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Timestamp: 2016-10-25 13:45:39+00:00

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RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES & CONCURSO | Lealtadis Abogados
RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES & CONCURSO 14 marzo, 2013 | 0
RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES & CONCURSO
DEL EJERCICIO DE LA ACCION INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD FRENTE A ADMINISTRADORES SOCIALES DE COMPAÑIAS EN CONCURSO DE ACREEDORES.
I.- Del razonamiento seguido en el auto nº 364/2012 de fecha 18 de julio del año 2012 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Málaga para inadmitir “ad limine” una demanda de un acreedor ejercitando la acción individual de responsabilidad frente a una administrador social.
El auto epigrafiado, como único pronunciamiento, ha dispuesto inadmitir “ad limine” la demanda interpuesta por un acreedor frente al administrador social de una compañía mercantil declarada en concurso, en ejercicio de la acción individual de responsabilidad prevista en el artículo 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital –en adelante TRLSC-. Y ello, según el razonamiento judicial, toda vez que la compañía administrada por el demandado se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores, y en aras, tanto de garantizar que los administradores sociales de la entidad en concurso puedan cubrir las responsabilidades previstas en la normativa concursal –reguladas en los artículos 172 y 172 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC)-, como de evitar que tales previsiones legales queden vacías de contenido a causa de la tramitación paralela al concurso de procedimientos exigiendo la responsabilidad de los administradores, que den lugar a ejecuciones sobre los bienes de éstos que eventualmente pueden ser considerados afectados por la calificación culpable del concurso.
En apoyo de su decisión el auto impugnado indica que la reciente reforma concursal llevada a cabo mediante la Ley 38/2011 de 10 de octubre, regula los efectos de la declaración de concurso sobre la acción social de la responsabilidad (artículo 238 TRLSC) y la acción de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución (artículo 367 TRLSC).
Empero, sigue razonando el auto impugnado, aunque “…en principio el legislador solo ha hecho referencia al supuesto de responsabilidad por deudas en caso de que la sociedad esté en causa legal de disolución y el administrador haya incumplido sus obligaciones como tal, lo cual en principio parece lógico pues se trata de un supuesto en el que la responsabilidad del administrador es cuasi objetiva. Sin embargo, dicho precepto debe ser interpretado de forma extensiva, incluyendo también las acciones de responsabilidad por daños contra los administradores sociales, por dos motivos:
-En primer lugar, porque de admitirse el ejercicio de estas acciones se produciría el mismo efecto, esto es, que desaparecería el patrimonio del administrador social de manera que la eventual sentencia que calificase el concurso como culpable y declarase afectado al administrados no podría cumplir todos sus efectos.
-Y en segundo lugar, porque ya entre las causas que dan lugar a la calificación del concurso como culpable se contemplan algunas que suponen un comportamiento por parte del administrador social contrario a derecho y lesivo para los acreedores, que es lo que se dilucida en un procedimiento de responsabilidad del administrador por daños.
En consecuencia, en el presente caso dado que la demanda imputa al administrador un comportamiento negligente consistente en haber llevado a cabo un contrato cuando la situación económica de la empresa era más que dudosa, así como una serie de actos anteriores a la declaración del concurso para evitar que la misma quedase incursa en causa de disolución, que califica de atípicos, de lo que se ha derivado el impago de la deuda, lo cual bien puede dar lugar a la calificación de culpable del concurso, procede la inadmisión a trámite de la presente demanda, debiendo estarse a lo que se determine en el concurso de acreedores de la entidad “…S.L.”, tanto en cuanto a la culpabilidad como a la responsabilidad de su administrador social, en aplicación de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley concursal.”
II.- De los motivos en los que basamos nuestra crítica al razonamiento seguido en el auto malagueño.
A nuestro juicio, el auto judicial comentado efectúa una interpretación correctora en referencia a la materia tratada que no resulta encajable en la normativa que regula la misma. Y ello toda vez que se está aplicando de forma extensiva a la acción individual prevista en el artículo 241 TRLSC, la normativa recogida en el artículo 50.2 LC para el supuesto del ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución(artículo 367 TRLSC).
II.1.- Avala nuestra postura una lectura literal de la propia LC, que exclusivamente y de forma expresa regula los efectos que conlleva la declaración de concurso sobre la acción social (art. 48 quater, que otorga la legitimidad para el ejercicio de dicha acción, una vez declarado el concurso, exclusivamente a la administración concursal, y el art. 51.1, segundo párrafo, LC, que como regla general acumula al procedimiento concursal el juicio declarativo seguido en ejercicio de dicha acción de responsabilidad) y sobre la acción prevista en el artículo 367 y concordantes del TRLSC (art. 50.2 LC, que impide la admisión a trámite de dicha acción si ya se ha declarado el concurso al tiempo de su ejercicio, y el art. 51.bis LC, que deja en suspenso los procedimientos en esta materia iniciados con anterioridad a la declaración de concurso), y en ningún caso regula efecto alguno del concurso de acreedores en relación al ejercicio de la acción individual de responsabilidad.
II.2.- No se puede obviar que legislador pretendió con la reforma de la LC, operada mediante la Ley 38/2011, de 10 de octubre, según se desprende de la propia exposición de motivos de la cita norma (Exponendo VIII), armonizar los diferentes sistemas de responsabilidad de administradores que puedan vivir durante la tramitación del concurso, intentando poner coto con ello a los innumerables problemas acaecidos en esta materia desde la entrada en vigor de la LC; y a nuestro juicio, dicho sea con todo respeto, resulta núbil pensar que dicho legislador, regulando de manera expresa los efectos de la declaración de concurso sobre las acciones sociales de responsabilidad y las correspondientes a la no promoción de la disolución, haya obviado por descuido cómo afecta dicha declaración concursal a las acciones individuales de responsabilidad.
Por el contrario, lo lógico y prudente es pensar que ha sido una decisión de técnica legislativa dejar al margen de esta regulación a las citadas acciones individuales.
La compatibilidad de la acción individual y la responsabilidad del artículo 172 y 172 bis LC parece también ponerse de manifiesto a través del auto dictado por AP Madrid (secc. 28ª) en fecha 13 de noviembre de 2007 que, apoyándose en un argumento idéntico al que utilizamos, se pronuncia a favor de la posibilidad de exigir de forma coetánea distintas responsabilidades a los administradores sociales -por un lado en el concurso y fuera del mismo-, argumentando que, al tiempo de aprobarse la Ley Concursal –léase reformarla- se tuvo ocasión de recoger en la LSA, LSRL –TRLSC- o en la propia LC, la imposibilidad de ejercicio de dichas acciones durante el concurso, y no se hizo. Tampoco, añade el auto, existe en la Ley Concursal precepto alguno que impida ejercer acciones no concursales frente a los administradores sociales de la sociedad concursada, por lo que no hay impedimento o postergación para el ejercicio de las acciones extraconcursales frente a un no concursado como es el administrador social (FJ 3º).
II.3.- No se puede olvidar, tampoco, que no ha sido exclusivamente la acción individual la que ha quedado fuera de la armonización predicada por el legislador en materia de responsabilidad de administradores, pues piénsese que junto a ésta encontramos otros supuestos no contemplados por la normativa concursal, como por ejemplo son la responsabilidad de liquidadores sociales prevista en el artículo 397 TRLSC, o la responsabilidad solidaria o subsidiaria de los administradores de hecho o derecho prevista en los artículo 41, 42 y 43 de la Ley General Tributaria, o la prevista en el artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social, todas ellas normas que conllevan que los administradores o liquidadores sociales puedan responder de las deudas de la compañía concursada.
II.4.- Por último, acabar diciendo que éste ha sido el criterio mantenido por la Junta de Jueces de Cataluña celebrada en fecha de 16 de julio de los corrientes, en la que concluyen lo siguiente:
“3.3. Acción individual de responsabilidad por daño contra los administradores sociales (arts. 236 y 241 LSC): No resultan afectadas por la declaración de concurso, ni las que se encuentre en trámite ni las que se inicien con posterioridad a la declaración”.
Dichas conclusiones obran publicadas en el núm. 17/2012 de la “Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal”, editorial la Ley, página 356.
De lo dicho se desprende que la TEORÍA CORRECTORA utilizada por el juez de lo mercantil para inadmitir “ad limine” la demanda -y medida cautelar que junto la misma se pidió- no resulta acorde con la regulación sistemática y conjunta que afecta a la responsabilidad de administradores sociales.

References: artículo 241
 artículo 241
 artículo 50
 artículo 367
 artículo 172
 artículo 397
 artículo 41
 artículo 15