Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/189049-612-15716-2016-16-0465.HTML
Timestamp: 2019-05-23 18:15:42+00:00

Document:
189049-612-15716-2016-16-0465.html
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 12 de mayo de 2016, los ciudadanos GABY ANDREINA ARELLANO y SERGIO VERGARA, titulares de las cédulas de identidad n.° 16.744.784 y 11.457.349, respectivamente, diputados a la Asamblea Nacional, asistidos por el abogado Héctor Andrés Fuentes Curras, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el n.° 217.151, ejercieron “demanda de protección de derechos e intereses colectivos de los electores venezolanos ubicados en las respectivas circunscripciones 2 y 5 del Estado Táchira y así como, del Estado Aragua, en protección de la garantía del ejercicio de la función que los diputados están llamados a cumplir”, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, entre otros alegatos, lo siguiente:
Que “…[e]s un hecho notorio comunicacional que en el proceso comicial de (sic) 6 de diciembre de 2015, los ciudadanos RENZO GUILLERMO PRIETO QUINTERO, ROSMIT ELIECER MANTILLA FLORES y GILBERTO SOJO RENGIFO, (…) fueron electos por el Soberano como diputados suplentes de los diputados GABY ARELLANO, SERGIO VERGARA y DINORAH FIGUERA, respectivamente, por los circuitos 2 y 5 del estado (sic) Táchira y lista del estado (sic) Aragua, respectivamente, y, en tal sentido, como mandatarios y voceros de las comunidades que los eligieron ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Que “…[e]s un hecho notorio judicial que los precitados ciudadanos se encuentran cautelarmente privados de su libertad por orden del Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos (sic) Vinculados a Delitos asociados al Terrorismo y Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente; a cargo: de las juezas Ellys Lugo, María Eugenia Núñez y Belén Brand, respectivamente, en el marco de sendos procedimientos judiciales abiertos en su contra, supuestamente tendientes a comprobar su presunta responsabilidad penal…”.
Que “…Rosmit Mantilla Flores, quien es activista del Movimiento Proinclusión en el partido Voluntad Popular y estudiante de comunicación social de la Universidad Santa María, fue detenido el 2 de mayo de 2014, durante un allanamiento hecho por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) dentro de la residencia de sus abuelos ubicada en el sector UD-2 de Caricuao, en el municipio Libertador, Distrito Capital…”.
Que “…Gilberto Sojo Rengifo fue detenido el 26 de noviembre de 2014, arbitrariamente, sin orden de captura, junto con su esposa Carolina González, en la oficina de la operadora Movilnet (filial de CANTV, empresa de, telecomunicaciones del Estado) ubicada en La Candelaria, por funcionarios del Servido Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), siendo trasladado a la sede de El Helicoide…”.
Indicaron que “…[e]l 28 de noviembre de 2014, en horas de la noche, Gilberto Sojo fue trasladado al Palacio de Justicia y fue celebrada la audiencia de presentación, sin permitírsele comunicarse con sus abogados, por lo cual le fue designada una defensa pública. El 4 de diciembre de 2014, finalmente los abogados pudieron juramentarse ante el tribunal que lleva la causa, el Juzgado especial 2° de primera instancia en funciones de control con competencia a casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional, para pasar a ser la defensa de Gilberto. Luego de tener acceso al expediente, pudieron conocer que el delito que le imputaban fue el de terrorismo individual…”.
Que “…[t]ras haber transcurrido los 45 días de la fase de investigación establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, el fiscal acusó formalmente a Gilberto Sojo por el delito de terrorismo individual…”.
Que “…[e]l 8 de abril de 2015, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual el Tribunal admitió la acusación del Ministerio Público y ordenó el pase a juicio, ratificando la medida preventiva privativa de libertad en contra de Gilberto Sojo y, mantuvo como centro de reclusión, la sede del SEBIN en El Helicoide…”.
Que “…Renzo David Prieto Ramírez fue detenido el 10 de mayo del 2014 en las cercanías del Centro Comercial Tolón, ubicado en las Mercedes, por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)…”.
Expusieron que “…[e]l 12 de mayo fue puesto a la orden del tribunal 5° en Funciones de Control de Caracas. Fue ese tribunal el delegado de concertar la orden de captura, horas después de que fue detenido, pero no fue el tribunal a cargo de la causa de Renzo sino el Tribunal 27 de Control en un expediente en el cual la figura principal era el Sr. Rodolfo González, mejor conocido como ‘El Aviador’…”.
Que “…[l]uego de haber sido elegidos el 6 de diciembre de 2015 en las elecciones parlamentarias y de su debida proclamación por el Consejo Nacional Electoral, los precitados ciudadanos adquirieron de inmediato inmunidad parlamentaria lo que ha debido garantizarles la libertad inmediata para estar disponibles para suplir las faltas temporales de sus respectivos principales y así asegurar la constante representación de sus circunscripciones…”.
Manifestaron que “…la carencia de representación de las circunscripciones 2 y 5 del estado Táchira y del estado Aragua ante la Asamblea Nacional se ha producido en varias ocasiones siendo especialmente resaltante la informada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, mediante oficio del 28 de enero de 2016, a los referidos tribunales, a la Fiscal General de la República y a los fiscales respectivos, en el que se detalló que la Plenaria de la Asamblea Nacional concedió, ese mismo día, permiso por más de diez días a los respectivos diputados principales, por lo que correspondía la liberación inmediata de los diputados suplentes Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo a fin de proceder a su juramentación e incorporación a la Cámara…”.
Que “…[d]ebe también resaltarse que la norma constitucional no distingue entre diputados principales y suplentes y, en ese sentido, los suplentes convocados a ejercer la función parlamentaria en las ausencias del principal gozan también de la inmunidad parlamentaria garantizada por el texto constitucional…”.
Que “…[l]a importancia de esta institución jurídica se evidencia también en la amenaza punitiva para todos los que violen la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional en la que concluye la norma constitucional referida (…) (art. 200 de la CRBV) (…). En efecto el artículo 200 de la Carta Magna cierra literalmente con el señalamiento de que incurrirán en responsabilidad penal todos los que violen la inmunidad de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional…”.
Que “…[d]e lo sostenido se desprende con toda claridad que los diputados suplentes electos Renzo Prieto, Rosmit Mantilla Flores y Gilberto Soja Rengifo deben ser puestos en libertad de manera inmediata para que puedan incorporarse a la Cámara en los casos en los que por ausencia de sus principales ellos deben asumir las funciones respectivas de representación de su circunscripción en sus curules respectivo. Esta es la única conclusión válida a la que puede llegarse de la sistemática constitucional referida y es la pretensión de la demanda de marras: que esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ceñida a la verdad y a la justicia, y sobre todo, a la letra y espíritu de nuestro texto constitucional ordena la liberación inmediata de los diputados suplentes para que se incorporen a la cámara en los casos en que están llamados a sustituir a sus principales...”.
Como medida cautelar solicitaron “…que mientras se sustancia y decide la presente causa, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de las amplias posibilidades cautelares que le concede la Ley Orgánica del Tribunal supremo de Justicia, en este tipo de procedimiento, especialmente en su artículo 163, emita un decreto cautelar que ordene la inmediata liberación de los ciudadanos Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, toda vez que se consideran cubiertos los extremos de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora…”.
En relación al escrito presentado ante esta Sala Constitucional, contentivo de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece en el artículo 25.21 la competencia de esta Sala para “Conocer las demandas y pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos y colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, corresponda al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral”.
Asumida la competencia, esta Sala pasa a determinar si el ciudadano Freddy José Curupe Mongua, electo Diputado Suplente de la Asamblea Nacional en las elecciones celebradas el 26 de septiembre de 2010, cuya proclamación tuvo lugar el 27 del mismo mes y año (según consta en Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación que corre inserta en los folios 127 al 134 de la tercera pieza del expediente), se encuentra amparado por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria que gozan los Diputados a la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuestión ésta en que se apoyó la declinatoria de competencia formulada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, extensión Barcelona.
Ahora bien, en cuanto al análisis de si se encuentra amparado por la inmunidad parlamentaria, la Sala Plena observa que según consta en los folios 222 al 297 de la segunda pieza del expediente, el Ministerio Público presentó acusación en fecha 22 de abril de 2010 contra el ciudadano Freddy José Curupe Mongua, vale decir, el proceso penal se inició antes que el procesado fuese electo diputado a la Asamblea Nacional, lo que ocurrió en el proceso comicial celebrado el 26 de septiembre de 2010.
“(…) Por su parte la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, en el artículo 200, señala que dicho privilegio se circunscribe temporalmente a dos aspectos que deben concurrir necesariamente, encontrarse en el ejercicio de las funciones y haber sido proclamado (Artículo 200.Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo...).
En virtud de ello, al haber analizado detenidamente aspectos jurisprudenciales, constitucionales y legales, podemos afirmar contundentemente que el privilegio de la inmunidad parlamentaria lo detentan única y exclusivamente las personas que estén en el ejercicio actual de cargos (artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) (…)”.
“…En cambio, el que la inmunidad sólo procede durante el ejercicio de las funciones del parlamentario, es decir, que la inmunidad parlamentaria se aplica sólo en los casos en que se impida el buen funcionamiento del parlamento, luce evidente en la redacción de la propuesta aprobada en segunda discusión, la cual pasó a formar parte del artículo 200 de la Carta Magna vigente. Esto demuestra que la concepción de la inmunidad que la considera una garantía del buen funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en vez de ser una garantía de la libertad del parlamentario, pesó firmemente en la concepción de los proponentes de las versiones que en definitiva fueron aprobadas.
Por eso, en los supuestos en los cuales los presuntos hechos punibles no hubiesen sido cometidos durante el ejercicio de funciones legislativas, no deben aplicarse las normas relativas a la inmunidad parlamentaria…”.
1. El proceso penal iniciado contra el ciudadano Freddy José Curupe Mongua no podría verse afectado en forma alguna por el hecho de que haya sido escogido como Diputado Suplente a la Asamblea Nacional, dado que su juzgamiento se debe a la presunta comisión de hechos delictivos con anterioridad a su elección.
2. Dado que, como ya se ha dejado sentado, la inmunidad parlamentaria la detentan única y exclusivamente las personas que estén en el ejercicio actual de cargos y está referida a los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como diputado integrante y activo de la Asamblea Nacional, es evidente que el ciudadano Freddy José Curupe Mongua, al ser electo Diputado Suplente, no goza en términos generales de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria. En ese sentido la sentencia número 59 del 26 de octubre de 2010, publicada el 9 de noviembre de 2010 dictada por la Sala Plena de este máximo tribunal, señala que “hay prerrogativa en tanto se ejerza la función” y “cuando no se desempeña el cargo no se goza de la prerrogativa procesal”, porque lo que priva es una concepción de la inmunidad como garantía del buen funcionamiento de la Asamblea Nacional “en vez de ser una garantía de la libertad del parlamentario”.
En definitiva, el proceso penal que se le sigue al ciudadano Freddy José Curupe Mongua por la presunta comisión de hechos delictuales se inició antes de su elección como Diputado Suplente de la Asamblea Nacional, por lo que, si bien fue proclamado, por su propia condición de suplente no se encuentra en ejercicio del cargo, en razón de lo cual, siguiendo el razonamiento antes expuesto, no goza de inmunidad parlamentaria, de manera que el proceso penal iniciado debe continuar su curso.
“…Por otra parte, no puede esta Sala dejar pasar desapercibido que los Diputados además del privilegio de inmunidad parlamentaria, gozan también de otras prerrogativas constitucionales cuyo fin es el aseguramiento del funcionamiento del Estado, como es el caso del antejuicio de mérito, de manera que cualquier proceso penal que se inicie mientras la persona ostente tal carácter, deberá ser precedido por la declaratoria expresa de este Máximo Tribunal en el sentido de que hay lugar a su enjuiciamiento, quedando excluidos de tal condición previa cualquier proceso que se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la condición de funcionario de alta investidura, lo que se desprende de la mera lógica, en tanto que el antejuicio es previo al proceso penal y si ya éste se inició no resulta coherente revertir lo actuado, sólo para ejercer una prerrogativa que ostentan los funcionarios parlamentarios de alta investidura, la cual no detentaba para el momento del inicio de la causa…”.
Aplicando el razonamiento precedente al caso de autos, es evidente que el ciudadano Freddy José Curupe Mongua, en vista que está siendo juzgado en un proceso penal que se inició antes de que fuese electo diputado a la Asamblea Nacional, no goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito. Así se declara.
En vista de lo antes expuesto, esta Sala ordenara en la dispositiva de la presente decisión en forma expresa, positiva y precisa la continuación del proceso penal seguido contra el ciudadano Freddy José Curupe Mongua, en el marco del cual, el Tribunal de la causa se pronunciará sobre la solicitud formulada por el abogado Leonardo Guzmán Hernández, de que le sea otorgada a su representado medida cautelar sustitutiva de la medida privativa judicial preventiva de libertad. Así se decide.
Con miras a efectuar un pronunciamiento a este respecto, se estima impretermitible analizar, preliminarmente, el régimen de protección a la función parlamentaria estatuido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los Reglamentos.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”. (Subrayados de este fallo).
Las normas recién transcritas vienen a formar parte del denominado estatuto parlamentario, entendido como el sistema normativo que dispone los deberes, derechos, prerrogativas e incompatibilidades que invisten a los miembros del Poder Legislativo. Específicamente, las anotadas disposiciones constitucionales consagran el régimen de inmunidad (lato sensu) que asiste a los representantes del pueblo en el seno de la Asamblea Nacional: (i) la inviolabilidad o irresponsabilidad y (ii) la inmunidad (stricto sensu), como garantías fundamentales de protección de las funciones legislativas y de control político y fiscal que acometen sus miembros. La primera de tales prerrogativas, la inviolabilidad o irresponsabilidad, impide que los diputados sean perseguidos –en cualquier tiempo- por la manifestación de opiniones en el ejercicio de su función parlamentaria. La segunda de ellas, la inmunidad en sentido estricto, consagra la imposibilidad de perseguir criminalmente a los miembros del Parlamento con ocasión de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie la autorización de la Cámara de la cual forman parte (allanamiento) y el antejuicio de mérito, a menos que hayan sido aprehendidos en flagrancia (sobre este último supuesto, véase stc. nº 16 del 22 de abril de 2010, caso:Wilmer Azuaje).
“La inmunidad parlamentaria y el régimen adjetivo del Antejuicio de mérito se encuentran consagrados dentro del ordenamiento constitucional de 1999, con ciertas diferencias respecto de la regulación de la Constitución de la República de Venezuela de 1961.
Resulta claro que la inmunidad parlamentaria como excepción al principio de la igualdad, se justifica sólo, y nada más por eso, en la necesidad de mantener el buen funcionamiento del Estado, evitando que las personas en el ejercicio de la actividad parlamentaria, no se vean distraídas en sus misiones por ataques infundados, a los cuales, justamente por ser figuras públicas, se encuentran permanentemente expuestos”.
Es imprescindible insistir, como refiere el catedrático español Ramón Soriano, que la inmunidad parlamentaria no puede convertirse en “refugio de quienes temen el control de Poder Judicial”. En dicho sentido, el iuspublicista concluye que “la inmunidad-refugio es el talón de Aquiles de la institución, porque fomenta su descrédito ante los ciudadanos: descrédito que crece con la actitud proteccionista del partido respecto del parlamentario que tenga problemas con la justicia. La inmunidad-refugio es un privilegio no sólo contrario al principio de igualdad, sino a una justicia igual para todos (que es uno de los máximos vicios concebibles en la vulneración de dicho principio de igualdad). Que un político no cargue con sus responsabilidades políticas al ser imputado y procesado, y además pretenda permanecer inmune en las filas del Parlamento, con la protección de su partido, es un plato demasiado fuerte para ser digerido por el simple ciudadano [...] ¿Qué puede pensar el simple ciudadano cuando ve que se utilizan los honorables escaños de la representación del pueblo como trinchera y escudo contra la justicia?” (SORIANO, Ramón. Revista Jueces para la Democracia, nº 43, marzo 2002, “La Inmunidad de los Parlamentarios: más privilegio que garantía”, p.30) [subrayado de este fallo].
Ahora bien, en cuanto a los aspectos para la determinación de la legitimación ad causam para la proposición de pretensiones de tutela constitucional de naturaleza colectiva o difusa, tanto de sujetos, entes, asociaciones u organismos públicos como privados, y la asunción de la representación de las demás personas afectadas por el acto, hecho u omisión causante de la lesión o amenaza de agravio a los intereses suprapersonales, esta Sala Constitucional estableció su criterio en sentencia n.° 1395/21.11.2000 (caso: “William Dávila Barrios y otros”), el cual ha sido ratificado, entre otras, en decisión n.° 751/21.07.2010 (caso: “Omar Prieto Fernandez”), en los siguientes términos:
“…[e]n efecto, en el mencionado fallo N° 1.395/2000, esta Sala señaló que en el caso de los sujetos públicos, es decir, de los órganos o entes estatales, sólo la Defensoría del Pueblo tiene la potestad, con base en los artículos 280 y 281.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de acudir a los Tribunales de la República para solicitar amparo y tutela efectiva de los derechos e intereses colectivos de las personas que habiten o residan en el territorio de la República, sin que ello excluya la posibilidad de reclamar la protección de los derechos colectivos o intereses difusos de los venezolanos que habiten o residan fuera del territorio de la República; igualmente indicó que tal representación no está expresamente atribuida en el actual ordenamiento jurídico a ningún otro órgano o ente estatal, y que la invocación de su defensa en sede jurisdiccional “corresponderá a una pluralidad de organizaciones con personalidad jurídica, cuyo objeto esté destinado a actuar en el sector de la vida donde se requiere la actividad del ente colectivo, y que -a juicio del Tribunal- constituya una muestra cuantitativamente importante del sector’.
Es a dichas organizaciones o actores sociales, o a los individuos que acrediten el interés colectivo con que accionen, en tanto representantes de la sociedad civil, de las comunidades, de las familias, de grupos de personas, etc, según el sector del ámbito vital en que se plantee el conflicto, a los que corresponde, hasta tanto sea dictada la legislación que desarrolle los mecanismos procesales para la protección de esta categoría de derechos, reclamar ante esta Sala Constitucional la tutela judicial efectiva de los derechos o intereses colectivos o difusos de rango constitucional a cuya satisfacción, promoción o protección se orienta su actuación, bien a través de la acción ordinaria reconocida por la Sala en su sentencia N° 1.571/2001, o a través de la acción de amparo prevista en el artículo 27 de la Constitución vigente, sin que sea posible en ningún caso, de acuerdo a lo establecido en la misma decisión N° 1.395/2000, que las organizaciones o actores sociales -también llamados entes colectivos- en referencia puedan ser representados en sede judicial por órganos estatales como los Gobernadores, los Alcaldes, los Directores de Institutos Autónomos, el Presidente de la República o los Ministros, ya que cada uno de estos órganos o cargos públicos tienen señaladas en la Norma Constitucional y en las leyes sus potestades y competencias específicas, entre las que no se encuentra la de accionar judicialmente para reclamar la tutela efectiva de los derechos e intereses colectivos o difusos; todo lo anterior fue ratificado en decisiones de esta Sala Nros. 3.041/2003 y 962/2004.
A pesar de tener personalidad jurídica, entre los cometidos constitucionales de los Estados y de los Municipios no se encuentra ejercer los derechos de los entes colectivos que existen o funcionen dentro de sus demarcaciones político-territoriales, y ello es debido a que la Constitución quiere que dichos entes estén como tales, separados del Poder Público, así interactuen con él en muchas áreas, como lo previenen los artículos 184, 206, 211 o 326 de la Constitución de 1999, por ejemplo. La corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, o entre los Municipios y las comunidades, hace nacer en esos entes sin personalidad jurídica, una serie de derechos cívicos destinados a que el Poder Público cumpla con sus deberes y obligaciones, y estas acciones de cumplimiento, de preservar, o de restablecimiento de situaciones jurídicas, pueden ser contra los Poderes Públicos, por lo que mal pueden ellos demandarse a sí mismos en nombre de quienes pueden exigirles la corresponsabilidad sobre los ámbitos señalados –por ejemplo- en el artículo 326 de la Constitución de 1999…”. (Resaltado añadido).
“…Ahora bien, esta Sala hace notar que los quejosos, señalaron que interponen la acción de amparo, con el fin de que se tutele, aparte de sus intereses particulares, ‘los intereses difusos de los ciudadanos venezolanos y en general de todas las personas que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela’, y, en tal sentido, invocaron la violación de diferentes derechos y garantías constitucionales e, incluso, de pactos y convenios internacionales.
Al respecto debe indicarse que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que ‘Toda persona natural habitante de la República o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’. Por lo que los accionantes estarían facultados para ejercer la acción de amparo constitucional en protección de sus derechos, mas no así en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por cuanto el asunto planteado no se relaciona a los derechos o intereses difusos; puesto que no trata sobre los aspectos que caracterizan a los derechos o intereses difusos o colectivos. (Véanse SSC Nº 255 del 18/2/2003, SSC Nº 6/8/2003).
Asimismo, la Sala apreció que el hecho de que los accionantes como ciudadanos venezolanos se sientan afectados y vean supuestamente amenazados sus derechos y garantías constitucionales no les otorga la representatividad de un colectivo, toda vez que puedan haber personas que no tengan interés en esta acción o que no se sientan amenazados en la forma en que señalan los accionantes. Por ende, carecen de la legitimidad requerida para actuar en representación de los venezolanos y venezolanas, más si de sus propios derechos e intereses, así se declara…”. (Subrayado y negrillas agregadas).
De igual forma, en otra decisión (s SC n.° 860/17.07.2014, caso: “José Simón Calzadilla Peraza, José Antonio España y José Ángel Guerra”), esta Sala Constitucional sostuvo:
“…[e]n efecto, respecto de la legitimidad de los ciudadanos José Simón Calzadilla Peraza, José Antonio España y José Ángel Guerra, debe señalarse que la Sala en sentencia N° 1053 del 31 de agosto de 2000, caso: “William Ojeda Orozco”, estableció que la legitimación en los casos de intereses difusos debía cumplir ciertos requisitos, que fueron resumidos en los siguientes términos:
Respecto de la legitimidad de los ciudadanos José Simón Calzadilla Peraza, José Antonio España y José Ángel Guerra, debe esta Sala reiterar su criterio jurisprudencial sostenido en sentencia Nº 1.594 del 9 de julio de 2002, caso: “Alfredo José García Deffendini y otros”, mediante el cual se establece la inadmisibilidad de las demandas por intereses difusos, en aquellos casos en que los accionantes pretenden una representación general en defensa de derechos difusos, así como de perseguir la protección constitucional de sus derechos particulares, bajo el argumento de fundadas e inminentes amenazas, para obtener un pronunciamiento de este alto Tribunal, consistente en una reafirmación de atribuciones y obligaciones que el Texto Fundamental en forma clara, expresa y precisa ha dispuesto -entre otros- a los funcionarios señalados como presuntos agraviantes (Vid. Sentencias N° 1.994 del 25 de octubre de 2007 y la N° 583 del 14 de mayo de 2012).
Por lo tanto, la Sala de conformidad con el artículo 150 cardinal 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, estima que los ciudadanos José Simón Calzadilla Peraza, José Antonio España y José Ángel Guerra, carecen de legitimidad para interponer la presente demanda por intereses difusos, motivo por el cual se declara inadmisible la presente demanda. Así se decide…”. (Negrillas agregadas).
“…la demandante es electora de la circunscripción n° 2 del estado Táchira, ciudadana venezolana, y diputada principal por la mencionada circunscripción a Asamblea Nacional le corresponde defender los derechos e intereses colectivos y difusos de los electores venezolanos que han depositado su confianza en los diputados presos, por lo que su legitimación para interponer la demanda se evidencia con toda claridad…”.
Por todo ello, resulta evidente la falta de legitimación y, a su vez, de representación (para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales), que se arrogaron en este caso los ciudadanos Gaby Andreina Arellano y Sergio Vergara, con ocasión a la proposición de la pretensión de tutela incoada.
2. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente”. (Resaltado añadido).
1.- Que tiene COMPETENCIA para conocer de la demanda de protección de los derechos e intereses colectivos de los electores venezolanos ubicados en las respectivas circunscripciones 2 y 5 del estado Táchira y así como, del estado Aragua, interpuesta por los ciudadanos GABY ANDREINA ARELLANO y SERGIO VERGARA, asistidos por el abogado Héctor Andrés Fuentes Curras.

References: artículo 146
 artículo 200
 artículo 163
 artículo 25
 artículo 200
 artículo 200
 artículo 200
 artículo 27
 artículo 326
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 150