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Proceso de Ejecucion de Garantia - PDF Free Download
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO - CICLO VII
INTRODUCCIÓN Martel Chang, comentando un documento de trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas denominado “facilitando el acceso al crédito mediante un sistema eficaz de garantías reales”,
hace algunos años, concluye que en la actualidad los procedimientos para la ejecución judicial de garantías son demasiado lentos y costosos, lo que desincentiva el crédito al hacerlo mucho más oneroso (mayor tasa de interés y menores plazos), o incluso limitarlo, al no aceptarse muchos tipos de bienes en garantía. Por eso tras años de debates, de idas y vueltas, se ha promulgado la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley Nº 28677, pero faltaban normas procesales para aplicarlas con eficacia. Por eso, advirtiendo la necesidad de modernizar el marco normativo que regula los procesos destinados al cumplimiento de compromisos asumidos en títulos valores y demás títulos ejecutivos, dado que éstos redundan en el ámbito comercial del país; en aras a satisfacer el interés del justiciable, brindando mayores niveles de seguridad jurídica que propicie la inversión nacional y extranjera, se ha dado el Decreto Legislativo Nº 1069 de 28.06.08 que modifica algunas normas procesales para hacer más eficaz el proceso de ejecución de garantías.
CAPITULO 1. PROCESO DE EJECUCIÓN DE GARANTIA 1.1.
La ejecución de garantías conocido en la doctrina como “ejecuciones comerciales”, ejecuciones aceleradas” y “procesos de ejecución calificada” es una acción r eal que
corresponde al titular del derecho real de garantía para hacer efectiva la venta del bien por incumplimiento de la obligación garantizada, lo que se despacha en virtud de un título de ejecución constituido por el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor. Se trata de otra modalidad del proceso de ejecución en el cual se ejecutan toda clase de garantías reales, prescindiendo de variaciones en razón de la persona a favor de quien se ha otorgado la garantía. En este proceso el ejecutante acude a los órganos jurisdiccionales exigiendo tutela jurídica efectiva a fin de que el ejecutado cumpla con las obligaciones contenidas en el título de ejecución que contiene la garantía real o, en caso contrario, se proceda a rematar los bienes dados en garantía mobiliaria, anticrética o hipotecaria. La ejecución de garantías, del modo más simple, debe entenderse como un conjunto de actos jurídico procesales encaminados a la realización del bien o bienes dados en garantía en razón al incumplimiento de la obligación garantizada. Los rasgos que caracterizan al proceso son: (i) Es una modalidad del proceso de ejecución. (ii) Es un proceso vinculado a los derechos reales de garantía. (iii) Es un proceso que conlleva a la venta judicial. (iv) Es eminentemente formal y expeditivo. 1.2.
Sobre la naturaleza del proceso de ejecución de garantías la doctrina considera tres criterios: unos afirman que se trata de un proceso monitorio; otros, que es un proceso ejecutivo; no faltan quienes sostienen que es solo una modalidad de los procesos de ejecución. Proceso monitorio.- Se afirma que el proceso de ejecución de garantías no es más que un proceso monitorio. El iudiculus monitorius es una elaboración del Derecho intermedio italiano ideado para evitar inconvenientes del interminable solemnis ordo iudiciarius, así el proceso monitorio tenía por finalidad simplemente proceder a la ejecución. Éste se inicia con la orden del Juez de pagar o hacer algo, emanado sin previa cognición, a pedido de una parte y sin contradictorio de la otra, orden que contiene la cláusula alternativa de ejecutarse u oponerse a un determinado plazo. Si el demandado no ejecuta o no se opone en el término fijado, la orden del juez adquiere el valor de una sentencia pasada en cosa juzgada; pero si el demandado se
opone a la intimación pierde todo su valor y el procedimiento monitorio cede el puesto al procedimiento ordinario. Proceso ejecutivo.- Para algunos autores el proceso de ejecución de garantías no es más que el proceso ejecutivo, un derivado histórico del processus executivus que nace como un proceso de ejecución y no como un proceso de cognición precisamente para evitar las dilaciones de un proceso de conocimiento, solemne y dispendioso; sin embargo, no puede equiparase a este proceso porque no existe el praeceptus del solvendo. La estructura del proceso ejecutivo es el siguiente: vencido el término previsto en el documento para su cumplimiento, el acreedor lo exhibe ante el Juez, el que previa citación del deudor, ordena mediante el praeceptus del solvendo, que el deudor cumpla con su prestación dentro del término de ley que varía según el ordenamiento jurídico de cada país. El deudor puede oponer o contradecir dentro del plazo, un número determinado de excepciones y defensas que debe resultar del mismo título; de ahí que la cognición que se deriva de la oposición es sumaria. Modalidad del proceso de ejecución.- Se trata de una nueva concepción de los procesos de ejecución que cumplen diferentes finalidades. Los procesos de ejecución muestra que son tres: proceso ejecutivo, (ahora convertida en proceso único de ejecución) de ejecución de resoluciones judiciales u otros títulos y los de ejecución de garantías. La idea fundamental se encuentra en crear un procedimiento acelerado que permita asegurar el remate de ciertos bienes que sirven de garantía, porque ‘el derecho sin
posibilidad de realización (ejecución) no es derecho: una ficción que genera frustración’ El Código adjetivo actual asume este criterio y tiene la virtud de unificar en un solo proceso la ejecución de todas las garantías reales y de simplificar su trámite. Este es la naturaleza de este proceso de ejecución de garantías en el país. 1.3.
El objeto exclusivo de este proceso es el remate del bien dado en garantía, en caso de no solventarse la deuda. Las causas determinantes para la existencia de estos procedimientos tipo, de efectividad de las respectivas garantías, son: A.
Una causa histórica, porque hay que buscarla en el antiguo Derecho procesal, que ofrecía la posibilidad de la sumisión del deudor a la ejecución inmediata, con una cognición muy restringida por parte del órgano jurisdiccional. La idea de que los tipos de procesos del Derecho común existentes ya resultaban inadecuados para lograr las finalidades que tienen hoy y por las mayores posibilidades de defensa que ofrecen al deudor.
La conveniencia de fomentar el crédito territorial a través de una eficaz y rápida realización de bienes puestos como garantía del mismo. Estas dos últimas como consecuencia del avance del Derecho positivo actual. PROCEDENCIA
De conformidad con el artículo 720 inciso 1) del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069, procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo. No debe olvidarse que el proceso de ejecución de garantías teóricamente es uno de los más rápidos y contundentes, debido a la preexistencia de un documento o título ejecutivo que contiene una obligación garantizada, sin embargo en la práctica han resultado ser demasiado lentos y costosos que vienen perjudicando el acceso masivo al crédito al tener su trámite una duración de uno hasta dos años, por eso era necesario conciliar, la teoría, la norma y la práctica en términos reales a fin de que este proceso sea realmente expeditivo y eficaz. A ello se debe precisamente la modificatoria que trae el Decreto Legislativo Nº 1069, que esperamos rinda sus frutos. Uno de los problemas que ha merecido atención ha sido saber ¿Qué suma debe mandarse a pagar en el mandato de ejecución? Se ha advertido en esa materia que existen mandatos de ejecución que ordenan el pago del monto total liquidado en el estado de cuenta del saldo deudor, más intereses legales o pactados, a despecho del artículo 1219 del Código Civil que prohíbe el anatocismo (capitalización de intereses). Si bien la deuda vencida debe incluir los intereses, lo evidente es que ese extremo se liquide en la fase de ejecución, tal como se ordena en el numeral 746 del texto procesal, por lo tanto mandar a pagar de modo adelantado intereses y propiciar además la capitalización de ellos resulta arbitrario e ilegal. 1.5.
Es el acto jurídico de iniciación procesal en virtud del cual el ejecutado pretende lograr la realización o ejecución del crédito derivado de un título de ejecución, como tal, su fraccionamiento exige el cumplimiento de los requisitos generales de postulación contemplados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal civil, sujetándose además a las exigencias siguientes:. A.
El ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor. El primero, o sea, el documento que contiene la garantía, es el título de ejecución en el que figura expresamente la
garantía de mobiliaria, la anticresis y la hipoteca que debe ejecutarse en caso de incumplimiento. En cambio, el estado de cuenta del saldo deudor, es otro documento que contiene una operación en el que se establece la situación en la que se encuentra el deudor respecto de las obligaciones que ha contraído, en el que se especifique, el monto de intereses, los gastos que hubiera ocasionado, el monto que ha devengado la liquidación por cláusula penal, etc. Entonces, el objeto del saldo deudor está referido a la cantidad que el ejecutado debe pagar, en caso de prosperar la acción, para evitar el remate del bien dado en garantía. Si el bien fuere inmueble, debe presentarse documento que contenga tasación comercial actualizada realizada por dos ingenieros y/o arquitectos colegiados, según corresponda, con sus firmas legalizadas. Si el bien fuere mueble, debe presentarse similar documentos de tasación, la que, atendiendo a la naturaleza del bien, debe ser efectuada por dos peritos especializados, con sus firmas legalizadas. Se refiere a la tasación comercial actualizada del bien como exigencia para la admisión de la demanda de ejecución de garantías. No será necesaria la presentación de nueva tasación si las partes han convenido el valor actualizado de la misma. Tratándose de bien registrado se anexará el respectivo certificado de gravamen, se entiende que debe ser expedido por los Registros Públicos correspondientes.
La resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo y sólo se notificará al ejecutado cuando quede consentida o ejecutoriada. (720) 1.6.
El juez previamente debe calificar la demanda y puede hacerlo en forma negativa o positiva. En el primer caso, la rechazará y en el segundo supuesto la admitirá a trámite mediante auto denominado mandato de ejecución. Admitida la demanda, se notificará el mandato de ejecución al ejecutado, ordenando que pague la deuda dentro de tres días, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantía. Por consiguiente, el ejecutado en esta modalidad de proceso de ejecución puede asumir las alternativas siguientes: A.
Cumplir el mandato de ejecución dentro del término previsto, se trata de una aceptación incondicional, lo que se expresa en el cumplimiento de la obligación derivada del título de ejecución. Proponer contradicción al mandato de ejecución, en el plazo de tres días desde su notificación. 5
Una innovación importante es lo dispuesto en el numeral 720 in fine, según el cual, en el mandato ejecutivo debe notificarse al deudor, al garante y al poseedor del bien en caso de ser personas distintas al deudor. Todo ello a fin de garantizar el debido proceso. Empero si el ejecutante omite demandarlo o mencionarlos en la demanda, el Juez debe integrar la relación procesal tanto al garante como al poseedor del bien para que puedan hacer valer sus derechos conforme a los artículos 95 ó 101 del Código adjetivo vigente. 1.7.
El ejecutado, en el mismo plazo que tiene para pagar, puede contradecir con arreglo a las disposiciones generales. La contradicción del mandato ejecutivo sólo podrá fundarse según la naturaleza del título en: A.
INEXIGIBILIDAD O ILIQUIDEZ DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL TÍTULO.Es inexigible una obligación cuando el deudor es demandado en un lugar distinto a donde se contrajo la obligación (lugar), cuando el plazo aún no se ha vencido (tiempo) y cuando el título no despacha ejecución conforme a ley (modo). La iliquidez se refiere a que no es posible liquidar la obligación por simples operaciones aritméticas. NULIDAD FORMAL O FALSEDAD DEL TÍTULO.También cuando siendo éste un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia. La nulidad formal está referida a la inobservancia de los requisitos formales del título, que es distinta a la nulidad sustancial referida a los vicios de voluntad, en cuyo caso debe ser rechazada. La falsedad del título, debe sustentarse en la alteración de la materialidad del título (simulación, alteración de originalidad, enmendaduras, etc.) LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA.Los modos de extinción de las obligaciones son el pago, la novación, la compensación, la condonación, la consolidación, la transacción y el mutuo disenso; consiguientemente, si la obligación ha quedado extinguida por cualquiera de estas formas, debe declararse fundada la contradicción.
Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con prueba instrumental. La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo.
ORDEN DE REMATE Y SALDO DEUDOR
De la contradicción formulada por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por tres días y, con su contestación o sin ella, se resolverá: (i) ordenando el remate o, (ii) declarando infundada la contradicción. Luego se establecerá el saldo deudor conforme a lo establecido para las obligaciones de dar sumas de dinero. A.
ORDEN DE REMATE.La ley establece que transcurrido el plazo sin haberse pagado la obligación o declarada infundada la contradicción, el Juez, sin trámite previo, ordenará el remate de los bienes dados en garantía. En este tipo de procesos sólo cabe expedir un auto, en la medida en que pone fin al proceso de ejecución resolviendo la contradicción propuesta por el ejecutado. En tal sentido se expide el auto para resolver la contradicción ordenando el remate en caso de que ésta no se hubiera formulado, por lo tanto, no procede emitir decisión final como se hacía antes. (713) SALDO DEUDOR.Si después del remate del bien dado en garantía, hubiera saldo deudor, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, conforme a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero. En este tipo de procesos no proceden medidas cautelares. (724 Mod. D. Leg. 1069)
Capitulo 2. LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS. La Ley de garantía mobiliaria - Ley N° 28677, se publicó el 1 de marzo de 2006, y está vigente a partir del 30 de mayo del 2006. 2.1. BIENES Y OPERACIONES GRAVADAS. Esta Ley permite que se puedan constituir garantías reales sobre cualquier tipo de bien o derecho que el acreedor y deudor consideren con relevancia económica, tales como: A.
Bienes tangibles, presentes y futuros, como los vehículos terrestres de cualquier clase (inciso 1), las construcciones en terreno ajeno (inciso 3), los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo (inciso 4), los bienes muebles futuros (inciso 12), todo tipo de maquinaria o equipo que conserve su carácter mobiliario (inciso 15), todo bien mueble dado en arrendamiento financiero o arrendado (inciso 17), las naves y aeronaves (inciso 19), los pontones, plataformas y edificios flotantes (inciso 20), las locomotoras, vagones y demás material rodante afecto al servicio de transportes (inciso 21), en general, todos los bienes muebles salvo en los casos señalados como excepciones (inciso 22). Derechos, como los que surgen de patentes y marcas de fábrica (inciso 9), el derecho de obtener frutos o productos de cualquier bien (inciso 14), los derechos a dividendos o a utilidades de sociedades (inciso 16). Bienes intangibles, en particular, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación (inciso 2); el saldo de cuentas bancarias, depósitos bancarios, cuentas de ahorro o certificados de depósito a plazo en bancos u otras entidades financieras (inciso 6); las carteras de créditos (inciso 10), créditos presentes o futuros del deudor o del constituyente de la garantía mobiliaria (artículo 16). Bienes fungibles y no fungibles, como los inventarios constituidos por bienes fungibles o no fungibles (inciso 5). Títulos valores, como los conocimientos de embarque o títulos de análoga naturaleza (inciso 7); las acciones o participaciones en sociedades o asociaciones, aunque sean propietarias de bienes inmuebles (inciso 8); y, los títulos valores de cualquier clase incluyendo aquellos amparados con hipoteca o los instrumentos en los que conste la titularidad de créditos o derechos personales, excepto los cheques (inciso 11). Excepciones: Si bien puede ser objeto de garantía mobiliaria todo bien mueble, ello no puede ocurrir tratándose de los siguientes bienes muebles: 8
Las remuneraciones; El fondo de compensación por tiempo de servicios; Los warrants; Los certificados de depósito; Los bienes muebles inembargables, señalados en el artículo 648 del Código Procesal Civil; Los recursos que constituyen el encaje bancario de conformidad con el artículo 163 de la Ley Nª 26702; y, Los bienes que integran los fondos de aportes obligatorios, el encaje legal, el fondo de longevidad, el fondo complementario y los demás señalados en el artículo 20 del Decreto Supremo Nª 054-97EF.
2.2. ACREEDORES Y DEUDORES. La presente Ley plantea la eliminación de todos los privilegios existentes en el acceso a las garantías, de forma tal que las garantías especiales que antes existían sólo a favor de algunas actividades económicas (prenda agrícola, minera, industrial, global y flotante, etc.) quedan subsumidas en el concepto omnicomprensivo de la "Garantía Mobiliaria". En este sentido, en la tercera disposición final se indica que debe entenderse como garantía mobiliaria cualquier referencia a los siguientes tipos de prenda:              
Prenda civil; Prenda comercial; Prenda de acciones; Prenda de créditos; Prenda agraria; Prenda industrial; Prenda minera; Prenda global y flotante; Prenda de motores de aeronaves; Prenda de marcas, patentes y demás derechos de análoga naturaleza; Prenda vehicular; Hipoteca sobre naves; Hipoteca sobre aviones; Hipoteca de embarcaciones pesqueras; 9
Hipoteca minera; Registro fiscal de ventas a plazos y otras similares.
Cabe resaltar que esta Ley considera que las naves, aviones, embarcaciones pesqueras, pontones, plataformas, edificios flotantes, estaciones, vías de ferrocarril y material rodante afectado al servicio, son bienes muebles. Es decir, las garantías a constituirse sobre estos bienes se consideran como garantías mobiliarias, habiéndose derogado los incisos 4, 6 y 9 del artículo 885 del Código Civil que calificaba dichos bienes como bienes inmuebles. 2.3. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. Esta Ley establece requisitos estandarizados y flexibles para la constitución de cualquier tipo de garantía mobiliaria, teniendo como meta la reducción drástica de los actuales costos de transacción. Así, tenemos que: A.
El acto jurídico constitutivo constará por escrito y podrá instrumentarse por cualquier medio fehaciente que deje constancia de la voluntad de quien lo otorga, incluyendo el télex, telefax, intercambio electrónico de datos, correo electrónico y medios ópticos o similares, conforme a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y demás normas aplicables; Cuando se afecte en garantía mobiliaria títulos valores o valores representados mediante anotaciones en cuenta, la garantía mobiliaria se constituirá de acuerdo con lo dispuesto por la ley de la materia. La presente ley se aplicará supletoriamente en lo que sea pertinente; El acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria deberá contener como mínimo:  Información que permita identificar al acreedor garantizado, al deudor, al depositario y a los representantes de las partes intervinientes;  En caso de bienes no registrados, la declaración jurada del constituyente sobre su condición de propietario del bien mueble afectado en garantía mobiliaria;  • El valor del bien mueble afectado en garantía y el monto determinado o determinable del gravamen;  Información sobre el bien mueble afectado en garantía y sobre la obligación garantizada;  La fecha cierta del acto jurídico constitutivo y el plazo de vigencia de la garantía mobiliaria;
La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía mobiliaria; y, La indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un Registro Jurídico de Bienes, cuando corresponda.
Asimismo, se establecen disposiciones referentes a la pre constitución de una garantía mobiliaria: condiciones, eficacia, prelación y su falta de perfeccionamiento. 1.4. RANGO DE PRIORIDAD DE LAS GARANTÍAS. Esta Ley regula los privilegios y las preferencias que muchas veces se otorgan en razón de las personas o de cierto tipo de actos jurídicos, estableciendo reglas uniformes entre acreedores, adquirientes de derechos, embargantes, derechos del Estado y otros que tuvieran algún tipo de interés o derecho sobre los bienes otorgados en garantía. Así, se establece que el orden de prioridad está basado en el principio "primero en inscribir, primero en derecho", que afecta a cualquier forma de gravámenes o privilegios, específicos o generales, relacionados con los bienes otorgados en garantía. Esto es porque se establece que el acreedor garantizado tiene preferencia sobre la base de la fecha de su inscripción en el Registro correspondiente cuando se trate de:  
La garantía mobiliaria regulada por esta Ley; y La constitución de garantías mobiliarias sucesivas sobre un mismo bien mueble. Sin embargo, cabe señalar dos excepciones en las que el orden de preferencia en el pago a los acreedores se rige según las leyes propias de su materia: En los procedimientos de disolución y liquidación de empresas rige el artículo 42 (orden de preferencia), de la Ley General del Sistema Concursal; y En las garantías mobiliarias constituidas sobre títulos valores rige la Ley de Títulos Valores.
Capitulo 3. EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA 3.1. GARANTÍA HIPOTECARIA Se puede afirmar que la hipoteca es un derecho real que no trae desposeimiento del bien deudor por parte del acreedor a diferencia de la pignoración (Anticresis y prenda) que sin conllevar la desposesión del bien del deudor por parte del acreedor. Hay autores que han considerado que la hipoteca no es un derecho real, sino una cualidad del crédito garantizado. Es decir un crédito reforzado, pero con derecho de persecución y preferencia. Las normas que regula la materia de hipotecas, prendas y anticresis están reguladas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que de esa manera se establece ciertos lineamientos homogéneos de aplicación en los países. Un ejemplo de lo expuesto arriba lo vemos en el Código Bustamante cuando nos dice que son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca. Debemos tomar en consideración la relación existente entre el proceso ejecutivo mixto y el hipotecario, pero sobre todo debemos estar consientes de sus diferencias. A.
PROCESO EJECUTIVO MIXTO: Es cuando el acreedor con garantía prendaría o hipotecaria desea hacer efectiva totalmente la responsabilidad patrimonial del deudor. PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO: Es el pago de una obligación en dinero y la venta en pública subasta del bien objeto de la garantía
Habiendo señalado esto, queda pues claro ahora analicemos el procedimiento de acuerdo con la presentación de la demanda, la sentencia y los recursos. 3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EJECUTIVO Si buscamos en la doctrina, el proceso ejecutivo o denominado por otro sector de la doctrina "juicio ejecutivo" tiene características principales y secundarias: A. PRINCIPALES  Se requiere demanda y el título cierto, liquido y exigible  Satisfacer la obligación  La Contradicción
Las partes están en situación de desigualdad, se parte del principio de culpabilidad del deudor. B. SECUNDARIAS Principio de Celeridad. Admite diversas alternativas según la obligación que se persigue. Paz Social y Justicia Eficiente La cuantía puede ser ampliada o reducida 
En efecto, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que estudiamos y por cual se adelanta la vía real, el ejecutante está constituido por el acreedor, incluido en este concepto la persona que derive de él ese derecho, mientras que el ejecutado es el titular del dominio del bien afecto al gravamen, sea hipoteca o prenda. El demandado siempre tiene que ser titular de dominio del bien afecto al gravamen al instaurarse la demanda, esto es, quien lo adquirió con la hipoteca o la constituyo para afianzar su propia obligación o una ajena. En este evento es factible que quien constituye la hipoteca también adquiera la calidad de deudor, siempre que así se contemple en el documento contentivo de la obligación. 3.3. INICIO DEL PROCESO La demanda del proceso ejecutivo debe estar dirigida contra el deudor ya que es éste el causante de la acción civil acompañada del documento que preste mérito ejecutivo. Podemos demandar el cumplimiento de las obligaciones, claras y exigibles, que consten en documentos escritos provenientes del deudor o del causante que constituyan plena prueba contra el mismo. También lo son de acuerdo al artículo 1613 los siguientes en cuanto a las hipotecas los siguientes para nosotros los más importantes de resaltar: 
Las sentencias ejecutoriadas de condenas y resoluciones ejecutoriadas que aprueben un allanamiento, un acuerdo o un convenio. Las sentencias de árbitros y arbitradores; Toda actuación judicial de la cual aparezca que una persona está obligada a pagar una cantidad, entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa; Las escrituras públicas; Los documentos privados siempre que el deudor haya reconocido su firma. Cualquier otro título que la ley le atribuya fuerza ejecutiva.
Tenemos que tener presente si la misma descanso sobre una hipoteca mayor o menor a cinco mil balboas con el objeto de determinar la competencia y jurisdicción del juez ante quien se pretende ventilar el caso. Si el bien está gravado con más de una hipoteca, debe citarse a todos los acreedores de la misma con el fin de que hagan valer su crédito mediante la figura de tercería coadyuvante y solo son admitidas en el caso que hayan sido citados en su calidad de acreedores. En caso de tercería coadyuvante o excluyente, la misma puede hacerse si aún no se ha realizado el pago al acreedor. Si los bienes hipotecados estuvieran en poder de terceros, puede acumularse la ejecución hipotecaria con citación de tales poseedores con la ejecución común del deudor, según lo plantea el Capitulo V del Título XIV que nos habla del proceso Ejecutivo de la parte segunda en el Libro Segundo de Procedimiento Civil del Código Judicial. Para gozar del privilegio de la tercería, quien la solicita debe tener instrumento ejecutivo caso contrario será rechazada de plano y en este último escenario la apelación será otorgada en efecto diferido. Sin embargo, no podrá procederse al remate si no está decididas las tercerías que se hayan introducido EL proceso hipotecario en su fase inicial en la legislación panameña, conserva las mismas etapas de ejecución corriente, aunque desde luego, presente sus propias peculiaridades a la cual no es ajena el auto admisorio. Se presentan las siguientes etapas procesales que hemos separado de la siguiente manera: A) B) C) D) E)
Presentación de la Demanda; Defensa y Excepciones; La Sentencia; Medidas Cautelares, Avalúo y remate; Impugnación.
3.4. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA La demanda, debe observar los requisitos generales establecidos en el Código Judicial, pero específicamente es indispensable el lleno de otros que son propios de este tipo de procesos. En cuanto a las pretensiones se concretan a solicitar que se libre orden de pago por el valor del crédito, sus intereses y costas de igual a manera a como se 14
procede en el ejecutivo singular. Es importante en la demanda individualizar el bien o bienes gravados por su situación, linderos, denominación si son inmuebles o su peso cantidad, calidad cuando se trata de muebles. También como un anexo en la demanda debe ir copia de escritura pública contentiva de la hipoteca en donde aparezca la constancia notarial de que presta merito ejecutivo, además constancia de su registro por ser este requisito para la existencia de la hipoteca. El certificado tendiente a establecer la existencia del gravamen y la titularidad del bien en el demandado o ejecutado. Decimos que certificado, de manera general sin referirlo a uno en particular en razón de que la hipoteca como observamos anteriormente puede constituirse no solo sobre inmuebles sino también sobre naves aéreas y marítimas, cuya correspondiente escritura se registra en departamentos diferentes. La de bienes inmuebles corresponde en el departamento de Propiedad 1 Propiedad 2 y Propiedad Horizontal, las naves marítimas en el Departamento de Naves todas del Registro Público. El documento contentivo de la obligación cuyo pago se persigue y que debe reunir las formalidades exigidas por la ley para tener la calidad de titulo ejecutivo. Es común que en el mismo documento se contraiga la obligación y se constituya hipoteca. Si la demanda es correcta y a ella se adjuntan los anexos exigidos por la ley y que mencionamos anteriormente, el juez profiere mandamiento ejecutivo. Como esta modalidad del ejecutivo posee ciertas peculiaridades en razón de naturaleza del proceso, el mandamiento ejecutivo debe contener otros pronunciamientos. Los aspectos que en general debe contemplar ese auto o resolución se concretan a las siguientes: art. 1737 Código Judicial: “el auto ejecutivo contendrá la orden de pago de lo que se deba por capital e
intereses, claramente especificados, y de las costas y el embargo del bien hipotecado. Serán aplicables a este caso las reglas relativas al depósito de bienes embargados o secuestrados” A.
CONTENIDOS Y REQUISITOS DE LA DEMANDA Fuera de los requisitos, condiciones y anexos exigidos para los demás demandas, deberá expresar:
La pretensión, que deberá perseguir el pago de una suma liquida de dinero Especificación del bien o bienes materia del gravamen prendario o hipotecario Deberá acompañarse el título ejecutivo con garantía prendaria o hipotecaria, en que conste la obligación clara, expresa, y exigible de pagar suma liquida de dinero.
3.5. DEFENSA Y EXEPCIONES La notificación es un acto jurídico procesal, que en todas las legislaciones se reviste de especiales formalidades. Ninguna resolución produce efectos sin haberse notificado. Existen resoluciones que se cumplen, tienen efectos y son válidas, sin que hayan sido notificadas, como sucede en el caso del embargo y el secuestro. La notificación es importante porque constituye una relación jurídica procesal con el efecto consiguiente de producir la pendencia de la litis (pleito pendiente) y además se determina la jurisdicción y competencia (perpetuatio jurisdictionis) y la calidad de parte. La notificación del mandamiento ejecutivo se sujeta a las mismas reglas de ejecución corriente, la cual a su vez, observan las generales que rigen lo concerniente al primer auto que se profiere en todo proceso. La notificación del mandamiento ejecutivo se practica por un procedimiento especial. Se envía al ejecutado o a su representante o apoderado una citación, por oficio que se le entregará por conducto de un empleo del despacho o por correo certificado, en la última dirección registrada en la oficina de impuestos nacionales de renta y patrimonio o en la entidad recaudadora, o que haya sido declarada en el proceso de sucesión (lo último cuando se trate de impuestos sobre la herencia o las asignaciones); si no existen esas direcciones, la notificación se surte por aviso publicado por una vez en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, se le nombrará de la entrega del oficio en el mencionado lugar, se le nombrará curador ad litem a quien se le hará la notificación y con quien se seguirá el proceso hasta cuando aquel se presente o hasta su terminación. En la misma forma se hará las citaciones para notificar los títulos ejecutivos a los herederos del deudor.
Por su parte, las excepciones que el ejecutado opusiera y los incidentes que promoviera se tramitarán de conformidad a lo dispuesto en las secciones 7ma y 8va. Del Capítulo I del Título IXIV. (Artículo 1737 C. Judicial). 3.6. LA SENTENCIA La sentencia que se dicta en el ejecutivo con garantía hipotecaria se profiere en dos ocasiones: 
Cuando durante el traslado el ejecutado no ha hecho uso de ninguno de los derechos o actos que le permite la ley, esto es no cumple la obligación y tampoco propone excepciones. En el supuesto de que se propongan excepciones y no prosperen o la reconocida sea parcial, por cuanto la ejecución continúa por el saldo.
En consecuencia, es factible que en la oportunidad procesal de dictar sentencia solo se haya efectuado el embargo, sin que ello sea causa para proferirla, pero se impone practicar el secuestro para luego proceder al avalúo. La sentencia ordena la venta del bien o bienes afectos al gravamen hipotecario para que con sus productos se paguen el capital los intereses adeudados hasta cuando se cumpla con la obligación y las costas del proceso. En la sentencia el juez decreta también el avalúo del bien objeto del gravamen, para lo cual se designan peritos y se señala fecha de posesión, condicionándolo al secuestro en caso de que no se hubiese practicado. Finalmente si en el proceso intervienen otros acreedores que tienen garantía sobre el mismo bien perseguido se hace la graduación de créditos, es decir orden de cancelación y por la cual sabemos que los títulos ejecutivos hipotecarios tienen prelación. Dispone que no es admisible acumulación de demandas y procesos con títulos distintos a los determinados. Con cual despeja la duda que antes existía al respecto; la razón y la jurisdicción es siempre improrrogable. 3.7. MEDIDAS CAUTELARES, AVALÚO Y REMATE Para la Doctrina, el proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición procesal de la litis pues su finalidad es la garantía del desarrollo o resultado de otro proceso del cual saldrá la composición definitiva (Carneluttí).
las medidas cautelares se rigen por las reglas establecidas para el ejecutivo singular en cuanto a la práctica o manera de llevarlas a cabo, la forma de proponer, decidir la oposición y las causales que fundan el levantamiento. Sin embargo presta algunas características como practicarlas previamente, es decir, antes de notificar el auto admisorio de la demanda al demandado y sin necesidad de prestar caución a razón de que aparece establecido el gravamen en el bien que se afecta en ellas. Se dan algunas facilidades para la práctica de los embargos; es una norma clara que no merece comentario; es una norma clara que no merece comentarios: si el deudor no denuncia bienes para el pago, o los denunciados no fueren suficientes, el funcionario ejecutor solicitara toda clase de datos sobre los que aquel pertenezcan, y las entidades o personas a quienes se les soliciten deberán suministrarlos si pena de que se les impongan multas sucesivas de quinientos a cinco mil pesos, salvo reserva legal. Una de las figuras más importantes dentro de este tipo de procesos es la caución o garantía, seguridad personal de que se cumplirá lo pactado, es decir, la resolución judicial tendrá en efecto las consecuencias tangibles que persigue el acreedor. Para ello, se fija una fianza para que el proceso no sea ilusorio y no advertir al demandado. Con tal fin se realiza un avalúo o dictamen pericial que se hace del valor o precio del bien. Falladas las excepciones e incidentes en el caso de no haber sido aquellas presentadas a tiempo, el tribunal transcurridos tres días desde la notificación del auto ejecutivo, dispondrá que se lleve a cabo el remate de la finca hipotecada. (Art. 1738 C.J.) La consecuencia inmediata es la adjudicación de la propiedad rematada. 3.8. LA IMPUGNACIÓN DE LO ACTUADO 
El sustento de la impugnación en el proceso ejecutivo se basa en: Los errores in iudicando Los errores in procedendo La revisión por un órgano jerárquicamente superior, quien puede anular (si contiene algún error o vicio que invalida la resolución) o revocar (total o parcialmente) Disconformidad con el resultado de la sentencia
3.9. EJECUCIÓN CON TITULO HIPOTECARIO O PRENDARIO Para que sea procedente esta ejecución, se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
El titulo ejecutivo debe estar garantizado con hipoteca o prenda. Mediante los trámites de este proceso solo exigible el pago de obligaciones en dinero Solo son susceptibles de perseguir exclusivamente los bienes gravados con hipoteca o prenda Debe pedirse la venta en pública subasta del bien hipotecado o dado en prenda
CONCLUSIONES A.
PROCESO DE EJECUCIÓN GARANTIA  El proceso de ejecución de garantías es una modalidad del proceso de ejecución que tiene por objeto que el órgano jurisdiccional ordene al ejecutado pague la deuda al ejecutante dentro del término de ley y bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantía.  La finalidad del Decreto Legislativo Nº 1069 es hacer del proceso de ejecución de garantías uno más expeditivo y eficaz, mejorando la Administración de Justicia en Materia comercial”, en el marco de la adecuación normativa al
Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos.  Los procesos de ejecución de garantías en nuestro medio se tramitan con bastante frecuencia; sin embargo su ejecución ha sido angustiosa por los dilatados trámites que nos recuerda al proceso común, a pesar de la simplificación de sus trámites que no ha sido bien entendida por quienes administran justicia. LEY DE GARANTIA MOBILIARIA  Se establece la creación de un Sistema Integrado de Garantías y Contratos que enlazaría la información existente en un Registro Mobiliario de Contratos con los Registros Jurídicos de Bienes;  Se permite y regula la venta extrajudicial de los bienes muebles afectados en garantía. PROCESO DE EJECUCIÓN GARANTIA HIPOTECARIA  Podemos decir que la hipoteca es un contrato oneroso, por regla general sin embargo, el deudor no pierde la posesión ya que al ser un derecho accesorio, puesto que sigue la suerte del derecho principal al que garantiza, si la obligación principal es nula, la hipoteca constituida no es válida.  Hay distintos medios que el interesado puede promover a efecto de dejar sin consecuencias jurídicas las actuaciones tanto dentro del proceso o una vez el mismo finalice. A esto medios la doctrina como la normativa los denomina medios de impugnación que están recogido en el articulado del Código Judicial panameño.
BIBLIOGRAFÍA 
ARIANO DEHO, Eugenia. El Proceso de Ejecución. Lima: Rodhas, 1996. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal Civil. Santa Fe de Bogotá: Temis S. A., 1994. HERRERA NAVARRO, Santiago. Procesos de Ejecución. Teoría, Práctica y Jurisprudencia. Trujillo, Normas Legales SAC, 2002. HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Procesos de Ejecución. Lima: Jurista Editores, 2004. MARTEL CHANG, Rolando. Proceso de Ejecución de garantías. En: Actualidad Jurídica, Publicación mensual de Gaceta Jurídica, 2001. PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999. OVALLE FAVELLA, José. Derecho Procesal Civil. México: Harla. D.F.
Report "Proceso de Ejecucion de Garantia"

References: artículo 720
 artículo 1219
 resolución 
in fine
 artículo 648
 artículo 163
 artículo 20
 artículo 885
 artículo 42
 artículo 1613
 resolución 
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