Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810943.html
Timestamp: 2019-11-16 01:55:41+00:00

Document:
as201810943
AUTO SUPREMO Nº 943/2018-RA
Expediente : Tarija 50/2018
Parte Imputada : Yolanda Yapur y otro
Delitos : Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones y otro
Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2018, cursante de fs. 728 a 735, Yolanda Yapur, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 76/2018 de 23 de agosto, de fs. 721 a 725 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, José Antonio Morales, Pablo Morales e Hilda Máxima Morales y el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija contra David Quispe Miranda y la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previstos y sancionados por los arts. 161 y 179 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 38/2017 de 1 de septiembre (fs. 644 a 656), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a: 1) Yolanda Yapur, autora de la comisión de los delitos de Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones y Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad; 2) David Quispe Miranda culpable del delito Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, previstos y sancionados por los arts. 161 y 179 bis. del CP, imponiendo a la primera la pena de tres años y seis meses de reclusión y al segundo la pena de dos años de reclusión, concediendo el beneficio de perdón judicial a este último, siendo ambos sancionados con costas a favor del Estado y reparación del daño en favor de la víctima.
Contra la mencionada Sentencia la imputada Yolanda Yapur interpuso recurso de apelación restringida (fs. 661 a 666), resuelto por Auto de Vista 76/2018 de 23 de agosto, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.
Por diligencia de 5 de septiembre de 2018 (fs. 727), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 12 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
La recurrente señala de manera tácita que recurre “parte del Auto de Vista que declara sin lugar la apelación sobre excepción de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso” (sic); a tal efecto, transcribe los fundamentos de su apelación restringida arguyendo que en los argumentos de su apelación, demostró que la mora procesal en el caso presente es atribuible al Ministerio Público y Tribunal de Sentencia; sin embargo, el Tribunal de alzada incumple la exigencia de la debida fundamentación establecida en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el principio de congruencia, al emitir el Auto de Vista impugnado sin otorgar respuesta a los fundamentos en los cuales indica los actuados procesales en los que se observan las dilaciones incurridas.
Acusa también que el Tribunal de apelación no se pronunció respecto a los precedentes invocados como contradictorios: Auto Supremo 444 de 28 de agosto de 2009, Sentencias Constitucionales 0101/2004 y 551/2010; y, Auto Constitucional 0079/2004-ECA. Cita también la jurisprudencia constitucional desarrollada por la Sentencia Constitucional 0486/2010-R de 5 de julio referida según lo transcrito, a la concepción doctrinal del principio de congruencia.
Exponiendo que la Resolución de Amparo Constitucional 03/2013 de 3 de abril, estableció un desapoderamiento el cual fue cumplido y no así la prohibición de ingreso al predio en cuestión, denuncia que el Tribunal de alzada no verificó la falta de motivación y fundamentación de la Resolución de origen, la cual no valoró debidamente este elemento probatorio.
Cita la doctrina prevista por la Sentencia Constitucional 1365/2005 de 31 de octubre.
Rememorando que se le denegó la incorporación de los documentos de compraventa al proceso, acusa que se vulneró su derecho a la defensa y los principios pro actione y pro homine, aduciendo que no deben primar los requisitos formales por encima del derecho sustancial, tal y como lo hubiere expresado el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional 0010/2010 de 6 de abril.
Señala que el Tribunal de alzada no contempla en forma íntegra su recurso de apelación restringida; toda vez, que no cumple con la debida fundamentación al omitir señalar –al igual que el Tribunal de Sentencia- cómo es que su conducta se adecuó al tipo penal de Desobediencia a Resoluciones en Acciones de Defensa y de Inconstitucionalidad, precisando además como yerro incurrido por el del alzada, la falta de control de logicidad sobre la valoración de las declaraciones registradas en juicio realizada por el Tribunal de Sentencia, en vulneración al art. 13 del CP.
Cita a tal efecto, la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 95 de 6 de marzo de 2006.
En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de septiembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
Del argumento recogido del primer motivo del recurso de casación, se advierte que la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación rechazó sin la debida fundamentación la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en vulneración a lo previsto por el art. 124 del CPP y el principio de congruencia.
En este punto, corresponde mencionar con fines ilustrativos previo al análisis de admisibilidad del presente motivo, que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.
En el caso de Autos, la Resolución impugnada -76/2016 de 23 de agosto-, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conoció la alzada en contra de la Sentencia que además de pronunciarse sobre el fondo la causa, rechazó la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteada por la imputada Yolanda Yapur; por lo que, considerando que contra las resoluciones de excepciones procede únicamente la apelación incidental, no así el recurso de casación, al no tratarse de una Resolución emitida por el Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia prevista por el art. 51 inc. 2) del CPP, así como los requisitos para la admisión del recurso de casación desarrollados en el acápite anterior de la presente resolución y el entendimiento asumido por este máximo Tribunal de Justicia, en cuanto al tipo de resoluciones judiciales recurribles a través del recurso de casación, se concluye que este motivo deviene en inadmisible ante la ausencia de legitimación objetiva.
Respecto a los motivos segundo y tercero la recurrente acusa que el Tribunal de alzada no controló la debida fundamentación y motivación de la Sentencia en cuanto al cumplimiento de la Resolución de Amparo Constitucional 03/2013 de 3 de abril; y, la vulneración de los principios pro actione, pro homine y derecho a la defensa al denegarse la incorporación de prueba documental a juicio, se observa el incumplimiento de las previsiones establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la carga procesal de indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción existente entre la Resolución impugnada y algún precedente invocado como contradictorio.
Por otro lado, en cuanto a la cita de Sentencias Constitucionales –1365/2005 de 31 de octubre y 0010/2010 de 6 de abril de 2010-; debe recordarse que, conforme dispone el art. 416 del CPP, sólo los Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y los Autos Supremos dictados en recursos de casación por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia, que sienten o ratifiquen doctrina legal, son considerados precedentes contradictorios; consiguientemente, cualquier pretensión de hacer valer una Sentencia Constitucional como precedente contradictorio en la jurisdicción ordinaria, no es atendible.
Asimismo, cabe señalar que si bien de manera escueta se arguye vulneración al derecho a la defensa y los principios pro actione y pro homine; sin embargo, la recurrente no fundamenta de forma clara y precisa de qué manera se le habría restringido o disminuido tal derecho y principios, menos explica su resultado dañoso, incumpliendo también los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal para que vía excepcionalidad pueda ingresarse al fondo; aspectos que, no pueden ser suplidos de oficio en salvaguarda del principio de imparcialidad que rige la actuación de este Tribunal.
En consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, se establece que los motivos analizados no cumplen con las exigencias de los arts. 416 y 417 del CPP, como tampoco con los presupuestos de flexibilización para su consideración en el fondo, deviniendo en inadmisibles.
Similar criterio se asume en cuanto al cuarto motivo formulado, en el cual se denuncia la falta de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada respecto a las testificales producidas en juicio, ya que si bien la recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 95 de 6 de marzo de 2006 referido según lo expuesto en su memorial de casación a la labor del Tribunal de alzada ante la denuncia de incorrecta valoración probatoria; y, los citados en el “Otrosí 1” del memorial de casación: -Autos Supremos 097 de 1 de abril de 2005 y 073/2013 de 19 de marzo-, se observa que no cumple con identificar la contrariedad de los citados precedentes respecto al Auto de Vista recurrido, no siendo suficiente aludir a la vulneración de la norma sustantiva contenida en el art. 13 del CP, sin discurrir mínimamente sobre las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, así como los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida, sobre la base de los precedentes invocados, para que a partir de ello este máximo Tribunal, desplegando su labor unificadora de criterios, establezca la doctrina legal aplicable en los términos que regula el art. 419 del CPP, deviniendo en inadmisible el motivo analizado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Yolanda Yapur, de fs. 728 a 735.

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