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Timestamp: 2018-08-18 21:51:39+00:00

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﻿ Sentencia 36558 de octubre 20 de 2009
SENTENCIA 36558 DE 20 DE OCTUBRE DE 2009
CONTENIDO:PARA JUSTIFICAR EL DESPIDO AUNQUE CONCURRAN VARIAS CAUSALES, BASTA DAR POR ACREDITADA UNA CON MÉRITO PARA SER JUSTA CAUSA. SE PRECISA QUE, CUANDO SE INVOCA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, UN MOTIVO O FALTA DERIVADA DE VARIAS IRREGULARIDADES O ANOMALÍAS COMETIDAS POR EL TRABAJADOR, BASTA CON DEMOSTRAR UNA DE ELLAS, PUESTO QUE SI LA MISMA TIENE LA IDENTIDAD O FUERZA PARA CONFIGURAR LA CAUSAL ALEGADA, COMO EN ESTA OPORTUNIDAD OCURRE EN RELACIÓN CON LA NEGLIGENCIA GRAVE DE LA DEMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, SERÍA ESTO SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO Y TENER POR LEGÍTIMO EL PROCEDER DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SALARIO, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA
Sentencia 36558 de octubre 20 de 2009
Rad.: 36558
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia calendada 30 de noviembre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por ALBA LUCÍA POVEDA RINCÓN contra el BANCO CAFETERO S.A. hoy EN LIQUIDACIÓN.
Conforme a la demanda inicial y la subsanación de la misma, la citada accionante demandó en proceso laboral al BANCO CAFETERO S.A. hoy EN LIQUIDACIÓN, procurando en lo que interesa al recurso de casación, se le declarara que el contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 4 de abril de 1988 y el 13 de marzo de 2000, fue terminado sin justa causa por parte del empleador, y como consecuencia de ello se le condenara de manera principal a reintegrarla a partir del 14 de marzo de 2000, en las mismas condiciones de empleo que gozaba al momento del despido, con el pago de los salarios y demás prestaciones indexadas dejadas de percibir. Subsidiariamente pretende la cancelación de la indemnización por terminación unilateral del contrato de acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo, la indexación, la sanción moratoria, lo que resulte ultra o extra petita, y a las costas.
Como fundamento de esos pedimentos argumentó, en resumen, que se vinculó laboralmente con la entidad demandada, a través de un contrato de trabajo a término fijo que rigió entre el 4 de abril al 30 de junio de 1988, que luego celebraron otro contrato de la misma naturaleza el 1º de agosto de 1988 que se prorrogó hasta el 20 de enero de 1989, y posteriormente firmaron el 1º de febrero de 1989 un contrato indefinido, para desempeñar el cargo de cajera nivel IV con una asignación de $ 47.700.
Continuó narrando que el 13 de marzo de 2000, se le comunicó la ruptura de la relación laboral por justas causas, encontrándose ejerciendo el cargo de cajera de la Terminal de Nestlé de Colombia, para lo cual la empleadora alegó la grave negligencia e irregular actuación de sus funciones, “al haber recibido y tramitado a través de su terminal de caja ubicada en las instalaciones de Nestle de Colombia, dieciséis (16) comprobantes de retiro a nombre de los clientes Santiago Figueroa y Claudio Rey Terrapon, los días julio 16, agosto 6, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 25, 31 y septiembre 7, 9, 14 y 16 de 1999, por mayores valores de los indicados en las colillas de los clientes del Bancafé”, sumas que ascendieron a $ 680.000, donde los supuestos afectados con las transacciones bancarias realizadas por la actora, que se asevera son “irregulares”, acudieron al Banco el día 19 de noviembre de 1999 a ratificar la queja efectuada días atrás.
Expresó que convencionalmente existe al interior de la entidad bancaria, un procedimiento para imponer “sanciones”, consistente en que el Banco cuenta con ocho (8) días para citar a descargos al trabajador inculpado, contabilizados desde la data en que se tenga conocimiento de la falta, diligencia que debe ser fijada en un plazo mínimo de otros quince (15) días, debiéndose tomar la decisión correspondiente a los ocho (8) días siguientes, todos hábiles, lo cual en su caso no se cumplió, quedando por tanto viciado de nulidad absoluta el procedimiento que se adelantó para imponer la sanción, que conlleva a dejar sin valor y efecto la terminación del vínculo contractual, configurándose en tales condiciones un despido injusto.
Agregó que la investigación por parte de la unidad de seguridad bancaria, se basó únicamente en los talonarios o desprendibles de las cuentas de ahorro de los clientes, los cuales no aparecen con valores timbrados de retiro y contienen “unos valores en manuscrito y en distintos tipos de letras que tampoco coinciden con los valores registrados en la cinta interna del Banco y en los Extractos mensuales”, talonarios manejados por agentes externos del Banco y que son terceros dependientes de los presuntos damnificados que a la fecha ya no laboran en Nestlé de Colombia, siendo posible que cualquiera como por ejemplo el mensajero de dichos clientes, hubiera alterado las cifras aludidas por las personas que elevaron la queja; que al final de cada jornada diaria, el cajero debe efectuar el cierre y cuadre de las operaciones realizadas, y por consiguiente no se explica por qué después de varios meses, es que los mencionados clientes se percatan de algunos faltantes; y que “los documentos timbrados y originales que deberían reposar en el banco gozan de la presunción de autenticidad, mal puede dicha entidad, cotejar y cruzar sumas con el talonario allegado por los quejosos clientes, mal elaborados, a manuscrito, por valores diferentes, con borrones y enmendaduras, etc., para presumir que dichos documentos son los verdaderos, y dejar por el piso una trayectoria de más de diez (10) años de servicios prestados ... con probidad, honestidad y responsabilidad, pues en su hoja de vida no existen llamados de atención y mucho menos sanciones”, además que dentro de las funciones asignadas no está la de guardar y custodiar los comprobantes de las operaciones efectuadas por cada cajero.
Finalmente, manifestó que de conformidad con el “Título XXIX indemnizaciones, numeral 3, Literales a), b), c) y d), y último inciso, de la Convención Colectiva del año 1972, y artículo 21, cláusula 10ª, Convención Colectiva año 1998, Artículo 11º, por tener más de diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa comprobada, el juez de trabajo podrá, mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo que antes gozaba y al pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el anterior literal d) de esta cláusula” consistente en 66 días adicionales de salario sobre los 88 básico del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional por fracción.
La accionada al contestar la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones; al referirse a los supuestos fácticos que las soportan, admitió la relación laboral para con la demandante, los contratos de trabajo celebrados, los extremos temporales, el cargo desempeñado, y la queja presentada por los clientes afectados con las transacciones bancarias irregulares, y en cuanto a los demás hechos expresó que unos contenían era apreciaciones o interrogantes equivocados de la parte actora, que otros no le constaban y que los restantes no eran ciertos; propuso la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones que se declaró no probada en la primera audiencia de trámite, y las de fondo que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, compensación, falta de causa para pedir, buena fe, pago, improcedencia e incompatibilidad del reintegro, y la genérica.
En su defensa adujo que la demandante incurrió en hechos y omisiones constitutivos de justa causa de despido; que la entidad demandada tuvo conocimiento de los hechos concretos que dieron origen a la ruptura del vínculo contractual, al emitirse el informe por parte de la contraloría de la Institución distinguido como “CONT.USEG 2178”, en el cual se determinó que la actora fue la responsable de las irregularidades que se presentaron, e inmediatamente se le llamó a descargos, diligencia que fue aplazada por las partes para el 27 de enero de 2000; que las faltas graves que cometió la trabajadora como cajera de la oficina calle 94, cuya terminal de caja estaba ubicada en las instalaciones de Nestle de Colombia, se encuentran descritas en la respectiva carta de despido; que el procedimiento que afirma la parte demandante inobservó el banco es para la imposición de sanciones, y como es sabido que el despido no tiene ese carácter, para efectos de los despidos de trabajadores de la accionada, lo que se aplica es lo consagrado en el “artículo 32 de la Convención Colectiva de 1966, el artículo 21 de la Convención de 1972 y la Cláusula 5ª de la Convención Colectiva de 1978” que se cumplió a cabalidad; que el reintegro impetrado a más de ser improcedente es abiertamente desaconsejable “pues es claro que una persona que registra varias transacciones en sumas equivocadas no merece ninguna confianza para ejercer el cargo de cajera en una entidad financiera”; y que a la promotora del proceso se le canceló la totalidad de salarios y prestaciones sociales legales o extralegales, sin que se le adeude suma por ningún concepto.
La primera instancia la desató el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 16 de abril de 2007, en la que absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, y condenó en costas a la parte actora.
Apeló la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, con sentencia que data del 30 de noviembre de 2007, confirmó íntegramente el fallo absolutorio del a quo y condenó en costas de la alzada al recurrente.
El ad quem comenzó por advertir, que no es materia de discusión la presencia de diversos contratos de trabajo entre las partes, siendo el último el de duración indefinida con una vigencia del 1º de febrero de 1989 al 13 de marzo de 2000, momento en el cual el banco demandado estaba constituido como una sociedad de economía mixta sometido al régimen de empresas industriales y comerciales del Estado; y luego verificó la existencia de las diferentes convenciones colectivas de trabajo con la respectiva constancia de depósito, un fallo de homologación o laudo arbitral, y la condición de la demandante como beneficiaria de esos acuerdos colectivos.
A reglón seguido, la Colegiatura se refirió a la terminación del contrato de trabajo de la actora, destacando que la trabajadora corre con la carga de demostrar el hecho del despido y la empleadora su justificación; y en este orden, encontró acreditado el ‘despido’ con la comunicación obrante a folios 18 a 27 del cuaderno principal que pasó a transcribir en los apartes que estimó de mayor trascendencia; y frente a los motivos invocados como falta grave, infirió del restante material probatorio, que por lo menos uno de los hechos alegados se pudo establecer y tipifica las irregularidades en que incurrió la accionante, quien aceptó su equivocación, además que permitió la ocurrencia de tales anomalías por responsabilidad imputable a ésta en varias oportunidades, evidenciándose una falta de cuidado en las transacciones por ella efectuadas, conociendo el procedimiento a seguir dada su antigüedad, lo que resulta reprochable al involucrar movimientos de dinero a esta confiados, cuya seguridad puso en peligro, lo que se traduce en un incumplimiento e inobservancia de las funciones asignadas, la gravedad en su conducta y la “comprobación de la justa causa”, dando al traste con lo pretendido, y al respecto textualmente dijo:
“(…..) En este orden de ideas, se colige de la anterior (refiriéndose a la carta de despido), que la conductas que adujo la entidad bancaria, las cuales anunció y le correspondía probar en juicio, estaban bajo la responsabilidad de la actora, observándose a folio 106 y s.s. del cuaderno anexo, las funciones del cargo ocupado por doña ALBA LUCIA POVEDA RINCÓN, conocido por ella, ver respuesta a la pregunta 3 del interrogatorio de parte (fI. 120 - 123), señalando la propia demandante en la diligencia de descargos (fl. 7 cdno. anexo), las funciones que debía desempeñar al servicio del banco, entre otras: “recibir del cliente autorizado el documento de identificación, junto con el talonario de ahorros, verificar que el retiro este correctamente diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, verificar que se cumplan las condiciones de manejo definidas por el titular”, señalando también, más adelante, en la misma diligencia, en relación con las consignaciones investigadas: “...Si bien es cierto, algunas de ellas pueden asumirse como valores expresados en miles de pesos, también es cierto, que varios de los desprendibles no son elaborados por la misma persona, no tienen la información referente a la fecha, los desprendibles están mal diligenciados, tienen tachones, enmendaduras, se mencionan conceptos por los cuales se hacían los retiros..” (fI. 11 cdno. anexo), coligiéndose en consecuencia que tales desprendibles no estaban correctamente diligenciados, razón por la cual la demandante debía abstenerse de dar trámite a las mismas; sin embargo, lo cierto es que se realizaron dichos procedimientos, evidenciándose de acuerdo a la documental de folio 21 y siguientes del cuaderno anexo, oficio dirigido al Gerente Regional de Bogotá, por el Jefe de la unidad de seguridad de la entidad, que da cuenta de reclamación presentada por los representantes de Nestlé de Colombia, calendado 7 de diciembre de 1999, verificándose a folio 28 y 29 del cuaderno principal la queja presentada por el señor Santiago Figueroa, con fecha 19 de noviembre de 1999, donde se afirman las irregularidades presentadas en la cuenta de la compañía Nestlé de Colombia.
El testimonio vertido en las diligencias por el señor LIBARDO MURILLO CUEVAS (fI. 130 a 134 cdno. ppal.), da cuenta de las inconsistencias que existieron de julio a septiembre de 1999 donde se presentó una diferencia de $ 680.000, haciendo un relato de lo sucedido y del procedimiento realizado, precisando en su declaración que en el retiro del 11 de agosto de 1998 “...donde se estableció que el retiro había sido efectuado por 415.000.00 pesos y aparecía registrado por 425.000.00...”, “... esta situación es similar a la reclamación que presentaron los doctores antes citados, en cuanto a que en el extracto se les registró una suma superior a la del retiro...”, dándosele credibilidad al deponente por cuanto recoge la investigación adelantada por un funcionario de su dependencia, sin que sea ésta la oportunidad para entrar a resolver sobre la supuesta tacha del testigo, toda vez que la misma no fue propuesta en oportunidad, esto es, previamente a recibirse su declaración, tal como lo establece el art. 58 del Código de Procedimiento Laboral. Adicionalmente no existen razones para que conduzcan a desestimarlo, precisamente por su posición dentro del elenco empresarial, que le permite tener un mejor conocimiento.
Por otra parte, tampoco aplica la tacha propuesta por la parte actora por las mismas razones señaladas contra la señora EDILMA GONZÁLEZ ARIAS (fl. 136 a 140 cdno. principal), quien en principio, corrobora lo anteriormente expuesto y afirma que en el caso de autos, ocurrieron una serie de anormalidades presentadas en el manejo de la caja, así como una cantidad de omisiones en el ejercicio de sus funciones, y de otro lado, porque la deponente vierte su dicho dentro del presente juicio no como testimonio, sino como interrogatorio de parte de la demandada.
A folio 33 del cuaderno anexo, se observa el desprendible Nº 280024 por valor de $ 415.552 que data del 11 de agosto de 1999, relacionado en el informe presentado por el jefe de contraloría-unidad de seguridad del banco (fl. 24 cdno. anexo), observándose a folio 81 del cuaderno principal, el extracto de cuenta, en donde se relaciona un retiro por $ 425.552, y que se colige es el que acepta la demandante en la diligencia de descargos al señalar: “...yo misma informe a la oficina sobre el retiro encontrado timbrado por $ 10.000 de más, la primera sorprendida fui yo, según eso tuve una equivocación al momento de digitar, pues soy humana y errar es de humanos...”, probándose de ésta manera que al menos una de las transacciones invocadas por la demandada para dar por terminado el contrato de trabajo se surtió en forma errónea, hecho que ratifica la demandante al absolver interrogatorio de parte dentro del presente juicio, (fl. 120, 123).
Siendo consecuente con el recaudo probatorio referido, estima la Sala, que es suficiente para establecer no solo que por lo menos uno de los hechos citados en la carta de despido existió y que evidentemente tipifica las irregularidades en que incurrió la demandante, permitiendo la ocurrencia de las anomalías reseñadas, sino que fueron por responsabilidad imputable a la actora, toda vez que se evidenció una falta de cuidado en las transacciones por ella efectuadas, aceptando la actora su equivocación, conociendo el procedimiento a seguir, resultando reprochable su actitud, no solo por la antigüedad de la actora dentro del Banco, sino también por permitir la ocurrencia de las referidas irregularidades en varias oportunidades, en funciones que involucran movimientos de dineros a ella confiados, conducta que adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta el giro empresarial del empleador, que por su naturaleza de entidad bancaria, resulta inadmisible esa conducta en sus servidores pues resta a la capacidad laboral idoneidad, y confianza, toda vez, que coloca en peligro la seguridad de los dineros confiados, destacándose que en orden a tipificar esta causal, importa la conducta misma y no los resultados que ocasionan su actuar, bien por acción u omisión, basta demostrar el peligro creado por el sujeto subordinado, para que se configure la causal en el evento de calificarse como grave la conducta, que además en el presente caso resulta imperdonable por la antigüedad de la demandante y en tratándose de una entidad financiera, indudablemente genera una obligación de observar un riguroso cuidado en el manejo de los bienes confiados, comportamiento no acatado, tal como se extrae, de las pruebas recaudadas, al respecto resulta pertinente precisar que el incumplimiento e inobservancia de las funciones, genera la gravedad citada en la conducta de la actora, incluso en las causales señaladas en el contrato de trabajo folio 11 vto.”.
A continuación trajo a colación lo dicho por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 1976 sobre la negligencia, y concluyó la improcedencia de las peticiones por depender de no haber encontrado una justa causa para el despido, que en este caso si se comprobó.
Finalmente en lo que atañe al procedimiento o trámite para el despido, el fallador de alzada manifestó que se cumplió a cabalidad, y en relación al tiempo en que duró la investigación que adelantó la entidad bancaria, lo consideró razonable en virtud de la compleja investigación, y expuso:
“(….) Ahora, como quiera que la actora afirma que no se siguió el procedimiento, lo cierto es que el trámite que persigue la demandante se aplique, es el previsto para imponer sanciones en el ejercicio del cargo, mientras que lo aquí ocurrido fue la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo; al respecto vale citar que la entidad bancaria estaba amparada por norma convencional para tal determinación, tal como se extrae de la convención colectiva de trabajo suscrita el 14 de febrero de 1966 (fI. 203 a 229), depositada en término (fI. 230), observándose en su artículo 32:
“Antes de dar por terminado un Contrato por justa causa, por aplicación del artículo 70 del Decreto 2351 de 1965, el banco dará al trabajador la oportunidad de ser oído, asistido por dos representantes del Sindicato al cual perteneciere...”.
Verificándose que lo allí dispuesto, se cumplió a cabalidad, conforme se extrae de la diligencia de descargos visible a folio 30 y siguientes del cuaderno principal.
De esta manera, lo que se aprecia es que la demandante con su conducta incurrió en las causales previstas en la ley, reseñadas por la accionada en la misiva de terminación del contrato de fecha 13 de marzo de 2000 (fI. 18 a 27 Cdno. principal), comunicada dentro de un lapso razonable a la demandante, después de ocurridos los hechos, y mientras se efectuaban las investigaciones de rigor, adicional a ello es preciso recordar, conforme lo informan las partes, que los desprendibles originales de cada operación irregular no fueron encontrados ni por el banco ni por el departamento de seguridad, por lo que se colige hizo más compleja la investigación que culminara con la decisión de terminar el vínculo contractual”.
Persigue la parte actora con el recurso extraordinario, que esta Corporación CASE la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, revoque el fallo del a quo, para en su lugar condenar al Banco demandado de acuerdo con lo pedido en la demanda inicial, proveyendo lo que corresponda por costas.
Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964, y formuló un cargo que mereció réplica, el cual se estudiará a continuación.
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos “461, 467, 468, 470 (modificado por el 37 del Decreto 2351 de 1965) y 471 (modificado por el 38 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 60 (numerales 1º, 5º, 6º, 8º y 9º), 66 (numerales 4º, 6º, 7º y 10), 58, 60 y 104 a 125 del mismo Código, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, 8º de la Ley 153 de 1887, 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1626, 1648, 1649 y 1973 del Código Civil, 177 y 195-2 del Código de Procedimiento Civil y 61 del Código Procesal del Trabajo”.
Violación que afirmó se produjo por la comisión de los siguientes errores de hecho en que incurrió el juez colegiado:
“1. Dio por demostrado, sin estarlo, que hubo justa causa para el despido.
2. Dio por demostrado, sin estarlo, que el despido fue oportuno”.
Relacionó como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:
“La comunicación de despido (folios 18 a 27 del cuaderno principal); el acta de descargos (folios 5 a 13 del cuaderno anexo); el documento elaborado por el jefe de seguridad de la entidad demandada (folios 21 a 29 del cuaderno anexo); el documento del vicepresidente adjunto de Nestlé (folios 28 y 29 del cuaderno principal), el documento del folio 33 (cuaderno anexo); el testimonio de LIBARDO MURILLO CUEVAS (folios 130 a 134 del cuaderno principal) y el interrogatorio de la representante del Banco demandado Edilma González Arias (folios 136 a 140 del cuaderno principal)”.
Para la demostración del cargo, la censura reprodujo lo dicho por el Tribunal, y a continuación planteó lo siguiente:
“DEMOSTRACIÓN DEL PRIMER ERROR DE HECHO
La apreciación probatoria que el H. Tribunal hace de la transcripción que extrae y transcribe del documento del folio 11 del cuaderno anexo, es ostensiblemente equivocada. Ese folio hace parte de la diligencia de descargos (folios 9 a 13 del cuaderno anexo). Lo que el H. Tribunal transcribe es un aparte de la declaración de la demandante. El Tribunal lo sacó de su contexto.
La declaración integral (de la demandante) comienza en el último de los párrafos del folio 9 del cuaderno anexo. Allí la demandante alude a la comunicación de los ejecutivos de Nestlé y pide que se investigue la actuación de los funcionarios que a nombre de los ejecutivos de esa empresa y con su autorización hicieron los retiros de las cuentas de ahorro. Pide, al folio 10, que el Banco tenga en cuenta y que investigue las operaciones de la cuenta del cliente Santiago Figueroa Serrano, pues los datos reales no coinciden con la información que suministró la Unidad de Seguridad del mismo Banco en cuanto al valor del desprendible de ese cliente y presenta un cuadro comparativo para demostrar las inconsistencias. Hace lo propio con el caso del cliente Claude Rey Terrapon. Y en seguida sí figura, al folio 11, la declaración de la demandante que transcribió el H. Tribunal. Allí indudablemente se refiere a los talonarios de las libretas de ahorro, mismos que tiene todo cuenta habiente, llámese chequera o libreta de ahorros, es decir, un documento del titular de la cuenta, que por ser de él siempre lleva anotaciones manuscritas (del cliente o de cualquier persona) de todo tipo.
Pues bien, de allí, de la declaración del folio 11 del cuaderno anexo, el Tribunal da por probado que los desprendibles de los talonarios de las cuentas de ahorro no estaban correctamente diligenciados y que por esa razón la demandante debió abstenerse de tramitarlos.
Pero la conclusión del H. Tribunal, la que utilizó para dar por demostrada la justa causa alegada en la comunicación de despido, es incorrecta: 1. Porque las observaciones que hace la demandante en la transcripción del folio 11 citado se refieren a unas anotaciones que usualmente hace toda persona que posee una chequera o talonario de cuenta de ahorro; y 2. Porque según la comunicación de despido, el motivo que lo determinó nada tuvo que ver con la forma como los clientes del Banco diligenciaron o conservaron sus propios talonarios de cuenta de ahorros: el contrato no fue roto por haber pagado unos retiros con base en formularios mal diligenciados.
Luego el H. Tribunal: 1. No entendió lo que dijo la demandante al folio 11; 2. Creó un motivo de despido que no fue invocado por el Banco para dar por terminado el contrato; 3. Y, asumió, contra la evidencia que surge de la comunicación de despido, que la causa de la terminación del contrato fue el hecho de haber pagado al cuenta habiente unas sumas de dinero con base en formularios mal elaborados que no ha debido diligenciar (la demandante).
En el mismo párrafo que este cargo transcribió de la sentencia del Tribunal, ese colegiado alude a los documentos de folios 21 a 29 del cuaderno anexo y al documento de folios 28 y 29 del cuaderno principal.
No dice el H. Tribunal qué es lo que prueban esos dos documentos. Pero si pudiera entenderse que son la demostración de las causales o motivos indicados en la comunicación de despido, incurrió en errada y ostensible apreciación probatoria, por lo siguiente:
El documento de folios 21 a 29 del cuaderno anexo es un escrito firmado y elaborado por LIBARDO MURILLO CUEVAS, de la Contraloría del Banco, de su Unidad de Seguridad. O sea que se trata de un documento proveniente de una de las partes; que no es un documento proveniente de un tercero; que no es un testimonio. Allí se consignan, en extenso, los motivos que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo de la demandante.
Por lo mismo, ese documento no prueba las causales o motivos que utilizó el Banco para romper unilateralmente el contrato de trabajo: 1. Porque se trata de un escrito proveniente de la parte demandada, misma interesada en demostrar el hecho que le favorece; 2. Porque a nadie le está dado crear su propia prueba. Porque todo lo que indica el documento de folios 21 a 29 del cuaderno anexo, en coincidencia con la comunicación de despido, es el hecho que debía probar, según lo establece la regla de juicio del artículo 177 del CPC.
El documento de folios 28 y 29 del cuaderno principal tampoco demuestra los hechos invocados en la comunicación de despido. Lo que demuestra es la queja de uno de los clientes de la entidad, el señor SANTIAGO FIGUEROA, de la Vicepresidencia de Nestlé, por la indiscutible morosidad del Banco en darle una explicación por el manejo irregular que la misma entidad bancaria le dio a su cuenta de ahorros. El cliente SANTIAGO FIGUEROA le dice al Banco, en noviembre de 1999, que desde septiembre su cuenta registra irregularidades y que el Banco, que no la demandante, ha adoptado “...una actitud totalmente elusiva, dándoles ‘largas al asunto’. ¿Cómo es posible que llevemos cerca de tres meses con esto?”
El H. Tribunal tomó apoyo en la declaración de LIBARDO MURILLO CUEVAS, visible del folio 130 al 134 del cuaderno principal, para dar por demostrado que desde julio hasta septiembre de 1999 se presentaron inconsistencias que arrojaron un faltante de $ 680.000.
Pero el H. Tribunal no podía tomar apoyo en esa declaración.
LIBARDO MURILLO CUEVAS era el director del área de seguridad del Banco, como lo reconoce el folio 130; y no fue él quien hizo la investigación que se adelantó contra la demandante; la hizo, como él mismo lo admite al folio 131 (“Contra la funcionaria se adelantó una investigación por parte del señor HÉCTOR RAMIRO PÉREZ PEÑA investigador adscrito al área de seguridad...”). Luego LIBARDO MURILLO CUEVAS es un testigo indirecto, de segunda mano. Por lo mismo, lo único que prueba es que encomendó a otro funcionario la investigación de unos hechos; pero no es atendible su discurso sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, porque todo testigo, que realmente lo sea, también debe explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales percibe los hechos, y esto no se cumple aquí, pues de la propia declaración de MURILLO CUEVAS surge que su conocimiento no deviene de los hechos, sino, a lo sumo, de un informe que otra persona elaboró.
Aunque el H. Tribunal sostiene que el testimonio de MURILLO CUEVAS es admisible, porque, en general, es creíble el dicho de quien asume el conocimiento de un hecho “por su posición dentro del elenco empresarial”, esa teoría no aplica aquí, porque una cosa es que esa posición le permita a un funcionario de la organización aprehender el conocimiento de un hecho y otra que el testigo simplemente utilice la información que otra persona le suministre.
Y en relación con MURILLO CUEVAS el H. Tribunal incurre en otro grave error de apreciación, que adicionalmente es un despropósito, porque estima, contra toda lógica, que ese testimonio es atendible porque lo respalda otro, que a su modo de ver no es tal testimonio, sino el interrogatorio de parte (del Banco), el que rindiera la abogada EDILMA GONZÁLEZ ARIAS (fls. 136 a 140 cdno. ppal.).
El encabezamiento del acta de folios 136 a 140 indica, efectivamente que la abogada EDILMA GONZÁLEZ ARIAS actuó, allí, en “INTERROGATORIO DE PARTE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA (a solicitud de la parte actora)”. Y en el mismo folio 136 dice la doctora EDILMA GONZÁLEZ ARIAS: “Conocí a la demandada (sic) como funcionaria de Bancafé y específicamente porque como Representante del Banco en mi calidad de Abogada del departamento laboral, grupo disciplinario la escuché en diligencia de descargos y conocí sobre la conducta que le fue endilgada y la cual motivó la cancelación del contrato de trabajo con justa causa”.
También aquí, con el interrogatorio o testimonio, pero básicamente con la versión que consta en la referida acta de la abogada EDILMA GONZÁLEZ ARIAS, erró ostensiblemente el Tribunal al darle respaldo, con ella, a la declaración de LIBARDO MURILLO CUEVAS y al tomar apoyo adicional para demostrar los motivos invocados por el Banco en la comunicación de despido: 1. Porque la mencionado testigo es la parte demandada misma; 2. Porque a nadie le está dado crear la prueba del hecho que le favorece; 3. Porque el hecho del despido debe ser probado por el empleador que lo alegue, como lo enseña el artículo 177 del CPC, cual ocurre con la regla de distribución de la carga de la prueba del motivo del despido de un trabajador, como lo tiene dicho la jurisprudencia; 4. Porque si la abogada EDILMA GONZÁLEZ actuó como representante del Banco en la investigación y fue de la diligencia de descargos de donde derivó el mediato conocimiento de los hechos, es testigo indirecto y por lo mismo no es creíble.
La demandante nunca negó que se hubiera cometido el error que reseña el Tribunal, según la expresa mención que hace, el sentenciador, a los documentos de folios 33, 24 y 81, como lo reconoce el propio Tribunal al tomar un aparte de su declaración de folios 120 y 123. Tuvo que reconocer, también, que fue la única transacción irregular que encontró demostrada, pues textualmente se lee en la sentencia: “probándose de esta manera que al menos una de las transacciones invocadas por la demandada para dar por terminado el contrato de trabajo se surtió en forma errónea, hecho que ratifica la demandante al absolver interrogatorio de parte dentro del presente juicio (fls. 120, 123)”. Y en seguida, este otro error de juicio: “Siendo consecuente con el recaudo probatorio referido, estima la Sala, que es suficiente para establecer no solo que por lo menos uno de los hechos citados en la carta de despido existió y que evidentemente tipifica irregularidades en que incurrió la demandante...”, etc.
Pues bien, los documentos de folios 33 del cuaderno anexo y 81 del principal solo indican que hubo un error, por $ 10.000, que, según la indivisible declaración de la demandante, transcrita por el tribunal, le fue informada al banco.
Y el error del H. Tribunal estuvo: 1. En que asumió que ese único error demostró una cadena de 16 irregularidades que se le imputaron a la demandante, siendo que “...el recaudo probatorio referido”, o sea, las mismas pruebas que en estricto orden ha examinado este cargo de la casación, indican todo lo contrario de lo que encontró probado el Tribunal; 2. En que asumió que bastaba la prueba de ese único error de los $ 10.000 para que se configurara la causal o motivo invocado en la comunicación de despido, siendo que el propio Banco, en el mismo documento comunicatorio, consideró que ese error no era la causa del despido, sino el conjunto de actuaciones irregulares que, como quedó visto, no probó.
En efecto, en la comunicación de despido se lee:
“Su argumento en cuanto a que ‘sobre el retiro encontrado timbrado de más, la primera sorprendida fui yo, según eso tuve una equivocación en el momento de digitar, pues soy humana y errar es humano’ (Subrayado fuera del texto) no es de recibo toda vez que dicha equivocación se presentó en forma reincidente, pues todos los pagos de los dieciséis recibos aparecen digitados por mayores sumas y menos aún, se pueden aceptor equivocaciones como la descrita, puesto que su atención debe estar dirigida a efectuar el registro de las operaciones conforme al valor que se cita en el respectivo comprobante de retiro” (fl. 25 cdno. ppal.).
Por eso, si el H. Tribunal hubiera relacionado el documento del folio 31 del cuaderno anexo, al igual que el del folio 81 del cuaderno principal, con la comunicación de despido, habría dado por demostrado que ese único error, que como tal lo admitió la demandante, no fue la causal o motivo que determinó el despido, que sí lo fue la reincidencia, que no se probó.
DEMOSTRACIÓN DEL SEGUNDO ERROR DE HECHO
Pues bien, no desconoció el H. Tribunal la jurisprudencia reiterada sobre la inmediatez del despido contenida, entre otras, en la sentencia de casación de 30 de junio de 2005 con Radicado 24821, invocada expresamente en el escrito con el que la parte demandante sustentó la apelación contra la sentencia del Juzgado, ni cuestionó, porque es un hecho del proceso, que pasaron 210 días desde la fecha de la presunta falta hasta la fecha del despido, que ocurrió el 13 de marzo de 2000, como lo indica la comunicación de despido de folios 18 a 27 del cuaderno principal. Es decir, de esa misma comunicación surge la prueba del espacio de tiempo que medió entre las presuntas faltas y la determinación de despedir.
Lo que dice el H. Tribunal es que el plazo fue razonable. ¿Por qué? Porque se adelanta una investigación, porque la investigación era compleja, porque no aparecieron los originales de cada una de las operaciones supuestamente irregulares.
Lo razonable es un concepto relativo a algo. No es un concepto absoluto. Adelantar una investigación puede o no ser un motivo que justifique el simple retardo para adoptar la decisión de despedir. Eso es cierto. Pero si ocurre que la investigación no es compleja y si adicionalmente ocurre que el motivo que podría tornar compleja la investigación no es suficiente para asumir que se justifica la demora, el juez debe dar por demostrado que no se cumplió con la inmediatez del despido.
Según la comunicación de despido fueron 16 las operaciones bancarias supuestamente irregulares. Según la comunicación de despido, el asunto era así de simple: el cuenta habiente pidió una suma de dinero, el banco la pagó, pero el banco registró, al castigar la cuenta, una suma superior.
Si el H. Tribunal hubiera leído, con mediano cuidado la carta de despido, la simple imputación, e incluso los documentos del Banco sobre la investigación o los testimonios que apreció equivocadamente, sin duda alguna habría dado por demostrado que las 16 operaciones bancarias a investigar no representaban una investigación compleja, sino todo lo contrario, una muy simple, sencilla.
Si el interrogatorio de parte absuelto por la abogada EDILMA GONZÁLEZ ARIAS y la propia comunicación de despido contienen una inferencia, que no una prueba, según la cual, del hecho probado del pago y del registro de las cuentas de los clientes del banco (los directivos de Nestlé), surge, por simple operación matemática (una sencilla resta), la irregularidad en la que incurrió el Banco respecto de sus cuenta habientes, esto indica, palmariamente, que el Tribunal apreció erróneamente esas pruebas, porque esa no fue una investigación compleja y porque para hacer esa inferencia los soportes originales no cuentan para sumarse a la complejidad que solo estuvo en la imaginación del fallador impugnado, pero no en lo que realmente se demostró.
La realidad es que cualquier juzgador, objetivo e imparcial, habría dicho y declarado probado, que el retardo de 210 días o 7 meses fue ostensible. Y eso lo confirma el cliente, el directivo de Nestlé. Desde el mes de noviembre de 1999 (y aquí el despido fue en marzo siguiente), dijo el directivo SANTIAGO FIGUEROA en su documento de folios 28 y 29: desde septiembre mi cuenta registra irregularidades y el Banco ha adoptado “...una actitud totalmente elusiva, dándoles ‘largas al asunto’ ¿Cómo es posible que llevemos cerca de tres meses con esto?”.
Quedan así demostrados los dos errores de hecho en que incurrió el H. Tribunal. Si hubiera apreciado correctamente las pruebas habría dado por demostrado que el despido no fue oportuno y que no hubo justa causa para despedir. Y si no hubiera errado de esa manera ostensible, habría aplicado rectamente la ley sustancial que señala la proposición jurídica y habría condenado al Banco demandado como se solicitó en la demanda inicial del proceso”.
El opositor a su turno, solicitó de la Corte rechazar el cargo, habida cuenta que el Tribunal para hallar la justa causa y absolver a la demandada “se apoyó principalmente en el manual de funciones, en la diligencia de descargos, en el desprendible 280024 (fl. 33), el documento de seguridad de folios 21 a 29, el documento de vicepresidente adjunto de Nestle de folios 28 y 29 y ante todo los testimonios de Libardo Murillo Cuervas y Edilma González Arias”, y frente a estos medios de convicción, la censura dejó libre de ataque la valoración que se hizo del manual de funciones que incumplió la actora y que motivó el retiro, quien admitió en el interrogatorio de parte conocerlo; que los descargos fueron correctamente apreciados, pues la trabajadora inculpada efectivamente aceptó en esa diligencia que daba trámite a los desprendibles a pesar de adolecer de defectos como tachones y enmendaduras; que las documentales mencionadas no acreditan ningún error de estimación, y la prueba testimonial no es apta para fundar un yerro fáctico; que por consiguiente la Colegiatura al encontrar demostrada la negligencia de la trabajadora y la falta de cumplimiento de funciones y procedimientos establecidos, lo cual generó los reclamos de los clientes, no pudo cometer ningún desacierto en la valoración de tales elementos probatorios, y menos con la connotación de manifiesto; y que en lo atinente a la oportunidad del despido, el sentenciador de segundo grado no desconoció el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de la falta o su conocimiento y la decisión de terminar el contrato de trabajo, sino que lo consideró razonable, lo cual está ajustado a la realidad de la investigación de los hechos, que dieron como resultado la determinación de poner fin al vínculo, y fue la trabajadora la que solicitó un término de ampliación en el curso de dicha investigación, donde “el Banco demandado en ningún momento dilató la toma de la decisión sino que cumplió con los pasos básicos para respetar los derechos legales y convencionales de la trabajadora”.
Este cargo orientado por la vía indirecta, tiende a demostrar primeramente que el Tribunal se equivocó en cuanto a identificar los motivos que llevaron al banco a dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante, y que el único error a que se refiere la sentencia impugnada no acredita las 16 irregularidades que se le imputaron a la trabajadora y por ende el mismo no se constituye en una justa causa; y en segundo lugar, a probar que el despido de que fue objeto la accionante no fue oportuno; para lo cual el recurrente atribuyó dos errores de hecho y denunció la apreciación errónea de varias pruebas. En este orden, la Sala abordará el estudio de la acusación:
1. DE LA CAUSAL O MOTIVO DEL DESPIDO Y SU JUSTIFICACIÓN
La censura sostiene que la entidad demandada lo que adujo como causal o motivo para la terminación unilateral del contrato de trabajo de la actora era un “conjunto de actuaciones irregulares” en un total de 16, las que no fueron demostradas ni debidamente identificadas, no siendo suficiente que se estableciera un único error por una transacción o retiro timbrado por $ 10.000 de más, para poder tener por justificado el despido, y que el examen correcto de las pruebas acusadas “indican todo lo contrario de lo que encontró probado el Tribunal”.
Como primera medida es de anotar, que el ad quem al analizar la carta de despido obrante a folio 18 a 27 del cuaderno del Juzgado, que trascribió en sus apartes principales, coligió que la entidad bancaria demandada había motivado la decisión de terminar el vínculo laboral de la demandante, con los hechos que allí aparecen descritos, dando por probado con esa comunicación el “hecho del despido”; lo cual conduce a afirmar que la Colegiatura en ningún momento ignoró los móviles o las varias irregularidades endilgadas que llevaron al banco a poner fin a la relación contractual.
Por consiguiente, la carta de despido no fue mal apreciada, toda vez que con aquella se tuvo por acreditado lo único que válidamente es dable establecer de ese documento, esto es, que el empleador fue quien dio ruptura al contrato de trabajo alegando justas causas.
Cosa distinta es que, el tribunal sin desconocer los verdaderos motivos de la cancelación, encontró probado el trámite irregular o anomalía imputada a la trabajadora, en una de las transacciones que refiere el empleador, que se traduce en la falta de cuidado y negligencia grave de la accionante en el cumplimiento de sus funciones, involucrando movimientos de dineros a ella confiados e inobservancia de procedimientos a seguir, lo cual fue repetitivo, resultando tal conducta reprochable no solo por la antigüedad de la demandante sino por la actividad bancaria o financiera de la demandada, siendo por tanto inadmisible el proceder de la empleada, “pues resta a la capacidad laboral idoneidad, y confianza, toda vez, que coloca en peligro la seguridad de los dineros confiados”, erigiéndose tal hecho como suficiente para configurar la causal de despido.
Para arribar a esa conclusión, el juzgador de alzada hizo derivar la responsabilidad de la actora, de la apreciación de las pruebas atinentes a los descargos rendidos cuya acta obra de folios 7 a 13 del cuaderno de anexos; al interrogatorio de parte absuelto por ésta de folios 120 a 124 del cuaderno principal; a las documentales concernientes a descripción de funciones del cargo de cajero (fls. 106 a 108 cdno. anexos), el informe del jefe de la unidad de seguridad de la entidad demandada dentro de la investigación adelantada (folio 21 a 29 ibídem), comunicación suscrita por el cliente vicepresidente adjunto de la firma Nestlé de Colombia S.A. (fls. 28 y 29 cdno. ppal.), y el desprendible del talonario de ahorros Nº 280024 (fls. 33 cdno. anexos); así como de los testimonios de Libardo Murillo Cuevas (fls. 130 a 134 cdno. ppal.) y Edilma González Arias (fls. 136 a 140 ibídem); medios de convicción que se dice muestran la existencia de un retiro por $ 425.552, el cual no coincide con el desprendible de la operación por valor de $ 415.552 que data del 11 de agosto de 1999, habiéndose en consecuencia surtido la transacción en forma errónea, mediante un trámite irregular que realizó la demandante, cuando debió abstenerse de darle curso, al no estar correctamente diligenciada ni ajustada la operación al procedimiento que se tiene especificado para el manejo de la caja, que implica el cuidado debido de los dineros confiados, lo que generó el incumplimiento de funciones no solo en esa oportunidad sino en otras varias ocasiones como lo señala la carta de despido.
Al descender al análisis objetivo de las anteriores pruebas, esta corporación encuentra lo siguiente:
a) Como bien lo pone de presente el tribunal, la demandante confesó en el interrogatorio de parte absuelto, que conocía el manual de procedimientos —ahorros— área de caja, y que dentro de las transacciones mencionadas por la demandada para dar por terminado el contrato de trabajo, por lo menos una se “surtió en forma errónea”.
En efecto, en esta diligencia la actora admitió que en cumplimiento de sus funciones u obligaciones como Cajera, entre otros aspectos, debía verificar al tramitar los pagos de la cuenta de ahorros con talonario, que el original del retiro coincidiera con el valor que aparece en la copia del mismo que corresponde a la colilla del cliente; que según el comprobante original 280024 de la cuenta 4892-6 de la que es titular el señor Rey, el día 11 de agosto de 1999 se hizo un retiro por valor de $ 415.552, suma que igualmente estaba anotada en la copia o colilla del citado cliente; que dicha operación no se registró en la Caja por el valor indicado, sino por la cantidad de $ 425.552; que ese día cuadró Caja entre el físico —originales de las transacciones— y el dinero que se tenía, y no reportó ningún descuadre en Caja (respuesta preguntas 3, 7, 8, 9, y 10, folios 120 y 123 del cuaderno principal).
La anterior inconsistencia en la transacción por la suma de $ 415.552, también fue aceptada por la trabajadora demandante en sus descargos, en los cuales explicó el procedimiento para la recepción de pagos de ahorros conforme el manual de funciones, que consiste en “Recibir del cliente o autorizado el documento de identificación junto con el talonario de ahorros, verificar que el retiro esté correctamente diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, verificar que se cumplan las condiciones de manejo definidas por el titular”, formalizar el pago, esto es, “la entrega física del dinero al cliente, colocar al original y copia del retiro, la firma del cajero y sello de PAGADO, si el retiro es con libreta, entregar al cliente el efectivo, el talonario de ahorros y su documento de identificación, conservar los originales de los retiros para efectos del cierre y cuadre al final del día”, y que se presentó la inconsistencia de un retiro timbrado por $ 10.000 de más, y adujo que ese error de su parte obedeció a que “tuve una equivocación en el momento de digitar, pues soy humana y errar es de humanos” y alegó en su defensa que “si en la oficina se llevara a cabo el punteo de movimiento se hubiera detectado esta equivocación y no después de tres meses de ocurrido, lo que significa que existen fallas en el control de las operaciones, factor imputable al Banco” (fls. 7 y 8 cdno. anexos).
Así las cosas, del análisis integrado entre el documento en el que constan los descargos de la trabajadora y lo confesado en el interrogatorio de parte que ésta absolvió, queda al descubierto la aceptación de la actora de al menos esa inconsistencia en la transacción del cliente Claude Rey Terrapon; lo cual guarda una inescindible conexión con lo imputado en la carta de despido, en donde se atribuyó como falta grave las irregularidades cometidas por la cajera demandante en ejercicio de sus funciones, que originó faltantes en las cuentas de los clientes Santiago Figueroa Serrano y Rey Terrapon que suman $ 680.000, entre ellos la transacción en comento del 11 de agosto de 1999 - desprendible de pago 280024, presentándose en esta operación una diferencia de $ 10.000 en contra del segundo cliente de los mencionados (fls. 14 a 17 cdno. ppal.).
De suerte que, no hay ningún defecto en la valoración probatoria de los descargos y la confesión vertida en el interrogatorio de parte que absolvió la accionante, y menos con la connotación de manifiesto.
b) Pasando al documento del desprendible de marras 280024 visible a folio 33 del cuaderno de anexos, la Sala observa que tampoco fue mal apreciado, por cuanto no se distorsionó su contenido, pues efectivamente en el mismo aparece una cantidad menor ($ 415.552), frente a la registrada por la cajera demandante ($ 425.552).
c) Del informe expedido por el jefe de la unidad de seguridad de la entidad demandada dentro de la investigación adelantada, fechado 7 de diciembre de 1999, que corre a folios 21 a 29 del cuaderno de anexos, la censura no discute el contendido(sic) de esa documental, sino que argumentó que aquella no demuestra la efectiva ocurrencia de las causales o motivos que utilizó el Banco para romper unilateralmente el contrato de trabajo de la actora, porque “se trata de un escrito proveniente de la parte demandada, misma interesada en demostrar el hecho que le favorece”, a quien no le es dable crear su propia prueba.
En relación a esta alegación, cabe anotar, que este elemento probatorio con el cual se culminó la investigación interna por los varios faltantes en las cuentas de los clientes de la oficina calle 94, con extensión de caja ubicada en el edificio de Nestlé de Colombia S.A. y sobre el manejo irregular de la cajera hoy demandante; la Sala no evidencia que ese informe que se levantó con antelación al despido de la trabajadora, se hubiera prefabricado para poder demostrar la justa causa invocada tal como lo sugiere el recurrente, pues aquél está acorde con los hechos en la forma en que sucedieron y está soportado en otras pruebas que aparecen relacionadas y anexas al mismo; y por ende era posible su valoración conforme a la libre formación del convencimiento de que trata el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.
d) Respecto de la comunicación suscrita por el cliente vicepresidente adjunto de la firma Nestlé de Colombia S.A. obrante a folios 28 y 29 del cuaderno principal, no se apreció con error, en la medida que aquello que se extrae de su texto, es exactamente lo que infirió el Tribunal, valga decir, la reclamación elevada al Banco demandado por uno de los representantes de la mencionada empresa, en tornó(sic) a irregularidades en las transacciones de la sucursal calle 94 y concretamente varios faltantes de su cuenta de ahorros en el mes de agosto de 1999 que fueron cargados de más en su extracto.
e) En lo que tiene que ver con el documento de descripción de funciones del cargo de cajero que figura a folios 106 a 108 del cuaderno de anexos, el censor no lo denunció como erróneamente valorado, ni en la sustentación del cargo se hizo alusión al mismo, y por consiguiente lo dicho por el ad quem al estimarlo queda incólume; y
f) Frente a la prueba testimonial, que para el Tribunal confirma las faltas graves cometidas por la demandante, mientras que para el recurrente lo que demuestran es que el despido fue injustificado, no es dable que la Corte se adentre a su estudio, en la medida que no se acreditó ninguno de los errores de hecho endilgados con alguna de las tres pruebas calificadas dentro del recurso extraordinario, valga decir, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Aquí es de aclarar, que la deponente EDILMA GONZÁLEZ ARIAS, no rindió su declaración como representante legal de la demandada, a fin de tener su versión como una confesión atacable en casación, según lo pretende el recurrente, pues el encabezamiento de la diligencia como un “interrogatorio de parte” obedece a un lapsus calami del juzgado de conocimiento, pues mirando en su contexto la diligencia es una mera declaración de tercero, máxime que como “testigo” fue que la accionada solicitó la prueba y así se decretó (fls. 103 y 136 a 140 cdno. ppal.).
Por último, es de resaltar, que el impugnante dedicó su esfuerzo a probar que la demandante no cometió la falta atribuida por el empleador, en relación con la transacción u operación bancaria que se analizó en la sentencia recurrida, y a argumentar que el banco convocado al proceso estaba en la obligación de probar el conjunto de actuaciones irregulares señaladas en la carta de despido; pero al resultar demostrada en esta litis como justa causa uno de los hechos imputados a la trabajadora, según quedó visto, y al no hacer parte de los cuestionamientos del recurso extraordinario la efectiva ocurrencia o no de cada una de las otras transacciones irregulares, no es dable que oficiosamente esta Corporación aborde su estudio.
Al margen de lo anterior, conviene precisar, que cuando se invoca para la terminación del contrato de trabajo con justa causa, un motivo o falta derivada de varias irregularidades o anomalías cometidas por el trabajador, basta con demostrar una de ellas, puesto que si la misma tiene la identidad o fuerza para configurar la causal alegada, como en esta oportunidad ocurre en relación con la negligencia grave de la demandante en el desempeño de sus funciones, sería esto suficiente para acreditar la justificación del despido y tener por legítimo el proceder del empleador.
En sentencia del 16 de octubre de 2008 radicado 35545, proceso contra la Embajada de Canadá en Colombia, en torno a esta temática, la Sala puntualizó:
“(….) Se da por asentado que los motivos aducidos por la Embajada para el despido del actor, fueron los consignados en la comunicación enviada el 11 de abril de 2005 por el Embajador del Canadá en Bogotá al demandante, visible a folios 17 a 19, la que a la letra dice:
De esta misiva queda al canto establecido que fueron varias las causales para el despido, la desobediencia de instrucciones, el incumplimiento de plazos, la falta de atención en la elaboración de documentos, y la falta de iniciativa en el cumplimiento de labores.
Tiene por establecido la jurisprudencia que para justificar el despido aunque concurran varias causales, basta dar por acreditada una con mérito para ser justa causa”. (Resalta la Sala).
En este orden de ideas, el censor desde el punto de vista fáctico, no logró derruir las conclusiones de la alzada, en cuanto a que el despido de la actora lo fue con justas causas debidamente comprobadas, y por consiguiente resulta infundado el primer error de hecho.
2. De la inmediatez del despido
En este punto el recurrente reprocha la conclusión del Tribunal, consistente en que el despido le fue comunicado a la demandante “dentro de un lapso razonable… después de ocurridos los hechos, y mientras se efectuaban las investigaciones de rigor, adicional a ello es preciso recordar, conforme lo informan las partes, que los desprendibles originales de cada operación irregular no fueron encontrados ni por el banco ni por el departamento de seguridad, por lo que se colige hizo más compleja la investigación que culminara con la decisión de terminar el vínculo contractual”.
Al respecto, en el ataque se argumentó que “pasaron 210 días desde la fecha de la presunta falta hasta la fecha del despido, que ocurrió el 13 de marzo de 2000, como lo indica la comunicación de despido de folios 18 a 27 del cuaderno principal”; sin que la falta de inmediatez se pueda justificar con la investigación que se siguió, dado que la misma no fue “compleja” como lo asevera el Juez de apelaciones, si se tiene en cuenta que según la carta de despido fueron 16 operaciones bancarias supuestamente irregulares, siendo simple establecer que “el cuenta habiente pidió una suma de dinero, el banco la pagó, pero el banco registró, al castigar la cuenta, una suma superior”; y en estas condiciones la circunstancia de que el despido no fue oportuno, quedó acreditada con la misiva de terminación del contrato de trabajo, los documentos que hacen parte de la investigación, la reclamación del cliente directivo de Nestlé y los testimonios que se apreciaron equivocadamente.
Planteadas así las cosas, es necesario advertir, que el recurrente dejó libre de ataque la inferencia del ad quem, consistente en que “el trámite que persigue la demandante se aplique, es el previsto para imponer sanciones en el ejercicio del cargo, mientras que lo aquí ocurrido fue la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo”, y que por lo tanto la única exigencia para poder despedir a la actora, era escucharla en descargos asistida por dos representantes del Sindicato al cual perteneciera, en los términos del artículo 32 de la convención colectiva de trabajo suscrita el 14 de febrero de 1966; quedando en consecuencia incólume ese razonamiento.
Lo que significa, que para efectuar el despido de la demandante, no había lugar a la observancia de los términos perentorios fijados convencionalmente para las sanciones disciplinarias.
De tal modo, que la controversia queda contraída a definir desde una perspectiva meramente fáctica, de un lado que el motivo o causal alegada por el empleador, deja de ser trascendental o pierde gravedad, por el hecho de no ser oportuno de acuerdo a las pruebas denunciadas, convirtiéndose el despido en injusto, según lo asegura la censura; o por el contrario y de otra parte, que el tiempo que se tomó la empleadora para comunicar a la trabajadora la determinación de poner fin al vínculo, resulta razonado, como lo sostiene el Tribunal con respaldo en los medios de convicción apreciados; todo ello conforme a la relación de causalidad próxima entre el despido y el hecho invocado por el ente accionado, o la existencia de una razón valedera que justifique el postergar la decisión de romper el contrato.
La colegiatura como la censura, para establecer y cuestionar respectivamente, la inmediatez del despido, se apoyaron en las mismas probanzas que sirvieron para definir la justificación de la terminación del nexo contractual por justas causas, y por ende al remitirse la Sala a la prueba documental, se observa lo siguiente.
I) De conformidad con la carta de despido de folios 18 a 27 del cuaderno principal, a la actora se le imputaron hechos relacionados con irregularidades o anomalías, presentadas por transacciones efectuadas de cuentas de clientes de la oficina calle 94, para los meses de julio, agosto y septiembre de 1999.
II) Los clientes directivos de la empresa Nestlé de Colombia S.A., reclamaron al Banco demandado por escrito el 19 de noviembre de 1999, los dineros faltantes de sus cuentas de ahorro por las transacciones realizadas meses atrás, según la comunicación obrante a folios 28 y 29 ibídem.
III) La entidad bancaria con fundamento en la queja de sus clientes, inició la correspondiente investigación de los hechos, que culminó con el informe fechado 7 de diciembre de 1999, dirigido por el Jefe de Unidad de Seguridad al Gerente Regional Bogotá de Bancafé, como se ve a folios 21 a 29 del cuaderno de anexos.
IV) El 20 de diciembre de 1999 con la comunicación GRB.ca 8087, el consultor administrativo de la demandada remite al departamento de asuntos laborales, el informe de la unidad de seguridad del banco, para tomar las determinaciones administrativas del caso, como se muestra en la carta de folio 20 ibídem.
V) El director de recursos humanos de la accionada, mediante la comunicación DRH-dal 3025 del 29 de diciembre de 1999, citó a la demandante para escucharla en descargos el día 26 de enero de 2000, fecha que luego se modificó para el 27 de ese mismo mes y año, tal como aparece a folios 14, 16 a 19 ídem.
VI) El 27 de enero de 2000 como estaba previsto, se cumplió la diligencia de descargos de la accionante, visible de folios 5 a 13 ejusdem.
VII) Conforme a la solicitud escrita de la propia trabajadora demandante calendada 8 de febrero de 2000, ésta se dirigió al departamento de asuntos laborales del banco para peticionar la “AMPLIACIÓN DE LOS TÉRMINOS”, concediendo a la entidad un plazo hasta el 23 de febrero de igual año, para calificar sus descargos y adoptar una decisión, según misiva de folio 15 del cuaderno de anexos.
VIII) Y finalmente el 13 de marzo de 2000, la demandada comunicó a la actora la ruptura del contrato de trabajo con justas causas (fls. 18 a 27 cdno. ppal.).
De acuerdo con el anterior itinerario, no resulta descabellado lo concluido por el Tribunal, en el sentido de que era “razonable” el lapso que utilizó el empleador demandado desde el momento que tuvo conocimiento de la falta hasta cuando comunicó el despido a la demandante, pues la situación presentada ameritaba esclarecer la responsabilidad de esta cajera, a través de la averiguación correspondiente y recolección de la documental pertinente, cuya investigación y pasos que se siguieron se muestran moderados, máxime que fue la trabajadora inculpada quien peticionó la ampliación de términos luego de haber sido oída en descargos.
Además, cabe agregar, que ninguna de las otras pruebas calificadas que fueron denunciadas, desvirtúa lo que se colige de las documentales que se acaban de relacionar.
En definitiva la censura tampoco logró demostrar el segundo yerro fáctico.
De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo de la recurrente por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 30 de noviembre de 2007, en el proceso adelantado por ALBA LUCÍA POVEDA RINCÓN contra el BANCO CAFETERO S.A. hoy EN LIQUIDACIÓN.

References: artículo 21
 Artículo 11
 artículo 21
 artículo 32
 artículo 70
 artículo 87
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 32