Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/18887
Timestamp: 2020-05-28 12:55:53+00:00

Document:
Système HJ - Décision: AUTO 26/2002
AUTO 26/2002, de 26 de febrero
ECLI:ES:TC:2002:26A
Pleno. Auto 26/2002, de 26 de febrero de 2002. Cuestión de inconstitucionalidad 818-2001. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 818-2001, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Girona, en relación con el art. 1 a) de la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de septiembre, de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña
1. El día 15 de febrero de 2001 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional un escrito de la Magistrada-Juez titular del Juzgado Administrativo núm. 2 de Girona al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 29 de diciembre de 2000, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 1 a) de la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de septiembre, de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña por su posible contradicción con el art. 25.1 CE.
2. La cuestión trae causa del procedimiento abreviado núm. 192/00 promovido por don Marcos González Alsina contra la Resolución de la Delegación de Gobierno de la Generalidad en Girona, de 14 de enero de 1999, confirmada en alzada por Resolución del Servicio Catalán de Tráfico, de 15 de febrero de 2000, por la que se impuso al actor una sanción de multa de 75.000 pesetas por la comisión de una infracción muy grave prevista en el art. 20.1 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, consistente en conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,4 miligramos por litro.
b) En el supuesto objeto del proceso a quo se formuló denuncia contra el demandante don Marcos González Alsina por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,4 miligramos por litro, constitutiva de una infracción tipificada como muy grave por el art. 65.5.2 b) de la Ley de Tráfico. Con esta denuncia se inició un expediente sancionador, instruido por los Servicios Territoriales en Girona del Servicio Catalán de Tráfico, en el que se dictó resolución sancionadora por el Delegado Territorial en Girona del Gobierno de la Generalidad, imponiéndole como autor de esa infracción una multa de 75.000 pesetas
En este sentido el órgano proponente manifiesta su discrepancia con el criterio mantenido en un supuesto idéntico por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia de 3 de febrero de 1995, al entender que la primera resolución sancionadora impide una segunda resolución sobre la misma pretensión punitiva, salvo en lo relativo a la imposición de la sanción de suspensión del permiso de conducir. Tesis que considera inadmisible por contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio ne bis in idem, de conformidad con la cual los elementos determinantes de la aplicación del mismo son el sujeto, el hecho y el fundamento y no, además de éstos, la identidad de sanción, como se viene a sostener en aquella Sentencia, de modo que, concurriendo la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, la primera resolución impide no sólo la nueva valoración de los hechos denunciados, sino su sanción. En caso contrario, de no ser aplicable el principio ne bis in idem, el segundo expediente tendría por objeto la totalidad de los elementos constitutivos de la pretensión punitiva ejercitada contra el ya responsable.
b) En cuanto al tema de fondo suscitado, el Fiscal General del Estado, tras referirse a la normativa que regula el régimen jurídico de las infracciones y sanciones a la circulación y tráfico de los vehículos y, en concreto, a la que se relaciona con las conductas que contravienen los índices de alcoholemia normativamente establecidos [arts. 65.5.2 a) y 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la reforma llevada a cabo por la Ley 5/1997, de 24 de marzo; Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril] y reproducir el contenido del precepto legal cuestionado, entiende que aquél estriba en determinar, en primer lugar, si la Ley Orgánica ha atribuido o no al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades correspondientes para la denuncia, iniciación, sustanciación y resolución de los expedientes sobre las infracciones a la Ley de Seguridad Vial en el territorio de dicha Comunidad Autónoma y, en segundo lugar, en caso de que así fuese, qué consecuencias se derivan para la coordinación que ha de existir entre las dos Administraciones en los supuestos de faltas muy graves o graves, teniendo en cuenta que el Estado conserva aún el ejercicio directo de determinadas funciones, como acontece, precisamente, con la del control de los permisos y licencia de conducción.
El Fiscal General del Estado considera que de las dos interpretaciones posibles el legislador estatal ha optado por la segunda, pues a dicha voluntad responde el Anexo B.1.b) del Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo, que, en ejecución y desarrollo del mandato legislativo expuesto, atribuye la facultad de "instruir el expediente, así como la de dictar la resolución que le ponga término y hacerla ejecutar, percibiendo, en su caso, el importe de las multas" a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Así pues, la tesis sostenida por el órgano judicial carece de modo manifiesto de todo fundamento, ya que el precepto legal cuestionado no contraviene la vigencia del principio non bis in idem. No puede hablarse, propiamente, de dos expedientes sancionadores en los que concurra, identidad de objeto, sujeto y fundamento, por la sencilla razón de que, para que así ocurriera sería preciso reconocerle a la Administración del Estado unas competencias de las que carece al haberlas transferido a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Del análisis de la normativa de transferencia se desprende con toda nitidez que el Estado en este punto no tiene potestad para llevar a efecto un nuevo enjuiciamiento de la conducta declarada infractora por el precedente expediente sancionador resuelto por la Generalidad Catalana, sino que ha de limitarse, dando cumplimiento al mandato legislativo del art. 67.1 de la Ley de Seguridad Vial, a completar la sanción prevista para una falta muy grave, previamente apreciada en resolución firme. En definitiva, su actuación se reduce a ejecutar lo anteriormente resuelto, por lo que carece de todo sustento legal la afirmación efectuada en el Auto de planteamiento sobre la dualidad de enjuiciamientos referidos a la misma conducta.
En virtud del citado precepto legal, y así aparece reflejado en el Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo, de traspaso y funciones de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, cuyo valor interpretativo para determinar el alcance de la competencia ha reconocido reiteradamente este Tribunal (STC 153/1989, de 7 de noviembre, FJ 7), le corresponde a la Generalidad de Cataluña en relación con las sanciones en materia de tráfico, vehículos a motor y seguridad vial la facultad de instruir el expediente, así como la de dictar la resolución que le ponga término y hacerla ejecutar [Apartado B).1 b) Anexo Real Decreto 391/1998], en tanto que la Administración del Estado es competente, en aquellos casos en que esté prevista, para la imposición de la sanción consistente en la suspensión del permiso o licencia de conducir, si bien se traspasan también a la Generalidad de Cataluña la realización material de las funciones policiales derivadas de las medidas de intervención que respecto de los procesos de nulidad, anulabilidad, suspensión y pérdida de vigencia de permisos y licencias adopten las autoridades competentes [Apartado B).1 g) del Anexo del Real Decreto 391/1998].
Type et numéro d'enregistrement Cuestión de inconstitucionalidad 818-2001
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 818-2001, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Girona, en relación con el art. 1 a) de la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de septiembre, de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña
Non bis in idem, principio: sanciones por dos Administraciones públicas, respetado; concepto. Tráfico: potestad sancionadora compartida. Orden constitucional de competencias: transferencia de facultades estatales. Cataluña: competencia sobre tráfico. Procedimiento administrativo: complejo. Cuestión de inconstitucionalidad: juicio de relevancia insuficiente; notoriamente infundada
Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre. Transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña
Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre. Traspaso de servicios del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos
Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo. Traspaso de servicios y funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
Anexo B.1 b)
Anexo B.1 g)
Competencias en materia de tráficoCompetencias en materia de tráfico
Principio non bis in idemPrincipio non bis in idem, Concepto
Principio non bis in idemPrincipio non bis in idem, Respetado
Transferencia de competenciasTransferencia de competencias

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto