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Timestamp: 2018-12-15 00:27:18+00:00

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﻿ AUTO 15286 DE MARZO 19 DE 2002
AUTO 15286 DE 19 DE MARZO DE 2002
CONTENIDO:LA CORTE ES EL MÁXIMO TRIBUNAL DE LA JUSTICIA ORDINARIA. SUS DECISIONES NO SON OBJETO DEL AMPARO DE TUTELA. RAZONES PARA NO CUMPLIR CON EL FALLO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA QUE REVOCÓ MEDIANTE TUTELA POR VÍA DE HECHO, LA SENTENCIA DE CASACIÓN EN EL CASO DE MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JURISDICCIÓN ORDINARIA, PROCESO PENAL, AUTO, VÍA DE HECHO, ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO, INVOCACIÓN DE VÍA DE HECHO
Auto 15286 de marzo 19 de 2002
Se ocupa la Corte del estudio de la orden de tutela impartida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo de Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual revocó la sentencia de casación proferida por aquélla el 2 de octubre de 2001 y dispuso se dictara otra, adecuada a la prohibición de la reformatio in pejus.
En el curso de la investigación adelantada por una comisión especial de fiscales en contra de los señores Santiago Medina, Fernando Botero Zea y Juan Manuel Avella Palacio por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, se estableció que en el mes de junio de 1994 el doctor Manuel Francisco Becerra Barney recibió en la ciudad de Cali la suma de 300 millones de pesos en efectivo de parte del señor Guillermo Pallomari, González, antiguo contador del cartel de Cali, con el encargo de invertirlos en la campaña presidencial del doctor Ernesto Samper Pizano en varios departamentos, entre ellos Nariño y Huila.
El 25 de Julio de 1995, la comisión inició la instrucción y vinculó mediante indagatoria a los señores Medina, Botero y Avella, quienes se desempeñaron, en su orden, como tesorero director general administrativo de la campaña “Samper Presidente”, así como el doctor Manuel Francisco Becerra Barney, Contralor General de la República hasta el 1º de septiembre de 1994. Luego les definió la situación jurídica con imposición de medida detentiva.
El 17 de mayo de 1996 Santiago Medina Serna se acogió al trámite de la sentencia anticipada y el proceso común continuó respecto de los ciudadanos Botero Zea, Avella Palacio y Becerra Barney.
El 4 de julio siguiente, la fiscalía decretó el sierre parcial de las averiguaciones en relación con los doctores Botero Zea y Avella Palacio.
El 29 de julio de 1996, el Fiscal General de la Nación atendiendo la investidura que detentara el doctor Becerra Barney y la gravedad de la conducta punible a él imputada, asignó el conocimiento de la investigación a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Cerrada la investigación el 22 de agosto de 1996, fue calificada el 26 de septiembre de 1996 con resolución acusatoria contra el doctor Becerra Barney, a quien se imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, decisión que quedó ejecutoriada el 2 de octubre del mismo año.
La etapa del juicio correspondió a un juzgado regional de Cali, donde, tras el retiro pertinente, se produjo la sentencia del 22 de agosto de 1997, que condenó al acusado a 70 meses de prisión, multa de $ 300.000.000 a favor del tesoro nacional e interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de libertad.
Apelado el fallo por la defensa, el tribunal nacional lo confirmo el 24 de julio de 1998, modificándolo en el sentido de condenar al doctor Becerra Barney a siete (7) años de prisión —en vez de los 70 meses inicialmente impuestos—; así mismo aumentó a siete años el tiempo de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, como autor del delito de enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
El fallo del tribunal fue objeto de casación por parte de la defensa y, en la fecha ya indicada, la Sala no casó la sentencia.
Posteriormente a nombre del doctor Becerra Barney fue interpuesta acción de tutela por violación del principio de prohibición de la reformatio in pejus y el juez constitucional profirió la sentencia que tajantemente dijo lo siguiente en su segundo resolutivo: “... revocar la sentencia impugnada de fecha 02 de octubre de 2001, dictada, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia...”.
Para la Sala es importante hacer aquello que solicita el Consejo Superior de la Judicatura, sencillamente por que la orden impartida se aleja totalmente de la Constitución y de la ley o, dicho de otra manera, por que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser objeto de amparo. Estas son las razones de la afirmación.
1. Según el artículo 234 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y la disposición siguiente —art. 235— le entrega, a título de primera atribución, la de “Actuar como tribunal de casación”.
En la misma línea, el artículo 2.2 de la Carta dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
El Código de Procedimiento Penal, desarrollo de los mandatos constitucionales posee normatividad similar. Así, por ejemplo:
a) El artículo 9º, “norma rectora “, dice que “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales...”.
b) El artículo 15.2, también “norma rectora”, dispone que el funcionario judicial debe corregir los actos irregulares, “respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales”.
c) El artículo 206, uno de los desarrollos directos y concretos de la normatividad anterior, establece como unas de las finalidades de la casación “la afectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal”, y la “reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada”.
d) Y en pro del mismo cometido, el artículo 216 del estatuto prevé la casación oficiosa cuando la Corte, al momento de tomar la decisión de fondo, encuentra que ostensiblemente la sentencia impugnada “atenta contra las garantías fundamentales”.
La conclusión, entonces, es doblemente obvia. Una: como los derechos, garantías y libertades a que aluden tanto la Carta como las normas procesales esencialmente emanan de aquélla, no hay ninguna duda en cuanto la Corte, durante la actuación y, específicamente, en materia de casación, tiene la obligación de velar por el resguardo de los derechos y garantías, es decir, de hacer cumplir la Constitución; y dos: si la Corte es el máximo tribunal de la justicia ordinaria, a quien también se le ha entregado la protección de la Constitución, sus decisiones tienen que permanecer incólumes pues se entiende —como en efecto sucede todos los días—, que también cumple con el deber de proteger los derechos y garantías fundamentales surgidos de la Constitución.
Lo que no resulta obvio —y sí injurídico— es que la Corte defienda los derechos y garantías constitucionales actuando como tribunal de casación con raigambre constitucional y que, luego, sus decisiones puedan ser revisadas por otros organismos, así éstos tengan igualmente la guarda de esos derechos y garantías, pues que estos, por altos que sean, no pueden exceder sus facultades y desconocer los límites constitucionales que en lo ordinario han sido puestos en cabeza de la corte Suprema de Justicia.
Es que, como con razón dijo la Corte Constitucional en su Sentencia C-37 del 5 de febrero de 1996 —a propósito del estudio de la Ley Estatutaria de la administración de justicia—, “...la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado “como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”” (destaca la Sala).
2. El artículo 228 de la Constitución, entre otras cosas, fija el principio de autonomía e independencia de los jueces, quienes, conforme con el artículo 230 ibídem, sólo están sometidos al imperio de la ley, auxiliados, desde luego, por la equidad, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, siempre, como es apenas natural, centrados y guiados por la hermenéutica jurídica, es decir, por la interpretación del derecho.
La norma rectora número 12 del Código de Procedimiento Penal, igualmente desarrollo del mandato constitucional, es nítida: “Las decisiones proferidas dentro del proceso penal serán la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia. Los funcionarios judiciales serán independientes y autónomos”.
Y el artículo 5.2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia es aún más preciso sobre el tema: “Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias”.
Aun cuando es evidente que la Corte carece de superior jerárquico el mensaje de la anterior ley es incuestionable en cuanto en el sector judicial nadie puede imponer opiniones.
Pero lo más claro es lo relacionado con la independencia, la autonomía y la interpretación de la ley: si la Corte es autónoma, independiente y todas sus decisiones se sustentan en la interpretación que de la ley hacen sus integrantes, que jamás sentencian singularmente, sus decisiones son inmodificables e intangibles. Y el tema de interpretación está fuera de toda incertidumbre: bastaría revisar, por ejemplo, la copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la propia Corte Constitucional para llegar por convergencia al mismo punto: la interpretación judicial no puede ser objeto de tutela.
3. Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial. Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados en paréntesis son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquélla hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de la posibilidad de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y sólo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión analogías o parecidos —si de ello se trata—, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional, La cosa juzgada, entonces por las características enunciadas, es el soporte de otro principio universal del derecho: la seguridad jurídica.
La conclusión de este punto resulta fácilmente entendible: debido a que la ley no prevé el amparo como salvedad a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, es impensable la tutela por medios extraños respecto de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo sería tanto como creer que ésta, máxima jerarquía de la jurisdicción ordinaria —con funciones constitucionales como las explicadas atrás— por medio de la tutela desconociera la alteza de una decisión del Consejo de Estado, máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, o de la Corte Constitucional, máximo poder de la jurisdicción constitucional, excepto, en ambos casos, frente a las actuaciones judiciales-constitucionales que la propia Carta ha entregado a la Corte Suprema de Justicia. Hacer lo contrario no es más que desbordamiento de funciones, imposición de criterios, es decir, autoritarismo puro y, por supuesto, negación del Estado de derecho, requisito que sigue siendo esencia del Estado social y democrático de derecho.
Y no sería argumento en contra de lo anterior el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política pues la Corte Constitucional sólo puede revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, en la forma que determine la ley. Y mientras tanto, como se acaba de afirmar, ninguna ley le permite ni le autoriza a la Corte Constitucional someter a cuestión, para desconocerlas, las decisiones que como tribunal de casación toma la Corte Suprema de Justicia.
El resumen, como en el asunto analizado la Sala Penal de la Corte actuó como tribunal de casación y aludió al principio de prohibición de la reformatio in pejus señalando su conclusión sustentada debidamente en la hermenéutica jurídica, su sentencia e intangible y por lo tanto no puede ser desconocida acudiendo a otra vía.
En consecuencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no puede hacer aquello que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en contra de la Constitución Política y de la ley, quieren que haga.
Y por las mismas razones, y porque la sentencia que llegara a la Corte en sede de casación se encuentra ejecutoriada desde el (2) de octubre del año 2001, es improcedente estudiar la solicitud que hiciera el doctor Becerra Barney orientada a la declaración de prescripción de la acción penal.

References: resolución 
 artículo 234
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 206
 artículo 216
 artículo 234
 artículo 228
 artículo 230
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 241