Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/226735/sentencia-tsj-castilla-la-mancha-559-2013-de-11-de-noviembre-itp-liquidacion-base-imponible
Timestamp: 2018-01-16 13:40:02+00:00

Document:
Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 559/2013 de 11 de noviembre. ITP. Liquidación. Base imponible. Comprobación de valores - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 559/2013 de 11 de noviembre. ITP. Liquidación. Base imponible. Comprobación de...
Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 559/2013 de 11 de noviembre
ITP: Liquidación. Base imponible. Concepto Obra Nueva. Comprobación de valores. Diferencia entre el valor declarado por la parte actora y el que aparece en la póliza de seguro. Se estima parcialmente.
SENTENCIA: 00559/2013
Recurso n.º 290/10
Iltmo. Sr. D. Lorenzo Pérez Conejo
SENTENCIA N.º 559
En Albacete, a once de noviembre de dos mil trece.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 290/2010 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la entidad CONSTRUCCIONES VERLIZ S.A., representada por la procuradora Sra. Cuartero Rodríguez y asistida por el letrado Sr. Pérez Pinós, siendo parte demandada EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO ADMINISTATIVO REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA, representado y defendido por el Abogado del Estado, siendo igualmente parte demandada LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, que es representada y asistida por el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Antonio Rodríguez González.
Primero.—En fecha 3 de mayo de 2010 se interpuso por la representación procesal de la actora recurso contencioso- administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de 26 de marzo de 2010, dictada en el expediente Reclamación n.º 16-135-08, que procede a desestimar la reclamación económica-administrativa, formulada frente a la resolución de fecha 28 de febrero de 2008 de los Servicios provinciales en Cuenca de la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud de la cual y en el expediente TREH 1601 2004/3355, concepto Obra Nueva en donde se fijó la base imponible y valor comprobado en 7.993.363,67 euros con liquidación tributaria numero 0102160047784 de fecha 26 de noviembre de 2007 y deuda tributaria diferencial de 51.806,19 euros, avalada en fecha 25 de abril de 2008 mediante aval extendido por el Banco Santander Central Hispano S.A., todo ello referido a la construcción de 58 viviendas unifamiliares en PERI-10 de Cuenca.
Segundo.—Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1.998, y una vez que fue remitido este, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución.
Tercero.—De la demanda se dio traslado a la representación procesal de la Administración demandada, así como al Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que la contestasen, lo que hicieron por medio de sendos escritos en los que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, se opusieron al recurso solicitando sentencia por la que se acuerde la desestimación del mismo, declarando la conformidad a Derecho de los actos impugnados.
Cuarto.—Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se interesó prueba documental, que fue unida al ramo de prueba de la parte actora, mientras que las Administraciones Demandadas se remitieron al contenido del expediente administrativo, de manera que cumplido el trámite de conclusiones, se señaló día y hora para votación y fallo, el 31 de octubre de 2013, día en que tuvo lugar.
Primero.—Se recurre la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de 26 de marzo de 2010, dictada en el expediente Reclamación n.º 16-135-08, que procede a desestimar la reclamación económica-administrativa, formulada frente a la resolución de fecha 28 de febrero de 2008 de los Servicios provinciales en Cuenca de la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud de la cual y en el expediente TREH 1601 2004/3355, concepto Obra Nueva en donde se fijó la base imponible y valor comprobado en 7.993.363,67 euros con liquidación tributaria numero 0102160047784 de fecha 26 de noviembre de 2007 y deuda tributaria diferencial de 51.806,19 euros, avalada en fecha 25 de abril de 2008 mediante aval extendido por el Banco Santander Central Hispano S.A., todo ello referido a la construcción de 58 viviendas unifamiliares en PERI-10 de Cuenca.
Segundo.—Como se deriva de la contundencia de las conclusiones formuladas por la parte actora, la discusión relativa a la interpretación del artículo 70.1 del Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo, Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ha quedado plenamente clarificada tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 2009, en recurso de casación en interés de ley 13/2008, lo que a su vez ha determinado el dictado de sucesivas resoluciones de esta Sala y Sección corrigiendo el criterio inicial de permitir hacer uso de que se pudiera acudir a la tasación pericial basada en el R.D. 1020/1993. En este sentido podemos destacar por ejemplo nuestra sentencia de fecha 20 de mayo de 2013,-ponente Borrego López-, donde se indica: La cuestión jurídica angular, ya ha sido resuelta por la Sala, en Sentencia de 21 de Mayo de 2012 (recurso 758/08 ), al señalar como doctrina al efecto: " Segundo. Articula el recurso el actor sobre la base de un pilar fundamental, el incorrecto método de valoración utilizado, con vulneración del art. 57 LGT/2003 (antes, art. 52 LGT/1963 ). Es cierto que en alguna ocasión anterior la Sala ha mantenido un discurso desestimatorio de pretensiones como la aquí perseguida, sobre la base de considerar la validez del método de valoración utilizado por la Administración, art. 57.1 de la Ley General Tributaria , modificada por la Ley 36/06, de 29 de Diciembre, apartado g), que establece el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, método que además fue habilitado en plenitud, y para este concreto tributo cedido, impuesto sobre actos jurídicos documentados, por el art. 17.2 de la Ley de Castilla-La Mancha n.º 17/2005, de veintinueve de diciembre .
Tercero. Sin embargo, como simple evolución jurisprudencial de la Sala, plasmada ya, por cierto, en Sentencia de diecinueve de marzo de 2012 , autos de recurso contencioso-administrativo n.º 611/2008, EDJ 2012/57874 ó, en semejante línea, de ocho de febrero inmediato anterior, EDJ 2012/15005, hemos de dejar sentada la doctrina que a continuación expondremos, partiendo, ciertamente, de que el Tribunal Supremo, en recurso de casación en interés de ley, ha ratificado en Sentencia de fecha siete de diciembre de 2011 la utilización por la Administración tributaria de este medio de comprobación, hasta el punto de que señala que el empleo de tal medio no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores, por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba de corregirse:
["Es cuestión de fondo, la aquí ventilada, que ya se ha resuelto repetidas veces por esta misma Sala, fundamentalmente por su Sección Segunda, pero también por esta Sección Primera -por ejemplo, en Sentencia de veintinueve de febrero de 2008 , autos de recurso contencioso- administrativo 737/2004-. A este respecto expondremos a continuación la sentencia de esta Sala y Sección, de fecha 25 de Mayo de 2009 , Autos 170/2006, que a su vez se remite a cuanto dejaron dicho las Sentencias de ocho de octubre de 2007, JUR 2008\41605 , y veinticuatro de marzo de 2004 , JUR 2007\225886:
Por lo que se refiere a la valoración de la obra nueva, la valoración efectuada por la Administración responde a un procedimiento inadecuado, y debe ser anulada por tal causa. En efecto, el art. 70 del Real Decreto 828/1995, de 29 de Mayo (LA LEY 2326/1995), por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece, en relación con la base imponible del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, (documentos notariales) lo siguiente: "1. La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva estará constituida por el valor real de coste de a obra nueva que se declare. 2. En la base imponible de las escrituras de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal se incluirá tanto el valor real de coste de la obra nueva como el valor real del terreno". Pues bien, la Administración ha valorado incorrectamente, ya que no ha atendido al cálculo del "valor real de coste" de la obra nueva. Hemos señalado en otras ocasiones, en cuanto a este problema, que el art. 70 mencionado exige que, por lo que se refiere a la obra nueva, se tome el valor real de coste de la obra, expresión que no puede significar otra cosa que lo que debe valorarse es lo que realmente costó la ejecución de la obra, y que, por ello, en tales casos, resulta totalmente errado partir de la aplicación del método de valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva, pero no es eso lo que se ha de valorar, sino el coste de ejecución del mismo, conceptos ambos (coste de ejecución frente a valor del inmueble terminado) que no tienen por qué coincidir, pues por ejemplo en la valoración del inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso que no tienen porqué afectar al coste de ejecución, siendo la propia Administración la que en otras ocasiones ha utilizado motivaciones mucho más acertadas, a falta de datos sobre el coste específico y verdadero de la obra, como son la utilización de los criterios y módulos de valoración sobre costes de ejecución aprobados por los Colegios de Arquitectos (consúltese, por ejemplo, nuestra Sentencia dictada en los autos 864/2000). Lo mismo se dice en cuanto a la utilización del módulo de valor en venta de viviendas de protección oficial, que se refiere no al coste de ejecución de la obra, sino, como decimos, a su valor en venta, concepto que no es, evidentemente, el mismo. Siendo ello así, debemos señalar, como ya hemos resuelto en anteriores sentencias, que la valoración de una obra nueva no puede realizarse mediante la aplicación del método de valoración previsto en el RD 1020/93, sobre valoraciones catastrales, o mediante la aplicación de valores en venta de viviendas de protección oficial, pues ello nos conduce a la valoración del inmueble como resultado final de la obra nueva, pero no de la obra nueva misma, conceptos ambos que como hemos dicho no coinciden necesariamente. La Administración debería haber valorado el coste de ejecución, por ejemplo, como ha hecho en otras ocasiones similares, mediante la aplicación de los módulos de costes de construcción establecidos por los Colegios de Arquitectos, o en la forma que considerase oportuna, cosa que no ha hecho, por lo que la motivación contenida es completamente errada e inadecuada a lo que se debía valorar.
También comparte la Sala la interpretación de la parte actora de que el valor real de una obra nueva es el coste real de construcción representado por los desembolsos que deben hacerse para la ejecución de la misma según el Presupuesto de ejecución material según el Proyecto debidamente visado por el Colegio de Arquitectos, sin que puedan incluirse otra serie de gastos indirectos que se incluyen en determinados presupuestos como inseparables para la obtención de licencia (gastos generales, beneficio industrial, honorarios facultativos, licencias etc.), esto es, toda una serie de gastos que se integran en el presupuesto de ejecución por contrata pero que no forman parte de costes reales de construcción según ha venido señalando reiterada jurisprudencia a propósito de la interpretación de este mismo concepto en el ámbito de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pero que es perfectamente aplicable a nuestro caso, ya que se trata del mismo concepto y significado. Y así reiteradamente el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de 28 de octubre de 1996 ( RJ 1996\7305), 14 de Mayo (RJ 1997\3757 ) y 15 de noviembre de 1997 (RJ 1997\9257) y 3 (RJ 1999\2964) y 19 de abril (RJ 1999| 2985) y 17 de mayo de 1999 (RJ 1999\3612) viene declarando que a los efectos de la interpretación del art.103,1 de la Ley 39/1988 el "coste real y efectivo" de la construcción, instalación u obra no está constituido, como la simple expresión gramatical pudiera hacer suponer, por todos los desembolsos efectuados por los dueños de la obra y que reconozcan aquélla como causa de su realización, sino sólo por los que se integran en el presupuesto presentado por los interesados para su visado por el colegio oficial correspondiente, esto es, las partidas que determinan el coste de ejecución material de la obra en la que no se incluyen los "gastos generales" contemplados en el art. 68 a) del Reglamento General de Contratación , compuestos por una heterogénea serie de elementos que sólo de un modo indirecto incrementan el coste de la correspondiente obra, ni tampoco el porcentaje calculado como "beneficio industrial" del contratista, cuyo gravamen significaría sujetar tanto la riqueza representada por la obra como el volumen de negocios de constructor.
En realidad, se ha confundido, a veces, el concepto de "gasto" y el concepto de "costo": cuando se propugna que el "coste real y efectivo" de la obra se refiere al total que se abona por la misma, tal razonamiento hay que entenderlo equivalente al "concepto económico de gasto", siendo por el contrario, el "concepto económico de coste" sensiblemente inferior, pues "gasto" es lo que realmente se gasta o emplea para la construcción, mientras que "coste" es simplemente el precio neto de la misma.
Es decir, recuerda el Tribunal Supremo, "coste real y efectivo" es la estimación económica o precio verdadero, no ilusorio, meramente aparente ni imaginario, siendo el "coste real y efectivo, el "presupuesto de ejecución material", y no más.
Por tanto, la base imponible del Impuesto sobre construcciones, contrataciones y obras está constituida por el "coste real y efectivo" de la construcción instalación u obra, sin que puedan incluirse en aquélla los "gastos generales", el "beneficio industrial" ni los "honorarios técnicos", ya de redacción del proyecto, ya de la dirección de la obra. Y esta misma conclusión debe mantenerse a propósito de la base imponible en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sin que sea óbice la cita que hace la Administración de la Sentencia del Tribunal Supremo de seis de noviembre de 1997 , RJ 1997\9253], pues se trata no de doctrina legal, sino de reflexiones sobre la significación del concepto de obra nueva en la base imponible del impuesto de Actos Jurídicos Documentados efectuadas a propósito de una liquidación de una Tasa por licencia urbanística, entendiendo que no constituyen jurisprudencia en sentido legal, debiendo insistir por nuestra parte en que el significado de obra nueva es idéntico en un sentido lógico y legal de la construcción u obra del referido Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, hablando el art. 103 de la LHL de coste real y efectivo de la obra y el art. 70 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , aprobado por RD 828/1995, de 29 de Mayo del valor real del coste de la obra nueva.
En consecuencia la motivación del técnico de la Administración en el caso de autos al remitirse a las reglas de valoración catastral prescindiendo del concepto legal del coste real de la obra nueva debe considerarse además contraria a derecho y anularse. (...)]
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Mayo de 2009, Sección 2.ª de la Sala 3.ª (Recurso de Casación en Interés de Ley n.º 13/08) viene a corroborar todo lo que precede y termina fallando no haber lugar al recurso de casación precisamente interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente a Sentencia de esta Sala"].
Cuarto. Así pues, una cosa es que el método de valoración empleado por la Administración sea válido para los fines pretendidos, que puede serlo según hemos dejado dicho, y otra que, aplicado al caso concreto, pueda ser asumido, que no puede serlo porque, partiendo del dato de que la Ley del tributo no contempla definición de la base imponible, cuando de actos jurídicos documentados hablamos y de obra nueva y división horizontal -es decir, obra nueva más valor del suelo- se trata, sí se regula en el art. 70 del Reglamento del impuesto, Real Decreto 828/1995, de veintinueve de mayo , el cual establece como base imponible de la obra nueva el valor real de coste de la obra nueva que se declare, y en la constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal, tanto el valor real de coste de la obra nueva como el valor real del terreno.
Quinto. Basta observar el certificado de tasación obrante en las actuaciones, y para ser más exactos en el expediente administrativo del recurso contencioso-administrativo 759/2008, muy similar al actual y con iguales partes recurrente y recurridas (folio 269 de dicho expediente) para constatar que desconocemos el coste de construcción de la obra nueva y, en consecuencia, del parámetro imprescindible para la división horizontal, ya que se ha valorado el inmueble como obra terminada y construida, y no es esa la previsión legal. Por ello, los actos administrativos han de ser anulados, por disconformes a Derecho, sin que quepa asumir en un todo, sin embargo, la valoración proporcionada por la parte actora, al ignorar igualmente si respondería al coste de la construcción de la obra nueva y no desprenderse de forma indubitada del certificado de tasación y documentación complementaria del expediente administrativo". Igualmente, se pronunció nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 09 de Abril de 2012 (Recurso de Casación para Unificación de Doctrina), al establecer como doctrina correcta, la aquí expuesta.
Tercero.—La aplicación de la anterior doctrina al supuesto ahora examinado permite entender que incurre en un claro supuesto de nulidad la liquidación provisional, por cuanto al misma tiene como base la valoración realizada por la Administración a través del dictamen de su perito figura que la metodología axiológica utilizada para la obtención del valor real ha sido la establecida en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Asimismo la parte actora interesa una declaración del Tribunal en orden a que el valor declarado en su autoliquidación se corresponde al coste real de ejecución de las obras, si bien en cuanto a este concreto aspecto debe señalarse que el criterio seguido por la sentencia antes citada es en principio proceder exclusivamente a la nulidad de la declaración, sin que ello pueda suponer que se excluya una nueva liquidación, por cuanto en el presente caso debe permitirse a la Administración que realice una nueva comprobación de los valores, al objeto de determinar las posibles discrepancias que ya se aprecian en la propia resolución del TEAR en orden a la diferencia entre el valor declarado por la parte actora y el que aparece en la póliza de seguro. Respecto a la solicitud en orden a la aplicación del artículo 33.2 de la LGT, debe recordarse que nos encontramos ante un efecto legamente previsto para los supuestos de deudas declaradas improcedentes mediante resolución judicial o administrativa firme, por lo que no se requiere declaración judicial, ni siquiera petición al efecto de la parte, para que la Administración proceda a su concesión.
Cuarto.—Atendido el contenido del artículo 139 de la LJCA, en la redacción de aplicación al presente supuesto, no se considera que concurran elementos que justifiquen la especial condena en costas a ninguno de los intervinientes.
Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación
Que DEBEMOS ESTIMAR PARCIALMENTE Y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad CONSTRUCCIONES VERLIZ S.A. contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de 26 de marzo de 2010, dictada en el expediente Reclamación n.º 16-135-08, que procede a desestimar la reclamación económica-administrativa, formulada frente a la resolución de fecha 28 de febrero de 2008 de los Servicios provinciales en Cuenca de la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud de la cual y en el expediente TREH 1601 2004/3355, concepto Obra Nueva en donde se fijó la base imponible y valor comprobado en 7.993.363,67 euros con liquidación tributaria número 0102160047784 de fecha 26 de noviembre de 2007 y deuda tributaria diferencial de 51.806,19 euros, avalada en fecha 25 de abril de 2008 mediante aval extendido por el Banco Santander Central Hispano S.A., todo ello referido a la construcción de 58 viviendas unifamiliares en PERI-10 de Cuenca.
1. Anular y dejar sin efecto, por no ser conforme a Derecho la citada resolución del TEAR.
2.- Anular la liquidación provisional complementaria n.º 0102160047784 girada por los Servicios Provinciales en Cuenca de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por importe total de 788'50 euros, en el expediente TR EH1601 2004/3355, con cuantos efectos legales se derivan de esta declaración, incluidos los prevenidos en el artículo 33.2 de la LGT.
3.- No hacer expreso pronunciamiento de condena en costas.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso ordinario alguno.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 48
 Resolución 
 resolución 
 artículo 70
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 artículo 139
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33