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Timestamp: 2018-03-18 08:42:53+00:00

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1 21ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas Tema 8 del programa: Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, Declaración conjunta de las ONG Amnistía Internacional (AI), Center for Legal and Social Studies (CELS), Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas, Friends World Committee for Consultation (Quakers) y Penal Reform International (PRI) Con respecto al tema 8 del programa, las reglas y normativas actuales de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, incluidos su uso y aplicación, Penal Reform International (PRI) desean hacer hincapié en la importancia que estas organizaciones otorgan al proceso de revisión de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas (de aquí en adelante: Reglas Mínimas). En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 65/230, destinada a revisar las Reglas Mínimas e intercambiar información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derecho internacional en vigor. La propia resolución especifica que el objetivo de la revisión de las Reglas Mínimas es hacer que reflejen los avances recientes de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas, explicitando así una misión progresiva. Dichos avances de la ciencia penitenciaria incluirían mecanismos independientes de inspección, la seguridad de los reclusos y la prevención de la violencia, así como los programas de reinserción. Los tratados y normas pertinentes adoptados desde 1955 deberían incluirse como referencia en un preámbulo que establezca los principios básicos por los que debe regirse el tratamiento que reciben los reclusos. Los redactores de las Reglas Mínimas vigentes demostraron poseer una visión de futuro y una capacidad de anticipación extraordinarias, que les permitieron elaborar, en las difíciles circunstancias políticas y económicas de 1955, un conjunto de reglas para el tratamiento de los reclusos que eran ambiciosas en su día y siguen siendo valiosas en la actualidad. No es de extrañar, sin embargo, que, teniendo en cuenta la evolución experimentada en el campo de los derechos humanos internacionales en estos últimos 55 años, las Reglas Mínimas no satisfagan ya las exigencias actuales en diversas áreas. Las Reglas Mínimas son un documento esencial, que se cita con más frecuencia que ningún otro como fuente de inspiración y base para la elaboración de legislación y normativas penitenciarias a escala nacional; sin embargo, algunas de las reglas que contiene han quedado desfasadas y, o bien no reflejan los avances logrados desde su redacción o no están al día con la evolución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
2 2 Resultaría por lo tanto inconcebible que un proceso de revisión de las Reglas Mínimas no incluyese la introducción de enmiendas y adiciones. Si bien lo ideal sería proceder a una revisión exhaustiva para que las Reglas Mínimas reflejen plenamente los estándares internacionales actuales en materia de derechos humanos, es preciso como mínimo introducir una serie de cambios y enmiendas específicos para subsanar ciertas lagunas inaceptables y cumplir con la tarea encomendada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 65/230. Acogemos con beneplácito el borrador de resolución que Brasil, Italia y Tailandia han presentado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, basado en las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta que se reunió en Viena en enero y febrero de 2012, ya que ofrece una vía para satisfacer estos requisitos esenciales, y exhortamos a los miembros de la Comisión a que adopten una resolución que incluya los siguientes elementos: El respaldo de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas a las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta. La conclusión del grupo intergubernamental de expertos de que es preciso revisar ciertas áreas de las Reglas Mínimas para reflejar los avances logrados desde su adopción debería plasmarse en la resolución. La resolución debería enumerar estas áreas, que deben incluir como mínimo las identificadas en las recomendaciones de la reunión de enero/febrero de 2012 del grupo intergubernamental de expertos: respeto a la dignidad y el valor inherentes de los reclusos en su calidad de seres humanos; servicios médicos y sanitarios; medidas disciplinarias y castigos, incluidos la reclusión en régimen de aislamiento y la restricción de la dieta, así como la función del personal médico; investigación de las muertes de detenidos y de cualquier indicio o alegación de tortura, trato o castigo inhumanos o degradantes para los reclusos; protección y atención a las necesidades específicas de grupos de reclusos vulnerables, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias de ciertos países; derecho a la representación legal; quejas e inspección independiente; sustitución de terminología desfasada; y formación del personal relevante para la implantación de las Reglas Mínimas. La Comisión debería ampliar el mandato del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para hacer posible un debate más detallado sobre la revisión de las Reglas Mínimas. Asimismo, dado que el hacinamiento ha sido definido como una dificultad clave para la apropiada reinserción de los reclusos y la implantación de las Reglas Mínimas, celebramos la inclusión de la recomendación de reducir el hacinamiento y la prisión preventiva en el apartado 10 del borrador de resolución. Penal Reform International (PRI) se congratulan especialmente del compromiso expresado en Viena por el gobierno argentino de servir como anfitrión para la próxima reunión del grupo intergubernamental de expertos. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan en general una función de apoyo del trabajo de la Comisión; en este sentido, han contribuido con sus ideas a las conversaciones sobre las Reglas Mínimas. Como resultado de su amplia experiencia y su contacto directo con la voz de los reclusos, las ONG poseen una valiosa perspectiva de la aplicación de las normativas y estándares de gestión penitenciaria. Junto con el resto de ONG, agradecemos a la Comisión y a los Estados Miembros esta oportunidad de participar, confiamos en la continuidad de nuestra fructífera relación y estamos deseosos de ofrecer una aportación constructiva al futuro proceso de revisión.
3 21ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas Tema 8 del programa: Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, Declaración conjunta de las ONG Amnistía Internacional (AI), Center for Legal and Social Studies (CELS), Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas, Friends World Committee for Consultation (Quakers) y Penal Reform International (PRI) Con respecto al tema 8 del programa, las reglas y normativas actuales de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, incluidos su uso y aplicación, Penal Reform International (PRI) desean hacer hincapié en la importancia que estas organizaciones otorgan al proceso de revisión de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas (de aquí en adelante: Reglas Mínimas). En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 65/230, destinada a revisar las Reglas Mínimas e intercambiar información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derecho internacional en vigor. La propia resolución especifica que el objetivo de la revisión de las Reglas Mínimas es hacer que reflejen los avances recientes de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas, explicitando así una misión progresiva. Dichos avances de la ciencia penitenciaria incluirían mecanismos independientes de inspección, la seguridad de los reclusos y la prevención de la violencia, así como los programas de reinserción. Los tratados y normas pertinentes adoptados desde 1955 deberían incluirse como referencia en un preámbulo que establezca los principios básicos por los que debe regirse el tratamiento que reciben los reclusos. Los redactores de las Reglas Mínimas vigentes demostraron poseer una visión de futuro y una capacidad de anticipación extraordinarias, que les permitieron elaborar, en las difíciles circunstancias políticas y económicas de 1955, un conjunto de reglas para el tratamiento de los reclusos que eran ambiciosas en su día y siguen siendo valiosas en la actualidad. No es de extrañar, sin embargo, que, teniendo en cuenta la evolución experimentada en el campo de los derechos humanos internacionales en estos últimos 55 años, las Reglas Mínimas no satisfagan ya las exigencias actuales en diversas áreas. Las Reglas Mínimas son un documento esencial, que se cita con más frecuencia que ningún otro como fuente de inspiración y base para la elaboración de legislación y normativas penitenciarias a escala nacional; sin embargo, algunas de las reglas que contiene han quedado desfasadas y, o bien no reflejan los avances logrados desde su redacción o no están al día con la evolución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
4 2 Resultaría por lo tanto inconcebible que un proceso de revisión de las Reglas Mínimas no incluyese la introducción de enmiendas y adiciones. Si bien lo ideal sería proceder a una revisión exhaustiva para que las Reglas Mínimas reflejen plenamente los estándares internacionales actuales en materia de derechos humanos, es preciso como mínimo introducir una serie de cambios y enmiendas específicos para subsanar ciertas lagunas inaceptables y cumplir con la tarea encomendada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 65/230. Acogemos con beneplácito el borrador de resolución que Brasil, Italia y Tailandia han presentado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, basado en las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta que se reunió en Viena en enero y febrero de 2012, ya que ofrece una vía para satisfacer estos requisitos esenciales, y exhortamos a los miembros de la Comisión a que adopten una resolución que incluya los siguientes elementos: El respaldo de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas a las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta. La conclusión del grupo intergubernamental de expertos de que es preciso revisar ciertas áreas de las Reglas Mínimas para reflejar los avances logrados desde su adopción debería plasmarse en la resolución. La resolución debería enumerar estas áreas, que deben incluir como mínimo las identificadas en las recomendaciones de la reunión de enero/febrero de 2012 del grupo intergubernamental de expertos: respeto a la dignidad y el valor inherentes de los reclusos en su calidad de seres humanos; servicios médicos y sanitarios; medidas disciplinarias y castigos, incluidos la reclusión en régimen de aislamiento y la restricción de la dieta, así como la función del personal médico; investigación de las muertes de detenidos y de cualquier indicio o alegación de tortura, trato o castigo inhumanos o degradantes para los reclusos; protección y atención a las necesidades específicas de grupos de reclusos vulnerables, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias de ciertos países; derecho a la representación legal; quejas e inspección independiente; sustitución de terminología desfasada; y formación del personal relevante para la implantación de las Reglas Mínimas. La Comisión debería ampliar el mandato del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para hacer posible un debate más detallado sobre la revisión de las Reglas Mínimas. Asimismo, dado que el hacinamiento ha sido definido como una dificultad clave para la apropiada reinserción de los reclusos y la implantación de las Reglas Mínimas, celebramos la inclusión de la recomendación de reducir el hacinamiento y la prisión preventiva en el apartado 10 del borrador de resolución. Penal Reform International (PRI) se congratulan especialmente del compromiso expresado en Viena por el gobierno argentino de servir como anfitrión para la próxima reunión del grupo intergubernamental de expertos. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan en general una función de apoyo del trabajo de la Comisión; en este sentido, han contribuido con sus ideas a las conversaciones sobre las Reglas Mínimas. Como resultado de su amplia experiencia y su contacto directo con la voz de los reclusos, las ONG poseen una valiosa perspectiva de la aplicación de las normativas y estándares de gestión penitenciaria. Junto con el resto de ONG, agradecemos a la Comisión y a los Estados Miembros esta oportunidad de participar, confiamos en la continuidad de nuestra fructífera relación y estamos deseosos de ofrecer una aportación constructiva al futuro proceso de revisión.
5 21ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas Tema 8 del programa: Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, Declaración conjunta de las ONG Amnistía Internacional (AI), Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas, Friends World Committee for Consultation (Quakers) y Penal Reform International (PRI) Con respecto al tema 8 del programa, las reglas y normativas actuales de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, incluidos su uso y aplicación, Penal Reform International (PRI) desean hacer hincapié en la importancia que estas organizaciones otorgan al proceso de revisión de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas (de aquí en adelante: Reglas Mínimas). En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 65/230, destinada a revisar las Reglas Mínimas e intercambiar información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derecho internacional en vigor. La propia resolución especifica que el objetivo de la revisión de las Reglas Mínimas es hacer que reflejen los avances recientes de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas, explicitando así una misión progresiva. Dichos avances de la ciencia penitenciaria incluirían mecanismos independientes de inspección, la seguridad de los reclusos y la prevención de la violencia, así como los programas de reinserción. Los tratados y normas pertinentes adoptados desde 1955 deberían incluirse como referencia en un preámbulo que establezca los principios básicos por los que debe regirse el tratamiento que reciben los reclusos. Los redactores de las Reglas Mínimas vigentes demostraron poseer una visión de futuro y una capacidad de anticipación extraordinarias, que les permitieron elaborar, en las difíciles circunstancias políticas y económicas de 1955, un conjunto de reglas para el tratamiento de los reclusos que eran ambiciosas en su día y siguen siendo valiosas en la actualidad. No es de extrañar, sin embargo, que, teniendo en cuenta la evolución experimentada en el campo de los derechos humanos internacionales en estos últimos 55 años, las Reglas Mínimas no satisfagan ya las exigencias actuales en diversas áreas. Las Reglas Mínimas son un documento esencial, que se cita con más frecuencia que ningún otro como fuente de inspiración y base para la elaboración de legislación y normativas penitenciarias a escala nacional; sin embargo, algunas de las reglas que contiene han quedado desfasadas y, o bien no reflejan los avances logrados desde su redacción o no están al día con la evolución de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
6 2 Resultaría por lo tanto inconcebible que un proceso de revisión de las Reglas Mínimas no incluyese la introducción de enmiendas y adiciones. Si bien lo ideal sería proceder a una revisión exhaustiva para que las Reglas Mínimas reflejen plenamente los estándares internacionales actuales en materia de derechos humanos, es preciso como mínimo introducir una serie de cambios y enmiendas específicos para subsanar ciertas lagunas inaceptables y cumplir con la tarea encomendada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 65/230. Acogemos con beneplácito el borrador de resolución que Brasil, Italia y Tailandia han presentado a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, basado en las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta que se reunió en Viena en enero y febrero de 2012, ya que ofrece una vía para satisfacer estos requisitos esenciales, y exhortamos a los miembros de la Comisión a que adopten una resolución que incluya los siguientes elementos: El respaldo de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas a las recomendaciones del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta. La conclusión del grupo intergubernamental de expertos de que es preciso revisar ciertas áreas de las Reglas Mínimas para reflejar los avances logrados desde su adopción debería plasmarse en la resolución. La resolución debería enumerar estas áreas, que deben incluir como mínimo las identificadas en las recomendaciones de la reunión de enero/febrero de 2012 del grupo intergubernamental de expertos: respeto a la dignidad y el valor inherentes de los reclusos en su calidad de seres humanos; servicios médicos y sanitarios; medidas disciplinarias y castigos, incluidos la reclusión en régimen de aislamiento y la restricción de la dieta, así como la función del personal médico; investigación de las muertes de detenidos y de cualquier indicio o alegación de tortura, trato o castigo inhumanos o degradantes para los reclusos; protección y atención a las necesidades específicas de grupos de reclusos vulnerables, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias de ciertos países; derecho a la representación legal; quejas e inspección independiente; sustitución de terminología desfasada; y formación del personal relevante para la implantación de las Reglas Mínimas. La Comisión debería ampliar el mandato del grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para hacer posible un debate más detallado sobre la revisión de las Reglas Mínimas. Asimismo, dado que el hacinamiento ha sido definido como una dificultad clave para la apropiada reinserción de los reclusos y la implantación de las Reglas Mínimas, celebramos la inclusión de la recomendación de reducir el hacinamiento y la prisión preventiva en el apartado 10 del borrador de resolución. Penal Reform International (PRI) se congratulan especialmente del compromiso expresado en Viena por el gobierno argentino de servir como anfitrión para la próxima reunión del grupo intergubernamental de expertos. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan en general una función de apoyo del trabajo de la Comisión; en este sentido, han contribuido con sus ideas a las conversaciones sobre las Reglas Mínimas. Como resultado de su amplia experiencia y su contacto directo con la voz de los reclusos, las ONG poseen una valiosa perspectiva de la aplicación de las normativas y estándares de gestión penitenciaria. Junto con el resto de ONG, agradecemos a la Comisión y a los Estados Miembros esta oportunidad de participar, confiamos en la continuidad de nuestra fructífera relación y estamos deseosos de ofrecer una aportación constructiva al futuro proceso de revisión.

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