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Timestamp: 2018-08-14 11:14:24+00:00

Document:
Madrid (España), 28 de febrero de 2013
Año 10, Núm. 379
[BOE] Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República de El Salvador.
[BOE 31 - 1 - 2013] [Texto completo]
[BOE] Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 2 de marzo de 2012.
[BOE 2 - 2 - 2013] [Texto completo]
[BOE] Entrada en vigor del Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, hecho en Madrid el 24 de octubre de 2011.
[BOE 7 - 2 - 2013] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Consejo, de 4 de febrero de 2013, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde sobre la readmisión de personas en situación irregular
[DOCE 8 - 2 - 2013] [Texto completo]
[BOCG] Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.
[BOCG 15 - 2 - 2013] [Texto completo]
[BOE] Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
[BOE 23 - 2 - 2013] [Texto completo]
[BOE] Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
[DOCE] Información referente a la entrada en vigor del Protocolo entre la Unión Europea y la República de Túnez que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra
[DOCE 28 - 2 - 2013] [Texto completo]
[TJUE] El transportista aéreo debe prestar asistencia a los pasajeros cuyo vuelo haya sido cancelado por circunstancias extraordinarias como el cierre del espacio aéreo a raíz de la erupción del volcán Eyjafjallajökull
En caso de cancelación de su vuelo, el Derecho de la Unión obliga al transportista aéreo a proporcionar a los pasajeros tanto asistencia como una indemnización. En cuanto a la obligación de asistencia, el transportista aéreo debe proporcionar gratuitamente, teniendo en cuenta el tiempo de espera, refrescos, comida y, llegado el caso, un alojamiento en un hotel, un transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento y medios de comunicación con terceros. El transportista aéreo está obligado a cumplir esta obligación aun cuando la cancelación del vuelo se deba a circunstancias extraordinarias, es decir, a circunstancias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. En cambio, el transportista aéreo puede sustraerse a su obligación de indemnización si puede demostrar que la cancelación del vuelo se debe a tales circunstancias.
La Sra. M formaba parte de los pasajeros del vuelo Faro-Dublín, previsto para el 17 de abril de 2010, que fue cancelado a raíz de la erupción volcánica. Los vuelos entre Irlanda y Europa continental no se reanudaron hasta el 22 de abril de 2010 y la Sra. M no pudo volver a Irlanda hasta el 24 de abril de 2010. Durante ese período Ryanair no le prestó ninguna asistencia. Por ello, considera que esta compañía está obligada a abonarle una indemnización de cerca de 1.130 euros, que corresponde a sus gastos de restauración, compra de refrescos, alojamiento y transporte efectuados entre el 17 y el 24 de abril de 2010.
[TS][Penal] Delito contra la salud pública. Asistencia letrada al detenido. Imposibilidad de valorar los datos obtenidos de una declaración del detenido sin asistencia letrada. Cacheo superficial. Exigencias para su legitimidad. Registro con desnudo integral. Consentimiento del afectado. Analógica por drogadicción. Delincuencia funcional. Ni la condición de consumidor ni la de adicto, sin más precisiones, dan lugar a la atenuación.
[TS][Contencioso-Advo] Impuesto sobre sociedades. Base imponible. Gastos deducibles. Prestación de servicios a la matriz española por su filial portuguesa. La posesión de las correspondientes facturas y la contabilización de los gastos no son suficientes en este caso. Falta acreditar la efectividad de los servicios prestados y la correlación que pudieran tener con los ingresos.
«Saint Gobain» combate en esta casación la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 447/07 .
En el único motivo admitido a trámite denuncia que infringe el artículo 14 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades , y la disposición adicional «segunda» (sic) de la Ley 10/1985, de 26 de abril , de modificación parcial de la Ley General Tributaria, al no reputar suficientes las facturas para acreditar la realidad de los gastos por los servicios de intermediación comercial prestados por su filial portuguesa, deducidos por la primera en el impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2001 y 2002.
Contradice de este modo, a su juicio, la propia regulación del impuesto sobre sociedades, porque ésta sólo se pronunciaba en contra de la suficiencia de la factura y del asiento contable para justificar la realidad de un gasto en relación con los servicios prestados en paraísos fiscales [ artículo 14.1, letra g), de la Ley 43/1995 ], habida cuenta de las circunstancias concurrentes en los mismos.
[SG OP] Fiscalidad de una reclamación al Banco por venta de participaciones preferentes
El consultante adquirió en 2008 valores emitidos por una filial de una entidad de crédito española que tienen naturaleza de participaciones preferentes de acuerdo con la Ley 13/1985.
Dado que creía que podía recuperar el cien por cien de su inversión en cualquier momento, y no siendo así, el consultante presentó en 2009 una reclamación alegando haber recibido una información incorrecta.
Finalmente, en 2010, llegó a un acuerdo con el banco consistente en que el banco vendía los valores del consultante y le abonaba en cuenta la cantidad total invertida.
Pregunta sobre el tratamiento fiscal correspondiente a la operación. [Texto completo]
[SG Trib no resid] Impuestos de una autor del Reino Unido que cede sus derechos a una institución de caridad
La entidad consultante, residente en España, tiene por objeto la edición de libros. Un escritor residente en el Reino Unido, cuyos libros publica habitualmente la consultante, ha cedido los derechos de autor que puedan corresponderle, por la publicación en castellano de una de sus obras, a una entidad benéfica residente también en el Reino Unido. La entidad concesionaria es, de acuerdo con los certificados que se adjuntan al escrito de consulta, una institución de caridad exenta de impuestos en el Reino Unido.
Se consulta sobre la tributación en España de las cantidades satisfechas en concepto de derechos de autor. En concreto, si puede acogerse al régimen previsto en la Ley 49/2002 y el Real Decreto 1270/2003. [Texto completo]
[SG IRPF] IRPF. Indemnización que es otorgada por el Gobierno de la República Argentina a los niños que hayan nacido en cautividad o que han estado detenidos con sus madres por motivos políticos
El consultante va a recibir una indemnización que es otorgada por el Gobierno de la República Argentina a los niños que hayan nacido en cautividad o que han estado detenidos con sus madres por motivos políticos, siendo éste su caso. Se trata de la Ley 25914, conocida como Ley de Hijos.
Pregunta sobre el tratamiento fiscal en España de dicha indemnización otorgada en el extranjero. [Texto completo]
[TJUE] Se puede supeditar al requisito de residencia el pago de la ayuda para estudios superiores a los hijos de trabajadores fronterizos .
La legislación luxemburguesa se aplica en el sentido de que se concede una ayuda económica para estudios superiores a los ciudadanos luxemburgueses y a los demás ciudadanos de la Unión a condición de que unos y otros sean residentes en Luxemburgo.
Estudiantes hijos de trabajadores fronterizos en Luxemburgo interpusieron diversos recursos ante el Tribunal administratif du Luxembourg, a raíz de la negativa de las autoridades luxemburguesas a concederles la ayuda económica para estudios superiores por no residir en Luxemburgo. Impugnan dicha negativa alegando la existencia de una discriminación, pues la legislación luxemburguesa implica una diferencia de trato entre los hijos de trabajadores luxemburgueses y los de trabajadores fronterizos, lo que según ellos es contrario al principio de libre circulación de personas. El Estado luxemburgués niega la existencia de cualquier discriminación y, en todo caso, sostiene que las ayudas en cuestión no constituyen una ventaja social.
a) La ayuda para estudios superiores a los hijos a cargo de los trabajadores fronterizos constituye una ventaja social para la que éstos pueden ampararse en el principio de no discriminación consagrado por el Reglamento nº 1612/68 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de Comunidad.
[TS][Contencioso-Advo] Nacionalidad por residencia continuada: interrupción no relevante. Había solicitado la prorroga del permiso de residencia en plazo, pero la Administración demoró la concesión, provocando la interrupción.
Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el 30 de junio de 2010, en el recurso contencioso administrativo nº 518/2008 , interpuesto por el hoy aquí recurrido contra resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 28 de diciembre de 2007, desestimatoria del recurso de reposición deducido frente a resolución de dicho órgano, denegatoria de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia.
La razón que expresan las resoluciones administrativas de mención para denegar la nacionalidad es el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 22.3 del Código Civil , concretamente, la exigencia de la residencia legal continuada de diez años en el tiempo inmediatamente anterior a la petición y ello al comprobarse con la documentación aportada al expediente que el solicitante no ha estado documentado con autorización de residencia desde el 6 de mayo de 1998 hasta el 22 de marzo de 1999.
Las resoluciones administrativas fueron recurridas por el solicitante ante la jurisdicción contencioso administrativa, estimándose el recurso contencioso administrativo por la sentencia aquí recurrida, en la que se razona el fallo en los siguientes términos:
"Consta en el expediente (folio 5) que el Sr. Ezequias solicitó la tarjeta de residente comunitario con fecha 5 de marzo de 1993, y que ésta le fue concedida el 7 de mayo de 1993 con validez hasta el 6 de mayo de 1998. Consta, asimismo, que el 30 de abril de 1998 solicitó la tarjeta familiar de residente comunitario y que le fue denegada por resolución de 14 de enero de 1999. Finalmente solicitó autorización de trabajo y residencia el 22 de marzo de 1999, obteniendo su concesión el 22 de septiembre de 1999, desde cuyo momento ha permanecido como residente legal.
Teniendo en cuenta que en el período comprendido entre el 6 de mayo de 1998 y el 22 de marzo de 1999 carecía de habilitación legal para residir en España, las resoluciones recurridas niegan la existencia del requisito de la residencia continuada e inmediatamente anterior a la petición, a lo que se opone la parte actora argumentando: a) Que solicitó la renovación del permiso y trabajo y residencia que ostentaba anteriormente antes de su caducidad y que su concesión posterior debe retrotraerse al momento de la petición por aplicación del artículo 59 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero ; b) Que el permiso de tipo C fue concedido como consecuencia del recurso de reposición interpuesto frente a la anterior denegación, lo que supone la renovación en plazo del permiso anterior, debiendo computarse todo el período como de residencia legal y continuada.
[TS][Social] Trabajador extranjero. No renovación del permiso de trabajo. Extinción del contrato de trabajo que preveía tal posibilidad en una cláusula resolutoria.
La sentencia recurrida revoca la del Juzgado de lo Social nº 40 de los de Madrid, de 14 de octubre de 2010 (autos 956/2010), que había declarado la improcedencia del despido, condenando a la empresa demandada a satisfacer una indemnización de 4.926,15 €.
El supremo desestima el recurso del trabajador [Texto completo]
[SG Trib no resid] Trabajador español para empresa China recibe sus nóminas desde Hong Kong
El consultante, de nacionalidad española, comenzará a trabajar para una empresa ubicada en China desde el 18 de enero de 2012. Los pagos de su nómina se realizan desde una cuenta bancaria situada en la Región administrativa especial de Hong Kong.
Consulta sobre las consecuencias fiscales del hecho de que los pagos se realicen desde Hong Kong. [Texto completo]
[TJUE] El Derecho de la Unión se opone a la normativa española relativa al procedimiento de cálculo de la pensión de jubilación, en la medida en que no toma suficientemente en consideración el hecho de que el interesado también haya trabajado en un Estado miembro diferente de España
La Sra. S. G. cotizó en España en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos del 1 de febrero de 1989 al 31 de marzo de 1999, y en Portugal del 1 de marzo de 2000 al 31 de diciembre de 2005. Solicitó una pensión de jubilación en España, que le fue reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) con efectos desde el 1 de enero de 2006 y tomando como referencia una base reguladora de 336,86 euros mensuales.
Con el fin de comprobar si la Sra. S. G. había cotizado durante el período mínimo de quince años, el INSS tuvo en cuenta, con arreglo al Derecho de la Unión, tanto los períodos cotizados en España como los cotizados en Portugal. No obstante, para el cálculo de la base reguladora el INSS sumó las bases de cotización españolas del período comprendido entre el 1 de abril de 1984 y el 31 de marzo de 1999 –esto es, durante los quince años anteriores al pago por la Sra. S. G. de la última cuota en España– y las dividió por 210. Puesto que no empezó a cotizar a la Seguridad Social española hasta el 1 de febrero de 1989, las cotizaciones comprendidas entre el 1 de abril de 1984 y el 31 de enero de 1989 se contabilizaron con una cuantía de cero.
Al considerar que también debían integrarse en el cálculo de su pensión de jubilación las cuotas que satisfizo en Portugal, la Sra. S. G. solicitó que se revisara este importe y se fijara en 864,14 euros mensuales. Tras rechazar el INSS su reclamación, la Sra. S. G. interpuso un recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que conoce del asunto, indica que no alberga ninguna duda acerca de la imposibilidad de tomar en cuenta las cuotas pagadas en Portugal para calcular la pensión de jubilación que debe pagar España. No obstante, pregunta al Tribunal de Justicia si la normativa española, que no permite adaptar ni la duración del período de cotización ni el divisor utilizados para tener en cuenta el hecho de que el trabajador ha ejercicio su derecho a la libre circulación, es conforme con el Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia señala a continuación que, en el caso de que la legislación de un Estado miembro, como es el caso de España, disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo a una base de cotización media, el Derecho de la Unión establece que el cálculo de tal base de cotización media debe basarse únicamente en el importe de las cuotas efectivamente satisfechas. Sin embargo, a la hora de calcular la base reguladora de la prestación de la Sra. S. G., el INSS no sólo computó las cotizaciones efectivamente satisfechas en España, sino que también incluyó un período ficticio de cotización comprendido entre el 1 de abril de 1984 y el 30 de enero de 1989 para completar el período de quince años anteriores a su última cotización española. Al contabilizarse necesariamente con valor cero este período, su cómputo produjo una reducción de la base de cotización media. Ahora bien, tal reducción no se habría producido si la Sra. S. G. hubiera cotizado únicamente en España, sin ejercer su derecho a la libre circulación. Tal resultado es contrario al Derecho de la Unión.
[TS][Civil] Compraventa vivienda. Cambio de los condensadores de aire acondicionado que iban proyectados en la azotea y se altera su ubicación instalándolos en la fachada sobre la ventana del salón de la vivienda de los compradores es un incumplimiento esencial. Alteración significativa del proyecto. No comunicación del cambio a los compradores.
Son hechos indiscutidos que consta en la sentencia de segunda instancia que "Habiéndose celebrado el 16 de noviembre de 2005 un contrato de compraventa, en virtud del cual la mercantil Easy Loft Spain S.L. vendía a D. Constantino y a D.ª Felicisima , que compraban una vivienda sobre plano, tipo NUM000 , planta NUM001 , puerta NUM002 , junto con su correspondiente plaza de garaje, que aquella iba a construir en el nº NUM003 de la c/ DIRECCION000 de Valencia, pactándose que el plazo de conclusión de las obras sería de dieciocho meses, a contar desde el 1 de julio de 2005, prorrogable dicho plazo por otros seis meses más, como quiera que tras una visita de cortesía a la vivienda por parte de los compradores, realizada el 11 de septiembre de 2007, se observaran por éstos una serie de incumplimientos afectantes a la memoria de calidades, por dichos compradores se remitió un fax (f 53 a 55) a la inmobiliaria Monforte, que era la encargada de gestionar las ventas, requiriéndole para que los defectos apreciados fueran subsanados. No constando que tal misiva fuera contestada, así como tampoco que las deficiencias observadas fueran subsanadas, por los compradores, con fecha de 30 de mayo de 2008, se remitió burofax a la vendedora, resolviendo el contrato de compraventa por incumplimiento de la memoria de calidades en lo atinente a pavimentos, cocinas y localización de las unidades exteriores de climatización, y como la entidad Easy Loft Spain nada dijera al respecto, por los señores Constantino y Felicisima se planteó demanda contra dicha mercantil vendedora en resolución del contrato de compraventa celebrado el 16 de noviembre de 2005, de un lado, por incumplimiento de la demanda respecto de la memoria de calidades y, de otro, por retraso en la entrega de la vivienda, al no haberse obtenido todavía por la demandada- vendedora la licencia de primera ocupación de la vivienda en cuestión.
A tal pretensión resolutoria se opuso la parte demandada porque no había habido incumplimiento alguno en lo referente a la memoria de calidades contratada, y porque no había existido retraso en la entrega de la obra, ya que esta se terminó en el plazo pactado, habiéndose podido otorgar escritura en el tiempo convenido, y la obtención de la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación era algo que a ella no podía imputarse.
Planteado en dichos términos el litigio, la sentencia recaída en la instancia acogió la demanda por incumplimiento de la vendedora en la entrega de la casa vendida, al no haber obtenido la licencia de primera ocupación; y rechazó la resolución por incumplimiento de la memoria de calidades, porque no podía apreciarse tal cuando contractualmente se había previsto que la vendedora podía modificar el proyecto por exigencias técnicas o jurídicas, tratándose, en definitiva, los cambios habidos de meras modificaciones estéticas que, aparte de autorizadas convencionalmente, no se había probado que afectaran a la habitabilidad de la vivienda.
Contra dicha resolución se alzaron en recurso ambas partes litigantes: la parte demandada, en vía de apelación porque entendía que no había incumplido su obligación de entregar la casa vendida dentro del plazo pactado, y la parte actora, en vía de impugnación, porque estimaba que el cambio habido en la localización de las unidades exteriores de la climatización también era causa de resolución".
En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial se considera que la falta de licencia de primera ocupación fue por causa ajena a la voluntad de la promotora y que el cambio de ubicación de los condensadores de la climatización, situándolos sobre la puerta de entrada al dormitorio de los actores, en la fachada posterior del edificio constituía una alteración significativa del objeto del contrato afectando gravemente a las condiciones de habitabilidad, por lo que esta debería ser la causa de resolución contractual.
[TS][Contencioso-Advo] Denegación de la concesión de la nacionalidad española por residencia. No es buena conducta cívica porque un un proceso penal sobreseido finalmente, el juez tuvo que dictar orden de averiguación de domicilio y paradero
[TS][Penal] Delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros. Cruzar la frontera con un inmigrante escondido en el compartimento del motor del vehículo.
La sentencia impugnada, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condena al recurrente como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, del art 318 bis, 1 º y 2º del Código Penal , con aplicación del párrafo sexto de dicho precepto, a la pena de cinco años de prisión, declarando el comiso del vehículo utilizado para la comisión del delito.
Fueron hechos probados: En el puesto fronterizo del Reino de España, sito en la ciudad de Ceuta, con el Reino de Marruecos, sobre las 07,00 horas del día 13 de octubre de 2011 el acusado Rubén mayor de edad, marroquí, sin antecedentes penales, conducía la furgoneta de su propiedad, matrícula española W....WW , y fue sorprendido por funcionarios policiales en prácticas cuando transportaba, a cambio de un precio no determinado, ocultándolo en el compartimiento motor de su vehículo a Bartolomé quien carecía de documentación habilitante para su entrada en España y con sus gritos llamó la atención de los funcionarios actuantes.
El Supremo estima parcialmente el recurso y reduce la pena a tres años. [Texto completo]
[TJUE] Los pasajeros de un vuelo con conexiones deben ser compensados cuando su vuelo llega al destino final con un retraso igual o superior a tres horas.
El hecho de que el retraso del vuelo inicial no haya excedido los umbrales que exige el Derecho de la Unión no afecta al derecho a la compensación
El Reglamento en materia de compensación y asistencia a los pasajeros les concede, en principio, asistencia durante el retraso de su vuelo. El Reglamento sólo reconoce expresamente un derecho a la compensación cuando los vuelos son cancelados. Sin embargo, el Tribunal de Justicia determinó, en su sentencia Sturgeon , que los pasajeros cuyo vuelo ha sufrido retraso pueden también ser compensados si llegan a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la llegada prevista. Dicha compensación a tanto alzado, de un importe entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo, está determinada por el último destino al que llegará el pasajero después de la hora prevista.
La Sra. F. tenía una reserva para un vuelo de Bremen (Alemania) a Asunción (Paraguay), con escalas en París (Francia) y São Paulo (Brasil). El vuelo de Bremen con destino a París, operado por la compañía Air France, se retrasó en la salida y despegó con un retraso de casi dos horas y media con respecto a la hora inicial de salida. En consecuencia, la Sra. F. perdió su conexión de París a São Paulo, operada asimismo por Air France, quien acto seguido transfirió dicha reserva a un vuelo posterior con el mismo destino. Al llegar con retraso a São Paulo, la Sra. F. perdió su conexión con Asunción prevista en un principio y llegó a dicho destino con un retraso de once horas con respecto a la hora de llegada inicialmente prevista.
Tras ser condenada a indemnizar por daños y perjuicios a la Sra. F. , incluyendo en particular la cantidad de 600 euros prevista por el Reglamento, Air France interpuso un recurso ante el Bundesgerichtshof (Tribunal federal de justicia alemán). El citado órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia si el pasajero aéreo puede ser compensado cuando su vuelo tuvo, en su salida, un retraso inferior a tres horas, pero llegó a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada inicialmente prevista.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que el Reglamento tiene por objeto conceder derechos mínimos a los pasajeros aéreos en tres tipos de situaciones distintas: denegación de embarque contra su voluntad, anulación de su vuelo y, por último, retraso de su vuelo.
A continuación, el Tribunal de Justicia se refiere a su jurisprudencia con arreglo a la cual los pasajeros de los vuelos que sufren un gran retraso –es decir con un retraso igual o superior a tres horas– disponen, al igual que los pasajeros cuyo vuelo inicial ha sido cancelado, y a los que el transportista aéreo no puede proponer un vuelo alternativo en las condiciones previstas por el Reglamento, de un derecho a compensación, toda vez que sufren una pérdida de tiempo irreversible y, por tanto, un inconveniente análogo (sentencias Sturgeon y Nelson). Dado que dicho inconveniente se materializa, por lo que atañe a los vuelos con retraso, a la llegada al destino final, el retraso debe apreciarse con respecto a la hora de llegada prevista a dicho destino, a saber, el destino del último vuelo.
En consecuencia, cuando se trata de un vuelo con conexiones, la compensación a tanto alzado debe apreciarse en función del retraso con respecto a la hora de llegada prevista al destino final, entendido como el destino del último vuelo efectuado por el pasajero de que se trata.
Una solución contraria constituiría una diferencia de trato injustificada, ya que supondría tratar de modo distinto a los pasajeros que sufren un retraso en la llegada a su destino final igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada prevista según si el retraso de su vuelo con respecto a la hora de salida prevista excedió o no los límites establecidos en el Reglamento, y ello a pesar de que el inconveniente relacionado con una pérdida de tiempo irreversible es idéntico.
El Tribunal de Justicia señala a este respecto que la compensación a tanto alzado a la que tiene derecho en virtud del Reglamento, cuando su vuelo llega a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada prevista, no está supeditada a que concurran los requisitos que dan derecho a las medidas de asistencia y atención, ya que éstas se imponen en caso de retraso del vuelo en la salida.
Por lo que atañe a las consecuencias financieras para los transportistas aéreos, el Tribunal de Justicia señala que dichas consecuencias pueden atenuarse, en primer lugar, cuando el transportista puede acreditar que el gran retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse ni siquiera si se hubieran adoptado todas las medias razonables, a saber, circunstancias que escapan del control efectivo del transportista aéreo (sentencia Wallentin‑Hermann). A continuación, el cumplimiento de las obligaciones en virtud del Reglamento se impone sin perjuicio de que los transportistas aéreos puedan pedir una reparación a cualquier persona que haya ocasionado el retraso, terceros incluidos (sentencia Nelson y otros). Por último, el importe de la compensación, establecido en 250 euros, 400 euros y 600 euros en función de la distancia de los vuelos de que se trata aún puede reducirse en un 50 %, de conformidad con el Reglamento, cuando el retraso, para un vuelo de más de 3.500 kilómetros, sea inferior a cuatro horas. Asimismo, el Tribunal de Justicia recuerda que el objetivo de protección de los consumidores, y por lo tanto, de los pasajeros aéreos, puede justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables, para determinados operadores económicos.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia responde que el pasajero de un vuelo con conexiones debe ser compensado cuando ha sufrido un retraso en la salida inferior a los umbrales establecidos en el Reglamento, pero que llegó a su destino final con un retraso igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada programada. Así pues, dicha indemnización no está supeditada a la existencia de un retraso en la salida.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH (C‑402/07) y Böck y otros/Air France SA (C‑432/07); véase también el CP nº 102/09.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2012 en los asuntos acumulados Nelson y otros/Deutsche Lufthansa AG y TUI Travel y otros/Civil Aviation Authority (C‑581/10 y C‑629/10), véase también el CP nº 135/12.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2008 en el asunto Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia (C‑549/07); véase también el CP nº 100/08.
[TJUE] La entrega de una persona a las autoridades judiciales de otro Estado miembro en ejecución de una orden de detención europea no puede condicionarse a la posibilidad de una revisión de la condena impuesta en rebeldía.
La Decisión marco relativa a la orden de detención europea refleja el consenso de los Estados miembros sobre el alcance de los derechos procesales de los que disfrutan las personas condenadas en rebeldía contra las que se emite una orden de detención europea
En octubre de 1996 la Audiencia Nacional declaró procedente la extradición a Italia del Sr. Stefano M. para que fuera juzgado por los hechos incluidos en las órdenes de detención emitidas por el Tribunale di Ferrara (Italia). Tras ser acordada su libertad bajo fianza de 5.000.000 de pesetas (unos 30.000 euros), que prestó el día siguiente, el Sr. M. se dio a la fuga, de modo que no pudo ser entregado a las autoridades italianas.
En 1997 el Tribunale di Ferrara declaró el estado de rebeldía del Sr. M. y acordó que las notificaciones fueran efectuadas en lo sucesivo a los abogados que ya había designado. Por sentencia del Tribunale di Ferrara del año 2000, confirmada en apelación y en casación, el Sr. M. fue condenado en rebeldía como autor de un delito de quiebra fraudulenta a la pena de diez años de prisión.
A raíz de su detención por la policía española, el Sr. M. se opuso a su entrega a las autoridades italianas aduciendo, en primer lugar, que en la fase de apelación había designado otro abogado y había revocado el nombramiento de los dos abogados anteriores, a pesar de lo cual se continuaron dirigiendo las notificaciones a estos últimos. En segundo lugar, alegó que la ley procesal italiana no establece la posibilidad de recurrir las condenas dictadas en rebeldía, por lo que la orden de detención europea debería, en su caso, condicionarse a que Italia garantizase la posibilidad de interponer un recurso contra la sentencia que le condenó.
En septiembre de 2008 la Audiencia Nacional acordó la entrega del Sr. M. a las autoridades italianas para la ejecución de la condena que le fue impuesta por el Tribunale di Ferrara, por no considerar acreditado que los abogados que el Sr. M. había designado hubieran dejado de representarle. La Audiencia Nacional estimó que el derecho de defensa de éste se había respetado, puesto que era conocedor de la futura celebración del juicio, se había situado voluntariamente en rebeldía y había designado a dos abogados para su representación y defensa, los cuales intervinieron, en esa calidad, en primera instancia, en apelación y en casación, agotando así las vías de recurso.
El Sr. M. interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra esa decisión. Este tribunal pregunta al Tribunal de Justicia si la Decisión marco permite que los tribunales españoles subordinen la entrega del Sr. M. a la posibilidad de que se revise su condena, según exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (DO L 81, p. 24).
Artículo 4 bis, apartado 1, letras a) y b).
[TJUE] El Derecho de la Unión se opone a que un colegio profesional imponga a sus miembros un sistema de formación obligatoria que elimina parcialmente la competencia y que establece condiciones discriminatorias en detrimento de sus competidores.
La banca británica compensará a miles de clientes inexpertos por venta fraudulenta
Cuatro de los mayores bancos británicos deberán compensar a decenas de miles de clientes inexpertos que firmaron contratos de permuta financiera, denominados swap, sin comprender sus condiciones, según hizo este jueves público la Autoridad de Servicios Financieros británica (FSA, en inglés). [1 - 2 - 2013] [Texto completo]
Suiza levanta hoy el secreto bancario y entregará todos los datos a España
El parlamento helvético adoptó la decisión el pasado septiembre y permitirá que España conozca todo tipo de datos bancarios de cuentas no identificadas [1 - 2 - 2013] [Texto completo]
Tras cinco años de crisis las cifras de desempleo en Austria causan asombro: tiene el paro más bajo de la eurozona con un 4,5%. Flexibilidad, seguridad y formación son las claves del éxito. [4 - 2 - 2013] [Texto completo]
Bélgica alcanza un récord de eutanasias, en pleno debate sobre la inclusión de menores
La cifra de eutanasias practicadas en Bélgica alcanzó un récord histórico en 2012, con un total de 1.432 casos, en pleno debate en el país sobre la posibilidad de ampliarla a los menores y a las personas que sufren enfermedades mentales degenerativas, del tipo del Alzheimer. [8 - 2 - 2013] [Texto completo]
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos insta al Gobierno a paralizar el derribo de la vivienda de Mohamed, en la Cañada Real de Madrid, donde vive con su mujer y su hija de ocho años, hasta que le procure una alternativa habitacional. [8 - 2 - 2013] [Texto completo]
Consejo de Ministros. Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.
El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa. Además, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España de este Protocolo. [11 - 2 - 2013] [Texto completo]
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
El Consejo de Ministros ha recibido sendos informes del Ministro de Justicia sobre tres Anteproyectos de Ley para adaptar la legislación española a la normativa europea con el objetivo de poder intercambiar información de antecedentes penales y de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea. [11 - 2 - 2013] [Texto completo]
Nouriel Roubini, que fue uno de los economistas que pronosticó el crac financiero, advierte que ahora es urgente relajar los objetivos de déficit. [11 - 2 - 2013] [Texto completo]
La Audiencia Nacional rechaza investigar el caso de las prótesis PIP
Descarta la competencia al no apreciar un delito contra la salud pública en los implantes defectuosos [12 - 2 - 2013] [Texto completo]
El mercado inmobiliario español empieza a dar señales de capitulación en los precios, lo que puede ser el primer paso hacia la recuperación del sector y de la economía en general pese a la resistencia de los bancos y de las autoridades. Así lo asegura JP Morgan en un informe titulado "El sol vuelve a brillar en Benidorm", en el que cita varias señales positivas en nuestro país, en línea con lo que han otras firmas de análisis en los últimos meses. Y muy probablemente el presidente del BCE, Mario Draghi, se sumará a este discurso en su comparecencia de hoy en el Congreso de los Diputados. [12 - 2 - 2013] [Texto completo]
Un banco estadounidense dice que España será la próxima Alemania
El banco Morgan Stanley cree que la caída de los costes laborales, las reformas y la fortaleza de las exportaciones hacen que "lo peor para la economía española quede pronto atrás". [12 - 2 - 2013] [Texto completo]
Bruselas quiere obligar a los bancos a publicar cúanto y dónde pagan impuestos
La Eurocámara pide una nueva norma por la que se hagan públicos los beneficios, subvenciones e impuestos abonados por las entidades país por país y no sólo de forma agregada. [20 - 2 - 2013] [Texto completo]
Organizaciones de consumidores denuncian presiones sobre los eurodiputados para tratar de descafeinar la ley [25 - 2 - 2013] [Texto completo]
Una menor violada, condenada a 100 latigazos por tener sexo prematrimonial
La joven de Maldivas sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro, quien la dejó embarazada y luego mató al bebé [27 - 2 - 2013] [Texto completo]
La Justicia europea busca la frontera entre derecho al olvido y libertad de expresión
Quedan entre nueve meses y un año para que el Tribunal se pronuncie sobre la cuestión, una de las más espinosas de la era de Internet. [27 - 2 - 2013] [Texto completo]
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References: artículo 14
 artículo 14
 Real Decreto 
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 artículo 22
 resolución 
 artículo 59
 Real Decreto 
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Artículo 4