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Timestamp: 2020-03-29 05:26:10+00:00

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SIETE MESES DE GOBIERNO – Jorge Palmieri
SIETE MESES DE GOBIERNO
31 agosto, 2012 31 agosto, 2012 by Jorge Palmieri
A sólo siete meses de haber iniciado su gestión administrativa, el 14 de enero del año en curso, para la cual fue electo con mayoría relativa en elecciones de primero y segundo grados, el gobierno del general retirado Otto Pérez Molina y la señora Roxana Baldetti Elías ha llegado obtener, en tan corto tiempo, un alto grado de insatisfacción popular, como lo demuestra la actitud que han asumido la mayoría de los medios de comunicación y algunas importantes entidades nacionales, tales como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos (USAC) y el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que han declarado, reiteradamente, su decidida oposición a las propuestas reformas a la Constitución Política de la República emitida en enero de 1996, según se desprende de la información que traen los periódicos. Para comprobarlo basta con leer algunos de los recientes comentarios de destacados columnistas, que me voy a permitir reproducir después de la información sobre las reformas constitucionales que propone:
elPeriódico del martes 28 del mes en curso publicó la siguiente información
Antonio Arenales Forno y Eduardo Stein acompañan al mandatario Otto Pérez luego de la presentación del proyecto de cambios a los diputados.
Pérez pide al Congreso aprobar en dos meses cambios a la Constitución
El Ejecutivo planea gastar más de Q1 millón mensual en la campaña de divulgación de la propuesta legislativa por el tiempo que sea necesario.
Tres meses después de que Otto Pérez habló de modificar la Constitución, la propuesta de reformas, que incluye el cambio a 35 artículos y 4 transitorios, llegó al Congreso. La ceremonia fue en el Salón del Pueblo y no duró más de media hora. El mandatario, acompañado de Antonio Arenales, Fernando Carrera, Eduardo Stein, Edgar Gutiérrez, Pavel Centeno, Mario Fuentes Destarac y Oliverio García Rodas, los encargados de elaborar el proyecto, entregó el documento a Gudy Rivera, presidente del Legislativo.
Aunque Pérez dijo respetar los procesos de una iniciativa de ley, espera un proceso “rápido”. “Ojalá en un término aproximado de dos meses el Congreso pudiera estar aprobando las reformas constitucionales. Esperaríamos que dos, máximo tres meses estén conocidas, discutidas y aprobadas”, manifestó el Presidente.
Sin muchas intervenciones en el acto, Rivera aseguró que el trámite será igual a cualquier propuesta legislativa. “Debe seguir un trámite de ley y son los 15 bloques parlamentarios los que tomarán la decisión, aunque primero debe llegar a una discusión a la Comisión donde se traslade”, indicó.
En reunión, los jefes de bloque pidieron a Rivera crear una comisión específica para analizar la propuesta presidencial, y que no sea la de Legislación y Asuntos Constitucionales, porque está integrada por 8 parlamentarios del Partido Patriota. Los diputados solicitan la representación de los 15 partidos que conforman el Congreso.
La otra opción es que ocho diputados se sumen a la Comisión ya existente, siempre para tener presencia de todas las organizaciones políticas. Algunos bloques esperan que el tema sea discutido hoy en el pleno, en la sesión semanal.
No escatimarán gastos
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia es la encargada de divulgar el contenido de las Reformas Constitucionales a través de los distintos medios de comunicación a nivel nacional. y se prevé que el primer spot publicitario aparezca en televisión esta semana.
Francisco Cuevas, titular de esa Secretaría, comentó que hay un presupuesto estipulado entre Q1.6 a Q1.4 millones mensuales, que se invertirán el tiempo que sea necesario. “La campaña terminará hasta que el proceso concluya con la consulta popular. La primera parte será una campaña de información y también se organizarán foros con los 7 expertos que asesoraron al Presidente”, señaló.
Según el portal de Sicoin, el presupuesto de la Secretaría aumentó de Q53.3 a Q63.8 millones y el mayor incremento aparece en el renglón de información y divulgación.
De cinco a seis meses
Según la opinión de los diputados, en un proceso normal, la Junta Directiva del Congreso realizará un análisis jurídico para determinar si la iniciativa de reformas a la Constitución va a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales o si crea una nueva sala extraordinaria.
Luego se debe iniciar una fase de socialización y convocar a audiencias públicas, proceso que llevaría alrededor de dos meses.
Concluida dicha fase, la Comisión deberá analizar cada uno de los 39 artículos de la propuesta. Al terminar su análisis tendrá que ser socializada y efectuar nuevas audiencias públicas para una propuesta final, previo a dar dictamen. La Comisión está obligada a rendir un dictamen en un plazo que no exceda de 45 días hábiles, si no lo cumple puede pedir prórroga. Antes que las reformas salgan del Congreso tendrán que ser ratificadas con 105 votos en sus 3 lecturas; cada artículo también deberá tener 105 votos. Después de tener el aval del Congreso deberá ser publicada en el diario oficial, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) efectuará la convocatoria para realizar una consulta popular.
Pueblos Indígenas modifica 3 Artículos:
Artículo 1. Protección a la persona y Nación. (…) La Nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe.
Artículo 66. Identidad y derechos de los pueblos indígenas. El Estado reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca; respeta y promueve sus formas de vida, de organización, costumbres y tradiciones, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, sus distintas formas de espiritualidad, idiomas, dialectos y el derecho a transmitirlos a sus descendientes.
Artículo 143. Idioma Oficial. (…) El Estado reconoce, respeta y promueve los siguientes idiomas indígenas: Achi’, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch’orti’, Chuj, Itzá, Ixil, Popti, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqoman, Poqomchi, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Garífuna y Xinka.
En el tema Político, retira 5 artículos
Se deroga el Artículo 160 que autoriza a los diputados para desempeñar otro cargo. En el Artículo 110 se les retira el derecho de indemnización a los funcionarios y dignatarios electos o nombrados para períodos fijos o determinados, cuando sean despedidos. En el Artículo 113 se adiciona un párrafo que crea la carrera del Servicio Civil.
Seguridad y Justicia, modifica 18 artículos
Se reforma el Artículo 208 en el que se crea la Carrera Judicial y Consejo de la Carrera Judicial y se aumenta de 5 a 10 años de función en sus cargos a los jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz. Se propone una asignación presupuestaria de 2 por ciento al Organismo Judicial.
Transparencia, 8 artículos modificados
Artículo 155 delimita el derecho de antejuicio, se precisa a partir de cuándo se inicia el plazo de prescripción de la responsabilidad civil y penal de servidores públicos, y se impone como obligación la rendición de cuentas de los responsables ante los ciudadanos. Otra de las propuestas contempladas en este eje es aumentar a 11 por ciento el presupuesto a las municipalidades.
Siglo.21 del 29 de agosto publicó en su primera plana:
CSJ está en contra de las reformas de Otto Pérez
En una carta. Corte se queja de que la asignación de recursos sigue en 4% del presupuesto.
Posición. Magistrados argumentan que la propuesta no fortalece el sistema de justicia
Pleno envía carta al presidente Otto Pérez en la cual expone sus consideraciones
El mandatario Otto Pérez entregó su paquete de propuestas constitucionales al presidente del Congreso, Gudy Rivera.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, rechazó el proyecto de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en el Congreso, con el argumento de que la nueva propuesta no proyecta las modificaciones necesarias para mejorar las condiciones de justicia.
Por medio de una carta enviada al presidente Otto Pérez, los magistrados manifiestan que en el articulo 208 de la propuesta se sustituye al presidente del Consejo Superior del Organismo Judicial (OJ) en la integración del Consejo de la Carrera Judicial, por el presidente del OJ.
“Advertimos que persiste en desarrollar a nivel constitucional los contenidos propios de la Ley de la Carrera judicial, lo que riñe con la técnica legislativa y la jerarquías de las normas”, explican.
También indican que en el artículo 209 se sustituye el nombre del Consejo Superior del Organismo Judicial por el de “Cámara Administrativa”.
Además, se varia su conformación, de suerte que quedaría integrada por el presidente del OJ y por cuatro magistrados titulares y dos suplentes elegidos por el Congreso, de una nómina de candidatos elaborada por una postuladora que se integraría de igual forma que la elección de magistrados de la CSJ.
Los magistrados de la Corte opina que se trata de un cambio que no es sustancial, por lo que discrepa de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
La Corte considera inadecuada la creación de un órgano independiente como el que se propone (Cámara Administrativa). “Por su propia naturaleza, una Cámara es parte de la CSJ y, como tal, está supeditada a su pleno”, explica en el documento.
Los magistrados hacen referencia a que, aunque la Cámara propuesta por la CSJ trate fundamentalmente temas administrativos, en contraposición a la jurisdicción ejercida por las demás, no puede significar un órgano superior porque la Carta Magna ubica a la CSJ en la cúspide.
En cuanto al presupuesto, el análisis del pleno manifiesta que, desafortunadamente, el porcentaje de asignación de recursos se mantiene en un 4 por ciento, lo que la Corte no estima apegado a las necesidades reales de ese órgano ni a la imperiosa exigencia de mejorar y ampliar la cobertura de la justicia.
En torno a la elección de los magistrados de la CSJ, el documento enviado al Presidente indica que la propuesta de reformas liga directamente a los jueces y magistrados, y no a representantes de ellos, como también lo propone la Corte. Además, aumenta el período de la judicatura a diez años, renovable cada cinco, lo que favorece la estabilidad laboral, que también plantea la CSJ.
No obstante, el pleno opina que esto limita la posibilidad de reelección a personas que hayan cumplido 75 años.
Los magistrados estiman que los mínimos de edad para acceder a cargos públicos son justificables en atención a la madurez y experiencia que se requieren para su desempeño.
Por último, la CSJ estima, no obstante las coincidencias existentes entre el OJ y el Ejecutivo, que la nueva propuesta no proyecta las modificaciones necesarias para mejorar las condiciones de justicia, motivo por el que, “en bien de la Nación, la Corte se ve impedida de brindar su incondicional beneplácito”, concluye el documento.
Jorge Vázquez, de la Asociación de Jueces y Magistrados (AJM), indicó que ven con preocupación que dentro de las reformas del Ejecutivo no se hable acerca de la inamovilidad de los jueces y tampoco se beneficia al sector justicia con temas álgidos y democráticos.
“Las reformas no establecen la conformación de un Consejo que permita el ascenso de los jueces, por méritos propios, a magistrados” destacó Vásquez.
“Las reformas no establecen la conformación de un Consejo que permita el ascenso de los jueces, por méritos propios, a magistrados”.
En relación al controvertido negocio en Puerto Quetzal, La Hora publicó la siguiente información:
PUERTO QUETZAL: Interventor asegura que no era necesario; experto dice que sí
Normativa para usufructo de Puerto Quetzal no fue publicada
El interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Allan Marroquín, dijo que el Acuerdo de Intervención Número I-044-2012, que dio vida a la Normativa para el Usufructo y Arrendamiento de Áreas y Locales de la Empresa Portuaria Quetzal, vigente desde el 4 de mayo del corriente, no requirió de publicación en el diario oficial porque su observancia no es general.
Marroquín señaló que el I-044-2012, sobre el que se hizo el contrato de usufructo a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), “es un reglamento interno y así lo define exactamente nuestra ley”, y que el Decreto del Congreso que implica las publicaciones de los acuerdos en el diario oficial, “dice que son los acuerdos de carácter general” los que deben divulgarse por ese medio.
Por lo tanto, el Interventor afirmó que debido a que el Acuerdo en mención es “de naturaleza interna”, fundamentado en el Decreto 100-85, Ley Orgánica de la EPQ y su reglamento, la publicación oficial no fue necesaria.
Adicionalmente, para el otorgamiento de los activos de la EPQ en arredramiento o usufructo, “se dictará acuerdo interno”, según el reglamento de la Portuaria y fundamentado en la autonomía que ostenta esa empresa estatal, citados por Marroquín.
APLICACIÓN ES GENERAL
Marroquín enfatizó en que “la ley, cuando habla de publicaciones, habla de los reglamentos de aplicación general”, que según indicó no sería el caso del reglamento de usufructos y arrendamientos.
Según el experto en Derecho, Carlos Molina Mencos, el Acuerdo I-044-2012, es de observancia general, porque cualquier persona, individual o jurídica, que tenga la intención de usufructuar o arrendar terrenos de la EPQ, debe conocerlo.
En ese sentido, Mencos citó el artículo 4 del Decreto 1816 del Congreso de la República, que trata sobre las publicaciones de leyes y reglamentos en el diario oficial, que dice que “los Acuerdos de las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas de observancia general, para su vigencia deberán ser publicados en el diario oficial, y oportunamente incluidos en la Recopilación de Leyes de la República”.
“El hecho de que -el Acuerdo- sea específico, no hace que no sea de observancia general”, porque si otra entidad quiere “una concesión” igual o similar tiene que basarse en esa normativa, “lo que la hace una norma de observancia general”, que debe buscarse en la publicación del diario oficial, a criterio de Mencos.
Por lo tanto, según el experto, el Acuerdo “no tendría vigencia si no estuviera en el diario oficial”.
“Autonomía no es soberanía”, dijo que Mencos, por lo que toda empresa autónoma, semiautónoma o descentralizada “está sujeta a las leyes de la República de Guatemala”.
En ese sentido, el Interventor afirmó que el contrato de usufructo a TCQ está vigente y que el fundamento para haberlo suspendido es que los contratos contemplan aspectos que se realizan de mutuo acuerdo, por lo que existe anuencia de las partes, Estado de Guatemala y TCQ, para haber suspendido temporalmente la entrega de las garantías.
Esto, porque el Estado guatemalteco no cumplió con la entrega del terreno, según el contrato, por las tomas de la EPQ de parte de los trabajadores.
De esa cuenta, el experto dijo que si la suspensión “fue de mutuo acuerdo y consta en escritura pública nadie va alegar nada”, pero el Presidente de la República había afirmado que el contrato estaba suspendido.
Adicionalmente, Mencos sugirió al Interventor que, “de mutuo acuerdo, rescinda el contrato -de usufructo- y haga un contrato de concesión sin simulación”, que es lo que según Mencos corresponde para un proyecto de la envergadura de una terminal de contenedores.
En el diario Prensa Libre de hoy el periodista Horacio Shetemul publica en su habitual columna A Contraluz publica el artículo titulado Malos Negocios:
EL PRESIDENTE OTTO PÉREZ Molina no las tiene todas consigo y el panorama se le puede pintar gris en los próximos meses. Después del desgaste que ha sufrido por la falta de transparencia en la concesión en la Empresa Portuaria Quetzal se viene ahora el rechazo de la Corte Suprema de Justicia y del Cacif a las reformas a la Constitución. Esa oposición se agrega a la falta de consenso en el Congreso, donde la mayoría de bancadas tiene dudas o está en contra de las enmiendas. Ambos hechos deberían preocupar al mandatario porque apenas lleva siete meses en el poder y ya comienza a resentir un vacío de credibilidad en sus acciones.
EN EL FORO QUE ORGANIZÓ el Gobierno la semana pasada no se aclaró nada del negocio que se esconde en Puerto Quetzal, y las autoridades se limitaron a explicar la necesidad de la modernización, algo en lo que coincide la mayoría de sectores del país. El problema es la forma en que se efectuó esa concesión disfrazada de usufructo, ya que se recurrió a la opacidad y al retorcimiento de leyes para hacer un negocio en el que algunos se volverán millonarios a costa de los activos del Estado. Pérez Molina recurrió al pésimo recurso de considerar que el fin justifica los medios, tal como hizo Arzú con la piñatización de la telefónica estatal. Todo hubiera sido diferente si el Gobierno hubiera impulsado una licitación para que se conocieran las propuestas para modernizar ese puerto; sin embargo, lo hizo todo en secreto con un único oferente, lo cual huele a corrupción. Este hecho marca en forma negativa la gestión del Partido Patriota.
LA CORTE SUPREMA y el Cacif han marcado distancia de la propuesta de reforma constitucional. La primera demarcación es fuerte porque rechaza el contenido de las enmiendas del sector justicia, porque no coincide con la propuesta de esa Corte. Esto es grave porque el presidente no puede pasar por encima del Poder Judicial. La segunda se refiere a la forma porque los empresarios insisten en que las enmiendas se pueden introducir en las leyes ordinarias. A ese rechazo se agrega el de los pueblos indígenas que no se sienten representados en las reformas, además de que en el Congreso el Partido Patriota apenas contaría con 67 votos de los 105 que requiere para que se apruebe ese plan.
¿De dónde surge la insistencia de modificar la Constitución? ¿Un capricho del presidente o una necesidad nacional? El mandatario se metió en un laberinto en el que quizá sus asesores no le advirtieron. Efectivamente las reformas son necesarias, pero bien podría haberlas hecho por leyes ordinarias, tal como ocurre con los cambios que requiere la Ley Electoral. El problema es que para “convencer” a diputados tendrá que soltar obras públicas, además del fuerte gasto de publicidad para explicar las reformas y del montaje de la consulta popular, sin garantía de que el dinero que invierta, que provendrá de nuestros impuestos, dé certeza de que se avalarán esas enmiendas. Tal parece que las reformas constitucionales se convertirán en otro mal negocio, tal como lo es ahora el del Puerto Quetzal. (Fin del artículo)
El periodista Juan Luis Font, director de elPeriódico publicó el lunes 27 del mes en curso en su habitual columna un brillante artículo:
Vacas en el puerto
Es de todos pero medran unos cuantos
Una cosa hay que agradecerle al gobierno del presidente Pérez Molina. De no ser por su escrupuloso silencio en torno al usufructo concedido a la empresa TCB, roto por la oposición que por una vez atinó el golpe, nadie le prestaría hoy atención al Puerto Quetzal. Y vale la pena enterarse de cuanto ocurre en esa instalación.
Porque conforme conocemos más y más cosas, nos percatamos que la Empresa Portuaria es una inversión pública que favorece prioritariamente a unos pocos. Esa ha sido la práctica por años, y el actual gobierno, lejos de revertir la tendencia, se apresura a profundizarla. Lo público, al mejor postor, en circunstancias poco claras, eludiendo la ley que corresponde y a la carrera para evitar reclamos hasta que estos sean inevitables.
Como esa ampliación del contrato de las grúas, firmado durante el gobierno de Colom. Dos simples cláusulas le garantizan a la firma Bayside, en caso de no ser respetada su primera opción para prestar el servicio, una reparación millonaria. ¿Quién la paga? El Puerto que es de todos, pero del que medran unos cuantos, siempre allegados al poder político de turno.
Entre ellos el sindicato que bien ha callado lo que le conviene durante la mayor parte de tiempo, y hoy se queja del escaso interés del gobierno por conseguir que la empresa portuaria invierta en una nueva terminal.
Sus lloriqueos son tardíos. Ellos han contribuido a desprestigiar a la entidad como bien público. Y ya se atisban las posibilidades de un acuerdo con la empresa española dispuesta a ser gamonal con tal de sellar su negocio.
A juzgar por ese espectáculo a destiempo que se montó en el Palacio Nacional el jueves pasado, el gobierno piensa que si los ciudadanos caemos de bruces en un potrero nos ponemos a morder el pasto. Pero podrían darse cuenta del escepticismo en torno a sus actos.
Para empezar, sus argumentos son de Perogrullo. Que hace falta modernizarlo para competir con los vecinos. Vaya novedad. Que es esencial dotar de seguridad a las instalaciones para impedir el contrabando y el tráfico de sustancias prohibidas. Si pues. Que el negocio es legal aunque se haya tenido que hacer una circunvalación a las normas. Ajá.
Lo que es esencial y prioritario es que este gobierno y el anterior y el previo nos expliquen por qué han repartido los bienes de la Portuaria sin rendir cuentas al respecto. ¿A quién le han dado terrenos y derechos y cuál de esas concesiones ha sido fructífera para el país y cuál ha sido un fiasco? ¿Por qué nombran interventores que se dedican a conceder y a contratar sin interesarse por resolver primero los grandes males existentes dentro de esa empresa nacional?
Este gobierno, como el anterior, y el de Berger, en lugar de intentar darle solución a los problemas, y combatir de tajo la corrupción y las mafias que viven ahí incrustadas, entregan casi todo a particulares como la solución más expedita.
Con administradores así, con gobiernos así, lo público no valdrá nunca nada, excepto la oportunidad de unos pocos de acumular millones sobre los que luego prefieren no tributar. (Fin del artículo)
El periodista y licenciado Óscar Clemente Marroquín publicó anoche en La Hora
No basta con decir que uno se mueve, sino que tiene que haber desplazamiento para que efectivamente podamos hablar de movimiento y eso mismo pasa con el tema de la transparencia que, según los anuncios del Gobierno, constituye uno de los principales objetivos del proyecto de reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Literalmente los anuncios dicen que se persigue erradicar la corrupción transparentando la administración pública y, por supuesto nadie debiera de cuestionar un propósito tan enaltecedor y que, de palabra, buscaría llevar al país por un modelo de gestión en la que nada fuera secreto y todo estuviera en conocimiento de la opinión pública como garantía de que las cosas se hacen bien, transparentemente, para evitar la corrupción.
Los publicistas del Gobierno entienden bien el asunto, puesto que no hablan únicamente de combatir la corrupción, sino que dan el cómo al afirmar que es mediante la transparencia en la administración pública que se puede lograr ese objetivo que debe ser prioritario en cualquier sociedad, pero mucho más en aquellas que han caído presa de las prácticas más inmorales de gestión.
Pero no deja de haber un notable contrasentido entre lo que se dice y lo que se hace. No basta con decir que se quiere transparencia, sino que hay que demostrarlo y si el botón de muestra que nos exhiben justamente cuando se presenta el proyecto “transparentador” al Pleno del Congreso es la forma en que enajenaron los bienes de Puerto Quetzal en beneficio de una sociedad constituida con cinco mil quetzalitos, es obvio que aquí alguien le quiere ver la cara de pendejo a muchos.
Lo transparente, es decir, lo obvio y visible en ese negocio es que el Presidente de la República nombró como interventor de la empresa portuaria a un abogado que según su propia publicidad electrónica es experto (el mejor, dicen ellos) en manejar contratos con el sector público asesorando a sus clientes para obtener el máximo beneficio del Estado, para que dirija la operación que en el fondo extiende una concesión, disfrazada burdamente de usufructo regulado en una normativa que nunca se publicó y que ahora afirman que es un reglamento interno de la portuaria.
Perdonen la expresión, pero no me jodan diciendo que están tratando de reformar la Constitución para lograr transparencia a fin de combatir la corrupción. El movimiento se demuestra andando, decían antes los viejitos, y en el caso del Gobierno su voluntad de transparentar las cosas se demostraría simplemente aceptando que algo secreto se vuelve turbio porque no es transparente. Cómo es posible que tengan tan claro en términos de propaganda que uno de los instrumentos contra la corrupción es la transparencia y se mantengan más agarrados que mano de trapecista al manejo secreto, opaco y turbio de una negociación de ese calibre que tiene consecuencias para los próximos 25 años por lo menos.
Sin duda que al Presidente no le deben haber consultado el texto del anuncio que estarán pasando para promover las reformas porque él se hubiera dado cuenta de inmediato en la notoria, terrible y garrafal incongruencia entre lo que están promoviendo y lo que ha hecho y defendido a capa y espada. Alguien con la experiencia en el análisis como el general Pérez Molina, quien precisamente tuvo a su cargo el manejo y procesamiento de información sensible, tenía que darse cuenta del enorme flanco que le abre una frase como la que, con justicia y propiedad, destaca la enorme importancia de la transparencia para combatir la corrupción.
Qué tendrá que decir la Constitución ¿Que se prohíbe hacer negocios oscuros y secretos como el del puerto? Y ni aunque lo pongan en blanco y negro servirá si nombran a un interventor con la encomienda de ir a piñatizar los recursos. (Fin del artículo)
MUCHAS GRACIAS (y 5)

References: Artículo 1

Artículo 66

Artículo 143
 Artículo 160
 Artículo 110
 Artículo 113
 Artículo 208

Artículo 155
 artículo 209
 artículo 4