Source: https://otrafuncionpublica.blogspot.com/2020/01/
Timestamp: 2020-02-27 05:31:27+00:00

Document:
CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES (COFPA): enero 2020
Cese de interino que sustituye a funcionario en servicios especiales con reserva de puesto
El Tribunal Supremo establece que el cese de un funcionario interino debe vincularse a alguna de las circunstancias expresamente contempladas en la norma de aplicación y, particularmente, el cese funcionario interino nombrado por sustitución de un funcionario de carrera con reserva de plaza o puesto solo debe producirse con ocasión de la ocupación efectiva de la plaza o puesto por el funcionario de carrera sustituido o por otro funcionario de carrera para el caso de que el titular inicial pierda el derecho a la reserva del puesto de trabajo y se realice una convocatoria al efecto o existe un mecanismo legal de adjudicación.
SENTENCIA COMPLETA AQUÍ (SENTENCIA DEL TS DE 20 DE ENERO DE 2020)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, enero 30, 2020 No hay comentarios:
La falta de transparencia en aspectos cruciales como la financiación y la propiedad repercuten en la escasa confianza que los ciudadanos tienen en la prensa
Xosé Manuel Pereiro 17/01/2020
La crisis de los medios de comunicación lleva camino de asimilarse a la del teatro, ese género con una mala salud de hierro que lleva agonizando –en teoría– al menos desde el estreno de La venganza de Don Mendo. No es que no exista, por supuesto (al menos la de los medios). Es más, si hay alguna discrepancia de análisis sobre el estado actual del sector en España es sobre el número de crisis que soporta. Son graves, desde luego, la laboral (no solo el paro, sino una precariedad que roza la servidumbre de la gleba) y la económica. Pero como alivio de la primera, por primera vez en la Historia, o desde el estreno de La venganza… nunca hubo tantas empresas, o proyectos periodísticos, creadas por profesionales, lo que compensa –o es consecuencia– que nunca hubo tan pocos editores profesionales gestionando los medios. O en realidad, tan pocos editores, dada la enorme concentración existente. Y como consuelo de la segunda, tenemos la ventaja de que, al contrario de otros sectores afectados por los cambios tecnológicos o los signos de los tiempos, nuestro “producto” sigue teniendo demanda.
Aunque roce la frivolidad jerarquizar las miserias, el deterioro en los aspectos profesionales es incluso más grave que en los económicos, porque no son coyunturales, y ya existían en tiempos de vacas gordas. Es bien sabido que los periodistas, después de los políticos, y a la par de los miembros de la judicatura, son las profesiones que más han caído en picado en la apreciación social desde que se puede opinar. No creo que haga falta detallar las razones de la caída en desgracia de la clase política, y en cuanto a la justicia, además de sus propios méritos para el descrédito, de su paso por ella siempre sale descontenta una de las partes, cuando no las dos. Pero ¿a qué se debe la pérdida de confianza en los medios o en sus profesionales?
Paradójicamente, la sociedad española tiene unos estándares nórdicos de valoración de la importancia de los medios de comunicación, según el Pew Research Center. Lo malo es que la confianza en ellos se sitúa en la parte sur, y no solo en lo geográfico. Incluso, al igual que en Suecia y Dinamarca, no hay apenas diferencia en la apreciación entre el público de derechas y el de izquierdas, mientras hay un abismo entre la confianza de quienes mantienen posiciones populistas (26%) y aquellos que no (51%).
Al tiempo, seis de cada diez españoles, según el PRC, piensa que los medios no informan de manera equilibrada, un porcentaje únicamente superado en Grecia, y similar al de El Líbano, Corea del Sur o Chile.
Esa desconfianza hace que las fuentes informativas en las que beben los españoles difieran bastante de las del europeo medio. Aquí también se puede hablar de dieta mediterránea, porque solo en España e Italia Google y Facebook compiten con los medios tradicionales, y en los tres países del sur de Europa es donde la audiencia de los medios públicos es menor, al menos en el análisis que hacía el PRC en 2017.
Los españoles no solo no se fían de sus medios: los acusan de echar leña al fuego. Según el barómetro del CIS de octubre de 2018, el 13,6% de los encuestados atribuían la crispación política a los medios/los periodistas (a los políticos el 52,3%, pero a los siguientes chivos expiatorios de la lista, empresarios y poderes económicos, solo los acusaba el 2,5%).
En resumen, el espectáculo de ilusionismo que practican los medios mainstream y buena parte de los organismos profesionales, que con una mano agitan la bandera de la libertad de expresión y sacan la pancarta contra la crisis el día del patrón, mientras con la otra ejecutan, más o menos en la oscuridad, maniobras para ejercer su influencia o proteger sus negocios, funciona relativamente. Pero de momento, esa parece ser la única estrategia realmente existente. The show must go on.
¿Hay alternativas? Claro. La primera, e inmediata, es la derogación de la Ley Mordaza, responsable, en buena aunque no en única medida, de que en el Mapa de la Libertad de Prensa en 2019 de Reporteros sin Fronteras, España ocupe el puesto 29 de 180 países. Es la mitad de la zona amarilla, calificada como “satisfactoria”, que no lo es tanto si tenemos en cuenta que están delante no solo Portugal (12), sino los menos obvios Jamaica (8), Costa Rica (10), Estonia (11), Surinam (20), Samoa (22), Namibia (23), Cabo Verde (25) y Ghana (27). La vieja Ley Mordaza y la nueva, la Digital. Es paradójica la coexistencia de esa ley con la resolución de Bruselas que insta a “proteger la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa”.
Las demás medidas deberían ser el resultado de un debate entre las partes interesadas, siempre que a las partes no les interese únicamente dejar las cosas como están, o practicar el gatopardismo, esa actitud que la aristocracia siciliana aprendió sin duda durante la dominación española. Hay una serie de recomendaciones, considerandos y normas que han venido elaborando distintas instancias europeas los últimos años, y cuya aplicación en España ha sido como si tocasen el tambor. Las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de los Medios de Comunicación, de la Comisión Europea, de enero de 2013; las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital (febrero de 2014) o la resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la UE. 0
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en domingo, enero 26, 2020 No hay comentarios:
diariolaley, 24/01/2020
TJUE, Sala Séptima, Sentencia 22 Enero 2020
TJUE, Sala Séptima, Sentencia 22 Ene. 2020. Asunto C-177/18 (LA LEY 33/2020)
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, enero 24, 2020 No hay comentarios:
Revocación de la adscripción provisional a un puesto de trabajo por nulidad de la RPT
diariolaley, 21/01/2020
TSJ Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 29 Marzo 2019
La declaración de nulidad de la RPT, por incumplimiento del deber de negociación colectiva, tiene como consecuencia la declaración de nulidad de la resolución de adscripción provisional a puestos de trabajo, pues como ha señalado el propio Tribunal Supremo, anulado un acto administrativo, devienen también inválidos los sucesivos actos que tenían como presupuesto de validez necesario la licitud de aquel.
TSJ Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 223/2019, 29 Mar. Rec. 204/2018 (LA LEY 109732/2019)
El Tribunal de Justicia canario confirma la revocación de la adscripción provisional a un puesto de trabajo de la RPT al ser ésta nula por falta de negociación colectiva.
La declaración de nulidad de la RPT tiene como consecuencia la declaración de nulidad de la resolución de adscripción provisional a puestos de trabajo, tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo porque, anulado un acto administrativo, devienen también inválidos los sucesivos actos que tenían como presupuesto de validez necesario, no sustituible, la licitud de aquel.
No estima la sentencia el argumento que esgrime en contra el Ayuntamiento, señalando que tal conclusión no es válida al no ser aún firme la sentencia que declaró la nulidad de la RPT, al haber sido recurrida y estar pendiente de respuesta.
El consistorio también defiende, a la vista del contenido de las Actas de la Mesa de Negociación, la existencia de una verdadera y efectiva negociación colectiva que entiende como suficiente, criterio que no comparte el TSJ.
Si bien es cierto que existieron reuniones entre los representantes de la Administración y los de los trabajadores, a través de la Mesa General de Negociación, su objeto no fue verdaderamente la RPT sino el Catálogo de Puesto de Trabajo, información previa para establecer un proceso de negociación y protocolo de entrega de documentación en relación con la RPT y Plan de Ordenación del Personal y la Plantilla Orgánica del personal municipal.
El contenido de tales actas no permite tener por cumplido el requisito legal de negociación de las condiciones de trabajo, exigible en este caso al afectar, entre otras cuestiones, a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo, complemento personal transitorio y complemento de los habilitados nacionales. Ni el Catálogo de Puestos de Trabajo ni la Plantilla Orgánica de Personal son asimilables a una RPT, por lo que las aludidas reuniones no pueden tener el efecto que pretendía el Ayuntamiento.
El deber de negociación colectiva no se satisface con cualquier intercambio de información ni con la presentación de ideas o sugerencias. Tampoco con la mera participación en unos grupos de trabajo informales, ni por contar con el parecer de la organización más representativa. Al contrario, la negociación colectiva requiere una mínima formalización y, aunque no se acepten las posiciones sindicales, sí se exige al menos la posibilidad de que se expongan y debatan.
La sentencia también aborda la cuestión de la autoorganización del Ayuntamiento para aclarar que, si bien las decisiones de la Administración que afecten a sus potestades de organización quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, queda a salvo de esta excepción las decisiones que tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en martes, enero 21, 2020 No hay comentarios:
por Julio González García | Ene 11, 2020
La oligarquía. Una oligarquía de poder y dinero que está dirigiendo los destinos de Europa. En Establishment vimos como esa casta se había extendido por todos los confines del poder en el Reino Unido y lo había puesto a su servicio. Aquí, se analiza con un carácter más general y se observa como se ha cerrado en sí misma con la finalidad de protegerse, restringiendo derechos, empobreciendo a la población y deslocalizando actividades. Un sistema que requiere la democracia como forma de legitimación, aunque cada vez tome más fuerza el gobierno tecnocrático, en linea con el fin de las ideologías. Y para ello, busca legitimarse no tanto por la aquiescencia formal del demos cuanto por una eficacia cuyos parámetros autodefine y publicita él mismo.
Se trata de un diálogo que, en definitiva, nos conecta con aspectos muy relevantes de la política actual y que, por ello, merece ser leído. Lectura que es tanto más relevante cuanto que en el momento actual, bajo ese manto democrático, haciendo incluso ostentación de Constituciones democráticas se está produciendo el ascenso de movimientos neofascistas.
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en viernes, enero 17, 2020 No hay comentarios:
13 diciembre, 2019 , por Mª Elena Sáenz de Jubera Higuero
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en jueves, enero 16, 2020 No hay comentarios:
LA TUTELA JUDICIAL EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. POSIBILIDAD DE IMPUGNAR EL ACTO DEFINITIVO FINALIZADOR DEL PROCEDIMIENTO SIN HABER INTERPUESTO RECURSO DE ALZADA CONTRA EL ACUERDO PREVIO MANTENIENDO UNA CALIFICACIÓN Y CONTROL JUDICIAL SOBRE PREGUNTAS FORMULADAS MEDIANTE CUESTIONARIOS
La revisión jurisdiccional de los procesos selectivos del personal al servicio de la administración ha sido una de las materias en la que la jurisprudencia ha evolucionado a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en el artículo 103 CE y, sobre todo, de llevar a efecto el mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, poderes de los que la Administración y, por extensión, los miembros de los tribunales de selección de personal, forman parte.
RECONOCIMIENTO DE LA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EL RESULTADO DEFINITIVO DE UN PROCESO SELECTIVO, AUNQUE NO SE HUBIESE FORMULADO RECURSO DE ALZADA CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN MANTENIENDO UNA CALIFICACIÓN
En cuanto a los impedimentos formales a la hora de acceder a la tutela judicial los opositores interesados en impugnar las pruebas de selección en los que participaron se han enfrentado a la posibilidad de ver impedido su acceso a los tribunales al no haber impugnado en vía administrativa las decisiones de los tribunales de selección que éstos hubiesen adoptado respecto a la valoración de los ejercicios; esto es, una vez publicada la lista de aprobados de una prueba, el aspirante no apto que quisiera impugnarla debería formular en vía administrativa el recurso procedente –normalmente recurso de alzada- contra el acto calificatorio a fin de no verse privado de la posibilidad de acceso a la vía judicial contencioso-administrativa para impugnar dicha prueba.
La razón de dicho impedimento estriba en la interpretación que los órganos judiciales realizaban sobre la teoría de acto consentido y firme; esto es, la falta de formulación de un recurso de alzada contra el acuerdo de un tribunal de selección manteniendo la calificación de una prueba ocasionaba reputar dicha decisión calificatoria como acto consentido y firme, impidiendo al interesado su acceso a los tribunales para cuestionar la actuación del órgano calificador.
El Tribunal Supremo, en contra de dicho razonamiento, en su sentencia de 24/03/2015 (rec. 1053/2014), ha dictaminado que cabe la posibilidad de impugnar en vía judicial la calificación de una prueba de un proceso selectivo, aunque no se hubiera interpuesto recurso de alzada contra el acuerdo de calificación del tribunal de selección manteniendo las calificación de la prueba.
El supuesto examinado por el Tribunal Supremo es el de una aspirante que participó en un concurso-oposición referente al acceso al Grupo C de Técnicos/as especialistas de Correos de la Universidad Politécnica de Valencia que cuestionaba tanto la puntuación otorgada en la fase de concurso como la dada en la fase de oposición en la que cuestionaba la validez de la respuesta a una pregunta de un cuestionario tipo test dada como correcta por el tribunal de selección.
La recurrente formuló su demanda en primera instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien en primera instancia -Sentencia de 03/01/2014 (Rec. 702/2010)- estimó parcialmente sus pretensiones, reconociendo su derecho a la revaloración de prueba debiendo considerarse como correcta no la solución dada a la pregunta impugnada por el tribunal selectivo, sino la indicada por la recurrente.
Formulado recurso de casación contra dicha sentencia uno de los motivos esgrimido es que la aspirante, aunque presentó recurso de alzada impugnando la resolución sobre listas definitivas de aprobados, no había presentado con anterioridad ante el tribunal calificador un recurso de alzada frente a la resolución de calificación de la prueba en la que se contenía la pregunta impugnada. Por ello, la Universidad recurrente estima que, habiéndose ofrecido a la aspirante la posibilidad de impugnar mediante un recurso de alzada la calificación de una prueba el no formular el recurso ofrecido ocasionaría el efecto de considerar la calificación como un acto consentido y firme, sin que en una fase posterior como es la resolución final de aspirantes aprobados pueda a plantearse la incorrección de la pregunta impugnada.
El Tribunal Supremo (fundamento de derecho sexto de la sentencia) rebate dichos argumentos, exponiendo:
“(…)Tales hechos no pueden conducir a la pretensión de la defensa de la Universidad entendiendo que el acto desestimatorio de la pretensión adoptado por el tribunal caliﬁcador fue consentido y ﬁrme así como que constituye desviación procesal pretender la nulidad de la pregunta 44 en vía contencioso administrativa.
No hay desviación procesal en la demanda, art. 56 LJCA , al formular la pretensión de recaliﬁcación de la pregunta 44 . No ha habido modiﬁcación alguna en la delimitación del acto inicialmente impugnado en vía administrativa -resultado del proceso selectivo y su antecedente valoración- y la subsiguiente pretensión, amparada en el art. 31 de la LJCA , de anulación de aquel.
Tampoco puede reputarse acto consentido y ﬁrme la no formulación de recurso de alzada contra el acuerdo del Tribunal manteniendo la caliﬁcación de la pregunta 44. El acto del tribunal caliﬁcador no pude reputarse deﬁnitivo en los términos del art. 28 LJCA en cuanto los participantes en el proceso selectivo se encuentran legitimados para impugnar el resultado deﬁnitivo del proceso selectivo”.
CONTROL JUDICIAL SOBRE PREGUNTAS FORMULADAS EN CUESTIONARIOS
La jurisprudencia española ha evolucionado permitiendo el control judicial sobre las actuaciones de los tribunales de selección en cuanto a los criterios de corrección aplicados en las pruebas de selección de personal, desplazando y orillando a sus justos términos el tradicional argumento sobre la discrecionalidad técnica del tribunal de selección a la hora de decidir la valoración de una prueba y que se esgrimía como impedimento para que los tribunales de justicia revisasen la actuación del órganos de selección.
Las sentencias comentadas inciden en la obligación judicial de revisar las actuaciones de los tribunales de selección cuando las preguntas objeto de impugnación tienen unas respuestas objetivas y fácilmente comprobables.
Así, la sentencia de instancia -STSJV 03/01/2014- expone en su fundamento tercero:
“(…)La Administración elude abordar la cuestión planteada desde la óptica de los argumentos de fondo y se limita en este punto a insistir en la discrecionalidad técnica del Tribunal caliﬁcador, olvidando que tal discrecionalidad es perfectamente revisable en casos como el presente en el que la pregunta tiene unas respuestas objetivas y fácilmente comprobables (…)”
De otra parte, el Tribunal Supremo en la sentencia confirmatoria de la dictada por el TSJV, realiza un examen pormenorizado de la cuestión, exponiendo, en su fundamento cuarto, los límites que posee la discrecionalidad técnica de los tribunales de selección así, afirma que “La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que signiﬁcan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la STS de 5 de octubre de 1989”. Las pautas jurídicas aplicables al control de la discrecionalidad técnica del órgano de selección , precisamente, “estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de caliﬁcación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad”
Además, el Tribunal Supremo, incide en la necesaria motivación del juicio técnico adoptado para la valoración de las pruebas selectivas, así, afirma que “un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico.
Como ya se ha puesto de maniﬁesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional ( artículo 9.3 CE ) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación. Así se expresa STS de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002 (…)
La fase ﬁnal de la evolución jurisprudencial la constituye la deﬁnición de cual debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada.
Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.
En este sentido, no es extraño que las Administraciones posean “manuales o instrucciones de buenas prácticas” destinadas a los tribunales de selección –y muchas veces ignorados por sus destinatarios- para que las cuestiones sometidas a examen cumplan el requisito de motivación, documentándose en en publicaciones oficiales.
Así, el “Manual de Instrucciones y Buenas Prácticas de los Tribunales de Selección”, publicado por el Instituto Asturiano de Administración Pública AdolfoPosada(https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Publicaciones_IAAP/Manual%20Tribunales.pdf) dispone que cada una de las preguntas formulados en cuestionarios tipo test deba estar “perfectamente documentada fundamentada en publicaciones oficiales, de manera que ante cualquier reclamación del opositor se pueda dar una respuesta justificada de la misma”.
Respecto al control judicial de las preguntas formuladas mediante test, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es claro, pronunciándose en los siguientes términos (fundamento de derecho quinto):
"...de la doctrina destaca el paso de cumplir el mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3. CE , motivando el juicio cuando así fuere exigido por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación (Sentencia de 10 de mayo de 2007, recurso 545/2002 , reproducida por la de 4 de junio de 2014). Y en la Sentencia de 18 de mayo de 2007, recurso de casación 4793/2000 , reproducida en la de 26 de febrero de 2013, recurso de casación 2224/2012 , enjuiciando anulaciones de preguntas tipo test por incurrir en error en su formulación se dijo FJ 4º. “El dato es la especíﬁca conﬁguración que tienen esas tan repetidas pruebas, consistente en que lo único permitido al examinando es elegir una de las varias alternativas propuestas, sin que le sea posible un desarrollo expositivo que maniﬁeste las razones de su opción. La meta consiste en evitar situaciones en las que, por ser claramente equívoca o errónea la formulación de la pregunta o de las respuestas, existan dudas razonables sobre cual puede ser la respuesta correcta y, por dicha razón, carezca de justiﬁcación racional aceptar la validez solamente de una de ellas. Y la exigencia tiene que ser una exactitud y precisión tal en la formulación de las pruebas que haga inequívoca cual es la respuesta más acertada entre las diferentes opciones ofrecidas, para de esta manera evitar esa situación de duda que acaba de apuntarse".
Lo anterior lleva a reiterar también lo dicho en el FJ Quinto de la Sentencia de 26 de febrero de 2013 acerca de las exigencias que han de cumplir las pruebas tipo test para que puedan tenerse por válidas.
Se recalca que " de la misma manera que al aspirante no se le permite ningún desarrollo explicativo de las razones de su opción, también habrá de existir una inequívoca correspondencia entre la pregunta formulada y la respuesta que se declare correcta entre las distintas alternativas enunciadas; esto es, la pregunta no podrá incluir ningún elemento que permita razonablemente dudar sobre la validez de la respuesta elegida como correcta por el Tribunal Caliﬁcador. Lo cual supone que cualquier error de formulación en las preguntas que pueda generar la más mínima duda en el aspirante impondrá su anulación. "
Criterio también seguido en Sentencia de 16 de febrero de 2011, recurso de casación 1473/2008 y en la de 16 de febrero de 2015, recurso 3521/2013 .
Aquí la Sala de instancia no entendió "equivoca" la pregunta sino la respuesta (…).
Tal actuación se incluye dentro de las facultades de los órganos jurisdiccionales en relación al control de la discrecionalidad técnica cuya doctrina hemos reseñado ampliamente en fundamento anterior. Actividad respetuosa aquí con el principio de igualdad al haber acordado la revisión de todos los exámenes en relación a la pregunta controvertida y el nuevo criterio de valoración (Sentencia 14 de diciembre 2010 rec. Casación 1133/2008)”
Publicado por CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES en lunes, enero 13, 2020 No hay comentarios:
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9