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Timestamp: 2019-12-07 16:21:31+00:00

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Ley 24.342 Tratado sobre Promoción y Protección Reciprocas de Inversiones suscripto con la República de Chile y el Acuerdo por Canje de Notas Modificatorio. - Nacional - Códigos - Legislación - VLEX 41488764
Ley 24.342 Tratado sobre Promoción y Protección Reciprocas de Inversiones suscripto con la República de Chile y el Acuerdo por Canje de Notas Modificatorio.
Norma citada en: 47 sentencias
Apruébase el TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES, suscripto en Buenos Aires el 2 de agosto de 1991, que consta de once (11) artículos y un (1) Protocolo, y el ACUERDO POR CANJE DE NOTAS MODIFICATORIO DEL TRATADO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, suscripto en Buenos Aires el 13 de julio de 1992, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.ALBERTO R. PIERRI. FAUSTINO MAZZUCCO. Esther H. Pereyra Arandia de Pérez Pardo. Juan J. Canals
La República Argentina y la República de Chile, denominadas en adelante "las Partes Contratantes".; animadas del deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos Estados,
El concepto "inversiones" designa, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país receptor, todo tipo de bienes que el inversor de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de ésta, en particular, pero no exclusivamente:
la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda;
acciones, derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en sociedades, como también la capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior;
derechos de propiedad intelectual como , en especial, derechos de autor, patentes, diseños y modelos industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, know how y valor llave;
concesiones otorgadas por entidades de derecho público, incluidas las concesiones de prospección y explotación.
El concepto "ganancias o rentas" designa las sumas obtenidas de una inversión en un período determinado, tales como las participaciones en los beneficios, los dividendos, los intereses, los derechos de licencia u otras remuneraciones.
El concepto "nacionales" designa:
con referencia a la República de Chile:
con referencia a la República Argentina:
El concepto "sociedades" designa todas las personas jurídicas, constituidas conforme con la legislación de una Parte Contratante y que tengan su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.
No obstante lo establecido en el apartado 3 de este artículo, las disposiciones de este Tratado solamente se aplicarán a los nacionales de una Parte Contratante que no estén domiciliados por más de dos años en el territorio de la Parte Contratante donde la inversión se realizó y que prueben que las inversiones provienen del extranjero.
El término "territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres y marítimos, las zonas marinas y submarinas, en las cuales las Partes Contratantes ejercen derechos soberanos y jurisdicción conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES.
Cada una de las Partes Contratantes promoverá las inversiones dentro de su territorio de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus disposiciones legales vigentes. En todo caso tratará las inversiones justa y equitativamente.
Gozarán de la plena protección del Tratado las inversiones que, de acuerdo con las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, hayan sido realizadas en el ámbito de la ley de esta Parte Contratante por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.
Ninguna de las Partes Contratantes perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el uso o el goce de las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a través de medidas arbitrarias o discriminatorias.
TRATO NACIONAL Y CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA.
Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante o a las inversiones en las que mantengan participaciones los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de nacionales y sociedades de terceros Estados.
Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con las inversiones, a un trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de terceros Estados.
Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales y sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones.
El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.
EXPROPIACIÓN, NACIONALIZACIÓN Y SITUACIONES EXTRAORDINARIAS.
Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante.
Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus efectos equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por ley fundada en causas de utilidad pública o de bien común, y deberán en tal caso ser previamente indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva o inminente, la nacionalización o la medida equivalente.
Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, no serán tratados por ésta menos favorablemente que sus propios nacionales o sociedades en lo referente a restituciones, compensaciones, indemnizaciones u otros resarcimientos. Estos pagos deberán ser libremente transferibles.
Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión en particular:
del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la inversión de capital:
de la amortización de los préstamos definidos en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 1;
La transferencia se efectuará sin demora de acuerdo a los procedimientos establecidos en el territorio de cada parte Contratante, en moneda de libre convertibilidad y a la cotización vigente en cada caso, que deberá ser equivalente al tipo de cambio más favorable.
Una transferencia se considera realizada sin demora cuando se ha efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de dos meses, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud, debidamente presentada.
En el caso de que una Parte Contratante o una de sus instituciones hubiera concedido una garantía contra riesgos no comerciales por inversiones efectuadas por uno de sus nacionales o sociedades en el territorio de la otra Parte Contratante y haya efectuado pagos a base de la garantía otorgada, dicha Parte Contratante o la institución será reconocida subrogada de derecho en la misma posición de crédito del inversor cubierto por la garantía. Para los pagos a realizarse en beneficio de la Parte Contratante o de su institución a base de dicha subrogación, se aplicarán respectivamente los artículos 4 y 5 del presente Tratado.
Los nacionales o sociedades tendrán derecho a demandar o hacerse parte en las acciones ya iniciadas, en orden a proteger los restantes derechos que puedan reclamar y que no hayan sido subrogados. De esta forma, habiéndose reclamado, se aplicará el procedimiento establecido en el Art. 10.
APLICACIÓN DE OTRAS NORMAS MÁS FAVORABLES.
Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de las obligaciones emanadas del derecho internacional: no contempladas en el presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Tratado, en cuanto sea más favorable.
Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio.
El presente Tratado se aplicará a las inversiones que se realicen a partir de su entrada en vigor por nacionales o sociedades de una Parte Contratante en el territorio de la otra. No obstante, también beneficiará a las inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia y que, según la legislación de la respectiva Parte Contratante, estuvieren registradas como inversión extranjera.
No se aplicará, sin embargo, a las controversias o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor, o relacionadas con hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o referidas a la mera permanencia de tales situaciones preexistentes.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS.
Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas amigablemente por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes.
Si una controversia no pudiere ser dirimida de esa manera, será sometida a un tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.
El tribunal arbitral será constituido ad-hoc; cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses, el Presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la controversia a una tribunal arbitral.
Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro acuerdo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las dos Partes Contratantes o si se hallara también impedido, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos.
El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones son obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes.
Si ambas Partes Contratantes fueren también Estados Contratantes del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados del 18 de marzo de 1965, no se podrá, en atención a la disposición del párrafo 1 del artículo 27 de dicho Convenio, acudir al tribunal arbitral arriba previsto cuando el nacional o la sociedad de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante hayan llegado a un acuerdo conforme al artículo 25 del Convenio. No quedará afectada la posibilidad de acudir al tribunal arbitral arriba previsto en el caso de que no se respete una decisión del Tribunal de Arbitraje del mencionado Convenio (artículo 27), o en el caso de subrogación conforme a lo establecido en el artículo 6 del presente Tratado.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A INVERSIONES.
Toda controversia relativa a las inversiones, en el sentido del presente Tratado, entre una Parte Contratante y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la controversia.
Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida, a pedido del nacional o sociedad.
En caso de recurso al arbitraje internacional la controversia podrá ser llevada ante uno de los órganos de arbitraje designados a continuación a elección del nacional o sociedad:
El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Tratado, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia-incluidas las normas relativas a conflictos de leyes- y a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión como así también a los principios del derecho internacional en la materia.
Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, a través de los canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje o a un proceso judicial ya en marcha hasta que los procedimientos correspondientes hubieren sido concluidos, salvo que las partes en la controversia no hubieren cumplido el laudo del tribunal arbitral o la sentencia del tribunal ordinario, según los términos de cumplimiento establecidos en el laudo o en la sentencia.
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y VENCIMIENTO.
El presente Tratado será ratificado; los instrumentos de ratificación serán canjeados lo antes posible en Santiago, Chile.
El presente Tratado entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya efectuado el canje de los instrumentos de ratificación. Su vigencia será de diez años y se prolongará después por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración. Transcurridos diez años, el Tratado podrá denunciarse en cualquier momento, con un preaviso de doce meses.
Para las inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Tratado, las disposiciones de los artículos 1 a 10 seguirán rigiendo durante los quince años subsiguientes a la fecha de su terminación.
Sustituir la conjunción copulativa "y", por la disyuntiva "o" en el Artículo 1, numeral 5.
Suprimir la frase "o a causa de su asociación con tales agrupaciones", en la parte final del primer párrafo del Artículo 3, numeral 3.
Agregar, en el Nº 3) del Protocolo del Tratado, Ad. Artículo 5, luego de la expresión, "después de", la frase "transcurridos los plazos establecidos en el Decreto Ley 600, y en los Capítulos XIV y XIX del Compendio de Normas sobre Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, según corresponda".
Agregar, en el N 3) del Protocolo del Tratado, Ad. Artículo 5, luego de la expresión, "después de", la frase "transcurridos los plazos establecidos en el Decreto Ley 600, y en los Capítulos XIV y XIX del Compendio de Normas sobre Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, según corresponda".
Téngase por Ley de la Nación Nº 24.342, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.MENEM. Guido Di Tella.
GSF S.A.

References: artículo 1
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 5