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Timestamp: 2019-09-16 22:41:28+00:00

Document:
Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444860022
Fecha de Entrada en Vigor: 21 de Noviembre de 2007
Marginal: BOE-A-2007-19883
Norma citada en: 11 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa, 15 resoluciones administrativas
Este real decreto modifica diversos aspectos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre y, en paralelo, del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la ProducciÃ³n e ImportaciÃ³n en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
La Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad, dio nueva redacciÃ³n al artÃculo 91.Dos.1.6.o de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, relativo a la aplicaciÃ³n del tipo impositivo del 4 por ciento a las entregas de ciertas viviendas. Este supuesto de tributaciÃ³n reducida estÃ¡ condicionado a circunstancias relativas al uso que de las viviendas haga el comprador. El texto reglamentario se adapta a esta normativa, a la vez que se concreta la aplicaciÃ³n prÃ¡ctica de los requisitos que han de concurrir para la aplicaciÃ³n de la medida.
El artÃculo 12.Primero.catorce de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, estableciÃ³ un beneficio fiscal paralelo en el Impuesto General Indirecto Canario. Resulta conveniente adaptar el artÃculo 56 del Real Decreto 2538/1994 a esta disposiciÃ³n.
La Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2006, aÃ±adiÃ³ el ordinal 16.Âº al artÃculo 91.uno.2 de la Ley 37/1992, disponiendo la aplicaciÃ³n del tipo reducido del 7 por ciento a la televisiÃ³n digital. Resulta conveniente aplicar a dichos servicios el procedimiento especial de devoluciÃ³n que se desarrolla por el artÃculo 30 del Reglamento del Impuesto, al objeto de evitar quebrantos financieros graves a las entidades que realizan estas operaciones.
La Ley 3/2006, de 29 de marzo, de modificaciÃ³n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, para adecuar la aplicaciÃ³n de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea, eliminÃ³ de la normativa legal reguladora del Impuesto cualquier tipo de restricciÃ³n en el derecho a la deducciÃ³n como consecuencia de la percepciÃ³n de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones. Se hace necesario adaptar los artÃculos 28 y 38 del Reglamento del Impuesto, al objeto de adecuar su redacciÃ³n a la nueva regulaciÃ³n legal de la materia.
La misma norma introdujo una modificaciÃ³n de tenor similar en la Ley 20/1991, con el fin de mantener la coherencia del sistema tributario. Resulta igualmente necesario modificar los artÃculos del Real Decreto 2538/1994 relativos a esta cuestiÃ³n, que son sus artÃculos 67, 69, 71, 77 y 95.
La Ley 6/2006, de 24 de abril, de modificaciÃ³n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido (IVA), para la clarificaciÃ³n del concepto de vehÃculo destinado al transporte de personas con discapacidad contenido en la misma ley, modificÃ³ los artÃculos 91.dos.1.4.o y 91.dos.2 de la Ley 37/1992 en cuanto a la delimitaciÃ³n de los supuestos de tributaciÃ³n reducida que se aplican a ciertas operaciones relativas a coches utilizados por personas con movilidad reducida. Los requisitos reglamentarios de aplicaciÃ³n de la norma venÃan dados por el artÃculo 58 del anterior Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, que no habÃa sido derogado; sin embargo, se hace necesaria su adecuaciÃ³n a la nueva regulaciÃ³n legal de la materia.
En el Ã¡mbito del Impuesto General Indirecto Canario, fue el artÃculo 67 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2007, el que adaptÃ³ en la misma lÃnea el contenido de este beneficio fiscal. Resulta necesaria, en consecuencia, la revisiÃ³n una vez mÃ¡s del artÃculo 56 del Real Decreto 2538/1994.
La reciente Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenciÃ³n del fraude fiscal, ha introducido en la Ley 37/1992 un rÃ©gimen especial, el del grupo de entidades, que, conforme seÃ±ala la propia norma, precisa del desarrollo reglamentario de varios de sus aspectos. Este desarrollo se realiza en los artÃculos 61 bis a sexies, que se aÃ±aden al Reglamento del Impuesto.
El artÃculo 61 bis regula la informaciÃ³n que han de presentar las entidades que deseen aplicar el rÃ©gimen especial para su adecuada gestiÃ³n censal, incluyendo la configuraciÃ³n del perÃmetro subjetivo del rÃ©gimen especial, el alcance que se le quiere dar y la vigencia mÃnima de las opciones que se pueden ejercitar en su configuraciÃ³n.
El artÃculo 61 ter trata ciertos aspectos relativos a las declaraciones-liquidaciones que hay que presentar constante la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial, concretando los requisitos de periodicidad, plazo de presentaciÃ³n, falta de presentaciÃ³n de declaraciones-liquidaciones individuales y la vuelta al rÃ©gimen general en caso de cese en la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial del grupo de entidades.
El artÃculo 61 quÃ¡ter concreta los requisitos formales para el ejercicio de la facultad de renuncia a las exenciones que pudieran corresponder a las operaciones entre entidades de un mismo grupo que apliquen el rÃ©gimen especial, compaginando seguridad jurÃdica en las operaciones y operatividad en la gestiÃ³n del tributo.
El artÃculo 61 quinquies desarrolla los requisitos del sistema de informaciÃ³n en que se basa el nivel avanzado del rÃ©gimen especial, conforme al cual se determinan tanto los costes que conforman la base imponible de las operaciones intragrupo como el sector diferenciado que constituyen dichas operaciones.
Finalmente, el artÃculo 61 sexies completa la anterior regulaciÃ³n en cuanto al procedimiento de control de estas entidades.
De todos los preceptos que se han citado en relaciÃ³n con el nuevo rÃ©gimen de los grupos de entidades, sÃ³lo el 61 quÃ¡ter necesita de su adaptaciÃ³n al Real Decreto 2538/1994, lo cual se hace a travÃ©s de un nuevo artÃculo, el 125 quinquies, que se le aÃ±ade, ya que el resto de cuestiones son competencia, en cuanto a su desarrollo reglamentario, del Gobierno de Canarias. A la par, se modifica el artÃculo 90 de la misma norma para recoger la referencia al nuevo rÃ©gimen especial.
La Ãºltima modificaciÃ³n relativa al Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido tiene por objeto sus artÃculos 63 y 64 y pretende propiciar una mayor coherencia entre el contenido de los libros registro de facturas expedidas y recibidas, respectivamente, que son los que regulan dichos preceptos, con el contenido de las facturas, que se establece en el artÃculo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. A tal efecto, se establece la obligatoriedad de consignar por separado en dichos libros las fechas de expediciÃ³n de las facturas y de realizaciÃ³n de las operaciones que en ellas se documentan. Igualmente, se actualiza la regulaciÃ³n de los asientos resumen.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado uno de la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima de la Ley 20/1991, se ha recabado informe de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃa y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n de 2 de noviembre de 2007,
ArtÃculo primero. ModificaciÃ³n del Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
Uno. Se modifica el artÃculo 26 bis, relativo al tipo impositivo reducido, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃculo 26 bis Tipo impositivo reducido.
Uno. A efectos de lo previsto en el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 91.dos.1.6.Âº de la Ley del Impuesto, relativo a determinadas entregas de viviendas, las circunstancias de que el destinatario tiene derecho a aplicar el rÃ©gimen especial previsto en el capÃtulo III del tÃtulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y de que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les es aplicable la bonificaciÃ³n establecida en el artÃculo 54.1 de dicha ley, podrÃ¡n acreditarse mediante una declaraciÃ³n escrita firmada por el referido destinatario dirigida al sujeto pasivo, en la que aquÃ©l haga constar, bajo su responsabilidad, su cumplimiento.
De mediar las circunstancias previstas en el artÃculo 87.uno de la Ley del Impuesto, el citado destinatario responderÃ¡ solidariamente de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃculo 170.dos.2.o de la misma ley.
Dos.1. Se aplicarÃ¡ lo previsto en el artÃculo 91.dos.1.4.Âº, segundo pÃ¡rrafo, de la Ley del Impuesto a la entrega, adquisiciÃ³n intracomunitaria o importaciÃ³n de los vehÃculos para el transporte habitual de personas con movilidad reducida o para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
o Que hayan transcurrido, al menos, cuatro aÃ±os desde la adquisiciÃ³n de otro vehÃculo en anÃ¡logas condiciones.
No obstante, este requisito no se exigirÃ¡ en el supuesto de siniestro total de los vehÃculos, certificado por la entidad aseguradora o cuando se justifique la baja definitiva de los vehÃculos.
o Que no sean objeto de una transmisiÃ³n posterior por actos inter vivos durante el plazo de cuatro aÃ±os siguientes a su fecha de adquisiciÃ³n.
La aplicaciÃ³n del tipo impositivo previsto en el artÃculo 91.dos.1.4.o, segundo pÃ¡rrafo, de la Ley del Impuesto requerirÃ¡ el previo reconocimiento del derecho por la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, iniciÃ¡ndose mediante solicitud suscrita tanto por el adquirente como por la persona con discapacidad. Dicho reconocimiento, caso de producirse, surtirÃ¡ efecto desde la fecha de su solicitud.
Se deberÃ¡ acreditar que el destino del vehÃculo es el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. Entre otros medios de prueba serÃ¡n admisibles los siguientes:
La titularidad del vehÃculo a nombre del discapacitado.
Que el adquirente sea cÃ³nyuge del discapacitado o tenga una relaciÃ³n de parentesco en lÃnea directa o colateral hasta del tercer grado, inclusive.
Que el adquirente estÃ© inscrito como pareja de hecho de la persona con discapacidad en el Registro de parejas o uniones de hecho de la Comunidad AutÃ³noma de residencia.
Que el adquirente tenga la condiciÃ³n de tutor, representante legal o guardador de hecho del discapacitado.
Que el adquirente demuestre la convivencia con el discapacitado mediante certificado de empadronamiento o por tener el domicilio fiscal en la misma vivienda.
En el supuesto de que el vehÃculo sea adquirido por una persona jurÃdica, que la misma estÃ© desarrollando actividades de asistencia a personas con discapacidad o, en su caso, que cuente dentro de su plantilla con trabajadores discapacitados contratados que vayan a utilizar habitualmente el vehÃculo.
La discapacidad o la movilidad reducida se deberÃ¡ acreditar mediante certificado o resoluciÃ³n expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u Ã³rgano competente de la comunidad autÃ³noma correspondiente.
No obstante, se considerarÃ¡n afectados por una discapacidad igual o superior al 33 por ciento:
Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensiÃ³n de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez.
Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Cuando se trate de discapacitados cuya incapacidad sea declarada judicialmente. En este caso, la discapacidad acreditada serÃ¡ del 65 por ciento aunque no alcance dicho grado.
Se considerarÃ¡n personas con movilidad reducida:
Las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la OrganizaciÃ³n Nacional de Ciegos EspaÃ±oles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado.
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las corporaciones locales o, en su caso, por las comunidades autÃ³nomas.
En las importaciones, el reconocimiento del derecho corresponderÃ¡ a la aduana por la que se efectÃºe la importaciÃ³n.
Los sujetos pasivos que realicen las entregas de vehÃculos para el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 91.dos.1.4Â° de la Ley del Impuesto sÃ³lo podrÃ¡n aplicar el tipo impositivo reducido cuando el adquirente acredite su derecho mediante el documento en el que conste el pertinente acuerdo de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, el cual deberÃ¡ conservarse durante el plazo de prescripciÃ³n.Â»
Dos. Se modifica el ordinal 4.o del artÃculo 28.1, relativo a opciones y solicitudes en materia de deducciones, que queda redactado como sigue:
Â«4.o Solicitud por la que se propone el porcentaje provisional de deducciÃ³n a que se refiere el apartado dos del artÃculo 111 de la Ley del Impuesto, aplicable en los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales y en los de inicio de actividades que constituyan un sector diferenciado respecto de las que se venÃan desarrollando con anterioridad, y en relaciÃ³n con las cuotas soportadas o satisfechas con anterioridad al momento en que comience la realizaciÃ³n habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a dichas actividades.
No serÃ¡ necesaria la presentaciÃ³n de la referida solicitud cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituirÃ¡n el objeto de las actividades que se inician y, en su caso, el de las que se venÃan desarrollando con anterioridad, sean exclusivamente operaciones de las enumeradas en el apartado uno del artÃculo 94 de la Ley del Impuesto cuya realizaciÃ³n origina el derecho a deducir. A tales efectos, no se tendrÃ¡n en cuenta las operaciones a que se refiere el apartado tres del artÃculo 104 de la misma ley.
La solicitud a que se refiere este nÃºmero 4.o deberÃ¡ formularse al tiempo de presentar la declaraciÃ³n censal por la que debe comunicarse a la AdministraciÃ³n el inicio de las referidas actividades.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nuevo ordinal, el 14.o, al artÃculo 30.4, relativo a la devoluciÃ³n a exportadores y otros operadores econÃ³micos en rÃ©gimen comercial, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«14.o Las operaciones a que se refiere el artÃculo 91.uno.2.16.o de la Ley del Impuesto.Â»
Cuatro. Se modifica el artÃculo 38.2, relativo al rÃ©gimen especial simplificado, que queda redactado como sigue:
Â«2. A efectos de lo previsto en el apartado uno.C) del artÃculo 123 de la Ley del Impuesto, la deducciÃ³n de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisiciÃ³n de activos fijos, considerÃ¡ndose como tales los elementos del inmovilizado, se practicarÃ¡ conforme al capÃtulo I del tÃtulo VIII de dicha Ley. No obstante, cuando el sujeto pasivo liquide en la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n del Ãºltimo periodo del ejercicio las cuotas correspondientes a adquisiciones intracomunitarias de activos fijos, o a adquisiciones de tales activos con inversiÃ³n del sujeto pasivo, la deducciÃ³n de dichas cuotas no podrÃ¡ efectuarse en una declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n anterior a aquella en que se liquiden tales cuotas.Â»
Cinco. Se aÃ±ade un capÃtulo VII al tÃtulo VIII, constituido por los artÃculos 61 bis, ter, quÃ¡ter, quinquies y sexies, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«CAPÃTULO VII
RÃ©gimen especial del grupo de entidades
ArtÃculo 61 bis. InformaciÃ³n censal.
Los empresarios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades y que vayan a aplicar el rÃ©gimen especial previsto en el capÃtulo IX del tÃtulo IX de la Ley del Impuesto deberÃ¡n comunicar esta circunstancia al Ã³rgano competente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria.
Esta comunicaciÃ³n se efectuarÃ¡ por la entidad dominante en el mes de diciembre anterior al inicio del aÃ±o natural en el que deba surtir efecto y contendrÃ¡ los siguientes datos:
IdentificaciÃ³n de los empresarios o profesionales que integran el grupo y que van a aplicar el rÃ©gimen especial.
En el caso de establecimientos permanentes de entidades no residentes en el territorio de aplicaciÃ³n del Impuesto que tengan la condiciÃ³n de entidad dominante, se exigirÃ¡ la identificaciÃ³n de la entidad no residente en el territorio de aplicaciÃ³n del Impuesto a la que pertenecen.
Copia de los acuerdos por los que las entidades han optado por el rÃ©gimen especial.
RelaciÃ³n del porcentaje de participaciÃ³n directa o indirecta mantenida por la entidad dominante respecto de todas y cada una de las entidades que van a aplicar el rÃ©gimen especial y la fecha de adquisiciÃ³n de las respectivas participaciones.
La manifestaciÃ³n de que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artÃculo 163 quinquies de la Ley del Impuesto, tanto para la entidad dominante como para todas y cada una de las dependientes.
En su caso, la opciÃ³n establecida en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto, asÃ como la renuncia a la misma. Esta opciÃ³n supondrÃ¡ la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en los apartados uno y tres del artÃculo 163 octies de la Ley del Impuesto.
Los Ã³rganos administrativos competentes para la recepciÃ³n de esta informaciÃ³n comunicarÃ¡n a la entidad dominante el nÃºmero del grupo de entidades otorgado.
Asimismo, la entidad dominante deberÃ¡ presentar una comunicaciÃ³n en caso de que se produzca cualquier modificaciÃ³n que afecte a las entidades del grupo que aplican el rÃ©gimen especial. Esta comunicaciÃ³n deberÃ¡ presentarse dentro del periodo de declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n correspondiente al periodo de liquidaciÃ³n en que se produzca.
Los empresarios o profesionales que, formando parte de un grupo de entidades, opten por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, podrÃ¡n optar asimismo por la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto. En todo caso, esta opciÃ³n se referirÃ¡ al conjunto de entidades que apliquen el rÃ©gimen especial y formen parte del mismo grupo de entidades.
Esta opciÃ³n se podrÃ¡ ejercitar de forma simultÃ¡nea a la opciÃ³n por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial o con posterioridad al inicio de dicha aplicaciÃ³n, pero en todo caso deberÃ¡ comunicarse durante el mes de diciembre anterior al aÃ±o natural en que deba surtir efecto.
La opciÃ³n tendrÃ¡ una validez mÃnima de un aÃ±o natural, entendiÃ©ndose prorrogada, salvo renuncia. La renuncia tendrÃ¡ una validez mÃnima de un aÃ±o y se ejercitarÃ¡ mediante comunicaciÃ³n al Ã³rgano competente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria. Esta renuncia no impedirÃ¡ que las entidades que la formulen continÃºen aplicando el rÃ©gimen especial del grupo de entidades con exclusiÃ³n de lo dispuesto en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este mismo artÃculo.
Las entidades que hayan ejercitado la opciÃ³n que se establece en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto podrÃ¡n optar por la aplicaciÃ³n de la regla de prorrata especial a que se refiere el artÃculo 103.dos.1.Âº de dicha Ley del Impuesto en relaciÃ³n con el sector diferenciado de las operaciones intragrupo, sin perjuicio de su aplicaciÃ³n obligatoria en los tÃ©rminos del artÃculo 103.dos.2.o de la citada ley.
Esta opciÃ³n serÃ¡ individual para cada una de dichas entidades y se ejercitarÃ¡ sin perjuicio de las opciones que se pudieran ejercitar en relaciÃ³n con el resto de sectores diferenciados que, en su caso, tuvieran las citadas entidades.
La opciÃ³n deberÃ¡ ejercitarse en los siguientes plazos:
En general, durante el mes de diciembre del aÃ±o anterior a aquÃ©l a partir del cual se desea que comience a surtir efectos.
En los supuestos de inicio de actividades empresariales o profesionales, y en los de inicio de una actividad que constituya un sector diferenciado respecto de las que se venÃan desarrollando con anterioridad, hasta la finalizaciÃ³n del plazo de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n correspondiente al perÃodo en el que se produzca el comienzo en la realizaciÃ³n habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a tales actividades.
La opciÃ³n por la aplicaciÃ³n de la regla de prorrata especial surtirÃ¡ efectos en tanto no sea revocada por el sujeto pasivo. Dicha revocaciÃ³n podrÃ¡ efectuarse durante el mes de diciembre del aÃ±o anterior a aquÃ©l a partir del cual se desea que la misma comience a surtir efectos.
En el mes de diciembre de cada aÃ±o natural, la entidad dominante deberÃ¡ comunicar al Ã³rgano competente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria la relaciÃ³n de entidades que, dentro de su grupo, apliquen el rÃ©gimen especial, identificando las que motiven cualquier alteraciÃ³n respecto a las del aÃ±o anterior. No obstante, en el caso de que se hayan incorporado entidades al grupo en el citado mes de diciembre, la informaciÃ³n relativa a dichas entidades se podrÃ¡ presentar hasta el 20 de enero siguiente.
En el caso de entidades que se incorporen al grupo, junto con esta comunicaciÃ³n se deberÃ¡ aportar copia de los acuerdos por los que esas entidades han optado por el rÃ©gimen especial. Estos acuerdos se deberÃ¡n haberse adoptado antes del inicio del aÃ±o natural en el que se pretenda la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial. No obstante, para las entidades de nueva creaciÃ³n que se incorporen a un grupo que ya viniera aplicando el rÃ©gimen especial, serÃ¡ vÃ¡lida la adopciÃ³n del acuerdo antes de la finalizaciÃ³n del periodo de presentaciÃ³n de la primera declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n individual que corresponda en aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial, aplicÃ¡ndose en tal caso el rÃ©gimen especial desde el primer dÃa del periodo de liquidaciÃ³n al que se refiera esa declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n.
La renuncia al rÃ©gimen especial se ejercitarÃ¡ mediante comunicaciÃ³n al Ã³rgano competente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria y se deberÃ¡ formular en el mes de diciembre anterior al inicio del aÃ±o natural en el que deba surtir efecto.
El Ministro de EconomÃa y Hacienda podrÃ¡ aprobar un modelo especÃfico a travÃ©s del cual se sustancien las comunicaciones que se citan en los apartados anteriores de este artÃculo, regulando la forma, lugar y plazos de presentaciÃ³n.
ArtÃculo 61 ter. Declaraciones-liquidaciones.
La entidad dominante deberÃ¡ presentar las declaraciones-liquidaciones agregadas una vez presentadas las declaraciones-liquidaciones individuales de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial, incluida la de la entidad dominante.
No obstante, en caso de que alguna de dichas declaraciones-liquidaciones individuales no se haya presentado en el plazo establecido al efecto, se podrÃ¡ presentar la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n agregada del grupo, sin perjuicio de las actuaciones que procedan, en su caso, por la falta de presentaciÃ³n de dicha declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n individual.
Las entidades que queden excluidas del rÃ©gimen especial pasarÃ¡n a aplicar, en su caso, el rÃ©gimen general del Impuesto desde el periodo de liquidaciÃ³n en que se produzca esta circunstancia, presentando sus declaraciones-liquidaciones individuales, mensual o trimestralmente, en funciÃ³n de su volumen de operaciones, conforme a lo dispuesto en el artÃculo 71. En particular, cuando la exclusiÃ³n del rÃ©gimen especial se produzca con efectos para una fecha distinta de la correspondiente al inicio de un trimestre natural y la entidad excluida deba presentar sus declaraciones-liquidaciones trimestralmente, dicha entidad presentarÃ¡ una declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n trimestral por el perÃodo de tiempo restante hasta completar dicho trimestre.
En caso de que una entidad que quede excluida del rÃ©gimen especial del grupo de entidades cumpla los requisitos que se establecen en el artÃculo 30, podrÃ¡ optar por el procedimiento especial de devoluciÃ³n que se regula en el mismo.
El Ministro de EconomÃa y Hacienda aprobarÃ¡ los modelos de declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n individual y agregada que procedan para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial. Estas declaraciones-liquidaciones deberÃ¡n presentarse durante los veinte primeros dÃas naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidaciÃ³n mensual.
Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones que a continuaciÃ³n se indican deberÃ¡n presentarse en los plazos especiales que se mencionan:
o La correspondiente al perÃodo de liquidaciÃ³n del mes de julio, durante el mes de agosto y los veinte primeros dÃas naturales del mes de septiembre inmediatamente posteriores.
o La correspondiente al Ãºltimo perÃodo del aÃ±o, durante los treinta primeros dÃas naturales del mes de enero.
Sin perjuicio de lo establecido en los pÃ¡rrafos anteriores de este apartado, el Ministro de EconomÃa y Hacienda, atendiendo a razones fundadas de carÃ¡cter tÃ©cnico, podrÃ¡ ampliar el plazo correspondiente a las declaraciones que se presenten por vÃa telemÃ¡tica.
Los empresarios o profesionales que apliquen el rÃ©gimen especial no podrÃ¡n acogerse al sistema de cuenta corriente en materia tributaria que se regula en los artÃculos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiÃ³n e inspecciÃ³n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
ArtÃculo 61 quÃ¡ter. Renuncia a las exenciones.
La facultad de renuncia a las exenciones que se establece en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto se podrÃ¡ efectuar cuando la entidad de que se trate haya optado en tiempo y forma por el tratamiento especial de las operaciones intragrupo que se seÃ±ala en el citado precepto.
Esta facultad se efectuarÃ¡ operaciÃ³n por operaciÃ³n, documentÃ¡ndose en la forma que se establece en el apartado siguiente.
La citada facultad no dependerÃ¡ de la condiciÃ³n de empresario o profesional con derecho a la deducciÃ³n de las cuotas soportadas del destinatario de las operaciones a las que se refiera la renuncia.
Esta renuncia se realizarÃ¡ mediante la expediciÃ³n de una factura en la que conste la repercusiÃ³n del impuesto, en su caso, y una referencia al artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto.
Esta factura deberÃ¡ cumplir todos los requisitos que se establecen en el artÃculo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, sin que a estos efectos sea aplicable el apartado 7 de dicho artÃculo.
En caso de que a las operaciones a las que se refiera esta renuncia les sea igualmente aplicable lo dispuesto en el artÃculo 20.dos de la Ley del Impuesto, prevalecerÃ¡ la facultad que se establece en el artÃculo 163 sexies.cinco de dicha Ley.
En tal caso, la renuncia a la exenciÃ³n deberÃ¡ comunicarse fehacientemente al adquirente con carÃ¡cter previo o simultÃ¡neo a la entrega de los correspondientes bienes, entendiÃ©ndose comunicada de forma fehaciente si en la factura que se expida con ocasiÃ³n de la realizaciÃ³n de las operaciones se efectÃºa la repercusiÃ³n expresa del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
ArtÃculo 61 quinquies. Obligaciones formales especÃficas del rÃ©gimen especial.
Cuando el grupo de entidades opte por la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto, la entidad dominante deberÃ¡ disponer de un sistema de informaciÃ³n analÃtica cuyo contenido serÃ¡ el siguiente:
La descripciÃ³n de los bienes y servicios utilizados total o parcialmente, directa o indirectamente, en la realizaciÃ³n de operaciones intragrupo y por los cuales se haya soportado o satisfecho el Impuesto.
En esta relaciÃ³n se incluirÃ¡n tanto los bienes y servicios adquiridos a terceros como aquellos otros que, sin haber sido adquiridos a terceros, hayan dado lugar a cuotas soportadas o satisfechas por cualquiera de las operaciones sujetas al Impuesto.
El importe de la base imponible y de las cuotas soportadas o satisfechas por dichos bienes o servicios, conservando los justificantes documentales correspondientes.
El importe de las cuotas deducidas de las soportadas o satisfechas por dichos bienes y servicios, indicando la regla de prorrata, general o especial, aplicada por todas y cada una de las entidades que estÃ©n aplicando el rÃ©gimen especial.
Para el caso de los bienes de inversiÃ³n, se deberÃ¡ consignar igualmente el importe de las regularizaciones practicadas, en su caso, en relaciÃ³n con los mismos, asÃ como el inicio de su utilizaciÃ³n efectiva.
Los criterios utilizados para la imputaciÃ³n del coste de dichos bienes y servicios a la base imponible de las operaciones intragrupo y al sector diferenciado constituido por dichas operaciones. Estos criterios deberÃ¡n especificarse en una memoria, que formarÃ¡ parte del sistema de informaciÃ³n, y deberÃ¡n cuantificarse, siendo obligatoria la conservaciÃ³n de los justificantes formales de las magnitudes utilizadas, en su caso, durante todo el plazo durante el cual deba conservarse el sistema de informaciÃ³n. Los citados criterios atenderÃ¡n, siempre que sea posible, a la utilizaciÃ³n real de los citados bienes y servicios en las operaciones intragrupo, sin perjuicio de la utilizaciÃ³n de cualesquiera otros, como la imputaciÃ³n proporcional al valor normal de mercado de dichas operaciones en condiciones de libre competencia, cuando se trate de bienes y servicios cuya utilizaciÃ³n real resulte imposible de concretar. Estos criterios podrÃ¡n ser sometidos a la valoraciÃ³n previa de la AdministraciÃ³n tributaria. El Ministro de EconomÃa y Hacienda dictarÃ¡ las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de esta valoraciÃ³n previa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artÃculo 61 quÃ¡ter de este reglamento, las operaciones intragrupo que se realicen entre entidades que apliquen lo dispuesto en el artÃculo 163 sexies.cinco de la Ley del Impuesto deberÃ¡n documentarse en factura que deberÃ¡ cumplir todos los requisitos que se establecen en el artÃculo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, sin que sea aplicable lo dispuesto en su apartado 7. No obstante, como base imponible de las citadas operaciones se deberÃ¡ hacer constar tanto la que resulte de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃculo 163 octies.uno de la Ley del Impuesto como la que resultarÃa de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en los artÃculos 78 y 79 de dicha ley, identificando la que corresponda a cada caso.
Estas facturas deberÃ¡n expedirse en una serie especial y consignarse por separado, en su caso, en el libro registro de facturas expedidas.
ArtÃculo 61 sexies. Procedimientos de control.
Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causas no imputables a la AdministraciÃ³n tributaria que se produzcan en el curso de un procedimiento de comprobaciÃ³n seguido con cualquier entidad del grupo en relaciÃ³n con la comprobaciÃ³n de este Impuesto afectarÃ¡n al plazo de duraciÃ³n del procedimiento del grupo de entidades, siempre que la entidad dominante tenga conocimiento formal de ello.
La ampliaciÃ³n del plazo de duraciÃ³n del procedimiento de inspecciÃ³n, acordada respecto del grupo y formalizada con la entidad dominante, surtirÃ¡ efectos para todo el grupo de entidades.Â»
Seis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artÃculo 63, que quedan redactados como sigue:
Â«3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirÃ¡n, una por una, las facturas o documentos sustitutivos expedidos y se consignarÃ¡n el nÃºmero y, en su caso, serie, la fecha de expediciÃ³n, la fecha de realizaciÃ³n de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razÃ³n social o denominaciÃ³n completa y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal del destinatario, la base imponible de las operaciones, determinada conforme a los artÃculos 78 y 79 de la Ley del Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria.
La anotaciÃ³n individualizada de las facturas o documentos sustitutivos a que se refiere el apartado anterior se podrÃ¡ sustituir por la de asientos resÃºmenes en los que se harÃ¡n constar la fecha o periodo en que se hayan expedido, base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global de facturas o documentos sustitutivos numerados correlativamente y expedidos en la misma fecha, y los nÃºmeros inicial y final de los documentos anotados, siempre que se cumplan simultÃ¡neamente los siguientes requisitos:
Que en los documentos expedidos no sea preceptiva la identificaciÃ³n del destinatario, conforme a lo dispuesto por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Que las operaciones documentadas se deban entender realizadas, conforme a lo dispuesto en el artÃculo 9 del citado Reglamento dentro de un mismo mes natural.
Siete. Se modifican los apartados 4 y 5 del artÃculo 64, que quedan redactados como sigue:
Â«4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarÃ¡n, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas y los demÃ¡s indicados anteriormente. Se consignarÃ¡n su nÃºmero de recepciÃ³n, la fecha de expediciÃ³n, la fecha de realizaciÃ³n de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior y asÃ conste en el citado documento, el nombre y apellidos, razÃ³n social o denominaciÃ³n completa y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal del obligado a su expediciÃ³n, la base imponible, determinada conforme a los artÃculos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, y, en su caso, el tipo impositivo y la cuota tributaria.
En el caso de las facturas a que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del apartado 2, las cuotas tributarias correspondientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que den lugar las entregas en ellas documentadas habrÃ¡n de calcularse y consignarse en la anotaciÃ³n relativa a dichas facturas.
PodrÃ¡ hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma fecha, en el que se harÃ¡n constar los nÃºmeros inicial y final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un Ãºnico proveedor, la suma global de la base imponible y la cuota impositiva global, siempre que el importe total conjunto de las operaciones, Impuesto sobre el Valor AÃ±adido no incluido, no exceda de 6.000 euros, y que el importe de las operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre el Valor AÃ±adido no incluido.
Ocho. Se modifica el apartado 3 del artÃculo 71, que queda redactado como sigue:
Â«3. El perÃodo de liquidaciÃ³n coincidirÃ¡ con el trimestre natural.
No obstante, dicho perÃodo de liquidaciÃ³n coincidirÃ¡ con el mes natural, cuando se trate de los empresarios o profesionales que a continuaciÃ³n se relacionan:
o AquÃ©llos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃculo 121 de la Ley del Impuesto hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros.
o AquÃ©llos que hubiesen efectuado la adquisiciÃ³n de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del apartado uno del artÃculo 121 de la Ley del Impuesto, cuando la suma de su volumen de operaciones del aÃ±o natural inmediato anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo perÃodo el transmitente de dicho patrimonio mediante la utilizaciÃ³n del patrimonio transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04 euros.
Lo previsto en este nÃºmero resultarÃ¡ aplicable a partir del momento en que tenga lugar la referida transmisiÃ³n, con efectos a partir del dÃa siguiente al de finalizaciÃ³n del perÃodo de liquidaciÃ³n en el curso del cual haya tenido lugar.
A efectos de lo dispuesto en el segundo pÃ¡rrafo del apartado uno del artÃculo 121 de la Ley del Impuesto, se considerarÃ¡ transmisiÃ³n de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional aquÃ©lla que comprenda los elementos patrimoniales que constituyan una o varias ramas de actividad del transmitente, en los tÃ©rminos previstos en el artÃculo 83.4 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de que sea aplicable o no a dicha transmisiÃ³n alguno de los supuestos de no sujeciÃ³n previstos en el nÃºmero 1.Âº del artÃculo 7 de la Ley del Impuesto.
o Los comprendidos en el artÃculo 30 de este reglamento autorizados a solicitar la devoluciÃ³n del saldo existente a su favor al tÃ©rmino de cada perÃodo de liquidaciÃ³n.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de aplicaciÃ³n incluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos pasivos.
o Los que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades que se regula en el capÃtulo IX del tÃtulo IX de la Ley del Impuesto.Â»
ArtÃculo segundo. ModificaciÃ³n del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la ProducciÃ³n e ImportaciÃ³n en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la ProducciÃ³n e ImportaciÃ³n en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
Uno. Se modifica el artÃculo 56, relativo a los tipos reducidos, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃculo 56. Tipo reducido.
El tipo impositivo reducido del 2 por ciento del Impuesto General Indirecto Canario, se aplicarÃ¡ a las operaciones siguientes:
Entregas o importaciones de los bienes que se indican a continuaciÃ³n:
o Los productos derivados de las industrias y actividades siguientes:
Extracciones, preparaciÃ³n y aglomeraciÃ³n de combustibles sÃ³lidos y coquerÃas.
ExtracciÃ³n y transformaciÃ³n de minerales radiactivos.
ProducciÃ³n, transporte y distribuciÃ³n de energÃa elÃ©ctrica, gas, vapor y agua caliente.
ExtracciÃ³n y preparaciÃ³n de minerales metÃ¡licos.
ProducciÃ³n y primera transformaciÃ³n de metales. No obstante, tributarÃ¡ al tipo cero la entrega o importaciÃ³n de los bienes muebles corporales incluidos en la partida arancelaria 7308, siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.
ExtracciÃ³n de minerales no metÃ¡licos ni energÃ©ticos. Turberas.
Industrias de productos minerales no metÃ¡licos. No obstante, tributarÃ¡ al tipo cero la entrega o importaciÃ³n de los bienes muebles corporales incluidos en la partida arancelaria 6802, siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.
Industria quÃmica.
FabricaciÃ³n de aceites y grasas, vegetales y animales.
Sacrificio de ganado, preparaciÃ³n y conservas de carne.
Industrias de la madera, corcho y muebles de madera. No obstante, tributarÃ¡ al tipo cero la entrega o importaciÃ³n de los bienes muebles corporales incluidos en las partidas arancelarias 4418, 9401 y 9403, en estas dos Ãºltimas partidas cuando los muebles sean de madera, siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.
FabricaciÃ³n de pasta papelera.
FabricaciÃ³n de papel y cartÃ³n.
TransformaciÃ³n de papel y el cartÃ³n.
Industrias de transformaciÃ³n del caucho y materias plÃ¡sticas. No obstante, tributarÃ¡ al tipo cero la entrega o importaciÃ³n de los bienes muebles corporales incluidos en las partidas arancelarias 9401 y 9403, cuando los muebles sean de plÃ¡stico, siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.
o Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que objetivamente considerados sÃ³lo puedan destinarse a suplir las deficiencias fÃsicas del hombre o los animales.
o Los vehÃculos para el transporte habitual de personas con movilidad reducida a que se refiere el nÃºmero 20 del anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial, en la redacciÃ³n dada por el anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de octubre, por el que se modifican los artÃculos 20 y 23 del Reglamento General de CirculaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, y las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
Los vehÃculos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptaciÃ³n, asÃ como los vehÃculos a motor que, previa adaptaciÃ³n o no, deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en sillas de ruedas o movilidad reducida, con independencia de quien sea el conductor de los mismos.
La aplicaciÃ³n del tipo reducido a los vehÃculos comprendidos en el pÃ¡rrafo anterior requerirÃ¡ el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que hayan transcurrido, al menos, cuatro aÃ±os desde la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de otro vehÃculo en anÃ¡logas condiciones.
Que no sean objeto de una transmisiÃ³n posterior por actos inter vivos durante el plazo de cuatro aÃ±os siguientes a su fecha de adquisiciÃ³n o importaciÃ³n.
La aplicaciÃ³n del tipo impositivo previsto en el anexo I.1.3.Âº de la Ley 20/1991 requerirÃ¡ el previo reconocimiento por la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria. Dicho reconocimiento, caso de producirse, surtirÃ¡ efecto desde la fecha de su solicitud. En el caso de tratarse de una entrega, la solicitud de aplicaciÃ³n del tipo reducido debe ser suscrita tanto por el adquirente como por la persona con discapacidad.
Se deberÃ¡ acreditar que el destino del vehÃculo objeto de entrega o importaciÃ³n es el transporte habitual de personas con minusvalÃa en silla de ruedas o con movilidad reducida. Entre otros medios de prueba serÃ¡n admisibles los siguientes:
a') La titularidad del vehÃculo a nombre del discapacitado.
b') Que el adquirente o importador sea cÃ³nyuge del discapacitado o tenga una relaciÃ³n de parentesco en lÃnea directa o colateral hasta del tercer grado, inclusive.
c') Que el adquirente o importador estÃ© inscrito como pareja de hecho de la persona con discapacidad en el Registro de parejas o uniones de hecho de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
d') Que el adquirente o importador tenga la condiciÃ³n de tutor, representante legal o guardador de hecho del discapacitado.
f') En el supuesto de que el vehÃculo sea adquirido o importado por una persona jurÃdica, que la misma estÃ© desarrollando actividades de asistencia a personas con discapacidad o, en su caso, que cuente dentro de su plantilla con trabajadores discapacitados contratados que vayan a utilizar habitualmente el vehÃculo.
La discapacidad o la movilidad reducida se deberÃ¡n acreditar mediante certificado o resoluciÃ³n expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u Ã³rgano competente de la comunidad autÃ³noma correspondiente.
Los titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las corporaciones locales canarias o, en su caso, por la Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
Los sujetos pasivos que realicen las entregas de vehÃculos para personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida a que se refiere este apartado sÃ³lo podrÃ¡n aplicar el tipo impositivo reducido cuando el adquirente acredite su derecho mediante el documento en el que conste el pertinente acuerdo de la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria, el cual deberÃ¡ conservarse durante el plazo de prescripciÃ³n.
o Los siguientes bienes susceptibles de ser utilizados habitual e idÃ³neamente en las actividades agrÃcolas, forestales o ganaderas: semillas, materiales para la protecciÃ³n y reproducciÃ³n de vegetales o animales, fertilizantes y enmiendas, productos fitosanitarios, herbicidas y residuos orgÃ¡nicos.
No se comprenderÃ¡n en este apartado, la maquinaria, utensilios o herramientas utilizados en las citadas actividades.
o Las sustancias y productos cualquiera que sea su origen que, por sus caracterÃsticas, aplicaciones, componentes, preparaciÃ³n y estado de conservaciÃ³n, sean susceptibles de ser habitual e idÃ³neamente utilizados para la nutriciÃ³n humana o animal, de acuerdo con lo establecido en el CÃ³digo Alimentario EspaÃ±ol, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohÃ³licas.
Se entiende por bebida alcohÃ³lica todo lÃquido apto para el consumo humano por ingestiÃ³n que contenga alcohol etÃlico.
A los efectos de este apartado, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de alimento, el tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen entregadas o importadas.
No obstante, tributarÃ¡ al tipo cero la entrega o importaciÃ³n de los bienes muebles corporales incluidos en la partida arancelaria 1604, siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.
o Los animales, vegetales y los demÃ¡s productos susceptibles de ser utilizados habitual e idÃ³neamente para la obtenciÃ³n de los productos a que se refiere el apartado anterior, directamente o mezclados con otros de origen distinto.
Se comprenden en este apartado los animales destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo humano o animal y los animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
o Las entregas de viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen general, cuando las entregas se efectÃºen por los promotores.
No se entenderÃ¡n comprendidos en el concepto de las viviendas del pÃ¡rrafo anterior los locales de negocio, asÃ como tampoco los garajes ni los anexos que se transmitan independientemente de ellas.
o Las ejecuciones de obras, con o sin aportaciÃ³n de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de las viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen general.
o Las ejecuciones de obra, con o sin aportaciÃ³n de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor-constructor y el contratista, que tengan por objeto la autoconstrucciÃ³n de viviendas calificadas administrativamente como protegidas conforme a la legislaciÃ³n especÃfica aplicable.
o Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la instalaciÃ³n de armarios de cocina y de baÃ±o y armarios empotrados para las edificaciones a que se refieren los apartados 8.o y 9.o anteriores, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de dichas edificaciones.
o Las entregas de viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial previsto en el capÃtulo III del tÃtulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificaciÃ³n establecida en el apartado 1 del artÃculo 54 del citado texto refundido. A estos efectos, la entidad adquirente comunicarÃ¡ mediante una declaraciÃ³n esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operaciÃ³n, en la que harÃ¡ constar, bajo su responsabilidad, su cumplimiento. En el caso de que la entrega de la vivienda se formalice en escritura pÃºblica, dicha declaraciÃ³n deberÃ¡ obligatoriamente incorporarse a esta Ãºltima.
De mediar las circunstancias previstas en el artÃculo 21 bis.1 de la Ley del Impuesto, el citado destinatario responderÃ¡ solidariamente de la deuda tributaria, sin perjuicio de lo establecido en el artÃculo 63.3 de la misma ley.
Las prestaciones de servicios que se indican a continuaciÃ³n:
o Las prestaciones de servicios de transportes terrestres.
o Los servicios prestados a personas fÃsicas que practiquen el deporte o la educaciÃ³n fÃsica, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestaciÃ³n, siempre que tales servicios estÃ©n directamente relacionados con dichas prÃ¡cticas y no resulte aplicable a los mismos la exenciÃ³n a que se refiere el artÃculo 11, nÃºmero 1, apartado 13.o de este reglamento.
o Los servicios de reparaciÃ³n de los vehÃculos y de las sillas de rueda comprendidos en el pÃ¡rrafo primero del apartado 3.o del nÃºmero 1 anterior y los servicios de adaptaciÃ³n de los autotaxis y autoturismos para personas con discapacidad y de los vehÃculos a motor a los que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quiÃ©n sea el conductor de los mismos.
Los sujetos pasivos que realicen las prestaciones de servicios de reparaciÃ³n y adaptaciÃ³n de los vehÃculos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior sÃ³lo podrÃ¡n aplicar el tipo impositivo reducido cuando el prestatario acredite su derecho mediante el documento en el que conste el pertinente acuerdo de la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria a que se refiere el apartado 3.o del nÃºmero 1 anterior, el cual deberÃ¡ conservarse durante el plazo de prescripciÃ³n.
La entrega o importaciÃ³n de muebles de metal incluidos en las partidas arancelarias 9401 y 9403 (excepto la 9403209900), siempre y cuando la entrega o importaciÃ³n estÃ© sujeta y no exenta al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de MercancÃas en las Islas Canarias.Â»
Dos. Se modifica el artÃculo 67, relativo a la aplicaciÃ³n de la regla de prorrata, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃculo 67. Regla de prorrata.
La regla de prorrata serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectÃºe conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducciÃ³n y otras operaciones de anÃ¡loga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho.Â»
Tres. Se modifica el artÃculo 69.2.Âº, relativo a la prorrata general, que queda redactado como sigue:
Â«2.o En el denominador, el importe total, determinado para el mismo periodo de tiempo, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su caso, en el sector diferenciado que corresponda, incluidas aquÃ©llas que no originen el derecho a deducir.
Son operaciones que no originan el derecho a deducir, a efectos de su inclusiÃ³n en el denominador de la prorrata, las operaciones relacionadas en el artÃculo 11.1 de este reglamento realizadas por el sujeto pasivo dentro o fuera de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias, con la salvedad prevista en su artÃculo 60.4.1.o e), asÃ como las operaciones no sujetas a que se refieren los nÃºmeros 8.o, 9.o y 10.o del artÃculo 10 del presente reglamento.
En las operaciones de cesiÃ³n de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, exentas del impuesto, el importe a computar en el denominador serÃ¡ el de la contraprestaciÃ³n de la reventa de dichos medios de pago, incrementado, en su caso, en el de las comisiones percibidas y minorado en el precio de adquisiciÃ³n de las mismas o, si Ã©ste no pudiera determinarse, en el precio de otras divisas, billetes o monedas de la misma naturaleza adquiridas en igual fecha.
En las operaciones de cesiÃ³n de pagarÃ©s y valores no integrados en la cartera de las entidades financieras, el importe a computar en el denominador serÃ¡ el de la contraprestaciÃ³n de la reventa de dichos efectos incrementado, en su caso, en el de los intereses y comisiones exigibles y minorado en el precio de adquisiciÃ³n de los mismos.
TratÃ¡ndose de valores integrados en la cartera de las entidades financieras deberÃ¡n computarse en el denominador de la prorrata los intereses exigibles durante el periodo de tiempo que corresponda y, en los casos de transmisiÃ³n de los referidos valores, las plusvalÃas obtenidas.
La prorrata de deducciÃ³n resultante de la aplicaciÃ³n de los criterios anteriores se redondearÃ¡ en la unidad superior.Â»
Cuatro. Se modifica el artÃculo 71, relativo a la prorrata especial, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃculo 71. La prorrata especial.
El ejercicio del derecho a deducir en la prorrata especial se ajustarÃ¡ a las siguientes reglas:
Primera.-Las cuotas impositivas soportadas en la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realizaciÃ³n de operaciones que originen el derecho a la deducciÃ³n podrÃ¡n deducirse Ãntegramente.
Segunda.-Las cuotas impositivas soportadas en la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realizaciÃ³n de operaciones que no originen el derecho a deducir no podrÃ¡n ser objeto de deducciÃ³n.
Tercera.-Las cuotas impositivas soportadas en la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de bienes o servicios utilizados sÃ³lo en parte, incluso durante perÃodos alternativos de tiempo, en la realizaciÃ³n de operaciones que originen el derecho a la deducciÃ³n podrÃ¡n ser deducidas en la proporciÃ³n resultante de aplicar al importe global de las mismas el porcentaje a que se refiere el artÃculo 69, nÃºmero 2 y siguientes, de este reglamento.
La aplicaciÃ³n de dicho porcentaje se ajustarÃ¡ a las normas de procedimiento establecidas en el artÃculo 70 de este reglamento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artÃculo 64, nÃºmero 2, de este reglamento, se considerarÃ¡n utilizados sÃ³lo en parte en la realizaciÃ³n de operaciones que originen el derecho a deducir los bienes o derechos que inicialmente se utilicen sÃ³lo en la realizaciÃ³n de operaciones que originen tal derecho y, posteriormente, sean utilizados, total o parcialmente, en la realizaciÃ³n de operaciones de distinta naturaleza o viceversa.Â»
Cinco. Se modifica el artÃculo 77.2, relativo a la regularizaciÃ³n de las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la realizaciÃ³n de las operaciones, que queda redactado como sigue:
Â«2. El porcentaje definitivo a que se refiere el nÃºmero anterior se determinarÃ¡ segÃºn lo dispuesto en el artÃculo 69 de este reglamento, computando al efecto el conjunto de las operaciones realizadas durante el perÃodo a que se refiere el nÃºmero 6 del artÃculo 76 de este reglamento.Â»
Seis. Se modifica el artÃculo 90.1, relativo a las normas generales de los regÃmenes especiales, que queda redactado como sigue:
Â«1. Los regÃmenes especiales en el Impuesto General Indirecto Canario son los siguientes:
o El rÃ©gimen simplificado.
o El rÃ©gimen especial de los bienes usados.
o El rÃ©gimen especial de objetos de arte, antigÃ¼edades y objetos de colecciÃ³n.
o El rÃ©gimen especial de las agencias de viajes.
o El rÃ©gimen especial de la agricultura y ganaderÃa.
o El rÃ©gimen especial de comerciantes minoristas.
o El rÃ©gimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversiÃ³n.
o El rÃ©gimen especial del grupo de entidades.Â»
Siete. Se modifica el primer pÃ¡rrafo del artÃculo 90.2, que queda redactado como sigue:
Â«90.2. TendrÃ¡n carÃ¡cter opcional el rÃ©gimen especial de los bienes usados, el rÃ©gimen especial de objetos de arte, antigÃ¼edades y objetos de colecciÃ³n y el rÃ©gimen especial del grupo de entidades.Â»
Ocho. Se modifica el artÃculo 95, relativo al contenido del rÃ©gimen simplificado, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃculo 95. Contenido del rÃ©gimen simplificado y periodificaciÃ³n de los ingresos.
La determinaciÃ³n de las cuotas a ingresar a que se refiere el artÃculo 50.1.A) de la Ley del Impuesto se efectuarÃ¡ por el propio sujeto pasivo, calculando el importe total de las cuotas devengadas mediante la imputaciÃ³n a su actividad econÃ³mica de los Ãndices y mÃ³dulos que, con referencia concreta a cada actividad y por el perÃodo de tiempo anual correspondiente, haya fijado la ConsejerÃa de EconomÃa y Hacienda del Gobierno de Canarias, pudiendo deducir de dicho importe las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de bienes y servicios corrientes referidos en el pÃ¡rrafo segundo del artÃculo 50.1.A) de la Ley del Impuesto.
La ConsejerÃa de EconomÃa y Hacienda del Gobierno de Canarias podrÃ¡ establecer un importe mÃnimo de las cuotas a ingresar para cada actividad a la que se aplique este rÃ©gimen especial.
El importe de las cuotas a ingresar que resulte de lo previsto en el nÃºmero 1 anterior deberÃ¡ incrementarse en las cuotas devengadas por las operaciones a que se refiere el artÃculo 50.1.B) de la Ley del Impuesto.
Del resultado de los nÃºmeros 1 y 2 anteriores se deducirÃ¡, en los tÃ©rminos establecidos en el capÃtulo I del tÃtulo II de la Ley del Impuesto, el importe de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisiciÃ³n o importaciÃ³n de los activos fijos destinados al desarrollo de la actividad, considerÃ¡ndose como tales los elementos del inmovilizado y, en particular, aquÃ©llos de los que se disponga en virtud de contratos de arrendamiento financiero con opciÃ³n de compra, tanto si dicha opciÃ³n es vinculante, como si no lo es.
Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen simplificado se viese afectado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, la ConsejerÃa de EconomÃa y Hacienda del Gobierno de Canarias podrÃ¡ autorizar, con carÃ¡cter excepcional, la reducciÃ³n de los Ãndices o mÃ³dulos.
Cuando el desarrollo de actividades a las que resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen simplificado se viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averÃas en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados podrÃ¡n solicitar la reducciÃ³n de los Ãndices o mÃ³dulos al Ã³rgano competente de la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria correspondiente a su domicilio fiscal en el plazo de treinta dÃas, a contar desde la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, aportando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada la efectividad de dichas alteraciones ante la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria, se acordarÃ¡ la reducciÃ³n de los Ãndices o mÃ³dulos que proceda.
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en el pÃ¡rrafo anterior, se podrÃ¡ solicitar la reducciÃ³n de los Ãndices o mÃ³dulos en los casos en que el titular de la actividad se encuentre en situaciÃ³n de incapacidad temporal y no tenga otro personal empleado.
El resultado de aplicar lo dispuesto en los nÃºmeros anteriores se determinarÃ¡ por el sujeto pasivo al tÃ©rmino de cada aÃ±o natural, realizÃ¡ndose, sin embargo, en las autoliquidaciones correspondientes a los tres primeros trimestres del mismo el ingreso a cuenta de una parte de dicho resultado, calculado conforme al procedimiento que establezca la ConsejerÃa de EconomÃa y Hacienda del Gobierno de Canarias.
La declaraciÃ³n de las operaciones a que se refiere el artÃculo 50.1.B) de la Ley del Impuesto se efectuarÃ¡ en la autoliquidaciÃ³n correspondiente al periodo de liquidaciÃ³n en que se devengue el impuesto. No obstante, el sujeto pasivo podrÃ¡ declarar estas operaciones en la autoliquidaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo periodo de liquidaciÃ³n del aÃ±o natural.
No obstante, cuando el sujeto pasivo declare en la autoliquidaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo perÃodo de liquidaciÃ³n trimestral del aÃ±o las cuotas a que se refiere el nÃºmero 2 anterior, la deducciÃ³n de dichas cuotas no podrÃ¡ efectuarse en una autoliquidaciÃ³n anterior a aquella en que se declaren tales cuotas.Â»
Nueve. Se aÃ±ade un capÃtulo IX al tÃtulo III, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«CAPÃTULO IX
ArtÃculo 125 quinquies. Renuncia a las exenciones.
La facultad de renuncia a las exenciones que se establece en el artÃculo 58 quinquies.cinco de la Ley del Impuesto se podrÃ¡ efectuar cuando la entidad de que se trate haya optado en el plazo y forma que determine el Gobierno de Canarias por el tratamiento especial de las operaciones intragrupo que se seÃ±ala en el citado precepto.
Esta facultad tendrÃ¡ las siguientes caracterÃsticas:
Se efectuarÃ¡ operaciÃ³n por operaciÃ³n, documentÃ¡ndose en la forma que se establece en el nÃºmero siguiente.
No dependerÃ¡ de la condiciÃ³n de empresario o profesional con derecho a la deducciÃ³n de las cuotas soportadas del destinatario de las operaciones a las que se refiera la renuncia.
Esta renuncia se realizarÃ¡ mediante la expediciÃ³n de una factura en la que conste la repercusiÃ³n del impuesto y una referencia al artÃculo 58 quinquies.cinco de la Ley del Impuesto.
En caso de que a las operaciones a las que se refiera esta renuncia les sea igualmente aplicable lo dispuesto en el artÃculo 10.4 de la Ley del Impuesto, prevalecerÃ¡ la facultad que se establece en el artÃculo 58 quinquies.cinco de dicha ley.
En tal caso, la renuncia a la exenciÃ³n deberÃ¡ comunicarse fehacientemente al adquirente con carÃ¡cter previo o simultÃ¡neo a la entrega de los correspondientes bienes, entendiÃ©ndose comunicada de forma fehaciente si en la factura que se expida con ocasiÃ³n de la realizaciÃ³n de las operaciones se efectÃºa la repercusiÃ³n expresa del Impuesto General Indirecto Canario.Â»
Queda derogado el artÃculo 58.1.1.o f) del Reglamento del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, aprobado por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre.
Este real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃa siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃn Oficial del EstadoÂ».
Lo dispuesto en el apartado tres de su artÃculo primero serÃ¡ aplicable a las operaciones cuyo impuesto se devengue a partir del dÃa 1 del mes siguiente a su entrada en vigor.
Lo dispuesto en los apartados seis y siete de su artÃculo primero serÃ¡ aplicable a partir del 1 de enero del aÃ±o 2009.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de EconomÃa y Hacienda,

References: Real Decreto 
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