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Timestamp: 2018-02-24 02:40:48+00:00

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LEY DE PUERTOS DE CANARIAS L14/2003. Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. 85, de ) (1) (2) (3) - PDF
LEY DE PUERTOS DE CANARIAS L14/2003. Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. 85, de ) (1) (2) (3)
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Adolfo Flores Alarcón
1 Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (B.O.C. 85, de ) (1) (2) (3) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I El sistema portuario en Canarias constituye un elemento esencial de la vida social y económica, que ha permitido tradicionalmente garantizar la movilidad de los ciudadanos, satisfacer en gran medida las necesidades de transporte de viajeros y dotar a los sectores pesquero, comercial e industrial de las instalaciones e infraestructuras imprescindibles para la realización de las tareas de intercambio económico y tráfico de mercancías. La insularidad acrecienta, por demás, la dependencia de la comunidad política de los puertos e instalaciones portuarias, y de su correcto funcionamiento se derivan consecuencias inmediatas para el abastecimiento y calidad de vida de los ciudadanos canarios. Por otra parte, el gran desarrollo turístico ha llevado consigo la aparición de puertos e instalaciones marítimas de carácter deportivo o recreativo, vinculados al turismo de ocio y de calidad, que tienen un gran impacto sobre el territorio y sobre el propio modelo económico de los municipios en los que se emplazan. En los últimos años, el dinámico crecimiento económico y la paulatina importancia que vienen adquiriendo los puertos gestionados por la Comu ni - dad Autónoma dentro del sistema de transportes, obliga a los poderes públicos de Canarias a adoptar una regulación moderna, eficaz y coherente con el modelo preconizado por la Unión Europea, que sea capaz de resolver eficientemente los retos de los próximos años, sin que sea posible continuar con una regulación estatal fragmentada y, en todo caso, supletoria, que responde además a modelos sociales superados y que no garantiza una función ágil, eficaz y flexible que es la que demanda un sector como el portuario, integrado en el sistema de transportes y en el que el papel de la iniciativa privada es insustituible. II La Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, por la que se reformó el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (4), ha atribuido nuevas competencias a la Comunidad Autónoma en materia de puertos, elevando su límite competencial hasta los puertos de interés general. Resulta evidente que con la nueva asunción de competencias, Canarias tiene competencia completa sobre los puertos e instalaciones portuarias de su territorio, salvo los que hayan sido declarados de interés general, con el procedimiento y requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Consti - tucional 40/1998, de 19 de febrero, recaída sobre la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ha zanjado de raíz algunas de las cuestiones jurídi - cas más polémicas de la Ley estatal, configurando así el nuevo marco normativo portuario. El dinámico crecimiento de los puertos de titularidad de Canarias, que arroja cifras espectaculares sobre todo en el tráfico de pasajeros y mercancía general, exige que se creen los instrumentos legales necesarios para fomentar e impulsar este notable incremento del tráfico marítimo, que constituye además un elemento esencial de la política de transportes de Canarias. La modernización de la estructura de administración y gobierno del sistema portuario autonómico es otra de las necesidades más acuciantes del sector. Para ello se han sopesado las distintas soluciones que el Derecho comparado ofrece, valorándose especialmente las experiencias españolas de los últimos años y las normas y recomendaciones de la Unión Europea en el sector del transporte. De ahí que se haya optado por un modelo que, combinando la agilidad y flexibilidad empresarial con las funciones de poder público que en esta materia tiene atribuida la Adminis - tración Pública, permita ordenar, regular y gestionar, en su caso, estas infraestructuras desde la órbita pública sin que ello sea obstáculo para que la iniciativa económica y jurídica privada vayan asumiendo, cada vez más, tareas de gestión y explotación de estas actividades. (1) La presente Ley se transcribe con las modificaciones introducidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ); Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias (L9/2014). (2) Véase Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que se aprue ba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la presente Ley (D52/2005). (3) La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (L4/2012), establece en su Disposición Adicional Sexta lo siguiente: Sexta. Entidad pública empresarial Puertos de Canarias. A la entrada en vigor de la presente Ley, se mantiene vigente el artículo 35 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. (4) El Estatuto de Autonomía figura como LO10/
2 L14/2003 PUERTOS A la sazón, debe subrayarse que por la Comi - sión Europea, en desarrollo del mandato del Con sejo de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa de 28 de marzo de 2000, se ha elaborado una propuesta de directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios que afecta e incide notable mente en el marco jurídico de los Estados de la Unión Europea y, obviamente, en el modelo normativo que pretende instaurarse en la presente Ley. De acuerdo con las finalidades y objetivos del proyecto de directiva, se aborda también el papel de la iniciativa privada en el proceso de prestación de los servicios y actividades en el marco de los puertos, sin perder de vista que tales determinaciones no resultarán directamente vinculantes al no llegar los tráficos de cada puerto de la Comunidad Autó noma de Canarias a los umbrales exigidos para la aplicación de la directiva, pero sin embargo su concepción jurídica y filosofía política impregnan notablemente el modelo de gestión que ahora se regula en la presente Ley, sin perjuicio de establecer los contrapesos necesarios para garantizar una actividad esencial que en el marco de la insularidad canaria exige mayores dosis de intervención pública. La localización de estas infraestructuras del transporte en el territorio y la necesidad de perfilar mecanismos técnicos que garanticen su inserción en el medio físico, garantizando escrupulosamente los parámetros de calidad medioambiental, es otro de los objetivos y finalidades de la Ley. De este modo, se ha tenido muy presente también la trasposición de la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, a través del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre. Teniendo en cuenta que se están elaborando los instrumentos de ordenación territorial de cada isla, parece evidente que la nueva regulación legal aborde estas cuestiones con la misma sensibilidad jurídica y medioambiental que se verá reflejada en los distintos Planes Insulares de Ordenación Territorial. Por último, la necesidad de dar contenido a la exigencia legal de traspasar o delegar competencias en favor de los cabildos insulares debe ensamblarse también con la necesaria eficacia y rentabilidad del sistema portuario canario, lo que se traducirá en un mecanismo jurídico que garantice la unidad de gestión, así como la intervención de los cabildos en la definición de los objetivos, en la fijación de la política portuaria y en el control final del desarrollo de la actividad. III La Ley se estructura en seis títulos, seis dispo - siciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales. El Título preliminar recoge la nueva asunción de competencias por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de puertos, definiendo legalmente los puertos e instalaciones portuarias. El Título I regula la delimitación física y jurídica de los puertos, la planificación y construcción de nuevos puertos o ampliación de los existentes y la necesaria articulación entre el planeamiento urbanístico y territorial con la planificación sectorial portuaria, estableciendo técnicas de coordinación y soluciones compartidas para resolver los ineludibles conflictos que se plantean permanentemente en la relación puerto-ciudad, y en el encuentro entre actividades urbanas y las actividades comerciales e industriales que se desarrollan en los nodos portuarios. El Título II constituye el armazón de la Ley y supone la mayor dosis de novedad. Se ha optado por configurar el organismo gestor de los puertos autonómicos como una Entidad de Derecho Públi - co de la Comunidad Autónoma, de las previstas en el artículo 5.1.b) de la Ley de la Hacienda Pú blica de la Comunidad Autónoma de Canarias, dada la necesaria agilidad con que hay que operar en la toma de decisiones comerciales, pero combinando también otros aspectos públicos o funciones administrativas en el ejercicio de su actividad. El Título III se destina a la regulación de los servicios portuarios, siguiéndose en líneas generales la ordenación existente en el Estado y en las Comunidades Autónomas, pero simplificando notablemente el abigarrado panorama normativo. De igual forma, se ha seguido la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, definiendo en la Ley los elementos esenciales de las tarifas y dando cumplimiento al principio de reserva de ley relativo en materia de prestaciones patrimoniales públicas. Ahora bien, puesto que la citada Sentencia del Tribunal Constitucional permite configurar a estas prestaciones económicas de forma que incluyan una cierta rentabilidad, a fin de amortizar las inversiones realizadas y obtener un cierto rendimiento económico, que es en última instancia el objetivo que deben cubrir según la política común de transportes, la Ley se ha inclinado por introducir en la estructura tarifaria estos elementos, alejándose de la tradicional figura de las tasas que responden al coste del servicio. El Título IV regula las concesiones y autoriza - ciones portuarias. No hay grandes novedades en su contenido porque la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre estatal condiciona considerablemente el margen de regulación que en estas materias tienen las Comunidades Autó nomas. No obstante, se introduce la necesidad de utilizar el procedimiento del concurso cuando 2
3 existan varias solicitudes que recaigan sobre el mismo espacio, garantizándose así la concurrencia y la publicidad y, en última instancia, la satisfacción del interés general. Por último, el Título V incluye un completo y exhaustivo catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones, constituyendo un verdadero mecanismo disuasorio de conductas que pudieran perjudicar la conservación del dominio portuario o afectar negativamente al desarrollo de las actividades que se ejecutan en el ámbito de los puertos. Se cumple, pues, sobradamente la exigencia constitucional del principio de reserva de ley, y se abordan otras cuestiones imprescindibles en la materia: prescripción, responsabilidad, medidas cautelares y de restauración del orden vulnerado, competencia para la imposición de las sanciones y su graduación. También se incluyen determinadas medidas de policía portuaria para hacer frente a contingencias que afectan a la seguridad del puerto o a la disponibilidad de las instalaciones y para garantizar el cobro de ingresos por los servicios y actividades portuarias. Asimismo, se recoge el papel que las cofradías de pescadores tienen actualmente en los puertos e instalaciones pesqueras de la Comunidad Autó - noma, así como su relevante papel en el proceso de comercialización de los productos de la pesca. TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO PRIMERO Objeto de la Ley Artículo 1. Objeto de la Ley. Constituye el objeto de la presente Ley la deter - mi nación y clasificación de los puertos de competen cia de la Comunidad Autónoma de Canarias; la regulación de su planificación, construcción, organiza ción, gestión, régimen económico-financiero, e instrumentos de control y policía administrati va, así como de las instalaciones portuarias de su competen cia. CAPÍTULO II De los puertos e instalaciones portuarias de Canarias Artículo 2. Determinación de los puertos de Ca narias. 1. Son de competencia de la Comunidad Autó - noma de Canarias los puertos, infraestructuras e instalaciones portuarias que, situados en la ribera del mar, dentro de su territorio, presten o permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, o bien sirvan de apoyo a urbanizaciones marítimo-terrestres, siempre que no estén declarados de interés general del Estado o, en el caso de que lo estén, cuando el Estado no realice su gestión directa y se produzca la adscripción a la Comunidad Autónoma de Cana rias. 2. Es competencia de los cabildos insulares la gestión de los puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren por el Gobierno de Canarias de interés regional. 3. En todo caso, tendrán la consideración de puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias los que figuran en el Grupo I del anexo de la presente Ley y aquéllos que, en desarrollo de las competencias estatutarias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, se vayan incorporando por decreto del Gobierno. 4. Deberán ser también objeto de integración en la relación de puertos de titularidad de la Comuni - dad Autónoma de Canarias los espacios pesqueros y los destinados a usos náuticos deportivos que sean segregados de los puertos de interés general del Estado radicados en Canarias y adscritos a la Comunidad Autónoma conforme a la legislación de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (1). 5. En los puertos de Canarias que cuenten con la infraestructura adecuada, se podrán realizar operaciones comerciales, pesqueras, recreativas o deportivas, o podrán servir de refugio, avituallamiento, reparación, varada, según se establezca reglamentariamente. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta Ley se considera: 1. Puerto: el conjunto de obras, infraestructuras e instalaciones, así como superficie de agua abrigada y la superficie terrestre incluida en su zona de servicio, que permiten realizar las operaciones exigidas por la flota y sus usuarios. 2. Instalación marítima: el conjunto de obras e infraestructuras que, sin llegar a disponer de los requisitos y consideración de puerto, se sitúan en el litoral y cuya construcción no exige obras de abrigo o de atraque de carácter fijo, y no supone alteración sustancial del medio físico donde se emplaza, tales como embarcaderos, varaderos, fondeaderos y otras similares. (1) El apartado 4 se transcribe con las modificaciones introdu - cidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). 3
4 L14/2003 PUERTOS 3. Dársena: el espacio portuario de agua abrigada en el que se realizan actividades y maniobras marítimas, y que está destinado a un uso portuario predominante. 4. Instalaciones portuarias: las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito territorial de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario. 5. Puerto deportivo: recinto de agua abrigada, natural o artificialmente, así como la superficie terrestre contigua e instalaciones y accesos terrestres, que permitan realizar las operaciones requeridas por la flota deportiva y sus usuarios con independencia de otras instalaciones portuarias. 6. Zona portuaria de uso náutico-recreativo: parte de un recinto portuario preexistente que se destina a la prestación de servicios a las embarcaciones deportivas. Artículo 4. Clasificación. 1. Los puertos que regula la presente Ley se clasifican, por razón de su origen, en artificiales y naturales, según si requieren para existir la realización de obras de abrigo o no. En particular, a efectos de la presente Ley, son puertos naturales los constituidos por las aguas abrigadas por la misma disposición natural del terreno o los parcialmente abrigados que se destinan al anclaje de temporada de embarcaciones de pesca y deportivas o de recreo. 2. Los puertos, las dársenas y las instalaciones portuarias se clasifican, por razón de su uso o destino, en comerciales, industriales, pesqueros, deportivos y mixtos, según se destinen, respectivamente, de manera exclusiva o principal, a una o a varias de estas actividades. 3. A los efectos previstos en el sistema de competencias los puertos se clasifican en puertos de interés general y puertos de interés insular. Se consideran puertos de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias los que reúnan alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se realicen operaciones de tráfico interinsular de pasajeros. b) Que sean soporte de industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía o el sector industrial de Canarias. c) Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una isla. d) Que sirvan de base para realizar operaciones de comercio marítimo y tráfico de pasajeros. e) Que constituyan elementos esenciales para el sector pesquero, por sus condiciones de refugio, instalaciones o redes de comercialización. f) Que, en general, garanticen la prestación de servicios esenciales u obligaciones de servicio público de titularidad autonómica. 4. Los puertos de interés general de la Comu - nidad Autónoma de Canarias se incluyen en el Grupo I del anexo de esta Ley, sin perjuicio de su actualización por decreto del Gobierno. 5. Se consideran puertos de interés insular los puertos de refugio y deportivos en el ámbito de su respectiva isla, que no reúnan las características para ser declarados de interés general. Los puertos de interés insular se incluyen en los grupos II y III del anexo de esta Ley, sin perjuicio de actualización por decreto del Gobierno. TÍTULO PRIMERO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS DE CANARIAS CAPÍTULO PRIMERO Delimitación del dominio portuario canario Artículo 5. Pertenencias portuarias. 1. La adscripción de los terrenos y superficies de agua necesarios para la realización de las actividades portuarias, efectuada con la aprobación del proyecto, permitirá a la Comunidad Autónoma de Canarias el otorgamiento de los títulos habilitantes y la autorización de las obras. 2. Podrán formar parte del dominio público portuario de titularidad autonómica, los terrenos e instalaciones que la consejería competente en materia de patrimonio afecte al servicio portuario. Para los supuestos de desafectación de estos bienes, el expediente deberá incoarse a propuesta de la consejería competente en materia de puertos y su reintegración al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 6. Zona de servicio de los Puertos Ca narios. 1. En los puertos e instalaciones portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias se delimitará una zona de servicio, en la que se incluirán los espacios, superficies y lámina de agua necesarios para la ejecución de las actividades portuarias, así como los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo o ampliación de la actividad portuaria. 2. Corresponde a la consejería competente en materia de puertos aprobar la delimitación de la zona de servicio, con sujeción al procedimiento establecido, a los efectos de la adscripción en la legislación reguladora del dominio público marí- 4
5 (1) El apartado 5 se transcribe con las modificaciones introdu - cidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). (2) Véase Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (BOC) (D160/2009). timo-terrestre, previo informe de los municipios afectados y, en todo caso, del cabildo insular correspondiente. Asimismo, se solicitará preceptivamente informe a las consejerías competentes en materia de pesca, medio ambiente, urbanismo, turismo y transporte. A estos efectos, los informes deberán emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, transcurrido el cual se entenderá que es favorable a la delimitación proyectada, y deberán circunscribirse a los aspectos de la competencia de la Adminis tración pública o consejería que ha de evacuar el informe. 3. Cuando la delimitación proyectada incluya bienes de titularidad privada o bienes patrimoniales de otras administraciones públicas, habrá de notificarse a los afectados para que, en el plazo de veinte días, puedan formular cuantas alegaciones consideren convenientes, previo acceso al expediente. 4. La aprobación de la delimitación de la zona de servicio lleva implícita la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes de propiedad privada, así como la afectación al uso portuario de los bienes patrimoniales o de dominio público de la Comunidad Autónoma de Canarias incluidos en la zona de servicio, que sean de interés para el puerto. 5. En la resolución de aprobación de la delimitación deberán incluirse los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, donde podrán preverse zonas destinadas a equipamientos complementarios de los usos náutico-recreativos, espacios para usos comerciales y de ocio vinculados a aquéllos. Excepcionalmente podrán preverse usos alojativos turísticos ubicados fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal y de la zona de servidumbre de protección. La previsión e implantación de estos usos complementarios deberá justificarse motivadamente en la delimitación de la zona de servicio y habrá de ajustarse a la ordenación territorial y urbanística y, en todo caso, a la planificación prevista en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de Canarias. La autorización excepcional de implantación de usos alojativos turísticos corresponde al Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de puertos, y previo informe de las consejerías competentes en materia de turismo y ordenación del territorio, del cabildo insular y de los municipios afectados (1). 6. Aprobada la delimitación de la zona de servicio, el texto íntegro de la resolución de apro ba - ción se publicará en el Boletín Oficial de Ca narias (2). Artículo 7. Procedimiento de ampliación de la zona de servicio. La ampliación de la zona de servicio de los puertos e instalaciones portuarias de Canarias, o su delimitación por la construcción de un nuevo puerto o instalación de su titularidad, se ajustará al siguiente procedimiento: a) Corresponderá a la consejería competente en materia de puertos la aprobación del pertinente proyecto y, en su caso, de los estudios complementarios, previo el trámite de cooperación administrativa previsto en el artículo 6.2 de esta Ley. b) Antes de la aprobación definitiva del proyecto, se remitirá al organismo competente en materia de costas para la emisión del preceptivo informe sobre el nuevo dominio público adscrito y las medidas necesarias de protección de dicho dominio. c) En cualquier caso, la aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en donde se emplacen las obras y la delimitación de la nueva zona de servicio. CAPÍTULO II Planificación y construcción de los puertos Sección 1ª Del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias Artículo 8. Planificación portuaria. 1. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias del litoral de Canarias, que constituye el instrumento normativo de la política sectorial, deberá contener las previsiones, objetivos, prioridades, criterios de definición del modelo de la oferta de equipamientos y servicios al sector portuario, criterios medioambientales, territoriales y urbanísticos, y la ordenación de las distintas instalaciones y obras portuarias. La programación y construcción de dichas obras requiere previamente su inclusión en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias. 2. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias tendrá la consideración de Plan Territorial Especial, y su tramitación y aprobación se someterá a lo previsto en la presente Ley y, en todo caso, en la normativa reguladora de la ordenación del territorio de Canarias. 5
6 L14/2003 PUERTOS 3. La consejería competente en materia de puertos podrá, no obstante, ejecutar obras no incluidas en el Plan de Puertos e Instalaciones Portua - rias, en casos de reconocida urgencia o de excepcional interés público, debidamente apreciados por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero con competencia en materia de puertos. Una vez adoptada la decisión de ejecutar dichas obras, deberá iniciarse el procedimiento de revisión o modificación del planeamiento urbanístico a fin de incluir las obras entre sus determinaciones. En todo caso será preceptivo evacuar el trámite de consulta establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2000 (1). (1) El Decreto Legislativo 1/2000 figura como DL1/2000. Artículo 9. Determinaciones del Plan. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, contendrá las siguientes determinaciones: a) Fijación de los objetivos y establecimiento de prioridades entre ellos. b) Definición de los criterios aplicables al modelo de oferta de equipamientos y servicios al sector portuario, así como a la programación, proyecto y construcción de los elementos que componen el sistema portuario, su cuantificación, adecuación al medio ambiente, establecimiento de niveles de exigencias técnicas, de diseño y de calidad de los proyectos, proporcionalidad de las inversiones durante el período de vigencia del Plan, y cualquier otro que pudiera establecerse. c) Descripción y análisis de los puertos en relación con la oferta de instalaciones portuarias, con el sistema portuario, con el modelo territorial y las principales variables socioeconómicas. d) Análisis de las relaciones entre la planificación portuaria y el planeamiento territorial y urbanístico, así como la propuesta de medidas que aseguren la coordinación entre ambos planeamientos. e) Justificación de la alternativa escogida entre las distintas opciones consideradas, teniendo en cuenta su idoneidad desde el punto de vista sectorial y su incidencia sobre la estructura territorial y el medio ambiente. f) Cumplimiento de las exigencias en materia de medio ambiente, en la planificación, concepción y ejecución de las obras incluidas en el Plan. g) Determinación de los medios económicos necesarios para el desarrollo y ejecución del Plan. h) Criterios sobre la viabilidad económico-financiera de la gestión del puerto. i) Requisitos que han de reunir las instalaciones portuarias para conseguir un emplazamiento óptimo. j) Definición de los criterios para la revisión del Plan. k) Justificación de haber obtenido de la Admi - nis tración General del Estado el correspondiente informe para la adscripción de los nuevos espacios de dominio público marítimo-terrestre, en su caso. l) Análisis indicativo de la demanda de embarcaciones, puntos de amarres y previsiones de su evolución. m) Efectos, análisis y relación del desarrollo del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias con el turismo. Artículo 10. Documentación del Plan. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias está integrado por los siguientes documentos: a) Memoria, con la información básica y los estudios necesarios, donde se analizarán las distintas opciones consideradas, y se justificará el modelo elegido y su incidencia sobre la estructura territorial y el medio ambiente. b) Documentación gráfica, en la que deberán constar los planos de información, estudios de planeamiento, proyectos y otros estudios complementarios, que habrán de reflejar la situación del territorio, sus características naturales y usos del suelo, infraestructuras y servicios existentes. c) Normas sobre el uso del dominio portuario y los servicios a prestar en sus instalaciones. d) Estudio económico-financiero, que contendrá la evaluación económica de la ejecución de las obras. e) Programa de actuaciones para el desarrollo del Plan, estructurado como mínimo en un programa cuatrienal, en donde deberá determinarse los objetivos, directrices, estrategia, las previsiones específicas de la realización de las obras y plazos a los que han de ajustarse las actuaciones previstas. f) Evaluación ambiental estratégica del Plan, de acuerdo con las Directivas europeas. g) Conjunto de indicadores para el seguimiento del Plan. Artículo 11. Procedimiento de aprobación. 1. La elaboración y aprobación del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, se ajustará al siguiente procedimiento: a) Corresponde a la consejería competente en materia de puertos la formulación de un avance del Plan en donde se recojan las previsiones, objetivos, prioridades y relación e integración en el entorno de las infraestructuras a acometer, así como las causas que justifiquen su elaboración. 6
7 b) El avance del Plan será sometido a informes de las consejerías competentes en materia de turismo, transporte y hacienda, cabildos insulares, municipios y organismos públicos afectados por las actuaciones, a fin de que puedan formular las observaciones y sugerencias que consideren convenientes durante el plazo de un mes. Simultáneamente, y por igual plazo, se someterá a información pública mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (1) y en dos de los diarios de mayor difusión. c) Asimismo, se dará traslado del avance del Plan a las corporaciones de Derecho Público y entidades que representen intereses de los usuarios a fin de que, por igual plazo, puedan realizar las observaciones que consideren oportunas. d) La consejería competente en materia de puertos procederá a aprobar inicialmente el proyecto de Plan, con las modificaciones procedentes, a la vista de las observaciones y sugerencias emitidas, sometiéndolo de nuevo a información pública por el plazo de un mes mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (1) y en uno de los diarios de mayor difusión. e) De forma simultánea y por igual plazo, el proyecto del Plan se remitirá al cabildo insular y al o los ayuntamientos afectados con el fin de evacuar el trámite de consulta interadministrativa regulado en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refun - dido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (2). En caso de que el trazado no se realice o de que las corporaciones consultadas se pronuncien negativamente sobre el proyecto del Plan, éste no podrá ser aprobado provisionalmente, debiendo efectuarse las consultas necesarias con el cabildo insular y/o con el o los ayuntamientos afectados, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del mismo. De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses, contados a partir del pronunciamiento negativo de las corporaciones consultadas, corresponderá al Gobierno de Canarias informar con carácter vinculante. f) Tras el resultado del trámite de información pública y de consulta interadministrativa y, en su (1) Véase Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (BOC) (D160/2009). (2) El Decreto Legislativo 1/2000 figura como DL1/2000. (3) El apartado 2 se transcribe con las modificaciones introdu - cidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). caso, con las modificaciones que procedieran, la consejería competente en materia de puertos lo aprobará provisionalmente y procederá a elevar al Gobierno de Canarias el proyecto del Plan, junto con los informes y demás documentos del expediente, así como con el informe presupuestario emitido por la consejería competente en materia de hacienda, para su aprobación definitiva. g) Aprobado por el Gobierno, el Plan será remitido al Parlamento para su examen y pronuncia - miento. 2. El Plan de Puertos e Instalaciones Portua rias de Canarias se someterá, antes de su aprobación por el Gobierno de Canarias, a informe del ministerio con competencia en materia de costas a los efectos previstos en la Ley de Costas. Asimis mo, si dicho plan reuniera el grado de detalle suficiente en relación con la construcción de nuevos puertos o la ampliación o modificación de los existentes, el ministerio con competencia en materia de costas podrá emitir también en este momento el informe de adscripción demanial previsto en el artículo 49.2 de la Ley de Costas (3). Sección 2ª Instrumentos de articulación entre el planeamiento urbanístico y el planeamiento portuario Artículo 12. Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas afectadas. La Comunidad Autónoma de Canarias, los cabildos insulares y los municipios tendrán los deberes de recíproca coordinación de sus actuaciones con incidencia en el modelo de ordenación territorial, así como los deberes de información y colaboración mutuas sobre las iniciativas y proyectos pertinentes, debiéndose sujetar esta actuación a lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa - cios Naturales de Canarias. Artículo 13. Mecanismos de coordinación. 1. La aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación y planificación urbanística que incidan directamente sobre los puertos e instalaciones portuarias y marítimas reguladas en esta Ley, requieren el informe favorable de la consejería competente en materia de puertos. 2. A los efectos de dar cumplimiento al mandato establecido en el número anterior, el órgano competente para otorgar la aprobación inicial del planeamiento urbanístico deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto a la consejería competente en materia de 7
8 L14/2003 PUERTOS puertos para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes. Este informe se estimará favorable caso de no emitirse. 3. Concluida la tramitación del instrumento urbanístico de que se trate, e inmediatamente antes de su aprobación definitiva, la Administración pública urbanística competente dará traslado a la consejería con competencia en materia de puertos para que, en el plazo de dos meses, remita el informe vinculante sobre los aspectos y determinaciones de aquél que incidan sobre el dominio portuario, y las actuaciones previstas a realizar en su zona de servicio. Artículo 14. Ordenación territorial y urbanística de los puertos. 1. Los Planes Insulares de Ordenación del Te - rritorio deberán incluir la estructura y la localización de las infraestructuras portuarias de titularidad autonómica. 2. Los instrumentos generales de ordenación, en su caso, deberán incluir entre sus previsiones las necesarias para regular la zona de servicio, sin que sus determinaciones impidan el ejercicio de las competencias de explotación portuaria. En los supuestos en que se desarrollen actividades comerciales o industriales en la zona de servicio, el planeamiento general deberá desarrollarse a través de un Plan Especial de Ordenación. 3. La calificación urbanística por el planeamiento general de los terrenos incluidos en la zona de servicio deberá ser acorde con la finalidad de la explotación portuaria, sin que pueda introducir calificaciones que menoscaben o impidan las operaciones de tráfico portuario. Artículo 15. Relaciones entre el planeamiento territorial y urbanístico y la planificación portuaria. 1. Las determinaciones del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias, como Plan Territorial Es - pe cial, se ajustarán a las determinaciones de las Directrices de Ordenación y de los Planes Insulares vigentes al tiempo de su formulación, especial en la elección de emplazamiento y comunicaciones. 2. El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias prevalecerá en todo caso sobre la ordenación urbanística municipal en los aspectos relativos a la protección del dominio portuario, elección de emplazamiento y sistema de comunicaciones. 3. La aprobación del Plan de Puertos e Instala - ciones Portuarias implicará, en su caso, la revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal, con el fin de integrar entre las determinaciones de los planes de ordenación urbana las nuevas actuaciones y obras previstas en el Plan de Puertos e Instalaciones Portua - rias. El acuerdo de modificación o revisión deberá adoptarse en el plazo máximo de un año, a contar desde la aprobación del Plan de Puertos e Instala - ciones Portuarias o en el fijado en el propio Plan. 4. En las islas donde no hubiera Plan Insular aprobado, así como en los municipios que carecieran de planeamiento urbanístico general, la aprobación del Plan de Puertos e Instalaciones Portua - rias comportará la inclusión de sus determinaciones en los instrumentos de planeamiento urbanístico que se elaboren con posterioridad. Sección 3ª Planeamiento urbanístico y construcción de los puertos Artículo 16. Proyectos de construcción de nuevos puertos o instalaciones portuarias. 1. La construcción de un nuevo puerto o de una nueva instalación portuaria exigirá la aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por la consejería competente en materia de puertos. 2. Previamente habrá de elaborarse un proyecto básico o anteproyecto que deberá definir en sus rasgos esenciales la solución técnica adoptada, la definición de la obra y su emplazamiento, que se someterá al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la legislación aplicable. 3. En los supuestos de que los nuevos puertos o instalaciones portuarias no estén incluidos en el Plan Territorial Especial a que se refiere el artículo 8.1, ni aparezcan recogidos en las determinaciones del planeamiento territorial y urbanístico, la aprobación de los proyectos de construcción requerirá la previa revisión o modificación de aquél. Artículo 17. Proyectos de ampliación de puertos e instalaciones portuarias. 1. La realización de nuevas obras de infraestructura portuaria y la ampliación de los puertos e instalaciones portuarias, exigirá la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y de los estudios complementarios por la consejería competente en materia de puertos. 2. Los proyectos de ampliación que modifiquen sustancialmente la configuración y los límites exteriores de los puertos o instalaciones portuarias, deberán incluir un estudio de impacto ambiental, y se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental cuando sean suscep- 8
9 tibles de modificar o alterar el medio ambiente o el espacio litoral. Asimismo, la construcción de nuevos diques estará sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental que le corresponda. Artículo 18. Competencias urbanísticas y construcción de nuevos puertos o ampliación de instalaciones portuarias. 1. Los proyectos de construcción o ampliación de los puertos e instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias deberán someterse, antes de su aprobación por la consejería competente en materia de puertos, al informe preceptivo de los cabildos y ayuntamientos afectados, a fin de que éstos formulen cuantas observaciones estimen convenientes sobre los aspectos de su competencia. 2. Si los cabildos o ayuntamientos afectados emitieran un informe desfavorable y la construcción del nuevo puerto o ampliación de las instalaciones y puertos existentes no estuviera prevista en el Plan Insular de Ordenación del Territorio o en el planeamiento municipal, se abrirá un período de consultas, a fin de lograr un acuerdo entre las administraciones públicas afectadas. Transcurrido el plazo de tres meses, si persistiera dicho desacuerdo, el Gobierno, vista la propuesta y oídos los cabildos y/o ayuntamientos afectados adoptará la resolución que proceda. En su caso, la correspondiente aprobación del proyecto implicará la necesidad de adaptación del planeamiento territorial y urbanístico a fin de incluirlo entre sus determinaciones. Artículo 19. Efectos de la aprobación de los proyectos de construcción o ampliación de puertos e instalaciones portuarias. 1. La aprobación de los proyectos básicos llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material. 2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente por el órgano competente para la aprobación del proyecto original, con los mismos requisitos señalados en el número anterior. Artículo 20. Ejecución de obras en la zona de servicio de los puertos de Canarias. 1. Las obras de infraestructura portuaria y aquellas obras públicas de gran envergadura que afecten a la localización del puerto o a su conexión con la red viaria y los sistemas generales de comunicaciones, deberán adaptarse al Plan Terri - torial Especial de ordenación del espacio portuario, y no estarán sujetas a control preventivo municipal por constituir obras públicas de interés general. No obstante, Puertos Canarios deberá recabar del municipio en el que se localice la zona de servicio un informe preceptivo sobre la adecuación de las obras proyectadas al planeamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de esta Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de las Leyes de Orde nación del Territorio de Canarias y de Espa cios Natu rales de Canarias. 2. En ningún caso procederá la suspensión, por los órganos urbanísticos competentes, de la ejecución de las obras realizadas directamente por la Administración Pública autonómica en los puertos canarios, cuando éstas se ajusten al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. 3. Las obras que se realicen sobre el lecho del mar territorial o en aguas interiores no estarán sometidas a los actos de control preventivo municipal. 4. Las obras que los particulares debidamente autorizados realicen sobre los espacios portuarios se ajustarán a lo establecido en la legislación urbanística y en la legislación de régimen local que resulte aplicable. TÍTULO II DE LA ORGANIZACIÓN PORTUARIA DE CANARIAS CAPÍTULO PRIMERO De la entidad Puertos Canarios (1) Artículo 21. Creación, extinción y régimen jurídico de la entidad Puertos Canarios. 1. Se crea la entidad Puertos Canarios con (1) Por Resolución de 2 de mayo de 2012, del Presidente de la entidad pública empresarial Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Terrorial, se declara para general conocimiento la fecha de inicio efectivo de dicha entidad (BOC 111, de ), cuyo texto establece lo siguiente: Primero. Declarar para general conocimiento que la fecha del inicio efectivo de la actividad de la entidad pública empresarial Puertos Canarios es el 1 de mayo de 2012, previa puesta en funcionamiento con fecha 10 de febrero de
10 L14/2003 PUERTOS personalidad jurídico-pública y patrimonio propio, independiente del de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la consejería competente en materia de puertos, constituyendo una entidad de las previstas en el artículo 5.1.b) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (1) (2), que realizará las funciones y gestionará los servicios que, en materia de puertos, le sean atribuidas por esta Ley y por el ordenamiento jurídico que le resulte de aplicación. 2. La entidad Puertos Canarios ajustará sus actividades y régimen de funcionamiento al ordenamiento jurídico-privado, salvo en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya, en especial las relativas a concesiones y régimen de utilización del dominio público portuario, procedimiento sancionador, medidas de policía portuaria y, en general las referidas a las actividades de limitación, intervención y control, y se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en la legislación reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como por lo establecido en las normas que las desarrollen y por cuantas otras le resulten de aplicación. 3. En la contratación y enajenaciones o adquisiciones patrimoniales habrá de someterse, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia y salvaguarda del interés público. 4. La entidad Puertos Canarios se extinguirá por Ley. CAPÍTULO II Competencias y funciones Artículo 22. Competencias. Corresponde a Puertos Canarios la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cana - rias, y específicamente: a) La realización, autorización, fomento y control de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario. b) La ordenación de la zona de servicio de los puertos en coordinación con las administraciones (1) El artículo 5.1.b) ha sido derogado por Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias (L6/2006). (2) La Ley 7/1984 ha sido derogada por Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (L11/2006). y órganos competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. c) Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras de la zona de servicio de los puertos. d) La gestión del dominio público portuario que se le adscriba y el que pudiera afectar la Comu - nidad Autónoma de Canarias. e) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. f) La coordinación e inspección del funcionamiento de las instalaciones marítimo-portuarias cuya gestión se hubiere delegado a otros organismos o entidades públicas. g) La optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y de los recursos que tenga asignados. h) El control, en su caso, sobre la gestión y explotación de los puertos de su competencia. Artículo 23. Funciones de Puertos Canarios. 1. Para el ejercicio de sus competencias, Puer - tos Canarios tendrá las siguientes funciones: a) Gestionar, administrar y controlar los servicios portuarios. b) Coordinar la actuación de los diferentes servicios autonómicos dentro de la zona de servicio de los puertos. c) Ordenar los usos de la zona de servicio de los puertos, y planificar y programar su desarrollo futuro. d) Proyectar y ejecutar las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados. e) Aprobar técnicamente los proyectos de inversión que estén incluidos en la programación aprobada. f) Otorgar las concesiones y autorizaciones para ocupación del dominio público y cuantos títulos resulten necesarios para la prestación de los servicios portuarios. g) Recaudar los ingresos públicos y las tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y por los servicios portuarios prestados. h) Aplicar el régimen sancionador y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y adecuada gestión del dominio público portuario. i) Cuantas sean necesarias para el ejercicio de sus competencias y estén previstas en esta Ley u otras leyes. j) Velar porque la actividad portuaria y los valores de calidad medioambiental fueran compatibles. 2. Las funciones de policía especial sobre el dominio público portuario adscrito o de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como sobre los servicios portuarios, serán ejercidas por el personal de Puertos Canarios, a quienes 10
11 esta entidad atribuya el ejercicio de dicha función en la zona de servicio, de conformidad con las órdenes y directrices impartidas por el director gerente, según lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley. 3. Quienes desempeñen las funciones de policía especial a que se refiere el número anterior tendrán el carácter de agentes de la autoridad. Para el desarrollo de estas actividades, el personal autorizado podrá acceder, sin necesidad de consentimiento previo de su titular, a las instalaciones, barcos o plataformas situados dentro de la zona de servicio de los puertos e instalaciones portuarias de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo que tuvieran la consideración legal de domicilio, en cuyo caso, la labor de policía e inspección deberá ajustarse a las reglas que garantizan su inviolabilidad. CAPÍTULO III Órganos Artículo 24. Órganos de gobierno, gestión y asesoramiento. 1. Los órganos de gobierno de Puertos Cana - rios son los siguientes: a) El Consejo de Administración. b) El presidente. 2. Los órganos de gestión son: a) El director gerente. b) Los directores insulares, en su caso. 3. El órgano de asesoramiento es el Consejo Asesor. (1) La letra b) del artículo 25 se transcribe con las modificaciones introdu cidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). (2) La letra f), del apartado 1 del artículo 25 ha sido añadida por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). Artículo 25. Del Consejo de Administración. 1. El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de la entidad, y estará integrado por los siguientes miembros: a) El presidente, que será el consejero competente en materia de puertos. b) Trece vocales designados por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de puertos, teniendo en cuenta los departamentos afectados por las actividades a desarrollar en el ámbito portuario (1). c) Siete vocales designados por el consejero competente en materia de puertos, en representación de cada una de las islas en las que radique algún puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, o puertos deportivos o de refugio gestionados por el ente público Puertos Canarios, propuestos por los cabildos insulares. d) Dos vocales nombrados por el consejero competente en materia de puertos, a propuesta de la asociación de municipios de Canarias más representati - va, de entre aquéllos en cuyos términos se encuentren situados puertos o instalaciones portuarias de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. e) Dos vocales nombrados por el consejero competente en materia de puertos, a propuesta del Consejo Asesor de entre sus miembros. f) Cuatro vocales designados por las organizaciones empresariales más representativas, de entre sus asociados en el ámbito portuario (2). 2. Corresponde al consejo de administración: a) Elaborar y formular los anteproyectos de presupuestos y los planes de empresa, en su caso. b) Proponer la fijación y revisión de cánones, ingresos públicos y tarifas para su aprobación. c) Otorgar los títulos jurídicos, concesiones y autorizaciones para la ocupación del dominio público portuario, con derecho a la utilización de las instalaciones portuarias, así como para la prestación de servicios portuarios o para el ejercicio de actividades comerciales e industriales en la zona de servicio de los puertos. d) Autorizar las inversiones y operaciones financieras de la entidad, incluidas la constitución y participación en sociedades mercantiles, sin perjui - cio de las autorizaciones que legalmente correspondan al Gobierno de Canarias o al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos. e) Aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria explicativa de la gestión anual y el plan de empresa. f) Elaborar la relación de puestos de trabajo del personal a su servicio, que será aprobada por el Consejo de Gobierno. g) Aprobar la retribución de su personal. h) Proponer las reglas de funcionamiento del propio consejo, en lo relativo a convocatorias, reuniones, constitución, adopción de acuerdos, funciones del secretario del consejo y régimen económico de este. i) Ejercer las facultades de policía sobre el dominio público y servicios portuarios que le atribuye esta ley. j) Acordar lo conveniente sobre el ejercicio de las acciones y recursos que correspondan a la entidad en defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia de cualquier orden, grado o jurisdicción. k) Realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se considere necesario. 11
12 L14/2003 PUERTOS l) Favorecer la libre competencia y velar para que no se produzcan situaciones de monopolio en la prestación de los distintos servicios portuarios. m) Ejercer las demás funciones de Puertos Canarios, establecidas en el artículo 23, no atribuidas a otros órganos de gobierno o de gestión y no reseñadas en los apartados anteriores (1). 3. Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración tendrán una duración de cuatro años, salvo por cese, a propuesta del órgano que los propuso, o renuncia. 4. No podrán formar parte del Consejo de Ad - mi nistración: a) Los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a Puertos Cana - rios o a las entidades locales de Canarias que tengan atribuida su gestión, salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier actividad que genere a Puertos Canarios o a las entidades locales de Canarias que tengan atribuida su gestión gastos relevantes, salvo que se trate de entidades o corporaciones de Derecho Público o que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. c) Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la legislación aplicable. d) Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la Unión Europea. 5. El Consejo de Administración designará, a propuesta de su presidente, un secretario que, si no fuera miembro de aquél, asistirá a sus reuniones con voz pero sin voto. Asimismo, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración todas aquellas personas que fueran especialmente invitadas por su presidente o que hubieran de participar en los debates por su experiencia o conocimiento de los asuntos a tratar. 6. Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento y régimen de adopción de los acuerdos del Consejo de Administración, sin perjuicio de (1) Por Ley 9/2014 de 6 de noviembre, se modifica el apartado 2 del artículo 25; y se añade la letra g) al artículo 26 (L9/2014). (2) El apartado 7 del artículo 25, ha sido suprimido por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). la aplicación inmediata de la legislación básica, así como las funciones de secretario del Consejo y su régimen económico. 7. Incompatibilidades de los miembros del Con sejo de Administración. No podrán formar parte del Consejo de Ad - mi nistración: a) Los propietarios, socios, consejeros, directores, gerentes, cargos de confianza, o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o corresponda suscribir a Puertos Cana rios o a las entidades locales de Canarias que tengan atribuida su gestión, salvo que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. b) Todos aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de cualquier actividad que genere a Puertos Canarios o a las entidades locales de Canarias que tengan atribuida su gestión gastos relevantes, salvo que se trate de entidades o corporaciones de Derecho público o que ostenten un cargo de representación empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. c) Los que se hallen incursos en incompatibilidad, con arreglo a la legislación aplicable. d) Las personas que no ostenten la condición de ciudadano de la Unión Europea (2). Artículo 26. Del presidente. Corresponde al presidente: a) Representar a la entidad. b) Convocar, presidir y levantar las sesiones, fijar el orden del día, dirigir las deliberaciones y dirimir, con su voto de calidad, los empates. c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. d) Dictar las instrucciones necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la entidad. e) Decidir todas las cuestiones no reservadas expresamente al Consejo de Administración u otro órgano de la entidad, dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración. f) Ejercer las facultades que el Consejo de Admi nistración delegue expresamente en él. g) Actuar como órgano de contratación, con todas las facultades inherentes, en cuanto sea necesario para la consecución de los fines de Puertos Canarios, sin perjuicio de las competencias atribuidas al director gerente en esta materia (1). Artículo 27. Del vicepresidente y del secretario. 1. El vicepresidente, que será elegido por el 12
13 Consejo de Administración de entre sus miembros, sustituirá al presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, llevando a cabo todas las gestiones y funciones que en él deleguen el presidente o el Consejo de Administración. 2. El secretario del Consejo de Administración levantará las correspondientes actas de las sesiones y extenderá las certificaciones de los acuerdos adoptados, autorizando ambas con su firma. Artículo 28. Del director gerente. 1. El director gerente será nombrado y separado por el consejero competente en materia de puertos, a propuesta del Consejo de Administración, entre personas con titulación superior y reconocida experiencia en técnicas y gestión de infraestructuras o servicios. 2. Corresponden al director gerente las siguientes funciones: a) La gestión ordinaria de la entidad y de sus servicios, así como la dirección técnica de los puertos e instalaciones portuarias. Se incluye en esta facultad la adopción de las medidas necesarias que exija la buena marcha de la explotación portuaria. b) Informar preceptivamente las autorizaciones y concesiones, elaborando los estudios e informes técnicos sobre los proyectos y propuestas de actividades que sirvan de base a las mismas. c) La aprobación técnica de los proyectos de obras a ejecutar por Puertos Canarios. d) Dirigir los diferentes servicios para lograr un mejor funcionamiento y eficiencia de los mismos. e) El informe previo de los asuntos que deban ser sometidos al consejo de administración. f) La incoación y tramitación de los expedientes administrativos cuando no esté atribuida esta facultad expresamente a otro órgano. g) Disponer los gastos que estén legalmente autorizados por el consejo de administración y ordenar, mancomunadamente con el presidente o vicepresidente, los pagos o movimientos de fondos. h) Convocar y resolver los procesos de selección y admisión del personal no funcionario del ente, y formalizar su contratación de acuerdo con las previsiones de la relación de puestos de trabajo aprobada, así como cualesquiera otras funciones en materia de personal no atribuidas a otros órganos de Puertos Canarios. (1) Por Ley 9/2014, de 6 de noviembre, se modifica el apartado 2 del artículo 28 y la letra b) del apartado 3 del artículo 30 (L9/2014). (2) El apartado 2 del artículo 30, se transcribe con las modificaciones introdu cidas por Ley 5/2007, de 16 de marzo (B.O.C. 57, de ). i) Gestionar, administrar y recaudar tarifas, ingresos públicos y cánones (1). 3. Sin perjuicio de las órdenes e instrucciones que pudiera impartir el presidente de Puertos Canarios, la jefatura inmediata y directa de todos los servicios de vigilancia y policía en la zona de servicio de los puertos de competencia de la Comu - nidad Autónoma de Canarias será ejercida por el director gerente de Puertos Canarios. Artículo 29. De los directores insulares. 1. En las islas donde existan puertos con tráfico interinsular de pasajeros y mercancías, podrá existir un director insular que realizará la dirección más inmediata, bajo la superior autoridad del director gerente y presidente de Puertos Canarios. 2. Los directores insulares serán nombrados y separados por el Consejero competente en materia de puertos, oído el Consejo de Administración. Artículo 30. Consejo Asesor. 1. Se constituirá un Consejo Asesor de la entidad Puertos Canarios, como órgano de cooperación en la consecución de los objetivos que le son propios. Podrá tener secciones insulares. 2. El Consejo Asesor estará integrado por el presidente y el director gerente, y el número de vocales que se establecen a continuación: - Un miembro por cada municipio en los que se encuentre emplazado algún puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias. - Un miembro en representación de la Fede - ración de Cofradías de Pescadores. - Un miembro en representación de cada Cá - ma ra Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma de Canarias. - Un miembro en representación de las asociaciones de puertos deportivos. - Un miembro en representación de los clubes náutico-deportivos de Canarias. - Dos miembros designados por las organizaciones empresariales más representativas. - Dos miembros designados por las organizaciones sindicales más representativas (2). 3. Las funciones del Consejo Asesor serán: a) Informar sobre el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital de Puertos Ca - na rios. b) Proponer e informar en su caso, al consejo de administración, las normas generales relativas a los servicios (1). c) Informar sobre el programa de actuación, de inversión y de financiación de Puertos Cana rios. d) Informar sobre el balance y la memoria anual de Puertos Canarios. 13
14 L14/2003 PUERTOS e) Informar sobre la fijación de las tarifas y los cánones que aplicará Puertos Canarios. f) Informar sobre la constitución de consorcios ġ) Informar sobre las operaciones de crédito concertadas por la entidad. h) Asesorar al ente en todas las cuestiones rela - cio nadas con las actividades de Puertos Cana rios y emitir informe sobre cualquier asunto sobre el cual sea consultado en el ámbito de sus competencias. i) Proponer e informar en su caso con carácter previo a su adopción, las tarifas de los servicios portuarios y de los cánones que aplique o autorice Puertos Canarios (1). j) Informar sobre el asunto previsto en el artícu - lo 25.2 de los apartados a), b), c) y k). k) Informar sobre cuantas otras cuestiones le someta el propio Consejo o el presidente de Puer - tos Canarios. l) Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislación vigente. CAPÍTULO IV Régimen financiero, presupuestario y patrimonial Artículo 31. Recursos económicos. 1. Constituyen los recursos económicos de Puer tos Canarios : a) Los productos y rentas de su patrimonio, así como los procedentes de la enajenación de sus activos fijos. b) Los productos procedentes de los ingresos públicos y cánones por la utilización de los bienes de dominio público y por el otorgamiento de au to - ri za cio nes en el ámbito portuario, así como los pro duc tos de las tarifas por servicios que preste direc tamen te. c) Las dotaciones o subvenciones que se consignen en los presupuestos de la Comunidad Autó - noma de Canarias, así como las provenientes de los fondos de la Unión Europea y el resto de subvenciones o auxilios de cualquier otro tipo que pudieran recibir de otras entidades públicas. d) Los procedentes de los créditos, préstamos y otras operaciones financieras que puedan concertarse y que estén reflejadas en las leyes anuales (1) La letra i) del apartado 3 del artículo 30 se transcribe con la nueva redacción dada por Ley 9/2014, de 6 de noviembre (L9/2014). de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. e) El producto de la aplicación del régimen sancionador establecido en la presente Ley. f) El resto de ingresos que se le autoricen o se le atribuyan. 2. Los recursos e ingresos percibidos por Puer tos Canarios como consecuencia de la explotación portuaria y de las tarifas por servicios, se gestionarán por los propios órganos de la entidad jurídico-pública y tienen carácter finalista, estando afectados al cumplimiento de su actividad. Artículo 32. Normas de recaudación. 1. Puertos Canarios podrá utilizar, para garantizar la efectividad de sus débitos que tengan naturaleza de ingresos de Derecho Público, el procedimiento administrativo de apremio, a través de sus propios servicios. Asimismo, podrá convenir con los órganos estatales y autonómicos de recaudación, la gestión recaudatoria de dichos ingresos. 2. El impago reiterado de los ingresos públicos y tarifas devengadas por la utilización, gestión y explotación de bienes o servicios portuarios, faculta a Puertos Canarios para suspender temporalmente la prestación del servicio a las entidades deudoras, previo requerimiento y audiencia de éstas. La suspensión temporal del servicio no será aplicable a los supuestos en que los particulares hubieran recurrido las tarifas y las prestaciones patrimoniales públicas y hubieran obtenido la suspensión de su efectividad por el órgano competente, en la forma legalmente establecida. Artículo 33. Patrimonio de Puertos Canarios. 1. El patrimonio de Puertos Canarios estará constituido por el conjunto de bienes y derechos que la Comunidad Autónoma de Canarias le atribuya como propios, los que adquiera en el futuro por cualquier título o le sean cedidos o donados por cualquier persona o entidad, así como por aquellos que se le adscriban por el Estado o la Comu - nidad Autónoma de Canarias y los procedentes de la reversión de las concesiones o cesiones. 2. Dicho patrimonio se regirá por lo dispuesto en la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las singularidades establecidas en la presente Ley. 3. El Consejo de Administración podrá acordar el desguace y, en su caso, proponer la enajenación del material inservible e instalaciones no fijas inútiles para el servicio portuario, que se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los rendimientos obtenidos en la ena- 14
15 jenación se reintegrarán a Puertos Canarios mediante el reconocimiento presupuestario de la correspondiente partida en los ingresos de la entidad. Artículo 34. Régimen presupuestario y de control. 1. Puertos Canarios elaborará anualmente un anteproyecto de presupuestos de explotación y capital y del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación, que se ajustará a los objetivos anuales que establezca la consejería competente en materia de puertos del Gobierno de Canarias, con el contenido y documentos establecidos en la normativa reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será remitido a la consejería competente en materia presupuestaria y de gasto público, a los efectos de su elevación al Gobierno de Canarias, para su incorporación al anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 2. Igualmente elaborará un Plan de Empresa de vigencia cuatrienal, adaptado al Plan de Puertos de Canarias, que fijará los objetivos que la entidad se proponga alcanzar en cumplimiento de las directrices de la consejería competente en materia de puertos. A estos efectos, deberá remitir a dicha consejería el Plan de Empresa para su ratifica - ción o subsanación, en su caso. 3. Puertos Canarios ajustará su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio, a las del Plan General de Contabilidad y a las demás que resulten de aplicación, sin perjuicio de las obligaciones a que se refiere la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Texto Refundido de la Ley General Presupues taria. 4. El régimen de control de las actividades económicas y financieras de Puertos Canarios se ejercerá de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 5. El ejercicio social se computará por períodos anuales, comenzando el día 1 del mes de enero de cada año. 6. La cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, el balance y la memoria justificativa de cada ejercicio económico habrán de ser aprobados por el Consejo de Admi - nis tración antes de finalizar el primer semestre del siguiente año. 7. Las modificaciones internas de los presupuestos que no incrementen la cuantía total del mismo y sean consecuencia de las necesidades acaecidas durante el ejercicio, serán aprobadas por el Consejo de Administración. 8. Las modificaciones internas de los presupuestos de Puertos Canarios que afecten a las aportaciones finalistas realizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias o las administraciones públicas de ella dependientes deberán ser autorizadas por los órganos competentes del Gobierno de Canarias, en los términos previstos en la legislación reguladora de la Hacienda Pública de Canarias. Artículo 35. Régimen tributario. Puertos Canarios está sometido al mismo régimen tributario que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, gozando de idénticas exenciones y beneficios fiscales (1). Artículo 36. Recursos contra sus actos. 1. Los actos dictados por el Consejo de Admi - nis tración o el presidente de Puertos Canarios sujetos al Derecho administrativo agotan la vía administrativa y serán recurribles en vía contenciosoadministrativa ante los órganos de esta jurisdicción, en las condiciones y plazos establecidos en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 2. Las impugnaciones y reclamaciones sobre la efectividad y aplicación de los cánones y demás ingresos de Derecho Público se ajustarán a lo establecido en la legislación reguladora de las reclamaciones económico-administrativas. 3. Los actos dictados por el director gerente sujetos al Derecho administrativo serán recurribles, en su caso, ante el presidente de Puertos Ca na rios. 4. Los actos sujetos al Derecho Privado se dilucidarán ante la jurisdicción civil o laboral que proceda, previa reclamación ante el Consejo de Adminis tración, en los términos establecidos en la legislación básica del procedimiento administrativo común. CAPÍTULO V Régimen de personal Artículo 37. Del personal de Puertos Cana - rios. 1. El personal de Puertos Canarios estará vinculado a la entidad por una relación sometida a las normas de Derecho Laboral, salvo las plazas (1) La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (L4/2012), establece en su Disposición Adicional Sexta lo siguiente: Sexta. Entidad pública empresarial Puertos de Canarias. A la entrada en vigor de la presente Ley, se mantiene vigente el artículo 35 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. 15
16 L14/2003 PUERTOS que en atención a la naturaleza de sus funciones o contenido queden reservadas al personal funcionario. 2. La selección se realizará atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 3. Su régimen de retribuciones se ajustará al establecido con carácter general para el personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. 4. El personal directivo y de confianza se regirá por su legislación específica, y su nombramiento tendrá en cuenta los criterios de competencia profesional y experiencia. 5. A todo el personal de Puertos Canarios le será de aplicación, según los casos, el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos o el régimen general de incompatibilidades del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN PUERTOS DE INTERÉS GENERAL CAPÍTULO PRIMERO Definición de servicios portuarios Artículo 38. Servicios portuarios. 1. Son servicios portuarios las actividades destinadas a garantizar y satisfacer las operaciones y necesidades de los tráficos marítimos, portuarios y náutico-recreativos, y a la consecución de los fines que esta Ley asigna a Puertos Canarios, siempre que se desarrollen tales actividades en el espacio portuario. 2. A los efectos de esta Ley, los servicios que preste la entidad Puertos Canarios se clasificarán en generales y específicos. 3. Son servicios generales: a) Entrada y estancia de barcos en el puerto. b) Utilización de atraques. c) Embarque, desembarque y transbordo de mercancías y pasajeros. d) Servicios a la pesca marítima. e) Servicios a las embarcaciones deportivas y de recreo. f) Servicios de seguridad y calidad ambiental. 4. Son servicios específicos: a) Los prestados con los elementos y maquinarias que constituyen el equipo mecánico de manipulación y transporte. b) Los que exigen la utilización de la superficie del dominio público, edificios y locales de cualquier clase. c) Los suministros de productos y energía. d) Los de practicaje y asesoramiento para la realización de las maniobras necesarias para la entrada, el anclaje, los movimientos interiores o la salida de los puertos. e) Los de utilización de remolcadores y embarcaciones auxiliares. f) Otros servicios no enumerados anteriormente, siempre que estén especificados en las tarifas de los puertos o se presten previa aceptación del presupuesto por los peticionarios. 5. El Gobierno de Canarias determinará, conforme a las Directivas europeas de obligaciones de servicios públicos, los requisitos necesarios que garanticen la adecuada prestación de los servicios generales, señalados anteriormente. Artículo 39. Formas de prestación de los servicios portuarios. 1. La prestación de los servicios portuarios podrá realizarse directamente por Puertos Canarios, o mediante gestión indirecta por cualquier procedimiento reconocido en la legislación vigente, siempre que no implique, en este último caso, ejercicio de autoridad y el prestador del servicio hubiese obtenido, de la consejería competente en materia de puertos, el correspondiente título que les faculte para ello. 2. Cuando la gestión indirecta del servicio precise el otorgamiento de concesión o autorización de ocupación del dominio público portuario, ambas relaciones serán objeto de expediente único, y su eficacia quedará vinculada recíprocamente. 3. Para el otorgamiento de los preceptivos títulos que faculten a los particulares, corporaciones o entidades que agrupen intereses del sector, para la prestación de las actividades y servicios portuarios, la consejería competente en materia de puertos, a propuesta de Puertos Canarios, deberá aprobar previamente las normas que regulen dichos servicios, en las que deberán figurar, necesariamente, las condiciones, tarifas, productividad mínima de las operaciones y las penalidades a imponer a dichos particulares en los supuestos de incumplimiento de las condiciones. 4. Puertos Canarios podrá celebrar convenios con otras administraciones públicas y, en especial, con los cabildos insulares para la gestión y prestación de los servicios portuarios, que continuarán siendo de titularidad de la entidad. Asi - mismo, podrá constituir empresas o consorcios para la explotación y gestión de las actividades y servicios portuarios de su competencia. 5. En las concesiones de servicios portuarios, 16
17 se evitarán las situaciones que impliquen actuaciones monopolísticas o que afecten a la libre competencia. CAPÍTULO II Régimen económico de la prestación de los servicios portuarios Artículo 40. Tarifas portuarias. 1. En contraprestación de los servicios generales y específicos establecidos en el artículo 37 de esta Ley, la entidad Puertos Canarios o la entidad prestadora de los mismos, exigirá el pago de las correspondientes tarifas, que se actualizarán con periodicidad anual, de acuerdo con la evolución de los diferentes componentes del coste de los servicios y con los criterios de política portuaria que se establezcan por la consejería a la que está adscrita. 2. La definición de las actividades portuarias sujetas a tarifas, la determinación de sus sujetos pasivos y responsables, así como el momento del devengo y su cuantía, serán establecidas en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó - noma de Canarias. Artículo 41. Rendimientos de las tarifas. 1. Las tarifas portuarias por servicios generales o específicos deberán cubrir como mínimo los siguientes gastos: a) Explotación, conservación y gastos generales que se produzcan como consecuencia de la gestión ordinaria del sistema portuario. b) Las cargas fiscales, económicas y financieras, incluyendo el reembolso de los préstamos derivados de la explotación y el pago de los intereses correspondientes. c) La depreciación de los bienes, instalaciones y material portuario. d) Un rendimiento razonable de la inversión neta en activos fijos para el conjunto de los puertos de Canarias. e) Los dirigidos a eliminar o minimizar los impactos medioambientales y, en su caso, a mejorar las condiciones del medio físico o marino. 2. Corresponde al Gobierno fijar el objetivo de rentabilidad global al que deberá adecuarse la política tarifaria. Artículo 42. Estructura y determinación de las tarifas. 1. Las tarifas para servicios específicos se determinarán en función del valor del servicio o actividad prestada, de los gastos ocasionados a Puer - tos Canarios o atendiendo al verdadero beneficio obtenido por el peticionario. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, deberán incluirse los gastos dirigidos a eliminar los residuos y a minimizar los impactos medioambientales por las funciones portuarias en su ámbito físico, así como los derivados de la disponibilidad y, en su caso, de la actuación de los medios de salvamento marítimo. 3. Las cuestiones que se susciten sobre la determinación, cuantía y fijación de las tarifas serán susceptibles de reclamación económico-administrativa en los términos previstos en la legislación aplicable. TÍTULO IV CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PORTUARIAS CAPÍTULO PRIMERO Régimen de utilización del dominio público portuario Artículo 43. Concesiones. 1. La ocupación de bienes de dominio público portuario que requiera la ejecución de obras o instalaciones fijas, o que constituyan una utilización privativa o presente circunstancias de exclusividad cuya duración exceda de tres años estará sometida a la previa concesión otorgada por Puertos Canarios. 2. En cualquier caso, toda utilización del dominio público portuario será compatible con el planeamiento portuario y congruente con los usos y las finalidades propias de este dominio público. La Administración portuaria conserva en todo momento las facultades de control y de policía a fin de garantizar el uso adecuado del dominio. A estos efectos, el titular de la utilización o de la actividad queda obligado a informarla de las incidencias que se produzcan con relación al dominio público y a cumplir las instrucciones que le dicte la Administración. 3. El procedimiento para su otorgamiento deberá ajustarse a los siguientes principios y trámites: A) El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de persona interesada, mediante la convocatoria de concurso público, conforme a la legislación general sobre concesiones de obras y servicios públicos. B) En todo caso, existirá publicidad e información pública por plazo mínimo de quince días antes de su resolución. C) En el supuesto de que se inicie a solicitud de persona interesada y existan varios peticionarios, la adjudicación se efectuará mediante el procedimiento de proyectos en competencia, debiéndose 17
18 L14/2003 PUERTOS aprobar previamente por Puertos Canarios los criterios y baremo que habrán de regir la adjudicación. A estos efectos se entiende por proyectos en competencia aquéllos que, presentados por cualquier persona física o jurídica, versen sobre un mismo objeto, con las mismas o distintas soluciones, y concurran entre sí en igualdad de condiciones para su adjudicación. D) El plazo máximo para resolver el expediente será de seis meses. E) A los peticionarios se les exigirá una fianza con carácter provisional, no inferior al dos por ciento del presupuesto de las obras e instalaciones. F) El título administrativo habrá de fijar las condiciones de la autorización o de la concesión, que, como mínimo, son las siguientes: a) El objeto y la extensión de la utilización o de la ocupación. b) Las obras o las instalaciones que, si procede, debe hacer el adjudicatario, con referencia al proyecto constructivo, y también los plazos de inicio y de finalización. c) El plazo del otorgamiento. d) Las fianzas que debe constituir el adjudicatario. e) Los cánones de ocupación y, si procede, de actividad, y las tasas a satisfacer por el adjudicatario. f) El régimen de utilización de los espacios portuarios, con la obligación del adjudicatario de establecer y de mantener los accesos adecuados para el uso público del dominio. g) Las tarifas o los precios máximos a percibir del público, si procede, con el detalle de los factores constitutivos como base de futuras revisiones. h) Las facultades de policía que se delegan al adjudicatario. i) La obligación de mantener en buen estado el dominio público, las obras y las instalaciones, y de hacer a su cargo las reparaciones que sean necesarias. j) La adopción de medidas específicas, según los casos, para no perjudicar el medio ambiente, y las medidas indispensables que garanticen la calidad de las aguas marítimas en el interior del recinto portuario y sus alrededores. k) La obligación del adjudicatario, si procede, de constituir un depósito suficiente para los gastos de reparación o de levantamiento y retirada, parcial o total de las obras y de las instalaciones fijas o desmontables a su cargo, en el momento de la extinción del título correspondiente, salvo una decisión contraria del órgano competente de la Admi - nistración portuaria. l) Las causas generales y específicas de resolución, si se prevén, y los efectos que producen. m) Las prescripciones técnicas del proyecto, si procede. G) El concesionario habrá de prestar fianza definitiva, por un importe no inferior al cinco por ciento del presupuesto aprobado, la cual será devuelta: en caso de ejecución de obras, al año de aprobación del reconocimiento de las obras; y en otro caso, al vencimiento de la concesión, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario. Artículo 44. Modificación, extinción y revocación. 1. Sin perjuicio de las especialidades señaladas por la presente Ley, las autorizaciones y las concesiones se modifican, se extinguen y se revocan por las causas establecidas en la legislación reguladora del dominio público marítimoterrestre. 2. Una vez extinguido el derecho a la utilización del dominio público portuario, la Administra - ción portuaria no asume ninguna obligación laboral o económica del titular. 3. El incumplimiento de las cláusulas o de las condiciones del título de otorgamiento por causas imputables al titular determina, con la audiencia previa de éste, la resolución de la autorización o de la concesión, sin perjuicio del expediente sancionador que sea procedente. 4. Una vez iniciado el expediente de revocación, la Administración portuaria puede disponer, con la audiencia previa del titular y según los casos, la paralización de las obras o la suspensión de los usos o de la explotación de las instalaciones. 5. La suspensión de la ejecución de la revocación requiere del titular la presentación de un depósito previo en la cuantía que resulte aplicable según los criterios que reglamentariamente se establezcan. 6. Sin perjuicio de las indemnizaciones que en cada caso procedan, la declaración de revocación y la renuncia a la autorización o a la concesión comportan la pérdida de la fianza, si la hay. Artículo 45. Régimen jurídico de las concesiones. 1. Las concesiones de dominio público portuario podrán transmitirse por actos inter vivos y mortis causa. La transmisión inter vivos solo será válida si con carácter previo Puertos Canarios reconoce el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión, otorgando 18
19 la correspondiente autorización reglada, sin perjuicio de que pueda ejercer los derechos de tanteo y retracto de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación de contratos del sector público. En los supuestos en que se produzca grave daño a la explotación portuaria o se consoliden situaciones de monopolio habrá de justificarse el otorgamiento de la autorización. A estos efectos, tendrán la consideración de transmisión de la concesión, las operaciones societarias que impliquen la alteración de la posición mayoritaria en el capital social, las fusiones o absorciones y las adjudicaciones por impago, incluyendo los supuestos de remate judicial. La constitución de hipotecas u otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser autorizada previamente por Puertos Canarios, que no podrá denegarla salvo motivos de interés general expresamente justificados. En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel, siempre que en el plazo de cuatro años comuniquen expresamente a Puertos Canarios el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida. 2. El plazo de duración de las concesiones de dominio público portuario será el que se determine en el título correspondiente, que no podrá exceder del plazo máximo establecido en la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre para las concesiones de dominio público portuario en los puertos de interés general (1). Artículo 46. Ámbito y duración. 1. Toda ocupación del dominio público portuario por un plazo superior al legalmente establecido para las autorizaciones, o por otro inferior pero con obras o instalaciones no desmontables, se hará mediante una concesión administrativa (1). 2. Toda concesión se entiende otorgada sin perjuicio de terceros y salvando los derechos preexistentes. 3. El título de otorgamiento determinará la duración de la concesión y sus posibles prórrogas, sin que en ningún caso el plazo de ocupación exceda del máximo fijado en la legislación en materia de dominio público marítimo-terrestre portuario. 4. Antes del otorgamiento de las concesiones administrativas correspondientes se pedirá informe (1) La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, modifica los artículos 45; 46.1; y añade el artículo 48-bis (L9/2014). preceptivo al municipio afectado, a emitir en el plazo de un mes. Artículo 47. Declaración de utilidad pública. 1. Si el otorgamiento de la concesión determina la necesidad de hacer la ocupación temporal o la incorporación al dominio público de nuevos bienes o derechos, la aprobación definitiva del proyecto comporta la declaración de utilidad pública a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de aquellos bienes o derechos. 2. La utilidad pública se puede declarar de oficio o a instancia del peticionario. En este último caso, el proyecto básico recogerá la relación concreta e individualizada de los bienes o los derechos que se considere necesario expropiar. 3. Los bienes y los derechos expropiados se incorporan al dominio público portuario desde que son ocupados en la forma establecida por la legislación de expropiación forzosa y por el título de concesión, sin que el titular de la concesión esté obligado al pago del canon de ocupación por los terrenos expropiados a su cargo. Artículo 48. Reversión. 1. Una vez extinguida la concesión, revierten a la Administración los terrenos, las obras y las instalaciones señalados en el título de otorgamiento, que serán entregados sin cargas y en estado de con servación y de funcionamiento adecuados. 2. Al extinguirse la concesión, la Administra - ción portuaria puede acordar el mantenimiento o la retirada de otras obras o instalaciones autorizadas, no expresadas en el título de otorgamiento, que en el primer supuesto revierten en las mismas condiciones que las establecidas por el apartado 1. No obstante, el concesionario puede retirar las instalaciones que no figuren en el título de otorgamiento y que no estén unidas al inmueble. 3. La retirada de las obras y las instalaciones, y también la de los materiales y los equipos, se hace por cuenta del concesionario. Si éste no la efectúa en el plazo y en las condiciones establecidas, lo hará la Administración con cargo de aquél. Artículo 48-bis. Prórroga de las concesiones otorgadas (1). Los puertos e instalaciones marítimas otorgados en concesión podrán extender la duración de su concesión, según estuviera previsto en el título concesional, si bien con el límite máximo previsto legalmente y siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que el uso o utilización de las infraestructuras sea general o esté abierto a terceros. b) Que no se hubieran amortizado todavía los costes de la inversión o, en otro caso, que se ga- 19
20 L14/2003 PUERTOS ranticen nuevas inversiones en infraestructuras o sistemas operativos portuarios. c) Que se acepten las modificaciones de las cláusulas de la concesión que proponga la entidad Puertos Canarios. d) Que se abonen los cánones que correspondieren por ocupación del dominio público portuario, por la utilización de instalaciones portuarias y por el aprovechamiento especial del dominio público portuario, de acuerdo con la nueva regulación. e) Facultativamente, la entidad Puertos Canarios podrá fijar obligaciones de servicio general, tales como la gestión de algún servicio portuario de su titularidad, o la explotación de dársenas e infraestructuras deficitarias. Artículo 49. Concesiones de dominio público portuario para instalaciones y terminales públicas. 1. Cuando el objeto de la concesión sea la ejecución de una obra y la posterior explotación pública de una instalación o terminal portuaria, el procedimiento de otorgamiento de la concesión se ajustará a las siguientes reglas: a) La solicitud de concesión habrá de someterse a información pública, al menos por plazo de un mes, y publicarse su anuncio en el Boletín Ofi cial de Canarias (1) y al menos en dos periódicos de general difusión en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Cuando exista una pluralidad de peticiones o algún particular en el período de información pública hubiera manifestado su intención de concurrir o realizar la obra y la explotación de la instalación, habrá de convocarse el correspondiente concurso público para su adjudicación. c) En caso de no resultar adjudicatario, se abona - rán al primer peticionario los gastos que se le hubie - ren ocasionado y los derivados del proyecto, si éste sirviera de base para la adjudicación del concurso. d) La Administración pública seleccionará, de forma motivada y justificada, la oferta más ventajosa para el interés general, teniendo en cuenta los servicios a prestar, la calidad de la actividad y el menor coste respecto de los usuarios. 2. Una vez expire el plazo de la concesión o extinguida ésta por las razones legalmente establecidas, las obras e instalaciones revertirán a Puertos (1) Véase Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (BOC) (D160/2009). (2) El apartado 2 del artículo 50 se transcribe con la nueva redacción dada por Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias (L9/2014). Canarios, quien podrá explotarlas directamente o convocar el correspondiente concurso para el otorgamiento de la concesión. Artículo 50. Autorizaciones. 1. Las actividades que se desarrollen en el espacio portuario que no requieran la ejecución de obras, así como también la ocupación del dominio público portuario con instalaciones desmontables o con bienes muebles, estarán sujetas a la previa autorización de Puertos Canarios. 2. El plazo máximo por el que podrán otorgarse estas autorizaciones no podrá superar los cuatro años, sin que puedan ser prorrogadas salvo concurso público. Asimismo, vencido el plazo de la autorización, no podrá otorgarse una concesión sobre el mismo espacio portuario y con la misma finalidad al titular de aquella, salvo que se convoque el correspondiente concurso público (2). 3. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico y el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de dominio público portuario. Artículo 51. Extinción y revocación de las autorizaciones. 1. La Administración portuaria puede revocar unilateralmente las autorizaciones mediante resolución motivada y audiencia del titular, cuando son incompatibles con obras, planes o normativas aprobados posteriormente, cuando obstaculicen la explotación portuaria o cuando impiden la utilización del espacio portuario en actividades de mayor interés. La revocación, en estas circunstancias, no da derecho a indemnización. 2. Una vez extinguida o revocada la autorización, el titular tiene derecho a retirar los materiales, los equipos y las instalaciones de su propiedad, y tiene la obligación de hacerlo cuando lo determine la Administración portuaria. En este último caso, si la retirada no se lleva a cabo en el plazo y en las condiciones señaladas, se hará con cargo al titular. En todo caso, el titular tiene la obligación de restaurar la realidad física alterada y de dejar el dominio público en su estado anterior. Artículo 52. Prohibición de vertidos. 1. En los puertos, las dársenas o las instalaciones marítimas está prohibido verter aguas que contengan aceites, hidrocarburos, materias en suspensión, plásticos o cualesquiera otras materias o productos contaminantes, y arrojar tierras, escombros, basuras, restos de la pesca, cascotes o cualquier otro material, y asimismo los productos resultantes de la limpieza de las sentinas de los buques y otras embarcaciones. 20

References: artículo 5
 artículo 35
 artículo 5
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
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 Artículo 7
 artículo 6
 Artículo 8
 artículo 11
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 49
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 8
 Artículo 17
 Artículo 18
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 Artículo 19
 Artículo 20
 artículo 14
 Artículo 21
 Resolución 
 artículo 5
 Artículo 22
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 Artículo 23
 artículo 28
 Artículo 24
 artículo 25
 artículo 25
 Artículo 25
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
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 artículo 30
 artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 artículo 30
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
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 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 artículo 37
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 resolución 
 Artículo 45
 Artículo 46
 artículo 48
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 48
 Artículo 49
 artículo 50
 Artículo 50
 Artículo 51
 resolución 
 Artículo 52