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Timestamp: 2018-08-17 19:14:56+00:00

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﻿ Sentencia 38336 de febrero 1º de2011
SENTENCIA 38336 DE 01 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:CLÁUSULA TÁCITA EN EL CONTRATO DE TRABAJO. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO. LEGALIDAD DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PACTO EN EL CONTRATO DE TRABAJO, CLÁUSULA TÁCITA EN EL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 38336 de febrero 1º de2011
Rad.: 38336
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Mariano Ospina Galindo, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de junio de 2008, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra Industrias Philips de Colombia S.A.
Concedido por el tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case la sentencia del ad quem, y en sede de instancia, se revoque la de primer grado, y en su lugar, se condene a la demandada, en los términos solicitados en la demanda inicial.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formula dos cargos que fueron oportunamente replicados, y que se resolverán en el orden propuesto.
“La sentencia violó la ley sustancial por haber infringido directamente los artículos 39, 55, 65, 127, 132, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, al no haberse hecho producir efectos en el caso, y por haber aplicado indebidamente el artículo 128 de dicho código.
A la violación directa de las normas sustanciales coadyuvó la circunstancia de no haber sabido entender el verdadero significado y alcance del artículo 24 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 54A al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ni el artículo 61 que establece la persuación racional como sistema de valoración de las pruebas, por lo que para efectos de la técnica del recurso ambas normas procesales fueron erróneamente interpretadas; y por haber infringido directamente los artículos 252, 253, 254, 268 y 289 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en el procedimiento del trabajo en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
En la demostración, transcribe el pasaje de la sentencia gravada relativo a la ausencia en la fotocopia del contrato de trabajo aportado por la empresa, de la denominada “cláusula adicional”, que condujo al tribunal a dejar en entredicho su validez, así como a inferir que el valor demostrativo del ejemplar allegado con la demanda “es nulo”, predicamento elaborado a partir de “la libre formación del convencimiento y las técnicas de valoración probatoria”, dado que, en su gran mayoría, los restantes elementos de juicio permiten colegir que lo pagado por servicios médicos y gastos de transporte, no fueron convenidos como factor salarial; lo anterior, dice el fallo, sin adentrarse en el tema de la legalidad y “legitimidad” de la documental reseñada, de la cual, le era perfectamente válido apartarse. Aduce la censura que el ataque por la vía directa se justifica en la medida que para el juzgador “quedó claro el tenor literal de la “cláusula adicional” en la cual se funda la pretensión del demandante de que se condene a la demandada como lo pidió en la demanda (...)”.
Asevera que a pesar de no tratarse de un caso complejo, los jueces de instancia se dejaron confundir por la demandada, al restar mérito probatorio al ejemplar del contrato de trabajo destinado al trabajador, auténtico en tanto no fue tachado de falso, dado que la actividad de su contradictor se limitó a tildar de espuria la cláusula adicional, y allegar una reproducción simple del mismo, pretextando la libre formación del convencimiento y las técnicas de valoración probatoria, a pesar de haber dicho que no desconocía la legalidad y legitimidad del contrato de trabajo, empero, apartándose de él como medio de prueba, al tiempo que privilegió otros no controvertidos. Advierte que la libre formación del convencimiento no es sinónimo de discrecionalidad o arbitrariedad, para contrariar “los principios científicos que informan la crítica de la prueba”, postulado este que se erige como un marco infranqueable para el fallador, en desmedro del sistema del íntimo convencimiento.
Trasunto de lo anterior, prosigue el censor, es que, contrario a lo que regulaban los jurados de conciencia, se impone al juez la obligación de “fundamentar y explicar “los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento” debiendo, además, expresar el fundamento de su decisión “en la parte motiva de la sentencia”. Con apoyo en la doctrina nacional, refirió la diferencia entre los dos sistemas de valoración probatoria.
Reprocha que el ad quem hubiera contrariado el principio de la originalidad o naturalidad de la prueba, como lo llaman dos autores colombianos, que consiste en que “la prueba en lo posible debe referirse al hecho por probar” de manera que, “si existe el documento original del contrato, debe allegársele en vez de reconstruirse con testimonios”, toda vez que, “la prueba debe ser original: la prueba debe recaer sobre una materia que sea primera fuente y debe tomarse con la mayor fidelidad”. En tal virtud, afirma, la sentencia de segundo grado es ilegal “por haber equiparado el ejemplar original del contrato de trabajo escrito que aportó el demandante (para cumplir con la carga de probar el hecho que sirve de fundamento a su pretensión, y que no fue tachado de falso en la oportunidad legal) a la reproducción simple traída por Industrias Philips de Colombia, sin justificar el porqué de no haber presentado en su original el ejemplar del contrato de trabajo que suscribió con el demandante”. La consagración legal del postulado que profesa en defensa de sus intereses, la encuentra en el artículo 253 del Código Procesal Civil, y la justifica en que:
“(...) los documentos pueden aportarse al proceso “originales o en copia” y que la copia puede consistir “en transcripción o reproducción mecánica del documento”, de igual manera determina en el artículo 254 que las copias únicamente tienen el valor probatorio del original en tres casos, a saber 1) cuando la copia ha sido “autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o copia autenticada”; 2) cuando la copia la ha autenticado un notario “previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente” y 3) si la copia ha sido compulsada del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial”.
Arguye que lo anterior no se ve neutralizado por lo preceptuado en el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo, que otorga valor probatorio a “algunas copias”, y cataloga como auténticas “las reproducciones simples de los periódicos oficiales; las resoluciones y certificaciones del Ministerio del Trabajo (...), las convenciones colectivas de trabajo, (...); las certificaciones del Dane y el Banco de la República (...) y las certificaciones que emanen del registro mercantil”, amén que dispuso que “las reproducciones simples de los documentos privados que las partes presenten con fines probatorios en los procesos no requieren de autenticación si provienen de ellas mismas”; pues ello no significa que el legislador haya querido darle idéntico valor probatorio a los documentos originales y a las copias simples, a no ser que se presente una de las hipótesis previstas en el artículo 253 del ordenamiento adjetivo en lo civil, sino que “El genuino y recto sentido de la norma no es otro diferente al de no exigir que sean autenticadas por notario u otro funcionario público las copias de los documentos que provienen de los mismos litigantes y que cada uno de ellos pretende hacer valer en el proceso contra su contraria, o que requieran de la “presentación personal”.
Que, en consecuencia, no se atiene a ese cabal sentido de la norma instrumental, que ante la aportación del original del contrato destinado al trabajador, que no fue tachado de falso, el fallador colegiado hubiera dado mérito probatorio a una segunda copia del mismo presentado por su contraparte, en la que no aparece la denominada “cláusula adicional”.
Califica como un “ardid” y de desleal que la enjuiciada se abstuviera de tachar de falso el ejemplar del contrato de trabajo que allegó con la demanda inicial, puesto que de haberlo hecho, con toda seguridad habría fracasado en su intento de desvirtuar la veracidad de la cláusula que obliga a tener como salario lo pagado a título de servicios médicos y medios de transporte. Que, como en los términos de los artículos 252, 268, y 290 del estatuto procesal civil, la única forma de demostrar la adulteración documental es mediante la tacha de falsedad, y el actor honró su carga de probar, presentando el ejemplar del contrato destinado a él, e Industrias Philips de Colombia S.A., no adujo el original que debía reposar en su poder, sino una copia simple, apoyado por testigos, y el tribunal no entendió en su genuina intelección lo preceptuado por el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo, ni el nuevo artículo 54 A, infringió los artículos 39, 55, 65, 127, 128, y 132 del estatuto sustancial laboral.
Estima desacertada la escogencia de la vía directa para acusar la sentencia, toda vez que el disenso del impugnante es exclusivamente fáctico, pues su extensa disertación, ajena a la técnica de casación, está dirigida a controvertir la inexistencia de la cláusula adicional, que dedujo el tribunal. Asegura que fue la extraña desaparición del documento original, y la ausencia del microfilm, lo que no permitió que el mismo fuera allegado, e impulsó al sentenciador a resolver inspirándose en los principios consagrados en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, acudiendo a las otras pruebas, en cuya producción participó el accionante, por lo cual resulta insólito que pretenda ahora desconocer su mérito. Agregó que la preclusión de la investigación penal se fundó en la duda sobre el momento en que se incluyó “la cláusula adicional” y que, por el cargo que ocupaba, Ospina Galindo está cobijado por el estatuto de nómina privada.
Contrario a lo estimado por el tribunal al inicio de sus consideraciones, no es contradictorio que en el hecho 5º de la demanda inicial, el actor hubiera admitido que su vinculación estuvo sometida a los parámetros estipulados en el “estatuto de nómina privada”, si se tiene en cuenta que solo se refirió a ello para precisar que no era beneficiario de las convenciones colectivas que rigieron los contratos de trabajo de la generalidad de los servidores de la empresa accionada. Además, es claro que en los primeros cuatro hechos del libelo introductorio, quedó plasmado que el soporte fáctico fundante de sus pretensiones, era lo que supuestamente las partes habían convenido sobre la incidencia prestacional de lo pagado a título de transporte y servicios médicos, en tanto “hacen parte de la remuneración”.
El juez colegiado de segundo grado entendió que lo pretendido por el demandante era la inaplicación parcial del “estatuto de nómina privada”, en lo atinente al carácter salarial de los dos conceptos mencionados, lo cual implicaba que la relación contractual entre los sujetos procesales estuviera regida simultáneamente por el contrato de trabajo, y el reglamento arriba mencionado. El criterio del ad quem, fue el de que tal aspiración “definitivamente no es de recibo, ya que su pretensión busca escindir una regulación que por excelencia se proyecta integralmente”.
Al margen del acierto o no de la reflexión anterior, en el desarrollo de esta acusación, el recurrente no cuestiona este soporte de la decisión, sino que dirige su esfuerzo a demostrar que sobre la fotocopia simple del documento contractual allegado por la enjuiciada, prevalece la fuerza probatoria proveniente de la originalidad y autenticidad del ejemplar aportado con la demanda inicial, de suerte que aquel pilar del fallo gravado permanece incólume, sosteniéndolo y avalando la presunción de legalidad y acierto que caracteriza la decisión que puso fin a la segunda instancia.
Y es que el ad quem no desconoció la calidad de auténtico del documento que recoge el acuerdo contractual entre las partes, pues paladinamente, estimó innecesario buscar apoyo en lo que la Fiscalía pudiera resolver sobre su “legitimidad”, sino que prevalido de la libertad que le asiste en materia de valoración de pruebas, así como de “las técnicas de valoración probatoria”, dedujo que “la fuerza demostrativa de ese contrato es nula para el objeto perseguido”; es decir, le restó todo poder de convicción, no precisamente porque dudara de la autenticidad del documento, sino porque “los elementos de prueba en proporciones mayoritarias tildan de inexistente la incorporación como factor salarial de conceptos que regularmente no tenían tal denominación al interior de la empresa demandada”. Y tras reiterar lo innecesario de analizar “la legalidad y legitimidad del contrato del trabajo”, señaló que, tal cual lo hizo el a quo, era viable, “apartarse de él como medio probatorio”.
Con el ejercicio anterior, el tribunal no rebasó el límite de la racionalidad que le marca el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, puesto que ante la incertidumbre de determinar si el texto añadido al formato del contrato de trabajo, había sido fruto del acuerdo entre empleado y patrono, optó por buscar en otros elementos de juicio la forma de despejar el sombrío panorama que ofrecía la sola confrontación de aquella documental, y la fotocopia simple que allegó la demandada, y con tal propósito centró su atención en las declaraciones de terceros, de las cuales extrajo la conclusión a la que finalmente arribó, amén de la invocación del contenido del artículo 14 del “estatuto de nómina privada”, que le resultó útil para corroborar que la “cláusula adicional”, no había formado parte de lo que convinieron las partes para regular su relación contractual.
En ese orden, no se ve como el tribunal hubiera podido interpretar con desvío la norma adjetiva que lo inviste de amplias facultades para valorar el acervo probatorio, y más bien lo que se advierte, es la pretensión de la censura en hacer prevalecer su particular entendimiento ante esa libertad que en materia de pruebas ostentan los juzgadores de instancia, tema sobre el cual esta Sala de la Corte ha sido reiterativa en gran manera, como por ejemplo en la sentencia de 10 de octubre de 2001, Radicación 16416, que se adecua perfectamente a lo que ahora se debate:
“La inconformidad del recurrente con la sentencia atacada estriba, fundamentalmente, en que el tribunal haya analizado el “reporte de la investigación del accidente de trabajo ocurrido el 26 de julio de 1997 en la estación Vasconia” en conjunto con las otras pruebas recaudadas durante la instrucción del proceso, porque, a su juicio, dada la presunción de autenticidad de que se encuentra rodeado dicho informe, el ad quem estaba obligado de acuerdo con las normas procedimentales denunciadas, a tener como verdad irrefutable su contenido, con prescindencia del examen de las demás pruebas obrantes en el proceso.
El tribunal no cometió ningún yerro jurídico cuando apreció en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica, de las circunstancias relevantes del pleito y de la conducta procesal observada por las partes, las pruebas recaudadas en el proceso, entre ellas el reporte o informe que aparece a folios 245 a 529, y siguiendo esas directrices le dio mayor validez a la prueba testimonial que a dicho instrumento documental para construir la decisión adoptada, pues, precisamente, son esas las pautas que rigen el principio de la libre apreciación del convencimiento recogido en el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, el cual tan solo tiene como límite la exigencia legal de una determinada solemnidad ad substantiam actus para la demostración de un hecho, caso en el cual no se podrá admitir su prueba por otro medio.
De manera, que carece de todo fundamento la afirmación del recurrente en el sentido de que de acuerdo con las normas procedimentales —no indica cuáles — la autenticidad de un documento obliga al examinador de la prueba a estarse indefectiblemente a lo que la misma acredita, ya que ante tal fenómeno procesal no le es factible tener en cuenta ningún otro elemento probatorio para formar su convencimiento, pues, tal entendimiento de la figura de la autenticidad no es solo equivocado sino que desnaturaliza el sistema de valoración probatoria imperante en materia laboral y que parte de la premisa de no estar el juez de esta especialidad sujeto a la tarifa legal.
En efecto, la autenticidad de un documento solo da certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, pero en ningún momento sustrae su contenido y lo que se pretende demostrar con el mismo de la facultad que le concede al juez laboral el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, ni mucho menos le da por esa sola circunstancia una mayor categoría frente a los demás elementos probatorios, como lo alega el recurrente.
Los jueces laborales, como ya lo ha dicho la Corte, tienen por disposición del artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral “... la más amplia facultad para que formen racionalmente su convencimiento sobre los hechos del proceso, sin sujeción a una determinada tarifa de pruebas, no existe ningún criterio válido para afirmar que una prueba pueda tener una mayor fuerza de convicción que otra...” (Sent., mar. 23/94. Rad. 6437)”.
También se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el artículo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cuáles de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo mérito de convicción a otros, sin que ello comporte una decisión discrecional equivocada, ni arbitraria. Así por ejemplo, en el fallo de Casación 13078, de 22 de marzo de 2000, asentó:
“Pero incluso en el supuesto de aceptarse que las propias manifestaciones de Gutiérrez Guayacán sobre las condiciones en las que realizaba su labor, fueran prueba fehaciente de un hecho que solo a él beneficiaria, ello no significaría que el cargo estuviera llamado a prosperar, pues aun cuando la Corte pasara por alto que las pruebas que sirvieron de soporte a la decisión del tribunal no fueron todas atacadas —con lo que necesariamente quedaron incólumes los soportes fácticos del fallo impugnado—, tendría que tomar en consideración que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces del trabajo para formar libremente el convencimiento, salvo que la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, imponiéndoles únicamente el deber de indicar en la sentencia “los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”, por lo que, en principio, les está permitido el discernimiento para, entre las distintas pruebas aducidas al proceso, escoger cuál o cuáles le dan certeza de lo ocurrido, restándole valor de convicción a aquellos medios que, a su juicio, no lo persuadan sobre la verdad de los hechos que motivan el litigio.
No es razón suficiente para justificar la acusación del fallo el que en este caso el tribunal, para formar su convencimiento, se hubiese servido, además de las otras pruebas que analizó, del concepto que medicina laboral del Ministerio de Trabajo rindiera directamente a la empleadora, y no del emitido por solicitud del propio juez del conocimiento.
Dilucidar la Corte cuál de las pruebas aportadas al proceso tendría un mayor grado de convicción para el tribunal respecto de los hechos litigiosos, desconocería la facultad de apreciar libremente las pruebas y formarse el convencimiento que tienen los falladores de instancia.
No debe pasarse por alto que el fin de la casación no es esclarecer la verdad de lo ocurrido, para de conformidad con ella juzgar el pleito habido entre los litigantes, sino cuidar de que la sentencia no viole la ley sustancial, bien sea por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, o en virtud de desatinos en la valoración probatoria, pues es a los jueces de instancia a quienes compete la función de establecer el supuesto de hecho al que deben aplicar la norma que mejor convenga al caso para su recta solución; y es por ello que mientras no se incurra en un desatino por decidir contra la evidencia que resulta de los hechos tal como realmente fueron probados en la causa, no le está permitido a la Corte, en su función de tribunal de casación, injerirse en la valoración de la prueba para reemplazar, con su propio convencimiento, el que el tribunal se haya formado sobre la cuestión de hecho del proceso.
Por igual motivo no cabe reprochar un desacierto al tribunal, o por lo menos no uno que por sus características pudiera calificarse como error de hecho manifiesto controlable en casación, por haber dado mayor credibilidad a unas pruebas que a lo que pudiera inferirse de otros medios de convicción, pues, como lo ha reconocido siempre la jurisprudencia laboral, y en este asunto se reitera, de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, gozan los falladores de instancia de libertad para apreciar las pruebas, por lo que, al no estar sujetos a una tarifa legal de pruebas, les está permitido sustentar la decisión en algunas de ellas con preferencia a lo que pudiera resultar del análisis de otras, y no por ello necesariamente se configura un dislate por la mala apreciación o la falta de apreciación de las que no tiene en cuenta”.
No obstante que lo expuesto sería suficiente para concluir en lo infundado del cargo, no huelga memorar que la Sala ya tiene definido sobre la intelección que debe darse al artículo 24 de la Ley 712 de 2001, pues, aún antes de que cobrara vigencia dicho precepto procesal, en sentencia de 25 de abril de 2006, Radicación 26551, quedó dicho:
“Frente al primer punto, esto es el de la autenticidad del convenio colectivo, cabe decir, y en esto le asiste razón a la censura, que no es necesario allegar la copia auténtica de tal medio probatorio, sino que tiene plena validez la copia simple, tal cual lo prevé el artículo 54A del CPT y ss., adicionado por el 24 de la Ley 712 de 2001. E incluso, con antelación a esa normatividad, la Ley 446 de 1998 previó el valor probatorio de las reproducciones no auténticas de documentos allegados a un proceso y al respecto esta Sala en Sentencia 16505 del 25 de octubre de 2001 indicó:
“... esta innovación legislativa no solo reformó el citado artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, sino que también lo hizo respecto del 254 Ibidem, pues le dio pleno valor a las copias, porque debe entenderse que un documento privado desprovisto de autenticación y de presentación personal, puede estar contenido en una copia o en una fotocopia simple.
“En ese orden, se impone afirmar que no hay razón para que dicho criterio no se le aplique a la convención colectiva de trabajo, si se aporta a un proceso en copia o fotocopia simple, con la aspiración de servir de prueba, siempre y cuando, obviamente, contenga la constancia o el sello de haberse depositado en el Ministerio de Trabajo dentro del término de los 15 días siguientes a su firma, previsto en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.
“De esta suerte, en obedecimiento a lo consagrado actualmente por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, si la convención colectiva agregada en copia o fotocopia simple contiene el sello que de fe del depósito oportuno o una certificación en tal sentido, tiene pleno valor probatorio lo contenido en ella. De la misma manera se tendrán por cumplidos los ritos de solemnidad a saber: que se celebró por escrito, que se extendió en un número de ejemplares igual al de las partes y que una copia más se depositó dentro del término legal en la oficina del Ministerio de Trabajo...”.
Tampoco escapa a los precedentes de la corporación, lo relativo a la regulación que sobre la autenticidad de los documentos, está contenida en el ordenamiento procesal civil, en perspectiva de su aplicabilidad al proceso laboral, desde antes de la expedición de la Ley 712 de 2001, en razón a las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998. Así se dijo en sentencia de 22 de septiembre de 2004, Radicado 22841:
“Para dirimir la aludida objeción al razonamiento del ad quem, debe precisar la Corte, que el criterio en que aquel se basó para restarle efectos jurídicos a las convenciones colectivas de trabajo incorporadas al proceso (Sent. dic. 3/92, Rad. 5361), ya fue revaluado por esta misma corporación, atendiendo para ello las nuevas preceptivas introducidas al ordenamiento jurídico en materia del valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, como lo son, los artículos 10 y 11 de la Ley 446 de 1998, que modificó los artículos 254 y 279 del Código de Procedimiento Civil. Precisamente, en la sentencia del 25 de octubre de 2001, Radicación 16505, reiterada en la del 14 de diciembre del mismo año, Radicación 16835, recordada por el censor, la Corte sostuvo:
“Estima la Corte que, sin ignorar la solemnidad que a la convención colectiva de trabajo le atribuye el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe morigerar de alguna manera el rigorismo que se venía ejerciendo frente a la aducción de esta prueba en fotocopia o copia simple, pues el ánimo del legislador al regular este aspecto, a través de la expedición de la Ley 446 de 1998, y con ella los artículos 10 y 11, no fue otro que el de mejorar e impartirle mayor celeridad a los procedimientos, incluido, obviamente el del trabajo.
“De modo que la Sala, para rectificar la anterior posición, considera necesario armonizar lo previsto por el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, con el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, precepto último que al reglar sobre la autenticidad de documentos dispuso que: “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.
“El texto anterior involucra dos conceptos distintos para darle connotación probatoria a un documento privado, uno la autenticación, y el otro, la presentación personal, con lo cual modificó expresamente, en primer lugar, el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto este solo le daba al documento privado igual valor que al documento público si estaba autenticado, y al desprovisto de autenticidad le concedía el mérito de prueba sumaria, si había sido suscrito ante dos testigos.
“Pero esta innovación legislativa no solo reformó el citado artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, sino que también lo hizo respecto del 254 Ibidem, pues le dio pleno valor a las copias, porque debe entenderse que un documento privado desprovisto de autenticación y de presentación personal, puede estar contenido en una copia o en una fotocopia simple.
“De esta suerte, en obedecimiento a lo consagrado actualmente por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, si la convención colectiva agregada en copia o fotocopia simple contiene el sello que de fe del depósito oportuno o una certificación en tal sentido, tiene pleno valor probatorio lo contenido en ella. De la misma manera se tendrán por cumplidos los ritos de solemnidad a saber: que se celebró por escrito, que se extendió en un número de ejemplares igual al de las partes y que una copia más se depositó dentro del término legal en la oficina del Ministerio de Trabajo”.
Acusa la aplicación indebida de “los artículos 39, 55, 65, 127, 128, 132, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 54A (L. 712/2001, art. 24) y 61 al (sic) Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los artículos 252, 253, 254, 268 y 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en el procedimiento del trabajo (...)”.
“1. No haber dado por demostrado, estándolo, que Industrias Philips de Colombia en el contrato de trabajo que celebró con Mariano Ospina Galindo el 13 de febrero de 1989 pactó que “los medios de transporte y de servicios médicos hacen parte de la remuneración del trabajador”;
2. Haber dado por probado, sin estarlo, que la cláusula adicional del contrato de trabajo en la cual se pactó que “los medios de transporte y de servicios médicos hacen parte de la remuneración del trabajador”, “fue insertada en el contrato con posterioridad a su celebración”, conforme está dicho por Industrias Philips en la contestación a la demanda; y
3. Haber dado por probado que es “espuria” la cláusula contractual a que se refieren los dos errores de hecho precedentes, como lo afirmó Industrias Philips de Colombia al contestar la demanda (...)”.
Juzga la censura que los anteriores desatinos hallan origen en la errónea apreciación del ejemplar original del contrato de trabajo (fl. 13), y su fotocopia simple (fl. 808); el escrito de contestación de demanda (fls. 30 a 50); el estatuto de normas básicas para personal de norma privada (fls. 117 a 123); y los testimonios de Marco Aurelio Quecano (fls. 110 a 114), Pieter Van Der Wal (fls. 160 a 171), y Soledad Vásquez (fls. 208 a 211). Y de la falta de apreciación del Oficio 423 (fl. 88); el acta de inspección judicial practicada por la Fiscalía, y el Oficio 1543 (fls. 88, 89, y 92); providencia de la Fiscalía (fls. 688 a 717); y “del indicio que resulta de la conducta procesal de Industrias Philips de Colombia al haber desistido de interrogar a Mariano Ospina Galindo (fls. 782 y 783), a quien había denunciado como falsario, y a la testigo Soledad Vásquez Villareal (fls. 158 y 159)”.
En la demostración del cargo, sostiene que la equivocada valoración del contrato de trabajo, consiste en no haber reparado que en su reverso se insertó una cláusula del siguiente tenor: “Los medios de transporte y los servicios médicos hacen parte de la remuneración del trabajador”, documento que fue aportado en original, por lo tanto auténtico en los términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que al no haber sido tachado de falso por la accionada, es prueba fehaciente del pacto entre los contratantes, que muestra la connotación salarial de esos conceptos, verdad que no se desvanece por la copia simple que aportó su contendiente, dado que no cumple con las exigencias del artículo 254 del mismo ordenamiento adjetivo. Califica el supuesto error de “grosero”, pues ante la fuerza probatoria del original, cuya adulteración no fue acreditada en la investigación penal que se adelantó contra el señor Ospina, como da cuenta la providencia de 24 de julio de 2002, mediante la cual la Fiscalía decretó la preclusión de la investigación, documento que fue preterido por el ad quem, pues según el texto de la providencia, estimó innecesario “apoyarse en la calificación que eventualmente pudiera darle la Fiscalía a la legitimidad del documento”, de suerte que, si lo hubiera valorado, hubiera concluido que las partes sí consensuaron incluir lo sufragado por servicios médicos y por transporte, como partidas integrantes del salario, además que se suscita certeza de que la calificación de espuria que le dio la demandada al documento, queda sin respaldo probatorio, siendo que era dicho sujeto procesal, quien corría con la carga de demostrar que la cláusula de marras “había sido “insertada en el contrato con posterioridad a su celebración” y que, en realidad, el documento era falso por haber sido adulterado agregándole la cláusula adicional después de haber sido firmado”.
En torno al “estatuto de normas básicas para personal de nómina privada”, dice que fue mal apreciado, pues de él se dedujo la exclusión de los emolumentos varias veces mencionados como factor de salario, y que por no tratarse de un pacto colectivo de trabajo, “únicamente puede ser tenido como un escrito que registra la declaración de voluntad unilateral de Industrias Philips de Colombia; manifestación de voluntad unilateral que en cuanto no desmejore la situación del trabajador tiene efectos, pero que resulta ineficaz en tanto desmejore lo pactado en el contrato individual de trabajo”.
Se refirió a las declaraciones de terceros recibidos por el a quo, y al indicio que, según su concepto, se deriva de la conducta de la convocada a juicio, que no duda en calificar de “anómala y desleal”.
Asevera que el tribunal no apreció con desvío ninguno de los elementos de convicción mencionados en este cargo; que, contrario a lo que la enjuiciada hizo al formular denuncia criminal, durante todo el trámite del proceso, el actor no cuestionó la validez y eficacia de la fotocopia del contrato de trabajo, que allegó desde la contestación de la demanda; que la aplicación del estatuto de nómina privada al demandante, no fue por voluntad unilateral de la empresa, sino que era el que correspondía al cargo que desempeñó. Se refirió a los testimonios vertidos al plenario, y por último, acotó que haber desistido de la práctica de algunas pruebas, es asunto de su propio y exclusivo resorte.
Al tribunal no le asistió duda de que al reverso del documento adosado al folio 13 del proceso, aparece escrita la frase “Los medios de transporte y los servicios médicos hacen parte de la remuneración del trabajador”; solo que frente a la ausencia de tal enunciado en la fotocopia que obra a folio 808, así como con base en lo dispuesto en el artículo 14 del “estatuto de nómina privada” (fl. 122), y lo que declararon Marco Aurelio Quecano (fls. 110 a 114), Pieter Van Der Wal (fls. 160 a 171), y Soledad Vásquez (fls. 208 a 211), optó “por apartarse de él como medio probatorio y acudir a otras herramientas no controvertidas”, es decir priorizó el mérito probatorio ofrecido por los otros medios de prueba, sobre el contenido de la cláusula adicional que se reprodujo.
En ese orden, el juez de la alzada no pudo haber cometido yerro fáctico alguno, con la característica de evidente, pues en la medida en que dentro de la amplia facultad de valoración probatoria de que está investido, en los términos del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, estaba habilitado para fundar su decisión en unos medios de prueba, en desmedro de lo que otros pudieran mostrarle, y en ese orden preferir lo que el “estatuto de nómina privada”, en su artículo 14, rezaba, sobre el insular contenido del documento que estima el recurrente fue mal apreciado. No se exhibe entonces descabellada la inferencia del tribunal, en tanto la descalificación del documento de folio 13, estuvo precedida de un análisis ponderado y serio de la fuerza probatoria que en conjunto, e individualmente, los medios de convicción involucrados en ese estudio le depararon.
Los otros dos errores de hecho denunciados, no son tales, dado que no corresponden a inferencias del tribunal, sino a afirmaciones de la accionada, que el sentenciador no avaló, puesto que, como quedó dicho, no se ocupó de precisar “la legalidad y legitimidad del contrato de trabajo”, es decir, dejó de lado en establecer si la supuesta adenda de marras fue realizada después de que el contrato se redujo a escrito, y si fue “espuria”, toda vez que consideró, con apoyo en los restantes elementos de juicio, que le era posible despejar cualquier duda.
Ninguna repercusión sobre la conclusión final hubiera tenido la lectura de la providencia emanada de la Fiscalía General de la Nación, sencillamente porque la preclusión de la investigación que allí se declaró, no se fundó precisamente en la certeza de que la cláusula adicional hubiera sido fruto del acuerdo de los contratantes en momentos previos a la suscripción del documento, sino en el beneficio de la duda a favor de quien compareció a ese proceso penal como sindicado, como puede advertirse del siguiente fragmento:
“Ciertamente soportes debía tener siempre quien cancelaba los salarios a quienes pertenecían a la nómina privada, de ahí su manejo en dicha persona, pero igual por qué cuando hubo de efectuarse liquidaciones parciales u otros actos que conllevaran verificación de esos factores para Ospina Galindo, no le resultó la inclusión de ello, y verdad indiscutible a su vez preguntarse por qué no advirtió tal inconsistencia si de suyo era asumido que tenían dicho carácter el interesado?”.
O cuando afirma la providencia del ente investigador que:
“Refiérese primero a indicio de mala justificación comoquiera de no haberse dado explicación satisfactoria a la presencia de la multicitada cláusula, teniéndose establecido mediante experticia que provino de una máquina de escribir diferente y radicando en esto el cuestionamiento, además claro está de las restantes incidencias que dicen de la elaboración del contrato sin incluir ello en una dependencia donde sus factores afirman esto, el quedarse el sindicado con una copia y aducir simplemente que pudo haberse adicionado aquel texto en precedencia” (sin subrayas en el texto).
El “estatuto de nómina privada”, en su artículo 14, preceptúa exactamente lo que el ad quem leyó, es decir que “Los medios de transporte no son salario para ningún efecto según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco son salario los servicios médicos, el auxilio de educación, los gastos de confianza o representación, el subsidio familiar, ni ningún otro pago recibido por el empleado que no esté claramente incluido en la definición del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo”. Obviamente, su contenido no es producto del acuerdo entre trabajadores y empresa, pero sí es posible identificarlo como uno de aquellos reglamentos que el empleador impone a sus servidores, y que estos están obligados a acatar, en atención a los deberes que les incumbe en tal condición, máxime si se trata de personal de dirección, confianza, y manejo, como lo era el actor, desde luego, siempre y cuando no menoscaben la dignidad, ni la moral del trabajador, ni sus derechos mínimos e irrenunciables.
Llama la atención que con el ánimo de desconocer el talante obligatorio del artículo 14 arriba copiado, la censura cuestione el mérito probatorio de este documento; empero, se atenga a su contenido, en tanto fuente de la obligación empresarial de pagarle los conceptos que, infructuosamente, pretendió fueran colacionados en la base para liquidar prestaciones sociales.
Por último, aunque no fue un punto abordado en las instancias, cumple acotar que la literalidad de lo adicionado al formato usado para plasmar el contrato de trabajo, no necesariamente es indicativo de que lo que, supuestamente, las partes quisieron convenir hubiera sido el carácter salarial de lo pagado por medios de transporte y servicios médicos, pues allí solo se estipuló que tales conceptos “hacen parte de la remuneración del trabajador”, sin precisar si esa remuneración era factor de salario para liquidar prestaciones sociales.
Como no se demostró la comisión de un yerro fáctico manifiesto sobre las pruebas calificadas en casación, no se abre la posibilidad de examinar los testimonios, ni el indicio que el recurrente menciona en su escrito (L. 16/69, art. 7º).
Costas a cargo de la parte recurrente toda vez que hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de junio de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Mariano Ospina Galindo le promovió a Industrias Philips de Colombia S.A.
Costas a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho, en la suma de $ 2.800.000.

References: artículo 128
 artículo 24
 artículo 54
 artículo 61
 artículo 145
 artículo 253
 artículo 254
 artículo 54
 artículo 253
 artículo 61
 artículo 54
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 14
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 24
 artículo 54
 artículo 279
 artículo 469
 artículo 11
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 11
 artículo 279
 artículo 279
 artículo 11
 artículo 252
 artículo 254
 artículo 14
 artículo 61
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 128
 artículo 127
 artículo 14