Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831026.html
Timestamp: 2018-12-11 16:00:53+00:00

Document:
se201831026
Expediente :282/2015-CA
Resolución Impugnada :AGIT-RJ 1231/2015 de 21 de julio
VISTOS: La demanda de fs. 16 a 23, la respuesta de fs. 59 a 67; Réplica, Dúplica, decreto de autos, antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
El 19 de junio de 2012, la Administración aduanera notificó personalmente a Miguel L. Beltrán Ganci, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-128/2012 de 14 de junio de 2012, la cual establece que la DUI C-5328 de 20 de septiembre de 2005, elaborada por la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, corresponde a un vehículo, cuya importación se encuentra prohibida por el D.S. Nº 28141, por lo que presumió la comisión de Contrabando Contravencional conforme a los inc. b) y f) del art. 181 de la Ley Nº 2492, liquidando por tributos Bs. 9.637 y otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar descargos.
El 25 de junio de 2012, Miguel L. Beltrán Ganci en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, presentó memorial de descargos y planteó la prescripción, manifestando que el Acta de Intervención Contravencional es nula; posteriormente, el 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Miguel L. Beltrán Ganci, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-078/2014 de 22 de septiembre de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a Juan V. Garfias Zelaes (importador), Miguel L. Beltrán Ganci (Despachante de Aduanas), Cristóbal Gutiérrez Colque (Empresa de Transporte) y Marco Zarate (conductor), al haberse nacionalizado el vehículo tramitado con la DUI C-5328, con posterioridad a la vigencia del D.S. Nº 28141 de 16 de mayo de 2005.
Interpuesto el Recurso de Alzada por parte de la representante de la ADA ROJIM & Asociados, el mismo fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0311/2015 de 27 de abril, que Revocó totalmente la Resolución sancionatoria impugnada, por considerar que la facultad sancionadora de la Administración Aduanera habría prescrito.
Ante dicha Resolución, la Administración Tributaria, interpuso Recurso Jerárquico, el cual fue resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1231/2015 de 21 de julio, que decidió Confirmar la Resolución de Recurso de Alzada impugnada, declarando prescrita la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones respecto a la DUI C-5328, al no haberla ejercido dentro del término previsto en el art. 154 de la Ley Nº 2492. Dicha resolución Jerárquica es ahora impugnada a través de la interposición de la demanda Contencioso Administrativa por parte de la Administración Aduanera.
La Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por los abogados Jorge Fidel Romano Peredo y Diego Manuel Soria Guerrero, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria legalmente representada por su Director Ejecutivo General a.i., Daney David Valdivia Coria, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ/1231/2015 de 21 de julio, con los siguientes fundamentos:
El acta de intervención Contravencional N° AN-GRCGR-UFICR-128/2012 de 14 de junio, se funda en el DS N° 28141 ya que el vehículo objeto de comiso, si bien se encontraba en zona franca a la fecha de publicación del DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 que modificó el DS N° 28141, tiene un MIC/DTA que data de 24 de mayo de 2005, es decir que el documento que dio inicio a la operación de importación es posterior a la fecha de publicación del DS N° 28141 por lo que el vehículo estaba prohibido de importación, incluso mucho antes de realizar el embarque de la mercancía por lo que no correspondía realizar trámite de importación, que toda vez que en la fecha que se generó el hecho se encontraba vigente el DS N° 28141 de 16 de mayo de 2005, esa es la norma aplicable y no el DS N° 28308 de 26 de agosto de 2005 por mandato del art. 164 de CPE concordante con el art. 3 de la Ley N° 2492.
El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRCGR-UFICR N° 128/2012 de 14 de junio, responde a la aplicación de la normativa vigente sobre responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, representada legalmente por Miguel L. Beltrán Ganci, por realizar trámites de importación de un vehículo prohibido por el art. 2 del DS N° 28141, incumpliendo los inc. a) y f) del art. 45 de la LGA concordante con los arts. 41 y 61 de su Reglamento. Por ello, el accionar del Importador Juan V. Garfias Zelaes, el Sr. Miguel L. Beltrán Ganci en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, Cristóbal Gutiérrez Colque en su calidad de representante legal de la empresa de Transporte Carretero “TRANSP. SAJAMA” y el Sr. Marco Zarate como conductor del medio de transporte, está calificada como contrabando contravencional, arts. 1 y 2 del DS 28141 de 16 de mayo de 2005, con las modificaciones introducidas, en cuanto al importe, por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 y después por el art. 21 –II) de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011, por haber nacionalizado un vehículo a diésel oíl prohibido por el DS 2814. En cuanto a la Agencia despachante de Aduana dice que realizó los trámites de un vehículo prohibido incumpliendo el art. 45 de la Ley general de Aduanas y art. 61 de su Reglamento. La Empresa de Transporte por infracción del art. 53 de la LGA e inc. a) del art. 84 del reglamento de la LGA.
Solicita revocar lo indebidamente resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1231/2015 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-078/2014 de 22 de septiembre.
La Ley N° 2492 en sus arts. 59, 60, 61, 62 y 154 establece la prescripción, su cómputo, interrupción y suspensión; en ese contexto normativo esa instancia, en la Resolución Jerárquica, expuso que la subvención a los combustibles otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia no se constituye en causal para interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción dentro del ordenamiento jurídico tributario, por aplicación del principio de legalidad y que la aplicación analógica no puede ser aplicada para modificar normas existentes.
Tomando en cuenta que la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, validó la DUI C-5328 el 20 de septiembre de 2005, el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 tiempo en el que no se advierten causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción conforme lo determinan los arts. 61 y 62 de la citada ley. Siendo que el 30 de diciembre de 2014 la Administración Aduanera notificó a la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.” con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-078/2014, sus facultades para imponer sanciones ya se encontraban prescritas.
En mérito a lo expuesto solicita declarar improbada la demanda y mantener firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1231/2015 de 21 de julio.
1. Verificar si la AGIT al confirmar la declaratoria de prescripción de la facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones, valoró de manera correcta que al haberse determinado mediante Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-ULERC-078/2014 de 22 de septiembre de 2014 que declaró probado el contrabando contravencional, se estaría frente a la comisión de un delito de contrabando, catalogado como un delito permanente y de ejecución continuada, por lo cual el cómputo del plazo para la prescripción no hubiera empezado a correr y por consiguiente no se encontraría sujeto al art. 60 del CTB y excluido del instituto de la prescripción conforme al art. 173 del CT.
1. Respecto al argumento referido a que la competencia de la Aduana Nacional no habría prescrito porque el vehículo salió de zona franca pese a estar prohibido de importación, por utilizar como combustible Diésel Oíl y que a la fecha está en funcionamiento subvencionado por el Estado. Cabe aclarar que el fundamento de la entidad demandante al manifestar que el Acta de Intervención Contravencional sería por un hecho vigente y no sujeto a las previsiones del artículo 60 de la Ley N° 2492, debemos señalar que en el caso concreto, el instituto de la prescripción, está referido a la facultad para imponer sanciones por la contravención aduanera de contrabando, prevista en el art. 181 de la Ley N° 2492 y que en el presente caso, el hecho generador se originó en la gestión 2005; en ese contexto se tiene que el ilícito en cuestión ocurrió durante la vigencia de la referida ley, siendo esta la norma aplicable. En ese sentido, el art. 59, parágrafo I, numerales 1 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el término para controlar, verificar, comprobar e imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años; en cuanto al cómputo el art. 60, parágrafo I de la citada norma, señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del periodo de pago”. Asimismo, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 que determina que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe y se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo y aludiendo inconcurrencia de las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de los arts. 61 y 62 de la mencionada ley. En ése sentido, resulta evidente que, en el caso de autos, la Agencia Despachante de Aduana “M. Beltrán G.”, por cuenta de su comitente Juan V. Garfias Zelaes, el 20 de septiembre de 2005 validó la DUI C-5328 ante la Administración de Aduana zona franca Industrial Cochabamba, para nacionalizar el vehículo clase vagoneta, tipo terrano, marca Nissan, combustible diésel, modelo 1991 y demás características detalladas en la citada DUI, señalando que el mismo “…se encontraba prohibido de importación, conforme a las previsiones del Decreto Supremo N° 28141; sin embargo, a dicha mercancía la Administración Aduanera otorgó el levante.
Posteriormente, el 19 de junio de 2012, la Administración Aduanera notificó a Miguel L. Beltrán Ganci, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-UFICR-128/2012 de 14 de junio de 2012, iniciando el proceso por Contravención Aduanera de Contrabando, que concluyó el 30 de diciembre de 2014 con la notificación personal a Miguel L. Beltrán Ganci, en calidad de representante de la citada ADA, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-ULERC-078/2014 de 22 de septiembre de 2014 que declaró probado el contrabando contravencional previsto en los incisos b) y f), artículo 181 de la Ley N° 2492; en consecuencia, al haber sido validada la DUI C-5328, el 20 de septiembre de 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, no advirtiéndose causales de suspensión ni interrupción del curso de la prescripción conforme los arts. 61 y 62 de la citada ley, encontrándose indubitablemente prescrita la facultad sancionatoria de la Administración Aduanera.
Específicamente, en la Sentencia N° 005/2014 de 27 de marzo, este Tribunal Supremo reiteró que “ …si bien el art. 324 de la CPE establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, dicho precepto constitucional se halla relacionado con las deudas emergentes de la responsabilidad por la función pública, es decir con actos cometidos por funcionarios públicos que causen menoscabo patrimonial al Estado o por particulares que se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño patrimonial en el marco legal señalado por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990” (criterio sostenido también en las Sentencias 281/2012 de 27 de noviembre y 212/2014 de 15 de septiembre entre otras). En tal mérito, la norma invocada como sustento de la demanda Contencioso Administrativa resulta inaplicable al presente caso, no resultando por ello, evidente la vulneración del art. 324 de la CPE o el incumplimiento de la Jurisprudencia Constitucional vinculante contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 790/2012, toda vez la misma declaró inconstitucional el art. 40 de la Ley 1178, que fijaba el tiempo de 10 años para la prescripción de las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad civil, no existiendo identidad de hecho con el que se discute en el presente caso, ajeno a obligaciones emergentes de la responsabilidad por la función pública. Por lo expuesto, se concluye que la resolución de Recurso Jerárquico fue emitida, en el marco de la exigencia de fundamentación suficiente y razonable de acuerdo a las pretensiones deducidas en el recurso jerárquico, no habiéndose demostrado los extremos de la demanda, este Tribunal no advierte causal alguna que amerite la nulidad impetrada.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2.1 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en su mérito, declara firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1231/2015 de 21 de julio.

References: Resolución 
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 artículo 60
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 artículo 181
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