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Timestamp: 2018-05-27 08:15:07+00:00

Document:
Dentro de un proceso de divorcio los perjuicios de la soledad y el no pasar manutención a los hijos sustenta el otorgar una indemnización a la cónyuge - Actualidad Civil
CAS. N.º 3915-2015 LIMA NORTE
Emitida el 5 de abril del 2016
Señor Juez Supremo Calderón Puertas
Fundado el recurso de casación
Tercer Pleno Casatorio, Casación N.º 4664-2010- Puno
“[…] la demandada no contó con la colaboración de su esposo para la formación de sus hijos y que, antes bien, sufrió los perjuicios de la soledad a la que la condenó el estado de separación. A criterio de este Tribunal Supremo ello genera daño moral, dado que constituye una máxima de experiencia que el cuidado de los menores en el estado al que se ha hecho mención y la desatención económica generan aflicción y perturbación anímica que merece ser indemnizadoˮ.
CAS. N.º 3915-2015
Lima, cinco de abril de dos mil dieciséis.
DIVORCIO POR CAUSAL SEPARACIÓN DE HECHO.
Principio de flexibilización. En los asuntos de familia los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal “deben aplicarse en forma flexible”, dada la naturaleza tuitiva de este tipo de procesos de familia y de la necesidad de dar solución al conflicto en sí mismo. Tercer Pleno Casatorio, Casación N.º 4664-2010- Puno.
La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número tres mil novecientos quince – dos mil quince, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente; emite la siguiente sentencia:
En el presente proceso de divorcio por causal de separación de hecho, mediante escrito obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco, Margot Guadalupe Zelaya Díaz interpone recurso de casación contra la sentencia de vista de fecha dos de junio de dos mil quince (fojas doscientos cuarenta y dos), expedida por la Sala Laboral Permanente y Procesos de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que confirma la sentencia de primera instancia del veintisiete de agosto de dos mil catorce (fojas ciento noventa y dos), que declaró fundada la demanda.
1. DEMANDA. En fecha diecisiete de setiembre de dos mil, mediante escrito de fojas catorce, Alfonso Salas Gamboa demanda divorcio por causal de separación de hecho contra Margot Guadalupe Zelaya Díaz, bajo los siguientes argumentos: − Que contrajo matrimonio civil con la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz el veintiséis de enero de mil novecientos setenta y cuatro ante la Municipalidad de Puente Piedra - Lima; en dicha relación llegaron a procrear a sus hijos Alfonso (nació el veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro) y Milagros (nació el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y cinco), quienes son mayores de edad. − Por incompatibilidad de caracteres, con fecha cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, se separaron de hecho, conforme a la ocurrencia policial que adjunta y a partir de ello han vivido separados, siendo que a la demandada le viene acudiendo por concepto de alimentos con doscientos nuevos soles (S/. 200.00); además ella percibe una renta por alquileres de ochocientos nuevos soles (S/. 800.00), aproximadamente, producto del inmueble que constituye anticipo de legitima a favor de sus hijos. − Sus hijos son mayores de edad por lo que no existe la obligación de establecer alimentos ni régimen de visitas. − Durante la relación han adquirido el inmueble ubicado en la avenida 2 de Mayo N.° 187, del distrito de Puente Piedra, que fue dado en anticipo de legítima a sus hijos por escritura pública del seis de diciembre de dos mi cuatro. A fojas cuarenta y cinco obra la contestación del Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra. A fojas sesenta y tres obra la contestación de Margot Guadalupe Zelaya Díaz quien reconviene solicitando indemnización. A fojas setenta y siete mediante resolución número cuatro se declara extemporánea la contestación y reconvención; en consecuencia, se declara rebelde a la demandada y saneado el proceso.
3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. En fecha diecinueve de julio de dos mil doce, la resolución número seis, corriente a fojas ochenta y nueve, fija como puntos controvertidos: - Determinar si existe matrimonio vigente y válido entre las partes. - Determinar si las partes se encuentran separadas por un periodo ininterrumpido de más de dos o cuatro años conforme a ley, según si existe o no hijos menores. - Determinar si existen hijos menores de edad, respecto de los cuales se deba emitir pronunciamiento en cuanto a los alimentos, patria potestad, tenencia y régimen de visitas. - Determinar si existen bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal que sean objeto de liquidación.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Civil Transitorio de Puente Piedra Santa Rosa Ancón de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, expide la sentencia corriente a fojas ciento noventa y dos, que declara fundada la demanda; en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial. Se precisa que la disolución es a partir del cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete por cuanto conforme a la demanda en dicha fecha se produce la separación entre los cónyuges. No se establece derecho alimentario entre cónyuges ni liquidación de bienes gananciales; bajo los siguientes fundamentos: − El demandante Alfonso Salas Gamboa ha acreditado ser titular de la acción de divorcio, conforme se puede advertir de su partida de matrimonio de fojas siete, donde se verifica que contrajo matrimonio civil con la demandada el día veintiséis de enero de mil novecientos setenta y cuatro; cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 334 del Código Civil. − Se acredita: i) El alejamiento físico de los cónyuges por más de cuatro años, que exige la ley. ii) En el caso del demandante se desprende que su alejamiento es definitivo, es decir, no existe voluntad de unirse nuevamente con la otra persona. La misma intención debe entenderse en cuanto a la cónyuge demandada, en concordancia con el numeral 461 del Código Procesal Civil, por cuanto ha sido declarada rebelde en el proceso. − Respecto a los hijos procreados dentro del matrimonio, conforme a las copias de los documentos nacionales de identidad de fojas cinco y seis, se constata que son mayores de edad; en consecuencia, en cuanto a su posible derecho de alimentos y otros relativos no es posible emitir pronunciamiento. − En lo que se refiere a la pensión de alimentos a favor de la demandada en su condición de cónyuge, cabe expresar que el actor indica que viene otorgando por mandato judicial doscientos nuevos soles (S/. 200.00), de manera que al ser ello así no es posible emitir pronunciamiento, dejando a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer conforme a ley. − Igualmente se entiende que no tienen interés en la indemnización que le pudiera corresponder como consecuencia del divorcio por no haber ninguno alegado, reclamado o probado la necesidad que se otorgue. − En cuanto a bienes susceptibles de división el actor indica presunta existencia, pero al mismo tiempo ha dicho que ha habido transferencia del bien a sus hijos en anticipo de legítima, por lo que igualmente no es posible emitir pronunciamiento al respecto.
5. APELACIÓN DE SENTENCIA. En fecha diez de setiembre de dos mil catorce, mediante escrito obrante a fojas doscientos uno, la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz interpone recurso de apelación contra la sentencia, bajo los siguientes argumentos: - No se ha compulsado en conjunto el contenido de todas las pruebas aportadas en la demanda. - Se ha inaplicado la indemnización a favor de la cónyuge agraviada, a fin de que ésta no quede desamparada, ya que el cobro de alquileres no constituye una indemnización, dado que el bien inmueble no es del demandante.
6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Laboral Permanente y Procesos de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en fecha dos de junio de dos mil quince, emite la sentencia de vista corriente a fojas doscientos cuarenta dos, que confirma la sentencia apelada que declara fundada la demanda, con lo demás que contiene, bajo los siguientes fundamentos: − Respecto al tiempo de separación de hecho de los cónyuges, el actor ha referido que el retiro del hogar conyugal ha ocurrido el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, lo cual se encuentra corroborado con la declaración de parte de la demandada realizada en la audiencia de pruebas realizada con fecha cuatro de setiembre de dos mil trece, cuya acta corre a fojas ciento setenta y tres, en el cual indica: “(...) que aproximadamente unos 10 años atrás que ya no viene a la casa (...)ˮ, lo cual aunado a la declaración asimilada contenida en el escrito de contestación y reconvención de la demandada que corren a fojas sesenta y tres, en el cual ratificó la fecha de separación de hecho señalada por el demandante, permiten concluir que a la fecha de interposición de la demanda (diecisiete de setiembre de dos mil diez), había transcurrido en exceso el período de dos años ininterrumpidos de separación de los cónyuges, que exige el inciso 12 del artículo 333 del Código Civil. − En lo que respecta a la indemnización prevista en el artículo 345-A del Código Civil; en autos no obra medio probatorio que acredite fehacientemente la existencia de hechos que determinen con certeza perjuicio y daño, y que comprometan gravemente el legítimo interés personal del cónyuge accionante ni de la demandada, que permitan establecer cuál de los dos cónyuges fue el que resulto más afectado con la separación de hecho.
En fecha veinte de julio de dos mil quince, mediante escrito corriente de fojas doscientos cincuenta y cinco, la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz, interpone recurso de casación. Mediante auto de calificación esta Sala Suprema lo declara procedente por la causal de apartamiento inmotivado de precedente judicial referente al Tercer Pleno Casatorio, contenido en la Casación N.° 4664-2010-Puno.
En este caso, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en determinar si en la sentencia de vista se ha evadido seguir los lineamientos puntualizados en el Tercer Pleno Casatorio, contenido en la Casación N.º 4664-2010-Puno.
V. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPREMA
PRIMERO. El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil. 1. Guzmán Flujá ha señalado que el fin característico del Tribunal Casatorio es el de la uniformización de la jurisprudencia. El asunto resulta claro, en tanto la existencia de numerosos jueces implica que puedan existir tantas interpretaciones como juzgadores existan. Para evitar esa anarquía jurídica que atenta contra la unidad del derecho nacional “(que) “quedaría amenazada y destruida por la superposición, sobre la ley nominalmente única, de numerosas interpretaciones judiciales contemporáneas, ya de suyo perjudiciales, pero más temibles todavía como fuentes de perturbación de la jurisprudencia futura ” se constituyó el órgano casatorio que sirve como intérprete final ofreciendo orientaciones uniformes de cómo deben entenderse las normas, generales y abstractas. Esta unificación, por supuesto, es una en el espacio, no en el tiempo, lo que posibilita que pueda reinterpretarse la norma de acuerdo a los nuevos alcances que puedan existir. 2. La uniformización jurisprudencial, además, debe vincularse a los principios constitucionales de igualdad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica. El primer caso, implica “que a supuesto de hecho iguales, deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas también iguales”, protegiéndose así la previsibilidad en la resolución judicial. En el segundo caso, se busca —ha dicho Guzmán Flujá— establecer “una línea unitaria de aplicación legal para conseguir un cierto grado de previsibilidad del contenido de las resoluciones judiciales de las controversias”. 3. De otro lado, como ya había sido advertido por Calamandrei, lo que diferencia el fin nomofilático de los demás controles judiciales, es que trata de lograr también “la exacta observancia y significado abstracto de las leyes” o, como quiere denominarlo nuestro Código Procesal Civil (artículo 384) “la aplicación del derecho objetivo”. Desde esa óptica Calamandrei advirtió que este “exacto significado de la ley” lo era en tanto había que considerar una interpretación (la del órgano casatorio) como “oficialmente (la) verdadera interpretación única”. Es, desde luego, una interpretación en determinado tiempo y lugar. En este aspecto la nomofilaxia se vincula con la uniformización de la jurisprudencia, pues finalmente de lo que se trata es de lograr un sentido a la norma que permita llegar a la unidad del derecho. 4. Teniendo en cuenta los parámetros señalados es que se emite la presente sentencia casatoria.
SEGUNDO. El derecho a la prueba no es un derecho absoluto, sino debe ejercerse dentro de los cauces formales del proceso, previamente establecidos, siguiendo el diseño de un procedimiento racional de etapas definidas que permitan una secuencia ordenada de los actos de las partes y del propio juez, a fin de impedir el caos en el desarrollo del proceso y posibilitar el ejercicio de una defensa adecuada, que quedaría seriamente menoscabada si el control del momento de presentación probatoria estuviera a merced de los litigantes.
TERCERO. En el caso en cuestión, la demandada fue declarada rebelde, pues no contestó la demanda dentro del plazo establecido por ley, a pesar de haber sido válidamente notificada. Por consiguiente, por su propia negligencia no presentó de manera oportuna los medios probatorios que sustentaban su pretensión.
CUARTO. Sin embargo, en casos como el presente, tal anomalía puede ser subsanada sin necesidad de que se declare nulo lo actuado, pues aquí, conforme lo ha señalado el Tercer Pleno Casatorio, los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal “deben aplicarse en forma flexible”, dada la naturaleza tuitiva del proceso de familia y de la necesidad de “revisar y dar solución al conflicto en sí mismo, independientemente de la forma o términos en los que se hubiera planteado la demanda”[1].
QUINTO. Es dicha flexibilización procesal lo que permitía a las instancias de mérito evaluar la existencia de daño y lo que faculta a este Tribunal Supremo a emitir decisión de fondo sobre dicho extremo, más aún si se trata de una pretensión legal que de oficio debe examinar el juez de la causa y de la que está debidamente informado el accionante, tanto porque así lo dispone la ley, como porque el precedente vinculante mencionado así lo establece, de lo que se colige que no se genera indefensión alguna. Por lo demás, el análisis sobre el daño causado, aunque no ha merecido pronunciamiento, ha sido materia de evaluación en los considerandos 9 y 3.7 de las sentencias del juzgado y de alzada, respectivamente.
SEXTO. Lo dicho, no significa de forma alguna que la indemnización opere por el propio hecho del divorcio; ella exige la presencia de daño cierto y probado, y “exige al juzgador realizar un juicio de inferencia a partir de hechos objetivos a fin de evaluar la existencia de un cónyuge perjudicado —aquél que no motivó la separación de hecho— y fijar, si fuera el caso, la indemnización correspondiente”[2].
SÉTIMO. Así las cosas, a efectos de evaluar el monto indemnizatorio, este Tribunal se atiene a lo expuesto en el Tercer Pleno Casatorio y en la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente 007682-2013-PA/TC. En esa perspectiva se tomará en cuenta: “a) el grado de afectación emocional o psicológica; b) la tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores de edad y la dedicación al hogar; c) si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el incumplimiento del cónyuge obligado; d) si ha quedado en una manifiesta situación económica desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenga durante el matrimonio, entre otras circunstancia relevantes”[3], así como: “(..) las circunstancias del abandono del hogar conyugal, de la manutención de hijos menores de edad, de la existencia de demandas de cumplimiento de obligación alimentaria, etc.”[4].
OCTAVO. Estando a lo expuesto se observa que la recurrente expresa que debió fijarse indemnización a su favor por ser la cónyuge perjudicada; la demandada agrega que se ha visto frustrado su proyecto de vida y el bienestar socioeconómico de ella y de sus hijos, e igualmente ha sufrido daño moral afectándole sus sentimientos como mujer y madre, habiéndose quedado a cargo del cuidado de sus hijos de doce y trece años cuando se produjo la separación; añade que a diferencia del demandante no ha vuelto formar un nuevo hogar con tercera persona, como si lo ha realizado el actor, quien ha procreado dos hijas extramatrimoniales producto de su infidelidad. Asimismo sostiene que como cónyuge abandonada, ante la burla del demandante y recomendación de su familia, recién en el año dos mil once interpone demanda de alimentos, proceso que ha sido amparado.
NOVENO. Siendo ello así se tiene: 1. El demandante señala en su escrito de demanda que hace vida separada con su cónyuge desde el cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, más de veintitrés años, de los que se infiere que a la fecha de la separación sus hijos, Milagros y Alfonso Salas Selaya, contaban con doce y trece años de edad, estando a cuidado de la ahora demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz. 2. Así mismo tanto el demandante en su escrito de demanda como la demandada en su escrito de absolución a la demanda, hacen referencia a un proceso de alimentos por ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, expediente 1560-2011. 3. Tales hechos implican que la demandada no contó con la colaboración de su esposo para la formación de sus hijos y que, antes bien, sufrió los perjuicios de la soledad a la que la condenó el estado de separación[5]. A criterio de este Tribunal Supremo ello genera daño moral, dado que constituye una máxima de experiencia que el cuidado de los menores en el estado al que se ha hecho mención y la desatención económica generan aflicción y perturbación anímica que merece ser indemnizado.
DÉCIMO. Por esos fundamentos, y actuando en sede de instancia, en aplicación del artículo 345-A del Código Civil y por extensión del artículo 1332 del Código Civil, este Tribunal Supremo otorgará la cantidad de S/. 10,000.00 (diez mil nuevos soles) a la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz en su condición de cónyuge perjudicada. Tal suma es una que se establece apelando a la equidad como factor de corrección a un monto que no se puede establecer con precisión y que tiene en cuenta también que la separación se originó en mil novecientos ochenta y siete, cuando la demandada tenía treinta y dos años de edad y trece años de casada, y que a lo largo de los años ha podido reconstituir su vida y han disminuido los perjuicios que ha sufrido.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el texto modificado del primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz de fecha veinte de julio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco; en consecuencia CASARON la sentencia de vista del dos de junio de dos mil quince, que corre a fojas doscientos cuarenta y dos, en el extremo que confirma la sentencia apelada del veintisiete de agosto de dos mil catorce, que no señala indemnización; y, actuando en sede de instancia REVOCARON ese extremo; en consecuencia ORDENARON que el demandante Alfonso Salas Gamboa pague a favor de la demandada Margot Guadalupe Zelaya Díaz el monto de S/. 10,000.00 (diez mil nuevos soles); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Alfonso Salas Gamboa, con Margot Guadalupe Zelaya Díaz, sobre divorcio por causal de separación de hecho; y los devolvieron; interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Calderón Puertas.
[1] Tercer Pleno Casatorio, fundamentos 14 y 15. Lo expuesto es compatible con lo señalado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 8 del Expediente N.º 00782-2013-PA/TC: “En estos casos, este Tribunal considera que existe una regla de precedencia condicionada que favorece la aplicación del principio de protección de la familia y determina la restricción del principio de congruencia procesal, por lo que una correcta aplicación de la función tutelar por el órgano jurisdiccional no puede limitarse a la simple constatación de si existe pedido indemnizatorio expreso de las partes”.
[2] Expediente N.° 00782-2013-PA/TC del Tribunal Constitucional.
[3] Sentencia del Tercer Pleno Casatorio, regla número 4.
[4] Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 00782-2013-PA/TC, fundamento 11.
[5] Medina, Graciela. Daños en el Derecho de Familia. Rubinzal-Culzoni editores. Buenos Aires, 2008, p. 69.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 334
 artículo 333
 artículo 345
 artículo 384
 resolución 
 artículo 345
 artículo 1332
 artículo 396
 resolución