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Timestamp: 2020-08-09 10:33:51+00:00

Document:
﻿ DECRETO 1674 DE OCTUBRE 21 DE 2016
DECRETO 1674 DE 21 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ADICIONA EL DECRETO 1081 DE 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN LO CORRESPONDIENTE A LA INDICACIÓN DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE -PEP-, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 52 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, APROBADA MEDIANTE LEY 970 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ONU, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, SANCIÓN POR CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN PÚBLICA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, CONTROL FISCAL SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MEDIDAS PENALES CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORGANISMOS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
“Por el cual se adiciona un capítulo al título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP), a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones”.
Que Colombia es signataria de convenciones internacionales que le imponen la obligación de adecuar sus normas y adoptar mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y reducir la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos conexos, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (L. 67/93), la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción (L. 412/97), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (L. 800/2003), la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (L. 808/2003), la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (L. 970/2005), la Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (L. 1573/2012).
Que se hace necesario reglamentar la Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, la cual en el numeral 1º del artículo 52 señala que, “(...) cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores (…)”.
ART. 1º—Adiciónese un Capítulo 2 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, el cual tendrá el siguiente texto:
Del régimen de las personas expuestas políticamente (PEP), a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada por la Ley 970 de 2005.
“ART. 2.1.4.2.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir quiénes son las personas expuestas políticamente (PEP) y en qué consiste su obligación con el sistema financiero en razón de dicha condición.
“ART. 2.1.4.2.2.—Ámbito de aplicación. Este capítulo se aplicará a las personas expuestas políticamente (PEP), en todos los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
“ART. 2.1.4.2.3.—Personas expuestas políticamente. Para efecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este capítulo, durante el periodo en que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, se considerarán como personas expuestas políticamente (PEP) las siguientes:
“ART. 2.1.4.2.4.—Obligación de las personas expuestas políticamente y de las entidades. Las personas consideradas como personas expuestas políticamente (PEP) informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
“ART. 2.1.4.2.5.—Escrutinio y colaboración sobre productos y servicios financieros de PEP. Los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) brindarán toda la colaboración y asistencia necesaria para facilitar la obtención de información, evidencias y el escrutinio de productos y servicios financieros de PEP, por parte de los entes de vigilancia y control, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, de conformidad con las estrictas competencias atribuidas por la ley y con respeto del debido proceso.
“ART. 2.1.4.2.6.—Cooperación y asistencia internacional. De conformidad con lo establecido en los acuerdos y tratados de cooperación y asistencia en materia de lucha contra el lavado de activos, financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito, contrabando y lucha contra la corrupción, suscritos y ratificados por Colombia, las autoridades colombianas competentes podrán compartir la información a la que se refiere el artículo 2.1.4.2.5 de este decreto con las agencias de investigación penal, fiscal o administrativa de otros países, con estricta sujeción a los procedimientos previstos en las normas internacionales y de acuerdo a lo señalado en el ordenamiento jurídico interno.
“ART. 2.1.4.2.7.—Respeto de las garantías del hábeas data. Ninguna de las disposiciones de este decreto podrá interpretarse en contra de las garantías consagradas en las leyes de protección de hábeas data.
“ART. 2.1.4.2.8.—Instrucciones de las entidades de supervisión. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán sin perjuicio de las instrucciones especiales impartidas por las entidades de supervisión sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
ART. 2º—Adiciónese un nuevo numeral al artículo 2.1.1.2.1.5 de la sección 1 del capítulo 2 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, el cual tendrá el siguiente texto:

References: ARTÍCULO 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 2