Source: https://tc.vlex.es/vid/-385111996
Timestamp: 2019-10-13 21:04:12+00:00

Document:
STC 123/2012, 5 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 385111996
Número de Recurso: 7315-2005
El 19 de octubre de 2005 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Letrado de la Junta de Andalucía por el que, en la representación que ostenta, interpone conflicto positivo de competencia, tramitado con el número 7315-2005, en relación con los artículos 1, 2, 3, 4 y disposición final primera del Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Cuarta, de 22 de noviembre de 2005, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia planteado por la Junta de Andalucía, acordando dar traslado de las actuaciones al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días, y por medio de la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnara el referido real decreto, en cuyo caso se suspendería el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.
Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, el Abogado del Estado solicitó, dada la acumulación de asuntos pendientes ante ese servicio jurídico, una prórroga hasta el máximo legal, del plazo concedido para alegaciones. La Sección Cuarta, mediante providencia de 12 de diciembre de 2005, acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado y atender su solicitud, ampliando en diez días el plazo originalmente concedido.
El 12 de enero de 2006 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado en el que solicita que se tenga por evacuado el trámite conferido y que, en su día, se dicte sentencia desestimatoria de la demanda, declarando que la competencia controvertida corresponde al Estado.
El 17 de enero de 2006 se recibe escrito de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que se comunica que, habiéndose acordado la suspensión del trámite del recurso seguido en esa Sala a instancia de Procurador actuante en nombre y representación del Gobierno Vasco contra el Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, se solicita que se comunique a esa Sala la resolución que en su día recaiga sobre el presente conflicto positivo de competencia.
Por providencia de 5 de junio de 2012 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el mismo día.
El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Junta de Andalucía en relación con los artículos 1, 2, 3, 4 y disposición final primera del Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
El Real Decreto 716/2005, sobre el que versa el presente conflicto, tiene por objeto restablecer el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional que, según se detalla en su preámbulo, fueron autorizadas por Decreto de 27 de junio de 1957, sobrevivieron hasta el cierre del hipódromo de Madrid en 1996, siendo suprimida la autorización para su explotación en virtud de la derogación expresa de los arts. 3 y 4 del decreto anterior, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Las razones que motivan la presente regulación se concretan en el texto del preámbulo del real decreto cuestionado en “que un elemento fundamental de financiación de los hipódromos es la apuesta hípica externa”, así como en el hecho de que la industria de las carreras de caballos en España se ha ido deteriorando en beneficio de países limítrofes desde el cierre del hipódromo de la Zarzuela, “por lo que su apertura debe conllevar el resurgimiento de este importante sector económico”.
Así expuestos los términos de la controversia trabada entre las partes, para su resolución debemos tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, y en cuanto al objeto del conflicto, hemos de estar a lo solicitado en el suplico de la demanda que “es la parte decisiva para reconocer y concretar el objeto de todo recurso” (STC 195/1998, de 1 de octubre), en el cual se solicita que “se anulen los arts. 1, 2, 3 y 4 así como la disposición final primera del Real Decreto 716/2005”. Pese a esta específica acotación de los preceptos que son objeto del conflicto, éste se dirige de facto contra la totalidad del real decreto, habida cuenta de que únicamente resulta excluida del mismo la disposición final segunda, que se limita a establecer la fecha de entrada en vigor de la disposición recurrida; y así parece entenderlo también el representante de la Junta de Andalucía en el texto de la demanda, en donde expresamente se alude al alcance de la pretensión, “extendiéndose la declaración de inconstitucionalidad a todo su articulado”.
Entrando en el enjuiciamiento de la cuestión controvertida, debe ponerse de manifiesto que las partes coinciden en el encuadramiento material de la disposición controvertida, que se inserta en el ámbito relativo a juegos y apuestas.
[L]a materia de juego, a pesar de no ser mencionada en los arts. 148.1 y 149.1 CE y en los Estatutos de Autonomía, ha sido atribuida a las Comunidades Autónomas bajo el uniforme título de ‘casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas’ en sus respectivos Estatutos. [En consecuencia], de acuerdo con el art. 149.3 CE, y dado que en el art. 149.1 no se reserva expresamente al Estado dicha materia, cabe afirmar que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva sobre los casinos, juegos y apuestas, excepto las apuestas mutuas deportivo-benéficas (STC 52/1988, FJ 4), y que la misma comprende la de organizar y autorizar la celebración de juegos en el territorio de la Comunidad Autónoma (SSTC 163/1994, FJ 3; 164/1994, FJ 4), precisamente en dicho territorio, pero no, evidentemente, la de cualquier juego en todo el territorio nacional, puesto que los Estatutos de Autonomía limitan al territorio de la Comunidad el ámbito en el que ha de desenvolver sus competencias.
En esa misma doctrina está sin embargo igualmente dicho que ‘ni el silencio del art. 149.1 CE respecto al género juego, ni el hecho de que los Estatutos de Autonomía califiquen de exclusiva la competencia autonómica en cuanto a juegos y apuestas, puede interpretarse como determinante de un total desapoderamiento del Estado en la materia, pues ciertas actividades que bajo otros enunciados el art. 149.1 CE atribuye a aquél, se encuentran estrechamente ligadas con el juego en general y no sólo la que le reserva el art. 149.1.14 de la Constitución respecto de la gestión y explotación en todo el territorio nacional del monopolio de la lotería nacional, sin perjuicio de las competencias de algunas Comunidades Autónomas en materia de juego’ (SSTC 163/1994, de 26 de mayo, FJ 4; 164/1994, de 26 de mayo, FJ 5; 216/1994, de 20 de julio, FJ 2; y 49/1995, de 16 de febrero, FJ 3).
Lo hasta aquí expuesto, resulta suficiente para afirmar la competencia del Estado para dictar el Real Decreto 716/2005, y para descartar la vulneración de las competencias autonómicas en materia de juego que la Junta de Andalucía ha denunciado con carácter principal.
Con carácter subsidiario, se alega por la Comunidad Autónoma que la regulación que se efectúa no resulta amparada por el título competencial del Estado en materia de “hacienda general” (art. 149.1.14 CE), pues dicho título sería distinto al de “hacienda estatal”; y considera, además, que el real decreto vulnera el principio de suficiencia financiera de las haciendas autonómicas, previsto en el art. 156.1 CE e infringe la autonomía financiera contemplada en el art. 157 CE, por cuanto la actuación estatal se ha desarrollado prescindiendo de los mecanismos de coordinación con las haciendas autonómicas.
Por otro lado, y en lo que respecta a la alegada vulneración de los principios de autonomía y suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, la STC 32/2012, FJ 6, ya puso de manifiesto que, conforme a lo señalado en la STC 31/2010, FJ 130, el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de hacienda general, así como la potestad originaria para establecer tributos mediante ley (art. 133.1 CE), lo que, unido a que también corresponde al legislador orgánico la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas (art. 157.3 CE), determina que aquél “sea competente para regular, no solo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas respecto de las del propio Estado (STC 72/2003, de 10 de abril, FJ 5)”.
Se alega finalmente por la Comunidad Autónoma, la infracción del principio de lealtad institucional, en su perspectiva administrativa, que derivaría de una supuesta insuficiencia del trámite de consulta evacuado en la tramitación del real decreto, al no haberse dado una efectiva oportunidad a la Junta de Andalucía, de manifestar su posición respecto al mismo.
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STSJ Canarias 1158/2007, 29 de Junio de 2007
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