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Timestamp: 2019-04-25 15:46:05+00:00

Document:
STC 6/1982, 22 de Febrero de 1982 - Jurisprudencia - VLEX 15034902
STC 6/1982, 22 de Febrero de 1982
Fecha de Resolución: 22 de Febrero de 1982
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 211 y 214/1981
1. El Estado es garante de la igualdad en el ejercicio del derecho fundamental de la educación y de una ordenación general del sistema educativo, mediante el establecimiento de las normas básicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos. No pueden confundirse los respectivos fines de «inspección técnica» y «alta inspección», ni duplicarse la acción administrativa de aquélla, así como tampoco vaciar de contenido, so pretexto de inspección, las competencias transferidas. 2. Las competencias que exclusivamente corresponden al Estado en materia de enseñanza tienen un contenido de carácter sustancialmente normativo. Las funciones estatales en la materia exigen e imponen unas evidentes competencias ejecutivas, ya que el sistema educativo único que proclama la Constitución no es sólo un resultado que haya que conservar, sino «un objetivo que continuamente hay que lograr», pero se trata de un objetivo compartido entre los órganos constitucionales del Estado y los de las Comunidades Autónomas, y por tanto, compatible con la cesión a éstas de facultades ejecutivas, tendentes a la realización, en la práctica, del ordenamiento general. 3. La inspección técnica exige una intervención directa en los centros, pero la Alta Inspección puede también requerirla, en cuanto debe discernir las posibles disfunciones en el ámbito de las respectivas competencias del Estado y la Comunidad. 4. El Real Decreto 480/1981, que regula la Alta Inspección, no carece de rango adecuado a este efecto, porque el Real Decreto no desarrolla el derecho fundamental de la enseñanza, sino que regula un organismo creado por Ley Orgánica (LOECE), y el art. 81 se refiere al desarrollo «directo» de los derechos fundamentales. 5. El sistema de controles, en la relación Estado-Comunidades, no se agota con los que enuncia la Constitución, sino que ha de ser completado con aquellos que pueden definir los Estatutos de Autonomía y las Leyes Orgánicas. No se ajusta al principio de autonomía la previsión de controles genéricos e indeterminados, que impliquen dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto de la Administración del Estado. No es necesario -ni quizá posible- un desarrollo legal futuro que establezca un contenido general de la Alta Inspección, en las relaciones Estado-Comunidades; pero, respecto a una materia concreta, como es la enseñanza, la Alta Inspección, prevista en Ley Orgánica, puede ser considerada como un procedimiento lícito de control en la segunda de las acepciones indicadas. 6. El hecho de que las autoridades del País Vasco tengan entre sus deberes el de arbitrar y regular las medidas y medios necesarios para el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad, y la Generalidad el de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña no sustrae a los órganos centrales del Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre los que se encuentra el de conocer la lengua del Estado. La Alta Inspección puede ejercitarse legítimamente para velar por el respeto a los derechos lingüísticos (entre los cuales está, eventualmente, el derecho a conocer la lengua peculiar de la Comunidad Autónoma) y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua del Estado.
Sentencia citada en: 138 sentencias, 70 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas, 2 noticias
En los conflictos positivos de competencia núms. 211 y 214 acumulados por Auto de 22 de septiembre de 1981. El primero fue planteado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado y defendido por el Abogado don Manuel M. V. i Matas, en relación con el Real Decreto 480/1981, de 6 de marzo, sobre «funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria». El segundo fue promovido por el Gobierno Vasco, representado por la Abogada doña Margarita U. E., en relación con el referido Real Decreto 480/1981. En dichos conflictos ha sido parte el Abogado del Estado en representación del Gobierno. Ha sido Ponente el Magistrado don Plácido F. V., quien expresa el parecer del Tribunal.
Adujo que, mediante escrito dirigido al Excmo. Sr P. G. E., en fecha 20 de mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad había planteado requerimiento de incompetencia contra el Real Decreto que se acaba de citar, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de marzo. Mediante escrito del Excmo. Sr M. . P. de 17 de junio siguiente, se dio traslado al muy Honorable señor P. . G. de la decisión del Gobierno de no atender dicho requerimiento, rechazándolo por no estimarlo fundado.
4. Con fecha 22 de julio siguiente, doña Margarita U. E., Abogada, en nombre del Gobierno Vasco, cuya representación acreditó con la certificación oportuna, compareció ante este Tribunal y planteó conflicto positivo de competencia por entender que el Real Decreto 480/1981 no respeta el orden de competencias establecidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Transcribía los arts. 2, 3, 5 y 6 de dicho Real Decreto y se refería al acuerdo del Consejo de Gobierno del País Vasco de requerir de incompetencia al Gobierno del Estado, como así lo hizo, dentro de plazo, a fin de que derogase los artículos que menciona; requerimiento de incompetencia que no fue atendido, sino rechazado por escrito de 17 de junio de 1981; lo que, agotada la vía previa por el mencionado rechazo expreso del requerimiento, autorizaba plantear el conflicto ante este Tribunal, como se hacía mediante el escrito a que se refiere este epígrafe, por el que se solicitaba se dictase Sentencia por la que se declarase la nulidad del art. 2; art. 3 (a excepción de las actividades 7.ª y 8.ª); art. 5, apartados 2, 3 y 4; art. 6 (o ajustarlo en su redacción al ejercicio de las actividades 7.ª y 8.ª del art. 3), y el inciso «a instancia de parte» del art. 5, apartado 1, todos ellos del Real Decreto 480/1981 y cuya Sentencia declarase el contenido, alcance y límites de la competencia estatal de alta inspección en materia de enseñanza no universitaria.
6. El Consejo Ejecutivo de la Generalidad, en sus alegaciones, expresa que el Real Decreto que regula la Alta Inspección carece de rango adecuado a este efecto, pues debiera haberse hecho en texto con rango de Ley Orgánica, o, al menos, en texto con rango formal de Ley. Es decir, que en su criterio se ha infringido la reserva de Ley Orgánica o la simple reserva de Ley. Y ello, por dos razones: 1) porque el concepto de Alta Inspección, en los términos que resulten del Decreto, afecta al desarrollo de un derecho fundamental -la enseñanza; art. 27 de la C. E., dentro del título I, bajo el epígrafe «De los derechos y de los deberes fundamentales»-, y 2) porque la citada norma se refiere -modalizándola- a la competencia estatutaria plena establecida en el Estatuto de Autonomía, que tiene categoría de Ley Orgánica; siempre según esta parte demandante, la ubicación del concepto «alta inspección» en la frontera de las relaciones Estado-Generalidad, en materia de la competencia plena de ésta, exigía, para alcanzar la máxima garantía de la adecuación al sistema global «Constitución-Estatuto», que la regulación se hiciera por las Cortes Generales.
Voto particular que formula el Magistrado don Plácido F. V. a la Sentencia de esta fecha dictada en los conflictos positivos de competencia, números de registro 211 y 214 de 1981, acumulados, al que se adhiere el Magistrado don Manuel D. V. V..
ATC 1026/1987, 23 de Septiembre de 1987
ATS 541/2015, 9 de Abril de 2015
STSJ Murcia 910/2010, 25 de Octubre de 2010

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