Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4605
Timestamp: 2020-05-25 08:19:22+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 69/2002
SENTENCIA 69/2002, de 21 de marzo
ECLI:ES:TC:2002:69
1. Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 10 de septiembre de 1999, el Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la Universidad Autónoma de Barcelona, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha de 9 de junio de 1999, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés de fecha de 30 de julio de 1996, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra tres liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio de 1993, por vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE).
a) La Universidad demandante de amparo es titular de varios inmuebles en el término municipal de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) desde que los mismos fueron traspasados por el Estado como consecuencia de la asunción de competencias por la Generalidad de Cataluña en materia de Universidades, por disposición de la Ley Orgánica 4/1974, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña (cuyo artículo 15 le atribuye la competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados), y produciéndose el traspaso efectivo mediante Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, sobre traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de Universidades, y al amparo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (cuya Disposición transitoria duodécima atribuye a las Universidades la titularidad de los bienes estatales de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones desde el momento en que se constituya el Consejo Social de cada Universidad).
b) El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés giró a la recurrente tres liquidaciones en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles por otros tantos bienes inmuebles, con relación al ejercicio 1993 y por importes de 28.823, 3.938.895 y 784.047 pesetas. Dichas liquidaciones fueron impugnadas en reposición al entender la Universidad recurrente que gozaba de exención en el impuesto de referencia. El recurso fue desestimado por Acuerdo de la Comisión de Gobierno con fecha de 30 de julio de 1996.
c) Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso núm. 1571/96), por Sentencia de la Sección Tercera de su Sala de lo Contencioso-Administrativo con fecha de 9 de junio de 1999 se desestimó, al no ser posible equipar una Universidad pública con el Estado, las Comunidades Autónomas o entidades locales, a los efectos de aplicarle una exención que no está contemplada legalmente y, ni mucho menos, por vía de integración analógica, expresamente prohibida en materia de exenciones fiscales (artículo 23.3 de la Ley general tributaria).
3. En su demanda de amparo aduce la parte recurrente la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), al admitirse por la resolución judicial impugnada la existencia de una norma cuyo contenido supone un trato desigual no razonable (o una aplicación no razonable de la misma). En este sentido, a juicio de la actora, el artículo 64 a) de la Ley de Haciendas locales sólo admite dos interpretaciones posibles: o bien interpretar -como hace la Sentencia de instancia- que este precepto no incluye a las Universidades públicas al declarar la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles y, en consecuencia, admitir que es contrario al artículo 14 de la Constitución por infringir los principios de igualdad y no discriminación (tanto más cuando los entes docentes privados sí están expresamente declarados exentos en el impuesto); o bien interpretarlo en el sentido de entender incluidas a las Universidades públicas en la exención prevista (junto con las privadas), por ser la única interpretación respetuosa con el principio de igualdad. Ahora bien, una norma cuyo contenido supusiera un trato desigual no razonable o una aplicación en tal sentido de la misma, vulnera el art. 14 CE.
4. Por providencia de 13 de diciembre de 1999, la Sala Primera acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que remitiese certificación de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 1571/96, interesando igualmente del órgano judicial que previamente emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que, si así lo deseasen, pudiesen comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional. Por escrito registrado el día 20 de enero de 2000, el Procurador de los Tribunales don Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, solicitó se le tuviese por personado.
5. Por nueva providencia también de 13 de diciembre de 1999, la Sala acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión, concediendo un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión, lo que se llevó a efecto por la parte demandante de amparo mediante escrito registrado el día 23 de diciembre de 1999, en el que interesaba nuevamente la suspensión, por los mismos motivos expuestos en el escrito de demanda de amparo. El Fiscal, por su parte, por escrito registrado el mismo día 23 de diciembre de 1999, interesó se declarase no haber lugar a la suspensión solicitada, por tener la resolución impugnada un contenido meramente patrimonial y no haber justificado el recurrente el eventual perjuicio que su ejecución podría causarle. Finalmente, mediante Auto de 31 de enero de 2000 se denegó la suspensión solicitada, dado que, al tratarse del cumplimiento y ejecución de una resolución judicial con contenido patrimonial, los eventuales perjuicios derivados de su ejecución serían siempre susceptibles de ser reparados en la hipótesis de que la pretensión de amparo llegase a prosperar.
6. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 1 de febrero de 2000, acordó tener por personado al Procurador Sr. Hidalgo Senén, en nombre y representación del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, y dar vista de las actuaciones recibidas por el plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y demás partes personadas para que, dentro de dicho término, presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
7. Mediante escrito con fecha de registro de entrada en este Tribunal de 23 de febrero de 2000, el Procurador Sr. Hidalgo Senén cumplimentó el trámite de alegaciones en nombre del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, suplicando la desestimación del recurso. Y ello porque el art. 64 a) de la Ley de Haciendas locales es claro en sus términos, al declarar únicamente la exención de los bienes del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales afectos a servicios educativos, con lo cual, cualquier intento de incluir a las Universidades públicas entre las beneficiarias de la exención tropezaría con el régimen establecido por la propia Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, que aun cuando prevé para las Universidades los mismos beneficios que para las fundaciones benéfico-docentes, y el Real Decreto Legislativo 781/86, de 19 de abril, por el que se aprobaba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local preveía la exención en la contribución territorial urbana, sin embargo, la Ley reguladora de las Haciendas locales la ha suprimido, no siendo posible ninguna interpretación analógica en la materia.
8. Mediante escrito registrado el día 26 de febrero de 2000, el Procurador Sr. Pinto Marabotto presentó escrito ante este Tribunal evacuando el trámite conferido y remitiéndose a las alegaciones expuestas en su escrito de demanda de amparo.
9. El día 2 de marzo de 2000 presentó sus alegaciones ante este Tribunal el Ministerio Fiscal suplicando la denegación del amparo. No obstante, y antes de comenzar el análisis del motivo de fondo, opone el Ministerio público dos óbices de procedibilidad: uno, la extemporaneidad del recurso, pues siendo la Sentencia impugnada notificada a la parte actora el día 29 de julio de 1999 y teniendo el recurso de amparo fecha de registro de entrada en este Tribunal el día 10 de septiembre siguiente, transcurrió con exceso el plazo de caducidad de veinte días hábiles establecido en el art. 44.2 LOTC, pues el mes de agosto a los efectos de interposición del recurso de amparo es hábil, según doctrina reiterada del Tribunal (STC 161/1995); otro, la posible falta de agotamiento de la vía judicial previa por parte de la entidad recurrente, lo que se convertiría en este momento procesal en causa de desestimación de la demanda de amparo al adolecer de uno de los presupuestos formales básicos que preservan la subsidiariedad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.1 a) LOTC. Y ello porque la parte recurrente no ha formalizado previamente el recurso de casación para la unificación de doctrina regulado en los arts. 96 y ss. de la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, en vigor al momento de dictarse Sentencia. En este sentido, apunta el Fiscal, es reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, STC 169/1999) que para el agotamiento de la vía judicial previa basta con el ejercicio de todas aquellas acciones o recursos cuya procedencia se desprenda de modo claro y terminante del tenor de las previsiones legales y que sean adecuados para la satisfacción de la pretensión ejercitada y reparar la lesión presuntamente sufrida. Igualmente, y tratándose de un recurso extraordinario como es el de casación para la unificación de doctrina, sólo se entiende que la parte recurrente no ha agotado la vía judicial previa cuando quien alega la causa de falta de agotamiento pueda acreditar la existencia de resoluciones judiciales firmes de contraste que permitieran probar la procedencia de la formalización de este recurso. Pues bien, a juicio del Fiscal, en este caso sí procedía la previa formalización del recurso de casación citado por lo que se refiere a la liquidación del IBI que superaba los tres millones de pesetas, y en la medida en que es la propia parte recurrente la que en la documentación que adjunta a su demanda de amparo y para fundamentar de mejor manera la eventual discriminación que denuncia aporta copia de la Sentencia de 2 de diciembre de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), que, a su entender, contempla un supuesto semejante al que fue objeto de enjuiciamiento por el Tribunal del mismo orden jurisdiccional de Cataluña, llegando el primero de los casos a una solución contraria a la que finalmente adoptó la Sentencia que ahora se impugna en amparo. Luego, resulta evidente que, con carácter previo a la formalización de la demanda de amparo, debería de haber preparado e interpuesto el recurso apuntado, concurriendo, entonces, la causa de inadmisión prevista en el art. 44.1 a) LOTC.
Ahora bien, para el Ministerio Fiscal el análisis de la presente demanda de amparo no debería rebasar los meros límites del único derecho fundamental que ha sido invocado como vulnerado por la parte, pues no le corresponde a este Tribunal de oficio reconstruir la demanda de amparo ni suplir las razones de las partes cuando éstas no se aportan en el recurso, incumpliendo así la carga que asiste al recurrente de exponer las razones que puedan fundar la existencia de una hipotética lesión de los derechos fundamentales (SSTC 1/1996 y 7/1987; AATC 256/1991 y 197/1998). Hecha esta precisión, entiende el Fiscal que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial, enlazado al mismo tiempo con el igualmente derecho fundamental a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE), "no deja de sorprender el conjunto de razonamientos esbozados por el TSJ de Cataluña en la sentencia impugnada, toda vez que realizando una interpretación excesivamente rigorista y, en el parecer de este Ministerio, poco acorde con la efectividad de un derecho fundamental de naturaleza sustantiva como es el derecho a la autonomía universitaria, llega a una interpretación notoriamente restrictiva de los presupuestos exigidos para el goce de la exención tributaria, pues, sin duda, afirmar que por el hecho de disponer de personalidad jurídica propia y de la autonomía funcional, económica y financiera que le confieren los arts. 3.1 y 52 de la LO 11/83, la recurrente, en cuanto Universidad Pública que es, no constituye un Organismo dependiente del Estado o de una Comunidad Autónoma a los efectos de poder gozar los inmuebles afectos al servicio educativo de la exención legalmente prevista, apoyando su decisión en una interpretación del concepto de 'propiedad' más propia del ámbito del Derecho Privado, resulta cuando menos y como se ha anticipado, una interpretación poco acorde con la efectividad de tales derechos fundamentales y todo ello sin olvidar que, en el plano inferior de la legalidad ordinaria, entre otras normas de rango administrativo, el art. 3 del RD 557/91, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, modificado por el RD 485/95, de 7 de abril, dispone que 'son Universidades Públicas las creadas por los Órganos Legislativos a que se refiere el art. 5.1 de la LO 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y cuya titularidad ostentará el Estado o una Comunidad Autónoma', lo que, fácilmente habría permitido deducir al Órgano Jurisdiccional que, a los efectos de apreciación del beneficio de la exención del pago del IBI que prevé el art. 64.a) de la Ley 39/88, quedara también incluido el bien inmueble objeto de la pretensión del recurrente".
10. Por providencia de 18 de marzo de 2002, se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 de marzo siguiente.
1. Iniciada la vía de apremio por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), para hacer efectiva la deuda tributaria derivada de diecisiete liquidaciones por impuesto sobre bienes inmuebles (en adelante, IBI), giradas como sujeto pasivo a la Universidad Autónoma de Barcelona y, correspondientes a los ejercicios 1990, 1992, 1993 y 1994, por inmuebles radicados en el campus universitario de Bellaterra de la mencionada Universidad, ésta recurrió en reposición la vía de apremio contra ella dirigida y, al propio tiempo, solicitó la exención del impuesto cuyas liquidaciones impagadas daban cobertura a la vía ejecutiva emprendida por la corporación municipal. Se cuestionaba así, ya desde la impugnación en vía administrativa, la procedencia de aplicar a dicha Universidad, en su día transferida a la Comunidad Autónoma de Cataluña, el mencionado impuesto, por los terrenos y edificios de su titularidad afectos al servicio educativo, además de ponerse en tela de juicio la procedencia de la vía de apremio frente al ente sujeto pasivo del tributo. La Comisión de Gobierno del citado Ayuntamiento, por Acuerdo adoptado el 30 de julio de 1996, desestimó el recurso de reposición, confirmando las providencias iniciadoras de la vía de apremio, y denegó la aplicación de la exención del IBI a la Universidad reclamante.
Interesa, asimismo, hacer constar que al momento de formular la demanda de amparo, el 10 de septiembre de 1999, la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia se hallaba impugnada en casación ordinaria (o común) por ambas partes procesales, habiéndose tenido por preparados dichos recursos y emplazadas aquellas ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, mediante providencia de 7 de diciembre de 1999 que obra en las actuaciones.
2. La queja de la Universidad demandante en amparo se funda en entender que la interpretación efectuada por el órgano judicial del artículo 64 a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales (en adelante, LHL), ha vulnerado su derecho a la igualdad (art. 14 CE), en tanto que se admite la existencia de una norma cuyo contenido supone un trato desigual no razonable (o una aplicación no razonable de la misma). En este sentido, a juicio de la actora, el artículo 64 a) de la Ley de Haciendas locales sólo admite dos interpretaciones posibles: o bien interpretar -como hace la Sentencia- que este precepto no incluye a las Universidades públicas al declarar la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles y, en consecuencia, admitir que es contrario al artículo 14 de la Constitución por infringir los principios de igualdad y no discriminación (tanto más cuando los entes docentes privados sí están expresamente declarados exentos en el impuesto); o bien interpretarlo en el sentido de entender incluidas a las Universidades públicas en la exención prevista (junto con las privadas), por ser la única interpretación respetuosa con el principio de igualdad.
3. La causa de inadmisión que apoya el Fiscal en la extemporaneidad del recurso de amparo es fácilmente rebatible. Es cierto que la Sentencia impugnada fue notificada a la Universidad Autónoma de Barcelona el 29 de julio de 1999, y es también verdad que el 10 de septiembre siguiente tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal la demanda promovida por aquélla. Pero ha de tenerse en cuenta, y es este dato el que determina la improcedencia de la extemporaneidad postulada por dicha representación, que cuando tal notificación se practicó, en la indicada fecha, ya había entrado en vigor la redacción que al art. 2 del Acuerdo plenario de este Tribunal de 15 de junio de 1982 (estableciendo las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el periodo de vacaciones) le dio el Acuerdo del Pleno de 17 de junio de 1999, publicado en el BOE de 22 de junio siguiente, conforme a la cual durante el periodo vacacional del mes de agosto no correrá, por excepción, el plazo de veinte días hábiles señalado en los arts. 43.2 y 44.2 de nuestra Ley Orgánica para interponer el recurso de amparo, de tal manera que para la interposición de este proceso constitucional el mes de agosto ha de considerarse inhábil y no computable a tales efectos, lo que determina que el 10 de septiembre del mencionado año 1999, en que tuvo entrada la demanda de amparo, no había transcurrido aún el referido plazo y el presente recurso no se halla, por tanto, incurso en extemporaneidad. Procede, por ello, rechazar este primer óbice que a la admisión del recurso opone el Ministerio Fiscal.
4. Hemos de abordar el segundo de los motivos o causas de inadmisión esgrimido por el Ministerio Fiscal, atinente a la alegada falta de agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial, aduciendo incumplimiento del requisito procesal del art. 44.1 a) LOTC, al no haberse interpuesto por la Universidad Autónoma de Barcelona el recurso de casación para unificación de doctrina contra la Sentencia de 9 de junio de 1999 objeto de este amparo. Tal modalidad casacional era procedente, según el Fiscal, a tenor de lo prevenido en el art. 96 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa a la sazón aplicable (Disposición transitoria tercera, apartado 1, de la referida Ley). Hemos de recordar, a tal efecto, que la procedencia de dicho recurso de casación la limita o contrae el Fiscal a tan solo una de las liquidaciones tributarias que, por su cuantía superior a tres millones de pesetas, permitía el acceso a dicha casación unificadora (art. 96.3 de la citada Ley 29/1998), sin extender dicha exigencia o requisito procesal a las otras dos liquidaciones correspondientes al ejercicio de 1993, por ser su importe inferior a dicha cantidad, de modo que frente a ellas no cabía la casación ordinaria ni tampoco la establecida para la unificación de doctrina. Pues bien, aun entendida en dicho sentido restrictivo la exigencia del agotamiento de tal vía de recurso, no podemos compartir la procedencia de la inadmisión que, por esta causa, postula el Ministerio Fiscal. Y ello, por cuanto ha de tenerse en cuenta que, según señalan las citadas SSTC 239/2001 y 240/2001, nuestra doctrina sobre la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo y la consiguiente necesidad de agotar, antes de acudir al mismo, todos los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios (SSTC 173/1999, de 27 de septiembre, FJ 2; 4/2000, de 17 de enero, FJ 2; 52/2000, de 28 de febrero, FJ 3, y 86/2000, de 27 de marzo, FJ 2) no obliga a utilizar, en cada caso, todos los medios de impugnación posibles, sino tan solo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables (STC 188/1990, de 26 de noviembre, FJ 3), esto es, aquéllos sobre los que no quepa albergar duda respecto de su procedencia y de la posibilidad real y efectiva de interponerlo, así como de su adecuación para reparar la lesión del derecho fundamental invocado en la demanda de amparo. Pues bien, en presencia de esta doctrina constitucional, la viabilidad de la casación unificadora, con base - como Sentencia de contraste- en la dictada por la Sala de la jurisdicción de Sevilla el 2 de diciembre de 1996 se mostraba problemática, dado el ámbito subjetivo, en cuanto a la titularidad de los inmuebles, de las Universidades litigantes en uno y otro caso, como apreciaron las Sentencias de constante referencia recaídas en amparos promovidos por Universidades públicas de Cataluña.
5. Pues bien, superadas las causas de inadmisibilidad opuestas por el Ministerio Fiscal, y siendo el presente caso, en cuanto a la exención tributaria pretendida por la Universidad Autónoma de Barcelona, sustancialmente igual al decidido por las referidas Sentencias 239/2001 y 240/2001, ambas de 18 de diciembre de 2001, procede remitirnos a lo por ellas decidido sobre la improcedencia en el caso del examen de la mencionada cuestión, lo que determina la denegación del recurso de amparo.
Type and record number Recurso de amparo 3746-1999
Promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó su recurso contra el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés por el impuesto sobre bienes inmuebles.
Para la interposición del recurso de amparo, el mes de agosto ha de considerarse inhábil y no computable a efectos del plazo [FJ 3].
La doctrina sobre la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo no obliga a utilizar todos los medios de impugnación posibles, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables (STC 188/1990) [ FJ 4].
Siendo el presente caso sustancialmente igual al decidido por las Sentencias 239/2001 y 240/2001, procede remitirnos a lo por ellas decidido [FJ 5].
Artículo 64 a), ff. 1, 2
Artículo 96, ff. 2, 4
Disposición transitoria tercera, apartado 1, f. 4
Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de junio de 1999. Reforma del artículo 2 del Acuerdo de 15 de junio de 1982, del propio Pleno, por el que se acuerdan las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de vacaciones
Mes de agosto inhábilMes de agosto inhábil, f. 3
Recurso de casación contencioso-administrativo para la unificación de doctrina no exigibleRecurso de casación contencioso-administrativo para la unificación de doctrina no exigible, f. 4

References: artículo 15
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 14

Artículo 64

Artículo 96
 artículo 2