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Timestamp: 2018-08-19 22:22:23+00:00

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Gonzalez Ernesto Daniel c. Provincia Art s.a. y Otro s. Accidente Accion Civil
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Description: Fallo sobre acción civil por accidente de trabajo
Fallo sobre acción civil por accidente de trabajo
32657/2014 - GONZALEZ, ERNESTO DANIEL c/ PROVINCIA
ART S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Que arriban las presentes actuaciones a esta Alzada en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora a fs. 23/32 contra la resolución
dictada a fs.22, mediante la cual el Sr. Juez "a quo" se declaró incompetente
para entender en las presentes actuaciones y dispuso la remisión de los autos
a la Justicia Nacional en lo Civil, en virtud de tratarse de una causa regida por
la ley 26.773.
Requerida la opinión del Sr. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, se expidió a tenor del dictamen obrante a fs.42.
I.- Que en el caso particular de autos se pretende el resarcimiento integral de
las consecuencias derivadas de un “accidente por el hecho y en ocasión del
trabajo” que habría ocurrido el 23/9/13 (ver escrito de demanda,
particularmente fs. 4vta.).
El Señor Juez interviniente en Grado declaró la incompetencia material de
esta Justicia Nacional del Trabajo al abrigo del artículo 17.2 de la Ley 26.773.
Ahora bien, sin perjuicio de los diversos planteos de inconstitucionalidad del
régimen especial que han sido formulados en la demanda, lo cierto es que la
recurrente atribuye responsabilidad a los demandados con fundamento en el
“Herrera Angel Clemente c/ Hospital de Pediatria “Prof. a modo de ejemplo. ni en los presupuestos de responsabilidad previstos en el derecho común –como por ejemplo. como así también en las disposiciones de la L..113 del Código Civil-. también se ha invocado como presupuesto de responsabilidad y como fundamento del marco normativo del reclamo.derecho común. y otro s/ Accidente – Acción Civil". Acción especial y acción común”. Cornaglia y Meik.773. 378/379). 1. “Riesgos del Trabajo. fs. Editor. 1982). entre otros. los que no se agotan en el marco sistémico de la ley.2).587. la ley indicada habilita la posibilidad de accionar en procura de alcanzar los fines perseguidos a través de distintos presupuestos de responsabilidad. 10 de la ley 19. a criterio del Tribunal. el incumplimiento al deber de seguridad que emerge del art. pág. Nro. los arts. como de los deberes de prevención. 75 de la LCT. del registro de esta Sala). Hammurabi. la asignación de competencia en el ámbito de la Capital Federal a la Justicia Nacional en lo . De manera que –tal como se sostuviera en anteriores oportunidades. Buenos Aires.557 y 26. colaboración y protección que emanan del art. 1ª edición. 2013. tal como ha resuelto este Tribunal en otra ocasión (“Suarez Gastón Ariel c/ Correo Oficial de la República Argentina S. por lo que. II.Que. Leyes 24. cuando se alegue la existencia de la obligación de seguridad o el deber de previsión (cfr. del 5/11/14 del Registro de esta Sala IX). cabe remarcar que tal como lo dispone de manera expresa el artículo 4º. 7. lo que dio lugar a la tesis de la pluridimensión de responsabilidades (cfr. 2º párrafo de la ley 26.773. Juan Pedro Garraham” y otro s/ Accidente – Acción Civil” Expte.. CNT 61402/2013/CA1. José Luis Depalma. Dr. 9 pto.A. Sent. “…los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad”. “Los riesgos del trabajo”. Congreso AAL. y otras normas de naturaleza laboral como a modo de ejemplo las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (ver específicamente fs. en tal sentido.109 y 1.C. Formaro Juan J. Luego. del 6-12-13. sino que admite un diseño amplio que otorga la posibilidad de accionar con fundamento en otros presupuestos de responsabilidad como.T.
con motivo del incumplimiento que se postula de obligaciones que han sido tipificadas por la legislación laboral. 17.C. Juan Pedro Garraham” y otro s/ Accidente – Acción Civil”. Expte. Rolando E. ps. por cuanto como dijéramos en la ya citada causa “Herrera Angel Clemente c/ Hospital de Pediatria “Prof. Ginebra.219. sólo puede ser concebida. 4º. Por lo demás.A. OIT.De allí que este Tribunal considere que no resulta aplicable la doctrina del Fallo “Urquiza Juan Carlos vs. Promover la seguridad y la salud en el medio ambiente de trabajo. como la propia norma lo dispone.. 3/4). del 5/11/14 del Registro de esta Sala IX.773 en favor de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal está inequívocamente condicionada a que el demandante haya optado por la aplicación de los sistemas de responsabilidad que pudiere corresponderle según el derecho civil. Y. 75 LCT”. “Jaimes Juan Toribio c/ Alpargatas S. a criterio del Tribunal y sin que ello importe anticipar solución alguna sobre el fondo del litigio y la procedencia del reclamo . Vale decir. resulta de aplicación lo resuelto por el Máximo Tribunal de Justicia cuando resolvió que “en tales supuestos no resulta competente la Justicia del fuero Civil” (CSJN. s/ Acción Cont. a los cuales se aplicarán la legislación de fondo. Art.Comp. del 10 de febrero de 2014. último párrafo de la ley. no le quita el hecho que deriven de un infortunio suscitado en el marco de una relación de trabajo (cfe. publicado en Diario La Ley. Normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo.773 y principios de progresividad y de opción preferencial”. Sent. & 9. . a las acciones judiciales previstas en el art. entre otras. 17. a las acciones expresamente circunscriptas por la vía del derecho civil. 2009.L. s/Daños y Perjuicios” del Máximo Tribunal de Justicia del 11 de diciembre de 2014. es decir. en tal sentido.XXXI). Provincia ART S. S. a la que remite el art. del 5/11/96. CNT 61402/2013/CA1. Gialdino. III.A. la competencia prevista en el art. (cfe.Civil.2 de la ley 26. 3). resulta claro que aun fundada la demanda en disposiciones del derecho civil.siguiendo la propia doctrina de la Corte Federal -. toda vez que en las presentes actuaciones la pretensión ha sido promovida. pág. “Opción excluyente de la ley 26. de forma y los principios correspondientes al derecho civil. en cuanto se funda únicamente en las disposiciones del Código Civil.2 de la ley 26. Nro.773. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Dr.
el caso particular de autos se encuentra al abrigo de lo dispuesto por el art. Editorial Depalma. cabe observar que. “Tratado de derecho del trabajo”. como se pusiera de manifiesto desde el mismo Mensaje de Elevación del Decreto 32. IV. del 22/5/2012). irrenunciables e indisponibles para los trabajadores. lo que pone en evidencia la necesidad de instituir organismos especializados y procedimientos expeditos que permitan restablecer mediante normas adecuadas la igualdad de las partes. conforme lo sostuvieran los grandes Maestros de esta disciplina. pág. cuyas reglas. Es decir. 17 bis de la LCT). porque las primeras tienen como propósito poner en movimiento los derechos reconocidos en las segundas (cfe. tal como lo resolviera el propio Máximo Tribunal.Tal consagración histórica y normativa. “…una vez establecido que la disputa interesa al trabajo según el art. Ello debe acontecer en tanto resulta incuestionable que la protección de tales derechos debe ir acompañada de un sistema procesal que garantice el reconocimiento de derechos que son considerados fundamentales. alcanzó luego dimensión internacional desde que nuestro país suscribiera también la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Río de Janeiro. 20 de la L.347 del 30 de noviembre de 1944. las leyes de forma o adjetivas deben estar vinculadas a las leyes de fondo o sustantivas.. el principio protectorio que éste enuncia y el carácter inviolable de los derechos que reconoce. doctrina del art. 29. 14 bis de la Constitución Nacional. 1947. V. 397). “Manual de derecho del trabajo”. . Recurso de Hecho. “Iribarne Rodolfo Antonio c/ Estado Nacional”.impetrado. Deveali (dir). norma que no ha sido derogada y que habilita el conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. pág. Tomo V.O. conducen con necesidad a la indisponibilidad y a la prohibición de renuncia a la aplicación de las normas que tutelan el trabajo en todas sus formas” (CSJN. por lo que las disposiciones no enumeradas del Código Procesal Civil y Comercial resultan de aplicación supletoria en la medida que resulten compatibles con el procedimiento especial. Ernesto Krotoschin.A mayor abundamiento. Editorial La Ley). persiguen el fin de adecuar el procedimiento laboral a los principios estructurales que lo caracterizan (cfr. que diera creación a los Tribunales del Trabajo en nuestro país. evitando la gravitación de su distinta posición económica (cfr...
política y moralmente obligatorias para los Estados Miembros de las organizaciones internacionales . por su naturaleza y por sus procedimientos de adopción son. Nº 3. en cuyo artículo 36 se estableció que en cada Estado debe existir una jurisdicción especial del Trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos entre trabajadores y patronos (cfr. Montevideo – Buenos Aires. sino que una interpretación en contrario podría constituirla en letra muerta y privada de contenido y así las convenciones internacionales no tendrían sentido (cfr. Oscar Ermida Uriarte y Octavio Carlos Racciatti. en Revista Asociación Latinoamericana de jueces del Trabajo – ALJT. Editorial B. porque de lo contrario - en palabras del Máximo Tribunal -. Por lo demás. las declaraciones y resoluciones internacionales. sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables (cfr. Hacia una Carta Sociolaboral Latinoamericana”. Fundación de Cultura Universitaria). de F. derechos. Luis Enrique Ramírez. libertades y garantías que adopta a través de la Constitución Nacional (CSJN.A. s/ Despido”. “Perfil de la justicia laboral en el proceso de internalización”. importaría invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones. no resulta necesario para su aplicación que esa misma norma precise los alcances que ha de abarcar frente a la claridad del precepto. no solo porque constituye un piso que debe ser respetado. “Bajar a la realidad los derechos de los trabajadores”. Pompa. del 14/9/2004.aprobada por Resolución XXIX de la IX Conferencia Interamericana. Frente a tal compromiso internacional asumido por el Estado. 239). OC 7/86) a través de sus distintos poderes y por los particulares. p. págs. Considerando 11). debiendo recordar que los Convenios internacionales están dirigidos a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Corte IDH. caso “Vizzoti Carlos Alberto c/ AMSA S. 207 y ss. 1948). año 2. Perito Internacional de la OIT. en “Derecho del Trabajo. Bogotá.). Christian Ramos Veloz. en tanto tiene por objeto declarar los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados Americanos. Coordinador. Roberto C. “Derecho Internacional del Trabajo”.
del 7/7/92). Editorial Universidad del Rosario. pág. Pompa. atendiendo el objeto y fin de los tratados vigentes (cfr. 26 Convención de Viena y 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas). Colombia.y deben ser acatadas de buena fe por los Estados conforme a los principios del derecho internacional (cfr. por lo que deben ser interpretados y aplicados en consonancia con los instrumentos convencionales de carácter general y particular. desarrollo y garantía de los derechos reconocidos. Arts. de lo que se deriva que la promulgación de una ley contraria a las obligaciones internacionales . pág. por lo que sería inaceptable que los derechos consagrados en tratados de los que el Estado fuera parte. ya que estos están jurídicamente obligados a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en el seno de las organizaciones internacionales. Abeledo Perrot. 46.1 Convención de Viena). Sofovich y otros”. Roberto C. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento (art. en Revista de Derecho laboral y Seguridad Social. Edit. producen efectos vinculantes para los distintos poderes de los Estados. e incluso con las normas de derecho interno. del 7/7/92). “Tratados Internacionales y Convenios de la OIT. por lo que los Estados parte de un tratado no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado (CSJN. 27 Convención de Viena sobre derecho de los Tratados). tuvieran que postergarse en espera de la adopción de las requeridas disposiciones en el derecho interno (cfr. Abril 2009. Sabido es que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (art. De tal manera. 24). lo que supone el compromiso de respeto. Florentín Meléndez. “Ekmekdjian c. Sofovich y otros”. La violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan imposible su cumplimiento (CSJN. “Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia”. 574). Su aplicación inmediata”. “Ekmekdjian c.
la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico de la vida los que ponen su trabajo como sustancia del contrato y los que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses (cfe. por cuanto los jueces no pueden abstraerse del estado de derecho. 1979. Buenos aires. art. para transformarlo en la meta a alcanzar. Ello al amparo de un derecho constitucional que coloca al trabajo y al hombre que trabaja como sujeto de preferente tutela (cfr.asumidas por los Estados Partes constituye una violación de las disposiciones contenidas (cfr. aun de oficio. sino a ejercer un doble control. T. p. caso Barrios Altos). 75. Juan C.A mayor abundamiento. mediante una nueva desigualdad.N. concedan un conjunto de garantías en favor de la parte más débil de la relación. “Estudios de derecho procesal civil”. tienen jerarquía supra legal. Couture. como parte del poder de los Estados. 14 bis C. doctrina Corte Interamericana de Derechos Humanos. Depalma. VI.. no sólo a aplicarlos. en tanto el futuro en la construcción de un orden social más justo pasa necesariamente por la defensa de los más elevados principios universales del derecho del trabajo. como lo son los Dres. los tratados no enumerados en el art. 288). lo cual reclama la existencia de principios propios que partiendo de la realidad de relaciones asimétricas. de constitucionalidad y de convencionalidad. lo que obliga a los jueces. En síntesis. Fernández Madrid y Rodolfo Capón Filas en el orden nacional. en el que la idea de libertad e igualdad constituye el presupuesto del inicio de las relaciones jurídicas. como un derecho revolucionario. o Ermida Uriarte en el internacional. en el sentido que nació para modificar el orden establecido y para independizarse del derecho civil.). máxime cuando desde la reforma del texto constitucional producida en el año 1994. como lo han señalado otros grandes maestros del derecho del trabajo. en razón de que la igualdad se halla condicionada por la situación de hiposuficiencia en la que se encuentran los trabajadores. . Eduardo J. cabe destacar que el derecho del trabajo surgió frente a la crisis. mientras que la libertad se halla limitada por el estado de necesidad. I. como lo son la emancipación social y la dignidad de la persona humana. agitador.22 de la Constitución Nacional si bien no tienen naturaleza constitucional. la existencia y funcionamiento de un Fuero y un procedimiento especializado se justifica para restablecer.
Dichos postulados están organizados precisamente en función de la tutela del hiposuficiente y reconocen una dimensión social y política de un orden jurídico con carácter integrador de las normas internacionales (cfr. deben ser los primeros los que prevalezcan. control judicial del desistimiento de la acción y del derecho y de la conciliación. la indisponibilidad de los fondos judiciales en favor de los trabajadores. art. en “Manual de derecho procesal del trabajo”. págs. Cons. porque está en juego la justicia social y la dignidad del hombre en la búsqueda de un orden social más justo (CSJN. caso “Baena”. 4º de esa ley. Cecilia M. 20 de la L.. p. afecta sustancialmente la razón histórica de la existencia de la Justicia Nacional del Trabajo y los principios procesales que la rigen. gratuidad. sino porque la solución del último párrafo del art. Nº3. 39 y ss). obviamente no por las personas u organismos que la integran (cfr. Murray y Ana María Otero. en tanto desde el Preámbulo de la Convención Americana se reafirma el propósito de los Estados Americanos de consolidar en el mismo continente. un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre (Corte Interamericana de Derechos Humanos.En razón de ello. este Tribunal entiende que debe prevalecer la solución de la norma más favorable del art. 105). 17. la ausencia de la caducidad de la instancia como regla. dentro del cuadro de las instituciones democráticas. que no ha sido derogada. cuando dispone que “En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo.773). cuando consagra un conjunto de principios – como los de impulso procesal de oficio. Miguel Angel Pirolo. VII. cuando atribuye la competencia a la Justicia Nacional del Trabajo sobre la Civil en esta materia. año 2. inmediación. Grijalbo Fernández Coutinho. concentración. de forma y los principios correspondientes al derecho civil”. Editorial Astrea.Lo que este Tribunal viene sosteniendo fue receptado por el Máximo Tribunal de Justicia cuando resolviera que cada vez que entren en conflicto los intereses derivados del trabajo con los de propiedad.ALJT.O. entre otros (cfr.. 3). posibilidad de fallar ultra petita. a los que cabe agregar un distinto diseño de las instancias prejudiciales. casos “Bercaitz s/jubilación” y “Práttico c/Basso y Cía”).2 de la ley 26. las limitaciones a los pactos de cuota litis que . Revista Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo .
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esta manera consideramos que. 26 de la Convención Americana y 2. que no solo encuentra reconocimiento en el art. sin los cuales. en el caso la .. op. p. de manera que alcanzado el reconocimiento de un derecho. art. p. que consagran la solución más favorable enunciada y la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad tutelados por el art. las soluciones de la norma posterior sobre la anterior y de la especial sobre la general. a lo que se debe sumar la consagración del principio de la duda en favor del trabajador en la apreciación de la prueba que surge del art. aparecen desplazadas por la aplicación de principios propios del derecho laboral. difícilmente podría hablarse de una auténtica garantía en el acceso a la jurisdicción y a un debido proceso en condiciones de igualdad (Corte IDH. 17 bis). por aplicación de los principios propios que dan autonomía a la materia derivada del trabajo. 1). rige también la solución de la norma más favorable del art. 22). Luciano Athayole Chávez. & 121). en el caso. por lo que.Es oportuno señalar que los pueblos no progresan si solo se enuncian los derechos. VIII. considerados como pilares arquitectónicos del derecho internacional de los derechos humanos (cfe. Nº 91. 20 de la L. los que tienen su razón de ser y justificación de su aplicación para no agravar la desigualdad en la que se encuentran las partes en el proceso que regularmente supone la relación de trabajo. Gialdino. lo que obliga a adoptar mecanismos de compensación reconocidos por el propio legislador (LCT. que fuera incorporado expresamente a la Constitución Nacional (art. 9. por lo que deben otorgarse las condiciones para realizarlos (cfr. 5.. alcanzó dimensión constitucional.pudieran celebrarse y la presencia de presunciones con alcances más amplios que los reconocidos en el proceso civil. 14/15). 9 de la LCT. debiendo ser los jueces los que sirvan de puente para unir el reconocimiento del derecho con asegurar su real y efectiva aplicación y garantía de cumplimiento. al estar esa solución consagrada por el art.1 del PIDESC –entre otros-. segundo párrafo de la LCT.. “Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados”. año 14. 75 inc. cit. en Revista “Y considerando” de la AMYFJN. sino que hoy en día y luego de la reforma al texto constitucional del año 1994.O.
cuya solución en contrario . 22 C. sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas. Fallos: 317-1880). caso “Jaimes”. art.773. Es más.N. 75 inc. 39. no puede haber regresividad sin afectarlo. nunca menos en derechos sociales (cfr. podríamos encontrar que por el mero transcurso del tiempo. 20 de la ley 18. Es decir. incorporados de manera expresa al texto de la Constitución Nacional (cfe.557). esta ha sido la solución adoptada por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación cuando resolvió (Fallos: 306:337) que “no obsta a la conclusión adoptada que la reparación del daño encuentra su marco legal en el derecho civil. siendo una función esencial del derecho internacional de los derechos humanos en materia de garantías. en reclamos con fundamento en el derecho común (cfr. art. lo que a todas luces constituye un supuesto de trato discriminatorio y que –además.resulta violatorio del artículo 75. tutelados por señeros tratados internacionales sobre derechos fundamentales de las personas. pues la circunstancia decisiva para resolver esta contienda no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la valuación del daño. mientras que a otros les estaría vedada esa vía. CSJN.557 por la ley 26.23 de la Constitución Nacional que manda a legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad efectiva de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos.por todo lo antes dicho – podría poner en riesgo el principio constitucional del juez natural de la causa y del debido proceso. haya trabajadores que reclamen ante la justicia especializada. Alberto Bovino y Christian Courtis (compiladores) en “La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local. Por ello. Editores del Puerto y el CELS) y los de no discriminación.345 (cfr. caso “Manauta”. lo cual determina la competencia del fuero expresamente habilitado para conocer en esta materia por el art. . ya citado). cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano. Víctor Abramovich. prevenir todo peligro al derecho humano a la jurisdicción y no a inducirlo (cfe.).1 de la ley 24. La experiencia de una década”.competencia de la Justicia del Trabajo. toda vez que no ha sido derogada la ley 24.
de acuerdo a lo resuelto por este Tribunal mediante S. oído que fue el Señor Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a fs.A. a la Mesa General de Entradas de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a los fines estadísticos e informáticos. del 21/5/2015 en autos "BARRETO DANIEL ANGEL C/SWISS MEDICAL ART S. el Tribunal concluye que más allá del resultado final al que pueda arribarse en la presente y sin que esto implique adelantar opinión alguna acerca del fondo del asunto y la viabilidad del reclamo impetrado.P. declarar la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones.I. corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto y.Teniendo en cuenta la naturaleza del planteo. oído que fue el Sr. XI. XII. revocar el pronunciamiento apelado y declarar que la causa resulta de la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo.Comuníquese al juzgado de origen la presente resolución mediante oficio y con adjunción de copia certificada y. 42. solución a la que se arriba y estado procesal en que se encuentra la presente causa. por idéntica vía. 4) Comunicar al juzgado de origen la presente resolución mediante oficio. se declara sin costas de Alzada (art..ROBERTO CARLOS POMPA .Teniendo en cuenta la naturaleza de la resolución recurrida y los alcances de la presente.En definitiva y por las consideraciones efectuadas.C.. Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y.). en su mérito.. S/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL" EXPTE CNT 48981/2014/CA1. devuélvase. remítanse los autos al Juzgado que sigue en orden de turno a los fines de la prosecución del trámite. oportunamente. X. Por las consideraciones expuestas precedentemente. ALVARO EDMUNDO BALESTRINI . por idéntica vía.N. con adjunción de copia certificada y. el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución apelada y. 3) Remitir los autos al Juzgado que sigue en orden de turno a los fines de la prosecución del trámite. Cópiese. 2) Sin costas de Alzada.. regístrese. a la Mesa General de Entradas de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a los fines estadísticos e informáticos. notifíquese y.C. 68 C. en su mérito.IX.
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 artículo 36
 Resolución 
 artículo 75
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