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Timestamp: 2018-10-22 17:20:03+00:00

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Titulo Preliminar Del Nuevo Codigo Proce
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Analisis al Titulo preliminar del NCPP.
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ANÁLISIS DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
(Decreto Legislativo N° 957)
Art. I.- Justicia Penal
1. La justicia penal es gratuita salvo el pago de las cuotas procesales conforme a este código. Se imparte con imparcialidad por los órganos
jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.
3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. Los
jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.
4. Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de
Desde tiempos pasados el Estado surge con la finalidad de resguardar los derechos fundamentales de las personas para de esa forma crear un
ambiente de paz social con justicia, y es así que en esa búsqueda se crea el Poder Judicial a quien se le facultó el poder de impartir justicia, posteriormente se
crea el Ministerio Publico como el ente ligado a la Administración de Justicia. Lo que se buscaba a través del tiempo era poder tener un mejor proceso (civil,
penal, etc.), con el fin de resolver los conflictos personales y sociales; pero como sabemos, en la sociedad antigua lo que se percibía era una gran desigualdad
entre las partes respecto del ámbito económico que poseían cada una de ellas, por lo que el estado se vio en la obligación de que el Proceso Penal tenía que
ser gratuito y poder tener equidad en el desarrollo del proceso; es así como en la actualidad se contempla en su artículo I del Título Preliminar del Código
Procesal Penal (CPP).
1. La justicia penal es gratuita
“La gratuidad de la justicia es un principio universal, lo que implica que el Estado no debe supeditar el ejercicio de la acción penal y los
tramite correspondientes del proceso en la persona del acusado, tanto es así, que incluso es su obligación, proveer de defensa de oficio cuando
el procesado no dispone de medios económicos para costearse un defensor de su confianza”.
En nuestro ordenamiento, este principio ha sido consagrado en el art 139° inc. 11 de la Constitución Política del Estado, el mismo que
establece: “El principio de gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos,
en los casos que la ley señala”. Esta norma es concordante con el artículo 300° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe que, “El
Estado provee gratuitamente de defensa a las personas de escasos recursos económicos, así como los casos que las leyes procesales
determinan”.
La gratuidad de la justicia responde al monopolio que tiene el Estado sobre su administración a fin de que no solamente acceda la
persona que tenga recursos económicos, sino para toda aquella persona que quiera obtener tutela judicial efectiva. En ese sentido, el Tribunal
Constitucional (TC) ha referido que el principio de gratuidad en la administración de justicia se constituye en un mecanismo de realización del
principio-derecho de igualdad, establecido en el art. 2 inc.2 de la Const., por cuanto debe procurarse que las diferencias socioeconómicas entre
los ciudadanos no sean trasladadas al ámbito del proceso judicial, en el cual controversias deben ser dilucidadas con pleno respeto al principio
de igualdad entre las partes y la igualdad de armas , de modo que el hecho de que una de ellas cuente con mayores recursos económicos que la
otra no devenga necesariamente en una ventaja que determine que la autoridad jurisdiccional vaya a resolver a su favor. Pero no solo es la
gratuidad al inicio del proceso sino abarca también la posibilidad de ser asesorado legalmente por un letrado que el propio estado brinda
cuando así sea necesaria.
Lo que el código si contempla es el pago de las tasas y aranceles judiciales, el cual se conoce como el tributo que grava la recepción por
parte del sujeto pasivo de un servicio que no se presta por un servicio del sector privado o cuya solicitud o recepción no son voluntarias.
De forma más general y abarcando lo analizado el TC señala que “si bien es un principio de la función jurisdiccional la gratuidad de la
administración de justicia, dicha norma general se compatibiliza necesariamente con la exigibilidad de costos mínimos respecto de aquellas
actividades jurisdiccionales que demanden un servicio. En dicho contexto, la exigibilidad de tasas o aranceles judiciales no tienen por objeto
desvirtuar el consabido principio, sino dotar al órgano jurisdiccional de contraprestaciones mínimas por los costos en los que se incurre en la
determinación de determinados actos o diligencias durante la tramitación de procesos específicos.
Se critica duramente esta obligatoriedad de pago de tasas judiciales, por cuanto al ser contrastada con nuestra realidad, se deja de
manifiesto una posible restricción al acceso la tutela judicial efectiva y a la igualdad, por cuanto no todas las personas podrían cumplir con
dichos tributos, teniéndose presente el derecho a la igualdad ante la ley, definido en el art. 2, inc.2 de la Const. Y en concordancia con el artículo
7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, no podría discriminarse a una persona por no tener recursos necesarios
para tener acceso a la justicia. Por ello, es que la ley ha previsto la exoneración de la imposición de estas costas a quien obtiene auxilio judicial,
de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil. El auxilio judicial penal se entiende para estos solos efectos y, en lo pertinente,
y remitidos por el juez de la investigación preparatoria. mientras que la competencia es un concepto aplicado al caso concreto. pero esta no será viable si sus decisiones no son compatibles con las posturas jurídicas y de políticas del derecho de los superiores. La imparcialidad debe de distinguirse de la independencia. o quien está llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa. La función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos de la personas ciertamente por medio de la aplicación del Derecho objetivo en el caso concreto. La independencia judicial supone la exigencia de determinadas condiciones a que se tiene el poder de adoptar la decisión. por ende. lea el expediente que contiene los actuados realizados durante la investigación. y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función. El Tribunal Constitucional también ha desarrollado este punto y dice: “la imparcialidad subjetiva se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes o en el resultado del proceso (…) Desde esta perspectiva. Por eso se dice que todo juez tiene jurisdicción pero no competencia. el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez. b) Imparcialidad objetiva. porque los jueces están a la espera de una posibilidad de ascenso. con el fin que se desarrolle con justicia. Lo contrario ocurre cuando el juez ha podido tener antes y fuera del ámbito estricto de enjuiciamiento un contacto relevante o de cierta intensidad con infracciones o materiales que después pudieran ser prueba”. “asegura que el juez se acerque al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él. Dado que. puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes o servirse a sí mismo. como puede ser que una de las partes sea familiar suyo. en la segunda.. o tenga algún tipo de enemistad. A continuación explicaremos la segunda oración del primer párrafo “la justicia se imparte por órganos jurisdiccionales competentes” Antes de empezar a desarrollar. que las normas que regulan su actuación deben de buscar que el juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra en base al contacto que ha tenido con la causa. Un ejemplo de ello sería: el hecho de que el juez antes de la audiencia de enjuiciamiento en la que escuchara a las partes y podrá decidir si condena o absuelve al acusado. Sin embargo. aunque están directamente relacionados. incumpliendo con ella. La abstención del propio juez es una muestra de que se sistema jurídico no asume riesgos para el efecto de la decisión sobre la estabilización de las normas. lo cual es totalmente pausible. Siendo así. sino solo los que la ley les permite. tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado del mismo”. estaría tomando contacto de forma relevante con información que luego se convertiría en prueba. El tribunal Supremo Español habla también acerca del tema. 2 . eventualidades que no se dan en la exención. es decir. a) Imparcialidad Subjetiva. o que sea su acreedor. el auxilio subsiste en la medida que subsista también la pobreza. pero razones de pobreza motivaron la concesión del auxilio.refiere a que el juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a que pueda llegar el proceso para alguna de las partes. quedar sin efecto el auxilio y ser condenado al pago de costas. por el contrario. distinguiendo la doctrina entre la exención y exoneración. siendo ese factor el que actúa como fundamento de la exoneración. Empero. Dentro de la imparcialidad hay de dos tipos: la subjetiva y la objetiva. Los principios de independencia y de imparcialidad se vinculan directamente con los poderes-deberes del juez y tienen una estrecha relación con la evolución de las políticas públicas. por lo que no podrían intervenir en cualquier litigio. es así que la jurisdicción lo tiene todo juez. se parte de supuestos en los que en principio procede la condena. con la competencia de un juez. Ya que esto podría generar peligro de parcialidad en el juez. la independencia interna se vincula con la capacidad que la Constitución y la ley le otorga al juez para evitar y resistir presiones dentro de la estructura jerárquica de la función judicial. que quiere decir la potestad del juez de impartir justicia. etc. Estas políticas tuvieron una génesis diversa en las familias jurídicas.referida a que el sistema judicial debe brindar las condiciones necesarias para evitar que el juez caiga en el vicio de la parcialidad. La imparcialidad tiene que consistir en la falta de ese designio o de prevención en el juez de poner su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de las partes o de su propio interés. se trata de una garantía previa del propio juez. de esa manera. la independencia es un elemento muy pobre de la función jurisdiccional.. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL rigen las disposiciones del Título VII de la Sección Tercera del Citado Código1. debemos tener claro que no se debe de confundir la jurisdicción. Como conclusión podemos decir que la imparcialidad subjetiva es aquel nexo que no debería de existir entre quien decide y cualquiera de las partes. sino que. el juez que se abstiene o que es recusado no deja de ser independiente e incluso una abstención acertada es muestra de independencia. en que mientras en la primera no se puede condenar al pago de costas en ningún caso. de manera que podría ocurrir que el pobre deje de serlo y.
como conjunto máximo de la actividad procesal. Y plazo razonable que es lo que se estipula en el articulo la doctrina lo define como: “un plazo será razonable siempre y cuando cumpla ese lapso de tiempo establecido en la ley. Por ello. El referido concepto es el que tradicionalmente ha servido para delimitar el aspecto subjetivo de la garantía." La jurisdicción se entiende como función pública de administrar justicia. JURISDICCIÓN En este sentido léase la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el que dice: "La actividad jurisdiccional del Poder judicial tiene por función constitucional el viabilizar la intervención del Estado mediante órganos de fallo adscritos a una terceridad imparcial y compositiva. Es decir. se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico. Entonces con relación al plazo razonable esto quiere decir que todo el proceso. en su caso. vinculada al derecho subjetivo constitucional. o tienen cierta inclinación hacia una de las partes. significando la inmunidad que ellos deben tener para juzgar en conciencia. El símbolo que representa a la justicia como una mujer con los ojos vendados hace alusión a la independencia o libertad de juicio según la cual deberían actuar quienes encarnan la función jurisdiccional. libres de influencias de factores ajenos a las causa. Es así que el Estado otorga la potestad de administrar justicia a los jueces en sus distintos grados jerárquicos con la finalidad de ejercer la función jurisdiccional. por eso es que en cualquier poseso se admite la doble instancia. La doctrina ha establecido que el plazo es el espacio de tiempo dentro del cual debe ser realizado un acto procesal. Ejemplo: si la duración de las diligencias preliminares es de 20 días será razonable la investigación que no exceda del límite. es allí cuando estamos hablando de jueces sin independencia porque así como señala letras atrás el autor Ramírez acerca de cómo es el mundo para estos jueces que se encuentran supeditados. 3 . emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. 138 y 139 de la Const. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Generalmente los jueces que no pueden ser independientes o imparciales. en el art. pero junto a él se encuentran las limitaciones no reales o efectivamente comprobables sino las situaciones que se consideran. son aquellos que comúnmente se les suele llamar “jueces colocados a dedo”. Este concepto se debe diferenciar del de término. PLAZO RAZONABLE Lo que también se observa en el presente inciso es el plazo razonable. restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. que asiste a todos los sujetos que sean parte en un procedimiento penal. se refiere a la celeridad procesal. sabemos que el juez puede fallar en su decisión. Mediante la jurisdicción no solo se decide sino también se determina las reglas a seguir con el fin de emitir resolución motivada. la imparcialidad de los jueces o magistrados se entiende comúnmente en su redacción psicológica. Si se viola el derecho al plazo razonable lo que sigue es su reparación. entonces atendiendo al silogismo de que toda persona falla y que el juez es una persona. pero aun ellos (jueces) no queriéndolo hacer lo tienen que realizar por que están jerárquicamente inferiores y por miedo a perder su puesto de trabajo pierden independencia e imparcialidad. es decir. tendentes a dirimir los conflictos interindividuales de naturaleza jurídica con el objeto de restablecer la convivencia pacífica mediante la resolución de dichas controversias por la vía de la recta aplicación o integración de la ley en sentido lato. haciendo uso de sus capacidades de solución. como susceptibles de afectar el ideal del buen juicio Como conclusión se puede decir que la imparcialidad de un juez es una decisión mental subjetiva por lo que esa persona va a tener la responsabilidad y el compromiso de solucionar un litigio. debe y solo puede ser realizado en un tiempo fijado como razonable. reforzado en el artículo 7° de la citada ley orgánica. para poder subsanar los posibles errores que se dieron en la primera etapa. que crea en los órganos jurisdiccionales la obligación de actuar un plazo razonable el “Ius puniendi” o de reconocer y. cuando se expresa el derecho de toda persona a gozar de la plena tutela jurisdiccional.” Para medir la razonabilidad del plazo se tiene en cuenta: • La duración efectiva del proceso • La complejidad del asunto • La gravedad del hecho imputado • La actitud del inculpado • La conducta de las autoridades encargadas de realizar el procedimiento y otras circunstancias relevantes. de 1993 y en el artículo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. que indica el momento concreto en que se realiza una actuación. Este principio. luego de un conjunto de actos determinados por la ley. con expresión del día y hora en que debe verificarse esta. es toda condición de tiempo puesta al ejercicio de una determinada actividad procesal. Ejemplo: el 16 de noviembre a las 3:30 es la vista de la causa. Pero como sabemos a través de la historia la persona no es perfecta y es muy posible que falle. desde un pleno externo al juzgador.
Esta última se subdivide en inmediata y mediata. no justifica que se dedique un periodo de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto penal por que se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad. Así también como lo contempla la Const. y la publicidad externa. Durante el juicio. Juicio previo El juicio “es el momento en el que una persona (el o los jueces) conoce. La publicidad puede expresarse en dos niveles.. el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es un derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujeto que hayan sido parte de un procedimiento penal de carácter autónomo. que es la orientada a enterar al público en general. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. que son tanto la nulidad como el sobreseimiento. se produce la prueba de un modo concentrado. aunque instrumental del derecho a la tutela y que se dirige frente a los órganos del poder judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todos los poderes del estado). pues. ✓ Las procesales. En el primer supuesto. sin mediaciones. que pueden ser de orden administrativo-disciplinaria y penales orientándose a reprimir la conducta dilatoria de las autoridades judiciales. Los juicios previos deben de contener: publicidad. La publicidad en los procesos.4: 4. el cual sirve de forma poli funcional para diferir muchas dudas que se pueden formar en el juzgador. los sujetos procesales pueden presentar sus pruebas y contradecir su sentido y valor (principio de contradicción). a través de un medio de comunicación. son siempre públicos.P. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos. es por ello que exista esta etapa. Esta reconocida a nivel e instrumentos internacionales en el artículo 8°. en su Art.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala: “toda persona tiene derecho a ser oída. Muy importante en nuestra legislación el juicio previo en tanto que ninguna persona puede ser condenado ni señalado como responsable si antes no se le ha procesado ni se ha llevado el debido proceso. La interna del procedimiento que atañe fundamentalmente a los sujetos del proceso. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Las sanciones establecidas el Tribunal Constitucional para la vulneración del plazo razonable son: ✓ Las compensatorias. y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución. que a su vez pueden ser internacionales. ✓ Las sancionatorias. es un procedimiento reglado por ley. de este modo se establecen las pautas principales a las que debe ajustarse todo proceso establecido en el C. es por es que se rompe con el secretismo de las audiencias. asimismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se señala en su artículo 14°. opera cuando quien se anoticia lo hace por sí mismo y la mediata. del momento procesal donde se prueben los hechos y la responsabilidad del imputado”. civiles o penales. 2.P. 4 . 139 inc. creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y en su caso restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. El procedimiento que establece la Constitución no es cualquier proceso que pueda establecerse al arbitrio de las autoridades públicas competentes para llevarlos a cabo.3 que “durante el proceso. y todo se realiza de un modo tal que el público en general puede controlarlo (principio de publicidad). la prueba y los sujetos procesales (principio de inmediación). con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”. 2.1 Juicio Público Como sabemos en épocas de la santa inquisición los juicios se daban de forma privada pero con el avance de la política del liberalismo al proceso penal moderno ya no es así. como también poder crear sus teorías del caso entre las partes. El principio de legalidad que establece la necesidad que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos. a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. oralidad y contradicción. por el contrario. el que es uno acorde con las seguridades individuales y formas que establece la misma Constitución. Por tanto. Se trata. salvo disposición contraria de la ley. en plena igualdad.
sino el juez solo tomaba importancia y prevalecía más para él lo que contenía el expediente.P. 2... b) Publicidad general (erga omnes).3 Juicio contradictorio Claria Olmedo señala que es el reciproco control de la actividad procesal. Oralidad significa poder expresar lo que deseamos exteriorizar ante el magistrado y poder confrontar cualquier tesis que se nos imputa. mas no como anteriormente era que más se basaban en lo que decía el expediente. Lo que nos permite es la participación de la sociedad en los asuntos judiciales sino que también se democratiza el proceso penal al prohibir administrar justicia a espaldas de los directamente interesados. los cuales deberán dilucidarse con los medios de prueba aportados en dicha etapa procesal. 2. calumnia. solo así se puede basar la sentencia a una persona. es por ello que ahora si se da el cual considero es un paso muy transcendental. La publicidad se refiere al juicio oral. De esta forma se podrá saber si las resoluciones que los magistrados resuelven. pues la formación de la prueba debe ser controlada por el pueblo. con prueba que el juez ha percibido directamente. petición. que lo que las partes fundamentaban. Siguiendo este principio está ligado al de inmediación pues Neyra Flores señala que la información para ser confiable debe ser percibida directamente por los jueces. Es decir que una prueba que se actúa sin la presencia del juez no es legítima. por ello acertadamente SCHMIDT (1957: p. además. Consolidar la confianza en la administración de justicia 2.2 Juicio Oral Característica muy importante la que se da en nuestro actual C. Con ello se logra que el magistrado tenga un mejor desarrollo de lo que paso y poder resolver con justicia. están dictadas de forma imparcial. no solo en la sentencia sino también en el mismo momento de su producción. por tanto lo que se busca con este principio es que nadie medie entre el juez y la percepción directa de la prueba. La publicidad en materia probatoria es importantísima. Evitar que causas ajenas a la causa influyan en el juez y por ello en la sentencia. El fundamento de la publicidad tiene un triple significado: 1. En otras palabras. la publicidad constituye una garantía de la justicia en cuanto permite un control directo de la ciudadanía sobre la rectitud y corrección del proceso y de la igual aplicación de la ley por parte de los órganos encargados de impartir justicia.P. tanto así que la prueba sin publicidad solo se practica como excepción. según la doctrina general hoy admitida. Como sabemos ahora los casos penales se resuelven en el juicio oral y es allí donde empieza a tallar este principio. 5 . TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL La publicidad en ambos casos se concreta a través del libre acceso a las audiencias y de la consulta de los expedientes. de que el juez tiene contacto con las partes (principio de inmediatez) y puede percibir lo que está pasando en determinado caso. como también poder realizar alegaciones. y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Fomentar la responsabilidad en los órganos de la administración de justicia 3. para poder desarrollar las posibles contradicciones y las posibles oscuridades en el proceso. tiene como significado que la sentencia solo se pueda fundar en lo que ha sido materia del proceso realizado en forma oral. con relación y justicia.referido al libre acceso que deben tener las partes y fundamentalmente el imputado a las actas y expedientes del proceso. además de ello seguridad de lo que se puede resolver al final del juicio. 251) apuntaba que el Principio de Oralidad . De esa forma se puede evitar muchas facetas que anteriormente se daban así como: la corrupción. etc. . ilegalidad y parcialidad. porque ayuda a que se pueda llegar a la verdad a través de lo que las partes dicen.consiste al libre acceso que deben tener los terceros a los acto procesales. por lo tanto es un gran avance en nuestra legislación. También el autor PEREZ SARMIENTO delimita a dos tipos de publicidad: a) Publicidad inter-partes (inter alia). ya que en la anterior no se daba (no se escuchaban a las partes). Mediante este principio el juicio se determina en el juicio oral. A través de la oralidad los juzgadores tiene u conocimiento más profundo de los sujetos procesales que intervienen en el juicio y de los hechos materia de acusación. objeciones. todo ello en la medida y la forma que disponga el ordenamiento respectivo. de ahí que normalmente que el juicio oral sea apellidado como público y que en honor a los efectos del proceso acusatorio y democrático deba de hallarse precisamente de juicio oral y público.
4. H.Presunción de Inocencia 1. Para estos efectos. Hasta antes de la sentencia firme. y así debe entenderse. así. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente. en la etapa de investigación el proceso tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan para poder argüir sus razones y sus pruebas. La indemnización patrimonial es afrontada por el Estado. El acusado tiene derecho a estar presente y escuchar lo que se argumenta a su favor o en su contra.2. se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo. Abe recalcar que por respecto al principio de contradicción las audiencias no se pueden celebrar en ausencia del procesado. en la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 8. y. toda persona tiene derecho a en plena igualdad . plantearse un proceso constitucional por transgresión del mencionado principio. 5. como un poderoso baluarte de la libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la necesidad de seguridad jurídica. Pablo (2004): Manual de Derecho Procesal Penal. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL El contradictorio rige en todas las etapas del proceso. refutada u observada. y puede incluso. a las siguientes garantías: h) derecho a recurrir al Juez o Tribunal Superior”. El derecho al recurso El derecho al recurso se encuentra previsto en el artículo 14.. La violación de este principio acarrea la nulidad del juicio. obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. El Estado Garantiza la indemnización por los errores judiciales 6. detenciones ordenadas o mantenidas de manera arbitraria o negligente. a que este se hace efectivo si las partes tienen los mismos medios y posibilidades de ataque y defensa. 281 6 .2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos articulo 14. ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. el cual prescribe que: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley”. El derecho al recurso implica la posibilidad de cuestionar una resolución judicial dentro de la misma estructura jerárquica que la emitió. mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. quien responderá civil. IDEMSA. La indemnización a pagar por los errores que se pueden dar será pagada para que de alguna forma se pueda buscar la equitatividad del daño causado o distorsionado por un funcionario o servidor que actuó en representación del Estado. de la Carta Magna. p. Los errores al que hace referencia el Código son por error judicial. Principio de Igualdad Procesal La sentencia del TC español habla acerca del principio de igualdad en el proceso penal complementa al principio de contradicción. 2 Sentencia del Tribunal Constitucional español 66/1989. Esto va relacionado con el derecho de defensa. 2. puesto que el elemento de prueba se introduce a la investigación sin ser cuestionada. La presunción de inocencia ha sido formulada desde su origen. administrativa o penalmente. más allá de buscar equitativamente el equilibrio distorsionado por la acción dañosa del funcionario o servidor del Estado. Por su parte. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse favor del imputado. caso contrario estaríamos ante su supuesto de indefensión.en su artículo 8 . la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11. Art. Es así que el principio de igualdad procesal garantiza que los sujetos procesales tengan los medios necesarios de ataque y defensa para hacer valer sus alegaciones y pruebas. En SANCHEZ VELARDE. la Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. II. 3. y debe ser tratada como tal. de 17 de abril. en el cual las partes tienen que tener las mismas oportunidades de caso contrario se podría declarar la nulidad del proceso. Análisis Regulado en el artículo 2 inciso 24 letra e.1. LIMA. dispone “durante el proceso.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. El contradictorio se ve limitado cuando el imputado es declarado ausente o contumaz. Corresponde entonces a los órganos jurisdiccionales la obligación de promover el debate procesal en condiciones que se respeten la contradicción igualad de la acusación y la defensa2.
TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL La presunción de la inocencia garantiza que el procesado sea tratado como inocente durante el proceso penal. Si la inocencia se presume. en el correcto entendido de que tal restricción es siempre la excepción y nunca la regla” El in dubio pro reo es aquella situación en el cual en los casos se da una correcta etapa probatoria. que si goza del reconocimiento constitucional. Esto quiere decir que una persona mientras no halle una sentencia firme que recaiga sobre él. de tal forma que su inexistencia obliga al órgano jurisdiccional a dictar una sentencia absolutoria. esta regla se pronuncia respecto del antagonismo entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva. sea para resguardar su vigencia. El TC3 también se pronuncia: “el in dubio pro reo no es derecho subjetivo. ya que garantiza que la restricción de la libertad se realice solo legítimamente. Consecuencia directa de este postulado es que las medidas restrictivas de la libertad que prevé nuestro ordenamiento jurídico (v. por tanto. garantizando la permanencia de la persona investigada. una de las cuales es. 3 Exp. sabiéndose también que no se puede juntar a una persona con detención preventiva con uno que está condenado por un delito. y debe ser tratada como tal. pero aun así. cualquier tipo de resolución judicial que suponga una anticipación de la pena. sea para restringirlo de la forma menos gravosa posible. La delimitación entre la presunción de inocencia y el llamado in dubio pro reo consiste en que la primera indica que al procesado no se le puede tener por culpable hasta que judicialmente no se haya declarado su responsabilidad. 5) In dubio pro reo Si bien es cierto que no se encuentra expresamente reconocido en el teto de la Constitución. el interés del Estado en la represión de la delincuencia y. Es un derecho fundamental que se le reconoce al imputado con la principal finalidad de limitar la actuación del Estado en el ejercicio del ius punendi en todo lo que pueda afectar a sus bienes o derechos. Así como en el NCPP lo señala en su artículo 1: “toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente. permitir a los poderes públicos cumplir con sus objetivos en la investigación de delitos. evitando así que eluda o perturbe la acción de la justicia. Huánuco. Asimismo. sino que la libertad personal es un derecho que tiene ciertas limitaciones. 3) Como regla probatoria Implica la necesaria existencia de actividad probatoria de cargo practicada con todas las garantías. resulta insuficiente. Está ligado al principio del in dubio pro reo. fin supremo de la sociedad y del Estado. como conclusión debemos entender que solo la etapa probatoria debidamente practicada con relación a los derechos fundamentales y garantías procesales que correspondan. N° 1994-2002-HC/TC. también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia. no puede ser dirigida a un carcelario o a un penal. en el caso concreto. tenga dudas sobre la culpabilidad del acusado. En estos casos no es que la presunción de inocencia desaparezca. La presunción de inocencia es una iuris tantum. precisamente. ello debe de conllevar al juez al convencimiento de la responsabilidad penal que se le atribuye. e impide que en terreno penal tengan cabida otras presunciones para demostrar la culpabilidad. Por tanto el órgano jurisdiccional debe absolverse en los casos en los que no haya alcanzado la certeza necesaria acerca de la culpabilidad del acusado sobre la base del material probatorio disponible. a contrario. El derecho de presunción de inocencia presenta diferentes vertientes: 1) Como principio informador del proceso penal Esta vertiente de la presunción de inocencia. la culpabilidad se demuestra. En otras palabras. mientras que el segundo importa la existencia de una actividad probatoria que. Como tal la presunción de inocencia impide la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y. por tanto el juzgador deberá de actuar mediante este principio y absolver al imputado. Por tanto tiene como fin encontrar el justo equilibrio entre esos dos intereses contrapuestos: por un lado. y deja duda en el juez. el interés del imputado en la salvaguardia de su libertad y su dignidad 2) Como regla de tratamiento del imputado Impone la obligación de tratar al imputado como si fuera inocente. como la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. de lo contrario de no producirse opera la presunción de inocencia. Como conclusión debemos de hacer una diferencia.gr. 7 . 4) Como regla de juicio Supone que en el caso que el órgano sentenciador. estos medios probatorios dejan duda respecto de la culpabilidad del imputado en el juez. en su acepción más amplia. tras la valoración del material probatorio obrante en el proceso. prisión preventiva) solo podrán ser decretadas cuando sean necesarias. La culpabilidad. debe declarar su inocencia. De fecha 27 de setiembre de 2002. frente a ataques indiscriminados de la acción penal. Se trata de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin es garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual. mientras no se demuestre lo contrario”. implica que actúa como directriz que marca el camino a seguir por el proceso penal. Caso: Rudecindo Adriano Huanca Céspedes. por otro. le compete al juez acreditar y explicar en la sentencia cuál es el razonamiento y las pruebas de las que se vale para imputar el injusto a su autor. es el juicio que permite imputar a una persona un hecho antijurídico363 (injusto).
. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Porque no se puede dar un nuevo proceso por hechos que ya han sido anteriormente resueltos. 3. a quien se le ha dictado una sentencia o abierto un proceso paralelo (penal o administrativo). Este hecho se trata de una identidad fáctica y no de una identidad jurídica. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional. 40 8 . Este principio solo se puede dar con una persona que tiene responsabilidad penal. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad. b) El mismo hecho. IV. sino en someterlo nuevamente al vía crucis del proceso penal y consecuentemente a la posibilidad de una nueva condena. uno de orden penal y otro de orden administrativo. Tomo I. Explicaremos un poco el artículo que desarrolla la Constitución artículo 139 inciso 13. ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. Por ello. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Es una garantía constitucional implícita que no se circunscribe únicamente a la imposibilidad de evitar un doble o paralelo procedimiento contra las mismas personas por el mismo hecho. es decir. es por ello que el ne bis in ídem prohíbe que a una persona se le procese dos veces por el mismo hecho. ya sea dos procesos de orden penal.. ya no se puede volver abrir proceso por el cual ya fue sancionado. solo se debe ejercer una y solo una vez4. sobreseimiento o cualquier otro auto que haya puesto fin al proceso penal. consideramos que el inciso 13) del artículo 139° solo consagra el primer aspecto del ne bis in ídem. una sentencia. decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. ya sea procesando o sentenciando. Sintetiza el derecho de todos a que la oprobiosa persecución penal del Estado. repita un nuevo proceso contra un ciudadano. Se debe entender que en los procesos judiciales o en el proceso judicial y administrativo el objetivo de ambos procesos es el mismo. no habiéndose previsto explícitamente el aspecto material.Interdicción de la persecución penal múltiple Nadie podrá ser procesado. Requisitos: a) La misma persona. siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. En este sentido lo que se protege a una persona contra quien ya existe un procedimiento paralelo. motivando debidamente su petición. que es la cosa juzgada. 4.Titular de la acción penal 1. Por ejemplo. es decir. sino solo a una persona. La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este Código. los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. indagando los hechos constitutivos de delito. Solo puede ser una persona física más no jurídica (pero si se puede procesar a la persona que representa a dicha persona jurídica). El estado al poner en movimiento todo su poder. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos. Asume la conducción de la investigación desde su inicio. Art. c) El mismo fundamento de persecución. Es así que no se puede extender a otra persona o a sus coautores o participes. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. o. civil o administrativa y que si ha sido señalado como responsable en una de ellas. sino también implica la imposibilidad de que una persona sea condenada dos veces por el mismo hecho antijurídico. el fundamento del proceso que busca reparar un daño causado por un daño determinado no es igual al fundamento del proceso que busca sancionar a la persona que causo ese daño. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. III. Pág. Análisis La norma en cuestión abarca el principio del ne bis in ídem." Análisis 4 Constitución Comentada Artículo por Artículo. Se debe establecer si la persona es la misma. el aspecto procesal o cosa juzgada. el cual tiene relación con el ne bis in ídem. Director Walter Gutiérrez. se trata de una cuestión fáctica en el sentido de determinar si es la misma persona física. 2. Este principio sirve para las sanciones penales y administrativas. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Art.
pero eso ha cambiado en la actualidad. Sus actividades al servicio de la ciudadanía las inició formalmente el 12 de mayo de 1981. Hamilton. ambos para efecto de su calificación jurídico-penal. • Representar a la sociedad en los procesos judiciales. fueron cediendo terreno. el fiscal asume la persecución de dicho delito denunciado como titular del ejercicio público de la acción penal. asegurando los elementos y medios que garanticen y hagan eficaz la realización del posible juicio. Diligencias preliminares Solo se llevaran a cabo en caso de duda sobre la procedencia dela apertura de investigación. solo van a intervenir en los procesos de acción pública. porque esa potestad lo tiene ahora el fiscal. fue perdiendo atribuciones. 1994: p. tiene que ir en busca de la verdad como titular de la carga. lo hará aun en el caso de que el mismo particular se desista. De esa forma la persecución del delito cayó en manos del Ministerio Publico. Se desenvuelve por escrito.50 6 SANCHEZ VELARDE. con la misión fundamental de defender la legalidad y los Derechos Humanos. o para justificar un sobreseimiento que evite definitivamente el juicio plenario. RABANAL PALACIOS. El Código Procesal Penal. éste inicia la investigación preliminar y si encuentra elementos de juicio que permitan promover la acción penal. por su parte. la investigación del delito. como órgano publico colaborador de la jurisdicción5. se desdobla de dos funciones. En la medida en que el sistema acusatorio ingresa en un contexto de mayor estabilidad. En la investigación del delito solo interviene un cuerpo de policía. Es así como nace la facultad del Ministerio Publico como principal perseguidor de la acción penal. desde su inicio. iniciado en virtud de hechos idóneos para ello y de los cuales se obtiene su base. Pero el Fiscal también recibe las denuncias de las personas que se sienten afectadas por el delito. Tiende específicamente a reunir los elementos útiles para fundamentar una acusación. 52 9 . no haya corrupción en la etapa de investigación como en la realidad suele pasar muy consecutivamente. el fiscal dirige l actividad probatoria de la investigación. La investigación del delito no es función de la policía en su conjunto. William. William. además de ello. mientras que en el juicio oral debe probar su acusación. es decir. asimismo. • Conducir. reconstrucción de hechos. A partir de ese momento la administración de justicia a cargo del Estado. pág. pero no nos olvidemos que hay delitos de acción privada en las cuales el fiscal no va a intervenir directamente. CASTRO TRIGOSO. 5 GALVEZ VILLEGAS. Así como también tiene que hacerse cargo de la dirección de la investigación. Entre lo que debe de buscar se encuentran: la pericia. pág. Pero según la crítica que realiza el autor Víctor Cubas Villanueva dice que en la etapa de la investigación el fiscal debe de contar con una policía especializada en la investigación del delito. por el simpe hecho de que si no se resolvía a favor se podría generar más violencia. El Código Procesal Penal. reconocimiento de personas. Como repasamos anteriormente en la época inquisitiva el que llevaba la dirección de la investigación era el juez y este también era quien daba la decisión final. videos. con el objeto de obtener y seleccionar las pruebas sobre el hecho incriminado. Tomás Aladino. La víctima. en la medida en que el Estado comenzó a constituir una realidad diferente. y todo aquello que sirva para poder obtener un resultado positivo. Hamilton. y. el Fiscal va a ocupar el lugar de la víctima. En efecto. la venganza personal o la simple acusación privada. para de esa forma poder desarrollar bien el proceso y llegar siempre a la verdad. y en su caso. • Ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte. 2. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL En la medida que la sociedad se fue organización jurídicamente de un modo más estable y sobre todo. Las funciones que debe de cumplir el Ministerio Público son: • Promover de oficio o a pedido de parte. con la finalidad de decidir si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal. Según CLARIA OLMEDO conceptualiza a la investigación como el momento práctico integrante de la instrucción panal. RABANAL PALACIOS. 1. Titular del ejercicio de la acción penal Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979. Tomás Aladino. recepcionará los informes policiales. en estos casos el agraviado u ofendido no tiene el ejercicio de la acción penal sino solo la facultad de provocar la promoción de la acción penal previa a la actividad judicial. Como señala SANCHÉZ VELARDE6 oficio cuando tenga notia criminis. • Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de Justicia. para bien o para mal. la acción en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el Derecho. un nuevo conflicto y resultaba imposible detener la espiral de violencia. testigos. Citado por GALVEZ VILLEGAS. Lo hace como funcionario del Estado. documentos. El Ministerio Público al convertirse en el perseguidor de la acción penal este también tiene que cumplir con la carga de la prueba. una vez que el agraviado presenta su denuncia ante el Ministerio Público por delito de pública persecución. que se denomina policía judicial. a su vez. 18. para lo cual se utilizaran los distintos medios que la comunicación y tecnología brindan. inspecciones. la ejecución de la condena. CASTRO TRIGOSO. la cual tiene muchas otras funciones y atribuciones previstas en la Constitución y en su ley orgánica.
y llegar a la verdad como encontrar justicia. si el mínimo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora. es así como con el transcurrir del tiempo este poder acusatorio que tenía el juez se le delega al Ministerio Publico. Pág.542 10 . inciso 10. y dicere. lo cual en ocasiones no favorecía al ofendido. El fiscal podrá ordenar la realización del examen corporal. derecho. tramitó y concluyó el proceso o procedimiento correspondiente.. del juzgamiento.) El principio de no ser penado sin proceso judicial". al Ministerio Publico a través de sus Fiscales. así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. como por ejemplo. De vulnerarse esta exigencia la decisión que se emita será nula en la medida de que así lo indiquen los principios que rigen la nulidad procesal. tratándose de medidas cautelares o urgentes. siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. garantizando su intervención o participación654. Análisis El vocablo jurisdiccional deriva de jurisdicción. el inicio del proceso lo tiene que iniciar el Ministerio. decir. a través de los jueces y tribunales jerárquicamente integrados. 2. que tiene como raíz etimológica la locución latina iurisdidio que. En la actualidad no se puede iniciar un proceso de oficio (juez) porque si no se estaría vulnerando el principio de imparcialidad y también el que estamos estudiando. Tomo II Director Walter Gutiérrez.. El profesor Vicente Gimeno Sendra enseña que el principio acusatorio rige en un determinado proceso penal cuando las fases de instrucción y de juicio oral se encomiendan a dos distintos órganos jurisdiccionales. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Las diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinos a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad. para que este se encargue de acusar en un proceso. especialmente. contemporáneamente la norma constitucional bajo comentario exige que ninguna persona o sujeto de Derecho sea afectado o sancionado si antes no se inició.Competencia judicial 1. 4. representando a la sociedad y de esa forma crear una limitación al monopolio estatal. Art.. deriva de ius. Antiguamente la acción popular o los tribunales populares (personas comunes) no podían iniciar un proceso. pero no puede ejercer funciones que le competen al juez. la investigación del delito. El surgimiento de este principio se da de tal forma que permite que se pueda observar el desarrollo que nuestro derecho procesal penal ha evolucionado. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. de la Constitución Política del Perú establece que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (. V. Constitución Comentada Artículo por Artículo. porque hay la posibilidad del que exista corrupción. para lo cual corre con la carga de la prueba. El artículo 139. se prohíbe al órgano decisor realizar funciones de parte acusadora. individualizar a las personas involucradas en su comisión. la que. así como asegurar los elementos materiales de su comisión. La evolución de su contenido ha hecho que hoy en día este trascienda a la sanción penal para abarcar también a otro tipo de afectaciones o de sanciones -como las emitidas por órganos administrativos o particulares. No se requerirá orden judicial también cuando se trata de flagrancia de delito o inminente peligro de su perpetración. Estas diligencias forman parte de la Investigación Preparatoria. vedándose también al órgano de la segunda instancia la posibilidad de gravar más al recurrente de lo que ya lo estaba en la primera. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley. pero en la actualidad esa facultad la tiene el Ministerio Publico. por lo tanto. vinculara la actividad decisoria del tribunal. 3. declarar. y no puede esperar la orden judicial. Ello quiere decir que tiene facultades. incluyendo a los agraviados. Así. a su vez. implica también que ninguna persona u otro sujeto de Derecho pueda ser sorprendida o afectada con los resultados de un proceso o procedimiento que no conoció o que no estuvo en aptitud de conocer7.que puedan recaer sobre las personas u otro tipo de sujetos de Derecho. Aspecto jurisdiccional del Ministerio Público Así como corresponde al Poder Judicial administrar justicia. 7 BUSTAMANTE ALARCÓN Reynaldo. Procede su ampliación si dicha diligencia resultare indispensable. Principio acusatorio En la época de la inquisición el juez era quien investigaba como también el que decidía. mediante la deducción de la pretensión penal. Este mismo autor nos señala sus notas esenciales de este principio: ✓ Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales ✓ Distribución de las funciones de acusación y decisión ✓ Correlación entre la acusación y el fallo ✓ Prohibición de la reformatio in peius. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y. pero la ley le otorga facultades de forma excepcional al fiscal. quien tendrá que investigar.
el grado el territorio y el valor9y. el archivamiento. aprobada en Colombia en el año de 1948.Legalidad de las medidas limitativas de derechos Las medidas que limitan derechos fundamentales. Art. comienzan a organizar su vida de relación. nullum crimin. no se puede arribar a un juicio oral cuando no existan elementos de prueba que vinculen al procesado con el delito. al sacerdote del culto o al anciano para que dirima los conflictos y controversias. como la estructura orgánica y jerarquizada del Poder Judicial. Ore Guardia8 describe tres funciones que cumple la fase intermedia: 1. Hamilton. Las principales funciones del órgano jurisdiccional son la etapa intermedia y la de juzgamiento. Por tanto si no hay nada cierto o si no cumple con los requisitos. en cuyo vértice se ubica la Corte Suprema de Justicia con competencia sobre todo el territorio de la República. poniendo un límite al poder ejecutivo del Estado y una garantía a la libertad de las personas. recurren al poderoso. que asiste a todos los sujeto del derecho. literal d) “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley. De decisión. 1996. El juzgador tiene poderes de dirección de debate. y los Juzgados de Paz Letrados con competencia en los distritos municipales. De control. Análisis El principio de legalidad penal en el ordenamiento jurídico peruano.. Esta estructura no comprende a los Juzgados de Paz No Letrados. la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Citado por GALVEZ VILLEGAS. las personas. de manera expresa e inequívoca. a ser juzgados por un órgano jurisdiccional creado por la ley orgánica y respetuoso con los principios constitucionales de igualdad e independencia. BINDER señala que esta fase se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ello luego de una actividad responsable. desde la más remota antigüedad. o la ampliación de la instrucción. los Juzgados de Primera Instancia. derecho que tiene su anclaje en el derecho al juez legal penal. en el modo. subsana los posibles errores u omisiones en que se hubiese incurrido en la primera etapa de la instrucción o investigación. El estado otorga a los Jueces y Tribunales la potestad de administrar justicia y su finalidad es la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico mediante la aplicación de la ley en los casos concretos para obtener la paz social. forma y con las garantías previstas por la Ley. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL La necesidad de administrarse justicia se origina cuando los seres humanos. y que reside en el derecho fundamental. Cualquier acusado tiene derecho a ser exclusivamente condenado o juzgado por juez competente. Desde su positivación en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los grupos sociales que buscaban una convivencia pacífica a su interior. que tienen la competencia que les atribuye la ley pero que no forman parte del Poder Judicial. etc. por lo que la administración de justicia es anterior a la formación del Estado. así como respetar el principio de proporcionalidad. 56 11 . salvo las excepciones previstas en la Constitución. en las capitales de las provincias. Se impondrán mediante resolución motivada. tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De saneamiento. La competencia objetiva y subjetiva del juez: objetivamente competente para conocer de un litigio (en razón de la materia. sólo podrán dictarse por la autoridad judicial. sine praevia lege (nulo la pena. El principio de legalidad controla el poder punitivo del Estado. La unidad y exclusividad de la jurisdicción se entiende. no se le puede restringir nada. Asiendo elogio al aforismo nullun poena. que excluya toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes les detentan. El Código Procesal Penal. entonces. Pero este juez legal no solo debe ser instaurado mediante ley orgánica. como infracción punible. por hallarse comprendido respecto de alguno de los litigantes o de sus representantes tal que genera un interés propio en el juez para que la sentencia se emita en un cierto y único sentido. p. sin embargo no serlo subjetivamente. las Cortes Superiores de Justicia en el ámbito territorial de los respectivos Distritos Judiciales. decide la continuación del proceso. 319. El principio en estudio esta concordado en la Constitución en su artículo 2 inciso 24. a instancia de la parte procesal legitimada. 8 ORE GUARDIA. en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación. ni sancionado con pena no prevista en la ley”. el principio de legalidad ha sido consagrado en varios documentos de carácter internacional. El juzgamiento es dirigido por el juez penal o la Penal Superior. Esta fase está dirigida por el juez de la Investigación Preparatoria. William. se ejerce control jurisdiccional sobre el poder requiriente. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción. Tomás Aladino. Vl. RABANAL PALACIOS. pues comienza a funcionar de manera privada muchos siglos antes de concebirse y organizarse la función jurisdiccional como inherente al Estado. CASTRO TRIGOSO. sino que ha de quedar encuadrado dentro de la jurisdicción ordinaria. con ayuda de los derechos que se contemplan al imputado. 3. disciplinario y discrecional. nulo el crimen sine ley previa). 2. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. pág. cualquiera que sea su competencia por razón de la materia. Es decir. celebrada en Francia el 26 de agosto de 1789.
detectar esos errores que se mantendrían ocultos si no se explicitaran por escrito. Modo y forma Cuando la norma nos hace referencia a la forma se refiere a la forma prescrita por la ley. 2. o desde óptica del Derecho Administrativo como cualquier otra. o son merituados por el juez en los casos en que la resolución se expida sin mayor trámite por mandato expreso de la norma. que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). en cuanto debiendo aquél dar cuenta por escrito de las razones por las que ha llegado a su fallo. que deben observarse las formalidades preestablecidas. se restringen seriamente aspectos como la libertad de locomoción. Pág. 3. las exigencias (o presupuestos) que implican su existencia son los mismos. al momento de "redactar" su resolución podría bien darse cuenta de aquellos errores que podría haber cometido en su "operación intelectiva" previa y "autoenmendarse". dependiendo del ángulo en que se mire. el cual no cabe duda que la medida de prisión preventiva limita o restringe de manera profunda e invasiva el derecho a la libertad personal. Elementos de convicción Todo requerimiento de limitación derechos. y b) Se deben dictar en la medida y tiempo necesario para evitar: ▪ Riesgo de fuga ▪ Ocultamiento de bienes ▪ Impedir la obstaculización de la investigación. El modo termina siendo una aplicación tautológica de lo mismo. principalmente lo que se busca es que el imputado se encuentre presente para de esa forma realizar los actos procesales más rápidos y llevar un debido proceso. como tal. Si bien no es una restricción absoluta. parcialmente la libertad de expresión o la libertad para ejercer derechos ciudadanos. Uno de los derechos que más se protege es el de la libertad. encaminada en todo caso a ratificar por medio de la expresión. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL El Tribunal Constitucional ha definido en diversas ocasiones. La clara motivación además permite establecer si se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad. a los efectos de poder utilizar las impugnaciones enderezadas a reparar tales errores. De todos estos aspectos el más intenso es el de la restricción a la libertad de locomoción9. 399 12 . solicitado por las partes procesal legitimada. 3) Desde el punto de vista de la colectividad: una función extra procesal o democrática de garantía de publicidad (y como tal de exclusión o de detección de la arbitrariedad) en el ejercicio del poder por parte del juez. pasa por determinar y controlar si el requerimiento debe hacerse por escrito o de manera oral. Estos elementos de convicción se debaten en la audiencia correspondiente en el caso de aquellos que existen la realización de una. como se ha señalado de manera reiterada. Miguel Ángel. Vásquez Rodríguez. ha establecido claramente que “el principio de legalidad impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta)”. así como el juez y el traite correspondiente. debe ofrecer los elementos de convicción que resulten suficiente para asegurar la verosimilitud del hecho que sustenta la medida. hasta tres funciones: 1) Desde el punto de vista del juez: una función preventiva de los errores. por cuanto el Ministerio Publico al solicitar la prisión preventiva es algo muy delicado. ya sea desde la perspectiva penal propiamente dicha. La incitación a darse mediante una resolución judicial es que estos sean producto de un resultado de un análisis objetivo del caso concreto. La motivación La exigencia de motivación es insoslayable en el caso de restricciones o limitaciones de derechos. 2) Desde el punto de vista de las partes: una función endoprocesal o de garantía de defensa en cuanto les permite conocer la ratio decidendi de la resolución y. sirve para alegar cualquier sombra de arbitrariedad sobre la decisión tomada. entre otras más para poder tener un mejor desempeño y llevar el proceso adecuadamente. Así. y ▪ Evitar el peligro de reiteración delictiva Elementos: 1. 9 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ. hasta los plazos y órganos competentes. Miguel nos dice acerca de las medidas limitativas de derechos protegidos constitucionalmente se encuentra el de la libertad. entonces el juez al otorgarla tiene que cumplir con los requisitos. Otras medidas limitativas El profesor Salinas Siccha señala que deben concurrir los siguientes presupuestos para disponer la aplicación de una medida restrictiva o limitativa: a) Que sea indispensable. Respecto a ello se dice también que la norma debe de manifestarse expresamente en los momentos en que deberían de presentarse y cuando culminan los tramites. La motivación escrita (que es lo que exige la Constitución) de las resoluciones judiciales puede cumplir.
En nuestro caso es la jurisdicción de Huaura. en estos casos se aplicara la nueva ley incluso a los casos ya concluidos. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos.Vigencia e interpretación de la Ley procesal penal 1. expedida con posterioridad a la actuación procesal y más favorable al imputado. se aplicara retroactivamente. al imputársele la comisión de algún delito. incluso para los actos ya concluidos. será interpretada restrictivamente. establecida conforme a la ley derogada. los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. se aplicara ultractivamente la ley derogada. ✓ Los procesos que estén en trámite en el momento de entrar a regir las normas nuevas. Tomás Aladino. se aplicaran a los procesos en trámite. si ello fuera posible. Solo continuaran rigiéndose por la ley anterior. formalismo. deben aplicarse desde el momento mismo en que entran a regir. El Derecho Procesal Penal. 2. Vll. si fuera posible. están regulados por ella. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Art. los medios impugnatorios ya interpuestos. le corresponderá al Juzgado competente de acuerdo a su jurisdicción hacerse cargo del delito. en consecuencia. Cuando el articulo hace mención al espacio territorial se refiere a que cualquier hecho que se suscite en nuestro país (cualquier departamento) y se encuentre tipificado como delito. tanto para la sociedad que reclama una sanción cuando alguien comete una infracción. Tienen vigencia inmediata. expedida con posterioridad a la actuación procesal. La Ley procesal penal es de aplicación inmediata. Principio de Favorabilidad Como se sabe. ritualidades. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas. Pág. El individuo al ser sometido al poder coercitivo del Estado. debe ser juzgado conforme a las formalidades que la propia ley establece. Sin embargo. la Ley procesal referida a derechos individuales. cuando por ejemplo. conjetura una garantía para la coexistencia en la humanidad.P. 67 13 . se tiene que preocupar por el bienestar de la sociedad. Al referirse la norma de la ley en el tiempo nos habla desde cuando entra en vigencia una determinada norma o ley. siempre que se produzcan cambios en la legislación. Existe efecto retroactivo de una nueva ley referida a derechos individuales. cuando la nueva ley sea más severa para conceder la excarcelación. se tiene que ir a un proceso penal y resolver el litigio. Sin embargo.. además de este tener la facultad de impartir justicia mediante sus juzgados. la nueva ley establece mecanismos de excarcelación más favorables al procesado o condenados.. según este artículo del Código. así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales. los medios impugnatorios ya interpuestos. es por ello cuando se transgrede un derecho del ámbito penal. por cuanto la ley le asigna esa calidad. los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado a correr. ✓ Los procesos que terminan dentro de la vigencia de la ley anterior deben respetar las normas que existían. respecto a la situación jurídica planteada. Análisis El Estado como organismo público. etc. continuarán rigiéndose por la Ley anterior. si se trata de normas que fijan jurisdicción. la ley más favorable comprende tanto las normas de Derecho Penal como las normas de D. incluso para los actos ya concluidos. los jueces deberán aplicar la norma que sea más favorable al procesado. 4. En este caso la ley constituye una defensa. competencia. 10 GALVEZ VILLEGAS. sustanciación en el proceso. Aplicación Retroactiva: Asimismo. La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado. Por consiguiente. y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Aplicación temporal de la ley procesal Según Gálvez Villegas10 nos plasma tres situaciones distintas que exigen soluciones diferentes: ✓ Los procesos que se inicien después de entrar en vigencia una norma procesal. incluso al proceso en trámite. conforme a este artículo. siempre y cuando dichas normas hubiesen tenido por lo menos cierto tempo en vigencia. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo. esto es. se aplicará retroactivamente. no podrá modificarse la condición de excarcelación más favorable del procesado o condenado.P. nosotros al saber que una norma generalmente entra en vigencia al día siguiente de su publicación pero en ciertos casos se establece expresamente cuando entra en vigor. 3.
2053-2003-HC/TC. Concepción restringida: Para esta concepción la prueba ilícita es aquella que viola únicamente derechos fundamentales en la obtención o incorporación de medios probatorios. Por ejemplo. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. sino solo al precio legítimo de lo que es viable y hacedero. así que todo medio de prueba que se obtenga o se incorpore al proceso violando la dignidad humana. ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. por lo que dicha manifestación no constituye prueba • Las pruebas incorporadas prohibidas por la ley. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas. señala que la presencia del Fiscal Provincial no garantiza los momentos anteriores a la manifestación policial del inculpado. La verdad real. inciso 24. En caso de reconocimiento de personas se deberá describir previamente. material o histórica que se trata de descubrir en el proceso penal.Legitimidad de la prueba 1. Efectos de la prueba ilícita 14 . Art. y corresponde dejar sin efecto la resolución dictada en contra del imputado. es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho. en que se ha podido ejercitar actos coaccionantes. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Siguiendo con ello sabemos que es un deber del juez aplicar la norma. pero en este caso tenemos que tener presente que la petición de la norma es a pedido de parte. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. directa o indirectamente. por el solo hecho de encontrarse en la Carta Magna este posible medio de prueba. Lima del 15 de setiembre del 2003. literal h) Nadie debe ser víctima de violencia moral. Hay dos concepciones que se desarrollan en la prueba ilícita: Concepción amplia: Algunos dicen que son las pruebas que atentan contra la dignidad humana de las personas. inadmisible. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. psíquica o física. Según el Expediente N° 100-89. Devis Echandia nos dice que la prueba ilícita es aquella que esta expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atenta contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Análisis La prueba. en Derecho. y consecuentemente.. así el imputado deberá ser presentado junto a otras personas que tengan similares características físicas. En la Constitución se encuentra situado en el artículo 2. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Vlll. es ilícita. Ejemplo: cuando la prueba recogida infringiendo la garantía de la inviolabilidad del domicilio carece de valor probatorio. afecta los derechos fundamentales de la persona. 2. sino no se estaría comprometiendo el desenvolvimiento en sus funciones del juez. más aun si no se contó con la presencia de un defensor. ya que de forma lógica. Sin embargo para el autor nos dice que no solamente son derechos fundamentales los que la Constitución establece sino también los que se encuentran en los Tratados Internacionales. si se tratara de declaración de un testigo. su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. esbozo una definición de lo que es prueba ilícita: Fundamento 3: la prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal. 3. no pude conseguir a cualquier precio. por lo tanto se considera prueba ilícita.Son aquellas que se incorporan al proceso sin las formalidades previstas por la ley ordinaria. de acuerdo con os altos principios que gobiernan al Estado de Derecho. • Se considera prueba prohibida cuando se utiliza métodos ilegítimos para la obtención de la verdad. • Pruebas irregulares.. Lima. este deberá prestar juramento. El Tribunal Constitucional en el Exp. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Quiere decir que las pruebas que devengan de alguna de estas acciones que se pudieran suscitar van a tener consecuencia como prueba prohibida por ley. de modo que la misma (prueba) deviene procesalmente inefectiva e inutilizable… Clases de pruebas ilícitas: • Se considera prueba prohibida cuando el medio de prueba se obtiene violando derechos fundamentales.
José David explica que el defensor interviene cuando el imputado lo ha designado o cuando la autoridad competente se lo asigna (defensor de oficio). mediante la presentación de alegaciones. desde la investigación preliminar. y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o. “El derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa”. En suma. en salvaguardar de los derechos del imputado y se ejerce en forma plena e irrestricta. el derecho de defensa por la importancia y por el contenido de que abarca. en las condiciones previstas por la Ley. Burgos Alfaro. El proceso penal garantiza. José Luis Castillo Alva11 enseña que el derecho de defensa constituye la esfera intangible que tiene todo ciudadano a defenderse de los cargos que se le imputan por lo que merece el respeto de todos los poderes públicos. Lima. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa. de poder ofrecer los elementos probatorios que considere necesarios. únicamente sancionar al funcionario o servidor público que participo en su obtención o incorporación irregular. Los órganos encargado de administrar justicia deben facilitar los medios que permitan ejercer dicho derecho. el análisis sobre la oportunidad y conveniencia de ofrecer y pedir que se actúen pruebas de descargo. Art.. Citado por ROSAS YATACO. 3. Jorge. 93. y una garantía que le asiste a todo imputada de ser asistido por un abogado defensor. Ha de intervenir como garante del debido proceso o en cualquier acto procesal a favor de proteger los intereses de su patrocinado. a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra. Análisis De esa forma. pruebas y contradiciendo los cargos que se le imputan. pruebas y contradiciendo los cargos que se imputen. también. a ser informado de la imputación en todos los estados del proceso. invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos que permitan al Tribunal declarar su absolución. o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. en especial el Poder Judicial. de carácter público. 2006. El derecho de defensa constituye la esfera intangible que tiene todo ciudadano a defenderse de los cargos que se le imputan. en su caso.212. junio. 191 15 . según corresponda. a intervenir. Asiste cuando conjuntamente con el imputado en un debate oral implementa la defensa técnica para contrarrestar los fundamentos del Ministerio Publico o del actor civil. sino antes de ello. en la actividad probatoria. puesto que la verdad no se puede encontrar a cualquier precio y menos violándose derechos esenciales 2) La segunda posición sostiene que la prueba ilícitamente obtenida debe tener valor probatorio en el proceso penal. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Existen dos posiciones: 1) Las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales o procedimientos constitucionales carecen de validez y eficacia probatoria. en la forma y oportunidad que la ley señala. IX. 11 CASTILLO ALVA. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo. el ejercicio del derecho de defensa no empieza con la apertura de un proceso penal. p. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos. mereciendo el respeto de todos los Poderes Públicos. la interposición de algún recurso impugnatorio. el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito.Derecho de Defensa 1. debiéndose. a contradecir prueba. contra su cónyuge.. José Luis. a utilizar los medios de prueba pertinentes. La defensa adquiere un rol sumamente importante en el nuevo proceso penal. como la audiencia preliminar de la etapa intermedia. para lo cual es esencial conocer el contenido de la denuncia y de las disposiciones que respecto a ella emita el fiscal. T. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento. un derecho subjetivo individual. pág. 2. Representa en algunos actos procesales en los que no es necesaria la presencia del imputado. una mejor preparación y ordenación de la información contenida en él. en Dialogo con la Jurisprudencia. desde que es citada o detenida por la autoridad. implica también contar con los medios razonables que permitan un mejor estudio del expediente. El derecho de defensa tiene las siguientes manifestaciones: ❖ El derecho a no incriminarse a sí mismo. y. en especial del Poder Judicial. de intervenir en el proceso penal en todo momento para decidir acerca de una posible reacción penal. a la designación de abogado defensor. cuyo ejercicio no se limita a contar con una defensa técnica. a ejercer su autodefensa material. se constituye en: un principio que informa todo el ordenamiento procesal. o la solicitud de trámites conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. por un abogado de oficio. en plena igualdad. operando el principio nulla probatio sine defensione (no hay prueba sin defensa). ese derecho se ejerce presentando alegaciones. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición.
el cual debe comprender la calificación jurídica y la relación histórica. cláusula de no incriminación. inciso 15 de la Constitución y artículos 71 y 87 del CPP). TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Se refiere al poder de decisión que tiene el imputado sobre su propia declaración. “Así mismo como el imputado puede negarse a declarar cuantas veces quiera porque es el quien domina la oportunidad y el contenido de la información que desea introducir”. Esta información debe hacerse antes de comenzar la declaración. b) la defensa técnica que está 16 . Otra garantía mínima que tiene el imputado es la posibilidad de recurrir al fallo condenatorio ante un tribunal superior. solo el determinara lo que quiere o lo que le interesa declara.. Esta garantía ha sido recepcionada por el apartado 3 del artículo 114 del CPP. realizarse antes de cualquier acto procesal. de acuerdo a la naturaleza del delito. los elementos de convicción y de prueba existentes.1. pueden sistematizarse de la siguiente forma: 1. ❖ El derecho a recurrir. Se refiere al conocimiento efectivo que debe tener el imputado del hecho que se le atribuye. solo el determinara lo que le interesa declarar o de su mentira. Los tratados internacionales de Derechos Humanos confirman y amplían el derecho de defensa. Inmunidad de a declaración.. policial o judicial: consiste en la actividad que el imputado puede desenvolver personalmente haciéndose oír. Asimismo tiene derecho a impugnar las resoluciones emitidas en el desarrollo del proceso. eliminándose de esa forma el carácter de reserva de la investigación preparatoria (en relación a las partes). ❖ El derecho a ser notificado de todo acto en el que se discuta un derecho y de todo acto procesal dentro de un proceso penal. ❖ El derecho a contar con un tiempo razonable para la preparación y organización de la defensa. no se pueden extraer argumentos a contrario sensu. 4. al suministrar los contenidos básicos que debe presentar. Asistencia de un traductor o interprete. según corresponda.Implica la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o no durante el proceso penal.constituye una actividad esencial del PP y admite dos modalidades: a) la defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad fiscal. debe ser previa o sin demora. declarando en descargo o en aclaración de los hechos que se le atribuyen. con el único fin de que este pueda con ayuda de su abogado defensor plantear una mejor defensa. Así se posibilita el ejercicio real del derecho de defensa. y modo. ❖ El derecho a probar. que según Carlos Enrique Edwards. ❖ El derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa. Se contempla el tiempo que se debe de proporcionar al inculpado para que plantee su defensa. Se pueden actuar cualquier prueba que crea conveniente para de esa forma demostrar su inocencia. a las personas que ignoren el castellano. ❖ El derecho a obtener una resolución fundada en derecho. proponiendo y analizado pruebas y participando en los actos probatorios y conclusivos. realizarse antes de cualquier acto procesal. lugar y modo..2 del CPP al establecer el “derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable”. a quienes se les permitirá hacer uso de su propi idioma (…)”. 3. Derecho de defensa (propiamente dicho). 2. está consagrada por los tratados internacionales y los artículos IX del Título Preliminar 71.) y 87. los elementos de convicción y de prueba existentes. Se refiere al conocimiento efectivo que debe tener el imputado del hecho que se le atribuye. de su negativa a declarar o su mentira. Implica la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o no durante el proceso penal.Esta garantía posibilita en conocimiento y la comprensión del hecho que se incrimina cuando el imputado habla u idioma diferente al Tribunal. es decir. El código señala que toda persona tiene el derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos. Información del hecho (artículo 139. es decir. no se pueden extraer argumentos a contrario sensu. “Deberá proveérseles traductor o interprete. con indicación de las circunstancias de tiempo. ❖ El derecho a alegar. luego del silencio del imputado. Así se posibilita el ejercicio real del derecho de defensa. Esta información debe hacerse antes de comenzar la declaración. con indicación de las circunstancias de tiempo. debe ser previa o sin demora. el cual debe comprender la calificación jurídica y la relación histórica. La autoridad competente debe de comunicar al imputado la imputación que recae sobre él. lugar. según la cual el imputado tiene el poder de decisión sobre su propia declaración. o bien absteniéndose de realizar cualquiera de estas actividades. Además el código regula expresamente que el imputado y su abogado podrán solicitar toda la información recabada en la investigación desde el momento en que inician las diligencias o se enteran de la imputación.
El articulo 8 apartado 2 de la CADH establece: “(…) Durante el proceso toda persona tiene derecho.... así lo establece expresamente el artículo 14. 8. pero con ello no 17 . los cuales están inspirados en la dignidad del ser humano. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. reconoce el derecho del imputado a solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba. Y ello es así. sobre las normas que posteriormente entren en vigencia por modificación o derogación de alguna de ellas. Art. Por otro lado. así como dice rubio Correa en líneas más arriba se van utilizar para los demás Códigos y van a servir para cualquier tipo de proceso en el que intervenga la persona. 7. se evita alteraciones que quiten coherencia y equidad al conjunto de normas legislativas. a las siguientes garantías mínimas: c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”. Comunicación entre imputado y defensor..en caso de vacíos legales se suplen con los principios estos. comprendidas ellas en el núcleo más esencial de las relaciones Estado-individuo. Los Tratados Internacionales antes citados consagran el derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigo o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Producción de pruebas. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL confiada a un abogado que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales no personales. por tener la calidad de ser principios sustanciales.es otra garantía mínima del derecho de defensa.este es el más importante. Los principios cumplen tres funciones: a) Interpretativa.Prevalencia de las normas de este Título Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. El artículo 391 del CPP establece que: “Concluidos los alegatos orales.. o no surge claramente el criterio político criminal. porque aquí se consagran principios básicos de un proceso penal democrático. pues el Derecho positivo determina que en un específico ámbito de actuación regulativa deben seguirse ciertas pautas. porque de acuerdo de acuerdo a la función que cumple pues permite entender y desarrollar los artículos del Código. o la finalidad de la norma.Los tratados de derechos humanos y el CPP garantizan la posibilidad que tiene el imputado de contar con un tiempo razonable para preparar la defensa. Los pactos internacionales y el CPP también regulan la defensa oficial. Preparación de la defensa.La CADH apartado 2. como el “derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado. X. cuando no designare defensor. aun cuando no se ha establecido expresamente. el PIDCP en su artículo 14 numeral 3 establece que durante el proceso. tiene derecho a impugnar las resoluciones emitidas en el desarrollo del proceso. Los pactos internacionales lo consagran y nuestro Código en su artículo 265 establece que: “La incomunicación no impide las conferencias en privado ente el abogado defensor y el detenido las que no requieren autorización previa ni podrán ser prohibidas”.Esta comunicación previa a la realización de cualquier acto procesal tiene por finalidad que el defensor jurídicamente. lo que quiere decir que si al momento de aplicar las normas procesales (las previstas en el Código y las contenidas en leyes especiales vigentes o las que entren en vigencia) existiera más de una interpretación. estas deberán interpretarse y aplicarse de acuerdo con lo previsto en las normas del presente Título Preliminar. d) del artículo 14 del CADH consagra la posibilidad de autodefensa del imputado al establecer que tiene derecho de defenderse personalmente. se concederá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente en su defensa”.. se señala que estas normas serán utilizadas como fundamento de interpretación. Recursos. Rubio Correa nos dice que la preeminencia del Título Preliminar de un Código.. en plena igualdad.otra garantía mínima que tiene el imputado es la posibilidad de recurrir al fallo condenatorio ante un tribunal superior.refiere que cuando el legislador va a crear una norma debe de conocer los principios para que se inspire. artículo 87 apartado 3. Análisis Las normas previstas en el Título Preliminar no solo prevalecen sobre las demás normas contenidas en el Código Procesal Penal.. ya que de ese modo. Los principios comportan reglas de aplicación generalizadas. en plena igualdad. y se extiende aun a los periodos de incomunicación. 9. también funciona para el Código Civil.d) del artículo 8 y el apartado 3. Los principios pasan de unificar proposiciones o creencias a unificar reglas jurídicas de tal forma que el conjunto de aquellos (los principios) pretenden ser la mejor explicación que dota de sentido al conjunto de reglas positivas. 5. no es privativa del Código. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. e incluso. sino también sobre las normas procesales especiales. y esto es. Asimismo. 6.5 del PIDCP.. a las siguientes garantías mínimas: “b) A disponer de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. puesto que. El CPP. c) Creadora. Autodefensa. b) Integradora. Al saber ello los principios que se encuentran en el Título Preliminar se consideran principios fundamentales o esenciales.
tal como se desprende del numeral VI del Título Preliminar. en modo forma y con las garantías previstas en la ley. Así por ejemplo: las medidas limitativas de derechos. TITULO PRELIMINAR DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL queremos decir que los principios que este título contempla van a ser utilizados por todos los demás procesos. sino que hay algunos principios que son propios del proceso que se están dando. 18 . solo podrán ser impuestas a través del dictamen de una resolución típicamente jurisdiccional.
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