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Timestamp: 2019-08-19 16:28:27+00:00

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Sentencia Control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07. Tribunal Constitucional de Chile. 2016. | Political Parties | Elections
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Sentencia Control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07. Tribunal Constitucional de Chile. 2016. Rol: 2980-16. Fecha Ingreso: 29-01-2016. Sala: Pleno. Relator: José Francisco Leyton Jiménez. Referencia: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3243
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CORTE DE SANTIAGO ORDENA A DIARIO RECTIFICAR Y PEDIR DISCULPAS POR PUBLICAR INFORMACIÓN FALSA EN 1973
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Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.
I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
PRIMERO: Que, por oficio N° 12.350, de fecha 28 de
enero de 2016 -ingresado a esta Magistratura el día 29
del mismo mes y año-, la Cámara de Diputados ha remitido
copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el
Congreso Nacional, que fortalece el carácter público y
democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización (Boletín N° 10154-07), con el objeto de que
este Tribunal Constitucional, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la
Constitución Política de la República, ejerza el control
de constitucionalidad respecto de la totalidad del
SEGUNDO: Que el N° 1° del inciso primero del
artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es
atribución de este Tribunal Constitucional: "Ejercer el
control de constitucionalidad de las leyes que
interpreten algún precepto de la Constitución, de las
leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un
tratado que versen sobre materias propias de estas
últimas, antes de su promulgación;';
TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el
considerando anterior, corresponde a esta Magistratura
pronunciarse sobre las normas del proyecto de ley
remitido que estén comprendidas dentro de las materias
d o.yeejdeZ
que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica
II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.
CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley
sometidas a control de constitucionalidad son las que se
"Artículo 1 ° .- Introdúcense en la ley
N ° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos
Políticos, las siguientes modificaciones:
1. Sustitúyese el artículo 1 ° por el
"Artículo 1°.- Los partidos políticos son
asociaciones autónomas y voluntarias organizadas
democráticamente, dotadas de personalidad jurídica
de derecho público, integradas por personas
naturales que comparten unos mismos principios
ideológicos y políticos, cuya finalidad es
contribuir al funcionamiento del sistema
democrático y ejercer influencia en la conducción
del Estado, para alcanzar el bien común y servir al
Los partidos políticos expresan el
pluralismo político, con curren a la formación y
expresión de la voluntad popular, son instrumento
fundamental para la participación política
democrática, contribuyen a la integración de la
Áve~-~Z xittueí
representación nacional y son mediadores entre las
personas y el Estado.
Los partidos políticos deberán contribuir
al fortalecimiento de la democracia y al respeto,
garantía y promoción de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución, en los tratados
internacionales ratificados y vigentes en Chile, y
en las leyes.".
2. En el artículo 2 ° :
a) Reemplázase, en el inciso primero, la
frase "sólo las conducentes a obtener para sus
candidatos el acceso constitucional a los cargos
públicos de elección popular, para lo cual y con el
objeto de poner en práctica los principios y
postulados de sus programas,", por la siguiente:
"aquellas destinadas a poner en práctica sus
principios, postulados y programas, para lo cual".
b) Modificase el inciso segundo en el
i. Reemplázase, en la letra a), la
palabra "Presentar" por "Difundir", e intercálase,
entre los vocablos "los" y "habitantes", la
expresión "ciudadanos y".
ii. Reemplázase, en la letra b), la
expresión "los Senadores y Diputados" por "las
autoridades electas".
iii. Intercálanse, a continuación de la
letra c), las siguientes letras d) a 1), pasando la
actual letra d) a ser m):
"d) Promover la participación política
activa de la ciudadanía y propender a la inclusión
de los diversos sectores de la vida nacional;
0+ O2 I
t92«;04,4
e) Contribuir a la formación política y
cívica de la ciudadanía y de sus afiliados;
f) Promover la interrelación activa y
continua entre la ciudadanía y las instituciones
g) Promover la participación política
inclusiva y equitativa de las mujeres;
h) Realizar encuentros, conferencias,
cursos, seminarios e investigaciones;
i) Interactuar con organismos e
instituciones representativos de la sociedad civil,
a nivel nacional, regional y local;
j) Realizar publicaciones y difundir
sus políticas, planes y programas a través de los
medios de difusión;
k) Participar políticamente en
entidades nacionales o internacionales;
1) Realizar actividades conjuntas entre
dos o más partidos políticos para el cumplimiento
de sus fines;".
c) Suprímense los incisos cuarto y quinto.
3. Reemplazase, en el artículo 3 ° , la
expresión "una de las regiones en que se divide
políticamente el país" por la frase "ocho de las
regiones en que se divide política y
administrativamente el país o en un mínimo de tres
regiones geográficamente contiguas".
4. En el artículo 5 ° :
a) Agrégase, en la letra d) del inciso
primero, la siguiente frase ", la que deberá
expresar su compromiso con el fortalecimiento de la
democracia y el respeto, garantía y promoción de
óllem/ 949,
los derechos humanos asegurados en la Constitución,
en los tratados internacionales ratificados y
vigentes en Chile, y en las leyes;".
b) Reemplazase en la letra e), la letra
"y", por la siguiente oración: "el cual deberá
establecer, entre otros, los principios del
partido, su estructura interna, la composición y
funciones de cada uno de sus órganos, la forma de
elección de sus autoridades conforme a los
principios que señala esta ley, los derechos y
deberes de sus afiliados y las demás normas que la
ley exija, y".
c) Reemplazase, en la actual letra f), las
expresiones "la Directiva Central" por la frase "e/
órgano Ejecutivo', las dos veces en que aparece.
d) Agrégase un inciso tercero, nuevo,
pasando el actual inciso tercero a ser cuarto, y
así sucesivamente:
"Los notarios no podrán negarse
injustificadamente a extender la escritura pública
a que hace referencia este artículo y no podrán
cobrar por este servicio.".
e) Modificase el actual inciso tercero, que
ha pasado a ser cuarto, en el siguiente sentido:
i. Reemplazase la expresión "en el
inciso anterior" por "en el inciso segundo'.
Sustitúyese la expresión "la
Directiva Central' por la frase "el Órgano
Ejecutivo".
Reemplazase la expresión "Diario
Oficial' por la frase "sitio electrónico del
Servicio Electoral'.
iv. Elimínense las frases "un resumen
de" y "La publicación se realizará a costa de la
Directiva Central próvisional.".
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5. En el artículo 6 ° :
i. Intercalase entre el término "días"
y el punto seguido la palabra "corridos".
ii. Reemplazase la frase "al 0,25 por
ciento del electorado que hubiere sufragado en la
última elección de Diputados en cada una de las
Regiones donde esté constituyéndose, según el
escrutinio general practicado por el Tribunal
Calificador de Elecciones." por las siguientes: "al
0,25 por ciento del electorado que hubiere
sufragado en la última elección de diputados en
cada una de las regiones donde esté
constituyéndose, siempre y cuando dicho porcentaje
del electorado en cada región fuere superior a 500
electores. Si del cálculo descrito resultare una
cantidad de electores menor a 500, los partidos
políticos deberán afiliar, en dichas regiones, al
menos a 500 electores. El cálculo del porcentaje
señalado se hará según el escrutinio general
practicado por el Tribunal Calificador de
Elecciones.".
b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las
frases "de la región respectiva, o ante el oficial
del Registro Civil, si en la comuna donde la
persona tenga su domicilio no hubiere notario. Los
notarios no podrán negarse a recibir la declaración
cobrar por este servicio." por la expresión ", ante
el oficial del Registro Civil, o ante el
funcionario habilitado del Servicio Electoral,
quienes no podrán negarse a recibir la declaración
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c) Agrégase el siguiente inciso tercero,
nuevo, pasando los actuales incisos tercero y
cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
"Una instrucción general del Servicio
Electoral establecerá el modo en que el
procedimiento de constitución y afiliación del
partido político en formación podrá realizarse de
acuerdo con las disposiciones de la ley N ° 19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y
servicios de certificación de dicha firma.".
d) Reemplázase el inciso tercero, que ha
pasado a ser cuarto, por el siguiente:
"Las declaraciones deberán ser individuales
y contendrán su nombre completo, apellidos,
domicilio, fecha de nacimiento y cédula nacional de
identidad. Cada nuevo afiliado deberá declarar bajo
juramento su condición de ciudadano habilitado para
votar en la región respectiva y no estar afiliado a
otro partido político inscrito o en formación, ni
estar o haber estado participando en la formación
de un partido político en los últimos doscientos
cuarenta días corridos.".
e) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha
pasado a ser quinto, la expresión "La Directiva
Central" por "El Órgano Ejecutivo".
6. En el artículo 7 ° :
políticamente el país" por "ocho de las regiones en
que se divide política y administrativamente el
país o en un mínimo de tres regiones
geográficamente contiguas".
b) Intercálase, en el inciso segundo, entre
los vocablos "días" y "fatales" la palabra
"hábiles".
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7. En el artículo 8 ° :
a) Reemplázase, en la letra a), el punto y
coma final por un punto aparte, y eliminase la
b) Reemplázase la expresión ", y" de la
letra c), que ha pasado a ser b), por un punto
c) Eliminase la letra d).
8. Reemplázase, en el inciso primero del
artículo 9 ° , la expresión "Diario Oficial, a costa
del partido en formación", por la frase "sitio
electrónico del Servicio".
a) Reemplázase el inciso primero por el
"Artículo 10.- Cualquier partido inscrito o
en formación podrá deducir oposición a la formación
de otro, sin que por esta causa se suspenda el
proceso de constitución. La oposición deberá
cumplir con lo prescrito en el artículo 30 de la
ley N ° 19.880, ser escrita, llevar la firma del
presidente del partido que la formule y ser
presentada al Director del Servicio Electoral
dentro del plazo de treinta días hábiles contado
desde la fecha de la publicación indicada en el
inciso cuarto del artículo 5 ° . El partido oponente
será considerado como interesado en la gestión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de
la ley N ° 19.880, según corresponda.".
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la
frase "sin perjuicio de lo indicado en los
artículos 258, inciso segundo, y 259 del Código de
Procedimiento Civil. La contestación se atendrá al
O 2'0
/9~0 Z
artículo 309 del mismo Código" por "desde el
momento en que dicha notificación se hubiere
practicado".
c) Reemplazase, en el inciso tercero, la
frase "de acuerdo a lo previsto en el artículo 318
del Código de Procedimiento Civil, lo decretará por
un plazo no superior a quince días hábiles" por "lo
decretará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 35 y 36 de la ley N ° 19.880".
d) Reemplázase, en el inciso cuarto, la
frase "el Diario Oficial. El fallo se subordinará a
lo dispuesto en el artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil" por "su sitio electrónico. La
resolución del Servicio se subordinará a lo
dispuesto en el artículo 41 de la ley N ° 19.880".
10. En el artículo 11:
a) Sustitúyese la expresión "de lo
dispuesto en el artículo 3 ° , inciso primero, o de
los requisitos relativos" por la expresión "del
requisito relativo".
b) Reemplázase la expresión "un mes" por
"treinta días hábiles".
11. Reemplázase, en el inciso primero del
artículo 12, la expresión "Diario Oficial" por
"sitio electrónico del Servicio".
12. En el artículo 13:
a) Suprímese, en el inciso primero, la
expresión "3 ° ,".
palabra "apelar" por el término "reclamar".
c) Sustitúyese, en el inciso tercero, el
vocablo "apelación" por la palabra "reclamación".
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13. Sustitúyese, en los incisos primero y
tercero del artículo 14, la palabra "apelación" por
"reclamación".
14. En el inciso segundo del artículo 15:
a) Reemplázase la expresión "la Directiva
Central" por "el Órgano Ejecutivo", y sustitúyese
la palabra "facultada" por "facultado".
b) Suprímense los vocablos "por regiones".
c) Sustitúyese la expresión "de los mínimos
exigidos" por "del mínimo exigido".
15. En el artículo 17:
expresión "Diario Oficial, a costa del partido",
por la frase "sitio electrónico del Servicio
Electoral'.
b) Reemplázase, en el inciso tercero, la
expresión "Diario Oficial" por la frase "sitio
electrónico del Servicio Electoral".
16. En el artículo 18:
i. Agrégase, después de la expresión
"derecho a sufragio", la frase "o extranjero
avecindado en Chile por más de cinco años".
Reemplázase la oración "Con todo,
no podrán afiliarse a partido político alguno el
personal de las Fuerzas Armadas y el de las de
Orden y Seguridad Pública, los funcionarios y
empleados de los diferentes escalafones del Poder
Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal
Calificador de Elecciones y del Servicio
Electoral." por las siguientes: "Con todo, no
G '2;'(;)
1,97~h
podrán afiliarse a partido político alguno el
personal de las Fuerzas Armadas y el de Orden y
Seguridad Pública, el del Tribunal Calificador de
Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco podrán
hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe
de los tribunales de justicia; los ministros,
relatores, secretarios y fiscales de los tribunales
superiores de justicia; los fiscales del Ministerio
Público y los abogados asistentes de fiscales, el
Defensor Nacional y los defensores regionales, el
Contralor General de la República ni los
contralores regionales, los notarios Y los
conservadores.".
b) Intercálase el siguiente inciso sexto,
nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser
"Lo dispuesto en este Título no obsta a que
los partidos deban asegurar mecanismos de
participación e integración en sus procesos y
estructuras internas de jóvenes menores de 18 y
mayores de 14 años de edad, en la forma que
determinen sus estatutos.".
17. Agréganse, a continuación del artículo
18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:
"Artículo 18 bis.- Los estatutos de los
partidos políticos podrán establecer los requisitos
adicionales para la afiliación y, en su caso, la
adhesión, los que no podrán ser contrarios a la
ley. Las solicitudes de afiliación o adhesión
deberán constar en duplicado, debiendo el partido
entregar una copia de ésta al solicitante donde dé
cuenta de su recepción.
El rechazo de una solicitud de afiliación o
adhesión deberá realizarse por resolución fundada
4,65(,-,4%sitd ,~2,
del órgano competente, establecido en los
estatutos, en un plazo que no supere los cuarenta
días hábiles desde el ingreso de la solicitud. El
solicitante podrá recurrir de dicha resolución ante
el Tribunal Supremo, dentro del plazo de cinco días
hábiles desde su notificación, instancia que deberá
pronunciarse dentro de diez días hábiles desde la
Si el partido político no se pronuncia
sobre la solicitud dentro del plazo de cuarenta
días hábiles desde que ésta se efectuó, se
entenderá aceptada, pudiendo el solicitante
requerir al Servicio Electoral que lo incorpore
como afiliado o adherente al respectivo registro
Artículo 18 ter.- Derechos y deberes de los
1. Los estatutos de los partidos contendrán
una especificación detallada de los derechos de sus
afiliados, dentro de los cuales necesariamente se
incluirán los siguientes:
a) Participar en las distintas instancias
b) Postularse en los procesos internos de
selección de candidatos a cargos de elección
c) Postularse en los procesos internos de
elección de dirigentes dispuestos en la ley, así
como para ser nombrado en cualquier comisión al
interior del partido político.
d) Participar con derecho a voto en las
elecciones internas que celebre el partido.
e) Proponer cambios a los principios,
programas y estatutos del partido, conforme con las
reglas estatutarias vigentes.
f) Solicitar y recibir información que no
sea reservada o secreta, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 8 ° de la Constitución Política de la
República o cuya publicidad, comunicación o
conocimiento no afecte el debido cumplimiento de
las funciones del partido. Los afiliados podrán
impugnar ante el Tribunal Supremo, cuya resolución
será reclamable ante el Servicio Electoral frente a
la negativa del partido de entregar dicha
g) Solicitar la rendición de balances y
cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados
a presentar durante su gestión.
h) Exigir el cumplimiento de la declaración
de principios del partido, estatutos y demás
instrumentos de carácter obligatorio.
i) Recibir capacitación, formación política
e información para e/ ejercicio de sus derechos
j) Tener acceso a la jurisdicción interna
del partido político y, en su caso, a recibir
orientación respecto del ejercicio y goce de sus
derechos como afiliado cuando sean vulnerados al
k) Impugnar ante el Tribunal Supremo las
resoluciones y decisiones de los órganos internos
que afecten sus derechos políticos.
1) Impugnar ante el Tribunal Calificador de
Elecciones las resoluciones del Tribunal Supremo
del partido sobre calificación de las elecciones
internas de los órganos establecidos en las letras
lJ 1) 2
0410.12:emlílixerj.47 ¿~-0
a), b) y c) del inciso primero del artículo 23, de
conformidad con los requisitos que establece el
inciso cuarto del artículo 23 bis.
2. Los afiliados a un partido político
tendrán las obligaciones que fije el respectivo
estatuto partidario, debiendo contemplarse entre
ellas, al menos, las siguientes:
a) Actuar en conformidad con los
principios, estatutos, reglamentos internos,
acuerdos e instrucciones de los órganos directivos
del partido, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 21 y 32.
b) Contribuir a la realización del programa
del partido, de acuerdo a la línea política
definida conforme a los respectivos estatutos.
c) Contribuir al financiamiento del partido
abonando las cuotas u otras aportaciones que se
determinen para cada afiliado.
Los estatutos del partido político deberán
garantizar a cada afiliado tanto el derecho a la
plena participación en la vida interna del partido,
como el derecho a la postulación a cargos de
representación popular en condiciones equitativas.
Los estatutos deberán establecer los mecanismos
para asegurar que sus afiliados sean debida y
oportunamente informados para el ejercicio de sus
derechos y deberes establecidos en esta ley y en
los estatutos.".
18. Reemplázase el inciso final del
artículo 19 por el siguiente:
"Una vez inscrito el partido en el Registro
de Partidos Políticos, la afiliación se realizará
de acuerdo a los estatutos del partido, para lo
cual podrá acogerse a la instrucción a que se
refiere el inciso tercero del artículo 6 ° .".
19. Reemplázase el artículo 20 por el
"Artículo 20.- El Servicio Electoral deberá
mantener actualizado el registro de afiliados de
cada partido político. Además, si los estatutos del
partido reconocieren como adherentes a menores de
18 y mayores de 14 años de edad que no hayan sido
condenados por delitos que merezcan pena aflictiva,
o a aquellas personas inhabilitadas para ejercer su
derecho a sufragio por razones calificadas en sus
estatutos, el Servicio Electoral deberá mantener
actualizado el registro de estos. Dichos registros
estarán ordenados por circunscripciones, distritos
y comunas. Los registros se considerarán
actualizados una vez que sean eliminadas de ellos
las personas que se encuentran afiliadas a más de
un partido político, las que hubieren renunciado a
su afiliación o adhesión, aquellas cuya inscripción
no se hubiere completado de forma legal y las que,
conforme a la información contenida en el Registro
Electoral, estén fallecidas o inhabilitadas para
ejercer el derecho a sufragio, sin perjuicio de lo
dispuesto en este inciso respecto del registro de
Los partidos deberán comunicar al Servicio
Electoral, dentro de los tres primeros días hábiles
de cada mes, las nuevas afiliaciones,
desafiliaciones, adhesiones y renuncias a ellas,
que por cualquier causa se produjeren dentro del
mes anterior al informado.".
20. Sustitúyese el artículo 21 por el
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"Artículo 21.- Los partidos políticos no
podrán dar órdenes al Presidente de la República,
ministros de Estado, subsecretarios, embajadores,
alcaldes y funcionarios públicos.
Esta limitación, que operará y cesará de
pleno derecho, durará mientras las personas
señaladas se encuentren en ejercicio de sus
funciones y estará referida sólo a aquellas propias
del cargo. a.
21. Reemplázase el artículo 23 por el
"Artículo 23.- Los partidos podrán tener
los órganos que sus estatutos determinen, sin
perjuicio de lo cual deberán al menos contar con
a) Un Órgano Ejecutivo.
b) Un Órgano Intermedio Colegiado.
c) Un Tribunal Supremo y tribunales
d) Un Órgano Ejecutivo e Intermedio
Colegiado por cada región donde esté constituido.
Sin perjuicio de las nomenclaturas que
utiliza esta ley para referirse a cada uno de los
órganos colegiados, cada partido político podrá en
sus estatutos denominarlos de otra forma, debiendo
informar al Servicio Electoral de estas nuevas
Asimismo, los partidos podrán establecer
frentes, comisiones u otras instancias temáticas o
territoriales que estimen pertinentes, a fin de
incentivar la participación de sus afiliados. Del
mismo modo, podrán celebrar congresos generales o
nacionales conforme sus estatutos.
Deberán efectuarse elecciones de la
totalidad de los miembros de los órganos antes
señalados, renovándose con una periodicidad no
superior a cuatro años. Sus integrantes no podrán
ser electos por más de dos períodos consecutivos en
su mismo cargo.
En la integración de los órganos colegiados
previstos en esta ley, se observarán mecanismos
especialmente previstos en los estatutos, que
aseguren que ninguno de los sexos supere el 60 por
ciento de sus miembros. En caso de ser tres
miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al
menos uno de ellos sea de sexo diferente.
Los partidos políticos podrán organizarse
para permitir la afiliación, adhesión y
participación de los chilenos que se encuentren
fuera del territorio nacional, de acuerdo con las
disposiciones de esta ley, sus estatutos y las
instrucciones que para estos efectos dicte el
Servicio Electoral.'.
22. Intercálase, a continuación del
artículo 23, el siguiente artículo 23 bis:
"Artículo 23 bis.- Todos los miembros de
los órganos señalados en el artículo anterior
deberán ser electos democráticamente. Los estatutos
de cada partido político determinarán el sistema
electoral y los procedimientos para la elección de
sus autoridades. El sistema de elección establecido
en los Estatutos de cada partido deberá observar el
carácter personal, igualitario, libre, secreto e
informado del sufragio de sus afiliados y, cuando
así lo determinen sus estatutos, de sus adherentes.
Las reglas de elección enunciadas en el
inciso anterior serán aplicables a los miembros del
El Órgano Ejecutivo de cada partido deberá
remitir al Servicio Electoral el reglamento de
elecciones internas. Asimismo, remitirá sus
actualizaciones, si las hubiere, al menos sesenta
días antes de la siguiente elección interna. Dicho
reglamento deberá ser aprobado por el Servicio
Electoral y regulará, al menos, los siguientes
a) Procedimiento de declaración,
inscripción, aceptación, rechazo e impugnación ante
los tribunales internos de candidaturas a las
b) Reglas sobre las cédulas electorales
para cada acto electoral, que aseguren que éstas
sean impresas en forma legible, con serie y
numeración correlativas, las que deberán constar en
un talón desprendible de dicha cédula.
c) Normas sobre propaganda y publicidad
d) Plazos y forma de constitución,
instalación y cierre de las mesas receptoras de
e) Mecanismos que aseguren la información
oportuna de los locales de votación a los
afiliados, al menos diez días corridos antes de
cada elección.
f) Útiles electorales, entre los que se
encontrará el padrón de cada mesa receptora de
sufragios, con una nómina alfabética de electores
habilitados para votar en ella, los datos para su
identificación, el espacio necesario para estampar
la firma o huella dactiloscópicas; las cédulas
electorales para la emisión de los sufragios;
formularios de actas de escrutinio por cada
elección, las que deberán ser suscritas por los
vocales de mesa y apoderados de cada candidatura o
lista, y un formulario de minuta del resultado del
escrutinio para cada elección.
g) Normas sobre el escrutinio por mesas y
devolución de cédulas y útiles electorales.
h) Reglas del escrutinio y calificación
practicados por el Tribunal Supremo.
i) Sanciones frente a la inobservancia del
reglamento de elecciones internas.
Normas sobre designación, independencia
e inviolabilidad de vocales de mesas, apoderados y
cualquiera otra autoridad electoral del partido en
El Servicio Electoral deberá pronunciarse,
verificando las exigencias a que alude el inciso
anterior, respecto del reglamento y sus
actualizaciones, aprobándolos o formulando
observaciones, dentro de los quince días corridos
siguientes a su recepción. Si el Servicio formulare
observaciones, el partido deberá hacer los ajustes
necesarios dentro de los quince días corridos
siguientes a la notificación de la resolución del
Servicio. Si éste no se pronuncia dentro del plazo
de quince días señalado, se entenderá aprobado el
Para cada elección interna, los apoderados
de cada candidatura o lista podrán asistir, al
enn ()
‘4910C. 1•Itere4
menos, a todas las mesas receptoras de sufragios,
al escrutinio practicado por las mesas y por el
Tribunal Supremo, y podrán consignar cualquier
observación en las actas de escrutinio
El escrutinio de las elecciones internas
será público y los estatutos deberán prever
mecanismos de reclamación ante los Tribunales
internos. Serán reclamables ante el Tribunal
Calificador de Elecciones, dentro de cinco días
hábiles de notificadas, las resoluciones del
Tribunal Supremo referidas a reclamaciones de
nulidad o rectificación de escrutinios de las
elecciones de los órganos señalados en las letras
a), b) y c) del inciso primero del artículo 23,
siempre que tales resoluciones cuenten con un voto
de minoría equivalente, al menos, al 25 por ciento
de los miembros del Tribunal Supremo y que, de ser
acogida dicha reclamación, hubíere dado lugar a la
elección de un candidato o de una opción distinta
de aquella que se ha constatado. La reclamación
deberá individualizar la resolución que motiva la
reclamación, indicar las peticiones concretas que
formula y acompañar todos los antecedentes en que
se funda. Si del cálculo del 25 por ciento señalado
no diese un número entero, deberá aproximarse al
entero inmediatamente superior.
En todas las elecciones internas se
considerarán como habilitadas para sufragar a
aquellas personas que se encuentren inscritas en el
registro de afiliados que señala el artículo 20,
con a lo menos tres meses de anticipación a la
respectiva elección, lo que no obsta a que los
partidos continúen su proceso de afiliación de
nuevos afiliados durante ese lapso. Dichas
1 9~4:104.tt/ cW
elecciones deberán realizarse utilizando como
padrón actualizado el registro general de afiliados
que el Servicio Electoral deberá proporcionar a los
partidos políticos y candidatos a la respectiva
elección con, a lo menos, dos meses de anticipación
al día de la elección.
Los estatutos podrán habilitar a quienes
figuren en el registro de adherentes para sufragar
en las elecciones internas del partido, para lo
cual utilizarán el padrón que al efecto les
proporcione el Servicio Electoral, considerando los
mismos plazos que establece el inciso anterior.
Cualquier afiliado podrá solicitar, a su
costa, a la directiva de su partido o al Servicio
Electoral, copia de los registros mencionados en el
artículo 20, del partido político al que pertenece,
con el nombre completo de los afiliados y su
domicilio, dentro del plazo señalado en el inciso
anterior. El Servicio determinará la forma de
verificar la vigencia de los datos personales de
los afiliados y otorgará facilidades para su
entrega a estos. Los afiliados no podrán divulgar
los datos personales del Registro ni utilizarlos
con finalidades distintas del ejercicio de sus
derechos como militantes. La infracción de esta
prohibición será sancionada con multa de diez a
cincuenta unidades tributarias mensuales, de
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal
Penal, sin perjuicio de la responsabilidad que
proceda en virtud de lo dispuesto en el Título V de
la ley N ° 19.628, sobre protección de la vida
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier
afiliado al partido podrá solicitar, a su costa, un
OUO299
64te.miI7 gt<,..e&e,
certificado de su inscripción en el mencionado
El Servicio Electoral velará por el
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y
dictará las instrucciones que correspondan a ese
efecto. Asimismo, el Servicio Electoral podrá
destinar a uno o más de sus funcionarios a
presenciar las elecciones internas de los partidos
políticos, quienes podrán desempeñarse como
ministros de fe.".
23. Reemplázase el artículo 24 por el
"Artículo 24.- El Órgano Ejecutivo será
elegido por sus afiliados o bien por el Órgano
Intermedio Colegiado, conforme a lo que establezcan
los estatutos del partido político, y estará
compuesto por al menos tres miembros. Las
denominaciones y atribuciones de cada uno de sus
miembros, determinadas conforme a sus estatutos,
deberá ser informada al Servicio Electoral. Si los
estatutos del partido disponen que el Órgano
Ejecutivo sea elegido por el Órgano Intermedio
Colegiado, este último deberá ser elegido por sus
afiliados en votación directa y, cuando así lo
determinen los estatutos, por sus adherentes.
El Órgano Ejecutivo tendrá las funciones
que señale el estatuto, entre las cuales se deberán
consignar, al menos, las siguientes:
a) Dirigir el partido conforme con su
declaración de principios, programa y las
definiciones políticas adoptadas por sus organismos
b) Administrar los bienes del partido,
rindiendo balance anual de ellos ante el Órgano
Intermedio Colegiado, sin perjuicio de lo
establecido en los estatutos del partido.
c) Proponer al Tribunal Supremo la
dictación de las instrucciones generales necesarias
para la realización adecuada de los procesos
electorales internos, conforme a la ley y a los
d) Proponer al Órgano Intermedio Colegiado
las modificaciones a las declaraciones de
principios, nombre del partido, programas
partidarios, estatutos y reglamento interno, como
asimismo, las alianzas, pactos electorales, fusión
con otro u otros partidos, y su disolución.
e) Convocar las sesiones ordinarias Y
extraordinarias del Órgano Intermedio Colegiado.
f) Proponer al Consejo General, para
análisis y propuestas, los temas de políticas
públicas considerados relevantes para el partido y
g) Designar al Administrador General de
Fondos del partido, cuando corresponda.
h) Poner en conocimiento del Tribunal
Supremo las faltas a los estatutos y a la
disciplina partidaria de que tenga conocimiento.
i) Todas las demás facultades que el
respectivo estatuto le confiera, que no
contravengan la ley.
j) Las demás funciones que establezca la
19 1-14,
/6~íz
Los miembros del Órgano Ejecutivo deberán
efectuar una declaración anual de intereses y
patrimonio en los términos de la ley N° 20.880,
sobre Probidad en la Función Pública y Prevención
de los Conflictos de Intereses, la que deberá ser
remitida al Servicio Electoral para su custodia y
control.".
24. Reemplazase el artículo 25 por el
"Artículo 25.- El estatuto del partido
determinará al integrante del Órgano Ejecutivo que
tendrá su representación judicial y
extrajudicial.".
25. Reemplazase el artículo 26 por el
"Artículo 26.- El Órgano Intermedio
Colegiado será el órgano plural, con carácter
normativo y resolutivo del partido político. Sus
miembros serán elegidos en conformidad con lo
dispuesto en los estatutos del partido.
Al órgano Intermedio Colegiado le
corresponderán las siguientes atribuciones:
a) Impartir orientaciones y adoptar
acuerdos sobre cualquier aspecto de la marcha del
partido, que serán obligatorios para el Órgano
b) Impartir orientaciones sobre las
políticas públicas relevantes para el partido y el
c) Aprobar o rechazar el correspondiente
„ 3 O 2,
Yze „;,,,t-7
,,e don.
d) Aprobar, a propuesta del Órgano
Ejecutivo, las modificaciones a las declaraciones
de principios, nombre del partido, programas
partidarios, estatutos y reglamentos internos, como
asimismo, los pactos electorales, fusión con otro u
otros partidos y su disolución. Las modificaciones
de la declaración de principios, la reforma de
estatutos, la disolución del partido y la fusión
deberán hacerse en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 29, inciso primero.
e) Recibir anualmente la cuenta política de
la Directiva Central y pronunciarse sobre ella.
f) Designar los candidatos a Presidente de
la República, diputados, senadores, consejeros
regionales, alcaldes y concejales del partido, sin
perjuicio de aquellos que se determinen de
conformidad con la ley N ° 20.640.
h) Las demás funciones que establezca la
ley o que el respectivo estatuto les confiera, Y
que no sean contrarias a aquella.
Sin perjuicio de las funciones del Órgano
Intermedio Colegiado, este podrá organizar y
celebrar eventos partidarios con carácter
consultivo o resolutivo, como también de carácter
programático o ideológico, de acuerdo a sus
estatutos. Sólo podrá convocarse a eventos
partidarios con carácter resolutivo sobre aquellas
materias que sean atribuciones propias del Órgano
Intermedio Colegiado.'.
26. Reemplazase el artículo 27 por el
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11 V 1 ti
ite.4
"Artículo 27.- Los partidos políticos
deberán elegir, a lo menos, un Órgano Ejecutivo y
un Órgano Intermedio Colegiado Regional en cada una
de las regiones en que estén constituidos en
conformidad a sus estatutos. Cada Órgano Ejecutivo
Regional estará integrado, a lo menos, por un
presidente, un secretario y un tesorero. Sus
miembros serán elegidos por los afiliados de la
región respectiva.".
27. Reemplázase el artículo 28 por el
"Artículo 28.- Los partidos políticos
tendrán un Tribunal Supremo. Sus integrantes
deberán tener una intachable conducta anterior y no
haber sido sancionados disciplinariamente por el
partido. Los miembros del Órgano Ejecutivo del
partido no podrán ser integrantes del Tribunal
Dicho Órgano deberá tener al menos cinco
miembros, su conformación deberá ser siempre impar y
deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de los
miembros en ejercicio. Sus miembros serán elegidos
por un mecanismo representativo, de conformidad con
lo dispuesto en los estatutos y no podrán ser
designados por el Órgano Ejecutivo.
Al Tribunal Supremo corresponderán, además
de las otras atribuciones que le asigna la ley o
que le otorguen los estatutos del partido, las
a) Interpretar los estatutos, reglamentos Y
demás normas internas.
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h‘ki -II ‘1
b) Conocer de las cuestiones de competencia
que se susciten entre autoridades u organismos del
c) Conocer y resolver de las reclamaciones
que se entablen contra actos de autoridades u
organismos del partido que vulneren la declaración
de principios o los estatutos, y adoptar las
medidas necesarias para corregirlos y enmendar sus
d) Conocer y resolver las denuncias que se
formulen contra afiliados al partido, sean o no
autoridades de él, por actos de indisciplina o
violatorios de la declaración de principios o de
los estatutos, o por conductas indebidas que
constituyan faltas a la ética o comprometan los
intereses o el prestigio del partido.
e) Aplicar las medidas disciplinarias que
los estatutos señalen, contemplando las
disposiciones que hagan efectivo un debido proceso.
f) Controlar el correcto desarrollo de las
elecciones y votaciones partidistas, y dictar las
instrucciones generales o particulares que para tal
efecto correspondan.
g) Calificar las elecciones y votaciones
h) Resolver, como tribunal de segunda
instancia, las apelaciones a los fallos Y
decisiones de los Tribunales Regionales.
i) Conocer de las reclamaciones por no
inclusión en el Registro de Afiliados.
j) Velar y garantizar el ejercicio de los
derechos de los afiliados, incluidos los señalados
en el artículo 18 ter.
it.41,44Z ‘2;44.1›
En el ejercicio de sus atribuciones y según
sea la gravedad de la infracción, este Tribunal
podrá aplicar las siguientes sancíones
disciplinarias a sus afiliados o las que señalen
los respectivos estatutos:
3) Suspensión o destitución del cargo que
estuviere ejerciendo dentro de la organización
interna del partido.
4) Suspensión en el ejercicio de los
derechos de afiliado por el plazo que determine.
Las sanciones establecidas en los números 3
y 4 del inciso anterior sólo podrán ser aplicadas
por el Tribunal Supremo con el voto favorable de
los tres quintos de sus integrantes en ejercicio.
Para el caso del número 5, el quórum será dos
tercios.".
28. Agregase el siguiente artículo 28 bis:
"Artículo 28 bis.- En cada una de las
regiones donde esté constituido el partido existirá
un Tribunal Regional, el que estará conformado y
tendrá las facultades que indiquen los respectivos
El Tribunal Regional conocerá en primera
instancia y en relación al ámbito regional, de las
materias contempladas en la normativa interna, y a
lo menos las establecidas en las letras c), d), e),
f) y g) del artículo precedente.
Las sentencias de los tribunales regionales
serán apelables para ante el Tribunal Supremo, en
) 1.)
71,114r-‘:e-0-127 Pe-e>'
la forma y plazos que establezcan las normas
internas del respectivo partido. Si la sentencia
definitiva dispone la expulsión de un afiliado, y
de ella no se reclamare, se elevará en consulta al
Tribunal Supremo.".
29. Intercálanse, a continuación del
artículo 28 bis, los siguientes artículos 28 ter y
28 quáter:
"Artículo 28 ter.- Todo proceso
sancionatorio interno deberá contemplar garantías
que aseguren el ejercicio del derecho a defensa de
los afectados, tales como el derecho a formular
descargos, presentar pruebas que acrediten sus
pretensiones y reclamar de las decisiones dentro de
plazos razonables.
Los estatutos deberán contemplar
circunstancias en las que los miembros del Tribunal
Supremo deberán abstenerse de emitir
pronunciamiento, a fin de prevenir conflictos de
La disciplina interna de los partidos
políticos no puede afectar el ejercicio de
derechos, el cumplimiento de deberes prescritos en
la Constitución y en la ley, ni el libre debate de
las ideas en el interior del partido.
Artículo 28 quáter.- Sin perjuicio de lo
establecido en los estatutos de cada partido, se
considerarán como infracciones a la disciplina
interna las siguientes:
a) Todo acto u omisión voluntaria imputable
a un miembro del partido, que ofenda o amenace los
derechos humanos establecidos en la Constitución,
vigentes en Chile y en la ley, o atente contra
b) Infringir los acuerdos adoptados por los
organismos oficiales del partido.
c) Incurrir en actos que importen ofensas,
descrédito o maltrato contra miembros del partido.
d) Faltar a los deberes del afiliado
establecidos en la ley o en el estatuto.
e) Incumplir pactos políticos, electorales
o parlamentarios celebrados por el partido.".
30. Modificase el artículo 29 en el
a) Sustitúyese su inciso primero por el
"Artículo 29.- Las proposiciones del Órgano
Intermedio Colegiado, relativas a las
modificaciones de la declaración de principios, la
reforma de estatutos, la disolución del partido y
la fusión con otro deberán ser ratificadas por los
afiliados en votación directa.".
b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la
expresión "por el presidente y por el secretario
del partido." por la frase "por los miembros del
Órgano Ejecutivo del partido que señalen sus
estatutos.".
31. Reemplazase el inciso primero del
artículo 30 por el siguiente:
"Artículo 30.- Los acuerdos del Órgano
Intermedio Colegiado serán públicos. Los acuerdos
e) Ir Ci
adoptados por dicho órgano referentes a modificar
la declaración de principios del partido, el
nombre, los programas partidarios, los estatutos y
reglamento interno de elecciones, los pactos
electorales que celebre con otros partidos
políticos, la fusión con otro u otros partidos y la
disolución se adoptarán siempre ante un funcionario
del Servicio Electoral, quien actuará como ministro
de fe.".
32. Modifícase el artículo 31 en el
expresión "el Consejo General, a proposición de los
Consejos Regionales. La organización de estas
elecciones será de responsabilidad del respectivo
Consejo Regional." por la frase "el Órgano
Intermedio Colegiado, a proposición de los Órganos
Intermedios Colegiados Regionales.".
expresión "Consejo General" por "Órgano Intermedio
Colegiado".
33. Intercálase en el artículo 32, a
continuación de la expresión "a sus", la locución
"concejales, consejeros regionales,".
34. Modificase el artículo 35 en el
a) Reemplázase, en el inciso segundo, la
palabra "apelarse" por "reclamarse".
/4.~.c:bottfr"."-e-
35. Agréganse los siguientes artículos 35
bis, 35 ter y 35 quáter:
"Artículo 35 bis.- Los actos y contratos
que celebren los partidos políticos se regirán por
las reglas generales, sin perjuicio de las normas
especiales que la presente ley establece.
Los partidos políticos no podrán celebrar
contratos a título oneroso en condiciones distintas
de las de mercado o cuya contraprestación sea de un
valor superior o inferior al de mercado.
Los partidos políticos no podrán constituir
ni participar en personas jurídicas, salvo las
expresamente autorizadas por esta ley y por la ley
N° 19.884. Tampoco podrán prestar servicios a
Artículo 35 ter.- Los partidos podrán ser
propietarios de bienes inmuebles. Del total de
bienes inmuebles a nombre del partido, al menos dos
tercios deberán destinarse a las actividades
señaladas en el artículo 2° de esta ley.
Los partidos políticos deberán informar
anualmente al Servicio Electoral la totalidad de
los bienes inmuebles inscritos a nombre del
Artículo 35 quáter.- Tratándose de los
fondos provenientes de los aportes públicos que
reciban los partidos políticos, éstos deberán
destinarse a los fines que señala la ley y rendirse
y justificarse de forma separada.
Los partidos políticos sólo podrán invertir
su patrimonio financiero proveniente de aportes del
Fisco en valores de renta fija emitidos por el
Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de
fondos mutuos que no estén dirigidos a
inversionistas calificados.
Fuera de los casos previstos en los incisos
anteriores, y siempre que su patrimonio financiero
disponible sea superior a las veinticinco mil
unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo
a través del mandato especial de administración de
valores a que se refiere el Título III de la ley N °
20.8,sobrePidanlFucóPúbiay
Prevención de los Conflictos de Intereses, de
conformidad a las normas allí contenidas, el que
deberá constituirse en un plazo de noventa días
desde que el patrimonio financiero disponible del
partido alcance el valor de veinticinco mil
unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera
este valor, el partido político sólo podrá invertir
su patrimonio financiero en conformidad a lo
dispuesto en el inciso segundo de este artículo.".
36. Intercálase el siguiente Título VI,
nuevo, integrado por los artículos 36 bis y 36 ter,
adecuándose la numeración de los demás Títulos:
Del Acceso a Información y Transparencia.
Artículo 36 bis.- Los partidos políticos
deberán mantener a disposición permanente del
público, a través de sus sitios electrónicos, en
forma completa, actualizada y de un modo que
permita su fácil identificación y un acceso
expedito, los siguientes antecedentes actualizados,
al menos, trimestralmente:
a) Marco normativo aplicable, incluyendo
las normas legales y reglamentarias que los rigen,
su declaración de principios, estatutos y
;4.0e.c.-~71,7 PIVA,
b) Nombre completo, la sigla, el símbolo y
el lema del partido político.
d) Regiones en que se encuentren
g) Facultades, funciones y atribuciones de
cada una de sus unidades u órganos internos.
h) Nombres y apellidos de las personas que
integran el Órgano Ejecutivo y el Órgano Contralor.
i) Las declaraciones de intereses y
patrimonio de los candidatos del partido político
para las elecciones a que se refiere la ley N °
18.70,orgánicastuoldeVacins
Populares y Escrutinios, y de los miembros del
Órgano Ejecutivo, en los términos de la ley N °
j) Los acuerdos de los Órganos Intermedios
Colegiados Regionales y del Órgano Intermedio
k) Balance anual aprobado por el Servicio
1) El monto total de las cotizaciones
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados,
recibidas durante el año calendario respectivo.
m) El total de los aportes, donaciones,
asignaciones testamentarias y, en general, todo
tipo de transferencias públicas o privadas, que
reciban a partir de su inscripción, en conformidad
a lo dispuesto en las leyes.
n) Las transferencias de fondos que
efectúen, con cargo a los fondos públicos que
perciban, incluyendo todo aporte económico
:1 it 6 6)
1111' ■ P/ 5
entregado a personas naturales o jurídicas, en
conformidad a lo dispuesto en las leyes.
o) Todas las entidades en que tengan
participación, representación e intervención,
cualquiera sea su naturaleza y el fundamento
normativo que la justifique.
q) Nómina de contrataciones sobre veinte
unidades tributarias mensuales, cualquiera sea su
objeto, con indicación de los contratistas e
identificación de los socios y accionistas
principales de las sociedades o empresas
prestadoras, en su caso.
r) Requisitos y procedimientos para nuevas
afiliaciones y número de afiliados.
s) Información estadística sobre
participación política dentro del partido,
desagregada por sexo, indicando, a lo menos, la
cantidad de militantes, distribución etaria, los
cargos que ocupan dentro del partido, cargos de
elección popular, autoridades de gobierno, entre
t) El registro de gastos efectuados en las
campañas electorales a que se refiere la letra e)
del artículo 33 de la ley N ° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto
u) El registro de aportes a campañas
electorales a que se refiere el artículo 40 de la
ley N ° 19.884, sobre Transparencia, Límite y
Control del Gasto Electoral.
v) Un vínculo al sitio electrónico del
Servicio Electoral en el que consten las cuentas de
los ingresos y gastos electorales presentadas ante
el Director del Servicio Electoral, de conformidad
con el artículo 48 de la ley N ° 19.884, sobre
u e)
//t „ t ira e
w) Toda otra información que el Órgano
Ejecutivo de cada partido político determine y cuya
publicidad no sea contraria a la Constitución y las
leyes. El Órgano Ejecutivo podrá revocar dicha
decisión en cualquier momento. Las resoluciones
respectivas deberán comunicarse oportunamente, por
escrito, al Consejo para la Transparencia, según
Un miembro del Órgano Ejecutivo del partido
político será el encargado de velar por la
observancia de las normas de este Título de acuerdo
a las instrucciones del Consejo para la
Trasparencia. La determinación del miembro
responsable del órgano Ejecutivo deberá ser
comunicada al Consejo para la Transparencia en los
términos establecidos por las instrucciones de
dicho Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de las
responsabilidades que la ley N° 19.884, sobre
Electoral, asigna a los Administradores Generales
Electorales en materia de difusión de información
en los sitios electrónicos de cada partido
Artículo 36 ter.- Cualquier persona podrá
presentar un reclamo ante el Consejo para la
Transparencia, en contra del partido político que
no cumpla lo prescrito en el artículo anterior,
conforme al procedimiento previsto en los artículos
24 y siguientes de la ley de Transparencia de la
Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado, contenida en el artículo
primero de la ley N° 20.285.
En la resolución que emita el Consejo para
la Transparencia o la respectiva Corte de
lI V L1
Apelaciones, en su caso, declarando la infracción
por parte del partido político, se comunicará al
Servicio Electoral la necesidad de iniciar un
procedimiento sancionatorio para establecer una
multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del
respectivo partido político, la que, de acuerdo a
la gravedad de la infracción podrá ascender de
quinientas a dos mil unidades tributarias
mensuales. En caso de reincidencia, el monto de las
multas será elevado al doble.".
37. Sustitúyese el artículo 37 por el
"Artículo 37.- Todo partido político podrá
fusionarse con otro u otros en conformidad con las
normas que se establecen en este Título, debiendo
cumplir conjuntamente con el mínimo legal de
afiliados para constituirse como tales. Los
partidos políticos que se encuentren en alguna de
las causales de disolución establecidas en la ley
no podrán fusionarse con otro.".
38. Modificase el artículo 38 en el
a) Sustitúyese, en su inciso primero, la
b) Sustitúyense, en su inciso segundo, las
expresiones "la Directiva Central" y "Consejo
General", por las expresiones "el Órgano Ejecutivo"
y "Órgano Intermedio Colegiado", respectivamente.
c) Sustitúyese, en el inciso tercero, la
expresión "por los Consejos Generales" por la frase
"por los Órganos Intermedios Colegiados".
«~Y) p 0••
er) 1
yo0;14-0-.»
39. Modifícase el artículo 39 en el
a) Reemplázase, en su inciso primero, la
expresión "los presidentes de los partidos" por la
frase "los miembros de los Órganos Ejecutivos".
b) Reemplázase, en su inciso segundo, la
expresión "los presidentes de los partidos
políticos" por la frase "los miembros de los
Órganos Ejecutivos".
c) Reemplázase, en el inciso tercero, la
40. Modifícase el artículo 42 en el
i. Reemplázase la expresión "Consejo
General" por "Órgano Intermedio Colegiado".
ii. Reemplázase el numeral 2 ° por el
"2 ° .- Por no alcanzar el 5 por ciento
de los sufragios válidamente emitidos en la última
elección de diputados, en cada una de a lo menos
ocho regiones o en cada una de a lo menos tres
regiones geográficamente contiguas, en su caso.".
iii.- Reemplázase el numeral 6 ° por el
"6° En los casos previstos en los
artículos 47, 50, inciso segundo, y 51 bis.".
iv. Sustitúyese en el numeral 7° la
expresión "y 82, número 7 ° ," por la siguiente: "y
93, número 10 ° ,".
b) Sustitúyese el inciso tercero por el
"No obstante, si un partido político no
alcanzare el umbral previsto en el numeral 2 ° de
este artículo en una o más regiones, conservará su
calidad de tal y podrá desarrollar las actividades
señaladas en el inciso primero del artículo 2 ° en
las mismas regiones donde se encontraba legalmente
constituido con anterioridad, siempre que elija un
mínimo de cuatro parlamentarios en, a lo menos, dos
regiones distintas, sean diputados o senadores.".
41. Modificase el artículo 43 de la
a) Intercálase en su inciso segundo, a
continuación de la expresión "noventa días", la
palabra "corridos".
b) Intercálanse en su inciso tercero, a
continuación de la expresión "ciento ochenta días",
la palabra "corridos", y entre "al Presidente del
partido" y "la disminución de los afiliados" la
expresión ", o su equivalente,".
c) Sustitúyese, en su inciso final, la
42. En el artículo 46:
a) Sustitúyese, en el encabezamiento del
inciso primero, la expresión "con arreglo a", por
la siguiente: "por infracciones a las normas de".
b) Reemplázase, en el inciso final, la
expresión "y 28" por la que sigue: ", 28 y 28 bis".
43. En el artículo 47:
a) Reemplazase, en el inciso primero, la
expresión "la segunda parte del inciso cuarto y en
el inciso quinto del artículo 2°' por "en el inciso
tercero del artículo
b) Elimínese el inciso segundo.
44. Reemplazase, en el inciso segundo del
artículo 48, la expresión "los presidentes y
secretarios de los Consejos Regionales' por "las
autoridades representantes de los Órganos
Intermedios Colegiados Regionales'.
45. Suprímese el inciso primero del
46. Reemplazase, en el inciso segundo del
artículo 50, la expresión "de la Directiva Central'
por la expresión "del Órgano Ejecutivo'.
47. Reemplazase, en el inciso tercero del
artículo 51, la oración "a los tesoreros de los
Consejos Regionales' por "a quienes se desempeñen
como tesoreros en los Órganos Intermedios
Colegiados Regionales'.
48. Agrégase el siguiente artículo 51 bis:
"Artículo 51 bis.- La infracción grave y
reiterada de lo dispuesto en el Título V de esta
ley será sancionada con la disolución del partido
político.".
49. Sustitúyese, en el artículo 54, el
vocablo "elección" por la frase "comisión de la
infracción'.
ti V '9. 1 j 1 .
14e,0,-,«Z
50. Modifícase el artículo 57 en el
a) En el inciso primero intercalase, a
continuación de la expresión "noventa días', la
palabra "corridos'.
expresión "Consejo General de la representación
parlamentaria del partido." por la frase "Órgano
Intermedio Colegiado.".
51. Reemplazase, en el artículo 59, la
palabra "ápelaciones" por "reclamaciones' y la
palabra "apelación" por "reclamación".
52. Agrégase el siguiente artículo 64:
"Artículo 64.- A falta de regla especial,
los plazos que esta ley dispone para realizar
actuaciones ante el Servicio Electoral o para que
éste evacue actos adMinistrativos en ejercicio de
sus funciones legales serán de días hábiles, en
conformidad con la ley N°19.880.
Los plazos para realizar actuaciones ante
el Tribunal Calificador de Elecciones o los
Tribunales Electorales Regionales se regirán por
las normas de las leyes N°18.460 y N°18.593,
respectivamente.".
Artículo 2°.- Las referencias que las demás
leyes hagan a la Directiva Central, al Consejo
General y al Consejo Regional se entenderán hechas
al Órgano Ejecutivo, al Órgano Intermedio Colegiado
y al Órgano Intermedio Colegiado Regional,
nfl he***1.4tfriji442
Artículo primero.- Los partidos políticos
constituidos legalmente a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley deberán adecuar sus estatutos
a ésta y cumplir las obligaciones que ella
introduce, dentro de los ciento ochenta días
contados desde su publicación en el Diario Oficial.
El Órgano Ejecutivo de cada partido
político deberá remitir al Servicio Electoral el
reglamento de elecciones internas a que se refiere
el artículo 23 bis de la ley N ° 18.603, dentro de
los noventa días corridos siguientes a la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Artículo segundo.- Los partidos políticos
que sean poseedores materiales de bienes inmuebles
que no se encuentren inscritos a su nombre en el
Conservador de Bienes Raíces respectivo podrán
solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales,
dentro de los noventa días corridos siguientes a la
fecha de publicación de esta ley, que se les
reconozca la calidad de poseedores regulares de
dichos bienes a fin de quedar habilitados para
adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo a
las reglas y al procedimiento que se indican en el
presente artículo y en el siguiente:
1. Los partidos políticos deberán acreditar
ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante
una declaración jurada ante notario, suscrita por
el representante legal del partido político, el
a) Estar en posesión material del inmueble,
por sí o por otra persona en su nombre, en forma
continua y exclusiva, sin violencia ni
clandestinidad, durante cinco años, a lo menos.
b) Que no existe juicio pendiente en su
contra en que se discuta el dominio o posesión del
inmueble, iniciado con anterioridad a la fecha de
La declaración jurada deberá indicar,
además, el origen de su posesión y los antecedentes
legales y de hecho de los poseedores anteriores, si
los conocieren, como asimismo, el conocimiento que
tuvieren de la existencia de inscripciones que se
refieran al inmueble y de las otras personas que
pudieran tener derechos sobre él.
2. Además, la posesión material podrá
acreditarse en la forma establecida en el artículo
925 del Código Civil. No será obstáculo para el
ejercicio de este derecho por parte de los partidos
políticos la existencia de inscripciones de dominio
anteriores sobre el mismo inmueble, sin perjuicio
de los derechos de los titulares de dichas
inscripciones contemplados en el número 11 del
artículo tercero transitorio de esta ley.
El pago del impuesto territorial podrá ser
considerado como plena prueba de la posesión
material cuando, por su regularidad, continuidad y
duración, reúna los caracteres establecidos en el
inciso segundo del artículo 426 del Código de
Procedimiento Civil. El pago del mismo tributo
durante los cinco años anteriores a la presentación
de la solicitud hará plena prueba de dicha posesión
respecto del peticionario.
3. Los partidos políticos podrán agregar a
su posesión la de sus antecesores, sea ésta legal o
material, siempre que exista, a lo menos, un título
aparente que haga presumible la continuidad de las
posesiones. Se tendrá, entre otros, como título
aparente la promesa de compraventa de plazo
vencido; la adquisición de mejoras o de derechos y
acciones sobre el inmueble, sea por instrumento
ei k,n,r).21
,r_mes.t.t
público o privado; o la declaración jurada ante
notario de la persona natural o jurídica a cuyo
nombre esté inscrito el inmueble en el Conservador
de Bienes Raíces. El hecho de invocar como
antecedente un contrato de promesa de compraventa o
cualquier otro instrumento público o privado en que
conste la voluntad de transferir la propiedad no
significará que el partido político reconozca
dominio ajeno.
El derecho que consagra este artículo podrá
ejercerse respecto de cualquier inmueble ubicado en
el territorio de la República, sin importar su
avalúo fiscal, salvo respecto de propiedades
fiscales, inscritas a nombre del Fisco, gobiernos
regionales, municipalidades o servicios públicos
descentralizados, o comprendidas en las herencias
deferidas a favor de ellos.
Artículo tercero.- La solicitud a que se
refiere el artículo segundo transitorio se
tramitará de acuerdo a las reglas siguientes:
1. Presentada la solicitud por el partido
político ante el Mínisterio de Bienes Nacionales,
éste la admitirá a tramitación y oficiará al
Conservador de Bienes Raíces respectivo para que
informe, dentro de los diez días hábiles siguientes
a la fecha de recepción del oficio respectivo,
sobre el nombre, rol único tributario y domicilio
de quien aparezca, según sus antecedentes, como
2. Si el Conservador de Bienes Raíces
informare que quien figura como propietario es una
persona natural, el Ministerio de Bienes Nacionales
oficiará al Servicio de Registro Civil e
Identificación para que, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha de recepción del
o, "-I n o (-I 9
kiHki
oficio respectivo, informe del último domicilio que
registra en dicho organismo la persona que aparece
como supuesto propietario, o de su fallecimiento.
Si el Servicio de Registro Civil e Identificación
no informare al Ministerio de Bienes Nacionales el
último domicilio en el plazo señalado, se tendrá
por domicilio el que aparezca en la inscripción de
dominio. Con los antecedentes señalados, e/
Ministerio de Bienes Nacionales procederá a
notificar la solicitud, mediante carta certificada,
al supuesto propietario del inmueble, adjuntando
copia íntegra de ella.
3. Cumplidos los trámites señalados en el
número anterior, y previo informe jurídico, el
Ministerio de Bienes Nacionales deberá pronunciarse
denegando o aceptando la solicitud presentada.
4. La resolución que acoja la solicitud
presentada deberá indicar la individualización del
partido político, la ubicación y deslindes del
inmueble, y la respectiva inscripción si fuere
conocida, y deberá publicarse íntegramente en el
sitio electrónico del Ministerio de Bienes
Nacionales por quince días corridos y en un diario
de circulación nacional o en la región en que se
encuentre situado el inmueble, con cargo al partido
político solicitante, por una vez, dentro de quince
días hábiles, contados desde la fecha de la
resolución señalada. En dichas publicaciones deberá
prevenirse que, si dentro del plazo de treinta días
hábiles contado desde la publicación de la
resolución en un diario de pyblicación nacional o
regional, no se dedujere oposición por terceros, se
ordenará la inscripción a nombre del solicitante.
5. Si no se dedujere oposición dentro del
plazo señalado en e/ número anterior, y previa
V tII 1:"'
certificación de este hecho y de haberse efectuado
las publicaciones a que se refiere el numeral
precedente, el Ministerio de Bienes Nacionales
deberá dictar la resolución ordenando la
inscripción del inmueble en el Registro de
respectivo. Esta resolución contendrá la
individualización del partido, la ubicación y
deslindes del inmueble. La resolución estará exenta
de toma de razón y no será necesario reducirla a
6. En contra de la resolución que rechazare
una solicitud procederá recurso de reposición, de
conformidad a las reglas generales.
7. El Conservador de Bienes Raíces deberá
practicar la inscripción del inmueble a
requerimiento del partido político, de acuerdo con
las indicaciones que contenga la resolución dictada
por el Ministerio de Bienes Nacionales y agregará,
al final del Registro de Propiedad, una copia
autorizada de dicha resolución, y practicará,
además, la inscripción de la prohibición a que se
refiere el número 10 de este artículo.
8. La resolución del Ministerio de Bienes
Nacionales que acoja la solicitud se considerará
como justo título. Una vez practicada su
inscripción en el Registro del Conservador de
Bienes Raíces, el partido político adquirirá la
calidad de poseedor regular del inmueble para todos
los efectos legales, aunque existieren en favor de
otras personas inscripciones que no hubieran sido
materialmente canceladas. Transcurrido un año
completo de posesión inscrita no interrumpida,
contado desde la fecha de la inscripción, el
partido político se hará dueño del inmueble por
n (\ 1-1 61
1) t)
1 /1e■OC 004(,141•19
prescripción, la que no se suspenderá en caso
9. Expirado el plazo de un año a que se
refiere el número anterior, prescribirán las
acciones emanadas de los derechos reales de
dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres
activas y el de hipotecas relativos al inmueble
inscrito de acuerdo con el presente artículo. Las
anteriores inscripciones de dominio sobre el
inmueble, así como las de los otros derechos reales
mencionados, las de los gravámenes y prohibiciones
que lo afectaban, una vez transcurrido el citado
plazo de un año, se entenderán canceladas por el
solo ministerio de la ley, sin que por ello
recobren su vigencia las inscripciones que
antecedían a las que se cancelan. Con todo, si las
hipotecas y gravámenes hubiesen sido constituidos
por el mismo partido político o por alguno de los
antecesores cuya posesión legal o material se
hubiera agregado a la suya, dichas hipotecas y
gravámenes continuarán vigentes sobre el inmueble.
Subsistirán, igualmente, los embargos y
prohibiciones decretados en contra del partido
político o de alguno de sus antecesores; pero ello
no será obstáculo para practicar las inscripciones
10. Los partidos políticos que hayan
inscrito inmuebles en conformidad a este artículo
no podrán gravarlos ni enajenarlos durante el plazo
de un año, contado desde la fecha de la
inscripción. El Conservador de Bienes Raíces deberá
inscribir de oficio esta prohibición, la que
quedará cancelada por el solo ministerio de la ley,
una vez transcurrido el referido plazo, debiendo
alzarse de oficio.
¡t r)
u u t;
11. Los terceros que pretendan impugnar la
solicitud realizada por el partido político o la
inscripción efectuada a su nombre podrán hacerlo de
conformidad, en lo pertinente, al procedimiento
contemplado en el Párrafo 1 ° del Título IV del
decreto ley N ° 2.695, de 1979, del Ministerio de
Tierras y Colonización. Si el Tribunal acogiere la
acción de dominio señalada, ordenará la cancelación
de la inscripción practicada con arreglo a este
artículo, conservando su plena vigencia las
inscripciones que existían sobre el inmueble con
anterioridad a ella.
En todo lo no previsto por este artículo y
por el artículo anterior, se aplicarán de forma
supletoria las disposiciones especiales del decreto
ley N ° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y
Los Conservadores de Bienes Raíces deberán
practicar las inscripciones a que se refiere el
presente artículo dentro del plazo de treinta días,
contado desde la fecha en que fueron requeridas,
debiendo informar de dichas inscripciones al
Servicio Electoral.
Artículo cuarto.- El representante legal de
un partido político que hubiere intervenido
mediante fraude o engaño en la obtención del
reconocimiento de la calidad de poseedor regular de
acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo anterior, será castigado con presidio
menor en su grado máximo a presidio mayor en su
grado mínimo. La misma pena se aplicará a los
terceros que, a sabiendas, colaboraren con el
partido en la obtención de dicho reconocimiento. El
tribunal con competencia en lo penal deberá remitir
al Servicio Electoral la sentencia condenatoria
‘i)
firme y ejecutoriada contra el representante legal
del partido que haya incurrido en el delito
descrito, en un plazo de cinco días hábiles, desde
que se encuentre en dicho estado, para los efectos
señalados en el inciso siguiente.
El partido político que obtuviere el
acuerdo con el procedimiento establecido en e/
artículo anterior mediante fraude o engaño será
disuelto. Su disolución se formalizará mediante la
cancelación de su inscripción en el Registro de
Partidos Políticos, la que será efectuada por el
Director del Servicio Electoral, previa resolución
del Consejo Directivo de dicho Servicio que así lo
Artículo quinto.- El Servicio Electoral
deberá dictar todas las instrucciones a que se
refiere esta ley, dentro de los sesenta días
corridos siguientes a la fecha de su publicación en
Artículo sexto.- Los partidos políticos que
se encuentren en formación el 31 de enero de 2016
continuarán formándose conforme a las normas
vigentes a esa fecha.
Con todo, cumplidos doce meses desde la
publicación de la presente ley en el Diario
Oficial, estos partidos deberán contar con el 0,25
por ciento del electorado que hubiere sufragado en
la última elección de diputados en cada una de ocho
regiones o tres regiones contiguas, con un mínimo
de 500 electores en cada una de ellas.
El incumplimiento de lo prescrito en este
artículo dará lugar a la disolución del partido.
o n é.)1"1
Artículo séptimo.- Los partidos políticos
constituidos al momento de la publicación de la
presente ley en el Diario Oficial deberán, dentro
de los doce meses siguientes a dicha publicación,
contar con un padrón de afiliados equivalente al
menos al 0,25 por ciento del electorado que hubiere
cada región en que estén constituidos, con un
mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El
partido perderá su inscripción en las regiones en
que no alcance el referido mínimo. Si el partido no
alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos
ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser
declarado disuelto.
Artículo octavo.- Lo dispuesto en el número
40 del artículo 1 ° no se aplicará a los partidos
políticos que participen en la elección
parlamentaria de 2017, los que se disolverán en
caso de no alcanzar el 3 por ciento de los
sufragios válidamente emitidos en dicha elección de
diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones
o en cada una de a lo menos tres regiones
geográficamente contiguas, según corresponda. No
obstante, si un partido político incurriere en esta
hipótesis de disolución, pero eligiere un mínimo de
tres parlamentarios en, al menos, dos regiones
distintas, sean diputados o senadores, conservará
su calidad de tal y podrá desarrollar las
actividades señaladas en el inciso primero del
artículo 2 ° en las mismas regiones donde se
encontraba legalmente constituido con anterioridad,
sin perjuicio de las demás causales de disolución
de partidos políticos establecidas en la ley.".
III. NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE
ESTABLECEN EL ÁMBITO DE LAS LEYES ORGÁNICAS
CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON EL CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO.
QUINTO: Que el artículo 18 de la Constitución
Política, señala que:
"Los partidos políticos no podrán intervenir
en actividades ajenas a las que les son propias ni
tener privilegio alguno o monopolio de la
participación ciudadana; la nómina de sus
militantes se registrará en el servicio electoral
del Estado, el que guardará reserva de la misma, la
cual será accesible a los militantes del respectivo
partido; su contabilidad deberá ser pública; las
fuentes de su financiamiento no podrán provenir de
dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de
origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar
las normas que aseguren una efectiva democracia
interna. Una ley orgánica constitucional
establecerá un sistema de elecciones primarias que
podrá ser utilizado por dichos partidos para la
nominación de candidatos a cargos de elección
popular, cuyos resultados serán vinculantes para
estas colectividades, salvo las excepciones que
establezca dicha ley. Aquellos que no resulten
elegidos en las elecciones primarias no podrán ser
candidatos, en esa elección, al respectivo cargo.
Una ley orgánica constitucional regulará las demás
materias que les conciernan y las sanciones que se
aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos,
dentro de las cuales podrá considerar su
disolución. Las asociaciones, movimientos,
organizaciones o grupos de personas que persigan o
realicen actividades propias de los partidos
I.; 'u u t..-) W vi
/7k4C<•04. 7 Ye4;47(44-4-~"e
políticos sin ajustarse a las normas anteriores son
ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la
referida ley orgánica constitucional.
La Constitución Política garantiza el
pluralismo político. Son inconstitucionales los
partidos, movimientos u otras formas de
organización cuyos objetivos, actos o conductas no
respeten los principios básicos del régimen
democrático y constitucional, procuren el
establecimiento de un sistema totalitario, como
asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la
propugnen o inciten a ella como método de acción
política. Corresponderá al Tribunal Constitucional
declarar esta inconstitucionalidad.";
SEXTO: Que el artículo 94 bis de la Constitución
Política, dispone que:
"Un organismo autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, denominado Servicio
Electoral, ejercerá la administración,
supervigilancia y fiscalización de los procesos
electorales y plebiscitarios; del cumplimiento de
las normas sobre transparencia, límite y control
del gasto electoral; de las normas sobre los
partidos políticos, y las demás funciones que
señale una ley orgánica constitucional.
La dirección superior del Servicio
Electoral corresponderá a un Consejo Directivo, el
que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones
que le encomienden la Constitución y las leyes.
Dicho Consejo estará integrado por cinco consejeros
designados por el Presidente de la República,
previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos
tercios de sus miembros en ejercicio. Los
Consejeros durarán diez años en sus cargos, no
el, f)
/11,..1:1,/Jee;,04j1-77,011-eiffiet
podrán ser designados para un nuevo período y se
renovarán por parcialidades cada dos años.
Los Consejeros solo podrán ser removidos por
la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de
la República o de un tercio de los miembros en
ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción
grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad,
mal comportamiento o negligencia manifiesta en e/
ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del
asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto,
y para acordar la remoción deberá reunir el voto
conforme de la mayoría de sus miembros en
La organización y atribuciones del Servicio
Electoral serán establecidas por una ley orgánica
constitucional. Su forma de desconcentración, las
pdantas, remuneraciones y estatuto del personal
serán establecidos por una ley.';
IV. NORMAS DEL PROYECTO QUE REVISTEN NATURALEZA DE
LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.
SÉPTIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el
considerando segundo de esta sentencia, corresponde a
este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto
de ley remitido que estén comprendidas dentro de las
materias que el Constituyente ha reservado a una ley
orgánica constitucional;
OCTAVO: Que, el artículo 1°, en sus N°s 1° a 52,
salvo sus numerales 16 y 36, este último, en lo que
respecta al artículo 36 ter, nuevo; el artículo 2°; así
como los artículos primero, segundo, tercero -con
excepción de su numeral 11°, inciso segundo-, quinto,
O O QZZ 4
//smcf./4-€üe-10-7Unt,4)
sexto, séptimo y octavo transitorios, del proyecto de
ley, son propios de la ley orgánica constitucional sobre
Partidos Políticos, a que se refiere el artículo 19, N °
15,incsoqutdelaConsiucóPlíta;
NOVENO: Que, el artículo 1 ° , en sus N ° s 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 31, 34,
35, 36, 39, 52; y, el artículo primero transitorio, del
proyecto de ley, son propios de la ley orgánica
constitucional sobre Servicio Electoral, a que se refiere
el artículo 94 bis de la Constitución Política;
V. DISPOSICIONES SOBRE LAS CUALES ESTE TRIBUNAL NO
EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD,
POR NO ABORDAR MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA
DÉCIMO: Que, el N ° 16 del proyecto de ley, en su
letra a), acápite ii), reemplaza parte del contenido del
artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos
Políticos estableciendo la prohibición de afiliación a
partidos políticos de ciertos sujetos, cuyos estatutos
son propios de ley orgánica, entre los cuales se
encuentran jueces, secretarios y Ministros de fe de los
tribunales de justicia, los ministros, relatores,
secretarios y fiscales de los tribunales superiores de
justicia. El artículo 36 ter, por su parte, establece una
atribución de la Corte de Apelaciones. El artículo 3 °
° 11, inciso segundo, consagra una transio,N
competencia de los jueces en el proceso de saneamiento
que regula. Y el artículo 4 ° transitorio, establece una
atribución para jueces penales por delitos.
En ninguno de estos casos el Congreso consideró que
fuera necesario consultar a la Corte Suprema por afectar
Úr'nno 6-)
ig e) f..)
las atribuciones o la organización que regula la ley
orgánica a que se refiere el artículo 77 de la
DÉCIMOPRIMERO: Que, consideramos que no hubo un
error en la decisión del Congreso de no consultar a la
Corte Suprema. Y que, por tanto, exista un vicio de forma
que habilite a que esta Magistratura objete la aprobación
de dichas normas por infringir lo establecido en el
artículo 77 de la Constitución. Es decir, que la
modificación relativa a la ley que aborda la organización
y atribución de los tribunales, requiere oír a la Corte
DÉCIMOSEGUNDO: Que llegamos a esta conclusión por lo
siguiente. En primer lugar, porque estos asuntos pueden
enmarcarse perfectamente en la Ley de Partidos Políticos,
que no requiere dicho informe. Recordemos que la Ley
Orgánica de Partidos Políticos tiene como ámbito uno
bastante amplio, pues puede abordar "las demás materias
que les conciernen". En este sentido, la prohibición de
militancia de los jueces y magistrados y demás
funcionarios que el proyecto indica, se enmarca en esta
ley, y no en el artículo 77 de la Constitución. Incluso,
formalmente, no se modifica el Código Orgánico de
Tribunales, sino que la Ley de Partidos Políticos. La Ley
de Partidos Políticos regula de un modo armónico y
sistemático todo lo que tenga que ver en el ámbito de
acción de estos. Hay, además, un principio de
especialidad del ámbito o materia que se aborda.
En segundo lugar, no consideramos que la atribución
que se establece en las otras normas indicadas, implique
entregar una competencia nueva a los tribunales. Dichos
preceptos no crean tribunales, ni otorgan nuevas
potestades. Más bien se enmarcan en las que actualmente
tienen. En este sentido, no modifican la Ley Orgánica
Constitucional a que se refiere el artículo 77;
9 ti') e> e)
DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, el artículo 1 ° ,
numerales 16 y 36, en lo que respecta, este último, al
nuevo artículo 36 ter, así como los artículos tercero N °
1,incsoegudyartonsi ,delproyct
de ley, son propios de ley simple;
VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ
DÉCIMOCUARTO: Que, teniendo presente lo razonado en
los considerandos octavo y noveno, el artículo 1 ° , N ° s 1 °
a52,slvounmeras16y3,teúlimonque
respecta al nuevo artículo 36 ter; el artículo 2 ° ; así
excepción de su numeral 11 ° , inciso segundo-, quinto,
ley, se declarará que éstos no son contrarios a la
Constitución Política;
VII. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN EN LOS ENTENDIDOS
QUE SE INDICAN.
1. Referencia a la ley orgánica constitucional.
DECIMOQUINTO: Que, la disposición contenida en la
letra b) del numeral 4) del artículo 1 ° del proyecto de
ley sometido a control, que reemplaza la letra e) del
artículo 5 ° de la Ley Orgánica Constitucional de los
Partidos Políticos, se declarará conforme a la
Constitución, en el entendido de que la expresión "l a ley
tr ti 1) '11
(exija)" debe entenderse referida a la ley orgánica
constitucional a que alude el inciso quinto del artículo
19 N° 15° de la Carta Fundamental;
DÉCIMOSEXTO: Que, por su parte, la norma contenida
en la letra j) del inciso segundo del nuevo artículo 24,
agregado por el numeral 23) del artículo 1° del proyecto
de ley examinado, se declarará asimismo conforme a la
Carta Fundamental, en el entendido que la alusión a "la
ley", contenida en la mencionada letra j) debe entenderse
referida a la misma ley orgánica constitucional
mencionada en el considerando que precede;
2.Prohibición de afiliarse a un partido
DECIMOSÉPTIMO: Que el numeral 16, eltra a), acápite
ii) del artículo 1° del proyecto de ley, que modifica el
Políticos, establece la prohibición de "afiliarse a
partido político alguno" a un conjunto amplio de
autoridades y funcionarios públicos. Entre ellos, a los
"jueces, secretarios y ministros de fe de los tribunales
de justicia; los ministros, relatores, secretarios y
fiscales de los tribunales superiores de justicia (...)";
Que esta prohibición es más intensa que las actuales
reglas que establece el artículo 323 del Código Orgánico
de Tribunales que les impiden, grosso modo, "participar
en los actos que las precedan" (a las elecciones
populares) o "mezclarse en reuniones, manifestaciones u
otros actos de carácter político o efectuar cualquier
actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial".
Por tanto, limitaciones relativas al derecho de reunión,
al ejercicio activo de funciones electorales o al
activismo político al interior de la organización. De
esta manera, la prohibición establecida en este proyecto
u ti e) e,0
se constituye en una restricción adicional basada en
fundamentos constitucionales legítimos como la
independencia de la función judicial y la imparcialidad
de la justicia;
DECIMOCTAVO: Que el artículo 161 de la Ley Orgánica
Constitucional que rige a esta Magistratura establece
como norma supletoria a su organización "las
disposiciones relativas al régimen de empleados del Poder
Judicial". Por tanto, las prohibiciones establecidas en
este proyecto de ley son extensivas a los Ministros del
DECIMONOVENO: Que pese a la prohibición dirigida a
"los funcionarios del Tribunal" relativa a "intervenir en
toda clase de actividades de índole política, con la sola
excepción de la de ejercitar el derecho a sufragio"
(artículo 158 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional), cabe interpretar más allá de toda duda
que los Ministros del Tribunal Constitucional no pueden
afiliarse a partido político alguno y así se declarará,
máxime si se trata del ejercicio de un derecho político
básico para todos los ciudadanos;
3. Afiliación de un extranjero a un partido
VIGÉSIMO: Que, la letra a) del numeral 16 del
artículo 1 ° del proyecto de ley, en su acápite 1),
modifica el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional
de Partidos Políticos estableciendo una ampliación de
quiénes pueden afiliarse a un partido político
incorporando al "extranjero avecindado en Chile por más
de cinco años".
Esta ampliación del derecho de participar
activamente en política a los extranjeros avecindados
exige contrastar los requisitos a partir de los cuáles es
reconocido el mismo derecho a los nacionales. Siendo así,
61 6) n
9 eJ ¿)1,1
2/-4;4°'
hay un principio de igualdad connatural en la norma
propuesta referido al trato entre un chileno y un
extranjero que consiste en que se equiparan en su
condición de "ciudadanos";
Bajo este tratamiento la norma aparece más favorable
para la afiliación a un partido político de un extranjero
avecindado que de un nacional, puesto que a éste último
se le exige ser "ciudadano con derecho a sufragio", lo
que implica haber cumplido dieciocho años de edad y no
haber sido condenado a pena aflictiva;
Por tanto, el derecho del extranjero avecindado por
cinco años en Chile debe entenderse habilitado a tal
ejercicio cuando cumpla los mismos requisitos que el
nacional, cuestión exigida por el artículo 14 de la
Constitución al referir a una regla de igualdad por
equiparación que obliga a que los extranjeros, además del
avecindamiento, "cumplan con los requisitos señalados en
el inciso primero del artículo 13" de la Constitución;
VIGESIMOPRIMERO: Que, en consecuencia, esta
Magistratura entiende como constitucional el precepto
aludido bajo el entendido que el extranjero avecindado
por más de cinco años ha de cumplir, adicionalmente, las
exigencias que el artículo 14 de la Constitución Política
le ha reseñado a su estatus normativo y que han sido
explicadas anteriormente.
4. Actualización de los registros de afiliados
de los partidos políticos. Inhabilitados
para ejercer el derecho de sufragio.
VIGESIMOSEGUNDO: Que el criterio interpretativo
inicial es distinguir, dentro de los derechos políticos,
el derecho de sufragio respecto de los demás derechos que
la Constitución o las leyes confieran (artículo 13,
inciso segundo, de la Constitución);
On (1 6-'1*e rr
gj V 'N1 e.) 1
7ft"e<d~Z 4 11)/Lial
VIGESIMOTERCERO: Que, en este sentido, el derecho de
afiliarse a un partido político está expresamente
reconocido en el artículo 19, numeral 15 ° , inciso quinto,
Por su parte, la Constitución diferencia entre la
suspensión de un derecho y la pérdida de la condición de
Así, la suspensión sólo aplica respecto de uno solo
de los derechos políticos: el derecho de sufragio por
causales tasadas y expresas mientras que la pérdida de la
condición de ciudadano trae por consecuencia la
inhabilitación para ejercitar los derechos políticos
atribuibles a esa condición, esto es, "los derechos de
sufragio, de optar a cargos de elección popular y los
demás que la Constitución o la ley confieran" (artículo
13, inciso segundo, de la Constitución), siendo uno de
ellos el derecho a afiliarse a un partido político;
VIGESIMOCUARTO: Que cabe constatar que los hechos
delictivos generan consecuencias distintas dependiendo de
la etapa del proceso penal en la que se encuentre su
investigación. Si una persona es "acusada" por delitos
que merezcan, abstractamente, pena aflictiva, el efecto
es la suspensión del derecho de sufragio. En cambio, si
recibe una condena efectiva y concreta a una pena
aflictiva (3 años y un día o más), el efecto es la
pérdida de la calidad de ciudadano. Incluyendo el derecho
a afiliarse en un partido político;
VIGESIMOQUINTO: Que la inhabilitación de derechos
políticos es una privación de derechos de tal naturaleza
que sólo opera restrictivamente y por decisiones
adoptadas por el constituyente, el legislador o por
jueces penales en el marco del debido proceso. En tal
sentido, no existen modalidades administrativas autónomas
de privación de derechos políticos ni que se correspondan
con una concretización de una decisión constituyente,
legal o judicial.
Las modificaciones que se introducen al artículo 20
del proyecto de ley le otorgan potestades al Servicio
Electoral para mantener actualizado el registro de
afiliados y adherentes de cada partido político. Esta
actualización debe abarcar, en ambos tipos de registros,
a las personas "inhabilitadas para ejercer el derecho a
sufragio";
VIGESIMOSEXTO: Que la historia de la ley no arroja
mayores antecedentes de la discusión de este artículo,
salvo en la sesión del 16 de diciembre de 2015 de la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento de la Cámara de Diputados. Allí consta una
explicación del Ministro Secretario General de la
Presidencia que explica que "no estaba seguro si la ley,
por el hecho de inhabilitar para ejercer el derecho a
sufragio, lo inhabilita para efectos de ser militante o
ejercer voto al interior de un partido político. Si no es
el caso, no veía problema, si los partidos (...)".
Lo anterior, exige despejar tales dudas y obliga a
esta Magistratura a interpretar que el precepto legal
explicado es constitucional en el entendido que la
actualización de los registros de adherentes y afiliados
realizada por el Servicio Electoral sólo puede y debe
referirse a las hipótesis definidas por el artículo 17 de
la Constitución y no vincularse a las hipótesis del
artículo 16 de la Constitución por limitar un derecho no
concernido en la presente regulación.
5 . Silencio positivo .
VIGESIMOSÉPTIMO: Que el numeral 17 del artículo 1 °
delproyctindue voartícul18bisaLey
Orgánica Constitucional de Partidos Políticos
estableciendo una regla de silencio positivo para la
afiliación al partido político si éste no se pronuncia
f›,
v „,;
sobre la solicitud dentro del plazo de 40 días hábiles
desde que esta se efectuó;
VIGESIMOCTAVO: Que la afiliación a un partido
político es siempre voluntaria. Por lo mismo, nadie puede
ser obligado a pertenecer a un partido, y siempre se
puede renunciar a él. Asimismo, la ley de partidos se ha
encargado de establecer ciertas regulaciones de dicha
afiliación. Así, se han establecido normas respecto de
los requisitos para afiliarse; la exigencia de que una
persona no pertenezca a más de un partido; a la
posibilidad de renunciar a la afiliación; al registro de
En ese marco de regulaciones, el proyecto establece
reglas del procedimiento de afiliación;
VIGESIMONOVENO: Que el proyecto señala que la
afiliación está sujeta a un procedimiento. Éste comprende
varias etapas. Desde luego, debe solicitarse el ingreso
al partido, en duplicado, una de cuyas copias debe
entregarse al solicitante. La segunda etapa radica en el
partido, el cual tiene un plazo para pronunciarse sobre
la solicitud, el que no puede superar los 40 días hábiles
desde el ingreso de la petición. Recordemos que el mismo
proyecto establece que los afiliados pueden votar después
de tres meses de afiliados.
La forma de pronunciamiento del partido puede ser de
dos tipos. Por una parte, puede ser expresa. Ésta es la
que se realiza en términos explícitos y formales. Puede
ser positiva, es decir, se acepta la solicitud. O puede
ser negativa. Esto es, se niega el ingreso del
solicitante. El rechazo de la solicitud debe realizarse
siempre por resolución fundada del órgano competente del
partido, y del cual el solicitante puede recurrir ante el
La otra forma de pronunciamiento es la tácita.Ésta
opera por silencio positivo. Es decir, el legislador
presume la afirmativa si no hay pronunciamiento expreso;
Para que opere la regla del silencio positivo y el
solicitante quede incorporado al registro del partido, es
necesario que se cumplan varios requisitos. Por de
pronto, se tiene que haber presentado una solicitud
válida. Enseguida, el partido político tiene que guardar
silencio, no pronunciándose sobre ella en el plazo de 40
días hábiles desde que ésta se efectuó. Finalmente, el
solicitante debe requerir al Servicio Electoral para que
lo incorpore como militante;
TRIGÉSIMO: Que no vemos inconveniente en esta
regulación. En primer lugar, porque es un asunto propio
del ámbito del legislador. La Constitución establece un
conjunto de materias propias de la Ley Orgánica
Constitucional de los Partidos Políticos, de dos maneras
diferentes. En unos casos, señala la materia específica
que debe abordar. Por ejemplo, un sistema de elecciones
primarias. Pero en otros ámbitos establece una referencia
genérica, pues establece que son propios de esta ley "las
demás materias que les conciernan". En todo caso, la
nómina de los militantes debe siempre registrarse en el
Servicio Electoral. El ámbito del legislador se refuerza
en el proyecto de ley al establecerse que los partidos
pasan a ser personas jurídicas de derecho público. Ello
implica un margen de regulación más intenso del
legislador. En segundo lugar, no vemos que ello afecte ni
a los solicitantes ni a los partidos. Desde luego, porque
la afiliación sigue siendo voluntaria. Enseguida, porque
el partido político tiene un plazo para pronunciarse y si
lo deja transcurrir, sin negar ni aceptar, opera el
silencio. También el plazo de 40 días es razonable para
emitir un pronunciamiento. Finalmente, el partido puede
expulsar al militante si se contrapone a sus lineamientos
fi 9 e)
4,A,d(00Z 44ete-ut)
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más relevantes. Más todavía si el proyecto regula los
derechos del militante. En tercer lugar, la regla busca
no mantener la incertidumbre de alguien que quiere
militar y a quien el partido no le indica si está de
acuerdo o no con su ingreso. Finalmente, la ley le
entrega una serie de beneficios a los partidos por su rol
en el proceso democrático. Un deber mínimo en ese marco,
es responder a quien pide militar en ellos.
6.Establecimiento de cuotas de género.
TRIGESIMOPRIMERO: Que el numeral 21 del artículo 1°
del proyecto de ley sometido a control reemplaza el
artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos
Políticosestableciendo que en la integración de los
órganos colegiados previstos en la ley, los partidos
deben asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% de
los miembros. Y en caso de ser tres miembros, al menos
uno de ellos debe ser de sexo diferente (letra d), inciso
quinto);
TRIGESIMOSEGUNDO: Que, como se observa, la norma
establece una cuota. Pero una cuota neutral, pues ninguno
de los sexos puede superar el 60%, sean hombres o
El proyecto también establece mecanismos de
participación e integración de los jóvenes menores de 18
y mayores de 14 años. Pero a diferencia de los sexos, no
establece cuotas;
TRIGESIMOTERCERO: Que este Tribunal ya validó las
cuotas en las Primarias de los partidos, en la STC Rol N°
2777/2015. Consideró para ello que las cuotas eran una
medida afirmativa destinada a asegurar la efectiva
igualdad ante la ley. Éstas, agregó, existen respecto de
grupos o colectivos cuya subordinación es histórica o
prolongada, situación que los ha debilitado seriamente,
.03.. c o Nsrirt,0 )
cHILE A14-,1'1°7
obligando a corregir o compensar dicha secular
desventaja. La acción afirmativa supone un beneficio para
ese colectivo, que sin el mismo permanecería en una
situación de subordinación.
En la misma sentencia, este Tribunal sostuvo que
estas medidas buscan que las personas tengan las mismas
oportunidades en el punto de partida. De una u otra
manera, ellas promueven sistemas de inclusión social, en
que el Estado debe contribuir a crear. En este caso
particular, dichas cuotas se fundan también en el
postulado constitucional que establece que hombres y
mujeres son iguales ante la ley;
TRIGESIMOCUARTO: Que es un hecho que en las
directivas de los partidos no se observa una presencia
femenina que responda a su porcentaje poblacional. Por lo
mismo, el legislador ha considerado que es legítimo
incentivar su incorporación a dichos cargos.
Ello resulta concordante con que los partidos, de
acuerdo a la Constitución, deben asegurar una "efectiva
democracia interna" (artículo 19 N ° 15 ° de la
Constitución Política). Y son contrarios a la Carta
Fundamental los partidos que no respeten los principios
básicos del régimen democrático constitucional" (artículo
19 N ° 15 ° ).
Dentro de ese régimen democrático constitucional, se
encuentra el derecho de las personas a participar con
igualdad de oportunidades en la vida nacional (artículo
1 ° ); el que hombres y mujeres son iguales ante la ley
(artículo 19 N ° 2 ° ), y que los partidos no pueden tener
privilegio alguno (artículo 19 N ° 15 ° );
Así, dicha cuota es consistente con el rol que el
proyecto en su artículo 1 ° le asigna a los partidos. Por
una parte, contribuye a la integración de la
representación nacional. Y por otra, se constituye en una
garantía y promoción de los derechos humanos;
Por lo mismo, no vemos inconveniente en que se
establezca esta cuota. Más todavía si es neutral, porque
ni hombres ni mujeres pueden superar el 60%.
7. Impugnación de instrucciones del Servicio
TRIGESIMOQUINTO: Que el numeral 22 del artículo 1 0
delproyctindue voartícul23bisenaLy
Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, según
el cualtodos los miembros de los órganos básicos del
partido deben ser electos democráticamente, sin perjuicio
que el estatuto de cada uno de ellos determine el
procedimiento y el sistema electoral. Asimismo, establece
que el órgano ejecutivo de cada partido debe remitir al
Servicio Electoral el reglamento de las elecciones
internas y su actualización. Ese reglamento debe ser
aprobado por el Servicio Electoral y debe contener una
regulación mínima que el proyecto establece. Del mismo
modo, consagra que los estatutos deben prever mecanismos
de reclamación ante los tribunales internos.
Toda esta regulación es fiscalizada por el Servicio
Electoral, quien puede dictar instrucciones para este
TRIGESIMOSEXTO: Que no consideramos que exista
inconveniente constitucional que el Servicio Electoral
dicte estas instrucciones. Por mandato del artículo 94
bis de la Carta Fundamental, corresponde a este organismo
ejercer la administración, supervigilancia y
fiscalización de las normas sobre los partidos políticos.
Se trata de un organismo constitucionalmente
autónomo, cuya dirección superior corresponde a un
consejo directivo, compuesto por cinco consejeros,
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designados por el Presidente de la República previo
acuerdo del Senado;
TRIGESIMOSÉPTIMO: Que el proyecto no precisa si esta
facultad es del Consejo Directivo o del Director del
Servicio Electoral. En la actualidad, el artículo 67 de
la Ley N ° 18.556, establece que corresponde al Consejo
Directivo "dar instrucciones generales sobre la
aplicación de las normas electorales para su ejecución
por los organismos establecidos en ella". Y el proyecto a
que se refirió la sentencia Rol N ° 2981, tenido a la
vista por esta Magistratura, consta que se mantiene esa
facultad, con ajustes;
TRIGESIMOCTAVO: Que el proyecto tampoco establece un
mecanismo de impugnación específico para estas
Pero no consideramos inconveniente en eso, porque no
le corresponde a este proyecto de ley regular esa
materia, puesto que no introduce modificaciones en dicha
ley (Ley N ° 18.556), ya que se limita a modificar la Ley
de Partidos Políticos. Es el proyecto que modifica dicha
normativa (Rol N ° 2981) el que podría hacerlo.
En todo caso, de no haber regla expresa
impugnatoria, se pueden utilizar los recursos
constitucionales, seguir las reglas generales. Por lo
mismo, no vemos reproche en la materia.
8. Transparencia activa.
TRIGESIMONOVENO: Que el proyecto establece en el
artículo 36 bis una transparencia activa. Es decir, una
obligación de mantener a disposición permanente del
público, a través de sus sitios electrónicos, en forma
completa y actualizada y de un modo que permita su fácil
identificación y acceso expedito una serie de
." o e> 7'
u ei it
antecedentes. De esa obligación debe velar el órgano
ejecutivo del partido.
El proyecto establece que cualquier persona puede
reclamar al Consejo para la Transparencia contra el
partido que no cumpla con dicha obligación. Si el Consejo
para la Transparencia o la Corte de Apelaciones (si se
reclama de la decisión de dicho Consejo), ratifica la
infracción, de esta decisión, se debe notificar al
Servicio Electoral, para que inicie un procedimiento
Dicho procedimiento se traduce en una sanción de
respectivo partido. De acuerdo a la gravedad, puede
ascender de 500 a 2000 Unidades Tributarias. Y en caso de
reincidencia, el monto de las multas será elevado al
CUADRAGÉSIMO: Que no vemos inconveniente en la
///.09-1-/ existencia de este procedimiento de reclamación ante el
Consejo para la Transparencia, ni del procedimiento
sancionatorio del que puede ser objeto el partido
político, ni de la sanción que se les pueda aplicar.
Es efectivo que el proyecto no contempla un
mecanismo impugnatorio. Y tampoco el procedimiento
sancionatorio. Pero éste no se regula en este proyecto,
sino en otro que está siendo objeto de control por esta
Magistratura (Rol N° 2981/2015). En dicho proyecto se
establecen modificaciones a la Ley N° 18.556,
estableciendo en el párrafo 7° (en el artículo 70° D), un
procedimiento sancionatorio y un mecanismo de
Sobre ese procedimiento y mecanismo impugnatorio, no
corresponde que nos pronunciemos con ocasión del control
de este proyecto de ley.
Pero dejamos constancia que no hay un olvido del
9. Procedimiento de saneamiento de inmuebles.
CUADRAGESIMOPRIMERO: Que el proyecto establece en
sus artículos segundo y tercero transitorios, un
mecanismo de regularización de inmuebles que los partidos
hubieran poseído materialmente en forma continua,
exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante cinco
años a lo menos, siempre que no exista disputa judicial y
que no se encuentre inscrito a su nombre en el
Dicho procedimiento de regularización tiene dos
etapas. Por una parte, una etapa obligatoria que es una
solicitud que debe formular el partido ante el Ministerio
de Bienes Nacionales. Éste debe solicitar informe al
Conservador de Bienes Raíces y notificar al supuesto
propietario. El Ministerio puede aceptar o negar la
solicitud. Si la acoge, debe publicarse en el sitio
electrónico del Ministerio y en un diario de amplia
circulación. Si no hay oposición, se ordena la
inscripción a nombre del partido. Dicha resolución es
considerada como justo título, que una vez inscrita,
habilita para adquirir el dominio por prescripción en el
plazo de un año. Por la otra, hay una etapa judicial
eventual, si se deduce oposición por el interesado, pues
en este caso, el asunto se convierte en contencioso.
El proyecto establece también que comete delito el
representante legal del partido que hubiere intervenido
mediante fraude o engaño en la obtención de
reconocimiento de poseedor. Asimismo, el partido que
hubiere incurrido en fraude o engaño, será disuelto;
CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que este mecanismo puede
reprocharse desde dos puntos de vista. De un lado, que
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constituye un privilegio para los partidos. Del otro, que
afecta el derecho de propiedad del dueño;
CUADRAGESIMOTERCERO: Que antes de hacernos cargo de
este reproche, debemos considerar que ésta no es la
primera vez que esta Magistratura analiza la impugnación
de procedimientos semejantes, pues en varias
oportunidades se ha cuestionado el mecanismo que diseña
el Decreto Ley N ° 2695.
Dicha disposición es supletoria de las reglas que
establece el proyecto (artículo 2 ° transitorio, N ° 11).
Dicho cuestionamiento de constitucionalidad ha sido
rechazado en varias oportunidades (STC N ° s 1298/2010,
2194/2012, 2647/2014, 2674/2015 y 2767/2015);
CUADRAGESIMOCUARTO: Que respecto del primer
reproche, esto es, la existencia de un privilegio,
debemos considerar que nuestro ordenamiento jurídico
contempla varias normativas destinadas a regularizar
títulos de dominio. Así sucede con el D.F.L. N ° 5, de
Agricultura, de 1968, que regula el saneamiento para las
propiedades agrícolas; el D.L. N ° 1939, respecto de
inmuebles fiscales; el D.L. N ° 2885, que permite la
regularización de títulos de dominio en la Isla de
Pascua; la Ley N ° 19.776, también para regularizar
inmuebles fiscales; y la Ley N ° 20.062 para regularizar
ocupaciones irregulares en terrenos de playa.
En todas ellas hay un procedimiento reglado que
contempla una fase administrativa y otra de tipo
judicial. Todos parten de la base de una posesión previa
y prolongada al acto de saneamiento. En ellas se busca
que los beneficiarios obtengan un título de dominio;
Además, el procedimiento que diseña el proyecto de
ley no es distinto a estas regulaciones. Ello se
demuestra en la secuencia de las etapas administrativas,
prácticamente idénticas al Decreto Ley N° 2695, y en la
supletoriedad de esta normativa;
CUADRAGESIMOQUINTO: Que no vemos inconveniente en
que el legislador permita regularizar la posesión de
inmuebles por parte de los partidos políticos. Ellos
también pueden poseer bienes inmuebles no inscritos.
Los partidos tienen patrimonio. Y el proyecto
aumenta considerablemente las reglas de transparencia.
Por lo mismo, sería contradictorio con ésta, que
mantuviera inmuebles irregularmente;
Asimismo, los partidos, como sujetos de derecho, a
quienes el proyecto les da la calidad de personas
jurídicas de derecho público, no pueden ser excluidos del
derecho a la propiedad que consagra el artículo 19 N° 23°
de la Constitución. El proyecto no hace otra cosa que
permitir que un partido obtenga, por el modo de adquirir
denominado prescripción, un inmueble que ha poseído a lo
menos durante cinco años;
A lo anterior, cabe agregar que el artículo 19 N°
23° constitucional, tal como la ha dicho esta
Magistratura, se abre a todo tipo de sujetos, a todo tipo
de bienes, sea el que invoca la garantía tenga o no
bienes con anterioridad (STC 1298/2010);
CUADRAGESIMOSEXTO: Que en relación al segundo
argumento, esto es que viola el derecho a la propiedad
del que tiene inscrito el inmueble en el Conservador,
pero no lo posee, cabe señalar, en primer lugar, que tal
como lo dijo esta Magistratura (STC Rol N° 1298/2010), no
hay un estatuto único de la propiedad, sino que es el
legislador el que debe definirlo. Corresponde a la ley
definir "el modo de adquirir la propiedad" (artículo 19
N° 24° de la Constitución).
En este sentido, el proyecto no se aparta
radicalmente de las reglas del Código Civil, pudiendo
hacerlo, pues éste no es un parámetro de
constitucionalidad. El proyecto establece la exigencia de
un justo título de posesión, del transcurso del plazo y
de la obtención del dominio mediante prescripción;
CUADRAGESIMOSÉPTIMO: Que, en segundo lugar, no hay
una afectación esencial del derecho a la propiedad,
porque quien aparece como dueño, tiene una inscripción de
papel, pues el verdadero poseedor es el partido que pide
regularizar. Asimismo, no se inventa una posesión. El
título que da el Ministerio de Bienes Nacionales sólo
reconoce la posesión exclusiva, continua, sin violencia
ni clandestinidad, durante al menos cinco años. También
hay que considerar que el mecanismo da garantías al
afectado, pues se puede oponer, hay acciones una vez
inscritas y hay serias sanciones para los dirigentes que
intervienen y el partido;
CUADRAGESIMOCTAVO: Que, en tercer lugar, tampoco
consideramos que exista una expropiación, pues la nueva
inscripción cancela la antigua sólo una vez transcurrido
un año de aquello. El modo de adquirir del partido es la
prescripción, no por el ejercicio directo de una potestad
pública. El proyecto diseña mecanismos de derecho privado
para tal efecto: posesión, título, inscripción,
prescripción. Asimismo, no es el Estado el que adquiere
el dominio, sino el partido.
Por todo lo expuesto, no consideramos que el
mecanismo establecido en los artículos segundo y tercero
transitorios del proyecto vulnere la Constitución.
VIII. CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.
CUADRAGESIMONOVENO: Que, de conformidad al mérito
de autos, se suscitó durante el segundo trámite
1) r- ()
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constitucional del proyecto de ley, cuestión de
constitucionalidad a su respecto.
Al efecto, según consta en la discusión producida
en la Sala del Senado, el H. Senador don Alejandro
Navarro Brain, en la Sesión 95a de la Legislatura 363',
celebrada con fecha 20 de enero de 2016, argumentó:
"Señor Presidente, la verdad es que tendremos que hablar
con mucha franqueza y decir que con esta normativa no
estamos facilitando la participación, la mayor
integración; que haya más democracia, mayor pluralismo,
más diversidad. Porque se plantea una legislación que
tiende a normar, transparentar, flexibilizar la
participación política. ¡Y lo único que hacemos es
ponerle escollos! Me parece absolutamente
inconstitucional prohibir a dos entidades de la sociedad
civil fusionarse. Porque las causales de disolución no
dicen relación con graves delitos. Son todas cuestiones
de carácter administrativo: por ejemplo, si disminuye el
número de militantes.
Dos partidos afines no pueden fusionarse para
¡Esa es una limitante inconstitucional!
Es más, muchos partidos debieran fusionarse.
¡Ojo!: para aquellos que alegan contra el
multipartidismo, estamos impidiendo que se achiquen los
partidos y que se puedan fusionar.
Los van a obligar a volver a inscribirse.
O sea, se trata de una medida contradictoria con el
objetivo de quienes la plantearon: "frenar el
multipartidismo'.
Creo que la norma propuesta es inconstitucional.
Yo hago reserva de constitucionalidad, pues eso ya
De repente, los liberales detestan el Estado cuando
se mete a regular la sociedad civil. Pero acá pretenden
establecer cómo se harán las elecciones internas; decidir
si los partidos se pueden fusionar o no, en fin.
Algunos defienden a las empresas y no quieren
regulación. Desean que estas se fusionen, en fin.
Pero cuando se trata de la política, ¡prohibición
de fusión!
Por lo tanto, creo que esta es de las medidas que
harán que este proyecto, contradictorio, lleno de vacíos,
no funcione o termine siendo una mala ley.
Prohibir la fusión de dos partidos políticos que
incurran en una causal de disolución estaría bien si se
ha cometido una falta grave. En ese caso, no se podría
impedir tal prohibición.
Pero si se trata de una falta administrativa, de
las muchas que se mencionan acá, no se le puede prohibir
a un partido fusionarse a otra colectividad con la que
tenga amplias coincidencias ideológicas. No digo fusionar
acá a la Izquierda y la Derecha, sino a dos entidades con
la misma causa común y que enfrentan la disolución por
una cuestión administrativa.
Me parece que en tal caso ello sí es factible.
En mi opinión, se trata de una restricción injusta,
discriminatoria y, por cierto, inconstitucional.
Yo quiero hacer la prevención, señor Presidente.
Porque aquí se pretende impedir que haya partidos
pequeños o movimientos sociales.
Ciertamente, terminada una elección puede que esos
pequeños partidos o movimientos sociales no hayan logrado
cuatro Diputados en dos regiones distintas, sino, por
ejemplo, tres en una región (y no cuatro Diputados en dos
regiones diferentes).
e V V r9
e, r,J
/4.~‹;10 0/146c.e. 047
En tal caso, se deben disolver. Y si hay otro
partido al que le pasó lo mismo, no se pueden fusionar,
aunque tengan coincidencias ideológicas.
Podemos caer en lo ilógico de que partidos que
hayan logrado seis Diputados se declaren en disolución,
que no les sea factible fusionarse y se tornen en
Yo quiero hacer una advertencia en el sentido de
que estos cuidados respecto de la llamada "regulación
para frenar el multipartidismo" están cayendo en
discriminación e injusticia.
Creo perfectamente posible que, en casos
especialísimos (por ejemplo, una causa grave), a un
partido se le inhiba de fusionarse. Pero tratándose de un
conjunto de medidas que se hallan entre las causas de
disolución, sí es factible la fusión, sobre todo si hemos
establecido una norma en el sentido de que los partidos
deben elegir a lo menos cuatro parlamentarios en dos
regiones distintas.
O sea, si un partido elige tres Diputados en una
región y otro tres en una diferente (seis Diputados
electos), van a ser declarados ilegales y ni siquiera se
podrán fusionar.
Eso, señor Presidente, no tiene sentido.
Voy a votar en contra de la norma como viene
propuesta. Y hago reserva de constitucionalidad, pues
creo que aquí se altera la posibilidad de participación
de manera arbitraria y discrecional al impedir la fusión
de dos partidos que desean hacerlo, por haber entrado en
una causal de disolución. Ella se da siempre después de
las elecciones, en particular respecto del cumplimiento
de los requisitos que señalé." (fojas 58 y 58 vuelta);
QUINCUAGÉSIMO: Que, el inciso final del artículo 48
de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
nr 6-)
ne/Se¿e«Z 44-4~4d
Constitucional dispone que "si durante la discusión del
proyecto o del tratado se hubiere suscitado cuestión de
constitucionalidad de uno o más de sus preceptos, deberán
enviarse al Tribunal, además, las actas de las sesiones,
de sala o comisión, o el oficio del Presidente de la
República, en SU caso, donde conste la cuestión de
constitucionalidad debatida o representada". Por su
parte, el inciso quinto del artículo 49 de la misma ley
establece que "si el Tribunal encontrare que el proyecto
es constitucional y se hubiere producido la situación
prevista en el inciso final del artículo anterior, el
Tribunal deberá declarar la constitucionalidad del
proyecto fundándola respecto de los preceptos que,
durante su tramitación, hubieren sido cuestionados";
QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que el nuevo artículo 37 de la
Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos,
sustituido por el numeral 37 del artículo 1 ° del proyecto
de ley examinado, establece la siguiente disposición:
no podrán fusionarse con otro.";
QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que se ha suscitado una
reserva de constitucionalidad por parte del H. Senador
Navarro y, asimismo, se ha planteado en este control la
inconstitucionalidad de la presente norma basada en
diversas consideraciones. Entre ellas, que esta
prohibición a los partidos que se encuentren en causal de
disolución de fusionarse con otro constituye una
limitación inconstitucional, pues se impide a entidades
de la sociedad civil fusionarse, entendiendo que las
y ee4r,4,40z
causales de disolución no se relacionan con la comisión
de delitos sino que con cuestiones administrativas. Por
tanto, se trataría de una prohibición discriminatoria.
Asimismo, plantea el dilema de los alcances de la
voluntad de los órganos asociados en cuanto a sus propios
límites de ejercicio de su libertad de configuración, de
su autonomía para decidir y de su voluntad de perseverar
en la actividad política a través de actos como una
fusión o integración con otros grupos políticos. Desde
este punto de vista, no sería sólo un derecho incorporado
al ámbito subjetivo de la asociación sino que sería un
ejercicio de libertad ideológica reconocido en la
QUINCUAGESIMOTERCERO: Que, a juicio de esta
Magistratura, de la lectura del acta precedentemente
reproducida, en que consta la intervención del Senador en
cuestión, no se explícita la forma en que se produciría
una eventual infracción constitucional, presupuesto
indispensable para que este Tribunal Constitucional pueda
emitir un pronunciamiento fundado a su respecto, sin
perjuicio de que pueda conocer de este asunto por las
otras vías que la Constitución Política y la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional disponen (en
este mismo sentido, STC Rol N ° 2755, c. 12);
QUINCUAGESIMOCUARTO: Que, en consecuencia, no
existiendo una reserva de constitucionalidad planteada de
manera precisa y concreta, esta Magistratura no emitirá
pronunciamiento a su respecto, por no concurrir cuestión
de constitucionalidad alguna sobre el particular;
IX. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN.
QUINCUAGESIMOQUINTO: Que, de los antecedentes
tenidos a la vista, consta que las normas sobre las
cuales este Tribunal emite pronunciamiento, fueron
aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con
las mayorías requeridas por el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política;
Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los
artículos 19, N° 11°, incisos quinto y sexto; artículo 94
bis; 66; 93, inciso primero, n° 1°, e inciso segundo,
todos, de la Constitución Política de la República y lo
prescrito en los artículos 48 al 51 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
1°. Que, el artículo 1°, en sus N°3 1° a 52, salvo
sus numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al
artículo 36 ter, nuevo; el artículo 2°; así como los
artículos primero, segundo, tercero -con excepción de su
numeral 11°, inciso segundo-, quinto, sexto, séptimo y
octavo transitorios, del proyecto de ley, no son
contrarios a la Constitución.
2°. Que, el artículo 1° en sus numerales 16, 17, 19,
21, 22, 36, 37, así como los artículos segundo y tercero
transitorios, del proyecto de ley, declarados como
constitucionales, lo son en los entendidos consignados en
los considerandos decimoquinto a cuadragesimoctavo;
3°. Que este Tribunal Constitucional no emite
pronunciamiento, en examen preventivo de
constitucionalidad, respecto de las disposiciones
contenidas en el artículo 1°, N° 16 y N° 36, respecto del
nuevo artículo 36 ter, así como de los artículos tercero
numeral 11°, inciso segundo, y cuarto, transitorios, del
proyecto de ley remitido, por no versar sobre materias
propias de ley orgánica constitucional.
Los Ministros señores Carlos Carmona Santander,
Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, concurren a la
presente decisión, haciendo una prevención respecto de
las siguientes cuestiones de mérito, discutidas en el
control preventivo, que enuncian:
1° . Que en el marco del control preventivo y
obligatorio de constitucionalidad de los proyectos de
ley, de conformidad con el artículo 93, numeral 1 ° de la
Constitución, esta Magistratura tiene por competencia
pronunciarse sobre la naturaleza orgánica constitucional
de sus preceptos y posteriormente sobre su
constitucionalidad. En tal sentido, es natural entender
como ajeno a este examen aquellos asuntos propios de la
deliberación democrática del Congreso Nacional que
definen concretizaciones normativas pluralistas,
diferentes y con mayor o menor intensidad técnica, en
donde el mérito de la decisión ya fue adoptado desde la
confrontación de voluntades puestas en juego. Podríamos
apreciar, como jueces, otras soluciones que nos convenzan
más o simplemente podríamos refutar las escogidas, pero
tal juicio nos está vedado de realizar;
2° . Que siendo así algunas disidencias se
desenvuelven en esos escenarios y sobre ellas no cabe si
no manifestar que son exámenes de mérito:
a) El artículo 5 ° , inciso tercero y el artículo 6 °
incsoegudlpryctoe,fridasl
facilidades que el legislador franquea para la
constitución de los partidos políticos y la
afiliación a los mismos, en los trámites exentos de
cobros que se realicen ante las notarías.
b) El artículo 23 inciso cuarto del proyecto que limita
la reelección interna por más de dos períodos
consecutivos al mismo cargo político, habilitando
una renovación interna de los partidos.
Los Ministros señora Márisol Peña Torres y señor
José Ignacio Vásquez Márquez, previenen que concurren a
la declaración de constitucionalidad del numeral 1) del
proyecto de ley sometido a control -que sustituye el
artículo 1° de la ley orgánica constitucional de los
Partidos Políticos- en el entendido que la declaración de
que los partidos políticos "expresan el pluralismo
político" (inciso segundo) es sin perjuicio del marco
constitucional en que dicho valor propio de la democracia
debe desarrollarse conforme a lo estatuido expresamente
en el inciso sexto del artículo 19 N° 15° de la Carta
Acordada la calificación de orgánica constitucional
de los artículos 2° y 3° transitorios, con la excepción
de su numeral 11, inciso segundo, con el voto en contra
de los Ministros señores Carlos Carmona Santander,
Gonzalo García Pino y Nelson Pozo Silva, por las
1°. Que el proyecto establece, en sus artículos
segundo y tercero transitorios, un procedimiento de
regularización de propiedad que posean los partidos,
mientras que el artículo cuarto, consagra las sanciones
en caso de fraude o engaño;
2°. Que consideramos que dichos preceptos son
materia de ley común y no se enmarcan en la Ley de
Partidos. Para llegar a esta conclusión, consideramos que
todo lo que tenga que ver con modos de adquirir la
propiedad es materia de ley simple; que las leyes
orgánicas constitucionales son excepcionales y que
regulan sólo lo medular de ciertas materias;
3°. Que si bien la regulación que establecen dichos
preceptos tiene que ver con el saneamiento de bienes de
los partidos, que posean por a lo menos cinco años, de
manera continua, exclusiva, sin violencia ni
P ; e)'
t›,1 (
clandestinidad, no está regulando un aspecto esencial de
los partidos, sino un asunto relativo a sus bienes. Más
que la Ley de Partidos, tiene que ver con el derecho de
propiedad. Y esto, como ya se indicó, es materia de ley
Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, la
señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián
Letelier Aguilar y José Ignacio Vásquez Márquez
estuvieron por declarar inconstitucional el numeral 18,
letra a9, acápite ii del proyecto, que modifica el
artículo número 18 de la Ley Orgánica Constitucional de
Partidos Políticos en aquella parte que señala "Tampoco
podrán hacerlo los jueces, secretarios y ministros de fe
de los tribunales de justicia; los ministros, relatores,
justicia;" por las consideraciones que exponen:
A. INCONSTITUCIONALIDAD DE FORMA
1.- Que, el inciso segundo del artículo 77 de la
Constitución Política de la República, señala que sólo
podrá ser modificada la Ley Orgánica Constitucional
relativa a la organización y atribuciones de los
tribunales oyendo previamente a la Corte Suprema;
2.- Que, el artículo 18 en la parte cuya
constitucionalidad de forma se declara por los ministros
concurrentes modifica sustancialmente la organización de
los tribunales en cuanto limita sólo a los funcionarios
que en él se indica, la prohibición de militar en algún
partido político, situación que en el primitivo artículo
18 de la Ley N ° 18.603 incluía a todos los funcionarios
judiciales, cualesquiera fuera su escalafón. De tal
manera que, a partir de la vigencia de esta disposición
los funcionarios judiciales que no desempeñen las
funciones de juez, secretario, ministro de fe, ministro,
rl.nor
3.- Conforme a lo anterior, debió darse cumplimiento
a lo dispuesto en la norma constitucional precedentemente
citada y, por consiguiente haberse requerido informe a
la Corte Suprema, lo cual no ocurrió, omisión que torna
inconstitucional por forma el inciso segundo del artículo
18 del proyecto controlado, en la parte referida.
4.- Que, el legislador que elaboró el proyecto que
contenía la ley original N ° 18.603 Ley Orgánica
Constitucional de Partidos Políticos, consultó en su
oportunidad, sobre esta materia, la opinión de la Corte
Suprema la que fue evacuada mediante oficio de fecha 9 de
Agosto de 1984 por ese alto tribunal de la República.
señora María Luisa Brahm Barril y señor Cristián
Letelier Aguilar estuvieron también por declarar
inconstitucional por forma las disposiciones referidas a
continuación, por considerar que ellas modifican
atribuciones de los Tribunales de Justicia, con lo cual
se debió requerir la opinión previa de la Corte Suprema,
hecho que no consta en autos, conforme a consideraciones
que se expresan en cada norma en particular:
ARTÍCULO 1 ° , N ° 36, DEL PROYECTO LEY QUE CONTIENE. EL
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36 TER DE LA LEY 18.603.
5.- Que, el inciso segundo del artículo 36 Ter, del
proyecto de ley consagra la posibilidad de que la Corte
de Apelaciones respectiva, en su caso, declare la
infracción por parte del partido político de las
obligaciones que, en materia de acceso a la información y
transparencia, dispone el artículo 36 bis, debiendo
comunicar al Servicio Electoral dicha infracción, entidad
que iniciará un proceso sancionatorio que lo habilita
para, eventualmente, aplicar multas que la disposición
gradúa entre 500 a 2000 unidades tributarias mensuales,
que en caso de reincidencia se eleva al doble. Ello
n c) r
k) ej 1)
altera las atribuciones de las Cortes de Apelaciones
porque el contencioso que regla actualmente la ley de
Transparencia de la Función Pública (aprobada por
artículo 1 0 , de la ley 20.285) dice relación con sujetos
y actos distintos a los que ahora el proyecto busca
incorporar. De esta manera, el proyecto innova al
extender las atribuciones jurisdiccionales de los
referidos tribunales superiores de justicia, y por ello
imperativamente debió oírse previamente a la Corte
6.- Que, en la especie se altera la competencia de
los tribunales de justicia y por ende, sus atribuciones.
En efecto, la expresión "atribuciones" que emplea el
artículo 77 de la Constitución Política está usado como
sinónimo de "competencia", entendida como la facultad que
tiene cada juez o tribunal para conocer de las materias
que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus
funciones, sea ella absoluta o relativa. Así lo ha
expresado esta Magistratura en STC 271, STC 273 y STC
2899 (voto de minoría).
7.- Que, conforme a lo anterior, y por disponerlo el
inciso segundo del artículo 77, de la Constitución
Política de la República, debió requerirse informe a la
Corte Suprema, tramite esencial que se omitió lo que hace
que esta disposición sea inconstitucionalidad por forma.
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO NUMERAL 11, INCISOS PRIMERO
Y SEGUNDO DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECEN EL
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN DE UN
INMUEBLE POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
8.- Que, el inciso primero de la referida
disposición estatuye el procedimiento por el cual
terceros afectados por la regularización de la posesión
de un inmueble por parte de un partido político podrán
impugnarlo conforme al párrafo primero del título IV del
e fl n' e
decreto ley 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y
Colonización, procedimiento que entrega la reclamación al
Juez de Letras en lo Civil.
9.- Que, el inciso segundo de la misma disposición
legal señala que, en lo no previsto por este artículo y
por el artículo anterior se aplicarán en forma supletoria
las disposiciones especiales del mencionado decreto ley,
disposiciones que contienen normas de procedimiento para
resolver controversias respecto a la regularización de
la posesión inscrita en materia de bienes inmuebles.
10.- Que, ambos incisos otorgan, por vía directa y
consecuencial, competencia a los Jueces de Letras en lo
Civil, con lo cual modifican las atribuciones del Poder
Judicial, lo que hace constitucionalmente imprescindible
informe de la Corte Suprema, informe que no existe, dado
que no se requirió, y por ende la disposición del
artículo tercero transitorio, en sus incisos primero y
segundo resulta inconstitucionalidad por forma
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE LEY QUE
CONSAGRA EL DELITO DE OBTENCION FRAUDULENTA DE POSEEDOR
11.- Que, esta norma jurídica estatuye un nuevo tipo
penal referido a la obtención dolosa del reconocimiento
de la calidad de poseedor regular, conforme del
procedimiento que se establece en el artículo tercero
transitorio, con lo cual el tribunal con competencia en
lo Penal, sea Juzgado de Garantía, sea Juzgado Oral en lo
Penal conocerá de los hechos que eventualmente configuran
el delito, imponiendo, si correspondiere, las medidas
cautelares, los sobreseimientos y condenas, según sea el
12.- Que, no sólo se establece un nuevo tipo penal
sino que además el precepto legal impone a los tribunales
e' C. 2
con competencia en lo penal, la obligación de tener que
enviar al Servicio Electoral aquellas sentencias que sean
condenatorias y que se encuentren firmes y ejecutoriadas,
lo que hace que estemos ante una modificación de las
atribuciones de los tribunales, por lo que se requería
oír a la Corte Suprema.
13.- Que, de los antecedentes tenidos a la vista
fluye con nitidez que no se requirió la opinión de la
Corte Suprema en esta materia, vulnerándose lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta
Fundamental, por lo que la disposición legal contenida en
el proyecto controlado es inconstitucional por forma.
B) DISPOSICIONES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES
ARTÍCULO 1 ° , N ° 17, DEL PROYECTO LEY QUE INCORPORA EL
.„..,!72117
...... INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY 18.603
14.- Declarar inconstitucional el inciso tercero del
artículo 18 bis que el Proyecto (artículo 1 ° , N ° 17)
incorpora a la Ley N ° 18.603, orgánica constitucional
sobre Partidos Políticos, por cuanto dicha norma
sustituye la voluntad del respectivo Partido, al disponer
que si éste no se pronuncia sobre una solicitud de
afiliación dentro del plazo que señala, ella "se
entenderá aceptada".
Lo anterior, afecta la autonomía constitucional que les
asiste a dichos cuerpos asociativos, conforme al artículo
1 ° , inciso tercero, de la Carta Fundamental, y que se
manifiesta en la necesaria libertad para decidir por sí
mismos sus propios actos, como es determinar -entre otros
aspectos- el régimen de ingreso de sus miembros y su
retiro. De modo que la decisión de aceptar como afiliado
permanente a quien le parezca conveniente a la propia
asociación, ha de ser libre y expresamente adoptada por
".-/
1.,..,z~d,
ésta, no pudiendo ser suplantada ni revertida por
autoridad alguna, legislativa o administrativa,
atribuyéndoles -como en la especie ocurre- un acto de
supuesta admisión.
ARTÍCULO 1 ° , N ° 21, DEL PROYECTO DE LEY QUE REEMPLAZA EL
ARTÍCULO 23, INCISO CUARTO. LIMITACIÓN A LA REELECCIÓN
DE LOS INTEGRANTES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDOS
Declarar la inconstitucionalidad del artículo 23, inciso
cuarto, del proyecto de ley, respecto de la expresión
"Sus integrantes no podrán ser electos por más de dos
períodos consecutivos en su mismo cargo", por las razones
15.- Que, las personas dan existencia a múltiples
agrupaciones, que la doctrina constitucional denomina
"sociedades intermedias", las que tienen, conforme a su
finalidad, distinta naturaleza unas son de orden social,
otras económicas y otras políticas que son aquellas que
ligan a hombres y mujeres en virtud de afinidades
ideológicas o políticas, y que dan nacimiento a las
agrupaciones o partidos políticos.
Dichas sociedades intermedias para alcanzar sus fines
propios, deben contar con la debida autonomía, lo que
significa que en la ejecución de sus fines tenga la
debida independencia, de tal manera que ni la ley ni
autoridad alguna puede inmiscuirse en su organización
16.- El capítulo I de la Constitución Política en
actual vigor, que se denomina "Bases de la
institucionalidad" contempla como uno de los principios
rectores el respeto que el Estado debe tener para con los
grupos intermedios, debiendo garantizarles la adecuada
autonomía en el cumplimiento de sus fines específicos,
autonomía que la doctrina entiende como "la potestad o
capacidad de gobierno, mediante autoridades y normas
propias, que incumbe a cada grupo intermedio con sujeción
a las normas de la Constitución y la ley. Autonomía es,
en este sentido, libertad de formación, organización y
actuación de frente al Estado y a otros grupos." (Derecho
Constitucional Chileno Tomo I, José Luis Cea, Ediciones
UC, año 2015 p.217)
17.- Tal autonomía comprende su organización, es
decir, la facultad que tiene toda sociedad intermedia
para otorgarse la estructura y administración que sus
integrantes acuerden, lo que se ve reflejado en el caso
de aquellas agrupaciones intermedias que sean personas
jurídicas con la declaración de voluntad.
En este sentido, las personas jurídicas, como las
personas naturales entre los atributos de la personalidad
tienen la voluntad, que consiste en la actitud de querer
algo, en el caso de las primeras se manifiesta en el
acuerdo que sus integrantes adopten, a través del órgano
correspondiente, que en el caso de los partidos políticos
se hace a través de los distintos órganos que contempla
el artículo 23, del proyecto de ley.
18.- Que, al limitar el proyecto de ley el ejercicio
de un cargo a no más de dos períodos consecutivos invade
la autonomía de estos grupos intermedios con fines
políticos, lo que consuma una infracción grave al
principio establecido en el artículo 1°, de la Carta
Fundamental, en lo que dice relación a garantizar la
referida autonomía de los cuerpos intermedios;
Pero no sólo afecta la autonomía de los partidos
políticos, de poder elegir a un militante por varios años
en un cargo determinado, sino que además, abre la
posibilidad de que se produzcan abusos, en torno a lo que
la práctica jurídica denomina "fraude a la ley", dado
que, puede ocurrir que un militante de un partido
e f")
7/xeiczeoeZ 7/Z;464,›
determinado esté dos períodos comosecretario del mismo
y después sea elegido tesorero y después como
vicepresidente y así sucesivamente, con el objeto de
burlar la exigencia de la norma jurídica;
19.- Que, como se ha señalado precedentemente, la
disposición objetada, desde el punto de vista
constitucional vulnera el artículo 1 ° , de la Constitución
Política, al limitar a dos períodos consecutivos el
ejercicio de un cargo en los órganos que la misma
disposición específica, vulnerando así mismo un atributo
de la personalidad del partido político, como lo es la
voluntad ,que se manifestará a través de las entidades a
que se refieren las letras a), b), c) y d), del artículo
23 del proyecto de ley;
ARTICULO 1 ° , N ° 21, DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO QUE
REEMPLAZA EL ARTÍCULO 23 POR EL QUE SE INDICA EN EL
INCISO 5 °
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de
Partidos Políticos, propuesto en el N ° 21 del artículo 1 °
delproyct ,derminalosóg de
partidos políticos es inconstitucional.
20.- Que, el proyecto substituye íntegramente la
disposición, estableciendo "órganos "mínimos" que deben
contemplarse en los estatutos del partido, habilitando
para que éste denomine a los órganos colegiados de un
modo distinto al que lo hace la ley. Permite a los
partidos establecer, frentes, comisiones u otras
instancias temáticas o territoriales y celebrar congresos
generales o nacionales conforme a sus estatutos.
El inciso 5 ° establece una norma con el objeto de incidir
en la integración de los órganos colegiados establecidos
en la ley, buscando, como regla general, que ninguno de
los sexos supere un 60% en el seno del órgano. Dicta una
regla especial para el caso en que el órgano tenga tres
Lo anterior, en directa relación con la letra g) que se
propone en el inciso segundo del artículo 2 ° de la Ley
Orgánica que se modifica, mediante el número 2 del
artículo 1 ° , con el objeto de promover la participación
política inclusiva y equitativa de las mujeres.
La norma y su aplicación queda entregada a lo que en los
estatutos se disponga ("se observarán mecanismos
especialmente previstos en los estatutos..."), pero en
definitiva lo que impone son cuotas, para aumentar la
participación política femenina, la que estimamos
contraria a la Constitución Política;
21.- Que, de la misma forma que se argumentó en
disidencia a STC rol 2776, las disposiciones
individualizadas precedentemente, introducen una
discriminación o diferenciación beneficiando a las
mujeres, respecto a su situación en el seno de los
partidos políticos, por el sólo motivo de ser tales. Lo
anterior, a nuestro juicio, resulta contrario con el
principio de igualdad reconocido en nuestra Carta
Fundamental, que constituye una importante base de
nuestro sistema democrático, por establecer un trato
desigual entre hombres y mujeres, sin contar para ello
con un fundamento constitucional. Lo anterior, por cuanto
el establecimiento de una discriminación a favor de
determinado grupo constituido por mujeres, respecto de
los hombres, o viceversa, cuando la Constitución ha sido
en extremo enfática y clara en cuanto a que todas "las
personas", conforme a su artículo 1 ° , son iguales en
dignidad y derechos, cuestión que luego, respecto de
hombres y mujeres, se ha plasmado expresamente en el
artículo 19 N ° 2, inciso 1 ° . En este último precepto
constitucional, el Constituyente, a la par de establecer
que en Chile "no hay persona ni grupo privilegiados",
establece de manera consistente con lo anterior que
"Hombres y mujeres son iguales ante la ley".
En mérito de lo anterior, hemos consideramos que medidas
que, como las cuotas de candidatos (abordadas latamente
en nuestra disidencia a la STC Rol N ° 2777) o como
aquellas que establecen un incentivo pecuniario aplicable
sólo a un grupo determinado, en desmedro de otras
personas que devienen perjudicadas por su no pertenencia
a dicho grupo, sólo en razón del género, no pueden ser
toleradas constitucionalmente, pues es la propia
Constitución la que descarta que se establezcan grupos
privilegiados y que hombres y mujeres - dos grupos de
personas diferenciados por el género - son iguales ante
la ley. De ahí la inconstitucionalidad del precepto ahora
examinado;
22.- Que, no puede intentar justificarse la
constitucionalidad de esta clase de medidas, que vienen a
constituir a las mujeres como un grupo privilegiado, en
lo prescrito por el artículo 1 ° de la Constitución,
particularmente sus incisos cuarto y final. Ello, por
cuanto en el caso del inciso 4 ° , se alude - en
consonancia con su inciso 1 ° - a la persona humana y a
todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad
nacional, sin distinguir entre grupos. Y el inciso final,
en cuanto, nuevamente, refiere que el Estado debe
asegurar el derecho "de las personas" a participar con
igualdad de oportunidades en la vida nacional. Estas
normas son consistentes, por cierto, con lo que emana del
artículo 19 N ° 2, inciso 1 ° , de la Constitución, Cuyo
alcance ha sido revisado en el motivo precedente.
Y en todo caso, tal pretensión interpretativa en orden a
dotar de fundamento constitucional a medidas que terminan
por constituir a las mujeres como un grupo privilegiado,
por su pertenencia a un género determinado, en base a lo
que preceptúan los incisos destacados del artículo
primero constitucional, no puede soslayar un criterio
rector de la interpretación constitucional, cual es la
interpretación armónica de la Carta Fundamental. A
nuestro juicio, no puede plantearse que alguno de los
deberes contenidos en los incisos referidos pueda
lícitamente ser entendido en desmedro de lo que
prístinamente emana del artículo 19 N° 2, inciso primero,
de la Constitución, toda vez que tal como lo ha
reconocido este Tribunal, es un principio de hermenéutica
constitucional reiteradamente enfatizado en sus fallos,
el que las normas de la Carta Fundamental deben
interpretarse de modo tal que exista entre todas ellas
correspondencia y armonía, pues es dable presumir que el
constituyente elaboró la Carta con un predicamento
sistémico y articulado, velando por la coherencia de los
distintos preceptos que la componen (STC 1410, c. 6) (En
el mismo sentido STC 452, c. 10);
23.- Que, la disposición que contempla el proyecto, en
relación a las cuotas de género si bien ha sido formulada
por el legislador en un pretendido tono "neutral",
persigue mejorar la situación de la mujer en la arena
política. Ello emana de una lectura conjunta con otra
medida que contiene el proyecto en su artículo 1° N° 2,
Y sin perjuicio de lo anterior, y aún si compartiéramos
la pretendida neutralidad de las reglas sobre cuotas,
ello tampoco permite sortear su inconstitucionalidad,
toda vez que, según vimos, la Constitución alude a lo
masculino y lo femenino, hombres y mujeres, para
establecer que aquellos son iguales ante la ley;
24.- Que, según hemos sustentado, existen reparos
constitucionales a la introducción de las cuotas de
género a nuestro ordenamiento jurídico. Lo anterior torna
necesario que para que puedan ser introducidas de modo
incuestionable, se requiera de una reforma constitucional
previa. En este sentido, una mirada a lo acontecido en
otras latitudes puede resultar relevante, tal como fue
desarrollado en disidencia STC rol 2766, aludida
precedentemente. Se señala que en países como Francia,
Alemania, Italia, Portugal o Bélgica, la introducción de
normas sobre cuotas, o posteriormente, paridad, ha
requerido de reformas constitucionales. Particularmente
ilustrativos, fueron desarrollados en esa oportunidad los
casos de Francia e Italia;
25.- Que, junto con lo anterior, a los cuerpos
intermedios, a quienes se les garantiza la adecuada
"autonomía" para cumplir sus propios fines específicos,
entre los cuales sin duda se encuentran los partidos
políticos, el legislador debe darles libertad para
organizarse del modo que estimen más conveniente a sus
miembros, con las limitaciones que por su naturaleza
correspondan, pero que sean constitucionalmente idóneas,
entre las que no caben las cuotas de género.
ARTÍCULO 1 ° , N ° 36, DEL PROYECTO QUE AGREGA EL ARTÍCULO
36 TER QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
ARTÍCULO 36 TER, INCISO SEGUNDO
26.- Se declara inconstitucional por carecer de
debido proceso atendido que, no hay criterios objetivos
para sancionar e imponer la multa a que se refiere el
inciso impugnado y ausencia de procedimientos con reglas
claras, de carácter general y justo y racional.
ARTÍCULO 1 ° , N ° 37, QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 37 DE LA
LEY SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL PROHIBE LA
FUSIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INCURRIEREN EN CAUSAL
ARTÍCULO 37, ÚLTIMA PARTE
( 7) ()
k:1 9 9 C) é
Se considera que la reserva de constitucionalidad,
del Honorable Senador don Alejandro Navarro, respecto a
la frase contenida en el artículo 37 del proyecto de ley
"Los partidos políticos que se encuentren en alguna de
las causales de disolución establecidas en la ley no
podrán fusionarse con otro", es razonable y por
consiguiente, esta parte de la disposición legal es
inconstitucional por los argumentos que se indican a
27.- Que, durante la discusión del proyecto de ley
sometido a control, que se suscitó en el Senado de la
República, el senador Alejandro Navarro formuló reserva
de constitucionalidad respecto a la prohibición formulada
en la ley de que un partido político que se encuentre
afectado por alguna causal de disolución, se le impida
fusionarse con otro;
28.- Que, de acuerdo a las actas acompañadas, el
citado senador fundamentó su reserva de
constitucionalidad durante la discusión en sala de la
siguiente forma "Esta normativa no está facilitando la
participación, la mayor integración; que haya más
democracia, mayor pluralismo, más diversidad. Me parece
absolutamente inconstitucional prohibir a dos entidades
de la sociedad civil fusionarse. Porque las causales de
disolución no dicen relación con graves delitos. Son
todas cuestiones de carácter administrativo por ejemplo,
se disminuye el número de militantes.";
29.- Aunque el senador Alejandro Navarro no cita la
norma constitucional que a su juicio se estaría
vulnerando con la disposición que objeta, ello no obsta a
que la reserva de constitucionalidad que ha efectuado la
ha argumentado en la debida forma, dando así cumplimiento
a lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
conforme a lo cual este tribunal debe pronunciarse;
1.1 e) I
30.- Que, el proyecto de ley controlado contiene en
el artículo 42, las causales que pueden ocasionar la
disolución de un partido político, las que conforme a su
naturaleza jurídica, tal como lo indica el parlamentario
citado, no constituyen delito, sino que son meros hechos
electorales, en algunos casos, y en otros casos son
efectivamente asuntos de orden administrativo.
Y que en lo que se refiere a lo propiamente
constitucional, tales causales de disolución están
acordes con las facultades que la Constitución otorga a
la ley orgánica constitucional respectiva para establecer
determinadas exigencias a los partidos políticos;
31.- Que, no obstante, dichas causales no afectan
principios o garantías que la Carta Fundamental asegura a
toda persona, situación que es diametralmente distinta en
lo que respecta a la prohibición que afecta a un partido
político, que se encuentre en alguna de las causales de
disolución para fusionarse con otro.
En este sentido, se vulnera la garantía
constitucional contemplada en el artículo 19, N°15, esto
es, el derecho de asociación que la doctrina
constitucional lo entiende como "La facultad que tiene
todo hombre (o mujer) de aunar sus fuerzas con la de sus
semejantes, de un modo constante, para la consecución de
un fin común, lícito y honesto" (Tratado de Derecho
Constitucional Dogmático, Rafael Raveau, Soc. Imprenta y
Litografía Universo, Valparaíso, 1935, p.39), afectándose
al mismo tiempo dicha garantía en su esencia,
vulnerándose en consecuencia también el numeral 26, del
artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que el
legislador, al imponer tal prohibición entraba el derecho
de asociación más allá de lo razonable;
32.- A un partido político, que haya incurrido en
alguna causal de disolución, no se le puede imponer una
prohibición como la que dispone la norma jurídica
objetada, porque ello sería sancionarlo dos veces,
atendido que ya significa para la agrupación política que
se encuentre en dicha situación una dificultad de gran
entidad la que se agrava con cerrarle la posibilidad de
poder fusionarse con otra entidad política que no esté en
la situación de disolución, o que si bien lo estuviere,
podría salir de ella fusionándose con otra que esté en la
misma realidad;
33.- Necesario es recordar, como lo ha dicho esta
Magistratura que "el derecho de asociación, reconocido
por el constituyente, posee una doble vertiente, a saber,
el derecho de asociación y la libertad de asociación;
esta libertad consiste precisamente en el poder de
autodeterminarse en cuanto pertenecer o no, crear o no,
una sociedad, asociación o grupo corporativo específico,
vale decir no ser coaccionado a integrarse a un
determinado ente societario, acoger o no, libremente,
como miembro a un determinado sujeto que deseare
integrarse a él, en fin retirarse o no de ese grupo o
cuerpo asociativo libremente." (STC 184 C.7)
34.- Por las consideraciones precedentes, los
ministros disidentes estiman que el artículo 37 del
proyecto de ley, en la parte que impone la prohibición a
los partidos políticos que se encuentren en algunas de
las causales de disolución para fusionarse con otro, es
contrario a la Constitución Política por vulnerar la
garantía del derecho asociación, contemplado en su
artículo 19, N ° 15.
ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS
Son inconstitucionales los artículos segundo y
tercero transitorios, por los argumentos que indican a
) P9
3/ é e)
35.- Que, las disposiciones transitorias segunda y
tercera, contenidas en el proyecto de ley controlado,
estatuyen un procedimiento similar al establecido en el
decreto ley N ° 2.695, de 1979, del Ministerio de Tierras y
Colonización, que fija normas para regularizar la
posesión de la pequeña propiedad raíz y para la
constitución del dominio sobre ellas, en términos más
ventajosos para regularizar la posesión de bienes
inmuebles que los partidos políticos puedan tener en su
poder, en calidad de poseedores no inscritos,
indistintamente del valor económico del bien raíz;
36.- Que, la Constitución Política de la República,
asegura a todas las personas, en el artículo 19, N ° 24, el
derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales; que tal como
lo ha expresado esta Magistratura, la expresión "en sus
diversas especies" tiene una connotación jurídica
evidente, pues entrega al legislador la construcción de
los diversos estatutos del dominio, los cuales, pueden
ser comunes o supletorios de otros, existiendo así
pluralidad de propiedades. "No hay, por tanto, una sola
propiedad, sino tantas como el legislador configure. De
hecho, el propio constituyente se refiere a algunas de
ellas: la minera (artículo 19 N° 24°), la que recae en
los derechos de agua (artículo 19 N° 24°), la intelectual
y artística (artículo 19 N ° 25°), la que recae sobre los
bienes que deben pertenecer a la Nación toda (artículo 19
N° 23°)." (STC 1298 C.44);
37.- Que, en la construcción de un estatuto sobre
una propiedad determinada, el legislador debe tener una
justificación razonable para dictarlo, así, en materia
minera, la inmensa riqueza que nuestro país tiene en esos
productos, hizo que el legislador a través de una ley
orgánica constitucional y el Código de Minería
estableciera el estatuto del dominio minero; lo mismo,
respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas,
entre otros estatutos acerca del dominio.
En el caso del D.L. N ° 2.695, en la época en que se dictó,
se presentaban fundamentos razonables para regularizar la
pequeña propiedad raíz, atendido a que existía una
considerable cantidad de bienes inmuebles que se
encontraban irregularmente en poder de sus poseedores;
38.- Que, en el caso del proyecto de ley controlado,
no se divisan razones sustanciales para dictar un
estatuto, en términos tan favorables a los partidos
políticos que sean poseedores materiales de bienes
inmuebles, que no se encuentren inscritos a su nombre en
el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que desde la
perspectiva constitucional vulnera el artículo 19, N ° 2,
del texto político, que garantiza a todas las personas la
igualdad ante la ley, expresando que en Chile "no hay
persona ni grupo privilegiados "lo que ratifica el
Constituyente en el artículo 19 N ° 15,inciso quinto
constitucional, al prevenir que los Partidos Políticos no
podrán tener "privilegio alguno"
39.- Que, reiteradamente, esta Magistratura ha
señalado que "La igualdad ante la ley consiste en que las
normas jurídicas deben ser iguales para todas las
personas que se encuentren en las mismas circunstancias
y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se
encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por
consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de
aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias
constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo
tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentren en la misma condición. Así, se ha concluido
que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo
con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la
desigualdad." (STC 784 C.19);
7l,te4e,~0Ard),4PIC 7
40.- Que, conforme al concepto anterior de igualdad
ante la ley, el sistema que crea los artículos segundo y
tercero transitorios del proyecto de ley para regularizar
la propiedad raíz en favor de los partidos políticos,
origina una desigualdad en la ley respecto de las demás
personas que estuvieran en la misma situación, porque
ellas deberán recurrir al procedimiento establecido en el
D.L. N ° 2.695, de 1979, si se tratare de un pequeño
inmueble o bien, a las reglas generales en materia de
posesión que establece el Código Civil, en otros casos,
las que indudablemente son más exigentes.
41.- Que, nada obsta para que un partido político,
como poseedor no inscrito de un inmueble, regularice su
posesión mediante el procedimiento establecido en la ley
civil aplicable a toda persona. Por eso, no se encuentra
el fundamento que justifique este especial estatuto que
hace evidente una desigualdad ante la ley, y lo que es
,e-f-ir más grave ello obedezca a propósitos no esclarecidos que
hacen que estas disposiciones legales crean diferencias
arbitrarias. En este sentido, "ha de entenderse que toda
diferenciación o distinción realizada por el legislador o
cualquiera autoridad pública que aparezca contraria a la
ética elemental o a un proceso normal de análisis
intelectual; en otros términos, que no tenga
justificación racional o razonable", es una diferencia de
esta naturaleza (STC 811, c. 20).
42.- Que, tal como se ha expresado supra el
legislador está facultado para crear estatutos que
regulen una especie de propiedad, pero ese cuerpo legal
debe ser constitucionalmente admisible, y él lo será
cuando sus normas contengan presupuestos objetivos y
razonables y resulten proporcionadas e indispensables
para el fin que se tuvo en vista al momento de dictarse.
Tales características no se cumplen en este caso, y por
ende de su sola lectura se concluye con nitidez la
carencia de justificación para crearlas, y lo que es más
grave el originar una situación de desigualdad frente a
la ley con el agravante de establecer diferencias
43.- Que, como se ha dicho ut supra el artículo 19,
N ° 15, de la Carta Fundamental dispone que los partidos
políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a
las que son propias ni tener privilegio alguno. La voz
privilegio ha sido entendida en la doctrina como la
prerrogativa o gracia que se concede a una persona,
liberándola de carga o gravamen o confiriéndole un
derecho de que no gozan los demás. Otorgarles una
prerrogativa por ley a los partidos políticos, dicha
norma adolecería de nulidad de derecho público.
En el procedimiento que se contempla en los
artículos Segundo y Tercero Transitorio, precisamente se
establece un privilegio en relación con la regularización
de la posesión no inscrita de bienes inmuebles que tengan
estas agrupaciones, por lo que en la especie se configura
otra inconstitucionalidad, que el legislador no consideró
al momento de elaborar estas normas jurídicas.
Claramente, la Constitución prohíbe que los partidos
políticos tengan privilegios de cualquier naturaleza, y
es en este aspecto que ambas disposiciones trasgreden
flagrantemente el texto expreso de la norma
constitucional al establecer un estatuto de acceso al
dominio en términos ventajosos y distintos al consagrado
en el ordenamiento jurídico chileno en esta materia.
C) PREVENCIONES
Los Ministros señor Iván Aróstica Maldonado, la señora
María Luisa Brahm Barril y señores Cristián Letelier
Aguilar hacen las siguientes prevenciones en relación con
el proyecto de ley cuya constitucionalidad se controla,
respecto de las siguientes normas:
ALCANCE RESPECTO DEL ARTÍCULO 5 ° , INCISO TERCERO Y
ARTÍCULO 6 ° , INCISO SEGUNDO, MODIFICADOS POR EL PROYECTO
44.- Que, la Constitución Política consagra en el
artículo 19, numeral 2 ° , la igualdad ante la ley,
cuestión que implica, en el caso de las cargas a que
deben atenerse las personas, someterse a un mismo
estatuto jurídico, el que deviene en contrario a la Carta
Fundamental si éste es arbitrario o ilegal. Que, a juicio
de estos jueces constitucionales, la normativa
introducida, que exime de cobro a los partidos políticos
en formación respecto de los aranceles notariales, no
contiene fundamentos plausibles a efectos de privilegiar
a estas organizaciones, diferenciándose así de las
personas naturales o jurídicas que deben efectuar los
pagos establecidos en la normativa de rigor.
RESPECTO DEL ARTÍCULO 18, EN LO REFERIDO A LOS REQUISITOS
EXIGIDOS A LOS EXTRANJEROS PARA SUFRAGAR CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 1 ° , N ° 16 DEL PROYECTO LEY.
45.- Que, la modificación introducida al artículo 18 del
inciso 1 ° , en que se agrega la frase "o extranjero
avecindado en Chile por más de cinco años" debe
comprenderse en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Constitución que expresa que dichos
extranjeros deben cumplir con los requisitos señalados en
el artículo 1 ° inciso 13.
ARTÍCULO 18 TER, LITERAL L) ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
1 ° , N ° 17 DEL PROYECTO
46.- Que, la modificación de esta disposición no
contempla procedimientos que permitan a las regiones del
país un acceso más eficiente y directo para impugnar las
resoluciones del Tribunal Supremo del partido
correspondiente, en cuanto no posibilita que dicha
impugnación se pudiera interponer en el Tribunal
Electoral correspondiente para que dicho tribunal envíe
los antecedentes al Tribunal de Elecciones, como se hace
en las reclamaciones electorales, con lo cual no promueve
la integración armónica de todos los sectores de la
nación que es un deber del Estado, conforme lo manda el
inciso final, del artículo 1 ° , del texto constitucional.
ARTICULO 1 ° , N ° 19, QUE REEMPLAZA EL ARTÍCULO 20 DE LA
LEY 18.603 POR EL QUE SE INDICA EN EL PROYECTO ENTENDIDO
ACERCA DE LA RESERVA DE LA NÓMINA DE AFILIADOS AL PARTIDO
47.- Que, el nuevo artículo 20, se debe entender en
el marco de la obligación de reserva que tiene el
Servicio Electoral conforme lo dispone el artículo 19, N °
15,delaCrtFunmeal.
ARTÍCULO 1 ° , N ° 22, DEL PROYECTO QUE INTERCALA EN LA LEY
N ° 18.603 A CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO 23 EL ARTÍCULO 23
BIS, PREVENCCIÓN RESPECTO AL INCISO FINAL DE ESTA
DISPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LAS INSTRUCCIONES QUE DEBE
DICTAR EL SERVICIO ELECTORAL
48.- Que, esta disposición legal genera diversos
problemas en atención a que el procedimiento dispuesto en
el artículo 60 de esta misma Ley, se encuentra
contemplada exclusivamente respecto al Director del
Servicio Electoral y no al Consejo Directivo de este
mismo organismo, lo que considerando además, que la Ley
N° 18.880 contempla solo recursos de carácter
administrativo, con lo cual no hay normas de orden
procesal que permitan reprochar las instrucciones del
dtt,c.ed‘e,
Redactaron la sentencia los Ministros que la
suscriben; las prevenciones y disidencias, sus
Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y
Rol N° 2980-16-CPR.
MaAX‘ "
SRA. PE-
SR. ARÓSTICA
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por su Presidente, Ministro señor Carlos
Carmona Santander, y los Ministros señora Marisol Peña
Torres, señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García
Pino, señora María Luisa Brahm Barril y señores Cristián
Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y José Ignacio
Vásquez Márquez.
Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,
señor Rodrigo Pica Flores.
..,02,113S1
M.0.0.
Santiago, 24 de marzo de 2016
OFICIQ N° 174-2016
Remite sentencia
EXCELENTISIMA SEÑORA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta
Magistratura con fecha 24 de marzo en curso en el proceso Rol N° 2980-16-CPR, sobre
control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el carácter público y
democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín
N° 10154-07
CA OS C RMO A S
DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA
o o 3 8.1.1
Santiago, 24 de marzo de 2016.
OFICIO N° 175-2016
Remite sentencia. ,
PRESIDENTE DEL II. SENADO:
control de constitucionalidad del proyecto de ley que , fortalece el carácter público y
CA OS C ON SANTANDER
RODRIGO-PICÁ FLORES
PRESIDENTE DEL H. SENADO 2 8 MAR 1016
DON RICARDO LAGOS WEBER CORREO INTERNO
SENADO DE LA REPUBLICA SANTIAGO
U ti b c> O
Marco Ortuzar Orellana
De: Notificaciones del Tribunal Constitucional <notificaciones@tcchile.cl >
Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2016 14:06
Para: 'Notificaciones del Tribunal Constitucional'; secretaria@senado.cl
CC: 'Marco Ortúzar'; notificaciones.tc@gmail.com ; 'Oscar Fuentes'; 'Mónica Sánchez'
Asunto: Comunica resolución
Datos adjuntos: oficio senado rol 2980 cpr.pdf; fallo Rol 2980.pdf
Junto con saludarlo, y sin perjuicio que la actuación a la que alude este mail será
enviada por carta certificada con esta fecha, mediante Oficio N° 175-2016, vengo en
adjuntar sentencia pronunciada por esta Magistratura en el Rol N° 2980-16-CPR.
Remisor: Cámara de Diputados. Materia: Control preventivo del proyecto de Ley que
fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su
modernización, correspondiente al boletín N° 10.154-07. Relator: José Francisco Leyton
Fono: (56-2) 272 19 200 / 272 19 225
Av. Apoquindo N° 4.700, Las Condes
Santiago — Chile.
7 Ameer)121 , 4(.0zo
OFICIO N° 176-2016
Remite sentencia.
PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
DON OSVALDO ANDRADE LARA
PEDRO MONTT S/N°
O e 385
Marco Ortuzar Orellana 1~1" ~101-* J 6e~
Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2016 14:04
Para: 'Notificaciones del Tribunal Constitucionar; tc_camara@congreso.c1;
mlanderos@congreso.c1; jsmok@congreso.c1
CC: 'Oscar Fuentes.; notificaciones.tc@gmail.com ; 'Marco OrtOzar; 'Mónica Sánchez'
Datos adjuntos: oficio cámara rol 2980 cpr.pdf; fallo Rol 2980.pdf
enviada por carta certificada con esta fecha, mediante Oficio N° 176-2016, vengo en
adjuntar sentencia pronuncíada por esta Magistratura en el Rol N° 2980-16-CPR.
OFICIO N° 177-2016
SEÑOR CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA: 178297 24 MAR 2016
11320160324178297
Remito a US. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta
Saluda atentamente a US.
OS C ONAISANTANDER
AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
DON JORGE BERMUDEZ SOTO
OFICIO N° 178-2016
Carlos Orellana Céspedes
Director del Diario Oficial
Le envío para su publicación el certificado en que consta haberse
sometido a control preventivo de constitucionalidad, en los autos Rol N° 2980-16-CPR, el
proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y
facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1°, de la Carta
Fundamental, que establece que es atribución de esta Magistratura ejercer el control de
constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley orgánica
Solicito a Ud. se publique el referido certificado junto con el proyecto
de que se trata, cargando el costo de su publicación a los organismos que, de acuerdo a la
Constitución y a la ley, correspondan.
agarsmo,.. • • • •...gokilue4
RECLVCIÓN
Proyecto de ley que fortalece el
carácter público y democrático de
los partidos políticos y facilita su
modernización, correspondiente al
boletín N° 10154-07.
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control preventivo de
constitucionalidad respecto de la totalidad de las disposiciones contenidas en el proyecto de
ley, y por sentencia de 24 de marzo de 2016, en los autos ROL N° 2980-16-CPR,
1 ° . Que, el artículo 1 ° , en sus N ° s 1 ° a 52, salvo sus
numerales 16 y 36, este último, en lo que respecta al artículo
36 ter, nuevo; el artículo 2 ° ; así como los artículos primero,
segundo, tercero -con excepción de su numeral 11 ° , inciso
segundo-, quinto, sexto, séptimo y octavo transitorios, del
proyecto de ley, no son contrarios a la Constitución.
2 ° . Que, el artículo 1 ° en sus numerales 16, 17, 19, 21,
22, 36, 37,- así como los artículos segundo y tercero
constitucionales, lo son en los entendidos consignados en los
considerandos decimoquinto a cuadragesimoctavo;
3° . Que este Tribunal Constitucional no emite
pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad,
respecto de las disposiciones contenidas en el artículo 1 ° , N °
° 36, respecto del nuevo artículo 36 ter, así como de los 16yN
artículos tercero numeral 11 ° , inciso segundo, y cuarto,
transitorios, del proyecto de ley remitido, por no versar sobre
materias propias de ley orgánica constitucional.
C•IM/11.1 "M'UU.
1001111 10C-t. • , • .• •04t1POOUCA
2 4 MAR 2016
O PICA FLORES
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