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BOE-A-2012-5403 par JEFATURA DEL ESTADO - Fichier PDF
BOE A 2012 5403 .pdf
Nom original: BOE-A-2012-5403.pdfTitre: Disposición 5403 del BOE núm. 98 de 2012Auteur: JEFATURA DEL ESTADO
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seguridad de sus prestaciones.
Todos los países de la Unión Europea están analizando y adoptando medidas que
permiten optimizar sus modelos asistenciales y farmacéuticos y, en especial, el gasto
cve: BOE-A-2012-5403
La creación del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes logros de
nuestro Estado del bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus
prestaciones, su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad
con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la vanguardia sanitaria como un
modelo de referencia mundial.
Sin embargo, la ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el
territorio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la falta de
adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y
énfasis en la eficiencia del sistema han conducido al Sistema Nacional de Salud a una
situación de grave dificultad económica sin precedentes desde su creación. Se ha perdido
eficacia en la gestión de los recursos disponibles, lo que se ha traducido en una alta
morosidad y en un insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias. Se hace, pues,
imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que
contribuyan a evitar que este problema persista.
El Sistema Nacional de Salud viene sufriendo situaciones de descoordinación entre
los servicios de salud autonómicos lo que se traduce en la aparición de considerables
diferencias en las prestaciones y en los servicios a los que acceden los pacientes en las
distintas comunidades autónomas. La cohesión territorial y la equidad se han visto
puestas en cuestión con determinadas medidas adoptadas durante estos últimos años.
Los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto sanitario público
muestran que la sanidad pública no puede obviar por más tiempo de una situación
claramente incompatible con su imprescindible sostenibilidad y que, al mismo tiempo, ha
acarreado consecuencias gravemente perjudiciales para el empleo y la viabilidad de los
sectores empresariales que con él se relacionan.
Pero, además, resulta inaplazable hacer frente a los retos actuales de la asistencia
sanitaria. Así, el impacto del envejecimiento de la población, la necesidad de incorporar
las innovaciones terapéuticas en la terapia clínica, el avance y progreso en la medicina
molecular, el desarrollo de los avances en genómica y proteómica y de nuevos fármacos,
van a suponer, sin duda, un incremento del gasto sanitario cuyas previsiones deben ser
rigurosamente analizadas por los responsables políticos.
El uso racional y la adecuación terapéutica a la duración real de los tratamientos es
uno de los temas en los que se debe poner el énfasis. Así, los últimos datos de gestión
medioambiental de residuos de medicamentos ponen de manifiesto los preocupantes
costes de destrucción de productos desechados sin utilizar o de unidades excedentes de
las pautas terapéuticas establecidas, que no sólo confirman la necesidad de mejorar la
eficiencia en el proceso de prescripción, dispensación y uso de medicamentos, sino que
alertan de los preocupantes costes medioambientales derivados.
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farmacéutico y su peso en el gasto sanitario. La implantación de medidas en este ámbito
es muy intensa, en especial en los países a los que ha golpeado con más intensidad la
crisis financiera y económica.
En cumplimiento de la obligación que tienen los poderes públicos de gestionar de la
manera más eficiente las capacidades del sistema, se debe garantizar el mantenimiento
del modelo español de Sistema Nacional de Salud, modelo configurado como el conjunto
coordinado de los servicios de salud de la Administración General de Estado y los
servicios de salud de las comunidades autónomas, que garantiza la protección de la salud
y se sustenta con base en la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los
Por eso, son necesarias reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la
eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas
herramientas a través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar
los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo
el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes.
Asimismo, y a la vista de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, resulta
imprescindible regular, sin más demora, la condición de asegurado con el fin de evitar
algunas situaciones de prestación de asistencia sanitaria que se están produciendo en la
actualidad y que están debilitando de forma alarmante la sostenibilidad del Sistema
El Gobierno ha expresado su deseo de abordar éstas y cuantas otras reformas sean
necesarias o convenientes, no sólo mediante normas, sino también impulsando buenas
prácticas y poniendo en común experiencias, siempre con base en el diálogo y contando
con la colaboración de las comunidades autónomas, de los grupos políticos y de cuantas
asociaciones y entidades actúan en este ámbito, velando así por la mejor atención a los
pacientes, que son el verdadero centro del sistema.
Será de esta manera como realmente se podrá garantizar a los ciudadanos una
asistencia sanitaria pública, gratuita y universal.
Las medidas que se aplican en el presente real decreto-ley tienen como objetivo
fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de
solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el
tiempo, lo que hace necesario que éstas se apliquen con la mayor urgencia posible. Se
hace preciso, en el actual contexto socioeconómico, que dichas medidas se materialicen
en un instrumento normativo de efecto inmediato que de respuesta, sin demora, a las
demandas internas de mejora de la equidad que exige la ciudadanía, de eficiencia que
exige el Tribunal de Cuentas y de seguridad que exige el sector sanitario, y a las externas
de transparencia y viabilidad que exige la Unión Europea.
Por todo ello, el Gobierno considera que concurren los presupuestos necesarios de
extraordinaria y urgente necesidad establecidos en el artículo 86 de la Constitución
Española que le habilitan para aprobar estas medidas mediante el mecanismo de un real
La Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999
dispuso en el Capítulo III de su Título I que sería el Estado, a través de las transferencias
presupuestarias a las comunidades autónomas, el que asumiría totalmente la financiación
pública de la asistencia sanitaria, desvinculándose con ello la asistencia sanitaria de las
aportaciones a la Seguridad Social.
Esta separación de fuentes de financiación entre el Sistema Nacional de Salud y la
Seguridad Social no ha llevado aparejada la necesaria delimitación de funciones a la hora
del reconocimiento de los derechos. Las comunidades autónomas, en el marco de sus
respectivas competencias, han extendido el derecho de cobertura sanitaria de forma muy
diversa y sin tener en cuenta la legislación europea en materia de aseguramiento,
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poniendo en riesgo la solvencia del propio Sistema Nacional de Salud y abocándolo a
procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea que reclama la aplicación
efectiva del principio de igualdad de trato.
El dictamen motivado 2009/2341 de la Comisión Europea dirigido al Reino de España
por su negativa a expedir la tarjeta sanitaria europea a personas residentes en España
con derecho a recibir asistencia sanitaria con arreglo a la normativa de algunas
comunidades autónomas, ha puesto de manifiesto la fragilidad del mecanismo de
reconocimiento del derecho a la protección de la salud en nuestro país.
Así, el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y su
reglamento de aplicación, el Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación,
hacen efectivo el principio de igualdad de trato en las prestaciones derivadas de la acción
protectora de la seguridad social entre los ciudadanos comunitarios europeos, sea cual
sea su lugar de origen, asimilando éstas a las de los ciudadanos del país donde se
Por otra parte, la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de
sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/
CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE y 93/96/CEE, regula en su artículo 7 las condiciones que se deben cumplir
en aquellos casos en los que un ciudadano europeo desee residir en otro Estado
Miembro, distinto del que es originario, por un periodo superior a tres meses.
Sin embargo, el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no
ha transpuesto el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, en sus términos literales. Esta circunstancia ha supuesto,
y seguirá suponiendo si no se modifica, un grave perjuicio económico para España,
especialmente en cuanto a la imposibilidad de garantizar los retornos de los gastos
ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud
está asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que la
tienen ya cubierta, bien por sus instituciones de seguridad social en origen, bien por
esquemas de seguros privados, lo cual está erosionando enormemente su capacidad
financiera e impidiendo que sus gestores puedan seguir realizando mejoras en los
servicios. Se impone, pues, una clarificación armonizada de la condición de asegurado, a
efectos de la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios, de tal forma que ésta
quede vinculada de forma efectiva a la financiación por impuestos y al carácter de
solidaridad social que el esquema progresivo de los mismos tiene en nuestro país.
Y es, precisamente, esta materia la que se encuentra regulada en el Capítulo I de
este real decreto-ley, donde se regula la condición de asegurado, en su Disposición final
tercera, por la que se modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, precepto
que no tiene naturaleza orgánica según establece la disposición final cuarta de dicha ley,
así como en su Disposición final quinta en la que se modifica el artículo 7 del Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
Resulta, por otra parte, necesario introducir, y este es el objeto del Capítulo II del real
decreto-ley, una categorización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud
que permita gestionar mejor la realidad asistencial en España donde coexiste un
entramado jurídico-administrativo que reduce la transparencia y dificulta la ejecución,
disminuyendo, en consecuencia, la eficiencia en su aplicación, y donde se de cabida a la
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actuación objetiva basada en un riguroso análisis coste-efectividad que proporciona la red
española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema
Esta situación tiene que ser reconducida hacia la homogeneidad entre los servicios
de salud, así como hacia la claridad, transparencia e información a la ciudadanía para
que pueda conocer con exactitud el alcance de la cobertura de sus derechos.
Además, se hace imprescindible solucionar, en el marco de la cohesión e igualdad de
derechos a la asistencia sanitaria entre los españoles y demás personas que gozan de la
condición de asegurado en nuestro país, la financiación de la atención sanitaria prestada
a las personas residentes en una comunidad autónoma distinta de la que está prestando
la atención a través de la creación en el Capítulo III de este real decreto-ley del Fondo de
Garantía Asistencial, configurado como una partida específica de compensación para la
garantía asistencial en todo el Sistema Nacional de Salud.
El Capítulo IV del real decreto-ley incorpora determinadas medidas relacionadas con
La financiación de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de
Salud es uno de los grandes desafíos actuales. La austeridad en el gasto público,
imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable. Por ello, resulta
necesario, más que nunca, que las decisiones de financiación estén presididas por los
criterios de evidencia científica de coste-efectividad y por la evaluación económica, con
consideración del impacto presupuestario, en la que se tenga en cuenta un esquema de
precio asociado al valor real que el medicamento o producto sanitario aporta al sistema.
Es momento, por tanto, de sentar las bases para un análisis exhaustivo de los beneficios
que un nuevo medicamento o producto sanitario aporta a la sociedad en general y al
tejido socioeconómico español en particular a la hora de decidir sobre sus condiciones de
financiación por el Sistema Nacional de Salud.
El mismo principio de austeridad y de racionalización en el gasto público en la oferta
de medicamentos y productos sanitarios obliga a actualizar el vigente sistema de
aportación por parte del usuario y exige introducir cambios en el mismo, de modo que se
adecue al actual modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud por los
Por otra parte, las medidas contenidas en los Reales Decretos-Leyes 4/2010, de 26
de marzo, 8/2010, de 20 de mayo y 9/2011, de 19 de agosto, que se centran en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y, especialmente, las relativas a
los descuentos a practicar a las ventas facturadas al Sistema, producen efectos de
dualidad de precios y mercados que pueden conculcar los principios de economía de
mercado y que es necesario revisar a efectos de proteger la competencia en los diferentes
En el Capítulo V de este real decreto-ley se contemplan una serie de medidas
destinadas a corregir determinadas situaciones estructurales en relación con los recursos
humanos, verdaderos activos del Sistema Nacional de Salud.
Los fondos destinados a financiar los recursos humanos en los servicios de salud
suponen la partida más importante de sus presupuestos. La diversidad de normas
reguladoras, la complejidad organizativa de titulaciones, categorías y situaciones
laborales de los más de 600.000 trabajadores de los 17 servicios de salud ha ido
generando una gran variabilidad interpretativa de las normas reguladoras, que se
demuestran como verdaderas barreras para el desarrollo de los planes de eficiencia y
ordenación que las comunidades autónomas están desarrollando en el marco económico
de crisis actual y para la libertad de movimientos de los trabajadores entre servicios de
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Se presenta así como una verdadera urgencia definir homogéneamente para todo el
Sistema Nacional de Salud la regulación actual de aspectos vinculados a las categorías
profesionales, los criterios generales reguladores del sistema retributivo o de la acción
Estas modificaciones son especialmente necesarias en un contexto de crisis
económica para racionalizar el gasto público y posibilitar una mayor eficiencia en la
gestión de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
La inminente aplicación de la troncalidad en la formación de especialistas del Sistema
Nacional de Salud hace urgente realizar determinadas modificaciones en la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en lo relativo a la
regulación de las Áreas de Capacitación Específica, la clarificación de las competencias
en la formación de especialistas, la resolución de las solicitudes de acreditación de
centros docentes y su auditoría y evaluación.
La creación de Áreas de Capacitación Específica no admite demora para dar
respuesta a las necesidades del progreso científico y al derecho y deber que tienen los
profesionales en orden a su desarrollo profesional. Este desarrollo es una petición
unánime de los profesionales sanitarios, del Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, de las sociedades científicas y de las administraciones sanitarias.
Sin embargo, al haber transcurrido más de 8 años desde la aprobación de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, es necesario adaptar el desarrollo de las Áreas de Capacitación
Específica a las nuevas necesidades del sistema sanitario y a la evolución que la
formación sanitaria especializada está experimentando tanto a nivel interno (introducción
de criterios de troncalidad en la formación de especialistas) como en el ámbito de la Unión
La necesidad de crear un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios se basa en que
se trata de una herramienta imprescindible para garantizar la información a la población y
a las instituciones de la situación de los profesionales desde los diferentes aspectos que
configuran la práctica profesional. La información respecto de la certificación de que el
profesional no esté sometido a sanción disciplinaria o inhabilitación profesional se
constituye en una garantía para la seguridad de los pacientes, y da cumplimiento a la
exigencia del derecho comunitario para acreditar la buena práctica de los profesionales
en el ámbito del derecho a la libre circulación, que tiene una gran incidencia en el sector
Los registros autonómicos y colegiales no son suficientes para garantizar la necesaria
planificación y control de los recursos humanos con los que cuenta el sistema sanitario.
Este registro estatal, al posibilitar una conexión con los registros autonómicos en tiempo
real, permitirá que los datos de especial necesidad estén disponibles de modo inmediato,
desde la constancia de resolución de expedientes disciplinarios hasta la adecuada
planificación de las necesidades de especialistas en estrecha conexión con las ofertas
anuales de plazas en formación.
También resulta urgente garantizar la movilidad de los profesionales mediante la
elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan
las necesarias equivalencias. Este catálogo permitirá que los profesionales puedan
acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud mejorando la calidad de la
asistencia, ya que esas plazas no van a ser objeto de provisión reglada mediante la
convocatoria de procesos selectivos, puesto que la oferta de empleo público se encuentra
Finalmente, criterios de racionalización y eficiencia en la gestión del gasto de acción
social de los servicios de salud determinan la necesidad de posibilitar a las comunidades
autónomas la modulación de su aportación en casos de incapacidad temporal, y también
derogar normas preconstitucionales que resultan divergentes con los criterios recogidos
en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, en cuanto a las prestaciones económicas del personal que
haya alcanzado la edad de jubilación.
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Por último, y al margen de las referencias que se han hechos en los apartados
anteriores, se han incluido una serie de medidas adicionales que completan el paquete
normativo y que resultan necesarias para la adecuada puesta en práctica de este real
Así, se incorporan medidas de eficiencia que tanto necesita el Sistema para afrontar
sus problemas de suficiencia financiera, posibilitando la adopción de estrategias de
gestión centralizada de suministros que pongan en valor una relación de volumen-precio
en la adquisición de productos, materiales y equipamientos de forma coordinada en el
Sistema Nacional de Salud. También deben adoptarse medidas de esfuerzo en el ahorro
energético, relacionadas no sólo con la eficiencia sino también con el compromiso en el
ámbito de la responsabilidad social corporativa exigible a la mayor empresa pública del
En otro orden de cosas, la Directiva 2004/23/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de
seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, establece
en el apartado 2 de su artículo 12 que los Estados miembros tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar que cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo
de la donación de células y tejidos humanos se atenga a las directrices o disposiciones
legales establecidas por los Estados miembros.
En este sentido, el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se
establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento
para su uso en humanos, que transpone la citada Directiva 2004/23/CE a nuestro
ordenamiento jurídico, no consideró preciso hacer uso de dicha atribución adoptando las
medidas correspondientes. No obstante, acontecimientos relacionados con actividades
de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos que
recientemente han tenido lugar en España y que no han observado la regulación vigente
en la materia, aconsejan completar la transposición en el sentido de establecer, con base
en las facultades previstas en la norma comunitaria, medidas que aseguren el
cumplimiento de lo dispuesto por las normas españolas y que garanticen el adecuado
funcionamiento del modelo español de trasplantes.
Además, el artículo 30.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
dispone que las actividades de promoción y publicidad estarán sometidas a la inspección
y control por las administraciones sanitarias competentes, y el artículo 40.8 de la misma
ley establece que corresponde a la Administración General del Estado, sin menoscabo de
las competencias de las comunidades autónomas, desarrollar reglamentación sobre,
entre otros aspectos, registro de servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislación
sobre extracción y trasplante de órganos.
En consecuencia, con base en el citado artículo 12.2 de la Directiva 2004/23/CE, se
procede a modificar el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, mediante la adición
de un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 4, que establece la obligación de disponer
de autorización administrativa previa para realizar actividades de promoción y publicidad
en apoyo de la donación de células y tejidos humanos; y a través de la adición de un
artículo 30 bis, por el que se constituye un registro de donantes de progenitores
hematopoyéticos comprensivo de la información agregada del conjunto del Sistema
El derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
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y servicios necesarios se consagra como principio rector de la política social y económica
en el artículo 43 de la Constitución Española que reserva a la ley el establecimiento de los
derechos y deberes de todos al respecto.
El Tribunal Constitucional ha considerado, en sentencias como la 182/1997, de 28 de
octubre, y la 245/2004, de 16 de diciembre, que el hecho de que una materia esté sujeta
al principio de reserva de ley no permite concluir que la misma se encuentre excluida del
ámbito de regulación del real decreto-ley, el cual puede penetrar en dicha materia siempre
que se den los requisitos constitucionales de presupuesto habilitante y no «afecte», en el
sentido constitucional del término, a las materias excluidas en el artículo 86 de la
Constitución Española, aspecto que necesariamente se relaja al encontramos en
presencia de un principio rector de la política social y económica del Capítulo III del Título I
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de
la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de abril
Artículo 1. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 3, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 3. De la condición de asegurado.
1. La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través
del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la
condición de asegurado.
2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que
se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad
Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social,
incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito
en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la
condición de asegurado por cualquier otro título.
3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos
acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.
4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición
de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o
persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción
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oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los
descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una
discapacidad en grado igual o superior al 65%.
5. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de
beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria
mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el
régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los
regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico
A este respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan
optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán
ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso
de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la
asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la
normativa vigente.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 3 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis. Reconocimiento y control de la condición de asegurado.
1. El reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario
del mismo corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de
sus direcciones provinciales, que establecerá los requisitos documentales a
presentar en cada caso.
2. Una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario del mismo,
el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones
sanitarias competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las
prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria
3. Los órganos competentes en materia de extranjería podrán comunicar al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del
interesado, los datos que resulten imprescindibles para comprobar la concurrencia
de los requisitos a los que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de esta ley.
Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tratar los
datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social o de los órganos de las administraciones públicas competentes
que resulten imprescindibles para verificar la concurrencia de la condición de
asegurado o beneficiario. La cesión al Instituto Nacional de la Seguridad Social de
estos datos no precisará del consentimiento del interesado.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social tratará la información a la que se
refieren los dos párrafos anteriores con la finalidad de comunicar a las
administraciones sanitarias competentes los datos necesarios para verificar en
cada momento que se mantienen las condiciones y los requisitos exigidos para el
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, sin precisar para ello del
Cualquier modificación o variación que pueda comunicar el Instituto Nacional
de la Seguridad Social deberá surtir los efectos que procedan en la tarjeta sanitaria
individual.»
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Tres. Se añade un nuevo artículo 3 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 3 ter. Asistencia sanitaria en situaciones especiales.
Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España,
recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su
causa, hasta la situación de alta médica.
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»
Artículo 2. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Uno. Se modifica el artículo 8, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 8. Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
1. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud es el conjunto
de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los
métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación
científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
2. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se articulará
en torno a las siguientes modalidades:
a) Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud a la que se refiere el artículo 8 bis.
b) Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud a la que se
refiere el artículo 8 ter.
c) Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud a la
que se refiere el artículo 8 quáter.
3. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se
acordará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se
aprobará mediante Real Decreto.
4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizará
anualmente una evaluación de los costes de aplicación de la cartera común de
servicios del Sistema Nacional de Salud.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 8 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 8 bis. Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema
1. La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional
de Salud comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios,
así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por
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2. La prestación de estos servicios se hará de forma que se garantice la
continuidad asistencial, bajo un enfoque multidisciplinar, centrado en el paciente,
garantizando la máxima calidad y seguridad en su prestación, así como las
condiciones de accesibilidad y equidad para toda la población cubierta.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 8 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 8 ter. Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
1. La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluye
todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación
ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
2. Esta cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá
a) Prestación farmacéutica.
b) Prestación ortoprotésica.
c) Prestación con productos dietéticos.
3. También gozará de esta consideración el transporte sanitario no urgente,
sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación
del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica.
4. Para las prestaciones previstas en el apartado 2 de este artículo, a
excepción de la prestación farmacéutica que se regirá por su normativa, se
aprobarán por Orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y
financiación, la actualización del catálogo de prestaciones, los importes máximos
de financiación y los coeficientes de corrección a aplicar para determinar la
facturación definitiva a los servicios autonómicos de salud por parte de los
proveedores, que tendrá la consideración de precio final.
5. El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas
que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el
precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta
aportación.»
Cuatro. Se añade un nuevo artículo 8 quáter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 8 quáter. Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional
1. La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud
incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación,
que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de apoyo para la
mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a aportación y/o
reembolso por parte del usuario.
2. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios
financiación, se aprobará la inclusión de servicios accesorios, los importes máximos
proveedores, así como las modalidades de aportación o reembolso aplicables en
Las actividades, servicios o técnicas incluidas en esta modalidad de cartera se
harán efectivas una vez se aprueben por Orden de la persona titular del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Sec. I. Pág. 31288
3. La aportación del usuario o, en su caso, el reembolso, se regirá por las
mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como referencia
el precio final de facturación que se decida para el Sistema Nacional de Salud.»
Cinco. Se añade un nuevo artículo 8 quinquies, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 8 quinquies. Cartera de servicios complementaria de las comunidades
1. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán
aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán, cuando menos, la
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en sus modalidades
básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios,
garantizándose a todos los usuarios del mismo.
2. Las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de
servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para lo cual establecerán los
recursos adicionales necesarios.
3. Las comunidades autónomas deberán destinar los recursos económicos
necesarios para asegurar la financiación de la cartera común de servicios, siendo
preceptiva, para la aprobación de la cartera de servicios complementaria de una
comunidad autónoma, la garantía previa de suficiencia financiera de la misma en el
marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria.
4. En todo caso, estos servicios o prestaciones complementarios deberán
reunir los mismos requisitos establecidos para la incorporación de nuevas técnicas,
tecnologías o procedimientos a la cartera común de servicios, y no estarán incluidos
en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Con anterioridad a su incorporación, la comunidad autónoma concernida
deberá informar, de forma motivada, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá emitir
recomendaciones sobre el establecimiento por parte de las comunidades
autónomas de prestaciones sanitarias complementarias a las prestaciones
comunes del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1.b) de esta ley.
6. Las comunidades autónomas pondrán en conocimiento del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los servicios complementarios no
contemplados en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud tras
su incorporación efectiva a su cartera de servicios autonómica, los cuales se
incluirán en el sistema de información correspondiente.
7. Las comunidades autónomas asumirán, con cargo a sus propios
presupuestos, todos los costes de aplicación de la cartera de servicios
complementaria a las personas que tengan la condición de asegurado.»
Seis. Se modifica el artículo 20, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 20. Desarrollo de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de
1. El contenido de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de
Salud se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
En la elaboración de dicho contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia,
efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas
asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades
sociales, así como su impacto económico y organizativo.
Sec. I. Pág. 31289
En la evaluación de lo dispuesto en el párrafo anterior participará la Red
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del
2. En cualquier caso, no se incluirán en la cartera común de servicios aquellas
técnicas, tecnologías y procedimientos cuya contribución eficaz a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades,
conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o
disminución del dolor y el sufrimiento no esté suficientemente probada.»
Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 21 que quedan redactados del
«1. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se
actualizará mediante orden de la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios
de Salud. El procedimiento para la actualización se desarrollará reglamentariamente.
2. Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán sometidas a
evaluación, con carácter preceptivo y previo a su utilización en el Sistema Nacional
de Salud, por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.»
Artículo 3. Fondo de Garantía Asistencial.
1. Se crea el Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario, con
el objeto de garantizar la cohesión y equidad en el Sistema Nacional de Salud, mediante
la cobertura de los desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla de personas que gozan de la condición de asegurado en el Sistema Nacional de
2. El Fondo de Garantía Asistencial estará destinado a la compensación entre las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla por las actuaciones que sus
servicios de salud realicen en el marco de la aplicación de la cartera común básica de
servicios asistenciales y de la suplementaria a las personas que gocen de la condición de
asegurado en el Sistema Nacional de Salud en sus desplazamientos temporales.
3. Con el fin de realizar una adecuada gestión y seguimiento del Fondo de Garantía
Asistencial, se procederá a establecer los mecanismos de reconocimiento de estas
personas en el sistema de información de tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional
4. La determinación del importe a liquidar a cada servicio de salud se establecerá
mediante disposición reglamentaria al efecto.
5. El importe de las cuantías a liquidar vendrá determinado por las siguientes
modalidades de desplazamiento:
a) Desplazamiento de corta duración (inferior a un mes), que se abonarán siguiendo
las tarifas nacionales que se establezcan en concepto de atención sanitaria de atención
primaria, incluyendo la prestación por cartera suplementaria que corresponda.
b) Desplazamientos de larga duración (igual o superior a un mes), que se abonarán
de acuerdo a la cápita mensual utilizada para los cálculos estadísticos de contabilidad
sanitaria del sistema de cuentas de salud, con dos posibilidades de aplicación:
1.ª Para la cartera común básica de servicios asistenciales completa.
2.ª Para la cartera común básica de servicios asistenciales parcial, referida a
asistencia en nivel primario o especializado.
Sec. I. Pág. 31290
Artículo 4. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios.
productos sanitarios, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 85, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 85. Prescripción de medicamentos y productos sanitarios.
1. La prescripción de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema
Nacional de Salud se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio de los
pacientes, a la vez que se protege la sostenibilidad del sistema.
2. En el Sistema Nacional de Salud, las prescripciones de medicamentos
incluidos en el sistema de precios de referencia o de agrupaciones homogéneas no
incluidas en el mismo se efectuarán de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Para procesos agudos, la prescripción se hará, de forma general, por
b) Para los procesos crónicos, la primera prescripción, correspondiente a la
instauración del primer tratamiento, se hará, de forma general, por principio activo.
c) Para los procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la
continuidad de tratamiento, podrá realizarse por denominación comercial, siempre
y cuando ésta se encuentre incluida en el sistema de precios de referencia o sea la
de menor precio dentro de su agrupación homogénea.
3. No obstante, la prescripción por denominación comercial de medicamentos
será posible siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el
sistema y en el caso de los medicamentos considerados como no sustituibles.
4. Cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico
dispensará el medicamento de menor precio de su agrupación homogénea y, en el
caso de igualdad, el medicamento genérico o el medicamento biosimilar
5. En todo caso, la prescripción de un medicamento para su utilización en
condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica deberá ser autorizada
previamente por la comisión responsable de los protocolos terapéuticos u órgano
colegiado equivalente en cada comunidad autónoma.»
Dos. Se añade un nuevo artículo 85 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 85 bis. Sistemas de información para apoyo a la prescripción.
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas dotarán a sus
prescriptores de un sistema de prescripción electrónica común e interoperable en
el que se incorporarán subsistemas de apoyo a la prescripción, tales como:
– Nomenclátor de medicamentos en línea.
– Correspondencia entre principios activos, medicamentos disponibles y
patologías en las que están indicados.
– Protocolos de tratamiento por patología recomendados desde las
instituciones sanitarias y las sociedades médicas, con indicación de los estándares
de elección y los beneficios esperados.
– Coste del tratamiento prescrito y alternativas de elección terapéutica según
– Base de datos de interacciones.
Sec. I. Pág. 31291
– Base de datos de ensayos clínicos en su provincia o comunidad autónoma.
– Información periódica en línea (autorización y retirada de medicamentos y
productos sanitarios, alertas y comunicaciones de interés para la protección de la
salud pública).
– Difusión de noticias sobre medicamentos que, sin ser alertas en sentido
estricto, contribuyan a mejorar el nivel de salud de la población.
2. Los sistemas de apoyo a la prescripción recogerán la información
correspondiente a los precios seleccionados vía aportación reducida, de modo que
el médico pueda tomar en consideración el impacto económico durante la
prescripción de medicamentos y productos sanitarios.
3. Los sistemas de apoyo a la prescripción serán gestionados desde los
órganos competentes a nivel de comunidad autónoma. El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud velará por que los mismos se articulen de modo
eficiente y contribuyan a mantener la equidad del sistema sanitario.
4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en coordinación
con las comunidades autónomas, establecerá protocolos asistenciales de carácter
básico de modo que se oriente la prescripción y utilización de aquellos
medicamentos que, por sus características singulares, requieran especial atención
y cautela en su prescripción y dispensación.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 85 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 85 ter. Exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y
1. El órgano responsable de la prestación farmacéutica del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizará, mediante resolución motivada,
la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el
2. La motivación de la exclusión responderá a alguno de los siguientes
a) El establecimiento de precios seleccionados.
b) La convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte
principio activo y dosis.
c) La consideración del medicamento como publicitario en nuestro entorno
d) Que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable
y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.
e) Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores.
f) Por cumplir cualquiera de los criterios de no inclusión en financiación
pública recogido en el apartado 2 del artículo 89.
3. Los responsables de los productos excluidos de la financiación comunicarán
al órgano competente los precios a los que van a comercializar dichos
medicamentos. La misma obligación se extiende a las variaciones en los precios.
4. En el mes siguiente a la entrada en el registro del órgano competente de
las comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior, éste resolverá sobre
su conformidad o no a los precios propuestos. En caso de disconformidad, dicho
órgano elevará la discrepancia a la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, la cual resolverá sobre dicha cuestión. Dicha decisión será
notificada mediante resolución del órgano competente al interesado.
La decisión administrativa recogida en el punto anterior se basará en razones
de protección de la salud pública, de igualdad de acceso a los medicamentos por
parte de los pacientes o de lesión real o potencial de los intereses de colectivos
Sec. I. Pág. 31292
5. En tanto en cuanto se mantenga la disconformidad mencionada en el
apartado anterior, se mantendrá la vigencia del precio industrial máximo.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 86, que tendrá la siguiente
«5. Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el
medicamento prescrito tiene un precio superior al del menor precio de su
agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por el
de menor precio y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento genérico o el
medicamento biosimilar correspondiente.»
Cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 89, que tendrán la siguiente
«1. Para la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios
será necesaria su inclusión en la prestación farmacéutica mediante la
correspondiente resolución expresa de la unidad responsable del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estableciendo las condiciones de
financiación y precio en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Del mismo modo se procederá cuando se produzca una modificación de la
autorización que afecte al contenido de la prestación farmacéutica, con carácter
previo a la puesta en el mercado del producto modificado, bien por afectar la
modificación a las indicaciones del medicamento, bien porque, sin afectarlas, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios así lo acuerde por
razones de interés público o defensa de la salud o seguridad de las personas.
La inclusión de medicamentos en la financiación del Sistema Nacional de Salud
se posibilita mediante la financiación selectiva y no indiscriminada teniendo en
cuenta criterios generales, objetivos y publicados y, concretamente, los siguientes:
a) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que
resulten indicados.
b) Necesidades específicas de ciertos colectivos.
c) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental
del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad.
d) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e
impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud.
e) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las
mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento.
f) Grado de innovación del medicamento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, y con objeto de garantizar el uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad podrá someter a reservas singulares las condiciones
específicas de prescripción, dispensación y financiación de los mismos en el
Sistema Nacional de Salud, de oficio o a propuesta de las comunidades autónomas
en la Comisión Permanente de Farmacia.
Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la
condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso a la prestación
farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, las
comunidades autónomas no podrán establecer, de forma unilateral, reservas
singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos o
No obstante lo anterior, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia
podrá decidirse la excepción motivada por una o varias comunidades autónomas
en razón de sus propias particularidades.
Sec. I. Pág. 31293
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revisará los grupos,
subgrupos, categorías y/o clases de medicamentos cuya financiación no se estime
necesaria para cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población española.
En todo caso, no se incluirán en la prestación farmacéutica medicamentos sin
receta, medicamentos que no se utilicen para el tratamiento de una patología
claramente determinada, ni los productos de utilización cosmética, dietéticos,
aguas minerales, elixires, dentífricos y otros productos similares.
Tampoco se financiarán los medicamentos indicados en el tratamiento de
síndromes y/o síntomas de gravedad menor, ni aquellos que, aun habiendo sido
autorizados de acuerdo a la normativa vigente en su momento, no respondan a las
necesidades terapéuticas actuales, entendiendo por tal un balance beneficio/riesgo
desfavorable en las enfermedades para las que estén indicados.»
Seis. Se añade un nuevo artículo 89 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 89 bis. Criterios fundamentales de inclusión en la prestación
1. Corresponde al Gobierno establecer los criterios y procedimiento para la
fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios financiables por el
Sistema Nacional de Salud, tanto para los medicamentos de dispensación por
oficina de farmacia a través de receta oficial, como para los medicamentos de
ámbito hospitalario, incluidos los envases clínicos, o dispensados por servicios de
farmacia a pacientes no ingresados.
2. Para la decisión de financiación de nuevos medicamentos, además del
correspondiente análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario, se tendrá
en cuenta el componente de innovación, para avances terapéuticos indiscutibles
por modificar el curso de la enfermedad o mejorar el curso de la misma, el
pronóstico y el resultado terapéutico de la intervención y su contribución a la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud si, para un mismo resultado en salud,
contribuye positivamente al Producto Interior Bruto.
3. Se tendrán en consideración los mecanismos de retorno (descuentos
lineales, revisión de precio) para los medicamentos innovadores.
4. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos tendrá en
consideración los análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario.»
Siete. Se modifica el artículo 90, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 90. Fijación de precios.
1. Para la comercialización de un medicamento o producto sanitario en
territorio español será imprescindible haber tramitado la oferta del mismo al Sistema
Nacional de Salud. Se procederá de igual modo si se producen variaciones
sustanciales en las condiciones de autorización del medicamento o producto
2. El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los
medicamentos y productos sanitarios que no precisen receta que se dispensen en
territorio español, siguiendo un régimen general objetivo y transparente.
3. En todo caso, los titulares de autorizaciones de comercialización de los
mismos podrán comercializar los medicamentos que se dispensen en territorio
español en régimen de precios notificados, entendiendo por tal la comunicación del
precio al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que el
departamento pueda objetar el mismo por razones de interés público.
4. Corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos,
adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fijar, de modo
motivado y conforme a criterios objetivos, los precios de financiación del Sistema
Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios para los que sea
Sec. I. Pág. 31294
necesario prescripción médica, que se dispensen en territorio español. Cuando
estos mismos productos no resulten financiados, si son dispensados en territorio
nacional operará lo establecido en el apartado 3.
5. En todo caso, los medicamentos y productos sanitarios que se decida
puedan ser financiados por el Sistema Nacional de Salud podrán también
comercializarse para su prescripción fuera del mismo.
6. Como regla general, el precio de financiación por el Sistema Nacional de
Salud será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea
dispensado fuera del Sistema Nacional de Salud.
7. Para la toma de decisiones, la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos tendrá en consideración los informes que elabore el Comité Asesor
de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
8. Las cuantías económicas correspondientes a los conceptos de la
distribución y dispensación de los medicamentos y de los productos sanitarios y, en
su caso, de las deducciones aplicables a la facturación de los mismos al Sistema
Nacional de Salud serán fijados por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por grupos o
sectores, tomando en consideración criterios de carácter técnico-económico y
9. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá el
precio de venta al público de los medicamentos y productos sanitarios financiados
mediante la agregación del precio industrial autorizado, que tiene carácter de
máximo, y de los márgenes correspondientes a las actividades de distribución
mayorista y dispensación al público.»
Ocho. Se añade un nuevo artículo 90 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 90 bis. Del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema
1. El Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud es el órgano colegiado, de carácter científico-técnico, adscrito a la unidad
ministerial con competencia en materia de prestación farmacéutica del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encargado de proporcionar
asesoramiento, evaluación y consulta sobre la pertinencia, mejora y seguimiento
de la evaluación económica necesaria para sustentar las decisiones de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos.
2. El Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud estará compuesto por un número máximo de 7 miembros designados por la
persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de entre
profesionales de reconocido prestigio, con experiencia y trayectoria acreditadas en
evaluación farmacoeconómica.
3. Asimismo, en función de los asuntos que se debatan, podrán asistir a las
sesiones del Comité los evaluadores del órgano competente en materia de
medicamentos y productos sanitarios que hayan elaborado las evaluaciones de los
medicamentos y productos sanitarios objeto de debate.
4. En todo caso, la creación y el funcionamiento del Comité Asesor de la
Prestación Farmacéutica será atendido con los medios personales, técnicos y
presupuestarios asignados al órgano al que se encuentre adscrito.»
Nueve. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 91, que tendrá la siguiente
«6. A los efectos de las revisiones de precios a la baja a petición de parte
previstas en el apartado 1 de este artículo, sólo se tendrán en cuenta las que
supongan, como mínimo, una reducción del 10% sobre el precio industrial máximo
en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos.»
Sec. I. Pág. 31295
Diez. Se modifica el artículo 93, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 93. Sistema de precios de referencia.
1. La financiación pública de medicamentos estará sometida al sistema de
precios de referencia. El precio de referencia será la cuantía máxima con la que se
financiarán las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los
conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a
2. Los conjuntos incluirán todas las presentaciones de medicamentos
financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración
entre las que existirá incluida en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional
de Salud, al menos, una presentación de medicamento genérico o biosimilar, salvo
que el medicamento o su ingrediente activo principal hayan sido comercializados
durante un mínimo de diez años en un Estado miembro de la Unión Europea, en
cuyo caso no será indispensable la existencia de un medicamento genérico para
establecer un conjunto. Las presentaciones indicadas para tratamientos en
pediatría, así como las correspondientes a medicamentos de ámbito hospitalario,
incluidos los envases clínicos, constituirán conjuntos independientes.
3. El precio de referencia de cada conjunto se calculará en base al coste/
tratamiento/día menor de las presentaciones de medicamentos en él agrupadas, y
en todo caso deberá garantizarse el abastecimiento a las oficinas de farmacia para
los medicamentos de precio menor. Los medicamentos no podrán superar el precio
de referencia del conjunto al que pertenezcan.
4. Se establecerán los nuevos conjuntos y se revisarán los precios de los
conjuntos ya existentes con carácter anual. No obstante, los precios menores de
las nuevas agrupaciones homogéneas serán fijados automáticamente en el
Nomenclátor que corresponda, y los precios menores de las ya existentes serán
revisados con carácter trimestral.
5. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá un
sistema similar de precios para los productos sanitarios.»
Once. Se añade un nuevo artículo 93 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 93 bis. Sistema de precios seleccionados para productos financiables.
El consumo del conjunto.
El impacto presupuestario.
La existencia de, al menos, tres medicamentos en el conjunto.
Que no se produzca riesgo de desabastecimiento.
5. Análogos criterios se aplicarán para el caso de productos sanitarios.
6. Valorados los criterios anteriores, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través de la unidad con responsabilidad en prestación
1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá proponer a la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la aplicación del
mecanismo de precios seleccionados a los medicamentos y productos sanitarios
financiables.
2. A tales efectos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
elaborará una propuesta motivada, de acuerdo a los criterios recogidos en este
artículo, que contendrá el precio máximo seleccionado aplicable en cada caso.
3. Una vez autorizado por la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicará la
decisión por Resolución de la unidad responsable de la prestación farmacéutica.
4. En el caso de los medicamentos financiados, el sistema de precios
seleccionados se aplicará a medicamentos sujetos a precios de referencia,
Sec. I. Pág. 31296
farmacéutica, procederá a comunicar a los proveedores el inicio de un
procedimiento de precio seleccionado, con comunicación del precio máximo de
financiación que se propone para que manifiesten sus intenciones.
7. En base a las comunicaciones recibidas, el ministerio elaborará la
propuesta a que hace referencia el punto 2 de este artículo.
8. Aquellos medicamentos y/o productos sanitarios que superen el precio
máximo financiable quedarán excluidos de la financiación por el Sistema Nacional
9. El precio seleccionado tendrá una vigencia de dos años durante los cuales
no podrá ser modificado.
10. El régimen de precios seleccionados se actualizará, para los casos en los
que no haya sido aplicado con anterioridad, con periodicidad anual, de forma
simultánea a la actualización del sistema de precios de referencia.
11. La aplicación de este sistema supondrá la exclusión de la financiación
pública de aquellas presentaciones que no resulten seleccionadas, por el tiempo
de vigencia del precio seleccionado.
12. En cualquier caso, las presentaciones de los medicamentos que resulten
afectadas por lo regulado en este artículo quedarán exentas, a partir de dicho
momento, de la aplicación de las deducciones reguladas en los artículos 8, 9 y 10
del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
13. Los laboratorios titulares de la autorización de comercialización de las
presentaciones de los medicamentos y las empresas ofertantes de las
presentaciones de los productos sanitarios que resulten finalmente seleccionadas
deberán asumir el compromiso de garantizar su adecuado abastecimiento mediante
declaración expresa al efecto.
14. El sistema de precios seleccionado podrá aplicarse a medicamentos y
productos sanitarios que, no estando financiados, se consideren de interés para
salud pública en los términos expresados en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
15. A este respecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la determinación del precio seleccionado tendrá en cuenta las especiales
características de distribución y aplicación de estos productos.
16. Asimismo, se podrá extender el mecanismo vía la selección por fijación de
una aportación reducida por agrupaciones homogéneas.»
Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 94, que tendrá la siguiente redacción:
«1. El Gobierno revisará periódicamente la participación en el pago a
satisfacer por los ciudadanos por la prestación farmacéutica incluida en la cartera
común suplementaria del Sistema Nacional de Salud, y los supuestos de
financiación íntegra con cargo a fondos públicos.
La revisión se publicará en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, mediante Orden de la
persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.»
Trece. Se añade un nuevo artículo 94 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 94 bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica
1. Se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al
paciente a través de oficina o servicio de farmacia.
2. La prestación farmacéutica ambulatoria estará sujeta a aportación del
3. La aportación del usuario se efectuará en el momento de la dispensación
del medicamento o producto sanitario.
Sec. I. Pág. 31297
4. La aportación del usuario será proporcional al nivel de renta que se
actualizará, como máximo, anualmente.
5. Con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario seguirá el
a) Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual
o superior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y
del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Un 50 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado
activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a
100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Un 40 % para las personas que ostenten la condición de asegurado activo
y sus beneficiarios y no se encuentren incluidos en los apartados a) o b) anteriores.
d) Un 10 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado
como pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas incluidas
en el apartado a).
6. Con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter
crónico y asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con
tratamientos de larga duración, los porcentajes generales estarán sujetos a topes
máximos de aportación en los siguientes supuestos:
a) A un 10 % del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC
de aportación reducida, con una aportación máxima para el 2012, expresada en
euros, resultante de la aplicación de la actualización del IPC a la aportación máxima
vigente. Dicha aportación máxima se actualizará, de forma automática cada mes
de enero de acuerdo con la evolución del IPC. La actualización se formalizará por
resolución de la unidad responsable de farmacia del Ministerio de Sanidad,
b) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como
pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea inferior a
18.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o que no estén
incluidos en los siguientes apartados c) o d), hasta un limite máximo de aportación
mensual de 8 euros.
c) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como
pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea igual o
superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 consignada en la casilla de base
liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, hasta un límite máximo de aportación mensual de 18 euros.
d) Para las personas que ostenten la condición de asegurado como
pensionista de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta sea superior a
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta un límite
máximo de aportación mensual de 60 euros.
7. El importe de las aportaciones que excedan estos montos será objeto de
reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad
máxima semestral.
8. Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que
pertenezcan a una de las siguientes categorías:
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los
supuestos contemplados en su normativa específica.
b) Personas perceptoras de rentas de integración social.
c) Persona perceptoras de pensiones no contributivas.
Sec. I. Pág. 31298
d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en
tanto subsista su situación.
e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad
9. El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial será del 30 %.»
Catorce. Se añade un nuevo artículo 94 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 94 ter. Protección de datos personales.
1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tratar los datos obrantes
en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social y de las entidades que colaboran con las mismas que resulten
imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en
la prestación farmacéutica. Dicho tratamiento, que no requerirá el consentimiento
del interesado, se someterá plenamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus
2. Del mismo modo, y con la finalidad a la que se refiere el apartado anterior,
la administración competente en materia tributaria podrá comunicar al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, sin contar con el consentimiento del interesado,
los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta requerido.
Igualmente, los órganos de las administraciones públicas que resulten
competentes para determinar la concurrencia de los requisitos establecidos para la
exención de la aportación previstos en el apartado 8 del artículo 94 bis de esta ley,
podrán comunicar esta circunstancia al Instituto Nacional de la Seguridad Social
sin contar con el consentimiento del interesado.
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a las
administraciones sanitarias competentes el dato relativo al nivel de aportación que
corresponda a cada usuario de conformidad con lo establecido en la normativa
reguladora de las recetas médicas y órdenes de dispensación. En ningún caso,
dicha información incluirá el dato de la cuantía concreta de las rentas.
Los datos comunicados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior
serán objeto de tratamiento por la administración sanitaria correspondiente a los
solos efectos de su incorporación al sistema de información de la tarjeta sanitaria
Quince. Se añade un nuevo artículo 97 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 97 bis. Fundamentos de los sistemas de información para el control de
1. La intervención del Estado en materia de medicamentos y productos
sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud exige la plena disposición
de información sólida sobre el consumo de los insumos sanitarios objeto de dicha
información. A tal efecto, tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad como las consejerías competentes de las comunidades autónomas y, en
su caso, las empresas proveedoras y sus órganos de representación profesional,
aportarán la siguiente información relativa al tráfico y consumo de los mismos:
a) Datos de facturación de recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud
con periodicidad mensual, dispensadas por oficinas de farmacia y agregadas por
b) Datos de adquisiciones por servicios farmacéuticos de centros y servicios
sanitarios o sociosanitarios del Sistema Nacional de Salud y en su caso abonos de
Sec. I. Pág. 31299
medicamentos y productos sanitarios, al menos con periodicidad mensual y con
nivel de agregación por provincia y comunidad autónoma.
2. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad
General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas aportarán el mismo
tipo de información, con las salvedades propias de las modalidades asistenciales
3. Los medicamentos dispensados por servicios farmacéuticos de centros y
servicios sanitarios o sociosanitarios del Sistema Nacional de Salud a pacientes
ambulatorios serán recogidos en una aplicación informática específica.
4. El tratamiento informático al que se refiere el punto anterior podrá ser
extendido a otros medicamentos y productos sanitarios de uso exclusivo
hospitalario a los que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos
considere oportuno aplicar un régimen de cautelas singulares.»
Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 97 ter, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 97 ter. Fomento de la competencia y competitividad.
1. Para la consecución de los fines de eficiencia y sostenibilidad de la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud se implementarán las
medidas administrativas y regulatorias que en cada ejercicio presupuestario se
consideren apropiadas para estimular la competencia entre proveedores de
insumos farmacéuticos, redundando en descensos de precios unitarios.
2. Toda actuación limitativa a la competencia se considerará contraria a los
principios de eficiencia y sostenibilidad y será perseguida de oficio por los órganos
Diecisiete. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta, que tendrá la
«1. Las personas físicas, los grupos empresariales y las personas jurídicas no
integradas en ellos, que se dediquen en España a la fabricación, importación u
oferta al Sistema Nacional de Salud de medicamentos y/o productos sanitarios
que, financiados con fondos públicos, se dispensen en oficinas de farmacia, a
través de receta oficial u orden de dispensación del Sistema Nacional de Salud, en
territorio nacional, deberán ingresar con carácter cuatrimestral las cantidades que
resulten de aplicar sobre su volumen cuatrimestral de ventas a través de dicha
receta u orden de dispensación, los porcentajes contemplados en la escala
En el supuesto de que el volumen total de ventas de medicamentos y productos
sanitarios al Sistema Nacional de Salud sea, en términos corrientes anuales,
inferior al del año precedente, el Gobierno podrá revisar los anteriores porcentajes
Las cuantías resultantes de la aplicación de la escala anterior se verán
minoradas en función de la valoración de las compañías en el marco de la acción
Profarma según los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:
• No valoradas: 0,00.
• Aceptables: 5 %.
Sec. I. Pág. 31300
• Buenas: 10 %.
• Muy buenas: 15 %.
• Excelentes: 25 %.
Aquellas empresas clasificadas en el programa Profarma como muy buenas o
excelentes, que participen en consorcios de I+D o realicen asociaciones temporales
con este fin con otras empresas establecidas en España y centros de I+D públicos
y privados, para realizar investigación básica y preclínica de relevancia, mediante
proyectos específicos y determinados, podrán beneficiarse de una minoración
adicional de un diez por ciento de la aportación.
Las minoraciones que puedan afectar a estos retornos surtirán efecto a partir
de la última resolución del Plan Profarma.
Los grupos empresariales comunicarán al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, durante el mes de enero de cada año natural, las compañías
integradas en ellos. En caso de que se modifique la composición de un grupo
empresarial en el transcurso del año, la comunicación se efectuará durante el mes
en que dicha modificación haya tenido lugar. A efectos de lo señalado, se considera
que pertenecen a un mismo grupo las empresas que constituyan una unidad de
decisión, en los términos del artículo 4 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.»
Dieciocho. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional
decimocuarta, que tendrá la siguiente redacción:
«La información sobre los precios menores se actualizará el primer día hábil de
cada mes y se publicará en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.»
Artículo 5. Modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se
establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la
distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.
Uno. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 2 del Real Decreto 823/2008, de
16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos
correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, que
295.242,84
11.733,82
28.174,27
47.002,32
14,.27
«8. Con el objeto de garantizar la accesibilidad y calidad en el servicio, así
como la adecuada atención farmacéutica a los usuarios del Sistema Nacional de
Salud, a las oficinas de farmacia que resulten exentas de la escala de deducciones
regulada en el apartado 5 de este artículo, les será de aplicación a su favor un
índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia correspondiente a las
recetas u órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos, conforme a la siguiente
67.634,73
122.119,32
Sec. I. Pág. 31301
Para la aplicación del tramo correspondiente de la mencionada escala se
tendrá en cuenta la cuantía del importe de la facturación mensual correspondiente
a las recetas u órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano
fabricados industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos.
La aplicación del índice corrector se efectuará en el primer tramo de la escala,
de 0 a 25.000 euros, de la facturación mensual correspondiente a las recetas u
órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos. Dicha facturación
mensual se calculará en términos de precio de venta al público incrementado con
el impuesto sobre el valor añadido. Por lo que se refiere a las presentaciones de
medicamentos con precio industrial superior a 91,63 euros y a efectos de dicha
facturación mensual, se excluirá de dicho cómputo la cantidad que, calculada en
términos de precio de venta al público con IVA incluido, exceda del citado precio
Tales oficinas de farmacia deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que no hayan sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación
profesional ni estén excluidas de su concertación.
b) Que participen en los programas de atención farmacéutica y en la
realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los
medicamentos que establezca la Administración sanitaria correspondiente.
La decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la
resolución de las incidencias que se produzcan al efecto, corresponderá a las
distintas administraciones sanitarias competentes en materia de ordenación
farmacéutica, que establecerán el procedimiento para su aplicación. De todo ello
se dará audiencia previa a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, a la Mutualidad General Judicial, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas
y, en su caso, al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
La cuantía derivada de la aplicación del índice corrector de los márgenes
correspondiente a las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
incluyendo la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad
General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas será la que resulte de
aplicar el porcentaje que representa cada una de ellas en la facturación mensual de
cada oficina de farmacia, consideradas conjuntamente. El procedimiento de gestión
de dicha información se ajustará a las reglas establecidas respecto de los informes
relativos a la aplicación de la escala conjunta de deducciones.»
Dos. El actual apartado 8 del artículo 2 pasa a ser el apartado 9 de dicho artículo.
Artículo 6. Medidas relativas a la atención farmacéutica en los hospitales, en los centros
de asistencia social y en los centros psiquiátricos.
a) Todos los hospitales que tengan cien o más camas.
b) Los centros de asistencia social que tengan cien camas o más en régimen de
c) Los centros psiquiátricos que tengan cien camas o más.
1. Será obligatorio el establecimiento de un servicio de farmacia hospitalaria propio en:
Sec. I. Pág. 31302
2. No obstante lo anterior, la consejería responsable en materia de prestación
farmacéutica podrá establecer acuerdos o convenios con centros hospitalarios, eximiendo
a estos centros de esta exigencia, siempre y cuando dispongan de un deposito de
medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública
que sea el de referencia en el área o zona sanitaria de influencia correspondiente.
3. Asimismo, los centros hospitalarios, los centros de asistencia social que presten
asistencia sanitaria específica y los centros psiquiátricos que no cuenten con un servicio
de farmacia hospitalaria propio y que no estén obligados a tenerlo dispondrán de un
depósito, que estará vinculado a un servicio de farmacia del área sanitaria y bajo la
responsabilidad del jefe del servicio, en el caso de los hospitales del sector público, y a
una oficina de farmacia establecida en la misma zona farmacéutica o a un servicio de
farmacia hospitalaria, en el supuesto de que se trate de un hospital del sector privado.
Artículo 7. Manipulación y adecuación de preparaciones de medicamentos.
1. Con el fin de mejorar la eficacia en el uso de los medicamentos en el ámbito
hospitalario, las comunidades autónomas podrán acreditar a los servicios de farmacia
hospitalaria de su territorio para que en los mismos se puedan llevar a cabo operaciones
de fraccionamiento, personalización de dosis y otras operaciones de remanipulación y
transformación de medicamentos.
2. La acreditación prevista en el apartado anterior se efectuará de modo que se
garantice el cumplimiento de las guías técnicas de buena práctica aplicables al caso por
los servicios de farmacia hospitalaria donde se vayan a efectuar las operaciones
3. Las guías de manipulación, fraccionamiento y dosificación personalizada se
elaborarán bajo la tutela de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, recabando al efecto la colaboración de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de expertos de reconocido prestigio.
Artículo 8. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
Uno. Se modifica el artículo 25, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 25. Áreas de Capacitación Específica.
1. La formación especializada en áreas de capacitación especifica tendrá, en
todo caso, carácter programado y se llevará a cabo por el sistema de residencia
con las especificidades y adaptaciones que reglamentariamente se determinen en
el régimen jurídico que regula dicho sistema formativo.
2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para que
los Especialistas en Ciencias de la Salud puedan acceder, mediante convocatoria
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los diplomas de Área de
Capacitación Específica, siempre que dichas áreas se hubieran constituido en la
especialidad correspondiente y se acrediten, al menos, dos años de ejercicio
profesional en la especialidad.
3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe del
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, podrá eliminar, disminuir o
Sec. I. Pág. 31303
aumentar los años de ejercicio profesional a los que se refiere el apartado 1 de
Dos. Se modifica el artículo 26, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 26. Acreditación de centros y unidades docentes.
1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el competente en
materia de educación, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud, mediante Orden que se publicará en el ‘‘Boletín Oficial
del Estado’’, establecerán los requisitos de acreditación que, con carácter general,
deberán cumplir los centros o unidades para la formación de Especialistas en
2. Corresponde al órgano directivo competente en materia de calidad del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad coordinar las auditorías de los
centros y unidades acreditados, para evaluar en el marco del Plan de Calidad para
el Sistema Nacional de Salud y del Plan Anual de Auditorias Docentes, el
funcionamiento y la calidad del sistema de formación.
3. Corresponde al órgano directivo competente en materia de formación
sanitaria especializada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
instancia de la entidad titular del centro, previos informes de la comisión de
docencia de éste y de la Consejería competente en materia sanitaria de la
comunidad autónoma, resolver sobre las solicitudes de acreditación de centros y
unidades docentes. La acreditación especificará, en todo caso, el número de plazas
docentes acreditadas.
4. La revocación, total o parcial, de la acreditación concedida se realizará, en
su caso, por el mismo procedimiento, oído el centro afectado y su comisión de
docencia.»
Tres. Se modifica el artículo 29, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 29. Comités de Áreas de Capacitación Específica.
1. Cuando exista un Área de Capacitación Específica se constituirá un Comité
de Área como órgano asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Estará integrado por seis profesionales con título de especialista con
capacitación específica en el área de que se trate, propuestos por la Comisión o
Comisiones Nacionales de la especialidad o especialidades implicadas, que previo
informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud
serán nombrados por el ministerio competente antes citado.
2. El Comité desarrollará las funciones que reglamentariamente se determinen
y, en todo caso, las de propuesta de los contenidos del programa de formación.
3. En todo caso, la creación y el funcionamiento del Comité de Área será
atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al
órgano al que se encuentre adscrito.»
Cuatro. Se modifica la Disposición transitoria quinta, que tendrá la siguiente
«Disposición transitoria quinta. Creación de nuevos títulos de Especialista y de
Diplomas de Áreas de Capacitación Específica en Ciencias de la Salud.
1. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley, sean
establecidos nuevos títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud, el
Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título
de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva
especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
Sec. I. Pág. 31304
Asimismo, adoptará las medidas oportunas para la inicial constitución de la
correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.
2. Cuando, conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, sean
establecidos nuevos diplomas de Áreas de Capacitación Específica para
especialistas en Ciencias de la Salud, el Gobierno adoptará las medidas oportunas
para posibilitar el acceso a los nuevos diplomas de los profesionales que hubieran
prestado servicios en el ámbito de la nueva Área de Capacitación Específica y
cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
3. Asimismo, el Gobierno adoptará las medidas oportunas para la inicial
constitución de los correspondientes Comités de Área de Capacitación Específica.»
Artículo 9. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Se añade una nueva Disposición adicional décima a la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima. Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
1. Con la finalidad de facilitar la adecuada planificación de las necesidades de
profesionales sanitarios del Estado y de coordinar las políticas de recursos
humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, se crea en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios que se integrará en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema
2. Dicho Registro, que se implementará en soporte digital, se nutrirá de los
registros oficiales, de profesionales, obrantes en las administraciones del Estado y
Autonómicas, en los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos
generales de los mismos, en los centros sanitarios privados y en las entidades de
seguros que operen en el ramo de la enfermedad, que estarán obligados a facilitar
los datos que se consideren necesarios, con sujeción a los criterios que determine
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en los términos previstos
en el artículo 53.3 de esta ley.
3. El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios será público en lo que se
refiere al nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría y función del
profesional, así como en lo referente a la titulación, especialidad, Diploma de Área
de Capacitación Específica y de Acreditación y Acreditación Avanzada, si los
hubiere, y a las fechas de obtención y revalidación de cada uno de ellos.
4. Será de aplicación al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas
previstas en la mencionada normativa, velando en particular porque no quepa el
acceso indiscriminado a los datos que no tengan carácter público conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior.
Asimismo, corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
implementar de forma progresiva el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios a
las distintas profesiones sanitarias y la actualización permanente de los datos que
el mismo contenga, en particular, siempre que se produzca una incidencia derivada
del ejercicio profesional.»
Artículo 10. Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, queda modificada en los términos siguientes:
Sec. I. Pág. 31305
Uno. Se modifica el artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 15. Creación, modificación y supresión de categorías.
1. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán, modificarán o
suprimirán las categorías de personal estatutario de acuerdo con las previsiones
del capítulo XIV y, en su caso, del artículo 13 de esta ley.
2. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la
aprobación de un catálogo homogéneo donde se establecerán las equivalencias de
las categorías profesionales de los servicios de salud. A estos efectos, los servicios
de salud comunicarán al ministerio las categorías de personal estatutario existentes
en el mismo, así como su modificación o supresión y la creación de nuevas
categorías, a fin de proceder, en su caso, a la elaboración de este cuadro de
equivalencias y a su homologación conforme a lo previsto en el artículo 37.1.»
Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 41, pasando los actuales
apartados 4, 5 y 6 de dicho artículo a ser los apartados 5, 6 y 7. Los apartados 3 y 4 del
artículo 41 tendrán la siguiente redacción:
«3. La cuantía de las retribuciones se adecuará a lo que dispongan las
correspondientes leyes de presupuestos. Elemento fundamental en este apartado
es, en cualquier caso, la evaluación del desempeño del personal estatutario, que
los servicios de salud deberán establecer a través de procedimientos fundados en
los principios de igualdad, objetividad y transparencia. La evaluación periódica
deberá tenerse en cuenta a efectos de determinación de una parte de estas
retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad, al
rendimiento y, en definitiva, al contenido y alcance de la actividad que efectivamente
4. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y entes gestores de
asistencia sanitaria establecerán los mecanismos necesarios, como la ordenación
de puestos de trabajo, la ordenación de las retribuciones complementarias, la
desvinculación de plazas docentes, u otros, que garanticen el pago de la actividad
realmente realizada.»
Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, que tendrá la
«Disposición adicional decimoquinta. Extensión de lo dispuesto en el artículo 21
del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
El personal estatutario de los servicios de salud de las comunidades autónomas
e instituciones adscritas al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria queda
exceptuado de la extensión prevista en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo
4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y en la Disposición
adicional sexta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2010, respecto de la prestación económica durante la
situación de incapacidad temporal del personal funcionario integrado en el Régimen
General de Seguridad Social, sea cual sea la Administración en la que preste
Los servicios de salud de las comunidades autónomas decidirán, respecto de
su personal estatutario, el grado de aplicación del contenido de esta prestación
económica, cuando aquél se encuentre en situación de incapacidad temporal.»
Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional decimosexta, que tendrá la
Sec. I. Pág. 31306
«Disposición adicional decimosexta. Integración del personal funcionario al
servicio de instituciones sanitarias públicas.
1. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios
locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas
de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario que preste sus servicios
en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012
para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo. A tal fin, las
2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual
situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal
funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos
administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme
a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse.»
Cinco. Se añade una nueva Disposición adicional decimoséptima, que tendrá la
«Disposición adicional decimoséptima. Acción social.
Con el fin de potenciar y racionalizar las actuaciones en materia de acción
social, los fondos destinados a esta finalidad por los servicios de salud de las
comunidades autónomas para el personal estatutario, sólo podrán ser destinados a
las necesidades del personal que se encuentre en situación administrativa de
servicio activo, y en ningún caso podrá percibir prestación alguna de este carácter,
con contenido económico, el personal que haya alcanzado la edad de jubilación
que determine la legislación en materia de Seguridad Social. En los casos en los
que se autorice la prolongación de servicio activo, la edad será la que figure en la
resolución que autorice esta prolongación.»
Seis. Se modifica la Disposición transitoria tercera, que tendrá la siguiente redacción:
«Disposición transitoria tercera. Personal de cupo y zona.
En la forma y condiciones que en cada servicio de salud, en su caso, se
determine, el personal que percibe haberes por el sistema de cupo y zona se
integrará en el sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones
que se establece en esta ley, antes del 31 de diciembre de 2012. Queda suprimida
desde esa fecha la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona.
Desde esa fecha queda derogada la Orden del Ministerio de Sanidad y
Consumo de 8 de agosto de 1986, sobre retribuciones del personal dependiente
del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Catalán de la Salud y Red de Asistencia
Sanitaria de la Seguridad Social en Andalucía.»
Siete. Se modifica la letra f) del apartado 1 de la disposición derogatoria única, que
«f) El Estatuto de personal sanitario no facultativo de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973,
así como las disposiciones que lo modifican, complementan y desarrollan.»
Disposición adicional primera. Régimen de los españoles residentes en el exterior.
1. El derecho a la protección de la salud de los españoles residentes en el exterior
se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la
ciudadanía española en el exterior y su normativa de desarrollo.
2. Los trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en Estados no
miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Sec. I. Pág. 31307
Económico Europeo y de Suiza que se desplacen temporalmente a España tendrán
derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, a través del
Sistema Nacional de Salud cuando, de acuerdo con las disposiciones de Seguridad
Social española, las del Estado de procedencia o de las normas o Convenios
internacionales de Seguridad Social establecidos al efecto, no tuvieran prevista esta
Disposición adicional segunda. De la fijación de importes máximos de financiación.
1. En materia de dietoterápicos, la fijación de importes máximos de financiación se
atendrá a lo recogido en el Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se
fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales
en la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para el
establecimiento de sus importes máximos de financiación.
2. El Consejo de Ministros aprobará, en el plazo de 6 meses a contar desde la
entrada en vigor de este real decreto-ley, un real decreto para la regulación de la cartera
suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y para el
3. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad elaborará, en el plazo de
6 meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, una orden ministerial
recogiendo los acuerdos del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud sobre transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones
Disposición adicional tercera. Cesión de información tributaria.
La administración tributaria facilitará, dentro de cada ejercicio, al órgano de la
administración pública responsable del reconocimiento y control de la condición de
asegurado o de beneficiario del mismo, los datos relativos a sus niveles de renta en
cuanto sean necesarios para determinar el porcentaje de participación en el pago de las
prestaciones de la cartera común de servicios sujetas a aportación.
En el tratamiento de estos datos la administración cesionaria deberá respetar la
Disposición adicional cuarta. Medidas de eficiencia en el ámbito del Sistema Nacional
1. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud fomentará las
actuaciones conjuntas de los servicios de salud de las comunidades autónomas para la
adquisición de cualquier producto que por sus características sea susceptible de un
mecanismo de compra conjunta y centralizado. Asimismo, los servicios de salud de las
comunidades autónomas fomentarán la implantación de modelos de servicios compartidos
mediante el establecimiento de un solo proveedor del servicio para una red de centros, en
cuestiones tales como radiodiagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, farmacia
hospitalaria, así como el desempeño de especialidades médicas que precisen una
población grande para ser autosuficientes o padezcan dificultades para encontrar
2. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas para que los
centros de ellas dependientes elaboren a lo largo de 2012, en el caso de que no lo hayan
hecho ya, un plan de medidas de ahorro energético que deberá ser aprobado por el
órgano competente antes del 31 de diciembre de 2013.
3. En un plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este
real decreto-ley, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobará las
medidas legislativas necesarias para garantizar la adecuación de los envases a las
pautas y tiempos de tratamiento habituales de acuerdo a los criterios de buena práctica
Sec. I. Pág. 31308
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de acceso a la asistencia
sanitaria en España.
Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley,
tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podrán seguir accediendo a la misma
hasta el día 31 de agosto de 2012 sin necesidad de acreditar la condición de asegurado
en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
Disposición transitoria segunda. De la cartera común de servicios del Sistema
En tanto no se elabore la normativa de desarrollo de la cartera común de servicios del
Sistema Nacional de Salud, permanecerá en vigor el Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualización, en todo lo que no se oponga a la
Disposición transitoria tercera. De la fijación de los precios de medicamentos no
incluidos en la prestación farmacéutica.
Salvo decisión en contrario de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, por
razones de interés general, en tanto no se regulen los mecanismos de fijación de los
precios de venta al público de los medicamentos y productos sanitarios, estos serán libres
en aquellos medicamentos que no se financien con cargo a fondos públicos.
Queda derogado el artículo 115.1 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, así como cuantas
otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.2.ª,
149.1.16.ª, 149.1.17.ª, 149.1.18.ª y 149.1.30.ª de la Constitución Española.
1. Se autoriza al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las
disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
establecido en este real decreto-ley.
2. Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley,
puedan realizarse respecto a lo dispuesto en su artículo 5, así como en las disposiciones
finales quinta, sexta y séptima, podrán efectuarse reglamentariamente con arreglo a la
normativa específica de aplicación.
3. Las comunidades autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las medidas necesarias para la efectividad de lo previsto en este real
Disposición final tercera. Modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
Se modifica el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tendrá la siguiente
Sec. I. Pág. 31309
«Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria.
Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos
previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
La letra c) del apartado 1 del artículo 95 de La Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, queda modificada en los siguientes términos:
«c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la lucha contra
el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad
Social y contra el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones a cargo del
sistema; así como para la determinación del nivel de aportación de cada usuario en
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.»
Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
El artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el
1. Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de
residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses si:
a) Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o
b) Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para
no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período
de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos
en España, o
c) Está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado
por la administración educativa competente con arreglo a la legislación aplicable,
con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y
cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en España y
garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por
cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes
para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la
asistencia social del Estado español durante su período de residencia, o
d) Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión
Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las
letras a), b) o c).
2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los
miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando
acompañen al ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reúnan con él en el Estado
Sec. I. Pág. 31310
español, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en
las letras a), b) o c) de dicho apartado 1.
3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea
o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya
no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la
condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes
a) Si sufre una incapacidad temporal resultante de una enfermedad o
b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras
haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de
empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;
c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras
concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o
habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha
inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En
este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no
podrá ser inferior a seis meses;
d) Si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de
paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la
formación guarde relación con el empleo previo.
4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 y en el apartado 2,
únicamente el cónyuge o persona a la que se refiere el apartado b) del artículo 2 y
los hijos a cargo tendrán el derecho de residencia como miembros de la familia de
un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo que cumple los requisitos de la letra c) del apartado 1
5. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados
a solicitar personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde
pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de
Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha
solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de
entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro
en el que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su
número de identidad de extranjero, y la fecha de registro.
6. Junto a la solicitud de inscripción, deberá presentarse el pasaporte o
documento nacional de identidad válido y en vigor del solicitante, así como la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigibles para la
inscripción establecidos en este artículo. En el supuesto de que el pasaporte o el
documento nacional de identidad estén caducados, deberá aportarse copia de
éstos y de la solicitud de renovación.
7. En lo que se refiere a medios económicos suficientes, no podrá
establecerse un importe fijo, sino que habrá de tenerse en cuenta la situación
personal de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En cualquier
caso, dicho importe no superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede
asistencia social a los españoles o el importe de la pensión mínima de Seguridad
Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre,
por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la
Sec. I. Pág. 31311
distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y
funcionamiento para su uso en humanos.
El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas
de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se
aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, queda
Uno. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 4, que tendrá la siguiente
«Las entidades que pretendan desarrollar cualquier actividad de promoción y
publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos deberán solicitar
la autorización previa de las Administraciones sanitarias competentes. A tales
efectos, se entenderá por administración sanitaria competente la correspondiente a
la comunidad autónoma donde se pretenda desarrollar la actividad, y la
Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen
dicho ámbito. En todo caso, el procedimiento para resolver sobre la autorización o
denegación del desarrollo de dichas actividades se regirá por lo establecido en la
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Dos. Se añade un artículo 30 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 30 bis. Registro de donantes de progenitores hematopoyéticos.
1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias
de registro de las autoridades autonómicas, será el órgano competente para
desarrollar y mantener el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos
comprensivo de la información agregada del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades
autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de
Trasplantes información relativa a los donantes de progenitores hematopoyéticos
incluidos en sus respectivos registros.
3. La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
podrá encomendar la gestión de esta información a entidades públicas o privadas
que desarrollen su actividad en el ámbito de la promoción y publicidad en apoyo de
la donación de células y tejidos humanos.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto 1718/2010, de 17 de
El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación, queda modificado en los siguientes términos:
«Las recetas oficiales se adaptarán a los siguientes criterios básicos de
diferenciación de acuerdo con la expresión de las siglas o del código de clasificación
en la base de datos de tarjeta sanitaria individual, que figurarán impresos
alfanuméricamente o codificado en la parte superior derecha de las recetas de
acuerdo al siguiente esquema:
Código TSI 001 para los usuarios exentos de aportación.
Código TSI 002 para los usuarios con aportación reducida de un 10 %.
Código TSI 003 para los usuarios con aportación de un 40 %.
Código TSI 004 para los usuarios con aportación de un 50 %.
Código TSI 005 para los usuarios con aportación de un 60 %.
Uno. Se modifican el segundo y tercer párrafo del apartado 1 del artículo 5 que
Sec. I. Pág. 31312
f) ATEP para las recetas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
g) NOFIN para las recetas de medicamentos y productos sanitarios no
financiados.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 5, que tendrá la siguiente redacción:
«3. Además de la receta, el prescriptor podrá entregar al paciente, por escrito,
las informaciones y observaciones que a su juicio procedan para el mejor uso de la
medicación por parte del paciente. Estas informaciones y observaciones
complementarán las autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios y estarán adecuadas a cada paciente individual. Incluirán, en
su caso, advertencias sobre las reacciones adversas, contraindicaciones,
interacciones y precauciones en el uso.»
Tres. Se añaden los apartados 6, 7 y 8 al artículo 5, que tendrán la siguiente
«6. En los informes de prescripción y terapéutica para el paciente se
incorporará información sobre el coste del tratamiento, con diferenciación del
porcentaje asumido por el Sistema Nacional de Salud.
7. Durante el acto médico, el paciente será informado de la existencia de
opciones terapéuticas de aportación reducida con carácter previo a la emisión de la
receta oficial del Sistema Nacional de Salud.
8. En todas las informaciones se tendrá en cuenta la accesibilidad para la
personas con discapacidad.»
Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 17 que tendrá la siguiente
«6. Los medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación
solo podrán ser adquiridos y utilizados por los hospitales del Sistema Nacional de
Salud previo acuerdo de la comisión responsable de los protocolos terapéuticos u
órgano colegiado equivalente en cada comunidad autónoma.
Para poder tomar las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, las
comisiones responsables deberán haberse constituido de acuerdo a la normativa
aplicable en la comunidad autónoma, dispondrán de un manual de procedimiento
que garantice la calidad de sus decisiones e informarán de su constitución y
decisiones al órgano competente dentro de la consejería responsable.»
Disposición final octava. Actuaciones a realizar por las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas competentes adoptarán cuantas medidas sean
necesarias para la aplicación efectiva de lo dispuesto en este real decreto-ley.
2. Las administraciones públicas competentes en materia de seguridad social y
sanidad realizarán las actuaciones necesarias para actualizar y adecuar la información de
sus bases de datos a lo dispuesto en esta norma.
3. Las administraciones públicas competentes deberán adoptar, con anterioridad al
30 de junio de 2012, todas las medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva
de lo dispuesto en el apartado trece del artículo 4 de este real decreto-ley.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOE-A-2012-5403.pdf (PDF, 557 Ko)
salud prestacion siguiente servicios sistema tendra nacional igualdad estado seguridad sobre social medicamentos articulo sanitarios
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References: artículo 86
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 40
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 4

artículo 30
 artículo 43
 artículo 86
 artículo 86

Artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 2
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8

artículo 71
 artículo 20
 artículo 21

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 85
 resolución 
 artículo 89
 resolución 
 artículo 86
 artículo 89
 resolución 
 artículo 24
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 93
 artículo 93
 Resolución 
 artículo 94
 artículo 94

resolución 
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 97
 artículo 97
 resolución 
 artículo 4

Artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 16
 artículo 24

Artículo 9
 artículo 53

Artículo 10
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 37
 artículo 41

artículo 41
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 

resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 149
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 95
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 4