Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920288.html
Timestamp: 2019-11-22 05:35:58+00:00

Document:
as201920288
Auto Supremo: 288/2019
Expediente: LP-14-19-S
Partes: Jhonny Eduardo Loza Sanabria y otro c/ Irene Vargas López y otros.
Proceso: Nulidad de escritura pública y otros.
VISTOS: El recurso de casación, cursante de fs. 798 a 803 vta., interpuesto por Wilma Elizabeth García Segales contra el Auto de Vista Nº S-533/2018 de 19 de septiembre de fs. 787 y vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de escritura pública y otros, seguido por Jhonny Eduardo Loza Sanabria y otro en contra de Irene Vargas Lopez y otros; la respuesta al recurso de casación de fs. 811 a 812; el Auto de Concesión de 11 de enero de 2019 cursante a fs. 815; el Auto Supremo de Admisión Nº 48/2019-RA de fs. 821 a 822 vta.; los demás antecedentes procesales; y:
La Juez Público Civil y Comercial Nº 16 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre el proceso supra pronunció la Sentencia Nº 163/2017 de 19 de junio, cursante de fs. 704 a 71, autos complementarios de fs. 724 vta. y 726, por la que declaró IMPROBADA la demanda principal de fs. 16 a 19 vta., subsanada en fs. 27, interpuesta por Jhonny Eduardo Loza Sanabria y Juan Ausberto Loza Sanabria e IMPROBADA la acción reconvencional sobre reivindicación, pago de daños y perjuicios, interpuesta por Wilma Elizabeth García Segales, mediante escrito de fs. 70 a 78 vta. de obrados.
Resolución de primera instancia que fue apelado por Jhonny Eduardo Loza Sanabria mediante escrito que cursa de fs. 733 a 736 y por Wilma Elizabeth García Segales a través del memorial de fs. 737 a 741, a cuyo efecto la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista Nº S-533/2018 de 19 de septiembre obrante de fs. 787 y vta., auto complementario de fs. 792, ANULÓ obrados hasta fs. 775 inclusive y dispuso que la Juez de primera instancia regularice el procedimiento de conformidad al art. 218.II. 4 del Código Procesal Civil, señalando que no se tiene certeza de la situación actual de las apelaciones diferidas opuestas por la co-demandada Wilma Elizabeth García Segales, situación por la cual, la autoridad judicial debió disponer o dar el trámite procesal respectivo a fin de resguardar el debido proceso y la seguridad jurídica, por cuanto no se puede omitir los recursos postulados o pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de apelación; de ahí que es menester que la juez A quo conceda debidamente los recursos presentados por la referida co-demandada o en su defecto la rechace de manera fundamentada.
Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 798 a 803 vta., interpuesto por Wilma Elizabeth García Segales; el cual se analiza.
1. Acusó la transgresión del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, señalando que el Auto de Vista carece de la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, puesto que el Tribunal alzada, incurriendo en una errónea e indebida aplicación del art. 25 de la Ley Nº 1760 y el art. 259 del Código Procesal Civil, no ha tomado en cuenta que en esta litis la única resolución recurrida fue la Sentencia de primer grado, mas no así los autos que en su oportunidad fueron apelados en el efecto diferido; es decir que los agravios versan únicamente en contra de los fundamentos de la Sentencia Nº 163/2017, de manera tal que las resoluciones previas pronunciadas en el trámite del proceso no fueron recurridas con dicha expresión de agravios y mucho menos fundamentadas y en ese marco, de acuerdo a lo establecido por el art. 259 de la Ley Nº 439, se encuentran desistidas; situación por la cual el Tribunal Ad quem se encuentra imposibilitado a pronunciarse sobre aspectos que no fueron recurridos y en ese entendido tampoco puede pretender que dichas apelaciones diferidas sean concedidos por la juzgadora de instancia.
2. Señala que el Tribunal de apelación debió pronunciarse sobre la expresión de agravios en relación a la Sentencia, ello porque todas las resoluciones previas se encuentran desistidas.
Con base a estos y otros argumentos solicitó que este Tribunal anule el Auto de Vista recurrido y disponga que el Tribunal de alzada dicte nueva resolución resolviendo su recurso de apelación.
1. Indicó que la determinación del Auto de Vista tiene por finalidad el resguardo del debido proceso debido a que han quedado pendientes los estados de las apelaciones opuestas por la co-demandada que recurre de casación y en ese entendido lo único que se ha dispuesto es que se regularice tal situación, dado que el Tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre estos extremo.
En ese marco solicita se declare infundado el recurso de casación de la parte contraria y sea con las formalidades de ley.
III.1. El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las decisiones.
Conforme refiere la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero; el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos, aún cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos -por ende son autónomos en su ejercicio-, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata, así, la SC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos: “…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.
En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantía del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R).
Asimismo, en lo que respecta a la congruencia de las resoluciones, la SC No. 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la SC 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”
A tal efecto, el A.S. No. 651/2014 de 06 de noviembre, señalo: “la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.
Lo que motiva a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que está deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.
III.2.- De la obligatoriedad de protestar la apelación en el efecto diferido.
Sobre esta temática en la doctrina aplicable del Auto Supremo Nº 257/2018 de 04 de abril, se ha señalado lo siguiente: “Respecto al efecto de la apelación diferida el art. 259 el Código Procesal Civil señala lo siguiente: “En el efecto diferido, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso, se reservará la interposición y fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado. Si la sentencia no fuere apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se tendrá por retirada”, la norma describe que la apelación en el efecto diferido tan solo corresponde ser anunciada, aguardando a las resultas de la emisión de la Sentencia momento en el cual, si el anunciante de la apelación diferida recurre de la Sentencia tiene la posibilidad de adicionar la impugnación sobre la apelación diferida, expresando los fundamentos sobre dicha apelación.
En caso de no protestarse el recurso de apelación diferido, la norma describe que la interposición y fundamentación debe ser aguardada hasta una eventual apelación de sentencia, de acuerdo al artículo citado la apelación diferida no se activa automáticamente, requiere de una protesta expresa, aspecto que responde al principio dispositivo en materia recursiva, y en caso de no activarse la apelación diferida al momento de impugnar de la sentencia, se entiende que el recurso fue desistido” (El resaltado nos pertenece)
Expuesta como está la doctrina legal aplicable corresponde expresar las siguientes consideraciones:
De la lectura del recurso de casación objeto de análisis, se puede inferir que en los puntos 1) y 2), la recurrente acusó la transgresión del debido proceso en su sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, arguyendo que el fallo recurrido carece de la estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, puesto que el Tribunal alzada incurriendo en una errónea e indebida aplicación del art. 25 de la Ley Nº 1760 y el art. 259 del Código Procesal Civil, habría anulado obrados, disponiendo que fueran concedidas o denegadas las apelaciones diferidas opuestas por su parte, sin que tal extremo haya sido solicitado ni motivo de impugnación en su recurso de apelación, es decir, que los agravios de su recurso versaban únicamente en contra de los fundamentos de la Sentencia Nº 163/2017, mas no así en contra los autos mencionados por el Tribunal de apelación, de manera tal que las resoluciones previas pronunciadas en el trámite del proceso no fueron recurridas con dicha expresión de agravios y en ese marco, de acuerdo a lo establecido por el art. 259 de la Ley Nº 439, estas se encuentran desistidas; situación por la cual el Tribunal Ad quem se encuentra imposibilitado a pronunciarse sobre aspectos que no fueron recurridos ni peticionados.
Sobre este extremo, conviene de inicio señalar que de acuerdo a lo preceptuado por el art. 218.I del Código Procesal Civil en relación al art. 213.I de la misma norma, el Auto de Vista dictado como emergencia de la interposición de un recurso de alzada, ineludiblemente debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de tal manera que no se vea mermado el debido proceso en sus elementos motivación y congruencia, según el cual, la resolución judicial debe ser exacta, precisa y relacionada con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, puesto que el contenido de las resoluciones deben estar limitadas al sentido y alcance de las peticiones de las partes, para que exista identidad entre lo resuelto, las pretensiones y los agravios denunciados.
De ahí que la jurisprudencia constitucional, SC 0670/2004-R de 4 de mayo, expresó que: “...la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista por el art. 90 del CPC. En ese orden de cosas, el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…” (El resaltado nos pertenece), deduciendo de ello que los fallos de instancia deben ser congruentes, motivados y fundamentados con relación a las pretensiones de las partes y no deben carecer de sustento jurídico material y por consiguiente, resulta procedente la nulidad cuando la resolución recurrida no se hubiese pronunciado sobre alguna o todas las pretensiones expuestas en la alzada y estas revistan de trascendencia, tal cual refiere el Auto Supremo Nº 77/2012 de 02 de abril que señala: “…Que el hecho de no emitir criterio respecto de las cosas litigadas de la manera en que fueron demandadas configura "nulidad por incongruencia" ya que uno de los pilares del debido proceso es la necesidad de respuesta de las autoridades a los reclamos de las partes y la fundamentación de estas respuestas, pues no solo no respondió concretamente al pedido fundando la posible aprobación o negativa al pedido -en base a los datos del proceso-, sino que simplemente no lo tuvo en consideración. Esta incoherencia viola el principio de congruencia necesario y obligatorio. (…) En tal razón, correspondía al Tribunal de Apelación, pronunciarse al respecto, otorgando a la parte recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados…”
En ese marco, en el sub judice, se tiene que el Tribunal de alzada, al anular obrados, bajo el pretexto de no tener certeza sobre la situación de las apelaciones opuestas en el efecto diferido por la co-demandada Wilma Elizabeth García Segales, obrando al margen de los principios procesales de legalidad, dirección, congruencia, celeridad y probidad, puesto que no ha considerado el marco normativo contenido en el art. 259 del Código Procesal Civil, que de manera clara establece que la apelación diferida no se activa automáticamente, y que esta requiere de una protesta expresa de la parte recurrente (que debe ratificarla y/o fundamentarla), es decir, que en el caso de no activarse la apelación diferida al momento de impugnar de la Sentencia, se entiende que el recurso ha sido desistido, situación que ocurrió en la presente causa, puesto que de la lectura del recurso de apelación opuesto por la co-demandada Wilma Elizabeth García Segales (fs. 737 a 741) no se observa que haya ratificado y/o fundamentado las apelaciones diferidas a las cuales hace mención el fallo impugnado, en ese entendido dando estricta aplicación a la mencionada norma, se tiene que estas han sido desistidas, de tal manera que no al no existir indefensión no corresponde aparatarse del marco de congruencia que constituye la excepción a la regla, por lo que no existe mérito alguno que justifique que la Juez de instancia deba emitir algún pronunciamiento respecto a la situación de dichas impugnaciones, pues ello, únicamente importa un actuar ritualista ajeno los principios reguladores del proceso y las pretensiones de los sujetos procesales que están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado.
Aspectos que al no haber sido considerados por el Tribunal de alzada, denotan una resolución carente de congruencia, ajena a los agravios formulados en segunda instancia, debiendo en consecuencia el referido Tribunal emitir un nuevo fallo con la pertinencia del art. 265.I del Código Procesal Civil.
Por lo que, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 220.III del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación del 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-533/2018 de 19 de septiembre, cursante de fs. 787 y vta.; pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva los recursos de apelación con la pertinencia del art. 265.I del Código Procesal Civil.
Siendo excusable el error incurrido por los Vocales del Tribunal de segunda instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.
De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura

References: Resolución 
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 artículo 236
 resolución 
 artículo 220
 Resolución