Source: http://avancejuridico.com/actualidad/ultimassentencias/aj_UltimasSentencias3.html
Timestamp: 2018-01-21 02:24:25+00:00

Document:
SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2014
¿El contenido del artículo 262 sobre operaciones de crédito público de los proveedores de redes y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones vulnera el principio de unidad de materia y el contenido propio de la Ley cuatrienal del Plan Nacional de Desarrollo? Si bien es claro el Plan Nacional de Desarrollo trata de una norma multitemática, ello no puede conducir a vaciar de contenido este principio, aceptando que cualquier tipo de disposición pudiera ser válidamente incorporado dentro de la parte instrumental del plan. Partiendo de este principio la Corte encontró que en el contenido del mismo existe conexidad suficiente con los objetivos del Plan. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
¿La competencia atribuida a las autoridades de tránsito para retener preventivamente la licencia de conducción hasta que se encuentre en firme el acto administrativo que determina la responsabilidad contravencional, desconoce los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso, a la propiedad y a la presunción de inocencia, dado que autoriza su restricción sin el previo desarrollo de un procedimiento administrativo de conformidad con las garantías del debido proceso? Resulta conforme a la Constitución que el legislador regule los deberes exigibles, así como las sanciones eventualmente aplicables, a quienes asumen la conducción de vehículos automotores, que como es sabido, es una actividad que aunque lícita, es peligrosa, por su eventual impacto en bienes jurídicamente protegidos, entre ellos la vida e integridad de las personas, tanto de terceros como incluso del conductor mismo. \¿Establecer como infracción de tránsito sancionable, la decisión de practicarse las pruebas físicas o clínicas que han sido requeridas por las autoridades de tránsito desconoce (i) el derecho de defensa, el derecho a la no autoincriminación y la presunción de inocencia, al privar al conductor de la posibilidad de no realizarse una prueba que puede ser empleada para la imposición de sanciones administrativas y (ii) la prohibición constitucional de atribuir responsabilidad objetiva dado que se sanciona a una persona que actúa en ejercicio del derecho constitucional a la defensa? La Corte lo encontró ajustado a la Constitución, tanto si ello ocurre dentro de un procedimiento de rutina de carácter preventivo, como si tiene lugar como consecuencia de un accidente que haya producido afectación a terceras personas. De otra parte, la Corte observó que la diligencia regulada por esta norma no requiere previa autorización por parte del juez de control de garantías en los términos del artículo 250 constitucional, pues la averiguación que con ella se busca no está destinada a cumplir una función probatoria dentro de un proceso penal. Ley 1696 de 2013, "por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas"; Art. 5 Par. 2 y 3 (Mod. Art. 152 de la Ley 769 de 2002) e inciso 13 del Art. 149 de la Ley 769 de 2002 : Exequibles. Art. 8 : inepta demanda
Inexequible el artículo 2 de la Ley 1642 de 2013 -mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política-, que creaba una comisión de seguimiento al uso de las facultades conferidas en esta Ley, integrada por dos (2) Representantes y dos Senadores de las Comisiones Primeras Constitucionales del Congreso de la República, designados por las Mesas Directivas de las mismas. Para la Corte la norma demandada adolecía de un alto grado de indeterminación, por cuanto, además de no contener ninguna referencia al alcance de las facultades de la comisión que por ella se crea, el término seguimiento puede dar lugar a gran cantidad de diversos entendimientos, varios de los cuales ciertamente tendrían connotaciones de interferencia a la función del órgano o autoridad que es objeto de aquel. Esta circunstancia haría claramente posible que en este caso, so pretexto de adelantar tareas de seguimiento, el Congreso de la República pudiera extralimitarse en sus funciones, o inmiscuirse en aquellas propias del Presidente de la República, o de la Defensoría del Pueblo, órgano que por mandato constitucional es autónomo e independiente, que es la entidad para cuya reestructuración se concedieron estas facultades extraordinarias. \Alcance del Principio de Separación de Poderes \ Naturaleza y Límites de las Facultades Extraordinarias · \Alcance de la Prohibición para que el Congreso se Inmiscuya en Asuntos de Competencia Privativa de otras Autoridades \Comisiones de Seguimiento creadas por el Congreso
(i) ¿Al distinguir el artículo 34 del C.S.T, para efectos de la aplicación de la solidaridad de aquél que se beneficia con una obra, entre los trabajadores que realizan labores propias del giro ordinario de los negocios de la empresa, y aquellos que desarrollan tareas ajenas, vulnera el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y la primacía de la realidad sobre las formas? Para la Corte esta distinción busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que desarrollan actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a través de la imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás prestaciones sociales. Esta distinción es además razonable y proporcionada. (ii) ¿Al regular el artículo 115 del C.S.T el procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores, desconocía sus garantías constitucionales al debido proceso? La Corte señaló que la disposición debía ser interpretada acorde con el texto constitucional, y por tanto, la obligación de escuchar previamente al trabajador, en el caso de aplicarse alguna sanción contenida en el Reglamento del Trabajo, implica el respeto de las garantías propias del debido proceso, las cuales fueron enunciadas en la parte considerativa de esta providencia. \ El debido proceso en procesos sancionatorios iniciados por los particulares. \Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 34 (parcial) y 115 : Exequibles. Inepta demanda contra el Art. 356
CC SC 572A de 2014
¿Vulnera el derecho a un debido proceso, y el principio de habilitación de las partes en el arbitraje excluir la nulidad relativa, en tanto impide recurrir de manera extraordinaria ante la administración de justicia para solicitar la anulación de un laudo dictado por una tribunal de arbitramento que podría carecer de jurisdicción y competencia para proferir dicho laudo? Al limitar la posibilidad de ejercer el recurso extraordinario de anulación cuando se trate de la invalidez relativa del pacto arbitral y la parte haya hecho valer sin éxito, los motivos constitutivos ante el tribunal de arbitramento, no hace parte del margen de configuración del legislador, toda vez que deja sin posibilidad de cuestionar, así sea por medio de un recurso extraordinario, la atribución de funciones arbitrales a individuos que no han sido expresa y válidamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma. Para la Corporación, la circunstancia evidente de que la invalidez absoluta y la invalidez relativa del pacto arbitral tienen motivos diferentes y puedan proteger intereses disímiles, no se sigue que, en lo relevante para este caso, que es la validez del acuerdo de voluntades para habilitar a los árbitros, se pueda justificar dar un trato diferente a ambas situaciones, al punto de reconocer a la primera como causal de anulación del laudo arbitral proferido en el contexto del arbitraje internacional. No se les puede dar un trato diferente, porque en ambos eventos se trata de la validez del negocio jurídico que habilita la jurisdicción y la competencia de los árbitros. Ley 1563 de 2012; Art. 41 Num 1 expresión "absoluta" : INEXEQUIBLE
CC SC 554 de 2014
Cosa juzgada INEXEQUIBLE en relación con la Ley 1653 de 2013, "por medio de la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones"
CC SC 553 de 2014
¿El que la protección del patrimonio sumergido solamente se aplique a bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho, vulnera los artículos 2º, 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política? ¿Vulnera los mismos artículos de la Constitución permitir la remuneración a través de pagos realizados con bienes que pese a no haber cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho, en criterio de los demandantes por su naturaleza son inalienables y tienen valor cultural? No existe ninguna restricción constitucional para que se realice una remuneración a través de aquellos bienes encontrados que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación. Si bien los artículos 8 y 70 superiores consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas culturales de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo a cargo de esa reglamentación. En virtud de lo anterior, se deben ponderar y armonizar los derechos e intereses en tensión como son la libertad económica, el derecho a la propiedad, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, pues la declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad y la imposición de cargas para los propietarios de éstos para su conservación y protección. No encontró la Corte vulneración de los preceptos constitucionales en las normas demandadas. Ley 1675 de 2013, "por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido"; Art. 1, 2(parcial) y 15 (parcial) : Exequibles. Art. 3 Inc. 4o. : Estarse a lo resuelto
CC SC 552 de 2014
¿En la modalidad de desheredamiento ab intestato únicamente para la causal del matrimonio celebrado por el menor sin autorización de algún ascendiente, al imponer la ley una sanción civil sin la voluntad del testador, desconoce los derechos a la autonomía e intimidad familiar del testador (15 CP) y restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad del descendiente que al momento de contraer matrimonio requiere autorización por ser menor de edad (16 CP)? La Corte determinó que el desheredamiento es una sanción civil que busca retribuir al afectado mediante la exclusión de la herencia del legitimario ofensor, facultad válida siempre y cuando sea ejercida por el titular del derecho en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por lo cual, cuando la ley impone la sanción sin el consentimiento expreso del testador, se desconoce el derecho a la autonomía e intimidad familiar (15 C.Po.) con restricción injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor que contrajo matrimonio sin la autorización de sus padres o abuelos (16 C.P.). Código Civil, Art. 124 la expresión "Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto."INEXEQUIBLE. S.V: Cosa juzgada
CC SC 503 de 2014
¿Resulta la norma demandada regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales de las personas de la tercera edad. Incurre en una vulneración del derecho a la igualdad y a la protección especial al adulto mayor, por cuanto se otorga un privilegio injustificado a los Centros Vida en relación con los Centros de Bienestar del Anciano, al efectuarse la distribución de los recursos provenientes de la estampilla para el bienestar del adulto mayor? Contrario a lo señalado por el ciudadano, no restringe sino que amplía la protección a las personas de la tercera edad, y por tanto, no puede predicarse su naturaleza regresiva. La distinción hecha por el legislador se encuentra justificada en las nuevas funciones asignadas a los llamados Centros Vida, y al número de potenciales beneficiarios, además es razonable y proporcionada. Marco normativo de protección de la vejez en Colombia. Ley 1276 de 2009 "A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida"; Art. 3 : Exequible
¿Se vulneran los derechos a la igualdad y a la propiedad privada de las personas civilmente incapaces o de las que se encuentren en imposibilidad absoluta de ejercer sus derechos, a las que se refiere el artículo 2530 del Código Civil, al establecer que no se suspende a su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años? El que estas personas no tengan derecho que se suspenda a su favor la usucapión extraordinaria, en virtud de la norma demandada, no se traduce automáticamente en su inconstitucionalidad, puesto que el derecho que tienen estos sujetos a protección especial de parte de las autoridades, puede realizarse de diversas maneras y no es exactamente idéntico a un derecho a que se suspenda en su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria. No es la única forma de asegurar las condiciones para que la igualdad de estas personas sea real y efectiva. En cambio la presunción de inexistencia de la posesión sobre determinados bienes raíces que consagra la Ley 1448 de 2011 en favor de la población desplazada, no constituye un esquema de garantías suficientes a la luz de la Constitución. La forma de protección que contempla la Ley 1448 solo opera respecto de bienes raíces inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo que hay un universo de bienes (muebles o inmuebles no inscritos) que quedarían descubiertos en este complejo de instituciones de protección de sus derechos de propiedad. Por tanto procedió a declarar la exequibilidad condicionada, en el sentido de incluir a la personas víctimas de desplazamiento entre los beneficiarios de la suspensión de la usucapión extraordinaria, que por esa circunstancia, se han visto imposibilitadas para ejercer su derecho de propiedad. Ley 791 de 2002, "por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil"; Art. 6 (Mod. Art. 2532 del C.Civil) : CONDICIONALMENTE exequible
¿La creación por el legislador del Sistema Nacional de Migraciones, SNM dirigido únicamente a elevar la calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior, vulnera el derecho a la igualdad, al no abordar cuestiones referentes a los derechos de los migrantes extranjeros que se encuentran en Colombia? La Corporación observó que la situación diferente de uno y otro grupo está fundada en una condición objetiva y razonable, que justifica plenamente el abordar la problemática de un grupo de emigrantes frente al otro: el territorio, estar o no en Colombia. Esta decisión no implica desprotección o desmedro alguno de los derechos fundamentales de los extranjeros en Colombia, que tienen derecho a gozar efectivamente, en los términos amplios en que se encuentran consagrados en el orden constitucional vigente y que son objeto de protección mediante la acción de tutela. Ley 1465 de 2011, "por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior"; Arts. 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) : Exequibles
CC SC 390 de 2014
¿El legislador, al establecer que el cómputo del término de 120 días para decretar la libertad del imputado o acusado sea a partir de la formulación de la acusación sin haberse dado inicio a la audiencia de juzgamiento, vulnera el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, por cuanto permite que la medida de aseguramiento se prolongue de forma indefinida entre el período comprendido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de lectura del mismo, para la cual no está previsto un término? Si bien, en virtud de la interpretación que de la norma ha hecho la Corte Suprema de Justicia, se ha entendido que la expresión acusada debe ser asimilada a la audiencia de formulación de la acusación, ya que es el último de los momentos procesales que conforman el acto complejo de la acusación, la Sala considera que resulta inadmisible y que la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, es entender que la formulación de la acusación se equipara a la presentación del escrito de acusación. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 317 Num 5 (parcial) (Texto modificado por la Ley 1453 de 2011) : CONDICIONALMENTE exequible. Además la Corte dispuso que los efectos de esta decisión de exequibilidad condicionada se difieren hasta el 20 de julio de 2015. S.V
CC SC 389 de 2014
Desempeño del cargo de curador ad litem en forma gratuita como defensor de oficio. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; 48 Num. 7 : Cosa juzgada exequible
CC SC 388 de 2014
Fallo inhibitorio, por carencia actual del objeto, sobre el Proyecto de ley estatutaria No. 211 de 2013 Senado, 268 de 2013 Cámara "Por la cual se desarrollan los artículos 116 y 221 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones", teniendo en cuenta que cuando se adelantó su trámite, se invocó como fundamento la Constitución Política, de acuerdo con las modificaciones introducidas mediante el Acto legislativo 2 de 2012, el cual fue declarado INEXEQUIBLE mediante la C-740-13
CC SC 387 de 2014
¿El que dentro de las condiciones que puede establecer el Fiscal al imputado o acusado, durante el período de prueba y hasta antes de la Audiencia de juzgamiento para ser beneficiario del principio de oportunidad, se encuentren la de participar en programas especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas o someterse a un tratamiento médico o psicológico, resultan contrarias el derecho de autonomía personal? Estas condiciones resultan idóneas para alcanzar las finalidades constitucionales aludidas, toda vez que parten del ejercicio de la libre voluntad (imputados o acusados) como presupuesto ineludible de procedibilidad en el marco de la justicia restaurativa, que si bien pueden terminar siendo fijadas por el fiscal, encuentran fundamento constitucional ante la presencia de las características de un delito, bajo un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta punible y su tipicidad. Advirtió, que en esta valoración debe tenerse presente que los derechos ajenos y el orden jurídico que se han quebrantado con el hecho punible, constituyen límites válidos constitucionalmente al libre desarrollo de la personalidad. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 326 (texto modificado por el Art. 4 de la ley 1312 de 2009) : Exequible
CC SC 386 de 2014
Por vicios en el trámite legislativo fue declarado INEXEQUIBLE el artículo 15 de la Ley 1640 de 2013, "por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013"; mediante el cual se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República, incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta de Regalías con la Planta Ordinaria
CC SC 372 de 2014
Inepta demanda contra el Decreto 4184 de 2011, "por el cual se crea la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano -Virgilio Barco Vargas-"; Arts. 1, 2, 3, 4 y 5 (parciales) al asumir que este decreto desconoce el principio de autonomía territorial -competencias constitucionales de los concejos municipales- y la reserva de ley orgánica, cuando en realidad, en repetidos enunciados de sus consideraciones y de sus artículos, se precisa de manera explícita que en todo caso el objeto social de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas -SAS- se desarrollará de manera acordada, coordinada y articulada entre la Nación y los entes territoriales y, en todo caso, con sujeción a las normas aplicables para tal efecto, con respeto de las competencias de los entes territoriales
CC SC 371 de 2014
¿Los artículos 79, 80, 81 y 84 de la Ley 160 de 1994 lesionan el derecho al territorio de los pueblos indígenas y tribales al permitir la creación de zonas de reserva campesina en áreas que pueden coincidir con territorios ancestrales de tales pueblos? ¿Tales normas vulneran el derecho a la consulta previa consagrado por el Convenio 196 de la OIT, en la medida en que no fueron sometidas a este proceso con las comunidades étnicas?; y ¿Desconocen el derecho a la consulta previa al no exigir ese procedimiento dentro del trámite de constitución de las zonas de reserva campesina? La Corte consideró que dadas las importantes finalidades que persiguen los preceptos demandados y con el propósito de realizar el principio de conservación del derecho, lo procedente era mantener en el ordenamiento los citados artículos, pero de tal modo que sean compatibles con la Constitución. La mejor manera de lograr esa armonización era la introducción de un condicionamiento, según el cual, para la creación de una zona de reserva campesina también deberá examinarse si en el área que se pretende constituir existen territorios de pueblos indígenas y tribales, entendiendo territorio en concordancia con el Convenio 196 de la OIT como los "habitat de las regiones que ocupa o utilizan [los pueblos indígenas o tribales] de alguna otra manera". En tal caso, deberá surtirse un proceso de consulta previa, de manera que las comunidades concernidas, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidan si la medida puede promover o no sus intereses, sin perjuicio de la obligatoriedad de la normativa que da prelación a dichos grupos en la asignación y adjudicación de los terrenos baldíos que hacen parte de su territorio. Ley 160 de 1993, "por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79, 80, 81, 84 : CONSICIONALMENTE exequibles
CC SC 370 de 2014
Excluir del subsidio familiar de vivienda a quien haya sido condenado por delitos en contra de menores de edad, es inconstitucional, entre otros por: No garantiza que se desarrolle el principio de prevención general. No guarda consonancia con el principio de proporcionalidad penal, según el cual, todas las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos y al daño ocasionado, pues no hace diferencia entre los diferentes tipos de delitos contra los menores de edad. Conduce a la estigmatización de la persona que estuvo privada de la libertad por haber cometido delitos contra menores de edad, lo cual impide su resocialización integral. Desconoce la prohibición de imponer sanciones o penas perpetuas y los principios de legalidad, proporcionalidad y dignidad humana, como quiera que la medida no tiene límite en el tiempo. Desconoce además que, una vez que se cumple la pena, los antecedentes no pueden ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal. La medida tiene un efecto de revictimización de la familia, del hogar postulante al subsidio de vivienda en especie, personas a las cuales se les estaría extendiendo las consecuencias de una conducta penal que no realizaron. Ley 1537 de 2012, "por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 Par. 3o. : INEXEQUIBLE
CC SC 369 de 2014
La labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53 de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 48 Num. 7 : Exequible
CC SC 368 de 2014
Violencia intrafamiliar. El legislador tiene la potestad de tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran la unidad y armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el artículo 229 del Código Penal. El artículo demandado respeta el principio de taxatividad penal, porque no genera ambigüedad sobre ninguno de los elementos del tipo penal de violencia intrafamiliar, en particular, no hace indeterminada la consecuencia punitiva ni lleva a la confusión, pues constituye en realidad un criterio al cual deben acudir los funcionarios judiciales al momento de realizar el proceso de adecuación típica de la conducta sometida a investigación y juicio en cada caso concreto. La elevación de los límites punitivos no resulta contraria a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Aún en los casos en que los actos de violencia intrafamiliar ocasionen entre otros efectos, daños en el cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el comportamiento que configura violencia familiar y las lesiones personales pues la condición del sujeto activo del punible es una circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y que justifica el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte del legislador. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 33 (Mod. Art. 229 de la Ley 599 de 2000) : Exequible
CC SC 367 de 2014
¿El legislador, al no establecer un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela; afectó la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales? Acorde con el principio pro legislatoris, la Corporación consideró que la norma acusada es constitucional siempre y cuando integre un término aplicable para la decisión del incidente de desacato a un fallo de tutela, por las razones expuestas, a las que se agrega el mandato 228 de la Constitución, según el cual todas las actuaciones procesales deben tener un término que se observe con diligencia. Habida cuenta que la Corte no tiene competencia para establecer ese plazo que subsane el vacío normativo violatorio de la Carta Política, la Corporación acudió a la propia Constitución, concretamente, al artículo 86 que regula la acción de tutela, de manera que declaró exequible el inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término establecido en el citado artículo 86 superior para el fallo de tutela, de manera que se garantice la inmediatez de la protección y la efectividad de los derechos fundamentales y de los mecanismos de protección, mientras el Congreso no establezca otro término. Decreto 2591 de 1991, "por la cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"; Art. 52 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 366 de 2014
¿Autorizar al fiscal encargado de una investigación, para ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave con el objeto de realizar la captura del indiciado o imputado, vulnera el derecho a la libertad individual de la persona, conforme a lo prescrito en el artículo 28 de la Constitución y en consecuencia, se desbordarían las facultades expresas otorgadas a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 superior? Los motivos existentes para que en aplicación del artículo 219 de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía ordene una captura en los supuestos allí establecidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador y por la jurisprudencia, salvaguardando así no solo la excepcionalidad en la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 219 : Exequible
CC SC 341 de 2014
¿La sola comunicación de la existencia de una actuación administrativa de contenido particular y concreto a las terceras personas que puedan resultar afectadas por la decisión que en ellas se adopte, desconoce el debido proceso (CP, art 29) al no garantizarles sus derechos a la defensa y contradicción? Para la Corte, los mecanismos enunciados en el artículo 37 permiten la realización del principio de publicidad y el ejercicio del derecho a la defensa de los terceros, pudiéndose constituir en parte y hacer valer sus derechos. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 37 : Exequible
CC SC 340 de 2014
¿Limitar al marido la facultad para constituir patrimonio de familia vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las mujeres? Teniendo en cuenta que se trata de una norma que no ha sido modificada por el legislador, que sigue vigente en su tenor literal, así no se aplique de tal manera, continúa siendo una disposición que simbólicamente constituye una discriminación en contra de las mujeres. Por tal motivo, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada, de manera que se entienda que la mujer también puede constituir patrimonio familiar sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal. Ley 70 de 1931, "que autoriza la constitución de patrimonio de familia inembargables"; Art. 5 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V: debió extenderse a todas las sociedades patrimoniales conformadas por compañeros permanentes, sin distinción
CC SC 339 de 2014
Exequible la Ley 1662 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la Corte Penal Internacional", hecho en Bogotá D.C., el 17 de mayo de 2011
CC SC 338 de 2014
¿La previsión de solidaridad entre el ordenador del gasto y las demás personas que concurran en un daño patrimonial al Estado, entre otros, los interventores de contratos estatales, implica una atribución de responsabilidad objetiva, sin que sea necesario algún grado de culpabilidad, por lo que se estaría desconociendo la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución? No le asiste razón a la demandante ya que el marco legal vigente, en concordancia con la Constitución Política, exige la existencia de dolo o culpa como sustento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. La Corte reafirmó que la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, pues para deducirla es necesario determinar que el investigado obró con dolo o con culpa, por lo cual está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, de modo que la misma debe individualizarse y valorarse a partir de la conducta del agente. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 119 : Exequible
CC SC 337 de 2014
Inepta demanda por el cargo de omisión legislativa relativa, por no completar la cesación de la acción fiscal en los casos en que se aplique la preclusión de la investigación penal. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 111 (parcial)
CC SC 336 de 2014
¿En el caso de convivencia no simultánea discriminó al compañero supérstite al incluir como beneficiario de la pensión de sobrevivientes al cónyuge con sociedad conyugal vigente y separación de hecho? Los efectos jurídicos de la unión marital de hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende, son instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables. Es así como, la separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, cuando uno de estos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio. Los sujetos en comparación (cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente), pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son equiparables. Ley 797 de 2003, "por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"; Art. 13 (parcial) (Mod. Art. 47 de la Ley 100 de 1993)
CC SC 334 de 2014
¿El legislador al establecer como hito temporal para verificar si el candidato incurre o no en doble militancia, el momento de la elección, en la regulación de las causales de nulidad electoral, el contenido del auto admisorio de la demanda y las formas de practicar su notificación, desconoció las reglas constitucionales y estatutarias sobre doble militancia? Corte encontró que desconoce las reglas constitucionales y estatutarias que precisan en qué momento el candidato incurre en doble militancia, toda vez que en las hipótesis enunciadas el candidato no puede incurrir en doble militancia en el momento de la elección, sino antes o dentro del proceso electoral en el que dicha elección tiene lugar, específicamente al momento de la inscripción. Es decir, es posible incurrir en doble militancia con anterioridad al momento de las elecciones. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Arts. 275, 277 (parciales) : INEXEQUIBLES. Art. 288 (parcial) : Inepta demanda
CC SC 333 de 2014
Exequible, con aclaración interpretativa, la Ley 1663 de 2013, por medio del cual se aprueba el "tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos", suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011
CC SC 332 de 2014
Exequible la Ley 1665 de 2013, "por medio de la cual se aprueba el "Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)", hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009"
CC SC 290 de 2014
Fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 128 (parcial) : Cosa juzgada e inepta demanda
CC SC 289 de 2014
¿Las normas acusadas quebrantan la Constitución Política, (Art. 151, principio de reserva de ley orgánica), porque formando parte de una ley ordinaria, modificarían en concepto de los demandantes, el contenido de una ley de carácter orgánico, como es el artículo 125 del Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional-, norma ésta que califica como recursos parafiscales los enunciados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 119 de 1994, que define el patrimonio del SENA? Los contenidos normativos acusados, no tienen la virtualidad de modificar los preceptos del Estatuto Orgánico del Presupuesto señalados como infringidos, comoquiera que no alteran la naturaleza parafiscal que la norma orgánica adscribe a los aportes que a través de sus nóminas realizan los empleadores al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud. Ley 1607 de 2012, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"; Arts. 24 y 25 (parciales) : Exequibles
CC SC 288 de 2014
¿Establece la norma demandada una diferenciación injustificada en el procedimiento aplicable a la provisión de los cargos temporales en las entidades de la administración pública, respecto del contemplado para los cargos de carácter permanente, toda vez que no permite la aplicación de un concurso de méritos, ni de período de prueba, ni de la calificación del período de prueba, ni de los derechos adquiridos en la carrera administrativa, lo cual vulnera, a juicio del demandante, los artículos 13, 53, 125 y 13º de la Constitución? El procedimiento especial de dos fases creado para garantizar el principio de eficiencia de la administración en circunstancias extraordinarias se considera idóneo, en el entendido que este procedimiento deberá garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En todo caso, el Tribunal determinó que en caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad pública. Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"; Art. 21 Num. 3 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 287 de 2014
Cosa juzgada en relación con la inconstitucionalidad del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas en los procesos de justicia y paz. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones "; Arts. 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 (Mod. de los artículos 23 y 23A de la de la Ley 975 de 2005)
CC 283 de 2014
La prohibición definitiva del uso de animales silvestres, nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes, en todo el territorio nacional, no resulta ni irrazonable ni desproporcionada. El simple transcurso del tiempo (tradiciones) no puede constituir fundamento suficiente para eternizar prácticas que en la actualidad una sociedad estima incorrecta y no deseable. Las manifestaciones culturales deben tener por finalidad la educación de un pueblo, en orden a revelar un país de respeto por los derechos y ético hacia los otros seres que comparten este planeta. La Corte advirtió que al quedar en libertad los animales silvestres debe desarrollarse por el Gobierno una política pública seria de transición, esto es, un proceso escalonado para que puedan readaptarse a las condiciones naturales, previendo el personal profesional como veterinarios, zootecnistas y biólogos, apoyados por cuidadores y alimentadores con experiencia, que examinen cada situación particular y dispongan las medidas pertinentes para alcanzar la reinserción al hábitat natural. Ley 1638 de 2013, "por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos itinerantes"; Art. 1 : Exequible. Arts. 2 y 3 : Fallo inhibitorio
CC SC 284 de 2014
La aplicación de las medidas cautelares del capítulo XI, Título V del CPACA a los procesos encaminados a proteger derechos e intereses colectivos se ajusta a los artículos 18, 88, 89, 228 y 229 de la Constitución. No así en los procesos de tutela. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 229 : exequible, salvo la expresión "y en los procesos de tutela" que se declara INEXEQUIBLE
CC SC 280 de 2014
INEXEQUIBLE el Decreto 1513 de 2013 "por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012"; en cuanto ordena la aplicación de un tratado internacional sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales para este efecto, relacionados con la necesidad de que el tratado internacional objeto de la medida de aplicación, haya sido acordado en el ámbito de una organización internacional. Comenzará a producir efectos seis (6) meses después, a partir de la fecha de la presente providencia
CC SC 279 de 2014
Estarse a lo resuelto en la C-169-14 que declaró INEXEQUIBLE la Ley 1653 de 2013, "por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones". Inepta demanda en relación con el numeral 4 del art. 84 de la Ley 1564 de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". No es válido considerar que la Constitución Política prohíbe de forma absoluta (no prima facie) que se establezcan tributos que impliquen la realización de un pago, previo a la presentación de la demanda
CC SC 278 de 2014
(i) ¿Desconoce el numeral 6 del artículo 1781 del Código Civil el derecho a la igualdad, cuando dicha disposición mantiene la facultad, únicamente en cabeza de la mujer, de aportar al haber relativo de la sociedad conyugal bienes raíces que deberán serle recompensados en caso de disolución y liquidación de la misma, sin establecer dicha prerrogativa también para el marido? Esta posibilidad debe entenderse a ambos cónyuges. (ii) ¿Vulnera el derecho a la propiedad privada, el hecho de que la recompensa del haber relativo consagrado en los numerales 3º, 4º y 6º del artículo 1781 del Código Civil, consista únicamente en la restitución del valor nominal de los bienes en el momento de la constitución de la sociedad conyugal? La recompensa del valor nominal de los bienes no constituye un enriquecimiento sin causa. Comprende el valor aportado con la corrección monetaria correspondiente, la cual no pertenece a dicha sociedad. La valorización adicional del bien como resultado de las fluctuaciones económicas y del mercado pertenece a la sociedad conyugal y deberá ser divididas entre los cónyuges sin que lo anterior se configure en una violación del derecho a la propiedad privada. (iii) ¿Se viola el derecho a la igualdad, por el hecho de que el Legislador haya regulado de manera diferente la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de las uniones permanentes? No se viola, en la medida en que son dos instituciones diferentes respecto de las cuales no existe ningún deber constitucional que exija darles el mismo tratamiento en cuanto se refiere a sus efectos patrimoniales. Código Civil; Art. 1781 Num. 6: CONDICIONALMENTE exequible y Nums 3 y 4 : Exequibles
CC SC 277 de 2014
Exequible la Ley 1631 del 27 de mayo de 2013 por medio de la cual se aprobó la "Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (Séptima Enmienda)" , aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010
¿Prescribir consecuencias distintas para el vendedor y el comprador afectado por lesión enorme vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, la garantía de un orden político, económico y social justo y la obligación de proteger a todas las personas en sus bienes y derechos? Para evitar la rescisión de la venta decretada judicialmente tanto el comprador responsable de la lesión que debe completar la diferencia con el justo precio como el vendedor causante de la misma que con el mismo propósito tiene que devolver lo que recibió de más respecto del justo precio, en la práctica, tienen derecho a retener o deducir una décima parte del monto de lo que el primero completa y el segundo devuelve. Así las cosas, en lo concerniente con el aspecto examinado ambos reciben un trato equivalente. Por ende cabe afirmar que, consecuentemente, tanto el comprador como el vendedor lesionados pierden o dejan de percibir esa misma proporción. No se trata entonces de que, como se afirma en la demanda, el vendedor que lesiona soporte un gravamen en tanto, que en el mismo caso, el comprador disfruta de una ventaja injustificada por cuanto, en realidad, ambos ostentan idéntico privilegio. Código Civil; Art. 1948 : Exequible
¿El no prever la misma pena cuando el ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad lo realice el padre o madre con el propósito de privar al otro padre del derecho de visitas, vulnera los derechos a la igualdad de trato de los padres y el derecho fundamental del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, previstos en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política? Dar diferente protección penal a la situación del padre que tiene a su cargo la custodia y cuidado del hijo menor y a la situación del padre a quien corresponde el régimen de visitas al mismo, no implica una discriminación injustificada ni desconoce el derecho fundamental del niño a tener una familia y a no ser separado de ella.. Ley 890 de 2004, "por la cual se modifica y adiciona el Código Penal"; Art. 7 (Adc. el Art. 230A al C.P) : Exequible
¿Viola el legislador el principio de igualdad de los trabajadores de las sociedades por acciones simplificadas, al establecer el mismo trato a los acreedores laborales, que al resto de los acreedores, con relación a que los accionistas no serán responsables, salvo casos de fraude, hasta el monto de sus aportes? Observó que la evaluación de los regímenes de protección a los derechos de los trabajadores debe hacerse de forma completa y no parcial, tal como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional. Las cargas iguales en ciertos aspectos del régimen legal de protección de una obligación, como ocurre en el caso de la presente norma, pueden estar debidamente compensadas con otros aspectos del régimen. L a norma en cuestión no es arbitraria. No adopta una medida absurda o que carezca de razones que la sustenten. No desprotege los derechos laborales, en especial, frente a los casos de fraude. La medida busca una finalidad importante constitucionalmente (propiciar la inversión y la prosperidad general), por un medio no prohibido y que es conducente para alcanzar los propósitos buscados (establecer que, salvo casos de fraude, la responsabilidad de los accionistas llega hasta el monto de sus aportes). Ley 1258 de 2008, "por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada"; Art. 1 (parcial) : Exequible
Exequible Ley 1666 de 2013, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y el Gobierno de los Estado Unidos de América para el intercambio de información tributaria", suscrito en Bogotá, el 30 de marzo de 2001" S.V : Cambio jurisprudencial en relación con la C-134-14, al aceptar votación ordinaria por unanimidad cuando 2 de los Senadores dejaron constancia expresa de su voto negativo \Principio de instrumentalidad de las formas en el examen de irregularidades vinculadas con el proceso de creación normativa \De la regla de procedimiento referente a la votación ordinaria en casos de unanimidad
CC SC 180 de 2014
Inexequibles los apartes demandados al considerar la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Arts. 23 y 24 (parciales) (Mod. Arts. 23 y 23A de la Ley 975 de 2011)
CC SC 179 de 2014
¿El que se establezca que la Ley 1625 de 2013 no aplica para el caso de Bogotá Distrito Capital y sus municipios conurbanos, los cuales tendrán una ley especial, la cual definirá las reglas especiales a las que se sujetará la conformación de un Área Metropolitana entre Bogotá y los municipios colindantes del departamento de Cundinamarca, constituye una omisión legislativa? No. Como tampoco implica la vulneración del principio y derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior por cuanto en la Ley 1625 de 2013 no se excluye al Distrito Capital de conformar un Área Metropolitana. Ley 1625 de 2013, "por la cual se deroga la Le Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas"; Arts. 1 Par. y 39 : Exequibles
CC SC 177 de 2014
¿La forma como el legislador ha regulado los parámetros para efectuar la entrevista forense a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, desconoce la igualdad, el derecho de defensa y contradicción, el acceso a la administración de justicia, e incluso los derechos de los menores de edad? No. En su concepto, se trata de medidas legislativas y judiciales para garantizar no solo su dignidad y su intimidad (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitando causarles nuevos daños. En caso de un eventual conflicto entre los derechos y garantías de un menor de edad frente a las de un adulto, atendiendo el interés superior del niño y el principio pro infans, deberá darse prelación a la protección y salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes, dada su situación de debilidad manifiesta. Con todo, el valor como elemento probatorio que se da a esa entrevista forense no impide el adecuado ejercicio del derecho de defensa ni el de contradicción, de manera que podrá ser controvertida mediante el informe respectivo rendido por el entrevistador, quien además debe ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y dicho informe, dando pleno lugar al ejercicio de los derecho de defensa y la contradicción. Ley 1652 de 2013, "por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales"; Arts. 1, 2 y 3 (Adc. Arts. 275 206A y 438 de la Ley 906 de 2004) : Exequibles
CC SC 172 de 2014
¿La asignación en forma privativa, a la Superintendencia de Industria y Comercio, de las funciones de inspección, vigilancia y control de la libre competencia de "cualquier actividad o sector económico", desconoce los artículos 365 y 370 de la Constitución, en relación con las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, la cual, en concepto del demandante está reservada la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios? La circunstancia de que el artículo 370 de la Carta Política señale que el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten los ejercerá el Presidente de la República por medio del a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no significa que sea la única autoridad constitucionalmente autorizada para cumplir con tales funciones. La vigilancia y el control debe tener un enfoque que tenga en cuenta la naturaleza especial de estas actividades, su esencialidad, su continuidad y la igualdad real de acceso de todos a su prestación, dentro de un Estado Social de Derecho. Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Art. 2 (parcial) (Adc. al Art. 46 del Decreto 2153 de 1992) y Art. 6 (parcial) : Exequibles
CC SC 170 de 2014
¿Se vulnera el principio de la voluntariedad de la jurisdicción arbitral (CP 116) la vinculación de terceros llamados en garantía por los efectos de un laudo arbitral? No se viola, por cuanto: (i) El tercero garante no es parte, sino que es vinculado por la decisión adoptada en el proceso al que fue llamado, con fundamento en que ha suscrito un contrato de garantía con una de las partes del proceso y no con fundamento en ciertas características de su participación en el proceso que lo asimilan a la calidad de parte. (ii) La proposición jurídica demandada se refiere al tercero garante que ha suscrito un contrato de garantía que contiene una cláusula compromisoria o pacto arbitral, por lo cual se entiende que al suscribirlo aceptó tácitamente que su obligación de garante podría exigirse en un proceso ante árbitros. (iii) Las norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active únicamente por la habilitación expresa de las partes, la cual se materializa en la decisión de garantizar un contrato con pacto arbitral. Ley 1563 de 2012, "por medio de la cual se expide el estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 37 Par. : Exequible
CC SC 169 de 2014
Ley 1653 de 2013, "por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones" declarada INEXEQUIBLE al concluir que los elementos estructurales del arancel, contenidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 1653 de 2013 vulneraban los principios de equidad, progresividad, justicia y excepcionalidad de las contribuciones parafiscales, así como los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. La inconstitucionalidad de los elementos estructurales de la Ley 1653 de 2013, por ser indispensables para el entendimiento y sentido del resto de disposiciones de la misma, conduce consecuencialmente a la inconstitucionalidad de toda la ley. Como ha establecido la jurisprudencia, una Ley cuyos elementos estructurales resultan manifiestamente contrarios a la Constitución, debe ser expulsada en su totalidad del ordenamiento, cuando estos últimos son declarados inexequibles
CC SC 168 de 2014
¿El condicionar la norma demandada, a que sólo tendrán derecho a la devolución del IVA bimestral los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario "que una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores", establece un trato discriminatorio entre los productores de alimentos? La conclusión fue que la medida legislativa cuestionada no establece un trato diferenciado entre dos sujetos que se encuentren en una situación semejante o equiparable, sino que por el contrario, a la luz la necesidad de garantizar una respuesta oportuna a los requerimientos de devolución, y a la de evitar que ésta sea utilizada como un mecanismo de fraude, existe una diferencia fáctica relevante entre los productores de los alimentos exentos de la cadena familiar, y los demás agentes económicos que suministran los otros bienes y servicios exentos que tienen derecho a la devolución semestral, y en atención a dicha diferencia, se estableció el requisito de la implementación de la facturación electrónica únicamente en relación con los primeros, y no en relación con los segundos. Es decir, las diferencias empíricas constitucionalmente relevantes a la luz de los objetivos del sistema de devoluciones, justifican plenamente la diferenciación normativa que el peticionario cuestiona. Ley 1607 de 2012, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"; Art. 55 Lit. g) (parcial) (Mod. el Art. 481 del ET) : Exequible. S.V
CC SC 167 de 2014
¿Se violan los principios de legalidad y certeza del tributo al establecer como hecho gravable de una tasa las expresiones 'y demás gastos que se requieran', y 'los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima'? El primero de los apartes normativos acusados, emplea expresiones que tienen un cierto grado de indeterminación, que no impide establecer, a partir de los dispuesto en la misma norma legal, cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia. En el segundo caso, sí emplea expresiones con un alto grado de indeterminación que impiden establecer cuáles son los hechos generadores a los que se hace referencia, a partir de lo dispuesto en la misma norma legal. Ley 399 de 1997, "por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, "INVIMA", su cobro"; Art. 4 Lit c) (parcial) : Exequible. Literal e) : INEXEQUIBLE
CC SC 166 de 2014
El período del Fiscal General de la Nación es individual, no institucional. La reforma introducida por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2003 al artículo 125 de la Constitución, según la cual, "[l]os períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para los cargos de elección tienen el carácter de institucionales", no modificó el artículo 249 de la Carta que determina la naturaleza del período del Fiscal General y que ha sido interpretado por la Corte en el sentido que la Constitución define este período como individual o personal, por cuanto no de otra forma podría cumplirse el mandato consistente en que el Fiscal es elegido para un período de cuatro años. Ley 938 de 2004, "por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación"; Art. 9 (parcial) : Cosa juzgada constitucional
CC SC 134 de 2014
INEXEQUIBLE la Ley 1634 del 11 de junio de 2013, "Por medio de la cual se aprueba el "Proyecto de Enmienda del Convenio del Fondo Monetario Internacional para reforzar la representación y la participación del FMI", aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución 63-2, adoptada el 28 de abril de 2008 y del "Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional para ampliar las facultades de inversión del FMI", aprobado por la Junta de Gobernadores mediante la Resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008". Vicio al momento de la aprobación de la ponencia en el segundo debate, en la Plenaria del Senado de la República, pues se aprobó por votación ordinaria, en contra de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, que estableció como regla general la votación nominal y pública en las decisiones del Congreso, y prescribió que solo habrá votación ordinaria en casos excepcionales, definidos previamente por el Legislador. No resultaba aplicable el inciso 16 de el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por la Ley 1431 de 2011, que permite la votación ordinaria cuanto existe unanimidad entre los congresistas de cada Comisión o Plenaria en el sentido de su voto, pues en esta oportunidad tres senadores manifestaron constantemente su oposición y voto negativo a la ponencia
CC SC 132 de 2014
Exequible, salvo el numeral 1 del artículo 18 -aplicación provisional- la Ley 1600 de 2012 -por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América", suscrito en Bogotá D.C. el 10 de mayo de 2011. La aplicación provisional de los tratados, es una facultad excepcional de interpretación restringida, y sujeta al cumplimiento de tres requisitos concurrentes: i) tener naturaleza comercial y económica; ii) haberse acordado en el ámbito de una organización internacional y iii) estar dispuesta su aplicación provisional, en el texto del tratado, los cuales deberán ser estrictamente examinados por esta Corporación. E l no cumplimiento de alguna de estas condiciones, conllevará a la inconstitucionalidad de la cláusula de aplicación provisional. La aplicación provisional de este tratado por el Gobierno de Colombia resulta improcedente, al no tratarse de un tratado aprobado "en el ámbito de organismos internacionales"
CC SC 131 de 2014
(i) ¿La prohibición absoluta de la anticoncepción quirúrgica para los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad configura una medida violatoria de la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a fundar una familia, considerando que la ley establece su capacidad relativa para contraer matrimonio, lo cual supondría el derecho a decidir sobre el número de hijos que se quieren o no procrear?. (ii) ¿Privar a los menores en situación de discapacidad o a sus padres o representantes legales de estos menores, de la posibilidad de decidir sobre la práctica de la anticoncepción quirúrgica, desconoce sus derechos sexuales y reproductivos? La prohibición de practicar la anticoncepción quirúrgica no impide que los menores adultos ejerzan la paternidad responsable a través de otros métodos de planificación, con un alto porcentaje de eficacia pero no con efectos permanentes o irreversibles. La Corte precisa que en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor en las dos hipótesis anteriores, a solicitud de su representante legal. Ley 1412 de 2010, "por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable"; Art. 7 : Exequible
CC SC 123 de 2014
¿La prohibición establecida en el artículo demandado en cuanto establece que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, vulnera la competencia de los concejos para regular los usos del suelo en el territorio del municipio o distrito? Si bien su interpretación puede sustentarse en el principio constitucional de organización unitaria del Estado y los contenidos específicos que privilegian la posición de la Nación en la determinación de las políticas relativas a la explotación de recursos naturales. También deben tenerse en cuenta otros contenidos constitucionales de igual valía dentro de la organización del Estado, como son los principios de autonomía y descentralización de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, y de coordinación y concurrencia, que se deben acatar al hacer el reparto de competencias entre la Nación y, en este caso, los municipios y distritos. Se declara exequible, en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. Ley 685 de 2001 "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones"; Art. 37 CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 100 de 2014
¿Al establecer la norma demandada la tarifa diferencial del 5% sobre ciertos bienes de primera necesidad, viola el principio de progresividad tributaria? Para la Corte que esta norma no aportaba al sistema una dosis de manifiesta regresividad, no sólo porque su contenido no era en sí mismo ostensiblemente regresivo, sino además debido a que el contexto normativo del cual forma parte, prevé suficientes mecanismos para aliviar y compensar los eventuales ingredientes de regresividad que se pudieran advertir en la disposición. Ley 1607 de 2012, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"; Art. 48 (Mod. el Art. 468-1 del ET)
CC SC 92 de 2014
Exequible la Ley 1671 de 2013, aprobatoria de la "Enmienda del artículo VI y del párrafo A del artículo XIV del estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica", aprobadas por la Conferencia General del organismo Internacional de energía, el 1º de octubre de 1999, mediante Resoluciones GC (43)- RES-19 y GC (45)- RES\8, respectivamente
CC SC 91 de 2014
Extradición. Concepto Corte Suprema de Justicio. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 501 : Inepta demanda
CC SC 90 de 2014
¿Vulnera el derecho al trabajo y la dignidad del trabajador, el que se limiten las responsabilidades laborales de las sociedades por acciones simplificadas hasta el monto de sus respectivos aportes? La Corte recordó que la constitución de una sociedad, por regla general, implica el nacimiento de una persona distinta de los socios. Por lo tanto tal restricción se justifica en el hecho de que el patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de cada socio. Sin embargo, no es una regla absoluta, ya que ante la concurrencia de ciertos eventos -en general, fraude a la ley y abuso del derecho- la ley prevé que los accionistas respondan con su peculio personal por las deudas del ente social. Ley 1258 de 2008, "por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada"; Art. 1 (parcial) : Exequible
CC SC 89 de 2014
Exequible la Ley 1589 de 2012 por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Internacional del Café de 2007", adoptado por el Consejo Internacional del Café en su 98º período de sesiones en Londres, Reino Unido, el 28 de septiembre de 2007
CC SC 88 de 2014
Trámite interno y decisión de las peticiones. Para la Corte es posible pronunciarse por cargos distintos, sobre la constitucionalidad de una norma que ha sido declarada inexequible con un efecto diferido, no para modificar esta decisión, que es intangible, sino para determinar si la inconstitucionalidad debiera tener un efecto inmediato y ser retirada del ordenamiento antes de la fecha señalada en el fallo inicial. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 22 : Inepta demanda
CC SC 85 de 2014
En la regulación que asigna competencia al representante de las entidades gremiales que recaudan y administran recursos parafiscales agropecuarios y pesqueros para que expida la certificación de deuda por concepto de las contribuciones parafiscales dejadas de recaudar, pagar o consignar, previa información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la entidad que éste delegue -actualmente DIAN- ¿existe un vacío violatorio del debido proceso administrativo en lo relativo al procedimiento administrativo que debe seguirse para realizar esta actuación administrativa, así como respecto de los recursos que pueden presentarse contra del acto que determina el monto de la deuda? Se aprecian como suficientes para desechar el argumento presentado por los intervinientes la existencia del decreto 2025 de 1996. Ley 101 de 1993; Art. 30 Par. 1o. : Exequible
CC SC 84 de 2014
La corte se declara inhibida de fallar al considerar que los cargos formulados parten de una interpretación particular del actor sobre la naturaleza de la entidad que se autoriza crear en el literal d) del artículo 1 de la Ley 1654 de 2013, "por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de carrera y situaciones administrativas"
CC SC 83 de 2014
¿Desconoció los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita? A juicio de la Corte, se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, asegurar el goce efectivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo, cual es el de asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia, por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Además, no constituye una carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales, como lo es prestar servicios jurídicos, colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta pueda verse obstaculizada por la ausencia de las partes. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso"; Art. 48 Num. 7 (parcial)
CC SC 82 de 2014
Exequible la entrega gratuita al distrito de buenaventura del inmueble donde funcionó la estación de ferrocarriles nacionales. Para la Corte la cesión o traspaso se produce en este caso, dentro del ámbito de la propiedad pública, sin alterar las condiciones jurídicas del bien, manteniendo éste dichos atributos y por razones de interés general. Ley 1617 de 2013, "por la cual se expide el Régimen para los Distritos especiales"; Art. 116 : Exequible. Arts. 115 y 117 : Inadmite la demanda
CC SC 73 de 2014
¿La competencia asignada a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior para ejercer el control, la inspección y vigilancia de las sociedades de gestión de derechos de autor y conexos desconoce el principio de legalidad y proporcionalidad, por consagrar una atribución de inspección y vigilancia a cargo del Presidente de la República por fuera de los supuestos regulados en el artículo 189 del Texto Superior, cuya ejecución se convertía en una restricción desproporcionada de la libertad económica?. Además de las funciones de inspección y vigilancia señaladas en el artículo 189 Superior, el legislador está facultado para asignar esas mismas competencias en otros sectores, en virtud del poder de intervención del Estado en la economía, en los términos previstos en el artículo 334 y 150 Num. 8 de la Constitución. Frente al supuesto desconocimiento del artículo 333, el interviniente señala que el actor realiza una interpretación errada sobre la potestad de intervención del Estado en la economía, pues en ningún momento el Texto Superior limita el ejercicio de las atribuciones de inspección y vigilancia a las hipótesis contempladas en el artículo 189, toda vez que existe una cláusula general consagrada en el numeral 8° del artículo 150 de la Constitución, a través de la cual se faculta al legislador para extender a otros sectores de la economía el ejercicio de las citadas funciones de policía administrativa. Decreto 2041 de 1991, "por el cual se crea la Dirección Nacional del Derecho de Autor como Unidad Administrativa Especial, se establece su estructura orgánica y se determinan sus funciones"; Art. 2 (parcial) : Cosa juzgada
CC SC 72 de 2014
¿La exigencia de disponer de un concepto de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, antes de que los promotores radiquen en la Registraduría Nacional del Estado Civil el proyecto de creación de una Área Metropolitana, desconoce las garantías de descentralización y autonomía territorial consagradas en el artículo 287 de la Constitución (Art. 8 Lit. g)? Si la exigencia del concepto se entendiera como condición para la constitución de un Área Metropolitana, querría decir que a la voluntad local de conformarla se antepone la valoración de entes pertenecientes a un órgano de carácter nacional. Con esto, se vulnera la capacidad de autogestión de intereses propios mediante el ejercicio de sus competencias. Esta exigencia se declara exequible bajo el entendido que el concepto rendido no obliga. ii) ¿La inclusión en la Junta Metropolitana de un delegado permanente del Gobierno Nacional con voz pero sin voto, configura en efecto una injerencia en el ámbito de competencia territorial (Art. 15 Num 4)? Esta injerencia se atenúa por el hecho de que el representante del Gobierno no puede intervenir en las decisiones de dicho órgano de gobierno, ni afectarlas, por cuanto no tiene facultad decisoria al no tener atribución para votar en dicha Junta. Sin embargo, si llegara a contarse al miembro del Gobierno Nacional como parte del quórum requerido para citar a sesiones extraordinarias o como parte del quórum para sesionar válidamente, la injerencia de este representante del Gobierno excedería la simple intención del legislador de permitir la interacción y coordinación entre las autoridades nacionales y locales y echaría al traste el equilibrio entre los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial. Por esta razón, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4 del artículo 15 de la Ley 1625 de 2013, con el sentido de excluir esa posibilidad. Ley 1625 de 2013, "por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas"; Arts. 8, Lit g) y 15 Num. 4 : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 36 de 2014
Exequible la Ley 1623 de 2013 (abril 29), aprobatoria de la "Enmienda al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo de 1989", adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995
CC SC 35 de 2014
La notificación de actos administrativos relacionados con la liquidación del efecto plusvalía mediante avisos o edictos, requiere el agotamiento previo de la notificación personal o por correo del acto de liquidación del efecto plusvalía, siguiendo las reglas generales del Estatuto Tributario. Ley 388 de 1997, "por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989 y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones"; Art. 81 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 34 de 2014
¿La improcedencia de recursos contra el acto que decide sobre la solicitud de pruebas en una actuación administrativa vulnera el los derecho los derechos de defensa y contradicción, especialmente en lo relacionado con la presentación y controversia de pruebas? La restricción del derecho de defensa y contradicción que comporta la norma cuestionada no es muy intensa pues, aunque no contempla el ejercicio de recursos en un momento procesal específico, no constituye una clausura definitiva de la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las pruebas. Para comprender esta afirmación, debe repararse en el contenido de los artículos 77 y 79 del CPACA, en los cuales expresamente se plantea la opción de solicitar pruebas al momento de ejercer los recursos de reposición y apelación. Además de ello, el interesado conserva el derecho a recurrir la decisión definitiva mediante los recursos administrativos. El debido proceso administrativo y la facultad de aportar y controvertir las pruebas. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 40 : Exequible
CC SC 33 de 2014
Exigir que la contratación del servicio privado de transporte se realice con empresas de transporte público legalmente habilitadas -en los términos de la Ley 336 de 1996- cuando no se utilicen equipos propios, no constituye una medida irracional y desproporcionada que desconoce el régimen de los servicios públicos, la libertad económica, la iniciativa privada u otras garantías fundamentales como la libertad de locomoción, el derecho al trabajo y el debido proceso? Ley 336 de 1996, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte"; Art. 5 (parcial) : Exequible
CC SC 32 de 2014
Exequible la Ley 1661 de 2013 (16 de julio), por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal", hecha por los depositarios, el 1o. de junio de 2011, aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
CC SC 31 de 2014
Intervinientes en la actuación disciplinaria. Inepta demanda al no aportar las razones por las cuales el legislador debía incluir al quejoso entre los intervinientes en el proceso disciplinario y otorgarle las mismas facultades. S.V. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 65 y 66 (parcial)
CC SC 15 de 2014
¿El legislador, al establecer que el término de ocho (8) años de reclusión en establecimiento carcelario posteriores a la desmovilización se cuenta a partir de la postulación a los beneficios que establece la citada ley, para efectos de poder sustituir la medida de aseguramiento, configura una vulneración de la igualdad al no tener en cuenta el tiempo de reclusión anterior a la postulación, mientras que para los demás miembros del grupo armado ilegal sí se tiene en cuenta todo el tiempo de permanencia en un establecimiento de reclusión, con posterioridad a su desmovilización? ¿Para ese cálculo debería tenerse en cuenta todo el tiempo que la persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario? Para la Corte el tiempo que una persona haya pasado recluida en un establecimiento carcelario antes de la desmovilización es irrelevante para efectos de la Ley 975 de 2005, toda vez que obedecía a la aplicación de la ley ordinaria y no implicaba nada distinto a lo que las demás personas, fuesen o no miembros de tales grupos, experimentaban. En ningún evento es posible, entonces, que el hito temporal cuestionado sea anterior a la fecha de la desmovilización. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 19 Parágrafo (Adc. Art. 18A a la Ley 975 de 2005) : Exequible
CC SC 14 de 2014
Exequible la Ley 1590 de noviembre 19 de 2012, por medio de la cual se aprobó el "Convenio modificatorio del Acuerdo de Cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos", suscrito en ciudad de México el 1º de agosto de 2011

References: artículo 262
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 34
 artículo 115
 artículo 2530
 artículo 15
 artículo 53
 artículo 229
 artículo 86
 artículo 52
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 28
 artículo 250
 artículo 219
 artículo 37
 artículo 29
 artículo 125
 artículo 2
 artículo 1781
 artículo 1781
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 370
e contrario
 artículo 477
 artículo 6
 artículo 125
 artículo 249
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 133
 artículo 5
 artículo 129
 artículo 18
 artículo 288
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 334
 artículo 333
 artículo 189
 artículo 150
 artículo 287
 artículo 15