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Motivación de sentencias, inadmisibles acción de amparo ante la existencia de otros recursos ordinarios
14 Noviembre, 2017/ Sala Constitucional/ No hay comentarios/
Sala Constitucional 09 de Noviembre de 2017.
Motivación de Sentencia. Inadmisible acción de amparo constitucional ante la existencia de otros recursos ordinarios.
Exp.16-0483
El 17 de mayo de 2016, esta Sala Constitucional recibió el expediente remitido mediante oficio n.° 331-16, de fecha 03 de mayo de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, contentivo de la acción de amparo interpuesta por el abogado Albert Antonio Rojas, inscrito en el Inpreabogado bajo el n°. 127.398, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n.° V-14.707.185, en su condición de víctima en la presunta comisión de los delitos perpetrados en su contra de violencia psicológica, violencia física agravada continuada y otros previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia contra la decisión del “26 de febrero de 2016 y de la omisión de pronunciamiento que constituye la flagrante violación de la Tutela Judicial Efectiva por parte del TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL 1 DE AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA”. (Mayúsculas, negritas y subrayado del escrito).
La presente remisión fue realizada en virtud de la apelación ejercida, por el apoderado judicial de la accionante, en fecha 29 de abril de 2016, contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta que declaró inadmisible, la acción de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 23 de mayo de 2016, se dio cuenta en Sala, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 29 de julio de 2016, esta Sala dictó sentencia n.° 641, mediante la cual ORDENA oficiar al presidente de la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y Violencia de Género del Circuito Judicial Penal de estado Bolivariano de Nueva Esparta, remita a esta Sala copias certificadas de la totalidad de las actuaciones contentivas del recurso de apelación ejercido por el abogado Albert Antonio Rojas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la accionante.
El 05 de agosto de 2016, se dictó auto mediante el cual la Secretaria de esta Sala Constitucional deja constancia de la comunicación telefónica con la ciudadana Nubia Guzmán, titular de la cédula de identidad N° 16.597.137, quien se identificó como Secretaria de la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, a fin de informarle el contenido de la decisión N° 641, dictada por esta Sala el día 29 de julio de 2016. A tal efecto se le remitió vía fax copia de la mencionada decisión.
El 23 de agosto de 2016, se recibió Oficio n.° 517-16, de fecha 11 de agosto de 2016, mediante el cual el Dr. Jaiber Alberto Núñez, actuando en su condición de Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, suministra información peticionada por esta Sala.
El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la designación en sesión de la Sala Plena celebrada el 24 del mismo mes y año, de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y de las distintas Salas que lo conforman, quedando esta Sala Constitucional integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
El 23 de mayo de 2017, el abogado Albert Rojas mediante escrito solicita pronunciamiento de esta Sala.
El 06 de junio de 2015, la Fiscalía Décima Tercera del Estado Nueva Esparta, inició investigación penal, la cual signó bajo la nomenclatura N° MP-253060-2015, por la presunta comisión de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el ciudadano Alexis Rubén Briceño Hinojosa, en perjuicio de la ciudadana Gildamar Muñoz Carrillo.
El 01 de junio de 2015, el Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta con competencia en materia para la defensa de la mujer decretó medidas de protección y seguridad a favor de la ciudadana Gildamar Muñoz, las cuales consisten en la prohibición de acercamiento a la mujer agredida del ciudadano Alexis Rubén Briceño.
Tras solicitud de revisión de medidas peticionada por el Ministerio Público en sede Judicial, ésta fue admitida por el Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en fecha 12 de noviembre de 2015, oportunidad en la cual ratificó las medidas de protección y seguridad impuestas por el órgano receptor de denuncia y ordena imponer de las medidas ratificadas al ciudadano Alexis Briceño, contempladas en los ordinales 3° y 4° del artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En fecha 25 de noviembre de 2015, el ciudadano Alexis Rubén Briceño Hinojosa, solicitó revisión de las medidas decretadas a favor de la ciudadana Gildamar Muñoz, argumentando que está divorciado de la ciudadana Gildamar Muñoz desde el 16 de julio del año 2014, producto de esa relación procrearon una niña que tiene ocho años en la actualidad, que su ex pareja tiene residencia en el Estado Táchira, donde en la actualidad estudia su hija, según consta de las mensualidades vencidas e inscripción de las cuales aporta el cincuenta por ciento (50%) del valor de las mismas. Aduce que la medida decretada le está causando un daño irreparable a toda su familia, en virtud, que el inmueble es de propiedad de sus padres según documento de propiedad que anexa, y que en el mismo residen actualmente, su padre de 87 años y su madre de 72 años que recalca padece de cáncer, así como su hijo de 28 años que padece de parálisis cerebral situación por la cual hace valer que necesita de cuidados por su persona.
El ciudadano Alexis Rubén Briceño Hinojosa, consignó la denuncia que interpuso ante la misma Fiscalía Décima Tercera, la cual tiene fecha de recibo el 26 de junio de 2015, en la cual expone los supuestos maltratos de la ciudadana Gildamar Muñoz en contra de su hijo, el cual presenta parálisis cerebral, y hace del conocimiento de la Fiscalía, la disolución del vínculo matrimonial desde al año 2014 y el comportamiento agresivo en casa de sus padres vivienda que se niega –a su decir- abandonar la referida ciudadana.
Un mes después, en fecha 27 de julio de 2015, el ciudadano Alexis Rubén Briceño Hinojosa, interpuso nueva denuncia ante la referida Fiscalía Décima Tercera, por hechos violentos ocurridos en la vivencia donde residen, los cuales atribuye a la ciudadana Gildamar Muñoz.
En fecha 26 de febrero de 2016, se celebró Audiencia Especial mediante la cual el “Tribunal de Control, Audiencia y Medidas n.° 01 con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer”, ordenó el cese inmediato de la medida de protección y seguridad establecida en el ordinal 4 del artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y confirmó las medidas contempladas en los ordinales 5 y 6 del artículo 90 eiusdem, sobre esta se ejerció recurso de apelación el 02 de marzo de 2016.
El 07 de abril de 2016, se intentó por parte de la ciudadana Gildamar Muñoz, acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos en contra de la decisión dictada el 26 de febrero de 2016, por el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas n.° 01 con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.
El 26 de abril de 2016, la Corte de Apelaciones Ordinaria del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta de conformidad con el ordinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al constatar que la accionante ejerció recurso ordinario de apelación contra la decisión del 26 de febrero de 2016. Siendo ésta última decisión sobre la cual conoce esta Sala por remisión por la apelación ejercida el 29 de abril de 2016.
El abogado Albert Antonio Rojas, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, presentó acción de amparo constitucional sobre la base de los argumentos siguientes:
Que, “… la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016, por parte del Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, violento los derechos constitucionales de la ciudadana víctima y ha generado # (sic) por los efectos de la misma una serie de actos que atentan contra la protección que debe tener toda víctima en especial la víctima de conductas sexista (sic)…”.
El referido abogado pasó a realizar una relación de hechos donde plasma las distintas agresiones que –a su decir- ha sufrido su apoderada por parte del presunto agresor, el ciudadano Alexis Rubén Briceño Hinojosa, asimismo, argumentó que las medidas de protección otorgadas por los órganos receptores de denuncias a favor de la víctima, han sido ineficaces y no se han cumplido.
Que, “… el tribunal de instancia (sic) no solo condiciono (sic) a la victima (sic) como que ella fuese la investigada en el caso, sino que además salió de la esfera de su competencia, evidenciado una incompetencia manifiesta al ordenar el desalojo de la víctima de un inmueble utilizado para la vivienda de la relación afectiva y que además se ha legislado en la materia, dejándose claro los efectos de la medida de protección que garantiza la tranquilidad de la mujer victima (sic) independientemente de la titularidad de la propiedad; pero a efecto de aclarar la titularidad del inmueble aunque es competencia del ámbito de bienes conyugales la victima (sic) esta (sic) en proceso de evidenciar una venta simulada, pero no es el caso de competencia del área penal; por ello aunque han existido varias medidas de protección las mismas han sido ineficaces y han permitido desde el aislamiento hasta la detención y desalojo del inmueble incluso con su niña de 9 años de edad el cual la asiste el interés superior del niño”.
Que, “…la decisión dictada el 26 de febrero de 2016, afecta los derechos de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, en virtud que los efectos de la decisión que se comenta es nula ha causado un daño, y mantiene sus efectos de manera vigente, solicitando a esta corte de apelaciones, investida de autoridad constitucional, ordene medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos de la decisión dictada por el Tribunal de Instancia de fecha 26 de Febrero (sic) de 2016, más aún cuando existe escrito de acusación y anexo de 128 folios por el delito de violencia psicológica y violencia física agravada continuada, de fecha 09 de marzo de 2016 y el representante del Ministerio Público, ha solicitado la medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el artículo 242 numeral 3, 6 y 7 de igual forma solicito se mantenga la medida de protección y seguridad…”.
Que, “…el desalojo arbitrario, forzoso e ilegitimo (sic), como consecuencia de la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016, dejó fuera del domicilio a la niña (…Omissis…) y a su madre GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, dejándolas desprotegidas en la calle, trayendo consecuencias graves en su inestabilidad (sic), así como la interrupción académica de la referida niña, toda vez que sus artículos de primera necesidad quedaron en el inmueble y ellas fuera del mismo…”.
Finalmente, solicitó la aplicación del procedimiento establecido jurisprudencialmente en decisión n.° 7 de esta Sala dictada en fecha 01 de febrero de 2000, y en consecuencia, se admita la acción de amparo.
En fecha 26 de abril de 2016, la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, declaró inadmisible, la acción de amparo conforme a lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, fundamentándose en lo siguiente:
(…) observa esta Sala que la parte accionante denuncia la actuación de la DRA. NUBIA LORENA GUZMAN, en su condición de Jueza del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, por cuanto en fecha 26 de febrero de 2016, dictó decisión mediante la cual modifica la medida de protección que le fue impuesta al imputado ALEXIS RUBEN BRICEÑO HINOJOSA, a solicitud de la defensa privada, y en consecuencia, ordena la salida de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARILLO, de la propiedad de los ciudadanos Ángela Aurora Hinojosa de Briceño y Eduardo Briceño Porras, por cuanto el agresor ya no reside en esa vivienda y no es vivienda común aunado al hecho que el vínculo conyugal ya esta (sic) disuelto, y quien habita en esa vivienda sin terceras personas, que no tienen nada que ver con el proceso penal (sic).
A tal efecto, arguyó la parte quejosa la violación a sus derechos constitucionales por parte de la DRA. NUBIA LORENA GUZMAN, en su condición de Jueza Primera de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, por cuanto extralimitó en sus funciones al actuar fuera de su competencia al ordenar el desalojo de la víctima de un inmueble utilizado para la vivienda de la relación afectiva y que además se ha legislado en la materia, dejándose claro los efecto (sic) de la medida de protección que garantiza la tranquilidad de la mujer víctima independientemente de la titularidad de la propiedad.
En este orden de ideas, observa esta Sala en Sede Constitucional, que en fecha 16 de marzo de 2016, dictó auto mediante el cual se ordenó darle entrada en el libro que se lleva a tal efecto, al asunto recursivo N° OP04R2016000096, procedente del Tribunal de Primera Instancia en funciones (sic) de Control, Audiencia, y Medidas N° 01 con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal, por cuanto en fecha 02 de marzo de 2016, la ciudadana GILDEMAR MUÑOZ, debidamente asistida por el profesional del derecho ALBERT ANTONIO ROJAS, interpuso recurso de apelación en contra del auto dictado en fecha 26 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal mencionado.
Delimitado como fue el objeto de la controversia, debe esta Corte de Apelaciones –en Sede Constitucional- analizar la acción de amparo constitucional interpuesta a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Precisado lo anterior, esta Sala considera que la parte accionante dispone del recurso de apelación de autos establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, como vía ordinaria que se debe agotar antes del ejercicio de la acción de amparo constitucional, para satisfacer las supuestas violaciones delatadas como infringidas.
En atención a lo expuesto, considera esta sala que, efectivamente, la presente acción de amparo, interpuesta por ALBERT ANTONIO ROJAS, en su condición de Apoderado Judicial de la ciudadana GILDEMAR MUÑOZ CARRILLO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-14.707.185, quien actúa en su condición de víctima en la causa N° OP01-S-2015-001719 (nomenclatura del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia, y Medidas N° 01 con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta), mediante la cual interpone AMPARO CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo consagrado [en] los artículos 19, 26, 27, 30, 49, 51, y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 6 del Código Orgánico Procesal penal, se encuentra incursa en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el numeral 5° del artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 5° ejusdem. Y así se declara. (Negritas y Mayúsculas del escrito).
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
El abogado Albert Antonio Rojas, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Gildamar Muñoz Carrillo, solicitó sea declarada con lugar la apelación y se anule la sentencia del a quo constitucional, sobre la base de los siguientes argumentos:
Que, “…resulta forzoso para este profesional del derecho, realizar la presente Acción de Amparo Constitucional en contra de una decisión y de la omisión evidente que violenta los derechos y garantías constitucionales de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO…omissis… más aún cuando es víctima de un proceso penal y es observada por este profesional del derecho el día miércoles 02 de marzo de 2016, a eso de las 5:00 de la tarde, en frente de las instalaciones del palacio de justicia de la ciudad de la asunción (sic), con una crisis emocional y emotiva, así como con desorientación en su proceso penal…omissis… siendo que en fecha 26 de febrero de 2016, se había realizado una audiencia especial a petición del imputado y su abogado defensor, donde se ORDENO (sic) SU DESALOJO DEL INMUEBLE QUE HABITAN EN COMÚN (desalojo de la hoy accionante)”. (Negritas y Mayúsculas del escrito).
Que, “…en efecto de la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016, por parte del Tribunal de Primera INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL 1(sic) DE AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, son los motivos que obligan a este profesional del derecho ajustado al estado (sic) social democrático de derecho y justicia, al observar las reiteraciones de violaciones de derecho que se ejecutan en contra de la víctima del proceso penal siendo doblemente victimizada por el proceso; y observando la ineficacia en la aplicación de las medidas de protección que establece la ley especial que rige la materia y la no garantía de su tutela judicial efectiva, es por lo que es imposible para este profesional del derecho quedarse de brazos cruzados y tener la obligación de solicitar la TUTELA CONSTITUCIONAL de los derechos de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO”. (Negritas y Mayúsculas del escrito).
Que, “…el Tribunal de Instancia en funciones de control 1 (sic), audiencias y medidas, con competencia en protección de la mujer libre de violencia del Estado Nueva Esparta, dictada en fecha 26 de febrero de 2016, realizó una audiencia, tomando una decisión que extralimitó sus funciones, debido a que la víctima no es la perseguida penalmente, saliendo de la esfera de competencia al ordenar de manera directa el desalojo de la víctima sin ni siquiera conocer las circunstancias especificas del caso”.
Que, “…la víctima estaba desprotegida, tanto por los funcionarios policiales, fiscal y juez de control, quienes tienen la obligación constitucional de resguardar la víctima del proceso; observando que el delito del cual fue víctima es continuado y progresivamente más grave, y que a pesar de existir denuncias con fechas distintas, el imputado por mantener dominio de posesión del inmueble, mantenía su víctima bajo su esfera de acción, ocurriendo los distintos eventos en el inmueble…”.
Que, “…si bien se ejerció un recurso de apelación ordinario, se evidencia de la presente acción, que para el momento ni siquiera existe la admisión del recurso de apelación de autos, mucho menos su decisión, y que al ser consultado la ubicación del mismo, se observa que el recurso para el mes de abril de 2016 se encuentra paralizado por inhibición de uno de los jueces de la Corte de Apelaciones y que a la vez se debe constituir la nueva corte accidental”.
Que, “…a la luz de la jurisprudencia observamos un motivo de inadmisibilidad de la acción, pero …omissis… considera esta parte accionante que la restauración de los derechos de la víctima debe ser inmediata sin dilaciones y ejecutadas de manera eficaz, siendo el proceso de amparo el más apropiado e idóneo para el fin”.
En concatenación con los alegatos anteriores, solicita sea declarada la nulidad de la decisión de la Corte de Apelaciones y de ser posible recaiga pronunciamiento al fondo de la tutela constitucional.
Esta Sala debe determinar su competencia para el conocimiento del recurso de apelación que fue ejercido en la presente causa. En tal sentido, con fundamento en el contenido del artículo 25 numeral 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; así como en la sentencia de esta Sala n.º 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de las apelaciones contra las decisiones que recaigan, en primera instancia, en los procesos de amparo constitucional autónomo que dicten los Juzgados Superiores de la República y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, con excepción de las que dicten los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.
De esta forma, en virtud de que la sentencia objeto de apelación fue dictada el 26 de abril de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, actuando en Sede Constitucional, esta Sala es competente para conocer del presente recurso, y así se declara.
Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, observa que:
Preliminarmente, esta Sala debe pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación interpuesto, a cuyo efecto se observa que la parte apelante ejerció dicho recurso en fecha 29 de abril de 2016, contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, por tanto, dicho recurso fue ejercido de manera tempestiva, como se evidencia al folio 100 del presente expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Por otra parte, esta Sala precisa que, tal como quedó sentado en sentencia n.° 442 del 4 de abril de 2001, (caso: Estación Los Pinos, S.R.L.), habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso. Siendo que de las actas procesales que conforman el expediente la Sala hace constar que se consignó escrito de fundamentación de apelación el mismo día en que se realizó la apelación, a saber, el día 29 de abril de 2016, razón por cual la Sala emitirá su fallo en consideración a los alegatos de dicho escrito.
En cuanto al fondo del asunto planteado se observa que la parte accionante interpuso la presente apelación en fundamento de lo consagrado en los artículos 19, 26, 27, 30, 49, 51 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Denunciando en forma reiterada, la presunta violación a la tutela judicial efectiva, en la que incurriera la referida Corte al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo.
Ahora bien, tal declaratoria de inadmisibilidad, se dictó con fundamento en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al verificar la Corte de Apelaciones que la parte accionante ejerció en fecha 02 de marzo de 2016, recurso de apelación contra la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016, (folio 03 del anexo 04) constatando de esta forma que la presunta agraviada optó por recurrir a la vía judicial ordinaria.
En tal sentido, en cuanto a la referida causal de inadmisibilidad dispuesta en el numeral 5 del artículo 6 eiusdem, esta Sala en sentencia n.° 2369 del 23 de noviembre de 2001, (caso: Mario Téllez García) estableció lo siguiente:
(…) la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional (…). Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente.
Ello así, la Sala de forma pacífica y reiterada ha establecido que, en caso de concurrir un medio judicial preexistente debe agotarse aquél por ser idóneo para restablecer al agraviado en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, (Vid. Entre otras sentencias nros. 848 del 28 de julio de 2000, caso: Luis Alberto Baca, 939 del 09 de agosto de 2000, caso: Stefan Mar C.A.; y 2369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Parabólicas Service´s Maracay, C.A.). Por tal razón, la acción de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra la decisión que se pretende someter al amparo constitucional, o en caso de existir tal medio ordinario resulte imposible el ejercicio del mismo de forma feliz.
En el caso de autos, la Sala observa que, tal y como lo sostuvo la Corte de Apelaciones, estuvo a disposición de la accionante el recurso de apelación, medio idóneo y eficaz, el cual fue efectivamente fue ejercido en fecha 02 de marzo de 2016 contra la decisión proferida el 26 de febrero de 2016, sin embargo, la parte accionante activó la vía del amparo, en fecha 07 de abril del mismo año, estando en curso la tramitación del referido recurso de apelación, el cual fue oído en ambos efectos.
En consecuencia, la Sala juzga que el ejercicio oportuno del citado medio judicial, ocasiona la inadmisibilidad de la acción de amparo incoada, conforme a lo previsto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues –como se señaló- dicha norma fundamenta su inadmisibilidad cuando se dispone de un medio judicial idóneo para el logro de los fines que, a través de la tutela constitucional, se pretende alcanzar; por lo que estima la Sala que se dieron los elementos suficientes para declarar la inadmisibilidad de amparo. Así se decide.
Asimismo, esta Sala en atención a la información requerida en fecha 29 de julio de 2016, mediante sentencia n.° 641, de la totalidad de las actuaciones contentivas del recurso de apelación ejercido por el abogado Albert Antonio Rojas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la accionante, mandato que fue cumplido, observa lo siguiente:
En fecha 14 de junio de 2016, la Corte de Apelaciones de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescente y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, anuló de oficio la decisión del 26 de febrero de 2016 dictada por el Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en consecuencia, anuló los actos subsiguientes a la decisión, asimismo, repuso la causa al estado en la que se encontraba antes de la celebración de la Audiencia Especial celebrada en fecha 26 de febrero de 2016, ordenando la celebración de la misma conforme al artículo 5 en concordancia con el ordinal 1° del artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante un Juez de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, distinto al que dictó la decisión anulada, lo anterior con base en los siguientes fundamentos:
(…)Este Tribunal de Alzada, aprecia que la Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de Esta (sic) Circunscripción Judicial, incurrió en el evidente vicio de falta de motivación de la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016 y fundamentada en fecha 29 de febrero de 2016, toda vez que era obligación de la A quo realizar el razonamiento y la fundamentación que permitiera demostrar a los demás, la razón de su convencimiento basado en los lineamientos adjetivos penales vigentes.
En base a las consideraciones normativas y jurisprudenciales señaladas con anterioridad, es posible encuadrar la conducta del Tribunal A quo al momento de proferir su decisión como Falta de Motivación (sic) en la decisión dictada, por lo que en el presente caso, se deduce la violación al debido proceso que debe garantizar el Tribunal a las partes.
En este orden de ideas, los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, disponen lo siguiente:
“…ART. 174.-Prinicipio. Los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, No podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el efecto haya sido subsanado o convalidado…”.
“…ART.175.- Nulidades Absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que implique inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela…”
“…ART.179.-Declaración de Nulidad. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el Juez o Jueza deberá declarar su nulidad por auto razonado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva, de oficio o a petición de parte (…)
En todo caso, no procederá tal declaratoria por defectos insustanciales en la forma. En consecuencia, sólo podrán anularse las actuaciones fiscales o diligencias judiciales del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaratoria de nulidad.
Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento…” (Cursivas de este Tribunal de Alzada)
En consonancia con las disposiciones adjetivas transcritas supra, la Sala advierte que en el proceso penal el juez puede declarar la nulidad absoluta, aun de oficio, cuando considere que se han vulnerado los principios contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, así como algunos de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, es menester para esta Alzada, resaltar el criterio mantenido por la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, en expediente N° 02-1390, de fecha 13-05-2004, con ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ: “…Es criterio vinculante de esta Sala que, aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento éste que atañe al orden público, puesto que, de lo contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además de que se desconocería cómo se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que “principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social. (Cfr. s.S.C. n° 150/24.03.00, caso José Gustavo Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez)…La obligación de motivación de los fallos es uno de esos requisitos y constituye una garantía contra el atropello y el abuso, precisamente porque, a través de aquéllas, es posible la distinción entre lo que es una imposición arbitraria de una decisión y lo que es una sentencia imparcial.
Igualmente se desprende de los artículos antes citados, que toda decisión dictada por un juez debe ser motivada, porque de lo contrario se estaría violentando el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes, asimismo, se establece que el debido proceso constituye una garantía constitucional, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, comprendiendo a su vez una serie de presupuestos que otorgan a las partes el tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa de sus intereses. En cuanto a la tutela judicial efectiva, se colige que es un derecho fundamental, que tienen todos los ciudadanos, entre otros aspectos, de obtener dentro de un proceso, por parte de los Jueces de la República, una decisión judicial que sea motivada, ajustada a derecho, y que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones de las partes, de manera favorable o no a alguno de ellos.
En síntesis, esta Corte de Apelaciones observa, que es un derecho de las partes, tener una decisión debidamente fundamentada, así como a conocer las razones de la decisión judicial dictada en su contra, es decir, a una decisión motivada, la cual constituye derivación específica del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, la motivación de la sentencia constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decisión, a los fines de poder ejercer los recursos correspondientes, y en último término, para oponerse a las resoluciones judiciales arbitrarias.
En tal sentido, al constatar esta Alzada que el auto motivo de impugnación carece de motivación absoluta, en virtud que la Jueza al dictar el mismo, no fundamento las razones de hecho y de derecho que la llevaron indefectiblemente a la conclusión que la llevo a decidir conforme a lo quedo explanado en el auto, según sigue a continuación, que no expresó las razones de hecho y de derecho que lo conllevaron a ordenar la salida de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, en su condición de víctima, del inmueble propiedad de los ciudadanos Ángeles Aurora Hinojosa de Briceño y Eduardo Briceño Porras, limitándose simplemente a argumentar lo siguiente:“…este Tribunal ordena la salida de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, de la propiedad de los ciudadanos Angele Hinojosa y Eduardo Briceño (sic). por cuanto el agresor ya no reside en esa vivienda, y no existe un riesgo para su seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer y por cuanto esa propiedad no es vivienda común, aunado al hecho que el vinculo conyugal ya esta disuelto, y quien habita en esa vivienda son terceras personas, que no tienen nada que ver con el proceso penal, por lo que el mantenimiento de la Medida de Protección y Seguridad establecida en los Articulo 90. 4 de la ley Especial resulta inaplicable por cuanto estaría afectando derecho de terceros que no son parte de este proceso penal, en razón a ello, es por lo que se ordena el cese inmediato de la Medida de Protección y Seguridad establecida en el artículo 90.4 de la Ley especial que rige la materia…” que hoy es objeto del presente recurso lo cual evidencia una falta absoluta de motivación, quebrantando de esta forma el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y La Tutela Judicial Efectiva, principios que suponen que las sentencias sean motivadas y congruentes.
La nulidad advertida por esta Alzada, deviene por la infracción del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que, la decisión de fecha 26 de febrero de 2016 y fundamentada en fecha 29 de febrero de 2016, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control Audiencias y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial, incurrió en una falta absoluta de motivación al no indicar las razones de hecho y de derecho que lo conllevaron a ordenar la salida de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, en su condición de víctima, del inmueble propiedad de los ciudadanos Ángeles Aurora Hinojosa de Briceño y Eduardo Briceño Porras, limitándose simplemente a argumentar lo siguiente:“…este Tribunal ordena la salida de la ciudadana GILDAMAR MUÑOZ CARRILLO, de la propiedad de los ciudadanos Angele Hinojosa y Eduardo Briceño (sic) por cuanto el agresor ya no reside en esa vivienda, y no existe un riesgo para su seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer y por cuanto esa propiedad no es vivienda común, aunado al hecho que el vinculo conyugal ya esta disuelto, y quien habita en esa vivienda son terceras personas, que no tienen nada que ver con el proceso penal, por lo que el mantenimiento de la Medida de Protección y Seguridad establecida en los Articulo 90. 4 de la ley Especial resulta inaplicable por cuanto estaría afectando derecho de terceros que no son parte de este proceso penal, en razón a ello, es por lo que se ordena el cese inmediato de la Medida de Protección y Seguridad establecida en el artículo 90.4 de la Ley especial que rige la materia…”
Por todas las consideraciones anteriormente señaladas y en aras de mantener firme el criterio sostenido por esta Corte de Apelaciones, se acuerda la NULIDAD DE OFICIO de la decisión dictada en fecha 26 de febrero de 2016, por el Tribunal Primero de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Bolivariano Nueva Esparta, en consecuencia se anulan los actos subsiguientes a la decisión anulada. SE REPONE la causa al estado en la que se encontraba antes de la celebración de la Audiencia Especial celebrada en fecha 26 de febrero de 2016. Se ORDENA la celebración inmediata de una nueva Audiencia Especial conforme al artículo 5 en concordancia con el ordinal 1° del artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante un Juez de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, distinto al que dictó la decisión aquí anulada, con prescindencia de los vicios que conllevaron al decreto de nulidad. En consecuencia se ORDENA al Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas Nº 01 del Circuito Judicial Penal Fronterizo del Estado Bolivariano Nueva Esparta, remitir la totalidad de las actuaciones del expediente signado bajo asunto principal signado con la nomenclatura OP01-S-2015-001719, y Recurso de Apelación signado con la nomenclatura OP04-R-2016-000096 a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial Penal, a los fines que sea distribuido a un Juez de Tribunal de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas distinto que conozca de la presente causa y cumpla con lo ordenado en el presente fallo. Así se decide.
En virtud de la naturaleza del fallo anterior, esta Instancia Superior, no entra a pronunciarse acerca de los puntos objetos de las apelaciones, por guardar estrecha relación con el decreto de nulidad de oficio, prelando la respectiva garantía de derechos constitucionales y legales que en el presente caso fueron conculcados, todo ello en aras a la recta aplicación del principio de la seguridad jurídica por parte del órgano jurisdiccional. Así se decide.-
Visto lo decidido por la Corte de Apelaciones Ordinaria referida, esta Sala evidencia que tal como fue establecido ut supra no sólo se realizó el ejercicio oportuno del medio judicial sino que el mismo logró el fin pretendido por la parte accionante, a través de la tutela constitucional, en consecuencia, considera esta Sala Constitucional que la lesión denunciada devino en irreparable, conforme a lo establecido en el ordinal 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar la apelación ejercida por el apoderado judicial de la ciudadana Gildamar Muñoz, y, de seguidas, confirmar la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:
COMPETENTE para conocer de la presente acción.
SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Albert Antonio Rojas, en carácter de apoderado judicial de la ciudadana Gildamar Muñoz, contra la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por la Corte de Apelaciones Ordinaria Sección de Adolescentes y de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Nueva Esparta, la cual SE CONFIRMA.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
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Derechos del autor y del artista como productor de la película “WALKOLDA”, publicada por CINES UNIDOS sin autorización del autor : En una demanda por daño moral, no existe duda de que el conflicto entre STANISLAO JAKUBOWICZ y CINES UNIDOS C.A es de la materia comercial y, en consecuencia, el demandante no está obligado al caucionamiento de lo que fuere juzgado y sentenciado, con fundamento en el artículo 1.102 del Código de Comercio. Así se declara.

References: artículo 6
 artículo 90
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 artículo 6
 artículo 242
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 6
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 artículo 5
 artículo 25
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 6
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 artículo 6
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 94
 resolución 
 artículo 49
 artículo 26
 artículo 90
 artículo 157
 artículo 90
 artículo 5
 artículo 94
 artículo 6
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 artículo 1