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Timestamp: 2020-05-25 06:21:00+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 17, de 14/02/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 1994 V Legislatura Núm. 17 PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS Sesión núm. 4 celebrada el lunes, 14 de febrero de 1994, en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA --Comparecencia del Ministro del Interior, Excmo. Sr. don Antoni Asunción, para valorar el Informe de la Comisión de la IV Legislatura.
(Número de expediente 711/000028.)
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
Iniciamos esta reunión, que tiene por objeto la comparecencia del señor Ministro del Interior para evaluar el contenido del informe de esta Comisión en la anterior Legislatura en las materias de su competencia.
Lo previsto por la Mesa, de conformidad con la Junta de Portavoces, sería una primera exposición del señor Ministro, las intervenciones de los distintos portavoces, la respuesta del señor Ministro, un segundo turno de los portavoces, respuesta del señor Ministro y, finalmente, la intervención de miembros de la Comisión que quieran hacer alguna pregunta de forma breve.
Iniciamos, por tanto, la reunión dándole la palabra al señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Es para mí un honor comparecer nuevamente ante esta
Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga, aunque esta vez lo hago desde una responsabilidad diferente a la que tenía cuando comparecí en la Legislatura pasada.
La existencia y trayectoria de esta Comisión, que tiene sus antecedentes en otros órganos que influyeron en la elaboración del Plan Nacional sobre Drogas, creados en las Cortes Generales en pasadas Legislaturas, es un reflejo del proceso de sensibilización, y todo ello aduce a que las pautas que el Gobierno ha seguido son las indicaciones que esta Comisión Mixta ha ido enmarcando y enumerando. Por tanto, el informe de la Comisión integra un análisis pormenorizado de la situación del consumo y tráfico, su evolución prácticamente desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas en el año 1985 hasta la elaboración del informe en el mes de junio de 1991, así como todas las conclusiones que en el mismo se recogen.
Para abreviar la intervención, facilitaremos a la Presidencia de la Comisión un documento donde figuran las propuestas y los cumplimientos, a fin de que sus señorías puedan analizar la parte que falta, que prácticamente es la que tenemos previsto que recoja el nuevo Código Penal.
Como ya conocen ustedes, por Real Decreto de 29 de diciembre se adscribe al Ministerio del Interior la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y por Real Decreto de la misma fecha se amplían las competencias de dicho órgano en el ámbito de la coordinación, tanto en el orden interno como en el internacional.
En el orden interno, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por delegación del titular del Departamento del Interior, podrá asumir competencias de coordinación de la actuación de unidades o respecto de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relativas al tráfico de drogas. Igualmente, podrá participar en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes e intervenir en la aplicación de los acuerdos que de esas reuniones se deriven y, en especial, de aquellas que se desarrollen en el marco de la cooperación en el seno de la Unión Europea.
La adscripción de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas al Ministerio del Interior es fruto de una profunda reflexión respecto a la evolución de sus funciones y a la incidencia que debe darse a las mismas. Las propuestas que la Comisión elaboró ya en el año 1991 prácticamente se reproducen ahora en el Plan Nacional sobre Drogas.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tenía y sigue teniendo importantes competencias de coordinación de las diferentes Administraciones públicas y de los diferentes órganos de la Administración central en el ámbito de la prevención y de la reinserción.
Sin embargo, tras la experiencia de estos años y tras los diferentes estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que una política unitaria y global frente al problema de la droga debía incluir la posibilidad de coordinar ese otro importante campo de la lucha contra la droga que es el de la represión del narcotráfico y el de la cooperación internacional.
Para que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas pueda asumir la función de promoción y cooperación global sobre la lucha contra la droga en los tres aspectos que la integran: preventiva, asistencial o de reinserción y represiva, era absolutamente preciso su integración en el Departamento donde esa coordinación global y, por otra parte, compleja, pueda efectuarse de la forma más eficaz, teniendo en cuenta que lo que es el bloque de parte preventiva, de parte de reinserción tiene, desde luego, unas transferencias prácticamente plenas a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales; con lo cual, el paquete más importante de la lucha contra el narcotráfico y de lo que debe integrarse en una actuación global del Plan Nacional sobre Drogas está en el Ministerio del Interior.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas será, a partir de ahora, el órgano coordinador y de impulso global de toda la política del Gobierno en materia de drogas, que a partir de ahora podrá integrar todos los aspectos que tiene.
Paso seguidamente a analizar la situación y, en su caso, el grado de cumplimiento de las propuestas de esta Comisión formuladas en las conclusiones de su estudio. Para conseguir la mayor claridad expositiva, seguiré el mismo orden del informe, y además dejo copia del mismo para que sus señorías puedan repasarlo individualmente.
En las propuestas del esquema se encuentra el control de la oferta. Por lo que se refiere a los aspectos del control de la oferta, comenzaré por referirme a las medidas legislativas.
En el ámbito legislativo se solicitaba concluir la adaptación de la legislación penal sobre el tráfico de drogas a las prescripciones contenidas en la Convención de Viena, al Reglamento de la Comunidad Europea del Consejo sobre el control de sustancias químicas catalogadas precursores, y a los entonces proyectos de Directiva sobre el control del desvío de estos precursores y del blanqueo de dinero.
Si bien la mayor parte de las prescripciones de la Convención fueron ya incorporadas a nuestro Ordenamiento por la Ley Orgánica de 24 de marzo, con la reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas, que amplía tanto las penas como los supuestos delictivos en este ámbito, cabe destacar que todos los aspectos señalados en la misma que no fueron incorporados en aquel momento lo han sido ya actualmente por la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas. Por esta Ley se incluyen en el Código Penal, entre otros supuestos, la punición de posesión y tráfico de precursores, las conductas dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la agravación de las penas a quienes pertenezcan a organizaciones dedicadas al blanqueo y tráfico de precursores.
Se regula igualmente algo tan importante como la
posibilidad de que puedan ser objeto de comiso los bienes que hayan servido para cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, así como la posibilidad de que puedan ser utilizados provisionalmente por la policía judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas.
Por la misma Ley se modifica también la de Enjuiciamiento Criminal, incluyendo la posibilidad de las entregas vigiladas de droga cuando sea necesario a los fines de una investigación y bajo estricto control judicial. Este supuesto, que ya se había integrado en la normativa de todos los países de nuestro entorno, constituía una de las lagunas de nuestro Ordenamiento en orden a facilitar la investigación del tráfico de drogas.
Por lo que se refiere a la adaptación de la legislación interna al Reglamento de la Comunidad Europea del Consejo sobre control de sustancias químicas catalogadas como precursores, debo informar que la materia regulada en dicho Reglamento estaba constituida por una serie de medidas a adoptar para controlar e impedir el desvío fuera del territorio aduanero de la actual Unión Europea de las sustancias químicas catalogadas que sirven para la fabricación ilícita de estupefacientes.
Dicho Reglamento fue desarrollado y modificado por otros posteriores en los años 1992 y 1993. Estos Reglamentos por su propia naturaleza jurídica son de inmediata aplicación, sin que sea necesaria legislación interna para dotarlos de eficacia; sin embargo, a los efectos de completar la normativa interna, se procedió a regular esta materia mediante Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 10 de diciembre de 1991, completada por una Circular de mayo de 1992.
Esta Circular es del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Actualmente se está elaborando una nueva normativa de adaptación a los posteriores Reglamentos dictados con rango igualmente de Orden ministerial, que próximamente serán publicadas.
Respecto a la transposición de la Directiva 92/109, relativa al control del desvío de precursores en el ámbito intracomunitario, ha experimentado ya una reforma por otra Directiva del propio Consejo, y el plazo de su transposición al Ordenamiento interno se retrasó por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, pero puedo decir que ya se ha constituido un grupo interministerial de coordinación en materia de precursores. Este es un problema que siempre es complejo, sobre todo, dado que se trata de sustancias que se utilizan para la fabricación de otros productos lícitos. El grupo dirigido por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas trabaja actualmente en la elaboración de un proyecto de ley que recoja las obligaciones, infracciones y sanciones de los operadores en esta materia, tal como exige la Directiva comunitaria.
Siguiendo con la parte de aplicación legal, la transposición de la Directiva sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales ya se ha efectuado por la Ley 19 de 1993, del 28 de diciembre. Por otra parte, el reconocimiento de la reincidencia internacional en este ámbito ya está recogido también en el Código Penal.
Además, por otro Real Decreto de 10 de septiembre, la circulación de productos psicotrópicos y estupefacientes para fines lícitos medicinales en el ámbito de la Unión Europea se somete a ciertas restricciones y controles para que la supresión de las fronteras interiores y la libre circulación de mercancías no incida negativamente en la lucha contra el narcotráfico.
Finalmente, será el futuro Código Penal --como ya señalaban las conclusiones de la Comisión-- la norma idónea para culminar la configuración de la normativa penal en lo que se refiere al tráfico ilegal de drogas en lo que aún queda por regular, que es lo relativo al cumplimiento de las penas para los narcotraficantes y a la medida de reinserción consistente en ampliar las posibilidades de revisión condicional de la pena de los drogodependientes condenados por delitos derivados de su dependencia.
Si bien estaba previsto en un principio introducir dicha remisión para los condenados a penas privativas de libertad hasta tres años inclusive, se estudia actualmente la posibilidad de ampliación no sólo en función del límite temporal de las condenas. De todas formas, es algo que tenía que incluirse en el Código Penal, y parece que el Ministro de Justicia anunció la remisión al Congreso en el mes de marzo.
Se sugería por la Comisión, y el Gobierno así lo ha asumido, mantener dentro de la tipificación penal únicamente el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales y no las conductas de autoconsumo. Esto no es contrario a los compromisos contraídos por España al firmar y ratificar la Convención de Viena, puesto que el sistema de sanción administrativa al consumo en público y tenencia con tratamiento alternativo a la sanción cubre perfectamente dicho compromiso.
Así, la Ley Orgánica del 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona como falta grave el consumo de drogas en lugares públicos y la tenencia ilícita, aunque no esté destinada al tráfico, cuando no constituya infracción penal, e igualmente el abandono en lugares públicos de instrumentos utilizados para el consumo. Como es sabido, las sanciones impuestas por estas infracciones pueden suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación.
Entre las sanciones que se pueden imponer por estas infracciones destaca, por ejemplo, la suspensión del permiso de conducción de vehículos de motor hasta tres meses y la retirada del permiso o licencia de armas.
Otro tipo de infracción grave que prevé la Ley es la recogida en el artículo 23, relativa a la tolerancia del consumo o tráfico en locales o establecimientos públicos que pueden sancionarse con la suspensión o clausura preventiva de los mismos o la suspensión parcial o total de sus actividades.
Aunque todavía no se ha llevado a cabo un análisis en profundidad sobre la eficacia de estas medidas, puedo asegurar que su implantación ha tenido importantes efectos disuasorios. Los primeros datos de su aplicación desde la entrada en vigor de la Ley el 13 de marzo de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, son los que a
continuación les voy a detallar. Por infracción a lo dispuesto en el artículo 25.1, consumo de drogas en lugares públicos, se han incoado un total de 56.187 expedientes sancionadores y se han impuesto un total de 30.677 sanciones; 1.671 referidas a alguno de los supuestos del artículo 28.2, suspensión del permiso de conducción hasta tres meses o retirada del permiso o licencia de armas. Por infracción a lo dispuesto en el artículo 23, es decir, la tolerancia del consumo o tráfico en locales o establecimientos públicos, se han incoado 568 expedientes sancionadores y se han impuesto 342 sanciones. En 81 casos la sanción ha sido la clausura del local o establecimiento y en 187 se ha adoptado la suspensión o clausura cautelar de los mismos.
Se han incoado un total de 480 expedientes y se han impuesto 323 sanciones monetarias importantes por infracción de lo previsto en el artículo 26. d) de la Ley, es decir, la venta del alcohol a menores. Debe tenerse en cuenta que la facultad sancionadora en este ámbito, que estaba regulada anteriormente en el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, corresponde ya como competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas en el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Valencia, Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Foral de Navarra.
Si seguimos el orden establecido por la Comisión, entraríamos ahora a tratar las medidas en el ámbito de la represión del narcotráfico. Por lo que respecta al ámbito represivo, competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al servicio de vigilancia aduanera, se solicitaba su potenciación, el desarrollo de la Guardia Civil del Mar para la vigilancia de las costas y puertos deportivos y la continuación de las actuaciones contra grupos organizados adoptando planes especiales en zonas estratégicas, como el sur de la península y Galicia. Además, se pretende incrementar la coordinación de todas las fuerzas policiales y profundizar en los acuerdos de colaboración y coordinación policial en el ámbito de la Unión Europea.
Como ustedes ya conocen, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como el de la Guardia Civil, cuentan con su propia estructura operativa para la represión del tráfico de drogas. Uno de los cometidos del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por delegación del titular del Departamento, es coordinar esas estructuras en determinados servicios relativos precisamente a la represión del tráfico de drogas.
Es importantísimo tener una plataforma que permita el control y la coordinación de estos organismos en el ámbito nacional y también internacional en su diversidad. Por tanto, es de suponer que todo esto va a garantizar la coordinación frente a la investigación judicial, ya que como en estos momentos no depende todo del mismo organismo podía haber dificultades. A partir de la puesta en marcha a pleno rendimiento de la Delegación en el Ministerio del Interior se va a poder cumplir uno de los objetivos primordiales del Gobierno: perseguir con dureza al narcotráfico.
El Cuerpo Nacional de Policía cuenta como órgano principal con el Servicio Central de Estupefacientes integrado en la Comisaría General de Policía Judicial, y constituye la oficina central nacional en materia de drogas encargada de coordinar y centralizar la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas dentro del territorio y de colaborar con otras fuerzas policiales internacionales.
El Servicio Central de Estupefacientes, tras un período de ampliación y puesta al día de su infraestructura, cuya primera fase ya se ha llevado a cabo, se subdivide en dos brigadas: la de investigación o área operativa, y la de inteligencia o área de investigación e información. La primera cuenta con cuatro secciones operativas especializadas por tipos de droga: opiáceos, cocaínicos, cannábicos y sintéticos. De cada una de ellas dependen tres grupos operativos altamente especializados en las investigaciones del tráfico ilícito organizado. Esta brigada de investigación cuenta además con un grupo de investigación internacional y dos grupos de apoyo operativo. La brigada de inteligencia está integrada por la sección de estudios y documentación que dispone de tres grupos técnicos encargados de la confección de informes sobre situaciones del tráfico ilítico.
Esta reestructuración llevada a cabo en el Servicio Central de Estupefacientes ha supuesto un notable incremento de personal y cuenta actualmente con más de 100 funcionarios y modernos medios técnicos y materiales, siendo su ámbito de actuación todo el territorio nacional.
En cuanto a la organización periférica, cada comisaría provincial cuenta dentro de su respectiva brigada de policía judicial de uno o varios grupos especializados en la investigación y persecución del tráfico organizado que trabajan coordinamente con el Servicio Central.
Del mismo modo, las comisarías locales cuentan con una brigada local de policía judicial y también, por tanto, con un grupo de estupefacientes.
Dentro de la propia estructura de las brigadas de policía judicial se dispone en todas las comisarías de una sección de delincuencia urbana que asume la persecución del tráfico ilícito a pequeña escala y distribución callejera y que ha sustituido, a partir de la reestructuración de los servicios operativos de la policía llevada a cabo en la Circular 83 del año 1992, a los grupos de investigación de las brigadas de seguridad ciudadana.
Finalmente, por lo que al Cuerpo Nacional de Policía se refiere, debo decir que, integrados por el momento en la sección de blanqueo y fraude fiscal de la Brigada de Delincuencia Económica del Servicio Central de Policía Judicial, hay cuatro grupos operativos, tres dedicados al blanqueo de capitales y uno al fraude fiscal. Además, por Orden comunicada el 31 de marzo se 1993, se creó una unidad adscrita a la Fiscalía General del Estado integrada por primera vez por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que dependen funcionalmente de dicha Fiscalía y actúan, en casi el 99 por ciento de los casos, en colaboración con el Fical Especial de la Droga en asuntos de esta naturaleza.
Cabe añadir aquí algunos de los aspectos que no vienen recogidos en el informe pero que se están elaborando para la creación de juzgados centrales en algunas Comunidades, con lo cual se podría ya iniciar --lo que se haría
por delegación-- la creación de fiscales dependientes de la Audiencia Nacional que investigaran con la tutela del juez central, que podría perfectamente desplazarse a la Comunidad en cuestión, si no se pueden crear inmediatamente estos juzgados de lo central, para agilizar al máximo todo el enjuiciamiento, toda la parte procesal, toda la parte preparatoria de la investigación de los juicios, y servirla para descargar la Audiencia Nacional, sobre todo, en la parte Sur, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en Galicia, que son los dos frentes más cargados; si bien también es cierto que en Cataluña deberíamos hacer algo similar. Esto no está excluido en el informe; se lo pasaremos por escrito, pero está en estudio que va a incorporarse cuando esté perfilado.
La Guardia Civil dispone en el nivel central de una unidad central de investigación fiscal antidroga dependiente de la Jefatura del Servicio Fiscal, que tiene encomendadas las funciones de represión del contrabando y, por tanto, del tráfico ilícito de estupefacientes. Su organización periférica está constituida por los grupos de investigación fiscal y antidrogas dependientes orgánica y funcionalmente de las zonas y comandancias y técnicamente de la Jefatura del Servicio Fiscal, y por las unidades de especialistas fiscales distribuidas en compañías, secciones y puestos dependientes de las comandancias y técnicamente del Servicio Fiscal.
En este momento la Dirección General de la Guardia Civil estudia un proyecto de reestructuración del servicio fiscal, en parte ya adoptado por el órgano central, que dejaría a las unidades operativas de la siguiente forma: en el nivel central existirá un departamento antidroga y fiscal dividido en un órgano de inteligencia y otro de investigación con ámbito de actuación nacional.
Por lo que se refiere a la organización periférica, además de las unidades de especialistas fiscales que actúan como resguardo fiscal del Estado, se pretende que los grupos operativos periféricos se estructuren en secciones y grupos de investigación con ámbito de actuación regional los primeros, y provincial los segundos, distribuyendo sus efectivos con arreglo a las características que presente el tráfico de drogas en cada región o provincia.
La plantilla prevista para estas secciones y grupos supone un aumento de 360 personas respecto de la plantilla actual de los grupos de investigación. Otra innovación en la organización periférica antidroga de la Guardia Civil consistirá en la creación de patrullas móviles dependientes de las unidades territoriales del Cuerpo situadas en el litoral, encagadas de la vigilancia de los puertos deportivos y pesqueros que carezcan de vigilancia de resguardo fiscal.
En total, la reestructuración del servicio fiscal puede suponer un incremento de 594 efectivos. Quiero señalar aquí que los funcionarios adscritos a estos servicios tanto en la policía como en la Guardia Civil cuentan con una formación altamente especializada en la materia y participan de forma habitual en cursos de reciclaje sobre la misma materia.
Aún debo referirme al despliegue de la Guardia Civil del Mar, creada por Real Decreto el 22 de febrero de 1991. Como saben, la Guardia Civil del Mar ejerce en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial, y excepcionalmente fuera de éste, todas las competencias que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en el ámbito de la seguridad pública, y de forma muy especial en el control del tráfico de drogas, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Si bien la primera fase de implantación de este servicio, que suponía dotar a todas las provincias del litoral de un determinado número de embarcaciones, estaba previsto llevarla a cabo en un período de cinco años, es cierto que existe un retraso y una disminución en el ritmo de implantación previsto debido, por una parte, a los recortes presupuestarios, que han obligado a disminuir las adquisiciones de nuevo material y, por otra, al tiempo necesario en la formación del personal, ya que se trata de una formación larga y costosa.
No obstante, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil está ya implantado en La Coruña, Cantabria, Barcelona, Murcia, Almería, Málaga y Algeciras, y cuenta actualmente con diecisiete embarcaciones y 426 miembros del Cuerpo que se dedican a estas labores.
Próximamente entrará en funcionamiento el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, y se adjudicarán dos nuevas patrulleras: una al Servicio de Huelva y otra al de Algeciras. Es probable que en el transcurso del presente año pueda entrar en funcionamiento el Servicio Marítimo Provincial de Valencia, al que se le adjudicará una patrullera media.
Sus señorías saben que una de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil presta servicio actualmente en Bulgaria, en el marco del control del embargo a los países implicados en el conflicto de la antigua Yugoslavia.
Por lo que se refiere a la dotación de medios materiales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la lucha contra el tráfico de la droga, informo a sus señorías de que, integrado en el programa de actuaciones policiales en materia de droga, en los tres útimos años se han consignado cantidades por un valor de más de 2.000 millones de pesetas para inversiones en material especializado, tanto de la Policía como de la Guardia Civil.
Respecto a la evolución de las aprehensiones de droga en estos tres últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Servicio de Vigilancia Aduanera han continuado efectuando importantes decomisos en actuaciones aisladas, y en muchos casos conjuntas, cuya evolución les describo.
Han descendido ligeramente las cantidades de heroína aprehendidas, que se sitúan en una media de 600 kilos por año, y concretamente 603,7 en el año 1993. Se mantienen las de cocaína respecto a las del año 1990, aunque hay un descenso con relación al año 1991, que fue el año que más cantidad de cocaína se decomisó en España y que alcanzó la cifra de 7.573 kilos. En 1993, la cantidad aprehendida fue de 5.347 kilos.
Por otro lado, se sigue incrementando de forma importante la cantidad de hachís decomisado, que alcanzó en
España en el año 1993 exactamente la cantidad de 160.164.
Otro aspecto a resaltar es el incremento de las aprehensiones en drogas sintéticas, fundamentalmente de éxtasis, que ha pasado de 22.176 pastillas en el año 1991, a 274.753 en el año 1993.
El número de detenidos por tráfico de drogas ha seguido aumentando, alcanzando en el año 1993 la cifra de 30.163. Decimos detenidos, lo cual no significa ingresados en prisión. Debo decir a este respecto que aproximadamente el 78 por ciento de los detenidos por tráfico de drogas lo son por pequeño tráfico, y el 15 por ciento por tráfico de tipo medio, constituyendo el 7 por ciento restante las detenciones de grandes traficantes, aunque, como es natural, la mayor cantidad decomisada se produce a estos últimos.
Analizando los datos de decomisos, en el contexto de la Unión Europea España ocupó en el año 1991 el tercer lugar en cantidad de heroína decomisada, después de Alemania e Italia, y el primer lugar en cantidad de cocaína, seguida de Italia y de los Países Bajos, y el primer puesto en cantidades de hachís, seguida de los Países Bajos y de Francia. En el año 1992 España ocupó el cuarto lugar de estos países en cantidad de heroína decomisada, por detrás de Alemania, Italia y los Países Bajos; el primer puesto en cantidades de cocaína, seguida de los Países Bajos y del Reino Unido, y el primer puesto en cantidades de hachís, seguida igualmente por estos dos países.
En cuanto a los planes especiales, debo reiterar que se mantienen los dos que hay en funcionamiento y que son los únicos que se estiman necesarios: el Plan de Galicia y el Plan del Sur, si bien se está estudiando un plan para el litoral mediterráneo. Con el primero se ha conseguido desarticular las principales organizaciones de antiguos contrabandistas de tabaco, reconvertidas al tráfico de drogas, y la detención y puesta a disposición judicial de sus componentes más destacados. Como es sabido, el Plan Sur se adoptó porque el tráfico de hachís convierte a nuestro país en el arquetipo de zona de paso obligado debido a la proximidad de países productores en el Norte de Africa. Nuestro territorio o nuestras aguas costeras son utilizadas por los pequeños y grandes traficantes para hacer llegar el hachís al resto de Europa y, como en este caso, como un país claramente de tránsito.
Debido en parte a la adopción de las medidas que este Plan aconsejaba, se han conseguido importantes detenciones de personas vinculadas a organizaciones internacionales, así como la incautación de grandes cantidades de droga. El inicio del despliegue de la Guardia Civil del Mar obedeció precisamente a cubrir de forma prioritaria las dos zonas de aplicación de estos planes. Hay que añadir aquí también unas estimables cantidades de droga que muchas veces son destruidas o lanzadas al mar en el momento en que son asaltados los barcos que las transportan. En esas maniobras, que tienen perfectamente estudiadas los narcotraficantes, desaparece la prueba.
Entre las medidas en el ámbito de la cooperación internacional --siguiendo con el esquema-- figura la lucha contra el tráfico de drogas, que no puede plantearse únicamente a nivel interno debido a la interconexión de este tráfico a escala internacional, lo que obliga siempre a una política de colaboración con todos los países y a participar de manera activa en los distintos foros y organismos creados para combatir este tráfico, en especial las Naciones Unidas y la Unión Europea. Debo señalar que España cuenta con enlaces policiales, que son de una altísima eficacia, destacados en la mayoría de los países productores, lo cual facilita la investigación de las grandes redes.
También se han suscrito acuerdos bilaterales con varios países como Marruecos, Italia, Estados Unidos, Portugal y Francia, que, naturalmente, tienen estos enlaces y que son de una gran eficacia en la investigación.
Por lo que se refiere a la Unión Europea, debo decir que constituye uno de sus objetivos desarrollar una estrecha colaboración en materia de justicia y asuntos de Interior, lo que ha llevado a proponer la creación de una unidad de inteligencia europea, Europol, para la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otras formas graves de criminalidad organizada.
En desarrollo de esta propuesta contenida en el Tratado de la Unión se formó un grupo «ad hoc» de trabajo con el fin de crear la citada unidad de inteligencia, y en la actualidad los trabajos de este grupo han desembocado en la creación de la unidad de drogas de Europol, que está en plena operatividad desde el día 1 del pasado mes de enero y que tiene su sede en la ciudad de La Haya, donde España mantiene por el momento a dos inspectores de policía como enlaces. Con posterioridad, y tras la redacción y ratificación del acuerdo que elabore el citado grupo, comenzará a funcionar Europol en las restantes áreas.
Por otro lado, los acuerdos de Schengen se orientan a avanzar en la libre circulación de personas, creando un sistema de garantías que permita hacerla efectiva. El convenio de aplicación instrumenta un conjunto de medidas para posibilitar el cumplimiento de los objetivos, destacando, entre otras, la cooperación policial, en la que se incluye la vigilancia y persecución transfronteriza, y la lucha contra la criminalidad en materia de estupefacientes. En este sentido, hay convenios bilaterales con Portugal y con Francia, que ya nos permiten prácticamente ir adelantando lo que figura en el acuerdo Schengen, con unidades móviles de control y levantando fronteras con los dos países. Esto es un aspecto bilateral que entraría ya en pleno funcionamiento con los acuerdos Schengen que, en este momento, mantiene un ligero retraso.
Consideramos que la colaboración económica con los países productores, con el fin de que se pueda llegar a la sustitución de cultivos, es fundamental. Por ello, España participa tanto en el fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas con el fin de generar fondos de cooperación en los países productores, como con el grupo de Dublín, organismo paralelo y con las mismas funciones en el marco de la Unión Europea, en el que también puede participar, y al que, de hecho, están adheridos otros países ajenos al mismo.
Siguiendo el mismo esquema de la Comisión, entraríamos
en la reducción de la demanda. En relación con los objetivos de prevención en el ámbito de reducción de la demanda, esta Comisión Mixta elaboró también un amplio abanico de propuestas que reflejaban claramente la importancia que sus señorías concedían a estas formas de actuación.
En efecto, ya en los primeros planteamientos se entendía que, ante los diversos y graves problemas que el consumo planteaba, la mejor política era adelantarse al consumo en la forma preventiva, evitándolo y haciéndolo innecesario, cosa bastante difícil de todas formas pero en la que se han conseguido avances notables.
Desde aquellos inicios la Delegación del Plan sólo ha encontrado motivos para ratificarse en las posturas iniciales, y sus señorías son testigos de cómo en anteriores comparecencias el Delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso de potenciar las medidas preventivas de reducción de la demanda y de apoyar en ellas las estrategias básicas de actuación.
Siguiendo con el mismo esquema, entraríamos en la coordinación de las Administraciones públicas y el apoyo institucional. El Plan Nacional sobre Drogas ha proclamado desde sus inicios la imposibilidad de llevar adelante sus responsabilidades sin el concurso de todas las Administraciones, y muy especialmente sin el de las organizaciones que vertebran la propia estructura social. En este sentido, ha sido imprescindible la potenciación de esta colaboración y el apoyo a las estructuras asociativas, un aspecto fundamental. Colaboración y apoyo que se ha pretendido a través del establecimiento de plataformas de coordinación de organizaciones no gubernamentales, comisiones autonómicas de coordinación y del establecimiento de líneas crediticias, subvenciones y convenios finalistas.
Más adelante me referiré con mayor detalle a las dotaciones presupuestarias. Sin embargo, quiero adelantar que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para ayudas a organizaciones no gubernamentales se ha incrementado en un 30 por ciento en 1994, alcanzando los 436 millones de pesetas. Seguramente son insuficientes, pero lo cierto es que se ha conseguido un notabe aumento.
Por otra parte, pensamos que este año se mejorarán los criterios de distribución de la asignación del IRPF a otros fines sociales al disponer de una información ajustada proporcionada por las Comunidades Autónomas.
Se trata, sin duda, de hacer un reparto más justo, más equitativo, aunque habría que introducir también aspectos de cumplimiento finalista, ya que es muy desigual en las diferentes Comunidades con respecto a los trabajos que desarrollan. Hay muchas Comunidades que incrementan en gran medida los presupuestos del Estado y que consiguen planes realmente muy atractivos, con la participación incardinada de aportaciones de corporaciones locales y de la propia Comunidad.
Otro objetivo permanente del Plan Nacional sobre Drogas consiste en la coordinación de las Administraciones locales, coordinación que debe plasmarse, sobre todo, en el ámbito autonómico. Esto está siendo objeto de estudio por una Ponencia y, por otro lado, ya es en parte una realidad como lo atestiguan cientos de convenios o acuerdos entre las distintas Administraciones locales. Insisto en que estos planes autonómicos, que constan en la Memoria del Plan, deben mejorarse para que el Plan cada vez se parezca más a un plan finalista en el que los objetivos --que han sido muy consensuados en estas materias en la propia Comisión en que sus señorías los elaboraron-- puedan trasladarse también de forma finalista a cada uno de los programas.
En materia de prevención, y siguiendo el esquema, la Comisión Mixta realizó básicamente tres tipos de propuestas preventivas: las dirigidas a la población escolar, las de índole comunitaria y las que debían apoyarse en los medios de comunicación y en campañas dirigidas a la opinión pública. En relación con las propuestas dirigidas a la población escolar, sus señorías pueden comprobar en las últimas Memorias del Plan Nacional sobre Drogas que sus recomendaciones han sido ampliamente contempladas y seguidas. La educación para la salud forma parte de los objetivos y de las estrategias generales de la educación primaria y de la educación secundaria obligatorias.
El Ministerio de Educación y Ciencia, con la colaboración no sólo de los integrantes de la comunidad escolar, sino también con la de organizaciones sociales, ayuntamientos y Comunidades Autónomas, han mostrado una especial preocupación por todas las intervenciones que se preconizan ya en los planes de dicha Comisión. La designación de coordinadores provinciales de estos programas, la formación especializada para profesores, la implicación de las asociaciones de padres, la elaboración de material preventivo específico, han sido actuaciones habituales en los últimos años que sus señorías conocen perfectamente.
He de subrayar el convenio de colaboración en 1993 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el de Sanidad y Consumo para el desarrollo de un programa específico de prevención de consumo de alcohol. Asimismo, hay que citar el desarrollo de un grupo de trabajo mixto entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que elaborarán un repertorio de estrategias de educación para la salud y proporcionarán el material necesario para llevarlas a la práctica.
En cuanto a los programas preventivos de ámbito comunitario, el Plan Nacional sobre Drogas puede presentar unos datos que demuestran fehacientemente hasta qué punto considera importante el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Mixta. Alrededor de 400 ayuntamientos fueron financiados por los planes autonómicos para el desarrollo de programas de este tipo a lo largo del último período del que se tienen datos totalmente elaborados. Estos programas han contado con la colaboración de organizaciones sociales, han significado la participación de unas 50.000 personas y han supuesto la formación de más de 19.000 profesionales de distintas especialidades.
Dirigido a la población juvenil, se ha instrumentado un paquete de programas utilizando medios de
comunicación y campañas institucionales dirigidas a promover una cultura de rechazo del consumo, así como la sensibilización ante sus riesgos.
Entre ellos cabe destacar la Semana Europea de Prevención sobre Drogas, el establecimiento de un marco de colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la colaboración de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales y la presencia fija de la Delegación del Plan en medios radiofónicos.
Siguiendo con el mismo esquema, pasamos ahora a la asistencia y reinserción. Entre las propuestas que hicieron sus señorías respecto a la atención de los problemas de drogodependencias, destacan aquellas destinadas a mejorar la coordinación de los recursos, y buena parte de los esfuerzos de la Delegación y de las Administraciones que lo integran van dirigidos a cumplimentar estas indicaciones.
Procuraré concluir el informe a las seis y cuarto. Tendríamos así otra hora para la discusión del mismo.
El conjunto de estructuras que permite la coordinación de todos los esfuerzos institucionales del Plan es suficientemente conocido por sus señorías, pero quiero señalar en este orden de cosas el esfuerzo realizado para profundizar en la atención de los problemas médicos de los drogodependientes por parte del Sistema Nacional de Salud.
En estos momentos está en marcha un subprograma de asistencia médica en los centros de atención primaria del Insalud. Existe, además, un calendario que prevé la implantación de programas de sustitución, de reducción del daño y de apertura de nuevas camas de desintoxicación en los próximos meses. Este propósito de integrar y potenciar lo asistencial no sería realizable sin una continua estrategia de formación de profesionales. A tal efecto se ha constituido una Ponencia interautonómica para analizar la mejor forma de llevarla a cabo, y posteriormente se ha puesto en marcha un conjunto muy importante de programas formativos en todas las Comunidades Autónomas, de los que tienen cumplida referencia en el informe de situación y en las Memorias del citado Plan.
La recomendación de la Comisión sobre las líneas telefónicas de información se ha traducido en una puesta en marcha en varias Comunidades Autónomas, y ya se ha establecido un teléfono con prefijo 900. Ello es fruto de un convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogras y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. El año pasado fueron atendidas a través de esta línea más de 15.000 llamadas.
Las medidas asistenciales relativas a los centros de emergencia social, servicios móviles de atención y programas de reducción del daño han sido atendidas mediante su financiación con cargo al 0,52 por ciento del IRPF.
Con estos medios se han abierto seis centros de emergencia social o de atención inmediata. Se ha ampliado la red de pisos de sustitución tutelados o no. En cinco Comunidades Autónomas se han establecido servicios móviles de atención y existe la previsión de ponerlos en marcha en otras cuatro Comunidades.
Los programas de reducción de riesgo, con atención especial a los problemas de infecciones por virus de sida, VIH, han experimentado el desarrollo más notable del sector asistencial. La generalización de los «kits» sanitarios, la evitación del intercambio de jeringuillas, los programas de vacunaciones, los programas en poblaciones especialmente marginadas y el amplísimo desarrollo de los programas de sustitución son un buen ejemplo de este crecimiento. En estos momentos los tratamientos con sustitutivos se han extendido prácticamente a todas las Comunidades Autónomas y benefician aproximadamente a 12.000 personas.
Entre las recomendaciones que había que destacar, como las que se referían a las exigencias de evaluación de los centros para drogodependientes, se ha llegado a un consenso entre las Comunidades Autónomas a fin de establecer los requisitos mínimos exigibles para los centros dedicados a la rehabilitación de drogodependientes. Las correspondientes normas autonómicas para la autorización de apertura de centros han venido a recoger todos estos requisitos.
En este orden de cosas, la Delegación del Gobierno tiene en estudio los criterios de evaluación de los programas libres de droga y de sustitución; especialmente, los de metadona. La dificultad que, desde el punto de vista metodológico, plantean este tipo de evaluaciones es notable, pero precisamente por ello se hace más necesario uniformar dichos criterios.
Siguiendo el esquema establecido, llegamos a las medidas de ámbito penitenciario. Se instaba al Gobierno a potenciar la motivación para el tratamiento y, por tanto, su rehabilitación, especialmente, en el caso de jóvenes preventivos y primeros ingresos; a la coordinación de los diferentes servicios asistenciales que se les presta, ampliando la colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones no gubernamentales; a mejorar la formación de personal y coordinar los diferentes servicios penitenciarios de atención, y a aumentar el control y la erradicación del tráfico y consumo de droga en los centros penitenciarios. En definitiva, se trata de insistir en las actuaciones que se están llevando a cabo en el sistema penitenciario desde hace algunos años.
Cabe señalar que en todos los centros penitenciarios ha existido a lo largo del pasado año programas básicos de intervención, desarrollados a partir de la coordinación de los servicios penitenciarios y de servicios comunitarios de drogodependencias.
En primer lugar, todos los internos toman contacto, en el momento de su ingreso, con el sistema unificado de recogida de información --que se implantó en 1989--, que orienta e informa sobre la oferta que existe en los centros sobre cuestiones de salud y servicios.
Durante 1992, además de la información que se proporciona en todos los centros penitenciarios, 5.400 internos drogodependientes --se entiende que en el momento de su ingreso, no que siguieran consumiendo droga en el interior-- participaron en actividades de motivación para el cambio, realizadas por equipos especializados. Una buena muestra del cambio de conductas se refleja en los centros penitenciarios, con el ingreso. Se ha pasado de un
28 por ciento, aproximadamente, de seropositivos en el momento de su ingreso, a un 18,7 por ciento, aproximadamente, de ingresados que son portadores en la actualidad, que suponen el setenta y tantos por ciento de drogodependientes, con lo cual, se comprueba que el trabajo de información a la sociedad en su conjunto tiene un calado que se ve cclaramente en el ingreso en prisión de drogodependientes.
En sesenta centros penitenciarios se desarrollan estrategias especializadas de intervención asistencial con drogodependientes, en colaboración con los planes autonómicos, y a través de diferentes metodologías: programas ambulatorios, centros de día, etcétera. En estos programas estuvieron incluidos 2.900 internos; 330 personas siguieron un tratamiento con antagonistas opiáceos, y 90 se incluyeron en programas sustitutivos.
Por otro lado, 240 internos fueron derivados a dispositivos extrapenitenciarios para su tratamiento, si bien esto es algo que depende, prácticamente, del orden judicial, que contempla si se debe cumplir la condena, o bien, por progresiones de grado, en régimen abierto, lo que también puede realizarse perfectamente, siempre que el informe penitenciario sea factible y prevea la no reincidencia.
La Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas mantiene incrementada la financiación finalista de este tipo de programas, que está previsto que se desarrollen en todos los centros penitenciarios y continúen diversificando sus acciones. Por otra parte, todas las intervenciones en prisiones se llevan a cabo sobre la base de la colaboración entre instituciones penitenciarias, planes autonómicos, en algunos casos con ayuntamientos, diputaciones y con organizaciones no gubernamentales.
Todos los equipos son mixtos y todas las actuaciones se integran en la estructura penitenciaria y cuentan con la aportación de recursos comunitarios.
Se trata de algo muy desigual y que depende, como es lógico, de la sensibilidad que exista en las diferentes Comunidades Autónomas. Las hay con un mayor grado de sensibilización, donde las cifras que les estoy dando incluso pueden estar concentradas, mientras que en otras Comunidades existe una menor atención, es decir, que ésta no es homogénea. Esto es lógico, porque la autonomía precisa la finalidad de los programas; de ahí que, en mi opinión, deban producirse algunos cambios a la hora de establecer objetivos más finalistas que puedan llegar más directamente a los usuarios de estos programas.
También hay que señalar que a lo largo de 1992 --del que disponemos de datos completos--, 3.707 funcionarios de distintos perfiles profesionales de la institución penitenciaria participaron en cursos de formación relacionados con las drogodependencias.
Las administraciones penitenciarias mantienen un programa de coordinación entre sus distintos departamentos, que llevan a cabo actuaciones con drogodependientes, y en muchas prisiones existen equipos multidisciplinares de referencia para favorecer esta integración, si bien en todas las prisiones existe lo que se denomina el equipo de tratamiento, que puede afrontar individualmente los problemas de desintoxicación y rehabilitación, dado los medios sanitarios de que dispone y la propia componente de un equipo de tratamiento de una prisión.
Los programas asistenciales que se basan en equipos mixtos, instituciones penitenciarias y Comunidades Autónomas no se ponen en marcha hasta que no existe un claro consenso interinstitucional, y la homologación de los sistemas de recogida de información contribuye a esta coordinación.
Por lo que respecta a las medidas para erradicar el tráfico y el consumo de drogas en el interior de los centros, las Juntas han continuado adoptando las medidas necesarias, se han incorporado los procedimientos de los análisis toxicológicos, el control de retornos de permisos y la atención a comunicaciones «vis a vis»; todo ello, naturalmente, con un estricto control judicial, ya que hay jueces que lo autorizan, y otros que no lo hacen. En cualquier caso, el juez de vigilancia siempre está informado de todas las medidas de control que se adoptan para impedir que entre droga en las cárceles.
Con respecto a las medidas en el ámbito laboral, un grupo de recomendaciones se dirigía a establecer fórmulas de intervención preventiva en el ámbito laboral y la incorporación al mercado de trabajo.
Empezando por este último aspecto, en distintos territorios autonómicos están en marcha programas de promoción de empleo y de formación. En la comparecencia del Delegado de Gobierno para dar cuenta a sus señorías de la última Memoria del Plan, se hizo referencia a los datos relativos a estos programas. De todas formas, se les puede volver a enviar, si ustedes así lo requieren.
Por otra parte, la Delegación está reelaborando su convenio con el INEM, incluyendo nuevas fórmulas de formación laboral y promoción del empleo, para agilizar su aplicación y extenderla a todas las Comunidades Autónomas.
En otro orden de cosas, puedo anunciarles que el próximo mes se firmará un convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, la CEOE y las organizaciones sindicales más representativas, para la constitución de la Comisión nacional de prevención de los consumos de droga en el ámbito de la empresa. De forma complementaria, se está trabajando en la formación de mediadores en la empresa. Se han editado guías y documentación informativa para representantes sindicales, protocolos de actuación, etcétera.
Por último, se ha iniciado la primera fase de desarrollo del convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Instituto Nacional de Industria, que contempla programas similares a los ya señalados en esta primera fase, y que afecta a empresas del grupo en cuatro Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a las dotaciones presupuestarias, ante todo debe señalarse que la recomendación formulada por la Comisión Mixta, en el sentido de incorporar las dotaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las propuestas, ha sido, a mi juicio, razonablemente atendida, a pesar del carácter de insuficiencia que
siempre se puede atribuir a las consignaciones presupuestarias destinadas a estos fines.
Hasta el presente año, el programa presupuestario relativo a la lucha contra la droga que figuraba en el Ministerio del Interior era de actuaciones policiales en materia de droga. Su objetivo era la prevención y la represión del tráfico ilegal de drogas, tal y como figura en la Memoria de objetivos que acompaña al presupuesto. Y sus dotaciones en los últimos tres años han sido muy similares. Concretamente, en 1993 ascendió a 4.325 millones de pesetas, y su desglose fue el siguiente: el 82 por ciento se destinó al pago de retribuciones de los policías y guardias civiles asignados al cumplimiento de los objetivos del programa; el 14 por ciento se consignó a inversiones reales, fundamentalmente, para la adquisición de vehículos, transmisiones y equipos especiales --visión pasiva, material fotográfico u óptico, etcétera--, y el resto cubrió las necesidades en gastos corrientes, sobre todo, en lo relativo a dietas, desplazamientos, combustibles y vestuario.
Al margen de esta partida de inversiones, incluida en este programa específico de droga, todas las inversiones del programa de seguridad ciudadana en ambos cuerpos policiales inciden en mejorar, en general, todos los medios materiales puestos a su disposición para la prevención e investigación de todo tipo de delitos, en los que cabe incluir el tráfico de drogas.
Es decir, para el cumplimiento de los objetivos de este Programa se consigna una determinada cuantía para inversiones, pero también se beneficia del resto de inversiones el Programa de Seguridad Ciudadana. El año 1994, la dotación de este Programa asciende a un total de 4.582 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 5,94 por ciento respecto al año 1993, y su desglose por capítulos no varía sustancialmente respecto al del pasado año. Desciende ligeramente el porcentaje destinado a gastos de personal, que pasa a ser el 81,17 por ciento, y aumenta el destinado a inversiones. Aumenta, igualmente, el destinado a gastos corrientes.
Como consecuencia de la adscripción del Plan Nacional sobre Drogas al Ministerio del Interior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de febrero de 1994, ha aprobado la transferencia de los créditos del Programa que tenía el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio del Interior. Como resultado de ello, la cuantía de los créditos que gestiona este año el Ministerio del Interior para actuaciones en materia de drogas asciende a 9.620 millones de pesetas.
Interesa señalar que incluso en una situación de recesión, y en la cual se han congelado los presupuestos, el presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se incrementa en un 10,9 por ciento.
En cuanto a su distribución por capítulos, aproximadamente, el 87 por ciento de esta dotación corresponde al Capítulo Cuarto, Transferencias Corrientes, que se destina a subvenciones a Comunidades Autónomas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales para atender programas preventivos, asistenciales y de reinserción, que constituye uno de los objetivos fundamentales del Plan.
Con este último apunte --acabo ya, señorías-- de los recursos disponibles, creo que se ha pasado ya revista, siquiera someramente, a todos y cada uno de los aspectos contenidos en el Informe de esta Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga. En todo caso, la lucha contra el tráfico de drogas y las políticas de prevención y rehabilitación son difíciles, y sus resultados pueden parecer en ocasiones decepcionantes. Nadie posee la clave para acabar con esta lacra. Las recomendaciones de esta Comisión han orientado la actuación de los poderes públicos, y se ha comprobado que estas medidas, en su conjunto, son de las más eficaces de las posibles. Estamos, pues, en el camino correcto que, por otra parte, coincide con el que siguen los restantes países de características sociopolíticas similares a las nuestras.
No me queda sino agradecer a sus señorías la atención que me han prestado y pedirles excusas por la exposición, que seguramente ha sido excesivamente larga, una hora exactamente. Quedo a su disposición.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su comparecencia. Le saludo en esta primera ocasión en que lo hace ante esta Comisión en su nueva responsabilidad.
Voy a intentar seguir el orden de su intervención, en lo que sea posible.
En primer lugar, la transferencia del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio del Interior, al margen de algunos comentarios que después haremos, es algo que, conceptualmente, mi Grupo no comparte. No lo comparte por una razón elemental: las drogas son un problema muy complejo --como acaba de decir en su intervención--, que afecta a diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, y, desde ese plano conceptual de las cosas, nos parece que la ubicación del conjunto del Plan en el Ministerio del Interior no ayuda a que el conjunto del Plan tenga una visión más completa de los fenómenos sociales que lo envuelven.
Para simplificar, quiero decir que, de alguna manera, independientemente de cuál sea la persona que ocupe el Ministerio del Interior --no tiene que ver con su persona sino con el Ministerio-- la ubicación del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio del Interior puede significar una especie de, entre comillas, criminalización del problema de la droga, teniendo en cuenta el ámbito habitual de las competencias de su Ministerio. Eso nos parece que no es una visión acertada o adecuada del problema de las drogas; nos parece que estaba mejor ubicado en el Ministerio de Asuntos Sociales.
Otra cosa es que el Delegado Nacional del Plan, señor Garzón, tenga competencias sobre distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan relación con
la lucha contra el narcotráfico. Eso sí nos parece bien, que en una persona como el señor Garzón esté centralizada la acción de su Ministerio en la lucha contra el narcotráfico, que no es lo mismo que llevarse detrás del señor Garzón todo el Plan Nacional sobre Drogas. Creo que éstos son dos aspectos que no conviene mezclar.
Dicho esto --podríamos quedar para hablar con más profundidad del asunto--, nos parece que si usted nos hubiera proporcionado con antelación lo que acaba de leer podríamos haber hecho una comparecencia un poco más rica, porque aunque muchos de los datos que usted ha dado los conocemos, porque forman parte de la Memoria del Plan, etcétera, podríamos estar discutiendo concretamente de aspectos más importantes que el detalle de cifras y datos, que sin duda son importantes, pero probablemente ocuparíamos mejor el tiempo en la otra dirección.
Si a usted no le conociera nadie en esta sala, un observador perspicaz seguramente llegaría a la conclusión de que usted tiene que ver con el Ministerio del Interior, efectivamente, y que tiene o ha tenido que ver bastante con el sistema penitenciario, porque es en esos dos aspectos en los que ha sido más preciso, en los que ha dado cifras y datos. En los otros terrenos de su intervención, dice: se creará una ponencia, se está estudiando una ponencia... Es decir, las expresiones son mucho más vagas, y eso tiene que ver con la consideración inicial que le hacía, desde nuestro punto de vista, de la inconveniencia de llevar el Plan Nacional sobre Drogas al Ministerio del Interior, es decir, ese deslizarse hacia lo que acaba siendo normal en un Ministerio pero no tanto en otro, aquello de que el ser social determina la conciencia sigue siendo verdad de alguna manera, y el Ministerio del Interior piensa en términos de Ministro del Interior, obviamente, y no en otros. Usted ha dedicado gran parte de su intervención a contarnos con pelos y señales, con datos sin duda interesantes, todo lo que es la lucha contra la oferta, y ha dedicado muy poquito a la lucha contra la demanda, y remitiéndolo a las Comunidades Autónomas.
Es verdad que gran parte de ese trabajo está ubicado ahora mismo en las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos, pero hay una desproporción.
Los aspectos referidos a la prevención escolar, etcétera, son mucho menos precisos que los referidos a las dotaciones que tienen estas unidades de la Policía Nacional en esta Dirección o en aquella; a las unidades de que dispone o dispondrá la Guardia Civil del Mar, etcétera, es decir, a lo que son aspectos más concretos de su competencia. Estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que usted ha hecho, así como también con algunas de las que suele hacer el señor Garzón en esta Comisión cuando se habla de promover la cultura del rechazo entre los jóvenes, etcétera, pero creo que si usted mismo se lee su intervención cuando esté publicada, podrá percibir la misma música a la que yo estoy haciendo referencia, es decir, una cierta mayor dedicación a unos temas que a otros, cosa, por otra parte, psicológicamente normal y absolutamente lógica.
Nos parece importante que se intente aumentar y completar las dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todos los aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Pero la otra parte, que además es vieja y lo venimos diciendo todos, usted, yo, todo el mundo que se interese por el tema de drogas, señala la importancia de las drogas en la capacidad de negocio que significan, en la cantidad de dinero que mueven; cómo sin esa capacidad de dinero que mueven probablemente sería más fácil combatirlos; cómo lo sería sin la colaboración absolutamente explícita de conciencias muy honestas por fuera pero muy deshonestas por dentro, con la fabricación y comercialización de precursores, no para otros usos relacionados con el tema de las drogas, sino precisamente con el tema de las drogas. Sin embargo, en ese terreno la trasposición de las normativas está más en el aire todavía que otros aspectos que son mucho más operativos y que también son más fáciles. Es obvio que es más fácil incrementar la dotación policial para conseguir más cantidad de decomisos de heroína, de cocaína o de hachís que enfrentarse con la posibilidad de que determinadas industrias sigan produciendo precursores que sigan comercializando por canales irregulares, que es mucho más complicado.
En esa complejidad está también su mayor virtud porque, sin duda, si fuéramos capaces en los países industrialmente desarrollados de acabar con la producción de los precursores o al menos con la comercialización ilícita de los precursores estaríamos cortando la posibilidad de que en origen se produjeran esas drogas. De la misma manera, si fuéramos capaces de acabar, si no todo, con gran parte del blanqueo de dinero y con el gran negocio que significa la droga, también estaríamos sentando las bases para ser mucho más eficaces.
Señor Asunción, acabo felicitándole por su comparecencia e instándole a que la lea desde esa perspectiva a la que yo me he referido y, probablemente, estaremos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señor Presidente, trataré de ser breve y así podré contestar individualmente a cada uno de los grupos que lo han solicitado, así como exponer nuestro punto de vista, el punto de vista naturalmente del Gobierno, en la medida en que los aspectos fundamentales su señoría, como si dijéramos, está escorado hacia la parte preventiva, la parte de policía represiva; ésas son las competencias que tiene en exclusiva el Gobierno y no otras, ya que están todas transferidas. En buena lógica a la hora de planificar medios y hacer programas puede entrar detalladamente en lo que concierne a las cárceles que, excepto Cataluña que tiene transferencias, no hay ninguna transferida; por tanto, son competencia exclusiva del Ministerio de Justicia y ámbito de concurrencia de un nivel alto de personas con graves problemas de drogodependencias. Los más graves concurren dentro de las prisiones,
con lo cual el apartado debe ser muy amplio y no debe entenderse como represivo, sino todo lo contrario, más bien muy asistencial, quitándole toda la carga represiva, porque se trata, precisamente, de ir creando su estructura fuera para que pueda haber medidas alternativas.
En cuanto a la parte que completa la medida preventiva podemos planificar.
Existe mayor dificultad a la hora de planificar todos los bloques a que se refería su señoría porque depende y son competencias de las comunidades autónomas. En ese caso vamos al acuerdo, al concierto, al convenio, figura elemental de lo que es unir voluntades; digo que coincidan voluntades pero nada más.
De ahí mi observación a la hora de pedir a sus señorías que, dentro de los presupuestos del Estado, si la Comisión así lo considera, se vaya a aspectos mucho más finalistas en las asignaciones que se dan a las comunidades autónomas. No voy a enumerar ninguna, pero por mi anterior adscripción a Justicia y a Prisiones tengo la experiencia de saber dónde está la sensibilidad, dónde se han creado alternativas terapéuticas, dónde existe la mayor profundización en lo que es la parte preventiva y aminorando la demanda.
Nos podemos encontrar con comunidades con una gran sensibilidad y otras con una nula o escasa sensibilidad, pero no voy a poner ninguna como ejemplo, simplemente digo que hay una gran diversidad. Si estuvieran hipotecados los recursos económicos, sin duda habría que condicionar los objetivos porque existe una gran diversidad: algunos gastan una buena parte importante en materias de conferencias, seminarios a última hora del ejercicio porque hay que gastar el presupuesto y eso se ve inmediatamente en la ejecución del gasto; sin embargo, otras comunidades tienen una planificación donde coordinan las corporaciones locales, donde llevan programas amplios y francamente dignos de felicitar porque tienen una gran cooperación y nunca escapan a lo que es la conexión con el mundo carcelario, puesto que si hablamos muchas veces de la interdependencia luego no podemos hacer una segregación tan radical.
Existe ahí una interdependencia de personas que pasan por las prisiones que, posiblemente, si tuviéramos más recursos en el exterior, podrían ir a penas alternativas ya con la actual legislación, sin necesidad de modificar. Sin embargo, a veces la Administración del Estado se las ve y se las desea para poder sacar gente al exterior aunque están financiadas por el Ministerio de Justicia.
Naturalmente el informe tiene que ser más concreto en aquello que es responsabilidad propia que en lo que es concertada, pero eso tendría solución siempre que sus señorías consideraran que se podría especificar y concretar mucho más lo que es la finalidad y hacer un modelo que se trasladase a otro tipo de administración, como son las diputaciones que tienen ámbito de cooperación en sus planes. Voy a poner un símil muy fácil, pero que está muy experimentado; los planes provinciales hipotecan la finalidad y priorizan, con lo cual cada uno aporta la parte pero sabe que tiene que cumplir los objetivos que previamente se han fijado, sino naturalmente queda un gasto muy discrecional.
Eso es mejorable, pero debe recogerse en el ámbito del consenso que tiene la Comisión porque me parece que es lo suficientemente importante como para que eso no se rompa y que se mantenga. Naturalmente se puede mejorar y se podría ir a especificar el número de personas que tenemos capacidad --digo tenemos en conjunto-- entre corporaciones locales y comunidades autónomas y hacer una adecuada planificación si el marco presupuestario lo determináramos y concretáramos más con unas normas que se pueden estudiar con facilidad de otras corporaciones.
En cuanto a lo que es la visión global que tiene el plan, éste responde, tal y como está estructurado ahora, a las recomendaciones que la Comisión hizo en el año 1991. De la A a la Z es el orden cronológico que tiene ahora el tratamiento integrado; se ha conseguido ubicar de forma que es posible coordinar toda la actuación en cadena, las que sus señorías recomendaban en la Comisión Mixta, desde la primera a la última de las recomendaciones en su propia estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque luego viene la implicación que tiene el delegado del plan en lo que es la parte del blanqueo, la coordinación que tiene que tener con la fiscalía, lo que es la interconexión con las organizaciones internacionales.
Sin embargo, el fleco que puede poner a disposición judicial toda esa plataforma de coordinación, que ahora en la actualidad se dificulta y los jueces tienen que hacer un verdadero equilibrio de coordinación a veces internacional, se lo puede facilitar dentro de esa visión global, una en cooperación con las administraciones que intervienen y otra, como es lógico, con el Ministerio del Interior, con una policía autónoma también, como es la Ertzaintza, y con las policías locales que puedan intervenir.
Pero dentro del marco de cooperación de las fuerzas de seguridad, podemos tener una visión global de todo el problema, podemos actuar en la medida en que creamos que se pueda incidir. De esa forma la visión es global.
Nunca se ha ajustado una Administración a los objetivos como ésta, primero se fijaron los objetivos y lo que son medios se han estructurado con la misma ordenación que está en las propuestas de la Comisión.
Por tanto, señoría, tengo que discrepar, no solamente por mi pasado que podría orientarse de carácter represivo porque he pasado por toda la Administración del Estado, desde corporación local, Cultura... Si hay que añadir los tintes personales le podría enumerar algunos más lúdicos también, pero no es el caso. El caso es el que aquí nos trae y el que concretamente nos da el Plan Nacional de la Droga.
Estoy totalmente de acuerdo en que hay que aumentar, intensificar lo que serían los acuerdos para vigilar los llamados precursores, pero hay que hacerlo en un ámbito internacional. De ahí precisamente la plataforma que tiene el Ministerio del Interior dentro de los marcos de Europol para poder trabajar en ese campo porque ahí es fundamentalmente donde hay que incidir, así como los acuerdos de Schengen. Al final está todo interrelacionado,
por tanto me parece que ha sido la adscripción justa de fijación de objetivos y medios y, naturalmente, va a redundar en la medida que empiece a funcionar toda la coordinación que acabamos de establecer, que puede estar en un mes o mes y medio, tiene que abundar en una agilización de temas que ahora ofrecen mayor dificultad.
Yo rechazaría esa velada acusación de criminalización del Plan porque si la base de referencia era el pasado represor del actual titular de Interior, también he pasado por un departamento de cultura.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra don Josep Maria Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Asunción, Ministro del Interior, la comparecencia ante esta Comisión mixta, y sobre todo agradecerle su exposición porque me va a permitir ser muy concreto, ya que entiendo que ha contestado a muchas de las cuestiones que para nuestro Grupo eran fundamentales.
Por tanto, esta intervención como portavoz de Convergència i Unió va a limitarse a plantearle, señor Ministro, dos cuestiones que nos interesaría que contestara. En cuanto a la primera, es evidente que nosotros entendemos que la actual cooperación en esta materia de las drogas ha funcionado bien, creemos que funciona bien ahora y estamos seguros de que continuará funcionando bien porque vamos todos como en punta de lanza hacia un objetivo común y nadie discute la voluntad de los objetivos que pretendemos, aunque, por supuesto, tampoco nadie discute que deberían dedicarse mayores recursos; la cuestión es de dónde se sacan. Lo que sí queríamos plantear es que nosotros pensamos que en este momento las Comunidades Autónomas tienen competencia en la prevención, en la asistencia, en la rehabilitación y en la reinserción de las víctimas del problema. Y la Administración del Estado continúa teniendo la competencia en la represión de los delincuentes, de los narcotraficantes.
Nosotros estimamos que hasta cierto punto podría ser buena esta situación porque, precisamente, cuando todo el mundo tiene claro qué competencias tiene que desarrollar, la buena cooperación entre las instituciones y las administraciones hace que a veces los objetivos que se pretendan sean más fáciles de conseguir, aunque no sea en su totalidad, sí en aquellos aspectos más relevantes.
Por tanto, si me lo permite ahora le voy a hacer una pequeña confesión: en nuestro Grupo no nos preocupa en absoluto que el Plan Nacional contra la Droga haya sido adscrito al Ministerio del Interior. Nosotros nos habíamos preocupado antes, cuando había sido nombrado delegado el señor Garzón. Y es una preocupación que ahora en este momento ya no tenemos.
¿Por qué nos preocupaba? Porque sospechábamos que el buen oficio del señor Garzón podría propiciar una tendencia a aumentar los esfuerzos en la represión y dejar un poco de lado estos aspectos de prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción. O dicho de otra manera, podría aumentarse mucho los esfuerzos respecto a los delincuentes, que ya es muy bueno y en lo que todos estamos de acuerdo, pero dentro de un mismo plan el otro grave problema que son las víctimas podría quedar un poco desasistido.
Nosotros celebramos que en este momento esta incógnita nos haya quedado bastante despejada, sin embargo deberemos ir vigilando este proceso de cooperación entre todas la instituciones en la resolución de estos problemas de la droga y, por suspuesto, celebramos que la Administración haga caso de una comisión como esta Comisión mixta, porque es bueno que los esfuerzos que se están realizando sean tenidos en cuenta para que tenga una relación con la efectividad de las medidas que la Administración aplica.
Señor Ministro, la segunda cuestión se refiere básicamente a las dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Vigilancia Aduanera. Usted se ha referido antes, y es verdad, a que España se ha comprometido a través del Acuerdo de Schengen ya no sólo a dar desde dentro de nuestras fronteras unas garantías, sino que ahora en nuestros límites también debemos garantizar la seguridad a nueve Estados miembros que son los que firmaron el Acuerdo de Schengen. Por tanto, nuestro Grupo considera que en la práctica esto debería significar mayores esfuerzos de control y vigilancia en toda la frontera de nuestro país, porque en realidad este compromiso ya no sólo es respecto al interior de nuestro país, sino también es un compromiso compartido con los ocho restantes Estados miembros que firmaron el Acuerdo de Schengen. Y en este sentido, señor Ministro, mi pregunta es si es cierto que en España desgraciadamente se ha tomado como un lugar de paso, y no precisamente turístico, para la ruta afgana, la turca, la marroquí, la colombiana; y de dónde vamos a sacar los recursos para que este control y este compromiso que hemos adquirido a través del Acuerdo de Schengen para hacer un efectivo control del narcotráfico tanto de nuestro litoral como de nuestras zonas de vigilancia aduanera, ya que en esta época de crisis --usted también se ha referido a ello-- parece que hay una contraposición. Usted ha hablado de unas cifras de recursos, esto creo que es importante, pero quizá, señor Ministro, con el compromiso que se ha adquirido, nos gustaría que nos diese su opinión respecto a cómo ve este tema que para nosotros es de capital importancia.
Para terminar, señor Presidente, quiero agradecer al señor Ministro muy sinceramente que al referirse a los decomisos del año 1993 lo haya hecho exclusivamente al número de kilogramos de las distintas drogas aprehendidas y no haya incurrido en la tentación de trasladarlo al dinero que esto hubiera supuesto en el mercado negro. Señor Ministro, creemos que es muy de agradecer su intervención porque tanto las autoridades de fuerzas armadas como políticas, cuando con buena fe dan estas informaciones de alguna manera podrían estar fomentando mentalidades perversas que están a la espera de
tener noticias de cómo hacer dinero de una manera rápida.
Por tanto, señor Ministro, muchas gracias por su intervención y esperamos su contestación a estas cuestiones que hemos formulado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Para responderle tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR: (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer su intervención en el fondo y en el tono y en la medida en que parece que estamos de acuerdo en aspectos básicos y que hay una información que su señoría me solicita.
Empezaré por el final para llegar al primer punto. En la política de fronteras los Acuerdos de Schengen en realidad lo que hacen es reafirmarnos a todos en unos compromisos que deberíamos de cumplir estuviésemos o no en Schengen, porque nosotros deberíamos de impedir que fundamentalmente nuestras costas pudieran servir como tránsito a cualquier droga o estupefaciente, estuviéramos o no en Schengen. Porque naturalmente eso significaría que estarían invadiendo el territorio y pudiera distribuirse. Por tanto, en realidad los Acuerdos no hacen incrementar las partidas, sino que lo que hacen es reafirmar una voluntad, coordinar una política de fronteras que en nuestro caso podemos potenciar más hacia el litoral, como es lógico, ya que Portugal tiene el mismo compromiso respecto a su litoral y la península queda entonces enmarcada con Portugal y España. Igualmente Francia tiene que reforzar el control por las fronteras que pueda tener en el litoral e interiores. En las interiores se ha de hacer con controles móviles, que es otro esquema de funcionamiento, pero los otros controles no se abandonan; lo que no se va a tener es el control de aduana, pero el control móvil sí, que es ya la experiencia con Francia y que ya se ha puesto en marcha con Portugal, donde incluso existen ya comisarías mixtas y centros de investigación conjuntos, con funcionarios de uno y otro país tanto en la frontera con Portugal como en la frontera con Francia. Pero nuestro cierre es el litoral donde tenemos que ocuparnos de que sea impermeable.
Al mismo tiempo, está el control internacional de las rutas. La imaginación del narcotraficante es amplísima en la medida en que puede diseñar rutas alternativas incluso atravesando toda Africa.
Por tanto, aquí la cooperación con los diferentes organismos de inteligencia de otro países es fundamental. En estos temas la cooperación es imprescindible a todos los niveles, va interrelacionado el tráfico interno con el internacional.
En cuanto a las medidas preventivas es una reafirmación de estas medidas, con el respeto a lo que hemos configurado en la parte administrativa de las competencias del Estado de las Autonomías. Por tanto, hay fórmulas, como las que antes explicaba, que podrían ser mucho más finalistas, si en Presupuestos se fijara así. Sin embargo, se deja un amplio margen, prácticamente se da el dinero, con arreglo a unas variables que producen una justa redistribución, una especie de consejo de política fiscal de la droga para redistribuir las pesetas a las Comunidades. Pero, respecto a las políticas, después también existe autonomía de aplicación. Eso depende, naturalmente, del criterio en este caso del legislador que aprueba las Leyes de Presupuestos y que puede dejar ese margen a las Comunidades Autónomas o hipotecar más la parte finalista.
No obstante, éste es un tema que creo que escapa ahora a lo que sería la discusión de esta Comisión. Es un tema que se puede dejar ahí y llevar un seguimiento sobre la ejecución Comunidad por Comunidad, otra de las cuestiones que podría incentivar el hecho de que Comunidades que no lo tienen como una gran prioridad tuvieran que rendir cuentas de las pesetas que de los Presupuestos del Estado se están transfiriendo y, por tanto, tendría que haber una coordinación, que hecha desde los ayuntamientos por el Gobierno también se tacharía entonces de invasión de competencias. Por tanto, creo que en este equilibrio, globalmente, funciona muy bien. Se puede mejorar, sin duda, y ése es uno de los trabajos que habrá que continuar, pero quiero tranquilizar a sus señorías respecto a que la parte preventiva, la parte asistencial, la parte sanitaria no se va a descuidar, sino que se ha mantenido y ha sido siempre el primer bloque que el Plan ha tenido como objetivo y que se ha visto necesario implementar, dado que se trataba de coger el guión establecido por la propia Comisión en el año 1991.
Nada más. Creo que he contestado a sus preguntas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro,.
Por el Grupo...
El señor VAZQUEZ ROMERO: Concédame diez segundos, señor Presidente, sin abrir ninguna polémica.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Conforme estoy pensándolo me preocupa más una cosa que se ha dicho. Al final de su intervención el señor Asunción ha dicho que quizás le haya acusado de pasado represivo. En ningún caso; estaba hablando de cómo el trabajo de una determinada área puede agilizar las preferencias a ese área. En ningún caso su actuación como alto funcionario de una administración democrática significa que tenga ningún tipo de pasado represivo. Lo digo porque me preocupaba --conforme lo estoy pensando-- que quedara constancia de ello, sin aclaración, en el acta de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Creo que ha aprovechado usted la bondad y debilidad de este Presidente para con usted y su Grupo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con cierto retraso sobre la previsión de horario que había hecho el Presidente y que hago notar, para que quede constancia de que no es el portavoz del Grupo Popular el que causa estos retrasos y, por tanto, quiero decir que haya también la suficiente flexibilidad con el mismo, intentaré explicar nuestra posición y lo que, a nuestro juicio, merece la valoración del Ministro esta tarde aquí.
En primer lugar, permítame recordar, señor Ministro, que esta comparecencia estaba concebida para que compareciera el titular del Ministerio del Interior, en términos generales, que estaba previsto que fuera su antecesor. Entre tanto se ha producido la dimisión del señor Corcuera y su presencia hoy aquí se debe a que dicha comparecencia estaba concebida para rendir cuentas específicamente de los contenidos del Plan.
Con esto no es que quiera empezar siendo descortés, no es que no esté satisfecho de su presencia en esta Comisión; evidentemente, se introducen elementos nuevos sobre la previsión inicial de comparecencia y usted mismo, con su intervención, nos ha dado pie para poder entrar en esta materia. Por tanto, resulta difícil en la intervención centrarse exclusivamente en los términos de valoración del Plan y es necesario introducirse en las nuevas directrices o contenidos del Plan, es decir, lo que son previsiones y proyectos.
La primera duda que me asalta --y supongo que como a muchos españoles-- es cuál es la razón por la que, con esa claridad con la que usted ve en este momento y dice que ha visto el Gobierno la necesidad de adscribir el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas al Ministerio del Interior, no se vio también cuatro meses antes. Si usted dice que en este momento se sigue de la A a la Z los contenidos de la Comisión Mixta, es una pena que ustedes lo hayan visto con tanto retraso, porque el informe es del año 1991, este Plan estaba adscrito al Ministerio de Sanidad y después, nada más iniciarse esta Legislatura, se adscribió al Ministerio de Asuntos Sociales. Por cierto, que hay que agradecer a la señora Ministra de Asuntos Sociales el encomiable esfuerzo con el que explicó en el Congreso, a una pregunta de este mismo Diputado, las bondades por las que estaba adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales y la claridad con la que se veía que tenía que ser así, para tan solamente cuatro meses después recibir de su propia expresión la claridad con la que desde el primer momento se debía haber visto que tenía que estar adscrito al Ministerio del Interior. Por tanto, es una pregunta que me hago como simple espectador y como político, es decir, por qué esa falta de claridad de cuatro meses antes.
Por otra parte, señor Ministro, la pregunta puede formularse a la inversa: ¿Hubiera habido otra razón, de no ser usted el titular, para adscribir el Plan al Ministerio del Interior? ¿Si el señor Corcuera siguiera siendo Ministro del Interior, se hubiera adscrito el Plan Nacional contra la Droga al Ministerio del Interior? ¿Si no fuese el señor Garzón el Delegado Nacional de la Lucha contra la Droga, se hubiera adscrito al Ministerio del Interior? Demasiadas incógnitas que me parece que tienen una sola contestación. No dudo de la eficacia de tener un Plan basado en esos tres pilares, prevención, asistencia y represión --ese es el mensaje que ha dado esta Comisión y ese es el mensaje que debe ponerse en práctica--, pero sí dudo de la finalidad con la que se va a hacer y, sobre todo, sí tenemos muchas dudas de que esta decisión no haya estado muy vinculada a las personas que ocupan la Delegación del Plan y, en este caso, han ocupado u ocupan el Ministerio del Interior.
Por otra parte, señor Ministro, usted ha hecho una valoración que no diré triunfalista pero sí de autosatisfacción del Gobierno en cuanto al cumplimiento de las directrices de la Comisión. Y lo ha hecho en términos, primero, de seguimiento literal de lo que la Comisión expresó y, segundo, de cumplimiento de objetivos.
Le tengo que decir que a nuestro Grupo le parece, como creo que le parece a una inmensa mayoría de los españoles --que, por cierto, está reflejado así en la propia Memoria del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas del año 1992--, que hay una percepción altísima en los españoles, que se cifra en torno al 70 por ciento, de que no estamos precisamente siendo lo suficientemente activos y eficaces, lo que se traduce en un alto grado de falta de confianza en la política que se está siguiendo de lucha contra la droga. Es una encuesta perteneciente al Plan Nacional, está reflejada en la Memoria y el propio Delegado del Gobierno, señor Garzón, nos la leyó en esta Comisión.
Por tanto, me da la sensación de que cuando tantos españoles no están convencidos de que la política seguida es la más eficaz, de que se está siendo lo suficientes activos y se está poniendo la suficiente carga en el tema es que algo de razón debe haber en la cuestión. Puedo aceptarle que en un tema de tan delicada transcendencia puede haber una carga de susceptibilidad, pero creo que es un porcentaje demasiado alto como para que tantos españoles lo perciban de forma equivocada.
Con esto quiero decir que cuando se refleja en papel lo que ustedes nos han dado aquí, este papelito sobre objetivos y cumplimientos, como tantas veces se dice, el papel lo aguanta todo. Por ejemplo, cuando se dice que se han incrementado las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía, eso está muy bien, pero después uno tiene otra sensación cuando camina por determinados barrios de determinadas ciudades, o cuando escucha determinadas situaciones de determinados polos conflictivos de nuestro país. Usted ha mencionado el Plan Sur. Pregúntele usted, por ejemplo, a los señores que viven en La Línea o en Algeciras si en este momento realmente se percibe el mencionado Plan Sur. O pregunten ustedes en un radio, por ejemplo, de 500 ó 600 metros saliendo de esta misma Casa, es decir, en barrios de este entorno, si realmente ha mejorado la situación y perciben la presencia policial con la suficiente eficacia. Mucho me temo que no es así y, por tanto, eso es lo que hay que analizar, es decir, por qué esto no ha sido así y qué es lo que se puede hacer para que pueda mejorarse la eficacia de los servicios policiales y, en general, del Plan Nacional de Lucha contra la Droga, que es, por cierto, lo que nos ocupa en este momento.
Por lo que respecta a lo que usted ha dicho sobre el cumplimiento de los objetivos, la parte legislativa, por supuesto que tengo que decirle y empiezo afirmando que nuestro Grupo se alegra extraordinariamente de la parte que ha sido cumplida; tanto se alegra que ha sido motor en muchos casos, a través de proposiciones no de Ley y de otro tipo de iniciativas, de que esto se llevara a cabo. Pero tengo que decir que se ha hecho con mucho retraso y usted lo sabe bien, señor Ministro, es decir, sabe que la Ley de blanqueo ha entrado con más de un año de retraso en nuestro ordenamiento jurídico, un grave retraso para una Ley tan importante como ésta. Hay otros asuntos, como el tema de los precursores que está sin desarrollar, o como la Ley del Fondo o el propio Código Penal que por los asuntos de la disolución de la legislatura todavía está en este momento en estos términos.
Yo, por tanto, creo que si es cierto que se han dado pasos en el cumplimiento de la legislación, se han dado con mucho retraso y de forma notablemente incompleta.
En cuanto a lo que son medidas, que se llaman aquí «otras medidas», fundamentalmente de dotación a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que es lo más importante, el Plan Sur, yo no voy a entrar en análisis de esos datos que usted nos ha dado como si se ha aumentado 300 ó 400 números o efectivos de la policía o de la Guardia Civil. Lo que es evidente es que no son suficientes, eso también usted lo sabe, y por tanto probablemente usted también me diría que efectivamente no son suficientes; entonces, como estamos de acuerdo, lo que hace falta es ver cómo se pueden mejorar esos recursos, cómo se puede mejorar su eficacia y cómo podemos hacer realmente que las leyes que aprobamos puedan ser eficaces en la medida que tengan recursos. La Ley de Blanqueo de Capitales en sí misma no es nada más que un instrumento jurídico, si detrás de esa Ley de lucha contra el blanqueo de capitales, de Prevención del blanqueo de capitales no hay unos instrumentos del Estado, es decir suficientes, como para hacer efectiva esa ley.
Usted nos ha hablado, por ejemplo, de los servicios de la Guardia Civil, pero como estamos también, insisto, pasando revista y haciendo balance, nadie puede olvidarse, y ha sido un tema que como usted bien conoce ha sido tratado con excelente y exquisita prudencia por, creo, todos los Grupos de esta Cámara. En este período de tiempo, por ejemplo, se desmanteló los servicios de la Guardia Civil de lucha contra el tráfico, porque hubo problema judicial importante, y todavía nunca hemos recibido una explicación lo suficientemente clara de cómo afectó y cómo está afectando al desmantelamiento de esos servicios a la eficacia. Porque parece lógico pensar que un servicio desmantelado y hasta que se vuelve a montar con el personal preparado y eficaz, tiene que haber tenido una repercusión indiscutible en los servicios que venía desarrollando ese servicio, valga la redundancia. Por tanto, no hemos recibido una explicación lo suficientemente clara de cómo va a quedar, cuál fue su repercusión, qué es lo que realmente en este momento va a pasar con esos nuevos servicios que han sido instalados.
Por tanto, cuando usted dice que se ha adscrito a la Policía Judicial, se ha adscrito a la Fiscalía Especial una unidad, en la propia memoria del Fiscal Especial, como usted bien sabe, una vez más este año se vuelve a denunciar que se carece de los medios suficientes. Por tanto, insisto, está bien. Yo siento que es un esfuerzo que se hace de darle medios, pero cuando el propio Fiscal Especial vuelve a denunciar en su memoria la falta de medios suficientes, a mí me parece que la Fiscalía no puede ser sin más una coartada, no puede ser una forma de tranquilizar nuestras conciencias, sino que tiene que ser un instrumento eficaz de lucha contra la droga.
Notables y conocidos jueces, como el señor Bueren, acaban de hacer de nuevo declaraciones --como hacía antes el señor Garzón cuando no era responsable de estos temas sino Juez de la Audiencia Nacional-- en el sentido de que con tan sólo los medios de que en este momento se dispone no se puede ser eficaz en la lucha contra la droga. Lo acaba de decir hace solamente dos meses, como, insisto, lo dijo en su momento el señor Garzón. Por tanto, a mí me parece que en cuanto a medios materiales, medios humanos, medios económicos, francamente estamos muy lejos de considerarnos en un punto de partida eficaz para poder luchar contra este enorme movimiento de capitales, de organización y de criminalidad que está detrás del mundo de las drogas.
Como usted ha mezclado, como no podía ser de otra forma, valoración con proyectos actuales, con objetivos, también me voy a tener que introducir por este camino. Usted ha puesto algunos ejemplos de la eficacia o de lo que se está haciendo en la lucha contra las drogas una vez más centrándose en los decomisos de drogas.
Creo que ha quedado meridianamente claro, no solamente por ya la experiencia de este tipo de datos en estas Comisiones, sino también por lo que nos aportan los organismos internacionales, que las aprehensiones de droga no son elemento lo suficiente claro o al menos no son en exclusiva un elemento lo suficiente claro como para determinar la eficacia de la lucha contra estas organizaciones. Son un elemento que nos aproxima al volumen de droga circulante por nuestro país. Lo veníamos diciendo en esta Comisión, y por primera vez lo ha dicho un Delegado Nacional del Plan contra las Drogas; el señor Garzón ha reconocido por primera vez, como lo venían diciendo los organismos internacionales, que en el mejor de los casos estamos decomisando entre un diez y un veinte por ciento de la droga que circula. Por tanto, si eso es así, es muy fácil hacer una proyección de la droga circulante, y también hacer una estimación de lo que significa eso en términos de consumo y en términos de impacto económico sobre nuestro país. Como tantas veces hemos dicho, eso lo único que nos lleva a pensar es que nuestro país sigue siendo desgraciadamente un país de tránsito para muchas de estas drogas, en un gran volumen, y también de destino. Y cuando vemos que se mantiene prácticamente igual cada uno de estos elementos, como heroína, cocaína, aumento importante de hachís y aumento importante de drogas sintéticas, nos hace pensar que la cosa no va lo suficientemente bien. Y si al mismo tiempo valoramos el número de detenidos, lo que
esto supone sobre la seguridad ciudadana, insisto, nos hace pensar que las cosas no van lo suficientemente bien.
La coordinación con las Comunidades Autónomas: Creo que hay que recordar, señor Ministro, que el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, si no fuera por las Comunidades Autónomas, o por lo menos hasta ahora con las competencias que tradicionalmente tenía, es decir, sin las competencias que ahora tiene a través del Ministerio del Interior, no sería prácticamente nada. El Plan Nacional de lucha contra la Droga fundamentalmente es un plan de coordinación de las acciones de las diferentes Comunidades Autónomas; es decir, hay unos recursos, hay unos programas, pero ejecutan en gran medida estos programas y estas coordinaciones a través de los propios programas de las Comunidades Autónomas. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que hay que darle la suficiente importancia a las Comunidades Autónomas, que hasta ahora por lo menos se le habían dado, y creo que había funcionado prudentemente bien, y hay que pensar que hay que ayudar a las Comunidades Autónomas también a que puedan ejecutar estos programas.
Tengo entendido, y quizás el señor Ministro nos podría informar algo más sobre este tema, que en la última reunión de coordinación autonómica se han producido determinados malestares con las Comunidades Autónomas que por cierto no se habían producido nunca hasta este momento, incluso con la anécdota de que por primera vez se han votado determinadas decisiones, incluso de carácter más o menos anecdótico, pero que se han votado por primera vez, cosa que no había pasado hasta la fecha, y que me da la sensación de que hay un determinado malestar entre los coordinadores de algunos planes autonómicos por percibir una falta de explicación de objetivos y claridad y una falta de colaboración con el Plan. Insisto que hasta la fecha no se había producido y que creo que sería malo que se cortara esa dinámica de colaboración.
Usted ha mencionado un aspecto que quiero comentarle y que comparto con usted. Creo que es importante la labor de la coordinación con los grandes y numerosos municipios de nuestro país que están también desarrollando acciones específicas de lucha contra las drogas. Son fundamentalmente a través de los planes autonómicos como se hacen estos programas de colaboración, pero no hay que olvidar que el Plan Nacional hizo alguna excepción en algún caso como fue, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona que tuvo algún programa directo de colaboración desde el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas.
Quiero aprovechar, por ejemplo, para sacar el caso del Ayuntamiento de Madrid, en donde tiene un plan municipal propio al que destina más de 1.400 millones de pesetas y que no recibe ni un solo duro de su Comunidad Autónoma pertinente. Yo creo que cuando el Plan Nacional tiene colaboración con esa Comunidad Autónoma y está de alguna manera siendo castigado un ayuntamiento tan importante como el de Madrid por parte del llamado e inexistente plan autonómico de Madrid, el Plan Nacional tiene también que tener los mecanismos suficientes como para que los ciudadanos de Madrid no sientan de alguna manera, por extrañas circunstancias que todavía no atino a comprender, un menoscabo en las funciones de las que necesitarían sentirse beneficiados.
Por tanto, creo que el Plan Nacional también tiene que velar por el correcto cumplimiento de los objetivos que determinadas Comunidades Autónomas pueden hacer, y en ese sentido coordinar adecuadamente los niveles municipales y autonómicos.
Nos ha dado usted la cifra que le pedimos al Delegado en la anterior comparecencia sobre los expedientes que se han hecho con motivo de la Ley de Seguridad Ciudadana en diferentes criterios y también las sanciones que se han puesto, pero no nos ha dicho usted, y es una pregunta concreta que le hago, cuántas de estas 30.000 sanciones que usted nos anuncia, por ejemplo, se han hecho efectivas, y cuántos tratamientos alternativos se han puesto como suspensión de esas sanciones, y cuántos se han cumplido.
Me gustaría conocer, como complemento a esta información, si usted considera que se dispone en estos momentos de los suficientes centros o plazas para poder desarrollar coherentemente estos tratamientos alternativos o suspensiones de sanciones que se están poniendo y qué previsión hace usted para que se pueda desarrollar lo que llamamos tratamientos alternativos o penas alternativas en lo que a esto se refiere.
En cuanto a los bienes que se decomisan, a una pregunta formulada a este respecto al Delegado en la última Comisión, se nos contestó aproximadamente, sumando diferentes criterios, que estábamos hablando de unos 2.000 millones de pesetas no sólo en dinero sino también en bienes tangibles que habían sido decomisados el año anterior, pero hemos visto con sorpresa que solamente se contemplan 25 millones de pesetas de un crédito ampliable en los presupuestos generales del Estado. Como todo el mundo conoce, entre todos los grupos hemos acordado la posibilidad de que los bienes decomisados en relación con los narcotraficantes puedan ser destinados a la lucha contra el narcotráfico en sus vertientes de prevención, de asistencia, etcétera. Si los datos que nos facilitó el Delegado se referían a una cifra aproximada a los 2.000 millones de pesetas y solamente hemos visto contemplados en los presupuestos 25 millones, nos parece que podría hacerse un mayor esfuerzo para mejorar unos presupuestos de por sí bastante escasos. Como sabe el señor Ministro, ya tuvimos ocasión durante el anterior período de sesiones de debatir en profundidad los presupuestos y conoce, por tanto, cuál es nuestra opinión. Para nosotros son unos presupuestos escasos, es un año malo desde el punto de vista presupuestario, pero es evidente que se ha establecido un aumento de gastos vinculados a la nueva Secretaría de Estado, aumento que, al menos hasta la fecha, nos parece absolutamente injustificado debido a la falta de competencias.
Usted nos ha dado la cifra de la cantidad que se destina a las organizaciones no gubernamentales pero sin darnos toda la información --permítame que le haga esta reflexión de la forma más suave posible--.
Usted nos ha dado
la información del último año pero no nos ha hablado, por ejemplo, del recorte que sufrieron las organizaciones no gubernamentales en 1991. Por tanto, nos ha hablado de un aumento referido a este último ejercicio, pero hay que decir que en 1991 fueron recortadas las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales por lo que, en términos reales, el aumento ha sido muy escaso ya que --insisto-- se había recortado previamente ese concepto presupuestario a dichas organizaciones.
En cuanto a un tema que usted conoce bien, el de Instituciones Penitenciarias, podemos utilizar todos los matices semánticos que usted quiera, y sobre esto mismo ya he discutido en más de una ocasión con delegados del Plan. Usted ha dicho que todos los internos se ponen en contacto con un programa básico de información, pero en cuanto a eso, señor Ministro, que dicho así resulta muy rimbombante y que parece una cosas muy profunda --supongo que usted se refiere al contacto con el SURI--, tengo que decir que en realidad es solamente una captación de datos por parte del equipo y, en todo caso, una orientación, pero en ningún caso puede entenderse como un programa de atención a drogodependientes, y usted lo sabe muy bien, señor Ministro.
Usted ha dado unos datos que, lógicamente, coinciden con los de la Memoria. Usted dice que 5.400 reclusos han hecho programas de información-motivación, pero esos 5.400 representan el 13 por ciento sobre el total de los reclusos en cuanto a información-motivación que no en cuanto a rehabilitación. Y ha dado un dato, que también se recoge en la Memoria, sobre 2.900 reclusos en programas de rehabilitación, es decir, el 7,25 por ciento. Pues bien, por decirlo más claramente, sólo el 7,25 de reclusos ha seguido un programa de rehabilitación. Lo demás podrá adornarse con bonitas palabras referidas a programas de información o de motivación, pero no dejan de ser poco más que una charla, una orientación, un folleto distribuido, un «kit» sanitario, y todo ello no puede ser entendido seriamente como un programa de rehabilitación. Por tanto, la única verdad es que el 7,25 por ciento de los internos son los que pueden seguir en este momento programas de tratamiento. Además, usted sabe muy bien que no todos los centros penitenciarios tienen unidades especializadas de tratamiento, señor Ministro, y es que no pueden considerarse esos programas como terapéuticos.
En más de una ocasión ya he expresado lo que nuestro Grupo piensa a este respecto. A excepción de Cataluña, señor Ministro, las competencias en instituciones penitenciarias las tiene el Estado; por tanto, es al Estado al que compete poner en marcha esos centros y esos programas. Eso no puede dejarse, como usted dice, a la sensibilidad de las Comunidades Autónomas puesto que no es competencia de las mismas. Nos parece muy bien que se busque su colaboración y que participen en esos programas, pero debería ser en todo caso garantizado por Instituciones Penitenciarias el que una persona, que está privada de libertad pero que tiene un problema de dependencia con las drogas, pudiera seguir un programa de rehabilitación, un programa de tratamiento mediante los suficientes programas homologados en esas Comunidades Autónomas, pero la verdad es que no los hay.
Como usted no ha querido poner ejemplos de Comunidades Autónomas yo tampoco los pondré, pero, como usted bien sabe, yo formé parte de una Comisión parlamentaria que visitó algunas prisiones --Comisión que en principio era de mi propio Partido y que fue interrumpida bruscamente después de haber visitado algunas unidades penitenciarias-- en las que, sin lugar a dudas, no existían esas unidades de tratamiento --y le puedo citar algunas-- porque se nos dijo simplemente que la Comunidad Autónoma de turno no estaba lo suficientemente motivada y sensibilizada para llevar a cabo dichas unidades. En todo caso, creo que no es cuestión de discutir, sino de que se cumplan las garantías. Es Instituciones Penitenciarias quien tiene que hacerlo y esos programas deben ponerse en marcha. Una vez más le digo que estar privado de libertad no significa estar privado del derecho a la salud. Creo que en nuestro país el altísimo grado de personas dependientes de las drogas que están en prisiones haría necesaria, sin lugar a dudas, una mayor atención a este tema.
Usted ha dicho muy de pasada, y yo tampoco quiero dejarlo de decir, aunque lo voy a hacer también muy de pasada, que estas cinco mil y pico personas que entran en contacto con estos servicios de información no significa que sigan siendo drogodependientes cuando están en la cárcel.
No me voy a atrever a decir, porque lo desconozco, en cuánto podemos cifrar en este momento el consumo de droga en las cárceles españolas, pero si con su afirmación lo que ha pretendido decir es que en las prisiones españolas no se consume droga, señor Ministro, tengo que decirle que eso es voluntarismo. Sin lugar a dudas estará en su deseo que así sea, pero usted bien sabe que la realidad es muy distinta, es tan distinta como que todo el mundo sabe que se consume droga en las prisiones españolas y que hay incluso compra-venta de jeringuillas con las que poderse inyectar. Es una realidad que está, desgraciadamente, al alcance de bastante gente. ¿Cómo se mejoran estos servicios? No hay duda de que esto es difícil, pero es una evidencia manifiesta que en las prisiones españolas se sigue consumiendo droga.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego concluya lo antes posible.
El señor ROBLES OROZCO: Voy a concluir inmediatamente, señor Presidente.
No obstante, le rogué al principio de mi intervención una cierta flexibilidad habida cuenta que habíamos calculado un tiempo sobre la base de la intervención del señor Ministro, intervención que ha sido mucho más amplia de lo previsto. Por tanto, para poder contestar a la amplia información que nos ha proporcionado el señor Ministro, tiene que haber también una mayor amplitud en la respuesta.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, concluya simplemente cuando pueda.
El señor ROBLES OROZCO: Termino ya de verdad.
Uno de los temas que también ha abordado el señor Ministro ha sido el del cumplimiento de determinados proyectos que estaban anunciados. Nos ha citado, como una de las cosas que se van a poner en marcha, un programa del Insalud. No se lo tome a mal, señor Ministro, pero tengo que decir que es ya la cuarta o quinta vez que en esta Comisión escuchamos al responsable político de turno anunciándonos la puesta en marcha de ese programa del Insalud, y lo saben muy bien, por cierto, los responsables del Plan Nacional sobre la Droga, que conocen perfectamente que no se ha puesto en marcha ese programa del Insalud que ya nos fue anunciado incluso por el señor Solans en su momento. Fíjese, por tanto, lo que ha llovido desde entonces. Insisto en que el papel y las afirmaciones lo aguantan todo, e insisto en que, sin lugar a dudas, la voluntad por su parte está fuera de toda duda, pero lo cierto es que llevamos ya algunos años escuchando programas que se nos siguen anunciando como proyectos inmediatos y novedosos en cuatro comparecencias sin que se haya puesto en marcha ninguno de ellos. Por tanto, en cuanto al programa del Insalud, que no es nuevo, todos desearíamos que en vez de que se nos vuelva a contar, nos den cuenta de que ha sido puesto en marcha.
En cuanto a las sanciones a los bares, a los «pubs» y a los sitios donde se permite la droga alcohol, de lo que nos alegramos, quiero manifestarle al menos una preocupación.
Nosotros hemos presentado algunas iniciativas en el sentido de cumplir la legislación y la normativa que permita no sólo un mayor control del alcohol que consumen los menores, sino también de los establecimientos donde se permite determinado consumo y venta de estupefacientes, de drogas.
Hemos visto que cuando surge la preocupación social --cuando surge la ruta del bacalao, cuando ocurren las muertes de jóvenes en carretera por el alcohol-- se ponen en marcha dispositivos policiales y se imponen sanciones. Pero mi inquietud reside en saber qué plan tiene previsto, señor Ministro, para que esto no sea una acción coyuntural que responda a los estímulos de la inquietud social, sino que un asunto tan importante como la concienciación de la prevención del consumo de alcohol en menores o como la tolerancia de determinada venta de estupefacientes en algunos centros pueda hacerse de forma sistemática y constante, que no tengamos que ir a ciudades españolas, como ha ocurrido recientemente, y comprobar cómo cerca de la comisaría de la ciudad de turno un determinado bar permite que en la calle haya decenas de jóvenes consumiendo litronas con cierta normalidad.
Yo sé que es complejo, que intervienen diferentes niveles, pero creo que esa acción no puede ser consecuencia de la presión social del momento, sino que tiene que ser una acción constante. Es decir, si se han conseguido éxitos, por ejemplo, en la reducción del consumo de tabaco entre los adolescentes españoles, pienso que lo mismo puede hacerse con el alcohol en cuanto a cambiar hábitos de consumo, y si se hace de forma sistemática y constante, probablemente se podrán conseguir éxitos en ese terreno.
Ahora sí que acabo, señor Presidente, dándole las gracias por su benevolencia y pidiendo disculpas por lo desordenada que ha sido mi intervención, que forzosamente ha tenido que ser así por la avalancha de datos recibida por parte del Ministro, a quien agradezco su información.
Quiero decirle, en todo caso, sea como sea y estando definitivamente adscrito el Plan nacional al Ministerio del Interior, y esperando que no se le ocurra a otra persona que puede estar mejor en otro sitio, que nosotros no nos oponemos --quiero decirlo claramente-- a esa concepción de lucha en los tres ámbitos, sino que creemos que tenía que haberse hecho antes. Sabe usted que esta fue una demanda que hicimos en esta misma Comisión cuando se debatió este asunto. En aquel momento nosotros pedimos que se adscribiera a la Presidencia del Gobierno porque creíamos que era el único ámbito en donde de verdad podría garantizarse una coordinación eficaz entre los diferentes niveles y departamentos de la Administración. Ojalá que usted tenga más suerte que otros responsables y pueda hacer eficaces, de verdad, otros aspectos de la lucha contra la droga, que, a nuestro juicio, son en este momento los más importantes de todos: prevenir, involucrar a las instituciones educativas de este país y generar esa cultura de rechazo por la que todos luchamos y que, desgraciadamente, hasta la fecha no se ha dado.
Insisto una vez más, y al margen de lo que digan los papeles, en que usted sabe muy bien que se han puesto con mucho retraso en funcionamiento los materiales escolares, porque los profesores no tienen los incentivos suficientes y porque el propio Ministerio de Educación no tiene los recursos necesarios para el reciclaje. En definitiva, por muchas razones, lo que llamamos educación para la salud sigue siendo todavía un planteamiento teórico y no práctico y real. Mientras esta educación para la salud no sea una realidad en la mayoría de los centros escolares del país y esté impregnada y concienciada la sociedad de la necesidad de formar para la salud no solamente en los centros educativos, sino también a través de los medios públicos de comunicación y en todos los sectores, va a ser muy difícil que consigamos esa cultura de rechazo.
Para conseguir esa cultura de rechazo, que es en el fondo poner en marcha una política preventiva eficaz, señor Ministro --y cierro ya de verdad mi intervención--, no puede ser que el presupuesto del Plan Nacional contra la Droga destine exclusivamente un 17 por ciento a prevención. Yo creo que hay que invertir los términos. Hay que empezar a pensar más en presupuestos destinados a prevención y hay que empezar, por tanto, a invertir en este momento tendencias de recursos para que seamos eficaces de verdad en la reducción de la demanda.
Muchas gracias, señor Ministro, y espero que pueda contestar a alguna de las preguntas que le he formulado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Para responder, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias.
Va a ser difícil responder porque hay pocas preguntas. Hay una descripción, y tengo que reconocer el esfuerzo que le ha supuesto buscar el aspecto negativo de toda la exposición del Ministro. Sin duda, le ha tenido que llevar su tiempo buscar todo lo negativo. Trataré de ir haciendo la reflexión que el titular del Departamento hace a otra reflexión, que me ha parecido que es lo que se ha hecho aquí.
Si entramos en la primera parte de su exposición, los recursos son para la fijación de objetivos y, por tanto, las estructuras de los Ministerios cambian según los objetivos que se les asignan. Si las competencias del menor en algún momento estuvieron en Justicia, ahora lo están en Asuntos Sociales y si otras lo estuvieron en un Ministerio, ahora lo están en las Comunidades Autónomas, pero, a su vez, no llevan miméticamente los encuadres. Por consiguiente, lo que hay que ver exactamente son los objetivos y a partir de ellos asignar los recursos.
Después del período de transferencias que se ha tenido y después de unos informes que elabora el señor Garzón durante unos meses, desde su incorporación al plan, el Gobierno reflexiona sobre su adscripción y lo traslada a otro Ministerio, porque entiende que es mejor, sobre la base de los informes que hace el señor Garzón, que esté ubicado en el Ministerio del Interior. Ya expliqué antes que recoge prácticamente la totalidad de las propuestas y me ha parecido deducir que, en el fondo, sí había acuerdo en cuanto a las materias o todo lo que era la concepción integral del plan que en estos momentos tiene.
En lo relativo a personas y voluntades, no me gustaría entrar, porque me parece una falta de delicadeza hablar sobre personas que pueden no estar aquí ahora. Eso queda en la hipótesis de cada uno. El Gobierno se basa en unos programas y en unos objetivos, al margen de las personas.
Es lógico que el titular de un departamento haga una valoración positiva de su trabajo. ¡Cómo no! Ya se ha esforzado usted mucho en buscar toda la parte negativa. Vamos a ver si aquí conseguimos equilibrarlo y llevarlo a sus justos términos, porque el trabajo está ahí, aunque, sin duda, haya muchas cosas que mejorar y que modificar. Eso es lo que se trata de hacer, pero se tendrá que reconocer también algo positivo, porque me ha parecido deducir de su exposición que no había nada positivo y que incluso estábamos inmersos en una sociedad caótica, donde el desastre era lo generalizado.
Hay que resolver muchas cosas, sin duda, pero me parece que se ha avanzado muchísimo y no creo que sea una cosa solamente del Gobierno, sino de las Comunidades Autónomas, las cuales responden a diferentes signos políticos, y de los ayuntamientos, donde ocurre exactamente igual.
Hay un avance notabilísimo en materia de asistencia y hay sensibilidad.
La prueba es que el Director General que está al frente del plan en la parte preventiva asistencial es un médico y, por tanto, no se le podrá tachar de su pasado en cuanto a instancias judiciales. Es un médico, un profesional de la salud. Por consiguiente, creo que eso es algo que habría que introducir.
En cuanto al retraso legislativo, seguramente ha habido dificultades. Hay corresponsabilidad en muchas materias y no quiero generar una discusión aquí sobre la ley de blanqueo, sobre posibles retrasos y por quién fueron producidos, porque me parece que es conocido por quienes están en esta Comisión. No voy a entrar a polemizar sobre algo que creo que es una parte del Plan que ya quedó discutido.
Respecto a otro tipo de materias, la memoria del fiscal que se publica ahora debe ser la de 1992, que es la que está completa y se aprecia un avance notabilísimo de lo que supone la investigación por parte de los fiscales.
Yo he anunciado algo más, y lo hice prácticamente a la semana de llegar al Ministerio, y es la necesaria descentralización. Si bien soy consciente de las dificultades y limitaciones que tiene, con la Ley orgánica del Poder Judicial, crear jueces de lo central en las Comunidades Autónomas, creo que habría que profundizar en una descentralización que permitiera desatascar la Audiencia Nacional. Para eso he dado fórmulas alternativas: descentralización tutelada a fiscales con posibilidad de investigación, y digo tutelada, no estoy hablando aquí de lo que es el fiscal instructor, sino del fiscal que investiga con la tutela judicial correspondiente. Son alternativas que pueden agilizar todo este cúmulo de problemas, que, sin duda, tenemos que resolver.
La puesta en práctica del Plan va a facilitar que un juez no tenga que estar coordinando organismos internacionales desde el juzgado, porque no es su cometido. Su cometido es otro en cuanto garante de las libertades de los ciudadanos y del cumplimiento de la ley. Por tanto, tiene que tener otra plataforma. Al Gobierno le parece que esa estructura del Plan Nacional sobre la Droga puede estar ubicada perfectamente donde está para facilitar toda esa tarea de coordinación de las Fuerzas de Seguridad, de los organismos de inteligencia españoles y de otros países, no solamente del entorno europeo, ya que esto no tiene fronteras. Hay que ir hablando de otros continentes, y no parece que ése sea el cometido del juez. Sin embargo, sí parece que sea una tarea que el Gobierno puede facilitar, con la tutela judicial, para una eficaz resolución, sin acortar miras, mirando desde el principio hasta el final. Por eso nos parece que la atalaya es adecuada. Veremos los resultados, daremos un balance de gestión, y podrán ustedes decirnos si hemos o no hemos acertado, pero al menos reconózcanme, en principio, que estamos modificando cosas y estructuras para mejorar los resultados. Se podía haber quedado todo donde estaba y, sin embargo, estamos asumiendo cambios, y siempre que se gestionan cambios producen críticas y algún que otro chirrido. Eso es normal, y asumimos todo lo que sea continuar progresando en esos objetivos que al Gobierno le parecen fundamentales.
En cuanto a preguntas muy concretas, sobre decomisos, dinero, partidas ampliables y otras cifras en cuanto a número concreto de sanciones, como no tengo aquí los
datos, se los facilitaré por escrito a través de la Presidencia de la Comisión.
Me parece deducir alguna contradicción respecto a la labor de coordinación y lo que es finalista del Plan. Son cosas que se pueden modificar, pero siempre que modifiquemos el aspecto finalista rozaremos las competencias que se entienden propias de otras Comunidades a la hora de incentivar ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Todo es modificable en lo que supone la coordinación. Por otra parte, los roces entre ayuntamientos y Comunidades no son novedad en ningún tipo de competencias, sobre todo en ayuntamientos tan poderosos por su volumen como los de Madrid y Barcelona, que en algunos casos encajan mejor y en otros peor. De todas formas, no me parece que debamos entrar nosotros a resolver los problemas de ajuste, y si entráramos, naturalmente lo haríamos con finalidades muy concretas y estaríamos limitando la capacidad de autonomía de más administraciones. Por tanto, creo que es un tema sobre el que se debe reflexionar; la plataforma es la Comisión, y desde ahí habrá que hacer un balance minucioso sobre la finalidad del Plan en cada Administración, sin que ello suponga fiscalizar a nadie. Sí se puede recabar información y hacer ese análisis, y a mí me parece interesante que se haga a la hora de ver cuál es la elaboración.
Sobre los problemas de la Comisión Interministerial, sobre las coordinaciones y los coordinadores autonómicos, seguramente habrá habido algún problema, pero no me parece que tenga una especial relevancia el hecho de que se discuta en una Comisión tan plural, en la que, naturalmente, habrá visiones muy diferenciadas. En mi paso por otras Administraciones he podido comprobar la diversidad de opiniones que hay respecto a la utilización de los recursos del Plan Nacional, en algunos casos, incluso, se pretendía sustituir a la Administración Penitenciaria creando unidades nuevas de cumplimiento, y en otros, había otros criterios. No me extraña que surjan esos problemas, ni me parece que sean graves ni insolubles. Me parece que en el seno de la propia Comisión pueden resolverse perfectamente.
En cuanto a Instituciones Penitenciarias, me va a permitir que discrepe bastante. El SURI es algo mucho más serio de lo que aquí se ha tratado de exponer, en la medida en que hay un contacto, el SURI es un diagnóstico clarísimo. Y en cuanto a la cifra de 7,25 que usted me da como un factor enormemente negativo, le diré que prácticamente la mitad de las personas drogodependientes reciben tratamiento. No puede usted olvidar que no todos los reclusos son drogodependientes, porque una cosa son los drogodependientes y otra cosa son las personas que han consumido alguna vez estupefacientes, o que de forma eventual los consumen. Entraríamos en un símil con el alcohol: quién es alcohólico y qué significa eso en relación con el consumo de estupefacientes. Los programas son voluntarios, no son obligatorios, no pueden serlo nunca. Están incentivados, y hay diversas formas de incentivar, incluso con la progresión, pero también con los filtros y las condiciones determinadas para que el beneficio penitenciario no sea un coladero de conductas delictivas reincidentes. Por tanto, señorías, el tema es mucho más complejo de lo que en principio se trata de exponer. Existen planes en todas las cárceles: unos con unidades terapéuticas exteriores; en otros, el propio equipo de tratamiento puede subsumirse en equipo de tratamiento multidisciplinar, porque tiene médicos, asistentes sociales, etcétera. Es decir, todas las cárceles de España tienen un equipo multidisciplinar que contempla todas las posibilidades, porque el propio régimen penitenciario ya lo contempla. Otra cosa es que unas dispongan de más medios y otras de menos; pero el equipo de tratamiento es obligatorio en todas las cárceles. Otra cosa es que estén cubiertas o no las plazas en algún centro determinado, pero ése es otro problema.
En cuanto a programas homologados, estamos de acuerdo. Trivializar sobre el consumo en las cárceles es tan fácil que le puedo decir que hay tres clases de cárceles: las que aparecen en las películas; las que otros dicen que son y las que son de verdad. Y eso los que llevamos muchos años en este tema sabemos que es así. No obstante, creo que lo que yo diga aquí no va a resolver nada y vamos a seguir con esa imagen de las películas o con la que cuentan otros, que casi siempre es una imagen muy alejada de la realidad.
He tratado de ser muy breve en la exposición, pero recogiendo prácticamente lo que era un matiz a una reflexión. A mí me parece que la valoración global del Plan es positiva y, naturalmente, respeto las opiniones de quienes no lo ven así. Pero los datos están ahí, y estamos dispuestos a comparecer cuantas veces crean sus señorías oportuno que vengamos a dar cuenta de estos temas. (El señor Robles Orozco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, habrá un segundo turno. Le ruego encarecidamente que lo utilice en ese momento.
El señor ROBLES OROZCO: Como el Ministro está utilizando la técnica de contestarnos uno por uno, por deferencia, me parecía mejor terminar ahora. Seré breve.
El señor PRESIDENTE: Creo que debemos dar por fin la palabra al Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra don José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Reitero la bienvenida y el agradecimiento al Ministro del Interior, que ha hecho una amplia exposición sobre la evolución de lo que básicamente compete al Ministerio del Interior en cuanto a la aplicación del Informe de la Comisión Mixta.
Quiero empezar por intentar acotar --porque tengo la sensación de que todos podemos estar un poco confusos-- lo que es el significado de esta comparecencia, al menos en la intención inicial de la mayoría de los Grupos Parlamentarios. Y no es otra cosa que hacer una evaluación conjunta del máximo responsable del Ministerio del Interior, del Ministro, sobre aquellos aspectos que afectaban
al Ministerio del Interior en el Informe de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que siempre haya cuestiones colaterales que se producen y que han sido generosamente abordadas por el Ministro del Interior. Lo digo porque, si no, va a ser muy difícil que en cada Comisión Mixta todos hablemos de todo y siempre de todo. Creo que eso no va a ser posible y es poco constructivo.
Desde el punto de vista del desarrollo de la comparecencia, se ha producido una valoración --me atrevería a decir-- de carácter político-gimnástico, sobre la bondad o no, la virtud o no, de la ubicación de la Secretaría de Estado en el Ministerio del Interior, una vez que ha pasado a asumir las competencias de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Creo que, desde el punto de vista político, es una cuestión de índole menor y algunos portavoces han intentado ver un posible cambio en la orientación, en el sesgo de la filosofía de lucha contra el problema de la droga que tiene el Gobierno. Yo tranquilizaría a sus señorías desde esa perspectiva, porque en el Grupo Socialista estamos plenamente convencidos de que el Gobierno mantiene lo que ha sido esa filosofía en la que las tres patas de la prevención, la rehabilitación y la lucha activa contra el tráfico son fundamentales. Desde luego, nos parece exagerada alguna afirmación que se ha producido aquí, máxime cuando proviene de Grupos que han pedido reiteradamente una coordinación, que el Plan tuviera un amplio abanico de competencias, que es quizá hacia la vía que caminamos en este momento, y por tanto, nos parece bastante positiva.
Por consiguiente, me voy a ceñir sólo a aquellos aspectos que básicamente afectan, en la evaluación del informe de la Comisión Mixta del año 1991, al área de Interior, bien es cierto que la ubicación ahora en el Plan en el Ministerio hace que en última instancia, y seguramente no es ningún regalo, una competencia más pase al Ministerio del Interior.
Lo primero que quería resaltar es que, básicamente --y se ha podido desprender de la mayoría de las intervenciones de los grupos parlamentarios--, las medidas propuestas por esta Comisión Mixta han sido cumplidas en lo que afecta al Ministerio del Interior. Eso es lo primero que una evaluación objetiva y sincera para todos nosotros debería dejar constancia. ¿Habrán sido poco ambiciosas? Seguramente. ¿Habrán podido provocar efectos menores de los deseados? Posiblemente también. Pero la verdad es que el Gobierno ha cumplido básicamente. Algún retraso se ha puesto aquí de ejemplo, como la Ley contra la lucha del blanqueo, que ahora es aplaudida con entusiasmo por algún grupo que en algún momento tuvo una posición ciertamente extraña ante esta materia. Se han aumentado los recursos humanos en la policía y en la guardia civil; se ha puesto en marcha la guardia civil del mar; se ha producido la entrada en vigor de la normativa que el informe de la Comisión Mixta establecía, en lo que es la Ley de Seguridad Ciudadana; se han puesto los planes especiales a funcionar: El Plan Sur, el Plan Galicia y el Plan de Grandes Ciudades.
Por consiguiente, los mecanismos, los instrumentos básicos están en marcha, incluso algunos con resultados positivos.
Por tanto, la Comisión es la que desde su propia responsabilidad, debe de evaluar si, con las medidas que hemos propuesto --y sería de otra manera un poco absurdo--, no se han conseguido en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico todos los objetivos, porque, obviamente, estamos ante un problema seguramente utópico, de gran complejidad, en un país que, además, geográficamente ocupa la posición que tantas veces ha sido comentada.
Yo creo que la intervención del Ministro y el contraste con las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en sólo dos años --no hay que olvidar que hace poco más de dos años que se aprobó el informe de la Comisión Mixta-- nos va a servir para ampliar el campo de nuevas propuestas que en su momento esta Comisión tendrá que formular al conjunto de la sociedad y, de una forma muy directa, al Gobierno de la nación.
No obstante, mientras llegan esas nuevas recomendaciones --que serán coherentes, con lo que fue la postura de esta Comisión y que creo que es la labor fundamental que hay que desarrollar--, me atrevería a animar o a instar, desde el apoyo que el Grupo Socialista presta, lógicamente, al Ministro, a alguna cuestión concreta, como, por ejemplo, a que hagamos el máximo esfuerzo en el desarrollo de las previsiones en la extensión de la guardia civil del mar. Es un tema que viene teniendo un ligero retraso y, desde luego, el Grupo Socialista comparte esta posición con el Ministerio, pero nos parece fundamental a la luz de los resultados que se han producido en este campo de la represión.
También quiero animar a que el Ministerio del Interior --y es algo que viene produciendo una reflexión cada vez más insistente en esta Comisión y en la sociedad, y lo comentaba algún Grupo, pero nosotros qureremos subrayarlo con el mayor énfasis posible-- sea firme en la aplicación de la legislación vigente en cuanto a la venta de alcohol a menores. Creemos que se está produciendo un salto importante --yo creo que por una acción decidida más que por una respuesta social, que también es lógico que así sea--, pero toda firmeza será poca porque es uno de los problemas que más preocupa en estos momentos a la sociedad española.
Asimismo, animo a que los grupos especializados dentro de la estructura de la policía nacional sobre blanqueo de capitales puedan incrementarse en un horizonte inmediato porque es otra de las vías básica para la lucha contra el narcotráfico.
Por último quiero subrayar --porque alguna cuestión se ha planteado y sería descortés, a pesar de la naturaleza de esta Comisión, no polemizar algo con el Grupo mayoritario de la oposición-- que hay algunas afirmaciones que ya se han reiterado aquí en otras ocasiones y yo le invito a que se ponga a reflexionar.
En primer lugar, se ha hecho alusión, con un intento de calado político, al Ayuntamiento de Madrid. No vamos a convertir al Ministro también en responsable de la Comunidad Autónoma de Madrid porque creo que ya tiene bastante con sus competencias.
En segundo lugar, sobre los presupuestos destinados a la prevención, el portavoz del Grupo Popular, que conoce y maneja muy bien la memoria del Plan y todo lo relativo a las cuestiones sobre la droga, sabe perfectamente que ese 17 por ciento del presupuesto que aparece en la página 70, que es lo que globalmente está integrado en el Plan Nacional de la Droga, es lo que gastan las Comunidades Autónomas. Comparto su preocupación por aumentar el dinero en prevención, pero cuando se pone el grito en el cielo hay que empezar por uno mismo.
Señor Robles, la Comunidad Autónoma de Castilla y León --lo puede contrastar en la página 141-- gasta en prevención el 8 por ciento del dinero que dedica. Por tanto, me parece que es bastante más coherente empezar por uno mismo, y con ese esfuerzo conjunto podremos aumentar los recursos en prevención que, sin duda alguna, es el pilar básico de futuro de la lucha contra la droga.
En definitiva, reitero el agradecimiento al Ministro del Interior; constato que en lo que es su área básicamente se han cumplido las recomendaciones de la Comisión Mixta; y apuesto porque esas recomendaciones, que en su momento volverá a formular esta Comisión, puedan ser más ambiciosas incluso, porque yo creo que en un tema de esta envergadura todos debemos serlo, cada uno desde su posición política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Voy a ser muy breve en la respuesta y anoto las recomendaciones que me ha hecho el portavoz del Grupo Socialista en la medida en que compartimos plenamente los objetivos.
Se va a trabajar y se está trabajando en lo que es el control de establecimientos que puedan vender alcohol a menores, así como en la prevención como objetivo fundamental. En cuanto a la Guardia Civil hay que explicar que la política de fronteras que nuestro país tiene que asumir con Schengen supone, desde luego, una prioridad absoluta con lo que es el control del litoral. Por tanto, el desarrollo de la Guardia Civil del mar es uno de los objetivos fundamentales, conjuntamente con el servicio de vigilancia aduanera, para llevar a cabo el control de todo el litoral español, que tiene muchos kilómetros y de momento cuenta con escasos recursos. Por ello tenemos que priorizar las inversiones en este sector.
Abrimos un segundo turno de portavoces.
El señor Robles tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Creo que es razonable, después de una larga comparecencia, que podamos cerrar este capítulo para hacer preguntas que han quedado en el aire.
Para cerrar el capítulo de polémicas con el portavoz del Grupo Socialista le diré que, como bien debería saber el señor Zapatero, porque parece que es Diputado por una provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esta Comunidad no tiene transferidas las competencias de educación hasta la fecha. Y como usted debería saber muy bien gran parte de los elementos de prevención se ejecutan, precisamente, a través de la educación y de la educación para la salud. Con lo cual la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que no tiene competencias en educación y que tampoco tiene, por ejemplo, una televisión pública como la de la Comunidad Autónoma de Madrid, que cuesta bastantes millones a los ciudadanos madrileños, o como la de Andalucía o la de otras Comunidades Autónomas, no puede contabilizar ahí la parte proporcional que destinan.
Aún así, me gustaría que muchas de las Comunidades Autónomas siguieran los programas que sigue ésta.
Usted bien sabe --por eso yo quise resaltar antes la importancia de esa conferencia de coordinación de las Comunidades Autónomas-- que hasta ahora se estaba siguiendo el diseño de esas políticas de forma coordinada en esas conferencias. Por tanto, ese porcentaje sí es válido para saber lo que aplican los programas del Plan Nacional. Y yo lo que le he querido decir al señor Ministro, y lo vuelvo a repetir ahora, es que hay que ser coherentes entre lo que decimos y lo que luego aplicamos presupuestariamente; es decir, si estamos todos enunciando que hay que generar una cultura del rechazo, que en este momento es prioritario reducir la demanda y que es fundamental hacer prevención, tenemos que aplicar luego eso de forma coherente en los presupuestos, y no podemos seguir repitiendo miméticamente, año tras año, los mismos conceptos presupuestarios. Hay que empezar a liderar un movimiento realmente amplio de la prevención para la reducción de la demanda.
Eso es lo que le he querido decir y, por tanto, señor Zapatero, siento que no conozca usted bien su Comunidad, así le ocurren las cosas que le pasan por allí.
Dicho esto de forma más bien suave, señor Ministro, le diré que sí que tiene mucha importancia lo de las Comunidades Autónomas, no es una nimiedad, como usted lo ha querido presentar. Lo que pasó en la última Conferencia es que en los únicos ocho años de duración del Plan Nacional es la primera vez que se vota en una Conferencia interautonómica. Si a usted no le parece importante que hasta ahora todo haya funcionado de forma más o menos consensuada, que por primera vez se vote, siendo Delegado del Gobierno el señor Garzón, que además se vote contra propuestas que hace el señor Garzón, y que además el señor Garzón pierda esas propuestas, votadas incluso por algunos responsables políticos socialistas, yo creo que sí tiene alguna importancia.
En consecuencia, me gustaría que no fuera síntoma de un deterioro de las relaciones con las Comunidades Autónomas y que se entendiera que hay que concebir también el Plan con las sugerencias y con las aportaciones que hasta ahora venían siendo tradicionales en el Plan
Nacional. Por tanto, tiene importancia, y nosotros se la damos.
También tiene importancia lo que pase en otros ayuntamientos tan relevantes como éste porque, si no la hubiera tenido, señor Asunción --comprendo que usted es nuevo en estas funciones y no le habrán transmitido toda la información sus predecesores--, el anterior responsable del Plan no tendría que haber entrado en esa polémica con la Comunidad Autónoma de Madrid, y tuvo que hacerlo; es decir, no estaba haciendo las cosas de forma correcta y estaba, por tanto, afectando al funcionamiento de ese Plan y a lo que estaba pasando con los recursos que se estaban destinando a determinados programas. Así pues, también tiene su importancia.
En cuanto a mi valoración, tengo que decirle, señor Ministro, que la valoración positiva en exceso ya la hace usted, yo no la hago en exceso negativa; es decir, he empezado diciendo que me daba la sensación de que mi valoración coincidía más con lo que pensaba la inmensa mayoría de los españoles que con lo que usted estaba diciendo. La encuesta que viene en la Memoria que está manejando el señor Zapatero en este momento es una encuesta que han hecho ustedes; esa valoración es la que hacen los españoles, no es que la haga yo, y, además, señor Ministro, yo no hurto nunca lo que son puntos de acuerdo, y usted lo sabe. Lo hemos hecho y lo hemos practicado en esta Comisión, y las cosas positivas lo son. Lo que sucede es que queda mucho camino por recorrer para que realmente podamos sentirnos satisfechos en este terreno, y es nuestra obligación venir aquí no a hacer un canto de satisfacción de lo que hacemos, sino a decir lo que nos queda por hacer para impulsar a la Administración, al Gobierno y a nosotros mismos.
La esencia de esta comparecencia, señor Ministro, es evaluar en este momento para volver a emitir un informe que sirva de orientación a las Administraciones Públicas y al Gobierno; por tanto, mal estaríamos haciendo nuestro trabajo si empezáramos haciendo una valoración que no pone el análisis también en las deficiencias que en este momento se detectan en el Plan Nacional. Por eso es por lo que a mí me toca hacer, lógicamente, ese papel, que creo que usted entiende perfectamente.
En cuanto a los temas de instituciones penitenciarias, no quiero insistir en la polémica; creo que el concepto que utilizamos de drogodependiente, efectivamente, no coincide, pero pienso que el que no coincide acertadamente es el suyo. La desintoxicación, como usted debería saber bien, es bastante fácil hacerla en este momento; o sea, desintoxicar a una persona es fácil, lo que no es nada fácil es rehabilitarla, reinsertarla y reeducarla. Eso es lo que en este momento, difícilmente, con los recursos que tienen muchas unidades penitenciarias, se puede hacer. Claro que existen equipos multidisciplinares, pero equipos que son --ellos mismos lo dicen-- incapaces de hacer esa segunda parte. La primera por supuesto que la hacen, y la hacen bien, como cualquier profesional; la parte de reeducación y la parte de tratamiento terapéutico es la que son incapaces en este momento de realizar, no por nada, sino porque no son los más adecuados y porque en muchos sitios no tienen los medios para hacerlo. Y eso es lo que yo le demando: esos sitios, esas plazas o esos tratamientos especializados que nos permitan completar esa fase.
¿Por qué hemos hablado de todo en esta comparecencia? Porque, lógicamente, como ya he dicho al principio, ha cambiado la naturaleza de la comparecencia del Ministro del Interior, no es el señor Corcuera, es usted; no es el Ministro del Interior con competencia sólo en represión, sino que es un Ministro del Interior con competencias totales en el Plan Nacional de Lucha contra la Droga. Por tanto, hay que hablar de qué va a hacer usted para que se cumpla la educación para la salud, qué va a hacer usted para impulsar los programas de prevención, qué va a hacer usted también en los temas asistenciales.
Hay una pregunta que queda en el aire. No sabemos todavía cuál va a ser el organigrama del Plan Nacional de Lucha contra la Droga; es decir, ese organigrama que da la sensación que va a tener, cuanto menos, dos posiciones o ramas distintas, incluso físicamente. Por las noticias que nos llegan, parece que van a estar ubicados simultáneamente unos servicios en las antiguas dependencias que tenían en el Ministerio de Sanidad, y otros en el Ministerio del Interior, si son correctas nuestras informaciones. En consecuencia, ¿van a ser dos áreas distintas? ¿El área tradicional que tenía el Plan con el señor Garrido, y el área del señor Garzón con los temas del Interior? ¿Cómo se van a articular esos equipos? Y, dentro del Ministerio del Interior, ¿qué unidades va a tener el señor Garzón adscritas a él, con qué operatividad, con qué conexiones? Quizá sobre eso también deberíamos tener alguna información más que en este momento no poseemos.
La última pregunta concreta, porque las otras que le he hecho sobre sanciones, etcétera, usted dice que en este momento no puede contestarlas, es qué valoración hace usted del volumen que se realiza en este momento del blanqueo de capitales en nuestro país; es decir, si cree que estamos en un nivel aceptable de captación de esos fondos que se blanquean o de interceptación de esas redes de blanqueo que están operando en nuestro país y si los recursos que tenemos y la previsión que usted hace es optimista en este tema. Si no puede responderme ahora, le ruego que lo haga por escrito.
Otra pregunta muy pasajera es la siguiente. Usted ha mencionado que tenemos pocos recursos --lo ha dicho hace un momento--, por ejemplo, en cuanto a la Guardia Civil del Mar, y una de nuestras patrulleras está patrullando en Yugoslavia, según acaba usted de comentar. Me da la sensación de que probablemente habría alguna otra patrullera o algún otro servicio del Ejército español que podría estar patrullando por Yugoslavia y, ya que tenemos pocos efectivos de la Guardia Civil del Mar para hacer estas prestaciones, posiblemente podría haber sido sustituida por algún otro servicio.
En todo caso, le doy las gracias, señor Ministro, y espero que las preguntas que no pueda contestar, a través de la Mesa de la Comisión nos haga usted llegar las respuestas.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Intervendré para no defraudar al Portavoz del Grupo Popular. Simplemente deseo refutarle que, al margen de otras consideraciones que vienen poco al caso y de las que usted también ha sido partícipe en muchas situaciones que se conocen perfectamente, le diré que su aproximación al tema es incorrecta; lo es porque nada tiene que ver que, en efecto, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tenga transferida la política educativa. La política de prevención se hace con política educativa directa, gestionando, y con otro tipo de áreas, y los ejemplos son claros: la Comunidadd Autónoma de Castilla-La Mancha, que no tiene tampoco transferida la Educación, dedica el 22 por ciento a prevención, casi tres veces más, que lo que destina la Comunidad Autónoma de Castilla y León que, por vía de convenios con el MEC y con otras instituciones formativas y educativas puede dedicar lo que estime conveniente de su porcentaje de presupuesto a la política de prevención.
Tampoco estamos hablando de unos niveles excesivos, porque la comparación más elevada podría ser la de las Comunidades Autónomas que tienen transferida Educación, y fíjese que Cataluña, que la tiene, dedica el 30 por ciento a prevención, y una Comunidad Autónoma como Castilla-La Mancha, que no la tiene, el 22 por ciento. Lo cierto es que Castilla y León está en el nivel más pobre de política preventiva con sus propios recursos y esfuerzos, y por eso le apelaba a que tuviéramos el rigor kantiano de que antes de poner a los demás algo enfrente, nos miremos a nosotros mismos, que es un buen ejercicio en política, con el que se aprende y con el que se construye globalmente para todos.
Tiene la palabra el señor Ministro, para dar respuesta a las preguntas formuladas.
De nuevo me han expuesto un cúmulo de valoraciones que voy a tratar de contestar de la misma manera, de tal forma que se trata de traer aquí, como seguimiento del Plan, incluso el ejercicio democrático de votar.
Nosotros, desde luego, tenemos mucha costumbre de practicarlo y, por tanto, no nos sorprende que se vote en ninguna parte. Yo creo que ésa es una cosa de cultura propia o de ejercicio; a mí no me sorprende, repito, que se vote en un lado, se vota en muchos sitios y no pasa absolutamente nada. Se sigue funcionando y eso supone una expresión democrática de acuerdos y de desacuerdos. Por tanto, ese mismo hecho no tiene mayor trascendencia que el propio acuerdo final.
En cuanto a las polémicas entre Ayuntamientos y Comunidades, se puede mediar hilando más fino los presupuestos finalistas, ya lo dije. Creo que si lo repitiera otra vez entraríamos en un exceso de valoraciones que están ya claramente expuestas. Por ello en la medida en que se vaya acotando y perfilando el nivel habrá menos conflictos y menos independencia o margen de actuación de la autonomía de las instituciones.
En cuanto a concepciones sobre el modelo asistencial en las cárceles yo trataba de rehuirlo, pero el paso por esta institución a veces le hace tener a uno alguna información. Los presos no son del Estado, los tiene recluidos el Estado. Pero en un Estado como el Autonómico, hacer afirmaciones de que la responsabilidad asistencial es del Estado Central supone un desconocimiento absoluto de lo que es la Administración Pública de este país, porque es imposible dar asistencia adecuada si no es a través de los servicios públicos. Dicho de otra forma, el modelo por el cual se ha ido configurando es precisamente el de ir tratando a las personas privadas de libertad desde recursos públicos, ya que es imposible tener una adecuada asistencia sanitaria si no es desde las Administraciones Públicas. Y las transferencias en este país sin tener modelo sanitario transferido, modelo educativo transferido, modelo de asistencia social transferido, etcétera, hace que también tengan que converger a ciudadanos de pleno derecho esos derechos como ciudadano de un territorio determinado.
Por tanto, creo que tratar de privar de los derechos que se tiene como ciudadano de un municipio y también como perteneciente a una Comunidad Autónoma es un gravísimo error de concepción porque precisamente se está haciendo lo contrario. Se está tratando de homologar y de abrir a los servicios públicos lo que es sin duda un tratamiento integral homologado con sus convecinos, al margen de la privación o no de libertad, lo cual supone un error de concepción brutal. De ahí que la participación del Plan Nacional tenga ya programas específicos que se configuran para tener que tratarlos dentro de las prisiones, si no no estarían, y eso además se debe incrementar. No quiero abundar más en este tema que podría ser reiterativo, ya que naturalmente discrepamos en la concepción de modelo administrativo en algunos aspectos. Queda en una discrepancia y punto, son valoraciones diferentes.
Preguntar por el problema de la droga es como preguntar por un ascpecto negativo. Es obvio que siempre tengamos percepciones de mejora de todos los servicios y yo tengo que agradecer en ese sentido las críticas que van en la línea de decir que la valoración debemos continuar mejorándola; tengo que agradecerlo, naturalmente que sí, pero de ahí a afirmar que el balance tenga que ser negativo, en absoluto. Hay cosas que corregir, cosas que redactar y seguramente alguna que otra cosa que modificar, sin duda, pero ésa es la andadura que supone el trabajo del día a día, pero la valoración del Ministro es positiva. Por tanto, yo respeto las opiniones del Grupo Popular, pero me parece que ustedes están poniendo el énfasis en acentuar toda la parte negativa obviando una valoración global, aunque naturalmente se lo acepto.
En cuanto a la pregunta de cómo va a estar estructurado, es fácil responderle. A toda la primera parte que hasta ahora conocemos como el clásico Plan Nacional sobre la
Droga se incorpora una estructura de gabinete, diríamos de inteligencia, que tiene que coordinar las diversas instituciones que convergen en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, ahí también convergen servicios de información y operaciones determinadas como las que se están llevando a cabo. Prácticamente eso es lo que hay en esas dos subdirecciones que se tienen que complementar en el organigrama y que se van a regular a través de un Real Decreto que se llevará este mes al Consejo de Ministros para su ordenación con la relación de los puestos de trabajos que van a configurar toda la parte que se va a implementar con miembros del Ministerio del Interior, donde hay fuerzas de seguridad y también funcionarios que no responden ni al estatuto policial ni al de la Guardia Civil. Por consiguiente, es un complemento amplio que responde a lo que acabamos de explicar, con dos subdirecciones más en ese organigrama.
Naturalmente los recursos son los que hay, trataremos de racionalizar y de ir incrementando los objetivos prioritarios, mantener los que se tengan que mantener y suprimir los que se tengan que suprimir, para que nos cuadren las cuentas. Que lo mismo que se ingrese se pueda gastar y no nos quedemos con déficit. Por tanto, sin duda sería deseable tener más dinero.
Sobre el último tema no voy a hacer ninguna reflexión, me parece lo suficientemente serio como para que lo tratemos aquí de forma superficial. La conveniencia o no de tener una presencia de Guardia Civil en lo que se llama la «operación Danubio» es un tema que se ha tocado ya en otra Comisión y comentar si se debe tener o no esa patrullera allí, sería entrar en un debate que quiero mejor obviar en la medida en que no hay ninguna intencionalidad negativa en la exposición y que simplemente es una pincelada de esas que uno da de paso y con la que a lo mejor se toca un tema de una especial sensibilidad. Lo dejo aparcado.
En cuanto al volumen de blanqueo, nos gustaría tener una mayor acción sobre esto. Precisamente en eso se trabaja, en coordinar el Plan en todas sus vertientes, en ir descubriendo cada vez más e ir impidiendo que se blanquee. En cuanto al volumen, no lo sé, y creo además que es muy difícil hacer un diagnóstico. Si fuéramos capaces de hacer el diagnóstico, tendríamos también el origen. Sin duda, los acuerdos internacionales van contribuyendo a que todo esto mejore así como ir introduciendo corsés e ir obstaculizando. Porque en realidad si consiguiéramos que esa franja de lo que es el blanqueo quedara resuelta, tendríamos un gran avance en lo que es el estímulo de aquellos que trafican con la droga. Por tanto, si quitáramos ese estímulo y la posibilidad de blanquear el dinero, repito, habríamos obtenido un gran avance. Le informaré sobre suposiciones que pueda haber a nivel internacional, ya que es muy difícil deslindar en el contexto europeo lo que usted me pide. No obstante, una aproximación sobre el mecanismo no tengo ningún inconveniente en enviárselo por escrito.
Nada más, no merecen mayor atención las cuestiones sobre televisiones de Madrid o de Galicia. En cualquier caso, la valoración del Plan a pesar de su reflexión es altamente positiva.
Ha concluido el turno de los diversos Grupos Parlamentarios para expresar su opinión y hacer preguntas. Ahora pasamos a un turno que corresponde a los miembros de la Comisión y que es básicamente para formular preguntas; por tanto, deben ser breves.
Por favor, ¿quiénes desean intervenir? (Pausa.) El señor Cardona tiene la palabra.
Intervengo para pedir una puntualización al señor Ministro que en el curso de su información ha mencionado pero que yo no he sabido entender muy bien.
Más que entrar en valoraciones personales sobre la ubicación y el traslado del Plan de un Ministerio a otro, entendemos que es responsabilidad de quien la tiene, en este caso del Presidente del Gobierno y sus Ministros, quienes seguramente, después de haber hecho el estudio pertinente, habrán creído más oportuno ubicarlo o trasladarlo donde está. En cualquier caso, puesto que el sujeto más importante de toda la lucha contra la droga es el drogodependiente, una vez conseguido que se le conciba como un enfermo, creemos que Sanidad es un Ministerio adecuado para llevar el tema.
Ahora bien, no es eso lo más importante. En la lucha contra la droga lo que hace falta es incidir desde diferentes aspectos, desde lo que el portavoz del Grupo Socialista ha denominado «las tres patas», con responsabilidades en los diferentes grados de Administración. Y también estamos de acuerdo en que la llamada lucha represiva no ha dado resultados satisfactorios y de ahí el temor que para nosotros puede tener el cambio de ubicación si ello diera a entender que se insistía en exceso en ella.
Tengo información relativa a que era objetivo del Plan llenar el equipo de la Delegación con otras personas que completaran esa visión más global de la cuestión. ¿Se ha completado el equipo de la Delegación del Gobierno en el Plan Nacional de la Lucha contra la Droga? Y, si es así, ¿se ha tenido en cuenta esa globalidad de aspectos? Nada más. Ahora sí, señor Presidente, en nombre de nuestro Grupo quiero agradecer la contestación que ha dado el Ministro a las cuestiones planteadas por el Senador Bertrán. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO DEL CUBILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con mucha brevedad.
Venimos insistiendo todos, y me parece muy bien, en que hay que arruinar a los narcotraficantes. Por eso voy a hacer una pregunta muy concisa. Los delitos de tráfico de drogas son siempre, siempre --lo recalco-- delitos dolosos, que producen muertes y lesiones. Por eso se les llama
delitos contra la salud. Los delitos que comete, a título de ejemplo, el personal sanitario en el desarrollo de sus funciones pocas veces son delitos dolosos y casi siempre delitos culposos, que producen muertes y lesiones.
Conozco --y esto tiene relación con el epígrafe de la pregunta-- muy pocos casos, quizá sólo dos, en que los representantes del Ministerio Fiscal han solicitado responsabilidades civiles «ex delictum» para los narcotraficantes y conozco decenas de cientos de casos en que los representantes del Ministerio Fiscal solicitan responsabilidades civiles «ex delictum» para este personal sanitario. ¿Me podría decir cuáles son las razones de esta diferencia de trato? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Para responder, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Mi respuesta a la pregunta que planteaba el señor Cardona relativa al organigrama es que falta completar la relación de funcionarios adscritos al Ministerio del Interior. Por tanto, la parte asistencial y preventiva del Plan que hasta ahora ha funcionado sí está completa, pero queda por finalizar la ampliación de competencias que tiene ahora el Plan Nacional de Lucha contra la Droga, que es la coordinación de todos los estamentos que antes describíamos. Eso estará resuelto este mes con un Real Decreto que regula ya el personal que se adscribe, personal del Ministerio adscrito al Plan Nacional, las subdirecciones y el organigrama.
No se va a descuidar, en absoluto, lo que es la parte asistencial y sanitaria. De hecho la sensibilidad por este tema hace que haya un médico al frente de la Dirección General. Por tanto, me parece que en este sentido podemos dar satisfacción a su señoría, diciéndole que ese es uno de los esquemas que nos parecen importantes, por lo que no se va a descuidar en absoluto.
En cuanto a la pregunta que me hace el señor Moreno, la verdad que sería algo que debería responder el Ministerio Fiscal, porque el Ministro del Interior muchas veces también se podría hacer alguna pregunta de este tipo con arreglo a otros delitos. No obstante, creo que en este sentido no sería difícil obtener la respuesta del Ministerio Fiscal, aunque puede haber diversidad, incluso complejidad también. Pero esto es una suposición del Ministro del Interior. No quiero representar a nadie, ni muchísimo menos al Ministerio Fiscal, ni que nadie lo interprete así, sino que tal vez la dificultad muchas veces existe en lo que respecta al narcotráfico en aquellos portadores que son utilizados por el narcotraficante, concretamente extranjeros. En España hay un buen número de colombianos y marroquíes ingresados en las cárceles y que han sido utilizados. De ellos, ¿cuál es el narcotraficante potencial y cuál es la víctima, entre comillas, del narcotraficante, pero que no tiene peligrosidad en cuanto al crimen organizado? Es una cuestión compleja y es aquí donde realmente el Plan Nacional de Lucha contra la Droga tiene que hacer de enlace entre la Fiscalía y la Justicia y después con la institución penitenciaria, para impedir que la condena tenga el mismo tratamiento, que en muchas casos para el narcotraficante es también de prisión menor, cuando, sin embargo, la potencialidad delictiva es muy elevada, por lo que habría que pedir responsabilidades, sin duda, como decía su señoría.
Con toda esta complejidad, lo que se pretende ahora es que el Plan descifre también para que facilite la información adecuada al Fiscal a la hora de hacer la petición y, naturalmente, que después, en el cumplimiento de la condena, el narcotraficante tenga un tratamiento diferente, por su potencialidad delictiva, al que pueda tener una víctima, entre comillas, del narcotraficante, que es ingresada en prisión también. Pero no me atrevo, naturalmente, a darle más orientación que una mera reflexión. Y el por qué hacen esto los fiscales lo debería decir el Ministerio Fiscal.
Confío en que esta comparecencia del señor Ministro del Interior y las variadas intervenciones de los portavoces y miembros de la Comisión hayan servido para que esta Comisión avance en lo que es su misión principal: es el estudio del problema de la droga en nuestro país.
Señor Ministro, en nombre de la Comisión, muchas gracias por su comparecencia.
Eran las veinte horas y cinco minutos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 23
 artículo 26
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto