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Timestamp: 2017-06-26 04:09:03+00:00

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Opinión Consultiva 5-85 Libertad de expresión
Opinión Consultiva 5-85 Libertad de expresiónCargado por joserahpRelated InterestsFreedom Of SpeechDemocracyLibertyEuropean CommissionTreatyRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSOPINIÓN CONSULTIVA OC-5/85 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985
LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE PERIODISTAS (ARTS. 13 Y 29 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)
Estuvieron presentes, Thomas Buergenthal, Presidente Rafael Nieto Navia, Vicepresidente Huntley Eugene Munroe, Juez Máximo Cisneros, Juez Rodolfo E. Piza E., Juez Pedro Nikken, Juez
Estuvieron, además, presentes: Charles Moyer, Secretario, y Manuel Ventura, Secretario Adjunto LA CORTE integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente opinión consultiva: 1. El Gobierno de Costa Rica (en adelante "el Gobierno"), mediante comunicación del 8 de julio de 1985, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte"), una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (en adelante "la Ley No. 4420" y "Colegio de Periodistas", respectivamente) con las disposiciones de los mencionados artículos. Según declaración expresa del Gobierno, esta solicitud de opinión ha sido formulada en cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de Prensa (en adelante "la SIP"). 2. Mediante nota de fecha 12 de julio de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretaría solicitó observaciones escritas sobre los temas implicados en la presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "la OEA"), así como, a través del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo X de la Carta de la OEA. 3. La Corte, mediante nota de 10 de setiembre de 1985, amplió el plazo hasta el 25 de octubre de 1985 para recibir observaciones escritas u otros documentos relevantes. 4. Las comunicaciones de la Secretaría fueron respondidas por el Gobierno de Costa Rica, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") y por el Comité Jurídico Interamericano. 5. Asimismo, las siguientes organizaciones no gubernamentales ofrecieron sus puntos de vista sobre la consulta como amici curiae: la Sociedad Interamericana de Prensa; el Colegio de Periodistas de Costa Rica, el World Press Freedom Committee, el International Press Institute, el Newspaper Guild y la International Association of Broadcasting; la American Newspaper Publishers Association, la American Society of Newspaper Editors y la Associated Press; la Federación Latinoamericana de Periodistas, la International League for Human Rights; y el Lawyers Committee for Human Rights, el Americas Watch Committee y el Committee to Protect Journalists.
3 6. En virtud de que la consulta combina cuestiones que deben responderse tanto de acuerdo con el artículo 64.1 como con el artículo 64.2 de la Convención, la Corte resolvió separar ambos procedimientos, dado que, mientras el primero interesa a todos los Estados Miembros y órganos principales de la OEA, el segundo involucra aspectos legales relacionados especialmente con la República de Costa Rica. 7. Se celebró una primera audiencia pública el jueves 5 de setiembre de 1985, en aplicación de las disposiciones del artículo 64.2 de la Convención, con el fin de que la Corte, reunida en su Décimo tercer Período Ordinario de Sesiones (2-6 de septiembre), escuchara las opiniones de los representantes del Gobierno, del Colegio de Periodistas y de la SIP que concurrieron previa consulta y con el consentimiento del Gobierno, sobre la compatibilidad entre la Ley No. 4420 y los artículos 13 y 29 de la Convención. 8. En esta audiencia pública fueron hechas a la Corte manifestaciones orales por los siguientes representantes: Por el Gobierno de Costa Rica: Lic. Carlos José Gutiérrez, Agente y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Lic. Manuel Freer Jiménez, Agente Suplente y Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores Por el Colegio de Periodistas de Costa Rica: Lic. Carlos Mora, Presidente, Licda. Alfonsina de Chavarría, Asesora Legal Por la Sociedad Interamericana de Prensa: Dr. Germán Ornes, Presidente Comisión Jurídica Lic. Fernando Guier Esquivel, Asesor Legal, Dr. Leonard Marks, Abogado. 9. El día viernes 8 de noviembre de 1985 se celebró una segunda audiencia pública, en aplicación de las disposiciones del artículo 64.1 de la Convención. En esta ocasión, la Corte, reunida en su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones (4-14 de noviembre), escuchó las opiniones de los representantes del Gobierno y de los delegados de la Comisión acerca de la pregunta general de la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención, en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas. 10. Comparecieron a esta audiencia pública los siguientes representantes:
Lic. Carlos José Gutiérrez, Agente y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Lic. Manuel Freer Jiménez, Agente Suplente y Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Delegado, Dr. R. Bruce McColm, Delegado.
I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11. En su solicitud el Gobierno pidió a la Corte, con base en el artículo 64 de la Convención, una opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la misma en relación con la colegiación obligatoria de los periodistas y también acerca de la compatibilidad de la Ley No. 4420, que establece la colegiación obligatoria de sus miembros para ejercer el periodismo, con las disposiciones de los mencionados artículos. En los términos de dicha comunicación se plantea: la consulta que se formula a la CORTE INTERAMERICANA comprende además y en forma concreta, requerimiento de opinión consultiva sobre si existe o no pugna o contradicción entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la actividad del periodista en general y, en especial del reportero -según los artículos ya citados de la Ley No. 4420- y las normas internacionales 13 y 29 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. En ese aspecto, es necesario conocer el criterio de la CORTE INTERAMERICANA, respecto al alcance y cobertura del derecho de libertad de expresión del pensamiento y de información y las únicas limitaciones permisibles conforme a los artículos 13 y 29 de la CONVENCIÓN AMERICANA., con indicación en su caso de si hay o no congruencia entre las normas internas contenidas en la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas ya referidas (Ley No. 4420) y los artículos 13 y 29 internacionales precitados. ¿Está permitida o comprendida la colegiatura obligatoria del periodista y del reportero, entre las restricciones o limitaciones que autorizan los artículos 13 y 29 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS? ¿Existe o no compatibilidad, pugna o incongruencia entre aquellas normas internas y los artículos citados de la CONVENCIÓN AMERICANA?. 12. Las presentaciones, tanto escritas como orales, del propio Gobierno y de los demás participantes en el procedimiento mostraron claramente que el problema
1 de la Convención. 63. doc.2. 4420 de 18 de setiembre de 1969 Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. así como los demás hechos establecidos en la petición. que establece dicha colegiación obligatoria en Costa Rica.2 de la misma. El Gobierno accedió a plantear la consulta porque según la Convención la SIP no está legitimada para hacerlo. en lo que les compete. toda vez que existen serias dudas en Costa Rica y en todo el continente sobre la colegiatura obligatoria de periodistas y reporteros y se han emitido opiniones contrapuestas respecto a la legalidad . la competencia consultiva de la Corte ha sido invocada respecto del artículo 64. por lo que toca a la cuestión general.
II ADMISIBILIDAD 16. por lo menos. y del artículo 64. 15. 9178 (Costa Rica) OEA/Ser. el Gobierno claramente manifestó en la solicitud respectiva su criterio adverso al de la SIP y dejó constancia de que está plenamente de acuerdo con la Resolución No. 4420 y la Convención. Como Costa Rica es miembro de la OEA. en lo referente a la compatibilidad entre la Ley No.de ese instituto de la licencia previa.5 fundamental implicado en la consulta no es que la Corte defina en abstracto la extensión y limitaciones permisibles a la libertad de expresión. considerada en general. 14. De acuerdo con lo que dispone el artículo 64 de la Convención. (Resolución No. respecto de la colegiación obligatoria de los periodistas. Sin embargo. Como ya se ha observado. 2 de octubre de 1984). pueden hacerlo únicamente los Estados Miembros de la OEA y los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967. L/V/II. así como las normas que la reglamentan y la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica de 3 de junio de 1983 por la que se condenó al señor STEPHEN SCHMIDT a TRES MESES DE PRISIÓN por ejercicio ilegal de la profesión de periodista. está legitimada para solicitar opiniones consultivas según cualquiera de las dos disposiciones mencionadas y no hay ninguna razón jurídica que impida que ambas sean invocadas para
. 17/84 Caso No.al tenor de las normas de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS . en aplicación del artículo 64. e igualmente que dictamine sobre la compatibilidad entre la Ley No. Esta solicitud se originó en una petición que le presentó la SIP al Gobierno para que formulara la consulta. 13. en aplicación del artículo 64. sino que las determine. no constituyen violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.1 de la Convención. 15. El Gobierno mencionó el hecho de que existen leyes similares en otros 10 países americanos. 17/84 de la Comisión que declaró: que la Ley No. y la Convención. 4420.
en su debido momento. de manera que puedan verse menoscabados los derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos. 20. aprobó una resolución en la cual concluyó que la Ley No. supra 15). 19. 62 de la Convención) pero ni el Gobierno ni la Comisión ejercieron su derecho de someterle el caso. la Comisión la examinó de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 48 de la Convención y. sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso. Sin embargo. Cabe entonces preguntarse si la parte de la solicitud de Costa Rica que se refiere a la compatibilidad entre la Ley No. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 64 de la Convención. al cual el Gobierno hizo expresa referencia en su solicitud. 4. aun cuando en este último se hayan considerado algunos de los aspectos sometidos a la Corte en la presente opinión consultiva. párr. ("Otros tratados" objeto de la función
. a debilitar o alterar el sistema previsto por la Convención. no. 4420 y la Convención es inadmisible dado que esa materia fue considerada en un procedimiento ante la Comisión (Caso Schmidt. Según el sistema de protección establecido por la Convención. 3. 43). la Corte también ha reconocido que su competencia consultiva es permisiva y que consideraría inadmisible toda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte. supra 15). sin embargo. En consecuencia. Serie A No.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 21. el cual llegó a su término sin que el peticionario tuviera la posibilidad de que su queja fuera considerada por la Corte. la petición de Costa Rica es admisible. Después de considerar la petición admisible. Esa infracción habría sido el resultado de una condena que se impuso al denunciante en Costa Rica por haber violado las disposiciones de la Ley No.6 fundamentar una misma solicitud. Costa Rica ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte (art. 4420 no violaba la Convención y que la condena al señor Schmidt no violaba el artículo 13 (Caso Schmidt. 4420. (Restricciones a la pena de muerte (arts. desde ese punto de vista. o en general. Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983.2 y 4. El caso Schmidt se originó en una petición individual presentada ante la Comisión de acuerdo con el artículo 44 de la Convención. sobre ciertas cuestiones legales. destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos. aunque algunas de ellas coincidan con las implicadas en el caso Schmidt. al permitir a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA solicitar opiniones consultivas. 17. crea un sistema paralelo al del artículo 62 y ofrece un método judicial alterno de carácter consultivo. no despojó al Gobierno del derecho de solicitar a la Corte una opinión consultiva. Este resultado. La Corte anteriormente sostuvo que la Convención. 18. la presente solicitud y el caso Schmidt son dos procedimientos legales enteramente diferentes. En ella el señor Schmidt acusó a Costa Rica de violar el artículo 13 de la Convención.
67 y 68 de la Convención. al no haberse podido resolver amistosamente ante la Comisión. 22. por otra parte. Serie A No. deberían ser sometidos por ésta a la Corte. inter alia. resulta claro que el Gobierno ganó el caso Schmidt ante la Comisión.7 consultiva de la Corte (Art. no. de velar por la integridad institucional y por el funcionamiento del sistema de la Convención. El que una solicitud de opinión consultiva tenga o no estas consecuencias dependerá de las circunstancias del caso particular ("Otros tratados". 1. 21 y 22). aún cuando no esté legalmente obligada a hacerlo. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos). de las funciones que asigna a ambos órganos se desprende que. y es una materia que reviste especial importancia en el continente. párrs. La Corte considera. la iniciativa de Costa Rica de solicitar esta opinión consultiva después de haber ganado el caso ante la Comisión enaltece su posición moral y no hay. su trámite en la jurisdicción interna de Costa Rica fue objeto de decisiones judiciales contradictorias. Costa Rica fue el primer Estado Parte en la Convención en aceptar la competencia contenciosa de la Corte. Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. según la Comisión. (Asunto Viviana Gallardo y otras. el Estado afectado podría intentar el recurso a una opinión consultiva como medio para objetar la legalidad de esas conclusiones de la Comisión sin arriesgarse a las consecuencias de una sentencia. 24. Por tanto. No escapa a la Corte que un Estado contra el cual se ha entablado un proceso ante la Comisión podría preferir que la denuncia no fuera resuelta por la Corte en uso de su competencia contenciosa para evadir así el efecto de sus sentencias que son obligatorias. no viola la Convención. ni el artículo 50 ni el 51 de la Convención requieren que la Comisión haya concluido que ha habido violación de la Convención. Dado que la opinión consultiva de la Corte carecería de los efectos de esta última. nos. Costa Rica no obtiene ninguna ventaja legal. párr. en tales condiciones. 31). El caso Schmidt cae ciertamente dentro de esta categoría. párr. al solicitar una opinión consultiva sobre la ley que.
. para que se pueda referir un caso a la Corte. que el hecho de que Costa Rica no le haya sometido el caso Schmidt como contencioso no hace inadmisible la solicitud de opinión consultiva. En consecuencia. Se trata de un caso que plantea problemas legales controversiales no considerados por la Corte. Resolución del 13 de noviembre de 1981. Aunque la Convención no especifica bajo qué circunstancias la Comisión debe referir un caso a la Corte. no. definitivas y ejecutables según los artículos 63. donde varios Estados han adoptado leyes parecidas a la de Costa Rica. difícilmente se podría negar a Costa Rica el derecho de solicitar una opinión consultiva por el solo hecho de no haber ejercido una facultad que corresponde a la Comisión como órgano de la Convención responsable. razón que justifique desestimar la solicitud. 25. En consecuencia. En verdad. En el presente asunto. Frente a una resolución de la Comisión en que se concluya que ha habido violación de la Convención. 23. podría considerarse que una estrategia como esa menoscabaría "los derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos" y que "desvirtuar(ía) la jurisdicción contenciosa de la Corte". hay ciertos casos que. la propia Comisión no pudo alcanzar una decisión unánime sobre esos problemas jurídicos. la Comisión pudo haber sometido el caso Schmidt a la Corte. A pesar de lo expresado por uno de los delegados de la Comisión en la audiencia del 8 de noviembre de 1985. 31). supra 21.
Por ello. el delicado equilibrio del sistema de protección establecido en la Convención se ve afectado.
3. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. en tales hipótesis. la Corte la declara admitida.Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. 28.
III LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN 29. 2. el orden público o la salud o la moral públicas. Dado que los individuos no están legitimados para introducir una demanda ante la Corte y que un gobierno que haya ganado un asunto ante la Comisión no tiene incentivo para hacerlo. sin consideración de fronteras. Por lo demás. 27. ninguna causa de inadmisibilidad de la solicitud de opinión consultiva introducida por el Gobierno. tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) b) el respeto a los derechos o la reputación de los demás. representa la única vía para que operen plenamente todos los medios de protección que la Convención establece. o la protección de la seguridad nacional. Este derecho comprende la libertad de buscar. o por cualquier otro procedimiento de su elección. por escrito o en forma impresa o artística. No existiendo.. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. la Corte no puede abstenerse de considerar el asunto si éste se le somete por la vía consultiva. de frecuencias radioeléctricas. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. ya sea oralmente.
. por esa razón. la cuestión de si las resoluciones emitidas por la Comisión de acuerdo con los artículos 50 o 51 pueden o no en determinadas circunstancias poner fin al procedimiento. la determinación de esta última de someter un caso semejante a la Corte. la Comisión está llamada a considerar especialmente la posibilidad de acudir a la Corte. En una situación en que la Comisión no haya referido el caso a la Corte y. El artículo 13 de la Convención dice lo siguiente: Artículo 13. o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. no tiene relevancia en el asunto sometido a la Corte. en consecuencia.8 26.
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. pero implica también.9
4. un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
. sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas. sino también el derecho y la libertad de buscar. un derecho de cada individuo. grupo o persona. por un lado. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. por ningún motivo. Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes. En efecto. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. color."
30. ésta requiere. inclusive los de raza.. por otro lado. religión. El artículo 29 establece las siguientes normas para la interpretación de la Convención: Artículo 29. que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa. por tanto. suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar. idioma u origen nacional. cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. y excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 5. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas." Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento. Por tanto. no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado..
No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor.. la prohibición de todo monopolio respecto de ellos. inseparablemente. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.10
31. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Para ello es indispensable. 35. de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. o.El ejercicio del derecho previsto en el inciso precendente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores. si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación. Como tampoco sería admisible que. sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas. las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o
. En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así. sea necesariamente contraria a la Convención. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión. En su dimensión individual.. procedimiento".. Lo anterior no significa que toda restricción a los medios de comunicación o. la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir. el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. en general. sino que comprende además. en la práctica. de manera que. sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. 34. inter alia. cuyo artículo 13. 33. de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente. 32. se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. que no haya individuos o grupos que. y en la misma medida. más exactamente. está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles. un límite al derecho de expresarse libremente.2. a la libertad de expresarse. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier. estén excluidos del acceso a tales medios. y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella. cualquiera sea la forma que pretenda adoptar. Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. la pluralidad de medios.2 dispone: Artículo 13. a priori. exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos.
37. la definición por la ley de aquellas conductas que constituyen causal de responsabilidad según el citado artículo.2 para determinar su legitimidad y establecer. y Que esas causales de responsabilidad sean " necesarias para asegurar " los mencionados fines. Aún en este caso. de tal modo que. 39. pretenden alcanzarse. 38.2. Así pues. El artículo 13. si ha habido o no una violación de la Convención. el orden público o la salud o la moral públicas. salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a espectáculos públicos. la libertad de pensamiento y expresión admite ciertas restricciones propias.
Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se dé cumplimiento cabal al artículo 13. en cada caso. incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión. el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención. La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley. en consecuencia. como la Convención lo reconoce. con tales restricciones.2. a saber: a) b) c) d) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas. envuelve una restricción a la libertad de expresión. Es en el sentido de conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión como se usará en adelante respecto de este artículo la expresión "restricción". 36. para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente.2 de la Convención define a través de qué medios pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión. que serán legítimas en la medida en que se inserten dentro de los requerimientos del artículo 13. La disposición citada señala dentro de qué condiciones son compatibles restricciones a la libertad de expresión con la Convención. como la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles. 40.
En efecto. representadas por la legitimidad de los fines que. Por lo tanto. es preciso considerar si se han respetado o no los términos del artículo 13. en primer lugar. es preciso que se reúnan varios requisitos. debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también. a la libertad de expresión. Estipula. inevitablemente. Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información y solamente para lograr fines que la propia Convención
. según la Convención. Esas restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo. El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. la prohibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el artículo 13. La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas. En esta materia toda medida preventiva significa.11 b) la protección de la seguridad nacional.
. Por tratarse de restricciones en el sentido en que quedó establecido (supra 35) la definición legal debe ser necesariamente expresa y taxativa. un régimen de libertad personal y de justicia social. 2. tiene que vincularse con las necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas. dentro del cuadro de las instituciones democráticas. Correlación entre Deberes y Derechos . Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: . 41..
Artículo 32.2 de la Convención. y excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. En relación con este punto. Antes de entrar a estudiar los literales a) y b) del artículo 13. en este Continente.ARTÍCULO 10
. la Corte analizará el significado de la expresión "necesarias para asegurar". "democracia representativa" y "sociedades democráticas" que el juicio sobre si una restricción a la libertad de expresión impuesta por un Estado es "necesaria para asegurar" uno de los objetivos mencionados en los literales a) o b) del mismo artículo. 43.. fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". Para ello debe considerarse el objeto y el fin del tratado teniendo presentes los criterios de interpretación resultantes de los artículos 29 c) y d) y 32. la Corte estima que es útil comparar el artículo 13 de la Convención con el artículo 10 de la Convención (Europea) para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante "la Convención Europea") y con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "el Pacto") los cuales rezan: CONVENCIÓN EUROPEA .
Igualmente debe tenerse presente lo señalado en el Preámbulo donde los Estados signatarios reafirman "su propósito de consolidar. Se desprende de la reiterada mención a las "instituciones democráticas". Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás.2 según los cuales Artículo 29. Esas disposiciones representan el contexto dentro del cual se deben interpretar las restricciones permitidas por el artículo 13. a la luz de lo que interesa en la presente consulta. 42.. c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. en una sociedad democrática.12 señala.2. por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. empleada en el mismo artículo.
este derecho comprende la libertad de buscar.. El ejercicio de estas libertades.2 del Estatuto de la Comisión. la defensa del orden y la prevención del delito.13
1. podrá ser sometido a ciertas formalidades. previstas por la ley. Debe enfatizarse. de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. por escrito o en forma impresa o artística."
44. la protección de la reputación o de los derechos ajenos. reconocida como parte del sistema normativo por los Estados Miembros de la OEA en el artículo 1. que constituyan medidas necesarias. que el artículo 29 d) de la Convención Americana prohíbe toda interpretación que conduzca a " excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.Artículo 19 1. que entrañan deberes y responsabilidades. 2. para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión. para la seguridad nacional.
2. que deberán. la integridad territorial o la seguridad pública. dice lo siguiente:
.. sin embargo. restricciones o sanciones. b) La protección de la seguridad nacional. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Sin embargo. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber ingerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. también. 3. Por consiguiente. en una sociedad democrática.". ya sea oralmente. mientras que el artículo 13 de la Convención Americana omite esos términos específicos. estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. el orden público o la salud o la moral públicas. que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno".. condiciones. PACTO . esta diferencia en la terminología pierde significado puesto que la Convención Europea no contiene ninguna provisión comparable con el artículo 29 de la Americana. o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Es cierto que la Convención Europea utiliza la expresión "necesarias en una sociedad democrática". El artículo XXVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por su parte.. la protección de la salud o de la moral. puede estar sujeto a ciertas restricciones. sin consideración de fronteras. que dispone reglas para interpretar sus disposiciones y prohíbe que la interpretación pueda " excluir otros derechos y garantías. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
sin una mención específica a lo "necesari(o) en una sociedad democrática". más allá de lo estrictamente necesario. Esa circunstancia sugiere el deseo de asegurar que los términos del artículo 13. judgment of 26 April 1979. en particular. párr.3 esté ubicada inmediatamente después de una disposición -el artículo 13. Esta conclusión. En realidad. 48.. El artículo 13. 26). Ni la Convención Europea ni el Pacto contienen una disposición comparable. Las justas exigencias de la democracia deben. por ejemplo. 62. 30. párr. orientar la interpretación de la Convención y. pág. por consiguiente. por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. The Sunday Times case. Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea. Series A no. el artículo 13 de la Convención Americana al que sirvió de modelo en parte el artículo 19 del Pacto. ver también Eur.3 no sólo trata de las restricciones gubernamentales indirectas. En este último. sugiere que la " necesidad " y. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. que la ley cumple un propósito útil u oportuno. significativo que la norma del artículo 13. preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. 46. Court H. de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Series A no. implica la "existencia de una" necesidad social imperiosa" y que para que una restricción sea "necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil". por su importancia. sin ser sinónimo de "indispensables". encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".que se refiere a las restricciones permisibles al ejercicio de la libertad de expresión. supra. párr. no. no.14
Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás. que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante "vías o medios indirectos. "razonable" u "oportuna". 59... La forma como está redactado el artículo 13 de la Convención Americana difiere muy significativamente del artículo 10 de la Convención Europea. sólo sea porque éste no prohíbe expresamente la censura previa. habría sido muy difícil delimitar la larga lista de restricciones autorizadas. que es igualmente aplicable a la Convención Americana. particulares" que produzcan el
. que está formulado en términos muy generales.2.. no. contiene una lista más reducida de restricciones que la Convención Europea y que el mismo Pacto. dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Court H. la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.3. Es. para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que. sino que también prohíbe expresamente "controles. (The Sunday Times case.. 35-36).2 no fuesen mal interpretados en el sentido de limitar.2. Es decir. 59. 90.2 tiene también que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del artículo 13. por ende. Dado este estándar. concluyó que "necesarias". pág. 38. el alcance pleno de la libertad de expresión. 45. también. R. R. la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13. El artículo 13. Barthold judgment of 25 March 1985. (Eur. no es suficiente que se demuestre. 47. págs..
. 49. También puede definirse el criterio de que las normas de un tratado regional. en consecuencia. Las disposiciones de los incisos 4 y 5 del artículo 13 no tienen una relación directa con las preguntas hechas a la Corte en la presente solicitud y. que contiene las normas de interpretación. pero tal método no podría emplearse nunca para incorporar a la Convención criterios restrictivos que no se desprendan directamente de su texto..15 mismo resultado. constituiría una violación en el continente americano. y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción." Por ello. puede sentarse el criterio de que las reglas de un tratado o convención deben interpretarse en relación con las disposiciones que aparezcan en otros tratados que versen sobre la misma materia. En verdad. Según ese planteamiento en la hipótesis de que un derecho recogido en la Convención Americana fuera regulado de modo más restrictivo en otro instrumento internacional referente a los derechos humanos. Esta disposición debe leerse junto con el artículo 1. como acaba de hacerlo la Corte. A propósito de la comparación entre la Convención Americana y los otros tratados mencionados. La anterior conclusión se deduce claramente del artículo 29 de la Convención. 50. la violación de la Convención en este ámbito puede ser producto no sólo de que el Estado imponga por sí mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente "la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". lo que parece evidentemente una afirmación errónea. no necesitan ser examinadas en esta ocasión. sino también de que no se haya asegurado que la violación no resulte de los "controles. cuyo literal b) indica que ninguna disposición de la Convención.. (Subrayado del texto original). puede ser interpretada en el sentido de: limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
.... comparar la Convención Americana con lo dispuesto en otros instrumentos internacionales como medio para poner de relieve aspectos particulares de la regulación de un determinado derecho. donde los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la Convención). 51. frecuentemente es útil. La comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de las ideas.1 de la Convención. 52. deben interpretarse a la luz de la doctrina y disposiciones de los instrumentos de carácter universal. la Corte no puede eludir un comentario acerca de un criterio de interpretación sugerido por Costa Rica en la audiencia del 8 de noviembre de 1985. Más bien pensamos que en cuanto a interpretación de tratados. la interpretación de la Convención Americana debería hacerse tomando en cuenta esas mayores limitaciones porque: De lo contrario tendríamos que aceptar que lo que es lícito y permisible en el ámbito universal. particulares" mencionados en el párrafo 3 del artículo 13. por más que estén presentes en cualquier otro tratado internacional. El análisis anterior del artículo 13 evidencia el altísimo valor que la Convención da a la libertad de expresión.
La Corte considera que la colegiación obligatoria de los periodistas. En tal hipótesis. se establecen en la práctica "medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". si bien constituye el ejemplo más grave de violación del artículo 13. no configura un supuesto de esta especie. si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional.
. la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de información al control gubernamental. Como ha quedado dicho en los párrafos precedentes una restricción a la libertad de expresión puede ser o no violatoria de la Convención. que tiene lugar cuando. en los términos amplios de la Convención. no es la única hipótesis en que dicho artículo pueda ser irrespetado. menos aún podrán traerse restricciones presentes en esos otros instrumentos. 57. para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce. 56. según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido.
IV POSIBLES INFRACCIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA 53. En verdad no toda transgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión radical de la libertad de expresión. de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. en los términos en que ha sido planteada para esta consulta. Ejemplos son la censura previa. el secuestro o la prohibición de publicaciones y. ideas. en general. La supresión de la libertad de expresión como ha sido descrita en el párrafo precedente. por el poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información. En consecuencia. Más aún. y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno. también resulta contradictorio con la Convención todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar. En efecto. Las infracciones al artículo 13 pueden presentarse bajo diferentes hipótesis. en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención. debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. pero no en la Convención. 54. según se ajuste o no a los términos en que dichas restricciones están autorizadas por el artículo 13. por ejemplo. opiniones o noticias. cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación. hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados. 55. Tal supuesto podría llegar a configurarse. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros instrumentos internacionales.2. recibir y difundir informaciones e ideas.16 Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados.
puesto que ésta. En el mismo sentido la Comisión señaló que Nada se opone a que la vigilancia y control del ejercicio de las profesiones. Así... La Corte observa que los argumentos alegados para defender la legitimidad de la colegiación obligatoria de los periodistas no se vinculan con todos los conceptos mencionados en el párrafo precedente.2). bien directamente por organismos oficiales. incluso penal. la Federación Latinoamericana de Periodistas. al cumplir su misión. 60. 59. esa colegiación envuelve una restricción al derecho de expresarse de los no colegiados. el Gobierno ha destacado que en Costa Rica existe una norma de derecho no escrita. en primer lugar. 13. o bien indirectamente mediante una autorización o delegación que para ello haga el estatuto correspondiente. señaló que algunas constituciones latinoamericanas disponen la colegiación obligatoria para las profesiones que señale la ley. en las observaciones que remitió a la Corte como amicus curiae. supra 15)" El Colegio de Periodistas de Costa Rica destacó igualmente que "este mismo requisito (la colegiación) existe en las leyes orgánicas de todos los colegios profesionales". de los no colegiados puede verse comprometida si. según la ley. al "difundir informaciones e ideas de toda índole. de condición estructural y constitutiva. bajo la vigilancia o control del Estado. son "necesari(os) para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. debe siempre someterse a la Ley.17 Cabe entonces analizar la situación de la colegiación obligatoria de los periodistas frente a la mencionada disposición. En consecuencia. así como la inspección sobre su ejercicio como un imperativo de la seguridad social y una garantía de una mejor protección de los derechos humanos (Caso Schmidt. Por efecto de la colegiación obligatoria de los periodistas.. el orden público o la salud o la moral públicas" (art. constituye ejercicio profesional del periodismo.
. y esa norma puede enunciarse en los siguientes términos: toda profesión deberá organizarse mediante una ley en una corporación pública denominada colegio. La cuestión que se plantea entonces es si los fines que se persiguen con tal colegiación entran dentro de los autorizados por la Convención. en una organización o asociación profesional. sino sólo con algunos de ellos. Se ha señalado. es decir. la responsabilidad. se cumpla. La pertenencia a un Colegio o la exigencia de tarjeta para el ejercicio de la profesión de periodista no implica para nadie restricción a las libertades de pensamiento y expresión sino una reglamentación que compete al Poder Ejecutivo sobre las condiciones de idoneidad de los títulos. sobre las profesiones. procedimiento de su elección" invaden lo que. lo que obliga a examinar si sus fundamentos caben dentro de los considerados legítimos por la Convención para determinar si tal restricción es compatible con ella. Por su parte. por cualquier. en una regla del mismo rango formal que la libertad de expresión. que la colegiación obligatoria es el modo normal de organizar el ejercicio de las profesiones en los distintos países que han sometido al periodismo al mismo régimen.. 58. o b) la protección de la seguridad nacional.
Dentro de la misma orientación. pero nótese que aparte de ese interés hay otro de mayor jerarquía que justifica establecer la colegiatura obligatoria en algunas profesiones. la salud. concluyó que la colegiatura obligatoria para periodistas o la exigencia de tarjeta profesional no implica negar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. también se exige la estricta observancia de normas de ética profesional. la inspección y vigilancia sobre la profesión de periodistas para garantizar la ética. sin obligación de pertenecer al Colegio de Periodistas. puesto que además del título que asegura una preparación adecuada. como por la confianza que en ellos depositan las personas que requieren de sus servicios. de regular el ejercicio profesional del periodismo" . se respeten los derechos de los demás y se proteja el orden público. en la audiencia pública de 8 de noviembre de 1985. El Gobierno mencionó una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en cuyos términos es verdad que esos colegios también actúan en interés común y en defensa de sus miembros. en aras de la protección del bien común. para el desempeño de algunas profesiones. tanto por la índole de la actividad que realizan estos profesionales. En otra ocasión el Gobierno dijo: Otra cosa resulta de lo que podríamos llamar el ejercicio del periodismo como "profesión liberal". sino únicamente reglamentar su ejercicio para que cumpla su función social. e igualmente que "el manejo de este pensamiento ajeno. ni restringirla o limitarla. Todo ello es de interés público y el Estado delega en los colegios la potestad de vigilar el correcto ejercicio de la profesión. lo cual tutela el Colegio de Periodistas de Costa Rica".18 61. el Colegio de Periodistas afirmó que "la sociedad tiene derecho. no sólo derechos sino deberes frente a la comunidad y el orden social. El mismo Gobierno ha subrayado que el ejercicio de ciertas profesiones entraña. La colegiatura obligatoria busca el control. en su presentación al público requiere del trabajo profesional no solamente capacitado. la idoneidad y el mejoramiento social de los periodistas. como la del periodismo. las que generalmente se denominan liberales. la moral y la seguridad nacionales. En el mismo sentido. Eso explica que la misma Ley del Colegio de Periodistas de Costa Rica permita a una persona constituirse en comentarista y aún en columnista permanente y retribuido de un medio de comunicación. regulada por Ley. Tal es la razón que justifica la exigencia de una habilitación especial.
. sino obligado en su responsabilidad y ética profesionales con la sociedad. En segundo lugar se ha sostenido que la colegiación obligatoria persigue fines de utilidad colectiva vinculados con la ética y la responsabilidad profesionales. un delegado de la Comisión.
más bien apuntarían a justificar la colegiación obligatoria como un medio para asegurar el orden público (art. También se ha argumentado que la colegiación es un medio para garantizar la independencia de los periodistas frente a sus empleadores. En el mismo sentido. al relacionar los argumentos así expuestos con las restricciones a que se refiere el artículo 13. hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. 65. Ellos preferirían continuar con un control absoluto de todo el proceso de comunicación social. La Corte analizará el argumento pues considera que. El Colegio de Periodistas ha expresado que el rechazo a la colegiación obligatoria equivaldría a facilitar los objetivos de quienes abren medios de comunicación en América Latina. una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención. no para el servicio de la sociedad sino para defender intereses personales y de pequeños grupos de poder. es válido sostener. la Federación Latinoamericana de Periodistas expresó que esa colegiación persigue. garantizarle a sus respectivas sociedades el derecho a la libertad de expresión del pensamiento en cuya firme defensa han centrado sus luchas. implica la idea de que tal colegiación se basa en el orden público. en criterio de la Corte. El bien común ha sido directamente invocado como uno de los justificativos de la colegiación obligatoria de los periodistas. que. En tal sentido podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden público. que muestren ser incondicionales a esos mismos intereses. sobre todo en los casos en que se especifican taxativamente las causas legítimas que pueden fundar las restricciones o limitaciones para un derecho determinado.2. con prescindencia de dicho artículo. inter alia. 13. observa que los mismos no envuelven directamente la idea de justificar la colegiación obligatoria de los periodistas como un medio para garantizar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional. 32. en general. lucha esta que ha encontrado su principal traba en el egoísmo y ventajismo empresarial de los medios de comunicación social. "o la salud o la moral públicas" (art. 64.2).19 62. que el ejercicio de los derechos garantizados por la Convención debe armonizarse con el bien común. La Corte interpreta que el alegato según el cual la colegiación obligatoria es estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las profesiones en general y que ello justifica que se someta a dicho régimen también a los periodistas. 63.2 sea aplicable en forma automática e idéntica a todos los derechos que la Convención protege. Ello no indica. el artículo 32.2 contiene un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en que la
.2 de la Convención. con base en el artículo 32.. sin embargo. 13.2).2 de la Convención.. incluido el trabajo de personas en función de periodistas. Y con relación al derecho a la información nuestros gremios han venido enfatizando la necesidad de democratizar el flujo informativo en la relación emisor-receptor para que la ciudadanía tenga acceso y reciba una información veraz y oportuna. En efecto. La Corte.b)) como una justa exigencia del bien común en una sociedad democrática (art. El artículo 32.
basándose en el Preámbulo de la Convención Europea. como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. Considera la Corte.
. La Corte observa que la organización de las profesiones en general. que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. señaló: que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocos con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino. 67. 66.20 Convención. en colegios profesionales. No escapa a la Corte. así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. es decir. De ahí que los alegatos que sitúan la colegiación obligatoria como un medio para asegurar la responsabilidad y la ética profesionales y. ideales. puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. al proclamar un derecho. como una garantía de la libertad e independencia de los periodistas frente a sus patronos. además. que el mismo concepto de orden público reclama que.. 69. no es per se contraria a la Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público. ideas y opiniones. dentro del contexto de la Convención. sin embargo. establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas.a) de la Convención). si se considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente. no dispone nada en concreto sobre sus posibles restricciones legítimas. la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de "orden público" y "bien común". Por ello. como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. la Corte adhiere a las ideas expuestas por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando. se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias. En este sentido. en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos. Es posible entender el bien común. Esos conceptos. 68. como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. sin embargo. deben considerarse fundamentados en la idea de que dicha colegiación representa una exigencia del bien común. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia. dentro de una sociedad democrática. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art.. En tal sentido. es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden. 29.
ser incompatible con ésta. Lo mismo es aplicable a la medicina. aplicable a otras profesiones. por ejemplo. en fin. y en general. recibir y difundir información. no tiene en cuenta el problema fundamental que se plantea a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convención. lo que hacen los abogados o los médicos. (1961). al ejercicio del derecho o la medicina.. 74. Italy". Esto no se aplica. requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención.. esté suficientemente informada. podría considerarse violatoria del derecho de defensa del acusado según el artículo 8 de la Convención y. quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.4. 70. es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.788/60. pág. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. los sindicatos. condición para que la comunidad. tal como está concebido por la Convención Americana. También interesa al orden público democrático." La profesión de periodista -lo que hacen los periodistas. vol. y que.. Pero no existe un sólo derecho garantizado por la Convención que abarque exhaustivamente o defina por sí solo el ejercicio de la abogacía como lo hace el artículo 13 cuando se refiere al ejercicio de una libertad que coincide con la actividad periodística. Por ejemplo. 138). European Yearbook of Human Rights. Por ende. a la hora de ejercer sus opciones. (" Austria vs.implica precisamente el buscar. pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. como podría suceder con otras profesiones.21 libertad y régimen de derecho.. El ejercicio del periodismo. las sociedades científicas y culturales. siempre que ésta no comporte un pago retributivo. ya sea oralmente. 72. por esa razón. por tanto. que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. Application No. El problema surge del hecho de que el artículo 13 expresamente protege la libertad de "buscar. El argumento según el cual una ley de colegiación obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación similar. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos. Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y. Es. por lo tanto. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 73. 71. no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional. por escrito o en forma impresa.no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. en
. una ley que prohibiera a los abogados actuar como defensores en casos que involucren actividades contra el Estado. Se ha argumentado que la colegiación obligatoria de los periodistas lo que persigue es proteger un oficio remunerado y que no se opone al ejercicio de la libertad de expresión. Es cierto que la imposición de ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía podría ser incompatible con el goce de varios derechos garantizados por la Convención. el ejercicio del derecho o la medicina -es decir. Es indispensable para la formación de la opinión pública. a diferencia del periodismo.
cuestión esta que no es exacta y puede. todos aquéllos que se dedican profesionalmente a la comunicación social. 77. aunque atributo. en el fondo. ni puede ser. ambas cosas están evidentemente imbricadas. en consecuencia.22 tal sentido. Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Se ha señalado igualmente que la colegiación de los periodistas es un medio para el fortalecimiento del gremio y. 75. una cosa sería la libertad de expresión y otra el ejercicio profesional del periodismo. Además. No escapa a la Corte que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación. porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado. el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Pero en realidad como ha sido demostrado. Por otra parte. una garantía de la libertad e independencia de esos profesionales y un imperativo del bien común. Pero no basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión pública. que la Corte no puede aprobar. por el contrario. viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. Según ésto. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla. puedan
. podría conducir a la conclusión que las garantías contenidas en el artículo 13 de la Convención no se aplican a los periodistas profesionales. en general. sin desconocer que un gremio tiene derecho de buscar las mejores condiciones de trabajo. ésto no tiene por qué hacerse cerrando a la sociedad posibles fuentes de donde obtener información. el argumento comentado en el párrafo anterior. 78. no tiene en cuenta que la libertad de expresión comprende dar y recibir información y tiene una doble dimensión. además. se refiere a una materia distinta a la contenida en el artículo 13 de la Convención. de la sociedad en su conjunto.2 de la Convención porque. encerrar serios peligros si se lleva hasta sus últimas consecuencias. La Corte concluye. pues el periodista profesional no es. 76. pues conducen a limitar de modo permanente. el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención. que las razones de orden público que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo. individual y colectiva. no puede ser considerado como una de aquellas restricciones contempladas por el artículo 13. en perjuicio de los no colegiados. la consideración de ambas cuestiones como actividades distintas. El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. sino que es necesario también que los periodistas y. igualmente. estable y remunerado. por ende. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y. otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo. Este argumento parte de una oposición entre el periodismo profesional y el ejercicio de la libertad de expresión. lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma se fundamenta. Esta circunstancia indica que el fenómeno de si ese derecho se ejerce o no como profesión remunerada.
23 trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio. 80. en consecuencia. es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo de un derecho protegido por la Convención. por ley. 4420 con la Convención. en lo que se refiere a los periodistas.
V COMPATIBILIDAD DE LA LEY NO.2 de la Convención y sería. Pero.2 y las características propias de este ejercicio profesional a que se hizo referencia antes (supra 72-75). incluso. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13. 81. para efectos de esta consulta. Sin embargo. En consecuencia. porque es perfectamente concebible establecer un estatuto que proteja la libertad e independencia de todos aquellos que ejerzan el periodismo. deben tenerse en cuenta las restricciones del artículo 13.Integran el Colegio de Periodistas de Costa Rica: a) Los Licenciados y Bachilleres en Periodismo. 4420 CON LA CONVENCIÓN 82. Se trata. como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas. tanto más cuanto son posibles e. ésto es. conocidas las manipulaciones sobre la verdad de los sucesos como producto de decisiones adoptadas por algunos medios de comunicación estatales o privados. En este sentido. autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y ética profesionales. la colegiación obligatoria de los periodistas no se ajusta a lo requerido por el artículo 13. en los términos de la Convención. sino que debe ser necesaria. La segunda parte de la solicitud de consulta se refiere a la compatibilidad de los aspectos relevantes de la Ley No. de un argumento fundado en un interés legítimo de los periodistas y de la colectividad en general. 79. violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección. graduados en la Universidad de Costa Rica o en universidades o instituciones
. son los siguientes: Artículo 2. sin necesidad de dejar ese ejercicio solamente a un grupo restringido de la comunidad. pues. es decir que no basta que la restricción sea útil (supra 46) para la obtención de ese fin. Igualmente considera que puede ser apropiado que un Estado delegue. las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las "necesarias para asegurar" la obtención de ciertos fines legítimos. los que. que se pueda alcanzar a través de ella. la Corte estima que la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar. De las anteriores consideraciones se desprende que no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria.2 de la Convención. También está conforme la Corte con la necesidad de establecer un régimen que asegure la responsabilidad y la ética profesional de los periodistas y que sancione las infracciones a esa ética.
La Corte observa que según el artículo 25 de la Ley No. así como a continuar sus estudios en la Escuela de Periodismo. según el artículo 13. podrán ejercer su función libremente. Durante el tiempo que un estudiante de periodismo esté autorizada para ocupar una plaza de periodista. Tal disposición ha sido alegada para demostrar que dicha Ley no se opone a la libre circulación de ideas y opiniones. Artículo 23 -Para los efectos de esta ley.24 equivalentes del extranjero. éticos y morales que esa ley estatuye para los colegiados. además. a solicitud de la empresa periodística. Según las disposiciones citadas. o en un medio noticioso radiodifundido o televisado. y. porque restringe también
. el que tiene por ocupación principal. sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio." Para resolver sobre la compatibilidad entre la Ley y la Convención.
Artículo 22 -Las funciones propias del periodista. remunerado o no. sin poder cubrir el campo del reportero. a ocuparla en forma temporal pero en iguales condiciones. 83. permanente u ocasional. b) En el caso de comprobar el Colegio que no hay periodistas profesionales colegiados interesados para llenar una plaza vacante determinada. toda vez que la Convención no garantiza solamente el derecho de buscar. 84. se entenderá que es periodista profesional en ejercicio. la Ley No. regular o retribuida el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o periódica. sin obligatoriedad de ser miembros del Colegio. a un estudiante de la Escuela de Periodismo que tenga al menos el primer año aprobado y esté cursando el segundo. especializado o no. mientras algún colegiado se interesa en la plaza. pagados o no. incorporados a él de acuerdo con las leyes y tratados. pero su ámbito de acción estará limitado a esa esfera. o en una agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia. 4420 autoriza el ejercicio del periodismo remunerado solamente a quienes sean miembros del Colegio. la Corte deberá aplicar los criterios expuestos en la parte general de esta opinión. recibir y difundir ideas sino también información de toda índole. Este régimen contradice la Convención por cuanto impone una restricción no justificada. el Colegio podrá autorizar. La búsqueda y difusión de información no cabe dentro del ejercicio autorizado por el artículo 25 de la Ley No. 4420 no se requiere la colegiación para actuar como comentarista o columnista. sin entrar a considerar en detalle el valor de ese alegato. con algunas excepciones que no tienen entidad suficiente a los efectos del presente análisis. ello no afecta las conclusiones de la Corte respecto de la cuestión general.2 de la misma. 4420. está obligado a cumplir con los deberes profesionales. Sin embargo. a la libertad de pensamiento y expresión como derecho que corresponde a todo ser humano. Artículo 25 -Los columnistas y comentaristas permanentes u ocasionales de todo tipo de medios de comunicación. Dicha ley restringe igualmente el acceso al Colegio a quienes sean egresados de determinada escuela universitaria.
es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en la sede de la Corte en San José. es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. por consiguiente. Costa Rica. Por consiguiente. en respuesta a las preguntas del Gobierno de Costa Rica sobre la colegiación obligatoria de los periodistas en relación con los artículos 13 y 29 de la Convención y sobre la compatibilidad de la Ley No.25 indebidamente el derecho de la colectividad en general de recibir sin trabas información de cualquier fuente. en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información. objeto de la presente consulta. 4420 de 22 de setiembre de 1969. Primero Por unanimidad que la colegiación obligatoria de periodistas.
Thomas Buergenthal Presidente
Rodolfo E. LA CORTE ES DE OPINIÓN. haciendo fe el texto en español. el día 13 de noviembre de 1985. Segundo Por unanimidad que la Ley No. 4420 con las disposiciones de los mencionados artículos. el uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir información. Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Redactada en español e inglés. 85.Piza E Charles Moyer Secretario
. en cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y.
potestades normativas. de manera que nadie puede ejercerla si no pertenece al Colegio (art. 4420). Hay que entender que ambos extremos están protegidos por la Convención. con el derecho a formar asociaciones. políticos. Costa Rica. disciplinarias y éticas sobre sus colegiados y monopoliza el ejercicio de la actividad profesional. El contenido del artículo 16.2. económicos. D. Washington. es una corporación de derecho público que ejerce. en el artículo 16. por delegación del Estado. en el sentido de que nadie puede ser compelido u obligado a asociarse. deportivos o de cualquiera otra índole. de la seguridad o del orden públicos. 2. que no puede ser restringido sino en los eventos y para los propósitos contemplados en los artículos 16. en interés de la seguridad nacional. a la vez. en la audiencia de 5 de setiembre de 1985. a través del señor Ministro de Relaciones Exteriores. pág. a cuya luz hay que analizar el fenómeno del Colegio de Periodistas de Costa Rica que. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos. creado y no meramente permitido o tolerado por ley. La solicitud de consulta formulada por Costa Rica para esta Opinión mencionó solamente los artículos 13 y 29 de la Convención. laborales. 3. El artículo 16 de la Convención dice: Artículo 16. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática.3 y con una libertad.1 toca. culturales.. Actas y Documentos. Libertad de Asociación l. religiosos. OEA/ Ser.OPINIÓN SEPARADA DEL JUEZ RAFAEL NIETO NAVIA 1. que " el problema aquí no es un problema de libertad de expresión: es un problema de derecho de asociación y es un problema de regulación de un trabajo "." 4. 22 de la Ley No. y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación. la de asociación. 1978. Resolución del 13 de noviembre de 1981. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 283) pero que sí está expresamente contemplado en el artículo 20 in fine de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre según el cual " nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación ". a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. los derechos humanos hay que interpretarlos de la manera más favorable a las personas (Asunto Viviana Gallardo y otras.2 y 16. aunque no mencione ésta expresamente la libertad negativa -el derecho de no asociarse que desapareció del proyecto original de la Convención sin que se conozcan los argumentos para ello (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 2. es decir. Dentro de la teoría expuesta por esta Corte. Pero el Ilustrado Gobierno de ese país manifestó. La libertad de trabajo no está directamente regulada en la Convención.K/XVI/1. 7-22 de noviembre de 1969.C. San José. 16) y resulta contraevidente y aberrante interpretar la palabra
. párr. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales. 3. Pero sí lo está. sociales. con un derecho y con una libertad.
Tendrá los siguientes fines: a) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva. llámense asociaciones. cuando tales colegios cumplen fines estrictamente públicos. La tendencia a asociarse que. 7. Habrá que responder que la norma imperativa de derecho público que obliga a los individuos a asociarse en colegios por profesiones es válida y no puede considerarse per se violatoria de la libertad de asociación. ni que utilicen medios no permitidos para lograr sus propósitos. violan el carácter voluntario -la voluntariedad de la acción. 5.2 libertad como "derecho" únicamente y no como "la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra. juntamente con el sufragio. por la estructura más o menos compleja que se desarrolla en el tiempo y por la tendencia a expandirse y a cobijar el mayor número de miembros interesados en los mismos fines. una entidad que actúa por delegación del Estado en funciones que a éste corresponden. puede considerarse que se viola la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo. La libertad de asociación es el derecho del individuo de unirse con otros en forma voluntaria y durable para la realización común de un fin lícito. 9. uno de los pilares sobre los que se edifica el Estado democrático contemporáneo. si los fines propuestos de tal asociación son de aquéllos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad. si tales asociaciones corresponde a aquéllas a las que se refiere el artículo 16. con asiento en la ciudad de San José. I. los individuos voluntariamente asociados no pueden realizar actividades que correspondan o estén reservadas al poder público. 11). el carácter ideal o espiritual -por oposición al físico o material. deriva de la naturaleza. 8.
. párr. Las asociaciones se caracterizan por su permanencia y estabilidad. como dijo Aristóteles en La Política (Libro I. cuando reciben del Estado una delegación que éste podría cumplir directamente pero que delega porque considera que esa es la forma más idónea para cumplir el fin propuesto. La respuesta hay que darla luego de estudiar los fines que tal corporación se propone y que están contemplados en el artículo primero de la Ley No.Créase el Colegio de Periodistas de Costa Rica. 6. En cuanto a éstos. como una corporación integrada por los profesionales del periodismo. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición) según su albedrío. simplemente.de la unión. cap. o de no obrar" (Real Academia Española. Tales colegios no puede considerarse que sean de aquéllas asociaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Convención. Cabe preguntarse si los entes públicos con estructura asociativa. autorizados para ejercer su profesión dentro del país. corporaciones o colegios. es decir. es decir. 4420: Artículo 1. En cambio. solamente se convierte en "derecho" durante el Siglo XIX y éste constituye.contenido en la libertad de asociación. trascendentes al interés privado. La pregunta que hay que formular es si la corporación pública denominada Colegio de Periodistas de Costa Rica es una asociación de aquéllas a las que se refiere el artículo 16 de la Convención o. ni para realizar actividades que estén prohibidas a los seres humanos individualmente considerados.
cuando así lo estime conveniente. y Pronunciarse sobre problemas públicos. Los contemplados en b). para efectos de esta ley. d) y f) tienen que ver directamente con el interés o el bienestar de los "agremiados" o "miembros" y podrían ser cumplidos satisfactoriamente por asociaciones privadas del tipo de los sindicatos de trabajadores. para quien quiera ejercer el periodismo. defender la soberanía nacional y las instituciones de la nación. de sus agremiados. o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás" (art. la regula en su organización y administración y hace obligatorio. en interés de la seguridad nacional. en cambio. leídos desprevenidamente. lo que significa que crea restricciones a la libertad de asociación.
Es claro que los fines mencionados en los literales a). Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático. cuando éstas lo soliciten o la ley lo ordene. En este sentido es claro que el Colegio es una asociación de aquéllas a que se refiere el artículo 16 de la Convención. e). es decir. cuando sea posible. de la seguridad o del orden público. sin necesidad de una ley que no se limita a tolerar o permitir su existencia sino que crea la corporación.2) (el razonamiento de la Opinión sobre estos conceptos es plenamente aplicable también aquí) y tienen que ver. 4420 estipule que "todo periodista tiene derecho a separarse del Colegio. no necesariamente asociativas ni públicas. a esposa. los auxilios o sistemas de asistencia médico-social pertinentes para proteger a sus miembros cuando éstos se vean en situaciones difíciles por razón de enfermedad. Porque eso significa que quien se separe del Colegio no puede realizar
. siempre que sea posible. por alguna de esas eventualidades. Gestionar o acordar. sus fines pueden ser cumplidos por asociaciones creadas al amparo de la libertad de asociación. pues. 10. promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la superación del pueblo de Costa Rica. vejez o muerte de parientes cercanos. individual y
Apoyar. 16. hijos y padres. c). o cuando sus familiares. temporal o definitivamente" no puede interpretarse sino en consonancia con el artículo 22 que dice que "las funciones propias del periodista sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio". Mantener y estimular el espíritu de unión de los periodistas profesionales. El hecho de que el artículo cuarto de la Ley No. Son. resulta claro que no son "necesari(o)s en una sociedad democrática. se vean abocados a dificultades.3 b) c) d) Defender los intereses colectivamente. pertenecer a ella. entendiéndose por familiares. g) y h) pueden ser cumplidos por entidades de diverso tipo. con el interés del gremio de los periodistas. fines que no son estrictamente públicos ni trascendentes al interés privado y. Cooperar con todas las instituciones públicas de cultura.
hay que concluir que la Ley No. art. por consiguiente.63. una corporación pública cuyos fines podrían ser desempeñados por asociaciones creadas al amparo de la libertad de asociación. 4420. Para razonar de la misma manera como lo hace la Corte en su Opinión pero respecto de la libertad de asociación. doc. 4420 en cuanto hace obligatorio a los periodistas para poder ejercer su profesión el pertenecer al Colegio de Periodistas de Costa Rica. Reglamento de la Ley No. en consecuencia.4 las funciones de su profesión (Decreto No. 17/84 Caso-9178 (Costa Rica) OEA/Ser. de esta manera. Quien ejerce la actividad de periodista sin pertenecer al Colegio ejerce ilegalmente una profesión y está sujeto a las sanciones penales respectivas (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 14931-C. crea restricciones no permitidas por el artículo 16 de la Convención y. es incompatible con él. 2 de octubre de 1984). La Ley No. 4420.15. no se limitó a proteger el derecho de asociación sino que hizo ésta obligatoria violando. la respectiva libertad. 10). como lo ha expresado muy bien la Opinión de la Corte. En cambio quien sí pertenece tiene legalmente un privilegio que se niega a los demás.L/V/II.
. 12. 11. Resolución No.
la Opinión en los términos adoptados en su punto " Primero " deja abierto el camino para que las disposiciones que regulan la Colegiación de los periodistas. los excesos que se puedan cometer en su ejercicio. el considerar que el texto adoptado se concilia con mi interpretación personal. 5. Pero como hombre de Derecho no puedo evitar una honda preocupación de los alcances que puedan darse a la misma. en la indispensable vigilancia de la ética profesional. sobre todo. por sustancial que resulte la modificación y por difícil que parezca la adecuación.DECLARACIÓN DEL JUEZ MÁXIMO CISNEROS 1. puedan ser modificadas en forma que desaparezcan las incompatibilidades que se han señalado. En mi criterio. Personalmente creo que los Colegios de Periodistas. no obstante que naturalmente respeto todos y cada uno de ellos. creo conveniente consignar mi propio criterio. por que en razón de que su actividad se ejerce a través de los medios de difusión social. según mi criterio. que es característica de las ciencias de la comunicación y.
. 6. al menos en la mayoría de los países latinoamericanos. quedando así subsanada la dificultad legal. que los habilite para la adecuada utilización de los adelantos tecnológicos. puesto que para mí ha sido determinante para concurrir con mi voto a esta Opinión. Creo también que la forma de ejercer la vigilancia de la ética profesional más congruente con los principios de una sociedad democrática. con el enorme poder que ello significa como factor determinante en la formación de la opinión pública. en general. a la que debo ajustarme en mi condición de Juez. por que así en cierta forma significa una autolimitación de los derechos personales de los periodistas en razón del bien común. son útiles al interés social por que dentro de sus fines y actividades persiguen objetivos de evidente bien común. He suscrito esta Opinión Consultiva por que comparto los razonamientos extensa y minuciosamente expuestos en la misma. en valores tan importantes como la honra y la dignidad de las personas. que conducen a las conclusiones alcanzadas constituyendo una fiel e ineludible interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. si se logra. y a la estabilidad de las instituciones democráticas de las que. los Colegios de Periodistas forman parte. Entre tales objetivos puede citarse por ejemplo la importante labor que suelen realizar para lograr la constante mejora en la capacitación de sus miembros. a la causa de los Derechos Humanos. es sin lugar a dudas la de periodista. Por todo ello debo destacar que. lo expresado en el punto "Primero" de esta Opinión Consultiva no significa la adopción de un concepto genérico de que la colegiación obligatoria de los periodistas deba desaparecer forzosamente como condición indispensable para que pueda existir la libertad de expresión. afectan en forma muy grave a los demás miembros de la sociedad. se habrá servido en la mejor forma al principio de la libertad de expresión. Creo que así. es decir. según los criterios de interpretación que se empleen y. con una preeminencia sobre cualquier otra profesión. 4. Si hay una profesión que requiere de un Código de Ética Profesional y de una celosa y efectiva aplicación del mismo. es precisamente a través de los Colegios. 3. en rápida evolución en nuestros tiempos.
. 9. para que la Ley No.2 7. aprobado democráticamente por la mayoría de sus miembros. Todos los hombres tienen igual e indiscutible derecho a que la sociedad y por ende los medios de comunicación social. por que ellos ponen de manifiesto la muy seria y deplorable deficiencia que viene acusando el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos. El periodista se esforzará porque se apliquen estos principios. refuerza mi criterio que valdrá la pena todo esfuerzo que se haga. Por esta misma razón. y se pueda disfrutar en Costa Rica de una irrestricta libertad de expresión. 25 y 26 de la presente Opinión Consultiva. clara y con respeto absoluto a la verdad. opinión. Artículo 10 -El periodista debe guardar discreción sobre el origen de la información confidencial que hubiere obtenido. igualmente. regido por la Ley referida en el párrafo anterior tiene un Código de Ética Profesional. 4420. sexo. lengua. El Colegio de Periodistas de Costa Rica. (Subrayado mío). en mi criterio. su modificación y adecuación para que desaparezca la incompatibilidad allí señalada. lo expresado en el punto "Segundo" de esta Opinión Consultiva. concisa. 10. origen. 8. por difícil que parezca. en forma completa. dentro del especialmente elevado nivel en que la expresa la Convención. pero nunca invocar al secreto profesional para defender o escudar intereses extraños a los del Estado. posición y estado. conjuntamente con los aportes que puede seguir brindando el Colegio de Periodistas a su sistema democrático. Finalmente quiero terminar esta declaración enfatizando la importancia y trascendencia de lo expuesto en los párrafos 24. sistema que es también principio sustancial e imprescindible para la plena vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. pensando en todo momento que la noticia debe estar redactada de manera que promueva el bien común. 4420 se adecúe a la Convención. a las instituciones democráticas y a los verdaderos valores del bien común Artículo 14 -La libertad de prensa debe ser protegida por el periodista como un derecho esencial de la humanidad y todo aquello que ponga trabas a la misma. respeten la dignidad humana y se esfuercen porque trascienda de la teoría a la práctica. religión. La consideración de que principios de esta naturaleza pueden ser debidamente calificados como contribución a "las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática". sino que lo deseable es. Debe luchar por la igualdad de todos los hombres sin distinción de raza. debe ser denunciado de inmediato en forma clara y terminante. tampoco significa forzosamente la necesidad de la derogación de la Ley No. Este Código tiene un Capítulo II denominado "Deberes de los Periodistas para con la Sociedad" del que creo útil citar algunas de sus normas: Artículo 6 -El periodista debe estar consciente de la necesidad de su participación activa en la transformación social para promover el respeto a la libertad y la dignidad humana. Artículo 7 -Es deber de quien ejerce la profesión de periodista dar cuenta de los hechos con exactitud minuciosa. que ha sido presentado en este proceso durante una de las audiencias.
quiero decir que el " amor " que hemos puesto en nuestras labores no ha sido suficiente para evitar la sensación de frustración que siento al retirarme sin que la Corte haya conocido un solo caso de violación de Derechos Humanos. Como consuelo solo me cabe la esperanza de que al señalar en esta Opinión la deficiencia: Dado que los individuos no están legitimados para introducir una demanda ante la Corte y que un gobierno que haya ganado un asunto ante la Comisión no tiene incentivo para hacerlo. no obstante la penosa realidad de nuestra América en dicho campo. representa la única vía para que operen plenamente todos los medios de protección que la Convención establece. Ahora. con conciencia de lo que ella representa para las esperanzas de los hombre de Derecho de América. la determinación de esta última de someter un caso semejante a la Corte. aunemos esfuerzos para hacer realmente operativo nuestro sistema mediante la adecuada participación de todos los órganos que lo integran. 26). dije: Quiero decir en este recinto de justicia que los hombres que conformamos esta Corte Interamericana. que al estampar mi firma en la presente Opinión Consultiva estoy realizando mi último acto como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello sirva para que los hombres comprometidos en esta importante causa de los derechos humanos. la Comisión está llamada a considerar especialmente la posibilidad de acudir a la Corte (párr. y con motivo de las ceremonias de instalación de la misma.
. en mi calidad de uno de los jueces fundadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en un discurso que pronuncié ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. estamos dispuestos a llevar nuestra labor con amor. Por ello. para hacer realidad el sueño de justicia de nuestros pueblos. el 4 de setiembre de 1979.3 de seis años. en tales hipótesis.
así como la de que las únicas restricciones permisibles a esa libertad son las previstas taxativamente por el párrafo 2 del mismo artículo. PIZA ESCALANTE 1. formulo esta separada porque considero que debo extenderme a algunos otros aspectos implicados en la consulta. 4. 46 y 52). 2. No. o. pero frente a los cuales es obvio que la Convención Americana quiso ir mucho más lejos en la definición y en la protección de dicha libertad. como la general del artículo 32 de la propia Convención (v. 72. No. 51 y 52). 45 y 50). 13. apartándose claramente en este punto de sus modelos europeo y universal. o por cualquier otro procedimiento de su elección" (art. el artículo 10 de la Convención Europea y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v.1). Nos. por escrito o en forma impresa o artística. 65). sin que sea lícito admitir otras derivadas de una interpretación extensiva de ese texto (v. de manera que toda restricción a dicha actividad es una restricción a dicha libertad (v. en cambio.30). ni de la aplicación de otras normas. 75 y 77 de la Opinión principal).OPINIÓN SEPARADA DEL JUEZ RODOLFO E. menos. lo cual implica. me parece que mucho de la posición de fondo del Gobierno de Costa Rica puede deberse a que la tradición costarricense consagra esa libertad solamente como el derecho de expresar libremente el pensamiento propio. p. Nos. Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Nos.
Artículo 29 (libertad de imprenta) Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito. En primer lugar. sin consideración de fronteras. 74. Como dicen los artículos 28 y 29 de su Constitución: Artículo 28 (manifestación de opiniones) Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. tanto a la colegiación obligatoria de los periodistas. recojo la opinión de la Corte. 3. La Convención. las de otros instrumentos internacionales (v. En este sentido. como se hace notar en la Opinión principal (v. 39.ej. y publicarlos sin previa censura. en general. He concurrido en su totalidad con el pronunciamiento de la Corte contenido en la presente Opinión Consultiva. 43. obviamente. recibir y difundir información e ideas de toda índole. como respecto de la Ley No. ya sea oralmente. que tienen. tal como ésta está consagrada por el artículo 13 de la Convención Americana. Nos. la libertad de difundir. en los casos y del modo que la ley establezca. 4420. la define como el derecho de "buscar. desde luego. aplicables. Sin embargo. de que el contenido de la actividad de los periodistas coincide totalmente con el ejercicio de la libertad de expresión. no sólo el
. pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho. un altísimo valor interpretativo.
tanto del texto del artículo 13. y también conforme a la definición misma resultante de la Ley No. que el artículo 13. sobre todo.. El efecto de las Reservas. derivadas del ejercicio de esa libertad. OC-3/83. 22ss. Nos.. de su Reglamento (arts. 21 y 22 ). de acuerdo con su objeto y fin.. necesarias para asegurar: a. no en el sentido estricto de limitaciones preventivas al ejercicio mismo de la libertad de expresión. Sin embargo. OC-4/84.. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. sin consideración de fronteras.. o por cualquier otro procedimiento de su elección. de donde deben entenderse prohibidas por el artículo 13. así como los simples hechos de que se tenga noticia. el cual establece: Artículo 19 2. Restricciones a la Pena de Muerte. sino también los ajenos. 29 y 30).2 pensamiento. la opinión. lo mismo que de la naturaleza de esa libertad como institución esencial del sistema democrático y condición para el goce de los demás derechos y libertades humanos fundamentales (v. Nos. es decir. y restrictivamente las que permiten limitarla. Desde este punto de vista. No.. 42. 6. 40 y 52 de la Opinión principal). no sólo en relación con esas restricciones lato sensu. 44 y 70). La Corte ha utilizado expresamente la palabra restricciones... OC-2/82..2 de la Convención no permite en ningún caso. que son criterios obligados de interpretación conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (así lo ha dicho repetidamente la Corte: v. prohibida en todo caso por la Convención. dentro de las condiciones formales y materiales que autoriza (v.) y.. el orden público o la salud o la moral públicas" (v. debe tomarse muy en cuenta el hecho de que los párrafos 1 y 2 del artículo 13 de la Convención son copia casi textual de los párrafos 2 y 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. OC-1/82. este derecho comprende la libertad de buscar. Por consiguiente. por escrito o en forma impresa o artística. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. considero que la colegiación obligatoria de los periodistas debe analizarse. 4420 (arts..2 todas las restricciones que no sean las expresa y taxativamente autorizadas por él. como de su contexto. 33. la protección de la seguridad nacional. No. en general. Nos. o b. 3. Así resulta. ya sea oralmente. "Otros tratados". la imaginación o la inspiración propios. En este punto.
. mi opinión es plenamente coincidente con la de mis colegas. 48 y 49. como generadoras de responsabilidades ulteriores. de manera totalmente coincidente con el contenido de la actividad que ejercen los periodistas. Naturalización (Costa Rica). 7. expresamente fijadas por la ley... sino también en cuanto pueda implicar..35 in fine de la Opinión principal). sino en el general de conductas preestablecidas taxativamente por la ley como generadoras de responsabilidades ulteriores. a la vez. No. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. una verdadera restricción stricto sensu como condición preventiva para el ejercicio mismo de la libertad de expresión. Nos.. únicamente las "responsabilidades ulteriores. Todo lo cual apunta a la necesidad de interpretar extensivamente las normas que la consagran. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 39.. 5. 19. únicas que dicha norma autoriza.
así como insistió en la necesidad de distinguir entre las restricciones autorizadas por el artículo 13.2. La Corte destacó esas diferencias (v. La protección de la seguridad nacional. En efecto. 47 y 48). estableció que la colegiación obligatoria de los periodistas es incompatible con la Convención. Nos.2 de la Convención Americana.. También destacó el efecto calificativo que respecto de tales restricciones debe darse al artículo 13. estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) b) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. ni las medidas que conduzcan a la censura previa. en cuanto que veda el acceso a esa colegiación y el ejercicio de esa profesión a aquellos que no puedan colegiarse (v. 10. 55 y 82). mi opinión es que debe llegarse más al fondo de la diferencia que existe entre responsabilidades ulteriores. Como se ve. puede ocurrir que una actividad necesitada de licencia o autorización se lleve a cabo. mucho menos. no de su sentido normativo.2. No. e imponer restricciones propiamente dichas. por medios indirectos y
. 43.. en cuanto que prohíbe "restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. sustitución que no puede considerarse accidental o semántica sino intencional y de fondo.3 puede estar sujeto a ciertas restricciones. 39. que deberán. por la de "responsabilidades ulteriores". 45 y 50 de la Opinión principal). 54. la definición misma de éstas las caracteriza como formas de tutela preventiva. 81). 77 y 82). Nos. que sólo pueden establecerse en forma de responsabilidades ulteriores.3. el orden público o la salud o la moral públicas. ni tampoco las que impongan condiciones preventivas para su ejercicio (v. como es el caso de las licencias o autorizaciones. de manera que su específico sentido normativo no es el de someter ese ejercicio a una responsabilidad ulterior por el abuso que con el mismo se cometa. y las no autorizadas.3 del Pacto Internacional corresponde casi exactamente al artículo 13. que no pueden implicar. ni. a la supresión de la libertad de expresión. sino únicamente a lograr. p. encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones" (v. las cuales no pueden tender en sí mismas a producir ese efecto impeditivo. Asimismo. Nos. lo cual hace alusión a infracciones de la ley que solamente se producen con el ejercicio de la libertad de expresión y solamente se sancionan después de ejercerla. dirigidas a limitar el ejercicio mismo de la libertad.
8. 9. Nos. sin obtenerla. de modo expreso. Esto es bien diferente de las responsabilidades ulteriores que autoriza restrictivamente el artículo 13. pero ésta no sería en tal caso más que una consecuencia secundaria de la violación de dicha condición. Ciertamente. consistentes en el levantamiento de un obstáculo impuesto por la ley al ejercicio de un derecho propio. salvo en cuanto a que este último agregó la prohibición de toda censura previa y a que sustituyó. Sin embargo. que es siempre el de que la conducta no se realice del todo sin la previa licencia o autorización y de que se haga lo necesario para que no se realice. y por lo menos advirtió del cuidado con que debe mirarse el que el Estado ejerza o delegue en el colegio potestades disciplinarias capaces de restringir ese ejercicio más allá de los límites autorizados taxativamente por dicha disposición (v. sino el de impedir el ejercicio mismo mientras la licencia o autorización no haya sido otorgada. con lo que la cuestión se tornaría en un simple problema de eficacia de la misma. 53. 38. en cuyo caso parecería convertirse en una responsabilidad ulterior. el artículo 19.ej. de hecho. la posibilidad de "ciertas restricciones" del primero. sin embargo.
creo que la colegiación obligatoria de los periodistas es. sometiéndolo a la condición de una licencia o autorización. y del criterio universal de hermenéutica de que "donde hay la misma razón hay la misma disposición". al lado de las simples noticias.. En efecto. no puede interpretarse como que sí permite restricciones a la libertad de información.3 prohíbe todo tipo de restricciones a la libertad de expresión mediante " vías o medios indirectos. y. 11. encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones ". así como. De esas incompatibilidades merecen. En otro orden de ideas. que el ejercicio del derecho se mantenga dentro de límites legítimos. incompatible con la Convención. expresamente fijadas por la ley". a mi juicio. lo cual sería factible legítimamente dentro de ciertas condiciones. cuyo específico sentido normativo es el de prevenir el ejercicio mismo de la actividad periodística. sobre todo. al autorizar únicamente "responsabilidades ulteriores. responsabilidades y sanciones ex novo.. De todos modos éstas pueden y deben considerarse implícitamente contempladas en ellas en virtud del principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones (principio pro homine). con toda seguridad. como el
. coincidente. 12. con el de la libertad de expresión. resulta del hecho de que. que serían las únicas no incluidas expresamente en la prohibición. cualquiera que sea el modo como se reglamente y aunque sólo constituyera una formalidad asequible a cualquier persona que quisiera ejercer el periodismo. la colegiación obligatoria significa la creación de una entidad pública de carácter corporativo. como ya se dijo. normalmente. La libertad de expresión es un derecho fundamental de todo ser humano por el solo hecho de serlo. Por lo demás.4 no preventivos (la sanción posterior derivada del abuso). con el objeto específico de atribuirle. Yo considero que la colegiación obligatoria de los periodistas constituye una restricción de esa naturaleza.. sino también la potestad de establecer ella misma códigos de ética y otras normas disciplinarias que implican restricciones. 13. . sí del modo en que está estructurada normalmente en los países que la contemplan. A la misma conclusión se llega si se recuerda que el artículo 13.. considero que. en el sentido de la búsqueda y difusión de noticias sin contenido ideológico. cuyo ejercicio no puede ser restringido ni condicionado al cumplimiento de requisitos previos de ninguna naturaleza que él no pueda o no quiera cumplir. no es posible entender que permita las directas. La primera. no solamente la fiscalización y disciplina de la actividad profesional de sus miembros. a saber: 14. me parece que la vinculación esencial del ejercicio del periodismo con el de la libertad de expresión hace surgir otras incompatibilidades con la Convención. tanto el artículo 13. En este sentido. si no forzosamente de toda la colegiación obligatoria de periodistas. sin necesidad de ningún requisito adicional. por ende. en sí misma. destacarse dos de importancia fundamental.2 de la Convención.. el de condicionar la propia libertad a una restricción stricto sensu no autorizada como tal por el artículo 13.2 de la Convención. no previstas taxativamente por la propia ley. De esta manera. por los no colegiados.. si la Convención prohíbe tales restricciones indirectas. el hecho de que esa prohibición expresa solamente se refiera a la comunicación o circulación de ideas u opiniones. en la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica. porque esta libertad implica también la comunicación y. la circulación de ideas u opiniones ajenas.
pero agrego las siguientes como Opinión Separada: Tercero: Que. impongan a sus colegiados. al ejercicio de la libertad de expresión. 15. tasas.. emanada de un parlamento democrático con todas las garantías que esto implica. art. administrativa y penal (que han declarado aplicables a la materia disciplinaria las garantías de la legalidad penal). en el sentido de que " nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. el orden público o la salud o la moral públicas. así como por la jurisprudencia constitucional. . sólo sea en éste como criterio de interpretación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 inciso b) de la Convención (que específicamente alude a " cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes. circulares. 16. En realidad.2 de la Convención. En todo caso.4420. directa o indirectamente. para el cumplimiento de fines puramente gremiales u otros de orden social o privado. al menos en lo que respecta a la Ley costarricense No.2. multas ni otras cargas similares"). dicho principio resulta aplicable.. instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones. en el cual el principio tiene rango constitucional y se encuentra. En consecuencia:
Estoy de acuerdo con las dos conclusiones de la Opinión principal. para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. de manera que. porque si hay algo definitivo en esta materia es que el régimen de los derechos y libertades humanos fundamentales es materia de reserva de la ley.
.. la colegiación misma de los periodistas en general. en relación con los valores fundamentales del sistema de la Convención.." . ni la protección de la seguridad nacional.. en cuanto imponen una licencia o autorización previa para el ejercicio de esa profesión. la aplicación de principios generales universalmente compartidos en las naciones democráticas y en todos los Estados de Derecho. permite afirmar que se trata de materias reservadas estrictamente a la ley formal. además. y positiva que la Ley No. 4420 de Costa Rica. lo es tratándose del Derecho Costarricense. no sólo en el derecho interno. como resulta restrictivamente del artículo 13. 124: "los reglamentos. sino también en el internacional. Por otra parte. 17. consagrado expresamente en la Ley General de la Administración Pública (art.. estimarse como necesarias.").5 principio general de legalidad penal a que se refiere el artículo 9 de la misma. y la que establece la Ley No. que equivale a una restricción preventiva. 19: "el régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley. es también cosa normal que las leyes orgánicas de los colegios profesionales de periodistas. en una sociedad democrática. 4420 en particular. si bien esas disposiciones no precisan el sentido de las palabras ley y derecho. mucho menos. además. que no pueden justificar su carácter público y. restricciones al ejercicio de su profesión o sanciones que las implican. aluden precisamente al principio de reserva de la ley. son incompatibles también con el artículo 13 de la Convención. no autorizada por el artículo 13.
como resulta restrictivamente del mismo artículo 13. implican otras violaciones a la libertad de expresión.PIZA E. con violación de la reserva de ésta prevista por el artículo 13. con la advertencia de que el Colegio de Periodistas de Costa Rica sí ejerce actividades de carácter público que no están enunciadas en el artículo 1 de su Ley Orgánica. ni la protección de la seguridad nacional.
RODOLFO E. En virtud de lo expuesto en mi conclusión No.2 de la Convención y del principio de legalidad penal consagrado por el artículo 9 de la misma. b. por lo menos en dos aspectos fundamentales. el de imponer restricciones derivadas de la obligación de colegiarse para el cumplimiento de fines gremiales y otros que no son necesarios para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
. 4420 en todo caso. me adhiero también a la Opinión Separada del Juez Nieto. y la Ley No. independientemente de las incompatibilidades señaladas en las conclusiones anteriores. 4 b. el orden público o la salud o la moral públicas en una sociedad democrática.6 Cuarto: Que. anterior. el de otorgar al colegio respectivo potestades para establecer restricciones y sanciones que no están taxativamente definidas por la ley. 18. a saber: a.2. la colegiación obligatoria de los periodistas normalmente. en relación con los valores fundamentales del sistema de la Convención.
desde mi punto de vista. frecuentemente. firmada casi veinte años después que la Europea y que sólo abarca a las Repúblicas Americanas sea más avanzada que ella y también que el Pacto. conveniente formular una declaración que precise algunos aspectos tanto sobre los fundamentos como sobre el alcance de la interpretación de la Corte. 6. La Convención Americana. el orden público o la salud o la moral públicas. porque estimo que ella expresa la más fiel interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. que están implícitos. en ejercicio de la libertad de expresión. concebida en los términos en que se planteó a la Corte. Como lo destacó la Corte. la colegiación obligatoria de los periodistas. De hecho. como lo ha señalado la Corte. en consecuencia. como son los miembros de un colegio de periodistas y que. solamente a un grupo reducido de personas. 3. 2. con un régimen legal que autoriza la búsqueda de información. pues se limita a señalar que se incurrirá en responsabilidad cuando. A este respecto estimo que es cierto lo que se mencionó en las audiencias en el sentido de que por ser éste más amplio que otros tratados. según el artículo 13. el texto de la Convención ofrece una garantía más amplia que el de otros tratados semejantes. se hayan ofendido leyes necesarias para salvaguardar los derechos o la reputación de los demás. la seguridad nacional. He estimado. la Convención ni siquiera utiliza esta última expresión. los tratados más modernos son más amplios que los precedentes y que mientras menos diferencias culturales y políticas existan entre los Estados que los negocian. lógicamente. pues. Basta recordar la particular regulación de la pena de muerte contenida en el artículo 4 o el derecho de rectificación y de respuesta del artículo 14 para encontrar evidencias de la mencionada circunstancia. que la Convención Americana. representa un régimen extremo puesto que:
. Este hecho no es de extrañar pues la instauración del régimen internacional de protección de los derechos humanos revela que. que aspira ser un instrumento que comprometa a todos los gobiernos del planeta. como es el contraste entre el texto de los artículos 13 y 29 de la Convención. puede ser ilegítimo en América.. sin embargo.DECLARACIÓN DEL JUEZ PEDRO NIKKEN 1. define de la manera más amplia a la libertad de expresión. excluye de ese ámbito a la mayoría de la población. . por apartarse de la Convención Americana. lo que es legítimo según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o según la Convención Europea de Derechos Humanos. no tanto porque reconozca más facultades a la persona sino porque autoriza menos restricciones sobre las mismas. por una parte. He concurrido a la decisión de la Corte y comparto tanto el análisis como las conclusiones de esta Opinión Consultiva.. y cierto género de colegiación de los periodistas. No es sorprendente. En relación con los fundamentos estimo que las conclusiones de la Corte no pueden desvincularse de la premisa que las origina. es más fácil concluir tratados más avanzados. el derecho de toda persona a buscar y difundir información por cualquier procedimiento de su elección. por la otra. 5. Un texto tan categórico no puede coexistir. que comprende. y su difusión a través de los medios de comunicación social. en dicha Opinión. Por otro lado. 4.
si bien restringe. incluso en el caso de los periodistas e incluso si la colegiación es obligatoria. ello debe hacerse adecuando el régimen del Colegio. Lo que ocurre es que. pero no creo que ésta resulte. sino a las propias del ejercicio de este oficio. contraria a la Convención. no suprime la libertad de expresión de modo que de ninguna manera dicha Opinión podría interpretarse como considerando que en los países donde existe colegiación obligatoria no hay. Creo que las conclusiones de la Corte se desprenden de ese contraste entre la vasta protección dispuesta por la Convención y el exagerado exclusivismo de la colegiación. radio o televisión. en algunos casos.
. las ventajas que se obtienen con la pertenencia al Colegio no dependen del ejercicio actual del periodismo.. tampoco creo que deba juzgarse como ejercicio del periodismo -noción que comporta cierta estabilidad. "a través de un procedimiento de su elección" -prensa. Esta observación es particularmente válida respecto de Costa Rica.2
A. En ese sentido. que debe subrayarse lo que ella misma señala en el sentido de que la colegiación obligatoria de los periodistas. aun si no ejercen la profesión y además. país sede de la Corte e inevitable término de referencia de las instituciones democráticas de la América Latina. De esta manera.a actos aislados por los cuales lo que se ejerce realmente es la libertad de expresión. El Colegio sólo está abierto a los egresados de escuelas de periodismo. en cambio. que elevó esta consulta como una expresión más de su apego al imperio de la ley y al respeto a la Convención. ¿Por qué esa limitación en una actividad que toca profundamente un derecho inherente a todo ser humano? 7. bastaría con que una persona "difundiera" por sí misma. No parece racional que puedan pertenecer al Colegio quienes no son efectivamente periodistas mientras se cierra la posibilidad de acceso a él a otras personas que pudieran cumplir en la práctica una actividad periodística en provecho de la comunidad.una información que hubiera " buscado " libremente. que comprende el de la libertad de expresión. a juicio del Colegio. a aquéllos que. Autorizar ese acceso. por ese sólo hecho. y que tienen derecho a inscribirse en el Colegio. Los actos considerados por la ley como propios del ejercicio del periodismo sólo pueden ser cumplidos por colegiados. el acceso al Colegio no puede restringirse en los términos en que lo hacen varias de las leyes existentes en el continente. según varias de las leyes de colegiación existentes en el continente. en primer lugar. De esta manera. per se. . tendría base racional toda vez que las propias leyes han admitido que existen periodistas que carecen de título universitario que los acredite como tales. si se quiere someter el periodismo a la colegiación que se aplica a otras profesiones. estimo. B.. para que incurriera en responsabilidad -incluso penal. haberla practicado por cierto número de años antes de la vigencia de la ley de colegiación. no a las características de esas otras profesiones. Creo que cualquier interpretación de la Convención que considere que un supuesto semejante está autorizado por el tratado se aparta de lo que literalmente él dispone. careciendo del título académico hayan demostrado. pero limitan ese reconocimiento a quienes estuvieron en tal supuesto antes de entrar en vigor la ley. libertad de expresión. En cuanto al alcance de la Opinión de la Corte. y en algunos casos ni siquiera de que se haya ejercido nunca.por ejercicio ilegal del periodismo. 8. si va a establecerse la colegiación obligatoria para una profesión cuyo ejercicio envuelve el de un derecho de toda persona.
no creo que la supresión pura y simple de las leyes de colegiación. adoptar "medidas legislativas o de otro carácter" para adecuar la regulación profesional del periodismo de modo que. en cuanto sea necesario y en cumplimiento del artículo 2 de la Convención. más bien. 4. Serie A. pero que restringe esas inscripciones y limita innecesariamente derechos de la mayoría. en especial respecto de la veracidad de la información que recaba y que se publica bajo su responsabilidad. innecesaria e indebidamente. en este caso. favorecer una incondicionalidad de los periodistas. 10. Por lo que toca a la parte estrictamente laboral. 11. porque esa aseveración no es cierta. Puede. 43. sin necesidad de recurrir a un régimen de colegiación que proteja a los inscritos en el Colegio. incluso si no trabajan como periodistas. ni que en los países donde exista se haya puesto fin a los alegados abusos de los dueños de periódicos.3 9. en los países donde existan. párr.2 y 4. en favor de su patrono. No. aun al margen de la ética. Estimo que la colegiación puede cumplir un papel para ese fin.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC3/83 del 8 de setiembre de 1983. La sola supresión de la colegiación puede conducir a otorgar mayor poder de "control particular" a unos pocos empresarios de la prensa. carente de un estatuto que garantice su independencia.. "encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". No creo que sería justo ni prudente interpretar la Opinión de la Corte como señalando que la colegiación limita la libertad de expresión y que basta eliminar esa colegiación para restablecer automáticamente dicha libertad. puedan. es decir. sin provecho especial para la comunidad y sin que haya ninguna seguridad de que se abrirá el acceso a los medios de difusión a todo no colegiado. el derecho de toda persona de buscar. creo que tampoco puede interpretarse la Opinión de la Corte como una toma de posición sobre la relación entre las empresas periodísticas y quienes trabajan en ellas. cosa ésta que también podría llegar a lesionar los valores preservados por el artículo 13. (Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 12. a cumplir y aplicar tratados en materia de derechos humanos. Puede concebirse un estatuto de rango legal que proteja a quienes efectivamente ejercen el periodismo frente a eventuales disposiciones indignas de sus empleadores. Por ello estimo que la Opinión de la Corte tiene la ventaja. prohibidos por el artículo 13. Un gremio débil.
. manteniendo o reforzando disposiciones orientadas a preservar la libertad e independencia de los periodistas.. no se restrinja. Sin embargo. aun frente a la línea editorial del medio de comunicación para el que trabaja. En segundo lugar. Por lo demás. aunque también creo que no es el único medio para obtenerlo. la Corte no ha hecho ningún pronunciamiento y estimo que no pueden considerarse sino como necesarias y plausibles las actividades de los gremios para conseguir condiciones de trabajo dignas y satisfactorias. En lo referente a la parte más estrictamente periodística. creo que es necesario subrayar lo dicho por la Corte en el sentido de que "la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar".3. 3. no ha sido demostrado que la colegiación sea el más eficaz de los medios de protección a los periodistas. se traduzca forzosamente en una mejora de las posibilidades reales de expresión e información.2. puede ser el contexto adecuado para que a través de "controles particulares" se establezcan los medios indirectos. sin someterlos al formalismo que caracteriza al proceso contencioso". de ser característicamente un medio para "ayudar a los Estados. lo atinente al respeto que merece el periodista.) En esa perspectiva estimo que puede cumplir un papel de gran utilidad en cuanto podría resultar el punto de partida para que los Estados Partes donde existen leyes de colegiación obligatoria.
4 recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de su elección y el de la sociedad a recibir información de toda fuente.
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