Source: http://www.libertadidioma.com/2014/20140622.htm
Timestamp: 2019-02-20 19:29:52+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Domingo 22 Junio 2014
El Frankenstein fiscal de Montoro sigue vivo: hay un recorte de impuestos pero no una reforma
Antonio Maqueda www.vozpopuli.com 22 Junio 2014
Montoro ha comenzado a deshacer alguna de las numerosísimas subidas tributarias que han acabado creando un auténtico Frankenstein fiscal. Sin embargo, las medidas que el ministro ha anunciado tan sólo suponen una rebaja de impuestos, no una reforma fiscal que desactive al monstruo.
En medio de la fatal tormenta de los mercados, con el país al borde del abismo, Montoro se encuentra al llegar al poder con un sistema fiscal que hace agua por todos y cada uno de sus conductos. Trufado de exenciones, deducciones y bonificaciones, se recauda menos que en Grecia aunque los tipos nominales sean muy elevados.
Aprovechando la excesiva diferencia entre el tipo del IRPF y el de una pyme, demasiadas rentas altas se escapan al tipo más bajo de Sociedades y encima se deducen gastos. Apenas se tributa por las rentas inmobiliarias, y en general todo lo que no sea una nómina esquiva el IRPF con una facilidad pasmosa.
El sistema de módulos también se ha identificado como una fuente de baja tributación y, sobre todo, de estafas, al permitir que muchos moduleros puedan emitir facturas sin límite que otras empresas pueden deducirse.
Tras las todavía recientes alzas del IVA, los propios expertos que elaboraron la propuesta de reforma fiscal detectan un agujero de 7.000 millones en la recaudación por esta figura que puede achacarse a un mayor fraude.
¿Y a qué viene eso de subvencionar también a los ricos con un IVA reducido o superreducido cuando se dan un homenaje en un restaurante o compran el pan? ¿Acaso no sería mejor recaudar todo ese dinero y compensar a las rentas bajas de otra forma mucho más barata, quizás mediante una ayuda directa en el IRPF? Por no hablar de que la desgravación por compra de vivienda simplemente alentó unos precios inmobiliarios aún más inflados.
Por lo que respecta a las grandes empresas, éstas recurren a una planificación fiscal agresiva que les permite reducir su factura fiscal en cuanto las rentabilidades se contraen, aunque bien mirado ya se les proporcionó mucho antes importantes incentivos fiscales para internacionalizarse a golpe de deuda, de forma que ahora consiguen el grueso del león de sus beneficios del exterior y, por lo tanto, no lo tributan aquí.
Y para colmo de males, unos tipos marginales altísimos desincentivan el trabajo y la declaración de las rentas, máxime después de haber sumado unos recargos autonómicos del IRPF habitualmente considerados confiscatorios. En definitiva, el sistema fiscal español constituye una suerte de anomalía basada en los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria. El día que un ciudadano pagaba más impuestos era aquél en el que compraba una vivienda, ya fuese por el IVA, el ITP y el AJD, el IBI, la tasa de basuras o el recibo eléctrico. Amén de las enajenaciones de suelo de los ayuntamientos. Pero en cuanto se secó la venta de viviendas, se vino abajo el chiringuito.
El nacimiento del Frankenstein
Los impuestos sencillamente no funcionaban. Y descartada la operación de adelgazamiento de la Administración, del Estado del Bienestar y de las Autonomías, a fuerza de alzas tributarias indiscriminadas, el profesor Montoro resucitó en la mesa de operaciones a un auténtico Frankenstein fiscal, voraz como el solo y parcheado hasta la médula.
Había que alimentar el monstruo con menos gente contribuyendo, y eso provocó que la presión fiscal obviamente se disparase hasta máximos históricos en 2013. Prácticamente en ningún país de nuestro entorno se grava con un tipo del 47 por ciento las bases a partir de 53.000 euros o con un 40 las bases de 33.000. Sólo así se logró que se estabilizasen los ingresos por IRPF en los 70.000 millones, una cifra obtenida a pesar de contar con casi cuatro millones menos de empleos y que sólo se había dado en 2007 y 2008, justo en el pico de la burbuja.
Pero incluso así, pese a una serie de alzas impositivas cuyo impacto se calcula en unos 30.000 millones, la mala noticia es que la recaudación apenas subió. Los ingresos del conjunto de las Administraciones todavía se sitúan en el entorno del 38 por ciento del PIB, muy por debajo de la media europea y menos que en Grecia. “Este país tiene un gran problema con la política fiscal. Por lo general se percibe que se soportan muchos impuestos, y sin embargo la recaudación es baja”, explica un exalto cargo.
Después de haber aprobado medio centenar de alzas tributarias y haber llevado la presión fiscal por IRPF e IVA a máximos históricos, el ministro de Hacienda por fin anunció este viernes que revierte parcialmente alguna de las subidas de impuestos con las que ha machacado el bolsillo de los contribuyentes en los dos últimos años. ¿Ha llegado entonces la hora de desconectar el Frankenstein tras un año entero publicitándolo?
¿Adiós al Frankenstein?
Pues la respuesta va a ser que no. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. No hacía falta una comisión de expertos y un debate abierto en canal durante más de doce meses para luego concebir una simple reconfiguración de tipos.
Aunque en realidad no se trate de una simple reconfiguración de tipos. De hecho, con tal de salvar la recaudación, Montoro al principio sólo quería una rebaja centrada en la parte inferior de las rentas. Pero las elecciones europeas dieron un vuelco a todo el escenario político y de una rebaja a 12 millones de contribuyentes, acuérdense, hemos pasado a una reforma que se extenderá hasta los 20 millones. Moncloa exige que se haga notar el recorte del IRPF entre aquellas rentas más altas que puedan votar a los populares. ¿Y cómo se hace eso sin ocasionar una abrupta caída de la recaudación?
Pues modulando las bajadas de tipos y compensándolas con pequeñas subidas en algunos tramos que son muy nutridos y en los que hay pocos votantes potenciales del PP. Pese a que se decía que la rebaja iba a afectar a todos los tramos, ésa no es la realidad. En el tramo entre los 12.450 y los 17.707 euros en verdad se pagarán 0,25 puntos más en 2015. Y lo mismo ocurre con el tramo que se comprende entre los 22.200 y los 33.007 euros, que se elevará en 2015 en un punto. Parece evidente que los tipos se van bajando pero que, de repente, se echa el freno en algún segmento para no perder tanta recaudación. Y como ya hemos apuntado, curiosamente se frena en aquellos tramos muy nutridos y en los que hay menos votantes desencantados del PP. ¿Por qué si no se sube el tipo entre los 22.000 y los 33.000 euros y en cambio se baja a partir de los 33.000 euros hacia arriba?
Lo lógico sería que proporcionalmente hubiese una rebaja mayor para las rentas entre 22.000 y 33.000 euros. Sin embargo, debido a esta peculiar modulación de la rebaja de tipos, lo normal será que el recorte sea proporcionalmente igual, o incluso en algunos casos mayor, entre los 33.000 y los 60.000 euros. Todo sea por ganar las próximas elecciones generales.
La película de terror continúa
Pero lo peor de todo es que se desaprovecha la oportunidad idónea para desmontar el Frankenstein. Sin tener por qué perder recaudación, era el momento para ser valiente y llevar a cabo una reordenación de los impuestos que paliase muchas de las anomalías existentes en el marco tributario español. Montoro tan sólo tenía que ceñirse a las recomendaciones del grupo de expertos que él mismo constituyó.
Por un lado, se trata sencillamente de eliminar reducciones, deducciones y bonificaciones con el fin de poder repartir la carga tributaria de una forma más acorde con la capacidad de pago y lograr así unos tipos impositivos más bajos y que, por consiguiente, incentiven el trabajo y desincentiven el fraude. Y, por otro lado, se tendría que reordenar la fiscalidad hacia unos impuestos más eficientes y menos onerosos para la actividad económica. O dicho de otro modo, el intercambio de los impuestos directos que encarecen el trabajo por los indirectos que gravan las importaciones pero no las exportaciones.
Es más, esta reformilla comete el gravísimo de error de pasar de largo de los dos principales retos de la economía española: la pérdida de competitividad con respecto al exterior y el déficit público.
La disminución de impuestos no ataja el problema de la recuperación de competitividad. Han bastado unos meses de crecimiento de la economía para que las importaciones vuelvan a dispararse y poner en peligro el reequilibrio de nuestro saldo exterior y, por ende, el pago de nuestras deudas con foráneos. Cuando lo que se necesita es seguir recuperando competitividad para exportar más y sustituir más productos extranjeros por nacionales, el Gobierno se concentra en lugar de ello en bajar el IRPF al objeto de estimular de nuevo el consumo doméstico. La reforma fiscal es por lo tanto una oportunidad perdida para haber bajado cotizaciones y propiciar una segunda ronda de devaluación interna del factor trabajo sin tener que recurrir a los dolorosos despidos o recortes salariales.
El recorte tributario tampoco contribuye a corregir el drama del déficit público. La mayor parte de analistas y la propia Comisión Europea consideran que en 2015 harán falta mayores esfuerzos para reducir el desfase presupuestario en unos 13.000 millones de euros. Si además se bajan los impuestos sin compensarlos con alzas de otras figuras, por mucho que haya un efecto Laffer, se antoja harto complicado el cumplimiento de las metas de consolidación fiscal.
En la mesa de operaciones, Montoro ha renunciado a aplicar el bisturí y desconectar el monstruo. Demasiado problemático con unas elecciones por delante. Así que el Frankenstein fiscal seguirá muy vivo y coleando para gran disgusto de los españoles de a pie.
Luis del Pino Libertad Digital 22 Junio 2014
En 1977, poco antes de la revolución sandinista, el gobierno nicaragüense abrió en Managua la primera escuela del país destinada a los sordomudos. Tres años después se inauguraba en la misma ciudad una segunda escuela, y de ese modo empezaron a cursar estudios unos cuatrocientos niños de diversas edades.
PEDRO J. RAMÍREZ El Mundo 22 Junio 2014
¿Cuánto manda un Rey de España?
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 22 Junio 2014
Interesantes las fotos del primer despacho en Zarzuela entre el nuevo Rey y el presidente del Gobierno, porque ponen en evidencia dónde está ahora la pelota del relevo generacional, quien necesita un cambio de cara completo, un alicatado hasta el techo, la renovación de un partido envejecido y acartonado, quinta esencia de lo conservador, negado para las exigencias del momento político que vive España, esa barba blanca y ese pelito tan repeinado como sospechosamente negro, realidad y ficción, verdad y mentira, yin y yang, Jefe del Estado y primer ministro con el trasero instalado en una silla sospechosamente baja, de modo que la figura de Felipe VI queda elevada por encima de la de Mariano Rajoy, como si alguien hubiera querido hacer evidente una relación de dependencia, una evidencia de superioridad en calidad o rango entre Rey y Presidente, una anécdota que es casi categoría en este inicio de reinado, cuando muchas voces están pidiendo al sucesor de Juan Carlos I un protagonismo del que constitucionalmente carece para impulsar las reformas que el país reclama, tal que si fuera ese líder carismático con poder bastante para mover la mole del miedo al cambio. ¿Puede Felipe VI convertirse en motor de ese cambio, o es un papel que le está vedado? ¿Cuánto manda un Rey de España?
Mucho. Casi todo. En realidad el poder de Juan Carlos I en la Transición española ha sido casi total, con independencia de que lo ejerciera y, sobre todo, de que lo hiciera para bien. Abundan estos días los filibusteros empeñados en hacernos comulgar con las ruedas de molino de recluir el papel del Rey en nuestra monarquía parlamentaria a los términos explícitos que le asigna la Constitución del 78, un error interesado de quienes pretenden seguir camuflando la realidad española y engañando a la procesión de bobos, algunos pretendidamente listos, dispuestos a picar ese anzuelo. La pura verdad es que Juan Carlos I ha tenido en España un poder y un protagonismo que ha rebasado con mucho el mero papel moderador y de arbitraje que le adjudica la Carta Magna, y lo ha tenido porque la sociedad española, las generaciones que conocieron el final del franquismo hicieron posible la Transición, con los traumas del franquismo a cuestas, se lo fueron a ofrecer en bandeja de plata, se lo brindaron, incluso le exigieron que lo ejerciera, desde luego que sí la clase política y naturalmente que también las elites económico financieras, que incluso han pretendido hacer de él un aventajado agente comercial dispuesto a conseguirles contratos por las cuatro esquinas del planeta.
La explicación del fenómeno rebasa con mucho los límites de este artículo, pero sin duda tiene que ver con el origen de nuestra pobre, maltratada democracia, con ese franquismo sociológico aún enquistado en personas e instituciones y con las dificultades de poner en marcha una democracia sin demócratas como la nuestra, una democracia que al final ha venido a mostrar todas esas carencias que hoy están en el frontispicio de las exigencias populares. Son los riesgos de una sociedad sin tradición democrática, con querencia a los liderazgos fuertes (el de Franco, antes; el de Juan Carlos I -a la monarquía se le apellidó de “juancarlista”-, después; el liderazgo feble de un Rajoy que tantos detestan ahora), incluso a los viejos espadones de antaño, donde los perfiles del poder siempre son difusos, entre otras cosas porque la separación de poderes es una quimera y no hay límites claros entre lo público y lo privado. Una democracia de muy baja calidad.
Un poder ejercido siempre en la sombra
Sorprende, por eso, que sean precisamente los que con más dureza censuran las carencias del sistema quienes más empeño pongan en aceptar la versión interesada de que el rey “no manda” porque la Constitución lo impide. Desde luego que ha sido un poder ejercido en la sombra, tras las bambalinas, siempre pegado a los banqueros –una de las aficiones del Monarca cesante ha sido la de hablar por teléfono a todas horas con los “amigos” situados en la cúpula de la gran banca-, siempre con notoria falta de transparencia, carencia demostrada en la opacidad que envuelve ingresos y gastos de la familia real, en la ausencia de una regulación específica –esa Ley de la Corona que ahora se ha echado en falta tras la abdicación-, y naturalmente con una total falta de ejemplaridad en las conductas, pecado del que ha sido en parte responsable el blindaje mediático del que ha gozado Juan Carlos I. Seguramente el “éxito” de la Transición llevaba en su seno la penitencia de una democracia de baja calidad, que los dos grandes partidos, las elites financieras y el propio rey Borbón se encargaron de secuestrar para convertirla en un sistema que garantizaba las libertades formales pero concentraba el ejercicio del poder en manos de unos pocos, rechazando la participación ciudadana, y naturalmente dejando manos libres para operar a su antojo al estandarte del sistema, Juan Carlos I.
El famoso “borboneo” del que tanto se quejaba Felipe González cobró toda su vigencia tras el golpe del 23-F, aunque sea imposible ignorar a estas alturas que ya antes el monarca se había llevado por delante la presidencia de un Adolfo Suárez elegido por las urnas. La incapacidad de un PSOE recién llegado al Gobierno con mayoría absoluta para lidiar con el problema de un Ejército plagado de golpistas dejó las manos libres al Rey para maniobrar a su gusto en los cuarteles, y le otorgó después carta blanca para operar a su antojo, aureolado por el mito del 23-F, como “salvador” de la democracia. Los pulsos que, al margen del mandato constitucional, mantuvo con José María Aznar (incluso algunas claves “marruecas” que tienen que ver con el 11-M) se conocerán el día en que Franquito quiera contar la verdad, en lugar de esas Memorias paniaguadas que ha publicado para hacer caja. Lo que pasó en el ínterin es sabido, aunque aún no se vea en letra impresa, pero se resume en la plena dedicación a su divertimento personal, mayormente mujeres y caza –hasta 176 días de 365 llegó a cazar durante los años de su noviazgo con Marta Gayá- y a acumular una considerable fortuna personal.
El nuevo Rey se ha comprometido a “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Casi nada. Fue la parte más valiosa y relevante de su discurso de coronación, en tanto en cuanto constituyó una enmienda a la totalidad del reinado de su padre, una denuncia explícita a unas conductas –las morales y las otras- que el entonces príncipe Felipe detestaba y que están en el origen del distanciamiento entre ambos. Alguna prensa ha pretendido desviar la atención hacia el 'caso Urdangarin', cuando lo cierto y verdad es que hija y yerno no hicieron nunca nada que no hubieran visto hacer muchas veces en La Zarzuela. A esa promesa solemnemente vertida en las Cortes se han agarrado, cual clavo ardiendo, muchos regeneracionistas que, sintiéndose republicanos, quieren creer que tales promesas emplazan a la Corona, y con ella al resto de las instituciones, a emprender una batalla sin cuartel contra la corrupción como principal lacra del sistema. Desde esta perspectiva, no estaría nada mal que, para empezar, el joven Rey hiciera una pública declaración de bienes, para que los españoles terminaran de creerse sus buenas intenciones y supieran a qué atenerse en el futuro.
El envite catalán, primera prueba para Felipe VI
El primer envite se dibuja en Cataluña. Salvadas todas las distancias, el paralelismo entre el peligro golpista al que tuvo que hacer frente el padre y el desafío secesionista catalán que ahora encara el hijo como primer plato de su reinado está servido. También esta es una amenaza para las libertades y desde luego para la paz y prosperidad de los españoles. Una clase política, con Rajoy a la cabeza, incapaz de hincarle el diente al problema podría tener la tentación de pedirle al joven Rey que se arremangue, salte al ruedo y toree ese morlaco, un desafío del que la Corona podría salir trasquilada en caso de fracaso, pero que, de verse aupada por el éxito, podría abrir la puerta al repertorio de abusos que presidió el reinado de Juan Carlos y que, contaminando por el camino todas las instituciones, culminó en el lamentable episodio de Botsuana y en la obligación ahora, a uña de caballo, de proporcionarle un “aforamiento completo” (sic), es decir, un blindaje judicial total capaz de cubrir tanto el ámbito civil como el penal, y que de tapadillo se meterá este martes en una enmienda a la Ley de Racionalización del Sector Público. Un episodio capaz de avergonzar a cualquier demócrata, pero que a nuestra clase política y periodística, que sigue silbando, distraída, en el muelle de la bahía, le deja indiferente.
¿Cuánto manda un rey de España? Lo que taxativamente marca la Constitución cuando las instituciones están sanas; todo o casi todo cuando, como es el caso, están podridas. Una monarquía pendiente de un hilo, muy dañada en su prestigio, se juega su futuro en ese ejercicio de ejemplaridad que el joven Felipe VI prometió en su discurso, porque solo siendo ejemplar “se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Son palabras que han abierto una ventana de esperanza a muchos españoles empeñados en la regeneración de nuestra democracia que, con todas las reservas que hacen al caso, han optado por dar un margen de confianza, un periodo de gracia al nuevo titular de la Corona en la ilusión de que, haciendo uso de su enorme capacidad de influencia, anime e impulse esas reformas que después la clase política estará encargada de llevar a efecto. ¿Confiar la regeneración al impulso de un Borbón no es esperanza vana? Nunca como ahora fueron tan válidos para tantos españoles estos hermosos versos de Sor Juana Inés de la Cruz: “En dos partes dividida/ tengo el alma en confusión:/ una, esclava a la pasión,/ y otra, a la razón medida”.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 22 Junio 2014
Lo que realmente sienten vascos y catalanes es que son superiores. Pero no se atreven a decirlo
NO me molestó el hieratismo de Mas y Urkullu ante el discurso del nuevo Rey de España. Incluso se lo agradecí. Primero, porque estaban en su perfecto derecho a disentir, pese a ocupar la presidencia de sus respectivas comunidades gracias a la Monarquía que Felipe VI personifica, y, segundo, porque fue el retrato más elocuente de sí mismos, el selfie que mejor reflejaba la inutilidad de todo intento de aproximación, de entendimiento, de diálogo con ellos. La España plural, abierta, democrática de una monarquía constitucional no les satisface por la sencilla razón de que no se sienten españoles.
Quieren una nación distinta a la española. Algo que ni el nuevo Rey ni ningún gobierno puede ofrecerles porque sería tanto como pegarse un tiro en la sien. Y todas las vueltas que le demos o le den los constitucionalistas de prosapia o estampillados son inútiles. Se comprende entonces las caras largas de los señores Roca y Herrero de Miñón, muñidores de trampas legales. La proclamación del nuevo Rey no abrió la vía a las naciones vasca y catalana, ya que la Constitución que ellos redactaron admite solo «nacionalidades», junto a la «indisoluble unidad de la Nación española». O cambian la Constitución o cambian Mas y Urkullu, empecinados en el error (en esto, les sale lo español), pues ni Cataluña ni Vasconia fueron nunca reinos por sí solas. Aunque, repito, discutir con ellos son ganas de perder el tiempo.
Lo que nos devuelve al punto de partida: ¿por qué los nacionalistas vascos y catalanes no se sienten españoles? Porque nos sentimos distintos, responden. Otro embeleco. Todos los españoles nos sentimos distintos. ¿O son lo mismo un andaluz, un asturiano, un aragonés, un extremeño? Lo que realmente sienten vascos y catalanes es que son superiores. Pero no se atreven a decirlo porque el nacionalismo identitario adquirió mala fama después del experimento nazi. Aunque lo que de verdad les molesta es que el resto de los españoles, a los que hasta ahora solo veían como mano de obra barata y mercado de sus productos, de inferior calidad que los equivalentes extranjeros, se les estén aproximando debido al salto dado por bastantes comunidades españolas, que han aprovechado su autonomía para ponerse a la altura de los tiempos, en vez de malgastar sus esfuerzos en veleidades nacionalistas como ellos. Es lo que llaman «envidia invertida»: la que siente el que está arriba hacia el que está abajo, pero se le acerca. Eso es lo que les hizo quedarse tiesos ante el discurso abarcador de Felipe VI y amenazar con marcharse si no se les permite conservar los privilegios tenían y aún tienen, gracias a los que conservan su ventaja sobre el resto. ¡Y todavía se atreven a pedir al nuevo Rey que les ayude a dejar de ser españoles! Está visto que el nacionalismo afecta también a las meninges. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero no es políticamente correcto decirlo hoy en España.
En cuanto a los que se quejan de la falta de dignatarios extranjeros en la proclamación, no hace falta contestarles: son los mismos que, de haber venido, hubieran criticado el boato palaciego del ceremonial. Los de siempre.
JOSEBA ARREGI, EL CORREO 22 Junio 2014
una querella le implica en el 23-f
La Audiencia tiene en sus manos la primera decisión sobre el estatus de Don Juan Carlos
José María Olmo El Confidencial 22 Junio 2014
La Audiencia Nacional tiene en sus manos el primer dictamen sobre la nueva situación legal de Don Juan Carlos. El Gobierno trabaja contrarreloj para dotarlo de un aforamiento completo que le proteja tanto en su faceta de exgobernante como en su vida privada, después de que el pasado miércoles perdiera la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. Pero la primera resolución va a llegar antes de que concluyan esos trámites legales impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Este mismo lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe deliberar sobre la admisión a trámite de una querella contra el Rey Juan Carlos. Y con independencia del resultado del dictamen, los jueces tendrán que pronunciarse sobre el estatus que tiene en estos momentos el monarca, en teoría, sin más derechos que cualquier otro ciudadano.
El pasado mes de abril, el prolífico abogado José Luis Mazón presentó una querella en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno Felipe González, acusándole de un delito de rebelión, tipificado por el artículo 472 y siguientes del Código Penal y castigado con hasta 25 años de cárcel. La querella aludía concretamente al supuesto papel que González jugó en el 23-F basándose en los datos sobre el golpe de Estado aportados por Pilar Urbano en su último libro. La periodista sitúa al expresidente socialista en el Gobierno de concentración que iba a liderar Alfonso Armada tras el golpe, y Mazón recogió esas informaciones y se querelló contra González al considerarlo corresponsable del complot.
Consulte aquí el expediente. Consulte aquí el expediente.
Pero el letrado no se conformó con la acusación a González. En la querella también pidió que se citara como testigo al Rey Juan Carlos, por su supuesta relación con el levantamiento. Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, sólo necesitó un mes para dictar un auto en el que inadmitió la querella. Además de oponerse a la apertura del procedimiento, en esa resolución también recordó que, “la consecuencia prevista en el artículo 56.3 de la Constitución, de que S. M. el Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, prohíbe, inexcusablemente, que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar, ni para ser juzgado”. Es decir, que Pedraz remarcó, al igual que otros muchos jueces en los 39 años que ha durado el reinado de Don Juan Carlos, que era imposible que el jefe del Estado pisara un tribunal.
Con todo, Mazón recurrió el archivo de la querella alegando que el monarca podía declarar voluntariamente como testigo si así lo deseaba. A su juicio, la ley sólo le eximía de la obligatoriedad de comparecer. Y el pasado 2 de junio, cuando el rey anunció por sorpresa su voluntad de abdicar, el letrado decidió ir más allá y amplió la denuncia inicial extendiendo la sombra de la acusación al propio monarca, al apreciar que con esa decisión se daba por terminada la protección excepcional que le correspondía por su cargo.
Semanas sin protección
Técnicamente, en ese momento el Rey aún gozaba de la inviolabilidad que estipula la Carta Magna, pero esa protección desapareció de forma definitiva el pasado miércoles cuando firmó su renuncia al trono. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha colado el aforamiento del monarca en una ley sobre la jubilación de los funcionarios para que en menos de un mes vuelva a estar totalmente protegido. Sin embargo, la deliberación sobre el recurso presentado por Mazón tendrá lugar en el pequeño paréntesis que se ha abierto ahora, concretamente, este mismo lunes, sólo cinco días después de que Don Juan Carlos perdiera su inviolabilidad.
Lo lógico es que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia aborde la actual situación legal del Rey para justificar correctamente su dictamen, aunque acabe desestimando la admisión a trámite de la querella. Y, al contrario de lo que ocurrió cuando Pedraz se pronunció en primera instancia sobre esta cuestión, los jueces de la Sección Segunda no podrán rechazar la imputación o comparecencia del monarca remitiendo al artículo 56.3 de la Constitución.
Hechos prescritos y juzgados
El magistrado ponente que redactará esta nueva resolución será José Ricardo de Prada Solaesa, y estará acompañado en el tribunal de los jueces Concepción Espejel Jorquera y Julio de Diego López. La trascendencia de la deliberación no se encuentra tanto en los hechos juzgados sino en que el dictamen será el primero -y puede que el único- que se pronuncie sobre la ausencia de garantías especiales para Don Juan Carlos.
Consulte el auto de inadmisión.Consulte el auto de inadmisión.
Pedraz resolvió el pasado mes de mayo que los hechos denunciados por Mazón estaban prescritos, al haber transcurrido los 20 años de plazo que fija el artículo 131 del Código Penal para la extinción del delito de rebelión. Además, el magistrado subrayó que el objeto de la querella ya fue sentenciado en el conocido como Juicio de Campamento, en el que se sentaron en el banquillo los máximos responsables militares del 23-F. Las posibilidades de que la querella prospere son prácticamente nulas. Pero el foco se centra en los argumentos que deberán utilizar los magistrados de la Sala de lo Penal para justificar su resolución, que pueden sentar un precedente y desbaratar los planes de Moncloa y Zarzuela.
Daniel Lacalle El Confidencial 22 Junio 2014
- Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.
- Bajar más los impuestos a empresas y familias. Rebajar cuotas a autónomos, de una manera clara y que haga a estas personas valorar positivamente la decisión de montar su negocio independiente. Algo se comenta en esta noticia de El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-21/rajoy-pide-colaboracion-para-incorporar-a-la-reforma-fiscal-cosas-que-sean-razonables_150320/), veremos si es correcto. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota mucho menor, en línea con los países de nuestro entorno -a todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.
Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.
COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco)
El olvido de las víctimas en el País Vasco
latribunadelpaisvasco.com 22 Junio 2014
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha lamentado hoy en Madrid el desprecio y el olvido al que se somete a las víctimas del terrorismo en el País Vasco, donde las ciudades no recuerdan a los damnificados allí donde fueron asesinados.
La portavoz y directiva de Covite Regina Otaola ha realizado estas declaraciones tras acudir a un pleno del Ayuntamiento de Madrid en representación de las víctimas del terrorismo en el que el Consistorio ha acordado la colocación de placas en los lugares de la ciudad donde murieron centenares de personas a manos del terrorismo.
“Es un hecho que en el País Vasco los proetarras silencian y desprecian la memoria, dignidad y justicia de las víctimas”, ha insistido Otaola. Según ha apuntado, la estrategia de quienes justifican el pasado criminal de ETA es la de “echar tierra sobre todo lo que pueda recordar a las víctimas. Quieren volver a enterrarlas bajo la losa del silencio y ninguneo”.
Covite, de la mano de su portavoz, ha anunciado que no va a permitir que se silencie la memoria de los damnificados y ha añadido que para ello es clave el apoyo de las instituciones. “La colocación de las placas es primordial para mantener su recuerdo como acicate para seguir trabajando en pos de la dignidad y la justicia”, ha zanjado Otaola, quien ha destacado que Madrid es “un espacio de libertad para todos los ciudadanos, más aún para los que se exiliaron del País Vasco”.

References: resolución 
 artículo 472
 resolución 
 artículo 56
 artículo 56
 resolución 
 artículo 131