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1 BOE núm. 269 Viernes 9 noviembre INSTRUCCIÓN de 23 de octubre de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, aprobando la cláusula autorizatoria para la presentación telemática de los contratos en el Registro de Bienes Muebles. Vista la disposición adicional sexta de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles (hoy Registro de Bienes Muebles), aprobada por Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999, esta Dirección General acuerda lo siguiente: 1. o El vendedor, arrendador o financiador que se proponga remitir telemáticamente un contrato al Registro de Bienes Muebles, entregará a los demás intervinientes el correspondiente ejemplar en papel del contrato según el modelo oficial de que se trate, en el que se insertará una cláusula adicional del tenor siguiente: «Cláusula de autorización para la remisión telemática. La/s parte/s firmante/s del contrato autoriza/n al vendedor/financiador/arrendador a remitir telemáticamente al Registro de Bienes Muebles un fichero código-valor con el total contenido correspondiente al contrato suscrito en este documento homologado, a los solos efectos de obtener la inscripción del mismo en el Registro competente. De la exacta correspondencia entre el contenido del fichero y el del documento contractual suscrito por las partes responderá el arrendador/vendedor/financiador autorizado.» 2. o La notificación de haber sido presentado telemáticamente el contrato en el Registro por la parte autorizada para ello, que deberá practicarse por el Registrador de Bienes Muebles competente a las demás partes intervinientes en el contrato que no hubieran suscrito electrónicamente el fichero remitido, se dirigirá a la respectiva dirección de correo electrónico que, con tal fin, se ha consignado en el contrato o, en su defecto, a los domicilios personales de aquellas que consten en su identificación en el mismo. 3. o Una vez remitido telemáticamente el fichero ajustado al formato de esta Instrucción al Registro competente, el Registrador presentará el contrato en el Libro Diario de conformidad con lo previsto para los títulos presentados por correo e, inmediatamente, acusará recibo por el mismo medio. 4. o El Registrador, después de validada la firma electrónica del remitente o remitentes, y dentro de los tres días siguientes a la fecha del asiento de presentación, notificará el hecho de la presentación a las demás partes intervinientes en el contrato que no hubieran suscrito electrónicamente el fichero remitido por vía telemática, excepción hecha de aquella/s cuya intervención en el mismo, a jucio de aquél, carezca de trascendencia jurídico-real. 5. o La notificación se practicará, según el caso y resulte del contrato, por correo electrónico o por correo certificado a la dirección que para cada una de las partes a notificar resultare de la cláusula de autorización para la remisión telemática. Adicionalmente, el Registrador hará publicar el hecho de la presentación y el contenido del contrato, identificado por su correspondiente clave numérica, en la página «web» habilitada al efecto para la consulta exclusiva de los interesados. 6. o La notificación comprenderá el contenido del contrato presentado telemáticamente, fecha y demás circunstancias de su asiento de presentación y la advertencia del derecho que asiste a cada una de las partes notificadas a oponerse a su inscripción, en el plazo de treinta días desde la recepción de la notificación, caso de no coincidir aquel contenido con el del original. Igualmente la notificación contendrá la advertencia de que, de no haber oposición en el referido plazo, continuará el procedimiento de inscripción. 7. o El Registrador no podrá inscribir el contrato hasta que haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin oposición. En el caso de que cualquiera de las partes notificadas presentare oposición dentro de plazo, acompañando el documento original en papel del contrato, y resultare alguna contradicción entre su contenido y el del fichero remitido telemáticamente, el Registrador no practicará la inscripción e instará electrónicamente a la entidad presentante autorizada a fin de que aporte, para su inscripción, el documento original que obre en su poder dentro de la vigencia del asiento de presentación. Si la oposición no fuera acompañada o seguida de la presentación en el indicado plazo del original del contrato en papel, el Registrador procederá según lo que resulte del fichero objeto de remisión telemática, lo que notificará a quien haya formulado la oposición. 8. o El plazo de oposición de treinta días no interrumpirá el plazo de vigencia del asiento de presentación. Madrid, 23 de octubre de La Directora general, Ana López-Monis Gallego. Sres. Registradores de Bienes Muebles. MINISTERIO DE HACIENDA REAL DECRETO 1160/2001, de 26 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio. La disposición adicional décima de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, autoriza al Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha Ley. Tras la aprobación del Reglamento, mediante el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias, se han ido incorporando a la Ley reguladora de este Impuesto una serie de modificaciones a través de las sucesivas Leyes de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. En efecto, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre; la Ley 66/1997, de 30 de diciembre; la Ley 50/1998, de 30 de diciembre; la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, y la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, han incorporado una serie de cambios en la Ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias que exigen la correspondiente adaptación o desarrollo de sus disposiciones reglamentarias. Así, la incorporación a la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, del régimen especial de operaciones con oro de inversión, determina la necesidad de dictar las normas reglamentarias que completen las disposiciones legales en esta materia. En particular, se deben establecer las tolerancias de peso que se acep-
2 40950 Viernes 9 noviembre 2001 BOE núm. 269 tan en los mercados de lingotes, a efectos de delimitar el concepto de oro de inversión y fijar, además, los requisitos para el ejercicio de la renuncia a la exención prevista en dicho régimen especial. Asimismo, en relación con el supuesto de inversión del sujeto pasivo contemplado en el artículo o de la Ley del Impuesto, es preciso delimitar los conceptos de oro sin elaborar y de producto semielaborado de oro, con el fin de que en dicho supuesto se comprenda la mayor parte de las entregas de oro que supere un determinado grado de pureza y así conseguir la mayor eficacia en la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Asimismo, y para evitar la producción de costes financieros injustificados a los empresarios que comercializan oro sin elaborar o productos semielaborados de oro, conviene incluir estas operaciones entre las comprendidas en el artículo 83 del Reglamento del Impuesto, de manera que se puedan acoger a la devolución mensual de las cuotas soportadas. En el artículo 90 de este Real Decreto, se incluye el régimen de operaciones con oro de inversión en entre los regímenes especiales del Impuesto. En el artículo 11 del Real Decreto se concretan los términos y condiciones en que los sujetos pasivos que efectúan operaciones relativas a los materiales de recuperación pueden solicitar del Gobierno de Canarias la autorización para no aplicar la exención contemplada en el artículo ) de la Ley 20/1991. También conviene precisar, en el artículo 97 del Reglamento, el alcance de la modificación introducida en el artículo 51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, sobre determinación del volumen de operaciones en las transmisiones parciales del patrimonio empresarial o profesional. Asimismo es conveniente introducir determinadas aclaraciones y precisiones en el artículo 95 del Reglamento del Impuesto, que regula la forma de liquidar el tributo por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial simplificado. En particular resulta conveniente aclarar el tratamiento que debe darse a las subvenciones de capital percibidas para la adquisición de determinados bienes y servicios, de forma que se unifiquen los criterios de interpretación de la normativa aplicable a las operaciones realizadas al amparo del mencionado régimen. Igualmente, en relación con dicho régimen especial, interesa precisar también que la percepción de subvenciones dirigidas a permitir el abastecimiento de productos comunitarios o disponibles en el mercado CE, previsto en el programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las islas Canarias, así como las percibidas por los centros especiales de empleo, no determinan limitación alguna en el derecho a deducir que corresponde al empresario que las percibe. También la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha introducido modificaciones en los artículos 5, 28, 43 y 43 bis de la ley 20/1991, de 7 de junio, por lo que se hace necesario dar nueva redacción a los artículos 4, 59, 76, 77, 78 y 79 de su Reglamento para desarrollar determinadas normas relativas a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio de la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales. Por otra parte, se introducen otras modificaciones en el Reglamento del Impuesto General Indirecto Canario con la finalidad de simplificar el mismo y aclarar algunos aspectos de su contenido. Por tal razón se derogan los apartados 8 y 9 de su artículo 15 y los artículos 32 y 33, en los que se concretaban los requisitos de aplicación de algunas exenciones previstas en los artículos 12 y 14 de la Ley del Impuesto. Tal derogación está justificada por la aprobación del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, y de modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que desarrolla reglamentariamente algunas de tales exenciones en esta materia. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2001, DISPONGO: Artículo único. Modificaciones del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio. 1. El artículo 4 queda redactado como sigue: «Artículo 4. Concepto de actividades empresariales o profesionales. 1. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consideración las extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de actividades profesionales liberales y artísticas. 2. A efectos de este impuesto, las actividades empresariales o profesionales se considerarán iniciadas desde el momento en que se realice la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, incluso en los casos a que se refieren el apartado 2. o del número 1, y los apartados 1. o y2. o del número 3, del artículo 5 de este Reglamento. Quienes realicen tales adquisiciones o importaciones tendrán desde dicho momento la condición de empresarios o profesionales a efectos del Impuesto General Indirecto Canario, no obstante, deberán disponer de los medios de prueba que acrediten los elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa intención, pudiendo serles exigida su aportación por la Administración tributaria. 3. Los medios de prueba a que se refiere el número anterior podrán ser cualesquiera de los admitidos en derecho. A tal fin, podrán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: a) La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en consonancia con la índole de la actividad que se tiene intención de desarrollar. b) El período transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional. c) El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables exigidas con carácter
3 BOE núm. 269 Viernes 9 noviembre general por la normativa reguladora del Impuesto, por el Código de Comercio o por cualquier otra norma que resulte de aplicación, a quienes tienen la condición de empresarios o profesionales. A este respecto, se tendrá en cuenta en particular el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a ) La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades. b ) La llevanza en debida forma de las obligaciones contables exigidas reglamentariamente, y en concreto, del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión. d) Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad que se tiene intención de realizar. e) Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del Impuesto General Indirecto Canario y relativas a la referida actividad empresarial o profesional. 4. Lo señalado en los números2y3anteriores de este artículo será igualmente aplicable a quienes, teniendo ya la condición de empresario o profesional por venir realizando actividades de tal naturaleza, inicien una nueva actividad empresarial o profesional que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.» 2. Se modifica el apartado 12. o del número 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue: «12. o Los préstamos y créditos en dinero.» 3. Se modifica la letra b) del número 1. o del artículo 10, que queda redactado como sigue: «b) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo o de los elementos patrimoniales afectos a una o varias ramas autónomas de la actividad empresarial del transmitente, en virtud de las operaciones a que se refiere el artículo 97 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que las operaciones tengan derecho al régimen tributario regulado en el capítulo VIII del título VIII de la citada Ley. A los efectos previstos en esta letra, se entenderá por rama de actividad la definida en el apartado 4 del artículo 97 de la Ley mencionada en el párrafo anterior.» 4. Se modifica el número 8. o del artículo 10, que quedará redactado como sigue: «8. o Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas sin contraprestación, salvo en los supuestos de vinculación a que se refiere el número 3 del artículo 50 de este Reglamento.» 5. Se modifica el número 9. o del artículo 10, que quedará redactado como sigue: «9. o Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante prestación patrimonial de carácter público. Los supuestos de no sujeción a que se refiere este número no se aplicarán cuando los referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles.» 6. Se modifica el apartado 13. o del número 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma: «13. o Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y sean prestados por las siguientes personas o entidades: a) Entidades de derecho público. b) Federaciones deportivas. c) Comité Olímpico Español. d) Comité Paralímpico Español. e) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social. La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.» 7. Se modifica la letra h) del apartado 18. o del número 1 del artículo 11, que queda redactada como sigue: «h) Las operaciones de compraventa, cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán de colección las monedas y los billetes que no sean normalmente utilizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés numismático. No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro de inversión de acuerdo con lo establecido en el apartado 2. o del número 2 del artículo 125 bis de este Reglamento.» 8. Se da nueva redacción a la letra l) del apartado 18. o del número 1 del artículo 11, que quedará redactado como sigue: «l) La gestión y depósito de las instituciones de inversión colectiva, de las entidades de capital-riesgo gestionadas por sociedades gestoras autorizadas y registradas en los Registros especiales administrativos, de los fondos de pensiones, de regulación del mercado hipotecario, de titulización de activos y colectivos de jubilación, constituidos de acuerdo con su legislación específica.» 9. Se da nueva redacción al apartado 28. o del número 1 del artículo 11, en los siguientes términos: «28. o Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por sujetos pasivos personas físicas cuyo volumen total de operaciones realizadas durante el año natural inmediatamente anterior no hubiera excedido del límite establecido en el artículo 10, número 1, apartado 28. o de la Ley 20/1991, de 7 de junio, reguladora de este Impuesto. Este límite se modificará automáticamente cada año por la Administración Tributaria Canaria en función de la variación del índice de precios al consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias. A los efectos de este apartado, se considerará volumen de operaciones el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec-
4 40952 Viernes 9 noviembre 2001 BOE núm. 269 tuadas por el sujeto pasivo durante el año natural anterior, con independencia del régimen tributario o territorio donde se entreguen o presten. Los empresarios personas físicas, que sean titulares de explotaciones agrícolas en los términos establecidos en el artículo 114 de este Reglamento podrán renunciar a la exención prevista en el párrafo anterior siempre que cumplan los requisitos formales que se establezcan por el Gobierno de Canarias y desarrollen las actividades a que sea aplicable el régimen especial de la agricultura y ganadería y no renuncien al mismo. La renuncia a la exención operará respecto a la totalidad de sus actividades empresariales o profesionales.» 10. Se introduce un nuevo apartado 30. o en el número 1 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma: «30. o Las entregas de los siguientes materiales de recuperación, definidos en el anexo III bis de la Ley del Impuesto, salvo que la Consejería competente en materia de Hacienda del Gobierno de Canarias autorice al sujeto pasivo a renunciar a la aplicación de la exención en los términos y condiciones establecidos en el número 4 de este artículo: a) Desperdicios o desechos de fundición de hierro o de acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro o de acero, cuando el importe de las entregas de estos materiales no haya excedido de 200 millones de pesetas ( ,21 euros) durante el año natural precedente o hasta que, en el año en curso, dicho importe exceda de la cantidad indicada. A los efectos de esta exención no se comprenderán en esta letra a) los aceros inoxidables. b) Desperdicios o desechos de metales no férricos, incluidos los aceros inoxidables, o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus aleaciones, cualquiera que fuese el importe de las entregas de estos materiales. c) Desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio, cuando el importe de las entregas de estos materiales no haya excedido de 50 millones de pesetas ( ,05 euros) durante al año natural precedente o hasta que, en el año en curso, dicho importe exceda de la cantidad indicada. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las entregas de los materiales de recuperación efectuadas por los empresarios que los obtengan en sus propios procesos de producción.» 11. Se añade un nuevo apartado 31. o en el número 1 del artículo 11: «31. o Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y las Entidades Locales canarias.» 12. Se introduce un nuevo número 4 en el artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma: «4.1 La Consejería competente en materia de Hacienda del Gobierno de Canarias autorizará, a instancia del interesado, la no aplicación de la exención prevista en el apartado 30. o del número 1 de este artículo cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que la solicitud correspondiente se refiera a la totalidad de los materiales de recuperación que comercialice el sujeto pasivo y en ella se manifieste expresamente por éste su compromiso de cumplir las obligaciones materiales y formales exigidas con carácter general por la normativa del Impuesto. b) Que su volumen de operaciones relativo a las entregas de materiales de recuperación sea superior a cualquiera de las cantidades siguientes y durante los períodos que se indican: a ) 100 millones de pesetas ( ,10 euros) en el año natural precedente o en el año en curso, cuando se trate de los materiales férricos a que se refiere la letra a) del apartado 30. o del número 1 de este artículo. b ) 250 millones de pesetas ( ,26 euros) en el año natural precedente o en el año en curso, o bien 150 millones de pesetas ( ,16 euros) en cada uno de los dos años anteriores o en el año anterior y en el año en curso, cuando se trate de los materiales no férricos y demás materiales a que se refiere la letra b) del apartado 30. o del número 1 de este artículo. c ) 20 millones de pesetas ( ,42 euros) en el año natural precedente o en el año en curso, para las entregas de los desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio a que se refiere la letra c) del apartado 30. o del número 1 de este artículo. c) Que sea titular de la explotación de un establecimiento permanente para depósito o tratamiento de los materiales de recuperación y que dicha titularidad se haya prolongado, como mínimo, durante el período de tiempo que se haya tenido en cuenta para la determinación del volumen de operaciones, de acuerdo con lo previsto en la letra b) anterior. d) Que presente un inventario de sus existencias de los materiales de recuperación comprendidos en este artículo, referido al momento en que se solicita la autorización. e) Que cumpla las obligaciones registrales que determine reglamentariamente el Gobierno de Canarias. 2. Asimismo, la Consejería competente en materia de Hacienda autorizará, a instancia del interesado, la no aplicación de la exención prevista en el apartado 30. o del número 1 de este artículo cuando, concurriendo los requisitos exigidos en las letras a), c), d) y e) del apartado anterior, su volumen de operaciones durante el año natural anterior o en el año en curso, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de este Reglamento, sea superior a 10 millones de pesetas (60.101,21 euros) y se preste la garantía exigida por la Administración tributaria canaria. 3. Las solicitudes a que se refieren los apartados precedentes deberán formularse en la forma que determine la Consejería competente en materia de Hacienda. Transcurrido el plazo de tres meses sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá concedida la autorización. 4. La autorización concedida producirá sus efectos respecto de las operaciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha de concesión de la misma y en tanto no sea revocada por la Consejería de Economía y Hacienda, la cual podrá proceder a dicha revocación cuando no se den las causas que la motivaron. En tal caso, el sujeto pasivo deberá presentar un inventario de sus existencias de materiales de recuperación, referido al momento en que se le notifique dicha revocación, así como rectificar las deducciones que hubiese
5 BOE núm. 269 Viernes 9 noviembre practicado correspondientes a las cuotas del Impuesto soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los materiales de recuperación inventariados, todo ello, de acuerdo con el procedimiento que determine reglamentariamente el Gobierno de Canarias. 5. Reglamentariamente se determinará por el Gobierno de Canarias el procedimiento de las comunicaciones a realizar por los sujetos pasivos, cuando superen el volumen de operaciones a que se refieren las letras a) y c) del número 1, apartado 30. o de este artículo, y cuando se modifique dicha circunstancia.» 13. Se da nueva redacción al apartado 2. o del número 1 del artículo 13, que quedará redactado como sigue: «2. o Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos bienes en establecimientos situados en Canarias a la Seguridad Social o a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales, efectuadas durante el año precedente, hubiese excedido del 70 por 100 del total de las realizadas. El requisito establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en relación con los sujetos pasivos que, teniendo la condición de comerciantes minoristas según las normas reguladoras del Impuesto sobre Actividades Económicas, no puedan calcular el porcentaje que en dicho párrafo se indica por no haber realizado durante el año precedente actividades comerciales.» 14. Se modifica el número 3 del artículo 14, que quedará redactado de la siguiente forma: «3. Trabajos realizados sobre bienes muebles que son exportados. Las prestaciones de servicios consistentes en trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos en el interior de las islas Canarias o importados para ser objeto de dichos trabajos y enviados con carácter definitivo a la Península, islas Baleares, Ceuta, Melilla o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o exportados definitivamente a países terceros. Los referidos trabajos podrán ser de perfeccionamiento, transformación, mantenimiento o reparación de los bienes, incluso mediante la incorporación a los mismos de otros bienes de cualquier origen y sin necesidad de que los bienes se vinculen a los regímenes aduaneros comprendidos en el artículo 13.2 de la Ley del Impuesto. La exención de los trabajos quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. o Que los bienes resultantes de los trabajos efectuados sean directamente enviados con carácter definitivo al territorio peninsular español, islas Baleares, Ceuta, Melilla o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o exportados con el mismo carácter a países terceros por quien realizó dichos trabajos o por su destinatario no establecido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias o bien por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, haciendo constar en el documento de salida, en su caso, la identificación del proveedor establecido en la Comunidad Europea y la referencia a la factura expedida por el mismo. La salida de los bienes del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias habrá de efectuarse en la forma prevista en el número 2 de este artículo. 2. o El sujeto pasivo que preste los servicios deberá estar en posesión de los documentos justificativos de la salida de los bienes y de los demás que procedan de los que se indican en el número 1 precedente. 3. o Los bienes deberán salir efectivamente del territorio de las islas en el plazo de un mes desde la terminación de los trabajos. 4. o El destinatario no establecido o, en su caso, prestador de los servicios deberán remitir al proveedor de los bienes una copia de la declaración en la que se acredite, por diligencia de la oficina gestora, la salida de los bienes del territorio canario.» 15. Se derogan los números 8 y 9 del artículo Se derogan los artículos 32 y Se suprime el apartado 2. o del número 3 del artículo Se modifica el apartado 2. o del número 1 del artículo 42, que quedará redactado de la siguiente manera: «2. o Los empresarios o profesionales y, en todo caso, los entes públicos para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos: a) Cuando las citadas operaciones se efectúen por personas o entidades no establecidas en las islas Canarias. A los efectos de lo dispuesto en este Reglamento se consideran establecidos en un determinado territorio a los sujetos pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente a su domicilio fiscal, aunque no realicen las operaciones sujetas desde un establecimiento situado en las islas Canarias. b) Cuando consistan en entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas. Se considerará oro sin elaborar o producto semielaborado de oro el que se utilice normalmente como materia prima para elaborar productos terminados de oro, tales como lingotes, laminados, chapas, hojas, varillas, hilos, bandas, tubos, granallas, cadenas o cualquier otro que, por sus características objetivas, no esté normalmente destinado al consumo final. c) Cuando las citadas operaciones tengan lugar en virtud de una resolución administrativa o judicial.» 19. Se modifica el artículo 46 que queda redactado como sigue: «Artículo 46. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas. 1. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento, dan lugar a la modificación de la base imponible. La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el Impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 49.
6 40954 Viernes 9 noviembre 2001 BOE núm Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura o documento análogo correspondiente a la operación. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los siguientes casos: 1. o Cuando la rectificación no esté motivada por las causas previstas en el artículo 49 de este Reglamento, implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como empresarios o profesionales, salvo en supuestos de elevación legal de los tipos impositivos, en que la rectificación podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente. 2. o Cuando sea la Administración Tributaria Canaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impositivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de infracción tributaria. 4. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en la forma que se establezca reglamentariamente por el Gobierno de Canarias. 5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo establecido en el artículo 61, número 3 de la Ley General Tributaria. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible establecidas en el artículo 49 de este Reglamento o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia correspondiente en la declaración-liquidación del período en que se deba efectuar la rectificación. Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes: a) Iniciar ante la Administración Tributaria Canaria el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos. b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al período en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso.» 20. Se modifica el artículo 48 que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 48. Base imponible en las entregas de bienes y en las prestaciones de servicios: Regla general. 1. La base del impuesto está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas. 2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación: 1. o Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. 2. o No obstante lo dispuesto en el apartado 1. o anterior, no se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un período posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior sólo tendrán la consideración de intereses las retribuciones de las operaciones financieras de aplazamiento o demora en el pago del precio, exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 11, número 1, apartado 18), letra b) de este Reglamento, que se haga constar separadamente en la factura emitida por el sujeto pasivo. En ningún caso se considerará interés la parte de la contraprestación que exceda del usualmente aplicado en el mercado para similares operaciones. 3. o Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto. Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones gravadas las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados, cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación. En ningún caso se incluirán las subvenciones dirigidas a permitir el abastecimiento de productos comunitarios o disponibles en el mercado de la CE, previsto en el Programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las islas Canarias. 4. o Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias y los Impuestos Especiales. 5. o Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al impuesto. 3. No se incluirán en la base imponible: 1. o Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el número anterior, que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto. 2. o Los descuentos y bonificaciones que figuren separadamente en factura y que se concedan previa o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las minoraciones de precio constituyan remuneraciones de otras operaciones. 3. o Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud del mandato expreso del mismo, que figuren contabilizadas por quien entrega los bienes o presta los servicios en las correspondientes cuentas específicas. El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deducción del impuesto que, eventualmente, los hubiera gravado. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se pacte la repercusión al destinatario en concepto de suplidos de una suma de
7 BOE núm. 269 Viernes 9 noviembre dinero fija, independiente de la efectivamente satisfecha en nombre y por cuenta del cliente. 4. o En el caso de las entregas de bienes efectuadas en cualquiera de las islas, cuando se trate de bienes importados o fabricados en otra isla diferente del archipiélago canario, tampoco se incluirán en la base imponible los gastos en puertos o aeropuertos, seguros y fletes precisos para el traslado desde esta última isla a la de entrega. 4. Cuando las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que graven las operaciones sujetas al mismo no se hubiesen repercutido expresamente en factura o documento equivalente, se entenderá que la contraprestación no incluyó dichas cuotas. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior: 1. o Los casos en que la repercusión expresa del impuesto no fuese obligatoria. 2. o Los supuestos a que se refiere el número 2, apartado 5. o, de este artículo.» 21. Se modifica el artículo 49 que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 49. Modificación de la base imponible. 1. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48 anterior, se reducirá en los casos y cuantías siguientes: 1. o El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución. 2. o Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que sean debidamente justificados. 2. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente. 3. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte providencia judicial de admisión a trámite de suspensión de pagos o auto judicial de declaración de quiebra de aquél. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse, en el supuesto de una suspensión de pagos, después del decimoquinto día anterior a la aprobación judicial de la lista definitiva de acreedores, ni, tratándose de una quiebra, después del duodécimo día anterior a la celebración de la Junta de Examen o reconocimientos de crédito y tampoco después de la aprobación del convenio si se realizara con anterioridad a dicha Junta. Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el expediente de la suspensión de pagos o quede sin efecto la declaración de quiebra, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá rectificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije por el Gobierno de Canarias, de una nueva factura en la que se repercuta la cuota anteriormente modificada. 4. La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 1. a Que hayan transcurrido dos años desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. 2. a Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este impuesto. 3. a Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor. La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del período de dos años a que se refiere la condición 1. a establecida en el párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria Canaria en el plazo que se fije reglamentariamente. Lo dispuesto en este apartado sólo será aplicable cuando el destinatario de las operaciones actúe en la condición de empresario o profesional. Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestación. 5. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los números3y4anteriores, se aplicarán las siguientes reglas: 1. a No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o asegurada. c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 50, número 3, de este Reglamento. d) Créditos adeudados o afianzados por entes públicos. 2. a Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto. 3. a En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto General Indirecto Canario está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 4. a La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de este Reglamento, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la Hacienda Pública. Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. 5. a Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio
8 40956 Viernes 9 noviembre 2001 BOE núm. 269 de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido. 6. a En los casos a que se refieren los números anteriores, la disminución de la base imponible estará condicionada al cumplimiento de los requisitos que se establezcan por el Gobierno de Canarias.» 22. Se modifica el artículo 54, que quedará redactado como sigue: «Artículo 54. Tipo impositivo general. 1. El Impuesto General Indirecto Canario se exigirá al tipo del 5 por 100, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. 2. El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.» 23. Se modifica el artículo 55, que tendrá la siguiente redacción: «Artículo 55. Tipo cero. 1. Se aplicará el tipo cero a las operaciones siguientes: a) Captación, producción y distribución de agua, excepto el agua mineral y gaseosa. b) Las entregas de los siguientes productos, siempre que se utilicen para fines médicos o veterinarios: las especialidades farmacéuticas, las fórmulas magistrales, los preparados o fórmulas oficinales y los medicamentos prefabricados. Asimismo, las sustancias medicinales utilizadas en la obtención de los anteriores productos. No se comprenden en este apartado, los cosméticos ni las sustancias y productos de uso meramente higiénico. c) Las entregas de libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único. A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares, cuyo coste de adquisición no supere el 50 por 100 del precio unitario de venta al público. Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad, cuando más del 75 por 100 de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto. Se considerarán comprendidos en esta letra los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los objetos que, por sus características, sólo puedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos. d) Las entregas de los productos grabados por medios magnéticos u ópticos de utilización educativa o cultural que se relacionan en el número 4 del artículo 23 de este Reglamento, con excepción de los expresados bajo el Código ex y la rúbrica varios, siempre que sean entregados o importados por: Establecimientos u organismos declarados de utilidad pública, de carácter educativo o cultural. Otros establecimientos u organismos de carácter educativo o cultural, cuando las importaciones sean autorizadas con este fin por la Administración Tributaria Canaria. e) Las entregas de viviendas, calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial y las entregas de obras de equipamiento comunitario, cuando las referidas entregas se efectúen por los promotores de las mismas. No se comprenderán en este apartado los garajes y anexos a las referidas viviendas que se transmitan independientemente de ellas ni tampoco los locales de negocio. f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcción y rehabilitación de las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de obras de equipamiento comunitario. A los efectos de este Reglamento, se consideran de rehabilitación las actuaciones destinadas a la reconstrucción mediante la consolidación y el tratamiento de estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, siempre que el coste global de estas operaciones exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores, o en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de su rehabilitación. A efectos de esta letra y de la anterior, se entenderá por equipamiento comunitario aquel que consista en: La construcción de edificios destinados al servicio público del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corporaciones Locales, de las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de los Organismos autónomos dependientes de los mismos. Construcción de centros docentes de todos los niveles y grados del sistema educativo, de las escuelas de idiomas y de la formación y reciclaje profesional. Construcción de parques y jardines públicos y superficies viales en zonas urbanas. Primera construcción de infraestructura (agua, telecomunicación, energía eléctrica y alcantarillado) en zonas urbanas. No se incluyen, en ningún caso, las obras de conservación, mantenimiento, reformas, rehabilitación, ampliación o mejora de dichas infraestructuras. Obras de construcción de potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública. g) Las entregas de viviendas de protección oficial promovidas directamente por las Administraciones Públicas, siempre que sean financiadas exclusivamente por éstas con cargo a sus propios recursos. h) Las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre las Administraciones públicas y el contratista, que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de las viviendas a que se refiere la letra anterior. A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se asimilarán a las Administraciones Públicas las empresas públicas cuyo objeto sea la construcción y rehabilitación de viviendas sociales. i) Las entregas de pan común. j) Las entregas de harinas panificables y de alimentación y de cereales para su elaboración. k) Las entregas de huevos. l) Las entregas de frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales que no hayan sido objeto de ningún proceso de transformación, elaboración o manufactura de carácter industrial, conforme a lo establecido en el artículo 115 de este Reglamento.
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 83
 artículo 90
 artículo 11
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 artículo 97
 artículo 51
 artículo 95
 artículo 15
 Real Decreto 
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 artículo 5
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 artículo 97
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 artículo 50
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 artículo 11
 artículo 11
 artículo 125
 artículo 11
 artículo 11
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