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Timestamp: 2018-11-16 14:19:18+00:00

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﻿ AUTO 17091 DE JUNIO 16 DE 2005
AUTO 17091 DE 16 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:RECURSO DE REPOSICIÓN. NO PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE RESUELVE LA APELACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE APELACIÓN, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:405 DE SEPTIEMBRE DE 2005, PG.1272
Auto 17091 de junio 16 de 2005
Exp.: 17.091
Rad.: 25000-23-26-000-1998-2858-01
Dr. Alier E. Hernández Enríquez
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá D.C.
Demandado: Compañía de Seguros Generales Cóndor.
Bogotá, D.C., dieciséis de junio de dos mil cinco.
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso de reposición formulado por la parte demandada, contra el auto por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra el mandamiento de pago proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Para establecer la procedencia del recurso de reposición respecto de un auto proferido en segunda instancia que resolvió un recurso de apelación, conviene hacer el análisis de lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo para determinar si los artículos del primer estatuto resultan aplicables, en estos casos, al proceso contencioso administrativo, por ausencia de regulación.
El artículo 180 del Código Contencioso Administrativo (Modificado. L. 446/98, art. 57) prevé:
“Reposición. El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación.
En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348, incisos 2º y 3º, y 349 del Código de Procedimiento Civil”.
En tanto que en el Código de Procedimiento Civil se establece:
“ART. 29.—Atribuciones de las salas de decisión y del magistrado ponente. Corresponde a la Sala de Decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias; contra estos autos no procede recurso alguno. El magistrado ponente dictará los autos de sustanciación y los interlocutorios que no correspondan a la Sala de Decisión”.
“ART. 348.—Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de que se revoquen o reformen.
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando este se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto.
El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación para los efectos de los artículos 309 y 311, dentro del término de su ejecutoria”.
De la lectura de las precitadas disposiciones la Sala infiere que, si bien el Código Contencioso Administrativo consagró el recurso de reposición para impugnar autos interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, guardó silencio sobre su procedencia vista la materia que resuelven.
En efecto, los recursos están consagrados legalmente en consideración (1) a:
— La clase de providencia: autos o sentencias.
— La naturaleza del auto: trámite o interlocutorio.
— El juez de quien provenga: juez unipersonal, Sala Unitaria (ponente) o Sala de Decisión.
— La instancia del proceso: primera o segunda instancia.
— La materia de la providencia: niegue la apelación, rechace la demanda, decide la reposición, resuelve la solicitud de nulidad, resuelve sobre la liquidación de la condena, etc.
Tratándose del recurso de reposición el Código Contencioso Administrativo se limitó a regularlo en consideración a la clase de providencia: auto; a la naturaleza y autoría del auto: trámite de ponente, interlocutorio de Sala; la instancia del proceso: dictado por el tribunal o juez cuando no sea susceptible de apelación. Y no reguló lo relativo a la procedencia del recurso por la materia de la providencia.
El Código de Procedimiento Civil, en cambio, estableció en el artículo 29 la improcedencia de todos los recursos respecto de los autos dictados por las salas de decisión “que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias”, cuando indicó que “contra estos autos no procede recurso alguno”.
Se tiene entonces que, si bien el Código de Procedimiento Civil, vigente para la época en que se presentó la demanda ejecutiva (2) no alude expresamente al “auto que decide la apelación formulada contra el mandamiento de pago” (3) si excluyó, por la materia, el recurso de reposición y todos los demás, respecto de los autos proferidos por las salas “que decidan la apelación o queja”, en los cuales quedan claramente comprendidos, entre otros, los que “decidan la apelación del mandamiento de pago”.
En estas condiciones resulta aplicable, en este aspecto, lo regulado por el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, según el cual:
“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo” (resaltado de la Sala).
Ahora bien, la improcedencia de la reposición contra autos que resuelven la apelación o la queja, consagrada, como se ha visto, en el Código de Procedimiento Civil, es compatible con la naturaleza del proceso contencioso administrativo, pues garantiza el cumplimiento, entre otros, de los principios procesales de economía, celeridad y preclusión.
En efecto, el proceso contencioso administrativo debe adelantarse acatando los postulados de la economía y celeridad, que tienen por objeto evitar pérdida de tiempo, de esfuerzos y de gastos (4) , los cuales se ven seriamente afectados cuando se tramitan recursos respecto de providencias que resolvieron otros recursos.
Si el interesado formuló y sustentó su recurso de apelación, o intervino en la segunda instancia para defenderse de la impugnación, tuvo la oportunidad de exponer al juez ad quem las razones por las cuales pretende la modificación o revocatoria de la providencia proferida en primera instancia, o por las que defiende su conservación, de manera que no tiene sentido alguno que, una vez resuelta la apelación mediante el análisis de la totalidad de tales argumentos, se formule otro recurso ante la misma Sala para reiterar lo ya expuesto. Y ello es así porque en el evento de que el juez de la segunda instancia dejara de resolver un extremo de la litis, fuese confuso o incurriera en error, queda al interesado la facultad de solicitar la corrección o adición de la providencia en los términos previstos en la ley.
En lo que respecta al principio de preclusión, debe tenerse en cuenta que el proceso comporta etapas que, una vez cumplidas, quedan clausuradas y abren paso a la siguiente; al decir de Calamandrei (5) , la preclusión se produce por tres motivos: a) por no haberse observado el orden o aprovechado la oportunidad que otorga la ley; b) por haberse ejercido válidamente la facultad (consumación); y este ejercicio de facultad es integral: no puede completarse luego, salvo norma legal expresa; c) por cumplir una actividad incompatible con la otra (anterior).
Para el evento bajo análisis se tiene por precluída la segunda instancia cuando se resuelve el recurso de apelación, porque se ejercitó válidamente una facultad: la de interponer y sustentar la impugnación, o la de defender la providencia impugnada, con lo cual dicha facultad quedó satisfecha y, por consiguiente, agotada.
A este respecto resulta ilustrativo tener en cuenta lo afirmado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que al referirse a la improcedencia de la reposición respecto de la providencia que resuelve la reposición explicó que el fundamento racional de esta prohibición legal “está en el sistema preclusivo, dominante en nuestro procedimiento civil, el cual impide ejercer ciertas actividades con las cuales se alargaría demasiado el procedimiento, lo que iría, en últimas, en desmedro de la seguridad social y por ende del orden público. Si la ley permitiera pedir reposición de reposición, en forma indefinida, los procesos civiles se harían interminables, cosa que cada día es menos aceptable dentro del criterio que predomina en el derecho moderno de buscar, sin sacrificio por supuesto del derecho de defensa, la más rápida y más eficaz por consiguiente administración de justicia” (6) (se resalta).
Además de lo anterior se precisa que la reposición del auto que resuelve la apelación atenta contra los límites impuestos al juez de segunda instancia, pues cabe recordar que el juez competente para adelantar el proceso lo es, en principio, el juez de primera instancia; el juez de segunda instancia únicamente está facultado para resolver la alzada, a cuyo efecto solo puede pronunciarse respecto de la materia apelada. Queda por tanto excluida la posibilidad de que, una vez resuelta la segunda instancia, la parte inconforme con la decisión provoque nuevas decisiones por virtud de un recurso de reposición, previsto por la ley como un medio de impugnación de los autos que se producen en el curso natural de un proceso.
Dicho en otras palabras, resuelta la apelación, el juez de segunda instancia pierde competencia para pronunciarse sobre la materia del proceso.
Con fundamento en todo lo anterior la Sala concluye que lo regulado en el Código de Procedimiento Civil respecto de la improcedencia de la reposición de autos que resuelven la apelación o queja es aplicable al proceso contencioso administrativo porque:
— Se trata de una norma que regula la improcedencia de los recursos con fundamento en la materia de estos, lo que constituye un aspecto especial y concreto respecto del cual guarda silencio el Código Contencioso Administrativo;
— Es una disposición concordante con los principios que rigen el procedimiento administrativo, particularmente con los principios de economía, celeridad y preclusión.
— No atenta contra el derecho de defensa porque la parte tuvo oportunidad de exponer al juez ad quem los fundamentos de su impugnación o las razones de la defensa de la decisión recurrida y, con ello, consumó esa facultad.
De esta manera la Sección Tercera rectifica la tesis que venía aplicando y fija una nueva posición jurisprudencial en torno a este punto de derecho acogiendo lo considerado y resuelto al respecto por las otras secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Los fundamentos expuestos por las secciones y por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Resulta ilustrativo tener en cuenta algunos de los más importantes argumentos expuestos por las otras secciones de la Sala Contenciosa, que han considerado, de tiempo atrás, que el recurso de reposición es improcedente respecto de las providencias que resuelven el recurso de apelación o queja.
Auto proferido el 11 de abril de 1991, expediente 1660; actor: José Manjares Fontalvo.
“Frente a la providencia que resuelve un recurso de apelación no procede ningún recurso ordinario, pues ello equivaldría a reconocer una cadena indefinida de recursos. Si bien el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo al tratar lo referente al recurso de reposición determina que es procedente contra los autos interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, ello debe predicarse de aquellas providencias que se dictan en única instancia, pues frente a los de primera solo es procedente “cuando no sean susceptibles de apelación”, debido a que de esta manera se garantiza el derecho de los administrados a impugnar las decisiones judiciales y, obviamente, a que el juez haga un reestudio de ellas”.
Auto proferido el 25 de septiembre de 1997; expediente 4620, actor: Patricia Manotas.
“El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo prevé que en los aspectos no contemplados en dicho código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativo. El artículo 180 ibídem estatuye que el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y contra los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado o de los tribunales administrativos cuando no sean susceptibles de apelación. Como se puede observar, esta disposición regula el recurso de reposición en términos generales y no de manera específica, ateniendo la clase de providencia que se profiera, es decir, que en cuanto a este aspecto se refiere puede tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. El artículo 29 de este estatuto es claro en señalar que en cuanto a los actos proferidos por las Salas, que decidan la apelación o la queja, no procede recurso alguno.
De tal manera que el recurso interpuesto a la luz del precepto antes mencionado resulta a todas luces improcedente, y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providencia”.
Auto proferido el 10 de septiembre de 1998, expediente 1033 de 1998; actor: Jaime Alfonso Martínez Riaño.
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, contra el auto que decide la apelación “no procede recurso alguno”. Por lo tanto el recurso interpuesto habrá de rechazarse.
Cabe mencionar que aunque en algunos procesos similares se admitió el recurso de reposición, un estudio más detenido de las normas de procedimiento llevan a la Sala a una decisión distinta, rectificando así su anterior jurisprudencia” (7) .
Auto proferido el 10 de agosto de 2001; expediente 11835; actor: Corporación La Estancia Tennis Country Club.
“Observa la Sala que debe rechazarse el recurso interpuesto por la parte demandante toda vez que contra los autos de la Sala que resuelve la apelación no procede recurso alguno. La ley es clara al manifestar en el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que: ‘Corresponde a la Sala de Decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias; contra estos autos no procede recurso alguno...’”.
Auto proferido el 18 de abril de 2002; expediente 12991; actor: Sociedad Inversora Arias Serrato y Compañía S. en C. S.
“Señala el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación. Ahora al tenor del artículo 29 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, contra los autos que decidan la apelación o queja, no procede recurso alguno. Como en este caso el actor interpuso recurso de reposición contra el auto del 15 de febrero de 2002 que decidió el de apelación, es claro, conforme a la norma anterior, que el interpuesto es improcedente y, por lo tanto, habrá de rechazarse por esta razón”.
Auto proferido el 3 de julio de 2003, expediente 13352; actor: Corstorphine Ltda.
“no obstante que la providencia recurrida fue proferida por la Sala y es de naturaleza interlocutoria, contra la misma no procede ningún recurso, pues mediante ella se resolvió un recurso de apelación en el cual tuvo la oportunidad la parte actora de controvertir la decisión de primera instancia, garantizándose de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa”.
Auto del 19 de junio de 1990; expediente 0366; actor: Jesús Alberto Jaramillo.
“Contra las providencias que dicten las Salas como juez ‘ad quem’, no tiene cabida el recurso de reposición ante la Sala de Decisión. En tratándose de aclaración o adición de autos, su solicitud no requiere del ejercicio del recurso de reposición, con lo cual igualmente, se está suprimiendo el trámite del mismo”.
Auto del 26 de abril de 2001, expediente 285; actor: Alberto Rivera.
“Pero la procedencia de ese recurso respecto de los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado solo resulta aplicable respecto de aquellos que se dicten dentro de procesos asignados a su conocimiento en única instancia”.
Sala Plena.
Auto del 12 de septiembre de 1995; expediente Q-024; actor: Ricardo Agudelo Sedano.
“La Sala procederá a rechazar por improcedente dicho recurso de reposición, toda vez que se interpone contra una decisión que pone fin al incidente a que dio origen el recurso de queja formulado por el actor contra providencias por medio de las cuales la Sección Quinta del Consejo de Estado denegó la procedencia de otros recursos. El Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por la remisión que hace el de lo contencioso administrativo, con el fin de evitar la cadena de recursos sobre recursos, establece en su artículo 29 que contra los autos que decidan la apelación o queja ‘no procede recurso alguno’”.
Con fundamento en todo lo anterior se rechazará por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra el auto proferido por la Sala el 3 de agosto de 2000, por medio del cual resolvió el recurso de apelación impetrado contra el auto del 3 diciembre de 1998.
1. RECHAZAR por improcedente el recurso de reposición interpuesto contra el auto proferido el 3 de agosto de 2000, por medio del cual la Sala declaró desierto el recurso de apelación presentado contra el auto que libró mandamiento de pago.
2. En firme esta providencia vuelva el expediente al despacho para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto de 5 de diciembre de 2000, por medio del cual se liquidó el crédito.
Cópiese, notifíquese, y cúmplase».
(1) Así lo manifiesta el profesor Hernán Fabio López Blanco, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, tomo I; editorial ABC, quinta edición, Bogotá, 1991, pág. 556.
(2) Cabe señalar que el mandamiento ejecutivo ya no es apelable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 794 de 2002, que modificó el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido”.
(3) Así lo manifiesta el recurrente.
(4) La finalidad de este principio fue definido así por Enrique Vescovi en Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1984; pág. 67.
(5) Citado por Véscovi , ob. cit., pág. 69.
(6) Auto proferido el 9 de junio de 1980; M.P. Humberto Murcia Ballén.
(7) Providencia reiterada en los autos de la sección, pueden consultarse: — 10 de agosto de 2000; expediente 1931-99; actor: Domingo Cortes; C.P. Dra. Margarita Olaya; 14 de septiembre de 2000; expediente 505-99; actor: Miriam Suárez; C.P. Alberto Arango. 24 de mayo de 2002; expediente 3167-2000; actor: Magali Correa; C.P. Alberto Arango.

References: artículo 180
 artículo 29
 artículo 267
 artículo 180
 artículo 267
 artículo 180
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 267
 artículo 29
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 artículo 180
 artículo 29
 artículo 267
 artículo 29
 artículo 48
 artículo 505