Source: https://www.otrosi.net/analisis/secreto-profesional-del-abogado-la-proyectada-nueva-disposicion-24a-la-ley-general-tributaria
Timestamp: 2019-11-15 12:21:56+00:00

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El secreto profesional del abogado en la proyectada nueva disposición adicional 24ª de la Ley General Tributaria - Otrosi
Por Juan Manuel Herrero de Egaña. Abogado Deloitte Legal
Recientemente hemos podido conocer la forma en la que España pretende trasponer la conocida como Directiva de Intermediarios [1] o DAC 6. La Directiva europea quiere combatir el fraude fiscal y, para ello, quiere que los profesionales que intervengan en operaciones de planificación fiscal las pongan en conocimiento de las autoridades tributarias cuando sean operaciones que puedan tener incidencia en más de un país y se den en ellas determinadas circunstancias que pongan de manifiesto la existencia de un riesgo fiscal.
El proyecto normativo español parte de la idea de que, con arreglo a la actual regulación de la Ley General Tributaria, todos los profesionales están ya obligados a suministrar información que tenga trascendencia tributaria aun cuando ello implique suministrar datos privados o datos confidenciales de los clientes de los que haya tenido conocimiento el profesional con ocasión de su actividad. Y, por ello, aplica ese mismo criterio a lo que entiende que es una obligación más de suministro de información que tienen los profesionales.
El proyecto de reforma considera que el ámbito objetivo del secreto profesional está ya regulado en el actual artículo 93.5 de la LGT que dispone que: “5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.”
El proyecto de reforma del Real Decreto de Gestión e Inspección —que acompaña la modificación de la LGT— hace una interpretación de lo que debe entenderse por datos privados no patrimoniales y datos confidenciales a los que se refiere el artículo 93.5 LGT.
En la Exposición de Motivos se dice: “deberán declararse los datos económicos y jurídicos del mecanismo que tengan trascendencia tributaria, sin que, en ningún caso, exista la obligación de declarar los datos privados no patrimoniales o confidenciales sin dicha trascendencia”. Al regular el contenido de las declaraciones en el artículo 46, se dice que “En ningún caso, se deberán comunicar los datos privados no patrimoniales cuya revelación atente contra el honor y la intimidad personal y familiar, así como aquellos de carácter confidencial que den lugar a la revelación de un secreto comercial, industrial o profesional o de un procedimiento comercial, o a la de una información cuya revelación sea contraria al interés público”.
A esa misma conclusión puede llegarse examinando la normativa en materia de protección de datos: la única circunstancia que justifica la cesión de datos a la Administración tributaria es que sean “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para que son tratados”, esto es, dicho para el ámbito tributario, que tengan trascendencia tributaria[2]. Por ello, puede concluirse que la no obligatoriedad de la comunicación de los datos privados no patrimoniales y confidenciales que no tengan trascendencia tributaria no es la consecuencia del reconocimiento de un supuesto secreto profesional ni alcanza sólo a los profesionales.
2.- La obligación que se impone a los profesionales no debe tratarse como una obligación informativa más
Está fuera de duda que el profesional, como cualquier otro, debe suministrar información con trascendencia tributaria para que las autoridades tributarias puedan liquidar las obligaciones tributarias de aquellas personas que con él se relacionen (clientes, proveedores, etc.). Este suministro de información tiene lugar a través de declaraciones informativas (IVA, operaciones con terceros, etc…) o como contestación a requerimientos individualizados de la Administración tributaria. En estos casos, no se advierte razón por la que esta obligación del profesional puede quedar limitada o modulada. Y ello aunque ese suministro de información pueda implicar una cierta injerencia en datos íntimos o confidenciales de sus clientes, que será válida siempre que no sea arbitraria, como avaló el Tribunal Constitucional[3] cuando se pronunció sobre el acceso de las autoridades tributarias a la información económica de las cuentas corrientes aunque ello implicara también el acceso a los datos íntimos que toda cuenta corriente contiene como biografía personal en números que es.
Ahora bien, muy diferente a esa obligación de colaborar con la Administración tributaria para liquidar obligaciones tributarias de terceros ya devengadas —y que es a la que se refiere el artículo 93.5 LGT— es la de obligar al profesional a comunicar a la Administración tributaria su intervención profesional en determinadas operaciones cuando, además, éstas ni siquiera han devengado todavía ninguna obligación tributaria. Este no es un supuesto comprendido en el artículo 93.5 de la LGT ni puede pretenderse que quede regulado a través del mismo.
Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. […]
El Tribunal Constitucional, en su STC 110/1984 de 26 de noviembre, ha entendido que ese secreto profesional se extiende también ante la Administración Pública: “El secreto profesional, es decir, el deber de secreto que se impone a determinadas personas, entre ellas los Abogados, de lo que conocieren por razón de su profesión, viene reconocido expresamente por la Constitución que en su art. 24.2 dice que la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Evidentemente y «a fortiori» tampoco existe el deber de declarar a la Administración sobre esos hechos. La Constitución consagra aquí lo que es no un derecho sino un deber de ciertos profesionales que tiene una larga tradición legislativa (cfr. art. 263 de la LECr)”.
Ahora bien, el debate no es si la finalidad perseguida por el fisco es loable sino si esa finalidad puede llegar a sacrificar el secreto profesional del abogado.
A este respecto, conviene destacar que, tal como se ha expuesto, la propia Directiva que se quiere trasponer admite que el secreto profesional esté por encima de esta obligación de información que se pretende imponer a determinados profesionales. A nivel de normativa nacional, tanto la Constitución Española como la LOPJ ya han hecho una primera valoración de la importancia del secreto profesional del abogado y han antepuesto ese derecho/ deber de secreto a la lucha contra el crimen, no obligando al abogado a declarar sobre hechos delictivos y eximiéndole del deber de denuncia de aquellos hechos delictivos que haya conocido por las explicaciones de sus clientes.
¿Queremos una sociedad en la que el abogado en quien hemos puesto nuestra confianza para que nos ayude sea precisamente quien nos denuncie? ¿Queremos una sociedad en la que el sacerdote, a quien confesamos nuestros pecados, sea quien se los cuente Dios sabe a quién? ¿Queremos una sociedad en la que nuestro médico no tenga reparo en contar a quien proceda cuán enfermos estamos? ¿Queremos una sociedad en la que el periodista no dude en señalarnos ante peligrosos delincuentes como su fuente informativa?
El secreto profesional es un derecho de los ciudadanos que resulta imprescindible en un Estado de Derecho. En mi opinión, el riesgo fiscal que para la Hacienda Pública suponen las operaciones transfronterizas no merece el sacrificio del derecho de la sociedad al secreto profesional del abogado. Cierto es que este tipo de operaciones no afecta ni al 1% de la sociedad española por lo que el sacrificio afectaría sólo a unos pocos. Pero ni aun así. No es cuestión de cantidad sino de valores.
[1] DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
* Este artículo ha sido publicado previamente en www.elderecho.com

References: artículo 93
 Real Decreto 
 artículo 93
 artículo 46
 artículo 93
 artículo 93