Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520221.html
Timestamp: 2019-03-26 08:21:24+00:00

Document:
as201521221
Auto Supremo: 221/2015
Sucre: 6 de Abril 2015
Expediente: SC– 1 – 15 – S
Partes: Marioli Sosa Garnica c/ Cristina Cayo de Sandoval, Lola Gonzales
Baldelomar, Adela Chacollo Quispe, Lourdes Mamani Quispe, Juan
José Ossio Vargas, María Fatima Chamo Masai, Hilda Solíz Cuellar y
Nelly Pérez Montenegro
Proceso: Acción de reivindicación, entrega y desocupación de inmueble
VISTOS: El recurso de casación de fs. 316 a 320, interpuesto por Marioli Sosa Garnica, contra el Auto de 29 de octubre de 2014, cursante a fs. 314 a 315, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por Marioli Sosa Garnica contra Cristina Cayo de Sandoval, Lola Gonzales Baldelomar, Adela Chacollo Quispe, Lourdes Mamani Quispe, Juan José Ossio Vargas, María Fátima Chamo Masai, Hilda Solíz Cuellar y Nelly Pérez Montenegro; la respuesta al recurso de fs. 322 a 323; el Auto de concesión de fs. 324; los antecedentes del proceso, y:
Marioli Sosa Garnica, por memorial de fs. 13 a 15, adjuntado las literales de fs. 1 a 12, interpone demanda de Reivindicación, Entrega y Desocupación de Inmueble contra Cristina Cayo de Sandoval, Lola Gonzales Baldelomar, Adela Chacollo Quispe, Lourdes Mamani Quispe, Juan José Ossio Vargas, María Fátima Chamo Masai, Hilda Solíz Cuellar y Nelly Pérez Montenegro.
Señala, ser legitima propietaria del inmueble ubicado en la zona Sud Oeste, UV. 8, Mz. Nº 10 de la ciudad de Santa Cruz, con una superficie de 307.50 m2 según título y 312.09 m2 según mensura, mismo que lo hubo en compra venta de la señora Marina Ulloa Daza Vda. de Peña, cuyo derecho propietario se encuentra registrado en oficinas de Derechos Reales, bajo la matricula Nº 7011990011696 del Registro de Propiedades de la Capital en fecha 17 de junio de 2007, así lo tiene acreditado con la documentación adjunta a su demanda.
Denuncia que la señora Lorenza Montero Pinto, apoderada de la señora Casta Pinto Molina (primer dueña), habría dado en calidad de anticresis algunas de las piezas habitacionales del inmueble de su propiedad en favor de los demandados, quienes se encontrarían viviendo en el mismo varios años en calidad de anticresistas. Según versiones de la demandante se habrían generado problemas personales con los anticresistas; quienes estarían afectando su reputación y honorabilidad, poniendo incluso en riesgo la estabilidad emocional de su padre enfermo de diabetes, creando un ambiente de pánico y zozobra a quienes habitan en el inmueble, además señala que los ahora demandados habrían interpuesto un interdicto de retener la posesión ventilado en el Juzgado 15 avo. de Instrucción en lo Civil, mismo que fue declarado probado en favor de los anticresistas.
La demandante considera que estos señores resultan ser simples detentadores que pretenden apropiarse de su inmueble, amparados en sus documentos de anticresis que carecerían de legalidad por no reunir los requisitos mínimos exigidos por ley para su validez, debiendo reclamar sus derechos a la anterior propietaria con quien hubieran firmado dichos documentos privados.
Por lo que al encontrarse en ilegal posesión de su inmueble, amparada en los arts. 105 .I, .II y 1453 del Código Civil y 327 del Código de Procedimiento Civil, demanda acción reivindicatoria, entrega y desocupación de inmueble, más el resarcimiento de daños y perjuicios, conforme lo dispone el art. 984 y 994 del Código Sustantivo de la Materia, pidiendo se declare probada su demanda.
Citados los demandados, mediante memorial de fs. 50 oponen excepciones al amparo de los incs. 8) y 9) del art. 507 del Código de Procedimiento Civil, mismos que son rechazados por ser excepciones previstas para procesos ejecutivos y no ordinarios, posteriormente contestan la demanda fuera del término previsto por ley, por lo que es rechazado su memorial.
Sustanciado el proceso en primera instancia el Juez Primero de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, mediante Sentencia de 07 de marzo de 2014, cursante de fs. 277 a 281 y vta., declaró improbada la demanda. Contra esa Resolución de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de 29 de octubre de 2014, confirma totalmente la Sentencia apelada; en contra de esta última Resolución de segunda instancia la demandante recurre de casación en la forma, mismo que se pasa a considerar y resolver.
Del contenido del Recurso de Casación se resume lo siguiente:
Acusa, falta de respuesta por parte del Tribunal de Apelación a los fundamentos expuestos en su recurso de apelación. La negación del Tribunal Ad quem a pronunciarse sobre dichos argumentos por supuesta “falta de perjuicio”; no sería fundamento suficiente para justificar que este Tribunal no hubiera ingresado a valorar los presupuestos esgrimidos, vulnerando los principios de pertinencia, congruencia y exhaustividad previstos en el art. 236 del Código Adjetivo con relación al art. 227 del mismo cuerpo legal, en el entendido de que el recurso de apelación contenía innumerables agravios cometidos por el Juez de Primera Instancia a tiempo de dictar la Sentencia, mismos que no habrían sido considerados por el Tribunal de Alzada, esta Resolución resultaría ser infrapetita, por lo que solicita a este Tribunal anule el Auto de Vista por infracción al art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.
Reitera inexistencia de pronunciamiento a los puntos reclamados en la apelación, por lo que dicha Resolución objeto del presente recurso sería incompleta y delimitada, por no contener los elementos constitutivos pretendidos y observados. Si bien la Resolución indica inexistencia de perjuicios, estos fueron desarrollados in extenso en el recurso de apelación; mismos que no habrían sido considerados por el Tribunal de Alzada, el Auto de Vista no habría aceptación ni rechazo de su requerimiento, de acuerdo a lo establecido el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, habiéndose atentando el debido proceso y la seguridad jurídica. El pronunciamiento leve que hizo el Tribunal no constituiría respuesta al recurso de apelación, no se dio respuesta a todos los fundamentos observados, el leve comentario reitera no respondió a la verdad histórica de los hechos, lo cual comportaría agravio a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y con la finalidad de restablecer su derecho a la seguridad jurídica, solicita a este Tribunal de Casación dicte Auto Supremo Anulando la Resolución recurrida, amparado en el art. 254 num. 4), 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
Del análisis del recurso se advierte que el mismo en su estructura a manera de antecedente hace una transcripción de la apelación sin variante alguna, para posteriormente cuestionar dos aspectos de forma: 1) la falta de respuesta a los fundamentos del recurso de apelación y 2) falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada a los puntos apelados.
Antes de ingresar a considerar los agravios acusados, es necesario precisar que, el nuevo orden de las nulidades procesales nos emplaza que ésta es una decisión de ultima ratio, solución excepcional cuando no se encuentre otro medio procesal para subsanar las irregularidades en proceso, siempre bajo la aplicación de los principios procesales y se vulnere al debido proceso en cualquiera de sus elementos con incidencia directa al derecho a la defensa, a esto el Auto Supremo N° 83/2013 señala que “…la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”, criterio coherente con el art. 16 par. I de la Ley N° 025 que dice: “Las y los Magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a Ley”.
En tal razón, resulta inadecuada la aplicación de una decisión anulatoria de obrados cuando el recurso de apelación no contenga la expresión de agravios requerida, más aun teniendo presente que el recurso de apelación defectuoso no constituye un acto procesal viciado o que afecte al debido proceso y ofenda al derecho a la defensa del contrario, sino que es una eventualidad propia del proceso imputable al impugnante, que no afecta al desarrollo de la causa y por ende al derecho de las partes.
1).- En cuanto a la falta de respuesta al recurso de apelación:
Si bien el Principio de Impugnación Garantiza el derecho de las partes de apelar ante los de Alzada, Resoluciones que presuntamente les causa un agravio, se debe tomar en cuenta que los agravios formulados en apelación resultan esenciales a momento de la Resolución de Alzada, pues los límites de la apelación están dados por la formulación de agravios expuesta en el recurso, que abre materialmente la competencia del Tribunal de segunda instancia, por lo que los recurrentes a momento de recurrir deben tener la prudencia necesaria para precisar los agravios que la Resolución apelada le habría causado, toda vez que es de responsabilidad ineludible e inexcusable de la parte apelante, cumplir con la debida fundamentación de agravios concretando e individualizando cómo y en que forma la Resolución apelada ha conculcado sus derechos. Si bien los arts. 219 y 227 del Código Adjetivo Civil no imponen una técnica explicita de formulación del recurso apelación, como lo exige el art. 258 del mismo cuerpo legal para el caso del planteamiento del recurso extraordinario de casación, la ausencia de agravios o una inadecuada formulación de estos limita o impide la consideración de los mismos por parte del Tribunal de Alzada.
En cuanto a que existiría violación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil con relación al art. 227 del mismo cuerpo de leyes, la recurrente señala que el Auto de Vista no habría dado respuesta a los fundamentos esgrimidos en el recurso de apelación, en este contexto, el Tribunal de Alzada a través del Auto de Vista recurrido consideró “que el recurso de Apelación no contenía agravios y no se encontraba fundamentado, conforme lo establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; lo que significa que, en el caso de Autos la parte demandante tenía la obligación de señalar los agravios sufridos con la Sentencia de primer grado, debidamente fundamentados, señalando en derecho como y de qué forma se le causó agravios, no indica qué errores, omisiones o deficiencias fueron cometidas con la Resolución, aspectos que no fueron cumplidos por la parte demandante.
Del análisis de obrados, se entiende que la apelante solo procedió a realizar una relación de cuanto ocurrió en el proceso, existiendo sobre todo una exposición que solo manifiesta su disconformidad con el fallo, llegando a la conclusión el Tribunal de Alzada que el recurso carece de agravios y fundamentación, como para que se aperture su competencia, en consecuencia confirmando la Sentencia apelada, en razón de que el error en la argumentación de agravios es exclusivamente imputable a la parte apelante. No siendo evidente que el de alzada no se habría pronunciado sobre el recurso de apelación. Es en este contexto que el Tribunal de Segunda Instancia emitió el Auto de Vista de 29 de octubre de 2014, cursante a fs. 314 a 315, donde realizo un análisis global del recurso de apelación, al efecto consideró que la apelación no habría sido debidamente fundamentada, no se habría acreditado los errores y equivocaciones en los que habría incurrido el Juez A quo y que lógicamente le hubieran ocasionado agravios, requisito indispensable, esencial e inexcusable que fija el ámbito jurisdiccional del Tribunal de Alzada, por lo que no se evidencia el agravio denunciado.
Al margen de lo claramente expuesto, cabe reiterar lo delineado por este Tribunal en sentido que si el recurrente advierte que no se hubiese resuelto o pronunciado sobre alguno de sus agravios expuestos en su recurso de apelación, le correspondía ejercitar la facultad de solicitar complementación al fallo dictado para obtener una decisión concreta que viabilice su recurso conforme le faculta y en el plazo indicado por el art. 196 num. 2) y 239 del Código de Procedimiento Civil, en el caso que nos ocupa no se advierte que la ahora recurrente hubiera hecho uso de dicha facultad, por lo que no existe justificación para que este digno Tribunal pueda anular el Auto de Vista.
Sobre el particular podemos citar el Auto Supremo: 93/2012 de 26 de abril, que sobre el particular señala: “El Auto Supremos Nº 11 de fecha 16 de enero de 1997 ha establecido”…Si, el Tribunal ad quem no resolvió los extremos extrañados por el recurrente, a él, le correspondía ejercitar la carga de solicitar complementación en el plazo indicado por el art. 196-2) y 239 del Código de Procedimiento Civil, para obtener una decisión concreta que viabilice su recurso…”
No obstante habiendo advertido la recurrente esta falta en su pronunciamiento por el Tribunal de Alzada, no le correspondía activar en forma directa el recurso de casación, sino el recurso de complementación y enmienda toda vez que aun contaba con el deber de agorar las vías legales antes de interponer nueva demanda de puro derecho, como es el recurso de casación.
2).- En relación al que no se habría dado respuesta a los puntos de apelación:
Se debe señalar, que de la revisión del recurso de apelación es evidente que este carece de fundamentación y agravios que no se encuentran debidamente precisados. Sin embargo de la lectura integra de la apelación se entiende que la apelante ahora recurrente cuestiono esencialmente que las personas que se encuentran viviendo en el inmueble de su propiedad serían simples detentadores que pretenden convertirse en poseedores, en merito a contratos de anticresis que poseen, mismos que serían ilegales por no haber cumplido con los requisitos exigidos por ley para su validez, aspecto que fue percibido por los de Alzada quienes tal como se expuso en el punto anterior determinaron primero que el recurso de apelación carece de una expresión de agravios; y por otra en relación a la supuesta ilegalidad de los contratos y la posesión de los anticresistas que representa el único reclamo divisado en apelación el Tribunal Ad quem en el Auto de Vista recurrido razono y resolvió este aspecto en el segundo considerando señalando textualmente que: “en el caso de Autos está por demás demostrado que las demandadas detentan legalmente el inmueble en cuestión en mérito a un contrato de anticresis, situación que constituye una verdad material, formal y procesal, toda vez que existe sobre el particular una Sentencia la misma que cursa a fs. 40 a 45. Además el Juez A quo, valoró la prueba en base a las reglas de la sana crítica y prudente criterio conforme lo establece el art. 397 del Código de Procedimiento Civil”, dando a entender que los anticresistas hoy demandados se encuentran detentando parte del inmueble de manera legal en merito a los contratos suscritos con la anterior propietaria, (hecho que era de conocimiento de la actual propietaria), por lo que no resulta evidente que no se haya dado respuesta a los puntos impugnados en consideración de lo expuesto supra.
Por todo lo señalado precedentemente, se concluye que el Ad quem consideró correctamente la normativa aplicable al presente caso, correspondiendo a éste Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley 025 del 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 316 a 320 interpuesto por Marioli Sosa Garnica contra el Auto de Vista de 29 de octubre de 2014 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que cursa a fs. 314 y 315. Con costas.
Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 42