Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Jamaica12418sp.htm
Timestamp: 2017-04-29 17:29:06+00:00

Document:
Jamaica Caso 12.418 Michael Gayle
INFORME Nº 92/05
19. Los peticionarios alegan que el sábado 21 de agosto de 1999 se impuso un toque de queda en las zonas de Olympic Gardens, Seaward Drive y
Sterling Avenue, en Kingston, Jamaica. Aproximadamente a las 19:30 horas Michael Gayle salió de su casa en Olympic Gardens en bicicleta, con el propósito de llevar un mensaje a un amigo que vivía calle abajo. Al Sr. Gayle se le había diagnosticado una esquizofrenia paranoide y los peticionarios sostienen que en la noche del toque de queda tenía la apariencia de quien no está en su sano juicio. Cuando el Sr. Gayle se aproximó a una barricada de control del toque de queda, miembros de la Fuerza Policial y de la Fuerza de Defensa de Jamaica le informaron del toque de queda. Según los peticionarios se produjo un altercado en el curso del cual varios policías y soldados golpearon severamente al Sr. Gayle mientras otros miembros de las fuerzas de seguridad presenciaban la agresión.
71. En el caso de autos las circunstancias de hecho en que consistiría la supuesta violación del artículo 7, a saber, la manera en que fue detenido y arrestado el Sr. Gayle, figuran en la petición original de los peticionarios en relación con la misma supuesta víctima y entre las circunstancias referentes al Sr. Gayle que la Comisión admitió en su Informe 8/03. Por lo tanto, el Estado ha tenido amplias posibilidades de impugnar las alegaciones planteadas por los peticionarios en relación con la manera en que el Sr. Gayle fue arrestado por las autoridades. En consecuencia, invocando el principio
iura novit curia, la Comisión considerará la cuestión de si el Estado puede también ser responsable de la violación de los derechos del Sr. Gayle previstos en el artículo 7 de la Convención en virtud de la manera en que fue detenido y arrestado por la fuerza de seguridad conjunta. 72. El artículo 7 de la Convención reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, e incluye los siguientes requisitos:
111. El Estado es responsable de violar el derecho del Sr. Gayle a no ser
sometido a torturas u otro trato inhumano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, debido a la agresión contra él perpetrada por agentes del Estado, y a sus secuelas, que determinaron su fallecimiento.
[8] Observaciones del Estado, fechadas el 21 de junio de 2004, párrafo 15, en que se cita Caso Velásquez Rodríguez, supra,
párrafo177.
Gov’t ‘regrets’ Michael Gayle’s death, Jamaica Daily Gleaner, 11 de marzo de 2004, citado en el Escrito del Estado sobre el Fondo del asunto, 21 de junio de 2004, párrafo 2.
Véase, por ejemplo, declaración testimonial del Oficial de Policía Richard Christopher Porter, durante la investigación forense sobre el fallecimiento de Michael Gayle.
Véase, por ejemplo, Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Sentencia del 18 de agosto de 2000, Serie C, No. 69, párrafo 95.
Véase, por ejemplo, Caso No. 10.606, Samuel de la Cruz Gómez c/ Guatemala, Informe Anual de la CIDH 1997, págs. 623, 635; Caso No. 10.580, Manuel Stalin Bolaños Quiñones c/ Ecuador, Informe Anual de la CIDH 1995, págs. 84, 100. Véase, en general, Caso Velásquez Rodríguez, supra, párrafo 163 (en que se cita el principio general de Derecho iura novit curia, conforme al cual la Corte tiene la facultad y la obligación de aplicar las normas jurídicas pertinentes a una causa, aunque cuando las partes no las invoquen expresamente); CIJ, " Lotus ", Sentencia No. 9, 1927, P.C.I.J., Serie A, No. 10, pág. 31.
Véase, por ejemplo, Caso No. 11.543, Informe No. 1/98, Rolando y Atanasio Hernández Hernández c/ México, Informe Anual de la CIDH 1998, párrafo 51.
Véase, por ejemplo, CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, Capítulo VII, párrafo 37 [en lo sucesivo, Informe de la CIDH sobre Guatemala (2001)], en que se cita el Caso No. 11.245, Informe No. 12/96, Jorge Alberto Giménez (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1995; Corte IDH, Caso Suárez Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, Serie C, No. 35, párrafo 43.
Véase, por ejemplo, Juan Carlos Abella c/ Argentina, Caso No. 11.137, Informe No. 55/97, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafo 412.
[33] Caso Velásquez Rodríguez, supra, nota 2, párrafo 166.
[34] Principios de las Naciones Unidos relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, del 24 de mayo de 1989; Manual de las Naciones Unidas para la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, UN Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991), Parte III. [35]
Véase, por ejemplo, Manuel Stalin Bolaños Quiñones c/ Ecuador, Caso No. 10.580, Informe No. 10/95, Informe Anual de la CIDH 1995, párrafos 32-34; Juan Carlos Abella c/ Argentina, Caso No. 11.137, Informe No. 55/97, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafos 413-424, Rolando y Atanasio Hernández Hernández c/ México, Caso No. 11.543, Informe No. 1/98, Informe Anual de la CIDH 1998, párrafos 74-80.
Véase, por ejemplo, Serge F. Kovaleski, Murder “Madness” Bedevils Jamaica, Washington Post, 27 de julio de 1999, pág. A13.
Véase, por ejemplo, Jamaica sees 50 slayings in one week, Associated Press, 16 de agosto de 2004.
Véase, *Diez Años de Actividades”, supra, nota 1, pág. 339; Caso No. 11.182, Informe No. 49/00, Asencios Lindo y otros (Perú), Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 58. Véase, análogamente, Corte IDH, Caso Neira Alegría, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie A, No. 20.
[39] Caso Velásquez Rodríguez, supra, nota 2, párrafo 154.
Véase, por ejemplo, petición de los peticionarios del 16 de marzo de 2002, págs. 3-4, en que se cita Human Rights in Jamaica: An America’s Watch Report (Nueva York, NY, The America’s Watch Committee, 1986), pág. 1; Jamaica: Police Killings – Appeal Against Impunity (Londres, Reino Unido, Amnesty International, 2001); Country Reports on Human Rights Practices for 2000 (Informes de países sobre prácticas de derechos humanos, 2000), volumen 2 (Washington, D.C., Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos, 2001), 2662-2664.
Véase, Manual de las Naciones Unidas para la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias,
supra, Parte C(1)(i) (en que se prevé “[d]eben hacerse y conservarse moldes de yeso de las marcas, las huellas de neumáticos o calzado o cualquier otra impresión de carácter probatorio”), (j) (estableciendo que “[d]eben tomarse y conservarse todas las pruebas de las existencia de armas, como armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos. Cuando proceda, deben hacerse pruebas para hallar residuos de disparos y/o para la detección de metales”). [45]
Véase, análogamente, CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia 1999, Capítulo V.
Véase, por ejemplo, Corte Europea de DH, Hugh Jordan c/ Reino Unido, Sentencia del 4 de mayo de 2001, párrafos 106-109.
[47] Principios de las Naciones Unidas, supra, párrafo 11. Véase, análogamente, Caso Velásquez Rodríguez, supra, nota 2, párrafo XXX (en que se observa que “El ofrecimiento de efectuar una investigación en concordancia con lo dispuesto por la resolución No. 30/83 de la Comisión concluyó en una averiguación confiada a las propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente las señaladas como responsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona gravemente la seriedad de la investigación”).
Véase, en general, CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr. (22 de octubre de 2002), párrafo 227. De hecho, en el contexto de procesamientos realizados ante tribunales penales internacionales se han reconocido causales de responsabilidad penal individual que no se limitan a la perpetración directa de un crimen. Véase, por ejemplo, Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991, Anexo del Informe del Secretario General, conforme al párrafo 2 de la Resolución 808 del Consejo de Seguridad (1993), 48 U.N. SCOR (3175a. sesión.), U.N. Doc. S/RES/808 (1993), Art. 7.1() (en que se prevé la responsabilidad de “[q]uienquiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido, o ayudado y alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar uno de los crímenes contemplados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones extralegales, Sumarias o Arbitrarias; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, UN Doc. A/CONF.183/9 (1998), que entró en vigor el 1 de julio de 2002, Estatuto de la Corte Penal Internacional, Art. 25(3)(a)-(c) (“De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión; …”).
Véase, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 2003, Introducción, párrafo 3.

References: artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
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