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Timestamp: 2019-08-19 10:08:23+00:00

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Oscar Sánchez Mendoza
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />La seguridad de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (vulgarmente denominados “cárceles de menores” y también conocidos como “centros de menores”) viene precedida por unas medidas de internamiento cuyo objetivo, tal y como señala el apartado 16 de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), es el de “disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad [...]”.
El internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores. En consecuencia, las medidas de internamiento tienen como meta realizar una intervención educativa intensa sobre estos jóvenes que les ayude a superar aquellos factores que en su día les llevaron a delinquir, meta para la cual es preciso privarlos de su libertad ambulatoria mediante su retención y custodia dentro del centro. Pero no basta con la simple retención dentro del establecimiento o inmueble, por cuanto en él convive un grupo numeroso de gente –internados, trabajadores y personas del exterior que eventualmente se encuentren allí-, lo que hace imprescindible un ambiente altamente estructurado en el que exista un clima de seguridad y convivencia ordenada que permita aplicar los citados programas de intervención educativa.
La custodia y retención de los menores internados y, derivadamente de ello, el mantenimiento de un clima de seguridad y convivencia ordenada, se alcanzan en un centro de menores a través de tres pilares fundamentales:
1) La implantación de mecanismos preventivos de vigilancia, seguridad y control, como son la observación, las inspecciones de locales y dependencias, los controles de entrada y salida, las intervenciones y registros de los menores y sus pertenencias, así como los elementos arquitectónicos y medios electrónicos integrantes de la llamada “seguridad pasiva” (muros, vallas, puertas, cámaras, etc.).
2) Mediante la aplicación inmediata de mecanismos de reacción ante comportamientos graves y directamente atentatorios contra la ordenada convivencia, la cual se trata de restablecer. Se incluirá aquí el empleo de medios de contención, así como la separación interior en grupos y el posible traslado a otro centro.
3) Por último, mediante la posibilidad de imponer sanciones respecto de aquellas conductas que atenten contra la seguridad y convivencia ordenada a través del llamado régimen disciplinario de los centros.
El apartado último del repetido artículo 54 (el 9) se refiere expresamente a la posibilidad de auxilio de éstos por parte de agentes de la autoridad, al señalar que “cuando exista un riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad pública o el director del centro podrá solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en cada territorio”.
Es importante destacar que el trato a los menores y jóvenes internados se ha de realizar con el máximo respeto a los derechos y dignidad de los mismos, guardando la mayor reserva y confidencialidad respecto a los datos o informaciones que conozcan en el desempeño de sus funciones, siendo aspectos fundamentales para la seguridad global de este entorno laboral, imprescindibles para desarrollar con éxito algunas de las misiones esenciales del personal de seguridad y control educativo como son los controles de acceso y salida del centro, tanto de personas como de vehículos, verificando que ello tenga lugar solo respecto de quienes se encuentren autorizados. El registro personal de los menores y de la ropa y enseres que porten estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 54.5 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, que afirma que “el registro de la persona, ropa y enseres del menor se ajustará a las normas que se establecen, llevándose a cabo el registro común u ordinario o, con carácter excepcional, un registro con desnudo integral, tal y como prevé el artículo 54.5.d) del Reglamento.
Existen circunstancias excepcionales en las que estará justificado el empleo por los miembros del equipo de seguridad y control educativo de los medios de contención previstos reglamentariamente. A este respecto, señala el artículo 55.1 y 2 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 que:
“1. Solamente podrán utilizarse los medios de contención descritos en el apartado 2 de este artículo por los motivos siguientes:
▪Para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas.
▪Para impedir actos de fuga.
▪Para impedir daños en las instalaciones del centro.
▪Ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro en el ejercicio legítimo de su cargo.
▪La contención física personal.
▪Las defensas de goma.
▪La sujeción mecánica.
▪Aislamiento provisional.”
Si bien este artículo del Reglamento no especifica en qué consiste cada uno de estos medios de contención, juristas expertos en la materia y otros profesionales del sector entendemos por cada uno de ellos lo siguiente:
Contención física personal: tiene como finalidad impedir los movimientos o el desplazamiento espacial del menor mediante la sujeción física de sus extremidades o, incluso, de todo su cuerpo, sin que para ello el personal de seguridad y control educativo se auxilie de instrumento mecánico o material alguno.
Defensas de goma: conforme a lo previsto en el apartado 26º de la Orden del Ministerio del Interior de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal, “la defensa reglamentaria de los vigilantes de Seguridad será de color negro, de goma semirrígida, forrada de cuero y de 50 centímetros de longitud”.
Claro está, y se entiende, que el uso de la defensa de goma será excepcional, limitándose a supuestos de extrema agresividad o para quitar o despojar a un menor internado de un objeto peligroso (pincho, cuchillo, etc.) que porte, cesando su empleo en cuanto desaparezcan los motivos que lo justificaron y pasando a utilizar, si fuera necesario, otro medio de contención proporcional a la situación.
Sujeción mecánica: el mismo apartado 26º de la Orden de 1995 antes mencionada señala que los grilletes que emplearán los vigilantes de Seguridad serán los denominados “de manilla”. Dichos mecanismos serán utilizados por los miembros del personal de seguridad y control educativo con el fin de inmovilizar las extremidades superiores del menor y se emplearán normalmente cuando la contención física resulte insuficiente ante la persistencia o la gravedad de la agresividad del menor.
Aislamiento provisional: éste es el único medio de contención que el artículo 55 del Reglamento desarrolla, dedicándole el apartado 5, el cual prevé dos medidas mediante las que se trata de minimizar los riesgos para la integridad del menor que se puedan derivar de su aplicación:
a) Se llevará a cabo en una habitación que reunirá medidas que traten de evitar que el menor atente contra su integridad física o la de los demás.
b) Mientras dure el aislamiento provisional, el menor será visitado por el médico o el personal especializado que precise.
Deben citarse, finalmente, por su carácter general, los apartados 3 y 6 del mismo artículo 55, los cuales establecen:
“3. El uso de los medios de contención será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta y solo se aplicará cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.
4. La utilización de los medios de contención será previamente autorizada por el director del centro o por quien la entidad pública haya establecido en su normativa, salvo que razones de seguridad no lo permitan; en tal caso, se pondrá en su conocimiento inmediatamente (…)”.
Como podemos observar, el trabajo del departamento de Seguridad es por y para la seguridad, velando por el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en relación con nuestros centros de internamiento, según la cual la labor de prevención continua es un pilar fundamental y de gran importancia que aporta valores fundamentales e inexorables para conseguir el que va a ser y será nuestro objetivo principal ante una ley garantista como es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: la reeducación y reinserción de los menores infractores. El interés superior del menor es un aspecto irrefutable, haciendo actor, si no principal sí primordial, a la seguridad en la consecución de estos objetivos comunes, donde, en un contexto espinoso, la Ley Orgánica 5/2000 y la Ley 23/1992 han aprendido a convivir con rigor y éxito, cuyo nexo de unión es el director de Seguridad, a través de su departamento, profesionales importantes, en ocasiones desconocidos, cuyos resultados positivos en formación, prevención, detección y actuación son latentes de forma continua.
Se trata de un departamento, como se denomina en la jerga futbolística, “sufridor” en todos los aspectos y aún más en épocas de crisis, momentos en los que nuestra profesionalidad, esfuerzo y sacrificio, más que nunca, se han de transformar en operatividad, eficiencia y rentabilidad.
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References: artículo 54
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 artículo 55
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