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Timestamp: 2020-07-15 17:06:56+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 820, de 27/05/2015
cve: DSCD-10-CO-820
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 820
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
celebradada el miércoles
- Por la que se insta al Gobierno a suspender los pagos de programas especiales de armamento. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000933) ... (Página2)
- Relativa a la efectiva cuantificación de los gastos destinados al programa especial de armamento y de misiones en el extranjero del Ministerio de Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003478) ... (Página9)
- Relativa a las responsabilidades consecuencia del fallecimiento del cabo Soria Toledo y a la petición de informes al respecto. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003720) ... (Página14)
- Relativa al accidente del avión Airbus A400M ocurrido en Sevilla el 9 de mayo de 2015. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003721) ... (Página17)
- Por la que se insta al Gobierno a la supresión de determinados artículos del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003099) ... (Página20)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SUSPENDER LOS PAGOS DE PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000933).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Antes de comenzar con el orden del día quería darles las gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por su comprensión a la hora de intentar cambiar el orden de las proposiciones no de ley, dado que hay otras comisiones donde muchos portavoces también intervienen. Entonces, agradeciendo a los distintos portavoces su sensibilidad y amabilidad para intentar que todos los compañeros puedan asistir a la otra Comisión, he de decirles que el punto 1.º se va a ver en su lugar, el punto 2.º pasaría a ser el quinto, el punto 3.º pasaría a ser el segundo, el punto 4.º pasaría a ser el tercero, y el punto 5.º pasaría a ser el cuarto. Insisto en darles las gracias a todos por su comprensión y su amabilidad. Las votaciones no tendrán lugar previsiblemente antes de las seis, y comenzamos con el primer punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a suspender los pagos de programas especiales de armamento, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra su portavoz.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, presentamos esta iniciativa después de que el jueves 20 de septiembre de 2012 se convalidara en esta casa el Real Decreto-ley 26/2012, que permitía al Gobierno, a través de deuda pública, incrementar en 1.782 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa, según se explicaba en aquel momento para asumir gastos comprometidos. El caso es que a pesar del tiempo transcurrido a nuestro grupo, el BNG, le parece que esta iniciativa está total y absolutamente en vigor, porque mañana mismo se va a volver a convalidar otro real decreto, en este caso por una cantidad de 883 millones de euros, y entre el primer decreto de 2012 y el de mañana ya van 4.399 millones de euros, que este Gobierno incrementa al Ministerio de Defensa, es decir que el Gobierno del señor Mariano Rajoy incrementa considerablemente, pero casi de manera imperceptible, los gastos militares en el Estado español en un momento de tantísima crisis y tantísimos recortes, mientras que el Gobierno en el debate presupuestario trata de decirnos que en este ministerio se reduce el presupuesto y que es intención del Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado tengan un contenido social, y que además hacen un grandísimo esfuerzo para que no se reduzcan, para que se mantengan los servicios públicos, etcétera. Pero lo cierto, señorías, es que lo que el Gobierno ha hecho en todo este tiempo ha sido reducir los servicios públicos e incrementar los gastos militares. Esgrimen como dije antes compromisos adquiridos y que, si se incumplen, significaría pérdida de puestos de trabajo. Y nosotros nos preguntamos cuánta pérdida de puestos de trabajo, cuántos puestos de trabajo público ha eliminado este Gobierno a costa de los recortes y de ese adelgazamiento de la Administración pública de los que tanto presumen el señor Rajoy y el ministro Montoro.
Señorías, según un informe de la OCDE el Estado español es el segundo del mundo, después de Estados Unidos, que destina mayor porcentaje sobre el PIB a investigación militar; mientras que otros informes sin embargo apuntan que es uno de los que menos aportan para la investigación civil. Por lo tanto, señorías, creemos que los datos son suficientemente elocuentes como para que ustedes tuvieran a bien votar esta proposición no de ley que presenta el Bloque Nacionalista Galego. Decíamos con anterioridad, y lo seguimos diciendo, que no se puede entender, que resulta muy complicado para la ciudadanía que mientras se les rebaja constantemente el poder adquisitivo a los ciudadanos tengan que copagar medicinas, pagar más por las matrículas universitarias, por los libros de texto de sus hijos, por el IVA de muchos productos de necesidad básica, que las cifras del paro aumenten de manera alarmante, que se incumpla la Ley de Dependencia, y que en definitiva se recorte el Estado del bienestar de manera salvaje mientras se suben los presupuestos de Defensa. Para finalizar solamente voy a aportar un dato, que es el siguiente: mientras que se suben estos más de 4.000 millones de euros a defensa se han reducido en 5.500 millones los gastos destinados al pago del desempleo, y no porque haya menos parados, ya que de hecho en 2011, en que había 30.000 millones presupuestados frente a los 24.500 de 2014, había 320.000 parados menos. Por lo tanto esa reducción del gasto en el desempleo viene por la pérdida de la prestación de muchísimos trabajadores, algunos de ellos como consecuencia de la larga duración de su desempleo, pero otros muchos como consecuencia de la expulsión que se ha hecho de los
mismos a través de las normas establecidas en el Real Decreto 2/2012. Por un lado, el Gobierno aprueba regulaciones, leyes para que menos trabajadores parados puedan acceder a prestaciones públicas, y por otro lado, el Gobierno también legisla en la dirección de facilitar que el Ministerio de Defensa incremente sus ingresos, que tenga un mayor presupuesto, aunque esto no se haga en los Presupuestos Generales del Estado y se haga de esta manera que pareciera que no es partida presupuestaria de los presupuestos generales correspondientes, con unas cantidades además tan abrumadoras.
Por lo tanto nosotros hemos presentado una enmienda para actualizar la proposición no de ley, pero seguimos insistiendo en la necesidad de suspender los pagos de los programas especiales de armamento, y en consecuencia anular la concesión de créditos extraordinarios para pagar programas especiales de armamento, destinando los presupuestos que se destinan a defensa a la atención de necesidades sociales de la población. En estos momentos, a pesar de que el Gobierno diga que todo va muy bien y que se está creando empleo, no vamos a insistir -además se nos acaba el tiempo-, pero el empleo, además de precario, es realmente un empleo que sigue manteniendo en la pobreza a los trabajadores y trabajadoras, por lo menos no más allá de los que están en el paro. Por lo tanto, señorías, teniendo en cuenta la situación de los servicios públicos que este Gobierno ha conseguido mantener o que estén en las condiciones en que están, reclamamos esta petición que se plantea en nuestra proposición no de ley, porque no estamos convencidos, no nos convencen absolutamente para nada los argumentos, las razones que esgrime el Gobierno para justificar estos incrementos en el Ministerio de Defensa a través de reales decretos-leyes, además urgentes; no le vemos ni la urgencia ni la necesidad, y sí vemos una manera torticera del Gobierno de incrementar los presupuestos en materia militar, los presupuestos del Ministerio de Defensa.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se ha defendido la autoenmienda presentada por su propio grupo. (Asentimiento). Para la toma de posición, como no veo a nadie del Grupo Parlamentario Vasco, paso la palabra al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, es cierto que la causa del colapso financiero del Ministerio de Defensa son estos programas especiales de armamento; no lo digo yo, lo dice Bernardo Navazo, que es uno de los mayores expertos en la materia existentes en España, y con cuya colaboración mi grupo parlamentario presentó un informe precisamente sobre estos programas en julio del año pasado, en julio de 2014, un informe que entregamos al resto de los grupos y que sigue estando a disposición de todos los que necesiten o crean interesante consultarlo. En ese informe explicábamos que casi 30.000 millones de euros de gasto comprometidos para estos programas era una cantidad inasumible. Lo cierto es que tampoco conocemos con precisión la cifra, dada la opacidad con la que trabaja el Ministerio de Defensa, pero se estima entre 31.000 y 37.000 millones, es decir, contando la cifra más baja sería el equivalente a una Bankia y media. Y ya el hecho de que no podamos siquiera precisar qué cantidad tiene comprometido el Estado pagar para estos programas de armamento nos da una idea de la opacidad con que se gestionan estas sumas tan ingentes de dinero.
En los próximos años esta asfixia financiera que provocan los PEA en el presupuesto de defensa se acrecentará, ya que está previsto que en el año 2020 la parte del presupuesto de defensa que se destine a programas de armamento ascienda en torno al 30%. Entre estos programas hay algunos que son útiles y que son necesarios, como el A400M, del que tuvimos noticias luctuosas hace unos días, y otros que son absolutamente innecesarios como los carros Leopard o los blindados Pizarro. Entre todos estos programas por lo tanto habría que hacer un análisis serio de cuáles son realmente necesarios, en cuáles realmente vale la pena que se les dedique la inversión que está prevista, y en cuáles no. En todos los casos hay una opacidad absoluta del ministerio, no solo respecto al dinero que requieren, sino a su utilidad. En muchos otros casos hay despilfarro y mala gestión del dinero público. Y en algunos hay sospechas fundadas de corrupción. Este despilfarro, el sobredimensionamiento de los programas, los sobrecostes han derivado en una pésima renegociación con la industria de los programas que se llevó a cabo también hace un par de años. Y en última instancia es esta administración irresponsable del presupuesto de defensa la que puede llegar a provocar no solo ese colapso financiero al que me refería al principio, sino de hecho la parálisis operativa de nuestros ejércitos, y es algo de lo que han alertado aquí los jefes de los estados mayores en alguna ocasión.
Además de eso el crédito extraordinario que cada año se pide para el pago de estos programas mediante real decreto es una práctica inasumible desde el punto de vista financiero, peligrosa para la
propia industria, y políticamente inaceptable, por cuanto añade más opacidad al debate, priva a esta Cámara del control sobre esos fondos, y en suma es una pésima forma de gestionar. Ese último decreto para ese crédito extraordinario ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, impulsado por mi grupo y por otros grupos parlamentarios, y ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Por eso digo que es incluso una forma peligrosa de financiarse para la industria, puesto que está puesta en cuestión legalmente.
Pensamos sin embargo que la solución no es la que propone el Grupo Mixto, la solución no es suspender el pago de los programas sin más: primero, porque esto no lo hace ningún país serio; segundo, porque muchos de esos programas se hacen en consorcios internacionales en los que están implicados muchos países, muchas personas, también puestos de trabajo, y en suma la seguridad europea. Pensamos que lo que hay que hacer es lo que proponíamos en este informe al que hacía referencia: una auditoría exhaustiva de esos programas de armamento, una auditoría específica que nos permita discernir cuáles son los que realmente necesitamos, a partir de las amenazas y los riesgos que tiene nuestro país, que nos permita descartar aquellos programas que son inútiles, y cuya adquisición no se explica desde el punto de vista de la defensa, sino desde otros motivos probablemente más turbios y oscuros e inconfesables, por lo menos hasta el momento, y que distingamos esos programas de los que sí son necesarios para la seguridad española, y que veamos la forma de renegociar con la industria cómo pagar esos programas que, insisto, son necesarios para nuestra seguridad. Por lo tanto el voto de mi grupo será la abstención en esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra su portavoz, el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: La posición de mi grupo es fundamentalmente con respecto a las formas, porque lo más lamentable de este debate es que no se pueda abordar desde una tesitura normal que nos permitiera hacer una valoración objetiva de cuáles son las necesidades en este caso de material para la defensa, sino que el Gobierno, en una práctica absolutamente peligrosa de fraude presupuestario, de trágala cotidiano año a año, que como bien se ha dicho ya ha sido recurrida en el ámbito constitucional, nos someta a una votación -concretamente en el día de mañana- de otro real decreto que lo que implica es un incremento del presupuesto de defensa de un 15%, atacando a cualquier norma básica de transparencia y de información lógica a la ciudadanía, que quiere saber en qué se gasta su país su dinero, además en un momento tan complicado como en el que estamos, para comprar una serie de materiales, compromisos que -vuelvo a decirlo- no se ha puesto encima de la mesa si son o no son necesarios. Por lo tanto, primero, una reflexión desde la perspectiva del respeto democrático y desde el ámbito netamente institucional: para La Izquierda Plural es una tomadura de pelo. Lo dijimos en el debate presupuestario, lo dijimos en el anterior debate del real decreto del año pasado, y en el anterior y el anterior: 1.782, 877, 884, y ahora 853 millones de euros, en los peores momentos que ha atravesado la historia de España y sus ciudadanos, su ciudadanía, la gente, destinados a comprar una serie de armamentos que no sabemos aún siquiera si van a ser útiles, y sobre todo cómo vamos a ponerlos en marcha en muchos casos. Es decir, en este crédito hay que recordar también que hay un apartado para las municiones. Y yo no pregunto por los combustibles de determinados aviones que estamos comprando, helicópteros, submarinos, etcétera.
La primera reflexión desde esa perspectiva; la segunda, es desde una perspectiva más política, de modelo: el problema es que se nos hurta también qué tipo de avance tienen que hacer nuestras políticas de I+D+i, y a mí me gustaría lanzar una pregunta también -aunque caerá en el vacío como casi siempre cae, porque nadie las contesta-, que es cuántos de esos créditos que se han adelantado vía industria a las industrias armamentísticas se han recuperado. Porque aquí al final no podemos hablar solo de esto que estamos hablando ahora, sino que también tenemos que hablar de la previa, de cómo se construye esa cuestión. Y vamos al fondo de la excusa que en muchos casos se pone sobre la mesa, y que desde luego para La Izquierda Plural es fundamental, que son los puestos de trabajo: nosotros estamos denunciando permanentemente la necesidad de invertir y de reconvertir en I+D civil el I+D militar, y no creo que eso implique absolutamente que se pierda ningún puesto de trabajo, al revés, al revés. Con esta cantidad ingente de dinero que por una vía y por otra se pone a disposición de este tipo de programas bien podíamos plantearnos que esos trabajadores, y muchos más, de las empresas y de las zonas afectadas encontrasen estabilidad en el empleo, que por otro lado también carecen de la misma precisamente porque esta fórmula no permite avanzar en dar estabilidad a ese tipo de contratos.
Y por último quiero recordar que no podemos caminar con semejante nivel de inseguridad. La renegociación además, como ya se ha dicho aquí, va a implicar mayor coste. Lo que deberíamos hacer es parar de una vez, parar y pensar, valorar, auditar y avanzar en una solución lógica que nos permitiese a todos y a todas ver que, primero, no se esconde el gasto militar, que este país está ahora mismo escondiendo el gasto militar, y segundo, que en base a unas nuevas necesidades definidas entre todos de la defensa hacemos lo que es correcto, y no hacemos esta locura, ya que parece que el Ministerio de Defensa es el ministerio de la industria armamentística, y mucho nos tememos que algo tiene que ver su titular y el pasado de su titular con este tipo de apuestas denodadas por estos programas especiales de armamento, vía real decreto, que año a año nos hacen, vía trágala democrático, haciéndonos sentir más parte de una comparsa que parte del hemiciclo, que en teoría debería decidir cómo y de qué manera tiene que tutelarse a este Gobierno que gobierna nuestro país.
Nada más; hay otro debate posterior con respecto a este tema también, y ahí continuaremos la explicación de nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Antes que nada quiero agradecer a todos los portavoces, al presidente, a la Mesa, y sobre todo al portavoz afectado de La Izquierda Plural por haber cambiado el orden del día, gracias por la amabilidad parlamentaria, quedamos agradecidos.
Seré muy breve porque efectivamente nuestra proposición no de ley, aunque no llega a las mismas conclusiones, va en el mismo sentido. Y lo que diré va básicamente a donde ha terminado la señora Lozano. Entendemos que no pagar no es la solución en un Estado serio. Pero sí que coincidimos al cien por cien en el resto de lo que se ha dicho en las intervenciones anteriores. Aquí hay un problema obvio de transparencia: nosotros hemos dicho -recuerdo que el Grupo Socialista propuso una solución similar- que se presentara una especie de plan director, una especie de plan que dijera cómo se iban a renegociar estas deudas, cómo se iba a intentar reducir los costos, si iba a haber ventas a posteriori de alguna parte del material que se adquiriera, en fin, un elemento que nos permitiera juzgar cómo se estaba gestionando este asunto. Luego hablaremos propiamente del reflejo que esto tiene en enmascarar los presupuestos en nuestra propia proposición no de ley, pero el hecho de no hacerlo implica que, en un asunto en el que creo que el Gobierno podría conseguir un grado de consenso elevado, no lo consiga; y que de cara a la ciudadanía, peor, porque se genera una rumorología sobre cuáles son o dejan de ser los gastos de defensa, que creo que perjudica al Estado en general.
De manera que ya digo, no podemos compartir la conclusión, por eso mantenemos nuestra propia proposición no de ley, pero sí hemos de manifestar que en cuanto a transparencia estamos al cien por cien en lo que han dicho todos los grupos anteriores.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la proposición que nos plantea hoy el Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar nos presenta, a pesar de la autoenmienda, una propuesta que es un poco extemporánea y hace referencia al año 2012. Yo quiero adelantarle a la proponente que estamos de acuerdo en dos cuestiones que son de planteamiento. La primera de ellas es la prioritaria atención a las personas más vulnerables; y la otra es la formulación correcta, la necesaria formulación correcta del gasto de defensa. El fondo de la cuestión es impecable, en referencia a las situaciones de dificultad derivadas de la crisis, y el Grupo Socialista comparte el compromiso de la atención prioritaria a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y aún va más allá en este compromiso proponiendo, como ha hecho esta mañana nuestro secretario general, el blindaje de los servicios esenciales para la ciudadanía. Pero el tema requiere un análisis más profundo, ya que la cuestión no carece en absoluto de complejidad.
Quiero señalar la postura reiterada de mi grupo con respecto a la elaboración de los presupuestos del Ministerio de Defensa: que el Ministerio de Defensa no presupuesta correctamente es una obviedad. Consideramos que los presupuestos del ministerio no reflejan la realidad que posteriormente se ejecuta, al no presupuestar las cantidades que se van a pagar en los programas especiales de armamento ni las que van a derivarse de la participación española en misiones internacionales. Hemos solicitado a través
de enmienda de devolución a los Presupuestos Generales del Estado -en 2015, en 2013 y en 2014- la revisión de las necesidades de las Fuerzas Armadas y el consiguiente redimensionamiento de los programas especiales de armamento. Hemos solicitado de forma reiterada un debate sobre el modelo de las Fuerzas Armadas, sus necesidades, y la revisión de las compras, así como la planificación plurianual de las compras y el conocimiento claro de la cantidad a gastar. Hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad frente a la forma de tramitar los créditos extraordinarios, porque este Gobierno, señorías, está empecinado en la concesión de estos créditos a través del decreto ley, en una total desvirtuación de esta figura jurídica, en la que la legislación de excepción se convierte en regla general.
Los compromisos de pago adquiridos con los denominados programas especiales de armamento son de una cuantía tan importante que consideramos que no es aconsejable excluirlos de la programación presupuestaria ordinaria, para luego ser aprobados mediante créditos extraordinarios u otro mecanismo cualquiera. Además es precisa una nueva programación que permita atender las obligaciones adquiridas al tiempo que se atienden prioridades más urgentes dentro y fuera del Ministerio de Defensa. Por lo tanto desde el Grupo Socialista consideramos que el presupuesto del Ministerio de Defensa suele ser un presupuesto virtual, ya que no recoge una previsión de gasto realista, especialmente para los programas especiales de armamento y para las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Se permite el Ministerio de Defensa recoger como presupuesto total cifras que se sitúan muy por debajo de las necesarias, y esto es una falacia, ya que el presupuesto ejecutado asciende a mucha más cantidad que el previsto.
Por todo esto desde el Grupo Socialista hemos solicitado ese plan de reestructuración orgánica y de infraestructuras de la defensa, que tendría por objeto fijar las capacidades militares que requiere la defensa nacional, las necesidades de cuadros de mando, de tropa, de marinería, de personal civil, de reservistas, para un adecuado adiestramiento y operatividad de las Fuerzas Armadas, y de los medios económicos y tecnológicos necesarios para todo ello. Pero dicho esto, señorías, consideramos que la industria de armamento es un sector importante de la industria española y de la actividad económica y científica. La industria armamentística es importante y mantiene, aunque cada vez menos, puestos de trabajo que son necesarios precisamente en estos tiempos de crisis. La participación española en los PEA genera sin duda algunos puestos de trabajo. Y en relación con los créditos citados o con los programas citados -el avión EF-2000, los helicópteros Tigre y UME, los misiles, el carro de combate, el obús- están implicadas empresas; están implicadas empresas en las que trabajan personas de Albacete, de Asturias, de Granada, de Sevilla. Yo quiero que me permitan la licencia de hacer una referencia especial al buque de acción marítima de Navantia, otra empresa pública, cuya construcción -es cierto que solamente se ha cortado chapa para hacer la foto en campaña electoral- está un poco paralizada. Pero ustedes saben que los astilleros de Ferrolterra precisan urgentísimamente carga de trabajo, y no podemos prescindir de ninguna oportunidad para conseguirla. Tampoco podemos prescindir de este BAM. Además la propuesta tampoco plantea una concreción en relación con la posible modificación de destino de las partidas presupuestarias a que se hace referencia, ni se formulan prioridades específicas. Y es una propuesta que encontramos maximalista porque propone el impago en totalidad, sin tomar en consideración otras posibilidades, como plantear ampliaciones o prórrogas de los plazos de pago. Defensa desde luego sigue siendo una parte fundamental del Estado, y por supuesto tiene que hacer frente a sus obligaciones, aunque naturalmente ajustando el gasto. Lo contrario, señorías, creemos que nos llevaría a incurrir no solo en situaciones de ilegalidad, sino que también causaría un grave perjuicio a las y los trabajadores implicados en el ámbito de la industria armamentística, por lo que el Grupo Socialista no va a apoyar en esta ocasión esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino saludando la última frase que ha dicho la señora portavoz del Grupo Socialista, porque yo no sabía por dónde iba a salir en su intervención sinceramente; ha dicho todo mezclado, y al final no sabíamos en dónde se iba a quedar, después de la trayectoria que el Partido Socialista, que el Grupo Socialista tiene en todo este problema que tenemos delante para solventar el pago de unos programas que han derivado en unos sobrecostes, también por los intereses devengados en el incumplimiento de los pagos en la etapa socialista, que como siempre el Gobierno del Partido Popular tiene que afrontar en el contexto de una seriedad y de una estabilidad en su gestión de gobierno.
Señorías, en España casi ochocientas empresas en el ámbito civil y militar facturan más de 10.000 millones de euros, lo que representa un 1% del producto interior bruto, dedicando un 40% a la exportación, con una dedicación del 12% de la facturación a I+D+i y un empleo superior a 60.000 personas en este sector de la seguridad y la defensa -que alguien ha dicho unos cuantos empleos-, 20.000 de ellos además en la industria militar. Este sector ha contribuido de forma significativa al desarrollo de los campos de la aeronáutica, naval y comunicaciones, siendo una de las pocas áreas de la industria española de alta intensidad tecnológica con presencia internacional. Pero un importante factor de preocupación son los recortes que se vienen manifestando en el presupuesto del Ministerio de Defensa en los últimos años, los más acusados entre los grandes países de la Unión Europea, a lo que hay que sumar los problemas de financiación por los anticipos de los programas especiales de armamento.
Señorías, esto no lo dice esta diputada, no lo dice ningún documento del Ministerio de Defensa, sino que textualmente lo dice el informe sobre la situación y las perspectivas en el sector de la defensa y la seguridad que han elaborado UGT y Comisiones Obreras, y lo tengo aquí por si alguna de sus señorías lo quiere ver; UGT y Comisiones Obreras de la industria, que ha sido presentado el 25 de febrero por estos dos sindicatos tras la jornada que sobre industrias de la defensa se realizó en el CDTI el 24 de febrero, y a la que estuvieron invitados -y me consta que acudieron- representantes de las comisiones del Senado, tanto de Defensa como de Economía y de I+D+i. Pues estos sindicatos, señorías, piden que la Unión Europea -dicen textualmente- presente un programa de acción que garantice el mantenimiento en Europa de capacidades tecnológicas e industriales estratégicas para el futuro de la industria europea de la defensa. Y así mismo piden unas Fuerzas Armadas demandantes en España con presupuesto, y una industria competente y competitiva. Y yo me pregunto: cómo se puede mantener un discurso como los que hemos estado oyendo aquí cuando los propios sindicatos de este país hacen estos propios informes en relación con una importante industria, desde lo que supone para el empleo, para la generación de riqueza, y sobre todo también de aportación a la investigación y el desarrollo, y los planteamientos que estamos oyendo aquí de suspender pagos para programas que están realizados, ya no digo de comprometer nuevos, sino de pagar los que están desde el año 1980, porque estamos hablando de pagar todavía programas como el Eurofighter, las F-100, muchísimos programas que estaban aprobados hace muchos años, que sus pagos han sido incumplidos, y que lo que se ha buscado es una fórmula para mantener el prestigio y mantener la presencia de España en esos consorcios internacionales que aquí también se han reconocido. Pues bien, se quiere eliminar todo, ya no sé yo si también las Fuerzas Armadas, pero desde luego se quieren incumplir todos esos compromisos que España tiene asumidos. Yo pregunto si se es consciente de lo que significarían para esta industria, que exige además un alto número de trabajadores y altamente cualificados, todos estos impagos y la supresión de estos programas; estos discursos que estamos oyendo esta tarde en esta Comisión, y que además, como el bolero de Ravel, se repiten una y otra vez cada vez que se habla del pago de los programas de armamento.
El 16,2% de las inversiones en defensa va a industrias de alta tecnología, y el 24,8% a sectores intensivos de conocimiento. Yo he oído muchísimos discursos sobre los programas y la formación y el empleo en los sectores intensivos en conocimiento. Por lo tanto, señorías, los sindicatos a los que me he referido, el Ministerio de Defensa y la Unión Europea admiten que cada euro invertido en la industria del sector de seguridad y defensa genera 2,6 euros, y que la actividad exportadora tiene un factor multiplicador superior a 3 euros, e insisto en que no lo dicen ni el Grupo Popular ni esta diputada. Todos los actores implicados, no solo no sugieren la eliminación de la industria de la defensa, sino al contrario, dicen y plantean que hay que elaborar una política industrial y estratégica de defensa, la elaboración de un plan de adquisiciones a largo plazo para conseguir una estabilidad, y adaptación de la industria a las nuevas necesidades. Señorías, yo creo que es de todos conocido que el sector de la defensa tiene un papel fundamental en la innovación, ya lo he dicho; pero además en el uso de esa innovación para uso civil. Yo tengo que recordar aquí que desde el GPS, el desarrollo de Internet, incluso el uso del microondas que todos usamos hoy y no nos acordamos, los nuevos materiales o las nuevas técnicas, por ejemplo la fibra de carbono que hoy se usa hasta en nuestros pen drives, se nutren del desarrollo de aviones de combate y de muchísimas aplicaciones de investigación y desarrollo para el sector de la defensa. Aplicaciones que además después, señorías, también se incluyen en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, en aplicaciones para los servicios públicos como la sanidad o los servicios sociales, que utilizan teleasistencia y otros muchos servicios que en la vida civil están dando calidad de vida, insisto, a los ciudadanos.
Yo quiero decir por tanto que el documento de los sindicatos termina diciendo que los ciudadanos de la Unión Europea tienen curiosamente -dicen los sindicatos- derecho a una protección adecuada,
mediante un armamento europeo con garantías de futuro. En definitiva, señorías, que UGT y Comisiones Obreras proponen que uno de los sectores que pilote la reindustrialización española sea el de defensa y seguridad, y yo añadiría que juntamente con el de las telecomunicaciones, porque son sectores en los que verdaderamente somos muy punteros. Quiero hacer mías las palabras que dijo mi portavoz en la Comisión de Defensa, don Vicente Ferrer, en el debate de aquel real decreto que hoy se ha traído aquí a colación: los grupos hablan de cañones o mantequilla. Pues no, señorías, hacer demagogia con estas cuestiones supone un problema de incoherencia, insisto, con los propios afectados, que son los trabajadores, con los planteamientos de una política seria internacional y de una política seria de cumplimiento de los compromisos en los consorcios en los que España brillantemente está participando, tanto industriales como, desde el punto de vista de las operaciones multinacionales en las que participa, en operaciones en las que hay muchos otros países, en las que España está dando ejemplo de profesionalidad y de aportación de tecnología punta, y quieren que todo eso lo estemos contraponiendo ante los ciudadanos con la reducción de unos servicios públicos. Señorías, demagogia cero con estos temas.
Gracias a la actuación del Gobierno del Partido Popular, no solo se están manteniendo los servicios públicos, sino que se han garantizado ya que se han pagado -y esta mañana lo ha vuelto a repetir el presidente del Gobierno- multitud de facturas que había en los cajones que estaban poniendo en peligro la prestación de esos servicios públicos a los ciudadanos. Por lo tanto, no hagamos demagogia con temas tan importantes, señorías. Y sobre todo, no lancemos sospechas, señora Lozano. Ustedes son especialistas en esto: Hay sospechas de corrupción, hay asuntos inconfesables. Si usted los tiene, dígalos, porque aquí inconfesable no hay nada, aquí hay transparencia en todos los temas, y el Parlamento está para hablar; si usted los tiene, tráigalos aquí, los debatimos, y se los rebatiremos, pero usted tráigalos, no los deje caer aquí con ese halo que tienen ustedes de amagar y no dar; no, tráiganlos, tráiganlos. Señorías, insisto, aquí no escondemos nada; si quieren ustedes información -se lo digo al representante de La Izquierda Plural-, tiene usted el documento de los sindicatos, que yo creo que es muy ilustrativo y quizá para usted tenga más credibilidad que lo que le pueda contar esta portavoz. (Aplausos.-La señora Lozano Domingo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, yo entiendo que la señora diputada ha hecho alusión, no a su persona, sino a su intervención en el debate. Por tanto, no procede, no hay turno de palabra, no hay una alusión personal.
La señora LOZANO DOMINGO: Presidente, me ha hecho una interpelación directa, y me gustaría contestar, porque además el tono de la señora Álvarez-Arenas es bastante impertinente habitualmente; me gustaría contestar.
El señor PRESIDENTE: Eso sí es una alusión personal. Vamos a solucionar el tema: tiene treinta segundos, señora Lozano, y le contestará la señora diputada.
La señora LOZANO DOMINGO: Respecto a las sospechas de corrupción en el ejército, no tendría inconveniente en organizar una lectura colectiva de periódicos, pero es bastante útil leerlos cada mañana. Por citarle solo una información del diario El País del 30 de abril, el titular era: Dos tenientes coroneles detenidos por corrupción en contratos de Defensa. Así que cuando hablamos de sospechas en cantidades ingentes como son los 30.000 millones de los programas de armamento, no hablamos de sospechas generalizadas ni sembramos la duda porque sí, la sembramos porque lo publica la prensa; es conveniente leérsela.
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, tiene la palabra.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En primer lugar, corrupción puede haber como en todas partes, en todos los sitios, y la hacen las personas; a lo que no se puede acusar es a las instituciones, señora Lozano. Por lo tanto, en las Fuerzas Armadas, en la defensa española no la hay. Si alguna persona incurre en ella, me parece muy bien, se publica, se juzga, se condena, y se acabó. Esto es lo que hay que hacer en democracia y por transparencia.
Y por último, llevo treinta años de vida parlamentaria y jamás me han podido tachar de impertinente; me habrán tachado de responsable, de más o menos dura en mis intervenciones, de impertinente no. Quizás otras personas no puedan decir lo mismo. (Aplausos.-La señora Fernández Davila pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, ¿a título de qué pide la palabra?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, partiendo del hecho de que existe una enmienda, aunque sea de la propia proponente, quería preguntar a la Mesa si podría plantear una transacción al respecto, porque quería ofrecer una nueva posibilidad para pasarla a votación.
El señor PRESIDENTE: Usted ha admitido su propia enmienda. Entonces, al admitir su propia enmienda, queda subsumida en el propio texto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por eso pregunto que si, en vez de admitir la propia enmienda, puedo ofrecer una transacción, independientemente de que haya dicho...
El señor PRESIDENTE: Entiendo que no; entiendo que usted misma ha aceptado su autoenmienda.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Yo he aceptado la autoenmienda, pero en el transcurso del debate a mí se me han suscitado una serie de razonamientos, y propongo la posibilidad de hacer una transacción con el texto original de la proposición no de ley y la enmienda presentada.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero se transacciona usted misma? Porque, ¿a quién le propone la transacción?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Yo transacciono de acuerdo a una enmienda para proponer la transacción al pleno de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Si quiere usted hacer una enmienda in voce, de acuerdo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, ¿la puedo leer? Diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a auditar los pagos y programas especiales de armamento y mientras tanto suspender la concesión de créditos extraordinarios para pagar programas especiales de armamento destinados a dichos presupuestos para la atención de necesidades sociales de la población. O dejarlo simplemente en "especiales de armamento".
El señor PRESIDENTE: Lo tendrá usted que pasar al resto de los portavoces, si es tan amable, y al final, en el último turno, vemos qué han decidido los portavoces, porque no les da tiempo a verlo, a saber si se posicionan a favor o en contra. Por favor, me pasa el texto y yo se lo hago llegar a los distintos portavoces.
- RELATIVA A LA EFECTIVA CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DESTINADOS AL PROGRAMA ESPECIAL DE ARMAMENTO Y DE MISIONES EN EL EXTRANJERO DEL MINISTERIO DE DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003478).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la efectiva cuantificación de los gastos destinados al programa especial de armamento y de misiones en el extranjero del Ministerio de Defensa. Para su defensa, tiene la palabra, por el grupo proponente, el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Está bien que este punto haya quedado aquí porque en el fondo la materia es la misma, aunque lo que se propone al final es sustancialmente distinto. Nosotros instamos al Gobierno a que cuantifique, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, los programas especiales de armamento y también las misiones de paz en el extranjero, y que no vaya por la vía de los decretos-leyes. Aquí se ha dicho en ocasiones que el Estado español es el Estado de la Unión Europea que en porcentaje tiene el presupuesto más pequeño después de Luxemburgo. Este argumento solo se aguanta si no se tienen en cuenta a la hora de presentar los presupuestos -no después del presupuesto consolidado- todos los gastos de organismos autónomos, que ascienden a unos 1.000 millones de euros. Estamos hablando del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, estamos hablando del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, estamos hablando del Servicio Militar de Construcciones, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, etcétera. Esto no está en el presupuesto inicial y supone un montón de dinero.
Segundo, las misiones en el exterior. Se presupuesta una cantidad mínima, 14,36 millones de euros. En la práctica al final hemos oscilado entre los 787 y los 925 millones, que se acercan poco a los 14,36 millones de euros. Se argumenta que es una partida ampliable porque nunca sabemos con seguridad lo que gastaremos en misiones en el exterior. Esto en gran parte es un argumento falaz. Todos sabemos perfectamente que el año que viene la misión en el Líbano continuará; todos sabemos perfectamente que otra serie de misiones -en Centroáfrica, en el Sahel- continuarán, son perfectamente cuantificables, y creemos que nos podríamos ahorrar la mala técnica, por no decir una palabra más dura, de presupuestar 14,36 millones cuando positivamente sabemos que la cantidad va a ser muchísimo, muchísimo más elevada. Podemos compartir el concepto de que se deje como partida ampliable porque al final pueden salir nuevos conflictos, etcétera, porque algunos pueden acabar saliendo más caros, pero que al menos se presupueste una cantidad que tenga algo que ver con la realidad.
Y finalmente hablamos de los programas especiales de armamento, de los PEA, donde casi podemos decir lo que va a tocar pagar cada año, y lo podríamos presupuestar perfectamente en los Presupuestos Generales del Estado, y habría una transparencia sobre lo que realmente se gasta en defensa. Verdaderamente el presupuesto de Defensa para estas tres acciones, organismos autónomos, misiones en el exterior con partida ampliable, más crédito extraordinario vía convalidación de decreto-ley de programas especiales de armamento, no tiene absolutamente nada que ver con lo que finalmente se gasta. Estamos hablando de una cantidad que seguramente supera de largo los 1.000 millones de euros, seguramente supera también los 1.500 de media que hemos calculado, dependiendo de los años, algunos años bastante más y algunos quizás algo menos. Es un mal negocio para el Gobierno y para el Estado, honestamente esto es lo que cree nuestro grupo, porque luego genera rumorología. Yo era muy joven, pero recuerdo que cuando, por desgracia, se exacerbó extraordinariamente el terrorismo en el Estado español -aún estábamos en el régimen anterior-, la primera reacción del Estado fue intentar ocultar los atentados; esa fue la primera reacción. Recuerdo un atentado del Grapo cuando apareció y que el Estado intentó ocultar. El resultado es que en la población empezó la rumorología -donde no hay información la invención tiende a ocupar el espacio-, y el asesinato de dos guardias civiles al cabo de pocas horas se había convertido en el rumor de la muerte de cuatro gobernadores civiles. Es un mal negocio, es un mal negocio no dar información. Yo mismo lo he tenido que explicar, defendiendo al Ministerio de Defensa en ese caso, porque hay gente que me ha venido diciendo que si se suman todas las partidas de investigación, de los programas especiales, en realidad el Estado español gasta -me lo han dicho- 20.000 millones de euros en defensa. Yo dije: no, esto es absurdo. Pero, claro, cuando no se hace con transparencia, se puede oír cualquier cosa y, al final, se puede argumentar cualquier cosa. Yo creo que es un buen negocio para el Estado, es un buen negocio para el Gobierno introducir en los presupuestos una cantidad que se parezca más a lo que finalmente se va a gastar. Y esto también por un argumento de fondo parlamentario, jurídico y de principios. El principio de que los presupuestos generales tienen que tener una cierta relación con lo que se prevé que el Estado va a gastar, y también el concepto de real decreto-ley, que está pensado para situaciones extraordinarias y no para una situación que todos sabemos positivamente que se va a producir cada año, que es el pago de la cuota correspondiente de los programas especiales de armamento. De verdad que ya no solo por transparencia, sino que por el propio interés del Estado pedimos -como digo, comprendiendo que alguna partida será ampliable, comprendiendo muchas cosas- que haya alguna relación real entre los presupuestos de Defensa y lo que finalmente se gasta. Sinceramente, creo que acabaríamos ganando todos los grupos y el primero que ganaría sería el propio Gobierno. La transparencia nunca está de más, y repito, donde no hay información las cosas tienden a ocuparse con la imaginación, y esta suele desbocarse. Por tanto, están haciendo ustedes, el Gobierno, mal negocio.
El señor PRESIDENTE: Para la toma de posición, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero manifestar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley, en coherencia con nuestra proposición no de ley anterior, independientemente de que tuviera una resolución diferente. Entendemos que una vez que el Gobierno ya conoce los compromisos de pago que tiene que hacer en relación con estos programas especiales de gastos militares o de infraestructura militar, lo lógico, ya que es conocedor de los mismos, es que los incorpore a los Presupuestos Generales del Estado en las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa. Eso, desde luego, parece lo lógico. Habilitar un crédito especial, además a cargo de deuda pública y por la vía de urgencia, como suelen ser los reales decretos-leyes, sería porque tuviera que ver con un gasto imprevisto, con una necesidad que
se desconocía o con un pago de un compromiso que el Gobierno con anterioridad, por cualquier razón, no conocía. Pero lo que no es comprensible, no solamente por nuestro grupo ya que esto no lo puede entender absolutamente nadie, es que si el Gobierno conoce que va a tener que pagar unas cuantías por compromisos adquiridos como en este caso, no lo incorpore a las partidas correspondientes del ministerio que corresponda, y que lo tenga que hacer todos los años, año tras año durante todos los años de este Gobierno, a través de un real decreto-ley. Al margen de nuestra posición en relación con el gasto militar, pudiendo compartir que hay algunos gastos militares que son imprescindibles aunque en una situación de crisis se pueden suspender, entendemos que, si bien no se suspenden, por lo menos el gasto y los programas se hagan con la máxima transparencia y, por tanto, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: En esta proposición no de ley se abordan dos aspectos distintos en cuanto a su presupuestación, unos son los programas especiales de armamento y otro las misiones de paz. Respecto al primero, los PEA, además de todo lo que ya hemos hablado en el anterior punto del orden del día, es cierto, como señalaba la señora Davila, que la cantidad que se destina anualmente al pago de estos diecinueve programas está perfectamente prevista y perfectamente presupuestada. En el informe que elaboró mi grupo con el experto Bernardo Navazo incluíamos el acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de 2013, en el que se ve perfectamente la atribución, año por año, de los correspondientes millones de euros de presupuesto público para estos programas. Por lo tanto, el Gobierno no puede argüir que existen razones de urgencia para recurrir al real decreto con el fin de pedir un crédito extraordinario para este pago. Esto se lo hemos dicho prácticamente todos los grupos al ministro cada año, y se lo hemos dicho, lo vuelvo a recordar, en forma de recurso al Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite. Por lo tanto, por supuesto que compartimos la proposición que presenta el Grupo de Convergència i Unió para que esta presupuestación de los PEA tenga una organización más racional y que permita prever mejor este gasto.
En cuanto a las misiones de paz, mi grupo también presentó una iniciativa en este sentido para que se cuantificara su presupuesto acercándolo al gasto real que se produce anualmente; una proposición a la que votaron a favor todos los grupos de la Cámara excepto el Grupo Popular en aquel momento. Además hay un informe del Tribunal de Cuentas que recuerda que esta manera de presupuestar las misiones de paz es irregular, y también le hemos recordado al ministro cada año cuando tenemos el debate presupuestario que el propio Tribunal de Cuentas lo ha calificado de irregular, y pese a las genéricas promesas de cambiarlo anualmente, el hecho es que se sigue presupuestando de una forma que no solo es irregular, dicho por el Tribunal de Cuentas, sino que dificulta la fiscalización parlamentaria y dificulta el trabajo a los funcionarios del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, ambas peticiones de esta iniciativa nos parecen muy razonables y las votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: El debate de estas dos proposiciones no de ley casi en su conjunto, como se está produciendo, nos permite aproximarnos -de la forma más correcta desde que estoy en la Cámara- al fondo de esta cuestión de los programas especiales de armamento. Una cosa tiene que ver con el modelo, afecta al modelo de la defensa, al modelo de desarrollo, al modelo de desarrollo industrial de nuestro país, a muchas cosas en ese sentido, y otra afecta a las formas. A pesar de las soflamas en favor de la transparencia que podemos escuchar por parte del Gobierno, se vuelve a poner sobre la mesa que lo que hace el Gobierno es ocultar el presupuesto en Defensa, y sobre todo estrangular las formas democráticas por la vía del real decreto para acometer unos gastos que sabe de antemano que los va a tener que acometer y que no quiere introducir en los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, nos parece interesante abordar esas dos cuestiones, esos dos vértices de este debate de forma completa, de forma única. En ese sentido iba mi intervención anterior y en ese sentido va esta que estoy haciendo ahora.
Quiero agradecer también a la portavoz del Grupo Mixto, del BNG, ese cambio en la propuesta, porque va a poner de manifiesto que aquí hay dos posiciones en ambos debates. Una tiene que ver con la necesidad de repensar cómo hacemos las cosas, que es en la que nos sitúa el portavoz de la PNL que ahora debatimos, el portavoz de CiU. Evidentemente, no se puede volver a repetir, es absolutamente
increíble que después de cuatro años sigamos utilizando la misma fórmula para acarrear con gastos con los que sabemos que tenemos que acarrear desde hace bastante tiempo. Eso es de todo menos transparente, de todo menos democrático. Señorías del Partido Popular, permítanme la expresión, desde el punto de vista de la oposición, eso es una tomadura de pelo de dimensiones tremendas.
Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, vamos a votar positivamente, porque llevar al Constitucional el decreto del año anterior... Por cierto, quiero recordar a la portavoz del Partido Popular, que hacía gala del informe de los sindicatos, que para pagar el decreto de la otra vez se les quitaron a las comarcas mineras 2,8 millones, por ejemplo. Eso también iba para los trabajadores. No se puede enfrentar a trabajadores con trabajadores. El debate del empleo es diferente y ustedes lo saben muy bien porque en ocasiones no les importa nada, absolutamente nada. Y el debate que ahora mismo tenemos sobre la mesa es de modelo, de modelo de desarrollo y de modelo de I+D+i, etcétera. Quizás eso sea lo demagógico, hacer chantaje con determinadas cuestiones.
Vamos a votar favorablemente este asunto. Como les decía, lo hemos llevado al Constitucional y probablemente, después de llevarlo a trámite con el resto de los grupos, con el Partido Socialista y con UPyD, implicará echar por tierra el decreto anterior y por tanto suspender ese decreto. A nosotros no nos duelen prendas, si las cosas hay que hacerlas, que se hagan bien, que sepamos todos y todas por qué las hacemos, y si se han hecho mal, que se vuelvan a hacer. Para evitar que pase esto, hacemos esta propuesta, que se consigne en el presupuesto y se ponga negro sobre blanco cuánto nos vamos a gastar en las dos cuestiones que plantea el portavoz de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Permítanme que inicie mi intervención puntualizando una serie de aspectos que han quedado sobre la mesa porque creo que es bueno que al menos que figure en el acta lo que voy a decir. Me alegro mucho de que el Partido Popular utilice los informes de los sindicatos. Me gustaría que lo hiciera en su integridad, no solo la parte que le interesa del informe. También me gustaría que utilizara otros informes de los sindicatos, como los que tienen que ver con la reforma laboral y situaciones similares, para que les hiciera tanto caso como parece que les hace en el día de hoy.
En segundo lugar, y creo que está un poco vinculado con la proposición no de ley que ha defendido la portavoz del BNG, se nos ha achacado -y eso lo atribuyen a la herencia recibida- que hubo dos años en los que se suspendió el abono de los programas de armamento. Efectivamente, porque preferimos hacer eso a recortar en políticas sociales y a recortar en protección social. Y sí que es cierto que cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, en el año 2012 se pagaron 1.782 millones de euros de lo no abonado en los años anteriores. Pero permítame que le recuerde que el secretario de Estado de Defensa cuando compareció para hablar de los PEA dijo en esta Comisión que con esos 1.782 millones de euros se ponían a cero todas las deudas y todos los problemas que había con los programas especiales y que a partir de ese momento se iba a producir una renegociación de los mismos con una reasignación de cantidades, con una reducción en algunos de los elementos que constituían esos programas especiales, y que se iba a llevar a cabo un abono, y se hizo un nuevo enfoque de esta programación, entre 2013 y 2030 para hacer frente a los mismos.
¿Con ello qué quiero decir? Que se renegocien esos programas, de los cuales no hemos tenido conocimiento de cómo se han llevado a cabo ni sabemos qué se ha hecho... Sí es cierto que parece que se ha reducido el número de elementos y se ha incrementado el coste de los mismos porque la deuda que existe es mayor que la que había antes. Nos hubiera gustado conocer que eso se llevaba a cabo, nos hubiera gustado saber por qué se producía, nos hubiera gustado saber qué es lo que sucede con cada uno de ellos y qué criterios se han tenido para llevar a cabo esa reprogramación. Pero, indudablemente, lo que nos hubiera gustado y lo que hemos dicho desde el principio es que eso se plasmara en presupuestos, que la partida correspondiente que se incluye en ese real decreto-ley que se aprueba en verano y que este año se ha aprobado en la primavera se hiciera constar en presupuestos, porque ya se sabía perfectamente, de acuerdo con esa reprogramación, cuál es la cuantía que año a año iba a aprobarse mediante real decreto. Nosotros lo hemos recurrido; hemos planteado el recurso para que el Tribunal Constitucional nos diga si esta fórmula de mala utilización de un real decreto ley para unos hechos como los que se recogen es aceptable o no. Yo espero que diga que no porque, indudablemente, ni hay urgencia ni obedece a acontecimientos o a circunstancias sobrevenidas, ni obedece a ningún aspecto excepcional. Es un trámite normal que tiene que ver con una reprogramación que se ha llevado a cabo y lo que hay que hacer es cumplir con los objetivos de esa reprogramación.
Lo mismo sucede con todo lo relacionado con las misiones en el exterior. Indudablemente, es bueno que poco a poco se vaya haciendo constar en los presupuestos, si no el valor real, porque es imposible conocerlo, sí por lo menos una dotación económica, un crédito que pueda ser ampliable para que se sepa en qué medida todo lo que está vinculado con la defensa tiene una plasmación presupuestaria. Es preferible ponerse una vez rojo que mil veces violeta o morado, que es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Gobierno. El Gobierno cada año está teniendo problemas con unos créditos extraordinarios, con una cuantía dedicada a programas especiales de armamento que no queda clara en presupuestos porque parece que es algo malo o algo viciado. No, que tengan la suficiente hombría para hacerlo constar negro sobre blanco, que sepamos en qué nos gastamos los dineros, qué tipo de programas son, y que sepamos también cuánto nos cuestan nuestras misiones en el exterior, aproximadamente, que no creo que plantee ningún problema especial. Por ello, la propuesta de Convergència i Unió nos parece muy razonable y nos gustaría que fuera aceptada porque, ya que hemos sido olvidados en todo este proceso de reprogramación, de conocimiento de los programas, de ver por qué razón se hacen las cosas, por lo menos queremos que en los presupuestos figure en qué se van a gastar esos recursos que van destinados a este tipo de actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU REINÉS: Señoras y señores diputados, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno se encontró con unos compromisos firmados de compra de material de defensa de cerca de 30.000 millones de euros; se tuvo que enfrentar a unos bienes que se habían puesto a disposición de las Fuerzas Armadas pero que no se habían pagado, poniendo en riesgo incluso el futuro de industrias de alta tecnología, cuyos dirigentes amenazaban con cerrar las factorías en España. El Gobierno del Partido Popular inició una ardua tarea de estudio y negociación de las capacidades comprometidas en una época de recesión y con un país sometido a una crisis de carácter parecido a la del petróleo de los años setenta. El Ministerio de Defensa se comprometió a diseñar un plan de actuación que contemplaría reducción de unidades, el aplazamiento de las entregas, la renegociación de condiciones y venta de material, que hiciese compatible el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos con las empresas de armamento o con socios internacionales, con el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para iniciar los procesos de reconducción y estudio detallando la situación financiera de cada uno de los programas de adquisición, buscando soluciones, resultaba necesario abonar previamente los compromisos anteriormente asumidos, por lo que se aprobaron créditos extraordinarios por reales decretos-leyes: el 26/2012, de 7 de septiembre; el 10/2013, de 26 de julio, y el 10/2014, de 1 de agosto. Se trata de mecanismos extraordinarios debidos a que las circunstancias económicas de estos años no permiten consignar la cantidad necesaria en los presupuestos iniciales, debido fundamentalmente a factores macroeconómicos, la evolución económica mensual tanto a nivel nacional como comunitario y a los compromisos económicos y presupuestarios adquiridos por España. En este contexto, los niveles de compromiso de pago alcanzados en los acuerdos de adhesión y/o contratación, y en particular de los programas especiales de armamento, los PEA, han ido divergiendo de la capacidad financiera del departamento ministerial. Ello ha obligado a realizar sucesivas reprogramaciones con el fin de adaptar las previsiones, reconduciendo los créditos hacia aquellas partidas con mayor prioridad y buscando asegurar el mantenimiento de los niveles mínimos que garanticen la operatividad de las unidades, otorgando una mayor atención a las fuerzas desplazadas en escenarios de conflicto y al sostenimiento de los medios que garantizan e incluso mejoran su seguridad. En la medida en que los programas especiales de armamento responden a necesidades presentes y futuras de las Fuerzas Armadas y tienen repercusiones en términos de empleo, se considera que en todo caso es de urgente necesidad proceder a afrontar las obligaciones de pago por parte del Estado, incluso cuando no es posible incluirlas en los presupuestos iniciales.
En relación con las misiones en el exterior, desde su puesta en marcha a principios de los años noventa, la autorización de la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones para el mantenimiento de la paz se realiza por el Consejo de Ministros a finales del ejercicio precedente al que se refiere. En la medida en que esta preceptiva autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior se realiza a finales de año, resulta imposible incluir la previsión de gasto en las operaciones en el exterior en el trámite de elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ya que este debe remitirse al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre, conforme al artículo 37 de la Ley General Presupuestaria. Y por eso se financian en cada ejercicio ampliando el presupuesto inicialmente aprobado por las Cortes Generales, con cargo al fondo de contingencia. Esta imposibilidad en la previsión
en el momento de elaborar los Presupuestos Generales del Estado deriva del carácter esencialmente cambiante de las operaciones en el exterior realizadas por las Fuerzas Armadas. Aunque determinados gastos puedan tener un carácter relativamente estable en una y otra misión, el grueso de los mismos, así como la inclusión de misiones nuevas o la exclusión de otras, obedece a las concretas circunstancias en las que se desarrollan las operaciones y los condicionantes a los que estas se ven sometidas. La participación en estas operaciones origina unos gastos extraordinarios para el Ministerio de Defensa que deben modularse a lo largo de cada ejercicio presupuestario, según se vaya autorizando la participación en nuevas misiones o se produzcan variaciones en las operaciones en curso, por variación de los efectivos desplegados, finalización de las mismas, etcétera. En todo caso, la tramitación de estos fondos se lleva a cabo de manera transparente, siguiendo los trámites parlamentarios correspondientes con la aprobación de cada misión y la información por parte del Ministerio de Defensa de los detalles de cada una de ellas; su cuantía, en el momento en que es posible fijarla, está perfectamente cuantificada. En consecuencia, teniendo en cuenta la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, los despliegues en el exterior vienen determinados por las preceptivas autorizaciones del Congreso de los Diputados y del Gobierno. En la actualidad, las Fuerzas Armadas españolas participan en diversas operaciones de paz en el exterior, todas ellas amparadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y autorizadas por el Congreso de los Diputados. Gracias a estas actuaciones tan criticadas hemos conseguido reconducir una situación que dejaba a España al borde del subdesarrollo tecnológico de seguridad y de defensa, mantener una industria, sus puestos de trabajo altamente cualificados y la posición de España como potencia industrial en Europa. (Aplausos).
- RELATIVA A LAS RESPONSABILIDADES CONSECUENCIA DEL FALLECIMIENTO DEL CABO SORIA TOLEDO Y A LA PETICIÓN DE INFORMES AL RESPECTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003720).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley relativa a las responsabilidades consecuencia del fallecimiento del cabo Soria Toledo y a la petición de informes al respecto. Interviene para su defensa la señora Rodríguez, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: El pasado 14 de abril el ministro de Defensa compareció ante esta Comisión para informar acerca de las circunstancias del fallecimiento el pasado 28 de enero de 2015 del cabo Francisco Javier Soria Toledo, integrante de la misión de Naciones Unidas en el Líbano. En su comparecencia, el ministro hizo una extensa exposición en la que desgranó sus conclusiones tras, según nos indicó, el análisis de tres informes que había estudiado, el realizado por nuestros efectivos, el de la ONU y el elaborado conjuntamente con las fuerzas armadas de Israel. No haré en este momento referencia a dichas conclusiones por economía de tiempo y porque los miembros de la comisión tuvieron oportunidad de conocerlas directamente en el desarrollo de la comparecencia del ministro. Pero debo decir que para la presentación de esta proposición no de ley por parte de mi grupo ha sido determinante, en primer lugar, la inconsistencia de las explicaciones y la debilidad, en nuestra opinión, de las excusas presentadas por el Gobierno de Israel, trasladadas a la Comisión por el ministro, que las hacía suyas, al parecer, en un informe conjunto que no conocemos. En segundo lugar, la falta de respuesta a las más que pertinentes preguntas de aclaración sobre los hechos y circunstancias en las que perdió la vida el cabo Soria Toledo y las medidas adoptadas por el Gobierno para exigir responsabilidades formuladas por nuestro portavoz en dicha comparecencia. Y en tercer lugar, la negativa por parte del ministerio a enviar a la Comisión, a nuestro grupo en concreto, los informes que, en opinión del ministro, explican lo ocurrido y que han sido reiteradamente solicitados, repito, por lo menos por nuestro grupo.
De acuerdo con la información expuesta por el ministro en su intervención, el Estado de Israel admite la existencia de errores en la actuación de la batería de la que provino el disparo mortal que segó la vida del cabo Soria Toledo, así como la ausencia de adopción de las más mínimas precauciones para haberlo evitado, motivo por el que se ha de hacer frente a las responsabilidades pertinentes ante el Estado español y ante la ONU. Pero, a juicio de este grupo, dichas responsabilidades no pueden limitarse a una compensación económica que, aunque importante, no es suficiente. Consideramos que un comportamiento de tanta gravedad no puede quedar impune y, por tanto, entendemos que las autoridades de Israel han de depurar las responsabilidades derivadas de estos hechos en un doble sentido: la adecuada sanción de una conducta imprudente que ha causado la muerte de un militar español bajo bandera de la ONU y evitar que situaciones semejantes vuelvan a producirse.
La responsabilidad de Estado de un país del prestigio de España exige obviamente el leal cumplimiento de los compromisos adquiridos en la esfera internacional. Y aprovecho para reiterar que para el Grupo Socialista es un orgullo que España participe con un contingente militar en la operación decidida en Naciones Unidas, por resolución de su Consejo de Seguridad, del que ahora es miembro, en este caso la 1.701, de 2006, que insta a Israel y a Líbano a que apoyen un cese del fuego permanente y una solución a largo plazo del conflicto que tanto sufrimiento genera en la población de la zona. España así lo hace, cumple sus compromisos de acuerdo con nuestros socios y aliados. Esa misma responsabilidad de Estado exige que las instituciones del Estado, en este caso el Estado español, exijan con todo rigor, claridad y transparencia el cumplimiento por parte de los actores implicados en la misión -en este caso concreto el Estado de Israel y su ejército- de los mandatos establecidos por Naciones Unidas y el derecho internacional de las responsabilidades derivadas de sus actuaciones, en este caso diplomáticamente calificadas como errores o imprudencias temerarias, pero que han acabado con la vida de un miembro de la misión encargada por su Consejo de Seguridad, el cabo de las Fuerzas Armadas españolas, repito, don Francisco Soria Toledo.
Nuestro grupo considera que es también nuestra responsabilidad de Estado la defensa con todo rigor y contundencia de los hombres y mujeres miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que con alto sentido profesional y de su deber con el país participan en todas las misiones encomendadas aunque, como la que llevamos a cabo en Líbano, Unifil, sea un avispero -son palabras del ministro que yo comparto-, y que se exijan las responsabilidades por las conductas temerarias -repito el término que se viene utilizando - que nunca debieron ocurrir. Y por todo ello presentamos una proposición no de ley -no insisto en el contenido, del que todos ustedes disponen ya- para la que solicitamos el apoyo de los miembros de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO FELIPE: En primer lugar, antes de comenzar a defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, me gustaría mostrar las condolencias, tanto en nombre de mi grupo parlamentario como en el mío propio, a los familiares, a la mujer, a la hija, a los padres y al resto de compañeros del cabo Soria, y desde luego desear y esperar que su muerte no haya sido en vano y que sirva al menos para que casos como estos no vuelvan a ocurrir y que ninguno de nuestros militares tenga que fallecer fuera de nuestras fronteras en misiones de paz.
El Grupo Parlamentario Popular no comparte en gran medida la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, lo que nos ha llevado a presentar una enmienda. Voy a explicar el motivo. En primer lugar, indican en el punto tercero que no se han dado explicaciones. Como ustedes saben, el pasado 14 de abril el ministro de Defensa compareció a petición propia para informar al Parlamento acerca de las circunstancias del trágico fallecimiento del cabo Soria y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno, que me gustaría resumir a continuación para que todos las tengamos presentes, puesto que se ha puesto en duda que se hayan explicado. Todos ustedes conocen las circunstancias del trágico fallecimiento, por lo que no las voy a reiterar para no extenderme en mi intervención. Pero sí me gustaría decir los pasos que se dieron y que explicó claramente el ministro en su comparecencia.
Inmediatamente después de suceder este desgraciado incidente se ordena realizar una investigación exhaustiva, rigurosa, rápida y eficaz sobre los hechos que llevaron a causar la muerte del cabo Soria Toledo. Dos oficiales de artillería españoles se trasladan a las pocas horas del incidente a Tel Aviv para comenzar a investigar los hechos sin demora. A su vez, desde el Gobierno se insta a Naciones Unidas a que realice una investigación coordinada desde el seno de Unifil y se exige una declaración de dicho organismo internacional. También desde el primer momento el presidente del Gobierno se pone en contacto con el primer ministro israelí para exigirle que se esclarezcan los hechos, que se asuman responsabilidades si las hubiese y todo eso, como decía, en unas escasas horas. Finalmente, en un plazo de algo más de dos meses se realizan tres investigaciones que arrojan, con matices, un mismo resultado, y es que una cadena de errores del ejército israelí llevó a causar la muerte del cabo Soria. Queda claro en esos tres informes que esta cadena de errores no fue de forma intencionada, pero sí fue una imprudencia, desde luego, de las fuerzas israelíes. Por eso, tal como manifestó en su comparecencia el ministro, se exigió por parte de este Gobierno al Gobierno israelí que reconociese su responsabilidad y que tomase
las medidas oportunas, y así Israel lo reconoció y asumió por tanto la responsabilidad de haber cometido tan tremendo error. Se comprometió también con el Gobierno español a compensar económicamente a la esposa e hija del militar español.
Consideramos, por tanto, que el Gobierno ha actuado como debía hacerlo. Desde el primer momento pone todos los medios para esclarecer los hechos, pide responsabilidades al Estado israelí, pide que reconozca lo ocurrido, que ponga los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir y que se compense en la medida de lo posible (porque es imposible compensar la pérdida de una vida) a los familiares del cabo Soria. A su vez, realiza los trámites para que el cabo Soria reciba honores y condecoraciones a la altura de su sacrificio y sea honrado del modo adecuado. Y, finalmente, el Gobierno pide a Naciones Unidas que establezca los mecanismos para prevenir que ocurran hechos de tal magnitud y que ningún militar español fallezca en misiones de paz, como es este caso. Yo creo que está sobradamente expuesto que el Gobierno, a través de su ministro, dio las oportunas explicaciones, y por tanto en ese punto no estamos de acuerdo.
Tampoco estamos de acuerdo en lo que ustedes dicen de que no se les han proporcionado los informes, porque ustedes conocen perfectamente que esos informes son clasificados, que además dos de ellos no son de titularidad del Estado español y por lo tanto, al no ser obligación del Estado, son de Naciones Unidas y de las fuerzas israelíes, no pueden ser entregados por el Estado español porque no han sido elaborados por el Estado español. Y, como saben, son informes clasificados en base a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, y el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010 sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, como decimos, no es verdad que no se hayan dado explicaciones y tampoco es cierto que se puedan distribuir los informes porque, como ustedes saben, los informes clasificados no pueden ser distribuidos en la medida en que lo solicitan. Además es importante decir que también conocen, porque ustedes han sido partido de gobierno, las responsabilidades que conlleva estar en el Gobierno y que las relaciones internacionales con Líbano e Israel son importantes para la seguridad de nuestros efectivos que todavía se encuentran en la zona. Por lo tanto, creo que es importante ser responsables. Y son conocedores también de que el derecho internacional establece que al producirse los hechos fuera de nuestras fronteras la acción de nuestro Gobierno es limitada; no se ha producido en suelo español y por lo tanto la jurisdicción es limitada.
Por todo lo expuesto, consideramos más adecuada la redacción de nuestra enmienda, en la que proponemos trasladar a cualquier grupo de la Cámara los datos que surgiesen o se diesen a conocer sobre esta cuestión, y en la que solicitamos impulsar con el Estado de Israel la subsanación del tremendo error que causó la muerte del cabo Soria Toledo.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra su portavoz el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: Brevemente y en la misma línea que mantuvo este grupo en la comparecencia del ministro, primero, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la muerte de un soldado español por ataque de fuego, y que además era un soldado de Naciones Unidas en misión de paz internacional, a manos de uno de los ejércitos más preparados, mejor formados y más capaces, como ya le dije al ministro, del mundo, como es el ejército israelí. Por lo tanto mantenemos nuestra exigencia, y por eso vamos a votar favorablemente el texto que propone el Partido Socialista, de que esto no quede aquí. Porque además el Estado español tiene una doble responsabilidad: primero, por la nacionalidad del cabo Francisco Javier Soria Toledo y evidentemente esperamos que se investigue o, cuando menos, que la denuncia, la demanda que existe prospere y salga a la luz lo que ha pasado en este caso, y, segundo, porque España tiene una responsabilidad como miembro del Consejo de Seguridad que no puede dejar de lado habida cuenta, como les decía, de que estamos hablando de una misión de la ONU, de Naciones Unidas.
Tres motivos fundamentales que pasaré a recordar hacen que nosotros mantengamos que esto no es casual, que esto no fue un tremendo y lamentable error que puede saldarse con crespones negros e indemnizaciones, y que se suma a la larga trayectoria del ejército israelí de ataques, en este caso concreto incluso contra esta misión de paz internacional de interposición, como ya tuve ocasión de explicar el día de la comparecencia y que por cuestión de tiempo no repetiré el día de hoy. Esos tres motivos son los siguientes. Primero, Israel conocía perfectamente las coordenadas del puesto de Naciones Unidas que bombardeó intensamente. Segundo, los informes serán secretos, pero si hubiera tanta tranquilidad de cara a decir, a afirmar, a garantizar que fue un error, no sé qué problema hay para poner negro sobre
blanco, para dejar claro cuál es el resultado de esos informes; no sé cuál es el problema, aclararían las cosas y a los que en teoría no tenemos razón -los grupos que estamos demandando esa información- evidentemente nos harían cambiar de parecer. Pero el hecho es que lo único que conocemos es lo que dijeron los medios, la prensa, y lo que afloran esos testimonios, que confirman que Israel corrigió la trayectoria del ataque desde que comienza la operación bombardeando la línea azul, a las once y media, hasta la una y cuarenta y cinco minutos, es decir durante casi dos horas, hasta dar de lleno en el puesto avanzado de Naciones Unidas. Y hay un tercer punto que de alguna manera reafirma nuestra posición de que no fue casual: cómo este proyectil que impacta y acaba con la vida del militar español, del cabo español Francisco Javier Soria Toledo, no fue un proyectil aislado, señorías. Según aparece en ese informe de Naciones Unidas, Israel disparó sobre la zona 118 obuses de artillería, 90 granadas de mortero y 5 proyectiles de tanque en dos horas. Entonces, intentar tapar esto con una comparecencia del ministro diciendo que Israel ha asumido responsabilidades, diciendo que hay informes clasificados, diciendo... Evidentemente que todo eso tiene que pasar, que Israel asuma sus responsabilidades, que el ministro comparezca, pero no nos podemos quedar ahí. Por lo tanto, todo aquello que contribuya a esclarecer, a clarificar y, por primera vez en mucho tiempo, a demostrar públicamente qué es lo que ha pasado será bienvenido y será bueno para replantearnos también determinadas relaciones y cuál es la acción de determinados socios internacionales respecto a los que luego, como en teoría tenemos que garantizar nuestra seguridad allí -una vez más el chantaje-, no podemos decir nada que vaya contra lo que nos están diciendo que tenemos que decir, que es lo que pasó y es lo que pasó cuando compareció el ministro y lo que vimos, que no hicimos más que seguidismo a Israel otra vez. Por lo tanto, en base a todos estos argumentos, nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular?
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: No la aceptamos, señor presidente.
- RELATIVA AL ACCIDENTE DEL AVIÓN AIRBUS A400M OCURRIDO EN SEVILLA EL 9 DE MAYO DE 2015. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003721).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición que figura como punto 5.º del orden del día, 4.º a efectos del debate, la relativa al accidente del avión Airbus A400M ocurrido en Sevilla el 9 de mayo de 2015. Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señorías, el pasado 9 de mayo un avión Airbus A400M, en su primer vuelo de prueba sufrió un gravísimo accidente poco después de despegar del aeropuerto de San Pablo en Sevilla. En él fallecieron cuatro personas, un teniente coronel y dos comandantes del Ejército del Aire, además de un civil; un suboficial y otro civil sufrieron gravísimas heridas, de las que aún se recuperan en los hospitales sevillanos. Todos ellos eran españoles y todos trabajaban para el consorcio europeo Airbus Defence and Space. Las condiciones meteorológicas y de visibilidad eran excelentes, la tripulación muy experta y por lo tanto nada hacía pensar que ocurriera algo así. Minutos después de avisar a la torre de control de haber detectado problemas en el vuelo y tras intentar evitar su caída en un polígono industrial cercano, el avión se estrelló después de colisionar con una torre de alta tensión. Estos hombres merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto.
Dos comisiones de investigación se han constituido, una por parte del Ministerio de Defensa y del de Fomento, y otra por parte del consorcio Airbus Defence and Space. Mientras, el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla se ha hecho cargo de las investigaciones, que permanecen bajo secreto del sumario. Además del análisis de las cajas negras del avión serán relevantes sin duda los análisis del centro de ensayos de la factoría de Airbus en Sevilla, que recibe y analiza más de 40.000 parámetros e intercambia más de 200.000 indicadores de los aviones mientras están en vuelo, por lo que disponen de información detallada y pormenorizada del comportamiento de todos los sistemas electrónicos con que funciona el avión. Tras el accidente varios países, Alemania y Reino Unido en primer lugar, han anulado los vuelos del A400M temporalmente, hasta que se clarifiquen las causas del accidente, y el Ministerio de Defensa español ha retirado temporalmente el permiso de vuelo a las unidades que se encuentran en fase de producción. El día 19 la propia compañía Airbus, tras un primer análisis interno, ha encontrado un fallo en el software del ordenador que controla los motores y cree que puede ser esta la causa del accidente. Consecuentemente ha enviado una alerta a todos los operadores del A400M para informarles de la
necesidad de realizar comprobaciones específicas en las unidades de control electrónicas en cada uno de los cuatro motores del avión. El problema se ha localizado en las unidades de control eléctricas que forman parte del ordenador que controla el sistema de propulsión y que han sido fabricadas por un consorcio de empresas alemanas y francesas.
Tras la conmoción inicial producida por este terrible accidente surge la preocupación de cómo puede afectar a la continuidad del programa. El A400M tuvo su lanzamiento definitivo en 2003, después de varios años de preparación, previéndose su entrada en servicio en un plazo de diez años. El objetivo es vender entre 300 y 400 unidades, de las que ya están adjudicadas 174, 170 de ellas a los ocho países que lanzaron el proyecto (Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Turquía, Reino Unido, y cuatro más a Malasia). Ya se han entregado 12 unidades y actualmente se negocian grandes pedidos con países como Arabia Saudí, Chile, México e Indonesia. En la planta de ensamblaje de Sevilla se encuentran actualmente 20 aeronaves en distintas fases de montaje y con un calendario de entregas ya preestablecido que no debería sufrir nuevos retrasos.
Señorías, este es un proyecto europeo liderado en gran medida por España con una inversión aproximada de 28.000 millones de euros, que presta servicio a las fuerzas armadas de los distintos países como también desde el punto de vista industrial, de desarrollo tecnológico y de investigación, y que ha significado el inicio de un liderazgo europeo mundial en el sector aeronáutico, hasta ahora inexistente, y consiguiendo por primera vez la independencia industrial, tecnológica y militar de Estados Unidos. Hasta ahora el mercado de los aviones de transporte militar estaba dominado por la industria estadounidense, con dos modelos complementarios: el Hércules C-130 como avión de transporte táctico y el Boeing C-17 para transporte estratégico. El acierto del diseño del A400M por la industria europea ha sido dar un salto tecnológico al conseguir compatibilizar ambas necesidades: las de tipo táctico, para operar en escenarios de conflicto, con capacidad de aterrizar en pistas cortas, sin pavimentar y dotados de sistemas de defensa, y las de tipo estratégico, capaces de transportar grandes cargas a largas distancias y a gran velocidad. Un avión, por tanto, muy versátil y muy operativo capaz de volar y operar en condiciones extremas, que da servicio tanto a las necesidades de operaciones logísticas como a misiones humanitarias en catástrofes naturales. Airbus opera principalmente en España, en sus factorías de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía. De manera especial, Andalucía es una de las regiones que mayor desarrollo ha experimentado en el ámbito aeronáutico mundial y se ha convertido en el tercer polo aeroespacial de Europa, detrás de Toulouse y de Hamburgo, que junto con Sevilla son los tres únicos lugares donde se localiza el ensamblaje final de las grandes aeronaves. Dada la tradición histórica de Sevilla en la aeronáutica, y sobre todo las políticas de fomento de este sector por parte del Gobierno andaluz en los últimos treinta años, Andalucía es la segunda región aeronáutica de España después de Madrid por facturación y por empleo; es un sector sano y en continuo crecimiento, con una facturación de 2.060 millones de euros y con un empleo de 11.685 profesionales de alta cualificación y una capacidad total de empleo, entre empleos directos e indirectos, de más de 25.000 profesionales. El sector aeroespacial andaluz cuenta con 115 empresas, 80 de las cuales se ubican en Sevilla y Cádiz, concentrando el 93% del empleo. Este sector supone para el PIB andaluz el 1,49%, y el 19% del PIB industrial manufacturero.
Señorías, creo que de mi exposición queda clara la oportunidad de que la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados muestre su respaldo a este proyecto y al liderazgo ejercido por España en el mismo. Sin duda será de utilidad para el Gobierno para defender ante el resto de los países miembros del consorcio la voluntad firme de continuar liderando un proyecto trascendental para la industria aeronáutica europea. Por ello pedimos al Gobierno que contribuya activamente a la investigación sobre las circunstancias y las causas del accidente, en la seguridad de que la máxima rigurosidad, la claridad y la transparencia son inexcusables para mantener la confianza de los países participantes en este proyecto y de los futuros compradores. Creemos además que la Comisión de Defensa debe conocer los informes y las conclusiones de las comisiones de investigación, lo que ayudará sin duda a mejorar la confianza en el proyecto. Asimismo consideramos de importancia (por eso hemos presentado una autoenmienda a nuestra primera iniciativa) que el Gobierno refuerce la cooperación con las comunidades autónomas donde se ubican los principales polos aeronáuticos para fortalecer los proyectos estratégicos de apoyo al sector de manera que se puedan mantener e incluso incrementar el empleo y la facturación vinculados a la empresa Airbus y al tejido industrial paralelo.
Finalmente, señor presidente, queremos que las familias de las víctimas y los heridos que aún se recuperan reciban el homenaje y el reconocimiento del Congreso de los Diputados para que en la medida de lo posible se vean reconfortados ante el enorme sacrificio que han realizado.
El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, la autoenmienda presentada por su grupo ha sido defendida ya en su propia intervención. ¿Es así? (Asentimiento).
Para defender la enmienda del Grupo Popular presentada a esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Como se ha recordado, el pasado día 9 se produjo en Sevilla el accidente de un avión Airbus A400M en vuelo de pruebas, con el resultado de cuatro fallecidos y dos heridos muy graves. Nuestras primeras palabras, como no puede ser de otra manera, son de pésame y solidaridad con las familias de los fallecidos, junto a nuestro apoyo, oraciones y los mayores deseos de una pronta recuperación de los heridos. Con nuestro afecto no solo reseñamos aquí en el Congreso de los Diputados sus nombres y su recuerdo, sino que también reconocemos la pericia de los pilotos evitando una catástrofe mayor y un elevado número de víctimas civiles que pudieron llegar a ocurrir. Los nombres de los fallecidos, los pilotos Jaime Gandarillas y Manuel Regueiro Muñoz, y los ingenieros de vuelo Jesualdo Martínez Ródenas y Gabriel García Prieto; los dos heridos son el ingeniero José Luis de Augusto y el mecánico de aeronaves Joaquín Muñoz Anaya. Quiero por tanto agradecer la iniciativa socialista, tanto en los términos en los que está planteada como en los términos en los que aquí ahora mismo, in voce, acaba de exponer, de argumentar y defender su portavoz, y también por el hecho de permitirnos expresarnos sobre este accidente, accidente aéreo que motivó la presencia del propio presidente del Gobierno el pasado día 10 en el lugar de los hechos y que ha sido objeto de la ocupación, preocupación y seguimiento del ministro de Defensa y de la ministra de Fomento especialmente.
En cuanto al Airbus siniestrado, se refiere al A400M, sobre el cual queremos hacer unas consideraciones. Es un proyecto a largo plazo cuyos orígenes hay que buscarlos en el año 1982 en el FIMA, el Future International Military Airlifter, uniéndose en 1989 la empresa -los sevillanos bien la conocen- llamada CASA, cuando Lockheed abandonó el grupo. El Airbus es un avión complejo, una aeronave que debe abarcar un espectro de carga que va desde el C-130 Hércules a la mitad de lo que llevaría un C-17 Globemaster, con una capacidad de carga de 37 toneladas, pudiendo volar a velocidades equivalentes a las de un helicóptero, a una velocidad de 0,72 mach, pudiendo por tanto volar a nivel del mar o a 37.000 pies, a 13.000 metros de altura. Se trata de un avión que tiene múltiples configuraciones, casi una por cada cliente: transporte de carga, transporte de tropas, Medevac (equipos de evacuación médica), avión cisterna, vigilancia electrónica, con un sistema de vuelo similar al de los Eurofighter, con hélices cuyas puntas giran a velocidades cercanas a las del sonido. Al mismo tiempo se diseñó el avión para que fuera capaz de operar desde campos similares a los que los mucho más pequeños C-130 Hércules operaban, lo cual lo sitúa muy por delante de sus competidores, el C-5 o el C-17, ya que estos últimos solo pueden operar aterrizando en aeródromos. En cambio, el Airbus permite operar prácticamente en la línea del frente. Además se han tenido que valorar aspectos como la producción de turbulencias en la parte posterior del avión, cuya eliminación, que es una tarea técnicamente dificultosa, permite el salto simultáneo de paracaidistas pertenecientes a un comando, algo imprescindible en operaciones nocturnas a baja altitud, donde se necesita la mínima dispersión de los miembros del comando. Como todas sus señorías saben, se trata de un avión complejo y competitivo para los fines pretendidos, fruto del trabajo de varias naciones europeas y con una cartera de pedidos de más de centenar y medio de unidades, como se ha dicho ya, algunas de las cuales han sido ya entregadas, y la que se estaba probando tenía por destino a Turquía.
Huelga decir la importante inversión financiera y tecnológica que un proyecto de esta naturaleza conlleva, proyecto en el cual la participación española es de gran magnitud e interés desde la perspectiva de la defensa, desde la perspectiva de la actividad económica y desde la perspectiva del empleo de alta cualificación (especialmente en Sevilla, pero en menor medida también en Madrid). La investigación de las causas es y debe ser rigurosa y profunda, debe ser plenamente transparente para que no pueda existir el más mínimo resquicio de duda sobre su seguridad y operatividad. Se ha apuntado la posibilidad de un fallo en el sistema electrónico. Sea lo que fuere habrá que subsanarlo para que no vuelva a suceder ningún accidente. No obstante, aunque ello nada nos satisface, otras aeronaves similares han sufrido también diversos fallos y accidentes, como en el caso del C-5 Galaxy, del C-17 Globemaster o del F-35. Como sus señorías bien saben, se trata de un avión de diferente topología a estos dos últimos. Con ello queremos decir que confiamos y animamos a la plena investigación, pero igualmente entendemos (y creo que lo compartimos plenamente con el grupo proponente) que debemos dejar trabajar a los expertos con tranquilidad, cumpliendo los correspondientes protocolos, apoyando a las familias de las víctimas y a nuestra industria aeronáutica y sus trabajadores. Por estas razones -que nos ha parecido una iniciativa
adecuada la del Grupo Socialista, como también la intervención en su defensa-, hemos llegado a una enmienda transaccional que en este momento están pasando a máquina pero que le entregaré a la autora de la iniciativa para que la haga llegar a la Mesa y la puedan conocer todas sus señorías, en la cual se recogen los aspectos sustanciales de la iniciativa y también los que hemos formulado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Denegaciones).
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA SUPRESIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL REAL DECRETO 689/1978, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ZONAS E INSTALACIONES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL, QUE DESARROLLA LA LEY 8/1975, DE 12 DE MARZO, DE ZONAS E INSTALACIONES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003099).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura como punto 2.º del orden del día y que sería la última a debatir, relativa a instar al Gobierno la supresión de determinados artículos del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: Lo que proponemos en la PNL presentada es la eliminación de diferentes artículos del reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que es un reglamento de 1978 y que limita la adquisición de suelo, de inmuebles en las zonas colindantes, en algunas zonas concretas que determina dicho reglamento (vuelvo a decir, de 1978), unas limitaciones para los extranjeros, que es lo que pone el real decreto, y que por lo tanto desde la evolución del mapa europeo y nuestra inclusión en la Unión Europea y cómo se han ido modificando las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, las amenazas (ayer mismo tuvimos un debate), creemos que este real decreto en sí mismo carece de lógica, pero que después, como les decía, de ponerse en marcha la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea es imprescindible la revisión del mismo. Consideramos que es una propuesta absolutamente necesaria, que habrá que hacerlo en algún momento y por lo tanto lo que proponemos es que directamente esta Cámara mandate al Gobierno modificar ese reglamento, eliminar de ese reglamento las cuestiones que han quedado obsoletas, fuera de tiempo, ya que, como les digo, ha cambiado mucho desde 1978 hasta esta parte el mapa político, el mapa europeo y sobre todo las políticas de seguridad de la Unión. Para nosotros, e incluso para la política europea de seguridad, la necesidad de establecer, de crear instrumentos comunes, como bien dice además la Estrategia Europea de Seguridad, pone de manifiesto que este tipo de medidas que contempla este real decreto son absolutamente propias de otro mundo, propias de otro tiempo.
Entendemos además que la inclusión en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, concretamente en los artículos 42 y 46 del Tratado de la Unión Europea, de esa Estrategia Europea de Seguridad pone de manifiesto y vuelve a situar la imperiosa necesidad de revisar este reglamento y de eliminar todas aquellas cosas que han quedado desfasadas. Poco sentido tienen este tipo de limitaciones cuando existen además cláusulas de solidaridad mutua, de cooperación mutua entre países y cuando se está avanzando en eso cotidianamente en materia de seguridad. No tiene ninguna lógica lo que pone en el artículo 1 del reglamento, por ejemplo, de que haya acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros en esas zonas que luego determina, y paso a leer algunas de ellas, como por ejemplo la zona fronteriza con Portugal, la zona de Galicia, la zona fronteriza con Francia, la zona de Cartagena, los islotes... Es decir, es absolutamente anacrónico mantener este listado y es absolutamente necesario actualizar esta política habida cuenta también de que este país ahora permite adquirir, por ejemplo, el permiso de residencia por 500.000 euros si en un momento determinado un extranjero compra un inmueble. Hay cuestiones que son absolutamente contradictorias y por lo tanto esta propuesta tiene muchísimo sentido y además evitaría situaciones que se dan que están absolutamente fuera de lugar.
Hay una propuesta de transacción, estamos intentando llegar a un punto común que implicaría sustituir "la eliminación" por "la modificación" de aquellos artículos que estén, como les decimos, fuera de tiempo,
que sean anacrónicos. Vamos a estudiarla e intentaremos llegar a un acuerdo, y esperamos que el Partido Popular se sume a este acuerdo porque para nosotros es absolutamente necesario actualizar el marco jurídico español en lo que tiene que ver con la nueva realidad de la defensa europea y sobre todo en lo que tiene que ver con la nueva realidad del marco político y del marco institucional mundial y europeo en este caso.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Nos encontramos ante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural que plantea la eliminación de una serie de normas que tienen, lógicamente, su antigüedad, en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles por extranjeros en zonas de seguridad de instalaciones para la defensa nacional. Para entender el planteamiento que aquí se nos ofrece, sin duda hemos de considerar distintos aspectos normativos: la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, del año 1975, el reglamento que la desarrolla por real decreto del año 1978, la orden ministerial de 1983 y en alguna medida, en cuanto que habla de extranjeros, también el propio Tratado de Maastricht de la Unión Europea, de 7 de febrero del año 1992.
Para salvaguardar los intereses de la defensa nacional y la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones quedan sujetos a limitaciones previstas en la ley los derechos sobre bienes situados en aquellas zonas del territorio nacional que en las mismas se configuran con arreglo a distintas calificaciones: de interés para la defensa nacional, de seguridad de las instalaciones militares o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar, de acceso restringido a la propiedad por parte de los extranjeros. Se denominan zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros aquellas en que por exigencias de la defensa nacional o del libre ejercicio de las potestades soberanas del Estado resulte conveniente prohibir, limitar o condicionar la adquisición de propiedad y demás derechos reales por personas físicas o jurídicas de nacionalidad o bajo control extranjero, de acuerdo con lo que establece la propia ley. En estas zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros se determinan la extensión total de los bienes inmuebles pertenecientes a la propiedad y el porcentaje que pueden emplear en su caso de edificación. Y como ha dicho también mi predecesor en el uso de la palabra y autor de la proposición no de ley que se trata, se establece que estas zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros vienen determinadas bien por territorios insulares, que a su vez comprenden la totalidad de islotes de soberanía nacional, bien por territorios peninsulares, que son los que ha citado con anterioridad, o por territorios españoles del norte de África.
Todo ello conlleva, por tanto, una reflexión sobre varios conceptos, y sobre todo acerca del concepto de extranjería o de extranjero en los momentos presentes. Tenemos, por tanto, que acudir a la Constitución y también al Tratado de Maastricht en cuanto a la tipificación de extranjeros pero que son ciudadanos comunitarios. La Constitución Española de 1978 establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza la propia Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley, y por lo tanto se remite a criterios de reciprocidad entre los distintos países. La Ley de Extranjería dice que se consideran extranjeros a los efectos de aplicación de la ley los que carecen de nacionalidad española, y en este sentido la extranjería es un estado civil negativo: el extranjero es el que carece del estado civil español. No obstante, los extranjeros no son todos iguales para nuestro ordenamiento. Existen determinados grupos de extranjeros que la ley destaca para darles un trato preferencial; en los supuestos de conceder permiso de trabajo se da trato preferencial a los extranjeros nacidos en España, a los iberoamericanos, a los portugueses, a los filipinos, a los andorranos, a los ecuatorianos, a los sefardíes y a los gibraltareños. Y por otro lado hay que tener en cuenta, como decía, que el grupo más destacado de extranjeros en estos momentos es el de los ciudadanos de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht establece y crea la ciudadanía europea. Se trata de una ciudadanía política más que estrictamente en sentido jurídico; el extranjero europeo es un conciudadano, sin dejar de ser extranjero, aunque privilegiado por disfrutar de unas prerrogativas de las que carecen los demás, como pueden ser políticas de derecho y sufragio, pero también de adquisiciones o tráfico mercantil o económico. Por lo tanto, tienen una consideración en este aspecto y en el que nos preocupa o nos ocupa, destacada. Se destacan las limitaciones establecidas en la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional en cuanto a la adquisición de sus propiedades, reguladas en las normas que hemos dicho, en las que se establece la necesidad de autorización militar para la adquisición por parte de extranjeros no comunitarios. Por lo tanto, los comunitarios tienen un tratamiento similar a lo que son los ciudadanos propiamente españoles.
Ante esto, mi grupo ha presentado una enmienda en la cual, frente al planteamiento que se nos hace en la propuesta, lo que proponemos es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a revisar y evaluar la justificación actual de las zonas de frontera de seguridad en las que se establecen limitaciones para la adquisición de bienes inmuebles y que el Gobierno, de acuerdo con esa revisión y evaluación, informe a la Cámara de las posibles modificaciones o actualizaciones que en el reglamento que hemos citado y que nos ocupa pueden establecerse en cuanto a la adquisición de propiedades en estas zonas por parte de los extranjeros.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Solo quería manifestar nuestro apoyo a la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García.
El señor GARCÍA PÉREZ: Nos sorprende que Izquierda Unida traiga esta proposición no de ley hoy aquí porque hace un año el Grupo Popular en el Senado presentó una iniciativa similar y tanto Entesa pel Progrés de Catalunya como el Partido Socialista votaron en contra; por lo tanto, nos sorprende que quieran ahora que aquí en el Congreso se haga algo que allí ellos han votado en contra.
De todas formas, el argumento sobre el que se asienta la proposición no de ley de que esta figura jurídica es a todas luces obsoleta y fruto de unas circunstancias como las de febrero de 1975, felizmente ya superadas y que generan una demora y unos gastos administrativos para el comprador innecesarios hoy en día, contiene inexactitudes en relación tanto con la labor de las Fuerzas Armadas como del papel que juegan las zonas de interés para la defensa. Hoy reciben esta catalogación las zonas que se consideran a día de hoy necesarias para las actividades que realizan las Fuerzas Armadas dentro de su labor. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular rechazará esta proposición no de ley, debido a las inexactitudes que contiene.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, tiene la palabra para que indique su posición respecto a la enmienda.
El señor SANZ REMÓN: Hemos conseguido transaccionar una propuesta que, si quieren, paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y evaluar la justificación actual de las zonas de frontera de seguridad, en las que se establecen limitaciones para la adquisición de bienes inmuebles, y en su caso, tras informar a la Cámara del resultado de dicha revisión, proceder a la modificación de los artículos y disposiciones del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés. Es decir, que revise los artículos que procedan, de todo lo que acabo de leer.
El señor PRESIDENTE: Si es tan amable, señor Sanz, hágala llegar a la Mesa.
Vamos a suspender dos minutos, y procederemos a las votaciones. (Pausa).
Señorías, continuamos con la sesión, y procedemos a las votaciones. En primer lugar votamos la proposición con número de expediente 161/000933, que se vota en los términos de su autoenmienda, modificada in voce.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; votos en contra, 36; abstenciones, 1.
Votamos ahora la proposición con el número de expediente 161/003099, y se vota la enmienda transaccional de La Izquierda Plural y el Grupo Socialista, y que ha leído el señor Sanz Remón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 23.
Proposición no de ley con número de expediente 161/003478. Se vota en sus propios términos al no tener ninguna enmienda presentada.
Proposición no de ley con número de expediente 161/003720, que se vota en sus propios términos, al no aceptar el Grupo Socialista la enmienda presentada por el Grupo Popular.
En la proposición no de ley con número de expediente 161/003721 se ha llegado a una transacción entre el Grupo Socialista y el Grupo Pupular, que queda de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados traslada su pesar por el accidente del A400M producido en Sevilla el pasado 9 de mayo, así como su solidaridad con las familias de las víctimas y sus compañeros, e insta al Gobierno, primero, a continuar apoyando activamente la investigación rigurosa e independiente acerca de las causas y circunstancias del accidente por parte de los organismos e instituciones legalmente competentes; segundo, a seguir fortaleciendo y fomentando, junto con nuestros socios europeos, la activa participación de España en los proyectos tecnológicos e industriales en el área de la defensa, como se está haciendo con el desarrollo, producción y exportación del A400M; tercero, a trasladar al Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Defensa, las conclusiones del informe elaborado por la comisión que está investigando las causas del accidente; cuarto, a reforzar la cooperación entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades autónomas en cuyo territorio se ubican los principales polos aeronáuticos, para fortalecer los proyectos estratégicos de apoyo al sector, de manera que se puedan mantener y en su caso incrementar, tanto el empleo como la facturación vinculados a la empresa Airbus DS y al tejido empresarial auxiliar, creando un entorno adecuado para que el sector aeronáutico español siga siendo competitivo en un contexto global. Votamos la enmienda transaccional.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 37
 resolución 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 1
 real decreto 
 Real Decreto