Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-111-de-marzo-25-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920417fcdf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 09:27:25+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-111 DE MARZO 25 DE 1998
SENTENCIA C-111 DE 25 DE MARZO DE 1998
CONTENIDO:INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL: DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 200 DE 1995, CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, EXCEPTO LAS EXPRESIONES " HAYAN AFECTADO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", QUE FUERON DECLARADAS EXEQUIBLES POR LA CORTE CONSTITUCIONAL POR SENTENCIA C-280 DE 1996ADICIONALMENTE DECLARA INCONSTITUCIONALES LOS LITERALES A), B), E), F), Y G) DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1888 DE 1989, POR EXCESO EN EL USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUNCIONES DE LA RAMA JUDICIAL, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:318 DE JUNIO DE 1998, PÁG.760
Sentencia C-111 de marzo 25 de 1998
Ref.: Expediente D-1802
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º del Decreto 1888 de 1989, 1º del Decreto 2281 de 1989 y 43 de la Ley 200 de 1995.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
ART. 3º—No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional:
c) Quienes se encuentren en detención preventivas por delito doloso u homicidio pulposo, aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por los mismos delitos, mientras se define su responsabilidad.
g) Quienes por falta disciplinaria hayan sido destituidos, o suspendidos por tercera vez de un cargo público, dentro de los cinco (5) años anteriores, y
“Decreto 2281 de 1989
Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 1888 de 1989.
ART. 1º—Modifícanse las letras c) y d) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, las cuales quedarán así:
d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso. Esta inhabilidad subsistirá durante los cinco (5) años posteriores al cumplimiento o extinción de la respectiva pena”.
4. La prevista en el numeral 1 del artículo 30 de este código”.
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º y 5º, de la Constitución Política.
La Corte no entrará a analizar el contenido de la demanda, en lo que hace referencia al artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, que modificó los literales c) y d) del Decreto 1888 de 1989, ni la expresión “hayan afectado la administración pública”, perteneciente al artículo 43 de la Ley 200 de 1995, ya que en relación con dichos apartes normativos, el magistrado sustanciador rechazó la demanda, por existir cosa juzgada constitucional (Sents. C-546 nov. 25/93 y C-366 ago. 16/95).
Lo propio se hizo en cuanto a las expresiones “...hayan afectado la administración pública...”, del artículo 43, numeral 1, de la Ley 200 de 1995, declaradas exequibles por la sentencia C-280 del 25 de junio de 1996.
Dado que de la demanda no pudo concluirse con precisión, en el momento de admitirla, cuáles literales del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989 eran los acusados, se decidió esperar, como lo contempla el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, el momento de la decisión final —la presente sentencia— para establecer respecto de dicha norma el verdadero alcance del libelo y su aptitud o ineptitud.
Una vez adelantado el proceso, la Corte encuentra que, en razón del cargo principal (exceso en el uso de facultades extraordinarias), la demanda cobija la totalidad de los numerales de la indicada norma y, en consecuencia, su contenido integral será objeto de fallo, con excepción del literal h), que fue declarado inexequible por la sentencia C-558 del 6 de diciembre de 1994 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Antes de entrar en el análisis del cargo por exceso en el uso de facultades extraordinarias, la Corte Constitucional advierte que, a partir de la vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96), la disposición acusada, que establece los motivos de inhabilidad para ser designado o desempeñar cargo o empleo en la rama judicial, está derogada.
“Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:
“Dentro de los criterios expuestos, las causales de inhabilidad que establece la disposición bajo examen aparecen razonables, en virtud de la naturaleza de las labores que se asignan a quienes deseen hacer parte de esta rama del poder público. En este orden de ideas, conviene puntualizar que, para la Corte, la causal prevista en el numeral 5 debe interpretarse en forma restrictiva, pues de lo contrario se permitiría que cualquier destitución motivada en razones distintas a las previstas constitucional o legalmente como justificativas para la pérdida del empleo, como las de haber incurrido en conductas delictivas o en graves faltas disciplinarias, conlleve a una inhabilidad que no responde al propósito esencial de la norma, cual es el que los servidores públicos que hagan parte de la administración de justicia se caractericen por su capacidad, su idoneidad y, principalmente, por su transparencia y rectitud para asumir las delicadas funciones que se les asignen. Por tal motivo, estima la Corte que el referido numeral es exequible, bajo la condición de que la destitución sea fundamentada en lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política, o que no haya transcurrido el respectivo término legal de inhabilitación.
De igual forma, conviene señalar que la declaración de responsabilidad a que se refiere el numeral 6 deberá ser mediante sentencia judicial, tal como lo prevé el artículo 179-2 superior para el caso de los congresistas. Por último, entiende la Corte que la situación prevista en el numeral 7, requiere de una evaluación particular dentro de cada caso en concreto, de forma tal que se determine fehacientemente que el consumo de bebidas, drogas o sustancias no autorizadas afecte de manera grave y trascendente el desempeño de las labores”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-037 feb. 5/96, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Como la extralimitación del Presidente de la República en el ejercicio de facultades legislativas extraordinarias conferidas por el Congreso implicada un vicio que en últimas extraña la expedición de un acto por fuera de competencia, y este punto, según reiterada doctrina de la Corte, es de fondo, en lo que se refiere al examen de constitucionalidad, no tiene aplicación el numeral 3 del artículo 242 de la Carta sobre caducidad de la acción pública. En consecuencia, aunque ha transcurrido mucho tiempo desde la expedición de las normas impugnadas, la Corte puede y debe asumir su conocimiento con miras a definir si el gobierno, al dictarlas, vulneró la Constitución Política.
Como también lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, las disposiciones que regían la institución de las facultades extraordinarias en la época de su ejercicio (1989) —que no eran otras que las consagradas en el artículo 76, numeral 12, de la Constitución derogada— han de ser las que presidan el cotejo solicitado mediante la demanda.
Como bien se sabe, según lo definió una consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía la función de control constitucional —cuyos rasgos básicos han sido acogidos por esta Corte bajo la vigencia de la Carta Política de 1991—, el Presidente de la República, que no es el titular de la función legislativa, solamente la ejerce a título precario y restringido cuando le son otorgadas por el Congreso facultades legislativas que, por tal motivo justamente, se denominan extraordinarias.
La Corte, visto el alcance de la facultad conferida por el artículo 1º de la Ley 30 de 1987 —“modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, según las voces de su literal j)—, ha concluido que, en efecto, tienen razón el actor y el Procurador General de la Nación al pedir que se declare la inconstitucionalidad de los literales a), b), e), f) y g) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989 por exceso en el uso de las facultades extraordinarias.
Fueron violados los artículos 76 —numeral 12—, 118 —numeral 8— y 55 de la Constitución Política de 1886
Adviértese que tal disposición se declarará exequible en el entendido de que ella no es aplicable a los servidores de la rama judicial, pues para éstos ha sido consagrada norma especial y posterior sobre inhabilidades —el artículo 150 de la Ley 270 de 1996—, que señala de manera taxativa las vigentes para ejercer cargos dentro de aquélla.
En cuanto a la unidad de materia (arts. 158 y 169 de la Carta), aun con las anotadas diferencias entre el tema disciplinario y la consagración de inhabilidades —que inciden en la inconstitucionalidad de las ya indicadas normas por exceso en el uso de las facultades extraordinarias— hace ver la Corte que no puede mirarse bajo la misma perspectiva cuando se trata del ejercicio que hace el Congreso de su propia atribución legislativa.
Aunque, como lo ha destacado la jurisprudencia, el articulado de una ley debe corresponder a materias entre sí relacionadas y a la vez desarrollar substancialmente lo que anuncia su título, la conexidad temática admite un mayor grado de apreciación y discrecionalidad del legislador ordinario —no sujeto a moldes tan estrechos como los que atan al gobierno en el ejercicio prestado de las funciones legislativas— en cuanto se refiere a los objetivos que persigue cuando asume determinadas materias como objeto de su actividad y las ordena y estructura dentro de un sistema cuyo hilo conductor debe establecer el juez de constitucionalidad al definir si aquél obró con arreglo a los nombrados preceptos fundamentales.
Como se trata de su propia función, el Congreso goza de libertad para delimitar los actos que expide y, al hacerlo, él mismo, en cuanto suministra unas ciertas características materiales al conjunto, excluye los asuntos que de ninguna manera pueden formar parte de una ley en concreto, habida cuenta de su contenido extraño dentro de aquél. Ello condena a la inexequibilidad las disposiciones que —miradas individualmente— no se integran al sistema de la ley de manera sustancial.
La delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso, pues éste se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla.
Si el Congreso ha previsto él mismo unos confines aplicables a su actividad legislativa, independientemente de la competencia que tenga para legislar sobre ciertos temas, viola la Constitución cuando incluye cánones específicos que, o bien no encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-390 ago 22/96).
“De tal concepción resulta que, para establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en él, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquéllos que no guardan relación alguna con la cuestión predominante dentro del conjunto normativo”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-435 sept. 12/95. Ms. Ps. Drs. José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz).
En el caso objeto de análisis, si bien son distintos los campos de la disciplina del servidor público y de las inhabilidades del mismo para efectos del ejercicio de facultades extraordinarias —pues la validez del decreto ley depende de su preciso encuadre en la norma habilitante—, tales áreas pueden hacer parte de una unidad normativa concebida por el legislador (ley del Congreso) al regular de manera general un aspecto del servicio público, en cuanto —como en el caso presente ocurre— sea posible definir la interrelación entre ellas. Ésta es indudable en la esfera normativa de la cual se ocupa ahora la Corte, pues la naturaleza comprehensiva del Código Disciplinario Único, tal como lo diseñó el legislador, no lo circunscribe a las cuestiones estrictamente disciplinarias aplicables a quienes ejercen cargos en una determinada rama del poder público sino que lo amplía a la generalidad de los servidores estatales en lo referente a la integridad de la actividad que cumplen, lo cual le exige cobijar normas que, en los varios tópicos del servicio público, guarden relación con el tema principal. Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de acceso al servicio y los límites que deben tener en cuenta las corporaciones y los funcionarios nominadores so pena de incurrir ellos en faltas disciplinarias por haber vinculado a la función pública a personas inhabilitadas por la ley. O la relación entre antecedentes disciplinarios por el ejercicio de cargos anteriores y la inhabilidad para desempeñar otros. Y, por supuesto, la extensión temporal de ciertas sanciones disciplinarias y las inhabilidades.
Ahora bien, ya la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución —que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad—, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional.
Por otra parte, la búsqueda de idoneidad en el servidor público —lo que corresponde al principio proclamado por el artículo 123, inciso 2, de la Constitución Política— avala la constitucionalidad del precepto (art. 3º, lits. a) y b) acusados) en cuanto inhabilita para el servicio a quien se encuentre bajo interdicción judicial —mientras dure ésta— y a quien, no obstante su buen comportamiento anterior, padece una enfermedad o afección que lo incapacita física o mentalmente para desempeñar el cargo de manera adecuada. En este último aspecto, el artículo en estudio exige que el mencionado estado se evalúe y califique científicamente y que la afección correspondiente “comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo”. No se trata, entonces, de toda enfermedad o padecimiento, ya que, si así fuera, se vulneraría abiertamente el derecho a la igualdad (C.P., art. 13), el derecho al trabajo (C.P., art. 25) y el derecho a ejercer cargos públicos (C.P., art. 40). Se perdería de vista, además, la obligación estatal de brindar la debida protección a las personas disminuidas física, sensorial o síquicamente, quienes no deben estar expuestas a que, por su situación, se las excluya del servicio público (Cfr C. Const. S. Quinta de Revisión Sent. T-441 oct. 12/93), y además tienen derecho a exigir la atención especializada que requieran (C.P., art. 47).
El último numeral de la disposición impugnada remite al artículo 30, numeral 1, del mismo Código Disciplinario Único, para constituir una de las causas de inhabilidad que contempla.
Dicha norma, a su vez, inhabilita para ejercer funciones públicas “en la forma y términos consagrados en la Ley 190 de 1995”.
Por su parte, la Ley 190 de 1995 —estatuto anticorrupción—, con miras a preservar la moralidad pública y a erradicar las prácticas ilícitas y deshonestas dentro de la organización estatal, contempla para distintas modalidades de corrupción, además de las sanciones correspondientes, la interdicción de derechos y funciones públicas por lapsos que sus mismas normas prevén.
Cabe aquí lo dicho en relación con la exequibilidad de las inhabilidades por condenas, y de manera mucho más adecuada a la normatividad de la cual se trata, pues, más que cualquier otra conducta delictiva, aquéllas que implican el relajamiento de la moral pública y las costumbres perniciosas de quienes son o han sido funcionarios, merecen ser señaladas como factores de alto riesgo social cuando se trate de pensar en que los responsables de esas faltas regresen al servicio público. La Constitución establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad —no de sus propios intereses o beneficios personales, ni de los de terceros— y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (art. 123); que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva (art. 124); que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento, entre otros, en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P., art. 209). Mal podría entenderse contraria a ella una norma que, con el propósito de preservar esos postulados y en defensa de la sociedad y del orden jurídico, impide el futuro acceso al servicio público, especialmente en cargos que implican mando o decisión, a quienes han incurrido en prácticas tan dañinas como peculado por apropiación, peculado por extensión, concusión, cohecho propio o impropio, cohecho para dar u ofrecer, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, prevaricato por acción o por omisión, prevaricato por asesoramiento ilegal, receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, que son algunas de las que condena el estatuto anticorrupción y que, en virtud de la remisión contemplada en el precepto que se examina, inhabilitan para el ejercicio de la función pública.
1. ESTÉSE a lo resuelto por la Corte en sentencia C-558 del 6 de diciembre de 1994, acerca del literal h) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989.
2. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 43 de la Ley 200 de 1995, excepto las expresiones “hayan afectado la administración pública”, que fueron declaradas exequibles por sentencia C-280 del 25 de junio de 1996.
3. Decláranse INCONSTITUCIONALES los literales a), b), e), f) y g) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, por exceso en el uso de las facultades extraordinarias.

References: ARTÍCULO 43
 ARTÍCULO 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 122
 artículo 179
 artículo 242
 artículo 76
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 150
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 43
 artículo 3