Source: http://losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casosvalencia/casoalicante/casoalcaldedealicante.html
Timestamp: 2017-05-28 14:19:58+00:00

Document:
www.losgenoveses.net : Caso Alicante, SA Junto al alcalde de Alicante y diputado hay cinco imputados EL DIPUTADO DEL PP DÍAZ ALPERI SERÁ JUZGADO POR DELITOS CONTRA HACIENDA Y COHECHO
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abre juicio oral contra el exalcalde de Alicante por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho
El TSJCV estima que Alperi podría haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del IRPF
Los escándalos de corrupción ponen otra vez a prueba a Alberto Fabra dentro del PP
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La cuantía defraudada excedería en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.
Junto a Alperi, el tribunal valenciano también abre juicio oral contra tres empresarios –Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L– por estos mismos delitos, según consta en un extracto de la resolución facilitada por el TSJCV. Se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/01/juicio_contra_diputado_del_diaz_alperi_por_delitos_contra_hacienda_cohecho_14123_1012.html
EL EXALCALDE DE ALICANTE QUEDA AL BORDE DEL BANQUILLO POR FRAUDE FISCAL Y COHECHO
El magistrado del TSJ impone a Díaz Alperi, también diputado, una fianza de 1,4 millones
Da traslado a las partes para que se pronuncien sobre el juicio oral
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, y diputado del PP en las Cortes Valencianas, quedó este viernes a un paso de ser juzgado como autor de tres delitos fiscales y otro de cohecho pasivo impropio. Alperi se benefició, según cree el juez, del pago por terceros de un crédito cercano a un millón de euros sin declararlo a Hacienda. Disfrutó, dando la apariencia de ser suyo, de un catamarán de lujo de 15,5 metros de eslora abonado también por otros. Y utilizó un amarre en la marina deportiva de Alicante de forma gratuita, cuando “los restantes usuarios de las instalaciones, por un punto de amarre de similares características” pagan “alrededor de 12.000 euros anuales, impuestos y tasas aparte”, recoge el auto.
Alperi, que está también imputado en el caso Brugal, está ahora a expensas de que la fiscalía y la Abogacía del Estado pidan la apertura de juicio oral contra él, lo que parece más que probable. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer le impone una fianza de 1,4 millones de euros. Y 1,5 millones más a otros dos empresarios imputados.
Alperi está imputado también en el caso Brugal por amañar presuntamente el plan urbano de Alicante
El exalcalde, diputado autonómico desde 2007, adscrito en su momento a las filas del campismo, habría ocultado al fisco más de un millón y medio de euros y habría dejado de tributar 682.681 euros. El fraude se habría producido en los años 2007, 2008 y 2010. En este último ejercicio, además, Alperi habría utilizado una sociedad inactiva para facturar por su actividad privada como perito mercantil, obteniendo una ganancia neta aproximada de 52.397 euros y eludiendo el pago de los impuestos correspondientes por su labor de asesoría.
Una de las empresas que pagó a Alperi por trabajos privados fue, según la resolución judicial, Salvetti Abogados, propiedad en parte de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante que según el sumario del caso Brugal habría participado en el amaño del plan urbanístico de Alicante. Los hermanos Castedo también están imputados en esa causa.
Cobró siendo diputado de varias empresas eludiendo el pago de impuestos. Una fue el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante
Salvetti Abogados abonó a Alperi 2.750 euros, IVA aparte, “por un trabajo denominado Estudio y Asesoramiento Estratégico de Varios Inmuebles sitos en Madrid”. El exalcalde facturó igualmente a las empresas Convalesa, Sorea, Sdad, Reg Abastecimiento, Blaurban y Ancon Levante “por el concepto de abono cuota mensual según contrato por asesoramiento urbanístico y medioambiental, intermediación, tasación pericial y similares” por un importe de 59.975 euros (sin IVA) siendo parlamentario.
El juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer no da mucha credibilidad a las explicaciones ofrecidas por Alperi y el resto de imputados. Respecto a uno de ellos Antonio Moreno, que canceló por Alperi una deuda cercana al millón de euros, el magistrado señala: “Es difícil admitir o cuando menos sospechosa la justificación que se nos pretende dar al respecto, dado que no resulta creíble que una persona que se tiene por un prudente y experimentado comerciante (Moreno), otorgue un crédito cercano a un millón de euros, a una persona (Alperi) al que en su declaración admitió no conocer de antes, ser consciente de su falta de solvencia y tenerlo por un mal pagador”. Y hacerlo, además, sigue el auto, “sin exigir garantía, ni pago de interés alguno, aparte de otorgar sucesivas renovaciones a ese supuesto crédito”.
Un imputado canceló una deuda de un millón por Alperi a pesar de admitir que lo tenía por "mal pagador"
El juez considera poco serio el intento de mejorar la apariencia de los hechos comunicando al tribunal que, hace unos días, Alperi habría abonado 50.000 de los 942.678 euros que debía a una de las empresas de Moreno.
El magistrado asume igualmente las sospechas de la fiscalía y de la Agencia Tributaria respecto a las numerosas compraventas cruzadas entre Alperi y el empresario Antonio Solana de las acciones de la sociedad inactiva Andarx Business. La única función de la empresa pareció ser ostentar la titularidad del catamarán Akra Uno y servir de velo para ocultar que el diputado disfrutaba en exclusiva de la “embarcación de grandes proporciones”.
El juez también deja al borde del juicio a Javier Palacio, dueño de la marina deportiva del puerto de Alicante, por no cobrarle el amarre a Alperi, lo que constituiría un delito de cohecho impropio. El mismo delito que llevó al banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps.
La oposición exige que deje las Cortes
La presidenta del grupo socialista en las Cortes, Ana Barceló, ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "cumpla sus líneas rojas" y pida el acta de diputado al exalcalde de Alicante y diputado del PP. Barceló ha manifestado que "nuevamente son los tribunales los que vuelven a poner a prueba el compromiso de Fabra contra la corrupción", y ha asegurado que "si tanto le repugna, tiene de nuevo una oportunidad para demostrarlo porque hasta el momento su discurso es solo papel mojado".
Ha recordado que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra acaba de ser condenado a cuatro años por fraude fiscal "mientras que el presidente Alberto Fabra no solo no actuó sino que lo defendió siempre hasta el último momento".
"No es posible que un cargo público del PP sea procesado por delitos contra la Hacienda Pública y el presidente siga mirando hacia otro lado", ha reiterado.
Por su parte, la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià Esther López ha coincidido en pedir el acta de diputado a Díaz Alperi y ha calificado de "insoportable" que se siga "manteniendo con dinero público y como representante del pueblo valenciano a un personaje de la calaña del señor Alperi".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/valencia/1386951762_818501.html
· Taller de Contabilidad S.A. paga una deuda tributaria de Alperi de 942.678 euros y no reclama el pago de la misma
· La mercantil Andarx compra un yate para “uso y disfrute personal” del regidor por 852.945 euros . Alperi paga solo 150.000 euros, procedentes de la venta de otro barco. El resto lo financia y abona el promotor Antonio Solana.
· En 2010, Alperi usa la sociedad Andarx para facturar ingresos de su actividad personal privada que deberían declararse como ingresos de actividad económica a efectos de IRPF.
· La Agencia Tributaria apunta un supuesto fraude en la declaración de la renta de 405.351 euros del año 2007, otros 144.862 euros de 2008 y 144.862 del año 2010.
· El informe concluye que Alperi presentó “de manera consciente y voluntaria” estas declaraciones sin incluir todos los datos.
La Agencia Tributaria destapa la existencia de dos operaciones que habrían supuesto la obtención de rentas no declaradas. En la primera de ellas, la sociedad Taller de Contabilidad, SA, pagó una deuda tributaria contraida por Alperi por valor de 942.678 euros en noviembre de 2007, y una vez pagada “ni la empresa, ni ningún otro acreedor reclama el pago de la misma”. La segunda operación consistió en la compra de un yate por parte de Alperi a través de la mercantil AndarxBusines, SL, en la que “una parte sustancial de la compra del barco fue satisfecha por un tercero”. Alperi, supuestamente, compró el barco en 2008 para su uso y disfrute personal por 852.945 euros, pero solo pagó 150.000 euros obtenidos de la venta de un antiguo yate. El resto lo habría “pagado en una parte y financiado en otra Antonio Solana”, y según el informe, “la estrategia de ocultación fue crear la apariencia de que la propiedad del barco era compartida por Alperi y Solana” a través de la sociedad Andarx, en la que los dos participaban.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/14/valencia/1363259438_912735.html
o son nada, pero sí suficiente tiempo para sanear una economía y, máxime, desde un alto cargo público. Luis Díaz Alperi, del PP, llegó a la alcaldía de Alicante en mayo de 1995 con una mano delante y otra detrás, consecuencia de sus ruinosos negocios. El ex regidor, ahora diputado autonómico, dejó el cargo en septiembre de 2008. En esa fecha sus finanzas habían experimentado un giro completo. A tenor de una de las grabaciones del caso Gürtel, fechada el 3 de noviembre de 2008, el ex primer edil regaló al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000 euros.
El estreno de Díaz Alperi en la alcaldía estuvo prácticamente monopolizado por la polémica sobre sus antiguas relaciones con inmobiliarias y las deudas pendientes con bancos y la Seguridad Social derivadas de su negocio privado, la firma Alivacsa, dedicada a precocinados. En 1995, según datos que entonces desveló la oposición, el debe privado de Alperi ascendía a 25 millones de pesetas. Sobre los bienes del ex regidor había una orden judicial de embargo, y éste se declaró insolvente.
La ambigüedad entre lo público y lo privado siguió marcando los posteriores años del gobierno de Alperi. Primero por el supuesto alquiler de un ático en la avenida de la Costa Blanca, sobre el que pesaba un decreto de paralización de obras por infracción urbanística. El piso era propiedad del promotor Antonio Solana. El alcalde desistió y precisó: "Yo vivo de alquiler, para mí es más importante tener un barquito que un piso en propiedad". Las relaciones con otro contratista con yate, en este caso Enrique Ortiz, marcaron el último tramo del mandato de Alperi. Los hijos del ex alcalde también viven en alquiler en casas propiedad de Ortiz. Anticorrupción acusó a Alperi de trato de favor al contratista. Pero los tribunales lo exculparon.
www.elpais.es 11.10.09
La Fiscalía del TS apoya el recurso a los aparcamientos
La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo acordó ayer, por unanimidad, tramitar el recurso de casación impulsado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa por el supuesto trato de favor del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, al contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El pronunciamiento del ministerio público del Supremo se produce a raíz de una queja planteada por su homólogo de Anticorrupción a la negativa del TSJ a tramitar la apelación. El futuro del recurso queda ahora pendiente del visto bueno de los jueces del alto tribunal.
De esta forma, los fiscales del Supremo avalan la tesis del destacamento de Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones. Éste, en contra del criterio del TSJ, considera que jurídicamente sí cabe el recurso de casación. Briones cree que el escrito de razonamiento del magistrado instructor, el titular del Juzgado número 8 de Alicante, al remitir la causa al TSJ debido al aforamiento de uno de los imputados, en este caso el alcalde Alperi, equivale a un auto de procesamiento. Ello lleva implícito un hipotético recurso de casación en el supuesto de que sea archivado, sin la práctica de diligencia alguna, como ocurrió con la resolución del TSJ. Este tribunal archivó la causa primero de manera provisional, mediante un auto de un magistrado instructor. La resolución fue ratificada después, en concreto el 22 de febrero, por la sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Además del alcalde y el promotor, en el sumario estaban imputados también la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Luis Concepción, todos ellos acusados de los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos. Las investigaciones arrancaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto económico de más de 2,2 millones de euros.
Felipe Briones sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde y el contratista fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo al adjudicar el contrato. www.elpais.es 27.03.08
El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor. www.elpais.es 20.10.07
"El alcalde imputado, Luis Díaz Alperi, ha estado siempre informado y al tanto de la tramitación del expediente", admite el juez Gómez-Angulo, instructor del denominado caso de los aparcamientos de Alicante, en un escrito que remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ahora llevará este caso por la condición de aforado del alcalde. El juez aprecia indicios de delito y cree necesario "seguir investigando".
El magistrado, Jesús Gómez Angulo, ha remitido una exposición razonada de competencia al TSJ, según confirmaron ayer fuentes de este tribunal, en la que resume los hechos esenciales de la instrucción del caso de los aparcamientos que construyó Enrique Ortiz en Catedrático Soler, Hermanos López Osaba y Padre Esplá. El juez de Alicante imputó al alcalde, al empresario Enrique Ortiz, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al edil de Tráfico, Luis Concepción, en la pasada legislatura, al técnico que informó a favor de las mejoras concedidas a Ortiz y al apoderado de la empresa constructora, los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa que "se encuentra en un avanzado estado de instrucción", ha pasado ahora al TSJ gracias a la condición de aforado del alcalde de Alicante, que es también diputado autonómico del PP.
En la valoración judicial que hace el magistrado que ha instruido la causa advierte de que "no pueden desestimarse de forma razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas por el ministerio fiscal y las acusaciones populares". El juez tilda de "cuando menos anómalo y excepcional" el cambio de dirección técnica del contrato y del órgano gestor por decreto de la alcaldía, ya que según el juez, se produjo "en un estado muy avanzado de la tramitación del expediente y cuando todas las instancias técnicas informaron en contra de cualquier modificación". En el escrito hace referencia a documentos "cuyo único propósito era sortear informes contrarios y permitir las mejoras interesadas por el adjudicatario". Del informe del director, Antonio Escobedo, estima que "considera auspiciado por una idea demasiado próxima a los legítimos pero particulares intereses de la empresa adjudicataria".
El juez concluye que el alcalde ha estado siempre informado y al tanto de la tramitación del expediente, "siendo su intervención personal y directa decisiva en todos los hitos clave" e insta a que el TSJ investigue también "la relación de amistad o confianza personal" de Alperi con el constructor Enrique Ortiz que "excede lo que podría calificarse como una cordial relación institucional".
El PSPV lamentó "tener un alcalde bajo sospecha" y pidió a la justicia que "no dilate en el tiempo" la instrucción.
www.elpais.es 21.09.07
La Fiscalía de Alicante también ha archivado la denuncia del ex alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez, contra el Consell por supuesta apropiación de información para justificar la intervención del PGOU del municipio. www.elpais.es 20.06,07
UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA El Alcalde y a la sazón presunto implicado
El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma "injusta" un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 euros para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó ayer el periódico La Verdad. A dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells, en aquella ocasión denunció "irregularidades" en los criterios de baremación, ya que no se otorgó a la oferta más económica, según recordó ayer la edil. La juez, en la sentencia, se muestra muy crítica con la actuación del jefe del área de Servicios y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez y de sus colaboradores. "Es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto", menciona en la sentencia la juez, que también asegura que "da la impresión de que el resto de las puntuaciones exageradamente bajas concedidas a Prieto (...) son evidentemente tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz, desde el momento en que en ningún momento lo justifica con todo detalle". La magistrada estima la demanda interpuesta por una de las mercantiles perjudicada en el concurso y considera que perdió el contrato porque el informe municipal "incidió en arbitrariedad, desviación de poder y violación de los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia que deberían haber regido la licitación". La sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a las dos empresas que optaban conjuntamente al contrato el beneficio que han dejado de percibir, cuantificado en un 6% correspondiente al beneficio industrial de todas las certificaciones facturadas por la mercantil de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato. La sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de Alicante el pasado 24 de abril y éste puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ayer ningún responsable municipal del PP quiso valorar la sentencia. Por su lado, el responsable de comunicación en la ejecutiva del PSPV-PSOE en Alicante, Lalo Díez, lamentó esta nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Alicante y que "los ciudadanos tengan que pagar por ello". Díez también advirtió de la posibilidad de que una parte de las empresas que "vean lesionados sus intereses" recurran ahora a la vía judicial. La sentencia vuelve a poner de actualidad el presunto trato de favor del alcalde de Alicante hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la construcción de dos aparcamientos en Alicante. Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor plan urbanístico en la ciudad de Alicante al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el Plan Rabassa, con la construcción de 15.000 viviendas sobre una parcela de 1.200.000 metros cuadrados. www.elpais.es 06.06.07
El fiscal pide al juez que investigue las casas que ocupan los hijos de Díaz Alperi
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue las casas que ocupan los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en una una urbanización de la Playa de San Juan. Los hijos de Alperi, como desveló este periódico el domingo, disponen de tres bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., empresa de la que el mayor contratista de la ciudad, el constructor Enrique Ortiz, tiene la mitad. Viviendas del Mediterráneo trasmitió las casas poco después de conocerse la imputación del alcalde y del empresario por el caso de los aparcamientos.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez que requiera mediante un oficio a Viviendas del Mediterráneo para que aclare la titularidad de los bungalows que ocupan los hijos de Alperi. Briones trata de esclarecer si los tres hijos del alcalde pagan por las casas. El fiscal preguntó a Alperi hace un mes, cuando compareció en el juzgado como imputado, si sus familiares habían disfrutado de algún bien del empresario y el alcalde se limitó a responder: «No, que yo sepa». También el abogado de José Luis Valdés, el dirigente vecinal, y ahora candidato a la Alcaldía por el nuevo partido Vecinos por Alicante, que denunció el caso en la Fiscalía, ha reclamado al juez que investigue si la empresa de la que Ortiz tiene un 50% ha alquilado las casas a los hijos de Alperi o si se las ha cedido. El letrado pide que Viviendas del Mediterráneo aporte los contratos de cesión o alquiler y que acredite su titularidad mediante las escrituras y recibos del IBI.. La acción popular ejercida por José Luis Valdés ha instado a que se requiera a la comunidad de propietarios a que informe sobre quién paga los recibos y si los hijos de Alperi viven en los bungalows. El abogado de Valdés también quiere información del Registro de la Propiedad, el catastro, el padrón, Aguas Municipalizadas e Iberdrola, y que la Policía Local certifique qué personas residen en las viviendas. El letrado ha aportado a la causa la información publicada el domingo por este diario sobre las viviendas. El juez que investiga las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Ortiz tras la adjudicación de tres aparcamientos ya ha tomado declaración como imputados al constructor, al alcalde, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, y al técnico Antonio Escobedo. El magistrado también ha interrogado, como testigos, a los técnicos que informaron en contra de modificar la concesión. El abogado de Valdés ha pedido al juez que vuelvan a declarar los técnicos Lázaro López y José María Simón para que aclaren una serie de contradicciones con la edil de Urbanismo en la tramitación del expediente. El letrado también ha solicitado información sobre la vida laboral del marido de Sonia Castedo para comprobar su relación con Enrique Ortiz. www.levante-emv.com 16.01.07 Los hijos de Alperi ocupan casas construidas por Ortiz y traspasadas tras ser imputado
Los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ocupan bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., sociedad que en un 50% es del constructor Enrique Ortiz, el mayor contratista de obra pública de la ciudad y principal accionista del Hércules. La mercantil se deshizo de los tres inmuebles sólo 25 días después de que el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante comunicara la imputación al empresario y al alcalde, además de a otros dos ediles y a un técnico, por la denuncia que presentó, el pasado 21 de agosto, el fiscal Anticorrupción por un presunto trato de favor al empresario por parte del ayuntamiento en las mejoras concedidas tras la adjudicación de la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos. El proceso penal se encuentra aún en fase de instrucción después de que todos los imputados hayan prestado ya declaración ante el juez. En esta comparecencia, y a preguntas del acusador público, el alcalde negó la existencia de cualquier vinculación entre sus hijos y Enrique Ortiz así como la de ventajas que pudieran estar disfrutando él mismo o sus hijos, afirmación que, según consta en la transcripción de su declaración en el juzgado, apostilló con un «que yo sepa». También el empresario, al ser preguntando por el fiscal Anticorrupción, aseveró ante su señoría que «no ha permitido nunca que el señor Alperi disfrute de ningún bien propiedad del declarante (por Ortiz) ni a ningún allegado suyo». En la playa de San Juan Las tres viviendas, ubicadas en una zona residencial de la Playa de San Juan próxima al campo de golf del Pau 4, fueron vendidas el pasado 19 de octubre a Jacobriz S. L., una sociedad con domicilio social en Madrid estrechamente vinculada a Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz en la construcción y promoción de este conjunto residencial. La operación de compraventa fue inscrita en el Registro de la Propiedad el pasado 27 de noviembre, justo un día antes de que Enrique Ortiz compareciera ante el magistrado y cuando faltaban 19 para que lo hiciera el alcalde.
El Alcalde y a la sazón presunto implicado
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, declaró ayer ante el juez que ignoraba los detalles de la tramitación del expediente de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al contratista Enrique Ortiz. El regidor negó incluso conocer un informe en contra de la modificación del contrato emitido por los técnicos de Urbanismo antes del traslado del expediente al área de Tráfico, "por decisión de la concejal de Urbanismo", extremo que la edil ya asumió el miércoles, cuando compareció en el juzgado. Alperi admitió tener "relaciones cordiales" con el empresario.
El regidor elude una pregunta sobre la titularidad de los pisos donde viven sus hijos
Díaz Alperi compareció ayer, en calidad de imputado, ante el titular del Jugado número 8 de Alicante, el magistrado Jesús Gómez-Angulo Rodríguez. El interrogatorio al regidor se prolongó por espacio de ocho horas. El juez investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contratista, también imputado en la causa. El ministerio público sostiene que se introdujeron modificaciones en el contrato en relación con la adjudicación inicial ventajosas para el empresario. Esos cambios fueron rechazados por los técnicos de Urbanismo, que dirige la concejal Sonia Castedo, antes de trasladar el expediente al área de Tráfico, en manos del edil Luis Concepción. El jefe de este departamento, Antonio Escobedo, sí avaló las modificaciones. Castedo, Concepción y Escobedo están igualmente imputados.
El primer edil de Alicante aseguró al juez que no conocía ninguno de los trámites relacionados con la modificación del contrato, ni tan siquiera el informe desfavorable emitido por los técnicos de Urbanismo. El alcalde declaró que se limitó a firmar el decreto de cambio de departamento a petición de Castedo. "La concejal me pidió que lo firmará y no tuve ningún inconveniente en hacerlo", puntualizó. Castedo ya asumió toda la responsabilidad del trámite del expediente en su declaración ante el juez, el pasado miércoles juez
A preguntas del fiscal anticorrupción, Díaz Alperi admitió mantener "relaciones cordiales" con el contratista y haber coincidido con él en actos al margen del ámbito institucional. El regidor reconoció que siguió una regata en la bahía de Alicante a bordo del yate propiedad del Ortiz y que coincidió con él en un viaje a Egipto, "aparte de algunos otros eventos como bautizos". El alcalde enmarcó ese abanico de actos en "el amplio concepto de la amistad".
El regidor, al igual que Castedo, también rehusó responder a las preguntas de la acusación popular que ejercen los partidos Vecinos por Alicante y EU. Una de las preguntas del letrado de la primera parte hacia referencia al domicilio particular de los tres hijos del alcalde. Según esa parte, los tres residen en sendos chalés promovidos por Enrique Ortiz. Y en concreto el recibo de luz correspondiente al mes de noviembre de la casa donde vive Otto Díaz González está a nombre de la promotora. Fuentes del grupo empresarial señalaron ayer que efectivamente las viviendas fueron construidas por Ortiz y un socio, a través de la firma Orbi, hace dos años, y que posteriormente las vendieron a personas físicas y otras sociedades dedicas al alquiler. Estas fuentes achacaron el hecho de que el recibo de la luz todavía figure a nombre de la promotora a que la compañía eléctrica no ha dado de alta al nuevo propietario de vivienda [el chalé piloto de la urbanizacíón] donde vive el hijo del alcalde.
Con el interrogatorio a Díaz Alperi el juez concluye la prueba testifical de la instrucción del caso. El magistrado, además de a los cinco imputados, ha tomado declaración como testigos a los técnicos de Urbanismo.El alcalde, que opta a revalidar el cargo en los comicios de mayo de 2007, está también imputado en el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. www.elpais.es 16.12.06
El fiscal denuncia al alcalde de Alicante y dos ediles por unas concesiones a Ortiz
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, remitió ayer a los juzgados una denuncia por supuestas irregularidades contra el alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el de Tráfico, Luis Concepción, un técnico de esta última concejalía, Antonio Escobedo, y el propio promotor. La Fiscalía acusa a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante de aprobar la concesión de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz sin someterla al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat. El fiscal sostiene en su escrito que podrían haber cometido los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Además de apreciar la existencia de «un concierto» entre Díaz Alperi, Castedo y Concepción «con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial», Briones acusa a la Junta Local de Gobierno de haber aprobado directamente, en sendas sesiones celebradas el 14 de marzo y el 5 de julio, del año 2005 en ambos casos, cambios en la concesión sin someterlo al dictamen del CJC. El fiscal, que cifra en, al menos, 2.268.060 euros el quebranto económico para la corporación, afirma que la Junta «no era competente legalmente» para adoptar esta decisión, porque la cuantía de las obras excedía el 20% del Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC) aprobado por el Pleno el 17 de enero de 2003. También señala en la denuncia que la Junta de Gobierno no solicitó el preceptivo informe del Servicio de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. En cambio, el jefe de este servicio, Pablo Ortiz, sí había emitido un informe el 11 de noviembre de 2003, aunque para denegar las pretensiones del adjudicatario, en el sentido de aumentar las tarifas y el plazo de explotación y reducir el canon que debía pagar al Ayuntamiento para compensar una mayor inversión en las obras que mejorarían su calidad. Por otro lado, Briones asegura que Escobedo -nombrado por decreto del alcalde el 14 de enero de 2004 en sustitución de los dos técnicos de Urbanismo encargados hasta entonces de la dirección facultativa del contrato- emitió un informe el 28 de febrero de 2005 en el que «falseó el PEC fijado el 17 de enero de 2003». Así, este técnico, siempre según el fiscal Anticorrupción, propuso «sin justificación alguna la rectificación de un error de cálculo y tres necesidades nuevas por razones de interés público», de forma que autorizó un aumento de siete años y diez meses respecto del plazo de explotación inicialmente pactado. Lo hizo supuestamente «en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal», Luis Concepción, quien junto al alcalde Díaz Alperi y a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, habían decidido «dejar sin resolver la denegación de las modificaciones propuesta por los técnicos» de Urbanismo. En la denuncia, que consta de 108 páginas y que está acompañada por numerosos documentos, el fiscal Anticorrupción subraya también discrepancias entre la declaración prestada por Castedo como testigo y las de otros técnicos de su departamento. En concreto, la concejal dijo a Briones que no recordaba la existencia de una propuesta de acuerdo dirigida al Pleno y elaborada el 18 de noviembre del año 2003 por el jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio, José María Simón, en la que se rechazaban los cambios en el contrato en congruencia con los informes realizados antes por los dos técnicos de Urbanismo y por Pablo Ortiz.
Publicado en www.levante-emv.com 22.08.06
Un empresario socio del IVVSA y constructor en Terra Mítica Las relaciones del empresario Enrique Ortiz con la política van más allá de las concesiones del ayuntamiento de Alicante para construir aparcamientos. Enrique Ortiz participa, con un 51% del accionariado, en la empresa mixta del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) Tarea Promotora Valenciana de Vivienda S.L., de la que 49% pertenece al IVVSA. Esta firma mixta ha desarrollado dos proyectos de magnitud en los últimos años. Por un lado, el polémico Plan Rabassa, aprobado definitivamente hace unos meses y contra el que se manifestó en las puertas del ayuntamiento incluso el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. El segundo, el Nou Manises, un PAI que afectó a 1.718.469 metros cuadrados y que supuso la construcción de 9.634 viviendas, de las 5.775 eran de V.P.O. Un PAI, el de Manises, que haría crecer la ciudad con 28.000 nuevos habitantes computando una media de tres nuevos habitantes por vivienda. Sin embargo, el nombre de Ortiz fue lanzado directamente al estrellato con la adquisición recientemente de un club de fútbol (Hércules) y, sobre todo, gracias su espectacular irrupción en la subasta de Terra Mítica, donde se hizo con las cinco parcelas que puso a la venta el parque por un coste total de 85 millones de euros. Una oferta que sorprendió hasta a los más optimistas ya que el precio de partida era de 60 millones y no se esperaba lograr un beneficio mucho mayor. en las cinco parcelas adquiridas, el empresario alicantina construirá apartamentos hoteleros y un hotel de lujo.Publicado en www.levante-emv.com 22.08.06
La denuncia de Anticorrupción contra el alcalde Alperi revela que el ayuntamiento ocultó 3 informes.
El Ayuntamiento de Alicante omitió a la Fiscalía hasta tres documentos en la investigación de los aparcamientos, algunos de ellos esenciales para las indagaciones, según consta en la denuncia remitida por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones al juzgado. La Fiscalía ha denunciado por un presunto trato de favor, al alcalde, Luis Díaz Alperi; a los ediles de Urbanismo y Seguridad, Sonia Castedo y Luis Concepción; así como a un técnico municipal y al empresario Enrique Ortiz. Según la denuncia, las compensaciones al promotor por las obras de los aparcamientos municipales de Catedrático Soler, Padre Esplá y Hermanos López Osaba, han podido causar un perjuicio de al menos 2,2 millones de euros a las arcas municipales. La investigación parte de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés. El Ayuntamiento de Alicante compensó a la empresa de Ortiz alegando la aparición de circunstancias imprevistas, que encarecían las obras en 2,8 millones de euros, basándose en los informes del técnico Antonio Escobedo, ahora denunciado. La denuncia recuerda que desde Urbanismo se rechazaron las modificaciones de Ortiz a las que ahora daba el visto bueno Tráfico. Entre ellas está la construcción de muros pantalla, el uso de ascensores de discapacitados y mejoras en los servicios. El fiscal recuerda que muchas de estas «nuevas necesidades» se incluían ya en los proyectos originales. La investigación del fiscal ha detectado un desfase de 878.643 euros en los sobrecostes de modificación de los proyectos. Según el escrito, hay 591.800 euros que no tienen justificación presupuestaria alguna; así como 286.843 euros de gastos adicionales «indebidamente incluidos como sobrecoste». El fiscal concluye que el desfase analizado entre el sobrecoste aprobado para las modificaciones y su precio real permite sostener que el director facultativo al fijar el precio de incremento de las obras no fue el valor, ni real ni aproximado, de dichos cambios. El valor se fijó calculando el máximo legal de sobrecoste que era del 20% del contrato, lo que posibilitaba que la junta de gobierno local pudiera aprobar los cambios y no el Consell Juridic. La denuncia remitida por la Fiscalía al juzgado recuerda que cuando se inició la investigación se pidió una «copia íntegra» de todo el expediente al Ayuntamiento. Sin embargo, entre la documentación remitida no se incluyeron documentos claves en el expediente. El primero de ellos es la propuesta de acuerdo que elaboraron los técnicos en primer lugar denegando compensar al empresario Enrique Ortiz por los cambios en los proyectos. La propuesta tenía que haber sido remitida al pleno para su aprobación, pero «no fue tramitada». La Fiscalía ha tenido acceso a este documento porque le fue facilitada por Valdés y porque los técnicos lo ratificaron cuando declararon ante la Fiscalía. El segundo de los documentos omitidos es el decreto por el que el alcalde retiró del expediente al técnico de Urbanismo que había informado en contra de las compensaciones a Ortiz. El tercer documento que faltaba en el expediente es un escrito de la dirección de la obra argumentando la necesidad de ejecutar las obras del estacionamiento de Hermanos López de Osaba mediante la técnica de muros pantallas, a fin de incrementar la seguridad. El fiscal recoge que «a pesar de la trascendencia de esta documentación» no fue aportado-Publicado en www.levante-emv.com 23.08.06
El técnico acusado se lava las manos
Antonio Escobedo, el ingeniero de la Concejalía de Seguridad y Transportes que informó a favor de que se concedieran compensaciones a Ortiz por mejorar los proyectos de los estacionamientos, recalcó ayer que él no avala «la legalidad» de un documento, en contestación al concejal de Seguridad, quien en manifestaciones recogidas ayer por este periódico dijo que remitió a aprobación las compensaciones a Ortiz porque su técnico, en referencia a Escobedo, informó que la propuesta «era legal y correcta». El técnico y jefe de servicio de la Concejalía de Seguridad añadió con respecto a la legalidad de su informe que «yo puedo informar si una cosa es buena o no como ingeniero que soy, pero sobre su legalidad, doctores tiene la Iglesia», aunque aclaró a continuación que «hombre, yo algo sé sobre si una cosa es legal o no». Escobedo expresó ayer su malestar al señalar que «el fiscal dice unas cosas y la prensa otras, y creo que se están diciendo muchas falsedades».Publicado en www.levante-emv.com 23.08.06
El PP de Alicante apuesta por Díaz Alperi como candidato pese a su imputación La denuncia del fiscal Anticorrupción contra el alcalde Díaz Alperi y los concejales Castedo y Concepción cayó ayer peor que un jarro de agua fría en la dirección regional del PP, que tiene en el regidor de Alicante a uno de sus principales referentes en la provincia. A poco más de un mes de la proclamación de los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, y a pesar del desgaste que puede acarrear la denuncia, la ejecutiva autonómica mantiene su apuesta por Alperi como candidato a la reelección y descarta cambios mientras no se dicten sentencias condenatorias, según el entorno de Camps. La dirección regional de los populares expresó su «sorpresa» por la «diligencia» de la Fiscalía de Alicante «al investigar asuntos relacionados con el PP» en contraposición a la «laxitud» de casos relacionados con el PSPV. «Es curioso que en los últimos meses los esfuerzos se dirijan en una sola dirección», añade la popular Sagrario Sánchez. La denuncia del fiscal Felipe Briones por cinco supuestos delitos contraría los planes de la dirección regional. Mientras el entorno de Camps protege a Alperi, miembros de la ejecutiva del presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, considera que la imputación «no es buena para el partido» y recuerdan que la mayoría del Comité Provincial es partidaria de una renovación en la lista y que la diputada Macarena Montesinos sea la candidata a la alcaldía. «Es el momento de las mujeres», apostillan Publicado en www.levante-emv.com 23.08.06
Alperi suma tres imputaciones desde que llegó al poder en 1995 Las relaciones entre el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado ya en dos casos desde su llegada al cargo en 1995, y el promotor Enrique Ortiz han centrado el debate político y social en la ciudad en el último año. El empresario, presidente del Hércules CF, ha sido el adjudicatario del programa urbanístico más ambicioso de la historia de la ciudad, el Plan Rabassa, que prevé la construcción de 15.000 viviendas en la periferia de la capital. La iniciativa supone la recalificación de 4,2 millones de metros cuadrados en el humedal de las Lagunas de Rabassa. El PP aprobó definitivamente el proyecto el pasado mes de abril, con el rechazo de los grupos de la oposición, PSOE e IU, y las críticas de colectivos cívicos.Además, Ortiz ha sido beneficiado con la adjudicación de múltiples proyectos urbanísticos en la ciudad y también explota la contrata de basuras. Recientemente, el promotor se hizo con la subasta de la reserva de suelo del parque temático Terra Mítica de Benidorm para construir hoteles.La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor en la adjudicación de los aparcamientos al promotor supondrá la tercera comparencia, en calidad de imputado, de Díaz Alperi ante el juez. La primera se produjo en los albores de su primer mandato por una supuesta estafa en su actividad empresarial privada. El juez archivó la causa por prescripción de los hechos.En marzo de 2005, Díaz Alperi declaró ante el juez, como imputado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por su supuesta implicación en el desfalco de seis millones de euros descubierto en la firma pública Mercalicante. En esta causa, cuya instrucción dura ya cuatro años, están también imputados el edil del PP, Juan Zaragoza, y José María Rodríguez Galant, ex concejal del PP y ahora director del complejo audiovisual Ciudad de la Luz, que gestiona la Generalitat Valenciana
www.elpais.es 22.08.06
El amigo del alcalde de Alicante hace negocios con Abel Matutes
La empresa constructora de Enrique Ortiz, investigada por recibir trato de favor en la contrata de tres aparcamientos en Alicante, gobernada por el PP, figura como adjudicataria en las obras para la construcción de una polémica autovía en Ibiza. Una carretera promovida por el Ejecutivo balear de Jaume Matas y vinculada al cacique de Ibiza, Abel Matutes, ex ministro de Exteriores del Gobierno Aznar, aunque él lo niega.
La información no es ningún secreto en Ibiza. La constructora Ortiz e Hijos está implicada de lleno en las obras de la autovía de la isla. La sociedad está ligada a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en una Unión Temporal de Empresas (UTE), a la que se adjudicó el tramo de Sant Antoni. De los dos dos tramos restantes se ocupa otra UTE, formada por la constructora de Ortiz y la empresa MAB.
Matutes Los opositores al proyecto que impulsa Matas, contra viento y marea, alega motivos medioambientales y relacionados con la ordenación del territorio. "Ibiza necesita una estructura vial en red y mejor transporte público, no autovías", defiende la plataforma No volem autopista. Pero también critican el elevado coste de la infraestructura y apuntan a un beneficiario: Abel Matutes.
El primer ministro de Exteriores que tuvo José María Aznar ha negado en repetidas ocasiones su vinculación con las carreteras. De hecho, llegó a retar a que alguien encontrara esa relación. En febrero de este año, Alternativa Esquerra Unida-Verds estableció una
triple conexión.
Matutes es consejero de FCC, adjudicataria del tramo de Sant Antoni junto a la empresa de Ortiz. Además, Suministros de Ibiza, propiedad del ex ministro, comparte una cantera con MAB, encargada de la construcción de los dos tramos restantes, de nuevo, junto a Ortiz e Hijos. Por último, Matutes tiene intereses en algunos proyectos urbanísticos beneficiados por la futura autovía. Anticorrupción
A todas estas zonas de sombra se une ahora la presencia de Enrique Ortiz, cuyo representante legal en la empresa está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, por unos hechos presuntamente delictivos que afectan al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y a dos de sus concejales.
El Ministerio Público ha detectado posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos y apropiación indebida, en el contrato de construcción y gestión de tres aparcamientos de la ciudad. El fiscal cree que Alperi tramitó las mejoras propuestas por Ortiz, en contra de dos informes técnicos. Mejoras que costaron más de dos millones de euros al Ayuntamiento. Terra Mítica
No es la única huella que ha dejado este constructor en Alicante. Enrique Ortiz recibió la adjudicación del Plan Rabassa —proyecto urbanístico que prevé la construcción de 15.000 viviendas en la periferia de la ciudad—. Y su nombre, además, aparece vinculado a Terra Mítica, el proyecto estrella de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat Valenciana. Ortiz se hizo con los terrenos del parque temático, subastados a finales de julio.
www.elplural.com 25.08.06
Un dictamen concluye que Alperi benefició al promotor Ortiz al modificar el plan Rabassa Los cambios introducidos en el plan Rabassa por el Ayuntamiento de Alicante, presidido por Luis Díaz Alperi, del PP, provocaron un "importante" aumento de las expectativas de negocio de la adjudicataria, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, del promotor Enrique Ortiz, al incrementar un 28,60% el coste de la urbanización, según concluye un dictamen elaborado por un urbanista para el PSPV. Los socialistas esperan la decisión final de la Consejería de Territorio y Vivienda sobre el programa para decidir qué iniciativas adoptan al respecto.
El plan Rabassa es la iniciativa urbanística más ambiciosa de la historia de Alicante y prevé levantar 15.000 viviendas [de las cuales 8.000 serán de protección oficial] sobre una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados en el humedal del mismo nombre, al norte de la periferia de la capital alicantina.
"La mercantil seleccionada [la firma Viviendas Sociales del Mediterráneo SL] ha obtenido beneficios suplementarios sin haber concurrido a un procedimiento de pública competencia, lo cual además le permite optar a un negocio añadido de adquisición de suelo, de dudosa legalidad, en la que el propio Ayuntamiento de Alicante fija un valor a precio de repercusión de vivienda protegida incluso para el suelo cuyo destino es la renta libre, y, por lo tanto, su valor en el mercado es mucho mayor", recoge el dictamen. El estudio precisa que en este último tipo de suelo el promotor Ortiz puede obtener con un porcentaje de permuta del 53% suelo destinado a renta libre a precio de suelo para viviendas de protección pública.
El urbanista subraya que, de acuerdo con el principio de pública competencia y el artículo 47 de la LRAU (normativa urbanística de la Comunidad Valenciana ya extinta, pero según la cual se ha tramitado todo el proceso de aprobación del PAI por parte del Consistorio) las modificaciones efectuadas por el Ayuntamiento hacen "irreconocible" la propuesta original hasta el extremo que afecta a la oferta jurídico-económica, que se incrementa en casi un 30% respecto al presupuesto inicial del coste de la urbanización, que pasó de 149,1 millones de euros a 187,3 tras las modificaciones. Además, destaca que al fijar un único coeficiente de retribución, pese a la existencia de varios tipos de suelo (protegido, renta libre y terciario) ha propiciado un negocio alternativo con la adquisición de suelo de renta libre. "Ante estas circunstancias tan graves el programa está viciado de anulabilidad, por existir indicios evidentes de fraude de ley", concluye el dictamen. Para el urbanista, el Ayuntamiento debió acordar la gestión directa del programa urbanístico o bien permitir la libre concurrencia en igualdad de condiciones.El Ayuntamiento de Alicante introdujo las modificaciones a la oferta seleccionada, la de Ortiz, la más interesante a juicio de los técnicos del Departamento Técnico de Gestión y del Servicio de Gestión del Planeamiento, acogiéndose al artículo 47.1 de la extinta LRAU. No obstante, informes de otros departamentos del negocio de urbanismo advertían la falta de rigor y deficiencias de las tres alternativas presentadas y alertaban de que, de incluir los cambios propuestos, se producirían modificaciones económicas "sustanciales".
Urbanismo a la carta Eugenio Burriel, secretario de Política de Territorio y Vivienda de la Ejecutiva nacional del PSPV, asegura que el plan Rabassa es un calco de la adjudicación de los aparcamientos subterráneos también al empresario Ortiz [la Fiscalía Anticorrupción ha llevado al juzgado la modificación del contrato por considerar que hubo trato de favor al empresario y ha denunciado al alcalde, Luis Díaz Alperi, la concejal de Urbanismo, el edil de Tráfico, un técnico municipal y al promotor por cinco delitos, entre ellos, prevaricación y tráfico de influencias]. "Ambos casos son un ejemplo de cómo el PP gestiona el territorio, un urbanismo a la carta, en beneficio del interés de unos pocos", precisa Burriel.Para el dirigente socialista, el plan Rabassa, además, corrobora la inconsistencia y nula credibilidad de la oferta de un pacto por el desarrollo urbanístico que recientemente ha lanzado el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, a la oposición y a los colectivos ecologistas. "No hace falta ningún pacto, sino simplemente cumplir la ley y que rechace el plan Rabassa, que no sólo es desproporcionado e irracional desde el punto de vista urbanístico, sino que, como cada vez queda más patente, incumple la legalidad", asevera.
www.elpais.es 27.08.06
Sonia Castedo: «La denuncia de Anticorrupción no me preocupa en absoluto, pero me cansa»
La susodicha posando
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Castedo, una de los cinco imputados por la Fiscalía Anticorrupción en la modificación de la concesión de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz por valor de medio millón de euros, ha asegurado en una entrevista concedida a este diario no estar preocupada por la denuncia, que también afecta al alcalde, Luis Díaz Alperi, al concejal de Tráfico, Luis Concepción, al técnico Antonio Escobedo y al propio promotor. «No me preocupa en absoluto en lo que a mí respecta, pero me cansa. Ya estoy acostumbrada a que me lleven a Fiscalía y a los juzgados por temas en los que ni siquiera he participado en el expediente», aseguró la también primera teniente de alcalde de la localidad.«Los servicios jurídicos del ayuntamiento serán los que lo estudiarán y resolverán de la manera que tengan que hacerlo. Yo mandé en su momento el expediente completo a Tráfico porque en Urbanismo estábamos a tope y consideré que allí había técnicos cualificados para asumirlo, y en ese montante también estaban los informes negativos de los técnicos de Urbanismo», aseguró Castedo. La concejala intenta desvincularse así de las acusaciones del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, quien detectó la existencia de «un concierto» entre la propia Castedo, Díaz Alperi y Luis Concepción para que el expediente pasara del departamento regido por la primera al que dirige el segundo, donde finalmente contó con el necesario respaldo técnico. Además, la edil rechazó que los constructores, o algunos de ellos, tengan influencia en el gobierno de Alicante. «No son ningunos ogros y tienen mucho menos peso del que la gente cree y, por supuesto, no organizan el planeamiento de la ciudad», explicó Castedo, quien, sin embargo, afirmó: «Tienen que estar controlados, pero no hay que olvidar que esa actividad lleva aparejada muchos puestos de trabajo». Sucesión de Díaz Alperi Sobre la continuidad del actual alcalde, respaldado por la dirección regional y el propio presidente del Consell, Francisco Camps, pero no por el líder provincial, José Joaquín Ripoll, ni por el presidente local, Julio de España, Castedo aseguró: «Jamás me plantearé ser alcaldesa mientras tenga a Alperi al lado, porque él me ha hecho políticamente». «No siempre estoy de acuerdo con todo lo que hace el alcalde al cien por cien, ni con él ni con nadie, y eso me da la posibilidad de decírselo, porque hablamos mucho, y en alguna ocasión me ha escuchado. Otra cosa es que nada me va a poner en contra de él y creo que le he demostrado que puede contar conmigo», aseguró la edil, quien también afirmó que quien piense que está enfrentada al ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, «está equivocado», y que «en el Partido Popular hay que sentarse a hablar y llegar a acuerdos», pues «no queda más remedio».
www.levante-emv.com 27.08.06
Más noticias sobre este Alcalde tan PPopular

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 47