Source: http://brumcosta.com/2018/08/20/proyecto-normativo-bcu-cambios-en-la-rnmv/
Timestamp: 2018-12-14 09:33:22+00:00

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Proyecto Normativo BCU cambios en la RNMV – Intermediarios de Valores – Brum Costa – Abogados
Proyecto Normativo BCU cambios en la RNMV – Intermediarios de Valores
PROYECTO NORMATIVO BCU.
NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Recopilación de Normas de Mercado de Valores.
Por Victoria Notari Ehlers.
Administradoras de Fondos de Inversión.
Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un Proyecto normativo por intermedio del cual se pretende introducir modificaciones al régimen de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de adecuar la normativa en consonancia con las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Nro. 19.574 de 20 de diciembre de 2017, (en adelante el “Proyecto”).
El BCU otorgó plazo hasta el 31 de agosto de 2018 para recibir comentarios por parte de las instituciones comprendidas en el Proyecto.
Se introducen cambios vinculados con la definición de personas políticamente expuestas y de beneficiario final, los procedimientos de debida diligencia de clientes y la obligación de conservación de los registros, así como informes anual y diario al BCU por parte de los intermediarios de valores.
Seguidamente haremos algunos comentarios sobre las principales modificaciones que pretende introducir el Proyecto en relación a Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión.
Prevención del uso de los Intermediarios de valores y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Artículo 185. Sistema integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el marco de la aplicación del sistema integral de prevención en LA y FT de las subsidiarias o sucursales en el exterior, se incorpora al segundo inciso un requerimiento adicional, que establece que en el caso de que los requisitos mínimos en materia de prevención de LA y FT del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deben asegurarse que de igual forma, implementen los requisitos de Uruguay, en la medida que lo permita la normativa del país sede.
En el caso de que el país sede no permita la implementación de las medidas de prevención de Uruguay, las instituciones deberán aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de LA y FTT e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En la actual redacción, cuando en el país sede existan leyes o reglamentaciones que impidan la implementación del sistema de prevención, se debe informar a la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).
Artículo 186. Componentes del sistema.
Se especifica que, dentro de las políticas y procedimientos de prevención, la institución debe identificar factores de riesgo, especificando los mismos: productos, clientes, zonas geográficas y canales de distribución, asociados a sus distintas líneas de actividad.
Se incorpora en el lit. v., estableciendo el deber de la institución a documentar las evaluaciones de riesgo realizadas, de modo que se pueda demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con mecanismos apropiados para suministrar información acerca de la evaluación de riesgo cuando le sea requerida.
Con respecto al Oficial de Cumplimiento y sus funciones, en el lit. c. se agrega que los mismos deben además de ser los responsables del seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema, deberán promover la permanente actualización de las políticas y procedimientos que se apliquen en cada institución.
Artículo 189. Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia.
El Proyecto establece que además de tener un adecuado conocimiento del cliente, se debe contar, con el adecuado conocimiento del beneficiario final (BF).
El Proyecto incorpora un segundo inciso, que establece que las instituciones no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia.
Cuando se aprecie esta imposibilidad de la realización de la debida diligencia en el curso de la relación, las instituciones deben poner fin a la relación, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
Sobre la identidad del cliente, se agrega a las medidas de identificación, la verificación y registro, que se suman a la actualización y conservación establecidas en la redacción actual.
Las medidas de prevención deberán considerar la categorización de riesgo del cliente, así como las situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada.
El Proyecto incorpora un inciso final al artículo, que establece que las políticas y procedimientos podrán prever para casos excepcionales, que la institución no complete la debida diligencia cuando advierten que, de hacerlo, se estaría alertando al cliente. Dicha situación se deberá reportar a la UIAF en forma inmediata.
Artículo 190. Identificación de clientes.
El Proyecto agrega dos incisos en los cuales se establece que además de la identificación del cliente, deben recabar información establecer y registrar el propósito y la naturaleza de la relación de negocios. A su vez se agrega la imposibilidad de establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria su identidad.
190.1. Procedimientos de identificación de la identidad de los clientes.
El Proyecto incorpora el artículo 190.1. sobre el procedimiento de verificación de la identidad de los clientes.
Se establece que la institución deberá instrumentar los procedimientos que estime mas eficaz para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva, considerando la evaluación de riesgo realizada.
La identidad del cliente se deberá verificar mediante contacto personal[1] en los siguientes casos:
Cliente que realiza actividad económica[2].
Cliente que realiza transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad), que alcancen importes superiores a USD 1.500.000.
Cliente que realiza transacciones por un monto de USD 1.500.000 en el transcurso de un año calendario.
Fuera del caso 1) b., en caso de clientes que sus transacciones anuales alcancen (de acuerdo con su perfil de actividad) importes superiores a USD 120.000 o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación por contacto personal, podrá ser realizada también, por otra entidad financiera local o del exterior, inscripta en el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado.
Clientes que no realizan una actividad económica[3].
Transacciones anuales (de acuerdo con su perfil de actividad) que alcanzan importes superiores a USD 500.000.
No residentes o importes superiores a USD 1.000.000 en residentes, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la identidad debe verificarse mediante el contacto personal con alguno de los beneficiarios finales.
En el caso de clientes que sus transacciones anuales alcancen (de acuerdo con su perfil de actividad) importes superiores a USD 120.000 o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación por contacto personal, podrá ser realizada también, por otra entidad financiera local o del exterior, inscripta en el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado.
A los efectos de determinar los umbrales establecidos, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta.
En todos los casos, cuando se trate de personas físicas residentes, la verificación de la identidad mediante contacto personal, podrá ser realizada por un Prestador de Servicios de Confianza[4] (Unidad de Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza), de acuerdo a instrucciones que se impartirán por parte del BCU.
Una vez entrado en vigencia el Proyecto, las instituciones dispondrán de un plazo de 12 meses para adecuar la verificación de identidad, únicamente de los clientes residentes que tengan una antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.500.000 y clientes no residentes que tengan antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.000.000.
Artículo 190.2 Identificación y verificación de la identidad del beneficiario final.
Se modifica la definición de Beneficiario Final, en virtud de la definición establecida en el art. 15 inc. B de la Ley Nro. 19.574.
Dentro del concepto de Beneficiario Final, quedan comprendidas, la/s persona/s física/s que, directa o indirectamente, posean como mínimo un 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.
Asimismo, se considerará Beneficiario Final a la/s persona/s física/s que aporten fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo la operación.
Las instituciones deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la cuenta o de la transacción, así como verificar su identidad.
Los procedimientos de verificación de identidad deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo y contemplar el contacto personal cuando corresponda.
En el caso de los fideicomisos, la obligación de identificación del Beneficiario Final alcanza a las personas físicas relacionadas al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.
Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final en los siguientes casos:
Títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.
Título de participación patrimonial sean de propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.
Para la aplicación de la excepción los títulos deberán estar siempre a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. La excepción aplica únicamente respecto de los títulos que coticen en bolsa.
Artículo 191. Información Mínima.
Dentro del Registro de Clientes que llevan los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, se incorporan modificaciones al contenido mínimo de las fichas.
Clientes Mayoristas.
En lo que refiere a los clientes personas físicas se incorpora que será necesaria la copia del documento identidad y el número de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) o en el organismo correspondiente.
Se deberá hacer constar expresamente si el cliente esta actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero, y en este último caso, obtener los mismos datos que para un cliente persona física respecto del beneficiario final.
Los mismos datos correspondan para un cliente persona física, deberán obtenerse de los titulares de la cuenta, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente la institución (salvo la profesión, oficio o actividad principal). El volumen de ingresos solo se solicitará en los casos, que las referidas personas constituyan una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente.
Con respecto a las personas jurídicas, se agrega obtener la constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017) y se modifica del 10 al 15 % el porcentaje de capital de referencia para la identificación de accionistas o propietarios.
Sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas, deberá solicitarse, todos los datos referidos a personas físicas (y beneficiarios finales de personas físicas).
Los mismos datos deberán obtenerse de las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para apoderados y autorizados para operar en su nombre del cliente frente la institución (salvo la profesión, oficio o actividad principal). El volumen de ingresos solo se solicitará en los casos, que las referidas personas constituyan una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente.
Se modifica el monto a tener en cuenta para determinar si la transacción que efectúa el cliente (de carácter no permanente) lo categoriza como cliente ocasional, pasando de ser
USD 30.000 a USD 15.000.
Para clientes persona física se agrega el deber de obtener la copia del documento de identidad; y para personas jurídicas el número de inscripción en el organismo de seguridad social.
Plazos de regularización para los clientes existentes a contar desde la entrada en vigencia del Proyecto:
Riesgo Alto o que opere por montos significativos tendrán un plazo de 6 meses.
Riego Medio tendrán un plazo de 1 año.
Riesgo Bajo tendrán un plazo de 2 años.
Artículo 191.1. Actualización de información sobre clientes.
El Proyecto incorpora el artículo 197.1. sobre la actualización de la información de clientes.
Dentro de las políticas de actualización periódica de la información de clientes con las que debe contar la institución, se establecen los siguientes plazos mínimos de actualización:
Riesgo bajo: 5 años.
Riesgo medio: no mayor a 2 años.
Riesgo alto o que operen por montos significativos: no mayor a 1 años.
Artículo 192. Conservación de la información.
El Proyecto modifica la denominación y el contenido del artículo 192 antes dedicado a la determinación del beneficiario final, regulando la conservación de la información.
El Proyecto adecua lo establecido sobre la conservación de información de los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, acorde al plazo establecido en el art. 21 de la Ley Nro. 19.575, de cinco años después de terminada la relación comercial.
Artículo 193. Perfil de actividad del cliente.
En el Proyecto se eliminan el segundo y tercer incisos del artículo, referidos al informe circunstanciado para clientes de alto riesgo y que operen por montos significativos, la forma en que surgen las categorías de cliente de mayor riesgo y los umbrales para determinar que clientes operan por montos significativos, los cuales pasan a estar regulados en el art. 194 del Proyecto sobre debida diligencia intensificada.
Solo se establecerá que las instituciones deberán determinar el perfil de actividad del cliente a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones.
Artículo 194. Procedimientos de debida diligencia intensificada. (DDI).
Actualmente el articulo refiere a los procedimientos de identificación y control, estableciendo que las instituciones deben instrumentar procedimientos para verificar la identidad y controlar determinadas transacciones[5] .
En el Proyecto el artículo establece los procedimientos de DDI. Los mismos se aplicarán a las categorías de clientes, relaciones comerciales y operaciones consideradas de alto riesgo.
Independientemente de la evaluación de riesgo realizada por la institución, establece que se consideraran de alto riesgo las siguientes situaciones:
Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Transacciones de aquellas personas que se vinculan con la entidad a través de operativas que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en Desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.
Personas políticamente expuestas (PEPs), así como sus familiar y asociados cercanos.
Operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad.
Procedimiento de Debida Diligencia Intensificada (DDI).
Dentro del procedimiento de DDI, las instituciones deberán:
Obtener aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con cliente de alto riesgo.
Informe circunstanciado.
Elaborar un informe circunstanciado donde se explicitarán los elementos que fueron considerados para elaborar el perfil de actividad del cliente.
La institución deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente; y, estados contables con informe de Contador Público, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación alternativa.
En el caso de PEPs cuyas transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad) alcancen importes menores a USD 120.000 o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de fondos manejados.
Aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente (1 año).
Monitoreo más intenso de la relación comercial.
Incrementar cantidad y la duración de los controles aplicados.
Para los clientes que operen por montos significativos deberá realizarse el informe circunstanciado y aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente.
Se modifican los elementos a considerar por cada institución para definir los umbrales para determinar que clientes operan por montos significativos, incorporando:
Mantenimiento de fondos bajo manejo superiores a un importe determinado.
Cliente mayorista que ingrese fondos extraordinarios a su cuenta.
Artículo 196. Personas Políticamente Expuestas. (PEP)
Se modifica el tiempo a tener en cuenta para la aplicación de las medidas de DDI una vez la PEP ha dejado de desempeñar la función respectiva, de dos años a cinco.
De la definición se sustituye el término “empleados importantes” por “dirigentes destacados” de partidos políticos; así como “altos funcionarios” por “altos ejecutivos” de empresas estatales.
Se eliminan el segundo y tercer inciso, referentes a los procedimientos de DDI que se debe aplicar a los PEP, ya que se estableció en el art. 194 del Proyecto. Estableciendo solamente que las instituciones deben contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es PEP, familiar o asociado cercano de una PEP.
Artículo 197. Cuentas abiertas o transacciones relacionadas con personas físicas o jurídicas que manejen fondos de terceros.
El Proyecto incorpora regulación a las “cuentas abiertas” con personas que manejen fondos de terceros, que se suma a las transacciones de personas que manejan fondos de terceros.
En caso de que la institución lo considere necesario (en función de la evaluación del riesgo), deberán identificar al beneficiario final de la transacción y obtener información sobre el origen de fondos.
Dependiendo del tipo de cliente que se trate, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, deberán:
Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera[6] que manejen fondos de terceros.
La actividad de estos clientes será considerada de alto riesgo y se deberá aplicar procedimientos de DDI en los siguientes casos:
Transacciones por importes superiores a USD 600.000 en un año calendario[7].
Los procedimientos para monitorear la actividad del cliente deberán permitir que la institución realice también un monitoreo de las operaciones acumuladas del tercero cuyos fonos son manejados por el cliente e identificar las posibles estratificaciones.
Transacciones financieras por importes superiores a USD 50.000 aunque la operativa acumulada no alcance el umbral de USD 600.000.
En ambos casos se debe identificar al beneficiario final de todas las operaciones superiores a USD 10.000, o en su defecto, definir procedimientos alternativos que posibiliten dicha identificación, tal como, reportes periódicos, en los que el cliente declare los montos de las transacciones realizadas en un periodo determinado, por cada uno de los beneficiarios finales de las operaciones. La identificación del beneficiario final deberá realizarse (como mínimo) con el nombre y apellido completo, copia de documento de identidad y domicilio, o mediante copia de la documentación de respaldo de la transacción que origina los fondos cuando estos datos surjan de la misma.
Dependiendo de los montos operados por cada por cada beneficiario final identificado y el riesgo asociado a su operativa, la institución deberá definir requerimientos de información y documentación adicional para determinar los antecedentes y la actividad económica desarrollada por el tercero cuyos fondos son manejados por el cliente, así como el origen de dichos fondos.
Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera que manejen fondos de terceros.
Los intermediarios de valores y administradoras de fondos de inversión deberán aplicar procedimientos de DDI, con excepción de los siguientes casos:
Transacciones relacionadas con instituciones financieras corresponsales del exterior.
Transacciones relacionadas con instituciones financieras nacionales o del exterior y cuyas políticas y procedimientos de prevención hayan sido evaluados favorablemente por la institución.
No obstante, los procedimientos deberán contemplar los requerimientos de información sobre el cliente y el origen de los fondos en el caso de operaciones que, por su monto, país de origen u otras condiciones, presenten alguna característica de alto riesgo a juicio de la institución.
Cuando los intermediarios de valores o las administradoras de fondos de inversión reciban del exterior dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios que no provengan de instituciones de intermediación financiera que operen como corresponsales, deberán realizar un examen especial de dichas transacciones para determinar el beneficiario final de la operación ye el origen de fondos.
Tanto para clientes sujetos o no a regulación y supervisión financiera, se nieguen a proporcionar la información de alguna transacción, o sobre el origen de los fondos manejados, la institución deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a la UIAF.
Las instituciones contaran con un plazo de 120 días corridos, una vez entre en vigencia el Proyecto, para regularizar las cuentas con personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros.
Articulo 197.1. Instituciones financieras corresponsales.
El Proyecto incorpora el Articulo 197.1. sobre instituciones financieras corresponsales, estableciendo que los intermediarios de valores deben aplicar procedimientos de DD especiales cuando establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del exterior, en condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar transacciones para sus propios clientes por intermedio de la institución de plaza.
El Proyecto incorpora requisitos a solicitar a las instituciones financieras corresponsales, tales como:
Obtener la siguiente información de la institución del exterior:
naturaleza de su negocio, reputación de la institución, gerenciamiento, actividades principales y donde están localizadas;
propósito de la cuenta o transacción; y
regulación supervisión en su país, incluyendo si ha sido objeto o no de una investigación sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de una acción regulatoria.
Evaluar las políticas de prevención de la institución del exterior y controles implantados.
Entender y documentar las responsabilidades de cada institución.
Obtener la aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer la relación de corresponsalía.
Las instituciones financieras del exterior deberán ser operadores autorizados de los mercados bancarios, cambiario, asegurador, de valores, de remesas u otros mercados financieros formales del exterior, estar sujetas a regulación y supervisión, y tener políticas de aceptación y conocimiento de sus clientes que hayan sido evaluadas favorablemente por la institución local.
No se deberá entablar relaciones con instituciones financieras constituidas en jurisdicciones que no requieran presencia física ni establecer relaciones de corresponsalía con instituciones financieras extranjeras, cuando estas permitan que sus cuentas sean utilizadas por este tipo de instituciones.
Articulo 198. Servicios provistos por terceros para procedimientos de debida diligencia.
El Proyecto establece que los servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia deberán cumplir con los siguientes requisitos, más allá de la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF):
Aplicar los procedimientos de DD de clientes establecidos por la institución.
La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento de clientes.
La institución deberá verificar la adecuada aplicación de los procedimientos a los clientes cuya DD sea realizada por un tercero.
No se podrá utilizar los servicios de terceros para la realización de monitoreos de cuentas y transacciones a los efectos de detector patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.
Se agrega el requisito que los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión deberán contar con un listado cuya debida diligencia fue realizada por un tercero.
Artículo 198.1. Servicios de referencia miento, asesoramiento y gestión de portafolios.
El Proyecto incorpora el articulo 198.1 que establece que los intermediarios de valores que brinden servicios de referenciamiento asesoramiento o gestión de portafolios a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que:
Las políticas de prevención de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por la institución de plaza, y
Los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca de forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de DD.
Si en el cumplimiento de estas funciones los intermediarios de valores recibieran de terceros sumas de dinero o títulos valores deberán proporcionar a la UIAF información en las condiciones que establece el art. 204 RNMV.
Artículo 202. Deber de informar operaciones sospechosas o inusuales.
El Proyecto incorporara la aclaración que serán reportables las operaciones que efectivamente se realicen y las que siendo tentadas no se hayan realizado (“…realizadas o no…”), ya sea porque el cliente desistió de realizarlas o porque la institución resolvió no dar curso a la misma.
A su vez, se establece que la obligación de informar, alcanza incluso aquellas operaciones que, aun involucrando activos de origen licito, se sospeche que están vinculadas a personas comprendidas dentro del delito de lavado de activos o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.
INFORMACION Y DOCUMENTACION.
Artículo 298.1. Información sobre transacciones y servicios.
El Proyecto incorpora el artículo 298.1., que establece que los intermediarios de valores deberán proporcionar información anual a la UIAF, sobre las transacciones y servicios, agrupados en factores de riesgo para el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo, dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio.
Articulo 298.2. Reporte de Cuentas de Clientes.
El Proyecto incorpora el artículo 298.2 que establece que los intermediarios de valores deberán informar en forma diaria a la SSF las altas y bajas de cuentas (incluyendo datos de titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución) de custodia u otras vinculadas a clientes.
[2] Personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc.
[3] Personas físicas y jurídicas que no realicen actividades económicas (comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc.), incluyendo las sociedades que se utilicen como vehículo de inversión, sociedades cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, los fideicomisos, entre otros.
[4] Art. 31 de la Ley Nro. 18.600 en la redacción dada por el art. 31 de la Ley Nro. 19.535. Prestadores de Servicios de Confianza. – Créase en la Unidad de Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza. A estos prestadores les compete prestar servicios de confianza que brinden seguridad jurídica y los hechos, actos y negocios realizados o registrados por medios electrónicos, entre ellos, la creación, verificación y validación de firmas electrónicas avanzadas con custodia centralizada, la identificación digital y el sellado de tiempo, debiendo cumplir con las siguientes obligaciones específicas: A) Custodiar diligentemente la clave del firmante o signatario asegurar los medios para su generación, protección y destrucción. B) Establecer mecanismos seguros para realizar firmas electrónicas por orden del firmante o signatario de acuerdo con lo que determine la Unidad de Certificación Electrónica. C) Disponer de mecanismos seguros para el registro y autenticación de personas para su identificación digital. Los prestadores de servicios de confianza deberán cumplir con el procedimiento de acreditación y con las políticas determinadas por la Unidad de Certificación Electrónica.
[5] Transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto directo y personal, como en el caso de los clientes no residentes, en las operaciones por internet o a través de cualquier otra modalidad operativa que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.
[6] Clientes no sujetos a regulación y supervisión financiera: Clientes que manejan en forma habitual fondos de terceros provenientes o relacionados con el desarrollo de las siguientes actividades profesionales, financieras, comerciales o de ahorro: – compraventa, construcción, promoción, inversión o administración de bienes inmuebles; – compraventa de establecimientos comerciales; – administración o custodia de dinero, cuentas bancarias, valores u otros activos; – inversiones o transacciones financieras en general; – creación, operación o administración de personas jurídicas u ortos institutos jurídicos; y – operaciones de comercio exterior, en las que se realicen pagos o cobros por cuentas de terceros. Quedan exceptuadas las transacciones o las cuentas que involucren fondos de terceros únicamente por concepto de honorarios profesionales o comisiones del titular.
[7] Se considerará monto total ingresado a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación.
Proyecto BCU cambios en la RNRCSF
Proyecto Normativo BCU cambios en la RNMV – Asesor de Inversión

References: Artículo 185

Artículo 186

Artículo 189

Artículo 190
 artículo 190

Artículo 190

Artículo 191

Artículo 191
 artículo 197

Artículo 192
 artículo 192

Artículo 193

Artículo 194

Artículo 196

Artículo 197

Artículo 198

Artículo 202

Artículo 298
 artículo 298
 artículo 298