Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015s/se201531007.html
Timestamp: 2020-04-06 17:09:11+00:00

Document:
se201531007
SENTENCIA Nº 07
Expediente : 02/2015-CA
Demandante : Gerencia Distrital Oruro del Servicio Impuestos
Pronunciado dentro el proceso contenciosos administrativo seguido por Gerencia Distrital Oruro del Servicio Impuestos Nacionales (SIN), en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa, cursante de fs. 76 a 82, interpuesta por Verónica Jeannine Sandy Tapia, representante legal de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), impugnando en parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre; decreto de admisión, la contestación a la demanda, memoriales de réplica y dúplica y decreto de autos para sentencia, los antecedentes del proceso; y:
I.1. Antecedentes de la demanda contenciosa administrativa
I.1.1. Resolución Administrativa
Que, en el ejercicio de las facultades establecidas por el art. 100 del Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, la Administración Tributaria de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, procedió a la verificación Externa CEDEIM (previa) a Operaciones Metalúrgicas S.A. (OMSA), en virtud a la solicitud de devolución efectuada por la empresa contribuyente.
Que, siguiendo el procedimiento la Administración Tributaria solicitó la documentación respaldatoria al contribuyente, quién presentó dentro de plazo otorgado para el efecto; la Administración Tributaria en cumplimiento de sus atribuciones procedió a efectuar la verificación, revisión y cotejó la documentación presentada por el contribuyente; posteriormente emitió la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA 23-00081-14, por la que resolvió: Primero.- Establecer como importe a devolver mediante Certificados de Devolución Impositiva al contribuyente OMSA representada legalmente por el señor PERO TABORGA MARIANO IGNACIO, como señala el Informe CITE:SIN/GDOR/DF/VE/INF/265/2013 de 31 de diciembre de 2013 e Informe Complementario COTE:SIN/GDOR/DJCC/UTJ/INF/054/2014 de 20 de marzo de 2014 de Bs.3.533.943.- (tres millones quinientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo fiscal septiembre de 2012. Segunda.- Determinar el monto no sujeto a devolución la suma de Bs.195.581.- (ciento noventa y cinco mil quinientos ochenta y un 00/100 bolivianos), por el IVA por el periodo fiscal septiembre de 2012 del contribuyente OMSA, representada legalmente por el señor PERO TABORGA MARIANO IGNACIO, producto de la depuración de crédito fiscal, debiendo en consecuencia el contribuyente presentar la declaración jurada rectificatoria por el periodo posterior afectado; y en caso de no estar de acuerdo con la citada depuración proceder a la impugnación de la presente resolución ante la AGIT, en el plazo de veinte días, conforme al art. 143 y siguientes del CTB en la vía judicial ante el Distrito Departamental de Justicia de Oruro, en el plazo de quince días, conforme al art. 174 y siguientes del Código Tributario.
Que, interpuesto el recurso de alzada por Mariano Ignacio Peró Taborga y Raúl Rubén Salas Saldivar, ambos en representación legal de OMSA; la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2014 de 14 de Julio de fs. 35 a 50, revocó parcialmente la Resolución Administrativa impugnada; dejando, por una parte, sin efecto el importe observado no sujeto a devolución impositiva de Bs.115.849.- correspondiente al crédito fiscal de facturas observadas por falta de medios fehacientes de pago, y se confirmó el monto de Bs.79.732.- no sujeta a devolución, por falta de medios fehacientes de pago, por distinto domicilio y sin vinculación; declarando en consecuencia, como sujeto a devolución el importe de Bs.3.533.943.- establecido en el primer numeral de la parte resolutiva del acto impugnado más el monto de Bs.115.849.- mencionado; sumando un total de Bs.3.649.792, objeto de devolución que corresponde al período fiscal septiembre de 2012.
Que, interpuestos los recursos jerárquicos, por una parte, por OMSA, representado por Mariano Ignacio Peró Taborga, y por otra, por Verónica Jeannine Sandy Tapia, en su condición de representante legal de la Gerencia Distrital Oruro del SIN; la AGIT, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre, confirmando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2014 de 14 de julio, en sentido de que el exportador no acreditó el pago total de facturas Nos. 856, 18, 19, 29, 31, 46, 47 y 275 con medios fehacientes de pago; así como de las facturas depuradas por errores formales y falta de vinculación; en tal sentido, se determinó mantener sin efecto la depuración de crédito fiscal por Bs.115.849.- y observado el crédito fiscal por Bs.79.732. Sobre la base de estos antecedentes, se estableció el importe objeto de devolución impositiva por el IVA a OMSA por el período fiscal septiembre de 2012 en Bs.3.649.792; todo de conformidad a lo previsto por el inciso b), parágrafo I del art. 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). Una vez notificados a las partes con esta Resolución, la misma que fue impugnada.
II.1.Trámite del proceso contencioso administrativo
La Gerencia Distrital Oruro del SIN, a través de su representante, mediante memorial de 5 de enero de 2015, cursante de fs.76 a 82, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
a) Agravios contenidos en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre.
Inexistencia de una correcta aplicación y comprensión de la ley; “la AGIT refiere que, siendo evidente que la Regalía Minera, no forma parte del importe facturado la apreciación de la Administración Tributaria no es correcta, respecto de que el contribuyente estuviese solicitando la devolución del IVA con el componente de Regalía Minera, sino que se trata de retenciones efectuadas al vendedor, en cada liquidación”, asimismo la AGIT sostiene que las retenciones por concepto de Regalías Mineras se constituyen en medios de pago válidos a efecto de la devolución impositiva.
Sobre las diferencias de cambio la AGIT aseveró que la Administración Tributaria no fundamentó su posesión en el planteamiento del Recurso Jerárquico, motivo por el que confirmó lo dispuesto por la ARIT La Paz.
Con referencia a los pagos a terceros que fueron observados de las facturas 856 y 275, que incluyen pagos a SPECTROLAB, Caja Nacional de Salud, gastos de administración, uso de ingenio y otros descuentos, de los que corresponde dejar sin efecto los gastos de administración.
b) Análisis y valoración jurídica - medios fehacientes de pago.
La Administración Tributaria asevera que, habiendo procedido a la revisión de la documentación presentada por el contribuyente como medio fehaciente de pago a la transacción (compra de mineral), se evidenció la base de cálculo por el importe facturado incluye la Regalía Minera retenida, lo que contraviene lo establecido en el DS Nº 29577 de 21 de 05 de 2008 inc., b) numeral IV, art. 4 Capítulo II, que establece que la base de cálculo de la Regalía Minera, en caso de ventas internas, el valor bruto de venta es el valor comercial total consignado en la factura. Por lo que la Regalía Minera no forma parte del importe facturado; por lo que el contribuyente estaría solicitando la devolución de crédito fiscal IVA de exportación con componente Regalía Minera, en contra de lo establecido en el DS Nº 25465, que establece que los impuestos sujetos a devolución son el IVA, ICE y GA, por lo que los importes pagados, retenidos, por el contribuyente no son considerados como medios fehacientes de pago. Asimismo las retenciones efectuadas por el contribuyente a cuenta de COMIBOL no son considerados como medios fehacientes de pago.
Los pagos efectuados por el contribuyente por concepto de retención Caja Nacional de Salud, gastos de administración, uso de ingenio y otros descuentos, no son considerados como medios fehacientes de pago, lo mismo que reduce la liquidación final de los lotes de material concentrado de estaño, lo que no acredita el concepto de la transacción genérica que es la compra del mineral.
La verificación de los medios fehacientes de pago de las facturas de compras con importes iguales o superiores a 50.000 UFVs cuyo pago no fue respaldado en su totalidad; por lo que fueron depuradas, conforme establece el art 4 y 8 de la Ley Nº 843, art. 12 de la Ley Nº 14879 y art. 2 de la Ley Nº 1963.
La Administración Tributaria, hace mención a la normativa aplicada en el presente caso y menciona que, dentro de las atribuciones que tiene se encuentra la 11) del art. 66 de la Ley Nº 2492, que dispone que para aplicar montos mínimos, la operación de devolución impositiva deben ser respaldadas por documentos bancarios, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago, la ausencia de los mismos hará presumir la inexistencia de la transacción.
Dentro de las obligaciones de Sujeto Pasivo se encuentra la señalada en el art. 70 numeral 4) de la Ley Nº 2492, que dispone, que sus actividades deben ser respaldadas mediante otros registros generales y especiales, facturas, documentos públicos, lo que concuerda con lo establecido en el numeral 5) del mismo artículo que estipula que el Sujeto Pasivo debe demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque se refieran a periodos prescritos.
La reglamentación de lo anteriormente citado se encuentra establecido en al art. 37 del DS Nº 27310 modificado por el art. 12 del DS Nº 27874, que dispone que cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a las 50.000 UFVs, deben estar respaldados por medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito. Consiguientemente se demuestra que el Gerencia Distrital Oruro del SIN ha aplicado correctamente las disposiciones legales y reglamentarias citadas precedentemente.
Concluye, que impugna en parte la Resolución Jerárquica, impetrando que luego del análisis imparcial de todo lo actuado y en aplicación de la norma se emita Sentencia declarando probada la demanda, consiguientemente confirme la Resolución Administrativa de CEDEIM Nº 23-00081 de 20 de marzo de 2014, manteniéndola firme y subsistente en todas sus partes.
Mediante el decreto de 10 de febrero de 2015, cursante a fs. 86, se admitió por este Tribunal, de conformidad a los arts. 327, 379 y 380 del CPC y 2.2) de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, y se corrió traslado al demandado a efectos de su citación ordenándose se libre la provisión citatoria y encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. También se ordenó la notificación a OMSA como tercero interesado mediante provisión citatoria, encomendando su ejecución al Presidente de Tribunal Departamental de Oruro.
En fecha 20 de marzo de 2015, la autoridad demandada fue citada según consta la diligencia a fs. 117; posteriormente, en fecha 25 de marzo se citó a OMSA en calidad de tercero interesado, sin embargo, el contribuyente OMSA a pesar de su legal notificación y citación con la demanda contenciosa administrativa mediante provisión citatoria correspondiente, no se apersonó, tampoco presentó memorial alguno.
II.1.4. Contenido de la contestación a la demanda
Daney David Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en tiempo hábil, se apersonó contestando a la demanda en forma negativa mediante memorial de fs. 90 a 100, bajo los siguientes argumentos que se detallan:
La determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Nº 843.
Por otra parte señala que, los exportadores no generan y/o generan parcialmente débito fiscal, el mismo que será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA, aplicada sobre el valor FOB de exportación.
Asevera también que, el parágrafo II del art. 12 del DS Nº 27874, que modifica el art. 37 del DS Nº 27310, dispone que cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a las 50.000 UFVs, deben estar respaldados por medios fehacientes de pago, para que la Administración Tributaria reconozca el crédito.
Asimismo menciona que, los requisitos para beneficiarse con el crédito fiscal, son 1) la factura original, 2) que esté vinculada a la actividad gravada, 3) que la transacción se haya realizado efectivamente; en varias Resoluciones Jerárquicas la AGIT habría establecido como precedente, requisitos para la valides del Crédito Fiscal, que emanan de la interpretación de los arts. 4 (requisito 1) y 8 (requisito 2 y 3) de la Ley N º 843 y el art. 8 del DS Nº 21530.
La AGIT afirma que, OMSA solicitó la devolución de Bs.3.729.524; la Administración Tributaria estableció que, se debía devolver Bs.3.533.943, quedando un crédito fiscal de Bs.195.58; la Administración Tributaria observó varias facturas por lo que inicialmente depuró el crédito fiscal IVA por un total de Bs.376.741, pero antes de la emisión de la Resolución Administrativa, OMSA presentó documentación adicional, con la que se disminuyó el monto inicial quedando el saldo de Bs.147.72.
La AGIT aclara que, la normativa vigente no contempla la figura que respalde la observación parcial de una factura; la Administración Tributaria al haber verificado la compra–venta de minerales y su pago por lotes observó sólo una parte de las facturas Nº 856, 857, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 12010, 29, 31, 46, 47, 14592 y 275 y determinó que correspondía la devolución del monto efectivamente pagado y no el valor de la factura.
Al respecto asevera la AGIT que, se debe tomar en cuenta que lo que se observó de las facturas Nº 856, 857,8,10,14,15,18,19,12010, 29,31, 46, 47, 14592 y 275, se refiere expresamente a que el contribuyente no respaldó la vinculación con la actividad gravada, en este punto la ARIT La Paz, consideró la normativa legal respecto de los medios fehacientes de pago (parágrafo III, art. 12 DS Nº 27874 que modificó el art. 37 del DS Nº 27310), por lo que sobre este tema no se identificó agravio alguno.
Con relación a la Regalía Minera, los pagos realizados por este concepto fueron respaldado con los formularios Nº 3009 Boleta de pago de la Regalía Minera y refrendo de la entidad bancaria por el importe pagado acompaña formulario de retención, que incluye el importe, el municipio y la cuenta respectiva y el pago de Regalía Minera, en el que se evidencia las retenciones efectuadas por lotes demostrando la retención y posterior empoce a la entidad recaudadora, para ser considerado como medio fehaciente de pago de las facturas observadas, obligación establecida en el art. 21 del DS Nº 29577.
Las retenciones por concepto de Regalía Minera, se constituyen en medios de pago válidos a efectos de la devolución impositiva, por lo que corresponde que el importe de Bs.714.353.97, sea aceptado como descargo; respecto a la diferencia de Bs.245.179, el sujeto pasivo no acreditó documentación por la diferencia observada, por lo que confirmó la depuración de Bs.31.872, por falta de medios fehacientes de pago.
Que, con relación al importe observado por diferencias de cambio que fue revocado en su totalidad por la ARIT La Paz, la Administración no argumentó los agravios causados, por lo que la AGIT confirmó la decisión asumida en la Resolución de Recurso de Alzada.
Los pagos a terceros observados por un total de Bs.38.719.65 que incluyen pagos a SPECTROLAB, Caja Nacional de salud, gastos de administración, uso de ingenio y otros descuentos, corresponde dejar sin efecto Bs.14.461.29 correspondiente a gastos de administración.
El demandante no demuestra o establece el error de interpretación de la AGIT, solo se limita a realizar afirmaciones generales y no precisas sin exponer razonamientos jurídicos por lo cual su pretensión no habría sido valorada correctamente; ratificándose en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica que fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso.
Solicitando declarar improbada la demanda contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre.
II.1.5. Replica de Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales
El contenido de la réplica del demandante a la contestación de la Autoridad General de la Impugnación Tributaria, se sintetiza en los siguientes puntos:
La Administración Tributaria asevera que, se verificó la documentación presentada a requerimiento de la misma, así como la documentación de las exportaciones, en la que se habría observado facturas de compras de concentrados de mineral cuyo pago no fue respaldado en su totalidad, por otra parte menciona que el contribuyente no realizó el pago de algunas facturas, que presenta como medios fehacientes de pago que solo respaldan la transacción y no así el pago; asimismo solicita la devolución total, sin embargo no cancela el total de estos importes, reduciendo Regalías Mineras, análisis y saldos por pagar; el contribuyente con el fin de respaldar el importe total de la factura registra los valores netos, retiene Regalía Minera y gastos de análisis que no son pagados por el proveedor, no siendo pagos del contribuyentes sino solo retenciones.
Los montos de gastos devueltos; la Administración Tributaria manifiesta textual, de la verificación efectuada a las pólizas de exportación, facturas comerciales, manifiestos internacionales de carga (MIC/DTA), certificados de salida, se evidenció algunas inconsistencias por lo que en aplicación del art. 10 del DS Nº 25465 y la RND Nº 10-0004-03 de 11 de marzo de 2003, que en el art. 5 señala: para solicitar la devolución de impuestos, es obligatoria la presentación de los siguientes documentos: Declaración de Exportación (copia exportador), Factura comercial del exportador, Certificado de Salida emitido por el concesionario de depósito aduanero, Póliza de Importación (adjunto boleta de pago), formulario de declaración Jurada del IVA, El sector minero debe respaldar sus gastos de realización mediante la presentación del o los documentos de las condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal (DS Nº 25465 Art. 10), por lo que Administración Tributaria habría considerado que los gastos de realización son del 45%, debido a que la información documental del contribuyente no se encuentran claramente establecidos y están mal determinados los importes de realización, por lo que corresponde confirmar la actuación del Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria, en estricta aplicación de las disposiciones citadas precedentemente.
Respecto a los medios fehacientes de pago, de la revisión efectuada la Administración Tributaria observó el crédito fiscal de Bs.193.049, facturas declaradas en distinto periodo fiscal, otras que consignan distinto domicilio fiscal, par falta de vinculación con la actividad, cuyo importe depurado es de Bs2.698; asimismo se observó notas fiscales de respaldo al crédito fiscal por importes iguales y superiores a 50.000 UFVs, que no demuestran el 100% del pago de los importes facturados por sus proveedores, el importe depurado asciende a Bs.190.315.00, también se observaron facturas que solo demuestran la transacción y no así el pago, la Administración Tributaria hace mención a la normativa legal vigente que consideró debió ser aplicada al caso de autos, transcribiendo lo dispuesto en el numeral 11 del art. 66 de la Ley Nº 2492, el numeral 4 del art. 70 del mismo cuerpo legal y finalmente el art. 37 del Reglamento al Código Tributario, modificado por el art. 12 del DS Nº 27874.
La Gerencia Distrital Oruro del SIN alega que, “aplicó estrictamente las disposiciones legales y reglamentarias citadas precedentemente, llegando a la conclusión que las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal por importes iguales o superiores a 50.000 UFVs, no demuestran el 100% del pago total del importe facturado de las compras, la Administración Tributaria cita a los arts. 12 y 13 de la Ley Nº 1489 modificada por Ley Nº 1963, que dispone el principio la neutralidad impositiva y el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, por lo que el estado está obligado a devolver a los exportadores un monto igual al IVA incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, hecho que se encuentra reglamentado en el art. 11 de la Ley Nº 843.
Menciona que el art. 3 del DS Nº 25465, reglamenta la devolución del IVA, que será reintegrado conforme a las normas del art. 11 de la Ley Nº 843.
Respecto al petitorio, el demandante se ratificó en el tenor de su demanda contencioso administrativo.
II.1.6. Dúplica de la Autoridad General de Impugnación Tributaria
En el memorial de dúplica, se presentó los siguientes argumentos, mismos que se deducen en dos puntos:
Indica que, de acuerdo al art. 21 del DS Nº 29577, en relación al formulario Nº 3009 de carácter oficial referente a la retención y empoce de regalía minera, constituye por su contenido, un medio fehaciente de pago, porque están vinculados a hechos económicos, financieros, fiscales y monetarios suscitados durante un período contable determinado y;
Afirma que, no es correcta la apreciación realizada por la Administración Tributaria sobre la solicitud del contribuyente referido a la devolución impositiva por el IVA con componente de regalía minera, se trata de retenciones efectuadas al vendedor; por tanto, su respaldo constituye un medio de fehaciente de pago.
En relación al petitorio, el demandado, se ratifica en el memorial de su contestación a la demanda contenciosa administrativa.
III. fundamentos jurídicos de la sentencia
III.1. Naturaleza del proceso contencioso administrado
Que, el proceso contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. Por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó con la Resolución del Recurso Jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la entidad demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT.
Que, de la normativa aplicable, de los antecedentes de la demanda se tiene: que al existir denuncia de vulneración de normas administrativas tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se refiere a constatar; 1) si es evidente la vulneración de lo establecido en el DS Nº 29577 inc. b) numeral 4) Capitulo III, 2) la vulneración de los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843.
Que, en el caso de autos, la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas por el art. 100 del CTB, procedió a la verificación Externa CEDEIM PREVIA a OMSA, en virtud a la solicitud de devolución efectuada por la misma, siguiendo el procedimiento verificó, revisó y cotejó los descargos presentados por el contribuyente, posteriormente emitió la Resolución Administrativa CEDEIM PREVIA 23-00081-14, en la que determinó que el importe de Bs.3.533.943, es el monto que corresponde devolver y determinó que el monto no sujeto a devolución es la suma de Bs.195.581, acto administrativo con el que se notificó al administrado.
Que, OMSA, interpuso recurso de alzada que fue resuelta por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2014 de 14 de Julio, que revocó parcialmente la Resolución impugnada, declarando como sujeto a devolución el importe de Bs.3.649.792.
Que, en virtud de la Resolución del Recurso de Alzada, ambas partes interponen el Recurso Jerárquico, que es resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre, que “confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2014 de 14 de Julio.
a) Respecto a la supuesta vulneración de lo establecido en el DS Nº 29577 inc. b) numeral IV, art. 4 Capítulo III,
Con el objetivo de llegar a un mejor entendimiento corresponde conocer inextenso lo dispuesto por la citada norma legal: “Artículo 4°.- La base de cálculo de la Regalía Minera es el valor bruto de venta consignado en la factura comercial, Declaración Única de Exportación o documento equivalente, de acuerdo a lo siguiente: Para metales o minerales metálicos que disponen de cotización internacional, el valor bruto de venta es el monto que resulte de multiplicar el peso del contenido fino de metal por su cotización oficial en dólares corrientes de los Estados Unidos de América.(…)” inc. b) “En el caso de ventas internas, el valor bruto de venta es el valor comercial total consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente”. “En caso que los sujetos obligados de la Regalía Minera hubieran liquidado y pagado este concepto a partir de una liquidación provisional por no disponer aún de la factura comercial o liquidación final, deberá procederse a su reliquidación en base a la factura comercial o liquidación definitiva en un plazo máximo de seis meses calendario a partir de la fecha en que la mercancía hubiere salido de territorio nacional. La diferencia que pudiera resultar de la reliquidación señalada deberá operarse conforme lo dispuesto en el Artículo 14 del presente Reglamento”.
Que, de lo descrito se infiere que la base para el cálculo de la Regalía Minera es el valor bruto (total) de venta; valor bruto que deberá estar consignado en la factura comercial, documento que acredita la transacción (compra-venta).
Que, la ARIT La Paz y la AGIT, coincidentemente afirman que el contribuyente presentó como respaldo los pagos efectuados por las retenciones de Regalías Mineras; facturas de compras, comprobantes de egreso, comprobantes de traspaso, liquidaciones finales por lote de concentrados de estaño, boleta de pago F-3009 y constancia bancaria del pago efectuado, importe que se considera medio de pago, por cuanto OMSA. actuó como agente de retención de las regalías mineras en cumplimiento a la normativa señalada; en consecuencia la ARIT La Paz dejó sin efecto el reparo de Bs.92.865.- por este concepto, por lo que en aplicación del art. 69 del CTB, correspondía su valoración como medios fehacientes de pago.
Que, en el caso de autos el contribuyente presentó como medios fehacientes el pago de la Regalía Minera las boletas de pago formularios 3009, documentación que respalda el pago efectuado a su proveedor, que es la base de cálculo para el importe total facturado que incluye la Regalía Minera.
b) Con relación a la vulneración de los arts. 4 y 8 de la Ley 843; la Ley N° 843 art. 4.
La normativa mencionada por el demandante refiere que, “El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente”
El art. 8 establece “Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se liquida”.
Que, de la normativa descrita precedentemente se infiere que para que el hecho imponible se genere, en el caso de las ventas, en la modalidad que fuere al contado o crédito, debe existir la entrega y/o transferencia del bien o la cosa, que deberá ser necesariamente respaldada por la factura, nota fiscal o documento equivalente, es decir que la posesión del bien o la cosa sea transferida, aunque el pago sea posterior (crédito), hecho que no inhibe la entrega de la factura, nota fiscal o documento equivalente, que resulta ser el medio fehaciente de pago.
Que, el Tribunal Supremo de Justicia considera importante mencionar que la Constitución Política del Estado en el art. 410 establece: parágrafo I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución
Asimismo el art. 6 del CTB, establece el principio de legalidad o reserva de ley “I. sólo la ley puede: “Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.” De las normas descritas se infiere que tanto los órganos públicos, las funciones públicas se encuentran sometidas a la Constitución Política del Estado, con ese precepto legal el Estado corrige el abuso de poder del Estado, y el art. 6 del CTB al establecer el principio de legalidad o reserva de Ley evita el libre albedrío de los funcionarios públicos.
Que, en el art. 180.I de la CPE fundamenta el principio de la verdad material en la jurisdicción ordinaria que, constituye un avance de la justicia y del derecho en nuestro país, por cuya consecuencia los tribunales ordinarios ejercen una jurisdicción “plena”, toda vez que, no se encuentran limitados al mero examen del derecho cuya interpretación se controvierte, sino que, su conocimiento, comprende al análisis de los hechos alegados e insuficientemente probados, máxime si la doctrina tributaria nacional ha establecido que: en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica fundamental por la que el juzgador en ejercicio de la razón, lógica, experiencia y especialización, puede realizar una aplicación e interpretación objetiva de la ley.
Que, los principios jurídicos fundamentales del Derecho Administrativo son pautas que definen su esencia y justifica su existencia, permitiendo explicar más allá de las regulaciones procesales su porqué y paraqué.
Que, los principios sustanciales son de jerarquía normativa constitucional justificativos de la finalidad primaria del procedimiento administrativo, esto es asegurar y garantizar la participación de los administrados en el camino de la voluntad pública y a tutelar la defensa de la propia legalidad. (DROMI, Roberto, Derecho Administrativo 11º Edición).
Que, la Ley de Procedimiento Administrativo se basa en varios principios de los que citaremos a: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo; g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; p) Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento; Principios que deben ser considerados tanto por la Administración como por los administrados.
Que, del análisis precedente, éste Tribunal concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1409/2014 de 3 de octubre, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal dispuesta para el efecto, no habiéndose encontrado infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar en todas sus partes la resolución jerárquica impugnada.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de lo establecido en el art. 10.1 de la Ley Nº 212 y art. 781 del CPC, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 76 a 82, presentada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1409/2014 de 3 de octubre, dictada por la AGIT.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta de Tribunal Supremo de Justicia.

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 Artículo 14
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