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Timestamp: 2020-08-13 16:42:38+00:00

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INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES
Al respecto, no les asiste la razón, por los motivos que se explicarán en los siguientes párrafos.
Cabe precisar la finalidad por la cual se emitió la Resolución de AEP y sus medidas, esto es, evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales154. Profundizando en dicho fin, en el Oficio de Inicio se señaló:
“El propósito de las medidas impuestas con la Resolución de AEP fue remediar y prevenir condiciones y conductas con efectos que no favorezcan la competencia y la libre concurrencia, en beneficio del usuario final. En particular su buscó:
Evitar la necesidad de duplicar la infraestructura, lo que haría rentable la entrada de nuevos oferentes y la expansión de los operadores existentes a localidades donde la duplicación de infraestructura es económicamente inviable;
Abrir la posibilidad de que los competidores del AEP ofrecieran servicios en el corto plazo, permitiendo establecer modelos de negocio para en el futuro desplegar redes propias y fortalecer la competencia basada en infraestructura, y
Permitir a los operadores diferenciar sus productos y adaptarse mejor a las necesidades de los consumidores.
Con base en lo anterior, se impusieron medidas tendientes a:
Reducir o eliminar barreras a la entrada y expansión de participantes distintos al AEP;
Favorecer el acceso a insumos esenciales controlados por el AEP;
Prohibir ex ante al AEP la realización de conductas que puedan impedir el acceso o excluir a participantes, como las exclusividades, trato discriminatorio, negativa de trato, subsidios cruzados, estrechamiento de márgenes, incremento artificial de costos y otorgamiento de descuentos o beneficios de forma selectiva;
Prohibir la propiedad cruzada entre el AEP en telecomunicaciones y el AEP en Radiodifusión, y
Proteger los derechos de los usuarios finales.”
Para cumplir con dicha finalidad, las medidas (ya sea móviles, fijas, de desagregación o de contenidos audiovisuales) tienen que regular diversas temáticas, como ejemplo el convenio marco de interconexión para servicios móviles, el cual debe contener la descripción del servicios, información, procedimientos, plazos, calidad, penas convencionales, entre otras cosas. La forma en que el AEP debe de presentar dicha información, no se encuentra contenida en una sola medida, al contrario, son un conjunto de medidas las que precisan la manera en que debe de presentarse la información citada. De la misma manera sucede para las diferentes ofertas de referencia.
Por lo tanto, el Instituto analizó las medidas en lo individual o de forma aislada, toda vez que, las mismas por si solas, no engloban la totalidad de un tema a regular, siendo necesario revisar el conjunto de medidas que se refieran al mismo tema y que adquieran un sentido sistémico al momento de la aplicación, por lo que lo correcto es, como sucedió, el análisis conjunto de medidas estrechamente relacionadas.
Sirve de sustento a lo anterior, por analogía el siguiente criterio jurisprudencial, que dispone:
“INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES. La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo trámite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, pues en cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de interpretación de la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sistémico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. Así, la interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no sólo las normas que se encuentran en una posición horizontal a la interpretada -artículos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta- sino también aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical -Constituciones Federal y Local-, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.155”
Sirve para enfatizar lo anterior, lo citado en el Oficio de Inicio en el rubro denominado “DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS” visible a hoja 9:
El Análisis en Materia de Competencia evalúa el impacto conjunto de medidas que están estrechamente relacionadas, de conformidad con la metodología que se presenta a continuación.
Se identifica el propósito en términos de competencia a partir de la Resolución de AEP y decisiones posteriores del Pleno relevantes para su implementación. En los casos que sea necesario, el propósito se interpreta a partir del marco legal vigente, precedentes decisorios, teoría económica y práctica internacional relevantes.
Se analiza el texto para determinar el alcance de la aplicación y si existen diferencias respecto al (a los) propósito(s) establecidos(s).
Se identifican los instrumentos a través de los cuales el AEP debía cumplir con el texto y el propósito de la Medida. Este análisis incluye los tiempos y la forma en la que han sido implementados, así como los indicadores de cumplimiento aplicables.
Se evalúan los impactos en los servicios y elementos directamente involucrados; y se identifican los efectos para los usuarios finales como lo establece el propósito general de las medidas.
Finalmente, se emite opinión respecto de las medidas y sus impactos en materia de competencia económica con base en el análisis integral de las etapas anteriores.
Lo anterior permitió identificar si las medidas fueron efectivas para la consecución de los objetivos planteados en la Resolución de AEP. A continuación se presentan, de manera sucinta, algunos de los elementos del Análisis en Materia de Competencia.”
En ese sentido, debe reiterarse que el Instituto es el ente público encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, dotado constitucionalmente de autonomía y facultades de decisión en esas materias, atendiendo a la especialización de la materia de su competencia, respecto de la cual cuenta con conocimiento técnicos que a su vez le otorgan cierta libertad en la toma de decisiones sobre los tópicos que nos ocupan, para apreciar y ponderar las circunstancias de hecho que se sometan a su consideración y actuar de la mejor manera para cumplir con la finalidad perseguida por el Constituyente.
Es así, que la actuación del Instituto, en el sentido de evaluar en conjunto las medidas que están estrechamente relacionadas en el Oficio de Inicio, es acorde con el principio constitucional establecido en el artículo 28 constitucional y con los objetivos pretendidos con la reforma constitucional en telecomunicaciones, así como con las medidas que facultan el presente procedimiento156, pues como se ha demostrado, se pretende fomentar y mantener la sana competencia y la libre concurrencia entre los prestadores de esos servicios, lo cual tiene como finalidad última, el beneficio de los usuarios.
Concluyendo, tomando en consideración lo ordenado por las medidas de las cuales emana el presente procedimiento, en el sentido de que la evaluación del impacto de las medidas deberá resultar proporcional y conducente con los fines que originalmente buscaba cada medida, no necesariamente significa que la evaluación que nos ocupa se deba realizar analizando cada medida por sí sola, al contrario, como ya se explicó, se analiza el conjunto de medidas estrechamente relacionadas que se encuentran enfocadas a un fin determinado, por lo tanto, el estudio debe comprenderse en su totalidad de medidas relacionadas y no en la literalidad de una sola.
Ahora bien, el Oficio de Inicio no constituye una resolución provisional o preliminar, por el contrario, solamente es el inicio del procedimiento que por este acto se resuelve. Por otra parte, al realizar el análisis de los considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la presente Resolución, observamos la revisión exhaustiva de cada medida, explicando a detalle la medida propuesta, las manifestaciones al respecto de los integrantes del AEP, las consideraciones del Instituto y la medida final. En consecuencia, resultan improcedentes los argumentos vertidos por las manifestantes relativas a que no se realiza el análisis medida por medida.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 resolución