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Timestamp: 2016-10-21 08:56:18+00:00

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El agua como producto | Foreign Affairs Latinoamérica | |
El agua como producto
21 enero, 2016 • Artículos, Latinoamérica, Portada •
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Análisis a la reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales en México Gonzalo Hatch Kuri, Samuel Schmidt y José Joel Carrillo Rivera
Enero 2016 El presidente Enrique Peña Nieto ha apostado su capital político a una serie de reformas basadas en la privatización. Este modelo promueve a México como un país de puertas abiertas a las inversiones internacionales, mientras que intenta revertir los bajos niveles de competitividad con cambios políticos, jurídicos y económicos que ofrecen las garantías necesarias para el libre comercio, tal como reclaman los procesos globalizadores. Después de haber suscrito el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, México ha modificado los marcos jurídicos necesarios para cumplir con su compromiso ante Canadá y Estados Unidos y ser atractivo para los capitales transnacionales. Sin embargo, algunas de estas reformas son polémicas e incluso podrían llegar a ser anticonstitucionales, como es el caso de las modificaciones pretendidas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Es innegable el crecimiento demográfico del mundo. En 1960 había 3000 millones de habitantes y para 2011 esta cifra llegó a 7000 millones. En esos términos, se abre el debate de la supuesta crisis mundial del agua. Este crecimiento se relaciona con el acceso, el uso y el consumo efectivo de la naturaleza en su conjunto, aunque se ignora la posibilidad del saneamiento como aspecto de política hídrica. De hecho se augura que si el crecimiento continúa aumentando al mismo ritmo −China creció un 111%, Costa de Marfil 541%, Estados Unidos 72%, Europa un 20% en su conjunto, Japón 36%− la naturaleza se verá amenazada por la cantidad mundial de habitantes. Es difícil que el nivel actual de consumo de las naciones más ricas pueda generalizarse a escala mundial, pues se olvida que en el mundo impera un inequitativo acceso al agua. Un ciudadano estadounidense gasta 600 litros de agua por día, un mexicano 350 y un senegalés 30. A pesar de este y otros argumentos que ponen en duda la idea de la escasez hídrica, desde los organismos supranacionales se intenta promover su protección sometiendo el manejo del agua a las leyes del mercado.
La privatización del agua ha recorrido gran parte de los países desarrollados y se hacen esfuerzos para generalizarla en el mundo. En la periferia, este proceso ha avanzado bajo la dirección de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. En Latinoamérica, los programas de ajuste estructural han incluido la privati­zación del servicio público del agua en casos como el de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Han demostrado que la entrega de la gestión integral o parcial del agua potable ha fracasado casi siempre, en parte porque se acompaña de un alza en su precio, lo que excluye a grandes segmentos de la población. A pesar de la contundencia de estas lecciones, la nueva LAN busca seguir esta misma dirección.
Los cambios que se pretenden hacer a la LAN son muy complejos y merecen un debate profundo capaz de englobarlos. Sin embargo, los efectos que estas pueden tener en el quehacer científico y docente −actividades fundamentales para la democratización del país− son indudablemente las más graves. Por este motivo, nos concentraremos a explicar estos últimos.
El artículo 10, numeral XX, “Contaminación del Agua”, se refiere a la incorporación al agua de elementos físicos, químicos o biológicos. En él, se permite el aumento de contaminantes riesgosos para la salud humana afectando a la población, como el arsénico elevado ahora hasta 0.05 mg/L.. Además, en este mismo artículo hay una contradicción constitucional con los acuerdos internacionales reconocidos por México. Mientras que el numeral XXIX señala que la cantidad mínima de agua que cada mexicano tiene garantizada está estimada en 50 litros diarios por persona, la Organización Mundial de la Salud y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado por garantizar al menos 100 litros.
“El derecho al acceso implica que el agua sea accesible y asequible, esto es, al alcance físico y seguro […] y los costos y cargos directos e indirectos asociados al agua deben ser acordes con la capacidad económica de los usuarios”, según señala el artículo 41. Pese a que el término “asequible” significa “accesible”, refleja el espíritu propio de muchos términos de la economía, donde se usan palabras con al menos doble significado. En este sentido, aunque se reconoce el derecho humano al agua, se prevén los costos y los cargos relacionados con la capacidad económica de los ciudadanos.
El artículo 15 opera en detrimento de las instituciones nacionales −como las universidades y los centros científicos de investigación− al señalar también la facultad de celebrar convenios con entidades extranjeras y organismos afines. Es cierto que no hay forma de desvincular la producción científica de entidades extranjeras, pero esto no debe restar credibilidad al quehacer de la investigación nacional que ha producido ya una cantidad significativa de conocimientos sobre el agua en México. En esa tesitura, parece inverosímil que la academia y la investigación mexicana puedan continuar trabajando frente a un proceso de centralización y de privilegios.
Además, de aprobarse estas modificaciones, los municipios podrán concesionar aquellas partes referentes a la “extracción, captación, conducción, potabilización, facturación y cobro de tarifas”, de acuerdo con los artículos 80 y 81. Aunque este sea el único artículo de la iniciativa en que la “privatización del agua” sea evidente, es un hecho que al concesionar el sistema de agua en sus partes o en su totalidad no puede llamársele de otra forma. Basta recordar que privatizar significa transferir aquellos medios públicos o bienes de la nación al sector privado. Otro efecto pernicioso es que no se podrá criticar, apoyar y establecer un monitoreo sobre los problemas del agua. Esto se debe a que el artículo 147 señala que para realizar estudios en acuíferos o de bienes nacionales se deberá solicitar previamente un permiso a la Conagua.
Por otro lado, se justifica la incorporación del agua como una mercancía e insumo fundamental para la producción en su conjunto, pues señala que se deberán de considerar un cierto número de factores que inciden en su precio. Precisamente en 1992, cuando esta Ley sufrió una modificación por la entrada en vigor del TLCAN, la palabra “recurso”, como forma alusiva al agua, se repetía dos veces y, como forma administrativa, 25. En 2004, cuando la ley se volvió a modificar, recurso se repetía 149 veces: en 71 de ellas significa “recurso hídrico” y el resto de las veces se usa en su sentido administrativo. Es evidente en este caso que se aboga por el lucro en el negocio del agua.
El artículo 240 señala que únicamente a través de los programas sociales serán subsidiadas las tarifas del agua, coincidiendo con otra disposición del artículo 239: “Considerar la capacidad de pago de los usuarios de los servicios de agua”. Esto desmantelará el antiguo pacto social que tenía incidencia en las tarifas, para descentralizarse y reorganizarse en esquemas tarifarios individuales entre los órganos operadores del agua y los ahora “clientes”. De este modo, se limitan de facto los subsidios a los sectores de la población más vulnerables en un país en el que 60% de la población subsiste miserablemente.
Finalmente, como medida de coerción, el artículo 263 prevé que, para cumplir las determinaciones, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública. Queda entonces de manifiesto que la estrategia de represión impulsada por este gobierno se extiende, previendo las tensiones que se generarán por medio de la intensificación del uso mercantil del agua.
Los procesos globalizadores avanzan a tal grado que se está tendiendo a la homologación de las leyes que regulan la naturaleza, la mayoría de ellas promovidas por los grandes órganos supranacionales y las compañías transnacionales del agua. Ese paquete de modificaciones jurídicas, en el caso del agua, profundizan las políticas neoliberales en función de la necesidad de globalizar a las naciones y de integrarlas a los grandes tratados comerciales internacionales.
El caso de México es ilustrativo porque, precisamente después de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, se han modificado sustancialmente las leyes para adecuarlas a las necesidades de los grandes capitales transnacionales en detrimento de grandes sectores de la población. Así, en conjunto, las reformas pretendidas al agua tienden a una armonización con el resto de los marcos regulatorios en Norteamérica, en consonancia con los lineamientos de los organismos supranacionales que promueven el aseguramiento del líquido en términos de la producción económica. Es por ello que es necesario apostar a recuperar una política hídrica soberana que impulse el desarrollo nacional, pues una ley mal planteada pesará mucho en el futuro.
GONZALO HATCH Kuri cursa el doctorado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se especializa en la Teoría de la Geografía y en la Geografía Política de los conflictos por el agua. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Geografía de la UNAM. SAMUEL SCHMIDT es Director de El Colegio de Chihuahua y autor de varios libros y artículos en los que analiza la relación entre la sociedad y el Estado. Es pionero en el estudio del humor político en México y de las redes políticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. JOSÉ JOEL CARRILLO RIVERA es doctor en hidrogeología por la Universidad de Londres. Es investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tags:agua, Derechos Humanos, Ley de Aguas Nacionales, privatización 2 Responses to El agua como producto
Daniel dice:	22 enero, 2016 a las 12:02 AM	Muchas gracias por difundir este tema de interés para todos los mexicanos. O al menos así debería de ser, es preocupante que una reforma que permite la privatización y comercialización de un recurso vital para la vida misma, no sea considerada un tema que merezca una consulta y un debate público ciudadano. Lamentablemente como sociedad que defiende sus propios intereses por medio del diálogo y el voto, a los mexicanos nos falta mucho por hacer. Saludos a todos los que colaboran con su publicación.
Juan José Santibañez dice:	25 enero, 2016 a las 5:30 AM	Esta tendencia a la privatización es evidentemente el camino hacia un estado totalitario del mismo corte que el fascista del siglo pasado.
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References: artículo 10
 artículo 41
 artículo 15
 artículo 147
 artículo 240
 artículo 239
 artículo 263