Source: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo1.htm
Timestamp: 2018-09-21 00:22:54+00:00

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15. La CIDH destaca la importancia de una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. Un Poder Judicial que reúne tales características pone límites a los abusos de autoridad y es garante de la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas.
16. Por otra parte, tales requisitos son necesarios para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado guatemalteco a la luz del derecho internacional aplicable, su Constitución Nacional y los Acuerdos de Paz. En particular, la CIDH recuerda la obligación genérica de todo Estado, prevista en artículo 1(1) de la Convención Americana, de respetar los derechos consagrados en tal Tratado.[10] El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a las debidas garantías judiciales;[11] el artículo 24 el derecho a la igualdad ante la ley;[12] y el artículo 25, el derecho del individuo a tener un recurso efectivo ante un tribunal competente para la protección de sus derechos fundamentales.[13] Otros Instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de las cuales Guatemala es parte, contienen disposiciones específicas que exigen que las violaciones a los derechos humanos sean sometidas a investigación, enjuiciamiento y castigo efectivos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guatemala es parte, los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y las Directrices sobre la Función de los Fiscales, instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas, contienen también estándares en materia de administración de justicia.
17. Durante su visita la CIDH recibió información sobre la situación del Poder Judicial guatemalteco y, dentro de esta información general, acerca de los esfuerzos realizados con miras a la formación de jueces, al nombramiento de nuevos jueces de Paz y a la creación de juzgados comunitarios. Actualmente en Guatemala hay 307 jueces de Paz, 184 jueces de Primera Instancia, 83 Magistrados de Salas de Apelaciones, y 13 Magistrados de la Corte Suprema; el Ministerio Público cuenta con 560 fiscales, y el Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con 100 defensores de planta en todo el país.[14] Según la información recibida, hubo un aumento en la cantidad de magistrados y jueces en el Organismo Judicial entre 1997 y 2001.[15]
18. En las observaciones formuladas el Estado guatemalteco informó que los esquemas tradicionales y obsoletos de administrar justicia han sido cambiados por sistemas administrativos transparentes y modernos, para mejorar el acceso de las personas a la justicia, cuyas garantías se sostienen en la independencia funcional, la independencia económica, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y la selección del personal.
19. En relación con la situación de la administración de justicia, durante la visita la CIDH constató serias deficiencias que aún aquejan al Poder Judicial. Entre los problemas más graves que afectan la administración de justicia se encuentran la impunidad estructural que comprende tanto las violaciones de derechos humanos del pasado como las conductas punibles del presente, la insuficiencia de recursos, los escasos avances en la modernización de la justicia, la deficiente capacitación de jueces y operadores de justicia, la falta de independencia e imparcialidad de algunos jueces, la politización de la justicia, las presiones de diversa índole sobre jueces y operadores de justicia, la falta de acceso a la justicia por numerosos sectores de la sociedad, la falta de aplicación adecuada de una carrera judicial y la inestabilidad en el cargo que ello acarrea. Por otro lado, tomó conocimiento del muy significativo incremento en los ataques y atentados contra la vida e integridad de jueces, fiscales y demás operadores de justicia.
20. Los esfuerzos realizados por el Estado guatemalteco con el fin de superar las dificultades en torno a la administración de justicia del país no son suficientes. El presente capítulo presenta las observaciones de la CIDH sobre las dificultades que aún aquejan al sistema judicial en Guatemala, con el fin de impulsar al Estado a proveer un mejor acceso a la justicia a los ciudadanos, a asegurar la imparcialidad e independencia de los jueces, y a erradicar la impunidad y la denegación de justicia en el país.
B. La impunidad y denegación de justicia
23. Con relación al enjuiciamiento y sanción de los responsables por violaciones de derechos humanos del pasado, la Comisión observa con profunda preocupación que la grave impunidad de las violaciones cometidas durante el conflicto armado permanece incólume. Conforme a información recibida durante la visita, el 99% de los casos de desapariciones forzadas, torturas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y actos de genocidio cometidos durante el conflicto armado permanecen impunes.[18] De hecho, de 300 denuncias sobre actos de genocidio cometidos durante el conflicto armado, de las cuales se realizaron las exhumaciones respectivas, se habrían realizado solamente dos juicios orales y públicos.[19] En efecto, tanto por medio del sistema de casos, las audiencias generales otorgadas por la CIDH, como en la visita, la Comisión ha recibido información según la cual hasta la fecha las autoridades judiciales se han abstenido de procesar y sancionar a los autores responsables de casi la totalidad de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Es más, la CIDH ha obtenido información conforme a la cual el Estado tampoco ha impuesto sanciones administrativas a los funcionarios públicos y militares presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Esta situación de impunidad generalizada ha llevado a que partes afectadas por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado hayan acudido a tribunales extranjeros, alegando el principio de la jurisdicción universal, con el fin de procurar la justicia que no consiguen en el sistema de administración de justicia en Guatemala.
24. La impunidad generalizada se extiende inclusive a casos que han contado con la atención tanto de la opinión pública nacional como internacional, tales como el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi en 1998 y el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang en 1990. El patrón común en estos casos es la afectación de la administración de justicia guatemalteca en su integridad. Es de resaltar que inclusive en los calos en lo cuales se dictó una sentencia condenatoria contra agentes estatales, ésta se encuentra aún pendiente de una decisión definitiva. En ese sentido, resulta representativo el caso de Myrna Mack, en el que aun cuando uno de los autores materiales del asesinato fue condenado a 30 años de prisión, los tribunales internos emitieron recientemente una sentencia absolutoria de segunda instancia en favor de los presuntos autores intelectuales. En el alegato final escrito presentado en el caso que se ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución extrajudicial de la antropóloga Mack Chang, la Comisión argumentó que la sentencia de segunda instancia mediante la cual se aseguró la impunidad en relación con los autores intelectuales del delito es arbitraria.
25. Durante su visita in loco la Comisión pudo analizar en profundidad los diversos factores que contribuyen a la situación de impunidad. Entre ellos se encuentran graves falencias en la actuación del Ministerio Público, del Poder Judicial y en particular de la Policía Nacional Civil; las irregularidades en la recolección y producción de prueba, así como en la escena del crimen; la indebida influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos ajenos a sus funciones específicas, particularmente a través de la utilización de la inteligencia militar en investigaciones criminales; la renuencia de los organismos de seguridad a brindar a los jueces información relevante, amparados principalmente en el abusivo ejercicio del “secreto de Estado”; así como la protección y encubrimiento de los responsables por parte de algunas autoridades en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. A su vez, la Comisión fue informada de la falta de voluntad, negligencia o incapacidad de numerosos jueces que toleran la utilización de recursos procesales con el objetivo de obstruir la justicia; la corrupción; la inexistencia de una política criminal orientada a combatir la inseguridad ciudadana; las amenazas e intimidaciones contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y otros líderes sociales; la falta de eficiencia del Poder Judicial; el retardo injustificado en la tramitación de los procesos judiciales; el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad; y las limitaciones presupuestarias en el sistema de administración de justicia.
26. La actuación deficiente tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público son factores que agravan el cuadro persistente de impunidad en Guatemala. La Comisión destaca que la impunidad estructural afecta y, a su vez, es responsabilidad de, todas las instituciones de administración y procuración de justicia. Sin embargo, superar la impunidad es un deber de todas las estructuras estatales guatemaltecas. Durante su visita, el Ministerio Público expresó a la Comisión su compromiso de investigar a cualquier persona que esté involucrada con este tipo de violaciones pero considera que es necesario que el Estado provea los recursos y la voluntad política para que este compromiso sea efectivo y lleve a resultados concretos.
27. Para que exista debido proceso en un país debe cumplirse con la obligación de investigar los hechos denunciados, enjuiciar a los responsables y sancionarlos. Durante la visita la Comisión recibió información sobre la existencia de denuncias sobre violaciones al debido proceso en Guatemala.[20] Entre el 1° de octubre de 1999 y el 30 de junio de 2000 se comprobaron 2991 violaciones al debido proceso legal;[21] entre el 1° de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001 fueron 3672 (el 55% de las cuales se debieron al incumplimiento del deber estatal de investigar y sancionar);[22] y entre el 1° de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002, fueron 4719.[23] Las estadísticas de la Procuraduría de Derechos Humanos, en cambio, dan cuenta de 58 expedientes abiertos por violaciones al debido proceso entre noviembre de 2001 y noviembre de 2002, de las cuales el 63.79% son por continuidad y celeridad procesal.[24] El incremento constante de la cantidad de violaciones al debido proceso es alarmante; ello incrementa la impunidad y provoca un aumento en la desconfianza en el buen funcionamiento del sistema judicial guatemalteco.
28. Asimismo, la impunidad estructural en Guatemala se ve fomentada en la tramitación displicente por parte de las autoridades judiciales de recursos notoriamente frívolos cuyo objetivo es obstruir la justicia. Si bien la interposición de recursos en sí misma es un derecho de toda persona en el cabal ejercicio del derecho de defensa, la Comisión tuvo conocimiento de que los defensores de las personas acusadas de cometer un delito en Guatemala utilizan tales recursos con el fin de demorar las decisiones de los tribunales locales, sin que los jueces en tanto directores del proceso judicial adopten las medidas necesarias para evitar la denegación de justicia en la práctica. La Comisión encontró consenso tanto en representantes del Estado como de la sociedad civil en que algunos jueces y magistrados permiten el uso y abuso de los recursos, retardando las decisiones finales en diversos casos.[25] El trámite indebido del recurso de amparo se evidencia en casos de serias violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en casos como la masacre de Xaman, cometida en 1995[26] y la masacre de las Dos Erres en 1982,[27] así como los asesinatos de Monseñor Gerardi y de Myrna Mack Chang,[28] mencionados anteriormente. Estos casos ejemplifican la utilización de los recursos con el fin de retardar la administración de justicia en la decisión de casos sobre violaciones a derechos humanos cometidas en Guatemala. El recurso utilizado con mayor frecuencia para este fin es el recurso de amparo.[29] Se recibió información según la cual en el 86% de los casos en los cuales se utiliza esta acción se obstruye la justicia.[30] La CIDH insta al Estado a analizar detenidamente y en cada caso particular la procedencia de la acción de amparo y a respetar los plazos de aplicación de la misma, a fin de no tolerar ni contribuir al retardo injustificado en la resolución de los casos que se encuentran pendientes ante la justicia guatemalteca.
29. Otro factor que contribuye a la impunidad es la falta de colaboración de algunos organismos del Estado con la justicia para facilitar su labor de investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a derechos fundamentales. En este sentido, la Comisión recibió información sobre la negativa de instituciones del Estado a entregar información requerida por operadores de justicia para adelantar investigaciones y procesos judiciales,[31] muchas veces amparadas en “el secreto de Estado” con el fin de retardar u obstruir las investigaciones llevadas adelante por el Poder Judicial.[32] La Comisión subraya que los actos de la administración deben ser públicos, con excepción de información que ponga en riesgo la seguridad nacional o la integridad de las investigaciones penales, correspondiendo a los tribunales la facultad para determinar que cierta información es confidencial. Si bien la Comisión recibió información sobre el proyecto de Ley de Acceso a la Información presentado por la Secretaría de Análisis Estratégico, al cual se referirá en el capítulo relativo a la libertad de expresión en Guatemala, en esta oportunidad desea resaltar que el Estado debe instaurar los mecanismos adecuados para que los distintos órganos del Gobierno colaboren con la actividad jurisdiccional dirigida al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, y de casos de corrupción y crimen organizado. En este sentido, la Comisión ya ha establecido que:
30. El análisis de la situación generalizada de impunidad en Guatemala con relación a casos del presente (tales como los actos de linchamiento, la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común), así como en casos del pasado, permite concluir que los casos que el Poder Judicial juzga a los responsables e impone las sanciones penales correspondientes son excepcionales. La Comisión tuvo conocimiento de que solamente en pocos casos la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y el Organismo Judicial desplegaron y concentraron recursos de manera tal que lograron investigar y sancionar a agentes del Estado señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en abril de 2003 se dictaron sentencias condenatorias por las dos ejecuciones extrajudiciales cometidas por los agentes de la disuelta Dirección de Operaciones Anti Narcóticos (DOAN) en el operativo del 29 de enero de 2002 en la aldea Chocón, Livingston, Izabal.[34] A su vez, la CIDH recibió información sobre las denuncias tramitadas por la Procuraduría de Derechos Humanos,[35] pero nota que al no ser ésta parte del Organismo Judicial, no releva al Estado de su obligación de realizar investigaciones judiciales. La Comisión exhorta al Estado a avanzar en la resolución de todos los casos que actualmente permanecen impunes, obteniendo resultados como sucedió en el caso de la aldea Chocón, con el fin de colaborar en el restablecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
C. Los requisitos de independencia e imparcialidad
31. El artículo 8 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal independiente e imparcial. A su vez, la Constitución Política de Guatemala reconoce este derecho a todos sus habitantes.[36] La falta de independencia e imparcialidad implica una ausencia de atención seria y sostenida del proceso de modernización y fortalecimiento de la justicia. De hecho,
34. Los manifestantes llegaron a ciudad de Guatemala en buses y camiones y fueron abastecidos de comida y bebidas, así como de llantas para las barricadas, por vehículos que se desplazaban sin placas por la ciudad. La Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala pudo constatar, mediante información testimonial y documental, que “las protestas no fueron fortuitas ni espontáneas, sino que fueron planificadas”[40] como respuesta tanto a movilizaciones políticas y estudiantiles en protesta por la inscripción del ex general Efraín Ríos Montt como candidato presidencial ordenada por la Corte de Constitucionalidad en fallo del 14 de julio de 2003, como a la resolución del 25 de julio de 2003 por medio de la cual la CSJ suspendió provisionalmente dicha inscripción.
35. Es de resaltar que la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 14 de julio de 2003 fue seriamente cuestionada,[41] de una parte, por revertir su propia jurisprudencia de los años 1990 y 1995 según la cual el artículo 186 de la Constitución de Guatemala consagra una condición de inelegibilidad para quienes hayan liderado movimientos o gobiernos de ruptura del orden constitucional y, de otra, por la forma utilizada para elegir, mediante sorteo secreto, a los dos magistrados suplentes que integraron la Corte de Constitucionalidad para decidir el recurso de amparo sobre la inscripción del ex general como candidato presidencial, la cual según Resolución de fecha
22 de julio de 2003 emitida por el Procurador de Derechos Humanos “entraña un comportamiento lesivo a los principios del debido proceso”.[42]
41. Es más, la Comisión recibió información que señala la existencia en Guatemala de un poder político, económico y militar, paralelo al Estado, que interfiere en el buen funcionamiento de la administración de justicia. Este poder político está directamente relacionado con el funcionamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, a los cuales la CIDH se refiere en el capítulo II del presente informe.
42. Durante la visita se recibió información según la cual los intereses de estos cuerpos ilegales influirían en el desarrollo de la mayoría de los casos que tramitan actualmente ante los tribunales guatemaltecos, dado que logran corromper a jueces y operadores de justicia. Quienes se ven especialmente perjudicados por ello son las personas con menores recursos económicos, que están expuestos a intereses de personas con mucho mayor poder que ellos.[47]
47. Es alarmante la cantidad de amenazas, atentados y asesinatos de jueces, testigos y demás operadores de justicia, especialmente contra quienes están involucrados en procesos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.[51] El efecto de tales amenazas se agrava ya que ante la falta de presupuesto, los jueces y magistrados no cuentan actualmente con la seguridad necesaria ni con seguros de vida. De hecho, ello llevó a que el Organismo Judicial optara por la capacitación de un grupo especial de protección.[52] Estos asuntos serán tratados en detalle en el capítulo correspondiente, pero cabe notar en esta oportunidad que estos hechos y la falta de protección adecuada de las personas afectadas desalientan la búsqueda de justicia por medio de los caminos legales, y ponen en riesgo la independencia e imparcialidad de los jueces, así como el buen funcionamiento del Poder Judicial y la vigencia del Estado de Derecho en Guatemala. En este sentido, un juez u otro operador de justicia que desarrolla su labor bajo amenazas y/o tras haber sufrido un atentado ve severamente limitada su capacidad de acción, en particular por la pérdida de la tranquilidad y seguridad necesaria para administrar justicia.
48. La Comisión conoció el contenido de la Ley de Carrera Judicial desde su aprobación y entrada en vigencia en 1999, y reconoció oportunamente el avance que implica en el reconocimiento de los principios de respeto a la independencia e imparcialidad de los jueces.[53] Para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces, es necesario que un Estado cuente con mecanismos objetivos de evaluación del desempeño judicial, destinados a determinar las condiciones que llevan al nombramiento, a la sanción y/o a la remoción de los jueces.
49. En Guatemala existen mecanismos de evaluación y nombramiento de jueces.[54] La Ley de Carrera Judicial prevé que la Unidad de Capacitación Institucional realice una evaluación basada en criterios objetivos sobre las cualidades y el desempeño de los jueces, y sobre la base de sus resultados determine si un juez es sancionado, removido de su cargo, o vuelto a nombrar para que continúe ejerciéndolo. Sin embargo, la Comisión recibió información conforme a la cual, a pesar de la normativa descrita, la Corte Suprema continúa realizando los nombramientos luego de entrevistas personales, sin necesariamente tomar en cuenta las evaluaciones de capacidad y méritos hechas previamente por la Unidad de Capacitación Institucional.[55] Esta manera de aplicar los mecanismos es una forma de injerencia en la independencia judicial, debilita la seguridad jurídica y la utilidad de la normativa vigente.
53. En los Acuerdos de Paz, particularmente en el relativo al fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, el Estado se comprometió a dotar al Organismo Judicial de mayores recursos financieros para avanzar en su modernización tecnológica y para ampliar su cobertura al interior del país. Durante su visita, la Comisión recibió información que indica que el presupuesto asignado a las instituciones de administración y procuración de justicia continúa siendo insuficiente. El presupuesto aprobado para el año 2002 se redujo en un 11% en relación con el del año anterior, y en un 4.4% en relación con el del año 2000.[65] Ello no parece estar relacionado con una disminución total del presupuesto del Estado ya que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa ha gozado de aumentos en su presupuesto durante los dos últimos años.
54. La distribución del gasto público parece indicar la priorización de ciertos gastos, en detrimento del gasto público destinado al organismo judicial y a la seguridad interna, entre otros. El presupuesto total para el Organismo Judicial para el ejercicio fiscal 2003-2004 es de Q 639.027,653 millones, lo cual según las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público no alcanza para cubrir las necesidades de los organismos que representan,[66] ni equivale al 2% del presupuesto que supuestamente debe corresponderle al Organismo Judicial, de conformidad con los Acuerdos de Paz.[67] Un análisis sobre la situación presupuestaria del sector justicia entre 1998 y 2002 concluyó que:
57. Una condición básica para garantizar un Poder Judicial efectivo es lograr el acceso amplio a una justicia rápida y efectiva. Actualmente en Guatemala la gran mayoría de la población no logra acceder a la administración de justicia. Ello se debe, mayormente, a la falta de presencia estatal en todo el territorio, a la insuficiente infraestructura y capacitación de los miembros del Organismo Judicial, y a la insuficiencia de traductores y miembros de las instituciones de administración y procuración de justicia que conozcan el idioma y la cultura indígenas. La Comisión ha reconocido con anterioridad los esfuerzos del Gobierno con el fin de modernizar los procedimientos de archivo; capacitar a los miembros de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, y la Oficina del Defensor del Pueblo; y establecer mecanismos nuevos de disciplina judicial.[71] Sin embargo, la situación del acceso a la justicia en Guatemala es aún precaria.
58. Existen esfuerzos gubernamentales destinados a instalar instituciones civiles (policiales y judiciales, entre otras) en zonas en las cuales la presencia estatal era débil durante el conflicto armado. El Estado está en proceso de ampliación, construcción y remodelación de edificios para el Poder Judicial, lo cual permitió la construcción de Juzgados de Paz, complejos judiciales,[72] Centros Regionales de Justicia,[73] y Centros de Administración de Justicia (CAJ).[74] Además, se construyeron Juzgados de Menores y Juzgados para Delitos de Alto Impacto, así como Centros de Mediación. En marzo de 2002 fueron creados seis Juzgados de Paz en Dolores, San Luis, San Andrés, San José, Santa Ana y La Libertad; en el Departamento del Petén.[75] El Estado indicó en sus observaciones que también se han puesto en marcha Juzgados de Paz Móviles para causas de menor cuantía, uno en Guatemala y otro en Quetzaltenango. El Estado indicó que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un Centro Nacional de Documentación (CENADOJ), que permite la consulta de información estadística, legislación y jurisprudencia, de fácil acceso que puede ser consultado por el público en general. Asimismo, que mediante la existencia de un gran número de tribunales (151 Salas, de 89 tribunales del Organismo Judicial), se ha impulsando el acceso a la justicia gratuita y en el idioma propio de las comunidades, particularmente en el nor-occidente del país, área mayoritariamente indígena. En cuanto a infraestructura, el Estado señaló que se constituyeron 36 juzgados derivado de la puesta en vigencia del Decreto 75-97 del Congreso de la República. La Comisión valora estas iniciativas y a la vez observa que varias de ellas debieron ser suspendidas por falta de presupuesto,[76] y que pese a los esfuerzos del Organismo Judicial, estos avances en la estructura judicial resultan insuficientes para solucionar los problemas planteados en este capítulo.
63. Ante la persistencia de ciertos problemas propios del sistema de justicia, la Comisión insta al Estado a otorgar los recursos humanos y materiales necesarios para implementar medidas que efectivamente faciliten el acceso a la justicia de toda la población. En particular, es necesario adoptar medidas que alivien la sobrecarga de trabajo de los tribunales; amplien la aplicación de sistemas de modernización del archivo de casos y control de expedientes; disminuyan la demora en la resolución de casos y la corrupción en la tramitación de los casos; asignen presupuesto suficiente al Organismo Judicial; y que se adopten normas para asegurar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
64. En relación con la falta de recursos para fortalecer adecuadamente el sistema de justicia, así como otros servicios fundamentales dirigidos a los sectores sociales excluidos y desposeídos, el Estado en sus observaciones indicó que se requiere “aumentar el presupuesto de ingresos del Estado, intención que ha sido obstaculizada, por parte de los sectores económicos y sus organizaciones patronales, quienes han presentado más de 70 recursos de amparo y de inconstitucionalidad, con el fin de perjudicar la Reforma Fiscal. El Estado de Guatemala, a través de los Acuerdos de Paz, trata de hacer eficiente y eficaz la recaudación tributaria para cumplir con los satisfactores sociales (justicia, educación, salud, vivienda, seguridad, otros) que estipula la normativa constitucional. Los Acuerdos de Paz definen elevar la carga fiscal a un 12 %. Esta tarea se ha implementado por el actual Gobierno, pues por medio de su Política Fiscal se elevó la carga a un 10.6 %, y ha estado cerca de lograr el objetivo plasmado en los acuerdos relacionados. La elevación de la recaudación tributaria es indispensable para que el Estado pueda ser el ente equilibrador social y económico, que se requiere para consolidar el Estado de Derecho”.
[11] El artículo 8 de la Convención Americana prevé:
[13] El artículo 25 de la Convención Americana prevé:
[27] Véase también el Informe “Monitoreo de Prensa. Informe para el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados sobre el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de noviembre de 2002” de la Fundación Myrna Mack, que indica que en este caso fueron interpuestos 27 amparos, que fueron declarados improcedentes.
[28] Los acusados del asesinato de la antropóloga Myrna Mack habrían interpuesto trece acciones de amparo durante las etapas procesales de investigación y persecución de los responsables, conforme al documento de trabajo “Los mecanismos procesales de la impunidad”, presentado por la Fundación Myrna Mack a la CIDH durante su visita a Guatemala.
[34] Informe ante la Reunión del Grupo Consultivo para Guatemala, MINUGUA, 7 de
[40] Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala, Boletín informativo Nº 1 del 18 de agosto de 2003.
[41] Al respecto, en el comunicado de prensa Nº 17/03 de 25 de julio de 2003 la Comisión manifestó su preocupación porque el ex general Efraín Ríos Montt pudiera ser uno de los candidatos para participar en los comicios presidenciales de 2003. La CIDH expresó que la participación de Ríos Montt como candidato presidencial es una grave amenaza a la consolidación del Estado de Derecho, a la estabilidad democrática y a la efectiva protección de los derechos humanos en Guatemala, iniciada con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, dado que bajo el gobierno de facto de Ríos Montt (1982-1983) se produjeron graves y masivas violaciones a los derechos humanos.
[43] Prensa Libre, Polémico fallo de CC a favor de Ríos Montt, edición del jueves 31 de julio de 2003.
[45] Prensa Libre, Ríos Montt ordena terminar la protesta, edición del sábado 26 de
[46] Informe de MINUGUA sobre los disturbios del 24 al 25 de julio de 2003 en la Ciudad de Guatemala, 6 de agosto de 2003, párr. 16.
[52] Informe ante la Reunión del Grupo Consultivo para Guatemala, MINUGUA, 7 de
[53] Véase el Quinto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, CIDH, OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001.
[55] Conforme a información provista en la reunión sobre “Independencia del Poder Judicial”, llevada a cabo el 27 de marzo de 2003 durante la visita in loco. Véase también el Segundo Monitoreo Anual sobre Independencia Judicial y Asociacionismo en Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), 2003.
[61] Conforme a información provista en la reunión sobre “Independencia del Poder Judicial”, llevada a cabo el 27 de marzo de 2003 durante la visita in loco.
[65] Informe Situación Presupuestaria y Financiera del Organismo, Organismo Judicial,
[70] Conforme a información provista en la reunión sobre “Independencia del Poder Judicial”, llevada a cabo el 27 de marzo de 2003 durante la visita in loco.
[71] Véase el Informe de Seguimiento a las Recomendaciones publicado en el Informe Anual 2002 de la CIDH, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 de marzo de 2003.
[72] Los complejos judiciales integran un Centro de Mediación, un edificio para juzgados penales y un edificio para juzgados no penales, un Centro de Gestión Penal, Servicios Auxiliares, Antecedentes Penales y Administración.

References: artículo 1
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 186
 Resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 25