Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653733
Timestamp: 2019-07-21 07:35:48+00:00

Document:
CREACIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE ADN
HOMENAJE A CONGREGACIÓN DE HERMANOS COLUMBANOS POR 50 AÑOS DE LABOR EN CHILE
HOMENAJE : Jorge Lavandero Eyzaguirre
DENOMINACIÓN DE "ROBERTO MATTA" A MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. PROYECTO DE ACUERDO
CIERRE DE PLANTA INDUSTRIAL DE CAPITALES CHILENOS EN LIMA (PERÚ). PROYECTO DE ACUERDO
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS PARA LA REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LAVANDERO Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS) CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA AL RELIGIOSO HUGO MACGONAGLE DOHERTY (3175-07)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES ZALDÍVAR (DON ANDRÉS) Y CANTERO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE ACUERDO QUE PROPONE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARLAMENTARIA DEL SENADO (S 650-12)
Sesión 20ª, en martes 17 de diciembre de 2002
(De 16:18 a 18:28)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea Sistema Nacional de Registro de ADN (2851-07) (vuelve a Comisión)..................................................................................
Homenaje a Congregación de Hermanos Columbanos por 50 años de labor en Chile (se rinde)....................................................................................................................
Denominación de "Roberto Matta" a Museo Nacional de Bellas Artes. Proyecto de acuerdo (S 648-12) (se rechaza)................................................................................
Cierre de planta industrial de capitales chilenos en Lima (Perú). Proyecto de acuerdo (S 651-12) (se aprueba)...............................................................................................
Alternativas energéticas para la Región de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)......................................................................................................................
Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia
Las actas de las sesiones 18ª y 19ª, ordinarias, en 10 y 11 de diciembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los dos primeros incluye en la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional los siguientes proyectos de ley:
1) El que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a la legislación antiterrorista y a otras disposiciones penales relativas a la violencia con móviles políticos, iniciado en moción de los Senadores señores Flores, Valdés, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo. (Boletín Nº 3.134-07), y
2) El que modifica los artículos 147 y 156 del Código de Minería, en relación con las menciones que deben contener las nóminas que indican, iniciado en moción de los Senadores señora Frei (doña Carmen) y señores Núñez, Lavandero, Orpis y Prokurica. (Boletín Nº 3.170-08).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los proyectos de ley que versan sobre las siguientes materias:
1) Bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones Primera, Undécima y Duodécima y en las provincias de Chiloé y Palena. (Boletín Nº 3.107-05), y
2) Establecimiento de un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con motivo de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal. (Boletín Nº 3.173-06).
Con el quinto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. (Boletín Nº 2.429-05).
Con el sexto retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto sobre modificación de ley Nº 19.281, relativa a arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. (Boletín Nº 3.115-14).
Con el último hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto que deroga el decreto ley Nº 2.560, de 1979, que autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral. (Boletín Nº 3.074-04).
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de ley sobre bonificación a la contratación de mano de obra en la Regiones Primera, Undécima y Duodécima y en las provincias de Chiloé y Palena, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 3.107-05).
--Pasa a las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas.
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto de ley que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con motivo de una nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 3.173-06).
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Larraín, Naranjo, Romero y Valdés, referido a la negociación del sector agroindustrial respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América.
De la señora Ministra de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a las concesiones de acuicultura en la bahía de Chinquihue, comuna de Puerto Montt.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, tocante al Cuerpo de Socorro Andino de Chile;
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Frei (don Eduardo) y Moreno, sobre el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en una moción, declarada inadmisible, sobre creación del Consejo de Probidad y Auditoría Interna del Gobierno, y
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei (don Eduardo), relativo a la probidad de los funcionarios públicos.
De la señora Ministra de Educación , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relacionado con el proyecto de diseño de ampliación de la escuela de la localidad de Estaquilla, comuna de Los Muermos, Décima Región.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, atinente a la pavimentación del camino público que une la comuna de Salamanca con la localidad de Chalinga, Cuarta Región;
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, concerniente al trazado del camino internacional Bahía Azul y San Sebastián, Duodécima Región, y
Con el tercero y el cuarto responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Stange: uno, relativo al pago de la indemnización por concepto de expropiación de lote que indica en la comuna de Los Muermos, y el otro, relacionado con la construcción de un puente sobre el canal de Chacao, Décima Región.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de problemas de la población piloto del Programa Chile Barrio, en la ciudad de Puerto Montt.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, sobre modificación del Plan Regulador Intercomunal de Auco, provincia de Los Andes, y
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología y a la Comisión Nacional Asesora en Materia de Semillas y Plantas.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a la extracción masiva de musgo (peat moss) en la laguna Pedro Aguirre Cerda, Undécima Región.
Dos de la señora Intendenta de la Región de Aisén , por medio de los cuales da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath: uno, referido a la posibilidad de extender la Carretera Austral hasta la comuna de Tortel y, el otro, relativo al servicio de transporte en el lago General Carrera.
Del señor Director Nacional del Servicio del Adulto Mayor, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre el Estatuto Tipo para Uniones Comunales y Clubes del Adulto Mayor.
Del señor Alcalde de Purranque , Décima Región, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, acerca de los programas de empleo municipal desarrollados este año.
De la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Sexta Región , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de la deuda de los vecinos de la población "Párroco Miguel Bustamante", comuna de San Vicente de Tagua-Tagua.
De la señora Secretaria Ministerial de Educación de la Novena Región , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referente a determinada situación en la Escuela E-77 " Gustavo Vásquez Díaz", de la comuna de Los Sauces.
Del señor Director de Vialidad de la Novena Región , por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo al pago por expropiación de terrenos en camino Traiguén-Lumaco.
Del señor Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, sobre diversas materias de la Red Araucanía.
Dos del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente al servicio postal de las localidades de Capitán Pastene y Pichipellahuén y de la ciudad de Lumaco, Novena Región, y
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo al sistema que operará en las comunas de la Décima Región.
Del señor Rector de la Universidad de La Frontera, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, tocante a la situación que afecta a una ex alumna de dicho plantel.
Del Jefe de Gabinete del señor Subsecretario de Pesca, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre creación del Fondo Solidario para Indemnizaciones de los Trabajadores de la Flota Pesquera.
Del Comité Partido Por la Democracia, mediante la cual informa que, a partir de hoy, el Senador señor Ávila ha dejado de pertenecer a dicho comité.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.429-05).
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 3.115-14).
De los Senadores señores Lavandero y Zaldívar (don Andrés), por medio de la cual inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Hugo MacGonagle Doherty (Boletín Nº 3.175-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
De los Senadores señores Zaldívar (don Andrés) y Cantero, con la que inician un proyecto de acuerdo que propone la aprobación de un Código de Conducta Parlamentaria del Senado (Boletín Nº S 650-12).
--Pasa a una Comisión Especial, integrada por cinco señores Senadores, que serán nombrados por los Comités a proposición del Presidente de la Corporación.
Moción de los Senadores señores Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés), por medio de la cual inician un proyecto sobre modificación de la ley Nº 19.532, relativa a Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, a fin de permitir que los sostenedores de los establecimientos educacionales que indica, que atienden a personas con discapacidad, obtengan los aportes de capital adicional contemplados en dicha normativa.
--Se declara inadmisible, por referirse a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Señor Presidente , se ha dado a conocer que el Presidente de la República incorporó en la actual Legislatura Extraordinaria un proyecto que concede beneficios a condenados o procesados por infracciones a la legislación antiterrorista y a otras disposiciones legales.
Solicito formalmente que esa iniciativa sea enviada a la Comisión de Derechos Humanos, porque no se señaló a qué organismo será remitida.
¿Señor Presidente , me permite intervenir sobre el tema?
El proyecto lo firmamos cuatro Senadores y, efectivamente, es análogo a la iniciativa sobre reducción de penas, presentada con ocasión del Jubileo del 2000, que se estudió en la Comisión de Derechos Humanos. En consecuencia, sería lógico enviar el proyecto a dicha Comisión.
Me opongo, señor Presidente.
Aunque entiendo las razones de tal petición, se trata de una materia propia de la Comisión de Constitución, por corresponder a sus atribuciones. Por consiguiente, no estoy de acuerdo en enviarla a la de Derechos Humanos.
Con toda claridad, el proyecto está dentro del ámbito de competencia de la Comisión de Constitución, como podría reafirmar su Presidente , quien probablemente llegará en algún minuto más. Por lo tanto, reitero mi oposición, porque significaría restarle la posibilidad de informar un proyecto de su competencia reglamentaria.
Insisto en que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, encargada de estas materias, y más aún cuando se trata de personas condenadas por delitos terroristas. Ello, sin perjuicio de que los Parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos puedan participar en los debates de aquélla, como lo hacen habitualmente.
Aclaro a los señores Senadores que el proyecto está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En consecuencia, para modificar esta situación se requiere acuerdo de la Sala.
--En votación económica, se aprueba enviar el proyecto en cuestión a la Comisión de Derechos Humanos (21 votos a favor, 19 en contra y una abstención).
Puede usar de ella el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , el problema es sumamente delicado, porque con el proyecto -respetando a sus autores- se introduciría una notable desigualdad en las leyes de Chile.
Pienso que la materia que aborda y la forma de hacerlo son sumamente preocupantes.
El problema ya fue resuelto, señor Senador.
En todo caso, quería manifestarlo ahora.
Su Señoría tiene derecho a que quede constancia de su opinión; pero el punto ya fue resuelto y no puedo modificar los acuerdos del Senado.
Señor Presidente , el Senador Martínez y los demás señores Senadores pueden opinar en la Comisión de Derechos Humanos.
Señor Presidente , pido autorización para que la Comisión de Gobierno pueda sesionar hoy, a las 17.30, simultáneamente con la Sala, a fin de tratar el proyecto que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales, con ocasión de la nueva forma de distribución del Fondo Común Municipal.
Este proyecto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata". Lo analizaríamos hoy en la Comisión para que mañana en la mañana pase a la Comisión de Hacienda.
Ya lo conversé con todos los sectores representados en la Comisión, así que solamente faltaría pedir el asentimiento de la Sala.
Sí, justamente quiero hacer una proposición para ordenar la tabla de la sesión de mañana.
Han ingresado al Senado dos proyectos con "discusión inmediata". Uno es el que establece un mecanismo para compensar los menores ingresos municipales con ocasión de la nueva determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y el otro es el que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las Regiones y provincias que indica.
Ambos serán vistos por las Comisiones respectivas: el primero, por las de Gobierno y de Hacienda, y el segundo, por las de Hacienda y de Economía, unidas.
Mi sugerencia consiste en tratarlos mañana en fácil despacho, con informe verbal.
Señor Presidente , si son o no de fácil despacho depende de lo que se resuelva respecto de ellos. Pero uno, al menos, no presenta esa característica.
No tendría inconveniente en incluirlos en el Orden del Día.
Por lo menos aquel a que estoy aludiendo.
Pero la idea es tratarlos y despacharlos mañana.
¿Se verían con informe oral?
Señor Presidente , ¿queda facultada la Comisión de Gobierno para reunirse a las cinco y media?
Ojalá mañana en la mañana. Lo antes posible.
No, señor Presidente. Me estoy refiriendo a las cinco y media de hoy.
En cuanto al proyecto relativo a Gendarmería, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que, al parecer, es de muy fácil tratamiento, el señor Ministro de Justicia ha solicitado que sea discutido por la Comisión de Hacienda el día de mañana.
¡Debería pasar a la Comisión de Derechos Humanos...!
A la de Constitución.
Si no hay acuerdo, sólo procede que cumpla su trámite ordinario.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Respecto de la moción que presentamos Su Señoría y el Senador que habla para modificar la ley Nº 19.532, sobre Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, que fue declarada inadmisible, solicito oficiar al Ejecutivo con el objeto de pedirle su patrocinio.
En nombre del Comité Demócrata Cristiano.
En esos términos se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, resolvió:
1º.- A solicitud del Poder Ejecutivo , enviar el proyecto sobre nueva concepción de la autoridad sanitaria a las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.
Señor Presidente , en la reunión de Comités planteé que tal decisión debía ser consultada primero a los Presidentes de las Comisiones involucradas. Hecha esa consulta, no damos nuestro acuerdo para que la iniciativa sea vista conjuntamente por Salud y Hacienda, por la especificidad del tema y por la importancia de que éste sea analizado en forma independiente por la primera.
Si el Comité Renovación Nacional no da su acuerdo, el punto debe ser resuelto por la Sala.
En la Comisión de Salud ya estamos trabajando en el proyecto. Tuvimos una primera reunión y hoy realizaremos la segunda. Se ha citado al Colegio Médico, están funcionando las autoridades de salud, hay todo un proceso legislativo en marcha. Y hay otro elemento que la Sala debe tener presente: los cinco miembros de la Comisión de Salud están empeñados en obtener un muy buen proyecto. No hay situaciones de conflicto; tampoco existe el deseo de atrasar las cosas, ni mucho menos.
En segundo lugar, el fin fundamental de la iniciativa es la organización del sector, tema en el cual hemos estado trabajando por años. Por eso, si bien reconocemos las capacidades de Hacienda, creemos que en esta materia la Comisión de Salud tiene la primera palabra.
En atención a lo anterior, señor Presidente, pido a la Sala que revierta el acuerdo adoptado por los Comités.
Señor Presidente , respaldo lo dicho por los Senadores señores Ríos y Horvath. La Comisión de Salud lleva bastante tiempo abocada el tema; están citados los gremios. Pienso que podemos terminar una parte del trabajo, al menos el estudio general de la iniciativa, antes del receso de verano, de manera que la Comisión de Hacienda estará en condiciones de analizarla en marzo del próximo año.
Señor Presidente , simplemente quiero consignar que en la reunión de Comités se entregó una información dubitativa, en cuanto a si se había consultado al Presidente de la Comisión de Salud. La verdad es que no fue así. Desconociéndose además lo avanzado que estaba el estudio del proyecto en ese organismo, nos parece del todo razonable revisar el acuerdo de los Comités o que se pida el pronunciamiento de la Sala.
Señor Presidente , creo que la explicación dada por el Honorable señor Cantero es razonable. Por lo mismo, comparto absolutamente el planteamiento de mantener el proyecto en la Comisión de Salud, no sólo por la especificidad de sus normas -por la relativa principalía que deben tener las comisiones técnicas, máxime si no se está tratando de detener allí el tratamiento de la iniciativa-, sino también porque dicho organismo ya comenzó su análisis. Ya llegará el momento de estudiar la parte financiera y de que, por tanto, el proyecto pase a la Comisión de Hacienda.
No sé quién habrá planteado Comisiones unidas -no interesa saberlo-, pero soy partidario de que el proyecto siga siendo tratado en forma unitaria por la Comisión de Salud.
Quiero señalar que yo no estaba presente -doy mis excusas por ello- cuando los Comités adoptaron tal decisión. Por tanto, no se trata de un acuerdo unánime, desde el momento en que no estaban presentes todos. Si así hubiera sido, sería unánime y no podría ser discutido ni modificado.
Personalmente, considero bastante válidos los argumentos del Presidente de la Comisión de Salud , al igual que los del Senador señor Viera-Gallo. Sin embargo, por existir un acuerdo de Comités, debo someter el punto a la consideración de la Sala.
Perdón, señor Presidente.
Señor Presidente, se trata de un proyecto en tramitación.
Se lo planteo para saber cómo funciona el Senado. ¿Significa que una iniciativa que está siendo analizada íntegramente por una Comisión puede ser sacada de ella en la mitad de su tramitación para ser enviada a otra, dependiendo de las mayorías que se estén dando?
Tendríamos que ver si el Reglamento lo permite.
Yo le pido que aclare reglamentariamente el asunto, señor Presidente.
Señor Senador, la Secretaría entiende que la tramitación de un proyecto es definida por el Presidente de la Corporación al darse cuenta de las comunicaciones recibidas por el Senado. Si no hay acuerdo en ese momento, se vota y el asunto es decidido por la Sala. Y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece que las resoluciones de las Cámaras se adoptan por la mayoría de sus miembros presentes.
Para no abrir otro debate, propongo a la Sala mantener el proyecto con su tramitación original. Pido a los señores Senadores no insistir en el tema y dejar sin efecto el acuerdo de Comités. Éste no fue unánime, lo que nos deja facultados para proceder así.
Además, solicito que la Secretaría elabore, para una próxima reunión, un informe más acabado desde el punto de vista reglamentario.
Señor Presidente , sólo quiero formular una moción.
Tengo entendido que todos estos asuntos fueron analizados previamente por los Comités, y que de ese examen debió salir algún acuerdo. Si eso sucedió, como es lógico que ocurra, se requiere unanimidad para poder modificar tal acuerdo. Por esa razón, señor Presidente , sugiero que se revise la decisión desde el punto de vista de su apego al Reglamento.
Sí, vamos a hacer esa revisión. Lo que sucede es que hubo un acuerdo de Comités, del que se acaba de dar cuenta. A él concurrió la mayoría, pero no la totalidad de los Comités. Por eso me parece que nos encontramos ante un acuerdo perfectamente revisable.
¿Qué estoy pidiendo? Que mantengamos la tramitación tal como está, y que solicitemos a la Secretaría un informe más acabado, sobre la base de todos los antecedentes y argumentaciones que han expuesto diversos señores Senadores. Ello, para evitar dificultades sobre el particular.
¿ Me permite, señor Presidente?
Señor Presidente , como dije oportunamente, la información no fue clara y, en realidad, el acuerdo se dio conforme a lo que había en ese momento. El Ejecutivo no había preguntado ni consultado absolutamente nada al Presidente de la Comisión , ni a ningún miembro de ella.
Por eso sugiero que la Sala resuelva el asunto y no lo dilatemos más. La petición es clara: que el proyecto quede radicado en la Comisión de Salud, ya que sus integrantes están contestes en tramitarlo con la mayor expedición.
Dejémoslo de esa manera. Creo que así queda despejado el asunto.
Señor Presidente , participé en la reunión de Comités. Entiendo que el acuerdo que adoptaron quedó sujeto a una condición: la consulta a la Comisión de Salud. Si esa condición no se dio, me parece que la Sala debe resolver. Porque aquí la opinión de todos los miembros de la Comisión ha sido unánime en el sentido de que es útil que el proyecto pase primero a dicho organismo técnico.
¡Por eso mantengamos la tramitación en la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso!
De todos modos, vamos a pedir a la Secretaría que afine un poco más lo referente a la modificación de trámites en un momento dado respecto de un proyecto que ya está siendo conocido por una Comisión.
El señor Secretario continuará dando cuenta de los acuerdos de Comités.
2º Tal como se vio en la Cuenta, los Comités acordaron, en lo que dice relación al proyecto sobre bonificación de mano de obra en zonas extremas, tramitarlo a las Comisiones de Economía y de Hacienda, unidas.
3º En lo relativo al proyecto sobre alzamiento de cauciones por deudas del INDAP, se acordó tratarlo en la sesión ordinaria de mañana, siempre que se encontrare informado; y
Por último, como Sus Señorías ya han tomado conocimiento, en cuanto al proyecto de acuerdo sobre un Código de Conducta Parlamentaria del Senado, iniciado en moción de los Honorables señores Zaldívar (don Andrés) y Cantero, se resolvió tramitarlo a una Comisión especial de cinco miembros, que serán designados por los Comités a propuesta del señor Presidente.
Señor Presidente , con el propósito de despachar los proyectos calificados de "discusión inmediata", solicito la autorización de la Sala para que las Comisiones de Hacienda y de Economía, unidas, sesionen a partir de las 17:30, puesto que más tarde nuevamente trabajarán las de Economía y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas.
¿Habría acuerdo para autorizar que esas Comisiones sesionen paralelamente con la Sala?
Señor Presidente , entiendo que los acuerdos de Comités, para este efecto, son sólo referenciales. Nosotros nos encontrábamos en otra reunión a la que Su Señoría nos convocó a la misma hora. Por lo tanto no había ningún integrante de la UDI.
No estamos en disposición de prestar nuestro acuerdo respecto del proyecto del INDAP. Lo vemos como un asunto extremadamente complejo que deseamos tratar aplicando la lógica normal, pero no mañana en la Sala, si es que para entonces se contara con el respectivo informe. Preferimos discutirlo la próxima semana, o cuando sea oportuno, porque debido a su complejidad, en su análisis no conviene privilegiar la velocidad por sobre la reflexión.
De no haber acuerdo en tal sentido, sencillamente se debe aplicar el Reglamento. En consecuencia, se verá en su momento, una vez que el informe se haya entregado a los señores Senadores con 24 horas de anticipación.
Por lo tanto, quedará para la sesión ordinaria siguiente.
Corresponde ocuparse del proyecto de ley sobre Creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y también con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2851-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Constitución, sesión 22ª, en 20 de agosto de 2002.
Constitución (segundo), sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002.
Sesión 24ª, en 22 de agosto de 2002 (se aprueba en general).
Cabe recordar que sus objetivos principales son:
a) Facilitar la investigación criminal mediante la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, que contempla cinco Registros: el de Condenados, el de Imputados, el de Evidencias y Antecedentes, el de Víctimas y el de Personas Extraviadas y sus Familiares.
b) Los Registros se formarán sobre la base de huellas genéticas determinadas por el Servicio Médico Legal, las policías o instituciones públicas o privadas acreditadas ante dicho Servicio; y su organización, administración y custodia estarán a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 10, 13, 14, 15 y 21 permanentes, y 2º transitorio. En consecuencia, teniendo presente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento del Senado, deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, y con la unanimidad de los presentes, solicite someterlo a discusión y votación.
¿Habría acuerdo para dar por aprobados esos artículos?
Señor Presidente , con relación a lo que acaba de informar el señor Secretario , tocante a que los artículos que no recibieron indicación ni fueron objeto de cambios o de modificaciones luego de la discusión general se den por aprobados sin más discusión, solicito que se abra debate sobre diversos preceptos que muestran una serie de vacíos inexplicables. De no tener la posibilidad de discutirlos, vamos a enfrentar una situación compleja.
Por ejemplo el artículo 8º, que se cuenta entre los que acaba de señalar el señor Secretario, habla del Registro de Víctimas. Dice: "El Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito". Pero más adelante no se determina cómo se operará en esa materia. ¿Se requiere el consentimiento de las víctimas para mantenerlas incorporadas al Registro? Hay una serie de reglamentaciones que deberían figurar, pero que no aparecen, por lo menos hasta donde hemos podido ver en el texto. Por eso nos gustaría poder hacer preguntas; disponer de más antecedentes.
Yo propondría que tales normas no se den por aprobadas reglamentariamente, y que pudiéramos discutir todo el proyecto.
Para eso requeriría el acuerdo unánime de la Sala.
¿Existe acuerdo unánime?
Señor Presidente , creo que la Comisión desarrolló un trabajo bastante exhaustivo. Yo pediría que se respete la norma que normalmente se aplica a este tipo de situaciones.
¡Bien! Aplicaré el Reglamento.
No habiendo acuerdo unánime, se dan por aprobados los artículos mencionados.
Señor Presidente , soy miembro de la Comisión y me parece razonable lo solicitado por el Senador señor Larraín.
¡Déjeme terminar, señor Presidente , por favor!
Si durante la tramitación de una normativa reparamos en un artículo que razonablemente requiere algún tipo de perfeccionamiento, parece lógico que quede abierto a su discusión. No veo cuál es la razón para impedirlo. Ello obstaculiza que se pueda despachar bien un proyecto.
Bueno, tengo que aplicar el Reglamento. Un Comité no ha concurrido al acuerdo unánime, y no puedo hacer otra cosa que aplicar el artículo 124.
Señor Presidente , se trata de un problema técnico. No es asunto de una decisión política.
Señor Presidente , en efecto, puede ser que durante el trámite en la Comisión se haya deslizado alguna inadvertencia por falta de preocupación de parte de Honorables colegas que han manifestado sus inquietudes. Solicito que, si es posible, se abra un nuevo plazo de presentación de indicaciones.
Aquí, por ejemplo, hay errores graves en el texto en cuestión. Se establece un Registro de Imputados; pero cuando un imputado es declarado inocente, sus datos genéticos permanecen en el Registro, cosa que aparece bastante rara, por decir lo menos.
Hay una cantidad de aspectos que, en la revisión practicada ahora, han hecho surgir algunas dudas. No sé si este proyecto tiene tanta urgencia como para que no se considere la posibilidad de abrir nuevo plazo para formular indicaciones a fin de discutir temas que han surgido y mejorar el articulado.
Debo hacer presente al señor Senador que estamos en el segundo informe. O sea, habría que suspender la discusión particular y, con el acuerdo unánime de la Sala, abrir nuevo plazo para presentar indicaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick
Señor Presidente, no tengo inconveniente alguno en que el proyecto vuelva a Comisión ni en que se abra un nuevo plazo con tal objeto.
Sin embargo, en el ejemplo señalado respecto del Registro de Imputados, a nuestro juicio, no hay error. Porque si la persona es imputada, figura en él; si es condenada, pasa al Registro de Condenados, y si es inocente, deja de ser imputada y, por ende, sale de aquel Registro.
Ahora, si es necesario, para la mejor comprensión de algunos señores Senadores, señalar expresamente que los imputados permanecerán en el Registro mientras tengan la calidad de tales y cuando dejen de serlo saldrán de él, no hay inconveniente en que el proyecto vuelva a Comisión para proceder en ese sentido. Pero se desprende absolutamente que quien deja de ser imputado queda eliminado del Registro respectivo.
Señor Presidente , mantengo el criterio de que tratemos de despachar la iniciativa. Si algún Senador desea que se clarifique un artículo específico, no tengo inconveniente en dar el acuerdo para debatirlo, pero no para discutir entero el proyecto, porque en este caso estaríamos cambiando la tramitación en la Cámara Alta.
Señor Presidente, concuerdo plenamente con la opinión del Senador Chadwick: o se es imputado, o se es condenado, o se es inocente. Y no me parece necesario que en cada proyecto de ley tengamos que...
Estamos recién en la relación de la iniciativa, señor Senador. Por lo tanto, no entremos a discutir cada artículo.
Solicito a quienes han pedido intervenir que se refieran específicamente al aspecto reglamentario.
Señor Presidente, quiero insistir en el punto planteado por el Senador señor Novoa.
La discusión se generó a raíz de la petición de nuevo plazo para formular indicaciones a fin de mejorar el texto.
Ahora bien, lamento discrepar de los Senadores señores Chadwick y Espina. Y creo que el Honorable señor Novoa tiene toda la razón en su planteamiento. Tanto es así que, por ejemplo, la única forma de eliminar antecedentes, según este proyecto, es mediante el artículo 18. Y éste no dice cómo se eliminan los antecedentes de los imputados que son declarados inocentes.
Por consiguiente, éste es un tema de fondo. Porque el artículo relativo a los imputados no se refiere a quien es liberado, sino sólo al que es condenado. No alude a la persona que es exonerada de responsabilidad. De ahí la solicitud de abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones.
Señor Presidente , el artículo 17 es precisamente uno de los que se pueden debatir. Pero si el Senador señor Moreno dio su autorización y no hay objeciones a este respecto, pido que veamos artículo por artículo.
No hay posibilidad de formular indicaciones, salvo si existe unanimidad.
Continúa la relación.
Señores Senadores, las demás constancias reglamentarias figuran en la primera página del informe.
Las modificaciones que efectuó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto aprobado en general fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros: Honorables señores Aburto , Chadwick , Espina, Moreno y Silva. Por ende, deben ser votadas sin debate, de conformidad con lo establecido en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
La Comisión de Hacienda, en el ámbito de su competencia, se pronunció en cuanto a los artículos 1º, 19 y 2º transitorio, dándoles su aprobación por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger , Foxley , Ominami y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Secretaría elaboró un boletín comparado dividido en tres columnas: la primera contiene el texto aprobado en general; la segunda, el texto que despachó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el segundo informe, y la tercera, el texto definitivo que las Comisiones informantes proponen aprobar.
Conforme a lo acordado hace algunos instantes, corresponde discutir el artículo 1º del proyecto.
Señor Presidente , el inciso segundo que se incorpora a este precepto en el segundo informe no constituye novedad alguna, porque es la adecuación de una norma contemplada en el artículo 2º del primer informe.
El acento está puesto básicamente en el inciso primero del artículo 1º, que en el texto original decía, luego del encabezado: "La presente ley regula un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal.". En el texto del segundo informe se agrega la siguiente frase final: "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas".
En realidad, la adición de la referida frase es innecesaria. Y lo es porque la toma de la huella genética debe hacerse siempre en un proceso penal. Así lo señala claramente el artículo 1º. Por lo tanto, está de más colocar que la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas se puede realizar, igualmente, con motivo de una actividad extrajudicial. De modo que, a mi juicio, esa frase debe rechazarse.
Conversé al respecto con el Honorable señor Viera-Gallo , y coincidimos en que no es menester agregar la mencionada frase. En primer lugar, porque el Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares aparece contemplado en el artículo 9º. Y en segundo término, porque, siendo la idea que toda acción destinada a tomar la huella genética se realice dentro de una investigación judicial, ponerla al margen de la investigación judicial distorsiona el verdadero sentido de que esa información siempre se efectúe, dada la importancia que reviste, en el proceso penal.
En consecuencia, propongo eliminar la expresión "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas", por innecesaria, ya que se entiende que ello es posible cuando se trata de un proceso o de una investigación criminal.
Señor Presidente, apoyo lo expresado por el Senador señor Espina.
En verdad, el proyecto en debate trata sobre una materia bastante delicada. Esta institución ha generado mucha polémica en todos los países donde se ha establecido, pues, sin duda, quien obtiene los datos de ADN de una persona puede, aunque sea ilegalmente, manipularlos, utilizarlos mal, etcétera.
Entonces, aparece como requisito indispensable que la recolección de tales datos se haga en el marco de un proceso penal.
Nosotros pusimos la frase "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas". En realidad, cuando una persona está extraviada o desaparecida y la situación generada es de tal entidad que hace indispensable sacar datos mediante exámenes de ADN, debiera haber un proceso judicial de búsqueda, o una orden de fiscal, o una resolución que dé cuenta de que se comenzó una indagación verdadera. Pero no es aceptable que el día de mañana, en una clínica, una persona diga a otra: "Le voy a sacar los datos de ADN porque se está buscando a fulano de tal". No. Tiene que ser un procedimiento enmarcado dentro del proceso penal y sólo deben tener acceso a los datos quienes sean parte de éste.
Por lo tanto, apoyo lo dicho por el Senador señor Espina.
¿Esto se refiere a modificaciones que sólo dicen relación al nuevo proceso penal? ¿O también al antiguo? Porque, por ejemplo, la definición de "imputado" contenida en el nuevo Código de Procedimiento Penal tiene una significación distinta en el actual.
No sé si algún señor Senador miembro de la Comisión me puede contestar.
Se aplica para ambos. Habría que hacerlo específico a través de una norma transitoria.
Señor Presidente , esta disposición rige tanto para el nuevo proceso penal como para el antiguo. Y respecto de la expresión "imputado", en el nuevo sistema procesal penal viene a ser el equivalente a la persona procesada, lo que en su época se denominaba "encargado reo".
En todo caso, para precisar, perfectamente podría señalarse en un artículo transitorio que se trata de una persona procesada, aun cuando es factible que el juez, en una investigación a un individuo respecto del cual estime que sus antecedentes son necesarios por tratarse de una evidencia, de un elemento de valor probatorio indispensable para el esclarecimiento del delito, pida dejar su huella genética.
Señor Presidente , concuerdo con la proposición del Senador señor Espina de eliminar la frase "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas", porque, en la práctica judicial, los casos de personas desaparecidas o extraviadas están siendo objeto de una investigación judicial a través de un proceso criminal de acuerdo con la normativa vigente en las Regiones donde aún no se aplica el nuevo procedimiento penal. Generalmente, tal proceso se caratula como " Presunta Desgracia ". Y este modo de individualizar el expediente obedece a la existencia de a lo menos sospechas o presunciones de que dichas personas sufrieron una presunta desgracia.
A mi juicio, no es necesario determinar la calidad de quien va a ser objeto de la prueba de ADN en un proceso penal. Porque la persona puede ser imputada o procesada; da lo mismo. En el nuevo procedimiento -dice el Senador señor Espina- se usa la expresión "imputado". El imputado puede ser cualquier persona. De manera que esto puede aplicarse a toda persona que tenga esa condición en el procedimiento penal nuevo o en el antiguo.
Si le parece a la Sala, pondremos en votación el artículo 1º, con excepción de la frase "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas".
Lo que propone la Comisión, señor Presidente , es agregar la expresión "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas".
Ahora estamos pidiendo borrar esa expresión.
Así es:...
Que se borre.
...que se elimine.
Excúsenme, Sus Señorías.
En el segundo informe de la Comisión de Constitución...
Tiene razón, señor Secretario. Pero, por la argumentación que se dio, pedimos borrar la frase mencionada.
Es decir, que no se apruebe.
Si le parece a la Sala, se rechazará la frase que la Comisión propone agregar al inciso primero del artículo 1º.
Los incisos siguientes no fueron objeto de observaciones. Por lo tanto, hay que aprobar el artículo completo.
--Se aprueba el artículo 1º, sin la frase "o de la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas", que fue eliminada.
Respecto del artículo 2º, la Comisión propone agregar en el inciso primero las siguientes frases, antes del punto y aparte: "a los jueces, los fiscales del Ministerio Público, el abogado defensor respectivo y las policías, de conformidad a la ley procesal penal y para los fines aludidos en el artículo 1º.".
--Se aprueba la sugerencia de la Comisión de Constitución.
En seguida, la Comisión propone, por la unanimidad de sus miembros, suprimir el inciso tercero del artículo 2º.
--Se aprueba la supresión.
Luego, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión sugiere intercalar un artículo 3º, nuevo, cambiando correlativamente la numeración de los demás artículos, del siguiente tenor:
"Artículo 3º.- Naturaleza de los datos y su titularidad. La información contenida en el Sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se considerarán datos sensibles de sus titulares, según lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.".
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición.
En seguida, la Comisión sugiere una modificación al artículo 11. Sin embargo, se acordó discutir artículo por artículo.
Pido la palabra para referirme brevemente al artículo 4º.
Señor Presidente , no estoy solicitando votación separada. Sin embargo, me parece que cuanto diré es importante para lo que analizaremos más adelante.
La ley en proyecto crea un Sistema Nacional de Registros de ADN. Y el artículo 4º expresa que "El Sistema estará integrado por el Registro de Condenados, el Registro de Imputados , el Registro de Evidencias y Antecedentes, el Registro de Víctimas y el Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares.".
Lo anterior quiere decir que habrá un sistema de información compuesto por varios registros. Y es muy relevante tenerlo presente, porque cuando llegue, por ejemplo, el momento de ver el Registro de Imputados y nada se manifieste sobre si quienes han sido declarados inocentes siguen o no en él, se entenderá que todos los datos de ellos pertenecerán al Sistema Nacional de Registros de ADN. Y si cuando se habla del Registro de Víctimas no se expresa si las víctimas deberán o no deberán dar su consentimiento, se entenderá que cualquiera que se haya prestado para que se le practique un examen con el objeto de aclarar un delito quedará para siempre incorporado en el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Entonces, es importante la precisión. Y, cuando discutamos otras normas, al menos yo pediré el acuerdo de la Sala para que se aclaren en cada caso los conceptos o las definiciones.
Señor Presidente , en primer lugar, comparto absolutamente el planteamiento del Senador señor Novoa en cuanto a la posibilidad de que los inocentes continúen en el Registro de Imputados o sean incorporados en un registro histórico. Por lo tanto, me parece que debe aclararse que tienen que salir de allí en caso de ser exonerados.
En segundo término, quiero plantear mi objeción a la existencia del Registro de Víctimas , pues tengo serias inquietudes respecto de lo que pueda significar.
El Registro de Condenados se justifica; es lo principal, porque permite seguir investigando y buscar concordancias con delitos futuros. Pero no veo por qué tengan que estar registradas las víctimas.
En el caso del Registro de Víctimas , hay un problema vinculado a la intimidad; a mi entender, ésta puede ser violada a través de la mantención de un registro de personas que han sido víctimas de cualquier delito. Por ende, considero francamente cuestionable su existencia.
Y más cuestionable me parece el Registro de Víctimas cuando la única mención posterior que se hace de él está en el artículo 8º, donde se dice que "El Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito.". No distingue. O sea, no hay al respecto ninguna reglamentación, ninguna caracterización.
En mi concepto, aquello lo hace todavía más genérico: víctima de cualquier delito; por ejemplo, estafa, robo, hurto.
En tal sentido, reitero que el Registro de Víctimas merece ser eliminado.
Señor Presidente , en primer lugar, es importante que los señores Senadores tengan en cuenta lo dispuesto en el artículo 10, donde se establece de qué manera se obtienen los datos. Es decir, esto se rige por la ley procesal penal y, en consecuencia, si no me equivoco, en el nuevo sistema penal el juez de garantía debe autorizar la extracción de los datos, porque se trata de un examen intrusivo que se hace a una persona. Puede ser forzoso, obviamente -para eso está el juez de garantía-, tal como ocurre con la huella dactilar.
Para ciertas situaciones, tiene que existir el Registro de Víctimas. Por ejemplo, si se encuentran los huesos de alguien no identificado, éstos se trasladan al Instituto Médico Legal donde se obtiene el material genético que permite determinar a quien pertenecían. Claro que todo ello lo ordena el juez. Ahora bien, si alguien es víctima de un robo, por supuesto que el magistrado no tendrá el mal criterio de exigir ese tipo de peritaje.
Respecto de lo que planteó el Senador señor Novoa , es cierto que el artículo 18 -relativo a la eliminación de los datos- sólo se refiere al Registro de Evidencias y Antecedentes y no al de Imputados. Entonces, se sugiere modificar dicho precepto en el sentido de eliminar del Registro de Imputados a quien haya sido declarado inocente.
Señor Presidente , no comparto la opinión del Senador señor Novoa , porque en el proceso penal las personas o son inocentes -o a lo menos no se hallan sometidas a ninguna restricción de su libertad o están desvinculadas de aquél- o tienen calidad de condenadas, o de procesadas o imputadas, mientras dura el juicio. Es necesario precisar, para clarificar lo anterior, que "imputado" equivale en el antiguo proceso penal, que rige por ejemplo en Santiago, a "procesado".
Según el proyecto, al condenado se le borra del Registro de Imputados y pasa al de Condenados. Y si es declarado inocente, obviamente pierde la calidad de imputado o procesado. Uno no es per se procesado en un juicio. Por lo tanto, aplicando las reglas comunes a todo procedimiento penal, por la sola circunstancia de no ser condenado y de que el proceso se haya sobreseído, ya sea temporal o definitivamente, deja de ser procesado. De manera que no es necesario dictar una norma que precise que, como ya no se es imputado, su nombre debe eliminarse del registro correspondiente. Si tal disposición da más tranquilidad a algún señor Senador, no hay ningún inconveniente en incluirla. Pero desde el punto de vista de la técnica legislativa, la Comisión hizo lo correcto. No es necesario explicitar los efectos de la aplicación de las reglas generales del procedimiento penal.
Estimo de gran valor el Registro de Víctimas. Y quiero precisar: el juez es quien determina el ingreso a un registro. Para ser más exacto: hay dos registros que no son voluntarios. Uno, el de los Condenados (que pasa a ser obligatorio cuando la pena supera los tres años -o sea, es aflictiva- o se trata de delitos específicos, que son de extrema gravedad y de gran reproche social, como violación, abusos sexuales, etcétera, cualquiera que sea la pena impuesta), y dos, el de los Imputados, quienes se mantendrán en él mientras conserven la calidad de tales.
La regla general es que no se ordenará la extracción de muestras genéticas a involucrados en delitos de estafa, porque los jueces son lo suficientemente inteligentes como para no pedir diligencias respecto de algo que no guarda ninguna relación con el hecho investigado. El magistrado decretará libremente las medidas probatorias o peritajes propios de una investigación judicial.
A mi juicio, la norma propuesta es la correcta.
Múltiples veces el Registro de Víctimas será fundamental. Por ejemplo, se podrían encontrar en poder del delincuente, del inculpado, ropas o elementos con huellas de la víctima. Entonces, la única manera de saber si eran sus pertenencias es mediante la prueba genética. En los casos de abusos sexuales y violaciones del último tiempo fue importante para resolverlos sorprender al inculpado con elementos que contenían la huella genética de la víctima. Ello permitió afirmar que efectivamente el sospechoso había participado en el delito o era su autor. Por lo tanto, el antecedente genético de la víctima es muy determinante para acreditar la autoría de un hecho.
Pero ello no es motivo para que ese dato de la víctima permanezca toda la vida en el registro.
En cuanto a lo señalado por el Senador señor Novoa , el proyecto establece que los antecedentes registrados durarán 15 años, al final de los cuales se suprimirán. Porque se podría ser víctima de un delito posterior, ya que son situaciones que pueden repetirse.
¿Cuál es la razón para legislar en esta materia? Que se puedan conservar los elementos probatorios más importantes -las huellas genéticas-, susceptibles de desaparecer en el futuro. Si se eliminaran, sería imposible comprobar que un delincuente es autor de un crimen. Y en ello ha sido muy importante la huella genética de la víctima, por ejemplo, en especies que le fueron robadas.
En consecuencia, debe mantenerse este de tipo datos. Y se han tomado todas las medidas de resguardo, con drásticas sanciones para quien los revele o los dé a conocer. En todo caso, según los estudios técnicos y científicos que se nos hicieron llegar, esta clase de antecedentes sólo se refiere a la determinación de la identidad de la persona y no entrega ningún otro dato, aun cuando se trata de una materia respecto de la cual, obviamente, la ciencia irá evolucionando en el futuro.
Señor Presidente, discrepo del punto de vista expresado por el Senador señor Espina y, por el contrario, concuerdo completamente con la otra tesis.
Aquí se tiende a confundir los artículos. El artículo 4º señala qué registros existirán; el 17 -si uno es riguroso-, plantea la forma de trasladar a las personas de un registro a otro, por ejemplo, cuando los imputados pasan al Registro de Condenados ; el artículo 18 se refiere a cómo se eliminan los antecedentes. Lo grave, para estos efectos, es que solamente se hace referencia a la eliminación del Registro de Evidencias y Antecedentes "cuando se hubiere puesto término al proceso judicial respectivo".
Hay que mejorar esa disposición.
Si uno es riguroso, al no decirlo expresamente, el artículo 18 dispone que los imputados que no son condenados siguen en el registro. Porque se trata de normas de Derecho Público que son obligatorias en sentido estricto. Lo mismo ocurriría respecto de las víctimas: no se considera su eliminación del registro respectivo.
Deseo terminar, señor Presidente.
Es decir, según la norma, la persona queda definitivamente en el Registro de Víctimas.
Entonces, lo relevante aquí es entender que la dificultad surge al no explicitarse cómo y cuándo se suprimen los datos de los registros. Como digo, la falta de especificación produce el problema.
Por otra parte, también tengo una visión distinta de la del Senador señor Espina respecto de lo que se entiende por víctima para estos efectos.
Si se dice que puede ser importante mantener el Registro de Víctimas en consideración a delitos futuros, entonces no habrá ningún argumento para que no se tenga huella genética de todos los chilenos o de todas las personas que vivan en el país, porque ello será útil el día de mañana. Y esto tiene que ver precisamente con normas relativas a la intimidad de las personas que se pretende resguardar. Creo que el Registro de Víctimas debe ser estricto, referirse a determinados delitos y establecer un sistema de eliminación similar al del Registro de Imputados.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , sugiero al Senador señor Coloma que redacte una indicación que contenga todas las observaciones formuladas al artículo 18. Porque hay que tener en cuenta que el juez es quien ordena la realización de este tipo de examen, y lo hará con criterio. El sistema está resguardado, hay reserva; se aplica la ley sobre protección de datos de carácter personal; sólo pueden tener acceso a ellos los fiscales del Ministerio Público, el abogado defensor respectivo y los jueces. O sea, está bien acotado. Creo que en lo único que la Comisión no reparó, a pesar de que se analizó dos veces, fue la eliminación de los antecedentes en los otros registros.
Recupera la palabra el Senador señor Coloma.
Señor Presidente , indudablemente, estamos preparando la indicación al artículo 18; pero, adicionalmente, el Registro de Víctimas , a mi juicio, también debe ser mucho más preciso. Porque, al señalar simplemente que éste contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, no parece tener los resguardos necesarios para los efectos que indiqué, porque, al final, la norma podrá ser interpretable.
El Senador señor Novoa me ha solicitado una interrupción, señor Presidente, que concedo con gusto.
Señor Presidente, no hay que confundir la diligencia necesaria para poder acreditar un delito -que puede consistir, por ejemplo, en obtener una muestra de ADN de la víctima- con incorporar esa muestra en un sistema nacional.
Me parece razonable que los condenados, los imputados, las evidencias y antecedentes conformen registros. Pero no veo por qué en esas bases de datos estén, además, y en forma permanente, los datos de las víctimas. El ADN de la víctima es muy importante para establecer si hubo un delito y quién pudo haber sido responsable del mismo. La víctima puede querer que le tomen una muestra de ADN para acreditación de los hechos. Pero de ahí a quedar para siempre incorporada en un registro de ADN de los delincuentes me parece que no tiene sentido.
El Registro de Evidencias tiene un propósito claro, específico. Y, a mi juicio, eso se cumple con los antecedentes; y en el caso de los imputados, haciendo las correcciones que correspondan. Pero no pienso que tenga lógica mantener para siempre un registro que incluya a las víctimas.
Ése es el punto, señor Presidente.
A continuación está inscrito el Senador señor Chadwick; pero el señor Ministro ha pedido la palabra, y, de conformidad con el Reglamento, tiene preferencia para intervenir.
Señor Presidente , quiero explicar a Sus Señorías el sistema, porque me parece que no se ha entendido bien cómo opera. Puedo intervenir después del Honorable señor Chadwick o de algún otro Senador.
El señora CHADWICK.-
Señor Presidente , de las observaciones hechas al proyecto y de lo que fue el espíritu que se tuvo en la Comisión para despacharlo, no vislumbro contradicciones. Únicamente es necesario hacer algunas explicitaciones para que todos entendamos lo mismo. Si hay confusión aquí, en la Sala, acerca de lo que se quiso decir en el proyecto, obviamente tenemos que repararla, porque es señal de que no estamos haciendo bien las cosas.
Siempre se tuvo presente que en el Registro de Imputados se incorporaban las personas en cuanto tenían la calidad de tales y que, si pasaban a ser inocentes, se eliminaban. Comparto la inquietud del Senador señor Novoa en el sentido de que la norma quedaría mejor, en forma más expresa, si señalara que, una vez obtenido el sobreseimiento, el imputado perderá su calidad de tal, quedando de inmediato fuera del registro respectivo. Nadie ha pensado en que permanezca ahí. Y eso puede explicitarse en el artículo 18 del proyecto.
En el caso del Registro de Víctimas, son tres los elementos que perfeccionan el proyecto.
El primero es que la víctima figure en el registro -como dijo el Senador señor Novoa - mientras dure el proceso. Es importante, para efectos del proceso judicial, que la persona tenga la calidad de víctima; pero, una vez terminado éste, no tiene mayor sentido ni agrega nada al proyecto mantenerla en un registro en forma indefinida.
Igualmente, en el artículo 18 puede establecerse que, finalizada la tramitación de la causa, se suprimen del registro respectivo las personas cuyos datos fueron incluidos en su calidad de víctimas.
Asimismo -lo plantearon los Honorables señores Larraín y Coloma - podría incorporarse en el artículo 10 una instrucción al juez en el sentido de que, tratándose del Registro de Víctimas , se ordenará la prueba de ADN en cuanto sea necesaria para la investigación criminal correspondiente. Porque señalar detalladamente los delitos también sería un error. Se desea que la decisión la tome el juez en cuanto sea imperioso para la investigación y no respecto de cualquier delito, como la estafa u otro, en que no es indispensable la obtención de la huella genética.
Con esas tres observaciones -una al artículo 10 y dos al 18-, se precisarían los alcances de esta materia, perfeccionando el proyecto, porque -y creo no equivocarme- corresponden a los criterios que se tuvieron presentes en la Comisión.
Señor Presidente , quiero explicar cómo opera el sistema.
En primer término, se trata de un registro alfanumérico. No hay antecedentes genéticos adicionales. Se trata exclusivamente de un número que puede ser procesado con relación a otra huella para los efectos de determinar si la persona estuvo o no en el lugar del delito. Tampoco significa culpabilidad, sino un antecedente más que debe unirse a otros derivados de la investigación y que eventualmente podrían vincularlo con el hecho delictual.
Se establece un Sistema Nacional de Registros de ADN; pero lo importante es saber cómo opera.
Primero, aparece el Registro de Evidencias y Antecedentes. La forma de hacer cualquier investigación criminal consiste en tomar antecedentes en el lugar de los hechos y conservarlos, pues no hay vinculación entre ellos y lo posterior. Se trata de un registro importante, separado del resto que mencionaré, que tiene una base de datos especial, que no se confunde y que -por lo que he visto- no merece ninguna duda ni discusión.
Segundo, el Registro de Imputados es relevante porque permite también colegir o establecer las huellas que están analizándose en un proceso criminal, siempre teniendo presente que quien autoriza sacar las huellas o acceder al registro es el tribunal. Aquí no hay amplitud de funcionamiento: siempre está regulado por un principio que se aprobó en el propio Senado, que es el de inocencia, que es bastante fuerte y que en algún momento ha recibido alguna crítica a consecuencia de su más absoluta y amplia defensa.
Tercero, hay dos registros que generan conflicto. Uno es el Registro de Víctimas. Es importante tenerlo. No está vinculado al registro criminal. Está separado y su base de datos es distinta. No me cabe duda de que puede ser perfeccionado de la manera planteada por Sus Señorías en esta discusión. No habría ninguna dificultad, porque la víctima sólo va a dar la huella genética con miras a la investigación criminal. No hay ninguna otra razón. Pero eso se puede clarificar; no existe inconveniente para ello.
El otro Registro es el de las Personas Extraviadas y sus Familiares, materia que aún no se ha discutido.
En general, diría que el punto central no alude ni al de los imputados ni al resto de los registros, sino exclusivamente al de las víctimas. Hay que protegerlas para que no haya ninguna utilización adicional de este registro alfanumérico personal, cuya única función es la simple identificación.
Señor Presidente , el debate ha sido bastante ilustrativo de lo que se pretende y, por lo mismo, de las inquietudes, cada vez más justificadas, referidas tanto al Registro de Víctimas como al de Imputados. ¿Por qué? Porque es comprensible crear un Registro de Condenados , porque permite ir configurando la historia de quienes presentan un perfil criminal acreditado, que sirve para futuras investigaciones en delitos semejantes que puedan cometer los mismos antiguos delincuentes una vez que han recuperado la libertad. Ello, como digo, me parece justificado.
También estimo fundado el Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares, puesto que cualquier antecedente que pueda servir para identificar a una persona desaparecida es útil y necesario.
Sin embargo, no creo indispensable un sistema de registro permanente, aunque sea de uso temporal, tanto respecto de las víctimas como de los imputados. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema procesal penal contempla, cuando el procedimiento está funcionando, la posibilidad, en circunstancias que precisa el artículo 197 del Código Procesal Penal, de efectuar los exámenes biológicos necesarios -entre los cuales está el de ADN- tanto del imputado como del ofendido, entendiendo por éste, la víctima.
¿Y por qué hacerlo? Porque puede ser efectivamente relevante para la investigación de ese determinado delito. Pero tal situación ya está incorporada en nuestra legislación; por ende, no veo por qué deba ser necesario tener un registro de víctimas o de imputados.
Si ese imputado es condenado, entonces será incluido en el Registro de Condenados. Si es inocente, en cambio, debería ser destruida la evidencia en el proceso donde se le tomó el examen. Pero no tiene que haber un catastro.
Después de la discusión, no se justifica la existencia de los dos registros indicados.
El Registro de Víctimas , por lo demás, no tiene reglamentación, como ya lo hemos hecho notar. Por tal motivo, se puede prestar para malos usos desde el momento de su elaboración. El Registro de Imputados , por su parte, no tiene razón de ser si la persona resulta inocente y, por tanto, ésta debe desaparecer del mismo. Basta con que aparezca en el proceso, que es como opera el procedimiento según el artículo 197 del Código Procesal Penal.
Efectivamente, dicha norma preceptúa que, si es menester examinar al ofendido, se le solicitará que preste su consentimiento. Pero puede ser forzado si el juez de garantía así lo determina.
En consecuencia, señor Presidente , lo más fácil es eliminar del Sistema Nacional de Registros los dos señalados, ya que tal supresión no impedirá que, cuando sea necesario en un proceso penal específico, se tomen las huellas de ADN al imputado y a la víctima, lo cual puede ser útil pero para una investigación determinada. El establecer un servicio permanente me parece realmente discutible.
El Senador señor Coloma me ha pedido una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
Con cargo al tiempo de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
Señor Presidente , solamente deseo acotar que es tan cierto lo dicho por el Honorable señor Larraín, que en el actual Código Procesal Penal, que se estudió detenidamente -observen los artículos 197 y siguientes-, se consigna la forma bajo la cual se puede solicitar este tipo de registro.
Cuando se estudió la materia hace dos o tres años en el Parlamento, se precisó la forma de proceder ante determinados delitos y se estableció un sistema que indica en qué tipo de delitos hay que tomar medidas especiales, como en el caso de la violación.
O sea, el hecho de que no haya un registro de víctimas no impide que los jueces, cada vez que lo consideren necesario, soliciten las pruebas de carácter biológico, como expresamente lo señalan los artículos 197 y siguientes del nuevo Código Procesal Penal.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , lo manifestado por el Senador señor Coloma viene a corroborar lo que yo estaba señalando.
Me referí precisamente al artículo 197 y los inmediatamente posteriores, que establecen el procedimiento para lograr este objetivo.
Pero no tiene ningún sentido que el Servicio de Registro Civil e Identificación cree un sistema nacional de registros que contenga la información...
¿Me permite, señor Senador?
...necesaria para un proceso determinado, donde está cautelada la posibilidad de llevar los antecedentes de ADN de las víctimas y de los imputados.
Señor Presidente , me han solicitado una interrupción.
Es que se ha producido una situación anómala en el debate, porque esta objeción,...
Señor Senador...
...que puede ser muy legítima, debió hacer que los señores Senadores en su momento se pronunciaran en contra de la idea de legislar. Pero resulta que votaron a favor y, además, el proyecto volvió a Comisión dos veces.
Yo no sé cómo va a poner orden en esto, señor Presidente.
Lo haré ahora, señor Senador.
Ha terminado su tiempo, Senador señor Larraín.
Señor Presidente , con relación al Registro de Víctimas , quiero plantear algo que es de operación de la justicia.
Ella, para poder funcionar, necesita la cooperación de todas las partes involucradas. En la mentalidad de las personas de nuestro país, si se establece que en los procesos penales el ADN de la víctima figurará en un registro, no hay duda de que muchas se negarán a cooperar. Habrá un rechazo.
Por otra parte, el artículo 7º del proyecto incluye las pruebas de ADN necesarias para mantener en los antecedentes la evidencia obtenida durante una investigación judicial.
Lo lógico sería suprimir estos dos artículos, porque no aportan nada y porque evidentemente, bajo el punto de vista de quien está siendo interrogado en un juicio, el hecho de aparecer en un registro de víctimas va a inhibir a la persona impidiendo su colaboración.
Hay que eliminar los artículos 7º y 8º de la iniciativa.
El Honorable señor Espina solicita una interrupción.
Señor Presidente , no quiero prolongar la discusión, porque la realidad es que se votará artículo por artículo.
Estamos legislando en un aspecto fundamental, que es la columna vertebral del proyecto. Y quiero pedir a los señores Senadores que les interesa el debate que, por favor, pongan atención en ello.
El Registro de Víctimas , a mi juicio, es uno de los más importantes del sistema, y pongo un ejemplo: si se comete un asesinato y ese proceso se sobresee, definitiva o temporalmente, por no haber encontrado a los responsables, ¿es necesario tener o no la huella genética de la persona que falleció, víctima del delito? Es necesario, porque puede suceder que dos años después se aprese a un sujeto con especies robadas, donde queden rastros de sangre, etcétera, y se encuentre la huella genética que permitirá vincularlo con la persona asesinada.
Por lo tanto, mantener la huella de la víctima es un elemento probatorio de primera necesidad en un proceso penal que no se aclara inmediatamente y que se podrá esclarecer después.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Martínez.
El problema es el siguiente: en el actual Código Procesal Penal se indica claramente qué es lo que hace el juez con el ADN, y ello queda en los documentos del sumario.
Entonces, ¿para qué plantear un registro de víctimas que va a asustar a la gente? Éste es un problema práctico. La justicia se hace entre todos.
Además, el juez, cuando ordena acumular la documentación a través de quien corresponda, levanta en cada caso un registro de evidencias y antecedentes. Y eso queda guardado perpetuamente.
Entonces, pareciera que los dos artículos antes mencionados no son necesarios en beneficio de lo que se quiere hacer.
Quiero advertir a la Sala que estamos desviando la discusión.
Sobre el artículo 4º me parece que no hay observación. Se trata de la creación de los registros...
No. Las observaciones vienen después...
La existencia del Registro de Víctimas...
Señor Presidente, la iniciativa debiera volver a la Comisión.
Estamos haciendo trabajo de Comisión.
Señor Presidente , quiero hacer una observación...
¡El Senador señor Aburto tiene la palabra!
No se impone la autoridad con un grito, señor Presidente.
No le he dado la palabra. La tiene el Senador señor Aburto.
Señor Presidente , cuando la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento inició el estudio del proyecto, recuerdo perfectamente que asistieron funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, y nos llamaron mucho la atención, en general, los beneficios que este sistema de conservación de huellas genéticas traería para toda la sociedad chilena.
Incluso, pensamos que podría reemplazar las huellas digitales para muchos efectos, tanto civiles como penales, etcétera.
Se preguntó por qué no se establecía un sistema así para todos los ciudadanos y se nos contestó que era por la escasez de recursos, pues la aplicación de este sistema es económicamente muy costoso. Ésa fue la única razón que nos dieron.
Por eso, ahora me llama mucho la atención que los señores Senadores estén preocupados por la aplicación del sistema a tales o cuales personas, en circunstancias de que la conservación de las huellas genéticas es beneficiosa para toda la sociedad. Por eso no me preocupo tanto acerca de quiénes deben estar incluidos o no en los registros.
Señor Presidente , deseo hacer una observación reglamentaria.
Señor Presidente , como en el curso del debate han ido surgiendo distintas observaciones tendientes a perfeccionar el proyecto, quizá sería mejor que éste volviera a Comisión.
Se trata de una materia nueva sumamente compleja que, por lo visto, amerita la introducción de indicaciones que no podemos improvisar en este momento.
Por lo tanto, propongo volver el proyecto a Comisión para nuevo segundo informe, y fijar plazo para la recepción de indicaciones.
Debo hacer presente que estamos votando en particular la iniciativa y que ya hemos despachado tres artículos.
¡Qué se preocupa, señor Presidente!
Disculpe, Su Señoría, pero tengo que preocuparme de cumplir el Reglamento, que es muy estricto.
La única solución sería que la Sala acordara por unanimidad lo siguiente: suspender la votación, reabrir el debate sobre todo el proyecto y aprobar su retorno a la Comisión de Constitución para nuevo segundo informe, y fijar plazo para que ésta reciba indicaciones hasta el momento en que inicie su nuevo estudio.
Señor Presidente , es importante que los señores Senadores se comprometan a formular realmente sus indicaciones en este proceso. Porque en el debate anterior se efectuó la misma discusión respecto de varios puntos.
Dada la apertura de un nuevo período para presentar indicaciones, sería bueno que quienes tuvieran alguna duda la dieran a conocer a la Comisión, a fin de ponernos de acuerdo y de que el proyecto se apruebe la próxima vez que se trate en la Sala. De lo contrario, volveremos a una discusión similar.
Se aplicará la norma reglamentaria, señor Ministro. En todo caso, trataremos de recoger sus consejos.
Propongo una semana de plazo, señor Presidente.
Señor Presidente , en aras de lo expresado por el señor Ministro y en atención a la trascendencia de la iniciativa, solicito que se fije plazo para presentar indicaciones. Porque si no, su trámite podría prolongarse hasta el 2006.
Sugiero que sea hasta el 3 de enero.
No. Hasta el 6.
Sí, hasta el 6 de enero. Y que la Sala lo trate a la semana siguiente.
--Se acuerda fijar plazo para formular indicaciones hasta el 6 de enero de 2003 y tratar el proyecto en la Sala la semana siguiente.
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por los Senadores señores Romero, Frei (don Eduardo), Prokurica, Coloma, Valdés, Larraín, Viera-Gallo, Novoa, Foxley, Ríos, Chadwick, Moreno, Cariola, Horvath y Martínez, relativo a la situación de una planta industrial de capitales chilenos construida en Lima, Perú, que la Municipalidad de Lima ordenó cerrar.
Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente.
A menos que haya acuerdo de la Sala para votarlo ahora, señor Presidente.
Si hubiera unanimidad, sí.
Y podríamos aprovechar de votar también el atinente a Roberto Matta, que se encuentra pendiente.
No, señor Senador. Primero corresponde rendir un homenaje.
Si le pareciera a la Sala, se votarían los dos proyectos de acuerdo una vez terminado el homenaje.
¿Por qué no antes, señor Presidente?
¿Habría unanimidad para dar por aprobados ambos proyectos de acuerdo?
A continuación, el Senado rendirá homenaje a la Congregación de los Hermanos Columbanos con ocasión de cumplir 50 años de labor en Chile.
Aprovecho de saludar a la delegación de miembros de esa Congregación que nos acompañan en tribunas.
Señor Presidente , en esta oportunidad, con motivo de cumplir 50 años en Chile la Iglesia Misionera Evangélica de los Padres Columbanos, hablaré de algunas cosas importantes que ocurren en el país.
Es reconfortante reconocer que en nuestra sociedad de hoy la solidaridad no es sólo una palabra o una idea, sino también la voluntad espiritual firme en la acción por los más débiles, por los más pobres, que representan la cara sufriente de Cristo.
Los columbanos, en el mundo actual, son pensamiento y acción. Y entre nosotros son misioneros para fortalecer y ayudar a renovar la iglesia chilena. Su acción definida comienza en el país "con la formación de parroquias renovadas en sectores populares a partir de 1951".
En el presente mes cumplen 50 años de trabajo sostenido en Chile; en ese Chile de los más pobres, de los excluidos o marginados. Desde 1991 se han integrado con la Pastoral Indígena en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto Saavedra.
A partir de 1952 la Misión columbana ha desarrollado su trabajo a lo largo del territorio en 34 parroquias y capillas, de las cuales 3 se hallan situadas en la Novena Región de la Araucanía: Quepe , Trovolhue y Sagrada Familia , de Puerto Saavedra. Pero todo comenzó en los barrios periféricos y comunas más pobres de Santiago. En resumen, están trabajando en parroquias, en la Pastoral Popular urbana y rural, y en la Pastoral Indígena, en el sur.
Aunque en un principio la Sociedad se fundó para evangelizar el Lejano Oriente, con misiones en las Filipinas, Corea del Sur, Birmania y Japón , por circunstancias de la Segunda Guerra Mundial éstas llegaron a América Latina y, también por circunstancias muy especiales, se radicaron en Chile. A la fecha cuentan con 16 sacerdotes columbanos, 9 asociados, 11 misioneros laicos. Desde luego, casi 80 misioneros columbanos de distintos orígenes y nacionalidades han pasado por ella desde su fundación. En todo caso, fueron el Cardenal Silva Henríquez con el apoyo del Nuncio Apostólico Monseñor Mario Zanin , quienes hicieron cristalizar la radicación de los misioneros columbanos en suelo nacional.
Nuestra historia está llena de gente exitosa, que se destaca por sus logros económicos, artísticos o políticos. Ella ha aportado en la construcción de Chile. Pero a veces para nosotros las buenas noticias no son tales y las grandes masas de chilenos pobres no son los objetivos de los medios de comunicación. Sólo cuando éstos participan en hechos violentos: asesinatos, asaltos o casos de drogas, aparecen en los primeros planos en forma destacada. Nadie, o muy pocos, se interesa en los grandes problemas de la gente modesta, del trabajador, del campesino, del hombre de clase media, de la jefa de hogar o del mapuche.
Hoy quiero levantar mi voz en nombre de los pobres más pobres de nuestra patria y de la acción persistente, a través de los últimos 50 años, de los misioneros columbanos, peregrinos por Cristo, y de su compromiso social y espiritual con el pueblo chileno marginado.
El padre Jaime Loughran fue uno de los principales responsables de establecer a los misioneros columbanos en el país. Hizo venir desde Nueva York a los padres Santiago MacCarthy y Hugo McGonagle , quienes dieron forma, como verdaderos fundadores, a esta gran obra misionera en Chile. Ellos son parte de la Sociedad Misionera de San Columbano. Sus sacerdotes son "los herederos de una larga tradición misionera dentro de la Iglesia Católica, dedicados a la Misión "Ad-gentes", como San Pablo, San Patricio , San Columbano , San Agustín , Santos Cirilo y Metodio , San Francisco Javier , Bartolomé de Las Casas, Daniel Comboni , Damián de Molokai , Carlos de Foucauld, Edward Galvin , John Blowick y muchos más a través de los siglos.
"Para ser sacerdote misionero columbano, un hombre tiene que estar dispuesto a dejar su país, su familia y su cultura y vivir como un `hermano universal..., anunciando la Buena Nueva de Jesús en los países y lugares donde la Iglesia no ha sido establecida o no tiene suficiente fuerza para evangelizar a su propio pueblo.".
Durante 50 años, 80 sacerdotes columbanos han trabajado en 27 parroquias chilenas. El Cardenal Caro creyó que era necesario, en 1952, evangelizar y apoyar a los campesinos y mineros que emigraban a la Capital. Por ello, los columbanos se establecieron primero en la Arquidiócesis de Santiago, pero después se expandieron a cinco diócesis: Valparaíso , Arica , Iquique , Copiapó y Villarrica.
Su obra, persistente y silenciosa, sólo ha sido premiada con el agradecimiento generoso del pueblo chileno más pobre. Pero ha llegado la hora de reconocerla desde el Senado, en conmemoración del extraordinario trabajo realizado en esos 50 años en nuestra patria. ¡Y qué mejor testimonio, para rememorar y festejar con modestia tal esfuerzo, que ofrecer la ciudadanía chilena, por gracia, a un misionero columbano fundador: el padre Hugo McGonagle Doherty! El proyecto de ley respectivo lo ponemos a disposición de la Comisión de Derechos Humanos de esta Corporación, después de firmarlo junto con el Presidente del Senado , Honorable señor Andrés Zaldívar.
Estoy cierto de que el padre Hugo McGonagle puede ser un símbolo de nuestro agradecimiento y del de los más pobres del país, al serle otorgada a futuro la carta de nacionalidad, por gracia, por esa gran obra misionera y absolutamente generosa realizada entre nosotros.
Por su parte, el Director Regional de los Misioneros Columbanos, Padre Daniel Harding , en modestas y sencillas palabras, ha señalado: "Estamos muy agradecidos al pueblo chileno, a la Iglesia chilena y en especial a Dios por tener la oportunidad de hacer misión en este hermoso país durante los últimos 50 años.".
Padres misioneros columbanos presentes, reciban nuestro homenaje, el de los Senadores representantes de ese pueblo con el que ustedes han trabajado con tanto amor y devoción, y que Dios, nuestro Señor, los guíe e ilumine para continuar su tarea apostólica y de bien común.
Se ha cumplido el objeto del homenaje en esta parte de la sesión. Reiteramos nuestro reconocimiento a los padres columbanos que nos acompañan.
Los Senadores señores Naranjo y Muñoz Barra habían presentado el proyecto de acuerdo que aparece en la tabla, relativo al artista Roberto Matta, que han retirado y sustituido por otro, suscrito por Sus Señorías y por los Honorables señores Andrés Zaldívar, Viera-Gallo, Silva y Vega, del siguiente tenor:
"El Senado acuerda solicitar al Ministro de Educación que estudie la factibilidad de que el Museo de Bellas Artes de Santiago pase a denominarse Roberto Matta.".
No hay lugar a discusión, señor Senador.
Se trata sólo de proporcionar un antecedente.
No procede dar la palabra ni siquiera por la unanimidad de la Sala.
Señor Presidente, únicamente deseo dar una información al votarse el proyecto de acuerdo que nos ocupa.
Se ha anunciado por el Alcalde de Santiago que se constituirá un museo en la conocida como "Casa del Corregidor Zañartu o "La Posada del Corregidor", que llevará el nombre -ello ya fue resuelto- de "Museo Matta".
Pero es muy estrecho ese lugar.
Lo señalo solamente para los efectos de informar.
Allí se incorporará parte de las obras del pintor que se encuentran en Chile. Lo anterior ya se está implementando, como proyecto.
Ese tema se considerará en su oportunidad.
¡En ese lugar no caben las obras de Matta...!
Corresponde resolver sobre el proyecto de acuerdo.
Insisto en que no se puede abrir debate.
Señor Presidente, pido votación nominal, porque deseo fundamentar mi pronunciamiento.
En votación nominal el proyecto de acuerdo.
Señor Presidente, el Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los monumentos que, en 1910, la sociedad y el Gobierno de la época construyeron y crearon para conmemorar los cien años de independencia.
Y nació con ese nombre. Responde a nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio cultural con esa expresión, con esa estructura, con esa razón tradicional. En derredor del edificio se configura después el Parque Forestal.
Hay, entonces, un entorno. Decenas y decenas de generaciones de chilenos han nacido, se han criado, han vivido con la expresión del Museo Nacional de Bellas Artes. Por tal motivo, no es algo efímero, sino que obedece a lo que es nuestro patrimonio cultural.
En consecuencia, me parece casi una falta de respeto -y lo digo con todo afecto- que se intente cambiar la denominación de una estructura que se halla en nuestra historia y que fue precisamente construida para conmemorar, junto con la Biblioteca Nacional y dos o tres obras más, los cien años de independencia de Chile.
Señor Presidente, votaré a favor. Pero, con todo respeto, deseo rectificar algo dicho por el Senador señor Ríos. Aquí no se está cambiando nada, sino simplemente agregando el nombre de Roberto Matta a un museo ya existente.
Por lo tanto, me parece que la argumentación del señor Senador es infundada.
Señor Presidente, en verdad yo había hecho una proposición relacionada con el nombre de José Miguel de la Barra, ya que, por principio, no podemos estar cambiando permanentemente las denominaciones de las calles.
Señores Senadores, estimo que el arte está por sobre los individuos. En realidad, es posible tener una clara percepción de lo que fue Roberto Matta como persona; pero innegablemente no podemos discutir el problema del espíritu, de la apreciación de la vida y de la nueva apertura que él hizo respecto de la relación interior del ser humano con el escenario conforme al cual hoy día modernamente se desarrollan las sociedades en el mundo.
Eso fue lo que percibió este genio, y lo expresó en la pintura, que está por sobre todos nosotros.
En el museo está la representación física del espíritu que han hecho los artistas del mundo y de Chile. Y creo que este personaje en ese sentido hizo algo realmente notable en el arte.
Así fue como lo propuse, y lo mantengo.
Señor Presidente, quiero referirme a la información del Senador señor Bombal. Porque una de las cosas inexplicables en la política cultural del Alcalde de Santiago fue el cierre del museo ubicado en la Posada del Corregidor, espacio libre para artistas y especialmente para jóvenes, que muchas veces no tienen acceso a las galerías comerciales.
Me alegra mucho que el recinto se reabra; pero considero que el señor Senador se equivoca si pretende que allí puedan caber las obras de Roberto Matta. O bien Su Señoría fue mal informado, porque verdaderamente ese local es muy reducido y no hay posibilidad alguna en aquel sentido.
A mi juicio, no se falta el respeto al Museo Nacional de Bellas Artes al añadirle -como ha manifestado el Senador señor Silva- el nombre del pintor chileno más importante del siglo XX.
Señor Presidente, trato de imaginar a los franceses poniendo el nombre de uno de sus pintores al Louvre -¡ni locos!-; o a los españoles denominando "Velázquez" al Museo del Prado, o cambiando el suyo al Museo Británico.
Sin embargo, ahora nos embarga la euforia por la muerte de una persona que habíamos olvidado y que nos había olvidado, y a la cual ahora se pretende rendir tributo de esa manera.
Señor Presidente, por parecerme loable la iniciativa del Senador señor Naranjo, voto que sí.
Señor Presidente, por las razones que expuse, me pronuncio por la negativa.
Señor Presidente, a pesar de que el proyecto que se vota es otro, se mantuvo del original la parte que dice: "Que Roberto Matta fue sin lugar a dudas, el más importante artista chileno del siglo XX, siendo su obra reconocida en todo el mundo.".
Yo estaba convencido de que en el siglo XX habíamos logrado dos Premios Nobel.
¡Es pintor, señor Senador!
El texto no dice "pintor", sino "artista".
Me pronunciaré en contra del proyecto, porque en muchas oportunidades he visto que se trata de cambiar el nombre a las cosas. Así ocurrió, por ejemplo, con el Aeropuerto Arturo Merino Benitez, el cual durante muchos años ha seguido siendo llamado "Pudahuel". Lo mismo sucedió con la calle Estado, a la que se bautizó como "Arturo Alessandri". Esto no significa que se esté en contra de rendir homenaje a alguien que ocupó dos veces la Primera Magistratura y que fue una destacada figura de nuestro país. Hay miles de casos similares.
Por lo tanto, dejemos tranquilo al Museo Nacional de Bellas Artes. Ya habrá otra forma de reconocimiento.
Señor Presidente, yo estoy por reivindicar el mayor exponente plástico que ha producido Chile en su historia.
Señor Presidente, en realidad, me sorprende un poco el procedimiento empleado, porque de los proyectos de acuerdo deben dar cuenta con un día de anticipación. Según entendí, hoy teníamos que votar la iniciativa a la cual adherimos algunos Senadores, y cuyo objetivo era cambiar el nombre a la calle donde se encuentra el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes -vale decir, "José Miguel de la Barra"- por "Roberto Matta Echaurren". Sin embargo, ahora me percato de que se desea cambiar la denominación al referido establecimiento. O sea, es un proyecto de acuerdo distinto.
En razón de lo anterior, quiero preguntar qué sucedió con la otra iniciativa.
Fue retirada, señor Senador, y se resolvió votar ahora este otro proyecto.
En todo caso, debo aclarar que nosotros estábamos de acuerdo en modificar el nombre del tramo donde se ubica el frontis del Museo, entre las calles Ismael Valdés Vergara y Cardenal Caro, adyacente al Parque Forestal.
Ahora bien, creo prematuro cambiar la denominación al Museo Nacional de Bellas Artes. Matta merece muchos homenajes, pero también hay otros grandes pintores nacionales de renombre. Hacerlo implicaría sorprender a la Sala, ya que no fue ése el espíritu del proyecto original.
Señor Presidente, sin lugar a dudas, creo que Roberto Matta es acreedor de homenajes importantes por parte de nuestro país. No soy yo el calificado para decir cuál es el nivel que alcanzó como artista. Pero ciertamente, si no es el pintor más grande en la historia de Chile, estará entre los dos o tres primeros. Y, probablemente, el más importante. Por eso, comprendo a los autores de la iniciativa al querer destacar y realzar su figura. Una idea como ésta pareciera ser atractiva.
Sin embargo, me parece que, al hacerlo de esa forma, el Museo Nacional de Bellas Artes pierde su sentido histórico, porque -como efectivamente manifestó el Senador señor Ríos-, aquél es un homenaje al centenario de nuestra República y tiene, por lo tanto, una tradición propia. Además, los países no cambian su historia todos los días, como muy bien lo expresó el Honorable señor Zurita.
¿Por qué revelar tan poca imaginación y tratar de cambiar lo poco que tenemos? ¿Por qué no crear algo nuevo? ¿Por qué no planteamos al Ministerio de Educación la idea de un testimonio público, algo original, tal vez otro museo que lleve el nombre de Matta? ¿Por qué no hacerlo en el futuro, en lugar de estar rehaciendo nuestra historia?
Aunque muy razonable la inspiración de los autores de la iniciativa, me parece que ella carece de perspectiva y demuestra poca imaginación. En mi opinión, deberíamos hacer un esfuerzo por dar a Matta el homenaje que merece.
Por estas consideraciones, voto en contra.
Señor Presidente, Matta es una persona que tuvo gran impacto en el arte durante la segunda mitad del siglo XX; pero el problema fundamental es que como ciudadano chileno vivió muy poco tiempo en nuestro país: se fue a Europa en la década de los 30 y vino ocasionalmente una o dos veces. De manera que su obra se inserta en el ámbito universal.
Por consiguiente, estimo que cambiar el nombre al Museo Nacional de Bellas Artes, que marca un hito en la historia -cien años desde la creación de la República-, es una exageración. El señor Matta se merece otros honores, no éste.
Señor Presidente, los chilenos muchas veces nos caracterizamos por reconocer muy tardíamente a nuestra gente de mérito. En este caso, ha surgido la propuesta de sugerir al Ministerio de Educación que le dé a nuestro principal museo de bellas artes el nombre de un pintor en torno del cual, de acuerdo con lo que he escuchado en esta Sala, existe un elogio unánime. Por lo tanto, no veo problema alguno en aprobar esta iniciativa.
Deseo fundamentar el mío, señor Presidente.
Requiero el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al Senador señor Valdés.
Muy bien, no importa.
Es que si voy a decir "Sí" o "No" tengo que dar las razones. Si el Almirante no me deja votar, me bajo del buque no más...
El Almirante quiere rectificar...
El "Almirante" no existe aquí, señor Presidente. Es el "Senador Martínez".
Excúseme, señor Senador, pero le habían dicho "Almirante".
Reitero: soy el "Senador Martínez".
La razón de mi negativa es muy sencilla: respeto mucho la palabra del Senador señor Valdés, pero le recuerdo el Reglamento...
No puedo darle la palabra, señor Senador, porque estamos votando.
¡Pero me la dio!
Sí, pero creí que era para rectificar, no para hacer una exposición.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo (18 votos contra 14, una abstención y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores
Ávila, Flores, Gazmuri, Lavandero, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Parra, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores
Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Novoa, Orpis, Páez, Ríos, Stange y Zurita
Se abstuvo el señor Valdés.
No votaros, por estar pareado, los señores Fernández y Ominami.
En seguida, los Comités convinieron unánimemente votar en la sesión de hoy un segundo proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores Romero, Frei (don Eduardo), Prokurica, Coloma, Valdés, Larraín, Viera-Gallo, Novoa, Foxley, Ríos, Chadwick, Moreno, Cariola, Horvath y Martínez.
El documento es del siguiente tenor:
"El acuerdo de mayoría de la Municipalidad de Lima en orden a cerrar una Planta Industrial de capitales chilenos, contraviene las normas sobre protección a la inversión extranjera existente entre Chile y Perú y discrimina arbitrariamente a una empresa chilena.
"Frente a esta delicada como grave situación el Senado de la República de Chile hace presente que esta situación contradice gravemente las expresiones del señor Presidente del Perú don Alejandro Toledo, cuando fuera recibido por el Congreso Pleno chileno.
"El Senado reitera su adhesión a las normas del debido proceso, así como insta al cumplimiento del Acuerdo de Protección de Inversiones actualmente vigente con la República del Perú.".
Pido votación nominal, señor Presidente.
¿Me permite, señor Presidente? Lo normal sería que se nos diera la oportunidad de estudiar un asunto tan delicado como éste antes de pronunciarnos sobre él. En caso contrario, votaré en contra.
Está en su derecho, señor Senador, pero lo importante es votarlo hoy.
Señor Presidente, ¿por qué no lo dejamos para la sesión de mañana?
No habría inconveniente si los señores Senadores lo resuelven así. ¿Habría acuerdo en posponerlo para mañana?
No, señor Presidente, los Comités acordaron votarlo ahora.
Señor Presidente, firmé el proyecto de acuerdo, pero sólo en lo que respecta a la discriminación -en este caso, negativa- hacia una empresa chilena en el Perú. Lo señalo porque, en mi opinión, el conjunto de las plantas instaladas en el sector está ocasionando un grave daño desde el punto de vista medioambiental. Hay ahí una irregularidad, pero en otro ámbito; no afecta a lo señalado por este proyecto. Por eso, voto a favor.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (22 votos contra 2).
Aburto, Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Sabag, Stange, Valdés, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Naranjo y Núñez.
Al señor Ministro del Interior y al señor General Director de Carabineros , acerca de AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN LO MIRANDA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , sobre PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PÚBLICO ENTRE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA Y MILLAHUE y RECURSOS PARA COMUNA DE PLACILLA (todos de la Sexta Región).
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones y al señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile , con relación a CIERRE DE AGENCIAS DE CORREOS DE CHILE EN COMUNAS DE FUTALEUFÚ, CHAITÉN, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, ACHAO, QUENAC Y CHAULINEC (Décima Región).
El señor CANTERO (Presidente accidental).-
Señor Presidente , antes de iniciar la hora de Incidentes, yo había solicitado un pequeño espacio con el objeto de dar cuenta de la misión que desarrollamos con los Senadores señores Larraín y Viera-Gallo en el Reino Unido. No quisiera usar el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, que será empleado por el Honorable señor Lavandero.
Si la Mesa me lo permite,...
Señor Senador, lamentablemente no hay quórum para adoptar acuerdos.
Lo que Su Señoría solicita podría llevarse a cabo mañana en la tarde.
Entonces, pido que durante el curso de la sesión ordinaria siguiente se me autorice para dar cuenta de la visita que realizamos varios señores Senadores al Reino Unido.
En Incidentes, figuran en primer lugar los Comités Demócrata Cristiano y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, que no harán uso de la palabra.
Señor Presidente , el año recién pasado el Primer Mandatario anunció en pleno invierno que la Región de Aisén iba a ser conectada a un sistema de gas, probablemente del sector argentino, dada su proximidad.
Considerando los altos costos de la energía, particularmente la hidroeléctrica, y todo lo que ella significa en la calidad de vida de los habitantes de la zona, un anuncio de tal naturaleza resultó claramente alentador.
Se evaluaron tres alternativas e incluso se formó la empresa GasAustral para tales efectos.
La primera consiste en traer gas desde una distancia de 200 kilómetros y establecer una red de distribución que abarque las principales ciudades de la Región, específicamente el eje Balmaceda-Coihaique-Puerto Aisén-Chacabuco.
La segunda alternativa comprende la implementación de un sistema de transporte regional, que en una primera etapa operaría con gas traído desde ultramar por un barco gasero cada 15 días, y que a mediano o largo plazo se conectaría directamente con un centro terrestre.
Finalmente, la tercera y más rentable alternativa implica independizar los tres sistemas de las ciudades, utilizando primero gas propano diluido, para después evaluar la posibilidad de emplear gas natural.
Es importante destacar que ya fue aprobada la concesión para establecer la red y que el proyecto genera un grado de adhesión y captación de más de 41 por ciento de los posibles usuarios para sacarlo adelante. La iniciativa tiene un costo preliminar, para la etapa indicada, de 24 millones de dólares, de los cuales 2 millones se han gastado en estudios.
Para estimular la inversión en zonas extremas existen diversos incentivos, tales como la bonificación con cargo a utilidades, la bonificación directa a través del DFL Nº 15, la contratación de mano de obra mediante el decreto ley Nº 889, así como los instrumentos CORFO, entre los cuales cabe mencionar el subsidio a la prefactibilidad o factibilidad de proyectos y el aval del Estado.
Dados el avance del proyecto y la proximidad del año 2003, plazo a que se comprometió el Primer Mandatario , solicito que se me remitan los antecedentes generales de las distintas alternativas energéticas para la Región de Aisén en las décadas futuras, en particular de aquellas que consultan la utilización de gas y, específicamente, del proyecto GasAustral, para lo cual pido oficiar al Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y al señor Ministro de Economía y Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Socialista, Institucionales 1, Institucionales 2 y Mixto (Partido Por la Democracia), ningún señor Senador hace uso de ella.
El Padre Hugo MacGonagle Doherty nació en Donegal, Irlanda, el 23 de enero 1924, hijo de Dionisio y Catalina en una familia de 7 hermanos. Fue educado en las escuelas parroquiales de Buncrana. Sus estudios de humanidades los realizo en el Colomb’s College. Entró al seminario mayor San Columbano en 1943 y fue ordenado sacerdote en 1949. Trabajó un corto tiempo en su parroquia natal y luego fue enviado a Escocia por un año y de ahí un año más a los Estados Unidos. Salió de Nueva York rumbo a Valparaíso el 16 de diciembre de 1952 y llegó a Valparaíso el 11 de enero de 1953, al día siguiente llegó a Santiago a la futura parroquia San Andrés Apóstol en Avda. Matta 230, aquí realizó su trabajo pastoral por en período de 15 años hasta el año 1968, de ahí paso a la casa central de los padres de San Columbano por tres años.
En 1971 se le encomendó hacerse cargo de la Parroquia Santa Luisa de Marillac en el puerto de San Antonio, siendo esta una población en pleno desarrollo. Ahí fundó un Centro para ayudar a estudiar a los niños pobres del sector en donde se les daba alimentación y apoyo en sus estudios. Después de 8 años de trabajo en esta parroquia, lo enviaron a Irlanda a un curso de Teología (renovación) por un periodo de 6 meses. De ahí fue enviado por un año a la formación de religiosos en Irlanda. Desde Irlanda fue nombrado a volver a Chile ahora a la ciudad de Iquique donde fundó la parroquia Espíritu Santo; en total trabajó 6 años en la ciudad de Iquique. De Iquique fue nombrado a la casa de formación de seminaristas en la ciudad de Santiago en la cual pasó 6 a 8 años. En la actualidad trabaja en la parroquia san Pedro Nolasco en Puente Alto.
Durante estos 50 años de trabajo en Chile, siempre ha estado trabajando en sectores de escasos recursos con la promoción humana, respondiendo fielmente así a su vocación de sacerdote misionero Columbano la cual tiene entre sus prioridades la opción preferente por los pobres.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo Nº 5 de la Constitución Política podrá otorgarse la nacionalidad chilena por ley a un extranjero. Nuestro parlamento a través de la historia ha otorgado la nacionalidad por gracia a extranjeros que han entregado importantes servicios al país, en especial por haberse distinguido en el desempeño de profesiones u oficios. Ha sido una norma que los servicios prestados sean destacables y en especial cuando dichas personas han entregado importante parte de su vida al servicio de los demás.
Creemos que en este caso se encuentra don Hugo MacGonable Doherty, extranjero de nacimiento en su patria Irlanda, sacerdote, avecindado en Chile desde el 11 de enero de 1953, teniendo una residencia en nuestra Patria por más de 49 años, salvo breves interrupciones, ejerciendo una permanente tarea dedicada especialmente a la atención de la gente, especialmente la más necesitada y de los jóvenes, todo ello de acuerdo con lo que relaciona en anexo adjunto que da cuenta detallada de su vida
Por las consideraciones antes expuestas, y de conformidad a la norma de la Constitución Política citada, venimos en proponer el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO: Concédese por gracia la nacionalidad chilena a don Hugo MacGonable Doherty.
(Fdo.): Jorge Lavandero Illanes, Senador. — Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
Obedeciendo a una antigua aspiración del Senado, expresada a través de numerosas iniciativas formuladas en años pasados por diversos señores Senadores, y en el propósito de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que encomienda al Reglamento el desarrollo de los principios de probidad y transparencia aplicados al ejercicio de la función parlamentaria, hace algunos meses iniciamos un estudio destinado a redactar un cuerpo normativo que, considerando las innovaciones más recientes del derecho parlamentario comparado y la necesidad de actualizar, perfeccionar y complementar ciertas normas de antigua data, que orientan el marco ético en el que debe desempeñarse el cargo de Senador, permitiera proponer a los HH. Senadores la adopción de un Código de Conducta Parlamentaria.
Acometimos este trabajo porque consideramos una exigencia impostergable para la Mesa que constituimos la presentación de una iniciativa de esta especie, atendido el interés unánime en el Senado por perfeccionar la normativa reglamentaria en esta materia, y ponerla a tono con las exigencias de la sociedad contemporánea, las modificaciones introducidas en nuestro ordenamiento positivo por la Ley de Probidad y la tendencia, casi universal, que ha llevado a los más importantes Parlamentos del mundo, a establecer normas de esta naturaleza.
Considerarnos que no es posible postergar por más tiempo la satisfacción de esta necesidad ineludible para el Senado y para nuestro sistema democrático, que nos impone el deber de actualizar las normas reglamentarias vigentes, conforme a las prácticas y tradiciones de la Corporación; del Servicio Público Chileno; las ideas planteadas por las iniciativas de diversos Senadores; los acuerdos de la Comisión Nacional de Ética Pública, la experiencia de la discusión de la Ley de Probidad, y las modernas tendencias del derecho parlamentario comparado.
Por ello, sometemos a vuestra consideración un Proyecto de Acuerdo motivado en las razones expresadas y en las que pasamos a desarrollar.
La sola enunciación en la Constitución Política del principio rector que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es el bien común; la jerarquía y dedicación con que reconoce y garantiza la dignidad de las personas y sus derechos esenciales; las exigencias que impone a la actuación de los órganos del Estado y de sus integrantes, entre otros, sumados a la importancia de las funciones que encomienda al Congreso Nacional, consagran un marco constitucional que, si bien no alude específicamente a deberes de los parlamentarios en cuanto a ejercer sus Cargos con respeto a los principios de probidad y transparencia, en la forma en que actualmente éstos han sido definidos, claramente señalan principios orientadores que, indudablemente, suponen un desempeño ética y políticamente correcto de las autoridades y servidores públicos en general.
Sin perjuicio de ello, al regular las llamadas prohibiciones parlamentarias, la Constitución señala códigos de conducta más precisos aplicables a senadores y diputados, estableciendo inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo, cuya aplicación encomienda al Tribunal Constitucional, innovando en esta materia respecto de la Carta de 1925, que entregaba dicha responsabilidad a las Cámaras
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional hace expresamente exigible al desempeño de la función parlamentaria “el pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras” para lo cual se estableció la obligación de diputados y senadores de efectuar periódicamente una declaración jurada de intereses y elevó a rango orgánico constitucional el impedimento de promover o votar asuntos que interesen al parlamentario o a ciertos parientes, consagrado en el Reglamento del Senado. Para mayor claridad y precisión definió el principio de probidad y el principio de transparencia que son los dos elementos fundamentales que ordenan la conducta parlamentaria:
“El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.”.
El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten.”.
El Reglamento del Senado es el instrumento normativo idóneo para desarrollar y regular todo lo relativo a la aplicación práctica de los principios de probidad y transparencia en el desempeño de la función parlamentaria.
La función parlamentaria está reglamentada, así, por dos órdenes de normativos, el primero es la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que señalan las normas básicas de límites de acción y de conducta parlamentaria.
El segundo, es el reglamento de las respectivas Cámaras, que por tener facultades distintas e intervenir en la marcha del Estado de manera diversa, deben tener, a nuestro juicio normas de conducta propias de cada una de ellas. Al Senado las exigencias son mayores porque sus facultades exclusivas deciden en forma determinante el nombramiento o la destitución de las más altas autoridades. Es en ésta área del Reglamento donde hay un trabajo normativo que completar, aplicando los principios de la sujeción al bien común, de la naturaleza del servicio público y aplicando a situaciones de ordinaria ocurrencia en la sociedad contemporánea las normas de probidad y transparencia. Ésta es una de las ideas matrices de este proyecto de complementación del Reglamento.
Las obligaciones constitucionales están sometidas al Tribunal Constitucional; las de actuar con sujeción a la Ley Orgánica y al Reglamento, al propio Senado. En lo demás, las actuaciones de los Senadores fuera del ámbito del ejercicio de sus funciones parlamentarias, se rigen por la legislación común, aplicable a todos los chilenos, y están los Senadores sujetos a las resoluciones de los Tribunales Ordinarios de Justicia, en conformidad a las normas que al efecto establece la Constitución, la ley civil y la ley penal.
Las disposiciones reglamentarias pueden establecer normas de conducta; pero, a diferencia de las normas constitucionales y legales, en lo que respecta a las sanciones por su incumplimiento, el Senado no tiene, dentro de nuestro sistema institucional, facultad para suspender o hacer cesar en el cargo, o aplicar a sus miembros cualquiera medida que limite el ejercicio de la representación popular; lo que resulta absolutamente lógico, porque afianza las bases institucionales al no permitir que las mayorías disminuyan los derechos de los representantes populares.
Por otra parte, la. incursión del Senado o de cualquiera de sus autoridades en materias que digan relación con conductas sujetas a la legislación penal vigente resulta inconstitucional e inconveniente, porque atenta a la independencia y eficacia de los Tribunales de Justicia. Cualquiera acción parlamentaria que intervenga en este campo no sólo viola la igualdad ante la ley sino que afecta gravemente al principio de separación de los poderes del Estado. No existiría peor solución que dar competencia al Parlamento para juzgar las conductas contrarias a la ley de sus miembros.
El tratamiento que pueden dar las autoridades del Congreso a las infracciones a sus normas de conducta, que escapen de las áreas anteriores, no pueden ser otras que las propias del campo de la vida política. Existencia de normas de conductas objetivas y conocidas por la opinión pública, y el conocimiento amplio, profundo y oportuno de las actuaciones de los Senadores en relación con este Código de Conducta. Ésta es la sanción política más eficaz en la sociedad contemporánea, penetrada por medios de comunicación independientes, libres, y responsables. Ello está previsto en las disposiciones del proyecto y constituye otra de las ideas matrices del mismo.
Al elaborar esta proposición de Código de Conducta Parlamentaria, los lineamientos generales reseñados en los párrafos precedentes fueron cotejados y enriquecidos, en primer término, con las innovaciones más recientes del derecho parlamentario comparado aplicado comúnmente en países más desarrollados —muy especialmente la experiencia varias veces centenaria del Parlamento de Gran Bretaña— y con los planteamientos que, durante largo tiempo, la Mesa del Senado y numerosos señores Senadores hemos venido exponiendo, demostrando un extendido interés en actualizar, perfeccionar y complementar ciertas normas reglamentarias que, con los años, se han visto enriquecidas a través de las prácticas parlamentarias incorporadas a la tradición del Senado y con normas relativas a los principios de probidad, eficiencia y transparencia, de reciente consagración legislativa.
Como señaláramos, se han examinado las mociones presentadas a lo largo de varios años, entre otras, la Moción del Honorable Senador señor Valdés, de 14 de junio de 1994, que propuso la instauración en el Senado de un Comité de Ética formado por cinco Senadores, al cual se encomendarían funciones destinadas, en definitiva, a velar por el prestigio y la imagen pública de la Corporación; la Moción de los Honorables señores Parra y Silva Cimma, de 10 de noviembre de 1998, que propuso la dictación de un completo Código de Ética de los Senadores de la República de Chile y la Moción de los Honorables Senadores señores Larraín y Romero de 10 de julio del presente año, mediante la cual propusieron modificar el Reglamento del Senado para crear una Comisión de Normas de Acción Parlamentaria.
Las iniciativas indicadas revelan, como dijimos, el interés unánime en el Senado por perfeccionar y actualizar la normativa reglamentaria vigente en la materia.
En suma, la presente iniciativa tiene el propósito de hacer efectivas estas aspiraciones, que representan la respuesta del Senado a la sensibilidad creciente y generalizada en las democracias occidentales en este campo. Como adelantáramos, en su confección se han analizado las actuales normas reglamentarias y las prácticas y tradiciones de la Corporación; del Servicio Público Chileno; las ideas planteadas por las iniciativas parlamentarias reseñadas; los acuerdos de la Comisión Nacional de Ética Pública; la experiencia de la dictación de la Ley de Probidad, y las modernas tendencias del derecho parlamentario comparado, entre otros antecedentes.
El texto que os proponemos ha dividido las materias que se han estimado deben formar parte de este cuerpo normativo en títulos que las agrupan de la siguiente manera: Bases Fundamentales; Deberes de los Senadores con relación a la vida económica; Otros deberes de los Senadores; Viajes, pasajes y viáticos; Renta y gastos necesarios para el ejercicio del cargo; Transparencia; De la observancia de este Código, y Del Consejo de Honor del Senado.
En las bases fundamentales, al que se destina el Título 1, se ha dado especial énfasis a la consideración de que la actuación de los Senadores debe mirar el interés general de la Nación, sin perjuicio de los deberes especiales que se tienen con la Región que se represente, y responder a la fe pública depositada en ellos por la ciudadanía.
Asimismo, se ha estimado fundamental que se tenga siempre presente la trascendental naturaleza de las atribuciones exclusivas de la Corporación, y el indudable hecho de que la conducta de sus integrantes no compromete únicamente su persona o representatividad política, sino que repercute en un órgano colegiado que constituye uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad y de la tradición democrática chilena, y que representa el punto de encuentro y acuerdo de las grandes decisiones de Estado. De allí que se recuerde la necesidad de que la madurez, la moderación, el equilibrio y la reflexión, indispensables en un régimen democrático, presidan siempre la actuación de los Senadores, instándolos a constituirse en ejemplo de la ciudadanía.
Otro factor que se ha estimado no podría estar ausente, se refiere al deber de dar acceso a los medios de comunicación social, teniendo especialmente presente que, en la sociedad contemporánea, la transparencia es determinante en el ejercicio del derecho de participación y fiscalización que asiste a la ciudadanía.
El Título II se destina a regular los deberes de los Senadores con relación a la vida económica, tema sensible pero, a la vez, ineludible.
Una de las innovaciones que aquí se proponen es la exigencia de una declaración de bienes, además de la de intereses que actualmente contempla la ley, lo que representa no sólo un paso necesario sino que envuelve, además, una clara señal del camino que debería seguir la legislación en general.
Otro aspecto innovador lo representa la exigencia de la actualización y complementación anual de las declaraciones de bienes e intereses, no bastando la periodicidad que actualmente exige la ley y, especialmente, la expresa mención de que su publicidad se hará a través de Internet. Creemos que con ello se cumple de mejor forma las demandas de la moderna sociedad de la información.
Si bien se estimó necesario establecer un catálogo de intereses, actividades o situaciones que se considera deben ser declaradas, siguiendo la tendencia del derecho parlamentario comparado más reciente, se deja abierta la posibilidad de declarar otros no considerados expresamente, cuando el buen juicio de los Senadores así se los aconseje.
Se ocupa este título, también, de establecer ciertas orientaciones con relación a los obsequios que se ofrezcan a los Senadores, señalando, como regla general, que deben éstos abstenerse de aceptar obsequios, beneficios o franquicias de cualquier naturaleza cuyo valor o significación exceda los marcos ordinarios de la vida social, o cuando razonablemente pueda presumirse que tienen por objeto influir en el ejercicio de su cargo. Sin perjuicio de ello, las normas se hacen cargo de las exigencias de la cortesía y, también, de establecer criterios para dilucidar cuando deba estimarse que el obsequio pertenece a la Corporación.
Se regula también en este título lo tocante a la información privilegiada que los Senadores reciben en razón de su cargo, precisando que ella jamás puede ser usada para obtener ventajas o beneficios con propósito de enriquecimiento; y a la influencia indebida, estableciendo normas que, aunque estrictas, no serán difíciles de cumplir por los Senadores, ya que expresan la regla general en el Senado.
Otra novedad que incluye este título, tal vez el más extenso, incursiona por primera vez de la práctica que en otras naciones llaman Lobby, estableciendo que si un Senador recibe informes o estudios de parte de interesados en determinado asunto que trate el senado, estará obligado a dar cuenta a la comisión respectiva de este hecho y hacerle entrega de los señalados antecedentes.
Por último, asumiendo una materia que, atendida la creciente gravitación que la Constitución y la ley han venido atribuyendo a Corporación en la conformación de las más altas jerarquías de los órganos del Estado, se prohíbe a los Senadores ejercer una profesión u otra actividad ajena a la función parlamentaria, ante aquellas autoridades o magistraturas cuya generación o remoción está sujeta a la decisión del Senado, y ante los funcionarios, reparticiones u órganos que dependen inmediatamente de ellas.
El Título III agrupa una serie de deberes que tradicionalmente se han estimado propios del recto ejercicio del cargo, los que se ha preferido incluir en un titulo separado, a fin de facilitar la consulta de las normas no contempladas en los títulos que se identifican por el contenido de las materias específicas de que tratan.
El Título IV se destina a una materia específica pero no por ello menos importante, esto es, lo relativo a pasajes y viáticos; en él se regula especialmente lo relativo a viajes de los Senadores al extranjero
En este punto se consagra la que se ha estimado adecuada distinción entre las misiones oficiales del Senado y las de significación política, diferenciándolas claramente de los viajes privados de los Senadores.
En atención a las especiales características y jerarquía de estas misiones se establecen normas especiales que las regulan separadamente. Ellas intentan configurar un sistema ordenado que, junto dar reconocimiento oficial a las relaciones interparlamentarias y a la contribución que tradicionalmente ha prestado el Senado al éxito de la política exterior fijada por el Presidente de la República, redunde en una mayor transparencia y mejor aprovechamiento de los recursos.
El Titulo V se destina por completo a regular lo relativo a la renta de los Senadores y los gastos necesarios para el ejercicio del cargo, estableciendo con claridad que, de acuerdo a la Constitución, los Senadores tienen derecho a percibir para sí mismos, como única renta proveniente del Estado, una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan. A la vez, se clarifica que, como ocurre con los titulares de los otros Poderes Públicos, los gastos que demanda el ejercicio de la función son de cargo del Senado,
Se encomienda a la Comisión de Régimen Interior la responsabilidad de fijar las reglas aplicables a la utilización y los montos máximos de los recursos de los que los Senadores podrán disponer para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a parámetros objetivos que consideren las necesidades de oficinas, equipamiento, asesoría, personal técnico, de apoyo y de secretaría, materiales, comunicaciones, movilización, gastos de viaje y otros de análoga naturaleza, teniendo en cuenta las exigencias y jerarquía de la función.
Asimismo, se establecen reglas transparentes sobre utilización de los bienes, servicios y recursos que el Senado pone a disposición de los Senadores para el ejercicio de su función pública; los gastos de oficina de los Senadores, y las contrataciones de personal con cargo al Senado, incluyendo las asesorías apropiadas que resulten necesarias en el desempeño de la función.
Con estas disposiciones no sólo se da eficacia al principio de transparencia, sino, también, al de eficiencia, que demanda que los Senadores cuenten con los medios necesarios para el cumplimiento adecuado de sus altas funciones, disponiendo de ellos eficientemente en los fines propios de aquellas.
El Titulo VI se destina a normas sobre transparencia de la información del Senado, las que incluyen, por ejemplo, la permanente mantención en Internet de información detallada de las cuentas de ingresos y gastos del Senado, consignando separadamente los costos del ejercicio de la función parlamentaria de los Senadores, con el desglose correspondiente, de manera que exista transparencia en el presupuesto del Senado.
Asimismo, se establece que el Senado mantendrá a disposición del público, a través de Internet, información completa, presentada de manera fácilmente comprensible, sobre los actos del Senado, de sus comisiones y de cada uno de los Senadores, incluida la asistencia a las sesiones y la forma en que han votado los asuntos tratados, y de la documentación pública utilizada en el trabajo de la Corporación. Iguales reglas se aplicarán a los informes de las Comisiones, Diarios de Sesiones y resúmenes del curso progresivo de los asuntos sometidos a su decisión. Todo lo anterior, con el objeto de ofrecer al público un fácil y detallado conocimiento de la función parlamentaria y del funcionamiento de la Corporación.
En este mismo título se destina un párrafo especial a la utilización de las nuevas tecnologías de la información, disponiendo que, además de los medios de comunicación tradicionales, el Senado utilizará las nuevas tecnologías de la información, como Internet, no sólo para dar cuenta al público del funcionamiento del Senado y de la labor de sus miembros, sino también con el objeto de permitir a cualquier persona hacer llegar por esta vía sus sugerencias, observaciones y aportes al trabajo legislativo, alentando y facilitando, además, la participación de los ciudadanos en la evaluación y funcionamiento de la Corporación.
Las disposiciones sobre la observancia de este Código se agrupan en el Titulo VII, estableciendo que corresponderá a la Mesa del Senado velar por el respeto de las normas del Código e interpretarlas en los casos que sea necesario, precisándose que esta facultad incluye la de extender su aplicación a situaciones relacionadas con la conducta parlamentaria y su responsabilidad, que no se previeron pero que, atendiendo al espíritu y finalidad de este Código, deban claramente entenderse reguladas por él.
Por último, el Título VIII consagra la existencia de un Consejo de Honor del Senado, formado por tres ex senadores elegidos por la Corporación, mediando el quórum especial de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
A este Consejo de honor se le encomienda la alta responsabilidad de asesorar a la Mesa en lo relativo a la aplicación del Código de Conducta y de absolver las consultas que la Mesa o cualquier Senador le formule sobre la recta interpretación de sus normas, ante una situación o actuación determinada, a fin de precaver una eventual infracción, incluyendo la posibilidad de que tales consultas abarquen materias que, no estando expresamente previstas en el Código, algún Senador estime relevantes en el ejercicio de su cargo.
El acatamiento de las decisiones que el Consejo adopte sobre los asuntos consultados queda entregado al honor de los Senadores, como un deber expreso.
El Título Final establece, por último, que el Reglamento del Personal del Senado deberá contemplar, para el personal de la Corporación, normas que, atendida las diferencias entre las respectivas funciones, guarden adecuada simetría con los deberes que se imponen a los Senadores.
Con esta estructura y contenido, creemos que el Código que os proponemos refleja lo más característico de la tradición del Senado, desarrolla el contenido de los principios de probidad y transparencia incorporados recientemente a. la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y recoge la experiencia del derecho parlamentario comparado contemporáneo.
Pero, sobre todo, se espera con ellas responder a las exigencias que imponen al Senado su propia naturaleza y funciones; la preservación de su respetabilidad ante la ciudadanía, ganada en casi dos siglos de vida institucional, y su responsabilidad como última instancia de acuerdo, cuando están en juego el equilibrio, la tolerancia y la moderación que hacen posible la convivencia nacional y la mantención del régimen democrático representativo.
Por los motivos expresados, tenemos el honor de proponeros el siguiente:
Artículo Único.— Téngase por parte integrante del Reglamento del Senado el siguiente:
“CÓDIGO DE CONDUCTA PARLAMENTARIA
Artículo lº. El ejercicio del cargo de Senador exige respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, el Reglamento, este Código y la tradición del Senado.
Lo anterior demanda actuar siempre en el interés general de la Nación, sin perjuicio de los deberes especiales que se tienen con la Región que se represente.
Artículo 2º. El Senador tendrá siempre presente que debe responder a la fe pública depositada en él por la ciudadanía y que sus actuaciones comprometen el prestigio del Senado, lo que implica el respeto a los principios y valores de la sociedad chilena y su régimen político.
El Senador debe respetar siempre los derechos de todos los chilenos, y en especial el de ser informados oportuna, completa y fielmente de las actuaciones de sus autoridades.
Artículo 3º. La consideración de las funciones del Senado deberá ser siempre determinante en la conducta de sus miembros, ya que su jerarquía y amplitud, imponen por sí mismas, obligaciones ineludibles. En especial, deberán tener presente que la naturaleza, variedad e importancia de las atribuciones exclusivas de la Corporación, implica que la conducta del Senador no compromete únicamente su persona o representatividad política, sino que repercute en un Cuerpo que constituye uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad y de la tradición democrática chilena, y que representa el punto de encuentro y acuerdo de las grandes decisiones de Estado.
Artículo 4º. Las características esenciales del Senado: El menor número de miembros, mayor edad, duración en el cargo y renovación parcial de sus integrantes; su fisonomía de órgano legislativo y revisor; la naturaleza de sus atribuciones exclusivas asesoras, consultivas y jurisdiccionales, que exigen su acuerdo para la designación de los más altos magistrados de la República y para adoptar las más trascendentales decisiones nacionales, hacen más evidente la exigencia de que la madurez, la moderación, el equilibrio y la reflexión, indispensables en un régimen democrático, presidan siempre la actuación de sus miembros, que deben constituirse en ejemplo de la ciudadana.
Artículo 5º. La Constitución impone a los Senadores un conjunto de deberes y prohibiciones cuyo conocimiento y observancia constituye un deber esencial; la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional les impone el deber de ejercer sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia
Artículo 6º. Es obligación de los Senadores dar acceso a los medios de comunicación social, teniendo presente que, en la sociedad contemporánea, la transparencia es determinante en el ejercicio del derecho de participación y fiscalización que asiste a la ciudadanía.
Artículo 7º. Las normas de este Código tienen por objeto orientar a los Senadores en el cumplimiento de sus obligaciones públicas con la Nación, su Región, el Senado y la ciudadanía.
DEBERES DE LOS SENADORES CON RELACIÓN A LA VIDA ECONÓMICA.
1. Declaración de intereses y bienes
Artículo 8º. Los Senadores, dentro del plazo de treinta días siguientes a asumir el cargo, deberán efectuar una declaración jurada de intereses y otra de bienes, ante un Notario de su domicilio o de la ciudad donde celebre sus sesiones el Senado. Tales declaraciones deberán ser actualizadas dentro de los treinta días siguientes al inicio de un período legislativo.
La declaración de bienes deberá contener, además de las menciones indicadas en las letras a), b), c) y f), la individualización de aquellos bienes personales del Senador que, atendiendo a su valor o relevancia económica, resulte prudente que su propiedad sobre ellos sea conocida.
Si a juicio del Senador existen en su patrimonio obligaciones o pasivos que, atendidas las finalidades de estas declaraciones de intereses y bienes, es prudente que sean conocidas, los incluirá entre las menciones u observaciones a que se refiere la letra f).
El Secretario del Senado proporcionará formularios tipo a los Senadores para sus declaraciones de intereses y patrimonio.
El original de las referidas declaraciones deberá protocolizarse en la misma Notaría donde fueron prestadas. Dentro de quinto día, copia de las aludidas protocolizaciones deberán entregarse al Secretario del Senado, quien la mantendrá para su consulta pública.
Artículo 9º. Una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los Senadores entregarán otra copia de sus declaraciones de intereses al Secretario, para los efectos de su complementación y actualización. El Secretario dispondrá lo conveniente para que los Senadores y el público tengan acceso a ellas y a sus complementaciones y actualizaciones. Esta obligación se entenderá cumplida si están disponibles en Internet.
Artículo 10º. Sin perjuicio de su renovación al inicio de cada período legislativo, las señaladas declaraciones deberán ser completadas o actualizadas dentro del mes de marzo de cada año. Sin embargo, en caso que un Senador, por acto entre vivos o por causa de muerte, adquiera o pierda un bien o un interés pecuniario, reciba un beneficio económico, o aprecie que hay en su patrimonio o en sus intereses un cambio de tal entidad, que razonablemente las personas objetivas puedan considerar que influye o puede influir en sus decisiones o ha dejado de ser relevante en su gestión, podrá el Senador, de acuerdo a su exclusivo criterio, decidir registrarlo antes del plazo señalado.
El registro de estas complementaciones y actualizaciones tendrá únicamente la finalidad de informar, en forma oportuna, de los intereses que puedan considerarse susceptibles de influir en la conducta parlamentaria y no suponen en manera alguna intenciones o conductas impropias.
Mientras no se haya producido el registro, si el Senador participa en los asuntos en que un determinado interés nuevo pueda ser relevante, debe informar previamente a la Sala o a la Comisión de esta circunstancia.
Artículo 11º. En caso de participar un Senador en el debate de un asunto de carácter particular, en el cual advierta que conoce de la existencia de bienes, deudas o intereses de personas directamente relacionadas con él, afectadas por el asunto de que se trata, y estime que, atendido el objeto y finalidad de las declaraciones a que se refiere el presente Párrafo, razonablemente esta relación reviste una relevancia que es prudente sea conocida, será su deber informar de tal circunstancia a la Sala o a la respectiva Comisión.
Artículo 12º. Deberá especialmente registrarse todo empleo del cual se reciba una remuneración o retribución, Tratándose de actividades como asesor o consultor, deberá indicarse la naturaleza específica de la función que se desemperne.
Artículo 13º. En ningún caso podrán los Senadores prestar servicios o recibir remuneración o beneficios económicos de una empresa o corporación que tenga contratos con el Estado o sea concesionaria del mismo o reciba recursos del Estado. Lo anterior es aplicable respecto de las organizaciones no gubernamentales de cualquier clase o nacionalidad.
Artículo 14º. Si el Senador es profesional, deberá declarar su profesión, indicando si la ejerce o no.
Artículo 15º. Cuando un Senador reciba algún beneficio que requiera de solicitud previa y cuyo goce esté subordinado a una decisión o resolución administrativa de cualquier especie, deberá registrarlo.
2. Reglas aplicables a los obsequios
Artículo 16º. Los Senadores deben abstenerse de aceptar obsequios, beneficios o franquicias de cualquier naturaleza cuyo valor o significación exceda los marcos ordinarios de la vida social, o cuando razonablemente pueda presumirse que tienen por objeto influir en el ejercicio de su cargo. En ningún caso deberán los Senadores aceptar el obsequio de viajes, gastos de viaje o pasajes financiados por terceros, sean personas naturales o jurídicas, en que pueda presumirse el propósito antes señalado.
Se presume que siempre excede los marcos ordinarios de la vida social el obsequio, beneficio o franquicia cuyo valor sea igual o superior al equivalente de tres unidades de fomento.
Artículo 17º. Si, tratándose de personalidades extranjeras o de visitas a países extranjeros, las normas de cortesía aconsejen no rehusar un obsequio, debe el Senador aceptarlo y, tan pronto como le sea posible, informar de este hecho al Presidente. Si además estima que es lo conveniente, lo entregará al Senado.
Cuando razonablemente pueda entenderse que un Senador ha recibido un regalo en consideración al Senado y no en homenaje exclusivo a su persona, se estimará que el obsequio pertenece a la Corporación, debiendo el Senador hacer entrega de él tan pronto le resulte posible.
En ambos casos, la Secretaría procederá a incluir los objetos de que se trate en el inventario de la Corporación.
Artículo 18º. Queda prohibido a los Senadores hacer donaciones, obsequios o donativos a personas naturales o jurídicas, en el marco del ejercicio de su función parlamentaria.
Artículo 19º. La información que los Senadores reciban en razón de su cargo deberá ser utilizada exclusivamente para el fin público del ejercicio de su función. Jamás podrá ser usada para obtener ventajas o beneficios con propósito de enriquecimiento.
Artículo 20º. Los Senadores deberán abstenerse de interceder ante otros Senadores a favor de terceros, para granjearles ventajas o privilegios de los que no gozan la generalidad de los ciudadanos en su misma situación.
Artículo 21º. Queda prohibido a los Senadores usar su cargo o prerrogativas para ejercer influencia ante cualquier autoridad en asuntos de interés meramente particular, propio o ajeno. Esta prohibición no podrá entenderse de manera que limite el legítimo ejercicio de las facultades a que se refieren el artículo 29º de este Código y el artículo 105 del Reglamento.
Artículo 22º. Si un Senador recibe informes o estudios de parte de interesados en determinado asunto que trate el Senado, deberá dar cuenta a la Comisión respectiva de este hecho y hacerle entrega de los señalados antecedentes.
Artículo 23º. Los Senadores se abstendrán especialmente de ejercer una profesión u otra actividad ajena a la función parlamentaria, ante aquellas autoridades o magistraturas cuya generación o remoción está sujeta a la decisión del Senado, y ante los funcionarios, reparticiones u órganos que dependen inmediatamente de ellas,
OTROS DEBERES DE LOS SENADORES
Artículo 24º. Tratándose de asuntos comprendidos en las atribuciones exclusivas del Senado, los Senadores deben abstenerse de formular declaraciones o comentarios que impliquen adelantar juicios, con relación a situaciones futuras sobre las que deberá pronunciarse la Corporación.
Artículo 25º. Los Senadores deberán tener siempre presente en sus intervenciones que la inviolabilidad que les asegura la Constitución por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala y de comisión, ha sido consagrada exclusivamente con el fin de garantizar su libertad e independencia en el cumplimiento de la función parlamentaria.
Artículo 26º. Deberán abstenerse los Senadores de adquirir compromisos que, por su oportunidad, naturaleza o entidad, puedan limitar la independencia y libertad con que deben ejercer su cargo, especialmente si inhiben u obligan cualquier intervención en el ejercicio de éste.
Artículo 27º. Los Senadores deberán conducirse en todo momento conforme a las reglas que la tradición ha establecido en el Senado, conscientes de que sus actitudes no sólo comprometen la dignidad de su cargo, sino, también, la imagen, la dignidad y el prestigio de la Corporación. Deberán especialmente tener presente lo indicado en sus actuaciones públicas y en sus intervenciones en los medios de comunicación social escritos y audiovisuales.
En toda ocasión los Senadores se deben entre sí respeto y consideración mutuos.
Los Senadores deberán siempre cautelar y exigir el respeto y consideraciones que se deben a su alta investidura; pero invocar ésta para obtener o exigir tratamientos o privilegios indebidos constituye una conducta impropia.
Particularmente dentro del recinto del Senado, deberán abstenerse de tolerar, participar, alentar o promover desórdenes, expresiones de violencia verbal, lenguaje o gestos que comprometan la dignidad del Senado, de los demás Senadores o de las personas o autoridades presentes.
Artículo 28º. Los Senadores deberán abstenerse de utilizar los bienes, instalaciones, insignias, símbolos y personal del Senado para fines ajenos a su función parlamentaria y de representación.
Artículo 29º. Los Senadores deberán dar eficacia al ejercicio legitimo y razonable del derecho de petición que la Constitución garantiza a todas las personas, dando respuesta a las solicitudes que se les formulen cuando se trate de materias propias de su cargo o, en los demás casos, poniendo las peticiones en conocimiento de los organismos competentes e informando de ello a los interesados.
Sin embargo, si atender la petición en la forma indicada envuelve o puede envolver para el peticionario la obtención o mantención de ventajas o privilegios distintos de los que goza la generalidad de la población en su misma situación, deberá devolverse la petición al interesado, sin más trámite. Esta limitación no podrá interpretarse en el sentido de excluir la atención de aquellas situaciones de carácter social o estados de necesidad que, dadas sus características, cualquier autoridad que tomare conocimiento de ella, debiera razonablemente atender o informar a quien pueda hacerlo.
Artículo 30º. Deberán los Senadores dar cuenta al electorado de su circunscripción de su gestión parlamentaria, especialmente en lo tocante a su asistencia a las sesiones de sala y de comisiones, sus intervenciones, iniciativas y labor parlamentaria en general. Para estos efectos, el Senado certificará la efectividad de la información y facilitará los medios que permitan a lo menos una publicación al año, y la disponibilidad permanente de espacio en Internet, en las condiciones que señale la Comisión de Régimen Interior.
Artículo 31º. En caso de ausentarse del país o de no poder asistir por alguna causa justificada a las sesiones de las comisiones de las que formen parte, los Senadores estarán obligados a realizar oportunamente las gestiones tendientes o necesarias para ser reemplazados en dichas comisiones, a fin de que no se perjudique el funcionamiento de ellas, informando al Comité al que pertenezcan de lo actuado en cumplimiento de este deber.
VIAJES, PASAJES Y VIÁTICOS
1. Misiones oficiales del Senado
Artículo 32º. Los viajes oficiales de Senadores en representación del Senado o de sus comisiones serán únicamente aquellos acordados por la Corporación o por la Comisión de Régimen Interior.
Artículo 33º. La Secretaría informará por los conductos apropiados a la misión diplomática respectiva de Chile, para efectos de protocolo y seguridad de la delegación oficial. Asimismo, informará a las comisiones respectivas para los efectos previstos en el artículo 36º.
Artículo 34º. En estos casos, el Senado proporcionará los pasajes en la forma y condiciones que determine la Comisión de Régimen Interior, debiendo ser directamente contratados y pagados por la Corporación, de manera que cualquier beneficio comercial o de otro orden que pueda negociarse con las compañías aéreas, ceda en beneficio del Senado.
Artículo 35º. Los Senadores integrantes de la delegación tendrán derecho a percibir un viático de cargo del Senado por los días de viaje, cuyo monto será determinado por la Comisión de Régimen Interior tomando en cuenta la finalidad y el destino del viaje. Este viático es incompatible con cualquier asignación de la misma naturaleza a que tenga derecho el Senador en el territorio nacional, debiendo procederse a los descuentos respectivos.
Artículo 36º. Los Senadores que viajen en representación oficial del Senado se considerarán presentes en las sesiones de sala y de comisión a las que no pudieren asistir en razón del cumplimiento de su misión, pero únicamente para efectos estadísticos.
Artículo 37º. A su regreso al país, el Senador que haya cumplido con una misión oficial del Senado debe dar cuenta en la Sala, en forma verbal o escrita, del desarrollo y resultados de la misión.
2. Misiones de significación política
Artículo 38º. Las reglas del párrafo anterior serán aplicables a los viajes de Senadores o delegaciones de Senadores a eventos de significación política, como congresos, conferencias o seminarios, que el Senado, a través de la Comisión de Régimen Interior, considere relevantes para las funciones de la Corporación, con las siguientes excepciones:
a) El financiamiento de los pasajes y viáticos por parte del Senado será procedente sólo una vez al año, salvo que la Comisión de Régimen lo acuerde específicamente, por existir razones que aconsejen que el viaje se efectúe, tales como la integración de organismos internacionales en los que Corporación estime conveniente estar presente.
b) Se informará del resultado del viaje únicamente por escrito a la Mesa y el informe quedará a disposición de los Senadores.
3. Viajes privados
Artículo 39º. Las reglas anteriores no se aplicarán en ningún caso a los viajes privados de los senadores.
4. Reglas comunes a toda clase de viajes
Artículo 40º. Los Senadores que por cualquier motivo se ausentaren del territorio nacional deberán dar cuenta a la Secretaría de los datos que, en caso necesario o de urgencia, permitan ubicarlos, datos que el Secretario manejará con la debida discreción.
Artículo 41º. Cuando el Senado deba tratar una materia propia de sus atribuciones exclusivas, la Secretaría deberá informar de las citaciones respectivas a los Senadores que se encuentren en viaje, indicando la materia, el día y hora en que se tratará, a fin de que el Senador decida libremente estar o no presente cuando se trate el asunto respectivo. Estas citaciones podrán realizarse por cualquier medio expedito, incluido Internet.
Artículo 42º. Si por algún motivo excepcional un Senador tuviere que prolongar su ausencia del territorio nacional, podrá solicitar el respectivo permiso constitucional para ausentarse por más de treinta días del país, por cualquier medio de comunicación, directamente a la Presidencia o a través del comité del que forme parte.
RENTA Y GASTOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
Artículo 43º Los Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan. Los gastos que demanda el ejercicio de la función serán de cargo del Senado.
Para estos efectos, la Comisión de Régimen Interior fijará las reglas aplicables a la utilización y los montos máximos de los recursos de los que los Senadores podrán disponer para el ejercicio de sus funciones, los que, en ningún caso, podrán excederse con cargo al Senado.
Los señalados montos máximos se fijarán de acuerdo a parámetros objetivos que consideren las necesidades de oficinas, equipamiento, asesoría, personal técnico, de apoyo y de secretaría, materiales, comunicaciones, movilización, gastos de traslados y otros de análoga naturaleza, teniendo en cuenta las exigencias y jerarquía de la función.
Artículo 44º. No procederá conceder anticipos a cuenta de la dieta parlamentaria.
Artículo 45º. Los bienes, servicios y recursos de cualquier naturaleza que el Senado ponga a disposición de los Senadores, deberán ser utilizados para el fin al que estén destinados y en la medida en que resulten efectivamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones
Artículo 46º. Salvo los gastos de representación del Senado como cuerpo, los Senadores no tendrán derecho a gastos de representación. Sin embargo, la Comisión de Régimen Interior podrá acordar montos determinados de gastos de representación para la Mesa.
2. Gastos de Oficina
Artículo 47º. Los gastos de oficina comprenden lo necesario para el equipamiento y mantenimiento del local, los gastos propios de su funcionamiento y las remuneraciones del personal que trabaja en él. Cada Senador deberá informar a la Secretaría del lugar e identificación de las oficinas que mantenga con cargo al Senado, debiendo tener a lo menos una oficina en la circunscripción que representa.
En este concepto se incluyen no sólo aquellas oficinas tradicionales de atención del público sino, también, las que se organizan mediante modalidades de atención en que se utilizan las modernas tecnologías de la información u otras modalidades adecuadas a las características de la respectiva circunscripción.
Artículo 48º. El personal contratado con cargo a los recursos a que se refiere el inciso segundo del artículo 44 será seleccionado libremente por cada Senador, quien fijará sus funciones, horario de trabajo y remuneración, dentro del marco de los fondos asignados para esta finalidad por el Senado.
Artículo 49º. Los Senadores se abstendrán de contratar a personas que tengan respecto de ellos la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente basta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, con la única excepción de la persona que cumpla las funciones de secretaria privada o jefatura de gabinete del Senador, caso en el cual se deberá consignar expresamente la naturaleza del vínculo en el respectivo contrato.
Artículo 50º. La relación laboral de este personal será con el Senador que lo contrata, quien será responsable del pago de sus remuneraciones, y podrá solicitar al Senado que efectúe dichos pagos con cargo a la asignación correspondiente, mediante cheque nominativo.
Artículo 51º. Las indemnizaciones legales a que este personal tenga derecho, serán de cargo del Senado.
Artículo 52º. Las personas que hayan percibido indemnización con cargo al Senado no podrán ser contratadas nuevamente por el mismo Senador dentro del respectivo período parlamentario.
Artículo 53º. La Tesorería del Senado mantendrá un registro del personal que se desempeñe al servicio de los Senadores.
Artículo 54º. La Comisión de Régimen Interior fijará montos máximos destinados a que los Senadores contraten las asesorías apropiadas que resulten necesarias en el desempeño de su función. Éstas podrán ser encomendadas libremente por cada Senador a profesionales o institutos, empresas consultoras o de asesoría especializadas, los que emitirán la correspondiente boleta de honorarios o servicios indicando en ella específicamente el período y tipo de asesoría prestada, procediéndose por la Tesorería a la retención de los impuestos respectivos.
Artículo 55º. Los profesionales que presten asesoría a Senadores con cargo a fondos destinados por el Senado para esta finalidad, deberán depositar en la Secretaría del Senado una declaración de intereses. Tratándose de institutos, empresas consultoras o de asesoría especializadas, deberán depositar una copia de sus estatutos.
El Senado mantendrá un registro público de las personas e instituciones a que se refiere el inciso precedente.
1. Publicidad de la información del Senado
Artículo 56º. El Senado publicará en el Diario Oficial, a lo menos una vez al año, y mantendrá permanentemente en Internet, información detallada de sus cuentas de ingresos y gastos, consignando separadamente los costos del ejercicio de la función parlamentaria de los Senadores, con el desglose correspondiente, de manera que exista transparencia en el presupuesto del Senado.
La Comisión de Cuentas y la auditoría externa velarán por la adecuada transparencia en la ejecución del presupuesto del Senado. Sus informes anuales serán publicados en Internet.
Artículo 57º. El Senado mantendrá a disposición del público, a través de Internet, información completa presentada de manera fácilmente comprensible, sobre los actos del Senado, de sus comisiones y de cada uno de los Senadores, incluida la asistencia a las sesiones y la forma en que han votado los asuntos tratados, y de la documentación pública utilizada en el trabajo de la Corporación. Iguales reglas se aplicarán a los informes de las Comisiones, Diarios de Sesiones y resúmenes del curso progresivo de los asuntos sometidos a su decisión. Todo lo anterior, con el objeto de ofrecer al público un fácil y detallado conocimiento de la función parlamentaria y del funcionamiento de la Corporación.
2. Utilización de las nuevas tecnologías de la información
Artículo 58º. Además de los medios de comunicación tradicionales, el Senado utilizará las nuevas tecnologías de la información, como Internet, no sólo para dar cuenta al público del funcionamiento del Senado y de la labor de sus miembros, sino también con el objeto de permitir a cualquier persona hacer llegar por esta vía sus sugerencias, observaciones y aportes al trabajo legislativo, alentando y facilitando, además, la participación de los ciudadanos en la evaluación y funcionamiento de la Corporación.
Asimismo, estimulará y apoyará el uso de las señaladas tecnologías por parte de los Senadores en el cumplimiento de sus funciones y de los deberes que les señala el presente Código. Para estos efectos, la Comisión de régimen interior, al fijar y regular los gastos necesarios para el cumplimiento de la función parlamentaria, considerará especialmente las modalidades adecuadas a la utilización de dichas tecnologías.
Artículo 59º. Corresponderá a la Mesa del Senado velar por el respeto de las normas del presente Código e interpretarlas en los casos que sea necesario. Esta facultad incluye la de extender su aplicación a situaciones relacionadas con la conducta parlamentaria y su responsabilidad, que no se previeron pero que, atendiendo al espíritu y finalidad de este Código, deban claramente entenderse reguladas por él.
La Oficina de Informaciones y la Biblioteca del Congreso deberán proporcionar a la Mesa toda información que se publique o que llegue a su conocimiento que trate de denuncias en contra de Senadores por inobservancia de las normas de este Código. Si la naturaleza y circunstancias de la información lo justifican, la Mesa procederá en conformidad a las disposiciones del Título siguiente.
DEL CONSEJO DE HONOR DEL SENADO
Artículo 60º. Habrá un órgano colegiado denominado Consejo de Honor del Senado, formado por tres miembros elegidos por la Corporación de entre quienes hayan ejercido el cargo de senador, y que no formen parte del Senado. Durarán cuatro años en sus cargos y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.
Los miembros del Consejo serán elegidos por el Senado en sesión especialmente convocada al efecto, en votaciones separadas y sucesivas, de entre una nómina de las personas que reúnan la calidad señalada en el inciso precedente, que deberá preparar la Secretaria sobre la base de los nombres que le indiquen los Comités.
Resultarán elegidos quienes obtengan los Votos de a lo menos las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, repitiéndose la votación tantas veces como sea necesario, hasta completar la integración del Consejo.
Si vacare alguna plaza del Consejo o se incapacitare alguno de sus integrantes, se procederá a su reemplazo a la brevedad, en conformidad a las normas precedentes.
El Consejo actuará constituido en sala y a través de acuerdos adoptados por la mayoría de sus miembros. Las funciones de sus integrantes no son delegables y se ejercerán colectivamente, en sala regularmente constituida.
Artículo 61º. Corresponderá al Consejo de Honor del Senado asesorar a la Mesa en lo relativo a la aplicación de este Código y absolver las consultas que la Mesa o cualquier Senador le formulare sobre la recta interpretación de sus normas, ante una situación o actuación determinada, a fin de precaver una eventual infracción. Del mismo modo, absolverá las consultas que recaigan en materias que, sin estar previstas expresamente en este Código, un Senador estimare relevantes en el ejercicio de su función parlamentaria.
Artículo 62º. El Consejo fijará sus propias normas de procedimiento, las que deberán establecer que sus acuerdos serán fundados y que las opiniones de sus integrantes sobre los asuntos sometidos a su conocimiento se expresarán únicamente a través de sus acuerdos.
Artículo 63º. El acatamiento de las decisiones del Consejo sobre los asuntos consultados constituye un deber de honor de los Senadores.
Artículo 64º. La Comisión de Régimen interior establecerá las medidas apropiadas para facilitar el funcionamiento del Consejo y compensar la dedicación de sus integrantes.
Artículo 65º. El Reglamento del Personal del Senado hará aplicable las disposiciones del presente Código al personal de la Corporación, en lo que resulten pertinentes.”.
(Fdo.): Carlos Cantero Ojeda, senador, Vicepresidente del Senado.— Andrés Zaldívar Larraín, Senador, Presidente del Senado

References: artículo 62
 artículo 124
 artículo 8
 artículo 124
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 7
 artículo 4

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 resolución 

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 29
 artículo 105

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 36

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 44

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65