Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531251.html
Timestamp: 2019-03-24 23:47:47+00:00

Document:
as201531251
Expediente: 144/2011-A
Demandante: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Demandados: Rodolfo Alarcón Calzada
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Rodolfo Alarcón Calzada (fs. 285 a 288 vta.) contra el Auto de Vista Nº 36/11-SSA-III de 04 de febrero de fs. 282 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Auto de fs. 293 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso coactivo fiscal, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 83/2010 del 2 de septiembre de fs. 257 a 264; declarando improbada la demanda, debiendo la entidad coactivante, iniciar las investigaciones y acciones pertinentes contra los responsables directos de la pérdida de las 61 piezas de gaviones considerando el informe Nº 13/2000 (…), levantar las medidas precautorias dispuestas contra el coactivado.
En conocimiento del precitado fallo la parte demandada interpuso el recurso de apelación, resuelto mediante Auto de Vista de fs. 282 vta. descrito al exordio, que anuló la Sentencia de grado, disponiendo pronunciar una nueva sentencia.
1) El Auto de Vista no hace una valoración de la Sentencia, siendo que la Juez de primera instancia, valoró las pruebas, como la inspección ocular, asimismo consideró el Informe Técnico del Juzgado, que manifestó que la comisión de auditoría solo estableció la falta de gaviones, basándose en la falta de documentación.
2) En la demanda coactiva se observa que tienen informes de auditoría parcializados, que hacen responsable solo al coactivado, siendo que existen varias personas que recibieron el material, como se hizo referencia en el Informe Nº 13/2000. En la tramitación del proceso la parte demandante debió demostrar con
pruebas fehacientes que fui el autor de la pérdida de 61 gaviones, en obrados existen informes que determinan quienes utilizaron y el destino que se dio al citado material.
3) Se ha desvirtuado los hallazgos de responsabilidad civil, por lo que se debe dejar sin efecto las medidas precautorias que se adoptaron, debido a que no existe apropiación de ningún bien valuable en dinero, sino que no se cumplieron simples formalidades en cuanto a la entrega de gaviones los que se encuentran en las obras como se demostró en la inspección ocular.
Violación a la Seguridad Jurídica - Debido Proceso - Defensa
1) El Tribunal ad quem a momento de emitir la resolución no ha valorado, aspectos legales, existe errónea e indebida aplicación de leyes y disposiciones legales, así como la violación de las mismas, que afectan la seguridad jurídica; el debido proceso y la verdad material de los hechos habiéndose vulnerado los arts. 28.a) y b), 31.c) y 33 de la Ley 1178 (Ley SAFCO).
2) La Resolución de Alzada vulnera el derecho a la defensa al no hacer ninguna valoración de la Sentencia de primera instancia, que declaró improbada la demanda.
3) El Tribunal de Alzada no ha valorado acertadamente el fondo de la demanda contenciosa, por lo que vulneró el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por no haberse enmarcado en el fondo, no siendo de ninguna manera procedente la nulidad de la Sentencia, lo que implicaría el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.4) y 7) de la Ley del Órgano Judicial. Por otra parte, el recurrente alega que, para que un defecto provoque la nulidad de obrados debe afectar la igualdad de las partes, poniendo a una de ellas en indefensión; la observación a la sentencia contraviene los principios de especificidad, trascendencia y convalidación por lo que la nulidad dispuesta en el Auto de Vista recurrido vulnera la seguridad jurídica y el principio de trascendencia.
El recurrente Rodolfo Alarcón Calzada, pide que este Tribunal Supremo falle declarando firme y subsistente la Sentencia Nº 083/10 y, solicita se revoque y anule el Auto de Vista Nº 36/11.
Con carácter previo al análisis de los argumentos del recurso de casación presentado, cabe hacer la siguientes puntualizaciones; cuando se presenta un recurso de casación en el fondo sea este por errores en la resolución de fondo o errores en la resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. Si el recurso es planteado en la forma, por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el art. 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley.
En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258.2 del CPC, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
A los puntos referidos por el recurrente, y de la revisión del caso de autos, se evidencia que el Auto de Vista recurrido, es anulatorio, por lo que el recurrente expresa que la nulidad dispuesta en el Auto de Vista vulnera la seguridad jurídica, no ha valorado el fondo de la demanda; vulneró lo dispuesto por el art. 236 del CPC., lo que implica incumplir lo dispuesto por el art. 3 numeral 4) y 7) de la Ley del Órgano Judicial.
La nulidad puede ser relativa o absoluta. La nulidad relativa es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las partes y la absoluta aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las partes y que incluso debe ser declarada de oficio por el juez, que conociendo de un asunto cualquiera, se percata de la existencia de este tipo de nulidad. La nulidad absoluta es aquella que se produce por un objeto o causa ilícita o por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan.
Al respecto, el art. 236 del CPC., establece que, el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior; en el caso de autos el Ad quem precisamente por la omisión de pronunciamiento sobre la Nota de Cargo por parte del A quo, que generó la nulidad dispuesta en la Resolución de Alzada; no ingresó al fondo del proceso con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a las partes.
Asimismo en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad, entre otros el Principio de especificidad o legalidad; este principio se encuentra previsto por el art. 251.I del CPC., en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca”.
Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto; sin embargo se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.
Principio de Trascendencia, se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que “no hay nulidad sin daño o perjuicio”. Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.
Descritos algunos de los principios que rigen las nulidades procesales, corresponde establecer que por regla general la nulidad no puede pronunciarse de oficio sino a instancia de parte, salvo los supuestos de excepción, en que proceda la declaración de oficio por parte del juez o tribunal, sin embargo se debe tener presente que el fundamento para la declaración de oficio de las nulidades procesales radica en la lesión a la garantía del debido proceso; son nulidades esenciales las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional.
En nuestro ordenamiento procesal civil, la nulidad de oficio encuentra prevista en el art. 252 del CPC, que dispone que, el juez o tribunal de casación anulará de oficio, todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.
Ahora bien, en ese contexto, de la revisión de antecedentes del caso que se analiza se establece que, ejerciendo esa facultad fiscalizadora, el Tribual de apelación emitió el Auto de Vista de fojas 282 y vta., por el cual anuló la Sentencia Nº 083/10 de 2 de septiembre cursante de fs. 254 a 261, y dispuso que el Juez a quo pronuncie nueva sentencia, en virtud a que la parte dispositiva de la sentencia no correspondía con el mandato del artículo 192.3 del CPC, dispone que, “La sentencia se dará por fallo y contendrá: la parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente”, por cuanto la sentencia dictada por el juez A quo soslayó pronunciarse respecto a la nota de cargo, aun cuando dispuso algo sobre las medidas contenidas en el mismo, es decir que el A quo no tomó en cuenta la dimensión de la Nota de cargo que se constituye en un documento de requerimiento de pago, acto procesal viciado que ocasiona un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.
El recurrente alega que, existe errónea e indebida aplicación de leyes, que afectan la seguridad jurídica; el debido proceso y la verdad material de los hechos habiéndose vulnerado los arts. 28.a) y b), 31.c) y 33 de la Ley SAFCO.
Al respecto, la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115. II y 117.I, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella.
El Tribunal Constitucional, a través de varias Sentencias ha dejado establecido que, el debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa), y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio, señaló que, el debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.
El recurrente asevera la vulneración de la seguridad jurídica cabe señalar, aunque el debido proceso constituye también una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas; de manera que los conflictos o controversias que se presentan en cualquier proceso, sean de carácter judicial, administrativo o disciplinario, estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico.
Respecto a los acápites citados precedentemente y de la revisión de los antecedentes se evidenció que, al recurrente durante la tramitación del proceso, no se le restringió ningún derecho, fue escuchado, se aceptaron sus pruebas, apeló e inclusive la presentación del recurso de casación, demuestra de manera inequívoca que estuvo a derecho e hizo uso de los medios procesales sin restricción alguna, en sujeción del derecho al debido proceso y sus componentes como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa resultando que los agravios señalados por el recurrente no son evidentes.
Con relación a la verdad material señalado como agravio por el recurrente, se deben entender por “Verdad Material” aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos, la verdad material es sustentada por la realidad. En tanto que la “Verdad Formal” es aquella que fluye de las declaraciones de los administrados y que sirve, de sustento de las peticiones o requerimiento de estos, la verdad formal es sustentada en documentos, lo que se necesita, es que la verdad formal sea un reflejo de la verdad material para que así exista coherencia y exactitud entre lo que realmente ocurrió y los registros documentarios a cargo de la autoridad administrativa.
Al respecto en el caso de autos se considera que la verdad material se encuentra precisamente en la Sentencia Nº 83/2010 del 2 de septiembre, anulada por el Tribunal de Alzada, por contener un vicio de nulidad que es la omisión respecto a la Nota de Cargo emitida por el Juez a quo a tiempo de admitir la demanda.
De los entendimientos citados precedentemente, este alto tribunal infiere que, en el presente caso el Tribunal ad quem no ha vulnerado el debido proceso, la seguridad jurídica, la verdad material y menos el derecho a la defensa, al anular la Sentencia emitida por el juez de primera instancia; toda vez que el Tribunal ad quem no ingresó al fondo del proceso porque advirtió la existencia de un vicio de nulidad relacionada a la Nota de Cargo de fs. 45, la misma que se giró contra RODOLFO ALARCON CALZADA, calificando la conducta como “APROPIACIÓN Y DISPOSICION ARBITRARIA DE BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO”, ordenando el pago de Bs. 1.598,39.- (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 39/100 BOLIVIANOS); o la presentación de descargos en el plazo de 20 días, adoptando precautorias correspondientes.
En consecuencia la Sentencia que declaró improbada la demanda y dispuso que la entidad coactivante inicie investigaciones y acciones pertinentes contra los responsables directos de la pérdida de 61 piezas de gaviones, considerando el informe Nº 13/2000 y, levantó las medidas precautorias dispuestas contra el coactivado, empero no dejó sin efecto la mencionada Nota de Cargo, que según la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en el art. 11 segundo párrafo establece que, la Nota de Cargo constituye requerimiento de pago, viciando con esa omisión de nulidad la Sentencia lo que motivó e impulsó al Ad quem a no ingresar al fondo del proceso; resultando que la Sentencia anulada por el Tribunal de Alzada, al declarar improbada la demanda, debió también dejar sin efecto la Nota de Cargo que se constituye en requerimiento de pago.
Con relación a la supuesta vulneración de los arts. 28.a) y b), 31.c) y 33 de la Ley SAFCO, éste tribunal infiere que, la responsabilidad civil se califica por la acción u omisión, del funcionario público y que ésta a su vez es lícita en tanto no se demuestre lo contrario; en el presente caso la entidad coactivante, presume que los actos del ahora recurrente no se enmarcaron dentro de la licitud y que existió omisión respecto del cumplimiento de sus atribuciones mientras fungía como funcionario público del Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz; con relación al art. 33 de la Ley SAFCO, éste por sus características especiales debe ser aplicado solo en casos de emergencias (desastres naturales, casos fortuitos o fuerza mayor), hechos que obliguen al funcionario público a dejar de lado ciertas formalidades en la utilización de bienes del Estado para brindar seguridad a la población; protegiendo un bien mayor como la vida; sin embargo este extremo el tribunal no califico ni valoró por existir un vicio de nulidad en la Sentencia que impidió que el Tribunal de Alzada ingrese al fondo del proceso.
Consecuentemente, la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, concluye que el razonamiento vertido en el Auto de Vista Nº 36/2011 del 4 de febrero, es correcto y la decisión asumida pertinente, por lo que los agravios expuestos por el recurrente no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo y la forma, debido a que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, corresponde resolver aplicando los arts. 271.2 y 273 del CPC, por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 1 y 24 de la Ley de Procesamiento Coactivo Fiscal, aprobado por Decreto Ley Nº 14933 del 29 de septiembre de 1977 y elevada a rango de Ley por disposición del art. 52 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990
POR TANTO: la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 285 a 288 vta., respectivamente.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 192