Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-524-16.htm
Timestamp: 2017-10-18 14:36:09+00:00

Document:
T-524-16
Sentencia T-524/16
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE CONTRATISTA Y BENEFICIARIO DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA-Jurisprudencia constitucional y ordinaria
Al momento del accidente de trabajo que sufrió el accionante, existía un contrato de obra implícito en el contrato de arrendamiento entre los accionados para desarrollar actividades propias de la empresa o negocio del accionado, dueño de los trapiches ubicados en el predio de propiedad de su esposa.
El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra particulares implica la verificación de una situación de desventaja que se presente entre el accionante y el particular accionado, en donde exista el elemento de subordinación o una situación de hecho que coloca al demandante en un estado de indefensión.
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES-Alcance
El principio de primacía de la realidad sobre las formalidades implica que la garantía que otorga la Constitución a los derechos de los trabajadores, trascienda las estipulaciones vertidas en las diversas especies de contratos que puedan suscribirse, por lo que, “son las condiciones objetivas en las que se presta el servicio las que se imponen, por mandato superior, a los calificativos que los sujetos a bien tengan asignarle al momento de celebrar el pacto, pues las obligaciones y derechos en cabeza de las partes de la relación laboral no se restringen a la estricta literalidad de lo acordado, sino que surgen de la auténtica forma en que se desenvuelve la interacción entre el empleador y el trabajador.
EMPLEADOR-Obligación de afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social y los trámites corren por su cuenta y no del trabajador
La Ley 100 de 1993 estipula como deberes de los empleadores, entre otros, el de afiliar a alguna entidad promotora de salud a todas las personas que tengan vinculación laboral, verbal o escrita, temporal o permanente, así como pagar oportunamente los aportes que corresponden, so pena de incurrir en las sanciones allí previstas, y sin perjuicio de que, al no cumplir, asuma el patrono la totalidad de los costos generados por atención médica, accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad profesional. La anterior obligación, surge en todos los casos en que no se efectué la inscripción del trabajador o ante el incumplimiento por el no pago oportuno de las cotizaciones a la entidad de seguridad social respectiva.
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-Garantías a trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral
OBLIGACION DEL EMPLEADOR DE ASUMIR LA COBERTURA DE LOS RIESGOS GENERADOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO-En caso de no afiliación al régimen de riesgos laborales
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración por parte de empleador al omitir su deber legal de afiliar al accionante en calidad de trabajador al Sistema de Seguridad Social en Riegos Laborales, o no exigirle que este se afiliara al momento de contratarlo
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a responsables solidarios garantizar la cobertura de los servicios médicos que requiere el accionante para el manejo de la patología que presenta como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió
1.1 De acuerdo con lo manifestado por el señor Isnardo Gil Bayona, el 1 de noviembre 2015 se vinculó laboralmente en el trapiche ubicado en la finca Betania en el municipio de Mogotes, Santander, de propiedad de la señora Ana Delia Mariño de Zambrano, a través de un contrato de trabajo que fue pactado de forma verbal con el señor Alirio Pérez Riveros, quien había suscrito un contrato de arrendamiento con Luis Fernando Zambrano Pinto, en horario de 3 p.m. a 9 p.m. con una remuneración de doscientos cuarenta mil pesos ($240.000) mensuales.
1.2 El 1 de noviembre de 2015, mientras se encontraba desarrollando las labores de ayudante en el trapiche, el actor sufrió un accidente de trabajo al introducir la caña en un molino que produjo la amputación de los dedos anular, medio e índice de su mano izquierda. El accionante fue incapacitado por el término de 30 días, a partir del 2 de noviembre de la referida anualidad.
1.3 Manifiesta el peticionario que no fue afiliado por su empleador al Sistema General de Seguridad Social ni a Riesgos Profesionales, por lo que en la actualidad no cuenta con el servicio en salud requerido para continuar con su recuperación.
1.4 Informa el accionante que su empleador canceló los gastos hospitalarios y medicamentos por su accidente laboral. Así mismo, le fue entregada la suma de $289.100 por concepto de incapacidad, quedando obligada la parte accionada a consignar el saldo de la primera incapacidad y las siguientes que se generasen. Sin embargo, al momento de la interposición de la presente acción de tutela, no ha recibido el pago de las incapacidades causadas por lo que su mínimo vital está seriamente afectado.
1.5 Afirma el ciudadano Gil Bayona que, luego del accidente que sufrió, se vio en la necesidad de trasladarse a vivir con un hermano a la ciudad de Bucaramanga, que debe asistir a controles al municipio de San Gil. Sin embargo, su empleador no le reconoce los viáticos, actualmente se encuentra sin recibir atención médica y no ha podido renovar la incapacidad, quedando así en estado de indefensión.
1.6 Sostiene que de él depende económicamente su hijo Jimmy Alexander Gil Contreras, quien se encuentra en tercer grado de básica primaria y vive en Santa Rosa del Sur de Bolívar.
1.7 El 17 de noviembre de 2015, los señores Isnardo Gil Bayona, Alirio Pérez Riveros y Luis Fernando Zambrano Pinto suscribieron Acta de Conciliación No. 030 de 17 de noviembre de 2015, ante el Inspector de Trabajo de San Gil, Santander, en la cual manifestaron que señora Ana Delia Mariño de Zambrano es la propietaria de la finca Betania, lugar donde ocurrió el accidente de trabajo, que dentro del referido predio se encuentran unas instalaciones que conforman un trapiche, sobre el cual funge como dueño el señor Luis Fernando Zambrano Pinto, quien, manifestó que celebró un contrato de arrendamiento de las referidas instalaciones con el señor Alirio Pérez Riveros para el procesamiento y fabricación de panela.
1.7.1 Que el señor Alirio Pérez Riveros en calidad de arrendatario de las instalaciones del trapiche contactó forma verbal al señor Isnardo Gil Bayona para que se desempeñará como ayudante para prensar caña del 1 al 6 de noviembre de 2015. Encontrándose en ejercicio de sus funciones sobrevino el accidente laboral.
1.7.2 Durante la audiencia de conciliación, el señor Alirio Pérez Riveros sostuvo que él, en calidad de empleador directo, asumió el pago de los gastos hospitalarios y los medicamentos que requirió el accionante el día del accidente más un anticipo de $289.100 por incapacidad. Sin embargo, argumentó que no cuenta con los recursos económicos para pagar la incapacidad del peticionario en la forma que se le exige, pues sus ingresos dependen de las moliendas.
1.8 Por lo anterior, el señor Isnardo Gil Bayona solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital. Así mismo, que:
2. Intervención de los accionados
2.1 Ana Delia Mariño de Zambrano y Luis Fernando Zambrano Pinto
Ana Delia Mariño de Zambrano y Luis Fernando Zambrano Pinto señalaron que no tienen ninguna relación laboral o contractual con el accionante. Indicaron que, de acuerdo con el inciso tercero del Acta de Conciliación No. 030 de fecha 17 de noviembre de 2015[1], celebrada en atención a la reclamación del pago de incapacidad por accidente laboral ante el Inspector de Trabajo de San Gil, Santander, el señor Isnardo Gil Bayona al momento del suceso se encontraba al servicio de Alirio Pérez Riveros.
2.2 Alirio Pérez de Riveros
El ciudadano Alirio Pérez de Riveros se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas en la acción de tutela de la referencia al argumentar que el accionante nunca fue contratado a término fijo ni indefinido[2], sino que “solo había sido contactado para laborar en la molienda que iniciaba el día 1 de noviembre de 2015 y con entrada a iniciar labores a las 3 p.m. del mismo día y año que ocurrió el accidente, y por días; por el término de la molienda que tiene una duración de 6 días…”[3], por lo que considera no existe prueba de una relación laboral entre el accionante y los accionados. Así mismo, señaló que el peticionario puede acudir a los medios ordinarios ante la jurisdicción competente.
2.2.1 En consideración a que los señores Alirio Pérez Riveros, Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano fueron accionados en el proceso de tutela de la referencia, esta Sala de Revisión considera necesario establecer quien o quienes estarían legitimados por pasiva para asumir el pago de los gastos médicos e incapacidades generadas por el accidente de trabajo que sufrió el accionante el 1 de noviembre de 2015, el cual le ocasionó la amputación de los dedos anular, medio e índice de su mano izquierda. Lo anterior, en atención a que al momento del hecho generador de la acción de tutela de la referencia el peticionario no se encontraba afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales.
2.2.2 Es importante señalar que de acuerdo con el Acta de Conciliación No. 030 de 17 de noviembre de 2015, suscrita ante el Inspector de Trabajo de San Gil, Santander, por los señores Isnardo Gil Bayona, Alirio Pérez Riveros y Luis Fernando Zambrano Pinto, se pudo establecer que la señora Ana Delia Mariño de Zambrano es la propietaria de la finca Betania, lugar donde ocurrió el accidente de trabajo, que dentro del referido predio se encuentran unas instalaciones que conforman un trapiche, sobre el cual funge como dueño el señor Luis Fernando Zambrano Pinto, quien, manifestó que celebró un contrato de arrendamiento de las referidas instalaciones con el señor Alirio Pérez Riveros para el procesamiento y fabricación de panela.
2.2.3 Que el señor Alirio Pérez Riveros en calidad de arrendatario de las instalaciones del trapiche celebró un contrato verbal con el señor Isnardo Gil Bayona como ayudante para prensar caña el 1 de noviembre de 2015. Encontrándose en ejercicio de sus funciones sobrevino el accidente laboral.
2.2.4 Aunado a lo anterior, al contestar la acción de tutela, los accionados Ana Delia Mariño de Zambrano y Luis Fernando Zambrano Pinto, señalaron que no tienen ninguna relación laboral o contractual con el accionante. Que, de acuerdo con el inciso tercero del Acta de Conciliación No. 030 de fecha 17 de noviembre de 2015, celebrada en atención a la reclamación del pago de incapacidad por accidente laboral ante el Inspector de Trabajo de San gil, Santander, el señor Isnardo Gil Bayona al momento del suceso se encontraba al servicio de Alirio Pérez Riveros.
2.2.5 En atención a todo lo anterior, considera la Sala que en principio quien estaría en la obligación de asumir los servicios de los riesgos propios, esto es, la atención médica del señor Isnardo Gil Bayona, el pago de las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud y el pago de las incapacidades e indemnizaciones a que haya lugar, así como la remisión del accionante y la solicitud a la Junta Regional de Calificación de aquél, a efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos es el ciudadano Alirio Pérez Riveros en calidad de empleador, al existir un contrato verbal entre ambos.
2.2.6 Sin embargo, para realizar una correcta identificación de quien o quienes estarían legitimados por pasiva para asumir el pago de los gastos médicos e incapacidades generadas por el accidente de trabajo que sufrió el accionante el 1 de noviembre de 2015, es necesario hacer un estudio de la labor para la cual fue contratado el señor Isnardo Gil Bayona y la actividad productiva que normalmente se le daba a los trapiches donde ocurrió el accidente de trabajo, ya sea en beneficio del Alirio Pérez Riveros en calidad de arrendatario de las referidas instalaciones o de Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano como arrendador y dueños de las mismas.
Al realizar un estudio detallado del contrato de arriendo de las instalaciones de los trapiches San Isidro y Betania del municipio de Mogotes, Santander, para la producción y fabricación de panela[4], suscrito entre Alirio Pérez Riveros y Luis Fernando Zambrano Pinto, encuentra esta Sala de Revisión ciertas particularidades que podrían configuran una responsabilidad solidaria por parte de todos los accionados frente a los hechos que suscitaron la presente acción de tutela. Lo anterior, a la luz del Artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo[5].
2.2.7 Para determinar si existe responsabilidad solidaria entre los accionados en el presente caso, es imperante analizar la legitimación por pasiva a la luz del Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y de las reglas jurisprudenciales de esta Corporación en Sentencia T-225 de 2012 y reiteradas en la Sentencia T-889 de 2014.
En la Sentencia T-225 de 2012 la Sala Octava de Revisión reiteró “que a partir de establecer similitud entre las actividades sociales de la empresa contratista y contratante, se configura la relación de causalidad entre el contrato de obra y el laboral, a fin de establecer si la labor realizada por el trabajador pertenece al objeto social ordinario de la empresa contratante”. Así mismo, en esa oportunidad este Corporación advirtió que no se puede exigir que exista exactitud entre ambas actividades, pues “dicha exigencia desdibujaría la figura de la solidaridad (…)”, y agregó en relación con lo anterior “debe hablarse más bien, de una afinidad entre los objetos sociales y sobre todo de la posibilidad de que el trabajador puede desempeñar su labor profesional o expertis técnico en la empresa condenada a ser solidaria”.[6]
(iii) la labor ejecutada por el trabajador en beneficio de la empresa contratante guarda relación directa con una o varias de las actividades que aquella realiza, de acuerdo con el giro propio de sus negocios (relación de causalidad);[7]
2.2.8 Del análisis del contrato de arriendo de las instalaciones de los trapiches San Isidro y Betania del municipio de Mogotes, Santander, para la producción y fabricación de panela, suscrito entre Alirio Pérez Riveros y Luis Fernando Zambrano Pinto, encuentra esta sala de Revisión que, en la cláusula número cuatro del referido contrato de arrendamiento se estipula que “el señor ALIRIO PEREZ RIVEROS por su propia cuenta conseguirá el recurso humano (obreros) y se obliga al pago de salarios, demás, prestaciones que se deban ante la ley, eximiendo de toda responsabilidad al señor ZAMBRANO PINTO por tratarse que es este quien va a suplirse de los beneficios económicos que se puedan sacar de dichas instalaciones en la producción y fabricación de panela”, a renglón seguido, en el mismo numeral se lee textualmente “cuando los servicios a prestar para dicha fabricación sean para el señor LUIS FERNANDO ZAMBRANO PINTO, o cualquiera de sus familiares estos se harán con un precio especial como compensación por el bajo costo del arrendamiento de las instalaciones. Cuyo valor se fija en la suma de $20.000, (veinte mil pesos) por la fabricación o producción carga de panela cuando el señor LUIS FERNANDO ZAMBRANO PINTO suministre la alimentación y $25.000, (veinte y cinco mil pesos) por cada carga de panela cuando el señor ALIRIO PEREZ RIVEROS suministre la alimentación a los obreros que este contrate”. (Negrilla agregada).
2.2.9 Por lo anterior, la Sala asumirá, en aplicación del Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que el señor Alirio Pérez Riveros no solo tenía la calidad de arrendatario sino que también hacía las veces de contratista independiente para la producción y fabricación de panela en beneficio de Luis Fernando Zambrano Pinto, Ana Delia Mariño de Zambrano y otros familiares, por lo que, en el presente caso, estos últimos son responsables solidarios junto con Alirio Pérez Riveros para el pago de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el señor Isnardo Gil Bayona por los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2015.
4. La procedencia de la acción de tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia
4.1 El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo sumario y preferente, que busca proteger los derechos fundamentales de las personas "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Aunado a lo anterior, el parágrafo 5 de la disposición citada, establece la procedencia de esta acción contra particulares cuando: i) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, ii) cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo; o i) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
4.2 En atención a la situación fáctica del caso que se examina, la Sala Octava de Revisión se referirá a la procedibilidad de la acción de tutela cuando el accionante se encuentra en estado de subordinación respecto del particular contra quien se dirige la demanda.
4.2.1 La Corte Constitucional, en Sentencia T-277 de 1999, indicó:
4.2.2 Sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares esta Corporación en Sentencia T- 495 de 2010, estableció:
El estado de subordinación ha sido definido por la Corte Constitucional como un elemento común en las relaciones entre empleador y trabajador, en donde el acatamiento y sometimiento de órdenes es el resultado de las competencias de quienes, en razón de sus calidades, pueden impartirlas[9]. En este sentido, la Corporación sostiene que en las relaciones laborales la subordinación se refleja en la potestad de mando y dirección del patrono para disponer del empleado en lo que respecta a su fuerza de trabajo, el cumplimiento de horarios y la prestación personal del servicio, en cumplimiento del objeto del contrato laboral[10].
4.2.3 En torno a los conceptos de indefensión y subordinación, que habilitan el recurso a la tutela contra particulares, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:
“La subordinación ha sido entendida por esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de dependencia, la cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo. Por su parte, según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”[11].
En conclusión, el examen de procedibilidad de la acción de tutela contra particulares implica la verificación de una situación de desventaja que se presente entre el accionante y el particular accionado, en donde exista el elemento de subordinación o una situación de hecho que coloca al demandante en un estado de indefensión. En casos como el que se analiza, la subordinación entre el tutelante y el empleador demandado se configura incluso cuando, con ocasión de la terminación del contrato de trabajo o vínculo laboral, la relación no exista al momento de interponer la acción de amparo constitucional[12].
5.1 La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política[13] se erige como uno de los principios rectores del derecho al trabajo, al estar íntimamente ligado al principio de prevalencia del derecho sustancial.
5.2 La Corte Constitucional reconoce que, al margen de la forma en que los individuos que pactan la prestación de un servicio personal convengan designar el contrato, la naturaleza del vínculo siempre estará determinada por la estructura factual de la relación entre los sujetos contractuales. Al respecto, en Sentencia C-555 de 1994 esta Corporación, indicó:
5.3 En Sentencia T-166 de 1997 esta Corporación indicó que “más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinan”. En este sentido, el principio de la prevalencia del derecho sustancial, en el contexto de las relaciones laborales, justifica la protección que el ordenamiento otorga al trabajador, quien se entiende subordinado al empleador, dada la posición de superioridad que ostenta frente a él.
Lo anterior, por cuanto “bien podría aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el vínculo laboral a regímenes distintos[14]”.
5.4 La hermenéutica del referido principio constitucional ha dado paso al concepto de contrato realidad, como se señala en el siguiente extracto:
“La realidad sobre las formalidades evidenciadas en las relaciones de trabajo, hace referencia a un principio constitucional imperante en materia laboral y expresamente reconocido por el artículo 53 de la Carta Política, entendido de la siguiente forma: no importa la denominación que se le dé a la relación laboral, pues, siempre que se evidencien los elementos integrantes de la misma, ella dará lugar a que se configure un verdadero contrato realidad[15].”
Como consecuencia de ello, se ha puesto de relieve que el aspecto primordial a tener en cuenta es la relación efectiva que existe entre el trabajador y el empleador, independientemente de lo que resulte del contrato o de lo que se derive de este, en tanto lo allí consignado o formalmente convenido puede ser contrario a la realidad[16].
5.5 En Sentencia T-404 de 2005, la Sala Quinta de Revisión sostuvo que, en virtud del principio de primacía de la realidad en asuntos laborales, la existencia de una relación de trabajo depende de la situación real en que se halle el trabajador respecto del empleador, de la realidad de los hechos a que aquél se encuentre vinculado y de las situaciones objetivas que surjan indistintamente de la nomenclatura utilizada para definir la relación, sin tener en cuenta los pactos realizados por las partes, ni de la apariencia contractual, ni las relaciones jurídicas subjetivas. Por lo anterior, por cuanto el alcance del principio referido rescata la existencia del contrato de trabajo aún sobre la voluntad evidenciada por las partes, siendo esta una interpretación compatible con el carácter irrenunciable de los derechos laborales y con la índole protectora del derecho del trabajo.
Así pues, el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades implica que la garantía que otorga la Constitución a los derechos de los trabajadores, trascienda las estipulaciones vertidas en las diversas especies de contratos que puedan suscribirse, por lo que, “son las condiciones objetivas en las que se presta el servicio las que se imponen, por mandato superior, a los calificativos que los sujetos a bien tengan asignarle al momento de celebrar el pacto, pues las obligaciones y derechos en cabeza de las partes de la relación laboral no se restringen a la estricta literalidad de lo acordado, sino que surgen de la auténtica forma en que se desenvuelve la interacción entre el empleador y el trabajador[17].
6. Obligación del empleador de afiliar al trabajador al régimen de seguridad social en riesgos profesionales o de asumir la cobertura de los riesgos generados por accidente de trabajo. Reiteración de jurisprudencia
6.1 El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. La norma garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
6.2 La Ley 100 de 1993, en sus artículos 22 y 161, estipula como deberes de los empleadores, entre otros, el de afiliar a alguna entidad promotora de salud a todas las personas que tengan vinculación laboral, verbal o escrita, temporal o permanente, así como pagar oportunamente los aportes que corresponden, so pena de incurrir en las sanciones allí previstas, y sin perjuicio de que, al no cumplir, asuma el patrono la totalidad de los costos generados por atención médica, accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad profesional. La anterior obligación, surge en todos los casos en que no se efectué la inscripción del trabajador o ante el incumplimiento por el no pago oportuno de las cotizaciones a la entidad de seguridad social respectiva.
6.3 En relación con el régimen de riesgos profesionales, el artículo 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, señala las prestaciones asistenciales que se deben garantizar a todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a saber:
6.4 El Artículo 16 del Decreto 1295 de 1994 estipula que “durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Profesionales”, se entiende entonces que, la vinculación de los trabajadores al Sistema de Riesgos Profesionales es de carácter obligatorio y está a cargo de los empleadores.
Así mismo, el artículo 8 de la referida norma, establece como riesgos profesionales las siguientes contingencias:
6.5 En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha hecho énfasis en la obligación a cargo de los patronos de afiliar a sus trabajadores a alguna entidad de seguridad social y de pagar oportunamente las cotizaciones respectivas, pues, de no hacerlo, correrá por cuenta del patrono el cubrimiento de la totalidad de los gastos que demande la atención de salud del trabajador y de su familia[18].
6.6 La Corte Constitucional en Sentencia, T-471 de 1992, indicó que el sistema integral de seguridad social, se encuentra dirigido a:
6.7 Ante el incumplimiento de los deberes y obligaciones en cabeza del patrono como consecuencia de una relación laboral, el ordenamiento jurídico colombiano establece las sanciones que podrán ser impuestas a los empleadores que no afilien a los trabajadores al Régimen de Riesgos Profesionales. Al respecto, el Artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 prescribe lo siguiente:
6.8 Respecto de la obligatoriedad de la afiliación de un trabajador al sistema de riesgos profesionales por parte del empleador y el deber de asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas que se generen como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando se incumpla tal requisito legal, esta Corporación se ha pronunciado en distintas oportunidades con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores.[19]
6.8.1 En la sentencia T-347 de 2000[20] la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional reafirmó el deber del empleador de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, al sostener que de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia surge la obligación en cabeza del patrono de inscribir al trabajador a la seguridad social; así como, de realizar de forma oportuna y completa el traslado de la cotización a la entidad respectiva. Por lo anterior, no puede imponérsele al empleado “el requisito de solicitar algo a lo que tiene derecho en virtud de disposiciones de orden público, y menos todavía la carga de adelantar los respectivos trámites”[21].
6.8.2 La Sala Primera de Revisión en Sentencia T-1058 de 2001, se refirió en los mismos términos anotados en precedencia al afirmar que “cuando el empleador sea negligente frente a su obligación de inscribir a sus empleados en una Entidad Promotora de Salud, debe asumir toda la responsabilidad en cuanto a la salud de los mismos. Esto es así, puesto que el trabajador no tiene por qué verse afectado por la culpa de su patrono al incumplir sus deberes”, y concluyó que los servicios de seguridad social requeridos por un trabajador no pueden ser obstaculizados por culpa no imputable a ellos.
6.8.3 Bajo esta misma línea, en la Sentencia T-1075 de 2005 esta Corporación desarrolló la teoría de la responsabilidad objetiva como fuente de obligaciones durante la ejecución de la actividad laboral en aplicación al deber legal de afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales al empleador y no al trabajador. Al respecto, manifestó lo siguiente:
6.8.4 En la Sentencia T-351 de 2006, la Corte se pronunció sobre la protección constitucional de los derechos fundamentales que pueden resultar afectados con la ocurrencia de alguna de las contingencias propias de los riesgos profesionales, accidente de trabajo o enfermedad laboral, al resolver una acción de tutela de un empleado que, como consecuencia de un accidente de trabajo, sufrió una “ruptura del disco esmeral, la pérdida de la mano izquierda y la fractura del radio superior izquierdo con lesión en los tendones”.
6.9 Para la Corte, la protección de los derechos fundamentales que se ven amenazados o vulnerados con las contingencias propias de los riesgos profesionales, atiende a la dinámica de integrar en la interpretación de las normas sobre riesgos profesionales, a la jurisprudencia sobre derechos fundamentales como la salud y a la seguridad social[22]. Sobre el particular, se pronunció de la siguiente manera:
“a. La protección constitucional en materia de riesgos profesionales se garantiza asegurando el derecho irrenunciable a la seguridad social[23], para el efecto, ha de entenderse que en todos los episodios sobre riesgos profesionales el común denominador es la salud[24].
b. El trabajador tiene derecho a las prestaciones asistenciales y de servicio propias de los riesgos profesionales,“(…) porque se basa en el artículo 48 sobre seguridad social, en el artículo 53 sobre el trabajo y en los principios que infunden esos dos derechos, dentro de los cuales son de resaltar: la irrenunciabilidad (que para los riesgos profesionales implica la esencia de ellos, a saber: la responsabilidad objetiva), y la eficiencia (que implica la continuidad[16] en la prestación del servicio)[25].
c. El trabajador tiene además derecho a ser evaluado por la Junta de Calificación con el fin de que la pérdida de la capacidad laboral y el grado de invalidez sean establecidos en el evento de que sufra un accidente de trabajo o padezca una enfermedad profesional, lo anterior por cuanto el dictamen de las juntas es la pieza fundamental para proceder a la expedición del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la prestación que se solicita[26]. Además, el peritazgo médico permitirá que de ser procedente el reconocimiento, se asegure la subsistencia mínima vital del trabajador[27]”.
6.10 Posteriormente, la Sala Novena de Revisión en la Sentencia T-1235 de 2008 reiteró el carácter obligatorio de la afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales por parte del empleador al conocer una acción de tutela de un trabajador que se desempeñaba como constructor de obra y sufrió una caída desde un octavo piso que le ocasionó múltiples fracturas en su cuerpo. En ese caso, la sala de revisión verificó que el patrono había incumplido su deber legal de afiliar al accionante al sistema de riesgos profesionales y por lo tanto, el actor no pudo acceder a las prestaciones asistenciales y económicas que deben ser reconocidas cuando se presentan esta clase de contingencias como resultado de la actividad laboral.
En esa oportunidad, la Sala concluyó que el empleador accionado debía asumir la cobertura de las prestaciones que se derivaron de los riesgos profesionales, esto es, “la atención médica del trabajador, obligación que incluye tanto las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud, el pago de las incapacidades e indemnizaciones a que haya lugar, así como la remisión del trabajador y la solicitud de evaluación a la Junta Regional de Calificación de aquél, a efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos”[28].
6.11 La Corte Constitucional en la Sentencia T-582 de 2013 concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud y a la igualdad, de un hombre que fue contratado para reparar el techo de la edificación de una iglesia y sufrió una caída desde la cubierta que le ocasionó múltiples fracturas en sus extremidades superiores, alteró su sistema auditivo y causó una grave enfermedad en su estómago. Inicialmente, la atención médica había sido cubierta por la iglesia accionada, ello en razón a que omitió el deber de afiliarlo al régimen de riesgos profesionales. Sin embargo, la demandada decidió suspender el pago de los servicios de salud lo que produjo la interrupción del tratamiento médico.
Así mismo, concluyó que “la omisión del contratante de afiliar a un trabajador al Sistema de Seguridad Social en Riegos Laborales, o no exigirle que este se encuentre afiliado, somete su responsabilidad y debe entonces asumir directamente los servicios propios de los riesgos propios, esto es, la atención médica del trabajador, obligación que incluye tanto las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud, el pago de las incapacidades e indemnizaciones a que haya lugar, así como la remisión del empleado y la solicitud de evaluación a la Junta Regional de Calificación de aquél, a efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos”[29].
6.12 En un caso más reciente, en la Sentencia T-518 de 2015 la Sala Novena de Revisión concedió la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital de un trabajador que se vinculó laboralmente por medio de un contrato de trabajo pactado en forma verbal para desempeñar el cargo de oficios varios.
“Todo trabajador tiene derecho a que su empleador lo afilie al sistema de riesgos profesionales a fin de brindarle la protección necesaria frente a los efectos que se pueden generar de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Sin embargo, en el evento en que el empleador inobserve esta obligación y el trabajador sufra un accidente de trabajo o presente una enfermedad laboral, el empleador deberá asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas frente a la contingencia laboral respectiva. En todo caso, deberá garantizar la reubicación laboral del trabajador, atendiendo a las condiciones de su estado de salud y siempre que aquél no haya perdido su capacidad laboral en forma definitiva. Asimismo, por la omisión de la afiliación al sistema general de riesgos profesionales, el Ministerio de Trabajo podrá imponer sanciones administrativas consistentes en sanciones económicas. De la misma manera, deberá verificar el cumplimiento de las normas en salud ocupacional por parte del empleador para mitigar el riesgo de accidente de trabajo o enfermedad profesional”[30].
6.13 En conclusión, de forma reiterada[31], esta Corporación, se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de la afiliación de un trabajador al Sistema de Riesgos Profesionales por parte del empleador, en cumplimiento del Artículo 6 del Decreto 1295 de 1994. En caso contrario, deberá asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas que se generen como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional de la misma forma como si lo hiciera una ARL. Lo anterior, por cuanto cuando se produce un accidente de trabajo o se presenta una enfermedad profesional y el trabajador no puede recibir atención médica, ni tampoco puede acceder a las prestaciones económicas respectivas, por causa de que el empleador no efectuó la afiliación al sistema de riesgos profesionales, se vulneran sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital.
7.1 El actor, quien sufrió un accidente de trabajo, formuló acción de tutela contra los señores Alirio Pérez Riveros, Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano por la negativa de asumir la cobertura de gastos médicos generados como consecuencia de los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2015. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital.
7.2 Los jueces de instancias expresaron que la acción de tutela era improcedente por falta de subsidiariedad, comoquiera que no es el medio judicial de defensa idóneo, en la medida en que el presente asunto plantea una controversia de origen laboral, que debe ser resuelta ante la jurisdicción ordinaria. Aunado a lo anterior, el ad quem advirtió que no existe evidencia de las obligaciones reclamadas, por cuanto no es claro el tipo de contrato celebrado, las partes del mismo, la remuneración pactada y el término de la relación laboral, situación que debe someterse a un debate probatorio ante el juez natural.
7.3 Previo a resolver de fondo la problemática planteada, la Corte debe determinar si el presente caso cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.
7.3.1 En cuanto al primero, para la Sala se cumple, teniendo en cuenta que la acción de tutela se formuló el 16 de diciembre de 2015 y el accidente de trabajo ocurrió el 1 de noviembre de la misma anuliadad, es decir, que trascurrieron cuarenta y cinco días entre los hechos que provocaron la afectación de los derechos fundamentales del accionante y la fecha en la que se formuló la acción de tutela.
7.3.2 En cuanto al requisito de subsidiaridad, los jueces de instancias consideraron que al no existir claridad sobre el tipo de contrato celebrado, las partes del mismo, la remuneración pactada y el término de la relación laboral, el señor Isnardo Gil Bayona debe acudir a otro mecanismo de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral, para reclamar el pago de las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud, el pago de las incapacidades e indemnizaciones a que haya lugar, así como la remisión y solicitud de evaluación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En razón a ello, declararon improcedente la acción de tutela para el amparo de los derechos fundamentales, solicitado por el actor.
En contraste, la Sala considera que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades desarrollado en la jurisprudencia de esta Corporación[32], en el presente asunto no existe duda sobre la relación que existió en entre la parte accionada y el accionante, pues de la contestación de la acción de tutela, así como en la conciliación realizada el 17 de noviembre de 2015, las partes coincidieron en señalar que el señor Isnardo Gil Bayona “había sido contactado para laborar en la molienda que iniciaba el día 1 de noviembre de 2015 y con entrada a iniciar labores a las 3 p.m. del mismo día y año que ocurrió el accidente, y por días; por el término de la molienda que tiene una duración de 6 días…”[33], de lo que se infiere que independientemente de la calificación o denominación que se le haya dado a la relación laboral entre Isnardo Gil Bayona y Alirio Pérez Riveros, en el presente asunto existió un contrato verbal entre las partes para la fabricación y producción de panela en el lugar en donde acaeció el accidente de trabajo.
7.4 En relación con la procedibilidad de la acción de tutela en contra de un particular, la Sala concluye que el vínculo laboral entre el señor Isnardo Gil Bayona y Alirio Pérez Riveros se reguló por un contrato de trabajo verbal y por ende, advierte la existencia del elemento de subordinación que habilita la acción de tutela en contra de un particular de conformidad con las consideraciones desarrolladas en esta providencia (supra numeral 4). Así mismo, la acción de amparo resulta procedente frente a los señores Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano, en aplicación al principio de responsabilidad solidaria en virtud del Artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo.
7.5 Independientemente del tipo de contrato que se tenga, como, en el presente caso un contrato verbal para ejecutar una labor, es obligación del contratante afiliar al trabajador a una Administradora de Riesgos Laborales, o exigirle estar vinculado por el tiempo que dure la relación laboral.
Para la Sala, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se concluye que en el presente caso existió un contrato laboral pactado de forma verbal entre Isnardo Gil Bayona y Alirio Pérez Riveros, razón por la cual, la omisión de afiliación al Sistema de Seguridad Social y riesgos laborales del accionante y la negativa de la parte accionada de cubrir los gastos de asistencia médica y posterior remisión a la Junta Regional de Calificación al actor por el accidente laboral ocurrido el primero (1) de noviembre de de dos mil quince (2015), compromete su responsabilidad y debe entonces asumir directamente los servicios propios de los riesgos laborales, esto es, la atención médica del trabajador, obligación que incluye tanto las prestaciones asistenciales, la continuidad del servicio de salud, el pago de las incapacidades e indemnizaciones a que haya lugar, así como la remisión del empleado y la solicitud de evaluación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander de aquél, a efectos de que su capacidad laboral y grado de invalidez sean establecidos.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo del veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferido por Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, Santander, que confirmó la decisión del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mogotes, Santander, que declaró improcedente el amparo solicitado por Isnardo Gil Bayona contra de Alirio Pérez Riveros, Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital.
SEGUNDO.- ORDENAR a los señores Alirio Pérez Riveros, Luis Fernando Zambrano Pinto y Ana Delia Mariño de Zambrano que de manera solidaria (i) garanticen la cobertura de los servicios médicos que requiere el accionante para el manejo de la patología que presenta como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el primero (1) de noviembre de dos mil quince (2015), (ii) paguen las incapacidades a que tenga derecho el peticionario desde el momento en que ocurrió el siniestro laboral hasta que se establezca el grado de incapacidad o invalidez; y (iii) realicen las actuaciones necesarias ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, o a la que corresponda, para que se evalué la pérdida de la capacidad laboral del señor Isnardo Gil Bayona, a efectos de que pueda solicitar su eventual derecho a la pensión de invalidez.
[1] Folio 55 del cuaderno principal.
[2] Folio 59 del cuaderno principal.
[3] Folio 56 del cuaderno principal.
[4] Folio 80 del cuaderno principal.
[5] ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. Modificado por el art. 3, Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:
1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.
[6] En el caso concreto no se declaró la existencia de responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la contratante, por el despido irregular de un trabajador que padecía una delicada condición de salud, porque para la Sala no existían elementos de juicio suficientes para esclarecer (i) la relación de causalidad entre el contrato de trabajo con el contratista independiente y el de obra con el beneficiario del trabajo, a fin de determinar si la actividad contratada pertenecía a las actividades normales o corriente de quien encargó su ejecución y, (ii) la falta de pago de lo reclamado. En consecuencia, consideró, sobre este aspecto, que el trabajador debía acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar que se declarara la responsabilidad solidaria de la empresa contratista y su empleador. En ese sentido, en la parte resolutiva ordenó a la empleadora reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo, le pagara los salarios y prestaciones sociales pendientes, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
[7] Cabe señalar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que también hay responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la empresa contratante, por obligaciones laborales, cuando se ejecuta en favor de aquella, una obra nueva o de mantenimiento, que van a ser parte de su cadena productiva, dado que se trata de un instrumento para la manipulación de las materias que se transforman o de los productos acabados, a través de la que justamente se desempeña el giro propio de sus negocios (ver en este sentido la sentencia No. 27623 del 10 de marzo de 2009, MP. Eduardo López Villegas).
[8] Sentencia T-769 de 2005.
[9] Sentencia T-886 de 2011.
[10] Sentencia T-667 de 2010.
[11] Sentencia T-015 de 2015, reiterada en la Sentencia T-029 de 2016.
[12] Sentencia T-276 de 2014.
[13] “ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
[14] Sentencia T-166 de 1997.
[15] Sentencia T-616 de 2012.
[16] Sentencia T-029 de 2016.
[17] Sentencia T-029 de 2016.
[18] Sentencias T-471 de 1992, T-295 de 1997
[19] Sentencias T-295 de 1997, T-794 de 1999, T-799 de 1999, T-556 de 2003, T-1075 de 2005, T-351 de 2006, T-520 de 2008, T-582 de 2013, T-518 de 2015, entre otras.
[20] Caso en que el juez de instancia negó la protección constitucional de una trabajadora de la Asamblea Departamental de Nariño que pedía que se ordenara a su empleador efectuar la afiliación al régimen de seguridad social, al considerar que la accionante era responsable de esta omisión, al no haber desplegado las conductas necesarias para que su empleador la vinculara al sistema de seguridad social.
[21] Sentencia T-247 de 2000.
[22] Sentencia T-351 de 2006.
[23] Sentencias T-351 de 2006 y T-518 de 2015.
[28] Sentencia T-1235 de 2008.
[29] Sentencia T-582 de 2013.
[30] Sentencia T-518 de 2015.
[31] Sentencias T-295 de 1997, T-794 de 1999, T-799 de 1999, T-556 de 2003, T-1075 de 2005, T-351 de 2006, T-520 de 2008, T-582 de 2013.
[32] Sentencias C-555 de 1994, T-166 de 1997 y T-404 de 2005, entre otras.
[33] Folio 56 del cuaderno principal.

References: Artículo 34
 Artículo 34
 Artículo 34
 artículo 86
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 5
 Artículo 16
 artículo 8
 Artículo 91
 artículo 48
 artículo 53
 Artículo 6
 Artículo 34
 artículo 26