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Timestamp: 2019-10-20 21:16:44+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Abril de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 58803639
La licenciada D.G.S., actuando en representación de E.G.N.V.,ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DG-684-07 de 9 de octubre de 2007, emitida por el Director General de la Policía Técnica Judicial (hoy Dirección de Investigación Judicial), el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
Mediante la resolución de 13 de febrero de 2008 (f.32), es admitida la demanda incoada, ordenándose el traslado al Procurador de la Administración, para la emisión de concepto; y a la entidad requerida, a efectos de rendir el informe explicativo de conducta, contemplado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.
El acto administrativo que se impugna, lo constituye la Resolución N° DG-684-07 de 9 de octubre de 2007, cuya parte resolutiva establece lo siguiente:
"PRIMERO: Destituir, como en efecto se destituye, al I.E.N.V., portador de la cédula N° 9-164-286, con posición N° 11616, por la infracción del Artículo N° 41 literales f., h., k., del Reglamento Interno, por la conducta desordenada e incorrecta del funcionario que ocasiona perjuicio al funcionamiento o al prestigio de la Institución, proporcionar información relacionada a las labores propias de la Policía Técnica Judicial, sin previa autorización, y ejecutar actos de violencia o maltrato con los subalternos o compañeros de trabajo.
Contra el acto recurrido en sede administrativa, el afectado anunció y sustentó recurso de reconsideración, manteniéndose en todas sus partes la actuación recurrida, y en consecuencia, agotándose la vía gubernativa (fs.4 a 5).
El recurrente demanda de esta Sala, la declaratoria de ilegalidad, y por tanto nula, del acto impugnado; así como la declaratoria de nulidad, por ilegal, de su acto confirmatorio.
Además, solicita el reintegro a su posición de trabajo, así como el pago de los salarios caídos desde la fecha de su separación hasta que se cumpla con el reintegro; y de las demás prestaciones a las que tiene derecho, para todos los efectos legales.
HECHOS Y OMISIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA
De la lectura de los hechos en que se basa la pretensión, esta Superioridad infiere de este recuento sobre el caso traído en análisis por el demandante, que el mismo fue objeto de un proceso disciplinario, en el cual se incumplieron los derechos y garantías fundamentales propias para este tipo de acciones. Los cargos atribuidos para la sanción de destitución, no fueron comprobados dentro del proceso disciplinario seguido en contra del señor NÚÑEZ VEGA.
Además, señala la parte actora, que las pruebas testimoniales incorporada al proceso, dan cuenta de la responsabilidad y conductas propias del cargo desempeñado, por parte del sancionado. Sin embargo, es enfático al indicar que el recostarse en el dormitorio por problemas de salud y en hora de almuerzo, no son conductas que encuadren en los numerales en que se fundamentó la sanción de destitución.
Sostiene la apoderada judicial, licenciada G.S., que la actuación de su representado, en momento alguno ha ocasionado, directa o indirectamente, afectación o lesión a la entidad de investigación policial; por el contrario, el trabajo desempeñado por el recurrente, en su condición de Jefe de la Unidad de H.P., demuestra el trabajo efectivo que se venía realizando, al confrontarse con las estadísticas a la baja de este tipo de delitos.
La parte actora considera la infracción de las siguientes normas legales, contenidas en la Ley N° 16 de 9 de julio de 1991, "Orgánica de la Policía Técnica judicial" (hoy Dirección de Investigación Judicial), y el Reglamento Interno de la Institución demandada, las cuales a la letra señalan:
Ley N° 16 de 9 de julio de 1991, "Orgánica de la Policía Técnica judicial" (hoy Dirección de Investigación Judicial):
Artículo 49. Los miembros de la Policía Técnica Judicial gozarán de estabilidad en su cargo y tendrán los demás beneficios que la Ley reconozca a los integrantes de la Fuerza Pública.
La parte actora manifiesta que el acto impugnado vulnera directamente por omisión, el artículo citado, ya que el mismo establece la estabilidad en el cargo desempeñado por el recurrente, derecho que no le fue reconocido al destituirse sin que medien y se hayan comprobado las causas que según la Ley y el Reglamento Interno, justificaran su destitución.
Resolución N° 25-94 de 15 de noviembre de 1994, que aprueba el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial (hoy Dirección de Investigación Judicial)
Artículo 35. De la Aplicación de las Medidas Disciplinarias. Corresponde a los Jefes de Departamento, Divisiones, Secciones, Agencias y Subagencias, ejercer el mando de manera efectiva, basado en la adecuada supervisión y en el respeto mutuo, que permita fomentar las relaciones armoniosas de trabajo entre sus funcionarios.
La aplicación de sanciones disciplinarias debe tomar en cuenta la gravedad de la falta, la conducta que ha mantenido dentro de la institución y demás circunstancias que puedan atenuar o agravar la misma, en concordancia con lo establecido en el parte final del Artículo 20 de la Ley 16.
Aduce la parte recurrente, que la norma citada ha sido vulnerada directamente, por omisión, ya que esta norma señala que al aplicarse las sanciones disciplinarias, se deben tomar en cuenta la gravedad de la falta, la conducta en la institución de la persona investigada, y demás causas de atenuantes o agravantes.
Artículo 40.De las Sanciones por Faltas Leves o Graves. En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarenta y cinco (45) de la Ley 16 de 1991, se aplicarán las siguientes sanciones:
a.Amonestación Privada: Cuando el funcionario incurra en faltas leves y no habituales.
b.Amonestación Escrita: Se aplicará en los casos en que el funcionario reincida en faltas leves o según la naturaleza de éstas.
c.Suspensión sin Goce de Salario: Cuando se trate de la comisión de faltas graves se podrá suspender al funcionario hasta por quince (15) días sin goce de salario.
La reincidencia en la ejecución de más de cinco faltas leves dará lugar a la suspensión sin goce de salario de uno (1) a cinco (5) días. Más de cinco (5) faltas leves se considerará una falta grave, por ende se le podrá aplicar las sanciones previstas para éstas.
La reincidencia en la comisión de faltas graves o leves en los términos señalados, dará lugar a la remoción del cargo.
El recurrente manifiesta, que la norma transcrita ha sido violada en forma directa, por omisión, ya que la misma instituye una escala de sanciones disciplinarias que deben ser aplicadas progresivamente, acorde a la gravedad de la falta cometida y su reincidencia.
Artículo 41, literales f, h, k. De la Remoción del Cargo. Además de lo establecido en el artículo anterior, se procederá a la destitución del funcionario, en los siguientes casos:
...f. La conducta desordenada e incorrecta del funcionario que ocasione perjuicio al funcionamiento o al prestigio de la Institución.g. ...h. La divulgación sin previa autorización, de asuntos relacionados con la naturaleza del trabajo que desempeña, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la Institución.
k. La ejecución de actos de violencia o maltrato contra directivos, subalternos, compañeros de trabajo o personas que estén bajo custodia de la Policía Técnica Judicial, por razón de las funciones que desempeñan.
En concepto de indebida aplicación, fue infringida esta norma, pues según el demandante, la Institución aplicó a un supuesto de hecho no regulado por ella, al no enmarcarse la conducta del recurrente, en ninguna de las causales de remoción del cargo que esta norma legal instituye.
Artículo 133. De la Práctica de Pruebas. El Departamento de Responsabilidad Profesional deberá practicar las pruebas conducentes que se presenten en contra del acusado y de aquellas que puedan favorecerlo.
El demandante sostiene que esta disposición fue violada directamente, por omisión, puesto que ésta establece que el Departamento de Responsabilidad Patrimonial debe practicar las pruebas que favorezcan al acusado, haciéndose todo lo contrario a lo en ella estipulado.
Artículo 134. Del Derecho del Funcionario Acusado. Se pondrá en conocimiento del funcionario acusado los cargos que se le imputan, inmediatamente se procederá a escuchar los descargos debiéndose practicar aquellas pruebas que aduzcan el investigado cuando sean procedentes.
En concepto directo por omisión, considera la demandante la infracción de la disposición citada, pues la misma dispone que el funcionario acusado se le pondrá en conocimiento de los cargos que se le imputan, para que tenga la oportunidad de formular descargos y de presentar las pruebas que comprueben tales descargos.
Artículo 136. D.M. de lo Recomendado. El Director General decidirá el mérito de lo recomendado y de encontrarlo conforme enviará una solicitud de previo concepto al Señor Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo veinte (20) de la Ley 16 de 1991.
La parte recurrente estima que este artículo fue violado en forma directa, por omisión, ya que éste dispone que el Director General de la Policía Técnica Judicial (hoy Dirección de Investigación Judicial), debe solicitar concepto u opinión al Procurador General de la Nación en las investigaciones o faltas disciplinarias atribuibles al personal de la Institución; trámite que no fue cumplido en el caso del demandante.
"Artículo 137. De la Resolución de Destitución. Recibido el previo concepto del Señor Procurador General de la Nación, el Director General, vía la Unidad de Personal, dictará una Resolución que deberá ser notificada en debida forma al afectado, con la advertencia de que a partir de su notificación dispondrá de dos (2) días hábiles para interponer el recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la Policía Técnica Judicial."
A juicio del demandante, la norma en comento fue violada en concepto directo, por omisión, al no cumplirse con el trámite de esperar el dictamen o concepto previo de la Procuraduría General de la Nación, para luego emitir la decisión sobre la responsabilidad o ausencia de la misma, por parte del funcionario acusado, norma que es de una claridad meridiana.
Mediante Informe Explicativo de Conducta, visible de fojas 34 a 36 del infolio judicial, recibido en la Secretaría de la Sala Tercera el día 25 de febrero de 2009, y suscrito por el Director General de la Dirección de Investigación Judicial, J.E.A.P.C., se observa un recuento del caso sometido en estudio a esta M., determinándose que en base ala carga testimonial practicada, se procedió a destituir al demandante, por las infracciones al artículo 41, literales f, h, k del Reglamento Interno, encontrando sustento jurídico, de igual manera, en la Ley N° 16 de 9 de julio de 1991.
Mediante Vista Número 361 de 6 de mayo de 2008 (fs.37 a 41), el Procurador de la Administración, procedió a emitir concepto sobre la controversia promovida por E.G.N.V., en la cual solicita a los miembros de la Sala, se sirvan declarar la legalidad del acto administrativo recurrido, consistente en la sanción disciplinaria de destitución.
La solicitud anteriormente expuesta, obedece al hecho que la Institución de investigación judicial, cumplió a cabalidad con la investigación disciplinaria por la conducta desordenada e incorrecta del demandante, así como el respeto a la estabilidad laboral, surtiéndose la destitución, no por la facultad discrecional de la autoridad nominadora, sino por causales justificadas que ameritaban la sanción de destitución. En igual medida, el actor al conocer los cargos a él atribuidos, hizo uso de su derecho de defensa, presentando sus descargos, pruebas e interposición del recurso de reconsideración respectivo y que adicional a ello, en Oficio N° PGN-SVC-173-07 de 17 de septiembre de 2007, se escuchó el concepto de la Procuraduría General de la Nación, contradiciendo lo argumentado por la parte accionante.
Constan en el infolio judicial, los testimonios de los siguientes declarantes:
E.J.D.G. (fs.137-139): Básicamente, este testigo, al contestar las preguntas asignadas, señaló que el demandante se desempeñó en forma eficiente y eficaz en el combate del delito de avigiato, y que las estadísticas sobre este delito, se le remitían a la Asociación Nacional de Ganaderos desde antes de su llegada como Secretario Ejecutivo de esta Asociación en el año 2001.
W.H.P. (fs.140-145): Básicamente, este testigo, al contestar las pregunta asignadas, señaló que la información sobre las estadísticas de hurto pecuario, se remitían a la Asociación Nacional de Ganaderos desde 1999, antes de asumir el cargo de Jefe de la Unidad de Hurto Pecuario en el año 2001. Además indicó, que los superiores tenían pleno conocimiento de la remisión de estas estadísticas a la Asociación en mención.
Sobre la figura del demandante, declaró que es una persona responsable, honesta y estricta en sus labores.
D.E.V.R. (fs.146-147): Básicamente, este testigo, al contestar las pregunta asignadas, señaló que el demandante es una persona eficiente, responsable y estricta en el desempeño de su cargo y que nunca abandonaba sus labores. Que el demandante tuvo que tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios J.L., J.J., A.A. y M.A., por reincidencias en faltas leves.
J.C.B.L. (fs.148-150): Básicamente, este testigo, al contestar las pregunta asignadas, señaló que el demandante mantuvo apego por su trabajo, con buen desempeño y que las sanciones que tuvo que implementar contra J.L., J.J., A.A. y M.A., fueron por casos de indisciplina.
Que entre el demandante y el inspector A.P., se dieron conflictos. Que únicamente por enfermedad, el primero se recostó en la cuadra y que no obstante, no era práctica en él hacer esto. En cuanto a las estadísticas, indicó que se remitían a la ANAGAN desde el año 1998.
H.M.M. (fs.151-152): Básicamente, este testigo, al contestar las pregunta asignadas, señaló ratificarse de los llamados de atención contra los funcionarios J.L., J.J., A.A. y M.A.. Que el demandante no acostumbraba a recostarse en la cuadra, sin embargo, ese día lo hizo por problemas estomacales. Que a raíz del incidente entre el demandante y el inspector P., se giró un memorando en el que se estableció que la cuadra se podía utilizar de 10:00 P.M. en adelante.
E.O.G.N. (fs.153-155): Básicamente, este testigo, al contestar las pregunta asignadas, señaló que al darse problemas de indisciplina dentro de la Unidad de Hurto Pecuario, el demandante tomó medidas contra los funcionarios J.L., J.J., A.A. y M.A.. Y, en cuanto a las estadísticas enviadas a la ANAGAN, indicó que desde que empezó a laborar en esta Unidad en el año 1999, se le hacían llegar copias de las mismas a esta Asociación.
En Vista N° 058 de 26 de enero de 2009, visible de fojas 156 a 159, la Procuraduría de la Administración, inserta en esta etapa procesal, sus alegatos de conclusión referentes a la controversia suscitada; ratificándose de la Vista N° 361 de 6 de mayo de 2008, contentiva de sus descargos, y a su vez, manifiesta que los argumentos expuestos por la parte actora, son infundados, al afirmar que con la destitución del demandante, se ha violado la Ley y el Reglamento Interno de la antigua Policía Técnica Judicial.
Es por lo anterior, que reitera su petición de declarar legal la Resolución N° DG-684-07 de 9 de octubre de 2007, mediante la cual el entonces Director General de la antigua Policía Técnica Judicial, ordenó la destitución de E.G.N.V., y que en consecuencia, se nieguen las pretensiones contenidas en la demanda incoada.
Por otra parte, la apoderada judicial de E.G.N.V., licenciada G.S., incorpora al proceso los alegatos de conclusión visibles a fojas 161 - 166, de los cuales se infieren las consideraciones erróneas que motivaron la destitución de su mandante, la inobservancia de la Ley y el Reglamento que rige la Institución de Investigación Policial, al aplicar la medida de sanción disciplinaria de destitución. Además, que de las declaraciones testimoniales se puede concluir, que NÚÑEZ VEGA mantuvo un trato de respeto con sus compañeros de trabajo, y únicamente exigiéndoles responsabilidad y eficiencia en sus labores. También, que la actuación de su representado no ha causado perjuicios a la Institución, y que la información suministrada a la Asociación Nacional de Ganaderos (A.N.A.G.A.N.), otra de las causales de destitución, se venía realizando desde la creación de la Unidad de Hurto Pecuario y por instrucciones del entonces Director General de la desaparecida Policía Técnica Judicial.
Con sus planteamientos finales, la parte actora aduce que los quince (15) años de servicios a la Institución, fueron desempeñados con responsabilidad, honestidad, profesionalismo y capacidad de trabajo, permitiendo lograr ascensos importantes dentro de la misma. En consecuencia, solicita se le haga justicia declarando ilegal la resolución impugnada y su acto confirmatorio, emitidas por el entonces Director General de la extinta Policía Técnica Judicial, hoy en día Dirección de Investigación Judicial, y el correspondiente reintegro y pago de salarios dejados de percibir desde su destitución a la fecha del reintegro efectivo.
Surtidos los trámites que la ley establece, y encontrándose el negocio en estado de decidir, procede este Tribunal a resolver la presente controversia.
El acto administrativo sujeto a análisis ante esta Superioridad y cuya ilegalidad se pide, lo constituye la Resolución N° DG-684-07 de 9 de octubre de 2007, así como su acto confirmatorio, dictados por el Director General de la Policía Técnica Judicial, hoy Dirección de Investigación Judicial.
Mediante el acto en mención, se resolvió la medida disciplinaria de destitución, del demandante, quien en esta oportunidad recae en el señor E.G.N.V., con cargo de Jefe de la Unidad de Hurto Pecuario a nivel nacional, y Posición N° 11616, en la sede de la misma ubicada en la provincia de Veraguas, con fundamento en el Artículo 41, literales f, h y k del Reglamento Interno de la extinta Policía Técnica Judicial, por la "conducta desordenada e incorrecta del funcionario que ocasiona perjuicio al funcionamiento o al prestigio de la Institución, proporcionar información relacionada a las labores propias del la Policía Técnica Judicial, sin previa autorización, y ejecutar actos de violencia o maltrato con los subalternos o compañeros de trabajo".
Al adentrarnos en el análisis de las infracciones invocadas, en confrontación con el caudal probatorio inserto al expediente, esta sala advierte que la razón le asiste a la parte actora, puesto que las faltas atribuibles a E.G.N.V. no se comprueban, por lo que la sanción empleada deviene en ilegal, al basarse en un supuesto que no se encuentra debidamente acreditado en el expediente.
La Sala advierte que la apoderada judicial de la actora cuestiona, medularmente, el hecho que a su representado no se le instruyó un proceso disciplinario ante la Dirección de Responsabilidad Profesional, que le garantizara su derecho a defenderse.
En ese sentido, y luego de un examen de las constancias procesales y de las pruebas adjuntadas al infolio judicial en estudio, esta M. observa que el Departamento de Responsabilidad Profesional de la otrora Policía Técnica Judicial, no instruyó el expediente contra E.G.N.V., tal como lo establecen las normas disciplinarias.
De la misma manera, el abundante caudal probatorio inserto al cuadernillo de marras, consistentes en las pruebas testimoniales, al ser coincidentes, conducentes y concluyentes, pues puntualizan que el demandante en su actuación frente a la Unidad de Hurto Pecuario de la extinta Policía Técnica Judicial, mantuvo una actitud y comportamiento cónsono con el cargo ostentado. Tanto es así, que su responsabilidad y rigidez en la labor empleada, implica sancionar a compañeros por faltas leves cometidas en el desempeño de los cargos a ellos asignados. También, porque NÚÑEZ VEGA, advierte este Tribunal Colegiado, es un ser humano capaz de sufrir afecciones estomacales, de la cual nadie escapa, y que como tal, se tomó un descanso en su hora de almuerzo el cual no fue bien visto por el J. de la Agencia de Veraguas, I.A.P..
No obstante lo anterior, la Sala se ve precisada en establecer, que en ninguna de las normas en que se basa la destitución del recurrente, se establece una causal expresa, sobre el uso de las cuadras, y que luego de este incidente, en donde el Inspector Ponce encontró al I.N.V., dormitando en la cuadra de la entidad, expidió memorando estableciendo un régimen de uso del área.
En igual medida, otro de los cargos asignados y que fueron básicos en la medida de sanción disciplinaria impuesta al demandante, consistió en el envío de copias de las estadísticas, que sobre hurto pecuario se realizaban en esta Institución, a la Asociación Nacional de Ganaderos (A.N.A.G.A.N.); información ésta que, acorde al caudal probatorio, se venía llevando a cabo previamente al ingreso a esta Unidad por parte del hoy destituido, y con las constancias de indicaciones por parte del Procurador General de la Nación y el Director General de la Policía Técnica Judicial, inclusive.
Las supuestas faltas endilgadas a la parte actora, no guardan relación de concordancia ni de proporcionalidad con la investigación administrativa del proceso disciplinario (Cfr. Exp. Adm), por lo que se advierte la falta de objetividad en la elaboración de los cargos formulados en contra de NÚÑEZ VEGA.
La generalidad y ambigüedad de estas supuestas faltas, no concuerdan con las pruebas compiladas en el proceso de marras, por lo que es menester citar al profesor C.B.J., en su obra "Derecho Procesal Administrativo" (Librería Señal Editora, Medellín, Colombia, 1985, pág. 164), el cual se refiere a las "passe par tout", o sea, las fórmulas de comodín, que son causales que sirven supuestamente para motivar los actos administrativos, pero que en realidad carecen de sustento:
"...g) La obligación de motivar no se cumple con la formulación de frases susceptibles de ser aplicadas en todos los casos, porque estos motivos se consideran insuficientes y constituyen las fórmulas de comodín o "passe par tout", tan criticadas por la doctrina francesa.
Por ejemplo, una destitución de funcionario por "razones de servicio", "razones de incapacidad profesional", "falta de preparación adecuada" o "motivos de reorganización". La negativa para reconocer una personería jurídica porque "no se juzga oportuno su reconocimiento" o porque el Estado no requiere más de esa clase de personas. En todos estos eventos el acto se considera expedido en forma irregular por carecer de motivación adecuada o por ser insuficiente."
A juicio de la Sala, lo expuesto anteriormente confirma los cargos de violación aducidos por la apoderada judicial de la parte actora, a los artículos 49 de la Ley N° 16 de 9 de julio de 1991, Orgánica de la Policía Técnica Judicial, hoy Dirección de Investigación Judicial; y los artículos 35; 40; 41, literales f, h, k; 133, 134 y 136 del Reglamento Interno de la misma Institución.
La doctrina, de la mano de L. de la Morena, citado por A.N., ha señalado que "... allí donde el Ordenamiento jurídico-administrativo, a través de cualquiera de las innumerables normas que lo integran, imponga un mandato a los administrados o habilite expresamente a la Administración para que, en directa aplicación de las mismas, se lo imponga, allí habrá que entender implícita una correlativa potestad de sanción para el caso de que dicho mandato sea cumplido; y ello aunque tal incumplimiento concreto no aparezca expresamente previsto o tipificado como infracción administrativa sancionable, ya en la misma norma, que lo impuso, ya en otra, inseparablemente conectada a ella y garante de la misma. Sería absurdo, por contradictorio e incongruente, que estándole permitido a una norma, más exactamente, al órgano competente para dictarla, imponer mandatos de obligatorio cumplimiento a los administrados, en servicio del interés público, el incumplimiento por éstos de tales mandato tuviese que quedar impune, simplemente porque el autor de la norma sustantiva infringida se le hubiese olvidado conectar a ésta otra norma garante o sancionadora, en la que tal infracción o incumplimiento fuese ya recogido o tipificado por separado como supuesto de hecho sancionable." (NIETO, A.. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial TECNOS, S. A. Madrid, España, 1993. P.. 86 y 87).
Confirmando los anteriores planteamientos, es determinante y obvio que la otrora Policía Técnica Judicial no podía pasar por alto una supuesta falta cometida, sin que ésta fuera sancionada; no obstante, las reseñadas en el acto impugnado, no están tipificadas en la Ley Orgánica ni mucho menos en el Reglamento Interno de la extinta Institución de Investigación Policial, como faltas administrativas.
Esta Corporación de Justicia observa que, acontecido todo lo anterior, no ha mediado ciertamente un proceso disciplinario tal como en estricto derecho se le debe reconocer a cualquier funcionario público, que en ejercicio de sus funciones, pueda cometer infracciones al ordenamiento jurídico. Esto lo señalamos, en virtud de fallo de 14 de agosto de 2003, bajo la ponencia del Magistrado A.A.A.L., que en este sentido subrayó:
La Sala sobre el particular considera oportuno apuntar que el proceso administrativo seguido en vía gubernativa a la demandante es de los denominados sancionadores o disciplinarios, mismos que deben estar precedidos del debido trámite, y por ende de ciertas garantías procesales, en procura del derecho de defensa.
Este apuntamiento es importante porque como lo señala la Procuraduría de la Administración, el ente demandado no siguió o aplicó debidamente el procedimiento administrativo en algunos extremos, particularmente respecto a la viabilidad de la "observación" o "aclaración" que pidió la interesada acerca de la decisión de 21 de marzo de 2002, mediante la cual fue adoptada la medida de suspensión contra esta última.
Del mismo modo, bajo la ponencia del Magistrado A.A.A.L., en Fallo de 27 de noviembre de 2008, este Tribunal Colegiado al analizar una actuación de la Institución demandada y similar a la que ocupa nuestro análisis, sostuvo lo siguiente:
El acto administrativo demandado está contenido en la Resolución N° D.G. 261-05 del 16 de agosto de 2005, emitida por el Director General de la Policía Técnica Judicial así como el acto confirmatorio, mediante la cual se destituye a la licenciada MARÍA DEL CARMEN LEZCANO CONTRERAS del cargo de Inspectora General que ocupaba en la referida institución .
Como cuestión preliminar es importante determinar si la licenciada M.D.C.L.C. al momento de la destitución del cargo en el cual se desempeñaba estaba amparada por una Ley que le hubiese otorgado estabilidad en el mismo o si había ingresado a un régimen de carrera pública cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, basados en la competencia, lealtad y moralidad, pues, en este caso, tiene que respetarse el derecho al debido proceso. En caso contrario, esto es, que su designación sea un acto discrecional del jefe del despacho, sería innecesario que su destitución fuese motivada.
De acuerdo con las constancias de autos, la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial expidió una certificación en la que se hace constar que la demandante M.D.C.L.C. ingresó a la Carrera Judicial mediante Resolución N° 7 de 19 de abril de 1993, en virtud de la cual se le nombra titular del cargo de Secretaria Judicial del Juzgado Primero Municipal Penal de D., laborando en este despacho hasta el 30 de agosto de 1997 (F. 154-159).
Posteriormente, de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría General de la Policía Técnica Judicial.,(F.153), ingresa a la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Policía Técnica Judicial, el 1 de octubre de 1996 y cesa sus labores el 3 de agosto de 2005.
Al momento del ingreso de la licenciada M.D.C.L.C. a la Policía Técnica Judicial estaba vigente la Ley N° 16 de 9 de julio de 1991 (G.O.N° 21830 de 16 de julio de 1991) que creó lo que en su momento fue la Policía Técnica Judicial como una dependencia del Ministerio Público.
De acuerdo con esta ley, los miembros de la Policía Técnica Judicial gozaban de estabilidad en su cargo (Art. 49).
Ahora bien, ¿cómo se adquiría la estabilidad en la Policía Técnica Judicial? La respuesta a esta interrogante estaba determinada por el Régimen de Carrera del servicio publico o lo que estableciera la ley para el ingreso del recurso humano a esta institución policial.
En el caso particular de la licenciada M.D.C.L.C., se produjo un supuesto de continuidad laboral, pues su ingreso a la Policía Técnica Judicial precede al ejercicio de funciones en el Órgano Judicial, entidad en la que se obtuvo la condición de funcionaria de Carrera Judicial, por concurso.
Ahora bien, corresponde determinar si el status de funcionaria de carrera judicial en el Órgano Judicial de la licenciada M.D.C.L.C. constituía un beneficio que pudiera hacerlo valer para gozar de estabilidad a su ingreso a la antigua Policía Técnica Judicial.
La Sala estima que en el caso bajo estudio tiene aplicación el contenido del artículo 56 de la Ley de la Policía Técnica Judicial, que regula los derechos que tienen los funcionarios de otras entidades que ingresen a la Policía Técnica Judicial. El texto expreso de esta norma preceptúa lo siguiente:
Artículo 56. Las personas que pasan a formar parte de la Policía Técnica Judicial, provenientes de otros Departamentos del Estado, no perderán la continuidad en el servicio para los efectos de vacaciones, licencias, sobresueldos, ascensos, jubilación y cualquiera otros beneficios que se deriven de su antigüedad en el servicio.
De acuerdo con el contenido de esta norma la licenciada MARÍA DEL CARMEN LEZCANO CONTRERAS, le asistía el derecho de mantener el status de funcionaria de carrera del servicio público que obtuvo en el Órgano Judicial al momento de su ingreso a la Policía Técnica Judicial, por disposición expresa de la ley.
Lo antes expuesto encuentra fundamento constitucional en los artículos 300 (antes artículo 295), 302 (antes artículo 297) y 305 (antes artículo 300) de la Constitución Nacional que señalan lo siguiente:
"ARTICULO 300: Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución.
Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio."(El subrayado es de la Sala)
"ARTICULO 302: Los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley.
Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa." (El subrayado es de la Sala)
"ARTICULO 305: Se instituyen las siguientes carreras en la función pública, conforme a los principios del sistema de méritos:
La Ley regulará la estructura y organización de estas carreras de conformidad con las necesidades de la Administración." (El subrayado es de la Sala)
Es importante destacar que la acreditación de la estabilidad laboral es fundamental para solicitar la declaratoria de nulidad de la destitución de un cargo público, pues la persona en cuyo beneficio se otorga, ostenta un fuero a su favor que implica que sólo pueda ser cesada de su cargo, siempre que exista una causa justificada y en base a un procedimiento previamente establecido en la ley(Principio de estricta legalidad) .
Ahora bien, uno de los beneficios de gozar del derecho a la estabilidad laboral es que limita la atribución discrecional de la autoridad nominadora, cesar de los cargos al personal de libre nombramiento y remoción pues solo puede destituirlos en los casos que contempla la ley, debiendo someter la causa, en este caso, la disciplinaria, a la aplicación de las reglas del debido proceso legal.
Al gozar la demandante de estabilidad laboral, la aplicación de las medidas disciplinarias adoptadas en su contra debieron cumplir con el presupuesto de legalidad en su aplicación.
Examinemos en el caso bajo estudio si la autoridad nominadora dio cumplimiento de principio de legalidad y al debido proceso en la causa disciplinaria que se le siguió a la licenciada M.D.C.L.C..
De acuerdo con la ley que rigió a la extinta Policía Técnica Judicial, hoy Dirección de Investigación Judicial, (Ley N°16 de 1991), era facultad del Director de esa entidad, remover a los Jefes de las distintas Divisiones y Agencias, Jefes de Departamento y Secciones (artículo 20).
A renglón seguido esta norma indica que el Reglamento Interno de la Institución dispondría el trámite a seguir para la aplicación del régimen disciplinario, previsto en la Ley, correspondiéndole la imposición de la sanción al respectivo superior jerárquico.
El artículo 45 de la referida ley contemplaba la sanción de remoción, en caso de infracción de la Ley, Decreto, Reglamento o por falta disciplinaria no constitutiva de delito o falta de policía. Se indicaba además, que el Reglamento interno tipificaría las faltas leves y graves y las sanciones correspondientes a las mismas. (Principio de legalidad)
Por su parte, el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, que regía para ese entonces, esto es, la Resolución N° 25-94 de 15 de noviembre de 1994. (G.O. No. 22,675 de 2 de diciembre de 1994) disponía en el literal c del artículo 30 que uno de los derechos de los funcionarios de la Policía Técnica Judicial, sin perjuicio de los establecidos en la Constitución y la Ley, era el de gozar de estabilidad en el ejercicio del cargo mientras realizaba el trabajo de acuerdo con la ley, siempre y cuando no incurriera en las causales de despido que señalaba dicho cuerpo normativo.
El artículo 42 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, establecía que la destitución de sus funcionarios debía estar precedida de una investigación para deslindar los hechos y en la que se permitiera el ejercicio del derecho de defensa.
En este punto, la Sala estima que, es obligante en el análisis de la materia discutida se tome en consideración, a título de referencia, ciertas nociones que se consideran fundamentales para dar un adecuado contexto conceptual y jurídico a la cuestión sometida a decisión.
LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO:
La potestad sancionadora del Estado, es una manifestación del ius puniendi general del Estado, que le otorga legitimidad, capacidad o facultad para castigar o sancionar.
Según la doctrina mayoritaria, el ius puniendi o Derecho represor del Estado está integrado por dos ordenamientos: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, respondiendo ambos a unos principios básicos comunes, elaborados tradicionalmente desde la dogmática jurídico-penal. (GAMERO CASADO, E.;F.R., S.. Manual Básico de Derecho Administrativo. España. Editorial Tecnos. 2007. 4ª.Ed. fs. 458-459)
Por su parte, la jurisprudencia colombiana, Sala Plena de la Corte Constitucional, al referirse a la potestad sancionatoria del Estado en sentencia de 9 de agosto de 2005, destacó lo siguiente:
"Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies[2], a saber: el derecho penal delictivo[3], el derecho contravencional[4], el derecho disciplinario[5] y el derecho correccional[6]. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador[7].
El derecho administrativo sancionador, en términos de la doctrina y la jurisprudencia constitucional, supone una ruptura del principio clásico de la tridivisión de poderes, en la medida en que la represión de los ilícitos ya no corresponde de manera exclusiva al poder judicial, y más concretamente a la justicia penal[8]. En efecto, el modelo absoluto de separación de funciones del poder público[9], se reveló como insuficiente ante el incremento de deberes y obligaciones de los particulares, como de funciones públicas de los servidores del Estado, que ante su incumplimiento merecían la imposición de una sanción. Sin embargo, no todas las infracciones eran susceptibles del mismo tratamiento, pues en atención a los intereses que se pretendían proteger con cada una las disciplinas del derecho punitivo del Estado, se distinguieron aquellas que serían objeto de sanción directa por la Administración, y aquellas otras que se reservarían para la justicia penal". (http://akane.udenar.edu.co/derechopublico/Juris_Disciplin.htm)
Como se advierte el derecho a sancionar atribuido principalmente al poder judicial (penal) también tiene sus matices en el ámbito administrativo.
Examinemos ahora en qué consiste o cuál es el fundamento del derecho administrativo sancionador, disciplinario.
El derecho Administrativo Sancionador en el ámbito disciplinario:
La facultad, derivada del "ius punendi" se ha extendido al ámbito administrativo a efecto de fiscalizar los comportamientos de los administrados y de los funcionarios de la administración adscritos a este ente, así como para la imposición de medidas restrictivas de derechos ante la inobservancia de las reglas que este régimen prescribe.
En la revisión de la jurisprudencia constitucional encontramos que en Sentencia de 10 de junio de 2005, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia presenta algunas definiciones doctrinales, en cuanto a la potestad sancionatoria de la Administración que citamos a continuación:
"Aunado a ello, es de lugar recordar que la Administración dentro de la que se incluye al Órgano Ejecutivo, tiene una función de conservar el orden público, y para ello, es necesario dictar una serie de normas disciplinarias que no sólo se dirijan a los particulares, sino también a los funcionarios públicos. Al respecto, ha indicado la doctrina internacional lo siguiente:
"La potestad sancionadora de la Administración es la atribución que le compete a ésta para interponer correcciones a los ciudadanos o administrados, por acción de éstos contrarios a lo ordenado por la Administración."(MARIENHOFF, M.S.T. de Derecho Administrativo, Tomo I. Quinta Edición, Buenos Aires)( Demanda de Inconstitucionalidad presentada por el licenciado M.M. contra la frase del Presidente de la República , o contenida en el articulo 91 del Decreto Ejecutivo Nº 204 de 3 de septiembre de 1997, modificada por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº 294 del 19 de diciembre de 1997. 10 de junio de 2005).
En igual sentido, la jurisprudencia colombiana destaca la decisiva importancia de la potestad sancionadora en el ámbito disciplinario, cuando señala:
"en el terreno del derecho disciplinario, el derecho sancionador de la Administración se concreta en la facultad que se le atribuye a los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios. Con esta potestad disciplinaria se busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad." (sentencia de 9 de agosto de 2005, (://akane.udenar.edu.co/derechopublico/Juris_Disciplin.htm)
En relación a este punto debemos manifestar que el fundamento Constitucional de la Potestad Sancionadora del Estado o de la Administración lo encontramos en el Título III denominado de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, Capítulo I de Las Garantías Fundamentales, artículo 32 de nuestra Carta Magna integrada con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humabos, aprobada mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977, que a la letra establecen lo siguiente:
Artículo 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria .
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter".
El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".
De acuerdo con la norma citada en el ejercicio de esta potestad sancionadora que tiene el Estado, en la esfera judicial como en el ámbito administrativo, se tiene garantizar el cumplimiento del derecho al debido proceso que consagra la Constitución.
El contenido esencial del debido proceso a que alude la norma constitucional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos, elevada a rango constitucional, integra los derechos a ser juzgado por tribunal competente, independiente e imparcial, preestablecido en la ley; permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada.
En consecuencia, en cada una de las etapas básicas del proceso administrativo sancionador, a saber: la fase de acusación o formulación de los cargos, el momento de los descargos o defensa frente a la acusación, en el periodo de pruebas y en la etapa de la decisión de fondo de la causa, la Administración tiene que garantizar el respeto del debido proceso legal.
En el caso bajo estudio, la normativa vigente al momento de la expedición del acto administrativo impugnado, contemplaba aspectos mínimos y básicos del derecho administrativo sancionador en los artículos 30, 42, 132, 134 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, como el derecho de conocimiento del funcionario acusado de los cargos que se le imputan; el derecho a presentar los descargos; el derecho a procurar la comprobación del hecho o falta que se le atribuye al funcionario que esté precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen; el derecho practicar las pruebas conducentes que se presenten en contra del acusado y aquellas que puedan favorecerlo, entre otros.
Como se observa en el trámite de la causa disciplinaria el Reglamento previó una serie de garantías que como derecho fundamental son oponibles a todos los poderes del Estado, incluyendo a la Administración, cuyo cumplimiento corresponde verificar.
Debe puntualizarse que si bien en el derecho administrativo el acto administrativo goza de presunción de legalidad, su vigencia no es absoluta, pues esta presunción puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario, en un proceso en que se declare su nulidad ante el Tribunal contencioso administrativo.
Corresponde determinar si el acto impugnado, en la causa que se analiza, se encuentra viciado por alguna de las causales de nulidad conforme a las normas que cita la demandante como normas legales infringidas.
En esta tarea se observa que en la causa disciplinaria que dio lugar a la destitución de la licenciada M.D.C.L.C. del cargo de Jefa Administrativa que ocupaba en la Policía Técnica Judicial, se inició con fundamento en una investigación que se ordenó en forma impersonal y genérica por irregularidades en actos de contratación pública y suministro de materiales.
La investigación fue ordenada el 1 de marzo de 2005, por el Director General de la Policía Técnica Judicial, mediante un memorando que remitió al Jefe del Departamento de Responsabilidad Profesional en el que le instruye para inicie el procedimiento de verificación correspondiente. (Foja 1 del expediente administrativo, Tomo I)
En dicho memorando el Director de la entidad policial solicita al Departamento de Responsabilidad Profesional la remisión de un informe sobre los hechos que se hicieron de su conocimiento por unidades de tecnología y mantenimiento respecto de algunos procesos de contratación de servicios y suministros de materiales y equipos realizados por la Administración de esa entidad policial para la ejecución de un proyecto de remodelación del Edificio 1007 ubicado en Clayton en colaboración con la Embajada Americana.
En base a este memorandum el J. encargado del Departamento de Responsabilidad Profesional en esa misma fecha, esto es, el 1 de marzo de 2005, dio inicio al proceso de verificación para determinar la veracidad de los informes elaborados por las unidades de Tecnología y Mantenimiento relacionados con algunos procesos de contratación de servicios y suministro de materiales y equipos (Foja 258 del expediente administrativo Tomo I).
La revisión de las constancias procesales llevadas a cabo por la entidad demandada si bien dan cuenta de una investigación que se inició para determinar la ocurrencia de supuestos actos irregulares, en procesos de contratación de servicios y suministros de materiales y equipos, así como para la identificación de los sujetos responsables de tales actos, no existe constancia que formalmente se levantaron cargos por parte de la autoridad administrativa contra la licenciada M.D.C.L.C. ni contra persona alguna, como posibles responsables de los actos investigados.
Lo que existe en el expediente administrativo a fojas 1235 es una copia de una boleta de citación a cargo de la licenciada M.D.C.L.C. a fin de que compareciera el 7 de abril de 2005, a una diligencia de declaración firmada de descargos en investigaciones seguidas en ese despacho extendida por el Jefe encargado del Departamento de Responsabilidad Profesional fechada 5 de abril de 2005.
Una boleta de citación, que es una forma de hacer saber a su destinatario, la carga de comparecer ante una autoridad para conocer una decisión expedida por esta, no puede remplazar en modo alguno la obligación que tiene la Administración de formular cargos contra el investigado en la que exprese el por qué concluye como probable, la responsabilidad de alguna persona y en la que se haga mención expresa a los elementos de convicción en los que se basa.
Esta omisión vulnera la garantía del debido proceso en razón de que, para la efectiva y adecuada defensa de la persona investigada es necesario conocer los cargos que en su contra se le imputan para defenderse de los mismos.
No consta en el expediente ninguna actuación motivada de la administración en la que se formulen cargos a la demandante, con lo cual el derecho de conocer los cargos que se le imputan no se cumplió.
Esta formulación de cargos no puede ser confundida ni remplazada con una boleta de citación ni con las preguntas que se formulen al recibirse una declaración.
A pesar de ello el 7 de abril de 2005 la demandante concurrió a brindar la declaración que se le solicitó, en una diligencia que inició a las 3:00 de la tarde y se extendió hasta las 6.00 P.M. de ese día. (F. 1249 del Expediente administrativo Tomo III).
En esta declaración la licenciada M.D.C.L.C., solicitó la práctica de una serie de pruebas a su favor, sin que conste que la Administración atendió esta petición vulnerando una vez más, el derecho al debido proceso en razón de que no se practicaron las pruebas que solicitó.
En este punto debe indicarse que el resultado de la auditoría interna que se realizó la entidad (entregada 19 de abril de 2005; Cfr. Fojas 1372 del expediente administrativo) si bien evidenció deficiencias administrativas y fallas de control en el proceso de adquisición de materiales para la remodelación del Edificio que alberga la Policía Técnica Judicial en Clayton, originando un aumento en las cantidades de los materiales solicitados y en la contratación de servicios, no se identificó a la licenciada M.D.C.L.C. en el listado de funcionarios vinculados con las deficiencias anotadas.
Debe agregarse además, que durante el proceso de investigación se practicaron una serie de pruebas, sin embargo, no se dio la oportunidad a la funcionaria M.D.C.L.C. para la práctica de las que solicitó.
Posteriormente, el 18 de abril de 2005, el Jefe del Departamento de Responsabilidad Profesional emite una vista en la que solicita al Director de la Policía Técnica Judicial se proceda a la destitución de la licenciada MARÍA DEL CARMEN LEZCANO CONTRERAS.(Fojas 1762 -1806 del tomo IV) y el 16 de agosto de 2005, se emite la Resolución N° D.G. 261-05 del 16 de agosto de 2005 por vía de la cual se le destituye.
De lo expuesto queda a lo largo del expediente administrativo ha quedado evidenciado la vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso que denunció como disposiciones legales infringidas con lo cual se hace innecesario el examen del resto de las normas acusadas de ilegal. Es por ello que esta S. se ve precisada a arribar a la conclusión de que el acto impugnado se expidió en violación de la ley, pues no se cumplió con el procedimiento previsto para los procesos disciplinarios.
Finalmente, resulta necesario aclarar que siendo la licenciada M.D.C.L. servidora de carrera pública en base a concurso de méritos, es de lugar que se le reconozcan los salarios y demás derechos dejados de percibir desde el momento en que se ordenó su destitución.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución N° D.G. 261-05 del 16 de agosto de 2005, emitida por el Director de la Policía Técnica mediante la cual se destituye a la licenciada M.D.C.L.C.; el acto confirmatorio, esto es, la Resolución N° 346-05 de 31 de octubre de 2005 y, ORDENA SU REINTEGRO al cargo que ocupaba en la Policía Técnica Judicial, con el correspondiente pago de salarios y el reconocimiento de los demás derechos dejados de percibir desde el momento de su destitución.
Por tanto, concluye la Sala que existe causal para anular el acto originario y su acto confirmatorio, razón por la cual, se aceptan los cargos endilgados.
Por las anteriores consideraciones, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° DG-684-07 de 9 de octubre de 2007, la cual destituye al I.E.G.N.V.; así como su acto confirmatorio, y en consecuencia, ORDENA SU REINTEGRO al cargo que ocupaba en la Policía Técnica Judicial (hoy Dirección de Investigación Policial), con el correspondiente pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de su separación hasta que se cumpla con el reintegro solicitado, y el reconocimiento de los demás derechos dejados de percibir desde el momento de su destitución.
W.S. FRANCO (Con Salvamento de Voto) -- HIPÓLITO GILL SUAZO
SALVAMENTO DE VOTOMAGISTRADO
Como expresé con anterioridad, el criterio que ha sostenido la Sala respecto a la estabilidad de los servidores públicos es que esta prerrogativa se adquiere por ley especial o mediante el ingreso al cargo por concurso de méritos. En ambos casos, el servidor público sólo puede ser cesado de su cargo cuando le ha sido comprobada una causal justificada de destitución mediante un procedimiento previamente establecido.
De la misma forma, se ha establecido en reiterada jurisprudencia que los servidores públicos que no adquieren la estabilidad por ninguna de las vías antes señaladas, deben ser considerados de libre nombramiento y remoción, por lo que su destitución obedece a la facultad discrecional de la autoridad nominadora. No obstante, cuando el servidor público sea de libre nombramiento y remoción pero su destitución estuvo basada en una causal disciplinaria o justificada, la autoridad nominadora está obligada a cumplir con el debido proceso disciplinario con el que tendrá que acreditarse la causal de destitución.
En el presente caso se advierte, que el servidor público destituido gozaba de estabilidad la cual le fue otorgada por ley especial, por lo que sólo podía ser removido de su cargo en caso tal que le fuera comprobada la causal de destitución que le fue atribuída.
Vemos entonces, que existen las constancias probatorias que corroboran que el demandante fue sometido a un procedimiento disciplinario en el que se le permitió interponer los recursos necesarios para su defensa y aportar las pruebas que considerara pertinentes, por medio de las cuales se hizo posible que la entidad demandada arribara a una decisión que se presume apegada a la ley.
Debo manifestar, sobre la base de lo expuesto, que mi discrepancia con la decisión adoptada por la mayoría radica en que considero que en virtud de la potestad que le ha sido conferida a la Sala Tercera de lo Contenciosos Administrativo para ejercer el control de la legalidad sobre actos u omisiones defectuosos de la Administración, le atañe únicamente procurar que las posibles lesiones causadas al administrado no hayan sido el producto del desconocimiento de normas legales y del derecho subjetivo de este. Esto es lo que implica la competencia determinada por ley para actuar o abstenerse en emitir un pronunciamiento judicial sobre ciertas áreas de la administración. .
Es por ello, que una vez se constata con la presente acción contencioso administrativa, que la entidad cumplió con el debido procedimiento disciplinario en el que el servidor público de la otrora Policía Técnica Judicial tuvo la oportunidad de interponer las pruebas y recursos para su defensa, no hay cabida para considerar ilegal el acto impugnado puesto que esta Superioridad no tiene competencia para actuar como Tribunal de segunda instancia y entrar a valorar las pruebas que llevaron a la entidad demandada a aplicar la medida de destitución.
Es mi parecer que la decisión adoptada por la mayoría de declarar ilegal el acto impugnado, no puede estar basada en una especie de cuestionamiento sobre la forma como la autoridad nominadora percibió y valoró las pruebas aportadas en el procedimiento administrativo (f.10 de la sentencia) ya que es a la propia autoridad nominadora a quien corresponde ejercer esta actividad intelectual con la cual dota su decisión de la autonomía necesaria para tomar medidas sobre situaciones administrativas que le son ajenas a la competencia de la Sala.
De igual forma difiero de la decisión de reintegrar y pagar los salarios caídos a favor del demandante según se ordena en la sentencia, toda vez que en el proceso no existe constancia que el servidor destituido era funcionario de carrera administrativa, único caso en el que sí hubiese sido procedente reconocer tales derechos.
Concluyo entonces reiterando mi posición de que ante la evidencia de que se cumplieron los procedimientos legales que culminaron con la aplicación de la medida de destitución, sólo le era dable a la Sala declarar la legalidad del acto impugnado y negar las demás pretensiones. No siendo este el criterio de la mayoría, debo SALVAR MI VOTO.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 33
 Resolución 

Artículo 49

Resolución 

Artículo 35
 Artículo 20

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 136
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 Resolución 
 artículo 41
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 41
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 56

Artículo 56
 artículo 295
 artículo 297
 artículo 300
 artículo 45
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 artículo 30
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 32
 artículo 8

Artículo 32
 artículo 8
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