribunal que preste asistencia judicial a brindar asistencia práctica en la obtención de pruebas si así se lo solicita el órgano jurisdiccional extranjero. Dicha asistencia puede incluir la búsqueda de un intérprete adecuado, por ejemplo.
La decisión del Estado del cual han de proceder los intérpretes se ha de tomar en función de lo que sea más adecuado en cada caso.
La persona a la que se ha de tomar declaración es citada para prestar declaración por videoconferencia en Austria de la misma manera y con los mismos plazos que se aplicarían si fueran citadas ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
No existen gastos telefónicos por el uso de la videoconferencia mediante Protocolo de Internet (IP). En cuanto a las videoconferencias mediante ISDN, se pueden generar gastos para la persona que llama, al igual que ocurre con las llamadas telefónicas. Dichos gastos pueden variar en función de la situación de la instalación a la que se llame.
En principio, la responsabilidad incumbe al órgano jurisdiccional requirente, que está obligado por el artículo 17, apartado 2, del Reglamento y casi siempre es él mismo quien cita a las personas implicadas para asistir a la videoconferencia. Si la autoridad central austriaca o un órgano jurisdiccional austriaco advierten que el artículo 17, apartado 2, del Reglamento puede haber sido infringido al preparar o proceder a la obtención directa de pruebas, dicha autoridad o tribunal debe asegurarse, en colaboración con el órgano jurisdiccional requerido, de que se respete la citada disposición. Los funcionarios de justicia de Austria están formados en la aplicación del Reglamento n.º 1206/2001 y tienen acceso también a la «Guía europea de videoconferencias en procedimientos transfronterizos» a través de la intranet del Ministerio de Justicia.
Para verificar la identidad de las personas se recurre a la identificación fotográfica. Asimismo, la identidad es objeto de comprobación en el marco de la toma de declaración (artículo 30, apartado 1, de la ZPO).
Las disposiciones relativas a la toma de juramento a las partes se recogen en los artículos 377 y 379 de la ZPO, y las de los testigos, en los artículos 336 a 338 del ZPO.
Tanto las partes como los testigos están obligados a prestar juramento. Aunque legalmente no se puede obligar a las partes a prestar juramento, los testigos pueden ser sancionados por negarse ilícitamente a hacerlo (artículos 325 y 326 de la ZPO; las sanciones son las mismas que las aplicadas por negarse a testificar e incluyen multas o incluso penas de prisión de hasta seis semanas).
Con arreglo al artículo 288, apartado 2, del Código penal (Strafgesetzbuch, StGB), la aportación o confirmación de una prueba falsa bajo juramento y otras formas de falsificar un juramento previsto en la legislación aplicable se pueden castigar con pena de prisión de entre seis meses y cinco años.
La aportación de pruebas falsas por una parte en el procedimiento que no haya prestado juramento no se considera una infracción punible. Sin embargo, un testigo que no ha prestado juramento y que aporta una prueba falsa puede ser condenado con pena de prisión de hasta tres años (artículo 288, apartado 1, del StGB).
Con arreglo al artículo XL de la Ley de introducción a la Ley de enjuiciamiento civil (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, EGZPO), deben observarse las disposiciones de la Ley de 3 de mayo de 1868, Boletín Oficial Imperial (RGBl.) n.º 33 (texto del juramento y otras formalidades) (véase http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).
De conformidad con los artículos 336, apartado 1, y 377, apartado 1, de la ZPO, las personas que ya hayan sido condenadas previamente por prestar falso testimonio, que sean menores de 14 años o que tengan una comprensión insuficiente de la naturaleza y el significado del juramento a causa de la falta de madurez o por una discapacidad intelectual no pueden prestar juramento, por lo que no pueden ser sometidas al mismo.
Las citadas disposiciones relativas a la toma de declaración de un testigo o una parte bajo juramento no se pueden aplicar en los casos sujetos a la Ley de jurisdicción voluntaria (artículo 35 de la AußStrG).
En todos los locales del Ministerio de Justicia que disponen de equipo de videoconferencia existe un funcionario responsable de su custodia. Dicha persona puede manejar el equipo y efectuar ajustes menores en el mismo. Todo equipo de videoconferencia está conectado a una unidad central en el departamento de informática del Ministerio Federal de Justicia (Bundesministerium für Justiz, BMJ). Dese allí, los administradores informáticos pueden ajustar todos los equipos de videoconferencia de toda Austria.
Se precisa la siguiente información del órgano jurisdiccional requirente:
Dirección IP y/o número de ISDN con el código de marcado
Nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de un funcionario del órgano jurisdiccional requirente responsable de los aspectos técnicos del equipo remoto.

References: artículo 85
 artículo 277
 artículo 35
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 35
 artículo 277
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 39
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 288