Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Brasil.12198.htm
Timestamp: 2019-01-16 05:59:57+00:00

Document:
Brasil 12.198 Admisibilidad
INFORME Nº 51/04
LEONARDO CUNHA DE SOUZA
10. Señala que el padre de los niños da Silva Cassiano desconoce hechos que pudieran haber de alguna manera ocasionado la ejecución extrajudicial de sus hijos. Agrega que el único motivo que se le ocurre es que se dijo que sus hijos habrían colaborado con los autores de un hurto menor ocurrido meses antes en la Asociación de Moradores do Loteamento Ana Gonzaga. Al respecto, señala que el padre de los niños da Silva Cassiano conversó con el señor Ailton de Mattos Ferreira, Presidente de la mencionada asociación, ofreciéndole resarcir cualquier perjuicio que sus hijos pudiesen haber ocasionado, pero que el señor de Mattos Ferreira negó posteriormente tal conversación, en su declaración policial sobre los hechos, e indicó asimismo en tal declaración que conocía tanto al “Cabo Sá” como a Jorge “Bufo-Bufo”, y que inclusive había buscado al primero de ellos para que lo acompañara, en su momento, a la delegación policial a denunciar el hurto del que había sido víctima la asociación que presidía.
11. Menciona que el mismo día del secuestro de las presuntas víctimas, el padre de los hermanos da Silva Cassiano conversó con policías que se desplazaban en una unidad patrullera, y no le dieron ninguna atención. Agrega que en la misma fecha el padre de las víctimas acudió a una delegación policial a interponer la denuncia, y que la versión de los hechos que redactó la policía fue totalmente distinta a lo que expuso el denunciante.
12. Refiere que el 19 de agosto de 1994 la 35ª. Delegacía Policial de Río de Janeiro inició la investigación (“inquérito”) de los hechos, que fue luego enviado a la Delegacía de Homicidios de la Secretaría de la Policía Civil, bajo el Nro. 043/95. Indica que en tal investigación se escucharon algunos testigos, pero que no se ha hecho ninguna otra diligencia investigativa, y que aún cuando de acuerdo a la legislación brasileña la investigación policial debe concluir dentro de un plazo máximo de treinta días, tal investigación ya llevaba casi nueve años (a julio de 2003), sin que la policía la hubiera concluido, y sin que se hubiese producido ningún avance ni resultado en la investigación por el asesinato de los niños Robson William da Silva Cassiano, Jorge Wellington da Silva Cassiano y Leonardo Cunha de Souza.
13. Alegan que existe un retraso injustificado en la investigación de los hechos, que configura el supuesto de excepción al requisito agotamiento de los recursos internos contemplado en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
19. El Estado, aunque mencionó la situación en que se encontraban los recursos internos, no opuso expresamente la excepción de agotamiento de los recursos internos. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta circunstancia sería suficiente para concluir que el Estado renunció tácitamente a invocar la falta de agotamiento de los recursos internos.[3]
20. La Comisión observa además que a la presente fecha no se han agotado los recursos internos en relación con el asesinato de las presuntas víctimas. Sin embargo, la CIDH observa igualmente que dicho asesinato ocurrió el 19 de agosto de 1994, y que hasta la presente fecha han transcurrido más de diez años sin que haya concluido la investigación policial en relación a tal asesinato. El Estado no ha presentado ninguna explicación con relación al tiempo transcurrido. Al respecto, la CIDH concluye que aunque los recursos judiciales internos no han sido agotados, existe una causal de excepción al agotamiento de dichos recursos, consistente en el “retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos” a que se refiere el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.
21. Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos allí consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46(2) de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el Informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.
[1] De conformidad con lo establecido en el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH, el Comisionado Paulo Sergio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en la decisión sobre la presente petición.
[2] Según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, “niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. El Código Penal del Brasil establece en su artículo 27 que: “los menores de 18 (dieciocho) serán penalmente inimputables, quedando sujetos a las normas establecidas en la legislación especial”. El Estatuto del Niño y del Adolescente Brasilero establece en su artículo 2°, que “se considera niño, a los efectos de la presente Ley, a la persona hasta los doce años de edad incompletos y adolescente a aquella entre doce y dieciocho años de edad”. La Comisión, siguiendo lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño, utiliza la expresión “niños” en el presente informe, para referirse a las presuntas víctimas, dado que Robson William da Silva Cassiano y Jorge Wellington da Silva Cassiano, tenían 16 y 15 años, respectivamente, al momento de su muerte. La edad de Leonardo Cunha de Souza no consta en el expediente ante la CIDH .
[3] Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 41-43; y Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, párr. 41-43.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 27
 artículo 2