Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510443.html
Timestamp: 2019-03-26 02:30:50+00:00

Document:
as201510443
AUTO SUPREMO Nº 443/2015-RRC
Sucre, 29 junio de 2015
Expediente : Cochabamba 15/2015
Parte Imputada : Santos Jordán Pérez y otro
Por memorial presentado el 5 de febrero de 2015, cursante de fs. 1205 a 1213 vta., Santos Jordán Pérez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 3 de octubre de 2014, de fs. 1178 a 1188 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Roberto Saavedra Fernández y Beatriz Cejas Vega contra el recurrente y Enrique Rocha Moya, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del Código Penal (CP).
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 37/2007 de 13 de noviembre (fs. 620 a 627 vta.), el Tribunal Mixto de Sentencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Santos Jordán Pérez y Enrique Rocha Moya, autores de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndoles la pena de quince años de presidio, más la condenación de reparación del daño civil y costas a favor del Estado, siendo anulada totalmente por Auto de Vista de 11 de junio de 2008 (fs. 826 a 829), que además ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.
b) Desarrollada la nueva audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 24 de 14 de octubre de 2013 (fs. 1120 a 1132 vta.), el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Santos Jordán Pérez, autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de quince años de presidio, más la condenación de costas a favor del Estado y de las víctimas.
C) Contra la referida Sentencia, el imputado Santos Jordán Pérez (fs. 1140 y 1152), interpuso apelación restringida, resuelta por el Auto de Vista de 3 de octubre de 2014, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 235/2015-RA de 1 de abril, que dispone su admisión, se tiene como motivo el siguiente:
Bajo el epígrafe de “DENUNCIA INADECUADA FUNDAMENTACIÓN DEL AUTO DE VISTA” (sic), refiere que en el recurso de apelación restringida denunció defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 2), 5) y 6) del CPP, porque: a) La Sentencia no contiene la suficiente individualización de la participación del imputado, ya que simplemente le sitúa en el lugar de los hechos donde participaron más de doscientas personas y porque supuestamente se instigó a la turba, pero no existe ningún análisis sobre su grado de participación y responsabilidad penal, por lo que considera que debió individualizarse conforme a la Teoría del Dominio del Hecho; b) Insuficiencia en la fundamentación de la Sentencia, sobre el aspecto probatorio descriptivo de la prueba testifical de las declaraciones de Willian Richard Guachallaco Surco y Orlando Vallejos Valdia; asimismo, respecto a la descripción de las pruebas literales, como es el informe de acción directa de 12 de junio de 2005, el acta de levantamiento de cadáver de la misma fecha; las pruebas judicializadas D-1, D-2 y D-3; además, denunció la insuficiente fundamentación probatoria intelectiva, pues el Tribunal de Sentencia no justifica las razones por las cuales otorga determinado valor a las pruebas en resguardo de un debido proceso y seguridad jurídica; sin embargo, el Auto de Vista concluyó que la Sentencia cuenta con la debida fundamentación fáctica, jurídica, el elemento logicidad y el elemento formal, sin explicar los motivos por los que llegó a esa conclusión; y, c) Se denunció la defectuosa valoración de la prueba, ya que existe contradicción, toda vez que para el Tribunal de Sentencia se tiene como hecho no probado, que las víctimas no estaban armadas, pero es el propio Tribunal el que admitió que efectivamente se encontró un arma de fuego; también existió contradicción, ya que consideraron relevantes las testificales de los funcionarios policiales, pero después no le dieron crédito a que los mismos corroboraron que el día de los hechos, los presuntos ladrones fueron perseguidos por una turba de personas, pero concluyeron que el hecho no fue probado, situación que no fue correctamente valorada por el Tribunal de instancia y que fue confirmada por el Tribunal de alzada quienes hicieron referencia a la prohibición de revalorizar la prueba, pese a las responsabilidades que éste tiene.
En este motivo, el recurrente concluyó indicando que el Tribunal de alzada no realizó una adecuada fundamentación sobre estos aspectos, ya que el Auto de Vista se encontraba incompleto y rompió el principio de congruencia, puesto que no existió una correlación entre el recurso de apelación restringida y el referido Auto de Vista, vulnerándose así el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica. Al efecto, invocó el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004.
El recurrente, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se determine el pronunciamiento de una nueva resolución observando la doctrina legal aplicable.
Mediante el Auto Supremo 235/2015-RA de 1 de abril, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del único motivo expuesto.
II.1. Acusación formal.
El Ministerio Público, fundamentó señalando que: “… se tiene que en la tarde de ese día 12 de julio, los sospechosos fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Policía de Arbieto, la gente anoticiada de lo acontecido se aglomeró en inmediaciones de la Plaza principal y rodearon las instalaciones de la Alcaldía de Arbieto e ingresaron hasta el patio, cerraron las puertas de acceso al inmueble, mientras los policías llamaron al Comando Departamental solicitando refuerzos, vanos fueron sus intentos para persuadir a la gente, quienes agredieron los policías y lanzaron piedras al interior de la oficina de la policía, momento en que fueron rebasados y arrebataron a los arrestados a quienes los golpearon y fueron llevados hasta la plaza de Arbieto donde LUIS ALBERTO SAAVEDRA SEJAS fue estrangulado utilizando una soga y posteriormente lo quemaron, a la otra víctima lo ahorcaron colgándolo a un árbol pequeño que existe en la esquina de la plaza.
En la etapa de investigación se han recibido entrevistas de personas que estuvieron presentes el día de los hechos, asimismo se tiene informes de los funcionarios policiales que presenciaron lo ocurrido el día 12 de julio de 2.005, los familiares de las víctimas con el propósito de averiguar la verdad de los hechos, fueron hasta el lugar en varias oportunidades, hasta que el domingo 7 de agosto de 2005 la hermana de Luis Alberto Saavedra Sejas y la concubina de José Luis Guzmán Alvarez, contactaron en forma casual con un muchacho que se identificó en primera instancia como Roberto Santos el mismo que se encontraba disfrazado de Tinku ya que participaba de la festividad de la Virgen de Copacabana, éste se acercó a las muchachas para entablar conversación y las invitó a la fiesta de su fraternidad, ellas manifestaron que querían retornar a Cochabamba, porque tenían miedo y además era tarde y podía ser peligrosos, instante en que el muchacho les dijo que no tenían por qué temer, que Arbieto era tranquilo, refiriendo que días antes él habría agarrado junto a otras personas a unos ladrones a quienes los quemaron vivos en la Plaza y tratando de impresionar de su valentía narró con lujo de detalles cómo habría participado en el linchamiento de los dos sujetos. Posteriormente en fecha 10 de agosto de 2005 y luego de haber contactado por teléfono con las dos muchachas para un encuentro en la Plaza 14 de septiembre de la ciudad de Cochabamba, fue aprehendido, habiéndose identificado en forma plena como Santos Jordán Pérez, quien en declaración informativa admite su participación en los hechos del 12 de julio del año 2005 además de identificar a otros.
La conducta demostrada por los Imputados se adecuan a estos elementos constitutivos del delito de ASESINATO, por cuando los hechos ocurridos en la localidad de Arbieto han afectado profundamente el sentimiento de la sociedad, por haberse obrado con total alevosía y ensañamiento, por cuanto las víctimas además de ser golpeados físicamente con toda clase de instrumentos contundentes, han sido ahorcados, quemados y colgados, cuyas imágenes en muestras fotográficas serán presentadas en calidad de prueba instrumental” (sic).
II.2.Acusación particular.
El querellante fundamentó de la siguiente manera: “PRIMERO.- Es evidente la aprehensión de SANTOS JORDAN PEREZ, en fecha 10 de Agosto acusado de haber participado en fecha 12 de Julio del 2.005 en el linchamiento de Luis Alberto Saavedra en la localidad de Arbieto, toda vez que de manera voluntaria reconoce haber participado en los hechos, es más es identificado plenamente por los testigos oculares en esta caso los policías donde en el desfile identificativo reconocen que él estaba participando de manera activa, es más sostienen que él fue quien se encontraba golpeando con un objeto contundente, inclusive dañando a uno de los policías.
SEGUNDO.- Es evidente también la detención de ENRIQUE ROCHA MOYA, en fecha 10 de noviembre del 2005, toda vez que contra él se tenía orden de aprehensión ya que se ha establecido por las investigaciones que esta persona también se encontraba en el lugar de los hechos concretamente el 12 de Julio, cuando linchan a Luis Alberto Saavedra, conforme al desfile identificativo los policías testigos oculares de los hechos reconocen plenamente como una de las persona que de manera activa estaba incitando a linchar a los dos sujetos, es más esta persona amenaza al policía JUAN REYES, cuando este trata de calmar a la muchedumbre.
TERCERO.- Se ha establecido claramente la identificación de estas personas ya que al momento de prestar su declaración informativa se identificaron con sus Cédulas de identidad.
CUARTO.- Se ha establecido que estas personas actuaron en pleno goce de sus facultades mentales ya que en sus declaraciones relatan todo lo ocurrido el día de los hechos y reconocen que se encontraban en el lugar de los hechos.
QUINTO.- El delito de asesinato esta prevista en el art. 252 del CP.
Tomando en cuenta esta descripción penal, podemos sin lugar duda afirmar que la conducta de los dos imputados se adecua al tipo penal de Asesinato, toda vez que ambos fueron los que participaron de manera directa en la comisión de los hechos el día 12 de julio de 2005, donde de manera dolosa y premeditada y con ensañamiento dan fin a la vida de dos persona entre ellas a LUIS ALBERTO SAAVEDRA CEJAS…” (sic).
II.3. Sentencia.
El Tribunal de Sentencia, estableció los siguientes aspectos: “…de la valoración integral de los elementos probatorios, bajo las reglas de la sana crítica impuestas por la primera parte del Art. 359 del Código de Procedimiento Penal, en base a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, que cumple con las exigencias del Art. 171 del Código adjetivo de la materia, permiten afirmar que los hechos que se declaran probados, configuran el tipo penal de Asesinato previsto y sancionado por el artículo 252 numerales 2) y 3) del Código Penal, por cuanto el Ministerio Público y la acusación particular, han demostrado, más allá de duda razonable, que la conducta de Santos Jordán Pérez concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal de asesinato, por cuanto la muerte de Luis Alberto Saavedra Cejas y Jorge Luis Guzmán Álvarez, ocurrió en circunstancias en que una turba los acusó de ser autores de un robo, lo que generó que se desate lo que en doctrina se conoce como ejecución sumaria de personas consideradas criminales, cuyo grupo de ejecución se origina en torno a las víctimas y después de la acción se disuelve, cabe resaltar que en este tipo de casos donde participa una multitud desaparece la razón y consiguientemente los sujetos actúan como una sola persona. En el caso específico, esa multitud en la que participio el sindicado Santos Jordán Pérez, quien fue identificado por el Policía Milton Quino Villa, el cabo Pedro Huañapaco y William Richard Huachalla Surco, actuó de la manera más cruel porque de las declaraciones de dichos funcionarios policiales y de la prueba documental codificadas F-6, F-7, A-1, A-5, se tiene que se debilitó las fuerzas de las víctimas con golpes sucesivos en las diversas partes del cuerpo, utilizándose los más diferentes instrumentos (extremo este que se puede ver de la documental F-7), postrando a las víctimas paulatinamente y dejándoles sentir lentamente el dolor y la muerte, terminando con un espectáculo aterrador como es el haber prendido fuego a los cuerpos de Luis Alberto Saavedra Cejas y Jorge Luis Guzmán Álvarez, seguramente con la finalidad de ejemplificar lo que puede ocurrir a cualquier persona que ose cometer algún delito en la zona, olvidándose totalmente que a nadie le está permitido en un Estado de Derecho hacer justicia por su propia mano, y peor aun desconociendo el mandato divino que enseña que no se debe matar. Más cruel, resulta el hecho de que al no haber fallecido el Sr. Luis Alberto Saavedra Cejas como producto de los golpes y el fuego que se le prendió, al presentar aún signos de vida, quien su propia declaración se encontraba muy cerca pudo y ver como una persona apodada el Chapa, procedió a ponerle una soga al cuello y de la forma más fría procedió a asfixiarlo.
A criterio del Tribunal, en el caso específico Santos Jordán Pérez, adecuo su conducta a los elementos constitutivos del delito de ASESINATO en el marco descriptivo de los numerales 2) y 3) del artículo 252 del Código Penal. Esta convicción emerge del hecho de que el acusado ha participado en forma activa durante todo el tiempo que duró el indescriptible acto en el cual se dio muerte a Luis Alberto Saavedra Cejas y Jorge Luis Guzmán Álvarez por un motivo fútil, bajo, con alevosía y ensañamiento, entendiéndose el mismo como la desproporción entre la gravedad del hecho y la motivación, que nunca pudo saberse el móvil, no se probó que las víctimas hubiesen robado algo y hubiesen amenazado a una menor para robarle su bicicleta, de donde se tiene que el solo hecho de haberlos visto correr no justifica la reacción desproporcional de 200 ó 300 personas que se encontraban en el lugar, el motivo fútil tiene su origen en el desprecio a la vida humana toda vez que en el centro de los sucesos anteriores al fallecimiento de la víctima, concurrieron circunstancias cargadas de contenido sumamente cruel, toda vez que de la prueba testifical producida por el Ministerio Público, consistentes en las declaraciones de Milton Quino, Pedro Huañapaco y William Huachalla, sin lugar a duda alguna se puede ver que Santos Jordán era una de las personas que incitaba a la gente. Que Santos Jordán, se encontraba presente desde el momento en que los sindicados eran perseguidos desde Achamoco y pasaron por la puerta de la casa del lugar donde se encontraba trabajando, hasta el momento final en que se dio muerte a las víctimas e incluso se procedió a asfixiar a quien todavía se encontraba con vida, puesto que el sindicado en ningún momento retornó a su trabajo a continuar trabajando hasta las 6 de la tarde como manifestó en su declaración, más al contrario, el testigo Milton Quino, lo ubica en la plaza como una de las personas que incitaba a la gente y como uno de los sujetos que también agredía a los presuntos ladrones, tanto es así, que el mismo recibió un golpe de Santos Jordán, quien incluso manifestó que no era a él a quien quería golpear sino a Luis Alberto Saavedra Cejas, Pedro Huañapaco y Willian Huachalla, lo ubican en la plaza principal y dentro de la alcaldía como una de las personas que pedía justicia y solicitaban se saque a los sindicados a la plaza principal.
Del mismo modo los testigos de la propia defensa ubican a Santos Jordán Pérez en la realización del hecho, por cuanto la testigo Blanca Yolanda Salguero de Claros declara que Santos entró a su tienda a comprar pan y chicolac con ropa de trabajo, que esto ocurrió cerca de las seis, lo mismo declara la testigo Reina García de Claros, quien manifiesta que cuando ella estaba entrando a su casa, se encontró con Santos Jordán quien también ingresaba a su casa el mismo que estaba con su ropa de trabajo, y afirma esto porque estaba sucio. También Lidia Vargas declara que cuando ella volvía de ver lo que había ocurrido en la plaza, al promediar las 18:30 aproximadamente, se encontró con el Sr. Santos quien se encontraba con su ropa de trabajo y comentaron que era una pena lo que les había ocurrido a los jóvenes, lo que significa que Santos Jordán se encontraba presente también en el momento en que ocurrió la muerte de los presuntos ladrones, porque si se fue a su trabajo como el señaló en su declaración, como pudo saber que les ocurrió a Luis Alberto Saavedra Cejas y Jorge Luis Guzmán Álvarez; además que el refirió en su declaración que su retorno a la plaza lo hizo ya bañado y cambiado, vale decir sin ropa de trabajo, que el poco aprecio que tiene el sindicado por la vida humana, lo llevó a participar en este acto desde el principio al fin del hecho, pues no debemos perder de vista que cuando golpeó al policía su finalidad era golpear al presunto ladrón que el Pol. Quino protegía. Tampoco, debemos olvidar que del propio relato de Santos se tiene que este se encontraba muy cerca de las víctimas para poder ver que después de que se les prendió fuego uno de ellos se encontraba todavía con vida y que la persona apoda el Chapa, le puso una cuerda en el cuello a este sujeto y procedió a apretarla sin piedad, porque aún tenía vida, extremo este que no podía haber sido advertido sino por una persona que se encontraba cerca por cuanto según las declaraciones de los testigos en el lugar estaban aproximadamente unas 200 personas. El desprecio por la vida humana que tiene Santos Jordán, también se puede evidenciar del relato que hacen las testigos Nuria Beatriz Saavedra Cejas y Silvia Eugenia Millares Torrez, quienes expresan que fue el propio sindicado quien les manifestó que un tiempo atrás él había participado junto a otras personas en la muerte de dos sospechosos, a quien inclusive se les quemó vivos.
En conclusión son estos los fundamentos que acreditados con los elementos probatorios desfilados en el debate del Juicio oral, bajo las reglas de la sana crítica impuestas por la primera parte del Art. 359 del Código de Procedimiento Penal, en base a la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, permiten afirmar que los hechos que se declaran probados configuran el tipo penal de asesinato, conforme se sostuvo el inicio de esta resolución.” (sic).
Con los antecedentes expuestos, el Tribunal de Sentencia amparado en el principio de favorabilidad, emitió sentencia condenatoria, imponiéndole la pena de quince años de presidio sin derecho a indulto.
II.4.Apelación.
Mediante recurso de apelación restringida, el imputado Santos Jordán Pérez denunció: a) El rechazo a la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; b) Rechazo a la excepción de extinción del acción penal por prescripción; c) Rechazo del incidente de actividad procesal defectuosa; d) Defecto de sentencia por no individualizar suficientemente la participación del imputado; e) Defecto de sentencia por insuficiente, inexistente o contradictoria fundamentación; f) Insuficiente fundamentación probatoria descriptiva; g) Insuficiente fundamentación probatoria intelectiva; y, h) Defecto de sentencia por basarse en valoración defectuosa de la prueba.
II.5.Auto de Vista.
El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista de 3 de octubre de 2014, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Santos Jordán Pérez, concluyó señalando que: “Con relación al num. 2 del Art. 370 del CPP, el apelante de forma puntual señala que no existe un análisis de sobre la participación del imputado, que no se fundamentó, solamente se limitó a decir que participio en la Turba y que incurrió en el delito de asesinato, por consiguiente no estaría plenamente identificado el ahora apelante con relación a la Teoría del Dominio del Hecho amparando su argumento en el AS Nº 436 de 20 de octubre de 2006.
Al respecto es pertinente señalar que la finalidad del numeral 2 del Art. 370 del CPP, es orientado en esencia al Objeto del Proceso el mismo que está referido al cumplimiento de dos requisitos, el primero de carácter Subjetivo que está referido a la persona contra quien se dirige la acción penal, condición que se lo determina desde el primer acto del proceso como presunto autor o partícipe de un delito del cual debe ejercer el derecho de defensa y el segundo requisito de carácter Objetivo tiene que ver con identificar la fundamentación fáctica, lo jurídico así como la petición, es decir que ‘lo fáctico viene determinado por el hecho punible, que es el hecho histórico que se subsume en tipos penales’ (SC Nº 336/05-R de 14 de abril), de ello se extracta que la individualización del imputado corresponde al contenido formal de la Sentencia y no al contendió sustancial del mismo, aspecto que no necesariamente produce la anulación de la sentencia, de manera que la individualización del presunto acusado debe estar plenamente identificado -Art. 38 del CPP-.
En efecto de la revisión de la Sentencia impugnada, concretamente en el Segundo Resultando con el nombre de HECHOS ACUSADOS señala lo siguiente: ‘El Ministerio Público presenta acusación contra Santos Jordán Pérez …, más adelante en el Tercer Resultando en el punto dos refiere: ‘Que en este hecho participó una multitud de personas, que entre esa multitud se encontraba el sindicado Santos Jordán Pérez’ sic, es decir que en la Sentencia, en todo momento se lo identifica al ahora acusado en el lugar de los hechos, y sin pretender entrar a nueva valoración, se puede constatar que las referencias de la multitud, los funcionarios policiales y de las víctimas, es parte de las circunstancias fácticas que dieron lugar a la parte resolutiva de la sentencia ahora impugnada, por lo que carece de mérito el argumento de la parte apelante al señalar que no habría tenido participación en el hecho ya que la finalidad de este numeral está referido a un aspecto formal de identidad que no hace distinto al fondo de lo determinado en la sentencia.
Con relación al num. 5 del Art. 370 de la Ley Adjetiva, se debe entender que la finalidad de este precepto es que exista motivación o fundamentación, que es deber del órgano Jurisdiccional y un derecho de los justiciables y su importancia es de tal magnitud que se la considera como un elemento del Debido Proceso, al respecto, el A.S. Nº 073/2013-RRC de 19 de marzo de la Sala Penal Segunda ha dejado establecido lo siguiente: ‘(…) Como se tiene desarrollado ampliamente por este Tribunal, entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la exigencia de que toda resolución judicial debe ser debidamente fundamentada o motivada (…) la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica…’.
En el presente caso, el principal reclamo del apelante se basa en el hecho de que no existiría una estructura de la Sentencia respecto a la fundamentación probatoria y la fundamentación descriptiva por el Tribunal a-quo, porque no se consideró la declaración del testigo William Guachallaco Surco (testigo de cargo) quien habría señalado: ‘… el día de los hechos uno de los que fue victimado refiriéndose al de contextura gruesa me dijo que portaba arma de fuego y que la misma la había dejado en la casa donde fueron aprendidos…’ sic, asimismo alega que existe contradicción en la prueba D-8 al cual se lo considera como relevante, y que en el Considerando IV solo se hizo mención del contenido de las pruebas F-1 y F-2 al que consideran también relevantes pero en dichos informes no figuran las víctimas sino otras personas, con relación a las codificadas como D-1, D-2 y D-3 no se los valoraron por considerar simples informes y/o de comunicación interna de la policía, entre los cuales tampoco se identifica al imputado; consiguientemente no existe una fundamentación intelectiva incumpliendo el Art. 173 y 124 del CPP, con relación al Art. 360 num. 2 y 4 de la misma norma procesal, y ello encuentra su respaldo en el AS Nº 529.
Al respecto con relación al testigo de cargo William Guachallaco de la revisión de la sentencia en cuanto a su declaración se evidencia que luego de indicar sus generales de Ley, en la parte pertinente -entre otros- señaló lo siguiente: ‘La casa era rústica abandonada de adobe (…) el señor Santos le agredió al policía Quino. Indica también que al trote le estaban llevando al aprehendido para que no sufran más agresiones.’ sic, más delante al finalizar la narración de las declaración con subtítulo de VALOR PROBATORIO se indica: ‘Relevante, porque al ser un testigo presencial, narra cómo ocurrieron los hechos, desde el momento en que llegó al lugar, también resulta importante esta declaración porque corrobora la manifestado por el policía Quino y el policía Huañapaco, asimismo, reconoce como una de las personas que se encontraba participando activamente en el hecho a Santos Jordán, del mismo modo lo reconoce como la persona que agredió al policía Quino’ sic, en efecto sobre este punto de declaraciones testificales existe coherencia en la parte descriptiva e intelectiva, mas con relación a lo supuestamente vertido por el testigo William Guachallaco, según refiere el apelante, se encuentra ese extremo plasmado en la declaración del testigo Orlando Vallejos Valdivia quien en la parte pertinente de su declaración señaló: ‘No pudo percibir en el levantamiento de cadáver ningún síntoma de vida en los cuerpos (…) dentro de una de las habitaciones pudieron encontrar un arma de fuego y restos de granada de gas que utiliza la policía. Se recolectó las evidencias no había celular pero si un estuche.’ sic, más adelante el Tribunal a-quo en el subtítulo de VALOR PROBATORIO: señala lo siguiente: ‘…Relevante, porque el testigo pone en nuestro conocimiento la forma en que fueron encontrados los cuerpos, las lesiones que pudo ver a simple vista.’ sic, de estas dos declaraciones -entre otros- se puede evidenciar que el Tribunal a-quo no omite pronunciarse sobre la existencia de una supuesta arma de fuego en la casa donde se escondieron las víctimas, por lo que no tiene mérito dicha observación, lo mismo ocurre con las pruebas D-8 de fs. 1130 donde se encuentra la congruencia con las anteriores declaraciones, en relación al análisis del lugar donde se encontraba el arma de fuego que según el apelante alega como contradictorio, del mimo modo sucede con las pruebas F-1 y F-2 cursantes a fs. 1128 vta., las que también se describen y se les asignan el valor probatorio correspondiente, en similar sentido se puede observar esa labor con las pruebas D-1, D-2 y D-3 ya que se puede constatar la existencia de la parte descriptiva e intelectiva, lo contrario sería pretender que este Tribunal de Alzada ingrese a realizar un nuevo análisis de la prueba, extremo que por mandato del Art. 398 del CPP, está limitado únicamente a la revisión de los actos realizados, en este caso, por el Tribunal a-quo sin que sea admisible la revalorización de la prueba.
En consecuencia, resulta improcedente la observación planteada por el apelante, ya que es importante determinar que la finalidad de este tipo de defecto de sentencia que está referido a una ausencia total de fundamentación, deber impuesto a los Jueces de primera instancia como es la de motivar sus resoluciones, lo que significa que no se trata de un criterio meramente subjetivo, en la doctrina el Autor Florencia Mixán Más que: ‘…La esencia dela motivación de la resolución es de naturaleza dual: un deber jurídico, y a la vez, un deber ético…., del mismo modo corresponde hacer notar que de acuerdo a los antecedentes, se puede constatar que no son las únicas pruebas en la que se sustentó el fundamento de la Sentencia apelada.
En suma este Tribunal de alzada encuentra de la revisión de toda la Sentencia impugnada, la existencia del elemento Óntico (fáctico), porque se relatan los hechos con la pretensión en forma concreta, existe el elemento de índole jurídico ya que se tiene claro que con relación al hecho que se acusa tipificado como Asesinato, posteriormente se evidencia la existencia del elemento de Logicidad ya que se evidencia el razonamiento lógico respecto al caso analizado y finalmente se evidencia el elemento de la forma, porque se puede advertir en la redacción el lenguaje jurídico para el caso, del mismo modo, se puede verificar que existe el análisis de las declaraciones de los testigos como fuente primaria y las pruebas documentales como fuente secundaria, no obstante de que no son las únicas pruebas producidas y valoradas, porque además se tiene la producción de evidencias que los cuales deriva la Sentencia ahora impugnada, en tal sentido, como se dijo, carece de fundamento la observación con respecto a este numeral.
En lo que atañe a la supuesta observación del numeral 6 del Art. 370 del CPP, se debe entender que de acuerdo al principio acusatorio, solo se reputan como hechos existentes, aquellos contemplados en alguna de las acusaciones y que fueron comprobados en juicio oral, parámetro establecido en el Art. 342 del CPP, en suma una sentencia tiene que basarse en hechos existentes y comprobables; y esa labor valorativa es de exclusiva competencia del Juez de Primera Instancia, en esa lógica el AS No. 151 de 2 de febrero de 2007 emitido por la Excma. Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo, ha establecido que: ‘…que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba …’.
A su vez, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha determinado, en el AS No. 111 de 31 de enero de 2007…
De estos precedentes se infiere que cuando la parte apelante alega la existencia una defectuosa valoración de la prueba, no puede pretender que el Tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral, sino que tiene que atacar la logicidad de la sentencia impugnada, en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología; extremos que cumple la sentencia impugnada. Entonces, se debe entender que a tiempo de impugnar el actual apelante la Sentencia pronunciada por el Tribunal a-quo con relación a la defectuosa valoración de la prueba, no ha tomado en cuenta los referidos lineamientos precedenciales; ya que de la revisión del cuaderno procesal con relación al reclamo de defectuosa valoración de prueba que señala de forma genérica y alegando que admite que el Tribunal a-quo, estableció como hecho no probado que las víctimas estuvieran armadas, pero que más adelante se reconoce que se encontró un arma de fuego, aspecto contradictorio, y que, se consideran relevante las testificales de los funcionarios policiales, pero no les dan crédito al hecho de que corroboraron que el día de los hechos los presuntos ladrones fueron proseguidos por una turba enardecida desde la localidad de Achamoco y cuyas personas afirman que efectivamente dichas personas habrían robado y/o intentado robar en dicha comunidad y que contradictoriamente concluyen indicando como no probado.
Al respecto de la revisión de obrados y sin pretender ingresar a nueva valoración de prueba que de acuerdo a la prueba testifical de cargo, uno de los testigos Milton Quino Villca) declaró indicando: ‘… pero tampoco no se animaban a ingresar porque había la suposición de que uno de ellos estaba portando un arma de fuego…’ sic., extremos que el Tribunal a-quo les asigna un valor relevante sobre el conocimiento de la supuesta probabilidad de que tenían un arma (referencial), distinto a afirmar y constatar con los sentidos, que uno de las víctimas tenían en su poder una arma, y por otro lado es también diferente decir que se encontró el arma en la habitación que no es igual a sostener que estaban con el arma, no obstante de que el testigo William Richard afirmó categóricamente que no portaba ningún arma, extremos que se encuentran plasmados en la Sentencia como hechos no probados lo siguiente: ‘Que las víctimas hubiesen estado armadas’ sic., por lo que carece de mérito el argumento de contradicción que alega el apelante, lo mismo ocurre con el segundo aspecto cuando el Tribunal a-quo señala: ‘Que el día de los hechos Alberto Saavedra Cejas y Jorge Luis Guzmán Álvarez, hubiesen robado algo’ sic., porque resulta también ser referenciales, lo que también se puede constatar en la fundamentación jurídica de la Sentencia impugnada que le asigna el Tribunal a-quo al señalar: ‘porque nunca pudo saberse el móvil, no se probó que las víctimas hubiesen robado algo y hubiesen amenazado a una menor para robarle su bicicleta …’ sic., análisis de la Sentencia de la que se establece que existe una correcta valoración de toda la prueba producida en juicio sobre la base de la Sana Crítica y adecuando el fundamento en el Art. 173 del CPP, consecuentemente no tiene mérito lo alegado por la defensa.
En tal sentido, no existiendo fundamento respecto a los puntos apelados, y menos la posibilidad procesal penal de ingresar a realizar nuevo examen de la prueba, con los fundamentos explanados precedentemente corresponde confirmar la Sentencia traída en apelación.” (sic).
Con los argumentos que preceden, declaró improcedente el recurso de apelación restringida y en consecuencia confirmó la Sentencia.
Antes de realizar la labor de contraste encargada por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal (CPP), corresponde precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, que debe ser acatada y cumplida por los Jueces y Tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación, con la finalidad de verificar si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.
III.1.Del precedente contradictorio invocado para demostrar el motivo referido a la falta de fundamentación en que incurre el Tribunal de alzada.
El recurrente, invocó el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre que estableció la siguiente doctrina legal: “…Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el art. 15 de la L.O.J., aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además, en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva…”. (el subrayado es nuestro)
III.2.Deber de fundamentación.
Este Tribunal, de manera reiterada se ha referido al deber de fundamentación de toda Resolución, que recae sobre los Jueces y Tribunales de Sentencia quienes por voluntad del legislador, tienen la concesión exclusiva de la relación directa con las partes y las pruebas, mediante el ejercicio del principio de inmediación; también emitió doctrina legal en sentido de que, dicho deber, adquiere mayor relevancia, cuando se trata de la Resolución de un Tribunal de apelación, que debe pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre los aspectos sometidos a su consideración, sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos de la Resolución, puesto que una motivación que sea concisa, no por ello, deja ser una motivación conforme a la exigencia establecida en el procedimiento, así, en lo que respecta al Tribunal de apelación, debe expresar claramente los agravios denunciados por la parte apelante y resolverlos conforme a su competencia realizando una valoración jurídica suficientemente razonada, en base a los antecedentes del caso y verificando si el Juez a quo, orientó su labor por pasos racionales, correctos y en observancia de las reglas que impone la sana crítica.
Esta Sala, ha expresado de manera reiterada, que si bien, todos los actos del proceso son importantes, desde la resolución que determina su inicio, hasta la que establece su conclusión; la Sentencia tiene relevante trascendencia, por ello, puede ser considerada como el acto más importante del proceso; por consiguiente, la carencia de una adecuada fundamentación en ella, ingresa en el ámbito de las nulidades procesales, pues siendo un derecho del justiciable exigir la motivación de las resoluciones, es posible afirmar que sólo con una adecuada fundamentación de las resoluciones, éste, podrá examinar y contrastar su razonabilidad, para ejercitar, en su caso, los recursos que considere necesarios, en uso de su sagrado derecho a la defensa.
En ese sentido, esta Sala, conforme a la doctrina y jurisprudencia internacional referida al deber de fundamentación de las resoluciones, que ha sido recogida en Resoluciones precedentes, estableció en el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril, que: “De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.
La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando por qué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción. Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto.
Además, es necesario destacar que, de acuerdo a lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, constituye defecto de la Sentencia, el hecho de que no exista fundamentación o que ésta sea insuficiente o contradictoria”.
Debe agregarse que de la estructura procesal penal asumida por el Estado Boliviano, el deber de motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a las jurisdicciones reconocidas en el territorio del Estado, cual se lee del art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 11 de la LOJ; tal perspectiva, se vislumbra en un doble plano, una vista del Estado, donde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley; y la segunda desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso; es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial.
Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser el resultado de un razonamiento explicitado y verificable, a ello alude el art. 124 del CPP, que consagra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. La argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, donde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.
Ahora bien, cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; y, iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos.
Este Tribunal Supremo, en forma continua y coherente, ha manifestado criterios sobre la falta de fundamentación de las decisiones judiciales, en sentido de que constituye una vulneración al principio y garantía del debido proceso; así a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre ha opinado: "La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, de la publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) del CPP".
De manera específica, con relación a las resoluciones emitidas por los Tribunales de apelación, previa referencia al art. 124 del CPP, el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio de 2014, señaló que: “Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.
Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: ‘…que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’ SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, ‘…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…’ (SCP 0100/2013 de 17 de enero)’ (Las negrillas son nuestras).
Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica”.
De la normativa legal y la doctrina legal precitada, se establece con total claridad que, que todo fallo, sin excepción, debe ser emitido con la debida fundamentación y motivación, plasmando en la Resolución, no sólo los fundamentos que fueron objeto del recurso, sino principalmente, el razonamiento que llevó a la autoridad jurisdiccional a fallar de un modo u otro; es decir, el porqué del decisorio. Ahora bien, cuando un Tribunal de apelación emite un fallo, éste de forma inexcusable y con total responsabilidad, en razón de ser un Tribunal jerárquicamente superior, debe cumplir con su obligación de fundamentar en derecho y motivar de forma precisa, clara, lógica o coherente las razones de sus conclusiones, así como el porqué de la normativa que respalda al fallo, es aplicable al caso en concreto; forma única de pronunciamiento que garantiza el debido proceso, precisamente en su vertiente de debida fundamentación, que hace al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, otorgando seguridad jurídica a las partes.
III.3.Análisis del caso concreto.
El recurrente, impugnando el Auto de Vista de 3 de octubre de 2014, denuncia la vulneración al derecho a la defensa, la seguridad jurídica y al debido proceso, en su vertiente de fundamentación de las resoluciones, argumentando que tal defecto se hubiera arrastrado desde el pronunciamiento de la Sentencia.
Para este específico particular, el recurrente invocó el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre, que resolvió un recurso de casación, dejando sin efecto el Auto de Vista, ante la constatación de la existencia de defectos absolutos en la sentencia que debían ser corregidos aún de oficio por el Tribunal de alzada, inclusive en el supuesto de que los mismos no hubieran sido acusados por el recurrente en el desarrollo del proceso, en virtud a la facultad conferida por el art. 15 de la Ley el Órgano Judicial (LOJ) abrogada; y al advertir una manifiesta y notoria ausencia de fundamentación en el Auto de Vista sobre uno de los puntos apelados.
En el caso presente, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los agravios denunciados en su apelación restringida, referidos a defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 2), 5) y 6) del CPP, incurrió en falta de fundamentación. Ahora bien, cabe señalar, que la situación de hecho expresada en el Auto Supremo invocado por el recurrente, tiene relación o es similar únicamente respecto a la problemática de falta de fundamentación, ahora analizada; la doctrina legal establecida en él señala que en ningún fallo puede omitirse su fundamentación, no pudiendo ser reemplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes.
Con dicha aclaración, a los fines de establecer si el Tribunal de alzada cumplió o no con el deber de fundamentación, es menester precisar los argumentos planteados por el recurrente en apelación, para posteriormente hacer referencia al contenido del Auto de Vista impugnado; es así, que de antecedentes, se advierte que con relación al defecto de Sentencia, previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP, el recurrente denunció en apelación restringida que la Sentencia no contenía la suficiente individualización de la participación del imputado, a quien únicamente lo situó en el lugar de los hechos, donde participaron más de doscientas personas, y lo sindicó de instigador, sin aplicar la Teoría del dominio del hecho.
Sobre el particular, previamente resulta necesario señalar que William Herrera Añez, en su obra “Derecho Procesal Penal Boliviano” haciendo referencia a la estructura de la Sentencia, señala que en el encabezamiento. la Sentencia contendrá la identificación de los jueces que integran el tribunal o juzgado y de los jueces que la hubieran pronunciado, así como de las partes, los datos personales del imputado y el lugar y fecha en que se dicta. Es importante que las partes que intervienen en el proceso estén lo suficientemente identificadas, con todas sus generales de ley: nombre, apellidos, estado civil, profesión, etc.; incluso, en el caso del imputado, se debe incluir, si tiene: apodo, edad ocupación, así como cualquier otra circunstancia personal que hubiera sido averiguada y verificada y que permita identificarlo, a efecto del registro de antecedentes y evitar homónimos.
Por otro lado, Ricardo Ramiro Tola Fernández, en su obra “Derecho Procesal Penal” refiriéndose a la individualización de la persona perseguida, expresa que puede hacerse, primeramente, mediante el nombre; pero éste, así como los demás datos personales del sujeto comúnmente llamados sus generales o generalidades, pueden no ser suficientes. Agrega que: “La homonimia, generadora de error, o la inexactitud de las referencia de que se disponga (…) el error que sobre ellos pueda recaer o la imposibilidad de procurarlos, no paralizara ni afectará el desarrollo de la causa”. En tanto que Fernando de la Rúa refiere: “Lo esencial en el juicio es la realidad de la relación entre el imputado y el hecho delictuoso que se le atribuye, no entre el hecho y su nombre: el nombre no es más que un modo, uno de los modos, el más común y conocido civilmente, para la identificación de la persona, pero no el único y exclusivo”.
Esto significa que el art. 360 inc. 1) del CPP, se refiere a la identificación del imputado, a partir de la obtención de datos personales de quien ya es imputado, con el objeto de evitar a lo largo del proceso, cualquier error o equivocación respecto de la persona contra quien se dirigen las actuaciones, sin que la falta de estos datos que corresponden al imputado, genere la nulidad del acto, más propiamente de la sentencia, en virtud a que esa omisión no se encuentra expresamente sancionada como defecto inconvalidable de acuerdo al art. 169 de la norma adjetiva penal, pues cualquier error puede ser corregido aún durante la ejecución penal; en cambio, el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, está referido a la falta de individualización del autor, norma vinculada a las disposiciones contenidas en el capítulo III (PARTICIPACIÓN CRIMINAL) del Código Penal; es decir, en sentido contrario al defecto, la exigencia de suficiente individualización del imputado, implicará que a través del contradictorio característico del acto de juicio, se deba definir y establecer su grado de autoría o participación.
Efectuadas estas precisiones, se evidencia de los antecedentes, que la denuncia formulada por el recurrente fue resuelta por el Tribunal de alzada, que en el acápite subtitulado “II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA SOBRE LA APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR EL IMPUTADO SANTOS JORDÁN PÉREZ”, de manera muy concreta, estableció que revisado el contenido de la sentencia, El Tribunal de la causa cumplió con la identificación e individualización del acusado; conclusión que si bien no es ampulosa, se ajusta a los antecedentes del proceso al constatarse del contenido de la Sentencia 24/2013 de 9 de octubre de 2013, que el Tribunal de Sentencia procedió, en la parte introductoria de la referida resolución, a la mención del imputado consignando sus nombres y apellidos, figurando también sus datos personales en el primer considerando. Por otra parte, en el resto de la sentencia el imputado fue suficientemente individualizado, por cuanto en la fundamentación descriptiva de la prueba, se hizo clara referencia al imputado Santos Jordán Pérez, quien tuvo participación en los hechos atribuidos, al ser reconocido por el funcionario policial Milton Quino Villca, a quien le propinó un golpe en la clavícula cuando trasladaban a las víctimas a instalaciones de la Policía y a decir del testigo, era quien instigaba a las demás personas a que se haga justicia por mano propia; lo propio refirió del testigo William Guachallco Surco, quien también reconoció al imputado como partícipe del hecho y agresor del policía Quino, señala que la testigo Nuria Beatriz Saavedra Cejas afirmó que el imputado fue quien le refirió que había quemado a dos personas acusadas de robo; que la declaración de Silvia Eugenia Millares Torrez resultó ser relevante para el Tribunal de Sentencia, porque en su conclusión demostró que el imputado participó en el hecho delictivo, así como el acta de desfile identificativo en el que se reconoció físicamente al imputado como autor de agresiones tanto al funcionario policial, como a las víctimas; argumentos que sirvieron al Tribunal de mérito para su individualización, que este Tribunal considera suficientes para la determinación de las personas sometidas a investigación y posterior enjuiciamiento; por lo que el reclamo de supuesta falta de fundamentación carece de relevancia jurídica, tomando en cuenta que el recurrente no alega error en la o las personas procesadas. En cuanto a la individualización de los imputados, este Tribunal también verifica el cumplimiento de dicha obligación, en la fundamentación jurídica de la pena y la parte resolutiva de la sentencia impugnada, concluyéndose que se individualizó el grado de participación del recurrente como AUTOR del delito de Asesinato, por lo que se concluye que el argumento del Tribunal de alzada sobre este motivo se halla ajustado a los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, cuando señala que la finalidad del numeral 2 del Art. 370 del CPP, está orientada a identificar la persona contra quien se dirige la acción penal y que en la Sentencia claramente se identificó al recurrente como autor del delito de asesinato.
Con relación al numeral 5) del art. 370 del CPP, el recurrente reclama que el Auto de Vista no explicó los motivos por los cuales concluyó señalando que la Sentencia cuenta con la debida fundamentación fáctica y jurídica. Sobre el particular, el recurrente alegó en apelación restringida la carencia de una adecuada fundamentación probatoria tanto descriptiva como intelectiva, denunciando haberse dejado de considerar aspectos medulares y significativos para su defensa, respecto a determinada prueba testifical y documental, en la descripción de la prueba y de asignar valor probatorio. Ahora bien, destacados como fueron los fundamentos del Auto de Vista impugnado en el punto II.5. del presente fallo, corresponde precisar si estos resultan correctos y consecuentes en relación a los agravios expresados en el recurso de apelación restringida y sobre todo, en relación a la fundamentación de la Sentencia que fue principalmente cuestionada por el recurrente; así, en cuanto a la Sentencia, este Tribunal considera que se cumplió a cabalidad con realizar una debida relación de los hechos que se constituyen en el objeto del proceso penal; asimismo, en lo que respecta a la fundamentación descriptiva, el juzgador dejó constancia de los datos más relevantes de la prueba documental judicializada por el Ministerio Público y por la parte imputada; así como las ideas principales y pertinentes de los testigos de cargo y descargo que comparecieron al acto de juicio.
En cuanto a la fundamentación analítica o intelectiva, que resulta el momento más importante del razonamiento judicial, en la que, como se tiene dicho, no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada, que permite llegar a conclusiones como: por qué se toma esa decisión, por qué se escogen determinados medios de prueba y se desechan otros, por qué se les da credibilidad a unos medios de prueba y a otros no; se advierte que, el Tribunal de juicio, efectúo una fundamentación razonada que cumple con los parámetros supra señalados, pues la Sentencia estableció cuáles fueron los elementos de prueba de los que emergió la conclusión contenida en la fundamentación fáctica, siendo evidente que se asignó valor a las declaraciones testificales de cargo y descargo; y por ello el Tribunal de apelación concluyó haberse cumplido con la fundamentación fáctica, probatoria, descriptiva y jurídica, quedando demostrado que a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, ejerció la facultad de control y verificación de la correcta motivación de la Sentencia, por lo que se concluye que el reclamo realizado por el recurrente, respecto de la falta de explicación de los motivos por los cuales el Tribunal de alzada consideró que la Sentencia cuenta con la fundamentación fáctica, jurídica y de logicidad, carece de veracidad, pues de manera clara y precisa, se refirió a cada uno de los cuestionamientos planteados por el imputado, respecto a las declaraciones y pruebas literales identificadas en el recurso de apelación, para finalmente desestimar el reclamo.
Finalmente, respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, se evidencia que el recurrente denunció en su apelación restringida que el Tribunal de juicio consideró como hecho no probado que las víctimas hubieran estado armadas; no obstante, en franca contradicción, admitió que se encontró un arma de fuego. Además, señaló que las pruebas testificales de los funcionarios policiales no fueron consideradas para probar que las víctimas fueron perseguidas por una turba enardecida, ya que en la sentencia se tuvo este hecho como no probado, aspectos, que a decir del recurrente demostraban la valoración defectuosa de la prueba. En respuesta a esa denuncia, el Tribunal de alzada luego de describir doctrina legal referida a la valoración defectuosa de la prueba, concluyó señalando que el reclamo había sido expresado de forma muy genérica; empero, sin entrar en revalorización de la prueba, se refirió a las declaraciones testificales observadas a efecto de demostrar que el Tribunal de sentencia les asignó el valor correspondiente a cada una de ellas, sin que advierta contradicción alguna, por lo que la Sentencia cumplía con los principios de la lógica, experiencia común y de la psicología.
Contextualizando el presente punto, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se desprende que el Auto de Vista impugnado, resolvió la apelación restringida formulada por el imputado, en la cual denunció la concurrencia de los defectos de sentencia previstos en los incs. 2), 5) y 6) del art. 370 del CPP; siendo que tales aspectos fueron resueltos de manera fundada y concreta por la Resolución recurrida, atendiendo puntualmente cada uno de los reclamos realizados por el imputado y con la debida precisión de las razones que determinaron su desestimación, sin que se advierta que el sentido jurídico asumido por el Auto de Vista impugnado, en cuanto a la debida fundamentación, resulte contrario al Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre invocado como precedente contradictorio, restando a este Tribunal declarar infundado el recurso de casación sujeto al presente análisis.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Santos Jordán Pérez.

References: resolución 
 artículo 252
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 resolución 
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 Resolución 
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 resolución 
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 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
e contrario