Source: https://elderecho.com/puede-el-fogasa-instar-la-revision-de-una-prestacion-reconocida-por-sentencia-al-apreciar-el-silencio-positivo
Timestamp: 2019-05-27 07:10:41+00:00

Document:
¿Puede el FOGASA instar la revisión de una prestación reconocida por sentencia al apreciar el silencio positivo? - El Derecho
Silencio administrativo en el ámbito laboral
Foro 22-05-2017	Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell
Es por todos conocida la grave situación que se está produciendo en esta ma...
Y más claramente todavía, por disponerlo así el art.146 LRJS –EDL 2011/222121 con expresa mención al FOGASA, puede también recurrir al mecanismo regulado en este precepto legal para interponer una demanda en solicitud de revisión del acto declarativo de derechos que supone aquella resolución presunta.
Es verdad que la STS 16-3-15 -EDJ 2015/51859 señala que «una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto», pero también pone de manifiesto «que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92, EDL 1992/17271 -ya sería el precitado art.47.1.f) L 39/2015 -EDL 2015/166690-, son nulos de pleno derecho los actos presuntos u0022contrariosu0022 al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición».
Entendemos que esta solución olvida que la cosa juzgada no solo se refiere a las pretensiones que fueron invocadas en el anterior proceso, sino que alcanza a todas aquellas que debieron ya alegarse en el mismo, ex. art.400.2º LEC -EDL 2000/77463 «a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste».
En la medida en que la sentencia recaída en el proceso en el que se reclaman...
El efecto negativo de la cosa juzgada que impide entrar a conocer de un litigio por haberse resuelto ya, mediante sentencia firme, aparece regulado en el art.222.1 LEC -EDL 2000/77463 según el cual «la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo». Para que se aprecie el efecto negativo y excluyente de la cosa juzgada es necesario que entre el caso resuelto por la primera sentencia y el posteriormente planteado, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Y si bien entre el primer proceso en el que el trabajador solicita la prestación de garantía salarial y el segundo proceso en el que el Fondo de Garantía Salarial solicita la anulación del reconocimiento de dicha prestación de garantía salarial existe la identidad subjetiva y la objetiva, la causa de pedir en uno y otro es distinta. Así en el primer proceso el trabajador fundamenta su pretensión en la existencia del acto presunto y la única oposición que se va a admitir al Fondo de Garantía Salarial es la que se dirige a negar la existencia de dicho acto presunto, ya que el órgano judicial no va a examinar en ningún caso si el trabajador reúne o no los requisitos establecidos legalmente para lucrar la prestación de garantía salarial, pues, la existencia del acto presunto le exime de acreditar aquellos, en la medida en que el susodicho acto implica la concurrencia de los mismos. Por el contrario, en el segundo proceso, el que se sigue a instancias del Fondo de Garantía Salarial, lo que se va a examinar es si procede la anulación del reconocimiento de la prestación de garantía salarial producido en virtud del silencio administrativo, por no concurrir en el beneficiario los requisitos legales para lucrar dicha prestación.
Creemos que no. La jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha esta...
Pero la cosa juzgada no se vería afectada por la pretendida falta de valoración sobre el fondo, ya que no puede soslayarse que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 16-3-15 -EDJ 2015/51859-, antes referida, deja patente, entre otras consideraciones, que «(...) la exposición de motivos de la L 30/1992 -EDL 1992/17271 anuncia que el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía, exponente de una Administración en la que de primar la eficacia sobre el formalismo, solo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.»
Como señala la sentencia de la Sala Tercera de 17-7-12 (rec 95/12) -EDJ 2012/153927 una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen -obre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art.62.1 f) L 30/92 -EDL 1992/17271 son nulos de pleno derecho los actos presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividadu0022. Por ello, los actos declarativos de la Administración, en este caso del FOGASA, no pueden ser revisados de oficio sino que ha de acudirse a los procedimientos a que alude la citada resolución.
El propio art.146 LRJS -EDL 2011/222121 se refiere a «actos declarativos» y no a resoluciones judiciales. Se regula en este caso una acción especial y característica que pretende la declaración de nulidad de una resolución administrativa, dictada precisamente por la propia entidad que ejercita dicha acción y diferente de la mera declaración de inexistencia del derecho a la prestación de que se trate (STS sala 4ª 20-12-06 (rec 151/05) –EDJ 2006/388375-). Sin embargo, tal vía no es posible cuando esa responsabilidad está ya establecida judicialmente.
Por lo tanto, no está impedido que las entidades y organismos señalados en el art.146.1 LJS -EDL 2011/222121 acudan a los tribunales para solicitar la revisión de sus actos con fundamento en la concurrencia de causa de nulidad de pleno derecho. Pero han de hacerlo respecto de sus actos, no de las sentencias.
El art.24.1 y 3.a), L 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo...
Tras la STS 16-3-15, recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 802/14 -EDJ 2015/51859-, en la que después de declarar que no se puede «aceptar la argumentación del Abogado del Estado de que no resulta posible obtener por silencio administrativo licencias o autorizaciones contra legem o en contra del ordenamiento jurídico, ya que tal argumentación se refiere a supuestos distintos y, como hemos visto, lo único que puede impedir el juego del silencio positivo por el transcurso del plazo máximo en resolver, en los procedimientos iniciados de instancia o de parte, es que exista norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario que prevea para el caso el efecto negativo del silencio, lo cual no ocurre en el caso de autos», citando la sentencia de la Sala 3ª TS, 17-7-12 -EDJ 2012/154877-, citada en la de la misma Sala Tercera 25-9-12 –EDJ 2012/21677-, afirma que «una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 -EDL 1992/17271 son nulos de pleno derecho los actos presuntos u0022contrariosu0022 al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad», en el resto de Resoluciones dictadas por el mismo Tribunal, en los que o no ha estimado la existencia de contradicción, auto de 10-11-15, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3782/2014 –EDJ 2015/222024-, porque «en la sentencia recurrida es la empresa la que reclama la indemnización del 40% abonada a los trabajadores, y se dicta resolución expresa transcurrido el plazo de tres meses. Y lo que se suscita es si debe entenderse estimada por silencio administrativo positivo la solicitud, cuando el FOGASA dicta resolución transcurrido el plazo de tres meses y si puede ser dejada sin efecto por resolución expresa denegatoria posterior», reiterando que «la resolución recurrida se ajusta a la doctrina de la Sala IV, contenida en la reciente sentencia de 16/3/2015, RCUD 802/14 –EDJ 2015/51859-, que declara que opera el silencio administrativo positivo, careciendo de eficacia enervatoria la resolución expresa denegatoria dictada por el FOGASA transcurrido el plazo de 3 meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial» -EDL 1985/7973-, en el de 17-12-15, recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1451/2015 –EDJ 2015/264737-, porque «en la sentencia de contraste el trabajador reclamó al FOGASA las prestaciones correspondientes por la insolvencia de la empresa y, a diferencia del caso de autos, en el supuesto de comparación la resolución administrativa fue dictada en el plazo de 3 meses establecido en el art 28.7 del Real Decreto 505/1985», reiterando nuevamente que «Por lo demás, la resolución recurrida se ajusta a la doctrina de esta Sala contenida en la reciente sentencia de 16/3/2015, R. 802/2014 -EDJ 2015/51859-, que declara que opera el silencio administrativo positivo, careciendo de eficacia enervatoria la resolución expresa denegatoria dictada por el FOGASA transcurrido el plazo de 3 meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial», reiterando dicha doctrina en los de 31-3-12, 12-5-16, por alegar en el recurso de suplicación previo, cuestiones nuevas, auto 12-1-17, Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 409/2016, dado que «no alegó en la instancia que su solicitud había sido estimada por silencio administrativo, siendo por ello novedoso su planteamiento en suplicación, mientras que en la sentencia de contraste dicho alegato se hizo en la instancia, con lo que los supuestos difieren entre sí de manera determinante», o por falta de idoneidad de la sentencia de contraste, autos 31-5-16 y 29-6-16.
Es importante señalar que los art.47.1.f) y 48.1 LPACAP -EDL 1992/17271-, prevén los casos de nulidad, para los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición o anulabilidad, para aquellos otros que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, también prevé la citada Ley la revisión de disposiciones y actos nulos, art. 107 o la posibilidad de impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ahora bien, según establece su art. 110, las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Pues bien, la STS Sala 4ª, 22-12-08, rec 2690/07 –EDJ 2008/272964-, declara que «el problema tiene su centro de decisión en las previsiones que en relación con la cosa juzgada se contienen en el art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, habiendo sido resuelta la cuestión aquí planteada, por la reciente sentencia de 11 de noviembre 2008, rec. 207/2008 -EDJ 2008/234690-, diciendo textualmente, al hilo de lo dispuesto en el art. 222 precitado y citando sentencias anteriores que u0022como puede observarse el precepto en primer lugar establece lo que la doctrina ha llamado efecto negativo de la cosa juzgada, la exclusión de un proceso posterior con idéntico objeto, y, posteriormente, el llamado efecto positivo, la vinculación del tribunal que conozca de un proceso posterior a lo resuelto ya por sentencia firme. Para el juego del efecto negativo, para la exclusión de un nuevo proceso, es necesario que el objeto de los mismos sea idéntico, que la pretensión sea la misma, lo que no se requiere para la aplicación del llamado efecto positivo, pues la vinculación a lo antes resuelto la impone el precedente que constituye un antecedente lógico del objeto del nuevo proceso, que ya fue examinado y resuelto en otro anterior de forma prejudicial, motivo por el que la seguridad jurídica obliga a respetarlo. ».
Como se decía en las sentencias de 23-10-95, rec 627/95 -EDJ 1995/24415 y 27-5-03, rec 543/02 -EDJ 2003/241363-, el efecto positivo de la cosa juzgada requiere, aparte de la identidad de sujetos, una conexión entre los pronunciamientos, sin que sea necesaria una completa identidad de objetos que excluiría el segundo proceso de darse, «sino que para el efecto positivo es suficiente, como ha destacado la doctrina científica, que lo decidido -lo juzgado en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona vinculándolo a lo ya fallado».
Esto no significa que lo resuelto en pleito anterior sea inmodificable indefinidamente pues, si cambian las circunstancias, no opera la presunción legal pero, en caso de no producirse esta alteración, se produce la eficacia material de la cosa juzgada». Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de las sentencias firmes, TS Sala 4ª, 16-1-13, rec 9/12 -EDJ 2013/6664 y las que cita, «que tiene naturaleza extraordinaria y excepcional, ya que su finalidad última se orienta a la prevalencia del principio de justicia material sobre el de seguridad jurídica que acompaña a toda sentencia firme obtenida en un proceso judicial. De aquí que, en la pugna entre ambos principios, dotados en la actualidad de un reconocimiento jurídico constitucional en los art.19 y 24 Const -EDL 1978/3879-, haya tenido que arbitrarse un sistema de protección combinada que propicie la adecuada pervivencia de uno y otro en términos de ajustada ponderación jurídica. Por su parte, como destaca la doctrina jurisprudencial, al constituir una quiebra del principio de autoridad de la cosa juzgada (antes art.1251 CC -EDL 1889/1 y actualmente art.222 LEC -EDL 2000/77463-), con esta posibilidad de revisión se trata de equilibrar la seguridad jurídica (garantizada por el art.9º.3 Const) con la justicia (valor superior del ordenamiento jurídico que proclama el art.1º.1 de la misma Const), haciendo ceder parcialmente aquélla en favor de ésta, de forma que el juicio de revisión no puede exceder de los estrictos límites que tiene legalmente demarcados, pudiendo únicamente ser pretendida a través de las causas previstas en la Ley, que se configuran como u0022numerus claususu0022, imponiéndose pues «una interpretación restrictiva y rigurosa tanto de sus causas, como de sus requisitos formales», a fin de evitar que se convierta en un nuevo grado jurisdiccional en el que, al arbitrio de alguno de los litigantes y con menosprecio de la cosa juzgada, se intente volver a discutir casos ya debatidos y definitivamente resueltos, con olvido de que el recurso de revisión no se ha establecido para corregir sentencias supuestamente injustas, sino para rescindir las ganadas injustamente».
La cosa juzgada material produce una doble vinculación: de una parte, negativa o excluyente, obligando al órgano judicial a declarar inadmisible el proceso cuando advierte que el objeto de éste coincide o es jurídicamente idéntico a lo resuelto en sentencia firme en un proceso anterior; y, de otra, positiva o prejudicial, por la que, si el segundo proceso es sólo parcialmente idéntico a lo decidido en el primero, la decisión de aquél no podrá, sin embargo, contradecir lo definitivamente resuelto en éste. Dicho en otros términos, el órgano judicial del proceso posterior, en el caso de que formen parte de su u0022thema decidendiu0022 cuestiones ya decididas en sentencia firme anterior deberá atenerse al contenido de dicha sentencia, sin contradecir lo dispuesto en ella, sino tomándola como punto de partida.
Los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo pueden ser apreci...
A). Se configura como un verdadero acto administrativo, como un acto declarativo de derechos para el interesado (art.24.2 -EDL 2015/166690-).
B). Una vez producido ya no será posible dictar una resolución expresa posterior al acto presunto que no sea confirmatoria de este (art.24.3 -EDL 2015/166690-).
C). Para su producción sólo es necesario el vencimiento del plazo para resolver sin haberse notificado la resolución expresa (art.24.4 -EDL 2015/166690-).
Lo que no es asumible, como subraya la STS, 4ª, 16-3-15 (rcud. 802/14) -EDJ 2015/51859 en armonía con las SSTS, 3ª, 17-7-12, rec 5627/10 -EDJ 2012/154877-, y 25-9-12, rec 4332/11 -EDJ 2012/216775-, es que una vez operado el silencio administrativo pueda el órgano judicial, o la propia Administración, realizar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto por mucho que sea contrario al ordenamiento jurídico o no reúna los requisitos esenciales para su adquisición, sino que deben seguirse los procedimientos de revisión procedentes. En otras palabras, lo que no cabe es que por el FOGASA, o por el órgano judicial que conoce del asunto, se dicte una resolución expresa posterior al acto presunto desestimando las prestaciones de garantía salarial con el argumento de que no se ajusta a las exigencias de legalidad. El Juez no puede realizar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, para revisar y dejar sin efecto un acto presunto nulo o anulable, el FOGASA debe instar el procedimiento de revisión de actos declarativos de derechos regulado en el art.146 de la Ley de la Jurisdicción Social (en adelante LJS) -EDL 2011/222121-, y así lo expresa la STS 16-3-15 (rcud. 802/14) -EDJ 2015/51859-. Todas las cuestiones relativas al fondo del asunto podrían ser objeto de enjuiciamiento en este proceso si el FOGASA –como afirma Roqueta Buj hubiera dictado una resolución temporánea desestimatoria de la petición, contra la que hubiese reaccionado el solicitante. Cuando, por el contrario, la pasividad administrativa da lugar a la producción del acto presunto positivo, favorable a la solicitud presentada, el eventual desajuste de dicho acto con el ordenamiento jurídico sólo será verificable a través del procedimiento de revisión antes referido. En definitiva, la aplicación del silencio administrativo positivo conllevará el reconocimiento del derecho del trabajador a las prestaciones de garantía salarial solicitadas.
Frente a este procedimiento de revisión instado por el FOGASA ante el Juzgado de lo Social por la vía del art.146 LRJS -EDL 2011/222121 no cabe oponer, en nuestra opinión, la cosa juzgada en sentido negativo o excluyente dado que no se dan los presupuestos del art.222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) –EDL 2000/77463-, en concreto identidad de causas de pedir ni de objetos entre ambos procesos. Una cosa es la sentencia judicial firme que ha reconocido una determinada prestación con cargo al FOGASA por efecto del silencio administrativo positivo, al no resolverse en plazo, y otra bien distinta la demanda que presenta el FOGASA por la vía del art.146 LJS que no cuestiona o contradice la sentencia anterior sino la legalidad intrínseca del acto presunto por conculcar la normativa legal reguladora del derecho reconocido (TSJ Asturias 24-1-17, rec 2496/16 –EDJ 2017/4679-, y TSJ Castilla-León/Burgos 15-6-16, rec 309/16 –EDJ 2016/128019-). Nótese que el art.222.1 LEC dispone que la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. Es por ello que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero, además de existir identidad de sujetos, de litigantes, identidad subjetiva contemplada en el art. 222.3 LEC, ha de concurrir identidad de objetos y de causa de pedir.
Tras la STS 16-3-15, dictada en el rec 802/14 -
1. La respuesta a la cuestión planteada en este foro ha de ser negativa. Med...
1. La respuesta a la cuestión planteada en este foro ha de ser negativa. Mediando sentencia firme que estima la prestación con cargo al Fogasa, la cosa juzgada se despliega con todos sus efectos. Y contra cualquier sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional social sólo procederá la revisión prevista en la L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por los motivos de su art.510 –EDL 2000/77463 y por el regulado en el art.86.3 (art.236 LRJS –EDL 2011/222121-).
La cosa juzgada regulada en el art.222 LEC 1/2000 –EDL 2000/77463-, impide que una misma pretensión, con identidad de personas, cosas y causa de pedir sea objeto de nuevo de pronunciamiento judicial. La LRJS no alude a la cosa juzgada ni en el art.146 LRJS -EDL 2011/222121 ni tampoco en el art.24 –sobre intervención del Fogasa-, a diferencia de cómo lo hace, ya para negar eficacia de cosa juzgada o bien para prevenirla o reconocerla, en materia de legitimación (art.17.5 LRJS) y en otras modalidades procesales (101 -proceso monitorio-, 124 -despido colectivo-, 138 -movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y otros-, 160 -proceso de conflicto colectivo y 166 –impugnación de convenios colectivos-).
4. Se constata en la jurisprudencia contencioso-administrativa que la cosa juzgada tiene matices muy específicos en el proceso contencioso-administrativo, donde basta que el acto impugnado sea histórica y formalmente distinto que el revisado en el proceso anterior para que deba desecharse la existencia de la cosa juzgada , pues en el segundo proceso se trata de revisar la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo nunca examinado antes, sin perjuicio de que entrando en el fondo del asunto, es decir, ya no por razones de cosa juzgada , se haya de llegar a la misma solución antecedente (entre otras, 15-3-99, 5-2-01 –EDJ 2001/29839 y 17-12-01 -EDJ 2001/65383 y 23-9-02 -EDJ 2002/37290, entre otras).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 48
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución