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Timestamp: 2017-11-21 00:58:34+00:00

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Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arancel Judicial de Venezuela ~ Abogados de Venezuela Alexander Racini & Associates Abogados Venezolanos Internacionales
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Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arancel Judicial de Venezuela
By Los Hechos y el Derecho TV12:57 No hay comentarios:
CAPÍTULO II, De las actuaciones y del monto de los derechos
CAPÍTULO III, De la Liquidación y Percepción de los Derechos Judiciales
CAPÍTULO IV, De la Tasación de Costas
CAPÍTULO V, De los emolumentos de los Jueces Accidentales
CAPÍTULO VI, De la distribución de los derechos recaudados
CAPÍTULO VII, De las retribuciones de los Auxiliares de la Administración de Justicia
SECCIÓN PRIMERA, Asociados y Asesores
SECCIÓN SEGUNDA, De los Médicos, Ingenieros, Intérpretes, Contadores, Agrimensores y Otros Expertos
SECCIÓN TERCERA, Curadores de herencias yacentes
SECCIÓN CUARTA, Partidores
SECCIÓN QUINTA, Depositarios
SECCIÓN SEXTA, Peritos valuadores y tasadores
SECCIÓN SÉPTIMA, Prácticos
CAPÍTULOVIII, Del pago a los Auxiliares de Justicia
CAPÍTULO IX, De las Sanciones
En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8° del artículo 190 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 3, literal f) de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el Interés Público, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.687 de fecha 26 de abril de 1999, en Consejo de Ministros,
Esta ley determina cuáles actos de la administración de justicia, registral y notarial, estarán gravados en beneficio del Poder Judicial, Registros Mercantiles y Notarías Públicas.
Establece los derechos y emolumentos que corresponden al Poder Judicial para su administración, por órgano de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la >Judicatura, según sea el caso para los fines establecidos en esta Ley; precisa los derechos y emolumentos que corresponden a los funcionarios judiciales de cada jurisdicción, ya sean permanentes o de carácter provisorio o accidental por determinadas actuaciones cumplidas en la tramitación de los juicios y en los procesos de jurisdicción voluntaria, así corno los correspondientes a los auxiliares de la administración de justicia.
Asimismo esta Ley fija los derechos y emolumentos por las actuaciones cumplidas por los Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, y la recaudación y distribución de tales ingresos.
Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a todos los grados e instancias de los procesos, incluidas las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
El arancel judicial constituye un ingreso público que tiene por objeto coadyuvar para lograr la mayor eficacia del Poder Judicial, permitir que dicho tributo sea proporcional y facilite el acceso a la justicia de todos los sectores de la población.
Se crea en la Corte Suprema de Justicia un servicio autónomo sin personalidad jurídica a través del cual se recaudarán y distribuirán los derechos, y emolumentos que perciban conforme a esta Ley. La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, dictará el Reglamento Interno correspondiente para la percepción, administración y liquidación de los ingresos que reciba por este concepto.
Se crea la Oficina Nacional de Arancel Judicial que funcionará como un servicio autónomo sin personalidad, jurídica, a través de la cual se recaudarán y distribuirán los derechos y emolumentos causados conforme a esta Ley, en los tribunales de jurisdicción ordinaria, con la participación de los Institutos Financieros contemplados en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como los previstos en leyes especiales.
Corresponderá al Consejo de la Judicatura la dirección, organización, reglamentación y supervisión del sistema de recaudación y administración del arancel judicial.
La Oficina Nacional de Arancel Judicial tendrá su sede en Caracas y estará a cargo del funcionario que designe el Consejo de la Judicatura, a quien se le denominará Director de la Oficina Nacional de Arancel Judicial. El Director Nacional podrá designar administradores delegados, para cumplir sus funciones en una sola circunscripción judicial o en grupo de éstas.
La percepción, administración y liquidación de derechos y emolumentos que se causen por los actos de Registros Mercantiles y Notarías, se efectuarán en la forma establecida en esta Ley y en las leyes especiales que regulen la materia.
Para la percepción y liquidación de los derechos y emolumentos fijados en la presente Ley, en los Tribunales, el Consejo de la Judicatura contratará con las Instituciones reguladas en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como con aquellas reguladas por leyes especiales, los servicios necesarios, por circunscripciones judiciales y mediante el sistema de licitación o concurso.
La Oficina Nacional de Arancel Judicial, coordinará con las Instituciones Financieras contratadas, la recaudación y administración del arancel judicial, y en aquellos lugares en que no existiesen Instituciones Financieras, se designarán funcionarios que actuarán en los propios Juzgados o fuera de estos, a los exclusivos fines de la percepción y liquidación de los aranceles y emolumentos fijados en la presente Ley; estos funcionarios serán de la libre elección y remoción del Consejo de la Judicatura.
En los lugares en que no hubieran sido incorporadas Instituciones Financieras, al sistema de recaudación, o creadas las Oficinas delegadas de arancel judicial o designados funcionarios recaudadores, la percepción y liquidación las hará el Secretario del respectivo Tribunal.
Los funcionarios a que se refiere este Articulo, enviarán a la Oficina Nacional de Arancel Judicial, relación mensual de lo recaudado.
El Consejo de la Judicatura determinará la manera y medios de liquidación y recaudación del Arancel Judicial y su posterior remisión a la Oficina Nacional de Arancel Judicial, para su distribución.
Los funcionarios liquidadores previstos en este Artículo sólo tendrán derecho a la remuneración mensual que fijará el órgano correspondiente.
El funcionario liquidador presentará garantía suficiente a juicio del Consejo de la Judicatura, a los fines de su gestión.
El Ministerio de Hacienda ejercerá funciones de control y fiscalización exclusivamente en lo relacionado con la recaudación y liquidación de los aranceles fijados por los actos de Registros Mercantiles y Notarías. Del resultado de la inspección se levantará la correspondiente acta contentiva de las actuaciones de la inspección y de los descargos del ente inspeccionado y suscrita conjuntamente por el funcionario del Ministerio de Hacienda y el Registrador Mercantil o Notario Público.
El Ministerio de Justicia, designará un funcionario para que conjuntamente con el Registrador y Notario Público ejerzan las funciones relacionadas con la liquidación y recaudación de los aranceles correspondientes, realizará las funciones de administración, registros, control de ingresos y egresos provenientes de los derechos y emolumentos recaudados, por las actuaciones de dichas oficinas. El funcionario designado deberá enviar relación mensual, detallada al Ministerio de Hacienda, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.
El funcionario liquidador presentará garantía suficiente a juicio del Ministerio de Hacienda, a los fines de su gestión.
Ningún funcionario podrá percibir, directa o indirectamente, cantidad de dinero alguna por su intervención en actos inherentes a sus funciones, salvo lo previsto en el Capítulo II.
Toda infracción a las disposiciones de esta ley acarreará las sanciones disciplinarias, penales y civiles a las que hubiere lugar.
La liquidación y percepción de los aranceles o emolumentos aquí establecidos, se efectuarán en la forma como se pauta en esta Ley.
Cualquiera otra forma de liquidación y percepción será ilícita y acarreará responsabilidad a las personas que en ellas participen.
La enumeración de los actos o diligencias causantes de arancel judicial o emolumentos es taxativa. Toda infracción a esta Ley será sancionada con la destitución del funcionario, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de dos centímetros (2 cms) mantendrán los Tribunales, Registros y Notarías colocadas en lugar visible del público, bajo pena de multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.).
Ninguna actuación en juicios o procedimientos de carácter exclusivamente penal, laboral o de menores causará arancel o emolumento alguno. No quedan comprendidos en esta excepción, los derechos o emolumentos que causen los actos procesales con motivo de la acción civil ejercida en juicio penal
Tampoco causarán arancel judicial ni emolumentos las siguientes actuaciones o diligencias:
a) Las efectuadas en los procedimientos tendentes a obtener el beneficio de justicia gratuita, ni aquellas en los que tenga interés, según su propia manifestación, el litigante o solicitante que haya obtenido dicho beneficio, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 181 del Código de Procedimiento Civil.
b) Las efectuadas en los juicios agrarios, en las cuales tenga interés según su propia manifestación la Procuraduría Agraria Nacional y los sujetos de Reforma Agraria.
c) Los procedimientos relativos a la celebración, oposición y suspensión del matrimonio; los que se refieren a la adopción, legitimación, reconocimiento de hijos, inquisición de paternidad y constitución o ejercicio de la tutela; los concernientes a la constitución de hogar, incluso los del juicio de oposición que pudiesen surgir; los atinentes a los juicios de privación de patria potestad y a las reclamaciones de alimentos ventilados por ante la jurisdicción ordinaria.
d) En general, los juicios contenciosos y procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que las leyes declaren excepciones de costas, derechos, impuestos y contribuciones.
e) Las diligencias concernientes al servicio militar, a la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas, asociaciones y fundaciones culturales o benéficas, las autorizaciones a que se contrae el Artículo 267 del Código Civil, y las justificaciones promovidas para obtener dotaciones o adjudicaciones gratuitas de tierras afectadas a la reforma agraria, baldías o municipales, o para asegurar derechos de posesión o propiedad de viviendas populares.
f) Los procedimientos relativos a consignación de pensiones por alquiler de inmuebles y regulación de alquileres.
g) Las diligencias concernientes a la constitución, legalización e inscripción de las asociaciones de vecinos y las asociaciones de consumidores.
En los procedimientos de jurisdicción contenciosa en los que se causen aranceles y emolumentos de conformidad con esta Ley corresponderá a la parte solicitante de las actuaciones, sufragarlas.
En materia de jurisdicción no contenciosa, los derechos o emolumentos que las actuaciones o diligencias causen, serán satisfechos por quienes las soliciten. El
Secretario del Tribunal no podrá hacer entrega de las actuaciones respectivas hasta que dichos derechos sean liquidados y satisfechos.
Los Notarios Públicos y Registradores Mercantiles no realizarán ninguna actuación, si antes no se han liquidado y pagado los derechos y emolumentos señalados en esta ley, excepto cuando la liquidación haya de hacerse por el tiempo invertido para efectuar la actuación.
Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados.
Todos los Tribunales, Registros Mercantiles y Notarías Publicas de la República, fijarán a la vista del público, en avisos oficiales con letra impresa de un tamaño no menor de un centímetro (1 cm.) todas las normas relativas a la única forma de liquidación y percepción de arancel judicial, emolumentos y sus montos, así como también, sus respectivos ajustes periódicos.
El no cumplimiento por parte de los Jueces, Registradores y Notarios de este artículo, acarreará la imposición de multas entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), según la gravedad de la falta. En caso de reincidencia, serán sancionados con la destitución del cargo.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior y Justicia velarán por el estricto cumplimiento de este artículo.
El Consejo de la Judicatura, constituirá un Consejo de Seguimiento Administrativo, que ejercerá funciones de control y fiscalización de los ingresos públicos que de conformidad con esta Ley se recauden.
Este Consejo, deberá contar con la participación de:
1. Un representante de la Asociación de Jueces.
2. Un representante de la Federación de Abogados de Venezuela.
3. Un representante de los funcionarios que prestan sus servicios a la Judicatura.
Estos representantes tendrán carácter ad honorem.
Cuando para el cumplimiento de las actuaciones o diligencias que grava el arancel judicial, se requiera habilitar la audiencia o el tiempo que fuere necesario, el auto que la acuerde no causará derecho alguno.
En los Tribunales los secretarios, y los funcionarios liquidadores en los Registros Mercantiles y Notarías Públicas, especificarán al margen al pie de las actuaciones causantes de derechos judiciales, el monto de éstos y la circunstancia de haber sido liquidados, con los datos respectivos, autorizándolos con sus firmas. Mientras este requisito no haya sido cumplido, no podrá hacerse pago alguno, y luego de realizado éste se anexará a las actuaciones una copia de la planilla, o se dispondrá su archivo, si lo primero no fuere posible.
Las actuaciones en la tramitación de los juicios, procedimientos y diligencias de jurisdicción voluntaria, dentro y fuera del Tribunal, y las diligencias y demás actos cumplidos en las Oficinas de Registro Mercantil y Notarías Públicas, sujeto al pago de derechos y emolumentos, son los siguientes:
1) En materia contenciosa, civil, mercantil y contencioso administrativo, en el recinto del Tribunal se causarán los siguientes derechos:
1. Compulsa de libelos cinco décimas de unidad tributaria (0,5 U.T.) primer folio y, cinco centésimas de unidad tributaria (0,05 U.T.) cada uno de los siguientes.
2. Boletas de citación, notificación e intimación en todos los juicios, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.),
3. Rogatorias, exhortos o despachos para medidas preventivas o ejecutivas, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.).
4. Expedición de carteles de citación, notificación, convocatoria o similares en todos los juicios, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.).
5. Expedición de oficios para la participación de medidas de prohibición de enajenar y gravar, embargo, secuestro y demás medidas preventivas o ejecutivas, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.).
6. Rogatoria, exhorto o despacho de pruebas, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.).
7. Mandamiento de ejecución, cinco décimas de unidades tributaria (0,5 U.T.).
8. Copias certificadas manuscritas o mecanografiadas, quince centésimas de unidades tributarias (0,15 U.T.) primer folio y cinco centésimas de unidad tributaria (0,05 U.T.) cada uno de los siguientes y por la certificación de fotocopia, siete centésimas de unidades tributarias (0,07 U.T.), por cada folio.
9. Carteles de remate, venta o subasta, y similares, veinticinco centésimas de unidad tributarias (0,25 U.T.) cada uno.
10. Copias simples, dos centésimas de unidad tributaria (0,02 U.T.) cada folio.
11. Fijación de carteles por el Secretario en las puertas del Tribunal, cinco centésimas de unidad tributaria (0,05 U.T.).
12. Edictos quince centésimas de unidades tributarias (0,15 U.T.), por todos sus ejemplares.
13. Oficios distintos a los anteriores una décima de unidad tributarias (0,1 U.T.).
II) En materia contenciosa, civil, mercantil y contencioso administrativo, fuera del recinto del Tribunal se causarán los siguientes derechos:
1. Citación, intimación y demás requerimientos, para litis contestación, oposición, tercería o apersonamiento en juicio: cinco décimas de unidad tributarias (0,5 U.T.) en la ciudad o población y seis décimas de unidad tributaria (0,6 U.T.) si se practican en las afueras.
2. Citación para evacuación de pruebas y notificación por órgano del alguacil: veinticinco centésimas de unidades tributarias (0,25 U.T.) si se practica en la ciudad y cuatro décimas de unidad tributaria (0,4 U.T.), si se practica en las afueras. Cuando cualesquiera de estos actos hubiere de practicarse con testigos, los derechos se aumentarán en cinco décimas de unidad tributaria (0,5 U.T.), los cuales serán distribuidos por partes iguales entre los testigos presenciales del acto.
3. Constituciones para medidas preventivas o ejecutivas: cuatro con cinco décimas de unidades tributarias (4,5 U.T.), cada hora o fracción que dure, menos de una hora, las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora.
4. Constituciones para evacuación de pruebas: una unidad tributaria (1 U.T.) cada hora o fracción que dure menos de una hora, las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora. A los fines del cómputo del tiempo para la cancelación de los aranceles correspondientes, se dejará constancia en el acta, de la hora de salida de la sede del Tribunal y de la hora en que concluyan las actuaciones.
5. Solicitudes de cómputo para el cálculo de los lapsos y términos procesales, veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.).
III) En materia no contenciosa, civil, mercantil y contencioso administrativo, en el recinto del Tribunal o Notaría Pública se causarán los siguientes derechos:
1. Instrucción de autorizaciones, una unidad tributaria (1 U.T.).
2. Apertura de testamento, seis unidades tributarias (6 U.T.). Cuando abierto el testamento resultare que su contenido sólo se limita al reconocimiento de filiación, no se cobrará derecho alguno.
3. Instrucción de justificativos, cuatro décimas de unidad tributaria (0,4 U.T.).
4. Instrucción de títulos supletorios, una unidad tributaria (1 U.T.).
5. Aprobación de una partición, una unidad tributaria (1 U.T.) por cada folio.
6. Documentos autenticados, ocho décimas de unidad tributaria (0,8 U.T.) el primer folio y una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.), por cada uno de los restantes.
Ejemplares adicionales a un sólo efecto, tres décimas de unidad tributaria (0,3 U.T.), por cada uno. En los reconocimientos sólo se cobrará la mitad de este derecho. ,
7. Actuaciones para dar fecha cierta a los documentos de venta con reserva de dominio, tres décimas de unidad tributaria (0,3 U.T.), por todas las que se refieran a una misma operación.
8. Nombramiento de curadores, cinco décimas de unidad tributaria (0,5 U.T.).
9. Copias certificadas mecanografiadas o manuscritas: veinticinco centésimas de unidad tributaria (0,25 U.T.), primer folio y cinco centésimas de unidad tributaria (0,05 U.T.) cada uno de los siguientes y, por la certificación en fotocopias, siete centésimas de unidad tributaria (0,07 U.T.), por cada folio.
10. Copias simples dos centésimas de unidad tributaria (0,02 U.T.), por cada folio.
11. Documentos anexos o complementarios a los que se otorguen, una décima de unidad tributarias (0,1 U.T.), por cada uno de ellos.
12. Los empleados de los Tribunales y Notarías Públicas, que se sirvan de testigos instrumentales en los actos de autenticación de documentos, percibirán dos centésimas de unidad tributaria (0,02 U.T.), para cada uno de ellos, por la actuación que intervengan.
13. Por estampar cada nota marginal, una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.).
14. Servicios y custodia en los casos que fuere procedente de los instrumentos privados a que se contrae el Artículo 1.369 del Código Civil, tres unidades tributarias (3 U.T.) anuales
15. Actas Notariales cinco décimas de unidad tributarias (0,5 U.T.), por cada folio.
16. Práctica de citaciones judiciales: tres unidades tributarias (3 U.T.), por todo el procedimiento previsto en el primer aparte del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
17. Por anuncio del Recurso de Casación: tres unidades tributarias (3 U.T.), por todo el procedimiento previsto en el primer aparte del artículo 314 del Código de Procedimiento Civil.
IV) En materia no contenciosa, fuera del recinto del Tribunal o Notaría Pública se causarán los siguientes derechos:
1. Inspecciones oculares, experticias y demás probanzas: tres unidades tributarias (3 U.T.), por cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora.
2. Notificaciones hechas por el Tribunal, dos unidades tributarias (2 U.T.).
3. Entrega material de bienes vendidos tres unidades tributarias (3 U.T.).
4. En la formación de inventario, tres unidades tributarias (3 U.T.), la primera hora y una unidad tributaria (1 U.T.), cada una de las siguientes o fracción de ellas mayor de quince minutos. Esta actuación no causará derechos si se realiza en razón de la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, por quienes tuviesen menores bajo su patria potestad o tutela o en interés de estos o de inhabilitados o entredichos.
5. Levantamiento de protestos: tres unidades tributarias (3 U.T.), si el monto del instrumento es mayor de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y dos unidades tributarias (2 U.T.), si es menor.
6. Otras constituciones, una unidad tributaria (1 U.T.), cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora.
7. El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior y Justicia respectivamente, fijarán periódicamente, mediante resolución, los gastos de transporte que habrán de pagar los interesados con motivo de los traslados que realicen por actuaciones fuera del recinto del Tribunal o Notaría Pública.
V) En materia no contenciosa mercantil en el recinto del Tribunal o Registro se causarán los siguientes derechos:
1) Por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas personales y asociaciones de cuentas en participación, dos unidades tributarias (2 U.T.) más una décima de unidades tributarias (0,1 U.T.), por cada folio que contenga el documento o actuación.
2) Por la inscripción de cualquier acta de Asamblea o Junta Directiva, modificaciones al documento constitutivo de firmas personales o de cuentas en participación y documentos por los cuales se declare su disolución, liquidación, extinción o prórroga de su duración, una unidad tributaria (1 U.T.) más una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.), por cada folio que contenga el documento.
3) Por la inscripción de sociedades extranjeras, domiciliaciones o establecimientos de agencias, representaciones o sucursales de las mismas, cinco unidades tributarias (5 U.T.) más cinco centésimas de unidades tributarias (0,05 U.T.) por cada folio que contenga el documento.
4) Por la inscripción de documento de venta de cuotas de participación, de fondos de comercio, cesión de firmas personales, una unidad tributaria (1 U.T.) más una décima de unidad tributarias (0,1 U.T.), por cada folio que contenga el documento.
5) Por la inscripción de poderes, factores mercantiles, sentencias o cualquier otro documento emanado de Tribunales u otros organismos o autoridades, una unidad tributaria (1 U.T.), más una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.), por cada folio que contenga el documento,
6) Por cada folio de documento que se acompañe con el recaudo presentado para inscripción, una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.)
7) Por cualquier otro tipo de documento que se presente para su registro no incluido en los numerales anteriores, cinco décimas de unidades tributarias (0,5 U.T.), más una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.), por cada folio que contenga el documento.
8) Por agregar documentos y anexos a los expedientes, una décima de unidades tributarias (0,1 U.T.) más dos centésimas de unidad tributaria (0,02 U.T.).
9) Por estampar cada nota marginal, una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.).
10) Por el sellado de los libros y por el sellado de certificados, títulos, acciones, cédulas y cualquier tipo de papeles mercantiles, se causarán como derechos, tres décimas de unidad tributaria (0,3 U.T.), más una milésima de unidad tributaria (0,001 U.T) por cada folio que contenga el libro o los papeles a ser sellados.
11) Se causarán como gastos de procesamiento, el servicio por sistema de fotocopiado: tres centésimas de unidades tributarias (0,03 U.T.), por cada una de las fotocopias necesarias para el procesamiento de Registro de los documentos o actuaciones, así como para las copias certificadas, certificaciones, constancias y copias simples que deban ser emitidas o sean solicitadas por los interesados.
12) Cinco décimas de unidad tributaria (0,5 U.T.), por la búsqueda y selección de nombre, denominaciones sociales o, comerciales.
Cuando las actuaciones descritas en los numerales anteriores, las realicen Tribunales con funciones de Registros Mercantiles se causarán los derechos aquí establecidos con una disminución del cincuenta por cierto (50%).
Cuando los Juzgados Superiores y de Primera Instancia en lo Penal actúen en materia civil, los gastos previstos por el Código de Enjuiciamiento Criminal y las respectivas actuaciones, causarán los mismos derechos fijados en esta ley para las actuaciones civiles.
Si las actuaciones son practicadas por los Juzgados de Distrito, Departamento, Municipio o Parroquia en su carácter penal, cobrarán los mismos derechos que esta ley establece.
La habilitación de horas de despacho y la prórroga de las mismas, cuando fueren acordadas a solicitud de parte, causarán por cada hora o fracción que exceda de quince (15) minutos, tres décimas de unidad tributaria (0,3).
Los Tribunales y demás órganos regidos por esta Ley, procurarán organizar internamente el servicio de expedición de fotocopias y los sistemas de automatización. El precio de estos se fijará en forma tal que se corresponda con el del mercado y su producto se destinará íntegramente al sostenimiento del servicio.
Todos los derechos previstos en esta ley, con excepción de lo referido a derechos registrales y notariales, se reducirán en una tercera parte si las actuaciones fueren cumplidas por los Juzgados de Distrito y Departamento y, en dos terceras partes si correspondieren a los Juzgados de Municipio y Parroquia, salvo que se trate de comisiones ordenadas por Tribunales de superior jerarquía, pues en estos casos cobrarán los derechos correspondientes a éstos.
La habilitación de las horas de despacho se hará sólo en casos de urgencia jurada y comprobación de la causa de la misma a satisfacción del funcionario, acordándose únicamente en días de despacho, para actos que deban verificarse fuera del recinto del Tribunal y de las horas fijadas para el despacho. También podrá habilitarse el tiempo para actuar dentro del Tribunal o fuera de este en los días en que no hubiere despacho por vacaciones, asuetos o cualquier otra circunstancia. En las actuaciones procesales, cada hora de habilitación o fracción acordada a petición de parte, causará derechos por tres décimas de unidad tributaria (0,3), mientras que las habilitadas para la realización de actos de citación, intimación, notificación y otras a cargo del alguacil o del secretario se calcularán a quince centésimas de unidad tributaria (0,15).
La liquidación, recaudación y administración de los derechos o emolumentos arancelarios establecidos en la presente Ley; el depósito de las cantidades sometidas a custodia de los Tribunales de la República a que se refiere el Capítulo VII de esta ley, y las contribuciones que por concepto de arancel judicial deban enterar los auxiliares de justicia, según se establece en el Capítulo VIII ejusdem, se efectuarán por intermedio de la Oficina Nacional de Arancel Judicial, los administradores delegados y la institución bancaria o financiera contratada a tal efecto, conforme a lo previsto en él presente Capítulo.
En materia de jurisdicción contenciosa, inmediatamente después que el Tribunal dicte el auto en el que se admite y acuerda la actuación que cause los derechos, el Secretario o el funcionario que ejerza funciones de liquidador, extenderá por cuadruplicado una planilla de liquidación por el monto de aquéllos, en la cual hará constar además de la naturaleza del acto, la disposición arancelaria que autorice el cobro.
La institución bancaria o financiera o funcionario recaudador, recibirá el pago, estampará al pie de la planilla la nota correspondiente, conservará un ejemplar de ella, y devolverá al interesado el original y dos (2) de sus copias.
El interesado conservará una copia y entregará el original y una copia de la planilla liquidada al Secretario, quien dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, agregando el original al expediente o documento donde se originó el acto en prueba de la liquidación realizada; y la otra copia la remitirá a la Oficina Nacional de Arancel Judicial.
Mientras no sea liquidada y cancelada la planilla correspondiente, de acuerdo con los artículos anteriores, la tramitación no será realizada por el Tribunal, a menos que se trate de casos de evidente urgencia a juicio del Juez, y para las cuales se requiera la previa verificación del tiempo empleado en la actuación efectuada, pues en estos casos los derechos los podrá recibir el Secretario, quien dentro de los dos (2) días siguientes, entregará la planilla respectiva al interesado o dispondrá lo conducente para enterar su pago ante la institución bancaria o financiera recaudadora u oficina de Arancel Judicial.
En materia de jurisdicción no contenciosa, las solicitudes, documentos o actuaciones que vayan a causar los derechos, serán presentados directamente al funcionario fiscalizador, a los fines de la liquidación de los derechos correspondientes. En los demás se procederá como se establece en los artículos anteriores, en cuanto sean aplicables.
Cuando se trate de documentos que deban ser registrados, autenticados o reconocidos o del cumplimiento de cualesquiera otros actos Previstos en esta Ley, el Secretario del Tribunal, o el funcionario receptor, una vez que los reciba, asentará en un libro destinado al efecto, por orden sucesivo, una nota en que haga constar el día y lo hora en que ocurrió la presentación y el nombre de los otorgantes. A tal fin el receptor estampará al margen del instrumento, la indicación del día y la hora de la presentación expidiendo la planilla correspondiente, cuyo monto cancelará al banco, o al funcionario recaudador, si no pudiera procederse mediante los precedentes mecanismos.
Los documentos se asentarán en los libros o registros en el orden en que hayan sido inscritos en el libro de presentaciones y, se otorgarán siguiendo ese mismo orden.
Si transcurren treinta (30) días continuos después de la fecha de la inserción en el libro o registro sin que el documento haya sido otorgado por falta de comparecencia de los otorgantes, los asientos correspondientes serán necesariamente anulados y no se devolverá al interesado la cantidad pagada, de acuerdo con el presente Capítulo.
Sí después de inscrito un documento en los libros o registros respectivos, fuere necesario anularlo por cualquier causa no imputable a la Oficina, no se devolverá al interesado los derechos que haya pagado.
Todos los documentos, peticiones, solicitudes y demás actuaciones requeridas, deberán ser cumplidas el tercer día hábil siguientes a su presentación y en el orden de la misma.
Sólo en casos de urgencia jurada por el interesado, los Registradores Mercantiles, Notarios y Jueces que ejerzan esas funciones, podrán anticipar el otorgamiento, prescindiendo del orden de inscripción en el libro de presentadores.
Por la anticipación en el otorgamiento de los documentos y por los traslados y actuaciones fuera del recinto del Tribunal, Registro Mercantil o Notaria Pública se causarán los siguientes derechos:
1. Por cada folio que contenga el documento o actuación, cuyo otorgamiento deba ser anticipado seis décimas de unidad tributaria (0,6 U.T.). No obstante si el otorgamiento debiere hacerse el mismo día de la solicitud, la cantidad a cobrar será de nueve décimas de unidad tributaria (0,9 U.T.), por cada folio.
2. Por el otorgamiento de documento o actos fuera del recinto del Tribunal, Registro Mercantil o Notaria Pública, se cobrará lo siguiente:
A) Por el acto de traslado fuera del recinto del organismo una unidad tributaria (1 U.T.).
B) El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia respectivamente, fijarán periódicamente, mediante resolución: los gastos de transporte que habrán de pagar los interesados con motivo de los traslados que realicen por actuaciones fuera del Tribunal, Registro Mercantil o Notaria Pública.
Para comprobar la corrección y la legalidad de los derechos cobrados en cada caso, tanto el Consejo de la Judicatura corno el Ministerio de Justicia, según sus respectivas competencia, podrán disponer la revisión de las planillas pagadas, cada vez que lo juzguen conveniente, examinar los expedientes, actuaciones y documentos en los cuales se causen los derechos, así como realizar todas las averiguaciones que sean pertinentes.
La tasación de las costas la acordará el Tribunal en cualquier estado y grado del proceso a solicitud de las partes, o de oficio en los casos que las leyes señalaren, y la hará el secretario del Tribunal.
La tasación de costas podrá ser objeta por errores materiales, Por haber sido liquidada en desacuerdo con el arancel, Por la improcedencia de la inclusión de ciertas partidas y por cualquier otra causa conducente.
En los juicios breves por razón de la cuantía, en los juicios de intimación, ejecución de hipoteca y prenda cuando hubiere oposición, el Juez de la causa, si hubiere condenatoria en costas y éstas resultaren claramente de autos, deberá hacer la tasación en la sentencia.
De igual manera, en los Procedimientos orales, el Juez, conjuntamente con la sentencia, tasará las costas que se hubieren causado.
Los Conjueces que actúen en las Salas de la Corte Suprema de Justicia devengarán los emolumentos que ésta establezca.
Los suplentes, cuando actúen gozarán de los mismos beneficios que los titulares.
Los Jueces accidentales en los demás tribunales cobrarán los emolumentos siguientes:
En los Juzgados Superiores, Tribunales de la Carrera Administrativa y de Primera Instancia, diez unidades tributarias (10 U.T.), por cada causa hasta sentencia definitiva en el fondo del asunto; y cinco unidades tributarias (5 U.T.) por conocer de cualquier incidencia y decidirla.
En los Juzgados de Departamento o Distrito, cinco unidades tributarias (5 U.T.) por conocer de cada causa hasta sentencia definitiva Y tres unidades tributarias (3 U.T.) por cada incidencia y decidirla.
En los Juzgados de Municipios o Parroquia, dos unidades tributarias (2 U.T.), por conocer cada incidencia y decidirla y tres unidades tributarias (3 U.T.) por conocer de cada causa en el fondo hasta sentencia definitiva.
Cuando un Juez Accidental que esté conociendo una causa, fuese convocado para conocer de otras, cobrará en cuanto se refiera a estas últimas, en la forma siguiente:
En los Juzgados Superiores, Tribunales de Carrera Administrativa y de Primera Instancia, cinco unidades tributarias (5 U.T.) por cada causa hasta sentencia, sea interlocutoria o definitiva.
En los Juzgados de Departamentos o Distrito, tres unidades tributarias (3 U.T.) en las mismas condiciones. En los Juzgados de Municipio o Parroquia, dos unidades tributarias (2 U.T) en idénticas condiciones.
Cuando el suplente conociere como Juez Accidental de las causas a que se refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cobrará en la forma siguiente: En los Juzgados de Primera Instancia cinco unidades tributarias (5 U.T.) por cada sentencia que dicte, sea interlocutoria o definitiva.
En los Juzgados de Distrito, tres unidades tributarias (3 U.T.) por cada sentencia que dicte, en las mismas condiciones y en los Juzgados de Municipio, dos unidades tributarias (2 U.T.) en las mismas condiciones.
Los emolumentos de que trata el presente Capítulo se cobrarán una sola vez, cualquiera que sea el tiempo que actúen los jueces accidentales, y serán pagados con cargo a la asignación presupuestaria del Consejo de la Judicatura.
El día hábil siguiente de cada mes, el receptor hará balance de las cantidades recaudadas calculando separadamente lo que haya ingresado por concepto de citaciones y notificaciones.
Una vez que la Oficina Nacional de Arancel Judicial reciba el aludido balance deducirá el monto que haya ingresado por concepto de citaciones y notificaciones, y la diferencia será distribuida en la siguiente forma:
1. Cinco por ciento (5%) que será destinado al sostenimiento de los Colegios de Abogados, Comisión o Delegación de la respectiva entidad federal y a la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita.
2. Cinco por ciento (5%) de conformidad con lo establecido en el Artículo 81, literal e) de la Ley de Abogados, será destinado al Instituto de Previsión Social del Abogado.
3. Cuarenta y cinco por ciento (45%) será distribuido, entre todos los tribunales del país de la siguiente forma: cincuenta por ciento (50%), entre magistrados, jueces, inspectores de tribunales y defensores públicos de presos, veinte por ciento (20%) entre los secretarios y treinta por ciento (30%) entre amanuenses o escribientes y alguaciles. Los montos absolutos que resulten de aplicar estos porcentajes, serán prorrateados entre el número de funcionarios agrupados en cada categoría.
4. Quince por ciento (15%) del total recaudado, será destinado a la adquisición de equipos y su mantenimiento, formación y entrenamiento profesional de los empleados judiciales, creación de un sistema de informática que permita la sistematización del Poder Judicial en todas las instancias y en todas las circunscripciones del país.
5. Diez por ciento (10%) lo destinará el Consejo de la Judicatura para la seguridad social de los. Magistrados, Jueces y Defensores Públicos y demás personal auxiliar, con especial atención a la formación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
6. Cinco por ciento (5%) para gastos de administración y funcionamiento de la Oficina Nacional de Arancel Judicial.
7. Quince por ciento (15%) que será distribuido en la siguiente forma:
a) Cincuenta por ciento (50%) para el Juez del respectivo tribunal que haya producido los aranceles.
b) Veinte por ciento (20%) para el Secretario y treinta por ciento (30%) para los amanuenses o escribientes y el alguacil.
Del monto percibido por concepto de citaciones y notificaciones, el cuarenta por ciento (40%) será entregado al alguacil o secretario del tribunal donde se haya producido; el cincuenta y cinco por ciento (55%) se distribuirá en la misma forma y condiciones como se distribuye el cuarenta y cinco por ciento (45%) entre todos los tribunales del país; y el cinco por ciento (5%) para gastos de administración y funcionamiento de la Oficina Nacional de Arancel Judicial.
Las empresas mercantiles y demás particulares que efectúen aportes al Consejo de la Judicatura y a los Registros Mercantiles y Notarías Públicas, a título de donación, podrán deducirlo del Impuesto sobre la Renta.
En los Registros Mercantiles y Notarías se aplicará el producto de los aranceles, en primer término, a pagar a los empleados y obreros que no tengan remuneración presupuestaria, y a cubrir los demás gastos que exija el funcionamiento de la oficina.
Del remanente, después de haber deducido los porcentajes que por Ley corresponde a los Colegios de Abogados e Instituto de Previsión Social del Abogado, se destinará un diez por ciento (10 %) para la formación del Fondo de Previsión Social de Registradores Mercantiles y Notarios Públicos, mediante la figura del servicio autónomo sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio de Justicia y con especial atención a la creación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Treinta y cinco por ciento (35 %) para el Registrador Mercantil; quince por ciento (15%) para la jefatura de servicio; y cincuenta por ciento (50%) para el personal adscrito al respectivo Registro Mercantil. Al personal obrero le será asignado un sueldo básico, fijado por el Ministerio de Justicia, del porcentaje de gastos generales. El remanente del ingreso neto en las Notarías Públicas será distribuido en la siguiente proporción: Treinta y cinco por ciento (35%) para el Notario, quince por ciento (15%) para el Jefe de Servicio Revisor, dos por ciento (2%) para el Jefe de Archivo y el cuarenta y ocho por ciento (48 %) para los Escribientes.
De cada distribución mensual deberá enviarse copia al Ministerio del Justicia, Instituto de Previsión Social del Abogado y el respectivo Colegio de Abogados, por quien corresponda.
Los Tribunales de la República deberán depositar las cantidades de dinero recibidas por ellos, en razón de los distintos juicios o procedimientos que estuvieren conociendo, únicamente en las instituciones bancarias o financieras autorizadas por el Consejo de la Judicatura para la recepción y administración del arancel judicial. Las Instituciones contratadas recibirán, por circunscripción judicial, o grupo de éstas, tanto los fondos provenientes del arancel judicial como aquellas que por virtud de la ley, o por causa de cualquier procedimiento, se encuentren bajo custodia de los Tribunales de la República.
Las instituciones bancarias o financieras contratadas deberán llevar la contabilidad de los fondos bajo custodia de los Tribunales de la respectiva Circunscripción Judicial que les hubiere sido asignada, separadamente, por juicio o procedimiento, capitalizando al final de cada mes sus intereses.
Los fondos en cuestión deberán producir réditos a la tasa prevista en cada licitación o concurso.
El Consejo de la Judicatura podrá rescindir, en todo momento, sin que por ello se causen daños y perjuicios, los contratos que hubiere celebrado con cualquier institución bancaria o financiera, si considerase que ha mediado cualquier incumplimiento o cuando tuviere razones para temer por el menoscabo de las cantidades recaudadas.
Los fondos judiciales recibidos por las instituciones bancarias o financiera contratadas, se contabilizarán separadamente y no formarán parte de su patrimonio.
Lo previsto en este Capítulo no menoscaba en forma alguna los derechos a percibir intereses que a la parte afectada por una medida judicial le confiere el Artículo 540 del Código de Procedimiento Civil.
En los juicios en los que conste depósitos judiciales y se declare la perención de la instancia o existan titulares que no estén determinados, el Juez hará un llamado a todos los que pudieren tener un derecho sobre ellos, mediante una Publicación en un diario de circulación nacional y en uno local, si lo hubiere en la jurisdicción del tribunal.
Las Publicaciones Previstas en este artículo contendrán los datos e informaciones de los cuales pueda disponerse con vista al expediente y se advertirá que si los titulares no comparecieren en el lapso de los sesenta días (60) días continuos contados a partir de la publicación, la suma depositada será asignada a la Administración del Consejo de la Judicatura y los intereses se destinarán al Fisco Nacional.
Transcurridos dos (2) años contados a partir de la fecha en la cual se hubiere asignado la administración de los depósitos al Consejo de la Judicatura, prescribirá la obligación de pagar y los montos correspondientes a los depósitos ingresaran al Fisco Nacional.
Los Asociados y Asesores, en materia civil y mercantil y contencioso administrativo podrán celebrar con las, partes que le hayan solicitado, un convenio sobre el monto de los honorarios que le corresponden.
Dicho convenio se hará constar en el expediente en acta suscrita por la parte solicitante y los asociados o el asesor y si este no se encontrare en el lugar del juicio, el promovente hará constar en el mismo, el convenio que haya celebrado, a los fines de la consignación de esos honorarios en uno de los institutos bancarios o financieros a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.
En materia penal, cada asociado, en cualquier instancia cobrará:
1. Por el estudio del expediente hasta cincuenta (50) folios cinco unidades tributarias (5 U.T.), y por exceso cinco centésimas de unidad tributaria (0,05 U.T.) por cada folio.
2. Por oír informes para sentencias interlocutorias, dos unidades tributarias (2 U.T.), y para sentencias definitivas tres unidades tributarias (3 U.T.)
3. Por sentencias interlocutorias tres unidades tributarias (3 U.T.)
4. Por sentencias definitivas cuatro unidades tributarias (4 U.T.)
5. Por oír algún recurso, una con cinco décimas de unidades tributarias (1,5 U.T.)
El Asesor en materia penal cobrará:
1. Por estudio del expediente hasta cincuenta (50) folios, dos unidades tributarias (2 U.T.), y por exceso, cinco centésimas de unidad tributarias (0,05 U.T.) por folio.
2. Por el dictamen, cinco unidades tributarias (5 U.T.).
Los honorarios de los Asociados y Asesores serán depositados en cualesquiera de los institutos financieros contratados por el Consejo de la Judicatura, por la parte interesada; pero no serán entregados a los asociados y asesores, sino después que estos hayan cumplido su cometido, salvo que el juicio, una vez comenzada la relación, concluyere antes por perención, desistimiento, convenimiento o transacción.
Los honorarios o emolumentos de los expertos a que se refiere esta Sección, que no hayan sido previstos en la presente Ley o cuyo pago no este a cargo del Fisco Nacional, serán establecidos por el Juez inmediatamente después que los nombrados hayan aceptado el cargo.
El Juez, para hacer la fijación, oirá previamente la opinión de los expertos, tomará en >cuenta la tarifa de los honorarios aprobados por los respectivos Colegios de Profesionales y podrá, si así lo estimare conveniente, asesorarse por personas entendidas en la materia.
En los casos en que el pago de los honorarios que devenguen los expertos no este a cargo del Fisco Nacional, las tarifas fijadas en la forma indicada por el artículo anterior, no obstan para que la parte o partes puedan, con la intervención de Juez, celebrar convenios sobre los derechos que habrán de pagar a dichos auxiliares de justicia.
Los curadores de herencias yacentes cobrarán:
1. Por las diligencias necesarias para determinar y asegurar el monto de los bienes incluso de la defensa en cualquier forma de la herencia, diez por ciento (10 %) sobre el líquido de la herencia, cuando esta no exceda de cien cuatro unidades tributarias (100 U.T.); el ocho por ciento (8%) por el exceso de mil unidades tributarias (1.000 U.T.); el cinco por ciento (5%) por el exceso de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.); y dos por ciento (2%) por el exceso sobre esta última cantidad.
2. Por la administración, el diez por ciento (10%) de la renta producida por los bienes.
Cuando para administrar los bienes se valiere el Curador de terceros, la remuneración de éstos la pagará el porcentaje que se acuerda en el ordinal 2°.
Los partidores cobrarán sobre el monto total de los bienes partidos, cuando el valor de estos no exceda de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.), el tres por ciento (3%) por el exceso hasta diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) el dos por ciento (2%) y por el exceso de esta última cantidad el uno por ciento (1%).
Los Depositarios cobrarán:
1. Por depósito de dinero, alhajas y muebles que no necesiten administración, el dos por ciento (2%) sobre su valor cuando este no exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.), el uno por ciento (1%) por el exceso hasta mil unidades tributarias (1.000 U.T.), cero cincuenta por ciento (0,50 %) por el exceso sobre esta última cantidad.
Estos porcentajes se calcularán por cada año o fracción de año que dure el depósito, siempre que la fracción sea mayor de tres meses.
Cuando el depósito dure menos de tres meses, regirá la tarifa anterior reducida a la mitad.
2. Por el depósito de toda especie de animales, el diez por ciento (10%) sobre su valor, por cada año o fracción de año que dure el depósito, siempre que la fracción sea mayor de tres meses. Cuando el depósito dure menos de tres meses el porcentaje anterior será reducido a la mitad.
3. Por el depósito de inmuebles en general el seis por ciento (6%) de los alquileres que devenguen.
Si no están arrendados, la retribución consistirá en el tres por ciento, (3%) de la pensión de arrendamiento que podría ser exigida tomando como base las declaraciones hechas por el propietario con fines impositivos y su valor declarado ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de la Producción y el Comercio, o en defecto de declaración, los de otros inmuebles similares.
4. Por el depósito de fincas agrícolas o pecuarias, el quince por ciento (15%) de su producto líquido, durante el tiempo del depósito.
En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, los derechos del depositario nunca excederán de cien unidades tributarias (100 U.T.) en las condiciones a que se refieren los dos apartes de dicho ordinal.
En los casos de los numerales 2 y 4 del artículo 55, los gastos de conservación y otros conexos serán reembolsados al depositario si él los hubiere hecho. Ese reembolso será determinado por expertos si la persona que deba hacer el pago objetare el monto de los gastos.
En todo caso los depositarios tendrán derecho a la cantidad mínima de una unidad tributaria (1 U.T.) por concepto de honorarios. Esa cantidad debe serles pagada en el momento de efectuarse la medida cautelar o cualquier otra actuación consecuencial, y si los honorarios definitivos exceden de ella, el exceso les será pagado de la manera establecida en los artículos anteriores.
De lo percibido expedirán recibo a favor del interesado.
Los peritos valuadores cobrarán por una sola vez y para ser distribuidos en partes iguales: 1. Uno por ciento (1%) sobre el valor de los inmuebles cuando dicho valor no exceda de diez coma cuatro unidades tributarias (10,4 U.T.), medio por ciento (1/2%) sobre el exceso hasta ciento cuatro unidades tributarias (104 U.T.), un cuarto por ciento (1/4%) por el exceso hasta quinientos veinte coma ocho unidades tributarias (520,8 U.T.) y uno por mil sobre todo otro exceso.
2. Medio por ciento (1/2%) sobre el valor de prendas y otros objetos de oro, plata o platino, con pedrería o sin ella.
3. Uno por ciento (1%) sobre el valor en conjunto de los bienes muebles o semovientes, cuando ese valor no exceda de cincuenta y dos unidades tributarias (52 U.T.), cero con setenta y cinco por ciento (0,75%) por el exceso hasta ciento cuatro unidades tributarias (104 U.T.) y medio por ciento (1/2%) sobre todo otro exceso.
Cuando la experticia sea efectuada por un sólo perito cobrará la tercera parte de los porcentajes indicados.
Los peritos tasadores devengarán el uno por ciento (1%) sobre la suma de tasación. Sin embargo, en ningún caso los derechos bajarán de una unidad tributaria (1 U.T.) ni excederán de veinte unidades tributarias (20 U.T.) por cada perito.
Los prácticos cobrarán cada uno, por día o fracción del día dos con cinco décimas de unidades tributarias. (2,5 U.T.).
Cuando se trate de juicios de deslinde, los prácticos cobrarán cada uno, por día, o fracción de día dos con cinco décimas de unidades tributarias. (2,5 U.T.)
CAPÍTULO VIII, Del pago a los Auxiliares de Justicia
Salvo lo dispuesto en el artículo 57, los Auxiliares de Justicia percibirán sus derechos o emolumentos una vez que cumplan sus funciones, mediante orden de pago que expedirá el Juez, con las mismas especificaciones exigidas para las planillas en el Capítulo IV de esta Ley; pero la parte interesada deberá consignar los derechos, previamente, en un instituto bancario o de crédito a la orden del tribunal correspondiente, o dejar constancia en el expediente del recibo de los derechos.
Los pagos que el Estado o los interesados efectúen a los auxiliares de justicia, incluidos los síndicos de las quiebras o atrasos, liquidadores, comisarios y cualesquiera otros funcionarios auxiliares o accidentales de justicia, quedará sujeto a una contribución del cinco por ciento (5%) del respectivo pago, que deberá ser enterada, previamente en alguna de las instituciones bancarias o financieras contratadas para la recaudación y administración del arancel judicial. Los montos enterados pasarán al Consejo de la Judicatura, quien los destinará a la dotación y mantenimiento de los Tribunales de la República, y a los gastos de informatización del sistema de justicia a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.
Los fiscales y defensores auxiliares, nombrados de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Criminal cobrarán, terminadas sus funciones, los siguientes emolumentos, calculados por audiencias en las cuales hubiere habido actuación: el equivalente a la tercera parte del sueldo que corresponda al Juez ante quien ejerzan tales funciones, cuando su intervención se realice en la incidencia de un juicio; dos terceras partes cuando actúen en el fondo mismo del juicio; y tres cuartas partes cuando su gestión se ejerza en dos o más juicios, cualquiera sea la naturaleza de esas actuaciones.
Los pagos hechos a los auxiliares de justicia con base a las disposiciones de esta ley, o de otras especiales, comprenden también el de los terceros que hubieren sido contratados por ellos, sin ninguna excepción.
A los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, Registros Mercantiles y Notarías Públicas así como los empleados de dichos Despachos, les está absolutamente prohibido:
a) Liquidar derechos o emolumentos sobre actos, o diligencias no determinadas en esta Ley como sujetas a disposición arancelaria;
b) Liquidar derechos o emolumentos en cantidad mayor a la fijada en esta Ley para cada acto o diligencia;
c) Percibir por si mismo fuera del acto previsto en el artículo 8°, en dinero en efectivo, valores o cualquier otra prestación en concepto de liquidación de derechos, de las partes, abogados o particulares interesados en las actuaciones o diligencias que causen los derechos arancelarios;
d) Alterar el orden de presentación de los documentos, actuaciones y demás solicitudes que deban ser proveídas y evacuadas en ese mismo orden, salvo lo establecido en el artículo 28 ejusdem.
Toda persona o funcionario público que tenga conocimiento de infracciones a esta ley deberá formular la consiguiente denuncia, según los casos, ante el Consejo de la Judicatura o el Ministerio de Justicia, y en caso de que el hecho revista carácter penal, ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y demás órganos de instrucción penal, o ante el Fiscal del Ministerio Pública, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de esta Ley.
Los funcionarios o empleados que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados con la destitución del cargo. Contra esta decisión sólo podrá interponerse el recurso contencioso­administrativo de anulación.
A los efectos del artículo anterior, la sanción será impuesta por los organismos o funcionarios que determine la Ley Especial respectiva.
El Ministerio Público vigilará la recaudación, el cobro y distribución de los derechos previstos en esta Ley por parte de los funcionarios judiciales, notarios y registradores mercantiles, y a estos efectos designará fiscales especiales. La Corte Suprema de Justicia, la Oficina Nacional de Arancel Judicial y el Ministerio de Justicia enviarán trimestralmente al Ministerio Público una relación detallada de la recaudación y distribución de los aranceles y derechos percibidos en aplicación de esta ley.
El representante del Ministerio Público deberá intervenir en toda averiguación que se abra con ocasión de las infracciones de esta Ley.
Los funcionarios o empleados que omitan la formalidad a que se refiere el artículo 13, serán sancionados por el Juez, Registrador Mercantil o Notario Público respectivo, con una multa igual al triple de los derechos causados y removidos del cargo en caso de reincidencia.
El funcionario o empleado destituido no podrá formar parte de la Administración de Justicia, Registro Mercantil o Notarías en los cinco (5) años siguientes a la sanción.
Los profesionales de la abogacía que participen en la infracción o por cuya causa hubiere sido cometida, serán sometidos al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la jurisdicción, a requerimiento del Consejo de la Judicatura o del representante del Ministerio Público; y los terceros que incurran en la infracción, quedan sujetos a enjuiciamiento penal conforme a lo pautado en la ley orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
Las sanciones disciplinarias a que se contraen los artículos anteriores, serán impuestas sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los infractores conforme a las disposiciones pertinentes del Código Penal y de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
El Presidente de la República en Consejo de Ministros, a solicitud formulada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura o el Ministerio del Interior y justicia, según corresponda, y previa aprobación de las Comisiones Permanentes de Finanzas del Senado y de la Cámara de Diputados, podrá modificar anualmente los aranceles y emolumentos establecidos en esta Ley, en un porcentaje que no exceda del veinte por ciento (20%) de los límites máximos correspondientes.
Los diarios de la capital de la República y demás ciudades del interior, procurarán establecer, en el mismo cuerpo de los avisos clasificados, una sección que se denominará "Carteles y requerimientos judiciales", destinada a la publicación de todos los actos judiciales que conforme a los Códigos y leyes de la República están sujetos a tal requisito.
Los jueces de la República procurarán que los carteles, edictos y demás actos sujetos a publicación sean redactados en términos breves y concisos, y publicados en forma legible a un solo espacio, y limitado a lo que exige la Ley únicamente.
El Consejo de la Judicatura administrará el ingreso proveniente del arancel judicial en cuentas separadas de los fondos de la asignación presupuestaria anual que encabeza la Ley de Presupuesto.
Todas las cantidades que conforme a esta Ley recibieren los Jueces, Auxiliares de Justicia y demás personas mencionadas en sus disposiciones, y que provinieren de los particulares, no constituyen salario, y no se computarán a los fines de las prestaciones, indemnizaciones o beneficios laborales que pudieren corresponderles.
La Contraloría General de la República ejercerá el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos públicos percibidos por concepto de arancel Judicial, así como de su administración por parte del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura podrá solicitar a la Contraloría General de la República, cuando lo considere conveniente, la fiscalización y control de la percepción y distribución del arancel judicial.
Queda reformada la Ley de Arancel Judicial sancionada el 23 de junio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.473 Extraordinario de fecha 1° de julio de 1994.
Dado en Caracas, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Años 189° de la Independencia y 140° de la Federación.

References: artículo 190
 artículo 1
 Artículo 181
 Artículo 267
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 345
 artículo 314
 artículo 13
 artículo 30
 Artículo 81
 Artículo 540
 artículo 41
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 41
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 40
 artículo 13