Source: http://fundaeveritaslex.blogspot.com/2017/04/
Timestamp: 2018-12-19 05:59:01+00:00

Document:
Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum: abril 2017
Confucio: famoso filosofo chino, que vivió entre 551 – 479 AC.
Uno de sus alumnos preguntó ¿Qué es pensar correctamente?
Confucio respondió “Es saber usar la mente y el corazón, la disciplina y la emoción. Cuando se desea una cosa la vida nos guiará hacia ella, mas por caminos inesperados. Muchas veces nos dejamos confundir porque estos caminos nos sorprenden y entonces creemos que estamos yendo en la dirección equivocada. Por eso digo: déjate llevar por la emoción, pero mantén la disciplina de seguir adelante”.
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SEMANA SANTA NO LABORABLE PARA EL SECTOR PÚBLICO
http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/04/07/gaceta-oficial-decreto-numero-41-129-de-dias-no-laborables-para-semana-santa/
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RECURSO DE CASACIÓN Y NORMAS CONSTITUCIONALES
Sala de Casación Social N° 205 / 22-3-2017
“A los fines de resolver la denuncia, aprecia la Sala que la parte actora recurrente delata una norma de rango constitucional e infracción de normas propias del derecho sustantivo, por lo que procederá a dividir el estudio de la denuncia en los siguientes términos:
Con relación a la infracción del artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo contenido establece que “(…) Ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias (…)”, esta Sala señala el criterio asentado en sentencia Nro. 171 de fecha 14 de junio de 2000, caso: Franklin Ramón Gavidia contra C.A. Electricidad de Occidente (Eleoccidente), en lo relativo a la no competencia para conocer de la delación de normas de rango constitucional, el cual establece:
(…) se le advierte al formalizante que no es posible para esta Sala de Casación Social revisar violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 ordinal primero de la Constitución publicada en 1999; y por cuanto sólo son objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de forma inmediata en el caso concreto.
El precitado criterio jurisprudencial fue ratificado por esta Sala en sentencias Nros. 630 de fecha 16 de junio de 2005 (caso: José Cristóbal Isea y otros contra C.A. Electricidad de Occidente (Eleoccidente) y 671 de fecha 30 de abril de 2009 (caso: Neida Beatriz Sánchez de Portillo contra Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), por lo que se desestima el estudio de la infracción del artículo 90 de la Carta Magna. Así se establece”.
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Etiquetas: Sala de Casación Social
DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL SIN BENEFICIOS PROCESALES
Sala Constitucional N°91 / 15-3-2017 / Vinculante
“… establece, con carácter vinculante que no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena a los que resulten condenados, mediante sentencia definitivamente firme, por la comisión de los delitos de violencia sexual, cometido en forma continuada, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, prostitución forzada, esclavitud sexual, tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; y de los delitos explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada y abuso sexual a niños y adolescentes, cometido en continuada, contemplados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, establece que, cuando la víctima agredida de los delitos antes señalados, sea niño, niña y adolescente de menor edad, empezará a computarse el lapso de prescripción de la acción penal desde el día en que la víctima cumpla su mayoría de edad o desde el día que fallezca la víctima menor de edad”.
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CAUCIÓN PARA LOGRAR LA SUSPENSIÓN DEL LAUDO ARBITRAL
Sala Constitucional N° 108 / 20-3-2017
“… establece que la exigencia de la caución para lograr la suspensión del laudo arbitral cuya nulidad se recurre, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, no constituye un formalismo excesivo, ni resulta lesivo a los derechos constitucionales del solicitante de la suspensión de efectos del laudo impugnado, la aplicación de la consecuencia jurídica por su incumplimiento”.
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ESTIMACIÓN DE DAÑO MORAL POR INFORTUNIO LABORAL
Sala de casación Social N° 225 / 22-3-2017
“De esta manera, la actividad de esta Sala en la presente denuncia queda supeditada a verificar la procedencia de la reducción efectuada por el ad quem, entre los dos montos, lo que representa la diferencia de Bs. 40.000,00 por concepto de daño moral, en virtud de no poder considerar agravantes para una mayor estimación pues el actor no interpuso recurso de apelación sobre el monto acordado por la primera instancia, conformándose con el monto otorgado por el a quo por concepto de daño moral.
Así las cosas, en cuanto a la inconformidad manifestada por la formalizante, respecto a la cuantificación del daño moral que realizó el juez de alzada, la Sala advierte que constituye criterio reiterado, que la estimación del daño moral pertenece a la discreción, prudencia, calificación y estimación del juez; no obstante, ésta no puede ser arbitraria, sino que se debe producir atendiendo a las consideraciones que reiteradamente se han establecido, a los fines de controlar la legalidad del quantum fijado, por lo que el ad quem debe exponer en la motiva las razones que justifiquen su procedencia, calificación, extensión y cuantía.
Respecto a la cuantificación de la indemnización por daño moral la sentencia recurrida sostuvo lo siguiente:
Pasa este Tribunal a analizar los aspectos a considerar para el cálculo de lo correspondiente por este concepto:
La entidad del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales): En fecha 18 de agosto de 2012, al ciudadano JOEL RICARDO ESPINOZA GONZALEZ (sic), le fue emitida certificación No. 0523-2012, por el (sic) DIRESAT MIRANDA DELEGACIÓN DE PREVENCIÓN ‘JESUS (sic) BRAVO’ adscrito al INPSASEL, en la cual se establece una discapacidad permanente del 67% por discopatía lumbosacra, hernia discal L3-L4, L4-L5 y L5-S1.
Dicha enfermedad si cumple con los requisitos de la definición de enfermedad de trabajo El actor labora para la demandada desde el 20-01-97. La enfermedad se originó porque el actor realizaba a favor de la demandada movimientos repetitivos de miembros superiores, de ambos brazos para manipular las cestas con producto terminado con diferentes pesos y cantidades variadas, así como halaba y empujaba las pilas de cestas desde el piso directamente y con los carros contentivos de pan llamado Dolly, realizaba rotación, lateralización, flexión, extensión de tronco de forma contenida, con posturas de bipedestación, prolongada, riesgo disergonómico, levantamiento de carga por encima de los hombros. Al folio 25 de la primera pieza se constata que laboró horas extras.
El actor ha quedado limitado para la ejecución de aquellas actividades que requieran de manipulación, levantamiento y traslado de cargas, movimientos repetitivos y continuos de miembros superiores, brazos fuera del plano de trabajo. La discapacidad permanente del 65% suele afectar la autoestima, la interacción en el medio laboral y social. Suele ir acompañado de ansiedad y pesadumbre. Consta de Inspección Judicial llevada a cabo por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, en fecha 11 de agosto de 2015, folio 195 al 198 del presente expediente, que el actor padeció de dolores moderados en la parte baja de la espalda. Deja constancia de los reposos, de los exámenes radiológicos, resonancias magnéticas.
b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva): El ente demandado, no cumplió con todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar los riesgos, concretamente, para el momento en que se investigó la enfermedad, el patrono (omissis) no tenía elaborado el Programa de Seguridad y Salud, con participación de los trabajadores ni estaba aprobado por el Comité de Seguridad Laboral, por lo cual incumplió con los artículos 56, numeral 7º (sic), artículos 61, 48 de la LOPCYMAT, artículos 80, 81 y 82 del Reglamento de dicha Ley; no se hacían exámenes médicos post vacacionales.
c) La conducta de la víctima: No consta que el actor fuera distraído, que infringiera, quebrantara, obviara, desobedeciera de manera voluntaria instrucciones del patrono sobre seguridad postural. No consta que la enfermedad fuera (omissis) consecuencia de niveles de colesterol (omissis)
d) Posición social y económica del reclamante: No consta que el trabajador tuviera nivel universitario ni que fuera profesional técnico calificado, lo que se observa es que tiene 45 años de edad, es un hombre en edad productiva, consta que culminó el Bachillerato, vive en un Barrio en Guarenas.
e) Los posibles atenuantes a favor del responsable: Se le realizaron exámenes médicos pre empleo. El actor reconoce que se le dieron cursos, talleres sobre seguridad e higiene en el trabajo, reconocimiento hecho tanto en la demanda como en la Audiencia (sic) celebrada ante esta Alzada (sic). La empresa no lo ha despedido sigue en la nómina cobrando salario, aguinaldo, bono vacacional. Consta al folio 19 de la primera pieza que la demandada, para el momento de la investigación de la enfermedad contaba con Supervisor de Seguridad e Higiene; diez (10) Delegados de Previsión y Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se habían realizado elecciones de tales delegados; el Servicio de Seguridad y Salud (denominado MEDINTEGRAL CA) si esta (sic) organizado y en funcionamiento desde el año 2009, por lo cual se cumplía con los artículos 39, 40 numeral 5º y 56 numeral 15º, 53 numeral 10º, artículos 20, 21 al 27 del Reglamento de la LOPCYMAT (folio 22 de la primera pieza). (omissis) Consta de Informe realizado por el INPSASEL (omissis) que la demandada tiene un programa de formación y capacitación teórica suficiente, adecuada y práctica en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual da cumplimiento al articulo (sic) 53 numeral 2º de la LOPCYMAT, así como el artículo 12, numeral 6º (sic) del Reglamento de dicha Ley. Los trabajadores se encuentran inscritos en el IVSS, por lo cual se cumple con el artículo 6º de la LOPCYMAT y artículo 63 del Reglamento de la LOPCYMAT. La demandada declara los accidentes y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL por lo cual cumple con el artículo 40 numeral 10º, articulo (sic) 56 numeral 11º, artículo 73, 83 y 84 de la LOPCYMAT. La demandada suministra los equipos de protección personal adecuados por lo cual cumple con el artículo 53 numeral 4º (sic), 62 numeral 3º (sic) de la LOPCYMAT y 793 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en lo sucesivo RCHST y Norma Venezolana CONVENIN 2237 (folio 23 de la primera pieza). La demandada realiza estadísticas de accidentes laborales. Al folio 25 de la primera pieza se observa que el actor siempre disfrutó oportunamente de sus vacaciones.
f) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad: No sufrió el trabajador ninguna amputación, no se observan cicatrices externas ni deformaciones degradantes como consecuencia del accidente que comprometan su apariencia física. En consecuencia, la retribución debe circunscribirse en determinada cantidad de dinero, más aún cuando el actor sigue prestando servicios para la demandada.
g) Referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto: Se puede concluir que dado que la demandada se trata una empresa con reconocimiento nacional e internacional, la cual desarrolla múltiples actividades en el país, este Juzgado por vía de equidad considera prudente fijar la cantidad de Bs. 100.000,00, como indemnización por concepto de daño moral. Así se decide.
Por las razones expuestas, considerando que el accidente de trabajo produjo al actor una DISCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE del 67%, considerando el grado de responsabilidad del patrono, la actitud del trabajador, las atenuantes, se condena a la demandada a cancelar al actor la cantidad de CIENTO (sic) MIL BOLIVARES (sic) EXACTOS (Bs. 100.000,00), como indemnización por concepto de daño moral. Y así se declara. En este sentido se modifica el fallo recurrido por cuanto se consideraron como atenuantes el cumpliendo de las normas de la LOPCYMAT antes especificadas. (Énfasis de la Sala)
De la transcripción anterior se evidencia, que el sentenciador al cuantificar el daño moral, resolvió todos y cada uno de los puntos sometidos a su consideración, en particular realizó un análisis de la entidad del daño corporal y psíquico causado a la parte accionante, el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el infortunio, la conducta de la víctima, la posición social y económica del accionante, la capacidad económica de la empresa accionada, los posibles atenuantes a favor de la demandada, el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente y la referencia pecuniaria estimada, para tasar la indemnización que considera justa y equitativa en la cifra de Bs. 100.000,00 modificando lo decidido por el a quo.
De esta manera, el ad quem al momento de aplicar los parámetros que ha considerado esta Sala para la estimación del daño moral específicamente los aspectos relativos a la entidad del daño y el grado de culpabilidad del accionado evidenció incumplimientos del patrono a las normas sobre seguridad y salud en el trabajo y que se desprenden del informe de investigación de origen de enfermedad ocupacional emitido por el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, concretamente: estar expuesto el trabajador a riesgos disergonómicos por procesos peligrosos y condiciones de trabajo -por 15 años- que agravaron lesiones músculo-esqueléticas y que le ocasionaron discopatía lumbosacra: hernia discal L3-L4, L4-L5 y L5-S1 considerada, mediante certificación No. 0523-2012, del 18 de agosto de 2012, emitida por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, como enfermedad agravada por el trabajo que le ocasionó al actor una discapacidad total permanente para la labor habitual, así como, la labor prestada en horas extras, no tener el patrono elaborado e implementado el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ni hacer seguimiento a la práctica de los exámenes médicos post-vacacionales.
Por su parte, al aplicar la recurrida otro de los parámetros que ha considerado esta Sala para la estimación del daño moral en especial el relativo a los atenuantes a favor de la demandada evidenció, del informe de investigación de origen de enfermedad ocupacional, el cumplimiento por parte del patrono de algunos de los deberes contenidos en las normas sobre seguridad y salud en el trabajo -constatados igualmente por el a quo- referentes a: suministrar al actor de los equipos de protección personal adecuados, realizar su inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, realizar la declaración de la enfermedad y cumplir con la reubicación del actor en otras actividades dentro de la entidad de trabajo conforme a su capacidad residual, por lo que sigue en la nómina cobrando salario y demás beneficios laborales.
Ahora bien, en cuanto a las razones que tuvo el juez de la alzada para modificar la sentencia del tribunal de la causa y reducir el monto por la indemnización de daño moral observa esta Sala que el ad quem constató adicionalmente otros atenuantes a favor de la demandada, que se desprenden del informe de investigación de origen de enfermedad emitido por el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, relativos a los siguientes cumplimientos del patrono a las normas sobre seguridad y salud en el trabajo -no observados por el a quo-, a saber:
1) Que la empresa realizó exámenes médicos pre-empleo al accionante (folio 26 de la pieza Nro. 1);
2) Que el empleador cuenta con un Supervisor de Seguridad e Higiene y con Delegados de Prevención electos (folio 21 de la pieza Nro. 1);
3) Que la empresa permitió el disfrute oportuno de las vacaciones al accionante (folio 25 de la pieza Nro. 1);
4) Que la demandada cuenta con un programa de formación y capacitación teórica suficiente, adecuada, práctica y periódica en materia de seguridad y salud en el trabajo (folio 23 de la pieza Nro. 1);
5) Que el empleador le impartió al actor cursos y talleres sobre seguridad e higiene en el trabajo, observando esta Sala al extremar sus funciones del contenido del informe de investigación del INPSASEL (folio 26 de la pieza Nro. 1), que solo se constató que el actor recibió charla de ergonomía como parte de la formación teórica en fecha 22 de mayo de 2009 e inducción en el mes de junio de 2012; no obstante, el ad quem no refiere que la formación impartida fuera de manera periódica y suficiente desde el ingreso, como arguye el recurrente, por lo cual, este elemento no fue considerado por la alzada como cumplimiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
De lo expuesto se desprende que el juez de alzada, al establecer el monto por daño moral condenado, tomó en consideración lo establecido del análisis y valoración de las pruebas aportadas por las partes, dentro de las cuales se encuentra el informe de investigación de origen de enfermedad emitido por el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dejando constancia de la conducta asumida por la demandada y la existencia del cumplimiento parcial de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, por lo que, el sentenciador de alzada, no incurrió en el vicio de incongruencia delatado declarándose sin lugar este aspecto de la denuncia.
De igual manera señala esta Sala que, al quedar comprobado la existencia del cumplimiento parcial del patrono a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, el juzgador de alzada no incurrió en falsedad o manifiesta ilogicidad de la motiva del fallo toda vez que no se observa de la motivación de la recurrida que la misma sea en forma alguna absurda o que no permita conocer el criterio jurídico seguido por el juez para considerar que con motivo de la existencia de otros atenuantes a favor de la demandada, como uno de los parámetros que se ha establecido por la jurisprudencia de esta Sala, era prudente reducir la estimación de la indemnización por daño moral de Bs. 140.000,00 a Bs. 100.000,00, lo cual realizó a la luz de su soberana apreciación de los hechos y exponiendo las razones que justificaron su procedencia, calificación, extensión y cuantía. En virtud de lo anterior, debe desestimarse la presente denuncia. Así se declara”.
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CUMPLIMIENTO DE CONTRATO MAS DAÑOS Y PERJUICIOS
Sala Constitucional N° 103 / 20-3-2017
“… conforme a lo dispuesto en el artículo 1.167 del Código Civil, establece que la ejecución o cumplimiento de un contrato puede ser exigida judicialmente conjuntamente con los daños y perjuicios estipulados en alguna cláusula penal del mismo, no existiendo en estos casos acumulación indebida o prohibida, pues no se trata de acciones excluyentes o contrarias entre sí, al tiempo que ambas se tramitan por el mismo procedimiento ordinario”.
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DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL SIN BENEFICIOS PROCESA...
CAUCIÓN PARA LOGRAR LA SUSPENSIÓN DEL LAUDO ARBITR...

References: artículo 90
 artículo 266
 artículo 90
 artículo 43
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 63
 artículo 40
 artículo 73
 artículo 53
 artículo 1