Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A092-01.htm
Timestamp: 2017-11-25 11:11:47+00:00

Document:
A092-01
Auto 092/01
Referencia: expediente I.C.C. - 259
Peticionarios: Gerson Mendoza Jauregui Y Zoraida Jauregui Gelves
Tribunal Superior de Pamplona, Sala Civil-Familia-Laboral
Bogotá, D.C., marzo catorce (14) de dos mil uno (2001)
Mediante el presente auto, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a pronunciarse sobre el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, dentro de la acción de tutela incoada por GERSON MENDOZA JAUREGUI y ZORAIDA JAUREGUI GELVES, contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Pamplona.
Los ciudadanos GERSON MENDOZA JAUREGUI y ZORAIDA JAUREGUI GELVES, interpusieron acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, sala Civil, de conformidad con el Decreto 1382 del 2000, artículo 1 numeral 2, contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Pamplona, por considerar vulnerado el derecho al debido proceso en el trámite del recurso de revisión que está tramitando dicho juez colegiado a raíz de un proceso abreviado de pertenencia en el cual fueron partes.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, a través de providencia del 22 de noviembre de 2000, decidió inaplicar por inconstitucional el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, al considerar que al avocar conocimiento directamente del proceso de tutela privaría a las partes de la posibilidad de impugnación del fallo, contrariando de esa forma lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política; en virtud de lo anterior, decidió devolver a los accionantes la solicitud de amparo para que escogieran un juez que les permita la alzada.
Ante la anterior circunstancia, los demandantes decidieron incoar nuevamente la tutela ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, corporación judicial que mediante auto del dos de febrero de 2001, decidió plantear conflicto negativo a la Corte Suprema de Justicia, al estimar que el Decreto 1382 de 2000 está vigente y por ende debe ser aplicado. Por lo tanto remitió el proceso de la referencia a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
Considera la Sala que razón le asiste a la Corte Suprema de Justicia cuando se declaró incompetente para asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia. En efecto, se comparte por esta colegiatura las apreciaciones vertidas por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en el sentido que los jueces límites no deben asumir directamente los juicios de amparo, pues se conculcaría el artículo 86 del Ordenamiento Superior que textualmente establece la posibilidad de impugnación de los fallos de tutela, aspecto sobre el cual ya se pronunció la Corte en el Auto de fecha 6 de febrero de 2001 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz y que por su importancia y pertinencia la Corte se permite transcribir:
" Estima la Sala que en los eventos objeto de revisión debe reiterarse nuevamente la doctrina constitucional, sentada por esta Corte, a propósito del tema de la competencia en única instancia de los jueces colegiados cuando conocen de tutelas contra providencias judiciales dictadas, por jueces de inferior categoría , en efecto en reiteradas oportunidades[1], la Corte Constitucional ha considerado contrario al ordenamiento superior el contenido material del Decreto 1382 del 2000, por estimar que el Presidente de la República extralimitó sus potestades al expedir dicho precepto normativo que replantea la competencia para conocer de las acciones de tutela, cuando dicho mecanismo de protección judicial debe ser reglamentado expresamente por el legislador ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la C.P.
Sobre dicho tema recuerda la Sala nuevamente las apreciaciones vertidas en el Auto I.C.C.-118 del 20 de septiembre del 2000, que al respecto dijo:
6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Secciónales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)."
"En ese orden de ideas también resulta contrario al ordenamiento superior, privar a cualquier ciudadano de la facultad de impugnar las providencias de tutela, ya que esta es una facultad consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, que no puede ser desconocida por una norma de carácter inferior[2] y en razón a la primacía de la Carta (artículo 4)".
Con fundamento en las anteriores apreciaciones sobre los alcances materiales del Decreto 1382 de 2000, que se inaplicará por inconstitucional, la Sala estima oportuno considerar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, debe avocar conocimiento del proceso de tutela de la referencia.
INAPLICAR por inconstitucional el Decreto 1382 del 2000. Por lo tanto el Tribunal Administrativo de Norte de Santander deberá avocar conocimiento del proceso de tutela incoado por los ciudadanos Gerson Mendoza Jauregui y Zoraida Jauregui Gelves, contra el Tribunal Superior de Pamplona, Sala Civil-Familia-Laboral.
Notifíquese, Comuníquese y cúmplase.-
Salvamento de voto al Auto 092/01
Referencia: expediente ICC-259
Peticionario: Gerson Mendoza Jáuregui y Zoraida Jáuregui Gélves
[1] En efecto, puede consultarse los Autos I.C.C. -203 y 212 del 31 de enero de 2001.
[2] Sobre este mismo asunto bien puede consultarse el Auto I.C.C.-136 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Igual criterio sostiene la Sala civil de la corte suprema de justicia en el auto del 6 de diciembre del 2000 MP Dr. Nicolás Bechara Simancas

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 150
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 86