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Timestamp: 2018-12-12 01:28:34+00:00

Document:
Tema Derecho al debido proceso / Potestad sancionadora del Estado / EXP. N.° 04900-2006-PHC/TC
Resolución 04900-2006-PHC/TC LIMA NORTE
Fecha de publicación 24/07/2007
Caso Samuel Bernardo Estrada Cabeza SAMUEL BERNARDO
Las resoluciones que adquieren la calidad de cosa juzgada permite configurar lo que la jurisprudencia ha denominado el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem), el mismo que posee una doble dimensión: una material o sustantiva que garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico (identidad de sujeto, hecho y fundamento); y otra procesal o formal que garantiza que una persona no sea sometida a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho (FJ 4). ESTRADA CABEZA
En Lima, a los 5 días del mes de febrero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Bernardo Estrada Cabeza contra la sentencia de la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 202, su fecha 6 de abril de 2006, que declara infundada la demanda de autos.
Con fecha 16 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Primera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, alegando vulneración de sus derechos a la libertad individual, debido proceso y tutela procesal efectiva. Refiere que la resolución cuestionada, dictada en el proceso N° 2005-1446, confirma la sentencia condenatoria que fue emitida por el Primer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima en el proceso N° 2002-23029, por la comisión del delito de falsificación de documento, la cual reputa como un pronunciamiento desfavorable porque no existe prueba idónea y suficiente que lo incrimine. Manifiesta además que se ha violentado el principio de cosa juzgada, ya que la misma Sala emplazada, en el proceso N° 2004-600 seguido por los mismos hechos investigados, lo ha absuelto de todo cargo. Señala también que se ha vulnerado la institución jurídica de la Prescripción, ya que se le ha imputado la presunta falsificación de una minuta de compraventa cuya fecha de constitución es del 9 de agosto de 1988, habiendo transcurrido más de 17 años desde dicha fecha, por lo que no cabe sanción por dicha conducta. Solicita, por último, se disponga el cese del agravio producido por la sentencia condenatoria dictada en su contra, dejándosela sin efecto.
Realizada la investigación sumaria el recurrente se ratifica en el contenido de su demanda, en tanto que el vocal emplazado, señor Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, manifiesta que la sentencia se encuentra debidamente motivada, ha sido emitida dentro del marco del debido proceso y que no ha vulnerado derecho constitucional alguno.
El Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, con fecha 8 de marzo de 2006, declara infundada la demanda por considerar que se ha respetado el debido proceso.
La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos, agregando que la vía constitucional no conoce casos de valoración probatoria realizados en sede penal.
1. El recurrente solicita el cese del agravio de sus derechos constitucionales supuestamente producido por la sentencia condenatoria dictada por el Primer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima, su fecha 8 de febrero de 2005, confirmada por sentencia de vista de 16 de diciembre de 2005, expedida por la Primera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima. Alega que el agravio consiste en que no existen pruebas suficientes e idóneas que acrediten su responsabilidad en los hechos imputados, que se le está procesando ante el mismo tribunal por la misma conducta atribuida en el proceso N° 2004-600 sobre el que fue absuelto, y que se ha vulnerado la institución jurídica de la prescripción.
2. En lo que corresponde a la ausencia de material probatorio idóneo en el auto de apertura de instrucción que alega el demandante, es pertinente subrayar que este Colegiado se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, pues son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. En ese sentido, este cuestionamiento debe ser desestimado.
Cosa Juzgada y ne bis in ídem
3. Tal como lo ha declarado anteriormente este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N° 4587-2004 (Caso Santiago Martín Rivas):
(...) mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.
4. En ese sentido la eficacia negativa de las resoluciones que adquieren la calidad de cosa juzgada permite configurar lo que la jurisprudencia ha denominado el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem), el mismo que posee una doble dimensión: una material o sustantiva que garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico (identidad de sujeto, hecho y fundamento); y otra procesal o formal que garantiza que una persona no sea sometida a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho [Cfr. Exp. N.° 2050-2002-AA/TC].
5. De la demanda se desprende que el actor alega la afectación del ne bis in ídem en su aspecto material, ya que sostiene que anteriormente, en otro proceso tramitado por la misma Sala demandada y por los mismos hechos imputados en el presente caso, fue absuelto de todo cargo. Sin embargo este Colegiado considera que no existe vulneración alguna ya que si bien es cierto que tanto el proceso N° 2004-600 y el proceso N° 2005-1446 tienen como demandado al actor, ambos difieren en cuanto al hecho investigado así como en sus fundamentos: en el primer proceso se le imputa la comisión del delito de estelionato debido a que supuestamente arrendó un bien ajeno (y del cual fue absuelto), como puede verse de fojas 88 y 89, mientras que en el segundo se le atribuye la comisión del delito de falsificación de documentos, por la utilización de una minuta presuntamente fraguada dentro de un proceso de desalojo, así como del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, por haberse negado a recepcionar la citación policial a fin de evitar comparecer ante la autoridad y rendir su manifestación respectiva (que corre de fojas 13 a 16). De ello se concluye que no se cumplen los requisitos que se exigen para que se produzca la afectación del ne bis in ídem. Por tanto, la pretensión del recurrente, en este extremo, debe ser declarada infundada.
6. Conforme a lo señalado anteriormente por este Tribunal [Cfr. Exp. Nº 1805-2005-HC/TC, caso Máximo Humberto Cáceda Pedemonte] la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva, contemplando la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y la dificultad de castigar a quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.
7. Así, la ley considera varias que permiten extinguir la acción penal, en virtud de las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva: causas naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía).
8. En este orden de ideas resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos.
9. El Código Penal (CP) reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Es decir que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la responsabilidad presunta del autor.
10. El artículo 80° del CP establece que la acción penal prescribe:
"[E]n un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si fuera privativa de libertad. En el caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben independientemente.
En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años. Tratándose de delitos con pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los treinta años".
11. De otro lado es preciso tomar en cuenta que conforme al artículo 83º del CP, en caso hubiere operado una de las causales de interrupción de la prescripción, a saber, las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales o la comisión de un nuevo delito doloso, será de aplicación el plazo extraordinario de prescripción, que equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad.
12. En el presente caso el demandante fue condenado por la comisión del delito de falsificación de documentos (artículo 427º del CP), sentencia confirmada por la Primera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima con fecha 16 de diciembre de 2005, tal como consta en copia a fojas 13 de autos.
13. Respecto del delito de falsificación de documentos, previsto en el artículo 427º del Código Penal con una pena privativa de libertad de hasta diez años, si se trata de documento público, y de hasta cuatro años, si se trata de documento privado, ya sea que se realice la conducta que se establece en el primer párrafo (“el que hace, en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero (...)” o la que se recoge en el segundo párrafo (“el que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo (...)”.
14. Conforme al texto del auto de apertura de instrucción que corre a fojas 129, el texto de la sentencia de primera instancia de fojas 74, así como el texto de la sentencia confirmatoria de fojas 13, se desprende que se procesa al actor por haber utilizado una minuta de compraventa falsificada, que previamente había sido legalizada, para contestar la demanda de desalojo que le interpusieron Pedro Emiliano Vicente Vásquez y Alejandrina Flora Ibáñez viuda de Vicente, por su condición de precario, y así acreditar que es propietario. Ello indicaría que el hecho delictivo que fundamenta el proceso penal cuestionado hace referencia a la conducta contenida en el segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, que sanciona el uso de un documento falsificado como si fuese legítimo, y del cual pueda resultar algún perjuicio. Por otro lado, de conformidad con el artículo 83°, concordado con el artículo 427° segundo párrafo del CP, el plazo extraordinario de prescripción que corresponde a la conducta realizada por el agente es de 6 años.
15. De allí que desde la fecha en que se utilizó la minuta supuestamente falsificada dentro del proceso de desalojo, que data del 20 de diciembre de 2001 (y cuya copia de la demanda obra de fojas 52 a 63 del expediente penal N° 2002-23029), hasta la expedición de la sentencia confirmatoria por la Primera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fecha 16 de diciembre de 2005, no habían transcurrido los 6 años del plazo de prescripción que establece el ordenamiento penal. En consecuencia la demanda debe ser desestimada.
Declarar INFUNDADA la demanda de autos.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 80
 artículo 83
 artículo 427
 artículo 427
 artículo 83
 artículo 427