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Cuestionario completado por Elisa Colom de Morán, Abril 2, 2015.
F. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES
En apoyo a las respuestas, se ruega proporcionar las referencias correspondientes en las secciones de los tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales, y en las de la legislación nacional, analizados con el propósito de completar este cuestionario.
F.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL BI-LATERAL /MULTI-LATERAL
1. ¿Existe un acuerdo / tratado / Memorando de Entendimiento (MdE)
u otro instrumento jurídico que esté en vigor entre su país y los países vecinos
y que sea específico para el acuífero?1 SI / NO
De la información oficial disponible se deduce que el Estado de Guatemala no ha suscrito, ratificado o aprobado un acuerdo, tratado o memorando de entendimiento con los Estados vecinos, Estados Unidos Mexicanos, Belice, Honduras y El Salvador, en materia de acuíferos transfronterizos o aguas subterráneas.
Si la respuesta es SÍ, el acuerdo / tratado / MdE proporciona
2. normas de participación para el aprovechamiento/uso de las aguas del acuífero?
3. normas sobre la protección de las aguas del acuífero de la contaminación o de otros tipos de amenazas? SI / NO
4. acuerdos institucionales (comisión, comité, otros)? SI / NO
5. normas para la solución de controversias? SI / NO
Si la respuesta a la pregunta 1 es NO, ¿existe un tratado / instrumento acuerdo / MdE u otro instrumento vinculante o no vinculante firmado por su país (por ejemplo, un instrumento global, regional o bilateral o multilateral) que proporciona2
6. principios para el aprovechamiento/utilización de los recursos hídricos compartidos? SI / NO
1882, Tratado Herrera-Mariscal define los límites fronterizos entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos; aprobado por la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala mediante decreto 27 del 25 de diciembre de 1882.
Para definir límites relativos a cursos de agua, adopta el criterio de la línea media en el canal más profundo; y no se refiere a las aguas subterráneas ó a los acuíferos o mantos.
1930, Laudo del Tratado de Arbitraje entre Guatemala y Honduras, suscrito en Washington, D. C. El 16 de julio de 1930 y Convención adicional, laudo aprobado por el Poder Legislativo mediante decreto 1739 del 30 de mayo de 1931.
El punto de referencia original para delimitar la frontera es el Cerro Montecristo, precisamente área protegida situada dentro del Trifinio. El laudo también adopta el criterio de establecer la línea media de ríos y quebradas como límite territorial y la divisoria de las aguas como punto de referencia; no se refiere a las aguas subterráneas ó a los acuíferos o mantos.
1938, Tratado de Limites Territoriales entre Guatemala y El Salvador, conocido como Tratado Salazar – Morales de Límites entre Guatemala y El Salvador, aprobado por decreto número 2319 del Poder Legislativo, el 28 de abril de 1938.
Como los tratados de límites antes señalados adopta el criterio de la línea media del río; y prevé que no se modificará la línea de frontera fijada en la demarcación como resultado de cambio en los lechos de los ríos fronterizos y que cada gobierno se reserva el derecho de hacer uso de la mitad del volumen de agua sin poder autorizar derechos de aprovechamiento a empresas o compañías extranjeras. Tampoco se refiere a las aguas subterráneas ó a los acuíferos o mantos.
1999, Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la Ejecución del Plan Trifinio, aprobado por el Estado de Guatemala mediante decreto número 11-1999 del Congreso.
El Tratado no es un acuerdo específico en materia de recursos hídricos sean cursos de agua internacionales, acuíferos transfronterizos o aguas transfronterizas; sino una plataforma para promover, aprobar y poner en marcha programas y proyectos para el desarrollo de la región.
2002, Tratado para Fortalecer a la Comisión de Límites y Aguas Internacionales CILA Guatemala – México, aprobado por el Congreso de la República mediante Decreto número 54-2002. De manera expresa se refiere en reiteradas oportunidades a los ríos internacionales y sus afluentes sin mencionar las aguas subterráneas ni los acuíferos transfronterizos.
En instrumentos bilaterales Guatemala – México relativos al ambiente y los recursos naturales en general, se contemplan algunos principios del derecho internacional, ninguno específico en materia de recursos hídricos compartidos, cursos de agua internacionales o acuíferos transfronterizos.
1987, Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para la Prevención y Atención en casos de Desastres Naturales
Principio de cooperar.
1988, Convenio entre la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza, ratificado por el Presidente de la República de Guatemala el 26 de marzo de 1988.
Principios de cooperación, igualdad, reciprocidad, beneficio mutuo. Ninguna de las acciones previstas se refiere a las aguas, aguas compartidas, cursos de agua internacionales, aguas subterráneas o acuíferos transfronterizos.
1995, Decreto del Congreso número 4-95 que aprueba el Programa de Desarrollo Integral de Proyectos de Infraestructura a partir de la Zona Fronteriza entre la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en Ciudad de Antigua Guatemala el 25 de febrero de1992. Considera, entre otros, el aprovechamiento de los recursos hidrológicos.
1998, Acuerdo de Cooperación en materia ambiental suscrito entre la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la República de Guatemala y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de los Estados Unidos Mexicanos el 31 de octubre de 1997, Tapachula, Chiapas, México; ratificado por el Ejecutivo el 22 de septiembre de 1998.
Principios: cooperación para fortalecer la capacidad de gestión ambiental en el área de conservación de biodiversidad; uso racional y manejo de recursos naturales; y establecimiento de áreas protegidas naturales contiguas.
Define 13 tipos de acciones específicas, ninguna relativa a las aguas, cursos de agua internacionales, aguas subterráneas o acuíferos transfronterizos
Instrumentos nacionales. Políticas gubernamentales.
2013, Agenda Guatemalteca del Agua. En materia de cursos de agua internacionales define como principios los siguientes: soberanía, desarrollo sostenible, desarrollo humano transgeneracional, responsabilidades comunes pero diferenciadas entre Estados; el derecho del Estado de Guatemala para que se establezcan esquemas de compensación por los servicios ambientales prestados a otros Estados que hacen de las aguas provenientes de Guatemala con el objeto de recibir compensación por el uso y aprovechamiento del agua y celebrar tratados bilaterales por cada curso de agua, numeral II.2.4.
2012, En la Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales, aprobada mediante AG 117-2012 establece principios generales y líneas estratégicas. La Política está basada en los Principios siguientes: soberanía de los Estados para disponer de sus recursos naturales, desarrollo sostenible, desarrollo humano transgeneracional y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre Estados.
2014, Plan Nacional de Desarrollo Katun Nuestra Guatemala 2032 uno de sus cinco ejes son los recursos naturales dentro del cual incluye la meta de elaborar un plan para el manejo integral de las aguas subterráneas, generar normas de aprovechamiento y medidas de manejo, protección y recuperación; y estudios sobre el estado actual de las aguas subterráneas y la formulación de planes estratégicos para su gestión integral.
7. Principios para la protección de los recursos hídricos compartidos de la contaminación u otras amenazas? SI / NO
Acuerdos suscritos con los Estados Unidos Mexicanos, en general, la cooperación; y
2012, Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales, el principio de desarrollo sostenible.
8. principios para la cooperación en materia de recursos hídricos compartidos, incluyendo arreglos institucionales? SI / NO
2012, Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales, los principios siguientes: desarrollo sostenible, desarrollo humano transgeneracional y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; la corresponsabilidad entre estados aguas arriba y aguas abajo en cuanto a medidas para conservar las aguas; y la suscripción de acuerdos por curso de agua.
9. principios para la solución de controversias en relación a los recursos hídricos compartidos? SI / NO
1999, Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la Ejecución del Plan Trifinio, aprobado por el decreto número 11-1999 del Congreso de la República de Guatemala.
El Tratado no es un acuerdo específico en materia de recursos hídricos compartidos; en caso de controversia prevé, para aplicar o interpretar sus disposiciones, la concertación, cualquier medio de solución pacífica o someter el caso a la Corte Centroamericana de Justicia.
F.2. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL NACIONAL
10. ¿Existen leyes o reglamentos en materia de recursos hídricos
(por ejemplo, Ley de Recursos Hídricos, Ley de Recursos Naturales, Ley de Medio Ambiente, Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Ley de Gobierno Local, Ley de Minería, Ley de Planificación Urbana y Rural, Reglamentos pertinentes, Código Civil, y ordenanzas municipales de pertinencia específica para la zona del acuífero Trifinio, otros3)? SI / NO
Leyes supletorias en materia de derecho de aguas
Constitución Política de la República de Guatemala (1985) Asamblea Nacional Constituyente
Código Civil (1933) decreto legislativo 1932
Código Civil (1963) decreto ley 106
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (1986) Decreto del Congreso 68-86 y sus modificaciones contenidas en los decretos números 75-91, 1-93 y 90-2000 del Congreso de la República.
Reglamentos derivados de esta ley,
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos AG 236-2006 (2006)
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, AG 60-2015 (2015)
Listado Taxativos de Proyectos Industriales o Actividades, AG 61-2015 (2015)
Ley de Áreas Protegidas (1989) Decreto número 4-89 del Congreso y sus reformas contenidas en el decreto número 110-96
Ley General de Electricidad (1996) Decreto número 93-96 del Congreso
Ley Forestal (1996) Decreto número 101-96 del Congreso
Ley de Minería (1996) Decreto número 48-97 del Congreso
Ley Reguladora de las Reservas Territoriales del Estado (1997) decreto número 126-97 del Congreso
Código Municipal (2002) Decreto número 12-2002 del Congreso y su modificación contenida en el decreto número 22-2010 del Congreso
Código de Salud (1997) decreto numero 90-97 del Congreso
Normativa sanitaria, derivada del Código de Salud
Programa de Vigilancia de la calidad del agua para fines domésticos, Acuerdo del Ministerio de Salud Púbica y Asistencia Social, No. SP-M_278-2004
Manual de Normas Sanitarias que establecen los procesos y métodos de purificación de agua para consumo humano, Acuerdo Gubernativo No. 1148-09
Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, Acuerdo Gubernativo No. 113-2009
Reglamento para la construcción, operación y administración de sistemas de mini -riego con aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, arietes hidráulicos, rehiletes para fines de riego y embalses de agua de uso múltiple, AG 183-92.
De la información pública disponible y habiendo consultado a la asesoría jurídica de la Mancomunidad Trinacional, las municipalidades con jurisdicción en territorio del Trifinio, no han emitido ordenanzas específicas en materia de aguas subterráneas, debido a la jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad. Conforme el Tratado para ejecutar el Plan Trifinio, las municipalidades de Guatemala son las de Chiquimula, Concepción las Minas, Ipala, Olopa, Quetzaltepeque, San Ermita, San Jacinto, Esquipulas, Camotán y Jocotán en el Departamento de Chiquimula; y Agua Blanca, Asunción Mita y Atescatempa, en el departamento de Jutiapa.
Sentencias de la Corte de Constitucionalidad
Sentencia del 21 de marzo de 1995, Expediente 533-95, publicada en el Diario de Centroamérica el 20 de junio de 1996, declara con lugar la inconstitucionalidad del acuerdo emitido por la Corporación Municipal de Zacapa el 21 de marzo de 1995 que regulaba la apertura de pozos y la conservación de las aguas.
Sentencia del 21 de septiembre de 1995, Expediente 470-94, declara la inconstitucionalidad del acuerdo municipal sobre agua subterránea de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, emitido por la Alcaldía municipal de la Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez
Sentencia del 21 de septiembre de 1995, Expediente 598-94, publicada el 13 de octubre de 1995, declara la inconstitucionalidad del acuerdo municipal sobre agua subterránea de la Ciudad de Santiago de los Caballeros, emitido por la Alcaldía municipal de la Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.
11. ¿La legislación analizada es aplicable a las aguas subterráneas? SI / NO
La legislación civil en cuanto a la propiedad y disposición de la misma y el establecimiento de limitaciones a la propiedad.
Como disposiciones reglamentarias de observancia general, le son aplicables a las aguas subterráneas:
Listado Taxativo de Proyectos Industriales o Actividades, AG 61-2015 (2015)
12. ¿Existen documentos oficiales de política que complementan / corroboran
la legislación vigente? SI / NO
(Si la respuesta es SÍ por favor indique instrumento pertinente)
Agenda Guatemalteca del Agua 2013
Política de Estado en materia de Cursos de Agua Internacionales (2012) aprobado mediante acuerdo gubernativo 117-2012 del 31 de mayo de 2012.
Si la respuesta a la pregunta 10 es SÍ
F.2.1. Propiedad de las aguas subterráneas
13. ¿Los dueños/propietarios de la tierra lo son también de las aguas subterráneas que se encuentran debajo? SI / NO
Conforme las disposiciones civiles anteriores a la Constitución de 1985, la propiedad de las aguas subterráneas se adquiría con su alumbramiento. Sin embargo, al integrar la Constitución de 1985 todas las aguas al dominio público e incluirlas expresamente como bienes de domino público, las alumbradas con posterioridad a la vigencia de la Constitución, año 1985, son de dominio público.
14. ¿La legislación estipula que el agua subterránea es de propiedad pública? SI / NO
La Constitución de 1985 estipula que todas las aguas son bienes de dominio público, Artículo 127; y cuando enumera los bienes del estado, incluye de manera expresa las aguas subterráneas, Artículo 121.
F.2.2. Planificación de los recursos hídricos
15. ¿La legislación prevé / estipula/dispone la elaboración de planes relativos
a los recursos hídricos?, ¿a qué nivel (Plan Maestro, planes de cuenca)? SI / NO
Específicamente la legislación nacional no prevé la formulación, aprobación y puesta en marcha de planes maestros del agua.
Como miembro de la Asamblea de UN, el Estado de Guatemala adquirió el compromiso de elaborar planes para el aprovechamiento eficaz de las aguas para el 2005, conforme a la Declaración de Johannesburgo de 2002.
16. Si la respuesta es SÍ, ¿han sido los planes dispuestos por la legislación
realmente preparados y adoptados formalmente, cuándo? SI / NO
F.2.3. Aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos
17. ¿Los aprovechamientos de agua están sujetos a autorización/concesión? SI / NO
Si conforme la normativa civil vigente de 1932 la cual no es objeto de aplicación por ente público alguno; no existe un registro nacional de derechos de agua ni un sistema nacional para su administración.
El uso de las aguas subterráneas para fines mineros, se considera como accesorio al derecho minero, conforme las disposiciones del Código Civil de 1963.
18. ¿Existen excepciones a los requisitos de autorización/concesión (por ejemplo,
los usos menores)? SI / NO
Para el caso de las aguas superficiales, cuando se trata de generar menos de 5 mW, según la Ley General de Electricidad, Artículo 8, no se requiere autorización de parte del estado.
19. ¿Las autorizaciones/concesiones están sujetas a un plazo de duración? SI / NO
Hidroelectricidad. Cincuenta años conforme a la Ley General de Electricidad.
Uso Minero. Veinticinco años conforme la Ley de Minería.
20. ¿ Las autorizaciones/concesiones están sujetas al pago de un cobro por concepto de aprovechar el agua? SI / NO
21. ¿La perforación de pozos está sujeta a una autorización? SI / NO
22. ¿Las autorizaciones/concesiones pueden ser revisadas y modificadas
por el Gobierno? SI / NO
a la presentación del estudio de impacto ambiental.
Por razones de necesidad y utilidad pública, las otorgadas con fines energéticos y mineros.
23. ¿Las autorizaciones/concesiones pueden suspenderse temporal o permanentemente
(en qué circunstancias)? SI / NO
Por incumplimiento de contrato, hidro energía.
24. ¿Las autorizaciones/concesiones de aprovechamiento pueden ser objeto de
comercio (es decir, compradas / vendidas por un cierto precio)? SI / NO
Mediante autorización del Ministerio de Energía y Minas, los derechos para generar hidro energía pueden ser transados en el mercado.
De hecho es común la compra y venta de “fuentes de agua” entre particulares y entre éstos y los municipios principalmente para fines domésticos.
25. ¿Se requiere un EIA para los proyectos de perforación
de pozos / aprovechamiento de agua? SI / NO
Conforme el Reglamento para EIA, considerado el segundo como una actividad capaz de causar impactos al ambiente.
26. ¿El monitoreo y trasmisión de datos a las autoridades gubernamentales sobre los aprovechamientos/ nivel de las aguas subterráneas, son a cargo de los titulares de los aprovechamientos? SI / NO
Actualmente el Estado no monitorea el uso del agua ni superficial ni subterránea; en el caso del energético, queda a cargo del titular como lo estipula la Ley General de Electricidad.
27. ¿La perforación ilegal de pozos, los aprovechamientos ilegales de agua
son sancionados? ¿con qué pena? SI / NO
El Código Penal de 1977 establece la usurpación de aguas y el hurto de fluidos como delitos; y las penas contempladas son de prisión de uno a tres años y una multa de mil a cinco mil quetzales, Artículo 260 y multa de 200 a 2,000 quetzales, Artículo 249, que eventualmente podrían tipificarse al aprovechar sin un derecho formalmente otorgado.
F.2.4. Reducción y control de la contaminación de las aguas subterráneas
28. ¿El vertido de residuos / aguas servidas en cuerpos hídricos, o en el sub-suelo,
está sujeto a un permiso? SI / NO
29. ¿Tienen los permisos un plazo de duración? SI / NO
Deben ser revisados periódicamente, cada 3 años.
30. ¿Normas de calidad de los efluentes están previstas en la legislación /se encuentran vigentes? SI / NO
31. ¿Normas ambientales de calidad del agua para las aguas receptoras, están previstas en la legislación /se encuentran vigentes? SI / NO
32. ¿Los permisos de descarga de aguas residuales están sometidos al pago de un cobro por concepto de verter residuos a un cuerpo hídrico? SI / NO
33. ¿Los permisos pueden ser revisados y modificados por el Gobierno? SI / NO
34. ¿Los permisos pueden ser suspendidos temporal o permanentemente
35. ¿Se requiere un EIA para solicitar un permiso de descarga
de residuos / aguas servidas ? SI / NO
36. ¿El control/monitoreo / trasmisión de datos a las autoridades gubernamentales sobre la calidad de las aguas subterráneas es una obligación para los titulares de un permiso de vertido? SI / NO
37. ¿La contaminación de los pozos cerrados / en desuso, está regulada? ¿cómo? SI / NO
38. ¿El uso / control / eliminación de sustancias peligrosas
está regulado? ¿cómo? SI / NO
Convenio de Basilea sobe el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación 1989 y su Protocolo 1999
Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, Panamá 1992
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 2001
Medidas de prevención, control y sanción.
39. ¿El vertido ilegal de residuos / aguas servidas está sancionado? ¿con qué pena? SI / NO
Las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: advertencia, tiempo determinado para corrección de factores que deterioran, suspensión de derechos, comiso de materias primas, instrumentos, materiales y objetos que provengan de la infracción cometida, modificación o demolición de obras, multas y medidas para corregir y reparar los daños causados y evitar la continuación de actos perjudiciales al medio ambiente y recursos naturales, Artículo 31.
F.2.5. Otras medidas de protección de los recursos hídricos
40. ¿La legislación regula las prácticas de cultivo de la tierra que pueden
resultar en la contaminación de las aguas subterráneas? SI / NO
La Política Nacional de Promoción de Riego 2013-2023 incluye como una estrategia para asegurar la sostenibilidad del riego, evitar el agotamiento de las aguas subterráneas. No se han emitido normas técnicas sobre el particular.
41. ¿La legislación requiere que los proyectos de desarrollo urbano y rural tengan en cuenta el impacto de los mismos sobre los recursos hídricos en los procedimientos de autorización de dichos proyectos? SI / NO
Conforme el Reglamento para EIA.
F.2.6. Arreglos institucionales vinculados con los recursos hídricos, de nivel gubernamental y no gubernamental (incluyendo los arreglos informales)
42. ¿Existe una institución gubernamental a nivel nacional / central
a cargo de la aplicación de la legislación analizada4? SI / NO
A nivel de gestión y gobernanza del agua en general, no; a nivel de usos sectoriales, el Ministerio de Energía Minas respecto a los usos energéticos y mineros; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto a los EIA, cumplimiento del reglamento de aguas residuales y lodos y su reuso; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en cuanto al uso del agua para fines de riego.
43 *. ¿Existe una institución gubernamental de nivel intermedio (es decir,
a nivel de provincia, cuenca fluvial, otros) nivel a cargo de la aplicación
de la legislación analizada5? SI / NO
El municipio en cuanto a la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento regulados por el Código Municipal y el Código de Salud.
El Congreso de la República ha creado numerosas autoridades de cuenca, aún no mencionadas, mediante decretos individuales sin definir un régimen legal común. Estas autoridades no se refieren a lo que en España, Francia, Australia o EEUU, por ejemplo, se entiende por autoridades de cuenca. En el caso de Guatemala las autoridades de cuenca se refieren a la administración de los bienes naturales y su relación con la sociedad, sin estar facultadas para planificar el desarrollo de los recursos hídricos, administrar derechos de agua, levantar catastros de uso, censos de usuarios, regular el uso de las aguas o resolver conflictos. Su enfoque es ambiental con fines de protección y mejoramiento.
44 *. ¿Los gobiernos locales juegan un papel en la aplicación de la legislación analizada? SI / NO
Deben velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, forestal, de áreas protegidas, salud, entre otras; y como función propia, regular y prestar los servicios públicos de agua y saneamiento.
45 *. ¿Las organizaciones de usuarios del agua (OUA) están previstas
en la legislación? SI / NO
En disposiciones reglamentarias respecto a las unidades de riego promovidas por el Ministerio de Agricultura entre las décadas de 1960-1990; y respecto a los pequeños acueductos rurales para fines domésticos.
Si la respuesta es afirmativa, ¿tienen alguna existencia real y operativa,
y cuáles son sus tareas?
Asociaciones de Usuarios de Riego. Las promovidas por el Ministerio de Agricultura para trasladar la operación y mantenimiento de los distritos de riego construidos por el Estado a los beneficiarios directos.
Asociaciones de Usuarios Domésticos. Existen en la realidad numerosos comités de agua rurales, no censados ni registrados para tal propósito, producto de la necesidad comunitaria de acceder al agua para fines domésticos. Su tarea principal es prestar el servicio y administrar y operar los sistemas de obras y aguas.
Estas organizaciones se formalizan conforme la normativa civil general y no cumplen requisitos particulares en cuanto a sus fines propios, como lo podrían ser el riego y el abastecimiento de agua.
Las autoridades locales de los municipios con jurisdicción en el Trifinio de El Salvador, Guatemala y Honduras constituyeron la MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA mediante escritura pública número 5, autorizad por notario en Guatemala, el 27 de febrero de 2007, inscrita sin prejuzgar sobre la validez de su contenido, en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación.
46. ¿Los Tribunales de aguas están previstos en la legislación en vigor y si es así, ¿están en funcionamiento? SI / NO
47. ¿Existen agrupamientos informales/tradicionales de usuarios del agua? SI / NO
Además de los indicados, los agricultores de productos rentables como la caña de azúcar, la palma africana, el banano; y grupos de pobladores y organizaciones de pueblos indígenas reivindican como parte de su territorio el agua y se oponen, en general, a la minería argumentando, entre otros, la contaminación del agua y del ambiente; y a las represas, entre éstas incluidas las obras para generar hidroelectricidad.
Si la respuesta es SI, por favor indique (y documente) la siguiente información:
• las reglas sobre el acceso, uso, almacenamiento, intercambio de agua entre los miembros del grupo
No se han emitido normas de observancia general en estas materias.
• las reglas sobre la membresía (quién puede pertenecer, y quién decide sobre quién puede pertenecer y cómo)
Solo el instructivo del Ministerio de Gobernación del 2008 para organizar asociaciones civiles; según el Código Mercantil para las mercantiles; y conforme el Código de Trabajo para las laborales.
• las reglas sobre la toma de decisiones (quién decide qué, cómo), según el acuerdo de creación
• las reglas sobre la supervisión del cumplimiento de las normas, y sobre la aplicación forzosa de las normas
• normas sobre intercambio de información entre los miembros del grupo
F.2.7. Aplicación de la legislación sobre aguas
48. ¿Se han adoptado Reglamentos en aplicación de alguna de las leyes del Parlamento que figuran en Q10? SI / NO
Si la respuesta es afirmativa por favor indique cuales son los Reglamentos que han sido adoptados y que resultan vigentes
Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, Acuerdo Gubernativo No. 113-2009.
49. ¿La información y datos sobre las actuaciones administrativas amparadas en cualquiera de las disposiciones legislativas analizadas en F.2.3, F.2.4 y F.2.5 resultan disponibles y accesibles? SI / NO
F.2.3, aprovechamiento de las aguas subterráneas, en general NO hay información pública disponible
Si la respuesta es SI, por favor indique cuáles disposiciones legislativas han sido efectivamente actuadas por cuales autoridades gubernamentales (de nivel central, intermedio y local)
F-2-4, información de los EIA aprobados y del control que el Ministerio de Ambiente hace del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.
F.2.5, otras medidas de protección, incentivos forestales para proteger las zonas de recarga hídrica otorgados conforme la Ley Forestal, decreto número 101-96 del Congreso.
50. ¿La información y datos sobre la aplicación forzosa (a través de las sanciones previstas en la ley) de las disposiciones legislativas contempladas en las preguntas 27, 37, 38 y 39 resultan disponibles y accesibles? SI / NO
Salvo se consulten directamente en las entidades responsables de su aplicación; pero no están disponibles en un sistema público actualizado y nuevamente deben solicitarse conforme la Ley de Acceso a la información.
Si la respuesta es SI, por favor indique cuáles disposiciones legislativas han sido efectivamente aplicadas de manera forzosa, y cuál ha sido el resultado de la aplicación forzosa de la ley (multas, cárcel, otras sanciones)
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LAS AGUAS COMPARTIDAS EN GUATEMALA
Elaborado por Elisa Colom Caballeros de Morán
Segundo producto de la consultoría
Análisis del Marco Legal e Institucional de Gobernanza del Acuífero Trifinio
Guatemala, abril 3, 2015
El presente análisis preliminar del marco legal e institucional de las aguas compartidas del Estado de Guatemala sigue principalmente el cuestionario proporcionado sobre tema de gobernanza del Acuífero Trifinio que ha sido completado por la consultora para el caso del Estado de Guatemala en el marco de la consultoría Análisis del Marco Legal e Institucional de Gobernanza del Acuífero Trifinio.
El análisis preliminar aborda, por un lado, el régimen legal e institucional de las aguas desde la perspectiva del derecho internacional, con énfasis en las aguas subterráneas; y por el otro lado, analiza el estado del régimen nacional conforme al derecho de aguas.
En cuanto al derecho internacional de aguas, el documento se refiere a la política exterior del estado de Guatemala; a los texto vinculados con las aguas internacionales; y al tratado trinacional del Plan Trifinio. Respecto al régimen interno de las aguas, el documento se refiere a las disposiciones que lo integran distinguiendo entre jurisprudencia constitucional, legislación ordinaria y ordenanzas municipales y a temas centrales del derecho de aguas como lo son la propiedad y sus limitaciones, los medios para aprovechar las aguas, los mecanismos de control ambiental y de protección del agua y a la situación de la institucionalidad.
En el documento el análisis resalta principalmente los vínculos del régimen legal internacional y nacional con el Trifinio, las aguas subterráneas y los acuíferos transfronterizos.
El análisis preliminar del marco legal e institucional de las aguas compartidas del Estado de Guatemala contenido en este documento consisten en el Producto 2 conforme los términos de referencia de la Consultoría.

References: Artículo 127
 Artículo 121
 Artículo 8
 Artículo 260
 Artículo 249
 Artículo 31