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Timestamp: 2013-05-24 13:55:35+00:00

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Sentencia C-099-13. Colombia, 27 de febrero de 2013	Autor: Corte Constitucional, MP. María Victoria Calle La reparación administrativa puede ser adecuada en algunos casos pero no “en los eventos en que se trata de daños antijurídicos causados por crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y violaciones, entre otros, o cuando concurran en una misma víctima varios de estos hechos y éstos sean atribuibles a agentes del Estado” Por ello, se condiciona la exequibilidad de los incisos 2º y 3º y del parágrafo 1º del artículo 132 de la lay 148 de 2011.
Resolución 240 de 2011. 24 de agosto de 2011	Por la cual se adoptan disposiciones en virtud del Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011.
Resolución 18081 de 2011. 19 de mayo de 2011	Por medio de la cual se determina el alcance de las inspecciones de fiscalización en campo, se fijan las tarifas, el procedimiento para su cobro, y se adoptan otras determinaciones.
C-367-11. 11 de mayo de 201	Indicó la Corte que, en tanto la Ley 1382 de 2010, ya había sido analizada por esa Corporación “en relación con los mismos cargos que consisten en la omisión de la garantía del derecho de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes, es claro que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y por lo tanto debe la Corte limitarse a disponer en la parte resolutiva, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-366 de 2011 que declaró la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”.
T-267-11. 8 de abril de 2011	La Corte decidió inaplicar las decisiones que anularon el proceso de extinción del derecho de dominio solicitado por la comunidad de Las Pavas. Esto es que, de presentarse procesos de restitución de la posesión, sea judiciales o policivos acorde con los Decretos 2303 de 1989 y 747 de 1992 respectivamente, se deberá tener en cuenta que se encuentra en curso un procedimiento administrativo a cargo del INCODER, quien deberá retomar y continuar el proceso de extinción de dominio privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”, teniendo en cuenta las decisiones y los parámetros adoptados en esta sentencia. Deberá también el INCODER continuar con el proceso de clarificación de tierras baldías cuidando las normas del debido proceso tanto de las sociedades propietarias como de los campesinos accionantes.
Decreto 1160 de 2010. 18 de julio de 2010	Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973 de 2005.
T-423-10. 25 de mayo de 2010	La Corte concedió tutela en un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, al considerar que se violó el derecho al debido proceso del querellado, en este caso, cuando tanto el Alcalde como la Inspectora de Policía de Maní, aplicaron una normatividad subrogada y modificada por el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), en el trámite que realizaron.
Resolución 180743 de 2010. 4 de mayo de 2010	Por medio de la cual se establece y adopta la minuta de contrato de concesión minera.
Resolución 180602 de 2010. 12 de abril de 2010	Por la cual se dictan instrucciones a las Gobernaciones Delegadas para la Administración del Recurso Minero.
C-241-10. 7 de abril de 2010	La Corte se inhibió de decidir el fondo de una acción pública dirigida contra el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, por cuanto la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, tanto para predios rurales como urbanos, prescrita en artículo 15 demandado fue subrogada y modificada en sus alcances por el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), que reguló íntegramente la materia que se refería esta disposición.
T-769-09. 29 de octubre de 2009	“La Corte resolvió proteger los derechos al debido proceso, a la consulta previa y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de las comunidades afectadas por la actividades de exploración y explotación que se estuviesen adelantando o se fuesen a adelantar, en desarrollo del contrato de concesión denominado Mandé Norte, para la exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, en los departamentos de Antioquia y Chocó. En esa sentencia la Corte dispuso suspender todas las actividades y el trámite de todas las licencias de exploración y de explotación minera en el proyecto Mandé Norte, hasta que no finalizasen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realizase la consulta previa en los términos señalados en la sentencia”.
C-615-09. 2 de septiembre de 2009	“La Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 1214 de 2008, por medio de la cual se aprobaba el “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, por considerar que se había incumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades indígenas en lo que atañe a leyes aprobatorias de tratados internacionales.”
Decreto 2809 de 2009. 29 de julio de 2009	Por medio del cual se reglamenta el artículo 248 de la Ley 685 de 2001.
C-175-09. 18 de marzo de 2009	La Corte declaró inexequible la Ley 1152 de 2007, “por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta que se omitió realizar el procedimiento de consulta previa ya que la la ley es “un régimen general y sistemático en materia de uso y aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica, contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas”.
T-1104-08. 6 de noviembre de 2008	Señala la Corte que, en el caso de este proceso, la orden de lanzamiento por ocupación de hecho adoptada por la Alcaldía Municipal de Orocué, dentro de la querella policiva, la discusión jurídica relacionada con el funcionario competente para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural, descansa sobre un problema de interpretación de la ley, que por presentarse dentro de los marcos de razonabilidad y motivación, no es susceptible de ser corregido por vía de tutela.
Decreto 2345 de 2008. 26 de julio de 2008	Por el cual se adoptan medidas para la presentación de propuestas de contratos de concesión a través de medios electrónicos.
C-461-08. 14 de mayo de 2008	Para la Corte, “Una lectura detenida de las distintas disposiciones contenidas en la Ley 1151 de 2007 revela que éstas prevén varios proyectos susceptibles de incidir de manera directa y específica sobre pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes que residen en las zonas donde estos habrán de ser ejecutados. En efecto, varios proyectos y programas incluidos dentro del Plan Nacional de Inversiones, o resaltados por su importancia dentro de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, incidirán directa y específicamente sobre distintos grupos del país –independientemente de si su impacto será benéfico o perjudicial, cuestión cuya determinación atañe a las comunidades étnicas –indígenas o afrodescendientes- potencialmente afectadas en ejercicio de su autonomía y sus derechos colectivos. Es claro para la Corte que, respecto de cada uno de estos proyectos individuales, sí existe una obligación estatal específica de realizar consulta previa, en su integridad y con pleno cumplimiento de los requisitos constitucionales precisados por la jurisprudencia constitucional”.
T-821-07. 5 de octubre de 2007	La Corte señala que “la protección de la tierra de las personas desplazadas por grupos paramilitares o guerrilleros es probablemente uno de los asuntos en los cuales las autoridades han dejado de hacer todo aquello que el derecho constitucional les obliga. En efecto, como ya lo ha dicho la Corte la política integral dirigida a la población desplazada debe tener un enfoque restitutivo que se diferencie claramente de la política de atención humanitaria y a la estabilización socioeconómica. En este sentido, debe quedar claro que el derecho a la restitución y/o a la indemnización es independiente del retorno y del restablecimiento. Ciertamente, no sólo como medida de reparación sino como medida de no repetición de los hechos criminales que perseguían el despojo, en caso de retorno se debe garantizar a la Población desplazada la recuperación de sus bienes, independientemente de que la persona afectada quiera o no residir en ellos”.
Decreto 3600 de 2007. 20 de septiembre de 2007	Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.
C-208-07. 21 de marzo de 2007	La Corte recordó la obligación impuesta al Estado, de consultar previamente a los grupos étnicos cada vez que se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, por ejemplo, para la conformación de las entidades territoriales indígenas , para la explotación de los recursos naturales en sus territorios y para la implantación de un sistema de educación especial para los grupos étnicos,. En este sentido, el Convenio 169 de la O.I.T. prevé el mecanismo de la consulta previa, Expresó la Corte que “[e]n esa medida, no cabe duda que la consulta previa para la adopción del sistema especial de educación de los grupos étnicos es un derecho fundamental de éstos y, por tanto, debe estar presente en cualquier medida de naturaleza legislativa o administrativa que pretenda tomar el Estado en la materia; medidas que, además, deben adoptarse teniendo en cuenta las particulares condiciones de los distintos grupos étnicos, de manera que se les garantice y asegure la preservación y continuidad de sus tradiciones e historia.”
Autor: Corte Constitucional. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-208-07.htm
Comunidad indígena - Identidad cultural - Convenio 169
T-880-06. 26 de octubre de 2006	En cuanto a las actividades exploratorias de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, Departamento de Norte de Santander, la Corte Constitucional indicó que se debía realizar la consulta previa amparada por la Constitución, pues las actividades propuestas afectaban directamente al Pueblo Indígena Motilón Barí.
Autor: Corte Constitucional. M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-880-06.htm
Consulta previa - Pueblos indígenas - Dirección de Étnias
C-117-06. 22 de febrero de 2006	“En síntesis, se puede afirmar que la Corte Constitucional frente a la función de proteger el orden público tiene como criterio de distinción: El poder de policía lo ejerce, de manera general, el Congreso de la República por medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste trasciende el ámbito privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma excepcional, por el Presidente de la República en los estados de guerra exterior, conmoción interior y emergencia. La función de policía es ejercida por las autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e inspectores) en cumplimiento de competencias determinadas por la ley. La actividad de policía es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar las alteraciones del orden público”.
Autor: Corte Constitucional. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-117-06.htm
Poder de policía - Función de policía
Decreto 097 de 2006. 16 de enero de 2006	Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18764
Parcelación de predios rurales - Actuaciones urbanísticas
Decreto 4688 de 2005. 21 de diciembre de 2005	Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#19
Caza comercial - Licencia ambiental - Zoocriaderos
Comunidad indígena - Comunidad negra - Consejo Comunitario - Recursos naturales
C-620 de 2003. 29 de julio de 2003	“La Corte puso de presente que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 15 del Convenio 169 de 1989, adoptado por la conferencia de la OIT, “… norma que por referirse a un derecho fundamental forma parte del llamado bloque de constitucionalidad, el derecho de participación de las comunidades indígenas en la adopción de las decisiones relativas a los recursos naturales de propiedad estatal ubicados en su territorio, como es el caso de la sal de las Minas de Manaure, debe hacerse efectivo mediante el mecanismo de la consulta previa.”
Autor: Corte Constitucional. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-620-03.htm
Recursos mineros - Comunidad indígena - Explotación de recursos naturales - Consulta previa
SU-383-03. 13 de mayo de 2003	“La Corte resaltó que las entidades accionadas adelanten el proceso de consulta, para poder establecer en qué medida los pueblos indígenas y tribales de la amazonía colombiana tienen derecho a mantener sus plantaciones, y con que alcance sus autoridades o las autoridades nacionales, según el caso, pueden reprimir el delito de plantaciones ilícitas, dentro de un ámbito territorial determinado. En efecto, sin la consulta previa no resulta posible i) maximizar el grado de autonomía que requieren los pueblos indígenas de la región para conservar su integridad étnica y cultural, ii) determinar para cuáles pueblos indígenas y tribales la coca es una planta sagrada, y deberá seguir siéndolo dadas las implicaciones que en su cultura tiene ésta conceptuación, iii ) en qué casos del cultivo de la coca depende la supervivencia del pueblo, dada la modalidad de sombrío que la plantación brinda a las otras plantaciones en algunas regiones y épocas, y iv) lo trascendente de la utilización de la planta de coca en sus prácticas curativas y rituales.”
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/SU383-03.htm
Comunidad indígena - Consulta previa - Cultivos ilícitos
C-891-02. 22 de octubre de 2002	“En esa sentencia la Corte se pronunció en relación con unas normas del Código de Minas que habían sido demandadas a partir de un cargo general por la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta. Puntualizó la Corte que “… de la concepción holística de territorio que ostentan los pueblos indígenas se puede concluir que la explotación de recursos naturales yacentes en territorios ancestrales hace parte de su esfera vital y de su forma de relacionarse directamente con la naturaleza, así como de su legado cultural y socio-económico. De esta manera, el principio participativo consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política adquiere matices más intensos en relación con las comunidades indígenas.” Agregó la Corporación que “... tratándose de asuntos mineros la anterior afirmación acusa mayores connotaciones, puesto que el proceso de la minería se concibe desde ese punto de vista como un ciclo de vida integral tendiente a satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones, y por sobre todo, respetuoso del desarrollo sostenible y la integridad étnica de los pueblos.”
C-418-02. 28 de mayo de 2002	“La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 122 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, en el que se regulan las zonas mineras indígenas, que había sido demandado por considerar que vulneraba los artículos 1, 79 y 330 de la Constitución Política, así como los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. La Corte resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la disposición demandada, “…bajo el entendido que en el procedimiento de señalamiento y delimitación de las zonas mineras indígenas se deberá dar cumplimiento al parágrafo del Artículo 330 de la Constitución y al Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.”
Ley 685 de 2001. 15 de agosto de 2001	Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
C-169 -01. 14 de febrero de 2001	Los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a ser consultados en casos particulares tales como la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. La consulta una manifestación de su derecho fundamental -individual y colectivo- a la participación, y constituye el medio a través del cual se protegerá, en esos casos, su integridad física y cultural; en tal sentido específico, esta Corporación afirmó, en la misma oportunidad, que el Convenio 169 de la O.I.T. conforma, junto con el artículo 40-2 Superior, un bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 de la Carta.
T-634 -99. 30 de agosto de 1999	La Corte resolvió no conceder la tutela que había sido impetrada como mecanismo transitorio por la Procuradora Delegada para Asuntos Etnicos, para la protección de los derechos de la comunidad indígena Arhuaca que se estimaban vulnerados por la creación, sin previa consulta, del municipio de Pueblo Bello, conformado por unos corregimientos y veredas que están dentro de la línea negra o zona teológica de dicha comunidad. Señaló la Corte que en ese caso existían otras vías judiciales: la acción popular y la contencioso-administrativa, razón por la cual la eventual afectación del derecho de consulta no era susceptible de protección por la vía de la acción de tutela.
T-652-98. 10 de noviembre de 1998	“La Corte encontró que el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se había cumplido en forma irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele. Para la Corte ello significaba que, no sólo resultaron vulnerados el derecho de participación (C.P. art. 40-2 y parágrafo del art. 330), el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), y el derecho a la integridad de este pueblo (C.P. art. 330), sino que se violó el principio del respeto por el carácter multicultural de la nación colombiana, consagrado en el artículo 7 Superior, y se venía afectando gravemente el derecho a la subsistencia de los Embera del Departamento de Córdoba (C.P. art. 11), a más de que el Estado había incumplido los compromisos adquiridos internacionalmente e incorporados al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991 en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Decreto 305 de 1998. 16 de febrero de 1998	Por el cual se Reglamenta Parcialmente la ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al Uso, Comercialización y Aplicación de Algunos Productos Organoclorados.
C-536 -97. 23 de octubre de 1997	“La limitación introducida por la norma acusada sobre el tamaño transferible de la propiedad originada en una adjudicación de baldíos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenación. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, la de limitar la adjudicación de baldíos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del Incora, a una unidad de explotación económica denominada UAF (ley 160/94 art. 66). Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios…con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos".
Autor: Corte Constitucional. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-536-9
Bienes baldíos - Función social de la propiedad
Ley 388 de 1997. 18 de julio de 1997	Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Sistema Nacional Ambiental - Ordenamiento territorial municipal - Planes de Ordenamiento Territorial
SU-039-97. 3 de febrero de 1997	En el caso de la licencia ambiental que se había conferido para adelantar exploraciones sísmicas, en desarrollo del proyecto conocido como “Explotación Sísmica Bloque Samoré”, para constatar la existencia de pozos o yacimientos petroleros, en una zona entre Saravena, Tame y Fortul en el Departamento de Arauca, Cubará en el Departamento de Boyacá, y Toledo en el Departamento Norte de Santander, dentro de la cual se encuentran resguardos indígenas y parques naturales, la Corte amparó a los accionantes señalando que no era procedente la expedición de la licencia ambiental, porque no se había cumplido el trámite de consulta con las autoridades de la comunidad U'wa, que resultaba imperativo de acuerdo, tanto con la Constitución, como con las normas ambientales y con la legislación indígena, cuando se trata de adoptar decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU039-97.htm
Territorios indígenas - Consulta previa - Licencia ambiental - Recursos naturales - Requisitos consulta previa
Decreto 1385 de 1995. 18 de agosto de 1995	Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto 2636 de 1994.
http://www.google.com.co/search?q=decreto%20501%20de%201995&;ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np
Título minero - Explotación de hecho - Superposición de áreas
Decreto 501 de 1995. 24 de marzo de 1995	Por el cual se reglamenta la inscripción en el Registro Minero de los Títulos para la Exploración y Explotación de Minerales de Propiedad Nacional.
Títulos mineros - Licencia ambiental - Aportes mineros
Ley 160 de 1994. 3 de agosto de 1994	Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
http://www.google.com.co/search?q=Ley+160+de+1994%2Bconsulte+la+norma&;ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
Instituto Colombiano de Reforma Agraria - Subsidio agrario - Expropiación
Ley 99 de 1993. 22 de diciembre de 1993	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
Política ambiental - Sistema Nacional Ambiental –SINA- Corporaciones Autónomas Regionales
Decreto 747 de 1992. 6 de mayo de 1992	Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están ocasionando la alteración del orden publico interno en algunos departamentos.
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1992/D0747de1992.htm
Invasión - Predios rurales - Acción policiva
Ley 21 de 1991. 4 de marzo de 1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L21%20DE%201991.htm
Pueblos indígenas - Convenio 169 de la OIT
Decreto ley 2303 de 1989. 7 de octubre de 1989	Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria.
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1989/D2303de1989.htm
Jurisdicción agraria - Amparo de pobreza - Procurador Agrario
Decreto 704 de 1986. 3 de marzo de 1986	Por el cual se Reglamenta Parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al Uso, Comercialización y Aplicación del D.D.T.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0
Uso del D.D.T. - Comercialización - Transporte
Decreto 1715 de 1978. 4 de agosto de 1978	Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578#0
Protección de paisajes - Vallas y anuncios
Decreto 1608 de 1978. 31 de julio de 1978	Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241#0
Recursos naturales renovables - Protección de fauna silvestre - Aprovechamiento
Decreto 2811 de 1974. 18 de diciembre de 1974	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
Política ambiental - Recursos naturales no renovables - Servicio Nacional Ambiental
Decreto 1355 de 1970. 4 de agosto de 1970	Por el cual se dictan normas sobre Policía.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945
Derecho a la propiedad - Posesión
Ley 2 de 1959. 16 de diciembre de 1959	Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021
Zonas forestales protectoras - Reservas forestales - Explotación de bosques
Ley 200 de 1936. 19 de diciembre de 1936	Sobre régimen de tierras.
Decreto 922 de 1930. 21 de junio de 1930	Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se deroga el Decreto 515 de 1923.

References: artículo 132

Resolución 

Resolución 

Resolución 

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 artículo 15
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 artículo 248
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 122
 Artículo 330
 Artículo 15
 artículo 40
 artículo 7
 artículo 15