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Timestamp: 2018-08-21 06:43:31+00:00

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﻿ Sentencia C-947 de diciembre 4 de 2014
SENTENCIA C-947 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RUPTURA DE CADENA DE ANUNCIOS PREVIOS EN EL TRÁMITE SURTIDO EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES NO SIEMPRE DERIVA EN INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL “ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA”, FUE ANUNCIADO PREVIAMENTE EN LA SESIÓN INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA VOTACIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN QUE REPRESENTÓ UNA IRREGULARIDAD IRRELEVANTE, EN CONSONANCIA CON LAS REGLAS Y SUBREGLAS JURISPRUDENCIALES ESTABLECIDAS POR ESTA CORPORACIÓN Y LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO, DE PUBLICIDAD Y DE INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS FORMAS. AUN CUANDO ELLO CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD, AL HABER SIDO ANUNCIADO EL DEBATE DEFINITIVO EN UNA FECHA DISTINTA A LA DE LA VOTACIÓN, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 160 DE LA CONSTITUCIÓN, NO SE AFECTA EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA DE LA PLENARIA DE LA CÁMARA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA”, SUSCRITO EN ANKARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EXEQUIBLE LA LEY 1689 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, PROYECTO DE LEY, SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO
Sentencia C-947 de diciembre 4 de 2014
Ref.: Expediente LAT-427
La ley aprobatoria del acuerdo cuya revisión de constitucionalidad se realiza por la Corte Constitucional, fue publicada en el Diario Oficial 49.007 del 17 de diciembre de 2013 y por su extensión, se presenta como anexo de esta sentencia.
Esta corporación ha manifestado que el mencionado control se caracteriza por ser: i) previo al perfeccionamiento del tratado pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción presidencial; ii) automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental; iii) integral, puesto que el análisis de constitucionalidad se realiza tanto a los aspectos formales como a los materiales de la ley y el tratado; iv) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta; v) es un requisito sine qua non para la ratificación del acuerdo; y vi) tiene una función preventiva, en tanto que, su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano(6).
3. En efecto, las leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es el de las leyes ordinarias, salvo por 2 especiales requisitos: i) el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.P., art. 154); y ii) una vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de constitucionalidad (C.P., art. 241-10)(7).
Representación válida del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del tratado internacional(8).
Ha señalado esta corporación(9), que la revisión constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del respectivo instrumento internacional.
Tal verificación ha sido realizada por la Corte con base en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por Colombia.
iii. Cuando se presume a partir de las funciones que cumple la persona delegada, que no tiene que presentar plenos poderes (7.2). En este evento, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: i) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y iii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c)(10).
b. Aprobación presidencial y orden de someterlo a consideración del Congreso de la República (C.P., art. 189, Nº 2).
c. Presentación del proyecto de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del gobierno (C.P., art. 154).
d. Publicación oficial del proyecto de ley aprobatoria (L. 5ª/92, art. 156).
e. Inicio del trámite legislativo en la comisión correspondiente del Senado de la República (C.P., art. 154).
f. Publicación de la ponencia para debate en comisión y plenaria (L. 5ª/92, arts. 157 y 185).
g. Anuncio previo de votación (C.P., art. 160 adicionado por el A.L. 3/2003, art. 8º).
La Corte ha definido el objetivo del anuncio previo de los proyectos de ley, a partir de la estrecha relación con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, lo que se pretende con esta exigencia constitucional es que los congresistas conozcan con la suficiente antelación el momento en que las iniciativas se someterían a consideración de las cámaras, sin que sean sorprendidos por votaciones inesperadas. Es una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de trasparencia en el proceso de creación legal(11).
Las subreglas jurisprudenciales(12) para analizar el cumplimiento del anuncio previo como requisito son:
iv. Se cumple con el requisito de anuncio previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas de comisión o plenaria de cada corporación legislativa(13).
i. Votación. Exigencias de quorum y mayorías (C.P., arts. 145 y 146). El quorum deliberatorio será de una cuarta parte de los miembros del Congreso en pleno, cámara o comisión. El quórum decisorio exige la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación. En relación con la toma de decisión, se requerirá la mayoría de votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.
j. Requisito temporal. Que entre el primer y segundo debate, medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160).
Además, el trámite del proyecto de ley aprobatoria no podrá exceder de 2 legislaturas (C.P., art. 162).
Sanción Presidencial y remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes (C.P., art. 241-10).
El Acuerdo de Servicios Aéreos Celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, fue suscrito en Ankara el 18 de diciembre de 2011 y la representación del Estado colombiano fue ejercida por la doctora María Ángela Holguín Cuellar, en función de su cargo como Ministra de Relaciones Exteriores(14).
7. El 10 de mayo de 2012, el Presidente de la República aprobó el Acuerdo Internacional de Servicios Aéreos celebrado entre Colombia y Turquía y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República(15), por lo que se cumplió con la obligación contenida en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, que establece como una de sus funciones la celebración de tratados internacionales y el deber de someterlos a la aprobación del Congreso.
8. Las ministras de Relaciones Exteriores, y de Transporte, doctoras María Ángela Holguín Cuellar y Cecilia Álvarez-Correa Glen respectivamente, presentaron el 7 de noviembre de 2012, en la secretaria general del Senado de la República, el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos celebrado entre Colombia y Turquía, que fue radicado bajo el número 153/2012(16). La publicación del proyecto de ley aprobatoria junto con su exposición de motivos, se realizó en la Gaceta del Congreso 776 del 8 de noviembre de 2012(17).
9. La publicación de la ponencia favorable para primer debate se realizó en la Gaceta del Congreso 880 del 4 de diciembre de 2012(18), en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
Gaceta Acta Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio Forma del anuncio Próxima sesión
455 de 26 de junio de 2013 25 de 5 de diciembre de 2012 5 de diciembre de 2012 “La presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre:
4. Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrita en Ankara, el 18 de noviembre de 2012.
(…) han sido anunciados los proyectos de ley para discutir en la próxima sesión de comisión. (…) la señora presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre, informa que se levanta la sesión y se convoca para el día miércoles a partir de la 09:00 a.m.”.
456 de 27 de junio de 2013 26 de 2 de abril de 2013 2 de abril de 2013 “Por instrucciones de la señora presidenta, me permito dar lectura y anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión: (…)
4. Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte.
Ponente: honorable Senador Marco Aníbal Avirama Avirama. Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 776 de 2012. Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 880 de 2012.
se levanta la sesión y se convoca para mañana a partir de las 10:00 a.m.”(19). 3 de abril de 2013
456 de 27 de junio de 2013 27 de 3 de abril de 2013 (aprobación en primer debate)
11. Observa la Corte que en el acta 25 del 5 de diciembre de 2012, la convocatoria para la próxima sesión se fijó para el “día miércoles a las 9:00 a.m.”, sin embargo, la siguiente sesión se realizó sólo hasta el 2 de abril de 2013 según consta en el acta 26 de la misma fecha, momento en el que se hace nuevamente el anuncio previo para debate y aprobación para la próxima sesión convocada “…mañana a partir de las 10:00 a.m…”(20), que se llevó a cabo el 3 de abril del mismo año(21) y en la que finalmente se aprobó el proyecto de ley en primer debate, según consta en el acta 27.
12. La aprobación del proyecto de ley en primer debate se realizó el 3 de abril de 2013. El quorum deliberatorio se constituyó con 4 de los 13 integrantes de la Comisión Segunda del Senado y el quorum decisorio con 11 parlamentarios. La forma de votación fue ordinaria por unanimidad(22), lo que constituye una excepción a la exigencia del voto nominal y público, conforme lo establece el numeral 16 del inciso 3º del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
13. La publicación del texto de ponencia favorable para segundo debate en Plenaria de Senado, se realizó en la Gaceta del Congreso 196 de 10 de abril de 2013(23), en cumplimiento de los artículos 185 y 157 de la Ley 5ª de 1992.
356 de 31 de mayo de 2013 51 de 10 de abril de 2013 10 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 16 de abril de 2013
357 de 31 de mayo de 2013 52 de 16 de abril de 2013 16 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011” 17 de abril de 2013
389 de 7 de junio de 2013 53 de 17 de abril de 2013 17 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 23 de abril de 2013
390 de 7 de junio de 2013 54 de 23 de abril de 2013 23 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios de proyectos para la sesión plenaria del honorable Senado de la República del día 23 de abril del 2013, para discutir y votar en esa sesión. (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 24 de abril de 2013
469 de 8 de julio de 2013 55 de 24 de abril de 2013 24 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 29 de abril de 2013
470 de 8 de julio de 2013 56 de 29 de abril de 2013 29 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios para la sesión plenaria siguiente al 29 de abril de 2013, proyecto para discutir y votar en la plenaria del Senado de la República. (…)
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 30 de abril de 2013
471 de 8 de julio de 2013 57 de 30 de abril de 2013 30 de abril de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncio de proyectos para la sesión plenaria del Senado de la República del día martes 7 de mayo de 2013. Proyectos para discutir y votar (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 7 de mayo de 2013
472 de 8 de julio de 2013 58 de 7 de mayo de 2013 7 de mayo de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 8 de mayo de 2013
507 de 22 de julio de 2013 59 de 8 de mayo de 2013 8 de mayo de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios para la sesión plenaria siguiente al 8 de mayo de 2013. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria. (…)
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 14 de mayo de 2013
508 de 22 de julio de 2013 60 de 14 de mayo de 2013 14 de mayo de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Sí señor Presidente. Anuncios para la sesión plenaria del 15 de mayo de 2013. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria del Senado de la República. (…).
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 15 de mayo de 2013
509 de 22 de julio de 2013 61 de 15 de mayo de 2013 15 de mayo de 2013 “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de Ley 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”(24). 21 de mayo de 2013
510 de 22 de julio de 2013 62 de 21 de mayo de 2013 (aprobación en segundo debate)
17. En materia de quorum deliberatorio y decisorio, se cumplió esta exigencia, toda vez que el debate y aprobación se efectuaron con la presencia de 67 senadores(25). La votación del proyecto se realizó de forma nominal y pública, con 51 votos a favor del proyecto de ley, y 16 en contra(26), según certificación expedida por el secretario general de esa corporación de fecha 19 de febrero de 2014(27), dando cumplimiento al requisito de votación nominal y pública contenido en los artículos 133 de la Constitución Política y 129 de la Ley 5ª de 1992.
18. El trámite en la Cámara de Representantes inició con la publicación del informe de ponencia favorable para primer debate en la Gaceta del Congreso 536 del 25 de julio de 2013(28), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
659 de 30 de agosto de 2013 2 de 30 de julio de 2013 30 de julio de 2013 “Si señor Presidente, estos anuncios serán para la próxima sesión de comisión en donde se discutan y aprueben proyectos de ley. (…)
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011.
Ponencia primer debate Cámara, Gaceta del Congreso 536 de 2013”(29). 31 de julio de 2013
659 de 30 de agosto de 2013 3 de 31 de julio de 2013 31 de julio de 2013 “… falta un anuncio del primer proyecto de ley… del primer proyecto que queda para la próxima sesión… (…)
Ponencia primer debate en Cámara Gaceta del Congreso 536 de 2013. Para efectos del anuncios hace para dar cumplimiento al Acto Legislativo 1 de 2003 en su artículo 8º, señor Presidente”(30). 6 de agosto de 2013
708 de 11 de septiembre de 2013 4 de 6 de agosto de 2013 (aprobación en primer debate)
20. En comisión de Cámara de Representantes, el anuncio para debate del proyecto de ley se realizó con la debida antelación, utilizando la expresión “próxima sesión”, de manera ininterrumpida y claramente determinable con el consecutivo de actas de sesión 2 y 3, de 30 y 31 de julio de 2013 respectivamente, hasta la aprobación del proyecto de ley llevada a cabo en sesión del 6 de agosto de 2013, según acta 4 de la misma fecha.
21. El inicio de la sesión del 6 de agosto de 2013, de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se realizó con quórum deliberatorio(31). La aprobación del proyecto de ley tuvo quórum decisorio y votación por unanimidad de 14 de los 17 representantes que integran la respectiva comisión, según certificación de 19 de febrero de 2014 firmada por la secretaría general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes(32), en cumplimiento de los artículos 145 y 146 de la Constitución Política.
23. La ponencia favorable para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso 624 del 15 de agosto de 2013(33).
31 de 12 de febrero de 2014 239 de 9 de octubre de 2013 9 de octubre de 2013 “Proyectos de ley para la sesión plenaria del día 15 de octubre de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8º. (…)
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 15 de octubre de 2013
32 de 12 de febrero de 2014 240 de 15 de octubre de 2013 15 de octubre de 2013 “Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de mañana 16 de octubre del 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003 en su artículo 8º. (…)
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 16 de octubre de 2013
33 de 12 de febrero de 2014 241 de 16 de octubre de 2013 16 de octubre de 2013 “… anuncie proyectos señor secretario, por favor. (…)
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos para la sesión plenaria del día octubre 22 del 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al acto legislativo uno de julio 3 del 2013 en su artículo octavo”. 22 de octubre de 2013
1010 de 6 de diciembre de 2013 242 de 22 de octubre de 2013 22 de octubre de 2013 “Se anuncia proyectos para el día de mañana 23 de octubre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan actos legislativos o Proyectos de ley. (…)
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 23 de octubre de 2013
34 de 12 de febrero de 2014 243 de 23 de octubre de 2013 23 de octubre de 2013 “Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria el día 29 de octubre del 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativos de acuerdo, al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su artículo 8º. (…).
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno dela República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 29 de octubre de 2013
1024 de 10 de diciembre de 2013 244 de 29 de octubre de 2013 29 de octubre de 2013 “señor Presidente, se anuncian proyectos para la sesión plenaria del día 30 de octubre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8º (…).
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno dela República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 30 de octubre de 2013
1025 de 10 de diciembre de 2013 245 de 30 de octubre de 2013 No hubo anuncio No hubo anuncio No hubo anuncio
35 de 12 de febrero de 2014 246 de 5 de noviembre de 2013 5 de noviembre de 2013 “Señor secretario, anuncio proyectos para el día de mañana (…) Sí señor Presidente. Se anuncian proyectos para la sesión plenaria del día 6 de noviembre de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual de debatan proyectos de ley o actos legislativos.
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 6 de noviembre de 2013
36 de 12 de febrero de 2014 247 de 6 de noviembre de 2013 6 de noviembre de 2013 “Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley para el día 12 de noviembre del año 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8º. (…).
Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 12 de noviembre de 2013
37 de 12 de febrero de 2014 248 de 12 de noviembre de 2013 12 de noviembre de 2013 “Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de mañana, 13 de noviembre del año 2013. (…)Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”. 13 de noviembre de 2013
38 de 12 de febrero de 2014 249 de 13 de noviembre de 2013 13 de noviembre de 2013 “Sí señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su artículo 8º (…) Proyecto de Ley 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011”(34). 19 de noviembre de 2013
54 de 20 de febrero de 2014 250 de 19 de noviembre de 2013 (Aprobado en segundo debate)
25. En el trámite para segundo debate en plenaria de Senado del proyecto de ley, se presentó una ruptura en la cadena de anuncios previos en la sesión del 30 de octubre de 2013, ya que ni se debatió, ni se realizó el anuncio del proyecto de ley para debate en la próxima sesión, según consta en el acta 245 de esa misma fecha.
No obstante lo anterior, el anuncio previo para debate del proyecto de ley se reactivó de manera ininterrumpida en la sesión del 5 de noviembre de 2013, según acta 246 de la misma fecha, hasta culminar con la aprobación del proyecto el 19 de noviembre de 2013 (acta 250).
26. Considera la Sala que esta situación no constituye un vicio de constitucionalidad en el procedimiento legislativo, toda vez que no obstante haberse presentado una ruptura en la cadena de anuncios, la aprobación del proyecto de ley, llevada a cabo el 19 de noviembre de 2013 (acta 250 de la misma fecha), se realizó previo anuncio del mismo, según el acta 249 de la sesión de comisión del 13 de noviembre de 2013. Esta situación no desconoce la exigencia constitucional del artículo 160 de la Constitución Política, toda vez que se garantizó el principio de publicidad.
A esa conclusión se llega con los siguientes argumentos: esta corporación ha reiterado(35) que “... el alcance del control en lo referente a los asuntos de procedimiento. Ello ocurre, en primer lugar, porque en la Constitución existe un gran número de disposiciones que contienen normas que regulan el trámite de aprobación de las leyes y, en segundo lugar, porque a dichas pautas normativas se han adicionado las disposiciones orgánicas que reglamentan el procedimiento legislativo…”.
Para superar estas tensiones, la Corte ha empleado, entre otros(36), el principio de “instrumentalización de las formas” consagrado expresamente en el artículo 228 de la Constitución Política y definido como la necesidad de interpretar las formas procesales de forma teleológica al servicio de un fin sustantivo. Es decir, hacia la consecución del valor material pretendido con ellas, sin alcanzar un detrimento innecesario de las reglas procedimentales para la formación de la ley, puesto que estas protegen “valores sustantivos significativos”(37) y la labor del intérprete debe guiarse además, por el principio in dubio pro legislatoris(38). Entre los fines que sustentan las formas del proceso legislativo se encuentran: i) la preservación de la voluntad de las mayorías; ii) la protección del principio de publicidad; y iii) la salvaguarda de los derechos de las minorías(39).
Por el contrario, el proceso de perfección de las leyes tiene como finalidad el desarrollo del principio democrático. Para cumplir tal objetivo, las reglas procesales establecidas deben generar en las diferentes etapas del trabajo parlamentario, escenarios con características deliberativas, participativas, igualitarias, transparentes y sobre todo garantizar el respeto por las minorías políticas(40).
En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que no toda anomalía en el trámite de una ley trae como consecuencia la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad, toda vez que puede tratarse de una irregularidad irrelevante(41), que dentro del contexto del caso en concreto, no tiene la entidad suficiente(42) para afectar la validez formal del procedimiento legislativo, puesto que no vulnera ningún principio ni valor constitucional y no afecta las etapas de formación de la voluntad democrática de las cámaras(43).
Para el Tribunal Constitucional, el examen de las circunstancias concretas que tuvieron lugar, en el caso en estudio, no desvirtúan el cumplimiento de la finalidad del anuncio. Entiende la Sala que la actuación del legislativo se ciñó a la buena fe (…)”(44) (resaltado fuera de texto).
Se verificó un quórum deliberatorio y decisorio de 151 representantes. Aunque la forma de votación en principio, debe ser nominal y pública, en esta oportunidad se efectuó por unanimidad, lo que constituye una excepción a aquella regla general, conforme a lo establecido en el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, según se consignó en la Gaceta del Congreso 54 de 20 de febrero de 2014(45), y la certificación del secretario general de esa corporación de 26 de febrero de 2014(46).
28. El presidente de la República sancionó el 17 de diciembre de 2013, la Ley 1689 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara, el 16 de noviembre de 2011 y radicó copia autenticada de la misma en la secretaria general de la Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013(47), con lo que se dio cumplimiento al término de remisión a esta corporación dentro de los 6 días siguientes a la sanción, establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
29. La Ley 1689 de 17 de diciembre de 2013, aprobatoria del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011, está compuesta por 3 artículos, el primero que contiene la inequívoca manifestación de voluntad del órgano legislativo de aprobar el instrumento internacional presentado a su consideración por el ejecutivo; el segundo que reitera lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, bajo el entendido de que el acuerdo obligará al Estado colombiano, a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma; y iii) por último la vigencia de la ley a partir de su promulgación.
“Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado”(48).
Por tal razón, estima la Corte, que la competencia del Congreso de la República, contenida en el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución Política proyectada al estudio de posibles vicios de contenido material(49), no fue desconocida, toda vez que su labor se limitó a aprobar el Instrumento internacional sometido a su consideración por parte del Gobierno Nacional, sin introducir modificaciones al texto del acuerdo.
El artículo 2º de la ley bajo estudio, cumple con el artículo 224 de la Constitución, puesto que, los tratados serán válidos una vez han sido aprobados por el Congreso de la República.
Definiciones(50)
Esta corporación ha establecido que las definiciones y precisiones contenidas en los instrumentos internacionales, contribuyen a un mejor entendimiento de sus artículos, permiten su correcta aplicación y mayor seguridad jurídica(51); razón por la cual estas disposiciones no suelen vulnerar en sí mismas la Constitución(52).
Derechos y deberes derivados del acuerdo(53)
d. Otros derechos especificados en el acuerdo, como los establecidos en el artículo 10, relacionado con los servicios de escala permitidos, los que se les autorizará realizar a las aerolíneas designadas, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales de ambas partes contratantes.
Dispone además el artículo 2º, que las aerolíneas de cualquier parte contratante, que no tengan la calidad de designadas, tendrán los derechos especificados en los numerales a y b mencionados anteriormente. Sin embargo, no tendrán el derecho de embarcar, en el territorio del otro Estado, pasajeros, equipaje, carga o correo transportado por remuneración y con destino a otro punto del territorio no autorizado en las rutas del anexo 1.
El artículo 5º del acuerdo hace referencia a la capacidad, entendida así: i) en relación con la aerolínea, la carga útil de la aeronave disponible en la ruta o sección de una ruta; y ii) en relación con un servicio aéreo especificado, la capacidad de la aeronave utilizada en tal servicio multiplicada por la frecuencia operada con tal aeronave sobre un periodo dado en una ruta o sección de una ruta(54). En ese sentido, dispone que las aerolíneas designadas de cada parte, gozarán de oportunidades justas y equitativas para la operación de los servicios aéreos entre los territorios de los dos Estados contratantes.
De igual forma, los derechos establecidos en el literal a y b artículo 2º del acuerdo, relacionados con los sobrevuelos sobre el territorio de cualquiera de las partes contratantes y la posibilidad de hacer escalas sin fines comerciales, derechos que no solamente tendrían las “aerolíneas designadas”, sino que se extienden a aquellas que no tienen dicha calidad. En ese mismo orden, el literal c del mencionado artículo 2º del acuerdo, le otorga a las “aerolíneas designadas”, la posibilidad de hacer escalas en la rutas establecidas en el anexo 1, con el propósito de embarcar o desembarcar tráfico internacional aéreo.
35. El artículo 2º del acuerdo objeto de revisión establece los derechos que se otorgan recíprocamente las partes para la “…operación de los servicios aéreos regulares en las rutas especificadas en el anexo 1…”, es decir, aquellos servicios aéreos internacionales sujetos a un itinerario fijo y que tienen mayor trascendencia por los intereses comerciales y económicos que representan(55).
Las concesiones que contempla el acuerdo, deben analizarse conforme al artículo 5º del Convenio de Chicago y las denominadas “libertades del aire”(56), surgidas a partir de la reglamentación de los servicios aéreos regulares, en el marco de la Conferencia de Chicago del año 1944, en la que el establecimiento de las cinco(57) “libertades del aire”, suscitó gran polémica debido a las intereses económicos tan importantes que genera la aviación comercial internacional, razón por la cual no fueron incluidas en la Convención de Chicago y se encuentran consignadas en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacional y el Acuerdo sobre el Tránsito de Servicios Aéreos Internacionales, recogidos en el acta final de la Conferencia de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional(58).
El artículo 5º de la Convención de Chicago de 1944, establece, en sentido amplio, el derecho de vuelo sobre el territorio de los Estado contratantes, en los siguientes términos:
“… todas las aeronaves de los demás Estados contratantes que no se utilicen en servicios internacionales regulares tendrán derecho, (…) a penetrar sobre su territorio o sobrevolarlo sin escalas, y a hacer escalas con fines no comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo, y a reserva del derecho del Estado sobrevolado de exigir aterrizaje, sin embargo, cada Estado contratante se reserva, por razones de seguridad de vuelo, el derecho de exigir que las aeronaves que deseen volar sobre regiones inaccesibles o que no cuenten con instalaciones y servicios adecuados para la navegación aérea, sigan las rutas u obtengan permisos especiales para tales vuelos”.
i) Sobrevolar el territorio de un Estado sin aterrizar(59): consiste en el privilegio que se confiere a las aeronaves de un Estado, de sobrevolar sin aterrizar, el territorio del Estado que ha conferido el permiso de vuelo. En gracia de ejemplo, si una aeronave que pertenece al Estado “A” debe aterrizar en el Estado “C”, esta libertad le permite sobrevolar el territorio del Estado “B”(60).
ii) Aterrizar sin fines comerciales(61): esta libertad permite aterrizar y salir de los aeropuertos de cualquier Estado concesionario, con fines no comerciales sino técnicos(62), es decir, se trata de escalas técnicas para abastecimiento de combustible, reparaciones, entre otras(63). Este derecho no podrá exigirse respecto de los aeropuertos que se utilicen con fines militares y de los cuales se excluya todo servicio aéreo internacional regular.
b. Libertades de tráfico o comerciales: estas libertades otorgan beneficios con una dimensión auténticamente comercial(64) y permiten:
iii) Desembarcar en territorio del Estado conferente pasajeros, correo y carga tomadas en el territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave(65). Este privilegio es conocido también como la “libertad de desembarque”(66) y consiste en que una aeronave matriculada en el Estado “A” y que ha embarcado en ese territorio, puede llegar al Estado “B” para desembarcar pasajeros, correo y carga.
iv) Embarcar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave(67), es decir, una aeronave matriculada en un Estado “A” solamente podría embarcar pasajeros correo y carga en un Estado “B” con destino al Estado “A”(68) que es donde se encuentra matriculada.
v) Embarcar pasajeros, correo y carga destinados al territorio de cualquiera otro Estado participante y el privilegio de desembarcar pasajeros, correo y carga procedente de cualesquiera de dichos territorios(69), este privilegio le permite a una aeronave matriculada en el Estado “A” embarcar tráfico comercial en un Estado “B” con destino a un Estado “C”(70).
36. Tampoco puede perderse de vista, que los sobrevuelos sobre el territorio, pueden tener origen en situaciones de emergencia aérea que constituyan caso fortuito o fuerza mayor. Ante estos eventos, existen protocolos de seguridad internacionales que rigen la actuación del Estado colombiano en esas eventualidades y que se encuentran contenidas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 5 reglamento del aire.
37. El alcance de estos derechos de sobrevuelo, debe armonizarse con las restricciones establecidas en la misma Convención de Chicago. En efecto, el artículo 9º de la Convención de Chicago de 1944 que establece que “Cada Estado contratante puede, por razones de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o prohibir uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros Estados sobre ciertas zonas de su territorio…”. En el país, estas zonas están determinadas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 5, reglamento del aire(71).
De otra parte, las aerolíneas que participen en operaciones aéreas comerciales e internacionales, deberán entrar y salir del país por los aeródromos internacionales(72). La Convención de Chicago al respecto estableció:
“Excepto en el caso en que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente convenio o en una autorización especial, se permita a las aeronaves cruzar el territorio de un Estado contratante sin aterrizar, toda aeronave que penetre en el territorio de un Estado contratante deberá, si los reglamentos de tal Estado así lo requieren, aterrizar en un aeropuerto designado por tal Estado para fines de inspección de aduanas y otras formalidades. Al salir del territorio de un Estado contratante, tales aeronaves deberán partir de un aeropuerto aduanero designado de igual manera”(73).
Designación, autorización, revocación o suspensión de aerolíneas por las partes contratantes(74).
Sin embargo, las partes se reservan el derecho de rehusarse a otorgar las autorizaciones de operación a la aerolínea designada, o de imponer condiciones a la misma para el ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 2º del acuerdo, cuando el Estado que ha hecho tal designación, no ha cumplido a satisfacción con los estándares de seguridad aérea (art. 18) y seguridad de la aviación (art. 19) del acuerdo.
Las aerolíneas designadas y autorizadas podrán iniciar operaciones en cualquier momento, siempre que los acuerdos de las autoridades aeronáuticas nacionales en materia de capacidad(75) y tarifas(76) se encuentren vigentes.
a. Son una expresión del artículo 226 de la Carta Política. De la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria del tratado(77), se observa que la finalidad del convenio es el desarrollo del transporte aéreo a partir del establecimiento de nuevas relaciones comerciales con países emergentes de Europa, que generen expansión económica y social para el país, sobre bases de equidad, reciprocidad, y cooperación internacional, razón por la cual persiguen un fin constitucional legítimo.
c. En materia de libre competencia, esta corporación ha establecido en la Sentencia C-624 de 1998, que la misma: “...supone la ausencia de obstáculos entre una pluralidad de empresarios en el ejercicio de una actividad económica lícita”(78).
“La libre competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita”(79).
“…en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita. En ese orden de ideas, el núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas”(80).
Tarifas, impuestos y exenciones tributarias(81)
44. l régimen de tarifas aplicadas a las aerolíneas designadas, reguladas en el artículo 6º del acuerdo, para el acceso a los servicios establecidos en el instrumento bajo estudio, se fijará de acuerdo con factores relevantes como: los intereses de los usuarios, costos de explotación, características del servicio, un beneficio razonable, tarifas de otras aerolíneas y en general atendiendo las leyes del mercado.
48. La Corte Constitucional, en Sentencia C-132 de 2014(82), revisó la constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en Bogotá, D.C., el 10 de mayo de 2011 y de su ley aprobatoria. Al analizar el tema de exenciones tributarias, consideró que no tenía objeción de constitucionalidad en relación con las normas sobre gravámenes y derechos aduaneros a cargo de las aerolíneas, los cargos a los usuarios por parte de las autoridades y organismos fiscales de cada parte, así como los impuestos por las líneas aéreas “… en la medida que son coherentes con los postulados constitucionales…” al establecerse bajo criterios de reciprocidad.
49. Así las cosas, en este caso concreto, la Sala tampoco encuentra reproche constitucional alguno, por cuanto, conforme al precedente jurisprudencial mencionado anteriormente, las exenciones tributarias contenidas en el acuerdo se hacen bajo concesiones recíprocas, lo que armoniza con el artículo 226 de la Constitución Política.
Seguridad aérea(83)
51. En materia de seguridad, las partes contratantes establecieron en los artículos 18 a 22 del acuerdo las siguientes disposiciones: i) seguridad operacional; ii) seguridad de los documentos de viaje; iii) prohibición de fumar; iv) la necesidad de proteger el ambiente; y v) seguridad de la aviación, de la que deriva la obligación de las partes de proteger la seguridad de la aviación civil, con observancia de los dispuesto en el Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves firmado en la Haya el 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 y su protocolo complementario para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 y el Convenio de marcación de explosivos plásticos y de detección, firmado en Montreal el 1º de marzo de 1991, o cualquier otro convenio sobre seguridad en la aviación firmado por las partes contratantes.
Además, las partes deberán actuar de acuerdo con las disposiciones sobre seguridad de la aviación y prácticas recomendadas, por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI.
52. Estas disposiciones no solo no desconocen los principios y valores constitucionales, sino que desarrollan la obligación del Estado social de derecho (C.P., art. 1º) de proteger a los habitantes del territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (C.P., art. 2º). De igual manera, se garantiza la protección del ambiente conforme a los artículos 79 y siguientes de la Constitución Política.
Conceptos generales sobre el arbitraje
54. El arbitraje hace parte de los métodos heterocompositivos y alternativos de solución de conflictos, en ese sentido, se trata de una “…institución por medio de la cual un tercero soluciona un diferendo que opone a dos o más partes, en virtud del ejercicio de una misión jurisdiccional que le ha sido confiada por éstas”(84).
El profesor Hernando Morales Molina distinguía el compromiso como aquel contrato por el que dos o más personas someten la decisión de una cuestión jurídica a particulares llamados árbitros. A su vez, el arbitraje se refiere a la jurisdicción que, con el compromiso, es conferida a los árbitros y por último juicio arbitral como el procedimiento que se sigue ante los árbitros a fin de llegar a la decisión de la controversia, a través del laudo arbitral(85).
Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 define el arbitraje como “…un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.
“… consiste en un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Adicionalmente, la doctrina constitucional lo ha definido: como aquel por medio del cual una persona o varias a nombre del estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y consultando solo el interés superior del orden jurídico y la justicia, definen el derecho aplicable a un evento concreto, luego de haber comprobado los hechos y de inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo esencial es el efecto del tránsito a cosa juzgada(86)”(87).
Según lo expuesto, la solución del conflicto la realiza un tercero “… que lo resuelve por su voluntad y conforme a un procedimiento predeterminado. Puede suponer un órgano público o privado, nacional o internacional”(88).
El tercero encargado de dirimir el conflicto es un particular que participa en la administración de justicia(89) puesto que “… los ciudadanos son investidos de la función de impartir justicia de manera ocasional en calidad de (…) árbitros”(90).
55. Sobre la naturaleza jurídica de la institución del arbitraje pueden distinguirse dos (2) posturas extremas y una ecléctica. La primera extrema denominada voluntarista-contractualista: lo define como un instrumento a través del cual se resuelve una controversia, en la que tienen intereses dos o más personas y la someten al conocimiento de árbitros, que encuentran el origen de su potestad en un acuerdo privado y no en las autoridades del Estado(91). Para Jaime Guasp, no se puede confundir los conceptos de proceso y procedimiento, si bien el arbitraje se trata de un contrato de tracto procedimental, no por ello debe limitarse su ejecución al mundo del proceso(92).
Para Montoya Albertí(93) la naturaleza privada del arbitraje se debe: a. que proviene de un acuerdo de voluntades privado; b. el vínculo entre las partes y los árbitros es privado y contractual; c. el árbitro no tiene poder de coacción; d. la obligatoriedad del laudo es la misma que la de los contratos; y e. la aprobación posterior del laudo, en aquellos Estados en los que se encuentra prevista, es un acto administrativo.
La segunda postura extrema es la que le otorga al arbitraje naturaleza de proceso, debido a que no tiene su origen en la relación o contrato existente entre las partes y el árbitro, su análisis parte de la función que estos últimos desarrollan. La forma en que los árbitros resuelven la controversia reviste las características de la función desarrollada por un juez, su decisión hace tránsito a cosa juzgada y tiene efectos de ejecutoriedad(94).
A su turno, la teoría mixta se sitúa en el intermedio de los voluntaristas y los procesalistas, pues se fundamenta en el reconocimiento de que la ley es la que le otorga valor de ejecutividad al laudo arbitral y determina el procedimiento que debe utilizarse en juicio. De otro lado, es el acuerdo de voluntades privado de las partes en conflicto la que habilita la solución arbitral(95). Con cita de Silva Melero, el profesor Hernando Morales Molina identificó tres (3) momentos del arbitraje que describen la teoría ecléctica o mixta: i) aquel en que las partes perfeccionan el contrato privado de compromiso; ii) la generación del vínculo entre litigantes y el árbitro que se asemeja al contrato de mandato; y iii) el ejercicio por parte de los árbitros de la actividad pública de juzgar(96).
56. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 26 de mayo de 1969(97), consideró el arbitraje como un proceso, puesto que se trata de “…un medio de acción que tiene por objeto la efectividad de los derechos sustanciales, dentro de un orden preestablecido que permite a los árbitros el cumplimiento del encargo conferido a ellos por la partes y que facilita también a estas últimas una amplia discusión de sus derechos”.
“… origen contractual y voluntario del arbitraje, a la prohibición del arbitraje forzoso u obligatorio de carácter legal y a la posibilidad que tienen las partes de escoger con plena libertad el procedimiento para el trámite del proceso arbitral, naturalmente partiendo de la base de que la institución conserva rasgos fundamentales de la teoría procesalista…”(98).
“El artículo 116 de la Constitución Política, señala (…) que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la función de conciliadores o de árbitros, luego no desvirtúa el principio de la separación de poderes (C.N., art. 113), ni la autonomía de la Rama Judicial del poder público (C.N., art. 228), ni el debido proceso por falta de juez competente, el traslado a tribunales de arbitramento en los que los particulares desarrollan la función arbitral de tipo jurisdiccional (…)”(99).
En ese orden de ideas, es claro que en el arbitraje debe respetarse el derecho al debido proceso, puesto que para este tribunal, las partes al atribuir la solución de un conflicto al arbitraje deben actuar “…dentro de los presupuestos y pautas del debido proceso con unos límites en el tiempo, fijados —según lo dicho— por las propias partes y por la ley a falta de lo que éstas dispongan”(100).
Bajo esta misma línea, estableció la Corte que a la ley le corresponde determinar: i) los asuntos y la forma en que los particulares pueden administrar justicia en la condición de árbitros; ii) los límites y términos en que los árbitros están habilitados para administrar justicia, y iii) sus funciones y facultades, que son las mismas que tienen los jueces(101). En ese sentido:
“Los árbitros, al igual que las restantes autoridades judiciales, deben, garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2º) y administrar pronta y cumplida justicia con el objeto de asegurar la tutela judicial de quienes la reclaman (C.P., art. 229). El deber de efectividad no es incompatible con las instituciones y mecanismos procesales que dispone la ley para asegurar la capacidad de acierto de la justicia y a través de los cuales se articula el debido proceso”(102).
El arbitraje no solamente guarda relación con el debido proceso, sino que además en su establecimiento debe garantizarse el acceso a la administración de justicia, razón por la cual, están proscritos constitucionalmente acuerdos privados que prohíban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o impongan sanciones, cargas desproporcionadas o irrealizables(103) que constituye una barrera para su acceso. Bajo esa línea jurisprudencial:
“… el acuerdo de voluntades del que surge la jurisdicción arbitral, tiene límites bien definidos, puesto que tras la apariencia de un consenso libremente adoptado, no puede entorpecer el acceso a la justicia, el desconocimiento de derechos irrenunciables de alguna de las partes, o la violación de principios esenciales del orden social como la seguridad jurídica o la igualdad de oportunidades”(104).
59. Las características del arbitraje han sido identificadas por la Corte de la siguiente manera(105):
i) voluntariedad: porque existe un acuerdo previo libre y voluntario de las partes en conflicto de someter sus disputas a un tribunal de arbitramento. En ese sentido, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, “… tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”(106). En ese orden de ideas, “… es deber de las partes, con el propósito de dotar de eficacia a sus determinaciones, establecer con precisión los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las consecuencias jurídicas y económicas subsiguientes a su decisión; sólo así se puede hablar de un verdadero acuerdo”(107);
ii) temporalidad: el ejercicio de la función judicial atribuida a los particulares en calidad de árbitros es transitoria y se limita a la cuestión propuesta por las partes en conflicto. Para este tribunal “… no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores (C.P., art. 113)”(108);
iii) excepcionalidad: el ejercicio de jurisdicción por los particulares tiene límites materiales, como quiera que no todo asunto puede ser resuelto en un laudo arbitral, pues existen bienes jurídicos cuya disposición no está sujeta a una resolución arbitral particular, así se haya estipulado voluntariamente por las partes en conflicto. En ese orden, con fundamento en el principio de la seguridad jurídica, ciertas materias, como aquellas relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales, no podrán ser objeto de arbitraje, toda vez que están reservadas a los jueces(109); y
“Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales”(110).
Así las cosas, esta corporación ha establecido que sin importar la forma del procedimiento al que acudan las partes como expresión del principio de efectividad, la justicia que se imparta debe ser compatible “…con las instituciones y mecanismos procesales que dispone la ley para asegurar la capacidad de acierto de la justicia y a través de los cuales se articula el debido proceso”(111).
60. Ahora bien, el arbitraje puede ser nacional, doméstico o local, cuando los conflictos entre las partes que están sujetas a una ley nacional o respecto de bienes o intereses radicados en el país de que se trate, el cual se lleva a cabo en dicho lugar y con sujeción a su propia legislación. El arbitraje es internacional si las personas o bienes involucrados son de diferentes países o sujetos a legislaciones de varios Estados, el proceso se adelanta en cualquier lugar, generalmente distinto al de las partes en conflicto y regulado por el derecho internacional. Por último el arbitraje extranjero o foráneo, es aquel que se realiza en un país distinto al propio y al mismo tiempo se considera como nacional de ese país, porque involucra a personas e intereses sujetos a la ley del país extranjero(112).
62. El arbitraje internacional tiene su fundamento constitucional en el artículo 116 de la Carta Política y en las normas que buscan la internacionalización de las relaciones económicas(113) del Estado colombiano. De esta suerte, debe reconocerse la vigencia de principios de derecho internacional privado que regulan la actividad comercial, entre los que se encuentra la aceptación del arbitraje internacional para la solución pacífica de las controversias. Es inevitable que en desarrollo de relaciones económicas de carácter comercial e internacional, se vinculen dos o más ordenamientos jurídicos, razón por la cual, deben establecerse mecanismos de solución de controversias confiables, eficaces y flexibles, que sean de fácil adaptación al tráfico internacional. Estas soluciones no tienen por qué afectar la soberanía de los Estados, por el contrario efectivizan la seguridad jurídica y fomentan la internacionalización de las relaciones comerciales(114).
63. En el ámbito legal nacional, la Ley 1562 de 2012(115) consagró de manera clara, amplia y expresa como principios del arbitraje la imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción(116). En materia de procedimiento estableció que en los arbitrajes pueden acordarse reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de arbitraje y en todo caso se deberán respetar los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes(117).
64. Por su parte, la Sección Tercera de la Ley 1562 de 2012, regula específicamente el arbitraje internacional. En efecto, se está en presencia del mismo cuando: i) las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o iii) la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional(118).
Por disposición de la mencionada ley, en la interpretación del arbitraje internacional, se deberá tener en cuenta su especial carácter, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe, además cuando las cuestiones reguladas en materia de arbitraje internacional que no estén expresamente resueltas en ella se resolverán de conformidad con los principios generales de derecho internacional(119). Esta norma regula además aspectos relacionados con el acuerdo de arbitraje(120), composición del tribunal arbitral(121), competencia del tribunal arbitral(122), medidas cautelares(123), pronunciamiento, impugnación y reconocimiento y ejecución del laudo(124).
65. El Estado colombiano de tiempo atrás y hasta la fecha, ha suscrito una serie de tratados bilaterales y multilaterales, cuya finalidad es la resolución pacífica de las controversias. A continuación, la Sala presentará los rasgos más importantes en materia de arbitraje(125):
a. Convención de 1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales, firmada en la Haya el 18 de octubre de 1907. Entró en vigencia en el país con la Ley 251 de 1995 y su estudio de constitucionalidad está contenido en la Sentencia C-281 de 1996. En este tratado se estableció la Corte Permanente de Arbitraje(126), el procedimiento que debe seguirse en el juicio arbitral(127), que en todo caso deberá atender a los principios de derecho internacional(128), el respeto a la ley y la obligación de someterse al laudo de buena fe(129).
“La solución de los litigios de orden internacional por medio del arbitraje ha sido objetivo constante de Colombia y resulta claro que el procedimiento arbitral dentro de la categoría de los medios pacíficos de solución de controversias, tiene frente a los otros medios (los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación internacional), la diferencia de que se trata de un procedimiento que una vez aceptado y acordado reviste el carácter de obligatorio, contemplando el correspondiente procedimiento contencioso que culmina con el respectivo fallo definitivo que hace tránsito a cosa juzgada. Las reglas que en la convención integran el llamado proceso arbitral, son prácticamente las mismas que se han consagrado en otros instrumentos internacionales de los cuales Colombia es Parte, como el Tratado General de Arbitraje Interamericano de 1929 o el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o “Pacto de Bogotá” de 1948, que da preferencia para todo tipo de controversias a la Corte Internacional de Justicia y en forma subsidiaria admite la aplicabilidad del procedimiento arbitral que puede culminar en la aplicación del régimen arbitral establecido en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya regulado por la convención que se estudia”(130).
b. Tratado de Derecho Internacional Privado entre las repúblicas de Colombia y Ecuador de 1903. Este tratado entró en vigor con la Ley 13 de 1905 y estableció en su artículo 47, que el laudo arbitral se reconocerá siempre que “… aunque sean expedidos a favor de otras personas, se acredita que en el Estado donde se verificó el juicio o el arbitraje se observa la reciprocidad”.
c. Convención de Arbitraje en el asunto del ferrocarril de Antioquia entre Colombia y Gran Bretaña de 1896. Este tratado entró en vigencia por disposición de la Ley 13 de 1896 y su finalidad era la de solucionar las controversias surgidas a raíz de la construcción de un ferrocarril que comunicara la ciudad de Medellín con el río Magdalena. Entre los rasgos más importantes está el procedimiento que debe seguir el juicio arbitral(131), la garantía de imparcialidad de los árbitros(132) y de los derechos de defensa y contradicción de las partes(133).
d. Convenio sobre Arbitraje suscrito entre Colombia y Gran Bretaña de 1908, entró en vigor con la Ley 2ª de 1909. Tenía como objetivo concluir acuerdos sobre arbitraje en los casos en que se acuda a esta figura. Se estableció que no podrán someterse a arbitraje aquellos asuntos que comprometan intereses vitales, independencia o el honor de los Estados contratantes y que afecten los intereses de terceras potencias(134). Del mismo modo estableció la obligación de suscribir un compromiso especial en el que deberán: i) fijar claramente el objeto del litigio; ii) la extensión de los poderes de los árbitros; y iii) la forma de constitución del tribunal arbitral y su procedimiento(135).
e. Tratado de Arbitraje General celebrado entre la República Argentina y la República de Colombia de 1912. Entró en vigor con la Ley 64 de 1912, en este tratado se fijaron las pautas para el desarrollo de la figura del arbitraje entre los dos países en el siguiente sentido: i) No podrán someterse a arbitraje preceptos de la Constitución de uno u otro país contratante(136); y ii) las partes deberán firmar un compromiso especial que determine el objeto del litigio, el asiento del tribunal, el monto de la suma que cada una de las partes debe depositar anticipadamente, la forma que debe dársele al tribunal, los plazos para su constitución, el canje de alegatos y los documentos que las partes pretendan hacer valer(137).
En caso de no existir compromiso, en dicho tratado se acordó que las partes en su momento se obligaron a seguir las reglas establecidas en la Convención para el arreglo pacífico de las cuestiones internacionales, firmada en la Haya el 29 de julio de 1899(138). Además de lo anterior, las partes también fijaron la forma en que debe pronunciarse el laudo(139) y la revisión del mismo(140), entre otras.
f. Convención de Arbitraje suscrita entre la República de Colombia y la República de Chile de 1914. Esta convención entró en vigencia por Ley 14 de 1913 y tenía como finalidad solucionar amistosamente las dificultades que pudieran surgir entre las dos naciones. De esa suerte, no podían someterse a esta figura aquellas cuestiones que afectaran la soberanía, el honor, la seguridad nacional, las disposiciones constitucionales de uno u otro Estado, o los intereses de otra potencia(141).
También estableció la obligación de suscribir un compromiso especial en el que se determine: i) el objeto del litigio; ii) la extensión de las facultades del árbitro o del tribunal; iii) el modo de constitución; iv) su asiento; v) el idioma que haya de usarse; vi) la cantidad de dinero que deben depositar las partes; y vii) formalidades y plazos del procedimiento(142).
g. Convención de Arbitraje sobre Límites celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de Venezuela de 1916. Esta convención entró en vigencia con Ley 64 de 1916 y tenía como objetivo resolver cualquier diferencia en relación con la demarcación de la frontera común de las dos naciones, fijada por el Laudo de la Corona de España el 16 de marzo de 1891. En este tratado, se fijó el objeto del litigio(143); los poderes de los árbitros(144) y el plazo para fallar(145), entre otros aspectos.
h. Tratado de Arbitraje entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia de 1928. El tratado entró en vigor con la Ley 27 de 1930, su finalidad era someter a arbitramento todas las diferencias que puedan suscitarse entre las partes y que no pudieran ser resueltas por vía diplomática. En este acuerdo internacional se estableció entre otras cosas que: i) no podrán ser objeto de arbitraje aquellas cuestiones que comprometan la independencia o la soberanía de ambas naciones, o el ejercicio de ellas en asuntos internos; ii) hechos y actos autorizados por la Constitución de cada Estado; y iii) cuestiones que puedan comprometer a un tercer Estado(146).
Al igual que en otras oportunidades, los Estados se comprometieron a firmar un compromiso en el que determinaría: i) el objeto del litigio; ii) la sede del tribunal; y iii) reglas y procedimientos para el funcionamiento del mismo(147). El artículo 5º del Tratado establece la colaboración que deben prestarse los Estados en materia de práctica de pruebas como son citación de testigos, peritos, inspecciones oculares entre otras. Además, la forma en que debe proferirse el laudo y la revisión del mismo(148).
Las mismas fórmulas de compromisos especiales y aquellas relacionadas con el procedimiento del juicio y el reconocimiento de laudos proferidos en el exterior, se han utilizado en otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia como son: i) el Tratado de Arbitraje entre la República de Colombia y el Reino de España de 1929(149); Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial entre Colombia y Venezuela de 1939(150); Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)(151); Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958(152); Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados que constituyó el Centro Internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) de 1965(153); Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 1975(154); Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros de 1979(155); Convenio constitutivo del organismo multilateral de garantía de inversiones de 1986(156); y el Convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones de 1992(157), entre otros.
Este instrumento fue sometido a control de constitucionalidad de este tribunal, oportunidad en la que se reiteró lo afirmado en la Sentencia C-309 de 2007, al estudiar una cláusula de arbitraje similar(158). Allí concluyó que era exequible bajo las siguientes consideraciones:
“… (i) crea los mecanismos procesales necesarios para la solución de controversias relativas a la ejecución del convenio; (ii) preserva la soberanía estatal en tanto contempla la necesidad de agotar inicialmente la vía gubernativa; (iii) dada la naturaleza de las diferencias que pueden suscitarse con ocasión del tipo de inversiones objeto de esta clase de convenios, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que sea un organismo internacional especializado a un tribunal de arbitraje quien las solucione; (iv) la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas prevista en el artículo 226 constitucional, no sería posible sin el recurso de acudir a los tribunales internacionales”(159).
j. El artículo 14 del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Colombia y Estados Unidos de América del 2011, contiene una cláusula de arbitraje con mínimos estándares en materia de debido proceso, defensa y contradicción, al establecer: i) plazos para presentar la demanda, contestación de la misma y expedición del laudo; ii) mecanismos de revisión del laudo; y iii) ejecución del laudo arbitral. La constitucionalidad de este acuerdo fue revisada por la Corte en Sentencia C-132 de 2014, en la que se refirió a que:
“… la utilización del arbitraje como mecanismo de solución de controversias en tratados comerciales, armoniza con la Carta Política, por cuanto son coincidentes con la obligación estatal de promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, asegurando el fortalecimiento de una verdadera integración y fortaleciendo la pacífica solución de los conflictos en las relaciones internacionales”(160).
“i) consultas y negociación, ii) sometimiento de una reclamación a arbitraje, iii) consentimiento de cada una de las partes al arbitraje, iv) condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes, v) selección de los árbitros, vi) realización del arbitraje, vii) transparencia de las actuaciones arbitrales, viii) derecho aplicable, ix) interpretación de los anexos, x) informes de expertos, xi) acumulación de procedimientos, xii) laudos, y xiii) entrega de documentos”(161).
l. Esta corporación al analizar el “Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República Popular China” y su Ley Aprobatoria 1462 de 2011, indicó que pactar cláusulas de arbitraje en instrumentos internacionales, para la solución de las controversias que puedan surgir del mismo, son mecanismos civilizados para resolver de manera pacífica y pronta los conflictos que se presentan entre las partes contratantes y un inversionista o viceversa(162).
El arbitraje en la práctica internacional
66. Existen instrumentos internacionales sobre la materia, que no rigen para Colombia(163), pero que permiten ofrecer una visión referente de la forma en que debe surtirse el procedimiento arbitral:
74. Los numerales 3º y 5º del acuerdo establecen que “… cualquiera de las Partes Contratantes pueden de acuerdo con sus leyes y regulaciones relevantes someter la controversia a un tribunal de arbitramento”, y “El tribunal de arbitramento determinará sus procedimientos y el lugar del arbitramento sujeto a las disposiciones acordadas al respecto entre las partes contratantes”, respectivamente.
Normas instrumentales(164).
En la exposición de motivos se advirtió que el acuerdo crea un marco que regula “… las relaciones aerocomerciales entre los dos países con la posibilidad de establecer servicios aéreos desde y hacia Turquía a fin de lograr una efectiva integración entre los dos países en el campo del transporte aéreo, lo cual beneficiará a los usuarios, el comercio, el turismo, la conectividad, la industria aeronáutica y el desarrollo de nuestras naciones”(165).
El examen integral realizado por esta corporación al “Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011, y su Ley Aprobatoria 1689 del 17 de diciembre de 2013, permite concluir:
77. La revisión formal de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: i) previa gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano, por la Ministra de Relaciones Internacionales doctora María Ángela Holguín, en la negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la República; ii) legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial la exigencia del anuncio previo, conforme al artículo 160 de la Constitución; y iii) posterior gubernamental, que consagra el deber del Presidente de la República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, en cumplimiento del artículo 241 Nº 10 de la Constitución Política.
79. Al analizar materialmente la Ley Aprobatoria 1689 de 2011, este tribunal considera que es constitucional, pues se constató que el Congreso de la Republica, respetó la competencia fijada en el artículo 150 Nº 16 y aprobó el acuerdo internacional sometido a su consideración por parte del Gobierno Nacional, sin introducir modificaciones al texto del instrumento que es objeto de estudio de constitucionalidad con respeto a las reglas sobre entrada en vigor del instrumento internacional.
1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1689 del 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011.
2. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011.
(6) Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en sentencias C-378 de 1996, M.P Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P Alejandro Martínez Caballero; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(7) Sentencia C-011 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(8) artículo 7º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
(9) Ver Sentencias C-582 de 2002, C-933 de 2006, C-534 de 2008 todas con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, además las sentencias C-537 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-039 de 2009 y C-378 de 2009 ambas con ponencia del doctor Humberto Sierra Porto entre otras.
(11) Auto 081 de 2008.
(12) Sistematizadas en la Sentencia C-533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, reiteradas en sentencias C-305 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-982 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
(13) Subreglas reiteradas en Sentencia C-305 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(14) Folio 15, cuaderno principal.
(15) Folio 25, cuaderno principal.
(16) Folio 23v, cuaderno principal.
(17) Folios 108-113, cuaderno principal.
(18) Folios 128v, 129, y 129v.
(19) Folio 139, cuaderno principal. La próxima sesión según el acta 26 de comisión, fue anunciada para el día de mañana a partir de las 10 a.m. (fl. 142v).
(20) Folio 142v, cuaderno principal.
(21) Folio 14v y ss., cuaderno principal.
(22) Según acta 27 del 3 de abril de 2013 que obra a folios 143-146, cuaderno principal.
(23) Folios 92 al 96, cuaderno principal.
(24) Folio 98, cuaderno principal.
(25) Folios 102-103, cuaderno principal.
(27) Folio 75, cuaderno principal.
(28) Folio 34, cuaderno principal.
(29) Folio 48v y 49, cuaderno principal. La próxima sesión fue convocada para “mañana a las 10 de la mañana” (fl. 49).
(30) Folio 57v. La próxima sesión fue convocada “… para el próximo martes a las 10:30 de la mañana” (fl. 57v).
(31) Folio 58v, cuaderno principal.
(32) Folio 33V, cuaderno principal.
(33) Folio 69 v y ss., cuaderno principal.
(34) Folio 181v, cuaderno principal.
(35) Sentencia C-225 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(36) También se ha recurrido al principio de principio de corrección de las formas, que rechaza la concepción de los trámites como condiciones sin relevancia constitucional al respecto ver Sentencia C-134 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
(37) Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Consideración Nº 7.
(38) En diversas oportunidades, la Corte ha aplicado el principio in dubio pro legislatoris, según el cual en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resulta a favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la República. Se trata, en pocas palabras, de una manifestación del principio democrático. Sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-031 de 2009, C-608 de 2010, C-941 de 2010, C-076 de 2012, C-332 de 2012, C-367 de 2012, C-457 de 2012 y C-786 de 2012.
(39) Sentencia C-225 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(40) Sentencia C-134 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
(41) Sentencia C-473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa reiterado en Sentencia C-240 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C-225 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
(42) Sentencia C-225 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(43) Ibídem. Consideración 27.
(44) Sentencia C-667 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(45) Folios 216v, 217, y 217v, cuaderno principal.
(46) Folio 169, cuaderno principal.
(47) Folio 1, cuaderno principal.
(48) Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(49) Sentencias C-546 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-102 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-039 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández; C-105 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-391 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1161 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero;, C-1252 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas; C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, entre otras.
(50) Artículo 1º y 29 del acuerdo.
(51) Sentencia C-294 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(52) Sentencia C-132 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
(53) Artículos 2º, 5º, 9º (parcial) 10, 11, 12 y 16 del Acuerdo.
(54) Artículo 1º del acuerdo.
(55) Diez de Velasco, M. Instituciones de derecho internacional público. Decimoséptima edición. Editorial Tecnos. España, 2009, pág. 458.
(56) Al respecto ver Diez de Velasco, Manuel, ob. cit., pág. 458; Monroy Cabra, M. G. Derecho internacional público, Tercera Edición, Editorial Temis, 1993, pág. 292; Sequera Duarte, Álvaro. Derecho aeronáutico, Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2004, pág. 129; Márquez Aponte, Plinio Enrique. Manual de derecho aeronáutico, Librería ediciones del profesional Ltda., Bogotá, 2003, pág. 20. Entre otros.
(57) Aunque la doctrina ha identificado hasta nueve libertades, para efectos prácticos la Corte analizará sólo las cinco libertades del aire contenidas en el acta final de la Conferencia de Chicago de 1944.
(58) Diez de Velasco, M., ob. cit., págs. 458-459.
(59) Numeral 1º, Sección 1ª, artículo 1º del Acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, publicado mediante orden de 26 de febrero de 1947 sobre acta final y convenios firmados en la Conferencia Internacional de Aviación Civil de Chicago (Gaceta, mar. 14/47).
(60) Márquez Aponte, P. E., ob. cit., pág. 20.
(61) Numeral 2º, Sección 1ª, artículo 1º del acuerdo relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, publicado mediante orden de 26 de febrero de 1947 sobre acta final y convenios firmados en la Conferencia Internacional de Aviación Civil de Chicago (Gaceta, mar. 14/47).
(62) Márquez Aponte, P. E., ob. cit., pág. 20.
(63) Diez de Velasco, M., ob. cit., pág. 459.
(65) Numeral 3º, sección 1, artículo 1º, Convenio sobre transporte aéreo internacional, aprobado el 7 de diciembre de 1944 publicado en la Gaceta 103 del 17 de mayo de 1946.
(66) Márquez Aponte, P. E., ob. cit., pág. 21.
(67) Numeral 4º, sección 1, artículo 1º, Convenio sobre transporte aéreo internacional, aprobado el 7 de diciembre de 1944 publicado en la Gaceta 103 del 17 de mayo de 1946.
(68) Márquez Aponte, P. E., ob. cit., pág. 21.
(69) Numeral 5º, sección 1, artículo 1º, Convenio sobre transporte aéreo internacional, aprobado el 7 de diciembre de 1944 publicado en la Gaceta 103 del 17 de mayo de 1946.
(70) Márquez Aponte, P. E., ob. cit., pág. 22.
(71) Documento electrónico disponible en http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/RAC%20%205%20-%20Reglamento%20del%20Aire.pdf
(72) Artículo 1788, Código de Comercio.
(73) Artículo 10, Convención de Chicago de 1944.
(74) Artículos 3º, 4º, 15 del acuerdo.
(75) Artículo 5º del acuerdo. Conforme al artículo 1º del acuerdo, la capacidad hace referencia: i) en relación con la aerolínea, “la carga útil de la aeronave disponible en la ruta o sección de una ruta; y ii) en relación con un servicio aéreo especificado, la capacidad de la aeronave utilizada en tal servicio multiplicada por la frecuencia operada con tal aeronave sobre un periodo dado en una ruta o sección de una ruta.
(76) Artículo 6º del acuerdo.
(77) Folios 17-22, cuaderno principal.
(80) M.P. Luis Ernesto Vargas. Reiterado en Sentencia C-537 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(81) Artículo 6º, 7º, 8º (parcial) 9º (parcial) y 13 del acuerdo.
(82) M.P. Mauricio González Cuervo.
(83) Artículos 8º (parcial) 18-22 del acuerdo.
(84) Oppetit, Bruno. Teoría del Arbitraje, Bogotá, Legis Editores S.A., págs. 30-31, citado por Benetti Salgar Julio. El arbitraje en el derecho colombiano. Cámara de Comercio de Bogotá. Editorial Kimpres Ltda. 2009, pág. 46.
(85) Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 4ª edición. Lerner. 1960, pág. 51.
(86) Sentencia C-431 de 1995, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
(87) Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(88) Vescovi. Enrique. Teoría general del proceso. Temis. 1984, Bogotá, pág. 7.
(89) Cfr. Artículo 116 de la Constitución Política.
(90) Las características propias del arbitramento y el lugar que este procedimiento ocupa dentro del sistema de administración de justicia consagrado por el constituyente del 91, son detalladamente expuestos en la Sentencia C-226 de 1993 (M.P. Alejandro Caballero Martínez) que constituye un claro punto de partida jurisprudencial a la hora de precisar la intervención de los particulares como agentes —y no meros sujetos— del proceso judicial.
(91) Emmanuel Gaillard & Jhon Savage, EDs, Eds. Fouchard, Gaillard, Goldman on international comercial arbitratio. Kluwer Law International. 1999, citado en Rey Vallejo, Pablo, El arbitraje y los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica: un estudio sobre formalización y judicialización, 126 Vniversitas, 2013, pág. 205.
(92) Guasp, Jaime. El arbitraje en el derecho español: su nueva regulación conforme a la ley de 22 de diciembre de 1953, Bosch, Barcelona, 1956, citado en Rey Vallejo, Pablo, ob. cit., pág. 205.
(93) Montoya Albertí, Ulises. El arbitraje comercial, Lima, Cultural Cuzco S.A., 1998, pág. 34.
(94) Rey Vallejo, ob. cit., pág. 204.
(95) Benetti Salgar, ob. cit., pág. 58.
(96) Morales H, ob. cit., págs. 51-52.
(97) Gaceta Judicial, t. CXXXVII, pág. 58, M.P. Luis Sarmiento Buitrago.
(98) Benetti Salgar, ob. cit., pág. 59.
(99) Sentencia C-592 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz. Ver también Sentencia C-226 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero en la que afirmó: “El arbitramento, por su parte, es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho, no sólo porque siempre se le ha considerado como una forma eficaz de dirimir conflictos, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes lo utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento colaboran de una manera oportuna y objetiva”.
(100) Sentencia C-426 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(101) Sentencia C-431 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(102) Sentencia C-451 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(103) Sentencia C-163 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(104) Sentencia C-060 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(105) Sentencia C-330 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(106) Corte Constitucional Sentencia C-294 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(107) Sentencia C-330 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(108) Corte Constitucional Sentencia T-057 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(110) Sentencia C-330 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(111) Corte Constitucional Sentencia C-451 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(112) Benetti Salgar, ob. cit., pág. 63.
(113) Preámbulo, artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política de 1991.
(114) Salvamento de voto del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz a la Sentencia C-347 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
(115) Por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones.
(116) Artículo 1º, Ley 1562 de 2012.
(117) Artículo 58 de la Ley 1562 de 2012.
(118) Artículo 62 de la Ley 1562 de 2012.
(119) Artículo 64, Ley 1562 de 2012.
(120) Artículos 69 a 71.
(121) Artículo 72 a 78.
(122) Artículo 79.
(123) Artículo 80 al 90.
(124) Artículo 101 a 116.
(125) La información es tomada de la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores disponible en. http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?TemaId=34&Tipo=M
(126) Artículo 41.
(127) Artículo 51 al 90
(128) Artículo 73.
(129) Artículo 37.
(130) Sentencia C-381 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(131) Artículo 1º al 8º.
(132) Artículo 1º.
(133) Artículo 5º al 8º.
(134) Artículo 1º.
(135) Artículo 2º.
(136) Artículo 1º.
(137) Artículo 2º.
(139) Artículo 5º.
(140) Artículo 6º.
(141) Artículo 1º.
(142) Artículo 2º.
(143) Artículo 1º.
(144) Artículo 3º.
(145) Artículo 5º.
(146) Artículo 1º.
(147) Artículo 4º.
(148) Artículo 7º.
(149) En vigencia por Ley 26 de 1929.
(150) Aprobado por Ley 14 de 1941.
(151) Aprobado por Ley 37 de 1961. El procedimiento se encuentra establecido en los artículos 39 al 49.
(152) Aprobada por Ley 39 de 1990.
(153) Aprobado por Ley 267 de 1996 cuya constitucionalidad fue revisada en Sentencia C-442 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(154) Aprobada por Ley 44 de 1986.
(155) Aprobada por la Ley 16 de 1981.
(156) Aprobado por Ley 149 de 1994 cuya constitucionalidad fue revisada en Sentencia C-203 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. El artículo 4º del anexo II estableció el procedimiento del juicio arbitral.
(157) Aprobado por Ley 111 de 1994, su constitucionalidad fue revisada en Sentencia C-390 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. El anexo A del convenio de administración establece el procedimiento del juicio de arbitraje de los artículos 1º al 5º.
(158) Contenida en el artículo 10 del Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005.
(159) Sentencia C-169 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(160) M.P. Mauricio González Cuervo. En esta sentencia se reiteró lo manifestado en Sentencia C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
(161) Sentencia C-750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(162) Sentencia C-199 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(163) Benetti Salgar, ob. cit., pág. 98.
(164) Artículos 25, 27, 28, 30, 31 del acuerdo.
(165) Folio 21, cuaderno principal.

References: ARTÍCULO 160
 artículo 9
 artículo 189
 artículo 157
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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