Source: http://boliviaagua.blogspot.com/2014/04/
Timestamp: 2017-11-17 19:26:03+00:00

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Agua en Bolivia: April 2014
Proyecto de agua potable demanda inversión superior a Bs 307 millones
La firma del convenio realizado en la víspera dará inicio a la ejecución al proyecto integral de agua potable en la zona de Chuquiaguillo, que demandará una inversión superior a los Bs 307 millones, de los cuales el municipio pone una contraparte de Bs 50,8 millones y el resto será financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
El proyecto consta de una presa que almacenará seis millones de metros cúbicos, una planta de tratamiento de agua que potabilizará 300 litros por segundo, y redes domiciliarias que distribuirán el líquido a los distritos 11, 12, 13 y parte del 14, pertenecientes a la ladera este y zona sur de La Paz.
Según el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora la tarde del lunes se firmó el convenio por parte de la entidad gubernamental y el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
La construcción del proyecto integral Chuquiaguillo tiene varios meses de retraso, pero finalmente las autoridades se pusieron de acuerdo.
"Les hicimos llegar el viernes con los ajustes que corresponde (el proyecto a los vecinos) entiendo que hace unos minutos atrás el Alcalde habría hecho llegar solamente un original firmado, pero nuevamente se le ha arrancado al Alcalde un compromiso", remarcó.
Agregó también que "con la entidad ejecutora del Ministerio que es Emagua, hemos enviado en noviembre del año pasado el borrador del convenio al municipio, desde entonces el municipio ha estado dando mil y cien razones para no firmarlo cada día un nuevo motivo, el último era que ellos no podrían correr con los imprevistos que pudieran presentarse".
COMUNA GARANTIZA CONTRAPARTE
Por su parte el Alcalde Luis Revilla, informó que en la víspera procedió a la firma del convenio que viabiliza la ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua Potable del Sistema Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz. La autoridad edil garantizó el desembolso de los 7,3 millones de dólares que aportará el Gobierno Municipal para este proyecto, como contraparte.
Labels: La Paz, Programa Mi Agua
Se consolida presa de agua en Chuquiaguillo
La obra consta de una presa que almacenará seis millones de metros cúbicos, una planta de tratamiento de agua y redes domiciliaras.
El ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), José Zamora, informó ayer que después de varios meses de retraso, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, firmó el convenio que establece la contraparte municipal en la construcción del proyecto integral Chuquiaguillo.
“Esta mañana (ayer) estuvimos presentes en la reunión con los vecinos, lamentablemente el Alcalde (Luis Revilla) no se presentó, (…) y nosotros explicamos a los vecinos lo que les estoy explicando ahora, y los vecinos han entendido este tema y han exigido al Alcalde la firma de este convenio que nosotros les hicimos llegar el viernes con los ajustes que corresponde”, dijo Zamora.
Según la nota de prensa institucional, el convenio fue firmado por el MMAyA, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y la Alcaldía de La Paz.
El ministro Zamora indicó que al burgomaestre paceño se le hizo llegar solamente un original firmado, pero “nuevamente se le ha arrancado al Alcalde un compromiso”.
En ese sentido, la autoridad destacó que el Gobierno tiene como uno de sus principales mandatos dotar de todos los servicios a su población. Por eso está garantizando la construcción de esa obra.
Sin embargo, insinuó que el alcalde Revilla no le interesa su pueblo, porque no se preocupa de dotar de los servicios básicos.
GOBIERNO CUBRIRÁ MÁS GASTOS
Asimismo, el ministro Zamora explicó que el proyecto integral Chuquiaguillo demandará una inversión superior a los 307 millones de bolivianos, de los cuales, el municipio sólo está poniendo una contraparte de 50,8 millones y el resto lo está financiando el Gobierno y Epsas.
La obra consta de una presa que almacenará 6 millones de metros cúbicos, una planta de tratamiento de agua que potabilizará 300 litros por segundo, y redes domiciliarias que distribuirán el líquido a los distritos 11, 12, 13 y parte del 14, pertenecientes a la ladera este y zona Sur de La Paz.
La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), ejecutará trabajos de servicios básicos en los distritos 8 y 9 de Cercado para llegar a una población de 50.000 habitantes, según informó el municipio en un boletín.
El gerente general de Semapa, Marco Antonio Barriga, informó a través de la misma fuente que el proyecto de “Construcción del Sistema de Agua Potable, Distritos 8 y 9 de la Ciudad de Cochabamba”, tiene comprometido un financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de 10.855.100 dólares.
El proyecto que es más conocido como “Agua para el Sur”, contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria de los distritos 8 y 9 de Cochabamba, a través de la dotación de un sistema de agua potable. El gerente señaló que este proyecto reducirá el monto actual que los pobladores pagan por metro cúbico de agua de los carros cisterna o a las cooperativas. Asimismo disminuirá la aparición de enfermedades prevalentes debidas al agua de dudosa calidad
Bolivia dejó de recibir 1.000 MM de metros cúbicos de agua del Lauca
Este pacto internacional, del cual Bolivia y Chile son signatarios, establece que “los Estados tienen el derecho exclusivo de aprovechar, para fines industriales o agrícolas la margen que se encuentra bajo su jurisdicción de las aguas de ríos internacionales (...). Ese derecho, sin embargo, está condicionado por la necesidad de no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado vecino”.
Desvío del Lauca afectó a unas diez comunidades y generó disputas internas
Desde 1962, cuando se oficializó el desvío del curso del río Lauca, las provincias Sabaya, Sajama y Litoral, en Oruro, fueron las que más sufrieron el impacto por la disminución del caudal, que afectó la agricultura y la ganadería camélida regional.
Hugo Araníbar, representante de la Federación de Ganaderos del Altiplano (Fegal) y exalcalde de Sabaya, explicó que de esas tres provincias, en al menos diez comunidades hubo “el éxodo rural y la desintegración familiar”, incluso existió peleas entre los ayllus Manasaya y Aransaya, pueblos hermanos de la nación Uru Chipaya.
Problemas. “Hace 52 años, las vicuñas y guanacos desaparecieron de la región y se fueron a territorio chileno debido a que el caudal del río bajó y en la zona comenzó a escasear el forraje. Los animales nunca más volvieron y Chile creó en su territorio el Parque Nacional Lauca (1965) y en 1981 pasó a ser parte de la lista mundial de reservas de la biosfera de la Unesco”, afirmó.
Mermada la actividad ganadera, el principal sustento económico de esas comunidades, los jóvenes se fueron a las ciudades, dejando casi despoblada la región altiplánica fronteriza.
“Antes, incluso, se criaba chanchos y ovejas; además, cada familia tenía hasta 100 llamas, pero ahora solo poseen entre 10 y 15. La realidad es triste en esas comunidades. Si ahora se hace un recorrido por esos pueblos, se encontrarán unas cinco o seis familias en cada una. Calcular las pérdidas es muy difícil”, agregó el dirigente.
Incluso, relató que Cotasi, un pueblo del cantón Julo, desapareció totalmente. “Antes tenía una escuelita, pero toda la gente migró; ahora solo figura en el mapa, pero ya no tiene habitantes”.
Los líos internos también han aflorado. Los Manasaya y Aransaya se ven envueltos en pugnas constantes debido a la escasez de agua, y si bien en los últimos años no se registraron enfrentamientos físicos, los reclamos ante las subprefecturas de Oruro continúan.
Y hay otro riesgo: la explotación minera. “Tememos que las empresas vayan a la región, porque cerca de la cordillera sabemos que existe azufre, cobre, plata y oro. Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando era presidente (2002-2003), pidió áreas de explotación en la provincia Mejillones, que hubiese significado el uso de las aguas de la región y su contaminación”.
Con todo, lo que las comunidades afectadas propondrán en el simposio sobre el Lauca, del 23 de mayo, será que el Gobierno efectúe estudios serios sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos del altiplano central y la Cordillera de los Andes. “Hay muchas comunidades con escasez y eso merece una atención preferencial”, agregó Hugo Araníbar.
Las aguas del Lauca, en territorio extranjero, recorren 80 kilómetros hasta llegar al valle de Azapa (Arica), para luego alimentar las turbinas de la central hidroeléctrica de Chapiquiña, que amplificó la provisión de energía eléctrica a las plantas industriales del norte chileno, refiere el dirigente.
‘Hay agenda, pero no hay gestión’
Gustavo Aliaga es diplomático boliviano.
Con la actual Constitución, el Gobierno tiene una responsabilidad mayor en la administración de esas aguas; en este sentido, hay tres problemas que no hemos arreglado, el Lauca, el Silala y el Quetena.
Lo que pasó es que con Chile no se logró construir una agenda que se ejecute, porque aún no hay gestión ni propuestas. Lo que ahora se debe hacer es reconstituir la agenda a la brevedad posible.
Tenemos una riqueza impresionante de recursos hídricos y el Estado tiene que tomar el control de la administración de esas aguas.
Hacer un juicio por esas aguas durará otros cinco años, y el agua va a seguir cruzando porque falta gestión diplomática, ése es el problema.
Además, no hay gestión de reclamo y las reuniones o simposios son saludos a la bandera. Por tanto, tenemos agenda, pero no contamos con una gestión diplomática efectiva.
No creo que la opción para este tema esté vinculada con un juicio internacional. Se requiere una negociación y para eso debe existir voluntad política y diplomática efectiva. Se deben evitar los fracasos y enfrentar esta agenda con capacidad de gestión que no hay.
Macuña ya tiene sistema de agua
El proyecto que demandó una inversión de Bs 1,8 millones, beneficiará a 146 familias de la comunidad.
La obra fue financiada por la Alcaldía de Pucarani y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
En el municipio de Pucarani, del departamento de La Paz, en el marco del programa MiAgua II, se inauguró el Sistema de Agua Potable Macuña con 144 conexiones domiciliarias con todos sus accesorios.
Según una nota de prensa del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), el proyecto demandó una inversión de Bs 1,8 millones, de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente y Agua erogó el 50% y el resto corrió por cuenta del Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani.
El sistema de agua potable entregado, según el documento institucional, mejorará la calidad y las condiciones de vida de 146 familias de la comunidad de Mucuña. En la inauguración de la obra se destacó el apoyo de de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Las autoridades municipales originarias, en la entrega del proyecto, destacaron las bondades del programa MiAgua, impulsado por el presidente Evo Morales, que ya está en su tercera fase de aplicación.
El programa Miagua se creó el 30 de marzo de 2011 mediante el Decreto Supremo 831 y en el marco del artículo 373 de la Constitución Política del Estado, que establece que el “acceso al agua es un derecho fundamentalísimo”. El Gobierno, tras atender los proyectos de agua potable en todos los municipios del país, desde este año, implementa el programa MiRiego para garantizar la seguridad alimentaria.
El Gobierno ejecutará plan de agua en Chuquiaguillo
La construcción del proyecto integral Chuquiaguillo -que consta de la represa Hampaturi, una planta de tratamiento de agua potable y las redes de distribución- está garantizada por el Gobierno , que financiará más del 70% del costo de la obra, informó ayer el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora.
"Lo que vamos a hacer es garantizar a los vecinos de los distritos 11, 12, 13 y parte del 14, y en general a toda la vecindad de todo lo que significa la metrópoli, que este proyecto se va a ejecutar”, confirmó la autoridad.
"A los vecinos decirles que no se preocupen, el lunes se firmará el convenio, que incluye todas las cláusulas que se tienen que incluir. Ése respeta la normativa boliviana y que no hace a un capricho municipal”, comentó.
Dijo que el alcalde Luis Revilla envió el convenio firmado recién el jueves, pero que "arbitrariamente indica fechas de desembolsos y no incluye ninguna modificación al presupuesto”.
En respuesta, el alcalde declaró que no cometerá ninguna ilegalidad, ni vulnerará la Ley Municipal 69, en la que el Concejo declara el proyecto como prioridad y en la que se le autoriza invertir 7,3 millones de dólares, "ni un centavo más, ni uno menos”.
"Lo que el ministro está pretendiendo es hacer cometer una ilegalidad al alcalde, violar una ley municipal, y no lo vamos a hacer. Sé que el ministro ha decidido cubrir este monto de contraparte, me parece muy bien porque ésa es la manera de solucionar el problema. Ojalá lo hubiera hecho hace cuatro meses y no haber perjudicado tanto a la ciudadanía”, aseveró el edil.
Semapa pierde la mitad de agua que distribuye
De los 30 millones de metros cúbicos de agua tratada y distribuida al año por la empresa Semapa, sólo se facturan alrededor de 15 millones, lo que significa que el 50 por ciento se pierde, afirmó la directora del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag), Carmen Ledo.
Esto se debe a la antigüedad de las tuberías, que en 60 años no fueron cambiadas y con la fuerza del agua y la cantidad de volumen que ingresa día a día ocasionó su colapso. Esto provoca filtraciones y pone el agua al descubierto y en contacto con otros componentes de contaminación de la tierra.
Producto de ello, se corre el riesgo de que la población padezca de varias enfermedades, entre ellas diarreas agudas, problemas gastrointestinales e infecciones tifoideas, que afectan principalmente al sector más vulnerable: los niños.
“Por los problemas de asociación y correlación del agua con la muerte, se puede decir que gran parte de los factores que explican la incidencia de la mortalidad y morbilidad infantil se asocia al agua, ya que a pesar del desarrollo humano alcanzado en el norte existe niveles de mortalidad que superan los 50 niños muertos de cada mil nacidos vivos”, explicó Ledo.
Agregó que si no existiera fuga, la misma cantidad de población que recibe agua actualmente podría ser beneficiada. “Se aumentaría al doble la disponibilidad del servicio”, dijo Ledo. Añadió que si no se resuelven estos problemas, se vendrá el colapso, cuando lleguen las aguas del Proyecto Múltiple Misicuni.
Un catastro técnico y el cambio de tuberías de la red de alcantarillado y agua potable en el municipio de Cercado, pensando en el crecimiento vertical de la ciudad con los procesos de densificación, es una propuesta para solucionar los problemas del agua que aquejan a Cochabamba, manifestó Ledo.
Asimismo, destacó la importancia de la constitución de una empresa metropolitana que aglutine los servicios básicos, en la que el Estado retome el papel principal con la inyección de capital, que permitirá dar una mirada macro “para ordenar el desorden existente”. Los usuarios que no acceden al servicio apelan a sistemas de autogestión.
En Bolivia, actualmente, los lugares que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado son las ciudades más desarrolladas, lo que significa que el resto tiene sistemas precarios o no disfruta de ninguno.
Según datos tabulados y procesados por Ledo del Censo 2012, en La Paz el 95 por ciento de la población goza de conexiones del sistema de alcantarillado público; le sigue Cochabamba con el 63 por ciento y Santa Cruz con el 48 por ciento. Esto significa que este servicio es un privilegio de las ciudades desarrolladas y una restricción para las áreas rurales.
En el caso de Cochabamba, la población de la zona sud paga hasta el 10 por ciento de su ingreso al mes por uno a dos cubos de agua. El sector recibe el agua más cara y de peor calidad, según datos del Ceplag.
En cambio, los usuarios de la red de Semapa invierten el uno por ciento de sus ingresos al pago del servicio. La cobertura actual es del 75 por ciento.
Ni un peso más para obras de Misicuni dice Carrillo
Ya no se necesitará “ni un peso más” para la segunda fase de la obra de Misicuni, además de los 32.8 millones de dólares adicionales que están en trámite para su desembolso, dijo el asambleísta departamental, Marco Carrillo.
Las obras de la presa y proyectos adicionales están paralizados desde noviembre de 2013. Tras la resolución de contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) la Empresa Misicuni puede hacer la contratación directa para que otras constructoras se hagan cargo de los trabajos.
Para esto se actualizó el precio de materiales e insumos de construcción y aprobaron 32.8 millones de dólares más, ya que, según argumentaron las autoridades, los costos de 2009, cuando se inició la obra, son distintos a los de 2014.
Carrillo expresó que no se necesitará más dinero porque estos recursos incluyen, además, el 15 por ciento adicional que se prevé ante posibles modificaciones de costos.
“Se ha previsto todo (...) para no solicitar más recursos”, afirmó.
Explicó que con este incremento el proyecto tiene una inversión de 65.5 millones para las obras restantes de esta fase. Para la presa, vertedero y obras subterráneas son 54.1 millones, para las inyecciones en el plinto y túnel de desvío 5.7, para la instrumentación 2.3, sistemas de comunicación y distribución de energía 2.5 millones y para gastos de fiscalización y costos administrativos 25 mil dólares.
Hay un total de 28 empresas que hicieron conocer su interés de hacerse cargo de obras de la represa y los proyectos adicionales. De éstas 10 son extranjeras, tres chinas y otras de Panamá, Colombia, México y Brasil. El resto son bolivianas.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que el primer frente incluye las obras de ingeniería, la cara de concreto de la presa, las obras subterráneas y el vertedero. El segundo, estará a cargo de las inyecciones. El tercero, se encargará de la instrumentación, que de 11 instrumentos ya tiene 8 y restan 3 por ejecutar. Y el último frente es de las telecomunicaciones para la instalación y conexión de equipos a través de fibra óptica.
Los reclamos que planteaba el Consorcio estaban referidos a los incrementos de salarios y otros que argumentaba para que tengan iliquidez.
Esos aspectos no fueron válidos para la Empresa Misicuni y rescindió el contrato.
Hasta marzo, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) realizó unos 150 cortes de redes de alcantarillado a grandes usuarios por tener deudas.
Ayer, Semapa realizó la rendición pública de cuentas de la gestión 2013 ante representantes de diferentes sectores sociales.
CORTES El gerente de Servicios al Cliente, Edgar Varnoux, explicó que identificaron alrededor de 500 “grandes consumidores” con deudas, incluso, desde 1990 y que este 2014, por eso decidieron cortar el servicio.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua avaló la medida ante la obligatoriedad de cumplir el pago mensual.
Explicó que al no tener servicio de alcantarillado recién pagan. “La mayoría tiene planes de pago y están reduciendo la mora”.
Acotó que hay deudas de entre 40 y 50 mil bolivianos.
Agregó que hay un plan de pagos de hasta dos años, pero la primera cuota debe incluir el costo por el corte del alcantarillado y al menos el 50 por ciento de la deuda.
En 2013 intervinieron con edificios y este 2014 avanzan con industrias, como lavanderías y curtiembres, por lo relacionado a la contaminación del río Rocha, por ejemplo.
En el caso de las conexiones de industrias clandestinas también proceden al corte y “no se habilita hasta que tengan toda la documentación y condiciones para funcionar”.
La Comuna Valle Hermoso es la más perjudicada con las industrias y se realiza un plan de trabajo de manera conjunta con la Secretaría de la Madre Tierra de la Alcaldía.
PÉRDIDAS El gerente administrativo financiero, Marco Antonio Funes, informó que, según el estado de recursos y gastos corrientes, que Semapa tuvo una pérdida de 39 millones de bolivianos en 2013.
El gerente general de la empresa descentralizada, Marco Antonio Barriga, dijo que se debe a gestiones anteriores, por multas, sanciones y montos como trámites legales de la reincorporación de 19 trabajadores.
“Es un proceso legal que dentro de la partida presupuestaria y de funcionamiento significa más de 3 millones de dólares”, aseguró.
Funes sostuvo que se debe a los “malos manejos de anteriores administraciones”, por ejemplo, en almacenes y activos fijos donde declararon costos mayores a los reales en compra de material.
Anunció que realizan consultorías a cargo de Romero Asociados para conocer el detalle de estas observaciones y que se instaurarán procesos.
Semapa arrastra déficit y busca recuperar deudas
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) afronta un déficit de 39 millones de bolivianos. Las causas son múltiples y se arrastran desde anteriores gestiones. Si bien el principal motivo es la mala administración, también, existen otras razones como el sobreprecio de herramientas y la mora de 150 edificios, que tenían deudas desde hace 20 años.
El gerente de Administración Financiera de Semapa, Marco Antonio Funes, explicó que se espera el resultado de estudios realizados por la Consultora Romero Asociados, para el inicio de procesos si es que corresponden.
Al déficit se suma la pérdida del 40 por ciento del agua que se distribuye por filtraciones y la antigüedad de las tuberías. El daño se refleja en la facturación y la imposibilidad de dotar de agua a más usuarios.
El gerente general de Semapa, Marco Antonio Barriga, manifestó durante su informe de Rendición Pública de Cuentas, ayer, que el proyecto para cambiar la red de tuberías de agua potable y alcantarillado en el casco viejo podrá revertir las pérdidas. Pero reconoció que el plan está pendiente desde hace dos gestiones.
Barriga añadió que para superar la cobertura actual del 75 por ciento y llegar a la zona sud, se necesitan aducciones, según el Plan Metropolitano, que vengan de la planta de Jove Rancho, que tendrá un costo de más de 175 millones de dólares.
Barriga aclaró que entre los proyectos principales para mejorar el servicio de agua en Cercado está la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Albarrancho, que tiene un monto de 10 millones de dólares garantizados por el Gobierno central.
A ello se suma la implementación de las nuevas tarifas de cobro del agua, en el que la población pague por el consumo de metro cúbico de agua, que aún se encuentren en la etapa de socialización.
Para la próxima semana se prevé realizar las pruebas para que la nueva planta de tratamiento de agua de Taquiña entre en funcionamiento, con una capacidad total de 400 litros por segundo, que en un inicio será de la mitad.
Edificios, grandes deudores
El gerente de Servicio al Cliente, Edgar Varnoux, manifestó que desde 1990 existen 500 “grandes consumidores” que tenían deudas de entre 40 mil a 60 mil bolivianos por el pago del servicio de agua potable y alcantarillado. El sector representaba una gran parte de la mora para la empresa.
Por lo que en cumplimiento con el marco jurídico, a fines de marzo, se procedió a cortar el servicio de alcantarillado. Así se logró que 150 consumidores cancelen su deuda a través de planes de pago de hasta 24 cuotas. El primer pago cubre el costo del corte del alcantarillado y el 50 por ciento de la deuda.
“El año pasado se encaró este problema con edificios, esta gestión, por los problemas con el río Rocha y la laguna Alalay estamos encarando con industrias como lavanderías, curtiembres, que tienen procesos de descarga de materiales que obstruyen las redes y generan contaminación”, aseveró. Aclaró que actualmente se realiza el control y corte a industrias clandestinas en Valle Hermoso, “hasta que tengan las condiciones para funcionar”.
La gestión 2013
Semapa generó en 2013, un total de 127.425.839 bolivianos, como recursos propios. Entretanto, los recursos transferidos por la Alcaldía fueron de 164.404.169 bolivianos.
Del total de denuncias de corrupción o falta de transparencia sólo el 20 por ciento tienen sanción impuesta.
El número de usuarios se incremento en 3 mil durante la gestión 2013. La mora se redujo en el 9,6 por ciento.
El 80 por ciento de las obstrucciones de la red de alcantarillado se debe al mal uso del servicio.
Se estima que Semapa brinda una cobertura al 75 por ciento de los usuarios de su área de concesión, en el municipio de Cercado.
El tema pasa a manos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
El director de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Edson Solares, informó ayer que la Alcaldía de La Paz presentó una recusación a la Resolución Administrativa Regulatoria emitida por ese despacho, por una deuda contraída con la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
“Así estaría sucediendo. La Alcaldía estaría pagando su deuda, pero ha presentado un recurso de revocatoria a la Resolución emitida la semana pasada, y el tema pasa a manos del Ministerio de Medio Ambiente”, explicó a la ABI.
Recordó que el Ministerio tiene 30 días para emitir un pronunciamiento. Epsas cortó el suministro de agua a las instalaciones del Palacio Consistorial el pasado 10 de marzo, por una deuda de al menos 200.000 bolivianos, monto que fue cancelado parcialmente.
Inundaciones paralizaron proyectos 'Mi Agua II' en Beni
Agua II' están paralizados en el Beni desde enero pasado, como consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones que golpearon a esta región del país, informó este miércoles del gerente departamental del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), José Mario Sempertegui.
Según el FPS, los proyectos son 65 en total y están distribuidos en los diferentes municipios. El monto de cada uno de ellos asciende a 300 mil dólares provenientes de un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.
'Si bien teníamos alcanzado un 80 por ciento en la ejecución de Mi Agua II a finales de año (2013), teníamos estimado que hasta finales de febrero se iba hacer entrega definitiva de la totalidad de la cartera Mi Agua II. Lamentablemente las inclemencias climáticas afectaron que las empresas puedan continuar trabajando', dijo.
Sempertegui explicó que las empresas que se adjudicaron los proyectos de agua potable esperan que las condiciones mejoren para retomar la ejecución de las obras.
Asimismo, el ejecutivo del FPS informó que los proyectos 'Mi Agua III', que contempla 24 obras en el Beni con una inversión de 22 millones de bolivianos, todavía no comenzaron a ejecutarse por los desastres naturales.
Pucará estrena pozo y sistema de agua potable
La Gobernación cruceña entregó en Pucará un pozo de 85 metros de profundidad que producirá 14.400 litros por hora y un sistema de agua potable con 510 metros de tubería, con lo que se da una cobertura del 100% a la 5ta sección municipal de la provincia Vallegrande. También dotó de un tanque de almacenamiento de 10.000 litros de agua para la comunidad de Lacayotal.
El secretario de Desarrollo Productivo Luis Alberto Alpire fue el encargado de inaugurar el pozo y el sistema de agua. Las obras permitirán mejorar la calidad de vida de los pobladores, dijo la autoridad
Cochabamba Planta de agua puede operar antes de la presa
La Planta de Tratamiento de Aguas de Misicuni podrá operar antes de que se concluya la represa, según explicó el presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado.
Las obras de la presa y anexas de Misicuni están paralizadas excepto las de la planta situada en Jove Rancho, que potabilizará agua.
Alvarado informó que este proyecto se concluirá en julio y que se prevé su inauguración para el 6 de agosto o el 14 de septiembre.
Explicó que una vez terminada la obra, tiene la capacidad de potabilizar el agua que llegue de Misicuni. Es decir, que se podría dotar del líquido a las zonas donde llegan las redes, por ejemplo, a los barrios de la ciudad de Cochabamba donde solo algunos días llega ese servicio.
Alvarado manifestó que existen redes muertas que podrían ser utilizadas para el beneficio de la población.
El asambleísta departamental Marco Carrillo dijo que todo depende de los encargados de la distribución del agua potable.
Sin embargo, acotó que en los municipios del eje metropolitano, que se beneficiarán con Misicuni, no existen redes para la distribución y que ésa debería ser una prioridad.
LAS OBRAS Los trabajos en la represa se paralizaron en noviembre de 2013, cuando la Empresa resolvió el contrato con el Consorcio Hidroelétcrico Misicuni (CHM), argumentando falta de liquidez y carencia de personal adecuado.
Entonces, se anunció una nueva adjudicación, por excepción, en la que no se siguen pasos para licitar. De forma paralela se hizo un estudio de actualización de costos de material y se informó que son necesarios 32.5 millones de dólares adicionales para concluir las obras.
Por eso, antes de adjudicar los frentes de trabajo es necesario garantizar estos recursos. Esto pasa por la suscripción de dos convenios de la Gobernación, uno con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y otro con la Empresa Misicuni.
Carrillo dijo que el proceso para la suscripción de convenio con el FNDR está en la etapa final.
Los 32.5 millones de dólares serán del Tesoro General de la Nación (TGN), pero, según el asambleísta, la Gobernación tendrá que pagarlos en 11 años.
Entretanto, la Empresa Misicuni tiene en lista 28 empresas, ocho extranjeras, interesadas en la continuación y conclusión de los trabajos de la presa y adicionales.
Alvarado anunció que para la apertura de sobres invitarán a representantes de diferentes sectores.
Cerca de 60 familias del municipio de Choquecota perteneciente a la provincia Carangas, se benefician con la construcción de dos sistemas de agua potable, además de un sistema de micro riego destinado a la producción agraria y ganadera de la región, estas obras son ejecutadas en el marco del Programa Mi Agua III ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).
En recientes días se inicio dichas obras en el municipio de Choquecota, al momento de inaugurar estos trabajos el técnico del FPS, Gonzalo Llanos recomendó a las empresas que ejecutan los trabajos cumplir con los plazos establecidos estipulados en el contrato.
También instó a la población a realizar el control social de estos proyectos, que puedan supervisar el avance y la construcción que cumpla con las especificaciones respectivas.
Detalló que se ejecutan tres proyectos en el municipio de Choquecota con las siguientes características: se ejecuta la construcción del sistema de agua potable por bombeo con 33 conexiones que benefician a un total de 31 familias en la población de Andapata, el segundo proyecto corresponde al sistema de agua potable en Huaylluma, que beneficiará a 32 familias, y por último se construye el sistema de micro riego en el río Choquecota, beneficiando a 22 familias que se dedican a la producción agraria. La inversión total de estos proyectos asciende a 1,7 millones de bolivianos.
Por su parte el alcalde municipal de Choquecota, Aparicio Cruz manifestó que estos proyectos benefician a la población para tener una mejor calidad de vida y que los sistemas de micro riego son importantes para los sembradíos.
El Gobierno, mediante decreto supremo, autorizó al Ministerio de Planificación del Desarrollo la suscripción de un contrato de préstamo por $us 72 millones provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Con los recursos económicos se financiará parcialmente el Programa de Agua, Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial (Proasred).
Una vez suscrito el documento de crédito, éste deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en cumplimiento del numeral 10, del parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, señala el decreto emitido el miércoles.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la suscripción del respectivo convenio subsidiario con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en su condición de organismo ejecutor, para la transferencia de recursos externos y ejecución del contrato de préstamo”, señala la norma.
El órgano ejecutor también debe gestionar el aporte local.
Por ahora, el servicio de agua potable es ‘normal’ en Tarija. Y aquí normal quiere decir que en el centro de la ciudad no escasea y en la periferia las piletas comunitarias, que suministran a 50 o 100 familias, bombean todo el día; sin embargo, como admiten algunas autoridades departamentales y municipales, aún no hay una solución definitiva contra la escasez en tiempos de estiaje (sequía entre noviembre y enero), pese a las promesas, y a que se trata de la capital del departamento que maneja más de Bs 4.000 millones al año, el doble de Santa Cruz.
“Nuestro mayor problema es el agua potable, es algo que hace falta ver -sobre todo- porque en tiempo de estiaje nos quedamos sin agua”, explicó Guadalupe Jurado, asambleísta departamental y jefa de bancada del MAS. Jurado dijo que hay proyectos e inversiones para atender el problema, pero reconoce que todavía no se han resuelto.
La Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Tarija (Cosaalt) no respondió a las consultas de este diario, pero en noviembre Benito Castillo, que era gerente general de Cosaalt, indicó que en temporadas de alto caudal de los ríos, Rincón La Victoria y Guadalquivir, los 32.000 socios de la cooperativa reciben un suministro normal, algo que en época seca cambia con racionamiento para alrededor del 75% de sus usuarios.
Largas filas por el agua de la pileta comunitaria, turnos de siete días por familia para recoger unos cuántos litros para beber y para bañarse, peleas a golpes. Todo eso es parte del drama del déficit del servicio básico en tiempo seco, en barrios de la periferia, como 27 de Mayo, Santa Rosa y El Trigal.
Rodrigo Paz Pereyra, presidente del Concejo Municipal de Cercado, que también reconoce el problema, explicó que el municipio ha optado por apoyar a Cosaalt para relanzar la cooperativa y realizar inversiones para mejorar el suministro.
“Hemos asumido proyectos concurrentes con el Gobierno. Por ejemplo, hay una inversión de Bs 80 millones para financiar 10 pozos y dos galerías filtrantes”, explica Paz, que asume que este tipo de obras es una solución a corto plazo para mejorar el suministro y mitigar la escasez en tiempos de estiaje
Los 32.000 socios activos de la ciudad de Tarija necesitan 450 litros por segundo para tener su demanda cubierta. En tiempos de sequía es afectado el 75%
El presupuesto general del departamento de Santa Cruz es de Bs 2.088.387.176, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La Paz recibe Bs 1.419.451.828, mientras que Tarija percibe Bs 4.129.915.381
Fiscalía secuestró equipos sin notificar a Misicuni
Misicuni se queda sin maquinaria
A casi cinco de meses de paralización, las obras inconclusas de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni se deterioran paulatinamente. A ello se suma que toda la maquinaria del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) se halla secuestrada y precintada por el Ministerio Público. Además, la plataforma del embalse tiene agua acumulada y en algunos sectores se han registrado pequeños deslizamientos. Sólo tres personas se encargan de cuidar el campamento.
En una inspección al lugar se evidenció que la represa donde antes trabajaban 200 obreros las 24 horas y había un intenso movimiento de maquinaria ahora está abandonada. Todo está paralizado. El tiempo, el sol y las lluvias han deteriorado algunos de los frentes y los equipos.
La maquinaria está precintada. Incluso, aquella que puede considerarse chatarra, porque no tiene llantas, está desmantelada y expuesta a la intemperie. Sólo ocho motorizados que se encontraban en mejores condiciones fueron trasladados a un garaje en Vinto por disposición del Ministerio Público.
La maquinaria fue secuestrada dentro del proceso iniciado a denuncia de los dueños de los equipos subcontratados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni que demandan el pago de casi un millón de dólares por sus servicios. Por fuentes cercanas al caso, se conoció que el Ministerio Público encontró indicios suficientes para sospechar que los responsables del Consorcio incurrieron en enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La denuncia fue interpuesta a principios de año por un grupo de 20 propietarios de maquinaria pesada que reclama el pago por sus servicios. Al margen de este caso, los dueños de las volquetas también piden el desembolso por sus servicios y demandaron al Consorcio por estafa.
El asesor legal del Consorcio, Raúl Nemtala, afirmó que en las siguientes horas se firmará un acuerdo con los maquinistas para cancelar la deuda con equipo pesado. “Pagaremos con nuestros equipos, si se les adeuda un millón de dólares se entregará maquinaria equivalente a este valor. Lo mismo pasará con la denuncia interpuesta por los volqueteros”, dijo.
Difícil momento y aparecen más deudas
La maquinaria precintada no podrá ser utilizada por las constructoras que la Empresa Misicuni contrate para el reinicio de las obras hasta la culminación del proceso penal o hasta que un juez revoque la determinación.
Entre los equipos secuestrados se encuentran las primeras volquetas que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni adquirió. Se trata de cuatro camiones Caterpilla 740 de 25 metros cúbicos de capacidad traídos de Chile.
El asambleísta Henry Paredes manifestó que el secuestro de la maquinaria que ordenó el Ministerio Público es un síntoma más de la difícil situación por la que atraviesa el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni.
Añadió que conoció que en los siguientes días más acreedores demandarán al Consorcio por deudas. Explicó que se trata de pequeñas ferreterías de la avenida Blanco Galindo que les vendieron a las constructoras clavos, cal y otros insumos. Las deudas superan los 80.000 bolivianos.
Potosi Tres obras de agua potable beneficiarán al municipio
La construcción del sistema de agua potable Malcocha, Caylla Huasi y Tienda Pata serán ejecutadas en el municipio de Potosí en convenio con el Fondo de Inversión Productiva y Social.
El Concejo Municipal aprobó tres informes enviados por la comisión de Desarrollo Productivo sobre tres construcciones de sistema de agua potable para el municipio, informó la presidenta de la comisión, Doris Zárate.
“Conforme a la nueva normativa y a la ley 492 de acuerdos y convenios intergubernativos, nos indica claramente en su artículo cinco, parágrafo tres, que los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por gobiernos autónomos (...) cuyo financiamiento total sea igual o menos al un millón de Bolivianos no requieren la ratificación de sus órganos legislativos”, argumentó.
Por ello, el Concejo no homologó los convenios porque, según Zárate, no era necesario.
Semapa espera aprobación de nuevas tarifas
Semapa envió el informe final sobre la nueva tarifa del agua a la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para que emita una resolución administrativa regulatoria de observaciones o dé su aprobación. El documento fue remitido luego de culminar con los talleres de socialización en los 14 distritos del municipio de Cochabamba, informó el gerente de Servicio al Cliente de Semapa, Edgar Varnoux.
Con la propuesta, la actual estructura de tarifas del agua cambiaría a tres categorías comerciales y una doméstica, esta última dividida en dos subcategorías A y B. Además, se activaría la categoría Solidaria, que debía ser aplicada a inicios de este año.
Varnoux aclaró que en la actividad de información se evidenció la polarización de la población.
Por ejemplo, en los distritos 1 y 2 de la zona norte, los pobladores rechazaron la nueva modalidad de cobro por consumo. Con las nuevas categorias se propone que se elimen las cuatro categorias vigentes, debido a que establecen el cobro por consumo, tipo de vivienda y números de puntos o conexiones al servicio.
Con la nueva definición se propone el pago por consumo de acuerdo a una escala que determina los volúmenes por metro cúbico y una tarifa solidaria.
Asimismo, por los conflictos sociales en los distritos municipales 8 y 5, no se realizó el trabajo de socialización, aunque la invitación para desarrollar el taller está abierta y a la espera de la reprogramación, dijo.
El informe final de la nueva tarifa se envió hace 10 días a la AAPS. En total se desarrollaron 15 talleres de socialización, con la participación de 800 representantes de OTB y distritos.
Por otro lado, Varnoux añadió que desde el mes de septiembre, a requerimiento de Impuestos Nacionales, las facturas de agua contarán con el Código QR, como una nueva medida de seguridad. Además, las facturas no serán impresas matricialmente.
El funcionario recordó que en los avisos de cobranza siempre se encuentra el registro histórico de los últimos seis meses de consumo, la última lectura y la lectura actual, para el control del servicio. Por el momento, no hay una fecha definitiva para comenzar a aplicar las nuevas categorías de Semapa. Sin embargo, se prevé que el proceso ante la AAPS termine en agosto.
Para cuidar el agua en el Chaco boliviano
Con la presencia de representantes de la EPSA Manchaco Social, del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, la Fundación Natura y la Fundación Avina, se desarrolló el último encuentro de capacitación que cubrió la temática de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable en la zona del Chaco boliviano.
Estos talleres son una inversión, muy necesarios y efectivos en la transmisión de experiencias y conocimientos para capacitar a la gente. “Mejorar el servicio de agua potable y en consecuencia la calidad de vida y la salud de las familias en las comunidades del país es uno de nuestros retos”, manifestó Fernando Rivera, gerente general de la EPSA Manchaco Social de Villa Montes, al comentar que las organizaciones involucradas en estas acciones seguirán trabajando para despertar conciencia de la gente sobre la importancia de cuidar el agua”
Los “papeles de Misicuni”: de consorcios y comisiones “Truchas”
Proyecto "Construcción de la presa y Obras Anexas y complementarias del proyecto Múltiple Misicuni de 85 m. de altura (Misicuni II) y complementación de las obras hasta los 120 m de altura" (LPI 02/07) es el nombre rimbombante de la obra que se dice hará realidad el sueño cochabambino. Pero el sueño empieza a tornarse pesadilla. Poco a poco están emergiendo evidencias de la estafa que ha sufrido la población de Cochabamba con el proyecto Misicuni, al parecer bajo la atenta mirada y protección de los poderes gubernamentales.
Eso es lo que evidencian "Los papeles de Misicuni", documentos confidenciales u ocultos hasta ahora al escrutinio público, sobre los cuales las autoridades tendrán que brindar una explicación. Después del artículo de mi autoría publicado en este matutino el 5 de febrero pasado titulado “Misicuni y el misterioso señor Martín Rovira”, ahora deseo hacer referencia a algunos aspectos de la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM). Particularmente me referiré a una de las empresas socias, la boliviana CCI LTDA, así como al proceso de licitación. Son fichas de un rompecabezas que espero pueda completarse, y seguramente lo que veremos no será agradable.
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (I)
Las empresas socias del CHM eran: Grandi Lavori Fincosit SPA (GLF), italiana, con el 51% de participación en el consorcio; Construcciones Comercio e Industria (CCI LTDA) (boliviana), con el 14.7 %; las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones SA, 14 %, y Change Consulting Group, con el 4 %; las venezolanas VIALPA SA con el 8 % y la empresa Obras Especiales (Obresca CA), con el 14.3 %.
Las cuatro empresas colombianas y venezolanas del consorcio registran el mismo domicilio legal en Colombia, Carrera 4 No 59-74, Bogotá. Si eran empresas reconocidas y de prestigio, como pretendieron vender su imagen tanto los representantes de la empresa Misicuni como el consorcio, ¿cómo pueden compartir el mismo ambiente como sede? Más aún, existen evidencias de que la dirección señalada por la empresa boliviana de Martín Rovira –CCI LTDA-, Ecuador y Aspiazu No 2074 en la zona de Sopocachi es una casa particular, y no reportan haber sido sede de ninguna oficina empresarial. No parece serio definitivamente y lucen más bien como oficinas fantasmas, solamente para justificar los requerimientos normativos.
Otro detalle interesante son los montos autorizados de capital de las empresas socias del CHM, sobre los cuales se tiene evidencia. Las colombianas Change Consulting Group señala un capital autorizado de $us. 14.6451, mientras que Gerencia de Contratos y Concesiones SA declara 488.172 $us.; en el caso de CCI Ltda. tiene un capital constituido de apenas Bs 10.000. ¿Cómo es posible que con tan insignificantes sumas se hayan adjudicado una obra de, ese momento, 80 millones de dólares? ¿A pesar de eso, el representante legal de CCI, Martin Rovira, terminará siendo el ejecutor principal de la obra, luego del retiro de los italianos?
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (II)
La comisión calificadora ignoró que las empresas socias del CHM tenían antecedentes de incumplimientos contractuales y denuncias laborales. Por ejemplo, en 2008 la venezolana Vialpa fue parte de un consorcio que se adjudicó el proyecto de transporte masivo denominado BusCaracas, para implementar un sistema de autobuses de tránsito rápido de carriles. A pesar de cambios en el diseño, incrementos en el presupuesto, hubo retrasos, con denuncias de corrupción incluidas. El contrato con Vialpa se canceló el 2010 (Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011), según informe de la comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011) en “BusCaracas, historia de un fraude”, Caracas, nidad de Seguimiento de Polícas Públicas.
Respecto a los italianos, en julio del 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia declaró la caducidad del contrato de mantenimiento del Distrito de Conservación Suroriente, a cargo de la Unión Temporal GTM conformada por la Constructora Inca Ltda., H&H Arquitectura S.A., el Grupo Franco Obras y Proyectos y Grandi Lavori Fincosit S.P.A., por problemas de tráfico. Igualmente el contratista incumplió en lo relacionado con la disponibilidad del cupo de crédito que se exigía en el contrato, como informa el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia.
Lo de Grandi Lavori Fincosit (GLF), socia mayoritaria en el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) es mucho más grave. Como reconocieron los mismos funcionarios de la empresa Misicuni en su momento, GLF cedió el uso de su nombre a los ejecutivos que llevaron adelante la licitación internacional 02/07 para la construcción de la presa y obras complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni, en su segunda fase. El representante del consorcio de supervisión Engevix-CAEM, Marco Claure, afirmó: “como se puede acreditar de una simple revisión de los documentos de calificación, (la presencia de GLF) sólo cubre una necesidad contractual de contar con un socio mayoritario de origen italiano” (LT, 25/12/2012). El crédito italiano para Misicuni estaba “amarrado”, pues el acuerdo obligaba a Bolivia contratar una empresa italiana; qué o cuanto recibió GLF a cambio de poner su nombre en la licitación?
El 2010, Grandi Lavori se halla entre las 14 empresas que visitaron Panamá, como parte de una delegación encabezada por el viceministro de Desarrollo Económico y Comercio Exterior italiano, Adolfo Urso; eran las épocas de auge de su relación con el gobierno de Silvio Berlusconi, hoy condenado a siete años de cárcel. Entre los temas a tratar estaba el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá; hoy, Grandi Lavori es parte de la sociedad que está construyendo la obra, también en disputa con el gobierno panameño.
CCI LTDA, LA SOCIA BOLIVIANA
CCI se crea en noviembre del 2007, pues la convocatoria a la licitación había sido lanzada para presentar propuestas a partir de febrero del 2008. Por tanto, la experiencia laboral en el rubro que iban a ser contratados, ninguna. ¿Y cuales son las áreas de trabajo señalados por CCI? “- explotación de canteras de piedra e industrialización de áridos - actividad industrial en producción de materiales e insumos para construcción - financiamiento y/o construcción de viviendas familiares o multifamiliares - obras de ing. civil, como carreteras, represas, edificios, estructuras industriales - importación de repuestos y componentes para el soporte posventa de kits de conversión diesel-gas, gasolina-gas - importación de cilindros para gas natural comprimido y enfriado - diseño y fabricación de partes de kits y cilindros para gas natural - importación de repuestos autos y maquinaria - reparaciones en taller y en campo - venta de mano de obra para reparación de maquinaria pesada y liviana - Capacitación en administración, reparación, diagnóstico, valuación y evaluación de automotores y equipos”.
Una lista variada, relacionada con las actividades más lucrativas en este país: el transporte automotor y sus infraestructuras viales. Con este curriculum el 2009 CCI se adjudicará, junto a Grandi Lavori y la boliviana Bartos, el tramo carretero Toledo-Ancaravi, por casi 25 millones de dólares, otra estafa sobre la cual hasta el día de hoy se ha impuesto el silencio.
LOS INGENIEROS DEL CONSORCIO
Leyendo el frondoso currículum de los profesionales asignados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni al trabajo de la presa surgen nuevas preguntas. ¿Llegaron efectivamente a trabajar en campo estos expertos? ¿Fue Hernando Rozo quien fungió como Superintendente de obras en la presa de Misicuni? ¿Fue Carlos Hernando Galeano el ingeniero residente de obra de toma y paso de compuertas, como señalan en su propuesta? ¿Fue Ángel Soteldo el ingeniero residente en presa? Estas preguntas son válidas en tanto los cuestionamientos constructivos, de diseño, implementación y mantenimiento a la mega obra, no han sido respondidos, y sus defensores han sido calificados de “aventureros” y “especuladores”.
Llama la atención que, a pesar del carácter internacional de la licitación de frebrero de 2007 y la importancia estratégica del proyecto, los miembros que calificaron la propuesta del CHM sean funcionarios intermedios de la empresa Misicuni. Efectivamente, por memorándum interno fueron nombrados los siguientes funcionarios:
• Ing. Washington Claure, presidente. Era jefe de unidad de medio ambiente y apoyo comunitario
• Arq. Ana Monasterios M., secretaria. Jefe de unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos
• Lic. Zenón Siles, vocal. Jefe de unidad administrativa y financiera
• Ing. Hugo Terceros S. Vocal. Fiscal de Obra Unidad de Fiscalización.
La estructura altamente centralista y jerárquica de la estructura organizativa de la empresa Misicuni otorga competencias a su presidente para tal vital responsabilidad; mucho más aún al directorio de la empresa: el reglamento interno señala entre las funciones del directorio “participar en la revisión y verificación de la documentación legal de las propuestas en caso de licitación”. ¿Por qué no estuvieron involucradas estas instancias y fueron asignadas estas tareas a funcionarios de segunda línea, un grupo cerrado no independiente? ¿No es eso actuar como juez y parte? Es que la norma no obliga a instancias autárquicas para este tipo de convocatorias?
El 14 de abril del 2009, Ana Monasterios, de la Unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos de la Empresa, y miembro de la comisión calificadora, envía a Zenón Siles, de la unidad administrativa financiera, y también miembro de la comisión calificadora, la póliza original o boleta de garantía de seriedad de propuesta, presentada por el CHM, para su "archivo en custodia". Tenía un valor de 800.000 dólares y había sido emitida por Seguros Alianza. El 16 de mayo del 2009 se firma el contrato, en un acto público, con presencia del presidente de la república, el entonces ministro del agua, René Orellana y el embajador italiano. Dos días después, la empresa Misicuni hace devolución de la boleta original de Garantía de Seriedad de Propuesta No 65040258. De esta manera, se consolida un contrato viciado de nulidad con un consorcio “trucho” incapaz de avanzar en la obra como estaba previsto. Tanto que hoy se halla en proceso de rescisión. Mientras tanto, el proyecto otra vez ha sido postergado, hasta el 2015 dicen los gobernantes, pero “sólo Dios sabe” si el 2016 estará concluída la presa. Esta historia continuará.
(*) El autor es investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.
Misicuni evitará “repetir los errores” del pasado
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que las organizaciones sociales serán invitadas al acto de apertura de propuestas para el reinicio de las obras del Proyecto Múltiple Misicuni. Explicó que el propósito es no repetir los errores del pasado. Por eso, se realizará una evaluación rigurosa de los planes de trabajo.
Hasta el momento existen 24 empresas interesadas en adjudicarse las obras. La Empresa Misicuni manifestó que ha agrupado en cuatro paquetes los trabajos pendientes como la cara de concreto, las inyecciones de plinto y la perforación de 40 metros del segundo túnel.
La evaluación se centrará en revisar la experiencia de las empresas en obras similares, verificar que cuenten con el personal y la tecnología para encarar los retos de la obra. El propósito es no volver a tener problemas como el sucedido con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el Consorcio en noviembre de 2013. El principal motivo fueron los problemas financieros de las constructoras y el imcumplimiento de normas laborales y tributarias.
Alvarado afirmó que ahora se trabaja con un cronograma más realista. Añadió que si los trámites para acceder a los 32 millones de dólares adicionales para el reinicio de obras se realizan sin inconvenientes los trabajos comenzarán en mayo de 2014.
De acuerdo con el nuevo plazo, la represa de 120 metros de altura podría estar concluida a fines de 2015.
En tanto que la conciliación con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni está a punto de concluir y se ha autorizado la movilización de maquinaria de manera coordinada. Aún siguen pendientes los procesos penales que los subcontratistas iniciaron en contra del representante legal del Consorcio, Martín Rovira, por presunta estafa agravada y otros delitos. Los obreros esperan el pago de sus beneficios.
Gobernación inició trámites
El gobernador Edmundo Novillo informó que se han iniciado los trámites ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para obtener el desembolso de 32 millones de dólares. Los recursos serán destinados al reinicio de la obras que restan por ejecutar en la represa.
Novillo informó que los trámites se van a acelerar y se espera que estos concluyan antes de dos semanas. “La Gobernación va hacerse cargo de estos recursos adicionales y ojalá la próxima semana todo este trámite esté resuelto”, dijo.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que técnicos de la Gobernación y Misicuni viajarán a La Paz el martes para realizar los procedimientos para conseguir los recursos. Posteriormente, se firmará un convenio para la entrega de fondos a la Empresa Misicuni.
LA AAPS AMPLÍA INTERVENCIÓN A EPSAS 18 MESES
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) determinó ampliar por un año y medio, la intervención de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (Epsas). En este tiempo, las alcaldías tendrán que presentar sus propuestas sobre la conformación de entidades municipales que administren este servicio ya que ninguna lo habría hecho hasta la fecha, según sus autoridades.
En el caso del municipio de La Paz, el proyecto de una empresa metropolitana fue descartado y calificado de poco serio e incompleto. El alcalde Luis Revilla afirma que esta actitud y la misma ampliación, responden principalmente a afanes políticos.
Sin proyectos. El director ejecutivo de la AAPS, Edson Solares, informó ayer que al haberse cumplido el plazo de intervención de un año, el 31 de marzo, sólo se llegó al primer objetivo de esta acción, que era cumplir con la dotación del servicio.
El segundo objetivo, de transferir la prestación del servicio a un nuevo operador, conformado con los diferentes gobiernos municipales, no pudo lograrse, dijo. Afirmó que los municipios pidieron la ampliación del plazo para presentar sus propuestas, excepto La Paz que, según su criterio, no mostró interés en el tema, ni asumió ninguna posición.
"De ser necesario, se dará 18 meses de plazo para que puedan presentar una propuestas, caso contrario se acudirá al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), y si es necesario llegar al Tribunal Constitucional", dijo Solares.
Acciones políticas. Solares acusó a la Alcaldía paceña de pretender hacer política con un derecho constitucional como es la dotación del agua, después de hacerse cortar el servicio y "victimizarse" con el hecho.
En cuanto a la propuesta de una empresa metropolitana, señaló que "mediante una carta abierta se han hecho conocer las observaciones a esa propuesta, que no era una propuesta, ni siquiera un punteo, porque tiene que contemplar un tema técnico, social, legal, y obviamente el tema económico, porque es importante regular el tema de tarifas".
Al respecto, el alcalde Luis Revilla aseguró que el municipio paceño fue el que planteó, desde un inicio, la conformación de una empresa municipial debido a las deficiencias del servicio de Epsas.
"Es una actitud politiquera la que tienen estas autoridades, si no tienen propuestas, las desconocen. La AAPS tampoco trabaja con un critero técnico profesional, esas declaraciones dicen mucho de la calidad de personas que tenemos en esas entidades", afirmó la autoridad municipal.
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References: artículo 373
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 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 158
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