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Timestamp: 2019-09-19 21:34:54+00:00

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﻿ SENTENCIA 22072 DE NOVIEMBRE 3 DE 2004
SENTENCIA 22072 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:SOLICITUD DE EXTRADICIÓN. TRÁMITES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER LLEVAR A CABO LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES COLOMBIANOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOLICITUD DE LA EXTRADICIÓN, GESTIÓN DE LA EXTRADICIÓN, REQUISITOS DE LA EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN
Sentencia 22072 de noviembre 3 de 2004
Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil cuatro.
Siendo el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores que la normatividad a observar en este asunto es el Código de Procedimiento Penal por no existir convenio que lo regule y por descontada —como lo refiere el Ministerio Público— la inaplicabilidad de los preceptos contenidos en el tratado de extradición celebrado entre Colombia y los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1979 por haber sido declaradas inexequibles las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que le daban vigencia en el orden interno, la Sala efectuará el análisis con miras a la emisión del concepto que en esta clase de trámites le compete teniendo en cuenta las previsiones normativas establecidas a partir del artículo 508 de la Ley 600 de 2000 y especialmente en los términos de los artículos 513 y 520.
Bajo dicha premisa y entendida —como aparentemente dice hacerlo el defensor— que la noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la legislación de allí tenga previstos.
No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable solo puede tener por objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero —si no se trata de sentencia— sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el Gobierno Nacional lo previsto en los tratados públicos.
Una tal comprensión —que el defensor parece en últimas no tener clara a pesar de sus afirmaciones expresas en contrario— impide a la Sala entrar en disquisiciones como las que aquél plantea frente a la validez de los testimonios confidenciales a que hace alusión el indictment proferido en el Tribunal de Distrito de La Florida y que el togado denomina secretos, o frente al fenómeno prescriptivo de la acción, o ante el concurso de delitos que ambas acusaciones postulan, como si fuere jurídica y materialmente posible que nuestra legislación tuviere aplicabilidad en el orden interno del país requirente.
A la Corte no se le faculta para cuestionar por este medio las pruebas que el Estado solicitante pretenda aducir en contra del pedido, tampoco con las salvedades propias del principio de la doble incriminación la calificación allí hecha, ni a establecer si la acción por el delito perseguido se encuentra o no prescrita de conformidad con la legislación del país solicitante, o si la imputación por un concurso de delitos de concierto resulta o no correcta, pues si lo primero sería tanto como adelantar un juzgamiento que se hace incompatible con este trámite y si lo restante, sería entrar a determinar unos efectos que son anejos al proceso respectivo y a la acción de la que, subyaciendo en el juicio correspondiente, obviamente el Estado colombiano no es el titular.
Tampoco se le faculta a la Sala cuestionar la idoneidad o imparcialidad de la autoridad judicial extranjera bajo supuestos actos discriminatorios y de prejuzgamiento derivados de incluir al requerido como narcotraficante en una orden ejecutiva, ni para negar la extradición sobre esa misma base pretextando la aplicación de normas de derecho internacional cuyo manejo corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional como supremo director de las relaciones internacionales y a quien por tanto concierne constatar la existencia o no de las condiciones que según el defensor impedirían la entrega del requerido al país solicitante.
Todos los anteriores temas —a pesar de las argumentaciones que de lege ferenda propone el defensor para conveniencia de los intereses por los que aboga— así como el de establecer si los hechos que motivan la extradición fueron o no ya objeto de juzgamiento y condena en nuestro país, no corresponden a aquellos de los que deba ocuparse —de lege lata— la Corte, precisamente porque no constituyen condicionamientos para su emisión toda vez que en eventos como el presente donde no existiendo tratado ni convenio aplicable que regule este mecanismo entre el país requirente y Colombia, son las disposiciones del Código de Procedimiento Penal las que rigen este trámite y la actuación pertinente a dicho fin, sin que establecer la vigencia o no de la acción penal, o el acierto de la calificación jurídica o la validez de las pruebas, o la imparcialidad del juzgador extranjero, o la existencia de un juzgamiento o condena previos sea presupuestos de ello, porque —se reitera— la función judicial en esta clase de asuntos se limita —y nada más que a eso— a la verificación formal y objetiva de los fundamentos en que se debe sustentar el concepto.
Ninguno de dichos aspectos inhibe el concepto de la Sala, ni implican que —como lo demanda el defensor— sea desfavorable a la solicitud, como tampoco lo puede ser el pronunciamiento que hiciera la Corte en auto de mayo 6 de 1997 con ponencia del magistrado doctor Nilson Pinilla de “abstenerse de dar trámite a la documentación recibida para concepto, en relación con la solicitud de extradición del señor Gilberto Rodríguez Orejuela nacional colombiano por nacimiento”, pues además de que el auto refiere obviamente hechos cometidos hasta esa época, tuvo por sustento la prohibición constitucional entonces existente de extraditar a los nacionales por nacimiento, de modo que no hubo un concepto de fondo y por ende —utilizando los mismos criterios del togado— mal podría decirse que deben obrar los efectos de la cosa juzgada, independientemente de considerar si esta resulta o no aplicable en asuntos como este.
En cambio, el pronunciamiento de la Sala sí se condiciona, además de los temas previstos en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, al establecimiento de que los hechos que motivan la solicitud no hayan sido cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, a que en efecto los delitos materia de los cargos se hayan ejecutado en el exterior y a que se hallen reprimidos en nuestro país con pena privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.
Frente a tales exigencias y dado que los cuatro cargos que se formulan en el indictment proferido en La Florida y los dos que se contienen en el dictado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se sustentan —según la transcripción hecha— en acontecimientos ocurridos, aquellos desde 1990 y estos desde 1982, resulta incuestionable que —como lo precisan el Ministerio Público y relativamente el defensor— la extradición solicitada, por virtud de la absoluta prohibición constitucional prevista en el artículo 35 de la Carta, se hace improcedente respecto a todos aquellos ocurridos hasta el 16 de diciembre de 1997 y en consecuencia el concepto en relación con los mismos no puede ser sino desfavorable.
Ahora bien, formulando la acusación proferida en el Tribunal del Distrito Sur de La Florida cargos por concierto para importar estupefacientes a los Estados Unidos, concierto para poseer narcóticos con intención de distribuirlos, concierto para lavar activos y concierto para obstruir la administración de justicia y la dictada en el Tribunal de Nueva York imputaciones de concierto para lavar activos y concierto para llevar a cabo transacciones destinadas a evadir las prohibiciones especificadas en la orden ejecutiva 12978, sin perjuicio de las consideraciones que adelante habrán de hacerse en torno al principio de la doble incriminación especialmente frente al último cargo, es patente que con la misma salvedad todas esas conductas se hallan sancionadas con pena privativa de libertad cuyo mínimo excede los cuatro años, excepto el concierto para obstruir la administración de justicia.
Así, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 (modificado por el 8º de la L. 733/2002), sanciona en principio con prisión de tres a seis años a quienes “se concierten con el fin de cometer delitos”.
Pero “cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” al paso que “la pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.
No hay duda en consecuencia que entratándose del concierto para cometer delitos de narcotráfico y de lavado de activos su punición mínima excede los cuatros años de privación de libertad, mas no sucede lo mismo respecto al concierto para obstruir la justicia toda vez que en dicho evento (sobre el cual el Ministerio Público no reparó por omitir el cargo de concierto y dedicarse a cambio a analizar por fuera de los términos de la acusación el delito concertado), la pena sería la señalada en el inciso primero de la transcrita norma, esto es de tres a seis años, lo que evidencia ciertamente ausente el requerimiento objetivo relacionado con el mínimo de sanción, sin que pueda afirmarse que en ello deba tenerse en cuenta la pena del delito cuya ejecución fue el objeto de la conspiración —que sí se halla sancionado en nuestro ordenamiento con pena mínima superior a cuatro años de prisión (L. 890/2004, arts. 9º, 10 y 13)— pues el cargo (el cuarto del indictment proferido en el Tribunal del Distrito Sur de La Florida), no está formulado por este tipo de conducta sino por el acuerdo de voluntades para obstruir e impedir la debida administración de justicia.
En esas condiciones improcedente se haría la extradición por el cargo de concierto para obstruir la justicia y en consecuencia el pronunciamiento de la Sala en su respecto habrá de ser negativo, por manera que bajo las restricciones que surgen de las anteriores consideraciones el análisis de las exigencias previstas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal frente a los hechos delictivos que se imputan al requerido, cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y constitutivos de concierto para importar estupefacientes a los Estados Unidos, concierto para poseer narcóticos con intención de distribuirlos, concierto para lavar activos y concierto para llevar a cabo transacciones destinadas a evadir las prohibiciones especificadas en la orden ejecutiva 12978, no sin antes precisar que —tal como se describe en los indictment— los hechos que sustentan cada uno de los cargos tuvieron también por lugar de ejecución el territorio de los Estados Unidos pues no de otra manera podría entenderse viable el ilícito acuerdo de voluntades a juzgar por las circunstancias en que los delitos concertados como expresión de aquél se cometieron, es como sigue:
Se satisface plenamente lo dispuesto en el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el país requirente en relación con las dos acusaciones que en él se han proferido en contra de Gilberto Rodríguez Orejuela y que fundamentan el pedido de extradición, aportó por la vía diplomática la documentación necesaria y en los términos allí exigidos, es decir, debidamente autenticada y traducida.
En efecto, tanto la solicitud de captura con fines de extradición y esta misma, respecto al ciudadano colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, fue elevada por el Gobierno de los Estados Unidos por la vía diplomática en notas verbales 2242 del 16 de diciembre de 2003 y 374 de febrero 18 y 493 de marzo 2 del año en curso a través de su Embajada en Bogotá y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando las razones en que se funda y la información necesaria para establecer la identificación de la persona reclamada.
Adicionalmente el Gobierno de los Estados Unidos anexó como pruebas copias auténticas y traducidas de las resoluciones de acusación sustitutivas proferidas el 22 de enero en el Tribunal del Distrito Sur de La Florida y el 24 de febrero de esta anualidad en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, mediante las cuales se acusa a Gilberto Rodríguez Orejuela y a otras personas de cometer delitos de narcóticos y relacionados en los términos ya transcritos en el acápite correspondiente, precisándose las fechas en que el solicitado intervino en la comisión de los ilícitos, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron.
De igual manera, se cuenta con sendas órdenes de arresto impartidas el 22 de enero y el 24 de febrero de 2004 por las referidas Cortes.
Sobre la identidad del ciudadano requerido, en las notas verbales ya señaladas provenientes de la Embajada de los Estados Unidos, mediante las cuales se solicitó la aprehensión y se formalizó la solicitud de extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela, además de adjuntarse fotografía del mismo, se indicaron los datos que permitieron determinarla, como su fecha y lugar de nacimiento, rasgos físicos y número de su cédula de ciudadanía colombiana.
Asimismo, se adjuntó en copia la transcripción de las disposiciones aplicables en cada caso, cuyo contenido, alcance e interpretación aparece explicado tanto en uno como en otro por Laurence M. Bardfeld, Fiscal Antinarcóticos y Boyd Johnson III, Fiscal Federal Delegado en el Distrito Sur de Nueva York, quienes precisaron también que las mismas se encuentran vigentes y que respecto de los delitos imputados no ha operado el fenómeno de la prescripción de acuerdo con las leyes de ese país.
Como parte de la documentación, igualmente se enviaron copias de las declaraciones rendidas por dichos funcionarios, ante un juez magistrado de los Estados Unidos, en las cuales se explica el procedimiento aplicado, las normas que lo regulan, la naturaleza de los hechos y se exponen los pormenores de la investigación, la evidencia y los testigos en que se apoya la acusación.
Los anteriores documentos contienen los respectivos sellos de autenticidad y la firma de las correspondientes secretarías de los tribunales de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y para el Distrito Sur de la Florida y por su parte Mary D. Rodríguez, directora asociada oficina de asuntos internacionales, división de lo penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, certificó sobre el contenido de las declaraciones vertidas por los funcionarios anteriormente mencionados, precisando que copias fieles de tales documentos se mantienen en los archivos del Departamento de Justicia en Washington D.C. A su turno, su firma aparece atestada por John Aschcroft, Procurador de los Estados Unidos, quien a su vez manifiesta que él autorizó estampar el sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que de su rúbrica diera fe el director adjunto de la oficina de asuntos internacionales, división de lo penal, lo cual, evidentemente así se hizo.
Todo lo anterior fue atestado en cada uno de los dos casos por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, quien por su parte ordenó imprimir el sello del Departamento de Estado y que Sonya N. Johnson y Denitra T. Hawkins, funcionarios auxiliares de autenticaciones del Departamento de Estado suscribieran sus nombres, siendo verificada la autenticidad de sus respectivas firmas ante María de los Ángeles Barraza, cónsul de Colombia en Washington D.C. y la vicecónsul Jaqueline Espitia respecto de quienes el Ministerio de Relaciones Exteriores avaló su cargo y funciones. A su turno, la oficina de legalizaciones del citado ministerio imprimió en ambos asuntos su visto bueno.
En estas condiciones, es evidente que se cumple con el requisito de la validez formal de la documentación presentada por el país solicitante, siendo por tanto apta —como también lo indica el delegado y tácitamente acepta la defensa— para efectos del trámite de extradición que se surte en relación con Gilberto Rodríguez Orejuela.
Plena identidad de la persona solicitada.
Cumplida a cabalidad se encuentra también esta exigencia, ya que, como se anotó en precedencia, en las notas verbales enviadas por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada se aportaron todos los datos que permitieron establecer y verificar por parte de nuestras autoridades la plena identidad de Gilberto Rodríguez Orejuela, pues se trata de un ciudadano colombiano, nacido el 3 de enero de 1939 en Mariquita (Tolima), que corresponde a un hombre de tipo hispánico, mide aproximadamente 1,67 metros, ojos carmelitas, cabello gris, de peso aproximado a 72 kgs y además es portador de la cédula de ciudadanía 6.067.015, la misma con la que se identificó al momento de conferirle poder al abogado que en este asunto lo representa.
El artículo 511.1 de la Ley 600 de 2000, exige para que pueda ofrecerse o concederse la extradición, que “el hecho que la motiva esté también previsto como delito en Colombia”, lo cual implica cotejar los hechos en que se fundamenta el pedido extranjero con la legislación interna con miras a verificar si esos mismos supuestos encuentran correspondencia típica en cualquiera de los delitos definidos por la ley nacional sin importar la denominación que se les asigne.
En este asunto, excluido de un concepto eventualmente favorable el concierto para obstruir la justicia en tanto su punibilidad mínima no alcanza los cuatro años de privación de libertad, los hechos de cada uno de los dos casos fueron concretados por las autoridades norteamericanas, así:
En relación con la acusación proferida en el Distrito Sur de Nueva York y bajo el ya sentado supuesto de que la extradición solo podrá versar sobre hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, ambos cargos informan, previo recuento de los antecedentes a través de los cuales Rodríguez Orejuela amasó una fortuna ilícita, que “los continuos esfuerzos por evitar las sanciones de la OFAC por parte de los acusados ... y sus cómplices incluyen, entre otras cosas, entre el mes de julio de 2000 o alrededor de esa fecha y febrero de 2003 o alrededor de esa fecha, haber hecho los arreglos del caso para que los servicios provistos por Dromarca (empresa creada o reorganizada por los acusados) pasaran a ser provistos por Matsum, (otra sociedad creada o reorganizada por los acusados) empresa que no había sido sancionada por la OFAC. Como resultado de lo anterior, a partir de julio de 2000 o al alrededor de esa fecha, Matsum comenzó a exportar las drogas de tipo farmacéutico del cartel de Cali a Venezuela, Perú Ecuador, Costa Rica y Panamá, entre otras localidades. Entre el mes de marzo de 2002 o alrededor de esa fecha y enero de 2003, algunas empresas enviaron a Matsum más de US$ 1.500.000 a través de una cuenta bancaria ubicada en Nueva York. El 6 de febrero de 2003 o alrededor de esa fecha, la OFAC impuso sanciones económicas contra Matsum”.
Y en lo que hace a la acusación emitida en la Corte del Distrito Sur de la Florida la misma indica que “continuando hasta julio de 2002, o aproximadamente hasta ese mes, los fugitivos antes mencionados participaron en un concierto criminal continuado que despachaba miles de kilogramos de cocaína desde Colombia con destino a los Estados Unidos, lavaba millones de dólares correspondientes a utilidades provenientes del narcotráfico y obstruía la justicia ... Estando en prisión Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela continuaron siendo responsables de hacer despachos de cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos, lavar millones de dólares y obstruir a la justicia proporcionando pagos en dinero a miembros del concierto que se encuentran bajo custodia en los Estados Unidos y a sus familias, a cambio de su negativa a cooperar con agencias estadounidenses de las fuerzas del orden”.
Esos hechos conforme a la legislación de los Estados Unidos tipifican los delitos imputados a Gilberto Rodríguez Orejuela en los cargos formulados en las acusaciones que en su contra profirieran el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, los primeros como conspiración para lavar activos y para eludir las sanciones económicas dispuestas al amparo de la ley de emergencias económicas internacionales y los segundos, excluida —se reitera— la conspiración para obstruir la justicia, también como concierto pero esta vez para importar y poseer con intención de distribuir narcóticos y para lavar activos provenientes de dichas actividades de narcotráfico.
Los actos de concierto delictivo así imputados están definidos en la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos como “El que intente o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo” y en la 371 del Título 18 como la conspiración de dos o más personas para cometer un delito contra los Estados Unidos o para defraudar a los Estados Unidos o a una agencia de cualquier manera o con cualquier fin.
A su turno y de conformidad con la indicación que en los indictment se hace de las normas violadas, Sección 1956(a)(1)(A)(i), (a)(1)(B)(i), en los respectivos cargos de lavado de activos, este se presenta cuando “quien quiera, sabiendo que la propiedad involucrada en una operación financiera representa el producto de alguna forma de actividad ilícita, que lleve a cabo o intente llevar a cabo dicha operación financiera que en realidad representa el producto de una actividad ilícita específica con la intención de promover la ejecución de una actividad ilícita específica, sabiendo que la operación está concebida en su totalidad o en parte para esconder o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad o el control del producto de una actividad ilícita específica”.
Por su parte la sección 1705 del título 50 del Código de los Estados Unidos pune a “cualquier persona que viole a sabiendas o intente violar a sabiendas cualquier licencia, orden o reglamento emitido de acuerdo con este capítulo”; la 960 del título 21 describe los actos relativos a la importación hacia los Estados Unidos desde cualquier lugar o fuera de éste de una sustancia controlada de la tabla I o II, entre las cuales se encuentra la cocaína y a la posesión y distribución de la misma, mientras que la 952 del mismo título prescribe que “se deberá considerar ilegal importar al territorio de la aduana de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera del mismo cualquier sustancia controlada de la clase I o II” y la 841 también de igual título considera “ilegal que cualquier persona con conocimiento o intencionalmente fabrique, distribuya o reparta, una sustancia controlada”.
En conclusión, los hechos que motivan las imputaciones que pesan en contra de Gilberto Rodríguez Orejuela se refieren a la concertación o acuerdo de voluntades entre varios sujetos, en estos casos, para cometer el delito de narcotráfico, el de lavado de activos y el de evasión a las sanciones económicas dispuestas al amparo de la ley de emergencias económicas de los Estados Unidos, supuestos fácticos —con excepción del último— que en nuestra legislación interna aparecen descritos y sancionados en los artículos 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, según el cual se comete el delito de concierto para delinquir “cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos ...”; 376 de la misma ley que pune a quien sin permiso de autoridad competente “introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia” y 323 que sanciona a quien “adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”, sancionándose el primero con una pena que oscila entre 6 y 12 años de prisión y multa de 2000 a 20.000 salarios mínimos mensuales legales, cuando la finalidad del concierto sea la de cometer, entre otros ilícitos, los de “tráfico de sustancias tóxicas, estupefacientes o sicotrópicas ... lavado de activos”, el segundo con pena privativa de libertad de 8 a 20 años y multa de mil a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes y el último con prisión de 6 a 15 años y multa de 500 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En consecuencia, el anterior cotejo frente al concierto para traficar narcóticos y para lavar activos indicando el cumplimiento del requisito referido a la doble incriminación —tal como lo señala el Ministerio Público y reconoce parcialmente el defensor— permite concluir que los hechos que motivan la solicitud de extradición por dichos actos se encuentran también tipificados como delitos en la legislación nacional.
Ahora bien, en ese orden ninguna discusión ofrece ni se plantea en torno a los cargos formulados en el indictment proferido en el Tribunal de La Florida, el cuestionamiento surge respecto a las dos imputaciones contenidas en el dictado en el Tribunal de Nueva York en tanto se sostiene por el defensor que ellos hacen simplemente relación a la violación de una orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que no tiene aplicación en nuestro territorio, lo cual ciertamente no está por sí mismo contemplado en nuestro ordenamiento como delito.
Sin embargo un examen de los dos cargos y su sustento fáctico y normativo permite advertir que el togado solo tiene la razón parcialmente.
En efecto, aunque ambos delitos imputados se fundamentan en similares hechos lo cierto es que estos se plantean a la manera de un concurso delictual, en la medida en que con una acción se habrían vulnerado diversos tipos penales, por manera que las mismas operaciones financieras tuvieron por fin “esconder o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad o el control del producto de una actividad ilícita específica”, pero a la vez “infringir cualquier licencia, orden o reglamento” entre ellos la denominada Lista Clinton, emitida al amparo de la ley de emergencias económicas, por ello los cargos terminan discriminando las normas violadas, aquél la sección 1956(a)(1)(B)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos que precisamente se refiere al lavado de instrumentos monetarios y este las secciones 1701 a 1706 del título 50 del mismo código que hacen relación a las facultades del Presidente de los Estados Unidos (incluida la de emitir reglamentos), ante amenazas inusuales y extraordinarias.
En esas condiciones el primer cargo contiene indudablemente una imputación de concierto para lavado de activos, así en últimas también se terminen eludiendo las sanciones económicas dispuestas en la orden ejecutiva mencionada y ello —siendo también punible en Colombia— cumple de ese modo el principio de la doble incriminación.
Pero el segundo cargo expresado en términos según los cuales el requerido y otras personas acordaron sus voluntades para eludir las sanciones económicas prescritas en esa legislación extranjera, no tiene en verdad —como lo precisa el delegado— equivalente jurídico en nuestro país; no existe norma alguna en el ordenamiento interno que describa como punible el concierto para eludir los efectos de los reglamentos u órdenes ejecutivas emitidas al abrigo de la ley estadounidense de emergencias económicas, luego es evidente que respecto a dicha imputación ausente se halla la exigida doble incriminación y en consecuencia, por ese cargo el concepto habrá de ser desfavorable.
Equivalencia de providencia proferida en el extranjero
No obstante los extensos planteamientos que al efecto ha expuesto el defensor, considera la Sala que frente al decurso de la jurisprudencia y a la naturaleza de los sistemas existentes en el país requirente y en el nuestro, también esta exigencia se halla satisfecha a cabalidad.
No desconoce la Corte y mucho menos el legislador la realidad de las diferencias y similitudes que formal y —acaso— sustancialmente puedan existir entre el indictment y nuestra resolución acusatoria;
pero ello en manera alguna puede servir de sustento para predicar la ausencia del requisito, cuando precisamente la ley —previéndolas— exige no su igualdad bajo condiciones de coincidencia absoluta como erradamente lo pretende la defensa, sino su equivalente.
Es que, como lo tiene dicho de manera reiterada la Sala, a pesar de que se trata de sistemas procesales diferentes, el auto de procesamiento o acusación dictado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos satisface esta condición, comoquiera que contiene una narración de la conducta investigada y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la especifican, se basa en las pruebas allegadas a la investigación y tal pieza constituye el punto de partida de la etapa del juicio, en donde el acusado puede controvertir las evidencias y los cargos que pesan en su contra, luego de lo cual se profiere el fallo de mérito.
Nada de lo anterior se desvirtúa por la interpretación pro homine que demanda el defensor, pues si esta supone un conflicto en la aplicación de normas o duda sobre ella que ha de resolverse a favor del sujeto de los derechos fundamentales, es evidente que en este evento se descarta su concurrencia ante la innegable claridad del precepto aplicable al asunto y según el cual el país requirente debe adjuntar la correspondiente resolución acusatoria o su equivalente.
Admitir la propuesta de la defensa sobre la no equivalencia del indictment con la resolución de acusación en el sistema colombiano, sería tanto como reconocer que solo es posible conceptuar favorablemente a la extradición ante aquellos Estados que tengan sistemas procesales idénticos al nuestro, lo que desde luego no resulta acertado ante el obvio entendido de que precisamente la ley colombiana no establece que deba existir identidad de presupuestos sustanciales y procesales con la resolución de acusación prevista por el ordenamiento interno, menos aún si se conviene en admitir que en contraste con el colombiano en el sistema judicial del país requirente el juicio no puede adelantarse sin la presencia física del procesado, como para suponer de ese modo que solamente con fundamento en el fallo con que se le ponga fin sería posible demandar al Gobierno Colombiano la extradición.
Tampoco puede afirmarse inexistente o incompleta la acusación proferida en el extranjero porque tratándose de indictments sustitutivos no se adjuntaron dentro de la documentación aquellos que fueron materia de reemplazo, como lo pretende el defensor, pues las notas verbales son claras no solo en informar la sustitución, sino en precisar que los cargos imputados son los contenidos en la decisión sustitutiva que se anexa y no en otras.
No obrando —en consecuencia— razones para que la Sala emita un concepto desfavorable frente a los hechos que imputados a Gilberto Rodríguez Orejuela se dicen cometidos posteriormente al 17 de diciembre de 1997, constitutivos de concierto para tráfico de estupefacientes y concierto para lavar activos y en cambio satisfechos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal, importa sí advertir que la pena prevista en el país solicitante para los delitos por los cuales se reclama en extradición al ciudadano colombiano mencionado podrían comportar la cadena perpetua, prohibida en nuestra Constitución en el artículo 34. Por ello, de acogerse el presente concepto, el Gobierno Colombiano deberá tener en cuenta esta situación a fin de imponer los condicionamientos que estime pertinentes (no necesariamente todos los que demanda la defensa por no corresponder a las consideraciones acá expuestas), especialmente los referidos a la prohibición de infligir penas o tratos crueles inhumanos o degradantes y de juzgar a la persona por conductas punibles anteriores a las que motivaron la presente solicitud o al 17 de diciembre de 1997.
En consecuencia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Gilberto José Rodríguez Orejuela para que, entratándose de hechos ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, responda por los cargos 1 (concierto para importar cocaína al país requirente); 2 (concierto para poseer la misma sustancia con intención de distribuirla) y 3 (concierto para lavar activos), que le fueron formulados en la acusación 03-20774-CR-MORENO dictada el 22 de enero de 2004 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de La Florida, así como por el cargo 1 (concierto para lavar activos) contenido en la acusación S4 03 Cr. 1465 dictada el 24 de febrero de 2004 en el Tribunal de Distrito de los estados Unidos Distrito Sur de Nueva York y CONCEPTO DESFAVORABLE al mismo pedido en cuanto se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997 y frente a los cargos 4 (concierto para obstruir la justicia), contenido en aquella acusación y 2 (concierto para eludir las prohibiciones especificadas en la orden ejecutiva 12978), de la acusación proferida en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
En caso de acoger el presente concepto, se le advierte al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que estime convenientes, además de aquellas relativas a la prohibición de juzgar al requerido en extradición por hechos anteriores diversos a los que motivaron esta solicitud o al 17 de diciembre de 1997, y a que no se le haga objeto de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, comoquiera que conforme a las normas sustantivas de ese país, de, ser condenado, aquél podría enfrentar hasta la cadena perpetua, lo cual riñe con los preceptos constitucionales patrios.
Comuníquese esta determinación al solicitado Gilberto José Rodríguez Orejuela, a su defensor y al Ministerio Público, debiéndose hacer lo propio con el Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

References: artículo 508
 resolución 
de lege ferenda
de lege lata
 artículo 520
 artículo 35
 artículo 340
 artículo 520
 artículo 513
 artículo 511
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 34