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Timestamp: 2020-05-28 14:55:51+00:00

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STC 24/1985, 21 de Febrero de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034547
STC 24/1985, 21 de Febrero de 1985
Fecha de Resolución: 21 de Febrero de 1985
Número de Recurso: Conflicto de competencia Positivo nº 265/1982
1. Reiterando la doctrina sentada por el Tribunal, la noción de «bases» debe ser entendida como noción material, y, en consecuencia, los criterios básicos, estén o no formulados como tales, son los que racionalmente se deducen de la legislación vigente. De esta noción material de bases se infiere que lo esencial de su concepto es su contenido. 2. Aunque las Cortes deberán establecer qué es lo que haya de entenderse por básico, en caso necesario será el Tribunal Constitucional el competente para decidirlo, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución. 3. Cuando la materia básica esté regulada por normas preconstitucionales, y hasta tanto se dicte la ley correspondiente, el Gobierno puede inferir cuáles son las bases de aquéllas, siempre que ello sea posible sin que la deducción sea sólo aparente y se convierta en una verdadera labor de innovación, y sin perjuicio de que tal deducción siempre nacería afectada de una cierta provisionalidad y quedaría pendiente de que el legislador la confirmase o la revocase. 4. Ocurre que, en algunas materias, ciertas decisiones y actuaciones de tipo aparentemente coyuntural, que tienen como objeto la regulación inmediata de situaciones concretas, pueden tener sin duda un carácter básico por la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional. 5. Dada la trascendencia que para la política energética tiene la estructura de la producción y tienen las cantidades parciales de los productos obtenidos de la actividad de refino, por cuanto cualquier decisión que acepte al tope y a la estructura de la respectiva producción puede implicar, por la interdependencia de unas respecto a otras, una alteración del sistema energético en su conjunto, tales decisiones sobre ambos aspectos son básicas y se agotan en sí mismas.
Sentencia citada en: 17 sentencias, 12 artículos doctrinales, 18 resoluciones administrativas, una noticia
En el conflicto positivo de competencia núm. 265/1982, planteado por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, en relación con la Resolución de 12 de febrero de 1982 de la Dirección General de Energía del Departamento de Industria y Energía del Gobierno Vasco, por la que se autorizó a la Empresa «Petróleos del Norte, Sociedad Anónima» (PETRONOR), a modificar el proyecto inicial de instalación de una unidad de craking catalítico fluido y una unidad de vis-breaking. Ha sido parte el Gobierno Vasco, representado por la Abogada doña Margarita U. E., y Ponente el Magistrado don Antonio T. S., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El Gobierno de la Nación acordó, en Consejo de Ministros celebrado el 30 de abril de 1982, dirigir al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco requerimiento de incompetencia al amparo de lo dispuesto en el art. 62, en relación con el 63, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por estimar que el Departamento de Industria y Energía de dicho Gobierno había incurrido en incompetencia a través de la Resolución de 12 de febrero de 1982 («Boletín Oficial del País Vasco» núm. 30, de 4 de marzo de 1982) emanada de la Dirección de Energía del mencionado Departamento, por la que se autorizó a la Empresa «Petróleos del Norte, Sociedad Anónima» (PETRONOR), a modificar el proyecto inicial de instalación de una unidad de craking catalítico fluido y una unidad de vis-breaking autorizada por Resolución de la Dirección General de la Energía de 12 de septiembre de 1980, por considerar el Gobierno que dicha Resolución no se ajustaba al orden de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV), a consecuencia de la inadecuación de la misma al régimen de competencias autonómicas en materia energética, configurado por los arts. 10.11 y 11.2 c) del Estatuto indicado. El Presidente del Gobierno Vasco, mediante escrito que tuvo su entrada en la Delegación del Gobierno en el País Vasco el 12 de junio de 1982, comunicó al Presidente del Gobierno de la Nación que el Gobierno Vasco, en su reunión celebrada el 7 de junio de 1982, había acordado no atender al requerimiento formulado y rechazarlo por no estimarlo fundado, por considerar que la Resolución referida había sido dictada en uso de las facultades que le corresponden en razón, entre otros, de los arts. 10.11 y 30 y 11.2 c)del Estatuto de Autonomía. El Gobierno de la Nación, en Consejo de Ministros celebrado el 9 de julio de 1982, acordó ordenar a la Abogacía del Estado el planteamiento del conflicto positivo de competencia.
4. La Letrada doña Margarita U. E., designada a tales efectos por acuerdo del Gobierno Vasco de 6 de septiembre de 1982, se personó en el conflicto en nombre de dicho Gobierno mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 1982, en el que solicitó se dicte Sentencia en la que se declare que la competencia controvertida corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en consecuencia, se declare la plena constitucionalidad de la Resolución recurrida, sobre la base de las siguientes alegaciones:
5. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de diciembre de 1984, acordó tener por formuladas por la Abogada doña Margarita U. E., en representación del Gobierno Vasco, las alegaciones que contiene su escrito de 14 de septiembre de 1982, del que se entregará copia al Abogado del Estado, y señalar para la deliberación y votación de la Sentencia de este conflicto el próximo día 15 de enero de 1985.
4. Frente a la toma en consideración de los arts. 10.11 y 11.2 o) del EAPV para medir el alcance de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco al objeto de la solución del presente conflicto, la representación del Gobierno Vasco trata de negar la aplicabilidad al supuesto que nos ocupa del apartado 11 del art. 10, aduciendo que el precepto aplicable es el del apartado 30 del mismo artículo, referente, como se indicó en el fundamento primero, a las competencias de la Comunidad .Autónoma en materia de industria, con las excepciones que allí se señalan. Para ello, dicha representación califica el apartado 30 de «régimen jurídico general» de las competencias en materia de industria, contraponiéndolo a lo que a su juicio es el «régimen jurídico especial» en materia de energía del apartado 11, y llegando por este camino a la conclusión de que, en cuanto norma especial, e incluso «excepcional», el apartado 11 del art. 10 ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Ahora bien, el carácter de norma especial de dicho apartado, frente al de norma general del apartado 30 del art. 10, no autoriza a ver en ella una norma «excepcional» ni a someterla a una interpretación restrictiva, pues tal carácter viene a significar aquí que en materia específica de la energía las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma son precisamente las previstas en el apartado 11 y no las contempladas para el sector industrial en general por el 30.
8. Ante la falta de una legislación expresa, hemos de recurrir a la doctrina sentada por este Tribunal al respecto, iniciada en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 13 de agosto; fundamento jurídico 6. ), y reiterada o desarrollada en particular en la 1/1982, de 28 de enero («Boletín Oficial del Estado» de 26 de febrero; fundamentos jurídicos 1. y 5. ), 32/1983, de 28 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo; fundamento jurídico 2. ), 42/1983, de 20 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio; fundamento jurídico 3. A)y 96/1984, de 19 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31; fundamento jurídico 7. ), relativa, esta última, precisamente a la emisión de obligaciones de PETRONOR. Según esta doctrina, la noción de «bases» debe ser entendida como noción material, y en consecuencia los criterios básicos, estén o no formulados como tales, son los que. racionalmente se deducen de la legislación vigente; de esta noción material de «base s: infiere que lo esencial de su concepto es su contenido; por lo cual, aunque las Cortes deberán establecer qué es lo que haya de entenderse por básico, en caso necesario será este Tribunal el competente para decidirlo, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución; cuando la materia está regulada por normas preconstitucionales, y hasta tanto se dicte la Ley correspondiente, el Gobierno puede inferir cuáles son las bases de aquellas, siempre que ello sea posible sin que la deducción sea sólo aparente y se convierta en una verdadera labor de innovación, y sin perjuicio de que tal deducción siempre nacería afectada de una cierta provisionalidad y quedaría pendiente de que el legislador la confirmase o la revocase: y por último, ocurre que en algunas materias ciertas decisiones y actuaciones de tipo aparentemente coyuntural, que tienen como objeto la regulación inmediata de situaciones concretas, pueden tener sin duda un carácter básico por la interdependencia de éstas en todo el territorio nacional.
La conclusión a que estas consideraciones llevan es que la Resolución objeto del conflicto ha incidido en un aspecto básico del régimen energético sobre el que el Estado es competente, pudiendo añadirse, como se dijera en el fundamento séptimo in fine de la mencionada Sentencia 96/1984, relativa a la emisión de obligaciones de PETRONOR, «todo ello sin perjuicio de que una futura regulación estatal de esta materia concreta pudiera establecer unas bases a que la Comunidad Autónoma ajustase determinadas actuaciones de ejecución e incluso de desarrollo legislativo», o bien crear los adecuados mecanismos de coordinación.
AAP La Rioja 123/2009, 9 de Noviembre de 2009
ATS, 6 de Marzo de 2017
STSJ Extremadura 505/2009, 3 de Noviembre de 2009

References: Resolución 
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in fine