Source: https://es.scribd.com/doc/61573792/8/El-principio-de-legalidad-de-las-pruebas-judiciales-y-la
Timestamp: 2016-04-29 12:14:09+00:00

Document:
Si bien el Estado tiene un gran interés en castigar los
delitos, la investigación de los mismos no puede realizarse a
cualquier precio, porque el fin no justifica el empleo de medios
que suponen la negación del Estado de Derecho mismo. De esa
manera, la injusticia de la conducta delictiva que se atribuye al
imputado o procesado, no podría justificar la injusticia cometida
por el propio Estado para averiguar la verdad.
Esa es la razón por la cual las garantías que la Constitución,
los tratados internacionales y la ley interna reconocen al
imputado, tienden a asegurar la plenitud de las formas propias de
cada juicio, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, al
punto que sólo podrá ser condenado si su responsabilidad se
demuestra con prueba legal y oportunamente recolectada, esto
es, rodeada de las garantías propias de un Estado de Derecho.
En ese contexto, la jurisprudencia de la Sala, ha definido
que prueba ilícita es aquella que “se obtiene con vulneración de
los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la
dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación,
la solidaridad íntima; y aquellas en cuya producción, práctica o
aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie
de la prueba así obtenida.”43
Ese concepto difiere del de “prueba ilegal”, que se genera
cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los
requisitos legales esenciales. En esta eventualidad, corresponde
al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y
discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso,
toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí
sola no autoriza la exclusión del medio de prueba.44
Por su parte, la Corte Constitucional ha explicado que la
norma del artículo 29 de la Carta “ha sido desarrollada por el
legislador penal para indicar dos grandes fuentes jurídicas de
exclusión de las pruebas: la prueba inconstitucional y la prueba
ilícita. La primera se refiere a la que ha sido obtenida violando
derechos fundamentales y la segunda guarda relación con la
adoptada mediante actuaciones ilícitas que representan una
violación de las garantías del investigado, acusado o juzgado. En
Sentencia de casación del 7 de septiembre de 2006, radicación No.21.529.
Ver, entre otras, sentencia de casación del 2 de marzo de 2005, radicado No. 18.103.
cuanto al debido proceso, el legislador ha consagrado condiciones
particulares para la práctica de pruebas y requisitos sustanciales
específicos para cada tipo de prueba, cuyo cumplimiento debe ser
examinado por el funcionario judicial al momento de evaluar si
una determinada prueba es o no ilícita”45
De esa manera, la doctrina constitucional deslinda, en el
mismo sentido, los conceptos de “prueba inconstitucional” y de
“prueba “ilícita”, agregando respecto de las consecuencias que
esos vicios generan que:
“Según la norma constitucional citada, la prueba obtenida de
esa manera es nula de pleno derecho. El desarrollo que el
legislador penal le ha dado a dicha disposición ha sido el de
señalar como consecuencias de la obtención de pruebas
contrarias al debido proceso o violatorias de los derechos
fundamentales, el rechazo de la prueba (artículo 250,
Decreto 2700 de 1991) y su exclusión del acervo probatorio
por invalidez (artículos 304 y 308, Decreto 2700 de 1991).
(…) En todo caso, lo fundamental es que la prueba no puede
ser valorada ni usada cuando se adoptan decisiones
encaminadas a demostrar la responsabilidad. A la cuestión
de sí la nulidad de la prueba obtenida con violación del
debido proceso afecta o no el proceso, no se puede
responder en abstracto. El criterio fijado por la Corte es que
la nulidad sólo afecta la prueba, salvo que no existan, dentro
del proceso, otras pruebas válidas y determinantes con base
en las cuales sea posible dictar sentencia, caso en el cual
habría que concluir que la sentencia se fundó solamente, o
principalmente, en la prueba que ha debido ser excluida”46
La incorporación al proceso de prueba obtenida bajo
cualesquiera de las anteriores circunstancias, determina su
indefectible exclusión e impide que haga parte del acervo
. Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2001.
probatorio que puede ser materia de examen por parte del juez
para resolver el asunto puesto a su conocimiento.
De esa manera, el derecho a probar está limitado por el
respeto a los derechos y libertades fundamentales, pues si el
proceso es el medio de realización de la justicia, resultaría un
contrasentido que se admitiera la comisión de una injusticia del
tipo destacado con el fin de alcanzar ese objetivo.
El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas e ilegales
en un Estado de Derecho, configura, entonces, una garantía
procesal encaminada a proteger al individuo de eventuales
excesos en los actos de investigación destinados a obtener
Ahora bien, tradicionalmente se ha considerado que tanto la
prueba ilícita como la ilegal, producen efectos de exclusión, que
no de nulidad del proceso, en el entendido que son los medios de
prueba, por sí mismos considerados, los que se predican “nulos
de pleno derecho” (artículo 29 de la Carta Política), produciendo
una “inexistencia jurídica” que, incluso, se transmite a los demás
elementos que dependan o sean consecuencia de aquellas, o a
las que sólo puedan explicarse en razón de la existencia de las
El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, refiriéndose a la
necesidad de la prueba, preceptúa que “Toda providencia debe
fundarse en prueba legal, regular y oportunamente allegada a la
actuación”. Y la norma 276 de la ley 906 de 2004 enfatiza
diciendo que “La legalidad del elemento material probatorio y
evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se
recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en la
Constitución Política, en los tratados internacionales sobre
derechos humanos vigentes en Colombia y en las Leyes.”
Entonces, no se trata, como pretende hacerlo ver el
recurrente, de simples exigencias técnicas introducidas por la
Corte Suprema de Justicia. No, porque la evidencia debe ser
recogida por quienes están autorizados para ello y de acuerdo
con unas formalidades legales que permitan certificar no sólo la
autenticidad del elemento, sino la legalidad del procedimiento.
La Ley 906 de 2004 establece en su artículo 23 que: “[T]oda
prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales
será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la
actuación procesal”, y que “[I]gual tratamiento recibirán las
pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las
que solo puedan explicarse en razón de su existencia”.
Precisamente, al revisar la exequibilidad de esta norma, la
Corte Constitucional advirtió que la misma “no se opone al artículo
29 Superior, y por el contrario lo reafirma, al disponer la nulidad
de pleno derecho de la prueba y su exclusión cuando ha sido
obtenida con violación de las garantías fundamentales, así como
las que sean consecuencia de las pruebas excluidas; es decir, se
refiere a la nulidad de pleno derecho y la exclusión del proceso de
la prueba obtenida contrariando la Constitución, la que según lo
considerado por la Corte, es una fuente de exclusión de la prueba
de conformidad con el artículo 29 Superior”.47
En esa misma decisión la Corte Constitucional sentenció
que “cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con
una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su exclusión.
Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la
prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera que dicha prueba ha
sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución
extrajudicial.”48
Además, esa Corporación dejó claro, verificando la
Constitucionalidad de las normas 23 y 455 de la Ley 906 de 2004,
que una “interpretación armónica del artículo 29 Superior con las
nuevas disposiciones constitucionales mediante las cuales se
estructura el nuevo modelo procesal penal de tendencia
acusatoria, conlleva a que la regla de exclusión sea aplicable
durante todas las etapas del proceso, es decir, no solamente
durante el juicio sino en las etapas anteriores a él, con la
posibilidad de excluir entonces, no solamente pruebas, sino
también elementos materiales probatorios y evidencia física”49
. Corte Constitucional, sentencia C-591 de 9 de junio de 2005.
Por eso, en la providencia impugnada se dijo, siguiendo
también pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema, que “[L]a
prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en
el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 Superior”, y
que en esta eventualidad, contrario a cuando se trata de prueba
ilícita50
, “corresponde al juez determinar si el requisito legal
pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia
sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna
formalidad insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión”51
Siendo en esta última parte, la esencialidad del defecto
jurídico de las pruebas, donde la Sala recaba que en su
producción en el exterior, para que puedan ser reconocidas como
válidas y legítimas, es basilar o imprescindible el seguimiento de
los protocolos legales básicos contenidos en la Carta Política, las
Leyes de Procedimiento Penal y los instrumentos internacionales.

References: artículo 29
 artículo 232
 artículo 23
 artículo
29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29