Source: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.ca/2016/03/
Timestamp: 2017-09-25 17:09:31+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: marzo 2016
¿Bergman falseó el análisis del accidente de la Barrick?
Una pericia concluyó que el volumen de cianuro derramado por Barrick Gold "sería mucho mayor"
Nunca se va a saber la verdad. Pero hay certeza de que no fueron un millón de litros, como informó Barrick Gold. El derrame de solución cianurada desde la mina Veladero al río Potrerillos, en San Juan, sería mucho mayor, según el borrador de una lapidaria evaluación encargada por la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El reporte fue ocultado, hasta que lo filtraron sus empleados. Una vez hecho público, el actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo presentó en la Justicia, pero le quitó las partes más contundentes. El estudio asegura, entre otras cosas, que la empresa deliberadamente brindó datos que tenía sobre el probable vertido de metales pesados y manipuló las mediciones de cianuro. También cuestiona el sistema de seguridad del yacimiento.
Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado, dos semanas después del derrame, una comitiva oficial integrada por varios expertos de distintas dependencias de la Secretaría de Ambiente, hoy elevado al rango de Ministerio, viajó a Veladero para analizar in situ la información brindada por Minera Argentina Gold SA (Barrick Gold). El informe que elaboraron estuvo cajoneado, hasta que fue filtrado a los medios. Al otro día, Bergman aseguró que no sabía que existía ese documento -pese a que fue fechado al 29 de febrero de este año, durante su gestión- y se comprometió a acercarlo al expediente que tramita ante la Justicia Federal. Pero confirmó a Infobae una fuente judicial, el ministro presentó un reporte más "light", sin algunas afirmaciones de peso del trabajo original.
"El informe original es más contundente, mientras que el que presentaron en el expediente es más benévolo con Barrick Gold, ya que sólo incluye sugerencias y no es determinante", indicó la fuente.
Desde el entorno de Bergman rechazaron esa afirmación. "El único informe oficial es el que figura en el expediente. Lo otro es un borrador que se modificó en el proceso de evaluación interna", explicaron fuentes del Ministerio de Ambiente a Infobae. "Si es más o menos fuerte, es subjetivo. Creemos que lo que presentamos es contundente", agregó.
Aunque el listado de críticas del estudio original es extenso, lo más importante que pusieron en duda los profesionales enviados por la cartera de Ambiente es la forma que usó Barrick Gold para calcular el volumen derramado de solución lixiviante, que es el líquido con cianuro que se usa para separar la roca del mineral. Oficialmente, fueron 1.027.600 litros. Pero la cifra se quedó corta.
El informe derriba una "corrección a la lectura del aforador", que es el instrumento que se usa para medir la cantidad de agua que circula por un río o canal. En concreto, el aforador que está cerca a la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas arrojó que a las 21 horas del 12 de septiembre la profundidad del curso era de 49,7 centímetros, pero Barrick Gold calculó el famoso millón de litros derramados en base a una profundidad de 9,7 centímetros.
¿Qué ocurrió? Siempre según Barrick Gold, el 18 de septiembre la empresa detectó que en la base del aforador había "una capa importante de sedimentos y roca". Entonces, decidió corregir la cifra que brindaba el instrumento quitándole 40 centímetros. Esto, según el informe, "daría lugar a un error significativo en los valores presentados".
La empresa no dio explicaciones sobre la presencia de sedimentos y roca en la base del aforador. Esto no es menor, ya que los expertos advirtieron, por un lado, que la propia Barrick Gold supuestamente ya había removido ese material con cianuro del cauce del río Potrerillos y, por otro, que el mismo derrame podría haber arrastrado los sedimentos.
"La metodología y el factor de corrección (40 cm) con el cual se calcularon los caudales del derrame son poco confiables. Esto podría hacer inferir que si el sedimento presente se acumuló a posteriori del incidente y pudiera atribuirse a las prácticas realizadas para mitigar sus efectos, en tal caso, el volumen derramado sería mucho mayor que el informado por la empresa", recalca el borrador del reporte al que accedió este medio.
Ese no es el único error que advirtieron los técnicos. También desaprobaron un cálculo de Barrick Gold sobre la cantidad de solución que podría haber permanecido en la quebrada de Potrerillos sin ser registrada por el aforador y que la minera computó como 93 mil litros. "Es estimativo, y no presenta ninguna justificación", analizaron.
Frente a tanta incertidumbre, el informe concluyó en cuanto al volumen derramado: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien, se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada".
Uno de los abogados que representan a la querella en la Justicia Federal porteña, Enrique Viale, pidió el cierre de Veladero. "No sólo se confirmó que hubo otros tres derrames, sino que Barrick Gold manipuló los cálculos de cuánto derramó", protestó. Y añadió: "Las autoridades públicas, tanto nacionales como provinciales, se preocupan más por ocultar los desastres de Barrick que por cuidar el ambiente y la salud de la población".
¿Qué se fugó?
Pese de que el monitoreo mensual de aguas superficiales que hace Barrick Gold en 13 puntos de la zona incluye a una treintena de sustancias, el reporte advierte que "con posterioridad al incidente, sólo se analizaron cianuro (total y libre) y mercurio". En otras palabras, se dejan afuera a los metales pesados, como cobre, cobalto, aluminio, hierro, níquel, manganeso, arsénico, plomo, boro y zinc, entre otros.
Los asambleístas creen que en ese ocultamiento hay una intencionalidad de disimular la magnitud del daño. "Sólo publican los resultados del cianuro, porque los metales pesados no se diluyen y el cianuro, en cambio, se diluye echando cal y agua. Y ellos reconocen que lavaron el río", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí, que representa a Saúl Zeballos, denunciante y vecino de la vecina ciudad de Jáchal.
Pero incluso sobre el valor de cianuro reportado hay dudas, ya que Barrick Gold usó, otra vez, una cifra distinta a la que arrojaron las mediciones. La empresa SGS, que realiza el monitoreo externo de Veladero, precisó que a las 13.30 horas del 13 de septiembre en el río Potrerillos había un valor de 550,5 mg/l de cianuro total, pero la minera informó a las autoridades que el número fue corregido por SGS, arrojando un valor final de 55,05 mg/l. Sin embargo, la notificación de esa corrección no fue aportada, por lo que no hay prueba de la misma. Dicho de otra forma, la minera no justificó por qué disminuyó la cifra diez veces.
Esto se tradujo en una inconsistencia. El borrador del informe señala que la concentración de cianuro en el mismo punto del río Potrerillos era de 55,05 mg/l y en el río Las Taguas, que está más abajo, era mayor, de 133 mg/l. "Si bien tanto la corriente del derrame como el caudal de los ríos fue variable a lo largo del día, en Potrerillos sería esperable una concentración varias veces superior debido al efecto de dilución", evaluaron los técnicos.
Aún así, la ley 24.585 que regula la actividad minera establece como límites para la protección de la vida acuática un máximo de 0,005 mg/l de cianuro, por lo que el dato corregido sigue siendo ampliamente mayor al valor permitido.
Lo mismo pasa con el mercurio medido, que superó el límite de 0,001 mg/l que establece esa ley. Por ejemplo, se detectaron valores que alcanzaron hasta 0,0093 mg/l en el Río Potrerillos y 0,008 mg/l en el Río Las Taguas.
Por último, los expertos subrayaron que algunos resultados de pH informados "presentan valores incompatibles con la magnitud medida". O sea que Barrick Gold no sólo limitó las sustancias sobre las que decidió reportar, sino que los guarsimos que brindó tampoco son confiables.
Ante la consulta de Infobae, desde Barrick Gold dijeron desconocer el reporte, pese a que está en los dos expedientes penales abiertos tras el derrame.
¿La mina más segura del mundo?
De la redacción del informe participaron expertos de las direcciones de Residuos Peligrosos, Prevención y Recomposición Ambiental y Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. En sus notas incluyeron una serie de críticas muy duras al sistema de seguridad Veladero.
Entre otras cosas, marcaron que no hay bateas de contención en lugares críticos o doble camisa en las tuberías. También subrayaron que el canal en el que se produjo la fuga "está excavado en el terreno y se encuentra sin impermiabilizar", por lo que es posible que se filtre líquido a las napas.
Pero quizás lo más grande es que advierte que el yacimiento considerado por Barrick Gold como el más seguro del mundo "no cuenta con controles automáticos". Por eso el derrame se detectó indirectamente, cuando el monitoreo que se hace dos veces al día en el río Potrerillos arrojó que había subido el volumen de agua. De ahí en más, se demoró una hora en detectar el origen de la contingencia. Buena parte de la tragedia se podría haber evitado.
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El río Negro con naftaleno, plomo, hierro y cobre
La Corte confirma la contaminación del Río Negro
Un informe reciente presentado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que el río Negro ya no es la fuente natural que supo ser. El análisis de la muestras tomadas en las zonas de la naciente y de la confluencia determinó que en el agua hay presencia de naftaleno "que puede ser nociva para la salud de la gente y para el medio ambiente".
La información fue difundida ayer por los legisladores del radicalismo y de la Coalición Cívica ARI Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester, Jorge Ocampos y por la senadora Magdalena Odarda. Se trata de los parlamentarios que a principios de este año presentaron una denuncia penal en el Juzgado Federal de Roca para que se investiguen las responsabilidades en la afectación del recurso natural más importante del Alto Valle.
Fuentes judiciales confirmaron ayer a "Río Negro" la existencia de ese documento oficial de la Corte en la causa 842/2015, pero advirtieron que todavía faltan más estudios para precisar si el naftaleno y otros metales que fueron encontrados en el río (plomo, hierro y cobre) se encuentran en niveles que permitan establecer la existencia de un daño ambiental.
Sobre lo que no dudan los funcionarios judiciales consultados es que el río Negro está contaminado por materia fecal, principalmente en la zona de Cipolletti, y en relación a ese aspecto, ayer se supo que la causa avanzó a paso firme en la línea orientada a dilucidar por qué la ciudad no tiene terminada su planta depuradora.
Con sendas órdenes de presentación en Buenos Aires y en Viedma (una medida más "amable" que marca el paso previo a un allanamiento), el Juzgado Federal a cargo de Jorge García Davini consiguió la documentación oficial relacionada con los aportes que hizo el gobierno nacional al municipio de Cipolletti para construir el segundo módulo de esa planta. Y por estas horas el expediente se encuentra en la Fiscalía Federal, a la espera de una decisión clave para el actual intendente, Abel Baratti, quien podría terminar su gestión la semana que viene con serios problemas ante la Justicia (ver aparte).
"Constante presencia"
Con respecto al informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte, los legisladores rionegrinos señalaron que "en las muestras efectuadas en la naciente del curso de agua, como así también en la confluencia, es constante la presencia de naftaleno, al igual que la de otros metales cuya incidencia debería ser analizada como son los casos de plomo, hierro y cobre".
"En las conclusiones finales del informe del cuerpo médico forense se sostiene, y esto es lo más alarmante "que no solamente se encuentra naftaleno en las muestras estudiadas, sino en otras sustancias químicas que también pueden traer problemas en la salud de las personas y del Medio Ambiente por ser estas muy persistentes"", agregaron. Finalmente se indica sobre el análisis realizado que "en base a los resultados remitidos de las muestras tomadas, se puede informar que en ellos se observan resultados que están por encima de los valores guía como la presencia de naftaleno, amoníaco nitritos, sulfuros y fenoles, así como de metales como el plomo, hierro y cobre. Un valor de DQO (demanda química de oxigeno) aumentado y la presencia de sedimento sólido".
Proyectan una hidroeléctrica cerca de El Bolsón
Estudios previos para construir una central hidroeléctrica en cercanías a El Bolsón
Fuente: ADN Agencia Digital
La obra fue gestionada por el Gobierno provincial en el marco de un plan para explotar la potencialidad de las energías renovables en el territorio rionegrino.
La consultora ABS S.A. será la encargada de hacer el estudio de referencia, que consiste en la confección del pliego técnico que analizará integralmente la cuenca del Arroyo Lindo para su aprovechamiento hidroeléctrico.
“De acuerdo al cronograma de tareas entregado, el trabajo se inició esta semana y tendría que estar concluido en diciembre”, informó el Secretario de Estado de Energía provincial, Sebastián Caldiero.
“Tenemos mucha expectativa ya que uno de los ejes sobre los cuales gira la política provincial en materia de energía eléctrica está centrada la explotación de proyectos de energías renovables, como lo es en este caso la hidroelectricidad”, señaló Caldiero.
“Sobre la potencia eléctrica que podría despachar el complejo el algo que surgirá de los estudios y análisis en marcha, al igual que las alternativas de localización y el tipo de central recomendada para estos casos”, aclaró el funcionario provincial.
Cabe agregar que el proyecto fue reflotado por el organismo provincial el año pasado y su avance estaba condicionado al análisis de las nuevas autoridades que asumieron tras el recambio gubernamental a nivel nacional.
Caldeiro mencionó que “es una buena señal que Nación haya entendido la necesidad de avanzar en este sentido y que se trata de una interesante iniciativa con una gran potencialidad”.
La elaboración del proyecto ejecutivo y pliego técnico fue acordado en $4.300.000, tal cual detalló la representante de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, Ing. María del Carmen Rubio, que participó del acto de adjudicación y formará parte de la Unidad Ejecutora del Programa que hará el seguimiento de los trabajos.
Una vez que la firma ABS SA entregue toda la documentación, se podrá avanzar en la licitación para la construcción de la obra y materializar el proyecto.
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Argentina amplía su plataforma marítima
Presentaron nuevo mapa de Argentina con plataforma marina ampliada
La Cancillería a cargo de Susana Malcorra presentó el nuevo mapa de la Argentina con el Límite Exterior de la Plataforma Continental reconocido por la ONU.
Malcorra destacó que la adopción por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) con sede en Naciones Unidas de las recomendaciones formuladas por la Argentina aumentan el territorio nacional por un equivalente al "48 por ciento del territorio emergido" del país.
"Este es un verdadero ejemplo de política de Estado", enfatizó la ministra de Relaciones Exteriores, quien destacó que la Comisión, que realizó su presentación en agosto de 2009 ante la ONU fue creada hace 20 años.
Durante una conferencia ofrecida en el Palacio San Martín, el titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) y vicecanciller Carlos Foradori subrayó que el trabajo realizado "no es el de un gobierno" y que "nadie, absolutamente nadie" es el autor de esa política sino que se trata de una tarea "de todos los argentinos".
"Es una casualidad que esta aprobación surja ahora. Es la conclusión de un trabajo de conjunto", subrayó Foradori, quien destacó que las tareas de la Copla se llevaron adelante "aún en el año 2001", en medio de restricciones presupuestarias.
Foradori destacó la tarea de la comisión de expertos argentina como "una verdadera fábrica de creación de soberanía" y destacó que permitió "obtener 1,7 millones de kilómetros cuadrados más de territorio para la explotación del lecho y el subsuelo".
"Se trata de riquezas que ni siquiera todavía conocemos", señaló el vicecanciller durante la presentación.
El trabajo científico, técnico y jurídico que permitió demarcar el límite exterior de la plataforma. Copla fue creada por ley nacional en los años 90 y está presidida por la Cancillería e integrada por el Jefe del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de Economía.
La presentación argentina fue realizada en 2009, e incluyó el reconocimiento del límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino: continental, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y Antártida Argentina, por lo que el dictamen de la ONU ratifica los límites argentinos y la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur.
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La Barrick y su responsabilidad: derrames no declarados
Hubo otros tres derrames de cianuro de la Barrick Gold que no se hicieron públicos
La información figura en un registro de contingencias, pero los vecinos de San Juan nunca se entraron. Desconfían de las cifras oficiales sobre esos incidentes de la empresa que ya fue sancionada por contaminar
No fue el único. Al derrame de más de un millón de litros de agua cianurada ocurrido el último septiembre en la mina Veladero, en San Juan, le antecedieron por lo menos tres vertidos que no se hicieron públicos en su momento. Aunque las cifras oficiales de esos incidentes son menores, en la Asamblea Jáchal No Se Toca desconfían de su veracidad, dado que la empresa Minera Argentina Gold (Barrick Gold) y las autoridades de San Juan intentaron ocultar la fuga del año pasado y su magnitud.
En la Asamblea Jáchal No Se Toca recibieron la novedad de los otros tres derrames con sabor amargo, porque nunca les avisaron y se enteraron casi de casualidad. "Tres incidentes previos al del 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero ratifican que las condiciones de infraestructura no son óptimas, y que los funcionarios que conocieron de ellas no actuaron conforme de su deber", lamentaron vía Facebook.
En los dos primeros casos, Barrick Gold informó que la gravedad de los incidentes fue "baja", mientras que evaluó en el tercero fue "media". Sin embargo, los asambleístas no creen ni en el balance ni en las cifras brindadas por la empresa. Y se basan en la experiencia del último derrame: un informe oficial de la la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental ocultado por el último gobierno y filtrado por sus trabajadores prueba que los cálculos de la minera canadiense sobre el volumen derramado y la concentración de cianuro fueron manipulados.
Aquella vez, Barrick Gold tardó varios días en reconocer públicamente el incidente y su verdadera magnitud. Primero lo negó. Luego lo admitió. Y después habló de 224 mil litros. Como adelantó Infobae en su momento, esa cifra en realidad marcaba un mínimo porque el cálculo había sido groseramente manipulado y sólo estimaba una cantidad de litros derramados en base a los momentos en que se detectó y se solucionó la fuga. Tal es así, que el vertido terminó siendo de unos 5 millones de litros y por lo menos 1.072.600 litros -una quinta parte- terminaron en el río Potrerillos.
"Desde el mediodía del 13 de septiembre todo el Gobierno de (José Luis) Gioja sabía que había habido un derrame y no dijeron nada. Nos enteramos a las 10 de la noche y por un mensaje de texto de un empleado de la mina. Quisieron ocultar lo que pasó", evaluó en declaraciones a Infobae uno de los integrantes de la asamblea, Saúl Zeballos, vecino de la localidad de Jáchal.
"Al otro día el gobernador dijo que no había contaminación. Y la Policía Minera salió a decir que habían sido 15 mil litros y que no habían llegado al río. Pero nosotros vimos que gente de Barrick Gold estaba tomando muestras de agua a 100 kilómetros de la mina. Es decir, sabían perfectamente todo y no lo querían decir", insistió. "¿Quién nos asegura que con los otros tres derrames nos dijeron la verdad? ¿Y quién nos asegura que no hubo otros que no fueron notificados?", preguntó.
Si hay algo en lo que coinciden los que están a favor y en contra de la megaminería en San Juan es en que Barrick Gold tuvo una pésima política comunicacional luego del derrame. Minimizar las cifras fue un error. En el mundo minero sienten que la firma canadiense le hizo un daño a la imagen de la actividad. No es menor: Veladero era considerada la mina más seguro del mundo. Y encima la minera canadiense sistemáticamente negó en público lo que terminó reconociendo en el expediente: que hubo contaminación. La credibilidad se la llevó el cianuro.
En Entre Ríos no cumplen con la ley de agroquímicos
'No se cumple la ley' que regula la aplicación de agroquímicos
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, afirmó que “no se cumple” la ley de plaguicidas Nº 6599 vigente en la provincia para regular la aplicación de agroquímicos.
“No se cumple la presentación de la receta agronómica y el control de un ingeniero en la fumigación”, describió. Adelantó que su intención es “poner en orden” esta situación, trabajar con los municipios y la Policía y más adelante escuchar la opinión de los ambientalistas.
El secretario de Producción Primaria, Martín Barbieri, dijo que desde su área se propuso hacer un relevamiento respecto a la utilización de agroquímicos en la provincia.
“Vemos que no se cumple la ley vigente, no se cumple la presentación de la receta agronómica, el control de un ingeniero agrónomo en la fumigación en zona periurbana”, describió.
Esta “falta de control” – señaló – “va en detrimento del medio ambiente”. Por eso adelantó que quiere llevar adelante “un ordenamiento” para que el proceso sea “más justo con los aplicadores, con los poblados y el medio ambiente”.
En esa línea, dijo que trabajará “en conjunto con los municipios y la Policía para aunar esfuerzos entre todos, que se cumpla la ley a rajatabla y que se respeten las instancias como corresponde”.
Con ese objetivo, se llevó adelante el 15 de marzo pasado un encuentro “multisectorial” que reunió a actores del agro como entidades de productores, profesionales de la materia, y funcionarios de Gobierno. No estuvieron representados los ambientalistas entrerrianos.
“Va a haber futuras reuniones y se los convocará. Esta vez se nos ocurrió llamar a los actores directamente relacionados con las aplicaciones para tener un relevamiento de la primera línea. Nos interesa, siempre y cuando sea bien fundamentada, la opinión de los ambientalistas y todas las voces. Para eso habrá más instancias”, respondió Barbieri.
En tanto, desde la Campaña ‘Paren de fumigar las escuelas’ Jorge Bevacqua lamentó no haber sido convocados por la cartera de Producción para tratar el tema.
“Ninguna de las organizaciones que trabajan en la defensa del ambiente y de los bienes comunes participó, solo fueron políticos y empresarios integrantes de la cámara de agronegocios”, definió.
Tras opinar que “deberían escucharse todas las voces” respecto al tema, Bevacqua insistió en que la discusión no debe ceñirse sólo a la cartera que conduce el ministro Carlos Scheppens. (APFDigital)
Cabe recordar que hace unos días, mediante un proyecto de resolución en conjunto con su compañero de bancada, Daniel Koch, el diputado provincial, Gustavo Zavallo, solicitó que el gobierno aplique la Ley de Plaguicidas Nº 6599, sus resoluciones y decretos. Asimismo, insta al Ejecutivo a “dotar al Ministerio de la Producción provincial de los recursos humanos, de infraestructura y económicos para cumplir con los objetivos de la ley”.
“Hace mucho tiempo se viene reclamando desde distintos sectores sociales una Ley de Agroquímicos que limite el uso de los mismos a un nivel compatible con la salud humana y sostenible desde la producción agropecuaria”, alertó.
La Nuclear de Embalse sin estudio de impacto ambiental
La Nuclear adeuda el estudio de impacto ambiental
La Provincia lo reclama desde hace un año para habilitar las obras de extensión de vida útil. Esos trabajos están en ejecución desde 2011. El nuevo Gobierno cumpliría ese paso.
La Provincia intimó a la Nación, varias veces durante 2015, para que no avance en la obra de extensión de vida útil de la Central Nuclear de Embalse hasta no cumplir con los requisitos de la nueva ley de ambiente de Córdoba. La obra, sin embargo, está en plena marcha y nada indica que la advertencia pase a los hechos.
“Hasta la fecha, no obra presentación de estudio de impacto ambiental por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA”, respondió por escrito el 15 de marzo pasado el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba al pedido de informes elevado por el Foro Ambiental Córdoba.
En la respuesta a esa institución, el Ministerio adjuntó todos los trámites realizados, sin éxito, para que el Estado nacional cumpla con la ley de ambiente cordobesa aprobada en 2015. Una primera nota enviada por el ministro Fabián López a la empresa estatal que administra las usinas atómicas, el 30 de enero de 2015, notifica que “no podrá dar inicio a las obras de extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse sin que antes le sea otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme establece el artículo 31 de la ley provincial 10.208”.
Esa norma exige, para toda nueva radicación de cierta envergadura, la presentación de un estudio de impacto ambiental, que deberá evaluar la Provincia, además de “una audiencia pública u otros mecanismos que aseguren la participación ciudadana”.
En realidad, las obras para que la usina pueda operar por otros 30 años se iniciaron en 2011 y fueron avanzando paulatinamente. Con la vida útil de su reactor ya vencida, la parada prolongada para el recambio de los equipos críticos se inició en diciembre pasado. Se estima que demandará por lo menos dos años (algunos calculan tres) para que vuelva a ser puesta en marcha. Según informó años atrás el ex Ministerio de Planificación Federal, la inversión total superaría los 1.600 millones de dólares. Una buena parte ya se erogó en las obras ejecutadas y equipos adquiridos.
Federico Kopta, coordinador del Foro Ambiental Córdoba, señaló que reclamaron información a la Provincia “porque importa saber si se cumple la nueva ley de ambiente”. Indicó que “ni siquiera este planteo es a favor o en contra de la continuidad de la Nuclear, sino para asegurar que se cumpla la norma” y remarcó que “en este caso es el propio Estado el que no la está acatando”.
Kopta planteó que “si se cumple, la ciudadanía podrá acceder al estudio sobre el impacto ambiental, y en la audiencia pública consultar y discutir, como nunca se ha hecho, qué medidas prevén por ejemplo ante emergencias o riesgos”.
Tras aquella primera notificación de enero de 2015 a Nucleoeléctrica, hubo otra (el 18 de agosto), además de cartas documento a la Secretaria de Energía de la Nación (el 3 de febrero) y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (el 28 de abril). Finalmente, el 16 de noviembre pasado, la Policía Ambiental de Córdoba giró otra a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano estatal de contralor de la actividad atómica, en la que “intima a cesar las obras” por no dar cumplimiento a la ley cordobesa.
Las respuestas –a las que este diario tuvo acceso– muestran que las diferentes reparticiones nacionales rechazaron las intimaciones argumentando que no era una cuestión de sus incumbencias. En todo caso, quedaba en manos de Nucleoeléctrica.
La ARN replicó que la actividad atómica está en realidad regulada por la ley nacional 24.804 y precisó que “las actividades de Nucleoeléctrica se enmarcan en la licencia de operación otorgada y no existen objeciones que puedan demostrar eventuales incumplimientos” a la ley nacional y a las regulaciones de esa ARN.
En este marco, el flamante secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Javier Britch, admitió a este diario que el tema sigue abierto pero dijo saber ahora que “el estudio de impacto ambiental está en elaboración y hay un compromiso de enviarlo lo antes posible”. Según apuntó, algo varió desde el cambio de autoridades. “Nos hemos reunido con gente de Nucleoeléctrica. Hay una relación mucho mejor que la que había. Nos aseguran que el estudio está en marcha. Ellos tienen auditorías y normas internacionales exigentes, pero eso no quita que la Provincia pueda exigir que cumplan también con nuestra ley”, señaló.
Britch aseguró que una vez que se evalúe el estudio se convocará a la audiencia pública “como establece la ley”. Admitió que las obras de reconversión de la usina están en avanzada marcha y aclaró que “por el momento” no se insistirá con intimaciones para paralizarlas. “Mientras veamos predisposición, no hay intenciones de tomar otras medidas”, contestó el funcionario provincial.
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Grave déficit en la gestión de residuos de Mendoza
Crece la quema de basura y agrava la contaminación del aire
Hay vertederos clandestinos y semioficiales, utilizados por municipios. El fuego es provocado o debido a autoignición, con emisión de humo altamente contaminante, tanto o más que el de vehículos y fábricas. Urge una solución.
Columnas de humo gris y espeso invaden ambas manos del Acceso Este, a 100 metros del río Mendoza, en San Martín. En el costado sur de la ruta se ubica un basural a cielo abierto que ha proliferado desde el año pasado y que constantemente es invadido por las llamas. A simple vista, estas emisiones solamente afectan la visibilidad de los vehículos que por allí circulan, pero además deterioran la calidad del aire de la zona al contener material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles.
Justamente la quema de residuos es considerada por los expertos del Grupo de Estudios de la Atmósfera y el Ambiente (GEAA), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional Mendoza, como un aspecto más a tener en cuenta para analizar la contaminación atmosférica local, cuando antes se centraban únicamente en las fuentes móviles y fijas, es decir, en las industrias y en los automóviles.
“La quema de basura es otra fuente de contaminación que hemos notado y que impacta bastante. Anteriormente la habíamos subestimado, pero se está haciendo cada vez más crítica”, comenzó a explicar Enrique Puliafito, director del grupo de investigación de la UTN. El profesional detalló que en esos casos se emite sobre todo material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. “Estos últimos son muy tóxicos y pueden ser cancerígenos si las cantidades son más altas”, precisó.
El GEAA comenzó a indagar acerca de este fenómeno luego de que el dispositivo que mide material particulado en forma continua, que tienen instalado en el Parque General San Martín, mostrara valores muy altos en horario nocturno.
“Al principio creíamos que era provocado por los autos, pero después notamos que no era regular y se daba en horarios de madrugada por lo que tratamos de identificar las causas”, explicó Puliafito. Así descubrieron que el particulado provenía de la zona de Godoy Cruz donde se encuentra el basural El Pozo, donde si bien se ha comenzado el proceso de cicatrización, todavía se producen incendios.
“En general la situación se repite en casi todos los departamentos donde hay lugares de recopilación de residuos”, aseguró el experto de la UTN e indicó que la quema a veces es casual o de autoignición, y en otras es intencional.
A nivel sanitario, las consecuencias negativas de estas emisiones afectan principalmente a las personas que se encuentran más cercanas. “Hay familias que viven de la recolección del material reciclable que son los más perjudicados”, destacó Puliafito, y detalló que dentro de este grupo los que se llevan la peor parte son los niños, las personas que están enfermas -con algún tipo de patología cardíaca o respiratoria- y los ancianos.
“Es un trabajo que podría ser mejor organizado, lo que requiere es una tarea de los municipios y de todos los ciudadanos para reciclar los residuos; conductas que en otros países están dando buen resultado”, señaló el ingeniero.
Lo que más les preocupa a los expertos de la UTN es la proliferación de estos espacios clandestinos y lo poco que se considera el tema. “Hay cada vez más basurales dispersos en baldíos o terrenos que eran fincas y hay como una especie de dejadez por parte de toda la sociedad a la hora de abordarlo”, consideró Puliafito.
Miriam Skalany, titular de la Dirección de Protección Ambiental (DPA) de la Secretaría de Ambiente, coincidió con los científicos al considerar a la quema de desechos “como uno de los focos más peligrosos de contaminación ambiental”. “Todo lo que son grandes empresas cementeras o refinerías están muy controladas y la contaminación vehicular afecta principalmente al microcentro”, precisó.
Acorde a esta primera apreciación, Skalany contó que periódicamente realizan inspecciones en los distintos vertederos irregulares de la provincia: “El lunes pasado fuimos al basural clandestino ubicado en la ruta 7 a la altura del puente del río Mendoza, donde se están estableciendo nuevos asentamientos.
Para ella, la presencia de basurales está entremezclada con un problema social, porque mucha gente vive del cirujeo. “Podría solucionarse, primero que nada con plantas de separación y basurales habilitados, pero además con un sistema de recolección diferenciada”, explicó, afirmando que esta tarea les corresponde a los municipios, pero se trata de acciones que requieren grandes presupuestos. “Igualmente estamos trabajando el tema en el marco del Unicipio” (plan de gestión integrada de las comunas del Gran Mendoza), remarcó.
Acciones para remediar
Los basurales mencionados son sólo dos ejemplos de todos los que proliferan de forma irregular en la provincia. En el caso de San Martín, desde la comuna comentaron que esa porción del Acceso Este se transformó en vertedero por no contar con otro sitio para disponer los residuos, luego del cierre del tradicional lugar de disposición de desechos de ese departamento en calle Barrera.
“Por varios meses no se pudo poner en marcha la planta de disposición final en Rivadavia, donde debíamos llevar nuestra basura, y la situación se nos complicó”, reconoció Horacio Cremaschi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de San Martín. “Ahora que la planta está funcionando hemos empezado a remediar este vertedero para poder forestar”, detalló. Allí se colocará una garita de seguridad para evitar que vuelva a acumularse la basura.
“Para la primera quincena de abril vamos a tener el problema resuelto”, se comprometió el funcionario. En una visita de Los Andes al lugar se pudo ver a los camiones trabajando, pero con restos de basura aún ardiendo.
Por su parte, en la Municipalidad de Godoy Cruz aseguraron que desde noviembre de 2013 no se llevan nuevos residuos a El Pozo y que se está trabajando en su cierre definitivo. “Municipalmente no tiramos nada, sólo queda la basura que ya estaba. Lo que estamos haciendo es un trabajo de cicatrización, que consiste en llevar escombros para poder tapar la quebrada grande del lugar”, informó Pedro San Martín, director de Limpieza Urbana y Protección Ambiental. Si bien la idea es forestar todo el predio, pasarán al menos cuatro años hasta que se logre ese objetivo.
Según informó el funcionario, antiguamente trabajaban allí unas 100 familias, que se han reducido a solo tres. “Si vienen los carreteleros nosotros limpiamos enseguida por lo que queda muy poco material reciclable”, añadió. Con respecto a la quema, reconoció que días atrás se volvieron a repetir, pero que son eventuales y no tan frecuentes como lo eran años atrás.
“Tratamos de evitar que se prenda fuego”
Blanca Zárate y Jaquelina Saldaña -madre e hija- se dedican desde hace seis años a recolectar reciclables para vender en distintas chacaritas. Primero lo hacían en un basural ubicado en las inmediaciones del barrio Villa Adela de Palmira, donde viven, pero luego se trasladaron a las cercanías del Acceso Este, donde comenzaron a acumularse los residuos desde el año pasado.
“Nosotras juntamos botellas, plástico duro, cartón, vidrio, lo vendemos y con eso tenemos nuestro sueldo”, comentaron en un descanso de la tarea que les toma el día entero: “No somos la única familia que vive de esto, acá hay como 10. No es mucho lo que ganamos pero nos alcanza para vivir”.
Con el humo que les pegaba directamente en la cara, ambas comentaron que se trata de una situación que se repite a diario. “Nosotros tratamos de evitar que se prenda fuego porque perdemos material. pero no podemos controlar a todo el mundo que entra”, reconocieron. Ellas muchas veces se ven asfixiadas por este humo pero igualmente siguen trabajando, sin considerar las consecuencias para su salud.
“Nosotras estamos bien y nos sirve el trabajo, ahora están diciendo que van a cerrar pero si nos sacan no sé a dónde nos vamos a ir”, deslizó Jaquelina, quien es mamá de cuatro chicos.
Pedro López, jubilado, vive solo con su señora, por lo que toma la venta de reciclables como un extra de sus haberes mensuales. “No valen mucho los materiales, pero es mejor que estar todo el día en mi casa”, comentó. A él también lo perjudica la quema. “Por la noche viene mucha gente y nadie puede evitarlo, es una pena porque queda prendido por varios días y tenemos menos para sacar”, se lamentó.
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Limay: quieren para la contaminación
Buscan ponerles fin a los problemas de contaminación
El defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, presentó un amparo ambiental contra Fidus SA y la Municipalidad de Neuquén por debilitar el terraplén de defensa del río Limay a la altura del barrio cerrado La Castellana en Valentina Sur.
La presentación de Riva se generó luego de recibir un informe emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en donde se detalla el avance de la urbanización en zonas anegadizas en las que, según los vecinos, se escurre el agua cuando se dan altos caudales del Limay. Para corroborar el informe, el defensor y su equipo técnico estuvieron en el lugar el 16 de marzo, y comprobaron las advertencias hechas por la AIC y los vecinos.
El escrito legal detalla que se interrumpió un terraplén existente sobre la margen del río y se construyó otro que define el contorno del barrio en el sector. Riva explicó que los vecinos linderos al terraplén se inundan cuando el río tiene caudales que llegan al nivel máximo permitido (1290 metros cúbicos por segundo), y que se forman lagunas en el interior del barrio por elevación del nivel freático.
El amparo indica que "el padecimiento ambiental no se limita solamente al debilitamiento de las defensas del río, sino también a la afectación del normal funcionamiento hídrico del brazo del río que generó un foco contaminante por el estancamiento de las aguas". Agrega también que los vecinos que experimentan de modo frecuente la saturación de las cloacas, y que "sospechan" no estar conectados a la red del sistema cloacal de la ciudad.
Riva solicitó remediar en forma definitiva el daño ambiental ocasionado. "Esto significa restituir la defensa del Limay en condiciones de seguridad que resulten aprobadas por la AIC y Recursos Hídricos de la Provincia, priorizando la alternativa más rápida dada la urgencia del caso y la inminente agravación de los daños", señala el amparo.
También pide que se suspendan modificaciones que se proyecten sobre las defensas del sector, hasta tanto los organismos mencionados den la conformidad y requirió un informe de evolución de impacto ambiental.
El amparo incluye la remediación de la contaminación ambiental que surge del estancamiento de aguas del río. Requiere el normal funcionamiento hidráulico del brazo del río que en la actualidad se encuentra obturado.
Científicos argentinos al Polo Norte
Comienza una inédita misión de argentinos al Polo Norte
En una arriesgada misión, mañana partirá la primera expedición íntegramente argentina al Polo Norte. La iniciativa, impulsada y financiada por la Fundación Criteria con apoyo logístico del Ejército, buscará plantar bandera en el extremo del Artico para llevar un mensaje de alerta sobre el impacto del cambio climático en el mundo.
Pero, además, tendrá un objetivo científico: tomar una serie de muestras de hielo ártico como parte del desarrollo de estudios comparativos de contaminantes orgánicos e inorgánicos entre el Polo Norte y el Polo Sur, tarea que se realizará en conjunto con el Instituto Antártico Argentino.
La expedición Polo Norte 2016 está integrada por nueve argentinos con amplia experiencia en la montaña y en la Antártida, ocho expedicionarios propiamente dichos y un director que será el encargado de cuidar la misión desde una base cercana.
El grupo partirá mañana hacia Oslo vía Londres para finalmente llegar a Longyearbyen, en el archipiélago ártico de Svalbard (Noruega). Allí permanecerán cinco días en los que, además de probar las botas, esquíes y pesados trineos que utilizarán, deberán adaptarse al desafiante clima polar que enfrentarán en los días siguientes.
Una vez concluida esta etapa, a partir del 6 de abril, avanzarán 120 kilómetros desde la base Barneo (perteneciente a Rusia) para, finalmente, el día 14, plantar la bandera argentina en el extremo boreal del planeta. “Creemos que vamos a hacer marchas de seis a siete horas por día hasta llegar al Polo Norte. No sabemos la fecha exacta de llegada porque eso va a depender de las condiciones del clima y de las corrientes marinas”, explicó Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria e integrante de la expedición.
Los riesgos que deberán enfrentar son grandes. “El primer desafío son las muy bajas temperaturas (la mínima puede llegar a -70º), pero también las caídas al agua si la superficie glaciar se quiebra y, por último, algún problema físico. Pero estamos muy bien preparados. Estuvimos un año entrenando para este momento”, aseguró Tito.
El jefe de la expedición será el general Víctor Figueroa, ex director Antártico del Ejército y quien comandó la expedición al Polo Sur en 2000. Además, integrarán la patrulla Gustavo Curti, Ignacio Carro, Luis Cataldo, Emiliano Curti, Juan Pablo de la Rúa y Santiago Tito. Finalmente, también será parte de la expedición el fotógrafo Tomás Heinrich, el primer argentino que alcanzó la cumbre del Monte Everest, quien registrará el viaje y realizará un documental sobre la travesía.
“Poder participar de esta misión para todos nosotros es un orgullo, porque sentimos que estamos representando a los 40 millones de argentinos en una de las hazañas más importantes de los últimos años”, concluyó Tito.
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Fallo contra Monsanto por patentamiento de semillas
Transcendental fallo de la justicia argentina rechaza a Monsanto el pedido de patentamiento de semillas transgénicas
Fuente: naturalezadederechos.org
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en una sentencia, notificada en el mes de Diciembre de 2015, rechazó la demanda iniciada por la multinacional biotecnológica Monsanto en la cual solicitaba el patentamiento de las semillas transgénicas que produce y la declaración de inconstitucionalidad del art. 6 del decreto reglamentario 260/96 que establece que no se considerará materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos.
El 8 de febrero de 1995 Monsanto presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo estatal encargado de registrar las patentes por invenciones con aplicación industrial, una solicitud de patente por la cual reivindicaba - según la empresa - tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.
El INPI rechazó la solicitud de Monsanto por considerar que la misma era improcedente atento a que la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, o bien, "material biológico y genético o su réplica" tal como prevé la ley de patentes. Asimismo el INPI consideró que ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa, lo cual el decreto reglamentario 290/06 excluye expresamente la patentabilidad.
Ante la decisión administrativa, Monsanto en el año 2007 recurrió a la justicia federal solicitando la nulidad de la resolución administrativa del INPI y la declaración de inconstitucionalidad del art 6 del decreto reglamentario 290/06. En primera instancia la justicia fallo a favor de Monsanto, pero esa decisión judicial fue apelada por el INPI que motivó el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial revocandola.
La Cámara fue contundente en el rechazo, señalando que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud, es materia no incluida en el amparo que brinda el sistema de patentes, por no cumplir las previsiones establecidas en la ley.
El tribunal consideró que cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación.
En efecto, - cita la cámara- , la Ley de patentes 24.481 en su art. 4 establece que serán patentables las invenciones de productos o procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
Se sostiene en la resolución judicial que las decisiones del INPI rechazando el pedio de patentes de Monsanto constituyen actos administrativos válidos, por lo que rechaza la impugnación de inconstitucionalidad y nulidad de la multinacional, ya que no advierte que se vulnere el principio establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, toda vez que la norma cuya supremacía invoca la empresa -art. 27.3 del ADPIC- es la que, precisamente, permite el sistema de protección sui generis que se da con el cobro de un arancel previsto en la ley de patentes, sin exigir aquella que la innovación amparada de ese modo sea, al mismo tiempo, declarada patentable en la legislación interna del país miembro; y en lo que hace al derecho interno, ni el art. 17 de la CN. ni la Ley 24.481 autorizan a patentar el material incluido en la solicitud.
Con una claridad meridiana y en lo que hace el centro de la motivación del rechazo al pedido de patente de Monsanto, la cámara señala: que la interpretación armónica del art. 27.3.b del ADPIC y del art. 2.1. del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobado en la República Argentina mediante la Ley 24.376, autoriza a sostener que el primer cuerpo normativo permite que los Estados Miembros adopten un sistema sui generis de protección de las obtenciones vegetales que los releva de incluirlas en el sistema de patentes, protección que se completa con la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su dec. reglamentario nº 2183/91.
La sentencia ya fue apelada por Monsanto vía recurso extraordinario, pues al tratarse de una decisión de la ultima instancia ordinaria de la justicia en la que esta en juego la constitucionalidad de una norma, la misma es susceptible de ser recurrida ante la Corte Suprema de la Nación. Con ello se abre un nuevo marco de contienda, ya que seguramente muchas organizaciones, asambleas y colectivos que participan en varias campañas contra los proyectos de ley de semillas que procuran establecer el patentamiento que Monsanto busca por el camino judicial, estarán expectantes e interesadas de ser oídas por el máximo tribunal de la Nación, ya sea como amicus curiae o a través de la implementación de audiencias publicas,
Como bien se describiera en "La Argentina, segun Monsanto" las empresas agrobiotecnológicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC, han reclamado históricamente al Gobierno Argentino, el pago adicional de un canon por el uso de las semillas transgénicas que aquellas comercializan, alegando derechos de propiedad intelectual. Para la industria biotecnológica no alcanza el pago del arancel que la ley de semillas prevé, además - con Monsanto a la cabeza - reclama el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
Por el momento, Monsanto ha encontrado un obstáculo válido y legal con este fallo coherente y criterioso de la justicia federal argentina, que se constituye quizás en uno de los antecedentes mundiales primigenios en rechazarle a la multinacional norteamericana su pretensión de patentamiento, vía judicial, de las semillas transgénicas. Lo cual es muy importante, resta ahora que sea confirmado por la Corte Suprema de la Nación, ámbito adonde se deberá focalizar la atención, sin perjuicio de seguir reclamando ante el poder político que el actual orden legal vigente en materia de semillas y patentes (que sostiene la decisión judicial) permanezca inmutable.
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Conicet trabaja en cuantificar contaminantes emergentes
Valeria Lozano y su directora Graciela Escandar, ambas investigadoras del CONICET y docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR), llevan adelante en la Unidad de Química Analítica del Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) una investigación que incluye el desarrollo de nuevas técnicas para la cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales mediante espectroscopía de luminiscencia molecular. "Son fundamentalmente preocupantes los contaminantes emergentes pertenecientes al grupo de los fármacos", explicó Lozano. Según la investigadora, "los medicamentos consumidos a nivel mundial en forma frecuente como antibióticos y antiinflamatorios, o en forma continua por pacientes con enfermedades crónicas llegan a las aguas superficiales y subterráneas a través del vertido de desagües domésticos, hospitalarios y cloacales, o a través de descartes inadecuados, y no siempre ellos y/o sus metabolitos se eliminan correctamente en las plantas de tratamiento de aguas".
Un contaminante emergente es un compuesto orgánico o inorgánico que no integra naturalmente los ecosistemas, y que al estar disponible en el ambiente, aún en pequeñas cantidades, es capaz de producir efectos adversos a corto y largo plazo en los seres vivos.
"El agua, antes de ser potable pasa por un tratamiento y control, pero dado que los contaminantes emergentes no están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, sus residuos pueden potencialmente ingresar a la población a través del consumo de dichas aguas, con el consecuente riesgo para la salud. Esto indicaría la necesidad de desarrollar nuevos métodos científicos favorables para su rápida detección y cuantificación", agregó la investigadora.
Uno de los trabajos que están desarrollando Lozano y Escandar involucra el estudio de un nuevo método para la determinación de fármacos prescriptos en enfermedades crónicas, tales como carbamazepina (un anticonvulsionante usado a nivel mundial en cantidades del orden de toneladas por año), ofloxacina (antibacteriano de amplio espectro indicado para infecciones de los tractos urinario y respiratorio, que presenta además importante uso veterinario), y piroxicam (analgésico indicado para el alivio de los síntomas de dolor odontológico, artritis y artrosis, entre otros).
"Como no existe regulación que monitoree la presencia de estos compuestos en el medio ambiente, buscamos que nuestras técnicas logren su cuantificación a niveles de concentración muy bajos. Aunque un contaminante se encuentre presente en aguas a nivel de vestigios, puede producir efectos nocivos en los seres vivos que la consumen diariamente durante muchos años", indicó Lozano.
Para realizar los estudios, las investigadoras utilizaron muestras del río Paraná, aguas subterráneas de pozo y agua potable de la ciudad de Rosario y sus alrededores, y muestras de agua de Santa Rosa (La Pampa), lugar de origen de Lozano. Si bien hay evidencia científica del hallazgo de dichos fármacos en muestras ambientales y de consumo de Estados Unidos, China y Europa, hasta el momento, las científicas no han encontrado los contaminantes evaluados en las muestras analizadas.
Detección que cuida el ambiente
Las investigadoras desarrollaron métodos analíticos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida en combinación con algoritmos quimiométricos, que permiten analizar contaminantes en muestras ambientales y que cumplen con los principios de la Química Analítica Verde; es decir, se promueve instaurar técnicas analíticas que sean amigables con el medio ambiente, lo cual se logra reduciendo los volúmenes de desechos químicos, evitando el uso de grandes cantidades de solventes orgánicos o reactivos tóxicos, y consumiendo poca energía mediante métodos rápidos que permiten el procesamiento de aproximadamente 6-8 muestras por hora.
El tratamiento de los datos se lleva a cabo mediante un procesamiento quimiométrico, que utiliza estadística y matemática para resolver casos complejos de la química. Esta herramienta tiene como ventajas su bajo costo y la posibilidad de proporcionar información de alta calidad. "La quimiometría permite determinar varios compuestos simultáneamente en muestras complejas, como lo son las muestras ambientales, sin la necesidad de separarlos previamente. Con la quimiometría se gana mucho tiempo porque se puede optimizar el número de experimentos; además, dado el diseño de los métodos, se ahorra en el uso de solventes orgánicos tóxicos", concluyó Lozano.
¿Una comisión para investigar cómo funciona la Barrick?
Crearán una comisión para investigar cómo funciona la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 27/03/2016
Los funcionarios de los distintos ministerios designados deberán además presentarse el 29 de marzo en el juzgado para informar sobre los expertos que visitarán la mina y ultimar los detalles de la misma.
Así lo dispuso el juez en el marco de un pedido de medida cautelar para el cierre preventivo del establecimiento minero "Barrick Gold", ubicado en Veladero, provincia de San Juan
Como querellante, la asamblea "Jachal no se toca", basó su petición de cierre en que la empresa no había actuado conforme el plan de contingencia previsto en su informe de impacto ambiental, "lo cual podría haber contaminado el agua y los alimentos que consumen las poblaciones cercanas a la zona del derrame".
En la comisión tendrán participación la asamblea "Jáchal no se toca" y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. (PFA).
En la causa principal, el juez días atrás requirió un informe a la Facultad de Medicina de la UBA para determinar si el derrame de cianuro en la planta de Barrick Gold provocó afecciones a la salud de los vecinos del lugar
Ahora, en una nueva resolución, Casanello dispuso, en los términos del artículo 4° de la ley general de ambiente, la formación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para determinar cómo está funcionando la Barrick Gold.
El juez quiere saber si las condiciones "son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
La medida ordenada consistirá en formar una comisión de expertos a fin de que se constituya en la mina y detalle paso a paso "el procedimiento de pila de lixiviación que efectúa la empresa para la extracción de oro -y demás metales- mediante el uso de cianuro".
También que "indique si encuentra fallas en el mismo que podrían generar un daño ambiental y/o la filtración de solución cianurada al río Potrerillos; enumere y describa las medidas adoptadas y toda modificación realizada por la empresa a partir del derrame ocurrido, entre otras medidas técnicas.
Dicha información deberá ser recolectada "en un plazo improrrogable de 20 días corridos, desde la formación de la comisión", advirtió el juez.
La comisión deberá estar integrada por personal idóneo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, personal idóneo de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía y Minería Nación y personal idóneo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y coordinada por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, quien deberá encargarse de la confección de las actas correspondientes y de tomar registros fílmicos y fotográficos de la integralidad visita".
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La Pampa sigue peleando por su Atuel
“Vulneran derechos”
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, reiteró ayer que las autoridades mendocinas “defienden lo indefendible” y que para ello plantean “argumentos irreales”, en referencia a la postura del gobierno cuyano sobre el río Atuel, cuyas aguas no ingresan a territorio pampeano por el uso abusivo y unilateral en territorio mendocino.
“Justificar el robo de un río debe ser extremadamente complicado, quizás por eso es que se escuchan voces mendocinas sosteniendo expresiones inverosímiles y poco reales”, sostuvo Schlegel en declaraciones a Télam. Lo hizo en respuesta a las declaraciones del fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón, quien hace unos días minimizó la segunda demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del río afirmando que el planteo pampeano está más vinculado “a lo afectivo” que a lo razonable.
El secretario pampeano consideró que “siguen sorprendiendo las declaraciones en donde se defiende lo indefendible, utilizando argumentos irreales” y se preguntó “desde cuando los derechos de riego son más importantes que el derecho humano al agua, que es básico”.
“Estamos hablando que se vulneraron derechos que están escritos en cantidad de leyes internacionales, nacionales y hasta interprovinciales”, aseguró Schlegel. Si bien no las enumeró, a las legislaciones de carácter histórico -contempladas en el primer juicio-, en esta segunda demanda se incorporaron aquellas que promueven la defensa de los derechos humanos básicos, como es el caso del derecho al acceso al agua, la defensa del medio ambiente y el derecho social a gozar de un medio ambiente sano.
Segundo juicio.
En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado “interprovincial”.
La Corte Suprema analizó la demanda y tras solicitar la opinión del Procurador General de la Nación, consideró que representaba un caso federal que por sus características correspondía a su jurisdicción. Definido ello analizó los argumentos fácticos y consideró que había elementos para abrir un juicio. Para esa fecha, la demanda comenzó a caminar.
Hasta ahora, el trámite ha avanzado en la presentación de pruebas y la respuesta por parte de Mendoza, respuesta fundada en -tal como ocurrió en el primer juicio- negar los hechos y acusar a La Pampa por las consecuencias ambientales, sociales, productivas y culturales sufridas en este sector del territorio.
Para los próximos meses se espera que la Corte convoque a las partes a una audiencia en la que cada una expondrá los argumentos con los cuales defiende su posición.
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Confirman que el proyecto minero Potasio Río Colorado en Mendoza podría reactivarse
Fuente: mendozaopina.com
Será cuando la brasileña Vale encuentre el socio que está buscando, según admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, a la agencia Reuters.
El suspendido proyecto de potasa Río Colorado que Vale tiene en Mendoza podría reactivarse cuando la empresa brasileña encuentre el socio que está buscando. Así lo admitió Daniel Meilán, secretario de Minería de Argentina, en una entrevista con Reuters.
En julio de 2012, la ex presidenta Cristina Fernández había anunciado la puesta en marcha de la mina de potasio Río Colorado, en Mendoza, un proyecto que describió como "estratégico" por su monto cercano a los u$s 6400 millones y el efecto multiplicador en los proveedores que iba a generar.
Sin embargo, en medio de una abrupta caída del precio de la potasa, Vale cerró en diciembre de 2012 la operación en Río Colorado, en donde antes de la paralización del proyecto, la empresa había invertido 2.200 millones de dólares.
El proyecto también se vio afetado por la inflación y el atraso cambiario. En ese momento había pedido al Gobierno un beneficio impositivo para compensar la suba de costos, que le fue rechazado.
"Vale nos ha comunicado en principio que ellos no están queriendo vender, sino están queriendo buscar algún socio. Y estamos acompañándolos. Estamos trabajando para que el proyecto cuanto antes se pueda poner en marcha", dijo Meilán.
Según la nota de Reuters, Vale había planeado alcanzar una producción de 4,3 millones de toneladas de potasa al año en la segunda fase del proyecto, pero decidió abandonarlo cuando la caída del precio del mineral se sumó a un alza de costos, escasos incentivos fiscales y los fuertes controles de cambio establecidos por el gobierno argentino de ese entonces.
Meilán señaló que, de concretarse los planes, Vale pasaría a ser un socio minoritario en el proyecto. En la actualidad, la firma brasileña es la mayor productora mundial de mineral de hierro. La potasa es una forma de potasio, uno de los tres principales nutrientes de plantas junto con el nitrógeno y el fósforo, que se usa principalmente como fertilizante.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, dijo que ha completado el 45% del proyecto de Río Colorado, que consiste de una mina de potasa, 800 kilómetros de nuevas y mejoradas vías de tren y una terminal de carga de potasa en Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires.
En medio de los cambios económicos que está aplicando el nuevo gobierno de Mauricio Macri que asumió en diciembre del año pasado para seducir a inversionistas, Argentina espera recibir inversiones en minería por entre u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones en los próximos 10 años, según Meilán.
Consultados por periodistas de Reuters, voceros de Vale prefirieron no realizar comentarios.
Como parte de las reformas del gobierno de Macri para atraer inversiones que reactiven la actividad, estancada tras años de fuertes regulaciones sobre la economía, Argentina eliminó en febrero los impuestos sobre las exportaciones mineras.
"Si gran parte de estos proyectos se cumplieran con lo que tenemos en etapa de factibilidad, estaríamos entre los u$s 15.000 millones y u$s 20.000 millones de inversión", calculó Meilán luego de participar en una de las más importantes ferias del sector en Canadá. "Estos son los proyectos que están en vías de concretarse o ya están en vías de factibilizarse, por lo tanto va camino a la puesta en marcha", agregó el funcionario.
Asambleas antimineras deliberan en Jáchal
Asambleas ciudadanas de todo el país deliberan en Jáchal las consecuencias de las actividades mineras
Provincia/Región: Nacional - San Juan
La ciudad de Jáchal comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo. El encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias".
La ciudad de Jáchal, de unos 10.000 habitantes y ubicada a 170 kilómetros al norte de San Juan, "vive, desde hace seis meses, en permanente debate por el impacto del derrame", dijo Miriam Corso, una de las voceras de la Asamblea que comenzó a recibir a los delegados de todo el país para iniciar un debate que se extenderá hasta el domingo.
"Jáchal está muy atenta a los resultados del encuentro, porque el pueblo aguarda esperanzado que haya respuestas que hasta ahora no llegaron, a pesar de nuestra lucha de todos los días", dijo Corso quien aseguró que con este encuentro "recibimos el apoyo de nuestros hermanos de todo el país".
En la tarde de este jueves se realizó una presentación del encuentro, en el que se puso énfasis en que "en todo el país se profundiza el modelo extractivista, saqueador, represor y contaminante, como también son múltiples las luchas para frenar los negocios de transnacionales y empresas locales, y para construir alternativas".
Bajo el lema "Jáchal no se toca, Cierre, Remediación y Prohibición", el encuentro promete un "productivo debate de los representantes de los colectivos ciudadanos que aportarán sus experiencias" dijo Corso aunque no se descarta que otras temáticas ambientales como el fracking, el monocultivo, la mega minería y la problemática urbana, estén presentes durante las deliberaciones.
Estas asambleas nacieron en febrero de 2015 después que el gobierno sanjuanino anunció la intención de promover exploraciones para buscar uranio en la zona jachalera de La Ciénaga, y cobró mayor protagonismo con el derrame de cianuro en la mina Veladero.
Este hecho ya tiene a 9 ejecutivos de la mina imputados en la justicia de San Juan por el juez Pablo Oritja, y paralelamente se realizan investigaciones científicas ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires.
El magistrado federal hizo lugar a un amparo y ordenó que la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires realice una pericia a los vecinos afectados para conocer qué consecuencias trajo en su salud el derrame de cianuro.
Casanello dispuso además la formación de una comisión de expertos de varios ministerios, organizaciones y fuerzas de seguridad para evaluar cómo funciona el emprendimiento de la minera Barrick Gold tras las denuncias por contaminación con cianuro.
Resolvió que en esa comisión participen instituciones públicas, integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca” y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, con la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.
Los expertos deberán establecer definitivamente bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero y si esas condiciones son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.
Barrick Gold deberá afrontar ahora una demanda colectiva en Estados Unidos bajo la acusación de brindar "información falsa" sobre las razones que llevaron a frenar la explotación minera en Pascua Lama, situada en el límite entre la provincia de San Juan y Chile.
Del lado argentino, Pascua Lama se ubica en el departamento sanjuanino de Iglesia, afectado por el derrame de un millón de litros de líquidos cianurados en ríos de la provincia cuyana, producido el 13 de septiembre del año pasado en la mina Veladero.
Por otro lado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, adelantó que pedirá que se ejecute el seguro ambiental de 90 millones de pesos - monto que deberá ser desembolsados por la minera canadiense- por el impacto ambiental negativo que produjo el derrame.
Los participantes del encuentro de Asambleas asistieron hoy a una intervención artística coordinada por organizaciones de derechos humanos de Jáchal y luego marcharon por las calles de la ciudad, en reclamo de "cierre, remediación y prohibición" de la mega minería en la provincia cuyana.
Para mañana está revisto que deliberen las comisiones del encuentro, se realicen talleres y se escuchen charlas que continuarán el sábado, en el acampe de la plaza departamental mientras que el domingo se leerán las conclusiones y se cerrará en encuentro con un almuerzo.
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Controvertido zoo de Mendoza recibe especialistas
Especialistas en cuidado animal realizan auditoría en el zoológico de Mendoza
El zoológico de Mendoza recibió a Lydia Lefebvre, quien es experta en osos en cautiverio y colaboradora de Else Poulsen, referente en esta área y presidente/fundadora de la organización sin fines de lucro The Bear Care Group (Grupo para el Cuidado de los Osos).
Poulsen ha colaborado desde el inicio de esta gestión con la directora del Zoológico, Mariana Caram, para mejorar el bienestar de todos los osos que se encuentran en cautiverio dentro del establecimiento provincial, en particular del oso polar Arturo. Para esto Poulsen envió a su colaboradora Lydia Lefebvre, quien cuenta con una amplia trayectoria en el cuidado de estos animales, para que lleve a cabo el informe solicitado por la secretaria.
Su tarea en el zoológico provincial será la de auditar el estado de salud del oso polar Arturo y de los once osos pardos que allí se encuentran.
Además hará hincapié en los procesos que se realizan en cuanto al mantenimiento de los recintos, la calidad de los mismos, la alimentación de los especímenes, enriquecimiento y otros aspectos preponderantes para asegurar y lograr la calidad de vida de estos animales.
El secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, agregó que “esta evaluación es fundamental para conocer más sobre el estado de salud y cómo mejorar las condiciones de vida de los osos. Esto junto con el material correspondiente al estado de los recintos, permitirá la realización de un informe final a cargo de estos especialistas. Esta herramienta nos orientará a la hora de planificar las acciones a seguir para mejorar el bienestar de los osos”.
Por su parte, diputados integrantes de la comisión de Ambiente concurrieron al zoológico de Mendoza y se reunieron con la directora, Mariana Caram quien dio detalles de las necesidades de la institución y defendió la declaración de emergencia ambiental que permitiría reconducir partidas del presupuesto para mejoras en el predio.
“Necesitamos contar con partidas de dinero inmediatamente para hacer frente a situaciones críticas” expresó Caram y sumó que el zoológico “necesita recuperar la infraestructura desde lo más básico, desde el equipamiento hasta la mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores y la mejora de la calidad de vida de los animales y los recintos”.
La funcionaria añadió que “tenemos muy poco personal” y además que “necesitamos que se invierta lo que hace años no se invierte”.
“No tenemos los vehículos necesarios, no podemos enterrar animales muertos ni hacer la limpieza del guano”, dijo.
La emergencia en cuestión, dispuesta por el Ejecutivo, establece el adelanto de más de 2 millones de pesos que, según Caram, “forman parte del presupuesto normal del zoológico” pero podrían disponerse con anticipación si se formalizara la medida.
El titular de la comisión de Ambiente, José Muñoz (FPV) y los legisladores integrantes Gustavo Villegas (UCR), Héctor Fresina (PO), Macarena Escudero (PTS), Norberto González (FPV), Gladys Sánchez (UCR), Omar Sorroche (UCR) y Javier Molina (FPV) consultaron además por la situación específica de dos de los animales, la mona Cecilia y el oso Arturo.
Más tarde, los legisladores se reunieron con trabajadores de la entidad quienes coincidieron con la dirección en la falta de personal al tiempo que destacaron la labor, sobre todo con el oso Arturo, quien con 30 años, ha superado la expectativa de vida de su especie gracias al cuidado de quienes se desempeñan allí.
Según lo expresado por el titular de la comisión, “hay puntos en los que coincidimos la mayoría de los legisladores y vamos a tratar de priorizar el bienestar animal”.
Tras emanaciones, Botnia-UPM podría ser sancionada
Sancionarían a Botnia-UPM por sus emanaciones
Luego de detectarse fuertes olores en Fray Bentos, la Dirección de Medio Ambiente uruguaya "constató" que provenían de la pastera y podrían tomar medidas.
La Directora de Medioambiente de la Intendencia uruguaya de Río Negro, María Amelia Cabrera, dijo que se recibieron diversas denuncias de vecinos afectados y que "en ese momento, la planta comunicó que había iniciado el proceso de vaciado de las piletas de efluentes".
Cabrera indicó que no siempre que se registran olores en la ciudad proceden desde UPM y que por tal motivo, se activa un protocolo para determinar la fuente de los mismos. La funcionaria expresó que técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) realizaron una inspección y comprobaron que "los olores sí provenían desde la planta de celulosa".
Asimismo, Cabrera remarcó que UPM es pasible de una sanción por haber incumplido con la comunicación proactiva, al no dar aviso a tiempo sobre una actividad que puede generar emanaciones; haber dispuesto de lodos biológicos en el relleno industrial sin realizar la inertización prevista, entre otras cuestiones.
Siguen los controles a ingenios para preservar el Salí
Continúan los controles a ingenios para evitar la contaminación del Salí
Fecha de Publicación: 25/03/2016
Los esfuerzos tripartitos (Tucumán, Santiago del Estero y Nación) apuntan a la contención de vinazas, cenizas y la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua.
Los controles permanentes, que realizan en conjunto la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, el Ministerio de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, se llevan adelante en el marco de la Ley 8.470, que obliga a la provincia a resolver la problemática ambiental que afecta a la Cuenca Salí-Dulce.
La normativa ordena a la provincia realizar obras y acciones, progresivas, programadas y fiscalizadas, con el objetivo de evitar el vuelco de efluentes líquidos industriales contaminantes en cuerpos de agua que desembocan en Embalse.
“El esfuerzo de inspección que se puso en marcha en el año 2015 sobre las empresas azucareras, alcoholeras, alimenticias, papelera, salinera, entre otras, se mantendrá en este año ya que los resultados han demostrado que la carga orgánica en el río Salí y tributarios ha disminuido notablemente”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, al referirse al nuevo ciclo de fiscalización en empresas a partir de este año.
Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, informó que esta semana se sumarán a los controles autoridades y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. “Se va mantener este esquema para dar transparencia a las inspecciones y para que los informes que enviamos trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentren avalados y validados por los intervinientes”, comentó.
Este sistema, según explicó el funcionario, permite la contención de vinazas, cenizas, la recuperación de los niveles de oxígeno en el agua, la ausencia de sólidos industriales en los cursos y también la ausencia de mortandad masiva de peces.
Etiquetas: Contaminación del Sali-Dulce, industrias - empresas - economía, legislación y derecho ambiental, recursos hídricos, Santiago del Estero, Tucumán | 0 comentarios
Río Negro quiere su propia ley de cambio climático
Proponen una ley de cambio climático para Río Negro
El objetivo es regular la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
“El cambio climático es una realidad que nos afecta a todos. El crecimiento del océano, el derretimiento de los hielos, la deforestación, la extinción de animales y la proliferación de enfermedades, no son casos ficticios y aislados. Son hechos reales que se relacionan”.
Las palabras pertenecen al legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, Leandro Lescano, quien ingresó la propuesta de crear la Ley de Cambio Climático cuyo objeto sería la regulación de la intervención provincial dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
En los fundamentos, el autor aclara que “si bien no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, a nivel mundial tenemos un compromiso institucional y generacional”. “Por ello -argumenta- es fundamental encarar acciones públicas de largo plazo que permitan establecer metas y trabajar con indicadores palpables”.
Lescano expone un amplio desarrollo de investigaciones que han arrojado resultados estremecedores sobre el un aumento precipitado e incontrolable de los principales gases contaminantes. Asimismo, cita los distintos protocolos, programas y convenciones que se han conformado para revertir o detener este fenómeno global.
“La provincia de Río Negro, por su parte, ha sancionado la Ley Provincial 4474 -Observatorio de Cambio Climático- y la Ley 4052 -Mecanismos para un Desarrollo Limpio creados en el Protocolo de Kioto-. Además, se ha creado el área de energía eólica que desarrolla la empresa INVAP SE, la Empresa de Energía Eólica creada por INVAP SE y Transcomahue, y las acciones realizadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial en materia de desertificación”, consigna el texto presentado recientemente en la Legislatura.
“Para profundizar estos logros, es preciso una normativa provincial que avale las acciones, medidas y programas tendientes a combatir el cambio climático. De este modo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sería la autoridad de aplicación que, con el apoyo y la colaboración de todos los que se comprometan en esta causa, elaborará el plan de acción correspondiente”, resumió el legislador del oficialismo.
Etiquetas: cambio climático, legislación y derecho ambiental, Río Negro | 0 comentarios
Entre Ríos: analizarán regular fitosanitarios una vez más
El martes vuelve a tratarse el proyecto de ley de agroquímicos
Diputados comenzará a analizar en la Comisión de Tierras, Recursos Naturales y Ambiente, el proyecto con media sanción del Senado para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata del proyecto con media sanción del exlegislador de Islas, César Melchiori, el cual había generado el rechazo de profesionales y agricultores a raíz de las distancias de fumigación establecidas en el texto.
La comisión se reunirá el próximo martes para lo cual invitó a funcionarios de Producción, Salud y Ambiente para que expongan sobre la ley de Plaguicidas vigente.
El encuentro está previsto para las 10 y será encabezado por la titular del cuerpo que según pudo saber esta Agencia, es la representante de Cambiemos Gabriela Lena, oriunda de Chajarí.
El proyecto del exsenador César Melchiori prohíbe las pulverizaciones aéreas “cualquiera sea el producto activo o formulado” pero aclara que “sólo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable”; en tanto fija una restricción de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes para las pulverizaciones terrestres, a la vez que establece la misma distancia para “viviendas urbanas o rurales, establecimientos educacionales, laborales, de salud o de uso público”.
“Esta distancia podrá reducirse en predios o lotes determinados, con autorización expresa de la Autoridad de aplicación y contralor”, agrega la iniciativa que pone como autoridad máxima a la Secretaría de Ambiente.
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Reunión antiminera internacional en Jáchal
Santiago realiza controles de fauna
Córdoba saturada de agua

References: resolución 
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
sui generis
sui generis
 artículo 4
in fine