Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A096A-05.htm
Timestamp: 2017-11-24 20:12:15+00:00

Document:
A096A-05
Auto 042/05
Auto 096A/05
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Procedencia excepcional y características particulares/NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Presupuestos
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Improcedencia por falta de presupuestos
Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-136 de 2005.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de nulidad de la sentencia T-136 de 2005, proferida por la Sala Séptima de Revisión.
1.- El treinta y uno (31) de marzo de dos mil cinco (2005), mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación, el ciudadano Gleison Pineda Castro solicitó la nulidad de la Sentencia T-136 de 2005 en el aparte que establece: “En caso contrario, y a fin de proteger los intereses de ese tercero de buena fe que se encuentra ejerciendo como Consejero de Justicia en reemplazo del accionante, se le concederá, un término de quince (15) días, durante el cual será inamovible, término que se contará a partir del momento en que el nombramiento del tutelante le sea notificado, luego de lo cual éste último entrará a asumir sus funciones.”
El señor Pineda Castro indica que el fallo en cuestión vulnera su derecho al debido proceso, puesto que en él se profiere una orden que "afecta sus derechos fundamentales", sin que hubiere sido notificado dentro del trámite de la acción de tutela. Señala que la falta de oportunidad para intervenir dentro del proceso hizo nugatoria su posibilidad de defender su derecho a continuar con el empleo de Consejero de Justicia. Agrega, además, que hubo un incumplimiento "fraudulento" de la sentencia de revisión por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital, por cuanto (i) a través de la Resolución No. 259 de 16 de marzo de 2005 la administración resolvió declarar el decaimiento del acto administrativo por el cual fue nombrado Consejero de Justicia y, puesto que a su juicio, (ii) fue desconocida su calidad de miembro de la lista de elegibles, aún existiendo una vacante al momento en que fue proferido el fallo de tutela en sede de revisión.
En atención a la orden de la Corte Constitucional, indica el señor Pineda Castro, la Secretaría de Gobierno expidió la Resolución No. 259 de 16 de marzo de 2005, mediante la cual procedió a revocar su nombramiento, según él, bajo el falso supuesto de:
"Que actualmente en la planta de personal de carácter global de la Secretaría de Gobierno no existe vacante del cargo de Director Técnico código 026 grado 04 -Consejero de Justicia- toda vez que mediante Resoluciones 1067, 1068 y 1071 del 29 de diciembre de 2004, se proveyó dicho empleo y se autorizó una comisión de servicios a un funcionario con derechos de carrera.
PRIMERO: DECLARAR EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN No. 1447 del 30 de diciembre de 2003 por medio de la cual se nombró por el término de cuatro años al doctor GLEISON PINEDA CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.417.223 en el cargo de Director Técnico Código 26 Grado 04..."
Enfatiza que los efectos que produjo la sentencia cuya nulidad solicita, ocasionan la vulneración de sus derechos al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital de él y su familia.
Basado en todo lo anterior, el peticionario solicita a la Plenaria de la Corte declarar la nulidad de la parte resolutiva de la sentencia T-136 de 2005 en el aparte que establece: "En caso contrario, y a fin de proteger los intereses de ese tercero de buena fe que se encuentra ejerciendo como Consejero de Justicia en reemplazo del accionante, se le concederá, un término de quince (15) días, durante el cual será inamovible, término que se contará a partir del momento en que el nombramiento del tutelante le sea notificado, luego de lo cual éste último entrará a asumir sus funciones".
2. De igual manera, el señor Pineda Castro elevó solicitudes de cumplimiento y de suspensión provisional de la sentencia controvertida, sobre las cuales se pronunciará la Sala Séptima de Revisión, por no ser éstas competencia de la Plenaria de la Corte.
Asunto objeto de análisis y cuestiones previas.
1.- El solicitante considera que la Sala Séptima de Revisión vulneró el debido proceso aplicable en los procedimientos de tutela al momento de proferir la Sentencia T-136 de 2005, por cuanto omitió notificarle del trámite de dicha acción constitucional en cuyo fallo de revisión se profirió una orden que "afecta sus derechos fundamentales". Señala que la falta de oportunidad para intervenir dentro del proceso hizo nugatoria su posibilidad de defender su derecho a continuar con su empleo de Consejero de Justicia. Agrega, además, que hubo un incumplimiento "fraudulento" de la sentencia de revisión por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital, por cuanto (i) a través de la Resolución No. 259 de 16 de marzo de 2005 la administración resolvió declarar el decaimiento del acto administrativo por el cual fue nombrado Consejero de Justicia y, puesto que a su juicio, (ii) fue desconocida su calidad de miembro de la lista de elegibles, aún existiendo una vacante al momento en que fue proferido el fallo de tutela en sede de revisión.
2.- Antes de abordar el estudio de esta solicitud, la Corte recordará la jurisprudencia sentada en relación con el trámite de nulidad de las sentencias de tutela, a fin de determinar si en este caso se reúnen los requisitos para la declaratoria o si, por el contrario, la solicitud deberá ser desestimada.
3.- El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”, y agrega que las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. De esta manera, en los juicios de constitucionalidad es procedente alegar la nulidad, siempre y cuando ocurra antes de dictarse la sentencia.
4.- De otra parte, la competencia para conocer y resolver definitivamente los incidentes propuestos corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado[2]:
Improcedencia de la declaratoria como regla general.
5.- Lo enunciado anteriormente no significa que haya un recurso contra las providencias de la Corte Constitucional, ni que la opción de solicitar la nulidad pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.
6.-Por elementales razones de seguridad jurídica y de necesidad en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional es excepcional y reviste características particulares. Sobre el punto la Corte ha afirmado que una decisión de estas características está sometida al advenimiento de "situaciones jurídicas espacialísimas y excepcionales" que sólo tienen lugar cuando "los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.”[3]
7.- Así mismo, la Corte ha sintetizado los presupuestos a que está sometida la eventual declaración de nulidad de una sentencia, bajo las premisas de su improcedencia como regla general y de su carácter extraordinario. En este sentido, los reiterará tal y como fueron reseñados en el Auto 031A de 2002[4]:
d) Los criterios de forma, tanto de redacción como de argumentación que utilice una sala de revisión, no pueden configurar violación al debido proceso. Así, como lo dijo la Corte, “[El] estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad. Además, en la tutela, la confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda de carácter civil” (Auto 003A de 2000).
Con estos elementos de juicio, pasa la Corte a analizar la solicitud de nulidad elevada por el ciudadano Gleison Pineda Castro.
8.- En este caso, la Corte constata que el peticionario invoca como fundamento de la nulidad la falta de cumplimiento estricto del fallo atacado. Lo anterior, por cuanto la interpretación errada de la parte resolutiva de la sentencia T-136 de 2005, realizada por la Secretaría de Gobierno Distrital, trajo como consecuencia su desvinculación del cargo en el Consejo de Justicia, hecho éste que no se desprendía de lo ordenado por esta Corporación. En efecto, el propio peticionario al reseñar de forma detallada los acontecimientos que dieron origen a la interposición de la acción de tutela que concluyó con el fallo ahora atacado, expone que al momento en que éste fue proferido, sí existía una vacante en la que debía ser nombrado el ciudadano Brausín Arévalo, a fin de que se diera estricto y cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala Séptima de Revisión. De hecho, el peticionario, de forma simultánea a la presentación de la solicitud de nulidad, presentó una solicitud de cumplimiento, ante la negativa del juzgado de primera instancia de dar trámite al incidente de desacato ante él planteado.
No obstante, a fin de que prosperara su solicitud, manifiesta que de haber sido notificado sobre la iniciación de la acción constitucional, hubiese podido ejercer su derecho de defensa y al tener la posibilidad de poner en conocimiento de los jueces hechos que no figuraron dentro del expediente, la decisión no le hubiese afectado directamente.
9.- Pasa ahora la Corte a pronunciarse sobre si las razones argüidas para solicitar la nulidad de la sentencia T-136 de 2005, son suficientes para proceder a su declaración o si por el contrario, la solicitud deberá ser desestimada.
10.- Como se reseñó en los antecedentes del presente auto, las condiciones para la procedibilidad de la nulidad de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional son excepcionales. En el conjunto de las hipótesis que esta Corte ha reconocido como posibles causales de nulidad de las sentencias, la Sala encuentra que la más parecida, según lo afirmado por el peticionario y los hechos del caso, es la de la violación grave del debido proceso.
11-. Esta hipótesis es defendida por el solicitante bajo la idea de que la Corte profirió un fallo en sede de revisión cuya parte resolutiva lo afecta directamente, pero nunca fue notificado sobre el trámite de la acción constitucional iniciada por el ciudadano César Augusto Brausín Arévalo. No obstante, la afectación a sus derechos no proviene de la falta de notificación dentro del trámite de la acción de tutela, sino de los efectos dados a la sentencia por la Secretaría de Gobierno del Distrito, los cuales, como pasa a explicarse, no se desprendían de lo ordenado por esta Corporación en el fallo controvertido, sino que son producto de una interpretación errada que del mismo hizo la entidad demandada.
12.- La Corte en la parte resolutiva de la sentencia T-136 de 2005 elaboró una orden compleja que contiene varias condiciones. Así, (i) ordenó al Departamento Administrativo del Servicio Civil remitir a la Secretaría de Gobierno de Bogotá la documentación necesaria para el nombramiento del ciudadano Brausín Arévalo. (ii) También ordenó a la Secretaría de Gobierno proceder al nombramiento del demandante en el cargo de Consejero de Justicia de Bogotá, en el caso de que exista una vacante en dicho Consejo (Negrillas fuera del texto original). Y señaló más adelante la parte resolutiva: "En caso contrario, y a fin de proteger los intereses de ese tercero de buena fe que se encuentra ejerciendo como Consejero de Justicia en reemplazo del accionante, se le concederá, un término de quince (15) días, durante el cual será inamovible..." (Negrillas fuera del texto original).
13.- Resulta claro, entonces, que la orden de la Sala Séptima de Revisión estipulaba que únicamente en caso de no existir vacante en el Consejo de Justicia de Bogotá, podía, válidamente, la Secretaría de Gobierno Distrital proceder a desvincular a un tercero para que el demandante ocupara su cargo. Y precisamente para proteger los derechos de ese tercero, que eventualmente podría verse afectado, se concedió un plazo de quince (15) días dentro de los cuales el mismo sería inamovible de su cargo. Lo anterior corresponde a un plazo establecido por esta Corporación en la sentencia T-451 de 2001[5] que a su vez retoma como fundamento del mismo la aplicación del principio de la confianza legítima íntimamente ligado al principio de la buena fe, aplicación que tuvo lugar en las sentencias SU-250 de 1998[6] y SU-135 de 1999[7]. Así, en la sentencia T-451 de 2001 esta Corporación ordenó al Juzgado demandado efectuar el nombramiento del demandante y estipuló: "...b) SE CONCEDE a quien resulte desplazado como resultado de este fallo, un término de quince (15) días, que se contarán a partir del momento en que éste le sea notificado, durante el cual no podrá ser removido." Nótese que en el precedente citado no se surtió -al igual que en el caso que nos ocupa- una notificación durante el trámite de la acción constitucional al tercero de buena fe que ocupaba el cargo que, en atención al orden de la lista de elegibles, correspondía al demandante en sede de tutela. Al respecto señaló la Corte en aquella oportunidad:
"En este proceso, la Corte encuentra que los intereses de quien ocupa en la actualidad el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador en el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, no impiden que se nombre en el mismo cargo al actor en el presente caso en razón al derecho reconocido. No obstante, se establecerá un régimen de transición para respetar el principio de la buena fe y de la confianza legítima. Este régimen contempla una oportunidad para que el accionante en el presente fallo exprese su voluntad de aceptar o rechazar el nombramiento que se le habrá de hacer como consecuencia del derecho reconocido. Dicha oportunidad es superior al término de cuarenta y ocho (48) horas ordenado por el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 por considerar esta Corporación que dos (2) días no son suficientes para que el actor en el presente caso adopte la decisión que le corresponde y se la comunique al accionado.
No compete a la Corte Constitucional determinar los efectos jurídicos de la desvinculación de quien fue inconstitucionalmente nombrado."
14.- Entonces, el propósito de la expedición de una orden de esta naturaleza es precisamente preservar los intereses de terceros de buena fe que ocupan el cargo al cual el solicitante en la acción de tutela tenía derecho a acceder. Por lo tanto en ningún caso pretende afectar los eventuales derechos de terceros, sino justo lo contrario, esto es, protegerlos temporalmente.
15.- Ahora bien, en el presente caso el señor Pineda Castro alega que la orden impartida afectó sus derechos fundamentales. Empero, la Corte estima que esta argumentación es inconsistente con la decisión proferida porque si él efectivamente tenía derecho a ocupar una plaza en el Consejo de Justicia, la Administración no podía desvincularlo pues el nombramiento del señor Brausín estaba condicionado a que existiera una vacante. El señor Gleison Pineda afirma por una parte que existía una plaza vacante y adicionalmente que él tenía derecho a permanecer en su cargo de consejero. De ser ciertas estas afirmaciones, resulta que la eventual vulneración de los derechos fundamentales que el solicitante alega no tuvo origen en la orden impartida sino –reitera la Sala Plena- en el cumplimiento del fallo de tutela por la Secretaría de Gobierno, la cual decidió que no había plazas vacantes y que era el ciudadano Pineda quien había sido nombrado en el cargo que correspondía al peticionario en el proceso de tutela.
16.- La naturaleza misma de la petición del señor Pineda pone de manifiesto el anterior aserto, pues éste no solicita la declaratoria de nulidad del fallo de tutela sino de una de las órdenes impartidas, por lo tanto no controvierte el derecho del demandante a acceder al cargo de consejero, su reclamo va dirigido contra la supuesta interpretación “fraudulenta” que hizo el ente distrital de la decisión proferida por la Corte Constitucional.
17.- Para afirmar que al momento en que fue proferido el fallo, efectivamente sí existía una vacante en el Consejo de Justicia de Bogotá, la Corte expone los siguientes fundamentos: (i) Con base en el concurso público de méritos que tuvo lugar para ocupar las plazas del Consejo de Justicia de Bogotá se conformó una lista de elegibles con los concursantes que obtuvieron los once puntajes más altos. (ii) Luisa Fernanda Lancheros Parra, quien obtuvo el primer lugar, renunció a su cargo en marzo de 2004, con lo cual se generó una vacante. (iii) Mediante Resolución No. 0240 de 27 de abril de 2004 (fl. 14), fue nombrada Zulma Rodríguez Martínez (perteneciente a la planta de personal de la Secretaría de Gobierno) en encargo "mientras se provee el cargo" que dejó vacante la Consejera de Justicia Lancheros Parra. (iv) Con posterioridad, la Secretaría de Gobierno del Distrito expidió las Resoluciones No. 1067 y 1068 de 29 de diciembre de 2004 (fls. 15 a 18) mediante las cuales fue nombrada Zulma Rodríguez Martínez en el cargo de Consejera de Justicia "mientras se surte el proceso de selección correspondiente" para surtir dos cargos de Consejero de Justicia creados en virtud del proceso de reestructuración y se concede a dicha funcionaria, quien pertenece al personal de carrera administrativa de la planta global de empleos de la Secretaría de Gobierno del Distrito, comisión para desempeñar dicho cargo. (v) Mediante Resolución No. 1071 de 30 de diciembre de 2004 (fl.19), la señora Rodríguez Martínez fue nombrada Presidente del Consejo de Justicia para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005.
18.- Así, observa esta Corporación que la vacante que dejó la Consejera de Justicia Luisa Fernanda Lancheros Parra fue provista con el nombramiento en encargo de una funcionaria de carrera administrativa de la planta global de personal de la Secretaría de Gobierno del Distrito que no participó en el concurso público de méritos y, como consecuencia obvia, no hace parte de la lista de elegibles. Se desprende de lo anterior, entonces, que el cargo de Consejero de Justicia referido continúa vacante y que el mismo debe ser provisto por uno de los miembros de dicha lista.
19.- La Corte considera, pues, que no existe mérito para acceder a la presente solicitud de nulidad y que, como se dijo al inicio de las consideraciones del presente auto, lo que solicita el peticionario es, en últimas, que se ordene a las entidades demandadas cumplir estrictamente la orden dictada por esta Corporación en la sentencia T-136 de 2005, esto es, nombrar al ciudadano César Augusto Brausín Arévalo en el cargo vacante del Consejo de Justicia. De conformidad con lo expuesto hasta ahora, se colige que de haber procedido en tal sentido la Secretaría de Gobierno del Distrito, el señor Gleison Pineda Castro no se hubiese visto afectado con los efectos dados al fallo por la entidad demandada.
20.- En conclusión la Sala Plena de la Corte Constitucional desestimará la pretensión de nulidad impetrada contra la Sentencia T-136 de 2005 considerando (i) que la nulidad de las sentencias de tutela es excepcional; (ii) que no concurre en este caso ninguno de los eventos contemplados en la jurisprudencia para la prosperidad de este tipo de solicitudes; (iii) que no se presentó una vulneración del derecho al debido proceso del ciudadano Pineda Castro, toda vez que la orden de tutela se ajustó al precedente sentado por esta Corporación y no afectaba sus derechos; (iv) que no es procedente declarar la nulidad de una sentencia que, con ocasión de una interpretación errada efectuada por la entidad demandada, produjo efectos no ordenados en su parte resolutiva.
PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de nulidad de la Sentencia T-136 de 2005 proferida por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional.
[5] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte concedió el amparo al demandante, quien tenía mejor derecho que quien había sido nombrado en el cargo de abogado sustanciador en el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá. Ello, por cuanto el actor obtuvo un puntaje superior en el concurso de méritos de la Rama Judicial al obtenido por aquel y, sin embargo, el órgano nominador no siguió el orden impuesto por la lista de elegibles. En consecuencia, la Corte amparó los derechos al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y a acceder a cargos y funciones públicas que fueron vulnerados al demandante.
[6] M.P. Alejandro Martínez Caballero. En dicha sentencia, la Corte Constitucional concedió parcialmente la tutela incoada por la demandante con el fin de que se reconocieran sus derechos al trabajo y a la igualdad de oportunidades, los cuales consideró vulnerados por la decisión del Presidente de la República y del Ministro de Justicia de desvincularla de su cargo de Notaria 25 del Círculo de Medellín. La Corte ordenó a los demandados que mediante acto administrativo motivado, explicitaran las razones por las que adoptaron la decisión cuestionada.
[7] M.P. Hernado Herrera Vergara. En dicha sentencia, la Corte Constitucional concedió la tutela incoada por la actora con el fin de que se le reconocieran sus derechos vulnerados por la decisión del Tribunal del Distrito Judicial de Florencia de elegir para el cargo de juez a quien había obtenido un puntaje inferior al obtenido por ella en la calificación del concurso de méritos.

References: Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 49
 artículo 23
 Resolución 
 Resolución