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Presenta: Dip. María del Rocío Corona Nakamura (PRI-Jalisco) - PDF
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1 Proyectos Legislativos Instancia: Cámara de Diputados Fecha: 04 de febrero, Tipo de Proyecto: PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EMPRENDER ACCIONES PARA REFORZAR EL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL TRATAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON TRASTORNOS POR ABUSO DEL ALCOHOL Y OTROS PSICOACTIVOS Presenta: Dip. María del Rocío Corona Nakamura (PRI-Jalisco) Objeto: Exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las autoridades locales competentes en la materia, emprendan acciones para reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos. Consideraciones Los problemas derivados del alto índice de población que padece alcoholismo o farmacodependencia impactan fuertemente en los ámbitos familiar y social, tienen importantes implicaciones en la salud y seguridad públicas, situación que compromete importantes recursos tanto presupuestarios como de capital humano. Algunas adicciones, como el tabaquismo, generan padecimientos que requieren de una atención médica especializada y específica, pero otras como el alcoholismo y la adicción a sustancias psicoactivas, además de lo anterior, derivan también en problemas sociales como violencia, tanto pública como familiar, desintegración y descomposición social y una pérdida de las nuevas generaciones que cada vez debido a la creciente y fácil disposición de substancias se pierden a edades más tempranas, truncando con ello no sólo sus estudios sino, desafortunadamente, sus posibilidades para un desarrollo pleno, sano y socialmente productivo. 1
2 Aunque los trastornos que generan el alcoholismo y farmacodependencia no son privativos de algún segmento social, siendo igualmente vulnerables hombres y mujeres; niños, jóvenes, adultos y ancianos de cualquier formación cultural, educativa o nivel socioeconómico, en años recientes las estadísticas de consumo presentan datos alarmantes respecto de los niños y jóvenes, siendo especialmente afectados los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como es la situación de calle, o habitando en zonas marginadas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Secretaría de Salud y de estudios de organizaciones civiles, tenemos lo siguiente: Cerca del 15 por ciento de la población total padece del síndrome de la dependencia al alcohol y más de medio millón de mexicanos son atendidos en instituciones públicas de salud por problemas de farmacodependencia (cifra que por lo demás no refleja la magnitud del problema porque únicamente considera a los que son atendidos, excluyendo a los que no reciben ese beneficio). Cerca del 75 por ciento del total de la población ha ingerido bebidas alcohólicas y cerca de 4.5 millones han consumido alguna droga una vez en su vida. Cerca de 45 millones de mexicanos son bebedores habituales y casi un millón son farmacodependientes. El 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años presentan problemas de consumo excesivo de bebidas alcohólicas y casi el 2 por ciento de la población presenta alguna adicción a drogas. La edad promedio para iniciar en el consumo de alcohol ha bajado hasta llegar a situarse en los 13 años, incluso en algunas partes del país llega a ser de 10 años; y para el consumo de drogas se sitúa entre los 15 y 18 años. El alcoholismo o la drogadicción son los causantes de aproximadamente el 70 por ciento de los accidentes automovilísticos. 2
3 Cerca del 75 por ciento de los divorcios se asocian a alguna adicción. Aproximadamente el 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo del alcohol o derivado de una adicción. Cerca del 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas. La magnitud del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es un factor explicativo al considerar la problemática que abordamos con la presente proposición con punto de acuerdo: el surgimiento y multiplicación descontrolada de establecimientos para el tratamiento de las adicciones. Desde hace poco más de diez años, a la par del crecimiento en el número de personas que padecen adicciones, han surgido numerosos centros, alberges o clínicas de rehabilitación, también llamados internados, anexos o granjas ; éstos lugares han proliferado como una opción a la que recurren muchas familias en búsqueda de una solución frente a la dependencia al alcohol o a drogas de uno o varios de sus miembros. No hay un registro nacional que permita conocer cuántos establecimientos de este tipo hay en el país. Se sabe que muchos de ellos se instalan generalmente, aunque no exclusivamente, en zonas marginadas, en domicilios particulares -conservando muchas veces esa apariencia-, ofreciendo servicios de rehabilitación contra alcoholismo o drogadicción, sin contar con un método acreditado, sin las condiciones mínimas requeridas de seguridad e higiene, sin atención médica o seguimiento clínico. La admisión de las personas se conviene conforme cuotas o aportaciones voluntarias, ya sea en especie o monetarias, a cubrirse diaria, semanal o mensualmente y que van desde 10 y 30 pesos (diarios), 100 a 250 (semanales) y de entre mil a dos mil pesos (mensuales), según la zona, el diagnóstico del paciente y la intensidad del tratamiento. 3
4 Sin embargo, con base en testimonios que se conocen a través de la prensa y de persona a persona, es posible afirmar, que en muchos de estos establecimientos se realizan prácticas que atentan contra la dignidad y seguridad de las personas y que rayan en francas conductas delictivas. El internamiento y retención de las personas en contra de su voluntad es una de las prácticas más comunes, en cuyo caso, se trata del delito de privación ilegal de la libertad; también se conocen casos que testimonian el abuso que sufren los internos muchos de ellos menores de edad- al ser encargados de tareas extenuantes o sometidos a trabajos no remunerados, cuyo beneficio obtienen los dueños o encargados de los centros, en cuyo caso estamos hablando de explotación. Humillaciones, hacinamiento, abuso sexual y diversas formas de violencia física y psicológica, son moneda corriente de la narrativa vivencial de muchas personas que han pasado por estos lugares. En años más recientes, la problemática se ha vuelto aún más compleja, con el agravamiento de los conflictos derivados de la lucha contra el narcotráfico. En ese contexto, algunos centros de tratamiento ha sido escenario de eventos violentos en los que existen indicios que permiten especular sobre las imbricaciones de internos o de encargados con grupos delincuenciales. En septiembre de 2010, Carlos Zamudio Angles, en un artículo publicado en la revista Este País, hizo el recuento de que partir del inicio la guerra contra las drogas en México y hasta ese momento se habían dado cuando menos una docena de ejecuciones en centros de tratamiento para adictos, también llamados anexos, mismos que dejaron un saldo de al menos, 86 muertos, casi todos hombres que recibían atención.1 De esta manera, tenemos que los pseudométodos de tratamiento y las condiciones de insalubridad e inseguridad que privan en muchos de estos centros, redundan en una situación que hace urgente la necesidad de una intervención por parte de las autoridades. 4
5 Desde el punto de vista normativo, el abuso y dependencia de sustancias como el alcohol y demás psicoactivos, recae en la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. A este respecto, hemos de recordar que durante la LXI Legislatura, este Congreso de la Unión aprobó dos importantes reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, mismas que se derivaron, entre otras inquietudes, de la preocupación por la atención que reciben las personas en establecimientos que atienden este tipo de trastornos, cuya gama es muy amplia y que, como ya señalamos, abarca las problemáticas derivadas del abuso y dependencia a sustancias. La primera de estas reformas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2011, incorporó en la ley el carácter prioritario de las acciones para la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, definió una serie de objetivos a desarrollarse por parte de la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos; precisó qué aspectos ha de comprender la atención de los trastornos mentales y del comportamiento y explicitó los derechos de las personas que padecen estos trastornos. Se incorporaron definiciones muy puntuales respecto del internamiento. A este respecto se subraya lo dispuesto en los párrafos primero y último del artículo 75: Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables
6 Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas. La segunda reforma en materia de salud mental, aprobada en la legislatura anterior, publicada en el DOF el 15 de enero de este año, perfeccionó estas mismas disposiciones incorporando, por ejemplo, la definición de salud mental y especificando que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios. Ahora bien, con estas reformas, quedaron plasmadas en la ley una serie de dispositivos que invocamos para sustentar la propuesta que promovemos: 1) El artículo 5 de la ley se definen los componentes que integran en Sistema Nacional de Salud, mismo que abarca a las dependencias y entidades de la Administración Pública y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 2) En la fracción VII del artículo 73 se establece que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, tienen facultades para fomentar y apoyar La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. 3) En el artículo 74, fracción II, se define que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende la organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento 6
7 4) En el artículo 74 Bis se refiere, como uno de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento el tener acceso a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;. De lo anterior, se concluye claramente que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, son competentes para intervenir en la vigilancia y supervisión de establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos producidos por el abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos. Consideramos que, independientemente de ulteriores esfuerzos encaminados a abatir con mayor vigor los problemas asociados al abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, particularmente el que comportan los centros de tratamiento, es urgente la intervención que, desde el ámbito de sus competencias, puedan realizar los tres niveles de gobierno, especialmente los de las entidades federativas, por su capacidad operativa y cercanía con la población, para aportar una solución al respecto. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y, con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, emprendan acciones para reforzar el control y supervisión de los establecimientos dedicados al tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos por abuso y dependencia del alcohol y otros psicoactivos, con el fin de hacer vigentes las disposiciones contenidas en el último párrafo del artículo 72 y 74 Bis de la Ley General de Salud. 7
8 Nota 1 Zamudio Angles, Carlos. Etnólogo, investigador por el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, AC. Muerte en los anexos, revista Este País, septiembre de Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica) 8

References: artículo 75
 Artículo 75
 artículo 5
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 72