Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2006-08148.htm
Timestamp: 2017-12-16 07:12:29+00:00

Document:
B.O.E. Nº 110 de 09/05/2006
Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportaciÃ³n de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la AdministraciÃ³n General del Estado y de sus organismos pÃºblicos vinculados o dependientes.
Hacer mÃ¡s sencilla y amable la relaciÃ³n del ciudadano con la AdministraciÃ³n General del Estado es una de las prioridades del Gobierno. En efecto, la polÃ­tica de simplificaciÃ³n y modernizaciÃ³n de la gestiÃ³n pÃºblica encuentra su justificaciÃ³n primera, no ya en requerimientos organizativos, sino en la atenciÃ³n a las necesidades y demandas de la ciudadanÃ­a, tanto mÃ¡s complejas y exigentes, cuanto que se corresponden con una sociedad democrÃ¡tica avanzada, consciente de que una AdministraciÃ³n pÃºblica eficiente es condiciÃ³n indispensable para que el ejercicio de los derechos constitucionales sea efectivo.
Por otra parte, tambiÃ©n es cierto que de la eficiencia administrativa depende, en grado no menor, el nivel de competitividad de la economÃ­a y, por tanto, es un factor esencial para consolidar un crecimiento econÃ³mico que haga posible alcanzar mayores cotas de progreso social para el conjunto de la ciudadanÃ­a.
Siguiendo estos principios, el Gobierno ha adoptado en los Ãºltimos meses diversas iniciativas dirigidas a mejorar la atenciÃ³n al ciudadano y las condiciones de prestaciÃ³n de los servicios pÃºblicos. Unas medidas novedosas que, una vez puestas en prÃ¡ctica, conllevarÃ¡n un cambio progresivo en la relaciÃ³n entre ciudadanÃ­a y AdministraciÃ³n, de forma que Ã©sta resulte mÃ¡s prÃ³xima, mÃ¡s Ã¡gil y mÃ¡s receptiva a las necesidades ciudadanas.
Dentro de estas iniciativas se estÃ¡ impulsando una simplificaciÃ³n de procedimientos administrativos que contribuya a optimizar la utilizaciÃ³n de las nuevas tecnologÃ­as en las Administraciones pÃºblicas.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn estableciÃ³, con una visiÃ³n estratÃ©gica y de largo plazo, en su artÃ­culo 35.f) el derecho del ciudadano a no presentar aquellos documentos Â«que ya se encuentren en poder de la AdministraciÃ³nÂ». Con base en este marco normativo, el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de este derecho ha ido ampliÃ¡ndose y asÃ­, mediante Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, se regularon las condiciones para la utilizaciÃ³n de medios telemÃ¡ticos en sustituciÃ³n de la aportaciÃ³n de certificados por los ciudadanos.
A pesar de ello, en la actualidad todavÃ­a existen dificultades organizativas o de funcionamiento, que obligan a las Administraciones en algunas ocasiones a exigir a los ciudadanos la presentaciÃ³n de documentos que ya se encuentran en su poder.
Un ejemplo lo ha constituido la peticiÃ³n de fotocopias del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente expedida por las Autoridades espaÃ±olas en el caso de extranjeros residentes en EspaÃ±a en los expedientes administrativos, a efectos de dejar en los mismos constancia fehaciente de determinados datos personales. Nadie ha podido cuestionar la necesidad de tal requisito durante un tiempo en el que las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n no habÃ­an alcanzado el nivel de desarrollo y el volumen de prestaciones que hoy nos ofrecen. El requerimiento traÃ­a causa o bien del Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, por el que se modifica y completa la normativa reguladora del documento nacional de identidad (recientemente derogado por el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expediciÃ³n del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrÃ³nica) o bien de las normas especÃ­ficas que regulan tales procedimientos.
La exigencia de aportar fotocopia del DNI o del documento equivalente, si bien constituyÃ³ en su momento un importante avance para los ciudadanos al sustituir la necesidad de aportar otros documentos (certificados de nacimiento...) de obtenciÃ³n mÃ¡s complicada, ha quedado claramente obsoleta y discordante con una situaciÃ³n administrativa y social decididamente orientada a disminuir las cargas y barreras burocrÃ¡ticas mediante un uso racional de las tÃ©cnicas y recursos disponibles.
Pero ademÃ¡s, la aportaciÃ³n resultaba en la actualidad de utilidad discutible, tanto porque en muchas ocasiones duplicaba un dato requerido en la propia solicitud (el nÃºmero de DNI o del documento equivalente) como por la facilidad de manipulaciÃ³n de una fotocopia. De hecho responde a una cultura felizmente superada, la de la visiÃ³n Â«patolÃ³gicaÂ» del ciudadano enfocada a evitar un mÃ­nimo porcentaje de fraudes sin, por otra parte, conseguirlo.
Por otra parte, la difusiÃ³n de un DNI con certificado electrÃ³nico acentÃºa la obsolescencia de la aportaciÃ³n de fotocopias, aun cuando no la evita por completo dado el sistema de registros vigente en nuestro paÃ­s, que hace que el Ã³rgano ante el que se presenta la solicitud en muchas ocasiones no tenga vinculaciÃ³n orgÃ¡nica ni funcional con el gestor de la misma.
No obstante, es cierto que determinados procedimientos requieren la verificaciÃ³n de datos personales incorporados a los documentos de identidad por ser esencial para su resoluciÃ³n. Por ello el proyecto, ademÃ¡s de terminar explÃ­citamente con la obligaciÃ³n de aportar fotocopias del Documento Nacional de Identidad, contempla sistemas â€alternativos y mÃ¡s confiables que dichas fotocopiasâ€ para proceder a tal verificaciÃ³n. En cualquier caso el presente real decreto afecta exclusivamente a la exigencia de aportar fotocopia del DNI y no a la obligaciÃ³n de identificaciÃ³n de quien comparece ante la AdministraciÃ³n PÃºblica.
En la preparaciÃ³n del presente Real Decreto se han recabado informes del Consejo Superior de AdministraciÃ³n ElectrÃ³nica y de la Agencia de ProtecciÃ³n de Datos.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Administraciones PÃºblicas, previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 28 de abril de 2006,
ArtÃ­culo Ãºnico. ComprobaciÃ³n de datos de identidad en los procedimientos administrativos.
1. En los procedimientos cuya tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n corresponda a la AdministraciÃ³n General del Estado o a los organismos pÃºblicos vinculados o dependientes de aquÃ©lla, no se exigirÃ¡ a efectos de comprobaciÃ³n de los datos de identificaciÃ³n personal, a quien tenga la condiciÃ³n de interesado, la aportaciÃ³n de fotocopias del Documento Nacional de Identidad.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡, asimismo, aplicable al documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio espaÃ±ol, expedido por las autoridades espaÃ±ola de conformidad con lo establecido en la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en EspaÃ±a y su IntegraciÃ³n Social.
2. La comprobaciÃ³n o constancia de los datos de identidad de quienes tengan la condiciÃ³n de interesado en dichos procedimientos administrativos a que se refiere el apartado anterior se realizarÃ¡ de oficio por el Ã³rgano instructor, de acuerdo con los datos de identificaciÃ³n que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los procedimientos para cuya tramitaciÃ³n sea imprescindible acreditar de modo fehaciente datos personales incorporados a los documentos de identidad de quienes tengan la condiciÃ³n de interesado, el Ã³rgano instructor podrÃ¡ comprobar tales datos mediante un Sistema de VerificaciÃ³n de Datos de Identidad. En todo caso serÃ¡ preciso el consentimiento del interesado para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por este sistema por el Ã³rgano instructor, debiendo constar dicho consentimiento en la solicitud de iniciaciÃ³n del procedimiento o en cualquier otra comunicaciÃ³n posterior. A tal efecto, la prestaciÃ³n del consentimiento del interesado podrÃ¡ hacerse constar expresamente en el recibo de presentaciÃ³n de la solicitud.
Si de la comprobaciÃ³n efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por el propio interesado, el Ã³rgano instructor estarÃ¡ facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
En cualquier caso, si el interesado no prestara su consentimiento deberÃ¡ aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad correspondiente, siendo la no aportaciÃ³n de aquÃ©lla causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 71.1 de al Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
DisposiciÃ³n transitoria primera. RÃ©gimen transitorio.
Hasta la fecha en que estÃ© plenamente operativo el Sistema a que se refiere la disposiciÃ³n final primera, el Ã³rgano instructor podrÃ¡ solicitar la aportaciÃ³n de fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente expedida por las Autoridades espaÃ±ola en el caso de extranjeros residentes en EspaÃ±a, en los casos a los que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo Ãºnico.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Procedimientos de comprobaciÃ³n formal o pÃºblica de los datos de identidad.
En los procedimientos en los que las fotocopias de documentaciÃ³n acreditativa de la identidad, remitidas en sobres cerrados, deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o pÃºblicos de apertura de dichos sobres, se seguirÃ¡ requiriendo la aportaciÃ³n de las mismas fotocopias en tanto no se habiliten medios que permitan su comprobaciÃ³n o verificaciÃ³n en el desarrollo de tales actos.
DisposiciÃ³n final primera. Sistema de VerificaciÃ³n de Datos de Identidad.
El establecimiento de la configuraciÃ³n, caracterÃ­sticas, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de VerificaciÃ³n de Datos de Identidad, asÃ­ como la fecha en que dicho sistema estarÃ¡ plenamente operativo, se llevarÃ¡ a cabo mediante orden, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Administraciones PÃºblicas. A partir de esa fecha no podrÃ¡ exigirse en la AdministraciÃ³n General del Estado, y en los organismos pÃºblicos vinculados o dependientes de aquÃ©lla, la aportaciÃ³n de fotocopias del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente expedida por las Autoridades espaÃ±olas en el caso de extranjeros residentes en EspaÃ±a, sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo Ãºnico de este real decreto.

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