Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510403.html
Timestamp: 2019-03-19 21:13:09+00:00

Document:
as201510403
AUTO SUPREMO Nº 403/2015-RA
Por memoriales presentados el 23 de enero de 2015, que cursan de fs. 282 a 284, y de fs. 287 a 288 vta., Nemecia Castellón Calle; y, Arsenio Laura Rojas; respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2014, de fs. 267 a 273 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Jhonny Milton Gonzales Castellón en contra de los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).
En mérito a las acusaciones pública (fs. 3 a 10 vta.), y particular (fs. 17 a 20 vta.), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 36/2010 de 27 de septiembre (fs. 177 a 185), declarando a los imputados Arsenio Laura Rojas y Nemecia Castellón Calle, autores y culpables de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 numerales 1), 2), 3) y 4) del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con responsabilidad civil averiguable en ejecución de sentencia.
Contra la referida Sentencia, los imputados Nemecia Castellón Calle (fs. 188 a 190), y Arsenio Laura Rojas (fs. 192 a 193); respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista de 3 de marzo de 2011 (fs. 199 a 202), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 268/2014 de 2 de septiembre (fs. 258 a 260 vta.), disponiendo se dicte nueva Resolución observando la doctrina legal establecida; en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 21 de noviembre de 2014 (fs. 267 a 273), que declaró improcedente el recurso de Arsenio Laura Rojas; por lo que, confirmó la Sentencia en contra suya; respecto, al recurso de Nemecia Castellón Calle, declaró parcialmente procedente; por lo que, emitió nueva Resolución declarándola Instigadora del delito de Asesinato, tipificado por el art. 252 numerales 1), 2), 3) y 4), con relación al art. 22 ambos del CP, imponiéndole la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, con costas a favor del Estado y habilitación al procedimiento especial para el reclamo de los daños y perjuicios que pudieren corresponder.
Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 16 de enero de 2015 (fs. 274), interpusieron recursos de casación el 23 del mismo mes y año; respectivamente, que son objeto del presente análisis de admisibilidad.
De los memoriales de fs. 282 a 284; y, de fs. 287 a 288 vta., se extraen los siguientes motivos:
II.1 Recurso de casación de Nemecia Castellón Calle.
Como primer agravio, la recurrente previa relación de antecedentes fácticos y procesales que concluyeron con la sentencia condenatoria, denuncia que el Auto de Vista ahora recurrido de forma ilegal e injusta, violentando derechos y garantías constitucionales, no observó que en su recurso de apelación, alegó la vulneración de disposiciones y principios que habrían sido inobservados por el Ministerio Público, quien habría dado por hecho que su persona mantenía una relación extramatrimonial con el co-imputado, incumpliéndose además, lo dispuesto por el art. 13 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por cuanto, no habrían considerado que las pruebas incorporadas a juicio, así como, las declaraciones formuladas por su persona y el co-imputado ante el corregidor, fueron obtenidas mediante torturas, presión física y psicológica; por cuanto, no tendrían ningún valor al amparo de los arts. 172 y 216 del citado Código; empero, el Tribunal de apelación con el mismo argumento que la Resolución anulada la declaró culpable en grado de Instigadora, imponiéndole la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, limitándose a señalar que su persona formuló extemporáneamente el incidente de exclusión probatoria, no considerando que este elemento de prueba para ser considerado y fundar una resolución debe estar revestido de licitud y legalidad.
Por otro lado, reclama que la Resolución ahora recurrida, vulneró el principio de congruencia; toda vez, que al momento de referirse ante su reclamo de errónea aplicación de la ley sustantiva, habría reconocido que existían defectos procesales absolutos; por cuanto, las pruebas habrían sido ilegalmente obtenidas; empero, con el argumento de que no hubieren sido decisivos para fundar la Sentencia condenatoria en su contra; además, de que los hechos hacían que el Tribunal de Sentencia habría entendido que la prueba aportada a juicio demostró la comisión del ilícito de Asesinato, declararon parcialmente procedente su recurso de apelación emitiendo una nueva Resolución condenatoria en grado de Instigadora, no entendiendo su persona, cómo el Tribunal de apelación, llegó a ese convencimiento; por cuanto, las pruebas testificales le fueron favorables, no habiéndose acreditado su participación en el ilícito por el cual, fue condenada.
Sobre los referidos agravios, la recurrente señala, que el Auto de Vista recurrido vulneró su derecho a la seguridad jurídica, defensa, igualdad jurídica y el debido proceso.
II.2 Recurso de casación de Arsenio Laura Rojas.
El recurrente, haciendo una relación de antecedentes procesales que concluyeron con la emisión del Auto de Vista que declaró improcedente su recurso de apelación confirmando la Sentencia dictada por el Tribunal de juicio, y previa mención de los Autos Supremos 268/2014, “316(106) DEL 2003, AS 122/2013-CPL AS 83/2013-SPS Y AS 89/2013 SPP”, a los fines de la admisión de su recurso en caso de identificación de defectos absolutos, refiere, que en ningún momento solicitó al Tribunal de alzada que revalorice prueba; sino, que revalorice el control de violaciones a garantías constitucionales del debido proceso previsto por el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); toda vez, que si bien tachó las pruebas ilegales introducidas al juicio oral, por haber sido obtenidas mediante tortura y amenazas creando falsa convicción en el Tribunal de Quillacollo, como son las declaraciones escuchadas por los testigos; por cuanto, lo colgaron del techo por media hora, agrediéndolo física y psicológicamente, amenazándolo con quitarle la vida, -entonces- en base a qué pruebas confirmó la sentencia; toda vez, que al no poder volver a valorar la prueba, cómo, validó la Resolución condenatoria; habida cuenta, que no existiría pruebas que generen convicción para mantener la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto, al efecto invoca el Auto Supremo 646 de 21 de octubre de 2004, concluyendo que es un Tribunal de Sentencia el que debe dictar una nueva Sentencia excluyendo todas las pruebas obtenidas de forma ilegal.
De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 16 de enero de 2015 (fs. 274), presentando sus recursos de casación, ambos el 23 del mismo mes y año, conforme consta de los sellos electrónicos de recepción a fs. 282 y 287, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.
V.1 Del recurso de casación de Nemecia Castellón Calle.
En los dos motivos planteados, la recurrente denuncia por una parte, que el Auto de Vista recurrido, no habría considerado que las declaraciones formuladas por su persona y el co-imputado ante el corregidor, no tendrían ningún valor al amparo de los arts. 13, 172 y 216 del CPP; por cuanto, habrían sido obtenidas mediante torturas, presión física y psicológica; sin embargo, fue declarada culpable en grado de Instigadora, con pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, con el argumento de que su persona habría formulado extemporáneamente el incidente de exclusión probatoria; y por otro lado, reclama que la Resolución recurrida, vulneró el principio de congruencia; por cuanto, reconoció la existencia de defectos procesales absolutos, porque las pruebas habrían sido ilegalmente obtenidas; empero, arguyendo que no habrían sido decisivos para fundar la Sentencia condenatoria en su contra, emitió nueva Sentencia, no explicando, cómo llegó a ese convencimiento; toda vez, que las pruebas no acreditaron su participación en el ilícito por el cual fue condenada. Sobre estos reclamos, de la revisión del recurso de casación, se advierte que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; y en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de explicar en qué consiste la contradicción en la que habría incurrido el Tribunal de alzada, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal efectuar la labor que le encomienda la ley.
No obstante lo anterior, la recurrente denunció la vulneración de derechos constitucionales, habiendo proporcionado los antecedentes generadores del hecho (que el Tribunal de alzada incurrió en contradicción; toda vez, que reconoció la existencia de defectos procesales absolutos, porque las pruebas habrían sido ilegalmente obtenidas; empero, emitió nueva Sentencia condenatoria, sin explicar cómo habría llegado a ese convencimiento, limitándose a señalar que su persona habría formulado extemporáneamente el incidente de exclusión probatoria), identificando los derechos vulnerados (seguridad jurídica, defensa, igualdad jurídica y el debido proceso), explicando el resultado dañoso (la emisión de una nueva Resolución condenatoria). De la fundamentación expuesta, se observa que la recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV de este Auto Supremo, haciendo viable la admisión de estos motivos para su análisis en la Resolución de fondo.
V.2 Del recurso de casación de Arsenio Laura Rojas.
Ahora bien, respecto a la denuncia del recurrente referida a que el Tribunal de alzada no efectuó el control de violaciones a garantías constitucionales; puesto que, si bien tachó su declaración que fue escuchada por los testigos por haber sido obtenida mediante torturas y amenazas; toda vez, que lo habrían colgado del techo por media hora, amenazándolo con quitarle la vida, agrediéndolo física y psicológicamente, -entonces- en base a qué pruebas habría confirmado la Sentencia; por cuanto, al no poder volver a valorar la prueba, cómo validó la Resolución condenatoria; habida cuenta, que no existiría pruebas que hubieren generado convicción para mantener la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto; sobre este agravio el recurrente invoca el Auto Supremo 646 de 21 de octubre de 2004, referido a decir del recurrente a que en el proceso penal ninguna sentencia o Auto de Vista podría quedar firme si en su pronunciamiento no se hubiere observado las reglas y principios procesales; explicando, que estaría relacionado con la inobservancia o violación de derechos y garantías constitucionales. En la argumentación del recurso, se evidencia que el recurrente explicó la posible contradicción de la Resolución recurrida con relación al precedente invocado, en tal sentido, se observa que cumplió con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, resultando admisible el recurso.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Nemecia Castellón Calle (fs. 282 a 284); y, Arsenio Laura Rojas (fs. 287 a 288 vta.); asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala, se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

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