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Timestamp: 2018-03-23 05:00:59+00:00

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Ateus de Catalunya » Objetivos de Ateos de Cataluña
Objetivos de Ateos de Cataluña
• La defensa de la neutralidad absoluta del Estado en cuestiones de naturaleza religiosa, procurando recoger las inquietudes de cualquier colectivo siempre que sean comedidas y ello no signifique hacer prevalecer intereses particulares sobre los del conjunto de toda la sociedad, manteniendo una especial atención para que las confesiones religiosas se mantengan en el ámbito de la legalidad y no traten de apoderarse de forma ilegítima de los recursos y de los mecanismos del Estado.
• La denuncia de la superstición y del fraude que con frecuencia se oculta tras las actividades vinculadas a la práctica de la superstición, proponiendo la creación de un marco legal para regular dichas actividades, sobretodo cuando se realicen con pretensiones económicas o profesionales, y exigiendo siempre la obligación de informar a los usuarios de la base objetiva que puedan tener esas prácticas.
• La denuncia sistemática de las prácticas vinculadas a la religión o a la superstición en general que puedan afectar a la salud de las personas, o que estén dirigidas a disminuir o anular su capacidad de razonamiento con el objetivo de manipular su conducta o bien de apoderarse de su capacidad de decisión, es decir reduciendo la libre voluntad de las personas con finalidades lucrativas o simplemente para favorecer intereses particulares.
• La supresión de todas las leyes que favorezcan los intereses de cualquier confesión religiosa en detrimento del interés del resto de los ciudadanos o que supongan la imposición de dogmas particulares de una doctrina al conjunto de la ciudadanía, o bien su modificación para hacerlas compatibles con el principio de neutralidad religiosa del Estado, aboliendo los privilegios concedidos a cualquier confesión religiosa y suprimiendo toda discriminación por motivos religiosos en nuestro país.
• La modificación del actual estatuto de Estado No Miembro Observador Permanente en la ONU de la Santa Sede para situarla en el lugar que realmente le corresponde en los forums internacionales, que es el de cualquier otra organización no gubernamental de naturaleza religiosa.
• La derogación de todos los acuerdos de colaboración del Estado Español con la Santa Sede y las demás confesiones religiosas por considerar que vulneran la Constitución, la legislación europea, y que son contrarios al espíritu de libertad y de igualdad que emana de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950.
• El cese unilateral de las relaciones diplomáticas del Estado Español con la Santa Sede y con la Soberana Orden de Malta por considerar que no son verdaderos Estados, sino los aparatos burocráticos y administrativos de una confesión religiosa concreta. Para sustituirlas propone regular la relación del Estado con estas organizaciones dentro de la legislación interna del Estado, en igualdad de condiciones con otras organizaciones equiparables, y no en forma de obligaciones internacionales entre Estados.
• La creación de una Carta Europea de la Laicidad que recoja los fundamentos para la construcción social y política de la Unión Europea en base a los principios de la laicidad y la neutralidad religiosa, con la pretensión de que sea aprobada por los parlamentos o los órganos respectivos correspondientes y se convierta en un referente para la redacción de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea, con la voluntad de que en el futuro pueda ser presentada en la ONU para su reconocimiento en todo el mundo.
• La modificación del punto tercero del artículo 16 de la Constitución Española para suprimir el párrafo que dice
• La reforma radical de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa para transformarla en una nueva Ley Orgánica de Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión en consonancia con el contenido del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, y del artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, o en su defecto, para transformarla en una nueva Ley Orgánica de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto, que se ajuste al espíritu del punto primero del artículo 16 de la Constitución, que dice
• La incorporación del Registro Oficial de Instituciones Religiosas que actualmente depende de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia al Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior para prevenir la posibilidad de un trato específico a las confesiones religiosas que pueda comportar privilegios diferentes de los que se otorguen al resto de asociaciones, en virtud únicamente de las características específicas de sus actividades y en relación proporcional con su contribución al bienestar general y al progreso de la sociedad.
• La modificación de la Ley Orgánica de Asociaciones para equiparar los derechos de las organizaciones religiosas con los que se otorguen al resto de asociaciones, en virtud únicamente de las características específicas de sus actividades y en relación proporcional con su contribución al bienestar general y al progreso de la sociedad, y no por su condición religiosa; poniendo especial atención en suprimir los privilegios específicos de cualquier confesión en particular.
• La supresión de cualquier aportación del Estado a la financiación de las confesiones religiosas, bien sea a través de aportaciones directas, vía asignación tributaria y presupuestos del Estado, o indirectas, como subvenciones encubiertas o desgravaciones y exenciones fiscales injustificadas, salvo aquellas que, en igualdad de condiciones con las demás organizaciones no confesionales, comporten una contrapartida objetiva en beneficio del conjunto de la sociedad que compense de forma equitativa o equiparable a la cuantía económica aportada, poniendo especial énfasis en salvaguardar la obligación constitucional del Estado de mantener una escrupulosa neutralidad religiosa en materia económica. Toda aportación económica del Estado debe ser adjudicada a proyectos que comporten una contrapartida objetiva al conjunto de la sociedad sin condicionamientos religiosos, y jamás para el mantenimiento de una organización.
• La supresión del sistema de asignación tributaria opcional a través de la declaración de renta por parte de los contribuyentes a la Iglesia Católica o a “otras finalidades de interés social” (a organizaciones en muchos casos vinculadas a la Iglesia Católica), así como la oposición rotunda a que en el futuro esta forma de financiación pueda hacerse extensiva a otras confesiones u organizaciones.
• La aplicación inmediata de la directiva VI, sobre armonización fiscal, del acuerdo de integración en la Unión Europea, que se opone a la exención del IVA para los objetos destinados al culto, y que entra en contradicción con el artículo tercero del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979. Según esta directiva comunitaria los estados miembros de la Unión deben hacer un esfuerzo para eliminar estas desigualdades de su sistema fiscal, cosa que el Estado Español está incumpliendo de forma flagrante.
• La supresión inmediata de cualquier asignatura de religión o de cualquier contenido confesional de los programas de la enseñanza oficial obligatoria tanto en las escuelas públicas como en las concertadas y en las privadas, con la consiguiente supresión de todas las posibles asignaturas alternativas a la religión, introducidas únicamente para evitar la deserción masiva de alumnos de la asignatura de religión y para legitimar la presencia de la enseñanza doctrinal en los planes de estudio, y no por el valor formativo real de esas asignaturas.
Además, el hecho de que los ciudadanos se vean obligados a pronunciarse, bien sea activa o pasivamente, sobre si desean o no enseñanza confesional para sus hijos —y en su caso de qué confesión concreta—, obliga de forma encubierta e ineludible a pronunciarse sobre su grado de afinidad ideológica con las confesiones religiosas, lo que vulnera claramente el espíritu del punto segundo del artículo 16 de la Constitución, que dice
• La implantación de la laicidad en el ámbito escolar mediante la mejora de la escuela pública laica frente a la subvención indiscriminada a los centros escolares privados por medio del sistema de concertación, sean o no confesionales. Es preciso exigir la enseñanza aconfesional a los centros concertados independientmente de su ideología y al margen de que fuera del horario escolar puedan impartir enseñanzas confesionales a aquellos que lo deseen de forma voluntaria. Nosotros entendemos el punto tercero del artículo 27 de la Constitución, que dice
• La supresión de cualquier objeto de culto o ideológico de las aulas de las escuelas públicas y privadas. La asociación no está en contra de la adscripción religiosa de los centros privados, sean o no concertados, pero considera imprescindible suprimir los elementos simbólicos confesionales o ideológicos de las dependencias donde se imparte la enseñanza oficial obligatoria, sin objetar nada a que éstos puedan mostrarse o no en las dependencias reservadas para las actividades confesionales que se realicen voluntariamente fuera del ámbito de la enseñanza oficial obligatoria.
• La supresión de todos los símbolos religiosos o ideológicos expuestos en edificios o lugares públicos: centros docentes, centros militares, hospitales, juzgados, ayuntamientos o administración en general, que puedan ser susceptibles de violar el principio de neutralidad ideológica del Estado expesado en la Constitución, y de respeto para las convicciones de todos los ciudadanos sin distinciones.
• La supresión en las ceremonias oficiales civiles y militares de cualquier elemento de culto o simbólico que pertenezca a confesiones religiosas o a organizaciones ideológicas. Los juramentos o promesas de cargos públicos deben realizarse sobre la Constitución o sobre el ordenamiento jurídico en virtud del cual hayan sido elegidos para representar a todo el pueblo y que se comprometen a aplicar mientras no sea modificado por los procedimientos legalmente establecidos. La acción política en representación del pueblo debe de ser neutral confesionalmente. los compromisos espirituales deben permanecer dentro del ámbito privado de cada cual.
• La supresión de todos los espacios confesionales de cualquier religión de los medios de comunicación públicos, o de los privados que reciban subvenciones o que estén financiados con fondos públicos. La asociación no se opone a la presencia de las confesiones religiosas en los medios de comunicación públicos para que puedan expresar sus opiniones, incluso considera legítima su presencia siempre que sea en las mismas condiciones que se otorguen a cualquier otro colectivo social en circunstancias similares, pero entiende que no puede ser función del Estado promover una determinada creencia ni hacer proselitismo a favor de ninguna confesión religiosa concreta.
• La obligación para los poderes civiles de ofrecer la posibilidad de efectuar celebraciones laicas en un entorno digno para los actos civiles más importantes de la vida social de los ciudadanos, como mínimo para la celebración de nacimientos o acogida de nuevos ciudadanos, para la celebración de matrimonios o uniones civiles y para los funerales. En condiciones físicas y materiales, en lo que respecta a la aportación de recursos públicos, idénticas a las que se otorguen a las confesiones religiosas.
• La revisión del calendario festivo laboral y escolar para reducir la actual proporción de fiestas religiosas de tal modo que, preservando las principales tradiciones sociales, queden mejor representados los valores democráticos sobre los que se fundamenta nuestra sociedad, procurando adecuar preferentemente las fiestas oficiales a las necesidades de la actividad productiva, pero respetando a su vez los legítimos intereses de los ciudadanos por su propio descanso y bienestar.

References: artículo 16
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 27