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Timestamp: 2018-07-20 22:22:57+00:00

Document:
SENTENCIA DEL TSJ DE ASTURIAS DE 08-11-2016
Recurso de suplicación formalizado por Gerardo contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo en el procedimiento seguido a instancia de Gerardo frente a Consejería de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias, Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
PRIMERO.- D. Gerardo presentó demanda contra la Consejería de Hacienda y Sector Publico del Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias ante el Juzgado de lo Social, que, dictó la sentencia el 10-6-2016.
1º- El actor inició la relación laboral con la Administración demandada el 13-10-1986 en virtud de un contrato temporal por obra o servicio determinado.
El juzgado de lo social nº 3 de esta localidad conoció del procedimiento por despido instado por el actor cuando fue extinguida la relación laboral con efectos al 29-12-2007; dictó sentencia el 21-5-2008, confirmada por la de la sala de lo social el 21-11-2008, en la que tras declarar probados los distintos contratos suscritos entre las partes, le reconoció una antigüedad de 20 años y 25 días (243 meses).
En ejecución de la sentencia, fue adscrito a un puesto vacante de Técnico de Grado Superior en el Servicio Público de Empleo, que había sido funcionarizado por Acuerdo de Gobierno de 16-2-2011.
El actor rechazó aceptar el nombramiento como funcionario interino y continuó con personal laboral indefinido no fijo.
2º- Prestó servicios para la demandada en las siguientes fechas posteriores:
- Del 30-12-2007 al 18-5-2008 (salarios de tramitación)
- Del 19-5-2008 al 6-5-2009.
- Del 7-5-2009 al 30-6-2009.
- Del 1-7-2009 al 4-2-2016 en el Servicio Público de Empleo.
3º- El salario bruto diario es de 101,66€. No ostenta la representación de los trabajadores.
4º- Por resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de 5-2-2004, se convocaron pruebas selectivas para la provisión de Técnicos Superiores, en régimen de funcionario de carrera, por el procedimiento de concurso-oposición.
Por otra resolución de 28-1-2016 de la Consejería de Hacienda y Sector Público se nombró funcionarios de carrera del cuerpo de Técnicos Superiores, destinado uno de ellas al Servicio Público de Empleo de Oviedo.
5º- Por resolución de la Consejería de Empleo del Principado de 2-2-2016, se acordó la extinción del contrato de trabajo del actor al haberse producido la provisión reglamentaria del puesto de trabajo funcionarial al que estaba vinculada la relación laboral indefinida no fija.
En la nómina correspondiente a febrero de 2016 se le abonó una indemnización por esta causa, de 15.419,17€ y posteriormente, en resolución de 24-2-2016, se acordó el abono de una indemnización por fin de contrato de 22.027,39€, que se haría efectiva en la nómina de febrero de ese año.
6º- El actor presentó reclamación previa que no fue resuelta; interpuso la demanda el 15-3-2016.
"Estimo parcialmente la demanda interpuesta por D. Gerardo contra Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y condeno a la demandada a que abone a la actora 881,11€ en concepto de diferencias en la indemnización por cese."
CUARTO.- Frente a dicha sentencia Gerardo formalizó recurso de suplicación.
PRIMERO.- Interpone recurso el trabajador demandante contra la sentencia dictada del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo, de 10-6-2016, que estima parcialmente su demanda de despido por no existir el mismo, sino la válida terminación de un contrato de trabajo con la administración demandada, que ha cubierto reglamentariamente la plaza mediante concurso-oposición; incrementando en 881'11 euros la indemnización que por cese corresponde al trabajador.
En el único motivo del recurso, y con amparo en el artículo 193 c) LRJS, se denuncia por el trabajador recurrente infracción de los artículos 55.4 y 56 E.T., por considerar que su cese debe considerarse un despido improcedente, puesto que su puesto de trabajo era provisional no definitivo, por lo que la cobertura de ese puesto por un funcionario no es causa suficiente para fundamentar la extinción de su contrato de trabajo, -lo sería si el destino del actor en ese puesto fuese definitivo-.
El motivo ha de ser desestimado por los motivos jurídico-fácticos siguientes:
A.- El actor se encontraba vinculado al Servicio Público de Empleo con una relación laboral indefinida no fija, -así declarada por sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Oviedo de 21-5-2008-; y su puesto de trabajo en el SERPE ha sido proveído reglamentariamente por la Administración demandada mediante concurso-oposición. Siendo así, no cabe sino concluir que el cese acordado por la Administración en fecha 2-2-2016 resulta ajustado a derecho, tal y como se ha resuelto en la instancia.
B.- El único fundamento que el escrito del recurso arguye para entender que estamos ante un despido improcedente lo constituye la afirmación de que su puesto de trabajo era provisional y no definitivo.
El argumento no se sostiene. El puesto de trabajo del recurrente se ha cubierto mediante el proceso de concurso-oposición, que es la "forma natural" de terminación de los contratos indefinidos no fijos.
Como afirma el TS, en sentencia de 5-7-2016:
Doctrina sobre terminación del contrato de los indefinidos no fijos.
El artículo 49.1.b) ET permite que el contrato de trabajo incorpore "causas" que actúen al modo de las condiciones resolutorias, pero ello no significa que toda la construcción civilista sobre esa figura sea directamente trasladable al ámbito laboral, sino que deben realizarse muy serias adaptaciones. Por cuanto aquí interesa, ha de resaltarse la imposibilidad de reconducir a esta categoría de extinciones los hechos que posean un encaje más claro en otras aperturas del artículo 49.1 ET. Ejemplificativamente, no valdría la previsión extintiva para el caso de que la empresa sufriera pérdidas importantes, o la anudada a la desaparición de la persona jurídica empleadora, o la referida a la ineptitud del trabajador; en todos esos casos, y otros muchos, prevalece una tipicidad prioritaria, de modo que los acontecimientos de la realidad han de subsumirse en el apartado legal en que poseen un encaje más pertinente.
Acogiendo esa lógica, aunque sin explicitar la precedente reflexión, en la Sentencia del TS de 3-2-2010 ya consideramos nula la condición resolutoria pactada en un contrato de trabajo indefinido, que vincula su subsistencia a la duración de la elaboración de cada producto encargado por las empresas clientes, pues con ella la empresa pretende eludir, en fraude de ley, el tratamiento indemnizatorio más favorable para el trabajador previsto en los arts. 52 y 53 ET. Además, el art. 49.1.b ET exige examinar si la condición resolutoria pactada resulta o no abusiva, pues el principio de la autonomía de la voluntad cede necesariamente en estos casos. Y se reputa cláusula abusiva aquella que se apoya en una circunstancia sobre cuya concurrencia no puede ejercer ninguna influencia la conducta del trabajador y sí, en cambio, la de la empresa.
Tales consideraciones son, mutatis mutandis, trasladables a casos como el ahora resuelto y deben impedir que una causa autónoma de extinción se reconduzca de modo impropio a otra diversa, máxime cuando ello contribuye a socavar el principio de estabilidad en el empleo (indirectamente acogido por el art. 35.1 CE) y a minorar los derechos de los trabajadores afectados.
En suma: si un contrato de trabajo (fijo, temporal, indefinido no fijo) ve cercenada su continuidad porque la empresa pone en juego causas de tipo organizativo, técnico o productivo, tanto razones de estricta Dogmática contractual (el papel que el artículo 49.1.b ET puede desempeñar) cuanto el tenor de las actuales normas (DA 20ª ET; preceptos concordantes del RD 1483/2012) y nuestra más reciente doctrina conducen a la misma conclusión. La decisión patronal de amortizar el puesto de trabajo desempeñado por el trabajador, operando para ello sobre la correspondiente RPT, ha de canalizarse a través de los preceptos sobre despido por causas objetivas o, en su caso, colectivo.
Consideraciones sobre el caso enjuiciado.
A) La terminación "natural" del contrato indefinido no fijo remite a la ocupación de la plaza desempeñada por quien haya resultado acreedor a ella tras los pertinentes trámites que el carácter público del empleo exige.
En los mismos términos se pronuncia la sentencia del TS de 9-6-2016:
"De acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, la buena doctrina se contiene en la sentencia recurrida, acorde con la doctrina de esta Sala a la que se ha hecho referencia, pues, tanto en los supuestos de interinidad por vacante, como en los de su transformación en indefinido no fijo por el transcurso del plazo máximo [arts. 70.1 EBEP y art. 4.2 b) del RD 2720/1998]:
a) La amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no está sujetos a condición resolutoria, sino a término
b) Para poder extinguir los contratos sin previamente haber cubierto reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir a la vía de extinción prevista en los arts. 51 y 52 ET [cauce ya previsto por la DA 20ª ET".
C.- Ninguna alegación se hace en el escrito del recurso en relación al importe de la indemnización que le ha sido concedida como consecuencia del cese reglamentario del trabajador. Ahora bien, postulando la parte recurrente la imprudencia de su cese, con una indemnización de 33 días, hemos de considerar que ello subsume la reclamación de una indemnización inferior, -20 días por años de servicio-.
La doctrina tradicional del TS al respecto se recoge en la sentencia de TS de 6-10-2015:
"La solución indemnizatoria prevista en la letra c) del artículo 49 ET para determinados contratos temporales resulta de aplicación a los trabajadores indefinidos no fijos de las Administraciones Públicas. Como es sabido, ese precepto establece que el contrato de trabajo se extinguirá por "expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato".
Norma que se completa con la Disposición Transitoria 13ª ET en cuanto a la aplicación temporal en función de la fecha de contratación y que cabe también aplicarla a los trabajadores indefinidos no fijos de la Administración que son cesados por ocupación reglamentaria de la vacante. Además de la legislación interna, esa solución cabe extraerla de la doctrina del TJUE, como se puede ver con claridad en el Auto de dicho Tribunal de 11-12-2014, dictado en el asunto en el que se da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº1 de Granada sobre el alcance de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28-6-1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y en relación con el cese sin indemnización alguna por cobertura reglamentaria de la plaza de una empleada del referido Ayuntamiento.
En primer lugar se afirma que los trabajadores indefinidos no fijos:
"se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo marco, en la medida en que dicho trabajador ha estado vinculado a su empleador mediante contratos de trabajo de duración determinada ..."
Después se dice en la parte dispositiva de dicho Auto que
"El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no incluye ninguna medida efectiva para sancionar los abusos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco, resultantes del uso de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector público, dado que en el ordenamiento jurídico interno no existe ninguna medida efectiva para sancionar tales abusos".
Y por último, desde esa evidencia de que la legislación interna no contiene ninguna medida efectiva para sancionar los abusos resultantes de esa utilización de los contratos de trabajo, se afirma que corresponde al Tribunal nacional
"... apreciar, con arreglo a la normativa, a los convenios colectivos y/o a las prácticas nacionales, qué naturaleza ha de tener la indemnización concedida a un trabajador como la demandante ... para considerar que esa indemnización constituye una medida suficientemente efectiva para sancionar los abusos, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada...".
Desde la perspectiva que proporciona esa doctrina aparecen plenamente ajustada a la misma la sentencia de 31-3-2015, aclarada por auto de 14-5-2015, de conceder al demandante -indefinido no fijo que cesó por cobertura reglamentaria de la vacante- en aquél caso una indemnización de ocho días por cada año de servicio prevista en el artículo 49.1 c) ET.
Esta doctrina, ha de ser puesta en relación con la reciente sentencia del TJUE de 14-9-2016. Atendiendo al criterio del TJUE, vinculante en nuestro ordenamiento, hemos de atribuir al trabajador recurrente la misma indemnización que le correspondería a un trabajador indefinido cuyo contrato se extingue válidamente por causas objetivas. Téngase en cuenta que la Directiva 1999/70, que recoge el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, es de aplicación a los trabajadores indefinidos no fijos. Siendo así, estos trabajadores, amparados por la antedicha Directiva, no pueden tener un trato menos favorable que un trabajador indefinido que ve extinguido su contrato por causas objetivas legamente previstas.
Por tanto, le corresponde al trabajador una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, -con los topes legales-, por lo que debemos fijar la indemnización en 36.576 euros. En consecuencia le faltan por recibir 14.549 euros, en lugar de los 881'11 euros fijados en la sentencia de instancia.
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Gerardo, y revocamos en parte la sentencia de 10-6-2016 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo, fijando en 14.549 euros la indemnización que le resta por recibir al trabajador, manteniendo el resto de los pronunciamientos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse dentro del plazo de 10 días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49