Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84675
Timestamp: 2019-12-15 06:46:53+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1PPO-30/84675
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A ENVIAR UN INFORME SOBRE DIVERSAS OPERACIONES REALIZADAS POR LAS DENOMINADAS EMPRESAS FANTASMA.
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
El combate a la corrupción es uno de los objetivos que el Grupo Parlamentario del partido Morena en el Senado de la República se ha fijado como prioritario en su agenda legislativa. Tenemos la convicción de que el abuso del poder público para beneficios privados es uno de los fenómenos que más lastiman y agravian a la sociedad, pero, sobre todo, inhiben la posibilidad de crear una nación más justa, competitiva y próspera.
En los últimos años, repudiables actos de corrupción, como los cometidos por los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, o los evidenciados por la investigación periodística denominada “La estafa maestra”, han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema institucional o legal para prevenirlos y erradicarlos. Todos estos actos de corrupción tienen un denominador común: han tenido como base para su realización la utilización sistemática de organizaciones simuladoras de operaciones fiscales, que coloquialmente son conocidas como “empresas fantasmas”.
Un ejemplo de esta alarmante complicidad entre entidades públicas y empresas fantasma es la mencionada investigación periodística realizada por el medio Animal Político, la cual identificó que en 2015 el Gobierno del estado de Yucatán transfirió a un grupo de 58 empresas más de 150 millones de pesos por concepto de “estudios sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud”, 16 de las cuales habían sido catalogadas oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas constituidas legalmente, pero que simulaban operaciones de facturación [*].
Otro ámbito en el que se utilizan esquemas sofisticados basados en la operación de empresas fantasma es el electoral. Como lo explica el especialista fiscal Luis Pérez de Acha, “en épocas electorales, una vez que el dinero ha quedado monetizado, las empresas fantasmas son el vehículo ideal para el financiamiento ilícito de partidos políticos y de sus candidatos”. De acuerdo con él, en temporada electoral, los operadores políticos ofrecen servicios “llave en mano”; es decir, ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos un portafolio de empresas fantasma, con la garantía de que, en el futuro, nadie cuestionará los pagos y de que las facturas que los ampararán serán válidas [*].
La acelerada proliferación de este tipo de empresas en las últimas décadas ha orillado a los poderes del Estado a idear mecanismos cada vez más audaces para atajar su creciente participación en la comisión de delitos como evasión fiscal, desvío de recursos y lavado de dinero. Sin embargo, las recientes y escandalosas revelaciones sobre su papel para facilitar el desvío de recursos de entes y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno han reabierto el debate sobre la pertinencia de los mecanismos vigentes para inhibir sus operaciones.
De acuerdo con los artículos 76, fracción II y 110, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en relación con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), todos los contribuyentes tienen la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) respecto de los ingresos, actos y actividades gravados por las leyes fiscales.
Respecto de contribuyentes que no estén localizables o que no cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad material –directa o indirecta– para prestar servicios o para producir, comercializar o entregar bienes que amparen los comprobantes, el artículo 69-B del CFF faculta al SAT para “[…] considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.” Es a este tipo de contribuyentes a los que se les identifica comúnmente como empresas fantasmas.
El presente punto de Acuerdo retoma la petición que en octubre del año 2017 realizó al SAT el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, por virtud del cual solicitó información sobre los pagos realizados por Pemex, Sedesol y SCT a empresas fantasma, revelados por el reportaje denominado “La estafa maestra”. Este Comité señaló, en su momento, que hay evidencias y reportes de “que de manera intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como mecanismo para desviar recursos públicos [*] ”.
En el ámbito público, el mecanismo es relativamente sencillo: la Federación, los estados y los municipios pagan a las empresas fantasma los CFDI que éstas les entregan por servicios que, generalmente, nunca fueron prestados. Se trata de una estafa perfecta que sólo requiere de la complicidad de las empresas con los funcionarios en turno.
Con base en la legislación vigente y en la que ya se ha hecho referencia, los CFDI emitidos por éstas se presumen inválidos, en tanto que no producen efecto fiscal alguno. Además, los ejecutores de este tipo de operaciones son, de acuerdo con el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, acreedores a penas de prisión de tres meses a seis años, y son virtuales responsables de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Por otra parte, el artículo 86, sexto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que todos los entes y entidades públicas están obligados a exigir a sus proveedores de bienes y servicios, la entrega de CFDI por los pagos que realicen. El mencionado artículo establece que:
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran, así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.
Por su parte, el artículo 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone dos obligaciones a cargo de los entes y entidades públicas: 1) que dichas dependencias cuenten con documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados; y 2) que los pagos se realicen mediante transferencias bancarias. De lo cual resulta lo siguiente:
Todos los contribuyentes tienen que emitir CFDI respecto de los pagos efectuados por otros contribuyentes. Además, dichos pagos tienen que realizarse mediante transferencias bancarias.
Los contribuyentes también están obligados a expedir CFDI por la obtención de ingresos obtenidos de entes y entidades públicas. Del mismo modo, estas dependencias tienen que contar con documentación comprobatoria y justificativa de sus gastos –CFDI–, así como pagarlos a través transferencias bancarias.
En el marco de sus atribuciones legales, el Sistema de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportan con regularidad a aquellas empresas fantasmaque realizan operaciones con diversos entes y entidades públicas federales, estatales y municipales. Considerando que, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, los respectivos CFDI son legal y fiscalmente inexistentes, se infiere que las empresas fantasmas se articulan como poderosas redes de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero; que de manera intencionada se utilizan como mecanismo para desviar recursos públicos y que, en tanto beneficiarios de la corrupción, los servidores públicos, en lo personal, también son defraudadores del fisco federal.
Por otra parte, el SAT tiene en su poder la información de la totalidad de los CFDI emitidos por las denominadas empresas fantasma identificadas como tales por ellos mismos en los listados definitivos que, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publica en el sitio web:
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/datos_abiertos_articulo69b.htm
Esta información en poder del SAT es indispensable para que el Senado de la República y la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejerzan sus atribuciones de control y fiscalización, particularmente respecto de los temas de combate a la corrupción y lavado de dinero. Con este exhorto queremos reiterar el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario para emprender, igualmente desde el ámbito de nuestra competencia, las acciones necesarias, para erradicar y, sobre todo, inhibir estos esquemas de corrupción que tanto lastiman a la ciudadanía y a las finanzas públicas de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Asamblea el siguiente:
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Sistema de Administración Tributaria a que, en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de la aprobación del presente Acuerdo, envíe a esta Soberanía y a la Auditoria Superior de la Federación un informe detallado que incluya lo siguiente:
La relación completa de los CFDI emitidos por las empresas que aparecen en los listados definitivos a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y conocidas comúnmente como empresas fantasmas.
La identificación de los contribuyentes a quienes tales empresasfantasmasexpidieron los CFDI relacionados conforme al punto anterior.
La identificación de los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas, a quienes dichas empresas fantasma expidieron los CFDI.
La fecha en que se pagaron los CFDI expedidos por tales empresas fantasma.
Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los contribuyentes realizaron las transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma.
Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial Federal y de las entidades federativas, realizaron las transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma.
Los nombres de las instituciones bancarias en las cuales las mencionadas empresas fantasma recibieron las transferencias bancarias.
La identificación de las cuentas bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas efectuaron las transferencias en favor de dichas empresas fantasma.
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, una vez recibido el informe a que se refiere el punto anterior, emprenda de inmediato las acciones correspondientes que se deriven de las atribuciones que en materia de fiscalización le facultan la Ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones del Senado de la República a los once días del mes de octubre de 2018.
[*] Ángel, Arturo. “Gobierno de Yucatán dio 150 mdp a empresas fantasma para hacer estudios sobre enfermedades graves”, en Animal Político, 25 de septiembre de 2018. Ver en: https://www.animalpolitico.com/2018/09/gobierno-yucatan-empresas-fantasma-enfermedades/
[*] Pérez de Acha, Luis M. “Empresas fantasma y campañas políticas”, Agencia Reforma. Ver en: http://www.elvigia.net/general/2018/1/15/empresas-fantasma-vrtice-corrupcin-segunda-parte-293310.html
[*] Redacción. “Piden al SAT información fiscal para proceder contra empresas reveladas en La Estafa Maestra”, en Animal Político, 3 de octubre de 2017. Ver en: https://www.animalpolitico.com/2017/10/empresas-fantasma-anticorrupcion-sat/

References: artículo 29
 artículo 69
 artículo 113
 artículo 86
 artículo 35
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69