Source: http://pwcspain.typepad.com/blog_nuevas_tecnologias/page/3/
Timestamp: 2017-06-25 20:46:38+00:00

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La aprobación definitiva del Reglamento, prevista para este año, introduce importantes novedades que supondrán un impacto significativo para las entidades del sector público y privado, que estarán obligadas a adaptar sus estructuras organizativas para adecuarse a los requisitos establecidos en la nueva legislación. Entre las novedades, se introduce la obligatoriedad para algunos responsables y encargados del tratamiento de contar con un Delegado de Protección de Datos, que ayudará a las entidades a supervisar la observancia interna del Reglamento. Con relación a qué entidades deberán designar esta figura, en el caso del sector privado será obligatoria para aquellas empresas que traten datos de un gran número de interesados (más de 5.000 durante un período de doce meses); o datos considerados especialmente sensibles, de localización, datos relativos a menores de 13 años o a empleados a gran escala; así como las entidades que realicen un seguimiento periódico y sistemático de los interesados. En el sector público, cualquier autoridad u organismo que efectúe un tratamiento de datos personales deberá designar un Delegado.
En el supuesto de que una entidad forme parte de un grupo de empresas, el Reglamento permitirá nombrar un Delegado principal responsable, siempre que se garantice que resultará fácil acceder a esta figura desde cualquier emplazamiento.
Con esta nueva legislación se apuesta claramente por un perfil profesional del Delegado, que deberá ser designado atendiendo a sus conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia de protección de datos, así como a su capacidad para ejecutar las tareas mínimas que le impone el Reglamento.
En este mismo sentido, el Reglamento prevé expresamente la posibilidad de externalizar esta figura, al permitir que pueda ser un empleado de la entidad o desempeñar sus tareas sobre la base de un contrato de servicios.
No obstante, tanto si se opta por un outsorcing de las tareas del Delegado como por una designación interna, es importante destacar que las entidades velarán para que esta figura desempeñe sus funciones y tareas con independencia. De la misma manera, el Delegado reportará directamente a un miembro de la Gerencia de la entidad, que será responsable de cumplir con las disposiciones del Reglamento.
Asimismo, la figura gozará de una protección especial contra el despido por lo que será designado para un mandato mínimo de cuatro años en el caso de un empleado, o de dos años en el caso de un proveedor de servicios externos. Durante su mandato sólo podrá ser destituido si deja de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones. No obstante, el nombramiento no requerirá necesariamente la ocupación a tiempo completa del empleado correspondiente.
El Reglamento contiene las tareas mínimas que se deberán encomendar y que, en resumen, consisten en su implicación en todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos que se susciten en el seno de las entidades.
Finalmente, la designación será un elemento a tener en cuenta a la hora de cuantificar la sanción que pueda imponer la autoridad de control, que puede alcanzar hasta 100.000.000 de euros o el 5 % de su volumen de negocios anual a escala mundial en el caso de una empresa, si esta última cifra fuera mayor, según establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento europeo.
Rubén Cabezas Vázquez / Assumpta Zorraquino Departamento de Intangibles
14/05/2014 18:02:58
El 9 de mayo de 2014 el Gobierno aprobó la Ley 9/2014, de Telecomunicaciones por la que se modifican, entre otras, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (“LSSI”).
Estas son las principales novedades que introduce la nueva Ley:
Se elimina la obligación de identificar las comunicaciones comerciales por vía electrónica con términos como “publicidad” o “publi”.
Se mantiene la exigencia de que dichas comunicaciones comerciales sean claramente identificables como tales, así como de que se identifique la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan.
Se clarifica que el medio de revocación del consentimiento que deben incluir las comunicaciones comerciales enviadas por correo electrónico, podrá consistir en una dirección de correo electrónico y otra dirección electrónica válida.
Se matiza el régimen sancionador al sustituir la necesidad de que se produzcan más de tres comunicaciones comerciales en menos de un año a un mismo destinatario, por el envío “masivo” de las mismas de forma “insistente” y “sistemático” para sancionar estas conductas.
Se elimina la realización de una acción expresa cuando se instale o actualice el navegador.
Será infracción grave ignorar deliberada y continuadamente la voluntad manifestada por el destinatario para que no se instalen en su equipo terminal dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, o seguir tratando los datos recabados después de que se haya revocado su consentimiento.
Se configura como infracción grave la utilización de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos cuando no se hubiera facilitado la información ni obtenido el consentimiento del destinatario del servicio.
Se introduce la responsabilidad de las redes publicitarias o agencias, como consecuencia de la venta por parte del editor o prestador del servicio de la sociedad de la información de espacios propios para mostrar publicidad, siempre que no se hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.
3. Moderación de las sanciones
Se introduce la capacidad del órgano sancionador de establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa inmediatamente inferior a la clase de infracción de que se trate cuando se den determinados supuestos.
También se incluye la posibilidad de apercibir al sujeto sin acordar la apertura de un procedimiento sancionador.
Las entidades de registro de nombres de dominio deberán facilitar los datos relativos a los titulares de a las autoridades en la persecución de infracciones cometidas en Internet o investigación de incidentes de ciberseguridad.
3. Cancelación de un nombre de dominio
La Autoridad de asignación podrá suspender cautelarmente o cancelar un nombre de dominio mediante el cual se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal.
Otras disposiciones afectadas y relacionadas
Ley 25/2007 de 18 de octubre de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones: La cesión de la información se efectuará mediante formato electrónico a los agentes facultados (Policía Judicial, Vigilancia aduanera y Centro Nacional de Inteligencia).
Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica: Regulación del periodo de validez de los certificados electrónicos.
Ley 7/2010 de 31 de marzo General de Comunicación Audiovisual: Restricción de los programas en los que cabe la posibilidad de realizar publicidad mediante emplazamiento publicitario.
Alejandra Matas / Assumpta Zorraquino. Departamennto de Intangibles.
13/05/2014 11:33:58
La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) en Sentencia de 31 de marzo, declara que los creadores de una serie de aplicaciones informáticas para la implantación de protocolos “Peer to Peer” (también conocidos como P2P) no pueden ser declarados responsables por actos posteriores de vulneración de los derechos exclusivos del titular de las obras (compañías discográficas) en concreto, el de comunicación pública.
Mediante los protocolos “P2P” (que es el que utilizan programas como “eMule”, “Ares” o “BitTorrent”) se habilita una conexión directa entre los ordenadores de los usuarios, de tal manera que éstos pueden compartir, sin necesidad de un servidor central, los contenidos que tienen alojados en determinadas carpetas de sus ordenadores.
Pues bien, a juicio del Tribunal las empresas creadores y distribuidoras de esta tipología de software no pueden consideradas responsables, toda vez que no ha quedado acreditado que promocionen, fomenten o intervengan en el intercambio de archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, ni son responsables del uso que hagan los usuarios de ese software.
Dada la dinámica del funcionamiento de los programas P2P, tampoco puede considerarse a los demandados como prestadores de servicios de la sociedad de la información sujetos al régimen de responsabilidad previsto en la ley 34/ 2002 (LSSI).
La Sentencia analiza también la posibilidad de imputar la responsabilidad a los demandados vía infracción indirecta. Tal y como recuerda la Audiencia Provincial, en nuestro ordenamiento jurídico (y a diferencia de lo que ocurre en el sistema jurídico norte-americano) la responsabilidad por “infracción indirecta” de propiedad intelectual carece de explicita regulación legal, si bien reconoce que es materia controvertida, y que “el legislador no ha dado el paso de tipificar como infractora tal contingencia”.
Tampoco cabe subsumir la conducta de los demandados en actos contrarios a la buena fe, pues no es al creador o comercializador del software de intercambio al que le incumbiría publicitar y actualizar el catálogo de obras protegidas ni dotar a éstas de medidas tecnológicas para prevenir o impedir la copia.
Jordi Cabezas / Assumpta Zorraquino, Departamento de Intangibles
02/05/2014 15:33:11
Reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, que viene a modificar tanto el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (Real Decreto Legislativo 1/1996) como tangencialmente la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).
Los aspectos más relevantes de esta reforma son:
1.	Revisión y concreción del concepto de copia privada, restringiendo los supuestos no amparados por tal derecho, y excluyéndose expresamente de tal régimen las reproducciones para uso profesional o empresarial, en cumplimiento de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2.	Medidas para asegurar una mayor transparencia y una mejor eficacia de la gestión llevada a cabo por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
3.	Medidas para garantizar la eficacia de los mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, dotando de mayores prerrogativas a la Comisión de Propiedad Intelectual, y endureciendo los controles respecto de los sitios web de enlaces de descargas.
4. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil introduciendo la posibilidad de la práctica de diligencias preliminares con el objetivo de que se identifique, con una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar, al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual.
El Proyecto de Ley también incorpora una limitación del derecho de cita o reseña que pueden realizar los agregadores o buscadores de contenidos que operan en Internet, reconociendo el derecho de editores y autores de noticias a ser compensados por la explotación que aquéllos realizan.
Finalmente, la norma en ciernes procede a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011, que modifica el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en veinte años, pasando de 50 a 70 años. Asimismo, también se incorpora al derecho interno la Directiva del 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.
14/02/2014 21:22:56
Enlaces de Internet a obras protegidas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) se pronunció ayer 13 de febrero en el procedimiento C-466/12 acerca del alcance del concepto jurídico “comunicación pública” recogido en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
Los demandantes de dicho procedimiento son unos periodistas cuyos artículos de prensa se publicaban regularmente en el periódico en el que prestaban sus servicios así como en la página web del mismo. La parte demandada es la entidad gestora de un portal de internet que facilita a sus clientes, según sus necesidades, listas de enlaces de Internet sobre los que se puede pulsar y que conducen a artículos publicados en otras páginas de Internet.
Para los demandantes, si un cliente pulsa sobre uno de esos enlaces no pude ver claramente que se ha desplazado a otra página de Internet para acceder a la obra que le interesa.
Los periodistas demandaron al portal de Internet por utilizar sin su autorización, algunos de sus artículos al ponerlos a disposición de sus clientes.
En primera instancia el tribunal (Stockholms tingsrätt) desestimó la demanda. Apelada la sentencia, los demandantes alegaron que el portal había vulnerado su derecho exclusivo a poner sus obras a disposición del público. El portal alegó que la presentación de las listas con enlaces de Internet hacia obras comunicadas al público en otras páginas de Internet no es un acto de comunicación pública que vulnere los derechos de autor. Que no realizó transmisión alguna de obras protegidas, dado que su actividad se limitaba a indicar a sus clientes las páginas de Internet en las que se encontraban las obras que les interesaban.
El tribunal de apelación decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
1) Si una persona distinta del titular del derecho de propiedad intelectual de una determinada obra ofrece en su página de Internet un enlace sobre el que se puede pulsar y que conduce a esa obra, ¿realiza una comunicación pública de esa obra en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?
4) ¿Están facultados los Estados miembros para otorgar al autor una protección más amplia de su derecho exclusivo permitiendo que la comunicación pública comprenda más actos que los derivados del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?»
Una vez consideradas las premisas fácticas que se acaban de reseñar, el fallo del TJUE establece lo iguiente:
1. En circunstancias como las del litigio principal, el hecho de facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas debe calificarse de «puesta a disposición» y, en consecuencia, de «acto de comunicación» en el sentido de la referida Directiva.
Un acto de comunicación como el realizado por el gestor de una página de Internet mediante enlaces sobre los que se puede pulsar, se dirige al conjunto de usuarios potenciales de la página que dicha persona gestiona, es decir, a un número indeterminado y considerable de destinatarios. En estas circunstancias, debe considerarse que dicho gestor realiza una comunicación a un público.
Lo relevante a mí entender se plantea en este razonamiento:
2. Para poder ser incluida en el concepto de «comunicación pública», también es necesario que esa comunicación, que se refiere a las mismas obras que la comunicación inicial y que ha sido realizada a través de Internet como la comunicación inicial, es decir, con la misma técnica, se dirija a un público nuevo, a saber, un público que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial al público.
Cuando el conjunto de los usuarios de otra página, a los que se han comunicado las obras de que se trata mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, podía acceder directamente a esas obras en la página en la que éstas fueron comunicadas inicialmente, sin intervención del gestor de esa otra página, debe estimarse que los usuarios de la página gestionada por este último son destinatarios potenciales de la comunicación inicial y forman, por tanto, parte del público tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando éstos autorizaron la comunicación inicial.
Al ser el público destinatario de la comunicación inicial el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó (el acceso a las obras en esa página no estaba sujeta a ninguna medida restrictiva y todos los internautas podían consultarla libremente), en el caso enjuiciado, una puesta a disposición de obras, mediante un enlace sobre el que se puede pulsar, como la controvertida en el litigio principal no conduce a comunicar dichas obras a un público nuevo.
En consecuencia, dado que no existe un público nuevo, no constituye un acto de comunicación pública que exige la autorización de los titulares de los derechos de autor la presentación en una página de Internet de enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet. Así, solo se exigirá recabar su aquiescencia si el enlace permitiese eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida (v.gr que el contenido solo se encontrase disponible para abonados).
3. La conclusión sería la misma si cuando los internautas pulsan sobre el enlace de que se trata, la obra aparece dando la impresión de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace mientras que dicha obra procede en realidad de otra página.
4. Respecto a la ultima cuestión, el TJUE establece que los Estados de la UE no pueden proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación pública incluya más actos que los previstos en dicha disposición, ya que el objetivo de esta Directiva es eliminar las diferencias legislativas y la inseguridad jurídica que existen en torno a la protección de los derechos de autor.
14/02/2014 18:40:56
Sanción por el uso de cookies
La Agencia Española de Protección de Datos ha dictado su primera resolución sobre el uso de cookies
El procedimiento se inició en el mes de septiembre de 2013 por vulneración en los sitios web de los denunciados, de lo previsto tanto en el art. 22 de la Ley 344/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y Comercio Electrónico (LSSI) como en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 23 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD).
La resolución hace una buena exposición respecto al contenido mínimo que debe reunir toda Política de cookies, tanto en la primera capa, como en la segunda capa (Política de Cookies), hace especial hincapié en que la información esté en un lugar visible, sea clara y comprensible, y que en la información facilitada se distinga si las cookies son propias o de terceros, así como el nombre de cada una de las cookies, su finalidad y la caducidad.
La sanción impuesta a uno de los denunciados por incumplimiento del art. 22.2 de la LSSI tipificada como leve es de 3.000 euros, por apreciar ausencia de intencionalidad, así como por haber adoptado medidas correctoras tendentes a incluir mecanismos de información previa sobre cookies al tener conocimiento de la incoación del procedimiento.
Las medidas correctoras no fueron suficientes, pues en algunos casos la información en la segunda capa no precisaba con suficiente claridad si la tipología de cookies descrita era la realmente utilizada.
Con dicho pronunciamiento, la AEPD está requiriendo que se dé información adecuada sobre el tipo de cookies que efectivamente se utilizan y sus finalidades, de forma que el usuario pueda conocer de forma apropiada el uso que se dará a la información recuperada. La información también debe ser clara y precisa respecto al titular o editor de la cookies.
La AEPD impone igualmente una sanción de 1.500 euros por infracción del art. 5.1 y2 de la LOPD
Como avanzábamos en nuestro post anterior de mayo de 2013, la AEPD junto con las asociaciones Adigital, Autocontrol y la IAB, presentó el pasado día 29 de abril, la nueva guía sobre el uso de las cookies.
27/01/2014 19:34:19
Recomendaciones sobre el uso de cookies del Grupo de Trabajo del artículo 29.
El Grupo de Trabajo del artículo 29, órgano consultivo independiente e integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembros de la UE, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea, publicó el pasado día 2 de octubre, un documento de trabajo en el que se analizan y establecen los requisitos que deben reunir las páginas web para la obtención del consentimiento de los usuarios para el tratamiento de los datos obtenidos mediante la instalación de cookies en los dispositivos de dichos usuarios. Frente a la Guía sobre el uso de las cookies publicada el pasado mes de abril por la Agencia Española de Protección de Datos, el referido documento delimita o restringe las alternativas de los operadores para la obtención del consentimiento de los usuarios, estableciendo que para su válida obtención, el mecanismo utilizado debe cumplir como mínimo con los siguientes cuatro elementos esenciales:
Información específica. El consentimiento debe ser específico y basado en la información adecuada. Deberá por tanto preverse una notificación clara, completa y visible sobre el uso de cookies, en el momento y lugar en el que se solicita el consentimiento (p.e. en la página web de entrada), y facilitarse en el momento de acceder a la página web toda la información necesaria sobre los diferentes tipos y finalidades de cookies que se utilizan, sobre el período de retención, así como otra información técnica. Los usuarios también deben ser informados sobre cómo pueden aceptar todas, alguna o ninguna de cookies y cómo poder cambiar sus preferencias en el futuro. Timing. El consentimiento deberá solicitarse antes de que las cookies se instalen en el dispositivo del usuario y, antes de que el usuario indique sus preferencias con respecto a tales cookies.
Comportamiento activo. El consentimiento debe ser inequívoco, de forma que, el procedimiento para solicitar y dar el consentimiento no deje duda alguna en cuanto a la intención del usuario, que previamente habrá sido informado del significado que implica su acción. Será suficiente cualquier tipo de señal, lo suficientemente clara para ser capaz de indicar el deseo del sujeto y ser comprensible por el controlador de datos, como por ejemplo, la firma en la parte inferior de un formulario de papel, un cuadro de diálogo, un clic en un botón o enlace o el marcar una casilla para estar ante un comportamiento activo. La acción del usuario debe ser tal que, junto con la información proporcionada para el uso de cookies, pueda razonablemente ser interpretada como indicación de su voluntad. Tal y como puntualiza el Grupo de Trabajo, la ausencia de cualquier comportamiento en ningún caso podrá considerarse como un consentimiento válido. Libre elección. El usuario debe tener la oportunidad de elegir libremente entre la opción de aceptar, todas o algunas, o bien rechazar las cookies así como poder modificar la configuración de cookies en el futuro. El Grupo de Trabajo recomienda a los operadores de sitios web que se abstengan de utilizar mecanismos para obtener el consentimiento de los usuarios que únicamente proporcionen la opción de aceptar todas las cookies, y que opten por ofrecer a los usuarios aquellas opciones disponibles, aceptación o rechazo, para cada cookie concreta.
El Grupo de Trabajo sostiene que el acceso al contenido general del sitio web no puede condicionarse a la aceptación de todas las cookies, ya que podrían considerarse desproporcionadas y no necesarias, sino que, sólo podrán limitarse ciertos contenidos si el usuario no da su consentimiento a una determinada cookie con una finalidad específica para dicho contenido.
Assumpta Zorraquino/Antonio Cano
Departamento de Intangibles PwC
04/11/2013 18:40:09

References: artículo 3
 artículo 3
 resolución 
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 artículo 29
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