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Timestamp: 2019-09-16 02:19:51+00:00

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10 formas de defender a un culpable, con éxito
O.J. Simpson es el ejemplo de culpable por antonomasia.
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Confilegal | 01 septiembre, 2019
José María de Pablo Hermida (Madrid, 1971), es abogado penalista, responsable del Bufete Mas y Calvet, de Madrid, donde es asociado senior. Hace dos años se adentró «en el lado oscuro» y desarrolló un interesante decálogo sobre cómo defender a un cliente que no sólo es culpable sino que, además, existen pruebas de cargo suficientes para no poder conseguir la absolución.
Por su importancia, su brillantez y la relevancia de esta aportación, lo reproducimos aquí, en Confilegal. Fue publicado origialmente en su blog, donde pueden encontrar una versión mucho más extensa.
Estudiar la prescripción
Pedir la nulidad de las pruebas de cargo
Ser realistas y no obcecarse con una imposible absolución
La confesión y la colaboración con la Justicia
El artículo 801 de la LECRIM
Un ejemplo práctico de estrategia de defensa
La prescripción es siempre lo primero que hay que comprobar (sea o no sea culpable el cliente) al asumir una nueva defensa.
Muchas veces, por la complejidad de la investigación, la demora de la víctima en denunciar, o la lentitud del juzgado en cuestión, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito hasta que el procedimiento se dirige contra el culpable supera los plazos del artículo 131 del Código Penal, y nos bastará alegar la prescripción para salvar a nuestro cliente de la temida condena.
A veces, esas pruebas que creemos demoledoras contra nuestro cliente han sido obtenidas por medios ilícitos o con vulneración de derechos fundamentales.
Como en la lucha contra el delito no todo vale, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.
Sobre este tipo de nulidades escribí un artículo en El Mundo que puede consultarse en este otro post del blog.
Aquel artículo hacía referencia a la investigación de la Operación Galgo sobre presunto dopaje en el atletismo español, en la que intervine como abogado defensor, y que acabó siendo archivada cuando la Audiencia Provincial de Madrid estimó que las escuchas telefónicas y registros practicados eran nulos porque la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los imputados.
En estos casos el abogado debe utilizar sus habilidades negociadoras y su capacidad de convicción para evitar al cliente un procedimiento penal.
Y doblemente. Por un lado, para llegar a un acuerdo justo con la parte contraria (que si de verdad ha sufrido un delito tiene derecho a ser resarcido) que evite la interposición de querella, y por otro, para convencer a nuestro cliente de que –aunque el orgullo le dicte otra cosa- es mejor un buen acuerdo que la posibilidad de terminar en prisión. Defender los intereses del cliente empieza muchas veces por convencer al ofuscado cliente de cuáles son de verdad sus intereses.
El abogado debe valorar con serenidad el caso que se le encomienda (la prueba de cargo y de descargo, la jurisprudencia aplicable…), y si hay posibilidades objetivas de obtener una absolución, dejarse la piel en ello.
Pero cuando es objetivo que la sentencia será condenatoria, no podemos jugar al doble o nada con la libertad de nuestro cliente: habrá que centrarse en conseguir que la condena sea la menor posible.
En ese caso, puede ser conveniente acudir inmediatamente al Juzgado de Guardia a presentar un escrito confesando el delito. De este modo, nuestro cliente podrá beneficiarse del atenuante de confesión (artículo. 21.4. del Código Penal) para reducir la condena.
Si además de confesar prestamos una útil colaboración con la investigación (aportando documentación, etc) podríamos conseguir que la confesión se considere como atenuante muy cualificada, o incluso que se aprecie una nueva atenuante analógica (artículo 21.7. del Código Penal).
Otro medio sencillo para rebajar la pena con un atenuante es proceder a la reparación del daño, esto es: indemnizar a la víctima antes del juicio (artículo 21.5. del Código Penal).
Dos consejos. Uno, es preferible quedar con el fiscal días antes a la fecha del juicio para negociar y cerrar el acuerdo. Mi experiencia es que se obtienen acuerdos más favorables así que negociando en la misma sala de vistas minutos antes del juicio (y con el juez escuchando la negociación). Dos, no hay motivo para esperar a la fase de juicio oral para llegar a una conformidad: habitualmente será más ventajosa para nuestro cliente la conformidad en fase de instrucción (artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o LECRIM) que explico a continuación.
El artículo 801 de la LECRIM prevé para una gran cantidad de supuestos (en términos generales, delitos con penas inferiores a los tres años), la posibilidad de que el imputado reconozca los hechos ante el Juzgado de Instrucción, solicite la transformación en juicio rápido, y llegue a un acuerdo de conformidad con las partes acusadores en ese juicio rápido.
Nuestro cliente se ha enterado de que va a ser denunciado por una persona a la que agredió en la discoteca causándole una lesión que requirió tratamiento médico para su curación (delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, castigado con penas de tres meses a tres años de prisión).
Además, sabemos que existen informes médicos que acreditan el alcance de la lesión, y una grabación en vídeo que demuestra la existencia de la agresión y la autoría de nuestro cliente: la condena es prácticamente segura.
3º.- En su declaración como imputado, nuestro cliente reconocerá los hechos. Una vez terminada su declaración, solicitaremos la transformación en diligencias urgentes de juicio rápido del artículo 801 LECRIM.
Tenemos, por tanto, tres atenuantes, lo que permitiría reducir la pena en uno o dos grados (artículo 66.1.2º del Código Penal). Lo que era una pena de entre tres meses y tres años de prisión, reducida en dos grados queda en una pena de entre 23 y 45 días de prisión: podríamos acordar con el fiscal 30 días de prisión, que se sustituirían por 60 días de multa (artículo 71 del Código Penal).
5º.- El Juez, al aplicar el artículo 801 de la LECRIM reducirá en un tercio la multa de 60 días acordada, dejándola en 40 días. A una cantidad de 5 euros / día, estaríamos ante una multa de 200 euros.

References: artículo 801
 artículo 131
 artículo 11
 artículo 801
 artículo 147
 artículo 801
 artículo 801