Source: https://fr.scribd.com/document/96598100/APUNTES-QUIEBRA
Timestamp: 2020-01-22 22:27:45+00:00

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APUNTES QUIEBRA | Bancarrota | Administración judicial
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Derecho Comercial Elvida
Insolvencia Economica y Sesacion de Pago
Resumen Boletin Juridico
Bolilla I: Quiebra
1.1: Declaración de la quiebra
Según el Art. 77, la quiebra debe ser declarada:
El primero de los incisos de este artículo contempla casos de quiebra indirecta; esto es, conversión del concurso preventivo en liquidativo, en ciertos supuestos en que fracasa el mismo.
- Si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de categorías y mayorías, con excepción de lo previsto en el Art. 48 para determinados sujetos (Art. 46).
- Si el deudor hubiere formulado propuesta para acreedores privilegiados o para alguna categoría de éstos y no hubiere obtenido, antes del vencimiento del período de exclusividad, la conformidad de la mayoría absoluta de acreedores y las dos terceras partes del capital computable y la unanimidad de los acreedores privilegiados con privilegio especial a los que alcance la propuesta, sólo será declarado en quiebra si hubiese manifestado en el expediente, en algún
momento, que condicionaba la propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las
propuestas formuladas a acreedores privilegiados. (Art
- Si en el caso del Art. 48 transcurrido el plazo previsto no hubiera ningún inscripto el juez declarará la quiebra.
- Si en la audiencia informativa del Art. 48 no presenta las conformidades, siendo esta su última oportunidad para hacerlo.
- Tramitada la impugnación, si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra (Art. 51).
- Los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los noventa (90) días contados a partir de la homologación, o simultáneamente con el pago de la primera cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere antes de ese plazo.La falta de pago habilita a solicitar la declaración en quiebra (Art. 54).
- La sentencia que decrete la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra del deudor (Art. 61).
- Cuando el deudor no cumpla el acuerdo total o parcialmente (Art. 63).
- No homologación del acuerdo preventivo. El Art. 52 autoriza al juez a no homologar la propuesta de acuerdo preventivo cuando ella sea abusiva o en fraude de la ley. En ese caso, la no homologación deriva en la quiebra del deudor concursado.
- Se ha declarado que para pedir la quiebra por incumplimiento del acuerdo , solo están legitimados los acreedores comprendidos en él, lo que excluye a los acreedores privilegiados si aquel solo alcanzaba a los acreedores quirografarios.
Quiebra directa necesaria
El segundo inciso enuncia el caso de la quiebra directa necesaria, o sea la que se declara a petición del acreedor.
Quiebra directa voluntaria
El último inciso menciona la quiebra directa voluntaria, que es la pronunciada a solicitud del propio deudor.
Además de dichos modos o vías para proceder a la declaración de una quiebra, esta también puede declararse por extensión en diversos casos enunciados por los Art. 160 y 161.
Art. 160.- La quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. También implica la de los socios con igual responsabilidad que se hubiesen retirado o hubieren (*) sido excluidos después de producida la cesación de pagos, por las deudas existentes a la fecha en la que el retiro fuera inscripto en el Registro Público de Comercio, justificadas en el concurso. Cada vez que la ley se refiere al fallido o deudor, se entiende que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo.
Art. 161.- La quiebra se extiende:
A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores.
A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social
la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo
a) Aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, posee
participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social;
b) Cada una de las personas que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción
indicada en el párrafo a) precedente y sean responsables de la conducta descripta en el primer párrafo de este inciso.
3. A toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible, que impida la clara
delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos.
1.2: Prueba de la cesación de pagos
El Art. 78 dispone: “El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo generan. No es necesaria la pluralidad de acreedores”.
Hechos reveladores.- Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pagos (enumeración ejemplificativa):
Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor;
Mora en el cumplimiento de una obligación;
Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones;
4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad;
Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago;
Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores; y
Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos.
Se consideran hábiles para peticionar la quiebra:
Títulos circulatorios protestados y los cheques rechazados;
Crédito emanado de un contrato de locación del que se dicen impagos los
servicios periódicos; El contrato de mutuo;
Las notas de débito y crédito y los reconocimientos atribuidos a la presunta
deudora; Sentencias;
Reconocimiento de deuda con firma certificada.
Normalmente la prueba que ha de traer el acreedor para justificar los extremos que la ley exige (existencia del crédito y hechos reveladores de la cesación de pagos), será exclusivamente documental. Esa prueba debe ser siempre acompañada antes de la citación del deudor. Por ello se ha decidido que no procede el reconocimiento de firma atribuida al presunto cesante en sus pagos. El acreedor no debe probar la causa cuando pide la quiebra con fundamento en cheques o pagarés.
1.3: Legitimación activa para pedir la quiebra
El Art. 80 dispone: “Todo acreedor cuyo crédito sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, puede pedir la quiebra. Si, según las disposiciones de esta ley, su crédito tiene privilegio especial, debe demostrar sumariamente que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo. Esta prueba no será necesaria, si se tratare de un crédito de causa laboral”. Hay sin embargo algunas limitaciones y exclusiones: a) no es admisible la solicitud del acreedor cuyo crédito no fuera exigible; b) no pueden solicitar la quiebra el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deudor, ni los cesionarios de sus créditos; c) los acreedores privilegiados además de los presupuestos enunciados en el Art. 83 deben demostrar la insuficiencia de los bienes afectados al privilegio para cubrir el monto de la deuda (este requisito no es aplicable al acreedor con privilegio laboral). Asimismo, la quiebra puede ser pedida por el propio deudor. Cuando existieran pedidos de quiebra formulados por acreedores, y antes de que se hubiese dictado
sentencia a raíz de dichas solicitudes, la petición que el deudor formulare de su propia quiebra prevalece sobre aquellos pedidos.
Trámite.- De acuerdo a lo exigido por el Art. 83, el solicitante de la quiebra debe probar:
a) El crédito: O sea, que es acreedor de la persona cuya quiebra pide;
b) Algún hecho revelador del estado de cesación de pagos: Sea o no de los enumerados en el Art. 79, el peticionante de la quiebra debe acreditar algún hecho que pueda ser indicativo del estado de insolvencia del deudor (presupuesto objetivo);
c) Que el deudor se encuentra comprendido en el Art. 2°: Sujetos que pueden ser declarados en concurso (presupuesto subjetivo).
Acreditados dichos requisitos, el juez debe emplazar al deudor (vía cédula) para que, dentro de los 5 días de notificado, invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho. Vencido el plazo y oído el acreedor, el juez resuelve sin más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de quiebra. No existe juicio de antequiebra. Es bueno tener en cuenta que el debate es brevísimo y las posibilidades probatorias muy restringidas, de donde, muchas veces el medio más seguro y eficaz de demostrar que se está in bonis es el depósito (en pago o a embargo) de los fondos suficientes para cubrir el crédito invocado como hecho revelador de la insolvencia. El juez, antes de resolver, puede dictar nuevas medidas de investigación. Si rechaza la solicitud de quiebra, tal resolución no causa estado y, por ende, no impide reiterar el pedido. La jurisprudencia estableció que la sentencia desestimatoria de la solicitud de quiebra formulada por el acreedor es apelable. Por otra parte, el Fallo Pombo dejó sentado que no corresponde imponer las costas al actor cuando el demandado citado a dar explicaciones consigna en pago el importe del crédito cuyo incumplimiento es invocado como evidencia de la cesación de pagos, motivándose así el rechazo del pedido de quiebra.
Medidas precautorias.- En cualquier estado de los trámites anteriores a la declaración de quiebra, a pedido y bajo la responsabilidad del acreedor, el juez puede decretar medidas precautorias de protección de la integridad del patrimonio del deudor, cuando considere acreditado prima facie lo invocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora. Las medidas pueden consistir en la inhibición general de bienes del deudor, intervención controlada de sus negocios, u otra adecuada a los fines perseguidos. Para el despacho favorable de estas cautelas, a solicitud del acreedor peticionante de la quiebra, deben reunirse los presupuestos propios de todo proceso cautelar:
verosimilitud de lo invocado, peligro en la demora y contracautela.
Defensas del deudor.- Una de las cuestiones más compleja es determinar cuales son las defensas que puede oponer el deudor citado. Respecto de la competencia, en principio, solo puede ser invocada dentro del quinto día de conocida la sentencia de quiebra. Sin embargo este criterio nos parece demasiado estrecho. Si el deudor invoca la incompetencia y la acredita de manera sumaria, no existe razón alguna para seguir adelante el juicio hasta la declaración de quiebra para que luego se replantee la declaración de quiebra. Respecto de la recusación, solo puede ser admitida con causa, la recusación sin causa no procede en los juicios universales.
Se puede denunciar un concurso preventivo anterior si la deuda es de causa anterior a la fecha de presentación del mismo. Se puede alegar no ser un sujeto susceptible de concursamiento (banco, compañía de seguros, etc.). Asimismo, puede demostrar la inexistencia de la cesación de pagos, a través del depósito a embargo o en pago.
1.5: Pedido de la quiebra por el deudor
La solicitud de quiebra por el deudor se debe acompañar con los requisitos indicados en el art. 11, incs. 2, 3, 4 y 5 (explicación de las causas concretas de la situación patrimonial, estado detallado del activo y del pasivo, copia de los balances y otros estados contables y nómina de acreedores) y, en su caso, los previstos en los incs. 1, 6 y 7 del mismo (para las personas de existencia ideal y las matriculadas copia de dichos registros, libros de comercio y denunciar la existencia de un concurso anterior), sin que su omisión obste a la declaración de quiebra. El deudor queda obligado a poner todos sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios del concurso puedan tomar inmediata y segura posesión de los mismos.
Sociedades.- En caso de sociedades, las disposiciones de este artículo se aplican a los socios ilimitadamente responsables que hayan decidido o suscriban la petición, sin perjuicio de que el juez intime a los restantes su cumplimiento, luego de decretada la quiebra. Una cuestión relativamente compleja se presenta con la ratificación del pedido de la propia quiebra en el caso de sociedades. Por un lado está dicho expresamente que el pedido de la propia quiebra requiere la ratificación, ahora bien, que sucede si la ratificación no se acompaña en el plazo de ley? Nuestro criterio es que en tal caso debe dejarse sin efecto la sentencia de quiebra, pues la ratificación importa la manifestación de la voluntad social; de modo que no es un mero recaudo formal, ni significa un desistimiento. La no ratificación significa que no hay voluntad social, por lo que no hay pedido de propia quiebra.
1.6: Desistimiento y perención
Del acreedor.- Es admisible hasta el cumplimiento efectivo de la notificación del pedido de quiebra; no así después de dicha notificación. El logro de pagos percibidos por el deudor, si finalmente el deudor es declarado en quiebra, pueden encuadrar en el régimen de ineficacia regulado por el Art. 122. El Art. 122 dispone: “Cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiere cualquier bien en pago o dación en pago de un tercero para aplicar al crédito hecho valer en el expediente, se presume que se han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos el otro carácter. El acreedor debe reintegrar al concurso lo recibido, pudiendo compelérsele con intereses hasta la tasa fijada en el Art. 565 del Código de Comercio, en caso de resistencia injustificada”.
Del deudor.- Está vedado el desistimiento liso y llano. Sin embargo, la retractación de la solicitud de propia quiebra es admisible sujeta a dos circunstancias: a) planteamiento anterior a la toma del estado público de la falencia (antes de la primera publicación de edictos); o b) la demostración de que el estado de cesación de pagos ha desaparecido o que el mismo nunca existió y la petición de quiebra obedeció a un error del peticionario.
Perención.- El pedido de quiebra puede concluir por perención de la instancia. Esta opera
a los 3 meses desde el último acto de impulso procesal.
1.7: Sentencia
La sentencia que declare la quiebra debe contener (Art. 88):
4. Intimación al deudor para que cumpla los requisitos a los que se refiere el Art. 86 si no lo hubiera efectuado hasta entonces y para que entregue al síndico dentro de las veinticuatro (24) horas los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.
9. Orden de realización de los bienes del deudor y la designación de quién efectuará las enajenaciones.
En caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia del incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los veinte (20) días contados desde la fecha en que se estime
concluida la publicación de los edictos, y para la presentación de los informes individual
y general, respectivamente.
Publicidad.- Dentro de las 24 horas de dictado el auto, el secretario del juzgado debe proceder a publicar los edictos durante cinco días. Debe hacerse conocer para permitir el ejercicio de las posibilidades recursivas y para que los terceros resulten advertidos del estado de falencia del deudor y sepan a que atenerse en cuanto a las relaciones jurídicas
habidas con él o a punto de concretar. La publicación tiene la finalidad de hacer público el estado de falencia del deudor e importa la notificación de los acreedores y terceros, que no podrán en adelante alegar la ignorancia de tal estado.
Recursos.- La sentencia que admite el pedido de quiebra y además la decreta solo es susceptible de los recursos organizados entre los Art. 94 y 101. En cambio, la doctrina sostiene casi unánimemente que la sentencia que desestima el pedido de quiebra no es susceptible de apelación, la jurisprudencia no es firme sobre el tema.
1.8: Conversión
El deudor puede solicitar la conversión del trámite en concurso preventivo, dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de los edictos. Este derecho corresponde también a los socios cuya quiebra se decrete. No puede solicitar la conversión el deudor cuya quiebra se hubiere decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso preventivo, o quien se encuentre en el período de inhibición establecido en el Art. 59. La solicitud de conversión debe cumplir los mismos recaudos que la demanda
de concurso preventivo, es decir, los requisitos del Art. 11. El juez solo puede rechazar la conversión en concurso preventivo por no haberse cumplido los requisitos del Art.
1.9: Recursos contra la sentencia de quiebra
Reposición.- La ley de concursos organiza un régimen de recursos contra la sentencia de quiebra que le es propio. Este sistema se estructura sobre la base de un recurso contra la quiebra directa necesaria que el Art. 94 denomina “reposición”. El Art. 94 dispone: “El fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia de pedido de acreedor. De igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiera sido solicitada por ésta sin su conformidad. El recurso debe deducirse dentro de los cinco (5) días de conocida la sentencia de quiebra o, en defecto de ese conocimiento anterior, hasta el quinto día posterior a la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del juzgado. Se entiende conocimiento del fallido, el acto de clausura o el de incautación de sus bienes”. El Art. 95 dispone: “El recurso sólo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. Al resolver, el juez debe valorar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes. Son parte en el trámite de reposición el fallido, el síndico y el acreedor peticionante. El juez dictará resolución en un plazo máximo de diez (10) días desde que el incidente se encontrare en condiciones de resolver”. Conforme a lo previsto por el Art. 95, la reposición ha de fundarse en: a) no concursabilidad del deudor; b) no ser el peticionante de la quiebra un acreedor legitimado para pedir su declaración; c) no encontrarse en cesación de pagos; d) existencia de concurso preventivo, siendo el crédito de causa anterior; e) regularidad en la citación del deudor a dar explicaciones en los términos del Art. 84.
La interposición se promueve por escrito, fundada y debe ofrecerse toda la prueba, pues el procedimiento se rige por el incidente concursal. Son partes de la reposición: el fallido, el síndico de la quiebra y el acreedor peticionante. Producida la prueba el juez debe dictar sentencia dentro de los 10 días. La resolución que se dicte en la reposición es apelable, sea que la admita o la rechace. El recurso se concede con efecto devolutivo si ha sido acogida la reposición, y con efecto suspensivo si ha sido desestimada.
Levantamiento sin trámite.- El Art. 96 autoriza la revocación de la sentencia de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso se interpone por el fallido con el depósito, en pago o a embargo, del importe de los créditos con que se acreditó la cesación de pagos, y el de los demás pedidos de quiebra que estuviesen en trámite a la fecha de la declaración. Debe ser interpuesto dentro de los 5 días de conocida la sentencia. El deudor queda exceptuado de depositar el importe de los demás pedidos de quiebra si prima facie demuestra la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor de que se trate. La resolución que deniegue el levantamiento sin trámite es apelable por el fallido, debiendo concederse con efecto devolutivo, resolviéndose en Alzada sin sustanciación.
Excepción de incompetencia.- Y finalmente está previsto el cuestionamiento de la competencia del tribunal, no ya para dar punto final a la quiebra, sino para que en caso de ser admitido el planteo, ella tramite ante el juez competente.
Daños y perjuicios.- Revocada la sentencia de quiebra, quien la peticionó con dolo o culpa grave es responsable por los daños y perjuicios causados al recurrente.
1.10: Período informativo de la quiebra
La sentencia de quiebra debe determinar un período en el cual los pretensos acreedores del fallido han de presentar los títulos justificativos al síndico para la verificación de sus créditos. Puede decirse, como regla general, que se aplican las normas estudiadas para el concurso preventivo. En el caso de la quiebra indirecta (Art. 77, Inc. 1), se aplican las siguientes reglas:
- Los acreedores verificados en el concurso preventivo no necesitan reiterar su petición, debiendo el síndico proceder a recalcular sus créditos;
- Los acreedores posteriores a la presentación del concurso preventivo frustrado deben requerir la verificación por vía incidental.
Verificación tardía.- En la quiebra es posible que existan verificaciones tardías: “Los acreedores que comparezcan en el concurso, reclamando verificación de créditos o preferencias, después de haberse presentado el proyecto de distribución final, solo tienen derecho a participar de los dividendos de las futuras distribuciones complementarias, en la proporción que corresponda al crédito total no percibido” (Art. 223). A la verificación tardía se le aplica el trámite del incidente.
Comité de acreedores.- El Art. 201 prevé que dentro de los 10 días contados a partir de la resolución del Art. 36, el síndico debe promover la constitución de un comité de
acreedores que actuará como controlador en la etapa liquidatoria. Se aclara que cuando la quiebra se declara por incumplimiento del acuerdo preventivo, sigue actuando el comité constituido para controlar el cumplimiento del acuerdo.
Bolilla II: Efectos de la quiebra
2.1: Efectos personales respecto del fallido
Los artículos 102 a 105 son los que la ley dedica a los efectos personales, que son: a) la imposición de un deber de cooperación; b) la limitación para viajar al exterior; c) las limitaciones para el ejercicio de ciertas actividades sin perjuicio de la autorización para el desempeño de la profesión u oficio.
Deber de cooperación.- El Art. 102 dispone que el fallido y sus representantes y los administradores de la sociedad, en su caso, están obligados a prestar toda la colaboración que el juez o el síndico le requieran para el esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos. Deben comparecer ante el juez cada vez que los cite para dar explicaciones y puede ordenarse su concurrencia por la fuerza pública si mediare resistencia.
Autorización para viajar al exterior.- La sentencia de quiebra contiene la prohibición de ausentarse del país para el fallido y sus administradores, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del deber de cooperación. La prohibición para salir del país rige hasta la presentación del informe general. De todos modos, la ley autoriza la extensión de ese plazo por el término de 6 meses contados a partir de la fecha en que debe ser presentado el mismo informe general, pero respecto de personas determinadas. La prohibición para salir del país no es absoluta, sino que se reduce a que quien se encuentre alcanzado por ella deba solicitar autorización judicial para hacerlo. Esta es dada, previa vista al síndico. El derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del país reconocido por el Art. 14 de la CN no puede ser alterado por las normas que reglamenten su ejercicio. Por tal motivo, la aplicación de la autorización para viajar al exterior no puede desvirtuar ni desnaturalizar la protección constitucional, por lo que la ponderación judicial debe ser siempre a favor de su otorgamiento.
Desempeño de empleo, profesión u oficio.- La quiebra causa la inhabilitación del fallido, lo cual importa que está privado de ejercer el comercio, ser administrador, gerente, liquidador o fundador de sociedades, etc. El fallido conserva, sin embargo, la facultad de desempeñar tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia. Lo que el sujeto gane como consecuencia del desarrollo de actividades autorizadas, está sometido al desapoderamiento, como lo prevé el mismo Art. 104. Claro es que en ese caso el desapoderamiento encontrará el adecuado límite en las previsiones legales que establecen topes a la embargabilidad de los salarios. El Art. 104, segundo párrafo, trata del nuevo concurso como consecuencia de deudas contraídas por el fallido mientras dura la inhabilitación. Atento a que el desapoderamiento se extiende durante todo el tiempo que dura la inhabilitación, los bienes que el fallido adquiera con motivo del ejercicio de actividades artesanales, profesionales o en relación de dependencia quedan sujetos al desapoderamiento causado por la primera quiebra, quedarán excluidos de cobrar sobre esos bienes, a pesar de que pueden haber sido adquiridos con el producido de ese trabajo, arte o profesión.
Interceptación de la correspondencia.- La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al síndico. Este debe abrirlas en presencia del concursado o
en la del juez en su defecto, entregándose al interesado las que fueren de carácter estrictamente personal.
Muerte del fallido.- El Art. 105 trata de los efectos de la muerte del fallido, estableciendo como principio general que ella no afecta el trámite ni los efectos del concurso. De modo que se producen los efectos patrimoniales (desapoderamiento), los que se extienden a los bienes del fallido. No hay efectos personales respecto de los herederos, salvo en cuanto a la obligación de cooperar. La ley dispone explícitamente que en el juicio sucesorio no se lleva a cabo ningún trámite respecto de los bienes materia de desapoderamiento, los que siempre se harán en el juicio concursal. Otra hipótesis del Art. 105 es que el fallido sea declarado incapaz o inhabilitado. En tal caso el trámite del concurso y sus efectos continúan, pero el fallido es sustituido por su representante necesario. El inhabilitado no tiene un representante necesario, sino un curador que cumple funciones de asistente.
2.2: Desapoderamiento
El Art. 107 dispone: “El fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación. El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y administración”. El desapoderamiento implica:
- La ocupación de los bienes que integran el patrimonio del fallido, lo que se logra a través de la incautación que hace el síndico.
- La privación de la legitimación del fallido para otorgar actos de administración o disposición sobre tales bienes, de modo que los actos celebrados después de la quiebra son inoponibles de pleno derecho a los acreedores.
Comienzo.- El desapoderamiento comienza en la fecha de la sentencia de quiebra, por lo que son inoponibles a la masa todos los actos que el fallido otorgue después de la fecha de la sentencia de quiebra. Para que se produzca el desapoderamiento no es necesario que la sentencia esté firme, de allí que el síndico deba proceder a la incautación inmediatamente después de dictada la sentencia de quiebra.
Bienes que comprende.- El desapoderamiento comprende los derechos patrimoniales del fallido al momento de la declaración de quiebra y los que adquiera durante la inhabilitación que ella causa.
Bienes excluidos.- El Art. 108 excluye: 1) los derechos no patrimoniales; 2) los bienes inembargables; 3) el usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos que le corresponden caen en desapoderamiento una vez atendidas las cargas; 4) la administración de los bienes propios del cónyuge; 5) la facultad de actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento; 6) las indemnizaciones que le correspondan al fallido por daños materiales o morales en la persona; 7) los demás bienes excluidos por otras leyes. Entre los bienes inembargables encontramos: el lecho cotidiano del deudor, su familia y sus hijos, las ropas y muebles de su indispensable uso, los instrumentos necesarios para su oficio, arte o profesión; los sueldos y salarios que solo son
embargables hasta un 20%, salvo cuando lo sean por obligación alimentaria; las jubilaciones y pensiones son totalmente inembargables; las indemnizaciones por accidentes de trabajo, despido y falta de preaviso.
Administración y disposición.- El síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la medida fijada por esta ley. Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ineficaces.
Legitimación procesal.- El fallido conserva la titularidad de las acciones judiciales que correspondan a bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento. El fallido pierde, sin embargo, la legitimación procesal en todo litigio referido a los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. La ley 24.522 amplió la legitimación del fallido, al admitir su participación en el proceso de verificación de los créditos, con lo cual puede formular observaciones a las insinuaciones hechas por los acreedores, así como hacerse parte en los incidentes de verificación tardíos y en los de revisión.
Herencias, legados y donaciones.- El fallido puede ser beneficiario durante el período de inhabilitación de herencias, legados o donaciones. La ley establece a que régimen queda sujeta la aceptación o repudiación.
Aceptación.- El Art. 111 dispone que el fallido puede aceptar herencias, y que en tal caso “los acreedores del causante solo pueden proceder sobre los bienes desapoderados después de pagados los del fallido y los gastos del concurso”. La norma es ambigua, pero ha creado un aislamiento legal de los patrimonios del causante y del heredero fallido. De lo que resulta:
- Sobre los bienes del heredero se cobran primero los acreedores del heredero y los gastos del concurso;
- Si hay remanente, se cobran los acreedores del causante siempre que el heredero fallido haya perdido el beneficio de inventario;
- Sobre los bienes del difunto se cobran primero los acreedores del causante.
Falta de pronunciamiento.- El C.C. establece que el heredero tiene 20 años para aceptar o repudiar la herencia, pero los terceros interesados pueden exigir que lo haga en el plazo de 30 días. Entendemos que el síndico puede intimar al heredero del quebrado para que se manifieste en ese plazo.
Repudiación de la herencia.- La repudiación de la herencia sólo produce efectos en lo que excede del interés del concurso, lo cual comprende los créditos y gastos del juicio universal. En el juicio sucesorio el síndico sustituye al heredero fallido, según prevé el mismo Art. 111 in fine.
La condición de que los bienes donados no ingresen en el desapoderamiento es ineficaz respecto de los acreedores, sin perjuicio de la subsistencia de la donación o legado, de las otras cargas o condiciones y de la aplicación del artículo anterior.
Los bienes donados al fallido con posterioridad a la declaración de quiebra hasta su rehabilitación, ingresan al concurso y quedan sometidos al desapoderamiento. Si la donación fuera con cargo, el síndico puede rechazar la donación; si la admite debe cumplir el cargo por cuenta del concurso. En ambos casos debe requerir previa autorización judicial. Si el síndico rechaza la donación, el fallido puede aceptarla para sí mismo, en cuyo caso el donante no tiene derecho alguno respecto del concurso.
2.3: Incautación, conservación y administración de los bienes
Si bien este tema se encuentra tratado en el Art. 177 y siguientes, es conveniente estudiarlo aquí pues la incautación constituye el modo de hacer efectivo el desapoderamiento, y se concreta inmediatamente de dictada la sentencia. Lo mismo sucede con la continuación de la empresa del fallido.
Concepto.- La incautación es el modo de hacer efectivo el desapoderamiento de los bienes del fallido. Estos estarán en poder del síndico y de otros sujetos que actuarán como depositarios hasta que se proceda a su venta.
Tiempo de la incautación.- Conforme al Art. 177 esta debe ser hecha inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra. El juez designa el funcionario que tendrá a cargo la incautación. La norma supone que no hay síndico, porque de haberlo (como en las quiebras indirectas) es él quien se encarga de esas diligencias necesarias. Ese funcionario es normalmente el secretario del juzgado o un oficial de justicia. Si los bienes están fuera de la jurisdicción del juzgado, este debe librar exhorto u oficio dentro de las 24 horas de declarada la quiebra.
Bienes comprendidos.- Quedan excluidos de la incautación los excluidos del desapoderamiento. Estos deben ser entregados al deudor bajo recibo, previo inventario. La incautación se extiende a los bienes de los socios ilimitadamente responsables, disposición superflua pues estos socios son declarados en quiebra. En la oportunidad de hacerse la incautación, ha de hacerse lo mismo con los libros de comercio y papeles del deudor.
Como se practica.- La incautación debe hacerse en la forma más conveniente de acuerdo con la naturaleza de los bienes. Normalmente se practica la clausura del establecimiento y luego se realiza el inventario por el escribano que designe el tribunal con la presencia del síndico
Bienes del fallido en poder de terceros.- La ley prevé la posibilidad de que algunos bienes estén en poder de terceros. Ello no los excluye del desapoderamiento, por lo que también deben ser incautados
Conservación y administración.- Entre la incautación y la liquidación de los bienes media un necesario período de tiempo en el que debe procederse a custodiarlos. Y en ciertos casos adoptar ciertas medidas de administración (cobrar alquileres, contratar seguros). Estos aspectos están a cargo del síndico. Algunos ejemplos son:
- Cobro de los créditos del fallido: Para ello puede extender recibos.
- Promoción de juicios: el síndico puede iniciar los procesos judiciales que sean necesarios para la percepción de los créditos y la defensa de los intereses del concurso.
- Venta de bienes perecederos: En cualquier estado del proceso el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes perecederos, de los que están expuestos a una grave disminución del precio y de los que sean de conservación dispendiosa.
2.4: Continuación de la empresa del fallido
La quiebra tiene una clara finalidad liquidativa. La reorganización de la empresa tiene por objeto posibilitar que la liquidación se lleve a cabo como empresa en marcha, siempre y cuando ello resulte conveniente. La continuación de la explotación de la empresa debe ser dispuesta por el juez, previo informe del síndico. Excepcionalmente el síndico podrá disponer la continuación
inmediata, si de la interrupción pudiera surgir un daño grave y evidente al interés de los acreedores y la conservación del patrimonio. El Art. 190 dispone que el síndico ha de presentar un informe dentro de los 20 días corridos contados a partir de la aceptación del cargo y ha de versar sobre la posibilidad, que allí mismo se califica de excepcional, de continuar la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos, y de la ventaja de enajenarlos en marcha. El síndico ha de pronunciarse expresamente sobre: la posibilidad de mantener
la explotación sin contraer nuevos pasivos; la ventaja que resultaría para los acreedores
de la enajenación de la empresa en marcha; el plan de explotación, acompañado de un presupuesto de recursos; los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse. La decisión recae sobre el juez, que debe adoptarla con carácter excepcional, cuando de la interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización o se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse. La resolución debe ser dictada dentro de los 10 días posteriores a la presentación del informe del síndico. En dicha resolución el juez se pronunciará sobre: el plan de explotación; el plazo de explotación (que no podrá exceder el previsto para la
enajenación de la empresa, es decir, los cuatro meses contados a partir de la declaración de quiebra); los bienes que pueden emplearse; la designación de uno o más coadministradores; los contratos en curso de ejecución que se mantendrán; y el tipo y periodicidad de la información que deberá suministrar el síndico. La resolución que no autoriza la continuación de la explotación es apelable por
el síndico al solo efecto devolutivo.
Facultades.- El síndico, o el coadministrador, tiene atribución para realizar todos los actos de administración ordinaria; para los que excedan de ella debe requerir autorización judicial.
Régimen de las obligaciones.- Las obligaciones contraídas por el síndico o coadministrador son gastos de conservación y justicia. Por ello, deben ser pagados cuando sean exigibles
y no están sometidos a la carga de verificación ni afectados por la suspensión de intereses.
Conclusión anticipada.- La explotación puede terminar antes del plazo previsto en la resolución que la dispuso, si ella resulta deficitaria o de cualquier otro modo resulta perjudicial para los acreedores.
Bolilla III: Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales para los acreedores
Decretada la quiebra se produce el nacimiento de acciones. Esas acciones tienen por objeto la reconstitución del patrimonio del fallido mediante la privación de efectos a los actos que posibilitaron el egreso de bienes e importaron una violación de la igualdad de los acreedores. Estos medios legales son: a) la declaración de inoponibilidad de pleno derecho; b) la acción revocatoria concursal; c) la acción de fraude o pauliana; d) la acción de simulación (si bien no es expresamente mencionada por la ley, su ejercicio es viable por perseguir la misma finalidad de recomposición patrimonial).
3.2. Período de sospecha y retroacción de la quiebra
Se denomina período de sospecha al período de tiempo que transcurre entre la fecha en que se ha exteriorizado la cesación de pagos y la sentencia de quiebra. El juez determina como fecha inicial de la cesación de pagos aquella en que se constate un acontecimiento que exterioriza el estado de impotencia patrimonial, no teniendo para ello límite temporal. Pero el período de sospecha, o de retroacción de la quiebra, no puede exceder de 2 años contados desde la fecha de la sentencia de quiebra o desde la presentación del concurso preventivo si éste la ha precedido.
Trámite.- Quien solicita la apertura del concurso o la declaración de su propia quiebra, debe explicar las causas concretas de su situación patrimonial, con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales se hubiera manifestado. Además, el síndico debe expresar en el informe general la época en que se produjo la cesación de pagos, precisando hechos y circunstancias que fundamentan el dictamen. Si bien el Art. 40 fija en 10 días el plazo para efectuar observaciones al informe general, ese plazo se extiende a 30 días para lo que se refiere a la exteriorización de la cesación de pagos (Art. 117). Los interesados en efectuar las observaciones son los acreedores de cualquier tipo, el fallido, los administradores del fallido y los terceros que pudieran verse afectados por la retroacción. La sentencia que se dicte es apelable. Se concede en relación y con efecto suspensivo. Están legitimados para apelar el síndico, el fallido y los demás que hubiesen intervenido en el trámite.
Ineficacia concursal.- La ineficacia concursal es un supuesto de ineficacia en sentido estricto (comprende a los actos válidos que por otras razones no producen algunos efectos que le son propios) y dentro de esta idea pertenece a la categoría de la inoponibilidad, de donde la sentencia que se dicte no anula el acto, sino que dispone la ineficacia frente a los acreedores exclusivamente, conservando validez inter partes.
Actos ineficaces de pleno derecho.- El Art. 118 enumera una serie de actos que son ineficaces de pleno derecho. En estos actos el perjuicio se presume de manera absoluta, por lo que
el tercero no podría pretender excluirse de la declaración de ineficacia probando que el acto no fue perjudicial porque no afectó el patrimonio del deudor ni vulneró la igualdad de los acreedores. El Art. 118 tiene tres incisos, en los cuales incluye los actos realizados a título gratuito, el pago anticipado de deudas y el otorgamiento de garantías reales o cualquier preferencia en beneficio de deudas no vencidas. Esta enumeración es taxativa, por lo cual no cabe la declaración de ineficacia de otros actos, salvo que otra disposición legal se refiera expresamente a ellos.
Actos a título gratuito: La doctrina ha enumerado los actos susceptibles de ser declarados ineficaces:
Donación (excluyendo los presentes de uso);
Remisión o renuncia de un crédito o de sus garantías;
La no interrupción de una prescripción;
Pago anticipado de deudas: se trata del supuesto en que el vencimiento debiese haber ocurrido con posterioridad a la fecha de la quiebra, hecho que debe ser probado por el síndico o por quien pretenda la declaración de ineficacia. No quedan comprendidos en la hipótesis los pagos de obligaciones munidos de garantías reales, pues de declararse la ineficacia renacería el gravamen real.
Otorgamiento de preferencias: la ley declara ineficaz la constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia, respecto de la obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía. La ley se refiere también a cualquier otra preferencia, con lo que quedan comprendidas las hipótesis de reducciones de plazos de pago, reconocimiento de intereses de créditos que no los tenían, aumentos de los intereses pactados, etc.
El Art. 118 establece que la declaración de inoponibilidad procede sin necesidad de petición expresa. De todos modos, la corriente será que haya una denuncia del síndico o de terceros.
Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos.- El Art. 119 reza: “Los demás actos perjudiciales para los acreedores, otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. Esta declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por hacerlo por incidente. La acción es ejercida por el síndico, está sujeta a autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido. La acción perime a los seis meses”. Se trata de la acción comúnmente denominada REVOCATORIA CONCURSAL. La legitimación activa pertenece al síndico concursal, pero si este no la ejerce, lo puede hacer cualquier acreedor. La legitimación debe integrarse con la autorización de los acreedores que representen la mayoría simple del capital quirografario verificado o declarado admisible. En el caso de los acreedores, podrán ejercerla después de
transcurridos 30 días desde que haya sido intimado judicialmente el síndico para que la inicie.
En cuanto a la legitimación pasiva, supone un litisconsorcio necesario entre el fallido y los demás sujetos que han sido partes en el negocio jurídico cuya declaración de
ineficacia se persigue. Es competente el juez de la quiebra y tramita por juicio ordinario. Tal como surge de la norma son tres los requisitos para que proceda: a) que el acto haya sido otorgado durante el período de sospecha; b) que el contratante del fallido hubiera tenido conocimiento de la cesación de pagos al momento de contratar; c) que el acto cause perjuicio a los acreedores. Respecto de los efectos, tratándose de un acto de enajenación, el bien enajenado debe ser restituido para quedar sometido al desapoderamiento, como lo establece el Art.
Acción revocatoria ordinaria.- La acción regulada por los artículos 961 a 972 del C.C. solo puede ser intentada o continuada por los acreedores después de haber intimado al síndico para que la inicie o prosiga, sustituyendo al actor, en el término de 30 días. El interés en ejercer esta acción radica en que el plazo de prescripción no tiene vinculación con el régimen de caducidad de las acciones concursales. En efecto, las acciones y declaraciones concursales caducan a los 3 años desde la fecha de sentencia de quiebra. Mientras que la acción pauliana prescribe al año desde que el acto tuvo lugar o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho. Respecto de la legitimación activa, en principio está legitimado el síndico, mediando el requisito de la autorización de la mayoría simple del capital quirografario. Del mismo modo que la acción concursal, ella puede ser ejercida por los acreedores en las mismas hipótesis que hemos analizado.
Pago al acreedor peticionante de quiebra, presunción.- Cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiera cualquier bien en pago o dación en pago de un tercero para aplicar al crédito hecho valer en el expediente, se presume que se han entregado y recibido a favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos el otro carácter. El acreedor debe reintegrar al concurso lo recibido, pudiendo compelérsele con intereses en caso de resistencia injustificada.
Bolilla IV: Efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes
4.1. Efectos Generales
Sometimiento de todos los acreedores al régimen concursal.- Decretada la falencia, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y solo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma. Quedan comprendidos todos los acreedores.
Verificación.- Todos los acreedores están sometidos a la carga de solicitar la verificación de sus créditos y preferencias en la forma prevista por el Art. 200, salvo disposición expresa de la ley. Sin perjuicio del cumplimiento oportuno de esa carga, los acreedores con hipoteca, prenda o garantizados con warrant, pueden reclamar en cualquier tiempo el pago mediante la realización de la cosa sobre la que recae el privilegio, previa comprobación de sus títulos y fianza de acreedor de mejor derecho. Los síndicos pueden requerir la autorización al juez para pagar íntegramente el crédito prendario o hipotecario ejecutado por el acreedor con fondos líquidos existentes en expediente, cuando la conservación del bien importe un beneficio evidente para los acreedores. A tales fines puede autorizársele a constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes. La única excepción es el crédito laboral, como lo es en el concurso preventivo, dado que existe el pronto pago laboral.
Conversión de las obligaciones de objeto no dinerario.- Después de satisfechos los créditos privilegiados y los gastos del concurso, se paga a los acreedores quirografarios a prorrata de las acreencias de cada uno. Para poder establecer esa prorrata es preciso que todos los créditos estén expresados homogéneamente y la única medida común es el dinero nacional. La conversión se hace a la fecha de la quiebra o, a opción del acreedor, a la del vencimiento de la obligación si este fue anterior a la quiebra. La conversión del crédito no dinerario es definitiva a todos los efectos de la quiebra, esto constituye una diferencia con el concurso preventivo en el cual la conversión solo sirve a los efectos del cómputo de capital.
Vencimiento de plazos.- La quiebra produce el vencimiento de todos los plazos de las obligaciones del fallido a la fecha de la sentencia.
Suspensión de intereses.- La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados por garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital.
Compensación.- Es un medio de extinción de las obligaciones que se produce cuando dos personas son acreedores y deudores recíprocos, entonces las obligaciones se extinguen hasta el monto de la menor. La compensación solo opera cuando ha tenido lugar antes de la declaración de quiebra.
Derecho de retención.- El derecho de retneción es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por
razón de la misma cosa. La quiebra suspende el ejercicio del derecho de retención y acuerda un privilegio al acreedor que ejercía esa facultad. Si la quiebra cesa antes de que se haya enajenado el bien, la cosa debe ser restituida al retenedor.
Fuero de atracción de la quiebra.- La quiebra atrae al juzgado del concurso todos los juicios de contenido patrimonial que se dirijan contra el fallido, salvo los juicios de expropiación y los fundados en relaciones de familia. El fuero de atracción opera aunque la sentencia de quiebra no esté firme. Respecto de los juicios laborales, aquellos en etapa de conocimiento serán remitidos al juzgado de la quiebra para ser acumulados al pedido de verificación de créditos. Esto se aplica a aquellos créditos que no hayan sido reconocidos por el procedimiento de pronto pago del Art. 16.
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