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Timestamp: 2018-07-19 11:52:10+00:00

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Relaciones laborales en la administración pública dominicana - Ilustrados!
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Autor: Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodriguez Huertas, Francisco Suazo Rosario
Hacemos un recorrido por los distintos aspectos y características que han tipificados las relaciones laborales en la Administración Publica, porque es ahí en el marco de esa relaciones labores donde se generan deberes y derechos, desde el surgimiento de la Ley 14-91, (G.O. No. 9808 del 20 de Mayo de 1991) de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y su Reglamento de Aplicación No. 81-94 (G.O. No. 9879 del 31 de marzo de 1994), de gran trascendencia para sentar la base de una Administración Publica mas moderno, hasta llegar a la nueva Ley 41-08. Ya
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Derechos consagrados en la ley 41-08: El legislador además de tratar de establecer mecanismos, instancias y recursos para concretar la acción del Estado y garantizar su efectiva aplicación de manera eficiente y eficaz; establece también deberes y derechos para el trabajador y los recursos de que este dispone para la tutela efectiva de los derechos que le son propio. Estos derechos lo clasifica la Ley en Derechos Generales y Especiales, contemplado en el Artículo 58 y ss., de la Ley y Derechos Colectivos consagrado en Artículo 67 y ss., mientras que en Artículo 3, se consagran los principios fundamentales (que a nuestro entender se constituyen en derechos), que constituyen la esencia del estatuto jurídico del ejercicio de la función pública. Un aspecto importante de estos principios fundamentales lo expresa el ordinal
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Para poder entrar en un análisis de los derechos individuales, especiales y colectivos que le confiere la Ley 41-08 a los trabajadores es bueno señalar cuales son estos derechos: Articulo 58.- Son derechos de todos los servidores públicos sujeto a la presente ley, los siguientes:
1) Percibir una remuneración por sus servicios de conformidad con el régimen retributivo establecido por la presente ley y su reglamentación, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor;
2) Recibir inducción, formación y capacitación adecuadas a fin de mejorar el desempeño de sus funciones;
3) Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social que se establezcan;
4)Recibir el sueldo anual numero trece (13), el cual será equivalente a la duodécima parte de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo de tres meses en el año calendario en curso;
5) Disfrutar de las licencias y permisos establecidos en la presente ley;
7) Recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, superiores y subalternos derivadas de las relaciones de trabajo;
8) Tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos;
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Derechos especiales: Artículo 59.- En adición a los derechos generales de los servidores públicos, son derechos especiales de los funcionarios de carrera, los siguientes:
1. A la titularidad de un cargo permanente de la administración pública clasificado como de carrera;
2. De estabilidad en la carrera administrativa bajo las condiciones previstas por la presente ley;
3. Ser restituido en su cargo cuando su cese resulte contrario a las causas consignadas expresamente en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de la desvinculación y la fecha de la reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar. Es decisión del empleado aceptar la restitución en el mismo destino, en caso de no aceptarla la institución deberá reubicarlo en otro destino;
4. A la promoción dentro de la carrera administrativa;
5. Ejercer los demás derechos que con carácter especial se establezcan legal o reglamentariamente en su favor, por su condición de servidor de carrera;
6. Ser ascendidos por sus méritos, a cargos de mayor nivel y remuneración, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de la administración pública.
Constitución de la República, así como a separarse en cualquier momento de la organización a que pertenezcan. La reglamentación de la presente ley regulará las
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La autoridad sancionadora para cada una de violaciones es la siguiente: para la imposición de de la amonestación escrita por falta del primer grado, la competencia es del supervisor inmediato, para la suspensión hasta por noventa (90) sin disfrute de sueldo
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Cuando la falta cometida es de tercer grado, la postetad sancionadora corresponde directamente al presidente de la Republica, en tal sentido la Ley 41-08 establece el procedimiento a seguir en los 86 y siguiente:
Artículo 86.- El ejercicio de la potestad disciplinaria en la administración pública centralizada es competencia del Presidente de la República cuando la falta cometida implique la destitución. En tal caso, el titular de la entidad a la que pertenezca el servidor público será responsable de elevar al Presidente la recomendación de lugar, luego de agotado el proceso disciplinario a que se refiere esta ley. En las instituciones descentralizadas y/o autónomas o autárquicas y especiales, la potestad disciplinaria en los casos de faltas que tengan como sanción la destitución, salvo disposición legal en contrario, es privativa de la autoridad nominadora.
El primer mecanismo de tutela que la Ley 41-08 de Función Pública consagra, al igual que la antigua ley de Servicio Civil y Carrera Administrara ya derogada la 14-91, es la Comisión de Personal, y lo establece en el artículo 15.-“En cada órgano y entidad pública sujeta a la presente ley se constituirá ad hoc una Comisión de Personal, con atribuciones de conciliación en su ámbito de competencia, sin menoscabo de los recursos administrativos y contencioso-administrativos que puedan ejercer los servidores públicos. (…).”
Esta es una instancia de conciliación establecida en la Ley para conocer de los conflictos que surgen en las distintas ramas de la Administración Pública antes de iniciar cualquier otro de los recursos que la Ley acuerda a los trabajadores, al igual que lo hiciera el Código de Trabajo.
Contrario a lo que establecía la ley 14-91, donde los acuerdos alcanzados en las comisiones de personal no eran vinculante, para la parte, esta Ley 41-08, establece en el artículo 17: “Los acuerdos de conciliación de las Comisiones de Personal se decidirán por unanimidad y serán de obligatorio cumplimiento por las partes. En caso de incumplimiento de lo pactado, podrá solicitarse su ejecución forzosa a la jurisdicción contenciosa administrativa.
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La Comisión de Personal es una instancia de conciliación, y los recursos de reconsideración y jerárquico se pueden considerar como una especie de apelación. Interpuestos según el procedimiento y los plazos que establece la Ley 41-08 en sus artículos 73 al 75, que transcribimos a continuación:
Artículo 73.- El Recurso de Reconsideración deberá interponerse por escrito, por ante la misma autoridad administrativa que haya adoptado la decisión considerada injusta, en un plazo de quince (15) días francos contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de dicha decisión. Este recurso podrá ser interpuesto directamente por el servidor público afectado, o por un apoderado de éste. El plazo de quince (15) días francos otorgado para el ejercicio de este recurso de reconsideración se interrumpe si el servidor público somete su caso a un procedimiento de conciliación ante la Comisión de Personal correspondiente, hasta que ésta haya comunicado al servidor público el Acta de Acuerdo o de No Acuerdo. Transcurridos treinta (30) días sin que la autoridad responsable de conocer del recurso de reconsideración se haya pronunciado sobre el mismo, se considerará confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso jerárquico contra la misma.
Después de agotado todos los recursos en el ámbito de la Administración, el servidor público tiene otra instancia, y medio de tutela de sus derechos, que lo es, la jurisdicción contenciosa administrativa, ante la cual podrá elevar recurso contencioso administrativo en la forma y plazo que establece la Ley 41-08 en su artículo 75.
Artículo 75.- Después de agotado los recursos administrativos indicados en la presente ley, el servidor público afectado por una decisión administrativa podrá interponer el recurso contencioso administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Este recurso deberá ser interpuesto dentro de los treinta (30) días francos, contados a partir de la fecha de recepción de la decisión que resuelva el recurso jerárquico o de la fecha en que se considere confirmada la decisión recurrida.
Recurso de amparo: Aunque este recurso no esta previsto en la ley 41-08, es nuestra opinión que al mismo puede acudir el servidor publico, cuando le son vulnerados derechos que son inherentes a la persona. Los servidores públicos son personas y como tales poseen derechos consagrados constitucionalmente y por convenciones internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales muchas veces son vulnerados en las instituciones donde los servidores públicos prestan sus servicios.
Esos Derechos Fundamentales en la Constitución Dominicana son tratado en el Título II, Sección I, bajo la denominación de: De los Derechos Individuales y Sociales, establecido en el artículo 8.: “Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas: 1) La inviolabilidad de la vida, 2) La seguridad individual, 3) La inviolabilidad de domicilio, 4) La libertad de transito, 5) A nadie se le pude obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe, 6) Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o cualquier otro medio de expresión, grafico u oral, 7) La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres, 8) La libertad de conciencia y de cultos, 9) La inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, y otros.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
El mundo globalizado de hoy, es un mundo de cambios de paradigmas, y el mundo del derecho no escapa a esa realidad, en este campo estamos asistiendo a transformaciones significativas, una de ellas es la CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO. Esto significa no sólo que la Constitución es la norma suprema, norma de normas, sino también que el ordenamiento jurídico que comienza a constitucionalizarse, va a caracterizarse por una penetración de las normas constitucionales en las diferentes ramas jurídicas de este ordenamiento, y tampoco escapan a esta realidad los elementos jurídicos sociales de la acción administrativa.
Secretaria de Estado de la Administración Pública (2008). Ley 41-08 de la Función Pública.
Santo Domingo, Republica Dominicana. Publicaciones ONAP.
Jorge Prats, Eduardo. 2005. Derecho Constitucional, Volumen II. Segunda Edición. Gaceta Judicial. Santo Domingo, República Dominicana.
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References: Artículo 58
 Artículo 67
 Artículo 3
 Artículo 59
e contrario

Artículo 86
 artículo 15
 artículo 17

Artículo 73
 artículo 75

Artículo 75
 artículo 8