Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-stc-246211
Timestamp: 2019-08-23 09:04:21+00:00

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STC 28/2005, 14 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 246211
STC 28/2005, 14 de Febrero de 2005
Número de Recurso: 687-2002
Recurso de amparo 687-2002. Promovido por Comisiones Obreras del País Valenciano frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un litigio sobre proceso selectivo para cubrir una plaza de Sargento en la policía local de Quart de Poblet. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del sindicato, ignorando su legítimo interés profesional o económico (STC 101/1996).
Sentencia citada en: 542 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 7 de febrero de 2002 la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, actuando en nombre de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, interpuso recurso de amparo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta Sentencia.
Por Decreto 843/1999, de 14 de mayo, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet se aprobaron las bases para la provisión en propiedad de la plaza de Sargento de la policía local vacante en la oferta de empleo público de 1998.
Esta resolución administrativa fue impugnada por la confederación sindical ahora demandante de amparo al entender infringido el art. 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, reguladora de los órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, por falta de negociación previa con los representantes sindicales de los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos, puesto que el mencionado sindicato sostuvo que sólo tuvo conocimiento de la citada convocatoria a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
De la aludida petición conoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Valencia. Ese órgano judicial dictó Sentencia de 13 de octubre de 2000 por la que, desestimando el motivo de inadmisibilidad opuesto por el Ayuntamiento demandado, consistente en la falta de legitimación activa del citado sindicato "por entender que, en su caso, la ostentaría la Mesa de Negociación", estimaba la demanda y anulaba el acto administrativo impugnado "con todas las consecuencias legales inherentes a dicha declaración y sin efectuar expresa imposición de costas".
Contra esta resolución se alzó en apelación el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Este recurso fue estimado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana mediante la Sentencia, ahora impugnada, de 7 de enero de 2002. Esta resolución revocó la Sentencia de instancia y declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo "por la causa prevista en el art. 69 b) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción", esto es, por la falta de legitimación activa del sindicato demandante en el proceso administrativo en cuestión.
La recurrente denuncia en su escrito de demanda la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
Por lo que hace referencia a la alegada vulneración del art. 14 CE el sindicato recurrente apunta que ha sido la propia Sala la que ha creado una desigualdad en la aplicación de la ley con dimensión constitucional, al existir resoluciones del mismo órgano judicial que resolvieron de forma distinta supuestos iguales, sin motivar el cambio de criterio.
Con respecto a la vulneración del art. 24.1 CE se niega toda lógica jurídica al razonamiento empleado por la resolución judicial impugnada, puesto que el hecho de que la negociación colectiva no sea un derecho fundamental nada tiene que ver con el interés que ostenta el sindicato para recurrir y su consiguiente legitimidad conforme al art. 19 LJCA.
Por diligencia de ordenación de 14 de febrero de 2002 se requirió al sindicato recurrente para que, conforme a lo dispuesto en el art. 50.5 LOTC, en el plazo de diez días aportase copia de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Valencia de 13 de octubre de 2000, y acreditase fehacientemente la fecha de notificación a su representación procesal de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de enero de 2002 así mismo haber invocado ante la jurisdicción ordinaria el derecho fundamental que estima vulnerado.
Por providencia de 12 de junio de 2003 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que remitiera testimonio del rollo de apelación núm. 24-2001, y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Valencia para que remitiera las actuaciones referidas al procedimiento abreviado núm. 318/99, interesando al propio tiempo para que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en plazo de diez días pudieran comparecer en este recurso de amparo.
Por escrito registrado el día 27 de junio de 2003, don Isacio Calleja García, en nombre y representación del Ilmo. Ayuntamiento Quart de Poblet, solicitó se le tuviese por personado y parte.
Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de este Tribunal, con fecha de 9 de octubre de 2003, se acordó tener por personado y parte al Procurador don Isacio Calleja García en nombre y representación del Ilmo. Ayuntamiento de Quart de Poblet, y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro del cual podían formular las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
La parte recurrente presentó su escrito de alegaciones con fecha de registro de 7 de noviembre de 2003, en el cual se remitía, en lo fundamental, a su anterior escrito de demanda de amparo.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el 7 de noviembre de 2003, en el que solicitaba la desestimación del presente recurso de amparo por considerar constitucionalmente acertada la Sentencia impugnada, al compartir la tesis respeto de la falta de legitimación activa de la recurrente, puesto que el derecho de negociación no se atribuye directamente a los sindicatos, "sino que ese derecho se deposita en unos órganos institucionales estables: las Mesas de Negociación (y no en una comisión negociadora ad hoc, a diferencia de lo que ocurre en la negociación colectiva laboral), que son propiamente los que ostentan la titularidad del mismo."
El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 10 de noviembre de 2003, interesando la estimación del recurso de amparo con reconocimiento a la recurrente de su derecho a la tutela judicial efectiva.
El 27 de noviembre de 2003 la Sala Segunda dictó una resolución por la que admitía el anterior escrito presentado el 17 de noviembre por la recurrente con los testimonios de tres Sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (198/2001, de 27 de febrero; 793/1997, de 19 de julio; y 125/1999, de 13 de febrero) y por el que se daba traslado de las copias a las demás partes personadas, a los efectos oportunos.
Por providencia de 10 de febrero de 2005, se señaló para votación y fallo el día 14 del mismo mes y año.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano ha interpuesto el presente recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 7 de enero de 2002, que estimó el recurso de apelación núm. 24-2001 y revocó la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Valencia, de 13 de octubre de 2000 (procedimiento abreviado núm. 318/99), al acoger el motivo de inadmisibilidad previsto en el art. 69, letra b), de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) de 1998 invocado por la Administración apelante, consistente en la falta de legitimación activa del sindicato demandante para solicitar la nulidad del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet (publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia" el 18 de junio de 1999) por el que se aprobaron las bases para la provisión en propiedad de la plaza de Sargento de la policía local vacante en la oferta de empleo público de 1998.
A pesar de ser tres los motivos alegados por la recurrente en su demanda de amparo nos centraremos en el relativo al derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), no sólo por ser un prius respecto de los demás, sino porque, en puridad, es el motivo nuclear del presente recurso, alrededor del cual giran los dos restantes como manifestaciones reflejas de aquél.
La recurrente en amparo y el Ministerio Fiscal ya han puesto de manifiesto la jurisprudencia consolidada de este Tribunal respecto del problema de la legitimación activa de los sindicatos en el proceso contencioso-administrativo. El Fiscal ha recordado, con razón, las grandes similitudes del presente caso con el resuelto en la STC 89/2003, de 19 de mayo. Sin embargo con posterioridad a dicha resolución este Tribunal ha dictado otras dos Sentencias (la 112/2004, de 12 de julio, y la 142/2004, de 13 de septiembre) sobre problemas idénticos, lo que pone de manifiesto la conveniencia de seguir insistiendo, una vez más, en indicar la doctrina constitucional fijada al respecto.
Centrándonos ya en la cuestión de la legitimación activa de los sindicatos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y como antes apuntábamos, esta materia ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de este Tribunal que han conformado un cuerpo de doctrina jurisprudencial consolidada y estable. Esta doctrina, tal y como ha sido recogida en las recientes SSTC 142/2004, de 13 de septiembre, FJ 3, y 112/2004, de 12 de julio, FJ 4, con remisión a otras anteriores (SSTC 101/1996, de 11 junio, FJ 2; 7/2001, de 15 de enero, FFJJ 4 y 5; y 24/2001, de 29 de enero, FJ 3), puede resumirse en los siguientes puntos:
Se ha de partir, en primer lugar, de un reconocimiento abstracto o general de la legitimación de los Sindicatos para impugnar ante los Tribunales contencioso-administrativos decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios públicos y personal estatutario. Como afirmamos en la STC 210/1994, de 11 de julio, ?los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados internacionales suscritos por España en la materia (por todos, Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, art. 8 ó art. 5, parte II, Carta social europea), una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores que, como ya ha sostenido la doctrina de este Tribunal, no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional, «no es únicamente la de representar a sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del Derecho privado. Cuando la Constitución y la Ley los invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores ut singulus, sean de necesario ejercicio colectivo» (STC 70/1982, FJ 3), en virtud de una función de representación que el sindicato ostenta por sí mismo, sin que deba condicionar necesariamente su actividad a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el acto de afiliación, que discurre en un plano diverso del de la acción propiamente colectiva (SSTC 70/1982, 37/1983, 59/1983, 187/1987 ó 217/1991, entre otras). Por esta razón, es posible reconocer en principio legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en que estén juego intereses colectivos de los trabajadores? (STC 210/1994, de 11 de julio, FJ 3). Queda así clara "la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de los trabajadores? (STC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5).
Ahora bien, desde la STC 101/1996, de 11 de junio, venimos exigiendo que esta genérica legitimación abstracta o general de los sindicatos, reconducible a su relevancia constitucional, se proyecte de un modo particular sobre el objeto de los recursos que entablen ante los Tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada. Y ello porque, según recordamos allí, citando de nuevo la STC 210/1994, de 11 de julio, FJ 4, ?la función constitucionalmente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean las circunstancias en que ésta pretenda hacerse valer?. Se trata, en definitiva, de aplicar a estas personas jurídicas asociativas singulares la misma exigencia que se aplica a cualquier otra persona física o jurídica para reconocerle la posibilidad de actuar en un proceso: ostentar interés legítimo en él. Por tanto, concluimos en la STC 101/1996, de 11 de junio, la legitimación procesal del sindicato en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para ser parte en un proceso concreto o legitimatio ad causam, ?ha de localizarse en la noción de interés profesional o económico; interés que ha de entenderse referido en todo caso a 'un interés en sentido propio, cualificado o específico' (STC 97/1991, FJ 2, con cita de la STC 257/1988). Interés que, doctrinal y jurisprudencialmente, viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial? (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 2).
En definitiva, hemos señalado con reiteración que para poder considerar procesalmente legitimado a un sindicato no basta con que éste acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada actividad sindical, dentro de lo que hemos denominado ?función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores? (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 2). Debe existir, además, un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado (SSTC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5; y 24/2001, de 29 de enero, FJ 5)."
Trasladando la doctrina expuesta al supuesto examinado hemos de recordar que el sindicato recurrente impugnó un Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet, por el que se convocaba concurso-oposición para cubrir mediante el sistema de promoción interna un puesto de trabajo vacante en el cuerpo de la Policía Local perteneciente a la categoría de Sargento, por entender que se había omitido un requisito formal esencial (art. 32 de la Ley 9/1987, de 12 de julio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas) consistente en la falta de negociación previa con los representantes sindicales de las bases de dicho concurso que afectaba a funcionarios públicos. La Sentencia de instancia desestimó el motivo de inadmisibilidad opuesto por la Administración demandada al considerar que el sindicato recurrente ostentaba un interés legítimo, en ese caso, "un interés profesional de que la promoción de los funcionarios se lleve a efecto por el procedimiento que la asociación estima haber sido desconocido por el Decreto recurrido". Sin embargo el Tribunal de la apelación autor de la resolución que motiva la solicitud de amparo, atendiendo a la causa de inadmisión replanteada por el Ayuntamiento demandado, negó la legitimación a la demandante de amparo por entender que, en el ámbito de la negociación colectiva -en el que incardinaba la cuestión-, la legitimación se deposita en órganos estables de creación legal, como las mesas de negociación, sin que se atribuya de modo directo a los sindicatos, que carecen de legitimación propia en ese ámbito, de tal modo que la omisión de la negociación "carecía de la trascendencia en la esfera de sus derechos e intereses que permitiría afirmar su legitimación activa -pues, según se desprende de lo expuesto, la legitimación sindical se reduciría en este caso exclusivamente a reclamar la participación en el órgano aludido, cuya pretensión nunca se ejercitó en el escrito de demanda".
Constatada la relación del acto administrativo impugnado con el interés del sindicato ha de concluirse que éste estaba suficientemente legitimado para interponer, válidamente, el recurso contencioso-administrativo. En consecuencia la Sentencia recurrida, al negar al sindicato recurrente la legitimación activa, realizó una interpretación de los requisitos procesales (y, en concreto, del concepto interés legítimo) excesivamente rigorista y desproporcionada y, por ende, contraria al principio pro actione, lesionando así el derecho de la entidad recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE),y privándola injustificadamente de una resolución sobre el fondo del asunto debatido en la apelación. Por ello procede anular la Sentencia recurrida y retrotraer las actuaciones judiciales al momento procesal oportuno a fin de que el órgano judicial dicte nueva Sentencia en la que no se aprecie la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación de la confederación sindical demandante en amparo.
Declarar que se ha vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de enero de 2002, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la Sentencia anulada para que por el citado órgano judicial se dicte otra que respete el derecho fundamental reconocido.
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