Source: https://elderecho.com/la-legitimacion-activa-en-la-exigencia-del-deber-de-lealtad
Timestamp: 2020-02-18 01:08:39+00:00

Document:
La legitimación activa en la exigencia del deber de lealtad - El Derecho
La legitimación activa en la exigencia del deber de lealtad
Foro 12-04-2019 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
En relación con la legitimación para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805-, y de las acciones de cesación, remoción y anulación del art. 232 LSC, ¿es aplicable el régimen de legitimación de la minoría del artículo 239 LSC, y la legitimación de terceros, o se trata de una legitimación exclusiva de la sociedad?. ¿Es la acción de enriquecimiento injusto una acción autónoma, o se trata simplemente de una penalidad adicional del comportamiento desleal?
Desde estas páginas hemos descrito la nueva regulación de los deberes de los administradores sociales, acometida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, como un cambio de paradigma. Junto con las modificaciones introducidas en materia de impugnación de acuerdos sociales, la nueva configuración del régimen de responsabilidad de los administradores constituye un punto de inflexión con respecto a la situación de partida.
No resulta fácil la interpretación, en todo su alcance, del nuevo sistema. A partir de una diferenciación, que se pretende nítida, entre el deber de diligencia y el deber de lealtad, -lo que no siempre resulta sencillo, pues entre ambos hay numerosas zonas grises, en las que ambos deberes se superponen-, la forma en que se estructura el contenido de este último resulta muy compleja y llena de matices. Pero, pese a su dificultad, deberá convenirse en que el nuevo sistema merece la crítica positiva de alinear nuestro ordenamiento con los más avanzados del entorno, y con la doctrina más autorizada.
En un intento de sistematización de las nuevas reglas, pueden identificarse tres niveles normativos: en primer lugar, una cláusula general (la contenida en el art. 227.1 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-), de contenido admonitorio o moralizante: los administradores “deberán desempeñar su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”. Este es el parámetro de enjuiciamiento de la lealtad, que no presenta grandes divergencias con el criterio con que han de juzgarse otras posiciones fiduciarias. En segundo lugar, la ley define, -con cláusulas deliberadamente abiertas-, una serie de obligaciones básicas del administrador, que derivan del deber general de lealtad (las contenidas en el art. 228), sin aparente jerarquía o relación entre sí, hasta llegar a su apartado e), que abre la puerta a lo que se ha denominado el “núcleo duro” del deber de lealtad del administrador societario: la obligación de evitar situaciones de conflicto de interés.
El apartado e) del artículo 228 -EDL 2010/112805- configura el tercer nivel de la lealtad fiduciaria, de manera que la norma desciende ya a proposiciones más precisas, concretas, que describen situaciones de conflicto de interés típicas; algunas clásicas, como la utilización de información a la que se tuvo acceso por razón del cargo, o la prohibición de competencia, y otras más novedosas en nuestro ámbito, como sucede con la prohibición de retribuciones externas, la prohibición del uso de los activos sociales en beneficio propio, o con las transacciones vinculadas. La singularidad de estos deberes radica en que, pese a delimitar el núcleo del sistema, se trata de deberes dispensables (art. 230).
En resumen, la presencia de una situación de conflicto de interés en la que puede encontrarse el administrador societario activa todo el sistema protector del deber de lealtad en tres niveles: a) la imposición de un deber de abstención (art. 228, c -EDL 2010/112805-), general y particular en situaciones conflictuales típicas, seleccionadas por su mayor gravedad o por su mayor grado de tipicidad; b) la posibilidad de que el administrador pueda exonerarse si informa a la sociedad de la situación de conflicto (art. 229.3); y c) finalmente, la posibilidad de que la sociedad dispense la actuación en casos concretos (art. 230.2 y 3 ), a través de un procedimiento con cuatro escalones de control: a’) delimitación ad hoc de las obligaciones que consienten dispensa ; b’) un procedimiento específico para su concesión, con distribución de competencias entre los órganos sociales en función de la prohibición dispensada, y diferente según el tipo social; c’) el condicionamiento de la dispensa al aseguramiento o inocuidad de la conducta permitida; y d’) una obligación de transparencia, incrementada para las sociedades cotizadas.
La evidente complejidad del sistema se complementa con modificaciones concretas en el régimen jurídico de las acciones de responsabilidad, tendente precisamente a reforzar la tutela del deber de lealtad, agravando las conductas transgresoras. Si bien, el sistema general de acciones continúa invariable (permanece el sistema de responsabilidad por deudas, y se mantiene la diferenciación entre la acción social y la acción individual), se introducen normas especiales tendentes a agravar el precio de la deslealtad. Para ello, además de una mayor precisión de las normas que afectan a la determinación de la legitimación pasiva, se modifica parcialmente el régimen de la acción social de responsabilidad, ampliando el círculo de legitimados pasivos con una norma de legitimación de la minoría (art. 239 -EDL 2010/112805-). A ello se añade, como relevante novedad, que si la acción social se basa en el incumplimiento del deber de lealtad, la legitimación del socio es directa, no subsidiaria.
Además, aunque con cierta deficiencia sistemática, tras definir la cláusula general del deber de lealtad, el legislador de la reforma hace ver que la vulneración de este deber es más grave que las infracciones del deber de diligencia, y por esta razón introduce una penalidad adicional: además del resarcimiento del daño causado a la sociedad, el administrador desleal deberá devolver el enriquecimiento injusto obtenido. Viene a decirse que cualquier beneficio o ventaja obtenida de la infracción del deber de lealtad es una ventaja ilícita.
La pregunta que surge es si esta tipificación expresa del enriquecimiento como injusto supone la introducción de una acción autónoma de responsabilidad del administrador. No lo creo. En mi opinión se trata de una consecuencia sustantiva de la infracción del deber de lealtad: en este caso, el administrador no sólo debe restañar el patrimonio social, -objeto propio de la acción social-, sino que las consecuencias de la acción se extienden, de modo que todo beneficio obtenido producto de la conducta desleal ha de devolverse a la sociedad, porque ex lege pertenecía a ésta, y nunca puede servir para que el administrador se enriquezca injustamente. No se trata, pues, de poner en juego un remedio subsidiario para restablecer un desplazamiento patrimonial antijurídico, sino que dentro del marco jurídico de la acción social, si ésta se basa en la infracción del deber de lealtad, la consecuencia de la estimación de la demanda será la indemnización del daño y la devolución del beneficio, por sí mismo ilícito, indebidamente obtenido. Si bien se miran las cosas, la norma guarda parentesco con la regla general del mandato, -denominador común de la relación del administrador con la sociedad-, contenida en el artículo 1720 del Código Civil -EDL 1889/1- (obligación del mandatario de abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato).
Pero lo hasta aquí expuesto no pasa de ser una opinión particular. La cuestión ha sido planteada a nuestros expertos, junto con el problema, íntimamente vinculado, de la legitimación para el ejercicio de las acciones basadas en la deslealtad del administrador, en particular de tres de las acciones “conexas” a que se refiere el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805-: las denominadas acciones de cesación y de remoción, y la acción de anulación. De esta última ya nos ocupamos, -recordará el lector atento-, en el Foro de Noviembre de 2015 -EDC 2015/509363-, pero creemos que el tiempo transcurrido permite apreciar nuevos matices y justifica una nueva reflexión, impresión que se ve avalada si se atiende a las primeras resoluciones judiciales que se han ocupado del tema. La cuestión que planteamos indaga sobre si resulta justificado entender que sólo la sociedad es la legitimada para el ejercicio de las acciones conexas, o si existen razones que justifican una visión más amplia.
Como se verá, existen fundamentos sólidos para ambas posturas, y los escasos pronunciamientos judiciales han seguido soluciones divergentes. En las opiniones de nuestros expertos se encontrará una exhaustiva referencia a las más recientes aportaciones doctrinales sobre el problema. Su lectura confirma la reflexión con la que se iniciaba este comentario: los deberes de los administradores, y las acciones para exigir su responsabilidad, -tan frecuentes en nuestro foro-, se están construyendo en nuestro tiempo casi desde su primera fase de cimentación.
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Mercantil", el 1 de marzo de 2019.
1. Planteamiento. El régimen normativo de remedios frente a l...
1. Planteamiento. El régimen normativo de remedios frente a la deslealtad del administrador
Son muchos los aspectos de la regulación de las sociedades de capital que han experimentado una modificación relevante como consecuencia de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital -“LSC” -EDL 2010/112805- realizada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la reforma del gobierno corporativo -la “Ley 31/2014” -EDL 2014/202806--. Una de esas materias es la regulación de los deberes de los administradores y, dentro de estos, del deber de lealtad. Cabe aquí distinguir dos planos. De un lado está el de reglamentación sustantiva del propio deber y su contenido. De otro lado está el de determinación de las consecuencias de su infracción.
Por lo que se refiere al segundo plano, que es el relevante para este comentario, tradicionalmente, primero la Ley de Sociedades Anónimas -EDL 1989/15265 -a la que en esta materia se remitía el artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada -EDL 1995/13459- y después la LSC -EDL 2010/112805 resolvían la cuestión relativa a las consecuencias de la infracción de los deberes de los administradores con la regulación de su régimen de responsabilidad, establecido actualmente en los artículos 236 y ss. LSC. De modo que el incumplimiento de sus deberes por los administradores desencadenaba la aplicación del régimen de responsabilidad, de darse los presupuestos necesarios para ello. También, el incumplimiento del deber de lealtad. La referencia, sin embargo, se veía insuficiente, ya que la responsabilidad de los administradores no es la única consecuencia posible de la infracción de ese deber o, dicho de otra forma, la exigencia de responsabilidad a los administradores no es el único remedio para hacer frente a eventuales lesiones por los administradores de su deber de lealtad.
Para salir al paso de esa situación, en el terreno de la determinación de las consecuencias de la infracción de la obligación de lealtad, la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806 introdujo dos nuevas previsiones normativas, que son las ahora analizadas. Según el artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805-, “la infracción del deber de lealtad determinará no sólo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador”. Esta previsión se completa con la del artículo 232 LSC, con arreglo al cual “el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad”.
Se han identificado significativas diferencias entre los artículos 227.2 y 232 LSC -EDL 2010/112805-, que, normalmente y en adecuada técnica legislativa, deberían haberse ubicado juntos sistemáticamente.
En el primero de ellos lo relevante no es tanto la referencia a la obligación de indemnización de daños y perjuicios, ya resultante de la aplicación del régimen de responsabilidad de los artículos 236 y ss. LSC -EDL 2010/112805-, como el establecimiento de la obligación de devolución del enriquecimiento injusto obtenido por el administrador y su compatibilidad con la de indemnización de daños y perjuicios. Se dispone así por Ley la regla de que todo beneficio obtenido como consecuencia del incumplimiento queda atribuido a la propia sociedad, que podrá reclamarlo con independencia de que ese incumplimiento pueda o no haber ocasionado daños a la compañía. El único elemento o presupuesto adicional al del incumplimiento es la obtención de una ganancia por el administrador. No es preciso que dicha ganancia suponga una correlativa pérdida para la sociedad, a diferencia de lo que ocurre con la acción de enriquecimiento ilícito del Derecho común. Se volverá sobre esta cuestión más adelante.
Frente a ello, puede decirse que el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 no contiene una regulación propia de las acciones, adicionales a las de indemnización y enriquecimiento, destinadas a combatir y remediar los comportamientos infractores del deber de lealtad y sus consecuencias. Se limita a incluir un reconocimiento de esas acciones y a establecer de forma expresa su compatibilidad con el ejercicio de la acción de responsabilidad y, aunque la norma se olvida de mencionarla, con el de la acción de devolución del enriquecimiento obtenido por el administrador. Con ello, se está reconociendo también por Ley que la responsabilidad de los administradores no es el único remedio para la infracción del deber de lealtad. Dicho de otra forma: mientras el artículo 227.2 LSC establece una acción que podría denominarse especial para los casos de infracción del deber de lealtad -la de devolución del enriquecimiento obtenido por el administrador-, el artículo 232 LSC no introduce acciones especiales, sino que se limita a reconocer que las de indemnización de daños y devolución de enriquecimiento son compatibles con las demás acciones disponibles en el ordenamiento para hacer frente a comportamientos infractores de ese deber. En concreto, el artículo 232 LSC se refiere a tres grupos de acciones adicionales a las de indemnización y devolución del enriquecimiento injusto, cuyo ejercicio estará lógicamente sujeto a la naturaleza y estado del comportamiento constitutivo de infracción del deber de lealtad: -i la acción societaria de impugnación de los acuerdos de la junta general y el consejo de administración y órganos colegiados del consejo adoptados en contradicción con el deber de lealtad -ii la acción de Derecho común de anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con infracción del deber analizado y -iii las acciones de cesación y remoción, cuya finalidad respectiva es la obtención de una resolución judicial de cese de actividades contrarias al deber de lealtad o, en caso de terminación del comportamiento infractor, de eliminación de los efectos causados por esas actividades -artículo 1.098 Código Civil -EDL 1889/1--.
La acción de impugnación de acuerdos cuenta con su propio régimen de legitimación, establecido en el artículo 206 LSC -EDL 2010/112805-. Por lo que se refiere a la acción de anulación, cabe simplemente recordar que la jurisprudencia inmediatamente anterior a la reforma había ya reconocido la legitimación de los socios para ejercitar la acción de nulidad por ilicitud de la causa de negocios jurídicos celebrados por la sociedad. Son las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2013 -EDJ 2013/124667, Ponente Ignacio Sancho Gargallo y 23 de septiembre de 2014 -EDJ 2014/176194, Ponente Rafael Sarazá Jimena-. Se trata, no obstante, de una cuestión con relevantes y complejos matices propios, cuyo tratamiento se abordó con más detalle en GARCÍA-VILLARRUBIA, M., “El deber de lealtad de los administradores. La acción de anulación de los actos y contratos celebrados con infracción del deber de lealtad”, en Revista de Derecho Mercantil, El Derecho, nº 35, 2015 -EDC 2015/509363-.
La atención se centrará, así, en la acción de enriquecimiento del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805 y en las de cesación y remoción a que se refiere el artículo 232 LSC.
2. La legitimación de la minoría. El artículo 239.1 II LSC
El artículo 239 de la LSC -EDL 2010/112805 lleva por rúbrica “legitimación de la minoría” y regula un supuesto de legitimación extraordinaria o por sustitución de la sociedad para el ejercicio de la acción social de responsabilidad de los administradores por los socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general. Contiene también un conjunto de requisitos generales para la activación de esa legitimación, que básicamente se dirigen a constatar la pasividad de la sociedad perjudicada en el ejercicio de la acción. En principio, la legitimación para el ejercicio de la acción social corresponde a la propia sociedad, para lo que se hace precisa la adopción de un acuerdo en junta general. La legitimación extraordinaria o por sustitución de la minoría se activa cuando la sociedad se resiste a adoptar el acuerdo para el ejercicio de la acción o, después de adoptado, a su ejecución. Una vez confirmada esa pasividad a través de la concurrencia de alguna de las situaciones allí contempladas, el legislador concede a los socios indicados la posibilidad de “entablar la acción de responsabilidad en defensa del interés social”.
Existe, no obstante, una excepción. Se refiere a los casos de infracción del deber de lealtad. El artículo 239.1 II LSC -EDL 2010/112805 dispone que “el socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior, podrán ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general”. Se trata de una previsión normativa introducida por la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-.
Sobre esta norma se han suscitado no pocas cuestiones. La que en este momento se plantea es bien concreta: ¿el artículo 239.1 II LSC -EDL 2010/112805 es aplicable a las acciones de los artículos 227.2 y 232 LSC, de manera que la minoría también puede promover esas acciones? ¿O no lo es, de manera que sólo la sociedad tiene legitimación para su ejercicio? Caben, así, dos posiciones: la favorable al reconocimiento de la legitimación de la minoría y la contraria a ese reconocimiento.
Comencemos por la segunda opción. La posición contraria al reconocimiento de la legitimación de la minoría para el ejercicio de las acciones de los artículos 227.2 y 232 LSC -EDL 2010/112805 cuenta a su favor con argumentos no desdeñables. Son sobre todo argumentos de pura interpretación normativa. El artículo 239 LSC, podría afirmarse, regula sólo la legitimación de la minoría para el ejercicio de la acción social de responsabilidad. No hace referencia a las acciones de los artículos 227.2 y 232 LSC. Dentro del Título VI -“La administración de la sociedad” se encuentra, además, ubicado en el Capítulo V -“La responsabilidad de los administradores”-, mientras que los artículos 227.2 y 232 LSC quedan fuera, en concreto, en el Capítulo III, que contiene la regulación sustantiva de “los deberes de los administradores”. Desde un punto de vista literal y sistemático, por tanto, bien cabría entender que el artículo 239.1 II LSC es una norma específica del régimen de responsabilidad de los administradores, que no se puede aplicar más allá de ese régimen. Adicionalmente, puede abonar esa tesis el carácter extraordinario de la legitimación por sustitución, que reclama una interpretación restrictiva de las normas que la regulan y obstaculiza su extensión a supuestos distintos de los expresamente previstos en la norma. Este grupo de argumentos ha conducido a un sector de la doctrina a colocarse en esta línea de pensamiento. Puede citarse, así, a JUSTE MENCÍA, J., “Art. 227. Deber de lealtad”, en JUSTE MENCÍA, J. -coord.-, Comentario a la reforma del régimen de sociedades de capital en materia de gobierno corporativo -sociedades no cotizadas-, Navarra, Civitas Thomson Reuters, 2014, p. 374 y a CABANAS TREJO, R. “Artículo 227. Deber de lealtad” y “Artículo 232. Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad”, en PRENDES CARRIL, P., MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, A. y CABANAS TREJO, R. -dirs.-, Tratado de Sociedades de Capital, Comentario judicial, notarial, registral y doctrinal de la Ley de Sociedades de Capital -Arts. 1 a 316-, Tomo I, Navarra, Cizur Menor Aranzadi, pp. 1381 y 1450, respectivamente.
Sin embargo, la solución, esencialmente formalista, dista de ser enteramente satisfactoria, porque equivale a dejar de hecho sin eficacia práctica las acciones de los artículos 227.2 y 232 LSC -EDL 2010/112805-, especialmente en los casos en que se plantea su ejercicio frente a un administrador vinculado a la mayoría, lo que determinará que esas acciones no se ejerciten nunca por la propia sociedad. En última instancia, esta interpretación aboca a la indemnidad del administrador frente a esas acciones. A la minoría sólo le quedaría el ejercicio de la acción social de responsabilidad, que no siempre será suficiente para la íntegra reparación de los efectos derivados de una conducta infractora del deber de lealtad.
Cabe, por esta razón, realizar una interpretación más atenta a las razones materiales del silencio del legislador sobre el régimen de legitimación de la minoría para el ejercicio de las acciones de enriquecimiento ilícito, cesación y remoción por infracción del deber de lealtad. Como antes se ha expuesto, se trata de acciones de naturaleza esencialmente complementaria a la social de responsabilidad por daños. Con esta -y las de impugnación de acuerdos y anulación de actos y contratos que hemos dejado aparte-, completan el panorama de remedios procesales para hacer frente a una única situación: la infracción del deber de lealtad. Son, pues, todas acciones de incumplimiento, en este caso, del deber de lealtad. Deberes de los administradores y consecuencias de su incumplimiento son, como se dijo al principio, dos planos o elementos de una sola realidad inescindible. La primera función de la regulación de los deberes de los administradores es servir de modelo de conducta al que se han de ajustar en el desarrollo de su cargo. Es una función que podría calificarse de preventiva o de protección del tráfico jurídico-mercantil. La segunda función es la de determinación de las consecuencias de la infracción de las obligaciones de los administradores. A este plano pertenece la regulación de las acciones diseñadas para hacer frente a comportamientos infractores del deber. Ambas son complementarias. Los administradores saben que han de ajustar su conducta a los deberes que les son exigibles y que, si no lo hacen, responderán por ello, habrán de devolver el enriquecimiento obtenido y cesar en su comportamiento o remover los efectos de este. El artículo 239.1 II LSC -EDL 2010/112805 guarda silencio sobre las acciones de los artículos 227.2 y 232 LSC porque nada tiene que decir: el régimen de legitimación de la minoría es común a todas esas acciones y tiene como finalidad última conceder a los socios que reúnan el porcentaje necesario para pedir la convocatoria de junta general, la facultad de acudir directamente a los tribunales para ejercitar esas acciones. Por tanto, los artículos 227.2 y 232 LSC se limitan al reconocimiento de las acciones, mientras que su régimen procesal es común al de la acción de responsabilidad y se rige por las normas reguladoras de ésta, entre las que se encuentra el artículo 239.1 II LSC. Esta tesis es sostenida, más recientemente y a propósito de un comentario crítico de la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero de 2018 -EDJ 2018/4251 a la que luego se aludirá, por MASSAGUER FUENTES, J., “A vueltas con el art. 232 LSC”, en Almacén de Derecho, 3/05/2018.
No hay, de momento, una posición consolidada en la práctica judicial.
En el documento denominado “Conclusiones. Jornadas de Magistrados especialistas en mercantil” celebradas en Pamplona del 4 al 6 de noviembre de 2015, el problema se plantea, respecto de la acción de enriquecimiento injusto, en forma de preguntas y respuestas. “¿A quién corresponde la legitimación activa? ¿Cabría admitir el ejercicio subsidiario de la acción por parte de la minoría?”. La cuestión se responde en estos términos: “Se entendió por mayoría que la acción de enriquecimiento no es una acción autónoma, sino que se trata de un efecto o una penalidad, mediante la que se trata de reforzar la virtualidad del deber de lealtad, adicional a la estricta obligación de reparar el daño causado a la sociedad cuando se ejercite la acción social de responsabilidad, sometiéndose por tanto a los requisitos de legitimación y prescripción de ésta”. El mismo criterio se advierte en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián de 7 de noviembre de 2016 -EDJ 2016/248114-. En esta línea se pronuncia también el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 23 de octubre de 2018 -EDJ 2018/657312-, respecto de las acciones del artículo 232 LSC -EDL 2010/112805-, en particular, de una acción de anulación promovida por un socio minoritario -que, como se ha visto, tiene sin embargo sus propias particularidades en cuanto al problema de la legitimación-: “Por último, en el ámbito doctrinal, tras la reforma, se mantiene la legitimación de los socios o accionistas a pesar de que el artículo 232 TRLSC guarda silencio y no cuenta con una previsión expresa al respecto, partiendo del hecho de que establece una regulación complementaria de la dispuesta en los artículos 236 y siguientes TRLSC en relación con la infracción del deber de lealtad de los administradores, que se concreta en el establecimiento de remedios adicionales, y esta regulación complementaria se contrae al solo reconocimiento de esas acciones, siendo aplicables las normas reguladoras de la acción de daños derivados del incumplimiento del deber de lealtad y, entre ellas, el artículo 239.1 párrafo 2º TRLSC, que atribuye legitimación activa para ejercitarla a los socios que individual o conjuntamente posean una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general, y ello de forma inmediata, sin necesidad de someter la decisión a la junta general -J. A. A.-R., Comentario de la Reforma del Régimen de las Sociedades de Capital en materia de Gobierno Corporativo Civitas Thomson Reuters, 2015, páginas 434 y 435-”.
Hay también resoluciones en sentido contrario. Según la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de enero de 2018 -EDJ 2018/4251-, único precedente de Audiencias Provinciales del que se tiene conocimiento, la legitimación activa para el ejercicio de esas acciones corresponde en exclusiva a la sociedad, sin que puedan ser promovidas por los socios. Esta resolución contiene el siguiente razonamiento: “los deberes de diligencia y de lealtad del administrador son deberes frente a la sociedad. De tal suerte, el incumplimiento de los deberes de diligencia y de lealtad -y el deber de evitar situaciones de conflicto es una manifestación expresa de éste legitimará a la sociedad -pero no directamente a los socios o a los acreedores para exigir responsabilidad al administrador -acción social de responsabilidad o/y, cuando el incumplimiento lo sea del deber de lealtad, entablar la acción de enriquecimiento injusto, como estipula expresamente la vigente redacción del art. 227.2 LSC -EDL 2010/112805 -[l]a infracción del deber de lealtad determinará no sólo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador-. Además, la infracción del deber de lealtad legitima a la sociedad para el ejercicio de las acciones de cesación y remoción, en tanto que son acciones de cumplimiento e incumplimiento de los deberes que pesan sobre los administradores en virtud del contrato de administración que les vincula con la sociedad y cuyo reconocimiento legal expreso contiene el vigente art. 232 LSC que, bajo la rúbrica acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad, dispone: El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad”. Esta Sentencia resuelve un supuesto en el que los hechos se produjeron antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, por lo que queda la duda de si la respuesta sería la misma de haber tenido lugar después. Ha merecido, además, la crítica de un autorizado sector de la doctrina -v. MASSAGUER FUENTES, J., op. cit.-. En cambio, esa misma posición había sido seguida antes por la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca de 21 de julio de 2017 -EDJ 2017/197789-: “la legitimación para ejercer la acción de cesación, remoción y enriquecimiento injusto a falta de norma especial, como indica el Profesor Juste Mencía, corresponde a la sociedad como titular de la relación jurídica sobre la que versa la disputa -artículo 11 LEC -EDL 2000/77463- […] Por ello, en defecto de disposición que se la atribuya directamente, los socios carecen de legitimación para el ejercicio de estas acciones de modo directo. Es decir la posibilidad del ejercicio directo de la acción de responsabilidad tiene un carácter excepcional, no ya solo por su regulación específica sino porque no se ha habilitado la excepcionalidad para supuesto como el de la acción de enriquecimiento injusto”.
3. Referencia específica a la acción de enriquecimiento ilícito del artículo 227.2 LSC
Como se ha explicado, una de las novedades traídas por la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806 es la referencia que en el artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805 se establece, para los casos de infracción del deber de lealtad, a la obligación de “devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador”. La incorporación de esta previsión ha llevado a preguntarse la naturaleza y alcance de esa acción de enriquecimiento injusto, con especial atención a su relación con la acción de responsabilidad por daños, que también aparece mencionada en esa misma norma y se regula de forma específica en los artículos 236 y ss. LSC.
La finalidad de la introducción del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805 era explicada en términos ilustrativos por PAZ-ARES, C., “Anatomía del deber de lealtad: reflexiones a propósito del Anteproyecto de reforma de la LSC”, en Comentarios a la reforma del régimen de la Junta General de Accionistas en la reforma del buen gobierno de sociedades. Examen del Informe de la Comisión de Expertos y del Proyecto de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, Navarra, Cizur Menor Aranzadi, 2014, pp. 95-112 y, respecto del texto aprobado de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, “Anatomía del deber de lealtad”, en Junta General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, Tomos I y II, Navarra, Cizur Menor Aranzadi, 2016, pp. 425-429: “la política de rigor o severidad en el tratamiento de la deslealtad corporativa que ha guiado el trabajo de la Comisión de Expertos y luego ha hecho suya el legislador obligaba también a meter el bisturí en este plano de la normativa relativa al deber de lealtad agravando las sanciones civiles previstas en nuestras leyes, que tradicionalmente se han limitado a establecer la obligación de reparar los daños [...] La vía seguida ha consistido en obligar al administrador responsable no sólo a reparar el daño causado, sino también a devolver el beneficio que le haya procurado la violación de su deber de lealtad -art. 227.2 LSC-. De este modo -sumando la restitución del lucro propio a la indemnización del daño ajeno se logra, en efecto, el fin deseado, que es elevar el precio de la deslealtad”.
Se ha establecido así un remedio adicional frente a la deslealtad que tiene un carácter complementario al de la pura acción de indemnización de daños y perjuicios. Con esta comparte como elemento común la comisión de esa infracción. Pero tiene un presupuesto propio, consistente en la existencia de un enriquecimiento producido en la esfera patrimonial del administrador desleal, enriquecimiento que es calificado como injusto y queda así atribuido a la propia sociedad, quien podrá reclamarlo con independencia de que el comportamiento desleal pueda o no haber ocasionado daños a la compañía. El único elemento o presupuesto adicional al del incumplimiento es la obtención de una ganancia por el administrador. No es preciso que dicha ganancia suponga una correlativa pérdida para la sociedad. De ahí que se haya considerado que la acción de devolución del enriquecimiento participa de notas propias de una sanción civil -el “precio de la deslealtad” y que se haya expresado que “se trata de un efecto o una penalidad, mediante la que se trata de reforzar la virtualidad del deber de lealtad, adicional a la estricta obligación de reparar el daño causado a la sociedad cuando se ejercite la acción social de responsabilidad” -“Conclusiones. Jornadas de Magistrados especialistas en mercantil”, Pamplona, 4 a 6 de noviembre de 2015-. Es, como dice entre la doctrina PEINADO GRACIA, J. I., “Las acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad -art. 232 LSC-”, en Junta General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, Tomos I y II, Navarra, Cizur Menor Aranzadi, 2016, pp. 425-429, un “mecanismo desincentivador de las conductas felonas”.
Acción de indemnización y acción de devolución del enriquecimiento son, así, acciones complementarias, compatibles entre sí y, por tanto, susceptibles de acumulación. No se niega, sin embargo, que en su ámbito de aplicación pueden producirse zonas de coincidencia o, si se quiere, interferencia, total o parcial.
El supuesto prototípico se producirá en las infracciones del deber de lealtad consistentes en el aprovechamiento de oportunidades de negocio de la sociedad en interés propio del administrador. En tales situaciones, el daño producido a la sociedad en concepto de lucro cesante puede coincidir, total o parcialmente, con el beneficio obtenido por el administrador como consecuencia del aprovechamiento de esa oportunidad de negocio. Como explicaba hace años PORTELLANO DÍEZ, P., en Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio, Madrid, 1996, p. 126, “para calcular el quantum de los daños y perjuicios deberán manejarse simultáneamente dos partidas: daño emergente y lucro cesante -beneficios dejados de obtener-. El hecho de que el lucro cesante también determine aquella cuantía es un dato que merece la pena destacar, puesto que la inmensa mayoría de supuestos de infracción del deber de fidelidad por desviación de las oportunidades de negocio no comporta tanto que el patrimonio social experimente un daño emergente cuanto que deje de obtener ciertos beneficios que luzcan en su cuenta de resultados. Por esta razón, y como evidencia la jurisprudencia comparada, el quantum de la indemnización viene integrado fundamentalmente por la partida de lucro cesante”. Más recientemente, al establecer la relación entre la acción social de responsabilidad y la actual acción del artículo 227.2 LSC, JUSTE MENCÍA, J., op. cit., p. 374, señala que “el aprovechamiento indebido de una oportunidad de negocio puede ocasionar un lucro cesante para la sociedad, acaso equivalente a la ganancia percibida”.
Cabe, así, en tales casos, plantearse si el remedio para hacer frente a esa situación es la acción de indemnización de daños o la de devolución del enriquecimiento injusto. La respuesta a esta cuestión es, en realidad, más sencilla de lo que pudiera parecer -con independencia de que su aplicación práctica pueda presentar más dificultades, según las circunstancias del caso-. Cuando pueda hablarse de esa correlación o coincidencia entre el lucro cesante sufrido por la sociedad y el beneficio obtenido por el administrador, el importe de ese beneficio que debería haber correspondido a la sociedad es, en rigor, perjuicio patrimonial causado a ésta. El camino para su reparación es, por tanto, la acción de responsabilidad del administrador. Si hay una parte adicional del beneficio que no habría correspondido a la sociedad -por ejemplo, el administrador hizo una inversión superior a la que habría hecho la sociedad, con lo que parte del beneficio no habría ido a la sociedad en condiciones normales-, ese excedente podrá reclamarse por el cauce de la acción de enriquecimiento injusto, que, como se ha dicho, persigue atribuir a la sociedad toda la ganancia percibida por el administrador como consecuencia del incumplimiento de su deber de lealtad. De hecho, en realidad, bien podría considerarse que la previsión del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805 está específicamente diseñada para los casos en que el administrador obtiene un beneficio que no es equivalente al perjuicio experimentado por la sociedad. Y, todavía más, cabría incluso entender que los casos en que de forma más plena se alcanza la finalidad perseguida por la norma son aquellos en los que no hay perjuicio para la sociedad, como puede ocurrir con las ventajas o remuneraciones de terceros que por realizar determinada operación puede percibir el administrador y que no habrían en ningún caso ido a parar a la sociedad.
Con todo, se está ante un planteamiento que no deja de suscitar reservas. Las expresa, por ejemplo, el propio JUSTE MENCÍA, J., op. cit., p. 375, reacio a la “posibilidad de adición”, porque “de otro modo, podría suceder que la situación patrimonial de la sociedad, después de hacer valer los derechos derivados del contrato y reclamar los daños, quedara mejorada tras el ejercicio de la acción, lo que excede la finalidad de este remedio estrictamente indemnizatorio”. Como se ve, en definitiva, es clave determinar si estamos ante una sanción civil o ante un mecanismo indemnizatorio, cuestión en la que parece abierta la discusión, aunque con aparente inclinación a favor de la primera posición.
Se nos plantean en el foro dos preguntas en relación con la legitimaci...
Se nos plantean en el foro dos preguntas en relación con la legitimación para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto del artículo 227.2 de la Ley de sociedades de capital -LSC -EDL 2010/112805--: -i por un lado, en relación a la legitimación activa se nos plantea si a esta acción, y a las acciones de cesación, remoción y anulación del art. 232 LSC, ¿les es aplicable el régimen de legitimación de la minoría del artículo 239 LSC, y la legitimación de terceros, o se trata de una legitimación exclusiva de la sociedad? -ii en segundo lugar, se nos plantea si la acción de enriquecimiento injusto es una acción autónoma, o se trata simplemente de una penalidad adicional del comportamiento desleal.
Como punto de partida, recordemos en qué términos se expresa el legislador. En primer lugar, el artículo 227 LSC -EDL 2010/112805 establece la obligación de los administradores de actuar con lealtad: “los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”. Si los administradores infringen dicho deber deberán no sólo indemnizar el daño causado al patrimonio social “sino también devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador”. Por su parte el artículo 232 LSC señala que, además de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes, podrán ejercitarse acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación del deber de lealtad. Los artículos 236 y 237 LSC describen los presupuestos, extensión y carácter solidario de la responsabilidad de los administradores, mientras que los artículos 238 y 241 LSC se refieren a las dos acciones para reclamarla, la social y la individual. Ahora bien, aunque la acción social es titularidad de la sociedad, el artículo 239 LSC prevé la legitimación de la minoría -que cumpla con los requisitos fijados en dicho artículo para entablarla -en beneficio de la sociedad si la junta decide no hacerlo y, cuando se trate de la infracción del deber de lealtad, sin necesidad de someter la decisión a la junta general. Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC -EDL 2000/77463- establece que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, si bien en su segundo párrafo se indica “se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular”.
En relación con la primera de las cuestiones que se nos plantea, acerca de la legitimación para el ejercicio tanto de la acción de enriquecimiento injusto como de las demás acciones recogidas en el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805-, debemos empezar señalando que no todas las acciones responden a la misma naturaleza. Así, tanto la acción de responsabilidad del artículo 236 LSC y siguientes, como las acciones de cesación y remoción, son acciones cuyo fundamento está en la naturaleza contractual del deber de lealtad y, puesto que tratan de reclamar por el incumplimiento -se trata de la acción a la que se refiere también el art. 1124 del Código Civil -EDL 1889/1--, la legitimación para reclamar corresponde a quién es titular de la relación jurídica -art.10 LEC -EDL 2000/77463--, esto es, la sociedad y, al no existir una ley que atribuya legitimación a una persona diferente -puesto que el artículo 239 LSC limita la legitimación de la minoría a la acción social-, deberíamos concluir que no hay habilitación expresa para su ejercicio por los socios minoritarios.
Esta es la opinión que sostenía José MASSAGUER en relación con el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 en el “Comentario de la Reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo -ley 31/2014-”, Ed. Civitas-Thomson Reuters, coordinado por Javier Juste -quien, en su comentario al artículo 227 LSC, coincidía en que “una legitimación por sustitución a favor de un sujeto distinto al titular de la acción exige una previsión expresa del legislador”-. El profesor MASSAGUER afirmaba: “En defecto de una disposición que se la atribuya directamente, como sucede en el caso de la acción de responsabilidad precisamente por incumplimiento del deber de lealtad -artículo 239.1 II-, o de forma subsidiaria, como sucede en general con la acción social de responsabilidad -artículo 239.1 I-, los socios carecen de legitimación para el ejercicio de esta acción de cesación. La atribución directa de legitimación a los socios para ejercitar la acción de responsabilidad por incumplimiento del deber de lealtad tiene un marcado carácter excepcional, no solo porque se separa de la regla general -artículo 11 LEC -EDL 2000/77463- y de la regla especial en materia de acción de responsabilidad -artículo 239.1 I-, sino también porque ni tan siquiera se extiende a la acción de enriquecimiento injusto, que como la acción de responsabilidad se corresponde con la otra sanción expresamente impuesta por la Ley a los administradores por el incumplimiento del deber de lealtad -artículo 227.2-. Aún más, y de nuevo a falta de norma que así lo prevea, tampoco se configura una legitimación de minoría para el ejercicio de la acción, ni directa ni subsidiaria respecto de la legitimación activa de la sociedad.”
En el mismo sentido se manifestaban Jesús ALFARO -en su blog sobre la reforma del gobierno corporativo y Luis Fernando SABOGAL -en su tesis “El deber de lealtad y los conflictos de interés de los administradores de sociedades”-. Y también es la posición que sostiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona -sección 15ª de 19 de enero de 2018 -EDJ 2018/4251 que, pese a que se trata de un supuesto anterior a la reforma de la ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, expresamente indica que la legitimación -en ese caso se trataba de una acción de cesación – salvo el supuesto de la acción de responsabilidad – corresponde a la sociedad.
Sin embargo, precisamente a raíz de dicha sentencia, José MASSAGUER, en el comentario publicado en “Almacén de Derecho” cambia de opinión y, pese a que admite que la naturaleza de estas acciones como acciones de cumplimiento y la inexistencia de norma de atribución de legitimación activa expresa -como ocurre para la acción de responsabilidad pueden “servir de pilares para una interpretación formalista del silencio que guarda el 232 LSC -EDL 2010/112805 sobre esta cuestión y llevar a la conclusión de que, ante la imposibilidad de extender las normas que prevén el ejercicio de derechos de forma subrogada, los socios no puede ejercitar por sí acciones de impugnación, cesación, remoción y anulación -…-”, concluye que esta solución es insatisfactoria porque deja sin utilidad práctica al artículo 232 LSC. Y, entiende que, realizada la lectura de este precepto desde una interpretación sistemática y ajustada a la lógica exigencia hermenéutica de dotar a la norma de efectividad práctica que sea conforme a sus fines, estas acciones son un complemento de la acción de daños que recoge el art. 236 LSC y, al tratarse de acciones complementarias, permitiría aplicar la legitimación extraordinaria que recoge el artículo 239 LSC. Dicha opinión es compartida por Juana PULGAR -El traslado del domicilio social: protección de socios y acreedores. Revista de Derecho Mercantil núm. 309/2018. Editorial Civitas-.
Sin embargo, pese a reconocer las dificultades prácticas que puede plantear el hecho de que el legislador no haya reconocido legitimación extraordinaria para el ejercicio de las acciones a las que se refiere el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 a los socios, no puedo estar de acuerdo con la conclusión que parte de que se trata de acciones complementarias a la acción social. No lo son, son acciones que existirían incluso si no se citaran expresamente, porque su fundamento no está en su reconocimiento en la LSC sino en las normas generales sobre los contratos -tanto su nulidad, artículos 1300 y siguientes CC -EDL 1889/1-, como su cumplimiento, artículo 1124 CC-. Lo único que hace el artículo 232 LSC es reconocer que el ejercicio de estas acciones es compatible con el ejercicio de la acción social, pero no crea ni regula dichas acciones. Y, precisamente, por no ser acciones complementarias, no puede considerarse que la legitimación extraordinaria que recoge el 239 LSC se pueda extender a las mismas -art. 10 LEC -EDL 2000/77463--. De hecho, MASSAGUER señalaba en su comentario al artículo 232 que, en el caso de la acción de anulación -al tratarse de la acción prevista en el artículo 1300 CC por causa ilícita, art.1275 CC-, la legitimación activa corresponde a todo el que tenga un interés legítimo, lo que incluía tanto a la sociedad como a los socios a título individual -SSTS 8 de abril 2013 -EDJ 2013/67725 y 23 de septiembre de 2014 -EDJ 2014/176194--.
Precisamente lo anterior nos lleva a la segunda de las cuestiones planteadas sobre la acción de enriquecimiento injusto y su carácter de acción autónoma o de penalidad adicional al comportamiento desleal. Tal y como han señalado sus comentaristas -J. JUSTE, ob. cit.-, su ubicación parece que nos llevaría a concluir que no es una acción autónoma -como lo son las que se recogen en el art. 232 LSC -EDL 2010/112805-, dotadas de un régimen jurídico definido-, mientras que “la mención a la «devolución del enriquecimiento» -… no aclara excesivamente ante qué tipo de acción nos encontramos y cuáles son las normas comunes que completan su régimen jurídico”. La expresión, sigue indicando JUSTE, evoca un derecho de carácter real, en virtud del cual habría que devolver a su legítimo propietario lo que le pertenece.
Precisamente las dificultades que ha planteado el instituto del enriquecimiento injusto llevan a valorar su inclusión expresa en el artículo 227 LSC -EDL 2010/112805 como un instrumento de disuasión de conductas contrarias al deber de lealtad. Sin embargo, la doctrina considera que el ejercicio de esta acción sería posible incluso en caso de no haber sido regulada expresamente -vid. Benjamín SALDAÑA “La nueva acción social de responsabilidad tras la Ley 31/2014 para la mejora del gobierno corporativo”, Ed. La Ley mercantil, nº15-, lo que llevaría a pensar que nos encontramos también ante una acción autónoma que podría ejercerse en caso de que se hubiera producido un enriquecimiento sin causa.
En relación con la legitimación para el ejercicio de la acción de en...
En relación con la legitimación para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805-, y de las acciones de cesación, remoción y anulación del art. 232 LSC, ¿es aplicable el régimen de legitimación de la minoría del artículo 239 LSC, y la legitimación de terceros, o se trata de una legitimación exclusiva de la sociedad? ¿Es la acción de enriquecimiento injusto una acción autónoma, o se trata simplemente de una penalidad adicional del comportamiento desleal?
La reforma de la Ley de sociedades de capital -LSC -EDL 2010/112805- llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, para la mejora del gobierno corporativo, ha incidido, entre otros muchos aspectos, en la regulación de las acciones por infracción del deber de lealtad, introduciendo modificaciones que reflejan la finalidad de política jurídica que orienta la reforma del régimen sobre los deberes de actuación de los administradores de las sociedades de capital y que se concreta en reforzar el régimen del deber de lealtad subsanando las deficiencias que se habían advertido en su regulación. A este respecto, se prevé ahora que la infracción del deber de lealtad no sólo obligará a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados sino que conllevará también la obligación «de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador» -art. 227, apartado 2, LSC-, se declara la compatibilidad entre el ejercicio de la acción de responsabilidad y el ejercicio de «las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad» -art. 232 LSC y se modifica el régimen de legitimación para el ejercicio de las acciones de responsabilidad por daños en los casos de infracción del deber de lealtad al admitir que los socios que reúnan el porcentaje de capital exigido puedan interponer la acción social de responsabilidad contra los administradores «sin necesidad de someter la decisión a la junta general» -art. 239.1 LSC-.
La cuestión que se nos plantea en esta edición del Foro se refiere precisamente al ejercicio de esas otras acciones que, tras la reforma del régimen legal, se declaran compatibles y complementarias respecto al ejercicio de la acción social de responsabilidad para la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por una actuación contraria al deber de lealtad, en concreto, la acción de enriquecimiento injusto contemplada en el art 227.2 LSC -EDL 2010/112805 y las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y anulación de actos y contratos previstas en el art. 232 LSC. Y más específicamente se trata de analizar si las normas sobre legitimación para el ejercicio de la acción social de responsabilidad, en particular, la legitimación directa de los socios que ostenten un determinado porcentaje del capital social -art. 239.1 LSC y la legitimación subsidiaria de los acreedores sociales -art. 240 LSC-, resultan aplicables también al ejercicio de aquellas acciones.
En relación con el ejercicio de las acciones contempladas en el art. 232 LSC -EDL 2010/112805-ya tuvimos ocasión de pronunciarnos en otra edición del Foro en el sentido de que la finalidad del precepto y, por tanto, su mandato normativo se concreta exclusivamente en establecer la compatibilidad entre el ejercicio de la acción social de responsabilidad y cualesquiera otras acciones que pudieran ejercerse como consecuencia de la infracción del deber de lealtad, sin proporcionar por tanto un fundamento sustantivo para el ejercicio de éstas. La norma se limita así a establecer la compatibilidad con la acción de responsabilidad -omitiendo sin embargo la referencia también a la compatibilidad con el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto que se prevé en el art. 227.2 LSC de unas acciones que pueden también plantearse como consecuencia de la infracción del deber de lealtad, pero cuyo ejercicio requerirá, en cualquier caso, que concurran sus respectivos presupuestos sustantivos y procesales. Por esta razón entendemos que las normas procesales y, en particular, las que prevén la legitimación para el ejercicio de la acción social de responsabilidad no resultan aplicables al ejercicio de estas otras acciones que queda sometido a la previa concurrencia de sus respectivos presupuestos. En este sentido, el art. 232 LSC se limita a señalar que el ejercicio de las acciones de responsabilidad previstas en los arts. 236 y ss. LSC «no obsta», es decir, no impide ni limita el ejercicio de esas otras acciones, lo que obviamente no implica que los requisitos para el ejercicio de aquellas acciones sean también aplicables a estas otras.
Este mismo sentido, la doctrina ha interpretado que la acción de anulación de actos y contratos celebrados por los administradores con infracción del deber de lealtad es la acción de nulidad prevista en el art. 1300 del Código civil -EDL 1889/1-, que encuentra su fundamento en la causa ilícita del art. 1275 del propio Código de la que adolecerían estos actos -vid., por todos, MASSAGUER FUENTES, J., «Artículo 232. Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad», en JUSTE MENCÍA, J. -Coord.-, Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, Cizur Menor, 2015, pág. 437-. Y por lo que respecta a la legitimación para el ejercicio de esta acción, se habrán de aplicar las reglas correspondientes por lo que habrá que entender que corresponde, en primer lugar, a quienes resulten obligados, principal o subsidiariamente, en virtud de los contratos celebrados con infracción del deber de lealtad -art. 1302 CC-, a lo que se añade la legitimación de todo aquel que tenga un interés legítimo, incluidos los socios a título individual -vid. las SSTS de 8 de abril de 2013 -EDJ 2013/67725 y 23 de septiembre de 2014 -EDJ 2014/176194 así como MASAGUER FUENTES, J., «Artículo 232…», cit., pág. 437-. Lo mismo cabría decir respecto al ejercicio del resto de acciones contempladas en el art. 232 LSC -vid. también PEINADO GRACIA, J.I., «Las acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad -art. 232 LSC-», en RODRIGUEZ ARTIGAS/FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA/QUIJANO GONZÁLEZ/ALONSO UREBA/VELASCO SAN PEDRO/ESTEBAN VELASCO -Dirs.-, Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada, Cizur Menor, 2016, Tomo II, págs. 563 y siguientes-.
En consecuencia, entendemos que las normas sobre legitimación previstas para el ejercicio de las acciones de responsabilidad frente a los administradores -y, entre ellas, la relativa a la legitimación de la minoría y de los acreedores contempladas, respectivamente, en los art. 239 y 240 LSC -EDL 2010/112805- no son aplicable al ejercicio de las acciones a que se refiere el art. 232 LSC que se regirán por sus propias reglas.
Respecto a la acción de enriquecimiento injusto a que se refiere el art. 227.2 LSC -EDL 2010/112805 la cuestión parece, en principio, distinta. En este caso, la norma no sólo declara la compatibilidad de la exigencia de devolución del enriquecimiento respecto a la acción de responsabilidad, sino que proporciona un fundamento sustantivo específico para su ejercicio -con anterioridad ya se había fundamentado el ejercicio de la acción de enriquecimiento sobre la base de los arts. 1683 Código Civil -EDL 1889/1 y 136 C. de Co -EDL 1885/1 –por todos, PORTELLANO DIEZ, P., Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio, Madrid, 1996, págs. 130 y ss.--. En relación con ello, entendemos que la devolución del enriquecimiento injusto -o, mejor, injustificado no es simplemente una de las pretensiones que pueden acumularse en el marco del ejercicio de la acción de responsabilidad junto a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados -vid., no obstante, las Conclusiones de las jornadas de magistrados especialistas en mercantil celebradas en Pamplona los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015 -RDM 299, 2016, págs. 491 y ss. y, en la doctrina, parece que EMPARANZA, A., «El alcance normativo del deber de lealtad de los administradores de sociedades de capital: situación actual y perspectiva de reforma», en VVAA, Estudios jurídicos en memoria del profesor Emilio Beltrán. Liber amicorum, Valencia, 2015, Tomo I, pág. 627, nota 23-, sino el objeto de una acción autónoma o independiente respecto a la acción de responsabilidad por daños -posición que es dominante en la doctrina entre otros, JUSTE MENCÍA, J., «Artículo 227. Deber de lealtad», en JUSTE MENCÍA, J. -Coord.-, Comentario de la reforma…, cit., pág. 371 y YANES YANES, P., «Una aproximación a la acción de enriquecimiento desleal del administrador», en JUSTE MENCIA/ESPIN GUTIERREZ -Coords.-, Estudios sobre órganos de las sociedades de capital. Liber amicorum Fernando Rodriguez Artigas y Gaudencio Esteban Velasco, Cizur Menor, 2017, Vol. I, págs. 1114 y ss. ESCRIBANO GÁMIR, C., «Humano, demasiado humano: el enriquecimiento injusto del administrador desleal», en JUSTE MENCÍA/ESPÍN GUTIÉRREZ, Tomo II, cit., págs. 1079 y ss. FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª, «Las acciones de responsabilidad en el ámbito mercantil. Enriquecimiento injusto del administrador. Novedades tras la reforma y última jurisprudencia», en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ/COHEN BENCHETRIT -Dirs.-, Derecho de sociedades. Revisando el Derecho de sociedades de capital, Valencia, 2018, pág. 1295 y GIMENO RIBES, M., «la acción de enriquecimiento injusto contra los administradores por vulneración del deber de lealtad», en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ/COHEN BENCHETRIT -Dirs.-, Derecho de sociedades. Cuestiones sobre órganos sociales, Valencia, 2019, págs. 932 y siguientes-.
Se trata de una acción que tiene una función específica y distinta a la que cumple la acción para exigir la reparación de los daños ocasionados -para unos autores prima la función restitutoria o reintegradora, junto también a una función preventiva o admonitoria –vid. JUSTE MENCÍA, J., cit., pág. 371 y YANES YANES, P., cit., págs. 1101 y ss.-, mientras que otros ponen el acento en su finalidad disuasoria –por todos, GIMENO RIBES, M., cit., págs. 934 y ss.--, de ahí que pueda ejercitarse incluso cuando la infracción del deber de lealtad no haya producido daño al patrimonio social -también en esto hay coincidencia en la doctrina mayoritaria, sin perjuicio del distinto concepto de daño que en cada caso se utiliza-. En la medida en que es una acción autónoma, su ejercicio está supeditado únicamente a la concurrencia de sus propios presupuestos que no coinciden con los presupuestos para el ejercicio de las acciones de responsabilidad contemplados en los arts. 236 y ss. LSC -EDL 2010/112805 -ambas acciones tienen en común el presupuesto relativo a la infracción del deber de lealtad pero, junto a ello, para el ejercicio de la acción social de responsabilidad será necesario acreditar la imputabilidad, el daño sufrido por la sociedad y la relación de causalidad entre ambos, mientras que en orden al ejercicio de la acción para la devolución del enriquecimiento obtenido, será necesario acreditar el beneficio o ganancia obtenido por el administrador y su conexión causal con la infracción al deber de lealtad -vid. ampliamente YANES YANES, P., cit., págs. 1114 y ss.--. En todo caso, también cabrá el ejercicio acumulado de ambas acciones, sin perjuicio de que ello pueda suponer una limitación a la indemnización de daños -vid. JUSTE MENCÍA, J., cit., pág. 375-.
El régimen legal se limita, sin embargo, a ofrecer el fundamento para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto frente a los administradores que han infringido su deber de lealtad, pero no establece una regulación de los aspectos sustantivos y procesales de esta acción. Por esta razón, habrá que recurrir nuevamente al régimen general de la acción de enriquecimiento injusto, no ya para buscar el fundamento de su ejercicio frente a los administradores de sociedades de capital que ahora se proporciona directamente por el art. 227.2 LSC -EDL 2010/112805-, sino para completar dichos aspectos. A este respecto, no obstante, entre quienes defienden el carácter autónomo de la acción de enriquecimiento injusto no falta quien considera que, en cuestiones como la legitimación, se aplicarían las reglas previstas para la acción de responsabilidad por daños -en este sentido puede verse FERNÁNDEZ SEIJO, J. Mª, cit., pág. 1295-. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera, a nuestro juicio acertadamente, que no cabe integrar el régimen de la acción de enriquecimiento injusto con el régimen previsto en los arts. 236 y ss. LSC para la acción de responsabilidad por daños -véase, entre otros, JUSTE MENCÍA, J., cit., pág. 374 YANES YANES, P., cit., pág. 1116 GIMENO RIBES, M., cit., págs. 932 y ss., quien entiende por ejemplo que ni siquiera es exigible la culpa contemplada como uno de los presupuestos de la responsabilidad por daños en el art. 236 LSC-.
En consecuencia, las normas de legitimación de los socios minoritarios y de los acreedores previstas en los arts. 239 y 240 LSC -EDL 2010/112805 en relación con el ejercicio de la acción social de responsabilidad por daños, no son aplicables al ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto -como tampoco las relativas a la solidaridad de la responsabilidad o a la exigencia de un acuerdo de la junta general para su interposición por la sociedad-. Ciertamente esta solución puede provocar disfunciones -así, no reconocer legitimación a los socios minoritarios o a los acreedores para el ejercicio de la acción, dejaría en manos de los propios administradores la decisión sobre su interposición, aunque bien es cierto que en relación con esta acción no se trata de proteger la integridad del patrimonio social que ha podido verse afectado por la actuación de los administradores, sino sancionar a éstos para disuadirles de comportamientos contrarios a su deber de lealtad-, que derivan exclusivamente de la falta de previsión y que deberían ser corregidas con una oportuna intervención legislativa. Pero es, en nuestra opinión, la interpretación coherente con la consideración de la acción de enriquecimiento como una acción independiente respecto a la de responsabilidad por daños.
Conforme dispone el artículo 227 LSC -
Conforme dispone el artículo 227 LSC -EDL 2010/112805 los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad. En particular, el deber de lealtad obliga al administrador: a a no ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas b guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera c abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado d desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros e adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad -art. 228 LSC-.
No obstante del carácter imperativo del deber de lealtad establecido en el artículo 230 LSC -EDL 2010/112805-, la sociedad podrá dispensar de determinadas prohibiciones mediante autorización de la junta general cuando tenga por objeto la dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o remuneración de terceros, o afecte a una transacción cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales. En las sociedades de responsabilidad limitada, también deberá otorgarse por la junta general la autorización cuando se refiera a la prestación de cualquier clase de asistencia financiera, incluidas garantías de la sociedad a favor del administrador o cuando se dirija al establecimiento con la sociedad de una relación de servicios u obra. En los demás casos, la autorización también podrá ser otorgada por el órgano de administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso.
Por lo que respecta al ejercicio de las acciones derivadas del deber de lealtad, el artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 establece que el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los arts. 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad siendo que la infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador -artículo 227.2 LSC-.
Conforme al artículo 238 LSC -EDL 2010/112805 la acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio.
La acción social de responsabilidad en interés de la misma se podrá instar también por la minoría en los términos que se establecen en el artículo 239 LSC-EDL 2010/112805-, es decir, cuando los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo, o bien cuando este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad y, además, podrán ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general.
Resulta claro por tanto que, ante una infracción del deber de lealtad, los socios minoritarios pueden ejercitar directamente la acción social de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes de la LSC -EDL 2010/112805 sin necesidad de someter la decisión a la junta general.
Por lo que respecta a los acreedores, el artículo 240 LSC -EDL 2010/112805 permite que estos subsidiariamente puedan ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.
De acuerdo con el tenor literal de los artículos citados, como así lo han reconocido los Tribunales, la acción es ejercitable por los socios o los acreedores, en principio, no directamente, sino de manera indirecta, si bien se reconoce de manera directa a los socios cuando tenga lugar una infracción del deber de lealtad en los términos del artículo 239 LSC -EDL 2010/112805-. Puede verse, por ejemplo, la SAP Barcelona, sec. 15ª, de 19 de enero de 2018, nº 25/2018, rec. 295/2016 -EDJ 2018/4251 o la SAP Pontevedra, sec. 1ª, de 24 de septiembre de 2015, nº 318/2015, rec. 394/2015 -EDJ 2015/177176-.
Así, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, de 31 de enero de 2018, nº 33/2018, nº autos 478/2016 -EDJ 2018/13862-, manifiesta que “en concreto, la legitimación activa principal sigue correspondiendo a la sociedad, previo acuerdo de junta general de socios -art. 236 y 238 LSC -EDL 2010/112805- y de forma subsidiaria, a los socios y acreedores. Ahora bien, como excepción, el artículo 239 LSC reconoce la legitimación activa directa de los socios en un caso, cuando la acción social de responsabilidad se fundamente en la infracción del deber de lealtad”.
A este respecto especial mención requiere, sin embargo, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca, de 21 de julio de 2017, nº 340/2017, nº autos 919/2015 -EDJ 2017/197789-, al manifestar respecto de la legitimación activa del socio que “la legitimación activa para el ejercicio de las acciones de cesación, remoción y enriquecimiento injusto a falta de norma especial, como indica el Profesor Juste Mencía, corresponde a la sociedad, como titular de la relación jurídica sobre la que versa la disputa -artículo 11 LEC -EDL 2000/77463- y, a falta de norma, sin necesidad de observar ningún requisito especial, como sería el previo acuerdo de ejercitarla adoptado en junta general. Por ello, en defecto disposición que se la atribuya directamente, los socios carecen de legitimación para el ejercicio de estas acciones de modo directo. Es decir la posibilidad de ejercicio directo de la acción de responsabilidad tiene un carácter excepcional, no ya solo por su regulación específica sino porque no se ha habilitado la excepcionalidad para el supuesto como el de la acción de enriquecimiento injusto”.
Y, como manifiesta la SAP Barcelona, sec. 15ª, de 19-01-2018, nº 25/2018, rec. 295/2016 -EDJ 2018/4251-, “los administradores deben desempeñar su cargo en interés de la sociedad con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante. Los deberes de diligencia y de lealtad del administrador son deberes frente a la sociedad. De tal suerte, el incumplimiento de los deberes de diligencia y de lealtad -y el deber de evitar situaciones de conflicto es una manifestación expresa de éste legitimará a la sociedad -pero no directamente a los socios o a los acreedores para exigir responsabilidad al administrador -acción social de responsabilidad o/y, cuando el incumplimiento lo sea del deber de lealtad, entablar la acción de enriquecimiento injusto, como estipula expresamente la vigente redacción del art. 227.2 LSC -EDL 2010/112805 -la infracción del deber de lealtad determinará no sólo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador-. Además, la infracción del deber de lealtad legitima a la sociedad para el ejercicio de las acciones de cesación y remoción, en tanto que son acciones de cumplimiento e incumplimiento de los deberes que pesan sobre los administradores en virtud del contrato de administración que les vincula con la sociedad y cuyo reconocimiento legal expreso contiene el vigente art. 232 LSC que, bajo la rúbrica acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad, dispone: El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta al ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad”.
Como se desprende de la anterior Sentencia mencionada, la acción de enriquecimiento injusto no resulta ser una acción autónoma, sino que podrá ejercitarse junto con la acción social de responsabilidad. Así, lo recoge también la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia/San Sebastián, en Sentencia de 7 de noviembre de 2016, nº 314/2016, nº autos 55/2016 -EDJ 2016/248114-: “aunque se trata de una cuestión discutida, parece que la llamada acción de enriquecimiento injusto que contempla el precepto no se trata de una acción de carácter autónomo sino que se integra dentro de la acción social de responsabilidad como parte integrante del daño cuyo concepto se amplía, añadiendo al clásico perjuicio producido al patrimonio social, el enriquecimiento indebidamente obtenido por el administrador desleal…. Por lo tanto, esta pretensión basada en el enriquecimiento injusto, se articula a través de la acción social de responsabilidad, sometiéndose por lo tanto a los requisitos de legitimación y de prescripción de ésta”.
Por último y, de acuerdo con lo anteriormente manifestado, resulta relevante la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, de 30 de octubre de 2013, nº 246/2013, nº autos 245/2013 -EDJ 2013/216943 que estima la falta de legitimación activa de unos consejeros frente a otros respecto del incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad.
Una de las críticas que ha recibido la redacción del artículo 232 LS...
Una de las críticas que ha recibido la redacción del artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 derivada de la reforma operada por Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-, es la relativa a la indeterminación de quién ostenta legitimación para el ejercicio de las acciones que en el mismo se relacionan. En este sentido MASSAGUER, J. en Almacén de Derecho, “A vueltas con el art. 232 LSC” -Mayo 3, 2018-, afirma que “ya entonces advertí de los problemas que provocaría la falta de una previsión expresa sobre la legitimación activa para el ejercicio de las acciones que establece ese precepto”.
La controversia gira en torno a si, al ser el sujeto pasivo del deber contractual de lealtad de los administradores sociales, la sociedad, si en virtud del principio de relatividad de los contratos -artículo 1257 C.C. -EDL 1889/1--, corresponde exclusivamente a la sociedad la titularidad de las acciones para restablecer las consecuencias de su infracción o si, contrariamente, hay que reconocer a la minoría también la posibilidad –por legítimo interés de ejercicio de tales acciones.
La perplejidad se genera porque, como afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona -Sec. 15ª de 19 de enero de 2018 -EDJ 2018/4251 “los deberes de diligencia y de lealtad del administrador son deberes frente a la sociedad”.
Una primera impresión pudiera conducir a pensar que basta con reconocer legitimación a la sociedad –que ha sido parte en el contrato para reconducir las infracciones de los administradores sociales al deber de lealtad. Sin embargo, como ha planteado la doctrina, no siempre es así. Sobre todo cuando, como expresa MASSAGUER, J. art. cit. “las acciones se dirigen contra uno de los consejeros vinculados a la mayoría”.
De ahí que sea procedente plantearse si, a pesar de lo que inicialmente indica el principio de relatividad de los contratos, es posible extender a la minoría la legitimación para el ejercicio de las acciones relacionadas con el incumplimiento del deber de lealtad por parte de los administradores sociales.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona señalada más arriba –dictada en un caso en que la nueva redacción del artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 todavía no era de aplicación resolvió el interrogante en sentido negativo. Así, afirmó que “el incumplimiento de los deberes de diligencia y de lealtad -y el deber de evitar situaciones de conflicto es una manifestación expresa de éste legitimará a la sociedad -pero no directamente a los socios o a los acreedores para exigir responsabilidad al administrador -acción social de responsabilidad o/y, cuando el incumplimiento lo sea del deber de lealtad, entablar la acción de enriquecimiento injusto, como estipula expresamente la vigente redacción del art. 227.2 LSC -[l]a infracción del deber de lealtad determinará no sólo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador-. Además, la infracción del deber de lealtad legitima a la sociedad para el ejercicio de las acciones de cesación y remoción, en tanto que son acciones de cumplimiento e incumplimiento de los deberes que pesan sobre los administradores en virtud del contrato de administración que les vincula con la sociedad…”.
Una atenta lectura de los precedentes indica que la duda sobre la posibilidad de extender la legitimación activa a las minorías no alcanza a todas las acciones relacionadas en los artículos 227.2 y 232 LSC -EDL 2010/112805-.
El daño causado al patrimonio social por un administrador como consecuencia de la infracción del deber de lealtad puede reclamarse a través de la acción social de responsabilidad, para la cual la minoría está legitimada de manera reforzada desde la reforma llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -EDL 2014/202806-. La nueva redacción del artículo 239.2 LSC -EDL 2010/112805 dispone que “el socio o los socios a los que se refiere el párrafo anterior, podrán ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general”.
Igualmente, si el socio hubiese resultado directamente perjudicado en su patrimonio tendrá en su mano la acción individual regulada en el artículo 241 LSC -EDL 2010/112805-.
La minoría también tiene reconocida legitimación para el ejercicio de acciones de impugnación de los acuerdos adoptados por órganos sociales colegiados con infracción del deber de lealtad -artículo 206.1 LSC -EDL 2010/112805-.
Por tanto, la duda queda limitada a las acciones de enriquecimiento injusto del que sea sujeto pasivo la sociedad, a las acciones de cesación y de remoción de efectos y a las de impugnación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad.
A pesar del encaje sistemático del artículo 232 LSC -EDL 2010/112805-, el que en su redacción se exprese que el “ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en el artículo 236 LSC no obstará…” parece apuntar a la voluntad de equiparar la legitimación para el ejercicio de la acción social a la del resto de acciones relacionadas en el artículo 232 LSC.
Así lo considera MASSAGUER, J que en art. cit. afirma que “así pues, el art. 232 LSC -EDL 2010/112805 establece una regulación complementaria de la dispuesta en los arts. 236 y siguientes LSC en relación con la infracción del deber de lealtad de los administradores, que se concreta en el establecimiento de remedios adicionales encaminados, sea a evitar el incumplimiento del deber de lealtad o su continuación -acciones de impugnación y cesación-, sea a eliminar sus consecuencias prácticas y jurídicas -acciones de impugnación, remoción y anulación-, fines estos que en cambio son ajenos a la acción de daños. Y esta regulación complementaria, como salta a la vista, se contrae al solo reconocimiento de esas acciones. En lo demás, son aplicables las normas reguladoras de la acción de daños derivados del incumplimiento del deber de lealtad y, entre ellas, el art. 239.1 II LSC, que atribuye legitimación activa para ejercitarla a los socios que individual o conjuntamente posean una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general, y ello de forma inmediata, sin necesidad de someter la decisión a la junta general”.
No toda la doctrina parece compartir esta posición. HERNÁEZ PÉREZ, I., en “Acciones especiales en caso de infracción de los deberes de lealtad” incluido en el Comentario práctico a la nueva normativa de gobierno corporativo Dyckinson Madrid -2015 considera que “en cuanto a la legitimación activa de las acciones del art. 232 LSC -EDL 2010/112805-, habrá que estar a la naturaleza de las mismas”.
Tampoco la jurisprudencia dictada bajo la normativa anterior se ha mostrado proclive a adoptar la solución inicialmente propuesta –y la modificación legal, de acuerdo con la premonición de MASSAGUER, no parece tener una contundencia suficiente como para pronosticar claramente un cambio de orientación.
Téngase en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª de 8 de abril de 2013 -EDJ 2013/67725 que sí reconoció legitimación al socio para impugnar la validez de un contrato celebrado por la sociedad, lo hizo sólo en aquellos supuestos en que la “finalidad sea conseguir la declaración de inexistencia o de nulidad radical de aquellos a los que se imputa la falta de alguno de los elementos esenciales -art. 1261 -EDL 1889/1- o la vulneración de una norma imperativa o prohibitiva”, pero no en los demás casos -otra discusión será si la infracción del deber de lealtad puede desembocar en la solicitud de nulidad radical del negocio celebrado mediando tal infracción-.
O, la más reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid -Sec. 28ª de fecha 3 de marzo de 2017 -EDJ 2017/174196 –en la que también se enjuicia un supuesto al que no le era de aplicación la reforma derivada de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, EDL 2014/202806 en la que, de manera coincidente con la doctrina jurisprudencial, se cataloga el deber de lealtad como nacido del marco contractual establecido con la sociedad, con la consecuencia de ser ésta la única legitimada para reclamar su cumplimiento: “la pretensión en cuestión versa, por tanto, sobre el cumplimiento por parte de los aquí recurrentes de los deberes de lealtad que la norma señala a los administradores sociales, en concreto de aquel que impone a los administradores sociales incursos en una situación de conflicto de intereses la obligación de abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a la operación a la que venga referido el conflicto. Tales deberes surgen de, se desarrollan en y se justifican por la relación trabada entre la sociedad y los administradores al aceptar estos el cargo-… Las dificultades para la calificación jurídica del vínculo trabado entre sociedad y administrador llevaron a catalogarlo como contrato o relación especial de administración. Según esta catalogación, la relación sociedad-administrador se enmarca en las denominadas relaciones de gestión, originando para los administradores determinados deberes fiduciarios, reflejados con mayor o menor precisión en los sucesivos textos legales societarios, y entre ellos, destacadamente, como señala el Alto Tribunal, el deber de lealtad. Resulta de cuanto antecede que, siendo extraños a la relación especial de administración, de naturaleza fiduciaria, establecida entre la sociedad y cada uno de los consejeros aquí apelantes, los apelados no se encuentran en una posición jurídica que les habilite para exigir de aquellos el cumplimiento de sus deberes de lealtad, los cuales cobran carta de naturaleza en el marco de aquella relación individualizada con la sociedad”.
Queda por ver si la nueva redacción del artículo 232 LSC -EDL 2010/112805 justificará un cambio de orientación jurisprudencial. En todo caso, en el nuevo análisis de la cuestión no deberán ser ajenas las siguientes reflexiones:
a no permitir que la minoría quede inerme frente a las consecuencias de la infracción del deber de lealtad por parte de los administradores sociales lo cual exigirá el análisis de los remedios alternativos que la minoría tiene reconocidos legalmente para evitar las consecuencias de los referidos incumplimientos y
b evitar que se instrumentalicen los Tribunales de Justicia con fines espurios en las luchas sociales intestinas a través de lo que PAZ ARES califica como “litigación frívola” [PAZ ARES, C. en “Anatomía del deber de lealtad”, incluido en Actualidad Jurídica Uría Menéndez -2015 número 39, pág. 60].
La solución deberá encontrarse en el justo término medio, como señala el último autor citado: “Hay que encontrar una solución intermedia y ponderada que logre el debido trade-off entre los costes de la litigación estratégica y los beneficios de la litigación justificada” [PAZ ARES, C. en art. cit., pág. 60].
Dos son las cuestiones formuladas en esta ocasión. De un lado se formu...
Dos son las cuestiones formuladas en esta ocasión. De un lado se formula un planteamiento relativo a la legitimación para el ejercicio, por razón del incumplimiento del deber de lealtad de los administradores sociales, de la acción de enriquecimiento injusto del artículo 227.2 LSC -EDL 2010/112805 y de las acciones de cesación, remoción y anulación del art. 232 LSC y, en segundo lugar, sobre la posición de la acción de enriquecimiento injusto en relación a las acciones derivadas del comportamiento desleal.
Por lo que hace a la primera de las cuestiones hemos de señalar que no obstante tratarse de una acción derivada del incumplimiento de un deber de administradores sociales y por tanto, de un caso de incumplimiento frente a la sociedad ante la que el administrador debe rendir debido cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de sus funciones, planteamiento conforme al cual sería fácilmente deducible restringir la legitimación al ámbito estricto de la responsabilidad social -art 238 y concordantes LSC, EDL 2010/112805-, siendo una posibilidad real el que la mayoría de la sociedad opte por no adoptar soluciones de protección de los intereses de la sociedad, negar legitimación por el simple hecho de estar en posición minoritaria, a aquellos que sí quieren salvaguardar los intereses de la sociedad, resarcir el daño actual, evitar el futuro y recuperar el beneficio ilícito obtenido por el infractor, debe llevarnos a la interpretación de que la restricción de la legitimación para el ejercicio de las acciones del art. 227.2 y 232 LSC a las limitaciones de la acción de responsabilidad social es difícilmente aceptable cuando, primero, ninguno de los preceptos a que se refieren las acciones que nos ocupan contienen restricción o limitación en la legitimación para su ejercicio, formulándose el catálogo de acciones al margen de la acción de responsabilidad -el ejercicio de la acción de responsabilidad…”no obsta al ejercicio de…” y, segundo, cuando incluso en materia de responsabilidad contiene el art. 239 LSC una previsión de legitimación directa a la minoría social en el ejercicio de la acción de responsabilidad social cuando se trata, precisamente, de un caso de infracción del deber de lealtad, todo lo cual nos permite afirmar que la interpretación de la legitimación no puede hacerse desde la perspectiva de la acción de responsabilidad general sino al margen de la misma, en función de la autonomía que las acciones de que se trata tienen respecto de aquellas en tanto pueden ser deducidas de forma independiente y atendido el criterio especial que para el caso de infracción del deber de lealtad contiene el ya citado art. 239 LSC, que es pauta interpretativa, encontrándose el fundamento de todo ello el reconocimiento general de legitimación para entablar las acciones de impugnación, cesación, remoción, anulación y enriquecimiento injusto por causa de la infracción del deber de lealtad por el administrador social a todo aquél que un interés jurídico directo e inmediato, como es el de la minoría, siempre reconocible e identificable, al igual que el de la mayoría, con el interés social.
En relación a la segunda cuestión, es decir, sobre a la atribución de naturaleza autónoma o no a la acción de enriquecimiento injusto, cabría considerar que estamos, no ante una acción propiamente dicha sino ante un remedio para obligar al administrador, que infringe sus deberes de lealtad, a reintegrar a la sociedad el producto que hubiera podido conseguir con tal infracción, o lo que es lo mismo, que no se trata de un medio autónomo sino de un efecto derivado de la infracción del deber de lealtad nacido de la acción de prohibición o remoción de efectos.
Sin embargo, dado que la responsabilidad exigible al administrador se articula desde la causación de daño a la sociedad, a los socios o a terceros -art 236 LSC, EDL 2010/112805-, es decir, desde una perspectiva resarcitoria, parece lo razonable considerar que la acción de enriquecimiento injusto sí puede adquirir carta de naturaleza propia y autónoma, abriéndose hueco al margen de aquellas acciones de responsabilidad por el daño dado que el objetivo de la misma no es reparar el perjuicio causado sino el de reintegrar las ventajas indebidamente percibidas por el administrador con ocasión del ejercicio de la administración impropiamente desempeñada, evitando que pueda existir una justificación o compensación en la infracción o, lo que es lo mismo, confiriendo a esta acción una función de prevención de la infracción, reforzando a la propia acción daños.
Es por ello que resulta necesario que el administrador no solo sea sujeto pasivo de la reparación, incluyendo la asunción de los efectos perniciosos que la infracción pudiera haber generado -impugnación de los acuerdos que contradigan los deberes de lealtad, cesación para el cese de actividades prohibidas y remoción de sus efectos y anulación de los concretos actos y contratos celebrados contraviniendo con violación de los deberes de lealtad-, sino también de las acciones destinadas a la restitución a la sociedad todo el provecho que hubiera obtenido en el curso de la gestión desleal y por tanto ilícitamente, acción de la que en tal contexto no puede predicarse naturaleza subsidiaria pues, como ha señalado el Tribunal Supremo -Sentencia de 19 de mayo de 1993, EDJ 1993/4728 -, el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto “no precisa necesariamente que se lleve a cabo en forma de subsidiariedad, pues puede concurrir con otras acciones confluyentes”.
En conclusión, en el ejercicio de las acciones de los artículos 227.2 y 232 -EDL 2010/112805-, el régimen de legitimación incluye a la minoría, articulándose respecto de ese conjunto de acciones que son independientes y confluyentes entre sí.

References: artículo 227
 artículo 239
 artículo 228
 artículo 1720
 artículo 232
 artículo 69
 artículo 227
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 227
 artículo 232
 artículo 232
 resolución 
 artículo 206
 artículo 227
 artículo 232
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 239
 resolución 
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 239
 artículo 227
 artículo 232
 artículo 239
 artículo 10
 artículo 232
 artículo 236
 artículo 239
 artículo 232
 artículo 227
 artículo 232
 artículo 239
 artículo 232
 artículo 1124
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 1300
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 239
 artículo 227
 artículo 227
 artículo 230
 artículo 232
 artículo 238
 artículo 239
 artículo 240
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 239
 artículo 241
 artículo 232
 artículo 236
 artículo 232
 artículo 232
 artículo 227