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Timestamp: 2017-09-23 05:16:13+00:00

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La Venia, Número 10 by Made In Syldavia - issuu
Nº 10 / Julio 2012
REVISTA OFICIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO
Reforma laboral Las claves de la nueva normativa del trabajo • Artículo de Belén Fraga
• José Ignacio Álvarez Sánchez • Carmen G. Trelles • Fernando Rodríguez Alonso • Pelayo Mijares
© MADE IN SYLDAVIA
2 ÂŚ abogados
La venia 12
REVISTA OFICIAL DEl colegio de abogados de oviedo Schultz 5, 33003 Oviedo (Asturias) Teléfono: 985 21 23 70 Fax: 985 22 85 82 E-mail: info@icaoviedo.es
entrevistas 12 PABLO MARTÍNEZ “El derecho sancionador en materia de tráfico es lamentable”
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19 PELAYO MIJARES “La conciliación es un ámbito en el que hay que trabajar más” 22 JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ “Los problemas económicos inciden directamente en los gastos de la comunidad de vecinos” 26 CARMEN G. TRELLES “Los tribunales están saturados y esto se traduce en un perjuicio para todos” 19
16 LUIS VARELA, MEDIO SIGLO DEDICADO A LA ABOGACÍA
Las claves de la nueva normativa del trabajo
38 LA JUSTICIA DEPORTIVA Y EL RETO DEL DOPAJE
• Artículo de Belén Fraga
10 BELÉN FRAGA Abogada. 45 ROMÁN SUÁREZ BLANCO Abogado 46 NÉSTOR Humor
en PORTADA las claves de la nueva reforma laboral página 6 empresarios de asturias ¦ 3
la carta del decano enrique valdés
l Boletín Oficial del Estado del pasado día 7 de julio de 2012 publicó la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero no es a la mediación a la que quiero referirme en estas líneas, a pesar de la importancia que la misma tiene para nuestra profesión y para la sociedad española. Hoy quiero hablaros -mejor dicho, escribiros- sobre la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. La pregunta que surge de inmediato es ¿Qué tiene que ver la Mediación con el acceso a dichas profesiones? Y la respuesta es que tiene mucho que ver, porque las Cortes Generales aprovecharon la Ley de Mediación para introducir en la misma una Disposición Final Cuarta que modificó la Ley de Acceso a las profesiones citadas, técnica ésta muy discutible a la que ya nos tienen acostumbrados nuestros legisladores, si bien en este caso hay que agradecerles que hayan utilizado una Ley que tiene cierta relación con la materia, al contrario que lo ocurrido en otros casos, en que se aprovecharon leyes referidas a la fiscalidad de productos energéticos para introducir normas reguladoras de nuestra actividad profesional, como sucedió con la regulación de la relación laboral especial de los abogados que prestan servicios por cuenta ajena para otros abogados. (Ley 22/2005, de 18 de noviembre). La modificación más relevante de la Ley de Acceso es la que libera a todos los Licenciados en Derecho de la formación postgrado y de las pruebas previstas en la misma para poder colegiarse como Abogado o Procurador, dejando limitada dicha exigencia a los Graduados en Derecho, sin limitación temporal alguna para obtener el título de Licenciado, aunque manteniendo el plazo de dos años para colegiarse una vez obtenido el mismo. Hubo un consenso poco habitual entre los grupos parlamentarios para aprobar dicha modificación de la Ley, explicándose el mismo porque en todos las formaciones políticas militan estudiantes de la Licenciatura de Derecho que fueron incapaces de finalizarla durante el largo plazo de VACATIO LEGIS de la Ley 34/2006, que fue de 5 años, nada menos. Y esto es así porque los estudiantes que tiene una actividad política “cuasi profesional” suelen retrasarse en sus estudios académicos, como la experiencia nos enseña. Esta reforma, que esperamos sea la última, tiene detractores, porque supone retrasar de nuevo la equiparación de España a otros países europeos, que desde hace muchos años han dejado de equiparar titulo académico con título profesional, aunque probablemente la repercusión práctica de la misma sea muy limitada, no sólo porque el número de estudiantes de Licenciatura que no la han finalizado en plazo son pocos, sino también porque algunos de ellos no la finalizarán nunca, otros no ejercerán la abogacía ni la procura, aunque logren finalizarla, y quienes pretendan ejercer deberán realizar la formación postgrado aunque no sea obligatoria legalmente para ellos, porque lo será en la práctica, ya que deberán competir en el mercado laboral con los Graduados en Derecho que, aún habiendo finalizado sus carreras antes que ellos, estarán obligados a cumplir las exigencias formativas de la Ley de Acceso. Ahora bien, téngase en cuenta que, aunque estos Licenciados “tardíos” no estén sujetos a plazo para finalizar sus estudios universitarios, ello no significará que dispongan de todo el tiempo del mundo para hacerlo , porque, antes o después, las Universidades suprimirán los estudios de Licenciatura en Derecho e impartirán sólo las de Grado en Derecho, lo que supondrá que quienes, llegado ese momento, no hayan obtenido la Licenciatura deberán continuar con los estudios de Grado –con las pertinentes convalidaciones, claro está- y para los Graduados la Ley 34/2006 no prevé excepción alguna al día de la fecha. En cualquier caso, los Colegios Profesionales acogeremos a estos Licenciados con los brazos abiertos en cualquier momento en que su incorporación se produzca.
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La letra grande de LA REFORMA LABORAL Casi seis meses después de la aprobación de la última reforma laboral promovida por el Gobierno central, su aplicación sigue suscitando dudas entre patronal y trabajadores.
Por SARA TOMÁS
uando Mariano Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, dejaron entrever sus intenciones sobre la reforma laboral ante sus colegas europeos, ya se preveía un conjunto de medidas que como poco iban a soliviantar a los sindicatos. La reforma fue aprobada y, en efecto, provocó la convocatoria de una huelga. Aunque a día de hoy sigue despertando rechazos, dudas y recelos, el Gobierno, por su parte, insiste en que era necesaria en medio de un enorme crisis de empleo, con cerca de 5 millones de parados y menos de 17 millones de afiliados a la Seguridad Social, la cifra más baja desde 2004. Tanto Mariano Rajoy como De Guindos y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, advierten de que la situación del empleo “empeorará” este año aunque la reforma es “amplia, profun6 ¦ la venia
da, equilibrada y útil” para favorecer la competitividad, la creación de empleo y la estabilidad laboral. El tiempo dirá si tienen razón los críticos o los adeptos. La letra pequeña de la reforma y su adaptación a los casos reales ya está produciendo no pocos litigios. La primera de las claves es el contrato de 33 días, aplicable a los trabajadores que lograron un nuevo empleo desde la publicación de la norma, el pasado mes de febrero. El empresario puede despedir al trabajador con una indemnización máxima de 33 días por año trabajado con una compensación de 24 mensualidades, cuando antes el máximo era de 45 días y 42 mensualidades. Eso significa que para un empleado con un salario de 30.000 euros brutos anuales que haya trabajado 10 años, el despido costará ahora algo más de 27.000 euros frente a los casi 37.000 que habría percibido con el sistema antiguo. Para los que ya tenían un contrato firmado antes
LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AÚN SIGUE SUSCITANDO DUDAS GOBIERNO Y SINDICATOS DISCREPAN EN CUANTO A SUS EFECTOS
de la reforma, una de cal y una de arena: por el periodo anterior a esa fecha cobrarán 45 días y a partir de entonces, 33 días por cada año que siga acumulando. Si el despido es procedente o improcedente influye, naturalmente, en la indemnización. En el primer caso, al que la empresa se puede acoger con relativa facilidad (tener o esperar pérdidas o bien razones organizativas, por ejemplo), el pago al trabajador será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades; en el segundo supuesto podrá cobrar hasta 33 días con un tope de 24 meses. De la misma forma que se explicó antes, se mantiene para todos la indemnización de 45 días respecto a los periodos trabajados antes de la aprobación de la reforma. Por otra parte, el Gobierno señaló que su intención era agilizar los trámites de despido colectivo para dar a la empresa facilidades de supervivencia en el
UN RECORRIDO POR LA REFORMA LABORAL
Despidos más baratos El empresario puede despedir al trabajador con una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, con una compesación de 24 mensualidades. Antes, el máximo era de 45 días y 42 mensualidades.
ERES más rápidos Se agilizan los trámites para los despidos colectivos. Además se amplian las causas que se pueden alegar para presentar un ERE: no sólo si ya se presentan pérdidas, sino también si se prevén para el futuro o si cae la facturación durante tres trimestres seguidos.
Los improcedentes recibirán una indemnización de 33 días con un tope de 24 meses.
En cuanto a los ERES temporales, están previstas reducciones de jornadas laboral con el fin de flexibilizar el contingente de horas trabajadas al año y así aliviar el coste laboral de la empresa.
La contratación de mayores se bonificará con cuotas en la Seguridad Social de 1.300 euros al año en los tres primeros años, y las mujeres, 1.100 euros anuales. Para mujeres paradas de larga duración y mayores de 45 años, la ayuda aumenta hasta los 1.500 euros.
Menos trabajos temporales
Se facilitan los despidos procedentes, que además, se abaratan a 20 días con un tope de 12 mensualidades.
Ventajas para mayores de 45 años y mujeres
El empresario podrá reducir su cuenta fiscal en 3.000 euros cuando contrate su primer trabajador si tiene menos de 30 años.
A partir del próximo 31 de diciembre volverá a estar prohibido encadenar trabajos temporales en una misma empresa durante más de 24 meses.
Más despidos procedentes
Obligaciones de los parados
Los inscritos del INEM podrán hacer servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios con las administraciones locales y regionales. Además, se controlarán las bajas injustificadas y las incapacitaciones temporales a través de mutuas. Fuente: Elaboración propia.
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caso de que sea viable. Acogerse éticamente o no a estas medidas queda parcialmente en manos de la patronal. El hecho, sin entrar en valoraciones sobre el espíritu de la medida, es que las sociedades que quieran realizar un Expediente de Regulación de empleo (ERE), y por tanto acogerse a la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, no necesitan el visto bueno de la autoridad laboral. Antes de la reforma era necesario que la dirección de la empresa pactara con los representantes de los trabajadores unas indemnizaciones para que la autoridad laboral no se opusiera, naturalmente siempre que no se cometieran ilegalidades. Ahora, si existe conflicto sólo el juez puede frenar el expediente; mientras que las empresas tienen más facilidades para ofrecer pagos más bajos en función de la mala situación económica. Las causas que se pueden alegar para presentar el ERE se amplían: no sólo si las empresas ya presentan pérdidas sino también si prevén pérdidas en el futuro
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o incluso si la sociedad sufre una disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos. Entre los potenciales afectados de esta medida están los casi 700.000 empleados públicos que están considerados como personal laboral contratado, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y los más de 150.000 que trabajan en empresas públicas, según la encuesta de población activa. En cambio, deja fuera a los dos millones de funcionarios, cuyo régimen laboral no se rige por el Estatuto de los Trabajadores. Lo que no pueden hacer las Administraciones y los demás órganos públicos, salvo los que se financien mayoritamente con dinero que no procede de los contribuyentes, es recurrir a otras herramientas para adaptarse a las dificultades económicas y recibir ayudas de la Seguridad Social para mantener el empleo. La reforma laboral les vedó la posibilidad de recurrir a los ERE para suspender con-
Los ere pueden afectar a 700.000 empleados públicos
los contratos de jóvenes, mujeres y mayores se incentivan
tratos temporalmente o reducir jornada. Desde julio de 2009, cuando una empresa opta por enfrentarse a las dificultades económicas suspendiendo los contratos temporalmente sin despedir se beneficia de una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Además, los trabajadores afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho para percibir luego el paro si definitivamente acabara perdiendo su empleo. La reforma laboral cerró esta posibilidad para los ERE procedentes de la Administración o sus aledaños. No en vano, los recursos empleados en esta ayuda salen de las arcas de la Seguridad Social. No sólo a los ERE de extinción se refiere la reforma. También están previstas las reducciones de jornada laboral con el fin de
flexibilizar el contingente de horas trabajadas al año y de esa forma aliviar el coste laboral de la empresa. Este tipo de ERE también se puede realizar sin acudir a la autoridad laboral, como era obligatorio antes de febrero. El empresario y el comité de empresa pueden negociar un convenio propio que se adapte a su situación. Ayudas a la contratación Esto en cuanto a recortes y despidos. También se aprobó un paquete de medidas con la intención de incentivar la contratación cuyos efectos están por ver en las estadísticas, aunque resulta difícil atribuir a uno u otro factor lo que sucede en el mercado laboral. Ello está, obviamente, sujeto al punto de vista del interlocutor. De hecho, el Gobierno dice que quiere que los jóvenes se incorporen a las medianas y pequeñas empresas. Así, el empresario podrá deducir en su cuenta fiscal 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador si tiene menos de 30 años; por otro lado cualquier empresa que quiere contratar a jóvenes menores de esa edad también obtienen bonificaciones en su cuenta fiscal de 1.000 euros en el primer año de contrato, 1.100 en el segundo año y 1.200 en el tercer año. También los mayores de 45 años y las mujeres disponen de alguna ventaja a la hora de ser contratados. Los mayores con bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de 1.300 euros al año en los tres primeros años de contratación y las mujeres, si tienen menos de 30 años añaden 100 euros a la ayuda mencionada a los jóvenes, es decir, 1.100 euros al año. En el caso de mujeres mayores de 45 años y en paro de larga duración, la bonificación de 1.300 euros se elevó hasta los 1.500 euros. La idea es fomentar el empleo en sectores tradicionalmente
copados por operarios masculinos, como la industria. A partir del próximo 31 de diciembre, volverá a estar prohibido encadenar trabajos temporales en una misma empresa durante más de 24 meses. Esto puede tener el efecto deseado por el Gobierno, que es atajar la temporalidad, o bien lo contrario, una mayor rotación en los puestos de trabajo si el patrón decide sustituir al empleado temporal por otro. Protección y obligaciones La nueva normativa soliviantó especialmente a los sindicatos en lo que se refiere a obligaciones de los parados. Es una obsesión del Gobierno reducir las listas, por lo que cada vez ejerce una mayor presión sobre los que reciben la prestación. La reforma quiso que los inscritos en el Inem pudieran hacer servicios “de interés general en beneficio de la comunidad” a través de convenios con las administraciones locales y regionales. También pretende controlar las bajas injustificadas y las incapacidades temporales a través de mutuas de trabajo, una tarea sin duda ingente. Otra novedad es que todos los trabajadores tienen derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa. Pero esto tiene su parte amarga y muy polémica, puesto que se amplió hasta los 30 años de edad del trabajador en el contrato de formación y aprendizaje, hasta que el paro baje del 15%, sin duda una medida singular. El último paquete de medidas de recorte ha vuelto a tocar las condiciones del cobro del subsidio, aunque está todavía por ver su aplicación. En principio, hay una reducción de la percepción del subsidio después del primer medio año de cobro y es posible que también afecte a otros aspectos. la venia ¦ 9
Algunas reflexiones sobre la reforma laboral
estas alturas, todos hemos oído hablar acerca del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado el pasado 10 de febrero, convalidado recientemente por la Ley 3/2012, de 6 de julio, que sin duda suponen una profunda remodelación del marco normativo que, fundamentalmente en materia de flexibilidad interna y extinción del contrato de trabajo, estaba vigente hasta la fecha. En la Exposición de Motivos de ambas normas se insiste en el carácter equilibrado de la reforma, así como en que acabará generando empleo, lo que exige una lectura en profundidad de la norma, y no limitarse a considerar que con ella se simplifican los trámites para llevar a cabo despidos. Mi valoración, tras la experiencia vivida en el despacho a lo largo de estos tres meses, desde la publicación, es, en términos generales, positiva, en el sentido que si bien la Reforma no está siendo un instrumento para crear empleo a corto plazo (las modificaciones en contratación no son muchas), sí puede servir, a mi juicio, para evitar una mayor destrucción de 10 ¦ la venia
empleo, a través del recurso a las medidas de flexibilidad interna en ella recogidas, que hasta la fecha las empresas ni siquiera se planteaban (a pesar de que en algunas de ellas no hay cambios muy significativos), que por lo menos se están percibiendo por las empresas del entorno como alternativas para evitar la destrucción de empleo. Por tanto, considero que la reforma está sirviendo para concienciar a las empresas de que hay otras posibilidades de ajuste laboral, adicionales o alternativas al despido. Es cierto que hay medidas claramente desfavorables para los trabajadores, como es el abaratamiento del despido, con la supresión de los salarios de trámite, y la rebaja de la indemnización por despido improcedente de los 45 a los 33 días (si bien para los contratos celebrados con anterioridad a la reforma el cambio en la cuantía de la indemnización no se va a apreciar hasta dentro de 4 o 5 años), pero lo que me estoy encontrando en el despacho, es que las empresas no tienen especial interés en despedir a sus empleados como consecuencia de la nueva regulación (o mejor dicho, tienen el mismo que antes de la reforma), y sí en adoptar medi-
Belén fraga es Socia del Área de Derecho Laboral de Vaciero economistas y abogados. es miembro del ilustre colegio de abogados de oviedo
das que le permitan ajustar sus gastos de personal al escenario de disminución de ingresos que está viviendo con la crisis, sin tener que recurrir a más despidos (en un momento en que las plantillas ya están bastante ajustadas). En particular, la negociación de un convenio colectivo de empresa que permita revisar salarios u otras condiciones y adaptarlas a la situación interna, y la modificación de las condiciones (previstas en pacto individual, no convencional), por la vía del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, son dos de las alternativas previstas en la nueva normativa, que están permitiendo a las empresas acompasar sus gastos de personal a su situación económica y productiva. Arrimar el hombro Habrá quien piense que dichas medidas precarizan el empleo, pero lo que está claro es que estamos en una situación en la que a todos nos toca “arrimar el hombro”, y que siempre será mejor encontrarse con una rebaja salarial o una modificación de otro tipo de condiciones (que es obvio, a nadie le gusta), que pasar a engrosar las dramáticas listas de desempleo. La Ley 3/2012 ha mantenido
prácticamente la misma redacción que el Real Decreto, si bien ha clarificado la redacción de algunos artículos, que sin duda eran susceptibles de mejora desde un punto de vista jurídico. En particular, se agradece (dado lo frecuente de estos procesos) que se haya concretado la causa económica, técnica, organizativa o de la producción para llevar a cabo suspensiones o reducciones de jornada (el Real Decreto no concretaba las mismas), definiéndolas en el mismo sentido que se hace para el descuelgue salarial; que se haya aclarado que la disminución persistente de los ingresos durante determinados trimestres consecutivos debe hacerse en relación con los mismos períodos de ejercicios anteriores (era esta una de las dudas más frecuentes que se planteaban en la práctica,
sobre todo en sectores con una actividad muy estacional), así como que se haya clarificado el carácter exento, a efectos fiscales, de las indemnizaciones por despido improcedente, hasta el límite legal para estos casos (45-33 días), con independencia de que no haya habido conciliación administrativa o proceso judicial (lo que no viene a ser más que una fórmula encubierta para mantener el despido exprés, a pesar de su aparente desaparición). No obstante, se sigue echando en falta una clarificación de la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción en los procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, y movilidad geográfica, para los que la causa continúa siendo definida como aquellas que tengan que ver con la “compe-
titividad, productividad, u organización técnica del trabajo”, que es una especie de “cajón de sastre”, donde puede caber de todo, y que sin duda dará lugar a interpretaciones contrapuestas por parte de los órganos judiciales. Lo que si está constatándose es que la nueva normativa está trayendo consigo un incremento de las reclamaciones judiciales, derivadas sin duda de la mayor movilidad en la relación laboral. En este sentido, habrá que ir viendo cómo los jueces van interpretando la norma (aunque en términos generales, sí están sensibilizados con el actual panorama), pero al menos las empresas cuentan con más alternativas que pueden ayudar a frenar la destrucción de empleo, mediante al recurso a medidas de flexibilidad interna.
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“El derecho sancionador en materia de tráfico
es lamentable”
Pablo Martínez es abogado, experto universitario en investigación de accidentes de tráfico por la Universidad de Oviedo y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica. Acaba de coordinar las III Jornadas de Tráfico y Seguridad Vial que se celebraron el mes pasado en Oviedo.
Por M. I. S.
a normativa sobre tráfico, al menos desde una visión no cualificada, parece amplísima. ¿Es así? Si por normativa de tráfico se entiende no sólo la que tiene por objeto regular específicamente la actividad de la conducción de vehículos a motor propiamente dicha, sino también todas las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con ella (autoescuelas, carreteras, responsabilidades civil y penal, seguros, etcétera), sí es posible afirmar que es extensa. En todo caso, ¿cómo valora en general esta normativa en materia de tráfico y seguridad vial?
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Como todas las normativas, tiene sus aspectos positivos y negativos. Dentro de los primeros destacaría que ha contribuido, en parte y a pesar de sus defectos, a disminuir el número de víctimas de accidentes de tráfico, pues, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico, es un hecho que aquéllas se han reducido progresivamente desde el año 2.006 hasta el 2.010 (último del cual se tienen datos definitivos), pasando de 147.554 (4.104 fallecidos y 143.450 heridos) a 122.823 (2.478 fallecidos y 120.345 heridos), si bien reitero que éste no es el único factor que ha producido dicha disminución. En lo que se refiere a los segundos, hay que mencionar la precipitación e improvisación con la que se han introducido reformas en esta materia en algunos casos (sir-
LAS REFORMAS EN MATERIA DE TRÁFICO SE HAN REALIZADO CON MUCHA PRECIPITACIÓN
LA EXISTENCIA DE SANCIONES PECUNIARIAS ES UN ELEMENTO NECESARIO
va como ejemplo el hecho de que en los siete años que van de 2003 a 2010, el legislador ha modificado en tres ocasiones la regulación de los delitos contra la seguridad vial existentes en el Código Penal), y el hecho de que se ha primado en exceso la finalidad punitiva, sancionadora y recaudatoria, en detrimento de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué opinión le merece el derecho sancionador en materia de tráfico? En general, lamentable, y cada vez peor, especialmente desde la reforma operada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial mediante la funesta Ley 18/2.009, de 23 de noviembre, nacida en parte, por cierto, del reconocimiento
que hace el propio legislador en su exposición de motivos del sistemático incumplimiento de la normativa en este ámbito por parte de las Administraciones Públicas. A título de ejemplo: se ha producido un incremento de la cuantía de las multas (a pesar del empeño de la D.G.T. en afirmar lo contrario hasta la saciedad), se ha postergado la aplicación de la normativa general sobre el procedimiento sancionador contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, -mucho más garantista-, la cual se ha convertido en supletoria en este ámbito, se han eliminado, en la práctica, tanto el principio de proporcionalidad, como el sistema tradicional de recursos administrativos, se ha modificado el sistema de notificaciones en detrimento de las garantías de los
Pablo Martínez, experto en investigación de accidentes de tráfico.
ciudadanos y muchas otras medidas que, a mi entender, constituyen un ataque directo contra nuestros derechos. Existe controversia con respecto a las multas de tráfico. Muchos las consideran imprescindibles para llegar a la seguridad vial, pero para otros tienen un mero objetivo recaudatorio. ¿Cuál es su opinión? La existencia de sanciones pecuniarias en la normativa sobre tráfico es un elemento necesario para la consecución de la seguridad vial, pero no debe ser el único, ni tampoco el más importante, debiendo tenerse en cuenta también aspectos como la mejora del estado de las carreteras y la educación vial. Por poner un ejemplo, poco o nada aportan a la seguridad vial
las sanciones que se deriven de las infracciones detectadas por un radar en un tramo de vía recta de gran longitud, con buena visibilidad, en el que no hay siniestralidad alguna. Teniendo en cuenta que en el periodo comprendido entre los años 2001 a 2010, ambos inclusive, se han formulado en las carreteras españolas (a excepción de Cataluña y el País Vasco) 31.279.638 denuncias, con una recaudación superior a 3.000 millones de euros, y que, a pesar de que desde 2009, ese dinero debe ir destinado por imperativo legal a actuaciones y servicios relacionados con la seguridad vial, y sin embargo se utiliza en fines ajenos a ella, como por ejemplo el pago de los sueldos de los funcionarios, mi opinión es que las sanciones pecuniarias en materia de tráfico la venia ¦ 13
nas que fallecen a consecuencia de dicho accidente en el mencionado plazo temporal, se computan como víctimas de accidente de tráfico en las correspondientes estadísticas. El problema reside en el hecho de que la Administración Pública no hace un control y seguimiento efectivo de tales heridos para saber fehacientemente su evolución, sino que aplica un coeficiente corrector para la determinación de esa cifra que, por tanto, es una estimación y no un dato real. Consecuentemente, se puede afirmar que las estadísticas de fallecidos a 30 días por accidentes de tráfico que elabora la DGT no son reales, en la medida en que no reflejan todos y cada uno de los fallecidos por tal causa durante ese periodo temporal. Entiendo que se puede y se debe corregir tal circunstancia y la nueva Directora General de Tráfico ha manifestado recientemente su voluntad en este sentido, por lo que esperemos que así sea.
se utilizan, en gran medida, con una finalidad meramente recaudatoria. La DGT suele sacar a la luz estadísticas con bastante regularidad. ¿Son reales estos datos? Desde el año 1993 inclusive, la Dirección General de Tráfico realiza el cómputo de fallecidos en accidentes de tráfico a 30 días. Esto significa que cuando se produce un accidente de tráfico, las perso14 ¦ la venia
¿Qué situación jurídica tiene la Zona Azul? ¿Hay que pagarla? La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial atribuye a los municipios la regulación, mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado (la denominada zona azul), con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos. Poniendo como ejemplo la ordenanza municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo del año 2007, la misma establece como infracción el no hallarse provisto de título (ticket) que habilite para el estacionamiento en dicha zona, así como exceder en el tiempo la autorización concedida a través de ese
ticket. Por tanto, todo conductor que estacione en una zona de estas características, en el horario establecido al efecto, está obligado a pagar la correspondiente tasa y, si no lo hace, o haciéndolo se excede en el tiempo autorizado, estará cometiendo una infracción administrativa por la que puede ser sancionado. Por lo tanto, en respuesta a su pregunta, sí hay que pagar por estacionar un vehículo en la zona azul, en los términos regulados en la correspondiente ordenanza municipal. Otra cosa diferente es la prueba de esa infracción. En efecto, varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (entre ellos el número 1 de Oviedo) han dictado sentencias anulando sanciones de esta naturaleza por no constar acreditada la existencia de dicha infracción y ello porque, en tales casos, la única prueba de su presunta existencia eran las denuncias formuladas por los empleados de las empresas contratadas por los Ayuntamientos para controlar esas zonas de estacionamiento limitado, los cuales no ostentan la condición de agentes de la autoridad y, por tanto, sus denuncias no gozan de la presunción de veracidad que el artículo 75 de la Ley sobre Tráfico atribuye a las formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. En definitiva, se trata de una cuestión relativa a la prueba de la infracción y no a la obligatoriedad del pago de la correspondiente tasa, la cual no se ha cuestionado en estas resoluciones judiciales. El carnet por puntos cumple seis años. ¿Cuál es su balance? La introducción por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico del denominado carnet por puntos en el año 2006, me pareció en su día una medida acertada, en principio, pues suponía, al menos en
teoría, equipararnos a otros países de nuestro entorno que ya tenían implantada esta figura desde hacía muchos años, tales como Francia o Alemania, donde se había mostrado como un instrumento eficaz en la lucha contra la inseguridad vial. Sigo pensando que se trata de una figura acertada, pero creo que adolece de diversos defectos que han de ser subsanados, especialmente en lo que se refiere a su aplicación. ¿Qué le parece la reforma del baremo de indemnizaciones en materia de tráfico? Mi criterio es que es necesario reformar el denominado baremo para introducir mejoras en él y, especialmente, con la finalidad de dar una mayor protección a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo en el caso de los grandes lesionados, en la línea de la mayor parte de los países del resto de Europa, mediante el incremento de las indemnizaciones,
las estadísticas de fallecidos de la DGT NO SON REALES, SE TRATA DE UNA ESTIMACIÓN
EL BALANCE DE LAS III JORNADAS DE TRÁFICO ES MUY POSITIVO
entre otras medidas. De hecho, en el año 2010, los Ministerios de Economía y de Justicia crearon una Comisión de Expertos para su reforma, en la cual, por cierto, participa Mariano Medina Crespo, uno de los conferenciantes de las III Jornadas de Tráfico y Seguridad Vial que se han celebrado recientemente en Oviedo, con la finalidad de analizar la necesidad de tal reforma y elaborar un informe que sirva de base para ella. Recientemente se han celebrado las III Jornadas de Tráfico y Seguridad Vial en Oviedo, en las cuales ha sido usted el coordinador ¿Cuál es su balance? El balance es muy positivo, tanto por la excelente calidad de todos y cada uno de los conferenciantes que han participado en ellas, como por el interés que han generado, dado que ha habido doscientas setenta personas inscritas, a lo cual ha contribuido, una vez
más, la excelente organización de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias y del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, sin los cuales la celebración de estas Jornadas no habría sido posible, y a los cuales quiero agradecer desde aquí su colaboración. ¿Destacaría algo en concreto? Reiterar la excelente calidad de los conferenciantes, la consolidación que ha supuesto celebrar la tercera edición consecutiva y el mantenimiento de una característica que siempre hemos pretendido desde la primera edición, que es la de abordar esta materia desde diversos puntos de vista, mediante la intervención de los distintos operadores que intervienen en ella (Abogados, Fiscales, Jueces, Agentes de la Autoridad, Peritos, representantes de las Administraciones Públicas, etcétera), con el fin de que aporten una visión multidisciplinar, crítica y plural. la venia ¦ 15
LA ABOGACÍA como forma de vida Luis Varela, el que fuera decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, hace un recorrido por los más de 50 años en los que estuvo ligado a la profesión
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na vez que empiezas hay que seguir nadando, si no, te ahogas”. Este es el motivo que da Luis Varela para justificar su larga trayectoria profesional. Más de 50 años dedicándose a la abogacía que le han valido para, entre otras cosas, recibir varios reconocimientos. El más reciente, el que recibió el pasado mes de abril, la Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, del que habla con orgullo. Con el mismo orgullo que transmiten sus ojos cuando narra su trayectoria profesional, la misma que disfraza con las brazadas de un naufrago.
Hijo de una “maestra nacional, como se decía entonces” y de un agente comercial, que le transmitió parte de su sabiduría, Luis Varela que se decantó por la abogacía porque “entonces no sabía lo que era”, bromea. “Me gustaba, sí, me gustaba, pero porque no lo conocía lo bastante”, sonríe. Cursillos de prácticas en el despacho de Álvarez Prada, un paso por Madrid, por la Escuela de Práctica Jurídica, y alguna experiencia más de juventud fueron el preámbulo de una trayectoria amplísima, como atestiguan las paredes de su despacho de la calle Quintana, repleto de diplomas, títulos y reconocimientos. “No siempre trabajé en este despacho”, cuenta, y añade que al
“Una vez en el mar, hay que seguir nadando, así que eso hice yo con el derecho” “La profesión ha cambiado mucho”, dice varela, pero no queda claro si para mejor
principio se instaló profesionalmente en el hogar paterno. “Uno de esos casos en los que los padres dejan a su hijo la mejor habitación de la casa para que allí ponga su despacho”. De allí, a Martínez Marina, para recalar luego en la calle Quintana. Cambios de ubicación que se producían a la par que evolucionaba –o involucionaba- la profesión. “Sí que fueron modificándose las cosas... quizá más en la forma que en el fondo. Defender a alguien sigue haciéndose de la misma manera, pero ahora hay mucha legislación sobre todo, demasiada, te abruma. Antes todo se resolvía con lo que venía en aquellos libros –dice mientras señala un estante de un metro de ancho-. la venia ¦ 17
Ahora eso sería una décima parte de lo que hay”. Además, para Varela, también ha cambiado el modo de relacionarse con el cliente. “El trato ahora es menos respetuoso por ambas partes, aunque quizá esto no pase solo en la abogacía, quizá es algo que va ligado a la marcha de los tiempos”. Otras cosas también han cambiado. Por ejemplo, la cuestión de las especializaciones. “Cuando yo empecé era abogado generalista, bueno, así éramos todos, lo de las especializaciones llegó después, de la mano de los grandes bufetes”. Pero insiste: “El método no cambia. Da igual que uno esté en su pequeño despacho o en aquel más grande, rodeado de todos los demás abogados. Hay que pararse a pensar, estudiar el caso, conocer los antecedentes, y eso es igual antes que ahora”. Orgulloso decano Varela, que fue durante ocho años decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, y que define su paso por esta institución como “un orgullo”, no se detiene a contar historias del pasado. “Si supiera y si quisiera tendría para escribir un libro”, reconoce, pero aún hoy se acoge al secreto profesional: “La mayoría de las cosas no se pueden ni se deben contar aunque haya pasado mucho tiempo”. Pero en el tono de voz, en el modo de entrecerrar los ojos y recordar, se descubre lo que ocultan sus palabras. Luis Varela, el mismo que dice que se dedicó a la abogacía porque “había que seguir nadando”, aparece, en realidad, como un apasionado de su profesión. “A los jóvenes, a los que están empezando en esto de la abogacía, sólo les puedo aconsejar que tengan fe. Mucha fe en sí mismos, y no demasiada en los demás”, concluye. 18 ¦ la venia
“El Congreso de Abogacía
será una oportunidad de formación importantísima y única” Pelayo Fernández Mijares es diputado 5º del Colegio del Abogados de Oviedo, responsable del área de Relaciones Institucionales y en la actualidad, presidente del comité organizador del Congreso de Abogacía que se celebra en Asturias en noviembre, un reto que afronta con “responsabilidad, trabajo e ilusión”
E Por M. I. S.
l próximo mes de noviembre se celebra el I Congreso de la Abogacía del Principado de Asturias ¿Cómo afrontan el reto de organizar un evento así? Con mucha responsabilidad, trabajo e ilusión, al ser la primera vez que se organiza un congreso de la Abogacía de Asturias, participando conjuntamente los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón. Tengo la suerte de contar con un buen equipo de colaboradores, que integran el Comité Organi-
el programa se desdobla en salas temáticas para diversificar la oferta
zador, están trabajando con entusiasmo y a quienes quiero mencionar, pues sin su intervención no podría llevarse a cabo el proyecto: Pino del Río, Nuria Fernández, María Martín, Graciela Lagunilla, Benigno Villarejo y Fernando Castro. ¿A qué se debe desdoblar el programa en las tres salas temáticas? Con el objeto de determinar claramente los temas a tratar, diversificar la oferta de ponencias, ampliar los temas, ofrecer al destinatario la posibilidad de elegir la ponencia que pudiera ser de su interés; y por cuestiones organizativas, ya
que es el formato que actualmente se viene siguiendo en los diversos congresos de Abogacía que se celebran, dando buenos resultados. ¿Qué asistencia esperan? Es difícil hacer una previsión. Teniendo en cuenta que es el primer Congreso de este tipo que se celebra en Asturias, que están implicados los dos Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma, que abriremos la participación a los profesionales de los Colegios de Abogados de las Comunidades limítrofes (Galicia, Cantabria, Castilla y León), que las ponencias programadas son muy interesantes, y el nivel de los ponentes muy la venia ¦ 19
alto, esperamos que la asistencia sea muy satisfactoria. ¿Nace el congreso con la intención de repetirse de un modo anual? Nuestra idea es crear una estructura de funcionamiento que permita institucionalizar de alguna manera su organización para que el Congreso de la Abogacía de Asturias se pueda celebrar periódicamente, cada dos-tres años, alternando su celebración entre Oviedo y Gijón. Entrando ya en el programa, veo que dedican especial atención al ejercicio internacional de la Abogacía. ¿Cuáles son los retos en un campo así? Una de las tres áreas temáticas de las ponencias del Congreso es el ejercicio internacional de la Abogacía, cuya finalidad es acercar y dar a conocer los principales campos de ejercicio profesional en el ámbito internacional, desde un punto de vista eminentemente práctico. De esta forma, están programadas ponencias sobre los aspectos prácticos en la intervención profesional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cuestión prejudicial, y la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional es el título de una de las conferencias del congreso. ¿Cómo se lleva a cabo? Eso es lo que queremos dar a conocer, desde el punto de vista práctico. Existe un cuerpo normativo sobre los derechos humanos que debemos saber utilizar, así como Tribunales Internacionales ante los que podemos ejercitar acciones concretas, como son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo) y el Tribunal Penal Internacional. 20 ¦ la venia
tación de la mediación como solución extrajudicial de conflictos.
Las nuevas tecnologías también figuran en el programa. ¿Cuál es la situación de la Abogacía ante la nueva realidad digital? Nuestra profesión tiene la virtud de saber adaptarse a las situaciones que van surgiendo, y desde luego, es consciente de la necesidad de implicarse en la nueva realidad digital y saber utilizar los instrumentos que la técnica nos ofrece. Las nuevas tecnologías son indispensables para el ejercicio profesional; las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las llamadas TIC, son un nuevo ámbito de especialización profesional y de trabajo que no podemos ni debemos desconocer, pues tenemos que dar respuesta a los problemas que se plantean a los ciudadanos en este nuevo entorno. Para ello, contamos con la valiosa colaboración de la Asociación de Expertos Nacionales de la Aboga-
cía TIC (ENATIC), que participa activamente en la preparación del programa. La mediación parece abrirse paso como un camino válido para evitar el recurso a la vía judicial. También tiene cabida en el congreso ¿Cómo valoran esta alternativa? Muy positivamente. La mediación como resolución alternativa de litigios es una herramienta de gran valor, y un ámbito de intervención profesional en el que los profesionales de la Abogacía tenemos que estar, ya sea como mediadores, o bien como asesores del cliente que opta por la mediación como sistema de solucionar sus problemas legales. Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-Ley 5/2.012, de 5 de Marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que significa un paso importante en la implan-
La Abogacía es una profesión que exige dedicación y muchas horas. ¿Es posible la conciliación? Desde luego que es posible, y la práctica así lo demuestra. Todos conocemos matrimonios o parejas en los que ambos o alguno de sus integrantes ejerce la Abogacía, y que son ejemplo de la conciliación de la vida profesional con la familiar o personal. Pero aún así, es un ámbito en el que hay que seguir trabajando y buscando fórmulas que permitan y faciliten cada vez más la conciliación en condiciones de igualdad. Existe normativa sobre esta cuestión que debemos conocer y aplicar en nuestra vida profesional, familiar y personal. Por eso, hemos titulado a una de las ponencias “la conciliación de la vida familiar, personal y profesional, pasa por la igualdad”. Y para terminar, unas palabras para animar a todos sus compañeros a asistir al Congreso… Creo que hay muchos motivos para animarse a asistir al Congreso: porque las ponencias son de gran actualidad e interés profesional, porque participan ponentes del máximo nivel, porque será una oportunidad de formación importantísima, es un instrumento muy útil para la puesta en común de temas profesionales, porque fomentará la relación entre nuestro colectivo y es una oportunidad única de potenciar el acercamiento, la imagen y presentación de nuestro colectivo profesional a la sociedad asturiana. Se puede consultar la página web, donde se ofrece información, que iremos actualizando: www.congresoabogaciaasturias.es. la venia ¦ 21
inciden directamente en los gastos de la comunidad de vecinos” El presidente de la Audiencia Provincial de Asturias y también magistrado, José Ignacio Álvarez Sánchez, analiza el estado actual de la Justicia en Asturias, la situación de la Audicencia Provincial y profundiza en la Propiedad Horizontal, un tema del que es experto
C Por M. I. S.
uál sería su diagnóstico sobre el estado de la justicia en Asturias en la
actualidad? Es satisfactorio porque tenemos una de las mejores relaciones de España entre Jueces y número de ciudadanos y, además, están cubiertas todas las plazas y cuando hay alguna vacante en el siguiente concurso se cubre, ya que muchos Jueces y Magistrados desean venir a trabajar a nuestra Comunidad Autónoma.
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NUESTRO RETO ES HACER BIEN EL TRABAJO DE CADA DÍA Y QUE ASÍ SE PERCIBA
la audiencia funciona bien por la competencia de los magistrados
Como presidente de la Audiencia, ¿cuáles cree que son los principales retos a los que se enfrenta el sector? Nuestro reto es hacer bien el trabajo de cada día y que el ciudadano lo perciba. ¿Habrá una sede para la Justicia en Asturias? El edificio actual de la sede de Oviedo presentó muchas deficiencias desde el principio y aunque todas la Secciones de la Audiencia tienen su ubicación en el mismo edificio hay varios juzgados en otros lugares. Además se necesitarían más salas de visitas, un biblio-
tecario que atienda la biblioteca existente, dotarla anualmente con una cantidad exclusivamente para ella, y una sala de reuniones. En lo que respecta a Gijón, el nuevo edificio corregirá la deficiencia de espacios y la dispersión de edificios y sería conveniente trasladarse a él lo antes posible. La Audiencia es un órgano muy bien valorado en cuanto a su funcionamiento en la justicia asturiana ¿Cuál es la causa de este buen funcionamiento? La estabilidad y acreditada competencia de los magistrados. La última plaza cubierta lo fue por
una magistrada con veinte años de antigüedad en la carrera y la composición de las Salas ha variado muy poco. Los asuntos se deliberan sin prisa, dedicando a cada uno el tiempo que precisa. Hace algunos años se decía que la Audiencia se quedaba pequeña. ¿Se ha solucionado el problema? Sí, ya me refirí a ello en la pregunta anterior. La situación es buena. ¿Cuáles son las principales causas de pleitos de los asturianos? En la situación actual de crisis, los más numerosos son las reclamaciones de cantidad. Las particularidades de la región tales como, minifundio, costa y actividad portuaria, crisis económica de los sectores mas significativos hacen que exista una litigiosidad muy variada. Una de sus especialidades es la Propiedad Horizontal, ¿Qué es, a grandes rasgos y qué regula? La Propiedad Horizontal, se refiere a los edificios en los que existen varios departamentos, englobando en este término las viviendas, locales comerciales, sótanos, garajes, trasteros y cualquier otra dependencia que sea susceptible de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de un edificio o a la vía pública. En consecuencia lo que regula son las relaciones entre los propietarios de los departamentos entre si y con la comunidad de propietarios.
En un intento de documentarse sobre ella, un desconocedor de la este apartado se queda con la sensación de que la jurisprudencia sobre Propiedad Horizontal es amplísima. ¿Esto es cierto? la venia ¦ 23
Lo que es muy frecuente es la litigiosidad, tanto por reclamaciones a propietarios morosos, que se han incrementado sustancialmente en la actual situación de crisis económica en la que nos encontramos, como por otros problemas derivados del uso de elementos privativos o comunes. En los últimos años el Tribunal Supremo ha abordado en numerosas ocasiones litigios relativos a la Propiedad Horizontal clarificando muchos aspectos en los que las Audiencias Provinciales mantenían posturas 24 ¦ la venia
contradictorias. Es de agradecer el trabajo y el esfuerzo de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de su presidente, don Juan Antonio Xiol Rios por abordar y resolver cuestiones controvertidas pues ello redundará en una reducción de la litigiosidad y en un menor gasto de los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas más comunes en este ámbito? El más frecuente, sin duda es la reclamación a los propietarios morosos. También las controver-
sias sobre el uso de los elementos comunes y privativos y las actividades molestas. ¿Qué consejos le daría a una comunidad de vecinos para evitar problemas y dificultades legales? Los problemas se podrían evitar si cada uno de los propietarios hace un uso adecuado de su departamento y de los elementos comunes, respetando el uso que puedan hacer los demás y absteniéndose de actividades molestas.
¿Afecta la situación económica actual a la Propiedad Horizontal? Sin duda. Cuando los problemas económicos acucian una de las obligaciones que primero se dejan de atender son las relativas a los gastos de comunidad. De ahí que se hayan incrementado sustancialmente los litigios en los que se reclaman esas deudas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con un vecino moroso? Reclamarle la deuda a través del procedimiento específico regulado en la Ley de Propiedad Horizontal, aunque, en todo caso, es la comunidad quien tiene que decidir si con anterioridad al ejercicio de la correspondiente acción se pueden buscar otras soluciones. Instalación de ascensores, usos incorrectos, obras en zonas comunes… ¿cuáles son los supuestos más conflictivos? Los supuestos a que se hace referencia en la pregunta generan abundante litigiosidad. También las reclamaciones a morosos, los garajes, las actividades molestas y los aprovechamientos exclusivos de elementos comunes contenidos en el Título Constitutivo. ¿Hasta qué punto un propietario tiene poder de decisión frente a una comunidad? Lo tiene, sin duda en los supuestos de los acuerdos precisados de unanimidad, ya que con su solo voto en contra impide la adopción del acuerdo. La jurisprudencia ha acudido al abuso de Derecho para evitar que un número reducido de propietarios impida la realización de obras en elementos comunes,la construcción de garajes o la instalación de un ascensor, pero esta solución se aplica en un número muy reducido de casos.
el problema más frecuente en propiedad horizontal es la reclamación a propietarios morosos
los garajes, las actividades molestas y los usos comunes son también supuestos conflictivos
Hace unos días, por ejemplo, se supo que la oposición de un vecino lastraba la reforma de los pisos militares de Ezcurdia, en Gijón. ¿Esto no resulta a la larga poco operativo? Sin duda, aunque es difícil dar soluciones a este tipo de supuestos dentro del marco legal vigente. La nueva ley sobre Propiedad Horizontal podría contemplar una amnistía a las viviendas ilegales, muy comunes en zonas del sur de España ¿Existe en Asturias ese problema? No tengo datos precisos pero considero que este problema tiene escasa incidencia en nuestra región. En todo caso la solución al mismo no tiene su cauce en esta Ley si no en normativa de Derecho Administrativo. la venia ¦ 25
“Los tribunales están
saturados y eso se traduce en un perjuicio para todos” La letrada Carmen Trelles explica las funciones del mediador y lo hace a través de su definición: “Es esa tercera persona dotada de una preparación técnica específica que, desde una posición de neutralidad, sin tener ninguna capacidad decisoria, interviene en el conflicto que enfrenta a las partes con la finalidad de que las personas involucradas en la controversia racionalicen con su ayuda una salida negociada que ponga fin al litigio.”
uizá lo mejor es empezar por el principio y preguntarnos para qué sirve la mediación... Según la Exposición de Motivos del Real Decreto –ley 5/2012 , de 5 de marzo, (apartado I), la mediación sirve para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos de las partes y como alternativa al proceso judicial y arbitral. Es por esto por lo que está llamada a ser no solo una alternativa sino una institución complementaria, un instrumento para resolver problemas
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Carmen g. trelles es abogada, musicóloga, diputada cuarta de la junta de gobierno deL colegio de abogados de oviedo y experta en mediación
personales, institucionales, empresariales y políticos, reduciendo el coste y el tiempo que lleva implícito los contenciosos en los juzgados.
sus fines el impulso de la mediación, podrán facilitar el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores.
¿Cuál es el marco adecuado para desarrollar la mediación? Como vimos en la pasada Jornada sobre Mediación, que se celebró el pasado 17 de abril en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con una afluencia masiva por parte de nuestros compañeros, siguiendo el Decreto de Mediación, se pueden crear instituciones de mediación por entidades públicas y privadas y también las corporaciones de Derecho Público, que tengan entre
Habla usted de esas jornadas que celebró el Colegio el pasado mes de abril. ¿Qué otros proyectos tiene el ICAO en torno a la Mediación? La Junta de Gobierno del ICAO, va a proceder a crear un centro de Mediación que se denominará Instituto de Administración de la Mediación (IAM) con el objeto de fomentar y promocionar la mediación en el Principado, articulando un servicio, independiente, integral y profesional para las
diversas áreas del Derecho. Para ello contamos con un Registro de Mediadores, abogados formados específicamente en Mediación que, como expertos, prestarán la adecuada atención, no solo a los particulares que acudan, sino a instituciones, empresas y en los casos en los que sean requeridos a instancia de los Juzgados. No hay que olvidar que en este sentido la mediación ya está empezando a ser requerida por los propios abogados que acuden a ella para solucionar determinados conflictos de sus clientes que, de otra manera estarían abocados a dirimirse en el juzgado con la consecuente lentitud e inseguridad de los procedimientos. Además están a punto de firmar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y con la Universidad de Oviedo... Así es. Se trata de un acuerdo para poner en marcha un proyecto de Mediación Penal en Asturias, con la colaboración de los Fiscales y Jueces de lo Penal conscientes de la excesiva carga de trabajo. La mediación penal está llegando en algunos puntos de España como en Cataluña a resultados muy satisfactorios, sobre todo para las víctimas, las grandes olvidadas del procedimiento penal y que, a través de un proceso de mediación, tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos e inquietudes, a la vez que el infractor es consciente del sufrimiento infringido, posibilitando que asuma, en la medida que el Código Penal lo permita, las consecuencias provocadas y la reparación del daño causado. ¿Y qué medidas se están tomando en el campo de la formación? Es un aspecto muy importante. De hecho, el ICAO ha apostado desde 2007 por el aspecto formala venia ¦ 27 ©MADE IN SYLDAVIA
tivo de la mediación y prueba de ello es la aprobación en ese año del primer convenio de colaboración entre el Colegio y la Universidad de Oviedo, acuerdo pionero en España, por el que por primera vez un Colegio de Abogados impartió un postgrado de Mediación Familiar con la participación de profesionales de otra áreas, como sicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. Ya vamos por la tercera promoción y en la renovación del Convenio con la Universidad para este curso, se han ampliado los contenidos abordando también la mediación penal, civil y mercantil. Ya está publicitado en la web del Colegio el contenido del programa con las fechas de preinscripción y demás detalles del curso. ¿Qué podría aportar la mediación en un momento como éste? Es su momento. Llevamos años de crisis económica y como consecuencia, los tribunales se encuentran saturados en las jurisdicciones civil, penal, mercantil, familia y social batiendo récords de demandas, lo que se ha traducido en mayor perjuicio para todos. Las sentencias llegan tarde y no satisfacen a ninguna de las partes, por lo que creo que es la hora de apostar por la mediación. ¿Puede ésta aplicarse en todos los campos? Sí, por supuesto. La mediación civil podemos aplicarla en el tema de los contratos, herencias, en el ámbito del consumo, etcétera; la mediación familiar, también resulta muy útil, evitando el sentimiento ganador perdedor que suscitan los divorcios contenciosos, ajustando acuerdos y soluciones a las necesidades reales... Además, la mediación mercantil, que se aplica en temas de socie28 ¦ la venia
dades capitalistas, fusiones de empresas, transporte internacional y un tema muy importante como es el de la intermediación hipotecaria, que gracias a la colaboración de los ayuntamientos con los colegios de abogados y las entidades bancarias están ayudando a los perjudicados por el sistema hipotecario. Hay muchos más campos, como la mediación penal, a la que ya nos hemos referido o la mediación social, aplicada en la casuística de acoso laboral, sanciones, conciliación vida laboral y familiar, etcétera. Y por último la mediación contencioso-administrativa, de la que se dice se está preparando un borrador de Ley, y que, según el art. 77LJCA, el juez puede someter a la consideración de las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, en particular cuando el juicio verse sobre la es-
lAS SENTENCIAS LLEGAN TARDE Y E N MUCHOS CASOS NO SATISFACEN A NINGUNA DE LAS PARTES
EN ASTURIAS, EN EL TEMA DE LA MEDIACIÓN, ESTAMOS TOTALMENTE EN PRECARIO
timación de cantidad. Pese a todo esto, la implantación de la mediación no parece ser la adecuada. ¿Qué medidas se pueden tomar para lograr este reto? A nivel del Principado estamos totalmente en precario en este tema, carecemos del desarrollo reglamentario de la Ley autonómica de Mediación familiar que ya data del 23 de marzo del año 2007. El 27 de junio de 2008 fue entregado a la Consejería de Bienestar Social el borrador del proyecto de regulación reglamentaria de desarrollo de la citada Ley, en cuya elaboración participé en representación del ICAO, junto con representantes de otras instituciones, sin que se hayan tenido noticias de su aprobación. Ya sabemos que es un momento delicado para la economía asturiana y el tema de
La Formación en Mediación de Conflictos Una de las vías para formarse en Mediación de Conflictos es a través del Título Propio de Experto en Mediación de Conflictos que organiza la Universidad de Oviedo en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
¿Cómo? Realizando la preinscripción y matrícula a través de la web de www.uniovi.es. ¿Cuándo? Hasta el 20 de agosto para la preinscripción. La matrícula es del 11 al 17 de septiembre.
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la mediación pública pero, si bien nuestra Ley de Mediación autonómica no contempla la posibilidad de implantar la mediación pública, que sería lo conveniente, si es imprescindible la dotación económica suficiente para la creación del Centro de Mediación Familiar del Principado de Asturias, que no se puede acometer sin las prestaciones oficiales; con el objeto de promover, administrar y facilitar el acceso a la ciudadanía de la mediación familiar, tal como se está haciendo en la casi totalidad del resto de comunidades autónomas. De momento nos conformaremos con la entrada en el proyecto de las instituciones públicas como es el caso del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y de los compañeros que la integran, como siempre y desde la función pública velando por los intereses de la ciudadanía.
MÓDULO I: EL CONFLICTO: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y FORMAS DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN I. El conflicto como punto de partida. 1. El Conflicto: origen, concepto, elementos y clasificación 2. Psicología del conflicto 3. Las Adr 4. La gestión del conflicto y su resolución: Sistemas 5. La mediación como proceso de gestión, transformación y resolución de conflictos: similitudes y diferencias con figuras afines II. Negociación y comunicación. 1. Estrategias y tácticas de negociación 2. La negociación de Harvard: Elementos 3. La comunicación: Técnicas 4. Las emociones: Interferencia en la comunicación y en la negociación 5. Taller de negociación III. Mediación 1. Marco normativo de la mediación: autonómico, estatal, Unión Europea 2. Modelos de mediación 3. La figura del mediador 4. El proceso de mediación 5. Estrategias y tácticas 6. Taller de mediación MÓDULO II: MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES (3 ECTS) 1. Marco normativo de la mediación en asuntos civiles y mercantiles 2. Los contratos civiles y mercantiles 3. El rol del mediador en el ámbito del derecho privado: ‘facilitative versus evaluative’ 4. El proceso de mediación: interrupción de la prescripción de las acciones 5. El acuerdo de mediación y sus efectos 6. Mediación a través de internet: online dispute resolution (ODR) 7. Taller sobre prácticas civil y mercantil
MÓDULO III: JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL (3 ECTS) 1. El menor de edad infractor. la ley de responsabilidad penal del menor y su reglamento. La justicia restaurativa 2. La mediación penal como instrumento de 3. Concepto, principios y caracteres de la mediación penal 4. Marco legal de la mediación penal: el modelo austriaco 5. Límites y ámbitos de aplicación de la mediación penal 6. El rol del mediador en el ámbito de la justicia restaurativa: mixed double 7. Derecho penitenciario y mediación: experiencia del modulo de mujeres del centro penitenciario de Villabona (Asturias) 8. El proceso de mediación penal: fases y acta de reparación 9. Taller sobre practicas de mediación penal MÓDULO IV: MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS) 1. La familia como elemento socializador: psicología evolutiva y familia 2. Aspectos psicosociológicos y educativos de la familia 3. Efecto de la inteligencia emocional en procesos de mediación 4. La familia y el derecho de familia 5. Matrimonio y uniones de hecho: aspecto patrimonial 6. La ruptura de pareja y el proceso: separación, divorcio y nulidad 7. Procesos emocionales asociados a la ruptura de pareja 8. Efectos personales derivados de la ruptura: 9. Efectos económicos derivados de la ruptura 10. Derecho internacional privado: la mediacion internacional 11. Violencia de género: concepto y tipos 12. Cuestiones juridicas relativa a personas mayores e instituciones protectoras 13. Aspectos sucesorios y mediación 14. La mediacion en los encuentros entre adoptados y familia biológica 15. El proceso de mediación familiar: el acuerdo de mediación familiar 16. Talleres sobre prácticas de mediación familiar Trabajo fin de curso: 2 Créditos ETCS
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El papel del abogado en y frente a la mediación
Abogado y mediador: Roles diferentes
pesar de que hoy en día se habla mucho de la mediación y de los beneficios que puede traer para una Administración de Justicia cada día más saturada, lenta y objeto de grandes críticas por parte de la ciudadanía, lo que ha originado que empiece a impulsarse su utilización desde órganos como el Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que da la impresión de que no se sabe muy bien de lo que se está hablando. El papel del abogado y del mediador son muy diferentes, en consecuencia se ha de remarcar que el abogado no es un buen mediador. Puede ser un profesional con un gran talante conciliador, puede ser un hábil negociador, pero la función del mediador es diferente. El mediador es un tercero neutral e imparcial, lo que significa que las partes le han de reconocer estas cualidades desde el inicio del proceso de mediación, es decir es una persona en la que ambas partes deben confiar plenamente, teniendo la certeza de que si se apartan de la mediación esta persona va a desaparecer completamente del conflicto, y nunca va acudir ante un tribunal para favorecer o perjudicar a ninguno de ellos. Además 30 ¦ la venia
debe ser un profesional legalmente habilitado, que conozca y se haya entrenado en técnicas de gestión de conflictos. El mediador no es un asesor legal, puesto que durante un proceso de mediación cada parte debe tener su propio abogado que le asesora y aconseja. La función del abogado en la mediación necesita también que esté bien clarificada, bien acotada. La idea fundamental es la de que su papel, también en la mediación, es la defender los intereses de su cliente. En primer lugar, es precisamente el abogado quien mejor puede informar al cliente de la posibilidad de acudir a la mediación. Cuando la mediación se sugiere por el juez, una vez entablado el litigio, el abogado debe reforzar esta opción cuando considere que puede ser idónea. Por tanto es necesario dejar claro que la figura del mediador no conlleva una suplantación del abogado, sino que facilita su trabajo. Sus funciones no son antagónicas sino complementarias, de colaboración, ya que no podrán intervenir como letrados en el mismo asunto en los que hayan actuado en el rol de mediadores; ello iría en contra de los principios de imparcialidad y neutralidad.
¿Por qué los abogados se oponen y se enfrentan a la mediación? La respuesta a este interrogante, como sucede también en la mayoría de las cosas, es múltiple y, si bien en muchas ocasiones ese temor es plenamente comprensible, al derivarse de deficiencias e incorrecciones informativas, más que a la propia realidad de este método de resolución de conflictos; no es menos cierta también que una de las principales razones por las que existe este rechazo hacia la mediación es el propio temor de los abogados a ver disminuido su campo de actuación laboral, con la consiguiente pérdida de clientes. En un sistema de mediación correctamente implantando y ejecutado, el abogado no debería perder ni trabajo, ni clientes, tan solo Iitigiosidad en sus funciones. No hay que olvidar que la función de un abogado no es solo velar los derechos de sus clientes, sino también por los intereses personales de los mismos y, que en muchas ocasiones, estos prefieren y buscarán una mayor intimidad, evitar conflictos desagradables o participar activamente en la toma de decisiones que les afectarán, sin tener que sufrir la
incertidumbre en relación con el resultado de las mismas. Estos son, fundamentalmente, los motivos por los que la mediación no sólo se mantiene activa desde hace más de cuarenta años, sino que además crece y se expande, siendo ahora el turno de España, a través de la normativa europea y sus desarrollos internos, de hacer frente y adaptarse a esa realidad que, no nos engañemos, crea clientes fieles que no desean volver a un procedimiento contencioso. Ventajas de la mediación frente a la solución judicial del conflicto. 1. En la mediación son las propias partes quienes se encargan de decidir los términos del acuerdo, de forma que el suficiente compromiso y voluntad conciliadora pueda lograr una solución satisfactoria para ambas. 2. La mediación podría suponer un considerable ahorro de tiempo para lograr la conducción del conflicto. 3. La mediación supone un ahorro de dinero por resultar mucho más económico que los proceso judiciales. 4. Se trata de un proceso completamente confidencial, por lo que será posible evitar que se aireen públicamente los problemas y conflictos personales. 5. En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, lo cual redunda en beneficios en cuanto al mantenimiento de relaciones futuras entre las partes. 6. A través del proceso de mediación, ambas partes podrán aprender importantes y valiosas técnicas de resolución de conflictos, que les permitirán afrontar con mejor predisposición sus propios problemas futuros de una forma constructiva y objetiva. 7. La mediación también tiene un
contenido ético, moviéndose en el marco de la buena fe que impregna el proceso. Para ello, la voluntariedad es un elemento de peso, ya que cualquiera de las partes puede retirarse si advierte que su oponente, o el mediador, no actúan con esa buena fe. 8. Aumenta la creatividad al ser más flexible, pues utiliza capacidades alternativas que no están previstas dentro de un sistema judicial formal. 9. Las partes que intervienen en la mediación tienen un mayor control sobre su conflicto, sobre el proceso de solución y, especialmente sobre los resultados. 10. El acuerdo alcanzado podría tener un carácter temporal, pudiendo postergarse a un momento posterior la obtención de una solución a largo plazo. 11. La mayor ventaja individual que produce la mediación es un aumento sensible del protagonismo de las partes, lo que contribuye a fomentar la responsabilidad de éstas. Conclusión La figura del mediador familiar debería, en este sentido, erigirse en profesión autónoma dotada de un estatuto propio encuadrada en el seno de profesionales independientes y/o asociaciones profesionales, pero en estrecha
conexión con otras profesiones y colegios profesionales interesados en desarrollar programas de mediación familiar, que puedan colaborar en su impulso y promoción. Por último, a nuestro juicio, el Reglamento que desarrolle el Real Decreto Ley de 5 de marzo, debería establecer criterios más claros a la hora de hablar de la formación que viene recogida en el Artículo 11.2 y regular con más concreción los requisitos de acceso a la profesión, así como los cursos de formación homologados en estas materias y las prácticas que deberían desarrollar previamente todos los mediadores familiares, y todo ello a fin de reconocer la dignidad y el prestigio de una profesión en auge que, finalmente, pueda desarrollarse libre de sospechas de competitividad o intrusismo y presiones corporativas. Este trabajo ha sido elaborado por los abogados y mediadores formados por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo Oscar Roces Álvarez, Raquel Roca García, Amparo Morán Orviz, Esther Velasco García, Marta Rodríguez Arranz, Jimena Garcia Perez, Mª Jose García Vallaure y Paula Cobas Merino. la venia ¦ 31
javier álvarez busto
“Pretender no pagar ni siquiera un mínimo a un recién licenciado
es vergonzoso”
Javier Álvarez Busto acaba de ser elegido como presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados. Afronta el reto con tranquilidad y respeto, pero sobre todo con la intención de darle un empujón a la participación de los jóvenes abogados en la agrupación que preside
caba de tomar posesión como presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados. ¿Cómo afronta este reto? Lo afronto con tranquilidad, energía, y con mucho respeto. Esperamos poder ser de utilidad a esos casi 300 jóvenes abogados y abogadas en ejercicio que integran la Agrupación. Son tiempos muy duros para la mayoría de profesionales del Derecho, y son especialmente crudos para quienes empiezan su andadura en esta carrera de fondo que es la abogacía, así que
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SON TIEMPOs MUY DUROS PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO
QUEREMOS SER UN ALTAVOZ EN LA DEFENSA DE LA ABOGACÍA JOVEN
queremos servirles de apoyo. ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para la Agrupación? Vamos a tratar de darle un empujón a la participación de los jóvenes abogados y abogadas en la Agrupación. Esperamos poder convocar la primera asamblea para la vuelta del verano: ojalá empecemos con buen pie y allí se congreguen un buen número de compañeros y compañeras para debatir, compartir problemas y proponer posibles soluciones. La Asamblea General es el máximo órgano de la Agrupación, hay que darle un buen impulso para que sea ella quien marque la línea de
actuación de la AAJICAO. Queremos ser un altavoz en defensa de los intereses de la abogacía joven. Somos uno de los colectivos mejor preparados de la juventud trabajadora, tenemos que darle uso a todo ese potencial. ¿Qué problemas se encuentra a día de hoy un joven abogado? Intuyo que son los mismos problemas de años atrás, pero agravados por la situación económica en la que nos ha tocado iniciarnos en la profesión. El brutal desempleo juvenil hace que haya un gran ‘ejército de reserva’ también entre la abogacía joven, que favorece que las condiciones que se ofrecen por los despachos a quienes se inician
en la profesión sean paupérrimas. Iniciarse por cuenta propia tampoco es una tarea fácil: al durísimo reto que supone comenzar a crear desde cero una cartera de clientes para alguien que aún no se ha forjado un nombre en la abogacía, hay que sumar lo extremadamente caro que es mantenerse en el ejercicio: las cotizaciones, seguros, cuotas colegiales, locales… No es algo que está al alcance de todas las familias. ¿Es más complicado desempeñar su trabajo para un joven abogado? Creo sinceramente que el trabajo material que ejecutan a diario las y los jóvenes abogados no desme-
rece en absoluto el de la abogacía más veterana: despachos grandes y de mucho lustre tienen confiada la mayor parte de su producción jurídica a letrados y letradas noveles. Por supuesto que la experiencia es un grado, pero nada que no pueda compensarse con la pasión y la energía que le pone en su desempeño el colectivo más joven. Quien logre superar los recelos iniciales y encomiende la dirección letrada de un asunto a alguien que se inicia en este oficio, se encontrará a buen seguro con un/a profesional bien preparado/a, especialmente minucioso/a, apasionado/a y luchador/a. ¿Qué le parece la figura del
pasante? Entendida como el o la joven abogada que realiza un trabajo efectivo por cuenta ajena sin percibir ninguna retribución por su labor, necesariamente tiene que parecerme mal. Todo los despachos pueden contratar por muy poco dinero a un recién licenciado o licenciada a través de los contratos en prácticas o los convenios de colaboración con las Escuelas de Práctica Jurídica. Pretender no pagar ni ese mínimo es vergonzoso. Volviendo a su elección como presidente, la suya fue la única candidatura ¿Qué les llevó a presentarse? la venia ¦ 33
La idea surgió de un grupo de compañeras y compañeros que habíamos coincidido en la Facultad de Derecho, algunos de los cuales posteriormente cursamos juntos la Escuela de Práctica Jurídica. A través de la EPJ pudimos contactar con otros y otras colegas más veteranas e integrantes de la Agrupación, que nos animaron a sacar adelante una candidatura, ante el riesgo de que no hubiera nadie que relevara a la anterior Junta Directiva, a la que ya se le estaba agotando el mandato. No fue fácil lograr los once compañeros y compañeras necesarias para presentar una candidatura, pero finalmente lo conseguimos. Somos una Junta Directiva muy joven (la media de edad de quienes la componemos está por debajo de los 30 años) que al igual que en nuestro oficio, compensará con esfuerzo la inexperiencia. ¿Por dónde quieren encaminar sus actuaciones? Confiamos en que sea la Asamblea la que nos marque el camino a seguir. No pretendemos robar ningún protagonismo al órgano soberano de la AAJICAO; al contrario: queremos impulsar la participación de todas y todos los agrupados, fortalecer la Agrupación de Jóvenes Abogados. Desconozco lo que ocurre en su sector, pero muchas veces este tipo de agrupaciones acaban cayendo en el error de convertirse en meras gestoras de descuentos o cursos formativos ¿Cómo lo evitarán? A una mera gestora de pequeñas ventajas formativas u de otra índole se llega si no se fomenta la actividad y muere la inquietud: procuraremos mantener vivas ambas. Hubo polémica entre el colegio y la anterior directiva, ¿Cómo 34 ¦ la venia
se percibió esta tensión desde fuera? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Como meros espectadores. Nuestra idea era presentar la candidatura una vez la anterior Junta Directiva de la Agrupación convocase el proceso electoral por haberse agotado su mandato. El anticipo provocado por los acuerdos del Junta del ICAO nos obligó a trabajar contrarreloj para encontrar al número necesario de personas que quisieran unirse a este proyecto. Nuestra relación tanto con los miembros de la Junta del ICAO como con el Presidente saliente de la Agrupación, Pablo Luque, es realmente buena: todo ellos nos han ofrecido toda su colaboración, gesto que agradecemos de corazón. ¿Qué le llevó a presentarse como presidente? El engaño: Misael Arce, Andrea García-Robles y Antonio Mijares, también miembros de la actual Junta de la Agrupación, me prometieron que mi papel como presidente se limitaría a sonreír y estrechar manos. Ahora que esto tiene difícil marcha atrás veo que todo fue una trampa. Este tipo de responsabilidades comen un montón de tiempo y suponen estar todo el día con la oreja pegada al teléfono. Ahora en serio, como ves no han abundado candidaturas a hacerse cargo de la Junta de la AAJICAO. Nos hubiera encantado lograr que alguna compañera hubiera estado dispuesta a ocupar la presidencia de la Junta, pero no lo logramos. Las jóvenes abogadas ya están superando en número a los nuevos abogados, y sin embargo hay un déficit tremendo en lo que respecta a su presencia en los órganos representativos. Tenemos que luchar para ponerle remedio.
El Abogado de Oficio tiene plaza en Oviedo
Los Abogados de Oficio tienen desde el pasado mes de junio una plaza en Oviedo. El alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, consideró en la inauguración que se trata de “un homenaje a la vertiente más vocacional de la abogacía”.
l pasado mes de junio, el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, acompañado por el decano del Colegio de Abogados, Enrique Valdés Jolglar, inauguró la plaza Abogados de Oficio, situada en Prado de la Vega, junto al Laboratorio de Salud Pública. Al acto asistió buena parte de la corporación municipal ovetense y numerosos miembros de la profesión jurídica. Iglesias Caunedo y Enrique Valdés descubrieron juntos la placa que da nombre a la nueva plaza y defendieron, ambos, la labor de los letrados del turno de oficio. El alcalde, después de destacar que la plaza “es un homenaje a la vertiente más vocacional de la abogacía”, afirmó que los abogados del turno de oficio “deben conseguir los incentivos que precisan para lograr sus derechos profesionales, económicos y sociales”. Caunedo afirmó que “estamos viviendo una crisis muy dura que nos afecta a todos y en tres años se han duplicado los
casos de asistencia jurídica gratuita. Hay que mantener la confianza en estos profesionales”, concluyó. Enrique Valdés, por su parte, aprovechó el acto de inauguración para defender la ley actual de justicia gratuita en nuestro país “en la que los colegios profesionales jugamos un papel fundamental en la designación de los letrados de oficio”. El decano del Colegio de
Agustín Iglesias Caunedo y Enrique Valdés descubren la placa de la plaza Abogado de Oficio.
Abogados de Oviedo afirmó que “nuestro sistema es el mejor del mundo, aunque se puede perfeccionar. Estamos dispuestos a tener más especialización y a que haya libre designación.” Enrique Valdés recordó que el letrado del turno de oficio “no es un jovenzuelo desaliñado ni desmotivado. Hoy, su nivel profesional es muy alto”. la venia ¦ 35
‘La Venia’ recoge premio en el día de San Ivo El Colegio de Abogados de Oviedo celebró el pasado 25 de mayo el día de su patrón, San Ivo. La jornada acogió también la entrega a ‘La Venia’, por parte de Lawerpress, del premio a la mejor revista de abogados de España.
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l Colegio de Abogados de Oviedo celebró el pasado 25 de mayo la festividad de San Ivo. El decano, Enrique Valdés, impuso en la sede colegial las insignias de oro y de plata a los letrados con 50 y 25 años de ejercicio profesional. La jornada se cerró con una cena de gala en el Hotel de la Reconquista, a la que acudieron numerosos miembros del colegio. Con anterioridad a la cena, el decano, en calidad de editor, recibió el galardón otorgado por
El Colegio de Abogados impuso el día del patrón las insignias de oro y de plata a los letrados con 50 y 25 años de ejercicio profesional. La celebración se cerró con una cena de gala en el Hotel Reconquista. FOTOS: CRISTÓBAL ROVÉS
Lawyerpress a ‘La Venia’ como mejor revista de abogados de España. La III edición del Premio Lawyerpress para la Mejor Revista de un Colegio de Abogados recayó este año en ‘La Venia’ por su “calidad, su diseño y su excelente soporte gráfico”. El director de la consultora de marketing y comunicación del sector legal Lawyerpress, Hans A. Böck, afirmó en el acto de entrega que el proceso de elección fue “muy largo. Tras el análisis de las quince revistas que habíamos preseleccionado,
‘LA VENIA’ RECIBIÓ EL PREMIO POR SU CALIDAD, DISEÑO Y SOPORTE GRÁFICO
a todo el jurado le impresionó la presentación gráfica de ‘La Venia’. Felicitamos a su redacción y a toda la Junta del Colegio”, concluyó. Enrique Valdés, por su parte, agradeció a Lawyerpress el premio “que animará al Colegio de Abogados a seguir informando a sus colegiados y darles cabida en la revista con sus aportaciones”. El decano felicitó también a Made in Syldavia, empresa que elabora ‘La Venia’. En representación de ésta, Luis Mugueta agradeció el galardón y “la confianza que el Colegio nos otorga”. la venia ¦ 37
El dopaje desaparecerĂĄ como la violencia de los estadios 38 ÂŚ la venia
F Por L. M. S.
ernando Rodríguez Alonso, doctor en Derecho y un experto en justicia deportiva, asegura que el Derecho Penal ha sufrido transformaciones de importancia en relación a la tipificación del dopaje. Es sólo una de las apreciaciones de sus estudios en torno a un asunto de inquietante actualidad que incide en uno de los aspectos más populares y socialmente más requeridos en nuestro tiempo: el deporte. El doctor Rodríguez Alonso nos introduce en el singular mundo del dopaje en el deporte y la Justicia. El abogado asturiano ha estudiado profundamente la incidencia del dopaje en el deporte y, fundamentalmente, cómo está tratado desde el punto de la Justicia. Rodríguez Alonso está convencido de que “erradicar el dopaje en el siglo XXI es uno de los principales retos de la sociedad y, por tanto, de las instituciones deportivas, así como fue en su momento acabar con la violencia en los estadios o permitir la libre circulación de deportistas”. Con lo que no está tan de acuerdo es con “la introducción de la vía penal en las conductas relacionadas con un positivo, porque entiendo que la sanción administrativa sería suficiente”. Fernando Rodríguez afirma que la normativa antidopaje es muy amplia y que para cualquier jurista “conlleva mucho tiempo de estudio por lo variable de la misma, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la resolución que regula la lista de sustancias y métodos prohibidos se modifica anualmente”. El abogado destaca también la importancia del hecho de que la rápida evolución científica lleva a legislar con celeridad para no encontrarse con lagunas jurídicas.
Fernando Rodríguez Alonso, doctor en Derecho y experto en justicia deportiva
no estoy de acuerdo con tratar un positivo por la vía penal
EL AVANCE DE LA CIENCIA OBLIGA A LEGISLAR CON CELERIDAD
Rodríguez Alonso explica que lo se pretende con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) es una unificación legislativa, “pero hay que tener en cuenta que la normativa de la AMA debe adaptarse a las peculiaridades legislativas de los diferentes Estados, con las complicaciones que ello conlleva”. “De hecho, recuerda el abogado, ha sido aprobada por la UNESCO, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en el año 2005, y posteriormente ratificada por España en septiembre de 2006”. Existen casos específicos de importancia: Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Fernando Rodríguez aclara que los Estados Unidos tienen su propia institución antidopaje, la USADA, “pero su relación con la AMA es excelente y su trabajo es exhaustivo en contra del dopaje”. Una cuestión que suele dar lugar a polémica es la aplicación o no del Código Mundial Antidopaje. Rodríguez Alonso explica que lo que existe es un Programa Mundial Antidopaje aprobado por la AMA, “si bien la base de toda esta normativa es el Código Mundial Antidopaje, que por cierto se encuentra como anexo de la Convención Internacional”. Productos prohibidos En la lista de sustancias prohibidas se incluye una serie de productos –analgésicos o antiinflamatorios-que siempre suscitan interrogantes sobre los límites de la permisividad. Fernando Rodríguez asegura que aquí entraría el principio de igualdad de la Constitución “porque en el caso de que un trabajador de cualquier empresa acuda a su médico por enfermedad éste le puede recetar cualquier medicamento legal, pero a los deportistas que acudan a su médico sólo se les puede administrar un
fármaco que no se encuentre en la lista de sustancias prohibidas y de no ser así deben de solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUT)”. Rodríguez Alonso especifica que la Autorización de Uso Terapéutico consiste en un permiso que se concede al deportista y que debe de ser enviado al Comité de Autorización de Uso Terapéutico, con una antelación de 21 días a la práctica del encuentro, prueba o competición. También se exige que la sustancia no produzca mejoras adicionales en el rendimiento del atleta “y por supuesto que no exista otra alternativa terapéutica razonable, dice. Se han dado casos de deportistas que han debido dejar la práctica deportiva al no obtener el permiso de uso de sustancias necesarias para el tratamiento de sus patologías. Un ejemplo: Modafinil para la narcolepsia”. A partir del ‘caso Contador’, en el que la justicia deportiva no ha considerado necesario probar la intencionalidad para penalizar, el doctor Rodríguez Alonso puntualiza que tanto la normativa nacional como internacional en el ámbito del doping, entiende que la presencia de una sustancia prohibida en el organismo del deportista implica una responsabilidad objetiva, con independencia de que haya tenido intención o no de administrársela. “En esta línea se mantiene el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo de Lausana. Por desgracia para Contador esto fue lo que pasó con su orina aunque las circunstancias que rodearon el caso no apoyaban el uso de esa sustancia como favorecedora de su rendimiento, pero está pagando por ello con una suspensión de 6 meses y la retirada de títulos como el de vencedor del Giro de Italia o Tour de Francia, con lo que eso supone”. Rodríguez Alonso hace la siguiente reflexión: “Si somos sinceros la vida profela venia ¦ 39
ción de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte no había entrado en vigor cuando se produjeron los hechos. Pero lo cierto es que existen serías dudas sobre la aplicabilidad penal sobre esa última persona que administra una sustancia, que indirectamente recae sobre el médico o personal de apoyo al deportista, y con la que se pretende sancionar mediante el artículo 361 bis de nuestro Código Penal. Afirmo esto porque lo que se protege es el bien jurídico de la Salud y no la limpieza de la competición”.
sional de un deportista se mueve entre 10 o 15 años como máximo, esto provoca que su tiempo se puede considerar demasiado valioso, y la justicia deportiva acelera sus Resoluciones, de hecho los laudos del Tribunal de Arbitraje de Lausana pueden resolver una 40 ¦ la venia
controversia en semanas”. Respecto a la responsabilidad de los médicos en casos como el antes mencionado, Fernando Rodríguez asegura que la conocida ‘Operación Puerto’ “se vio implicada por la irretroactividad penal, es decir la Ley Orgánica de protec-
Normativa antidopaje y justicia En cuanto a casos muy singulares que pueden dar lugar a colisiones entre normativas, Rodríguez Alonso habla a partir del caso del ciclista del Quick Step, Kevin Van Impe, que se vio forzado a someterse a un control antidoping el día en que falleció su hijo, un asunto con el que se puede abordar también la posible deshumanización de los métodos de la Agencia Antidopaje. Desde el punto de vista de Fernando Rodríguez “puede existir colisión entre la normativa antidopaje y nuestro ordenamiento jurídico, no sólo por el principio de igualdad que acabo de mencionar, o la integridad moral como fue el caso del señor Kevin Van Impe. También podría hablar de conflicto con el derecho a la intimidad ya que los deportistas deben estar localizados en todo momento por si fueran requeridos a realizar un control antidopaje por sorpresa”. Rodríguez Alonso recuerda que la AMA es una entidad privada, pero que fue creada bajo iniciativa del Comité Olímpico Internacional y que cuenta con el respaldo de autoridades públicas y privadas, destacando que está representada a lo largo del mundo con cuatro delegaciones en
Ciudad del Cabo, Tokio, Lausana y Montevideo, todas ellas bajo la organización de una oficina principal en Montreal. Los guiñoles franceses, que utilizaron al tenista español Rafael Nadal para hacer una sátira sobre el dopaje en España, son un buen punto de partida para analizar la implicación de las autoridades españolas en la lucha contra el dopaje. Rodríguez Alonso es tajante al afirmar que la lucha española contra el dopaje “es clara y evidente. Desde el primer momento nos pusimos a la cabeza en Europa con la creación del laboratorio antidopaje de Madrid en los años 60, y a
pesar de tener una ley antidopaje moderna se esté pensando en su modificación para mantenerse en esa primera línea, recordando una vez más que las conductas relacionadas con la administración de sustancias prohibidas en España puede conllevar penas de hasta de dos años de cárcel, algo que en absoluto puede calificarse de blando”. Rodríguez Alonso dice que Nadal está sometido a férreos controles antidopaje y sin embargo sus victorias generan estos ataques injustificados. “Acaba de ganar otro Roland Garros, quizás el año que viene le ridiculicen otra vez… Es así de injusto”. En cuanto a la indefensión o
LA LUCHA ESPAÑOLA CONTRA EL DOPAJE ES CLARA Y EVIDENTE
estamos a la cabeza de europa desde los años sesenta del pasado siglo
no de patrocinadores y sponsors económicos de los deportistas, Rodríguez Alonso asegura que “nadie duda que la mayoría de los deportistas perciben más dinero por parte de sus patrocinadores que por su propio contrato de trabajo. En el caso de un resultado positivo, el patrocinador no sólo tiene que retirar su sponsor sino que su imagen se ve gravemente dañada. Estaríamos hablando de daño emergente y de lucro cesante. Lo que resultaría muy interesante es que un patrocinador acudiera a la justicia ordinaria en defensa de sus intereses cuando el patrocinado ha sido sancionado por la justicia deportiva”. la venia ¦ 41
El Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears y el Govern de les Illes Balears, organiza el III Congreso Internacional de Derecho del Turismo, que se celebrará en Palma de Mallorca los días 8 y 9 de noviembre de 2012. El congreso, que este año tendrá como país invitado a la República Dominicana, reunirá en la capital balear a expertos de primer nivel que analizarán, durante dos días y en cinco mesas temáticas, cuestiones derivadas de la normativa turística vigente, relacionadas con asuntos jurídico-económicos en países de inversión turística o en las nuevas formas de comercialización de los servicios. Todo ello contribuirá a que la abogacía española siga siendo referencia obligada en materia de turismo, razón por la cual el Colegio de Abogados de Baleares les anima a participar y les ruega que, en la medida de lo posible y siempre que lo consideren oportuno, puedan contribuir a su difusión entre aquellas personas que crean que puedan estar interesadas en la temática mencionada. Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto a través de la dirección: congresoderecho delturismo@icaib.org. 42 ¦ la venia
Gonzalo Moliner, nuevo presidente de los jueces
El pleno del Consejo General del Poder (CGPJ) ha elegido por 12 votos a favor, 5 en contra y 3 en blanco al magistrado del Tribunal Supremo Gonzalo Moliner para ocupar el cargo de presidente de ambas instituciones en sustitución de Carlos Dívar, que dimitió el pasado 21 de junio. Así lo acordó el pleno del CGPJ durante la tercera reunión que celebró a medidados de julio para designar a su presidente y del Tribunal Supremo, en la que se llevaron a cabo dos únicas votaciones. Tras las dos sesiones extraordinarias celebradas a principios de mes, que concluyeron sin acuerdo, De Rosa propuso al comienzo del pleno que se votara a los dos candidatos que habían conseguido el mayor número de apoyos. Así, los veinte vocales votaron primero la candidatura de José Ramón Ferrándiz, de la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no llegó a obtener la mayoría de tres quintos necesaria. Inmediatamente después se votó al magistrado Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social del Supremo, que sí logró esa mayoría mínima: 12 votos a favor, 5 en contra y tres en blanco, con lo que será el próximo presidente del Supremo y del CGPJ hasta septiembre de 2013, cuando concluye el mandato del actual Consejo. Gonzalo Moliner Tamborero, miembro de la asociación Jueces para la Democracia, llega a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces tras 43 años de ejercicio en la carrera judicial, en la que ingresó por oposición en el año 1969, tras lo que, después de pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, accedió al Supremo, donde preside la Sala de lo Social desde 2008.
El CGPJ reduce los partidos judiciales El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó el pasado mes de mayo su propuesta de reducción de partidos judiciales, por la que éstos pasarían de 431 a 190. En Asturias, los 18 partidos judiciales quedarían reducidos a 8, después de agruparse los cuatro actuales de las cuencas de Nalón y Caudal, y quedar sólo dos en cada una de las alas occidental y oriental de la región. Grado se uniría a Oviedo, y Pravia a Avilés. Sólo se mantendrían como hasta ahora los partidos de Lla-
aumentó el gasto en justicia gratuita en 2011 Asturias aumentó en 2011 la inversión en justicia gratuita, alcanzando los 4,6 millones de euros. Se trata de un 1,9 por ciento más que en 2010, cuando la comunidad llegó a los 4,5 millones de euros. En 2009, los costes alcanzaron los 4,01 millones de euros. Sin embargo, la inversión de las administraciones públicas en la gestión de la asistencia jurídica gratuita y la indemnización de los gastos de infraestructura soportados por los colegios de abogados durante 2011 en España se establecieron en los 246 millones, lo que supone un 4% menos que en el ejercicio 2010, cuando se gastaron 256,6 millones.
Asturias contará con 8 en lugar de los 18 que tenía hasta ahora
nes, Cangas del Narcea y Gijón. El Consejo debe remitir la propuesta a continuación al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que tiene desde la fecha de la recepción tres meses para comunicar sus objeciones o sugerencias al esquema. El Poder Judicial, a través de su portavoz, Gabriela Bravo, insistió en que lo que se propone es una reorganización de los partidos judiciales, no una supresión. Indicó, además, que la propuesta es un documento de trabajo, que
debe enriquecerse con las propuestas de los tribunales superiores. El ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, ya ha señalado que tomará el documento como base para la nueva ley de Planta Judicial. El esquema planteado por el Poder Judicial ha sido criticado por algunos alcaldes en Asturias, especialmente los de las cuencas mineras. Los secretarios judiciales están divididos respecto a la propuesta, algunos la consideran necesaria mientras que otros creen que debe ir acompañada de más medios.
Nuevo sistema de tasas En la primera reunión formal del ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, con los consejeros autonómicos para trasladarles de primera mano las iniciativas que tiene en marcha su departamento, Gallardón aseguró que el 100% del coste de la justicia gratuita quedará cubierto con el nuevo sistema de tasas. Con este nuevo sistema, el que el Gobierno pretende recaudar más de 300 millones de euros anuales. Así, dispondrán de más recursos para destinarlos a otros fines como la modernización de sus estructuras judiciales, según avanzó ayer Gallardón. Desde que algunas comunidades asumieron la gestión de la justicia, el gasto en el turno de oficio se ha multiplicado por cinco, lo que ha generado tensiones
presupuestarias y retrasos considerables en los pagos a abogados y procuradores. En el último ejercicio con datos cerrados, 2010, el gasto en justicia gratuita ascendió a 256,66 millones en las 17 autonomías. Hasta ahora los fondos recaudados por tasas judiciales no estaban afectados a una partida concreta, lo que sí sucederá a partir de este momento. En paralelo, el Ministerio de Justicia, sin modificar el umbral máximo de renta que da derecho al servicio, sí que intensificará los controles tras haber detectado “bolsas de fraude”. Según el subsecretario, Juan Bravo, no se va a cambiar el modelo, pero sí se evitará que personas que no cumplen los requisitos se beneficien. la venia ¦ 43
Cambios en los contratos de
Ana Pastor, ministra de Fomento, ha anunciado importantes cambios que dan un giro a los contratos de alquiler de vivienda. la renta mensual dejará de revisarse con el IPC y será pactada libremente entre casero e inquilino. además, los contratos podrán zanjarse por parte del arrendatario con sólo un mes de aviso. La responsable de fomento se mostró sorprendida hace unos días por el hecho de que el 15% de las viviendas en España estén vacías, mientras el mercado del alquiler es residual en nuestro país, con sólo un 17% del parque total de viviendas dedicado a esta actividad. En el consejo de ministros, Pastor ha añadido que el mercado español es muy débil en este aspecto y que por ello el Gobierno ha decidido reformarlo. “Esta reforma va a traer el mayor número de viviendas al mercado”, ha asegurado, tras cifrar en tres millones el número de casas sin habitar en España. Los cambios anunciados por Ana Pastor tienen como fin conseguir una mayor seguridad jurídica, sacar las viviendas vacías al mercado y aumentar la protección de las partes, según asegura la ministra. Así lo llevará a cabo: En cuanto a la duración de los contratos, a partir de ahora, el inquilino que desee abandonar una vivienda antes del fin de contrato, podrá hacerlo libremente con un preaviso de sólo un mes. Hasta ahora, por ley, estaba obligado a respetar el periodo firma44 ¦ la venia
do. por su parte, el casero podrá recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato, siempre que necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge con un preaviso al inquilino de dos meses. Se reduce de cinco a tres años la denominada “prórroga forzosa”, aquella que permite que el inquilino prorrogue, sea cual fuera el tiempo de duración del contrato, la duración del mismo. También se reduce de tres a un año la denominada “prórroga tácita automática”, aquella que permite, después de transcurrido el tiempo pactado en el contrato y la prórroga forzosa, que el inquilino siga en el piso si las partes no señalan lo contrario al respecto. En otro aspecto, hasta ahora, la renta mensual a pagar por un contrato de alquiler pactada al inicio del mismo se actualizaba anualmente de acuerdo al índice de precios al consumo (IPC) publicado por el INE. A partir de ahora, casero e inquilino podrán pactar la actualización de la renta compra de viviendas alquiladas. Quien compre una vivienda con un contrato de alquiler vigente no estará obligado a mantener al inquilino si el contrato de arrendamiento no está inscrito en el registro. También se establecen nuevas exenciones en el impuesto de la renta de no residentes sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de vivienda, entre el 60% y el 100%.
más severas para los evasores fiscales El Gobierno se ha propuesto endurecer las penas para los evasores fiscales y aquellos que defrauden a la Seguridad Social. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de ley que reforma el Código Penal para elevar a seis años (ahora está en cinco) la pena máxima de cárcel en los casos más graves de fraude: cuando este supere los 600.000 euros, proceda de una organización criminal o se utilicen paraísos fiscales. Al aumentar la pena, el plazo de prescripción en esos casos se amplía también: pasa de cinco a diez años. El objetivo es evitar que los procesos más complejos —casos de corrupción o tramas criminales— queden sin sanción. El Gobierno escucha así una de las reclamaciones de los inspectores de Hacienda, que pedían endurecer las penas, aumentar el plazo de investigación y establecer un tipo de delito más severo. Pero también agiliza los mecanismos de recaudación para delitos fiscales y allana el camino para las regularizaciones voluntarias. El ejecutivo necesita ingresos con los que aplacar el pesado déficit público y esta fórmula sirve para generar recursos adicionales.
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Divagación judicial
e pone cada vez más difícil a un jurista mantener a flote su identidad de tal, su afán vocacional, entre todo este vocerío con que tirios y troyanos, dolicocéfalos y braquicéfalos, enfrentados por el estado de necesidad, se estremecen, agitan y confunden buscando chivos expiatorios y que la justicia, una justicia a medida de quien la pide obcecado por sus convicciones y necesitado de apartar de sí la culpa de los males de este tiempo de crisis, confusión y tránsito, tal vez época de un nuevo renacimiento hacia otra todavía inimaginable, que mutará los conceptos inspiradores de normas sustitutorias de la generalización de la idea básica de la convivencia humana que el Derecho asiste y garantiza. Idea básica que consiste en saber que la libertad, suprema conquista del hombre civilizado es algo delimitado e identificable, con sus linderos por las treinta y dos puntas de la rosa de los vientos, que son ni más ni menos que las libertades de los demás, cuyo disfrute ha de ser armónico para que las teselas que somos de lo humano formen la sociedad de cada época, el grupo humano de las generaciones coincidentes en un tiempo y un espacio, en un ámbito cultural propio. El jurista enhebra las variaciones conceptuales propias de la evolución cultural humana de tal modo
que la convivencia se garantice. Ni cada pueblo ni cada momento histórico han mantenido leyes ni interpretación de leyes inmutables, pero los juristas deben mantener las que evolucionan y hasta llegan a contradecir lo que el hombre entendió como inmutable de tal modo que al irse acomodando al variable cauce de la historia, garanticen la equidad social y la mantengan. El jurista ha de mantener, creo, la venda sobre los ojos de la justicia, pero susurrándole, cuando deba reequilibrar cada desvío, las circunstancias del caso concreto. Vivimos tiempos en que haber estado ya es notable privilegio. Estar aquí, en esta encrucijada de la historia, donde tantas cosas dejan de ser como eran y se perfilan arquitecturas jamás antes vistas, en lo político, en lo económico y por lo tanto en el meollo de la sociedad de los hombres de todos los países, convulsionados por el descubrimiento de que es indispensable aprender a convivir para que la especie sobreviva, es de por sí, a la vez que un privilegio, un desafío en que resulta evidente que fracasa la pretensión de plantear siquiera, no digo ya resolver, los problemas de los humanos del umbral del siglo XXI con idearios y planos urdidos y trazados para los del siglo XIX. Corremos, las gentes del Derecho, sus estudiosos, el peligro de invo-
Román suárez blanco es abogado. fue presidente de caja rural de asturias durante más de 35 años
lucrarnos en defensa de razones jurídicas parciarias, cosa que exige una especial atención, una capacidad de desapasionamiento bastante para dar a tiempo instrucciones de que se nos tapen los oídos a los conmovedores y sin duda atrayentes cantos de sirena de brillantes defensores de lo preferencial, lo privilegiado y lo excluyente, casi siempre intérpretes de sinrazones históricas. Son tiempos en que han de producirse vanos intentos de sustituir las reformas por transposiciones, la copia de lo ajeno por la imaginativa evolución y desarrollo de los principios tradicionales propios, que sin duda han de mudar, pero conservando lo que además de ser identificativo ha acreditado su vigencia, por provisional que el tiempo pueda demuestre que así haya sido. La vida, dijo un ilustre jurista, está hecha de ruptura de unidades y de atentados contra la lógica. Por eso el hombre va inventando el edificio del Derecho. Sería sin embargo peligroso olvidar que hay un Derecho Natural, que vamos trabajosamente descubriendo e inventando y que legitima cada norma fundamental o secundaria de cada época. Tal vez ahí radique la dificultad de ser los defensores de la ley, sus intérpretes, quienes con mayor afán busquemos su cumplimiento, pero, cuando resulte oportuno, seamos capaces de denunciar su ilegitimidad y la imprescindible necesidad de irla ajustando en su texto, su interpretación y su aplicación a una convivencia social humana de mutuo respeto y universal solidaridad. Algo que implica que cada persona advierta sus propios derechos y obligaciones individuales, pero sin olvidar que forma parte de un todo social. Garantizado por el Derecho, a su vez mitigado por la equidad. la venia ¦ 45
46 ÂŚ la venia
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Los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón convocan el I Congreso Científico de la Abogacia del Principado de Asturias. El I Congreso Científico de la Abogacía del Principado de Asturias abordará diversos temas de indudable interés técnico para el ejercicio de la profesión constituyendo un punto de encuentro enriquecedor para los profesionales de la abogacía, una actividad clave para el desarrollo socioeconómico de la Sociedad en que vivimos. El próximo mes de Noviembre, toda la Abogacía de Asturias tiene su cita en el Palacio de Congresos – Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, y desde los Ilustres Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, queremos invitarles a ser partícipes en ella. Próximamente se remitirá a todo el censo colegial comunicación informando de todas las cuestiones de interés relativas a su celebración, así como con las condiciones de inscripción del mismo.
http://www.congresoabogaciaasturias.es
La Venia, Número 10
Nuevo número de la revista del Colegio de Abogados de Oviedo. Análisis de la reforma laboral, entrevistas al abogado Pelayo Mijares, al pres...
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References: Real Decreto 
 artículo 75
 resolución 
 Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Artículo 11
 resolución 
 artículo 361