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Timestamp: 2015-07-06 07:20:39+00:00

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FORO DE ABOGADOS - MODELO DEMANDA CLAUSULAS SUELO - DERECHO
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escanabaNuevo abogadoMensajes: 15Desde: 03/Oct/2012 � #1 � 28/May/2013, 13:02
Hola compañeros, soy nuevo en esto. Estoy trabajando en un asunto sobre claúsulas suelo.
Hay alguien que tenga un modelo de demanda sobre claúsulas suelo?
Espero que me podáis ayudar, no sé como meterle mano a esto.
violeta116Abogado muy activoMensajes: 148Desde: 09/May/2013 � #2 � 29/May/2013, 18:14
AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID Q.P.T.C. Doña___________________ , Procuradora de los Tribunales y de Don___________________ como acredito en virtud de escritura de poder que acepto y acompaño, y cuya devolución intereso por ser de carácter general y necesaria para otros usos, bajo la dirección letrada de Don___________________ , abogado ejerciente, n.º___________________ del Iltre. Colegio de Madrid, con despacho abierto en___________________ , calle___________________ , ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,DIGO:
Que por medio del presente escrito paso a interponer demanda de juicio ordinario contra la entidad BANCOBANK SA, con sucursal abierta en la calle___________________ de Madrid, ejercitando acción de nulidad de condición general de contratación, todo ello de acuerdo con los siguientes hechos y consideraciones de derecho:
PRIMERO.-El 3 de febrero de 2.011, mi mandante D.___________________ , concertó con la entidad bancaria demandada, un préstamo con garantía hipotecaria por un principal de 340.000 euros y 360 cuotas mensuales, que gravaba un inmueble de su propiedad con la referida garantía real. Se acompaña copia del contrato de préstamo, elevado a escritura pública el mismo día en la Notaria de D.___________________ comodocumento n.º 1.En el mismo, se incluyó un tipo de interés variable con referencia al euribor más un punto, constando, como se puede comprobar en la estipulación quinta, una cláusula de suelo - techo, en los siguientes términos:"El tipo de interés nominal anual vigente en cada periodo, que en ningún caso podrá exceder del once por ciento ni ser inferior al tres por ciento, se determinará sumando el «margen» que seguidamente se indica al «tipo de referencia» que corresponda al período..."
SEGUNDO.-La firma del contrato de préstamo vino precedida de una serie de conversaciones, mantenidas entre mi mandante y el subdirector de la sucursal de la demandada, sita en la calle___________________ de Madrid. Las negociaciones giraron en torno al capital prestado, los plazos de devolución y al tipo de interés de las cuotas correspondientes, sin que se permitiera a mi representado pronunciamiento alguno en relación a otros extremos del contrato a firmar, al cual únicamente tuvo acceso el mismo día de su firma. En este sentido, la entidad bancaria incluyó la mencionada cláusula de suelo-techo en el contrato, con la mera indicación por parte de su empleado de que se incluían en todos los préstamos hipotecarios celebrados con sus clientes, y que servían para garantizar la seguridad de ambas partes, evitando riesgos derivados de oscilaciones excesivas de la variable en torno a la cual se calculan los intereses.
TERCERO.-Mi mandante regenta un taller de reparación de vehículos en la localidad de___________________ (Madrid), y no tiene conocimientos financieros de ningún tipo, más allá de los que puede tener cualquier ciudadano que contrata con su banco de confianza un contrato de cuenta corriente asociada a una tarjeta de crédito, así como el préstamo cuya cláusula se impugna en la presente acción. Se adjunta, comodocumento n.º 2,copia de la licencia de apertura del taller, expedida por el Ayuntamiento de___________________ , en la que figura como titular del negocio.
CUARTO.-El 10 de abril de 2.012, mi mandante envió burofax a la entidad bancaria, cuya copia se adjunta comodocumento n.º 3,solicitando se dejara sin efecto la condición general aquí impugnada, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de actuación alguna por parte de Bancobank SA en tal sentido.
I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.El art. 86.ter.2.d) LOPJ determina la competencia objetiva y funcional de los Juzgados de lo Mercantil, para conocer en primera instancia de las reclamaciones en materia de condiciones generales de contratación. Asimismo, dado que se pretende la declaración de nulidad de una condición general de contratación, y puesto que mi mandante tiene su domicilio en el partido judicial del Juzgado al cual tengo el honor de dirigirme, su situación debe determinar la competencia territorial, conforme al art. 52.1.14.º LEC.
II.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN.Mi representado es mayor de edad y se encuentra en situación de pleno ejercicio de sus derechos civiles, en virtud de lo dispuesto en los arts. 6.1.1.º y 7.1 LEC. Asimismo, la demandada es persona jurídica, cuya capacidad se reconoce en el art. 6.1.3.º LEC derivándose su personalidad de su constitución en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, con la necesidad de comparecer en juicio por medio de sus representantes legales (art. 7.4 LEC )
Corresponde la legitimación activa directa a mi cliente, por cuanto que figura en el contrato concertado la demandada como prestatario de la cantidad recibida, habiéndose estipulado de contrario la cláusula que se trata de combatir mediante el presente escrito, precisamente, para devolver aquella.
En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la entidad bancaria Bancobank como parte prestamista del contrato indicado, que, precisamente, ha impuesto la cláusula que se trata de impugnar.
III.- PROCEDIMIENTO.La presente demanda deberá sustanciarse por las normas del juicio ordinario, a tenor de lo prevenido en los arts. 248 y 249.1.5.º LEC, en virtud del criterio de atribución preferente de la materia de condiciones generales de contratación.
IV.- CUANTÍA.Cumpliendo lo prevenido en el art. 253.1 LEC , se hace constar que la cuantía de esta demanda es inestimable con arreglo al art. 253.3 LEC, puesto que se trata de una declaración de nulidad de una cláusula del contrato de préstamo, cuyo impacto económico no es posible determinar en este momento.
V.- POSTULACIÓN Y DEFENSA.Conforme a los arts. 23 y 31 LEC se formula esta demanda a través de Procurador de los Tribunales con poder notarial para pleitos, y con dirección y firma de Letrado habilitado ante el Tribunal. Asimismo, se cumplen los requisitos formales del art. 399 LEC.
Se ejercita la acción de nulidad de la cláusula quinta del contrato de préstamo suscrito entre las partes el 3 de febrero de 2.011, la cual constituye una condición general de contratación definida en el art. 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) , instrumento legal que materializó en el derecho español la regulación contenida en la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993. Las mismas se conceptúan como"las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos."
Así, por un lado, en el presente supuesto la entidad demandada redactó unilateralmente el contrato, y, sin alternativa alguna para mi representado, incluyó las cláusulas que consideró convenientes; negociando únicamente la suma prestada, las cuotas y los plazos de devolución en función del interés fijo o variable. Negociación individual que no excluye la aplicación de la normativa citada, conforme al apartado segundo del referido art. 1. De esta forma, la cláusula impugnada se impuso a mi cliente, sin mayor información al respecto, con la indicación de que era algo habitual en todos los contratos de préstamos, al objeto de otorgar una seguridad a ambas partes contratantes, en el sentido de que las oscilaciones del Euribor no provocarían un alza o reducción excesiva del interés finalmente aplicable.
Se reúnen, por ello, los requisitos que exige el precepto legal mencionado. La cláusula se incorporó al contrato, sin que mi representado pudiera, en absoluto, modificar dicho contenido obligacional, y sin que existiera, siquiera, una mínima negociación al respecto. Extremos que definen el elemento deimposición,tal y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 13 de septiembre de 2.012 . Asimismo, concurren los elementos depredisposición y generalidad,al haberse determinado este tipo de cláusulas por la propia entidad bancaria, con independencia de la persona del prestatario, lo cual fue reconocido por el propio subdirector de la sucursal cuando justificó la presencia de la cláusula, para la protección del propio banco, y de sus clientes, es decir, el colectivo de ellos, que contrataban con él. En esta misma línea, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de León dictada el 11 de marzo de 2.011, la cual, sobre este particular, define las Condiciones Generales de la Contratación, como aquellas"cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos".
Por otro lado, se trata de unpacto accesorioque no constituye una condición esencial del contrato, toda vez, tal y como recoge la señalada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, puede que no se aplique durante toda la vida del contrato (de hecho, no se ha puesto en funcionamiento hasta el momento de interposición del presente escrito rector), o puede aplicarse en algunos periodos de vigencia del mismo, en función de la fluctuación del Euribor y la coyuntura económica. Es decir, el interés variable contratado es un elemento esencial que determina siempre las cuotas a devolver por mi cliente; las limitaciones a su oscilación no lo son, pues no entran en juego en todo momento, y cabe la posibilidad de que no lo hagan nunca.
Sobre este mismo extremo la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid de 8 de septiembre de 2.011 sostiene:"A mayor abundamiento sobre lo anterior no se puede concluir sin destacar las dudas que suscitaría la atribución a esa cláusula de un carácter esencial, pues si bien es cierto que eventualmente sirve para determinar el tipo de interés aplicable y que en el préstamo el interés es el precio que recibe el banco por la operación crediticia, es igualmente cierto que esa función no se cumple en todo caso, sino únicamente cuando se dan los presupuestos fácticos de la cláusula, que determinan la conversión del interés variable en el interés fijo previsto, esa aplicación eventual y no permanente ha sido destacado en la misma resolución de la Secc. 28 de la Audiencia Provincial de Madrid antes citada para excluir el carácter esencial de la cláusula, cuya ausencia por otro lado no impide que pueda considerarse válidamente celebrado el contrato por falta de determinación o determinabilidad del contenido contractual esencial. Por tanto (...) La cláusula de limitación a la variación del tipo de interés no se puede equiparar a la cláusula de determinación del interés remuneratorio del préstamo, que viene determinado por otra cláusula contractual, sino que sirve para delimitar los efectos propios de la evolución aleatoria del tipo de interés variable previsto en el contrato".
En todo caso, y para el improbable supuesto de que se considere que la cláusula objeto de impugnación constituye una condición esencial del contrato, debe recordarse la STJUE de fecha 3 de junio de 2.010 y STS de 4 de noviembre de 2.010, que interpretan el art. 4 de la mencionada Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993,"en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional autorice un control jurisdiccional del carecer abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato, o a la adecuación entre precio y retribución, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Por tanto, es claro que las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, incluso las relativas a elementos esenciales del contrato, como es el precio; también son susceptibles de ser sometidas a control jurisdiccional sobre su posible abusividad".
Conceptuada la estipulación quinta objeto de impugnación, como una condición general de contratación, es de aplicación la ley especial que las regula, en virtud de su art. 2, al reunir la entidad bancaria demandada la condición de profesional predisponente, conforme se ha razonado, y ser mi mandante una persona física adherente; y al no encuadrarse en uno de los contratos excluidos en el art. 4 del mismo texto legal.
Asimismo, debe tenerse también en cuenta la normativa relativa a la protección del consumidor, al concurrir dicha condición en mi mandante, quien regenta un taller de reparación ajeno al sector financiero, en cuyo marco, se concierta el contrato en análisis, y que constituye, de manera indudable, la actividad fundamental de la entidad demandada. Así, el art. 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes Complementarias (LGDCU), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, concede un concepto de consumidor y de usuario para"las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional",y su art. 4 conceptúa como empresario a estos efectos"toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada".
Conforme al art. 82.1 LGDCU son cláusulas abusivas"todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato",y añade, en el apartado tercero del mismo artículo que"el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa"y, a continuación, en los arts. 85 a 90 de la citada Ley, se establece un catálogo de condiciones que de estar alguna de ellas incluidas en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor se considerarán abusivas. Asimismo, el art. 8.2 LCGC señala que, en particular,serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, aquellas que no cumplan los requisitos que relaciona el art. 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (concreción, claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes etc.), y, en todo caso las definidas en el art. 10 bis) y Disposición Adicional primera.Remisión que, deben entenderse referida, al texto actualmente vigente en dicha materia citado anteriormente.
En interpretación de tal legislación, y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 13 de septiembre de 2.012 , son dos los requisitos que debe reunir la cláusula para ser abusiva: causar en perjuicio del consumidor, consistente en un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, y ser contraria a las exigencias de la buena fe. Requisitos a los cuales la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictada el 7 de octubre de 2.011 añade la ausencia de negociación.
En este caso, eldesequilibroes evidente, se fija una cláusula suelo del 3% que está a punto de entrar en vigor a partir de la bajada, previsible de todo punto, de los tipos de interés, con una tendencia bajista acusada en el marco de la actual crisis que estamos viviendo; sin que exista posibilidad real alguna de que los tipos asciendan al 11%, ni siquiera a largo plazo. Extremo que obstaculizaría sobremanera el acceso al crédito, necesario para el inicio de la recuperación económica, todavía muy lejano; y que cualquier operador, con un mínimo conocimiento del sector financiero, evaluaría como potencialmente irreal. Es decir, con la excusa de establecer un límite bilateral, se fija un límite mínimo con altísimas posibilidades de ser rebasado durante un largo periodo de tiempo, y con prácticamente nulas opciones de que se alcance el tope máximo o techo. Lo que nos lleva a una determinación de un límite que perjudica a mi cliente y beneficia al banco; sin contrapartida real que invierta las posiciones y compense el bloqueo que el tipo sufrirá en su descenso. La cláusula es, por ello, absolutamente desproporcionada, y sólo un techo cercano al 5% habría logrado mantener cierto equilibrio entre ambas posiciones. Al respecto, el propio órgano rector de la demandada, el Banco de España, en su Informe sobre determinadas cláusulas presentes en los préstamos hipotecarios, incorporado al Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado de 7 de mayo de 2.010, indica que"en todo caso, y sean cuáles sean las causas y explicaciones que subyacen en la determinación de los umbrales o acotaciones, lo ciertos es que, en la mayoría de los casos, no ofrecen una protección efectiva para los clientes particulares del riesgo de subida de tipos, debido a los altos niveles que alcanzan los techos___________________ . En consecuencia, las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera, no tienen, en general virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva frente a incrementos de tipos de interés".
Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2.013, indica que el desequilibrio puede manifestarse en la propia oferta desequilibrada, en la fase genética o en la ejecución del contrato, o en ambos momentos, con cita de las sentencias del mismo Tribunal de fechas 4 de noviembre de 2.010 o 29 de noviembre de 2.007, que mantuvieron la posibilidad de cláusulas abusivas precisamente en contratos de préstamo. Extremos que concurren en el presente caso, en el cual el desequilibrio en la propia oferta, se manifiesta durante todo el desarrollo del contrato con la aplicación de la cláusula que se combate.
Realidad que debe aunarse, por mandato del art. 82.3 LGDCU con las especialidades del sector financiero (en el marco de los servicios prestados por la demandada), y el conocimiento que el banco tiene de la evolución de los tipos de interés, tras realizar un cálculo de todas las variantes normales que pudieran concurrir y tenerse en cuenta. Conocimiento que debió traducirse en una obligación de informar de manera pormenorizada a mi mandante al respecto, sin limitarse a una mera indicación de una especie de cláusula de seguridad establecida en beneficio de ambas partes, cuya redacción se conoció el día de la firma del contrato. Recuérdese, en todo caso, el especial deber de información que debe adornar la contratación bancaria y la actuación de las entidades financieras en general, dotando de claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad económica, por la especial complejidad del sector financiero y la contratación en masa, pues sólo un consumidor bien informado puede elegir el producto que mejor le conviene a sus necesidades y efectuar una correcta contratación. Con ello, se evidencia unafalta absoluta de buena fe,por parte de la entidad bancaria, la cual pasa de puntillas por una cláusula desequilibrada conscientemente a partir de sus especiales fuentes de conocimiento, y que, cumpliendo el tercer requisito,nunca se negociócon mi representado.
Extremos sobre los que han recaído numerosas resoluciones, al haberse generalizado este tipo de cláusulas en el mercado, y ser multitud los consumidores que, como mi mandante, recurren al auxilio de los tribunales para denunciar su imposición. De ellas, son ejemplos los siguientes: En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1.ª de fecha 19 de junio de 2.012 la cual afirma que"La entidad financiera sabe, desde que predispone la cláusula «suelo» que la misma entrará en funcionamiento, sin duda alguna, como aquí ha sucedido y, al tiempo, reviste de falso ropaje recíproco dicha cláusula, con el establecimiento de otra, supuestamente beneficiosa para el consumidor y perjudicial para la entidad, que impide la subida de tipos de interés a partir de un hecho absoluta y totalmente irreal: que los tipos de interés suban del 12%. Ese techo no se ha aplicado nunca en la vida del contrato y es desconocido en los últimos años, sin que sea de ninguna manera previsible su operatividad práctica. Sin embargo, la cláusula suelo se ha aplicado frecuentemente, impidiendo que el consumidor disfrute de la bajada de los tipos de interés, más allá del umbral establecido. De ese modo, disimula la cláusula que se quiere predisponer, con otra que sabe que nunca tendrá virtualidad práctica, todo ello en un acto de clara contradicción con la buena fe; en un acto, por ello, claramente abusivo y que, por tanto, debe provocar la nulidad de la cláusula como acertadamente estableció el juzgador de la instancia".La sentencia del mismo Tribunal de fecha 23 de mayo de 2.012, que señala que"no existe proporción entre los límites de interés. La entidad financiera se protege frente a una sustancial bajada de los tipos de interés".Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos dictada el 23 de marzo de 2.012, la que se posiciona sobre límites concretos, declarando nula"la cláusula que establece que el tipo de interés variable estará limitado a un mínimo del 5,50% y un máximo del 17,50%. En el supuesto referido, el tipo de la hipoteca ascendía al tiempo de la firma de la escritura a 5,794% -4,994% Euribor + 0,80 diferencial-, por lo que se constataba que las limitaciones al alza y a la baja no eran semejantes, al ser la relación desproporcionada por el lado del tipo de subida o techo, en relación al señalado como suelo. A tal efecto, haría falta que los tipos subieran un 11,706 % para que el consumidor tuviera beneficio, el cual sería obtenido por el banco con la rebaja de poco más de dos centésimas".
En esta misma línea, se mencionan otras sentencias significativas de Juzgados de lo Mercantil. Como ejemplo, la antes referida sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de León de fecha 11 de marzo de 2.011, que razonaba"A fin de valorar la denunciada desproporción debe estarse al criterio impuesto en el art. 82.3 de la LGDCU, en cuya virtud "el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa". Y es precisamente el presente marco contextual financiero el que permite extraer como conclusión del examen de la evolución del índice tomado como referencia en la cláusula (Euribor) que desde un punto de vista estadístico pueda calificarse de irreal la posibilidad de incremento de dicho índice por encima del 12% en el que la demandada viene fijando el límite superior en los contratos de préstamo hipotecario que redacta. Efectivamente, la evolución del Euribor facilitada por la propia demandada (documento n.º 21) revela que el tipo más alto que ha llegado a alcanzar desde su inicio en 1999 es el de 5,384% registrado en septiembre de 2008, más que distante del límite superior contemplado por la condición general cuestionada. Y aún cuando es cierto, como señalaba la demandada, que otros índices tomados como referencia en los préstamos hipotecarios como el CECA o el MIBOR entre otros han alcanzado históricamente registros superiores al 12%, no cabe, porque así lo prohíbe el citado art. 82.3 de la LGDC, descontextualizar dicho dato de las circunstancias existentes en el momento en que se produjo, con un precio de mercado de la vivienda infinitivamente inferior al que ha conocido en los últimos años, y una duración correlativa del período pactado para la devolución del préstamo también notablemente más reducida. De hecho, en las condiciones en las que han sido convenidos los contratos de préstamo hipotecario afectados por la cláusula denunciada, con un precio medio de vivienda próximo a los 200.000 euros y una duración media del préstamo de entre 20 y 30 años, una hipótesis de evolución alcista del Euribor más allá del 12% no puede sino considerarse ajena a la realidad, y ello por razón de la imposibilidad de absorción por el mercado, en la medida en que buena parte de los prestatarios, habitualmente endeudados por la adquisición de vivienda en una proporción irracional de sus ingresos, carecerían de capacidad económica para hacer frente a tales cuotas, y las entidades de crédito verían más que reducida su principal fuente de ingresos, centrada en la venta de productos financieros y en particular de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, y seriamente amenazada su cuenta de resultados. Y aún cuando podría alegarse que las anteriores consideraciones, que se erigen en ratio decidendi fundamental de la apreciación del carácter abusivo de la condición general denunciada, responden a un proceso deductivo unilateral carente de un soporte fáctico y técnico bastante como para llevar a la declaración de la nulidad de aquella".Por último, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante de fecha 23 de junio de 2.011 concluye que"Debemos tener presente que la naturaleza del contrato de préstamo no puede pasar inadvertida a la hora de valorar el posible desequilibrio de las prestaciones porque, aunque el Tribunal Supremo ha declarado que las partes pueden convenir transformar su naturaleza en consensual, lo cierto es que la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia mantienen que salvo por la existencia de este pacto, el contrato de préstamo reviste una naturaleza real y unilateral, de tal forma que se perfecciona con la entrega del capital y desde ese momento únicamente se derivan obligaciones para la parte prestataria. Hablar de equilibrio de prestaciones cuando éstas no existen de forma bidireccional y cuando la posición de las partes, ya por la propia naturaleza del contrato, es manifiestamente dispar, puede tener difícil encaje".
4) De la declaración de nulidad y sus efectos:
En consecuencia, al tratarse de una condición general de contratación con un claro carácter de abusiva, procede su declaración de nulidad, de conformidad con el citado art. 8 LCGC; sin que ello conlleve la ineficacia del contrato, el cual puede subsistir sin la misma, con arreglo al art. 10 del mismo texto legal. Y en este sentido, la integración es sencilla, tal y como previene el apartado segundo con remisión al art. 1.258 CCiv, y los criterios que ofrece al respecto, la buena fe, el uso y la ley bajo el prisma de la propia naturaleza del contrato. El mismo mantiene su vigencia, con eliminación de ambos límites, determinándose los intereses a partir de la fórmula, en este caso, individualmente negociada, de tipo variable al Euribor más un punto.
Hasta el momento de interposición de la demanda, la cláusula impugnada no ha entrado en juego, pero la evolución de los tipos de interés, revelan un elevado porcentaje de que lo haga de manera inminente. Por ello, se solicita que, como efecto derivado de la nulidad peticionada, se condene a la entidad bancaria a devolver a mi cliente las cantidades que se hubieran podido cobrar en exceso durante la tramitación del procedimiento; a determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases, en cumplimiento de lo pautado por el art. 219 LEC, de las sumas que se abonen durante dicho periodo conforme a la cláusula cuya vigencia se mantiene hasta una eventual sentencia estimatoria, y su diferencia con lo que se hubiera debido cobrar sin la aplicación del límite en cuestión, conforme a la fórmula pactada de tipo variable de Euribor más un punto.
VII. COSTAS.La parte demandada soportará el reintegro de todas las costas del juicio por el principio cuasiobjetivo de vencimiento del art. 394.1 LEC, para declarativos en primera instancia.
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por formulada esta DEMANDA frente a la entidad BANCOBANK SA., en ejercicio de ACCIÓN DE NULIDAD de condición general de contratación; se dicte sentencia en la que:
·1.- Se declare la nulidad de la estipulación quinta del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 3 de febrero de 2.011; manteniéndose la vigencia del contrato sin la aplicación de los límites de suelo del 3% y de techo del 11%, fijados en aquella.
·2.- Se condena a la entidad demandada a restituir al actor las cantidades que se hubieran podido cobrar en exceso durante la tramitación del procedimiento; a determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases, de las sumas reales que se abonen durante dicho periodo conforme a la cláusula cuya vigencia se mantiene hasta una eventual sentencia estimatoria, y su diferencia con lo que se hubiera debido cobrar sin la aplicación del suelo del 3%, conforme a la fórmula pactada de tipo variable de Euribor más un punto.
OTROSÍ PRIMERO DIGO:Que interesa al derecho de esta parte utilizar para el juicio que, eventualmente, pudiera señalarse el siguiente medio de prueba:
·1.-INTERROGATORIO DE LA PARTE adversa, Bancobank SA, en las personas de los representantes con conocimiento directo de los hechos, que serán citados bajo apercibimiento legal de ser tenidos por conformes, en caso de inasistencia, con los hechos en que hubieran intervenido por los que se les interrogue, y que les resulten perjudiciales.
·2.-TESTIFICAL de Don___________________ , director de la Sucursal de Bancobank SA sita en la calle___________________ de la localidad de Madrid, quien intervino en la negociación del contrato.
·3.-En el caso de que se negara la aplicación de la cláusula suelo-techo a la generalidad de clientes REQUERIMIENTO a la parte demandada, de conformidad con el art. 328 LEC para que aporte a autos relación de préstamos hipotecarios concertados, en la sucursal sita en la calle___________________ de la localidad de Madrid, durante 2.010 y 2.011, con indicación del número de ellos que contienen cláusulas iguales o similares a la aquí impugnadas.
OTROSÍ SEGUNDO DIGO:Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos procesales, y si por cualquier circunstancia hubiera incurrido en algún defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a requerimiento de la misma, todo ello a los efectos prevenidos en el art. 231 LEC.
AL JUZGADO NUEVAMENTE SUPLICOque, teniendo por hechas las afirmaciones anteriores, se admitan y provea en consecuencia.
Es Justicia de hacerse en___________________ , a___________________ de___________________ de___________________
Firma de Abogado y número de colegiado:___________________
Firma del Procurador:
osiris82Abogado muy activoMensajes: 138Desde: 23/Feb/2011 � #3 � 30/May/2013, 12:59
Hola, sobre este asunto tengo una pregunta:
previa a la demanda, ¿no habria que presentar una reclamacion previa?
Lo digo porque tengo un asunto sobre esta misma envergadura, y lo primero que he echo ha sido mandar una carta certificada con acuse solicitando la nulidad y devolucion de laas cantidades indebidas pero, sin embargo, no he obtenido ninguna contestacion y mis clientes tampoco; entonces, no se que paso debo realizar ahora.
Escrito originalmente por @violeta116
escanabaNuevo abogadoMensajes: 15Desde: 03/Oct/2012 � #4 � 11/Jun/2013, 10:25Muchas gracias Violeta116!!algofloNuevo abogadoMensajes: 2Desde: 09/May/2014 � #5 � 09/May/2014, 18:33
Buenas a todos! A ver si me pueden ayudar a resolver una duda que tengo.
La cuestión es que yo soy economista, y un abogado me ha encargado realizar un estudio económico para reclamar las cantidades que el cliente ha pagado de mas, durante el período que ha estado vigente en su hipoteca la cláusula suelo.
Tengo calculadas todas la cantidades, pero me gustaría saber como poner algún tipo de presentación en el informe, para llevárselo al abogado, y no solo presentarlo directamente con cuadros de amortización.
Espero que me ayuden, muchas gracias de antemano.
ppanameraAbogado muy activoMensajes: 109Desde: 29/Abr/2008 � #6 � 07/Ene/2015, 20:55
PErdonar que os moleste, pero la compentencia actualmente sigue siendo de los Juzgado de lo Mercantil o después de las Sentencias del Tribunal Supremo es compentencia de los juzgados civiles???
Es que voy a presentar uina demanda y tengo dudas.
AbogadinaAbogado expertoMensajes: 430Desde: 25/Ene/2013 � #7 � 09/Ene/2015, 17:00Pues mi Colegio nos mandó un informe donde nos dice que la AP de mi Provincia (Asturias) dijo que la competencia es la mercantil.asustosNuevo abogadoMensajes: 34Desde: 16/Dic/2014 � #8 � 09/Ene/2015, 17:08
Si mal no recuerdo, en Octubre de 2014 la Audiencia Provincial de Oviedo publicó un Acuerdo que establecía que seria competencia del mercantil tanto las acciones colectivas del art. 12 de la Ley de Condiciones Generales de Contratacion como la accion individual de no incorporación del art 7, cuando la acción se base en dicha Ley de condiciones.
Por contra corresponderá a Primera Instancia cuando se base en la abusividad de una clausula basada en derecho de consumo, sin importar que sea condición general.
Escrito originalmente por @Abogadina
Pues mi Colegio nos mandó un informe donde nos dice que la AP de mi Provincia (Asturias) dijo que la competencia es la mercantil.
AbogadinaAbogado expertoMensajes: 430Desde: 25/Ene/2013 � #9 � 09/Ene/2015, 17:31Tienes toda la razón del mundo mundial. Es tal como dices. Acabo de buscar el documento y menudo patinazo. Estoy intentando insertarlo pero no lo he conseguido, sigo intentándolo.ppanameraAbogado muy activoMensajes: 109Desde: 29/Abr/2008 � #10 � 12/Feb/2015, 21:41
Buenas tardes, tengo que presentar una demanda de clausulas abusivas y tengo tres dudas:
- No se a que juzgado presentarla si a lo mercantil o al de instancia.
- No termino de cuadrar las cuentas de lo que tengo que reclamar.
- No sé si mi demanda es correcta.
Os adjunto mi demanda y me decís que opináis. Gracias de antemano, espero ayuda.
DOÑA -, Procurador de los Tribunales y de ----- respectivamente, apoderamiento que será debidamente acreditado mediante designación apud acta a practicar en comparecencia ante el Sr./Sra. Secretario Judicial en el día y hora que a tal efecto se señale, y bajo la dirección letrada de -------, ante el Juzgado comparezco y como mejor procede en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito paso a interponer demanda de juicio ordinario contra la entidad B-----------, ejercitando acción de nulidad de condición general de contratación y de condena al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas por la demandada, todo ello de acuerdo con los siguientes hechos y consideraciones de Derecho:
PRIMERO.- Que el día 8 de agosto de 2.001 mediante escritura otorgada en Navalcarnero ante el Notario de dicha localidad ------ un préstamo por importe de 497.635,02  al tipo de interés nominal anual de 4,90 por ciento, equivalente a una T.A.E. del 5,4324 por ciento, con el plazo de amortización, así como otras condiciones que no constan en nuestro poder.
Que en garantía del préstamo anterior la parte prestataria constituyó primera hipoteca, entre otras, sobre la finca que se describe a continuación: Urbana.- Parcela número 31, situada en el SAU.3, -------. Dicha finca quedó respondiendo de un préstamo de hasta 165.879,34  de capital; de hasta 19.905,52  en concepto de intereses remuneratorios de un año; hasta 59.716,56  en concepto de intereses moratorios de tres años; de hasta 16.587,93 , en concepto de gastos extrajudiciales anticipados por Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, para el pago de las primas del seguro del bien hipotecado, por impuestos o créditos que constituyen afecciones preferentes a la hipoteca y por gastos de la Comunidad en Régimen de Propiedad Horizontal; y de hasta 33.175,87 , para costas y gastos judiciales.
Que mediante la escritura de fecha 16 de diciembre del año 2.002 ante el Notario de ------ 8 y se subrogaron en el préstamo garantizado con hipoteca que grava la misma.
Que mis mandantes y el Banco modifican las condiciones hipotecarias mediante escritura de fecha 7 de febrero de 2.003, otorgada ante el -------- con las siguientes Cláusulas Financieras:
1ª.- INTERESES ORDINARIOS.- Desde el día 17 de diciembre del año 2.002, sin perjuicio de la variación del tipo de interés a que se refiere la siguiente Cláusula Financiera, y durante el primer semestre, este préstamo devengará a favor de la Entidad prestamista un interés nominal del 3,95 por ciento calculado sobre el capital concedido y no amortizado, liquidable por meses vencidos, en base al año de 360 días.
2ª.- TIPO DE INTERES VARIABLE.- Desde el día de comienzo del segundo semestre y durante el resto de la vida del préstamo, el tipo de interés nominal anual que devengará el mismo tendrá carácter variable, tanto al alza como a la baja, consistiendo dicha variación en la aplicación automática al comienzo de cada anualidad del tipo de interés REFERENCIA INTERBANCARIA A UN AÑO (EURIBOR), incrementado en 0,95 enteros.
En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser inferior al 3,00 por ciento, ni superior al tipo establecido en la responsabilidad hipotecaria de la Escritura Constitución en su apartado Intereses Remuneratorios.
El tipo efectivo correspondiente (T.A.E.) es del 4,072 por ciento. Se aporta copia simple de la escritura como documento número1. Que de fecha 16 de diciembre de 2.002 mis mandantes adquieren la vivienda para uso exclusivo de vivienda habitual. Se aporta copia simple de la escritura de compraventa como documento número2. SEGUNDO.- La firma del contrato de préstamo vino precedida de una serie de conversaciones, mantenidas entre mis mandantes y el subdirector de la sucursal de la demandada, sita en --------. Las negociaciones giraron en torno al capital prestado y los plazos de devolución, sin que se permitiera a mis representados pronunciamiento alguno en relación a otros extremos del contrato a firmar, al cual únicamente tuvo acceso el mismo día de su firma. En este sentido, la entidad bancaria incluyó la mencionada cláusula de suelo-techo en el contrato, con la mera indicación por parte de su empleado de que se incluían en todos los préstamos hipotecarios celebrados con sus clientes, y que servían para garantizar la seguridad de ambas partes, evitando riesgos derivados de oscilaciones excesivas de la variable en torno a la cual se calculan los intereses.
El clausulado del contrato suscrito, no negociado individualmente como se ha reseñado, presenta un importante desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes en contra de las exigencias de la buena fe. TERCERO.- Don ----o es comercial de venta de pieles y Doña --- es Profesora de Infantil en ---, y no tienen conocimientos financieros de ningún tipo, más allá de los que puede tener cualquier ciudadano que contrata con su banco de confianza un contrato de cuenta corriente asociada a una tarjeta de crédito, así como el préstamo cuya cláusula se impugna en la presente acción. Se adjunta las últimas nóminas de mis mandantes como documentos números3 y 4.
CUARTO.- A lo largo del desarrollo del contrato, mis mandantes han venido cumpliendo escrupulosamente con el abono de todas y cada una de las cuotas devengadas del préstamo con garantía hipotecaria, incluso cumpliendo con cláusula suelo a favor de la entidad financiera, desconociendo totalmente el efecto que podría tener la misma incorporada de forma unilateral y subrepticia por la demandada en el contrato de préstamo.
Como se puede comprobar, Don Roberto y Doña Remedios han abonado, hasta el día de hoy, la cantidad de 78.721,96  a la demandada, parte de dicha cantidad indebidamente, como consecuencia de la ilícita aplicación de una cláusula abusiva, como es la cláusula suelo, tal y como recientemente ha sido considerada por nuestro Tribunal Supremo, en recurso de casación número 485/2012, Sentencia de fecha 9 de mayo de 2.013.
QUINTO.-El día 23 de septiembre de 2.014, mis mandantes presentaron a la entidad bancaria escrito solicitando que se dejara sin efecto la condición general aquí impugnada, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de actuación alguna por parte de la demandada en tal sentido. Se aporta dicho escrito como documento número5.
SEXTO.- De acuerdo con los datos expuestos, mis representados han abonado la cantidad de  en exceso, que indebidamente y de manera abusiva ha recibido la entidad demandada. Cantidad que, lógicamente, ha generado los intereses legales pertinentes.
I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Corresponde conocer del proceso, a los órganos jurisdiccionales ordinarios españoles, por cuanto se dilucida en el mismo una reclamación entre españoles, para cuyo enjuiciamiento y fallo son competentes los citados órganos, de conformidad con cuanto se dispone entre otros, en los artículos 117.3 de la Constitución Española; 2, 9.2, 21.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; artículos 5 y 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 86.ter.2.d) Ley Orgánica del Poder Judicial determina la competencia objetiva y funcional de los Juzgados de lo Mercantil, para conocer en primera instancia de las reclamaciones en materia de condiciones generales de contratación. Asimismo, dado que se pretende la declaración de nulidad de una condición general de contratación, y puesto que mi mandante tiene su domicilio en el partido judicial del Juzgado al cual tengo el honor de dirigirme, su situación debe determinar la competencia territorial, conforme al art. 52.1.14.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
II.- CAPACIDAD.- Mis representados son mayores de edad y se encuentra en situación de pleno ejercicio de sus derechos civiles, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1.1.º y 7.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, la demandada es persona jurídica, cuya capacidad se reconoce en el art. 6.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil derivándose su personalidad de su constitución en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, con la necesidad de comparecer en juicio por medio de sus representantes legales (artículo 7.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
III. LEGITIMACIÓN.- Corresponde la legitimación activa directa a mis mandantes, por cuanto que figura en el contrato concertado con la demandada como prestatarios de la cantidad recibida, habiéndose estipulado de contrario la cláusula que se trata de combatir mediante el presente escrito, precisamente, para devolver aquella.
En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la entidad bancaria BANCO CESS como parte prestamista del contrato indicado, que, precisamente, ha impuesto la cláusula que se impugna.
IV.- PROCEDIMIENTO.-La presente demanda deberá sustanciarse por las normas del juicio ordinario, a tenor de lo prevenido en los artículos 248 y 249.1.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud del criterio de atribución preferente de la materia de condiciones generales de contratación.
V.- ACUMULACIONES DE PRETENSIONES Y CUANTÍA.- En cuanto al requisito prevenido en el artículo 253.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige que se exprese justificadamente la cuantía de la demanda, se debe considerar que por la presente demanda se formulan dos pretensiones acumuladas: la primera pretensión consiste en la declaración de nulidad por abusiva de una condición general y la segunda pretensión se refiere a la reintegración de las cantidades indebidamente cobradas por la demandada.
Respecto de la primera pretensión, como no es posible predecir cual será la evolución de los tipos de referencia en el futuro, no se puede en este momento determinar la diferencia futura entre la cláusula suelo y la que se debiera aplicar en caso de su anulación. Por tanto, no siendo posible la determinación de la cuantía para esta pretensión, ni aún en forma relativa, la demanda se considerará de cuantía indeterminada (artículo 251.1ª).
VI.- POSTULACIÓN Y DEFENSA.- Conforme a los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula esta demanda a través de Procurador de los Tribunales, y con dirección y firma de Letrado habilitado ante el Tribunal. Asimismo, se cumplen los requisitos formales del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
VII.- FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA.-
1.- De la existencia de una condición general de contratación:
Se ejercita la acción de nulidad de la cláusula que recoge queEn ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser inferior al 3,00 por ciento, ni superior al tipo establecido en la responsabilidad hipotecaria de la Escritura Constitución en su apartado Intereses Remuneratorios,del contrato de préstamo suscrito entre las partes el día 7 de febrero de 2.003, la cual constituye una condición general de contratación definida en el artículo 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), instrumento legal que materializó en el Derecho español la regulación contenida en la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1.993. Las mismas se conceptúan como las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.
Así, por un lado, en el presente supuesto la entidad demandada redactó unilateralmente el contrato, y, sin alternativa alguna para mis representados, incluyó las cláusulas que consideró convenientes; negociando únicamente la suma prestada, las cuotas y los plazos de devolución en función del interés fijo o variable. Negociación individual que no excluye la aplicación de la normativa citada, conforme al apartado segundo del referido artículo 1. De esta forma, la cláusula impugnada se impuso a mis mandantes, sin mayor información al respecto, con la indicación de que era algo habitual en todos los contratos de préstamos, al objeto de otorgar una seguridad a ambas partes contratantes, en el sentido de que las oscilaciones del Euribor no provocarían un alza o reducción excesiva del interés finalmente aplicable.
Se reúnen, por ello, los requisitos que exige el precepto legal mencionado. La cláusula se incorporó al contrato, sin que mis representados pudieran, en absoluto, modificar dicho contenido obligacional, y sin que existiera, siquiera, una mínima negociación al respecto. Extremos que definen el elemento de imposición, tal y como recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 13 de septiembre de 2.012. Asimismo, concurren los elementos de predisposición y generalidad, al haberse determinado este tipo de cláusulas por la propia entidad bancaria, con independencia de la persona del prestatario, lo cual fue reconocido por el propio subdirector de la sucursal cuando justificó la presencia de la cláusula, para la protección del propio banco, y de sus clientes, es decir, el colectivo de ellos, que contrataban con él. En esta misma línea, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de León dictada el 11 de marzo de 2.011, la cual, sobre este particular, define las Condiciones Generales de la Contratación, como aquellas "cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos".
Por otro lado, se trata de un pacto accesorio que no constituye una condición esencial del contrato, toda vez, tal y como recoge ha señalado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, puede que no se aplique durante toda la vida del contrato, o puede aplicarse en algunos periodos de vigencia del mismo, en función de la fluctuación del Euribor y la coyuntura económica. Es decir, el interés variable contratado es un elemento esencial que determina siempre las cuotas a devolver por mi cliente; las limitaciones a su oscilación no lo son, pues no entran en juego en todo momento, y cabe la posibilidad de que no lo hagan nunca.
Sobre este mismo extremo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid de 8 de septiembre de 2.011 sostiene: "A mayor abundamiento sobre lo anterior no se puede concluir sin destacar las dudas que suscitaría la atribución a esa cláusula de un carácter esencial, pues si bien es cierto que eventualmente sirve para determinar el tipo de interés aplicable y que en el préstamo el interés es el precio que recibe el banco por la operación crediticia, es igualmente cierto que esa función no se cumple en todo caso, sino únicamente cuando se dan los presupuestos fácticos de la cláusula, que determinan la conversión del interés variable en el interés fijo previsto, esa aplicación eventual y no permanente ha sido destacado en la misma resolución de la Secc. 28 de la Audiencia Provincial de Madrid antes citada para excluir el carácter esencial de la cláusula, cuya ausencia por otro lado no impide que pueda considerarse válidamente celebrado el contrato por falta de determinación o determinabilidad del contenido contractual esencial.(...) La cláusula de limitación a la variación del tipo de interés no se puede equiparar a la cláusula de determinación del interés remuneratorio del préstamo, que viene determinado por otra cláusula contractual, sino que sirve para delimitar los efectos propios de la evolución aleatoria del tipo de interés variable previsto en el contrato.
En todo caso, y para el improbable supuesto de que se considere que la cláusula objeto de impugnación constituye una condición esencial del contrato, debe recordarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 3 de junio de 2.010 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2.010, que interpretan el artículo 4 de la mencionada Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1.993, en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional autorice un control jurisdiccional del carecer abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato, o a la adecuación entre precio y retribución, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Por tanto, es claro que las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, incluso las relativas a elementos esenciales del contrato, como es el precio; también son susceptibles de ser sometidas a control jurisdiccional sobre su posible abusividad.
2.- De su aplicación a los contratos dirigidos a consumidores:
Conceptuada la estipulación objeto de impugnación, como una condición general de contratación, es de aplicación la ley especial que las regula, en virtud de su artículo 2, al reunir la entidad bancaria demandada la condición de profesional predisponente, conforme se ha razonado, y ser mis mandantes persona física adherente; y al no encuadrarse en uno de los contratos excluidos en el artículo 4 del mismo texto legal.
Asimismo, debe tenerse también en cuenta la normativa relativa a la protección del consumidor, al concurrir dicha condición en mis mandantes, quien es comercial de pieles y profesora de infantil ajenos al sector financiero, en cuyo marco, se concierta el contrato en análisis, y que constituye, de manera indudable, la actividad fundamental de la entidad demandada. Así, el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes Complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, concede un concepto de consumidor y de usuario para"las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, y su artículo 4 conceptúa como empresario a estos efectos "toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada".
3.- De la condición abusiva de la cláusula impugnada:
Conforme al artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios son cláusulas abusivas "todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, y añade, en el apartado tercero del mismo artículo que "el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa y, a continuación, en los artículos 85 a 90 de la citada Ley, se establece un catálogo de condiciones que de estar alguna de ellas incluidas en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor se considerarán abusivas. Asimismo, el artículo 8.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala que, en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, aquellas que no cumplan los requisitos que relaciona el artículo 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (concreción, claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes etc.), y, en todo caso las definidas en el articulo 10 bis) y Disposición Adicional primera. Remisión que, deben entenderse referida, al texto actualmente vigente en dicha materia citado anteriormente.
En interpretación de tal legislación, y como recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 13 de septiembre de 2.012, son dos los requisitos que debe reunir la cláusula para ser abusiva: causar en perjuicio del consumidor, consistente en un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, y ser contraria a las exigencias de la buena fe. Requisitos a los cuales la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictada el 7 de octubre de 2.011 añade la ausencia de negociación.
En este caso, el desequilibro es evidente, se fija una cláusula suelo del 3% que está a punto de entrar en vigor a partir de la bajada, previsible de todo punto, de los tipos de interés, con una tendencia bajista acusada en el marco de la actual crisis que estamos viviendo; sin que exista posibilidad real alguna de que los tipos asciendan al 11%, ni siquiera a largo plazo. Extremo que obstaculizaría sobremanera el acceso al crédito, necesario para el inicio de la recuperación económica, todavía muy lejano; y que cualquier operador, con un mínimo conocimiento del sector financiero, evaluaría como potencialmente irreal. Es decir, con la excusa de establecer un límite bilateral, se fija un límite mínimo con altísimas posibilidades de ser rebasado durante un largo periodo de tiempo, y con prácticamente nulas opciones de que se alcance el tope máximo o techo. Lo que nos lleva a una determinación de un límite que perjudica a mis mandantes y beneficia al banco; sin contrapartida real que invierta las posiciones y compense el bloqueo que el tipo sufrirá en su descenso. La cláusula es, por ello, absolutamente desproporcionada, y sólo un techo cercano al 5% habría logrado mantener cierto equilibrio entre ambas posiciones. Al respecto, el propio órgano rector de la demandada, el Banco de España, en su Informe sobre determinadas cláusulas presentes en los préstamos hipotecarios, incorporado al Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado de 7 de mayo de 2.010, indica que en todo caso, y sean cuáles sean las causas y explicaciones que subyacen en la determinación de los umbrales o acotaciones, lo ciertos es que, en la mayoría de los casos, no ofrecen una protección efectiva para los clientes particulares del riesgo de subida de tipos, debido a los altos niveles que alcanzan los techos. En consecuencia, las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera, no tienen, en general virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva frente a incrementos de tipos de interés.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2.013, indica que el desequilibrio puede manifestarse en la propia oferta desequilibrada, en la fase genética o en la ejecución del contrato, o en ambos momentos, con cita de las Sentencias del mismo Tribunal de fechas 4 de noviembre de 2.010 o 29 de noviembre de 2.007, que mantuvieron la posibilidad de cláusulas abusivas precisamente en contratos de préstamo. Extremos que concurren en el presente caso, en el cual el desequilibrio en la propia oferta, se manifiesta durante todo el desarrollo del contrato con la aplicación de la cláusula que se combate.
Realidad que debe aunarse, por mandato del artículo 82.3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con las especialidades del sector financiero (en el marco de los servicios prestados por la demandada), y el conocimiento que el banco tiene de la evolución de los tipos de interés, tras realizar un cálculo de todas las variantes normales que pudieran concurrir y tenerse en cuenta. Conocimiento que debió traducirse en una obligación de informar de manera pormenorizada a mis mandantes al respecto, sin limitarse a una mera indicación de una especie de cláusula de seguridad establecida en beneficio de ambas partes, cuya redacción se conoció el día de la firma de la escritura de novación de préstamo. Recuérdese, en todo caso, el especial deber de información que debe adornar la contratación bancaria y la actuación de las entidades financieras en general, dotando de claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad económica, por la especial complejidad del sector financiero y la contratación en masa, pues sólo un consumidor bien informado puede elegir el producto que mejor le conviene a sus necesidades y efectuar una correcta contratación. Con ello, se evidencia una falta absoluta de buena fe, por parte de la entidad bancaria, la cual pasa de puntillas por una cláusula desequilibrada conscientemente a partir de sus especiales fuentes de conocimiento, y que, cumpliendo el tercer requisito, nunca se negoció con mis representados, sin olvidar, que en la escritura aparece escondida dentro de otras cláusulas.
Extremos sobre los que han recaído numerosas resoluciones, al haberse generalizado este tipo de cláusulas en el mercado, y ser multitud los consumidores que, como mis mandantes, recurren al auxilio de los Tribunales para denunciar su imposición. De ellas, son ejemplos los siguientes: la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1.ª de fecha 19 de junio de 2.012, la cual afirma que "La entidad financiera sabe, desde que predispone la cláusula «suelo» que la misma entrará en funcionamiento, sin duda alguna, como aquí ha sucedido y, al tiempo, reviste de falso ropaje recíproco dicha cláusula, con el establecimiento de otra, supuestamente beneficiosa para el consumidor y perjudicial para la entidad, que impide la subida de tipos de interés a partir de un hecho absoluta y totalmente irreal: que los tipos de interés suban del 12%. Ese techo no se ha aplicado nunca en la vida del contrato y es desconocido en los últimos años, sin que sea de ninguna manera previsible su operatividad práctica. Sin embargo, la cláusula suelo se ha aplicado frecuentemente, impidiendo que el consumidor disfrute de la bajada de los tipos de interés, más allá del umbral establecido. De ese modo, disimula la cláusula que se quiere predisponer, con otra que sabe que nunca tendrá virtualidad práctica, todo ello en un acto de clara contradicción con la buena fe; en un acto, por ello, claramente abusivo y que, por tanto, debe provocar la nulidad de la cláusula como acertadamente estableció el juzgador de la instancia. La Sentencia del mismo Tribunal de fecha 23 de mayo de 2.012, que señala que "no existe proporción entre los límites de interés. La entidad financiera se protege frente a una sustancial bajada de los tipos de interés. Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos dictada el 23 de marzo de 2.012, la que se posiciona sobre límites concretos, declarando nula "la cláusula que establece que el tipo de interés variable estará limitado a un mínimo del 5,50% y un máximo del 17,50%. En el supuesto referido, el tipo de la hipoteca ascendía al tiempo de la firma de la escritura a 5,794% -4,994% Euribor + 0,80 diferencial-, por lo que se constataba que las limitaciones al alza y a la baja no eran semejantes, al ser la relación desproporcionada por el lado del tipo de subida o techo, en relación al señalado como suelo. A tal efecto, haría falta que los tipos subieran un 11,706 % para que el consumidor tuviera beneficio, el cual sería obtenido por el banco con la rebaja de poco más de dos centésimas.
En esta misma línea, se mencionan otras Sentencias significativas de Juzgados de lo Mercantil. Como ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de León de fecha 11 de marzo de 2.011, que razonaba "A fin de valorar la denunciada desproporción debe estarse al criterio impuesto en el art. 82.3 de la LGDCU, en cuya virtud "el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa". Y es precisamente el presente marco contextual financiero el que permite extraer como conclusión del examen de la evolución del índice tomado como referencia en la cláusula (Euribor) que desde un punto de vista estadístico pueda calificarse de irreal la posibilidad de incremento de dicho índice por encima del 12% en el que la demandada viene fijando el límite superior en los contratos de préstamo hipotecario que redacta. Efectivamente, la evolución del Euribor facilitada por la propia demandada (documento n.º 21) revela que el tipo más alto que ha llegado a alcanzar desde su inicio en 1999 es el de 5,384% registrado en septiembre de 2008, más que distante del límite superior contemplado por la condición general cuestionada. Y aún cuando es cierto, como señalaba la demandada, que otros índices tomados como referencia en los préstamos hipotecarios como el CECA o el MIBOR entre otros han alcanzado históricamente registros superiores al 12%, no cabe, porque así lo prohíbe el citado art. 82.3 de la LGDC, descontextualizar dicho dato de las circunstancias existentes en el momento en que se produjo, con un precio de mercado de la vivienda infinitivamente inferior al que ha conocido en los últimos años, y una duración correlativa del período pactado para la devolución del préstamo también notablemente más reducida. De hecho, en las condiciones en las que han sido convenidos los contratos de préstamo hipotecario afectados por la cláusula denunciada, con un precio medio de vivienda próximo a los 200.000 euros y una duración media del préstamo de entre 20 y 30 años, una hipótesis de evolución alcista del Euribor más allá del 12% no puede sino considerarse ajena a la realidad, y ello por razón de la imposibilidad de absorción por el mercado, en la medida en que buena parte de los prestatarios, habitualmente endeudados por la adquisición de vivienda en una proporción irracional de sus ingresos, carecerían de capacidad económica para hacer frente a tales cuotas, y las entidades de crédito verían más que reducida su principal fuente de ingresos, centrada en la venta de productos financieros y en particular de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, y seriamente amenazada su cuenta de resultados. Y aún cuando podría alegarse que las anteriores consideraciones, que se erigen en ratio decidendi fundamental de la apreciación del carácter abusivo de la condición general denunciada, responden a un proceso deductivo unilateral carente de un soporte fáctico y técnico bastante como para llevar a la declaración de la nulidad de aquella. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante de fecha 23 de junio de 2.011 concluye que "Debemos tener presente que la naturaleza del contrato de préstamo no puede pasar inadvertida a la hora de valorar el posible desequilibrio de las prestaciones porque, aunque el Tribunal Supremo ha declarado que las partes pueden convenir transformar su naturaleza en consensual, lo cierto es que la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia mantienen que salvo por la existencia de este pacto, el contrato de préstamo reviste una naturaleza real y unilateral, de tal forma que se perfecciona con la entrega del capital y desde ese momento únicamente se derivan obligaciones para la parte prestataria. Hablar de equilibrio de prestaciones cuando éstas no existen de forma bidireccional y cuando la posición de las partes, ya por la propia naturaleza del contrato, es manifiestamente dispar, puede tener difícil encaje".
4.- De la declaración de nulidad y sus efectos:
En consecuencia, al tratarse de una condición general de contratación con un claro carácter de abusiva, procede su declaración de nulidad, de conformidad con el citado artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; sin que ello conlleve la ineficacia del contrato, el cual puede subsistir sin la misma, con arreglo al artículo 10 del mismo Texto Legal. Y en este sentido, la integración es sencilla, tal y como previene el apartado segundo con remisión al artículo 1.258 del Código Civil, y los criterios que ofrece al respecto, la buena fe, el uso y la ley bajo el prisma de la propia naturaleza del contrato. El mismo mantiene su vigencia, con eliminación de ambos límites, determinándose los intereses a partir de la fórmula, en este caso, individualmente negociada, de tipo variable al Euribor más un punto.
En el momento de interposición de la demanda, la cláusula impugnada ha entrado en juego, por ello, se solicita que, como efecto derivado de la nulidad peticionada, se condene a la entidad bancaria a devolver a mis mandantes las cantidades que se hubieran podido cobrar en exceso, a determinar en ejecución de Sentencia, sobre las bases, en cumplimiento de lo pautado por el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de las sumas que se abonen durante dicho periodo conforme a la cláusula cuya vigencia se mantiene hasta una eventual Sentencia estimatoria, y su diferencia con lo que se hubiera debido cobrar sin la aplicación del límite en cuestión, conforme a la fórmula pactada de tipo variable de Euribor más 0,95 punto.
Del principio pro consumatore. Apuntada la condición de consumidor y usuario de los actores y la de empresario de la demandada conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 TRLGDCU, el derecho en liza ha de ser examinado en clave consumerista. Consagran el principiopro consumatorelo establecido en los artículos 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, 51.1 y 53.3 CE. Nos hallamos ante reglas impuestas a los poderes públicos, que en consecuencia habrán de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, vinculando en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de noviembre) y al juez y poderes públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero).
Merecen especial tutela los intereses económicos de los consumidores según reconocen los artículos 8 b), 19, 128 y 132 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.A fortiori,los servicios bancarios y financieros, son calificados comoservicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, conforme a lo dispuesto por el Anexo I, letra C, ap. 13 del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, lo que se traduce en el imperativo de una aplicación reforzada de los principios consumeristas que afectan a este servicio.
Merecen especial tutela los intereses económicos de los consumidores, y en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, según reconocen los artículos 8 b), 19, 128 y 132 TRLGDCU.
Resulta notorio en nuestros días, más aún en sectores como el hoy analizado, la imposición de un sistema de contratación por el empresario con un clausulado general a cuyo sometimiento se ve avocado el consumidor, con independencia de la denominación que quiera dársele a este sistema:contratación uniforme.
La OM de 5 de mayo de 1994, aplicable cuando se concertó el préstamo hipotecario por mis representados, regula el proceso de constitución de las hipotecas en garantía de préstamos hipotecarios a los consumidores que, en lo que aquí interesa y de forma sintética, comienza por la entrega al solicitante de un folleto informativo, sigue con una oferta vinculante que incluya las condiciones financieras (entre ellas, en su caso, tipo de interés variable y limites a la variación del tipo de interés), posible examen de la escritura pública por el prestatario durante los tres días anteriores al otorgamiento y, por último, se formaliza el préstamo en escritura pública, estando obligado el notario a informar a las partes y a advertir sobre las circunstancias del interés variable, y especialmente si las limitaciones a la variación del tipo de interés no son semejantes al alza y a la baja.
Asimismo, conforme a lo establecido en el art. 5.5 LCGC, "la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez", de modo que "no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]" (art. 7 LCGC).
En modo alguno la información facilitada a mis mandantes cubre las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento al tiempo de la celebración del contrato (OM de 5 de mayo de 1994), y las negativas de no ser ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (arts. 5.5 y 7 LCGC).
No se ha dado cumplimiento en el presente supuesto a los citados requisitos de inclusión o incorporación de las cláusulas predispuestas. No se cumplen tampoco las exigencias del control de transparencia, teniendo en cuenta que, como ha determinado el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 9 de mayo de 2.013,"la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato". Resulta aplicable, a este respecto, el art. 80.1 TRLCU, que dispone que"en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente [...], aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa [...]-; b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido".
En ningún momento han tenido mis mandantes un conocimiento real y razonable de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato la cláusula suelo-techo impuesta por la entidad demandada. Ello se debe a que la cláusula aparece enmascarada entre informaciones que dificultan su identificación.
En todo caso, como ha declarado el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 9 de mayo de 2.013, "el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente.
En consecuencia, aún cuando, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.013, se estime que la cláusula suelo-techo impugnada describe y define el objeto principal del contrato, debe tomarse en consideración, como ha indicado el Tribunal Supremo en la citada Sentencia,«el hecho de que una cláusula sea definitoria del objeto principal no elimina la posibilidad de controlar si su contenido es abusivo». En este sentido, debe recordarse la STJUE de fecha 3 de junio de 2.010 y STS de 4 de noviembre de 2.010 (Diario La Ley 203282/2010), que interpretan el artículo 4 de la mencionada Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1.993, «en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional autorice un control jurisdiccional del carecer abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato, o a la adecuación entre precio y retribución, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Por tanto, es claro que las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, incluso las relativas a elementos esenciales del contrato, como es el precio; también son susceptibles de ser sometidas a control jurisdiccional sobre su posible abusividad». Precisión que ha sido posteriormente ratificada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2.013.
En cuanto a la retroactividad de la nulidad solicitada.
En este sentido es relevante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 12 de marzo de 2.014 que recoge en este sentido:Por último, aun cuando el recurrente no ha hecho referencia alguna a ello en el recurso, no puede la Sala dejar pasar por alto la cuestión relativa a las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, respecto de las cantidades cobradas con anterioridad a la Sentencia en aplicación de la cláusula en cuestión, ello dadas la discrepancias doctrinales que al respecto han surgido en atención a los términos en que el Tribunal Supremo se expresa sobre la misma en la sentencia de 9 de mayo de 2013 y pese a la dificultad que supone el desconocimiento por parte de la Sala de los motivos de disconformidad del apelante frente a lo resuelto en la Sentencia apelada y ello sin riesgo de incurrir en incongruencia de tipo alguno, en la medida que la parte apelante, no obstante la falta de alegaciones sobre esta cuestión, sí pide la revocación íntegra del Fallo. Al respecto, hemos de señalar que el artículo 9 Ley de Condiciones Generales de la Contratación remite al régimen general de la nulidad contractual, señalando el artículo 1.303 del CC: Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.; la finalidad de esta norma no es otra que la de que las personas afectadas vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial anterior al acto invalidador, evitando el enriquecimiento injusto o sin causa de una de ellas a costa de la otra (STS de 23 de junio de 2008, entre otras muchas), tratándose de una obligación ex lege, constituyendo una consecuencia ineludible e implícita de la invalidez contractual, siendo de alcance , no solo a los contratos declarados nulos , sino también a las cláusulas contractuales declaradas nulas cuando los contratos puedan subsistir sin aquéllas. Pues bien, ello así, aun cuando es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, a cuya fundamentación jurídica hemos hecho continuas referencias y en la que nos hemos apoyado en orden a resolver la cuestión litigiosa objeto de esta litis, niega el efecto retroactivo de la Sentencia, también es verdad que la Sentencia se dicta en el marco procesal de una acción colectiva de cesación y respecto de quienes son parte en aquel proceso, donde, además, no se ejercitó una acción accesoria de condena a la restitución (como prevé el artículo 12 de la L.C.G.C), sino solo de nulidad y correlativa eliminación de la cláusula, así como de prohibición de uso futuro, por lo cual esta Sala considera que tal declaración de no retroactividad, no es de aplicación preceptiva al supuesto que nos ocupa, en el cual la acción ejercitada es una acción personal e individual de nulidad por abusividad de una cláusula contenida en un contrato celebrado con consumidores, en el que además la actora ha solicitado, al pedir la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, en aplicación de la cláusula en cuestión, la retroacción de la declaración de nulidad, deviniendo, en consecuencia, a tales efectos, aplicable el artículo 1.303 del CC, sin que concurra circunstancia alguna que permita la excepción del efecto que dicha norma prevé, razón por la cual, en el caso concreto enjuiciado, declarada la nulidad de la cláusula objeto de controversia, deben restituirse las prestaciones derivadas de dicha cláusula y, en este sentido, confirmar el pronunciamiento de la Sentencia y, en definitiva, el Fallo de la misma en su integridad.
En el mismo sentido nos encontramos con la Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Oviedo de 28 de marzo de 2.014 que concluye que si se excluyese la retroactividad de la nulidad se produciría un enriquecimiento injusto del Banco, al beneficiarse al menos durante algún tiempo de los efectos económicos de una cláusula nula.
VIII. COSTAS.-La parte demandada soportará el reintegro de todas las costas del juicio por el principio cuasiobjetivo de vencimiento del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para declarativos en primera instancia.
SUPLICO AL JUZGADO: Que, teniendo por formulada esta DEMANDA frente a la entidad BANCO CESS, antes CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, en ejercicio de ACCIÓN DE NULIDAD de condición general de contratación, y después de los tramites legales se dicte Sentencia en la que:
Se declare la nulidad de la estipulación En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser inferior al 3,00 por ciento, ni superior al tipo establecido en la responsabilidad hipotecaria de la Escritura Constitución en su apartado Intereses Remuneratorios, del contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 7 de febrero de 2.003; manteniéndose la vigencia del contrato sin la aplicación de los límites de suelo del 3% y de techo del 11%, fijados en aquella.
Se condena a la entidad demandada a devolver a los actores, las cantidades cobradas en aplicación de la estipulación declarada nula, que de acuerdo con las bases referidas en la demanda ascienden a  por importes abonados hasta el mes de febrero de 2.015, que se incrementarán con las cantidades mensuales que se vayan devengando y se abonen por los actores en aplicación de la cláusula nula.
Se condene a la entidad demandada, al pago de los intereses legales de las referidas cantidades desde la fecha de cada cobro; incrementadas en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.
OTROSÍ PRIMERO DIGO:Que a los efectos probatorios se dejan designados los archivos de la demandada, los de la CNMV y de cualquier organismo público o entidad privada que tenga relación con el presente procedimiento, así como cualquier otro que interese al mimo.
SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO:Se tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos.
OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que esta manifiesta su voluntad de subsanar cuantos errores o defectos pudiera adolecer la presente demanda, en virtud del artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO:Se tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos legales oportunos.
ppanameraAbogado muy activoMensajes: 109Desde: 29/Abr/2008 � #11 � 12/Feb/2015, 21:42gracias por favor ayudaquitina4Abogado muy activoMensajes: 172Desde: 14/Sep/2009 � #12 � 13/Feb/2015, 17:27
tengo informe del Banco de España en el que se señala que no ha existido transparencia por parte de la entidad bancaria.En este caso podrìa presentar la demanda en via civil?
quitina4Abogado muy activoMensajes: 172Desde: 14/Sep/2009 � #13 � 13/Feb/2015, 17:27
Folken-BoreasAbogado JuniorMensajes: 330Desde: 07/Dic/2007 � #14 � 26/Feb/2015, 15:19
Escrito originalmente por @quitina4
Wuolap.
Acudirías al orden civil si pretendieras que la cláusula fuera anulada por un vicio del consentimiento (Código Civil) o por incumplir artículos del TRLDCU.
Peeeroooo... entiendo que es justamente lo contrario. Si tienes prueba de la falta de transparencia (que es el principal criterio atendido por el Supremo en sus últimas sentencias para considerar "abusiva" la cláusula, declararla nula y tenerla por no puesta, teniendo en cuenta que no cumpliría un requisito esencial para la validez de una condición general de la contratación) lo lógico sería interponer Acción individual de los artículos 7 y 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación ante el Juzgado de lo Mercantil.
Creo que es lo que estamos haciendo la mayoría. Salvo mejor criterio.
Si la tiene ¿de qué te preocupas?frontovikiAbogado JuniorMensajes: 384Desde: 15/Feb/2013 � #15 � 26/Feb/2015, 16:35
Depende de la Audiencia Provincial: en Ciudad Real hay que ir a Primera Instancia.
¡Ni un paso atrás!ppanameraAbogado muy activoMensajes: 109Desde: 29/Abr/2008 � #16 � 26/Feb/2015, 16:43
Al final lo he presentado en el Mercantil.
Folken-BoreasAbogado JuniorMensajes: 330Desde: 07/Dic/2007 � #17 � 11/Mar/2015, 15:28
Escrito originalmente por @frontoviki
Nop. Depende de eso que llamamos Competencia Objetiva:
- Si se interpone demanda de nulidad por ser la cláusula abusiva, por ser una condición general de contratación, un contrato de adhesión, la competencia es de los Juzgados de lo Mercantil (ex. art. 86 ter 2º letra d, de la LOPJ).
- Si la nulidad se basa en un error en el consentimiento o ser contrario al TRLDCU, lo se trata de una acción colectiva como vía de actuación conjunta de consumidores, competente para conocer serán los Juzgados de 1ª Ins.
Así de sencillo. Saludos!
Si la tiene ¿de qué te preocupas?Sr_CaulfieldAbogado colaboradorMensajes: 205Desde: 30/Sep/2013 � #18 � 11/Mar/2015, 19:26En efecto, depende de cómo se plantee la demanda porque los bancos casi siempre, (en mi caso siempre), me plantean declinatorias. frontovikiAbogado JuniorMensajes: 384Desde: 15/Feb/2013 � #19 � 12/Mar/2015, 07:50
En Ciudad Real, cualquiera sea el planteo, sólo es competente el juzgado de primera instancia.
Cuidado con el criterio de cada audiencia provincial.
¡Ni un paso atrás!Javier_LAbogado expertoMensajes: 432Desde: 30/Abr/2008 � #20 � 23/Jun/2015, 13:17 � Editado por Javier_L
Escrito originalmente por @Folken-Boreas
Buenas. ¿Y si la nulidad de una cláusula por abusiva se pide mediante reconvención en un procedimiento ante un Tribunal de 1ª Instancia?
Supongo que no habrá que recurrir al absurdo de interponer demanda individual ante el Juzgado de lo Mercantil y luego solicitar la acumulación de procesos ante el más antiguo.
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References: e contrario
 resolución 
 Real Decreto 
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e contrario
 artículo 253
 artículo 399
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 82
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 82
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 219
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 394
 artículo 231