Source: https://www.scribd.com/doc/76755877/Matrimonios-Ilegales
Timestamp: 2016-07-26 08:09:28+00:00

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§1. La familia y el matrimonio, conforme admite nuestro texto constitucional en su artículo 4, son “institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. Muy similares son las declaraciones contenidas en diversos instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos: La Declaración Universal de Derechos Humanos(1), Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre(2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos(4). Estas declaraciones de orden constitucional y de derecho internacional nos dan una imagen del valor que dichos intereses tienen en nuestro orden social(5). El ordenamiento jurídico penal nacional ha reconocido también la importancia de la familia y del matrimonio, de allí que su inclusión dentro del catálogo de intereses penalmente tutelados tenga antigua data.
Artículo 16.3: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Artículo 6: “Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”. Artículo 23.1: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Artículo 17: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. En el Derecho español, con clara alusión al referente constitucional en los delitos contra la familia: Díaz-Maroto y Villarejo, Julio. “Cap. IX: Delitos contra las relaciones familiares”, en: Bajo Fernández, Miguel (Director). Compendio de Derecho penal (Parte Especial), Volumen II, pág. 307, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998.
LUIS MIGUEL REYNA AL.ARO
No obstante, conviene precisar, siguiendo a CASAS BARQUERO, que aunque la familia se funda en el matrimonio, el Derecho Penal presta atención a otras relaciones de naturaleza diversa, por lo que resulta necesario utilizar un concepto amplio de familia(6). §2. Pero ¿qué es el matrimonio? Para dar respuesta a tal cuestión debemos dejar de lado las antiguas concepciones sacramentales(7), como la seguida por nuestro Código Civil de 1852(8), según las cuales el matrimonio es la unión perpetua de hombre y mujer, en sociedad legítima, concurriendo a la conservación de la especie humana(9). Es por ello que el artículo 234 del Código Civil de 1984 define el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por un varón y mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposición de este Código –Código Civil–, a fin de hacer vida en común”. Ello supone, como bien advierte ARIAS-SCHREIBER, la concurrencia de cinco requisitos: 1) unión voluntaria, 2) concertación entre varón y mujer, 3) capacidad legal para contraer el matrimonio, 4) formalización de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y 5) finalidad de hacer vida común. §3. Pues bien, es también necesario tener en cuenta y desentrañar la naturaleza jurídica inmanente al matrimonio. Al respecto han surgido en doctrina dos posiciones teóricas. Según la primera tesis, el matrimonio tiene naturaleza contractual. En oposición a
Casas Barquero, Enrique. “Aspectos constitucionales y jurídico positivos sobre la institución penal de la familia”, en: Cuadernos de Política Criminal, Nº 20, pág. 551, Edersa, Madrid, 1983. Un claro ejemplo en nuestra doctrina de la defensa de estas posturas la encontramos en: Echecopar García, Luis. Régimen Legal de Bienes en el Matrimonio, pág. 7, primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 1999. Ello evidentemente debido a que dicho Código Civil se guió, para la regulación del matrimonio, del contenido del Concilio de Trento. Posteriormente, por ley del 23 de diciembre de 1897 se reconoció las dos formas de matrimonio (religioso y civil); al respecto: Arias-Schreiber-Pezet, Max. Exégesis del Código Civil peruano de 1984, en colaboración con Arias-Schreiber, Angela y Plácido Vilcachagua, Alex, pág. 33, Gaceta Jurídica, Lima, 1997; Cornejo Chávez, Héctor. Derecho familiar peruano, tomo I, págs. 64 y ss., octava edición, Ediciones Studium, Lima, 1991. Una visión histórica del matrimonio puede verse en: Quiroga León, Aníbal. “Matrimonio y Divorcio en el Perú: Una aproximación histórica”, en: De Trazegnies Granda, Fernando/ Rodríguez Iturri, Roger/ Cárdenas Quiroz, Carlos/ Garibaldi, José Alberto (Editores). La Familia en el Derecho peruano. Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez, págs. 81 y ss., segunda edición, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1992.
esta corriente aparece una segunda posición que considera el matrimonio una institución. Según las teorías que consideran al matrimonio un contrato(10), la unión matrimonial reuniría todas las características propias del contrato, sobre todo su carácter consensual y el hecho de que una vez celebrado, el matrimonio no puede ser resuelto de manera unilateral(11). Una segunda postura –que por cierto no se opone a la primera(12)– estima que el matrimonio es una institución jurídica destinada a regular la relación de la sociedad conyugal, sus efectos y consecuencias. Evidentemente, existen también posturas eclécticas, como la sostenida en nuestro país por el maestro Héctor CORNEJO CHÁVEZ y por Rolando PERALTA ANDIA(13) quienes afirmaban la existencia de una doble naturaleza: contractual-institucional en el matrimonio. Es que, señalaba CORNEJO CHÁVEZ: “mientras que el matrimonio como acto es un contrato, como estado es una institución”(14). Ahora bien, siguiendo los planteamientos constitucionales y regulatorios civiles del matrimonio, resulta evidente que según nuestro Derecho, el matrimonio es una “Institución”. Esto es así debido a que aun cuando a partir de la unión conyugal se genera una serie de consecuencias patrimoniales para los contrayentes(15), dichos intereses patrimoniales no son primordiales, los valores realmente importantes en un matrimonio tienen que ver con la personalidad de los esposos(16). Además, habría que tener en cuenta que solo considerando al matrimonio como una “institución” es posible admitir la intervención penal en su protección. Si el matrimonio fuese un “contrato”, el Derecho Penal perdería legitimidad para intervenir.
(10) La profesora Teresa Pizarro Beleza, por ejemplo, refiere que si el matrimonio es un contrato, sería un contrato de adhesión, debido a que las diferencias de género entre varón y mujer configurarían una “desigualdad de poder” similar a la propia de este tipo de contratos; así en: Pizarro Beleza, Teresa. Maus tratos conjugais: O art. 153.3 do Código penal, pág. 54, AAFDL, Lisboa, 1989. Con mayor detenimiento véase: Cornejo Chávez, Héctor. ob. cit., pág. 60. Arias-Schreiber Pezet, Max. ob.cit., pág. 40. Postura tributaria de la defendida por Planiol y Ripert. Cornejo Chávez, Héctor. ob. cit., pág. 62; Peralta Andia, Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil, pág. 82, primera edición, Idemsa, Lima, 1993. Principalmente las relacionadas a la Sociedad de Gananciales. De la misma opinión: Arias-Schreiber Pezet, Max. ob. cit., pág. 41.
II. EL DELITO DE BIGAMIA PROPIA (ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL)
§1. La bigamia tiene antiguos orígenes, de allí que sea catalogada por DIEGO DÍAZ-SANTOS como “la primera y universal manifestación”(17) de los delitos contra la Familia. La bigamia, como delito, era absolutamente desconocida para los pueblos antiguos. Es que el delito de bigamia –conviene anticiparlo– es un ilícito relacionado con la consideración monogámica del matrimonio y en las antiguas culturas –por el contrario– imperaba la poligamia(18). Se le tiene como conducta autónoma desde la época del emperador DIODECIANO, en la antigua Roma, quien en un intento de eliminar la poligamia en ciertas regiones orientales, optó por la criminalización de la bigamia. Con anterioridad a su autonomía, solía ser confundida con el adulterio(19). Durante la vigencia del Derecho Canónico, no obstante seguirse considerando la bigamia como una conducta irregular, en la medida que violaba el deber de fidelidad y el orden matrimonial, no era considerada delito(20), aunque era castigada con una sanción tan drástica como la excomunión(21). En el Perú precolombino la bigamia era también considerada ilícita para los hombres libres comunes. A diferencia de los hombres comunes, los de la nobleza incaica sí tenían “licencia de tener muchas mujeres”; en otras culturas de la época, como la de México o Colombia, la poligamia sí era permitida(22). §2. El delito de bigamia tiene como antecedentes legislativos nacionales más cercanos el artículo 214 del Código Penal de 1924, el artículo 201
(17) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. Los delitos contra la Familia, pág. 234, Montecorvo, Madrid, 1973. (18) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., págs. 238-239. (19) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 239. (20) Sosa Días, Adela Reta. Protección Jurídico Penal de la Familia, pág. 89, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 1956. (21) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 239. (22) Al respecto, haciendo referencia a Garcilaso, Santillán y Casas: Trimborn, Hermann. El delito en las Altas Culturas de América, traducción de José León Herrera y Ernesto More, pág. 82, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1968.
del Proyecto de Código Penal de 1916 y el artículo 296 del Código punitivo de 1863. §3. El concepto jurídico de Bigamia, como bien sostuvo en su oportunidad Ángel Gustavo CORNEJO, concuerda con su significado etimológico y sociológico. Respecto al significado etimológico, tenemos que la palabra Bigamia viene de las expresiones latinas “bis” (“dos veces”) y “gamia” (“unión”). En cuanto al significado sociológico, el término “bigamia” se relaciona con la “poligamia”(23).
1. EL BIEN JURÍDICO PENAL
La discusión respecto al bien jurídico penalmente tutelado en estos delitos, como sostienen PRATS CANUT y MUÑOZ SÁNCHEZ, se ha planteado a partir de dos posturas. La primera vincula a dicho bien jurídico con el “estado civil matrimonial”, en tanto que la segunda posición se relaciona con el “orden jurídico matrimonial”(24). Las posiciones doctrinales que vinculan el bien jurídico protegido en este delito con el “estado civil matrimonial” encontraban su principal punto de apoyo legal en la propia denominación del Título XI del derogado Código Penal español: “Delitos contra el estado civil”(25), ubicación sistemática que subsiste, por ejemplo, en el Código Penal argentino(26). En oposición a dicho punto de vista, un importante sector de la doctrina española, entre los que cabe distinguir a Santiago MIR PUIG, y que ha sido recogido por la jurisprudencia hispana, procedió a relacionar el bien
Cornejo, Ángel Gustavo. Derecho penal especial. Delitos contra el individuo, contra la Sociedad y contra la Familia, tomo I, pág. 130, Librería e Imprenta Gil, Lima, 1937. (24) Prats Canut, Miguel. En: Quintero Olivares, Gonzalo (Director). Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, pág. 417, segunda edición, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1999; Muñoz Sánchez, Juan. “Los delitos relativos a los matrimonios ilegales”, en: Actualidad Penal. Revista Semanal Técnico-Jurídica de Derecho Penal, nº 48, Edit. La Ley, Madrid, 2001. (25) Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. “De los Matrimonios Ilegales”, en: Vives Antón, Tomás (coord.). Comentarios al Código Penal de 1995, volumen I, pág. 1043, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 236; Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Prats Canut, Miguel. ob. cit., pág. 417. (26) Por esa razón Estrella & Godoy Lemos afirman categóricamente que el bien jurídico en los matrimonios ilegales es “el estado civil de las personas”; véase: Estrella, Oscar Alberto & Godoy Lemos, Roberto. Código Penal. Parte Especial. De los Delitos en Particular, pág. 473, Hammurabi, Buenos Aires, 1994.
jurídico tutelado en estas figuras con la institución del matrimonio, reprochando al sector de la doctrina que identificaba el valor jurídico tutelado con el “estado civil matrimonial” la debilidad de dicha afirmación y la excesiva lejanía que existía entre estos delitos y el estado civil. Esta postura que, en el caso español tiene sustento legal en la sistemática del actual Código Penal español, sostiene que el bien jurídico penalmente tutelado resulta ser “la estructura” matrimonial concebida como monogámica según el Derecho español(27). El Tribunal Supremo español ha sostenido en dicho sentido que el valor penalmente tutelado es: “el interés público en asegurar el orden jurídico matrimonial establecido por el estado”(28) que es justamente el monogámico. De forma similar se ha manifestado nuestra doctrina penal mayoritaria (CHIRINOS SOTO, SALINAS SICCHA, VILLA STEIN, PEÑA CABRERA e implícitamente BRAMONT ARIAS). Así, CHIRINOS SOTO sostiene que el bien jurídico protegido es “el matrimonio monogámico, vale decir de un solo varón con una sola mujer”(29). Por su parte, VILLA STEIN afirma que el interés que se tutela en sede penal es el “matrimonio monogámico, como núcleo central de la familia”(30). Finalmente, SALINAS SICCHA apuesta por considerar como bien jurídico: “el sistema monogámico”(31).
(27) Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. ob. cit., pág. 1044; Díaz-Maroto y Villarejo, Julio. ob. cit., pág. 308; Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 238; Fernández Dotú, Pedro. “Matrimonios Ilegales”, en: Diccionario Jurídico Espasa, pág. 962, Espasa Calpe, Madrid, 2001; González Rus, Juan José. “Delitos contra las relaciones familiares (I)”, en: Cobo del Rosal, Manuel (Director). Compendio de Derecho penal español. Parte Especial, pág. 350, Marcial Pons, Madrid, 2000; Queralt Jiménez, Joan. Derecho penal español. Parte Especial, pág. 259, tercera edición, JM Bosch Editor, Barcelona, 1996. De la misma opinión en México: Vela Treviño, Sergio. “Los delitos contra la familia”, en: Revista de Investigaciones jurídicas, año 17, Nº 17, pág. 308, Escuela Libre de Derecho, México, 1993. (28) Citado por: Fernández Dotú, Pedro. “Matrimonios Ilegales”, pág. 962. (29) Chirinos Soto, Francisco. Comentarios al nuevo Código Penal del Perú, tomo II, pág. 118, primera edición, 1993. (30) Villa Stein, Javier. Derecho Penal. Parte Especial I-B, pág. 70, primera edición, Edit. San Marcos, Lima, 1998. (31) Salinas Siccha, Ramiro (con la colaboración de Luis Escate Gómez). Curso de Derecho Penal peruano. Parte Especial, Tomo II, pág. 37, primera edición, Palestra Editores, Lima, 2000.
Al respecto, cabe mencionar la incongruencia teórica mostrada por el desaparecido maestro PEÑA CABRERA, quien no obstante haber sostenido categóricamente en su “Tratado de Derecho penal” que la protección penal en este terreno se encontraba dirigida solo al estado civil y no a una determinada forma de matrimonio(32), posteriormente –en su “Derecho penal peruano” referido al Código Penal de 1924 y en el mismo “Tratado de Derecho penal” referido al Código Penal vigente– afirma que el fundamento de la intervención penal es “la tutela jurídica de la institución del matrimonio monogámico”(33). La posición del maestro Luis BRAMONT ARIAS entendemos que –implícitamente– se afilia a la tesis antes referida, pues en un trabajo suyo publicado en 1988 sostuvo “Objeto específico de la tutela penal es el interés del Estado de garantizar el orden jurídico familiar, en cuanto particularmente se atiene al régimen monogámico, fundamento de nuestra sociedad”(34). Un sector minoritario, en el que destaca BRAMONT- ARIAS TORRES/ GARCÍA CANTIZANO y, recientemente, MOMETHIANO SANTIAGO, guiándose de la rúbrica del Título III del Libro Segundo del Código Penal, sostiene que “el bien jurídico protegido en este delito es la familia. Se pretende con esto, de un lado, proteger el origen legítimo de la familia, basada en el matrimonio monogámico y, de otro lado, impedir la introducción de miembros ajenos a la familia”(35). Pues bien, desde nuestra óptica, aun cuando el Título III del Libro Segundo del Código Penal se encuentra titulado bajo el rótulo de “Delitos contra la Familia”, ello no supone necesariamente que sea la institución familiar el bien jurídico penalmente tutelado en cada una de las conductas(36). El uso de la expresión “Delitos contra la Familia” parece haber teni-
Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, págs. 435436, segunda edición, Ediciones Jurídicas, Lima, 1994. (33) Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 437; ídem. Derecho Penal peruano. Parte Especial, pág. 288, cuarta edición, Lima, 1977. (34) Bramont Arias, Luis. “Delitos contra la Familia”, en: el mismo. Temas de Derecho penal, tomo 4, pág. 26, SP Editores, Lima, 1988. (35) Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. Manual de Derecho Penal. Parte Especial, pág. 157, cuarta edición, Edit. San Marcos, Lima, 1998; Momethiano Santiago, Javier. Código Penal exegético, pág. 380, primera edición, Edit. San Marcos, Lima, 2003. (36) Piénsese por ejemplo en los supuestos en que aún no existe una familia e incluso aún un matrimonio legalmente válido.
do una intención más bien globalizadora(37) de orden político-criminal(38) y con fines de sistematización, sin la pretensión de identificar el interés jurídico penalmente tutelado, ello será posible solo a través del análisis específico de cada tipo penal. Con certeza QUERALT JIMÉNEZ ha sostenido que en estos delitos la institución familiar es un “nexo común”, pues “no se protege un único bien jurídico”(39). Habría también que descartar la posibilidad de que sea el “estado civil matrimonial” el interés jurídico penalmente tutelado a través del delito de bigamia. Ello debido a que la intervención punitiva estatal, como bien ha referido DIEGO DÍAZ-SANTOS, “ha de aludir a la forma y no a la substancia”(40). En el delito de Bigamia es indudable, conforme sostiene la doctrina penal mayoritaria, que la protección penal se encuentra dirigida a salvaguardar “la institución matrimonial monogámica como única institución lícita para modificar el estado civil a través del matrimonio”(41), (42). En concordancia con lo expresado, habría que tener en cuenta el hecho de que el matrimonio monogámico se corresponde, como bien ha sostenido PERALTA ANDIA, con la fase de desarrollo social propio de la civilización(43).
(37) En el caso de los delitos de matrimonios ilegales, la vinculación con la institución familiar se evidencia en el hecho de que –parafraseando a Arias-Schreiber– “el matrimonio es la base sustentatoria de la familia”; así, en: Arias-Schreiber Pezet, Max. ob. cit., pág. 30. (38) Prats Canut, Miguel. ob. cit., pág. 416. (39) Queralt Jiménez, Joan. ob. cit., pág. 259. (40) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 236. (41) Muñoz Conde, Francisco. Derecho penal. Parte Especial, pág. 284, Duodécima edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999; también: Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 238. (42) El matrimonio monogámico, cabe decir, tiene antigua tradición en nuestra historia, incluso desde tiempos del Incario. En dicho período, el matrimonio –por consideraciones religiosas y de planeación estatal– era esencialmente monogámico, salvo el caso del Inca, a quien ninguna mujer le podía ser negada; véase al respecto: AriasSchreiber Pezet, Max. ob. cit., pág. 31. (43) En tanto que, siguiendo a Shiskin, sostiene que el matrimonio por grupos se corresponde con el salvajismo y el matrimonio sindiásmico con la barbarie; al respecto: Peralta Andia, Rolando. ob. cit., pág. 77.
2. TIPO DE LO INJUSTO
Descripción típica: “Art. 139.- El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si, respecto a su estado civil, induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”.
2.1. Tipo objetivo 2.1.1. Sujetos
Activo: El sujeto activo en este delito, tanto en su modalidad básica como en el supuesto agravado, es cualquier persona natural casada, varón o mujer(44). Así, estamos frente a un delito especial propio(45). Incluso, GONZÁLEZ RUS(46) llega a referirse al delito de bigamia como un delito de “propia mano”(47). Pasivo: §1. Aunque no es intención dar cuenta exhaustiva de las innumerables posiciones que en doctrina han aparecido sobre el sujeto pasivo en los delitos contra la Familia, es ciertamente necesario hacer un breve repaso de las mismas a fin de tener una noción clara del contexto en que nos desenvolvemos.
De la misma opinión: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 158; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 380; Muñoz Conde, Francisco. ob. cit., pág. 285; Peña Cabrera, Raúl. Derecho Penal peruano. Parte Especial, pág. 288; Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 71; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 39. (45) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 248; Muñoz Sánchez, Juan. art. cit. (46) González Rus, Juan José. ob. cit., pág. 351. (47) A modo de ilustración puede recordarse que en doctrina se conoce como delito de “propia mano” aquel que “impone ineludiblemente la realización física de la acción típica por parte del autor”; así: López Barja de Quiroga, Jacobo. Derecho penal. Parte General, tomo III, pág. 316, Leynfor, 2001.
La doctrina penal –principalmente italiana según informa DIEGO DÍAZ-SANTOS(48)– se ha determinado a favor de tres posturas. La primera postura, conocida como tradicional, considera que el sujeto pasivo en los delitos contra la Familia vendría a ser la propia “Familia”, lo que tendría implícita la noción de que el Derecho Penal tutela “los intereses y bienes de la sociedad familiar, considerada como una colectividad de individuos determinados, ligados por vínculos jurídicos recíprocos”(49). Por otro lado, tenemos una segunda posición teórica que identifica como sujeto pasivo en los delitos contra la Familia al individuo en sí mismo. Según quienes sostienen esta tesis –el italiano PATERNITI, por ejemplo–, la estructuración de las normas penales destinadas a proteger a la Familia muestra una clara intención de tutelar un interés vinculado al individuo(50). Una posición ecléctica es la defendida entre otros por PISAPIA y por DIEGO DÍAZ-SANTOS. Según esta tesis, si bien la protección que proporciona el Derecho Penal se dirige a favor de los individuos, ello ocurre en virtud a su específica situación familiar; en tal virtud, “sujeto pasivo no podrá ser el hombre sino el cónyuge, no la mujer sino la esposa, no el niño, sino el hijo”, etc.(51). Pues bien, aunque me parece excesivo considerar posible establecer una tesis capaz de identificar de forma general al sujeto pasivo protegido en los delitos contra la Familia, lo que es únicamente posible mediante el análisis concreto de cada tipo penal, estimo correctas las ideas centrales de la antes mencionada posición ecléctica, en la medida en que vincula la tutela del ciudadano con la ratio de la intervención penal estatal en el ámbito familiar. No obstante, conviene aclarar que la precedente afirmación no significa, de modo alguno, que se propugne de antemano una posición del sujeto pasivo en los delitos contra la Familia. §2. Sobre la cuestión específica del sujeto pasivo en este delito en concreto, MUÑOZ SÁNCHEZ ha distinguido con precisión las tres posiciones en las cuales se ha decantado la doctrina, por lo que seguiremos su línea expositiva(52).
Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 74. Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 74. Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 75. Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 75. Muñoz Sánchez, Juan. Art. cit..
Un primer sector, que identifica el bien jurídico tutelado con el “estado civil”, postura que como hemos sostenido líneas atrás no puede ser defendida válidamente, propone que el sujeto pasivo de la conducta es la persona titular de dicho estado civil. Por otro lado, el sector de la doctrina que considera que el bien jurídico que en este delito se tutela es de naturaleza supraindividual, concluye que el sujeto pasivo es la sociedad o colectividad. No faltan, como recuerda MUÑOZ SÁNCHEZ(53), los incongruentes que no obstante conceder identidad colectiva al bien jurídico penalmente tutelado, afirman que el sujeto pasivo de la conducta es el cónyuge precedente y la sociedad(54). Pues bien, desde nuestra óptica y siendo coherentes con la identidad dada al bien jurídico penalmente tutelado en este delito, sujeto pasivo resulta ser la Sociedad(55), “como titular del interés en la conservación matrimonial monogámica y la certeza de un estado civil”(56).
2.1.2. Actos materiales
El delito de matrimonio ilegal contiene dos supuestos de hecho bien diferenciados. En el primer supuesto (primer párrafo del artículo 139 del Código Penal), el sujeto activo deberá haber contraído matrimonio con el sujeto pasi-
(53) Muñoz Sánchez, Juan. Art. cit. (54) Puede mencionarse en este sector a la profesora María del Rosario Diego Díaz-Santos, quien no obstante defender la supraindividualidad del bien jurídico en el delito de Bigamia, entra en contradicción al afirmar: “el único sujeto pasivo que se ha de considerar en esta figura delictiva es el cónyuge inocente del primer matrimonio”; véase: Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 250; por otro lado, resulta –por decir lo menos– “singular” la tesis defendida por el maestro Luis Bramont Arias para quien “Sujeto pasivo no es el cónyuge del matrimonio precedente, dotado siempre de eficacia jurídica, sino el cónyuge del matrimonio posterior, siempre que lo haya contraído de buena fe”; véase: Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 26. (55) De la misma opinión Boix Reix & Jareño Leal, González Rus, Muñoz Sánchez, Villa Stein y Momethiano Santiago; así en: Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. ob. cit., pág. 1046; González Rus, Juan José. ob. cit., pág. 350; Muñoz Sánchez, Juan. Art. cit.; Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 71; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 380. (56) Díaz-Maroto y Villarejo, Julio. ob. cit., pág. 308.
vo, debiendo este último haber tenido conocimiento del estado civil del sujeto activo, caso contrario, estaremos ante el supuesto agravado del delito de Bigamia, contenido en el segundo párrafo del artículo 139 del Código Penal. Es necesario tener en claro que la persona con la cual el sujeto activo contrae nuevas nupcias debe ser persona distinta a la de su primer matrimonio: Por ejemplo, si A y B se casan en dos países distintos, no configurarían el tipo penal de bigamia propia(57). Si se toma en consideración que la existencia de un matrimonio anterior válido es la que sustenta la punición, si por alguna razón el primer matrimonio es nulo(58), (59), la conducta resulta atípica(60).
(57) De la misma opinión: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 158; González Rus, Juan José. ob. cit., pág. 350; Muñoz Sánchez, Juan. Art. cit.; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., págs. 33-34. (58) Lo que resulta consecuencia del carácter retroactivo que tiene la invalidez del matrimonio, es por tal motivo que un sector importante de la doctrina civil sostiene que “el matrimonio nulo es un acto inexistente, o dicho en otras palabras, constituye la negación misma de la unión marital”; al respecto véase: Arias-Schreiber Pezet, Max. ob. cit., pág. 127. (59) Según el artículo 274 del Código Civil de 1984, es nulo el matrimonio: a) Del enfermo mental. b) Del sordomudo, ciegosordo y ciegomudo que no sepan expresar su voluntad de manera indubitable. c) Del casado. d) De los consanguíneos afines en línea recta. e) De los consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral. f) De los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio anterior se disolvió y el ex-cónyuge vive. g) Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el sobreviviente partícipe del mismo. h) De quienes los celebren prescindiendo de los trámites de ley (contenidos en los artículos 248 a 268 del Código Civil). i) De los contrayentes que actuasen de mala fe y lo celebren ante funcionario incompetente. Un análisis exegético de estas causales y sus respectivos matices en: Arias-Schreiber Pezet, Max. ob. cit., págs. 130 y ss.; Cornejo Chávez, Héctor. ob. cit., págs. 209 y ss.; Peralta Andia, Rolando. ob. cit., págs. 172 y ss. (60) De la misma opinión era, respecto a la tipificación contenida en el Código Penal de 1924, Ángel Gustavo Cornejo, así en: Cornejo, Ángel Gustavo. ob. cit., pág. 131; en el mismo sentido, comentando la legislación española y refiriéndose a la Sentencia del Tribunal Supremo del 6 de junio de 1983: González Rus, Juan José. ob. cit., pág. 351.
Si por el contrario, el primer matrimonio incurre en alguna causal de anulabilidad(61) que, sin embargo, no es invocada en sede civil por alguno de los contrayentes para lograr la anulación del matrimonio, si se contrae segundo matrimonio, este resulta punible toda vez que el primer matrimonio aún mantiene su validez legal. De allí que consideremos incorrecta la afirmación hecha por MUÑOZ CONDE, siguiendo a MIR PUIG, en el sentido de que incluso el matrimonio bígamo puede servir de presupuesto para el delito de bigamia(62). Esta solución parece omitir la condición de elemento normativo que corresponde a la expresión “matrimonio”, lo que supone la necesidad de recurrir a los contenidos que el Derecho Civil da a dicha institución(63). En tal virtud, si el matrimonio es nulo, no tiene repercusiones jurídicas en sede civil y, en consecuencia, tampoco puede tener repercusiones jurídico-penales. La muerte de uno de los cónyuges, como resulta evidente, disuelve el vínculo matrimonial, no obstante, en los casos de “muerte presunta” el cónyuge sobreviviente deberá esperar que se haya emitido la declaración judicial que le permita contraer nuevas nupcias(64). Respecto a la modalidad delictiva contenida en el segundo párrafo del artículo en comentario, como bien señala VILLA STEIN, el injusto no reside en la simple omisión de informar al otro contrayente su real estado civil, sino que el sujeto activo deberá haber realizado actos destinados a “inducir a error” al otro contrayente, lo que supone un mayor desvalor de la conducta y justifica la mayor punición prevista por el legislador(65). Finalmente, cabe dejar sentado que las disposiciones de tipo canónico que hacen mención a la “indisolubilidad” del matrimonio religioso, carecen de relevancia en sedes civil y penal(66). Asimismo, debe precisarse el
Las causales de anulabilidad del matrimonio, a diferencia de las de nulidad, tienen menor gravedad y revisten menor trascendencia social, de allí que se justifique su convalidación mediante confirmación: Arias-Schreiber Pezet, Max. ob. cit., pág. 136; Cornejo Chávez, Héctor. ob. cit., pág. 213. Muñoz Conde, Francisco. ob. cit., pág. 285. Idéntico: Prats Canut, Miguel. ob. cit., págs. 418-420. Cornejo, Ángel Gustavo. ob. cit., pág. 131. Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 73. Así: Muñoz Conde, Francisco. ob. cit., pág. 285.
hecho de que el segundo matrimonio debe ser civil, pues no existe bigamia para el Derecho Penal si el nuevo matrimonio es religioso(67).
2.2. Tipo subjetivo
El delito de bigamia exige la presencia de dolo, esto es, el sujeto activo debe actuar con conciencia y voluntad que está contrayendo matrimonio cuando su estado civil se lo prohíbe. Ahora bien, aunque en la doctrina española se ha discutido mucho si el dolo del tipo debe ser directo o si se admite el dolo eventual en virtud a la utilización de la expresión “a sabiendas”(68), la tipificación peruana del delito de bigamia no plantea mayores complicaciones, por lo que puede sostenerse la posibilidad de comprender no solo al dolo directo sino también al dolo eventual(69). No obstante, pese a lo afirmado –en el sentido de que la redacción del tipo legal permite la punición de conductas a título de dolo eventual–, en la praxis será sumamente complicado detectar supuestos de tal índole, pues el acto matrimonial reúne tales formalidades que difícilmente se podrán detectar casos en que concurra dolo eventual. El dolo eventual podrá configurarse únicamente en los supuestos en los que el agente alegue que el primer matrimonio fue disuelto o es nulo de pleno derecho. Así, solo a manera de ejemplo, si el agente sostiene haber disuelto el vínculo conyugal y refiere haber contratado a un tramitador para tal efecto, evidentemente estaremos frente a un supuesto de dolo eventual.
(67) Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 72. (68) Al respecto puede verse: Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Prats Canut, Miguel. ob. cit., págs. 420-421. (69) Hace treinta años la profesora Diego Díaz-Santos sostenía por el contrario que en los delitos contra la Familia, era preponderante la concurrencia de “dolo eventual”, ello debido a que “el sujeto activo no tiene una intención directa de producir un daño o lesión a la familia; en su mente se representa el daño familiar solamente como posible y eventualmente lo acepta (...). Estamos aquí, generalmente, ante supuestos de dolo eventual, porque, en los delitos contra la Familia, no es frecuente que el autor quiera realmente causar de una forma directa e inmediata un mal a su familia, ya que el sujeto suele perseguir otros fines (...) estimamos que el dolo eventual acapara la generalidad de las manifestaciones”. A la tesis defendida por la profesora Diego DíazSantos puede objetarse –en primer lugar– que partía de una concepción errónea del delito, en la medida en que ubicaba el dolo y la culpa dentro del ámbito de la culpabilidad; por otra parte, parecía identificar el dolo del tipo con la intención de perjudicar a la Familia, cuando el dolo de los tipos penales que forman parte de la tipología que se estudia tiene otras connotaciones; véase: Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., págs. 72-73.
!MATRIMONIOS ILEGALES
2.3. Consumación
El ilícito que se comenta es instantáneo y se consuma en el acto formal del matrimonio(70), aunque sus efectos puedan ser permanentes(71) y se le considere por ello como un “delito de estado”(72). Es que como bien sostiene PEÑA CABRERA siguiendo a Eusebio GÓMEZ, si bien el matrimonio como institución es un “estado”, ello no supone que estemos frente a un delito continuado(73), pues su celebración es un acto. Considerar el delito de bigamia como un delito permanente tendría, además, repercusiones prácticas inaceptables, como la posibilidad de que pudiera admitirse la existencia de actos de participación delictiva con posterioridad a la realización del segundo matrimonio(74). Igualmente, una posición como la antes mencionada repercutiría en el ámbito de la prescripción penal. Las fases anteriores a la celebración del matrimonio, como la presentación de documentos ante la autoridad municipal, constituyen tentativa(75). Los meros actos preparatorios, como la obtención de los documentos necesarios, carecen de relevancia penal y son impunes(76). En tal virtud, estimo errada la posición defendida por el maestro Luis BRAMONT ARIAS –con
(71) (72) (73) (74) (75)
Así también: Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. ob. cit., pág. 1047; Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 30; Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 441; Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 73; en referencia al texto español: Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Fernández Dotú, Pedro. Ob. cit., pág. 962; en Colombia: Mesa Velásquez, Luis Eduardo. “Delitos contra la familia”, en: Estudios de Derecho, año XII, volumen XX, nº 60, pág. 271, Medellín, 1961. Prats Canut, Miguel. ob. cit., pág. 420. Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. ob. cit., pág. 1047. Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 441; Estrella, Oscar Alberto. “Matrimonios Ilegales”, en: Estrella, Óscar Alberto & Godoy Lemos, Roberto. ob. cit., pág. 477. Posibilidad puesta en evidencia por: Prats Canut, Miguel. ob. cit., pág. 420. De similar opinión: Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 441; ídem. Derecho Penal peruano. Parte Especial, pág. 291; Muñoz Sánchez, Juan. art. cit. De distinta opinión Muñoz Conde, para quien la ejecución del delito tiene lugar con el inicio del acto matrimonial, todas las fases previas las considera impunes; así en: Muñoz Conde, Francisco. ob. cit., pág. 285. Similar opinión a la de Muñoz Conde tiene Villa Stein, al respecto véase: Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 73. Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 441.
!LUIS MIGUEL REYNA AL.ARO
innegable fuente argentina (SOLER, NÚÑEZ, FONTÁN BALESTRA, CREUS, etc.)(77)– quien al afirmar que “El delito de bigamia comenzaría a cometerse a partir del momento en que los contrayentes manifiestan su voluntad de contraer matrimonio, ante la pregunta del Alcalde de si persisten o no en la resolución de celebrar el matrimonio”(78), parece limitar la tentativa del delito de bigamia a los actos culminantes de la celebración matrimonial. De lo expuesto se desprende que no resulta necesaria la cópula sexual(79) ni la cohabitación propia del matrimonio(80). Nuestra Jurisprudencia se ha decantado por esta posición, así se ha afirmado: “El delito de bigamia se consuma al momento que se contrae matrimonio por segunda vez, no es necesaria la cohabitación posterior a la celebración, los actos subsecuentes a tal acto implican los efectos del ejercicio del estado de casado por lo que se trata de un delito de comisión instantánea”(81).
2.4. Penalidad
En el supuesto básico, la penalidad prevista es no menor de uno ni mayor de cuatro años. En consecuencia, procede la suspensión de la ejecución de la pena, en tanto concurran los requisitos previstos en el artículo 57 del Código Penal y la apertura de instrucción se dará necesariamente con mandato de comparecencia, pues la pena en ningún caso superará los cuatro años de pena privativa de libertad, conforme exige el artículo 135 del Código Procesal Penal.
(77) Estrella, Óscar Alberto. “Matrimonios Ilegales”, en: Estrella, Óscar Alberto & Godoy Lemos, Roberto. ob. cit., pág. 486. (78) Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 30. (79) Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, tomo I, pág. 441; ídem. Derecho Penal peruano. Parte Especial, pág. 291. (80) Boix Reig, Javier & Jareño Leal, Ángeles. ob. cit., pág. 1047; Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Muñoz Conde, Francisco. ob. cit., pág. 285; Estrella, Oscar Alberto. “Matrimonios Ilegales”, en: Estrella, Oscar Alberto & Godoy Lemos, Roberto. ob. cit., pág. 476. (81) Ejecutoria de la Sexta Sala Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres (Exp. 4357-97); extraída de: La Rosa Gómez de la Torre, Miguel. Jurisprudencia del Proceso Penal Sumario 1996-1997, pág. 119, primera edición, Edit. Grijley, Lima, 1999; también es posible encontrarla resumida en: Caro Coria, Dino Carlos. Código Penal. Actuales tendencias jurisprudenciales de la práctica penal, pág. 329, Gaceta Jurídica, Lima, 2002; Villavicencio Terreros, Felipe. Código Penal comentado, pág. 330, tercera edición, Edit. Grijley, Lima, 2001.
La modalidad agravada prevé una penalidad no menor de dos ni mayor de cinco años. Procede igualmente la suspensión de la ejecución de la pena y la apertura de instrucción con mandato de comparecencia, esto último en la medida en que el operador de justicia penal, al realizar la prognosis de pena, considere que la pena a aplicar no excederá los cuatro años de privación de libertad.
3. EL DELITO DE BIGAMIA EN EL DERECHO COMPARADO
3.1. EN ARGENTINA
CÓDIGO PENAL LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS TÍTULO IV DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 134.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta”.
3.2. EN BOLIVIA
CÓDIGO PENAL TITULO VII DELITOS CONTRA LA FAMILIA CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL MATRIMONIO Y EL ESTADO CIVIL “Art. 240.- El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior a que se hallaba ligado, incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años”.
3.3. EN BRASIL
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII DOS CRIMES CONTRA A FAMILIA CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA O CASAMENTO Bigamia: “Art. 235.- Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 1. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime”.
Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento: “Art. 236.- Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento”.
3.4. EN CHILE
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA “Art. 382.- El que contrajere matrimonio estando casado válidamente, será castigado con reclusión menor en su grado máximo”.
3.5. EN COSTA RICA
CÓDIGO PENAL LIBRO II TÍTULO IV DELITOS CONTRA LA FAMILIA SECCIÓN I MATRIMONIOS ILEGALES Matrimonio ilegal: “Art. 176.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que existe impedimento que causa su nulidad absoluta(82)”. Ocultación del impedimento: “Art. 177.- Será reprimido con prisión de dos a seis años el que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente”.
3.6. EN CUBA
CÓDIGO PENAL LIBRO II TÍTULO XI DELITOS CONTRA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS RELACIONES SEXUALES Y CONTRA LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA JUVENTUD CAPÍTULO II DELITOS CONTRA EL NORMAL DESARROLLO DE LA FAMILIA SECCIÓN TERCERA BIGAMIA “Art. 306.- El que formalice nuevo matrimonio sin estar legítimamente disuelto el anterior formalizado, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”.
(82) Reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982.
3.7. EN ECUADOR
CÓDIGO PENAL TÍTULO IX DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 533.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no se hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a cinco años de prisión”.
3.8. EN EL SALVADOR
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII DELITOS RELATIVOS A LAS RELACIONES FAMILIARES CAPÍTULO I DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES Matrimonios ilegales: “Art. 192.- El que contrajere matrimonio ocultando la existencia de un impedimento, será sancionado con prisión de seis meses a un año”. Bigamia: “Art. 193.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sin hallarse legalmente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Si el matrimonio contraído anteriormente por el bígamo, fuere declarado nulo o se anulare su segundo matrimonio por causa distinta de la bigamia, se extinguirá la acción penal para todos los que hubieren participado en el delito y si hubiere recaído condena, cesará su ejecución y todos sus efectos penales”.
3.9. EN ESPAÑA
CÓDIGO PENAL TÍTULO XII DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES CAPÍTULO I DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 217.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”.
3.10. EN GUATEMALA
CÓDIGO PENAL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TÍTULO V DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y CONTRA EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES Matrimonio ilegal: “Art. 226.- Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de uno a tres años. Igual sanción se impondrá a quien, siendo soltero, contrajere matrimonio, a sabiendas, con persona casada”.
3.11. EN MÉXICO
CÓDIGO PENAL TÍTULO DECIMO SEXTO DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL Y BIGAMIA “Art. 279.- Se impondrá hasta cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa al que, estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimonio con las formalidades legales”.
3.12. EN NICARAGUA
CÓDIGO PENAL TÍTULO II CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 218.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será penado con prisión de 1 a 5 años”.
3.13. EN PANAMÁ
CÓDIGO PENAL LIBRO II DE LOS DELITOS TÍTULO V DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA FAMILIA “Art. 205.- Los que contraigan matrimonio, a sabiendas de que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, serán sancionados con prisión de 6 meses a 1 año”.
3.14. EN PARAGUAY
CÓDIGO PENAL TÍTULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS CAPÍTULO I HECHOS PUNIBLES CONTRA EL ESTADO CIVIL, EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA “Art. 224.- El que contrajera matrimonio estando casado o el que a sabiendas contrajera matrimonio con una persona casada, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
3.15. EN URUGUAY
CÓDIGO PENAL TÍTULO X DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y EL ORDEN DE LA FAMILIA CAPÍTULO II BIGAMIA Y OTROS MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 263.- El que estando unido por matrimonio válido contrajere segundo matrimonio válido (prescindiendo de la causal de nulidad que representa este hecho), será castigado con la pena de un año de prisión a cinco de penitenciaría. La misma pena se aplicará al que siendo libre, se casare con persona unida por matrimonio válido. Si el culpable hubiere inducido en error al otro cónyuge, respecto de su propio estado o del estado de este último, la pena se elevará de un sexto a un tercio”.
3.16. EN VENEZUELA
CÓDIGO PENAL TÍTULO VIII DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES Y BUEN ORDEN DE LAS FAMILIAS CAPÍTULO VI DE LA BIGAMIA “Art. 402.- Cualquiera que estando casado válidamente, haya contraído matrimonio, o que, no estándolo, hubiere contraído, a sabiendas, matrimonio con persona casada legítimamente, será castigado con prisión de dos a cuatro años. Si el culpable hubiere inducido en error a la persona con quien ha contraído matrimonio, engañándola respecto a la libertad de su propio estado o el de ella, la pena será de presidio de tres a cinco años.
Será castigado con las penas anteriores, aumentadas de un quinto a un tercio, el que, estando válidamente casado, haya contraído otro matrimonio a sabiendas de que el otro contrayente era también legítimamente casado”. “Art. 403.- Los reos de bigamia deberán ser condenados, por vía de indemnización civil, a mantener la prole menor de edad; y si la contrayente inocente es soltera y no se ha hecho constar que no es honesta, deberán ser, además, condenados a dotarla”.
III. EL DELITO DE BIGAMIA IMPROPIA O MATRIMONIO ILEGAL DE PERSONA LIBRE (ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO PENAL)
§1. El artículo en comento tiene como antecedentes en nuestra legislación penal el artículo 215 del Código Penal de 1924 (derogado) y el artículo 204 del Proyecto de Código Penal peruano de 1916. §2. Es correcta la defensa que BRAMONT ARIAS realiza a favor de la criminalización autónoma de la conducta del no casado respecto a la del casado que contrae nuevo matrimonio, así como las razones en que fundamenta su posición(83). En primer lugar, porque la falta de tipificación autónoma y expresa plantearía problemas respecto a la posibilidad de castigar la conducta del no casado(84). Por otro lado, de admitirse la punición del no casado, tendríamos que recurrir a los desarrollos de la autoría que podrían –ciertamente– provocar una punición desproporcionada respecto al efectivo desvalor inmanente a las conductas del casado y del no casado. §3. En cuanto a su denominación o nomen iuris, conviene hacer algunas precisiones. Aunque es usual ver en la doctrina que se ha dedicado a analizar o a sumillar el artículo 140 del Código Penal peruano, la utilización de la denominación “matrimonio ilegal de persona libre” u otras expresiones similares (“matrimonio de soltero con persona casada”(85), “matrimonio con per(83) Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 33. (84) En tono crítico, respecto a la situación existente en España en 1973, en cuyo entonces solo se establecía expresa sanción de la bigamia propia: Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., págs. 242-243. (85) Caro Coria, Dino Carlos. ob. cit., pág. 329.
"MATRIMONIOS ILEGALES
sona casada”(86), “conocimiento del impedimento por el cónyuge”(87)), mayor pureza técnica contiene la expresión “bigamia impropia” en la medida en que a través de la mencionada expresión se deja en evidencia el carácter bilateral de la bigamia.
Conforme hemos indicado respecto al delito de bigamia, el interés jurídico penalmente tutelado resulta ser en este caso la “estructura matrimonial monogámica”(88).
Descripción típica: “Art. 140.- El no casado que, a sabiendas, contrae matrimonio con persona casada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años”.
Activo: El sujeto activo de la conducta delictiva puede ser cualquier persona natural “no casada”, incluyéndose en dicha denominación tanto a los solteros –en donde se incluye a los divorciados– como viudos(89).
Portocarrero Hidalgo, Juan. Código Penal, pág. 81, Empresa Editora Portocarrero, s/f; Rojas Vargas, Fidel & Infantes Vargas, Alberto. Código Penal. Diez años de Jurisprudencia sistematizada, pág. 235, Idemsa, Lima, 2001; Villavicencio Terreros, Felipe. ob. cit., pág. 330; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 382. (87) Bramont Arias, Luis & Bramont-Arias Torres, Luis Alberto. Código Penal anotado, pág. 346, tercera edición, San Marcos, Lima, 2000. (88) De la misma opinión: Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 70; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 45; muy similar la posición de Bramont Arias, quien identifica como bien jurídico “el interés del Estado de garantizar el orden jurídico familiar estructurado sobre las bases de la monogamia”: Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 33; de distinta opinión Bramont-Arias/ García Cantizano y Momethiano Santiago, quienes sostienen que el bien jurídico resulta ser “la familia”; así en: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 161; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 382. (89) Así: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 161; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 47; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 382. (86)
"LUIS MIGUEL REYNA AL.ARO
Pasivo: De acuerdo a la identidad institucional del bien jurídico tutelado, cabe decir que el sujeto pasivo de la conducta resulta ser la “Sociedad”.
El delito previsto en el artículo 140 del Código Penal tiene como acto material fundamental la realización de un matrimonio con persona casada, por parte de otra no casada. Son aplicables las precisiones hechas con anterioridad respecto a las características del matrimonio. Como bien precisa SALINAS SICCHA, este tipo penal complementa la punición que corresponde al delito de bigamia(90).
El sujeto activo deberá actuar dolosamente. Esto quiere decir que el sujeto activo de esta conducta debe tener conocimiento que su pareja se encuentra vinculada matrimonialmente con tercera persona.
El delito aquí analizado, al igual que el delito de bigamia, es de consumación instantánea, por lo que su agotamiento se dará al momento de producirse el respectivo matrimonio civil(91). Todas las fases ejecutivas previas constituyen mera tentativa.
La pena prevista para el delito de matrimonio ilegal de persona libre es la de privación de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, en cuya virtud resulta aplicable la reserva del fallo condenatorio y la suspensión de la ejecución de la pena, en la medida en que concurran los requisitos exigidos por ley (artículo 57 del Código Penal).
(90) Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 45. (91) De similar opinión: Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 47.
El auto de apertura de proceso, al no concurrir uno de los requisitos exigidos por el artículo 135 del Código Procesal Penal (que la probable pena a imponer sea superior a los cuatro años de privación de libertad), contendrá necesariamente mandato de comparecencia.
3. EL DELITO DE BIGAMIA IMPROPIA O MATRIMONIO ILEGAL DE PERSONA LIBRE EN EL DERECHO COMPARADO
3.1. EN BOLIVIA
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII DELITOS CONTRA LA FAMILIA CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL MATRIMONIO Y EL ESTADO CIVIL “Art. 241.- Será sancionado: 1) Con privación de libertad de uno a tres años, el que no siendo casado contrajere a sabiendas matrimonio con persona casada [...]”.
IV. CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO ILEGAL (ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO PENAL)
El tipo penal descrito en el artículo 141 del actual Código Penal tiene su antecedente en el artículo 216 del Código Penal de 1924 y en el artículo 204 del Proyecto de Código Penal de 1916. La redacción del artículo 216 del derogado Código Penal comprendía como posibles sujetos activos al Oficial Público y al Eclesiástico. En relación a la exclusión del Eclesiástico, es cierto que el matrimonio canónico posee gran tradición histórica en nuestras culturas; sin embargo, en la actualidad, al haber perdido el matrimonio religioso su carácter vinculante desde una perspectiva jurídica, la conducta del Eclesiástico carece de repercusiones para el Derecho Penal, lo que no quiere decir que este –el Eclesiástico– no responda conforme a las reglas del Derecho Canónico(92).
(92) Díaz-Maroto y Villarejo, Julio. ob. cit., pág. 312.
Aunque la tipificación de la conducta descrita en el artículo 141 del Código Penal evoca la infracción de deberes de función, la protección penal se encuentra dirigida nuevamente a la institución matrimonial. Sin embargo, cabe destacar que la conducta descrita en el artículo 141 del Código Penal no ataca el carácter monogámico del matrimonio, por lo que puede afirmarse que el valor penalmente tutelado es el régimen legal del matrimonio(93). La importancia que como institución jurídica y social posee el matrimonio exige para su celebración no solo el cumplimiento de requisitos elementales sino que resulta también necesaria la observancia de las formalidades legales preestablecidas(94).
Descripción típica: “Art. 141.- El funcionario público que, a sabiendas, celebra un matrimonio ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación de dos a tres años conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 3. Si el funcionario público obra por culpa, la pena será de inhabilitación no mayor de un año, conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 3”.
Activo: Este delito ha sido configurado como un delito especial propio, por lo que se considerará sujeto activo solo al funcionario público(95). Tal condi(93) Muñoz Sánchez, Juan. art. cit. (94) Peralta Andia, Rolando. ob. cit., pág. 145. (95) Sobre dicho concepto, véase: Abanto Vásquez, Manuel. Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano, págs. 16 y ss., primera edición, Edit. Palestra, Lima, 2001; Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, pág. 33, segunda edición, Edit. Grijley, Lima, 2001; Urquizo Olaechea, José. “Tutela penal y sujetos especiales propios en los delitos contra la administra-
ción típica del agente ha llevado a DIEGO DÍAZ-SANTOS a considerar este delito como un delito contra la Familia impropio “por ser el sujeto activo persona extraña al círculo familiar”(96). Es preciso además que el sujeto activo –Funcionario Público– tenga dentro de su ámbito funcional la celebración de matrimonios(97). Según los términos del artículo 260 del Código Civil (en adelante C.C.), tienen capacidad de celebrar matrimonios: El Alcalde y, por delegación de este, los regidores, funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos, el párroco y ordinario. Asimismo, el artículo 262 del C.C. permite la celebración del matrimonio civil en las comunidades campesinas y nativas, ante un comité especial constituido por la autoridad educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la comunidad. Evidentemente, no todos los sujetos mencionados por el C.C. con capacidad derivada para celebrar matrimonio pueden ser comprendidos dentro del ámbito de posibles sujetos activos del tipo descrito en el artículo 141 del Código Penal. En dicho ámbito solo es posible incluir a aquellos que posean la condición de funcionarios públicos(98). Pasivo: El sujeto pasivo de la conducta resulta ser la Sociedad(99).
En primer lugar, como es característico de los tipos comprendidos en el capítulo I del Título III de la Parte Especial de nuestro Código Penal, se requiere la celebración de un matrimonio ilegal, elemento normativo que incluye no solo a los supuestos a que hacen referencia los artículos 139 y 140 del Código Penal, sino que incluye además todos aquellos otros casos
ción pública”, en: Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 12, pág. 229, Idemsa, Lima, 2001. (96) Diego Díaz-Santos, María del Rosario. ob. cit., pág. 268. (97) Así: Chirinos Soto, Francisco. ob. cit., pág. 120; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 53. (98) En similar línea de ideas: Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 53. (99) De la misma opinión: Muñoz Sánchez, Juan. art. cit.; Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 75; Momethiano Santiago, Javier. ob. cit., pág. 383.
en los que el matrimonio no cumpla los requisitos de ley y resulte “ilegal”. Esto quiere decir que el elemento normativo “matrimonio ilegal”(100) debe ser equiparado a “matrimonio nulo”(101). Siendo esto así, si el matrimonio, aunque susceptible de anulación, mantiene sus efectos legales por aquiescencia de las partes, la conducta del funcionario público solo podrá ser reprimida a partir del artículo 142 del Código Penal, que analizaremos más adelante. De distinta opinión es SALINAS SICCHA, para quien la “celebración de matrimonio ilegal” supone que el funcionario público sepa que uno de los contrayentes tiene la condición de casado. Por el contrario, según este autor, si el funcionario público tiene conocimiento de otros impedimentos y aun así celebra el matrimonio, su conducta se subsumiría en el tipo penal descrito en el artículo 142 del Código Penal(102). Hay que hacer presente que la actual redacción del delito de celebración de matrimonio ilegal limita la punición a los actos de “celebración” de matrimonio, a diferencia del texto anterior (1924) que castigaba al funcionario público o eclesiástico que “autorizaba” la celebración de un matrimonio ilegal(103). 2.2. Tipo subjetivo El artículo 141 del Código Penal incluye dos modalidades. El primer párrafo del artículo bajo comentario establece una modalidad dolosa, en tanto que la parte final de dicho presente establece como elemento subjetivo la culpa.
(100) No es posible afirmar –en el tipo peruano o en el español– que estemos frente a una ley penal en blanco, por lo que discrepamos de la opinión de Muñoz Sánchez, quien no obstante considerar que la expresión “celebrar matrimonio inválido” supone un elemento normativo cuya valoración exige recurrir al Derecho de Familia, termina afirmando que el tipo español resulta ser una ley penal en blanco; así en: Muñoz Sánchez, Juan. art. cit. (101) Véase supra, pág. 28. (102) Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 51. Muy similar la postura de: Chirinos Soto, Francisco. ob. cit., pág. 120. (103) Hacen notar dicha diferencia: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 162; Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 50. Es de mencionar que el artículo 219 del Código Penal español de 1995 utiliza también la expresión “autorizar”.
La modalidad dolosa, descrita en el primer párrafo del artículo 141 del Código Penal, solo permite comprender el “dolo directo”, pues la presencia de la expresión “a sabiendas” excluye, como es obvio, al dolo eventual.
Este delito se consuma cuando el funcionario público realiza el matrimonio ilegal, esto es, cuando se emite la declaración respectiva, lo que supone la necesidad de la culminación del acto matrimonial. Si ello no llega a ocurrir, estaremos frente a una mera tentativa.
Las consecuencias jurídicas en este delito varían según se trate de la modalidad dolosa o culposa de dicho delito. La modalidad dolosa supone, como es evidente, un mayor grado de injusto, por lo que la penalidad resulta mayor. Así la primera parte del artículo 141 del Código Penal prevé como penalidad la privación de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación de dos a tres años, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36.1, 36.2 y 36.3 del Código Penal; en este caso, resulta aplicable la suspensión de la ejecución de la pena, en la medida en que concurran los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal. Si el delito resulta imputable a título de culpa, la penalidad es de inhabilitación, conforme a lo establecido en el artículo 36.1, 36.2 y 36.3 del Código Penal (privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular, incapacidad para ver mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público y suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia), no mayor de un año. Procede la reserva del fallo condenatorio y la suspensión de la ejecución de la pena, en tanto concurran los requisitos previstos en los artículos 62 y 57 del Código Penal.
3. EL DELITO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO ILEGAL EN EL ORDEN COMPARADO
CÓDIGO PENAL LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS TÍTULO IV DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 136.- El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá, en su caso la pena que en ellos se determina. Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial por seis meses a dos años. Sufrirá multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley”.
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII DELITOS CONTRA LA FAMILIA CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL MATRIMONIO Y EL ESTADO CIVIL “Art. 242.- El Oficial del Registro Civil que a sabiendas autorizare un matrimonio de los descritos en los artículos 240 y 241, o procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por ley, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años”.
3.3. EN CHILE
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS Y CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA “Art. 388.- El funcionario eclesiástico o civil que autorice matrimonio prohibido por la ley o en que no se hayan llenado las formalidades que ella exige para su celebración, sufrirá las penas de relegación menor en su grado medio y multa de seis a diez sueldos vitales”.
3.4. EN COSTA RICA
CÓDIGO PENAL LIBRO II TÍTULO IV DELITOS CONTRA LA FAMILIA SECCIÓN I MATRIMONIOS ILEGALES Responsabilidad del funcionario: “Art. 179.- El funcionario público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, será reprimido con la pena que en ellos se determina aumentada en un tercio a juicio del Juez. Si obrare por culpa, la pena será de quince a sesenta días multa”.
3.5. EN ECUADOR
CÓDIGO PENAL TÍTULO IX DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 538.- La autoridad que celebrare matrimonio para el cual haya impedimento no dispensable, será reprimida con multa de cincuenta a quinientos sucres y prisión de uno a cinco años. Si el impedimento fuere dispensable, la pena se rebajará a la mitad”.
3.6. EN EL SALVADOR
CÓDIGO PENAL TÍTULO VII DELITOS RELATIVOS A LAS RELACIONES FAMILIARES CAPÍTULO I DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES Celebración de matrimonio ilegal: “Art. 194.- El Notario o funcionario público que a sabiendas autorizare un matrimonio ilegal, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial por igual período”.
3.7. EN ESPAÑA
CÓDIGO PENAL TÍTULO XII DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES CAPÍTULO I DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 219.1. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. 2. Si la causa de nulidad fuere dispensable, la pena será de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años”.
#MATRIMONIOS ILEGALES
3.8. EN NICARAGUA
CÓDIGO PENAL TÍTULO II CAPÍTULO I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES “Art. 220.- El funcionario que autorizare un matrimonio prohibido por la ley o para el cual haya algún impedimento absoluto conocido o denunciado en el expediente, sufrirá la pena de inhabilitación absoluta por el término de 1 a 3 años y multa de quinientos a un mil córdobas. Si el impedimento fuere relativo, la pena será de multa de cien a quinientos córdobas”.
3.9. EN PANAMÁ
CÓDIGO PENAL LIBRO II DE LOS DELITOS TÍTULO V DELITOS CONTRA EL ORDEN JURÍDICO FAMILIAR Y EL ESTADO CIVIL CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA FAMILIA “Art. 208.- Al servidor público que, a sabiendas, autorice un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, se le aplicará la sanción que en ellos se determina. Si obra con culpa, la sanción será de 15 a 60 días-multa”.
V. OMISIÓN DE FORMALIDADES (ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL)
La fuente legislativa nacional del artículo 142 del Código Penal es el apartado tercero del artículo 216 del Código Penal derogado de 1924 que a su vez estuvo influenciado por el artículo 204 del Proyecto de Código Penal de 1916.
#LUIS MIGUEL REYNA AL.ARO
Siguiendo las precisiones hechas en el comentario al artículo precedente, debo insistir en considerar como bien jurídico penalmente tutelado el “matrimonio” como Institución básica de la Sociedad y que justamente, en virtud a tal condición, debe celebrarse con estricta observancia de los modos de ejecución legalmente establecidos(104).
Descripción típica: “Art. 142.- El funcionario público, párroco u ordinario que procede a la celebración del matrimonio sin observar las formalidades exigidas por la ley, aunque el matrimonio no sea anulado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años e inhabilitación de uno a dos años, conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 3”.
Activo: Este tipo legal se encuentra también elaborado como un tipo especial propio, por lo que el círculo de posibles sujetos activos del delito incluye solo a los funcionarios públicos con potestades para celebrar matrimonio(105), párroco u ordinario. Pasivo: Sujeto pasivo de la conducta es la Sociedad.
Los actos materiales del artículo 142 del Código Penal se encuentran constituidos por la celebración de un matrimonio que adolece de las formalidades exigidas por Ley, aunque este no sea anulado.
(104) En este sentido: Bramont Arias, Luis. ob. cit., pág. 38. (105) De la misma opinión: Villa Stein, Javier. ob. cit., pág. 78.
El artículo en comento exige que las formalidades omitidas sean “exigidas por la ley”, lo que supone que las formalidades aludidas por el tipo penal que se analiza son aquellas que pueden provocar la anulabilidad del matrimonio. Es evidente con ello que integran el tipo solo los matrimonios anulables, aunque su nulidad no se llegue a materializar, los matrimonios nulos se subsumen en el supuesto descrito en el artículo 141 del Código Penal. De distinta opinión resultan, implícitamente, BRAMONT-ARIAS TORRES/ GARCÍA CANTIZANO y, explícitamente, SALINAS SICCHA. Según BRAMONT-ARIAS TORRES/GARCÍA CANTIZANO: “La diferencia entre este delito y el anterior radica en que la consecuencia del comportamiento del sujeto activo no es la comisión de un nuevo delito de bigamia”(106). Por su parte, SALINAS SICCHA erradamente sostiene que el artículo 142 del Código Penal solo da cabida a toda omisión de formalidades distinta a la exigencia de soltería de los contrayentes(107). Según esta posición, el tipo penal ahora analizado sería un tipo residual del contenido en el artículo 141 del Código Penal. 2.2. Tipo subjetivo Estamos ante una figura dolosa, por lo que el sujeto activo deberá actuar con conciencia y voluntad que ha de recaer sobre cada uno de los elementos objetivos precisados.
El delito encuentra su punto de consumación en el momento en que se realiza el matrimonio, careciendo de trascendencia si el matrimonio realizado sin las formalidades de ley posteriormente se anula o no(108). Es admisible la tentativa, que se produce durante todas las fases previas a la realización del matrimonio.
(106) Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 164. (107) Salinas Siccha, Ramiro. ob. cit., pág. 56. (108) De similar opinión: Bramont-Arias Torres, Luis Alberto & García Cantizano, María del Carmen. ob. cit., pág. 165.
El legislador penal ha considerado correcto utilizar como sanciones conjuntas la pena privativa de libertad, que será no mayor de tres años, y la inhabilitación, por el término de uno a dos años, conforme al artículo 36.1. (Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular); 36.2 (Incapacidad para ejercer mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público) y 36.3 (Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia) del Código Penal. La apertura de instrucción se dará necesariamente con mandato de comparecencia, al no cumplirse con la exigencia de pena superior a los cuatro años de privación de libertad a que hace referencia el artículo 135 del Código Procesal Penal. De igual forma son procedentes la reserva del fallo condenatorio (artículo 62 del Código Penal) y la suspensión de la ejecución de la pena (artículo 57 del Código Penal), si el operador de justicia penal es del parecer que se cumplen los requisitos de ley.
3. EL DELITO DE OMISIÓN DE FORMALIDADES EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA
3.1. EN COSTA RICA
CÓDIGO PENAL LIBRO II TÍTULO IV DELITOS CONTRA LA FAMILIA SECCIÓN I MATRIMONIOS ILEGALES Inobservancia de formalidades: “Art. 180.- Se impondrá de quince a sesenta días multa y además pérdida del cargo que tuviere e imposibilidad para obtener otro igual, de seis meses a dos años, al funcionario público, que fuera de los casos previstos en el artículo anterior, procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley, aunque el matrimonio no fuere anulado”.
VI. EL CONSENTIMIENTO EN LOS MATRIMONIOS ILEGALES
§1. El consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición resulta ser una de las causas de exención o atenuación de responsabilidad jurídico-penal, conforme a los términos del artículo 20 del Código Penal. El consentimiento en su significado para el Derecho Penal, dice ROXIN: “tiene una larga y variada historia”(109). Ya ULPIANO, en el Digesto, aproximadamente 170-228 años después de Cristo, trasmitía la expresión “nulla iniuria est, quae in volentem fiat” (“lo que se realiza con la voluntad del lesionado, no constituye injusto”). La presencia del consentimiento como causa de exención de responsabilidad es perfectamente sostenible en un modelo de Derecho Penal social y democrático(110), en donde la persona mantiene su autonomía ética(111). De allí que en la actualidad no existan mayores inconvenientes en admitir su presencia legislativa. Pues bien, es evidente que en los delitos analizados en el presente capítulo de la obra existen casos límites en los que la legitimidad de la intervención punitiva estatal puede ser puesta en duda en virtud al asentimiento que el directamente afectado por el hecho punible pueda expresar; el desarrollo que sigue pretende brindar una propuesta de solución en dichos casos límites. §2. Para que el consentimiento pueda producir los respectivos efectos de exención de responsabilidad penal es precisa la concurrencia de una serie diversa de exigencias(112):
(109) Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General, tomo I, traducción de la segunda edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, pág. 511, primera edición española, Editorial Civitas, Madrid, 1997. (110) Reyna Alfaro, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal económico. Parte General y Parte Especial, pág. 429, primera edición, Gaceta Jurídica. Lima, 2002. (111) De allí que el maestro chileno Juan Bustos Ramírez rechace que sea el “principio victimológico de autorresponsabilidad” el que dé origen al consentimiento; véase: Pérez Cépeda, Ana Isabel. “La victimodogmática en Derecho Penal”, en: Reyna Alfaro, Luis Miguel (Coord.). Victimología y Victimodogmática: Una aproximación al tratamiento de la víctima en el Derecho Penal, pág. 484, primera edición, Ara Editores, Lima, 2003. (112) Reyna Alfaro, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal económico. Parte General y Parte Especial, pág. 430.
a) La concurrencia de capacidad material de discernimiento por parte de quien consiente la acción. b) Es suficiente el reconocimiento externo del consentimiento mediante cualquier medio. c) Es intrascendente si el agente tuvo conocimiento del consentimiento emitido por la víctima. d) Es requisito sine qua non que el consentimiento se encuentre referido a un bien jurídico de disposición libre. e) El consentimiento debe ser previo a la realización de la conducta típica. El perdón posterior tendrá efectos, a lo sumo, en la determinación y graduación de la pena a imponer. §3. En el caso que nos convoca –delitos de matrimonios ilegales– cabe plantearse la pregunta de si es posible admitir la posibilidad de consentimiento excluyente de responsabilidad penal. Pues bien, la respuesta a la interrogante planteada tiene que ser enlazada con la identidad que se haya otorgado al bien jurídico penalmente tutelado en estos delitos, pues solo si se concede al interés social vital naturaleza individual es posible la disponibilidad por parte de su titular y, consecuentemente, es posible el consentimiento. En la totalidad de delitos analizados en este primer capítulo de la obra, se ha considerado que el bien jurídico que se protege es la estructura matrimonial monogámica. Tal identidad del bien jurídico supone incluirlo dentro de los bienes jurídicos de orden supraindividual. Siendo esto así y partiendo de la idea que el consentimiento solo es posible en cuanto a los delitos que afectan bienes jurídicos individuales, debe negarse la posibilidad de consentimiento en esta clase de delitos, cuyos titulares se encuentran difuminados en todo el grupo social.
VII.CUESTIONES PROCEDIMENTALES DE LOS DELITOS DE MATRIMONIOS ILEGALES 1. VÍA PROCEDIMENTAL
§1. En primer lugar, debemos mencionar que la vía procedimental que rige el trámite de los delitos de matrimonios ilegales es, en la totalidad de supuestos, la descrita en el Decreto Legislativo Nº 124 que regula el denominado proceso penal sumario. Esta afirmación tiene su origen en una interpretación negativa de la Ley Nº 26689, modificada por la Ley Nº 27507, que señala los delitos sujetos al trámite ordinario detallado por el Código de Procedimientos Penales aún en vigencia(113).
§1. Otra de las cuestiones de índole procesal relacionada al delito de matrimonios ilegales tiene que ver con la denominada “Cuestión Prejudicial”. Es lógico, en la medida en que las figuras analizadas mantienen cercana relación con cuestiones jurídico-civiles, es evidente la posibilidad de recurrir al medio de defensa aludido, en caso se generen dudas sobre la subsistencia de matrimonio anterior(114). Por tal razón, en aras de mantener la unidad del ordenamiento jurídico(115), la cuestión prejudicial tendrá un papel preponderante en esta clase de delitos. §2. El artículo cuatro del Código de Procedimientos Penales precisa que la cuestión prejudicial procede: “cuando deba establecerse en otra vía el carácter delictuoso del hecho imputado”.
(113) Sumariamente, sobre las características de estos procesos: Reyna Alfaro, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal económico. Parte General y Parte Especial, págs. 233 y ss. (114) En referencia al delito de bigamia: Noguera Ramos, Iván. El juez penal. Aportes procesales y criminalísticos, págs. 361-362, primera edición, Editorial Jurídica Portocarrero, Lima, 2002. (115) Una de las principales razones de ser de la cuestión prejudicial, al respecto: San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal, volumen I, pág. 245, reimpresión de la primera edición, Edit. Grijley, Lima, 1999.
En cuanto al momento de su interposición, el mismo artículo cuatro del Código de Procedimientos Penales advierte que solo podrá interponerse luego de rendida la declaración instructiva del imputado y nunca después de la remisión de los autos al despacho del representante del Ministerio Público para la emisión de su dictamen final. Su presentación en fase posterior permite considerar la articulación solo como un argumento de defensa. Planteada en la fase procesal correcta, en caso de ser declarada fundada, se suspende el procedimiento penal hasta que se resuelvan las respectivas cuestiones jurídicas extrapenales. Los efectos de la cuestión prejudicial no son solo suspensivos, sino también extensivos, pues todos los encausados que posean similar situación jurídica que el imputado que planteó la cuestión prejudicial, se beneficiarán con los efectos suspensivos que dicho medio de defensa origina(116).
(116) San Martín Castro, César. ob. cit., pág. 250.
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 artículo 139
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