Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2020/03/15/libertad-de-expresion-introduccion/
Timestamp: 2020-03-29 17:17:06+00:00

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Libertad de expresión. Introducción. – El blog del abogado blog
Derecho, Derechos fundamentales, Seguridad ciudadana
Libertad de expresión. Introducción.
En primer lugar, cabe señalar que “la libertad de expresión ampara no sólo aquellas expresiones que pueden agradar, sino también aquellas otras que pueden inquietar u ofender al Estado o las Instituciones (portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega).
Ésta, a mi juicio, debe ser su interpretación constitucional como punto de partida. Después vendrían sus contadísimas excepciones por vía jurisprudencial. Al contrario de lo que a mi parecer ha hecho nuestro TC cuando se ha enfrentado o ha tratado de dimensionar este derecho. Es muy distinto partir de la idea de que se trata de un derecho que no tiene carácter absoluto y que “debe” estar sometido a excepciones, que partir de una posición de respeto absoluto a tal derecho estableciendo alguna excepción para evitar el abuso del mismo”.
En segundo lugar, cabe añadir que “especial incidencia cuenta la formulación de las libertades de expresión e información (párrafo 1, apartados a) y d), respectivamente), libertades no siempre fácilmente distinguibles, pero que es necesario matizar para hacer plenamente operativos los mandatos constitucionales; de esta forma, la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general o más restringido (pasquines…), aunque se garantice una especial protección en el primer caso. Por su parte, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general, esto es la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo, mientras que libertad de la información contiene un significado que pretende ser objetivo. Evidentemente expresión e información con frecuencia no se dan separados, sino, por el contrario, unidos puesto que con las noticias es frecuente intercalar opiniones propias del informador. De esta forma se considerará que nos enfrentamos a una manifestación de la libertad de expresión o, por el contrario, de la de información de acuerdo con el carácter predominante del mensaje (STC160/2003, 9/2007, 29/2009).
La cláusula de conciencia ha sido desarrollada por la L.O. 2/1997, de 19 de junio, de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, por la que se permite la rescisión del contrato laboral a esos profesionales cuando el medio de comunicación cambie sustancialmente su línea ideológica u orientación informativa, o cuando se produzca un traslado dentro de la empresa que suponga una ruptura con la orientación profesional del informador (art. 2), habiéndose admitido el cese de la relación previo al ejercicio de la acción (STC 225/2002, de 9 de diciembre). Por otra parte admite la negativa motivada por parte de los profesionales de la información para ‘la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la información’ (art. 3). La finalidad de la ley es ‘garantizar la independencia’ en el ejercicio de sus funciones (art. 1). Quedan fuera del marco de protección otros trabajadores de empresas informativas (STC199/1999, de 18 de noviembre).
La regulación de la radio y, en mayor medida, la televisión ha estado condicionada por su consideración de servicios públicos, sin embargo su régimen ha evolucionado a medida que lo hacían las condiciones técnicas de emisión y también de acuerdo con la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual desde una postura de dejar en manos del legislador toda opción en ese terreno, al calificarla de ‘política’, fue matizando su postura inicial hasta estimar después que la decisión del legislador no era totalmente libre sino que debía de permitir un acceso a esos medios a medida que fueran permitiéndolo las condiciones técnicas (STC 31/1994, de 31 de enero) y, por otra parte, señaló la diferente incidencia en la opinión pública y, en consecuencia, su consideración como ‘servicio público’ de los diferentes medios, descartándola en la televisión por satélite y, en lo que a programación se refiere, en la televisión por cable (SSTC 181/1990, de 15 de noviembre; 206/1990, de 17 de diciembre; 127/1994, de 5 de mayo), necesitando, pues, cada medio de una regulación diferenciada.
– Deroga toda la normativa anterior (entre otras: la Ley 4/1980, del Ente Público RTVE, la Ley 46/1983, de regulación del tercer canal de televisión, las Leyes 31/1987 y 11/1991, reguladoras del sector radiofónico, la Ley 10/1988, de Televisión Privada, la Ley 37/1995, de televisión por satélite, la Ley 41/1995, de televisión local por ondas terrestres, o las Leyes 60/1997 y 10/2005, reguladoras de la TDT), manteniendo únicamente vigente la regulación de la televisión por cable (Leyes 12/1997, 11/1998 y 32/2003).
– Prevé nuevas formas de comunicación audiovisual como son la televisión en movilidad y la televisión en alta definición, que se unen a las ya existentes (TDT, televisión por cable, televisión digital por satélite y comunicación audiovisual radiofónica).
– Modifica formalmente el régimen de servicio público que, sin embargo, mantiene su esencia anterior. Así, los servicios de comunicación audiovisual se consagran como servicios de interés económico general y quedan sujetos a comunicación previa (si se trata de segmentos liberalizados) o a licencia previa otorgada mediante concurso (el equivalente a las antiguas concesiones de televisión privada), si se utiliza el espacio radioeléctrico a través de hondas hertzianas. En este marco hay que recordar que ahora, igual que antes, todo el sector audiovisual (excepto la televisión por cable) está publificado, cabiendo formas distintas de gestión, que básicamente podrá ser directa por los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) o indirecta (antes concesiones de televisión privada, ahora licencias) por particulares.
– Para el caso concreto del servicio de interés económico general de comunicación audiovisual de titularidad estatal, la gestión directa se encomienda a la Corporación RTVE, regulada, la Ley 17/2006 y por la Ley 8/2009, de financiación de CRTVE.
– La Ley establece que las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos y los órganos de Gobierno Local se encargarán, según el caso, del control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público. En lo que hace a las Cortes Generales, hay que destacar la existencia de una Comisión mixta para el control parlamentario de la CRTVE, regulada por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 27 de febrero de 2007, sobre la regulación del control parlamentario ejercido por la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y por la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 12 de noviembre de 2007, sobre el ejercicio de las funciones atribuidas a las Cortes Generales mediante la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. Asimismo, se habrá de estar a los Mandatos-Marco, que prevé el artículo 4 de la Ley 17/2006, y que son el instrumento elegido para concretar los objetivos generales y las líneas estratégicas del servicio público esencial de la CRTVE. El primer Mandato-Marco fue aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del senado de 11 y 12 de diciembre de 2007.
– Por último, crea un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales: un organismo público de los de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como autoridad independiente supervisora y reguladora de la actividad de los medios de comunicación de titularidad estatal o que estén bajo su competencia.
A continuación, hay que destacar el caso Nix c. Alemania. En este caso, el TEDH no ve “violación del artículo 10 Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece el derecho a la libertad de expresión en relación a la condena por los tribunales alemanes de un bloguero por subir una foto de Himmel y una esvástica en su blog con la idea de protestar por la discriminación en las escuelas y las oficinas de empleo a los niños de origen inmigrante.
En su decisión, el tribunal de Estrasburgo sostuvo que cualquier interferencia con el derecho a la libertad de expresión tenía que cumplir los diversos requisitos del Artículo 10 § 2, en particular, tenía que ser “necesario en una sociedad democrática” y reiteró que este artículo tenía poco margen para restringir la expresión política o debatir sobre cuestiones de interés público.
Por otro lado, el tribunal europeo sostuvo que no se podía reprochar a los tribunales nacionales la conclusión de que el ciudadano alemán había utilizado la imagen de Himmler con la esvástica como un dispositivo “llamativo”, que era una de las cosas que la ley penalizaba, el uso de símbolos de inconstitucionalidad.
Por todo ello, el TEDH no vio ninguna razón para apartarse de la evaluación de los tribunales nacionales de que el condenado no había rechazado clara y obviamente la ideología nazi en su publicación del blog, y que, al haber dado las autoridades nacionales razones relevantes y suficientes para interferir con su derecho a la libertad de expresión, no habían excedido su margen de apreciación. Por lo tanto, la injerencia en los derechos que le asistían en virtud del artículo 10 habían sido “necesaria en una sociedad democrática” y por ello debía rechazarse por inadmisible la petición al ser manifiestamente infundada”.
También se puede destacar en esta introducción que “
Es decir, “no se penaliza aquí el chiste negro, se penaliza la humillación que está inserta en el discurso del odio”.
Así lo ha establecido la Sala de lo Penal del TS en su sentencia número 623/2016, de 13 de julio (recurso número 291/2016, ponente señor Sánchez Melgar), por la que condena a un año de prisión a una joven por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
En concreto, la acusada difundió a través su cuenta de twitter, mensajes del tipo: “Viva ETA militar”, “Lucha es el único camino. Dale duro hasta ganar”, “Carrero Blanco ministro naval tenía un sueño: volar y volar, hasta que un día eta militar hizo su sueño realidad”, ¿Cómo monta Irene Villa a caballo? Con velcro”; “¿De qué tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas”, “El humor negro mola, pero el summum son los de Irene Villa. Son la bomba”, “¿Qué le regalarán al sobrino de Miguel ángel Blanco por Navidades? Un tiovivo”, “¿En qué se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín? En el agujero de la nuca” o “Cuál sería la relación más absurda sin pies ni cabeza? M.A. Blanco e Irene Villa.
Por estos hechos, la AN la condenó, como autora responsable de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas del terrorismo del art. 578 CP, a la pena de dos años de prisión y sus accesorias.
En su recurso de casación, la condenada denuncia infracción del derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE) y correlativa libertad ideológica (art. 16 CE).
Y a este respecto la Sala recuerda que “El castigo del enaltecimiento del terrorismo persigue la justa interdicción de lo que tanto el TEDH (v.gr. SSTEDH de 8 de julio de 1999, Sürek vs. Turquía, y de 4 de Diciembre de 2003, Müslüm vs. Turquía), como nuestro TC (STC 235/2007, de 7 de noviembre) y esta misma Sala (STS 812/2011, de 21 de julio) vienen denominando en sintonía con una arraigada tendencia de política criminal «discurso del odio»: alabanza o justificación de acciones terroristas.”
Estos comportamientos “no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión (art. 20 CE) o la libertad ideológica (art. 16 CE), pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre; su discurso se basa “en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y, en definitiva, en generar un terror colectivo que sea el medio con el que conseguir esas finalidades” (STS 224/2010, de 3 de marzo).”
Es decir, “no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido” (STS 676/2009, de 5 de junio).
En definitiva, el “discurso del odio” no está protegido por la libertad de expresión ideológica, pues esta no puede “ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación” (STS 106/2015, de 19 de febrero)”.
La libertad de expresión no ampara ni el discurso del odio, que justifica las acciones terroristas, ni la humillación de las víctimas. Noticias Juridicas: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11203-la-libertad-de-expresion-no-ampara-ni-el-discurso-del-odio-que-justifica-las-acciones-terroristas-ni-la-humillacion-de-las-victimas/
El TEDH no ve violación en la libertad de expresión de un bloguero que fue condenado por subir una foto de Himmel y una esvástica en Alemania. Noticias jurídicas: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12872-el-tedh-no-ve-violacion-en-la-libertad-de-expresion-de-un-bloguero-que-fue-condenado-por-subir-una-foto-de-himmel-y-una-esvastica-en-alemania/
La libertad de expresión en España ¿está en peligro? Hay Derecho. Expansión: https://hayderecho.expansion.com/2018/05/11/la-libertad-de-expresion-en-espana-esta-en-peligro/
Libertad de expresión: https://www.civilisac.org/nociones/libertad-de-expresion
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 Resolución 
 artículo 4
 artículo 10
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