Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&amp;from=HR
Timestamp: 2019-05-21 10:10:09+00:00

Document:
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Vista la propuesta de la Comisión, elaborada previo dictamen de un grupo de personalidades designadas por el Comité científico y técnico entre los expertos científicos de los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, y previa consulta al Comité Económico y Social Europeo (1),
Las operaciones de traslado de residuos radiactivos o combustible gastado están sujetas a una serie de preceptos establecidos por la legislación comunitaria e internacional, que se refieren en particular a la seguridad del transporte de materias radiactivas y a las condiciones en que los residuos radiactivos o el combustible gastado se almacenan, de manera definitiva o no, en el país de destino.
Además de estos preceptos, la protección sanitaria de los trabajadores y de la población en general exige que los traslados de residuos radiactivos o combustible gastado entre Estados miembros y los que entren en la Comunidad y salgan de ella estén sujetos a un régimen común y obligatorio de autorización previa.
Tal como declaró el Consejo en su Resolución de 22 de mayo de 2002 sobre la creación en los Estados miembros de sistemas nacionales de vigilancia y control de la presencia de materiales radiactivos en el reciclaje de materiales metálicos (3), es importante reducir al mínimo el riesgo radiológico derivado de la presencia de materiales radiactivos en los materiales metálicos destinados al reciclaje.
La Directiva 92/3/Euratom, de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad (4), estableció un régimen de control estricto y autorización previa para los traslados de residuos radiactivos que ha resultado satisfactorio. No obstante, es preciso modificar dicho régimen teniendo en cuenta la experiencia adquirida para aclarar y añadir conceptos y definiciones, abordar situaciones que no se habían previsto, simplificar el procedimiento vigente para el traslado de residuos radiactivos entre Estados miembros y garantizar la coherencia con otras disposiciones comunitarias e internacionales, especialmente con la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos (denominada en lo sucesivo «la Convención conjunta»), a la que la Comunidad se adhirió el 2 de enero de 2006.
En el marco de la quinta fase de la iniciativa SLIM (Simplificación de la legislación en el mercado interior), se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de los Estados miembros y de los usuarios a fin de tratar una serie de problemas planteados por los usuarios de la Directiva 92/3/Euratom y, al mismo tiempo, adecuarla a los instrumentos y normas internacionales actuales.
El procedimiento establecido en la Directiva 92/3/Euratom se ha aplicado en la práctica solo a los traslados de combustible gastado que no está destinado a ser reutilizado, que, a efectos de dicha Directiva, se considera por tanto «residuo radiactivo». Desde el punto de vista radiológico, no está justificado excluir del procedimiento de vigilancia y control el combustible gastado que está destinado al reprocesamiento. Por lo tanto, procede que la presente Directiva se aplique a todos los traslados de combustible gastado, tanto si está destinado al almacenamiento definitivo como al reprocesamiento.
La elección de la política nacional de gestión de los residuos nucleares y del combustible gastado que estén en la jurisdicción de un Estado miembro debe seguir siendo plena competencia del Estado miembro, optando algunos de los Estados miembros por reprocesar el combustible gastado y otros por almacenarlo de forma definitiva sin prever ninguna otra utilización para él. La presente Directiva debe entenderse, por lo tanto, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a exportar su combustible gastado para que sea reprocesado, y ninguna de sus disposiciones debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro de destino tiene que aceptar traslados de residuos radiactivos y combustible gastado para su tratamiento o almacenamiento definitivo, salvo en el caso de una devolución. Cualquier decisión de denegación de dichos traslados debe justificarse sobre la base de los criterios establecidos en la presente Directiva.
La simplificación de los procedimientos vigentes no debe ir en detrimento del derecho actual de los Estados miembros a oponerse a los traslados de residuos que requieran su consentimiento, o a supeditarlos a determinadas condiciones. Las objeciones no deben ser arbitrarias y deben basarse en el Derecho nacional, comunitario o internacional pertinente. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional y, en particular, del ejercicio, por los buques y las aeronaves, de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea establecidos en virtud del Derecho internacional.
La posibilidad de que un Estado miembro de destino o de tránsito rechace el procedimiento automático de consentimiento de traslados impone una carga administrativa injustificada y crea incertidumbre. La obligación de las autoridades de los países de destino y tránsito de acusar recibo de la solicitud, junto con la ampliación del plazo de concesión del consentimiento, debe permitir que se presuma la aprobación tácita con un grado elevado de certidumbre.
Las «autorizaciones» de los traslados en el sentido de la presente Directiva no deben sustituir a ninguno de los requisitos nacionales específicos aplicables a los traslados tales como los permisos de transporte.
Para proteger la salud humana y el medio ambiente de los peligros que suponen los residuos radiactivos, deben tenerse en cuenta los riesgos existentes fuera de la Comunidad. En el caso de los residuos radiactivos y del combustible gastado que salgan de la Comunidad, el tercer país de destino no solo debe ser informado del traslado sino que, además, ha de dar su consentimiento al respecto.
Las autoridades competentes del Estado miembro de destino deben cooperar y comunicarse con las demás autoridades competentes afectadas para evitar retrasos indebidos y garantizar el buen funcionamiento del procedimiento de consentimiento establecido por la presente Directiva.
El requisito de que la persona responsable del traslado adopte, si procede, medidas de seguridad correctivas en caso de no realización del traslado no debe impedir la aplicación de los mecanismos establecidos por los Estados miembros a escala nacional.
El requisito de que el poseedor sea responsable de los costes afrontados en caso de no realización del traslado no debe impedir la aplicación de los mecanismos establecidos por los Estados miembros a escala nacional, ni de cualquier arreglo contractual entre el poseedor y cualquier otra persona que participe en el traslado.
Aunque los residuos radiactivos deben almacenarse, en la medida en que ello sea compatible con su gestión segura, en el Estado en que se hayan generado, se reconoce la conveniencia de que los Estados miembros celebren acuerdos entre sí para facilitar la gestión segura y eficiente de los residuos radiactivos y del combustible gastado procedentes de Estados miembros que los produzcan en pequeñas cantidades y en los que el establecimiento de instalaciones adecuadas no estaría justificado desde el punto de vista radiológico.
Los acuerdos suscritos entre un destinatario de un tercer país y un poseedor de un tercer país con arreglo al artículo 27 de la Convención conjunta podrían utilizarse a efectos de la presente Directiva.
Conviene adaptar el documento uniforme actual a afectos de la presente Directiva y habida cuenta de la experiencia adquirida. En aras de la claridad, debe imponerse la obligación de establecer el nuevo documento uniforme antes de la fecha de transposición de la presente Directiva. No obstante, si no pudiese cumplirse ese plazo, conviene prever disposiciones transitorias que permitan emplear el documento uniforme existente. Además, la existencia de normas claras sobre las lenguas que pueden utilizarse creará seguridad jurídica y evitará retrasos injustificados.
La presentación de informes periódicos de los Estados miembros a la Comisión y de esta al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo debe permitir contar con una visión de conjunto muy útil de las autorizaciones otorgadas en toda la Comunidad y ayudar a detectar las dificultades que puedan haber encontrado en la práctica los Estados miembros, así como las soluciones aplicadas.
La Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes (5), se aplica, entre otras cosas, al transporte, a la importación a la Comunidad y a la exportación a partir de ella de sustancias radiactivas, y establece un régimen de declaración y autorización de las prácticas que implican radiaciones ionizantes. Esas disposiciones afectan, pues, al ámbito cubierto por la presente Directiva.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, es necesario, en aras de la claridad, derogar y sustituir la Directiva 92/3/Euratom. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros sobre los plazos de incorporación a la legislación nacional y de aplicación de la Directiva derogada.
De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (6), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.
el país de origen o el país de destino o cualquier país de tránsito es un Estado miembro de Comunidad, y
las cantidades y la concentración del envío superen los niveles establecidos en el artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 96/29/Euratom.
vayan a trasladarse residuos radiactivos para ser procesados, o
vaya a trasladarse otro material para recuperar los residuos radiactivos,
los envíos de residuos radiactivos y combustible gastado que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva pero que no hayan sido debidamente autorizados de conformidad con las disposiciones de esta, y
los residuos que hayan sufrido contaminación radiactiva o el material que contenga una fuente radiactiva cuando estos no hayan sido declarados como residuos radiactivos por el país de origen.
«residuos radiactivos»: todos los materiales radiactivos, en forma gaseosa, líquida o sólida, para los cuales los países de origen y destino o una persona física o jurídica cuya decisión sea aceptada por estos países no prevean ningún uso ulterior, y que estén sujetos a control del órgano regulador como residuos radiactivos según el marco legislativo y reglamentario de los países de origen y destino;
«reprocesamiento»: un proceso u operación cuyo propósito es extraer isótopos radiactivos del combustible gastado para su uso ulterior;
«traslado»: el conjunto de las operaciones necesarias para desplazar residuos radiactivos o combustible gastado del país o Estado miembro de origen al país o Estado miembro de destino;
«traslado intracomunitario»: el traslado en que el país de origen y el país de destino son Estados miembros;
«traslado extracomunitario»: el traslado en que el país de origen, el país de destino o ambos son terceros países;
«almacenamiento definitivo»: la colocación de residuos radiactivos o combustible gastado en una instalación autorizada, sin intención de recuperarlos;
«almacenamiento»: la colocación de residuos radiactivos o combustible gastado en una instalación dispuesta para su contención, con intención de recuperarlos;
«poseedor»: cualquier persona física o jurídica que, antes de efectuar el traslado de residuos radiactivos o combustible gastado, sea responsable de dicho material con arreglo al Derecho nacional aplicable y tenga previsto efectuar su traslado a un destinatario;
«destinatario»: la persona física o jurídica a la que se transfieren los residuos radiactivos o el combustible gastado;
«país o Estado miembro de origen» y «país o Estado miembro de destino»: respectivamente, cualquier país o Estado miembro a partir del cual esté previsto iniciar o se haya iniciado un traslado, y cualquier país o Estado miembro al que esté previsto efectuar o se efectúe un traslado;
«país o Estado miembro de tránsito»: cualquier país o Estado miembro distinto del país o Estado miembro de origen y del país o Estado miembro de destino, por cuyo territorio esté previsto o tenga lugar un traslado;
«autoridades competentes»: todas las autoridades que, con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias del país de origen, de tránsito o de destino, estén habilitadas para aplicar el régimen de vigilancia y control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado;
«fuente sellada»: la definida en la Directiva 96/29/Euratom, incluida, en su caso, la cápsula que encierra el material radiactivo, que forma parte integrante de la fuente;
«fuente en desuso»: una fuente sellada que ha dejado de utilizarse o de estar destinada para la práctica a efectos de la cual se concedió una autorización;
«instalación reconocida»: una instalación situada en el territorio de un país y que ha sido autorizada por las autoridades competentes de ese país, de acuerdo con su legislación nacional, para el almacenamiento a largo plazo o definitivo de fuentes selladas, o una instalación debidamente autorizada, con arreglo a la legislación nacional, para el almacenamiento provisional de fuentes selladas;
«solicitud debidamente cumplimentada»: el documento uniforme que cumple todos los requisitos a que se refiere el artículo 17.
los residuos radiactivos o el combustible gastado a los que se refiera la solicitud presenten en lo esencial las mismas características físicas, químicas y radiactivas, y
los traslados vayan a efectuarse del mismo poseedor al mismo destinatario con la intervención de las mismas autoridades competentes, y
en el caso de los traslados que impliquen el tránsito por países terceros, dicho tránsito se efectúe por el mismo puesto fronterizo de entrada o de salida de la Comunidad y por el mismo puesto fronterizo del país o países terceros correspondientes, salvo que las autoridades competentes interesadas acuerden lo contrario.
para los Estados miembros de tránsito, en la legislación nacional, comunitaria o internacional aplicable al transporte de materias radiactivas;
para el Estado miembro de destino, en la legislación aplicable a la gestión de residuos radiactivos o del combustible gastado o en la legislación nacional, comunitaria o internacional aplicable al transporte de materias radiactivas.
cuando el consentimiento inicial se haya referido a materias trasladadas con fines de procesamiento o reprocesamiento, si la devolución se refiere a residuos radiactivos u otros productos equivalentes a las materias originales tras el procesamiento o reprocesamiento, y si se cumple toda la normativa pertinente;
en las circunstancias descritas en el artículo 12, si la devolución se lleva a cabo en las mismas condiciones y con las mismas especificaciones.
1. Para la entrada en la Comunidad de residuos radiactivos o combustible gastado que procedan de un país tercero y cuyo país de destino no sea un Estado miembro, la persona física o jurídica responsable de gestionar el traslado en el Estado miembro por cuyo puesto fronterizo los residuos radiactivos o combustible gastado vayan a entrar por primera vez en la Comunidad («primer Estado miembro de tránsito») deberá presentar una solicitud de autorización a las autoridades competentes de dicho Estado miembro. La solicitud podrá enviarse para más de un traslado, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 6, apartado 2.
informarán del traslado previsto a las autoridades competentes del país de destino y solicitarán su consentimiento, y
enviarán la solicitud a que se refiere el apartado 1 a las autoridades competentes de los Estados miembros de tránsito, si los hubiere, para que puedan dar su consentimiento.
a ningún destino situado al sur de los 60° de latitud Sur, ni
a un Estado que sea parte en el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (Acuerdo ACP-CE de Cotonú), y que no sea un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, ni
a un país tercero que, a juicio de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, con arreglo a los criterios indicados en el apartado 2 del presente artículo, no posea los recursos técnicos y administrativos ni la estructura reglamentaria necesarios para gestionar con seguridad los residuos radiactivos o el combustible gastado, según lo dispuesto en la Convención conjunta. Al formarse un juicio a este respecto, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta toda la información pertinente procedente de otros Estados miembros. Los Estados miembros informarán a este respecto todos los años a la Comisión y al Comité consultivo creado en virtud del artículo 21.
los nombres y direcciones de la autoridad o autoridades competentes de cada Estado miembro;
las lenguas aceptables para las autoridades competentes de cada Estado miembro, y
todas las condiciones generales y requisitos adicionales, si los hay, necesarios para que las autoridades competentes de cada Estado miembro autoricen un traslado.
1. Para desempeñar las funciones contempladas en el artículo 16, apartado 2, el artículo 17, apartado 2, el artículo 19, apartado 1, y el artículo 20, apartado 2, la Comisión estará asistida por un Comité consultivo (denominado en lo sucesivo «el Comité») compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.
el calendario previsto para la realización de todos los traslados cubiertos por la misma solicitud;
la justificación dada para incluir todos los traslados en la misma solicitud;
la conveniencia de autorizar un número de traslados inferior al cubierto por la solicitud.
3. Mientras no esté disponible el documento uniforme a que se refiere el artículo 17 de la presente Directiva, se utilizará mutatis mutandis a los efectos de la presente Directiva el documento uniforme que establece la Decisión 93/552/Euratom de la Comisión (7).
(1) DO C 286 de 17.11.2005, p. 34.
(3) DO C 119 de 22.5.2002, p. 7.
(4) DO L 35 de 12.2.1992, p. 24.
(5) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
(7) Decisión 93/552/Euratom de la Comisión, de 1 de octubre de 1993, para el establecimiento del documento uniforme de seguimiento de los traslados de residuos radiactivos especificado en la Directiva 92/3/Euratom del Consejo (DO L 268 de 29.10.1993, p. 83).
Directiva 92/3/Euratom
Artículo 9, apartado 1, primera parte de la frase
Artículo 9, apartado 1, parte final de la frase
Artículo 10, apartado 1, final de la primera frase
Artículo 15, apartado 4, párrafo primero
Artículo 15, apartado 4, párrafo segundo
Artículo 20, guiones primero, segundo y tercero
Artículo 20, cuarto guión
Artículo 20, quinto guión
Artículo 19 (nuevo)
Artículo 23 (nuevo)
Artículo 24 (nuevo)
Artículo 25 (nuevo)

References: artículo 31
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 17

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 19

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25