Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/20938
Timestamp: 2020-07-13 04:13:49+00:00

Document:
Système HJ - Décision: AUTO 303/2006
AUTO 303/2006, de 12 de septiembre
ECLI:ES:TC:2006:303A
Pleno. Auto 303/2006, de 12 de septiembre de 2006. Conflicto positivo de competencias 4572-2006. Acuerda levantar la suspensión en el conflicto positivo de competencias 4572-2006, planteado por el Gobierno de la Nación en relación con las resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre adjudicaciones de los contratos relativos a la construcción y explotación de varias obras.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 21 de abril de 2006, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, promueve, sin requerimiento previo, conflicto positivo de competencia contra las Resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y asistencia relativos al Anteproyecto de construcción y explotación de la obra “Cierre norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607” y al Anteproyecto de construcción y explotación de la “Nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo: 607/A-1”.
2. Con fecha 23 de mayo de 2006, la Sección Segunda acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al objeto de que en el plazo de veinte días, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 82.2 LOTC, aporte las alegaciones que considere convenientes, teniendo por invocado por el Gobierno el art. 161.2 CE, lo que conforme a su tenor y a lo establecido en el art. 64.2 LOTC produce la suspensión de la vigencia y aplicación de las resoluciones impugnadas y oír al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que alegue lo que estime oportuno sobre la acumulación interesada en la demanda. También acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por si ante la misma estuvieran impugnadas o se impugnaran dichas Resoluciones, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según prevé el art. 61.2 LOTC. Por último, se decidió publicar la incoación del conflicto en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín de la Comunidad de Madrid.
3. El día 22 de junio de 2006, el Letrado de la Comunidad de Madrid se personó, en la representación que ostenta, en el proceso y formuló sus alegaciones. En ellas solicita al Tribunal que, en su momento, dicte Sentencia por la que se declare la constitucionalidad de los actos recurridos. Mediante otrosí, comunica que no se opone a la acumulación solicitada y que se ha procedido a la suspensión de los mismos en cumplimiento de los arts. 161.2 CE y 64.2 LOTC.
4. Por providencia de la Sección Segunda de 11 de julio de 2006, se acordó que, estando próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el art. 65.2 LOTC desde que se produjo la suspensión de las Resoluciones impugnadas, se oiga a las partes personadas en el proceso para que en el plazo de cinco días expongan lo que consideren conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.
5. Con fecha 7 de julio de 2006, el Letrado de la Comunidad de Madrid presenta sus alegaciones relativas al incidente de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de las Resoluciones objeto de conflicto. En ellas sostiene lo siguiente:
a) En primer lugar, secunda la doctrina del Tribunal sobre este tipo de incidentes, poniendo de relieve que para su resolución se deben ponderar los intereses implicados, tanto el general o público como el particular o privado de las personas afectadas y también los perjuicios de imposible o difícil reparación que se derivarían de la adopción de la medida suspensiva o de su alzamiento. Y ello, sin tomar en consideración la viabilidad de las pretensiones que se contienen en la demanda. Además, se requiere que el Gobierno invoque la existencia de aquellos perjuicios y que documente o razone su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos (así, entre la numerosa relación que cita, el ATC 12/2006).
b) Seguidamente, manifiesta que los intereses implicados en este supuesto son coincidentes, pues tanto el Gobierno de la Nación como la Comunidad de Madrid sostienen que la nueva carretera R-1 y el cierre de la M-50 son del interés público, si bien el Gobierno lo califica como general y la Comunidad como regional, dado el ámbito de sus competencias. De modo que lo único que se discute es la titularidad de la competencia para construir la infraestructura y, por esta razón, no cabe mantener la suspensión como consecución de la señalada calificación de interés general, pues ello supondría prejuzgar el fondo del asunto (AATC 304/2001, 82/2004, y los que citan).
c) A continuación, el Letrado de la Comunidad de Madrid se refiere a las dos Resoluciones de 9 de febrero de 2006, objeto del conflicto positivo de competencia, y afirma que de su naturaleza se deduce la falta de perjuicios irreparables o de difícil reparación, pues constituyen uno más de los actos encaminados a la ejecución del futuro proyecto de realización de infraestructuras y, como tales actos preparatorios, no se deriva perjuicio alguno de su ejecución. Lo demás es considerar expectativas potenciales o eventuales, perjuicios hipotéticas y de futuro impreciso que no pueden ser fundamento de la suspensión (ATC 39/1995, 30/2003, FJ 4; 428/2004, FJ 10, con remisión a los AATC 189/2001, 5/2002, 173/2002 y 83/2004).
6. Con fecha 11 de julio de 2006, el Abogado del Estado evacua el trámite conferido y formula alegaciones sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión de las Resoluciones impugnadas, las cuales se recogen a continuación:
a) Comienza señalando que el Tribunal tiene declarado que para la resolución de este tipo de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los intereses implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe hacerse mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 428/2004, de 10 de noviembre, FJ 2, con cita de otros muchos). En definitiva, ha de procederse a una consideración de la gravedad de los perjuicios que originarían las situaciones de hecho que previsiblemente se producirían en caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión. Aunque el Tribunal se refiere a las situaciones de hecho creadas, la realidad es que lo que con más frecuencia se ha de examinar son las situaciones de hecho que previsible o probablemente puede provocar la aplicación de la Ley suspendida, siendo difícil que la disposición o resolución suspendida pueda provocar inmediatamente situaciones de hecho perjudiciales, de modo que lo que trata de evitar el mecanismo del art 161.2 CE es que se produzcan esas situaciones de hecho.
b) Como se señaló en el escrito de demanda, el apartado 24 del art. 149.1 CE parte de incorporar la noción de interés general a la cláusula de competencia estatal relativa a las obras públicas, cuya definición en términos generales y abstractos compete ante todo a las Cortes Generales. Y en este caso, la atribución competencial en el supuesto de redes viarias de transporte (ferrocarriles y carreteras) viene determinada por dos criterios, el territorio y el interés, pues el hecho de que una carretera discurra exclusivamente por el territorio de una Comunidad Autónoma no determina, por sí solo, que la carretera sea autonómica: será estatal si el Estado decide integrarla en una Red de interés general.
c) Centrado así el debate, corresponde proceder al examen de los concretos perjuicios que pueden derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.
En todo caso, la proyección de este cierre antes de que el Estado haya realizado el Estudio de movilidad sostenible conllevará la incompatibilidad de aquél con las conclusiones que se recojan en dicho estudio. Se acompaña plano de planta general del cierre Norte de la M-50, tramo A-6 a M-607 (Documento núm. 9).
1. El objeto de esta resolución es determinar, de acuerdo con lo regulado en el art. 161.2 CE, si procede levantar la suspensión de la vigencia de las Resoluciones de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y asistencia del Anteproyecto de construcción y explotación de la obra “Cierre norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607” y del Anteproyecto de construcción y explotación de la “Nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo 607/A-1”. Ambas Resoluciones se encuentran suspendidas en su aplicación como consecuencia de la invocación por el Presidente del Gobierno del art. 161.2 CE al interponer el conflicto positivo de competencia.
2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe doctrina constitucional de acuerdo con la cual para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran afectados, tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido, ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas o actos objeto de conflicto (entre otros muchos AATC 329/1992, de 27 de octubre; 243/1993, de 13 de julio; 46/1994, de 8 de febrero; 39/1995, de 31 de enero; 25/1996, de 17 de septiembre; 231/1997, de 24 de junio; 44/1998, de 19 de febrero; 287/1999, de 30 de noviembre; 199/2000, de 25 de julio; 66/2001, de 27 de marzo; 171/2002, de 1 de octubre; 71/2003, de 26 de febrero y 264/2003, de 15 de julio).
3. En relación con los intereses particulares y generales implicados en el caso y con los perjuicios de imposible o difícil reparación que se producirían si se mantuviera o se levantara la suspensión de las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005, el Abogado del Estado señala, según se expone con más detalle en los Antecedentes, que ningún perjuicio relevante habría de manifestarse si la suspensión de las adjudicaciones se mantuviera. Respecto de los intereses particulares propios de las empresas beneficiarias, porque serían resarcibles económicamente por parte de la Comunidad de Madrid. Y respecto de los intereses generales, porque el Estado proyecta construir una autovía y una autopista en los itinerarios a que se refieren las Resoluciones y los correspondientes itinerarios ya han sido declarados de interés general e integrados en la Red general de carreteras del Estado.
4. Por el contrario, el Letrado de la Comunidad de Madrid pide al Tribunal que se levante la suspensión, pues en su criterio no se producirían perjuicios al interés particular ni al general si se adoptara esta decisión.
5. Una vez expuestos sintéticamente los perjuicios a los intereses particulares y generales que cada una de las partes plantea que han de producirse si se mantiene o se alza la suspensión previamente acordada por el Tribunal, procede que realicemos la ponderación que es propia de este incidente, señalando que el supuesto que ahora se nos plantea mantiene estrecha conexión con el incidente de igual naturaleza relativo al conflicto positivo de competencia núm. 3280-2006, que fue resuelto por el ATC 279/2006, de 18 de julio. En este Auto levantamos la suspensión de las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, precedente inmediato de las que se controvierten en este proceso, pues en las mismas se hacían públicas las convocatorias de los concursos que, mediante las dos Resoluciones de 9 de febrero de 2006, se resuelven.
6. La relevancia que en este tipo de incidencias tiene la homogeneidad técnica de las infraestructuras que soportan el desplazamiento de personas y mercancías ya la hemos admitido recientemente en nuestro ATC 398/2005, aducido por el Abogado del Estado, donde pusimos de manifiesto la conveniencia de garantizar la “interoperabilidad” de las redes de comunicación nacionales y de su conexión con la europeas.
7. En cuanto a los intereses vinculados a la preservación del “medio ambiente”, es tradicional en nuestra doctrina, en relación con la resolución de estos incidentes, pronunciarse “de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales, dada su fragilidad y la irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de perturbación de los mismos (AATC 674/1984, 1270/1988, 101/1993, 243/1993, 46/1994 y 225/1995, entre otros)” (ATC 252/2001, de 18 de septiembre, FJ 3, con cita del ATC 287/1999, FJ 3).
Levantar la suspensión de las Resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y
urgente, de los contratos de consultoría y asistencia relativos al Anteproyecto de construcción y explotación de la obra “Cierre norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607” y al Anteproyecto de construcción y explotación de la “Nueva carretera R-1. Tramo: El
Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo: 607/A-1”.
Type et numéro d'enregistrement Conflicto positivo de competencia 4572-2006
Fecha de resolución 12/09/2006
Acuerda levantar la suspensión en el conflicto positivo de competencias 4572-2006, planteado por el Gobierno de la Nación en relación con las resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre adjudicaciones de los contratos relativos a la construcción y explotación de varias obras.
Madrid: competencias en materia de urbanismo. Obras públicas: carreteras. Suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas: ponderación de intereses.
Resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, de 9 de febrero de 2006. Concurso para contratar la nueva carretera R-1 y "Cierre norte de la M-50"
Ley de la Asamblea de Madrid 3/1991, de 7 de marzo. Carreteras de la Comunidad de Madrid
Artículo 21.1 apartados d) a f)
Artículo 27.1 d)
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 29/1993, de 11 de marzo. Reglamento de la Ley de carreteras
Artículos 33, 34, 37
CarreterasCarreteras

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 21

Artículo 27