Source: http://1218miramar.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Timestamp: 2015-11-27 22:35:36+00:00

Document:
Las Sanciones Internacionales de la ONU
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EL REGIMEN DE SANCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Sara Solís Castañeda
Las sanciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, son las acciones que los países toman contra otras naciones por razones de índole política. Estas sanciones pueden ser, principalmente, diplomáticas, económicas o militares.Las sanciones diplomáticas se traducen en la reducción o rompimiento de relaciones diplomáticas entre los países; las económicas, generalmente se refieren a la prohibición de vínculos comerciales y posiblemente a la limitación de ciertos sectores, entre ellos, los armamentos, con algunas excepciones importantes como son alimentos y medicinas. Las sanciones militares se refieren a las intervenciones de esa índole.La predecesora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Liga de las Naciones, creada por el Tratado de Versalles y fundada en 1920, tenía como principio básico la seguridad colectiva y su constitución básica era la Carta de la Liga de las Naciones[1], en cuyo Artículo 10 llamaba a todos los Estados miembros de la Liga a respetar y preservar su integridad territorial e independencia política, en contra de agresiones externas y, en caso de cualquier agresión, su Consejo recomendaría los medios por los cuales esa obligación debería ser cumplida. Los medios previstos fueron conocidos como sanciones –un boycott económico autorizado bajo el Artículo 16 de la Carta e invocado en octubre de 1935 contra Italia por invadir Abisinia. Sin embargo, como un gesto conciliatorio, la Liga excluyó el petróleo, hierro y acero del boycott, por lo que dichas sanciones no fueron efectivas. Dentro de menos de un año las relacionadas sanciones fueron levantadas y no fueron aplicadas del todo cuando Alemania envió tropas a Renania en 1936.[2]Posteriormente, la ONU fue establecida el 24 de octubre de 1945 y formó una especie de continuidad de la Liga de Naciones en propósito, estructura y funciones generales; muchos de sus órganos principales fueron adoptados de estructuras similares establecidas a inicios del Siglo XX. Sin embargo, en algunos aspectos, la ONU constituyó una organización muy diferente, especialmente en lo relacionado al mantenimiento de la paz y seguridad y en su compromiso hacia el desarrollo económico y social.Cambios en la naturaleza de las relaciones internacionales se tradujeron en modificaciones en las responsabilidades de la ONU y en su aparato de toma de decisiones. Las tensiones de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética afectaron profundamente las funciones de seguridad de la ONU en sus primeros 45 años de existencia. La profusa descolonización de África, Asia y del Medio Oriente que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial incrementó el volumen y naturaleza de los asuntos económicos, políticos y sociales de dicha organización. Asimismo, el fin de la Guerra Fría en 1991 condujo a un nuevo panorama internacional con las consiguientes repercusiones dentro del seno de ONU.En cuanto al régimen de sanciones establecido por la ONU, éste tiene como objetivo principal implementar las decisiones del Consejo de Seguridad para mantener o restaurar la paz y seguridad internacionales. La Carta de la ONU asigna al Consejo de Seguridad la responsabilidad principal para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Cada miembro del Consejo[3] tiene derecho a un voto. En todos los asuntos de procedimiento las decisiones del Consejo son hechas con el voto afirmativo de nueve de sus miembros. En los asuntos sustantivos, como puede ser la investigación de una disputa o la aplicación de sanciones, también se requieren nueve votos afirmativos, incluyendo aquellos de los cinco miembros permanentes con derecho a veto. En la práctica, sin embargo, un miembro permanente se puede abstener sin invalidar dicha decisión.Es decir pues, que las sanciones son un instrumento del cual dispone el Consejo de Seguridad de dicho órgano actuando al amparo del Capítulo VII de la Carta de la ONU que se refiere a cualquier amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión y, en ese sentido, el Consejo de Seguridad hace recomendaciones o decide qué medidas habrán de ser tomadas, de conformidad con los artículos 41 y 42 de dicha Carta para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales:El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. (Artículo 41).Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. (Artículo 42).Durante el periodo de la Guerra Fría dichas sanciones fueron usadas únicamente dos veces por el Consejo de Seguridad de la ONU (Rhodesia del Sur[4] 1965 y Sudáfrica 1977); el uso de éstas se incrementó a partir de la caída del imperio soviético y con el fin de la bipolarización Este-Oeste en el ámbito internacional. A partir de agosto de 1990, el Consejo de Seguridad dio inicio a una veintena de sanciones. Hoy en día éstas son comunes y conocidas a nivel internacional.El inventario de sanciones incluye diferentes tipos, dentro de los que se cuentan, entre otras, las siguientes opciones: a) Comercio: Restricciones a la exportación e importación; b) Comunicaciones: Teléfonos, correo postal, restricciones cablegráficas y satelitales; c) Culturales o deportivas: Restricciones a viajes educacionales, atlético-deportivos o turísticos; d) Diplomáticos: Aislamiento político y diplomático, revocación de visa, retiro de oficinas del personal diplomático y consular, retiro de organizaciones internacionales del país sancionado; e) Desarrollo: Cancelación de programas de asistencia o de fondos; f) Financieras: Congelación de activos gubernamentales o élites; restricción de subsidios, préstamos bancarios, flujo de inversión de capitales, asignaciones o subvenciones; g) Militares: embargos aéreos o de armas, cancelación de toda la ayuda militar; h) Transporte: Prohibición de vuelos, restricciones portuarias, marítimas y terrestres.El Consejo de Seguridad ha empleado diferentes tipos de sanciones dirigidas a países, grupos rebeldes y organizaciones terroristas y los objetivos de las mismas van desde apelar a un estado ocupante a que retire sus tropas, prevenir a una nación de que adquiera o desarrolle armas de destrucción masiva, promover la implementación de un proceso de paz, observar los derechos humanos, entre otros.Para las Naciones Unidas, las sanciones pueden a menudo representar la última alternativa coercitiva disponible cuando se encuentran ante una situación de mantenimiento o restauración de la paz y seguridades nacionales. Desde un ángulo político, puede ser sumamente difícil reunir todos los apoyos necesarios para autorizar una acción militar conjunta bajo el Artículo 42 de la Carta de la ONU, puesto que los gobiernos responsables de asumir una acción de fuerza como esa, muchas veces reconsideran detenidamente o están renuentes a asumir las serias consecuencias de orden político, financiero y humanitario que resultarían del uso de las sanciones militares.Contrariamente, la imposición de sanciones no militares conlleva generalmente menos costos que el uso de la fuerza. Cuando se autorizan sanciones, el Consejo de Seguridad toma una acción simbólica contra amenazas a la paz y seguridad internacionales, sin tener que asumir ninguna responsabilidad o incurrir en costos.También debe mencionarse que las sanciones atraen a muchos críticos que indican que las mismas no son efectivas del todo o que pueden ser contraproducentes. Y, en el extremo opuesto, existen críticas contradictorias por cuanto señalan que las sanciones son muy efectivas debido al impacto devastador que pueden tener sobre población civil. Así pues, las sanciones también han sido descritas en muchas ocasiones como “las armas de destrucción masiva de la ONU” y, a su vez, como una herramienta genocidaAlgunas de las sanciones más relevantes de la ONU son las siguientes: 1) Rhodesia del Sur: Las resoluciones fueron la número 217 (20 noviembre 1965) relacionada con el embargo sobre armamento y petróleo; la número 232 (16 diciembre 1966) que llamaba a los Estados miembros para suspender relaciones económicas; y la número 253 (29 mayo 1968) que formó un Comité de Sanciones. La duración de éstas fue de 1965 a 1979. 2) Sudáfrica: Resolución 418 (4 noviembre 1977) relacionada a un embargo sobre armamento; resolución 421 (9 diciembre 1977) a través de la cual se formó un Comité de Sanciones; y la resolución 919 (25 mayo 1994) que levantó las sanciones. Su duración fue de 1977 a 1994. 3) Iraq-Kuwait: Resolución 661 (6 agosto 1990) sanciones sobre comercio y formación de Comité de Sanciones; resolución 670 (25 septiembre 1990) sobre embargo aéreo; resolución 687 (3 abril 1991) sobre cese al fuego, embargo completo al comercio continúa en tanto Iraq cumpla las condiciones establecidas; resolución 712 (19 septiembre 1991) sobre autorización inicial de arreglos para petróleo por alimentos; resolución 986 del 14 abril 1995 (solo para Iraq) relacionada con una autorización subsiguiente para el programa petróleo por alimentos. Para Kuwait duró solamente hasta abril 1991). 4) Antigua Yugoslavia: Resolución 713 (25 septiembre 1991) sobre embargo armamenticio; resolución 724 (15 diciembre 1991) sobre formación de Comité de Sanciones; resolución 757 (30 mayo 1992) sanciones amplias sobre comercio, prohibición aérea, boycott cultural y deportivo sobre Serbia y Montenegro; resolución 820 (17 abril 1993), fortalecimiento de sanciones; resolución 942 (23 septiembre 1994), sanciones impuestas contra Serbo bosnios; resolución 943 (23 septiembre 1994), algunas sanciones impuestas contra Serbia & Montenegro son suavizadas; resolución 1022 (22 noviembre 1995), suspensión indefinida de las sanciones tras el Acuerdo de Paz de Dayton; resolución 1074 (1 octubre 1996), término de sanciones contra Serbia y Montenegro y Serbo Bosnios. Estas duraron de 1991 a 1996. 5) Somalia: Resolución 733 (23 enero 1992), embargo sobre armamentos; resolución 751 (24 abril 1992) formación de Comité de Sanciones. 6) Jamahiriya Árabe Libia: Resolución 748 (31 marzo 1992) embargos aéreo y armamenticio, sanciones diplomáticas y formación de Comité de Sanciones; resolución 883 (11 noviembre 1993), congelación de fondos del gobierno de Libia, proscripción sobre equipo petrolero. 7) Liberia: resolución 788 (19 noviembre 1992), embargo de armamento; resolución 1521 (2003); 8) Haití: Resolución 841 (16 junio 1993), embargo al petróleo y armamento; congelación de activos extranjeros, formación de Comité de Sanciones. Resolución 861 (27 agosto 1993), suspensión del embargo al petróleo y armas tras la firma del Acuerdo; resolución 873 (13 octubre 1993), reinstalación del embargo petrolero y armamenticio; resolución 917 (6 mayo 1994), expansión de sanciones a activos financieros y comercio; resolución 944 (29 septiembre 1994), levantamiento de sanciones. Duración de 1993 a 1994. 9) Angola: Resolución 864 (15 septiembre 1993), embargo petrolero y armamenticio contra UNITA y formación de Comité de Sanciones. 10) Ruanda: Resolución 918 (17 mayo 1994), embargo sobre armamentos y formación de Comité de Sanciones; resolución 1011 (16 agosto 1995), levantamiento de sanciones efectivo el 1 septiembre 1996 para el gobierno ruandés que continuó en efecto para las fuerzas no gubernamentales. 11) Sudán: Resolución 1054 (26 abril 1996), sanciones diplomáticas; resolución 1070 (16 agosto 1996), imposición condicional de embargo aéreo efectivo en 90 días, que dependería del examen sobre el efecto de sanciones. 12) Sierra Leona: Resolución 1132 (1997); 13) Al-Qaida y los individuos y entidades asociados a los Talibanes: Resolución 1267 (1999); 14) Terrorismo: Resolución 1373 (2001); 15) Cote d’Ivoire: Resolución 1572 (2004).La Carta de las Naciones Unidas contiene muchas disposiciones de interés desde el punto de vista del tema de las sanciones. Para efectos de este estudio, el término “sanciones” comprende también los bloqueos y embargos.Uno de los embargos más antiguos es el impuesto a Cuba por los Estados Unidos. El embargo contra Cuba, que en este último país se reconoce como bloqueo y no como embargo, es un embargo de tipo financiero, económico y comercial impuesto por Estados Unidos el 7 de febrero de 1962 hasta la presente fecha, con el fin de presionar al gobierno cubano. Fue convertido en ley en 1992 y 1995. Este embargo prohíbe la realización de transacciones económicas entre esos dos países, pero en 1999 se amplió el mismo prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses hacer comercio con Cuba por valores superiores a los US$700 millones anuales. En 2010 el embargo sigue en pie y ha sido uno de los más duraderos de la historia. Este embargo ha sido condenado en dieciocho ocasiones por la ONU, que reconoció que daña la economía cubana. Muchos críticos señalan la doble moral de sancionar a Cuba por su socialismo, mientras sí se comercia con otros estados comunistas como la China o Vietnam, con los mismos sistemas políticos y económicos.Desde 1960 ha estado en vigor un embargo unilateral de los Estados Unidos, modificado por la Ley Helms-Burton[5] y otras y objeto de amplias críticas que lo consideran contrario a la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos. La Asamblea General, en su resolución 52/10, del 12 de noviembre de 1997, instó a los Estados a derogar las leyes como la Ley Helms-Burton debido “a sus obligaciones en virtud de la Carta de la ONU y el derecho internacional que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación-” La UNICEF sostiene que el embargo afecta negativamente a los niños (véanse los documentos A/52/342 y Add.1 y Corr.1).[6]Como se ha podido constatar, el continuo uso de las sanciones en años recientes y sus impactos sociales adversos, ha permitido que se cuestione profusamente sobre el impacto humanitario negativo de éstas. Muchos Estados y organizaciones humanitarias han expresado su inquietud por las posibles consecuencias negativas de las sanciones para los sectores más vulnerables de la población civil, como las personas de edad con discapacidad, los refugiados y las mujeres con niños. También han sido motivo de preocupación los efectos adversos que pueden tener las sanciones en las esferas económica, social e incluso política para la economía de terceros países o países vecinos en los que las relaciones comerciales y económicas con el Estado sancionado se interrumpen.“Cada vez se reconoce más que es necesario mejorar el planteamiento y la aplicación de las sanciones. Pueden reducirse los efectos negativos de las sanciones, incorporando directamente en las resoluciones del Consejo de Seguridad excepciones por motivos humanitarios o seleccionando mejor los objetivos de las sanciones. Están ganando adeptos las denominadas “sanciones inteligentes”, cuyo fin es presionar a los que ejercen el poder y no a la población en general, lo que reduce los costos humanitarios.”[7]A través del tiempo y dado el relacionado impacto negativo, ha existido un consenso generalizado que las operaciones de esas sanciones internacionales requieren una profunda revisión debido a los impactos sociales que generan. Éstos requieren también de una serie de estudios, monitoreo y seguridad de ayuda humanitaria para poblaciones vulnerables en países sancionados o cercanos a éstos. En los relacionados artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU no se establecen limitaciones humanitarias a las sanciones, pero otros artículos de la Carta las establecen claramente. Entre estos artículos se encuentra el párrafo 1 del Artículo 1 que exige que las medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales se adopten “de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional”. Es decir que no cabe imponer sanciones que sean injustas o constituyan agresión. Del mismo modo, tampoco pueden imponerse sanciones que no contribuyan efectivamente al mantenimiento de la paz.El párrafo 3 del mismo artículo limita necesariamente las sanciones al declarar que uno de los propósitos de la ONU es el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos. El artículo 52 de la Carta limita las sanciones que pueden imponerse a nivel regional o por un grupo de gobiernos o un único gobierno al disponer que los acuerdos y actividades regionales estén en conformidad con los “propósitos y principios de las Naciones Unidas”. Un régimen de sanciones impuesto unilateralmente o por un órgano regional debe ajustarse a todos los requisitos de tales sanciones establecidos en la Carta, incluyendo la conformidad con los principios de justicia y de derecho internacional.El Artículo 55 de la Carta también limita las sanciones al establecer que las medidas de la ONU no pueden reducir los niveles económicos, crear problemas sanitarios ni menoscabar en forma alguna la observancia de los derechos humanos.En la Resolución de la ONU E/CN.4/Sub.2/1998/NGO/24 del 3 de agosto de 1998[8] se señala, en su párrafo décimo que “El derecho humanitario contractual y consuetudinario también estipula limitaciones de las sanciones. La cláusula Martens (octavo párrafo del preámbulo de la Convención de La Haya de 1907) limita las sanciones al citar los principios de las naciones civilizadas, las leyes de humanidad y los dictados de la conciencia pública. (La cláusula Martens figura reiterada en cada una de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y en el Primer Protocolo Adicional.) El derecho humanitario exige el libre paso de los suministros médicos y los objetos religiosos, así como la protección de los artículos indispensables para la supervivencia de la población civil. No pueden imponerse sanciones que limiten los bienes humanitarios o interfieran con las actividades de socorro.”Por lo tanto, para evitar un impacto humanitario negativo, las sanciones deben ser cuidadosamente confeccionadas con el objeto de ser dirigidas principalmente a los responsables de la política o de la situación a la que el Consejo de Seguridad se opone, sea un gobierno, movimiento o cualquier entidad particular.Incluso, a la vez que se reconoce la necesidad de mantener la efectividad de las sanciones impuestas de acuerdo con la Carta de la ONU, futuras acciones colegiadas en el Consejo de Seguridad y dentro del contexto de cualquier régimen futuro de sanciones deben necesariamente que tener en cuenta los efectos adversos no intencionados sobre los segmentos vulnerables de países sancionables, con el fin de minimizarlos.A su vez, también es de capital importancia desarrollar una metodología para que las agencias de la ONU pre-evalúen y monitoreen de manera precisa el impacto humanitario de las medidas. Es importante que existan mecanismos para analizar el potencial impacto humanitario de dichas sanciones antes de que sean impuestas y para monitorear estos impactos después de que estas sanciones sean implementadas.Las organizaciones de la ONU ya poseen considerable información económica y social sobre sus estados miembros, incluyendo aquellos estados a los cuales se contempla sancionar. Las agencias rutinariamente compilan y actualizan información: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre siembras y nutrición; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo; la UNICEF sobre mujeres y niños; la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el sector de salud y así sucesivamente. Lo anterior evidencia que más información está actualmente disponible para el Consejo de Seguridad que la que se ha tomado en cuenta; ha existido y existe debate actualmente en el sentido de que el problema sobre los efectos humanitarios adversos puede ser no tanto de disponibilidad de información sino de su utilización por quienes toman las decisiones a nivel internacional.En respuesta a estas preocupaciones internacionales, decisiones relevantes del Consejo de Seguridad han reflejado una aproximación más refinada para diseñar, aplicar e implementar sanciones contra Estados. Estas aproximaciones han incluido medidas dirigidas a actores específicos, como también excepciones humanitarias que se encuentran en resoluciones del Consejo de Seguridad. Sanciones dirigidas pueden significar el congelamiento de activos o bloqueo de transacciones financieras de élites políticas u otras entidades. Existen varias sanciones inteligentes que han sido aplicadas a países africanos que tienen conflictos relacionados con diamantes, donde se han iniciado guerras debido al comercio ilícito de diamantes por armas y otros materiales relacionados.En el año 2000 los miembros del Consejo de Seguridad establecieron, de manera temporal, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Generales relacionado con Sanciones con el fin de desarrollar recomendaciones generales sobre cómo mejorar la efectividad de las sanciones de la ONU. El grupo tomó en cuenta cuestiones como la duración y el levantamiento de las sanciones, la evaluación de los efectos indeseados de las sanciones y las formas de ayudar a los Estados no destinatarios afectados, el mejoramiento de la aplicación nacional de las sanciones, el cumplimiento de las sanciones selectivas, las sanciones secundarias contra los Estados que violen las sanciones, el mejoramiento de los archivos y bases de datos de la Secretaría, incluida la lista de expertos, entre otros. En el año 2006 ese grupo entregó su reporte al Consejo de Seguridad (S/2006/997), que contenía recomendaciones para mejorar dichas sanciones. El debate aún continúa vigente.
FUENTES CONSULTADAS:Fuentes documentales:1) Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Departamento de Información Pública. Naciones Unidas, NY.2) United Nation’s Provisional Rules of Procedure of the Security Council. S/96/Rev.7. 3) United Nation’s Resolutions, references S/1995/300, April 13, 1995; E/cn.4/Sub.2/1998/NGO/24, August 3rd, 1998; S/2005/841, December 29th, 2005; S/RES/1730(2006), December 19th, 2006; S/2009/2, January 6th, 2009.Fuentes bibliográficas:4) El ABC de las Naciones Unidas; Medidas Coercitivas – Sanciones. Departamento de Información Pública, Nueva York, 2004. The New Encyclopaedia Britannica; European History and Culture, 15th Edition, Macropaedia, Volume 18.5) The New Encyclopaedia Britannica; European History and Culture, 15th Edition, Macropaedia, Volume 18.Fuentes publicísticas:6) Larry Minear, David Cortright, Julia Wagler, George A. Lopez and Thomas G. Weiss
Toward More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing the capacity of the United Nations system; Providence, RI: Watson Institute, Occasional Paper #31, 1998.Fuentes electrónicas:7) http://www.un.org8) http://Avalon.law.yale.edu
[1] La Carta forma Parte I del Tratado de Versalles, Saint-Germain-en-Laye (10 septiembre 1919), Neuilly (27 noviembre 1919), Trianon (4 junio 1920) y Sévres (10 agosto 1920), firmado en el area de París entre el 28 de junio de 1919 y el 10 de agosto de 1920: entró en vigor el 10 de enero de 1920. “Los miembros signatarios originales de la Liga de las Naciones del Tratado de Paz fueron: Estados Unidos de América, Bélgica, Bolivia, Brazil, el Imperio Británico, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, la India, China, Cuba, Ecuador, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Hedjaz, Honduras, Italia, Japón, Liberia, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, el Estado Serbo-Croata-Esloveno, Siam, Czecho-Slovakia, Turquía y Uruguay. Los Estados invitados a acceder a la Carta fueron Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Paraguay, Persia, Salvador, España, Suecia, Suiza y Venezuela.” Aunque fueron signatarios, la Carta nunca fue ratificada por Turquía o los Estados Unidos de América. (Yale Law School, Lillian Goldman Law Library; The Avalon project, Documents in Law, History and diplomacy: http:/Avalon.law.yale.edu/imt/parti.asp)
[2] European History and Culture; The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Macropaedia, Volume 18, página 712. Traducido por la autora. [3] La Composición del Consejo de Seguridad de la ONU es de 15 miembros. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América son miembros permanentes de dicho Consejo. La Asamblea General elige otros diez miembros de la ONU que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando atención a la contribución de los mismos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la ONU, como también a una distribución geográfica equitativa. (Artículo 23 del Capítulo V de la Carta de la ONU) [4] La Federación de Rhodesia y Nyasalandia, también llamada Federación Centroafricana fue una unidad política creada en 1953 y que finalizó el 31 de diciembre de 1963, que comprendía los establecimientos, colonias y dominios británicos de Rhodesia del Sur (Zimbabue) y los territorios de Rhodesia del Norte (Zambia) y Nyasalandia (Malawi), que estuvieron bajo control de la Oficina Colonial Británica. [5] La Ley Helms-Burton ha sido criticada en numerosas ocasiones por varios gobiernos que no aceptan las pretensiones extraterritoriales de Estados Unidos, pues dicha ley incluye formas de castigar a compañías no estadounidenses que comercien con Cuba. [6] Resolución de la ONU referencia E/CN.4/Sub.2/1998/NGO/24 del 3 de agosto de 1998. [7] El ABC de las Naciones Unidas; Medidas Coercitivas – Sanciones. Publicación de las Naciones Unidas, Departamento de Información Pública, Nueva York, 2004. Pág. 97. [8] Resolución de la Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 50º periodo de sesiones; la resolución se refiere al “Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ha ocupado o pueda ocuparse la Subcomisión - Examen de cuestiones que no han sido objeto de estudio en el pasado, pero que la Subcomisión ha decidido examinar - Consecuencias de las actividades humanitarias para el disfrute de los derechos humanos.”
ResumenEsta investigación se refiere al diferendo sobre el territorio beliceño, que data del Siglo XVIII y sigue vigente hasta nuestros días. El conflicto se desarrolla en torno a un añejo problema territorial que tiene su génesis en antiguas disputas entre los Reinos de España y Gran Bretaña por la soberanía en el continente americano. Es decir, pues, que es uno de los conflictos más largos de América y la complejidad del mismo radica en que no solamente es muy antiguo sino que es multidisciplinario, ya que abarca diferentes disciplinas: la legal, política, económica e internacional. Guatemala ha reclamado y sostiene, desde su independencia, en 1821, ser la heredera de los derechos del Reino de España sobre el territorio beliceño, amparada en el derecho de sucesión y en el principio jurídico del uti possidetis juris. La Gran Bretaña, por su parte, sostiene que Guatemala nunca ejerció jurisdicción sobre el territorio de Belice, ni durante la colonia y tampoco después de independizarse de España. No obstante lo anterior y en un período crítico en la historia centroamericana, en 1859 Guatemala e Inglaterra suscribieron un polémico Convenio de Límites, de diferente interpretación para ambos: Para Guatemala fue un instrumento de Cesión Territorial, en tanto que para Inglaterra fue un Convenio de Límites. Ese convenio incluye una cláusula compensatoria, que Inglaterra nunca llegó a cumplir, obligando a Guatemala, en 1884 a plantear la caducidad del Tratado y la consiguiente reincorporación territorial.El Siglo XX transcurre por completo sin ver la solución a este añejo diferendo. Pese a la permanente oposición guatemalteca, Belice obtiene su autogobierno y, en 1981, la independencia de Inglaterra. Sin embargo, como Estado sucesor del Reino Unido, Belice también heredó la controversia territorial cuando cobró su vida independiente. En 1991 Guatemala reconoce jurídicamente a Belice y entabla relaciones diplomáticas con ese país, pero deja pendiente la solución del diferendo con base en el principio de integridad territorial. Tras lograrse la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, tanto el gobierno beliceño como el guatemalteco han realizado innumerables esfuerzos por

References: Artículo 10
 Artículo 16
 Artículo 41
 Artículo 42
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 52
 Artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución