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DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁlREZ - PDF
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Antonia Torregrosa Quiroga
1 e \~ r /j, DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁlREZ DIP. EFRAíN MORALES LÓPEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA PRESENTE La suscrita Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 36, 42 fracción VIII y 46 Fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 7,10, Fracción 1, 17 Fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 85 Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, EL ARTíCULO 270 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y EL ARTíCULO 6 DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: EXPOSICiÓN DE MOTIVOS a) Figura jurídica del Arraigo En el derecho penal, el arraigo es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y otorgada por un Juez competente, que permite tener a su disposición a un presunto delincuente mientras se integran, localizan y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura 1 plaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtemoc c.p Teléfonos ex! y 2304
2 ) DIP. MIRIAM SALDAÑA cháirez perfeccionan los medios de prueba que sean bastantes para, dentro de la averiguación previa, acreditar la probable responsabilidad del arraigado en la comisión del delito que se le imputa y pueda ser consignado ante un juez. Los elementos esenciales del arraigo, son los siguientes: Que exista el riesgo de que el probable responsable de la comisión de un delito se extraiga de la acción de la justicia; Se concede por un tiempo determinado; Debe tratarse de delitos considerados como de delincuencia organizada; Lo solicita el Ministerio Público y lo concede el Juez; Una vez concedido, el Ministerio Público, deberá de acreditar dentro de ésta, la existencia del tipo penal y la probable responsabilidad. En el marco constitucional, la figura del arraigo se encuentra establecida en el párrafo octavo del artículo 16 de nuestra Carta Magna: Articulo La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta dfas, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.» Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura 2 Plaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc C,P, Teléfonos 5I3tJ ex(, 2303 Y 2304
3 DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁlREZ Por su parte, el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales, y el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ambos del Distrito Federal, establecen: "Artículo 270Bis.- Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público. El Juez resolverá, escuchando al Ministerio Público y al arraigado, sobre la subsistencia o el levantamiento del arraigo. " Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. "Artículo 6.- Cuando existan indicios suficientes que acrediten fundadamente que alguien es miembro de la delincuencia organizada, el juez de la causa podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público y tomando en cuenta las características del hecho imputado, así como las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud. Corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial, ambos del Distrito Federal, ejecutar el mandato de la autoridad judicial. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura 3 Plaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc C.P Teléfonos ext y 2304
4 DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa no pudiendo exceder de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la declaración. n b) Problemática El 29 de noviembre y el 06 de diciembre de 2012, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, presentó ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa, dos iniciativas mediante las cuales se propone derogar el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales, y el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ambos del Distrito Federal. La presente iniciativa es congruente con dichas propuestas y busca reiterar la derogación de los citados artículos, por considerar que atentan los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución Federal y por considerar que no puede continuar la práctica de detengo y luego investigo violatoria del principio de presunción de inocencia. No obstante su reconocimiento constitucional, y reglamentación en leyes secundarias, la aplicación del arraigo se encuentra condicionada en su validez por los derechos, garantías y exigencias derivadas de los artículos 1, 14, 16,20 de la propia Norma Suprema, y los artículos 7, 8 Y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, la expropiación no puede ser válida sin audiencia previa; la expulsión de extranjeros es inválida cuando carece de fundamentación y motivación; la orden de visita domiciliaria es inconstitucional cuando se sustenta en una orden genérica. Siguiendo esa línea, es posible advertir que el arraigo no es una figura meta constitucional que se ubique por encima de los derechos humanos previstos en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales. Asamblea Legislativa del Distriro Federal, VI Legislatura 4 Plaza de la Constitución nllmero 7. Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc C.P Teléfonos exl y 2304
5 Dw.MllliAMSALDAÑACHÁffiEZ El arraigo penal como una medida precautoria que permite "primero detener a la persona para después investigarla", es una actuación vulnerable y expuesta a una inminente declaratoria de invalidez por incumplir con los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien el arraigo es una medida cautelar constitucionalizada, (a partir de reforma de 2008) ello de ninguna manera significa que su aplicación o regulación legal siempre deba ser declarada válida por los jueces; sin embargo, coexiste y apareca rodeado, por toda una serie de derechos, garantías y principios constitucionales que circundan y delimitan los alcances de dicha medida cautelar, entre ellos, los derechos constitucionales y convencionales dirigidos a tutelar la libertad personal, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia; de forma que cuando las autoridades o el legislador pretendan aplicar o regular el arraigo sin observar las diversas garantías y condiciones de validez que lo rodean, estaremos ante la presencia de una medida cautelar inconstitucional e inconvencional; lo cual se ha visto reforzado a partir del artículo 1 de la Constitución Mexicana (reforma de junio del 2011) que establece que las normas relativas a los derechos humanos (libertad personal y restricciones) se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que es relevante desde la perspectiva de los artículos 5, 7, 8 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1 1 Silva García Fernando, El arraigo penal entre dos alternativas posibles: Interpretación confonne o inconvencionalidad. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura 5 Plaza de la Constitución ntunero 7. Tercer Piso. Oficina 301. Centro Histórico, Deleg. Cuaubtémoc C.P Teléfonos exl y 2304
6 DIP. MIRIAM SALDAÑA cháirez Por otra parte, de acuerdo al control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera indispensable destacar que las medidas cautelares que afectan la libertad personal y el derecho de circulación del procesado, tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. La jurisprudencia internacional y la normativa penal comparada coinciden en que para aplicar tales medidas cautelares en el proceso penal deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del imputado y que se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de fuga del imputado; peligro de que el imputado obstaculice la investigación; y peligro de que el imputado cometa un delito, siendo esta última cuestionada en la actualidad. Asimismo, dichas medidas cautelares no pueden constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad ni cumplir los fines de la misma, lo cual puede suceder si se continúa aplicando cuando ha dejado de cumplir con las funciones arriba mencionadas. De lo contrario, la aplicación de una medida cautelar que afecte la libertad personal y el derecho de circulación del procesado sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos. 2 De igual forma, la Corte Interamericana ha establecido que no es suficiente que toda causa de privación de la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que la aplicación de ésta respete los siguientes requisitos: a) que la finalidad de las medidas que priven la libertad sea compatible con la Convención 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de Serie C No Asamblea Legislativa del Distrito Faderal, VI Legísla_ 6 Plaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg, Cuauhtémoo C.P Teléfonos exl y 2304
7 DIP. MIRIAM SALDAÑA cháirez Americana sobre Derechos Humanos; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido. En este orden de ideas, el Tribunal Interamericano ha señalado que toda limitación a la libertad personal debe ser excepcional, y estrictamente proporcional, tomando en cuenta el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad por un lado, y por otro, las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Por otra parte, los Tribunales Federales han señalado en diversas resoluciones que el "arraigo domiciliario previsto en el numeral 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, viola las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y de libertad personal previstas en los preceptos 14, 16 Y 18 a 20 de la Constitución Federal 3, tal como lo refiere la siguiente tesis: ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACiÓN DE ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTiAS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURiDICA Y DE LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL El dispositivo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla la figura del arraigo domiciliario con una doble finalidad, por una parte, facilitar la integración de la averiguación previa y, por otra, evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse contra el indiciado; sin embargo, su aplicación conlleva a 3 [TAl; 9a. Época; T.e.e.; S.r.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VJ Legislatura 7 PJaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórieo, Deleg. Cuauhtémoc C.P Teléfonos ext Y 2304
8 DIP. MIRIAM SALDAÑA cháirez obligarlo a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora, sin que tenga oportunidad de defensa, y sin que se justifique con un auto de formal prisión, hasta por el término de noventa días; por tanto, esa medida es violatoria de las garantfas de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la de libertad personal consagradas en los artículos 14, 16 Y 18 a 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 172/ de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. Finalmente, cabe mencionar, que en materia de protección de derechos fundamentales, Francia fue el primer país en reconocer el respeto a los derechos fundamentales a través del "Acta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" de 1789 (antecedente de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU), ahora en Europa, cuando se pondera el respeto a los derechos humanos ante una situación de inseguridad, se dice que: "Más vale un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel. " De conformidad con los razonamientos expuestos, la presente iniciativa propone derogar los artículos 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ambos del Distrito Federal, relativos a la figura del arraigo penal, por considerar que el supuesto jurídico pone en riesgo el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la constitución y tratados internacionales. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislaturn 8 Plaza de la Constitución número 7. Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuaubtémoc C.P Teléfonos ex! y 2304
9 DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁlREZ la inseguridad no justifica la vulneración de derechos humanos, más en un sistema de justicia penal en el que la presunción de inocencia es un principio constitucional de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción 1, el cual señala que toda persona imputada tiene derecho "a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales, y el artículo 6 de la ley Contra la Delincuencia Organizada, ambos del Distrito Federal, para quedar como sigue: ARTíCULO PRIMERO.- Se deroga, el artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue: Artículo 270Bis (se deroga) ARTíCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 6 de la ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, para quedar como sigue: Artículo 6. (se deroga) Transitorios Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura 9 Plaza de la Constitución número 7, Tercer Piso, Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc c.p Teléfonos ext y 2304
10 " Dw,MllUAMSALDAÑACHÁmEZ Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día nueve de abril del ATENTAMENTE DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ Asamblea Legislativa del Distrito Federa~ VI Legislatura 10 Plaza de la Constitución numero 7. Teroer Piso. Oficina 301, Centro Histórico, Deleg. Cuauhtémoc C,P, Teléfonos ext 2303 y 2304
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References: artículo 122
 ARTíCULO 270
 ARTíCULO 6
 artículo 16
 artículo 270
 artículo 6
 artículo 270
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 270
 artículo 6
 artículo 270
 Artículo 270
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 38
 Artículo 17