Source: http://emilioapariciosantamaria.blogspot.com/2015/03/
Timestamp: 2018-06-25 13:43:31+00:00

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In dubio pro administrado: marzo 2015
Publicado por Emilio Aparicio en 2:16 1 comentario:
Debo reconocer que el instituto de la caducidad en los expedientes sancionadores es una cuestión que me interesa, principalmente, por la disfunción que, a mi juicio, implica la posibilidad de iniciar un nuevo expediente a pesar de haber operado en el primero el instituto de la caducidad. No voy a hablar de esa disfunción, que trata de manera soberbia Santamaría Pastor en un artículo que tenéis citado en esta entrada. Tampoco va a versar la entrada sobre si la reapertura de un expediente caducado es compatible con el principio ne bis in ídem, todo lo que hay que decir al respecto ya está dicho elocuentemente en este artículo de Gabriel Doménech Pascual (aquí otra versión).
Mi intención es destacar que invocar la caducidad en una demanda no siempre juega de manera favorable para el recurrente, lo que no deja de resultar atípico para una técnica pensada en la protección del administrado. Y ello se debe, especialmente, a la praxis judicial de atender en primer término los motivos formales dejando imprejuzgados el resto de motivos, de haberlos, en los que se sustenta el recurso jurisdiccional. Pongamos un ejemplo: Imaginemos un asunto en el que se impugna una resolución sancionadora invocando la caducidad del expediente, la infracción del principio de presunción de inocencia y la infracción del principio de tipicidad. Si el Tribunal considera que ha operado el instituto de la caducidad, estimará el recurso y anulará la resolución impugnada, dejando imprejuzgados el resto de motivos, los cuales, de haber sido estimados, hubiesen impedido la posibilidad de la Administración de volver a reabrir el expediente sancionador. Sin embargo, la caducidad estimada no impide, a juicio de la jurisprudencia mayoritaria, ejercer nuevamente el ius puniendi, siempre y cuando la infracción no haya prescrito.
Chirría, y mucho, que la caducidad del expediente no solo se(lo) ha(n) convertido en un instrumento inútil para el administrado, sino que con la praxis judicial aludida se ha elevado a la categoría de instrumento pernicioso para el administrado al punto de conferirle el don de revivir el ius puniendi, por mucho que el mismo, a la vista de otros motivos impugnatorios, pudiera estar herido de muerte.
Habrá quién pueda poner como reparo a lo hasta aquí dicho, que bien se puede renunciar a invocar la caducidad para evitar ese carácter pernicioso, pero ello, además de ser un artificio, no dejaría de contravenir la pacífica consideración de que la caducidad del procedimiento constituye una cuestión de orden público procedimental. Como dice Santamaría Pastor:
"... no es un medio de defensa conferido a las partes, sino un mandato incondicional que la ley impone por razones de interés general y que, por tanto, ha de ser aplicado por todos los órganos públicos que sean competentes para pronunciarse sobre el mismo...
En el orden procesal, la cuestión es parcialmente diversa, pero sus consecuencias no experimentan alteración. En nuestro sistema de justicia administrativa no cabría hacer distinciones, en este orden de cosas, entre la prescripción y la caducidad, habida cuenta de la posición productiva que el ordenamiento contencioso confiere a los jueces y tribunales, que les permite plantear a las partes todo tipo de motivos no suscitados por ellas antes de tomarlos en cuenta en su fallo[...] la caducidad es un precepto imperativo que, por lo mismo, debe ser aplicado necesariamente por el órgano jurisdiccional (aunque deba oír a las partes previamente, si éstas no lo han considerado)."
Hace unos días leí una reciente Sentencia del Tribunal Supremo que puede dar pie, en cuanto a los expedientes sancionadores se refiere, a la tesis que propugna Gabriel Doménech, pero aun queda mucho por andar. Es momento de plantearse si cabe mantener, en la forma y modo en que ha sido perfilado por la jurisprudencia, un instituto que lejos de beneficiar al administrado es capaz de ponerle en peor situación por su mera existencia.
En cualquier caso, no será esta entrada la única sobre esta cuestión. Volveré sobre ella, pero para ello hace falta reposo y que no me venzan plazos, que para mis clientes si son fatales.
Publicado por Emilio Aparicio en 16:48 No hay comentarios:
En el caso de la caducidad de los procedimientos, la resistencia ha actuado por caminos diversos; forzadamente más sutiles, dado que la regulación de este instituto, además de ofrecer posibilidades de retorsión algo inferiores a las del silencio, por la simplicidad de su estructura, fue objeto de una sensible mejora en la reforma de 1999. La sencillez del mecanismo de la caducidad, unida a la claridad de su regulación, debería haber determinado que el actual artículo 44.2 de la Ley sólo hubiera sido objeto de breves comentarios, carentes de toda problemática. El que no haya sido así, y que este precepto se haya convertido en una caudalosa fuente de problemas –como lo demuestra el que haya provocado un conjunto de aportaciones doctrinales inusualmente abundante para una técnica que, por su elementalidad, no las merece-, sólo es explicable por las sistemáticas resistencias que su aplicación ha generado, tras las cuales subyace la radical incompatibilidad entre la perención de los procedimientos y la virtual inmortalidad de que antaño gozaban; son muy escasas las dudas interpretativas que no son puramente artificiales y que no responden a la decisión de mitigar la consecuencia (tan indiscutible como insoportable) de que también la Administración, como los particulares, pierde el tren si se retrasa.
Que estas resistencias hayan sido ideadas ad hoc por los defensores procesales de todas las Administraciones en los correspondientes litigios es legítimo y comprensible; para eso se les paga. Menos previsible era que las interpretaciones dirigidas a neutralizar el efecto de la caducidad fueran analizadas y acogidas (con candidez o sin ella) con una inmerecida ponderación por diversos trabajos doctrinales, algunos de los cuales han caído inocentemente en la trampa de la ecuanimidad, una virtud practicada en ocasiones con exceso por los publicistas que moran fuera del mundo real. Y puede parecer también sorprendente que estos artificios hayan encontrado eco en múltiples decisiones judiciales: la jurisprudencia, sin duda, es tan imperfecta como toda obra humana; pero resulta cuando menos sospechoso (por insólito) que todas y cada una de estas sesgadas propuestas interpretativas hayan sido compartidas por sentencias de los Tribunales contenciosos de todos los niveles. No es aventurado pensar, tras la lectura de las Sentencias, que la caducidad tampoco despertó simpatía alguna, dicho sea coloquialmente, en buena parte de los miembros de la jurisdicción contenciosa.
No quisiera criticar a fondo esta inclinación a la ecuanimidad. Dede luego, el afán a de compensar el valor que juega a favor de la protección jurídica de los ciudadanos con una demostración de sensibilidad hacía los intereses que la Administración defiende no es imputable principalmente al estilo de ponderación que suele caracterizara muchas de las exposiciones académicas, sino sobre todo al descrédito que el pensamiento único de los años anteriores a la caída del muro arrojó sobre el principio de la seguridad jurídica, al que implícitamente vino a tildarse contrario al más elemental sentido del progreso social y económico.
Pero, sin entrar en un debate ideológico que no me ofrece ningún atractivo, me parece escasamente discutible que estos intentos de apoyaturas duales y supuestamente equilibradas son por completo inútiles. Fundar el instituto de la caducidad (o cualquier otro) sobre dos valores naturalmente contradictorios es un esfuerzo estéril, porque la ambigüedad, en este orden de cosas, sólo puede conducir a la inoperatividad más absoluta: la ambivalencia de los fundamentos de un instituto no hace más que permitir que una misma cuestión pueda recibir respuestas contradictorias, según el valor que cada interprete tome arbitrariamente como punto de partida. Ello no entraña que a la caducidad haya de asignársele un fundamento exclusivo y unilateral, eliminando toda referencia a cualquier otro de los posibles valores en juego; pero lo que parece ineludible es la necesidad de jerarquizar.
J.A. SANTAMARÍA PASTOR, RAP nº 168, 2005, Caducidad del Procedimiento.
Publicado por Emilio Aparicio en 11:18 No hay comentarios:
Etiquetas: caducidad, citas
Hace tiempo me llamó un compañero para preguntarme mi opinión sobre la peculiar manera de determinarse la "summa gravaminis" en los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas tributarias. A mi juicio, a pesar de la reiterada y unánime linea jurisprudencia existente en aquel momento, la cuantía debe fijarse en la suma total que se derivaba en el acuerdo y no en la suma de los importes de cada liquidación. La distinción tiene su importancia, así, en el primer caso, la cuantía se fija, ex artículo 41.1 y 42.1 a) LJCA, en el contenido económico del acto, mientras que en el segundo, la cuantía, aunque se fije en la misma suma, lo es por aplicación del artículo 41.3 LJCA, esto es, por la suma del importe de cada liquidación, lo que lleva como consecuencia que la misma no comunicará a las pretensiones de cuantía inferior la posibilidad de recurso.
Publicado por Emilio Aparicio en 4:56 No hay comentarios:
Etiquetas: acuerdo de derivación, cuantía, summa gravaminis
Es el caso que las ordenanzas del ferrocarril habían establecido la prohibición de transportar “perros” y, como el revisor fuera a sancionar por ella al campesino, éste se negó a pagar la multa alegando que el animal que le acompañaba era una “perra”, no comprendida por tanto en el texto literal de la norma. El Juez – tan aferrado como los penalistas de ahora, al rigor del principio de la taxatividad y a la prohibición de analogías – dio la razón al viajero. Por lo que para evitar en el futuro estos hechos hubo que modificar el reglamento, advirtiendo en una nueva redacción que la prohibición se extendía a “perros y perras”.
A la semana siguiente se presentó de nuevo el desafiante campesino con un animal de aspecto feroz y como se intentara multarle, se excuso alegando que se trataba de un “lobo”. Vuelta a las mismas y por la sacralidad de los principios ganó de nuevo el campesino y hubo que modificar por segunda vez el reglamento, extendiendo ahora la prohibición a los “cánidos de ambos sexos”. Por unos días después se repitió la escena, aunque ahora a propósito de un oso que el campesino se empeñó en subir al vagón y que pudo hacerlo, como era previsible, puesto que no había prohibición alguna para estos animales, habida cuenta de que los osos no pertenecen a la familia de los cánidos.
La compañía de ferrocarriles estaba desesperada pues no lograba dar con la redacción de un texto capaz de asegurar a los usuarios un viaje tranquilo. Decidió entonces cambiar de criterio y, vista la imposibilidad de incluir en sus ordenanzas a todas las especies, familias y razas de la escala zoológica, optó por fijarse en los elementos y bienes que intentaba proteger, prohibiendo a tal fin la introducción de “animales que supusiesen peligros o molestias a los usuarios o pudieran infundir un temor razonable. Prevención que –huelga decirlo- no pudo impedir el acto siguiente de esta tragicomedia jurídica. Porque el campesino apareció un día con una pareja de hurones –animales de aspecto dulce, pero reconocidamente más peligrosos que un perro o un oso domesticado- acurrucados en una cesta. Conminado de expulsión y multa por el revisor del tren, la reacción del provocador fue en parte defensiva (alegó que los animales estaban dormidos e iban bien vigilados, de tal manera que no podían asustar razonablemente a nadie) y en parte de ataque, ya que denunció a varios viajeros que portaban animales auténticamente molestos y peligrosos por contagio –piojos concretamente- respecto de los cuales el inspector hacía la vista gorda con menosprecio de la prohibición normativa.
No hace falta imaginar cuál fue el resultado de la siguiente escaramuza legal. El mismo Juez que había venido dando la razón al campesino, al negarse a emplear la vitanda analogía, rechazó el texto de las nuevas ordenanzas imputando al tipo normativo de la infracción unas condiciones de vaguedad e imprecisión inadmisibles.
Texto de Alejandro Nieto, nº 162 de la RAP de 2003.
Publicado por Emilio Aparicio en 13:23 No hay comentarios:

References: In dubio
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
e contrario
 artículo 41
 artículo 41