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Timestamp: 2019-04-23 14:19:36+00:00

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Cargado por Ibrahin Paz Zapata
sentencia constitucional boliviana 1898
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ENTENCIA CONSTITUCIONAL 1898/2011-R
Expediente: 2011-23067-47-AL
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad,
presentado por Juana Luque de Maquera contra Juan Ferrufino, Fiscal de
Mediante memorial de 22 de diciembre de 2010, cursante a fs. 3, la
accionante manifestó que:
Habiendo ocurrido un enfrentamiento entre vecinos y comunarios de la
Comunidad de Laja de la Provincia Murillo, por la adquisición de terrenos, el
Fiscal demandado tiene preparado un mandamiento de apremio en su
contra, predispuesto a detenerla con el fin de privar su derecho de
locomoción y libertad personal.
La accionante estima vulnerado su derecho a la libertad personal y la
garantía de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23.I y 116.I de
No consignó el petitorio.
Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2010, según consta en
el acta cursante a fs. 8, se produjeron los siguientes actuados:
No obstante la legal notificación a la accionante con el señalamiento de la
audiencia de acción de libertad, conforme consta a fs. 5, ésta no se presentó
a la sustanciación de la misma.
el Juez de garantías constitucionales. analizar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales. II.3. 9 a 10). denegó la acción de libertad. con el fundamento que la accionante no presentó pruebas a efectos de demostrar la existencia del mandamiento de apremio.1.2. la accionante manifiesta encontrarse ilegalmente perseguida ante un mandamiento de apremio emitido en su contra (fs. cursante de fs. mediante Resolución 135/2010-R de 23 de diciembre. 3). I. III. Resolución El Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz. Informe de las autoridades demandadas Pese a su legal notificación con la acción de libertad conforme consta a fs. manifiesta que la autoridad demandada lesionó su derecho a la libertad y libre locomoción. por Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero. a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009. a fin de . la autoridad demandada no se presentó a la audiencia programada al efecto. se llega a las siguientes conclusiones: II. CONCLUSIONES De la debida revisión y compulsa de los antecedentes arrimados al expediente. toda vez que tiene preparado ejecutar un mandamiento de apremio en su contra.A través de la Resolución 135/2010 de 23 de diciembre. ni tampoco se evidencia antecedentes que demuestren la persecución denunciada. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Dada la carga procesal. Corresponde en revisión. es decir. I. bajo el nuevo orden constitucional.2.2.3.Mediante memorial de acción de libertad de 22 de diciembre de 2010.I. por lo que. por lo que la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo. se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal mediante la Ley 003 de 13 de febrero de 2010. denegó la tutela por falta de pruebas que demuestren la existencia de un mandamiento de aprehensión en contra de la accionante o que demuestren la persecución indebida (fs. II. 9 a 10. ni remitió informe alguno. 6 y 7. mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010.2. constituido en Juez de garantías. se procedió a la reanudación del sorteo de causas. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante.
Universidad Mayor de San Marcos. La precisión conceptual que implica el cambio de denominación. sino de una precisión conceptual. 108). actualmente.1. en ese sentido. englobando el ámbito de protección y las características esenciales del hábeas corpus. la Ley Fundamental también la contempla pero con la denominación de acción de libertad en los arts. la acción de libertad adquiera una nueva dimensión. sin embargo. inmunidad o . efectúa quien se considera perjudicado o agraviado por la providencia de un juez o tribunal para que el superior la reforme o revoque y que por ello supone la existencia previa de un litigio (García Belaunde. por el trámite caracterizado por su celeridad. pues conforme a la teoría del Derecho Procesal Constitucional. Domingo. 125 al 127. la inmediatez. se constituye en una garantía jurisdiccional esencial. la garantía del debido proceso en los supuestos en que exista vinculación directa con el derecho a la libertad física y absoluto estado de indefensión (SC 1865/2004-R de 1 de diciembre) y el derecho a la libertad de locomoción. Asimismo. cuando exista vinculación de este derecho con la libertad física o personal. 1979.conceder o denegar la tutela solicitada. la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio. “El hábeas corpus en el Perú”. en contraposición a la denominación de “recurso” que implicaba considerarla como la simple impugnación o reclamación que. concedida por ley. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad La garantía jurisdiccional del hábeas corpus fue consagrada por el art. por la de “acción” -además de adecuar la legislación boliviana a la evolución de la doctrina de la materia. p. 18 de la Constitución política del Estado abrogada (CPEabrg). la sumariedad.implica reconocer a esta garantía como “la facultad de demandar la protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales” o sea “poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado”. la Constitución vigente mantiene las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo. sustituir la denominación de “recurso”. por la ausencia de requisitos formales en su presentación. también conlleva que. por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda. pues su ámbito de protección ahora incorpora al derecho a la vida - bien jurídico primario y fuente de los demás derechos del ser humano-junto a la clásica protección al derecho a la libertad física o personal. el derecho a la vida o a la salud (SC 0023/2010-R de 13 de abril). III. no se trata de un simple cambio de nomenclatura.
si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal. Es importante resaltar que la Constitución Política del Estado vigente. en el caso de la inmediación. porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. es menester referirse acerca de la acción de libertad y su alcance al momento de proteger por este medio los derechos y garantías constitucionales considerados vulnerados. analfabeta o notoriamente pobre. acentúa algunas de las características anotadas. y también el derecho a la vida.3 señaló: “… La acción de libertad. es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana. asimismo. así por ejemplo. 126 CPE).2 Naturaleza jurídica de la acción de libertad y el principio de certeza para brindar la tutela Antes de ingresar al caso analizado. en el marco más amplio que implica la concepción de “acción de libertad” y acorde al principio de progresividad. motivo por el cual se constituye en . como ya se ha referido. así la SC 0011/2010-R de 6 de abril. además de la posibilidad de presentarla también contra particulares (art. sino que alcanza al derecho a la vida. antes reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor de edad. contempla la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad. prevé la posibilidad de que ésta acuda al lugar de detención. la restitución del derecho a la libertad física. sea disponiendo el cese de la persecución indebida. pues la ahora acción de libertad no se limita a la protección de ese derecho. III. amplía el ámbito de protección. en el caso del informalismo. o la protección de la vida misma. la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal para el hábeas corpus. De este modo. en su Fundamento Jurídico III. además de establecer que la autoridad judicial dispondrá que el accionante sea conducido a su presencia.prerrogativa. incapacitada. en tanto y en cuanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado es plenamente aplicable a la acción de libertad. y la inmediación. el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente.
De no ser así es inviable la procedencia del recurso…”. si bien por disposición del art. puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (…) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión”. éstas omisiones deben ser superadas por el Juez o Tribunal que conozca el recurso y que actúa en el caso concreto como controlador de garantías constitucionales. de su ilegalidad y por ende de la lesión al derecho a la libertad personal. y así hubiese cesado la misma. 90.II de la LTC. determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto. III. En cuanto a la forma de presentación de esta acción tutelar. correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica. que sea evidente la lesión al derecho a la libertad física o de locomoción. En ese sentido ya existe jurisprudencia constitucional al establecer que: “…el art. la libertad. no requiere la observancia de requisitos formales y en caso de que exista algún defecto u omisión de requisitos de contenido o especificación de derechos.3. 90-II de la LTC.I de la CPE. corresponde declarar procedente el recurso. no obstante. 91. Asimismo. lo cual implica que para fallar por la procedencia o improcedencia del mismo. Análisis del caso concreto . derecho consagrado por los arts. debe hacerlo en base a las pruebas objetivas que conlleven dicha determinación.una acción tutelar preventiva. debe tenerse en cuenta que dicha autoridad está supeditada al principio de certeza o de verdad material. no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula. a objeto de lograr sus pretensiones. ( Las negrillas son nuestras) (SC 0614/2003-R de 8 de mayo). 22 y 23. empero. en los casos en que la o las autoridades recurridas al ser notificada con el recurso o acción tutelar liberen al recurrente antes de la celebración de la audiencia de consideración con la finalidad de evitar responsabilidad. el art. para dicha determinación también debe tenerse la certeza plena de la existencia del hecho o acto.VI de la LTC establece que en esos casos.
precisamente. el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz. por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión. en virtud de la jurisdicción y competencia que le . En consecuencia. al denegar la acción de libertad. toda vez como se explicó precedentemente.La accionante. Al respecto. quien sintiéndose ilegalmente perseguida y seriamente afectados sus derechos a la libertad personal y de locomoción demanda tutela constitucional. conforme a la jurisprudencia desarrollada precedentemente se colige que la acción de libertad no requiere mayores formalidades para ser interpuesto. constituido en Tribunal de garantías. POR TANTO El Tribunal Constitucional. el Fiscal demandado pretende ejecutar un mandamiento de apremio librado en contra de la accionante. no es menos evidente que el actor debe adjuntar la prueba suficiente y necesaria que demuestre la veracidad de las acusaciones que formula. sin embargo. toda vez que no puede motivarse una resolución de procedencia cuando no se constata la efectiva vulneración de derecho o garantía fundamental alguna. ni tampoco se evidencia antecedentes que demuestren la persecución denunciada que permita constatar efectivamente una amenaza seria y razonable a su derecho a la libertad personal o de libre locomoción. no basta con meras presunciones o simples caprichos personales que motiven la apertura de la jurisdicción constitucional. demuestre efectivamente la vulneración a su derecho a la libertad personal y de locomoción. puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos. ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo. no aporta a la acción de libertad. En la especie. ya que era necesario que la accionante. pruebas a efectos de demostrar la existencia del mandamiento de apremio. manifiesta que en una confrontación entre vecinos y comunarios de la localidad de Laja de la Provincia Murillo. la accionante señala sentirse perseguida ilegalmente por un presunto mandamiento de apremio que la autoridad demandada pretende ejecutar. empero. por la tenencia de terrenos. con el fin de lograr sus pretensiones. que haga procedente la tutela solicitada.
en revisión. Dra. Dra.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010. Regístrese. dictada por el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz. Fdo. Eve Carmen Mamani Roldán MAGISTRADA . notifíquese. Dr. Dr. DENEGAR la tutela solicitada. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO Fdo.confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010. y en consecuencia corresponde. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO Fdo. cursante de fs. resuelve: APROBAR la Resolución 135/2010 de 23 de diciembre. 4. que modifica el art. y publíquese en la Gaceta Constitucional. Lily Marciana Tarquino López MAGISTRADA Fdo. Ernesto Félix Mur PRESIDENTE Fdo. 9 a 10. Dr.
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