Source: http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2013/11/
Timestamp: 2018-07-19 09:45:22+00:00

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Derecho y empresa: noviembre 2013
EL COSTO DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES
Publicado por Daniel Montes en 9:54 No hay comentarios:
MODIFICACIONES AL REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LAS MYPES
El pasado 2 de julio se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30056, que modifica diversas normas para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial; la misma que, entre otros aspectos, trajo consigo dos grupos de modificaciones sustanciales al régimen laboral especial aplicable de las micro y pequeñas empresas (MYPES).
Dentro del primer grupo de modificaciones se encuentran las referidas a las características que permiten catalogar a una empresa como micro o pequeña empresa. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la referida ley, el único elemento que hoy permite clasificar a una empresa como micro o pequeña empresa, está en función al nivel de ventas anuales; las mismas que para el caso de las microempresas no deben ser superiores a S/. 555,000.= (150 UIT), y para el caso de las pequeñas empresas, no deben superar los S/. 6’290,000.= (1700 UIT). En este sentido, se tiene que el número máximo de trabajadores, no es más un elemento que permite clasificar a una unidad productiva como micro o pequeña empresa, tal como estaba contemplado en el régimen anterior, el mismo que establecía, además del nivel de ventas anuales, el contar con un número máximo de trabajadores, como requisitos concurrentes de las micro y pequeñas empresas, lo cual podía discriminar a aquellas MYPES que usaran mucha mano de obra.
Por otro lado, la norma señala que aquellas empresas que durante dos años calendario consecutivos superen el nivel máximo de ventas establecidos para ser catalogadas como micro o pequeñas empresas, contarán con un periodo de gracia, para conservar dicho régimen especial, después del cual pasarán definitivamente al régimen laboral general. Dicho periodo es de un año, para las microempresas, y de tres años para las pequeñas.
Así pues, se tiene que si una microempresa constituida en agosto del 2013, supera en el año 2015 el límite de ventas anuales permitido, puede durante el año 2016, conservar el régimen laboral especial aplicable a las microempresas, de manera que en el año 2017, de ser el caso, tendrá que pasar al régimen laboral común de la actividad privada, lo que implica por ejemplo que si antes no tenía obligación de pagarle CTS a sus trabajadores, ahora sí la tenga; lo mismo sucede para el caso de las gratificaciones y utilidades, beneficios a cuyo pago no se encuentran obligados los empleadores de las microempresas. Tratándose de una pequeña empresa, se tiene que si la misma antes otorgaba media remuneración a sus trabajadores por concepto de gratificación, una vez que sus trabajadores pasen al régimen laboral común de la actividad privada, tendrá que otorgarles a los mismos, por dicho concepto, ya no media sino una remuneración completa.
Con respecto a la aplicación de esta ley, como bien señalamos al inicio del presente artículo, las modificaciones introducidas por la misma, se aplicarán indefectiblemente a las empresas que se inscriban como micro o pequeñas empresas a partir de su entrada en vigencia; es decir a partir del 3 de julio del 2013. En este sentido, se tiene que las empresas constituidas bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 1086, continuarán rigiéndose por sus disposiciones; de manera que para ellas el superar por dos años consecutivos el número máximo de trabajadores permitidos sigue siendo, junto con el superar los niveles máximos de ventas, causales de pérdida del régimen especial. Y de la misma manera, el periodo de gracia durante el cual las mismas podrán conservar dicho régimen especial, será de un año calendario, después del cual, las mismas pasarán definitivamente al régimen laboral que corresponda.
Finalmente cabe señalar, dentro del segundo grupo de modificaciones con alcance laboral que esta norma ha traído consigo, el hecho que la misma ha prorrogado por tres años más la vigencia del régimen laboral especial regulado por la Ley N° 28015. Recordemos que ésta última fue el primer instrumento normativo que introdujo un régimen laboral especial temporal aplicable exclusivamente a las microempresas, el mismo que sigue vigente en aquellas empresas constituidas como tales, antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 (01 de octubre del 2008), y que, si es que el gobierno no decide nuevamente extenderlo, concluiría el 04 de julio del año 2016.
Con respecto a esto último, cabe señalar que si bien las microempresas referidas en el párrafo anterior, cuentan con tres años más para conservar su régimen laboral especial, pueden durante el mismo, acordar por escrito con sus trabajadores su acogimiento al régimen laboral regulado por el Decreto legislativo N° 1086; claro está siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el mismo para ser catalogadas como micro o pequeñas empresas (referida al nivel máximo de ventas anuales) y se comunique dicho acuerdo a la autoridad administrativa de trabajo, dentro de los 30 días siguientes de su suscripción.
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Tercería de propiedad y documento privado de fecha cierta
TERCERIA DE PROPIEDAD Y FECHA CIERTA
Tratándose de la cobranza de deudas tributarias, la facultad que tienen las administraciones tributarias de embargar los bienes del deudor trae aparejado un riesgo: que esos bienes, por más que se encuentren en posesión del deudor, no sean de su propiedad, entre otros casos, por haberlos transferido con anterioridad a las medidas de embargo. En esos casos, el tercero que es el verdadero propietario y que resulta afectado por dicho embargo, puede interponer una tercería de propiedad, a fin de que se levante el embargo y se le restituya el bien. Por supuesto, si esto fuera muy sencillo, se abriría una puerta para que muchos deudores defrauden al Estado, por la vía de simular transferencias con fecha anterior.
Para evitar ese peligro, tanto el Código Tributario como la Ley de Cobranza Coactiva exigen que el derecho del tercerista de propiedad se sustente en un documento público (por ejemplo una escritura pública extendida por Notario), o en todo caso en un documento privado de fecha cierta (a un simple contrato privado, por ejemplo, le daría fecha cierta la constancia de legalización de las firmas por un Notario). La cuestión es: ¿hasta dónde puede extenderse el concepto de la fecha cierta?
Tomemos como ejemplo el caso al que se refiere la RTF 00048-7-2012, en el cual un tercerista se presenta a reclamar que el inmueble embargado es suyo y presenta, entre otros documentos, un contrato privado sin firmas legalizadas, pero también las declaraciones y pagos del Impuesto Predial desde años anteriores al embargo. En la primera instancia la administración tributaria le denegó la tercería, señalando que ese documento privado simple no cumplía el requisito legal de tener fecha cierta, pero no dijo nada acerca de las declaraciones del impuesto predial y de cómo habían sido emitidas si el tercerista no era propietario. En la segunda instancia, el Tribunal Fiscal anula esa decisión y ordena a la administración volver a merituar todo ello, porque era necesario verificar si el tercerista, a fin de declarar y pagar su impuesto predial, había o no presentado ese contrato simple al municipio respectivo para inscribirse como contribuyente del impuesto.
Y es que, desde la emisión de la RTF 07353-2-2002, este tribunal tiene el criterio, bastante acertado, de que si el documento privado simple es presentado ante un funcionario público, entonces adquiere la calidad de fecha cierta, precisamente porque su existencia anterior al embargo ya no puede acreditarse con la mera afirmación de las partes que firmaron ese documento, sino que además, ese documento habría sido de conocimiento del Estado a través de su incorporación a un procedimiento. En el caso que comentamos, eso significa que si el tercerista presentó su contrato privado para efectos de inscribirse como contribuyente del impuesto predial por ese inmueble, entonces ese contrato sí tiene fecha cierta.
El criterio es útil, incluso si el procedimiento en el cual el contrato se presentó no guarda relación directa con el tema de la propiedad de los bienes. Pensemos en una empresa que adquirió la propiedad de equipos y maquinaria de una planta industrial mediante un contrato privado simple, que luego por diversas causas son embargados al antiguo propietario o a otra persona. Si por ejemplo, ese contrato fue presentado como parte del expediente de la empresa ante SENASA para certificar su planta para realizar agroexportaciones, ese contrato se habrá convertido en uno de fecha cierta, pudiendo con ello sustentar su tercería de propiedad y recuperar sus bienes. Así que en estos casos, el tener acceso a esos procedimientos administrativos en los cuales podamos encontrar apoyo a nuestros documentos simples, es esencial. Buena memoria y un archivo ordenado, entonces, se vuelven importantes, además del cuidado necesario para la custodia de los bienes de la empresa.
Publicado por Daniel Montes en 12:33 4 comentarios:
Buena fe en el procedimiento de auditoría tributaria
BUENA FE Y PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION
Publicado por Daniel Montes en 11:50 No hay comentarios:
PERJUICIO FISCAL Y DELITO TRIBUTARIO
Vamos a ilustrar la forma incorrecta en que a veces SUNAT actúa en las denuncias penales por delitos tributarios. Tenemos el caso de una denuncia que se realiza recién en el año 2004, pese a que desde 1998 ya había fiscalizado y emitido a nombre de la empresa una gran cantidad de resoluciones de determinación (obtención indebida de saldo a favor del exportador) y de resoluciones de multa. Dichas resoluciones (todas) fueron reclamadas por la empresa y ese reclamo fue declarado improcedente en 1999 por la propia SUNAT. Contra esa resolución la empresa presentó recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Fiscal en 2003.
Es decir, al 2004 SUNAT ya conocía el resultado definitivo en sede administrativa de la impugnación de sus resoluciones. Y aunque el Código Tributario señala que SUNAT puede denunciar delitos tributarios sin haber terminado la fiscalización (art. 192), también señala que en esos casos debe emitir las resoluciones dentro de noventa días después de la denuncia, de lo contrario la denuncia se archiva. Esto se explica porque, aunque la vía administrativa y la vía penal puedan ir por separado, hay una evidente base técnica-tributaria que no puede ser dejada de lado, y si no hay deuda por los tributos por los que se denuncia, no tiene sentido ni investigar siquiera.
Con mayor razón, si las resoluciones de determinación y de multa ya estaban emitidas al momento en que SUNAT formula su denuncia, estaba obligada, con la misma lógica del art. 192 del Código Tributario, a presentar esas resoluciones junto con su denuncia, pero no lo hizo, solo presentó su Informe de Presunción de Delito Tributario, junto con sus supuestas pruebas, pero no así dichas resoluciones que evidenciarían técnicamente la evasión de los tributos por parte de la empresa, en especial, aquellas resoluciones que demostrarían la supuesta obtención indebida del saldo a favor.
Y SUNAT no cumple con este requisito esencial porque la RTF ya se había pronunciado y solo había confirmado seis (6) resoluciones de determinación y tres resoluciones de multa, de las cincuenta y cinco (55) resoluciones emitidas por SUNAT. Las demás resoluciones no fueron confirmadas porque el Tribunal Fiscal encontró vicios en el procedimiento seguido por SUNAT (como por ejemplo el uso de presunciones ilegales), que ameritaban que el caso volviera a ser investigado desde el comienzo y SUNAT emita nuevas resoluciones. En suma, el Tribunal Fiscal solo dejó como resoluciones para ser cobradas, las referidas nueve.
Peor aún, aunque la denuncia se basa en la obtención indebida de saldo a favor del exportador, que tiene relación directa con el Impuesto General a las Ventas (el IGV de las facturas de compra), tres (3) resoluciones de determinación confirmadas por el Tribunal Fiscal se refieren a otro tributo completamente ajeno a este tema, como es el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos (IEAN). Las resoluciones de multa, siendo ya una sanción, no cuentan para el aspecto penal, de modo que tampoco son relevantes.
Y las tres resoluciones de determinación vinculadas al IGV, se refieren a los períodos tributarios de enero, febrero y abril de 1998 exclusivamente. Sin embargo, los hechos denunciados por SUNAT, específicamente se refieren a los períodos de marzo y abril de 1998. Por tanto, el único período que coincide con las resoluciones confirmadas es el mes de abril de 1998. Y la Resolución de Determinación que corresponde a ese mes, tiene un importe de tributo omitido de apenas S/. 17,539 más intereses. Siguiendo la misma teoría de SUNAT, este es el supuesto perjuicio fiscal confirmado por el Tribunal Fiscal, por el que podría haber denunciado penalmente.
Pero no solo eso, sino que no basta la factura de compra para que hablemos de saldo a favor del exportador, ya que el impuesto de esas compras debe primero incluirse en el arrastre de créditos de la empresa, para efectuar las compensaciones conforme a ley, y solo después de eso, cuando el saldo se acumula, se puede pedir la devolución. En este caso, eso quiere decir que el supuesto saldo a favor indebido obtenido por las compras de marzo y abril de 1998, no podía ser solicitado como devolución sino hasta en períodos posteriores a abril de 1998, es más, de hecho, la empresa ya no solicitó más devoluciones posteriores a ese mes. Y la empresa tenía saldo a favor acumulado por encima de lo devuelto, de modo que en realidad, nunca accedió al beneficio por las dos compras denunciadas.
¿Por qué SUNAT no presentó las resoluciones emitidas junto con su denuncia? Es claro que lo hizo para no evidenciar lo anterior. Es más, mintió cuando en su Informe señaló falsamente que todos los reparos efectuados en la fiscalización habían sido confirmados por el Tribunal Fiscal, cuando la verdad es que apenas unos cuantos lo fueron, pero usando esa falsedad calcula un supuesto perjuicio fiscal millonario.
Peor aún, SUNAT nunca corrigió los vicios detectados por el Tribunal Fiscal en su trabajo de fiscalización, por lo que nunca emitió nuevas resoluciones desde el año 2003, por lo que a la fecha de inicio del juicio oral (es increíble que este caso llegara a juicio oral, pero así ocurrió!), las supuestas omisiones que SUNAT acusaba ya están prescritas (el plazo de prescripción es de cuatro años), por lo que no es posible que SUNAT alegue ahora que esas supuestas deudas subsisten, porque no se puede cobrar la deuda contenida en una resolución que ha sido desestimada por el Tribunal Fiscal. Por eso es que la mayoría de casos de delito tributario los pierde SUNAT.
Publicado por Daniel Montes en 17:05 No hay comentarios:
TITULARES Y SUPLENTES: TODOS SON NECESARIOS
Mediante la Resolución Directoral N° 499-2013-MTPE/1/20.4 de fecha 31 de julio del presente año, el Ministerio de Trabajo ha multado a una empresa por haber cometido las siguientes infracciones respecto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: a) No haberse asegurado de establecer un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) conforme a ley, al no haber designado los miembros suplentes de la parte empleadora; b) No haber presentado un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el CSST; y c) No contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado también por el mencionado comité, imponiéndole una multa de S/. 36,500 lo que pone de relieve lo importante de este tema.
En esta oportunidad, desarrollaremos la primera obligación que no se ha cumplido, para ello recordaremos lo que el ordenamiento jurídico regula sobre el CSST, órgano que representa uno de los elementos esenciales que constituye el Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que asegura su eficiencia.
La ley establece que es indispensable que los trabajadores participen en la convocatoria, elección y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, además el artículo 29 de dicha norma regula que los empleadores (en aquellas empresas que no cuenten con un Sindicato) con veinte o más trabajadores a su cargo están obligados a convocar para la elección de dicho Comité, el cual deberá está conformado en forma paritaria por igual número de presentantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.
Cabe señalar que cuando se trate de un empleador que cuente con varios centros de trabajo, cada uno puede contar con un Supervisor o Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función al número de trabajadores. Ahora bien respecto a la redacción de dicho dispositivo, podemos concluir que la elección de un supervisor o subcomité por cada centro de trabajo es opcional y no obligatoria.
Sin embargo consideramos que debido al principio de prevención que implica que el empleador debe garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, entonces será necesario que la elección se realice en todos los centros de trabajo.
La norma reglamentaria señala que el número de personas que componen el CSST es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros.
También indica que el empleador, conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el CSST, entre el personal de dirección y confianza; y que los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes mediante una votación secreta y directa. La calidad de miembro titular o suplente debe constar expresamente en el Acta de Constitución y de Instalación del Comité, la misma que se realizará en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles de comunicado el nombre de los representantes.
En el caso comentado, el Ministerio de Trabajo al analizar lo que estableció la empresa en su procedimiento de elección de los miembros del Comité, concluye que ha condicionado la designación de los miembros suplentes a la necesidad del funcionamiento del mismo y siempre que algún miembro no pueda asistir a las reuniones, situación que vulnera lo señalado por la norma y que significa que la inspeccionada no cuenta con representantes suplentes. Adicionalmente, afirma que la empresa no ha cumplido con lo regulado en el artículo 53 del reglamento ya que en el acta de instalación no diferencia la calidad de los miembros.
Teniendo en cuenta todo lo comentado, sugerimos a todas las empresas que tengan mucho cuidado en la elección del Comité, que verifiquen si su acta de instalación cumple con los requisitos legales y que si cuentan con un procedimiento de elección y no aplican supletoriamente lo regulado en la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, revisen las disposiciones señaladas en el mismo.
Publicado por Daniel Montes en 8:06 No hay comentarios:
Límite al valor de vehículos de dirección tomados en arrendamiento
DEDUCCION DE GASTOS DE VEHICULOS DE DIRECCION ALQUILADOS
El reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en su numeral 4 del inciso r) de su art. 21, establece que las empresas no podrán deducir los gastos de los vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración, cuyo costo de adquisición (en caso sea a título onerosa) o valor de ingreso al patrimonio (en caso la adquisición sea a título gratuita), supere las 30 UIT del ejercicio en que se haya efectuado la adquisición. Una cuestión surge en el caso de los vehículos no adquiridos en propiedad, sino tomados en arrendamiento: ¿se aplica la restricción de las 30 UIT a estos vehículos?
SUNAT ha emitido el Informe 126-2013, que pretende aclarar la cuestión señalada, pero lamentablemente debemos decir que en realidad el informe no aclara nada, ya que se limita a señalar que como el reglamento no distingue entre vehículos adquiridos en propiedad o alquilados, debe aplicarse el límite de las 30 UIT a ambos supuestos, pero no indica cómo es que se determinará ese costo del vehículo en el caso del alquiler, puesto que ese costo no podría ser el de la empresa que quiere deducir los gastos (que no ha comprado nada), sino en todo caso el de la empresa o persona que se lo ha dado en arrendamiento.
Para empezar, la regla de que las 30 UIT se calculen en base a la UIT vigente en el ejercicio de adquisición, pese a que tiene sentido en el caso de compras, no se puede aplicar tan sencillamente al caso de los vehículos alquilados, salvo que coincida el ejercicio de la compra por el propietario, con el ejercicio en que el vehículo es entregado en alquiler a la empresa que quiere deducir el gasto, coincidencia que no necesariamente ha de ocurrir. Tomemos el caso de una persona o empresa que en el ejercicio 2012 pagó el equivalente a S/. 120,000 (poco más que 30 UIT del 2012) por adquirir un vehículo, que luego arrienda a una empresa en el ejercicio 2013: si se aplica la regla considerando la UIT de 2012, la empresa arrendataria no podría deducir ningún gasto, pero si se aplica la misma regla al valor depreciado del mismo vehículo en el 2013, aún con el valor de la UIT de 2013, la empresa arrendataria estaría cumpliendo con la regla. Esto no lo aclara el informe de SUNAT.
Pensemos en otro caso: el de una empresa que recibe de otra, producto de una fusión u otra clase de reorganización empresarial, un vehículo que si bien es cierto, en 2011 cuando fue adquirido por la empresa absorbida, superó las 30 UIT, pero cuyo costo computable (restada la depreciación) al momento de la fusión está por debajo de ese límite, siendo luego alquilado ese vehículo a otra empresa en 2013: ¿cuál es el valor que debe tomarse en cuenta? Y puede complicarse más el caso, si pensamos que la fusión puede haber sido efectuada bajo la modalidad de revaluación de activos sin efecto tributario, y como consecuencia de esa revaluación el vehículo recibido por la empresa absorbente vuelve a superar las 30 UIT.
Otro ejemplo podría ser el de vehículos adquiridos por adjudicación en pago de obligaciones: ¿debe tomarse el valor de adquisición menos la depreciación aplicable en cabeza del deudor que entregó el bien, o el valor de la deuda que fue cancelada en virtud a esa adjudicación en pago? Un ejemplo más sería el de un vehículo adquirido por menos de 30 UIT, pero sujeto a mejoras que si se suman al costo de adquisición, hacen que sí supere ese monto. Y muchos otros casos más que la simple afirmación del informe de SUNAT no resuelve.
A nuestro modo de ver, el problema es que la regla del art. 21 del reglamento, al no contemplar el caso de un arrendamiento, como sí hace el inciso w) del art. 37 de la ley (que, por otro lado, habla de “precio” y no de “costo”, pero delega al reglamento los detalles), no resulta aplicable a los casos mencionados, por lo que hace falta una regla especial que por ahora no existe, y que no puede ser suplida por una interpretación que no tiene sustento legal, ni facilidades para ser aplicada, no debiendo ello afectar la deducción de gastos por parte de la empresa arrendataria.
Publicado por Daniel Montes en 5:50 No hay comentarios:
Domicilio procesal en procedimiento de cobranza coactiva
El año pasado se modificó el art. 11 del Código Tributario, para introducir una regla que puede considerarse como una restricción indebida al derecho de defensa de los contribuyentes sujetos al procedimiento de cobranza coactiva de SUNAT: solo pueden señalar un domicilio procesal, sin cambiarlo a lo largo de todo el procedimiento, y solo tienen tres días después de notificados con el inicio del procedimiento de cobranza para hacerlo.
El domicilio procesal es el que usualmente se fija en la sede de la oficina o estudio de abogados que defiende al contribuyente. En este caso, la administración deberá notificar primero en el domicilio procesal señalado, y solo si en este lugar no se recibiera la notificación, estuviera cerrado o no hubiera persona capaz de recibirla, se deberá dejar constancia de ello en ese sitio y la administración deberá hacer un segundo intento con el domicilio fiscal del contribuyente (art. 104 del Código Tributario).
Si aplicamos la nueva norma literalmente, eso querría decir que si el contribuyente recibe una notificación de ejecución coactiva y tarda cuatro días en contratar quien lo defienda y por eso no señala en el plazo de tres días un domicilio procesal, el abogado que haya encontrado no podrá ya fijar su oficina como domicilio procesal, debiendo el contribuyente recibir todas las notificaciones en su propio domicilio fiscal. Esto ya es una restricción al derecho de defensa, puesto que nada impide que se señale un domicilio procesal en cualquier etapa del procedimiento de cobranza, ya que bastará que los funcionarios lo tengan en cuenta en adelante, para lo cual basta ingresarlo al sistema informático que tiene SUNAT para controlar esta clase de procedimientos, de allí que darle al contribuyente solo tres días para encontrar defensor y señalar domicilio procesal es una restricción inconstitucional.
Peor es la segunda restricción al derecho de defensa: que solo se pueda señalar un domicilio procesal a lo largo de todo el procedimiento, sin poder cambiarlo ya más. Eso equivale a dejar a un nuevo abogado, que asuma la defensa del contribuyente a mitad del proceso, sin poder recibir directamente las notificaciones en su oficina. A lo sumo, el contribuyente podrá comunicar a SUNAT que no notifique más en el domicilio procesal señalado previamente y que vuelva a notificar todo en el domicilio fiscal, para luego remitirle los documentos a su nuevo abogado. Sería demasiado, aunque nos ha pasado, que un funcionario pretenda sostener que ya que hay un domicilio procesal señalado, este debe mantenerse y que el contribuyente no puede dejarlo sin efecto a mitad del procedimiento (casi lo mismo que afirmar el absurdo de que no se pueda cambiar de abogado).
También puede ocurrir lo siguiente: que el contribuyente haya contratado un abogado para un primer procedimiento de cobranza coactiva, y luego a un segundo abogado para otro procedimiento que se le inicia después, habiendo cada uno señalado sus respectivos domicilios procesales, pero finalmente los dos expedientes son acumulados por el ejecutor coactivo, a conveniencia de SUNAT. La cuestión es: ¿y ahora con cuál de los dos domicilios procesales nos quedamos, si la regla es que haya uno solo? Pretender obligar al contribuyente a escoger y quedarse con un solo abogado sería otra restricción inconstitucional por vulnerar el derecho de defensa.
Como mencionamos al inicio, estas restricciones son innecesarias y absurdas, ya que el domicilio procesal difícilmente podría ser usado para entorpecer la labor de SUNAT, habida cuenta que si este domicilio especial no se presta para realizar las notificaciones, la administración igual puede notificar en el domicilio fiscal, vinculando al contribuyente debidamente con los actos notificados. Un poco más de respeto al derecho de defensa de los particulares y un poco menos de paranoia vendrían bien para corregir este exceso legislativo.
Publicado por Daniel Montes en 14:06 No hay comentarios:
Valor de mercado como base para las detracciones de IGV
DETRACCIONES Y VALOR DE MERCADO: RELACION IMPOSIBLE
Publicado por Daniel Montes en 2:22 No hay comentarios:
Problemas con el plazo máximo de fiscalización tributaria
Desde que se introdujo el art. 62-A en el Código Tributario, formalmente los contribuyentes tenemos derecho a que las auditorías de la administración tributaria no se extiendan indefinidamente, pues la ley establece un plazo general máximo de un año. Luego de transcurrido ese plazo, la administración no podría exigirle más documentos o información al contribuyente fiscalizado, aunque sí podría cruzar información con terceros y tendría que resolver con los elementos que hubiera reunido hasta ese momento.
Pero el problema es que el cómputo del plazo tiene varias dificultades para cumplirse, debido a la forma en que se realizan las auditorías por parte de SUNAT. El primer problema es que el plazo no empieza a correr sino hasta que el contribuyente ha cumplido con exhibir o presentar la totalidad de los documentos e informaciones exigidos en el primer requerimiento. Eso supone que ese requerimiento sea “cerrado”, es decir, el auditor deje constancia de su resultado y de los posibles incumplimientos en la información alcanzada. El caso es que los auditores a veces se demoran meses en dejar constancia de ese resultado, creando inseguridad en el contribuyente, que por otro lado puede seguir recibiendo más requerimientos, sin saber si el plazo máximo ha empezado a correr o no.
Otro problema es que el primer requerimiento puede incluir elementos de información que el contribuyente no tiene en su poder, ya sea porque no le corresponde tenerlos , o porque no le son aplicables esas obligaciones formales, o incluso porque la administración ya tiene ese información en su poder. Pero si el contribuyente no responde ese requerimiento en ese sentido y sustenta los motivos por los cuales no está obligado a presentar, se corre el riesgo de que el resultado del requerimiento sencillamente deje constancia de que “no cumplió”, por lo cual el plazo máximo de fiscalización no empezaría a correr. Por ello, todos los puntos del requerimiento deben ser respondidos, sin excepción, indicando en todo caso las razones por las cuales no se presenta algún documento.
Así por ejemplo, la exigencia del registro de bienes en consignación cuando la empresa no recibe ni entrega bienes en esa modalidad, debe ser rebatida con el sustento adecuado para que no se entienda que sencillamente no se quiere presentar lo requerido. Del mismo modo, es frecuente que nos exijan los “papeles de trabajo para la determinación del impuesto a la renta”, cuando es frecuente que con los sistemas de declaración actuales no se requiera de esos papeles de trabajo, por lo cual no hay nada que presentar; pese a ello, esa exigencia debe ser contestada en esos términos, para evitar lo indicado. Y así como los anteriores, hay muchos otros casos.
Por otro lado, debe regularse la facultad de SUNAT de exigir documentos que ya tiene en su poder, por ejemplo, es absurdo que exija la exhibición de los cargos de presentación de los PDT de declaraciones juradas, y que pretenda, ante la pérdida de uno solo de ellos o su no exhibición, impedir el transcurso del plazo máximo de fiscalización. Y lo mismo podemos decir de aquellos documentos o informaciones que SUNAT puede conseguir directamente de terceros, como por ejemplo el caso de los estados de cuenta bancarios, porque de nuevo la falta de exhibición de uno solo de ellos pretende usarse como causa de que no corra el plazo máximo de la auditoría.
Finalmente, debe existir un principio de proporcionalidad, ya que hemos visto en un caso que se pretende concluir que el plazo máximo no ha transcurrido porque al momento de la revisión de los documentos exhibidos, resulta que falta un ejemplar de una sola guía de remisión, omisión que no guarda relación con las consecuencias de tener que enfrentar una auditoría sin fin.
Publicado por Daniel Montes en 7:26 No hay comentarios:
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a través de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ha asumido las funciones de evaluación, supervisión, el control y sanción en materia ambiental que antes tenían otras entidades; así por ejemplo mediante Decreto Supremo N° 009-2011-MINAN se aprobó el proceso de transferencia en materia ambiental del Sector Pesquería del Ministerio de la Producción al OEFA.
Publicado por Daniel Montes en 6:31 No hay comentarios:

References: artículo 5
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 53
 Resolución