Source: https://delajusticia.com/2011/02/09/el-tribunal-constitucional-pone-en-su-sitio-a-las-tasas-judiciales-asesinas/
Timestamp: 2018-10-23 12:32:52+00:00

Document:
El Tribunal Constitucional pone en su sitio a las tasas judiciales asesinas | | delaJusticia.com
El Tribunal Constitucional pone en su sitio a las tasas judiciales asesinas
El legislador, bien para calmar su voracidad recaudatoria o bien para frenar impugnaciones temerarias, implantó a partir del año 2003 en el ámbito procesal civil y contencioso-administrativo la tasa de obligado pago para quienes formalizasen cualquier recurso que iniciase el procedimiento judicial (con excepciones tasadas), de manera que tras la extensión legal del peaje judicial a todo tipo de recursos a partir del 2010, se convirtió en el caso del proceso contencioso-administrativo, en una figura cuyo devengo y necesidad de pago se produce con ocasión tanto de la formulación del escrito de iniciación del proceso (interposición o demanda) como de la formalización del recurso de reposición, apelación o casación. La ley que implantó inicialmente de forma subrepticia tal tasa judicial vinculada a la iniciación del proceso ( y decimos subrepticia por su camuflaje en una Ley de acompañamiento) garantizó su cobro de forma expeditiva :“2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el Secretario Judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días.”
1. En la práctica, la inmensa mayoría de los letrados suelen cumplimentar tal requisito dado que no es de elevada cuantía y además se lo repercuten a sus clientes. Sin embargo no hay que descartar el error del letrado en el cómputo del plazo de subsanación de justificar su abono, la negligencia u otra humana razón que coloque a un embrión de recurso en trance de ser abortado, o en términos procesales, inadmitido por no cumplimentar tan enojosa carga.
2. La praxis de los secretarios judiciales se divide. La inmensa mayoría no quieren convertirse en recaudadores forzosos de hacienda y saben que su papel es colaborar en impulsar la tutela judicial efectiva, de manera que si no se paga la tasa tras el infructuoso requisito de subsanación, se limitan a dar cuenta a la Administración tributaria para su cobro ejecutivo, y a proseguir el trámite del recurso. Una minoría ha optado por aferrarse a la literalidad ( y espíritu) de la ley que al señalar que si no se paga “no se dará curso”, proceden a dar por terminado el procedimiento y a su archivo.
3. Por su parte, la inmensa mayoría de los jueces optó por hacer una lectura del mandato legal (“no se dará curso”) ajustada a los parámetros constitucionales y no consideró la inadmisibilidad de recurso alguno por esa sola causa. De hecho, la Orden HAC/661/2004, de 24 de marzo, del Ministerio de Hacienda, contempla que si, tras el requerimiento formulado por el Secretario, no se acredita el pago de la tasa, tal circunstancia habrá de ser comunicada a la Administración Tributaria para que proceda a su liquidación de oficio. Aunque, claro está, se trata de una simple Orden que reinterpreta lo que la Ley dice.
Algunos jueces fueron mas allá y plantearon la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de acompañamiento en este particular relativo a las funestas consecuencias del impago de la tasa ( no cursar el escrito) ante el Tribunal Constitucional, que hasta la fecha no se ha resuelto.
4. Pues bien, en este escenario y tesitura ( otra versión de la vieja situación de conflicto entre la Ley y el sentido común y los principios constitucionales, nuestro Tribunal Constitucional de forma valiente y expeditiva a través del recientísimo auto 197/2010 ha decidido poner fin a tan enojoso asunto, y plantear la denominada “ Autocuestión de inconstitucionalidad” ( esto es, con ocasión de estimar un recurso de amparo, el propio TC eleva al pleno la conveniencia de declarar la inconstitucionalidad “erga omnes” de un precepto).
Oigamos al auto 197/2010 dictado por el Tribunal Constitucional:
Esta segunda perspectiva de la cuestión, esto es, la que sitúa la lesión en la misma ley como consecuencia de la configuración del pago del tributo como un presupuesto necesario para la admisibilidad del acto procesal gravado con el mismo, es la que se contempla en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 647-2004, 1389-2005 y 1584-2005, todas ellas admitidas a trámite por este Tribunal por considerar que la duda de constitucionalidad planteada por los órganos judiciales correspondientes no resulta manifiestamente infundada. En consonancia con ello la Sala estima que procedería la estimación de la demanda de amparo por colisión del art. 35, apartado 7.2, de la Ley 53/2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, con el art. 24.1 CE., en cuanto el pago del tributo configurado en ella se torna en un obstáculo insalvable y desproporcionado para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí que resulte procedente elevar al Pleno del Tribunal cuestión de inconstitucionalidad sobre el indicado precepto legal.”
5. De este modo, el Tribunal Constitucional expulsará del Ordenamiento Jurídico el precepto legal que impone el frenazo a “cursar el recurso” ya que como el propio TC razona en su auto existe una grave e inconstitucional desproporción entre actuación pasiva del litigante y la gravosa respuesta judicial, pues el simple impago de una tasa menor supone el portazo y cierre del acceso a la justicia. Y es que la recaudación va vinculada a la eficacia, situada fuera de los derechos fundamentales, mientras que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de tutela reforzada. Y dado que no se trata de elegir por uno u otro, sino que ambos pueden armonizarse mediante la admisión del recurso y tramitar la recaudación ejecutiva por la Administración tributaria, es claro que en esta contienda o partido en términos futbolísticos, podemos considerar que ha resultado: Legislador .-0- Tribunal Constitucional -1-. Y el público de juristas, aplaudimos…. o al menos Sevach donde la insólita situación creada le recuerda el viejo “solve et repete” felizmente desterrado y superado en la vía administrativa, por lo que con mayor razón carece de sentido en la vía contencioso-administrativa.
0 comments on “El Tribunal Constitucional pone en su sitio a las tasas judiciales asesinas”
En efecto, condicionar la tutela judicial efectiva al pago de una tasa que, en todo caso, podía recaudarse en vía de apremio no era precisamente lo mas razonable. Ahora bien, resulta lamentable que para poder dar satisfacción a un derecho constitucional, el Juez medio optara por ignorar un precepto con rango de ley e inaplicarlo directamente. La literalidad del mismo no dejaba dudas, -no se dá curso al escrito y por lo tanto el plazo seguía corriendo hasta la preclusión-. Nunca me gustó la solución de inaplicarlo, porque creo que los Jueces no estamos para inaplicar leyes, sino precisamente para cumplirlas, y cuando son inconstitucionales nuestra obligación es plantear la oportuna cuestión al TC.
Por eso, entiendo que los Jueces debemos hacer autocrítica, ya que no podemos razonablemente en un estado de derecho y vistos el 9.1 y el 117 CE simplemente y sin mas ignorar leyes para aplicar la constitución por no ser esa la vía legal, y menos siendo nosotros los primeros que debemos dar ejemplo. Por saturado que esté el TC, y por fastidioso que sea plantear cuestiones de inconstitucional, creo que cuando la dicción del precepto es clara no podemos mirar para otro lado y jugar a las interpretaciones acordes a la CE, sino que el respeto por la ley nos obliga a plantear la oportuna cuestión. Lo contrario es abrir un portillo a hacer de la capa un sayo y justificar las interpretaciones sonrojantes que mas de una vez vemos y que dan la vuelta como un calcetín a muchas leyes para lograr fines supuestamente mas “justos” y constitucionales. No es ese en mi opinión el camino a seguir en un estado de derecho que pregona la seguridad jurídica, sino precisamente el de acatar esas leyes y hacer buen uso de los recursos que nos dán, que no faltan, para plantear a quien corresponda las eventuales injusticias del resultado.
Contencioso puede que estemos caminando hacia un lugar “américaaaa, américaaaaaa…..como decia aquella preciosa canción de Nino Bravo”……si,en ocasiones los jueces se ven compelidos a no aplicar las leyes (porque son burradas) a lo mejor es que el sistema necesita un reforma para que la “justicia constitucional” deje de estar concentrada en un TRibunal creado “ad hoc”, y pase a asemejarse al sistema americano en que los jueces ordinarios (y no los de un Tribunal ad hoc”), pueden conocer de la constitucionalidad de las barbaridades de los legislativos de turno.
En este sentido, hay que recodar que el TJUE ya ha dicho en varias ocasiones, que los jueces ordinarios SI tienen competencia para INAPLICAR LEYES INTERNAS (y por supuesto normas reglamentarias, esto no hacia falta que lo dijera el TJUE)que contradigan REglamentos comunitarios, Directivas no transpuestas o los Tratados Fundacionales.
A lo mejor, estos pronunciamientos de TRibunales de sueprior jursidicción nos están marcando un camino a seguir, que por otra parte, parece absolutamente necesario en muchas ocasiones.
En efecto, vestidita de rosa, así es en el caso del derecho comunitario pero la explicación deriva del principio de competencia, y no del de jerarquía normativa. En la medida que se ha cedido a la UE cierta competencia, la norma de ésta desplaza a la estatal, esto es, estamos ante un mecanismo ordinario de resolver la ley preferentemente aplicable en caso de colisión. No es ese el caso de las leyes supuestamente contrarias a la Constitución, pues en éstas no hay otra alternativa que su inaplicación y el consiguiente vacío normativo en la materia hasta que se dicte otra norma que sí sea ajustada al marco constitucional. Nos guste o no, el sistema actual es concentrado en cuanto al control de constitucionalidad, y yo creo por eso que no cabe forzarlo para acabar dándole la vuelta y convirtiéndolo jurisprudencialmente en uno difuso con la excusa de dar interpretaciones “constitucionales” a las leyes que, en realidad, invierten su tenor literal.
Me parece tremendamente peligroso entrar en esa dinámica, máxime cuando tenemos recursos legales para ejercerlos y depurar el ordenamiento de normas contrarias a la CE. Porque una vez se han traspado los límites legales y constitucionales de nuestra función haciendo estas cosas ¿Qué otros límites hay? ¿Los que en ejercicio de buena voluntad y responsabilidad queramos imponernos? No es esa la forma de funcionar un estado de derecho, al menos en mi opinión.
Sevach, una puntualización; en la vía administrativa se ha desterrado el “solve et repete” si encuentras avalistas, porque en caso contrario, apremio sobre los bienes va, al menos en materia tributaria.
juan munuera amor
En ocasiones y de manera general el art. 53 de la C.E. regula las materias en reserva de ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, por lo tanto la declaración de inconstitucional de las denominadas “tasas judiciales asesinas”, atendiendo al citado art.53 y como dice la sentencia, el art. 24.1 C.E., es una evidente manera de defender las garantías constitucionales y derechos de los ciudadanos, recordando además al legislador sus limites.
A mi juicio, el TC, ha resuelto correctamente, dicha ley, vulneraba el Art. 24.1 de la CE, al constituir un formalismo que obstaculizaba el acceso a la tutela judicial efectiva, quedando a su vez de manifiesto el afan recaudatorio del legislador.
Pese a que soy un profano en la materia,opino que el afan recaudatorio no puede imponerse sobre el derecho a tutela judicial efectiva. No entenderia que se paralizase un proceso por no efectuar los pagos de las tasas correspondientes, por ello encuentro logica tanto la actuación de algunos jueces antes de que se pronunciara el TC sobre la inconstitucionalidad como la del propio auto del TC sobre dicho pago. Aunque de ahí a cuestionarse la existencia propia del TC e imitar el sistema norteamericano como se plantea en un comentario anterior me parece fuera de lugar. (garcía martin; miguel G4)
Pedro Martínez Abellán
Laura Burillo G4
Creo que la inaplicación de un mandato legal por parte de los jueces crea inseguridad y denota cierto “libre albedrío”,claro que esta es la norma general, pero creo que en este caso se evidencia claramente la vulneración del artículo 24.1 C.E.Como se cita en un comentario anterior no creo que estemos caminando hacia “una América”, pues me parece que este caso podría ser una excepción a la regla.
(Laura Burillo G4)
Alejandro Arrabales Navarro
A mi modo de ver, ha quedado bien latente que en un Estado de Derecho como es el nuestro, debe predominar si y siempre si un principio constitucional base como viene siendo(en este caso específico) la tutela judicial efeciva, por encima del simple hecho del afán recaudatorio tan voraz que es propio de nuestros agentes tributarios. El pago de esas tasas tan cuantiosas que se venía planteando con la ley, ha sido declarado inconstitucional por el TC, gracias a la férrea postura de los jueces independientes, que se opusieron desde un principio a semejante situación; supuesto del cual se puede desprender la idea de que la potestad de los jueces para declarar inconstitucional una ley, es cada vez más amplia y efectiva. Es una manera, pues, y en mi opinión, de defender una de las garntías constitucionales, las cuales deben estar en una posición de supremacía en todo momento, en detrimento de otras cuestiones menores, como puede ser, en este caso, una mera función recaudatoria.
Cristina Galán Ruiz
Los jueces en sí no pueden dictaminar si una ley es anticonstitucional, ya que deben remitirla al Tribunal Constitucional, y este, en todo caso, decidirá al respecto.
Aparte de que se vulnere el principio de igualdad (art.1) así como que con estas “tasas asesinas” también se vulnera el artículo 24.1. En mi opinión es relevante el hecho de que los jueces hayan dictaminado que esta ley sea anticonstitucional y por ello, que se diera el caso del impago de quienes formalizasen cualquier recurso que iniciase el procedimiento judicial, a pesar de que hasta la fecha no se haya resuelto si era o no anticonstitucional por parte del TC.
Por ello, este asunto nos ha dado, a mi parecer, la imagen de que las excepciones en las cuales los jueces sí pueden declarar una ley anticonstitucional (las cuales por ahora son 3) se están ampliando, dando lugar, como he visto en otros comentarios, a un nuevo o una imitación, por así decirlo, del sistema jurídico americano, ya que los propios jueces americanos sí pueden inaplicar una ley considerada por ellos como inconstitucional.
Joaquin Muñoz Clemente
Es más que coherente poner fin al cobro de tales tasas, ya sean estas cobradas con fines recaudatorios, como si los fines son el desembozo de casos sin sentido.
El derecho a juicio es un derecho fundamental, Y tal derecho está en supremacía a cualquiera de los fines anteriormente nombrados. Las tasas ponen límites a al lo nombrado en el art 24.1 sobreponiéndose a este derecho en caso de impago. Claro que en mi opinión, el TC debería sancionar a aquellos jueces que por su libre opinión, no aplicaron e invadieron competencias del TC. Si no lo hiciese estaría dando rienda suelta a la expansión de excepciones de la regla general de inaplicabilidad de leyes por parte de los jueces españoles. El TC ha de ser estricto en su competencia, y no dejar espacios vacios.
jorgeescu92
En mi modesta opinión, el Tribunal Constitucional ha obrado correctamente, ya que el hecho de imponer una tasa ante cualquier recurso que inicie un procedimiento judicial constituye una clara violación del artículo 24.1, el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. Creo que es inadmisible la imposición de una tasa a un derecho fundamental de nuestra Constitución, ya que supone reconocer que el afán recaudatorio está por encima de dichos derechos. En conclusión, la acertada decisión del Tribunal Constitucional supone la reafirmación del Estado de Derecho por encima de las pretensiones recaudatorias del legislador.
guillermo sánchez malonda
Màs allà del debate ético-moral que supone condicionar la tutela judicial al pago de un tributo menospreciando artículos tan importantes de nuestra Constitución como el 14 o el 119 , podemos denotar otras derivadas màs formalistas pero igualmente peligrosas.
La pregunta que nos hacemos es porqué algunos jueces se hacen partícipes de tal desaguisado jurídico.Pero quién no ha apartado la vista ante cualquier injusticia , sea por falta de valentía o por simple comodidad.
El doble objetivo del legislador por aliviar el tráfico jurídico y por engrosar sus arcas no puede ir en contra de nuestros Derechos Fundamentales,garantes del Estado de Derecho.
Quizás se deba someter al legislador de turno a un examen de Constitucionalidad para no trasladar la responsabilidad a los agobiados magistrados.Si bien tampoco estos últimos deben suplantar al TC en su función controladora aunque curiosamente al mismo TC lo acepte en los casos de leyes contrarias al Derecho Comunitario,aplicando el principio de competencia.
Federico Botella Jorge
En mi opinión,desde el momento que se aprobó la ley de tasas en el 2003 y de aplicación en el 2010 a cualquier tipo de recurso, no hubiera sido necesaria la consideración de declaración de inconstitucionalidad de las mismas por parte de los jueces, previo recurso ante el TC, ya que vulnera de lleno varios artículos recogidos en nuestra Norma Suprema (arts. 24.1,24.2, 53.2, 119…). Por lo que rompe desde un principio la norma de garantía constitucional, creando un “essai de résistance” entre el legislador y la voluntad del pueblo recogida en la Carta Magna, llegando incluso a la posibilidad en caso de que su objetivo se hubiera cumplido, a poner en la cuerda floja a la seguridad constitucional.
Jorge Escudero Arévalo
En mi modesta opinión, el Tribunal Constitucional ha obrado correctamente, ya que el hecho de imponer una tasa ante cualquier recurso que inicie un procedimiento judicial constituye una clara violación del artículo 24.1, el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. Creo que es inadmisible la imposición de una tasa a un derecho fundamental de nuestra Constitución, ya que supone reconocer que el afán recaudatorio está por encima de dichos derechos. En conclusión, la acertada decisión del Tribunal Constitucional supone la reafirmación del derecho de tutela efectiva y del Estado de Derecho por encima de las pretensiones recaudatorias del legislador
Clara Perez Salem
En mi humilde opinión, esta iniciativa recaudatoria se opone al derecho de obtener la tutela judicial efectiva (art.24.1) Y es que hay que tener en cuenta, que en un Estado de Derecho, la defensa tiene que estar en un puesto de superioridad en relación con el afán recaudatorio. No puede haber una variación de la balanza, y poner por encima algo que delimite el derecho a la defensa (como, en este caso, las “tasas asesina”)
En cuanto a la actuación de los jueces, que permitieron el impago de estas tasas, me parece que además de no ajustarse a las excepciones marcadas, están dando lugar a un acercamiento al modelo americano, ya que en este modelo, los jueces si tienen facultades para inaplicar una ley que consideran inconstitucional.
Con este auto, el TC ha reafirmado el Estado de derecho.
(Clara Perez Salem G4)
David Sánchez Jiménez:
Las acciones realizadas por algunos jueces, mediante las cuales no aplicaron dichas tasas, las veo comprensibles ya que no es “beneficioso” para la justicia que unas personas que no pagen estas tazas se les cierren las puertas de la justicia,ademas de que se está violando el art.24.1 CE, y este derecho es un derecho fundamental sobre todo en un Estado de Derecho como en el que nos encontramos. Pero también es cierto que es inadmisible que cada juez individualmente realice un ejercicio de inaplicabilidad de una ley porque no lo ve conveniente, porque si esto se permitiese ,abriría un gran debate(que en el fondo nadie quiere) .
Con lo cual pienso que deberían haber acatado su deber, hasta que el TC se pronunciase al respecto como lo ha hecho y creo que se ha elegido un buen camino al expulsar del Ordenamiento Jurídico este precepto.
En mi opinión, el TC hace muy bien en eliminar este precepto legal, pues impedir el acceso a la justicia por qué no pagues una tasa no tiene razón de ser.
Es inadmisible que se valore más el afán tributario (recaudar impuestos) que la propia tutela judicial efectiva, no olvidemos que es uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental por la Constitución y por tanto ha de tener una serie de garantías y protecciones.
Todos tenemos el derecho a un juez, a nuestra defensa y asistencia de un letrado sea cual sea nuestro nivel de ingresos.
Si bien es cierto, resulta algo peligrosa la actuación de algunos jueces mediante la inaplicación por inconstitucionalidad antes de que se pronunciara el TC, ya que puede interpretarse como una ampliación de las excepciones, pero en ningún caso creo que nos estemos aproximando al modelo americano.
Lourdes Martínez Castelló
La imposición de tasas económicas para poder interponer un juicio vulnera totalmente el artículo 24.1 de la C.E, que dice que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales. Por lo tanto, y como bien afirma el Tribunal Constitucional, estamos ante un caso de inconstitucionalidad. Ahora bien, los jueces independientes, por sí mismos, no deberían declarar inconstitucionalidad antes de que hubiera hablado el Tribunal Constitucional, ya que también está vulnerando lo escrito en el Título IX de la C.E.
LOURDES MARTÍNEZ CASTELLÓ GRUPO: 4
Lucía Urrutia de los Santos
En mi opinión, pienso que el Tribunal Constitucional ha actuado correctamente, puesto que imponer unas tasas en un procedimiento judicial significa claramente la violación del artículo 24.1, el cual establece el derecho a obtener tutela judicial efectiva. Por lo que se tendría que tener especialmente en cuenta el derecho a la defensa y no al afán recaudatorio.
Respecto a los Jueces, creo que su actuación es incorrecta, puesto que no siguen las tres excepciones establecidas, por lo que supone que cada vez dichas excepciones se agrandan más y por lo tanto, se acercan más al modelo Americano, donde los jueces sí que pueden declarar inaplicables las leyes por considerarlas inconstitucionales.
(Lucía Urrutia de los Santos, G4)
Carrión Tomás Alejandro
Desde mi punto de vista y sin unos conocimientos amplios de este tipo de materia, veo correcta la intervención del Tribunal Constitucional declarando esta ley como inconstitucional, ya que el hecho de realizar un cobro por emprender un procedimiento judicial podría entrar en conflicto con algunos Artículos de la Constitución.
Cabe destacar la oposición que realizaron algunos jueces ya que la defensa de éstos no consideró la inadmisibilidad de recurso alguno por esa sola causa
Pero de este caso podemos apreciar la facultad que tiene el legislador para hacer leyes y por ello creo que éste debería estar sujeto a un principio de constitucionalidad por el cual no pueda afectar negativamente su legislación a cierto aspectos.
Por los comentarios anteriores que leo, veo que muchos no han entendido correctamente lo que el TC y los jueces han estado diciendo hasta ahora. No se trata de que la tasa en sí sea ilegal, que no lo es y se seguirá cobrando. Se trata de que no es posible que por no pagarla te archiven el proceso, como establecía la ley. Lo que los Jueces hacíamos y el TC parece que quiere confirmar, es que si no la pagas, tendrás que pagarla igual y Hacienda te puede perseguir en vía de apremio, embargando y lo que haga falta, pero no por eso el juicio que has empezado se archiva. El juicio sigue, y allá se apañe el interesado con Hacienda, que es distinto de decir “no se ha pagado la tasa, pues despídase vd. de su juicio”.
María del Mar González Andreu
Lo que ocurre es que no puede ser que se impongan unas tasas recaudatorias, pues estas nunca deberían o mejor dicho, podrían estar por encima de un derecho fundamental, como lo es el derecho de satisfacer un derecho constitucional, pues ni aunque todas las personas tuviéramos dinero suficiente para pagar, no deberíamos hacerlo, dado que es una cuestión recaudatoria y que viola y vulnera algunos artículo de nuestra Constitución, como por ejemplo el art. 9.2 en el cual dice que cualquier ciudadano debe tener igualdad de oportunidades, y el art. 53, en concreto el 53.2, donde dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art 14 ante los tribunales por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del amparo del TC. Entones pues, estos derechos son reconocidos con el rango de fundamental por la Constitución y por tanto han de tener una serie de garantías y protecciones, dado ello, lo que no puede ocurrir es que una cuestión menor como es esta, se sobreponga sobre un pilar fundamental.
jesús hernández grupo 4
En consonancia con lo que establece el art 14 de nuestra Constitución Española, la imposición de este tipo de tasas no parece que respete en buena medida lo que en este artículo se estipula, pues la persona que no posea de unos medios ecónómicos suficientes, en poca medida podrá obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales establecida en el artículo 24 de la C.E, produciendo de este modo, una indefensión que en mi modesta opinión, en ningún momento se ajusta a derecho ni a un buen criterio de justicia para todos los ciudadanos reconocida por igual, por tanto la eliminación de las presentes tasas diabólicas, es un buen acierto y mejor medida de de garantía de los derechos fundamentales de toda persona, recordando al legislador a la Administración Pública y a todos sus organismos, que el artículo 53.2 del Cap IV del Tit I de la actual C.E, vela al igual que otros preceptos, por el efectivo reconocimiento de los derechos de toda persona, sirviendo con objetividad a los intereses generales, sin motivo de discriminación alguna de cualquier tipo. Un saludo.
Diaz Duran, Cintia G4
A pesar de que la imposición de este tipo de tasas sea para un fin recaudatorio vulnera el artículo 24.1 de la CE, ya que se imponen limites al acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que considero todo un acierto que el TC ponga fin a esta violación de la Constitución y lo considere inconstitucional
En cuanto a posiciones la mas acertada en mi opinión es la de los secretarios judiciales los cuales la inmensa mayoría no quieren convertirse en recaudadores forzosos de hacienda y saben que su papel es colaborar en impulsar la tutela judicial efectiva.
Yago Maciá Andrea
Desde mi punto de vista el TC ha reaccionado correctamente anulando las tasas asesinas.
Por una parte dentro de este tema se debe hablar de que ciertas personas no tienen la posibilidad de permitirse pagar un juicio y se supone que todos somos iguales ante la ley y en aplicación a ella.
Por otro lado lo que no veo normal es que, si bien no es que se anulen las tasas asesinas, si no que deberán pagarse posteriormente y las personas que no lo hayan pagado van a ser “perseguidas” por Hacienda, hasta que se cumpla el pago establecido.
La balanza del derecho ha de estar equilibrada y el impago de estas tasas hacen que se desequilibre y que no tengas la posibilidad de terminar el juicio comenzado.
Francisco José García Prats
El juez español debe inaplicar una ley en tres excepciones; en caso de que una ley este en contra de una norma europea, cuando se incumple el principio de prevalencia (149.3 CE) y cuando se incumple una ley de bases. En este caso, los jueces están pasando por alto una ley, sin que exista ninguna de estas excepciones. Mi opinión es que esta bien que pasaran por alto esa ley desde un punto de vista moral por así decirlo, pero desde un punto de vista estrictamente teórico es que deben aplicarla.
!Ahi Dios mio! Dichoso derecho de “portazgo judicial”.
Este blog se ha caracterizado siempre por el alto nivel jurídico de las entradas y también de los comentarios. Esto último parece que se ha relajado un poco, por lo menos en este post. Creo que no se debería caer en la tentación de la cantidad sobre la calidad.
laura gonzalez gras
Aunque las constituciones no permitan a los jueces dejar inaplicadas las leyes formales sin consultar con el tribunal constitucional, pueden abstenerse e inaplicar aquellas leyes que estimaran contrarias a una norma europea, esta pertenecería a una de las excepciones que aparecen en la regla general, así como también la prevalencia del artículo 149.3 de la CE y la inaplicación de los decretos legislativos cuando se hayan salido de lo establecido en la ley de bases, dentro de la que no se encuentra la inaplicación de una tasa por lo tanto sería incoherente en este caso hablar de pagar una tasa en concepto de un proceso judicial.
Me perdonarán todos los juristas partícipes en este debate, pero soy un apasionado de la historia y para dejar mi comentario voy a valerme de las palabras del legendario Martin Luther King para decir: “Estoy feliz de unirme a ustedes hoy en lo que quedará en la historia como un pequeño paso hacia la libertad y la independencia del poder judicial. Hace años, un gran francés, bajo cuya sombra simbólica, en ocasiones, nos intentamos cobijar, tuvo un sueño y ese sueño era la coexistencia de los tres poderes y sobre todo la independencia del poder judicial”. Para él cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo, estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. Por ello este triunfo independentista, que dedico a Montesquieu y a John Locke, del Constitucional me hace recordar a Antonio Machado para articular: “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar.” Y este es un gran paso en la edificación de la travesía judicial hacia libertad e independencia de las influencias del ejecutivo o contaminación política de la justicia. De modo que otro fuerte aplauso por parte de los juristas al Tribunal Constitucional por una muy satisfactoria defensa de nuestros derechos y en especial nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, contemplada en el artículo 24 de nuestra constitución, transgredido por las “Tasas Asesinas”.
Aitor Peinado Muela
Según mi punto de vista, el poder ejercer los derechos que una persona tiene ante los tribunales no debería de ser, en ningun modo, mediante el pago de un tipo de tasas impuestas por una ley. Se entiende que de esta forma, el Gobierno adquiere una gran cantidad de ingresos que luego son utilizados para financiar, o no, facilidades para la poblacion. Yo opto por la “decapitación” de las tasas asesinas, puesto que la justicia y el poder llevar a cabo un procedimiento judicial no tendrian que tener ningún tipo de coste, puesto que los derechos es algo con lo que una persona nace y no tiene porque pagar por ellos.
MARIA DOLORES GUIJARRO ROMERA
El pago de la tasa administrativa no debe ser un impedimento para el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
La Ley 53/2002, dispone que se ha de adjuntar el justificante de la tasa a todo escrito procesal, de no ser así, y pasado el plazo sin que se halla subsanado, el secretario no dará curso a la demanda, esta falta no puede implicar la no admisión de una demanda, produciendo una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24.1 CE, además según la Ley de Enjuiciamiento Civil la admisión o no, dependería del Juez y no del secretario, el cual no puede inaplicar una norma por considerarla inconstitucional salvo las siguientes excepciones: a) si va en contra de una norma europea, b) prevalencia del 149.3 de CE,y c) inaplicación de decretos legislativos excedidos a la ley de Bases.
Según el artículo Sexto de la Orden del Ministerio de Hacienda 661/2003. de 24 de marzo dice:”Si no se subsanara dentro del plazo establecido, el secretario judicial lo comunicará a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial en el plazo de cinco días, mediante el modelo que figura como anexo I de estas Instrucciones cumplimentando todos los datos que constan en el mismo, necesarios para que esta Delegación pueda practicar la liquidación de oficio.” Entiendo que tiene que ser la Delegación de la Agencia Tributaría, la encargada de cobrar, como ya hace con el resto de los impuestos, por lo tanto es un acierto la respuesta del Tribunal Constitucional, en los Autos 196 y 197 /2010, amparándose en la tutela efectiva, donde declara la inconstitucionalidad el art. 35, apartado 7.2, de la Ley 53/2002 del 30 de diciembre.
Eva de la Cruz Mora
He entendido que el Auto del Tribunal Constitucional 197/2010 se ha dictado en aras a proteger el derecho a la tutela judicial efectiva con un acertado criterio, toda vez que de no ser así, y mantenerse la rígida postura de algunos secretarios judiciales que se dedicaban a no tramitar la pretensión de los ciudadanos por el impago de una tasa resulta desproporcionado e injusto.
A mi modo de ver, el hecho de recaudar tasas en el procedimiento judicial bien, es necesario para el buen funcionamiento de la Administración, pero es más importante el hecho de no vulnerar el derecho que posee cada ciudadano de obtener ayuda y amparo por parte de la justicia.
Valeria Lara N
Aunque por una parte el juez español deba apegarse a la ley, no deja de ser verdad que una de sus facultades principales es interpretarla y adaptarla al contexto histórico del momento. Precísamente a través del ensayo y el error es como se puede determinar si un procedimiento es adecuado o presenta lagunas, para esto están las excepciones en las que un juez puede decidir inaplicar una ley. Si el juez se limitara a seguir literalmente las leyes bajo cualquier circunstancia sin tomar en cuenta factores apremiantes o especiales no habría ningún enriquecimiento empírico. Por otra parte por mucho que el poder judicial esté separado del legislativo, ciertamente tiene que haber una retroalimentación. Esta comunicación entre poder judicial y tribunal constitucional se da de manera lenta, por lo que he leído, así que es comprensible que se den mecanismos espontaneos para solucionar contingencias, ya que es ilógico que por un mero trámite se paren procesos de mayor importancia, sobre todo cuando, como en este caso en particular, el cumplimiento del mismo podía delegarse a Hacienda.
german Artigas Ruinetti
Un derecho fundamental, como el que se recoge en el artículo 24.1 de nuestra constitución, no puede estar sometido a una cuestión recaudatoria. En mi opinión, estoy de acuerdo con el Auto del TC en que no se deben mezclar derechos fundamentales con acciones recaudatorias, se pague o no las respectivas tasas no debería privarnos de tal derecho fundamental como la tutela judicial, además, pienso que no es competencia del juez “reclamar” el pago de las mismas, sino de la Administración tributaria, que se encargaría de decidir quién debe o no pagar dichas tasas.
Silvia Jábega Benito.
Según mi opinión, entiendo perfectamente la postura de los jueces al no querer aplicar esa norma, pero es cierto que es muy distinto no querer aplicarla, ya que se considera anticonstitucional, y no aplicarla directamente.
Los jueces deben acatar todo lo dispuesto en las leyes hasta que el TC disponga que una ley es anticonstitucional o no. En un Estado de derecho como el nuestro hay que respetar el principio de competencia para dejar claro que disfrutamos de una seguridad jurídica.
Joaquina Palau
Motivada por una opinión personalizada.
En términos generales, creemos haber constatado que resultan técnicamente mejorable distintas disposiciones de la normativa actual, en cuanto a la determinación del hecho imponible como respecto de los efectos de la no liquidación o no acompañamiento del oportuno justificante. Igualmente, puede cuestionarse la justificación de las distintas exenciones – tanto objetivas como subjetivas-, la determinación de la base imponible sin atender a una real y afectiva capacidad económica, y la falta de previsiones respecto de la posibilidad de que el sujeto obligado repercuta la cuota tributaria efectivamente abonada a través de las costas. Por lo que, el uso extraoficial de este tributo, se traduce en finalidad disuasoria que se pretende una sensible mejora del sistema al reducir la litigiosidad.
Objetivos: Alternativas para la resolución de conflictos y la adopción de medidas complementarias.
Por lo tanto es un acierto la respuesta del Tribunal Constitucional, en los Autos 196 y 197 /2010, amparándose en la tutela efectiva, donde declara la inconstitucionalidad el art. 35, apartado 7.2, de la Ley 53/2002 del 30 de diciembre.
En general, y como bien dice mi profesora, buscar el equilibrio en -la balanza de la justicia- (tanto en calidad como en servicio dentro de los departamentos judiciales), y en defensa de los derechos fundamentales amparados en nuestra CE.
Jorge Quirant Ramos
El Tribunal Constitucional en el auto 197/2010 concluye el cobro de las tasas debido a que transgrede el artículo 24,1
“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Destacar la actitud de los jueces que evitando que se archivaran los procesos amparandose en una de las tres excepciones, la de prevalencia, artículo 149,3
El Estado tiene competencia exclusiva sobre la materias de relaciones internacionales.
Pablo Serrano Losana
Aplausos y redoble de tambores…Tales tasas asesinas no solo vulneran el contenido del artículo 24.1 de la Constitución obviando la existencia de un derecho fundamental como es la tutela efectiva, sino que además, el mero hecho de archivar una causa indefinidamente por el simple impago de un requisito administrativo, circunstancial, de corto alcance temporal y salvable a través de otro procedimiento recaudatorio secundario, hace trizas otro de nuestros derechos fundamentales, ni más ni menos que el contenido del artículo 14 el cual goza de una garantía superior. ¿En que lugar quedan las garantías del artículo 53? El legislador pasa por alto no solo derechos fundamentales, sino además obvia la existencia de garantías constitucionales, provocando que los jueces a tenor de los contenidos fundamentales de la CE no declarasen inadmisible recurso alguno, continuasen con la causa, atendiendo a los derechos del sujeto activo y trasladando el impago de la tasa a otro estadio para su recaudación. Cabe agradecer la iniciativa de este colectivo en defensa de nuestros derechos, acción que hoy debemos valorar doblemente. Por un lado, destacar la independencia de nuestros jueces, quienes sin existir motivo de inaplicabilidad, toman la iniciativa y juzgan la causa, y por otro lado, alabar la función del TC quien en su análisis establece de nuevo que existen límites constitucionales. Nos recuerdan nuevamente que vivimos en un Estado de Derecho y por ello existe una separación de poderes totalmente independientes.
El problema está en las tasas impuestas por la ley 53/2002, según la cual si no se entregaba el justificante de pago de esos tributos o se subsanaba en los diez días posteriores no se daría curso a la tutela judicial. Esto obviamente plantea un problema de violación de diversos artículos de la Constitución como por ejemplo del artículo 24.1 de tutela efectiva de jueces y tribunales de los derechos, el artículo 14 de igualdad por cualquier circunstancia o condición,…
Por esta misma razón los jueces elevaron su inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a pesar de los jueces poseer las execepciones de no aplicar una ley (por ir en contra de una norma europea, el principio de prevalencia, o que el Gobierno se sobrepase de lo establecido en la ley de bases) el hecho de no pagar una tasa no se encuentra dentro de estas excepciones.
Y el Auto del Tribunal Constitucional precisamente determinó su inconstitucionalidad, por lo tanto las tasas se seguirán cobrando pero cualquier proceso seguirá adelante, encargándose Hacienda de su cobro.
Juan Luis Asuncion
Sin duda estamos ante un logro del tribunal constitucional y de la justicia española, ya que, según estaba planteado; que se te pase pagar una tasa o que en ese momento y pequeño periodo de tiempo por cualquier razón no puedas pagarla, desde mi punto de vista que un juez te coja el caso y lo archive me parece una vergüenza, es poner sobre la misma balanza en un plato todo el aparato de justicia que es un derecho y un pilar fundamental de nuestra sociedad, y en el otro plato poner una suma de dinero, y si el plato del “dinerito” no se llena te quedas sin juicio… ¿que es lo importante la justicia o el dinero?
Por otro lado tenemos el asunto de que los jueces (en su mayoria) estaban inaplicado una ley del legislador, mientras esta les decía de archivar el caso los jueces le pasaban “la patata” a quienes deben recaudar, los de hacienda, y los jueces se encargan de la justicia. El problema esta en que esta inaplicada ley no corresponde a ninguna de las excepciones por las que los jueces pueden inaplicarlas:
-ir en contra de reglamentos comunitarios, tratados o directivas no traspuestas.
-Prevalecía del 149.3 de la CE
-Inaplicación de los decretos leg. que se excedan da las leyes de bases.
Entonces, estamos ante un aumento de las excepciones, que yo espero que crezcan.
Marina Hidalgo Ramos
En mi opinión, este Auto dictado por el Tribunal Constitucional es una ratificación de lo que los jueces estaban haciendo hasta ahora cuando decidían continuar con el procedimiento judicial aunque la persona que había solicitado la tutela judicial efectiva no hubiese pagado las tasas, ya que esta situación resultaba injusta.
El juez español interpreta la ley, está apegado a ella y no puede inaplicarla, salvo en tres excepciones: en el caso de que una ley esté en contra de una norma europea, cuando se incumple el principio de prevalencia (149.3 CE) y cuando un decreto legislativo se excede de una ley de bases.
Hay que mencionar que la cuestión recaudatoria, como lo son las tasas aquí, no puede prevalecer sobre un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva.
En general el Tribunal Constitucional, mediante este Auto, lo que ha hecho es asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que en caso del impago de la tasa el procedimiento judicial seguiría adelante y también, asegurarse una recaudación, ya que si el ciudadano no paga voluntariamente, Hacienda terminará embargándole.
Maria Luisa Lambo
Esta iniciativa por parte de los jueces reafirma el reconocimiento del derecho de tutela efectiva (Art.24.1). Su aplicación, por el contrario, podría contravenir con el art.53.1 en el cual se invoca el contenido esencial de los derechos funadmentales, es decir el de la tutela efectiva.
El estado siempre puede reclamar al ciudadano el pago de una tasa sin necesidad de paralizar el curso del trámite que se esté realizando.
Adicionalmente, hasta ahora la inaplicación de una ley por parte de los jueces alegando inconstitucionalidad se limita a tres eventos excepcionales, a saber: contradicción de una norma europea, aplicación del principio de prevalencia (art.149.3 CE) e inaplicación de decreto ley por extralimitarse respecto a la ley de bases. Este caso constituye una posible nueva excepción que, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional en su auto 197/2010, elevandolo al pleno da lugar a una posible ampliación de la lista de excepciones antes indicada y permitiría mayor efectividad de las garantías constitucionales.
Andrea Gómez Sempere
El pago de una tasa no puede ser un requisito fundamental para obtener la tutela judicial recogida en el art. 24.1 de la CE, sin embargo, el art. 35 de la Ley 53/2002 establecía que el impago de esta tasa procedería al cierre y archivo del caso, dejando al ciudadano sin su juicio. La práctica que llevaban a cabo los jueces respecto a esta ley no está contemplada en ninguna de las tres exenciones de la inaplicación de una ley, ser contraria a una norma europea, cuestión de prevalencia del art. 149.3 e inaplicación de los decretos legislativos cuando se hayan excedido de lo establecido en la ley de Bases, pero lo que los magistrados realizaban no era otra cosa que derivar la cuestión de las tasas, en caso de impago, a Hacienda, y que sean ellos los que se preocupen de cobrarlas. En mi opinión, el Auto del Tribunal Constitucional no es más que un apoyo a la labor que estaban realizando los jueces respecto a estas tasas.
Respecto a un tema muy similar, en la jurisdicción civil se han estado adoptando resoluciones completamente contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva.
La Disposición Adicional 15ª de la LOPJ (Párrafo 2º, apartado 7º) dice:
“No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.
Muchas Audiencias Provinciales, entre ellas la de Pontevedra, no admitían la subsanación de la falta de constitución del depósito e inadmitían directamente los recursos de apelación y ha tenido que ser la Sala Primera del TS quien en sus Autos de 2 de noviembre y de 9 de diciembre de 2010 haya dicho que esa expresión del párrafo segundo “defecto, omisión o error en la constitución del depósito” incluye también aquellos casos en los que haya omisión absoluta o el depósito se haya realizado fuera de plazo (lo del fuera de plazo se planteaba porque compañeros, utilizando el art. 135 de la LEC que permite presentar los escritos hasta las 15 horas del día posterior al de finalización del plazo, hacían lo propio con el depósito; sin embargo, tampoco se lo admitían).
Por lo que parece deducirse de la STC es que se podrá ir más allá y aún en el caso de que no se llegue a subsanar, no se podrá inadmitir el recurso, siempre y cuando se entienda que el depósito tiene la misma naturaleza jurídico-tributaria que la tasa judicial.
Aunque yo soy abogado y prefiero la justicia a la pura aplicación de la ley (está muy bien el sed lex, dura lex, pero con sentidiño), entiendo la postura de contencioso, ya que es cierto que los jueces deben resolver conforme a las normas de juego vigentes y que las flexibilizaciones de las leyes que a veces se hacen para acabar diciendo lo contrario de lo que de su propio tenor literal se deduce son cuanto menos chocantes.
En la conclusión siempre llegamos al mismo sitio: La cada vez peor calidad de nuestros diputados y de las leyes que acaban sacando que, unido a la hemorragia normativa de todas las Administraciones Públicas españolas, provoca estas dudas morales entre la prevalencia de la ley o de la justicia.
En todo caso, es una victoria para los ciudadanos y como dice el compañero Saleh Mohamed para la división de poderes y la tutela judicial efectiva.
Victoria Eugenia Pérez Mestre
Por regla general, el juez español no tiene capacidad para enjuiciar la constitucionalidad de las normas, sino que es el Tribunal Constitucional, regulado en el art.9 CE, el intérprete máximo de la Constitución, es el que debe decidir si las normas son constitucionales o no.
El juez español no puede inaplicar una norma por considerarla inconstitucional. Esto deriva del hecho de que tenemos una justicia concentrada en el Tribunal Constitucional. Sin embargo,existen 3 excepciones en las que los jueces españoles pueden actuar, y considero que nos hallamos ante una de ellas:
Inaplicación de las normas por contrariedad de los reglamentos comunitarios, directivas no traspuestas dentro del período que marcan o los Tratados Fundamentales.
Para concluir, puedo decir,que no todas las personas disponen de una capacidad económica suficiente para poder permitirse pagar un juicio.
Pienso que no es que se deban anular tales tasas judiciales, si no que se pueda dar la posibilidad a las personas con pocos recursos económicos de poder financiar el juicio en plazos cómodos concordes a su situación económica. Aún así,aquellas personas que no lo hayan pagado, deberán responsabilizarse ante Hacienda.
Josué Martos Pérez
Primeramente remarcar la buena actuación por parte de los jueces, a la hora de considerar el impago de estas tasas como un obstáculo absurdo para una correcta tutela judicial efectiva, y es que ellos no se oponen a esta tasa, se oponen a la consecuencia de no pagarla, a que te paralicen el recurso y lo archiven por el impago de estas. Con su actuación dejan claro, que paralizar el proceso por el impago de las tasas, choca con el artículo 24 de la C.E. y en consecuencia al declarar su inconstitucionalidad.
Después de la pronunciación por parte de los jueces , el TC, ha declarado mediante un auto la inconstitucionalidad de la Ley que regula dichas tasas. El Juez español no puede inaplicar una norma por considerarla inconstitucional como regla general, aunque hay excepciones. Pues bien a raíz de los actos anteriores nos damos cuente que se amplían las excepciones a la hora de declarar una norma inconstitucional por parte de los jueces. Esto puede ser bueno o malo, según la persona, pero en este caso creo que era necesario ya que dicha Ley vulneraba un derecho fundamental.
antonio david higueras albacete
El fin de este tipo de tasas es meramente recaudatorio, pero lo cierto es que ni este fin ni cualquier otro puede imponerse ante un derecho fundamental. En este caso dichas tasas iban en contra del artículo 24.1 CE en el cual, se establecía el derecho a una tutela efectiva.
En cuanto a la inaplicabilidad de dichas tasas por parte de los jueces no es moralmente cuestionable, ya que los jueces deberían, como excepción, poder inaplicar leyes en casos en los que dicha ley sea flagrantemente “inconstitucional”, añadiéndose así a las tres excepciones ya existentes.
1) Inaplicacion por contrariedad con normas europeas.
2) Prevalencia del 149 CE
3) Inaplicación de los decretos legislativos que se excedan de la ley de bases
Andrea GómezSempere
El pago de una tasa no puede ser un requisito fundamental para obtener la tutela judicial recogida en el art. 24.1 de la CE, sin embargo, el art. 35 de la Ley 53/2002 establecía que el impago de esta tasa procedería al cierre y archivo del caso, dejando al ciudadano sin su juicio. La práctica que llevaban a cabo los jueces respecto a esta ley no está contemplada en ninguna de las tres exenciones de la inaplicación de una ley, ser contraria a una norma europea, cuestión de prevalencia del art. 149.3 e inaplicación de los decretos legislativos cuando se hayan excedido de lo establecido en la ley de Bases, pero lo que los magistrados realizaban no era otra cosa que derivar la cuestión de las tasas a Hacienda, y que sean ellos los que se preocupen de cobrarlas. En mi opinión, el Auto del Tribunal Constitucional no es más que un apoyo a la labor que estaban realizando los jueces respecto a estas tasas.
Javier Ivan eguiluz gonzalez
la cuestión que nos atañe, es que con esta resolución del tribunal constitucional en su auto 197/2010 dicho tribunal soluciona un problema que se planteaba en nuestra constitución en si título primero de la constitución capítulo II sección 1ª artículo 24.1 primera dedicada a los derechos fundamentales, en la anterior situación a este auto el demandante que no pudiera hacer frente a al pago de una tasa no podría ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva con lo cual restringía un derecho fundamental que ya he citado anteriormente. Por tanto, el hecho de no hacer efectivo el pago el juez restringirá un derecho por una ley que tiene su objeto en la recaudación de la administración judicial además los jueces no podían continuar con el proceso y teniendo en cuenta que los jueces por regla general no tienen poder de inaplicar leyes anticonstitucionales esto solo está dentro de la potestad del tribunal constitucional en proceso se paralizaría. pero también es importante recalcar y mas a mi modo de ver es que existen excepciones por las cuales los jueces podían olvidar el dicho pago o de las tasas o pagar una tasa acorde con su nivel económico y esto está recogido en nuestra constitución en si titulo primero sección segunda capítulo tercero y consagrado en su artículo 40 como un derecho constitucional derivado del carácter constitucionalista español remarcada en su artículo primero como un estado social y democrático de derecho en el cual propugna valores tales como la libertad y tratare de matizar a última instancia una palabra significativa recogida en este mismo artículo y es el de igualdad y eso es lo que finalmente se a conseguido con el auto del tribunal constitucional además por si solo es un derecho recogido en nuestra constitución en su artículo 14.
Melisa Carrión Gavidia
Bien hemos podido corroborar todos en este auto, que en estos momentos pesa más un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva que una acción recaudatoria a la que un juez debía ceñirse ya que éste no se encontraba ante una de las tres excepciones para la inaplicación de una norma como son: aplicar una norma contraria a otra europea que podría ser un reglamento, una directiva no traspuesta o un tratado fundamental; la prevalencia del artículo 149.3 de la Constitución Española o por último la inaplicación de los derechos legislativos que se han excedido de la ley de bases.
Esto no significa que las tasas de los juicios ya no sean gratuitas, sino que anteriormente si una persona en el plazo que tenía para pagar la tasa del juicio no lo pagaba, ese juicio quedaba archivado, ahora por el contrario, tú aunque no pagues esa tasa en el intervalo de tiempo impuesto por el juez, tu juicio sigue en proceso y la acción recaudatoria podrán pasarla a las manos de hacienda o hacer lo que crean pertinente. Por tanto, estoy muy conforme porque se ha dado un paso adelante, y empieza el derecho fundamental a estar por encima en la balanza de la justicia que la acción recaudatoria.
Jessica Gommans
Todas las personas tienen derecho a obtener una tutela efectiva por parte de los Jueces y tribunales, como bien impone el Art 24.1 de la C.E. Las tasas recaudatorias, una cuestión menor teóricamente, no pueden sobreponerse ante un pilar fundamental como es el Estado de Derecho y en el que se encuentran a los nombrados jueces.
Además, que el juez Español no tiene capacidad para enjuiciar la constitucionalidad de las normas ( salvo en tres excepciones) sino que es el TC el de debe decidir su constitucionalidad.
Alexandra Micle
Los jueces no pueden dictaminar si una ley es anticonstitucional, ya que deben remitirla al Tribunal Constitucional, aunque hay tres excepciones: a) si va en contra de una ley de la U.E.(reglamentos, directiva o tratados fundacionales), b)cuando se incumple el principio prevalencia 149.3 CE, c) inaplicación de los decretos legislativos. Además la imposición de las tasas vulnera el derecho de los personas a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales. Estoy de acuerdo con el Auto del TC en que no se deben mezclar derechos fundamentales con acciones recaudatorias, se pague o no las tasas no debería privarnos de tal derecho fundamental como la tutela judicial.
Jose Carlos Castro Oliva
La tutela judicial efectiva, como principio constitucional debe prevalecer sobre cualquier norma de afán recaudatorio impuesta por los agentes tributarios, por esto, apoyo la postura de los jueces que se opusieron a tal situación, y no me sorprende que finalmente el TC acabara dictaminando estas tasas como inconstitucionales al no proteger el principio de tutela judicial propia de un estado de derecho como el nuestro.
Francisco Bugueño
Condicionar el inicio de un procedimiento judicial al pago de unas tasa lo considero una cuestión inadmisible no por la polémica de que si las tasas en si sean legales o ilegales, si no más por el simple hecho de que al no poder pagarla, independiente del motivo, te archiven el proceso tal como lo estipula la ley. Además así lo ratifica el Tribunal Constitucional en su auto, en donde interviene en favor de que si no pagas la tasa al inicio del juicio hacienda se encargaría del cobro de esta por alguno de sus medios, prosiguiendo así con el juicio y no archivándolo o como dicen “si no paga se despide”.
En conclusión, es totalmente acertada y valida la decisión de Tribunal Constitucional y de los jueces independientes que no seguían la normativa del cobro de tasas al inicio del procedimiento judicial, ya que de esta manera reafirmaban el articulo 24.1 sobre el derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.
Estas tasas judiciales estan vulnerando lo que dice el articulo 24.1 de la Constitucion Española en el que se establece el derecho a tutela judicial. Lo cual supone un problema y me parece bien que el Tribunal Constitucional haya declarado esas tasas asesinas como
inconstitucionales, pues hay gente que no puede pagar esas tasas y no por eso deben ser privados de tal derecho.
Insisto: hay ya muchos blogs para estudiantes y si no el profesor les puede crear uno. El debate baja extremadamente de nivel. En fin, usted, Sevach, sabrá lo que hace. Al fin y al cabo es su blog. Yo me doy de baja.
Las leyes emanan de la voluntad popular del pueblo tras las elecciones municipales, autonómicas,o estatales. Son los políticos y no los jueces los que legislan las pautas a seguir en todos los ámbitos de la vida social, económica o política. Por ello, los jueces no pueden cambiar la ley ni mucho menos interpretarla, solo acatarla. La jurisprudencia se basa en asuntos que anteriormente eran interpretados según la ley de otra manera. Por tanto, la jurisprudencia es pionera de resolver o arbitrar sentencias respecto de lo que la ley en sí misma establece. A partir de ahí, jueces y tribunales se acogen a la misma, pero posteriormente, tras un recurso a instancia superior puede ser anulado conforme a Derecho. Conforme a Derecho en base al principio de jerarquía entre los distintos tribunales. De ahí, el enfrentamiento que durante años ha existido entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
En ambos casos, los jueces que componen ambos tribunales son elegidos según la mayoría política obtenida tras las elecciones generales. Es por tanto, Constitucional su composición, pero no es legal o imparcial puesto que sus miembros de Derechas o de Izquierdas son elegidos por sus tendencias políticas en vez de ser elegidos por su competencia u antigüedad en su puesto de magistrado, juez …etc.
Ejemplo de lo antes citado, es el caso del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, el cual ha sido imputado por un supuesto delito de prevaricación por intentar investigar los muertos por el franquismo…
Otro caso, es el de la jueza que alegando objeción de conciencia, se negó a casar a dos mujeres lesbianas en contra de la ley, por lo que fue expedientada y apartada del caso por su particular interpretación de la ley.
En definitiva, para que exista una efectiva separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno de ellos ha de ajustarse a la CE de 1978 y las disposiciones posteriores que afecten a sus competencias.
Falcó García,Sofía.
uno de los puntos más reseñables en este tema es, que no se puede consentir, que un trámite administrativo esté por encima de un derecho fundamental, como es el derecho de disponer de una tutela judicial efectiva, esto no puede ser sacrificado por un mero fin recaudatorio, de ser así la propia ley se vería violada, ya que sería rebajada de su posición superior en el reglamento jurídico, por ello, veo muy efectivo el auto dictado por el TC, ya que no se dejan de pagar las tasas, pero se hace de una forma efectiva, de tal manera que a nadie se le niega el derecho de acceder a la tutela judicial, y menos, por no pagar la tasa en el tiempo estimado para ello.
Este comentario va dedicado en especial a Luisa GC de mi parte, y espero no pecar de insensato al incluir conmigo el resto de mis compañeros. Respecto a su comentario: “Insisto: hay ya muchos blogs para estudiantes y si no el profesor les puede crear uno. El debate baja extremadamente de nivel. En fin, usted, Sevach, sabrá lo que hace. Al fin y al cabo es su blog. Yo me doy de baja.” Quiero decirle que en algún momento, y sin ánimo de ofenderla, usted perdió la noción de un derecho fundamental que es la libertad de opinión y expresión pecando de arbitrariedad, ya que solicita nuestra inmediata expulsión del blog o post, puesto que usted se atribuye el hecho de ser intelectualmente superior a nosotros. Este hecho que considero de persona ególatra no es propio de un sistema democrático y de derecho. Nosotros somos primerizos en el mundo jurídico, somos mentes cargadas de futuras ilusiones sobre las que usted ha vertido plomo fundido con su comentario. Además le recuerdo que el ser humano es un ser de cultura que se caracteriza por su sistema de aprendizaje que es transitorio, sí usted considera que hemos errado en algún comentario le ruego nos corrija pero ante todo le ruego evite una actitud de prepotencia característica de los sistema absolutos arcaicos.
¿Sois muchos en clase? 😉
Lo de participar será obligatorio ¿no? ¿O sólo es para nota extra?, lo digo por la insistencia en poner nombre, dos apellidos y hasta grupo…
Un saludo y suerte en los exámenes…
Se nos pidió no ser temerosos y voy a serlo.
En total acuerdo con mi compañero Saleh quiero opinar sobre el desafortunado comentario emitido por Luisa Gc . No sé quién es , ni que títulación tiene, ni francamente me interesa lo màs mínimo . Lo que si aprecio es una falta manifiesta de intolerancia y una soberbía prepotencia.Quizàs su ego no le permita encontrar un blog elitista a su medida o es que nació erudita.
Perdone usted de no estar a su altura pero yo sigo a lo mío : aprender derechos y valores que sujustamente es de lo que careces.
Quisiera que me diesen su opinión. Acabo de recibir diligencia de ordenación de un contencioso-administrativo, en el que no admiten un recurso de revisión en pieza separada de justicia gratuita, porque debo abonar en dos días un depósito de 25 Euros. Tengo 5 días para realizar recurso de reposición. No tengo todavía abogado que me asista porque estoy a la espera precisamente de que me desginen o no abogado de oficio. Estoy en paro sin prestación. ¿Existe alguna solución alternativa para que admitan mi recurso, dado que todavía están en vigor estas tasas?. Es la serpiente que se muerde la cola. Gracias
Pingback: Tasas judiciales ocultas cerca del río | GCpD
Hoy he descubierto la STC 20/2012, de 16 de febrero, del Pleno, BOE 12 de marzo, por la que se declara la constitucionalidad cuestionada por el Jugado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña en diciembre de 2003.
Espero nuevo comentario sobre esta cuestión en este estupendo blog.
Felicidades, Sr. Chaves

References: artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 53
 artículo 24
 artículo 149
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 149
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 14
 artículo 149