Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/11/
Timestamp: 2020-06-05 10:34:25+00:00

Document:
noviembre | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización contrato necesidades de mercado en actividad bancaria
EXPEDIENTE Nro.: 02387-2009
DEMANDANTE: TOMAS PEREZ POEMAPE
DEMANDADO: BANCO DE LA NACIÓN
En Chiclayo, a los 27 días del mes de setiembre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
1. Tomás Pérez Poémape contra el auto de fecha 15 de abril de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE el ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos.
2. Banco de la Nación contra la sentencia de fecha 28 de junio de 2011 que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Tomás Pérez Poémape, y ordena su reincorporación laboral.
La demanda interpuesta (p. 164-174) solicita la inaplicación de la carta de despido de fecha 25 de marzo de 2009 en perjuicio del demandante y se ordene la reincorporación de éste a sus labores, por haber sido despedido en forma arbitraria e injusta.
La emplazada contesta la demanda (p. 231-260) y solicita que la demanda sea declarada improcedente. Igualmente deduce las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de las vías administrativas, las cuales son luego desestimadas. Apelada la denegatoria, el A-quo concede apelación sin la calidad de diferida (p. 401).
El Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas también contesta la demanda (p. 271-280) y solicita se declara improcedente la demanda. De la misma forma deduce las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de las vías administrativas, las cuales igualmente son desestimadas por el A-quo.
El acto ofrece diversos medios probatorios (p. 419-422), los cuales el A-quo declara extemporáneos (p. 431) por ser pruebas preexistentes. La impugnación del caso (p. 434-437) indica que sí son admisibles las pruebas extemporáneas en razón de permitirlo el artículo 429 del Código Procesal Civil.
Declarada nula la primera sentencia estimatoria en estos actuados (p. 442-446) por la Sala Superior (p. 515-520), la sentencia ahora impugnada (p. 533-541) declara fundada la demanda y que el demandante ha realizado distintas funciones a las de recibidor- pagador que establecen los contratos de necesidades de merado firmados, respecto a los cuales, añade, no hay precisión alguna de la demandada. Estima, por tanto, que los contratos modales son inválidos.
§ La contratación modal y sus caracteres
10. En cuanto a la apelación diferida, esta Sala Superior no considera necesario revocatoria alguna pues el examen de esta causa habrá de referirse a otros elementos probatorios y argumentos de valoración de los mismos. Sin perjuicio de ello, el Código Procesal Civil solo es aplicable supletoriamente en la vía constitucional y no de modo regular y vinculante.
11. Resulta necesario precisar que el ponente de esta causa, en sendos pronunciamientos previos similares al de esta controversia, había venido manteniendo que era necesario apreciar el contexto de los actuados respecto de los contratos de necesidades de mercado, en objetiva referencia al principio de buena fe entre las partes respecto a la firma de un contrato de trabajo, ateniéndose a que debía respetarse los acuerdos de las partes, más aún si se producía la extinción de los contratos por vencimiento del plazo.
12. En ese orden de ideas, ha sido posición reiterativa del suscrito que si el trabajador no había reclamado oportunamente al servicio de inspección de trabajo en caso de desnaturalizaciones de su contrato, estando vigente la relación laboral, no debía estimarse la demanda y por último, el criterio rector era que debía declararse improcedente la demanda.
13. Sin embargo, es necesario estimar que debemos atender al efecto de vinculatoriedad de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en la medida que si la evolución de los criterios del supremo intérprete se orienta a asumir una tendencia tuitiva del derecho fundamental al trabajo y más aún, dicha posición se convierte en una posición reiterada, entonces se configura el supuesto previsto por el artículo VI[4] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en tanto se producen pronunciamientos similares que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta y que deben significar, motivadamente, un cambio de posición jurisprudencial, en regulación de nuestros propios autoprecedentes.
14. Merece nuestra especial atención las ejecutorias arriba señaladas[5] y a su vez, para que la doctrina constitucional observe fuerza, aplicabilidad y seguimiento, verificamos que sí se configuran, adicionalmente, pronunciamientos similares en el mismo sentido, cuestionando en rigor que los contratos por necesidades de mercado no vienen siendo celebrados en propiedad por los empleadores con las formalidades que la ley exige. En ese orden de ideas, no se trata de una estimación aislada ni de una posición única del Tribunal Constitucional, sino que la misma viene siendo reiterada, quedando las posiciones contrarias en minoría.
15. En efecto, en el caso sub judice, la impugnación no logra desvirtuar la fundamentación del A-quo en tanto punto central de esta controversia es el cuestionamiento del juez de fallo respecto a los diferentes cargos ejercidos por el demandante durante los plazos de contratación modal por necesidades de mercado del actor, al no constatarse que dichos cambios de puesto, hubieren sido igualmente sustentados y verificados en los contratos respectivos.
16. En esa lógica, es prudente observar que las funciones de recibidor-pagador tienen lógica de justificación contractual en un ámbito de necesidades de mercado específicamente para ese puesto. Y sin embargo, si el puesto es de Administrador, debió corresponder que el nuevo contrato de necesidades de mercado, debiera haber justificado la contratación modal en ese ámbito de mercado de acuerdo al nuevo puesto, supuesto que no cumple.
17. Ahora bien, la emplazada es autónoma en sus decisiones internas administrativas. Puede promocionar a un servidor de recibidor-pagador a Administrador o Jefe de Unidad de Caja[6] y por cierto, luego determinar que el mismo vuelva a sus labores. En estos aspectos no puede adoptar una decisión el juez constitucional. Y sin embargo, sí es exigible que la observancia de un derecho fundamental como lo es el derecho al trabajo, observe compatibilidades de orden regular entre la cuestión fáctica de la contratación y las respectivas modalidades de contratación, más aún si se trata de un contrato por necesidades de mercado, el cual conlleva el sustento de un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva. Igualmente, exige la exclusión de variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional.
18. En ese orden de ideas, si la contratación se produjo como recibidor-pagador, asumimos con suficiencia, por cuanto inclusive se justifica[7] por parte de la demandada, que efectivamente se produjo una sustentación respecto a las exigencias del mercado para las tareas de recibidor- pagador.
19. Sin embargo, la cuestión a observar y de consiguiente desnaturalización en el caso sub judice, es la ausencia de justificación respecto a tareas desarrolladas por el emplazante como Administrador o Jefe de Unidad de Caja y si precisamente el contexto de tareas a desarrollar en esos aspectos, se justificaron, de igual modo, respecto a las necesidades de mercado para esas tareas.
20. Podemos asumir, en consecuencia, que la exigencia de uniformidad de contratación y congruencia en la misma, exigen una labor de justificación y los diversos contratos celebrados con el actor, debieron haber justificado las nuevas tareas del recurrente, supuesto que no concurre en los actuados hoy en examen, criterios que nos conducen a señalar que los contratos del demandante se han desnaturalizado.
21. No resulta suficientemente válido, a juicio nuestro, el argumento de que el actor hubiera firmado libremente sus contratos y que en los mismos, solo hubiere operado el vencimiento del plazo. El actor tiene libertad de firmar, es cierto, mas corresponde a la emplazada la observancia de la formalidad y constitucionalidad de la contratación. De la misma forma, el vencimiento del plazo no excluye el control constitucional, en la medida que ha sido en el curso de misma que se produjeron las incompatibilidades arriba acotadas.
22. A mérito de lo expuesto, producida pues la desnaturalización de la contratación del actor, sí resulta la vía constitucional adecuada para el conocimiento de la presente acción, atendiendo a que en propiedad la figura de la desnaturalización genera una necesidad de tutela urgente que no puede ser dispensada por la vía ordinaria laboral, cuyo ámbito de protección es básicamente resarcitorio, a diferencia de la vía constitucional, cuyo sentido de protección es restitutivo.
23. La consecuencia es clara, a criterio de esta Sala de Derechos Fundamentales, pues habrá de ser exigible como requisito sine qua non, que los empleadores justifiquen debidamente las causales de contratación para todos los acuerdos modales que suscriban así como cumplan con precisar las variaciones contractuales respectivas, y ello porque así lo exige la doctrina jurisprudencial, la cual desarrolla un ámbito de vinculatoriedad.
24. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada, modificando el suscrito sus criterios anteriores respecto a las autoreglas respecto a la desestimación de demandas de amparo por vencimiento del plazo del contrato, por aplicación del principio de buena fe y por preclusión de reclamos de esta naturaleza si no se acudió en su momento a los servicios de la inspección de trabajo.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto y la sentencia apelados. DISPONE su publicación en el diario EL PERUANO.
[6] Ver p. 540 de los actuados.
[7] Pp. 10 y 20, en ambos casos cláusulas 2 y 4.
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cuestión previa. Desafiliación AFP
EXPEDIENTE NRO : 6922-2009
DEMANDANTE: GERMAN SALCEDO MURO
DEMANDADO: AFP INTEGRA Y OTRO
En Chiclayo, a los 26 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Germán Salcedo Muro contra el auto de fecha 11 de julio de 2010, que resuelve declarar FUNDADA la cuestión previa deducida por AFP INTEGRA y DECLARA CONCLUIDO el proceso por sustracción de la materia.
La pretensión del demandante (p.50-58) tiene por objeto la desafiliación del recurrente del Sistema Privado de Pensiones SPP para su retorno al Sistema Público, en vista de una indebida e insuficiente información que le indujo a error.
AFP INTEGRA contesta la demanda (p. 89-129) y deduce cuestión previa en el sentido de que el demandante no ha cumplido previamente con la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008, Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de falta de información, de conformidad con las sentencias 1176-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC. Igualmente deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa e incompetencia. En cuanto al fondo del asunto, pide se declara infundada la demanda.
La Superintendencia de Banca y Seguros cumple con absolver la demanda (p. 158-165) y deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. En cuanto al fondo, señala que la demanda debe ser declarada improcedente pues el actor no cumple los requisitos legales para su desafiliación.
El auto impugnado (p. 251-252), luego de haber absuelto un primer grado (p. 234-236), declara fundada la cuestión previa en razón de no haberse cumplido efectivamente por parte del recurrente, con la Resolución de Banca y Seguros 11718-200, en tanto constituye una formalidad el pronunciamiento administrativo por la causal de falta de información. Estima innecesario, igualmente, pronunciarse sobre el resto de excepciones.
El demandante presenta recurso impugnatorio (p. 256-261) indicando que ha habido falta de motivación en la impugnada así como que sí ha solicitado los formatos para su desafiliación pero se le he negado la entrega. Acota que se ha afectado su derecho a la defensa.
§ Los supuestos de retorno del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones
3. La libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones ha sido fijado jurisprudencialmente[1] por el Tribunal Constitucional bajo la pauta de fijar estándares determinados hasta cierto grado clausus, en la previsión de otorgar seguridad jurídica a un sistema de pensiones en proceso de construcción y consolidación.
4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la impugnación no logra desvirtuar 2 cuestiones puntuales: 1) ¿Por qué no se invocó por parte del actor la exigibilidad de la aplicación de la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008, Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de falta de información?; y 2) Que no se ha acredita entre los actuados aportados (p. 1-49 y expediente administrativo acompañado), que hubiera existido petición concreta alguna dirigida a cumplir este trámite administrativo previo.
5. Es relevante advertir que la petición del actor es de larga data. Sus primeras peticiones datan del año 1993 (p. 6), y sin embargo, la exigencia de un procedimiento administrativo previo por la causal de falta de información- Resolución de Banca y Seguros 11718-2008- es de fecha 02 de diciembre de 2008, en tanto la demanda presentada es de fecha 11 de diciembre de 2009. Por lo tanto, a la fecha de inicio de la incoada ya era exigible: 1) El cumplimiento de la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008; o bien 2) La adecuación de su procedimiento administrativo a la Resolución antes referida.
6. Cierto es que el juez constitucional tiene potestad para intervenir cuando se produce una afectación sustantiva a un derecho fundamental mas esta actuación, obsérvese, es solo de última ratio. En el caso sub judice, el actor invoca la afectación de sus derechos fundamentales de petición y libre acceso al Sistema Nacional de Pensiones. Y sin embargo, es exigible no solo acreditar la existencia de actos u omisiones como tales sino sustantivamente la ilegitimidad de los mismos, condiciones que no se cumplen en modo suficiente en el presente caso en tanto no advertimos la sujeción al procedimiento administrativo de la Resolución antes referida ni tampoco causal alguna- no se sustenta- respecto a por qué el agotamiento de la vía administrativa convertiría en irreparable la agresión que se invoca.
[1] STC 1776-2004-PA/TC, Caso Víctor Morales.
35. (…) Son tres los supuestos en que este Colegiado considera pertinente el retorno del SPP al SNP, tal como se pasa a explicar. En primer lugar, se puede regresar si la persona cumplía con los requisitos exigidos para acceder a una pensión. En segundo lugar, si no existió información para que se realizara la afiliación. En tercer lugar, si se está protegiendo labores que impliquen un riesgo a la vida o a la salud. Sólo en estos tres casos, será fundada la demanda planteada por amparo, pues sólo ellos constituyen el respeto por el contenido esencial constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión.
IV PANEL: LAS REFORMAS PROCESALES EN IBEROAMÉRICA
Moderador: Gabriella Merialdo Cobelli (Uruguay) Vicepresidente de la REDLAJ
Relator: Salomón Saavedra Dorantes (México)
Tema 1: La reforma del proceso penal. Horst Schoenbohm (Alemania). Magistrado en Alemania
Manifestó que su experiencia en la reforma procesal penal abarca la mayor parte de los países latinoamericanos, los cuales han pasado por importantes procesos de reforma.
En conclusión, no puede haber expectativas exageradas sobre el nuevo modelo procesal penal. No se puede solucionar todo a la vez. Las reformas, por si solas, no solucionan la criminalidad.
Tema 2: José Lucio Munhoz (Brasil) Magistrado y Vocal del Consejo Nacional de Justicia
Agradeció la acogida de los colegas peruanos y señaló que va a orientar su exposición hacia los aspectos procesales de la labor brasileña en materia de trabajo, especialidad que en Brasil merece una destacada importancia.
Nos interesa el tema de la justicia de trabajo. Los Tribunales Superiores de Trabajo actúan como instancia de resolución en un segundo nivel jurisdiccional.
En cuanto a números de la justicia laboral, el 2010 hubo 2 millones de nuevos procesos, una cifra impresionante que refiere la importancia de la justicia laboral, lo cual referencialmente nos da una cifra de 958 procesos por juez.
Los principales principios de la justicia de trabajo en el modelo brasileño son: oralidad, informalidad, concentración e inmediación, celeridad y eventualidad.
En cuanto a la celeridad, un proceso en materia laboral no debería superar los 120 días en cuanto a su tramitación. En primera instancia, 1044,935 vienen siendo juzgados en primera instancia. Frente a estas cifras, se vienen impulsando en forma activa los procesos de conciliación y mediación, en tanto mecanismos de descongestión de la justicia que imparten los jueces, los cuales ciertamente se encuentran recargados en su tarea de resolver.
Panelista: José Antonio Neyra Flores (Perú) Juez Supremo
Señaló en su intervención que Perú viene implementando diversas modalidades para una efectiva aplicación del modelo procesal penal.
En consecuencia, los 5 años de vigencia del nuevo modelo procesal en Perú, ha presentado más aspectos positivos que contrarios. La reforma va en crecimiento en sentido amplio y tenemos hasta 75 ejecutorias vinculatorias que ilustran el modelo.
Queremos dar seguridad jurídica y ello es una exigencia impostergable.
En lo laboral el juez es tuitivo. El Ministerio de Trabajo ha establecido formularios para simplificar las peticiones. Se busca evitar el abuso del derecho.
Relator: Salomón Saavedra Dorantes (México) Secretario General de la REDLAJ
De otro lado, enfatizó la importancia de los cambios también en conductas en los jueces. Este es una esencia vinculada a la practicidad. No podemos quedarnos en la dialéctica, en la teoría. Urge cumplir con las reformas exigidas por la sociedad.
V PANEL: CONSTITUCIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Moderadora: Isabel Torres Vega (Perú) Jueza Suprema
Tema 1: Jesús Ignacio Martínez García (España) Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria
Manifestó su complacencia por encontrarse en nuestro país. Un Juez no es solamente alguien que toma decisiones, sino un pensador. Su tarea no es solo calcular e intuir sino también deliberar, considerar atentamente los pros y los contras de una buena decisión.
Nos parece que el proceso de ponderación suele ser subjetivo pues la falta de certeza afecta a los argumentos. La función judicial se convierte en una función intermedia entre el Derecho y la realidad, configurándose así la postulación de un derecho dúctil como expresión de un derecho razonable, al tiempo que es exigible argumentar de una forma convincente.
Pedro Grández Castro (Perú) Director General de la Academia de la Magistratura
Mesa de Honor: Pepe Chaves, Gabriella Merialdo, Galo Pico, Salomón Saavedra, Ricardo Vigil, Edgardo Torres y Luis Salas.
Concluidas las ponencias de rigor, el Presidente de la REDLAJ, José Eduardo Cháves Junior, invitó a pasar a los directivos a la mesa principal, y expuso la importancia de haber desarrollado 5 paneles en forma regular durante el curso de estos días. Señaló que estamos en un mundo cada vez más especializado y de esa forma, hemos procurado dar forma a todas las especialidades en los paneles conformados.
Agradeció, una vez más, el apoyo de todas las autoridades peruanas para la realización de este evento así como el concurso permanente de los diversos magistrados de los 13 países representados en esta reunión.
Invitó a los presentes a departir un almuerzo en las instalaciones del Hotel Sheraton, luego de lo cual tendría lugar la sesión de rigor de los asociados para la elección de la nueva Junta Directiva período 2011-2013.
V Congreso REDLAJ. DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA EL ESPACIO JUDICIAL LATINOAMERICANO. Lima, 22 de noviembre de 2011.
II PANEL: EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA
En forma previa, el Dr. José Eduardo de Resende Chaves Junior, Presidente de REDLAJ, señaló que México había ofrecido todo su apoyo para que el VI Congreso de REDLAJ pueda llevarse a cabo en ese país, noticia de sumo interés que es puesta en conocimiento de todos los asociados de esta institución.
Moderador: Antonio Rulli Junior (Brasil) Presidente de la Unión Interamericana de Jueces de Lengua Portuguesa
Relator: Roberto Contreras (Chile) Vicepresidente para América del Sur de REDLAJ
Tema 1: Aníbal Salas Céspedes (Panamá) Presidente de la Corte Suprema de Justicia
La frase gobierno requiere un examen especial. El control difuso se caracteriza por no estar sometido sino al imperio de la Constitución sobre la ley y es una forma de ejercer control sobre el gobierno. En un sentido estricto, las instituciones de gobierno del Poder Judicial en sentido estricto no son Poder judicial.
El concepto de gobierno, importante es precisarlo, se encuentra apartado de la función jurisdiccional y no incide en las materias de procedimiento. Se entiende limitada la idea a otras vertientes.
Sin embargo, hay aspectos que no pueden pasarse por alto. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva requiere de una determinada organización que materialice la efectivización del servicio público, lo cual implica una organización estable que brinde un adecuado servicio.
Temas tales como remuneraciones del personal judicial, su regulación, la integridad de los servicios, entre otros temas, se convierten en temas vitales en el gobierno del Poder Judicial,
El verdadero reto, de otro lado, es asumir la conciencia de gobierno, un tema que se ha mantenido en permanente atención pues implica que el propio Poder Judicial deba hacer su mismo gobierno.
Las funciones de los órganos judiciales, según la teoría de separación de poderes, debe implicar la fortaleza de su propio gobierno. El Poder Judicial debe ejercer su función con independencia de criterio. Surge inevitablemente la pregunta: ¿como hacer que los jueces tengan una respuesta hacia el ideal democrático? Diversidad de fórmulas permiten inferir dos vertientes: 1) que los jueces sean nombrados por órganos políticos, aunque en este caso hay un grado de intervención. Hay dependencia orgánica del Poder Ejecutivo; 2) que el poder político quede excluido, en tanto los nombramientos son propios al interior de la judicatura.
Los Consejos de la Judicatura son órganos creados para cristalizar el gobierno del Poder Judicial. En Panamá desde 1888 existía un solo distrito judicial. El Decreto 19 de 1903, una vez independizada Panamá de Colombia, proyectó una organización mejor afianzada hasta que la Constitución de 1904 estableció, con carácter vinculante, una forma de regulación autónoma del Poder Judicial.
Hoy la Sala Cuarta desarrolla la importante función de control constitucional.
Es importante evitar la politización de los jueces así como hacer a un lado los peligros que representan las presiones. Solo así se puede cimentar una verdadera democracia.
Panelista: Flavio Galván Rivera (México) Ministro de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación
México ha luchado por hacer verdad lo que es verdad. La primera Constitución social del mundo, la de Querétaro de 1917, se preocupó por introducir cambios sociales.
La carrera judicial en México implica la existencia de 31 entidades aunque existe un régimen común que es el federal.
La parte estructural de todo gobierno hoy exige la división propia de la separación de poderes. Se refiere que el Poder Judicial es una forma de poder nulo. El juez al resolver las controversias- se propugna- solo manifiesta la voluntad del Estado. El juez de esta naturaleza solo aplica los hechos al caso concreto, los subsume.
Sin embargo, hoy hemos trascendido ese nivel. Propugnamos que el Poder Judicial en México es un verdadero y auténtico poder.
A partir de 1994 se instituyeron dos figuras importantes: las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, para efectos de impugnar la validez de la norma; y por otro lado, desde 2010, una Comisión de Derechos Humanos estableció la posibilidad, reguladamente y bajo ciertos criterios de legitimidad, para controvertir una norma que vulnere derechos fundamentales.
En materia electoral, los partidos políticos pueden impugnar la constitucionalidad de una ley. Este Tribunal asume también facultades de control concreto. Los magistrados federales son designados por las cámaras legislativas. Los requisitos son inclusive mayores que para la designación de ministros.
Tema 2: Francisco Darío Lobo Lara (Nicaragua) Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia
Manifestó que el Tribunal que representa, cristaliza un esfuerzo permanente de integración de los países centroamericanos, no solo en el ámbito económico sino también en otras material como lo comercial y conexas.
Su Corte conoce controversias constitucionales interestatales de relevancia, representado los tratados marco una fuente de derecho aplicable a estos conflictos.
El caso Zelaya, de Honduras, ha sido un caso emblemático en Centroamérica. Una Corte de ese país ha decidido que no hubo responsabilidad penal de la Junta que desaforó a ese mandatario y sin embargo, dicho conflicto ya se encuentra en la Corte Penal Internacional. Aún cuando la Corte Centroamericana no se pudo pronunciar porque Zelaya no acudió a este organismo, es importante recalcar que la Corte también representa un bastión de defensa de los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones en las cuales se involucran los ciudadanos de los Estados centroamericanos.
Agradeció a los colegas peruanos por el cálido recibimiento a las delegaciones de fuera, destacando lo relevante de nuestras historias con un destino común.
Remarcó los aspectos más relevantes de las ponencias que antecedieron, rescatando las funciones de legitimidad de los Poderes Judiciales. Hizo referencias a los grandes desafíos en las proyecciones de gobierno de los Poderes Judiciales y cuánto de ello ha de enfrentarse en la sociedad del conocimiento en la que hoy nos encontramos insertos.
Es de destacar el norte que representa la tutela jurisdiccional efectiva en las funciones judiciales, como exigencia para los jueces y sus formas de gobierno.
Como reflexión final, es importante la construcción de paradigmas respecto a la función judicial. Puso especial énfasis en evitar la politización de los órganos de gobierno judiciales. De igual forma, es necesario separar las funciones de gobierno del Poder Judicial de las tareas de dirección de la Corte Suprema. En determinados casos, hay cruce de responsabilidades y conflictos que estas funciones involucran. Un desafío final es pensar en la existencia de un real gobierno judicial, cual es la verdadera legitimidad que le corresponde. Es exigible mirar hacia afuera bajo un principio de servicialidad, que en Chile está recogido en el artículo 1 de la Constitución chilena, en tanto hay un imperativo en velar por el bienestar común.
III PANEL: DESAFIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRIBUNAL PARA EL ESPACIO JUDICIAL LATINOAMERICANO
Moderador: Galo Pico Mantilla (Ecuador) Vicepresidente de Altos Estudios e Investigación de REDLAJ
Relatora: Josefa Izaga Pellegrin (Perú) Juez Superior del Poder Judicial y miembro titular del Consejo Directivo y Fiscal de la REDLAJ
Tema 1: Markus Gonzáles Deilfuss (España) Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona
Señaló que centraría su exposición en qué puede aportar Europa para afrontar los retos de los espacios judiciales y una visión amplia de los mismos. En Europa hay mucho de experiencia en los gobiernos comunitarios y para coordinar su interpretación, se creó el Tribunal de Luxemburgo. La experiencia de este Tribunal frente a los tribunales ordinarios ha sido de dilatada actividad, propiciando un espacio que se articula sobre determinados principios consolidados que apuntan a un esfuerzo de integración, cuya esencia se mantiene.
Se busca congruencia entre el tipo de integración y el tipo de Tribunal que ha de determinar la controversia. Ello de lugar a un ordenamiento jurídico que es el comunitario. De un lado, es un ordenamiento autónomo: tiene sus propias instituciones y sus propios principios. Un segundo aspecto es que las normas de la Unión Europea que se dictan en los Estados miembros se dictan sin necesidad de ningún tipo de exigencia previa en su aplicación.
Los Estados tienen la obligación de aplicar esas normas de Derecho Comunitario, las cuales tienen primacía sobre los derechos nacionales. Los jueces ordinarios nacionales son los aplicadores naturales de ese derecho comunitario, y es un Tribunal supranacional el que debe dirimir y resolver los posibles conflictos sobre las dudas en la interpretación de las normas comunitarias.
Se trata de principios de interpretación que son recogidos, entonces, por los tribunales de justicia nacionales y cabe cierta flexibilidad en esa tarea interpretativa, pero sin dejar de lado un principio relevante que es la aplicación de la norma supranacional.
Un tercer aspecto es que ese espacio que trasciende el Estado, es de mayor amplitud en relación al de las normas nacionales. Por las cuestiones prejudiciales se debe esperar una respuesta para resolver un caso concreto. Sin embargo, en algunos casos se presentan situaciones complejas en la medida que se debe esperar demasiado tiempo para definir las controversias y ello es un riesgo que se debe superar.
Otra cuestión de la experiencia europea es la discusión sobre el acceso al tribunal, lo cual plantea retos democráticos en tanto es materia de definición en cuánto ha de permitirse estos márgenes por constituir derechos de especial significado.
Podemos entonces apreciar que hay exigencias para organizar adecuadamente estos espacios que exige hoy el mundo judicial contemporáneo.
Tema 2: Carla Deveille- Fontinha (Francia) Magistrat de lieson Brésil , Bolivie, Vénézuela
La justicia criminal, al cual habrá de referirse la exposición, no es una experiencia integral en Europa y sin embargo, se vienen dando pasos en su afianzamiento. El Tratado de Lisboa mismo representa un esfuerzo parcial de integración.
La no existencia de fronteras en Europa ha planteado otros retos: la criminalidad ha podido trascender de un Estado a otro, lo que ha exigido de éstos al mismo tiempo nuevas formas de complementación.
Europus es un proyecto que data de 1959 para la lucha contra la criminalidad. Hay un referente para la cooperación judicial entre los Estados en esta materia, inclusive para poderes de investigación propios.
Otro instrumento de cooperación es la ayuda mutua judicial en materia penal, en vigencia desde 2002. Se trata de países que vienen trabajando un mismo caso desde el lado de cada uno de los países. En este caso la trascendencia va más allá de la cooperación policial.
Por último, los magistrados de enlace forman parte de la red judicial. Se trata de magistrados que son enviados para una efectiva cooperación judicial. Su papel principal es intervenir en la cooperación judicial. Francia tiene 16 magistrados de enlace, los cuales se ubican en las embajadas o en los Ministerios de Justicia de los países visitantes y ayudan en forma efectiva a los jueces de Francia en la cooperación para casos criminales.
Panelista: Edgardo Torres López (Perú) Magistrado y Vicepresidente de Derechos Humanos de REDLAJ
Pidió un voto de aplauso para 4 magistrados que identifican la REDLAJ: José Chaves, Joao Fagundes, Darío Lobo y Ricardo Vigil.
Las decisiones de la Comunidad Andina se sobreponen a los derechos propios internos de los Estados. El MERCOSUR es un organismo de cooperación y se han producido ya 3 eventos sobre la naturaleza de integración de este organismo. El Tratado de UNASUL contempla la posibilidad de una real integración. Se pretende hoy con fuerza la creación de un Tribunal para UNASUL, es decir, se apunta a la efectiva configuración de un mecanismo para la defensa de los derechos de los países.
Qué importante es que nos pongamos a pensar en que ya no se compren más armas, que desde México hasta Tierra de Fuego existan estos mecanismos de integración reales.
Panelista: Ulises Chávez Vélez (México) Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados
En la mayoría de países en América Latina se observan graves problemas de seguridad pública y uno de ellos es la criminalidad organizada, tema que viene afectando a México.
De cara a Latinoamérica los retos por la integración aún vienen siendo muchos. No se puede concebir una institucionalidad fuerte si existen problemas de consolidación. Temas como la efectiva ayuda tecnológica, la independencia de los jueces y las tareas de integración, representan una consolidación de los derechos humanos.
Debemos dar seguridad a las instituciones frente a los vaivenes políticos y que un espacio judicial puro sea un reto y gran desafío para nuestros sistemas judiciales. Nuestros Poderes Judiciales deben ser capaces de dar respuestas justas, eficaces y capaces de cumplir con sus funciones.
Señaló las características más relevantes de las ponencias desarrolladas. Remarcó la importancia de los jueces de enlace, figura antes referida, que inclusive representa una forma de trabajo de REDLAJ pues precisamente en nuestra institución, en sus inicios, se adoptó un mecanismo similar y veamos que la Dra. Jackeline Yalán cumplió una importante función de enlace pues esa fructífera labor y la de muchos otros magistrados se traduce hoy en un resultado tangible: 19 países integran la Red.
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References: artículo 429
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 1