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Timestamp: 2020-07-14 11:29:57+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2020-6787
Documento BOE-A-2020-6787
«BOE» núm. 177, de 26 de junio de 2020, páginas 44846 a 44852 (7 págs.)
En el recurso interpuesto por don J. A. F. S., en nombre y representación de la sociedad «Lovecita Lovers, SL», contra la negativa del registrador Mercantil I de Alicante, don Jaime del Valle Pintos, a inscribir la escritura de constitución de dicha sociedad.
Mediante escritura autorizada el día 17 de septiembre de 2019 por el notario de Jávea, don Antonio Jiménez Clar, con el número 3.333 de protocolo, se constituyó la sociedad «Lovecita Lovers, SL», cuyo objeto social está constituido, entre otras muchas actividades, por la siguiente: «La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, o incluso sin ésta». Y, según el artículo 13 de los estatutos sociales, en su inciso final, relativo a la representación en las juntas generales, «la asistencia personal a la Junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida».
Presentada el día 21 de octubre de 2019 copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Alicante, fue objeto de calificación negativa que, a continuación, se transcribe únicamente respecto de los defectos objeto de impugnación:
«Jaime del Valle Pintos, Registrador Mercantil de Alicante, previo el consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
3. Artículo 3.º de los estatutos.–La actividad “La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, o incluso sin ésta”, por su generalidad, puede incluir actividades sujetas a legislación especial, cuyos requisitos no cumple esta sociedad, de acuerdo con la vigente legislación del mercado de valores (Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, artículos 1.º y 138 y siguientes), y sin que dichas actividades se excluyan del objeto.
4. Artículo 13.º de los estatutos.–El último párrafo del artículo 13.º contraviene lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual establece que “la asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación”. Se advierte que en caso de modificación de los Estatutos Sociales, mediante testimonio, diligencia o escritura de subsanación, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 197 Reglamento del Registro Mercantil, tiene que constar la redacción íntegra del artículo que se modifica. (Res. D.G.R.N. 9 de marzo de 1999)
Alicante, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve».
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. F. S., en nombre y representación de la sociedad «Lovecita Lovers, SL», interpuso recurso el día 7 de noviembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«I. De procedimiento.
Primero (…).
II. De fondo.
Tercero. Relativa al segundo defecto, respecto de los artículos 1 y 138 y siguientes del Real Decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el artículo 3.º de los Estatutos Sociales, relativos al objeto social.
“3. Artículo 3.º de los estatutos.–La actividad ‘La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, o incluso sin ésta’, por su generalidad, puede incluir actividades sujetas a legislación especial, cuyos requisitos no cumple esta sociedad, de acuerdo con la vigente legislación del mercado de valores (Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, artículos 1.º y 138 y siguientes), y sin que dichas actividades se excluyan del objeto”.
“- La actividad dirección, control y prestación de servicios de apoyo a la gestión de las actividades desarrolladas por sociedades participadas, tales como los servicios de carácter administrativo (como la contabilidad, gestión de cobros, organización de recursos, etc.), los relacionados con las actividades financieras (como, por ejemplo, gestión para la obtención de recursos financieros para las entidades del grupo, servicios de tesorería comunes, estudios sobre financiación de las actividades de las entidades participadas y de sus proyectos, etc.) y los de asesoramiento (fiscal, jurídico, administrativo, inmobiliario, etc.).
– La adquisición, tenencia y disfrute de valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participación en sociedades.
– La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, o incluso sin ésta.
– La promoción inmobiliaria, compra, venta y arrendamiento de inmuebles, construcción, reformas, trabajos de albañilería y la gestión y administración de bienes inmuebles.
– La prestación de servicios de asesoramiento en material inmobiliaria,
– Los servicios de hostelería, restauración, hospedaje y alojamiento de huéspedes, incluyendo el asesoramiento en materia turística y gastronómica de cualquier tipo.
– Los servicios de limpieza de inmuebles, mantenimiento de jardines y piscinas, limpieza de ropas, telas, tapizados y cortinas, así como la lavandería de cualquier tipo de tela.
– El comercio al por mayor y al por menor de ropa, prendas de vestir, zapatos y todo tipo de complementos de moda.
– La prestación de servicios de marketing, asesoramiento comercial, publicidad, diseño de campañas comerciales, propaganda, relaciones públicas, posicionamiento y diseño de páginas web, gestión de la reputación online y todo tipo de asesoramiento en materia de captación de dientes y ventas de productos y servicios.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad…”.
Cuarto. Relativo al segundo defecto, respecto del artículo 185 de la Lev de Sociedades de Capital. Infracción del artículo 186.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
“4. Artículo 13.º de los estatutos.–El último párrafo del artículo 13.º contraviene lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual establece que ‘la asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación’. Se advierte que en caso de modificación de los Estatutos Sociales, mediante diligencia o escritura de subsanación, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Art. 197 Reglamento del Registro Mercantil, tiene que constar la redacción integra del artículo que se modifica. (Res. D.G.R.N. 9 de marzo de 1999)”.
“La asistencia personal a la Junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida”.
“Revocación de la representación. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación”.
“5. La representación es siempre revocable. Salvo que otra cosa se establezca en los estatutos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación de la total representación conferida”.
Este artículo 49 de la ya derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, al que se refiere el precepto recién transcrito, preveía la misma revocación que hoy prevé el vigente artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital. Sin embargo, el artículo 186.5 del Reglamento del Registro Mercantil regula la posibilidad de que los socios puedan establecer en los estatutos sociales la previsión de que la asistencia del representado no tenga valor de revocación de la representación, motivo por el cual consideramos no ajustada a Derecho la calificación registral emitida respecto de este punto».
La registradora Mercantil IV de Alicante, doña María del Pilar Planas Roca, elevó el expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado, mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2019. En dicho informe alegaba que el día 11 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, se dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante de la escritura calificada, sin que se hayan presentado alegaciones por parte del mismo.
1. Mediante la escritura cuya calificación es impugnada en el presente recurso se constituye la sociedad «Lovecita Lovers, SL», cuyo objeto social está constituido, entre otras muchas actividades, por la siguiente: «La actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades, tanto residentes como no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, o incluso sin ésta». Y, según el artículo 13 de los estatutos sociales, en su inciso final, relativo a la representación en las juntas generales, se dispone lo siguiente: «La asistencia personal a la Junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida».
2. Según el primero de los defectos impugnados, la registradora fundamenta su negativa a practicar la inscripción solicitada porque, a su juicio, la actividad del objeto social antes transcrita, «por su generalidad, puede incluir actividades sujetas a legislación especial, cuyos requisitos no cumple esta sociedad, de acuerdo con la vigente legislación del mercado de valores (Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, artículos 1.º y 138 y siguientes), y sin que dichas actividades se excluyan del objeto».
El recurrente alega que en los mismos estatutos sociales que se han excluido «todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad».
3. La Dirección General de los Registros y del Notariado tiene elaborada una doctrina sobre la inscribibilidad de actividades con reserva legal que, por ser de plena aplicación al supuesto de hecho, es procedente recordar de nuevo. De acuerdo con la citada doctrina (vid., por todas, las Resoluciones de 15 de diciembre de 1993 y 30 de abril de 1999, con criterio reiterado en otras posteriores) es la definición estatutaria del objeto social, y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades en él comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que prevén el cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación delimitado, de modo que desde el momento fundacional la sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo desarrollo de cualesquiera actividades que integran el objeto social (artículos 36, 1271, 1666 y 1700.2.º del Código Civil y 117 del Código de Comercio); la delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa. De lo anterior se sigue que cuando la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales, choque con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación con determinadas ramas o manifestaciones de la misma, al entenderse extensiva a todas las especies incluidas en su enunciado, por no excluirse ninguna, no será posible ni lícita, dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los artículos 1271 y 1272 del Código Civil.
4. En relación con las actividades de servicios de inversión, el legislador español ha querido ser especialmente cuidadoso habida cuenta de que el ámbito de posible actividad se refiere a una, la inversión en productos financieros, en la que el compromiso patrimonial que se puede derivar para los clientes no profesionales puede tener, y de hecho ha tenido en nuestra reciente historia, consecuencias muy negativas y un impacto social grave. De aquí el especial empeño en privar de la inscripción en el Registro Mercantil y de la protección que de la misma se deriva a la realización de determinadas actividades de servicios de inversión, salvedad hecha de que la sociedad reúna los requisitos legalmente previstos para el ejercicio de la actividad reservada.
5. El segundo de los defectos impugnados consiste en que, a juicio de la registradora, la disposición estatutaria relativa a la representación en las juntas generales según la cual «la asistencia personal a la Junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida», es contraria al artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto dispone que «la asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación».
Respecto de esta norma legal no han faltado interpretaciones doctrinales que concluyen en su carácter imperativo como corolario o reforzamiento de la esencial revocabilidad de la representación que resulta del primer inciso del mismo artículo 185 («la representación es siempre revocable»). Pero no pueden desconocerse determinados intentos para fundamentar la admisibilidad de determinados pactos de irrevocabilidad del poder, al menos en ciertos casos en los que, como acontece en el ámbito del Derecho civil, esa irrevocabilidad se justifica por el ser poder medio de ejecución de un convenio básico –o relación causal– que vincula individualmente a todos los poderdantes en casos de poderes colectivos (de suerte que si el poder se confiere conjuntamente por pacto entre los mandantes, la revocación deber de también ser conjunta), o, en general, por responder el poder a un interés no solo del representado sino también el representante y terceras personas (la jurisprudencia -Sentencias el Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1973, 21 de octubre de 1980, 20 de abril de 1981, 31 de octubre de 1987, 26 de noviembre de 1991, 24 de diciembre de 1993 y 19 de noviembre de 1994, entre otras- ha admitido la irrevocabilidad del mandato, no sólo por virtud de pacto expreso, sino también cuando resulte necesaria para la efectividad del contrato subyacente; y, como afirma la Sentencia de 3 de septiembre de 2007 es lícita la irrevocabilidad del mandato cuando «responde a exigencias de cumplimiento de otro contrato en el que están interesados no sólo el mandante o representado sino también el mandatario y terceras personas, es decir, cuando el mandato es, en definitiva, mero instrumento formal de una relación jurídica subyacente bilateral o plurilateral que le sirve de causa o razón de ser y cuya ejecución o cumplimiento exige o aconseja la irrevocabilidad para evitar la frustración del fin perseguido»; vid. también las Sentencias de 17 de enero, 7 de julio y 20 de noviembre de 2007). Así, a la luz de la norma del artículo 186.5 del Reglamento del Registro Mercantil (introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares), al disponer no sólo que «la representación es siempre revocable», sino que «Salvo que otra cosa se establezca en los estatutos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la total representación conferida», se ha entendido que cabe en estatutos atribuir una legitimación irrevocable para el ejercicio del derecho de voto al representante de quienes hayan suscrito un protocolo familiar o sea titulares de participaciones «sindicadas».

References: artículo 13
 Artículo 3
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 185
 Real Decreto 
 artículo 3
 Artículo 3
 artículo 185
 artículo 186
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 185
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 185
 artículo 186
 artículo 327
 artículo 13
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 186
 Real Decreto 
 artículo 49