Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/06/14/aplicacion-del-codigo-civil-y-comercial-a-un-acuerdo-de-arbitraje-suscripto-antes-de-su-entrada-en-vigencia/
Timestamp: 2018-09-25 00:51:09+00:00

Document:
Aplicación del Código Civil y Comercial a un acuerdo de arbitraje suscripto antes de su entrada en vigencia – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Francisco Ctibor SACIFIA c/ Wall Mart Argentina S.R.L. s/ ordinario
Cita: MJ-JU-M-103613-AR | MJJ103613 | MJJ103613
Aplicación del Código Civil y Comercial a un acuerdo de arbitraje suscripto antes de su entrada en vigencia.
1.-Ha sido debatido en doctrina si el arbitraje es un contrato, como lo define hoy el CCivCom. (art. 1649 ), o como lo sostenía la doctrina mayoritaria previa al dictado de este cuerpo, un sistema de resolución de conflictos. De todos modos, aun quienes postularon esta segunda calificación, entendieron necesario que exista un mínimo principio autocompositivo, al ponerse de acuerdo las partes en someterse a arbitraje, comprometiéndose a acatar la decisión del árbitro.
2.-Aun cuando el arbitraje sea un procedimiento de solución de controversias de origen contractual, es jurisdiccional por su función y por la especial eficacia que el derecho otorga a sus efectos, por lo que las tareas que realizan los árbitros no guardan relación con las ejercidas por abogados y procuradores que defienden los intereses individuales de las partes.
3.-Aun cuando la causa que motoriza el arbitraje es el contrato mediante el cual las partes acuerdan llevar sus eventuales controversias a un tribunal no estatal y acatar sus decisiones, la función que es asignada a los árbitros es sustancialmente jurisdiccional, al otorgarle poder para decir el derecho, al punto a considerar al proceso arbitral como equivalente al contencioso de conocimiento.
4.-El art. 7 del CCivCom. dispone en su primer párrafo que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes . A partir de este principio, aplicable también a esa compilación normativa, el mentado artículo expresa algunos límites a aquella premisa como es la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario; la impertinencia de la retroactividad dispuesta en caso que afecte derechos amparados por la Constitución; la inaplicabilidad de las leyes supletorias, salvo que sean favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
5.-En prieta síntesis y limitado tal resumen a la situación fáctica del conflicto que nos ocupa, la ley es de aplicación inmediata salvo las que gobiernan la constitución de una situación jurídica sobre las ya constituidas, o aquellas que regulan su extinción cuando tal situación ha quedado extinguida con anterioridad.
6.-Si bien los contratos que contienen las cláusulas compromisorias invocadas fueron suscriptos con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, a la fecha el tribunal arbitral allí contemplado no ha sido constituido, lo cual habilita la aplicación de la actual normativa. Se trataríade un acto en curso de formación sobre el cual procede la aplicación inmediata de la nueva regulación.
7.-No existe afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva norma tan sólo afecta los efectos en curso de una relación jurídica aún nacida bajo el imperio de la ley antigua. Tal conclusión no importa retroactividad alguna pues afecta sólo los efectos futuros sobre relaciones convencionales en curso constituidas con anterioridad.
8.-Como principio general, el art. 1654 dispone que el contrato de arbitraje otorga al tribunal, al que deriva la solución de los conflictos referidos a los aspectos del negocio expresamente involucrados, la competencia no sólo para decidir su propia competencia, sino incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia.
9.-La norma del art. 1654 del CCivCom., no solo recepta el principio de competencia-competencia en su alcance tradicional, sino que lo extiende al otorgar a los árbitros la facultad de conocer también sobre el arbitraje mismo analizando eventuales planteos relativos a la inexistencia o invalidez de la cláusula compromisoria. En definitiva, la citada norma habilita a los árbitros a decidir sobre su propia aptitud para intervenir en el diferendo, la realidad y/o regularidad delconvenio de arbitraje, como cualquier otra cuestión que les impida ingresar en el fondo del asunto.
10.-Cabe juzgar lo dispuesto por el art. 1656 del CCivCom. como una excepción a la regla, que sólo puede darse en la particular situación que prevé: temporalmente cuando el tribunal arbitral todavía no ha sido constituido; y en lo que hace al convenio de arbitraje, cuando este sea manifiestamente nulo o inaplicable.
11.-Sólo si la nulidad o la inaplicabilidad de la cláusula compromisoria se presenta nítida (diría burdamente viciada o inaplicable), podría accederse a una vía claramente excepcional como la que predica el art. 1656.
12.-Como lo dice expresamente el citado art. 1656, la invalidez o la inaplicabilidad de la cláusula compromisoria debe ser evidente; de no ser así, la cuestión de competencia debería ser resuelta conforme el principio general reflejado por el art. 1654, que exige continuar con la conformación del tribunal arbitral y plantear ante él los reparos que una o ambas partes tengan respecto del convenio de arbitraje y de la aptitud de este para resolver los puntos que son propuestos para su decisión.
13.-El art. 1649 del CCivCom. no sólo define el contrato de arbitraje sino que extiende su competencia a …todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado. ; este amplio universo de cuestiones que pueden ser derivadas al conocimiento de árbitros parece contar con un único límite, que en ellas no se encuentre comprometido el orden público.
14.-El Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que antes de la vigencia del ordenamiento antes citado era el único que legislaba sobre el juicio arbitral, también preveía un amplio campo de acción del arbitraje, pues disponía que toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el art. 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros. . Esta última norma apartaba de esta vía no estatal a .las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción , lo cual obligaba a remitirnos a las reglas previstas en el entonces vigente Código Civil que también establecía como principio un ámbito casi irrestricto de derechos como objeto de acuerdo entre partes (art. 849 CCiv.). Universo que estaba limitado por la enumeración prevista en los arts. 842 a 848 y, diría, por una regla genérica que es reflejada casuísticamente en muchos de las excepciones a las que acabo de remitir, como era lo dispuesto por el art. 21 de aquel ordenamiento que prohibía a las convenciones particulares .dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres .
15.-La doctrina tradicional define al orden público como el conjunto de principios fundamentales en que se cimenta la organización social. Es un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y conservación de la organización social establecida. . A partir de allí señala ciertos ejemplos de esta normas basales como ser la separación de poderes en la organización de gobierno; la libertad individual; la propiedad entre otras.
16.-Cuando se habla de leyes cuya observancia interesa al orden público, el art. 21 ya citado se refiere precisamente a toda disposición que directa o indirectamente plasman aquellos principios o los reglamentan.
17.-Una cuestión es de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. De seguido, centrándose en el concepto de ley de orden público señala que por su naturaleza son irrenunciables, imperativas, en contraposición con las de orden privado que son renunciables, permisivas y confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de ellas y sustituirlas por otras.
18.-La demanda de constitución de tribunal arbitral deducida en los términos del art. 742 del Código Procesal (tal la articulada en autos; fs. 121, cap. I), permite al juez estatal dictar una sentencia que, entre otros aspectos, puede versar sobre: a) si la cláusula compromisoria es nula, ineficaz o inaplicable; b) si existe controversia que de acuerdo a tal cláusula haga procedente el arbitraje; c) si tal controversia es sobre cuestiones susceptibles de ser dirimidas por árbitros, esto es, sobre la exclusión o no de las cuestiones sometidas a juicio arbitral.
19.-El art. 1649 in fine del CCivCom. no puede ser interpretado sino teniéndose presente que la tendencia actual observada en la jurisprudencia estatal y arbitral del derecho comparado es la de reducir considerablemente el alcance del orden público en el plano de la arbitrabilidad de la controversia internacional y su correlativa extensión al plano interno. Se entiende, en efecto, que el orden público y la arbitrabilidad no son obstáculos fundamentales para el arbitraje, constatándose numerosos pronunciamientos en tal sentido y en diferentes materias N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Francisco Ctibor S.A. promovió demanda en fs. 121/132 contra Wal-Mart Argentina S.R.L. con el objeto que sea dispuesta judicialmente la constitución de un tribunal arbitral a fin de dirimir los conflictos que separarían a las partes con causa en dos contratos que oportunamente suscribieron.
Al describir los antecedentes de esta disputa, la actora señaló que el 21 de agosto de 1996 las partes firmaron un contrato que denominaron de Ocupación de Inmueble” mediante el cual Francisco Ctibor S.A. cumplidas algunas condiciones, debía cederle a Wal-Mart Argentina S.R.L. el uso y goce de cierto predio de 19 hectáreas, situado en la periferia de la ciudad de La Plata, por un plazo de 54 años. A tal efecto concertaron el desarrollo sucesivo y alternado de contratos de usufructo y locación, cada uno de ellos por el máximo plazo legal, y en idénticos términos.
El referido contrato de ocupación dispuso que Wal-Mart Argentina S.R.L. destinaría el predio a la construcción y explotación de:1) un hipermercado; 2) un centro comercial definido como “shopping center”; 3) una estación de servicio y 4) distintos restaurantes. A tal fin quedó establecido que la aquí demandada debía invertir en aquellas construcciones un monto aproximado a los 20 millones de dólares; edificaciones que quedarían en propiedad de Francisco Ctibor S.A. a la finalización del contrato.
El precio de tal “ocupación” quedó fijado en un mínimo de $ 150.000 mensuales, o en su caso del 0,6% de las ventas del hipermercado más el 0, 5% del Sam’s Club, en la hipótesis que el mismo se construyera; siempre lo que fuere mayor.
Refirió que ambos convenios contemplaban, con idéntica redacción, una cláusula compromisoria mediante la cual se derivaba a un tribunal arbitral “.cualquier divergencia de las partes, como consecuencia de este contrato.”, identificando de seguido el procedimiento para la constitución de dicho tribunal, y las facultades de los árbitros como las pautas para fijar susalario.
A partir de la calificación postulada por Francisco Ctibor S.A., requirió en su solicitud de arbitraje, que el tribunal arbitral laude sobre el encuadre en derecho del contrato de ocupación; que en virtud de lo postulado por la actora, sea el convenio de diciembre de 1996 el único que rija la relación entre los litigantes;que así sea declarado inaplicable cualquier plazo de ocupación superior a los 20 años; de igual modo considerar las cláusulas del contrato de ocupación que exigían contratos sucesivos y que le otorgaban el derecho a Wal-Mart Argentina S.R.L. de adquirir el predio a la mitad de su valor; declarar el incumplimiento de la demandada respecto de las construcciones concertadas y disponer que Francisco Ctibor S.A. sea indemnizada por ello.
Compareció Wal-Mart Argentina S.R.L. en fs.192/209 a contestar demanda, presentación en donde postuló el rechazo de la pretensión de su contraria.
si bien admitió que su parte hubo “consentido” en otras oportunidades someter algunos disensos con Francisco Ctibor S.A. al cauce arbitral, adelantó que entiende que la misma es improcedente en este caso. Ello pues su contraria pretende debatir cuestiones de orden público que, como tal, considera excluidos de esta vía extrajudicial.
Empero, sostuvo que al incluir Francisco Ctibor S.A. una supuesta violación del orden público mediante el Contrato Marco, ha invalidado la actuación de un tribunal arbitral. Transcribió los puntos del compromiso que hacen referencia a una eventual infracción a normas del Código Civil en lo relativo al tiempo fijado para la ocupación del predio cedido por Francisco Ctibor S.A. a Wal-Mart Argentina S.R.L. se apoyó en la última parte del artículo 844 del Código Civil que veda como objeto de transacción a “.los derechos que no son susceptibles de ser materia de convención”. Por ello concluyó que las cuestiones en debate sólo podían ser puestas a consideración de un juez y no de un árbitro.
Refirió, de seguido, diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a su juicio, habrían invalidado como tema de arbitraje aquellos en que sea afectado el orden público (in re “Compañía Italo-Argentina de Electricidad” y “José Cartellone Construcciones”); como otra de esta Cámara (Sala C) y de la Cámara de San Isidro.También citó el Código Civil y Comercial que en su artículo 1469, en su lectura, refrendaría aquel postulado.
Si bi en entendió que las cuestiones planteadas por Francisco Ctibor S.A. para ser objeto de análisis por el tribunal arbitral eran inescindibles, en subsidio y con base en alguna jurisprudencia extranjera admitió que fueran apartados de la vía extrajudicial las cuestiones de orden público, reduciendo los puntos del compromiso sólo al pretendido aumento del canon.
Pero estimó útil brindar alguna explicación de lo que entendía era el real objetivo de Francisco Ctibor S.A.con esta demanda, que sucintamente reseñó como el propósito de, mediante el ataque al contrato marco, obtener un irrazonable aumento del canon pactado o en su defecto, recuperar el manejo del predio en todo lo que no sea el Supercenter.
La sentencia de primera instancia (fs. 242/249), admitió la demanda y ordenó la constitución del tribunal arbitral reclamado por la aquí actora.
En este punto la sentencia concluyó que no correspondía a la Justicia dirimir con anticipación a la constitución del tribunal arbitral, si los puntos del compromiso podían ser objeto de análisis y decisión por los árbitros.Tal análisis debe ser hecho por estos últimos y en caso que consideren que la cuestión excede su competencia, llevar el tema al órgano jurisdiccional estatal.
En su extensa expresión de agravios la demandada cuestionó la sentencia en cuanto se sustentó en el ordenamiento procesal desechando la normativa de fondo de aplicación prioritaria.
El sintético resumen que acabo de realizar en punto a las quejas de Wal-Mart Argentina S.R.L. brindan sólo un pantallazo de los argumentos desarrollados con mayor extensión en su memorial. Pero en este escenario, sirven como orientación temática de las grandes líneas que la quejosa ha propuesto para postular la revocación del fallo.A todo evento, resulta prudente aclarar, que tal descripción no acotará de manera alguna el estudio de la causa y las consideraciones que deba realizar para dirimir este recurso.
Va de suyo que en este camino, conoceré en todos los argumentos que estime conducentes y suficientes prescindiendo de aquellos otros tangenciales o sin proyección jurídica alguna (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; id., 16.6.1976, “Filacchione de Cabezón A. c/ ENTEL”, Fallos 295:135; íd., 19.6.1986, “Burger King Corporation c/ Facilven S.A.C.I.C.”, Fallos 308:950; íd. “Rem-Ter S.R.L. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano”, Fallos 308:2263; íd., 17.4.1975, “Edelberg, Betina c/ Facio, Sara y otros” , Fallos 291:390; íd. “Fernández Avello, Raúl A.”, Fallos 296:445; entre otros; esta Sala, 13.10.2006, “Paramen c/ Rutilex Hidrocarburos S.A. s/ ordinario”).
La demandada reconoció la autenticidad de tales convenios como de la cláusula compromisoria incluida en los mismos con similar texto. Pero postuló en su defensa que tal procedimiento convencional no era de aplicación en el sub judice pues lo pretendido por su contraria afectaba cuestiones de orden público, lo cual hacía imperativo derivar este conflicto a la órbita de la justicia estatal.Cabe destacar aquí que aun con tales reparos, la demandada no impugnó la regularidad de tal disposición convencional.
Es que, de conformidad con el principio “iura novit curia”, el juez tiene no sólo la facultad sino el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes. (CSJN, 15.5.1986, “Nación Argentina (Secretaría de Estado de Justicia) c/ S.A. Las Palmas del Chaco Austral”; T. 308, F.778; CSJN, 17.3.1998, “Sergi Vinciguerra Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes” T. 321 F. 277; CSJN, 22.2.1994, “Chilar S.A. c/ Junta Nacional de Granos s/ ordinario”; T. 317 F. 80; CSJN, 15.2.1963, “García, Néstor E. c/ Ortea, Luís, y Cía.”, T. 255 F. 21).
Ha sido debatido en doctrina si el arbitraje es un contrato, como lo define hoy el Código Civil y Comercial (art. 1649), o como lo sostenía la doctrina mayoritaria previa al dictado de este cuerpo, un sistema de resolución de conflictos. De todos modos, aun quienes postularon esta segunda calificación, entendieron necesario que “.exista un mínimo principio autocompositivo, al ponerse de acuerdo las partes en someterse a arbitraje, comprometiéndose a acatar la decisión del árbitro” (Caivano, R., Arbitraje, página 50).
En una síntesis que, a mi juicio, despeja esta postulada divergencia, el señor Ministro Belluscio, en el voto que emitió en la causa “Rocca” sostuvo que ” .Aun cuando el arbitraje sea un procedimiento de solución de controversias de origen contractual, es jurisdiccional por su función y por la especial eficacia que el derecho otorga a sus efectos, por lo que las tareas que realizan los árbitros no guardan relación con las ejercidas por abogados y procuradores que defienden los intereses individuales de las partes” (CSJN, 31.5.1999, “Rocca, J. C. c/ Consultara S.A.s/ordinario”; Fallos 322-1:1100).
Lo expuesto permite advertir que aun cuando la causa que motoriza el arbitraje es el contrato mediante el cual las partes acuerdan llevar sus eventuales controversias a un tribunal no estatal y acatar sus decisiones, la función que es asignada a los árbitros es sustancialmente jurisdiccional, al otorgarle poder para decir el derecho (Rivera, J.C., El Arbitraje en argentina a través de la jurisprudencia de su Corte Suprema, Academia Nacional de Derecho 2001-1, cita online AR/D0C/3048/2007), al punto a considerar al proceso arbitral como equivalente al contencioso de conocimiento.
Por otro lado es evidente que el tribunal arbitral no ha sido constituido pues tal es la pretensión que persigue Francisco Ctibor S.A.al deducir este proceso.
Congruente con ello la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citada por mi colega el Dr.Heredia, establece que “.no existe afectación de derechos adquiridos cuando la aplicación de la nueva norma tan sólo afecta los efectos en curso de una relación jurídica aún nacida bajo el imperio de la ley antigua” (Heredia, P., El derecho transitorio en materia contractual, página 4, Revista Código Civil y Comercial, La Ley, Año 1, número 1).
en este tema, es reiterada la doctrina de la Corte Nacional que ha declarado de aplicación inmediata las leyes sobre procedimiento y competencia en tanto las califica como de orden público; aunque, conforme los principios desarrollados en los párrafos anteriores, limitado a supuestos en que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos o se deje sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores (CSJN, 16.3.1991, “Luis Alberto Illecas”, Fallos 314:280).
Definido entonces el marco jurídico con el que será conocido el caso, ingresaré derechamente en los agravios propuestos.De todos modos, y con la prevención de tratarse de un mero obiter dictum, no advierto que la variación del respaldo normativo pueda modificar la solución del recurso.
Como principio general, el artículo 1654 dispone que el contrato de arbitraje otorga al tribunal, al que deriva la solución de los conflictos referidos a los aspectos del negocio expresamente involucrados, la competencia no sólo para decidir su propia competencia, sino “.incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”.
Como lo destaca Alterini, esta norma no solo recepta el principio de “competencia-competencia” en su alcance tradicional, sino que lo extiende al otorgar a los árbitros la facultad de conocer también sobre el arbitraje mismo analizando eventuales planteos relativos a la inexistencia o invalidez de la cláusula compromisoria (Alterini J., Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, T. VII, página 975). En definitiva, la citada norma habilita a los árbitros a decidir sobre su propia aptitud para intervenir en el diferendo, la realidad y/o regularidad del convenio de arbitraje, como cualquier otra cuestión que les impida ingresar en el fondo del asunto (Lorenzetti, R., Código Civil y Comercial de la Nación – Comentado, T.VIII, página 137).
Aquella disposición legal adopta, casi literalmente, la solución que sobre igual hipótesis prevé la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (artículo 16, inciso 1), al concederle al Tribunal Arbitral facultades tanto para decidir sobre su propia competencia como para resolver “.las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje”.
Sin embargo la parte final del primer párrafo del artículo 1656 parecería brindar una solución contradictoria con los principios apuntados al permitir explícitamente la intervención de los tribunales de Justicia cuando el tribunal Arbitral todavía no esté interviniendo y “.el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable”.
Según Alterini cabe estar por una interpretación integradora de ambas normas y entender que la intervención judicial sólo está habilitada cuando el tribunal arbitral no haya sido constituido y por tanto no exista el órgano que pueda dirimir la contienda ni sede donde plantear los reparos.De tal suerte parecería claro que el artículo 1656 prevé la situación temporal anterior en la que operaría el principio establecido en el artículo 1654 (Alterini J, obra y tomo citados, página 979).
Es que mientras el primer vocablo refleja aquello que tiene cierta apariencia, verosimilitud o probabilidad de ser algo que podría ser; lo manifiesto es algo que resulta evidente por patente y claro y que por tanto, está exento de mayor actividad probatoria para su acreditación (Rojas J.,
Revisión de los laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial, LL 2016- B, 706; cita online AR/D0C/459/2016).
Tengo para mí que la interpretación integradora que predica Alterini en su obra justifica que se avance un escalón más.Así entiendo que el legislador ha consagrado claramente como principio general en la materia en debate, la regla “competencia-competencia”. No otra conclusión puede obtenerse de la literalidad del artículo 1654 ya citado.
A partir de tal premisa, cabe juzgar lo dispuesto por el artículo 1656 como una excepc ión a la regla, que sólo puede darse en la particular situación que prevé: temporalmente cuando el tribunal arbitral todavía no ha sido constituido; y en lo que hace al convenio de arbitraje, cuando este sea “manifiestamente nulo o inaplicable”.
Destaco que lo hasta aquí expuesto hace foco exclusivamente en una situación de hecho anterior a la constitución del Tribunal Arbitral.Por ello nada predica esta Sala sobre una ulterior impugnación judicial del laudo, cuestión temporal y sustancialmente diversa, que merece un tratamiento jurídico distinto y que es claramente ajena al actual thema decidendum.
La cláusula compromisoria que luce en sendos contratos aquí en estudio, no ha sido tachada de nula. En momento alguno la demandada así lo persigue. Por el contrario, reconoció su existencia (fs.194v, pto 28), y no objetó su regularidad.
Recuerdo que la intervención judicial en este estadio de la contienda en ciernes es de carácter excepcional; conclusión que aparece nítida con sólo remitirse al texto del artículo 1656 del Código Civil y Comercial que requiere que tanto la inaplicabilidad como nulidad aparezca evidente; mientras que en caso que existan dudas sobre lo anterior, dispone que habrá de estarse “.a la mayor eficacia del contrato de arbitraje”, lo cual lleva necesariamente a la total vigencia del principio “competencia- competencia”.
Como acabo de recordar, Wal-Mart Argentina S.R.L. sostuvo y sostiene como argumento central de su resistencia, que Francisco Ctibor S.A.intenta derivar al conocimiento del tribunal arbitral cuestiones de orden público materia que, según señala, está reservada a la Justicia estatal.
El artículo 1649 del Código Civil y Comercial no sólo define el contrato de arbitraje sino que extiende su competencia a “.todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado.”; este amplio universo de cuestiones que pueden ser derivadas al conocimiento de árbitros parece contar con un único límite, que en ellas “.no se encuentre comprometido el orden público”.
El Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que antes de la vigencia del ordenamiento antes citado era el único que legislaba sobre el juicio arbitral, también preveía un amplio campo de acción del arbitraje, pues disponía que “toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el artículo 737, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros.”.
Esta última norma apartaba de esta vía no estatal a “.las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción”, lo cual obligaba a remitirnos a las reglas previstas en el entonces vigente Código Civil que también establecía como principio un ámbito casi irrestricto de derechos como objeto de acuerdo entre partes (artículo 849 Código Civil). Universo que estaba limitado por la enumeración prevista en los artículos 842 a 848 y, diría, por una regla genérica que es reflejada casuísticamente en muchos de las excepciones a las que acabo de remitir, como era lo dispuesto por el artículo 21 de aquel ordenamiento que prohibía a las convenciones particulares “.dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”.
En una línea similar se pronuncia el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 12 reproduce conceptualmente lo antes previsto en el ya citado artículo 21.Y en lo que hace al objeto de transacción, el nuevo ordenamiento prohíbe transigir “.sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables” (artículo 1644). De seguido, como ocurría con el anterior código, el artículo 1644, en particular en su segundo párrafo, enumera una casuística que, en términos generales, traduce el principio que acabo de transcribir (Lorenzetti, obra y tomo citados, página 126).
La doctrina tradicional define al orden público como el conjunto de principios fundamentales en que se cimenta la organización social (Llambías J.J., Tratado de Derecho Civil – Parte General, T.I, página 149, Ed. Abeledo Perrot 2007). Salvat lo describe de una manera conceptualmente similar aunque con un mayor detalle.El renombrado maestro lo califica como “.un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y conservación de la organización social establecida.”. A partir de allí señala ciertos ejemplos de esta normas basales como ser la separación de poderes en la organización de gobierno; la libertad individual; la propiedad entre otras. Por último precisa que cuando se habla de leyes cuya observancia interesa al orden público, el artículo 21 ya citado se refiere precisamente a toda disposición que directa o indirectamente plasman aquellos principios o los reglamentan (Salvat-Romero del Prado, Derecho Civil Argentino – Parte General, T. I, página 148, n° 247).
Tengo claro que no es posible transigir sobre principios que regulan la vida en sociedad y cuyas definiciones derraman sobre una comunidad para determinar las normas básicas con las que se desenvolverán en su vida diaria.A éstas se refería la enumeración que el Código Civil desarrollaba en sus artículos 842 a 848 (cuestiones delictuales; relativas a la validez o nulidad del matrimonio; cosas fuera del comercio; patria potestad; filiación; estado de una persona; etc.); y que son ahora nuevamente considerados en el artículo 1644.
En rigor trátase de cuestiones donde se encuentra “.comprometido el orden público”, lo cual vuelve aplicable el principio plasmado en el ya referido artículo 1649.
Se pretende del tribunal arbitral que aplique la legislación de orden público que invoca, según los alcances que el pretensor postula.Frente a tal planteo y confrontando el mismo con las defensas que pueda deducir su oponente, corresponderá al tribunal arbitral juzgar la adecuación de la norma al caso y en particular, definir la solución del conflicto con las herramientas del derecho vigente.
en tal contexto nada impide a las partes transigir o renunciar a tales derechos patrimoniales particulares, tal como lo predica el artículo 13 del Código Civil y Comercial, que autoriza la renuncia de los efectos de la ley, salvo que la norma lo prohíba, hipótesis que no se presenta en el caso (Rivera. Julio C., El Arbitraje en Argentina, página 173 y siguientes; Revista de Derecho Comparado, Arbitraje, Ed. Rubinzal – Culzoni).
La mera referencia a algunos de los puntos propuestos por la actora para que sean dirimidos por el tribunal arbitral no predican, como he dicho, una afectación a cuestiones de orden público.Y en este punto, la contraria no ha explicado, con la claridad y contundencia del que así lo invoca, de qué manera el laudo reclamado podría interesar cuestiones como las que veda la norma. Y no basta, como ocurre en el caso, que Wal-Mart Argentina S.R.L. se limite a referirse al postulado de su contraria, sin profundizar sobre tal contenido y su necesaria relación con aspectos no arbitrables (esta Sala, 8.8.2007, “Mobil Argentina S.A. c/ Gasnor S.A. s/ laudo arbitral s/queja”, LL Online Cita AR/JUR/6939/2007).
en este escenario la defensa que férreamente ha presentado la demandada en punto a la constitución del tribunal arbitral incuestionablemente pactado en los contratos que suscribieron, no resulta atendible.
Tal conclusión justifica, sin más, desestimar el recursoy confirmar el fallo en estudio.
Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo que estamos celebrando, rechazar el recurso deducido por Wal-Mart Argentina S.R.L. con el efecto de confirmar la sentencia impugnada.
2°) Destaco, ante todo, que la demanda de constitución de tribunal arbitral deducida en los términos del art. 742 del Código Procesal (tal la articulada en autos; fs. 121, cap. I), permite al juez estatal dictar una sentencia que, entre otros aspectos, puede versar sobre: a) si la cláusula compromisoria es nula, ineficaz o inaplicable; b) si existe controversia que de acuerdo a tal cláusula haga procedente el arbitraje; c) si tal controversia es sobre cuestiones susceptibles de ser dirimidas por árbitros, esto es, sobre la exclusión o no de las cuestiones sometidas a juicio arbitral (conf. Alsina, H. , Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, 1943, t. III, p. 824; n° 35; Colombo, C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, Buenos Aires, 1975, t. II, p. 429, texto y nota n° 19; Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 1979, t. III, p. 447, n° 4369; Serantes Peña, O. y Palma, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 1984, t. III, p. 382; Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1987, t. 3, p.519, texto y nota n° 2).
La primera, es la que concierne al llamado “efecto inmediato” de la ley nueva. Según esta regla, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Este efecto, valga señalarlo, se aparta de las enseñanzas de Paul Roubier para quien, por el contrario, las nuevas leyes no debían aplicarse a los contratos en curso de ejecución (conf. Borda, G., Sobre el art. 3 del Código Civil (punto final a una polémica), LL 1977-C, p. 755/757). Por el contrario, en el derecho patrio el “efecto inmediato” implica que los efectos del contrato constituido bajo la ley antigua, que se produzcan a partir de la entrada en vigor de una ley “imperativa” que definen sus alcances y contenidos se rigen por esta última.Esto es así porque, como lo ha explicado la doctrina nacional, las normas imperativas dan cuenta de un “estatuto legal” al cual las partes se deben someter, sin poder modificarlo (conf. Moisset de Espanés, L., Irretroactividad de la ley y nuevo art. 3 (Código Civil) – Derecho Transitorio, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, ps. 29/30).
La segunda, es la que se refiere al denominado “efecto diferido”. De acuerdo con esta regla, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Esto es así pues las normas supletorias del derecho anterior que las partes no desplazaron mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad se entiende que integraron el pl exo contractual, el cual consiguientemente no puede ser modificado por la ley supletoria nueva sin introducir un elemento de inseguridad que obligaría a las partes a regular todos y cada uno de los detalles de la relación, sin confiar en la aplicación supletoria de las normas legales (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires, 1995, t. 1., p. 11).
No es del caso examinar cuál es el alcance de todas y cada una de las normas legales que disciplinan el contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero sí afirmar que, sin dudas, no es supletoria sino indisponible o imperativa la del art.1649 in fine en cuanto declara la arbitrabilidad de las controversias de derecho privado siempre que “.no se encuentre comprometido el orden público.” o, si se quiere, en cuanto determina que es inarbitrable la controversia de derecho privado en la que se comprometa el orden público. Ello es así, pues es obvio que la autonomía de la voluntad no podría dejar sin efecto tal restricción legal, permitiendo la arbitrabilidad de controversias en las que está efectivamente comprometido el orden público.
Se entiende, en efecto, que el orden público y la arbitrabilidad no son obstáculos fundamentales para el arbitraje, constatándose numerosos pronunciamientos en tal sentido y en diferentes materias (conf.EE.UU.: Supreme Court, 2.7.1985, “Mitsubishi Motors Corporation c/ Soler Chrysler Plymouth”, Rev. arb., 1986, n° 2, p. 273 y ss.; Francia: Cour d’Appel de París (1a Ch. Suppl.), 19.6.1970, “Hecht c/ Société Buisman’s”, Journ. dr. int., 1972, p. 62 y ss.; Cour de Cassation (1° Ch. Civ.), 18.5.1971, “Société Impex c/ Sociétés P.A.Z.”, Rev. arb., 1972, n° 1, ps. 2/6; Cour d’Appel de París (1a Ch., sect. C.), 29.3.1991, “Société Ganz et autres c/ Société nationale des Chemins de fer tunisiens”, Rev. arb., 1991, n° 3, ps. 478/481; Suiza: Tribunal Fédéral, 2° Cour Civile, 9.1.1995, “Inter Maritime Management SA c/ Russin & Vecchi”, RSDIE, 1996, n° 4, ps. 554/558; España: Tribunal Superior (Sala 1a), 27.1.1988, “Nortente S.A., c/ Triker S.A.”; Italia: Corte di Appello de Milán, 4.12.1992, “Allsop Automatic Inc. c. Tecnoski snc. (Italia)”, Year. Comm. Arb., 1997, vol. XXII, 1997, ps. 725/726. Laudos CCI: n° 1397/1966, Journ. dr. int.,1974, n° 4, ps. 878/ 884; n° 1526/1968, Journ. dr. int., 1974, n° 4, ps. 915/921; n° 2811/1978, Journ. dr. int., 1979, n° 4, ps. 983-986; etc., precedentes todos citados, entre muchos otros, por Gonzalo Quiroga, M., Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 180, n° 154, nota n° 572).
A la luz de lo anterior, puede ser interpretado que, en rigor, cuando el recordado art. 1649 in fine determina la inarbitrabilidad de las controversias de derecho privado en las que esté comprometido el orden público, lo hace con el alcance de establecer que el solo hecho de que la materia sometida a arbitraje esté regulada por una normativa de orden público no excluye de por sí la arbitrabilidad, en la medida en que los derechos involucrados sean disponibles para las partes.En otras palabras, si se trata de controversia sobre derechos disponibles, aunque en su decisión se encuentren involucradas reglas de orden público, el arbitraje será posible (en este preciso sentido, con referencia al código unificado, se expide: Rivera, J., Orden público en el arbitraje comercial, LL 2015-F, p. 1095; para el derecho anterior, véase: Rivera, J., Arbitrabilidad: cuestiones regidas por leyes de orden público, LL 2011-A, p. 555).
Por otra parte, en afín pero distinto orden de ideas, parece también juicioso interpretar que cuando el art.1649 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación alude a un orden público “comprometido”, debe entenderse que ello se presenta cuando la pretensión contenida en la demanda arbitral se advierta como “contraria” a él, pero no cuando ella se endereza a mantenerlo, caso este último en el que, por el contrario, no podría hablarse de un orden público “comprometido”. Así cabe entenderlo, sin mayor esfuerzo, para dar congruencia a un instituto como es el del arbitraje en el que es concepto recibido el de que la denegación del reconocimiento y ejecución de un laudo puede tener cabida en la hipótesis, precisamente, de que lo decidido sea “contrario” o “afecte” el orden público, pero no si ello no ocurre (conf. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 517, inc. 4°; art. V, 2, b, de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscripta en Nueva York el 16.6.1958, aprobada por ley 23.619; art. 5, 2, b, de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional suscripta en Panamá el 30.1.1975, aprobada por ley 24.322; art. 2, inc. h, de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y laudos Arbitrales Extranjeros, aprobada por ley 22.921; art. 23 del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, aprobado por ley 25.223).
5°) En el sub lite se aprecia que la solicitud de arbitraje que la actora comunicó a la demandada concierne, sustancialmente, a una pluralidad de reclamos principales y/o subsidiarios de índole puramente patrimonial que se vinculan al Contrato de Ocupación o Contrato Marco del 21.8.1996, así como al Contrato de Usufructo del 5.12.1996 (fs.126/128, punto II.7).
Es si bien lo dispuesto por el art. 2828 del Civil es de orden público (conf. Machado, J., Exposición y comentario del Código Civil Argentino, Buenos Aires, 1920, t. VII, p.283), ya que “.los actos y contratos particulares no podrían derogar la disposición del artículo.” (nota de Vélez Sarsfield al mencionado precepto), lo cierto y concreto es que, en el caso, la actora no pretende disponer de aquello a lo que no puede renunciar, sino por el contrario lograr un laudo que declare su derecho a no tener que tolerar una desmembración de su dominio por un lapso mayor que el previsto por el recordado precepto del código velezano, es decir, a que se respete el orden público que le es propio.
semejante pretensión de la actora, con abstracción de todo juicio sobre su admisibilidad sustancial y, en tal marco, de la invocación que su adversaria hace para contradecirla del nuevo art. 2152, inc. b, del Código Civil y Comercial de la Nación (fs. 202 vta.), lejos de ser inarbitrable puede perfectamente serlo, toda vez que, además de no estar involucrada la renuncia de un derecho concedido en mira del orden público (o prohibida por la ley), lo querido es antes bien hacer efectivo tal orden público en términos que, de ser procedente, deberían involucrar la decisión de los árbitros lo mismo que si fueran jueces estatales. Esto así pues es claro que impera sobre los árbitros el mismo deber que concierne a los magistrados estatales de aplicar las normas imperativas y de orden público, relevantes en la controversia, que pudieran acaso resultar quebradas por los intereses particulares.
VII.Concluida la deliberación los Señores Jueces de Cámara acuerdan:
(c) En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores realizadas, ponderando el valor económico comprometido en los contratos ventilados en el presente litigio, elevar los honorarios regulado en fs. 242/249 a ($.) para el letrado apoderado de la parte actora, Federico M. Cafasso; a ($.) para el apoderado de la parte demandada, Luis Enrique Date; a ($.) para el abogado de la misma parte, Santiago Luis Capparelli, en su doble carácter de letrado patrocinante y apoderado; a ($.) para el apoderado de la misma parte, Julián Bordacahar; y a ($.) para su letrado patrocinante, Avelino Rolón (arts. 6 inc. b) a f) de la ley 21.839).
Por las labores realizadas por ante esta Instancia, fijar en ($.) el emolumento del letrado apoderado de la parte actora, Federico M. Cafasso; en ($.) el del apoderado de la parte demandada, Luis Enrique Dates; en ($.) para cada uno de sus letrados patrocinantes, Santiago Luis Capparelli, Julián Bordacahar y Jorge Claudio Mayer (art. 14 de la ley 21.839).
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 artículo 1654
 artículo 1656
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 artículo 1654
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 artículo 21
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 artículo 1644
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