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﻿ Sentencia 2007-00493 de septiembre 20 de 2013
SENTENCIA 2007-00493 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN SUBROGATORIA. SEGÚN EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN SUBROGATORIA EN MATERIA DE SEGUROS SE REQUIERE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO, UN PAGO VÁLIDO EN VIRTUD DE ESTE Y QUE, UNA VEZ OCURRIDO EL SINIESTRO, SURJA PARA EL ASEGURADO UNA ACCIÓN CONTRA EL RESPONSABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:MERCANCÍA, ACCIÓN SUBROGATORIA, CONTRATO DE SEGURO
Sentencia 2007-00493 de septiembre 20 de 2013
Ref.: Expediente 11001-31-03-027-2007-00493-01
(Aprobado en sesión de 12 de agosto de 2013)
Bogotá, D.C., veinte de septiembre de dos mil trece.
La accionante formuló tres (3) reproches frente al fallo del ad quem, los dos primeros cimentados en la “causal primera”, vía indirecta, el inicial por error de hecho en la valoración de los medios de persuasión, el otro por yerro iure al no decretar pruebas de oficio, y el último fundado en el segundo motivo, por inconsonancia, los cuales se resolverán iniciando por este que denuncia error de actividad y luego con aquellos, en el orden planteado.
1. Con apoyo en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia del ad quem de no estar en consonancia con los hechos, pretensiones de la demanda, excepciones propuestas por el demandado o que “el juez ha debido reconocer de oficio”.
2. En desarrollo del cargo, el impugnante expone lo que a continuación se compendia:
Comienza señalando que las convocadas a lo largo del proceso, nunca desconocieron el derecho que le asiste a la actora de haber adquirido la posición que tenía Colanta (derecho derivado) por el siniestro acaecido el 1º de abril de 2005 y que involucró al vehículo de placa TAD-566, de donde hacerlo ahora, contraría la lealtad, la buena fe y dignidad de la justicia.
Agrega que aquellas alegaron “prescripción” y si el juzgador la estudió fue porque tuvo por demostrado el nexo negocial, pero al haber concluido que la Equidad Seguros Generales O. C. no ostentaba la condición de subrogataria de la aludida firma lechera, oficiosamente ha debido decretar la falta de legitimación en la causa por activa, lo cual no hizo.
Plantea que “si no se declara probada una excepción y no se accede a las pretensiones, no se está resolviendo el fondo del asunto y se profiere una decisión inhibitoria” que no era la buscada por las partes, puesto que lo querido por la demandada era saber si había operado el fenómeno de la “prescripción”, el caso fortuito o si la Equidad Seguros podía cobrar los perjuicios con relación al contrato que celebró “Colseguros” y “Letratiempo”, mientras que a la actora le importaba que se ordenara el pago, la corrección monetaria y los intereses de mora por no haber asumido aquel oportunamente.
Argumenta que al tribunal no se le pedía retrotraerse a una discusión que nadie estaba proponiendo, como era el hecho pacífico, superado y aceptado por las accionadas relativo a la “calidad de subrogataria de la demandante”, razón por la cual, al estimar el sentenciador que no existía prueba de esa condición, obró “contra petita”, lo que amerita que ese aspecto sea estudiado por vía de la causal segunda de casación, dado el evento excepcional que se presenta, pues la regla concerniente a la congruencia, se encuentra íntimamente ligada al concepto de justicia rogada, lo cual implica que el juez no puede apartarse de lo pedido por las partes, como ocurrió en el presente caso, en que dirimió el conflicto contrariando la voluntad de ellas.
1. El principio de congruencia de los fallos judiciales se halla consignado en el artículo 305 del Estatuto Procesal Civil, norma que demarca el ámbito dentro del cual el sentenciador ejerce su poder decisorio e impone que lo resuelto en la sentencia observe absoluta correspondencia “con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que [tal] código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
Sobre el particular, la Sala ha precisado que “la inconsonancia de la sentencia constituye un vicio de procedimiento que puede revestir tres formas diferentes: ‘como esta norma procesal (CPC, art. 305) establece un determinado comportamiento del juez al proveer, la inobservancia de ella por parte de este implica un vicio de actividad que se traduce en el pronunciamiento de un fallo incongruente, ya sea porque en él decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita) o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones (mínima petita)’” (sent. de jun. 11/2004, Exp. 7427).
2. Para establecer si se estructura el segundo motivo de casación consagrado en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, se deben contrastar los supuestos fácticos, las súplicas y las defensas propuestas, con la parte resolutiva del fallo impugnado, sin perjuicio de los eventos en los que el legislador autoriza pronunciarse oficiosamente, pues el resultado que arroje tal ejercicio es lo que permite determinar si la decisión rebasó los linderos diseñados por los aludidos actos procesales, si ello implicó que la misma fuera “ultra, extra o citra petita” y de contera, si se cometió tal yerro in procedendo.
3. En el presente asunto, se recuerda, la actora esgrimiendo su condición de subrogataria, solicitó declarar responsables solidariamente a las demandadas de la indemnización que ella le pagó a la “Cooperativa de Lácteos Colanta”, a causa del siniestro ocurrido el 1º de abril de 2005, en el que perdió una mercancía y por lo tanto que están obligadas a devolverle la suma de “$ 108.560.000” que sufragó por tal concepto, junto con la corrección monetaria e intereses moratorios.
La convocada “Aseguradora Colseguros S.A.”, le desconoce legitimidad a la accionante, por cuanto “Colanta” y su asegurador son terceros frente al pacto celebrado entre ella y “Letratiempo”; además de que al ser la póliza de daños y no de responsabilidad civil, el propietario de la carga no la podía cobrar directamente, careciendo de interés asegurable, pues esta y su “asegurador” no disminuyeron su patrimonio como consecuencia de la pérdida sufrida por la aludida empresa lechera. También estima que al haberse incoado la acción luego de transcurridos más de dos años del suceso, la misma se halla prescrita.
A su vez, “Letratiempo S.A.” aceptó lo relativo al transporte de la mercadería y su pérdida e igualmente que “[a]l parecer (…) Colanta, afectada directa con el siniestro, recibió por parte de la aseguradora la Equidad Seguros Generales, indemnización por uso de la póliza de la mercancía asegurada por estos”. Aclaró que no era el vehículo, sino ella la que tenía contrato de seguro con la “Aseguradora Colseguros”, sin constarle que la accionante haya efectuado reclamación formal y, esgrimió en su defensa “prescripción de la acción”, “inexistencia de la causa invocada” al haber cumplido sus obligaciones como “transportadora” y “caso fortuito” porque el siniestro ocurrió por circunstancias insuperables e imprevisibles para ella.
El tribunal revocó el fallo del a quo que accedió a las pretensiones, porque a pesar de la libertad probatoria con que contaba, “no demostró el contrato de seguro o póliza” suscrita entre la demandante y Colanta que amparaba la mercancía de esta, vínculo que no podía considerarse confesado por las convocadas, quienes al no ser parte de aquella convención, carecen del poder dispositivo del derecho, lo que de contera dejaba sin demostrar el pago válido, máxime cuando las accionadas “no pueden aceptar o confesar haber recibido para el patrimonio de Colanta”, y la copia simple de la autorización para la cancelación del siniestro incorporada a los autos, no sirve para ese propósito, al carecer del “visto bueno de la cooperativa lechera indicante de un pago liberatorio”.
El censor estima incongruente la determinación del ad quem puesto que las demandadas no desconocieron la calidad de subrogataria de la accionante y por tanto, al tribunal no le era dable cuestionarla, pero como lo hizo debió declarar de oficio que esta carecía de legitimidad y al no proceder de esa manera, emitió un fallo inhibitorio y decidió “contra petita”, lo cual viabiliza la proposición del cargo.
4. Al contrastar los hechos, pretensiones y defensas esgrimidas, con la parte resolutiva de la sentencia acusada, se advierte que si lo buscado en el libelo incoatorio era declarar responsables solidariamente a las demandadas de la indemnización que la actora sufragó a la “Cooperativa de Lácteos Colanta” por el siniestro en que esta perdió la mercancía que tenía asegurada con aquella y en consecuencia, obligadas a reintegrarle el monto indemnizado, y esas súplicas fueron desestimadas por la aludida corporación al revocar el fallo del a quo que las había acogido, entonces, el sentenciador de segundo grado no incurrió en el error de actividad denunciado, puesto que dejó integralmente definido el pleito, aunque de manera adversa al proponente, lo que en antítesis, liberó a las accionadas de los cargos formulados en su contra.
En relación con este aspecto, la Sala, en fallo de 29 de junio de 2012, Expediente 2001-00044-01 reiteró que “en línea de principio, las sentencias completamente absolutorias no son vulnerables a los ataques por inconsonancia, pues ‘como es fácil advertirlo, siempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio, no existe ninguna trasgresión al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, comoquiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la función jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, este no resulta incongruente, ya que ‘distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que solo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo solo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable’ ‘(…). No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha resaltado que la sentencia absolutoria puede ser incongruente frente a las pretensiones planteadas por el demandante, si el juzgador ‘al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados’ (…), o, como también se ha expresado, con otras palabras, se trata de un ‘yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda’ (…)”.
5. Dado que la impugnante edifica la desarmonía en que a pesar de no haberse desconocido por las convocadas la condición de subrogataria de la demandante, el tribunal sí la cuestiona y sin embargo no declaró de oficio la falta de legitimidad por activa, debe señalarse que ese planteamiento desdibuja el motivo de casación propuesto, el cual no autoriza ingresar al estudio de las consideraciones de que se ha valido el juzgador para fundamentar su providencia.
En ese sentido se constata que el ad quem se ocupó de los presupuestos de la acción de subrogación que corresponde a la promovida por la demandante y al no hallarlos satisfechos, negó las pretensiones, dejando, se reitera, completamente resuelta la controversia, lo que por tanto descarta la “sentencia inhibitoria” a que alude la censura y el vicio in procedendo denunciado. Ahora, si la discrepancia con el fallo deviene del razonamiento probatorio desplegado por el sentenciador para arribar a la citada conclusión, no compartida por la censora, el ataque debió orientarse por una causal distinta a la segunda.
Sobre el particular, la Corte ha reiterado que “la falta de consonancia (…) ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión’. A este propósito, tiene dicho la Sala que, ‘la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita)’ (…). Del mismo modo ‘… nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas…’ (XLIX, 307), ‘la carencia de armonía entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea de principio, en la parte resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (…).
“(…) En cuanto a esta particular cuestión, tiene dicho la Sala ‘que la causal segunda de casación se halla instituida para enmendar el vicio de procedimiento que se presenta cuando el sentenciador, por exceso o por defecto, se aparta del cuadro de instancia que traza la demanda y las excepciones propuestas por el demandado o que el juez deba declarar de oficio; en lo que concierne con la presente acusación, en verdad, un fallo puede resultar incongruente, en la especie extra petita, si decide sobre algo que no fue pedido en la demanda o con respaldo en hechos no fundantes de la misma, pues la actividad del juez debe ceñirse a los hechos y pretensiones consignados en el libelo introductor, según dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Pero tal conducta reprochable como constitutiva de error in procedendo, se detecta cuando el fallador, sin referirse a los términos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ningún juicio sobre la misma ni sobre la interpretación que debe dársele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni implícitamente, a las cuales alude el fallo de sopetón y de modo inopinado para las partes, revelándose allí un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la trasgresión de los límites que configuran el litigio llevado a conocimiento de la jurisdicción. Si, por el contrario, el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido como consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio —error in judicando—, como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casación’ (Sent. cas. civ. de abr. 8/2003, Exp. 7844).
“En idéntico sentido, ‘la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innovación introducida al citado numeral 2º del artículo 368, ya que en el primer evento el juzgador, al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados. En la segunda hipótesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeción a los hechos de la demanda, más cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alterándolos siendo este el motivo por el cual aquí ya no se ha atinado hablar de desatención o prescindencia de la demanda” (sent. de jun. 2/2010, Exp. 1995-09578-01).
6. De conformidad con lo expuesto, dado que la providencia impugnada tiene su fuente en los planteamientos del escrito introductorio, pues estudió la “acción de subrogación” que le fue propuesta, en especial los requisitos necesarios para su prosperidad y al echar de menos tanto la prueba del contrato de seguro entre la demandante y “Colanta”, como el “pago válido” efectuado por aquella a esta, desestimó los pedimentos de la actora, pues consideró que los medios probatorios que se pretendieron hacer valer no eran idóneos para esa acreditación, todo lo cual pone de presente la conformidad existente entre lo impetrado, lo alegado como defensa y resuelto, por lo que de existir algún yerro, el mismo no sería in procedendo, puesto que el problema no estaría en el contenido de la decisión en sí misma considerada, sino en el alcance que para adoptarla, le dio el juzgador a los medios de convicción.
Lo anterior descarta el error “contra petita” endilgado al fallo cuestionado, más aún cuando con esa expresión el casacionista quiere significar que el sentenciador erró en su razonamiento al decidir en contravía de los elementos de persuasión, lo que evidencia un ataque al juzgamiento del caso, situación que no se enmarca en el motivo planteado, pues según ha quedado visto, la inconsonancia objetiva, se estructura con la emisión de un pronunciamiento que desborda o no comprende todo lo pedido, situación que aquí no acaece.
La Sala ha explicado que “si bien toda irregularidad en un ámbito como el aludido es censurable, ello no siempre es denunciable por la causal segunda de casación ‘porque bien puede suceder que la desarmonía obedezca a un defecto de razonamiento o en el discurrir del juzgador, (...) caso en el cual la disonancia final reside en un vicio in judicando, jamás denunciable por la causal prenombrada’” (fallo de nov. 10/2011, Exp. 2001-01451-01).
Por lo expuesto, el reproche planteado no prospera.
1. Este ataque se fundamenta en el primero de los motivos consagrados en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la “violación indirecta” de los artículos 1096, 1666, 1667, 1668, 1969, 1970 y 1971 del Estatuto Mercantil, por falta de apreciación de las pruebas.
2. En procura de acreditar el error denunciado, el recurrente expone lo que seguidamente se compendia:
El tribunal se equivocó al considerar que la demandante no era subrogataria, puesto que ese aspecto no fue cuestionado, sino más bien admitido por las accionadas, de donde entonces, “reconocido por la parte pasiva del litigio se debe considerar como un hecho superado o como lo dice la doctrina cuando no haya oposición, un ‘hecho pacífico’”, y en esa medida no tenía por qué estudiar los “presupuestos” de la acción incoada, sino únicamente “la relación subrogatario-responsables”.
Destaca que si bien “Colseguros S.A.” propuso la defensa de “falta de legitimación en la causa por activa”, no la orientó a atacar la condición de “subrogatoria” de la actora, solo a hacer ver que la beneficiaria “Letratiempo”, era quien podía reclamar la indemnización del seguro de mercancía para transportes, posición que contraría el dicho de su representante legal en el interrogatorio de parte, al decir que “el beneficiario es Colanta” y también la misma póliza, según la cual, “los beneficiarios son los generadores de carga de Letratiempo”, apareciendo como uno de ellos la dueña de la mercancía.
Seguidamente relaciona como “actos procesales de las demandadas que aceptan la subrogación de la demandante”, la contestación del libelo genitor, los alegatos de conclusión, la sustentación de la apelación, las audiencias previstas en los artículos 101 y 360 del Código de Procedimiento Civil.
Así mismo señala el casacionista que la “subrogación de la demandante”, se acredita con:
a) Los documentos obrantes a folios 4 a 18 del cuaderno principal que no fueron objeto de tacha por las demandadas al contestar el escrito introductorio, más bien solicitaron que estos se tuvieran en cuenta “en su valor probatorio” lo cual significa que “las mismas demandadas las están aportando al proceso” y “opera el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil”.
b. El indicio grave en contra de las excepciones de mérito formuladas por “Letratiempo” al no haber asistido a la audiencia de conciliación prejudicial.
c. Los correos electrónicos obrantes a folios 146 a 161 que dan cuenta de la propuesta efectuada por Colseguros S.A. a la Equidad de pagarle el 50% del valor “indemnizado por [ésta] previo descuento del deducible” permiten “considerar que se está discutiendo la indemnización del siniestro objeto del presente litigio”, pues si se tiene en cuenta el monto de lo pagado y el valor del deducible la operación arroja $ 41.524.200 que es la suma ofrecida por aquella.
d. La sanción prevista en el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo que la “Aseguradora Colseguros S.A.” dejó de exhibir sin justificación los “correos electrónicos obrantes de folios 146 a 161”.
e. El interrogatorio de parte rendido por el representante legal de “Colseguros” en el que manifestó haber tenido conocimiento de la ocurrencia del hurto del cargamento de leche en polvo por el cual “Colanta” le reclamó a “Seguros la Equidad”, quien indemnizó a aquella, sin precisar en qué cuantía, por lo que ha intentado “vía subrogación recuperar la suma indemnizada tanto al transportador Letratiempo Ltda. y a la Aseguradora Colseguros”, agregando que “pudo ser cierto” que la entidad que representa le haya planteado varias ofertas tendientes a llegar a un acuerdo, sin que se haya concretado.
Agrega que la sentencia contiene el siguiente silogismo: “Premisa mayor: Una aseguradora que alegue el derecho de subrogación debe demostrar la existencia del contrato de seguro en el que apoya su subrogación, un pago válido en virtud del respectivo contrato, que el daño producido por el tercero sea de los cubiertos o amparados en dicho contrato de seguro y que una vez ocurrido el siniestro surja una acción contra el responsable. Premisa menor: La Equidad Seguros Generales O.C. no demostró ni la existencia del contrato de seguro en el que fundamenta su posición de subrogatario, ni el pago efectuado. Conclusión: La Equidad Seguros Generales O.C. no demostró la calidad de subrogataria con la que actúa en el proceso”.
Señala el censor que los anteriores aspectos se desvirtúan, dado que ellos nunca se intentaron discutir, teniéndose como probados, pues la subrogación se derivó del pacto de transporte de mercancías entre “Colanta y Letratiempo S.A.” lo cual quedó demostrado, al igual que la indemnización que ésta pagó frente al reclamo de aquella, en razón del contrato de seguro suscrito entre ellas.
Que el error del tribunal está en desconocer lo acreditado y aceptado por las demandadas, es decir, la condición de “subrogataria” de la actora.
Plantea que no se puede desestimar el folio 11 del cuaderno principal contentivo de la autorización “de pago” con el sello que certifica este y el número de siniestro, a los cuales no aludió el sentenciador.
Agrega que el uso de las fotocopias está siendo cada vez más notorio en los despachos judiciales y su desconocimiento puede llevar a que prevalezcan las formas frente al derecho sustancial. Cita un concepto de la procuraduría que le otorga validez a las copias simples y el precepto 215 de la Ley 1437 de 2011 —Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— que consagra el “valor probatorio de las copias”.
Finaliza manifestando que el tribunal redujo el estudio del caso a establecer si las demandadas podían confesar un contrato del que no son parte y al concluir que no se encontraban los presupuestos sustanciales, terminó emitiendo una decisión inhibitoria, lo que contraviene los deberes del juez y le niega a la actora el acceso a la administración de justicia.
1. Como aspecto preliminar, se recuerda que el recurso de casación está orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, que la ley no prevé. En consecuencia, el mismo se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si el fallo combatido está o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal; sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia.
Lo anterior explica la razón por la que, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como vía indirecta integra la 1ª causal del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, su demostración presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que solo se estructure en la medida en que el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, lo que es igual, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso.
Ahora bien, como los motivos invocados para quebrar la sentencia impugnada se relacionan con la “violación indirecta de la ley sustancial” por yerro fáctico, se impone recordar que esta clase de desatino “(…) acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento” (sent. de jun. 20/2011, Exp. 2000-00177-01).
2. De conformidad con lo expuesto, cuando en el recurso extraordinario de casación se critica la sentencia del ad quem por comportar errores fácticos, el ataque no debe orientarse a contraponer los juicios valorativos que puedan admitir los medios de persuasión, sino a mostrar las equivocaciones observables sin obstáculo, es decir, evidentes y relevantes en las que incurrió el juzgador, concretando su señalamiento, dado que se trata de un reproche de existencia, atinente a la materialidad de la prueba.
3. Así mismo, en cuanto atañe a esta clase de censura extraordinaria, se tiene por determinado que el escrito a través del cual se sustenta, además de combatir de manera puntual y razonada los fragmentos del fallo que el recurrente considera desacertados, requiere que se precisen los motivos que evidencian el enfrentamiento de la sentencia con la ley, para cuyo objetivo, la argumentación del impugnante debe guardar armonía con la esencia de las motivaciones que soportan la decisión atacada, pues de no ser así, la censura puede resultar desenfocada y por lo mismo, sin éxito.
A este respecto, ha dicho la Corte que “(…) en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (Sent. 06 de mar. 26/99); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos 207 de 7 de noviembre de 2002, Expediente 7587, y 049 de 28 de mayo de 2004, Expediente 7101, para citar solo algunos’ (Cas. Civ., sent. de abr. 5/2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01), pues ‘si del derecho de impugnación se trata, por lo regular —y tanto más frente al recurso extraordinario— el recurrente ha de señalar, por sobre todo, cuáles son los argumentos que a su juicio ponen al descubierto la desviación jurídica en que incurrió el juzgador y que precisamente justifican la enmienda que reclama a través del recurso respectivo. Tarea en la que debe destacarse, por lo mismo, una labor dialéctica de confrontación, pues del más acendrado concepto de impugnación brota la idea elemental de contradecir, refutar y rebatir’ (auto de ago. 3/98, Exp. 7061), siendo pertinente reiterar la exigencia elemental a propósito de la necesaria ‘consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (CCLVIII, pág. 294)” (sents. de sep. 21/2011, Exp. 2001-01105-01 y de feb. 27/2012 Exp. 2004-00655-01).
4. En el presente asunto, efectuado el respectivo cotejo se determina que los argumentos que nutren la acusación se distancian de los incorporados en el fallo combatido, circunstancia que torna desenfocada la acusación e inmutables las consideraciones judiciales.
4.1. En efecto, el sentenciador de segundo grado edificó su providencia en los siguientes fundamentales pilares:
a. No se demostró el “contrato de seguro para mercaderías, suscrito entre La Equidad Seguros Generales O.C. y Colanta Ltda.”, como tampoco el pago válido, requisitos necesarios para el ejercicio de la acción subrogataria, junto con la acreditación de que el “daño ocasionado por el tercero sea de los amparados por la póliza” y “que acaecido el siniestro nazca para el asegurador una acción contra el responsable”.
b. Los citados presupuestos no permiten ser confesados por las entidades convocadas, dado que ellas no fueron parte de aquel negocio jurídico, carecen del poder dispositivo del derecho, no es admisible que una persona confiese por otra y las mismas “no pueden aceptar o confesar haber recibido para el patrimonio de Colanta Ltda.”.
c. El endeble documento visto a folio 11 c. 1 allegado en “copia simple”, tampoco demuestra la cancelación, pues “se trata solamente de una ‘autorización’ para el pago del siniestro en la suma de $ 97.704.000 sin precisarse un visto bueno de la cooperativa lechera indicante de un pago liberatorio que pase a subrogar en la actora en el derecho que hoy reclama”.
d. Si no se demostró la existencia del contrato de seguro, “menos aún sus precisas estipulaciones para determinar si en verdad el riesgo estaba amparado, si el siniestro ocurrió en vigencia de la póliza, si la suma cancelada estaba comprendida dentro del monto asegurado, en otras palabras, si el pago que se dice haberse hecho a favor de Colanta Ltda. es válido”.
4.2. Por su parte y en síntesis, el censor le endilga yerro fáctico al tribunal por haber considerado que la actora no era subrogataria, a pesar de que ese aspecto no fue cuestionado, sino más bien admitido por las accionadas, lo que constituye un ‘hecho pacífico’”, por lo que entonces, el sentenciador no tenía por qué estudiar los “presupuestos” de la acción, sino únicamente “la relación subrogatario-responsables”.
Que si bien “Colseguros S.A.” propuso la defensa de “falta de legitimación en la causa por activa”, no la orientó a atacar la condición de “subrogatoria” de la accionante, sino a hacer ver que la beneficiaria “Letratiempo”, era quien podía reclamar la indemnización del seguro de mercancía para transportes, planteamiento que enfrenta tanto lo dicho por su representante legal en el interrogatorio de parte, en cuanto a que “el beneficiario es Colanta”, como la póliza, según la cual, “los beneficiarios son los generadores de carga de Letratiempo”, siendo uno de ellos, la referida empresa lechera.
Relaciona los “actos procesales de las demandadas que aceptan la subrogación de la demandante” y las pruebas que en su sentir acreditan esa condición, destacando que la misma se derivó del contrato de transporte de mercancías entre “Colanta” y “Letratiempo S.A.”.
Agrega que el folio 11 del cuaderno principal contiene la autorización de pago con el sello que lo certifica y el número de siniestro, aspectos a los que no aludió el sentenciador, e igualmente que el uso de las fotocopias está siendo cada vez más notorio en los despachos judiciales y su desconocimiento puede llevar a que prevalezcan las formas frente al derecho sustancial.
Estima que bajo la consideración de que las demandadas no podían confesar un contrato del que no fueron parte y que no se encontraban los presupuestos sustanciales, el tribunal terminó profiriendo un fallo inhibitorio, con lo cual le negó a la demandante el acceso a la administración de justicia, contraviniendo así, los deberes del juez.
5. El anterior contraste ratifica la desarmonía existente entre el fallo impugnado extraordinariamente y el reproche formulado en la censura, que en últimas dejó sin remover los soportes de la aludida decisión.
En pro de acreditar el yerro fáctico del ad quem, al casacionista le correspondía demostrar que el “contrato de seguro para mercaderías, suscrito entre La Equidad Seguros Generales O.C. y Colanta Ltda.” que aquel echó de menos, sí se había probado dentro del expediente y que a pesar de ello, el juzgador pretermitió la valoración del respectivo medio de persuasión o tergiversó su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real. Como ese proceder no fue adoptado, puesto que el censor se dispuso a elucubrar sobre que la condición de “subrogataria” de la demandante no había sido cuestionada y que por ende, no tenía por qué adentrarse en el estudio de esos presupuestos, es evidente su distanciamiento del verdadero raciocino judicial que por tanto, torna inidónea la acusación, por el desenfoque que comporta.
Ahora, en relación con el citado parecer del impugnante, cabe señalar que la Sala ha considerado que “la acción subrogatoria prevista en el artículo 1096 del Código de Comercio, (…) según la jurisprudencia de esta corporación (CLXXX, 229) requiere la presencia de los siguientes requisitos: a) Existencia de un contrato de seguro; b) un pago válido en virtud del referido contrato; c) que el daño producido por el tercero sea de los cubiertos o amparados por la póliza y, d) que una vez ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acción contra el responsable”(1), exigencias que como el sentenciador no halló acreditadas, en particular, las dos iniciales, desestimó las súplicas de la actora.
Así mismo, al censor le incumbía patentizar que contrario a lo advertido por el Juez de segunda instancia, aparecían demostradas las “precisas estipulaciones para determinar si en verdad el riesgo estaba amparado, si el siniestro ocurrió en vigencia de la póliza, [y] si la suma cancelada estaba comprendida dentro del monto asegurado (…)”.
También le asistía la carga de evidenciar que las accionadas “Aseguradora Colseguros S.A.” y “Le Transportamos a Tiempo S.A. - Letratiempo S.A.”, si bien no habían sido parte del mencionado “contrato de seguro (…) suscrito entre La Equidad Seguros Generales O.C. y Colanta Ltda.”, contaban con facultad de disponer del derecho y que por tanto podían dar testimonio que “Colanta” había recibido para su patrimonio.
De la misma manera, el recurrente tenía el deber de poner de presente el “pago válido”, no advertido por el tribunal, para lo cual le concernía acreditar que la “copia simple” del folio 11 c. 1, no era un documento “endeble” como lo consideró aquel y que el mismo sí ostentaba el visto bueno de Colanta indicativo de un pago liberatorio, aspectos que el juzgador no halló en esa pieza procesal.
Al respecto, es de verse que el contenido de la referida reproducción, carente de logotipo u otro medio que identifique la compañía remitente e inclusive la destinataria, es el siguiente: “Para: Agencia Medellín. De: Vicepresidencia ejecutiva. Ref.: Reclamo. AA001057 Póliza TM-AA003610. Asegurado: Colanta (Medellín-Cali). En atención a su comunicación número SN sobre el reclamo citado en la referencia, les informamos que se autoriza pago de la indemnización por la suma de: $ 97.704.000. Valor reclamado $ 108.560.000. Deducible 10 U$ 2.500 $ 10.856.000. Cordialmente, Martha Cecilia Bohórquez Medina vicepresidente ejecutiva”. En él consta una rúbrica y un sello en el que solo se lee: “La Equidad Seguros”, “Gerencia … 03 sep. 2005 pagado” (fl. 11 c. 1).
6. De lo expuesto se evidencia que el casacionista, en lugar de atacar los verdaderos pilares de la decisión impugnada, se desvió del camino argumentativo trazado en ella, sin focalizar el suyo en lo que le correspondía, esto es, acreditando que el contrato de seguro y el “pago válido”, inadvertidos por el tribunal, sí estaban probados en el juicio. Como no procedió en tal sentido, entonces además de incurrir en la falencia técnica antes señalada, dejó inhiestos los cimientos sobre los cuales fue construida la sentencia combatida, la que en consecuencia, sigue conservando la presunción de legalidad y acierto con que llegó a la Corte.
Esta corporación ha reiterado que “(…) ‘dado el carácter dispositivo de la impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar oficiosamente la acusación, iteradamente (…) ha señalado que ‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (sent. cas. civ. 027 de jul. 27/99; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche dependerá de ‘que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia’ (sent. cas. civ. 002 de ene. 25/2008) y ‘exista completa ‘armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (Auto 034 de mar. 12/2008, Exp. 00271)’ (auto de ene. 15/2010)’ (auto de jul. 29/2010, Exp. 00366)” —hace notar la Sala—” (fallo ya citado de 27 de febrero de 2012).
Igualmente, en el de 2 de agosto de 2010, Expediente 2001-00439-01 reiteró: “la debida consonancia que debe existir entre el embate planteado con las motivaciones que se pretendan descalificar, no se cumple a cabalidad cuando…‘el recurrente se limita a exponer una fundamentación por completo desligada de dicho fallo’, como tampoco en aquellas hipótesis en que ‘se basa en un supuesto que nunca ha sido considerado por el sentenciador, puesto que en tales eventos se mantienen intactos los pilares de la sentencia recurrida, los que, en esa medida, no solo siguen en pie sino excluidos de cualquier examen’ (…)”.
Con base en lo anterior, dado que no fueron desvirtuados los argumentos sentados en la providencia atacada, la acusación no prospera.
1. Se apoya en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, al quebrantar vía indirecta, los artículos 1096, 1666, 1667, 1668, 1969, 1970 y 1971 del Código de Comercio, “por un error de derecho, por vulnerar las normas que rigen el nivel probatorio, más exactamente sobre decreto oficioso de pruebas”, preceptos 37 numeral 4º, 179 y 180 de aquel estatuto.
Comienza solicitando que el cargo se examine subsidiariamente, en el evento de que el primero no prospere, pues “la parte recurrente es consciente de que pueden existir variedad de criterios en cuanto a la valoración de correos electrónicos y copias simples de un documento” y por ello si la Corte no encuentra “acertada la existencia de la calidad de subrogataria [de la actora] (…), plantea esta deficiencia en el actuar del ad quem que le impidió aplicar justicia en el caso”.
Manifiesta que si el tribunal concluyó que faltaba saber si a Colanta se le pagó el siniestro y el monto, debió salir de la duda ejerciendo sus facultades oficiosas, pues la ausencia de los presupuestos sustanciales es una afirmación alejada del litigio, por lo que mal hizo en pedir la prueba de algo que no fue motivo de controversia, como es la calidad de subrogataria de la Equidad Seguros, aspecto que se halla aceptado, constituyendo un hecho pacífico.
Agrega que el ad quem no dictó un pronunciamiento de fondo, puesto que el proferido lo sustentó en la “ausencia de un presupuesto sustancial”, proceder que se traduce en una “sentencia inhibitoria” lo que contraría el fin de la administración de justicia.
Cita jurisprudencia de esta Sala atinente a los casos en que se deben decretar “pruebas de oficio”, e itera que como en este caso se encuentra probado el “siniestro” y las demandadas reconocieron a la “Equidad Seguros” como “subrogataria”, lo único que faltaba por verificar era lo relativo a la cancelación de la indemnización a “Colanta”, por lo cual, el juzgador de segundo grado debió ordenar la prueba que aclarara el punto.
Agrega que si la “Aseguradora Colseguros” le ofreció dinero a “La Equidad Seguros” para transar el litigio, fue porque reconoció la deuda y precisa: “la demandante reclama, las demandadas no desconocen la deuda pero alegan prescripción, el juez ve en el expediente una cantidad de pruebas (lo que no es confesable se toma como una declaración) que le indican que la subrogataria indemnizó a la perjudicada , y, en caso de tener un recibo de pago en fotocopia que es lo último que le falta al juez para otorgar el derecho (prueba de hecho), para que prevalezca el derecho sustancial, debería oficiosamente decretar una prueba que conduzca verificar la información contenida en la fotocopia, está en juego la verdad y a ésta es que debe tender el funcionario judicial”.
Señala que como se solicitó y decretó el testimonio de Ramiro Carvajal, director de la división administrativa de “Colanta”, pero dicho medio de convicción no se practicó por inasistencia del mismo, el tribunal pudo recaudarlo oficiosamente si es que lo necesitaba para determinar si “La Equidad Seguros” le había pagado a “Colanta” por el hurto que afecto al vehículo de placa TAD-566, pues tal deponente, constituía una de las vías para demostrar que la citada aseguradora indemnizó la mercancía y que se incumplió el contrato de transporte.
Finaliza señalando que “le corresponde al sensor en casación, derrumbar todos los puntos en que se fundamentó la sentencia recurrida. Como el fallo del tribunal superior que con este recurso se cuestiona, se fundamento en un solo aspecto, la ausencia de presupuestos sustanciales en cabeza de la demandante, si prosperan, si tienen éxito los cargos endilgados con la presente demanda, se habrán quebrado todos los cimientos de la decisión arbitraria, por lo que correspondería proceder a dictar sentencia de sustitución”.
A partir de lo anterior, pide “reconocer la corrección monetaria y los intereses moratorios mencionados en el artículo 1080 del Código de Comercio”, al igual que desestimar las excepciones propuestas por las accionadas.
1. Ya se ha indicado que la actora solicitó declarar responsables solidariamente a las demandadas de la indemnización que le pagó a Colanta, debido a la pérdida de las mercaderías que esta tenía aseguradas con ella, según hechos acaecidos el 1º de abril de 2005, por lo que en su condición de subrogataria, estima que tales convocadas se hallan obligadas a cancelarle la suma resarcida, junto con la corrección monetaria e intereses moratorios.
El sentenciador de segundo grado revocó el fallo del a quo que acogió las pretensiones, porque a pesar de la libertad probatoria, no se demostró el contrato de seguro o póliza suscrita entre la demandante y Colanta que amparaba la mercancía de esta y tampoco el pago válido.
El censor refuta la anterior decisión, endilgándole yerro iure al tribunal porque no decretó pruebas de oficio, si es que las consideraba necesarias para establecer el pago efectuado a Colanta, al igual que el monto del mismo, y por no recaudar el testimonio de Ramiro Carvajal Y., —director de la división administrativa de dicha empresa—, con el que se podía demostrar, no solo que “La Equidad” indemnizó la mercancía, sino el incumplimiento del contrato de transporte.
2. El error de derecho ahora imputado al fallo de segundo grado, según lo sostenido por la Corte, apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ya porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria(2), ora debido a que no practica “pruebas de oficio” cuando es legalmente imperativo o son indispensables para efectuar una condena pecuniaria en concreto, impedir fallos inhibitorios y nulidades, como lo ha concebido la jurisprudencia de la Corte (sents. 107 de jul. 14/2000, 022 de feb. 22/2002, de dic. 15/2009 Exp. 1999-1651-01, entre otras).
En su acreditación, según lo ha dicho la Sala, se impone llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, “para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que, de hecho, consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violación. … [E]n esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeción a la preceptiva legal” (sent. de abr. 6/2011, Exp. 2004-00206-00).
En lo atinente al yerro iure que deviene del incumplimiento al deber de decretar pruebas de oficio, se requiere, según lo ha precisado esta corporación “que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que atañen, por ejemplo, a la aducción o incorporación de pruebas. Evento este que posibilitaría al fallador, precisamente porque la prueba está ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resolución del juicio; y por ahí derecho podría achacársele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas” (sent. de abr. 13/2005, Exp. 1998-0056-02).
3. Con miras a verificar la existencia del dislate endilgado por el recurrente, seguidamente se registran los hechos con trascendencia para la decisión que se está adoptando.
a. Demanda en la que se afirma la celebración de un contrato de transporte entre Colanta y Letratiempo cuya finalidad era trasladar de Medellín a Cali una mercancía de aquella, la cual se encontraba asegurada con la compañía “La Equidad Seguros Generales O.C.”, por lo que al no llegar a su destino, esta indemnizó a la inicialmente citada con $ 97.704.000, y también se informa que el vehículo TAD-566, en el que se movilizaban los productos, “para la época del siniestro, tenía un contrato de seguro de transporte con la aseguradora Colseguros” que amparaba todos los riesgos inherentes a dicha actividad, por lo que “La Equidad Seguros, ejerciendo su derecho de subrogación le presentó reclamación formal a la aseguradora que amparaba las contingencias o siniestros que recaían sobre el [citado] vehículo” y esta le hizo ofrecimientos que la solicitante no aceptó; así mismo se allegó y solicitó tener como pruebas las siguientes: “1. Copia simple de la relación de manifiesto de carga del mes de marzo de la trasportadora Letratiempo Ltda. 2. Copia simple de la reclamación formal que realizó Colanta a la transportadora Letratiempo Ltda. por la no entrega de la mercancía. 3. Copia simple de la remesa terrestre de carga Nº 8192, expedida por Letratiempo Ltda. 4. Copia simple de la orden de cargue Nº 8192 expedida por Letratiempo Ltda. 5. Copia simple del manifiesto de carga Nº 305-0037-8192 expedida por Letratiempo Ltda. 6. Copia simple de la autorización de pago que profirió la vicepresidenta de La Equidad Seguros, con su respectivo sello de pagado. 7. Copia simple de la respuesta que profirió la administradora de riesgos y pérdidas ‘Risk & Claims Colombia Ltda.’, entidad que actuaba a nombre de Colseguros ante el trámite de recobro de La Equidad Seguros. 8. Copia simple de la que emitió La Equidad Seguros al requerimiento que hizo ‘Risk & Claims Colombia Ltda.’ frente a la solicitud de recobro. 9. Copia de la certificación expedida por el revisor fiscal de Colanta, en la que se registra el valor de costo de la mercancía hurtada. 10. Copia de la comunicación dirigida a ‘Risk & Claims Colombia Ltda.’, por parte de Colanta en la que se menciona que el valor de costo de la mercancía son $ 108.650.000 [y] 10. Copia de la denuncia que configura el siniestro”; igualmente se pidió que por parte de Colseguros se exhibiera la “copia de la póliza de transporte Nº 800001490, junto con las condiciones generales del contrato de seguro”; el “interrogatorio de parte al representante legal de Letratiempo Ltda.” y que se oficiara a “Risk & Claims Colombia Ltda.” (…) para que aporte (…) copia de las comunicaciones que envió a La Equidad Seguros Generales O.C. con ocasión de la indemnización del siniestro Nº 8200500031 de Colseguros, póliza transportes Nº 800001490 de Colseguros”. Con el escrito para subsanar el libelo inicial, se aportó original de los certificados de existencia y representación de la accionante y las convocadas. Luego de la audiencia prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil requirió como medios de persuasión el “interrogatorio de parte de Colseguros”, tener como tales unos correos electrónicos que adjuntó, recaudar el testimonio de Ramiro Carvajal Y. y la “exhibición de los correos electrónicos” que Colseguros le envió a La Equidad (fls. 21 a 25, 53 y 161 a 165).
b. Por auto de 15 de marzo de 2010, se tuvo como pruebas de la accionante, los documentos allegados, se decretaron los interrogatorios de parte y el testimonio solicitados, lo mismo que la exhibición documental a cargo de “Colseguros” y “Risk & Claims Colombia Ltda.” (fls. 166 a 167).
c. En acta de 14 de julio se dejó constancia de que el deponente “Ramiro Carvajal no se hizo presente”.
d. El 14 de julio de 2010 se recaudó interrogatorio de parte al representante legal de la demandada Aseguradora Colseguros, sin que en las 15 preguntas formuladas se le haya cuestionado respecto de la existencia del contrato de seguro que el tribunal no halló acreditado (fls. 194 a 197 c. 1).
e. “Interrogatorio de parte” rendido por el “representante legal” de Letratiempo, quien dijo no recordar que para el 1º de abril de 2005 ella ostentara “pacto de seguro” con Colseguros, puesto que ha tenido varios, siendo Colanta una de sus clientes cobijadas con esos pactos, no obstante memora que una leche en polvo de esta que era transportada de Medellín a Cali no llegó a su destino; no tiene conocimiento de que por ese hecho la empresa lechera haya sido indemnizada, como tampoco que Colseguros le ofreciera a la actora alguna suma resarcitoria (fls. 300 a 302 c. 1).
f. Encontrándose el proceso en el tribunal para surtirse la alzada interpuesta por las accionadas frente al fallo de primer grado, la entidad demandante presentó “apelación adhesiva”, “referente a los intereses moratorios y lo relacionado con la corrección monetaria”, sin que se haya solicitado práctica de pruebas.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil “las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes”.
A su vez, el precepto 180 ibídem, establece que las mismas se pueden ordenar “en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.
La jurisprudencia de la Sala tiene definido que el ejercicio de esta prerrogativa judicial está ampliamente respaldada en los aludidos cánones, precisando al respecto que los mismos le confieren al juzgador la “facultad-deber” de disponerlas cuando las considere indispensables para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes.
No puede desconocerse que uno de los avances más importantes que ha tenido el derecho procesal ha sido el de darle al juez o magistrado la potestad de decretar “pruebas de oficio”. El proceso en estas circunstancias, si bien conserva su naturaleza dispositiva, morigera su estructura a través de la prerrogativa que se le concede al funcionario con el fin de acudir en la búsqueda de la llamada verdad real, con la cual pasa de simple espectador del debate entre los litigantes a convertirse en el director del mismo con plenos poderes, aunque respetando, como tiene que ser, las reglas aplicables que el legislador ha fijado.
Lo atinente a la “prueba de oficio” debe ser analizado desde dos perspectivas disímiles, pero complementarias:
La inicial hace referencia a los casos en los cuales, por expreso mandato legal es obligatorio e ineludible el “decreto de pruebas de oficio”, so pena de que la omisión de ese deber afecte la sentencia, pudiendo ser aniquilada a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la trasgresión de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga relevancia suficiente para modificar la decisión adoptada, punto este analizado por esta corporación, en la Sentencia 069 de 15 de julio de 2008, Expediente 000689-01, en la que se precisó que “no sólo es una facultad que tiene el juez sino que también es un deber, mucho más si se tiene en cuenta que hay algunos casos en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades”.
El segundo aspecto alude a las situaciones procesales en las cuales el juez, en aras de resolver el asunto sometido a su composición, puede usar la facultad discrecional de acudir a dicho mecanismo con el fin de aclarar los puntos oscuros o confusos que interesan al juicio.
Ha de tenerse presente que en principio, el “decreto de pruebas de oficio” no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinado aspecto fáctico, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador.
Por eso, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala, para que pueda acusarse válidamente mediante la presente vía de impugnación extraordinaria una sentencia por haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, más concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable, insoslayable e imperativo que la misma obre en el expediente, pues, de no hallarse físicamente en él no es válido aceptar una acusación de dicho talante.
En relación con la temática que se viene comentando, esta corporación en fallo de 25 de enero de 2008, Expediente 2002-00373-01, expuso:
“(…) a propósito de las glosas al ad quem por no decretar pruebas oficiosas, recuérdese que toda ‘decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’, sujetas a su valoración racional e integral ‘de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’ (CPC, arts. 174 y 187), correspondiendo al demandante y no al juez la carga probatoria (actori incumbit probatio) con elementos probatorios idóneos, y sujetos a contradicción y, en contrapartida, al demandado demostrar in contrario (reus in excipiendo fit acto), pues, al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil ‘incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen’, cuestión que en la autorizada opinión de Francisco Carnelutti ‘se desarrolla en procura de demostrar los supuestos fácticos que sustentan su proposición. También la noción de carga de la prueba incluye para el juzgador una regla de juicio que le indica cómo debe fallar cuando no encuentra la demostración de los hechos en que se fundamenta la pretensión o la excepción’ y ‘se traduce en la obligación del juez de considerar existente o inexistente un hecho según que una de las partes le ofrezca o no la demostración de su inexistencia o de su existencia’ (La Prueba Civil, Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979, pp. 219 ss.).
“Por lo mismo, siendo del actor y no del juez el deber de demostrar los supuestos fácticos de las normas jurídicas, cuando se omite pronunciamiento sobre una prueba solicitada, es la parte afectada la legitimada para interponer recurso de reposición en dicha instancia, en los términos del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil o en alzada, en virtud de lo establecido en el numeral tercero del artículo 351 ídem. En conclusión, la carencia de diligencia de la parte en cuestiones probatorias, no conduce a que el juzgador se vea obligado inexorablemente a actuar por ella mediante el decreto oficioso de pruebas”.
5. El censor le endilga error de derecho al sentenciador de segundo grado, porque no decretó “pruebas de oficio” tendiente a determinar si a “Colanta” se le había pagado el siniestro y en qué cuantía, lo que igualmente estima pudo clarificar con el testimonio de Ramiro Carvajal Y., que sin embargo, tampoco incorporó.
6. De lo expuesto se establece que en el sub lite no se presenta el “error de derecho” denunciado, porque lo evidenciado es que no se tuvo claridad en punto del “tema a probar”, ni por parte del promotor del litigio se mostró el debido interés en la práctica de los medios de convicción, pues véase que advertida la inasistencia del deponente Ramiro Carvajal Y. —director de la división administrativa de Colanta—, aquel no desplegó ninguna actividad tendiente a su efectivo su recaudo, ni pidió ampliación del periodo probatorio, como tampoco aprovechó la oportunidad prevista para ese cometido en la segunda instancia, de donde entonces, el superior no estaba en el deber imperativo de practicar las que por incuria del actor se dejaron de evacuar.
7. Finalmente, valga anotar que no se ajusta a la realidad la apreciación del impugnante respecto de que al haber decidido en la forma como lo hizo el ad quem terminó emitiendo sentencia inhibitoria, puesto que ello no aconteció. El tribunal decidió de fondo, luego de encontrar que “[l]a relación procesal se ha construido en legal forma y no se observa vicio en la actuación, por tanto no existe impedimento procesal para fallar de fondo”, lo que indica que al no echar de menos ningún presupuesto del juicio que le impidiera definirlo, procedió a la emisión de la decisión final desestimatoria de las súplicas de la demanda, por no encontrar demostrado, se repite, el “contrato de seguro” y el “pago válido”, determinación que jamás puede adjetivarse de “inhibitoria”.
Por esas mismas razones, no corresponde a lo acontecido el planteamiento del recurrente extraordinario, relativo a que el juzgador estimó que la demandante carecía de legitimidad, pues este aspecto difiere de no haberse demostrado los requisitos para la viabilidad del fenómeno de la subrogación.
8. Lo antes analizado conlleva a la improsperidad de la censura, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta que las opositoras replicaron la presente impugnación extraordinaria.
1. No casar la sentencia proferida de 16 de agosto de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por La Equidad Seguros Generales O.C. contra Aseguradora Colseguros S.A. y la empresa Le Transportamos a Tiempo S.A. “Letratiempo S.A.”.
2. Condenar en costas a la recurrente en casación e incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho, para ser repartidos en igual proporción, entre las convocadas.
(1) Sentencia de 31 de enero de 2007, Expediente 2000-5492-01.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias de 24 de mayo de 2001, Expediente 6579 y de 10 de diciembre de 2004, Expediente 1997-0016, entre otras.

References: ARTÍCULO 1096
 artículo 368
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 368
 artículo 276
 artículo 285
e contrario
 artículo 1096
e contrario
 artículo 368
 artículo 1080
 resolución 
 artículo 101
 artículo 179
 artículo 177
 artículo 348
 artículo 351
 artículo 375