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Timestamp: 2019-10-23 09:59:56+00:00

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STS 319/2004, 8 de Marzo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 16810395
Número de Recurso: 1812/2002
Número de Resolución: 319/2004
En los recursos de casación por infracción de ley que ante Nos penden, interpuestos por Angelina , Bárbara y otros, e IZQUIERDA UNIDA, contra auto de fecha 31 de mayo de 2.002, dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en causa por delitos de genocidio y terrorismo, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituído para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del primero de los indicados Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, siendo también parte el Ministerio Fiscal, estando dichos recurrentes representados, respectivamente, por los Procuradores Sres. Sánchez Masa, Martínez Fresneda y Cañedo Vega, y como recurridos, la Asociación Libre de Abogados, Virginia , Juan María y María Teresa , representados respectivamente por los Procuradores Sres. Cañedo Vega, Rodríguez Pérez, Barraquez Fernández y Lumbreras Manzano.
- La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó auto con fecha 31 de mayo de 2.002 en el Sumario nº 19/1997 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que contiene el siguiente ANTECEDENTE DE HECHO: "El Juzgado Central de Instrucción nº 5 tramita Sumario 19/97 por presuntos delitos de terrorismo, genocidio y torturas, en cuya causa dictó auto de fecha 9 de mayo del año 2.001 por el que admitía a trámite la querella formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Sánchez Masa contra Cornelio pro los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y acordaba la prisión provisional incondicional y comunciada del querellado, ciudadano chileno nacido el 10 de febrero de 1.921, con cédula de identidad nacional nº NUM000 , por los hechos y presuntos delitos mencionados en la resolución.
Asimismo, acordaba librar órdenes de busca y captura, a través de la correspondiente orden internacional de detención a efectos de extradición, con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer estaría residiendo temporalmente el imputado con identidad falsa en la DIRECCION000NUM001 , Hamburg.
Contra dicha resolución interpuso el Ministerio Fiscal recurso de reforma, que fue desestimado por Auto de fecha 30 de mayo del año 2.001, contra el que, a su vez, interpuso el Ministerio Fiscal el Recurso de Queja que ha dado lugar a la presente causa".
- La Audiencia de instancia dictó la siguiente PARTE DISPOSITIVA: "Se estima el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal contra Auto de fecha 30 de mayo del año 2001, por el que, a su vez, se desestimaba el recurso de reforma interpuesto contra el auto de 9 de mayo del 2001, del Juzgado Central de Instrucción número cinco, en cuya resolución se acordaba la incoación de procedimiento penal contra Cornelio , ante la inexistencia de jurisdicción de este Tribunal español para conocer de los hechos objeto de la querella que ha dado origen a este recurso, dejándose sin efecto los autos recurridos, y consiguientemente, también la orden de detención internacional que se acordaba expedir en el citado Auto de fecha 9 de mayo del año 2.001- Notifíquese la presente resolución a las partes personadas".
- Notificado dicho auto a las partes, se preparó contra el mismo recurso de casación por infracción de ley por Angelina , Bárbara y otros e IZQUIERDA UNIDA, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de Bárbara y otros formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. TERCERO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción, en el auto recurrido, del artículo 10.2 de la Constitución Española.
La representación de Angelina , formalizó su recurso alegando los sigueitnes motivos: PRIMERO: Infracción de ley al amparo de los artículos 848 y 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por violación del artículo 24.1º de la Constitución, en relación con el artículo 235 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de los artículos comrpendidos en el Título XXIV del Libro II del Código Penal vigente (605 y ss.); los artículos de la sección 2ª del capítulo V del Título XXXII del Libro II (571 y ss.); y los artículos del Título VII del Libro II del mismo texto lgal, por inaplicación de los mismos en relación con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. TERCERO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del art. 24.1 de la Constitución Española, principio de tutela judicial efectiva, y producirse indefensión, en base al artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1.985, y por vulneración del art. 24 de la Constitución, en relación con el art. 23.4, letras a, b, y g, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La representación de IZQUIERDA UNIDA, formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción del artículo 1.6 del Código Civil. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de lo preceptuado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. TERCERO: Infracción de ley al amparo del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de lo preceptuado en el artículo 10.2 de la Constitución Española.
- Instruído el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, expresó su conformidad con la resolución de los mismos sin celebración de vista ; en el recurso de Angelina , apoyó el motivo tercero, y el segundo, parcialmente, desestimando el primero; en el recurso de Bárbara , apoyó el motivo primero, y apoyó parcialmente los segundo y tercero; en el recurso de Izquierda Unida, apoyó el motivo primero, y apoyó parcialmente los segundo y tercero. Quedaron los autos conclusos para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.
- Hecho el señalamiento han tenido lugar la votación y fallo prevenidos el tres de marzo pasado.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al conocer del recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, de fecha 30 de mayo de 2001, por el que se denegó la reforma del auto de 9 de mayo de 2001, en el que el citado Juzgado acordó incoar procedimiento penal contra el General Cornelio , ex Ministro de Defensa de Chile, por su supuesta implicación en los hechos investigados en el sumario 19/1997 de dicho Juzgado, estimando la queja, declaró que la Audiencia Nacional carecía de jurisdicción "para conocer de los hechos objeto de la querella que ha dado origen a este recurso, dejándose sin efecto los autos recurridos y, consiguientemente también la orden de detención internacional que se acordaba expedir en el citado auto de fecha 9 de mayo de 2001".
Contra dicha resolución, han interpuesto sendos recursos de casación: a) Doña Angelina , viuda del Diplomático español Don Marcos , en cuya muerte se estima criminalmente implicado al citado General; b) Doña Bárbara y otros; y c) Izquierda Unida. Todas las partes recurrentes consideran que los Tribunales españoles son competentes para juzgar los hechos de los que se inculpa al General Cornelio , en virtud del principio de jurisdicción universal recogido en el art. 23.4 de la LOPJ, y han articulado tres motivos de casación distintos en cada uno de sus respectivos recursos.
Como antecedentes necesarios para fijar los términos de la cuestión fundamental que hemos de resolver en estos recursos, es decir, la controvertida competencia de la jurisdicción española para enjuiciar la conducta criminal que se atribuye al General Cornelio , es preciso tener en cuenta:
Que el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 4 de noviembre de 1998, dictado en el Sumario 1/1998 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 -que posteriormente se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, que incorporó las actuaciones al Sumario 19/1997 de dicho Juzgado- había declarado la competencia de la misma para conocer de los hechos acaecidos en Chile, inicialmente calificados como constitutivos de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se había pronunciado, sobre el ámbito de la jurisdicción española en relación con los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, relativos a hechos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de dicha calificación, en sentencia de 25 de febrero de 2003, dictada en el recurso de casación nº 803/2001, en el denominado "Caso Guatemala".
Que el auto ahora recurrido, según se dice expresamente en sus fundamentos jurídicos, justifica su apartamiento del criterio asumido por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en los "novedosos criterios" de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo "que se contienen en el auto de 23 de mayo del año 2002, dictado en el denominado caso Alonso ".
Que en el auto dictado por este Tribunal, en el "caso Alonso ", no se examinó específicamente el ámbito de la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos en el extranjero susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo, genocidio o torturas, por cuanto el fundamento de lo acordado en el mismo -al negar la competencia de los Tribunales españoles para juzgar el hecho imputado al citado parlamentario autonómico vasco- fue que la conducta atribuida al mismo (haber dado el grito: "Gora Euskadi ta Atkatasuna", al terminar su intervención en el frontón Jai Alai, en la ciudad francesa de San Juan de Luz), constituía una apología genérica del terrorismo -un delito de opinión-, y que por tanto no podía considerarse un delito de terrorismo, tal como este delito es configurado en el ámbito internacional por los correspondientes Tratados, que es a los que ha de estarse a la hora de definir el ámbito propio de la jurisdicción española para conocer de este tipo de delitos cometidos fuera del territorio nacional, sin perjuicio, lógicamente, de la calificación que en el ámbito interno pueda darse a este tipo de conductas en el Código Penal. Y,
Que el objeto del presente recurso, como se ha dicho, debe limitarse, en principio, a la cuestión resuelta en el auto aquí recurrido: la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de los hechos imputados al General Cornelio , presuntamente constitutivos de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
La sentencia dictada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el denominado "caso Guatemala", examinó las cuestiones relativas a los principios de jurisdicción universal y de subsidiariedad, especialmente, desde la perspectiva de los delitos de genocidio y de torturas, con referencia concreta a los correspondientes tratados internacionales: el Convenio de Ginebra sobre Prevención y Sanción del Genocidio, de 9 de diciembre de 1948 (BOE, de 8 de febrero de 1969) y la Convención contra la tortura, de 10 de diciembre de 1984 (BOE de 9 de noviembre de 1987).
) Que "hoy tiene un importante apoyo en la doctrina la idea de que no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción" (FJ 9º).
) Que, en el artículo VIII del Convenio contra el genocidio, se establece que cada parte contratante puede "recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y represión de actos de genocidio", como ha ocurrido con la creación de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda (FJ 9º).
) Que "el principio de no intervención en asuntos de otros Estados (artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas) admite limitaciones en lo referente a hechos que afectan a los derechos humanos, pero estas limitaciones sólo son inobjetables cuando la posibilidad de intervención sea aceptada mediante acuerdos entre Estados o sea decidida por la Comunidad Internacional"; y, a este respecto, se cita expresamente lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (FJ 9º). Y,
) Que, en los Tratados Internacionales relativos a estas materias, "se plasman criterios de atribución jurisdiccional basados generalmente en el territorio o en la personalidad activa o pasiva, y a ellos se añade el compromiso de cada Estado para perseguir los hechos, sea cual sea el lugar de comisión, cuando el presunto autor se encuentre en su territorio y no conceda la extradición, previendo así una reacción ordenada contra la impunidad, y suprimiendo la posibilidad de que existan Estados que sean utilizados como refugio. Pero no se ha establecido expresamente en ninguno de esos tratados que cada Estado parte pueda perseguir, sin limitación alguna y acogiéndose solamente a su legislación interna, los hechos ocurridos en territorio de otro Estado" (FJ 9º).
En esta misma línea, se destaca también en dicha sentencia que, según se establece en el art. 23.4, g) de la LOPJ, la jurisdicción española será competente para conocer de hechos cometidos fuera del territorio nacional, tipificados penalmente, cuando "según los tratados o convenios internacionales, deba(n) ser perseguido(s) en España" (FJ 10º). Y, a este respecto, se hace expresa mención del artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, en el que se dispone que lo acordado en ellos "no puede ser alterado ni dejado de cumplir sobre la base de disposiciones de la legislación interna de cada Estado" (FJ 10º).
Como corroboración de estos principios, la sentencia del Pleno de esta Sala hace una particular referencia -sin propósito exhaustivo- a lo dispuesto al efecto por los siguientes tratados y convenios: a) La Convención sobre la prevención el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, de 14 de diciembre de 1973 (BOE de 7 de febrero de 1986); b) el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 16 de diciembre de 1970 (BOE, de 15 de enero de 1973); c) el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil internacional, de 23 de septiembre de 1971 (BOE) de 10 de enero de 1974); d) La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984 (BOE de 9 de noviembre de 1987): e) la Convención contra la toma de rehenes, de 17 de diciembre de 1979 (BOE de 7 de julio de 1984); f) el Convenio Europeo para la represión del terrorismo, de 21 de enero de 1977 (BOE de 28 de octubre de 1980); g) el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 (BOE de 23 de mayo de 2002); y, h) la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988 (BOE de 10 de noviembre de 1990) (FJ 10º).
Llegado el momento de examinar el posible fundamento de los motivos de casación articulados en los distintos recursos interpuestos contra el auto de la Sección 3ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de mayo de 2002, este Tribunal, estimando procesalmente correcta la propuesta del Ministerio Fiscal, hecha al evacuar el trámite de instrucción de los recursos, en su escrito fechado el 9 de abril de 2003, considera oportuno examinar, en primer término, la cuestión relativa a la pretendida declaración de nulidad del auto recurrido, expresamente solicitada por la representación de Doña Angelina en el tercero de los motivos de su recurso, deducido por el cauce procesal del art. 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "al considerar infringido el art. 24.1 de la Constitución Española, definidor del principio de tutela judicial efectiva, y producirse además indefensión".
Sobre esta base, sostiene la parte recurrente: 1º) Que "en la tramitación del recurso de queja, .., se han producido notables irregularidades procesales, .., con claros quebrantamientos de las normas de procedimiento, susceptibles de haber producido indefensión a esta parte". 2º) Que existe, asimismo, vulneración del art. 24 de la Constitución, en relación con el art. 23.4, letras (a), (b) y (g) de la LOPJ, ya que "la nulidad deriva de que el auto no dedica una sola línea a las conductas que se imputan al querellado, ni a su calificación jurídica, ni a su perseguibilidad en conformidad con el art. 23.4 de la LOPJ". Y, 3º) Que, el auto de 31 de mayo de 2002 sería, además, incongruente, dado que "las resoluciones han de ser motivadas" y deben "indicar los recursos que en su caso procedan contra ellos".
Por evidentes razones de método jurídico y de economía procesal, a la vista de las distintas infracciones de ley denunciadas en los diferentes motivos de casación articulados en sus recursos por las partes recurrentes, este Tribunal estima oportuno examinar, a continuación, el posible fundamento de la denunciada infracción del art. 23.4 de la LOPJ, expresamente citada - según acabamos de ver- como uno de los fundamentos de la nulidad del auto recurrido pretendida por la representación de Doña Angelina en el tercero de los motivos de su recurso y reiterada expresamente en el segundo; infracción igualmente denunciada en el segundo de los motivos de los recursos de casación interpuestos por la representación de Doña Bárbara y otros, y por la representación de Izquierda Unida.
Como es notorio, el artículo 23.4 de la Constitución incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el principio de la jurisdicción universal, para la persecución de determinados delitos: concretamente de los de genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución, al tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes; "y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España".
Ya hemos expuesto resumidamente, en el segundo de los Fundamentos Jurídicos de esta resolución, los criterios de interpretación del art. 23.4 de la LOPJ asumidos por el Pleno de este Tribunal, en su sentencia de 25 de febrero de 2003, dictada en el denominado "caso Guatemala", a los que, de nuevo, nos remitimos y damos por reproducidos aquí.
El auto recurrido estimó el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juez Central de Instrucción que admitió a trámite la querella criminal interpuesta contra el general Cornelio , apartándose del criterio asumido previamente por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en atención a los "novedosos criterios" de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contenidos en el auto de 23 de mayo de 2002, dictado en el conocido "caso Alonso ". Mas, como hemos dicho anteriormente también (v. FJ 2º d) en el citado auto no se examinó específicamente el ámbito de la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos en el extranjero, susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo, genocidio o torturas, sino concretamente si el hecho imputado al parlamentario autonómico vasco Sr. Alonso era, o no, potencialmente constitutivo de un delito de terrorismo en el ámbito internacional, conforme a los correspondientes Tratados, que es a la normativa a la que ha de estarse a los efectos jurisdiccionales examinados, con independencia de lo que en el Derecho interno pudiera haberse establecido al respecto, habiéndose estimado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el hecho denunciado constituía una apología genérica del terrorismo y que, por ello, se trataba de un delito de opinión, no incluido entre los delitos de terrorismo conforme al Derecho internacional.
Es patente, por todo lo dicho, la razón que asiste a los recurrentes para impugnar el auto de la Sección 3ª de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Por tanto, procede estimar los motivos de casación al principio citados, y, consiguientemente, dejar sin efecto el auto recurrido y declarar que los Tribunales españoles tienen jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la querella criminal interpuesta contra el general chileno Cornelio , de acuerdo, lógicamente, con la doctrina sentada por el Pleno de este Tribunal en la sentencia del "Caso Guatemala", a cuyo efecto debemos poner de manifiesto que, entre los hechos en los que -según la parte querellante- aparece implicado el citado general se encuentran los realizados contra dos sacerdotes españoles y la muerte del Diplomático español Don Marcos .
Que, desestimando el motivo tercero del recurso interpuesto por Doña Angelina contra auto dictado por la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de fecha 31 de mayo de 2.002, en el sumario nº 19/1997, en causa por delitos de genocidio y terrorismo, estimamos el motivo segundo de dicho recurso, así como el motivo segundo del recurso interpuesto por Doña Bárbara y otros, y el motivo segundo interpuesto por Izquierda Unida, contra el anterior auto, sin hacer especial pronunciamiento respecto de los restantes motivos de los recursos citados; y en su virtud, casamos y anulamos dicho auto con declaración de las costas de oficio. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicte a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Luis-Román Puerta Luis Cándido Conde-Pumpido Tourón Juan Saavedra Ruíz Julián Sánchez Melgar Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
En la causa instruída por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, y seguida ante la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y terrorismo en querella seguida contra Cornelio ; y en cuya causa se dictó auto por la mencionada Audiencia, con fecha 31 de mayo de 2.002, que ha sido casada y anulada por la pronunciada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Luis-Román Puerta Luis, hace constar lo siguiente:
ÚNICO. Por las razones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la sentencia decisoria de estos recursos, que se dan por reproducidas aquí, procede admitir a trámite la querella criminal interpuesta contra el general chileno Cornelio , en los términos que se desprenden de la doctrina asumida por el Pleno de este Tribunal al aplicar el art. 23.4 de la LOPJ, sucintamente recogida en dichos fundamentos, y que ha sido ampliamente desarrollada en la sentencia de 25 de febrero de 2003, en el denominado "Caso Guatemala".
Que, dejando sin efecto lo acordado en el auto recurrido, en el que se declara que los Tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la querella interpuesta contra el general chileno Cornelio , acordamos admitir a trámite dicha querella en los términos que se desprenden de la doctrina del Pleno de este Tribunal a que se ha hecho expresa referencia en los fundamentos jurídicos de estas resoluciones
STSJ Canarias 1880/2009, 21 de Diciembre de 2009
STSJ Navarra 22/2004, 30 de Enero de 2004

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 artículo 23
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 artículo 27
 artículo 5
 artículo 23
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