Source: https://www.slideshare.net/DeboraGarciaMonte/gua-para-profesionales-y-agentes-sociales
Timestamp: 2019-08-17 23:30:20+00:00

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, Directora at Débora Orienta
Modificacion del sistema_de_proteccion_a_la_infancia_y_a_la_adolescencia
1. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia Guía para profesionales y agentes sociales
3. 3 Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia Guía para profesionales y agentes sociales Elaborado por: Julieta Moreno-Torres Sánchez Doctora en Derecho Asesora Jurídica del Servicio de Protección de Menores de Málaga de la Junta de Andalucía Málaga, 1 de septiembre de 2015
4. 4 Texto: © Moreno-Torres Sánchez, Julieta Maquetación: Rebollo Ramos, José Ilustración: © Ramos Bernabé, Enrique
5. 5 ÍNDICE 1.	PRESENTACIÓN7 2.	LAS NUEVAS LEYES: ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO, CÓMO CONSULTAR LA LEGISLACIÓN MODIFICADA Y CONTENIDO DE LA REFORMA 8 2.1	Cómo y dónde consultar las normas que han sido reformadas por las Leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 8 2.2	Entrada en vigor 8 2.3	Régimen transitorio 9 2.4	Listado de leyes que modifica la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 10 2.5	Listado de leyes que modifica la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 10 2.5	Contenido de la reforma de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 11 2.6	Contenido de la reforma de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 12 3.	INTERES SUPERIOR DEL MENOR, DERECHO A SER OÍDO, DEBERES DE LOS MENORES Y CRITERIOS COMUNES 17 3.1	El interés superior del menor: nueva técnica para su valoración 17 3.2	Derecho del menor a ser oído y escuchado 19 3.3	Derecho de defensa 20 3.4	Deberes del menor 21 3.5	Criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad 22 4.	MODIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA 23 4.1	Situación de riesgo 24 4.2	Guarda de hecho 26 4.3	Guarda voluntaria 28 4.4	Guarda judicial 29 4.5	Guarda provisional (Atención inmediata) 30 4.6	Desamparo 32 4.7	Desamparo (Entrada a domicilio) 36 4.8	Disposiciones comunes a guarda y desamparo 37 4.9	Aspectos esenciales de la guarda (voluntaria o derivada del desamparo) 38 4.10	Acogimiento familiar 39 4.11	Acogimiento residencial 41 4.12	Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta 42 4.13	Adopción 45 5.	OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL 51 5.1	Riesgo prenatal 51 5.2	Negativa a tratamientos médicos 52 5.3	Régimen de visitas o relaciones personales 53 5.4	Medidas del artículo 158 del CC 55 5.5	Medidas contra la violencia de género cuando hay hijos menores 56 5.6	El Ministerio Fiscal en el sistema de protección 57
6. 6 6.	SISTEMA DE PLAZOS 58 6.1	Plazos de revisión periódica de actuaciones: proyecto de intervención social y educativo / plan individualizado de protección 58 6.2	Plazos de duración de las medidas de protección 59 6.3	Plazos de oposición ante el Juzgado y solicitud de revocación de desamparo 60 7.	NORMAS SOBRE COMPETENCIA TERRITORIAL Y MENORES EXTRANJEROS 61 7.1	Traslado de menores entre Comunidades Autónomas 61 7.2	Protección de los menores españoles en situación de desprotección en un país extranjero 62 7.3	Normas relativas a menores extranjeros no acompañados 63 8.	REFERENCIA A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 65 8.1	Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, aspectos esenciales de la reforma 65
7. Julieta Moreno-Torres Sánchez 7 1.	PRESENTACIÓN ¿Qué leyes se modifican? ¿Cómo y dónde consultar las leyes sobre protección? ¿Cuándo entran en vigor? ¿Qué ocurre con los procedimientos de protección que ya están iniciados a la fecha de entrada en vigor de las leyes? ¿En qué afectarán al trabajo de los profesionales relacionados con la protección de menores, a las familias y a los propios menores? El proceso de reforma del sistema de protección se inició hace ya varios años y en él han intervenido, además de juristas, profesionales de todos los ámbitos relacionados con los menores, lo cual ha supuesto que aspectos educativos, psicológicos o sociales se hayan recogido de forma muy patente en la redacción de los textos legales, haciendo por tanto más cercana su aplicación a estos profesionales. Esto tiene todo su sentido en una legislación de este tipo, dirigida especialmente a trabajadores sociales, psicólogos, educadores, pedagogos...además de a los operadores jurídicos. Y resulta muy apropiado que así sea, si consideramos el concepto de sistema de protección como conjunto de medidas jurídicas, sociales, educativas, pedagógicas, etc., dirigidas a obtener el desarrollo integral del menor, con respeto a los principios integradores del derecho de menores, dentro de un Estado determinado y conforme a los parámetros culturales del mismo, así como el sistema de recursos materiales y técnicos que tiene por objeto procurar su protección1 . El resultado de este largo proceso legislativo han sido dos leyes: La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en adelante Ley Orgánica 8/2015; y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La razón de que la reforma se haya realizado en dos leyes es que todo lo que afecte a derechos fundamentales y libertades públicas debe ser aprobado por Ley Orgánica y las demás cuestiones han sido reguladas por Ley ordinaria. Así, la L.O. 8/2015 regula cuestiones como el internamiento en centros en casos de trastorno de conducta, o la entrada en domicilio para la ejecución de medidas de protección, por afectar a la libertad y derechos fundamentales de los menores y sus familias. La reforma afecta de forma significativa a la terminología a la que están habituados los profesionales y en especial resulta significativa la Disposición adicional 1ª de la Ley 26/2015, que señala la referencia a la utilización en los nuevos textos legales de la expresión «Entidad Pública» en relación a la Entidad Pública de protección de menores competente territorialmente. Además ambas leyes usan de forma indistinta los términos medidas e instituciones de protección para hacer referencia a las figuras protectoras (situación de riesgo, guarda, acogimiento...). La nueva normativa distingue, tal como venían haciendo numerosas normativas autonómicas, entre infancia y adolescencia, haciendo notar, desde el mismo título, que no es lo mismo la protección que necesitan los menores adolescentes que la que precisan los niños de corta edad. En relación con este aspecto, se usa ahora el término madurez en lugar de juicio, para definir el momento en que ha de ser oído el menor. El problema al que se enfrentan los profesionales y agentes sociales que tienen que aplicar las nuevas normas, es que al haberse modificado casi 20 disposiciones normativas, y en especial el Código Civil (en adelante CC) y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante L.O.1/1996), en distintos textos y de forma parcial, resulta ahora complicado comprender cómo afecta la reforma al trabajo individual de cada uno, que para más inri, ni siquiera está acostumbrado a lidiar con textos legislativos. Por ello es objeto de esta guía es sistematizar la información. La guía se inicia con la referencia al contenido general de las dos leyes y seguidamente se abordan aspectos sustantivos referidos al sistema de protección, que sin ser exhaustivos, dan una visión general de la reforma; haciendo especial hincapié en cuestiones como la técnica para la valoración del interés superior del menor, las medidas de protección y el sistema de plazos implantado. 1 J.Moreno-Torres Sánchez en La Seguridad Jurídica en el Sistema de Protección de Menores Español, 2009 - Editorial Aranzadi - Aranzadi Derecho Civil Nº555, 1ª Edición, cit.pág.28, ISBN13 9788483559000.
8. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 8 2.	LAS NUEVAS LEYES: ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO, CÓMo CONSULTAR LA LEGISLACIÓN MODIFICADA Y CONTENIDO DE LA REFORMA 2.1	Cómo y dónde consultar las normas que han sido reformadas por las Leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia Las dos leyes han sido publicadas en el BOE y se pueden consultar en: En cuanto a las Leyes que han sido modificadas por la L.O. 8/2015 y la Ley 26/2015, si bien existen múltiples bases de datos que irán recogiendo la reforma en cada una de las normas, el Boletín Oficial del Estado ofrece en su web oficial la versión consolidada de las normas reformadas. El texto consolidado incluye en la norma, por ejemplo la L.O.1/1996, el contenido de las últimas modificaciones (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069). Para consultar las versiones anteriores, se puede pinchar en la selección de la versión anterior que se desee, en la misma web del BOE. En la web http://www.notariosyregistradores.com/web/cuadros/comparativas-articulos/cuadro- comparativo-reforma-codigo-civil-por-la-ley-de-proteccion-del-menor/ se puede consultar un cuadro comparativo de la reforma del Código Civil. 2.2	Entrada en vigor Las nuevas leyes han establecido su entrada en vigor a los 20 días de su publicación: Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir el 12 de agosto de 2015. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: entra en vigor en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir el 18 de agosto de 2015. Quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2015 y Ley 26/2015 . L.O.8/2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222p=20150723tn=2 Ley 26/2015 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470 Va a resultar complejo el proceso de adaptación de las leyes a las normativas vigentes hasta ahora en las Comunidades Autónomas. No se ha establecido un período transitorio y la entrada en vigor afecta a todas las Administraciones públicas vinculadas a la protección de menores.
9. Julieta Moreno-Torres Sánchez 9 2.3	Régimen transitorio Procedimientos judiciales iniciados antes de la entrada en vigor de la L.O.8/2015: Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio (Disposición transitoria única) Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 26/2015: Los procedimientos y expedientes judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitación se continuarán tramitando conforme a la legislación procesal vigente en el momento del inicio del procedimiento o expediente judicial (Disposición transitoria 1ª Ley 26/2015). Cesedelosacogimientosconstituidosjudicialmente:Losacogimientosconstituidosjudicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán cesar por resolución de la Entidad Pública sin necesidad de resolución judicial (Disposición transitoria 2ª Ley 26/2015). La Ley 26/2015 alude a procedimientos y expedientes judiciales y legislación procesal vigente. Por analogía se puede interpretar que este régimen transitorio se aplicará no sólo a los procedimientos judiciales ya iniciados, sino también a los procedimientos administrativos de desamparo, guarda, acogimiento y adopción iniciados por la Entidad Pública antes de la entrada en vigor de las Leyes. No obstante, y en aplicación del interés superior del menor, se debe respetar el nuevo sistema de medidas de protección. Por ejemplo, no se debe constituir un acogimiento preadoptivo o simple sin consentimiento de los padres, mediante acogimiento provisional y propuesta judicial porque ello podría dilatar los plazos e ir en contra del interés del menor. Dicho procedimiento podrá ser archivado e iniciado de nuevo conforme a la nueva normativa. Sí se podría continuar un procedimiento de acogimiento simple o preadoptivo con consentimiento de los padres, iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley, pero modificando el término simple por el de temporal y el de preadoptivo por el de guarda para la convivencia preadoptiva. La reforma se aplica a todo el territorio nacional, con excepción de la regulación de las instituciones civiles de las ComunidadesAutónomas con Derecho civil, foral o especial. Por tanto, quedan derogadas las legislaciones autonómicas en todo lo que se opongan a las nuevas leyes y será necesario un proceso de adaptación mediante nuevas regulaciones. De momento se han aplicar la nuevas leyes aprobadas, con independencia del proceso de desarrollo legal y reglamentario que tenga lugar en cada Comunidad Autónoma y por el Estado ya que se habilita al Gobierno para fomentar con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares en la aplicación de ambas leyes.
10. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 10 2.4	Listado de leyes que modifica la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia »» Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil »» Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil »» Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial »» Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social »» Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 2.5	Listado de leyes que modifica la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia »» Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional »» Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo Ley de Enjuiciamiento Civil »» Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa »» Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, »» Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores »» Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público »» Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas »» Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación »» Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa »» Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo »» Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia »» Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 35/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social »» Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
11. Julieta Moreno-Torres Sánchez 11 2.5	Contenido de la reforma de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ►► Interés superior del menor. ►► Modificaciones terminológicas: Se sustituye el término deficiencia por el de discapacidad, se sustituye el término juicio por el de madurez. Utilización de la expresión Entidad Pública D.A.1ª: Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a la presente ley a Entidad Pública de protección de menores competente territorialmente se entenderán hechas a Entidad Pública, expresión que se utilizará en los sucesivos textos legales. ►► Coordinación: habilitación al Gobierno para fomentar con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares en la aplicación de ambas leyes. ►► Defensor del Pueblo o instituciones autonómicas homólogas. ►► Se refuerza la tutela judicial efectiva de los menores introduciendo la posibilidad de solicitar asistencia legal y nombramiento de un defensor judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ►► Procedimiento ágil, sencillo y detallado para la obtención de la autorización judicial del ingreso de un menor en un centro de protección específico de menores con problemas de conducta. ►► Regulación de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular para la ejecución forzosa de medidas de protección de un menor, atribuir la competencia para la autorización de entrada en domicilio al Juzg.ado de Primera Instancia. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial En relación con la competencia para otorgar la autorización judicial para la entrada en el domicilio para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Para la protección de personas extranjeras en situación irregular y sus hijos, que hayan sido víctima de trata de seres humanos. (en adelante LEC)
12. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 12 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Reconoce a los menores víctimas de la violencia de género mediante su consideración en el artículo 1, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos. Modificación de las medida cautelares y de aseguramiento, en particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia. Se amplian las situaciones objeto de protección en las que los menores pueden encontrarse a cargo de la mujer víctima de la violencia de género. Modificación en cuanto a las estancias o formas de relacionarse o comunicarse con los menores. 2.6	Contenido de la reforma de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ►► Adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes. ►► Profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. ►► Modificaciones derivadas de la ratificación por España de la Convención de derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de adaptar la regulación en consecuencia. ►► Se introduce una mención expresa a la alfabetización digital y mediática. ►► Se introduce un nuevo capítulo III en el título I con la rúbrica «Deberes del menor», en los ámbitos familiar, escolar y social en particular. ►► Se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros y se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados. ►► En el artículo 11 se introduce como principio rector de la actuación administrativa la protección de los menores contra cualquier forma de violencia y la presunción de minoría de edad de una persona cuya mayoría de edad no haya podido establecerse con seguridad, hasta que se determine finalmente la misma. ►► Principios rectores de la reforma de las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia señalando que se dará prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. ►► Obligación de las Entidades Públicas de revisar, en plazos concretos, las medidas de protección adoptadas. De esta manera se obliga a realizar un seguimiento personal de cada niño, niña o adolescente y una revisión de la medida de protección.
13. Julieta Moreno-Torres Sánchez 13 ►► Dos nuevos apartados en relación a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores: deber que tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. ►► Requisito para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores. ►► Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN. ►► Se establece una regulación estatal más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo, la guarda provisional en atención inmediata. Se regula el riesgo prenatal a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. ►► Regula la actuación ante atención sanitaria necesaria para el menor no consentida por sus progenitores u otros responsables legales, que conlleva también la modificación de la Ley de la Autonomía del Paciente. ►► Regulación del desamparo: se completa la definición de la situación de desamparo regulada en el artículo 172 del código Civil, estableciendo, las circunstancias que la determinan, con lo que se introduce una importante clarificación y unificación de criterios para su declaración. ►► Además, se regula por vez primera la competencia de las Entidades Públicas respecto a la protección de los menores españoles en situación de desprotección en un país extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido desde una Comunidad Autónoma a otra distinta, cuestiones que no estaban contempladas hasta el momento. ►► Acogimiento familiar, se simplifica la constitución, refiriéndose al acogimiento en la propia familia extensa del menor o en familia ajena; se regula el estatuto del acogedor familiar como conjunto de derechos y deberes y los derechos de los menores acogidos. ►► Acogimiento residencial: prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial y de forma acentuada cuando son menores de seis años, y de forma aún más Jseñalada e imprescindible si son menores de tres años; se establecen con carácter general sus características básicas, su necesario ajuste a criterios de calidad y el carácter preferente de las soluciones familiares, debiendo estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad Pública. ►► Jóvenes ex tutelados: obligación de la Administración de prepararlos para la vida independiente. ►► Creación de un sistema de información estatal sobre protección de menores a realizar por las Entidades Públicas y la Administración General del Estado y nuevas normas que regulan el tratamiento de datos de carácter personal de los menores atendiendo a su interés superior, así como la obligación de valorar el impacto en la infancia y adolescencia en todos los proyectos normativos.
14. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 14 Código Civil ►► Reforma de normas de Derecho internacional privado (artículo 9), normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la filiación, a la protección de menores y mayores y a las obligaciones de alimentos y reconocimiento de doble nacionalidad en supuestos de adopción internacional. ►► Normas sobre acciones de filiación. ►► Artículo 158 del código Civil, mediante mecanismos protectores, tanto respecto al menor víctima de los malos tratos como en relación con los que, sin ser víctimas, puedan encontrarse en situación de riesgo. ►► Derecho de visitas y comunicaciones (arts 160 y 161 CC). ►► Desamparo: se desdobla en tres artículos el artículo 172 del CC, en el apartado primero se regula el desamparo. ►► Guarda a solicitud de los progenitores o tutores (artículo 172 bis CC). ►► Acogimiento residencial y familiar (artículo 172 ter y 173 CC): acogimiento de urgencia, acogimiento temporal (hasta ahora denominado simple), con una duración máxima de dos años y acogimiento permanente. ►► Redefinición de las funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal (artículo 174 CC). ►► Adopción (artículo 175 y ss CC): definición de la idoneidad, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años, se introduce un artículo 176 bis que regula «ex novo» la guarda con fines de adopción, requisitos respecto del asentimiento de los progenitores (la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años), posiblidad de alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones, lo que podría denominarse como adopción abierta. ►► Acceso a lo orígenes: se refuerza. ►► Tutela ordinaria (artículo 239 y 303 CC) modificaciones en la regulación de la tutela ordinaria de menores, posibilidad de otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores de hecho y supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaración de desamparo y los supuestos ante los que ha de procederse a la privación de la patria potestad o nombramiento de tutor. Ley de Adopción Internacional Se clarifica el ámbito de aplicación de la ley, se define el concepto de adopción internacional, se deslindan las competencias de las diversas Administraciones Públicas, se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales, se detallan con mayor claridad en el artículo 11 las obligaciones de los adoptantes, se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado...
15. Julieta Moreno-Torres Sánchez 15 Ley de Enjuiciamiento Civil Se refuerza la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos e intereses de los menores, introduciendo mejoras en los procedimientos ya existentes, orientadas a hacerlos más efectivos y aclarando puntos que en la práctica han generado interpretaciones contradictorias, (promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a un mismo menor), prohibición de ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor de edad, se unifica el plazo a dos meses para formular oposición respecto a todas las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, eliminando la diferenciación que se hacía respecto a las declaraciones de desamparo y se establece un mismo procedimiento para la oposición a todas las resoluciones administrativas Se concentran en un solo procedimiento los supuestos en los que durante la tramitación del expediente de adopción los progenitores del adoptando pretendieran que se les reconociera la necesidad de otorgar su asentimiento a la adopción, con la finalidad de dar unidad de actuación a tales pretensiones, lo que repercutirá en una agilización del procedimiento. Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa Con relación a la atribución de la competencia para la autorización de entrada en domicilio para la ejecución de una resolución administrativa en materia de protección de menores al Juzgado de Primera Instancia. Ley de la Autonomía del Paciente Sobre los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave; a los menores emancipados o mayores de 16 años en relación a los cuales no cabe otorgar el consentimiento por representación, salvo cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud... .	Estatuto de los Trabajadores y Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público Permiso de la trabajadora para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, equiparando a las familias adoptantes o acogedoras a las biológicas. Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas Para reformar las condiciones de mantenimiento de los efectos del título oficial de familia numerosa. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa Para revisar los criterios de asignación de plaza escolar con vistas a tener en cuenta la condición legal de familia numerosa y situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna, así como incrementar la reserva de plazas en los centros educativos para casos del inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna. Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo Como consecuencia de la necesidad de protección de las personas que hayan sido víctimas de trata de seres humanos.
16. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 16 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia Para que las prestaciones económicas no puedan ser embargadas salvo en el caso del pago de alimentos, en los que será el tribunal el que fijará la cantidad que pueda ser objeto de embargo. Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de la Jurisdicción Social Con el fin de regular las consecuencias del delito de homicidio doloso en el ámbito de las prestaciones de muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social y en favor de familiares del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Disposiciones adicionales de la Ley 26/2015 ►► Disposición adicional 1ª: referencia a la utilización en los textos legales de la expresión «Entidad Pública» en relación a la Entidad Pública de protección de menores competente territorialmente. ►► Disposición adicional 2ª: referencias al acogimiento preadoptivo, al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional. ►► Disposición adicional 3ª: habilita al Gobierno a promover, con las Comunidades Autónomas, el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de la presente ley. ►► Disposición adicional 4ª: régimen jurídico de los centros específicos de protección de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades públicas competentes. ►► Disposición adicional 5ª mecanismo interterritorial de asignaciones de familias para acogimiento, o, en su caso, adopción. ►► Disposición adicional 6ª; y la disposición adicional sexta establece una equiparación de regímenes jurídicos de acogimiento previstos en la presente ley con relación a las normas existentes con anterioridad a la misma y a las legislaciones correspondientes de las Comunidades Autónomas.
17. Julieta Moreno-Torres Sánchez 17 3.	INTERES SUPERIOR DEL MENOR, DERECHO A SER OÍDO, DEBERES DE LOS MENORES Y CRITERIOS COMUNES 3.1	El interés superior del menor: nueva técnica para su valoración 2 Triple naturaleza de ISM Criterios de aplicación e interpretación a) derecho a la vida - necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas b) deseos, sentimientos y opiniones/ participación c) derecho a su familia de origen d) identidad, cultura, religión/ atención a la discapacidad Elementos de ponderación a) edad y madurez del menor b)	igualdad y no discriminación c) efecto del transcurso del tiempo principios de necesidad y proporcionalidad d) estabilidad de las soluciones e) tránsito a la edad adulta Garantías del proceso a) dº del menor a ser informado, oído y escuchado/participar b)	intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos c)	participación de progenitores, tutores o representantes / defensor judicial/ Ministerio Fiscal d) decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas e)	recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor 2 Se recogen los criterios establecidos por la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_ nino/14.pdf Hasta la publicación de las nuevas leyes no recogía la normativa estatal una técnica para la valoración del interés superior del menor (en adelante ISM). Desde la entrada en vigor de las nuevas Leyes todos los profesionales y operadores jurídicos, instituciones, públicas o privadas, Tribunales y órganos legislativos, han de valorar el ISM en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado, el cual será primordial, reflejando su motivación en los informes técnicos, decisiones y resoluciones que se dicten2 . Artículo 2 L.O.1/1996 Derecho sustantivo y subjetivo del menor directamente invocable ante los Tribunales Principio general informador e interpretativo: ante varias posibles interpretaciones de una norma, se elegirá siempre la que corresponda al ISM Norma de procedimiento con todas las garantías: si no se sigue el procedimiento se viola el derecho, y se podrá recurrir ante el Juzgado
18. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 18 Valoración del ISM ante la concurrencia de otros intereses En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados. En las decisiones que se acuerdan sobre los menores, en los procedimientos administrativos y judiciales, siempre hay terceras personas afectadas: padres, abuelos, hermanos, allegados...por lo que se ha previsto cómo decidir en caso de concurrencia de cara a priorizar el ISM pero valorando los derechos fundamentales de esas personas.
19. Julieta Moreno-Torres Sánchez 19 3.2	Derecho del menor a ser oído y escuchado ●● El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación en toda decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, en función de su edad y madurez. ●● En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento. ●● Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos. ●● Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación. ●● No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente. ●● Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración. Artículo 9 L.O.1/1996 Se precisa el derecho del menor a ser oído y escuchado y se introduce el término madurez en sustitución de juicio. No oír a un menor en un procedimiento que le afecte, puede suponer una vulneración de su derecho a la audiencia y la defensa, en los términos del artículo 24 de la Constitución, por lo que al tratarse de un derecho fundamental, la reforma de este Derecho se aborda desde la L.O.8/2015. Además de la modificación del artículo 9 de la L.O.1/1996, se han modificado con relación al derecho a ser oído todos los artículos del CC, LEC y demás d i s p o s i c i o n e s legales en que se hace referencia a la forma de audiencia al menor. Por ejemplo en el artículo 172 del CC se explicita la forma de notificación del desamparo al menor.
20. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 20 3.3	Derecho de defensa Tendrán los siguientes derechos para su defensa El menor podrá presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la desarrolle (Artículo 10.2 f L.O.1/1996). El menor podrá solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores (Artículo 10.2 e L.O.1/1996). Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: 1. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado. 2. En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo. 3. En todos los demás casos previstos en este Código. Artículo 10 L.O.1/1996 Defensor judicial: se refuerza esta figura que se regula en el Artículo 299 CC que hacía mención a que se nombraría defensor judicial en los siguientes supuestos, pero ahora se expresa que es el propio menor el que puede solicitar su nombramiento tanto en procedmientos judiciales como administrativos. Los menores, además de los mecanismos hasta ahora regulados en el artículo 10 de la L.O.1/1996: ►► Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente ►► Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas ►► Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo ►► Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas
21. Julieta Moreno-Torres Sánchez 21 3.4	Deberes del menor Asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social. Promoción por los poderes públicos de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes Ámbito familiar »» Participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos así como a otros familiares »» Participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas Ámbito escolar »» Respetar las normas de convivencia de los centros educativos y estudiar »» Respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares y a sus compañeros,	evitando situaciones de conflicto y acoso escolar, incluyendo el ciberacoso. »» A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Ámbito social »» Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen »» Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad. »» Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalacionesy equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano »» Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible Artículo 9 bis L.O. 1/1996 El artículo 155 del CC dispone de forma muy breve las obligaciones de los hijos (obediencia y respeto a los padres y contribución al levantamiento de las cargas de la familia). El nuevo artículo 9 bis recoge la necesidad socialmente denunciada, de que se plasme en las leyes que además de todo un catálogo de derechos, los menores, especialmente en la adolescencia, también tienen obligaciones.
22. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 22 3.5	Criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad 1. Composición, número y titulación de los equipos profesionales de la entidad pública de protección de menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones tales como: riesgo y desamparo de menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los jóvenes que estén bajo una medida de protección, procesos de acogimiento y adopción. 2. Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoración de la aptitud educadora de las familias; compensación económica para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; medidas de fomento y apoyo al acogimiento familiar; campañas informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras. 3. Elementos esenciales en los procedimientos de adopción relativos a: preparación preadoptiva; declaración de idoneidad; concepto de menores «con necesidades especiales»; acreditación de organismos Acreditados para la adopción internacional; campañas informativas, con especial atención a las enfocadas a la adopción de menores con necesidades especiales. 4. Estándares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organización y funcionamiento tienda a seguir patrones de organización familiar. Incorporación de modelos de excelencia en la gestión. 5. Estándares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de los puntos de encuentro familiar. 6. Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formación para el empleo, que facilite o priorice su participación en ofertas de empleo como medida de discriminación. (Disposición Adicional tercera Ley 26/2015) Uno de los objetivos de la reforma es dar uniformidad en todo el territorio nacional y por ello se establece que el Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio en las siguientes materias.
23. Julieta Moreno-Torres Sánchez 23 4.	MODIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA 3 Principios de aplicación de las medidas del sistema de protección (Exposición de motivos de la Ley 26/2015) Tabla de equivalencia de las medidas de protección Normativa anterior Nueva normativa Situación de riesgo Situación de riesgo Guarda de hecho Guarda de hecho Guarda voluntaria Guarda voluntaria Guarda judicial Guarda judicial --- Guarda provisional Desamparo Desamparo Acogimiento familiar Acogimiento familiar --- Acogimiento de urgencia --- Acogimiento en familia ajena especializado --- Acogimiento en familia ajena especializado profesionalizado Acogimiento preadoptivo Guarda con fines de adopción/Guarda para la convivencia preadoptiva Acogimiento residencial Acogimiento residencial --- Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta Adopción Adopción --- Adopción abierta Adopción internacional Adopción internacional 3	La Sentencia núm. 233/2005, de 26 septiembre del Tribunal Constitucional lo menciona con relación a que la medida adoptada sea idónea para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido con ella, que sea necesaria o imprescindible al efecto (que no existan otras medidas más moderadas o menos agresivas para la consecución de tal propósito con igual eficacia) y, finalmente, que sea proporcionada en sentido estricto (ponderada o equilibrada por deri- varse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto). En este apartado se analizan los aspectos sustantivos de la reforma relativos a las medidas o instituciones de protección. El sistema de protección ha de actuar bajo el principio de proporcionalidad y progresividad por lo que expondremos las novedades de la legislación empezando por las medidas que menor injerencia tienen en la vida familiar3 . Prioridad a las medidas estables frente a las temporales Prioridad de las medidas familiares frente a las residenciales Prioridad de las medidas consensuadas frente a las impuestas.
24. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 24 4.1	Situación de riesgo Concepto Se ofrece una definición mucho más detallada, se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. Indicadores de riesgo –– el tener un hermano declarado en situación de riesgo o de desamparo. –– pobreza (La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar) –– discapacidad Competencia La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años. Contenido de la resolución La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Oposición ante el Juzgado Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 17.6 L.O.1/1996) en el plazo de dos meses (780 LEC). Artículo 17 L.O.1/1996 La situación de riesgo se regula sólo en la L.O.1/1996, sin que la modificación afecte al CC, como hasta ahora. Si bien no es una institución protectora regulada en el Código Civil, las resoluciones declarando la situación de riesgo sí podrán ser objeto de recurso ante el Juzgado. Hasta la reforma había Comunidades Autónomas que dictaban declaración del riesgo social mediante resolución administrativa y otras no, siendo a veces competencia municipal y otras autonómica. De ahora en adelante, en todas las Comunidades Autónomas se tendránquerealizardeclaraciones de riesgo mediante resolución administrativa, decidiendo cada cual a qué administración pública corresponde realizar la intervención, valoración y declaración.
25. Julieta Moreno-Torres Sánchez 25 Intervención La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras. Valoración Conlleva la elaboración de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Modelos de intervención »» Convenio consensuado con los padres y el menor. »» Proyecto de intervención y declaración de situación de riesgo mediante resolución administrativa si no hay colaboración. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal. Cuando Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. Si no se declara el desamparo corresponde al Ministerio Fiscal: una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros (Artículo 17.8 L.O.1/1996). La intervención puede terminar porque la administración competente observe desprotección La Entidad Pública pueden estimar que, a pesar de la propuesta, no procede declarar el desamparo
26. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 26 4.2	Guarda de hecho 4 4 Se ha pronunciado sobre esta cuestión la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre 2014 sobre desamparo y guarda de hecho. Artículos 239 y 303 CC En situaciones de guarda de hecho, en que los menores han quedado bajo el cuidado de personas que no son titulares de la patria potestad o tutela, se le debe otorgar al menor la figura jurídica que le ofrezca la mayor seguridad y estabilidad jurídica y emocional. Por ello, cada profesional ha de tener claro cómo reaccionar ante situaciones de guarda de hecho. Según la nueva regulación sólo se dictará resolución de desamparo cuando los guardadores no atiendan bien al menor, pudiendo constituirse la tutela con los mismos, cuando sea éste el interés del menor4 . Recoge por tanto la nueva legislación los supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaración de desamparo y los supuestos ante los que ha de procederse a la privación de la patria potestad y nombramiento de tutor. Tutela ordinaria en guarda de hecho La tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo corresponderá por ministerio de la ley a la Entidad Pública. No obstante, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en interés de éste. Desamparo en guarda de hecho Procederá la declaración de situación de desamparo de los menores en situación de guarda de hecho, cuando, además de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los artículos 172 y 239 bis.
27. Julieta Moreno-Torres Sánchez 27 Procedimiento judicial de nombramiento de tutor: Previamente a la designación judicial de tutor ordinario o en la misma resolución, deberá acordarse la suspensión o la privación de la patria potestad o remoción del tutor, en su caso (Artículo 239.2 CC). Legitimación para el ejercicio de las acciones de privación de patria potestad, remoción del tutor y para la solicitud de nombramiento de tutor de los menores en situación de desamparo, el Ministerio Fiscal, la Entidad Pública y los llamados al ejercicio de la tutela (Artículo 239.3 CC). Legitimación del guardador de hecho: el guardador de hecho podrá promover la privación o suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor (Artículo 303.2 CC). El Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constitución de la tutela o curatela. Tales medidas se adoptarán, previa comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal (artículo 52 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria). Medidas cautelares: además de la previsión del artículo 299 bis CC que dispone medidas de representación y defensa y administración de bienes, el Artículo 303 CC señala la posibilidad de constituir un acogimiento temporal con facultades de tutela hasta que se dicte la medida de protección adecuada. Representación y defensa: Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela o curatela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal (Artículo 299 bis CC). Administración de bienes: En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Secretario judicial podrá designar un defensor judicial que administre los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida (Artículo 299 bis CC). Facultades tutelares a los guardadores: Mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, si fuera menor de edad, se podrá constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores (Artículo 303 CC). 5 5 J.Moreno-Torres Sánchez en Protección jurídica ante la guarda de hecho: ¿Menores en el limbo jurídico? 2013, Derecho de Familia y Sucesiones, Editorial SEPIN, ISBN 9788415644224. Es novedoso que ahora se legitima al guardador para promover ante el Juzgado la privación o suspensión de patria potestad y el nombramiento de tutor. Además ya no es necesario un procedimiento separado para acordar la privación sino que en el mismo procedimiento de tutela se puede acordar la privación o suspensión. Hasta ahora no existía un criterio uniforme en esta materia lo cual había dado lugar a gran inseguridad jurídica a los menores y sus guardadores ya que ante situaciones iguales existía una respuesta distinta.
28. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 28 4.3	Guarda voluntaria Formalización Por escrito. Compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervención profesional. Artículo 172 bis y ter CC Artículo 19 L.O.1/1996 La guarda voluntaria se formaliza por la Administración, siempre con el consentimiento de los padres o tutores, a diferencia de la guarda judicial o de la guarda provisional, que puede formalizarse sin consentimiento, por lo que habrán de comprometerse a colaborar con ésta. Concepto y causas Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Entidad Pública que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario. Plazo No podrá sobrepasar dos años como plazo máximo de cuidado temporal del menor, salvo que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de las medidas. Transcurrido el plazo o la prórroga, en su caso, el menor deberá regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situación legal de desamparo.
29. Julieta Moreno-Torres Sánchez 29 4.4	Guarda judicial Asimismo, la Entidad Pública asumirá la guarda cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda, adoptando la medida de protección correspondiente (Artículo 172 bis 2 CC). El Juez de oficio, a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará...6. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas...Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria... En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública (Artículo 158.6 CC). Protección penal La necesidad de protección inmediata provoca que en el mismo momento en que se ordena por el Juzgado de Instrucción o el de Violencia Doméstica la prisión preventiva o la orden de alejamiento de los adultos, se pronuncie sobre las medidas de protección de los menores. Puede acordar la guarda en terceras personas o la delegación de la guarda en la Entidad Pública para que proteja al menor mediante acogimiento residencial o familiar en tanto se instruye el proceso penal o decidir, como ocurre muchas veces con los adolescentes, que se reintegren con sus padres. El artículo 158.6 CC, señala la obligación del Juez de que en caso de posible desamparo se comunique por el Juzgado a la Entidad Pública. Por tanto los Juzgados deben acordar las medidas cautelares sobre los menores cuando se está instruyendo un proceso penal, con independencia de que posteriormente la Entidad Pública instruya un procedimiento de desamparo o remita el caso para intervención por situación de riesgo social. Así se respeta la presunción de inocencia y se evita que Juzgados y Entidad Pública acuerden medidas contradictorias (por ejemplo el Juzgado puede acordar la puesta en libertad de los padres con orden de alejamiento de los menores y la guarda con los abuelos mientras la Entidad Pública desampara al menor y acuerda la guarda temporal con familia ajena)6 . 6	Son muy habituales estas situaciones por ejemplo tras la remisión por un centro sanitario un parte judicial por maltrato a menor, la detención de los padres por cualquier delito que puede no ser por maltrato pero pueden quedar pri- vados de libertad, o el de los adolescentes que denuncian a sus padres por maltrato. En estos supuestos, es el Juzgado de Guardia y posteriormente el Juzgado encargado de la instrucción del caso, quien cuenta con toda la información fo- rense, pericial, policial... de los hechos ocurridos. De otra forma, la Entidad pública puede estar prejuzgando a los proge- nitores, que aún no han sido juzgados ni oídos con las garantías de un proceso imparcial. Así lo prevén la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, J.Moreno-Torres Sánchez en La Seguridad Jurídica en el Sistema de Protección de Menores Español, ob.cit.pág.238. Para la protección de los menores, entre las medidas que puede acordar el Juez en cualquier proceso civil o penal, se encuentra la guarda judicial, por la que, a fin de proteger a los menores, ordena de su guarda y cuidado se ejerzan por terceras personas, normalmente familiares o la Entidad Pública, hasta que se dispongan medidas definitivas. Además del artículo 172 y 158 CC, el 103 al regular las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio también regula la guarda judicial al establecer, en los casos en que se observe que ni padre ni madre están capacitados por cualquier motivo, para ejercer su cuidado, que la guarda de los mismos se atribuya en primer lugar a los familiares, y, a falta de éstos, mediante la delegación de la guarda judicial en la Entidad Pública, que la ejercerá mediante el acogimiento familiar o residencial. Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez (103.1 CC). Artículo 172 bis 2 CC, 158.6 CC y 103.1 CC Protección civil
30. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 30 4.5	Guarda provisional (Atención inmediata) Se incluye por primera vez en el CC la mención a la atención inmediata y se introduce una nueva figura, la guarda provisional, sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa de los progenitores, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificación del menor, la investigación de sus circunstancias y la constatación de la situación real de desamparo. La atención inmediata hace referencia a la necesidad de cuidado y atención inmediatos que necesita el menor y se refleja jurídicamente mediante la resolución administrativa de guarda provisional que se dictará por la Entidad Pública. Será notificada a los padres o tutores y podrá ser objeto de recurso en el plazo de dos meses desde su notificación. Concepto En cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la Entidad Pública podrá asumir la guarda provisional de un menor mediante resolución administrativa, y lo comunicará al Ministerio Fiscal. Dado que se trata de una figura de guarda, la Entidad Pública no asume la tutela del menor, sino sólo su guarda mediante el acogimiento familiar o residencial. Plazo El plazo más breve posible. Control del plazo por el Ministerio Fiscal Cuando hubiera transcurrido el plazo señalado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resolución, el Ministerio Fiscal promoverá las acciones procedentes para asegurar la adopción de la medida de protección más adecuada del menor por parte de la Entidad Pública (172.4 CC). Objeto Además de para prestar atención inmediata al menor, la guarda provisional se extenderá el tiempo necesario para proceder a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo (Artículo 172.4 CC). La exposición de motivos de la Ley 26/2015 señala que la guarda provisional, aunque imprescindible para atender situaciones de urgencia, debe tener límites temporales pues en otro caso podrían generarse situaciones de inseguridad jurídica. Por ello, se prevén las obligaciones de las Entidades y el papel a desempeñar por el Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuación administrativa. Habrá que ver cómo se aplican estas disposiciones legales y cómo se interpreta la brevedad del plazo, especialmente en situaciones como las de los menores extranjeros no acompañados, para que no se produzcan dilaciones en las declaraciones de desamparo que haya que dictar. Artículo 14 L.O.1/1996 y 172.4 CC
31. Julieta Moreno-Torres Sánchez 31 –– La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela (Artículo 172.5 CC). –– Reintegración del menor con sus padres o tutores (por la desaparición de las causas que motivaron su asunción (Artículo 172.5 CC). –– Declaración de la situación de desamparo: Tales diligencias se realizarán en el plazo más breve posible, durante el cual deberá procederse, en su caso, a la declaración de la situación de desamparo y consecuente asunción de la tutela o a la promociónde la medida de protección procedente (Artículo 172.4 CC). –– Nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias: Si existieran personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en interés de éste, se promoverá el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias (Artículo 172.4 CC). Finaliza Se observa una gran similitud entre esta medida y la guarda judicial, ya que en ambos casos se puede acordar sin el consentimiento de los padres y sin asumir la tutela, en ambos con vocación de transitoriedad hasta que se esclarezcan los hechos que dan lugar a la misma y para proteger de forma perentoria. Pero en la guarda provisional es la Entidad Pública la que acuerda la medida de guarda ya que no nos hallamos ante un proceso judicial, sino en situaciones como las de los menores extranjeros no acompañados o menores de corta edad que son localizados solos, sin que, en principio exista ilícito penal alguno.
32. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 32 4.6	Desamparo Concepto Se mantiene el mismo concepto de desamparo del artículo 172.1 del CC: Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. La asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de éste. Se completa en la Ley 26/2015, al establecer las causas por las que se produce en el Artículo 18 de la Ley 1/1996. Notificación Notificación progenitores, tutores o guardadores, al menor si tuviere suficiente madurez o más de 12 años en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas (Artículo 172.1 CC). Forma de la notificación La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieronlugaralaintervencióndelaAdministración y los efectos de la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial (Artículo 172.1 CC). Artículo 172 CC y 18 L.O.1/1996 Consecuencia Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. Privación de patria potestad Se legitima al M. Fiscal y a la Entidad Pública en el Artículo 172 del CC: La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la patria potestad y la remoción de la tutela (Artículo 172.1 CC).
33. Julieta Moreno-Torres Sánchez 33 Revocación del desamparo La Entidad Pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, siempre que se entienda que es lo más adecuado para su interés. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal (artículo 172.3 CC). Cese del desamparo Se regulan por primera vez las causas del cese y los plazos, además de las comunes con la tutela ordinaria: Solicitud de cese del desamparo Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare la situación de desamparo padres y tutores puede pedir el cese la suspensión y quede revocada la declaración de situación de desamparo del menor por cambio de las circunstancias que la motivaron (Artículo 172.2 CC). a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país. b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma cuya Entidad Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor. c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido (Artículo 172.5 CC).
34. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 34 Causas del desamparo Reguladas hasta ahora en las legislaciones autonómicas, por primera vez se regulan a nivel estatal, se den una o varias: a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla. b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años. c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal. d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo. e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental. f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad. g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria. h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia. Artículo 18 L.O. 1/1996
35. Julieta Moreno-Torres Sánchez 35 Otros factores a tomar en consideración Pobreza La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo (Artículo 18.2 L.O.1/1996). Discapacidad En ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos (Artículo 18.2 Ley 1/1996). Hermano Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación (Artículo 18.2 L.O.1/1996).
36. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 36 4.7	Desamparo (Entrada a domicilio) Entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores Artículo 778 ter LEC Legitimación para solicitarla Entidad Pública Competencia Juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio. Si se trata de la ejecución de un acto confirmado por una resolución judicial, la solicitud se dirigirá al órgano que la hubiera dictado. Procedimiento ordinario Audiencia en 24 horas desde su presentación a los interesados para que presenten alegaciones; y resolución en otras 24 horas desde la recepción de las mismas. Procedimiento de urgencia Sin audiencia previa en el plazo máximo de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud. Entidad Pública solicitante así lo pida de forma razonada y acredite que concurren razones de urgencia: »» porque la demora en la ejecución de la resolución administrativa pudiera provocar un riesgo para la seguridad del menor »» porque exista afectación real e inmediata de sus derechos fundamentales Ejecución Será practicada por el Secretario Judicial dentro de los límites establecidos, pudiendo auxiliarse de la fuerza pública, si fuera preciso, y siendo acompañado de la Entidad Pública solicitante. Para la ejecución del desamparo se ha realizado una modificación procesal de la entrada a domicilio, pasando la competencia de los Juzgados de lo Contencioso administrativo a los Juzgados de Primera Instancia y articulando un procedimiento de urgencia. Se da un papel relevante al Secretario judicial en la ejecución.
37. Julieta Moreno-Torres Sánchez 37 4.8	Disposiciones comunes a guarda y desamparo 7 7	Este artículo incorpora los criterios que la sentencia 565/2009, de 31 de julio de 2009, del Tribunal Supremo ha establecido para decidir si la reintegración familiar procede en interés superior del menor, entre los que destacan el paso del tiempo o la integración en la familia de acogida. Por primera vez en la legislación estatal se recoge la obligatoriedad de que todo menor con medida de guarda o desamparo tenga un Plan individualizado de protección que marque los objetivos, plazos y atienda, en su caso a su discapacidad: Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegración familiar. Programa de reintegración familiar Siempre que haya posibilidad de retorno, incluirá informe técnico que valore: »» evolución positiva de la familia de origen »» que se hayan mantenido los vínculos »» que el retorno no supone riesgos relevantes para el menor Criterios para valorar el retorno del menor desamparado desde familia de acogida »» el tiempo transcurrido »» la integración en la familia de acogida y su entorno »» desarrollo de vínculos afectivos con la misma Alimentos (artículo 172 ter CC) En los casos de declaración de situación de desamparo o de asunción de la guarda por resolución administrativa o judicial, podrá establecerse por la Entidad Pública la cantidad que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en función de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atención del menor, así como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por actos realizados por los mismos. Hasta ahora no se había regulado de forma explícita en el Código Civil la obligación de alimentos por lo que las Entidades públicas asumían la tutela o la guarda y progenitores con capacidad económica quedaban exentos de esta obligación. Señala la nueva normativa que será cada Entidad Pública la que establecerá las cantidades a pagar por este concepto. Artículo 19 bis L.O.1/1996
38. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 38 4.9	Aspectos esenciales de la guarda (voluntaria o derivada del desamparo) Forma de ejercicio de la guarda Se realizará mediante el acogimiento familiar y, no siendo éste posible o conveniente para el interés del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizará por la persona o personas que determine la Entidad Pública. El acogimiento residencial se ejercerá por el Director o responsable del centro donde esté acogido el menor, conforme a los términos establecidos en la legislación de protección de menores. Revisión Al menos cada seis meses. Delegación de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones con familias o instituciones La Entidad Pública podrá acordarlas para menores en acogimiento residencial o familiar. Requisitos »» se formalizará con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones »» contendrá los términos de la misma y la información que fuera necesaria para asegurar el bienestar del menor »» será comunicada a los progenitores, al menor y a los acogedores »» se preservarán los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el interés del menor o concurra justa causa –– reintegración en la propia familia cuando sea posible –– que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona para que permanezcan unidos Principios Artículo 172 ter CC Por primera vez se regula este tipo de guarda ocasional, que de hecho ya se estaba usando en la práctica, respondiendo una vez más la reforma a las necesidades de los menores.
39. Julieta Moreno-Torres Sánchez 39 4.10	Acogimiento familiar Valor que tienen los acogimientos de carácter preadoptivo y simple constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley (Ley 26/2015 Disposición Adicional 2ª) Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del código Civil. Las que se realizasen al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 bis del código Civil. Modalidades del acogimiento familiar »» El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral (Artículo 173 bis 1 CC y 20.1 L.O.1/1996). »» El acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificación, experiencia y formación específica, exista una relación laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública ( Artículo 20.1 L.O.1/1996). »» Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis años, que tendrá una duración no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda (Artículo 173 bis 2 CC). »» Acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable como el acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva (Artículo 173 bis 2 CC). »» Acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. La Entidad Pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor (Artículo 173 bis 2 CC). Se ha procedido a redefinir las modalidades de acogimiento familiar en función de su duración. Se suprime el acogimiento provisional, que ya no será necesario ante la simplificación del acogimiento familiar, así como el acogimiento preadoptivo que, en definitiva, era una fase del procedimiento de adopción. Igualmente se establece, como hemos expondremos más abajo, un sistema de plazos y un margen de edades para cada tipo de acogimiento. Artículo 20 L.O.1/1996, 172 ter y 173 CC
40. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 40 Formalización El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública que tenga la tutela o la guarda (Artículo 20.2 L.O.1/1996) y se acompañará un documento anexo (incluirá identidad del acogedor o acogedores y del acogido, consentimientos y audiencias necesarias, modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, derechos, deberes, seguimiento, compensación económica, plazo...). La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo máximo de un mes. Valoración de la adecuación de la familia para el acogimiento En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitudeducadora,sucapacidadparaatenderadecuadamente las necesidades de toda índole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y, si lo hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor con su familia de procedencia (Artículo 20.2 L.O.1/1996). Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento (artículo 20.2). Visitas El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Derechos y deberes de los acogedores familiares Se detallan en el Artículo 20 bis L.O.1/1996. Cese del acogimiento familiar Artículo 173.4 CC a) Por resolución judicial. b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, el menor, sus progenitores o tutor. c) Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o acogedores del menor. d) Por la mayoría de edad del menor. Se establece el plazo de un mes para informar al Ministerio Fiscal sobre la constitución del acogimiento familiar, como forma de control, al haberse suprimido la exigencia de propuesta judicial. Y se regula la adecuación de la familia para el acogimiento, diferenciándola del término idoneidad.
41. Julieta Moreno-Torres Sánchez 41 4.11	Acogimiento residencial Obligaciones básicas de las Entidades Públicas y servicios y centros »» Todo menor tendrá un proyecto socio-educativo individual con revisión periódica. »» Promueve la convivencia y la relación entre hermanos y estabilidad residencial. »» Acogimiento preferente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor. »» Promoción de la relación y colaboración familiar. »» Potenciarán la educación integral e inclusiva. »» Normativa interna de funcionamiento y convivencia. »» Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripción y seguimiento médico. »» Promoción de la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas. »» Mecanismos de coordinación con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. »» Medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación y a las redes sociales. Régimen de autorización y funcionamiento por la Entidad Pública – con inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal. La nueva legislación recoge el carácter subsidiario del acogimiento residencial y la necesidad de que la estancia de los menores en los centros debe estar marcada por planes de trabajo con las familias desde el momento inicial en que se toma la medida de protección, con objetivos claros y evaluables en un plazo de tiempo determinado, para evitar que determinados acogimientos residenciales se perpetúen y no puedan ensayarse otras vías de convivencia familiar. Artículo 21 Ley 1/1996
42. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 42 4.12	Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta Requisitos para el ingreso »» Que estén en situación de guarda o tutela de la Entidad Pública. »» Que hayan sido diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada. »» En los supuestos de guarda voluntaria prevista en el artículo 19, será necesario el compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional. El necesario respeto a los menores de sus derechos fundamentales y libertades públicas, ha provocado la regulación mediante Ley Orgánica de los ingresos de menores en este tipo de centros. Su existencia hacía necesaria la regulación y se utilizarán como último recurso y tendrán siempre carácter educativo. Principios »» Finalidad educativa »» Responder a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad prohibición del exceso, »» Aplicación con la mínima intensidad posible »» Aplicándose por el tiempo estrictamente necesario, »» Respeto debido a la dignidad, privacidad y a los derechos del menor. Ámbito de aplicación Todos los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales. Artículo 25 y ss L.O.1/1996
43. Julieta Moreno-Torres Sánchez 43 Se regulan los siguientes aspectos: »» Medidas de contención: de tipo verbal y emocional, de tipo físico y de tipo mecánico »» Aislamiento del menor: en prevención de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones - no +6 horas consecutivas y acompañado o supervisado por un educador »» Registros personales y materiales. »» Régimen disciplinario. »» Supervisión y control: revisión al menos trimestralmente por la Entidad Pública, debiendo remitir al órgano judicial competente que autorizó el ingreso y al Ministerio Fiscal. »» Administración de medicamentos. »» Régimen de visitas y permisos de salida: el Director del centro podrá restringir o suprimir las salidas de las personas ingresadas en el mismo - notificadas a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal de acuerdo con la legislación aplicable. »» Régimen de comunicaciones del menor.
44. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 44 Legitimación La Entidad Pública que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal. Motivación Informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores. Exclusión Enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad. Autorización judicial – audiencia al menor. Competencia Juzgados de Primera Instancia del lugar donde radique el centro. El Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo por él designado. Procedimiento de urgencia La Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible (antes de 24 horas) para ratificación judicial (ratificación antes de 72 horas). Procedimiento para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta Artículo 778 bis LEC Artículo 26 L.O.1/1996
45. Julieta Moreno-Torres Sánchez 45 4.13	Adopción Requisitos de los adoptantes ►► El adoptante ha de ser mayor de veinticinco años. Si son dos los adoptantes bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. ►► La diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. Cuando fueran dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. ►► Si los futuros adoptantes están en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior. ►► No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este código. Se suprime el acogimiento preadoptivo. En el artículo 175 y en relación con la capacidad de los adoptantes, se establece la incapacidad para adoptar de aquellos que no pudieran ser tutores, y, además de la previsión sobre la diferencia de edad mínima entre adoptante y adoptado, se establece también una diferencia de edad máxima para evitar que las discrepancias que existen en la normativa autonómica sobre edades máximas en la idoneidad, provoquen distorsiones no deseables. Se realiza además una definición de la idoneidad, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años, se introduce un artículo 176 bis que regula «ex novo» la guarda con fines de adopción, requisitos respecto del asentimiento de los progenitores (la diferencia de edad entre adoptante y adoptando será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años), posibilidad de alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones, lo que podría denominarse como adopción abierta. Se homologan los derechos de los adoptantes que sean cónyuges con las parejas unidas por análoga relación de afectividad. Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también de aplicación a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, será posible una nueva adopción del adoptado (artículo 175.4 CC). Artículos 175 y ss del CC
46. Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia – Guía para profesionales y agentes sociales 46 Adopción conjunta en caso de separación, divorcio o ruptura de la relación En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con fines de adopción de dos cónyuges o de una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, la separación o divorcio legal o ruptura de la relación de los mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopción no impedirá que pueda promoverse la adopción conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva del adoptando con ambos cónyuges o con la pareja unida por análoga relación de naturaleza análoga a la conyugal durante al menos dos años anteriores a la propuesta de adopción (artículo 175.5 CC). Las normas se han hecho eco de la realidad social: son muchas las situaciones familiares en que estando en proceso de adopción se produce una crisis familiar por lo que era necesario reconocer el derecho a la adopción a ambas partes en situaciones de este tipo, en interés de los menores, y con las obligaciones y derechos inherentes a la adopción (visitas, guarda y custodia, pero también a efectos de alimentos o herencia).

References: artículo 158
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 172
 Artículo 158
 artículo 172
 artículo 176
 artículo 11
 resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 Artículo 9
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 172
 Artículo 10
 Artículo 299
 artículo 10
 Artículo 9
 artículo 155
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 299
 Artículo 303
 resolución 
 Artículo 172
 Artículo 19
 artículo 158
 artículo 172
 Artículo 172
 resolución 
 resolución 
 Artículo 14
 artículo 172
 Artículo 18
 Artículo 172
 Artículo 172
 resolución 
 resolución 
 Artículo 18
 Artículo 778
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 19
 Artículo 172
 artículo 176
 artículo 173
 Artículo 20
 Artículo 20
 resolución 
 resolución 
 Artículo 20
 Artículo 173
 resolución 
 resolución 
 Artículo 21
 artículo 19
 Artículo 25
 Artículo 778
 Artículo 26
 artículo 176
 artículo 175
 artículo 176
 artículo 179