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El TC recuerda a la Policía que un detenido tiene derecho a conocer de forma inmediata las pruebas que hay contra él
Es la primera sentencia en este sentido desde que se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Constitucional ha amparado a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él para su detención y, por tanto, le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial.
Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en este sentido después de que la se reformase la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 e incorporase las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de W.S., al que se le asignó un letrado de oficio, al considerar que ese derecho constitucional no fue respetado porque se omitieron datos que relacionaban al sospechoso con la comisión de un delito y que podían haber sido de utilidad para su abogado con el objetivo de “cuestionar fundadamente” su arresto.
La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido relata que los hechos se produjeron en Madrid, la madrugada del 15 de mayo de 2016, cuando W.S. fue detenido, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que hubo varios heridos.
Tras su detención, el recurrente fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.
EXAMEN DE LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA DETENCIÓN
El abogado que le fue asignado solicitó poder*examinar los “elementos que justifican la legalidad” de la detención*después de que la Policía le negara el atestado. El Juzgado de guardia pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento para acceder a esta información.
Pero según afirma la demanda, no fue informado de que varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta; y que los detenidos huyeron del lugar cuando llegaron los agentes; uno de ellos tiró al suelo un machete de grandes dimensiones.
La resolución del Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 17.3 de la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a “ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención”.
Además, tras la reforma de la LeCrim, se reconoce que también se debe de dar a conocer a los arrestados el “procedimiento” que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho “de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.
En este sentido, la sentencia subraya que esto no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado; sino que “únicamente cobra sentido” y se reconoce el conocimiento de aquéllas actuaciones policiales que sean “esenciales para impugnar la legalidad de la detención”. La resolución explica que el informe policial puede recoger información sobre terceras personas no detenidas o sobre líneas de investigación cuyo conocimiento por uno de los posibles implicados pondría en peligro la operación policial.
POR ESCRITO, DE FORMA INMEDIATA Y COMPRENSIBLE
Por otro lado, de la LeCrim se entiende que los agentes son responsables de informar al detenido por escrito “de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”.
Añade, el Tribunal Constitucional que si el detenido lo solicita, también deben proporcionarle el acceso a los documentos o elementos de las actuaciones “en los que se apoye materialmente” su detención.
Por todo ello, el tribunal de garantías acuerda declarar la nulidad del auto del Juzgado de guardia que denegó el inicio del procedimiento de ‘habeas corpus’ y aclara en su sentencia que el recurso de amparo se estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron comunicados ni al detenido ni a su abogado.
TSJC quita el mando de la vigilancia de su sede a Mossos y se la da a la Policía ante una eventual independencia
La Ley de Transitoriedad del Parlament prevé convertir el TSJC en el Tribunal Supremo de Cataluña
BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) –
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenado que la Policía Nacional se encargue desde este mismo lunes de dirigir la seguridad del edificio de su sede, en coordinación con los Mossos d’Esquadra, ante una eventual declaración de independencia.
Según ha informado el TSJC en un comunicado, así se lo ha ordenado este lunes Barrientos al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, con lo que los Mossos dejarán de encargarse en exclusiva de la vigilancia del Palau de Justicia, donde se ubica este tribunal y que también alberga la Audiencia de Barcelona.
La decisión obedece “a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento” ante la posibilidad de que el Parlament declare la independencia y aplique la Ley de Transitoriedad Jurídica, según la cual se suprimiría el TSJC y la figura de su presidente, para convertirse en el Supremo catalán.
Ordena en concreto que la Policía Nacional despliegue dentro del Palau de Justicia, así como en su entorno y perímetro si fuera necesario, los efectivos imprescindibles para que, en colaboración con Mossos, “preserven la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales”.
En el mandato al jefe de la Policía Nacional en Cataluña, recogida por Europa Press, Barrientos recuerda que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho pública su determinación de aplicar esta ley pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
“INEXCUSABLE CUMPLIMIENTO”
“Estas posiciones anunciadas vienen a perturbar invariablemente la integridad de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de Cataluña y la independencia de todos los magistrados que lo integran, incluido su presidente, en la medida en que lleva a su disposición”, incide Barrientos, que cree que la coordinación de ambos cuerpos policiales puede preservar de manera más eficaz la legalidad constitucional.
Barrientos ya ha comunicado al responsable de la unidad policial de los Mossos ubicada en el interior del Palau de Justicia “para su inexcusable cumplimiento, así como de sus mandos operativos”, y también se lo ha hecho saber al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la magistrada que investiga la causa contra Puigdemont y el resto de consejeros por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, en su artículo 66 prevé que el TSJC se convierta en el Tribunal Supremo de Cataluña, “órgano judicial superior en todos los órdenes, en el cual culmina la organización judicial de Cataluña”.
El juez que investiga el incidente de tráfico de Aguirre somete hoy a un careo a policías y agentes de Movilidad
MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) – El juez Carlos Valle celebrará hoy una careo entre dos policías nacionales y varios agentes de Movilidad ante las contradicciones existentes en sus declaraciones relativas al incidente de tráfico de la presidente del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La diligencia, que concluirá la instrucción, tendrá lugar a las 10.30 en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. El magistrado quiere aclarar las contradicciones antes de dar por finalizada la investigación.
El careo se producirá entre los agentes implicados en el altercado de tráfico y los policías nacionales que recogieron su denuncia. En su declaración, que se celebró el pasado 17 de octubre, los agentes de la Policía Nacional manifestaron que los de Movilidad nunca les entregaron parte de lesiones, a pesar de que en su día su sindicato denunció que sí lo intentaron.
La propia Aguirre comentó que uno de los agentes de Movilidad manifestó en su declaración que un policía nacional le había impedido presentar el parte de lesiones, algo que la dirigente popular tachó de “mentira”.
Ya en mayo, los médicos forenses determinaron que uno de los agentes que denunció a Aguirre al ser supuestamente golpeado cuando ésta arrancó su vehículo no sufrió lesiones de relevancia penal.
Según los denunciantes, se presentó un parte de lesiones con un certificado médico de la mutua Asepeyo que confirmaba una lesión muscular. De hecho, el policía municipal estuvo varios días de baja, documento que obra también en manos del instructo
Los tribunales dan la razón al policía municipal que se desnudó en una manifestación en el centro de Madrid en 2009
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) – El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha dado la razón al policía municipal que se desnudó en una manifestación celebrada el 3 de noviembre de 2009 en el Paseo del Prado en defensa de mejores condiciones laborales.
Del texto, avanzado este miércoles por el diario ‘El Mundo’, se desprende que el juzgado madrileño estima el recurso presentado por el policía contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid, que le impuso una sanción de tres meses sin remuneración y se le suspendió de sus funciones por este mismo periodo de tiempo.
Todo ello debido a que el juzgado considera que esta actuación está amparada “por el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Todo sucedió en noviembre de 2009 en una manifestación de policías municipales en pleno centro de Madrid cuando un policía se desnudó completamente y apareció con “gafas oscuras, cinta en la boca, cadenas en las manos y una gorra de la antigua uniformidad de Policía Municipal”.
Tras estos hechos, se le sancionó al considerarle “autor y responsable de una falta grave, tipificada en el artículo 241 c) del Reglamento para el Cuerpo de Policía de Madrid” y el Consistorio consideró que con esta actitud, el demandante “causó daño a la imagen del cuerpo así como a la dignidad de sus integrantes”.
“Sin negar la realidad de los hechos imputados”, el recurrente pidió la nulidad de la sanción alegando que los hechos se produjeron “dentro del itinerario y en la franja horaria de una manifestación absolutamente legal y comunicada a la Delegación de Gobierno, enmarcándose en el ejercicio constitucionalmente legítimo del derecho fundamental de reunión”.
Además, el policía sancionado señala que con esa sanción “se vulneran los derechos fundamentales de reunión y expresión”, así como el principio de tipicidad. Además, cita infracciones formales como la “falta de motivación de la resolución y la vulneración del artículo 30 del Real Decreto 33/1986”.
Tras conocer todos estos hechos, el Juzgado indica que “si se tienen en cuenta que los hechos tienen lugar en el curso de una manifestación legalmente convocada, de claro matiz reivindicativo, para la exigencia de mejores condiciones laborales, en la que, como es obvio, sus participantes perseguían conseguir la mayor repercusión posible en los medios de comunicación para trasladar a la ciudadanía sus quejas” esos hechos, “en la forma y lugar en que se desarrollan, no rebasaron los límites” fijados por el TC en sentencias anteriores y quedan “amparados por el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión”.
Policías denuncian la “escandalosa impunidad” de las bandas criminales que tras su arresto son liberados por los jueces
Todos los detenidos en dos operaciones contra grupos de ‘butroneros’ han sido puestos en libertad con medidas cautelares
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -La Confederación Española de la Policía (CEP) ha emitido este lunes un comunicado en el que denuncian la “escandalosa impunidad” de la que gozan en la actualidad las bandas criminales y como tras ser detenidos son numerosos los casos en los que los jueces les dejan en libertad.
“Es escandalosa la impunidad de la que disfrutan bandas de auténticos especialistas en el robo de todo tipo de comercios, que arrasan los negocios de cientos de ciudadanos por media España y frente a las que la Policía realiza un magnífico trabajo que acaba chocando siempre con las decisiones judiciales de puesta en libertad de los integrantes de estas peligrosas células delictivas”, lamenta el comunicado de la CEP.
Estas declaraciones se producen después de dos operaciones en las que la Policía ha logrado desarticular dos grupos de ‘butroneros’ especialistas en el empleo de la lanza térmica para “reventar” cámaras acorazadas. Se han producido 17 detenciones, pero todos ellos se encuentran ya en libertad con medidas cautelares por decisión del juez.
“La puesta en libertad de este tipo de delincuentes es la antesala de nuevos delitos, de nuevos dramas para pequeños y medianos comerciantes de toda España, que sufren las embestidas de estos grupos”, alerta la CEP, según la cual, “la Policía ni siquiera ha tenido tiempo de comunicar su detención a los diferentes juzgados de España que tramitan diligencias por los delitos que se les imputan”.
Por todo ello, este sindicato policial denuncia “que el esfuerzo y trabajo que requiere una operación de estas dimensiones se enfrenta, por desgracia y para la frustración de los agentes, a cierta laxitud judicial a la hora de decretar medidas cautelares sobre los detenidos, que quedan en libertad de forma inmediata y pueden cometer nuevos delitos a las pocas horas de haber sido detenidos”.
“Individuos con decenas de arrestos por hechos graves tienen la certeza de que pueden reincidir en sus delitos sin mayor problema. Es hora, por tanto, de hacer un llamamiento a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, para evitar que la sociedad española tenga que seguir padeciendo la actividad delictiva sistemática e impune de determinados grupos criminales”, zanja la nota.
CGPJ tras incautación de ordenadores en Europa Press: “Sin una prensa libre, no es posible una sociedad democrática”
El Congreso insta a los partidos a renovar el CGPJ en un plazo de seis meses
Archivan la causa contra los dueños de un coche ‘cazado’ a 242 kilómetros por hora al no poder determinar quién conducía

References: resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 artículo 241
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto