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Timestamp: 2018-09-22 19:40:36+00:00

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﻿ Sentencia C-289 de abril 21 de 2010
SENTENCIA C-289 DE 21 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:SISTEMA TÉCNICO CIENTÍFICO DE SALUD. REGULACIÓN DE LA AUTONOMÍA PROFESIONAL Y ASPECTOS DEL ASEGURAMIENTO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO LEGISLATIVO 131 DEL 21 DE ENERO DE 2010
TEMAS ESPECÍFICOS:PROFESIÓN, ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, SISTEMA TÉCNICO CIENTÍFICO EN SALUD
Sentencia C-289 de abril 21 de 2010
Ref.: Expediente RE-162
Revisión constitucional del Decreto 131 de enero 21 de 2010, “Por el cual se crea el sistema técnico científico en salud, se regula la autonomía profesional y se definen aspectos del aseguramiento del plan obligatorio de salud y se dictan otras disposiciones”.
El texto del Decreto 131 de enero 21 de 2010, tal como aparece publicado en el Diario Oficial Nº 47.599 de la misma fecha, es el siguiente:
ART. 1º—Sistema técnico científico en salud. Créase el sistema técnico científico en salud como un conjunto de principios, órganos, instituciones, reglas y recursos, cuya finalidad es la coordinación de actividades tendientes a la generación del conocimiento para la prestación del servicio público de salud en condiciones estandarizadas de acuerdo con criterios técnicos y científicos.
ART. 2º—Principios del sistema técnico científico en salud. El sistema técnico científico en salud está basado en los siguientes elementos:
ART. 3º—Organismo técnico científico para la salud. Créase el organismo técnico científico para la salud como el órgano estatal encargado de la regulación científica, inspección y vigilancia de la aplicación del método científico en el ejercicio de las profesiones de la salud que participan en la prestación del servicio público de salud, particularmente a través del desarrollo de referentes basados en evidencia científica, en el plan obligatorio de salud y en las prestaciones excepcionales de salud. Este órgano tiene autonomía administrativa y técnica.
ART. 4º—Funciones del organismo técnico científico para la salud. Corresponden al organismo técnico científico para la salud, las siguientes funciones:
4.5. Priorizar las actividades técnico científicas de que tratan los numerales 4.4 de este artículo para optimizar los ajustes que se requieren en los planes de beneficios y demás instrumentos del sistema para el mejoramiento de la prestación del servicio público de salud de la población.
ART. 5º—Aplicación de los estándares adoptados por el organismo técnico científico en salud. Los estándares basados en evidencia científica, y la doctrina médica, adoptados por dicho organismo, serán vinculantes para todos los actores del sistema y de obligatorio cumplimiento para la prestación de los servicios excepcionales de salud. Los referentes que hagan parte de los estándares basados en evidencia serán objeto de recomendación para su incorporación por la Comisión Reguladora de Salud al plan obligatorio de salud. Así mismo, tendrán la naturaleza de dictámenes técnicos para efectos de la valoración que deban hacer las distintas autoridades dentro de la órbita de sus respectivas competencias.
ART. 6º—Composición del organismo técnico científico para la salud, OTC. El organismo técnico científico para la salud estará compuesto por seis miembros:
PAR.—Los listados presentados por los profesionales expertos para la selección del reemplazo del miembro saliente serán elaborados teniendo en cuenta la definición de los parámetros, calidades y experiencia que debe reunir el perfil del candidato a ser definidos de manera conjunta por la Academia Nacional de Medicina, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Ministerio de la Protección Social, sin que estas entidades participen directamente en la elaboración de las listas, ni en la elección final del consejero.
PAR. TRANS.—Los profesionales seleccionados en la primera integración del organismo técnico científico para la salud, tendrán los siguientes periodos: un profesional experto tendrá un periodo de dos años, otro profesional experto tendrá un periodo de tres años y el último, de cuatro años, que se establecerán mediante sorteo.
ART. 7º—Inhabilidades e incompatibilidades de los profesionales. Los profesionales estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Decreto-Ley 973 de 1994 y las normas que lo modifican o adicionan, siempre y cuando no sea contrario a la naturaleza del organismo técnico científico para la salud, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional reglamente la materia.
ART. 8º—Financiación del organismo técnico científico para la salud. El organismo técnico científico para la salud tendrá dos fuentes de financiación: para lo relacionado con las prestaciones excepcionales en salud, se financiará con recursos destinados al Fonpres y en lo relacionado con las prestaciones incluidas en el plan obligatorio de salud se financiará con recursos excedentes de la subcuenta ECAT del Fosyga.
ART. 9º—Inclúyase un artículo 162A a la Ley 100 de 1993, del siguiente tenor:
“ART. 162A.—Del plan obligatorio de salud. Es el conjunto esencial de servicios para la atención de cualquier condición de salud definidos de manera precisa con criterios de tipo técnico y con participación ciudadana, a que tiene derecho todo afiliado al sistema general de seguridad social en salud, en caso de necesitarlo. El plan obligatorio de salud corresponde al reconocimiento del núcleo esencial del derecho a la salud, que pretende responder y materializar el acceso de la población afiliada a la cobertura de sus necesidades en salud, teniendo en cuenta la condición socio-económica de las personas y la capacidad financiera del Estado. En todo caso prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y odontología general y admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con la evidencia científica y costo-efectividad que así lo aconseje.
ART. 10.—Límites y legitimidad del plan obligatorio de salud. El plan obligatorio de salud estará sujeto al establecimiento de límites claros, teniendo en cuenta la consulta ciudadana, la capacidad financiera del Estado, la condición socio-económica de las personas, con prevalencia de la atención de las necesidades colectivas en salud sobre las individuales.
ART. 11.—Estructura del plan obligatorio de salud. El plan obligatorio de salud del sistema general de seguridad social en salud estará estructurado de acuerdo con las necesidades de servicios de salud de la población, por los siguientes componentes:
ART. 12.—Actualización del plan obligatorio de salud. Se entiende por actualización del plan obligatorio de salud, las modificaciones que se hacen dentro de sus componentes para responder a los cambios en las necesidades de salud de la población, teniendo en cuenta el avance en la ciencia y la tecnología adoptada en el país y las condiciones económicas y financieras del sistema.
ART. 13.—Mecanismos de actualización. Para cualquier actualización o modificación del plan obligatorio de salud será necesario que sus contenidos, estructura y codificación respondan a las condiciones de salud de la población y sus necesidades de servicios de salud, para lo cual se aplicarán las siguientes técnicas y requisitos:
ART. 14.—Criterios de exclusión del plan obligatorio de salud. La Comisión de Regulación en Salud, CRES, en la definición de las exclusiones del plan obligatorio de salud, tendrá en cuenta los siguientes criterios que deberán aplicarse a cualquier actividad, intervención, procedimiento, medicamento o insumos:
ART. 15.—Doctrina médica. Es el conjunto de conceptos conclusivos y recomendaciones basados en el análisis de la evidencia científica y la pertinencia de una tecnología en salud para su aplicación efectiva en la atención de las personas.
ART. 16.—Referentes basados en evidencia. Son los estándares, guías, normas técnicas, conjuntos de acciones o protocolos que se adopten para una o más fases de la atención como promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, para la atención de una situación específica de la salud.
ART. 17.—Copagos, pagos compartidos y deducibles. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, los afiliados y beneficiarios al sistema general de seguridad social en salud estarán sujetos a copagos, pagos compartidos o deducibles, para las atenciones y servicios, ambulatorios u hospitalarios, incluidos o no en el plan obligatorio de salud. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en relación con el nivel de complejidad de la atención en salud y con la capacidad socio-económica de las personas.
ART. 18.—Información y divulgación del plan obligatorio de salud. Las actividades, procedimientos, intervenciones, medicamentos e insumos cubiertos en el plan obligatorio de salud, definidos con la estructura descrita, serán públicos para consulta de la ciudadanía en general y se divulgarán a través de los medios que se definan de manera conjunta entre la Comisión de Regulación en Salud y el Ministerio de la Protección Social.
ART. 19.—Sustitúyase el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
PAR.—Los planes voluntarios de salud y las tarifas se regirán por lo previsto en el artículo 184 del estatuto orgánico del sistema financiero, en lo que resulte pertinente. En relación con entidades promotoras de salud y entidades de medicina prepagada el depósito de los planes se surtirá ante la Superintendencia Nacional de Salud.”
ART. 20.—Coberturas. Los planes voluntarios de salud pueden cubrir total o parcialmente una o varias de las prestaciones derivadas de riesgos de salud, estén o no incluidas en el POS, tales como, copagos; servicios de salud, médicos, odontológicos, pre-hospitalarios, hospitalarios o de transporte; condiciones diferenciales frente a los planes obligatorios; coberturas de periodos de carencia; y otras coberturas de contenido asistencial o prestacional.
PAR.—Las entidades promotoras de salud solo podrán ofrecer planes complementarios a personas que tengan el POS en su misma entidad promotora de salud y las coberturas estarán circunscritas a los copagos, a los servicios no cubiertos por el POS, o a servicios incluidos en diferentes condiciones de hotelería, de acceso, de frecuencia de usos de servicios de salud y de tecnología, o de atenciones diferentes que permitan diferenciarlo de los planes obligatorios de salud.
ART. 21.—Protección al usuario. Las entidades habilitadas para emitir planes voluntarios no podrán incluir como preexistencias al tiempo de la renovación del contrato, enfermedades, malformaciones o afecciones diferentes a las que se padecían antes de la fecha de celebración del contrato inicial.
PAR.—Las entidades que ofrezcan planes voluntarios de salud no podrán dar por terminado los contratos ni revocarlos a menos que medie incumplimiento en las obligaciones de la otra parte.
ART. 22.—Coberturas simultáneas. Cuando existan coberturas simultáneas entre un plan obligatorio y uno voluntario se aplicarán las siguientes reglas:
ART. 23.—Autonomía profesional de los médicos y odontólogos. Se adiciona el artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, con los siguientes parágrafos:
“PAR. 1º—Entiéndase por autonomía de las profesiones médica y odontológica la prerrogativa que la sociedad les confiere para autorregularse, de acuerdo con lo establecido en este artículo, mediante estándares que una vez adoptados, son de obligatorio cumplimiento.
PAR. 2º—Cuando un paciente adulto, consciente y mentalmente competente o el legitimado para dar el consentimiento por el mismo, se niega a aceptar las recomendaciones formuladas por los profesionales médicos y odontólogos en observancia de los estándares, estos deben respetar la primacía de la autonomía del paciente, y así lo expresarán en la declaración de consentimiento informado en los términos que fije el Ministerio de la Protección Social para este fin.
ART. 24.—Estándares de atención en salud. Los estándares serán desarrollados por representantes calificados de la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en el caso de los médicos y la Federación Odontológica Colombiana en el caso de los odontólogos, con la participación de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, y la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACFO, respectivamente, así como de las instituciones de educación superior acreditadas en medicina y odontología y del Ministerio de la Protección Social; con base en la metodología previamente acordada entre los participantes.
ART. 25.—Adopción de los estándares. Una vez desarrollados por las entidades señaladas en el artículo anterior, los estándares serán adoptados por el organismo técnico científico para la salud, serán referentes para el ejercicio de estas profesiones, la determinación de responsabilidad ético disciplinaria y la actualización de los planes de beneficios del sistema general de seguridad social en salud.
ART. 26.—Conocimiento sobre los estándares. Las entidades del sector donde se desempeñen profesionales médicos y odontólogos deberán promover el conocimiento y cumplimiento de los estándares que se adopten conforme al presente decreto, garantizando los principios de autonomía y autorregulación de los profesionales de la salud definidos en la Ley 1164 de 2007 y en este decreto.
ART. 27.—Fondo de capacitación de los profesionales de la salud. Créase el Fondo Cuenta de Capacitación de los Profesionales de la Salud con el objeto de financiar la actualización de los profesionales médicos y odontólogos en los estándares adoptados conforme al presente decreto. La administración de los recursos del fondo se hará a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, previo convenio con el Ministerio de la Protección Social, y su financiación se efectuará con el 1% de los recursos recaudados por el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 643 de 2001, las multas impuestas en desarrollo de lo señalado en el artículo 32 y 33 del presente decreto y otros recursos que se destinen para tal fin.
ART. 28.—Conflicto de intereses. Habrá conflicto de intereses en las situaciones en las cuales el juicio profesional del médico u odontólogo sobre el beneficio en la salud del paciente, la publicación de un documento de carácter médico o científico o el desarrollo de una investigación o de un estándar para el ejercicio de la profesión, esté subordinado a intereses contrarios a sus deberes éticos, legales y profesionales, bien sean ellos de prestigio, promoción social o de naturaleza económica o financiera.
PAR.—El conflicto de intereses de naturaleza económica o financiera procederá cuando el mismo se predique del cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o socio o socios de hecho o de derecho del respectivo médico u odontólogo.
ART. 29.—Presunción de situación de conflicto de intereses. Se presume la existencia de conflicto de intereses respecto de la formulación o prescripción de medicamentos, insumos, dispositivos, procedimientos de promoción de la salud y prevención, diagnóstico, tratamiento, terapéutica, rehabilitación o paliación de la enfermedad, así como de la elaboración de estudios dirigidos a definir el ajuste, actualización, modificación y definición de los planes obligatorios de salud del sistema general de seguridad social en salud, el desarrollo de los estándares de que trata este decreto, o la publicación de documentos de carácter médico científico, cuando:
ART. 30.—Obligaciones particulares para quien se encuentre en conflicto de intereses. Quienes se encuentren en situaciones de conflicto de intereses deberán revelar dicha situación al paciente quien expresará su conformidad o no en el consentimiento informado, en forma clara y suficiente. El Ministerio de la Protección Social reglamentará los formatos que se requieran para la declaración de conflicto de intereses.
ART. 31.—Sanciones al profesional médico u odontólogo. Adiciónase el artículo 83 de la Ley 23 de 1981, y el artículo 79 de la Ley 35 de 1989, con el siguiente literal:
“e) Sanciones pecuniarias. Cuando el profesional se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar adoptado por su respectiva profesión y con ello ocasione un daño económico al sistema general de seguridad social en salud, incurrirá en una falta que será sancionada con una multa entre 10 y 50 SMMLV”.
ART. 32.—Competencia del tribunal seccional ético profesional en materia de faltas a la ética médica.
Modifíquese el artículo 84 de la Ley 23 de 1981, el cual quedará así:
“ART. 84.—El tribunal seccional ético-profesional es competente para aplicar las sanciones a que se refieren los literales a), b), c) y e) del artículo 83 de la Ley 23 de 1981. Cuando a su juicio haya mérito para aplicar la suspensión de que trata el literal d) del artículo 83 dará traslado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento de fondo al tribunal nacional para que se decida”.
ART. 33.—Competencia del tribunal seccional ético profesional en materia de faltas a la ética odontológica.
Modifíquese el artículo 80 de la Ley 35 de 1989, el cual quedará así:
“ART. 80.—El tribunal seccional ético profesional es competente para aplicar las sanciones a que se refieren los literales a), b), c) y e) del artículo 79 de la presente ley.
ART. 34.—Reforma a la Ley 23 de 1981. Confórmase la comisión de propuesta para la reforma de la Ley 23 de 1981, en la cual participarán la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, y el Ministerio de la Protección Social, para la elaboración conjunta de un proyecto de ley que actualice la Ley 23 de 1981. Esta comisión tendrá una duración de tres meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, periodo en el cual presentará al Ministerio de la Protección Social la propuesta de reforma de la Ley 23 de 1981.
ART. 35.—Reforma a la Ley 35 de 1989. Confórmase la comisión de propuesta para la reforma de la Ley 35 de 1989, en la cual participarán la Federación Odontológica Colombiana, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, ACFO, y el Ministerio de la Protección Social, para la elaboración conjunta de un proyecto de ley que actualice la Ley 35 de 1989. Esta comisión tendrá una duración de tres meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, periodo en el cual presentará al Ministerio de la Protección Social la propuesta de reforma de la Ley 23 de 1981.
ART. 36.—Fortalecimiento de la Comisión Reguladora en Salud, CRES. Con el ánimo de acelerar el proceso de revisión del POS, se incorporarán, en forma transitoria y por el tiempo máximo de un (1) año, dos nuevos comisionados expertos a la composición de la Comisión Reguladora de Salud, CRES, los cuales serán representantes del Presidente de la República.
ART. 37.—Naturaleza de la afiliación. La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es de carácter obligatorio para los colombianos y residentes del territorio nacional en los términos en que corresponden a cada régimen de aseguramiento; en consecuencia el Ministerio de la Protección Social establecerá los mecanismos de afiliación forzosa y las sanciones correspondientes.
ART. 38.—De la cobertura universal. En el marco de la cobertura universal de las poblaciones Sisbén I, II y III el acceso a los servicios de salud contemplados en el plan obligatorio de salud de la población elegible no afiliada deberá realizarse en el marco de la afiliación al régimen subsidiado y por lo tanto, la entidad territorial deberá adelantar de manera inmediata la afiliación para que dichos servicios sean atendidos con cargo a las fuentes de financiamiento previstas por la Ley 1122 de 2007, para dicho régimen.
ART. 39.—Modifíquese el literal a del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así:
ART. 40.—Modifíquese el literal b) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así:
ART. 41.—Entidades promotoras de salud. “Las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado se denominarán en adelante entidades promotoras de salud (EPS). El Gobierno Nacional establecerá en un término no mayor a (3) tres meses a partir de la expedición del presente decreto, los términos, los plazos, las condiciones y requisitos de habilitación para que estas entidades puedan operar en los dos regímenes de aseguramiento”.
ART. 42.—Prestación de actividades de promoción y prevención. Las acciones de promoción y prevención de baja complejidad deberán prestarse a través de la red pública o privada habilitada del municipio de residencia del municipio del afiliado.
ART. 43.—Modifíquense los numerales 1º y 7º del artículo 178 de la Ley 100 de 1993, los cuales quedarán así:
ART. 44.—Registro único de afiliados. Para los procesos de afiliación, identificación, validación y acceso a los servicios del sistema de la protección social se podrá contar con un sistema de afiliación único electrónico, el cual incorporará mecanismos biométricos, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Ministerio de la Protección Social.
PAR.—El suministro de información, las consultas, validaciones o verificaciones de la información biográfica y biométrica de los afiliados al sistema de la protección social, que soliciten el registro único de afiliados o quien lo administre o el Ministerio de la Protección Social a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 45.—Validación de la información de los sistemas de la protección social. El Ministerio de la Protección Social, para los fines de validación de la información suministrada por los aportantes y los afiliados al sistema de la protección social, podrá consultar y compartir información con los operadores de la información de que trata la Ley 1266 de 2008, para lo cual se utilizarán los acuerdos o convenios existentes o los que se suscriban para tal fin.
ART. 46.—Recursos del sistema general de seguridad social en salud. Los recursos del sistema general de seguridad social en salud y del sector salud por su destinación constitucional específica deberán utilizarse para los fines en ellos previstos y no podrán ser sujetos de pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera. La destinación diferente de estos recursos constituye práctica insegura e ilegal que será sancionada por las autoridades competentes.
ART. 47.—Definición y cálculo de la UPC. Para la definición del valor y estructura de la UPC, se realizarán estudios actuariales y económicos dirigidos a calcular la UPC y que servirán de insumo para la toma de decisiones en el sistema general de seguridad social en salud.
ART. 48.—Ajuste de riesgo de la UPC. Se propenderá por profundizar los mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC. Para esto, se mantendrán las actuales variables de ajuste como edad, sexo, localización geográfica y se trascenderá en la inclusión de otras variables determinantes del gasto en salud tales como el estado de salud de los afiliados.
ART. 49.—Pago por resultados en salud. Se adelantarán las acciones necesarias para relacionar la financiación de los actores del sistema con los resultados en salud de la población afiliada, producto de la gestión del riesgo. Para estos efectos, se adelantarán los estudios técnicos tendientes a definir la metodología para el desarrollo de modelos que permitan ajustar la UPC por resultados en salud, que incluyan la evaluación de la gestión del riesgo.
ART. 50.—Sostenibilidad del sistema. Para la financiación del plan obligatorio de salud, se realizarán los estudios de sostenibilidad de las subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, dedicadas al financiamiento de los servicios de salud prestados en los regímenes contributivo y subsidiado.
PAR. 1º—Las metodologías que se emplearán para los estudios mencionados en este capítulo, se establecerán previamente y serán divulgadas a los actores del sector.
PAR. 2º—Las metodologías para el ajuste de riesgo epidemiológico y el pago por resultados en salud, se desarrollarán durante el 2010 y entrarán en vigencia a partir de 2011.
ART. 51.—Uso de la UPC-S para promoción y prevención no ejecutada por las entidades territoriales. Los saldos de los recursos del valor de la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S), de que trataba el artículo 46 de la Ley 715 y definidos en el Acuerdo 229 de 2002 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), se reintegrarán a la subcuenta de promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la financiación de programas o proyectos prioritarios que desarrollen el plan nacional de salud pública y que defina el Ministerio de la Protección Social.
ART. 52.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
María Claudia López Sorzano”
De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 215 y el numeral 7º del 241, ambos de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional ejercer control oficioso de constitucionalidad sobre el Decreto 131 de 2010, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 4975 de 2009, por medio del cual se declaró el estado de emergencia social.
Mediante Sentencia C-252 del 16 de abril de dos mil diez (2010)(18) la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 4975 de 2009 por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia social, por un periodo de treinta (30) días.
Al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 131 del 21 de enero de 2010, este necesariamente deviene inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia social es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de expedir decretos con fuerza de ley. Por ello, es claro que una vez excluida del orden jurídico, mediante sentencia de inexequibilidad, la norma de autohabilitación, los decretos legislativos dictados a su amparo corren igual suerte.
Se ha presentado así el fenómeno que la jurisprudencia de esta corporación ha denominado “inconstitucionalidad por consecuencia”(19), consistente en que la declaración de inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción produce, como efecto obligado, la inexequibilidad de los decretos legislativos que lo desarrollan. Este efecto ha sido explicado así por la jurisprudencia:
Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquella proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política” (Sent. C-488/95, criterio reiterado en el fallo C-135/97 y en otros posteriores).
Siguiendo la jurisprudencia establecida por esta corporación, se impone entonces la declaratoria de inexequibilidad del decreto objeto de revisión, sin que la Corte deba entrar a analizar su contenido.
Cabe advertir que, en la medida en que ninguna de las normas contenidas en este decreto se relaciona con el establecimiento de fuentes tributarias de financiación, única situación que según lo decidido en la ya indicada Sentencia C-252 de 2010 podría conducir al señalamiento de una regla especial sobre los efectos en el tiempo de la presente decisión, no hay lugar a realizar ninguna consideración en este sentido.
(18) Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
(19) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-488 de 1995, C-127, C-130 y C-135, todas de 1997, C-255, C-256, C-257, C-283 y C-284 todas de 2009.

References: artículo 162
 artículo 187
 artículo 169
 artículo 184
 artículo 26
 artículo 42
 artículo 32
 artículo 83
 artículo 79
 artículo 84
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 80
 artículo 79
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 178
 artículo 46
 artículo 215
 artículo 215