Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/social/sentencia-num-75722015-tribunal-superior-de-justicia-cataluna-seccion-1-18-12-2015
Timestamp: 2018-10-23 08:02:46+00:00

Document:
23 de octubre de 2018 | 10:02
Marginal: PROV\2016\51989
Recurso de Suplicación núm. 7572/2015
ASISTENCIA SANITARIA: extinción del derecho a la asistencia sanitaria del abogado de alta en la Mutualidad de la Abogacía, que se incorporó a la cobertura pública en base al convenio suscrito entre la Mutualidad y el INSS, por superar los cien mil euros anuales de ingresos, umbral de renta a partir del cual se considera que la situación no es protegible a cargo del sistema público de salud.
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona, de fecha 19-03-2015, dictada en autos promovidos sobre asistencia sanitaria.
NIG : 08019 - 44 - 4 - 2013 - 8047415
"Que, desestimando la demanda interpuesta por Don Evaristo contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver y absuelvo a la entidad demandada de las pretensiones en su contra ejercitadas."
" PRIMERO.- El demandante, de profesión abogado en ejercicio, se encuentra de alta en la Mutualidad de la Abogacía, siendo socio de Alter Mutua dels Advocats, como opción alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, desde el 14 de enero de 1993, estando al corriente en el pago de la cuotas reglamentarias (certificación y carnet profesional, obrantes al expediente administrativo y a folios 141 y 142).
Consecuencia del fallecimiento de su esposa, el actor formuló la oportuna solicitud de la prestación de viudedad y de la prestación orfandad de cada uno de sus tres hijos menores de edad (documentación relativa a las pensiones de viudedad y orfandad, folios 161 a 164 y certificación notarial del Libro de Familia, folios 168 a 174). "
- Contra la sentencia de instancia, que desestimó la demanda interpuesta por el demandante, mediante la que impugnaba la resolución administrativa que acordó la extinción del derecho a la asistencia sanitaria del Sistema de Seguridad Social, se interpone el presente recurso de suplicación.
El recurso se formula con amparo procesal en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) y tiene por objeto el examen de normas de carácter sustantivo y de jurisprudencia, no cuestionándose el relato de hechos de la sentencia de instancia, ni tampoco el posible derecho del demandante a ser beneficiario de la asistencia sanitaria en su condición de pensionista del Sistema de Seguridad Social, cuestión que la sentencia recurrida no analiza, por no haberse planteado, y que tampoco se impugna en esta alzada, al indicar el recurrente que "el recurso se centra en si el actor debía mantener su condición de titular originario del derecho a la prestación sanitaria a cargo de fondos públicos, no en su condición de beneficiario".
Es cierto, como ha declarado la doctrina unificada ( STS de 9 de mayo de 2.008 (RJ 2008, 3485) , rec. nº 605/2007, de 12 de noviembre de 2.009 (RJ 2010, 1154) , rec. nº 3522/2008 y 22 de diciembre de 2.010 (RJ 2011, 1607) , rec. nº 1136/2009 , entre otras), que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) "es aplicable a la actividad administrativa de reconocimiento de las prestaciones por parte de los organismos gestores de la Seguridad Social. Así se desprende claramente de lo establecido en el artículo 2.2 de la citada ley , a tenor del cual la mencionada ley se aplica a "las Entidades Públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas". El precepto añade que "estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación". Ello sin perjuicio de las peculiaridades que en materia de procedimiento se han establecido, conforme al propio carácter común de la regulación legal (disposición adicional 5ª de la LRJAPC) y del especial régimen de impugnación de los actos administrativos de Seguridad Social (disposición adicional 6ª de la LRJAPC).
Los defectos formales alegados por la parte recurrente, tanto en lo que se refiere a que en el expediente administrativo no conste la resolución inicial, como los referentes al contenido de la resolución de la reclamación previa, son situaciones diferentes a las contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , sobre la nulidad de los actos administrativos, que es lo que la parte recurrente viene a plantear al aludir a que el procedimiento administrativo está viciado, para resaltar la antijuricidad de la resolución administrativa de la reclamación previa. Conforme a una reiterada doctrina, en este caso nos encontraríamos en el ámbito del artículo 63 de la Ley, referido a la anulabilidad de los actos administrativos, que se produce por cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las contempladas en el artículo 62, toda vez que la falta de motivación o la motivación defectuosa no constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, que dicho precepto reserva para los supuestos que enumera, entre los que no aparece incluido el de la falta de motivación. Por ello, la ausencia de la misma puede dar lugar a la existencia de un vicio de anulabilidad, o implicar simplemente una mera irregularidad no invalidante, lo que dependerá de si se ha producido o no indefensión al administrado, ya que el número 2 de este artículo dispone que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados". Y, en tal sentido, el requisito de motivación puede considerarse cumplido, si, "con independencia de su parquedad o concentración, cumple la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su 'ratio decidendi', excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos" ( STC 25/1990, de 19 de febrero (RTC 1990, 25) ; 122/1991, de 3 de junio (RTC 1991, 122) ; 209/1993, de 28 de junio (RTC 1993, 209) ; 5/1995, de 10 de enero (RTC 1995, 5) ; 184/1998, de 28 de septiembre (RTC 1998, 184) , y 80/2000, de 27 de marzo (RTC 2000, 80) ). Por otro lado, la doctrina de la Sala III del Tribunal Supremo, en relación con el requisito de motivación del acto, considera que el mismo debe entenderse cumplido cuando en el acto se aceptan informes, dictámenes o memorias al considerarse que los mismos forman parte de la resolución, siendo doctrina reiterada tanto de dicho Tribunal como del Tribunal Constitucional la que considera idónea para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo la remisión explícita o implícita a los informes y documentación obrante en el expediente ( STS de 25 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4486) ).
La doctrina unificada ha venido aplicando entre las situaciones de excepción de la regla general de prohibición de autotutela administrativa, tanto los supuestos de error aritmético - STS 10-5-1995 (RJ 1995, 3767) (Rec.- 3352/94 )-, como, fundamentalmente para los supuestos de revisión derivada del reconocimiento de complementos para cubrir los mínimos legales en favor de los beneficiarios de sus prestaciones de la Seguridad Social cuando éstos no han efectuado las declaraciones anuales de sus rentas a los que se hallan obligados legalmente o cuando las han hecho incluyendo inexactitudes detectadas con posterioridad. En estos casos, con apoyo en este concreto art. 145.2 LPL (RCL 1995, 1144 y 1563) (actual art. 146. 2 de la LRJS (RCL 2011, 1845) ) y en lo que a tal efecto disponen los sucesivos decretos anuales de revalorización de pensiones, la Sala ha admitido, en aplicación de tal excepción la revisión de oficio como reconocimiento de un derecho de autotutela por parte de la Administración de la Seguridad Social, incluyendo dentro de aquellas facultades de revisión no sólo la modificación del "quantum" de la pensión, sino también el derecho al reintegro de prestaciones. A tal efecto se pueden citar las siguientes SSTS 10-5-1995 (RJ 1995, 3765) (Rec.- 3073/94 ), 11-10-1995 (RJ 1995, 7744) (Rec.- 910/95 ), 6-7-1998 (RJ 1998, 6159) (Rec.- 4214/97 ), 21-12-1998 (RJ 1999, 444) (Rec.- 652/98 ), 19-1-1999 (RJ 1999, 1019) (Rec.- 545/98 ), 16-4-1999 (RJ 1999, 4426) (Rec.- 2935/98 ), 15-3-2000 (RJ 2000, 5136) (Rec.- 1267/99 ), 19-4-2000 (RJ 2000, 4249) (Rec.-1266/99 ) ó 15-6- 2000 (Rec.- 2085/99 ). También la Sala ha considerado que, entre los supuestos en que la entidad gestora puede actuar de oficio y revisar sus propias resoluciones, se encuentran no sólo los incluidos en el art. 146.2 de la LRJS (RCL 2011, 1845) (anterior art. 145.2 de la LPL (RCL 1995, 1144 y 1563) ), sino también, aquellos otros en los que la facultad revisora venga amparada por una norma legal y, además, aquellos supuestos, de diferente naturaleza, en los que la revisión proceda en virtud de un hecho nuevo.
Tras referirse a las normas que el recurrente considera como infringidas, alega que ni el INSS, ni la resolución recurrida, han tenido en cuenta que él es un trabajador por cuenta propia y que, en lugar de acorgese a la protección prestacional del RETA, se acogió al régimen de la mutualidad profesional equivalente a dicho Régimen. Por ello entiende que al haber optado en su momento por mantenerse en su mutualidad profesional no puede ser excluido de la asistencia sanitaria simplemente por el requisito establecido reglamentariamente de obtener más de 100.000 euros brutos anuales. Lo que viene a plantear la parte recurrente es que el art. 3.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo (RCL 2003, 1412) ha de interpretarse en el sentido de que el abogado por cuenta ajena (propia) incluido en la correspondiente mutualidad ha de considerarse equivalente al supuesto de "ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alto o asimilada al alta". Indica que se trata de un trabajador por cuenta propia que cumple perfectamente los requisitos del art. 1.1 del Estatuto del Trabajador Autónomo y desde el punto de vista de la Seguridad Social el legislador le ha permitido permanecer en su mutualidad profesional que jurídicamente es y que de considerarse equivalente al RETA. Y concluye con unas referencias al principio de igualdad, con referencia al encuadramiento de un abogado en el RETA, que ha de compararse con otro afiliado en la correspondiente mutualidad profesional, indicando que no existe ninguna razón que justifique un trato diferente.
La primera cuestión que debe ser analizada es la relativa a la protección de la asistencia sanitaria, que, pese al principio de universalidad del derecho, el disperso marco normativo en la materia restringe el ámbito de la acción protectora a las personas que cumplan los requisitos que dicha legislación establece, entre ellas, la Ley 16/2003, de 28 de mayo (RCL 2003, 1412) , de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con las modificaciones, entre otras, de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 33/11 (RCL 2011, 1805) , vigente desde el 6/10/11, que extendió el derecho a la asistencia sanitaria a todo los españoles residentes a los que no pudiera serle reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico, disponiendo expresamente esa extensión para las personas que hubieran agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1/01/12, y para el resto de colectivos afectados se efectuaría la ampliación de la cobertura sanitaria atendiendo a la evolución de las cuentas públicas en los términos previstos en el apartado 3, a tenor del cual en el plazo de 6 meses el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia. También con la modificación llevada a cabo por el Real Decreto Ley 16/12 (RCL 2012, 573 y 673) que afectó, entre otras materia, a "una clarificación armonizada de la condición de asegurado, a efectos de la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios"; así se dio nueva redacción al art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo (RCL 2003, 1412) , al indicar las personas que ostentan la condición de asegurados.
El Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto (RCL 2012, 1123) , por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, regula en su Artículo 2 la condición de asegurado, en términos análogos, estableciendo un criterio de universalización del régimen sanitario para incluir a aquellas personas "no comprendidas en el apartado anterior ni en el artículo 3 de este real decreto", si bien dicho criterio de universalidad no es absoluto; por un lado, han de encontrarse en alguno de los supuestos que dicho precepto enumera -españoles con residencia en territorio nacional, nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros y nacionales de otros países o apátridas en determinadas circunstancias-. Por otro se precisa que tales personas no tengan ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros, ni tampoco cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía", sin que tengan la consideración de cobertura obligatoria la prevista normativamente para la cobertura, a través de seguros obligatorios especiales, de riesgos para la salud derivados de actividades concretas desarrolladas por la persona asegurada, bien los concierte por si misma, bien a través de un tercero, ni el estar encuadrado en una mutualidad de previsión social alternativa al régimen correspondiente del sistema de seguridad social" (apartado 4).
Tampoco la remisión al artículo 23 de la Ley 20/2007, de 11 de julio (RCL 2007, 1354) , del estatuto del trabajador autónomo permiten llegar a la solución contraria. Es cierto que el apartado 1 de dicho precepto establece que quienes ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma tendrá derecho al mantenimiento de un régimen público de seguridad social que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, y en el apartado 2 se dispone que la protección se dispensara a través de un único régimen. Pero, como dispone la Disposición Adicional Quinta de la misma Ley este apartado 2, así como otros preceptos de la misma, no serán de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que, en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995 , de supervisión y ordenación de los seguros privados, haya optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutualidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actúe como alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos". Se trata, por tanto, de un régimen alternativo, a través del cual se obtiene la protección y el aseguramiento.
En relación a tal extremos, debe tenerese en cuenta que el propio Tribunal Constitucional, al examinar el alcance de los artículos 41 y 50 del texto constitucional ha establecido una consolidada doctrina, en el sentido de que aún cuando dichos preceptos "ordenen a los poderes públicos el mantenimiento de un sistema de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, no puede hacer olvidar que es al legislador a quien corresponde en exclusiva, dentro del respeto a la garantía constitucional consagrada en los citados preceptos, modular dicha protección, valorando el contexto general en que las situaciones de necesidad se producen y de atenerse a tales circunstancias económicas y sociales y a las disponibilidades del momento, que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia del sistema de Seguridad Social" ( ss T.C 65/1984 (RTC 1984, 65) , 134/1 987, 3 y 361/1993 (RTC 1993, 361) , entre otras)". La universalidad de la prestación para todo español residente en España, que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado, aparece limitada para aquellos que, sin estar incluidos en ninguno de los apartados del artículo 2.1 del citado Real Decreto , dispongan de un nivel de ingresos superiores a los cien mil euros, lo que supone fijar un nivel o umbral de renta a partir del cual se considera que la situación no es protegible a cargo del sistema público de salud; limite impuesto por el legislador para garantizar la propia viabilidad y para asegurar la eficacia del sistema.

References: resolución 
 artículo 193
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 artículo 63
 artículo 62
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 2
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 2
 Real Decreto