Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920189.html
Timestamp: 2019-11-21 03:43:07+00:00

Document:
as201920189
Auto Supremo: 189/2019-RI.
Expediente: LP-35-19 -S.
Partes: Ricarda Chacón Arce c/ Mario Perales Palacios y Graciela Palacios de
Proceso: Nulidad de contrato privado de reconocimiento de deuda y nulidad de
VISTOS: El recurso de casación de fs. 100 a 101, presentado por Ricarda Chacón Arce, impugnando el Auto de Vista Nº S-448/2018 pronunciado el 16 de agosto, por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 98 a 99) en el proceso ordinario de nulidad de contrato de reconocimiento de deuda y nulidad de reconocimiento de firmas, seguido por la recurrente contra Mario Perales Palacios y Graciela Palacios de Perales, Auto de concesión de 01 de febrero de 2019 cursante a fs. 104; los antecedentes del proceso; y:
1. Ricarda Chacón Arce demandó a Mario Perales Palacios y Graciela Palacios de Perales (fs. 5 a 6 vta. y subsanada de fs. 9 a 10) por nulidad de contrato de reconocimiento de deuda y compromiso de pago seguido de nulidad de reconocimiento de firmas notariales, contestando negativamente los demandados mediante memorial de fs. 15 a 18 y vta., e interponiendo demanda reconvencional por el pago de daños y perjuicios ocasionados.
Tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia signada con Resolución Nº 667/2016 de 19 de agosto de 2019, cursante de fs. 72 a 77, que declaró IMPROBADA LA DEMANDA principal sobre nulidad de contrato y reconocimiento de firmas presentada por Ricarda Chacón Arce e IMPROBADA la demanda reconvencional de daños y perjuicios presentada por Mario Perales Palacios y Graciela Palacios de Perales.
Resolución de primera instancia que generó la apelación de la parte demandante mediante escrito de fs. 79 a 80 vta.
2. El 16 de agosto de 2018 la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por el Auto de Vista Nº S-448/2018 DECLARÓ INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la Sentencia de fs. 72 a 77, por cuanto la argumentación expuesta en el recurso de apelación no correspondía ser analizado porque el mismo no expresa agravios, porque no mencionó de qué manera sus derechos habrían sido suprimidos o conculcados.
3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Ricarda Chacón Arce, mediante memorial de fs. 100 a 101, recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.
De la revisión del recurso de casación de fs. 100 a 101, interpuesto por Ricarda Chacón Arce, se desprenden los siguientes agravios:
1. Acusó que el Auto de Vista, erróneamente omitió valorar el contrato de anticresis, mismo que no fue valorado, ni analizado en su validez y efectividad, puesto que el proceso no se limita únicamente a un documento de anticrético, cuando existen dos contratos similares, uno que es documento privado en fotocopia simple y otro que es el primer contrato que fue reconocido en otro proceso que radicó en el mismo juzgado, el cual no fue valorado por el Tribunal de apelación.
2. Reclamó que la resolución de segunda instancia, no consideró los daños y perjuicios ocasionados, al guiarse únicamente por el título de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, asimismo que el Auto de Vista recurrido, declaró de manera deliberada y parcializada inadmisible el recurso de apelación, amparándose en el art. 218.II num.1 inc. b) del Código Procesal Civil.
3. Demandó que el A quo, ni el Tribunal de Apelación valoró el documento privado de 1 de mayo de 2008, no cumple con lo prescrito en el art. 1430 del Código Civil.
Solicita se valore toda la prueba ofrecida dentro del proceso, revocando la sentencia o en su caso con las facultades otorgadas por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, anule obrados hasta que el juez de la causa aplique conforme a ley.
III.1.- De los requisitos para interponer el recurso de casación.
Corresponde señalar que el art. 274.I num.3) del Código Procesal Civil señala: “Expresará, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente”.
La exigencia descrita precedentemente obedece, a la tesis de que el recurso de casación es asimilable a una demanda de puro derecho, lo que quiere decir que en el recurso debe identificarse en qué medida el Tribunal de apelación hubiera errado y como debe sanearse el yerro de esa manera, se cumple con la exigencia referida a la norma descrita en el art. 274.I num.3) del Código Procesal Civil.
Contenido de ambas difiere, sobre tal aspecto corresponde señalar el contenido Auto Supremo Nº 992/2017-RI de 20 de septiembre: “…los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal, por ello se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser in procedendo o in judicando. Respecto al primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la Resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que le conduce a una decisión que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso concreto…De lo mencionado se advierte que existe una diferencia fundamental entre las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales. Diferencia que resulta trascendental a la hora de interponer el recurso de casación en el fondo o en la forma, pues, para tal efecto resulta necesario realizar una precisa diferenciación entre ambas categorías de normas…En ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma”.
La misma parte del art. 274.I.3) del compilado procesal civil, señala infringida, violada o aplicada indebida o erróneamente, esta nomenclatura tiene que ver con el siguiente entendimiento violación, aplicación indebida, interpretación errónea exigencia que tiene estrecha relación con la identificación de los recursos sea en el fondo o en la forma.
También cuyo planteamiento puede ser mixto, empero el recurrente acusa que en la apreciación de las pruebas se ha incurrido en error de hecho o en error de derecho, caso en el cual debe identificarse el error incurrido y la forma de su comisión, si se trata del “error de derecho” apunta a cuestionar con el valor probatorio asignado a los medios de prueba, en cambio si se trata el “error de hecho”, su enfoque describe que la asimilación efectuada por el juzgador respecto al medio de prueba, no condice con el contenido del medio probatorio descrito en su resolución y evidenciar el yerro (suposición, cercenamiento o confusión) que pueda dar lugar a modificar los hechos probados o no probados.
Al respecto el autor nacional Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano” sobre los requisitos de contenido del recurso de casación, señala que: “A nuestro criterio este es el requisito más importante que debe contener el recurso de casación, porque es el alma máter de este recurso, al fijar el objeto del recurso y delimitar los poderes del tribunal de casación.
Es deber del recurrente citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la forma o ambos, bajo conminatorias de declararse improcedente el recurso, conforme al inc. 2 del art. 272 del Código de Procedimiento Civil (1976).
Se debe indicar la ley o norma de derecho infringida o erróneamente aplicada, y la causal de casación; es decir, se requiere, en primer lugar, que haya un error de derecho, y que sea señalada expresamente por el recurrente y en segundo lugar, que dicho error esté incluido dentro de las causales de casación”.
III.2. Del “per saltum”.
El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical.
En nuestra legislación el art. 272 del Código Procesal Civil, describe como parte de la legitimación para recurrir, la obligación de haber apelado de la resolución de primera instancia como requisito para interponer recurso de casación; dicha exigencia es extensible a la cualidad de los agravios que se plantean en recurso de apelación, pues en caso de que el Tribunal de apelación deniegue el agravio, la parte recurrente podrá refutar dicho criterio, mediante recurso de casación, de esa manera de cumple con el sistema de la doble instancia.
Si el apelante no postula determinado agravio ante un Auto de Vista confirmatorio, no podrá insertar nuevos agravios, que no fueron postulados en fase de apelación, salvo el caso que el Tribunal de Alzada haya considerado nuevos elementos de prueba o asumido por ampliar el criterio del Juez para confirmar el decisorio de primera instancia, en tal caso se permite a la parte ampliar la acusación en casación sobre los nuevos elementos de prueba o sobre el criterio jurídico ampliado en el Auto de Vista.
La postura de no aplicar el “per saltum”, también fue asimilada en la aplicación del Código de Procedimiento Civil abrogado, al efecto corresponde citar el contenido del Auto Supremo Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.
Para una mejor comprensión se debe tener en cuenta que el recurso de casación puede contener reclamos en el fondo, la forma, o en ambos a la vez, conforme establece el art. 271 del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), sin embargo, no se debe olvidar que ambas formas de impugnación se fundan en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.
En ese sentido, cuando en el recurso de casación se plantea reclamos en el fondo, esto es, por errores en el mérito de la resolución, los hechos denunciados por el recurrente deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución; en tanto que si se plantea reclamos en la forma de errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en la señalada norma legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo.
Del contenido del recurso de casación se extrae que la recurrente señala errónea omisión de valoración del contrato de anticrético, cuando existen dos contratos de anticresis, un documento privado en fotocopia simple y otro que es el primer contrato de anticrético que fue reconocido en otro proceso que radicó en el mismo juzgado, el cual no fue valorado por el Tribunal de apelación y además no consideró los daños y perjuicios ocasionados, al guiarse únicamente por el título de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, asimismo el Auto de Vista recurrido, declaró inadmisible el recurso de apelación, amparándose en el art. 218.II num.1 inc. b) del Código Procesal Civil. Además, en su último agravio indica que ni el juez que conoce la causa valoró el documento privado de 1 de mayo de 2008 por que no cumple con el art. 1430 del Código Civil.
Analizados los agravios primero, segundo y cuarto (fs. 100 y vta.), la recurrente hace mención a que el documento de anticrético no fue valorado, ni analizado en su validez y efectividad en su calidad de anticresista, asimismo el documento de contrato del 1 de mayo de 2008 no cumple con el art. 1430 de Código Civil, empero dichos reclamos no han sido mencionados en su apelación, es decir pasó por alto las instancias de impugnación establecidas en nuestro ordenamiento procesal civil, siendo que dichos argumentos al ser traídos recién en casación no pueden ser considerados por este Tribunal, en sentido que no fueron resueltos por el Tribunal de segunda instancia al momento de su resolución, hecho contrario atraería la emisión de una resolución incongruente y ultra petita, ya que la resolución de casación debe circunscribirse precisamente en lo resuelto en segunda instancia y lo impugnado en apelación, lo que no ocurre en el presente caso, teniendo como apoyo de la convicción asumida a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.2.
Por otro lado, conviene también explicar con relación a los agravios formulados por la recurrente en los incisos segundo y tercero al sostener que el Auto de Vista recurrido declaró inadmisible el recurso de apelación en forma deliberada y parcializada, amparándose en el art. 218.II num. 1) inc. b) del Código Procesal Civil, por lo que examinando estos agravios tal como fueron planteados en la apelación (fs. 100 a 101), bajo el acápite II Agravios de la Sentencia Resolución Nº 667/2016, a más de haber repetido sobre el planteamiento de su demanda y su pretensión, no señala que norma se habría violado, no explica de qué forma la resolución de primera instancia hubiere afectado algún derecho de la ahora recurrente; es decir, no concreta en términos claros que ley o leyes fueron infringidas, violadas o aplicadas indebidamente, o erróneamente interpretadas, tampoco acusa infracción legal alguna de una norma sustantiva o adjetiva civil, por lo que, el Tribunal Ad quem al declarar inadmisible el recurso de apelación ha obrado de manera correcta conforme al art. 218.II num. 1) inc.b) del Código Procesal Civil.
De lo examinado, se concluye la importancia que tiene la identificación del error, vulneración o infracción en el recurso de casación y el consiguiente cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, en consonancia a la doctrina aplicable descrita en el punto III.1 de la presente resolución, ante la exigencia legal de expresar con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas por el Ad quem, consiguiente al no haber dado la recurrente cumplimiento a la norma procesal referida, este Tribunal se encuentra constreñido a declarar la improcedencia del recurso.
Así planteados los agravios por la recurrente y siendo que los reclamos son de fondo y no atacan en la forma al Auto de Vista declarado inadmisible; además de no haber protestado al momento de formular su apelación e incumplido con la fundamentación exigida, por los arts. 271.II y 274.I nums. 2) y 3) del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 277.I del Código Procesal Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 100 a 101, presentado por Ricarda Chacón Arce, impugnando el Auto de Vista Nº S-448/2018, pronunciado el 16 de agosto, por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

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