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Timestamp: 2016-12-06 08:12:36+00:00

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Uso de la fuerza y derechos humanos : el caso de Libia - Mémoire des luttes
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Uso de la fuerza y derechos humanos : el caso de Libia
Par Augusto Zamora R. | 21 avril 2011 → Imprimer
Ambassadeur du Nicaragua en Espagne
Dans cet article en espagnol, l’ambassadeur du Nicaragua en Espagne, Augusto Zamora, s’interroge sur une question de fond relative au droit international dont les principes sont, selon lui, violés par la coalition des pays engagés en Libye : quelle est la relation entre l’usage de la force et la protection des droits humains ? I
Otro hecho importante ha sido la denuncia hecha por el Vaticano, el 31 de marzo, por medio de su nuncio en Trípoli, sobre la muerte de, al menos, 40 civiles a causa de los bombardeos de la OTAN, así como el bombardeo de objetivos civiles, como un hospital. Esta denuncia constituyó un fuerte golpe para las acciones de fuerza que ha venido lanzando esa organización, que justifica los bombardeos como una acción imprescindible para proteger a la población civil inocente de los ataques indiscriminados de las fuerzas del gobierno. Se evidencia, aquí, la contradicción de matar civiles en acciones dirigidas, supuestamente, a proteger civiles. II
La resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad hace referencia constante a la obligación de Libia –como de cualquier otro Estado- de respetar los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario en caso de conflictos armados. Así, en el inciso 3 de la parte resolutiva, el Consejo de Seguridad “3. Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria ; “
La resolución 1970 remite “la situación imperante en la Jamahiriya Árabe Libia desde el 15 de febrero de 2011 al fiscal de la Corte Penal Internacional”. No parece haber duda, pues, de que tanto la resolución 1970 como la 1973 están fundamentadas en la presunta o real percepción de que, desde el 15 de febrero de 2011, el gobierno libio ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en perjuicio de una parte de su población. El Consejo de Derechos Humanos, por su parte, adoptó el 3 de marzo, la resolución A/HRC/RES/S-15/1, en la que, entre otras duras consideraciones, expresaba su
“profunda consternación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia y condena enérgicamente los recientes acontecimientos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas en este país, incluyendo ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, detención y tortura de manifestantes pacíficos, algunos de los cuales pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”.
Las acciones que impliquen el uso de fuerzas militares sólo podrían autorizarse después de fracasar, vale recalcar, los medios pacíficos. Este es un punto medular, porque la primera obligación de un Estado, grupo de Estados o de organizaciones internacionales es recurrir a cualquiera de los medios de solución pacífica de controversias, norma que es corolario, hermana gemela de la prohibición general de la amenaza y el uso de la fuerza, que dispone el artículo 2,4 de la Carta de NNUU. Con el gobierno de Libia se actuó de forma inversa. Primero se procedió a condenar a su gobierno ; segundo, no se hizo intento alguno de recurrir al abanico de medios de solución pacífica que ofrece el Derecho Internacional ; luego se adoptaron medidas coercitivas y, finalmente, se autorizó que una coalición de Estados, dirigida por EEUU y la OTAN recurriera al uso de la fuerza para crear una “zona de exclusión aérea”. Posteriormente, la misión de la coalición ha derivado en acciones armadas a favor de uno de los bandos, con el propósito deliberado de derrocar al gobierno libio.
La CIJ se ocupó también del tema de la ayuda humanitaria, invocada por EEUU en el caso presentado por Nicaragua, como justificación de la ayuda que proporcionaba a los grupos armados que combatían al gobierno sandinista. La Corte, en el parágrafo 243, indica los elementos sustantivos que deben caracterizar toda ayuda humanitaria :
“Un elemento esencial de la ayuda humanitaria es que debe proporcionarse “sin discriminación de ninguna clase. Según el Tribunal, para no tener el carácter de una intervención condenable en los asuntos internos de otro Estado, la ayuda humanitaria no sólo debe limitarse a los fines consagrados por la Cruz Roja, es decir, “prevenir y aliviar los sufrimientos de los hombres” y “proteger la vida y la salud (y) hacer respetar la persona humana”, sino que debe también, y sobre todo, prodigarse sin discriminación a toda persona necesitada en Nicaragua, y no solamente a los contras y sus allegados.”
Para defenderse de las intervenciones armadas extranjeras fue que los países latinoamericanos trabajaron denodadamente en que se aceptara, como norma jurídica de obligatorio cumplimiento, el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados. Este principio vio la luz en la VI Conferencia Internacional Americana, celebrada en La Habana en 1928 (teniendo de fondo la lucha heroica del general Augusto C. Sandino contra los marines en Nicaragua). Del Sistema Interamericano y de la mano de Latinoamérica, el principio de no intervención saltó a NNUU, hasta convertirse en uno de los principios esenciales en las relaciones internacionales. Hoy este principio está recogido en múltiples tratados y resoluciones internacionales, así como también en dos sentencias de la CIJ, la emitida en 1949 (Caso del Canal de Corfú, que fue la primera sentencia de la CIJ) y la de 1986. En la sentencia de 1986 la Corte cita su sentencia de 1949, una forma de decir que, aunque habían transcurrido 37 años entre una y otra decisión judicial, lo afirmado en 1949 seguía teniendo igual vigencia en 1986 (y lo mismo podría afirmarse en 2011). Señaló el Tribunal en la página 34 de su sentencia de 1949, respondiendo al alegato del Reino Unido sobre la existencia de un derecho de intervención :
Después de examinar los requisitos que se requieren para el surgimiento de una nueva norma consuetudinaria, así como los argumentos presentados en su momento por EEUU, la Corte, en el parágrafo 209, constata
“que el Derecho Internacional contemporáneo no prevé ningún derecho general de intervención de ese género a favor de la oposición existente en otro Estado. Su conclusión será que los actos que constituyen una violación del principio consuetudinario de no intervención que implican, de forma directa o indirecta, el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, constituyen también una violación del principio que prohíbe tal empleo.”
En todo caso, como señalara claramente la CIJ, la protección de los derechos humanos o la asistencia humanitaria no pueden, en ningún caso, justificar usos abusivos de poder y fuerza y, menos aún, servir de pretexto para encubrir actos de intervención prohibidos por el Derecho Internacional general y consuetudinario. Tampoco puede negarse que la operación de injerencia humanitaria más clara, la que se puso en marcha en Somalia, entre 1992 y 1993, atendiendo “al carácter excepcional de la situación” –país hundido en devastadoras guerras tribales, que habían provocado una catástrofe humanitaria-, terminó en una atroz matanza de civiles por las fuerzas de EEUU, amparadas en la resolución 794 de NNUU, y en una desastrosa retirada del país al que querían “ayudar”, caso magníficamente llevado al cine por Ridley Scott, en Black Hawk down, donde ilustra, mejor que en cualquier alegato intelectual, cuánta puede ser la diferencia entre las realidades y los hechos, entre propósitos y resultados.
Aceptar que, en nombre de principios humanitarios, se derroquen gobiernos, es volver a la primera mitad del siglo XX. No trabajaron tan duramente los países latinoamericanos para lograr el reconocimiento mundial del principio de no intervención para demolerlo sin más, apoyando las acciones de la OTAN contra un país pequeño, aislado e indefenso, igual que eran los países de América Latina en tiempos aún frescos y recientes. Hoy es el gobierno libio. Mañana ¿quién será ?
Madrid, 8 de Abril de 2011

References: resolución 
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 artículo 2
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