Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00004-de-enero-28-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_5f3bef034c2c4536a96afd83ebe8d757&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 11:06:08+00:00

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﻿ Auto 2016-00004 de enero 28 de 2016
AUTO 2016-00004 DE 28 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN PROCESOS DE NULIDAD ELECTORAL. LOS REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL COMO MEDIDA CAUTELAR EN RELACIÓN CON UN PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 277 DE LA LEY 1437 DEL 2011. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ES PROCEDENTE SI HAY VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES O LEGALES INVOCADAS EN EL ESCRITO. DE ESTA MANERA, DICHA VULNERACIÓN SURGE DEL EXAMEN DEL ACTO DEMANDADO Y SU COMPARACIÓN CON LAS NORMAS SUPERIORES INVOCADAS O DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS CON LA SOLICITUD, CON EL FIN DE RESOLVERSE EN EL MISMO AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. SE HA ESTABLECIDO UNA CARGA DE ARGUMENTACIÓN Y PRUEBA, AL MENOS SUMARIA, EN CABEZA DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE DEBE SER ESTUDIADA POR EL JUEZ EN LA CORRESPONDIENTE ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL, DECLARATORIA DE NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD ELECTORAL POR VIOLACIÓN DE LA LEY, MINUTA DE DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, CORRECCIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL
Auto 2016-00004 de enero 28 de 2016
Rad. 11001-03-28-000-2016-0004-00
Demandante: Breiner Andrés Caicedo Hurtado
Demandado: Claudia Marcela Amaya García – Gobernadora del Meta
Bogotá D.C, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.
El señor Breiner Andrés Caicedo Hurtado, actuando en nombre propio, radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a fin de que: (i) se declare la nulidad del acto de elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período electoral 2016-2019, contentivo en el formulario E-26 GOB y expedido por la Comisión Escrutadora Departamental el 6 de noviembre de 2015; (ii) como consecuencia se cancele o anule la respectiva credencial y; (iii) se comunique la sentencia a las correspondientes autoridades para los fines constitucionales y legales correspondientes.
El accionante aduce que la demandada incurrió en doble militancia por lo cual se habría configurado la causal de nulidad establecida en el numeral 8 de la Ley 1475 de 2011. Según su opinión, la señora Claudia Marcela Amaya para recibir el aval y proceder a inscribirse como candidata a la Gobernación del Meta por otro partido político, no sólo debió haber renunciado al cargo de Representante a la Cámara por el Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U -, sino que en la misma oportunidad también debió haber renunciado a su condición de directiva y militante de dicho partido, tal y como lo establece las normas aplicables a la materia(1).
Esta Sala es competente para tramitar el presente proceso electoral en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral 14º, de la Ley 1437 de 2011, así como lo normado en el Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
De igual manera, es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de la elección demandada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley citada.
2.2 De la admisión de la demanda
Para proceder a admitir la presente demanda electoral corresponde verificar: i) Si la demanda fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; (ii) De igual manera, es necesario verificar si se incurrió en una indebida acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas, según lo prescrito en el artículo 281 de la mencionada Ley, si es del caso; (iii) Posteriormente, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que trata sobre el contenido de la demanda y el artículo 166 de la mencionada Ley, en relación con los anexos de la misma;
Luego de realizar el estudio correspondiente, la Sala observa que, en primer lugar, la demanda fue presentada dentro de los (30) treinta días que establece el literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(2). En efecto, el Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, fue emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental(3), y la demanda se presentó el 12 de enero de la presente anualidad(4), es decir, 28 días después de su publicación(5).
Seguidamente, advierte la Sala que no se presenta acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas, según lo prescrito en el mencionado artículo 281 de la citada Ley.
En cuanto a la observancia de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el contenido de la demanda, observa la Sala que el libelo demandatorio fue presentado cumpliendo dichos requisitos, pues se encuentran debidamente designadas las partes, las pretensiones fueron formuladas de manera clara y precisa, narra los hechos que lo fundamentan, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, aporta pruebas y, finalmente, señala las direcciones para las notificaciones personales de las partes.
De igual manera, se advierten cumplidos los requisitos en relación con los anexos de la demanda. El accionante anexa copia auténtica del acto acusado, es decir, del Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental(6). Finalmente, se verifica que fueron allegadas las respectivas copias de la demanda y sus anexos.
2.3 De la medida de suspensión provisional solicitada
(…) Era apenas natural que el ordenamiento de las medidas cautelares evolucionara con el tiempo en esa dirección, pues como ha dicho la jurisprudencia constitucional la inevitable duración de los procesos judiciales en ocasiones puede implicar la afectación del derecho a una administración de justicia pronta y eficaz, ya que si bien la justicia llega, lo hace en esos casos demasiado tarde, cuando han tenido lugar “daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante”.(7) Resultaba entonces necesario ampliar el catálogo de medidas cautelares, con el fin de asegurar instrumentos efectivos de protección provisional que pudieran usarse en las controversias contenciosas no originadas en un acto administrativo, sino por ejemplo en una omisión o un hecho de la administración. También era imperativo morigerar la radical limitación de la suspensión provisional, con el fin de asegurar una protección previa a la sentencia frente a actos administrativos, que garantizara el derecho a una justicia pronta y efectiva (8)(…)
Dentro de tales medidas, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con las voces del numeral 3° del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011(9). Esta institución se configura además como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio(10).
“Artículo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.(…)”
“…Artículo 277.- En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación…”
2.4 De la solicitud en el caso concreto
El accionante, en el mismo escrito de la demanda, solicita la medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto acusado, es decir, del Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental. Así mismo, solicita la suspensión provisional de la credencial que acredita a la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019.
El accionante justifica la procedencia de la suspensión provisional del acto acusado en la presunta vulneración del artículo 107, inciso segundo, de la Constitución Política(11) y del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011(12), de acuerdo con las razones sustentadas en el concepto de violación expuesto en el escrito de demanda .
Sus argumentos se sintetizan en que la señora Claudia Marcela Amaya García recibió el aval por el Partido Liberal y procedió a inscribirse como candidata de coalición, del Partido Liberal y el Partido Alianza Verde, a la Gobernación del Departamento del Meta sin haber renunciado oportunamente en su calidad de directiva y militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.
En este sentido, el actor considera que la señora Claudia Marcela Amaya García no sólo debía renunciar a la curul de Representante a la Cámara por el Partido de la U dentro de los doce meses que consagraba la norma, como efectivamente según su dicho lo hizo, sino que también era necesario renunciar en la misma oportunidad a su condición de directivo y de militante del mismo, para poder así recibir el aval por otro partido y proceder a inscribirse como candidata a la Gobernación del Departamento del Meta.
Corresponde a esta Sala analizar si en esta etapa procesal, se encuentra comprobada la irregularidad que alega el accionante, y en caso afirmativo, si desde este momento se advierte que aquella es de tal entidad que imponga al juez electoral el deber de suspender los efectos jurídicos del acto cuya legalidad se estudia, esto es, Acta Parcial de Escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019, emitida en audiencia pública el 6 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental.
En otras palabras, compete a la Sala constatar, con fundamento en las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar, si se contravino lo establecido en las normas aducidas por el actor.
1. Copia auténtica del Acta Parcial de Escrutinio, contentiva en el formulario E-26GOB, mediante la cual se declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta para el período 2016-2019.
2. Copia auténtica de la inscripción de la señora Claudia Marcela Amaya García como candidata a la Gobernación del Departamento del Meta para el período 2016-2019, contentiva en el formulario E-6, por la coalición Partido Liberal – Partido Alianza Verde.
3. Copia autenticada del escrito de renuncia presentada el 25 de marzo de 2015 por la ciudadana Claudia Marcela Amaya García, en su calidad de militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.
4. Copia autenticada del oficio del 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Dirección Jurídica del Partido de la U, informa que la señora Claudia Marcela Amaya García renunció a la militancia de la colectividad por medio de escrito radicado el 25 de marzo de 2015.
A partir de las pruebas documentales aportadas por el accionante con el escrito de la demanda, a través de las cuales se pretende demostrar la veracidad de los hechos expuestos como sustento de la solicitud de la medida provisional, advierte la Sala que éstas no resultan suficientes para dar por ciertas las aseveraciones hechas por el accionante.
En efecto, en primer lugar, en relación con la violación del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011, es decir, aquél que hace referencia a la obligación en cabeza de los directivos de los partidos y movimientos políticos, de renunciar a su cargo cuando aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos, para la Sala resulta imperativo en esta etapa procesal acreditar, aunque sea de manera sumaria, la calidad de directivo del Partido de la U de la señora Claudia Marcela Amaya García.
En esta instancia, dicha carga probatoria no es satisfecha por parte del accionante, pues tal calidad no se puede colegir a partir de la simple afirmación realizada por solicitante: “igualmente le era obligatorio renunciar como directiva (departamental y municipal), por la condición de congresista o de excongresista…”, por lo cual no puede prosperar en este sentido la medida cautelar deprecada.
De otro lado, en relación con la presunta vulneración del inciso segundo del artículo 107 constitucional, en cuanto al incumplimiento de la obligación por parte de la señora Claudia Marcela Amaya García de haber presentado renuncia a su calidad de militante del Partido de la U por fuera de los doce (12) meses señalado en la normatividad, la Sala advierte, en esta etapa procesal, que ninguna de las normas citadas por el accionante como fundamento de solicitud(13), imponen la obligación de renunciar a la calidad de militante con algún tipo de antelación para evitar incurrir en este supuesto de doble militancia(14), pues lo que señalan es la prohibición a los ciudadanos de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.
Para efectos ilustrativos, resulta oportuno traer a colación el alcance de esta modalidad de doble militancia fijado por esta Sección:
“…i) Doble militancia de los militantes de un partido o movimiento político
La modalidad de doble militancia para los ciudadanos, como se expuso en acápite anterior, se introdujo con el Acto Legislativo No. 01 de 2003 y se mantuvo con la reforma constitucional del año 2009, en los siguientes términos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)
Esta modalidad de doble militancia es de carácter general y se aplica a los ciudadanos que carecen de mandato democrático representativo, sin embargo, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011, el destinatario particular de la mencionada restricción es, en últimas, el ciudadano electo, pues esa doble militancia afectará la elección correspondiente por desconocimiento de prohibición constitucional.
En el año 2011 la Ley 1475 extendió el ámbito de aplicación de la doble militancia para incluir en la prohibición a los partidos o movimientos sin personería jurídica…”(15)
Como se observa preliminarmente y con fundamento en las pruebas aportadas en el presente caso, no se puede colegir la doble militancia por cuanto, en primer lugar, no se logró probar la calidad de directivo del Partido de la U de la señora Claudia Marcela Amaya García y, seguidamente, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 107 constitucional y en el primer inciso del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, lo que se prescribe como prohibición a los ciudadanos es pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político y, en este sentido, se encuentra acreditado en esta instancia procesal que la señora Claudia Marcela Amaya García, a través de escrito presentado el 25 de marzo de 2015, renunció a su calidad de militante del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.
Lo discurrido por la Sala entonces permite inferir que no es posible acceder a la suspensión provisional deprecada, toda vez que en esta etapa procesal no se cumplió con la carga probatoria, al menos sumaria, en cabeza del solicitante de la medida cautelar y, además, teniendo en cuenta que algunos señalamientos realizados por el solicitante no corresponden al tratamiento normativo establecido para tales efectos.
PRIMERO: ADMÍTASE la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Breiner Andrés Caicedo Hurtado contra el Acta Parcial de Escrutinio que declaró la elección de la señora Claudia Marcela Amaya García como Gobernadora del Departamento del Meta, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental el día 6 de noviembre de 2015 y contenida en el formulario E-26GOB.
1. NOTIFICAR a la señora Claudia Marcela Amaya García de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Para el efecto, se comisiona al Tribunal Administrativo del Meta. Por Secretaría líbrese despacho comisorio al Presidente de esa Corporación, con los insertos del caso, remitiéndole copia de la demanda y de sus anexos, a fin de que por el Magistrado a quien corresponda por reparto el asunto, se adelante la actuación pertinente.
NOTIFICAR personalmente al señor Agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFICAR por estado a la parte actora.
INFORMAR a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
Comuníquese esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279 de la Ley 1437 de 2011
SEGUNDO: NO DECRETAR la suspensión provisional solicitada por el demandante, con fundamento en los motivos expuestos en esta providencia.
1 El accionante señala como tales: el artículo 107, inciso segundo, de la Constitución Política y del artículo 2º, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011.
2 Ley 1437 de 2011. ARTículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
3 Visible a folios 23 y 24
4 Visible a folio 21
5 Se debe tener en cuenta que en los términos de días, no se toman en cuenta los de vacancia judicial según lo establece el último inciso del artículo 118 del Código General del Proceso.
6 Visible a folios 23 y 24
7 Sentencia C-490 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero. Unánime). En ese caso, al estudiar algunas normas relativas a medidas cautelares en el proceso civil, la Corte dijo: “La Constitución pretende asegurar una administración de justicia diligente y eficaz (CP art. 228). […] Esto significa no sólo que los jueces deben adoptar sus decisiones en los términos establecidos por la ley, sino que, además, sus decisiones deben ser ejecutadas y cumplidas, ya que poco sentido tendría que los jueces resolvieran las controversias, pero sus decisiones resultaran inocuas en la práctica, al no poder ser materialmente ejecutadas. Ahora bien, el inevitable tiempo que dura un proceso puede a veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante. Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso”.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-284 del 15 de mayo de 2015, M.P: María Victoria Calle Correa
9 Ley 1437 de 2011. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
10 Ley 1437 de 2001. Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
11 Constitución Política. ART. 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
12 Ley 1475 de 2011. ART. 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
PAR. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (…)
13 Constitución Política. ART. 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
Ley 1475 de 2011. ART. 2o. Prohibición de Doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. (…)
14 “…la figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)…” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 12 de septiembre de 2013, C.P: Alberto Yepes Barreiro; Radicación número: 25000-23-31-000-2011-00775-02

References: ARTÍCULO 277
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 artículo 164
 artículo 281
 artículo 162
 artículo 166
 artículo 164
 artículo 281
 artículo 162
 artículo 230
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 277
 artículo 107
 artículo 2
 ARTículo 164
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 Artículo 230
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 artículo 2