Source: http://mercantil.blogs.lexnova.es/2011/05/
Timestamp: 2018-10-21 15:36:51+00:00

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2011 mayo | Mercantil hoy
El Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que actualmente se está tramitando en la Comisión de Justicia tiene entre sus planteamientos generales reducir el colapso de la justicia española como fórmula complementaria de resolución de conflictos. La exposición de motivos se refiere a la mediación como un instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico para la solución de sus conflictos, alcanzando por sí solos un acuerdo al que esta ley otorga fuerza de cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se tratase.
Dentro del esquema general de facilitación de esta resolución de conflictos se puede hacer también referencia a medidas que pretenden implantarse en el desarrollo de esta norma y que van a tratar a su vez de insistir en la agilización de las tramitaciones.
Es por este motivo por el que hacemos mención al contenido dispuesto en el artículo 25 del Proyecto que lleva por título Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos, y que dispone:
“1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación se lleve a cabo por medios electrónicos, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta ley.
2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.”
Se trata, por tanto, de eliminar la presencia física de las partes y la necesidad de su desplazamiento hasta una sede determinada, siempre que ambas partes estén de acuerdo en ello y, con carácter peculiar cuando la cuantía económica de los conflictos surgidos sea de reducida cuantía que no exceda de 300 euros. El precepto en cuestión que, en principio, es encomiable y, desde un punto de vista teórico, cumple todos los requisitos arriba indicados respecto a lo que debe ser esta mediación, plantea sin embargo algunas dudas que deberán ser despejadas si se pretende que realmente sea utilizado por los ciudadanos.
El primer párrafo del artículo señala que cualquiera que sea la cuantía las partes pueden acordar la utilización de medios electrónicos, pero para ello tienen que ofrecerse una serie de garantías por parte de la Administración en relación a identidad de los participantes y el respeto a los principios en los que se fundamenta esta norma: voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Ofrecer estas garantías forma parte del sistema, pero también es cierto que las plataformas electrónicas a utilizar deberán ser lo suficientemente sofisticadas y seguras para cumplirlas y al estar al alcance de todos los ciudadanos.
De lo contrario, no podrá cumplirse la premisa establecida en el párrafo segundo que excepciona el desarrollo por medios electrónicos de la mediación cuando su empleo no pueda llevarse a efecto por una de las partes. Es cierto que la llamada sociedad de la información ha llegado a amplias capas de la población, pero también puede serlo que precisamente las personas a las que potencialmente va dirigido este método ágil y económico de resolución extrajudicial de conflictos, no tengan acceso a estas herramientas informáticas. Y en este aspecto se deberá ser muy cuidadoso para que la mediación tenga éxito, encargo, en principio, dado a las instituciones de mediación que son las encargadas de poner en marcha los sistemas electrónicos oportunos.
Una obra de referencia en la protección del consumidor
Acaba de salir a la venta en las librerías jurídicas la obra “Comentarios a las Normas de Protección de los Consumidores. Texto Refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos en España y en la Unión Europea”, que ha sido dirigida por Sergio Cámara Lapuente, y en cuya redacción han intervenido un conjunto de destacados especialistas en la materia, todos ellos profesores de Universidad de Derecho Civil, Mercantil, Internacional Privado, Procesal y Administrativo.
Esto último no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que el Derecho Protector de los Consumidores es un ordenamiento jurídico caracterizado por su interdisciplinariedad, al no ser reconducible únicamente a una de las disciplinas jurídicas al uso, por contener dentro de sí normas que por su naturaleza íntima pueden ser ubicadas en diferentes ramas o sectores jurídicos, tomando de todos ellos técnicas, medios, materiales e instrumentos jurídicos diversos, formando un conjunto de normas de naturaleza dispar e integrado en consecuencia tanto por normas públicas como privadas.
En definitiva, el entramado interno que da unidad a ese sector jurídico que es el Derecho del Consumidor no derivaría tanto de la naturaleza de sus normas cuanto de la finalidad tuitiva del consumidor que persiguen las normas que lo integran. Por todo ello, abordar el comentario de las normas de protección de los consumidores desde las diferentes perspectivas jurídicas antes mencionadas es un tributo a la realidad que hay que agradecer.
Como indica el título del libro, no se ha procedido a comentar únicamente el contenido del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sino que también han sido objeto de tratamiento otras leyes especiales de protección de los consumidores, tengan o no cuño comunitario:
la venta a plazos de bienes muebles,
el crédito al consumo,
los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico,
los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
el contrato de aparcamiento de vehículos,
la normativa básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores,
la protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución de precio,
el sistema arbitral de consumo,
la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito,
(y otras normas comunitarias que omitimos citar ahora).
Como vemos, se ha considerado útil incluir en el estudio, además de otras leyes especiales genuinas en nuestro Derecho de protección del consumidor, una serie de leyes que o bien tienen un ámbito subjetivo de aplicación más amplio que el de la estricta protección de los consumidores, o bien sólo contienen algunos artículos específicos destinados a su defensa.
Nos encontramos, por lo tanto, ante una obra única en la bibliografía española sobre la cuestión, pues no hay otra que sistematice en un volumen un comentario completo, artículo por artículo, de todas las normas relevantes de Derecho privado en el ámbito de la protección de los consumidores.
Y se ha hecho con una orientación práctica, más que dogmática, tratando de abordar en la exégesis de cada precepto todos los aspectos especialmente conflictivos, con una cuidadísima cita de las resoluciones jurisprudenciales pertinentes y una síntesis de las aportaciones doctrinales más relevantes al respecto del tema.
Sin duda una obra muy útil para profesionales del Derecho del Consumo y para los mismos consumidores, tanto por la rigurosa investigación que se ha plasmado en los trabajos incluidos en la misma como por estar orientada a la consecución de resultados prácticos.
Primer comentario al Texto refundido de la Ley de sociedades de capital
Los profesores Rojo y Beltrán han dirigido el primer comentario doctrinal, profundo y completo, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Diez meses después de la publicación de la norma ve la luz este ingente trabajo de cuarenta y ocho autores de distintas Universidades españolas que ha dado como fruto dos tomos y casi tres mil quinientas páginas dirigidas a realizar un análisis preciso y directo, sin citas doctrinales, de los 528 artículos que componen el texto refundido.
Se añade la circunstancia de que los profesores Rojo y Beltrán son además dos de los integrantes de la Ponencia redactora del texto, siendo otros dos los profesores Quijano y Esteban Velasco, que también han participado como autores en esta obra.
La utilidad de esta obra queda fuera de toda duda, por el modelo seguido y el contexto en el que aparece. Sin embargo, como ya tuvimos oportunidad de señalar anteriormente en este blog, estamos en tiempo de reformas en el Derecho mercantil. Y algunas de estas reformas, actualmente en tramitación, afectan directamente a esta norma. Sucede así con el proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital e incorporación a la directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
Esto significa que en breve, cuando se apruebe este proyecto que se encuentra en la actualidad en la Comisión de Justicia en fase de enmiendas, tendremos una primera modificación del texto refundido.
El cumplimiento del mandato de refundición contemplado en la disposición final séptima de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales quedaba limitado precisamente a esta función: refundir las normas vigentes en materia de Derecho de sociedades (Leyes de sociedades anónimas y limitadas, los artículos del Código de Comercio dedicados a la sociedad comanditaria por acciones y los dedicados en la Ley del mercado de valores a la sociedad cotizada) en un único texto, y dentro de los límites del artículo 82.5 de nuestra Constitución era posible también regularizar, aclarar y armonizar. No era viable en absoluto la incorporación de nuevos conceptos o categorías legales que hubieran excedido del mandato realizado.
Es por este motivo por el que el proyecto de Ley proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de sociedades de capital e incorporación a la Directiva 2007/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas tiene precisamente este título tan amplio. El objetivo de la norma proyectada no es únicamente transponer, con bastante retraso, por cierto, la Directiva señalada, sino fundamentalmente realizar en la Ley de sociedades de capital todas aquellas incorporaciones y reformas necesarias, que no han podido realizarse con ocasión de la refundición por los motivos, obvios, señalados.
No será esta la única reforma que sufra el texto refundido más aún si tenemos en cuenta que está pensado como un elemento de tránsito hacia la elaboración de un código de Derecho de sociedades.
Pero no por ello, el comentario doctrinal al que aludimos pierde su enorme valor y utilidad.
Códigos de conducta cuyo objetivo es elevar la protección de los consumidores
La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, supuso en España el dictado de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores. Con ella se pretende que los consumidores estén protegidos al mismo tiempo que se tienen en cuenta las exigencias del propio mercado y los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo.
Una de las principales novedades introducidas por la nueva disciplina ha sido la regulación de los códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales de los empresarios y los profesionales con los consumidores que, elaborados voluntariamente por corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales y profesionales o de consumidores, y asumidos voluntariamente por empresarios y profesionales, tienen por finalidad elevar el nivel de protección de los consumidores.
Hablar de códigos de conducta supone entonces hablar de autorregulación, de un conjunto de reglas de carácter no legal que expresan estándares de conducta para los operadores económicos que a ellos se someten, y que por ello les resultan exigibles. Son cada vez más frecuentes, y no sólo en el ámbito empresarial, sino también en el seno de las Administraciones Públicas o las ONGs.
En el concreto caso de los códigos de conducta regulados en la Ley de Competencia Desleal (LCD), varias empresas del mismo sector (alimentario, hostelero, informático, publicitario, etc.) reconocen a una entidad supra-empresarial la capacidad para establecer y garantizar el cumplimiento, por medio del código de conducta, de las reglas y principios mínimos por los que deberá regirse la actividad empresarial de todas ellas, así como para resolver las controversias y conflictos que puedan plantearse en relación con el cumplimiento del código de conducta.
Observamos pues como los códigos de conducta de la LCD son un supuesto de “autorregulación empresarial colectiva”, manifestación concreta de la libertad de actuación de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales que los elaboran, pues esa creación es un acto voluntario que realizarán si así lo desean, y no en el caso contrario. Además, la regulación de los códigos de conducta de la LCD no impone la asunción obligatoria del contenido de los mismos a los empresarios y profesionales integrantes de las organizaciones creadoras del código, sino que se dispone en la LCD que la asunción por parte de los empresarios o profesionales de esos instrumentos normativos es voluntaria.
La LCD establece que los códigos de conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores han de cumplir con varios requisitos:
han de respetar la normativa de defensa de la competencia
su elaboración corresponde, si así lo desean, a las corporaciones, asociaciones comerciales, profesionales y de consumidores
en su elaboración se ha de garantizar la participación de las organizaciones de consumidores
cuentan con un contenido mínimo obligatorio, pues han de dotarse de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas
se les dará la publicidad suficiente para su debido conocimiento por los destinatarios ,y
no han de recomendar, fomentar o impulsar conductas desleales.
Así pues, junto a la imposición de normas imperativas provenientes del poder público, la autorregulación viene a completar, mejorándola, esa normativa jurídica cogente para satisfacer fines de protección de los consumidores, lo que resulta coherente con la idea de que con el establecimiento del código se pretende dotar de una determinada cultura de comportamiento, de un plus de calidad y confianza al sector de las relaciones comerciales de los empresarios y profesionales con los consumidores.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 82