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Timestamp: 2016-10-25 13:05:56+00:00

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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4 de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4 de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la negativa de la registradora mercantil n.º 4 de Valencia, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Estado	:
Mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez el 19 de diciembre de 2005, se constituyó la sociedad «Bar Gabbana, S.L.», sociedad unipersonal, y así se expresa en el apartado primero del otorgamiento, en el que, además, se incluyen formando parte del cuerpo de la escritura las disposiciones estatutarias, las cuales por tanto no figuran en documento aparte que se incorpore a la matriz de dicha escritura. En el artículo 1.º de tales estatutos se expresa que la sociedad se denomina «Bar Gabanna, S.L.»; en cambio, y aparte la estipulación primera antes referida, tanto en la certificación de denominación expedida por el Registro Mercantil Central que se incorpora a la escritura como en la certificación bancaria justificativa del desembolso de la aportación social figura como denominación la de «Bar Gabbana, S.L.».
El 27 de diciembre de 2005 se presentó copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Valencia, causó asiento 1223 del diario 486, y fue objeto de calificación negativa el 29 de diciembre, por la que se expresa lo siguiente:
1. Artículo 1.º de los Estatutos: No coincidir exactamente la denominación de la sociedad con la que consta en la certificación de denominación (artículo 413 RRM). Subsanable.
Puede impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Mercantil de esta capital mediante demanda, que deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificación de esta calificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal conforme a lo previsto en los artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria, en su nueva redacción por Ley 24/2005, de 18 de noviembre.
Valencia, a 29 de diciembre de 2005.-La Registradora n.º IV. Fdo.: M.ª Carmen Pérez López Ponce de León».
El 30 de diciembre de 2005 dicha calificación se notificó por vía telemática al Notario autorizante, quien, mediante escrito de 16 de enero de 2006 -que causó entrada en el referido Registro Mercantil el día 27-, interpuso recurso gubernativo, en el que alegó: 1.º Que la Sra. Registradora, al practicar la notificación de la calificación negativa por medios telemáticos sin previa manifestación en tal sentido del destinatario vulnera lo establecido en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, y así se ha pronunciado esta Dirección General en las Resoluciones de 28 y 30 de abril, 12 de septiembre y 13 de octubre de 2005, por lo que el incumplimiento por la Sra. Registradora de su deber de notificación en forma, que tiene carácter sistemático en cuanto al recurrente, la hace acreedora de la pertinente corrección disciplinaria; 2.º Que en la referida calificación no se contiene referencia alguna a que la misma se realice con la conformidad de los demás titulares del Registro Mercantil de Valencia, como establecen los artículos 18, apartado octavo, del Código de Comercio y 15 del Reglamento del Registro Mercantil, así como la Resolución de esta Dirección General de 5 de abril de 2005; 3.º Que el artículo 413 del Reglamento del Registro Mercantil, dirigido al Notario autorizante y no al Registrador Mercantil, ha sido cumplido, pues la denominación social se consigna dos veces en el otorgamiento primero de la escritura calificada y aunque en la segunda de esas ocasiones se ha padecido un error mecanográfico, la expresada en la primera coincide con la certificación bancaria y con la del Registro Mercantil Central; 4.º Que cuando esta Dirección General se ha pronunciado sobre la trascendencia que pueden tener determinados errores mecanográficos lo ha hecho en sentido diametralmente opuesto al seguido por la Registradora (v.gr. Resoluciones de 8 de abril de 2003 y 23 de julio de 2005), y en el presente caso no existe la menor duda acerca de cuál es la denominación elegida por el socio fundador, por lo que en el presente caso la Registradora vulnera su deber de acatar los pronunciamientos de su superior jerárquico.
Mediante escrito de 6 de febrero de 2006, que contiene su informe, la Registradora doña María del Carmen Pérez López Ponce de León elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe alega: 1.º Respecto de la notificación de la calificación, que los titulares del Registro Mercantil de Valencia comunicaron a la Comisión para asuntos mercantiles del Colegio Notarial de Valencia, al entrar en vigor la Ley 24/2001, que la notificación al Notario autorizante de la calificación negativa del título presentado se efectuaría por vía telemática, sin perjuicio de que aquellos fedatarios públicos que lo considerasen oportuno manifestasen su preferencia por otro medio, sin que sea el caso del señor recurrente; y que se han cumplido los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, entre otras normas, que cita; y 2.º Respecto de la falta de mención de que la calificación se realiza con la conformidad de los demás titulares del Registro Mercantil de Valencia, se limita a afirmar que en dicho Registro se cumple con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Registro Mercantil.
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 18, 19 bis, 322, 323, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 54, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículos 108, 110 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el primero de ellos según redacción por el artículo vigésimo séptimo, apartado tres, de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre; artículos 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; artículo 15 y 413 del Reglamento del Registro Mercantil; artículo 153 del Reglamento Notarial; la Instrucción de 12 de febrero de 1999; las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1988, 30 de diciembre de 1989 y 2 de marzo de 1991; y las Resoluciones de 29 de octubre de 1984, 20 de julio de 1994, 26 de enero de 1999, 27 de septiembre y 13 de diciembre de 2002, 8 de abril de 2003, 21 de junio, 20 de julio y 9 de diciembre de 2004, 28 y 30 de abril, 13 y 23 de julio, 12 y 27 de septiembre, 4, 13 y 15 de octubre de 2005; así como la de 5 de abril de 2005 (ésta del Servicio Registral en contestación a determinada consulta).
No obstante, y habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de la fijación del «dies a quo» del cómputo del plazo para la interposición del recurso, así como en relación con el inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación (cfr. artículo 323 de la Ley Hipotecaria), debe recordarse el criterio de esta Dirección General sobre dicha cuestión, según el cual (cfr., por todas, las Resoluciones de 28 y 30 de abril -dictada ésta en un recurso interpuesto por los mismos recurrente y funcionaria calificadora que los del presente-, 12 y 27 de septiembre y 15 de octubre de 2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica del Notario a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, no cabe efectuar la notificación de la calificación negativa al Notario por vía telemática, sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que quede constancia fehaciente, aceptándola. Si bien, en la actualidad, el apartado 2 del artículo 108 de la Ley 24/2001, introducido por el artículo vigésimo séptimo, apartado tres, de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, establece el marco normativo adecuado para que sea plenamente operativa la deseada generalización de todas las comunicaciones entre Notario y Registrador por vía telemática mediante firma electrónica reconocida.
Concluíamos, en esa Resolución de 5 de abril de 2005, que estaban legitimadas para exigir el cumplimiento de la norma reglamentaria «todos aquellos que puedan exigir el cumplimiento de los requisitos que ha de contener toda calificación registral; y entre tales interesados indudablemente deben incluirse al Notario autorizante del título y los demás legitimados para interponer el recurso contra dicha calificación».
Por ello, y por citar diferentes ejemplos, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en la configuración del recurso frente a la calificación negativa optó por tomar como modelo el recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, demostrando de ese modo que el Registrador en el ejercicio de su función está sujeto a dependencia jerárquica de esta Dirección General. Por esa misma razón, el artículo 322, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria ordena que se apliquen a la notificación de la calificación negativa los requisitos de la notificación del acto administrativo (artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada); por idéntica razón, el artículo 327, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria aplica las previsiones del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y, por último, y de enorme trascendencia, el párrafo segundo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria ordena la forma de efectuar la calificación negativa y exige su motivación tomando como clara referencia el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Pues bien, la elevación de rango normativo del contenido del artículo 15 del Reglamento del Registro Mercantil, producida por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, aplicándolo tanto a Registros de la Propiedad como Mercantiles, no es sino una muestra más de esa progresiva administrativización del funcionamiento de los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles y de la misma función calificadora, iniciada con claridad en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
3. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Registradora rechaza la inscripción de una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada porque la denominación que figura en el artículo 1.º de los estatutos sociales (cuya redacción está integrada en la relativa a las estipulaciones de la propia escritura) no coincide exactamente con la que consta en la certificación de denominación social incorporada a la matriz de dicha escritura.
4. Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos»), el correcto ejercicio de la función calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero.
En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada -y, en concreto, a lo expresado tanto en el apartado primero del otorgamiento, como a las certificaciones unidas a la matriz- resulta palmariamente cuál es la denominación social adoptada. Por ello, el simple error material padecido en una de las cláusulas del título no debería constituir en sí materia de recurso y puede ser fácilmente corregido, dada su escasa entidad, por el buen sentido del funcionario calificador sin necesidad incluso de que se subsane a través del medio establecido en el 153 del Reglamento Notarial. Si se tiene en cuenta la indudable conveniencia del mantenimiento de la validez de los actos jurídicos en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo, así como la necesidad de facilitar la fluidez del tráfico jurídico, evitando la reiteración de trámites costosos e innecesarios y que no proporcionan garantías adicionales, deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discrepancia debatida a la categoría de defecto obstativo de la inscripción de la escritura calificada; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, aun practicada la inscripción, el Notario autorizante, subsane dicho error material, por propia iniciativa o a instancia de parte interesada, conforme al mencionado precepto reglamentario, para hacer coincidir los distintos extremos de la escritura calificada.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 322
 Resolución 
 artículo 413
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 153
 artículo 323
 artículo 112
 artículo 108
 Resolución 
 artículo 322
 artículo 327
 artículo 38
 artículo 19
 artículo 54
 artículo 15
 artículo 1