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Timestamp: 2019-01-24 03:11:43+00:00

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﻿ SENTENCIA T-223 DE JUNIO 7 DE 2018
SENTENCIA T-223 DE 07 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:IMPORTANCIA DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LA GARANTÍA DEL DERECHO AL AGUA. SE PRECISA QUE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS SON ORGANIZACIONES PARA PROVEER A LA COMUNIDAD LOCAL DE LA NECESIDAD BÁSICA DEL AGUA, EN MUCHOS CASOS, ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSITIVOS ESTATALES ADECUADOS PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ANTE LA INDIFERENCIA DE ACTORES PRIVADOS PARA DESPLEGAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA ZONA. ESTAS FORMAS ORGANIZATIVAS REFLEJAN, EN MUCHOS CASOS, LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONALIDAD LOCAL, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS HABITANTES DE UNA REGIÓN ANTE UN ESTADO DE NECESIDAD. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS SON FIGURAS JURÍDICAS, CONSTITUIDAS PARA LA GESTIÓN DEL AGUA PRINCIPALMENTE EN ZONAS RURALES, AUTORIZADAS POR LA CONSTITUCIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO. FUNCIONAN CON BASE EN UN PROCESO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD, QUE SE INVOLUCRA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EN EL SUMINISTRO DEL RECURSO VITAL A LOS USUARIOS DE UNA ZONA DETERMINADA. CONSTITUYEN LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES DE SU INTERÉS Y DEBEN CONTAR CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EN LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DEL LÍQUIDO A TODAS LAS PERSONAS UBICADAS EN SU ÁREA DE FUNCIONAMIENTO. EN SUMA, EN LA MEDIDA EN QUE SU RÉGIMEN JURÍDICO ES EL MISMO QUE EL DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADOS, AL IGUAL QUE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO, A GARANTIZAR UN MÍNIMO DE AGUA APTO PARA CONSUMO HUMANO A LAS PERSONAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, DERECHO DE UTILIZACIÓN DE AGUAS, ACUEDUCTO COMUNITARIO
Sentencia T-223 de junio 7 de 2018
Ref.: Exp. T-6504224
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión efectuada por ese despacho judicial, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 15 de diciembre de 2017, la Sala de Selección de Tutelas 12(1) de esta corporación lo escogió para su revisión.
4. La accionante planteó su preocupación a la Personería Municipal de Tena, quien en ejercicio de sus facultades legales, presentó una reclamación ante la entidad accionada el 16 de febrero de 2017, en la que solicitó información sobre las razones que llevaron a la empresa a suspender el servicio(2). El 29 de marzo de 2017, Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. respondió que la suspensión de la acometida obedecía a que la red no atravesaba su predio, y en esa medida no era posible otorgarle un punto de agua porque no se había constituido una servidumbre que lo permitiera(3).
5. Ante la respuesta de la empresa accionada, el 6 de abril de 2017, el Personero Municipal radicó una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos, informándole que como consecuencia de las obras de cambio de tubería, se dejó de suministrar agua potable al núcleo familiar de la accionante(4). La Superintendencia corrió traslado de la queja presentada a la entidad demandada, quien mediante escrito del 24 de agosto de 2017, contestó que la suspensión del punto de captación se dio como resultado de una visita por el tramo por el que pasa la red que administra, en el que advirtió la existencia de varias conexiones ilegales, entre ellas, la de la tutelante. Refirió que al verificar en sus bases de datos, no se encontró ningún documento que acreditara a la actora como usuaria de la empresa(5).
Mediante auto del 31 de agosto de 2017(6), el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Mesa (Cundinamarca) admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos de la acción de tutela y citó a las señoras Leila Rosa Rojas y Flor Alicia Roa con el fin de obtener más información acerca de los hechos que motivaron la presentación del recurso de amparo.
Declaración de parte de Leila Rosa Rojas y Flor Alicia Roa(7)
En audiencia celebrada el 1º de septiembre de 2017, la Juez recibió la declaración de Leila Rosa Rojas y Flor Alicia Roa. La accionante informó lo siguiente: (i) la finca es de propiedad de ella y su esposo desde hace aproximadamente 10 años; (ii) cuando adquirieron el lote, este contaba con la derivación del tubo para valerse del recurso hídrico; (iii) el tubo de Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. que suministraba el agua para su predio, atraviesa el lote de un vecino, no el de su propiedad; (iv) todos los vecinos se abastecen de agua proveniente del mismo tubo, pero ella fue la única a la que le suspendieron el servicio.
Respuesta de Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.(8)
C. Decisión de única instancia(9)
— ¿La Finca La Picota, ubicada en la Vereda Cativá del municipio de Tena está ubicada en una zona de riesgo?
— ¿La Finca La Picota, ubicada en la Vereda Cativá del municipio de Tena cuenta con servicio de alcantarillado? Si la respuesta es afirmativa, informar las razones por las cuales no cuenta con la conexión a la acometida de la red local de acueducto.
— ¿El municipio de Tena presta directamente los servicios de agua y alcantarillado? En caso que la respuesta sea negativa, informar cuál o cuáles empresas se encargan de la prestación de estos servicios. En especial, deberá explicarse cómo opera la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales del municipio.
En la referida providencia también se le advirtió que podía proponer la respectiva nulidad por falta de vinculación. Como quiera que la entidad vinculada no alegó la referida nulidad, en los términos del numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, se entiende que ésta irregularidad procesal se saneó.
— ¿Cuál fue la justificación para que la empresa instalara el punto de captación o “galápago” en el predio que habita la accionante y su núcleo familiar?
— ¿Qué tipo de obligación le correspondía satisfacer a la dueña del inmueble por el uso del recurso hídrico proveniente del tubo que conduce el agua a los municipios de La Mesa y Anapoima?
— ¿Por qué nunca se instaló un medidor o registro en la derivación de la cual se captaba el recurso hídrico para la Finca La Picota, ubicada en la Vereda Cativá del municipio de Tena?
— ¿La empresa instala puntos de captación a usuarios individuales como parte de su oferta de servicios? En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones en las que se prestan dichos servicios?
— ¿A qué municipios y a qué tipo de usuarios debe prestarle el servicio de agua potable?
— ¿Cómo se cobra la prestación del servicio de agua potable dentro del área de su competencia?
— ¿Cómo garantiza la prestación del servicio de agua potable en áreas rurales?
4. Finalmente, ofició a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —Dirección Regional Tequendama— y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio —Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico—, para que informaran al despacho cuáles son los planes, programas y proyectos que se han formulado y ejecutado para garantizar el acceso al agua potable de los ciudadanos que habitan en la vereda Cativá del municipio de Tena (Cundinamarca).
Respuesta de la alcaldía de Tena (Cundinamarca)(10)
Respecto de la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta puede ser ejercida (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un agente oficioso. El inciso final de esta norma, también establece que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercerla directamente.
6. La legitimación por activa de los personeros municipales ha sido reconocida de manera uniforme y reiterada por la jurisprudencia constitucional(11), con fundamento en la habilitación referida y en las funciones constitucionales que la personería tiene asignadas para la defensa local de los derechos fundamentales(12). Así, se ha establecido que su intervención en los trámites de tutela, queda condicionada a (i) la indefensión de la persona o el grupo de personas afectadas; (ii) la solicitud de mediación que aquellas le hagan(13); (iii) la individualización o determinación de las personas perjudicadas y (iv) la argumentación en torno a la forma en que se ven particularmente comprometidos sus derechos fundamentales.
La Sala resalta que el incumplimiento del deber de identificar e individualizar a las personas afectadas por la amenaza o violación de sus derechos fundamentales que se denuncia, conlleva la improcedencia del reclamo constitucional(14).
8. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y/o particular. En esa medida, la legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada(15).
En el caso objeto de estudio se advierte, de una parte, que la Alcaldía Municipal de Tena, por disposición constitucional, tiene el deber de garantizar la prestación de los servicios públicos, entre ellos, el de suministro de agua, y de otra, que Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. es una entidad encargada de la prestación del servicio público de acueducto. En tal virtud, como la acción de tutela se dirige contra una autoridad pública y un particular que presta servicios públicos, la Sala encuentra que ambas entidades están legitimadas por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 superior y 42 del Decreto 2591 de 1991(16).
— Subsidiariedad e inmediatez(17)
9. El requisito de inmediatez hace referencia a que la acción de tutela se debe interponer dentro de un plazo razonable y proporcional al hecho o acto que generó la violación de los derechos fundamentales invocados, con el objetivo de evitar que se desvirtúe la naturaleza célere y urgente de la acción de tutela, o se promueva la negligencia de los actores y que la misma se convierta en un factor de inseguridad jurídica(18).
5. (sic) Esta corporación ha resaltado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad(19). Sin embargo, como se mencionó, la solicitud de amparo debe formularse en un término razonable desde el momento en el que se produjo el hecho presuntamente vulnerador de los derechos fundamentales. Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo después de la acción u omisión que se alega como violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante y urgente de la protección inmediata.
6. En síntesis, la jurisprudencia de este tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho fundamental(20); (ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros; e (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
10. En el caso bajo estudio, la Sala considera que el periodo de seis meses transcurrido desde que la empresa accionada contestó la petición formulada por el Personero de Tena (Cundinamarca) en representación de la accionante, hasta la presentación del recurso de amparo es razonable y proporcionado(21). Así mismo, la Corte destaca que no se presentó un periodo de inactividad injustificada por parte de la actora, pues durante ese lapso también acudió ante la Superintendencia de Servicios Públicos para buscar una solución para su problema de suministro de agua, y sólo hasta el momento en que la empresa reafirmó ante dicha autoridad su decisión de suspender el punto de acceso al agua proveniente del tubo de aducción, fue que la actora decidió presentar la acción de tutela. Por lo anterior, se tiene por cumplido el requisito de inmediatez.
11. Según el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política, el requisito de subsidiariedad se refiere a que la acción de tutela procede cuando el afectado (i) no cuenta con otros medios de defensa judicial, (ii) o dichos medios no son idóneos ni eficaces, o (iii) a pesar de que dispone de otros medios judiciales que resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable(22).
(ii) A pesar de existir otro medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable(23), caso en el cual la acción de tutela procede, en principio, como mecanismo transitorio. No obstante, la Corte ha reconocido que en ciertos casos, si el peticionario está en situación de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede realizar el examen de la transitoriedad de la medida, en atención a las especificidades del caso, en particular a la posibilidad de exigir al accionante que acuda después a los medios y recursos judiciales ordinarios y concluir que resulta desproporcionado imponerle la carga de acudir al mecanismo judicial principal(24).
13. Sobre la procedencia de la acción de tutela para exigir la protección del derecho fundamental al agua, es preciso traer a colación lo expuesto en la Sentencia T-348 de 2013(25), la cual explicó que la característica para determinar la posibilidad de ejercer la acción de amparo depende de que la pretensión sea obtener agua para consumo humano:
14. Específicamente en cuanto a la procedencia de la acción de tutela para discutir la suspensión del servicio de agua para familias en situación de debilidad manifiesta, existe una línea jurisprudencial consolidada y uniforme que, en esta oportunidad, se reitera. Por ejemplo, en Sentencia T-980 de 2012(26), la Sala de Revisión dijo:
Empero, en los eventos en que las empresas de servicios públicos domiciliarios afecten de manera evidente derechos fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la igualdad, la educación, la seguridad personal, la salud, la salubridad pública, los derechos de los desvalidos, etc., el amparo constitucional puede resultar procedente”.
En la Sentencia T-242 de 2013(27), se reiteró la tesis expuesta, así:
16. Ahora bien, esta corporación ha establecido un conjunto de criterios en los que la acción de tutela no procede para reclamar el suministro de agua. De acuerdo con la Sentencia T-418 de 2010(28), la acción de tutela es improcedente cuando se presente alguno de estos supuestos:
(v) cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela(29);
(vii) cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela”.
17. Lo anterior permite evidenciar que a la luz de la jurisprudencia constitucional, el componente subjetivo del derecho al agua no es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, si se pretende acceder al suministro por medios ilegales o sin el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales para disponer del recurso vital. En estas circunstancias, como lo explicó la Sentencia T-546 de 2009(30), la persona pierde legitimidad para presentar posteriormente la acción de tutela, cuando utiliza las vías de hecho y de derecho al mismo tiempo.
Naturaleza y alcance del derecho fundamental al agua potable. Reiteración de jurisprudencia
(i) El agua en cualquiera de sus estados es un recurso natural insustituible para el mantenimiento de la salud y para asegurar la vida del ser humano(31);
(ii) El agua es patrimonio de la Nación, un bien de uso público(32);
(iii) Es un servicio público esencial a cargo del Estado(33);
(iv) Se trata de un elemento básico del ambiente, y por ende su preservación, conservación, uso y manejo están vinculados con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano(34);
(v) El derecho al agua potable destinada al consumo humano es un derecho fundamental, de naturaleza subjetiva, sobre el cual, se cimientan otros derechos del mismo rango constitucional (v.gr., el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas)(35).
21. El sustento jurídico de este derecho, reposa en varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En 1977, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, se declaró que “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable”(36).
22. Los instrumentos internacionales han reconocido el derecho al agua a partir del establecimiento de obligaciones específicas de suministro del líquido para garantizar los derechos humanos de las personas. Instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(37), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(38), la Convención sobre los derechos del niño(39) han determinado que para gozar del derecho a un nivel de vida adecuado es necesario el acceso al agua.
Uno de los insumos más relevantes para el desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho al agua es la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, según la cual “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”(40). En este orden de ideas, para el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la realización de este derecho comprende la satisfacción de los componentes de disponibilidad(41), calidad(42) y accesibilidad(43) (física(44), económica(45), igualitaria(46) y de información(47)) de este recurso.
23. De otra parte, la Corte Constitucional ha determinado que el derecho al agua tiene una faceta exigible mediante la acción de tutela, cuando está ligada al consumo humano y es un derecho fundamental. En el marco de dichos pronunciamientos, esta corporación ha reconocido la naturaleza subjetiva(48) de ese derecho, al aceptar que es fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana(49).
De esta forma, el agua para el consumo humano ha sido comprendida como una necesidad personal que permite gozar de condiciones materiales de existencia(50), así como un presupuesto esencial del derecho a la salud(51) y del derecho a gozar de una alimentación sana(52).
24. No obstante, la Sala advierte que no es posible hacer una división tajante entre agua como servicio público relacionada con el acueducto, aislada del agua como derecho fundamental relacionado con el consumo humano mínimo. Las dos facetas confluyen en ocasiones. Por ejemplo, en la Sentencia T-980 de 2012 esta corporación estudió si la suspensión del suministro de agua por parte de las empresas de servicios públicos, ocasionados por la mora del destinatario, afectaba sus derechos fundamentales. Concluyó que, en efecto, la conducta tenía incidencia en su derecho fundamental, pues, “la privación del servicio de agua potable conlleva una grave vulneración de las obligaciones que emanan del derecho fundamental al agua, específicamente las de disponibilidad y accesibilidad”(53).
Así, no existe una diferenciación radical entre la dimensión de servicio público y del derecho fundamental subjetivo al agua, que impida que los jueces de tutela conozcan asuntos sobre funcionamiento de acueductos(54). Sin embargo, es indispensable analizar, a partir de las pretensiones de la acción de amparo y las condiciones del accionante, cuál es el mecanismo judicial al que debe acudir el peticionario.
25. En este orden de ideas, al ser el agua una necesidad básica y un elemento indispensable para la existencia del ser humano, la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que este derecho fundamental, tiene un carácter: (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii) inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiva, puesto que no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o de subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de subsistencia para cada una de las personas que integran el conglomerado social(55).
26. A través de distintos dispositivos normativos se ha reconocido que del derecho al agua se derivan una serie de deberes correlativos a cargo del Estado(56). La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, ha sistematizado y clasificado dichos deberes así: (i) garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso(57); (ii) crear leyes dirigidas a la realización de los derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los órdenes (social, económico, político, cultural, etc.), no solamente en el contexto de controversias subjetivas que se sometan al escrutinio de la jurisdicción(58), y (iii) ejercer un control muy exigente sobre las actividades económicas que se desarrollan en sitios que, por expresión natural, son fuentes originales de agua(59).
28. A nivel constitucional, el artículo 311 hace referencia al deber del municipio de “prestar los servicios públicos que determine la ley y construir las obras que demande el progreso local”. A su vez, el artículo 314-3 Superior atribuye al alcalde el deber de “asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo”. El artículo 365 de la Carta Política resalta que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado”, el cual debe asegurar su funcionamiento; señala que estos pueden ser prestados directamente por el Estado, por particulares o por comunidades organizadas, pero siempre bajo la regulación, control y vigilancia del primero; y establece que el municipio prestará el servicio público “cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen”. De forma general, el artículo 366 Superior establece que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado” y precisa que “[s]erá objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
30. A nivel legal, es pertinente analizar la Ley 142 de 1994, que desarrolla el deber del Estado de asegurar la prestación efectiva de los servicios públicos, principalmente, en cabeza de los municipios, y en su artículo 5º dispone que éstos deben “[a]segurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente” (negrilla propia).
31. De acuerdo con lo anterior, es posible sostener que el Estado tiene la función de asegurar la prestación del servicio público de acueducto por mandato constitucional y que, en primera medida, dicha responsabilidad recae en los municipios. Al lado de esta responsabilidad, concurren el Departamento y la Nación, de conformidad con el artículo 288 de la Carta, que establece los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre las entidades territoriales, en los términos que establezca la ley(60).
— Prescribe los deberes de los usuarios, como el uso racional del agua.
— Indica los requisitos para la conexión del servicio, a saber, que el inmueble esté ubicado dentro del perímetro de servicio y que en la zona existan redes de alcantarillado o acueducto, entre otras (art. 7).
— Prevé que la construcción de las redes locales “y demás obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores” o eventualmente la entidad prestadora del servicio podrá encargarse de las obras a cambio de un pago de las mismas por parte de los usuarios (art. 8º).
— Advierte que los particulares no podrán utilizar las redes públicas, a menos que cuenten con autorización para ello y que “[e]n todo caso, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá realizar extensiones, derivaciones, modificaciones u otro tipo de trabajo en las redes de acueducto y alcantarillado recibidas de terceros” (art. 10), entre otras disposiciones.
34. Ante la ausencia de un servicio público, se podría sostener, a partir de una lectura sistemática de la Carta y de las leyes, que el municipio es el principal llamado a la protección del derecho fundamental al agua. Lo anterior, de conformidad con el artículo 366 de la Carta que establece que es finalidad del Estado garantizar las necesidades insatisfechas de la población, en específico las relacionadas con agua potable; y con el artículo 311 Superior que indica que el municipio debe prestar los servicios públicos que determine la ley, que es la forma más adecuada de proteger el derecho fundamental al agua. Y finalmente, porque, el parágrafo del artículo 28 de la Ley 1454 de 2011 establece que las competencias no atribuidas a otras entidades territoriales, están en cabeza del municipio(61).
De lo cual se establece más claramente que será la municipalidad colombiana la llamada a garantizar la prestación del servicio. Más aún, ha mantenido el tribunal de cierre que, cuando el servicio sea prestado por una empresa cualquiera que sea su naturaleza, esto no exime al municipio de responsabilidad y, por ende, deberá destinar dineros en el sector de agua potable y saneamiento básico a fin de garantizar la efectiva y eficiente prestación”(62).
En la Sentencia T-418 de 2010(63) esta corporación analizó, entre otros asuntos, si la administración municipal violó los derechos a la vida, a la salud y al acceso a los servicios públicos de los accionantes, al negarles el servicio de acueducto por ausencia de cobertura en sus viviendas. Al resolver el caso concreto, la Corte evidenció serias afectaciones al derecho al agua y manifestó que la Alcaldía lo vulneró, por no contar con un plan de extensión de cobertura para garantizar el acceso al agua para consumo humano por parte de los habitantes. Precisó que “[t]ratándose de una faceta prestacional del derecho, es entendible que no pueda asegurarse inmediatamente, pero como se indicó previamente, si no se cuenta con un programa que permita avanzar en la consecución del derecho, nunca se asegurará el goce efectivo del derecho, ni siquiera programáticamente”. En ese sentido, la sentencia concluyó que la Alcaldía y el Acueducto y la Asociación de usuarios del Acueducto Regional VELU desconocieron los derechos de los accionantes, e incluso, omitieron la especial protección constitucional que merecen, pues “en la medida que se trata de personas que habitan en el sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles que no sean ‘los últimos de la fila’”.
Con posterioridad, en la Sentencia T-916 de 2011(64), la Corte revisó la acción de tutela presentada por una mujer a nombre propio y en representación de su hijo, quienes vivían en una nueva urbanización de la ciudad de Bucaramanga y afirmaban que no se les suministraba agua de forma continua, eficiente y en una calidad aceptable.
39. Con el fin de facilitar mecanismos tendientes a solucionar los problemas de acceso al agua potable en zonas rurales, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1898 de 2016. Esta reglamentación prescribe expresamente que “[e]s responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”(65). Sin embargo, cuando el municipio o distrito encuentre que existan razones técnicas, operativas o socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistemas de acueducto en dichas zonas, deberán asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico mediante la formulación de los denominados proyectos de soluciones alternativas.
3. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será requerido para los inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro que entreguen agua apta para consumo humano”.
42. Como se expuso anteriormente, la Constitución se detuvo en establecer que la prestación de los servicios públicos está a cargo del Estado, las comunidades organizadas o los particulares(66). Igualmente, la Ley 142 de 1994 dispuso que las organizaciones autorizadas por esa normativa podrían prestar servicios públicos en los municipios que de acuerdo con la ley han sido clasificados como menores, en zonas rurales y áreas urbanas específicas(67). El Decreto 421 de 2000 reglamentó la participación de las comunidades organizadas en la prestación de servicios públicos y determinó que éstas podrían llevar a cabo dicha actividad una vez se constituyan como personas jurídicas sin ánimo de lucro y se registren en la Cámara de Comercio de su jurisdicción, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
(i) El señor Luis Antonio Rodríguez, esposo de Leila Rosa Rojas, adquirió el (sic) la Finca La Picota, ubicada en la Vereda Cativá del municipio de Tena (Cundinamarca) en marzo de 2008. Para el momento en que adquirieron el inmueble, en el predio se encontraba instalada una acometida a la red de aducción que conduce agua cruda desde ese municipio hasta la planta de tratamiento ubicada en La Mesa (Cundinamarca), de la cual obtenían el suministro de agua.
49. Para empezar, la Sala resalta que la accionante y su núcleo familiar son titulares del derecho fundamental al agua como cualquier otra persona, y en esa medida, en tanto derecho humano, es universal y debe garantizarse sin discriminación. La Corte encuentra que en este caso particular se vulneró el derecho fundamental al agua potable de la actora y su núcleo familiar, como quiera que (i) ha transcurrido un prolongado periodo de tiempo sin el suministro continuo del recurso hídrico —disponibilidad—, (ii) se han abastecido por más de 10 años de agua no apta para consumo humano —calidad— y (iii) no tienen acceso a una fuente de agua —accesibilidad—. Lo anterior demuestra que ninguno de los componentes esenciales de esta garantía fundamental se encuentra satisfecho en la actualidad. En ese orden de ideas, aunque no existe certeza sobre los términos y condiciones en las que se permitió la conexión al tubo de aducción, ello no puede ser una barrera para impedirle a la familia que obtenga el suministro del recurso hídrico, de manera compatible con los componentes antes mencionados.
50. Teniendo en cuenta la vulneración del derecho al agua de la accionante y su núcleo familiar, la Corte ahora debe determinar quién es el responsable por su garantía efectiva. De conformidad con las pruebas allegadas en sede de revisión(68), este tribunal pudo establecer que el perímetro de servicio de la empresa accionada se limita al casco urbano de los municipios de La Mesa y Anapoima y parte de sus veredas. En efecto, aunque el tubo de aducción atraviesa el municipio de Tena (Cundinamarca), ello no implica que esta entidad territorial haga parte de la zona sobre la cual la empresa demandada es responsable de la prestación del servicio público de acueducto.
En consecuencia, como medida a corto plazo dirigida a conjurar en forma inmediata la escasez del recurso hídrico en el núcleo familiar de la actora, se ordenará a la alcaldía de Tena (Cundinamarca) el suministro continuo de agua potable por el medio que considere más idóneo. La provisión del recurso hídrico debe garantizar el consumo diario del núcleo familiar que les permita vivir digna y sanamente(69). Para tal efecto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta providencia, deberá realizar una visita al inmueble y establecer cuál es la situación socio económica actual del núcleo familiar y sus necesidades básicas en términos de escasez de agua potable, con el fin de determinar la cantidad de agua a suministrar.
1. REVOCAR la sentencia del 14 de septiembre de 2017 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Mesa (Cundinamarca), por medio de la cual se negó la acción de tutela. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud y al acceso al agua potable de Leila Rosa Rojas y su núcleo familiar.
2. ORDENAR a la alcaldía de Tena (Cundinamarca), que en su calidad de garante de la prestación efectiva de los servicios públicos, dentro de las setenta y dos (72) horas contadas desde la notificación de esta providencia, suministre en forma continua el agua potable a la accionante y su núcleo familiar en el predio denominado La Picota, identificado con matrícula inmobiliaria 166-4726 y código catastral 257970000000000020063000000000, por el medio que considere más idóneo. Dicho suministro deberá garantizar el consumo diario que les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución definitiva al problema de provisión constante y de calidad del recurso hídrico. Para tal efecto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación de esta providencia, deberá realizar una visita al inmueble y establecer cuál es la situación socio económica actual del núcleo familiar y sus necesidades básicas en términos de escasez de agua potable, con el fin de determinar la cantidad de agua a suministrar. En todo caso, la cantidad de agua a proveer no podrá ser inferior a los 50 litros de agua por persona diarios.
3. ORDENAR a la alcaldía de Tena (Cundinamarca) que, en su calidad de garante de la prestación efectiva de los servicios públicos, formule y ejecute un proyecto de soluciones alternativas, tal y como lo dispone el Decreto 1898 de 2016 en el término de un (1) año contado desde la notificación de esta providencia, que brinde una solución definitiva al problema de escasez y calidad del agua del núcleo familiar en el predio denominado La Picota, identificado con matrícula inmobiliaria número 166-4726 y código catastral 257970000000000020063000000000. Para ello, la alcaldía podrá elegir la alternativa que mejor considere para la provisión del recurso, la cual puede incluir el suministro del servicio a través de asociaciones de usuarios que lo prestan en las zonas rurales de ese municipio, pero en todo caso se deberá garantizar la satisfacción de los componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad al recurso hídrico.
4. Por secretaría general líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Magistrada: Gloria Stella Ortiz Delgado—José Fernando Reyes Cuartas—Cristina Pardo Schlesinger
1 Integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 Cdno. I, fl. 12.
3 Cdno. I, fl. 13.
4 Cdno. I, fl. 14.
5 Cdno. I, fl. 52.
6 Auto admisorio. Cdno. I, fl. 24.
7 Copia de las actas en las que se consignaron las declaraciones rendidas por Leila Rosa Rojas y Flor Alicia Roa. Cdno. I, fls. 27-30.
8 Respuesta de Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. Cdno. I, fls. 31-39.
9 Fallo de primera instancia. Cdno. I, fls. 69-76.
10 Cdno., C. Const., fls. 33-45.
11 Sentencia C-431 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “si bien dichos funcionarios no son delegados directos ni agentes de la Procuraduría General de la Nación, sí tienen a su cargo el desempeño de las funciones propias del Ministerio Público a nivel municipal, lo cual se hace evidente en las normas legales que, dando estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales sobre la materia, reglamentan la institución de la personería”.
12 La actuación de los personeros municipales en defensa de los derechos fundamentales, se encuentra consagrada además en la Ley 136 de 1994, cuyo artículo 178 establece entre las funciones de esos servidores públicos la de “interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión”.
13 Sin embargo, como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, esa petición no puede equipararse a un poder para actuar y no tiene ningún requisito formal. En esa medida, basta la simple petición en ese sentido, que bien puede ser verbal o escrita, para que el personero quede legitimado para acudir al juez para el resguardo de los derechos fundamentales de los afectados. Ver las sentencias T-867 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-460 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Al respecto ver sentencias T-078 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-789 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16 D. 2591/1991. Art. 42: “Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía”.
17 Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las reglas jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo subsidiario ante la existencia de otro mecanismo judicial y el perjuicio irremediable se tomará como modelos de reiteración los fijados por la Magistrada sustanciadora en las sentencias T-704 de 2015, T-736 de 2015, T-593 de 2015, T-185 de 2016, T-102 y T-106 de 2017 y en el Auto 132 de 2015.
18 Ver Sentencias T-730 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T- 678 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-610 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo; T-899 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre muchas otras.
19 Sent. SU-961/1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
20 Sent. T-246/2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
21 La empresa contestó la petición el 29 de marzo de 2017 y el Personero Municipal de Tena (Cundinamarca) interpuso la acción de tutela el 31 de agosto de 2017.
22 Ver Sentencias T-948 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-325 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-899 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
23 Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes características: (i) Que el perjuicio sea inminente, es decir que no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) Que las medidas que se requieren para evitar la configuración del perjuicio, sean urgentes; (iii) Que el perjuicio que se cause sea grave, lo que implica un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iv) Que la acción de tutela sea impostergable, es decir que de aplazarse, se corra el riesgo de que ésta sea ineficaz por inoportuna. Ver sentencias T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; T-702 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-494 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-232 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre muchas otras.
24 Sent. T-373/2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
25 Sent. T-348/2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Sent. T-980/2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
27 Sent. T-242/2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28 Sent. T-418/2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
29 En la Sent. T-432 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, la Corte estudió el caso de unos accionantes que interpusieron acción de tutela para que la empresa municipal de Ocaña les suministrara el servicio de agua potable, aun cuando la obtenían a través de una instalación ilegal. En dicha oportunidad, la Sala Sexta de Revisión sostuvo que una persona “no puede mejorar su condición con sus propios delitos, o lo hecho ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal usa de su poder, se le priva de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede otorgar el servicio de acueducto transgrediendo los procedimientos preestablecidos para su obtención. Una acción ilícita como es la de hacer instalaciones a la tubería central de agua potable sin autorización, no obliga a que se consideren las aspiraciones de quién las realiza”. Asimismo, enfatizó que este tipo de actuaciones no solo irrespetan los derechos ajenos o de los otros usuarios que de manera legal obtienen el suministro de agua, sino también infringe la ley que reglamenta la manera de acceder al servicio público de acueducto. De conformidad con lo anterior, resolvió declarar improcedente la acción de tutela.
30 Sent. T-546/2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
31 Sent. T-379/1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
32 Sent. C-220/2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
33 C. P., art. 366,
34 Sent. T-379/1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
35 Sent. T-614/2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, Marzo de 1977.
37 Artículo 28 dice que es responsabilidad de los Estado adoptar medidas para proteger el derecho de acceso al agua potable a precios asequibles y con la asistencia que sea necesarias.
38 El artículo 14 “le asegurarán el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios de saneamiento, la electricidad y abastecimiento de agua”.
39 En la convención se hace referencia al derecho al agua y se dispone que los Estados deben adoptar medidas para combatir enfermedades.
40 Observación General 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de 2002.
41 La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. (...) La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
42 La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
43 La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.
44 El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
45 El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.
46 El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a algunas personas, y se deje sin provisión a otros.
47 La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
48 Sent. C-220/2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
49 Sent. T-1089/2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
50 Sent. T-881/2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
51 C. P., art. 49.
52 Sent. T-312/2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
53 Sent. T-980/2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
54 La Sentencia T-362 de 2014 señaló que “en tal sentido, podemos decir que cuando en un caso existe una estrecha relación entre derechos colectivos y derechos individuales considerados fundamentales, la acción de tutela es procedente dada la imposibilidad en la mayoría de los casos de separar los ámbitos de protección de los dos grupos de derechos” M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
55 Sent. T-188/2012. M.P. Humberto Sierra Porto.
56 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano adoptada en Estocolmo en 1972; Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptada en Río de Janeiro (1992); Declaración sobre justicia, gobernanza y derecho para la sostenibilidad ambiental presentada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada Rio de Janeiro (2012); Declaración de principios de los jueces sobre la justicia del agua presentada en el Octavo Foro Mundial del Agua realizado en Brasilia (2018).
57 Sents. T-740/2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-614/2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-143/2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-381/2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-1104/2005. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-410/2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
58 Sent. C-220/2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
59 Sent. T-523/1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
60 Cabe destacar que el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, enuncia y desarrolla los principios enunciados en el artículo 288 de la Carta.
61 L. 1454/2011., art. 28, par.: “Los municipios son titulares de cualquier competencia que no esté atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación // Cuando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación”.
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de marzo de 2006. C. P. Camilo Arciniegas Andrade.
63 M.P. María Victoria Calle Correa.
64 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
65 Art. 2.3.7.1.2.1.
66 Art. 365 Superior.
67 L. 142/1994, art. 15.
68 Respuesta de Aguas del Tequendama al oficio OPT-A-843/2018. Folios 46-53. Cuaderno Corte Constitucional.
69 Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cantidad oscila entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud. Howard, G. & Bartram, J. OMS. “Domestic Water Quantity, Service Level and Health”. OMS. Ginebra. 2003. Disponible en: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf?ua=1.

References: artículo 31
 artículo 133
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 311
 artículo 314
 artículo 365
 artículo 366
 artículo 5
 artículo 288
 artículo 366
 artículo 311
 artículo 28
 artículo 36
 artículo 178
 Artículo 28
 artículo 14
 artículo 27
 artículo 288