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El autor de la queja en su escrito inicial, sustancialmente, manifestaba los siguientes hechos y consideraciones: - PDF
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Lourdes Maldonado Cordero
1 "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 04/11/ Colegio de Abogados de Valencia Ilmo. Sr. Decano Plaza de Tetuán, 16 VALENCIA (Valencia) ================ Ref. Queja nº ================ Ilmo. Sr.: Acusamos recibo de su último escrito por el que nos informa en relación a la queja de referencia formulada por (...). El autor de la queja en su escrito inicial, sustancialmente, manifestaba los siguientes hechos y consideraciones: - Que durante el mes de octubre por intermedio del ICAV acudí a un despacho del abogado (...), el mismo me cobró por adelantado 2000 para atender una cuestión administrativa. - Que al día de la fecha no cumplió con el pacto establecido estafándome y ocasionándome una indefensión total. Solicité por burofax a su despacho toda la documentación original y el trabajo por el cual pagué esos 2000, sin recibir contestación. - Que posteriormente denuncie esta estafa al ICAV, sin recibir ningún tipo de notificación. Admitida a tramite la queja, solicitamos informe al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV en adelante), quien nos comunico, lo siguiente: <<(...), presentó escrito de denuncia en fecha 8 de noviembre de 2010 que dio lugar al expediente de queja nº 530/2010, dándose traslado del mencionado escrito al Letrado afectado en fecha 17 de noviembre de 2010, quien (...) el día 23 de diciembre de 2010, hizo las alegaciones oportunas. C/. Pascual Blasco, ALACANT. Tels / Fax
2 En fecha 15 de noviembre de 2010 tuvo entrada un nuevo escrito de (...), volviéndose a dar traslado de la misma al letrado (...), quien en fecha 15 de diciembre de 2010 hizo las alegaciones oportunas. En fecha 24 de noviembre de 2010 tiene entrada en este Ilustre Colegio escrito de (...), padre del denunciante, dirigido al Decano, dicho escrito se incorporo al expediente de queja 530/2010. En fecha 21 de diciembre de 2010 (...) comparece el denunciante, (...), a quien se le hace entrega de la documentación reclamada por el y depositada en este Ilustre Colegio por el Letrado afectado. En fecha 22 de diciembre de 2010 tienen entrada dos nuevos escritos del denunciante, (...), el Letrado (...) hizo nuevamente las alegaciones que considero oportunas. La Comisión Deontológico de este Colegio, (...), acordó, en fecha 22 de marzo de 2011, el archivo del expediente de queja 530/2010 de forma motivada. >> Del contenido del informe le dimos traslado al autor de la queja al objeto de que, si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo en el sentido de ratificarse en su escrito inicial de queja. A la vista del referido escrito de las alegaciones y al objeto de mejor proveer la resolución del expediente de queja, por parte del Síndic de Greuges se solicitó al ICAV ampliación del informe inicial, en especial, interesaba conocer si la documentación entregada al autor de la queja, habían sido originales o copias. En ese sentido, nos comunico lo siguiente: << Que en el expediente de queja 530/2010, consta escrito del letrado (...), (...), en el cual manifiesta: en cuarto lugar, que aporto documentación, originales y fotocopias que obran en mi poder y las deposito en el ICAV, y cuya relación es la siguiente (...). Que en fecha 21 de diciembre de 2010, según acta de comparecencia que consta en el expediente, ante la Secretaria de la Comisión Deontológica compareció el Denunciante, a quien se le hizo entrega de la documentación depositada en este Ilustre Colegio por el letrado afectado.>> De todas estas informaciones, dimos traslado al autor de la queja, al objeto de que si lo consideraba oportuno, presentara escrito de alegaciones, cosa que realizó, básicamente, en el sentido de ratificarse en su escrito inicial de queja. Llegados a este punto, resolvemos la queja con los datos obrantes en el expediente. Del detallado estudio de la queja, consideramos que, aunque íntimamente unidas entre sí, son dos las cuestiones a estudiar en esta queja:
3 Primero. El desacuerdo del autor de la queja con lo resuelto por ese Colegio Profesional, y la devolución de la documentación original. Segundo. La demora en la resolución del expediente. Con carácter previo, cúmpleme informarle que los Colegios Profesionales (como ocurre con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia) forman parte de la denominada Administración Corporativa. El Síndic de Greuges tiene competencias para revisar la actuación de los Colegios Profesionales situados en el ámbito territorial y competencial de la Comunitat Valenciana. Por lo que se refiere a los Colegios Profesionales, el Art. 36 de la Constitución española señala: La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, considera como competencia exclusiva de la Generalitat los Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 36 y 139 de la Constitución (el Art. 139 de la Constitución española nos indica que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, añadiendo que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español). La Ley de la Generalitat Valenciana 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales desarrolla el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, por Decreto 4/2002 de 4 de enero, se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997. Respecto a la primera de las cuestiones a estudiar, el Art. 80 y siguientes del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, señala que la responsabilidad disciplinaria de los Letrados puede exigirse ante el Colegio de Abogados al que pertenezca el letrado. Pues bien, la referida legislación se refiere al Régimen disciplinario de los Colegios Profesionales cuando se produce la vulneración de las normas deontológicas de la profesión y/o de las normas colegiales de los estatutos, remitiéndonos a un procedimiento administrativo disciplinario (Art. 21 y 22 de la Ley 6/1997 y el Art. 60 y 61 del Decreto 4/2002). En este sentido, entendemos que el ejercicio o no de la potestad disciplinaria por la actuación de sus colegiados corresponde al Colegio Profesional correspondiente, de tal forma que la mera discrepancia o desacuerdo con el contenido de una resolución administrativa (en este caso del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia) no puede, por sí sola, motivar la intervención del Síndic de Greuges.
4 Por último, permítame significarle que de la actuación desarrollada por el letrado en el ejercicio de su actividad profesional podrían derivarse responsabilidades civiles o penales que, en su caso, serían exigibles ante los Juzgados y Tribunales, según las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, no pudiendo intervenir el Síndic de Greuges ya que carece de facultades para suplir la legitimidad de los particulares ante los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, en cuanto a la devolución de la documentación original, del segundo informe remitido a esta Institución, se desprende, y sin que en su escrito de alegaciones nos haya informado de lo contrario, que en fecha 21 de diciembre de 2010, consta en el expediente un acta de comparecencia, en el que le entregaron la documentación solicitada, quedando acreditado, de este modo, la entrega de la misma. No obstante lo anterior, y centrándonos en la segunda de las cuestiones planteadas, consideramos que la actuación pública podría no haber sido lo suficientemente respetuosa con los derechos del promotor de la queja, por lo que le ruego considere los argumentos que a continuación le expongo que son el fundamento de la sugerencia con la que concluimos. De lo actuado se desprende que (...) presentó un escrito de denuncia, que dio lugar al expediente de queja nº 530/2010, en fecha 8/11/2010, siendo resuelto de forma expresa el 22/03/2011. Esto es, el expediente fue resuelto transcurridos más de cuatro meses desde su interposición. En este sentido, el Art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y su modificación posterior contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que: 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: a. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. El derecho a obtener una resolución sobre lo peticionado a la Administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo. Claramente lo formula la exposición de motivos de la citada Ley el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se
5 vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de los que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo. La obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana directamente del mandato constitucional del Art. 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley y según los principios garantizados por la Constitución española en su Art Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, SUGIERO al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia que, en situaciones como la analizada, se extremen al máximo los deberes legales que se extraen del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el plazo de quince dias, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la Sugerencia que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla. Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la Institución. Agradeciendo por anticipado la remisión de lo interesado, le saluda atentamente, José Cholbi Diego Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42