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LA ORALIDAD PROCESAL. DE SUS POSTULADOS TEÓRICOS A SU REGLAMENTACIÓN ADECUADA -ESPECIAL REFERENCIA A LAS RECIENTES REFORMAS LEGI.pdf | Ley procesal | Derecho penal
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La Formacion y Aplicacion Del Principio de La Oralidad en El Proceso Civil
José Fernando Mestre Ordoñez y Sergio Rojas Quiñones
La oralidad procesal De sus postulados teóricos a su reglamentación adecuada
-especial referencia a las recientes reformas legislativas-
José Fernando Mestre Ordoñez* Sergio Rojas Quiñones**
Es un hecho que el sistema procesal colombiano se transformará, en el me- diano o largo plazo, en un sistema predominantemente oral. Ciertamente, a partir de los primeros avances logrados en el ordenamiento procesal penal y en el procedimiento laboral, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia hizo obligatorio el tránsito hacia la oralidad. A propósito de ello, el presente artículo propone entonces algunas reflexiones en torno al alcance de esta modificación, y su impacto en el Derecho nacional, a partir de dos segmentos: uno primero, en el que el lector encontrará un análisis de los principales postulados teóricos en los que se sustenta la oralidad procesal y, posteriormente, uno segundo, en donde se exponen algunas consideraciones
* Abogado Javeriano. Especialista en Instituciones Jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Javeriana. Autor del Libro La Discrecionalidad para Acusar y de diversos artículos, conferencias y ponencias. Miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, del Centro de Estudios en Criminología y Victimología “Jorge Enrique Gutiérrez Anzola” de la Universidad Javeriana y de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales. Abogado Litigante, Socio de M&P Abogados Ltda. ** Abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Ex-Director de la Revista Universitas Estudiantes. Autor del libro La responsabilidad del franquician- te por hechos del franquiciado y Retrospectiva y prospectiva del derecho de la competencia en América Latina, así como de varios artículos de investigación. Miembro del Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Universidad javeriana. También es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Civil y Comercial de la misma Universidad en las Líneas de Investigación en Contratos Atípicos, Responsabilidad Civil, Buena fe-Derecho Contractual
Derecho de Seguros y del Centro de Estudios de Derecho Privado. Actualmente es socio de
firma Salazar, Pardo & Jaramillo, abogados.
issn 2346-3473 • pp. 119-167 • Edición año 2013 • Bogotá, D.C. - Colombia
La oralidad procesal De sus postulados teóricos
sobre la regulación del proceso oral, en relación con aspectos neurálgicos como son las pruebas y los recursos. Por lo demás, tales reflexiones se con- trastan también con las más recientes iniciativas legales en esta materia, como la Ley 1437 de 2011, la Ley 1395 de 2010 y el recientemente aprobado Código General del Proceso.
Palabras clave: Oralidad, principios procesales, pruebas, ley 1395 de 2010, ley 1437 de 2011, Código General del Proceso.
Pursuant to the last legal reforms made to the Colombian procedural system, it is a fact that written processes are going to be substituted by oral processes. According to the experiences of some jurisdictions, recent reforms have pointed to one main objective: transform the current Codes in order to allow orality implementation. That is why this article proposes some ideas regard- ing oral processes and recent reforms, divided in two sections: in the first one, the reader will find an analysis about the theoretical characteristics of orality in national and compared experience. In the second section, the authors seek to propose some basic ideas about the desirable regulation of oral processes, especially in Colombia, as they comment recent initiatives in this subject, such as the Law N.1437 of 2011, the Law N.1395 of 2010 and the so-called ‘Código General del Proceso’.
Key words: Orality, procedural principles, rules of evidence, law N.1395 of 2010, law N.1437 of 2011, overall process code.
El tema de la oralidad o la escritura, como formas de expresión de los actos proce- sales y sustanciación del proceso, ha sido bastante discutido desde que se estudia académicamente el Derecho Procesal 1 . Se ha hablado de las ventajas y desventajas
1 Naturalmente, el derecho procesal no ha sido siempre objeto de discusión académica. En un principio, la concepción instrumental del proceso se extremaba hasta el punto de excluir la disciplina de las disertaciones doctrinales y marginarlos a aspectos meramente procedimen- tales y mecánicos. Con todo, desde hace un tiempo esta situación evolucionó. Al respecto, Eduardo Ferrer Mac Gregor, frente al contexto local, explica que “… En Latinoamérica, la corriente científica del proceso se conoció y desarrolló por juristas exiliados de la talla de Rafael de Pina Milán y especialmente Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (en México), Santiago Sentís Melendo y Marcello Finzi (en Argentina), Enrico Tulio Liebman (en Brasil) y James Goldschmith (en Uruguay). Entre las figuras latinoamericanas que coadyuvaron notable- mente al desarrollo científico procesal se encuentran Eduardo Juan Couture (Uruguay), Ramiro Podetti, Hugo Alsina, Eduardo B. Carlos, Jorge A. Clariá Olmedo (Argentina) y Alfredo Buzaid (Brasil), entre otros. Así, el fenómeno histórico social o, si se prefiere, el hecho histórico “de lo procesal” o “procedimental” existió desde la antigüedad. En cambio, el estudio científico de dicho fenómeno ocurrió a partir de su autonomía con las áreas sustan- tivas. Esto no significa que no deban estudiarse dichos antecedentes, sino más bien se quiere
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de cada una, de su origen o relación con cuestiones culturales, de sus costos en infraestructura y capacitación de los operadores, de su capacidad de potencializar la vigencia de otros principios, en fin, de su funcionalidad o utilidad para alcanzar las finalidades del Derecho Procesal y, en general, del derecho todo 2 . Sin embargo, el estudio de estos temas, en la mayoría de los casos, ha sido bastante abstracto y poco vinculado con otros aspectos de la regulación procesal, dejando en muchas oportunidades los puntos neurálgicos sin definir o incluso sin discutir.
Actualmente en Colombia, la política procesal ha tomado un rumbo defi- nido hacia la oralidad. La mayoría de los doctrinantes, la entidad académica no universitaria más representativa del tema (el Instituto Colombiano de Derecho Procesal), progresivamente algunas áreas del Derecho Procesal y, ahora, las más recientes iniciativas de tipo legal –como son, particularmente, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el nuevo Código Contencioso Administrativo, la ley 1395 de 2010 y el recientemente aprobado Código General del Proceso–, han toma- do partido por la forma oral en los procesos judiciales 3 . En consecuencia, se hace
hacer énfasis en que el derecho procesal nace, como ciencia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y no con los procesos y procedimientos, o las magistraturas o jurisdicciones que los resolvían instituidas desde la antigüedad. Alcalá-Zamora y Castillo lo expone de manera gráfica diciendo “el proceso como realidad es muy anterior al proceso como literatura”, y así realiza una clasificación de las cinco etapas de la evolución del pensamiento procesal, desde el periodo primitivo, etapa judicialista, escuela practicista, periodo del procedimentalismo, hasta la fase actual de evolución en la que nos encontramos denominada procesalismo cien- tífico, en la que la proliferación del estudio académico del fenómeno procesal, ha implicado un movimiento y un dinamismo sin precedentes, orientado justamente a lograr que lo aca- démico se abra un espacio en la regulación normativa del procedimiento…”. FERRER MAC- GREGOR, Eduardo. “La ciencia del derecho procesal constitucional”, en Díkaion, Vol. 22, No.17, diciembre de 2008, p.101. Cfr. ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Evolución de la doctrina procesal, en: Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972), Tomo II. México. Universidad Autónoma de México. 1992. Nums. 12-13; ARMIENTA CALDERÓN, Gonzalo. Teoría General del Proceso (principios, instituciones y categorías procesales). México. Porrúa. 2003. pp. 25-29.
2 Ciertamente, son múltiples los autores que se han referido a esta temática en particular, par- ticularmente desde la perspectiva del análisis de las ventajas y desventajas de la incorpora- ción de la oralidad. Al respecto, vid. CAPPELLETTI, Mauro. Proceso, Ideologías, Sociedad. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América. 1974. p. 43; Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal – Teoría General del Proceso. Tomo I. Medellín. Biblioteca Jurídica Diké. 1994. pp. 50-51; Couture, Eduardo. Trayectoria y Destino del Derecho Procesal Civil Hispanoamericano. Buenos Aires. Depalma. 1999. p. 54 y ss.
3 Ciertamente, las iniciativas legislativas más recientes, se han orientado hacia la recepción de la oralidad. Así, la lLey 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dispuso, en el artículo 4º, que “Las actuaciones que se realicen en los procesos judi- ciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos es- tatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos…” (se subraya). La ley 1395 del 12 de julio de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de desconges-
pertinente analizar de manera transversal los elementos fundamentales de la opción por la oralidad, las finalidades buscadas con esta decisión y algunas experiencias propias y ajenas, para procurar que la legislación sea diseñada con coherencia y así pueda acercarse a la eficiencia deseada. Se trata de proponer algunas reflexiones que, eventualmente, podrían orientar las regulaciones y reglamentaciones que se vienen haciendo en esta materia.
A continuación, se esbozarán entonces algunos aspectos que procuran sis- tematizar el estudio de la oralidad y orientar académicamente los esfuerzos de legislación procesal que se vienen adelantando y los que seguramente se genera- rán con ocasión de las reformas antes comentadas. Por eso el lector encontrará, de una parte, las directrices generales que estimamos pertinentes frente a una regulación integral de la oralidad y, de la otra, los comentarios que, a la luz de tales directrices, suscitan las más recientes iniciativas de reforma procesal que han optado por la oralidad.
Así, para comenzar, debe precisarse qué se entiende por oralidad y qué impli- caciones tiene acoger esta directriz en el diseño procesal, para, con base en dicha comprensión, analizar algunos aspectos concretos del diseño procesal que deben adaptarse a la opción por la oralidad, so pena de generar incoherencias o dificulta- des indeseables que alejen al proceso de sus fines esenciales.
1. Aspectos generales de la oralidad
1.1 ¿Qué es la oralidad?
Como se mencionó al principio, sobre la oralidad se viene discutiendo desde el siglo antepasado, sin que academia y legislación hayan alcanzado un punto de encuentro que deje suficiente y simultáneamente satisfechos a quienes han teorizado sobre el asunto y a quienes practican o vigilan el ejercicio procesal. Varios atribuyen a Chiovenda, quien escribió y tuvo su mayor influencia en la primera mitad del siglo XX, el título de “padre de la oralidad”; otros dicen que Klein tiene mayor relevancia histórica al respecto 4 , por haber promovido como Ministro de Justicia un Código de Procedimiento que implantó la oralidad en Austria a finales del siglo XIX; lo anterior, sin perjuicio de la influencia que se predica de Bentham en el hecho de que
tión judicial, tomó también partido por la oralidad, como se evidencia en los artículos 21 y 22. Posteriormente, el Código Contencioso Administrativo reformó los procesos ante dicha jurisdicción, para verbalizar las actuaciones surtidas en ese escenario. En fin, el denominado Código General del Proceso, que sustituye la regulación procesal contenida en el Código de Procedimiento Civil, también optó por la oralidad, como expresamente lo señala su artículo
4 ALCALÁ – ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Estudios de Teoría General e Historia del Proceso. Tomo II. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1974. pp. 19 y ss.
los juristas continentales comenzaran a analizar con entusiasmo el proceso oral 5 . De cualquier manera, hay evidencia clara de que sobre oralidad se viene argumen- tando desde hace más de cien años y aún así el tema goza de una vibrante actualidad en diferentes latitudes, por lo que en ocasiones cuando se aborda parece que se estuviera incursionando en un escenario novedoso e inexplorado. Sin embargo, por el contrario, hay suficiente doctrina, clásica y reciente, que permite ofrecer un concepto claro y preciso de lo que es la oralidad.
En general, existe relativo consenso doctrinal en que la oralidad es simplemente una característica formal de los actos procesales 6 . Formal, en cuanto se refiere a requisitos extrínsecos al respectivo acto, de los cuales depende su validez, como su medio de expresión o comunicación, en este caso. Así, en la oralidad la forma de expresión de los actos procesales impuesta por la ley es la palabra hablada, mientras que en la escritura obviamente es la palabra escrita. Sin embargo, no debe perderse de vista que lo formal no es accesorio o irrelevante, sino que debe ser proporcional a la materia que informa. En este caso, como se trata de cuestiones procesales que en esencia son instrumentales, la forma debe ser adecuada a las finalidades que se buscan en y con el proceso judicial.
También hay consenso en que no existe, por imposibilidad o por inconvenien- cia, un proceso total o plenamente oral 7 . En los procesos llamados orales o por audiencias, además de que algunos actos procesales específicos son escritos por disposición legal, siempre existen las actas como mecanismo de constancia de lo actuado, con mayor o menor nivel descriptivo de lo ocurrido en la respectiva
5 Así lo indica Cappelletti, Mauro. Proceso, Ideologías, Sociedad. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América. 1974. p. 41. Cfr., también, CHIOVENDA, Giuseppe. “L’ oralità e la prova”. Rivista di Diritto Processuale Civile. Vol.I. 1924 y Rocco, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Volumen II. Buenos Aires. Temis y Depalma. 1976. pp. 173 y ss.
6 GIMENO SENDRA, José Vicente. Fundamentos del Derecho Procesal. Madrid. Civitas. 1981. p. 221 y ss. Alcalá – Zamora. Op. cit. p. 16. MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Quinta Edición. Bogotá. Ediciones Lerner. 1965. p. 197. ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Volumen II. Buenos Aires. Temis y Depalma. 1976. p. 173. ALSINA, Hugo. Fundamentos de Derecho Procesal. México. Editorial Jurídica Universitaria. 2001. p. 38. Schonke, Adolfo. Derecho Procesal Civil. Barcelona. Bosch. 1950. p. 42. Citado por ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. La Teoría del Proceso. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2002. p. 268; DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal – Teoría General del Proceso. Op. cit., p. 50.
7 Afirma el profesor Devis Echandía que “…si existe el procedimiento exclusivamente escrito, no pasa lo mismo con el oral, pues en realidad cuando hablamos de éste, queremos signifi- car que la forma oral es la que predomina dentro de él…” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso. Op. cit. p. 50). Cfr. CHIOVENDA, José. Principios de derecho procesal civil. Madrid. Reus. p. 129; De la Rúa, Fernando. Teoría General del Proceso. Buenos Aires. Editorial Depalma. 1991. p. 107. MORALES MOLINA, Hernando. Op. cit. p. 197. ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 269. Y en general todos los autores con- sultados.
diligencia. De manera similar, en los procesos regidos por la escritura, también puede haber audiencias o actuaciones en las que se emplee la comunicación oral como medio de expresión de los actos procesales, normalmente con un mayor nivel descriptivo en las actas. En consecuencia, la opción por la oralidad o la escritura simplemente hace referencia a una preferencia o prevalencia legal del respectivo mecanismo de expresión de los actos procesales 8 .
Así, tratándose de una cuestión meramente formal y que no opera de manera absoluta sino prevalente, parece un poco exagerada la importancia que se le ha dado y la duración que ha tenido la discusión sobre oralidad o escritura. Sin embargo,
ha llegado a catalogársele como principio orientador en el Derecho Procesal y, por
algunos, como cuestión central y capital para la adecuación de los procedimientos.
A continuación se estudian brevemente los predicamentos sobre su calidad de
principio, para proseguir analizando la importancia de la oralidad en el escenario procesal.
1.2 ¿Principio o regla técnica?
Una de las discusiones presentes en torno a la oralidad se refiere a su naturaleza
de principio o regla técnica. Si bien algunos doctrinantes no han entrado en dicha
discusión y simplemente le atribuyen a la oralidad la calidad de principio (como es
el caso de Alcalá Zamora 9 , Guasp Delgado 10 , Rocco 11 , Devis Echandía 12 y Morales
Molina 13 ), otros han profundizado en el estudio de la naturaleza jurídica de ciertas directrices u opciones en el diseño y orientación del proceso, creando la categoría
de las llamadas reglas técnicas o subprincipios, que Calamandrei llama “caracteres
8 Así se evidencia, con total claridad, en las recientes reformas legislativas que se han orien- tado hacia la oralidad. De esta manera, por ejemplo, la ley 1395 de 2010, si bien acogió un trámite predominantemente verbal (eliminado el proceso ordinario y el proceso abreviado), mantuvo ciertos actos procesales escritos, como son, entre otros, los actos de impulsión o iniciación del proceso (demanda y contestación de la demanda, en lo fundamental). Lo pro- pio sucede con la ley 1437 de 2011, como quiera que allí los actos de impulsión preservan su forma escrita, tal y como se infiere de los artículos 162, 163 y 175 de la citada legislación. En fin, el Código General del Proceso opta también por esta regulación, como quiera que demanda, contestación y algunos otros actos mantendrán la forma escrita (Vid. artículos 82 y 95 del nuevo Código).
9 ALCALÁ – ZAMORA. Op. cit. p. 16.
10 GUASP DELGADO, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Cuarta Edición. Madrid. Civitas. 1998. p. 264 y ss.
11 ROCCO. Op. cit. p. 173.
12 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Aguilar. Bogota, 1966. p. 61.
13 MORALES MOLINA. Op. cit. p. 197.
típicos del procedimiento” 14 , Gimeno Sendra “principios del procedimiento” 15 y Beatriz Quintero refiere como “tipos procesales” 16 .
Para quienes han profundizado al respecto (como Gómez Lara 17 , Alvarado
Velloso 18 , López Blanco 19 , Rojas Gómez 20 , entre otros), las reglas técnicas son aspec- tos o directrices procesales que no alcanzan la entidad de principios orientadores por su ausencia de vocación de universalidad y permanencia. A diferencia de los principios, las reglas técnicas son herramientas al servicio del proceso judicial que generalmente se formulan de forma binaria, es decir, aparejada con su contrario,
y se adoptan escogiendo entre dichas posibilidades por razones de conveniencia,
analizada frente al contexto espacial, temporal, social, económico y político, y por ende susceptibles de variación legislativa sin necesidad de confrontar postulados esenciales ni cometer “sacrilegios” jurídicos 21 .
Con la existencia de la categoría de reglas técnicas se trata, de alguna manera, de restringir el concepto de los verdaderos principios procesales para resaltar su
importancia constitucional y de darle juego a la llamada política procesal, para que
el legislador tenga la oportunidad de debatir al respecto antes de incorporar en la
normatividad procesal su ideología y su análisis de la coyuntura y de las necesidades de la sociedad. Aunque el tema no es pacífico, porque algunos aspectos ideológicos
o incluso coyunturales van adquiriendo cierta importancia que en ocasiones los
14 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América. 1973. p. 328. Citado por Rojas Gómez. Op. cit. p. 259.
15 GIMENO SENDRA. Op. cit. p. 221 y ss.
16 QUINTERO, Beatriz, PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Bogotá. Temis. 2000. p.116 y ss.
17 GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Octava Edición. México. Editorial Harla. 1990. Citado por LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I. Octava Edición. Bogotá. Dupré Editores. 2002. pp. 85 y ss.
18 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Introducción al Estudio del Derecho Procesal. Primera Parte. Santafé. Rubinzal-Culzoni Editores. 1995. p. 263.
19 LÓPEZ BLANCO. Op. cit. p. 83 y ss.
20 ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 259 y ss.
21 Es importante poner de presente que el desarrollo de las reglas técnicas no es exclusivo del Derecho Procesal. Ciertamente, la concepción de la regla técnica como un parámetro com- portamental enderezado a lograr una finalidad concreta, viene del Derecho en general. No en vano, en varios estudios se le desliga del concepto estrictamente procesal, al afirmar que “…las reglas técnicas, tal y como se han entendido hasta ahora, son aquellas que señalan los medios necesarios para conseguir los fines propuestos, entendiendo que tanto aquellos medios como estos fines pertenecen al mundo de la realidad natural. En este sentido, la regla técnica no sería otra cosa que la expresión de una ley científico-natural de carácter causal, formulada no como descripción de la conexión causa-efecto, sino como pauta de actuación a seguir en virtud de la cual es preciso actuar determinados medios para conseguir la realización de determinados fines…” (ROBLES, Gregorio. Las reglas de derecho y las reglas de los juegos. México. UNAM. 1988. p. 141).
posiciona como principios constitucionales, los doctrinantes han catalogado como
reglas técnicas las cuestiones atinentes al carácter dispositivo o inquisitivo del pro- ceso, a la instancia única o múltiple, a la mediación o la inmediación, a la oralidad
o la escritura, etc 22 .
Al margen de todo lo anterior, de su naturaleza meramente formal y de su calidad de principio o regla técnica, el asunto de la oralidad no es secundario 23 . Si bien no debe tratársele como axioma indiscutible por su naturaleza instrumental, tampoco debe desdeñársele como si se tratara de una definición frívola o insignifi- cante. Realmente, de su adopción dependen otras cuestiones relevantes del proceso
y del procedimiento, como las que se mencionan a continuación.
1.3 La importancia de la oralidad
Como casi todo en el Derecho y específicamente en el escenario procesal, la impor-
tancia de los conceptos y las instituciones viene dada por su carácter instrumental y por los objetivos que por su intermedio se procuran o se aseguran. En consecuencia,
a pesar de que se le atribuye, por ejemplo, más naturalidad, autenticidad y fluidez
en la comunicación 24 , la oralidad en sí misma no es importante; aunque algunos de sus promotores la defienden impulsivamente, tal vez por su habilidad en la oratoria forense, que supuesta o aparentemente les hace más competitivos en un sistema oral, o por una actitud de vehemencia por el cambio, que en general es comprensi- ble y loable, pero que cuando se torna irreflexiva es esencialmente reprochable. La oralidad es verdaderamente importante por lo que con ella se busca 25 y es funda- mental reparar conscientemente en ello para diseñar una legislación adecuada, que permita aprestigiar a la oralidad como instrumento procesal y no simplemente para utilizarla como un talismán a la moda pero sin contenido 26 .
22 Cfr. BENABENTOS, Omar. El juicio oral (Proceso con trámite por audiencias). XXI Congreso Panamericano de Derecho Procesal. Cali. 2008.
23 GUASP. Op. cit. p. 265.
24 ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 269. Carnelutti, Francesco. Estudios de Derecho Procesal. Buenos Aires. Editorial Europa América. 1952. p. 120. Además, según Allorio, Chiovenda dijo que el medio de devolver al proceso civil toda su naturalidad, la rapidez y la eficiencia era la oralidad, si se acompaña de inmediación y concentración. ALLORIO, Enrico. Problemas de Derecho Procesal. Tomo I. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América. 1963. p. 276.
25 Para Niceto Alcalá–Zamora “El llamado proceso oral se caracteriza por ser un conglomerado de principios, de los cuales el de oralidad no es el que más contribuye a la obtención de una buena justicia”. ALCALÁ–ZAMORA. Op. cit. p. 16. Para el maestro Devis, el principio de la oralidad “es uno de los más fundamentales pues de que exista depende la orientación gene- ral del proceso y la acogida que tengan los otros principios que hemos dejado explicados”. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Op. cit. p. 61. En el mismo sentido, ASENCIO MELLADO, José María. Introducción al Derecho Procesal. Valencia. Tirant lo Blanch. 1997. p. 214.
26 Lo anterior no quiere significar que la reforma hacia la oralidad, no revista importancia. Ciertamente, se trata de una modificación de hondo calado, por las múltiples implicaciones
Haciendo un barrido doctrinal por varios autores, cuyas referencias se hacen a continuación, puede afirmarse que lo que se busca con la implantación de la oralidad es la vigencia de diferentes principios o garantías procesales como la concentración, la celeridad, la inmediación y la publicidad 27 .
En primer lugar, debe resaltarse la concentración 28 , que consiste en la acumu- lación de la mayor cantidad de actividad procesal en el menor tiempo posible, para evitar que la dispersión reduzca la eficacia de cada uno de los actos. Se ha entendido que un Juez puede resolver de manera más adecuada una cuestión si las pruebas y las alegaciones son más próximas entre sí y la propia decisión es próxima a ellas, por lo cual la concentración cada vez acentúa más su importancia estratégica dentro de los mecanismos para dotar de legitimidad a la actividad judicial 29 . Su relevancia
que tiene para el proceso en general. No en vano, la doctrina coincide en afirmar que el tránsito
a la oralidad es “…una tarea de gran envergadura, que debe superar los esfuerzos desplegados
en las reformas precedentes (…) hoy en día, ante la aparición de cualquier reforma procesal de envergadura, una de las cuestiones que centra los focos de atención en sus momentos iniciales es la determinación de si el producto legislativo se encuadrará dentro de los procesos orales, o bien, por el contrario, responderá más a un modelo escrito. Claro está que la opción por una u otra forma procedimental debe venir determinada por el respectivo aporte a la eficiencia de las actuaciones procesales…”. PALOMO VÉLEZ, Diego. “Las marcas del proceso oral y escrito di- señado en el proyecto de nuevo CPC Chileno”. Revista Chilena de Derecho. Vol. 36. No. 3. [En línea] http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000300007&script=sci_arttext. La cuestión es que no se puede examinar a la oralidad en forma insular, como consecuencia de la moda natural con que suele abordársele. Su lectura debe ser en clave del derecho procesal como un todo, y no como una institución aislada.
27 Antonio Francoz Rigalt afirma que “…el proceso oral implica los siguientes postulados: con- centración de la substanciación del pleito, de ser posible en un único periodo a través de la celebración de una o de pocas audiencias próximas, comprendiendo los incidentes que deben ser resueltos conjuntamente con la cuestión principal; identidad física del órgano jurisdiccio- nal o lo que es lo mismo, el juez debe ser la misma persona desde la iniciación del juicio hasta el pronunciamiento de la sentencia, ya se trate de juez único o colegiado; inmediatividad en la relación entre el juzgador y las personas cuyos testimonios tiene que apreciar, lo que significa
que las pruebas nunca deben rendirse ante juez delegado; autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso, el cual no se encamina sólo a la satisfacción de los intereses particulares sino también al aseguramiento de los fines del Estado que en toda democracia deben aspirar
a la realización de una justicia social; publicidad de las audiencias en los negocios; irrecurribi- lidad de las interlocutorias como medida para liberalizar el proceso…”. FRANCOZ RIGALT, Antonio. La oralidad en el proceso civil. Codhem. [En línea]. DEVIS ECHANDÍA. Op. cit. p. 62. Cappelletti. Op. cit. p. 43. Gimeno Sendra. Op. cit. p. 225. Quintero Y Prieto. Op. cit. p. 118.
28 Además de los anteriores, Allorio. Op. cit. p. 276. Carnelutti. Op. cit. p. 125. Niceto Alcalá– Zamora resalta la importancia de este principio, como se puede verificar en la siguiente cita:
“Si las mayores e indudables ventajas del procedimiento que examinamos obedecen al prin- cipio de concentración, seguido en orden de méritos por el de inmediación, preferible sería hablar de proceso concentrado, en vez de oral. (…) La oralidad, principio en rigor satélite del de concentración, le ha usurpado el puesto de planeta”. ALCALÁ – ZAMORA. Op. cit. p. 16.
29 Cfr. SAÍD, Alberto. Dossier – Hacia la oralidad en el proceso civil. Oralidad y Formalización de
la Justicia. p. 25; CHIOVENDA, José. Principios de derecho procesal civil. Madrid. Reus. p.129.
es tal, que incluso se ha llegado a plantear como postulado de la concentración la dedicación exclusiva del Juez a un solo asunto hasta que profiera el respectivo fallo 30 . Independientemente de la intensidad a la que lleguen los postulados de la concentración en el respectivo sistema, la oralidad como medio de expresión de los actos procesales facilita dichos planteamientos porque las peticiones de los litigantes son percibidas por la contraparte en el mismo momento en que se realizan y las alegaciones de las partes al respecto son percibidas por el Juez en el mismo momento en que se plantean. Así mismo, las decisiones del Juez son comunicadas en el mismo momento en el que se profieren. Lo anterior evita los plazos y términos de traslado y ejecutoria, así como los plazos y términos para las decisiones, todos ellos dispuestos normativamente para permitir el ejercicio razonable de las cargas y deberes de los sujetos y particularmente la lectura de las respectivas piezas. Sin dichos tiempos, es posible acumular las peticiones, contradicciones, alegaciones y decisiones en una misma audiencia, optimizando la actividad procesal 31 .
Por estas mismas razones se considera que la oralidad favorece la celeridad pro- cesal 32 , aunque no sea un mecanismo idóneo para la descongestión judicial, como se analiza más adelante. Igualmente, tanto la oralidad como la concentración impiden la utilización de mecanismos dilatorios por los litigantes, que lo único que hacen es entorpecer el camino del proceso hacia la sentencia. También por este motivo la celeridad se aprovecha de la oralidad 33 .
30 ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 272.
31 La profunda vinculación existente entre oralidad y concentración procesal se refleja en las recientes iniciativas legislativas que han transitado hacia el sistema oral. Así, por ejemplo, el Código General del Proceso, además de la tantas veces mencionada oralidad, también con- sagra la concentración, cuando en su artículo 5º prescribe que “El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código”.
32 ALVARADO VELLOSO. Op. cit. p. 264. Rojas Gómez. Op. cit. p. 269. DEVIS ECHANDÍA. Op. cit. p. 62.
33 Tan es cierto que la oralidad favorece a la celeridad, que la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló, en un mismo artículo, como cuerpos indiscutiblemente vinculados, a la mencionada oralidad y a la celeridad. Es así como en el artículo 4º dispuso que “La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su viola- ción injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audien- cias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.
La inmediación, por su parte, se refiere al contacto directo que debe tener el Juez que va a emitir el fallo con los litigantes y especialmente con los medios de prueba en los que se va a fundamentar 34 , para que el proceso judicial coincida en la mayor medida posible con el proceso intelectivo de formación del juicio realizado por el Juez. Incluso, puede proponerse como postulado de la inmediación el de la identidad física del juzgador, caso en el cual la inmediación solo sería posible en un proceso verdaderamente concentrado. Por otra parte, la inmediación se ve afectada o disminuida en su vigencia con la delegación o comisión para la práctica de pruebas, con las pruebas anticipadas e incluso con la múltiple instancia y los recursos extraordinarios, pues en dichas eventualidades el Juez que finalmente profiere el fallo no es el mismo que estuvo en contacto directo con todos los medios de prueba 35 . De cualquier forma, la efectividad de la inmediación, por lo menos en la única o en la primera instancia, se ve favorecida por la oralidad, ya que ésta permite, tanto el contacto directo del juez con los medios probatorios, como la concentración de las actividades de instrucción o asunción de la prueba y fallo.
Por otra parte, está el asunto de la publicidad, interna y externa, que se ve favo-
recido por la oralidad 36 . En los procesos orales la publicidad interna es casi perfecta pues tanto los actos de las partes como los del Juez se realizan en audiencia, a la cual debe asistir la totalidad de los interesados, con lo que todos se enteran opor- tunamente de aquellos. La publicidad externa, con todas sus ventajas, también se beneficia porque al público y a los medios de comunicación se les hace más fácil e incluso más interesante acudir a una audiencia que acceder a un expediente judicial
a leerse las diferentes piezas procesales. En consecuencia, la oralidad colabora en
la generación de ese ambiente de control social que aleja a la función judicial de la arbitrariedad.
Así las cosas, a pesar de tratarse de una cuestión meramente formal y de defini- ción inicialmente coyuntural, la oralidad se ha posicionado políticamente como un anhelo académico y operacional de los procesalistas y litigantes, por su capacidad de integrar la vigencia de varios principios procesales considerados de gran importan- cia material e instrumental. Sin embargo, debe reconocerse que la oralidad también entraña dificultades que corresponde estudiar para superarlas oportunamente.
1.4 Los riesgos que se asumen con la oralidad
Como la oralidad procesal es un asunto que depende en cierta medida de los análisis
y las valoraciones que se hagan del contexto social, político y económico en un
34 MORALES MOLINA. Op. cit. p. 198.
35 ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 273.
36 COUTURE, Eduardo. Trayectoria y Destino del Derecho Procesal Civil Hispanoamericano. Buenos Aires. Depalma. 1999. p. 53 y ss. GIMENO SENDRA. Op. cit. p. 226.
momento y en un lugar determinados, hay defensores y opositores de la oralidad 37 . De dichos análisis y valoraciones, realizados por personas que han estudiado el asunto, se desprenden ciertos problemas o dificultades que ofrece esta regla técnica procesal, que más que ser determinantes para optar por la escritura, deben tomarse como riesgos que merecen atención oportuna para diseñar mecanismos que impi- dan que los beneficios deseados se alteren, se perciban como insuficientes frente a las dificultades encontradas o se tornen imposibles de alcanzar.
Una primera dificultad se construye sobre el supuesto arraigo cultural de la escritura en los pueblos latinoamericanos. Al respecto se ha contra argumentado desde varios puntos de partida, como el de que los pueblos aborígenes del con- tinente preferían y prefieren la comunicación hablada a la escrita, con lo cual se tiene a la escritura como una cuestión que proviene de la colonización y no de la idiosincrasia cultural. Por otra parte, en España, de donde viene la supuesta cultura de la escritura, partiendo de su Constitución y de sus respectivas leyes de enjuicia- miento se ha tomado un exitoso rumbo hacia la oralidad 38 . Realmente, cuando se plantea esta dificultad se minusvalora el poder fáctico de lo normativo y se alimenta un conservadurismo que no proviene de cuestiones culturales, sino de la pereza y predisposición frente al cambio, que altera la comodidad en que se encuentran al- gunos operadores del sistema 39 . En ese sentido, esta supuesta dificultad no requiere atención sino rechazo.
Existe otra serie de dificultades que aunque tienen asiento en circunstancias reales, toman la forma de problemas o ven acentuado su carácter riesgoso debido en parte a las mismas actitudes de pereza y comodidad, particularmente en ciertos abogados y Magistrados. En este grupo se pueden mencionar los problemas deri- vados de los medios de conservación de la actuación procesal y de la dedicación directa de los operadores a los asuntos a su cargo.
Respecto de lo primero, debe reconocerse que actualmente la oralidad dificulta la consulta expedita de la historia del proceso 40 , especialmente para efectos de la segunda instancia y los recursos extraordinarios. Para las etapas iniciales del pro- cedimiento, aún en los procesos orales, se conserva esencialmente la forma escrita y la concentración evita que ello sea un problema en la primera instancia, pero
37 Aunque todos los doctrinantes mencionan de cierta manera los riesgos o desventajas de la ora- lidad, muy pocos pueden calificarse de opositores. El ejemplo más claro de oposición a la orali- dad parece encontrarse en López Blanco, Hernán Fabio. Op. cit. p. 121 y ss. Al parecer, según la cita de Beatriz Quintero, Clemente Díaz también es un opositor. QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 119.
38 El artículo 120.2 de la Constitución Española dice “El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal” y la Ley de Enjuiciamiento Civil adoptó un proceso por audiencias para acercarse a la oralidad.
39 ALCALÁ – ZAMORA. Op. cit. p. 10 y 26.
40 LÓPEZ BLANCO. Op. cit. p. 121. ROJAS GÓMEZ. Op. cit. p. 269.
realmente, hoy en día resulta bastante engorroso para los Magistrados acudir a los registros de audio o video para conocer la historia procesal, particularmente si no conocen previamente el objeto del respectivo recurso. Este problema se acentúa cuando la decisión no es unipersonal sino colectiva y se agrava cuando se refiere a cuestiones de valoración probatoria. En el sistema escrito, los Magistrados conocen previamente el objeto del recurso y posteriormente pueden consultar la historia del proceso y de la actividad probatoria en la comodidad de las actas y del expediente, cuyo manejo dominan hace tiempo.
Sin embargo, la cuestión problemática es coyuntural, por lo menos en parte. Si bien la mayoría de los Jueces y abogados de la actualidad manejan los expedientes adecuadamente, lo cual no es sencillo ni natural sino aprendido, igualmente pueden aprender a manejar los registros de audio o video, que gracias a la tecnología en permanente desarrollo permiten realizar búsquedas, así como señalar y resaltar aspectos relevantes, cada vez con más facilidad. Obviamente, para superar con ven- tura esta dificultad se requiere de conocimiento previo por parte de los operadores, tanto de la tecnología y el manejo de los registros, como de los aspectos pertinentes que constituyen el objeto del recurso, máxime si se refieren a la valoración de las pruebas. En consecuencia, son aspectos que se deben tener en cuenta para una ade- cuada reglamentación e implementación de la oralidad, como ciertamente se hizo, de manera ejemplar, en el Código General del Proceso que, a pesar de incorporar la oralidad, mantuvo una regulación integral de los expedientes, que permite la re- construcción histórica del proceso y la consulta acuciosa por los jueces de instancia, como se infiere de los artículos 114 y 122 a 126 de la normativa 41 .
Respecto a la segunda dificultad planteada arriba, es cierto que la oralidad y la concentración no permiten el mismo nivel de delegación que se presenta en la escri- tura, lo cual aplica para todos los operadores, para los abogados y particularmente para los Jueces. En consecuencia, las labores de proyectar memoriales y sustanciar o proyectar decisiones no tienen la misma relevancia y las responsabilidades se perso- nalizan en cabeza del respectivo abogado o funcionario. Esta es la faceta positiva del asunto, pues se resalta la labor de los profesionales y de los Jueces y se hace menos necesaria la contratación de los empleados judiciales, pudiendo canalizar recursos a infraestructura y adecuada contratación de funcionarios. Sin embargo, tiene una faceta negativa que merece atención.
Particularmente desde la visión judicial, pues la cuestión del ejercicio profesio- nal es un asunto privado que deberá resolverse desde la estructura y conformación de las oficinas de abogados, la ausencia de delegación es un problema si se mira frente a la grande y creciente demanda de justicia en nuestros sistemas. Si bien es
41 Es importante anotar que la regulación en torno al acceso al expediente complementa las dis- posiciones en relación con la grabación en audio y video de las audiencias (artículo 107 del Código General del Proceso), de tal manera que se eviten situaciones que entorpezcan la con- sulta de las actuaciones.
claro que la concentración favorecida con la oralidad ayuda a disminuir los tiempos procesales, la necesidad de presencia y actuación directa del Juez en cada asunto puede congestionar o retardar la atención directa de otros procesos. Es decir, si bien es posible realizar una audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, por ejemplo, en cinco horas, frente a los meses que tardaba en el sistema escrito, son cinco horas en las que los otros asuntos a cargo del juzgado se encuentran totalmente paralizados, pues no se pueden adelantar audiencias simultáneas ni realizar actuaciones escritas por parte de los empleados del despacho. En consecuencia, la gestión administrativa de los juzgados y la existencia de un número suficiente de Jueces y Magistrados son aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de implementar la oralidad. Por ello, se dice que la oralidad no es un remedio contra la congestión, sino que por el contrario requiere de la descongestión previa para su adecuado suceso.
Precisamente los anteriores asuntos hacen necesario para el éxito de la oralidad que se disponga de suficientes recursos presupuestales, que permitan introducir la tecnología adecuada y contratar suficientes funcionarios 42 . Por otra parte, la infraestructura física de los complejos judiciales debe cambiar para la construcción de salas de audiencia en las que se puedan practicar adecuadamente los principios de inmediación y publicidad y se pueda registrar fielmente la actuación, lo cual obviamente requiere de una gran inversión económica, particularmente en los momentos iniciales. En países como el nuestro, en los que las disponibilidades presupuestales no son muy amplias, se ha considerado que la implementación de la oralidad es un esfuerzo sumamente costoso 43 , dando lugar a un predicamento de inconveniencia frente al sistema 44 .
Como una dificultad paralela a la cuestión presupuestal, se encuentra la necesidad de preparar y capacitar a funcionarios y abogados, tanto en cuestiones accidentales, verbigracia la tecnología a utilizar, como en aspectos fundamentales, tales como las competencias que tienen que dominar, las cuales distan de parecerse
42 QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 118.
43 LÓPEZ BLANCO. Op. cit. p. 122.
44 Estas dificultades ya empezaron a evidenciarse frente a las iniciativas legales que han imple- mentado la oralidad. Ciertamente, bien es sabido que la entrada en vigencia de las principales disposiciones de la ley 1395 de 2010 en materia de oralidad, no ha tenido lugar en la medida en que no existen las partidas presupuestales necesarias para el efecto, particularmente en lo que concierne a los procesos civiles. Frente al nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 2 de julio de 2012, el Consejo de Estado radicó en mayo de 2012, un proyecto de Ley que pretende aplazar su entrada en vigencia por carencia de la indumentaria y logística necesaria para poner en marcha el nuevo sistema procesal, especialmente en lo que tiene que ver con los medios requeridos para la implementación de la oralidad. En materia procesal penal, aunque las dificultades no se manifestaron en la misma proporción en los momentos iniciales, hoy en día es evidente la escasez de salas de audiencia y en ocasiones su diseño inadecuado y su precario mantenimiento.
a la generalidad de las competencias actuales de los buenos Jueces y profesionales 45 .
Ello requiere de una inversión coyuntural para la difícil tarea de capacitar a los ac- tuales operadores y una modificación sustancial de la enseñanza del Derecho para que los futuros profesionales y Jueces se formen en competencias adicionales a la comprensión de lectura, el conocimiento y manejo de fuentes y la argumentación con expresión escrita. Sin perjuicio de ellas y de la obvia importancia de las compe- tencias de expresión oral, los futuros abogados deben desarrollar sus capacidades de
concentración 46 , percepción activa, visión prospectiva de los asuntos, preparación suficiente, improvisación informada y, sobre todo, debe haber conciencia de un cambio drástico en el modo de ejercer la respectiva función pues el sistema escrito permite un mayor nivel de estudio específico posterior ante los problemas que se vayan presentando, mientras que el sistema oral requiere que los Jueces y abogados hayan estudiado suficiente y adecuadamente las diferentes variables y aristas del asunto antes de que se presenten las cuestiones, pues deben resolverlas o manejar- las inmediatamente en la medida en que surgen en la audiencia. Por eso, el cambio hacia la oralidad no puede ser inmediato sino progresivo y se deben implementar estrategias de coyuntura que permitan superar los problemas iniciales que se pue- den presentar por la posible incompetencia de los sujetos procesales.
De la anterior dificultad se deriva otra, que se ha resaltado y relievado por quienes prefieren el sistema de la escritura y se ha analizado por los defensores de
oralidad. Según esta postura, la oralidad se presta para decisiones erróneas 47 por
poca posibilidad que tienen la contraparte y el Juez de estudiar adecuadamente
la prueba y las fuentes respectivas para responder a las cuestiones propuestas.
En otras palabras, la oralidad da lugar a que las partes, en un ejercicio desleal del derecho, planteen argucias y creen celadas que sorprendan a la parte menos hábil 48
y eventualmente al propio Juez. Obviamente, un adecuado sistema procesal no
puede proponer la deslealtad por lo que, además de preparar adecuadamente a las personas, debe generar requisitos y mecanismos legales que promuevan la claridad
y transparencia del debate, así como sanciones efectivas a las conductas desleales.
Ello no es propio ni exclusivo de la oralidad, porque en la escritura también ocurre, pero los mecanismos para controlarlo son diferentes y requieren un diseño especí- fico que posiblemente no se ha estudiado suficientemente.
45 Así lo destaca Kisch, Citado por MORALES MOLINA. Op. cit. p. 197. ALSINA. Op. cit. p. 38. CARNELUTTI. Op. cit. p. 122.
46 Niceto Alcalá–Zamora refiere que la frecuente “ausencia espiritual” del Juez en las audiencias que se puede combatir efectivamente con la concentración procesal. ALCALÁ–ZAMORA. Op. cit. p. 24. Carnelutti en un tono menos crítico dice que cuando la palabra hablada no se en- tiende no hay forma de “releerla”, a diferencia de lo que ocurre con los escritos. CARNELUTTI. Op. cit. p. 122.
47 LÓPEZ BLANCO. Op. cit. p. 121. QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 118.
48 DEVIS ECHANDÍA. Op. cit. p. 62. ALCALA–ZAMORA. Op. cit. p. 17.
Como se puede percibir, las dificultades o riesgos que entraña la adopción de un sistema oral son múltiples y serios. Sin embargo, antes que desechar una buena propuesta por sus riesgos, lo que se debe hacer es estudiarlos, tomar conciencia de ellos para tenerlos en cuenta en la regulación que la materialice y procurar minimi- zarlos al máximo posible.
1.3 La opción por la oralidad
Como se viene diciendo, la elección de la oralidad o la escritura no es una cuestión constitucional o fundamental que pueda ser definida dogmática o axiomáticamente de manera invariable 49 . Por el contrario, se trata de un asunto de política procesal que encuentra su materialización en la ponderación y los análisis de sus ventajas y desventajas, realizados por el intérprete y especialmente por el legislador 50 . En las anteriores líneas se realizó un breve análisis que se orienta a una opción por la oralidad y que puede ser el fundamento de la reforma que, en un primer momento, realizó en Colombia la ley 1285 de 2009 a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el sentido de adoptar la oralidad –precedida, claro está, por el Sistema Penal Acusatorio, de estirpe eminentemente oral y de la ley 1149 en materia la- boral–. Con dicha reforma, el inciso segundo del artículo 4º de la Ley Estatutaria quedó así:
“Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unifica- ción de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.
De la norma se deriva claramente que, con fuerza de Ley Estatutaria, Colombia se inclinó por la oralidad en sus procedimientos judiciales, de tal manera que ésta debe observarse en las reformas judiciales que se produzcan a partir de su vigencia 51 . Además, la norma apunta a la unificación de los procedimientos, a la utilización de la tecnología y preserva para el legislador ordinario la libertad de configuración procesal frente a la posibilidad de reglamentar actuaciones con forma escrita, siem-
49 ROCCO, Ugo. Op. cit. p. 174.
50 Cfr. CAPPELLETTI, Mauro. Proceso, Ideologías, Sociedad. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa América. 1974. p. 43; LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I. Octava Edición. Bogotá. Dupré Editores. 2002. p. 121 y ss. –éste último, asiduo opositor de la oralidad–; CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un proceso. Bogotá. Temis. 2007. p. 56.
51 La Corte Constitucional declaró la norma condicionalmente exequible, en el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el Legislador. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008. Magistrada Ponente:
pre que resulte razonable y proporcionado a los principios constitucionales que se pretende garantizar con la norma.
Por lo demás, al amparo de dicho precepto, el sistema jurídico colombiano ha iniciado un tránsito legislativo gradual hacia la oralidad, que, como se puso de presente en los primeros párrafos, se materializó en las más importantes reformas procesales de los últimos años, particularmente en la ley 1395 de 2010, la ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, innovaciones normativas que podremos comentar marginalmente cuando señalemos los aspectos neurálgicos que deben tenerse en cuenta en el tránsito hacia un sistema oral, en aras de contribuir al debate académico que se ha gestado en torno a estas importantes modificaciones.
Ahora bien, es este también el momento indicado para mencionar que la opción por la oralidad no implica una opción por un sistema inquisitivo o dispositivo, de Juez director o Juez espectador. Aunque algunos doctrinantes vinculan a la orali- dad con una mayor posibilidad de participación e intervención en las cuestiones procesales y sustanciales por el contacto directo del Juez con las partes y el devenir procesal 52 , lo cierto es que sistemas tradicionalmente orales, como el anglosajón, se fundamentan en el principio dispositivo y la vigilante conservación de la impar- cialidad del Juez por encima de otros intereses políticos y sociales que propugnan por una mayor intervención judicial en el proceso 53 . Así las cosas, será el legislador quien con la normatividad que produzca defina esta cuestión, que es totalmente independiente de la forma de expresión de los actos procesales.
Por otra parte, de cualquier manera, parece claro que si se ha optado norma- tivamente por la oralidad, la legislación que se expida debe hacer todo lo posible por acercarse a las ventajas que se le atribuyen y por alejarse de los problemas que sus opositores y estudiosos pregonan. De hecho, la propia Ley Estatutaria incluye un parágrafo transitorio al mencionado artículo, que procura de alguna manera solventar la dificultad presupuestal para la implementación de la oralidad. Dice la norma:
“Autorízase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto de acuerdo con las disponibilidades pre- supuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión”.
Aunque sobre el particular se siguen presentando propuestas (como en el proyecto de reforma a la justicia), discusiones y negociaciones entre el Gobierno
52 DEVIS ECHANDÍA. Op. cit. p. 62. Couture. Op. cit. p. 55. Allorio. Op. cit. p. 276. GIMENO SENDRA. Op. cit. p. 225. CARNELUTTI. Op. cit. p. 124.
53 En opinión de Couture, a diferencia de muchos otros, ese es el fracaso de la oralidad anglosajo- na. COUTURE. Op. cit. p. 54.
y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por el alcance inter- pretativo que la Corte Constitucional le dio a la norma, lo cierto es que se procuró la existencia inicial partidas presupuestales crecientes para desarrollar la oralidad y para procurar la descongestión 54 . Con ello, se pueden solventar varios de los riesgos
54 Se hace referencia, en concreto, a la sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se resolvió sobre la constitucionalidad de la ley 1285 de 2009, en virtud del control previo que debe realizar la Corte Constitucional, en tratándose de Leyes Estatutarias. Frente al tema presupuestal, la Corte, en una sentencia de modulación en la que examinó las diferentes interpretaciones del parágrafo transitorio del artículo 4º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Tribunal halló que “una tercera interpretación de la norma, que la Corte estima como ajustada a la Constitución, indica que la referencia a una partida equivalente hasta el 0,5% del PIB, debe entenderse como un mínimo y no como un tope de orden presupuestal, que debe alcanzarse durante las próximas cuatro (4) vigencias fiscales. Desde esta perspectiva, lo que impone la norma al Gobierno Nacional es el deber de incluir en el presupuesto de cada año una partida que sea gradualmente mayor, hasta que en el cuarto año alcance, como mínimo, el equivalente al 0,5% del PIB. De esta manera, se respeta el marco de competencias concurrentes anteriormente señalado, de modo que el Gobierno tiene la potestad de hacer esa inclusión en forma gradual, “de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos”, sin perjuicio de la facultad de su inclusión completa desde el primer año fiscal siguiente a la expedición de la presente ley. Esta última lectura de la norma resulta coherente con la función del Congreso en la configuración del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones de cada anualidad, pues “es el Congreso y no el Gobierno quien debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional: “Tal y como ya lo ha señalado esta Corporación, el principio de legalidad del gasto constituye un importante fundamento de las democracias constitucionales. Según tal principio, es el Congreso y no el Gobierno quien debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público, lo cual explica la llamada fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, según el cual, las apropiaciones efectuadas por el Congreso por medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad de gasto gubernamental. Con base en tales principios, esta Corporación ha concluido que no puede ordinariamente el Gobierno modificar el presupuesto, pues tal atribución corresponde al Congreso, como legislador ordinario, o al Ejecutivo, cuando actúa como legislador extraordinario durante los estados de excepción, por lo cual son inconstitucionales los créditos adicionales o los traslados presupuestales administrativos. Es cierto pues, como lo señala uno de los intervinientes, que no puede la ley orgánica atribuir al Gobierno la facultad de modificar el presupuesto. Desde esta perspectiva, la Sala encuentra que el mandato de que en los cuatro (4) años siguientes se incluya una partida en el presupuesto anual de gastos, para los fines allí previstos, no resulta inconstitucional. La inclusión en el presupuesto de una partida equivalente hasta el 0,5% del Producto Interno Bruto, en los términos señalados, se refleja como una medida idónea y razonable para asegurar los recursos mínimos que permitan hacer efectivo el principio de oralidad y diseñar estrategias de descongestión judicial, pues de otra manera el derecho de acceso a la administración de justicia, conforme a los postulados que planteó el Legislador, carecería de herramientas concretas para asegurar su realización efectiva. Así las cosas, en respeto del principio democrático, la Corte deberá excluir las interpretaciones inconstitucionales del parágrafo transitorio del artículo 1º del proyecto y declarará su exequibilidad condicionada, en el entendido de que la partida allí prevista deberá ser cada año mayor, hasta que en el cuarto año alcance como mínimo el 0,5% del PIB …” (Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2008).
advertidos, obviamente dependiendo de las cuantías que disponga anualmente el Gobierno y apruebe el Congreso y de la gestión que adelante la administración judicial.
Sin embargo, la cuestión económica y financiera no es suficiente y se requiere que el legislador adelante una coherente labor legislativa que realmente minimice los riesgos y potencie las cuestiones favorables previamente advertidas y explicadas, como ha procurado hacerlo con las leyes recientemente aprobadas, sin perjuicio de lo cual estimamos importante hacer algunos comentarios generales en torno a las principales vicisitudes que debe enfrentar la incorporación de un sistema oral y la forma como Colombia las ha enfrentado, en aras, lo reiteramos, de contribuir al debate nacional sobre los sistemas adoptados.
2 Aspectos a tener en cuenta para una adecuada regulación de los procesos orales
2.1 La participación de la escritura en el sistema oral
Como se dijo previamente, no hay procesos plenamente orales y la ley puede dispo- ner que determinados actos procesales sean escritos por razones de conveniencia o de facilidad procesal.
Al respecto, hay cierto consenso en que los actos de iniciación procesal deben ser escritos 55 . De hecho, normalmente en los procesos orales hay una primera fase que es totalmente escrita en la cual se lleva a cabo la conformación del contradic- torio y del objeto del proceso. Así por ejemplo, en materia procesal penal la ley 906 de 2004, que consagra un proceso penal oral, en desarrollo de los postulados constitucionales 56 , establece que la acusación de la Fiscalía debe hacerse por escrito, sin perjuicio de su posterior materialización oral en la audiencia de acusación. Lo mismo ocurre con el proceso laboral, cuya oralidad se ha venido optimizando desde su consagración en 1948, con las reformas de la ley 712 de 2001 y la 1149 de 2008, en el que la etapa inicial es escrita; en el proceso Contencioso Administrativo, en el que los actos de impulsión preservan también su forma escrita, tal y como se infiere de los artículos 162, 163 y 175 de la citada legislación; y en el derecho procesal civil, donde la Ley 1395 de 2010, si bien acogió un trámite predominantemente verbal (eliminado el proceso ordinario y el proceso abreviado), mantuvo ciertos actos procesales escritos, como los de impulsión o iniciación del proceso (demanda
55 Así lo destacan, entre otros, GIMENO SENDRA. Op. cit. p. 226; QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 118.
56 El artículo 250 de la Constitución Política, después de la reforma del año 2002, contempla como función de la Fiscalía General de la Nación “4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.
y contestación de la demanda, en lo fundamental), cuestión que se mantiene en
el Código General del Proceso, el cual opta también por esta regulación, como se observa en los artículos 82, 91 y 96 de la nueva ley.
Por otra parte, se presenta una discusión en torno a si la sentencia debe ser oral o escrita. Para algunos, por su calidad de título ejecutivo, la sentencia debe ser escrita 57 . Para otros, las sentencias, particularmente las de las Altas Cortes, deben ser escritas, para facilitar su consulta, permitir el seguimiento a los precedentes y conservar su calidad de fuente auxiliar del Derecho. Sin embargo, el carácter escrito de la sentencia parece reñir con el principio de concentración, en virtud del cual la sentencia debe ser proferida en la misma audiencia de práctica de pruebas y alegaciones.
En materia procesal penal, la situación se quiso solucionar mediante la sepa- ración de las etapas de la decisión en dos momentos: el sentido del fallo, que debe anunciarse en la misma audiencia de juicio para respetar la concentración y el proferimiento de la sentencia que se hace en una audiencia posterior permitiendo
suficiente tiempo para la redacción escrita de la sentencia (art. 445, 446 y 447). Sin embargo, esta separación temporal ha generado ciertas dificultades ante posibles cambios de opinión del Juez y ha desnaturalizado la oralidad en la última audiencia, que se reduce a la simple lectura pública de la sentencia escrita. En materia laboral
la sentencia se profiere oralmente en la audiencia (art. 80), mientras que en materia
jurisdiccional disciplinaria, contrariando las orientaciones de los principios de concentración e inmediación, la sentencia se profiere por escrito días después de la terminación de la audiencia (art. 106, ley 1123 de 2007).
Por su parte, el nuevo procedimiento Contencioso Administrativo, de manera
similar al sistema penal, dispone que el Juez deberá anunciar el sentido del fallo en
la Audiencia de Alegaciones y Juzgamiento y proferir la sentencia por escrito dentro
de los diez días siguientes a dicha audiencia. Asimismo, confiere la posibilidad de
circunscribirse solamente a la providencia escrita, cuando no fuere posible anunciar
el sentido del fallo en la referida oportunidad procesal (artículo 182 de la ley 1437
de 2011). El contenido del fallo definitivo está previsto en el artículo 187 de la codi- ficación bajo examen.
En el caso civil, es preciso distinguir dos esferas normativas, a saber: I) La regu- lada por la ley 1395 de 2010, que desarrolló el tema de la sentencia en el numeral 4º del artículo 25 –reformatorio del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil 58 – y estatuyó que
57 GIMENO SENDRA. Op. cit. p. 226.
58 Sobre este particular, no debe perderse de vista que, al eliminar el proceso ordinario y el abreviado, y preservar como procedimiento declarativo preponderante al proceso verbal, en sus diferentes manifestaciones, la ley 1395 también derogó tácitamente el artículo 404 del Código de Procedimiento Civil y, en esa medida, la regulación en torno a la sentencia es
“La sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario,
podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la apelación” 59 ;
y, II) La que se regulará de acuerdo con el Código General del Proceso, en el que se dispone que
“En la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario podrá decretarse un receso hasta por dos (2) horas para el pronunciamiento de la sentencia. Si no fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez, en todo caso, deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición de sus fundamentos, y emitir la decisión escrita dentro de los diez (10) días siguientes, sin que en ningún caso, pueda desconocer el plazo de duración del proceso previsto en el artículo 121” (artículo 373).
Nótese cómo esta norma resulta manifiestamente más clara que la ley 1395 de 2010, en el sentido de que la sentencia será verbal. Además, elimina de raíz la po- sibilidad de emitir una sentencia completamente escrita, como quiera que, incluso en los casos en que se dificulte la providencia verbal, deberá anunciarse el sentido del fallo en la Audiencia de Instrucción y Juzgamiento, sin perjuicio de preparar posteriormente el texto escrito. Así, se evoluciona gradualmente hacia una oralidad preponderante.
Con todo, lo que sí nos parece claro es que, si se opta por la sentencia escrita, no tiene sentido complementarla con una audiencia de lectura, no solo porque es una diligencia inútil y bastante aburridora, sino porque se hace perder tiempo al funcionario y a los abogados, tiempo que podrían emplear en la preparación o realización de otras audiencias. De hecho, se debería incorporar una norma general que prohíba radicalmente la lectura en audiencias, tanto por los litigantes como por los funcionarios. La lectura desvirtúa la oralidad tanto como el dictado que a continuación se critica, pues las ventajas de celeridad, inmediación, autenticidad y naturalidad se refunden en la redacción escrita de las respectivas piezas procesales. Si el acto ha de ser escrito, que lo sea; no hay necesidad de audiencia para darle
la prevista en el artículo 432 de la referida codificación (audiencia del proceso verbal). Con todo, tampoco debe olvidarse que estas disposiciones aún no han entrado en rigor y que no se sabe, a ciencia cierta, el momento en que entrarán en vigencia, máxime si se tiene presen- te la reciente aprobación del Código General del Proceso (Vid. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Reformas al Código de Procedimiento Civil. Ley 1395. Bogotá. Dupré Editores. 2010. pp. 93 y ss.).
59 Es importante advertir que sobre esta norma existe ya un pronunciamiento de constituciona- lidad, en el que se declaró su exequibilidad. Al respecto, vid. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2011.
forma oral a lo que se ha definido como escrito, por el simple tabú del principio de oralidad 60 .
Por otra parte, sabido es que de las audiencias y diligencias procesales se debe guardar constancia fidedigna. De hecho el problema tradicional de la oralidad en Colombia había sido la exactitud del acta 61 , que había convertido los procesos orales en procesos dictados. El acta era más importante que la audiencia, porque la oralidad no estaba acompañada de concentración e inmediación. En esas con- diciones, a pesar de la eventual consagración legal de la oralidad, los sistemas eran realmente escritos 62 . Por eso, la reforma procesal penal introdujo una revolución en la oralidad, que consistió simplemente en utilizar obligatoriamente los medios tecnológicos para la constancia de las audiencias (art. 146), con lo cual se poten- ciaron la concentración y la inmediación. De hecho, la última reforma laboral se favoreció con ese simple ajuste (art. 46) y las experiencias de oralidad llamadas piloto, en materia laboral, civil y de familia promovidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 63 , se han fundamentado simplemente en la utilización de las nuevas tecnologías en el registro de lo actuado oralmente. Por ello, las recientes reformas se han unido a esta tendencia, capitalizando las ventajas de la tecnología y evitando el engorroso trámite escrito de transcripción en actas. Así, por ejemplo, la ley 1395 de 2010, al reformar el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil (que regula la audiencia en el proceso verbal que, a partir de la entrada en vigencia de estas disposiciones, será el proceso general), preceptúa que la audiencia deberá registrarse mediante un sistema de grabación electrónica o magnetofónica, prohibiendo la transcripción de las grabaciones y preservando un acta de contenido muy escueto. Lo propio se dispone en el Código General del Proceso, en el que el artículo 107 prevé la grabación de audio y video y prohibe también las transcripciones. No sucede lo mismo en la ley 1437 de 2011,
60 En ese sentido, celebramos, por ejemplo, que la ley 1395 de 2010 y el Código General del Proceso hubieren prohibido la transcripción escrita del contenido de las audiencias, para efec- tos del acta. Se elimina, con ello, un engorroso trámite que suscitaba eternas demoras en los procesos como se explica a continuación.
61 Los artículos 208, octavo inciso, sobre declaración de parte y 228 numeral octavo sobre de- claración de terceros, ambos del CPC, exigen que se consignen textualmente preguntas y res- puestas en el acta. Además, el artículo 109 del CPC sobre actas de audiencias y diligencias, particularmente en su segundo inciso, es un atentado a la celeridad buscada con la oralidad. Como lo dice Hernán Fabio López, lo que realmente ocurre es una duplicación de los esfuer- zos, una oral y otra escrita, haciendo que en la práctica resulte más expedito el sistema escrito. López Blanco. Op. cit. p. 122.
62 Hernán Fabio López auguró y acertó en que si la utilización de las nuevas tecnologías quedaba supeditada a la existencia de los recursos, permitiendo subsidiariamente la utilización del acta textual, la solución subsidiaria se convertiría en regla general favoreciendo la escritura. LÓPEZ BLANCO. Op. cit. p. 122.
63 Al respecto hay varios Acuerdos de dicho ente, dentro de los que se destaca el 4718 de 2008.
donde, de manera anacrónica, se permite todavía la transcripción total o parcial del contenido de las audiencias (artículo 137).
Por último y al margen de todo lo anterior, debe seleccionarse muy bien en qué
procesos se va a implantar la oralidad, pues hay unos trámites en los que algunos alegan que la escritura no incomoda, por ausencia de necesidad de inmediación
o porque pueden lograr celeridad sin necesidad de oralidad, entre otros motivos.
Los que más han llamado la atención sobre el particular son los iuspublicistas y, en concreto, se ha resaltado la ausencia de necesidad de oralidad obligatoria en los procesos cuya principal actividad es la comparación normativa, como los procesos de inconstitucionalidad o nulidad simple. De hecho, ante la ausencia generalizada
de debates probatorios en estos trámites, se ha propuesto que la oralidad se reduzca
a una audiencia optativa de alegaciones, incluso con posibilidad de iniciativa o ne-
gativa discrecional por el órgano controlador de la constitucionalidad o la legalidad. También se percibe que no hay interés en reformar los trámites escritos en los que se enmarcan las acciones constitucionales, particularmente la acción de tutela, porque en su informalidad han funcionado exitosamente y no tienen mayores problemas de mora judicial. También puede decirse que en los procesos ejecutivos, salvo algunas
modalidades o eventualidades 64 , no se percibe interés o necesidad de incursionar en
De cualquier manera, el hecho es que la opción por la oralidad no implica el completo repudio a la escritura, pero sí implica que el legislador regule adecuada, coherente y conscientemente los aspectos, actos o procesos que van a utilizar el sistema escrito como forma de expresión.
2.1 La concentración y la inmediación con la oralidad
Como se viene diciendo desde Chiovenda, la oralidad sin concentración y sin in- mediación no tiene mucho sentido 65 . Por eso el legislador, si quiere que la oralidad sea verdaderamente efectiva, debe complementar la regulación con un diseño concentrado del proceso judicial.
Tradicionalmente, el proceso concentrado tiene tres momentos. Una primera fase escrita de conformación del contradictorio y del objeto del proceso y una fase
oral con dos audiencias; la audiencia preliminar, en la que se procura la conciliación,
se hace el saneamiento procesal, se fija el litigio y se decretan pruebas; y la audiencia de juicio, en la que se practican las pruebas, se oyen los alegatos y se profiere la decisión. No es conveniente diseñar un proceso más concentrado, porque se hace impracticable en la mayoría de los casos, como ocurre con el proceso verbal colom-
64 Por ejemplo, y especialmente, el trámite de las excepciones de mérito.
65 ALLORIO. Op. cit. p. 276. DEVIS ECHANDÍA. Op. cit. p. 61. QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 119.
biano cuya audiencia “concentrada” 66 realmente se realiza en múltiples sesiones dis-
persas en el tiempo 67 . El modelo tradicional sí fue acogido por la legislación procesal laboral (art. 77 y 80) y de alguna manera por el proceso penal, aunque la audiencia preliminar se separó en dos momentos: la audiencia de acusación y la audiencia pre- paratoria (art. 338 y ss. y 355 y ss.). Igualmente, por el Código General del Proceso, en el que se da una fase de impulsión del proceso escrita, para luego tramitar dos audiencias orales: I) la audiencia inicial, regulada por el artículo 372 de la nueva codificación, en la que se deciden las excepciones previas, tiene lugar un intento de conciliación –de particular importancia, en la medida en que esta iniciativa no concibe a la conciliación como un requisito de procedibilidad–, el interrogatorio de las partes, el control de legalidad de la actuación, el decreto de pruebas y la fijación de fecha para la nueva audiencia. Si no llegaren a ser necesarias nuevas pruebas, en esta misma audiencia se podrá proferir sentencia; II) La audiencia de instrucción
y juzgamiento, regulada por el artículo 373 del Código General, con un contenido bastante denso, pero favorable a la concentración
De cualquier manera, el éxito de la concentración está dado por dos variables. En primer lugar, que el aplazamiento y particularmente la suspensión de las audien- cias sean permitidos únicamente por razones de fuerza mayor y por circunstancias excepcionales expresamente previstas en la ley. En segundo lugar, que no se permita
a los jueces iniciar otra audiencia en otro proceso sin haber agotado la totalidad del
objeto de la audiencia iniciada 68 . Esto resulta capital, especialmente en las audien- cias de juzgamiento, pues de lo contrario se pierden las ventajas de la inmediación
y los Jueces podrían utilizar sus poderes de dirección para burlar la concentración.
Así, iniciada la práctica de las pruebas en un proceso el Juez no puede iniciar otra audiencia diferente hasta que haya proferido el fallo respectivo.
En algunos escenarios de discusión académica se ha concluido que esto sería impracticable o caótico por la congestión que posiblemente generaría, pero en aras de la conveniencia puede acudirse a soluciones ingeniosas como el manejo admi- nistrativo de la agenda judicial y la propuesta de separar la función de juzgamiento
66 Según el artículo 432 del CPC, en la audiencia se dará la conciliación, el saneamiento, la fija- ción del litigio, la práctica de pruebas, las alegaciones y la sentencia, permitiendo la suspensión para esto último.
67 Este defecto de regulación se hizo patente en la ley 1395 de 2010, que, al reformar el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, concentró todas las etapas procesales en una única audiencia que, en la práctica, seguramente no podrá llevarse a cabo en la misma fecha, sino a través de repetidas suspensiones. Además, para las partes y los litigantes, una audiencia de este tipo, será sumamente desgastante, tal y como sucederá también con los testigos que deberán ser llevados al Despacho, aún antes de ser decretados, ante el riesgo de que el Juez acepte reci- bir su testimonio en dicha audiencia, en la que se decretarán las pruebas y se practicarán.
68 Algo así quiso plantear el legislador procesal penal cuando en el artículo 17 de la ley 906 plan- teó: “el Juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que centre su atención en un solo asunto”.
de las funciones preliminares y de ejecución 69 . Con ello, el Juez de conocimiento se puede dedicar exclusivamente a las audiencias de juzgamiento y no tiene que preocuparse por cuestiones preliminares, posteriores o paralelas a la definición de fondo del asunto, para cuya atención estarían encargados otros Jueces 70 . Además, de esta propuesta se resalta el papel activo que podría jugar el Juez en la audiencia preliminar, especialmente en la conciliación y en la fijación del litigio, sin temor de prejuzgar porque no será el encargado de resolver de fondo el asunto. Así, muchos litigios podrían realmente terminar de manera anticipada y en los restantes se opti- mizaría la actuación procesal de la audiencia de juzgamiento por la concreción del tema de la prueba y del problema jurídico que se debe resolver en su seno.
Por otra parte, con la concentración se resuelven y garantizan muchos de los postulados de la inmediación, pero faltarían cuestiones por definir, como la pro- cedencia de la comisión para práctica de pruebas y de las pruebas anticipadas. En materia procesal penal, se reguló el tema de las pruebas anticipadas de una manera bastante inteligente que logró comunicar las necesidades del derecho a la prueba con los principios de concentración e inmediación que la Constitución ordena para este procedimiento (art. 284), regulación que podría ser adoptada por la generali- dad de sistemas. En cambio, prohibió expresamente la comisión para práctica de pruebas (art. 16), pudiéndose suplir con la utilización de los medios tecnológicos disponibles. Si bien es una solución extrema, favorece la concentración y la inme- diación. El proceso laboral no reguló específicamente estos asuntos con lo cual se rige por las normas que orientan los procesos escritos o desconcentrados.
En el procedimiento contencioso administrativo, la ley 1437 de 2011, no se ocupó expresamente de la prueba anticipada y la comisión para la práctica de pruebas, por lo que, a la entrada en vigencia de esta Ley, ambos temas se regirán por lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, por virtud de la remisión genérica que se hace en el artículo 211 de la citada Ley y que, a juicio de algunos, resulta innecesaria, como quiera que, aún a falta de dicha disposición, el carácter genérico del estatuto procesal civil imponían la remisión. A nuestro juicio, sin embargo, la norma del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil contribuye a mitigar dudas.
La Ley 1395 de 2010, por su parte, se refirió a la temática de las pruebas extra- procesales –que naturalmente involucran a las pruebas anticipadas–, mediante una controvertida disposición contenida en el artículo 113 de la referida Ley, a cuyo tenor
69 Cappelletti lo propone, siguiendo la diferenciación del Trial y el Pretrial propia del common law. Citado por QUINTERO Y PRIETO. Op. cit. p. 119.
70 En materia procesal penal se optó parcialmente por esto, porque se creó el Juez de Control de Garantías para audiencias preliminares, pero el Juez de Conocimiento tiene la función de ade- lantar las audiencias de acusación y preparatoria. Adicionalmente, desde hace muchos años la función de ejecución ha estado a cargo de los Jueces de Ejecución de Penas.
“Podrán practicarse ante notario pruebas extraprocesales destinadas a pro- cesos de cualquier jurisdicción, salvo la penal, con citación de la contraparte y con observancia de las reglas sobre práctica y contradicción establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La citación de la contraparte para la práctica de pruebas extraprocesales deberá hacerse mediante notificación por aviso, con no menos de diez días de antelación a la fecha de la diligencia. Para estos efectos, facúltase a los notarios para que reciban declaraciones extraproceso con fines judiciales”.
Nótese cómo esta norma confirió un alcance general a la posibilidad de prac- ticar pruebas extraprocesales y, además, permitió que ello fuere realizado ante notario. Naturalmente, esta reforma trajo consigo varias críticas por parte de la doctrina, que destacan los peligros que este tipo de previsiones pueden generar frente a principios como la inmediación. Asimismo, supuso un cambio importan- te en la forma como el tema está regulado en el Código de Procedimiento Civil.
El Código General del Proceso también aborda estas materias. En lo que se
refiere a las pruebas anticipadas, las regula, en lo fundamental, en los artículos 174
y 183 a 190, siguiendo, con relativa cercanía, la actual regulación del Código de
Procedimiento Civil. El tema de las comisiones es abordado desde una perspectiva
restrictiva, en aras de la inmediación, como lo reflejan los artículos 37 y 171 de
la nueva legislación, respecto de los cuales es importante destacar la importante
innovación de la última disposición, que condiciona la comisión de la pruebas, ya no solamente a que se deba practicar fuera de la sede del juzgado, sino también a que su práctica no pueda suplirse por medios técnicos que permitan un contacto más o menos directo del juez, como serían, por ejemplo, videoconferencias o tele- conferencias. De esta manera, se le atribuye un carácter aún más excepcional a la práctica de pruebas por comisionado, como expresamente lo prevé la disposición bajo examen 71 .
Debe recordarse que la naturaleza de la oralidad es instrumental y que sus principales finalidades están constituidas por la garantía de la concentración, la inmediación, la celeridad y la publicidad. En consecuencia, la legislación debe tener estos principios como directrices y asegurarse que la oralidad es efectiva en su garantía.
71 La citada disposición prescribe que “El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón del territorio o por otras causas, podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción. Podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos indicados en este artículo. La Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo estime conveniente”.
2.2 Los medios de prueba en el proceso oral
Un aspecto neurálgico para la efectividad de la oralidad procesal es la reforma de la regulación de los medios de prueba. En algunos de ellos, simplemente hay que realizar ajustes menores, pero en otros el cambio debe ser total 72 .
Especialmente parece importante un pequeño ajuste en los mecanismos para la comparecencia de personas y en los efectos por su inasistencia, pues en un sistema oral y concentrado no puede tenerse la misma actual indulgencia con testigos y partes que no se presentan a la audiencia respectiva. Dicha ausencia es bastante más grave y deben preverse adecuadamente las situaciones para no entorpecer el curso del proceso y procurar el completo recaudo de los medios de prueba.
Por otra parte, deben modificarse las reglas de procedencia de la inspección judicial, pues su práctica claramente afectaría la concentración del proceso. Además, con la tecnología actual es posible documentar o registrar adecuada- mente la cosa, lugar o persona objeto de la inspección para llevar el conocimiento pertinente al Juez, sin necesidad de practicar la diligencia de verificación directa. El Código de Procedimiento Penal limitó su procedencia a la imposibilidad de llevar la respectiva evidencia a la audiencia, sumada a otros criterios que han con- ducido a que prácticamente la inspección judicial no se realice en dicho sistema (arts. 435 y 436). Este criterio restrictivo fue también adoptado por la ley 1395 de 2010, que solamente permite la inspección judicial, cuando los fines perseguidos con ella no puedan lograrse a través de una videograbación.
72 La necesidad de reformar el régimen probatorio en aras de implementar la oralidad, es evi- dente. La íntima relación entre uno y otro aspecto, es destacada por Diego Palomo Vélez, para quien “…Oralidad, concentración e inmediación judicial son reglas que potencian la ac- tividad probatoria, la revalorizan, ganando en seriedad y calidad desde el momento en que se fortalece el juicio de hecho con un juez que va a estar efectivamente presente en la práctica de las pruebas. Esta combinación de reglas debe estar al servicio de una práctica probatoria mucho más flexible y espontánea que la actual. La nueva regulación que se propone de la prueba testimonial y de declaración de parte son claros ejemplos de lo que decimos, se fa- vorece la espontaneidad de las preguntas y las respuestas y se evitan los rigorismos formales no justificados que constituyen limitaciones probatorias …” (se subraya) (PALOMO VÉLEZ, Diego. La oralidad en el proceso civil. El nuevo modelo español. Op. cit., p. 142 y ss.). La ne- cesidad de reformar el sistema probatorio para implementar un proceso oral es reconocida por otros muchos autores, entre los cuales se puede consultar a Bonet, José. “El proceso civil español como modelo procesal de oralidad”. Revista de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. No.21. pp. 151-172; MONTERO, Juan. Valoración de la prueba, reglas legales, ga- rantía y libertad en el proceso civil. En: CIPRIANI, Francesco. Stato di diritto e garanzie processuali. Edizione Scientifiche italiane, Quaderni de Il giusto processo civile. Napoli. 2.; CHIOVENDA, Giuseppe. “L’ oralità e la prova”. Rivista di Diritto Processuale Civile. Vol.I. 1924; Maturana, Cristián. “Un moderno sistema probatorio para el proceso civil”. Revista del Colegio de Abogados de Chile. No.24. 2002; MENESES, Claudio. “Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil”. Revista Ius et Praxis, Vol. 14. No.2. pp. 45-48.
El tema de los documentos y la mediación que implican, sumado a la necesidad de incorporarlos al caudal probatorio de una manera especial y leal en los siste- mas orales, también debe ser minuciosamente revisado, sin acudir a purismos que impidan o dificulten la aducción y valoración de este medio de prueba que ha sido tradicionalmente tan importante, ni que impliquen retrocesos en la presunción de buena fe y de autenticidad que han facilitado y dignificado la función de los abogados litigantes. La experiencia en procesal penal en materia de regulación de documentos no ha sido del todo positiva, pero especialmente por el excesivo valor que se da a los originales en perjuicio del valor probatorio de las copias (arts. 429, 433 y 434) y por los rigurosos mecanismos de autenticación que han exigido ciertos Jueces, basados en sus cursos de formación, más que en la literalidad de las normas que regulan la materia 73 . Parece pertinente conservar algo de lo actual en materia procesal civil y dar amplios poderes al juez en la fijación del litigio basada en los documentos aportados, sin perjuicio de regular su incorporación oral en audiencia, evitando en todo caso pesadas lecturas que afecten la agilidad de la diligencia.
Ahora bien, como lo pusimos de presente en otra ocasión, el Código General del Proceso, por su parte, tuvo también que tomar partido en esta materia 74 . Como ya lo hemos advertido, en la iniciativa de transformar al proceso civil en un verda- dero proceso oral, el Código tuvo que examinar aspectos neurálgicos de la prueba documental y, en esa medida, introducir los ajustes que, juicio de los redactores, resultaban oportunos en esta materia, algunos de los cuales comentamos, muy someramente, a continuación:
a. En primer lugar, constituye un acierto que, a pesar de la oralidad, el Código General del Proceso no haya exigido la lectura del documento en la audiencia, para efectos de su aportación en el proceso. El hecho de preservar la aportación material del documento al expediente, sin necesidad de una lectura de los acápites pertinentes –como debe hacerse, por ejemplo, en la jurisdicción penal-, evita un purismo jurídico cuyo carácter sería meramente formal y, por lo demás, inconveniente respecto del propio sistema oral.
73 La discusión se presenta en relación con la necesidad de introducir documentos que se tie- nen como auténticos, únicamente con su autor, cuando las normas no lo exigen así (arts. 425 y 426).
74 Sobre el impacto que tuvo la ley 1395 de 2010, en el desarrollo de la prueba documental, se puede consultar la ponencia realizada por el Semillero de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, en la que se abordó esta temática (Vid. ROJAS QUIÑONES, Sergio, et.al. (Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana), “La prueba como aspecto de necesaria considera- ción para hacer de la oralidad una realidad material en el proceso civil”. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ed. 37. 2011. Bogotá. pp. 377-380).
En efecto, la exigencia de leer el documento aportado como prueba documental, cuando ello es posible, so pretexto de la implementación de la oralidad, conduce a dos grandes desventajas, a saber:
• En primer lugar, desnaturaliza, in radice, la prueba documental, la cual, a la luz del criterio doctrinal mayoritario, se caracteriza por su naturaleza material 75 , de donde se colige entonces que es parte de la esencia misma del documento, como medio probatorio, el que se materialice en una cosa corporal contentiva del hecho documentado o de la declaración que se pretende acreditar 76 . Por eso es por lo que, en aras de tutelar o preservar dicha naturaleza, no se deben adoptar metodologías que, al menos parcialmente, relegan el elemento ma- terial, diluyendo además las diferencias entre la prueba documental y otros medios probatorios en particular, como es la prueba testimonial.
• De otra parte, adoptar un esquema como el de la lectura del documento en el seno del proceso oral, podría también resultar perjudicial frente a carísimas e importantes ventajas de la oralidad, como son la concentración y la inmedia- ción procesal, en la medida en que, por vía de ejemplo, dada la extensión de muchos de los documentos que se aportan a un proceso, resultaría sumamente dispendioso acometer su lectura en el seno de una audiencia, por lo que sería necesario fraccionarla en diferentes oportunidades procesales –perjudicando la concentración–. O debería optarse por desarrollarla en el marco de una sola audiencia, aun cuando ello afectaría la atención de la autoridad judicial, sin contar con que un esquema como el descrito, podría vulnerar también la inmediación procesal, por cuanto el contacto con la prueba documental, en la hipótesis de la lectura, no sería tan directo e inmediato como con la observación directa del mismo.
75 En efecto, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define al documento como “…todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares…” (se subraya); Jaime Azula Camacho, por su parte, sostiene que “… la prueba documental presenta las siguientes características (…) c) es real o material, porque el documento se encuentra en un objeto que contiene la declaración o representa- ción…” (AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho probatorio. Op. cit., pp.180-181). Cfr. DE SANTO, Víctor. Diccionario de derecho procesal. Op. cit., p.109.
76 El profesor Jairo Parra Quijano explica, con elocuencia, la naturaleza material del docu- mento; al respecto, afirma que “…el documento es un objeto perceptible por cualquiera de los órganos de los sentidos, y además, sujeto a las leyes de la materia y que ocupa espacio. Si hacemos un símil entre un espejo y la imagen de una persona reflejada en él, piénsese en el espejo, en su color, olor, sabor, que con el tacto pueden percibirse rigurosidades, el ruido que puede producir, por ejemplo, al romperse, etc.”. PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá. 2009. p. 507. Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Op. cit., p. 504; Denti, Vittorio. La verificazione delle prove documentali. Torino. Utet. 1957. pp. 41-45. ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO. Op. cit. p.381.
Así las cosas, resulta a nuestro juicio conveniente que el Código General haya hecho caso omiso de tales purismos y, con respecto a la naturaleza de la prue- ba documental, y a los principios de concentración inmediación y celeridad procesal, haya preservado el sistema de aportación material del documento.
Reiteramos que, en principio, no tiene sentido exigir las lecturas de los docu- mentos, so pretexto de hacerlos verbales, toda vez que la naturaleza misma de
la prueba documental parte justamente de su materialidad, ora en un proceso
escrito, ora en un proceso verbal.
b. Otro punto digno de resaltar es el que tiene que ver con las presunciones de autenticidad de los documentos. Extender la presunción de autenticidad, tal
y como lo hace el artículo 244 del Código General, continúa la línea que la
academia, de antaño, venía sugiriendo en esta materia. Asimismo, dicha pre- sunción de autenticidad evita los inconvenientes que se han presentado en otras jurisdicciones, a la par que engorrosos y burocráticos trámites que, en muchas ocasiones, dificultaban el proceso mismo 77 . No sobra destacar, adicionalmente, que el citado artículo 244 de la nueva Ley, dice que la presunción se aplica en todos los procesos y para todas las jurisdicciones, por lo que extiende el ámbito de aplicación de manera muy particular.
c. En tercer lugar, se observa que la Ley también acierta al permitir que las tachas por falsedad y el desconocimiento documental se hagan verbalmente en las audiencias. Así, si bien el Código General del Proceso mantiene la posibilidad de
surtir estos dos trámites en forma escrita (arts. 269, 270 y 272), abre también el espacio para que su trámite sea verbal, con lo que se logra un fuerte espaldarazo
a la oralidad procesal y, con ello, a la inmediación y a la concentración.
Ya en otra ocasión, anterior al pluricitado Código, decíamos que en la audiencia de juicio se podía
“…formular, en forma verbal, la tacha por falsedad, explicando, también verbalmente, los elementos constitutivos de la falsedad y solicitando las prue- bas que estime oportunas para el efecto; en esa misma audiencia o en una posterior, la contraparte podría también solicitar las pruebas que, a su juicio, resultan conducentes para acreditar la autenticidad del documento, y, con base en lo dictaminado por las pruebas que decrete el juez, éste podría tomar una decisión respecto de la consabida falsedad. Sobre este particular, cumple destacar que, en principio, no se encuentra una razón que justifique la preser-
77 Es importante anotar que con el Código General del Proceso, el alcance de la presunción de autenticidad es mayor que el que se dio, en su momento, con la ley 1395 de 2010, con lo que se soslaya a crítica de parte de la doctrina en el sentido de que no existía una presunción absoluta, por mantenerse al margen algunos documentos, como los emanados de terceros, de natura- leza dispositiva. Al respecto, Vid. Canosa Suárez, Ulises. Descongestión judicial. Ley 1395 de 2010. Aspectos probatorios del proceso civil. En: Memorias del XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre de Colombia. Colombia. 2010. p. 292.
vación de un trámite escrito cuando el mismo se puede surtir verbalmente sin que ello subvierta, en grado alguno, la teleología o naturaleza misma de la
tacha por falsedad, en la medida en que se mantendrá la posibilidad de for- mularla, de una parte, a la par que de presentar las pruebas que la acrediten
y aquellas que, por el contrario, demuestran que no hubo alteración alguna del contenido del documento…” 78 .
Lo propio se proponía respecto del desconocimiento documental,
“…hipótesis en la cual tampoco se encuentra una razón que justifique la sub- sistencia de trámites escritos cuando, en puridad, se trata de una actuación que podría formularse verbalmente en la audiencia, acompañando también
el acervo probatorio que, de parte y parte, contribuye a sustentar la posición
defendida; muy por el contrario, la posibilidad de suscitar una controversia verbal en sede judicial sobre asuntos como la falsedad o la autenticidad del documento –en el caso del desconocimiento-, resulta de suyo provechosa, toda vez que a partir de dicha controversia y del contacto directo con la misma, el juez contará con un acervo mayor de elementos de juicio para valorar si, en realidad, el documento que se aporta al proceso proviene o no de aquel a quien se le atribuye como propio. Ello, como es natural, potencializa la inmediación procesal y favorece, a su vez, el principio de concentración, toda vez que, en la medida de lo posible, se podría surtir la actuación en el marco de una sola audiencia procesal en la que, de cara a las pruebas aportadas, se pueda elucidar el tema de la autenticidad…” 79 .
Por eso se observa que, con sentido lógico, el nuevo Código hace verbal el trá- mite de la tacha por falsedad y del desconocimiento documental, al permitir que ambos se discutan en el marco de una audiencia. Así, a pesar de preservar un rezago escrito –la posibilidad de formular ambas figuras en la contestación de la demanda–, lo cierto es que la redacción de la codificación muestra que el trámite será predominantemente verbal, con lo que, a nuestro juicio, se logra una reforma afortunada y coherente con los dictados de la oralidad.
Finalmente, y sólo como propuesta complementaria, siguiendo un poco la ex- periencia del derecho penal, la audiencia oral permitiría una ventaja adicional que, a nuestro juicio, debería ser también considerada en la reforma al sistema:
la posibilidad de solicitar, en el marco de una audiencia judicial –probable- mente– y la de instrucción y juzgamiento, la aclaración de aspectos que sean dudosos y que tengan que ver directamente con el contenido de la prueba
78 ROJAS QUIÑONES, Sergio, et.al., (Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana). “La prueba como as- pecto de necesaria consideración para hacer de la oralidad una realidad material en el proce- so civil”. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ed. 37. 2011. Bogotá. p. 380.
79 Ibídem, p. 381.
documental 80 . Se trataría de una oportunidad para indagar por el contenido de ciertas frases que, por su redacción o caligrafía, no son fácilmente compren- sibles, así como para explicar el significado de ciertos términos, la motivación que precedió la redacción de acápites específicos, las razones que justifican determinada estructura, aclaración o anotación y, en general, los asuntos que el autor o los autores pueden aclarar respecto del documento que aportan como prueba al trámite procesal.
Esta es una posibilidad que brinda la oralidad y que podría ser de gran utilidad de cara a la comprensión del contenido de los documentos que sirven de prueba en el proceso judicial, siempre y cuando, claro está, se utilice en el marco de la razonabilidad, toda vez que la posibilidad de solicitar la aclaración respecto de un elemento del documento debe circunscribirse a los límites propios de la aclaración del mismo, sin que dicha aclaración se transforme entonces en un interrogatorio de parte o una prueba testimonial.
Pero, sin lugar a dudas, el medio probatorio que requiere una transformación total es la prueba pericial. El dictamen escrito y la contradicción por escrito han hecho de la prueba pericial el más lento pesado y desconcentrado de los medios probatorios. Por lo pronto, la propuesta de la ley 906 en el procedimiento penal pa-
rece constituir una adecuada regulación de la prueba pericial (art. 405 y ss.). Se trata de una prueba compleja que implica necesariamente dos elementos: un informe pericial escrito, aportado en el momento indicado para la aducción de documentos,
y, como elemento fundamental, la posterior declaración del perito en la audiencia,
sujeta a las reglas de la prueba testimonial tanto en la conformación de su objeto
y eficacia probatoria, como en su contradicción. Esta propuesta compromete la
visión del perito, auxiliar de la justicia, pero es tan ágil e interesante que bien vale la pena comenzar a discutir y estudiar el asunto.
El Código General del Proceso amerita también unos comentarios en esta ma- teria, debido a sus importantes y curiosas innovaciones. Al respecto, es importante señalar entonces que este Código cumple con la necesidad de ajustar esta prueba a un sistema oral. El diseño contenido en el actual Código de Procedimiento Civil era
80 Se trataría de hacer del autor del documento, un testigo en el trámite procesal, de tal suerte que se le pueda solicitar la aclaración de todo lo relacionado con el documento que se aporta como prueba en el proceso; nótese que las clarificaciones y demás respuestas brindadas por el autor, operarían como una genuina prueba testimonial y, en consecuencia, no serían parte, como tal, de la prueba documental; simplemente consiste en una posibilidad que surge gracias a la oralidad, pero que jamás debe confundirse con la prueba documental misma, en la medida en que, en este caso en particular, el autor del documento procede a aclarar lo relacionado con el mismo, en forma verbal, de tal suerte que no existirá un elemento material que, en sí mismo, permita clasificar a esta aclaración como parte de la prueba documental; no: se trata de una actuación que se surtiría con fundamento en el documento, pero que no sería parte de la prueba documental misma, ya que considerarlo así, sería, de plano, forzar dentro de la prueba documental, un trámite ajeno a sus principales rasgos.
de base preponderantemente escrita, incluso con las modificaciones introducidas por la ley 1395 de 2010 81 . Por eso, resulta a todas luces conveniente que la nueva codificación haya hecho una revisión sistemática de este medio de prueba y lo haya ajustado, en muchos de sus aspectos, a la oralidad procesal. De hecho, se observa que en esta materia se acogen muchas de las propuestas planteadas por la academia, siguiendo los modelos introducidos en el derecho comparado y, como es natural, en otras jurisdicciones que, como la penal, están ya inmersas en un sistema oral.
Dentro de las modificaciones incorporadas, varias son las cosas que se deben resaltar, a saber:
a. En primer lugar, respecto de la amplitud de la prueba pericial, nos parece conve- niente que el Código General del Proceso, respetando la teleología de este medio de prueba, continúe limitando su alcance a cuestiones técnicas, científicas o artísticas, en la medida en que es parte de su genuina naturaleza, el que verse solamente sobre las mismas 82 .
En efecto, y como en su momento se acotó, la teleología que informa a la prueba pericial, es la de servir de soporte al juez para ilustrarlo frente a una cuestión que requiere de un especial conocimiento técnico o científico para su comprensión. En ese sentido, se desfiguraría dicha teleología –y la naturaleza de la prueba pericial– si se extralimita su alcance a otros escenarios que, en rigor, son ajenos a la necesidad técnica, científica o artística, que justifica el antedicho peritaje 83 .
81 En relación con las reformas más importantes introducidas por la Ley 1395 de 2010, en mate-
ria de prueba pericial, se puede consultar el análisis realizado por el Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Rojas Quiñones, Sergio, et.al. (Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Pontificia Universidad Javeriana), “La prueba como aspecto de necesaria consideración para
hacer de la oralidad una realidad material en el proceso civil”. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ed. 37. 2011. Bogotá. pp. 364-375.
82 Sobre este particular explica el profesor Azula Camacho que “…la prueba pericial se impo- ne cuando se requiere un pronunciamiento sobre cuestiones técnicas, científicas o artísticas. Tecnología, en su acepción corriente, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.
Artístico es lo perteneciente o relativo a las artes, especialmente las bellas. Es todo acto me- diante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o expresa el hombre lo material
o lo invisible y crea copiando o fantaseando. La ciencia es un cuerpo de doctrina metódica-
mente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del saber humano. Científico es quien posee alguna ciencia. Esto implica que existe una gran amplitud respecto de las ma- terias susceptibles de dictamen, pudiendo citarse los avalúos, la calidad de un producto, el funcionamiento de una máquina, la autenticidad de la obra de un pintor, el estado psíquico de una persona, etc.”. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho probatorio. Bogotá. Temis. 1998. pp. 243-244.
83 El maestro Devis Echandía explica justamente cuándo es pertinente la prueba pericial y, ha- bida cuenta de ello, sugiere también que esta no se debe emplear por fuera de esa esfera de pertinencia; así, explica el citado autor que “…el juez es un técnico en derecho, pero carece generalmente de conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de
Ello, de cara a la oralidad procesal, tiene una especial connotación, en la medida
en que en este escenario, la ley debe seguir enfatizando en que la prueba pericial tiene por objeto asesorar en temas científicos, técnicos o artísticos, con el pro- pósito de instar al juez a que proceda con suma cautela al momento de permitir
la intervención oral del perito en una audiencia en particular, toda vez que debe
estar atento a evitar que, bajo el manto del peritaje, desvíe su concepto hacia asuntos que no sean técnicos, científicos o artísticos y que, por el contrario, pre- tendan, en forma por demás indebida, incidir en la convicción del funcionario judicial, por fuera de la teleología y naturaleza misma de la prueba pericial.
En ello también acierta el nuevo Código, como quiera que el artículo 226 es claro en disponer que “La prueba pericial es procedente para verificar hechos
que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Así el juez debe proceder ex abundante cautela: debe estar atento
a lo dicho por el perito e intervenir cuando aquel empiece a tener injerencia
en asuntos ajenos al peritaje y frente a los cuales éste no resulte procedente. De lo contrario, el perito se transformará en un abogado más de las partes. En
cualquier caso, la disposición pudo haber sido más enfática en este tema, pero es claro que una interpretación conservatoria y un juez proactivo, seguramente en- tenderán que el significado de la misma, no es sólo teórico, sino profundamente práctico: es un mandato que debe observarse al momento de decretar la prueba
y, evidentemente, al momento de recibir el dictamen.
b. Ahora, en lo que tiene que ver con el dictamen propiamente dicho, carece de sentido que, en el marco de un sistema oral, el momento estelar de la prueba pericial –como es justamente la rendición del dictamen- preserve la forma pre-
mecánica, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia. Esto pone de manifiesto la importancia de la peritación para resolver muchos litigios, e incluso, las peticiones de los interesados en ciertos procesos de jurisdicción volunta- ria. En presencia de una cuestión científica, artística, técnica, el juez se ve en la necesidad de recurrir al auxilio de expertos, para verificar hechos o determinar sus condiciones especiales. Esos expertos actúan en calidad de peritos (…) por tanto, la prueba pericial es necesaria sola- mente por la frecuente complejidad técnica, artística o científica de las circunstancias, causas y efectos de los hechos que constituyen el presupuesto necesario para la aplicación, por el juez, de las normas jurídicas que regulan la cuestión debatida o simplemente planteada en el proceso (según sea contencioso o voluntario), que impide su adecuada comprensión por éste, sin el auxilio de esos expertos, o que hacen aconsejable ese auxilio calificado, para una mejor seguridad y una mayor confianza social en la certeza de la decisión judicial que se adopte…” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Tratado de la prueba judicial. Op. cit., pp. 282-283. En ello coinciden otros autores que ven como fundamento de la peritación –algunos con mayor am- plitud que otros–, la necesidad de esclarecer cuestiones científicas, técnicas o artísticas; al res- pecto, Vid. AYDALOT, Maurice y ROBIN, Jean. L’expertise comptable judiciaire. París. Presses Universitaires de France. 1961. pp. 1-15; Sicard, Jean. La preuve en justice. París. Librairie du Journal des Notaires. Comment Faire. 1960. p. 335; MICHELI, Gian Antonio. Corso di Diritto processuale civile. Tomo II. Milán. 1952. pp. 16-21. MALLARD, Louis. Traité formulaire de l’expertise judiciaire. París. Librairies Techniques. 1955. 1-7.
dominantemente escrita. Así se ha reconocido en otras jurisdicciones en las que la incorporación de la oralidad ha aparejado también una reforma a la prueba pericial, en el sentido de permitir que el dictamen se rinda verbalmente. De hecho, a esta conclusión había llegado ya la propia jurisdicción civil al permitir el dictamen oral en los procesos verbales y, con la ley 1395 de 2010, en la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil y en los procesos ejecutivos 84 .
El inconveniente, sin embargo, es que el Código General del Proceso pareciera apartarse de este importante avance. En efecto, una lectura sistemática de los artículos 227, 228, 230 y 231 de la nueva codificación, revela que en la nueva iniciativa, a pesar de la consagración de la oralidad como principio rector, el dic- tamen pericial preserva su forma predominantemente escrita. Así, el corazón de este medio de prueba, de acuerdo con la regulación de la nueva codificación, será el informe escrito del perito, el que deberá aportarse en la forma y oportunidades previstas por los mencionados artículos 227 y 231.
La intervención del perito en la audiencia, esto es, su intervención verbal, en contravía a lo sugerido por la oralidad, no es la regla general, sino una hipótesis excepcional: sólo procederá cuando así lo solicite la parte contra la cual se aduce el dictamen o cuando el juez lo considere necesario, de tal suerte que, por fuera de estas hipótesis, el dictamen será solamente escrito.
Pues bien, este es un punto en el que el recién aprobado Código General del Proceso merece un razonable distanciamiento. Como en ocasiones anteriores lo hemos puesto de presente, no es adecuado que en un sistema procesal que se proclama a sí mismo como sistema oral, el dictamen pericial preserve la forma escrita. Si bien es claro que no existen procesos totalmente verbales o escritos, lo cierto es que, en el marco de la oralidad, se debe hacer lo posible por verbalizar las actuaciones procesales –tomando prestada la expresión de un autor español-, particularmente las probatorias y, como es natural, el dictamen pericial es una de aquellas actuaciones que, sin ningún problema, se puede verbalizar. Ello no solamente fomentaría la implementación de una verdadera oralidad, sino que además favorecería la coherencia en las instituciones de orden procesal.
Además, potencializaría las ventajas propias de la oralidad, las que se pueden ver afectadas o disminuidas por la preservación del dictamen escrito. En efecto, la inmediación procesal, por ejemplo, pierde mucha fuerza cuando se impide que el perito intervenga directamente en la audiencia oral, toda vez que el contacto con la experticia misma es menor cuando ésta se halla contenida en un escrito,
84 Se reitera que esta aseveración es objeto de debate en la actualidad, como quiera que hay quienes consideran que con la reforma introducida por la ley 1395 de 2010, se modificó inte- gralmente la prueba pericial y, en esa medida, quedaron cobijados todos los procesos que se pueden surtir en el marco del Código de Procedimiento Civil; nosotros, sin embargo, debido a la ubicación de los artículos reformados, estimamos que tal modificación solamente opera para la audiencia regulada por el referido artículo 432, a la par que en los procesos ejecutivos.
a cuando se rinde personalmente en el marco de una audiencia. Sobre este
particular, la experiencia española muestra que una de las grandes necesidades que se identificó en la transición a la oralidad, tuvo justamente que ver con la transformación del modo en que operaba la prueba pericial para facilitar el con- tacto inmediato del perito en la audiencia 85 , toda vez que el informe escrito, sin perjuicio de sus bondades –de suyo evidentes–, genera limitantes estructurales frente al contacto directo con el perito y a la posibilidad de que éste se valga de explicaciones elocuentes e ilustrativas, a la par que de medios audiovisuales en general, ajenos al documento escrito, el que, por su rigor, limita estas posibilida- des.
Idéntica es la situación respecto del principio de contradicción procesal: una de las grandes ventajas que se suelen atribuir a la oralidad es la de agilizar y dinami- zar dicha contradicción, particularmente la probatoria, en el sentido de permitir una verdadera discusión entre las partes, cuando el dictamen es rendido en la audiencia, ventaja ésta última que resultaría claramente reducida si el dictamen preserva su forma escrita, evitando entonces que se aproveche la presencia del perito en el marco de una audiencia, para controvertir, allí mismo, su actuación.
Finalmente, de cara a la economía procesal, pareciera también constituir un contrasentido, el que no se permitiera la contradicción, a la par que la eventual formulación de recusaciones en el seno de la audiencia misma, toda vez que se obligaría a surtir una actuación escrita para resolver un asunto que, en principio, podría ser considerado y solucionado dentro de dicha audiencia.
Por todo ello, estimamos entonces que la opción adoptada por el Código General del Proceso pareciera no ser la más conveniente, ya que, se reitera, mantiene una actuación escrita en un punto que podría ser completamente verbal, en pro de la oralidad del proceso y de la economía, la concentración y la inmediación procesal.
Por eso es por lo que proponemos reconsiderar este punto, en el sentido de permitir la intervención personal de los peritos en el marco de una audiencia oral para todos los procesos en general. Esta intervención permitiría una suerte
de amplitud o libertad en la forma en que se rinde el peritaje, en la medida en que se podrían hacer explicaciones más exhaustivas de los asuntos problemáticos, a
la par que más ilustrativas en los aspectos estrictamente técnicos, sin perjuicio
de la preservación de ciertos requisitos o formalidades estructurales de la prueba pericial, como son, prima facie, los requisitos de claridad, precisión y detalle del informe, a la par que el contenido del mismo, según lo previsto por el numeral 6º del artículo 237 del actual Código de Procedimiento Civil. Se trata, en síntesis, de permitir que el perito rinda su informe en forma verbal, manteniendo los
85 Sobre este particular, Vid. HERRERA ABIÁN, Rosario. La inmediación como garantía procesal (en el proceso civil y en el proceso penal). España. Comares. 2006.
requisitos y el contenido mínimo del dictamen pericial –el que ha sido diseñado justamente para que este medio probatorio resulte pertinente y eficaz–, pero conservando también cierta flexibilidad, inherente a la oralidad, en el sentido de explicar con mayor profundidad los asuntos que lo requieran, hacer énfasis en ciertos aspectos que a su juicio sean medulares y, en general, explicar más libremente el asunto sobre el cual se le solicitó el peritaje, sin el rigorismo propio del escrito.
Ahora bien, debemos también reconocer que, en cualquier caso, resultaría oportuno mantener dos rezagos del sistema escrito: en primer lugar, para la proposición y ordenación del dictamen pericial, siguiendo la experiencia in- ternacional consagrada al respecto, es pertinente que el cuestionario o la lista de temas sobre la cual se indagará a los peritos (cuando estamos ante la moda- lidad de auxilio a la justicia), se presente por escrito. Ello con el propósito de evitar que por circunstancias como el olvido o la tergiversación, se desfigure el contenido inicial por el que se solicitó la prueba pericial: el que el cuestionario se presente por escrito precave esta circunstancia y permite tener un soporte sólido y definitivo que sirva de guía al juez, a las partes y, muy especialmente, al perito que rendirá el informe, el que podría perder la orientación de no contar con dicho cuestionario.
Asimismo, es conveniente que, en forma previa a la audiencia en que rendirá su informe, el perito presente una versión escrita del mismo, pero no para que dicha versión constituya la prueba misma –ya que el dictamen será verbal–, sino con el propósito de que sirva de orientador a las partes, para que éstas puedan preparar la audiencia y la contradicción de las conclusiones o los fundamentos del perito.
c. Otro de los aspectos que vale la pena comentar, tiene que ver con la contradicción del dictamen. Al respecto, por los argumentos anteriormente expuestos, parti- cularmente en lo tocante a la agilidad de la contradicción, es también pertinente reiterar que dicha contradicción no debe revestir ninguna forma escrita, sino que, por el contrario, debe procurarse que sea una contradicción verbal, a través del contrainterrogatorio o la contraprueba. Este aspecto refrenda entonces la importancia de que el dictamen del perito se rinda en forma oral, lo que facilita,
a su turno, el que la contradicción también pueda practicarse en forma verbal.
Lo anterior, frente a la propuesta incorporada en el Código General del Proceso, suscita dos comentarios:
• En primer lugar, reiteramos, por su importancia, que la contradicción debe ser verbal, por manera que la aportación de otro dictamen pericial, por escrito, para controvertir el aportado por una de las partes, parece no ser una alter- nativa adecuada de cara a las ventajas de la oralidad. Según se expuso en el numeral anterior. El trámite escrito desfavorece la inmediación, la celeridad y la economía procesal. Así las cosas, la disposición contenida en el artículo 228 del Código, que permite la contradicción a través de otro dictamen escrito,
debe complementarse con la necesidad de que el dictamen se sustente oral- mente en la audiencia de instrucción y juzgamiento.
• Lo conveniente sería que se preservara un trámite verbal, erradicando la posi- bilidad de la contradicción exclusivamente escrita. Ciertamente, la contradic- ción verbal favorece la celeridad, ya que, al permitir interrogatorios cruzados
y careos, hace innecesarias alunas figuras como son las objeciones al dictamen
por errores graves y las solicitudes de aclaración. En efecto, si el juez puede examinar en la audiencia la solvencia del perito y las partes tienen la oportu- nidad de poner en evidencia las incongruencias y los errores que éste último pueda cometer, así como la oportunidad de formular todas las inquietudes que
el dictamen suscite, no existe razón para preservar la aclaración y la objeción, ya que la intervención en la audiencia suple, con solvencia, la finalidad que se perseguía a través de tales figuras. Ello, como es natural, no solamente hace menos complejo el proceso, sino que, además, potencializa la celeridad, en la medida en que evita engorrosos trámites escritos que, como la aclaración
y las objeciones por errores graves, dilataban el proceso y, en ocasiones, en-
torpecían la gestión judicial. De ahí que, con buen criterio, el Código General del Proceso supla tales oportunidades mediante la contradicción verbal en audiencia, la que, sin embargo, se reitera, no debería reducirse solamente a los casos en que las partes lo soliciten o el juez lo estime oportuno: en obsequio a la coherencia y a una auténtica oralidad, debería ser la regla general.
d. En cuarto lugar, se observa que el nuevo Código preserva el perito como auxiliar de la justicia pero, siguiendo la línea ya introducida por la ley 1395 de 2010, incorpora un sistema un tanto híbrido: el perito de parte que, simultáneamen- te, puede considerarse auxiliar de la justicia. Así, al tenor del artículo 227 de la regulación, cada parte puede aportar dictámenes periciales en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, pero sujeto a los deberes de los auxiliares de la justicia y, por contera, a los impedimentos a que se refiere el artículo 235 del Código. El juez, por su parte, podrá también decretar de oficio la práctica de un dictamen pericial.
Lo curioso es que, en ambos casos –esto es, cuando el perito es designado por una de las partes y cuando el perito es nombrado por el juez–, el denominado Código General del Proceso estima que dichos peritos son auxiliares de la jus- ticia. En efecto, el artículo 48, referente a la designación de los auxiliares de la justicia, alude a los peritos nombrados por las partes y por el juez, con lo que pareciera entonces ser claro que, en uno y otro caso, sin importar si es la parte quien designa al perito o si lo es el juez, éste será considerado auxiliar de la justicia.
Esta concepción, que resulta especialmente interesante respecto del perito de parte visto también como auxiliar de la justicia, lleva a la consecuencia de que incluso el perito de parte está sujeto a los deberes de imparcialidad y neutralidad
propios de los auxiliares de la justicia y, en esa medida, está también sujeto a los impedimentos y las recusaciones, como coherentemente lo dispone el nuevo Código, que en el artículo 235 alude a los impedimentos de los peritos de parte, lo cual suscita, en general, dos comentarios, a saber:
• En primer lugar, se trata de una disposición sumamente original. La concep- ción tradicional del sistema de peritos de parte –adoptada en otros ordena- mientos, como en el penal 86 e incluso el administrativo– se basa en la idea de que el perito, al ser designado por una de las partes, no está sujeto a los deberes e imparcialidad y neutralidad, con el mismo rigor con el que lo están los auxiliares de la justicia. En esa medida, en la referida concepción tradicio- nal, frente al perito de parte no se usa el esquema de la recusación –propio del perito como auxiliar de la justicia–, sino que se adoptan las normas que regulan la cuestión en la prueba testimonial –se le ve casi como un testigo experto, sin conocimiento directo de los hechos, sino derivado de su actividad procesal– permitiendo entonces practicar un contrainterrogatorio para des- virtuar el informe pericial, a la par que presentar contraevidencias, también con dicho propósito 87 .
Puesto en otros términos, los impedimentos y las recusaciones son una consecuencia directa de los valores de imparcialidad y neutralidad propios del perito que actúa como auxiliar de la justicia. En ese sentido, al partir el sis- tema tradicional de la base que el perito no actúa como auxiliar de la justicia, no extiende a él las figuras de los impedimentos y las recusaciones.
86 La nueva naturaleza que se atribuye al perito –perito de parte– ha llevado a hablar del tes- timonio pericial, toda vez que se ve al perito como un testigo llevado al proceso por una de las partes y que rendirá su testimonio respecto de un aspecto técnico, profesional o científico (Vid. Defensoría del Pueblo. La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano. 2009. [En lí- nea] http://www.fiu.edu.co/fiu/dp/WEB/11%20-Pruebas.pdf). Cfr. ESPITIA GARZÓN, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal sistema acusatorio. Bogotá. Grupo Editorial Ibáñez. 2006; FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro. Manual de derecho procesal penal. Sistema acusatorio y juicio oral y público. Bogotá. Leyer. 2005. En cualquier caso, es importante acotar que una de las críticas que se suele hacer al sistema adoptado por el Código de Procedimiento Penal, tiene que ver con la posibilidad real de encontrar peritos en ciertas materias, por parte de la defensa del acusado –en temas como, por ejemplo, balística, en la que los peritos suelen ser del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, órgano adscrito a la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, aparentemente imparcial frente a la defensa–, asunto éste último que no reviste tanta complejidad en materia civil, ya que no existe un órgano o estructura análoga a la de la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, para conjurar este tipo de situa- ciones, bien valdría la pena pensar en la posibilidad de crear centros certificados de peritos o cuerpos colegiados que lo reúnan, para que se pueda acudir, con facilidad, a esta alternativa.
87 Ello está claramente regulado en el actual Código de Procedimiento Penal que, en sus artículos 405 y 418, se refiere a la aplicación de las normas propias de la prueba testimonial a la pericial y la posibilidad de contrainterrogar al perito, respectivamente.
A pesar de ello, el Código General del Proceso se separa de esa concepción
tradicional y, desarrolla un híbrido: un perito designado por la partes, pero que también es considerado como auxiliar de la justicia. Ese híbrido que, por ejemplo, está también consagrado en el ordenamiento procesal inglés –Civil Procedure Rules regarding expert witnesses–, conduce entonces a que el perito sea susceptible de impedimentos y recusaciones, así sea designado por las partes 88 .
• En segundo lugar, se observa que, a pesar de preservar los impedimentos –como consecuencia del carácter de auxiliar de la justicia–, el Código, con
criterio lógico, opta por asignarles a un trámite verbal, consignado en el ar- tículo 235 de la normativa y que, en general, hace compatible la figura con la oralidad. Así, se abandona el trámite escrito que imperaba en esta materia y
se incorpora la posibilidad de poner en manifiesto los impedimentos, a través
de un interrogatorio al perito, que le permita apreciar al juez la concurrencia de circunstancias que afecten la credibilidad. Ello, como es natural, favorece, a todas luces, la inmediación y la celeridad procesal, por lo que, a nuestro juicio, es un cambio conveniente. Ya en ocasión anterior habíamos puesto de presente que, de preservarse la figura de los impedimentos, era necesario que transitaran hacia la oralidad.
Estas son, en suma, las apreciaciones en lo tocante con la prueba pericial y su regulación en el Código. En general, y sin perjuicio de los ajustes sugeridos en precedencia, se trata de una iniciativa afortunada, coherente con las tendencias contemporáneas del derecho probatorio internacional, especialmente en el marco de la oralidad.
En todo caso, los medios de prueba propios del proceso escrito y desconcentrado no pueden permanecer inalterados en el camino hacia la oralidad y la concentra- ción. Y el legislador no puede perder eso de vista.
2.4 Los mecanismos de impugnación y la oralidad
La regulación de los mecanismos de impugnación en el proceso oral también re- quiere de una atención especial por tratarse de uno de los asuntos más complejos en el ámbito de la oralidad, salvo por la reposición en la que hay claridad en que su interposición, sustentación, traslado y decisión se deben producir en la misma audiencia en que se produce el respectivo auto. La complejidad del tema viene
88 No debemos dejar de registrar que en la ponencia para tercer debate de la Propuesta, cuando estaba en la etapa de preaprobación, se modificó el artículo 227 de la misma, en el sentido de eliminar la necesidad de acompañar los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito, así como de manifestar que en él no concurre ningún impedimento. Ello parece acercar más el Código al sistema genuino de perito de parte, aun cuando, en rigor, subsiste el artículo 235, que justamente alude a los impedimentos en prueba pericial.
dada por otros aspectos, como los siguientes. En primer lugar, por definición, en la segunda instancia y en los recursos extraordinarios no rige la inmediación; el juez que resuelve el asunto es un Juez diferente al que estuvo en contacto con el material probatorio respectivo. En segundo lugar, si no se reglamenta adecuada- mente el asunto, las alegaciones de las partes pueden ser en tal medida sorpresivas, que se comprometan el principio de contradicción y la calidad de las providencias judiciales. Por último, particularmente en relación con los recursos extraordinarios pero sin perjuicio del trámite en segunda instancia, resulta valioso documentar por escrito las decisiones, debido al valor jurídico de la jurisprudencia. Sin embargo, estas cuestiones son susceptibles de un adecuado manejo legis- lativo y no deben sobrevalorarse, a pesar de que en la judicatura se les dé mucho relieve, pues tradicionalmente los Magistrados han sido los principales opositores de la oralidad y de la generalidad de las reformas judiciales 89 , ya que ésta modifica profundamente la manera en que trabajan y los aleja de la comodidad de la delega- ción a la que algunos se han acostumbrado. En todo caso, sí resulta conveniente restringir el alcance de los recursos a lo expresamente impugnado y alejarse del control integral, sin perjuicio de la compe- tencia del Juez para proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando le aparezca clara su vulneración, independientemente de que no se haya alegado en el respectivo recurso. Así se adoptó en materia laboral (art. 66A). La ausencia de inmediación y la autonomía funcional del inferior, basada en las presunciones de buena fe y de acierto en su actividad hacen innecesario que la segunda instancia duplique los esfuerzos de la primera. Si se presentan errores o vulneraciones de derechos, el control debe estar a cargo de los litigantes y si ellos no repararon en las equivocaciones, puede presumirse que no afectaron sus derechos ni los de sus representados. Las otras cuestiones problemáticas son esencialmente dos: la oportunidad y forma de la sustentación y la oportunidad y forma de la decisión. Éstas aplican tanto a la apelación como a los recursos extraordinarios, aunque sus soluciones puedan ser diferentes. En cuanto a la sustentación de la apelación, se plantean diversas posibilidades, que van de la mano con la oportunidad dispuesta para que el no recurrente contra argumente. En materia penal, por ejemplo, se había adoptado convenientemente la susten- tación oral en audiencia ante el superior (artd. 178 y 179). Sin embargo, la ley 1395 reformó el asunto, disponiendo la sustentación en primera instancia, ante quien no resolverá la cuestión, generando una importante pérdida de tiempo para el a- quo y un innecesario desgaste para recurrentes y no recurrentes, anticipando la sustentación y su traslado de manera injustificada. Para el caso de la apelación de
89 ALCALÁ–ZAMORA. Op. cit. p. 10.
la sentencia, la reforma permitió la sustentación escrita, soslayando la oralidad que ya se había incorporado al trámite de este recurso. En uno y otro caso, la legislación consagró la innecesaria audiencia de lectura de fallo, preservando la oralidad para lo que no se requiere y limitándola o regulándola inconvenientemente para aquello que podría resultar útil. Es en esta medida, que se considera que la reflexión sobre las ventajas de la oralidad y sus variables resulta pertinente como mecanismo para evitar que se repita la utilización de modelos orales absurdos e injustificados. En materia jurisdiccional disciplinaria el recurso obviamente tiene trámite escrito, partiendo del carácter escrito y desconcentrado de la sentencia (art. 81). En materia laboral, se planteó también la sustentación oral, pero con una argu- mentación “estrictamente necesaria” en primera instancia, que debe ser consonante con la alegación que se haga ante el superior en audiencia (arts. 66, 66A, 82). Sin perjuicio de una posible oportunidad adicional de complementar la argumentación “estrictamente necesaria”, por escrito, en un momento anterior a la audiencia ante el superior, sí parece pertinente, como se hizo en laboral, que la contraparte y el Juez tengan un conocimiento así sea básico de las razones que se van a alegar y de los aspectos o puntos de la sentencia que son objeto de impugnación, para preparar mejor la respectiva audiencia. Así mismo, parece conveniente que en la regulación se mencione brevemente si el objeto de la impugnación se refiere a la valoración probatoria y en ese caso se oriente sobre la ubicación en los registros de los fun- damentos relevantes del recurso. Con ello se daría lugar a un mejor ejercicio de la lealtad procesal y el superior puede hacer una consulta más expedita de los registros pertinentes antes de la respectiva audiencia.
El tema de la oportunidad del fallo de apelación está muy ligado al de la susten- tación previamente mencionado, pues parece complicado exigir a los Magistrados resolver sobre la apelación pocos instantes después de conocer los motivos de la impugnación. Por ello, podría optarse por la separación del momento del fallo incluso en el caso en el que las partes sustenten y contra argumenten en segunda instancia. Sin embargo, debe insistirse en la inconveniencia de audiencias de lec- tura de fallo. Si se decide legislativamente que no va a haber concentración entre alegaciones y fallo, resulta más conveniente que el fallo sea escrito. Y en todo caso, debe reconocerse que las posibilidades de fallo concentrado en la misma audiencia de sustentación, cuando previamente se han indicado los puntos sobre los que recae el recurso y los argumentos en los que se fundamenta, son mucho mayores, como se dispuso en el ámbito laboral (art 82). Por otra parte, también podría permitirse excepcionalmente el trámite escrito del recurso, tanto en la sustentación como en la decisión, si las partes así lo acuerdan, por ejemplo en casos en que hay dificultades de traslado a la cabecera del distrito judicial o en los que la naturaleza del asunto lo amerita 90 . Debe recordarse que la oralidad es un aspecto formal e instrumental del
90 Carnelutti consiente en ello. CARNELUTTI. Op. cit. p. 121.
procedimiento y que posiblemente no es pertinente ni garantista en todos los casos
y momentos, por lo cual se pueden reglamentar excepciones razonables.
En materia civil, debe advertirse que el esquema actual sigue la tendencia tra- dicional del Código de Procedimiento Civil, aún después de aprobada la reforma introducida a través de la ley 1395 de 2010. En efecto, en punto tocante con las oportunidades de sustención y decisión del recurso ordinario de apelación, no fue- ron muy significativas las modificaciones introducidas por el texto de la mencionada ley, por lo que se mantuvo, en lo fundamental, la regulación prevista en los artículos 359 y 360 del Estatuto procesal vigente 91 . Con todo, el que sí augura una importante transformación en esta materia, es el Código General del Proceso, el cual, en lo fun- damental, consagra las siguientes reglas: a) como es natural, la iniciativa preserva la regla según la cual el recurso de apelación debe interponerse ante la autoridad que dictó la decisión objeto de impugnación, en forma verbal, si la decisión fue proferida en audiencia o diligencia, o en forma escrita, en el acto de notificación personal o dentro de los tres días siguientes a la notificación in genere, si es que la providencia
se profirió por fuera de audiencia (artículo 322.1); b) si se trata de la apelación de un auto, la sustentación del recurso debe hacerse ante el juez que dictó la providencia,
y podrá ser escrita u oral, a elección del interesado, regulación ésta última que,
curiosamente, le resta alcance a la oralidad, al menos en lo que a la sustenación del recurso se refiere (artículo 322. 3); c) si se trata de apelación de sentencias, es de resaltar que la regulación parece ser más adecuada, aun cuando consagra un híbrido
entre lo escrito y lo verbal. Ciertamente, el apelante, al interponer el recurso, deberá exponer, de manera breve, los reproches que tiene frente a la providencia del a quo, sin que tal exposición, constituya, en estricto sentido, la sustentación del recurso; dicha sustentación –que, se reitera, no es la que se hace en el acto de interposición de la apelación–, realmente, tendrá lugar en la denominada audiencia de susten- tación y fallo y, naturalmente, se hará en forma verbal ante la autoridad que debe resolver el recurso (arts. 322.3 y 327 del Código); d) finalmente, en lo que se refiere
a la oportunidad para resolver la apelación, el Código General del Proceso es claro
en estatuir que, transcurrido el traslado para el no recurrente, el juez de segunda
91 En cualquier caso, no debe dejar de registrarse que la ley 1395 de 2010, a pesar de no hacer una reforma radical del trámite de la apelación, sí modificó el inciso 2º del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, en puntuales aspectos, a saber: a) la audiencia a la que se refiere el citado artículo 360, ya no podrá ser solicitada sino por aquella parte que hubiere sustentado su posición, esto es, sustentado el recurso de apelación, para el caso del apelante, o descorrido el traslado de la misma, para el caso de la parte no recurrente; b) Los resúmenes escritos de la sustentación de las posiciones de los intervinientes en la apelación, ya no podrá entregarse dentro de los tres días siguientes a la audiencia, sino que ello tendrá que hacerse en la audiencia misma; c) La ley 1395 confirió la posibilidad de que los jueces dictaran sentencia en la misma audiencia a que se refiere el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, si lo estiman con- veniente; d) finalmente, la citada Ley obliga a que todos los magistrados integrantes de la Sala, estén presentes en la susodicha audiencia (Vid. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Reformas al Código de Procedimiento Civil. Op. cit., pp. 72-73).
instancia resolverá de plano y por escrito el recurso, si es que se trata de apelación de autos (artículo 326). Por su parte, si la decisión impugnada es una sentencia, el ad quem resolverá el recurso en la misma audiencia de sustentación y fallo, en la que se sustentó el recurso, se practicaron las pruebas decretadas (si las hubiere) y se escucharon las alegaciones de las partes (artículo 327). Por lo demás, no dejamos de extrañar que la iniciativa aprobada hubiere abandonado un novedoso instituto que traía el proyecto: la competencia excepcional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “…para decidir procesos pendientes de fallo de segunda instancia en los Tribunales Superiores, con el fin de unificar la jurisprudencia nacio- nal, proteger los derechos constitucionales fundamentales, reparar el agravio que la sentencia de primera instancia pueda causarle a las partes, o se trate de un asunto de trascendencia económica o social” (artículo 330 del Proyecto para Tercer Debate). No hay duda de que se trataba de una novedosísima institución, cuya aplicación seguramente daría mucho de que hablar.
En fin, en lo referente a la apelación en materia contencioso-administrativa, la ley 1437 de 2011 también se inscribe en la interposición y sustentación ante la au- toridad que profirió la decisión impugnada. En efecto, se tiene que: a) en tratándose de apelación de autos, el recurso deberá interponerse y sustentarse ante el juez que adoptó la providencia, en forma oral si el auto fue dictado en audiencia, o por escrito si ello no fue así. Vencido el traslado para los no recurrentes, el expediente se remite al superior jerárquico, quien deberá decidir de plano la impugnación (artículo 244); b) en los casos de apelación de sentencias, la interposición y sustentación también tendrán lugar ante el Juez que dictó la providencia. La resolución, por su parte, se hará en una audiencia denominada ‘audiencia de alegaciones y juzgamiento’, que se sujetará a las reglas previstas en el artículo 247 del nuevo Código.
Sobre la aplicación de la oralidad en los recursos extraordinarios, son muchos los que abogan por ejemplo por un recurso de casación primordialmente escrito, tanto en la sustentación como en el fallo 92 . La necesaria mediación de la Corte con las pruebas, los requerimientos técnicos de la sustentación del recurso y la importancia de un pronunciamiento escrito para unificar jurisprudencia y generar doctrina pro- bable, parecen señalar que lo más indicado es un trámite escrito. Sin embargo, para evitar que la oralidad quede completamente relegada, podría permitirse a las partes solicitar una audiencia de sustentación, a la manera del segundo inciso del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, criterio adoptado por la oralidad laboral después de un trámite esencialmente escrito (art 97). En materia penal, la ley 906 dispuso la sustentación escrita del recurso de casación, sin perjuicio de una obliga- toria audiencia de sustentación, así como una posterior audiencia de lectura de fallo
92 Beatriz Quintero refiere que aún en los procesos orales, las impugnaciones se despachan por medio de trámite escrito. Quintero y Prieto. Op. cit. p. 117. Es importante advertir que no se hará referencia al procedimiento contencioso-administrativo, en la medida en que, en dicha jurisdicción, como es sabido, no existe un recurso de casación en estricto sentido.
(arts. 183, 185). En materia civil, la ley 1395 no modificó el trámite casacional 93 . El Código General del Proceso, por su parte, propone algunas figuras novedosas que, en general, se acompasan con el estado actual de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, particularmente en punto tocante con el trámite de la selección en el recurso de casación (artículo 347). Asimismo, se precisan aspectos en relación con las causales de casación (artísculos 336 y 344), la impugnación de algunos autos que se profieren en el curso del mismo, la cuantía del interés para recurrir (artículo 338), la imposibilidad de interrumpir el término para formular la demanda de casación por cambio de apoderado, renuncia del mismo o sustitución del poder (artículo 343), la denominada casación adhesiva (artículo 335), la posibilidad de casar de oficio cuando se comprometa el patrimonio o el orden público o las garantías o derechos constitucionales (artículo 336), entre otras cuestiones más. Con todo, el trámite del recurso preserva, en lo fundamental, su estirpe escrita, salvo en lo que se refiere a la sentencia, como quiera que el artículo 349 consagra la posibilidad que tiene la Sala Civil de citar a una audiencia que se realizará bajo la dirección del Presidente de la Sala, con la posibilidad de interrogar a los abogados sobre el fundamento de la acusación y de dictar, en esa misma audiencia, la sentencia de casación. Esta es, en obsequio a la sinceridad, una novedosísima posibilidad que seguramente será muy interesante de explorar –a pesar de que la audiencia sólo se haya previsto para los casos en que ya exista proyecto de fallo, lo que seguramente le restará alcance a su impacto–, especialmente en un escenario como el de la casación civil, en el que la tradición había optado por un trámite absolutamente escrito y muy formal, dadas las raices históricas del recurso extraordinario 94 . Lo propio con las demás reformas antes mencionadas, las que, seguramente, dinamizarán el pro-
93 En materia de casación, la ley 1395 de 2010 simplemente reformó el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de precisar que el recurso extraordinario de casación procedería en contra de las sentencias dictadas en los procesos verbales de mayor cuantía o que asumen dicho carácter, con lo que eliminó la referencia a los procesos ordinarios. Como es obvio, esta reforma obedece a la eliminación de los procesos ordinarios por parte de la mencionada ley, y su vigencia se supedita a las normas de entrada en vigencia de la ley 1395. Ahora bien, otra reforma que ha sido objeto de debate por sus efectos en materia de casación, ha sido la relacionada con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que incorporó la audiencia de los procesos verbales al trámite de las excepciones en el marco de procesos ejecutivos. Esta regulación ha llevado a algunos a sugerir que tales procesos quedarán sujetos al trámite de casación, por incorporar una audiencia verbal. Nosotros, sin embargo, nos distanciamos de tal opinión: el hecho de que la ley 1395 de 2010 se remita a una audiencia verbal para una concreta y específica etapa del proceso, de suyo muy puntual, no desnaturaliza al proceso ejecutivo mismo ni, mucho menos, lo transforma en un proceso verbal. Simplemente, se trata de una remisión a una audiencia verbal, pero no un cambio de la naturaleza del proceso, por lo que, al no estar previstas las sentencias provenientes del proceso ejecutivo en el trámite casacional, no es procedente proponer el mismo frente a esta clase de providencias.
94 Cfr. MURCIA BALLÉN, Humberto. Recurso de casación civil. Bogotá. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. 2005. pp. 107 y ss.
ceso casacional, particularmente en aspectos como la regulación legal de selección de demandas (que hasta ahora se había desarrollado sólo por la vía de los autos de la Sala Civil) y la denominada casación adhesiva.
De cualquier forma, en la implementación de la oralidad deben primar las consideraciones pragmáticas que permitan aprovechar las ventajas percibidas con su implantación, sobre las consideraciones dogmáticas y axiomáticas que pretenden impedir las discusiones de política procesal y que utilizan instituciones como la oralidad, a manera de fetiches sagrados que terminan alejando a la normatividad de las pretensiones de efectividad en los procedimientos judiciales. Adicionalmente, resulta pertinente analizar si la diferencia en las regulaciones estudiadas se adecua a las diferencias predicables de cada una de las especialidades del Derecho Procesal, o si se trata únicamente de ausencia de coherencia legislativa originada en la autonomía irreflexiva con la que tradicionalmente se manejan dichas especialidades. También quedan pendientes aspectos por analizar como los costos que la oralidad puede implicar para las partes, pero en general, por la concentración, la inmediación, la celeridad y la publicidad, parecen pertinentes y conducentes todos los esfuerzos que se han iniciado y los que vendrán, encaminados a que la oralidad procesal sea el sistema formal que oriente la recuperación del sistema de administración de justicia en Colombia.
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