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Timestamp: 2019-05-21 07:29:27+00:00

Document:
DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE AMÉRICA DEL SUR Y MÉXICO
ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INSTRUMENTO DE ENMIENDA A CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1997)
FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE CORTES DE APELACIONES EN FERIADO JUDICIAL
BASES GENERALES PARA AUTORIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CASINOS. VETO
REMUNERACIÓN POR JORNADA EXTRAORDINARIA Y MECANISMO DE PAGO DE SALDOS INSOLUTOS A TRABAJADORES TEMPOREROS AGRÍCOLAS
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.039 EN MATERIA DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
DECLARACIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ ANTE EXPRESIONES DE SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA
PRECISIONES ANTE RECIENTE DECLARACIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTINEZ
EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES PARA SÉPTIMA REGIÓN POR DESPLOME DE PUENTE LONCOMILLA. OFICIOS
DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS PARLAMENTOS DE AMÉRICA DEL SUR Y MÉXICO
Sesión 17ª, en martes 30 de noviembre de 2004
(De 16:24 a 19:13)
Declaración de Presidentes de Parlamentos de América del Sur y México (informe de señor Presidente del Senado)¿¿¿¿¿¿¿¿¿...............
Prórroga de permanencia de tropas chilenas en Haití¿¿¿¿¿¿¿¿¿...
Acuerdos de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Cooperación para Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (3569-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿..¿¿¿
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes Nucleares" (3571-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Instrumento de Enmienda a Constitución de Organización Internacional del Trabajo, 1997 (3653-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿...
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta a Pleno de la Corte Suprema para autorizar funcionamiento de salas en Cortes de Apelaciones durante feriado judicial (3728-07) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿
VI.	ORDEN DÍA:
Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que establece bases generales para autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (2361-23) (se aprueban).................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas (3696-13) (se aprueba en general y particular)........................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de derechos de propiedad industrial (2416-03) (se aprueba su informe)..............................................................................................
Declaración de Senador señor Martínez ante expresiones de señor Ministro de Defensa (observaciones del señor Martínez)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Precisiones ante reciente declaración de Senador señor Martínez (observaciones del señor Moreno)¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Efectos económicos y sociales para Séptima Región por desplome de puente Loncomilla. Oficios (observaciones de los señores Coloma y Horvath)
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores , Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y los señores Subsecretario de Economía , abogado del Ministerio del Interior y asesor del Ministerio del Trabajo.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 12ª, extraordinaria, en 10 de noviembre; 13ª, ordinaria, en 16 de noviembre; 14ª, extraordinaria, y 15ª, ordinaria, ambas en 17 de noviembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los seis primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que propone modificaciones al Código de Aguas (Boletín Nº 876-09).
2) El que regula las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo (Boletín Nº 2.361-23).
3) El que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública (Boletín Nº 2.394-07).
4) El que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (Boletín Nº 3.223-04).
5) El que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas (Boletín Nº 3.696-13).
6) El que entrega facultades a la Tesorería General de la República y modifica la Ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los Fondos de Crédito Solidario (Boletín Nº 3.712-04).
Con el séptimo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto sobre modificación a la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (Boletín Nº 2.416-03).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que propone modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los Gobiernos Regionales (Boletín Nº 3.203-06).
2) El que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (Boletín Nº 3.391-17).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
2) El que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
Del señor Ministro de Agricultura , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referido a la situación de los pequeños productores agrícolas del país.
Del señor Director de Presupuestos , mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor García, acerca de la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , por medio de la cual informa que, con fecha 29 de noviembre de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó, por la unanimidad de sus miembros, la Resolución Nº 1576, mediante la cual decidió prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), previsto en la Resolución Nº 1542 (2004) hasta el 1 de junio de 2005, con la intención de renovarlo por nuevos plazos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se prorrogará la autorización concedida para la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República hasta el 1 de junio de 2005, atendido el hecho de que originalmente el Ejecutivo la pidió por seis meses prorrogables y que el consentimiento del Senado no precisó el plazo correspondiente. Ello sin perjuicio de que el Ejecutivo haga llegar a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, una evaluación de los resultados, así como los antecedentes que justifican la prórroga y lo relativo al financiamiento de dicha misión.
La señora MATTHEI.- ¡No hay acuerdo, señor Presidente!
El señor ARANCIBIA.- ¡No!
El señor LARRAÍN (Presidente).- Continúa la Cuenta.
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- Gracias, señor Presidente .
De la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Servicio Militar Obligatorio, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.844-02).
Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas; segundo informe de la Comisión de Hacienda; nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas; informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca del quórum con que debe aprobarse el artículo 147 bis, contenido en el número 23 del artículo 1º de la iniciativa, y certificado emitido por la Comisión de Obras Públicas y referido a la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre el quórum de aprobación del citado artículo 147 bis, recaídos todos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 876-09).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero de sectores que indica, y modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977 (Boletín Nº 3.689-12).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por los señores Raúl Antonio González Norambuena y Pedro Reinaldo Pereira Ojeda (Boletines Nºs. S 670-04 y S 721-04, respectivamente).
Antes de dar por terminada la Cuenta, quiero informar acerca de la participación que, en representación del Senado, me correspondió en la reunión de Presidentes de los Parlamentos de América del Sur y México, que tuvo lugar ayer en Buenos Aires.
Éste es el segundo evento, secuencia de otro anterior -del que di cuenta en su momento-, celebrado en Asunción, Paraguay. En esa oportunidad, la reunión estuvo circunscrita a los países del MERCOSUR y sus asociados.
Dentro de la política seguida por el Parlamento chileno, y particularmente por el Senado, en orden a participar e intensificar las relaciones con los Congresos Nacionales de América Latina, la concurrencia a esta reunión nos pareció especialmente importante, dado que la invitación fue extendida no sólo a los miembros del MERCOSUR, sino también a los Parlamentos de los países del área andina, de la comunidad andina de naciones y de México, el cual se está acercando para asociarse a dicha organización.
Además, existe acá una materia relacionada con la dinámica que se encuentran desarrollando estas naciones, y en particular a iniciativa del propio MERCOSUR.
El próximo 9 de diciembre se realizará una reunión en Cuzco, donde se va a firmar un acuerdo que plantea la voluntad de avanzar hacia la unión sudamericana. Por cierto, Chile concurrirá a dicha cita.
He querido entregar este informe para que Sus Señorías tengan conocimiento de la declaración que se firmó ayer en Buenos Aires. Se encuentra en términos genéricos; pero me parece muy importante hacernos conscientes de todo esto, porque se está produciendo un fenómeno de mayor compromiso en el rol de los Parlamentos en las relaciones internacionales. Y si bien algunos apuntan en direcciones distintas -unos quieren configurar o constituir un Parlamento de América del Sur o de las Américas, o de América Latina; y otros, simplemente colaborar con los procesos de integración, generando acuerdos de libre comercio, de complementación económica, pues no hay un solo proceso ni un solo objetivo-, está claro que madura la idea de que tengan cada día mayores compromisos, vinculaciones y colaboración en el proceso de internacionalización.
En ese sentido, junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Honorable señor Pablo Lorenzini, hemos participado en las dos reuniones celebradas y contribuido a firmar los acuerdos, que se encuentran en poder de los señores Senadores.
Nos pareció importante que Sus Señorías tuvieran conocimiento de lo que señalo. Pensamos que la Declaración de los Presidentes de los Parlamentos de América del Sur y México -ha sido repartida- podría ser incorporada a la Cuenta, de manera que quede constancia de ella. Así Sus Señorías estarán debidamente informados de los avances en la materia. Los acuerdos son todavía preliminares y muy generales; pero no cabe la menor duda de que, probablemente, dentro de algunos meses, o años, estos temas serán constitutivos de compromisos mayores. Por lo tanto, es importante que estemos suficientemente documentados al respecto.
Entonces, el documento, que ya ha sido repartido a todos los señores Senadores, se va a incluir en la Cuenta.
Señor Presidente , solicito a la Sala que el proyecto que está en el número 5 de la tabla, relacionado con una modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, vuelva a Comisión, por las siguientes razones.
En este último fin de semana, he sido informado de que la merluza común -recurso tremendamente importante para la zona central del país-, en los últimos cuatro años, ha perdido parte importante de su stock, quedando reducido solamente a 20 por ciento. Es decir, tendremos una crisis de gran envergadura al respecto que derivará en problemas sociales que son fáciles de imaginar y que ya se advierten en algunas manifestaciones realizadas a lo largo del país.
También se me ha dicho que tanto el langostino amarillo y el camarón como la merluza de cola, entre otras especies de importancia social y económica, se encuentran igualmente con sus reservas bastante comprometidas. Y en este momento el jurel -objetivo fundamental de la llamada "Ley Corta", que estableció el límite máximo de captura-, se halla en un 50 por ciento del stock existente cuando se fijó dicho límite. Es decir, lejos de mejorar la situación con la aplicación de estas normas, ha habido un deterioro relevante.
Por esa razón, y para que podamos revisar las normas del proyecto conocido como "Ley Larga", sobre administración y protección de los recursos pesqueros, solicito que la iniciativa en referencia sea enviada nuevamente a la Comisión de Pesca y Acuicultura.
Si le parece a la Sala, se enviará nuevamente a la Comisión el proyecto de que ha hecho mención Su Señoría.
Me parece razonable el planteamiento. Por lo tanto, estimo que debe aprobarse la petición del señor Presidente de la Comisión de Pesca .
Como miembro de la Comisión, manifiesto también mi pleno acuerdo con la medida.
¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado?
La señora MATTHEI.- Pido la palabra.
Señor Presidente , no me voy a oponer a que el proyecto vuelva a la Comisión; pero, en verdad, como su trámite lleva un año o un año y medio, no puede afirmarse ahora, cuando lo despachó la Comisión, que ha habido resultados catastróficos. ¿Me van a decir que no se hizo ninguna medición en el entretanto? ¿Me van a decir que nadie se había dado cuenta de que estaban disminuyendo los stocks? ¿Me van a decir que el señor Subsecretario de Pesca jamás informó de esto o que nunca nadie preguntó?
Señor Presidente, yo no entiendo nada.
Si éste fuera un proyecto despachado en una semana y sin tiempo para preguntar, lo comprendería; pero hemos observado que el señor Subsecretario de Pesca ha estado varias semanas acá y que la discusión ha sido larguísima.
No puedo creer que recién ahora se empiecen a dar cuenta de que los stocks han caído al 20 por ciento. Eso no pasa de la noche a la mañana; demora en suceder.
Por lo tanto, quiero saber quién es el responsable de que esta información no se haya dado, de que no se haya preguntado o de que el asunto no se haya visto de alguna manera.
No puede ser que ahora, una vez que en la Comisión de Pesca se llegó a una solución, que fue dificilísima y cuya búsqueda duró más de un año, nos vengan a dar cuenta de un desastre en la actividad pesquera.
Señor Presidente , pido explicaciones. Y, aunque anuncié al comienzo de mi intervención que no me opondría al envío de este proyecto nuevamente a Comisión, mientras no se den, me opondré al acuerdo.
Señor Presidente , creo que la Senadora señora Matthei tiene toda la razón: ¡ella no entiende nada! La verdad es que éste no es un hecho sorpresivo.
Con el Senador señor Ruiz De Giorgio, durante todo el transcurso de la discusión del proyecto, hemos alertado acerca de posibles eventos de esta naturaleza.
Sin embargo, se ha ido avanzando en términos tales que hay una visión respecto al manejo de los recursos. Y creo que se pone a prueba, precisamente, a la luz de esta contingencia, y que es útil revisar muchos de los acuerdos ya adoptados en aras de la preservación del recurso, que es lo importante.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
Estamos acostumbrados a las malas maneras de quien me ha antecedió en el uso de la palabra. Yo le rogaría que para otra vez fuera un poquitito más educado. Sé que le cuesta mucho. Pero trate, señor Senador.
Estoy de acuerdo con Su Señoría: ¡no entiende nada!
Señor Senador, creo que sus palabras pueden ser entendidas en sentido peyorativo. Y si evitamos esa ambigüedad, estaremos más contestes en el respeto mutuo que nos debemos.
Señor Presidente , ante la información proporcionada esta tarde en la Sala, creo que es imposible negarse a que el proyecto vuelva a Comisión. Formo parte de ella y estamos trabajando en dicho texto, no hace un año, sino dos años y medio, desde que me incorporé al Senado de la República.
Cabe recordar que en la historia de esta Alta Cámara la iniciativa en comento fue objeto del mayor número de indicaciones. Por lo tanto, el tiempo que nos ha demandado su estudio se justifica desde ese punto de vista. Se ha trabajado intensamente en ella y lo hemos hecho basados en la información oficial que recibimos. Independiente de las posturas políticas o de consideraciones ideológicas o de cualquier otra índole, la Comisión, presidida por distintos integrantes, avanzó en este proceso y aprobó el proyecto -repito- sobre la base de la información oficial entregada por el Gobierno de Chile a través de la Subsecretaría de Pesca y del Instituto de Fomento Pesquero.
Considero del todo interesante que la iniciativa vuelva al órgano técnico, con el compromiso cierto de que, aparte abocarnos a la revisión de lo que sea necesario, demos un informe preciso a la Sala, en la eventualidad de que hubiese habido una información mal entregada, mañosamente entregada o sencillamente no entregada.
Bajo esas condiciones, doy el acuerdo para que el proyecto vuelva a Comisión.
Si le parece a la Sala, con la oposición de la Senadora señora Matthei, adoptaré el acuerdo de que la iniciativa vuelva a Comisión, tal cual lo ha solicitado su Presidente .
Si se emite el informe señalado por el Senador señor Arancibia, estoy de acuerdo, pero siempre que se nos diga por qué a última hora vienen a darse cuenta de que hay un desastre en el sector pesquero, en circunstancias de que llevan dos años y medio estudiando el tema.
Creo que es bueno y sano que la Comisión incluya esa información y que se den todos los antecedentes al respecto, para justificar el retorno del proyecto a ella.
Si le parece a la Sala, se enviará nuevamente la iniciativa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, a fin de que proceda en los términos antes señalados.
El Honorable señor Fernández ha solicitado la palabra para referirse a la Cuenta.
Tengo entendido que Su Señoría ha dado cuenta de la reunión en Buenos Aires.
Deseaba consultar sobre el Acta Fundacional de la Unión Sudamericana de Naciones.
La daré a conocer después que intervenga el Honorable señor Fernández.
Señor Presidente , en relación con la prórroga del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, planteé en reunión de Comités que el que se estaba empleando no era el procedimiento adecuado, por cuanto la autorización que dio el Senado fue por seis meses, no pudiendo ella ser prorrogada unilateralmente en forma indefinida.
La comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de que se dio cuenta dice que el Consejo de Seguridad, por la unanimidad de sus miembros, decidió prorrogar el mandato hasta el 1º de junio de 2005, con la intención de renovarlo por nuevos plazos. Nos están comunicando un acuerdo del referido organismo de las Naciones Unidas.
A mi juicio, lo que corresponde, y lo señalé en la reunión de Comités -obviamente, estuve en minoría-, es darle el trámite de una solicitud y enviarlo a las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, para que informen qué ha pasado en estos seis meses, si se ha cumplido lo relativo al financiamiento o no, pero no proceder a una prórroga automática del plazo, porque eso simplemente priva al Senado de conocer todos los antecedentes necesarios para conceder su autorización.
Pienso que lo procedente es cumplir con las normas reglamentarias. Se han dado razones en el sentido de que sólo ayer el Consejo de Seguridad acordó la prórroga. Pero esta situación estaba en conocimiento de las autoridades con mucha anterioridad; ellas sabían que el plazo vencía, y de todas maneras tendrían que haber previsto tal situación.
Lo que no puede ocurrir es que se entienda prorrogada la Misión, cuando incluso tenemos información extraoficial de que las Naciones Unidas no han cumplido con los aportes comprometidos. De manera tal que esto conlleva una situación económica de alguna significación para el Gobierno de Chile, que también debe ser analizada.
No me opongo a la prórroga, sino que simplemente deseo que se cumpla con el trámite regular; que haya un informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, donde los Ministerios correspondientes entreguen todos los antecedentes del caso, y que los órganos técnicos recomienden a la Sala la aprobación o el rechazo de dicha prórroga, para que después el Senado adopte una decisión.
Todo esto se puede hacer con mucha celeridad. Para ello existe la mejor buena voluntad de parte de los Senadores. Sin embargo -reitero-, el procedimiento que se ha seguido no parece ser el que corresponda reglamentaria ni legalmente.
Señor Presidente , a mayor abundamiento, me tocó participar en la Comisión de Defensa cuando se trató el envío del contingente de que se trata a Haití. Y a la señora Ministra de Defensa de la época se le planteó explícitamente que el efecto, los costos y el resultado de la comisión iban a ser analizados con mucho detalle cuando se solicitara la prórroga de dicha Misión ante el organismo técnico. Eso está en Actas. Es más: se le hizo presente la inquietud existente en la Comisión respecto del financiamiento de la operación, en términos de que los recursos no provendrían de la ley reservada del cobre, sino que debían tener otro origen. Y la señora Ministra se comprometió en ello. Repito: en la Misión al extranjero no se pueden invertir recursos provenientes de la ley reservada del cobre para pagar sueldos, porque ésta tiene por finalidad financiar equipamiento militar, no el pago de remuneraciones.
Reitero: la señora Ministra de Defensa se comprometió a que, cuando se le presentara el requerimiento para una prórroga de seis meses, traería la fundamentación de cuánto habían sido los gastos, cómo se habían solventado, de dónde habían salido los recursos y cuáles habían sido los objetivos cumplidos o logrados con dicha misión.
Me sorprende que ahora nos encontremos con una renovación automática de la prórroga y con una simple comunicación. Creo que tenemos el derecho a pronunciarnos, si esto validará la presencia de nuestros soldados en Haití.
Tiene la palabra el Ministro señor Dockendorff.
Señor Presidente , no está presente el titular de la Cartera de Defensa. Sin embargo, quiero señalar que la determinación de enviar tropas a Haití no es materia de una política que atañe sólo a dicho Ministerio, sino también a las relaciones exteriores del Gobierno. Tiene que ver con una decisión política que -creemos- es ampliamente compartida por la ciudadanía y de la cual depende en gran parte el prestigio internacional de Chile y, también, de una política de paz muy sustantiva.
Para evitar dilaciones, y dado el hecho de que en la tramitación internacional de la solicitud hubo un atraso que escapa al manejo del Gobierno de Chile, no interrumpamos el proceso y el compromiso internacional adquirido. Yo reafirmo lo prometido en su oportunidad por la entonces Ministra de Defensa , en términos de proporcionar al Senado una evaluación de lo que han significado estos meses. No hay problema alguno; se puede hacer en el momento en que los señores Senadores lo requieran. Pero no soy partidario de abrir debate acerca de una materia en la que entiendo no existen inconveniencias ni dudas en la opinión pública. Ello, incluso, no le haría bien a la imagen internacional del país.
En consecuencia, sugiero que se proceda de la forma señalada, porque así estaremos dando un paso positivo.
Antes de continuar ofreciendo la palabra, quiero dar a conocer algunos antecedentes que tuvieron a la vista los Comités al momento de discutir el asunto en cuestión.
El tema central tiene que ver con la naturaleza del acuerdo que adoptamos hace seis meses. En dicha oportunidad el Gobierno solicitó la autorización del Senado para enviar tropas a Haití por un período de seis meses prorrogables -en los términos que Sus Señorías recuerdan-, cambiando la configuración del contingente militar respecto de una solicitud anterior. Y si bien algunos señores Senadores hicieron presente dicho punto en el debate -entiendo que también se discutió de manera específica en la Comisión de Defensa-, el acuerdo que adoptó la Cámara Alta fue muy genérico.
En la reunión de Comités di lectura a los términos exactos en que fue acogida favorablemente dicha solicitud. En ella se dice que el Senado "ha autorizado la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República ". Y hace referencia al oficio mediante el cual el Gobierno formuló la petición.
Lo acordado por la Cámara Alta puede interpretarse de dos maneras. Una de ellas nos dice que lo que se autorizó fue la salida de tropas por seis meses prorrogables; tal fue la solicitud que se hizo. Y la otra, en un sentido estricto, nos señala que se autorizó la salida de tropas específicamente por seis meses y que podría entenderse que la prórroga de dicho lapso requeriría un nuevo acuerdo.
Debido a la imprecisión con que concluimos el acuerdo -así quedó en las Actas; nadie las objetó, y en esos términos se informó al Ejecutivo-, se presta para ser interpretado según los dos alcances ya mencionados. Por eso lo discutimos en los Comités.
Hace unos días me llamó el Canciller, señor Ignacio Walker , para consultar mi criterio acerca del tema. Y en verdad, según mi lectura al acuerdo adoptado, en el que se autoriza la salida de tropas nacionales fuera del territorio por seis meses prorrogables, puede entenderse que dicho plazo sería prorrogable por otro igual.
En todo caso, cualquiera que sea la interpretación, concordamos con los Comités en que se requería el acuerdo del Senado sobre el tema.
Reitero: hay dos alternativas.
Una de ellas corresponde a la que planteé y que fue adoptada por la mayoría de los Comités: conforme al tenor del acuerdo, el plazo se entiende prorrogado por otros seis meses, sin perjuicio de que, como se señaló en la reunión de Comités y se expuso ahora en la Sala, nos faltan antecedentes sobre lo ocurrido en este tiempo y acerca de la situación económica, y otros, de distinta naturaleza, que resultan necesarios para hacer una evaluación de todo el proceso.
Por lo tanto, en atención a lo resuelto por la mayoría de los Comités, sugiero que se autorice por seis meses más la permanencia de las tropas en Haití, siempre que se fije como fecha tope el 1º de junio de 2005, lo cual no obsta para requerir todos los antecedentes del caso a fin de que las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, unidas, tomen conocimiento de ellos.
El Consejo de Seguridad acordó tal prórroga hasta la fecha indicada. Sin embargo, señala que, debido a la perspectiva que ofrece la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití y a la complejidad y envergadura del problema, su permanencia podría extenderse por muchos meses más. Por lo tanto, en el entendido de que prorrogaremos la estadía de nuestras tropas por otros seis meses, tendremos la oportunidad de volver a discutir el tema, porque éste es un proceso que durará, probablemente, varios años.
Ése es el acuerdo adoptado por los Comités y que la Sala puede revisar.
Varios señores Senadores han solicitado hacer uso de la palabra acerca de esta materia, que, a mi juicio, es muy importante. Sin embargo, sugiero fijar un tiempo breve para cada intervención, a fin de poder tomar un acuerdo.
Están inscritos los Honorables señores Romero , Matthei , Núñez , Boeninger , Silva , Ávila , Coloma y Zurita .
De acuerdo con el Reglamento, tenemos diez minutos para debatir este asunto.
Ruego a los oradores ser concisos en sus afirmaciones y no repetir argumentos que ya conocemos.
Tiene la palabra el Senador señor Romero, por dos minutos.
Señor Presidente , éste es un tema de gran relevancia. Aquí están en juego las prerrogativas del Senado en relación con una materia muy delicada y específica: la aprobación de la solicitud del Presidente de la República para la salida de tropas del territorio nacional.
Sin embargo, en el acuerdo adoptado hace seis meses nos encontramos con una ambigüedad. Para reparar esa situación, que en alguna medida es responsabilidad de todos nosotros, es importante que determinemos hoy día, con claridad, que la prórroga sólo se otorga por un periodo limitado. Es decir, que no se admite la posibilidad de que en el futuro, después del 1 de junio de 2005, nos enfrentemos al mismo problema. Porque la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece la probabilidad de que se renueven los plazos.
En ese entendido, y sin perjuicio de que se hagan llegar absoluta y claramente todos los antecedentes relacionados con lo ocurrido en el presente lapso -creo que el Senado, a través de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, así debe requerirlos y plantear sus observaciones al Presidente de la República -, cuando se nos propuso la alternativa de solución que debatimos, yo sólo tuve en mente las prerrogativas de la Cámara Alta, que, a mi juicio, son el aspecto más importante que hoy día debemos preservar.
Señor Presidente , la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores que figura en la Cuenta de la presente sesión expresa: "Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , por medio de la cual informa que con fecha 29 de noviembre de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó, por la unanimidad de sus miembros, la Resolución Nº 1576, mediante la cual decidió prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), previsto en la Resolución Nº 1542 (2004) hasta el 1 de junio de 2005, con la intención de renovarlo por nuevos plazos.".
Entonces, yo pregunto si el 2 de junio de 2005 volverá a suceder lo mismo que ocurre hoy, cuando nos digan: "Miren, señores Senadores. El Consejo renovó el plazo". Y nosotros deberemos discutir si estamos de acuerdo o no.
¿Sabe lo que pasa, señor Presidente ? Que esta solicitud va absolutamente en contra de lo que sostuvo la señora Ministra de Relaciones Exteriores en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Y leeré su informe de mayo de 2004:
"Respecto de la duración de esta segunda fase, de seis meses" -manifestó la señora Canciller - "que seguramente la señora Ministra de Defensa Nacional se referirá más latamente al tema, coincidiendo en que ese plazo, evidentemente, no será suficiente para solucionar todos los problemas de Haití, pero es un lapso que permitirá, a su vencimiento, efectuar la necesaria evaluación de la situación.".
Por lo tanto, en ese momento la señora Ministra de Relaciones Exteriores afirmó que al concluir los seis meses se iba a realizar una necesaria evaluación de la misión. Acá no se nos informa cuánto cuesta; si ha pagado Naciones Unidas o nuestro país; no sabemos nada. Y alegremente, abdicando de todas nuestras potestades, le damos al Ejecutivo algo por hecho.
A mi juicio, lo que está haciendo la Mesa es, realmente, debilitar en forma muy seria las atribuciones del Senado.
Por lo tanto, no concuerdo con su interpretación.
Señor Presidente , espero que el Senado no caiga en el bochorno de generar una situación que va más allá de sus límites.
Cualquier resolución de esta naturaleza, obviamente, implica de alguna manera la imagen y la política internacional del país.
Por lo tanto, señor Presidente , yo le pido que ojalá podamos operar sobre esta materia con la máxima responsabilidad.
Entiendo perfectamente lo que nos señaló el señor Presidente en el sentido de que caben las dos interpretaciones.
Sin embargo, como no podemos dirimir ahora mediante una votación -creo que ello sería lamentable- la forma de interpretar los acuerdos que nosotros mismos tomamos, planteo a la Mesa -no es la opinión de mi bancada- que no pongamos fecha de término a la prórroga. Ésta opera de hecho, debe producirse ya. Sería absolutamente irresponsable que adoptáramos una decisión que implicara el regreso de los soldados chilenos mañana.
Por consiguiente, primero, insisto en mi proposición de no colocar fecha de término, porque algunos pensamos que no debe ponerse y otros estiman lo contrario.
En segundo lugar, sugiero que, en el entretanto, la Comisión de Defensa Nacional tenga una audiencia, no sólo con el Ejecutivo , sino también con los miembros de las Fuerzas Armadas que se hallan en Haití, para conocer exactamente la experiencia que están viviendo en ese país.
Por último, tenemos un elemento del que otros países del mundo carecen, cual es el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas, mediante su Secretario General , Kofi Annan , haya encargado la tarea de dirigir los destinos de Haití por determinado tiempo a un chileno: Juan Gabriel Valdés . Sé bien que él estaría dispuesto a venir a Chile para conversar con nuestras Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
En concreto, para no exceder los dos minutos que me corresponden, propongo, primero, que no fijemos fecha de término, porque ésa sería una discusión absurda entre nosotros; segundo, que demos potestad a las Comisiones señaladas para recabar la información necesaria, incluida la de las Fuerzas Armadas; y tercero, que invitemos a don Juan Gabriel Valdés para que concurra a dichos órganos de trabajo del Senado.
Señor Presidente , aquí hay un problema de dimensión mayor: las relaciones exteriores de Chile y su participación en una iniciativa multinacional, auspiciada por las Naciones Unidas, tendiente a restablecer en Haití la normalidad y lograr la pacificación y la reconstrucción de la institucionalidad.
En cuanto a la Resolución adoptada ayer por la ONU, no sólo significaría un bochorno, sino también un traspié brutal para la política internacional de Chile y para la reconstrucción de Haití, el hecho de que bruscamente, el 1º de diciembre, uno de los dos países que han puesto la mayor fuerza de apoyo apareciera postergando de manera indefinida la situación de sus tropas mientras se discute sobre el particular.
En mi concepto, ése es el problema mayor.
Tocante a las prerrogativas del Senado, por muy importante que sea el punto, debemos tener presente que nadie pretende desconocerlas. El problema radica en que estamos frente a una situación de hecho no generada por nosotros. De manera que esa materia no está en discusión. Sólo nos corresponde, responsablemente, tomar una decisión oportuna. Y no creo que haya otra que la de la prórroga.
Por lo tanto, estoy de acuerdo, primero, en que se acepte el criterio mayoritario de los Comités en torno a la prórroga.
En segundo lugar, tiendo a coincidir con el Senador señor Núñez en cuanto a que, como es evidente que la situación se prolongará en el tiempo, la prórroga no debe tener necesariamente fecha de término. Pero sí, como algo muy formal e indispensable, han de recogerse dos ideas. Primero, lo propuesto por el Ministro señor Dockendorff en el sentido de que, en un futuro cercano, la Cancillería y el Ministerio de Defensa entreguen toda la información disponible respecto de lo que ha ocurrido, a fin de evaluarlo. Y segundo, la sugerencia de invitar al representante de las Naciones Unidas en Haití, don Juan Gabriel Valdés , para que, cuando tenga la posibilidad de venir a Chile, asista a una reunión de las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
Con todos esos antecedentes podremos modificar nuestras propias resoluciones, señor Presidente . Porque usted -y con esto termino- tiene toda la razón: nuestra resolución anterior se presta para interpretaciones; estoy absolutamente de acuerdo con Su Señoría. Sin embargo, frente a la duda, se debe optar por resolver el problema mayor: la presencia chilena en Haití.
Señor Presidente , es evidente que el Senado debe otorgar la autorización hasta el 1º de junio de 2005. Al parecer, esto no está en discusión y es razonable que la Corporación así proceda.
Respecto de la prórroga, el señor Presidente dijo, con todo fundamento, que había entendido que podría tener lugar. Pero lo que se nos está planteando es, primero, una fecha (hasta el 1º de junio del próximo año), y en seguida, la hipótesis de que puede existir la intención de renovar el mandato de la Misión por nuevos plazos.
Por lo tanto, parece perfectamente razonable que el Senado, que debe adoptar su determinación con conocimiento de causa, otorgue la autorización hasta el 1º de junio de 2005 y haga presente al Ministro de Relaciones Exteriores que, para el evento de que se concrete la hipótesis de una nueva prórroga, es fundamental que explique con antelación al Senado -como dijo el Honorable señor Núñez - cuáles serían los antecedentes que justificarían que ese plazo fuera renovado.
El señor VÁLDES.-
Señor Presidente , yo pedí la palabra hace rato.
Lamentablemente, Su Señoría, hay varios inscritos.
Señor Presidente , tal como lo manifesté en el debate que surgió en su momento, no me gusta la idea de que Chile mande tropas al exterior, aun cuando sea con una finalidad como la que determinó el envío de soldados a Haití.
Sin embargo, hoy estamos concentrados en el tema del acuerdo precedente. Y no entiendo por qué dicen que es vago o genérico. Es muy preciso: seis meses prorrogables. ¿Qué duda puede existir al respecto?
Ocurre que ahora el Senado repara en que a lo mejor no fue conveniente autorizar el envío de tropas con prórroga. Pero ya lo hizo. Y no hay otra interpretación sobre el particular.
Lo que sí puede ser objeto de debate esta vez es si el Senado está dispuesto a aprobar nuevos aplazamientos. Y ahí, en mi concepto, resulta indispensable hacer ver al Ejecutivo que la interpretación del acuerdo anterior conlleva autorizar sólo una prórroga.
Sin embargo, la que ya se acordó no está en duda. Por lo tanto, mal se puede hacer un debate acerca de su interpretación.
Tiene la palabra el Senador Coloma.
Señor Presidente , esta discusión, para mí al menos, es absolutamente sorprendente, en dos perspectivas.
Primero, me asombra que algunos señores Senadores, de muy buena fe, planteen que decir que no a la Resolución de las Naciones Unidas sería un bochorno o un problema que puede comprometernos internacionalmente.
Éste es, Honorables colegas, un tema institucional: para qué está el Senado.
Una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar un ser humano es la autorización del envío de tropas al extranjero. Y para eso se pide autorización a la Cámara Alta. No se trata de bochorno ni de compromiso, sino de una resolución en conciencia de cada uno de nosotros. Y digo esto porque los requisitos exigidos para decidir acerca de la materia se enfocan básicamente hacia el sentido y el costo de la presencia de tropas en determinado territorio.
Invito a Sus Señorías a revisar la Versión Taquigráfica de la sesión de 19 de mayo de 2004. Según ella, durante el debate sobre la materia, tres señores Senadores advierten que en seis meses la Cámara Alta va a volver a debatir el tema de fondo. El Honorable señor Arancibia es el más explícito, pues plantea -página 7932- que "seis meses es un período referencial", pues todos entendemos que, luego de ese lapso, discutiremos el costo, el sentido, si conviene o no conviene. Y ni un solo Senador ni Ministro alguno dijo: No. Se entiende que la petición es prorrogable.
En consecuencia, señor Presidente , tengo la sensación de que estamos ante un problema mayor: nadie entendió -yo por lo menos no lo entendí así; y he leído la Versión Taquigráfica-, de buena fe, que la prórroga operaría automáticamente; todos asumimos que la autorización iba a ser por seis meses y que, después de ello, vendrían los Ministros correspondientes a decirnos: Estamos bien; estamos mal; cuesta tanto más; Naciones Unidas cumplió o no cumplió.
Sin embargo, ahora se interpreta que la prórroga procede de forma automática. Entonces, ¿para qué se pidió autorización por seis meses?, ¿por qué no se solicitó "hasta que las circunstancias lo ameriten"?. Por lo demás, cuando las Ministras fueron a la Comisión de Relaciones Exteriores -yo estuve presente-, explicaron el costo del envío de tropas por seis meses y señalaron que con posterioridad se analizaría lo que iba a ocurrir.
Por lo tanto, señor Presidente , creo que éste es un tema muy de fondo y bastante delicado. No estamos hablando de inhibir una acción internacional ni de cambiar un criterio, sino simplemente...
...de interpretar en forma correcta una facultad esencial del Senado.
Por eso, debo decir, respetuosamente, que mi opinión es distinta de la que plantearon los Comités por mayoría.
Señor Presidente , no me siento para nada implicado en esta discusión, porque el asunto no se vincula de ningún modo con alguna persona relacionada conmigo. Se trata de alguien que no depende ni de esta Corporación ni del Gobierno de Chile, sino que es un representante de las Naciones Unidas.
En estas condiciones, quiero decir lo siguiente.
Si los Comités tomaron por mayoría una decisión de la que participa el Presidente del Senado , me parece que la discusión es ociosa, no debería ocurrir.
Perdón que lo interrumpa, Su Señoría, pero he de precisar que el Reglamento permite que, si un acuerdo es adoptado por la mayoría de los Comités, cualquier Senador perteneciente a uno que no haya concurrido a él plantee su oposición en la Sala. Ello es perfectamente procedente.
Entonces habría que hacer una votación rápida, porque se trata de un tema procesal cuya resolución no debería demorar todo el día.
No cabe duda de lo manifestado por el señor Presidente . Sin embargo, aquí ha habido un debate derivado de que algunos cambiaron de opinión o no reiteraron lo que dijeron antes. Pero ésa es una cuestión procesal.
En lo atinente al problema de fondo, estimo que el Senado tiene perfecto derecho -casi la obligación, diría yo- a estar informado, no sólo de los gastos involucrados, sino también de lo que hacen nuestras tropas en el extranjero cuando se hallan en situaciones como la que nos ocupa.
En varias partes del mundo hay tropas de Chile. Sin embargo, nunca he sabido de un debate en cuanto a por qué algunas se quedaron más tiempo en Indonesia; qué hacen otras en Croacia; cuál es la idea de que algunas estén en Chipre; por qué otras son enviadas aquí o allá. Hay que hacerse un cuadro general en el sentido de que en nuestro país existe una política de participación en las operaciones militares encaminadas al sostenimiento de la paz. Esto no es algo dramático ni que provoque una situación especial.
Ahora bien, no cabe duda de que falta información. Por ende, es indispensable que, a lo menos cada seis meses, nuestras Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa dispongan de datos suficientes, más que la de Hacienda, la cual también debe tener injerencia, porque es necesario cuidar los recursos, que el Gobierno verá de dónde saca.
Señor Presidente , no puedo decir qué es más importante: si el prestigio internacional de Chile ante los compromisos que ha adquirido o la majestad del Senado. Pero poner las cosas en la forma como se ha hecho imposibilita por completo cualquier solución.
Participo de la idea de que hay que respetar...
...el acuerdo adoptado; no podemos cambiarlo. El plazo es prorrogable. Pero resulta necesario entender, por un lado, que la prórroga no es automática ni indefinida, y por otro, que la Cámara Alta exige que se den las cuentas correspondientes, para saber, primero, si la permanencia de nuestras tropas en el extranjero es útil; segundo, si las Naciones Unidas han cumplido sus compromisos militares, y tercero, cuál es la situación política en que se encuentran envueltos los contingentes chilenos.
Creo que a ese respecto el Senado debe hacer un planteamiento formal al Ejecutivo .
Señor Presidente , sugiero a los señores Senadores que se pregunten qué contrato entendió celebrar la Organización de las Naciones Unidades. Porque la ONU nos pidió un servicio, el cual le fue concedido. Y se dijo -bien o mal- que se otorgaba autorización a ese respecto por seis meses prorrogables.
¿Qué entendió, entonces, dicha Organización? Que estaba celebrando un contrato de tracto sucesivo. Imagino que los Honorables colegas no habrán olvidado lo que ello significa. Pero, para quienes no son abogados, doy como ejemplo el contrato de arrendamiento: si mañana arriendo un departamento por tantos pesos mensuales, mientras una de las partes no ponga término al contrato, se renueva automáticamente.
Sugiero a Sus Señorías no dar interrupciones, porque disponemos de poco tiempo.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente, comprendo que las Naciones Unidas hayan entendido eso.
¡Usted entendió mal, Su Señoría!
¡Segundo malentendido...!
Pero aquí, en el Senado, se dijo explícitamente todo lo contrario.
¡Sigue no entendiendo...!
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Zurita.
Señor Presidente, es posible que el Senado se haya equivocado al redactar. Éste es el momento para corregir el error, pero no hablando de bochorno ni de cosas parecidas.
Por consiguiente, sin perjuicio de que hoy se autorice la prórroga -porque tiene razón la Organización de las Naciones Unidas al solicitarla-, debemos dejar en claro que no queremos que la autorización sea un contrato de tracto sucesivo, sino un contrato periódico, que habremos de aprobar cada vez que sea necesario. Incluso, para el evento de la prórroga, podemos establecer la obligación de solicitarla dos meses antes del vencimiento.
De esa forma el Senado recuperará todas las atribuciones que cree haber perdido.
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
Señor Presidente , comparto absolutamente la interpretación que dio la Mesa al acuerdo que adoptamos en su oportunidad: seis meses prorrogables.
También tiene razón el Senador señor Arancibia cuando dice que en el debate de la Comisión de Defensa se planteó lo relacionado con recursos y se expresó que no se podía pagar con dinero proveniente del cobre. Se dieron todas las explicaciones del caso. Los militares presentes y la señora Ministra manifestaron que estaban conscientes de las dudas que había en cuanto a que no era factible pagar sueldos o remuneraciones con plata de esa procedencia. Se sostuvo que se harían las readecuaciones presupuestarias correspondientes. Y se afirmó, asimismo, que iban a dar la información adecuada, pero sin sujeción a plazo, sino cuando la Comisión de Defensa lo requiriera. Porque tal era el espíritu que teníamos en esa oportunidad.
Igualmente, tiene razón el Senador señor Coloma cuando recuerda la aseveración de que en seis meses estaríamos discutiendo de nuevo el asunto, pues la petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era por ese lapso.
¿Y por qué ahora estamos planteando con urgencia una nueva autorización acogiéndonos al criterio de la prórroga? Porque una vez más dicho Consejo pidió seis meses -con anterioridad no solicitó doce-, mediante una nueva Resolución.
Por lo tanto, estamos abocados a hacer valer el criterio anterior de la Cámara Alta: seis meses prorrogables.
En todo caso, concuerdo por completo con lo expresado por mi colega Valdés y con las inquietudes que expusieron el Honorable señor Arancibia y otros señores Senadores en el sentido de que debemos recibir la información adecuada sobre qué ha pasado en los primeros seis meses.
Sin embargo, estoy consciente de que apoyando el criterio de la Mesa podremos dar curso a la petición que nos hace el Gobierno.
Señor Presidente , tengo en mi poder el oficio que envió en su oportunidad el Senado, y puedo observar que su tenor literal es de claridad meridiana; no admite interpretación. Y cuando el sentido de la ley es claro no hay para qué recurrir a su espíritu.
Ese documento, de 2 de marzo de 2004, dice lo siguiente: "Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, en virtud de lo dispuesto en el Nº 5) del artículo 49 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 4º de la ley Nº 19.067, ha autorizado la salida de tropas nacionales fuera del territorio de la República .". No fija ningún plazo. Y el artículo 4º de la mencionada ley, cuando habla de cómo las tropas nacionales pueden salir del país, señala en el inciso segundo que "En el decreto aludido en el inciso anterior" -o sea, aquel mediante el cual se otorga la autorización, previo acuerdo del Senado- "se fijará el objeto, plazo y modalidades de la salida de tropas.".
Es decir, el asunto está clarísimo. La Cámara Alta autorizó de esa manera. Podría haberlo hecho en forma distinta, señalando, por ejemplo, "Autorizamos por seis meses prorrogables", o por nueve o por doce. Sin embargo, nosotros no determinamos plazo. Es el decreto supremo del Presidente de la República el que fija, de acuerdo con el artículo 4º de la ley Nº 19.067, el objeto, la modalidad y el plazo.
Ahora bien, el Senado tiene la facultad y la iniciativa para...
...intentar modificar su acuerdo. Si no somos partidarios de que haya tropas nacionales en el extranjero, no estamos vedados a ese respecto, en virtud de la norma constitucional correspondiente. Tenemos plena facultad en tal sentido.
Es distinto lo que se nos ha planteado en cuanto a la evaluación. Y considero legítimo que el Senado la pida, como asimismo que plantee todas las dudas que pueda haber con respecto a la Misión en Haití. Sin embargo, en lo referente al acuerdo que adoptó esta Corporación, me parece que no cabe interpretación alguna: se dio una autorización y ella no ha sido revocada.
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia, último orador inscrito.
Señor Presidente , quiero hacer un comentario crítico sobre la gestión del Gobierno en esta materia.
Se nos planteó -hagamos memoria- el primer envío de tropas a Haití. Fue una resolución comprometida por el Presidente de la República , que originó un amplio y transversal debate en esta Corporación.
Aquí viene el señor Ministro de Relaciones Exteriores .
El Honorable señor Arancibia está repitiendo sus argumentos.
¿Parto de nuevo?
El señor Senador está diciendo todo de nuevo.
Honorable señor Arancibia, está perdiendo tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente , pero no tengo nada más que decir.
¿No se puede preguntar al señor Ministro si tiene algún antecedente sobre los aspectos económicos de la misión: cuánto le cuesta al país, si las Naciones Unidas han aportado los fondos a que se comprometieron, etcétera?
Por supuesto que se puede preguntar, pero el señor Ministro es libre de responder o no.
No quiero tener nuevamente una dificultad con Su Señoría sobre este tema,...
Nunca la he tenido. Sólo pido que me dé la palabra.
...pero ya intervinieron todos los inscritos. El debate ha sido extenso.
Es a propósito de lo que preguntó el Honorable señor Fernández...
Sobre esta materia, el Senado tiene que pronunciarse.
Quisiera someter
¿Pero no se le puede hacer una pregunta al señor Ministro?
Yo hice una pregunta.
Por cierto. Pero el señor Ministro no me ha pedido la palabra. Yo no puedo obligarlo a hablar.
Señor Presidente , naturalmente se puede preguntar al Gobierno en cualquier momento acerca de las circunstancias, los hechos, los costos y los compromisos vinculados a esta misión. Esa información se está reuniendo permanentemente.
Sin embargo, como Ministro Secretario General de la Presidencia , apelo a la necesidad de avanzar en los proyectos incorporados en la tabla de hoy, que son de enorme importancia para el país. Su lista es bastante extensa. Como bien sabe el señor Presidente , para nosotros es del mayor interés que se despachen y que no se nos vaya la tarde en un debate para el cual creo que habrá tiempo.
Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa pueden hacer llegar la información cuando corresponda. Aquí hay una proposición. Yo no creo pertinente ni conveniente para esta Corporación, ni menos para los intereses comunes con el Ejecutivo , seguir alargando una discusión de esta naturaleza.
Bien. A mi juicio, corresponde tomar una decisión.
En efecto, ésta es una materia esencialmente opinable. Entiendo y comparto la inquietud de mantener muy claras las atribuciones y prerrogativas del Senado. Sin embargo, quiero leer el acuerdo que adoptamos en su oportunidad, según consta en el Diario de Sesiones .
En el punto 8 del oficio pertinente, el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado -cito textualmente- "para autorizar, por un plazo de seis meses prorrogable, como contribución nacional a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití", etcétera. Y, según el Diario de Sesiones del 19 de mayo del año en curso esta Sala resolvió en el sentido siguiente:
"--Por 27 votos a favor, 15 abstenciones y un pareo, se otorga el acuerdo para autorizar la salida de tropas nacionales a Haití.".
Lamentablemente, no se fijó un plazo: ni seis meses, ni seis meses prorrogables.
Ahora el Gobierno nos informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitó otros seis meses, que podrán ser prorrogables.
Pues bien, en mi opinión, la resolución de los Comités que zanja esta situación respeta las prerrogativas del Senado al entender que el acuerdo que adoptamos a solicitud del Presidente de la República era de seis meses prorrogables por otros seis meses, plazo este último que coincide con la extensión de la Misión Estabilizadora resuelta por el Consejo de Seguridad: el 1 de junio de 2005. Y aunque las Naciones Unidas digan que podrá haber nuevas prórrogas, cualquier otra requeriría una habilitación específica del Senado.
Ése es el acuerdo que adoptó la mayoría de los Comités en la reunión de hoy. Y quiero someterlo a votación. Si se rechazara, habría que entender que, a criterio del Senado, el acuerdo relativo al envío de tropas fue otorgado por seis meses y que, por lo tanto, su prórroga exige una nueva solicitud del Ejecutivo.
Señor Presidente , a propósito de su interpretación, cuando el señor Secretario dio cuenta del asunto, señaló textualmente -estoy leyendo el Diario de Sesiones al que Su Señoría hace referencia-: "el Primer Mandatario considera conveniente participar por un plazo de seis meses, prorrogable,". Entonces, una cosa es que en la relación se diga que "Se pide autorización para salir", sin plazos, sin límites, en un escenario A, donde ello no estaba considerado, y otra, que el señor Secretario , al explicar en qué consiste la petición, señale "seis meses, prorrogables". En este último caso, tengo que entender que son seis meses. ¿O no? Por lo tanto, no se puede plantear que no hay plazo.
Señor Senador, no se abrirá nuevamente discusión.
Señor Presidente, me he referido a lo que aparece en la Versión Oficial.
Lo que ha leído Su Señoría es correcto y corresponde exactamente a la solicitud del Ejecutivo , que pide una autorización por el plazo de seis meses, prorrogable. En la relación, el señor Secretario no hizo más que referirse, , a la petición del Gobierno.
Ahora bien, el problema no está en la solicitud, sino en el acuerdo que adoptó el Senado, porque no es específico. En éste se consigna lo siguiente: "autorizar la salida de tropas nacionales a Haití".
El texto sigue después.
No sigue después. Ahí termina el acuerdo, señor Senador . Expresa: "--Por 27 votos a favor, 15 abstenciones y un pareo, se otorga el acuerdo para autorizar la salida de tropas nacionales a Haití".
El oficio dice...
A continuación se señala: "Votaron a favor
Señor Presidente , el oficio
Estoy dando lectura al acuerdo del Senado. Por favor, ruego a Sus Señorías que no me discutan lo que estoy leyendo, y que se encuentra a disposición de todos.
El oficio es otra cosa.
Me refiero a lo que resolvió esta Corporación. Y si cometimos el error de no fijar un plazo, fue un problema nuestro.
Por lo anterior, creo que corresponde zanjar esta situación.
Y la manera de hacerlo es sometiendo a votación la forma de entender el acuerdo. Si la Sala no lo interpreta en los términos que planteé, lo deberá rechazar, y entonces el Ejecutivo quedará notificado de que el plazo venció y de que, si quiere prórroga, tendrá que solicitarla nuevamente.
En este sentido, pido el pronunciamiento del Senado.
¿Qué significa votar "sí" y votar "no"?
Al votar "sí" se está autorizando la prórroga por seis meses,...
¡Pero si no estamos votando eso!
...con lo cual se complementa y se hace más explícito el acuerdo anterior. Por lo tanto, la salida de tropas se autorizaría hasta el 1º de junio de 2005, sin perjuicio de que también se entiendan solicitadas las evaluaciones e informes que han requerido los señores Senadores, de lo que se dejó constancia en la reunión de Comités.
No hay votación nominal.
Señor Senador , el debate, que fue extenso, ya se realizó.
¿Se vota la interpretación de la Mesa?
Quienes votan "sí" aprueban el acuerdo de la mayoría de los Comités. Quienes votan "no", en otras palabras, están en contra de la prórroga.
El señor HOFFMANN ( Secretario).-
Resultado de la votación: 27 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Canessa, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Chadwick, Coloma, Fernández, Matthei, Novoa, Orpis y Stange.
Se abstuvieron los señores Cantero y Prokurica.
En consecuencia, se entiende prorrogada por seis meses la presencia de tropas chilenas en Haití. Es decir, por un plazo fijo: hasta el 1º de junio de 2005. Por lo tanto, de acuerdo con esta interpretación, no habrá más prórrogas.
Asimismo, el Ejecutivo deberá enviar los informes pertinentes a las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.
Creo que la mayoría de estos problemas -me gustaría que los señores Ministros escucharan, si fuera posible- se habrían evitado si las autorizaciones se hubiesen solicitado con tiempo.
Más que interpretar el parecer de Renovación Nacional en esta materia, quiero dar mi opinión como Senador y pedir que se respete a la Corporación. Porque lo cierto es que la primera solicitud se presentó cuando el Presidente de la República ya se había comprometido. Entonces, se dijo: "Para no pasar un bochorno, debe aprobarse". Y hoy se pide esta autorización el mismo día en que vence el plazo de la anterior.
Creo que, por respeto a las prerrogativas del Senado, en este tipo de asuntos debe actuarse con la debida anticipación.
En alguna medida, la autorización recién aprobada no corresponde, porque para dar una opinión seria en esta materia se requiere información sobre cómo se ha desarrollado la misión en Haití y cuáles han sido sus resultados.
A continuación, el señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
1.- Prorrogar el Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy hasta las 19, y
2.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre financiamiento de los estudios de la educación superior, hasta las 12 horas de mañana.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe", adoptado en Viena el 25 de septiembre de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3569-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo del proyecto es concertar, con el patrocinio del Organismo Internacional de Energía Atómica, un acuerdo regional para el fomento y fortalecimiento de la cooperación técnica mutua en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la Comisión propone al señor Presidente discutir esta iniciativa en general y en particular a la vez, en conformidad con lo preceptuado por el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2004, disponiéndose su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Acuerdo es el resultado de la negociación entre la Secretaría Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los diecinueve Estados participantes en los llamados "Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe", conocido como ARCAL, según su sigla.
Durante los últimos años, los proyecto regionales de cooperación técnica promovidos por el OIEA han ido adquiriendo cada vez mayor importancia en América Latina y el Caribe, en particular en aquellas esferas de interés común, como la información nuclear, protección radiológica, salud humana, agricultura, hidrología e industria. Esta circunstancia, entre otras razones, motivó a los Estados participantes en el programa ARCAL a propiciar su fortalecimiento a través de la conclusión de un acuerdo intergubernamental en el que los Gobiernos se comprometen a participar más directamente en la ejecución de los proyectos de cooperación conjunta que las partes acuerden realizar con el patrocinio de la OIEA.
Además, con la información que proporcionó la Secretaría, es suficiente.
Señor Presidente, quiero llamar la atención del Senado respecto del Acuerdo que se propone aprobar.
Particularmente, en la página 5 del mensaje se establecen los compromisos que asume el Organismo Internacional de Energía Atómica, aun sin ser parte en el Convenio, con el propósito de dar cumplimiento a su propia función estatutaria de promover la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos.
La verdad es que esto se entiende cuando se trata de investigación en aplicaciones médicas. Pero las organizaciones atómicas promueven la energía nuclear en nuestro país y en otros como una manera de proveer energía, sin resolver los problemas de seguridad y residuos, ni una serie de otras cuestiones asociadas.
Entonces, no deja de llamar la atención que el Gobierno se esfuerce por seguir este camino, cuando debiera hacerlo respecto de energías alternativas, incentivando la investigación y búsqueda de nuevas fuentes para un país que en este ámbito es muy dependiente.
Además, parece una ironía que el proyecto de acuerdo que en seguida se someterá a la consideración del Senado se refiera a la "Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares". O sea, por un lado se fomenta el empleo de la energía atómica y por otro nos comprometemos a dar la notificación temprana en el evento de que ocurran accidentes que produzcan efectos radiológicos transfronterizos, Esto es avanzar en una política equivocada.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (29 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la "Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares", adoptada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica el 26 de septiembre de 1986, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3571-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo de la Convención es fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y utilización sin riesgos de la energía nuclear, estableciendo la obligación para los Estados Partes de informar sobre el acaecimiento de accidentes nucleares, con la finalidad de reducir al mínimo los efectos radiológicos transfronterizos.
Cabe señalar que esta Convención se redactó luego del accidente de Chernobyl.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, la Comisión informante propone al señor Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , como indicó el señor Secretario , la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares fue aprobada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica en su reunión extraordinaria de 26 de septiembre de 1986.
Esta Convención fue adoptada en consideración a que cierto número de Estados estaban llevando a cabo actividades nucleares que potencialmente podrían causar accidentes, con graves consecuencias radiológicas transfronterizas.
La aprobamos, además, con el objeto de fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y utilización sin riesgos de la energía nuclear y conscientes de la necesidad de que los Estados suministren lo más pronto posible la información pertinente sobre accidentes nucleares, pensando en lo ocurrido en Chernobyl.
La Comisión, por unanimidad, aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo por 28 votos a favor y una abstención.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega y Zurita.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1997", adoptado el 19 de junio de 1997 en la 85ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3653-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
La finalidad del instrumento en estudio es regular el problema de los convenios internacionales del trabajo que han perdido eficacia o actualidad. Para ello, se dota a la Conferencia Internacional del Trabajo de la competencia necesaria para derogarlos si se considera que han perdido su objeto o que ya no representan una contribución útil a la consecución de los propósitos de la Organización.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente, este Instrumento de Enmienda a la Constitución de la OIT fue adoptado el 19 de junio de 1997 por 381 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
El texto es muy sencillo, pues se apunta a abordar el problema de los convenios internacionales del trabajo que han perdido eficacia o actualidad, como se ha hecho presente, y dotar a la Conferencia de la competencia necesaria para derogar formalmente aquellos considerados obsoletos, en particular por lo que respecta a las obligaciones que crean.
Señor Presidente , me parece que los proyectos de acuerdo sobre temas tan específicos como los de la Organización Internacional del Trabajo, entidad a la que por lo general concurren miembros de la Comisión de Trabajo de una u otra rama del Congreso, deberían ser conocidos también por esta última instancia especializada.
Entiendo y acepto que los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Corporación poseen capacidad suficiente para resolver sobre un tema como el que nos ocupa. Sin embargo, por tratarse de asuntos tan concretos y, como dije, habiendo concurrido a la OIT tanto Senadores integrantes de la Comisión de Trabajo como el Secretario de ésta, sería conveniente que ese último órgano técnico, en el futuro, también participara en su análisis, por cuanto tiene relación más directa con esas materias.
Tal como lo expresó el Senador señor Romero , el Acuerdo es simple y aparentemente no presenta mayores complicaciones. Pero solicito a la Mesa que en el futuro, repito, se contemple la participación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Señor Presidente , el Acuerdo sometido al pronunciamiento del Senado tiene una innegable racionalidad de hecho. Sin embargo, plantea problemas jurídicos muy serios, que querría ver despejados por la Comisión informante a fin de poder concurrir a su aprobación.
Como se hace constar en el informe, desde 1919 a esta fecha la Conferencia Internacional del Trabajo ha sancionado 185 convenios, 57 de los cuales Chile ha incorporado a su legislación interna. Éstos han sido considerados por nosotros, permanentemente, como tratados internacionales. Y ése es el motivo por el cual el Presidente de la República los presenta a la aprobación del Parlamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 50, Nº 1), de la Constitución Política.
Es evidente que la facultad que se otorga a la OIT para derogar convenios tiene implicancias de orden interno en nuestro país, en especial si dice relación a alguno aprobado en el Congreso Nacional y que adquirió valor de ley, y con mayor razón si ha sido necesario, como ha ocurrido en numerosos casos, dictar normas legales complementarias con el propósito de asegurar el cumplimiento de esos instrumentos internacionales.
Por otro lado, me llama la atención el que la disposición que confiere a la Conferencia Internacional del Trabajo la facultad de tomar el acuerdo derogatorio se encuentre redactada en términos abiertos, de manera que es perfectamente posible que concurran a adoptarlo -y, por tanto, generen la mayoría exigida en el texto que nos ocupa- países que nunca ratificaron los respectivos convenios y que, en consecuencia, no los incorporaron a su legislación interna.
Creo que, en el orden internacional, transformado en una fuente normativa de creciente importancia en el mundo contemporáneo, se requieren preceptos de ordenamiento jurídico en la dirección que ahora se plantea y a los que deben concurrir los Estados. Pero me parece que el Acuerdo, en la forma en que viene formulado, pugna con la disposición del artículo 50, Nº 1), de la Carta Fundamental.
Además, presenta la otra dificultad: los Estados que no ratificaron en su minuto esos convenios -repito- podrían ser determinantes, sin embargo, en su derogación.
Señor Presidente , más allá de si se generará o no un debate sobre lo planteado por el Senador señor Parra , que resulta interesante, conceptualmente, y tiene que ver con el sentido de la norma y la jerarquía constitucional, quiero consignar tres cosas para la historia de la ley.
En primer lugar, la derogación de cualquier convenio requerirá dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes en la Conferencia. O sea, se establece un quórum especial para tal efecto.
En segundo término, se pedirá la opinión de los Estados Miembros a través de un cuestionario remitido con 18 meses de antelación a la reunión que tendrá lugar.
Finalmente, la idea -así lo expresó el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señor Francisco del Río- es refundir Acuerdos, con miras a ese orden internacional a que hacía referencia el Honorable señor Parra .
Entiendo la preocupación del señor Senador ; pero lo que se busca con este instrumento es, básicamente, dejar sin efecto lo que se considere obsoleto. No se crean nuevas obligaciones, porque entonces, como él señaló, se produciría un problema constitucional complejo.
Reitero: el Acuerdo busca dejar sin efecto convenios que quedaron obsoletos porque fueron reemplazados por otros.	En síntesis, ése es el espíritu de la iniciativa.
Por mi parte, hice la consulta pertinente al representante del Ministerio del Trabajo, porque ésta es una forma algo atípica de legislar. Como de su respuesta concluimos que la filosofía que hay detrás de ella es razonable, acogimos el proyecto de acuerdo por unanimidad.
A propósito del planteamiento formulado por el Senador señor Parra , quiero manifestar también mi inquietud, ya que, efectivamente, puede darse la hipótesis jurídica de que se derogue una norma en la Organización Internacional del Trabajo y que, no obstante, ella siga vigente en nuestra legislación. Porque el Acuerdo en debate autoriza la derogación de un convenio que se halla rigiendo en el plano internacional, lo que no significa que tendrá lugar el mismo efecto al interior de nuestra legislación.
Un señor Senador sugirió enviar el proyecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero lo otro que podemos hacer es, simplemente, aprobarlo, como lo solicita la Comisión, y pedir al Ejecutivo que el vacío sea llenado a través de una iniciativa de ley que, una vez que tenga lugar la derogación a nivel internacional, ponga al día nuestra legislación por la vía de disponer la misma medida en el ámbito interno. Es posible que esa solución resuelva la inquietud que aquí se ha planteado.
Señor Presidente , nuestra proposición es la que apunta a enviar el asunto a la Comisión de Trabajo.
¿Hay acuerdo en tal sentido o se pone la iniciativa en votación?
Deseo fundamentar mi pronunciamiento, señor Presidente .
Cabe recordar que estamos en Fácil Despacho.
Señor Presidente , no concurro al acuerdo, en primer lugar, porque, de haber una Comisión competente, sin duda que es la de Constitución. Y, en segundo lugar, porque, en verdad, la cuestión no se puede arreglar.
Se ha sometido a nuestra consideración la aprobación de un Acuerdo adoptado por la Organización Internacional del Trabajo. Estimo que se debe resolver sin dilación al respecto.
Por las razones que expuse, me voy a abstener.
En vista de esa inquietud, procederemos a votar.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz para que deje constancia de su posición.
Señor Presidente , votaré a favor, porque no se afectan para nada los derechos de los trabajadores del país. Aun cuando la Conferencia Internacional del Trabajo se hallará autorizada para que en los convenios de la OIT se eliminen o refundan algunos elementos que ya no sean de aplicación general, ello no significa que automáticamente en Chile dejarán de tener vigencia, debido a que todavía permanecerán incorporados a nuestro ordenamiento. Y, para modificar este último, el Gobierno debe enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional.
Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en aprobar el texto en examen, pues me parece razonable; y doy fe de que no altera la legislación chilena. En su momento, cualquier enmienda se discutirá por la vía de una iniciativa de ley.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo por 27 votos contra uno y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega y Zurita.
Votó en contra el señor Silva.
Se abstuvieron los señores Parra y Ríos.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que faculta al Pleno de la Corte Suprema para autorizar el funcionamiento de salas en las Cortes de Apelaciones durante el feriado judicial, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3728-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 13ª, en 16 de noviembre de 2004.
El objetivo principal del proyecto es permitir que la Corte Suprema autorice el funcionamiento de más de una o de dos salas, según corresponda, durante el receso judicial, en las distintas Cortes de Apelaciones.
Cabe destacar que el Máximo Tribunal informó favorablemente esta iniciativa, reiterando su observación, planteada en un oficio que envió en 2003, en cuanto a la conveniencia de legislar también sobre el funcionamiento de una sala de verano en su seno, lo que en la actualidad se regula en un auto acordado.
La Comisión de Constitución discutió el proyecto y lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, efectuando enmiendas de redacción al texto propuesto por el Ejecutivo. Ellas consisten en radicar en cada Corte de Apelaciones la decisión de funcionar en más salas de verano que las determinadas en el artículo 315 del Código Orgánico de Tribunales.
Corresponde tener presente que la iniciativa debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, por lo que requiere, en consecuencia, el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de dos columnas, en una de las cuales figura el artículo 315 del Código Orgánico de Tribunales, y en la otra, el texto despachado por la Comisión.
Por último, el órgano técnico propone, en su informe, que el proyecto sea discutido en general y particular a la vez, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 31 señores Senadores se pronunciaron favorablemente.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Señor Presidente , quiero destacar que la facultad se otorga a las Cortes de Apelaciones y no a la Corte Suprema, como decía originalmente la iniciativa.
En realidad, en la tabla de Fácil Despacho se hace referencia al Pleno del Máximo Tribunal .
Cabe dejar constancia en la Versión Oficial de que lo aprobado dice relación a que cada Corte de Apelaciones podrá acordar el funcionamiento de más salas durante el período de vacaciones.
Correcto. El título del proyecto contiene otra mención no obstante que la Comisión modificó el texto trasladando la atribución aludida desde la Corte Suprema al pleno de cada Corte de Apelaciones.
Terminado Fácil Despacho.
En primer lugar del Orden del Día, corresponde tratar las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República , en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que establece bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2361-23) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 6 de mayo de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 5ª, en 13 de octubre de 2004.
Observaciones en segundo trámite, sesión 10ª, en 3 de noviembre de 2004.
Gobierno, sesión 4ª, en 15 de octubre de 2003.
Gobierno (segundo), sesión 25ª, en 1º de septiembre de 2004.
Hacienda, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 2004.
Mixta, sesión 8ª, en 20 de octubre de 2004.
Gobierno (observaciones), sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
Hacienda (observaciones), sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
Sesiones 7ª y 11ª, en 4 y 12 de noviembre de 2003 (queda pendiente su discusión general); 12ª, en 18 de noviembre de 2003 (queda para segunda discusión); 13ª, en 19 de noviembre de 2003 (se aprueba en general); 29ª, en 14 de septiembre de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 30ª, en 15 de septiembre de 2004 (se aprueba en particular); 8ª, en 20 de octubre de 2004 (se rechaza su informe).
La Comisión de Gobierno aprobó por la unanimidad de sus miembros (Honorables señora Frei y señores Bombal, Cantero, Núñez y Stange) las observaciones correspondientes a los números 1), 2), 3), 4) (artículo 60, nuevo), 4) (artículo 63) y 6). Respecto de la observación número 5), que se refiere al artículo 64, donde se establece un régimen de excepción para los casinos de juego que funcionan en la ciudad de Arica, el Senador señor Núñez se abstuvo.
Por su parte, la Comisión de Hacienda analizó la observación número 4), relativa al artículo 60, nuevo, aprobándola por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami).
De acuerdo con el artículo 188 del Reglamento, las observaciones del Presidente de la República tendrán discusión general y particular a la vez, cada una de ellas se votará separadamente y no procederá dividir la votación.
Cabe advertir que la observación signada con el número 2), referente al Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego , requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de tres columnas, en las que figuran, respectivamente, el texto aprobado por el Congreso, las observaciones del Presidente de la República y el texto aprobado por las Comisiones que analizaron estas últimas.
En discusión general y particular, a la vez las observaciones.
Solicito el asentimiento del Senado para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano, y su asesor, don Eduardo Pérez.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de la primera observación y proceder a su discusión.
En la segunda columna del Comparado se consigna lo siguiente:
"Para incorporar en el Párrafo 1º del Título IV, el siguiente artículo 16, nuevo, pasando los actuales artículos 16 y siguientes a ser artículos 17 y siguientes.". Luego figura el artículo señalado.
Señor Presidente , la primera observación agrega un artículo 16, nuevo, referente al límite de casinos de juegos, determinando que no podrán autorizarse en el país más de 24 en total, uno a lo menos por región y con un máximo de tres.
Se establece como criterio para no autorizar la instalación de nuevos casinos la distancia vial mínima de 70 kilómetros, sea entre ellos o respecto de otros en actual funcionamiento.
El veto fue aprobado en forma unánime por los miembros de la Comisión; y, por cierto, recomendamos proceder en la misma forma.
Señor Presidente , es una lástima que el Gobierno no haya recogido lo resuelto por el Senado, que planteó dos casinos al menos por región. Ahora se va a producir una competencia entre ellas, pues cada una querrá, legítimamente, tener tres; pero debe quedar en claro que el tercero será a costa del derecho de otra.
Al respecto, algo adelantábamos con la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional en el sentido de que, si hubiese buenos proyectos en las regiones en las cuales podría ocurrir lo que señalo, habría buena voluntad como para efectuar un alcance o una modificación a la ley.
Se ha denunciado que en Chile -éste es el momento de hacer tal comentario- funcionan más de 10 mil tragamonedas ilegales, 7 mil de los cuales se hallan en la Región Metropolitana. Es una cuestión que no podemos dejar de plantear.
Señor Presidente , al igual que el Senador señor Horvath , yo también habría sido partidario de un mínimo de dos o tres casinos por región, según fue el criterio adoptado en la discusión previa del proyecto.
El veto plantea como mínimo uno por región, con lo cual doce de ellos, por lo menos, entrarán en una especie de distribución aún no determinada.
La Región que represento puede perfectamente optar a tres de esas salas de juego, no obstante que la ley la va a dejar circunscrita a dos.
Puede tener tres, señor Senador.
No, señor Senador; puede tener tres.
Eso va a ser imposible. Hay que ser realista y no creer algo distinto.
Lo que me parece oportuno es haber reducido la distancia -la acordada resultaba un poco absurda- para autorizar la instalación de nuevos casinos. En la discusión anterior hablamos de 100 kilómetros.
La bajamos.
Ahora es de 70 kilómetros.
Ello me parece bien, porque en diversas regiones del país -y no solo en la que yo represento- se daba la incongruente situación de que podría haberse impedido la creación de un casino si el límite hubiese sido mayor de 70 kilómetros.
Pichilemu fue la primera comuna que tuvo casino en la zona central del país, aunque después fue cerrado. Santa Cruz, por su parte, se encuentra en condiciones de tener una sala de juego, pues es un eje especial para turistas, especialmente extranjeros, y cuenta con inversiones y con un hotel de primera categoría. Sin embargo, en esta última ciudad, a las 7 de la tarde no hay actividad. Obviamente, si se hubiera establecido la distancia de 100 kilómetros entre Pichilemu y Santa Cruz , una de las dos habría quedado impedida de instalar un casino.
Por lo tanto, me parece bien que se haya bajado la distancia a 70 kilómetros.
Quiero dejar constancia en el debate -que a veces ha sido apasionado- de que en la lista de los 24 casinos no se consideran los existentes. Eso es aparte. De modo que, si alguien tiene que explicar cuántos casinos habrá en Chile, deberá sumar los 24 aquí incorporados a los que puedan estar funcionando.
No, señor Senador. Dentro de los 24 están los siete en actual funcionamiento.
No es así, señor Senador.
Ésa es la respuesta que quería en cuanto al número total. A eso quería llegar exactamente.
Se ha despejado la duda, pues la cuenta que saqué era absolutamente artificiosa. Por consiguiente, habrá que decir a la opinión pública cuántos son los casinos que podrán funcionar legalmente en el territorio nacional, a fin de no crear expectativas, pues, después de un debate de esta naturaleza, al final se determinará que las regiones no tenían espacio legal para optar a mayor número.
No estamos creando expectativas, señor Senador.
Señor Presidente , es la tercera vez que discutimos la misma materia en el Parlamento. Porque recordemos que la primera fue durante la discusión particular, donde se aprobó la idea; luego, en el trámite de Comisión Mixta, en que se rechazó, y ahora, en la última etapa, con motivo del veto.
Al igual que en las ocasiones anteriores, quiero plantear a lo menos mi rechazo a la fórmula ideada para enfrentar lo relativo al número de casinos. Y hablo del artículo específico por tres razones.
Primero, porque me parece que 24 es un número absolutamente excesivo. Fui una de las personas que trabajaron con el Gobierno para tratar de establecer una nueva ley de casinos, y me parecía importante fijar el marco jurídico para su mejor funcionamiento.
En ocasiones anteriores explicamos en detalle que había cuatro opciones diferentes para establecer el número de casinos. Estaba la posibilidad A, que consistía en prohibir los casinos, asumida por algunos países; la B, que era la libertad total; la C planteaba el caso a caso, como ha sido la tradición chilena, y la cuarta señalaba el marco regulatorio, que es la que eligió el Parlamento.
Dentro de ese marco regulatorio, me parecía fundamental entender las elasticidades del juego. No es lo mismo tener 200 ó 500 lugares que cinco o diez. Y de alguna manera eso fue lo que planteamos.
Originalmente se propuso 15 casinos, lo que estimaba como opción razonable; después se subió el número a 24, lo que ya no parece tan lógico.
Para despejar la duda del Senador señor Moreno , que al parecer no lo tiene claro, recuerdo que son 24 casinos, menos los siete que actualmente funcionan; es decir, habrá 14 nuevos casinos, que se repartirán a lo largo del país.
¡Su Señoría se equivocó: son 17 y no 14!
El señor COLOMA-.
¡17 más 7 son 24!
Tiene razón. ¡Quería ver si el Honorable señor Moreno estaba atento a la explicación!
Resuelto lo anterior, deseo plantear que, desde el punto de vista conceptual, me parece una cifra que generará problemas que pueden ser mayores que los beneficios por obtener.
En segundo término, pienso que en la fórmula ideada existe una gruesa posibilidad de centralismo. Y aquí uso la expresión utilizada por un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que ampliar a tres implica que los casinos nuevos se van a asignar básicamente a las regiones más importantes.
Creo que, desde la perspectiva del desarrollo turístico y de aprovechamiento de tal instancia para nuevos polos de desarrollo y para la descentralización del país, la proposición apunta en el sentido incorrecto.
La discusión acerca del número de casinos ya se dio en el Senado. Y fue ad limitum. Quedamos todos agónicos. Pero ahora estamos viendo si reponemos lo aprobado por el Senado y que desechó la Cámara. Porque, de rechazarse el veto, como quisieran algunos -no creo que ésa sea la opinión del Senador señor Coloma -, nos quedaríamos sin ley, pues no habrá institución.
Entonces, aquí el problema no es que Santa Cruz tenga o no tenga casino -eso dependerá tal vez del señor Cardoen -, sino que haya o no haya normativa. De eso se trata. Si la hay, es porque aprobaremos el veto. Si lo rechazamos, no habrá más casinos que los actualmente existentes.
Señor Presidente , estamos en presencia de un veto. Yo planteé que ésta es la tercera vez -y tiene razón el Honorable señor Valdés - que nos enfrentamos al mismo tema. Ahora, lo especial de esto es que se ha resuelto en forma distinta, porque los quórum eran diferentes. Eso no obsta a que, si uno cree que la fórmula a que se llegó es negativa, tenga derecho a rechazarlo, en la esperanza -porque la idea de legislar se aprobó en la primera instancia- de que el Ejecutivo envíe un proyecto que a todos nos satisfaga, con un planteamiento que se acerque a la solución final.
Por último, tampoco me convence lo propuesto para que los casinos queden ubicados a cierta distancia. Esto se discutió extensamente. Ahora, por razones inversas a las planteadas por otros oradores, considero que debe haber ciertos kilómetros como mínimo, porque cuando se expuso la materia a los integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, vimos que la experiencia internacional indicaba esa necesidad; pero también este asunto fue discutido casi hasta la saciedad.
Por eso, sin perjuicio de creer que algunas de las otras sugerencias, como la referente al Comité Resolutivo, son correctas, en este caso particular -por las razones que hemos expuesto todos en otras ocasiones-, votaré en contra de esta parte del veto.
Señor Presidente , voy a rechazar las observaciones del Ejecutivo por lo mismo que señalé anteriormente, en el sentido de que no se respeta el derecho de los casinos de los lugares más apartados, con poca población. Porque si bien es cierto...
¿Puerto Natales tiene casino?
Ruego a Sus Señorías respetar a quien hace uso de la palabra.
Pregunto si Puerto Natales tiene casino, señor Presidente .
Sí, lo tiene. Pero ocurre que su concesión vence el 2015. Con posterioridad a ese año, de acuerdo con el artículo 3º transitorio, que no ha sido observado, tendrá que entrar a competir con el resto del país. En igualdad de condiciones, tiene sólo una preferencia. Pero, obviamente, Puerto Natales no está en situación de igualarse a las grandes regiones ni a las ciudades de mayor importancia.
Por lo tanto, el suyo es un derecho ilusorio. Y todo el esfuerzo hecho para que esa localidad tuviera casino es muy probable que se pierda al caducar la concesión, porque en la competencia que va a tener con el resto del país -muy legítima- participarán cada una de las regiones con proyectos que una pequeña comuna con una población reducida como Puerto Natales no podrá emular.
Por esa razón, señor Presidente , voté en contra del proyecto en general. Porque aquí no se trata de las razones tenidas en vista para proteger a los casinos actualmente existentes, todas ellas seguramente de naturaleza geopolítica y de turismo muy importantes. Y es absolutamente indispensable que Puerto Natales cuente con un establecimiento de juego. Al respecto, he conversado con autoridades de Gobierno. Lamentablemente, el veto no incluye una norma de preferencia para mantenerlo. De tal manera que si cada región puede llegar a tener tres casinos, es muy probable que Punta Arenas postule a uno y, cuando expire la concesión del de Puerto Natales, deberá competir con el resto de las regiones.
Por lo tanto, creo que esto es inconveniente para los casinos pequeños. La misma situación se puede presentar en Puerto Varas y en otras comunas, porque cuando se estudió la necesidad de instalar esos establecimientos, se atendió a factores geopolíticos, sociales y económicos que afectan a los de comunas como Puerto Natales. El ingreso por concepto del casino allí es largamente el más importante: por tratarse de un municipio muy pobre, representa más del 40 por ciento de su presupuesto.
Por lo dicho, aun cuando lo anterior no esté directamente relacionado con el veto, me pronunciaré en contra, por ser la única manera de expresar mi disconformidad con la privación de que está siendo objeto una ciudad tan importante de nuestro territorio, puerta de entrada de las Torres del Paine, una de las maravillas del mundo que debemos preservar. Una de las maneras de lograrlo es hacer más entretenido el turismo. Si hay una comuna turística en Chile, ella es obviamente Puerto Natales.
Señor Presidente , sólo deseo dejar una constancia: la exclusión en la futura ley de la Región Metropolitana -que represento en el Senado- es discriminatoria. Y lo hago presente, pues el proyecto pasará al Tribunal Constitucional para la revisión de la constitucionalidad de sus normas.
En mi opinión, es negativo que en una legislación se empiece a discriminar entre la Metropolitana y el resto de las regiones. La autorización de casinos es un tema respecto del cual no me pronuncio.
Reitero: discriminar a una región del país es una mala práctica en la legislación chilena.
Espero que el Tribunal Constitucional lo corrija cuando revise la constitucionalidad de la normativa.
Como se han dado todos los argumentos, lo único que quiero decir a los representantes de la Región Metropolitana es que no aspiren a más, porque ya lo tienen todo. ¡Dejen algo a las Regiones! Y como pronto se tratará un proyecto sobre maltrato a los animales, anuncio que presentaré una indicación para prohibir las carreras de caballos.
Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Ríos.
Señor Presidente , consulto a la Mesa si la primera observación del Ejecutivo debe votarse en su totalidad o puede dividirse en partes. Porque el inciso segundo del artículo 16, nuevo, que se pretende incorporar, referido a la distancia de 70 kilómetros entre casinos, es algo extraño.
Reglamentariamente, las observaciones del Ejecutivo se deben votar en bloque; no se pueden dividir bajo ningún pretexto.
Pregunto porque la misma norma, como se ha señalado, obliga necesariamente a tener el visto bueno del respectivo gobierno regional para la instalación definitiva de un casino. Y la distancia mínima de 70 kilómetros entre una y otra sala de juego implica simplemente debilitar las potestades de la administración local. Porque se supone que la gente tiene buen criterio. Así lo ha señalado permanentemente, por lo demás, el Senador señor Valdés . Ello hace suponer que la observación del Ejecutivo , a lo menos en esta parte, debilita la participación de las autoridades locales y regionales.
En virtud de ello, me voy a abstener.
En votación electrónica la primera observación.
--Se aprueba la observación Nº 1), mediante la cual se incorpora en el Párrafo 1º del Título IV un artículo 16, nuevo (26 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Chadwick, Flores, Frei (doña Carmen), García, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Cordero, Fernández, Horvath, Larraín y Vega.
Se abstuvieron los señores Ríos y Ruiz (don José).
No votó, por estar pareado, el señor Canessa.
Corresponde pronunciarse sobre la segunda observación formulada por el Presidente de la República .
El segundo veto del Ejecutivo propone agregar en el Párrafo 1º del Título V, a continuación del actual artículo 36 (que pasó a ser 37), un artículo 38, nuevo.
Esta disposición reviste el carácter de ley orgánica constitucional, por lo que requiere 27 votos favorables para su aprobación.
En discusión la segunda observación.
Señor Presidente , este veto surge de una proposición que emanó desde el Senado -particularmente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización-, tendiente a crear un órgano que, con carácter de superintendencia, regule, norme y controle el funcionamiento de los casinos, fiscalizando cada uno de los procesos.
Ésta es la única norma de quórum especial que no fue objetada en ninguno de sus trámites.
Por lo tanto, estimo muy importante aprobar esta observación, a fin de que el proyecto tenga viabilidad. De otra manera la iniciativa no podría ser aplicable.
Hago presente que este precepto es de quórum especial.
--Se aprueba la observación Nº 2), a través de la cual se incorpora en el Párrafo 1º del Título V un artículo 38, nuevo (32 votos contra 2 y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Flores, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo el señor Fernández.
En seguida, corresponde pronunciarse acerca de la tercera observación.
El tercer veto propone introducir enmiendas al artículo 53 actual, que pasó a ser 55.
Señor Presidente , esta observación es una materia nueva -no se había consignado en los estudios anteriores- y que, en mi concepto, se incorpora con mucha razón, toda vez que el Tribunal Constitucional señaló con claridad que los procedimientos sobre sanciones administrativas deben quedar expresamente establecidos en los cuerpos legales que los consagren.
En ese sentido, dicho Tribunal emitió un pronunciamiento respecto del proyecto que originó la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, lo que nos obligó a revisar una vez más el contenido de ese cuerpo legal.
En consecuencia, esta norma pretende regular con detalle el procedimiento sancionatorio y viene a llenar el vacío que, en opinión del Tribunal Constitucional, se observó en leyes anteriores.
Este precepto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno.
Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia del mal ejemplo que estamos dando cuando aprobamos -y no es la primera vez que lo hacemos- normas específicas sobre procedimientos, en circunstancias de que hace un año y medio se promulgó una ley general sobre bases de los procedimientos administrativos para regular este tipo de materias, incluso los llamados "procedimientos sancionatorios".
En el fondo, con este procedimiento específico estamos contribuyendo a establecer situaciones que, en definitiva, entorpecen no sólo a la administración, sino también y de manera fundamental, a los particulares, a los administrados, quienes a menudo se sienten completamente confundidos con la legislación farragosa que se está aprobando.
Por eso, votaré en contra.
Señor Presidente , si bien el Senador señor Silva tiene toda la razón en lo que señala, aquí nos hallamos ante la inminencia de un problema suscitado por un fallo del Tribunal Constitucional referido a la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, respecto de la cual dicho organismo dictaminó su inconstitucionalidad, pues no contemplaba el procedimiento de sanción administrativa. A raíz de ello, el Gobierno tomó precauciones para no incurrir en el mismo error, que ya había representado el Tribunal, y contempló dicho procedimiento en este caso.
En consecuencia, no obstante que Su Señoría tiene mucha razón en su planteamiento, habría que buscar una interpretación, porque esta situación continuará repitiéndose en las distintas regulaciones que puedan incorporar las leyes; y, con la sentencia ya conocida que emitió el Tribunal Constitucional, es imposible obviar el problema si acaso no se establece en cada normativa el procedimiento específico.
A mi juicio, esta materia da pie a un estudio. Y sería muy interesante que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pudiera abordarla, para ver la posibilidad de corregir la ley general de bases de procedimientos administrativos o, al menos, para interpretarla de modo diferente y enmendar el fallo del Tribunal Constitucional.
Creo que el problema se va a seguir presentando.
Ése es un tema que podemos debatir en otra oportunidad. Desgraciadamente, ahora tenemos que pronunciarnos sobre la observación en debate.
Por tanto, si no hay más interesados en hacer uso de la palabra, se pondrá en votación el veto del Ejecutivo al artículo 53 actual.
--Se aprueba la observación Nº 3) al actual artículo 53 (26 votos a favor, 4 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Valdés, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Parra, Ríos y Silva.
A continuación, corresponde ocuparse en la observación número 4), que propone incorporar al Título VII, a continuación del actual artículo 57 (que pasó a ser 59), un artículo 60, nuevo.
En discusión la observación del Ejecutivo.
Señor Presidente, el veto en debate tiene que ver con el impuesto especial que se aplica a los casinos de juegos. El 50 por ciento de los recursos que se recauden por ese concepto se destinará al municipio, y el 50 por ciento restante, al patrimonio del gobierno regional correspondiente.
Esta norma, aprobada por el Senado en su segundo trámite constitucional, además establece que los recursos obtenidos mediante el referido tributo deberán ser puestos a disposición de los respectivos gobiernos regionales y municipalidades, dentro del mes subsiguiente al de su recaudación por parte del Servicio de Tesorerías. Asimismo, agrega que tales recursos -o sea, los correspondientes tanto al ámbito local como al regional- deberán ser destinados al financiamiento de obras de desarrollo.
Señor Presidente , sería interesante saber por qué motivo se crean en el Título VII dos afectaciones o tributos.
El artículo 56 establece un impuesto de exclusivo beneficio fiscal, de un monto equivalente al 0,07 -imagino que es un porcentaje- de una unidad tributaria mensual.
Por otra parte, el artículo 57 fija un impuesto, con tasa del 20 por ciento, sobre los ingresos brutos que obtengan las sociedades operadoras de casinos de juego. O sea, se inicia la aplicación de dos tributos.
Sin embargo, en el artículo 60, nuevo, el Ejecutivo sólo se refiere a la distribución de uno de esos impuestos, asignando -como lo señaló el Senador señor Cantero - 50 por ciento al patrimonio municipal y 50 por ciento al patrimonio del gobierno regional correspondiente.
Habría sido deseable que todos los nuevos tributos hubieran sido objeto de esa misma distribución, sobre todo si se generan por actividades donde el gobierno regional tiene responsabilidad, pues éste debe dar el visto bueno para el funcionamiento de casinos en el marco de los programas y acciones propios del desarrollo de un sector tan trascendente -esto se ha señalado muchas veces en el debate- como es el turismo, actividad que se radica en un territorio determinado, etcétera.
Por lo anterior, habría sido lógico que los dos impuestos que se están estableciendo tuvieran igual distribución.
Lamento que la observación del Ejecutivo destine sólo uno de estos tributos a los gobiernos regionales y locales, y el otro, al gobierno nacional.
Señor Senador , el veto se refiere únicamente al impuesto establecido en el artículo 57 antiguo, y no al del artículo 56, al que hizo mención.
Efectivamente. Sólo quise dejar la constancia.
En votación electrónica la observación número 4).
--Se aprueba la observación número 4), relativa a incorporar en el Título VII un artículo 60, nuevo (29 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Vega y Zurita.
Dejo constancia de que los Honorables señores Parra, Ávila y Silva se pronunciaron en contra de la observación número 3) y de que, debido a fallas en el sistema, ello no quedó consignado. De manera que, tal como Sus Señorías lo han solicitado a la Mesa, sus votos negativos fueron incorporados en el registro correspondiente.
Hago presente esta situación para que no quede duda de la voluntad expresada por los señores Senadores.
La observación que sigue, mediante la cual se modifica el inciso primero del actual artículo 60, curiosamente también está signada con el número 4). Se me ha explicado que sólo se trata de un error tipográfico del veto.
--Se aprueba en esos términos.
Corresponde analizar la observación número 5), que agrega, a continuación del actual artículo 60 (que pasó a ser 63), un artículo 64, nuevo.
Señor Presidente , tal como lo manifesté durante el debate sobre la materia, con este proyecto se eliminaba una disposición especial de la Ley Arica, que establece que no existe limitación al número de casinos. Es la única zona en Chile que tiene esta atribución.
El Ejecutivo quiso remediar la situación mediante una indicación en la Comisión Mixta, pero ésta fue rechazada; o sea, se mantuvo la derogación de dicho precepto.
Afortunadamente, con acuerdo del Senado, se repuso esa indicación a través del veto, que respeta, en lo esencial, la referida norma legal.
Por lo tanto, invito a todos los señores Senadores a aprobar la observación en debate.
--Se aprueba la observación número 5), consistente en agregar un artículo 64, nuevo (26 votos a favor y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Vega y Zurita.
Se abstuvieron los señores Fernández, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez y Ominami.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta del último veto.
La observación número 6) propone sustituir, en el inciso final del artículo 4º transitorio, la cifra "2006" por "2007".
--Se aprueba la observación número 6), mediante la cual se modifica el artículo 4º transitorio (29 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Sabag, Silva, Stange, Vega y Zurita.
Al aprobarse todas las observaciones del Ejecutivo , queda despachado el proyecto que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.
Señor Presidente , como originalmente el Orden del Día concluía a las 18:30 -recién hoy se acordó prorrogarlo hasta las 19-, se había convocado para la misma hora a la Comisión de Relaciones Exteriores, que contará con la presencia del señor Ministro del ramo.
Por lo tanto, solicito recabar el asentimiento del Senado para que la referida Comisión sesione en paralelo con la Sala, a la hora señalada por ella.
El Orden del Día ha sido prorrogado hasta las 19 y espero que en ese lapso se despache el proyecto que modifica el Código Laboral, en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas.
Si no hay objeción, se autorizará a la Comisión de Relaciones Exteriores para funcionar simultáneamente con la Sala, en el entendido de que llamaríamos a sus integrantes a votar.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Laboral, en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3696-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 5ª, en 13 de octubre de 2004.
Trabajo, sesión 11ª, en 9 de noviembre de 2004.
El principal objetivo de la iniciativa es fijar una base de cálculo para el pago de horas extraordinarias en caso de remuneraciones inferiores al ingreso mínimo mensual y, además, crear un mecanismo destinado a garantizar el pago de saldos insolutos adeudados a trabajos agrícolas de temporada.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Bombal, Canessa, Parra y Ruiz De Giorgio), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que la Comisión informante propone al señor Presidente que la iniciativa se discuta en general y particular a la vez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Antes de ofrecer la palabra, solicito autorización para que ingrese a la Sala el asesor del Ministro del Trabajo , don Francisco Del Río.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal, Presidente de la Comisión de Trabajo.
Señor Presidente , la iniciativa ya fue descrita por el señor Secretario . Por tanto, sólo me referiré a una indicación que formulamos con los Senadores señores Parra , Canessa y Ruiz De Giorgio para reemplazar, en la letra D) del artículo único, el inciso tercero que se agrega al artículo 94 del Código Laboral. Se trata de dar mayor precisión a la norma, a fin de que el trabajador quede más resguardado en sus derechos.
El precepto que aprobó la Comisión de Trabajo dice: "En el caso de existir saldos de remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, las empresas agrícolas deberán depositarlos en la cuenta individual del seguro de desempleo creado por la ley Nº 19.728. Los mandantes responderán de estos pagos de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y 64 bis.".
Para proteger en mejor forma los derechos de los trabajadores, nosotros sugerimos sustituir ese precepto por el siguiente: "En el caso de existir saldos de remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, los empleadores deberán depositarlos, dentro del plazo de 60 días, contado de la fecha de término de la relación laboral, en la cuenta individual del seguro de desempleo creado por la ley Nº 19.728, salvo que el trabajador disponga por escrito de otra forma. Los dineros depositados conforme a este inciso serán siempre de libre disposición para el trabajador. Los mandantes responderán de estos pagos de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y 64 bis.".
El fundamento del reemplazo propuesto es permitir que los saldos de remuneración del trabajador sean depositados, en primera instancia, en la cuenta de ahorro o en la cuenta corriente bancaria que indique por escrito al empleador. Si aquél nada dice, éste deberá depositarlos en la cuenta individual del seguro de desempleo.
Además, nos parece interesante fijar un plazo razonable para que el empleador deposite el dinero, pues de lo contrario la obligación quedará indefinida en el tiempo. Con ello se evitarán discrecionalidades de parte de aquél o del ente fiscalizador.
Por otro lado, se posibilita al trabajador disponer siempre de los dineros recibidos bajo esta modalidad. A él le interesa la plata necesaria para su diario vivir, ya que puede tener requerimientos económicos urgentes; o sea, podría no importarle que los recursos sólo estuvieran disponibles para cuando operara el seguro de cesantía. Entonces, se trata de generar una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento de la obligación que se impone al empleador.
En eso consiste nuestra indicación.
Por consiguiente, pido a la Sala aprobarla. Y se trata de un proyecto muy simple.
Corresponde votar la idea de legislar. Si la Sala la aprueba, trataremos en seguida la indicación.
Sólo quiero dejar constancia de que, por aplicación del artículo 8º del Reglamento, me encuentro impedido de votar este proyecto.
Señor Presidente , el Honorable señor Ríos también hizo presente en la Comisión su inhabilidad.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y un pareo).
Votaron afirmativamente los señores Bombal, Canessa, Chadwick, Cordero, Frei (doña Carmen), Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Ruiz (don José), Silva, Vega y Zurita.
A continuación, corresponde pronunciarse sobre la indicación que presentaron los Honorables señores Bombal , Parra , Canessa y José Ruiz.
Solicito al señor Secretario darle lectura, para someterla a debate y votación.
La indicación, como se manifestó, procura reemplazar la letra D) del artículo único por la siguiente:
"D) Agrégase en el artículo 94, el siguiente inciso tercero nuevo:
"En el caso de existir saldos de remuneración que no hayan sido pagados al trabajador, los empleadores deberán depositarlos, dentro del plazo de 60 días, contado de la fecha de término de la relación laboral, en la cuenta individual del seguro de desempleo creado por la ley Nº 19.728, salvo que el trabajador disponga por escrito de otra forma. Los dineros depositados conforme a este inciso serán siempre de libre disposición para el trabajador. Los mandantes responderán de estos pagos de conformidad a lo establecido en los artículos 64 y 64 bis.".
Esa modificación, básicamente, da a los trabajadores una alternativa más para recibir los dineros correspondientes a saldos de remuneración insolutos, en la medida en que lo autoricen por escrito.
Estamos de acuerdo con la enmienda, señor Presidente.
Tiene la palabra al Honorable señor Moreno.
Señor Presidente , me parece bien la norma de reemplazo, porque, en primer término, establece el principio de que el trabajador es dueño de la remuneración que le deben y, por lo tanto, tiene derecho a hacer uso, aunque sea con retardo, del producto de su esfuerzo.
Si la parte no pagada de la remuneración fuese depositada en el fondo de cesantía, podría beneficiarlo indirectamente. Pero el ejercicio de ese legítimo derecho no queda entregado, contrariamente a lo que señala la indicación, a la voluntad del trabajador.
La autorización por escrito en contrario me parece un poco compleja, pues se puede prestar para que en algún momento alguien presione al trabajador a fin de que eso ocurra. Creo preferible buscar un sistema simplificado, por cuanto la mayoría de las temporeras no tienen cuenta bancaria y muchas de ellas tampoco disponen de cuenta de ahorro.
Ése es el único punto en que tengo duda: cómo hacer operable tal mecanismo.
En todo caso, estoy de acuerdo con el espíritu de la indicación, en el sentido de que los trabajadores o las trabajadoras sean dueños de la parte de la remuneración que se les adeuda.
Eso es lo sustantivo de la indicación. Por tanto, la votaré favorablemente. Pero me gustaría que después, si fuera posible, se perfeccionara sobre la base de los argumentos que acabo de dar, para facilitar el pago correspondiente.
Debo aclarar a Su Señoría, aprovechando que tiene el texto en sus manos, que la indicación no dice que el saldo de las remuneraciones deberá ser depositado en una cuenta corriente. Simplemente, emplea la frase "salvo que el trabajador disponga por escrito de otra forma".
Señor Presidente , al Senador señor Bombal , uno de los autores de la indicación, le escuché decir "en la cuenta corriente bancaria o en la cuenta de ahorro".
Pero yo me estoy refiriendo a la indicación, que habla de que el trabajador disponga por escrito otra forma de pago.
Sin duda, la indicación debe ser objeto de modificaciones de redacción. Habría que entenderlas incorporadas al texto sobre la base de una autorización a la Mesa para tal fin.
--Se aprueba la indicación (25 votos afirmativos) y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega y Zurita.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley Nº 19.039, sobre privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2416-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 3 de julio de 2002.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 2004.
Economía, sesión 26ª, en 4 de septiembre de 2002.
Economía (segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.
Economía (nuevo segundo), sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.
Hacienda, sesión 7ª, en 23 de junio de 2004.
Mixta, sesión 17ª, en 30 de noviembre de 2004.
Sesiones 1ª, en 1º de octubre de 2002 (se aprueba en general); 11ª, en 13 de julio de 2004 (queda pendiente su discusión particular);12ª, en 14 de julio de 2004 (se aprueba en particular).
La controversia entre el Senado y la Cámara de Diputados se originó en el rechazo de esta última a enmiendas efectuadas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
El informe de la Comisión Mixta formula una proposición destinada a resolver las divergencias que surgieron entre ambas Corporaciones, la cual consiste, fundamentalmente, en:
1) Conferir al juez facultad para ordenar que se invierta la carga de la prueba y sea el demandado quien acredite el uso de un procedimiento diferente del patentado.
2) Excluir de la patentabilidad el nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos. Sin embargo, podrá constituir invención susceptible de protección el nuevo uso, siempre que resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente y cumpla, además, con determinados requisitos.
3) Eliminar del artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial el inciso final, que establece una exención de responsabilidad para la producción, importación o comercialización de medicamentos, preparaciones farmacéuticas o reacciones químicas que utilicen drogas o compuestos que formaban parte del estado de la técnica al 30 de septiembre de 1991.
La Comisión Mixta acordó su proposición por unanimidad, con excepción de la referida a la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento, en la que se abstuvieron el Senador señor Orpis y el Diputado señor Uriarte.
Finalmente, cabe destacar que la Cámara de Diputados, en sesión de 9 del mes en curso, aprobó el informe de la Comisión Mixta.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas que transcriben, la primera, el texto aprobado por la Cámara Baja; la segunda, el proyecto que despachó el Senado, y la tercera, la proposición de la Comisión Mixta.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Economía, don Carlos Álvarez.
Señor Presidente , este proyecto ha sido ampliamente discutido, por cuatro a cinco años. Nos hallamos hoy en la etapa final de su tramitación, pero estamos en mora frente al acuerdo de Marrakech, que nos fija un plazo.
Simplemente, quiero señalar, sin entrar en los detalles, que en la Comisión Mixta existió bastante unanimidad en cuanto a cómo abordar y resolver los cuatro o cinco temas que suscitaron las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. Ellos, básicamente, se refieren a la inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento; a las patentes de segundo uso; a la exención de responsabilidad penal respecto de determinados casos, y a la prescripción de la acción indemnizatoria.
Señor Presidente , como el Orden del Día está por terminar, visualizo dos alternativas: una, analizar el informe en la sesión de mañana, y la otra, despacharlo de inmediato, tanto más cuanto que, según expresé, fue objeto de gran unanimidad en la Comisión Mixta y, además, el país está en mora en la materia.
Aprobémoslo ahora, señor Presidente .
En lo personal, sugiero votarlo de inmediato.
Si le parece a la Sala, cerraremos el debate y procederemos a votar el informe de la Comisión Mixtas, que, como manifestó el Honorable señor Orpis, fue aprobado por los Senadores que participaron en ella.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos afirmativos).
Votaron los señores Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Vega y Zurita.
Señores Senadores, como restan muy pocos minutos para que termine el Orden del Día, no parece conveniente analizar el siguiente proyecto. Por ello, podríamos iniciar de inmediato la hora de Incidentes.
Señor Presidente , pensé que iba a continuar el Orden del Día. En tal virtud, quería solicitar autorización para que la Comisión de Vivienda funcionara paralelamente con la Sala.
Puede hacerlo sin necesidad de autorización, Su Señoría, pues entraremos a Incidentes.
Al señor Ministro del Interior , solicitándole MEDIDAS CONTRA PROLIFERACIÓN DE JUEGOS DE AZAR EN LUGARES PÚBLICOS.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores , planteándole FLEXIBILIZACIÓN DE EXIGENCIAS PARA OTORGAMIENTO DE VISA DE TURISTA A CIUDADANOS CUBANOS.
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, pidiéndoles la realización de GESTIONES TENDIENTES A RATIFICACIÓN POR ARGENTINA DE ACUERDO COMPLEMENTARIO PARA APLICACIÓN DE CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CHILE.
A la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, requiriéndole ANTECEDENTES SOBRE MEDICIONES DE CONTAMINACIÓN EN PRINCIPALES CIUDADES DE AISÉN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EVITARLA.
En Incidentes, los Comités Renovación Nacional; Socialista, e Institucionales 2 e Independiente no intervendrán.
Señor Presidente , quiero ocupar un minuto para hacer la siguiente declaración, pues, por los antecedentes recogidos, se afecta mi honorabilidad a partir de expresiones vertidas días atrás por el señor Ministro de Defensa :
"El actual Ministro de Defensa Nacional Sr. Jaime Ravinet , en vez de guardar respeto a la Armada Nacional y a uno de sus símbolos más queridos, como es el Buque Escuela Esmeralda -auténtica Embajada de nuestro País ante los Estados Marítimos y Oceánicos que visita habitualmente- en un muy delicado momento interno y en donde es señalada por la Comisión Valech, cuyo informe es anónimo, ha optado no sólo por dar por establecidos gravísimos cargos que se le imputan, sino por enviar recado por los medios de difusión y desde el extranjero a su Comandante en Jefe para que pida perdón por hechos que fueron consecuencia de los horrores desatados por extremistas antes del 11 de Septiembre de 1973." (esto figura en la edición del diario "La Segunda" de 17 de noviembre del año 2004) "Estas actividades de los extremistas continuaron después, procurando con el auxilio de Gobiernos Extranjeros, derrocar al Gobierno Militar. El señor Ministro , en su insólito afán por agravar más la situación, ha tenido expresiones descomedidas e impropias contra el suscrito por el solo hecho de haber comandado a la Institución en un período que, junto con las demás Instituciones Armadas, había recién restablecido el Régimen Democrático de Gobierno, mediante un proceso de transición ejemplar.
"No acepto tales expresiones del Sr. Ravinet y lamento por Chile que ejerza el cargo público que ocupa con el peor criterio y discreción que corresponde a un Ministro de Estado en la Cartera de Defensa.
"Jorge Martínez Busch.
"Senador".
Nadie más hará uso de la palabra en el tiempo del Comité Institucionales 1.
Tampoco intervendrá el Comité Mixto.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Moreno.
Señor Presidente , no era mi ánimo intervenir, pero circunstancialmente escuché la declaración del Senador señor Martínez , y sobre esa materia deseo hacer las siguientes precisiones.
En primer término, el informe de la Comisión Valech no es anónimo. Se trata de un documento preparado con el concurso de destacadas personas, todas con nombre y apellido; sus detalles son conocidos, y la opinión pública tiene hoy pleno acceso a él.
Por lo tanto, creo que la veracidad de lo que dicho informe establece no puede, al menos en el Senado, ser impugnada sobre la base de que es una situación acerca de la cual no hay conocimiento. Existe un debate nacional en curso, y ya llegará el momento en que cada uno de nosotros se pronuncie sobre la materia.
Quiero dejar consignado primero ese elemento.
En segundo lugar, el Ministro de Defensa, don Jaime Ravinet, ha formulado declaraciones. Desde ese punto de vista, me reservo el derecho de pedirle que me entregue por escrito una respuesta sobre lo que aquí se ha dicho esta tarde, con el objeto de consignarla en la Versión Oficial bajo la intervención del Senador que habla.
Lo lógico habría sido conversar con el señor Ministro y no hacer afirmaciones de esa naturaleza. Y aun cuando respeto el derecho a formularlas, considero que la honorabilidad del señor Ravinet -que respaldo plenamente- no puede quedar aquí en cuestionamiento.
El Comité Demócrata Cristiano no hará uso del resto de los minutos que le corresponden.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Coloma. En seguida, dicho Comité cederá parte de su tiempo al Senador señor Horvath.
Señor Presidente , quiero referirme en esta ocasión a una de las situaciones más graves que me ha tocado ver desde que soy Parlamentario: el desplome del puente Loncomilla , que está afectando dramáticamente la vida de miles de personas de la Región del Maule.
No sólo hablaré en mi nombre, sino también en el del Honorable señor Larraín .
Cuando un país observa a través de los medios de comunicación cómo obras públicas de la mayor relevancia, que han significado un gasto social importante, desaparecen del uso ciudadano sin que se registren acciones de la naturaleza que lo expliquen, estamos ante un tremendo signo de interrogación.
Quien haya observado lo acontecido tendrá que entender que no pareciera que estamos hablando del siglo XXI ni de un país tradicionalmente orgulloso por la forma de trabajar de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, así como por la manera en que las empresas vinculadas desarrollan los proyectos.
Simplemente, un día cualquiera, a las 10:30 de la noche, desapareció un puente con cinco vehículos menores que iban transitando -nadie piense que eran camiones grandes-, los cuales cayeron sucesivamente al río, poniendo en peligro la vida de más de una decena de personas que por milagro lograron salvarse.
Pienso, señor Presidente -y lo sentimos de común acuerdo, ya que Su Señoría está presidiendo-, que este tipo de cosas no pueden suceder en Chile. Es inadmisible que una obra pública financiada por los chilenos, que costó mil 500 millones de pesos y que acababa de ser objeto de una reparación por más de 400 millones de pesos, origine un drama que no sólo afectó las perspectivas inmediatas de compatriotas que estuvieron a punto de morir, sino que también está provocando en la actualidad gigantescas consecuencias económicas a quienes viven en la Región del Maule.
En la circunscripción que represento hay zonas enteras -como Constitución- que quedaron absolutamente desconectadas del eje de su acción pública, lo que dificulta, por ejemplo, acudir a los organismos de salud o el desenvolvimiento de las actividades privadas -legítimas- orientadas básicamente al mundo forestal, que han debido enfrentar gigantescas pérdidas.
Ya se habla en la Región de empresas a punto de quebrar simplemente por el hecho de no poder transitar y tener que desviarse, en el caso expuesto, más de 80 kilómetros por caminos intransitables para camiones de envergadura. Y todo ello derivado del error en comento.
Señor Presidente , más allá de que nadie duda de que hubo un gran error, me parece fundamental solicitar al Ministerio de Obras Públicas que establezca tres cosas.
Primero, cuál es la naturaleza del error. En tal sentido, es esencial que envíe a la brevedad el resultado de los estudios que se están realizando para acreditar ante el Senado las causas que pudieron haber producido ese desastre de la ingeniería chilena.
Segundo, cuáles son las medidas de mediano y largo plazo que se han diseñado para paliar los efectos de aquellos problemas en los ciudadanos. Me refiero básicamente a cuándo estará construido el nuevo puente y a cuáles son los efectos paliativos de las medidas alternativas.
Por último, cuáles son las medidas de corto plazo que se están adoptando. Hemos escuchado que en las próximas horas se instalará un puente mecano para superar la contingencia. Pero, para quienes estamos en la zona, es una solución insuficiente. Tal vez no exista otra en el corto plazo.
Del mismo modo, deben implementarse políticas públicas para colaborar con instituciones o personas que, por razones ajenas a su voluntad y que se hallan comprometidas con el futuro del país, están hoy día sufriendo gigantescos perjuicios económicos y sociales que no van a poder enfrentar.
Hace cuatro días fui testigo de cómo una micro dejaba pasajeros al borde del río. Entre ellos, una señora de avanzada edad, quien no tenía más alternativa que cruzar a pie por el puente antiguo -aparentemente, también se encuentra en situación de desplome-, con el fin de abordar otro microbús que la llevaría al centro asistencial para hacerse una diálisis.
Creo que el Estado debe asumir una acción solidaria en materia de salud y, eventualmente, otorgar ayuda económica a los más perjudicados. Porque a estas alturas -y así lo hemos conversado con las autoridades- nadie puede entender que en el hecho en comento la responsabilidad sea de los privados o de los habitantes del lugar: es exclusivamente pública.
Por eso, junto con lamentar de manera muy profunda los daños humanos, que es lo más importante, y con agradecer a Dios -no tengo otra forma de expresarlo- la no ocurrencia de víctimas fatales, creo que es hora de que el Ministerio de Obras Públicas nos proporcione informaciones precisas sobre las causas del accidente; las medidas de largo y mediano plazo que se están implementando, y las de corto plazos que se estudian.
Me gustaría extender esta solicitud al Ministerio de Hacienda, para ver la forma de paliar los efectos económicos que se están produciendo en la Región del Maule, que pueden comprometer la integridad física y financiera de sus habitantes.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Larraín .
En el resto del turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
Agradezco al Comité UDI el tiempo cedido a Renovación Nacional.
Justamente, quería referirme al mismo tema: al colapso del puente Loncomilla , construido hace ocho años, con una extensión de casi 300 metros y emplazado en la ruta que une la ciudad de San Javier con Constitución.
La verdad es que se comenzaron a detectar fallas de asentamiento en este viaducto al año de haberse levantado. A los dos años se empezó a hacer un seguimiento del daño y los ingenieros del Ministerio pidieron que se reparara. Se les contestó que no había dinero, y continuó el problema. Finalmente, se hizo una licitación por invitación, con alternativas -no por propuesta pública- para arreglar el puente. No se siguió el proyecto sugerido por los ingenieros de esa Secretaría de Estado y se optó por la solución más económica: colocar pilotes de cemento alrededor de las cepas de la fundación del puente, los cuales se amarraron a la losa, obras que se estaban haciendo cuando colapsó.
Las preguntas que cabe hacerse son: ¿Por qué no se cortó o se redujo el tránsito? ¿Por qué no se controlaron las cargas? ¿Y por qué no se ordenó la disminución de la velocidad vehicular?
Se habían planteado soluciones simples, como la de poner obstáculos para obligar a reducir la velocidad, dado que el puente se encuentra en bajada después de una larga recta. Nada de eso se hizo.
Las imágenes son elocuentes. Al lado del viaducto colapsado se ve íntegro el antiguo, que sigue en funcionamiento, pues aún se mantienen sus apoyos en el lecho del río.
Creo que, más que un bochorno para la ingeniería chilena, se trata de algo que debe asumir el propio Ministerio de Obras Públicas, porque no es dirigido por ingenieros civiles, existe una mentalidad distinta en la materia y se ha ido en contra de un acervo científico, cultural y técnico de mucha trayectoria. Y todo ello, en muy pocos años se está desplomando, al igual que el puente Loncomilla . Y eso es de la mayor gravedad.
En este minuto, no solamente cabe preguntarse cómo se va a solucionar el problema del puente Loncomilla , sino también cuántos otros "puentes Loncomilla " hay en el país, que se han construido en las mismas condiciones y por gente que no toma determinaciones técnicas, sino que trata de sacar adelante obras con otro tipo de interés, muy legítimo -como cumplir con los requisitos nacionales de infraestructura-, pero que deberían ceñirse a normas de calidad y a procesos rigurosos previos. Estamos jugando con la vida de las personas y con la productividad e integridad física del país.
Por consiguiente, solicito que no sólo el Ministerio de Obras Públicas nos entregue antecedentes, sino también la Contraloría General de la República, porque los sumarios internos, las sanciones y la determinación de las causas finalmente dependen de la autoridad máxima, que no es sometida a este tipo de cuestionamientos.
Creo que debe configurarse un equipo técnico del más alto nivel, integrado por el Colegio de Ingenieros de Chile y el Instituto de Ingenieros de Chile, para que realice una investigación de las obras públicas de las últimas décadas llamadas a propuestas en condiciones "irregulares" -por así decirlo-, porque responden a un proceso que cambió la esencia del quehacer del Ministerio del ramo.
Y, además, pido que la misma Cartera envíe al Senado información acerca de una deuda pendiente durante más de 14 años con sus profesionales, técnicos, trabajadores y funcionarios, la que se ha tratado de burlar por la vía de las asignaciones críticas y cargos de confianza y cuyo resultado estamos empezando a ver con el desplome del puente Loncomilla .
Señor Senador, por un lado, desea solicitar al Colegio de Ingenieros y al Instituto de Ingenieros la realización de un estudio técnico.
Y por el otro, pedir al Ministerio de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República que informen acerca de la deuda al grupo de profesionales a que Su Señoría se ha referido.
Sí, más los antecedentes de que dispongan sobre el caso.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento.
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, ningún otro señor Senador hará uso de la palabra.
La Declaración de los Presidentes de los Parlamentos del MERCOSUR, adoptada el 26 de abril de 2004 en Asunción, República del Paraguay.
Los procesos de modernización y fortalecimiento institucional que están llevando a cabo los Poderes Legislativos de la región.
El creciente consenso que esta emergiendo entre los Parlamentos del Hemisferio en áreas de interés común y, muy particularmente, entre los parlamentarios de la CPC y del Parlamento Andino.
El papel de los Parlamentos en los procesos de integración subregional y regional, como genuina expresión de los intereses de los individuos y pueblos que representan.
La necesidad que los Congresos Nacionales asignen particular importancia a todas aquellas materias que requieran aprobación legislativa para su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los respectivos Estados, a fin de profundizar la labor de internalización de la normativa que corresponda.
Fortalecer los mecanismos que permitan a los Parlamentos cumplir con su papel institucional en los procesos de integración regional, de forma que los individuos y pueblos tengan una mejor y más amplia representación.
Apoyar la firma del Acta Fundacional de la Unión Sudamericana de Naciones, que tendrá lugar en Perú, el próximo 9 de diciembre.
Impulsar dentro de los Congresos Nacionales la identificación y adopción de los mecanismos dentro de las Cámaras Legislativas para otorgar un tratamiento preferencial a los acuerdos de integración hemisférica y regional y a la incorporación de normas a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales
Promover una mayor relación entre los Parlamentos del MERCOSUR y los de la CAN, a fin de contribuir al proceso de integración, dentro del marco de la agenda política existente.
Fortalecer el papel de las Comisiones Parlamentarias relacionadas con los temas de integración, tanto en sus relaciones con los órganos del MERCOSUR y del CAN, a fin de que exista una mayor interrelación funcional y de trabajó con los plenarios de las Cámaras Legislativas. Encomendar a las Presidencias de la CPC y el PAN para que con el apoyo de sus respectivas secretarias, realicen un seguimiento de la agenda de trabajo establecida en las Reuniones de Presidentes de Congresos.
Diseñar una agenda de trabajo de temas de interés común a la región, con el objeto de armonizar paulatinamente la legislación promoviendo como punto de partida y en concordancia con la voluntad de los Jefes de Estado trabajos en los ámbitos de la integración comercial, física, energética y de comunicaciones.
Solicitar a la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y al Parlamento Andino que diseñen una propuesta de agenda común de trabajo e integración en un plazo de 120 días que será presentada en la próxima Reunión de Presidentes de Cámaras Legislativas.
Constituir una instancia periódica de encuentros de presidentes de Cámaras legislativas de América del Sur y México, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región.
Proponer encuentros en los Parlamentos de la región con el fin de debatir sobre los instrumentos que tengan como objetivo la construcción de sociedades justas, la erradicación de la pobreza absoluta y el derecho de que todas las personas participen de la riqueza de las naciones, por ejemplo, la garantía de una renta básica de ciudadanía, como así también las diversas iniciativas en esa dirección, tales como los programas “Jefas y Jefes de Hogar”, en la Argentina; “Oportunidades”, en México; “Bolsa Familia”, en el Brasil; “Familias en Acción”, en Colombia; “Programas de Asignación Familiar”, en Honduras; “Red de Protección Social”, en Nicaragua; “Path”, en Jamaica; y “Solidario”, en Chile; “Bono de Desarrollo Humano”, en Ecuador.
Que los Parlamentos aquí representados tengan un comportamiento político y solidario en busca de una solución para Haití, que trascienda la presencia de las Tropas de la ONU y que se concretice en acciones volcadas al rescate de la plena ciudadanía de aquel pueblo.
Invitar a los Parlamentos de América Central y Caribe a buscar en conjunto, mecanismos de integración y diálogo.
Las próximas Reuniones tendrán lugar en Colombia y en Brasil durante el primer semestre y el segundo semestre del año 2005 respectivamente.
En acuerdo de lo anterior firmamos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 29 de noviembre de 2004.
Por el Congreso de la República Argentina
Eduardo Camaño.— Daniel Osvaldo Scioli
Por el Congreso de la República de Bolivia
Por el Congreso de la República Federativa del Brasil
Eduardo Suplicy.— Luiz Piauhylino de Mello Monteiro
Por el Congreso de la República de Colombia
Luis Humberto Gómez Gallo.— Zulma del Carmen Jattin Corrales
Por el Congreso de la República de Chile
Hernán Larraín Fernández.— Pablo Lorenzini Basso
Por el Congreso de la República del Ecuador
Por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos
Por el Congreso de la República de Paraguay
Judith de la Matta de Puente
Por el Congreso de la República Oriental del Uruguay
Rubén Correa Freitas.— Álvaro Alonso
Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR

References: Resolución 
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 artículo 49
 artículo 4
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 artículo 127
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 artículo 50
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 artículo 315
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 artículo 53
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