Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5638
Timestamp: 2019-10-22 01:17:14+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2013-5638
Documento BOE-A-2013-5638
«BOE» núm. 128, de 29 de mayo de 2013, páginas 40497 a 40501 (5 págs.)
BOE-A-2013-5638
En el recurso interpuesto por doña M. A. R. P. como administradora única de la compañía «J. Rosillo Sayago, S.A.» contra la nota de calificación extendida por la registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva, doña Mercedes Jiménez-Alfaro Larrazábal, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos.
El día 14 de diciembre de 2012 ante el notario de Huelva, don José Ángel Sainz Rubio, se elevan a público los acuerdos adoptados por la junta general y universal celebrada el día 2 de marzo de 2012 de la sociedad «J. Rosillo Sayago, S.A.» Entre los acuerdos adoptados por unanimidad consta la modificación del artículo 16 de los estatutos que, en lo que interesa a este expediente, pasa a tener la siguiente redacción: «…El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal de alta dirección, estableciéndose dicha remuneración, por el conjunto de sus funciones, en un importe comprendido entre…euros y…euros. La remuneración de los administradores será fijada, para cada ejercicio, por acuerdo de la junta general de conformidad con los presentes estatutos y el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital».
Presentada la referida documentación en el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Huelva, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Dña. Mercedes Jiménez-Alfaro Larrazábal, registradora Mercantil de Huelva, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos Diario/Asiento: 77/979 F. Presentación: 20/12/2012 Entrada: 1/2012/3.797.0 Sociedad: J Rosillo Sayago SA. Autorizante: Sainz Rubio, José Ángel. Protocolo: 2012/3763 de 14/12/2012. Fundamentos de Derecho (Defectos) 1.–Constando en el art. 16 de los estatutos sociales el carácter retribuido del cargo de administrador, así como el sistema de retribución, no puede sujetarse dicho carácter a condición de que los administradores realicen otras funciones de administración (Art. 6,58 RRM, Art. 217.2 LSC) 2.–De conformidad con el Art. 158 del Reglamento del Registro Mercantil, los «Artículos Modificados», han de redactarse completamente y no solo parte de ellos. En relación con la presente calificación: Puede instarse (…). Huelva, a 8 de enero de 2013. La registradora (firma ilegible y sello del Registro con nombre y apellidos de la registradora)».
Contra la anterior nota de calificación, doña M. A. R. P. como administradora única de la compañía «J. Rosillo Sayago, S.A.» interpone recurso en virtud de escrito de fecha 7 de febrero de 2013, en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que el primer punto de la calificación de la registradora señala que hay que especificar claramente si el cargo es retribuido o gratuito lo que resulta claramente de la nueva redacción del artículo 16; Que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital nada impide que se tenga en cuenta el cargo desempeñado por cada consejero y en función de ello se establezca si dichas funciones son retribuidas o no; Que el carácter consolidado de la doctrina del Tribunal Supremo que señala que no es posible compatibilizar una relación laboral cuyo objeto consiste en la gestión de la sociedad y la relación social de administrador obliga a la sociedad a establecer en qué miembros de la administración se delegan funciones ejecutivas y en cuales no lo que implica considerar como retribuidas exclusivamente aquellas funciones de gerencia y alta dirección que no son cometidos inherentes al cargo; Que se cumplen estrictamente las exigencias de la Ley, el Reglamento del Registro Mercantil y la Dirección General de los Registros y del Notariado por cuanto se prevé la existencia de remuneración y el sistema concreto pero de conformidad con el artículo 124 del Reglamento del Registro Mercantil la retribución no es igual para todos los administradores sino sólo para los que ejerzan funciones de gerente o alta dirección; y, Que cita en apoyo de su argumentación: la forma de recogerse en los estatutos sociales de las sociedades cotizadas la retribución de su órgano de administración, la existencia de acuerdos sociales inscritos con el mismo texto y las Resoluciones de 19 de marzo de 2001 y 12 de noviembre de 2003.
La registradora emitió informe el día 21 de febrero de 2013, resultando que notificado el notario autorizante no ha realizado alegaciones y elevando el expediente a este Centro Directivo ratificándose en su calificación.
1. La única cuestión objeto de debate es si determinada cláusula estatutaria relativa, entre otros aspectos que no tienen relevancia en este expediente, a la remuneración de los administradores de una sociedad anónima es o no conforme a Derecho. En concreto la discrepancia se refiere a si puede acceder a los libros del Registro la cláusula que prevé que «El cargo de administrador será retribuido siempre y cuando éste desarrolle funciones de gerente o de personal de alta dirección». La registradora entiende que el texto legal vigente, el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, exige una declaración incondicional al respecto, mientras que el recurrente entiende por su parte que la cláusula no hace más que concretar la previsión reglamentaria que permite remunerar de forma desigual a los administradores (vide artículo 124.3 del Reglamento del Registro Mercantil).
También es preciso dejar constancia de que el primer punto del escrito de recurso hace referencia a un defecto que no resulta de la nota de la registradora por lo que no existirá un pronunciamiento al respecto (artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Por el contrario no existe alegación alguna en relación al defecto señalado con el número 2 de la nota de defectos por lo que ha de entenderse que el recurso no se dirige contra el mismo sin que tampoco exista pronunciamiento al respecto.
La respuesta solo puede ser positiva pues es precisamente dicha circunstancia la que justifica, la que causaliza, la retribución especial. No debe confundirse esta afirmación con la doctrina expuesta muy recientemente por esta Dirección (Resolución de 3 de abril de 2013) en relación a la doctrina del vínculo pues no es la cuestión que ahora se ventila. Una cosa es que el administrador remunerado no pueda recibir ninguna otra remuneración por llevar a cabo la tarea de gestión y representación derivada de su nombramiento y otra muy distinta que sólo aquellos administradores que realicen determinadas funciones especiales propias del cargo que ostentan reciban una remuneración o reciban una remuneración distinta. Es la regulación legal del órgano de administración la que da lugar a ello al prever que, en órganos de administración de cierta complejidad, existan miembros que lleven a cabo especiales labores. Así ocurre con la figura del consejero delegado, con la del miembro del consejo investido de poder de representación o con la del consejo consultivo respecto del que el Reglamento del Registro Mercantil prevé expresamente que «podrá hacerse constar…el correspondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo» (artículo 124.2).
Por un lado la cláusula otorga un trato desigual en la remuneración de los administradores, no en función del ejercicio de un cargo que lleve aparejada funciones singulares, sino en la realización de unas tareas que son, por disposición de la Ley, iguales para todos los administradores pues todos están llamados por su nombramiento a llevar a cabo la gestión de la sociedad (artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital). No puede pretenderse que el ejercicio de las funciones de gestión o, como dice la cláusula discutida, «de gerente o de personal de alta dirección» sea un factor de discriminación cuando legalmente es un factor de igualdad y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha confirmado que es inherente al cargo de administrador. Téngase en cuenta que la sociedad está regida por un administrador único y si bien no resulta del expediente la existencia de otros posibles modos de organizar la administración (artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital) el carácter indiscriminado de la previsión estatutaria hace patente su ilicitud.
Por otro lado la cláusula condiciona la apreciación de si un administrador concreto ha llevado a cabo las tareas que le están encomendadas a la decisión subjetiva de la junta general lo que conlleva en definitiva otorgarle la potestad de decidir si el ejercicio del cargo de administrador debe o no remunerarse en un caso concreto en clara violación de la exigencia legal que exige que este aspecto quede perfectamente determinado estatutariamente. Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (Resolución de 12 de abril de 2002) no es admisible que de la regulación estatutaria resulte que queda al arbitrio de la junta la existencia de la remuneración en perjuicio del derecho de los administradores a percibirla.
Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional vigésimo cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 30 de abril de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.

References: artículo 16
 artículo 217
 artículo 16
 artículo 217
 artículo 124
 artículo 217
 artículo 124
 Resolución