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Sala de casación laboral luis javler osorio lópez
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LUIS JAVlER OSORIO LÓPEZ
Radicación 16986
Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil siete (2007).
Procede la Corte a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por JOSÉ HIPÓLITO PALACIOS CASTAÑEDA contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conformada por los magistrados Jorge Eliécer Mosquera Trejos, Carlos Alberto Oliver Gale y Antonio José Valencia Manzano, a la cual oficiosamente se citó Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali y al Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca.
Se plantea en el escrito de tutela que el accionante promovió proceso ordinario laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca con el fin de obtener el reconocimiento y pago del incremento del 14% del salario mínimo legal por su compañera permanente y el 7% por su hijo menor, en razón de la pensión de vejez que el ISS le reconoció mediante Resolución No.001935 de 1997.
Adujo que El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali mediante sentencia de 7 de marzo de 2005, negó las pretensiones de la demanda aduciendo que si bien el demandante se encontraba “en régimen de transición, la Ley 100 de 1993 no contemplaba esos incrementos”, que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad al desatar la alzada por proveído del 22 de junio de 2007 confirmó lo decidido por su inferior, pero “por razones diferentes a las de la primera instancia”; que interpuso recurso de casación y le fue negado por cuantía.
Señaló que el Tribunal incurrió en vía de hecho porque no tuvo en cuenta el principio de consonancia contenido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, pues concluyó que “el incremento en mención solamente se otorga a las pensiones mínimas legales (..) en el caso presente la mesada pensional reconocida al actor en 1996, fue la suma de $453.786, por tanto no le asiste derecho al incremento si tenemos en cuenta que el salario mínimo para esa época era de $142.125 mte”, sin que él como apelante único, en la sustentación del recurso hiciera mención al tema.
En consecuencia, considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, a la igualdad y al debido proceso y solicita que se ordene anular la sentencia proferida el 27 de junio de 2007, para dictar una nueva donde sean atendidos los derechos pretendidos.
Sobre la premisa de ausencia de norma positiva la Sala sostuvo la tesis de la improcedencia de la tutela contra sentencia judicial. Pero, esta carencia ha sido suplida por la jurisprudencia de modo que hoy no es posible desconocer su arraigo y afianzamiento en todas las jurisdicciones, en especial en las otras Salas de nuestra Corporación; esta realidad impone morigerar aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.
La prosecución de la eficacia de los derechos fundamentales, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en especial, en lo que concierne a la administración de justicia, con el de la seguridad jurídica, en especial la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.
Las reglas de interpretación del derecho en el terreno de los valores y de los principios, enseñan que la actuación de uno de ellos no supone la aniquilación de otro, sino que todos han de ser ponderados de manera que hallen cabida, consintiendo grados de aplicación que no afecten su núcleo esencial.
No obstante lo anterior sigue siendo valor esencial para la Sala que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del Juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.
Abordando el caso sometido a estudio, considera la Sala que las decisiones que hoy son objeto de tutela, son razonables y ajustados a derecho, como quiera que las mismas consultan el ordenamiento legal vigente, el acervo probatorio válidamente allegado al expediente, ellos sometido al escrutinio de los operadores del derecho, situación que impide amparar los derechos invocados. Una decisión contraría, implicaría injerirse en la autonomía de la que están investidos los jueces naturales del proceso.
En efecto, al revisar la sentencia de segunda instancia que profirió el accionado, se encuentra que el fallador fue cuidadoso en analizar los argumentos planteados y es precisamente en aplicación de la libertad de interpretación, que la misma carta política le reconoce; el ad quem hace un análisis detallado del proceso y la documental en él recopilada, sin olvidar pronunciarse de fondo sobre las solicitudes realizadas por el impugnante dentro del recurso de apelación, en cumplimiento del principio de consonancia contenido en el artículo 66A del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social.
Ahora bien, en aras de la aplicación del mencionado principio, no puede predicarse que el mismo limita la función propia del juez encargado de desatar la apelación. Efectivamente, el juzgador, puede a más de resolver lo planteado por el apelante, pronunciarse sobre el objeto del litigio mismo, siempre que lo haga con reglas mínimas de razonabilidad jurídica, derivadas de la labor hermenéutica propias de su investidura, como en realidad ocurre en el sublite. De tal manera que deberá abstenerse de proferir una condena, sino encuentra debidamente probada la existencia del derecho reclamado.
Por lo demás, en el caso que ocupa la atención de esta Sala no se vislumbra violación de derecho fundamental alguno, pues se trata de una discusión de orden eminentemente legal, donde la acción de tutela no tiene cabida toda su naturaleza.
PRIMERO.- NEGAR la protección solicitada en la presente acción de tutela, por el señor JOSÉ HIPOLITO PALACIO CASTAÑEDA contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ
MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA
Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998:
“Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.
Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci­cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.
Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio­nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara­do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti­tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.
Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.
“Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico". Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”.
CLARACIÓN DE VOTO
Radicación tutela: 16948
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito expresar que si bien comparto la decisión en el presente asunto, discrepo de las consideraciones adoptadas para ello, pues, en mi sentir, como lo venía sosteniendo unánimemente esta Sala de Casación, no procede la tutela contra decisiones judiciales, por no ser dable mediante esta acción injerirse en la órbita de competencia de otras autoridades judiciales, ni invalidar los efectos de sus providencias; además, porque esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso e iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial.
Lo precedente se halla fundamentado, esencialmente: a) en que la Constitución Política no previó expresamente la acción de tutela contra decisiones judiciales y sólo mencionó y reguló tal posibilidad en los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones que, a la postre, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional bajo el argumento de constituir un exabrupto jurídico el aceptar tal clase de amparo (Sentencia C 543/92), soportes supralegal, legal y jurisprudencial que conservan toda su vigencia; b) la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada indudablemente hacen parte del debido proceso regulado en el artículo 29 de la Constitución, por ello los ciudadanos que acuden al órgano jurisdiccional y se someten a las reglas de los procesos, competencias preestablecidas y decisiones proferidas por el juez natural, no pueden ser sorprendidos en su buena fe al reabrirse el debate indefinidamente, ante un juez, en la mayoría de los casos, no especializado y con el mismo margen de falibilidad como seres humanos; y c) porque sabido es que ningún ciudadano puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho – non bis in idem --, máxime que constituye principio rector en el Estado Social de Derecho que el juez de conocimiento debe velar por la guarda de los derechos fundamentales.
En estos breves términos dejo expresada mi aclaración de voto.

References: Resolución 
 artículo 66
 artículo 35
 artículo 228
 artículo 66
 artículo 243
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 29