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Timestamp: 2018-12-12 10:30:08+00:00

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1 SENTENCIA TC/0028/12 República Dominicana EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Referencia: Expediente No sobre acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad incoada por René del Rosario Alcántara contra el artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012). El Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez Ramírez, Víctor Gómez Bergés, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, Jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica No , sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio del 2011, dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 16
2 1.- Descripción de la ley impugnada República Dominicana I.- ANTECEDENTES La norma jurídica impugnada por el accionante es el artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de Artículo 22: Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del artículo ciento ocho del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcional a las facultades de aquél. El Tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar. Todas las notificaciones, incluyendo cualesquiera otros actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros actos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta, a su propia persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento de la mujer. Párrafo.- (Agregado por la ley 2153 del 12/11/1949 y modificado por la ley 112 del 23/3/1967). En todos los casos en que los emplazamientos tengan que hacerse al fiscal, será obligatorio para el marido demandante bajo pena de nulidad radical y absoluta, publicar previamente en un diario nacional de los de mayor circulación en el país, un aviso durante tres días consecutivos que contenga advertencia a la mujer demandada, de que, a falta de información relativa al lugar de su residencia, se procederá a emplazarla en acción de divorcio ante Página 2 de 16
3 el fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda. En dicho aviso se expresará cuál es este tribunal, la fecha en que se notificará la demanda al fiscal, la causa de ésta, el nombre de la parte demandante, el nombre de la mujer contra quien se dirigirá la demanda, el lugar de la última residencia que le hubiere conocido el marido a su mujer y el día y la hora de la audiencia. Copia in extenso de este aviso se dará al fiscal en cabeza de la demanda. El Juez apoderado del caso declarará irrecibible la demanda si no se le demuestra que se han hecho las publicaciones indicadas, con el depósito de los tres ejemplares de los periódicos, certificados por los impresores, que contengan las tres publicaciones consecutivas ordenadas por esta Ley. 2.- Pretensiones del accionante Breve descripción del caso En la especie se plantea a este Tribunal la inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de 1967, actuando como parte interesada en acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad el señor René del Rosario Alcántara, dominicano, mayor de edad, casado, empleado público, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No , domiciliadlo y residente en el edificio marcado con el No. 112, apartamento 15, segundo nivel, de la avenida Nicolás de Ovando, Ensanche Luperón, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Conforme a lo invocado por el accionante, la disposición impugnada en inconstitucionalidad contraviene el principio de igualdad, o sea, que la ley es igual para todos, puesto que no se le obliga a la mujer a que actúe de esa misma manera cuando ella es la demandante. Página 3 de 16
4 2.2.- Infracciones constitucionales alegadas El solicitante interpuso su acción alegando que la norma contraviene las disposiciones del artículo 8, numeral 5 de la Constitución de la República del 1994, que dispone: A nadie se le puede obligar a hacer lo la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La Ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni prohibir más que lo que la perjudica. a. Que su interés legítimo está dado por la dificultad que resulta como alguacil, al momento de realizar una actuación, que figure como demandada la mujer, pues algunas damas sabedoras de esta situación desvían al alguacil, de modo que es humanamente imposible localizarlas en su propia persona. b. Que del análisis del referido texto legal se desprenden las siguientes situaciones contrarias a la Constitución de la República. i. Que contraviene las disposiciones del artículo 8, numeral 5 de la Constitución de 1994, disposición recogida por el artículo 39 de la vigente Carta Sustantiva que dispone: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La Ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni prohibir más que lo que la perjudica ; ii. Que cuando es la mujer la demandada en domicilio desconocido, la ley obliga al marido demandante a publicar en un periódico de circulación nacional, no siendo así para cuando el hombre es demandado en la misma circunstancia, lo cual es contrario al principio constitucional de que la ley es igual para todos; Página 4 de 16
5 iii. Que contraviene las normas del artículo 100 de la Carta Fundamental de 1994, cuyo equivalente es el artículo 39, numeral 1) de la vigente Constitución que condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; iv. Que la parte de la ley atacada de inconstitucionalidad se desprende una violación de esta disposición constitucional, toda vez que crea un privilegio a favor de la mujer, al disponer situaciones procesales privilegiadas que favorecen a una de las partes, tales como previas publicaciones y entrega en su propia persona, no siendo igual para cuando el hombre es demandado; v. Que la parte interesada es aquélla que figura como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique interés legítimo; vi. Que el artículo 46 de la Constitución de 1994, actual artículo 6 de la vigente Carta Magna dispone que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución. 3.- Intervenciones oficiales Opinión del Procurador General de la República El Procurador General de la República, mediante su instancia de fecha seis (06) de enero de 2004, pretende la admisión de la acción en Página 5 de 16
6 inconstitucionalidad que nos ocupa y para justificar dichas pretensiones alega, en síntesis, lo siguiente: a) PRIMERO: Declarar admisible la instancia en acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad contra el artículo 22, con su párrafo único de la Ley No Bis, del 21 de mayo de 1937, párrafo único agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de 1967, interpuesta por Rene del Rosario Alcántara, por los motivos precedentemente señalados. SEGUNDO: Que procede acoger el presente recurso de inconstitucionalidad, y por tanto declarar inconstitucional el artículo 22, con su párrafo único de la Ley No Bis, del 21 de mayo de 1937, párrafo único agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de 1967, interpuesta por René del Rosario Alcántara, por los motivos precedentemente señalados. 4.- Pruebas documentales Para fundamentar su calidad e interés legítimo con el propósito de incoar la acción en declaratoria de inconstitucionalidad, el accionante no aportó ningún tipo de prueba documental. II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5.- Competencia Este tribunal se encuentra formalmente apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad de los textos legales arriba descritos, por lo que es competente para conocer de la presente acción en declaratoria de Página 6 de 16
7 inconstitucionalidad, en virtud del artículo 185 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley No , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 6.- Legitimación activa o calidad para accionar Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 2002, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de 1994, que admitía las acciones incoadas por la parte interesada. Además, la calidad del accionante viene dada por tratarse de una persona que a la sazón era alguacil y confrontaba serias dificultades al momento de ejercer su trabajo, esto es, de notificarles a las mujeres durante el procedimiento de divorcio, lo cual constituía un obstáculo para el desempeño de su ministerio. 7.- Rechazo de la acción en inconstitucionalidad La presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad se rechaza por las razones siguientes: a) Cuando se depositó la acción directa en inconstitucionalidad bastaba que el accionante manifestara un interés directo y figurara como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial o que actuara como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; b) Si bien es verdad que tanto el legislador constituyente como el ordinario han realizado ingentes esfuerzos por consignar la igualdad de género, no menos cierto es que las desigualdades fácticas que se manifiestan en perjuicio de la mujer obligan a la protección de las misma en una sociedad en la que aun prevalece la hegemonía masculina; Página 7 de 16
8 c) Las razones de discriminación procesal positiva y la protección de los derechos de la mujer fue objeto de atención por parte del constituye de 1994 en razón de que tradicionalmente el legislador ordinario le ha concedido preeminencia al hombre en la toma de decisiones, como se evidenciaba anteriormente en nuestra legislación ordinaria cuando se le otorgaba al marido la administración de los bienes de la comunidad; d) No cabe la menor duda que el constituyente del 2010 iguala tanto al hombre como a la mujer y también el legislador ordinario ha orientado su enfoque en ese mismo sentido, como por ejemplo, al votar la Ley No del 12 de septiembre de 2001 que modifica el Código Civil en relación a los regímenes matrimoniales, estableciendo, entre otras cosas, que el marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad; e) El artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, al establecer que a la mujer se le notifique en su propia persona, no genera ningún privilegio a favor de la misma; por el contrario, se trata de un principio de discriminación procesal positiva que busca restablecer en los hechos, en la realidad social, el desequilibrio todavía prevaleciente entre el hombre y la mujer para garantizar así la igualdad prevista en nuestra Ley Fundamental; f) Es claro, pues, que el artículo atacado en inconstitucionalidad busca restablecer el principio de igualdad, el cual tiende a desdibujarse cuando se presentan situaciones propias del divorcio y donde generalmente uno de los cónyuges, usualmente el marido, tiende a disipar los bienes comunes en perjuicio de la mujer; en tal sentido, este artículo es cónsono con numerosas convenciones internacionales que postulan por la supresión de toda forma de discriminación contra la mujer, tales como: La Declaración de Beijing dentro del Marco de la IV Página 8 de 16
9 Conferencia Mundial Sobre las Mujeres, del 15 de septiembre de 1995; La Convención de Belém do Pará, del 9 de junio de 1994 y La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDEAW) del 18 de diciembre de 1979, de las cuales es signataria la República Dominicana; g) Por tanto, contrariamente a lo planteado por el accionante, el texto impugnado buscar garantizar el equilibrio que suele quebrantarse cuando se producen situaciones de divorcio, específicamente cuando uno de los cónyuges busca defraudar al otro en vista del desvanecimiento de las perspectivas comunes que anteriormente compartían; Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal que suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto disidente del magistrado Idelfonso Reyes. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma la presente acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad incoada por el señor René Del Rosario Alcántara contra el artículo 22 de la Ley No bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo la acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad incoada por el señor René del Rosario Alcántara contra el artículo22 de la Ley No Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por Página 9 de 16
10 la Ley No. 112 del 23 de marzo de 1967 y DECLARAR conforme con la Constitución el artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No. 112 del 23 de marzo de TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. CUARTO: DISPONER la comunicación de la presente sentencia por secretaría a la parte accionante, señor René del Rosario Alcántara y al magistrado Procurador General de la República y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO IDELFONSO REYES Con el debido respeto al criterio mayoritario reflejado en la sentencia y coherente con la opinión que mantuvimos en la deliberación, me siento en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución. Página 10 de 16
11 1. INTRODUCCIÓN República Dominicana 1.1. El presente caso al ser de los pendientes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional aplica la Constitución del 1994, conforme al numeral 8.1, de la presente decisión; en ese tenor el señor René del Rosario Alcántara interpuso en fecha 24 de junio de 2002, acción directa en inconstitucionalidad en contra del artículo 22 de la Ley No.1306-Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No.2153 del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No.112 del 23 de marzo de 1967; por el motivo siguiente, que dicha disposición contraviene el principio de igualdad, o sea, que la ley es igual para todos, puesto que no se le obliga a la mujer a que actué de esa misma manera cuando ella es la demandante. 2. RESPECTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART Y 69.4 DE LA CONSTITUCIÓN) 2.1. De manera general tanto la Constitución del 1994 en su artículo 100, como la actual en su artículo 39 establecen el derecho de igualdad, al expresar que La Republica condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias de las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; 2.2. En el ámbito procesal el artículo 8.5 de la Constitución del 1994, al igual que el 69.4 de la actual, establecen el principio de igualdad de las partes en todo el proceso al expresar que Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto Página 11 de 16
12 del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa De esa misma manera el derecho a la igualdad es universal, tal y como lo refleja el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.1, al prever que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicias.., es importante recordar que este pacto tiene vigencia en nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 74 de la Constitución, por ser la república dominicana signataria, estamos obligados a darle cumplimiento al mismo Asimismo el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0012/12 del 9 de mayo de 2012, establece como principio el criterio a la igualdad entre el hombre y la mujer. Y de repente en esta sentencia el tribunal realiza un cambio al apartarse del precedente, sin expresar los fundamentos que lo motivaron, contraviniendo lo establecido en el párrafo primero del artículo 31 de la referida ley , Orgánica del TC, el cual expresa que Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio Es importante resaltar que se crea el artículo 22 de la Ley No.1306-Bis en la era de Trujillo y se aprueba su párrafo único después de su muerte, con la finalidad de proteger en esa época a la mujer cuando se efectuaba el divorcio, a los fines de Página 12 de 16
13 obstaculizar el dispendio de los bienes de la comunidad por parte del marido Por lo que, mantener en la actualidad ese privilegio, en un Estado social y democrático de derecho, donde la única diferencia que establece la Constitución entre la mujer y el marido, son sus talentos y sus virtudes, continuar con lo que le concede el artículo 22 de la Ley No.1306-Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No.2153 del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No.112 del 23 de marzo de 1967, a la mujer con relación al hombre, al establecer que ( ) será obligatorio para el marido demandante bajo pena de nulidad radical y absoluta, publicar previamente en un diario nacional de los de mayor circulación en el país, un aviso durante tres días consecutivos que contenga advertencia a la mujer demandada, de que, a falta de información relativa al lugar de su residencia, se procederá a emplazarla en acción de divorcio ante el fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda (.). trae consigo que dicho artículo resulta no conforme con lo establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, al violentar el principio de Igualdad de las partes, consagrado tanto los artículos 39 y 69.4 de la Constitución, como en la TC/0012/12 del Tribunal Constitucional, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al crear en caso de divorcio un procedimiento diferente a favor de la mujer, que repercute en un perjuicio para el marido La presente sentencia establece en su numeral 8.e, que El artículo 22 de la Ley No Bis y su párrafo único, al establecer que a la mujer se le notifique en su propia persona, no Página 13 de 16
14 genera ningún privilegio a favor de la misma; por el contrario, se trata de un principio de discriminación procesal positiva que busca restablecer en los hechos, en la realidad social, el desequilibrio todavía prevaleciente entre el hombre y la mujer para garantizar así la igualdad prevista en nuestra Ley Fundamental ; 2.8. Contrario a lo expresado sobre el principio de discriminación procesal positiva; en el numeral 8.e, se expresa que el artículo 22 y su párrafo no genera privilegio a favor de la mujer; cuando es sabido por la comunidad jurídica, que en la especie existe una discriminación directa en contra del marido, al quedar establecido en una norma de carácter público, una procedimiento distinto y perjudicial en su contra al privarlo de los mismos derechos que disfruta la mujer en un divorcio, lo que acarrea de hecho una discriminación por sexo que la Constitución, las convenciones y los pactos prohíben. 3. SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL MAGISTRADO DISIDENTE 3.1 Entendemos que la equidad estaría estrechamente vinculada a la aplicación de la misma forma legal a ambas partes, es decir que, tanto el marido como la mujer tengan la obligación de realizar los mismos procedimientos de divorcio, y de esta manera garantizar la efectiva protección y salvaguarda del principio de igualdad establecido en nuestra carta magna, así como en los tratados internacionales de los cuales somos parte. Este principio protege los bienes comunes adquiridos en el matrimonio entre el marido y la mujer, en caso de que cualquiera de los cónyuges tenga la intención de disiparlos en el proceso de divorcio. Página 14 de 16
15 3.2 De manera que, en el presente caso en vez de declarar conforme con la Constitución el artículo impugnado, lo que debió hacer el Tribunal Constitucional fue realizar una sentencia interpretativa, tal y como lo hizo con la sentencia TC/0012/12, y declarar que la interpretación del artículo 22 de la Ley No.1306-Bis y su párrafo único, agregado por la Ley No.2153 del 12 de noviembre de 1949 y modificado por la Ley No.112 del 23 de marzo de 1967, sería la siguiente Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del artículo ciento ocho del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer o el marido podrá dejar la residencia del cónyuge durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcional a las facultades de aquél. El Tribunal indicará la casa en que la mujer o el marido estará obligado (a) a residir y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que estará obligado (a) a pagar. Todas las notificaciones, incluyendo cualesquiera otros actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros actos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta a su propia persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento del otro cónyuge. Párrafo.- (Agregado por la ley 2153 del 12/11/1949 y modificado por la ley 112 del 23/3/1967). En todos los casos en que los emplazamientos tengan que hacerse al fiscal, será obligatorio para el marido demandante o la mujer demandante bajo pena de nulidad radical y absoluta, publicar previamente en un diario nacional de los de mayor circulación en el país, un aviso durante tres días consecutivos que contenga advertencia a la mujer demandada o al marido Página 15 de 16
16 demandado, de que, a falta de información relativa al lugar de su residencia, se procederá a emplazarla en acción de divorcio ante el fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda. En dicho aviso se expresará cuál es este tribunal, la fecha en que se notificará la demanda al fiscal, la causa de ésta, el nombre de la parte demandante, el nombre de la mujer o el marido contra quien se dirigirá la demanda, el lugar de la última residencia que le hubiere conocido el marido a su mujer o la mujer a su marido y el día y la hora de la audiencia. Copia in extenso de este aviso se dará al fiscal en cabeza de la demanda. El Juez apoderado del caso declarará irrecibible la demanda si no se le demuestra que se han hecho las publicaciones indicadas, con el depósito de los tres ejemplares de los periódicos, certificados por los impresores, que contengan las tres publicaciones consecutivas ordenadas por esta Ley.. En consecuencia, con la sentencia interpretativa conforme a lo planteado en el presente párrafo, el Tribunal Constitucional satisface el derecho a la igualdad entre el marido y la mujer, dándole cumplimiento a las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la República Dominicana es signataria. Firmado: Idelfonso Reyes, Juez. La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 16 de 16

References: artículo 22
 artículo 22
 Artículo 22
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 artículo 8
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 artículo 39
 artículo 100
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 artículo 46
 artículo 6
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 185
 artículo 9
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo22
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 186
 artículo 22
 artículo 100
 artículo 39
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 74
 artículo 31
 artículo 22
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