Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920548.html
Timestamp: 2019-11-20 21:02:40+00:00

Document:
as201920548
Auto Supremo: 548/2019
Expediente: LP-8-19-S.
Partes: Edgar Vásquez Apaza c/ Carlos Miranda Ticona.
VISTOS: El recurso de casación presentado por Carlos Miranda Ticona de fs. 343 a 347 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 460/2018 de 19 de junio, cursante de fs. 331 a 336 y Auto Complementario a fs. 339, pronunciado por la Sala Civil Primera Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato y contrademanda de resolución de contrato, a instancia de Edgar Vásquez Apaza contra el recurrente, la concesión a fs. 358, el Auto Supremo de Admisión Nº 24/2019-RA de fs. 364 a 366, y:
1. Edgar Vásquez Apaza, interpuso demanda de cumplimiento de contrato, cursante de fs. 11 a 12, subsanada de fs. 14 a 15 y 19 y vta., contra Carlos Miranda Ticona, quien repelió, reconvino la resolución de contrato por incumplimiento voluntario, habiendo también opuesto excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho, respectivamente, trámite que concluyó con la Sentencia Nº 61/2017 de 9 de agosto de fs. 289 a 300 vta., que declaró IMPROBADAS la demanda principal, reconvencional y las excepciones.
2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, el demandante recurrió en apelación, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 460/2018 de 19 de junio, por el que revocaron en parte la sentencia, con el fundamento principal siguiente: a) Que el cumplimiento íntegro de la obligación de la parte demandante estuvo condicionada a la entrega de la documentación saneada del inmueble, obligación incumplida por el demandado, debiendo cumplir con dicha prestación. b) Que el juez no efectuó un adecuado análisis de los antecedentes y las pruebas que cursan en el proceso.
El recurso de casación fue presentado en la forma y en el fondo, el que se resume en los agravios siguientes:
1. Denunció la falta de motivación y fundamentación del Auto Complementario de 6 de noviembre de 2018, porque sin argumentación habría rechazado la solicitud de complementación y enmienda, infringiendo el principio de congruencia, ameritando la anulación del Auto de Vista según prevé el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial.
2. Acusó que soslayaron ilegalmente la intervención de Luis Guillermo Coronel Ayala, quien figuraría como propietario del inmueble, máxime cuando dicho aspecto fue tomado como punto de prueba; proceder con el que se vulneró el art. 166 del Código Civil y el debido proceso.
1. Objetó que los vocales incurrieron en error de hecho en la valoración de la minuta de compra y venta a fs. 3, porque se trataría de un simple instructivo y que el demandante incumplió el pago del saldo del precio, siendo así el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato, por lo que se habría transgredido el art. 568 del Código Civil.
2. Que el fallecimiento de Roberto Miranda Ticona no constituye motivo, ni causal legítima para justificar el impago del demandante, ya que aun desconociendo el fallecimiento de aquel, se debió proceder al pago de la obligación mediante oferta de pago y/o requerir la mora para la entrega de la documentación, asimismo no se demostró el incumplimiento voluntario, por lo que se habría conculcado los arts. 510, 568.I y 636.I del Código Civil.
El demandante respondió al recurso manifestando en lo principal, que el demandado no quiere comprender que ante el fallecimiento de su hermano en su condición de único heredero, es quien debe asumir las obligaciones contraídas por el de cujus.
Añade que la resolución corresponde a quien cumplió con la prestación emergiendo dos opciones, a pedir el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, aspecto que no probó con prueba alguna. Recurso que solo constituiría una manera de dilación y evasión de la justicia, pidiendo finalmente la improcedencia del recurso.
III.1. La interpretación del contrato.
La doctrina refiere que cuando el contrato es claro no existe la necesidad de acudir a las reglas de la interpretación contractual, salvo que las cláusulas sean ambiguas y se presten a varios sentidos o entendimientos contradictorios, circunstancia en la que está autorizada acudir a las reglas antedichas.
La primera regla recogida en el art 510 del Código Civil, establece: ¨I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de estos y las circunstancias del contrato.¨
La regla de la interpretación por la totalidad de las cláusulas, prevista en el art. 514 del Código Sustantivo Civil, reza: ¨Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto.¨
III.2. Del cumplimiento del contrato, las arras confirmatorias y las arras penitenciales.
De acuerdo a la doctrina se sabe que los comerciantes fenicios, cartagineses y hebreos, fueron quienes emplearon la institución de las arras a la actividad comercial, luego recogido por el Derecho Griego con carácter penitencial y confirmatorio.
En el Derecho Romano a las arras inicialmente se la concibió como medio para asegurar los negocios de compra venta; es decir, como confirmatorias, posteriormente en el derecho romano postclásico se las entendió como pena ante la retractación unilateral, de ahí se irradió al mundo.
En nuestro país las arras están recogidas en el Código Civil, con la denominación de arras confirmatorias y arras penitenciales como en sus orígenes, cuyos institutos, si bien buscan el cumplimiento del contrato, son diferentes como veremos a continuación:
El art. 537 del Sustantivo Civil, sobre las arras confirmatorias o de seña estipula: ¨I. La suma de dinero o de cosas fungibles que como arras o seña se entregue por uno de los contratantes al otro, será imputada, en caso de cumplimiento del contrato, a la prestación debida o devuelta, si no existe estipulación diferente. II. Si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato, reteniendo las arras el que las recibió o exigiendo la devolución en el doble quien las dio; a menos que prefiera exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, con el resarcimiento del daño.¨ (la negrilla nos corresponde).
Respecto al instituto de las arras penitenciales también conocida como arras de arrepentimiento el precepto legal previsto en el art. 538 del Código Civil, prescribe: ¨Cuando en el contrato con arras se hubiese reservado el derecho reciproco de las partes a rescindir el contrato, el que dio las arras, si lo rescindiere, las perderá en provecho del otro contratante, si lo rescindiere el que las recibió, las devolverá en el doble.¨
De lo anotado se tiene que en el primer supuesto normativo, el dinero, o bien fungible otorgado como anticipo constituye una señal de la voluntad de las contratantes de cumplir o perfeccionar el contrato. Emergiendo para el cumplidor dos alternativas: a) rescindir el contrato reteniendo las arras o exigir la devolución del doble y b) pedir el cumplimiento del contrato.
En el segundo supuesto normativo, las partes contratantes se reservan el derecho recíproco a rescindir el contrato, de ahí que también se lo conoce con el nombre de arras de arrepentimiento, porque la parte puede regresar al punto inicial y dejar sin efecto el concierto de voluntades, sobreviniendo en consecuencia la pena o castigo.
En suma, la diferencia central radica en que las arras de señas pueden confirmarse y consumar lo convenido, en cambio las arras penitenciales dan lugar a la retractación.
III.3. De la resolución del contrato por incumplimiento voluntario.
Según el art. 568 del Código Civil:¨.I En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijara el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda.¨
A la luz de dicha norma queda claramente establecido que la facultad de resolver el contrato sinalagmático le corresponde al contratante que dio cumplimiento a su obligación, en ningún caso al incumplidor voluntario, porque la resolución es una sanción a la parte que no adecuó su conducta a los términos pactados, de lo contrario bastaría que una de las partes incumpla para deshacer los acuerdos arribados, con ello se generaría una inseguridad intolerable al tráfico de bienes y múltiples perjuicios que derivarían en problemas legales, como lo apunta -Carlos Miguel Ibañez- ¨El incumplidor no puede resolver el contrato en razón de que la resolución no es automática; no opera automáticamente con el solo incumplimiento porque –si así fuera- para liberarse del contrato al deudor le bastaría con incurrir en el incumplimiento.¨
¨La resolución es una facultad para desligarse del contrato y no se puede prevaler de ella quien ha causado el incumplimiento por aplicación de la regla de que nadie puede alegar su propia torpeza. Por otra parte, se desnaturalizaría el principio de que el contrato es ley para las partes si una de ellas se coloca en situación de incumplimiento pretendiendo luego resolver el vínculo contractual invocando su propio incumplimiento. Para el incumplidor, la resolución opera como una sanción y no como una facultad.¨. (1). (1) Carlos Miguel Ibañez, libro ¨Resolución por incumplimiento¨, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 2006, pág. 71.
1. Acerca de la falta de motivación y fundamentación del Auto Complementario de 6 de noviembre de 2018, porque sin argumentar habría rechazado la solicitud de complementación y enmienda, infringiendo el principio de congruencia, ameritando la anulación del Auto de Vista según prevé el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial.
La solicitud aclaratoria a fs. 338 y vta., fue denegada mediante el Auto de 6 de noviembre de 2018, con el fundamento de que el Auto de Vista satisface en forma clara y precisa las aclaraciones impetradas.
Ciertamente el Auto de Vista a fs. 332 y vta., efectuó un amplia fundamentación concluyendo que el demandante impetró el cumplimiento del contrato y la entrega del inmueble, precisamente en la cláusula quinta del antedicho negocio jurídico la parte vendedora se obligó a entregar la totalidad de la documentación en orden, lo que comprende también la minuta ya que sin ella no sería posible la plasmación o ejecución del pacto y la concreción del derecho propietario, como lo prescriben los arts. 614 num. 2) y 617 del Código Civil, porque según dichas reglas el vendedor tiene la obligación de hacer adquirir el derecho de propiedad y entregar los documentos, lo que implica la extensión de la minuta.
Ahondando, el intérprete de segunda instancia al considerar que la aclaración era impertinente decretó correctamente, toda vez que el Auto de Vista está suficientemente motivado y fundamentado respecto a los puntos de aclaración, en otras palabras, consideraron ocioso reiterar los argumentos del Auto de Vista dada su claridad y suficiente argumentación. El reclamo es írrito.
2. En cuanto a que soslayaron ilegalmente la intervención de Luis Guillermo Coronel Ayala, quien figuraría como copropietario del inmueble, máxime cuando dicho aspecto fue tomado como punto de prueba; proceder con el que se habría vulnerado el art. 166 del Código Civil y el debido proceso.
De acuerdo a la Matrícula Computarizada Nº 2.01.0.99.0006678 saliente a fs. 4, el bien inmueble tiene la extensión total de 524 m2, siendo propietarios en acciones y derechos Carlos Miranda Ticona, Roberto Miranda Ticona y Luis Guillermo Coronel Ayala. Posteriormente el 4 de octubre de 2010, Roberto Miranda Ticona transfiere sus acciones y derechos (131 m2) en favor de Edgar Vásquez Apaza, de donde se colige que el transferente solo dispuso su parte y no comprometió en absoluto la cuota parte correspondiente a Luis Guillermo Coronel Ayala, máxime cuando el demandado a fa. 42, de manera expresa reconoce que su hermano fue propietario en acciones y derechos en el inmueble de referencia; consiguientemente, no existe razón legal válida para incorporar al litigio a Luis Guillermo Coronel Ayala, además el recurrente no explica cómo le afectaría dicho extremo. Por lo que el reclamo es falaz.
1. Respecto de que los vocales incurrieron en error de hecho en la valoración de la minuta de compra y venta a fa. 3, porque se trataría de un simple instructivo y que el demandante incumplió el pago del saldo del precio total, siendo así, consideró que el demandante no podía pedir el cumplimiento del contrato, por lo que se habría transgredido el art. 568 del Código Civil.
Primero. La minuta de compra-venta sujeta a arras confirmatorias está debidamente reconocida ante Notario de Fe Pública de Primera Clase y registrada en la oficina pública conforme se aprecia de las literales que cursan de fs. 2 a 5, mismas que tienen el valor legal de un documento público respecto a los suscribientes y sus herederos, conforme lo determina el art. 1297 del Código Civil.
Segundo. La cláusula quinta del contrato contiene el siguiente tenor: ¨(PAGO DEL PRECIO DEL INMUEBLE).- Para fines que en derecho le convenga a el VENDEDOR y sin que medie vicio o dolo alguno, suscriben la minuta de señas o arras confirmatorias de compra-venta del bien inmueble de la cláusula segunda y cuarta de la presente minuta, por el precio libremente entre parte de $us. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), que a la suscripción de la presente minuta, se hace entrega de la suma de $us. 15.000.- (QUINCE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), el monto económico de $us. 5.000.-(CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) restante se cancelará a la entrega del total de la documentación en orden.¨
De la parte in fine de dicha disposición contractual, queda claro que los contratantes concertaron que el pago del saldo ($us. 5.000) se efectuaría a tiempo de la entrega de la documentación saneada, de modo que el recurrente al considerar que el demandante con carácter previo debió proceder al pago de lo adeudado para luego recién pedir el cumplimiento del contrato, efectúa una interpretación equívoca y al revés, por cuanto, es el demandado en su condición de heredero quien debe previamente entregar los documentos para el pago inmediato del saldo, de ahí la razón de la estipulación arral. Reiterando en el momento de la suscripción del negocio jurídico la documentación no estaba en orden y por ello no se canceló el precio total, fijando 18 meses de plazo para ello, mismo que ya venció superabundantemente.
Además, no se pierde de vista que el contrato fue sujeto a arras confirmatorias y según el cual el cumplidor tiene dos opciones, a) rescindir o b) pedir el cumplimiento del contrato. El demandante se definió por la segunda alternativa; es decir, por el cumplimiento del contrato, no siendo necesario mayor trámite. Por lo que el reclamo carece de sustento legal.
2. Con relación a que el fallecimiento de Roberto Miranda Ticona no constituye motivo, ni causal legítima para justificar el impago del demandante, ya que aun desconociendo el fallecimiento de aquel, debió proceder al pago de la obligación mediante oferta de pago y/o requerir la mora para la entrega de la documentación, asimismo no se demostró el incumplimiento voluntario, por lo que se habría conculcado los arts. 510, 568.I y 636.I del Código Civil.
Como se concluyó en el punto precedente, quien debe cumplir previamente con la entrega de la documentación sobre el inmueble es el demandado-heredero, desde dicha perspectiva, tampoco el demandante tenía la obligación de ofertar el pago o tramitar la mora del demandado, porque el contrato está sujeto a arras confirmatorias y según la cual el demandante está habilitado para accionar como lo hizo, como se explicó en la doctrina legal aplicable.
Finalmente, el demandado no ha negado el incumplimiento de la entrega de la documentación, sino poniendo en duda la credibilidad del contrato entre otras razones, intentó justificar por qué no se entregó la documentación, lo que hace entrever que a ciencia cierta no se cumplió con dicha prestación de dar, no requiriéndose mas prueba.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo que cursa de fs. 343 a 347 vta., presentado por Carlos Miranda Ticona, contra el Auto de Vista Nº 460/2018 de 19 de junio, saliente de fs. 331 a 336 emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 para el abogado que respondió el recurso de casación.

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