Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400275.html
Timestamp: 2019-03-26 04:52:50+00:00

Document:
se201401275
SENTENCIA: 275 /2014.
EXP. N° : 111/2008.
PARTES: Roberto Laura Barrón contra la Superintendencia General del Servicio Civil (SGSC).
Pronunciado en la demanda contencioso administrativa seguida por Roberto Laura Barrón contra la Superintendencia General del Servicio Civil (SGSC), actualmente Dirección General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 157 a 165, impugnando la Resolución Administrativa SSC/IRJ/145/2007 de 4 de diciembre, pronunciada por la SGSC; la providencia de admisión de la demanda de fs. 175; la contestación a la demanda de fs. 198 a 204; los memoriales de réplica y dúplica de fs. 208 a 215 y 219 a 221; los antecedentes procesales y los de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: El demandante, manifiesta que a través de la Ley Nº 1752, se implementó el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), a ser ejecutado por el Congreso Nacional, estableciendo dentro de sus objetivos la modernización del Poder Legislativo y entre sus principales componentes el fortalecimiento a las Comisiones Legislativas y la Reestructuración Administrativa, situación ésta que permitiría la incorporación de Secretarios Técnicos, quienes ingresaron a la comisión conforme a los Reglamentos Generales de ambas Cámaras, concordante con el Reglamento de Brigadas Departamentales.
Señala que en virtud a este Contrato de Préstamo Nº 976/SFBO suscrito entre la República de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobado por la Ley Nº 1752 de 10 de octubre de 1996, la Presidencia del H. Congreso Nacional, emitió convocatorias públicas para la contratación de Secretarios Técnicos de Comisión, que en sus inicios se encontraba conformada por el Presidente Nato del Congreso Nacional y Vicepresidente de la República y los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, por tales antecedentes, la SGSC no debió calificarle de funcionario irregular, más aún si se considera que por Resolución de Directiva R.D. Nº 1501/95-96 de fecha 30 de julio de 1996, que aprueba el Reglamento para el cargo de Secretario Administrativo de Comisión, en cuyo art. 6 establece: la selección de postulantes se efectuará mediante convocatoria pública, a través de medio de circulación nacional.
Asimismo refiere que la Comisión de Modernización Legislativa al emitir la Resolución Nº 31/98 de 1 de junio, resolvió: “Que los Secretarios Técnicos antiguos deben pasar a las planillas de las Cámaras a partir del 1 de junio, razón por la cual su contrato culminó el 31 de mayo de 1998, siendo por ello necesario aprobar los informes de fin de contrato de los Secretarios Técnicos de Comisión”. En cumplimiento a la referida resolución, arguye haber sido incorporado a la planilla con el Ítem 121-1 en el cargo de Secretario Técnico, como servidor público, en el que la Cámara de Senadores realizaría la evaluación de su desempeño de acuerdo al Manual de Evaluación al Desempeño aprobado por la Cámara, enmarcado en la Resolución Suprema Nº 217064 Normas Básicas de Administración de Personal de 23 de mayo de 1997.
Indica que la Resolución Camaral R. Nº 025/98-99 de 19 de octubre de 1998, que aprobó el Reglamento General de la Cámara de Senadores, señala en su art. 50, que las Comisiones contarán con el necesario apoyo técnico, administrativo y presupuestario, cuya coordinación la realizará un Secretario Técnico, como funcionario de apoyo permanente a la Comisión. Señala asimismo, que los Secretarios Técnicos son profesionales que gozan de estabilidad funcionaria, su designación se rige por el Sistema de Dotación de Personal, para la carrera funcionaria del Congreso Nacional, respaldado además por los arts. 205 y sgtes., existiendo en tal virtud personal administrativo de carrera y personal de libre designación, cuyo desempeño se rige en el marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales (LEY SAFCO).
Expresa, que a la vigencia plena de la Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público (LEFP), por imperio de la Ley 2104 Modificatoria a la Ley 2027, a los 90 días posteriores a la posesión del Superintendente General del Servicio Civil, los Secretarios Técnicos de las Cámaras de Senadores y Diputados, independientemente de la forma que se produjo su ingreso, “forman parte de una carrera administrativa establecida” y regulada por decisión del Poder Legislativo, con carácter previo a la vigencia del mencionado Estatuto (Ley 2027). Añade, que sumado a ese reconocimiento se ha constatado que el ingreso de Técnicos al Poder Legislativo se produjo a través de procesos de selección públicos y competitivos, por ello, de la abundante normativa desarrollada por la SGSC, sin duda los Secretarios Técnicos son servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa establecida por el Poder Legislativo y gozan de estabilidad funcionaria.
En base a dichas consideraciones, afirma que la desvinculación por memorándum D.A.P (b) Nº 132/2007 de 30 de julio, firmado por el Oficial Mayor del H. Senado Nacional, resulta arbitraria e ilegal, medida eminentemente política y violatoria de los principios, procedimientos y normas legales resumidas en los arts. 40, 41, 43 y 70 de la Ley 2027 LEFP, art. 52 y 99 del Reglamento General de la H. Cámara de Senadores y art. 31.V del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (SAP), en tal sentido manifiesta el demandante, que conjuntamente a otros funcionarios plantearon recurso de revocatoria, alegando haber prestado servicios de manera ininterrumpida en la misma entidad por más de siete (7) años, cumpliendo con la condición exigida en el art. 70 de la Ley 2027 LEFP, por lo que afirma ser funcionario de carrera administrativa, por determinación de los Reglamentos internos de la Honorable Cámara de Senadores, consiguientemente, no puede ser destituido con el sólo argumento de reestructuración funcionaria, situación que en ningún momento fue demostrado, cuando los Secretarios Técnicos Administrativos que aun ejercen funciones en la H. Cámara de Diputados, en la actualidad fueron reconocidos como funcionarios de carrera administrativa, habiendo ingresado bajo la misma modalidad y procedimiento.
Concluye señalando que fue desvinculado sin que medie ninguna de las circunstancias de retiro previsto por el art. 41 de la Ley 2027 LEFP, ni las fijadas por el art. 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) aprobada por el DS Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, solicitando admitir la acción contencioso-administrativa, deliberando en el fondo resolver en sentencia declarando probada la demanda, dejando sin efecto las Resoluciones Administrativas Nos. SSC-029/2007 de 11 de julio y SSC/IRJ/145/2007 de 4 de diciembre, disponiéndose su reincorporación como Aspirante a la Carrera Administrativa, con todos los derechos constitucionales y legales, así como el pago de sueldos devengados, más daños y perjuicios.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 175, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado en su condición de Superintendente General Interino del Servicio Civil, contestando negativamente la demanda por memorial presentado el 31 de julio de 2008, cursante de fs. 198 a 204, manifestando que:
Los fundamentos de la decisión adoptada por la SGSC, están claramente explicadas en la resolución que se impugna, señalando que los Secretarios Técnicos de las Comisiones de la Cámara Legislativa, de acuerdo al art. 70 de la Ley 2027 LEFP; son funcionarios de carrera aquellos que se encuentren desempeñando la función pública en la misma entidad, de manera ininterrumpida, por cinco años o más, independientemente de la fuente de su financiamiento, por siete años o más para funcionarios que ocupen cargos del máximo nivel jerárquico de la carrera administrativa o aquellos que desempeñen una función pública como efecto de su ingreso a la entidad a través del Programa del Servicio Civil.
Manifiesta que el Reglamento General de la Honorable Cámara de Senadores fue aprobado por Resolución Nº 025/98-99 de 18 de octubre de 1998 y sus modificaciones por Resolución Nº 061/01-02 de 29 de enero de 2002, en el que establecía en el art. 50 del primer reglamento citado, que los Secretarios Técnicos son profesionales que gozan de estabilidad funcionaria y su designación y funciones se rigen por el Sistema de Dotación de Personal para Carrera Funcionaria del Congreso Nacional. Por su parte el art. 52 del Reglamento modificado, cambiando la terminología “Sistema de Dotación de Personal para Carrera Funcionaria del Congreso Nacional” por “Sistema de dotación de Personal señalado en los Reglamentos Específicos de Organización Administrativa del Poder Legislativo, de la Ley 1178”, hace una similar mención respecto a los Secretarios Técnicos.
El último párrafo del art. 31 del Reglamento aprobado por R.D. Nº 053/00-2001 de 20 de septiembre de 2000, establece que los Secretarios Técnicos Administrativos:“son considerados servidores públicos de carrera administrativa por lo que están alcanzados por el presente Reglamento y por consiguiente, por el proceso de Dotación de Personal”.
Por tales antecedentes, afirma que los funcionarios que asumieron los cargos de Secretarios Técnicos de las Cámaras de Senadores y Diputados antes de la vigencia plena del Estatuto del Funcionario Público, forman parte de una carrera administrativa establecida y regulada, por decisión del Poder Legislativo, con carácter previo a la vigencia del mencionado Estatuto, de donde se concluye que la condición de funcionarios de carrera, en el marco del inc. c) del parágrafo I del art. 70 de la Ley 2027 LEFP, están reconocidos únicamente los Secretarios Técnicos que ingresaron a las Cámaras Legislativas con anterioridad a la vigencia plena del referido Estatuto, bajo las condiciones previstas en su normativa interna, esto es a través de proceso de selección públicos y competitivos.
En ese contexto, afirma que el demandante de acuerdo a lo manifestado por el Oficial Mayor de la Cámara Legislativa, sufrió discontinuidad en sus funciones dentro de la entidad, mereciendo el Informe Nº SSC/ISC-427/2007 de 4 de diciembre, por el que la Intendencia de Supervisión y Control, como entidad técnica especializada de la Superintendencia del Servicio Civil, estableció que el contrato administrativo J.P. Nº 210/98-99 feneció el 15 de diciembre de 1999, posteriormente fue recontratado el 1 de enero de 2000, existiendo un lapso de 15 días de interrupción, situación que rompe la continuidad. A esto se suma la presencia del Memorándum Div. A.P. Nº 230/2001-02 de 30 de septiembre de 2001, por medio del cual, se lo destituyó del cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas y seguidamente, el 1 de octubre de 2001, mediante Memorándum Div. A.P. Nº 048/2001-02, fue designado nuevamente como Secretario Técnico en la misma Comisión.
Señala que la nueva designación se la efectuó cuando la Ley 2027 LEFP y las NB-SAP se encontraban en plena vigencia, las mismas que establecen:“que los procesos de reclutamiento de personal en las entidades públicas deben estar fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, mediante convocatorias públicas internas o externas”, extremo que en el caso del demandante no se produjo, por no haberse seguido un nuevo proceso de selección.
Concluye señalando que al haber sufrido interrupciones en sus funciones como Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas de la Cámara de Senadores, perdió los derechos que el Estatuto del Funcionario Público reconoce a los funcionarios de carrera administrativa, en tal virtud la SGSC, carece de competencia para resolver el fondo de su reclamo, en atención al inc. a) del art. 61 de la Ley 2027 LEFP, es decir, conocer resolver recursos jerárquicos planteados por aspirantes o funcionarios de carrera, o funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de proceso disciplinarios, por lo que solicita pronunciar sentencia declarando improbada la demanda, sea con costas y multa del impetrante.
CONSIDERANDO III: Que así vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias recursivas de impugnación en sede Administrativa.
Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: Si Roberto Laura Barrón –demandante-, a momento de su retiro del cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas de la Cámara de Senadores, fue aspirante o funcionario de carrera administrativa; y si es evidente la vulneración de derechos y principios fundamentales causados por la autoridad demandada en la etapa recursiva de jerárquico. En ese marco y de la compulsa de los antecedentes procesales de fs. 1 a 224 y anexos, se llegó a las siguientes conclusiones:
1.-Como emergencia del Contrato de Préstamo Nº 976/SF-BO, suscrito entre Bolivia y el BID, aprobado mediante Ley Nº 1752, destinado al fortalecimiento de las Comisiones Legislativas y Reestructuración Administrativa, se procedió a la incorporación a través de convocatorias públicas de Secretarios Técnicos de Comisiones, entre los que figura Roberto Laura Barrón.
La Comisión de Modernización Legislativa emitió la Resolución Nº 31/98 de 1 de junio, en cuya parte pertinente señala:“Los Secretarios Técnicos antiguos deben pasar a las planillas de las Cámaras a partir del 1 de junio del mismo año, razón por la cual su contrato culminó el 31 de mayo de 1998, siendo por ello necesario aprobar los informes de fin de contrato de los Secretarios Técnicos de Comisión”(sic), razón por la cual, mediante Memorándum Nº J.P.0554/97-98 el actor es incorporado al cargo de Secretario Técnico, con ítem 121-1. dependiente del Poder Legislativo, con la posibilidad de ser evaluado periódicamente por la Cámara de Senadores, en el marco de las NB-SAP aprobada por Resolución Suprema Nº 217064 el 23 de mayo de 1997.
Por memorándum D.A.P (b) Nº 132/2007, firmado por el Oficial Mayor del H. Senado Nacional, comunicó al servidor público Roberto Laura Barrón Secretario Técnico de Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas, el agradecimiento de sus servicios a partir del 31 de julio de 2007, previo uso de vacaciones, por razones de reestructuración administrativa.
Ante tal determinación, el demandante mediante nota de 2 de agosto de 2007, interpuso recurso de revocatoria, amparado en los arts. 66 y sgtes. de la Ley 2027 LEFP, 14 de su Decreto Reglamentario y 67 de las NB-SAP, aprobado por DS Nº 26115, el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Reglamento de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos aprobado por DS Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001, alegando ser aspirante a la carrera administrativa y ser objeto de retiro arbitrario, solicitando se disponga la revocatoria de dicha determinación dejando sin efecto los memorándums respectivos, recurso que al no haber sido resuelto dentro del plazo fijado por el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, el actor ante el silencio administrativo mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2007, interpuso Recurso Jerárquico que fue resuelto mediante Resolución Administrativa SSC/IRJ/145/2007de 4 de diciembre, Desestimando el recurso, por carecer dicha entidad de competencia en los términos establecidos en el inc. a) del art. 61 de la Ley 2027 LEFP.
2.- Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se estableció, que es pertinente hacer algunas consideraciones legales: El art. 43 de la Constitución Política del Estado (CPE) -abrogada-, señala que una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. Por su parte el art. 44 del citado texto constitucional, refiere que:“El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración y contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función pública.”
En ese marco, la Ley Nº 2027 LEFP de 27 de octubre de 1999, modificada por Ley Nº 2104 Reglamento a la LEFP de 21 de junio de 2000, que entró en vigencia a los 90 días posteriores a la posesión del Superintendente del Servicio Civil, incorporó los derechos y deberes de los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de remuneración, sea en entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas.
Ahora bien, por determinación del art. 70 inc. a) de la Ley Nº 2027 LEFP, establece que: “Serán considerados funcionarios de carrera aquellos servidores públicos que en la fecha de vigencia del presente Estatuto, se encuentren comprendidos en las siguientes causales”: a) Desempeño de la función pública en la misma entidad de manera ininterrumpida por cinco o más años, independientemente de la fuente de financiamiento, concordante con el art. 36.I del DS Nº 25749 de 20 de abril de 2000 y art. 57 inc. a) del DS Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, los funcionarios públicos que desempeñen sus funciones en puestos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el art. 57.I del mismo cuerpo legal, es decir, funcionarios reconocidos en la carrera administrativa, son considerados funcionarios provisorios (denominados en situación irregular) con la oportunidad de ingresar a la carrera administrativa mediante procesos de convocatoria, consiguientemente, éstos servidores públicos no gozan de la estabilidad funcionaria establecidos en el art. 7 Parágrafo II inc. a) de la Ley Nº 2027 LEFP, en tal situación, excluye del alcance y aplicación del DS Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001, Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa.
En ese marco, conforme determina el art. 58 de la Ley Nº 2027 LEFP, que creó la Superintendencia del Servicio Civil, cuyas atribuciones están especificadas en el art. 61, entre las cuales: La de conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera, o funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingresos, promoción o retiro de la función pública; la de vigilar la implantación de la Carrera Administrativa; la de dirigir el proceso de transición para la aplicación plena del Estatuto del Funcionario Público. Con esas facultades la SGSC, en conocimiento del recurso jerárquico tramitó y resolvió en la forma mencionada, la misma que fue impugnada por el demandante.
Dentro de la normativa legal aplicable al caso, el art. 5 de la Ley Nº 2027 LEFP, al referirse a las clases de servidores públicos, establece dentro de su clasificación a los funcionarios de carrera, que son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa establecidas en el mismo Estatuto, cuyo art. 70 determina -en lo pertinente- que son considerados funcionarios de carrera aquellos servidores públicos que estén desempeñando funciones en la misma entidad, de manera ininterrumpida por más de cinco (5) años. El art. 75, establece que la carrera establecida en el Estatuto del Funcionario Público se aplicará a los cargos públicos comprendidos desde el cuarto nivel jerárquico, inclusive en línea descendente. Finalmente el art. 71 de la misma norma legal analizada, dispone que:“Los funcionarios públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el numeral II del artículo 6 de la presente Ley”.
Finalmente, el art. 57.I inc. a) del DS Nº 26115 NB-SAP, dispone que serán reconocidos como funcionarios de carrera, los servidores públicos que a la fecha de vigencia de la citada Ley se encuentren en el desempeño de la función pública en la misma entidad, de manera ininterrumpida por cinco o más años, independientemente de la fuente de su financiamiento.
Del contexto glosado precedentemente, se colige que la entidad demandada a momento de dictar la Resolución Administrativa SSC/IRJ/145/2007 de 4 de diciembre, realizó una compulsa adecuada de la normativa legal aplicable al caso, por cuanto si bien el actor fue incorporado al Senado Nacional en el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas dentro del Programa Nacional de Gobernabilidad bajo supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la relación contractual entre la entidad y Roberto Laura Barrón, concluyó el 15 de diciembre de 1999, aunque el 1º de enero de 2000 fue recontratado, se produjo interrupción de 15 días, rompiendo la continuidad laboral desde la fecha de ingreso a la fecha de retiro.
Asimismo, del Memorándum Div. A.P. Nº 230/2001-02 de 30 de septiembre de 2001, de destitución del cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas y seguidamente de designación de fecha 1º de octubre de 2001, mediante Memorándum Div. A.P. Nº 048/2001-02, en el cargo de Secretario Técnico de la misma Comisión, se operó una nueva relación laboral esta vez en el marco de la Ley Nº 2027 LEFP y las NB-SAP, aprobado por DS Nº 26115, que establecen que; los procesos de reclutamiento de personal en las entidades públicas deben estar fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, mediante convocatorias públicas internas o externas, extremo que no sucedió en el caso presente.
A ello se debe agregar, que conforme dispone el art. 5 inc. c) de la Ley Nº 2027 LEFP, concordante con el art. 70 del mismo cuerpo legal, el demandante Roberto Laura Barrón, no podía ser considerado funcionario de carrera, por existir interrupción de quince (15) días, es decir de diciembre de 1999 al 1º de enero de 2000, en su condición de Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Cooperativas, al no estar alcanzado por tanto de la condición de aspirante a la Carrera Administrativa establecido por el inc. a) del art. 70 de la Ley Nº 2027 LEFP, a lo que se suma lo señalado por el art. 71 de la norma citada, que expresamente determina que; “No gozarán de los derechos establecidos en el numeral II del art. 7 del Estatuto -esto es, concretamente, a la carrera administrativa y estabilidad laboral- los funcionarios comprendidos en el art. 70 precedentemente mencionado”.
El art. 49 del DS Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, describe la comprensión respecto a la carrera administrativa y el art. 50 de la citada norma, complementa que; “La condición de ser funcionario de carrera, está protegido por el art. 44 de la CPE (abrogada) y se alcanza una vez obtenido el Número de Registro otorgado por la SGSC, previa Certificación del Servicio Nacional Administración de Personal del cumplimiento de los requisitos formales de incorporación”. El art. 56 la Ley Nº 2027 LEFP, sobre el ingreso a la carrera administrativa dispone; “Todo ciudadano sin discriminación alguna, puede aspirar a desempeñar un puesto de carrera siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el Estatuto del funcionario Público, y Reglamento y las presentes Normas Básicas…”.
El reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, aprobado por la Superintendencia del Servicio Civil mediante Resolución Administrativa SSC-01/2002 de 28 de enero, es la norma que sirve como instrumento para lograr la realización práctica de la Ley Nº 2027 LEFP, con las condiciones introducidas por la Ley 2104 Reglamento a la LEFP, en las tareas de supervisión y regulación del régimen de gestión de la carrera administrativa en el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público.
El art. 3 del citado Reglamento, se refiere a los órganos competentes y sus responsabilidades, del cual forman parte la Superintendencia del Servicio Civil, el Servicio Nacional de Administración de Personal y las Entidades Públicas, siendo estas últimas responsables de los procesos de selección y garantes de la veracidad de la información enviada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) a la Superintendencia del Servicio Civil. Así también, los arts. 4 y 6 del Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa, hacen referencia a la convalidación del proceso e incorporación del funcionario, una vez cumplidos los requisitos exigidos por Ley; mientras los arts. 11 y 12 de la misma norma, hacen alusión al registro de incorporación y constancia de registro, asignándose un número de registro, quedando el servidor público incorporado formalmente a la carrera administrativa, además de la extensión de un documento de constancia de registro que otorga la Superintendencia del Servicio Civil.
Por tales consideraciones, en la especie, no se encuentra vulneración de disposición legal o reglamentaria alguna, por cuanto, el actor Roberto Laura Barrón si bien fue incorporado el 8 de noviembre de 1996, como consultor, la relación contractual con la entidad fue discontinua, no habiéndose cumplido con la condición de continuidad prevista en el art. 70 inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, no siendo aspirante o funcionario a la carrera administrativa, no abre la competencia de la Superintendencia del Servicio Civil, al no estar comprendido dentro del alcance del DS Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001 (Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa). En tal sentido, como se desprende del Auto SSC/IRJAA-114/2007 de 15 de octubre y del Informe Nº SSC/ISC-427/2007 de 4 de diciembre, que contiene el detalle de la información validada, así como la exposición de los fundamentos técnicos y normativos sobre los que la Intendencia de Supervisión y Control, estableció que del análisis de la información individual del recurrente no es incorporable a la carrera administrativa, por haber sufrido interrupción en su relación laboral con la entidad y su reingreso no fue producto de un proceso de selección de personal en el marco de la Ley Nº 2027 LEFP y DS Nº 26115, por tal razón, el demandante no puede ser considerado aspirante a la carrera administrativa.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución Administrativa SSC/IRJ/145/2007 de 4 de diciembre, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulneran derechos constitucionales, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la resolución de Recurso Jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, interpuesta por Roberto Laura Barrón contra la Superintendencia General del Servicio Civil (SGSC) de fs. 80 a 95, en la cual impugna la Resolución Administrativa SSC/IRJ/145/2007 de 4 de diciembre, emitida por Superintendencia General del Servicio Civil, actual Dirección General del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

References: Resolución 
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 artículo 6
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 artículo 10
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