Source: https://www.slideshare.net/PabloNicolasMendoza/diputado-pablo-mendoza-e1912524042012-abortos-no-punibles
Timestamp: 2017-12-14 21:13:58+00:00

Document:
Diputado pablo mendoza e19125-24042012 abortos no punibles
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1. PROYECTO DE LEYLA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY: “PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE SOLICITEN PRACTICAS DEABORTOS NO PUNIBLES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 86 INCISOS 1° Y 2° DEL CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA”ARTICULO 1º: OBJETO.Institúyase el procedimiento para la asistencia sanitaria integral de prácticas de aborto nopunible, contempladas en el artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal.-ARTICULO 2º: AMBITO DE APLICACION.El procedimiento que se detalla en la presente Ley, será de aplicación obligatoria en la redhospitalaria pública de la Provincia de Entre Ríos.-ARTICULO 3º: PROCEDIMIENTO.Ante la solicitud o situación de un aborto no punible, según las causales previstas en los incisos1° y 2° del artículo 86 del Código Penal de la República Argentina, se deberá actuar de acuerdo alAnexo I, que forma parte de esta Ley.-ARTICULO 4º: AUTORIDAD DE APLICACIÓN.Facúltese al Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, como autoridad de aplicación,para que en el término de 20 días corridos de la promulgación de la presente Ley, proceder aemitir la resolución Ministerial que implemente efectivamente el procedimiento de actuación enel ámbito público hospitalario, en los términos fijados en la Guía Técnica para la AtenciónIntegral de los Abortos no Punibles, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual yProcreación Responsable, del Ministerio de Salud de la Nación.-ARTICULO 5º: DE FORMA. AUTORES: Juan José Albornoz Pablo Nicolás Mendoza ANEXO I
2. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE SOLICITEN PRACTICAS DE ABORTOS NO PUNIBLES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 86 INCISOS 1° Y 2° DEL CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINAARTICULO 1°: AMBITO DE APLICACIONEl siguiente procedimiento será de aplicación para la asistencia sanitaria integral de prácticas deabortos no punibles, exclusivamente en el ámbito de la red hospitalaria pública de la Provinciade Entre Ríos, en los casos contemplados en el artículo 86, segundo párrafo, incisos 1º y 2º delCódigo Penal.-ARTICULO 2º: PAUTAS GENERALES:La realización de una interrupción voluntaria de un embarazo solo será aplicable en los casos demujeres que se encuentren en las situaciones referidas por el artículo 86° del Código Penal y porlo cual poseen el derecho de acceder a la práctica de un aborto no punible.Debido a que la interrupción voluntaria del embarazo conlleva la necesidad de contar conrecursos humanos, equipamiento e infraestructura adecuados, la práctica será llevada adelanteexclusivamente en el ámbito hospitalario.Para la realización de los procedimientos médicos que conlleva la práctica del aborto no punibledeben respetarse las pautas estipuladas en la presente Ley y debe siempre intervenir unprofesional de la salud matriculado como médico/a especialista en tocoginecología.La práctica de aborto no punible se realizará previa constatación por parte del médicointerviniente de la existencia de alguna de las siguientes causales: a) Cuando exista peligro para la vida de la mujer. b) Cuando exista riesgo a la salud de la mujer. c) Cuando el embarazo sea producto de una violación. d) Cuando el embarazo sea producto de un atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental.Para la realización de abortos no punibles, es imprescindible en todos los casos contar con elconsentimiento informado de la mujer embarazada. En el caso de las mujeres menores de 14años o declaradas legalmente incapaces, que no puedan consentir el acto, se requerirá elconsentimiento informado de uno de sus representantes legales y, ante la ausencia de este ohabiendo intereses encontrados entre ambos, se dará intervención al Ministerio Publico Pupilar.
3. El consentimiento informado es una condición sine qua non para proceder con la intervenciónen todos los casos referidos por esta Ley.Dicho consentimiento debe ser considerado como un proceso en el que la interacción de lapaciente con el médico garantice una decisión absolutamente libre, tomada luego de recibirinformación veraz y científica, comprender y analizar las instancias del procedimiento de lapráctica solicitada.En todo el proceso se deberá respetar el principio de confidencialidad y privacidad a fin degarantizar que las consultas realizadas en el marco de los abortos no punibles no seandivulgadas, prohibiéndose usar toda información relacionada con el caso.Cuando el embarazo sea producto de una violación o atentado al pudor de una mujer condiscapacidad mental se requerirá, además del consentimiento informado, una declaraciónjurada, denuncia policial o denuncia judicial de la mujer o en caso de impedimento, de surepresentante legal.No se debe requerir ningún otro tipo de constancia, documentación o información, ni realizargestión alguna entre otras personas e instituciones. Si existiera una denuncia, policial o judicial,esta se tomará como equivalente a la declaración jurada, pero en ningún caso será condiciónexcluyente la existencia o no de la denuncia para la realización del aborto no punible.Para que este proceso se lleve adelante, la dirección del hospital como así también de los centrosde primer y segundo nivel de atención, deberá realizar un registro de trabajadores/as de saludobjetores de conciencia, a quienes se los eximirá de realizar las prácticas que conlleva lainterrupción del embarazo en los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal.Asegurando que el ejercicio de tal derecho, no se traduzca en derivaciones o demoras quecomprometan la atención requerida para el cumplimiento de la presente Ley.Para procurar la atención integral de las situaciones, se recomienda constituirse equiposinterdisciplinarios a fin de garantizar el acompañamiento en caso de ser requerido por el médicotratante, cuya función será auxiliar y participar en el proceso que conlleve la práctica del abortono punible. Además se deberá ofrecer asistencia psicológica desde el momento en que se solicitala interrupción del embarazo y hasta después de realizada la intervención, gozando de prioridaden la asignación de los turnos. Asimismo se ofrecerá asesoría legal post aborto, quien deberáinformar a la paciente los derechos que le asisten. Los integrantes del equipo interdisciplinariono serán objetores de conciencia.Desde el primer momento deberá brindarse asistencia psicológica a la embarazada y cuando elprofesional de la psicología lo aconseje a su grupo familiar, extendiéndose el mismo después de
4. realizado el aborto no punible, recomendándose por un plazo de no menor a 3 (tres) meses. Estaasistencia deberá contar con el consentimiento de la mujer.Efectuada la práctica, el hospital deberá contar con servicio de consejería post-aborto a losefectos de brindar asistencia necesaria para la protección de la salud integral y garantizar losderechos sexuales y reproductivos de la mujer.ARTICULO 3°: PROCEDIMIENTOAnte la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el/la médico/a tratante debeconstatar que tal solicitud se encuadra en el artículo 86° de Código Penal, y determinar en cuálde sus causales:I.- Cuando exista peligro para la vida de la mujer.II.- Riesgo a la salud de la mujer.III.- Cuando el embarazo sea producto de una violación.IV.- Cuando el embarazo sea producto de un atentado al pudor de una mujer con discapacidadmental.En todos los casos se deberá cumplir con los siguientes principios:  Autonomía: Debe respetarse el derecho de la mujer de decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida.  Confidencialidad: El deber de respetar el secreto profesional implica disponer de todos los medios para que las peticiones o consultas de parte de las mujeres y la información sobre la práctica del aborto no punible no sean divulgadas, asimismo se prohíbe el uso de toda información relacionada con un caso de aborto no punible en provecho propio.  Privacidad: Los servicios de aborto no punible deben respetar la privacidad de las mujeres.  Integralidad: Los servicios de aborto no punible deberán prestarse de manera integral, incluyendo educación, información, prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación y todos los demás servicios y actividades que demanden la preservación de la salud y el nivel más alto de salud posible para las mujeres.  No Judicialización: Es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el artículo 86 del Código Penal.
5.  Celeridad: A las mujeres que soliciten o requieran un aborto no punible se les garantiza una atención ágil e inmediata. En los hospitales en donde se lleven adelante las prácticas de aborto no punible se debe procurar que éstos puedan ser brindados lo más pronto posible y se prohíbe en todo caso la imposición por parte de las instituciones o su empleados/as de requisitos adicionales o innecesarios.El/la médico/a tratante deberá además evaluar:a) CAPACIDADEn todos los casos se requerirá documentación que acredite identidad de la mujer que solicita lapráctica, se deberá verificar la edad de la embarazada y en caso de ser necesario identidad de surepresentante legal.En el caso de las mujeres con discapacidad mental, o menores de 14 años lo solicitará surepresentante legal, quien deberá acreditar tal condición. Sólo se requerirá la firma de uno deestos.En todos los casos las niñas y adolescentes tienen derecho a participar del proceso deliberativo yde la toma de decisión, en función de su edad, capacidad de discernimiento y madurez; debiendosu opinión ser tenida en cuenta siempre, conforme lo previsto en la Convención de los Derechosdel Niño. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, y adolescentesfrente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros (según LeyNº 26.061 artículo 3º) En caso de negativa injustificada por parte del representante legal, podrárequerirse la intervención del Ministerio Público Pupilar el cual deberá expedirse dentro de las24 horas del requerimiento.b) DECLARACION JURADASolo será exigible en el caso de que el embarazo sea producto de una violación o un atentado alpudor de una mujer con discapacidad mental y no se haya efectuado denuncia alguna.Este documento tendrá validez legal. En él la mujer, o en su caso su representante legal,manifestará por escrito, con carácter de declaración jurada, que el embarazo ha sido producto deuna violación y que por esta causa solicita se le practique la interrupción voluntaria delembarazo.Esta declaración podrá ser elaborada de puño y letra o en un formulario confeccionado para talfin. Debe ser incluida en la Historia Clínica de la paciente, con firma, aclaración y numero deDocumento Nacional de Identidad por ella o su representante legal.
6. En caso de existir denuncia policial o judicial del hecho, ésta se adjuntará a la Historia Clínica, nosiendo necesaria la Declaración Jurada.Las/los profesionales de la salud no pueden requerir ningún otro tipo de documentaciónadicional a la declaración jurada o constancia de denuncia mencionada.En caso de que hubiere una denuncia policial o judicial, se deberá prestar especial atención alresguardo del material genético, en las condiciones adecuadas según técnica para conformarpruebas requeridas, notificando al juez interviniente.En caso de que no existiera denuncia se deberá informar a la paciente la posibilidad de realizarlay del resguardo del material genético para una posterior acción judicial si así lo decide.c) ESTUDIOS PRELIMINARESCumplimentados los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo 3º del presente Anexo, elprofesional interviniente procederá a realizar los estudios médicos complementarios necesariospara realizar la interrupción voluntaria del embarazo acorde al arte de curar en relación alprocedimiento a realizar.Estos estudios estarán orientados a confirmar el estado de gravidez de la mujer, las semanas degestación, estado de salud y a valorar otros factores de riesgo que puedan afectar la realizacióndel aborto no punible.Dichos estudios no podrán conllevar una demora superior a las 72 hs.d) CONSENTIMIENTO INFORMADOCumplimentado lo establecido en los incisos a), b) y c) del presente artículo, se procederá ainstrumentar el consentimiento informado (Ley 26.529 derechos del paciente).Debe quedar asentado en la historia clínica el tipo de información brindada a la mujer, y laconstancia de que pudo comprender dicha información. Asimismo, debe existir la debidaconstancia del consentimiento para efectuar la interrupción del embarazo suscripto por la mujery por el/la médico/a tratante.En el caso de la mujer con discapacidad mental, enfermedad que le impida manifestarse o niñasmenores de 14 años, se debe seguir el mismo procedimiento con uno de sus representanteslegales.Si la mujer por algún motivo cambiara de opinión, esta revocación de consentimiento debe estarfirmada por ella de puño y letra y adjuntarse a la Historia Clínica.
7. e) DERIVACIONIndependientemente de las causales por las que se solicite el aborto no punible, en casos endonde exista riesgo de vida para la mujer embarazada, y deba derivarse a otro hospital de mayorcomplejidad; se debe seguir el siguiente procedimiento:e.1) El médico que recibe la solicitud de aborto no punible, deberá comunicarse inmediatamentecon el director del hospital y/o el médico de guardia a cargo para derivar a la mujer embarazadapara la realización de la práctica médica de la interrupción del embarazo, acordar traslado,recepción e informar motivos de la derivación como así también dejar constancia en la historiaclínica que profesional recibirá la derivación la cual deberá ser autorizada por la mujer o surepresentante legal.e.2) Junto a la derivación, en sobre cerrado, deberá adjuntarse: copia de Historia Clínica,declaración jurada o denuncia policial o judicial en caso de corresponder, consentimientoinformado, y resultados de estudios complementarios realizados si los hubiere.e.3) El plazo de traslado de la paciente al efector de mayor complejidad no debe extenderse másallá del tiempo medicamente establecido para no dilatar la realización de la práctica.e.4) El hospital que recibe la derivación para realizar el aborto no punible, debe respetar ladocumentación que ya ha cumplimentado la paciente en el hospital de origen del traslado:consentimiento informado, declaración jurada o denuncia policial o judicial en caso decorresponder y estudios complementarios realizados si los hubiere. El nuevo médico receptor dela derivación solo podrá ampliar el consentimiento informado si resultase necesario, estaampliación no podrá tener tachaduras ni enmiendas y solo se harán nuevos estudios necesariosa criterio medico sin que esto constituya una demora injustificada al procedimiento.Desconocer estos documentos y someter a la paciente que requiere el aborto no punible aestudios médicos ya realizados, será considerado violatorio de sus derechos, y pasible desanciones por dilatar la práctica de aborto no punible.e.5) El director del hospital y/o equipo médico receptor de la derivación de la mujer solicitantede aborto no punible serán responsables penal, civil y administrativamente de cualquier dilacióno violación de la voluntad expresada por la mujer en riesgo si no se procede de acuerdo a losplazos medicamente establecidos para la interrupción de la gestación.f) INTERRUPCION DE LA GESTACIONCumplimentado el consentimiento informado, los estudios médicos complementariosrequeridos, y según la urgencia del caso y las causales que dieron origen a la solicitud del aborto
8. no punible, se procederá siempre de acuerdo a la técnica más segura y menos perjudicial para lasalud de la mujer, en un plazo no mayor de 7 (siete) días corridos.Una vez realizada la práctica de aborto no punible, y antes de que se produzca el altahospitalaria, se debe realizar la consejería post-aborto, con el objetivo de la protección integralde la salud y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Los/las profesionalesde la salud que integren el servicio de post-aborto no podrán ser objetores de conciencia.ARTICULO 4°: OBJECION DE CONCIENCIATodo profesional de la salud tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a lapráctica del aborto no punible.La Dirección de cada establecimiento de salud que conforma la red sanitaria pública de laprovincia, deberá realizar un registro de objetores de conciencia a fin de que dicha autoridadpueda asegurar el cumplimiento efectivo de la presente Ley.La objeción de conciencia siempre debe ser individual y no puede ser institucional. Debe serdeclarada por el/la profesional de la salud al momento de iniciar sus actividades en elestablecimiento o en un plazo no mayor de 60 días corridos a partir de la entrada en vigencia dela presente Ley. El profesional objetor deberá manifestar la objeción por escrito dejandoconstancia que la misma lo es tanto en el ámbito público como en el privado. Tal decisión serátenida en cuenta de allí en adelante para organizar los servicios del nosocomio en donde éstecumpla sus funciones.Salvo en dilación injustificada, la objeción de conciencia no puede traer aparejada sanción deningún tipo, y el objetor puede dejar sin efecto su objeción en cualquier momento en formaescrita.Independientemente de la existencia de profesionales de la salud que sean objetores deconciencia, toda institución en la que se lleve a cabo la práctica de aborto no punible debegarantizar otros/as médicos/as que puedan realizar las prácticas para garantizar la prestación.Las autoridades sanitarias correspondientes son los responsables de garantizar los reemplazos osustituciones de profesionales para asegurar la práctica del aborto no punible.Los/as director/as de hospitales solo podrán ser objetores de conciencia si debido a suespecialidad tuvieran que participar de alguna practica que implica el aborto no punible. En casode que el/la director/a sean objetores de conciencia para los casos de aborto no punible, sedeberá informar en forma escrita y urgente al Ministerio de Salud para que arbitre las medidasalternativas para cumplir con la presente Ley.
9. Las mujeres deben ser informadas desde la primera consulta que realicen con motivo de lapetición de interrupción voluntaria del embarazo, sobre los/as profesionales del equipo de saludque se hayan registrado como objetores de conciencia.Ningún tipo de objeción, puede ser invocada para eludir el deber de participar en un tratamientoque sea de carácter urgente cuando este en riesgo la salud de la mujer gestante.Las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa y la reticencia para llevar a cabo eltratamiento por parte de los profesionales de la salud y las autoridades hospitalarias constituyenactos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.ARTICULO 5°: PLAZOSLa práctica de un aborto no punible deberá realizarse dentro de los primeros 10 días corridossiguientes a la solicitud de la mujer o su tutor o tutora según corresponda.ARTICULO 6°: SANCIONESEl incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, puede dar lugar a la aplicación desanciones que serán impuestas por las autoridades administrativas competentes en ejercicio desus funciones.El proceso sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a solicitud de la parte interesada, porinformación del funcionario público, por denuncia, o queja presentada por cualquier personaque ha tomado conocimiento de la comisión de un delito penal o civil, o como consecuencia dehaberse tomado con antelación una medida de seguridad o preventiva.Si los hechos que son materia del proceso sancionatorio fueren constitutivos de delito, sepondrán en conocimiento de la autoridad competente, acompañados de las pruebas pertinentes. AUTORES: Juan José Albornoz Pablo Nicolás Mendoza
10. FUNDAMENTOSHONORABLE CAMARA:1.- Introducción Por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercerun derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921 en el artículo 86,segundo párrafo del Código Penal: el derecho de acceder a un aborto en los casos permitidos porla ley.- En el ejercicio de este derecho se ponen en juego numerosos derechos humanosreconocidos por la Constitución Nacional como los principios de igualdad, la autodeterminación,la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación. Por consiguiente, el derecho de lasmujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente underecho humano de orden constitucional.- El Estado, entonces, está y siempre estará obligado a garantizar el ejercicio real yefectivo de ese derecho. Sin embargo, por décadas este derecho quedó desdibujado, o fue malinterpretado; seguramente también fue tratado mediante la desinformación o la tergiversación.La lucha de las organizaciones sociales y de mujeres frente a diversas situaciones logrómodificar ciertas prácticas, pero el cuadro general de aplicación del artículo 86 permanecióampliamente sesgado.- En Entre Ríos, en los últimos años, podemos dar cuenta de numerosos ejemplos deprácticas que han tomado estado público debido a esta conducta errada por parte de los médicosy que han significado no solo la negación de un derecho adquirido por ley, sino que además hanoriginado un daño a la vida de las mujeres que atravesaron por esa situación debido a laexposición pública, a la violación de su intimidad, en algunos casos causándose un daño en elestado de salud de éstas. En este marco, las mujeres que atraviesan esta situación crítica, son confrecuencia víctimas de violencia institucional, violencia contra la libertad reproductiva y/oviolencia obstétrica, (art. 5 y 6 Ley Nacional Nº 26.485 y la Ley Provincial N° 10.058).- Evidentemente, una política pública que propenda a garantizar efectivamente elejercicio del aborto no punible enfrenta múltiples y complejos desafíos que confluyen endefinitiva en un mismo punto: la accesibilidad, para evitar que la clandestinidad de estapráctica.- La Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece en su artículo 20 que: "Losderechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos. La Provincia aseguramediante políticas públicas la información, orientación, métodos y prestaciones de serviciosreferidos a la salud sexual, la procreación responsable y la protección a la mujer embarazada."Correlativamente al reconocimiento de estos derechos, se instala el deber del Estado de proveerlos mecanismos necesarios para su ejercicio por parte de la ciudadanía. La realización de lapráctica médica que nos ocupa, constituye una de las dimensiones de los derechos sexuales yreproductivos.-
11. El Ministerio de Salud de la Provincia, es el órgano de gobierno que debe implementar yconstruir lineamientos para el desarrollo de una política pública de estado que promueva lagarantía de acceso a este derecho por parte de las mujeres en Entre Ríos. En ese marco, sepropone un proyecto de ley para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, que esconcebido como un instrumento con base normativa, que se aplicará exclusivamente en elámbito de la red hospitalaria publica de la provincia de Entre Ríos.- La promoción de los derechos de los más desprotegidos, y la concepción política de queel Estado debe ejercer un fuerte rol en garantizar y ampliar los derechos del pueblo, son ideasrectoras de carácter social que comenzaron en Argentina a partir del 2003 en las cuestionesvinculadas a los derechos humanos y su accesibilidad. El proyecto de ley que aquí se presenta, seinscribe en esa dirección, tanto a reconocer la autonomía, confidencialidad, privacidad ysolidaridad de la mujer, como así también los principios constitucionales como el de reserva eigualdad.- Y de esta manera, armonizando todo el marco conceptual y jurídico de los instrumentosinternacionales de derechos humanos que integran nuestro ordenamiento y de las normasnacionales aprobadas por nuestro país hasta la fecha, se busca brindar mecanismos eficaces deintervención administrativa y judicial en los casos de prácticas de abortos no punibles.- El deber de prestar servicios de abortos no punibles de calidad, implica ofrecer un tratohumanitario que incluya la recepción y orientación para responder a las necesidades de saludemocional y física de las mujeres; garantizar la atención clínica adecuada de acuerdo a criterioséticos y legales y con estándares de competencia del proveedor en los distintos métodos;intercambiar información amplia y completa para que exista efectivamente un proceso deconsentimiento informado; y ofrecer servicios de planificación y cuidados posteriores a lasmujeres.- Con el fin de promover acciones en esa dirección, se elaborar una esta ley que es unaherramienta técnica y práctica que señala los procedimientos que médicamente se deben seguirante un caso de aborto no punible.Para que el derecho se convierta en una herramienta decontención y no en obstáculo a los servicios de salud.-2.- Marco jurídico La Constitución Argentina, los tratados de derechos humanos incorporados a su textocon jerarquía constitucional y las leyes vigentes reconocen y garantizan el derecho a la igualdad,a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad, y a la no discriminación, todos ellosdirectamente vinculados con el derecho de la mujer a acceder al aborto en los casos permitidospor la ley.-2. 1.- Constitución Nacional Igualdad: El artículo 16 establece: “La Nación Argentina no admite prerrogativas desangre, ni de nacimiento […] Todos sus habitantes son iguales ante la ley.” El derecho a laigualdad, tal como se encuentra formulado en este artículo, incluye la igualdad formal y material.
12. Presupone y contiene el derecho a la no discriminación e impone al Estado promover accionespara el desarrollo de una sociedad más equitativa, sin discriminaciones arbitrarias.- Privacidad y Autonomía: El artículo 19 declara que “Las acciones privadas de loshombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante dela Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.- Este artículo garantiza la autonomía personal en cuanto derecho básico de un sistemademocrático. De este derecho se deriva que todo individuo es dueño de disponer de sus actos, desu propio cuerpo, de su propia vida, actos dispositivos que sólo se encuentran sujetos a suvoluntad siempre que no perjudiquen a un tercero. Las normas arriba mencionadas secomplementan con las previsiones de los tratados y documentos internacionales que se citan acontinuación y las normas sobre la materia emergentes de las Constituciones provinciales delpaís.-2.2.- Tratados y Documentos Internacionales Los derechos reconocidos por la Constitución encuentran también protección en lostratados de derechos humanos incorporados a su texto con rango constitucional, según loprevisto en el artículo 75, inciso 22. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los DerechosHumanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sienta el principiode no discriminación y reconocen que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a laseguridad de su persona.- Cabe destacar que los tratados de derechos humanos rigen en nuestro país "en lascondiciones de su vigencia". La referencia a este criterio interpretativo es fundamental paraconsiderar la efectiva integración de la norma internacional al derecho interno, su vigencia y suaplicación. La Constitución argentina acuerda a los tratados jerarquía constitucional en “lascondiciones de su vigencia” (artículo 75º, inciso 22). Esta norma implica un envío al llamadoDerecho de los Tratados, regulado por la Convención de Viena, del que nuestro país es parte. Deacuerdo a esta norma, los tratados multilaterales entran en vigor de la manera y en la fecha queen ellos se disponga o que acuerden los Estados negociadores. En este punto se incluye elcapítulo de las reservas cuyo objeto es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertasdisposiciones en su aplicación al reservante. Debe entenderse de este modo, que los tratados“tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia” con las reservas que se haganpor parte de cada Estado.- El artículo 12 de la Declaración Universal consagra el derecho a la privacidad y elderecho a la autodeterminación de cada persona y garantiza el derecho a la protección de la leycontra todo tipo de injerencias arbitrarias en su vida privada. En igual sentido se pronuncia elartículo 5 de la Declaración Americana y el artículo 11 de ésta consagra también el derecho a lapreservación de la salud y del bienestar.- Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3establece el deber de los Estados de garantizar a hombres y mujeres la igualdad y en su artículo6 establece el derecho a la vida, cuestiones que se contraponen con la existencia de muertes demujeres que procuran evitar seguir con un embarazo. A su vez, el artículo 9 consagra el derecho
13. a la libertad y prevé en el artículo 17 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegalesen su vida privada”. - El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa laaplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes.- Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre lamanera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente los Estados deben presentar un informeun año después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo solicite (por lo generalcada cuatro años). El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones yrecomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales".- Además del procedimiento de presentación de informes, el artículo 41 del Pactoestablece que el Comité debe examinar las denuncias entre los Estados. Además, el Primer ProtocoloFacultativo del Pacto otorga al Comité competencia para examinar las denuncias de los particularesen relación con supuestas violaciones del Pacto cometidas por los Estados Partes en elProtocolo.- El 23 marzo del 2010 sesionó (por 98ª vez), en Nueva York, el Comité de DerechosHumanos de Naciones Unidas que examinó el informe argentino presentado sobre avances (engeneral) de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. El mencionadoorganismo hizo las siguientes observaciones en su apartado número 13: “El comité expresa supreocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del CódigoPenal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales deno punibilidad contenidas en dicho artículo (Artículo 3 y 6 del Pacto). El Estado Parte debemodificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres aevitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinosque podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas parala capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del CódigoPenal”.- En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de NacionesUnidas, sancionó a la República Argentina, en el año 2011 en el marco del fallo “L.M.R. c/ EstadoArgentino”, más conocido como “caso Guernica”, por impedir el acceso al aborto no punible auna joven con discapacidad mental. El Comité encontró que la adolescente había encontradovulnerados sus derechos a la vida, que había sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantesdebido a las barreras que tuvo que enfrentar la misma y por ende la violación de su derecho a laintegridad (artículos 2, 3, 6, 7, 17 y 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).- También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en suartículo 12, inciso 1ro., establece que los Estados Parte reconocen “el derecho de toda persona aldisfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.- Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer (CEDAW), consagra en el artículo 12, inciso 1, “el derecho de lamujer a acceder, sin discriminación alguna, a los servicios de la atención médica.” Asimismo,prevé que “los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar ladiscriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en
14. condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica,inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.- Asimismo, el artículo 14 de la CEDAW dispone que los Estados deberán asegurar elacceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento yservicios en materia de planificación de la familia.- El Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer, ensu 46° periodo de sesiones, de julio de 2010, en el párrafo 37, expresa: “El Comité, si bien apreciala creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, de ámbito nacional, y lapublicación en el marco de ese programa, de la “Guía técnica para la Atención de los Abortos noPunibles”, destinada a clarificar algunos aspectos del artículo 86 del Código Penal, se observaque el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sigue constituyendo un graveproblema para las mujeres argentinas. El Comité expresa además, su preocupación por laelevada tasa de embarazos adolescentes y la elevada tasa de mortalidad materna que en unatercera parte es causa del aborto ilegal.” En el párrafo 38 del informe “El Comité insta al Estadoparte a que asegure el acceso de las mujeres y las adolescentes a los servicios de salud sexual yreproductiva, y a que vele porque se imparta educación sobre la salud sexual y reproductiva entodas las escuelas a todos los niveles, según corresponda. El Comité insta también al Estadoparte a que adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la elevada tasa demortalidad materna. El Comité insta además al Estado parte a que revise la legislación vigenteque penaliza el aborto, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. ElEstado parte debe asegurarse de que la “Guía Técnica de Atención de Abortos no Punibles”, seaplique en todo el país, de manera uniforme de modo que exista un acceso efectivo y encondiciones de igualdad a los servicios de salud para interrumpir el embarazo”. - Los casos de Abortos no Punibles, constituye uno de los tantos componentes queintegran el servicio de salud, por lo que se deben respetar los estándares de calidad,confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científicaactualizada. Es por ello, que resulta de vital importancia, que los profesionales de la medicina, apesar de la vigencia de la norma, cuenten con instrumentos o procedimientos que se ocupen dela atención integral de los abortos no punibles; recordando que ésta fue una de lasobservaciones que hicieron los Comités de Derechos Humanos internacional para la Argentina(Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer(CEDAW) de Naciones Unidas - sesión 46°, julio de 2.010) y un exhorto realizado por la CorteSuprema de Argentina en el fallo pronunciado el día 13 de marzo de 2012.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad yprevé en su artículo 5 que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,psíquica y moral”. A nivel regional, también el Protocolo Adicional a la Convención Americanasobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolode San Salvador” consagra “el derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel debienestar físico, mental y social”. Cuando los casos de Abortos No Punibles se refieran a mujeresmenores de 18 años, también resulta de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño.Esta Convención establece la prevalencia del interés superior de la adolescente o la niña entodos los casos en que se encuentre afectado su derecho (cfr. artículo 3, inciso 1), asegurándoleel “más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
15. rehabilitación de la salud.” Al mismo tiempo, establece la obligatoriedad de su “asistenciamédica”, especialmente la “atención primaria de salud”, y el desarrollo de “atención sanitariapreventiva… y servicios en materia de planificación de la familia” (cfr. artículo 24).- A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), define a la violencia contra lamujer como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño osufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en elprivado”. El artículo 2 dispone que esa violencia incluye aquella perpetrada o tolerada por elEstado o sus Agentes, donde quiera que ocurra, mientras que el artículo 6 determina el derechode las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica la liberación de todo tipo dediscriminación en su contra.- Además de los tratados de derechos humanos mencionados, existen otros instrumentosinternacionales que reconocen y amplían los derechos que tiene la mujer en situación de abortono punible, y toda vez que establecen los lineamientos básicos a los cuales se deben ajustar laspolíticas nacionales en materia de salud sexual y reproductiva son instrumentos legales quedeben ser contenidos y contemplados en las políticas públicas sobre la materia.- La Declaración y Programa de Acción de Viena afirma en su artículo 18 que “Losderechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de losderechos humanos universales”. En la declaración se insta a los gobiernos, a las institucionesintergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen susesfuerzos en favor de la protección y reclama se conceda a la mujer el pleno disfrute encondiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para losgobiernos.- En los documentos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de ElCairo, se define a la salud sexual y reproductiva como “un estado de completo bienestar físico,mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectosrelacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”.- Se declara expresamente que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sonderechos humanos y que toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre sureproducción.- Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya estánreconocidos en las leyes nacionales, en documentos internacionales de derechos humanos y enotros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso.- Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todos los individuosa decidir libre y responsablemente: si tener o no hijos, con quien tenerlos, el número de hijos, elespaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y delos medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivelmás elevado de salud sexual yreproductiva.- También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación conla reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención
16. a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres. Sostiene laobligación del Estado de garantizar el acceso a los servicios de atención de la salud a todas laspersonas, y en especial a los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Se indica que el aborto esun problema de salud pública que exige servicios y políticas de Estado como parte de sucompromiso con la salud de las mujeres y fomenta la realización de un esfuerzo decidido parareducir el número de muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malascondiciones.- En consonancia con la Conferencia de El Cairo, en los documentos de la 4ª ConferenciaMundial sobre la Mujer de Beijing, se afirma que el tema del aborto es una problemática de saludpública, haciendo especial referencia a la responsabilidad de los organismos estatales por lasconsecuencias que tienen para la salud los abortos inseguros. En ambas Conferencias se hacoincidido en que la salud reproductiva incluye el derecho de mujeres y hombres: a) a disfrutarde una vida sexual satisfactoria y sin riesgo; b) a procrear, con libertad para decidir hacerlo o no,cuándo y con qué frecuencia; c) a la información y al acceso a métodos seguros, eficientes yejecutables de planificación familiar de su elección; d) al acceso a servicios de seguimiento en elembarazo y en el parto sin riesgos, garantizando las mejores posibilidades para tener hijossanos.- La Plataforma de Acción de Beijing exhorta a los gobiernos a asegurarse que todos losservicios y los trabajadores relacionados con la atención de la salud respeten los derechoshumanos y sigan las normas éticas, profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a lasmujeres.- También en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999,los gobiernos decidieron ratificar lo acordado en la Conferencia de Beijing en relación con losservicios de aborto: “En circunstancias donde el aborto no esté en contra de las leyes, lossistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar otras medidas para asegurar que elaborto sea seguro y accesible. Deben tomarse medidas adicionales para proteger la vida de lasmujeres”. - Finalmente, entre los países miembros del MERCOSUR, el Acuerdo N° 06/07,Recomendaciones para las Políticas de Salud Sexual y Reproductiva en los Estados partes yasociados del MERCOSUR, reitera el compromiso de cumplir con las Metas de Desarrollo delMilenio, especialmente la reducción de la mortalidad materna. Este Acuerdo establece en suartículo 1.2.e, el acuerdo de “Instrumentar y protocolizar el acceso a la interrupción delembarazo en los servicios de salud, en aquellos países cuyas legislaciones así lo habilitan”. Alratificar los tratados e instrumentos internacionales mencionados hasta aquí, el Estadoargentino ha reconocido y asumido la obligación de promover, proteger y garantizar losderechos previstos en los mismos. En su rol de garante el Estado debe proveer los recursosmateriales, legales y humanos adecuados para el ejercicio y goce de estos derechos, lo quepresupone la obligación de establecer los procedimientos legales y judiciales correspondientes.-2.3.- Legislación nacional a) Código Penal
17. El Código Penal es ley nacional, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 1921,y el artículo 86 en cuestión, se remonta a esa época. El Artículo Nº 86 del Código Penal, segundopárrafo, establece que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujerencinta, no es punible:1. Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si estepeligro no puede ser evitado por otros medios;2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujeridiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requeridopara la práctica abortiva.”Este artículo establece claramente cuatro situaciones diferentes en que la práctica del abortoestá permitida, a saber:1.- SI HAY PELIGRO PARA LA VIDA DE LA MUJER Y ESTE PELIGRO NO PUEDE SER EVITADOPOR OTROS MEDIOS;2.- SI HAY PELIGRO PARA LA SALUD DE LA MUJER Y ESTE PELIGRO NO PUEDE SER EVITADOPOR OTROS MEDIOS;3.- SI EL EMBARAZO PROVIENE DE UNA VIOLACIÓN;4.- SI EL EMBARAZO PROVIENE DE UN ATENTADO AL PUDOR SOBRE UNA MUJER IDIOTA ODEMENTE. El artículo 86, segundo párrafo, incisos 1 y 2 del Código Penal está respaldadojurídicamente por la Constitución Nacional, por los Tratados de Derechos Humanosincorporados con rango constitucional, en el articulo 75 inciso 22, en la Reforma de 1994 y porotras leyes nacionales que garantizan el derecho a la igualdad, a la salud, a la autodeterminación,a la privacidad y a la no discriminación. Esto significa que los derechos que tiene la mujer ensituaciones de aborto no punible son derechos de orden constitucional y del derechointernacional de los derechos humanos.- En este sentido ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F., A.L. s/ Medida Autosatisfactiva” (F:259: XLVI – Considerando 8º) que al efectuar la “tarea dearmonización que involucra normativa del más alto rango con otra de derecho común – artículo86, inciso 2º, del Código Penal-, a través de un análisis global del plexo normativo fundamentalinvolucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de interpretación sentados poresta Corte desde antiguo, se entiende que corresponde realizar una interpretación amplia dedicho precepto legal. Desde tal perspectiva y a la luz del principio de reserva constitucional(artículo 19 in fine de la Constitución Nacional), ha de concluirse que la realización del aborto nopunible allí previsto no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial.” - b) Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer El artículo 5 de la Ley 26.485 refiere que cualquier acción que vulnere el derecho de lasmujeres a decidir voluntariamente acerca de su vida reproductiva constituye violencia sexual. Enel mismo sentido, el artículo 6 establece que una de las modalidades que puede asumir la
18. violencia contra la mujer es aquella ejercida contra su libertad reproductiva, es decir “aquellaque vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número deembarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creacióndel Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.- Por ello lo que aquí queremos plantear no es solamente una ley desarticulada del resto,si no lo que se quiere es una armonía, en donde junto a la figura del FEMICIDIO del Código Penal,se traduzca en una avance en la prevención de la violencias de género y así ir construyendo unadoctrina legal con perspectiva de género.- c) La ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable La Ley Nacional 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y ProcreaciónResponsable establece en su artículo 2, inciso f), como uno de los objetivos primordiales“garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestacionesde servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”.- La política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva está orientada por una serie deprincipios entre los que se destacan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivoscomo parte de los derechos humanos y la equidad de género.- Entre los principios y políticas centrales de la política nacional en salud sexual seencuentran las estrategias y metas para la reducción de la mortalidad materna y el incrementode la oferta anticonceptiva para quienes no desean tener hijos.- d) Ley 26.061 de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes En los casos de abortos no punibles requeridos por o en representación de mujeresmenores de 18 años, también resulta de aplicación la Ley 26.061. Esta Ley se dictó en el año2005 a fin de institucionalizar a nivel local la Convención sobre los Derechos del Niño. Se defineque el interés superior de la niña, niño y adolescente es la máxima satisfacción, integral ysimultánea, de los derechos y garantías reconocidos en la norma. Se dispone que niños, niñas yadolescentes deben ser considerados/as sujetos de derecho; con derecho a ser oídos y que suopinión sea tenida en cuenta.- Respecto al derecho a la salud, niños, niñas y adolescentes deben tener acceso aservicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y lacomunidad a la que pertenecen, siempre que no constituyan peligro para sus vidas o integridadpsicofísica.- e) La ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres Esta Ley fue sancionada por el Congreso Nacional en abril de 2009 y tiene comofinalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en quedesarrollen sus relaciones interpersonales. Amplía de forma notoria las previsiones de la ley24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, al incorporar la definición de nuevossupuestos y modalidades de violencia y extender los deberes de respuesta institucional.-
19. Recoge todo el marco conceptual y jurídico de los instrumentos internacionales dederechos humanos que integran nuestro ordenamiento, y de las normas nacionales aprobadaspor nuestro país hasta la fecha de su promulgación, brindando mecanismos eficaces deintervención administrativa y judicial en materia de violencia de género. El artículo 5 refiere quecualquier acción que vulnere el derecho de las mujeres a decidir Voluntariamente acerca de suvida reproductiva constituye violencia sexual. Al mismo tiempo, el artículo 6 establece que unade las modalidades que puede asumir la violencia contra la mujer es aquella ejercida contra sulibertad reproductiva, es decir “aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre yresponsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidadcon la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y ProcreaciónResponsable”.-3.- Corte Suprema de Justicia de la Nación: “F., A. L. s/ Medida Autosatisfactiva” El pasado 13 de marzo, el máximo tribunal del país sentó bases sobre el tratamiento delos casos de abortos no punibles, o sea, permitidos por la legislación nacional.- Luego de expresar con sólidos fundamentos la interpretación necesariamente ampliadel artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal, la Corte sostuvo en el considerando 19 que: “Lajudicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera practicainstitucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima deldelito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque lademora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitantecomo su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.”- La practica contra legem mantenida hasta la actualidad por profesionales de la salud yoperadores judiciales, exigiendo requisitos que la ley no reclama terminan vulnerando derechosde rango constitucional como el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de laConstitución Nacional que sostiene que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer loque no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En este sentido ha dicho que “pordicha razón, se debe concluir que quien se encuentre en la condiciones allí descriptas, no puedesi debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vezque la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a lainterrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, esta permitido y no resultapunible.”- En consecuencia advierte a “los profesionales de la salud, la imposibilidad de eludir susresponsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en lanorma referida.” Por otro lado, “recuerda a los diferentes operadores de los distintos poderesjudiciales del país que, según surge del texto del artículo 86 del Código Penal, lo que previó ellegislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo, esla embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidirllevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico.” En el mismo sentido asevera que “hacerlo contrario, significaría que un poder del Estado, como lo es el judicial, cuya primordial funciónes velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales, intervengainterponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación de emergenciasanitaria…”-
20. Manifiesta finalmente la Corte que “el respeto a los establecido en el artículo 19 in finede la Constitución Nacional se traduce en que el artículo 86, inciso 2, del Código Penal no exige nila denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que unaniña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de unaviolación.”- En los últimos considerandos de fallo en examen la Corte, como máximo tribunal delpaís, “exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos,mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de losabortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas alacceso a los servicios médicos. En particular, deberán: contemplar pautas que garanticen lainformación y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos operiodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de lasprácticas; eliminar requisitos que no estén medicamente indicados; y articular mecanismos quepermitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventualesdesacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de laprocedencia de la práctica médica requerida. Por otra parte, deberá disponerse un adecuadosistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin queello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente delservicio. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de laimplementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de saludcorrespondiente, de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadascuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio delos derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual.”- Considerando la gravedad y trascendencia social de la temática que se trata, la Corteseñaló “la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen losrecaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata yexpeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual yreproductiva. En ese contexto, deberá asegurarse, en un ambiente cómodo y seguro que brindeprivacidad, confianza y evite reiteraciones innecesarias de la vivencia traumática, la prestaciónde tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos específicos derivados de lasviolaciones; la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito; la asistenciapsicológica inmediata y prolongada de la víctima, así como el asesoramiento legal del caso.”-4.- Anteproyecto de ley El presente proyecto de ley, sustentado en todos los precedentes mencionados, noamplia lo previsto en el Código Penal Argentino, tampoco obliga a las mujeres a tomar ladecisión a interrumpir un embarazo.- Con la puesta en vigencia de esta ley, se pretende evitar los obstáculos que surgen de lassituaciones de incertidumbre generadas por interpretaciones distorsivas de mismo, facilitando alos profesionales de la salud contar con un procedimiento al cual ampararse para poder ejercersu profesión conforme a los dictados de su ciencia y ética, y a las mujeres embarazadas quedecidan interrumpir el embarazo y cuyas causales se encuentran previstas en el articulo 86incisos 1 y 2 del Código Penal, ejercer libremente el derecho que las asiste.-
21. Es imperativo, según el texto de la ley, el respeto por los principios de: Autonomía,Confidencialidad, Privacidad, Integralidad, No Judicialización y Celeridad.- El procedimiento deberá ser expedito. Se deberá examinar la capacidad de la mujer paradecidir sobre la interrupción del embarazo no deseado; en caso de no existir denuncia se exigiráuna declaración jurada de la mujer o su representante legal según corresponda; posteriormentese realizarán los estudio preliminares; finalizados los mismo se le informara a la mujer o surepresentante legal todo lo conducente a la práctica a realizarse; finalizando con la interrupciónde la gestación.- Se contemplan los casos de objeción de conciencia respetando el derecho de lostrabajadores de la salud cuyas prácticas se encuentran vinculadas al proceso que conlleva larealización del aborto no punible. En este sentido, la presente ley reconoce que todo profesionalde la salud tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a la práctica del abortono punible. Sin embargo, señalamos que, independientemente de la existencia de profesionalesde la salud que sean objetores de conciencia, toda institución en la que se lleve a cabo la prácticade aborto no punible debe contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizaren forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a la mujer, enconsonancia con el derecho de todas las personas a recibir asistencia (art. 2 inc. a) y b) de la LeyN° 26.529).- Por último, el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley podrá dar lugar a laaplicación de sanciones que serán impuestas por las autoridades administrativas competentesen ejercicio de sus funciones.- Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los demás integrantes de este excelentísimocuerpo legislativo el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Ley. - AUTORES: Juan José Albornoz Pablo Nicolás Mendoza
Diputado pablo mendoza e19603-12112012 emprender fedaje
Diputado pablo mendoza e19594-06112012 homenaje dr santo liotta

References: artículo 86
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 resolución 
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 artículo 3
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 artículo 20
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 75
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 3
 artículo6
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 41
 artículo 86
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 artículo 12
 artículo 14
 artículo 86
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 86
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in fine
 artículo 5
 artículo 6
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 artículo 19
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