Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531633.html
Timestamp: 2020-03-29 08:37:41+00:00

Document:
as201531633
Auto Supremo Nº 633
Sucre, 22 de septiembre de 2015
Expediente: 172/2015-S
Demandante: Mabel Jenny Panozo Zelada
Demandado: Cooperativa San Juan Bautista Ltda.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 407 a 410, interpuesto por Obed Morales Velásquez en representación de la cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado San Juan Bautista Ltda. (SAJUBA Ltda.), contra el Auto de Vista Nº 09/2015 de 21 de enero de (fs. 404 a 405 vta.), emitido por la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, dentro del proceso social de beneficios sociales; seguido por Mabel Jenny Panozo Zelada en contra de la Cooperativa recurrente, contestación al recurso; el Auto Nº138 de 14 de abril de 2015 de fs. 415 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Planteada la demanda de pago de beneficios sociales cursante de fs. 77 a 79 vta., y tramitado el proceso, el Juez de Partido Quinto del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió Sentencia Nº 95/2014 de 4 de julio de fs. 373 a 376 vta., declarando probada en parte la demanda de beneficios sociales, con costas, debiendo el demandando a través de su representante cancelar en favor de la actora por concepto de desahucio, indemnización, aguinaldo, vacación y multa del 30%, la suma de Bs.41.271,98.-, más la actualización y reajustes dispuestos por el art. 9 del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, a ser calculado en ejecución de Sentencia.
Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada a través de memorial de fs. 391 a 392, fue resuelto por Auto de Vista de 21 de enero de 2015, por el cual la Sala Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó en todas sus partes la Sentencia apelada, con costas.
a) El recurrente señala que el Auto de Vista que impugna incurrió en la causal de casación contenida en el art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), porque no se pronunció sobre diferentes aspectos planteados en el recurso de apelación, entre ellos, el agravio respecto a la forma de desvinculación laboral, alegando a partir de ello, que la actora ocasionó daño económico en la institución, siendo viable la aplicación directa del art. 16.a) y e) de la LGT; agregando que en el proceso debió primar el principio de probidad establecido en el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), pues la un trabajador que incumple sus obligaciones se hace susceptible a sanción.
Por otro lado denuncia que en el Auto de vista impugnado existe contradicción, pues en Sentencia se refiere como causal de desvinculación a un memorándum de despido; sin embargo, el Auto de Vista refiere un supuesto abandono de trabajo, produciendo “incongruencia negativa” (sic), afectando el deber de fallar conforme a lo previsto por el art. 236 del CPC, asimismo afectar el derecho a la defensa previsto por el art. 115.II de la CPE.
b) Arguye que la resolución impugnada incurre en lo previsto por el art. 253.1 del CPC y vulnera el art. 202 del Código Procesal del Trabajo (CPT), porque omite valorar la prueba de descargo de fs. 172 a 187 y fs. 241 a 289, por la cual se demuestra el daño económico que ocasionó la actora y en consecuencia su justificado despido, no siendo evidente que el juez de grado haya valorado adecuadamente la prueba tomando en cuenta únicamente el memorando de despido y la ausencia de un proceso administrativo para calificar el desahucio; es decir, en el Auto de Vista existió errónea valoración de la prueba, finalmente cita el AS Nº 144/2003 de 21 de abril.
Concluyó solicitando que previo trámite el Tribunal de Casación, anule el Auto de Vista, ordenando la emisión de uno nuevo en el que se respondan a los agravios expuestos en apelación; o en su defecto, se emita Auto Supremo casando el fallo impugnado, disponiéndose la nulidad de la Sentencia por no cumplir con la valoración de las pruebas de descargo.
El art. 236 del CPC, previene que ”el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación…”; esta previsión establece que, el Tribunal de alzada que se constituye en la instancia de segundo grado, al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo en el Auto de Vista disponer cuestiones que no han sido pedidos, ni omitir el análisis y resolución de ningún agravio expuesto en el recurso, debiendo enmarcar su decisión a las formas previstas por el art. 237 del adjetivo citado.
Por otro lado antes de considerar los fundamentos del recurso, el tribunal de casación tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales de instancia, observaron las leyes y plazos que rigen la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes y si correspondiere, disponer la nulidad de obrados de oficio, según lo prevé el art. 252 del CPC.
Asimismo a menester considerar que toda sentencia, entre otras cosas, debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, que debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso. De otro lado, es necesario recordar que, salvo expresa autorización de la ley, la sentencia no puede contener más de lo pedido ultra petita, ni tampoco pronunciarse sobre determinados extremos al margen de lo pedido por las partes extra petita, ni debe dejar sin analizar y sin resolver ninguna pretensión sostenida por las partes citra petita.
En los hechos nos referimos al vicio de incongruencia entendido como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental de acceso a la justicia, elaborándose así un cuerpo de doctrina consolidado que puede sistematizarse, a los efectos que a este caso interesan, en los siguientes puntos:
El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.
Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.
Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que, para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido ultra petitum o algo distinto de lo pedido extra petitum, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales.
De lo anotado, de ninguna forma el Tribunal de apelación puede sustraerse de esa responsabilidad, quien debe resolver la controversia en función del art. 236 del CPC con apego a los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional y la expresión de agravios del recurso, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 y resolviendo el proceso conforme establece el art. 397, ambos del adjetivo civil, decidiendo en el fondo el conflicto, otorgando la tutela judicial efectiva, salvo lo establecido por el art. 247 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y lo previsto por la ley en vía de saneamiento.
De la revisión de antecedentes se advierte que, en la especie la Cooperativa recurrente mediante memorial de apelación de fs. 391 a 392 denunció claramente como agravio que, el Tribunal de primera instancia no consideró ni valoro las pruebas documentales de descargo de fs. 172 a 187 y 241 a 289 del dossier, ahora bien resulta evidente que, el Tribunal de segunda instancia no emitió pronunciamiento sobre la denuncia y las pruebas referidas en apelación limitando su respuesta a indicar: “Se evidencia que el Juez de Primera Instancia, ha realizado una correcta valoración de hecho y de derecho en la calificación y valoración de la prueba, al asignarle valor probatorio en la perspectiva procesal de la materia conforme a los artículos 3 inciso h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo..”, para luego continuar concluyendo “…elementos que han sido valorados y motivados en la sentencia recurrida, que al haberse demostrado que la relación entre las parte cumple con todos los requisitos esenciales establecidos en el DECRETO SUPREMO Nº 23570 de fecha 26 de julio de 1993 art. 3, CONCORDANTE CON EL decreto supremo Nº 28699 de fecha 01 de mayo de 2006 artículo 2, al evidenciarse la efectiva prestación de la actividad que realizaba la actora en beneficio de la institución…” (las negrillas son nuestras), advirtiendo en todo caso inexistencia de relación entre el reclamo de apelación que versa sobre falta de la valoración de las literales señaladas y la determinación de forma de desvinculación; y no, si existió o no relación laboral entre las partes; de tal forma el a quo no se pronunció exhaustivamente sobre el reclamo de apelación y no otorgo una respuesta razonada y razonable, pues es necesario puntualizar que, al ser un tribunal de hecho tiene la facultad de valoración probatoria.
Por otro lado más adelante en el Auto de Vista cuestionado refiere: “… al no haberse demostrado ninguna prueba la existencia de abandono de trabajo”, sin embargo en Sentencia se determinó que, la ruptura aboral fue intempestiva, y en el recurso de apelación se esgrimió que, la causal de desvinculación laboral fue justificada. Como se puede observar el Auto de Vista no adecuó su pronunciamiento respecto a los reclamos efectuados, pues al haber concluido que no se demostró el abandono del trabajo, se apartó de lo resuelto en Sentencia y lo reclamado en apelación lo que advierte una transgresión a lo dispuesto por el art. 236 del CPC así como el de vulneración al principio de congruencia en relación al debido proceso previsto por el art. 115.II de la CPE.
En consecuencia, el Tribunal de apelación en el caso ha resuelto el mismo en vulneración del debido proceso por cuanto no ha observado los principios de congruencia, pertinencia, previsibilidad, razonabilidad y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional y la expresión de agravios del recurso, por lo que corresponde dar aplicación a la previsión contenida en el arts. 271.3 y 275 del CPC., aplicables por mandato del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, ANULA el Auto de Vista 09/2015 de 21 de enero, pronunciado por los Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Santa Cruz, disponiendo que el Tribunal de Alzada, de manera inmediata previo sorteo y sin espera de turno, bajo responsabilidad administrativa, pronuncie nuevo Auto de Vista, resolviendo los agravios contenidos en el recurso de apelación de fs. 391 a 392, de manera congruente y fundamentada, dando cumplimiento a las previsiones legales contenidas en los arts. 190, 192.3) y 236 del CPC.
No encontrando excusable el error cometido, se impone la multa de Bs.200,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido de casación.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 2