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Timestamp: 2019-12-07 22:50:35+00:00

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C-293 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020019786CC-SENTENCIAC293200802/04/2008CC-SENTENCIA_C_293__2008_02/04/2008200197862008Sentencia C-293/08 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- No pertinencia del cargo INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN UN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO -Propósito La publicidad de las actuaciones del Estado cumple el propósito de que los ciudadanos conozcan y participen en el desarrollo de la vida estatal. Ciertamente, los ciudadanos deben conocer las decisiones que tomen los órganos públicos y las autoridades estatales, publicidad ésta que apareja consigo presupuestos esenciales como la vigencia, oponibilidad y controversia a dichos actos de la administración. ACTUACION DISCIPLINARIA- Sujetos procesales Los sujetos procesales en una actuación disciplinaria son el investigado y su defensor y el ministerio público cuando no es éste la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa. No obstante mediante sentencia C-014 de 2004 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 89 del Código Disciplinario Único que trata sobre los sujetos procesales, en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidas por la ley ACTUACION DISCIPLINARIA- Facultades de los sujetos procesales Los sujetos procesales tienen dentro de sus facultades el de solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado. PROCESO DISCIPLINARIO- El quejoso no es sujeto procesal en la actuación disciplinaria El quejoso en la actuación disciplinaria, es la persona que pone la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad, su intervención se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio COMUNICACION AL QUEJOSO DE LA DECISION DE ARCHIVO Y EL FALLO ABSOLUTORIO ADQUIERE EL CARACTER DE NOTIFICACION- Regla general y excepción La comunicación le garantiza al quejoso la posibilidad de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, facultad ésta que cuenta con total respaldo constitucional y legal, por ser expresiones de la búsqueda de la justicia y la verdad material, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes, y la vigencia de un orden justo. La comunicación en el caso del quejoso que ha sido víctima o perjudicado de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, le garantiza el uso de las facultades que la ley le otorga a los sujetos procesales, como pedir pruebas, interponer recursos o solicitar la revocatoria directa del fallo, aún en el evento de que este último sea absolutorio. UNIDAD NORMATIVA- Integración COMUNICACION AL QUEJOSO DE LA DECISION DE ARCHIVO Y EL FALLO ABSOLUTORIO EN ACTUACION DISCIPLINARIA La comunicación se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido cinco días después de la fecha de su entrega a la oficina de correo, pero si el quejoso demuestra que la recibió después de los cinco días debe considerarse cumplida a partir de esta última fecha. Referencia: expediente D-6900
JAIME ARAÚJO RENTERÍAD6900CONSTITUCIONALIDADLuis Alberto Sepúlveda Villamizar.Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.Identificadores20020019787true34347Versión original20019787Identificadores
Norma demandada: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No pertinencia del cargo
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN UN ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO-Propósito
La publicidad de las actuaciones del Estado cumple el propósito de que los ciudadanos conozcan y participen en el desarrollo de la vida estatal. Ciertamente, los ciudadanos deben conocer las decisiones que tomen los órganos públicos y las autoridades estatales, publicidad ésta que apareja consigo presupuestos esenciales como la vigencia, oponibilidad y controversia a dichos actos de la administración.
ACTUACION DISCIPLINARIA-Sujetos procesales
Los sujetos procesales en una actuación disciplinaria son el investigado y su defensor y el ministerio público cuando no es éste la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa. No obstante mediante sentencia C-014 de 2004 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 89 del Código Disciplinario Único que trata sobre los sujetos procesales, en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidas por la ley
ACTUACION DISCIPLINARIA-Facultades de los sujetos procesales
Los sujetos procesales tienen dentro de sus facultades el de solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado.
PROCESO DISCIPLINARIO-El quejoso no es sujeto procesal en la actuación disciplinaria
El quejoso en la actuación disciplinaria, es la persona que pone la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad, su intervención se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio
COMUNICACION AL QUEJOSO DE LA DECISION DE ARCHIVO Y EL FALLO ABSOLUTORIO ADQUIERE EL CARACTER DE NOTIFICACION-Regla general y excepción
La comunicación le garantiza al quejoso la posibilidad de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, facultad ésta que cuenta con total respaldo constitucional y legal, por ser expresiones de la búsqueda de la justicia y la verdad material, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes, y la vigencia de un orden justo. La comunicación en el caso del quejoso que ha sido víctima o perjudicado de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, le garantiza el uso de las facultades que la ley le otorga a los sujetos procesales, como pedir pruebas, interponer recursos o solicitar la revocatoria directa del fallo, aún en el evento de que este último sea absolutorio.
COMUNICACION AL QUEJOSO DE LA DECISION DE ARCHIVO Y EL FALLO ABSOLUTORIO EN ACTUACION DISCIPLINARIA
La comunicación se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido cinco días después de la fecha de su entrega a la oficina de correo, pero si el quejoso demuestra que la recibió después de los cinco días debe considerarse cumplida a partir de esta última fecha.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luís Alberto Sepúlveda Villamizar, presentó demanda contra los artículos 103 y 109 (parciales) de la ley 734 de 2002, por infringir los artículos 29 y 209 de la Constitución Política.
Mediante auto de diecisiete (17) de agosto de 2007, se admitió la demanda y se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.
Que mediante oficio N° D.P. 1099 radicado en esta Corporación el 12 de septiembre de 2007, el señor Procurador General de la Nación y el Viceprocurador General de la Nación, presentaron escrito en el que manifiestan conjuntamente que se encuentran impedidos para rendir concepto en el presente proceso y solicitan a la Corte que acepte dicho impedimento y se disponga que el primero de ellos, en ejercicio de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7° del decreto ley 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto correspondiente.
Que a través de auto No 264 de 2007 de tres (3) de octubre del presente año, la Sala Plena de esta Corporación[1], resuelve aceptar los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y por el Viceprocurador General de la Nación y se ordena correr traslado al Jefe del Ministerio Público a fin de que designe el funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
En este orden de ideas, el 22 de noviembre de 2007, es presentado ante esta Corporación el concepto por parte de la Procuraduría General de la Nación, el cual es firmado por la señora Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales.
Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente."
El ciudadano Fernando Gómez Mejía interviene en el presente proceso en su calidad de apoderado del Ministerio del Interior y de justicia , con el propósito de solicitar : En primer lugar, que se declare la Corte Constitucional inhibida para fallar por cuanto la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991.
La ciudadana Mónica I. Escalante Rueda interviene en el presente proceso actuando como apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública, para solicitar la constitucionalidad de las normas acusadas con base en los siguientes argumentos:
El ciudadano José Joaquín Castro Rojas, actuando como Director del Consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, interviene en el presente proceso para solicitar lo siguiente:
Se afirma, que la comunicación mencionada queda surtida al quinto día después de recibida la comunicación por parte del quejoso, por cuanto, si nos detenemos a analizar el contenido de la norma, la misma no expresa, como lo afirma el actor, que la comunicación se entenderá surtida al momento de su entrega a la oficina de correo, sino que se entenderá cumplida tal comunicación cuando hayan transcurrido cinco días después de la fecha de su entrega a la oficina de correo. Es fundamental entender lo que quiso hacer el legislador frente al destinatario de la norma, por cuanto es diferente el tratamiento del cual es objeto un sujeto procesal y un tercero, que en aras de proteger los intereses estatales, solicita se revise la actuación del operador disciplinario. Son cosas diferentes: De una parte, al investigado como es lógico se le respetan todos sus derechos, en tanto que con el tercero el legislador fue más exigente y fija un diferencia en materia de días que debe contarse desde una fecha cierta y no bajo el criterio de la secretaría del despacho. Por lo cual, la prueba del envío de correo será la que determinen para contar los términos y dar por terminado el trámite, por cuanto nos encontramos frente a un tercero interviniente y no frente a un sujeto procesal.
La interpretación que debe darse a la palabra "librar" utilizada en el artículo 103 debe ser contextual, valga decir, que le corresponde al secretario del despacho analizar la situación y como es obvio, los términos no podrá contarlos desde el momento de la suscripción del citatorio, si no a partir de la introducción al correo, además se deberá tener prueba de la entrega a la última dirección conocida y a partir de ese momento correrá el término procesal indicado. Así pues, luego vendrá el otro tipo de notificación.
La Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales , en Concepto No. 4430 presentado el 22 de noviembre de 2007, solicita a la Corte se declare la exequibilidad de los apartes acusados de los artículos 103 y 109 del Código Disciplinario Único.
"3. Las notificaciones y comunicaciones le dan alcance al principio de publicidad y el derecho al debido proceso en el derecho disciplinario
4. Los apartes demandados contenidos en los artículos 103 y 109 de la Ley 734 de 2002 no vulneran el principio publicidad ni el derecho al debido proceso
4.1. En primer lugar, es necesario señalar que no le asiste razón al demandante cuando invoca el precedente judicial de la sentencia C-096 de 2001, respecto de la declaratoria de inexequibilidad de una frase contenida en el artículo 566 del Estatuto Tributario, puesto que el alcance de dicha disposición es totalmente distinto al tema que nos ocupa.
En aquella ocasión, la norma se refería a la notificación que se surtía en la fecha de introducción al correo, manifestando la Corte Constitucional que no se puede considerar cumplido el principio de publicidad por el solo hecho de introducir la copia del acto administrativo al correo, pues resulta inconstitucional que los actos proferidos por los órganos estatales se entiendan conocidos por el administrado, antes de que tal conocimiento fuera posible. Nótese, que la decisión de la Corte de excluir la expresión "y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo" hacía referencia a la notificación por correo que regulaba dicha disposición.
4.2. Tanto es así, que la Corte Constitucional en sentencia C-317 de 2003, al reiterar la jurisprudencia en el caso de las notificaciones por correo, declarando inconstitucional la expresión "y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo", contenida en el artículo 15 del Decreto 1092 de 1996 "por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN", también se pronunció declarando ajustado a la Constitución Política, la frase "contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación", que hace parte del artículo 14 de la misma disposición que reza:
"La resolución que decida el recurso de reposición que procede contra la resolución sancionatoria se notificará personalmente o por Edicto, si el recurrente no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes,contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación."
En ese mismo fallo, se señaló que "Cierto es que en la práctica el término para comparecer al acto de notificación personal resulta inferior a diez días - como que no se requiere mayor lucubración para inferir que el conocimiento del aviso de citación no se logra en la fecha de su introducción al correo, sino después -, pero ello no obsta para que el interesado en la decisión pueda presentarse antes del vencimiento del plazo. Y aun sobre la base de su no comparecencia, le corresponde a la DIAN notificarle al recurrente la mencionada resolución a través de Edicto, a cuya desfijación se entiende surtida la notificación, y no antes. Quedando así suficientemente servido el principio de la publicidad y por tanto el de la contradicción."
Así las cosas, se solicitará a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad de las expresiones demandadas."
2. Problemas jurídicos planteados
En primer lugar, esta Corporación debe establecer ¿Si el contenido de los argumentos esgrimidos por el demandante, respecto del artículo 103 de la ley 734 de 2002, permiten efectuar una estudio constitucional de fondo
En segundo lugar, debe la Corte analizar ¿Si el contenido normativo demandado perteneciente al artículo 109 de la ley mencionado, vulnera el principio de publicidad establecido en la Constitución
3. Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados esta Corte establecerá los siguientes parámetros teóricos. De una parte, los requisitos legales y jurisprudenciales para la admisión de una demanda de inconstitucionalidad y su aplicación a los argumentos esbozados en la demanda respecto del artículo 103 de la ley 734 de 2002.
4. El artículo 241 constitucional determina las competencias de la Corte Constitucional. Por su parte , el decreto 2067 de 1991 " Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional " establece en su artículo 2° los requisitos que debe contener una demanda de inconstitucionalidad. Dichas exigencias son las siguientes:
5. Esta Corporación estableció a través de Auto de Sala Plena A-032 de 2005[2] lo siguiente:
En este orden de ideas, no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada. Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder político, los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta Corporación un fallo de fondo respecto del asunto planteado. Y no por el contrario, que se presente la posibilidad de que la Corte Constitucional se abstenga de pronunciarse sobre el asunto planteado debido a "razonamientos" que no permiten tomar una decisión de fondo.
En este orden de ideas, esta Corporación ha entendido que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[3].
En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de ésta siempre y cuando se realicen sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni extraer de estas efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del "texto normativo". Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.
Por último, los cargos deben ser suficientes, esto consiste en que "despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional"[4]" (Cursivas y negrillas del texto)."
6. Pues bien, con fundamento en el artículo 241 constitucional (funciones constitucionales de la Corte Constitucional), el artículo 2° del decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional al respecto, debe la Corte dilucidar si los argumentos esbozados por el demandante en relación con el artículo 103 de la ley 734 de 2002 reúnen los requisitos antes señalados.
7. Así las cosas, el demandante manifiesta que el artículo 103 acusado es inconstitucional porque "… los tres días que le concede al interesado (investigado) para acudir a la secretaría del despacho a notificarse personalmente de una decisión interlocutoria, no los hace contabilizables desde el momento en que el operador disciplinario hace entrega , a la oficina de correo de la comunicación, sino desde la fecha en que el secretario del despacho , la libra; momento en el cual, obviamente, el interesado (investigado) no conoce la comunicación.
Concluyese así, que la norma acusada,entendida en la forma que acaba de hacerse, viola el principio de publicidad (art. 209 de la Carta Política), en la medida en que presupone que el interesado conoce la comunicación desde el mismo momento en que el secretario del despacho disciplinario la libra…"
8. De lo anterior se desprende que el cargo efectuado contra la norma mencionada carece de la pertinencia indispensable para tomar una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de la disposición mencionada. Lo precedente por cuanto el demandante desprende de la norma acusada un entendimiento específico y particular , que no se desglosa objetivamente de la disposición emplazada , entendimiento éste que por ser personal y subjetivo impide realizar un estudio de confrontación con la constitución.
9. Por tal razón, esta Corporación se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 103 de la ley 734 de 2002 por ineptitud sustantiva de la demanda.
10. (i) El principio de publicidad en un Estado Democrático de Derecho, recae sobre la administración pública y es uno de los sustentos esenciales del Estado colombiano[5]. Así las cosas los poderes públicos están sometidos a los parámetros fijados por los principios democráticos.
11. Pues bien, el principio de publicidad ha sido tratado largamente por nuestra Constitución. De un lado, la constitución ha establecido dentro de los fines del Estado, proveer lo necesario para que los ciudadanos participen en las decisiones que los afectan[6]. Así entonces, el objetivo constitucional referido presupone de parte del Estado la publicidad de sus actuaciones con el propósito de que los ciudadanos conozcan y participen en la desarrollo de la vida estatal.
De otro lado, el debido proceso constitucional[7] como principio fundante de nuestro Estado social de derecho, exige que su contenido normativo sea aplicado tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas. Parte integrante de éste derecho fundamental es el principio de publicidad. En efecto, el debido proceso debe ser público y sin dilaciones injustificadas.
Finalmente, la constitución y acorde con los lineamientos esbozados, señala el principio de publicidad como base cardinal para desarrollar la función administrativa.[8] Razón esta más que suficiente para denominar a la administración del estado como pública.
12. En consecuencia, la administración debe efectuar actividades y ser diligente para que el principio de publicidad se cumpla. Ciertamente, los ciudadanos deben conocer las decisiones que tomen los órganos públicos y las autoridades estatales, publicidad ésta que apareja consigo presupuestos esenciales como la vigencia, oponibilidad y controversia a dichos actos de la administración. En este orden de ideas, el principio de publicidad tiene de suyo la facultad de que los ciudadanos conozcan las actuaciones de la administración, sean estos directamente interesados o porque hagan parte de la comunidad en general, no obstante existir excepciones que deben provenir sea de la Constitución[9] o de la ley.
13. La Corte Constitucional[10] ha indicado que el principio de publicidad, en un primer lugar, se efectúa mediante las notificaciones, entendiendo éstas como actos de comunicación procesal. Notificaciones que pueden provenir tanto de actuaciones judiciales como administrativas. En segundo lugar, el principio se hace valedero en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas.
14. Pues bien, la ejecución y realización del principio al que se ha hecho referencia, así como las condiciones y características que rodean su desarrollo incumben al órgano legislativo del Estado. Así entonces, es el legislador el llamado a establecer y determinar las pautas o parámetros a través de los cuales los ciudadanos, sea por que los afecten directamente o porque simplemente hagan parte de la comunidad general, deben conocer de las actuaciones de la administración.
15. Ahora bien, y como se manifestó en el numeral 12 de ésta providencia, el principio de publicidad trae de suyo la vigencia, oponibilidad y controversia a las actuaciones de la administración por parte de los ciudadanos. Por consiguiente, si bien el legislador posee la prerrogativa mencionada en el numérico antecedente cuenta éste con limitantes constitucionales que le requieren para que el conocimiento de dichas actuaciones respete el ejercicio del derecho de defensa.
16. Esta Corporación y aplicando los argumentos constitucionales anotados, se ha pronunciado en varias providencias acerca de la importancia del principio de publicidad y su relación con la facultad de oponibilidad y controversia a las actuaciones de la administración con que cuentan los ciudadanos.
17. (ii) Así pues, en la sentencia C- 096 de 2001[11]se demandó, entre otros, el siguiente enunciado normativo contenido en el Decreto 0624 de 1989 " por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.":
"Artículo. 566. Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo." (negrilla fuera del texto).
" (…)Porque los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón de que el administrado demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem-.
Por lo anterior, el entendimiento de que el acto fue conocido por su destinatario, sin ser dicho conocimiento posible, así pueda ser controvertido en juicio -como lo sostienen quienes solicitan la constitucionalidad de la disposición-,recorta el tiempo en que el afectado puede contradecir la norma y, si el contribuyente pretende su restablecimiento, lo conmina a demostrar la contraevidencia de tal entendimiento, limitación y carga que, como hacen más oneroso el ejercicio del derecho de defensa, deben encontrar su justificación en el ordenamiento constitucional.
Por consiguiente la Corte "…declaróinhibida para decidir respecto de la constitucionalidad del artículo 566 del Decreto 0624 de 1989, salvo respecto de la expresión" y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo." que se declaraINEXEQUIBLE."
18. Posteriormente, en la sentencia C- 317 de 2003[12], se demandaron dos artículos , entre ellos el 15 del decreto 1092 de 1996 " por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN":
"Artículo 15. Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección determinada, conforme a los artículos 12 y 13 de este Decreto,y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo".
"(… ) Consecuentemente, al amparo de las mismas razones transcritas la Sala declarará la inexequibilidad de la expresión"y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo", contenida en el artículo 15 del decreto 1092 de 1996. ( … ) "
Ésta Corporación declaró "INEXEQUIBLEla expresión "y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo",contenida en el artículo 15 del decreto 1092 de 1996".
19. En la sentencia C-1114 de 2003[13] se acusó entre otros el artículo 5 de la Ley 788 de 2002 "por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones":
"Artículo 5º. Notificación por correo. Modificase el artículo 566 del estatuto Tributario, el cual queda así:
La Administración podrá notificar los actos administrativos de que trata el inciso primero del artículo 565 de este Estatuto, a través de cualquier servicio de correo, incluyendo el correo electrónico, en los términos que señale el reglamento."
" (… )
7) Según lo expuesto, entonces, la notificación por correo se realiza mediante el envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante y, según el régimen legal vigente,tal notificación se entiende realizada al día siguiente de la fecha de recibo del acto correspondiente y no en la fecha de su introducción al correo.
En estas condiciones, ya que al legislador le asiste la facultad constitucional de configurar el régimen de notificaciones administrativas y judiciales, nada se opone a que disponga que las notificaciones de los actos administrativos proferidos por la administración de impuestos se notifiquen por correo electrónico. Se trata, además, de una decisión que resulta compatible con el avance de la informática y que incorpora a la función pública los recursos tecnológicos por ella suministrados. No obstante, es claro que del régimen legal del que entró a hacer parte la disposición demandadase infiere que la notificación por correo electrónico se entiende surtida no cuando se remite el correo, sino al día siguiente del recibo de la comunicación que contiene el acto administrativo."
20. Finalmente, en la sentencia C- 929 de 2005[14] se demandaron los artículos 565 y 568 del Decreto-Ley 624 de 1989, que señalaban lo siguiente:
"Artículo 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de diez (10) días siguientes, contados a partirde la fecha de introducción al correo del aviso de citación.
Artículo 568. Notificaciones devueltas por correo. Las actuaciones de la Administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración, en la primera fechade introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación".
" (… ) Se observa pues, que el legislador dentro de su amplia libertad configurativa, estableció un término (diez días), para que el contribuyente comparezca a notificarse personalmente de los actos administrativos que resuelven los recursos personalmente, ysólo en defecto de esta, por no presentarse el recurrente citado, procede la notificación por edicto. Quiere ello decir, que la notificación personal es la forma principal de notificar esa clase de actos y la notificación por edicto la forma subsidiaria, contrario a lo sostenido por el actor cuando afirma que la notificación por edicto primaría sobre la personal para los efectos del artículo 565 del Estatuto Tributario en el aparte acusado.
Así, el legislador dentro de su amplia facultad de configuración en materia tributaria, ha establecido diversas formas de notificación de las actuaciones surtidas por la Administración que le permitan al contribuyente conocerlas a fin de que pueda responder o interponer los recursos si lo considera pertinente. Una de ellas es la notificación por correo, pero si por cualquier causa esa notificación es devuelta, el legislador previó que la misma se haga en un periódico de amplia circulación nacional a fin de garantizar la publicidad del acto, caso en el cual el interesado contará con el término para responder o impugnar desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación, es decir, cuando ésta sea realizada en debida forma, y no desde la primera fecha de introducción al correo, pues ese término se entiende surtido para efectos de la Administración quien tendrá entonces que expedir el acto materia de notificación en el término contado desde la primera fecha de introducción al correo como una forma de desarrollar los principios de eficacia y celeridad que orientan la función administrativa (CP. art. 209), pero no para el contribuyente quien cuenta con un término distinto que le permite plenamente el ejercicio de su derecho a controvertir el acto que considera lesivo de sus intereses. "
Con base en las anteriores argumentaciones la Corte declaró exequibles las expresiones "de la fecha de introducción al correo", contenida en el artículo 565; y, "de introducción al correo", contenida en el artículo 568, del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario).
21. De lo expuesto se puede colegir lo siguiente:
22. Pues bien, el demandante afirma respecto del artículo 109 de la ley 734 de 2002 que "…éste ordena contabilizar los cinco días que la misma norma le concede a los quejosos para recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio a partir del momento en que el operador disciplinario hace entrega a la oficina de correo de la comunicación sobre la existencia de tales actos administrativos. Así pues, el legislador parte del supuesto de que tan pronto el operador disciplinario entrega la comunicación a la oficina de correo, su destinatario la conoce.
Se señala entonces, que así como un acto administrativo no puede ser conocido por el interesado en el momento en que la administración lo introduce al correo, así tampoco un quejoso dentro de un proceso disciplinario conoce la comunicación de que trata el art. 109 referido, esto es sobre la decisión de archivo y el fallo absolutorio, en el momento en que el operador disciplinario hace entrega de la misma a la oficina de correo. En consecuencia, resulta inconstitucional comenzar a contabilizar los cinco días allí mismos estatuidos después de la fecha de su entrega a la oficina de correo".
21. Así las cosas, corresponde a ésta Corporación, aplicando los planteamientos teóricos expuestos, resolver el problema jurídico esbozado; esto es ¿Si el contenido normativo demandado perteneciente al artículo 109 de la ley mencionado, vulnera el principio de publicidad establecido en la Constitución
22. El artículo acusado de inconstitucional se encuentra en el capítulo segundo (Notificaciones y Comunicaciones) de la ley 734 de 2002 " Código Disciplinario único ". Ésta disposición respecto a las comunicaciones indica, en lo que atañe a la presente providencia, que se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Señala que se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correos.
23. Ahora bien, los intervinientes en un proceso disciplinario son la autoridad administrativa o judicial que adelanta el proceso, los sujetos procesales y el quejoso.
Los sujetos procesales en una actuación disciplinaria son el investigado y su defensor y el Ministerio público cuando no es éste la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa.[15]Los sujetos procesales tienen dentro de sus facultades el de solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado.[16]
24. El quejoso en una actuación disciplinaria, es la persona que pone la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad, su intervención se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio.[17]
24. En consecuencia, para esta Corte, la comunicación de que trata el artículo 109 acusado no es de poca monta y adquiere materialmente el carácter de una notificación.
De un lado, garantiza al quejoso - como regla general - mencionado en la ley[18], la posibilidad de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Facultad ésta que cuenta con total respaldo constitucional y legal. En efecto, la Constitución establece la necesidad permanente en la búsqueda de la justicia [19] y como fines del Estado, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma constitución, así como la vigencia de un orden justo[20]. Por su parte, la ley 734 de 2002 señala que en la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen[21]. Además se indica que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política[22].
25. En este orden de ideas, es claro que la constitución ha establecido dentro de los fines del Estado, proveer lo necesario para que los ciudadanos participen en la decisiones que los afectan, que dicho objetivo constitucional referido presupone de parte del Estado la publicidad de sus actuaciones con el propósito de que los ciudadanos conozcan y participen en la desarrollo de la vida estatal.
26. En consecuencia, y con base en lo expresado en la parte motiva de ésta providencia y en el numeral anterior, para ésta Corporación la comunicación de que trata el artículo acusado goza de la influencia del principio de publicidad que trae consigo la vigencia, oponibilidad y controversia a las actuaciones de la administración por parte del quejoso (numeral 24).
27. Así pues, para un entendimiento correcto de la expresión acusada por el demandante, esto es "…después de la fecha de su entrega a la oficina de correo." es indispensable integrar la unidad normativa con las restantes expresiones contenidas en la frase de la norma acusada, con el propósito de poder dictar una decisión de fondo. Por ende, el contenido que será estudiado por la Corporación es el que contiene la presunción de hecho atacada por el ciudadano demandante, que consiste en que: "Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo". Integración normativa que permite hacer inteligible la expresión acusada en un primer momento por el demandante.
28. En consecuencia, y con base en los presupuestos trazados en ésta providencia, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión "Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo." contenida en el artículo 109 de la ley 734 de 2002, en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión "Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo." contenida en el artículo 109 de la ley 734 de 2002, en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha.
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 103 LEY_734_2002_05/02/2002
Exequible en el entendido ... Artículo 109 LEY_734_2002_05/02/2002
[1] Salvamento de Voto Magistrado Jaime Araújo Rentería.
[2]M.P. Jaime Araújo Rentería
[3]Sentencia C- 1052 de 2001 Corte Constitucional
[4]ibídem. Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes Sentencias de esta Corporación: C- 918 de 2002, C- 150 , C- 332 y C- 569 , estas últimas de 2003.
[5]Sentencia C- 641 de 2002 " El principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales yadministrativas , y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades , alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios , mandatos y reglas que gobiernan la función pública. " En cuanto al principio de publicidad y el principio de transparencia en las actuaciones administrativas , véase la Sentencia T- 456 de 1994.
[6] ART. 2ºSon fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
[7] " ART. 29.El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[8] ART. 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
[9] ART. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
[10] Sentencia C- 1114 de 2003 Corte Constitucional.
[11] M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[12] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[13]M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[15] Art. 89 C.D.U. "SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.
[16]Art. 90 C.D.U.
[17]Art. 90 parágrafo. C.D.U.
[19] Preámbulo de la Constitución
[20] Art. 2 de la Constitución.
[21] Art. 20 C.D.U.
[22] Art. 21 C.D.U.

References: artículo 89
 artículo 89
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 103
 artículo 566
 artículo 15
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 artículo 109
 artículo 103
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 566
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 566
 artículo 565

Artículo 568
 artículo 565
 artículo 565
 artículo 568
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 109
 Artículo 103
 Artículo 109
 artículo 174