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Timestamp: 2018-11-19 07:30:56+00:00

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﻿ Sentencia T-086 de febrero 17 de 2014
SENTENCIA T-86 DE 17 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:FACULTAD EXCEPCIONAL DE CAMBIO DEL NOMBRE POR SEGUNDA VEZ. EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL REFERENTE AL CAMBIO DE NOMBRE POR SEGUNDA VEZ, DETERMINA QUE LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 94 DEL DECRETO 1260 DE 1970, DE CAMBIAR EL NOMBRE UNA VEZ EN LA VIDA, ES RAZONABLE Y PROPORCIONAL, EN LA MEDIDA EN QUE LO QUE PRETENDE ES GARANTIZAR UN MÍNIMO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS RELACIONES SOCIALES Y PERMITIR AL ESTADO ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LAS BASES DE DATOS PÚBLICAS Y EVITAR INCONGRUENCIAS QUE AFECTEN DERECHOS FUNDAMENTALES. NO OBSTANTE, A PESAR DE LO ANTERIOR LA JURISPRUDENCIA CONSIDERA QUE HAY CASOS DONDE EN VIRTUD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA DIGNIDAD HUMANA, Y LA IDENTIDAD SEXUAL, ES PRECISO EL CAMBIO DE NOMBRE POR SEGUNDA VEZ, DADO QUE SE TRATA DE UNA PERSONA QUE HA TENIDO UN PROCESO EN SU DESARROLLO DE IDENTIDAD SEXUAL Y GÉNERO Y SU NOMBRE NO COINCIDE CON LA APARIENCIA FÍSICA ASUMIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, DERECHO A LA IDENTIDAD DE LA PERSONA, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DERECHO A LA INTIMIDAD, CAMBIO DE NOMBRE, ORIENTACIÓN SEXUAL, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
REVISTA TUTELA N°:176 DE AGOSTO DE 2014, PÁG.1342
Sentencia T-086 de febrero 17 de 2014
Ref.: Expediente T-4.081.413
Problema jurídico: Le corresponde a la Sala establecer si las entidades demandadas vulneran los derechos fundamentales del actor al negarle cambiar su nombre por segunda vez, de uno femenino a uno masculino, con fundamento en el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970.
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección 10 de la Corte, el 17 de octubre de 2013(1), eligió para efectos de su revisión el asunto de la referencia.
Mario(2) solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la libre identidad sexual, y en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas cambiar su nombre femenino por uno masculino, o en su defecto, devolverle el nombre anterior.
1.1.1. Hechos en que se sustenta la demanda.
1.1.1.1. Relata el accionante que nació el 5 de abril de 1979, cuenta con 33 años de edad y su registro civil de nacimiento fue expedido en la Notaría Sexta de Cali con el nombre masculino “Mario”.
1.1.1.2. Manifiesta que cambió su nombre masculino por uno femenino, el 18 de febrero de 1999 en la Notaría Sexta de Cali mediante escritura pública 486.
1.2.1. La Notaría Sexta de Cali señaló que no permitió el cambio de nombre del accionante otra vez, por cuanto tal actuación iría en contra de la ley, la cual permite hacer el cambio de nombre por una sola vez. En respaldo, citó el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 y el artículo 6º del Decreto 999 de 1988. Por otra parte, argumentó que las entidades encargadas en solucionar la inconformidad del actor son la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro se defendió, expresando que la actuación de la Notaría de negar el cambio de nombre por segunda vez se encuentra ajustada a derecho, pues ya no es procedente la modificación conforme al Decreto 1260. Igualmente expresó que de acuerdo con la Circular 70 del 11 de julio de 2008, las correcciones o modificaciones que alteren el estado civil de los inscritos, sólo pueden ser ordenadas por un juez de la República mediante sentencia ejecutoriada. Así, el cambio de nombre por más de una vez no puede resolverse por medio de la vía administrativa. Finalmente, alegó falta de legitimación en la causa pasiva, por cuanto no tiene competencia para emitir conceptos sobre correcciones, aclaraciones, modificaciones, cancelaciones, nulidades y cualquier acto referente al registro civil de las personas.
1.2.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, pues “Mediante Oficio 31347 del 19 de abril de 2013, esta coordinación le informo (sic) a la accionante que, el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 modificado por el artículo 6º del Decreto 999 de 1988, dispone que ´el propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre´ De manera atenta y para dar respuesta a la acción de tutela de la referencia me permito informarle que el trámite de rectificación de la cédula de ciudadanía (…) en lo que compete a la Dirección Nacional de Identificación, me permito manifestar que no se puede realizar la corrección solicitada por el accionante, toda vez que la información que se encuentra consagrada en su cédula de ciudadanía, corresponde a los datos plasmados en su registro civil”.
1.3.1. Decisión de primera instancia - Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Consideró el a quo, que en la medida en que el actor había asumido de nuevo un sexo masculino, tanto internamente como externamente al quitarse de nuevo los implantes mamarios, encontraba que “la fijación de los rasgos distintivos de la personalidad del accionante supone su conformidad con la identidad que debe proyectar. De este modo si la persona demandante no modifica el nombre que describe su identidad, se presentaría una contrariedad con la imagen que proyecta en sociedad, ya que supondría la adopción de una identidad masculina con un nombre femenino. En ese orden, la negativa de la Notaría Sexta del Circuito de Cali al negarse a adecuar el nombre del accionante, anula su posibilidad de realización personal y compromete derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual”.
1.3.3. Decisión de segunda instancia - Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
— Copia del registro civil del accionante el cual contiene su nombre masculino original (fls. 9-11).
— Copia de su actual registro civil, en el cual aparece el nombre femenino que ostenta (fls. 9-11).
— Copia de nota quirúrgica de la historia clínica del accionante, en la cual consta el retiro de prótesis mamarias (fl.12).
— Copia de derecho de petición dirigido por el peticionario a la Notaría Sexta de Cali, en el que solicita cambiar su nombre (fl. 13).
— Copia de oficio emitido por a la Notaría Sexta de Cali, por medio del cual se niega la solicitud de cambio de nombre (fl. 15).
La Sala debe estudiar si la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Notaria Sexta de Cali, vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad sexual, al negarse a cambiar el nombre del actor por segunda vez de un nombre femenino a Mario, o en su defecto, a su nombre original, sustentándose en que el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 solo permite cambiar el nombre por una sola vez.
2.3.1. En varias ocasiones, la Corte ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la identificación personal, y más concretamente, el nombre de las personas, en relación con su identidad sexual como manifestación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16).
2.3.2. La Corte Constitucional desde sus primeras sentencias ha señalado que el nombre(3) tiene por finalidad contribuir a fijar la identidad de la persona desde su nacimiento, frente a la sociedad en general y al Estado. En la Sentencia T-594 de 1993(4), en la que por primera vez se revisó el caso de una persona que solicitó a una notaria cambiar su nombre masculino a uno femenino, la Corte estableció que “[e]n sentido estrictamente jurídico, el nombre es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad —a la que se ha hecho referencia—, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto”. En ese orden, esta corporación citó el marco normativo en el cual se regulaba el cambio de nombre (el CPC, el D. 1260/70 y el D. 999/88) y resaltó que conforme a estas disposiciones:
“(…) todo individuo, a su libre arbitrio —autonomía personal, como desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16)— cuenta con la facultad de modificar su nombre —ius adrem—, mediante escritura pública que se deberá inscribir en el respectivo registro civil. Cualquier individuo puede pues determinar su propio nombre, así este, para los demás tenga una expresión distinta a la del común uso, ya que lo que está expresando el nombre es la identidad singular de la persona frente a la sociedad. No es un factor de homologación, sino de distinción. He ahí por qué puede el individuo escoger el nombre que le plazca.
Por las razones expuestas, es viable jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino, o viceversa: que una mujer se identifique con un nombre usualmente masculino, o que cualquiera de los dos se identifique con nombres neutros o con nombres de cosas. Todo lo anterior, con el propósito de que la persona fije, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, su identidad, de conformidad con su modo de ser, de su pensamiento y de su convicción ante la vida”.
Con base en lo anterior, la Corte estableció la relación entre el nombre como atributo de la personalidad jurídica y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política. En el mismo sentido, afirmó que la facultad que tiene toda persona de fijar su identidad a través del nombre que prefiriera es un reconocimiento de la autonomía de la persona para definir su proyecto de vida como manifestación de la dignidad. Finalmente, en el caso concreto la Corte concluyó que no existía razón legítima por la cual al actor se le negara su facultad de expresar su convicción íntima de distinguirse por otro nombre que hiciera alusión a su comportamiento ante la vida, pues del expediente se podía inferir que el actor se desenvolvía a nivel social bajo el nombre de “Pamela” desde hacía aproximadamente trece años.
2.3.3. En la Sentencia T-477 de 1995(5), la Corte analizó la acción de tutela interpuesta por un menor de edad a quien, debido a un accidente con un perro, los padres decidieron realizarle una cirugía de reasignación de sexo, y le sustituyeron los genitales masculinos por los femeninos. La providencia relata que el menor creció en un albergue de monjas dentro del cual se le “enseñó” el comportamiento de una mujer. Por ello, el nombre del niño fue cambiado por uno femenino. Mediante acción de tutela pretendió cambiar su registro civil con el sexo y el nombre original. La Corte Constitucional analizó de nuevo en esta oportunidad el derecho a la identidad, y en esta providencia consignó que se trata de un derecho fundamental que comprende otros derechos:
2.3.4. Posteriormente, en la Sentencia T-1033 de 2008(6), la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por una persona que se había cambiado su nombre masculino original por uno femenino, en razón a que había decidido modificar fisiológica y psicológicamente su condición de hombre a mujer. Sin embargo, años después quiso volver a adoptar identidad masculina, para lo que requería un nuevo cambio de nombre, pero la registraduría negó la solicitud con base en la prohibición legal según la cual sólo se permite el cambio de nombre una vez. La Corte accedió a la pretensión del demandante y ordenó, entre otros, inaplicar la disposición legal que consagra la posibilidad del cambio de nombre por una sola vez —artículo 94 del Decreto 1260 de 1970—, y dispuso que la registraduría procediera a realizar el cambio de nombre solicitado.
“(…) la fijación de los rasgos distintivos de la personalidad y de la singularidad del sujeto supone la conformidad del individuo con la identidad que proyecta, de manera que siempre gozará de la facultad legítima de determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones(7).
2.3.5. Finalmente, la Sentencia T-977 de 2012(8) reiteró las consideraciones esbozadas en la T-1033 de 2008(9). En esta sentencia la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que a través de escritura pública protocolizada ante la Notaría accionada, realizó cambio de nombre por el deseo de ajustarlo a su identidad religiosa. Posteriormente, el actor inició un proceso integral desarrollo de una nueva identidad de género como mujer, por no estar conforme con que fisiológicamente su cuerpo presentara características masculinas desde su nacimiento. Con base en lo anterior, solicitó a la precitada Notaría el cambio de nombre por segunda vez y esta petición fue denegada, argumentado que el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 dispone que en Colombia se permite cambio de nombre una sola vez.
Con base en lo anterior, al igual que en la Sentencia T-1033 de 2008, la Corte inaplicó el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 y ordenó a la notaría demandada cambiar el nombre.
2.4.1.1. El accionante cuando tenía 20 años, solicitó el cambio de nombre por uno femenino, asumiendo cambios físicos en su cuerpo acordes con su identidad sexual femenina. Posteriormente, redefinió su identidad masculina y se realizó los procedimientos quirúrgicos necesarios para volver a su estado biológico y físico de nacimiento(10). Por lo tanto, solicitó el cambio de nombre de nuevo a uno masculino (“Mario”), o en su defecto, el original. La Notaría Sexta de Cali se negó a realizar el cambio por segunda vez del nombre del actor sustentándose en el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 modificado por el artículo 6º Decreto 999 de 1988.
2.4.2. Examen de procedencia de la acción de tutela.
2.4.2.1. En el presente caso se cumple con la legitimación por activa y por pasiva, por cuanto se trata de un ciudadano actuando a nombre propio que considera que las entidades públicas están vulnerando sus derechos fundamentales al denegarle el cambio de nombre por segunda vez, cumpliéndose lo establecido en el artículo 86 de la Constitución y los artículos 5º, 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.4.2.3. En cuanto a la subsidiariedad, cabe señalar que a pesar de que existen otros medios de defensa judicial como los dispuestos en la jurisdicción voluntaria, no son adecuados para lograr la pretensión del accionante y evitar un perjuicio a sus derechos fundamentales. Tal como fue señalado en la Sentencia T-611 de 2013(11), ante la inminencia de los daños que le ocasionan al actor mantener un nombre que riñe con su identidad sexual y su apariencia física, debe la Corte inclinarse por la garantía inmediata de los derechos fundamentales que el accionante invoca, y en consecuencia también proteger otros derechos que se desconocen como la dignidad humana y la autonomía.
2.4.3. Análisis de la vulneración alegada.
2.4.3.1. Para iniciar, la Sala considera conveniente aclarar que el concepto de orientación sexual se distingue del de identidad sexual, en que el primero se refiere “al sexo de las personas por las cuales los individuos se sienten, particularmente, atraídos afectiva o sexualmente”(12), mientras el segundo, la identidad sexual, corresponde “a la idea que tiene la persona de sí misma como perteneciente a la categoría sexual que le fue asignada al nacer según la apariencia de los genitales (mujer/hombre)”(13).
Estos conceptos también son precisados en el mismo sentido por la relatoría para los derechos de la población LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual señala que la orientación sexual es “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”(14), mientras que la identidad sexual o de género se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”(15).
2.4.3.2. Luego de precisado lo anterior, el caso concreto presenta un problema jurídico similar a otros que la Corte Constitucional ya ha resuelto en sentencias T-1033 de 2008(16) y T-977 de 2012(17), específicamente el referente a establecer si se vulneran los derechos fundamentales al nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de una persona cuando se le niega el cambio de nombre por segunda vez, como consecuencia de sufrir un tránsito en su identidad sexual y redefinirla, sustentándose esta negativa en el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970, el cual permite cambiar el nombre por una sola vez.
2.4.4. Conclusión y decisión a adoptar.
Al igual que fue resuelto en la Sentencia T-977 de 2012(18), la Sala considera importante reiterar, que la facultad de cambiar por segunda vez el nombre por uno que se ajuste a su identidad sexual y por ende, inaplicar la norma vigente, es una situación excepcional, que procede por las circunstancias propias del caso bajo revisión. Así lo señaló la Corte en la sentencia mencionada: “Si bien lo anterior es suficiente para conceder el amparo, conviene señalar por último que si bien la persona demandante ejerció con anterioridad la facultad que otorga la ley para modificar el nombre con el fin de fijar su identidad personal, lo que en principio haría improcedente un nuevo cambio, esta Sala no puede desconocer que se trata de un caso excepcional en el que la aplicación inflexible de la restricción legal compromete el plan de vida de una persona que ha tomado medidas para conseguir una determinada identidad”.
De manera que, acogiendo el precedente constitucional establecido, la Sala procederá, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, inaplicar el artículo 94 del Decreto-Ley 1260 de 1970 (modificado por el D. 999/80, art. 6º), y ordenará a la Notaría demandada modificar el nombre del actor por aquél que el eligió y que coincide con su apariencia física actual y su identidad sexual y a la Registraduría Nacional del Estado Civil apoyar todos los procedimientos requeridos para que el accionante modifique todos los documentos que conciernen a su identificación.
2.(Sic) Decisión.
1. PROTEGER el derecho a la intimidad de la persona que obra como demandante en la tutela de la referencia, y en consecuencia, ORDENAR la absoluta reserva del expediente, que implica que el nombre de la persona demandante no podrá ser divulgado y que el expediente sólo podrá ser consultado por las partes específicamente afectadas con la decisión adoptada, esto es, quien interpone la acción y la Notaría Sexta del Circuito de Cali. La secretaria general de la Corte Constitucional y el(a) secretario(a) del juzgado que decidió en primera instancia el presente caso, deberán garantizar la estricta reserva.
2. REVOCAR el fallo proferido el diez (10) de julio de 2013 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el cual revocó y denegó la acción de tutela, y en su lugar, CONFIRMAR, el fallo emitido el veinticinco (25) de abril de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual TUTELÓ los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad sexual del actor, pero por las razones expuestas en la presente providencia.
3. ORDENAR a la Notaría Sexta del Circuito de Cali INAPLICAR el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, conforme a la parte considerativa de esta providencia y con efectos exclusivamente circunscritos al presente caso.
4. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que adelante todos los procedimientos requeridos para que el accionante modifique todos los documentos que conciernen a su identificación.
(1) Sala de Selección compuesta por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos.
(2) El nombre del peticionario fue suprimido mediante auto del 3 de febrero de 2014, con el fin de proteger sus derechos a la intimidad y al habeas data.
(3) “dentro de los atributos de la personalidad, se encuentra el nombre que goza de naturaleza plural al ser (i) un derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su existencia, (ii) un signo distintivo que revela la personalidad del individuo y (iii) una institución de policía que permite la identificación y evita la confusión de personalidades[1]. El nombre permite fijar la identidad de una persona en el marco de las relaciones sociales y en las actuaciones frente al Estado de suerte que la potestad que se desprende del derecho constitucional a la determinación de los atributos de la personalidad jurídica, en el sentido de definirlos libre y autónomamente, satisface una de las necesidades primarias de la persona, cual es la de ser reconocido como ente distinto y distinguible dentro del conglomerado social”. (3) Cfr. Sentencia C-152 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
(7) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(8) M.P. Alexei Julio Estrada.
(10) El actor se retiró las prótesis mamarias, único cambio corporal que había asumido desde un comienzo. Relato del escrito de tutela e historia clínica anexa al expediente.
(12) Tomado de “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas. Aportes de la investigación”. Vargas Trujillo, Elvia; Ripoll Núñez, Karen; Carrillo Ávila, Sonia; Rueda Sáenz, Miguel y Castro Muñoz, John Alexander. Universidad de Los Andes, facultad de ciencias sociales, departamento de psicología (ago. 2011), págs. 9-15.
(13) Tomado de “Experiencias familiares de madres y padres con orientaciones sexuales diversas. Aportes de la investigación”. Vargas Trujillo, Elvia; Ripoll Núñez, Karen; Carrillo Ávila, Sonia; Rueda Sáenz, Miguel y Castro Muñoz, John Alexander. Universidad de Los Andes, facultad de ciencias sociales, departamento de psicología (ago. 2011), págs. 9-15.
(14) Tomado de la página oficial de la Relatoría: http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp.
(15) Tomado de la página oficial de la Relatoría: http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp
(17) M.P. Alexei Julio Estrada.
(18) M.P. Alexei Julio Estrada.

References: ARTÍCULO 94
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 artículo 6
 artículo 94
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