Source: http://www.franciscosantana.net/2016/10/el-delito-de-desaparicion-forzada-de.html
Timestamp: 2018-04-20 04:47:16+00:00

Document:
El delito de desaparición forzada de personas. Ha Lugar a la revisión constitucional de dos sentencias dictadas en 1968 (Sala Constitucional)
A tal efecto, la Sala observa que la decisión de fecha 15 de marzo de 1968, del Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, se limitó a señalar que de acuerdo al valor probatorio establecido en el ordenamiento jurídico para el momento (Código de Enjuiciamiento Criminal) comporta plena prueba las declaraciones rendidas por las personas allí referidas, desestimando la declaración expuesta por el ciudadano JOSÉ EFRAÍN LAVANA CORDERO, “ante el funcionario adjunto de la Fiscalía General de la República con fecha 7 de agosto del pasado año de 1967 y la cual corre inserta en el folio 26 al 32 ambos inclusive, por cuanto además de que el dicho del referido ciudadano no se encuentra corroborado por algún otro testimonio de los autos, en cambio si (sic) aparece desvirtuado del conjunto de las declaraciones de los testigos anteriormente analizados, y por otra parte, tampoco fue ratificada por ante ningún tribunal”, a pesar del contenido de su declaración y de que el ciudadano Andrés Pasquier Suárez seguía desaparecido, ante lo cual la primera instancia optó por señalar que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha
denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos Andrés Pasquier Suarez y Felipe Malaver ningún tipo de delito”, mientras que la alzada declaró “terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno” (Resaltado añadido), desestimación de declaración fundadaen el argumento según el cual dicha declaración fue rendida sin el juramento legal correspondiente y que tampoco fue ratificada ante ningún Tribunal Penal Militar u Ordinario.
Así pues, aunado a las contradicciones que pueden desprenderse de tales conclusiones de la primera y la segunda instancia (esta última formalmente ‘confirmatoria’ de la primera, aun cuando esta sostiene la falsedad de los hechos denunciados, mientras que la primera se limita a señalar que las autoridades militares no cometieron delito contra los ciudadanos Andrés Pasquier Suarez y Felipe Malaver), llama la atención, entre otras circunstancias, que no se justifica en el fallo de la primera instancia porqué no se tomó declaración al ciudadano José Efraín Lavana Cordero, quien declaró haber visto con vida tanto al ciudadano Felipe Malaver como al ciudadano Andrés Pasquier Suárez; lo que sí se hace en la decisión del 15 de marzo de 1968, dictada por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, mediante la cual desestimó formalmente el testimonio del ciudadano José Efraín Lavana Cordero rendido ante la Fiscalía General de la República, el 7 de agosto de 1967, en el que el declarante señaló que vio con vida al ciudadano Felipe Rafael Malaver Moreno, cuando se encontraban detenido en el campamento anti-guerrillero Corpahuaico, y éste le manifestó que había sido detenido en una alcabala cerca de Barinas, junto con el ciudadano Andrés Pasquier Suárez, sobre la base que dicha declaración sólo fue rendida ante el Ministerio Público y que tampoco fue ratificada ante un Tribunal Penal Militar, previo juramento legal.
Al respecto, a pesar de la desestimación de la declaración del ciudadano José Efraín Lavana Cordero, debe señalarse que de las testimoniales rendidas en ese proceso no se desprende suficientes argumentos para concluir “la falsedad de los hechos denunciados” (desaparición forzada) y tampoco para cerrar la investigación sumaria dirigida a verificar un hecho tan grave como lo es la desaparición de un ser humano y, de ser el caso, establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, a pesar de que se para ese momento se desconocía el paradero de las víctimas señaladas en la denuncia; razón por la tales actuaciones jurisdiccionales se estiman contrarias a los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, por ende, violatorias del artículo 50 de la Constitución de 1961 aplicable en razón del tiempo de los hechos sub iudice (el cual preveía una clausula abierta en materia de derechos humanos, aun cuando dicho texto constitucional no preveía aquellos derechos, sino un catalogo limitado de aquellos-, a diferencia de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Ahora bien, la Sala observa que, en efecto, ni el Juzgado de Primera Instancia, ni el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, realizaron los esfuerzos necesarios para que se realizase una investigación suficiente y ajustada a derecho que determinase con precisión los hechos ocurridos y la conducta objetiva y subjetiva desplegada por los funcionarios actuantes, circunstancia que afecta de forma negativa la motivación de las sentencias en cuestión, al igual que los insuficientes y en algunos casos contradictorios argumentos empleados para afirmar que el hecho imputado no reviste carácter punible, sin que ni siquiera se hubiera determinado el paradero del ciudadano Andrés Pasquier Suárez, y mucho menos las razones de su desaparición física que, según se desprende de lo afirmado por algunos de los que intervinieron en el proceso (lato sensu), fue una desaparición forzada o forzosa (¿Cómo descartar un posible delito en tales circunstancias?).
Sobre la desaparición forzada o forzosa de personas, esta Sala, en sentencia n.° 1674 del 9 de noviembre de 2011, expresó lo siguiente:
“(…) La desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la década de los años sesenta y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima por parte de sus raptores. El comienzo de la práctica tuvo lugar en Guatemala en 1962 y, en las décadas siguientes, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México.
Ello es así, toda vez que el delito de desaparición forzada de personas no está determinado, en esencia, por la privación de la libertad de una persona, sino por su desaparición, esto es: la negación o ausencia de información sobre el detenido o sobre su paradero. Vale decir, la desaparición perdura mientras subsista el deber de informar…”.
Aunado a lo antes expuesto, no se justifica por qué no se practicaron otras diligencias de investigación como la verificación en el libro de novedades del Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C) de fecha 12 de octubre de 1966, donde presuntamente constaba la detención del ciudadano Felipe Malaver y Andrés Pasquier Suárez, así como la investigación sobre posibles actas levantadas por la alcabala móvil en la que, según señalan, fueron detenidos Andrés Pasquier junto a Felipe Malaver, y donde son posteriormente trasladados al cuartel Corpahuaico.
Tampoco constan copias de libros de novedades donde en todo caso debía registrarse el traslado hacia el campamento Anti-guerrillero de Urica (TO3) de los ciudadanos Andrés Pasquier y Felipe Malaver.
En fin, de los fallos sub examine se desprenden elementos que, como ha podido apreciarse, son contrarios a valores y principios elementales del Derecho y la Justicia, como lo son la legalidad, la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Al respecto, en aras de reflejar en esta decisión otros elementos sobre este suceso, por notoriedad comunicacional y en aras de garantizar el acceso a la justicia, esta Sala estima pertinente transcribir la siguiente nota de prensa en torno a la desaparición física del ciudadano Andrés Pasquier Suárez, que guarda relación con la presente solicitud fiscal, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto relacionado con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998:
“Sin tumba ni lápida: los mil desaparecidos de la IV República
Vie 24/06/2011 - 11:54
Los Pasquier
“Mi tío Ramón le seguía los pasos a su hermano Andrés. La gente cree que el comunismo y el socialismo se limitan a una doctrina política, y no es así. Resulta que allí hay muchos principios que coinciden con lo que te enseñaron en tu casa: la unión, la colaboración, la solidaridad, la igualdad”. Aura Pino Pasquier comienza así el relato de esa incógnita que son todavía hoy sus dos tíos desaparecidos, ambos en 1965. Andrés tenía 29 años cuando se lo llevaron. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estaba “fichado” por ser fundador de un partido de izquierda.
Ramón, de 25 años para el momento de su desaparición, era deportista y estaba por graduarse de ingeniero en la UCV. “Ya por eso era sospechoso. Era como una etiqueta: el que estudiaba en la UCV, era de izquierda”, acota Aura.
–¿Hay pistas de dónde pueden estar sus restos?
–Acerca de mi tío Andrés tengo una carta de Efraín Labana Cordero, un sobreviviente del Teatro de Operaciones 3, el de El Tocuyo, donde dice que compartieron prisión unos días. Aparte de eso, he escuchado 50.000 cuentos. Mi abuela (madre de Andrés y Ramón) me contó que en una de esas cárceles que recorrió, un soldado le dijo: “Señora, deje de buscarlo. Si lo encuentra, no lo va a reconocer”. De mi tío Ramón no se supo nada, más nunca.
–¿Por qué está usted en esta lucha? ¿Aún espera encontrarlos?
–La verdad, algunas veces he pensado en rendirme, pero esto hizo sufrir tanto a mi abuela y a mi mamá (hermana de Andrés y Ramón), ¡tanto…! Nunca vi sufrir a nadie como a mi madre por la tragedia de sus dos hermanos. Y ellas, las dos, murieron sin tener nada: ni restos, ni justicia. Ellos no dejaron hijos, y yo siento que si abandono esta lucha, abandonaría la esperanza de mi madre. Pero lo que más me motiva a seguir, es lograr que esto salga en los libros de historia que estudian nuestros niños y bachilleres. Sería una forma de resarcirlos a ellos, a los desaparecidos y asesinados, porque estas miles de historias fueron silenciadas. No es una cuestión de venganza, es justicia.
Fuente: Yesenia Chapeta
http://laclase.info/nacionales/sin-tumba-ni-lapida-los-mil-desaparecidos-de-la-iv-republica?page=90
La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de ius cogens. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. (Vid., sentencia n.°: 194/2009, 864/2012, 665/2016).
Al respecto, uno de los deberes primarios de los Estados es el de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos mediante la adopción de las medidas legislativas o de cualquier otro carácter que fueran necesarias para ello, por lo cual, este deber incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías allí previstas.
Al respecto, la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998”, asume expresamente que es obligación del Estado Venezolano la investigación y el castigo de los delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad cometidos por sus autoridades, sobre la base de la imprescriptibilidad de los mismos, excluyéndolos de cualquier beneficio procesal que pueda conllevar a su impunidad, incluso: el indulto y la amnistía, al igual que la causa de justificación sustentada en la obediencia legítima y debida (Cfr. artículo 2 de la ley en comento).
En efecto, de las actuaciones cursantes en autos observa esta Sala que el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en su decisión del 15 de marzo de 1968, lo que hace es transcribir casi de forma textual los fundamentos alegados por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, en su decisión del 7 de marzo de 1968, sin explicar las razones jurídicas que lo llevaron a declarar terminada la averiguación sumaria en torno a la detención y posterior desaparición física de los ciudadanos Felipe Malaver y Andrés Pasquier; a pesar de que adoptan conclusiones que pudieran ser contradictorias entre sí e, incluso, ilógicas cuando el último sostuvo que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos Andrés Pasquier Suarez y Felipe Malaver ningún tipo de delito”, mientras que primero, en su ‘confirmatoria’ de la referida decisión, declaró “terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno” (Resaltado añadido), pretendiendo sostener, al parecer, de forma absoluta, “la falsedad de los hechos denunciados” (desaparición de unos ciudadanos), y cerrar la averiguación vinculada a tales desapariciones, “por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno”, a pesar de no determinarse ni el paradero de los desaparecidos ni la razón de la desaparición, circunstancia que, además de afectar la motivación de dichas sentencias, por lo menos pudiera generar una sensación permanente de falta de eficiencia del Poder Público en la protección de los derechos fundamentales e, inclusive, en algunas personas, de impunidad, como pudiera ocurrir con algunos allegados a los desaparecidos.
En este contexto, la motivación de la sentencia desde mucho antes de la ocurrencia de los hechos, que dieron origen a las sentencias objeto de la presente solicitud de revisión constitucional, era reconocida por Sala de Casación Penal de la otrora Corte Suprema de Justicia, como una garantía judicial contra la arbitrariedad; así en sentencia del 12 de febrero de 1963, la referida Sala asentó, sobre la motivación de las sentencias, lo siguiente:
“El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir debe estar fundado en un examen de los hechos de las pruebas aportadas a los autos con las conclusiones jurídicas que a los jueces les merece. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues con su cabal cumplimiento la cosa juzgada que emerge del dispositivo del fallo, llega a ser el resultado lógico de una sana administración de justicia”. (Gaceta Forense n.° 39, 1963. P, 192).
En ese contexto temporal, la referida Sala de Casación, en sentencia del 12 de noviembre de 1970, señaló lo siguiente:
En similar sentido, actualmente la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, ha indicado que es obligación de las Cortes de Apelaciones, resolver con argumentos propios, todos los vicios denunciados a través del recurso debiendo en tal sentido abstenerse de dar respuesta mediante la reproducción de lo expuesto en el fallo de instancia, pues ello da lugar a la inmotivación del fallo de Alzada, toda vez que la parte recurrente queda en desconocimiento de las razones que el A quem ha tenido, para resolver en uno u otro sentido el argumento de impugnación puesto contra el fallo de instancia (Vid. Sentencia 502/2011).
Por ello, en casos como el presente, deben cuestionarse pronunciamientos jurisdiccionales que dan por demostrados o rechazados hechos, sin expresar en la motiva de la sentencia, cuál fue el proceso intelectual mediante el cual se fundó la estimación o desestimación de uno o algunos de los argumentos de impugnación, pues ello arrastra el vicio de inmotivación de la sentencia, por falta de expresión de las razones de hecho y de derecho que debe tomar el juez, para fundar la decisión.
Ello es así, por cuanto la motivación de las decisiones judiciales, en especial de las sentencias, debe ser, además de expresa, clara, legítima y lógica, completa, en el sentido que debe comprender todas las cuestiones de la causa, abrazar las situaciones de hecho y de derecho, valorando completa y exhaustivamente los argumentos de impugnación, para así llegar a una conclusión, que ofrezca certeza y seguridad jurídica a las partes, sobre cuáles han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento, determinaron a la Alzada, para conformar o eventualmente anular la decisión del Tribunal de Instancia (Vid. sentencias n.° 128/2011, n.° 502/2011, n.° 126/2012 y n.° 247/2012, entre otras).
De forma más amplia y garantista, la Constitución vigente dispone en su artículo 43 lo siguiente:
“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
Como se desprende de ambas disposiciones, el derecho a la vida es inviolable y así como ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla, ninguna autoridad ni sujeto en general deberá establecer ni aplicar pena de muerte, en ninguna modalidad, es decir, ni de derecho ni de hecho, en otras palabras, ni con apariencia de juridicidad y mucho menos sin ella, pues ambos supuestos son contrarios, tanto al Texto Constitucional vigente, como al derogado que regía para el momento de los hechos.
Así pues, en relación a lo anteriormente mencionado, esta Sala Constitucional concluye que el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, actuó al margen de postulados fundamentales del derecho y del orden público constitucional, al haber confirmado el fallo del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, que declaró declaró “terminada la presente averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno” (Resaltado añadido), sin que se hubiere dado una investigación imparcial y exhaustiva vinculada a la desaparición de unos ciudadanos, en franca vulneración a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y, probablemente, a la vida.
Con base en lo anterior, y habida consideración que la acción penal para sancionar la alegada desaparición forzada en el presente asunto es imprescriptible, tal como lo precisó esta Sala, en un caso similar en sentencia n° 186/2015, en la que asentó lo siguiente:
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”. (Resaltado del presente fallo).
Estima necesario, la actualización al presente caso de la citada garantía constitucional, a los fines de que se inicie la reapertura y continuación de la investigación correspondiente para determinar realmente la realidad de lo ocurrido e, inclusive, la posible responsabilidad penal de probables autores y participes de ese hecho.
Ahora bien, por todo lo antes expuesto, esta Sala Constitucional en virtud de que no se cumplió con la debida diligencia en la investigación judicial efectiva de conductas que podían haber constituido violaciones graves de derechos humanos y, por ende, dicha falta de actividad vulneró derechos fundamentales inherentes a la persona de las víctimas en el presente asunto, se declara ha lugar la solicitud de revisión formulada por la representación del Ministerio Público, y, en consecuencia, anula la decisión dictada el 15 de marzo de 1968, por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo, en la averiguación sumarial instruida con motivo de la alegada detención y posterior desaparición física de los ciudadanos ANDRÉS PASQUIER SUÁREZ Y FELIPE MALAVER, en la que declaró terminada la misma y, de acuerdo al artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su ordinal 3° aplicable por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar, confirmó en consecuencia en toda y cada una de sus partes la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, en fecha 7 de marzo de 1968, la cual también se anula. Así se declara.
Finalmente, esta Sala, vista la anterior declaración y a los fines de la reapertura y continuación de la investigación correspondiente para determinar realmente la realidad de lo ocurrido e, inclusive, la posible responsabilidad penal de probables autores y participes de ese hecho, incluyendo a los superiores jerárquicos y demás funcionarios y personas en general que pudieran estar involucradas de forma directa o indirecta en el mismo, e, incluso, también de ser jurídicamente posible, en lo que atañe a los jueces que dictaron los fallos aquí anulados, a los efectos de evaluar la posible comisión del delito de encubrimiento u otros previstos en el respectivo Código Penal o alguna otra ley vigente para el momento de los hechos que pudieran ser pasibles de ser estimados relevantes desde la perspectiva jurídica-penal, ordena oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 87 de la nomenclatura del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, con el objeto de que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998”, reaperture y efectúe la correspondiente investigación penal. Así se declara.
1.- Que es COMPETENTE para decidir la presente solicitud de revisión interpuesta por los abogados MERY GÓMEZ CADENAS, en su condición de Fiscal Provisorio 8° Nacional con Competencia Plena, JUAN ALBERTO BARRADAS R, Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, ELVIS JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA, Fiscal Provisorio Octogésimo (80°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, EDDMYSALHA GUILLEN CORDERO, Fiscal Provisorio Octogésima Tercera (83°)del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, ARMANDO SAAVEDRA CASTILLO, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Octavo (8°) con Competencia Nacional Plena y HÉCTOR ALBERTO ALVARADO MILLÁN, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Trigésimo Noveno (39°) con Competencia Nacional Plena, comisionados por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, para conocer de los hechos de Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidos contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998.
2.- HA LUGAR la referida solicitud de revisión ejercida contra la sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968, que confirmó la decisión dictada por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 7 de marzo de 1968, que declaró terminada la averiguación sumarial “con motivo de la desaparición física del ciudadano ANDRÉS PASQUIER SUÁREZ”, decisión que fue confirmada en todas y cada una de sus partes por la referida sentencia dictada por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, el 15 de marzo de 1968.
3.- ANULA el mencionado fallo dictado el 7 de marzo de 1968, por el JUZGADO MILITAR DE PRIMERA INSTANCIA PERMANENTE DE MARACAIBO, en el que, entre otros pronunciamientos, se afirmó que “Del conjunto de las declaraciones analizadas y que fueron promovidas por las ciudadanas denunciantes, ha quedado completamente desvirtuado de manera clara y fehaciente el motivo de dicha denuncias. Quedando por el contrario plenamente demostrado que por parte de las autoridades militares no se ha cometido en ningún momento y en contra de los ciudadanos Andrés Pasquier Suarez y Felipe Malaver ningún tipo de delito”; y el dictado el 15 de marzo de 1968, por el CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE MARACAIBO, que declaró “terminada la (…) averiguación sumaria por no haber lugar a proseguirla, en virtud de resultar absolutamente demostrada la falsedad de los hechos denunciados así como por no aparecer establecido de las actas la comisión de delito alguno”, las cuales son contrarias a valores y principios elementales del Derecho y la Justicia, como lo son la imparcialidad y suficiencia en la investigación penal, la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la motivación de las sentencias, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y, por ende, violatorio del artículo 50 de la Constitución de 1961, aplicable en razón del tiempo de los hechos sub iudice, todo ello conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.
4.- ORDENA al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, reaperture el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente para determinar la posible comisión de hechos punibles en ese caso y, de ser el caso, ejerza las acciones respectivas para determinar la responsabilidad de los autores y participes de los mismos, así como los demás hechos jurídico-penalmente relevantes vinculados a la misma, conforme a lo señalado en la presente sentencia.
5.- ORDENA oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 87 (de la nomenclatura del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo).
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/190897-818-181016-2016-16-0457.HTML
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References: artículo 50
 artículo 2
 artículo 43
 artículo 206
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 50
 artículo 19