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Timestamp: 2019-02-22 13:06:30+00:00

Document:
Informes iniciales presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 35 de la Convención
[23 de marzo de 2011]
Abreviaturas y siglas3
I.Información general1 – 15 5
A.Alcance del informe: proceso y metodología aplicada1 – 55
B.Participación de la sociedad en la elaboración del informe6 – 96
C.Consideraciones sobre el informe10 – 1510
II.Resultados de la evaluación en las instituciones del Estado a nivel nacional y local16 – 7
A.Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona16 – 33 7
B.Derecho a la salud34 – 4911
C.Derecho a la educación50 – 74 14
D.Derecho al trabajo y el empleo75 – 8918
E.Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social90 – 13121
F.Derecho a la participación en la vida política y pública132 – 17527
G.Derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte176 – 20334
H.Cooperación internacional204 – 22238
I.Monitoreo e impulso a la implementación de la Convención223 – 23341
III.Conclusiones generales234 – 24142
CAIPADCentro de Atención Integral de Personas Adultas con Discapacidad
CCSSCaja Costarricense de Seguro Social
CENARECentro Nacional de Rehabilitación
CENARECCentro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva
CIAESComisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior
CIFClasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
CIMADComisión Institucional en Materia de Accesibilidad y Discapacidad
CNEComisión Nacional de Emergencias
CNREEConsejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
COMADComisión Municipal de Accesibilidad
CONAPAMConsejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
CONAREConsejo Nacional de Rectores
CTPConsejo de Transporte Público
DHDefensoría de los Habitantes
EBAISEquipos Básicos de Atención en Salud
FODESAFFondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares
FONABEFondo Nacional de Becas
ICODERInstituto Costarricense del Deporte
ICTInstituto Costarricense Turismo
IFAMInstituto de Fomento y Asesoría Municipal
IMASInstituto Mixto de Ayuda Social
INAInstituto Nacional de Aprendizaje
INAMUInstituto Nacional de las Mujeres
INSInstituto Nacional de Seguros
INVUInstituto de Vivienda y Urbanismo
ITCRInstituto Tecnológico de Costa Rica
JICAAgencia de Cooperación Internacional del Japón
JPSJunta de Protección Social
LESCOLengua de Señas Costarricense
MCJMinisterio de Cultura y Juventud
MEICMinisterio de Economía, Industria y Comercio
MEPMinisterio de Educación Pública
MIDEPLANMinisterio de Planificación y Política Económica.
MJPMinisterio de Justicia y Paz
MOPTMinisterio de Obras Públicas y Transporte
MSMinisterio de Salud
MSPMinisterio de Seguridad Pública
MTSSMinisterio de Trabajo y Seguridad Social
ONGOrganizaciones no gubernamentales.
PANACIPatronato Nacional de Ciegos
PANAREPatronato Nacional de Rehabilitación
PANIPatronato Nacional de la Infancia
PJPoder Judicial
RBCRehabilitación con Base Comunitaria
UCRUniversidad de Costa Rica
UNAUniversidad Nacional
UNEDUniversidad Estatal a Distancia
A.Alcance del informe: proceso y metodología aplicada
1.A continuación se presenta un diagnóstico inicial del cumplimiento del Estado Costarricense en relación con lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Ley N.º 8661), este informe fue elaborado a partir de los datos, valoraciones e información suministrada por diversas instituciones del aparato estatal costarricense.
2.Para su construcción se elaboró un instrumento donde se agruparon los diferentes artículos de la Convención (del 1 al 33) en áreas temáticas a evaluar a partir de los derechos económicos, sociales y culturales, además de otros derechos y áreas que se consideraron relevantes presentar como lo son el monitoreo y la cooperación internacional. Las áreas evaluadas fueron las siguientes:
a)Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona;
e)Nivel de vida adecuado y protección social;
f)Participación en la vida política y pública;
g)Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte;
h)Cooperación internacional;
i)Monitoreo/Impulso a implementación.
3.Una vez definidas las áreas a evaluar se procedió a diferenciar las instituciones del Estado que por su naturaleza deberían suministrar la información sobre el estado de cumplimiento de lo establecido en la Convención, para lo que se identificaron dos niveles en los cuales se debería construir el informe, el primero el de las Instituciones del Estado de carácter nacional y otro relacionado con los Gobiernos Locales también llamados Municipalidades, se elaboró un instructivo y una matriz para recopilar los datos requeridos el cual fue remitido a cada una de las instituciones (véanse anexos 1 y 2).
4.El proceso de construcción se dividió en tres partes. En la fase introductoria, se sostuvo tres reuniones con diversos actores involucrados en los diferentes niveles (nacional y local) y en la que se explicaron los alcances de la Convención, las directrices e instrucciones para la elaboración del informe y se evacuaron dudas respecto a su construcción. La segunda fase constituyó la construcción del informe preliminar, donde se recopiló la información solicitada a los diversos jerarcas de las instituciones y gobiernos locales, se elaboró el informe y se sometió a análisis y consulta de los y las representantes de las personas con discapacidad lo reportado por las diferentes instituciones en cuanto al cumplimiento de la Convención. Finalmente la última fase constituyó la elaboración del informe final en el que se incluyeron las apreciaciones de los y las representantes de las personas con discapacidad respecto a lo informado por el Estado.
5.En el caso concreto de los Gobiernos Locales debido a su naturaleza y ámbito de acción únicamente se refirieron a tres de las nueve áreas evaluadas, a saber: Nivel de Vida Adecuado, Participación en la Vida Política y Pública, y Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Para el resto de instituciones del aparato estatal las áreas fueron divididas según afinidad con el tema.
B.Participación de la sociedad en la elaboración del informe
6.Sobre la participación de la sociedad civil en la elaboración del informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 y los artículos 33 y 35 de la Convención, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) llevó a cabo una consulta el día 29 de octubre de 2010, para ello invitó de manera escrita y vía telefónica a 93 organizaciones de y para personas con discapacidad, se informó en un diario de cobertura nacional el lugar, fecha y propósito de la consulta y se ofrecieron facilidades de transporte y hospedaje para aquellas personas que por su condición socioeconómica no podían cubrir estos gastos (véase anexo 3).
7.En cuanto a la asistencia a la convocatoria realizada por el CNREE como ente rector en discapacidad y entidad responsable de elaborar el informe, de acuerdo a los registros se obtuvo una participación de 44 personas representantes de diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad provenientes de todo el territorio nacional (véase anexo 4).
8.Con el fin de hacer el proceso accesible para todos y todas la metodología utilizada fue de carácter participativo, exponiendo en un primer momento los resultados obtenidos en el informe y luego se procedió a realizar un trabajo en grupos en los que se analizaban la información suministrada por las instituciones del estado que a la fecha de la consulta habían entregado la información solicitada y con base en ella las personas participantes plasmaban sus apreciaciones respecto a la información a partir de la vivencia personal de su propia realidad. Para desarrollar este trabajo se les suministró el material requerido, el cual incluía el detalle de la metodología, guías de trabajo, la convención y el informe elaborado a la fecha de manera impresa y en braille, además del material en digital para quienes así lo requirieron, se contrató el servicio de intérprete de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para hacer accesible la información a la población sorda y se ofreció apoyo económico para el transporte de las personas con discapacidad y sus asistentes que procedían de zonas alejadas del lugar donde se llevó a cabo la consulta.
9.Por otra parte luego de realizada la consulta presencial y a solicitud de las mismas organizaciones presentes durante un período de dos semanas se abrió un foro en el sitio web del CNREE y se subieron los documentos utilizados en la actividad para que estuviesen a disposición de más personas, incluyendo aquellas que no asistieron a la consulta.
C.Consideraciones sobre el informe
10.El informe ha sido elaborado tomando en cuenta todos los aspectos indicados en las directrices emitidas por el Comité, para lo cual se solicitó a todas las instituciones involucradas que se refirieran a los artículos previamente identificados en las matrices utilizadas para recolectar la información, aportando los datos presupuestarios y estadísticos existentes.
11.Sobre la información aportada se debe tomar en cuenta que no en todos los casos se tiene el dato estadístico y presupuestario especificado tal y como lo solicitó la institución rectora en discapacidad a partir de lo indicado en las directrices, lo anterior en virtud de que en la mayoría de los casos los recursos financieros presupuestados no tienen una partida específica para atender asuntos relacionados con la situación de la población con discapacidad de acuerdo a lo estipulado en la Convención, sino que se incluyen dentro del presupuesto global consolidado de las instituciones, ejemplo de ello es el tema de la inversión en accesibilidad al espacio físico, la cual se incluye dentro de la partida de construcciones y remodelaciones generales. Asimismo, la fuente de información presupuestaria en algunos casos responde a lo presupuestado y no siempre a lo ejecutado realmente.
12.Siempre en relación con la información suministrada respecto a la inversión Estatal la moneda utilizada para especificar los montos es el colón costarricense y el dólar de los Estados Unidos de América, para lo cual se tomó como referencia el siguiente tipo de cambio dado por el Banco Central de Costa Rica al 21 de octubre de 2010, el cual fue de 504,91 colones por dólar.
13.En relación con los datos estadísticos según población específica la situación es aún más compleja pues a nivel de país no se cuenta con un sistema unificado de registro de información de datos sobre la situación de la población con discapacidad.
14.En este sentido los datos presupuestarios y estadísticos constituyen un aproximado de lo invertido y de la población atendida sin que esto vaya en detrimento de la veracidad de la información aportada pues constituyen un importante primer diagnóstico que servirá de base para afinar detalles respecto al próximo informe y más importante aún en relación con los ajustes que el Estado costarricense deberá realizar para cumplir en todos sus extremos con lo indicado en la Convención.
15.Finalmente en cuanto a la información, ésta reúne tanto los datos recopilados a nivel de instituciones del Estado con alcance nacional como aquellas que tienen un alcance local específicamente los gobiernos locales llamados también Municipalidades las cuales de acuerdo a su naturaleza se debieron referir a tres áreas concretas, a saber: Nivel de Vida Adecuado y Protección Social, Participación en la Vida Política y Pública, y Participación en la Vida Recreativa y Cultural.
II.Resultados de la evaluación en las instituciones del Estado a nivel nacional y local
A.Acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de la persona
16.En el tema de justicia y seguridad, el Estado costarricense cuenta con diferentes instituciones rectoras en la materia; es decir, no existe una institución que unifique así a los responsables del orden, la seguridad y la ley; sino que se encuentran divididos en los tres Poderes de la República. Para el caso que nos ocupa, las instituciones que fueron tomadas en cuenta para hacer el análisis de esta área son: el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia y Paz, y el Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía. La información recopilada corresponde a estas instituciones, sin embargo lo relacionado al Ministerio de Justicia no pudo ser sometido a consulta pues el envío de la información fue posterior al momento en que esta se realizó. Asimismo los artículos de la Convención desde los cuales se abordó el tema fueron los artículos 13 y 14 referidos al acceso a la justicia y a la libertad y seguridad de la persona, como artículos base. Ligados a estos se consideraron los artículos 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad), 10 (Derecho a la vida), 15 (Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 16 (Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), 17 (Protección de la integridad personal) y el inciso 2 del artículo 33 (Aplicación y seguimiento nacionales).
1.Acciones realizadas y recursos destinados
17.El Estado Costarricense al ser un estado social de derecho ha procurado garantizar el acceso a la justicia, así como la libertad y seguridad de todas las personas y sus acciones han estado básicamente dirigidas a la creación de un marco normativo que brinde seguridad jurídica al respeto de los derechos de las personas. Este marco jurídico incluye desde la Constitución Política Costarricense, leyes de la República, firma de tratados internacionales, así como directrices y políticas específicas dirigidas salvaguardar los derechos humanos de todos y todas las costarricenses.
18.En este sentido una herramienta importante con la que cuenta el Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en general es la denominada Sala Constitucional, cuya razón de ser es velar y resguardar que no se violente lo establecido en la Constitución Política Costarricense, para ello se puede hacer uso del denominado Recurso de Amparo, que consiste en el planteamiento de una denuncia interpuesta por cualquier ciudadano donde se plantea la presunta violación a algún derecho establecido en la Constitución, la resolución que da la Sala Constitucional es vinculante y por tanto de acatamiento obligatorio.
19.A nivel de de la Sala Constitucional del periodo 2008-2011, se han presentado un total de 141 resoluciones que están directamente relacionadas con temas o derechos establecidos Convención. En su dispersión temática se analiza que: dos de estas resoluciones tienen relación con turismo, 48 son referentes a temas de gobiernos locales, 79 se refieren al sector público nacional y 12 tienen relación con el sector privado. La mayoría de ellos se encuentran en los macro grupos: derechos civiles y políticos, seguidos por los derechos económicos sociales y culturales, con una clara minoría en los grupos o situaciones de atención particular. Por último la gran mayoría fueron presentados por falta de accesibilidad e infraestructura adecuada para la movilidad o desplazamiento, específicamente a nivel de aceras, rampas, acceso a parqueos o instalaciones tanto privadas como públicas (véase anexo 9).
20.En sintonía con la igualdad y no discriminación se cuenta con la Ley para Asegurar en los Espectáculos Públicos Espacios Exclusivos para Personas con Discapacidad. Otras leyes importantes a tomar en cuenta son Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento (N.º 7600), Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial actual ente rector en discapacidad, Ley Constitutiva de la Defensoría de los Habitantes, Ley General de Policía (artículos 10, 16 y 17).
21.Siempre en el contexto de asegurar la accesibilidad a la justicia, entre los años 2008 y 2010 las instituciones han realizado acciones dirigidas principalmente a la capacitación y accesibilidad. Así por ejemplo en lo que ha capacitación se refiere se han llevado a cabo 14 actividades socioeducativas dirigidas a funcionarios y funcionarias de las instituciones relacionadas con el área de justicia en las diferentes zonas del país. Estas actividades incluyen talleres, charlas, conferencias y cursos, entre los que se pueden mencionar: Taller de Validación de las Directrices para evitar la revictimización de niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad; Taller para la Elaboración de medidas cautelares atípicas para atender casos de violencia contra las personas adultas mayores y personas con discapacidad; Talleres de Perspectiva de género, accesibilidad, derechos humanos y administración de justicia; Ciclo de Conferencias en materia de Accesibilidad y Discapacidad dirigido al personal judicial y la sociedad civil; Taller de sensibilización para Administradores/as regionales en materia de discapacidad y accesibilidad, con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece a las personas usuarias con discapacidad, entre otros.
22.Por su parte en lo que a accesibilidad se refiere esta ha sido enfocada fundamentalmente en dos áreas, la accesibilidad al espacio físico y la accesibilidad a la comunicación e información mediante la adquisición de tecnologías. Entre ellas destacan las obras realizadas por el Poder Judicial en las edificaciones de 12 de los 15 circuitos judiciales existentes, con remodelaciones en el área de atención al público, en los servicios sanitarios, construcción de rampas, instalación de ascensores, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo en las nueve Delegaciones Policiales remodelaciones y se han construido otras 10 siguiendo los parámetros establecidos en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
23.En la accesibilidad a la comunicación e información se ha invertido en tecnologías como Jaws (software de lectura), Audiotesti 3.2 (convierte archivos de texto en archivos de audio con formato MP3), Omnipage Pro (Programa que convierte documentos impresos y archivos en formato PDF en archivos electrónicos con capacidad de búsqueda y uso compartido), Teclado de letra extragrande, Audífonos, Scanner, entre otros, dispositivos que se han implementado en la Biblioteca Judicial.
24.Asimismo, en el 2010 se inauguró el proyecto de señalización “Modelo replicable de señalización para el edificio del II Circuito Judicial en Goicoechea”, que se ajusta a la señalización universal con base en la información disponible y lo dispuesto por la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, donde se incluye una combinación de medios de señalización e información que facilita el acceso a los servicios judiciales a personas con discapacidad. Dicho proyecto fue promovido por la Comisión de Accesibilidad y comprendió la instalación de alfombras con texturas identificables por los usuarios con deficiencia visual o ceguera, señalización fotoluminiscente y sonora en sitios como: salidas de emergencia, despachos de atención al público, accesos prioritarios, escaleras, ascensores. Igualmente se colocaron maquetas volumétricas para la ubicación dentro del edificio.
25.Otras acciones específicas en las instituciones como son las Política de Accesibilidad para las personas con discapacidad en el Poder Judicial, así como Directrices, Circulares y Protocolos institucionales, entre las que se mencionan la Circular No.5-09 dirigida a las Administraciones Regionales, administración del Ministerio Público y Despachos judiciales la Dirección Ejecutiva divulga las Reglas para el pago de honorarios de los intérpretes de la LESCO, Protocolo denominado “Modelo de Reubicación Laboral”, que establece los lineamientos a seguir cuando a un (a) servidor(a) le sobreviene una discapacidad temporal o permanente y el "Protocolo de instalación y uso de lámparas con lupa para personas usuarias con visión disminuida" dirigido a las Administraciones Regionales y otras oficinas administrativas que requieren de dicho equipo.
26.Finalmente cabe resalta que se han propuesto ante la Asamblea Legislativa dos proyectos de Ley, a saber: Proyecto de Ley para reformar las excepciones a la Ley de Derechos de Autor, que contempla diversos temas entre ellos las excepciones a la Ley relacionadas con discapacidad, información y la educación, Se apoyó este proyecto mediante la coordinación de talleres de validación y el Proyecto de Ley de Autonomía personal de las personas con discapacidad, elaborado en forma conjunta con instituciones involucradas en la temática y con el objetivo de implementar la Convención de Naciones Unidas y de promover la autonomía de las personas con discapacidad, para que de acuerdo a sus especiales circunstancias puedan tomar sus propias decisiones. Este proyecto considera la derogatoria de la figura de la Curatela, fue presentado a la Asamblea Legislativa en marzo de 2009.
27.En cuanto a la inversión del Estado realizada en esta área, los datos que se tienen corresponden al Poder Judicial, específicamente a lo relacionado con la compra de mobiliario y equipo terapéutico para las y los usuarios internos así como a lo invertido en el servicio de intérpretes de LESCO, siendo un monto total de 83.262.200,00 colones que equivalen a 164.905,03 dólares.
2.Acciones pendientes, limitaciones y medidas correctivas
28.Como parte de las principales acciones pendientes se mencionan las dirigidas a mejorar la calidad de los servicios mediante la accesibilidad de los servicios en general y la actualización de datos sobre los servicios ofrecidos actualmente, específicamente se ha identificado la necesidad de continuar con las adaptaciones al espacio físico, capacitación al personal en el uso del LESCO con el fin de dar una mejor atención a la población que lo requiera, aprobación de la Corte Plena del Proyecto de Reglamento para regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial, así como adaptar o comprar unidades policiales, que permitan un adecuado traslado de personas con discapacidad.
29.Las limitaciones que dificultan la implementación de lo establecido en la Convención se encuentra: falta de recursos humanos y materiales para realizar las acciones y adaptaciones requeridas así como aspectos de cultura organizacional. Por ejemplo en cuanto a recurso humano en el Poder Judicial se carece de agentes de protección, que son parte de los equipos llamados por ley a brindar servicio de protección a personas con discapacidad y en el área de Recursos Humanos no se cuenta con el conocimiento y experiencia técnicas en temas de accesibilidad para incorporarlos a la Política de Gestión Humana. En lo que a recursos materiales se refiere existe una restricción institucional para el uso del recurso de transporte para la investigación de campo, lo cual aumenta los plazos de la valoración y como tal, de la entrega de los dictámenes periciales. Por su parte el Ministerio de Seguridad Pública manifiesta no tener una cultura o clima organizacional que permita un fácil proceso educacional, para lograr esa visión integracionista de accesibilidad universal; tanto así que ésta temática ha sido relegada en los últimos años, además de la falta de recursos financieros para abordar de manera sostenible lo relacionado con la accesibilidad.
30.Las medidas propuestas para superar las limitantes encontradas el Poder Judicial reporta la continuidad de acciones que actualmente se realizan como la ejecución de campañas de sensibilización y capacitación, el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones, la optimización y priorización de los recursos presupuestarios dirigidos a acciones de mejora accesibilidad física, y se realizan esfuerzos para que una parte de los agentes de protección prevista, inicien funciones para el mes de setiembre 2010. El Ministerio de Seguridad Pública por su parte propone la reactivación de la Comisión Institucional en Discapacidad, para que sea a través de esta instancia que se promuevan las acciones de mejora necesarias.
3.Observaciones de la sociedad civil
31.Al referirse sobre las acciones realizadas por el Estado para garantizar el acceso a la justicia, la libertad y seguridad de la persona, los y las participantes en la consulta valoran que la mayoría de las acciones van dirigidas a aspectos infraestructura o accesibilidad del espacio físico dejando de lado muchos otros aspectos que tienen una gran importancia para el acceso real y efectivo a la justicia y a las instituciones que comprende esta área, tal es el caso de los aspectos relacionados con el acceso a la información en diversos formatos ya sea física o digital y en el uso herramientas tecnológicas que permitan el acceso a la misma.
32.En el mismo orden de ideas se menciona que a nivel de justicia no existe una estructura organizacional en el área de recursos humanos que permita capacitar a los funcionarios para la atención de las personas con discapacidad y que existe la necesidad de que se den procesos más articulados a nivel de las instituciones, por ejemplo en las contralorías de servicios para que no se violente el derecho a la igualdad y la no discriminación. A este respecto indican que existen situaciones de violaciones a los grupos vulnerables dentro del colectivo de las personas con discapacidad, en este caso mujeres, niños, migrantes e indígenas, por lo que plantean la necesidad del reconocimiento de las personas con discapacidad como ciudadanos para que se les respeten sus derechos, y piden que se respete lo que aparece en la Convención y además un proceso más fuerte de incidencia en la prensa para generar que más personas conozcan las acciones que se deben cumplir con respecto a la Ley 7600 y la misma Convención. Por otra parte se resalta la importancia de las ayudas técnicas para promover la libertad e independencia de las personas en diversos ámbitos.
33.Sobre las acciones realizadas para garantizar la seguridad ciudadana, se percibe que es insuficiente y que es uno de los elementos en los cuales como país existen mayores problemáticas, situación que afecta a la población con discapacidad y que responde a un problema estructural de la situación social de Costa Rica que se refleja de la misma forma en esta población vulnerable.
B.Derecho a la salud
34.El área relacionada con el derecho a la salud tiene su sustento en el artículo 25 de la Convención y considera el abordaje de los artículos 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad), 10 (Derecho a la vida), 26 (Habilitación y rehabilitación) y 28 (Nivel de vida adecuado y protección social). Las instituciones del Estado involucradas son el Ministerio de Salud quien ejerce la rectoría en Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que es la principal prestadora de servicios a nivel del país y tienen a su cargo la dirección de los Hospitales y Clínicas del Estado y el Instituto Nacional de Seguros cuyo énfasis es la comercialización de seguros y los servicios de rehabilitación dirigidos a personas con discapacidad adquirida a raíz de accidentes laborales. Cabe señalar que para el presente informe únicamente se obtuvo información del Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) que pertenece a la CCSS, y del Instituto Nacional de Seguros (INS). En el caso de esta última y para los efectos del presente informe solo se tomó en consideración lo relacionado al área de salud y no se consideró el ámbito comercial.
35.A nivel de políticas y estrategias, el país cuenta con la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud 2010-2021 y el Plan Estratégico Nacional de Salud 2010-2015, que incorpora el tema de discapacidad, además de un Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2006-2010 y la Política Nacional de VIH y SIDA 2006-2015 que tiene como principios rectores el respeto a la diversidad y diferencia (sexual, étnica, cultural, discapacidad, entre otras) y la garantía de acceso a las poblaciones en condición de vulnerabilidad (dirigida a toda la población, pero con especial énfasis en poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad). Se construyó además un Plan Nacional de Violencia Contra las Mujeres (PLANOVI), en el que se incorpora el tema de las mujeres con discapacidad como grupo vulnerable. Así mismo se construye un Plan Nacional de Actividad Física, en el cual se incorpora a la población con discapacidad como grupo prioritario y la Política Nacional sobre derechos de salud sexuales y reproductivos, transversalizada por la temática.
36.En la normativa institucional se reconoce y protege el derecho a la vida y a la supervivencia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; sin embargo no en toda ésta se especifica personas con discapacidad, sino que se hace referencia a grupos en condición de vulnerabilidad.
37.Respecto a la accesibilidad las acciones están enfocadas principalmente a la accesibilidad al espacio físico de las instalaciones, tales como remodelaciones o construcciones nuevas, por ejemplo se han realizado remodelaciones en CENARE así como construcciones en 34 edificios del Ministerio de Salud, estas remodelaciones incluyen el acondicionamiento de los servicios sanitarios, creación de rampas, señalización, ascensor (con tecnología para poder ser utilizado por personas con discapacidad) y otras obras que permitan la accesibilidad de una persona con discapacidad. Asimismo, dentro del Plan Nacional de Salud 2010-2021 se propicia el acceso con equidad a la infraestructura física segura y con diseño universal necesaria para incidir sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de la población. Otras acciones relacionadas con la accesibilidad son la implementación de sistemas de Información por audio sobre los servicios, además de un centro de Información y Documentación del INS con algunos equipos especializados como impresora braille, lector de libros, equipo de ampliación de imágenes, y software Jaws. Además para hacer el transporte accesible se cuenta con 5 unidades de las cuales 2 tienen rampa y 3 camilla incorporada.
38.Dentro de las principales acciones reportadas en lo que a servicios directos se refiere, debido a la naturaleza de la institución que reporta; éstas se enfocan básicamente a la habilitación y rehabilitación, donde se han realizado acciones dirigidas a la atención de personas en los 25 Centros Médicos Regionales, los 208 Consultorios Médicos Laborales (empresas) y 7209 visitas domiciliares realizadas a todo el país por funcionarios del Departamento de Centros Médicos Regionales del área de seguros del Instituto Nacional de Seguros. Por su parte el CENARE a través de la Comisión de Enlace de Rehabilitación Profesional (CENREP) brinda acompañamiento a aquellas personas que presentan una condición de discapacidad para que puedan recibir una capacitación o formación profesional, que les faculte para la inserción laboral, esto mediante una estructura de programa que son parte de los temas del Proyecto del Convenio de Cooperación Internacional Chile-Japón-Costa Rica del 2006.
39.En los casos que se requiere; el INS entrega equipos y aparatos ortopédicos, así como el mantenimiento que requieren, esto con el fin de que las personas beneficiadas obtengan una mejor calidad de vida. Por otra parte, dependiendo de la discapacidad, se inspecciona la casa de habitación de la persona que recibe el servicio y si no cumple con las condiciones mínimas de accesibilidad, se le brinda una ayuda económica para que realice las adaptaciones de acuerdo a las nuevas necesidades. También a quienes lo requieren se les capacita tanto para su desenvolvimiento en su casa de habitación como para la reinserción laboral a fin de que aprendan nuevos oficios. De igual manera el CENARE implementa el taller de ayudas técnicas y el trabajo interdisciplinario para la confección de férulas que anteriormente se realizaban por compras a terceros. Con este taller se pretende mejorar la calidad en la especificación del requerimiento, evaluación y confección de dispositivos para miembros superiores, además se le ofrece al usuario la oportunidad de acceder a un nuevo servicio con la consulta más personalizada con los especialistas, cuyo propósito es mejorar su calidad de vida. Sólo en el año 2008 se confeccionaron 516 férulas a pacientes de consulta externa y 114 férulas a pacientes hospitalizados mientras que en el 2009 se confeccionaron 584 férulas a pacientes de consulta externa y 128 férulas a hospitalizados en el CENARE.
40.Relacionado con la habilitación y la rehabilitación están las acciones para garantizar un nivel de vida adecuado y protección social a las personas con discapacidad, donde con base en el régimen de riesgos del trabajo (de acuerdo al título IV de Código de Trabajo), a la persona que por motivos laborales adquiere una discapacidad se le brinda el suministro y pago de todas las prestaciones médico–sanitarias, de rehabilitación y en dinero que le correspondan. Lo anterior se logra a través de una indemnización que corresponde a la pérdida sufrida, su monto varía dependiendo del tipo de incapacidad (Temporal, Menor Permanente, Parcial Permanente, Total Permanente y Gran Invalidez)
41.En cuanto a las acciones dirigidas a la Toma de Conciencia (artículo 8), desde el 2008 el Ministerio de Salud ha desarrollado actividades de capacitación dirigidas a funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gestión. Los principales temas de capacitación han sido: Aprendizaje de Lenguaje de Señas Costarricense 179 personas; Taller de Atención a Usuarios con Discapacidad (37 funcionarios), taller de cuatro horas sobre la Ley 7600. Además de las actividades de capacitación se cuenta con Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD), las cuales fiscalizan, promueven la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes instituciones del Estado.
42.Respecto a la inversión realizada por el Estado para garantizar el acceso a la salud a las personas con discapacidad, conviene aclarar que este no incluye la información relacionada con la CCSS, razón por la cual los datos se refieren únicamente a lo suministrado por el Ministerio de Salud y el INS, lo que implica un sesgo importante en la inversión estatal en lo que a este apartado se refiere. A partir de los datos obtenidos se tiene que los principales registros de inversión se han orientado a la accesibilidad del espacio físico y compra de equipo médico relacionado con los servicios de rehabilitación donde entre el periodo 2008-2010 se registra un total de 1.477.289.469,00 colones lo que equivale a una inversión aproximada de 2.915.533,12 dólares.
43.Entre las principales acciones pendientes en esta área se mencionan la inclusión de la discapacidad como eje transversal con acciones específicas en el Plan Estratégico Nacional 2010-2015 dirigidas a las personas en condición de discapacidad con VIH-SIDA, mientras que el Plan Nacional de VIH y SIDA 2010-2015 se está actualizando, por lo que está pendiente la incorporación de componentes e indicadores referentes al tema discapacidad.
44.En cuanto a la toma de conciencia, está pendiente el cumplimiento de la meta de sensibilizar y capacitar a las instituciones en el desarrollo del nuevo modelo de atención, a los funcionarios de los servicios de salud y a la población en el desarrollo del modelo para la atención de la salud mental a nivel comunitario, además de ampliar la cobertura de las capacitaciones tanto en número de participantes, como en área geográfica de manera que esta llegue a las diferentes regiones del país.
45.En lo que a accesibilidad se refiere está pendiente ejecutar acciones dirigidas al acceso al espacio físico (56 edificios del Ministerio de Salud) y a la información, haciendo las remodelaciones requeridas en la infraestructura e incorporando en los materiales para divulgación de mensajes de salud y señalización de los edificios, sistemas de comunicación en Braille y LESCO, además de brindar a las personas usuarias las ayudas técnicas necesarias para facilitar su lectura y promover que los materiales impresos como libros, folletos, se impriman según las normas de facilitación de la lectura.
46.Algunas medidas que se contemplan para superar dichas limitaciones, así como para dar cumplimiento con lo pendiente son:
a)La emisión de una Directriz Ministerial a la Unidad de Mercadotecnia Institucional así como a la Dirección de Mercadotecnia de la Salud, con la finalidad de que en toda campaña de divulgación del Ministerio de Salud se incorporen el sistema de lectura y escritura Braille en el material impreso y el LESCO en el material visual (campañas televisivas, vídeos) ya sea incorporando la subtitulación (closed caption) o incorporar un intérprete de LESCO, con la finalidad de dar cumplimiento al derecho del acceso a la información y a la comunicación (2010, 2012);
b)Presupuestar los recursos necesarios para la implementación de la campaña informativa para el 2011; para ello, se requiere incorporar de manera transversal en los Planes Anuales Operativos y Proyectos Institucionales aspectos relacionados con el tema de discapacidad que permitan superar estas limitaciones;
c)Cumplir con las remodelaciones pendientes. Es importante revisar y ajustar las normas técnicas y directrices para la identificación y eliminación o inclusión de obstáculos y barreras a la accesibilidad, inclusive en los sectores privado y público, y la existencia de planes nacionales.
44.La percepción general de la población con discapacidad es que esta área con respecto a otras ha ido avanzando de mejor manera, específicamente mencionan las obras de infraestructura, específicamente en los Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS) y en algunas clínicas, con la atenuante de que muchas de las acciones vienen como resultado de la Ley 7600 y no tanto de la Convención en sí.
48.En lo que a sensibilización se refiere la percepción de los y las consultadas es distinta pues consideran que aún se requiere mayor trabajo en esta área sobre todo con los diferentes entes que brindan servicios a población con discapacidad, específicamente en el trato que se les da y la utilización de servicios, entre ellos las ambulancias. Mencionan falta de campañas de comunicación, ayudas económicas y técnicas, esto para los diferentes tipos de discapacidades, no hay información inclusiva. Asimismo, se analiza que existen grandes diferencias en los servicios ofrecidos de un lugar geográfico del país a otro (diferencias entre las zonas rurales y urbanas), entre los problemas más graves que se citan es la falta de material médico para algunas personas con discapacidad en tratamientos específicos.
49.Finalmente otro elemento de importancia mayor es la falta de información sexual clara y dirigida a personas con discapacidad y aspectos reproductivos que se ven como derechos fundamentales.
50.La garantía al derecho que las personas con discapacidad tienen a la educación está basada en el artículo 24 de la Convención y los artículos que se relacionaron con esta área evaluada fueron el artículo 5 (Igualdad y no discriminación), 9 (Accesibilidad) y 26 (Habilitación y rehabilitación). Las instituciones estatales involucradas son el Ministerio de Educación Pública (MEP) quien ejerce la rectoría en Educación, cuatro Universidades Estatales (Universidad de Costa Rica [UCR], Universidad Nacional [UNA], Universidad Estatal a Distancia [UNED] e Instituto Tecnológico de Costa Rica [ITCR]), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
51.Como parte de las Políticas y Estrategias de carácter nacional vinculante; el Estado costarricense cuenta con la Política de Estado en Educación que incluye políticas de acceso a la educación para estudiantes con necesidades educativas especiales, donde el Centro Educativo de Calidad se convierte en el eje de la educación costarricense, lo que se traduce en una formación integral de carácter inclusivo, estableciendo que la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales se inicie con la estimulación temprana y además, sea escolarizado en instituciones de educación regular con los servicios de apoyo, técnicos, materiales y humanos requeridos, con ello se pretende asegurar la igualdad y no discriminación según lo establece el artículo 5 de la Convención.
52.También se cuenta conel Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) que incluye el eje cobertura y equidad mediante el cual se impulsan proyectos tendientes a favorecer y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en las universidades y la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior (CIAES), cuyo propósito es articular las políticas de accesibilidad a la Educación Superior que incluyan los procesos de admisión y permanencia para propiciar el acceso en igualdad de oportunidades a la población con necesidades educativas y/o discapacidad. Además existen planes, directrices, reglamentos y acciones particulares de las diversas instituciones de formación, como El Plan Global Institucional 2004-2011 de la Universidad Nacional y el Reglamento de Apoyo Educativo del Instituto Nacional de Aprendizaje o la Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades de la UNED.
53.En procura de la igualdad y no discriminación a nivel de educación superior se desarrolla el Programa de Servicios para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (PSED); desde el 2008 y hasta el 2010, 92 estudiantes que solicitaron a la CIAES examen de admisión con adecuación ingresaron a una Universidad Estatal y actualmente se da seguimiento a 216 estudiantes; así mismo, se capacita a funcionarios y funcionarias del Departamento de Admisión y Registro para el proceso de recepción de solicitudes de adecuación para la aplicación de los exámenes de admisión. De igual forma los centros de educación superior actualmente poseen diferentes instancias que velan por la no discriminación de las y los estudiantes incluidas las personas con discapacidad, entre ellas se pueden mencionar el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) de la Universidad Nacional, así como el Consejo Universitario, la Oficina Jurídica, la Defensoría de los Estudiantes, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el Programa de Equidad y Genero, y La Comisión Institucional de Equiparación de Oportunidades de la Universidad Estatal a Distancia.
54.Ligado a lo anterior en materia de Habilitación y rehabilitación: en algunos centros educativos de nivel superior se ha adquirido equipo técnico para bibliotecas de las universidades, además se facilita el uso de tecnologías de comunicación e información como computadoras CPU y portátiles con programas adaptados –lectores de pantallas JAWS; traductores de audio Dragon Naturally Speaking; Magnificadores de imágenes Magic; reproductores de voz Digital Voice Editor; traductor de música al sistema braille Goodfeel Braille Music Traslation y traductor de texto al sistema Braille –Duxbury entre otros.
55.Sobre el punto anterior, el MEP ofrece los Servicios de apoyo para estudiantes con matrícula en la educación regular y la Educación Especial. Estos servicios son ofrecidos por docentes fijos o itinerantes, especializados en audición y lenguaje, discapacidad múltiple, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales y de conducta, discapacidad visual, sordo ceguera. La mayoría funcionan en servicios de I y II ciclo de la Educación General Básica (EGB). Sin embargo, existen servicios de apoyo que funcionan en Centros de Educación Especial y algunos otros, fijos e itinerantes para estudiantes con discapacidad visual, y audición y lenguaje (sordera) en centros educativos de secundaria. Además, a manera de pilotaje se desarrollan experiencias para atender población con discapacidad intelectual en este nivel.
56.De acuerdo a los datos suministrados por el MEP, el total de la población matriculada en el educativo (sin incluir universidades) durante el período comprendido entre el año 2008 y 2010 fue de 1.061.047 personas en el año 2008, 1.083.586 personas en el año 2009, mientras que en el año 2010 fue de 1.082.070 personas, donde respecto al total la población con discapacidad representó en términos porcentuales por año el 9,27%, el 9,8% y el 9,40% respectivamente (véase anexo 5).
57.La matrícula atendida en servicios de apoyo durante los tres años anteriores es la siguiente: en el año 2008: 82.986 estudiantes, en el 2009 fueron 90.349 y en el 2010, 85.505 estudiantes.
58.Los servicios específicos (atención directa) dentro de los centros educativos regulares son ofrecidos por docentes de educación especial, responsables de la atención de un grupo específico de estudiantes con discapacidad. Estos servicios funcionan en estimulación temprana, I y II ciclo de la EGB y en III ciclo de la EGB y Educación Diversificada. La matrícula reportada en estos servicios fue la siguiente: en 2008, 9.362 estudiantes; en 2009, 9.731; y en 2010, un total de 9.784 estudiantes.
59.Actualmente existen 22 Centros de Educación Especial, ubicados en diferentes regiones del país. En estos centros se atiende población con diferentes tipos de discapacidad, con edades entre los 0 y 21 años. El reporte de matrícula para los tres años anteriores es: 4.939 personas durante el 2008, 5.063 personas para el año 2009 y para el 2010, 5.165 personas.
60.Asimismo, los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD), atienden población mayor de 18 años que requieren de apoyos prolongados y permanentes para su desempeño personal, ocupacional o laboral. Estos centros funcionan con una subvención del MEP a ONG. Actualmente funcionan 28 centros de esta naturaleza. Durante los años 2008, 2009 y 2010 se ha brindado el servicio a 1.058, 1.107 y 1.308 personas respectivamente.
61.La información anterior es relevante, si se toma en cuenta que el total de la población con discapacidad, matriculada en los diferentes servicios de la Educación General Básica y Educación Diversificada, es de 100.454 estudiantes en el año 2010, ya sea que se encuentren en servicios de atención directa o recibiendo servicios de apoyo. Además, se observa una tendencia de un mayor número de estudiantes con discapacidad en servicios regulares, lo que manifiesta una propensión hacia prácticas más inclusivas en el sistema educativo nacional.
62.Por su parte el INA que es una institución de formación técnica reportó que entre el año 2008 y 2010 de 5.194 personas matriculadas 2050 fueron personas con discapacidad o que refirieron tener alguna necesidad de apoyo específico para desenvolverse en el curso lectivo.
63.En cuanto a las acciones dirigidas a garantizar la accesibilidad en la educación; estas se orientan principalmente a tecnologías de información, facilitando el acceso a los sitios web con aplicaciones que permiten que personas con baja visión puedan aumentar el tamaño de la fuente para poder ver la información que ahí se ofrece.
64.En lo que respecta a la accesibilidad al espacio físico los esfuerzos realizados se han dirigido a la construcción de rampas, adecuación de los servicios sanitarios y ampliación de entradas y la implantación de sistemas de alerta audible y visual para la atención de emergencias, además de la construcción de ascensores concretamente en la UNED y el ITCR. Además en el INA se han desarrollado acciones importantes en las Unidades Regionales así como la remodelación del Auditorio Danilo Jiménez Veiga. En esta misma línea, se han construido obras específicas en centros educativos de secundaria para la población con discapacidad, sólo durante los últimos tres años se han reconstruido 359 centros de educación que cuenta con los requerimientos necesarios para garantizar la accesibilidad al espacio físico del estudiantado con discapacidad.
65.Otras acciones relevantes son las relacionadas con la capacitación, dirigidas tanto a docentes como padres y madres de familia y personas con discapacidad. A este respecto el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC) del MEP ha impartido 675 cursos dirigidos a docentes, padres y madres de familia y personas con discapacidad, en el periodo comprendido entre el año 2003 al mes de marzo de 2010, en 65 temáticas diferentes. Estos cursos se distribuyen en tres categorías, Educación Inclusiva, Discapacidad y estrategias metodológicas en la cual se clasifican 57 temáticas y la tercera categoría referida a actividades institucionales, como seminarios y talleres. Igualmente las otras instituciones involucradas en el sector educativo, han realizado acciones dirigidas a capacitar su personal en el uso del LESCO y la atención de las necesidades específicas y acompañamiento de la población con discapacidad.
66.El total de la inversión económica realizada entre el año 2008 y el 2010 asciende a los 44.800.468.595,09 colones que representan 86.881.544,84 dólares, considerando exclusivamente aquella que tiene relación directa con los artículos evaluados en el área educación (artículos 5, 9, 26 y 24). Para ello se tomó como base lo indicado por el MEP, principalmente en: capacitación del personal que trabaja con personas con discapacidad; accesibilidad al espacio físico de los centros educación pública; programas sociales para personas con discapacidad; adquisición de ayudas técnicas; y contratación de recurso humano para atención de personas con discapacidad.
67.Por otra parte además de la inversión reportada por el MEP se reportó una inversión aproximada de 9.856.149.612,35 colones, equivalente a 19.520.606,87 dólares, que incluye los datos suministrados por el CONARE, INA, y las Universidades Públicas, sin embargo se establece por aparte debido a que los datos suministrados fueron más generales y no en todos los casos se podía verificar específicamente la inversión en discapacidad. Considerando ambos rubros el monto total destinado para garantizarle a la población con discapacidad el acceso a la educación es de 54.656.618.207,44 colones lo que equivale a 108.250.219,26 dólares.
68.De la información suministrada por las instituciones involucradas se desprende que las principales acciones pendientes en materia de acceso a la educación son:
a)Mejorar el sistema estadístico del Sistema Educativo y sus involucrados, de manera que se pueda disponer de información sistemática en el país sobre las personas con discapacidad atendidas en el sistema educativo;
b)Fortalecer la Coordinación Interinstitucional del Sector Educativo, de forma que se de mayor vinculación de Planes Nacionales con planes estratégicos y organizativos en las diferentes instituciones educativas en los distintos niveles (educación primaria, secundaria y superior) y que se maximicen los recursos destinados a la atención de las necesidades de la población con discapacidad en todo el sector educativo;
c)Mejorar la accesibilidad de la educación principalmente en tres aspectos, acceso a la información, acceso al espacio físico y proveyendo las ayudas técnicas mínimas necesarias para el desarrollo de la población con discapacidad en el proceso socioeducativo;
d)Mejorar e Incrementar la capacitación al personal docente y administrativo del Sector Educativo así como a las propias personas con discapacidad y sus familias, particularmente en temas como promoción de la imagen positiva de la población con discapacidad y sus derechos;
e)Extender a la educación secundaria los servicios de apoyo, para las y los estudiantes con discapacidad que asisten a la educación regular y fortalecer estos apoyos en las zonas rurales.
69.Como parte de las limitaciones de peso acotadas para el cumplimiento pleno de los alcances de la Convención se desprende que estas obedecen a los siguientes factores:
a)Falta de información estadística sobre las personas con discapacidad atendida en el sistema educativo;
b)Dificultad para llevar a cabo una adecuada coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias educativas del sector;
c)Falta entre las autoridades de alto nivel decisorio de una clara comprensión de la discapacidad que les permita entenderla como un tema de inclusión más que de funcionalidad del sujeto;
d)Como consecuencia de lo anterior, el abordaje de la situación de la población con discapacidad no constituye una prioridad;
e)Persistencia generalizada de barreras de actitud en relación con la inclusión de la población con discapacidad.
70.Finalmente entre las acciones a ejecutar propuestas por las instituciones responsables de garantizar el derecho a la educación se destacan: acciones en el área de la accesibilidad al espacio físico, el incremento de los presupuestos con acciones específicas para atender las necesidades de la población estudiantil con discapacidad.
71.Al referirse al derecho a la educación y las acciones realizadas por el estado para garantizarlo, la sociedad civil expresa que existe necesidad de generar estrategias educativas que se adapten a lo planteado por la convención a nivel de inclusión y la no segregación de las personas con discapacidad en los centros educativos.
72.Como parte de las observaciones que se realizan las acciones realizadas por el Estado, la sociedad civil resalta que las mismas solamente se orientan a la construcción de rampas, en este sentido la información presentada por las instituciones describe un panorama solo parcialmente correcto, pues faltan muchos elementos con respecto a la calidad de la educación y el servicio que se brinda a las personas con discapacidad, además de la falta de profesionales con una mejor capacitación, las acciones de accesibilidad al espacio físico no consideran otros aspectos de accesibilidad, ni los elementos relacionados con el desarrollo inclusivo y el diseño universal; asimismo, estas acciones reflejan más bien elementos para el cumplimiento de la ley 7600 y no de la Convención propiamente.
73.Aunque dentro de las acciones señaladas por el Estado se menciona el apoyo económico para el transporte de personas con discapacidad, las personas consultadas consideran que no se brindan otros sustentos a nivel de transporte, por ejemplo para los estudiantes con discapacidad. Con respecto a las diversas regiones del país se dan brechas importantes en relación al valle central, sobre todo en opciones informáticas, especialmente se analizan deficiencias en el acceso a Internet.
74.Por último se evidencia por parte de las personas que participaron de la consulta que hay ausencia de estrategias a nivel universitario para formar profesionales con una visión inclusiva y que genere un mayor respeto hacia otras poblaciones, particularmente las personas con discapacidad, y se carece de educación para los padres de familia para que sean parte activa del proceso educativo de sus hijos.
D.Derecho al trabajo y el empleo
75.Las instituciones del Estado llamadas a garantizar el acceso al trabajo y el empleo (artículo 27 de la Convención) son el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los artículos considerados para abordar esta área fueron el 26 (Habilitación y rehabilitación) y el 9 (Accesibilidad).
76.Dentro del marco legal existen y que busca proteger el derecho al empleo de las personas con discapacidad se mencionan: El Código de Trabajo, Decreto Ejecutivo N.º 30391, con el que se crea la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad y finalmente en la actualidad existe la denominada Ley de Inclusión y Protección laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (Ley N.º 8862) y su reglamento el cual se encuentra en proceso de publicación en Casa Presidencial. Además de lo anterior mediante Directriz N.º 14 del MTSS del mes de Enero del año 2007, se creó una Comisión Técnica Interinstitucional para la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, cuyo fin es articular acciones para la formación técnica y empleabilidad de las personas con discapacidad.
77.Las principales acciones realizadas por el Estado costarricense de acuerdo a lo reportado por el MTSS están referidas a lo que ejecuta la unidad de Equiparación de Oportunidades de esta entidad, principalmente a través de asesoría y capacitación a diferentes actores sociales, como las autoridades superiores del Ministerio para la definición y diseño de políticas, estrategias y/o acciones en materia de trabajo y discapacidad, a empleadores, profesionales, estudiantes y público en general, sobre legislación en materia de discapacidad, incentivos fiscales, equiparación de oportunidades, accesibilidad, derechos laborales, inclusión laboral entre otras.
78.Entre las acciones mencionas están la capacitación durante el año 2008, de 196 personas entre ellas empleadores, profesionales y estudiantes en materia de discapacidad y trabajo y se atendió a una población trabajadora con discapacidad de 220 personas de manera personalizada y telefónica, brindando asesoría en materia sociolaboral.
79.Con el fin de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad se han realizado coordinaciones con el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, para la evaluación ocupacional de personas trabajadoras con discapacidad a fin de contar con los perfiles ocupacionales de nuestros(as) usuarios para potenciar su futura contratación, actualmente se forma parte del Proyecto Kàloie, ejecutado por el CNREE y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en la zona sur del país donde se pretende fortalecer e incentivar al inserción de la población con discapacidad a la población económicamente activa, a este respecto el logro más relevante ha sido el fortalecimiento de la representación en el Nivel Regional del MTSS con la participación de una funcionaria de la Unidad de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad, de manera más sistemática en los procesos de ejecución del proyecto.
80.Otras acciones de promoción han sido la ejecución del Plan Piloto de Inclusión laboral de personas con discapacidad con tres empresas Medias Casino, Irex de Costa Rica e INYCO, esta experiencia consistió en un proceso de asesoría a la empresa sobre el tema de discapacidad, el como socializar con ésta población y dar un acompañamiento tanto al empresario como al trabajador (a) con discapacidad, en los procesos de inducción e inserción laboral, gracias a ello se logró la contratación de 32 personas con discapacidad y se elaboró un video donde los empresarios exponen su sentir con respecto a la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad, que a la vez servirá de instrumento para continuar el proceso de sensibilización del sector empresarial y otros actores claves.
81.Además de las acciones mencionadas conviene resaltar lo actuado a través de iniciativas privadas en el marco de la Cooperación Internacional y en coordinación con la asesoría de diferentes instituciones del Estado Costarricense, concretamente por medio del Programa de Oportunidades para el Empleo a través de las Tecnologías en las Américas (Proyecto POETA), precisamente por tratarse de un proyecto de cooperación internacional el tema será abordado en el punto ocho de este informe relacionado con Proyectos de Cooperación Internacional y Discapacidad.
82.Todas estas acciones además de contribuir a la inserción laboral de las personas con discapacidad constituyen medidas afirmativas que refuerzan la imagen positiva de la población con discapacidad.
83.Aunque las instituciones involucradas no mencionaron acciones pendientes estas se ven reflejadas en las diversas opiniones manifestadas por las personas con discapacidad durante el proceso de consulta del informe.
84.Las principales limitaciones planteadas para el cumplimiento pleno de lo establecido con la Convención se refieren a aspectos de carácter estructural interno dentro del MTSS, entre las que se indica que el escaso recurso humano, tecnológico y financiero con que cuenta Unidad de Equiparación de Oportunidades es insuficiente para la demanda que actualmente se tiene, no sólo para la atención de la población sino para la definición, implementación y monitoreo de la Política Institucional en materia de discapacidad, así como para elaboración de protocolos, registros, bases de datos, estudios entre otros que proporcionen mejores insumos para la toma de decisiones. Otras limitaciones son la falta de articulación Institucional para el abordaje del tema Trabajo y Discapacidad, además de los registros de estadísticas de atención de manera segregada y la carencia de las estimaciones de inversión financiera que implica la asignación de recursos humanos y financieros de las acciones realizadas en cuanto a tutela de derechos y atención sociolaboral.
85.Las principales acciones a llevar a cabo como medidas propuestas para superar las limitaciones, son:
a)La inclusión en el presupuesto de solicitud de al menos una plaza para la Unidad de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad;
b)El Fortalecimiento de la CIMAD;
c) Solicitud de la asesoría correspondiente para la estimación de la inversión financiera que hace el MTSS en materia de tutela de derechos laborales y atención sociolaboral.
86.A este respecto el MEIC no remitió la información según lo solicitado y el MTSS la envió extemporáneamente a la fecha requerida por la institución rectora en discapacidad encargada de la elaboración del informe por lo que la consulta se fundamentó en las siguientes tres preguntas generadoras: a) ¿Cómo es la situación de las personas con discapacidad en relación al derecho al trabajo y empleo?; b) ¿Consideran que lo que establece la legislación costarricense en este sentido se está cumpliendo?; y c) ¿Qué acciones serían necesarias de implementar para que haya un real acceso al trabajo y el empleo? Debido a lo anterior la sociedad civil consultada consideró que existió desinterés por parte de instituciones al no enviar la información correspondiente a tiempo.
87.Concretamente sobre lo actuado en este tema, se indica que este debe considerar no solo los aspectos relacionados directamente con la generación de opciones de trabajo, si no que falta la mejora por ejemplo de los servicios públicos de transporte que permita una mayor movilización de todas las personas y una visión de accesibilidad integral. A este respecto al situación del empleo y desempleo es visto como uno de mucha importancia para las personas con discapacidad, pues a raíz de este se genera un círculo de pobreza, discriminación, y situaciones de depresión inclusive al no lograr conseguir trabajo, el empleo es uno de los elementos que puede llevar a este colectivo a mejorar su calidad de vida, por lo que se requiere de más esfuerzo Estatal para mejorar las capacidades de trabajo de las personas con discapacidad.
88.Se manifiesta que las condiciones laborales no son iguales para las personas con discapacidad y que existe una alta discriminación, ya que las personas con discapacidad no pueden competir en igualdad de condiciones, a este aspecto contribuye la falta de capacitación en el desarrollo laboral y no se tienen las ayudas técnicas necesarias, además de procesos de concientización en diferentes ámbitos que permitan generar una mayor integración en las áreas de trabajo por lo que se considera uno de los problemas más graves. En este sentido se deben mejorar los procesos educativos que potencien en el trabajo para las personas con discapacidad en todas las regiones del país y no solo en las zonas urbanas.
89.Otros elementos que dificultan el ingreso al mercado laboral son:
a)El desconocimiento existente acerca de las ayudas técnicas y los animales de asistencia y el derecho que tienen las personas con discapacidad de llevarlos a su lugar de trabajo;
b)La falta información para los empleadores y condiciones laborales tanto en infraestructura y ayudas técnicas que no permiten obtener trabajo a las personas y bajan su calidad en condiciones;
c)Carencia de datos sobre personas con discapacidad empleadas y desempleadas;
d)Se requiere concretar la ley con respecto al 5% de los puestos que tienen que ser dirigidos para las personas con discapacidad y para esto se necesitan campañas mediáticas para denunciar la discriminación por alguna discapacidad;
e)Las empresas y el Estado no aprovechan los beneficios que traen los trabajadores que tienen alguna discapacidad en diferentes ámbitos, como el beneficio que otorga la Ley 7092 mediante la cual se exonera de impuestos en aquellos gastos en los que incurre la empresa para mejorar las condiciones de accesibilidad con el fin de que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus funciones.
E.Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social
90.El área denominada Nivel de vida adecuado y protección social involucró a instituciones del estado en dos niveles, uno nacional correspondiente a instituciones del Gobierno Central y otro local que se refiere propiamente a lo actuado por las Municipalidades (Gobiernos Locales). De un total de nueve instituciones del Estado a las que se les solicitó información, únicamente se obtuvo respuesta de siete de ellas, a saber Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Protección Social (JPS), CNREE y Patronato Nacional de la Infancia (PANI), además de 81 Municipalidades a las que se les solicitó información dieron su aporte 37 Municipios lo que representa el 45% del total de los Gobiernos Locales. Esta área se sustentó en el artículo 28 de la Convención y considera los artículos 6 (Mujeres con discapacidad), 7 (Niños y niñas con discapacidad), 10 (Derecho a la vida), 11 (Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias), 16 (Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), 17 (Protección de la integridad personal), 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad) y 23 (Respeto del hogar y de la familia).
91.Para garantizar el nivel de vida adecuado y la protección social de las personas en el ámbito nacional, el Estado Costarricense en la Constitución Política de la República de Costa Rica en su artículo 51 establece: “…La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido”. En ese mismo sentido la Ley 7092 Sobre Impuesto de Renta, se establece: “Un cinco por ciento (5%) de los recursos será asignado al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de personas mayores de edad con discapacidad, si estos programas son desarrollados por instituciones o entidades públicas o privadas” (art. 15, inc. f).
92.Las acciones realizadas han sido dirigidas particularmente a paliar la situación de las personas con discapacidad en situación de pobreza y abandono, principalmente a través de aportes económicos (subsidios) que ofrece el Estado para cubrir diversas necesidades básicas, para ello cuenta con programas de asistencia social desarrollados desde diversas instituciones y con distintas fuentes de financiamiento, como las provenientes de la ley 7972 que establece un impuesto sobre cigarrillos y licores para Plan de Protección Social, el Presupuesto Ordinario de la República, Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo Social, Junta de Protección Social, entre otros, siendo el CNREE el principal ejecutor.
93.Estos programas de asistencia y sus acciones han sido desarrollados por el IMAS, que brinda subsidios económicos para personas en situación de pobreza y ONG de y para personas con discapacidad que requieren equipo básico para su gestión. También a través del FONABE el Estado ofrece apoyo económico a las estudiantes en situación de pobreza, con el fin de que puedan continuar estudiando y no deserten del sistema educativo, en el caso particular se dirigen ayudas económicas para estudiantes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad como la beca de transporte.
94.Siempre en la línea de los programas de asistencia social dirigidos a población vulnerable el CNREE a través del Programa Pobreza y Discapacidad que tiene a su haber dos Ejes: el Eje de Pobreza cuyo ámbito de acción es el apoyo a personas con discapacidad en situación de pobreza mediante el otorgamiento de recursos monetarios y el Eje de Protección donde se ejecutan acciones para personas con discapacidad en situación de riesgo y abandono, mediante el otorgamiento de recursos económicos para cubrir gastos relacionados con vivienda según las diversas modalidades de existentes.
95.Además de lo mencionado en el párrafo anterior se cubren otras necesidades, para lo cual en este ámbito el CNREE ha establecido una canasta básica en discapacidad la cual incluye además de los productos básicos para la manutención aquellos productos mínimos necesarios que eventualmente una persona con discapacidad podría requerir como parte de su canasta básica. En los últimos tres años la atención brindada a población en condición de pobreza ha sido de 2.802 durante el año 2008; 2.685 en el año 2009 y 2.526 al primer semestre del 2010. Por su parte las personas con discapacidad en condición de abandono y mayor de 18 años de edad atendidas es de 648 personas en el 2008, 863 personas en el 2009 y en el primer semestre del año 2010, 1009 personas.
96.En lo que a la accesibilidad se refiere, las acciones se han dirigido a la accesibilidad al espacio físico y a tecnologías de información, esto con el fin de garantizar a las personas con discapacidad el acceso de estos servicios.
97.Como parte del dato aproximado en relación a la inversión realizada en el área de nivel de vida adecuado y protección, se tiene que el Ministerio de Salud contribuye al Mejoramiento de calidad de vida de las personas con discapacidad y protección social aportando presupuesto a las instancias gubernamentales responsables de velar por esta población, para lo que ha dispuesto dentro de su presupuesto para el año 2010: 112.853.000 colones al Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) para gastos de operación y 61.400.000 colones al Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE) para gastos de operación.
98.Asimismo, en el año 2008 el IMAS entregó a asociaciones de personas con discapacidad un total de 11.500.000,00 colones para equipamiento básico. Además en ese mismo año se entregó a la Escuela de Enseñanza Especial, Región Brunca 19.000.000 colones para remodelación de la planta física. En el año 2009 la Asociación de Personas con Discapacidad de Upala recibió por parte de esta institución, 50.000.000,00 colones para la construcción de un CAIPAD y en para el año 2010 se ha propuesto asignar 3.443.800,00 colones a la Asociación Ejército de Salvación para equipamiento básico. Por su parte entre el 2009 y el 2010, el total invertido por el CNREE en programas de atención a personas en situación de pobreza, riesgo social y abandono, fue de 4.117.275.543,00 colones.
99.Por su parte la JPS entre el año 2009 y el 2010 realizó una inversión de 2.380.924.546,00 colones dirigidos a atención de hogares para personas con discapacidad, entrega de 315 ayudas técnicas, al apoyo de la gestión de 21 Centros de Educación Especial y 20 CAIPAD. De esta forma el total aproximado de la inversión estatal en procura de ofrecer un nivel de vida adecuado y protección social a las personas con discapacidad supera los 6.756.396.889,00 colones que significan una inversión de 13.381.388,54 dólares.
100.En el ámbito local, correspondiente a las Municipalidades se registran como acciones principales servicios de apoyos económicos, accesibilidad al espacio físico y la información, promoción de las personas con discapacidad.
101.Sobre los servicios de apoyos económicos estos se dirigen a atender diversas necesidades como entrega de medicamentos, dotación de pensiones del régimen no contributivo, gestión de bonos de vivienda a familias de personas con discapacidad, otorgamiento de ayudas técnicas; diseño de viviendas accesibles; otorgamiento de becas de estudio (útiles escolares, uniformes escolares, asistencia en alimentación) a niñas y niños con discapacidad; atención a Personas Adultas Mayores con Discapacidad en Centros Diurnos; inclusión niños/as con padres o madres con discapacidad en centros infantiles; construcción de un centro infantil accesible y con seguridad en caso de emergencia, mejoraras en la infraestructura de centros educativos y áreas de recreación del cantón, apoyo en la gestión de proyectos comunitarios que garanticen el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda y a programas de protección social; apoyo en el mejoramiento de la infraestructura de centros educativos y áreas de recreación. Estas acciones se realizan mediante la coordinación con instituciones como el IMAS, CCSS, y ONG, entre otras.
102.Por otra parte en accesibilidad al espacio físico y la información algunas municipalidades han implementado la plataforma de servicios en las Municipalidades para dar atención preferencial a poblaciones que la requieran, en algunos casos se ha realizado censos y diagnósticos cantonales tendientes a la recopilación de datos sobre necesidades y características de la población con discapacidad; y en accesibilidad al espacio físico se efectúan inspecciones para la verificación de la accesibilidad en instituciones públicas, privadas, lugares públicos, servicios comunitarios, salud, educación; se han implementado mejoras en aceras.
103.Respecto a la promoción de las personas con discapacidad las acciones que se identifican están relacionadas con la ejecución anual de ferias de promoción de la microempresa femenina y la capacitación de madres de niños/as / estudiantes y personas adultas con discapacidad en temática empresarial; apoyo a la asociación de personas con discapacidad; reconocimiento a atletas con discapacidad; campañas de promoción de derechos humanos de las mujeres; además se ha facilitado la inserción laboral a personas con discapacidad; donación de equipo de cómputo y software para personas no videntes. Asimismo, se han desarrollado acciones de capacitación se han enfocado hacia la participación ciudadana, atención y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; capacitación a personal del gobierno local sobre la transversalización de la discapacidad y el género en la gestión municipal.
104.Además de lo mencionado anteriormente se han realizado acciones tendientes a la atención de la población con discapacidad en situaciones de emergencias, para ello han ejecutado planes de emergencia y en algunos casos se ha elaborado un reglamento de infortunio que prioriza la atención de personas con discapacidad en casos de emergencia; atención directa a población con discapacidad y familias que han experimentado situaciones de desastres naturales.
105.A nivel nacional una de las principales acciones pendientes es la elaboración de protocolos para la atención de las personas con discapacidad al momento en que se dan situaciones de emergencia como desastres naturales, abuso y/o violencia ya sea dentro del seno del núcleo familiar o bien en las alternativas residenciales donde las personas sobre todo abandonadas residen.
106.Entre las principales limitaciones mencionadas para garantizarle a las personas con discapacidad un nivel de vida adecuado están la de carácter presupuestario, la carencia de recurso humano para atender las múltiples necesidades que surgen, se observa que persiste un abordaje desde un paradigma asistencialista que provoca acciones aisladas y dispersas en las instituciones públicas, además de las presencia de barreras en infraestructura y de accesibilidad en los servicios públicos.
107.En cuanto a la adopción de niños y niñas con discapacidad, según se informa existen ONG que no aceptan a personas con discapacidad.
108.En el tema de urbanismo se presentan limitaciones en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Concretamente en relación con lo establecido en dicho reglamento respecto al a la posibilidad de existencia de calles de uso restringido, cuyas dimensiones son de 7 metros de derecho de vía, con una calzada de 5 metros y aceras de 1 metro, esto debe modificarse y variar las aceras a 1,20 metros de ancho, estableciendo un derecho de vía de 7,40 m. Además en materia de Condominios no se cuenta con especificaciones reglamentarias para esta población específica. En este sentido, lo establecido en el reglamento actual constituye un vacío en normativa que restringe la accesibilidad al espacio físico en las vías públicas.
109.En cuanto al derecho al matrimonio, a la planificación familiar y a la permanencia de los menores en familia, el ordenamiento jurídico costarricense no prevé disposiciones específicas relacionadas con la población con discapacidad, sin embargo por tratarse de derechos fundamentales, el Estado debe procurar su ejercicio ilimitado por parte de todas las personas.
110.Entre las medidas para superar las limitaciones que se requiere valorar para luego implementarse están la articulación de todo un sistema nacional de protección, integrando las alternativas de protección temporales y permanentes, tanto públicas como privadas, de tal forma que la normativa le sea aplicable por igual a las ONG como instituciones públicas (PANI, MEP, Centro Infantil de Nutrición Integral [CINAI] del Ministerio de Salud), esfuerzo que se está realizando desde el Consejo Paritario, promovido por el PANI.
111.Otra medida es capacitar al personal que trabaja en programas de asistencia a población en pobreza y riesgo social, así como en atención directa, de manera que se comprenda la discapacidad no como un asunto puramente funcional, sino desde una perspectiva de inclusión y derechos humanos y que desde ahí se planteen las alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además se plantea la necesidad de realizar las modificaciones pertinentes a la legislación vigente, según corresponda y en consenso con las instituciones involucradas.
112.A nivel local las principales acciones pendientes son Mitigar la pobreza de las personas con discapacidad y sus familias; asegurando la igualdad de condiciones del programa de becas y asistencia económica; implementación del Plan Municipal de Accesibilidad; creación de espacios especializados para el cuido y atención de personas con discapacidad; estudios socioeconómicos para valorar situación socioeconómica de personas con discapacidad y sus familias; contar con transporte accesible; creación de información accesible en los servicios municipales; inspección de la accesibilidad a edificios públicos; y efectuar mejorasen la accesibilidad de edificios municipales.
113.Además, relacionado con la acción anterior se requieren acciones concretas para la generación de empleo mediante la incorporación de las personas con discapacidad a la vida productiva cantonal y la coordinación con universidades para la implementación de sistemas digitales de empleo para población con discapacidad.
114.Continúan pendientes acciones en aspectos como la accesibilidad de la información a través del uso de lenguaje accesible, así como la generación de una base de datos donde se identifique el número de personas con discapacidad con acceso a servicios del sector social, requerimientos de otros servicios, y personas con discapacidad en situación de riesgo por desastres naturales y otras emergencias; formulación de una política de inserción laboral en las instituciones públicas.
115.Está pendiente acciones dirigidas a la atención de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias, para ello se necesita incluir en el Plan de Atención de Emergencia Cantonal la atención a personas con discapacidad; capacitación de personal municipal en atención de personas con discapacidades en situaciones de desastres; identificación de ubicación de viviendas de familias de personas con discapacidad; identificación de riesgos del cantón.
116.Es necesario fortalecer la Fiscalización y supervisión municipal para que las empresas desarrolladoras de proyectos urbanísticos asignen las primeras casas a personas con discapacidad y establecer enlaces entre la Comisión Local de Emergencias, Bomberos y Cruz Roja para reubicación de personas con discapacidad.
117.Las limitaciones más importantes y las medidas para superarlas que se señalan están relacionadas los escasos recursos financieros y humanos a nivel municipal se convierten en un obstáculo para atender las necesidades de la población de manera oportuna. Respecto al recurso humano se requiere mayor capacitación de los funcionarios/as en materia de derechos humanos y el abordaje de la situación de la población con discapacidad desde este enfoque.
118.La falta de espacios accesibles continua siendo una limitante para las personas con discapacidad que aunada a la burocratización de los procesos y trámites reflejada en la rigidez de los reglamentos en los programas de asistencia social dificulta el acceso a las personas con discapacidad a estos servicios.
119.La deficiente coordinación interinstitucional constituye otra limitante señalada sobre todo para prevenir y atender situaciones de explotación, violencia y abuso; escasa comunicación con entidades corresponsables de garantizar la accesibilidad en el entono cantonal; poco conocimiento de las leyes.
120.En materia legal existe poca claridad jurídicade parte de algunas municipalidades para la fiscalización de la accesibilidad en el otorgamiento de permisos y patentes; topografía del territorio cantonal medianamente irregular, además de que en muchos casos se indica la falta de voluntad política para incluir el tema de las necesidades de la población con discapacidad dentro de las acciones prioritarias en el quehacer de los gobiernos locales.
121.La ausencia de registros a nivel cantonal donde se disponga de información sobre el domicilio, necesidades y otras características necesarias de población con discapacidad, para planificar apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida.
122.Las medidas propuestas para superar las limitaciones encontradas responden más a iniciativas identificadas que a acciones concretas, sin embargo se mencionan con el fin de no invisibilizar aquellas posibles líneas hacia donde se podrían dirigir las acciones a realizar.
123.Entre las principales iniciativas que se mencionan son:
a)Incorporación de la perspectiva de la accesibilidad y la discapacidad en los reglamentos municipales;
b)Coordinación con instituciones competentes y sectores productivos para promover el empleo de personas con discapacidad y la atención de familias de personas con discapacidad en condición de pobreza;
c)Incremento de presupuestos municipales;
d)Análisis y armonización de la normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad;
e)Sensibilización y capacitación dirigida a autoridades y personal de las Municipales;
f)Estudio de características y necesidades de la población con discapacidad de todas las edades, incluyendo existencia y requerimientos de servicios del nivel cantonal;
g)Promoción de los derechos de la población con discapacidad;
h)Estudio de oferta habitacional para la reubicación de personas con discapacidad;
i)Gestión de la contratación de profesionales especializados en atención de necesidades de estos grupos de población;
j)Gestión de espacios accesibles para la formación y capacitación de recurso humano;
k)Construcción de un mapeo que permita relacionar puntos de riesgo y localización de viviendas de personas con discapacidad;
l)Capacitación a diversos actores en aspectos políticos, filosóficos, jurídicos y operativos del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
124.Asimismo, se proponen realizar campañas de sensibilización en el nivel de atención primaria en salud; apoyo a las comisiones de accesibilidad de parte de del Concejo y la Administración Municipal; hacer efectiva la Ley de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.
125.Articular esfuerzos con entidades del gobierno responsables de garantizar de una u otra forma el pleno desarrollo de las personas con discapacidad; asignación de presupuesto; identificación de necesidades de la población con discapacidad y promover la participación de las personas con discapacidad en los asuntos que les compete.
126.Se propone la reactivación o la integración de la Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD); así como la revisión la organización administrativa en los Municipios. Además de la ejecución de la ley de transferencias de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, y la intervención de una entidad que vele por el cumplimiento de la normativa vigente, en materia de derechos de las personas con discapacidad; creación de una oficina Municipal de Desarrollo Social, que trabaje en coordinación con el PANI, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), CNE, CNREE, entre otros.
127.Finalmente se menciona la presentación del proyecto ante el Concejo Municipal para el debido respaldo político y económico, así como el establecimiento de alianzas estratégicas para canalizar otras fuentes de recursos.
128.Al referirse a las acciones realizadas para garantizar que las personas con discapacidad tengan un nivel de vida adecuado y protección social se realizaron observaciones en las que se indicó que en algunos espacios falta la participación ciudadana de las personas con discapacidad, que el uso de los recursos económicos presupuestarios no es el mejor y que muchas de las ayudas no llegan a las personas que realmente lo necesitan. Además faltan acciones para brindar herramientas que permitan que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de vivir de manera independiente.
129.La accesibilidad al espacio físico es un elemento que transversa todas las áreas evaluadas y en el caso particular del nivel de vida adecuado es importantísima para hacer llegar los servicios del Estado a la población con discapacidad más vulnerable debido a su situación socioeconómica, a este respecto se indica a nivel municipal aún falta mucho trabajo de accesibilidad de edificios y también en materia ambiental. Por otro lado los planes de emergencia en casos de accidentes o situaciones de riesgo no incluyen a la población con discapacidad, se aprecia que no existe coordinación entre las diferentes municipalidades en el país. Entre las mayores demandas que se plantean en este apartado es que no se está tomando en cuenta a grupos que por su condición son doblemente vulnerables, concretamente la población migrante con discapacidad.
130.Otro elemento a considerar es que las propias personas que participaron en la consulta manifiestan que se requiere mayor capacitación para la población con discapacidad en diferentes niveles, fortalecer el teletrabajo como forma de facilitar el trabajo de las personas con discapacidad y e incrementar el trabajo de monitoreo y fiscalización en el cumplimiento de lo que se plantea.
131.A pesar de lo expuesto se menciona un esfuerzo particularmente efectivo del CNREE, el cual ha procurado brindar las herramientas para que las personas con discapacidad puedan tener mayor independencia.
F.Derecho a la participación en la vida política y pública
132.Las instituciones del Estado que se tomaron en cuenta para abordar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la Vida Política y Pública son: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), CNREE, Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), CONARE. Las tres últimas fueron incluidas en este apartado debido a su carácter investigativo el cual es fundamental para generar información que permite a la población generar criterio al momento de tomar decisiones en la vida política y pública. Los artículos que se consideran en el análisis de esta área evaluada son los artículos 29 (Participación en la vida política y pública), 9 (Accesibilidad), 12 (Igual reconocimiento como persona ante la ley), 18 (Libertad de desplazamiento y nacionalidad), 20 (Movilidad personal), 21 (Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información) y 31 (Recopilación de datos y estadísticas). De las instituciones consultadas sólo se obtuvo la información de tres: CNREE, INEC y TSE.
133.Para garantizar la plena participación de la población con discapacidad en la vida política y pública el Estado ha llevado a cabo diversas acciones que implican la normativa para salvaguardar la libertad de desplazamiento y nacionalidad y la libertad de expresión. En este sentido en relación con la libertad de desplazamiento y nacionalidad la Constitución Política de Costa Rica establece: “Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país.” (artículo 22) y en cuanto a la libertad de expresión este es resguardado por los artículos 28 y 29 de la Carta Magna que citan textualmente: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley” y que “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.”
134.Para garantizar la plena participación de la población con discapacidad en la vida política y pública a nivel nacional el Estado ha llevado a cabo diversas acciones tales como: a) Mejoramiento de las condiciones para la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales; b) Promoción de la incidencia política de la población con discapacidad; c) Ampliación y mejoramiento de los mecanismos de recopilación estadística de datos en relación a esta población.
135.En relación con la garantía de la participación de la población con discapacidad en los procesos de elecciones presidenciales las acciones realizadas se han dirigido a: la accesibilidad de la información, capacitación, y fiscalización de las elecciones presidenciales.
136.En materia de accesibilidad a la información, a partir de 2010 el TSE dispuso que todos los documentos de identificación tengan distintivos en braille que facilitarán su reconocimiento ante la población con algún tipo de discapacidad visual. Así mismo, se dispuso de diverso material de apoyo durante las elecciones presidenciales para atender las necesidades de la población con discapacidad, entre las que se mencionan: Impresión de plantillas braille para la lectura de las diferentes papeletas electorales y folletos para personas con baja visión, la adquisición lupas tamaño carta, prensas tipo lotería y otros útiles y materiales de oficina y cómputo, con el fin de que las personas con algún grado de discapacidad lo utilizaran en las Juntas Receptora de Votos.
137.En cuanto a capacitación; durante el proceso de elecciones presidenciales realizadas en febrero del 2010, se actualizó y aplicó el Protocolo: Proceso Electoral Costarricense accesible a las personas con discapacidad y adultas mayores -2ª edición-, elaborado por el CNREE en conjunto con el TSE, para el programa “Equiparación de Condiciones para el Ejercicio del Voto. Julio, 2009”, el cual “se sustenta en la necesidad de informar y orientar sobre los cambios ineludibles que deben realizarse en el proceso electoral costarricense, con el propósito de contribuir a eliminar cualquier barrera que promueva la discriminación por discapacidad o edad, en el proceso electoral y, de esta forma, hacer efectivas las responsabilidades asignadas a ambas instituciones”.
138.Para facilitar la accesibilidad al voto se capacitó a 57 funcionarios y funcionarias y 93 asesores y asesoras electorales y 70 asesores y asesoras del TSE, sobre cómo abordar las diversas necesidades de la población con discapacidad al momento de ejercer el derecho al voto.
139.Otra acción importante relacionada con el proceso electoral fue la fiscalización del mismo, para lo cual se contó con la participación activa de la población con discapacidad quienes participaron como observadores autorizados por el TSE. Para ejecutar esta acción fiscalizadora el CNREE capacitó las personas a las que se les emitió la credencial de observadores, en el uso de los instrumentos elaborados para valorar la accesibilidad del espacio físico de los recintos electorales y la observación de que los derechos de las personas con discapacidad fuesen respetados en el momento en que se ejerció el derecho al voto. El total de personas capacitadas fue de 78, de la cuales 40 fueron funcionarios del CNREE y un total de 38 personas con discapacidad y representantes de ONG de y para personas con discapacidad.
140.En cuanto a la promoción de la incidencia política de la población con discapacidad, el ente rector en discapacidad (el CNREE) ha llevado a cabo acciones en dos vías, a saber: a. participación de la población en la construcción de la Política Pública en Discapacidad 2011-2021 y b. promoción para la participación ciudadana y exigibilidad de derechos.
141.Respecto al proceso de construcción de la política pública es importante destacar la participación de la población con discapacidad a nivel nacional; tanto en el proceso de actualización de la política como en la consulta nacional de ésta, para ello se trabajó con 8 grupos focales conformados cada uno de ellos por 12 personas de las ocho regiones en las que se divide el CNREE (Región Brunca, Región Chorotega, Región Pacífico Central, Región Central, Región Central Oriente, Región Central Occidente, Región Huetar Norte y Región Huetar Atlántica). La representación en estos grupos focales correspondió a seis personas con discapacidad, tres personas de ONG de y para personas con discapacidad y tres personas miembros de la comunidad. En total hubo una participación de 96 personas de las cuales 46 eran personas con discapacidad, 24 miembros de ONG y otras 24 miembros de la comunidad. Posteriormente se llevó a cabo la consulta con 40 Instituciones Públicas de 74 invitadas, cuya representación recayó en miembros de las Comisiones Institucionales en Materia de Accesibilidad y Discapacidad (CIMAD).
142.Fruto del trabajo realizado y descrito en el párrafo anterior se obtuvo una Política Nacional en Discapacidad (PONADIS) cuyo fundamento son los derechos humanos, enfocando aspectos como el desarrollo inclusivo, la equidad de género y la gerencia social por resultados. Se caracteriza por buscar ser universal, inclusiva, articuladora, participativa, estratégica, integradora y ajustable y posee cinco ejes: a) institucionalidad democrática; b) salud; c) educación; d) trabajo y empleo; e) personas, Organizaciones y Entorno Inclusivo. El Decreto de Oficialización de la PONADIS será firmad por la señora Presidenta de la República, así como por las y los titulares de los respectivos Ministerios.
143.En relación a la promoción para la participación ciudadana y exigibilidad de derechos, se lleva a cabo un proceso de formación ciudadana para la exigencia de sus derechos donde se han llevado a cabo acciones de capacitación y asesoría para la incidencia política de las personas con discapacidad, tales como Auditorías Ciudadanas en las que han participado aproximadamente 200 personas en todo el país en las ocho regiones anteriormente mencionadas. Así mismo un proceso de promoción para la participación ciudadana de las personas con discapacidad que entre otras cosas, tiene como objetivos aumentar las capacidades y conocimientos de la población con discapacidad, familiares y organizaciones, a la participación ciudadana y exigibilidad de derechos, y formar capacitadoras y capacitadores en esta temática. En este proceso participan 200 personas a nivel nacional en las ocho regiones en las que el CNREE tiene presencia institucional.
144.Asimismo, se han sostenido reuniones con diputados y diputadas de las diversas fracciones presentes en la actual Asamblea Legislativa, alcaldes y alcaldesas y con las autoridades políticas que toman decisiones de impacto nacional y local para incluir las diversas necesidades de la población con discapacidad en la agenda política, sin embargo aunque esta acción se menciona en este apartado se desarrollará más ampliamente en el área de monitoreo e implementación.
145.En lo que respecta a la ampliación y mejoramiento de los mecanismos de recopilación estadística de datos en relación a esta población; se incorporó una pregunta en el Censo Piloto Experimental y Censo Nacional del 2011 (véase anexo 8), pregunta alusiva a identificar a las personas con discapacidad, y garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás.
146.Por otra parte la inversión aproximada para garantizarle a las personas con discapacidad el derecho a la participación en la vida política y pública fue de 21.200.000,00 colones que equivalen a 41.987,68 dólares. Sin embargo esta cifra no contabiliza lo invertido en las acciones ejecutadas por el CNREE, pues en términos generales y por la naturaleza de esta institución todo su presupuesto está orientado a promover y garantizar los diversos derechos de las población con discapacidad.
147.En el ámbito local, específicamente se consigna lo reportado por los gobiernos locales en este espacio; se han realizado acciones en las siguientes áreas: promoción de la participación ciudadana, accesibilidad, políticas normas y procedimientos y capacitación y promoción.
148.En cuanto a promoción de la participación ciudadana, se ha promovido la incorporación de personas con discapacidad en Concejos Municipales, producto del proceso electoral efectuado en el país el pasado mes de febrero 2010, en comisiones municipales de accesibilidad y organizaciones de la sociedad civil.
149.De igual forma se reporta capacitación sobre incidencia política de mujeres con discapacidad; promoción de la participación de personas con discapacidad en audiencias para la aprobación de tarifas de autobuses, en el proceso de elaboración de un plan de desarrollo humano cantonal, en el proceso electoral de alcaldías, para la validación de diagnósticos sobre accesibilidad del cantón y finalmente, en las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad y las organizaciones cantonales.
150.En relación a la accesibilidad, se reporta la construcción de rampas alrededor de escuelas, parques, Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), jardín de niños, templos, clínica;; instalación de semáforos audibles; construcción de edificios municipales accesibles; edificio de biblioteca municipal; e instalación de programas informáticos accesibles en la biblioteca.
151.Sobre las políticas normas y procedimientos, se reporta la creación de la Política Municipal de Accesibilidad y su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. Asimismo, de 81 Municipalidades y ocho Consejos de Distrito existentes en el país, actualmente 58 tienen conformada la respectiva COMAD y 31 aún no las han conformado (véase anexo 10), como producto de la modificación en el Código Municipal de un artículo referente a la creación de dichas comisiones como entes permanentes. Antes de esta resolución, dichas comisiones carecían de esta característica de permanencia. Además se está empezando a trabajar en la inclusión de la perspectiva de la discapacidad y accesibilidad en el otorgamiento de patentes comerciales.
152.En relación a capacitación y promoción; se ha hecho capacitación a personal municipal en materia de discapacidad; divulgación de la ley 7600, capacitación de personal municipal en LESCO y braille.
153.Otras acciones que se manifiestan tienen que ver con el apoyo a personas con discapacidad extranjeras; la construcción de una base de datos de personas con discapacidad laboralmente activas inscritas en la Municipalidad; e instrumentos municipales de información con indicadores de discapacidad para su identificación.
154.Como acciones pendientes y limitaciones encontradas a nivel nacional para garantizar la participación en la vida política y pública se identifican principalmente las relacionadas con el acceso a la información, acceso al espacio físico y la movilidad personal todas ellas estrechamente vinculadas entre sí. En lo que respecta al acceso a la información se tiene la necesidad de realizar la encuesta nacional sobre discapacidad para lo cual se requiere buscar el apoyo financiero con algún organismo de cooperación internacional, pues su ejecución es onerosa y no se cuenta con los recursos para llevarla a cabo, dicha encuesta ofrecería datos fidedignos y desde la óptica de los derechos humanos sobre la situación de la población con discapacidad en Costa Rica, lo que favorecería el planteamiento de políticas y acciones integrales a partir una fuente de información unificada. Otro elemento a considerar es la ausencia de sanciones a los medios de comunicación e instituciones que no cumplan con lo que estipula la Ley 7600 y su reglamento con respecto al uso de lenguaje de señas en sus programas informativos y con los principios de accesibilidad a la Web en sus sitios de Internet.
155.Según los resultados de la inspección realizada en las elecciones presidenciales del 2010 en relación con el acceso al espacio físico, se evidenció que los recintos electorales no son accesibles, pues poseen barreras arquitectónicas importantes y en el entorno inmediato de los centros de votación, cómo aceras, pasos peatonales, ausencia de estacionamientos para personas con discapacidad, servicios sanitarios inaccesibles, las cuales limitan el ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad, conviene acotar que dichos recintos electorales son los centros públicos educativos. De igual forma la falta de normativa vinculante emitida por el ente rector en discapacidad donde se defina claramente los parámetros de accesibilidad al espacio físico y al transporte público impide una fiscalización idónea, pues al respecto no existe un criterio oficial estandarizado.
156.Sobre la movilidad personal conviene acotar que el transporte público y el estado de las aceras continúa siendo un factor que limita el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad de manera independiente, pues según se constata al finalizar el año 2009 de 4.544 unidades de transporte público únicamente 1.862 disponen de rampas lo que representa un 41% (Cf. Reporte del Consejo de Transporte Público-DE 2010-1416), sin embargo de acuerdo a la ley 7600 para el año 2009 el porcentaje de unidades accesibles establecido era de 45%, asimismo está pendiente por verificar si las unidades reportadas están todas en buen estado.
157.A nivel local se determinó que está pendiente el fortalecimiento de la coordinación con sectores públicos y privados responsables de garantizar el transporte público accesible, la accesibilidad y señalización en las vías públicas; así como mejorar la coordinación de las COMAD con las personas con discapacidad. Asimismo establecer coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones e impulsar reformas al Código Municipal que faciliten la participación de personas con discapacidad en puestos de elección popular en el ámbito municipal.
158.En capacitación y promoción se deben continuar realizando campañas de información y promoción de la ley 8661 y la Ley 7600 y de los derechos de las personas con discapacidad en general, dirigidas a población con discapacidad, familiares, estudiantes y comunidad en su totalidad así como capacitar al personal municipal, en materia de información y comunicación accesibles tales como LESCO y Braille y promover la participación activa de personas con discapacidad en procesos de promoción y defensa de sus derechos.
159.En accesibilidad, es necesario trabajar en tres aspectos fundamentales a saber accesibilidad al transporte, accesibilidad al espacio físico y accesibilidad a la información. Respecto a los dos primeros se requiere la promoción del transporte público accesible velar porque los centros de votación sean 100% accesibles, mientras que en relación a la accesibilidad a la información es necesario establecer de medios para facilitar información sobre el voto accesible; que concejales con discapacidad cuenten con equipo y documentación accesibles para el desempeño su función, creación de formatos accesible para toda la población y la contratación de intérpretes de LESCO para próximas actividades públicas. Sobre el Lenguaje de Señas Costarricense es importante acotar que existe un vacío sobre cómo se aprende este lenguaje y eso dificulta la formación de intérpretes, lo anterior por cuanto no se ha realizado investigación alguna al respecto.
160.Asimismo, en forma generalizada en las Municipalidades se requiere la instalación de tecnologías accesibles en las plataformas de servicios de; creación de ventanillas únicas con recursos tecnológicos adecuados; adecuar los servicios sanitarios y continuar con mejoras al espacio físico como la colocación de elevadores.
161.En políticas normas y procedimientos, queda pendiente la formulación e implementación de políticas y planes municipales de accesibilidad y la conformación y reactivación de las COMAD.
162.En fiscalización, se hace necesario fiscalizar los centros de votación (centros educativos) para garantizar que sean accesibles; hacer notificaciones por parte de las Municipalidades a entidades públicas y privadas presentes en el cantón sobre las responsabilidades individuales y colectivas de garantizar la accesibilidad para todas las personas y hacer la debida habilitación de servicios especializados en lengua de señas costarricense y braille.
163.Otras acciones pendientes desde los Gobiernos Locales están relacionadas con aspectos relativos a la salud y la información: En materia de salud concretamente en la promoción de servicios especializados en las diversas áreas de la salud; en lo que respecta a información se menciona la necesidad de la elaboración de censos cantonales donde se identifique la población con discapacidad de los cantones, características y necesidades; contar con una base de datos que identifique resoluciones legales relacionadas con la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.
164.Siempre a nivel local entre las principales limitaciones descritas para cumplir con lo establecido por la Convención en esta área se cita el aspecto de ubicación geográfica de los centros de votación pues estos se encuentran muy distanciados; falta de tecnología informática para ofrecer información accesible a personas no videntes sobre el proceso electoral; líderes cantonales no toman en cuenta perspectiva de las personas con discapacidad y la escasa coordinación interinstitucional
165.El escaso recurso financiero por parte de las Municipalidades es otra limitación; no hay implementación de las normas; falta de voluntad política de parte de las autoridades municipales para las propuestas se apliquen; ausencia de una política que viabilice la Ley 8661; limitados ámbitos de ley de transferencia de competencia del Poder Ejecutivo a las Municipalidades a saber: salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura vial y mantenimiento de edificaciones educativas.
166.Finalmente, el costo de transporte es sumamente elevado y desproporcionado lo que limita la participación de personas con discapacidad en condición de pobreza. Falta planificación para realizar las obras en tiempo real. Otros problemas son el poco interés de actores claves y el desconocimiento de la ley.
167.A nivel nacional, el CNREE propone como las principales medidas para superar las limitaciones para ser implementadas en las próximas elecciones:
a)Buscar dentro de mismas comunidades otra infraestructura que sea más accesible;
b)Coordinar con los administradores de los centros educativos del MEP para mejorara las condiciones de accesibilidad de los mismos;
c)Que el Tribunal Supremo de elecciones debe establecer las estrategias para que la información llegue al elector en forma precisa, pues los electores piden mayor capacitación para las personas que estén en las mesas y para los guías que en este caso participaron;
d)Con respecto al voto público y asistido en sus informes el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial recomienda al Tribunal Supremo de Elecciones la conveniencia de hacer obligatorio que a todo elector -con o sin discapacidad- se le explique y permita decidir de qué forma desea votar;
e)El CNREE como ente rector deberá revisar y rediseñar los instrumentos aplicados en la fiscalización de la accesibilidad del espacio físico de los recintos electorales con el fin de optimizar el proceso de fiscalización y mejorar la calidad de los datos obtenidos para su posterior análisis;
f)Finalmente la fiscalización de la accesibilidad del espacio físico de los recintos electorales deberá ejecutarse antes de las elecciones y no el propio día como sucedió en las elecciones del 2010
168.Por su parte a nivel local, la propuesta está orientada al aumento de presupuestos; mayor coordinación con la población con discapacidad; valorar opciones accesibles para la realización de un cabildo abierto para del plan regulador; campañas de divulgación sobre derechos de las personas con discapacidad; promoción de la participación ciudadana de la población con discapacidad; y seguimiento a las acciones realizadas.
169.Se plantea establecer una política desde la Municipalidad, en su posición de gobierno local, para exigir el cumplimiento de los rubros establecidos en el bloque de legalidad, con la nueva ley de transferencias de competencias; coordinación y alianzas con el sector privado e institucional para conseguir mayores recursos, además de buscar el consenso para hacer valer dicha ley.
170.También se propone mejorar la eficiencia y eficacia en la recaudación de los recursos municipales; asignar parte del presupuesto ordinario y extraordinario para el mejoramiento de la accesibilidad del cantón; hacer conciencia en la comunidad sobre la importancia de respetar los espacios preferenciales para personas con discapacidad en el transporte público, atención preferencial en instituciones de servicio público, estacionamientos y otros sitios.
171.Debería procederse a la incorporación de la perspectiva de accesibilidad y discapacidad en Planes, Plan Estratégico y Plan Desarrollo Municipal, así como la formulación de Políticas municipales para la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.
172.En cuanto a la participación en la vida política las y los participantes de la consulta han manifestado que en principio se ha realizado un buen trabajo tanto por el Tribunal Supremo de Elecciones a nivel del proceso electoral, como por el CNREE en lo que a la fiscalización y apoyo en el proceso se refiere. Sin embargo se destaca que aún faltan muchos datos con respecto a las personas con discapacidad por lo que se necesita incluir el tema en el censo del año 2011 a realizar por el INEC, además de buscar una mayor participación en diferentes grupos comunales y asociaciones que potencien su participación no solo en grupos políticos si no en la vida social y comunal.
173.En lo que al acceso a la información se refiere, es necesario mayor accesibilidad en la documentación, en las herramientas legales y jurídicas, así como un trabajo más fuerte para que los medios de comunicación cumplan con la legislación actual. En el mismo orden de ideas, esta información debe ser accesible en todo el proceso y no solo al final del mismo, se demanda mayor fiscalización en la publicidad y propiciar que los medios de comunicación faciliten la libertad de expresión que es uno de los elementos en los cuales hay menos avance a nivel de las personas con discapacidad, mientras que en el tema de la movilidad personal es necesario mejorar los servicios de transporte, elemento fundamental para lograr que las personas logren su participación social, cultural y política.
174.Otro aspecto que evidencia las personas con discapacidad presentes en la consulta es que se necesita dar seguimiento a las COMAD y asegurar que están cumpliendo con las labores que tienen encomendadas, además de asegurar que estas promuevan la participación ciudadana.
175.Se expresa que existe falta toma de conciencia en las instituciones acerca de la importancia de la participación política de las personas con discapacidad y que es necesario brindar más herramientas al CNREE para que puedan generar más control sobre los diferentes órganos estatales, y también generar procesos de incidencia con los medios de comunicación para que la información sea accesible.
G.Derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
176.El área participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad además de contemplar el artículo 30 de la Convención, se sustenta en el artículo 9 (Accesibilidad) y 20 (Movilidad personal), pues ambos son necesarios para garantizar la participación ciudadana. Las instituciones involucradas en desarrollar esta área son el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el PANI y el INAMU. Sin embargo sólo respondieron a dicha consulta el ICODER, el IFAM y el PANI.
177.Las principales acciones realizadas para la promoción y efectiva participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte son ejecutadas por el ICODER y el ICT. Entre las acciones realizadas por el ICODER se mencionan el Proyecto Festival de Oportunidades, para la participación de personas con discapacidad en actividades recreativas, la realización de un Festival por Región en cada una de las 10 Regiones del Instituto, por su parte el Instituto Costarricense de Turismo ha desarrollado capacitaciones para el personal y en materia de acceso a la información durante el año 2010 se inició la elaboración de un folleto de información turística de Costa Rica en Braille.
178.Otras acciones realizadas por el ICT están dirigidas a la supervisión de la accesibilidad de empresas turísticas que ofrecen servicios en Costa Rica, siendo que para el año 2010 se tenía proyectado supervisar el 80% de estas empresas y a julio de ese mismo año se tenía un avance del fue de 41,01% efectuándose 121 inspecciones.
179.A nivel institucional se ha elaborado y aprobado la Políticas Institucionales en materia de accesibilidad al espacio físico y se han realizado acciones en esta misma línea tanto en las edificaciones donde se encuentran las oficinas de estas instituciones como en lugares dispuestos para el esparcimiento y la recreación, tal es el caso de la construcción de servicios sanitarios para personas con discapacidad en el parque de la Paz, la remodelación de los servicios sanitarios y vestidores del gimnasio nacional (primer y segundo piso), adecuándolo para persona con discapacidad, las reparaciones menores en espacios existentes para el ingreso de personas con discapacidad. Además, se está construyendo una cabaña diseñada para el hospedaje de personas con discapacidad en el parque de Fraijanes.
180.Sobre los aspectos anteriormente señalados cabe resaltar lo actuado en relación con la construcción del nuevo Estadio Nacional, cuyo diseño y construcción se realizó en procura de incluir todos los requerimientos de accesibilidad. Para ello el CNREE realizó dos reuniones con el arquitecto de ICODER, y con representantes de la empresa constructora a fin de hacer recomendaciones relacionadas a la accesibilidad del estadio, además se revisó conjuntamente planos constructivos, sobre los que se hicieron observaciones. Después de construido y antes de la inauguración se han realizado 2 inspecciones a la planta física, de las cuales se desprenden observaciones sobre las condiciones de accesibilidad del edificio y de las acciones correctivas a realizar, se seguirá trabajando con la administración del estadio ya que falta una segunda etapa, y hacer seguimiento a las observaciones planteadas. Dichas acciones responden a la labor fiscalizadora del CNREE como ente rector en discapacidad sin embargo se reportan en este apartado con el fin de facilitar la comprensión del informe.
181.En cuanto a la inversión para la ejecución de las acciones mencionadas, se ha realizado una Transferencia de Fondos para la Asociación Deportiva Olimpiadas Especiales, entidad que desarrolla programas de deporte para la población con discapacidad intelectual y para la participación en torneos internacionales, recursos aplicados en transporte al exterior y compra de uniformes deportivos.
182.Se participó en los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, programa impulsado por el Consejo del Istmo Centroamericano del Deporte y la Recreación (CODICADER). La primera edición se realizó en Guatemala en 2007 y se participó con una Delegación de ocho personas. La segunda edición se realizó en Nicaragua en el 2008 con una Delegación de 35 personas previo a ello, se desarrollo un proceso eliminatorio para definir el grupo donde participaron 80 estudiantes y la Tercera edición está programada para el 2010 en Panamá para el mes de noviembre.
183.En términos generales la inversión aproximada que se ha realizado para garantizar el participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte supera los 152.300.000,00 colones que representan un total de 301.637,92 dólares.
184.Respecto a la participación en la vida cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y deporte en el ámbito local, los gobiernos locales reportan escasas acciones llevadas cabo, donde destacan: acciones de promoción de la participación y accesibilidad al espacio físico.
185.En lo que a la promoción de la participación de las personas con discapacidad se refiere lo actuado ha sido en organización de eventos culturales mediante asociaciones de personas con discapacidad comités cantonales de deportes y en algunos casos facilitando el transporte a personas con discapacidad, para participar en juegos dorados y olimpiadas especiales. Sin embargo no se ofrece el dato de cuantas actividades se han realizado ni el número de personas con discapacidad han participado.
186.Por otra parte la accesibilidad al espacio físico constituye un elemento importante para la inclusión y participación de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos, a este respecto lo ejecutado se refiere al acondicionamiento de áreas públicas (teatros, anfiteatros, parques, construcción de museo y biblioteca municipal, Casas del Pueblo, Casa de la Cultura, ciclo vías, canchas multiuso, boulevard) e inspecciones para verificación de que estas áreas cumplan con los criterios de accesibilidad al espacio físico. A este respecto en algunos casos las municipalidades aplican la normativa de accesibilidad en permisos de construcción de edificaciones tendientes a desarrollar actividades deportivas y recreativas de la comunidad; se ha brindado apoyo a mejoras en infraestructura educativa y deportiva para garantizar condiciones de accesibilidad.
187.A nivel nacional se identifican acciones pendientes, tales como la construcción de otros módulos más de servicios sanitarios en los siete parques recreativos del ICODER, un Giro de los Recursos a la Asociación Olimpiadas Especiales para el 2010. El mismo está sujeto al ingreso de los recursos por parte del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), la Conclusión del Estadio Nacional, la elaboración de un proyecto más sistemático y permanente para abrir espacios de participación a personas con diversos tipos de discapacidad.
188.Es necesario, por parte del IFAM, aprobar el plan de acción que permita implementar la Política de Accesibilidad por parte de la Junta Directiva, coordinar con el CNREE la capacitación y asesoría para CIMAD, construir un baño para personas con discapacidad, en cada piso del edificio, incorporar un sistema de apertura automática monitorizada de la puerta este del edificio, realizar la señalización requerida para la accesibilidad, readecuar y construir rampas de acceso al edificio, ajustar el mueble de la recepción para la atención de personas con discapacidad, adaptar al menos un elevador, para hacerlo accesible y mantener información actualizada en materia de accesibilidad, de conformidad con las normas y reglamentos.
189.En cuanto a la accesibilidad en la información, es necesario incorporar en la página web del IFAM, la tecnología que le permita accesibilidad a todo público, coordinar con el proyecto de interconectividad que está ejecutando el proyecto Fortalecimiento Municipal (FOMUDE), transcribir a braille material informativo de la Institución, previa solicitud de usuarios interesados, coordinar con la UNED y la Comisión de Capacitación Interna la capacitación en LESCO para funcionarios, así como capacitar y asesorar a la persona encargada de prensa, las de direcciones, jefaturas e integrantes de la Comisión Editorial, en materia de accesibilidad.
190.Por otro lado a nivel local entre los asuntos pendientes se destaca acciones más concretas que promuevan la participación de personas con discapacidad en actividades culturales, a través de la coordinación interinstitucional con los Comités Cantonales de Deportes.
191.Se debe ampliar la concepción de la accesibilidad para que no se reduzca al espacio físico sino que aborde otros ámbitos como el de la información, transporte, tecnologías de la información. En este sentido queda pendiente instalar señalización accesible en las edificaciones donde se realicen este tipo de actividades así como la formulación de planes de acción para mitigar los problemas de accesibilidad que existen en las instalaciones deportivas y recreativas de los diversos cantones.
192.Es también una tarea por realizar lapromoción de turismo accesible, sobre todo en las zonas de mayor demanda de este servicio, aprovechando a las empresas turísticas que ofrecen oportunidades de disfrute a personas con discapacidad.
193.Entre las limitaciones que se dan en esta área para cumplir con la Convención son de presupuesto y recurso humano, además de capacitación en este tema específico y para superarlas se ha propuesto incluir actividades especificas en los planes operativos institucionales, asignar presupuesto para el siguiente período de ejecución, incorporarlas dentro de la programación de obras, coordinar las capacitaciones correspondientes con el CNREE y definir prioridades presupuestarias institucionales para establecer rubros específicos en materia de accesibilidad.
194.Se sufre de una planificación inadecuada donde existen la ausencia de acciones y contenido presupuestario dirigido a proyectos de accesibilidad, lo que tiene relación directa en muchos casos con la falta voluntad política de parte de autoridades municipales para dar prioridad a las necesidades de la población con discapacidad.
195.Existe falta de información sobre los derechos de las personas con discapacidad y la normativa vigente en accesibilidad y discapacidad, de parte de las organizaciones involucradas con el esparcimiento y el deporte así como de los funcionarios y funcionarias de los gobiernos locales.
196.Cabe señalar que una limitación importante para el cumplimiento de la Convención, concretamente en lo relativo al artículo 30, ha sido la publicación del decreto 35479-MP-MEIC-H-TUR de setiembre del 2009, en el que se resuelve un permiso a los hoteles para que no todas sus habitaciones sean accesibles, violentando puntos ya establecidos en la legislación costarricense como son la obligación que todas las instalaciones tengan estas características tal y como lo establece el artículo 154 del Reglamento de la Ley para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (Ley 7600). En este caso se paso de solicitar una accesibilidad del 100% a una cantidad muy baja de habitaciones accesibles, por ejemplo: un hotel que posee de 1 a 25 habitaciones tendría la obligación de poseer solamente una habitación accesible; en un hotel que tiene de 26 a 50 habitaciones este deberá tener dos accesibles; en hoteles con 400 habitaciones, ocho únicamente deberán ser accesibles; y en aquellos donde se tiene entre 501 y 1.000 habitaciones sólo el 2% del total de habitaciones deberán ser accesibles.
197.Las medidas propuestas del ámbito local responden más a iniciativas o ideas generales a implementarse, por esta razón se deberían incluir más en acciones pendientes que en medidas ejecutar para superar las limitaciones planteadas; sin embargo se mantienen en este apartado respetando lo reportado por los Gobiernos Locales. Entre las principales “medidas” planteadas están:
198.Se debe proceder a la eliminación de barreras arquitectónicas y actitudinales dirigido a la población y a la Administración del Gobierno Local; hacer seguimiento a la rendición de cuentas de la municipalidad y el establecimiento de alianzas entre el sector público y privado, con el objetivo de crear conciencia pública sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como mitigar los problemas de recursos con que se cuenta; creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional que permita incorporar y desarrollar en la agenda cantonal en cumplimiento de las derechos de las personas con discapacidad.
199.Las observaciones realizadas por la sociedad civil se basaron en lo que reportó el ICODER y los Gobiernos Locales, excluye lo relacionado al ICT debido a que esta institución envió la información de manera extemporánea a la consulta.
200.Las principales observaciones realizadas evidencian que existe una necesidad de tener mayores espacios para acceder a la cultura, específicamente en las comunidades alejadas de la zona central del país, en las cuales la accesibilidad a estos elementos es poca, además de incentivos que se puedan brindar a las personas con discapacidad para desarrollar sus expresiones culturales en alguna forma de expresión artística definida.
201.Se debe mejorar y crear acciones dirigidas a promover el turismo accesible, por ejemplo con incentivos a la empleabilidad de personas con discapacidad, mayores espacios inclusivos y ofrecer incentivos para la creación de proyectos de personas con discapacidad para que puedan crear sus propios proyectos turísticos.
202.En cuanto a políticas se manifiesta que no existe una política de deporte inclusiva en el país, y las olimpiadas especiales solo se enfocan en un grupo determinado de discapacidad.
203.Sobre la información y divulgación de actividades que promuevan la participación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura y la recreación se manifiesta que existe carencia de información acerca de las actividades que se realizan en dicho ámbito y que se requiere promover los espacios físicos de esparcimiento para las personas con discapacidad, en este sentido los comités locales de deportes locales deberían hacer que las actividades sean inclusivas para las personas con discapacidad, y además se está pendiente trabajar por la inclusión de estos temas, como un elemento fundamental del desarrollo social de la personas con discapacidad.
H.Cooperación internacional
204.Para el abordaje del área de la Cooperación Internacional se solicitó información al Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y Ministerio de Hacienda concretamente en relación con los artículos 32 (Cooperación internacional) y 9 (Accesibilidad). Sin embargo únicamente se recibió información del MIDEPLAN.
205.En este apartado las únicas acciones registradas corresponden a acciones que el CNREE ha llevado a cabo concretamente en relación con el Proyecto Limón Ciudad Puerto el cual es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a través del Proyecto Kàloie llevado a cabo en conjunto con JICA, así como a una iniciativa privada a través del Proyecto POETA el cual se abordó en el apartado relacionado con el área laboral de este documento.
206.El Proyecto Limón Ciudad Puerto tiene como fin el desarrollo de económico, social y cultural de Limón mediante la construcción y remodelación de diferentes puntos estratégicos de la zona, tomando como eje central los puertos, esto tanto a nivel comercial como turístico. Dicho Proyecto es de gran importancia para la población con discapacidad en la medida en que se ha logrado la consolidación de un trabajo conjunto con los encargados de esta iniciativa para asegurar la accesibilidad en todas obras que se realizan, el enfoque de turismo accesible sumado a los beneficios inherentes de la toda la población con discapacidad son dos de los elementos que se están incentivando, para lograr que este proyecto se convierta en modelo de accesibilidad y sobre todo en motor de desarrollo de toda esta zona.
207.Por la envergadura del proyecto se contempla como una de las mayores estrategias para llevar desarrollo a la zona, por lo que tanto, lograr que esta iniciativa se desarrolle bajo estándares de accesibilidad y respetando las diferentes leyes y requerimientos, se convierte en un elemento a tomar en cuenta para futuras estrategias de ese tipo, al comprobarse que esto trae un beneficio en diversos ámbitos a cualquier país o región.
208.Por otra parte el Proyecto Kàloie actualmente se desarrolla en la zona sur del país, y es ejecutado por el CNREE con la cooperación de JICA, su principal objetivo es Fortalecer el sistema de apoyos para la participación social de las personas con discapacidad mediante la rehabilitación integral en la región Brunca y las acciones realizadas han estado dirigidas a la obtención de cinco resultados:
a) Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial e intercambio de la información;
b)Fortalecer los servicios de rehabilitación;
c)Incrementar las opciones orientadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad;
d)Promover la Estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC);
e)Facilitar el empoderamiento de las personas con discapacidad.
209.Para cumplir con ello se han llevado a cabo capacitaciones en Japón y terceros países, así como capacitaciones en Costa Rica donde han participado funcionarios y funcionarias de las diversas instituciones del Estado a nivel nacional y a nivel local, propiamente de la Región Brunca donde se lleva a cabo el Proyecto.
210.Las capacitaciones realizadas en Japón ha sido dirigidas a temas como política y discapacidad, Rehabilitación, Formación laboral, Fortalecimiento de las ONG, Formación de líder con discapacidad, Coordinación intersectorial y política pública. En las capacitaciones en terceros países como Colombia, México, Honduras y Argentina las temáticas abordadas fueron RBC, Rehabilitación Política, Política Pública, Vida Independiente, y Aplicaciones de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
211.Entre las principales capacitaciones realizadas en Costa Rica se mencionan: Seminarios Internacionales donde se han abordado temas relacionados con la aplicación de la CIF, RBC, inserción laboral, movimiento de las personas con discapacidad, temas administrativas y políticas de las personas con discapacidad, Conversatorios con expertos japoneses sobre Experiencias del movimiento y la política de las personas con discapacidad, talleres RBC, Capacitaciones en vida independiente de las personas con discapacidad (conferencia dada por el equipo de estudio de la vida independiente de las personas con discapacidad), Seminarios Regionales de RBC (fortalecimiento de ONG, formación de líderes de las personas con discapacidad, experiencias de RBC, movimiento de las personas con discapacidad, construcción de la red social), entre otros.
212.A la fecha como consecuencia de las acciones realizadas al 2010 en la región existen tres comunidades que desarrollan la estrategia de RBC y fruto de las pasantías y capacitaciones se ha formado un grupo de 11 facilitadores y facilitadoras conformado por personas con discapacidad quienes han desarrollado diversas capacitaciones promoviendo sus derechos y la vida independiente.
213.Asimismo, en el marco del Proyecto se logró la construcción de una herramienta llamada Núcleo Básico la cual está basada en la CIF y cuyo objetivo es recopilar datos de la población con discapacidad para obtener información sobre su situación desde una perspectiva más integral.
214.Respecto a la inversión el dato que se tiene es de aproximadamente 196.774.646,10 colones, equivalente a 389.722,72 dólares y se refiere exclusivamente a la ejecución del Proyecto Kàloie, concretamente al aporte de la Cooperación Japonesa en capacitación, gastos operativos, inversión en expertos.
215.Finalmente respecto al Proyecto POETA se debe acotar que su unidad ejecutora fue la organización Trust for the Americas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el patrocinio del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de America (USDOL), Microsoft y la Fundación Costa Rica y Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA). Dicho Proyecto tuvo una duración de 24 meses (septiembre 2008 a septiembre de 2010), su fin era la Capacitación en el Empleo para Personas con Discapacidad a través de tres componentes principales Empleabilidad, Intermediación Laboral y Sensibilización.
216.El Proyecto contó con amplia participación de diversos sectores tanto privados como Estatales. Entre el sector privado se menciona la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) con la que se conformó la Red de Empresas Inclusivas de Costa Rica; Universidad Santa Paula quien ofreció la administración pagina Web creada; el Empleo.com de quien se recibió Asesoría Técnica a web creada y bolsa de empleo en línea, además de la Fundación Omar Dengo, Visión Mundial, Fundación S.O.S para la Paz Universal, Central de Movimiento de Trabajadores Costarricense (CMTC) y Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) con quien se establecieron seis Centros POETA, entre otros. Por su parte del sector estatal se contó con el apoyo del CNREE ente rector en discapacidad, el cual aportó tres especialistas para brindar tres charlas específicas en temas como: paradigmas en discapacidad y gestión de la discapacidad: análisis de políticas, normas y procedimientos dirigido a empleadores y marco legal sobre empleo y discapacidad, dirigido a organizaciones locales que brindan servicios de intermediación laboral.
217.Las principales acciones realizadas se orientaron a la capacitación, asesoría, evaluaciones ocupacionales, creación de bases de datos, promoción del empleo de personas con discapacidad, estudios sobre la sensibilización del sector privado en relación con la contratación de personas con discapacidad y elaboración y publicación de material impreso sobre inclusión laboral, además de la colaboración al MTSS, al IMAS, a la UNED y al ITCR con la evaluación de candidatos con discapacidad elegibles por parte de la Terapeuta Ocupacional del Proyecto.
218.Algunos de los principales resultados obtenidos son: la creación de la Red de Empresas Inclusivas, la creación de seis centros de capacitación del Programa POETA donde se han capacitado 750 personas con discapacidad, 35 organizaciones locales capacitadas en temas de intermediación laboral, 61 personas con Discapacidad incluidas laboral y educativamente, construcción de una base de datos con 250 personas con discapacidad registradas y elegibles para empleo, además de la pagina web construida que contiene una Bolsa de Empleo en línea para facilitar la contratación de personas con discapacidad por parte del sector empleador, en alianza con la Universidad Santa Paula (administrador de la web). En cuanto al total de la inversión realizada, esta fue de 513.950,00 dólares.
219.Otras acciones realizadas con cooperación internacional se han dirigido a la capacitación de funcionarios y funcionarias del sector público ejemplo de ello han sido las capacitaciones organizadas por el CNREE en conjunto con la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) en diferentes temáticas como la recopilación de información sobre la situación de la población con discapacidad, actividad realizada en el año 2008, y más recientemente en el año 2010 se realizó una capacitación en el abordaje de la situación de la población con discapacidad desde una perspectiva integral, denominada: “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud-Cambios en la Concepción de la Discapacidad y Nuevas Perspectivas”. En dicha capacitación participaron 35 profesionales de diversas áreas como Psicología, Trabajo Social, Terapia Física, Medicina, quienes trabajan en la atención de la población con discapacidad en diferentes instituciones: CONAPAN, PANI, CNREE, MS, MEP entre otros.
220.Esta área es una de las más débiles a nivel de país, pues a la fecha y según lo indica el MIDEPLAN: “En Costa Rica, no existe ninguna provisión normativa en materia de cooperación internacional que garantice lo establecido en la Convención, dado que la Ley de Planificación Nacional N.º 5525, Art. 11, data de 1974. En el reciente Decreto que reglamenta el Art. 11 de dicha ley tampoco se contempló alguna disposición en este sentido dado que es hasta hace unos pocos meses que nos enteramos de dicha Convención y lo que plantea en el artículo 32 referente a cooperación”
221.Otro aspecto que se desprende del informe enviado por el Ministerio de Planificación es la poca compresión de la discapacidad como asunto relacionado con la inclusión y los derechos humanos, lo que dificulta el planteamiento de acciones concretas para mejorar.
222.Como parte de las acciones a realizar el ente rector en discapacidad deberá continuar a lo largo de este cuatrienio labores de acercamiento tanto con el MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores para logar el planteamiento de acciones concretas que permitan la inclusión de medidas que favorezcan a la población con discapacidad.
I.Monitoreo e impulso a la implementación de la Convención
223.Para desarrollar lo relacionada a esta área se tomó como base el artículo 33 de la Convención (Aplicación y seguimientos nacionales) y la institución del Estado llamada a brindar su informe fue el CNREE.
224.Las acciones de monitoreo e impulso a la implementación de la Convención son reportadas únicamente por el CNREE, en quien recae actualmente la fiscalización y promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, por ello lo que se reporta se refiere a lo actuado en relación con los incisos 1 y 3 del artículo 33 de la Convención.
225.En relación con el párrafo supracitado las principales acciones han estado dirigidas al ámbito relacionado con la garantizar el derecho de las personas con discapacidad en el vida política y pública para ello sus acciones se han enfocado al acompañamiento, asesoría y la fiscalización del proceso electoral del 2010. Concretamente en lo que respecta a la fiscalización del proceso mencionado se capacitó a diversas personas para que ser observadores autorizados por el TSE. Esta acción se orientó en dos vías: la accesibilidad del espacio físico de los recintos electorales y la observación de que los derechos de las personas con discapacidad fuesen respetados en el momento en que se ejerció el derecho al voto, previo a la fiscalización, se llevó a cabo una capacitación en todo el país con todas las personas a las que se les emitió la credencial de observadores y en todo el proceso se contó con la participación activa de 38 personas con discapacidad de todo el país.
226.De igual forma según se mencionó en el apartado de participación en la vida política pública otra acción realizada por el ente rector ha estado dirigida hacia autoridades políticas que toman decisiones de impacto nacional y local (Diputados/as de las diversas fracciones presentes en la actual Asamblea Legislativa, Jerarcas de los diversos Ministerios, Alcaldes/alcaldesas y candidatos a estos puestos) para incluir las diversas necesidades de la población con discapacidad en la agenda política.
227.Con estos actores se ha realizado un proceso de incidencia directa, en el cual la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido uno de los elementos centrales en las reuniones que se han realizado, no solamente se les ha entregado el documento en su versión física si no que se les ha explicado los alcances del mismo, esto manteniendo como elemento central la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad del cumplimiento y promoción de acciones que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía.
228.Estas acciones como se menciona anteriormente contemplan diferentes niveles del espectro político nacional, tratando de llegar a la mayor cantidad de grupos posibles para lograr su concientización en el tema, elemento fundamental al entender lo poco que se mantiene en la agenda política el tema discapacidad y por esto la importancia de la Convención como elemento que genera responsabilidades estatales.
229.Entre los resultados, en estas primeras etapas de reuniones, podemos citar los siguientes: posicionamiento del tema discapacidad en los diferentes proyectos que se analizan en la Asamblea Legislativa, incidencia directa en el Plan Nacional de Desarrollo, fortalecimiento de la función rectora del CNREE, trabajo directo con tomadores de decisiones e identificación del tema discapacidad como uno transversal con respecto a los proyectos nacionales, articulación y trabajo interinstitucional en tareas especificas en beneficio de las personas con discapacidad, además de esto se ha logrado un posicionamiento mediático importante lo que tiene una consecuencia en la ciudadanía y esto permite que el tema sea concebido como uno que debe estar en la agenda política nacional.
230.Es importante mencionar que a nivel de fiscalización de la Convención, específicamente con relación al artículo 33, Costa Rica está por aprobar un decreto que ratifica al CNREE como el ente encargado de realizar el monitoreo y los informes país referentes a esta Convención.
231.Además referente al artículo 31, nivel de acceso a la información, Costa Rica consiguió un logro trascendental con la ratificación del decreto que crea el Registro Nacional de Estadística sobre Discapacidad (RED), aprobado en febrero del 2011. De esta forma el país pretende crear una herramienta estadística ajustada a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y a la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), el instrumento se basa en las capacidades de las personas lo que mejorara su inclusión social. Con esta disposición mejorara la cantidad y calidad de información que se tiene acerca de la población con discapacidad, lo cual definitivamente potencia lo planteado en la Convención.
2.Observaciones de la sociedad civil
232.El elemento central de lo que mencionan las organizaciones no gubernamentales representantes de la sociedad civil, es la necesidad de fortalecer la función rectora del CNREE como manera de mejorar el proceso de fiscalización que realiza el país, esto porque falta monitoreo en las necesidades de las organizaciones y de la misma forma de las acciones que llevan a cabo las instituciones nacionales y las municipalidades. Se denota que el CNREE viene realizando un trabajo rector importante pero que carece de todo el apoyo estatal necesario para lograr el cumplimiento de la Convención y su fiscalización.
233.Con este fortalecimiento se espera que las diferentes instituciones tengan mayor seguimiento en lo que refiere al respeto y la divulgación de la Convención y de los derechos de las personas con discapacidad.
III.Conclusiones generales
234.Dada la relevancia de los resultados obtenidos en el informe se consideró conveniente dejar el apartado de las conclusiones generales dentro del Documentos Específico y no colocarlo como un Anexo por lo que a continuación se presentan algunas de ellas.
235.En términos generales existen esfuerzos importantes por parte de las diversas instituciones del Estado costarricense por cumplir con la normativa en discapacidad y mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad sin embargo estos siguen orientados más al cumplimiento de aspectos relacionados con la accesibilidad al espacio físico y en menor grado a la accesibilidad a la información, empero se dejan de lado otros elementos fundamentales a considerar desde lo planteado por la Convención, lo anterior por cuanto las acciones se han orientado a cumplir con lo establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600) que data del año 1996 y no tanto hacia el cumplimiento de la Ley 8661 que corresponde a la Convención, refleja que aún persiste una visión médica de la discapacidad, enfocando la situación de la población con discapacidad en la funcionalidad del sujeto sin considerar otras aristas que tienen que ver con políticas nacionales e institucionales de inclusión a partir de la diversidad y el diseño universal en toda su expresión.
236.Los mayores avances son en educación, salud y justicia sin embargo en educación se requeriría una revisión integral del sistema educativa que parta de la diversidad más que de la uniformidad, fortaleciendo las habilidades y potencialidades del sujeto, lo que implica un desarrollo progresivo de la educación como sistema educativo desde la perspectiva holística del ser humano.
237.Es evidente que existe carencia de datos sobre la situación real que vive la población con discapacidad y sus necesidades tanto a nivel general como en áreas específicas tales como empleo, salud, situación económica y social, entre otras. Esto se refleja en la ausencia de información suministrada por la mayoría de instituciones en cuanto a las acciones realizadas dirigidas a población con discapacidad abordada de acuerdo a su discapacidad, edad y género. Además pone de relieve la necesidad a nivel del país de invertir recursos llevar a cabo una encuesta en discapacidad con la que se puedan obtener datos e información que permite hacer una mejor proyección a corto, mediano y largo plazo para abordar la situación de la población con discapacidad.
238.Se requiere mayor intervención con la familia de las personas con discapacidad pues por lo general si la persona con discapacidad sufre exclusión también la sufre su familia, así las acciones para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad deben considerar su entorno inmediato empezando por su núcleo familiar desde un enfoque holístico y centrado en la persona, de manera que los apoyos económicos ofrecidos a personas con discapacidad en situación de pobreza ofrezcan lo mínimo necesario para que pueda desarrollarse de manera independiente.
239.A partir de los datos suministrados por las diversas instancias del Estado se evidencia que los servicios llegan a la población con discapacidad pero su impacto positivo sobre la misma no ha logrado el desarrollo e inclusión de este sector de la población costarricense. Así por ejemplo entre los años 2008 y 2010 la inversión realizada por el Estado Costarricense para abordar la situación de la población con discapacidad fue de 65.456.888.764,04 colones o lo que es lo mismo 129.004.895,57 dólares, de los cuales en lo que a garantizar el nivel de vida adecuado se refiere la inversión ascendió aproximadamente a los 7.290.579.453,51 colones, lo que equivale a 14.227.445,39 dólares. Sin embargo durante ese mismo período el porcentaje de la población costarricense en situación de pobreza pasó del 21% al 24%, si se considera la relación directa que tienen el trinomio discapacidad-exclusión-pobreza, se concluye que la población en cuestión se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad y afectación.
240.En relación con lo citado en el párrafo anterior de los resultados del informe se desprende que la actual situación de la población con discapacidad obedece fundamentalmente a tres factores: a) La falta de aprobación de una política nacional en discapacidad desde el enfoque de derechos, menos asistencial y que abarque las políticas específicas (salud, empleo, educación) dificulta la ejecución de acciones que orientadas al desarrollo integral, mejoras en la calidad de vida e inclusión de la población con discapacidad; b) la gran desarticulación en la ejecución de acciones de los diversos sectores, lo que impide mayor impacto positivo en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad; c) aunque en los últimos dos años se ha evidenciado un creciente posicionamiento del CNREE como ente rector en discapacidad, su estructura organizativa interna requiere mayor fortalecimiento lo que hace que sus obligaciones rebase su capacidad operativa instalada tanto para fiscalizar, asesorar y coordinar acciones a favor de la inclusión y desarrollo de la población con discapacidad de manera efectiva y oportuna, en el momento en que la las instituciones y la población lo requiere.
241.Por último, en cuanto al proceso llevado a cabo la participación de la sociedad civil en la revisión y análisis de la información suministrada por las diversas instituciones para la elaboración de este informe fue fundamental, sobre todo porque permitió no sólo llevar a cabo un proceso transparentes sino que brindó aportes importantes en cuanto a la situación que viven las personas con discapacidad desde su experiencia y realidad la cual por la complejidad en muchas ocasiones es difícil de identificar y cuantificar debido a los múltiples factores que intervienen en la misma. Su aporte brindan un norte que permite no sólo validar el impacto del accionar del Estado en la situación de la población con discapacidad sino también constituyen un filtro para analizar la calidad de la oferta estatal para hacer sociedades inclusivas y además de ofrecer líneas que servirán de base para la propuesta de acciones a futuro.

References: artículo 35
 artículo 4
 artículo 33
 resolución 
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 51
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 30
 artículo 154
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 31