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Timestamp: 2020-02-22 09:54:13+00:00

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A juicio del Tribunal la recurrente ha incurrido en la infracción imputada, al incrementar, de manera unilateral y sin justificación, en un 100% la tarifa a aplicar sobre la totalidad de los ingresos obtenidos por las salas de cine en sus exhibiciones, y ello al margen de la normativa de defensa de la competencia. En contra de lo manifestado por la actora, no puede objetarse ausencia de culpabilidad, pues no es posible aducir desconocimiento de que un comportamiento como el sancionado por parte de la única entidad de gestión de los derechos de sus representados colocaba a las salas de cine en una posición negociadora de debilidad injustificadamente desfavorable. En cuanto a la cuantía de la sanción, el importe fijado no supera el 10% del volumen del negocio total de la infractora, incluso se ha impuesto en su grado mínimo, por lo que no puede tacharse de desproporcionada.
Sentencia 318/2017, de 24 de febrero de 2017
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 1314/2014
Esta Sala ha visto, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1314/2014, interpuesto por Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), representada por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de D. Juan Francisco Mestre Delgado, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 13 de noviembre de 2013 en el recurso contencioso-administrativo número 64/2012. Son partes recurridas la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, y la Federación de Cines de España (FECE), representada por el procurador D. Ludovico Moreno Martín-Rico y bajo la dirección letrada de D. Agustín González García.
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) de la Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, desestimatoria del recurso promovido por Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 19 de diciembre de 2011 que resolvía el expediente S/0208/09. Dicha resolución declaraba que la demandante ha incurrido en abuso de posición de dominio, infringiendo el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y le imponía una multa de 627.855 euros.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 20 de marzo de 2014 que también acordaba emplazar a las partes para comparecer ante el Tribunal Supremo.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión ha comparecido en forma en fecha 9 de mayo de 2014 mediante escrito por el que interpone el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1.º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 67.1 de la propia Ley de la Jurisdicción y del artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
- 2.º, que se basa en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales produciéndole indefensión, en concreto, por infracción del artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción y del artículo 24 de la Constitución;
- 3.º, basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 319, 326, 348 y 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de los artículos 1218 y 1225 del Código Civil;
- 4.º, que también se basa en el apartado 1.d) del reiterado precepto procesal, por infracción de los artículos 24 y 25 de la Constitución, en relación con los artículos 62.1.a ), 127 a 131 y 135 a 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y con los artículos 2, 62, 63 y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como de la jurisprudencia, y
- 5.º, amparado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 68.2 y 139 de la misma Ley de la Jurisdicción, en relación con el artículo 24.1 de la Constitución y con el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que, con desestimación del mismo, se confirme la que se impugna, y se impongan las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la Ley jurisdiccional.
QUINTO.- Por providencia de fecha 1 de diciembre de 2016 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 14 de febrero de 2017, en que han tenido lugar dichos actos.
El recurso se formula mediante cinco motivos, de los que tres se acogen al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales (primero, segundo y quinto). Los otros dos motivos (tercero y cuarto), amparados en el apartado 1.d) del citado precepto procesal, se basan en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia.
De los tres motivos de índole procesal, en el primero se alega la infracción de los artículos 67.1 de la Ley jurisdiccional y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por incongruencia omisiva y falta de motivación. El segundo motivo se funda en la infracción del artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción y el 24 de la Constitución, por denegación indebida de pruebas. Finalmente, el quinto motivo se basa en la infracción de los artículos 68.2 y 139 de la Ley jurisdiccional, en relación con el 24.1 de la Constitución y el 267 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, todo ello por la imposición de costas procesales en resolución posterior a la Sentencia impugnada en contra del principio de intangibilidad de la sentencia.
De los motivos de fondo, el tercero se funda en la infracción de los artículos 319, 326, 348 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1218 y 1225 del Código Civil, en relación con la valoración de la prueba. En cuanto al motivo cuarto, se funda en la infracción de los artículos 319, 326, 348 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 127 a 131 y 135 a 137 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y 2 y 62 a 64 de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio), así como de la jurisprudencia. Tales infracciones se deberían a la vulneración de los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
SEGUNDO.- Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva y falta de motivación.
" SEXTO: Y en cuanto al fondo conviene señalar con carácter previo que en el presente caso se trata de una imputación de abuso de posición de dominio, por lo que son requisitos imprescindibles del tipo infractor la delimitación del mercado relevante, de producto y geográfico, y la acreditación de posición de dominio en el mismo por parte de la imputada.
SÉPTIMO: Alega la recurrente que la resolución impugnada viene a sostener la existencia de la infracción cometida al aprobar las tarifas generales en el año 2005, en base a tres elementos de juicio, a saber: el carácter inequitativo de la tarifa general, la pretendida existencia de falta de transparencia en su aprobación y la finalidad que con la misma se perseguía, la de presionar a los cines.
OCTAVO: Y en cuanto al último motivo alegado destacar que la resolución impugnada señala que la Ley 15/2007 regula, en sus artículos 61 a 64, los criterios fundamentales que deben tenerse en cuanta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. El artículo 63 LDC faculta al Consejo para imponer una sanción a AISGE por la infracción cometida, ya sea por negligencia o deliberadamente.
Finalmente, el Consejo basa el cálculo de la sanción por dicha infracción, en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del tratado de la Comunidad Europea" (Comunicación de multas), publicada en febrero de 2009 con el objeto de servir de instrumento objetivo y transparente a la labor sancionadora de la CNC, contribuyendo a que las sanciones impuestas por la CNC cumplan con los principios de proporcionalidad y disuasión que se espera de las mismas y que el Tribunal Supremo ha recordado en numerosas sentencias (entre otras, de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002 ) que deben cumplir.
La CNC ha fijado la sanción en un total de 627.855€ y cualesquiera que hayan sido los métodos utilizados para su cálculo, dicho importe no supera el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior, incluso se ha impuesto en un grado mínimo, a pesar de que concurre la aplicación de una agravante como es la de la comisión repetida de infracciones tipificadas en la LDC, regulado en el art. 64.2.a) de la LDC en relación con la RTDC 465/99 Propiedad Intelectual Audiovisual de 27 de julio de 2000, en la que el TDC declaró responsables a EGEDA, AISGE y AIE de haber explotado abusivamente su posición de dominio en la gestión de los derechos de propiedad intelectual cuya gestión tienen encomendados, con vulneración del artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia (actual artículo 2 LDC ) y del artículo 86 del Tratado de la Comunidad Europea (actual artículo 102 del TFUE ), por la imposición sin negociación de sus tarifas. Dicha RTDC fue confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 14 de enero de 2004, y ratificada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de octubre de 2006, por lo que desde dicho momento es firme y de ninguna atenuante, al no poderse considerar como tales el hecho de que nunca se aplicaran las tarifas, o una solicitud de iniciación de terminación convencional una vez que la Dirección de Investigación ha dictado ya su propuesta de resolución, por lo que debe desestimarse el presente recurso." (fundamentos jurídicos sexto a octavo)
A este respecto en reiteradas ocasiones hemos expresado que no se puede exigir que la respuesta judicial se acomode al detalle y esquema argumental de las partes, bastando que se de contestación a sus pretensiones y principales argumentos, en forma razonada, lo que se cumple sobradamente en la Sentencia recurrida. La respuesta dada en este caso es suficiente y constituye una resolución motivada y razonable que cumple con el derecho a una tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.2 de la Constitución.
TERCERO.- Sobre los motivos segundo y tercero relativos a la prueba.
1.- Indefensión por denegación de la prueba propuesta.
2.- Indebida denegación de terminación convencional.
3.- Principio de legalidad y tipicidad (sobre la transparencia en la aprobación y aplicación de tarifas)
4.- Vulneración del principio de proporcionalidad sobre la cuantificación de la sanción.
En este sentido conviene destacar que el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, que consagra el artículo 24.2 de la Constitución, según refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 74/2004, de 22 de abril, que es objeto de reiteración, en términos sustancialmente idénticos, en las sentencias 165/2004, de 4 de octubre, 3/2005, de 17 de enero, 244/2005, de 10 de octubre, 30/2007, de 12 de febrero, 22/2008, de 31 de enero y 174/2008, de 22 de diciembre, tiene el siguiente significado y contenido constitucionales:
a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes ( SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi ( STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos ( SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo sólo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento ( SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial ( SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 37/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa" ( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo. ( SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2).
e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas ( SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia ( SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo ( SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2) ".
A la vista del expediente administrativo la Sala no puede compartir la alegación que realiza la actora, por cuanto toda denegación de prueba que ésta solicitó ha ido acompañada de la oportuna motivación. Debe añadirse que AISGE ya interpuso recurso en vía administrativa contra el acuerdo de la DI de 25 de febrero de 2011 al considerar sufrida indefensión por el cierre de la instrucción sin haberse practicado la prueba propuesta, recurso inadmitido por la CNC mediante resolución de 23 de marzo de 2011, contra el que se interpuso recurso contencioso-administrativo, con n.º 06/244/11, que ha concluido mediante desistimiento de la actora. Asimismo consta que por auto de esta Sala de fecha 12 de marzo de 2013, estimando en parte el recurso de reposición formulado contra otro anterior de fecha 1 de febrero de 2013, admitió toda la prueba documental propuesta, accedió a la ratificación de los dos informes periciales acompañados, denegándose la prueba testifical al constar ya en el expediente el resumen de la intervención y participación de los testigos en la reunión de 19 de septiembre de 2006, considerándose por otra parte innecesaria la práctica de una nueva prueba pericial, por su reiteración y por su forma de proponerse, al sugerirse la empresa que había de elaborarlo, por lo que cualquier atisbo de indefensión, dialécticamente hablando, que en vía administrativa se le hubiera podido irrogar a la actora, habría quedado solventada a través de la práctica de la prueba practicada en el presente contencioso." (fundamento jurídico cuarto)
CUARTO.- Sobre el motivo cuarto, relativo a la infracción de abuso de posición de dominio.
El motivo debe ser rechazado. En los fundamentos de derecho sexto y séptimo, ya reproducidos más arriba, la Sala explica los comportamientos que considera probados y expone su valoración, comportamientos que acreditan la comisión de la infracción sancionada por la Administración. El abuso de posición dominante, tipificado por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, se caracteriza por desarrollar un comportamiento que, prevaliendose de una situación de superioridad en el mercado de referencia, impone condiciones abusivas al resto de sujetos que operan en dicho mercado, impone barreras que excluyen o dificultan gravemente el acceso al mismo o, en general, establece un marco de actuación anticompetitivo en beneficio propio. El citado precepto expone a título no exhaustivo algunas de las conductas que pueden ser calificadas como abusivas. En el caso de autos, en el que no se discute la posición de domino de la entidad sancionada, dicho comportamiento está descrito como la elevación de las tarifas generales que la entidad cobraba a los cines en un 100% en 2005, sin que dicha subida fuese explicada suficientemente en el momento de su aprobación a los sujetos afectados o AISGE haya aportado una justificación razonable de una elevación tan drástica y, en fin, considerando que dicha subida suponía una presión indudable para la negociación de posteriores acuerdos particulares.
QUINTO.- Sobre el motivo quinto, relativo a la imposición de las costas de instancia.
En primer lugar es necesario precisar que, pese a que el Auto en cuestión está rotulado como Auto de aclaración, se trata de un Auto de rectificación material de errores, tal como expresamente se indica en su texto, rectificación material que se ampara en lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho apartado establece, como excepción a la intangibilidad de las sentencias y autos definitivos que impone el apartado 1, que "los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento". Pues bien, aunque en el auto de rectificación la Sala explica el error manifiesto de forma poco adecuada, pues entendido tal como se expone el error cometido no sería tanto un error material cuanto un error jurídico (no imponer las costas cuando la ley establece que deben imponerse), dado que lo califica de error material es forzoso entender que en el texto de la sentencia se insertó por error un pronunciamiento que no correspondía a la Sentencia de referencia, de forma que el texto que debió insertarse rezaba en el último inciso del fundamento noveno "[...], procede imponer las costas a la parte recurrente" y en el fallo, donde ponía "sin costas", debió insertarse el inciso "con costas". Así entendido, como un error material consistente en haber introducido textos no correspondientes a la Sentencia de autos, como lo evidencia que no se ajustaran a lo dispuesto por la norma invocada, debe desestimarse el motivo.
Al ser rechazados todos los motivos formulados, no ha lugar al recurso de casación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte que lo ha sostenido, hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda a la cantidad reclamada.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1. Declarar que no ha lugar y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación interpuesto por Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión contra la sentencia de 13 de noviembre de 2013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 64/2012. 2. Confirmar la sentencia objeto de recurso. 3. Imponer las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho sexto.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 102
 artículo 88
 artículo 67
 artículo 248
 artículo 88
 artículo 60
 artículo 24
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 24
 artículo 267
 artículo 88
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 102
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 267
 artículo 139