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Timestamp: 2019-09-23 17:31:33+00:00

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Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. TITULO VI. De las actuaciones y términos judiciales (Vigente hasta el 08 de Enero de 2001).
Artículo 248 dejado sin contenido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo) de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto.
Los Secretarios y Escribanos de actuaciones pondrán nota del día y hora en que les fueren presentados los escritos, sólo en el caso de que para verificarlo haya un término perentorio.
Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo a costa de la misma y en papel común, de cualquier escrito o documento que les fuere entregado, expresando el día y hora de su presentación.
Las resoluciones judiciales se dictarán ante el Secretario o Escribano a quien corresponda autorizarlas.
Los Jueces pondrán su firma entera en la primera providencia que dicten en cada negocio, y en los autos y sentencias, y media firma en las demás providencias que dictaren y en las declaraciones y actos en que intervengan.
En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, los autos y sentencias serán firmados con firma entera por todos los Magistrados que los hubieren dictado, y en las providencias pondrá su rúbrica el Presidente de la Sala.
En las actuaciones que se practiquen ante el Magistrado Ponente pondrá éste media firma.
Los Secretarios y Escribanos autorizarán con firma entera, precedida de las palabras «Ante mí», las resoluciones judiciales y los demás actos en que intervenga personalmente la Autoridad judicial, y las certificaciones o testimonios que libraren; y con media firma, las notificaciones y demás diligencias.
Artículo 253 dejado sin contenido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Los Jueces y los Magistrados Ponentes, en su caso, recibirán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba.
Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer dichas diligencias a los Jueces de Primera Instancia, cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su residencia. Párrafo 2.º del artículo 254 redactado por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo) de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Ninguno de ellos podrá cometerlas a los Secretarios o Escribanos sino en los casos autorizados por la Ley.
Las diligencias que no puedan practicarse en el partido judicial en que se siga el litigio deberán cometerse precisamente al Juez de primera instancia de aquel en que hayan de ejecutarse.
Este se arreglará a lo que queda prevenido en el artículo anterior.
Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.
Artículo 257 dejado sin contenido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Artículo 258 dejado sin contenido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los días y horas inhábiles, a instancia de parte, cuando hubiere causa urgente que lo exija.
Para este efecto se considerarán urgentes las actuaciones cuya dilación pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración de justicia o hacer ilusoria una providencia judicial.
El Juez apreciará la urgencia de la causa y resolver, lo que estime conveniente, sin ulterior recurso.
También se notificarán cuando así se mande, a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio.
Si por circunstancias excepcionales no fuera posible notificar una sentencia en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su notificación por el tiempo indispensable, sin que en ningún caso pueda exceder de tres días.
De no recibirse el acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal dentro de los quince días siguientes a su remisión, o haber resultado negativa la comunicación, se practicará de nuevo en la forma ordinaria salvo que la persona notificada, citada, requerida o emplazada se hubiera dado por enterada personalmente. Sin embargo, si el Juez o Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar que se practiquen por el Secretario o, en sustitución del mismo, por el personal del Juzgado que éste designe.
Cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier otro medio idóneo de comunicación, adoptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquellos otros casos en que lo disponga la Ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran.
En lo demás, la forma de los actos de comunicación y el contenido de los mismos se regirá por lo dispuesto en los artículos siguientes.
Las notificaciones se practicarán por el Escribano, Secretario u Oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se haga y dándole en el acto copia literal de ella firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera.
De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la diligencia.
Las notificaciones se firmarán por el actuario y por la persona a quien se hiciesen.
Si ésta no supiere o no pudiera firmar lo hará, a su ruego, un testigo, cuyas circunstancias personales se harán constar.
Párrafos 3º y 4º del artículo 263 derogados por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
Se harán las notificaciones en la Escribanía o en el local que en cada Tribunal estuviere destinado a este fin, si allí comparecieran los interesados.
No compareciendo oportunamente, se harán en el domicilio de la persona que deba ser notificada, a cuyo fin lo designará en el primer escrito que presente.
Cuando los Procuradores no comparezcan oportunamente en la Escribanía o local destinado al efecto, se les hará también la notificación en su domicilio. Pero en este caso será de su cuenta personal el aumento de gastos que ocasione la diligencia, sin que puedan cargarlos a sus poderdantes.
Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser notificado, si a la primera diligencia en su busca no fuera hallado en su habitación, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, se le hará la notificación por cédula en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial.
La cédula para las notificaciones contendrá:
1.º La expresión de la naturaleza y objeto del pleito o negocio, y los nombres y apellidos de los litigantes.
2.º Copia literal de la providencia o resolución que haya de notificarse.
3.º El nombre de la persona a quien deba hacerse la notificación, con indicación del motivo por el que se hace en esta forma.
4.º Expresión de la hora en que haya sido buscada y no hallada en su domicilio dicha persona, la fecha y la firma del actuario notificante.
Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido.
Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se hará constar el nombre, estado y ocupación de la persona que reciba la cédula, su relación con la que deba ser notificada, y la obligación que aquélla tiene, y le hará saber el actuario, de entregar a ésta la cédula así que regrese a su domicilio, o de darle aviso si sabe su paradero, bajo la multa de 25 a 100 pesetas.
Dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona que reciba la cédula, y si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el artículo 263.
Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notificación fijando la cédula en el sitio público de costumbre, e insertándola en el «Diario de Avisos» donde lo hubiere, y si no en el «Boletín Oficial» de la provincia.
También podrá acordar que se publique la cédula en la «Gaceta de Madrid», cuando lo estime necesario.
Las disposiciones que preceden, relativas a las notificaciones, serán aplicables a las citaciones, emplazamientos y requerimientos, con las modificaciones que se expresan en los artículos siguientes.
Las citaciones y los emplazamientos de los que sean o deban ser parte en el juicio, se harán por cédula, que será entregada al que deba ser citado, en lugar de la copia de la providencia, haciéndolo constar así en la diligencia.
Párrafo 2.º del artículo 271 introducido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
1.º El Juez o Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído.
2.º El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación.
3.º El objeto de la citación y la parte que la hubiese solicitado.
4.º El sitio, día y hora en que deba comparecer el citado.
5.º La prevención de que si no compareciere, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, terminando con la fecha y la firma del actuario.
Cuando deba ser obligatoria la comparecencia se le hará esta prevención, y si por no haber comparecido fuere necesaria segunda citación, se le prevendrá en ella que si no comparece ni alega causa justa que se la impida, será procesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad.
La citación de los testigos y Peritos y demás personas que no sean parte en el juicio, cuando deba practicarse de oficio, se hará por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos, del contenido del sobre remitido y uniéndose a ellos el acuse de recibo.
En este supuesto las citaciones se entenderán practicadas en la fecha en que el destinatario o alguna de las personas indicadas en el artículo 268 de esta Ley hagan constar su recepción en el acuse de recibo.
A este fin, el Secretario extenderá, la cédula por duplicado y el agente judicial entregará un ejemplar al citado, el cual firmará su recibo en otro ejemplar, que se unirá a los autos.
La cédula de emplazamiento contendrá los requisitos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º del del artículo 272, expresándose además en ella el término dentro del cual deba comparecer el emplazado, y el Juzgado o Tribunal ante quien haya de verificarlo.
Los requerimientos se harán notificando al requerido, en la forma prevenida, la providencia en que se mande, expresando el actuario en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla ordenado.
En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiere mandado en la providencia.
Cuando la citación o emplazamiento hayan de hacerse por medio de exhorto, se acompañará al despacho la cédula correspondiente.
Las cédulas para las notificaciones, citaciones y emplazamientos se extenderán en papel común.
Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en esta sección.
Sin embargo, cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la Ley.
No por esto quedará relevado el actuario de la corrección disciplinaria establecida en el artículo que sigue.
El auxiliar o subalterno que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones que por esta sección le corresponden, o faltare a alguna de las formalidades en la misma establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez o Tribunal de quien dependa, con una multa de 50 a 200 pesetas.
Será además responsable de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa.
En toda clase de juicios e instancias, cuando sea declarado o se constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio después de citado en forma, no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca.
Todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán y ejecutarán en los estrados del Juzgado o Tribunal, salvo los casos en que otra cosa se prevenga.
Las notificaciones, citaciones y emplazamientos de que habla el artículo anterior se verificarán leyendo las providencias que deban notificarse, o en que se haya mandado hacer la citación, en la audiencia pública del Juez o Tribunal que las hubiere dictado, y a presencia de dos testigos, los cuales firmarán la diligencia que para hacerlo constar se extenderá en los autos autorizada por el actuario.
Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados y las cédulas de las citaciones y emplazamientos que se hagan en los mismos, se publicarán además por edictos, que deberán fijarse en la puerta del local donde celebren sus audiencias los Jueces o Tribunales, acreditándolo también por diligencia.
La parte dispositiva de las sentencias definitivas se insertará además en los periódicos oficiales, en los casos y en la forma que determina la ley. En este caso se unirá a los autos un ejemplar del periódico en que se haya hecho la publicación.
Los Jueces y Tribunales están obligados a prestarse recíproco auxilio en las actuaciones y diligencias que habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica.
El auxilio judicial se prestará siempre que las actuaciones hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del Juzgado o Tribunal o, dentro de ella, por uno distinto del que las hubiere dispuesto, así como también cuando el acto haya de realizarse fuera de la localidad en que el Juzgado o Tribunal tenga su sede, si hay causa que lo justifique.
3.º Las actuaciones cuya práctica se interesa.
En el caso de que la actuación requerida se considere de urgente práctica, podrá formularse la petición por télex, telégrafo, teléfono o por cualquier otro medio bajo la fe del Secretario, sin perjuicio de confirmarla en despacho ordinario que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente.
El órgano jurisdiccional que recibiere el exhorto dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las diligencias que en él se interesen, devolviéndolo directamente al exhortante una vez cumplimentado, salvo que se designase en la resolución a que se hace referencia en el artículo 290 a una persona o personas para la tramitación, en cuyo caso se le entregarán bajo su responsabilidad para que cuide de su devolución dentro del término de cuarenta y ocho horas como máximo.
Párrafo 4º del artículo 299 introducido por Ley 10/1992, 30 abril («B.O.E.» 5 mayo), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal.
En el caso de que la diligencia vaya dirigida a un demandando español, residente en el extranjero, podrá ser ejecutada por el Jefe de la Oficina Consular española o, en su caso, el Jefe de la Misión Diplomática de la demarcación donde deba practicarse, siempre que a ello no se opongan las leyes del país de residencia.
Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán dentro de los términos señalados para cada una de ellas.
Cuando no se fije término, se entenderá que han de practicarse sin dilación.
Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.
En ningún término señalado por días se contarán aquellos en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales.
Tampoco se contarán los días de las vacaciones de verano en el término para interponer ante el Tribunal Supremo, recurso de casación por infracción de ley, a no ser que verse sobre desahucios, actos de jurisdicción voluntaria o cualquier otro negocio urgente de los que pueden decidirse en Sala de Vacaciones.
Los términos señalados por meses se contarán por meses naturales, sin excluir los días inhábiles.
En estos casos, si el plazo concluyese en domingo u otro día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
Si los autos se hallaren en poder de alguna de las partes o se hubiere entregado a éstas algún documento y no los hubiesen devuelto en el plazo correspondiente, se ordenará que devuelvan aquéllos o éste en el mismo o al siguiente día bajo apercibimiento de la multa de 50.000 pesetas y de 2.000 pesetas más por cada día que transcurra sin verificarlo.
Si transcurrieren dos días sin devolverlos, procederá el Secretario, sin necesidad de nueva providencia y bajo su personal responsabilidad a recogerlos de quien los tenga en su poder y, en el caso de que no le fueren entregados en el acto del requerimiento, dará cuenta al Juzgado o Tribunal para que disponga que se proceda a los que haya lugar penal o disciplinariamente.

References: Artículo 248

Artículo 253
 artículo 254

Artículo 257

Artículo 258
 artículo 263
 resolución 
 artículo 263
 artículo 271
 artículo 268
 artículo 272
 resolución 
 artículo 290
 artículo 299