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Timestamp: 2019-07-21 18:53:15+00:00

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A. Ratificación de la línea jurisprudencial de este Tribunal Interamericano - Corte interamericana de derechos humanos
A. Ratificación de la línea jurisprudencial de este Tribunal Interamericano
29. En lo que respecta a la aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana para procesos y procedimientos que no sean de naturaleza penal, la Corte IDH ha recordado que si bien esta disposición se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en todo procedimiento a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un procedimiento, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal172.
30. En el caso sub judice de la señora Maldonado Ordoñez, el caso se relaciona con un proceso de destitución de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, en donde la víctima se desempeñaba como auxiliar departamental, lo que se enmarca dentro de la jurisprudencia de este Tribunal Interamericano sobre los procedimientos no penales o en los procedimientos administrativos sancionatorios. Al respecto, en su Sentencia la Corte IDH reiteró que:
Del recuento de la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte hasta al momento, se entiende que ésta ha considerado que las garantías del artículo 8.2 de la Convención no son exclusivas de los procesos penales, sino que además pueden ser aplicables a procesos de carácter sancionatorio. Ahora bien, lo que corresponde en cada caso es determinar las garantías mínimas que conciernen a un determinado proceso sancionatorio no penal, según su naturaleza y alcance173. (Subrayado añadido).
31. En el presente caso, la Corte IDH advirtió que el oficio por el cual se le notificó a la señora Maldonado el inicio del procedimiento disciplinario únicamente transcribía extractos de los artículos del reglamento de Personal del Procurador; además, si bien se adjuntó una copia de la denuncia presentada por los hermanos de la señora Maldonado, ésta no contenía un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de las causales señaladas en dichos artículos. Así, el Tribunal Interamericano observó que la notificación de los supuestos que dieron lugar a la sanción administrativa, no se indicaba de qué manera la acción atribuida a la señora Maldonado encuadraba en las conductas descritas. Es así que, en lo correspondiente al derecho que ostentaba para conocer con certeza las bases de su destitución, la víctima no tuvo un conocimiento claro respecto de la forma en que la conducta que se alegaba en la denuncia en su contra podría motivar su destitución ni de las razones de la misma174. De esta forma, la Corte IDH concluyó que:
82. [E]ra necesario que, por lo menos, se suministrara información que fuera clara respecto de la motivación del proceso de destitución, así como una mínima referencia a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida.
83. De la lectura de la mencionada notificación no resultaba claro el motivo específico por el cual la señora Maldonado estaba siendo objeto de un proceso disciplinario; en consecuencia no contó con información detallada de las razones por las cuales podría ser destituida de su trabajo. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana.
84. En ese sentido, no obstante la señora Maldonado contó con el tiempo y la posibilidad de defenderse a nombre propio y a pesar de haber sido asistida por los defensores de su elección, los medios para la preparación de su defensa no fueron adecuados como consecuencia de la falta de la claridad respecto del motivo específico por el cual se iniciaba el proceso de destitución en su contra. Lo anterior constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa de la señora Maldonado, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana175.( Subrayado añadido.)
32. Como podemos observar, la Corte IDH, nuevamente, en este tipo de procedimientos aplica lo que desde el Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú (2001) ha desarrollado como la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso a procedimientos no penales, ampliando el ámbito de protección que establece el artículo 8 de la Convención Americana; en este caso, declarando violados los artículos 8.2.b y 8.2.c del Pacto de San José. En este sentido, como lo expresé con anterioridad en el caso Camba Campos Vs. Ecuador (2013), conforme a una larga línea jurisprudencial del Tribunal Interamericano, las garantías del artículo 8.2 de la Convención Americana son aplicables a cualquier actuación de algún poder del Estado en el que se vean afectados los derechos de las personas176.
33. La presente Sentencia emitida por el Tribunal Interamericano ratifica una vez más lo expresado en los precedentes de 2001 y 2013 (supra párr. 26), lo cual tiene, a mi entender, una trascendencia en la actualidad si consideramos una firme continuación en la línea jurisprudencial que ha venido desarrollando desde entonces la Corte IDH sobre el debido proceso convencional; de tal manera que los derechos previstos en el artículo 8.2 de la Convención Americana —en principio dirigido a las garantías mínimas en el proceso penal— se extienden también a los órdenes civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; es decir, son aplicables a esos órdenes las garantías mínimas previstas en el artículo 8.2 de la Convención Americana y, por ende, en ese tipo de materias tiene también derecho, “en general” al debido proceso que se aplica en materia penal. Inclusive para reforzar esta postura, ha recurrido de manera complementaria a lo dispuesto en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá, en el que se establece que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en otros órdenes, en todo procedimiento jurídico en el que se determinen sus derechos y sus obligaciones de cualquier índole177.
34. En este sentido, considero acertado lo que la Corte IDH expresa en los párrafos 74 y 75 de la presente Sentencia. En efecto, del recuento jurisprudencial efectuado en párrafos anteriores, como indican las indicadas secciones de la resolución que nos ocupa, se desprende que es una posición firme de este Tribunal Interamericano reconocer que las garantías mínimas del debido proceso en materia penal que prevé el artículo 8.2 de la Convención Americana, no se hallan restringidas a éste sino que “en general” también son aplicables a otros procedimientos de naturaleza sancionadora de diversos órdenes, en particular el administrativo sobre el que versa este caso. Es muy claro que las garantías que dicho artículo prevé, no son exclusivas de los procedimientos penales, sino que su sentido puede llevarse de modo “pertinente” a los de otra clase sancionatoria.
35. Ahora bien, la cuestión que en este punto surge es si el traslado de las garantías de naturaleza penal que contiene el artículo 8.2 de la Convención Americana es imperativo —aunque sea con adaptaciones “pertinentes”—, o meramente facultativo como el énfasis que se diera a este último adjetivo haría pensar. Este problema no es meramente especulativo, pues el sentido en que lo respondamos llevará a fortalecer o debilitar el régimen de garantías en procedimientos sancionadores.
36. Antes de continuar, debo aclarar que refiriéndome a “trasladar”, “transportar” o “llevar” las garantías mínimas de orden penal que prevé la Convención Americana a un diverso sector normativo sancionador; estoy usando por facilidad expresiones habitualmente asociadas a esta operación, pero no indicando que con ella necesariamente acaecen las acciones a que aluden estos términos. Como veremos líneas abajo, la cuestión es sutil y tiene connotaciones teóricas importantes y trascendentes a la práctica.

References: artículo 8
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 resolución 
 artículo 8
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