Source: http://marcosdiazjaneiro.com/es/2014/07/
Timestamp: 2018-03-20 17:35:33+00:00

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julio 2014 – Marcos Díaz Janeiro
La evaluación de impacto ambiental en España y su regulación
Cualquier tipo de actividad económica provoca en mayor o menor medida un impacto negativo en la biosfera y en el ecosistema en el que dicha actividad se desarrolla. Para tratar de prevenir y reducir dicho impacto se hace necesario realizar una evaluación previa a la realización de la actividad económica mediante la cual se trate de determinar el alcance o impacto que un determinado proyecto puede llegar a producir en el medio ambiente. Mediante el presente trabajo realizaremos un recorrido analizando las diferentes normas jurídico-políticas (internacionales, comunitarias, nacionales y autonómicas) reguladoras del procedimiento jurídico-administrativo denominado EIA o evaluación de impacto ambiental.
Any type of economic activity causes, to a greater or lesser extent, a negative impact in the biosphere and in the ecosystem where the activity mentioned above is developed. In order to prevent and reduce the environmental impact of an economic activity it becomes necessary to make a previous evaluation. By this work we are going to analyse the different regulatory (international, Community, national and regional) of legal and administrative procedure called EIA or Environmental Impact Assessment.
LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL
Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo
Protocolo de Kiev sobre evaluación estratégica del medio ambiente
LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL AMBITO DEL DERECHO COMUNITARIO
Directiva 85/337/CEE de evaluación de impacto ambiental
Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
LA REGULACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Esquema de la evolución normativa
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de evaluación de impacto ambiental
Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental
ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
LA REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental -en adelante EIA- son unos procedimientos técnico administrativos que tienen como principal objetivo el tratar de identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que un determinado proyecto puede llegar a causar en el entorno en el que se va a desarrollar. Esta identificación, prevención e interpretación de los posibles impactos ambientales sirven para que la administración pública competente -Estado, Comunidad Autónoma o entidad local- pueda aceptar, rechazar o modificar el proyecto sujeto a la EIA.
El origen de esta figura lo encontramos en Estados Unidos a finales de los años 60 con el surgimiento, bajo el nombre de “Environmental Impact Assessment”, siendo una de las primeras formas de control de las interacciones de las intervenciones humanas con el medio ambiente.
En la Unión Europea las EIA entran a formar parte del derecho comunitario en el año 1985 mediante la Directiva 337/85/CEE sobre evaluación del impacto ambiental en determinados proyectos públicos y privados; mediante esta Directiva se sientan las bases para el estudio de los impactos ambientales en el ámbito europeo.
En España la primera norma jurídica en la que se hace referencia a la E.I.A es el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; mediante el cual se traspone íntegramente al ordenamiento jurídico español la Directiva 85/337/CEE.
2- LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL
En el ámbito del derecho internacional público existen dos normas básicas relacionadas con las EIA que se refieren exclusivamente al contexto de los proyectos transfronterizos -es decir, proyecto cuyo impacto ambiental puede afectar a dos o más países-: En primer lugar el Convenio de Espoo (Finlandia) de 25 de febrero de 2001 sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo; y en segundo lugar nos encontramos con el Protocolo de Kiev de 21 de mayo de 2003 sobre la Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo.
a) Convenio de Espoo (Finlandia) de 25 de febrero de 2001 sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo
Partiendo de la base de que las amenazas medioambientales no entienden de fronteras el principal objetivo de este Convenio consiste en establecer un régimen de comunicación, colaboración y consulta entre los distintos países que puedan verse afectados por la construcción de grandes proyectos que puedan generar impactos ambientales transfronterizos negativos. De lo que se trata, en definitiva, es de reunir a todas las partes interesadas para tratar de anticiparse y prevenir los daños ambientales sin esperar a que dichos daños ocurran.
b) Protocolo de Kiev (Ucrania) de 21 de mayo de 2003 sobre la Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo
Se trata de un protocolo íntimamente relacionado con el Convenio de Espoo puesto que se encarga de desarrollarlo y complementarlo y por el que se impone a las partes la obligación de evaluar las consecuencias medioambientales de sus proyectos oficiales de planes y programas. Mediante el Protocolo de Kiev se crea una nueva figura denominada “Evaluación Ambiental Estratégica” -en adelante EAE.- que puede definirse como un sistema por el que se incorporan consideraciones medioambientales a la hora de definir las políticas, los planes y los programas de los distintos estados; siendo este el motivo por el que es considerada como una herramienta política fundamental para tratar de alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenible.
3- LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO COMUNITARIO
a) Directiva 85/337/CEE de Evaluación de Impacto Ambiental
Como ya hemos señalado el origen de las EIA en el ámbito de la Unión Europea se encuentra en esta directiva puesto que en ella se establece la obligación de los Estados miembros de realizar EIA de las actividades económicas enumeradas en sus anexos I y II.
Mediante esta Directiva se supedita a una autorización previa a determinados proyectos que puedan influir de forma negativa en el medio ambiente mediante la realización de una evaluación que deberá ser llevada a cabo por la autoridad nacional competente. El objetivo de esta evaluación consiste en determinar los efectos directos e indirectos de los proyectos que se pretenden realizar en relación con el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y la interacción entre todos estos elementos.
En el Anexo I de la Directiva se recogen una serie de proyectos que deben ser objeto, en todo caso, de una evaluación obligatoria, entre estos proyectos cabe destacar:
Centrales térmicas de más de 300 mega vatios y centrales nucleares
Infraestructuras de transporte (ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, vías de navegación interior y puertos), siempre que dichas infraestructuras superen unos umbrales específicos determinados en dicho Anexo
Instalaciones de tratamiento de los residuos y de aguas
Industrias extractivas de gran dimensión (grandes canteras a cielo abierto y grandes instalaciones de extracción de gas o de petróleo)
Infraestructuras de transporte o de almacenamiento de aguas y grandes presas
Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, siempre que superen unos umbrales específicos
Asimismo, en el Anexo II se recogen una serie de proyectos para los cuales la realización de la EIA no es automáticamente obligatoria sino que queda en manos de la discreccionalidad de los distintos estados el decidir si dichos proyectos han de ser objeto de evaluación. La decisión de someter o no un determinado proyecto a evaluación podrá bien caso por caso o bien en función de unos determinados umbrales fijados por el estado. Este tipo de proyectos hacen referencia a los siguientes ámbitos de actuación:
Agricultura, silvicultura y acuicultura
Instalaciones industriales de producción, transporte y almacenamiento de energía
Industria del textil, del cuero, de la madera, del papel y del caucho
Proyectos relacionados con el turismo y las actividades recreativas
Una de las modificaciones más importantes de esta directiva fue la realizada en el año 2003 por la Directiva 2003/35/CEE. El objeto de esta modificación habría sido el integrar algunas disposiciones del Convenio de Aarlhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente; permitiendo con dicha modificación una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente.
Finalmente, en el año 2011 esta Directiva de E.I.A es derogada por la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
b) Directiva 2011/92/UE de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
Con el paso de los años la Directiva 85/337/CEE comenzó a devenir obsoleta por lo que tuvo que ser objeto de diversas modificaciones y actualizaciones y poco a poco, dadas las continuas y sustanciales modificaciones, se puso de manifiesto la necesidad de codificar todos estos cambios en un solo texto más claro y más transparente; siendo este el principal motivo por el que se aprobó en el año 2011 esta Directiva 2011/92/UE tal y como se desprende de lo establecido en el Considerando 4º de la misma.
4- LA REGULACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
a) Esquema de la evolución normativa
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrivo Añade -Apartado 13 en el Anexo
Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre Añade – Disposición Final Tercera
– Disposición Adicional Tercera
– Anexos II y III
Modifica – Artículos 2, 4.2, 5, 6 y 7
Ley 6/2001 Añade – Artículos 8 bis y 8 ter
Modifica – Anexos I, II y III
– Artículos 1, 2, 4.2, 5, 6 y 7
Resolución de 21 de noviembre de 2001 Convierte a euros las sanciones y multas establecidas en pesetas
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 2004 Añade – Disposición Adicional Cuarta
Modifica – Disposición Final Tercera
– Artículos 2.1 c) y 9
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente Añade – Artículo 4 bis
– Artículos 1, 2, 3, 4 y 7
Ley 27/2006, de 18 de julio Añade – Artículo 1 bis
Modifica – Disposiciones Adicionales Primera y Segunda
– Anexos I y II
– Artículos 3 y 6
Derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Real Decreto Legislativo 1/2008, de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 6/2010, de 24 de marzo Añade – Artículos 6.3, 7.3, 7.4, 15.3 y 18 bis
– Disposición Adicional 6
– Disposición Adicional 1 párrado 2º
– Disposición Final 2 ap. 1 párrafo 2º
– Disposición Final 3
Modifica – Artículos 2.2, 5, 6.2, 10.2, 12.2, 16.1 y 16.2
– Disposición Final 1 apartado 2
Sustituye – Artículos 9.1 y 9.2
Ley 40/2010, de 29 de diciembre Añade – Anexo II, grupo 3 g)
– Anexo I, grupos 9 g) y 9 f)
Modifica – Anexo II, grupo 4 d)
Sustituye – Anexo I, grupos 9 b)7 y 3 f)
Ley 17/2013, de 29 de octubre Añade – Anexo I, grupo 2 e)
Derogado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (norma jurídica actualmente en vigor)
b) Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de julio, de Evaluación de Impacto Ambiental
Se trata de la primera norma jurídica reguladora de las EIA en nuestro país. Se trata de una norma mediante la cual se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 85/337/CEE. Es una norma jurídica sencilla y poco elaborada que solamente consta de 10 artículos, 2 disposiciones adicionales y una disposición final y cuyo principal objetivo es el dar cumplimiento al mandato de la Directiva comunitaria limitando los supuestos en los que se hace necesario la EIA a las actividades que se enumeran en su Anexo I, que prácticamente coinciden con las actividades descritas en el Anexo I de la Directivo sin hacer ninguna referencia al proceso mediante el cual regulara la realización o no realización de EIA en relación a las actividades descritas en el Anexo II de la Directiva.
Este Real Decreto se encuentra desarrollado mediante un Reglamento aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre que actualmente se encuentra derogado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
Después de 20 años de vigencia y tras sufrir varias modificaciones finalmente este Real Decreto Legislativo acabó siendo derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
c) Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Real Decreto Legislativo 1/2008)
Como ya hemos expuesto la gran cantidad de modificaciones relevantes realizadas sobre el Real Decreto Legislativo 1302/1986 puso de manifiesto la necesidad de realizar un nuevo Texto Refundido para tratar de armonizar, aclarar y regular las disposiciones vigentes en materia de evaluación medioambiental de proyectos en aras a garantizar el principio de seguridad jurídica. Sin embargo debemos señalar que este nuevo Real Decreto solamente regula las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos pero no las evaluaciones de planes y programas, cuya regulación la podemos encontrar en la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
El Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental consta de 23 artículos divididos en 3 capítulos, 5 disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y 3 anexos.
En el primer capítulo de la Ley se regulan las disposiciones generales estableciendo en su artículo 1 que el objeto de esta norma será el establecimiento del régimen jurídico de la EIA de proyectos así como la garantía de la integración de los aspectos ambientales en dichos proyectos mediante la incorporación de la EIA en el procedimiento de autorización o aprobación del mismo. Asimismo, en este capítulo primero se recogen las definiciones necesarias para la correcta comprensión y aplicación de la ley, el ámbito de aplicación de la misma y el régimen de competencias administrativas.
En el capítulo segundo se recoge el régimen jurídico de la EIA propiamente dicha. Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones: La primera sección se encarga de regular las EIA de los proyectos comprendidos en el anexo I de la norma, es decir, de aquellos proyectos que ineludiblemente deben someterse a la evaluación de sus impactos. En esta sección se establece un orden cronológico o secuencian en el que debe ser desarrollada la EIA regulando las actuaciones que han de ser realizadas: Acto de iniciación (contenido del documento inicial del proyecto); estudio de impacto ambiental; trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas; caducidad de dicho trámite; EIA con efectos transfronterizos; emisión de la EIA; etc.
Por la contra, la segunda sección regula la EIA de los proyectos recogidos en el anexo II y la de aquellos proyectos que, sin estar incluidos en dicho anexo, pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que forman parte de la Red Natura 2000.
En el capítulo tercero se regulan determinados aspectos relacionados con el control y el cumplimiento de las EIA así como de la suspensión de la ejecución de los proyectos por omisiones o defectos en la EIA y de las reparaciones e indemnizaciones por los daños que se puedan causar.
En las disposiciones adicionales de la norma se regulan:
Los proyectos que se encuentran excluidos de la realización de la EIA
El régimen jurídico que debe ser aplicado a los proyectos estatales que, de acuerdo con la legislación específica de una determinada Comunidad Autónoma afectada por el proyecto, deban o puedan someterse a una EIA.
Los proyectos estatales que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000
Finalmente, la disposición final primera atribuye carácter básico a la norma de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1 23ª de la Constitución; especificando los preceptos que carecerán de tal carácter básico. Por su parte la disposición final segunda contiene la habilitación para realizar el desarrollo por medio de reglamento de la presente ley.
Tras sufrir modificaciones -algo que a estas alturas ya podemos considerar habitual en la regulación de las EIA, esta norma finalmente fue derogada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, siendo esta última la norma que actualmente se encuentra en vigor.
5- ANALISIS DE LA NUEVA LEY 21/2013, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
El principal objetivo de esta nueva ley consiste en unificar en un único texto legal el régimen jurídico de la evaluación ambiental de planes y programas -que se encontraba regulada en la Ley 9/2006- y la evaluación ambiental de proyectos -que se encontraba regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2008-; estableciendo un esquema similar para la tramitación de ambos procedimientos y unificando la terminología -hasta ese momento confusa- de los mismos. Asimismo se pretende establecer un procedimiento que sea común para todo el territorio nacional y para el que no resulte imprescindible un desarrollo reglamentario para su aplicación práctica, sin perjuicio de la facultad constitucional de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
La finalidad principal de esta ley, al igual que las anteriores, consiste en someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente antes de su adopción, aprobación o autorización; buscando con ello garantizar un elevado nivel de protección ambiental en todo el territorio del Estado en aras de lograr el tan ansiado desarrollo sostenible.
Esta ley cuenta con 64 artículos distribuidos en 3 títulos: el primero contiene los principios y disposiciones generales de la ley, el segundo las disposiciones reguladoras de los procedimientos de evaluación ambiental y el tercero referente al seguimiento, control y régimen sancionador; asimismo esta norma cuenta con 6 anexos, 15 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 11 disposiciones finales.
Mediante la nueva ley se diseña un un proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) respecto a los planes y programas y un proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) respecto a los proyectos; estableciendo dos procedimientos: uno ordinario y otro abreviado para ambos procesos.
Asimismo se establece que en los casos en los que un determinado proyecto, plan o programa que pueda tener efectos sobre el medio ambiente no se someta a la evaluación preceptiva mediante el procedimiento correspondiente, no será válido cualquier acto posterior de adopción, aprobación o autorización del proyecto, plan o programa sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
Proceso Procedimiento Pronunciamiento Plazos de tramitación
Planes y programas Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) Ordinario Declaración Ambiental Estratégica (DAE) 22 meses
(+ 2 meses de prórroga)
Abreviado Informe Ambiental Estratégico (IAE) 4 meses
Proyectos Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Ordinario Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 4 meses
(+2 meses de prórroga)
Abreviado Informe de Impacto Ambiental (IIA) 3 meses
En cuanto al silencio administrativo en el caso de ausencia de respuesta en los plazos legalmente establecidos este ha de ser considerado negativo y no puede ser considerado como una evaluación ambiental favorable.
Otra novedad que establece esta nueva ley es la creación de los denominados “bancos de conservación de la naturaleza”. Dichos bancos se definen como un mecanismo voluntario con el que se permite reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales mediante la creación de un conjunto de títulos o créditos medioambientales de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o en su caso por los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. Estos créditos podrán ser comercializados a entidades que los requieran en el ámbito de cualquier actividad que produzca una pérdida neta inevitable e irreparable de valores naturales; así como a entidades sin ánimo de lucro y a las propias Administraciones públicas. El objetivo de estos créditos es que los efectos negativos ocasionados a un valor natural se puedan compensar o equilibrar mediante los efectos positivos que se generen sobre el mismo o semejante valor natural ya sea en el mismo lugar donde en el que se han producido los efectos negativos o en un lugar distinto.
6- LA REGULACIÓN AUTONÓMICA DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES
Como ya hemos mencionado anteriormente uno de los objetivos de la Ley 21/2013 consiste en establecer un procedimiento de evaluación que sea común en todo el territorio nacional; todo ello sin perjuicio de la potestad que nuestro Texto Constitucional otorga a las Comunidades Autónomas a la hora de establecer normas jurídicas adicionales de protección medioambiental.
En este sentido y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final undécima de la Ley las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación medioambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en la nueva Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor; una vez cumplido este plazo, en el caso de que las Comunidades Autónomas no hayan adaptado su legislación autonómica a las disposiciones de la ley estatal, resultarán directamente aplicables los artículos de la misma, salvo aquellos artículos que su Disposición Final Octava considere como “no básicos”.
Actualmente las Comunidades Autónomas que cuentan con su propia legislación sobre evaluaciones ambientales son:
Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
Ley 7/2006 de 22 de junio de protección ambiental de Aragón.
Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Islas Baleares
Ley 11/1990, de 13 de julio de 1990, de Prevención de Impacto Ecológico
Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la alternativa cero
Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado
Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Decreto 442/1990, de 13 de septiembre de evaluación de impacto ambiental para Galicia
Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental
Decreto 133/2008, de 12 de junio, polo que se regula la evaluación de incidencia ambiental
Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, “Intervención Administrativa”, de la Ley 5/2002, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja
Decreto 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento administrativo de evaluación ambiental de planes y programas
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia
Decreto Foral 93/2006 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental.
Orden de 3 de enero de 2005, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental.
No cabe duda de que la normativa española reguladora de las evaluaciones de impacto ambiental desde su nacimiento en el año 1986 hasta la reciente Ley 21/2013 ha experimentado un constante y profundo desarrollo. La nueva Ley de Impacto Ambiental cumple perfectamente su función armonizadora para tratar de unificar, simplificar y agilizar todos los procesos de evaluación ambiental de programas planes y proyectos.
Sin embargo esta Ley, creada en solitario por el gobierno y por la vía de urgencia, no ha estado exenta de numerosas críticas procedentes tanto por el resto de partidos políticos como por numerosas asociaciones ecologistas. En este sentido debemos destacar que con esta nueva Ley se facilita la aprobación de un mayor número de proyectos y en menos tiempo con lo que se daría salida a los más de 10.000 expedientes que, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se encuentran pendientes de resolución. Sin embargo esta agilización de los trámites se ha realizado sin aumentar los recursos técnicos y humanos necesarios para realizar todas las tramitaciones asegurando una correcta protección medioambiental puesto que es posible que al reducir los plazos y los requisitos de las evaluaciones ambientales se estén reduciendo al mismo tiempo las garantías de dichos procesos han de ofrecer a la par que se podría estar facilitando la creación de “procesos incompletos” al establecer un límite de 4 meses para la finalización de unos procesos que antes solían formalizarse en unos 2 años. Además, cabe señalar que no solo se están reduciendo los plazos y los requisitos sino que también se está reduciendo la participación pública en las evaluaciones, lo que sin duda va a afectar notablemente a la calidad de las mismas.
También se ha creado una gran polémica en torno a la creación de los denominados “bancos de hábitat o de conservación”; una figura que ofrece la posibilidad de compensar el daño ambiental ocasionado por un determinado proyecto mediante la adquisición de un trabajo de reparación ambiental que puede ser realizado en un lugar completamente diferente al lugar en el que el daño se ha producido (en este sentido resultaría importante que la recuperación se realizara en la misma zona en la que se produce el daño). En este sentido algunas voces apuntan que con la introducción de este tipo de bancos se está favoreciendo la realización de una valoración económica de la naturaleza produciéndose una mercantilización de la biodiversidad.
En otro orden de consideraciones en tema que más polémica ha causado tras la aprobación de esta Ley ha sido la regulación de la fractura hidráulica o fracking -técnica de extracción de gas no convencional- puesto que muchas voces apuntan a que dicha regulación se ha realizado “por la puerta de atrás” (en apartado d) del anexo II) y que lo que realmente pretende esta regulación es servir “de palanca” para superar las trabas impuestas por algunas Comunidades Autónomas y municipios a esta práctica extractiva en el supuesto en que el Estado quisiera autorizar este tipo de proyectos. Todo ello supondría un retraso con respecto a otros países en los que se ha prohibido este tipo de extracciones debido a los problemas medioambientales y de salud pública que generan.
Y ya para finalizar merece la pena señalar que actualmente la Unión Europea está trabajando en la redacción de una nueva Directiva comunitaria de evaluación ambiental por lo que es de esperar que en breves tengamos que volver a cambiar nuestra regulación para adaptarla a las exigencias de la Unión Europea.
Asociación Española de Evaluación Ambiental. (2014). Legislación autonómica. Recuperado de http://www.eia.es/nueva/legislacion_autonomica.html
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Protocolo de Kiev. (2003). Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes. Publicado en el Boletín Oficial del Estado num. núm. 285, de 26 de noviembre de 2009, páginas 100005 a 100031. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18825
Directiva 85/337/CEE. (1985). Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea núm. L 175, de 5/ de julio de 1985 páginas 0040 – 0048. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:ES:HTML
Directiva 2011/92/UE. (2011). Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea núm. L 26, de 28 de enero de 2012, páginas 1–21
Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
Real Decreto Legislativo 1302/1986. (1986). Real Decreto Legislativo de evaluación de impacto ambiental. Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 155, de 30 de junio de 1986, páginas 23733 a 23735. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-17240
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Ley 21/2013. (2013). Ley de evaluación ambiental. Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 296 de 11 de diciembre de 2013, página 98151. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
Autor admin8747Publicado el 2 julio, 2014 24 diciembre, 2016 Categorías Sin categoría

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