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La edición de esta obra estuvo al cuidado de la Dirección Ge-
neral de la Coordinación de Compilación y Sistematización
de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Secretario Ejecutivo Juridico Administrativo
Director de Analisis e Investigación Histórico Documental
Contenido 2 . Contenido Presentación La justicia constitucional Antecedentes históricos de la controversia constitucional El artículo 105 constitucional Concepto Sujetos legitimados Supuestos de procedencia e improcedencia Promoción de la controversia constitucional 1.Requisitos de la demanda La instrucción Las sentencias 1. Plazos para presentar la demanda 2. Efectos Los recursos .
sias constitucionales relevantes (Novena Epoca) Controversia constitucional 5/99 Controversia constitucional 34/99 Controversia constitucional 8/2001 Controversia constitucional 3/2001 Controversia constitucional 2912000 Controversia constitucional 36/2002 Controversia constitucional 19/2001 Controversia constitucional 3312000 Controversia constitucional 1012001 Controversia constitucional 3612003 Bibliografía Normativa Acuerdos .Las controversias constitucionales y la jurisprudencia Reglas internas para el trámite de las controversias constitucionales Apéndice Controver.
Presentación Todo Estado federal entraña la distribución del poder público entre tres órganos específicos. La controversia constitucional es el juicio que se promueve para dirimir las diferencias señaladas en el pClrrafo precedente. así como un conjunto de entidades federativas que go- zan de autonomía en su fuero interno. cuando existe un conflicto entre bstos. se genera una controversia que corresponde resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de entonces. los supuestos para su procedencia y . Tanto la Fe- deración como los Estados disponen de un cúmu- lo de competencias que deben ejercer de confor- midad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha figurado en casi toda la historia constitucional de nuestro país y adquirió un cariz nuevo a causa de las reformas sufridas por la Ley Fundamental en diciembre de 1994. por tanto.
la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta la segunda edición de la obra ¿Qué son las controversias constitucionales? El texto ha sido depurado.los sujetos legitimados para promoverla se han incrementado. particularmente con criterios jurisprudencia- les emitidos por el Máximo Tribunal del país. Ministro Mariano Azuela Guitrón Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal . Lo anterior ha permitido dar una idea de la evolución que la controversia constitucional ha tenido gracias a la labor interpretativa de la única instancia que puede conocer de ella en el ámbito federal. Con el ánimo de que se comprendan cabal- mente las generalidades de este juicio constitu- cional. corregido y aumen- tado.
A partir de entonces. la justicia constitucional nació jun- to con el juicio de amparo. la contro- versia constitucional. En México. la acción de inconstitucionalidad y el procedimiento . el sis- tema mexicano de control constitucional ha evolu- cionado sobremanera. tras el juicio de amparo se crearon la facultad de investigación de la Supre- ma Corte de Justicia. La justicia constitucional Por justicia constitucional debe entenderse el conjunto de medios procesales y procedimentales que tienden a garantizar la limpieza en la obser- vancia de la Norma Fundamental de un determi- nado país. los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Así. el juicio político. proceso encaminado a la defensa de las garantías individuales que otorgan los primeros veintinueve artículos de la Constitución Federal.
aun cuando la resolución dictada en esta última no tiene efectos vinculantes. que también ejerce la facultad de inves- tigación. La justicia constitucional es insoslayable en un país que pretenda vivir en medio de instituciones vigorosas y democracia plena. La estabilidad de los poderes del Estado debe ser cuidada por el nivel de gobierno encargado de proteger la Consti- tución. De las figuras mencionadas. el Poder Judicial de la Federación. es decir.ante los organismos protectores de los derechos humanos. pueden proteger a toda la población. es decir. las contro- versías constitucionales y las acciones de inconsti- tucionalidad originan sentencias que pueden tener efectos generales. A diferencia del amparo. . cuya protección se limita sólo a la persona que lo solicita. las acciones de in- constitucionalidad y las controversias constitu- cionales son conocidas en exclusiva por el Máximo Tribunal.
Suprema Corte de Justicia de la Nacibn. primer párrafo. y de las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro. bajo concesiones de diversos Estados. sobre pretensiones de tierras. Antecedentes históricos de la controversia constitucional El artículo 137. M6xico. Sus leyes y sus hombres. sin perjuicio de que las partes usen de su derecho. o entre par- ticulares. fracción 1. fraccibr? IV. p.' El artículo 73. del Voto Particular da w I Minorla de la Comisión de Constitución. de 26 de agosto de? 1842. atribuía a la Corte Suprema de Justicia la facultad de "conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro Estado de la fe- deración. 1985. siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia. . Suprema Corte de Justicia. de la Constitución Fe- deral de 1824. 50. reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó". confería SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE L4 N A C I ~ NLa.
p. quedando anulada la ley.. someterá la ley al exámen de las Legislaturas. 110. en el que deba recaer formal sentenciau. 22. si así lo resolviere la mayoría de las Legislaturas. . el Congreso general y las Legislaturas á su vez. darán su voto. siempre que la reduzcan á un punto conten- cioso.. Art. Idem. fuere reclamada como anti- constitucional. pero esta declaración solo podrá ser iniciada en la Cámara de senadores. de acuerdo con su Ministerio.a la Suprema Corte la atribución de conocer de "las diferencias de los Estados entre sí y de las que se susciten entre un Estado y uno ó más vecinos de otro. ó por diez diputados. p. la Suprema Corte.-Toda ley de los Estados que ataque la Cons- titución 6 las leyes generales.* Más antecedentes se encuentran en los artículos 22. 24. que respectivamente indicaban? Art. será declarada nula por el Congreso. se con- traerán 6 decidir únicamente si la ley de cuya inva- lidez se trate es 6 n o anticonstitucional. y pre- cisamente en un mismo día. ó seis senadores. Idern. 143. Art. ante la que se hará el reclamo.Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general. ó por el Presidente. ó tres Legislaturas. Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte. y esta publicará el resultado. y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución 6 ley general á que se oponga. las que dentro de tres meses.En el caso de los dos artículos anteriores. 23. 23 y 24 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.
161. El texto original del artículo 105 de la Cons- titución Federal de 1917 fue: ' Idem. el artículo 98 de la Constitución de 1857 otorgó a la Suprema Corte de Justicia. el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro. y las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro. o en- tre particulares sobre pretensiones de tierras. en que deba recaer formal sentencia. reclamando la concesión a la autoridad que la ~ t o r g ó " . que facultó al Máximo Tribunal para "conocer de las diferencias que pueda haber de uno a otro Estado de la nación. bajo concesiones de diversos Estados. ~ De manera más sintética y aproximada al alcance que hoy tienen las controversias consti- tucionales. siempre que se las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso. "des- de la primera instancia. p. y de aquellas en que la Unión fuere parte". de 1 5 de marzo de 1856. sin perjuicio de que las partes usen de su derecho. . La facultad expresa de la Corte de conocer de conflictos interestatales se previó nuevamente en el artículo 98 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.
no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convoca- toria que él expidiere. El funcionario así nombrado. de conformidad con las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional. y de los conflictos entre la Federación y uno o más Esta- dos. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso. conforme a las mismas reglas. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos Idem. . y en los recesos. Independientemente de que no ha- bía una ley que lo reglamentara. 169. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declarar. p. que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional. y VI. quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitu- cionales del mismo Estado. por la Comisión Permanente. con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes. los conflictos a que hace referencia solían ser resueltos por el Se- nado. así como de aquellos en que la Federación fuese partes5 El artículo transcrito apenas tuvo importancia en la práctica. que le permiten: V. conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados. El nombramiento de go- bernador se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República. cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado. entre los poderes de un mis- mo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos.
El 25 de octubre de 1967. el artículo 105 consti- tucional sufrió una leve reforma y quedó en los siguientes términos: Articulo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados. En este caso el Senado dictará su resolución. o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional. así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. mediando un conflicto de armas. . sujetándose a la ConstituciónGeneral de la República ya la del Estado. entre los Poderes de un mismo Estado sobre la constitucio- nalidad de sus actos y de los conflictos entre la Fede- ración y uno o más Estados. ocurra con ese fin al Senado. (.) La falta de reglamentación de las controversias constitucionales motivó que el Máximo Tribunal aplicara el Código Federal de Procedimientos Civiles.. que facul- taban a la Suprema Corte de Justicia para conocer de conflictos suscitados por la aplicación de dichas leyes. así como de aquellas en que la Federación sea parte en los casos que establezca Ea ley. . la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 y la Ley de Planeación de 1983.
con el ánimo de modernizar al Poder Judicial de la Federación y convertir a la Suprema Corte de Justicia en un Tribunal Constitucional. para quedar así: Articulo 105. el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución.. Más de un año después -el 5 de diciembre de 1994-. Básicamente. en su caso. la iniciativa propugnaba llevar el principio de la supremacía constitucional "a sus últimas consecuencias". entre uno o más Estados y el Distrito Federal. mejorar el abanico de competencias del Máximo Tribunal del país.la reforma del artículo 105 constitucional a fin dc ampliar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn para conocer de las controversias que se susc~tenentre la Federación. para lo que era necesario incrementar y.. Por tanto. se planteó: . La redacción varió nuevamente el 25 de octubre de 1993. entre los poderes de un mismo Estado y entre órganos de gobierno del Distrito Federal. así como de aquéllas en que la Fe- deración sea parte en los casos que establezca la Ley. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados. los estados y los muni- . sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o m6s Estados.
~ Exposicion de motivos de la iniciativa de reforma a diversos articulas de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. de las controversias constitucio- nales y las acciones de inconstitucionalidad. de 5 da diciembre de 1994 Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Debe decirse que ahora sí se expidió una ley reglamentaria del citado artí~ulo. al ampliarse la legitimación para promover las contro- versias constitucionales. locales y municipales. cipios. entre los Poderes de las entidades federativas. que fue declarada competente para conocer. en única instancia.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se reconoce la complejidad que en nuestros días tiene la integración de los distintos órganos federales. fracciones I y I I -res- pectivamente. entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. ambas previstas en el artículo 105." La iniciativa de reformas dio lugar a una serie de cambios trascendentales en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. publicada en el Drano Ofrcral de la FederacrOn el 11 de mayo de 1995 . o entre los órganos de gobierno del Distrito Federal. particularmente de la Suprema Corte de Justicia.
los Estados. El artículo 105 constitucional En virtud de la serie de reformas publicadas el 31 de diciembre de 1994. las acciones de inconstitucionalidad y los juicios en que la Fe- deración es parte. este proceso busca salvaguardar la soberanía tanto de la Federación como de los Es- . La actual redacción del artículo citado concede a la Suprema Corte de Justicia la facultad de co- nocer. se incrementaron los supuestos de su procedencia y el número de entes legitimados para promoverlas. a fin de que se invaliden normas generales o actos concretos que atenten contra la esfera de compe- tencia de esos niveles gubernamentales. el artículo 105 de la Cons- titución Federal fue ampliado para regular las controversias constitucionales. Así. los Municipios o el Distrito Federal. Por lo que hace a las primeras. en única instancia. de las controversias cons- titucionales que se susciten entre la Federación.
el Distrito Federal y los poderes de la Unión se han valido para resolver conflictos en los que sus respectivos ámbitos soberanos de competencia se han visto en peligro. . Por otra parte. aunque el artículo 105 constitucio- nal sufrió reformas en 1967 y 1993. y de la que no pocas entidades federativas. no fue sino hasta 1994 cuando a las controversias constitucionales se les dio la estructura que hasta la fecha conser- van.tados y sus Municipios y del Distrito Federal.
la controversia consti- tucional puede ser considerada desde dos puntos de vista: en primer lugar. como uno de los mecanismos contemplados por el V e s l s P. p. y. es necesario precisar. diciembre de 1998. t. LXX11/98. como un medio de pro- tección del sistema federal de gobierno. destinado a mantener la efectividad de las normas constitu- cionales que dan atribuciones especificas a los órganos originarios del Estado.025 . la naturaleza jurí- dica y las características que presenta este instrumento. VIII. Semenarro l u d ~ o ade l la Federación y su Gaceta. por otro. LXX11/98. Novena tpaca. 789. En tal virtud. para efectos de ofrecer un concepto. Concepto Según se advierte de la tesis P. CD-ROM IUS: 195.8 el re- conocimiento del federalismo y la salvaguarda de la división de poderes son los elementos que determinan la existencia de la controversia consti- tucional. Sin embargo.
381. agosto de 2000. Idem.derecho procesal constitucional. . diciembre de 2003. XVIII.318. XVIII. 56/2003." C) Sólo puede ser promovida por la Federación. entes u órganos que se precisan en la fracción I del articulo 105 de la Constitución Federal. agosto y septiembre de 2003. 965. respectivamente. cuyo fin radica en salvaguardar las disposiciones constitucionales contra actos. " Tesis P. alegatos y sentencia)./]. México. el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha identificado las siguientes:l0 a) Se instaura para garantizar el principio de división de poderes. e) Entraña la realización de todo un proceso (de- manda. 1252 y 1058. t. 8112003.A. 56. 531. t. 3312003 y P. p. 1998. Idem. La defensa jurisdicc~onaldel municipio y la controversia constitucional. p. CD-ROM IUS: 182. d) Supone la existencia de un agravio en perjuicio del promovente. pp. los Estados. 7 112000. t. CD-ROM IUS: 183. Véanse también las tesis P. pues mediante ella se plan- tea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitucibn. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. b) Constituye un verdadero juicio entre los poderes. p. normas generales o tratados interna- cionales que pretendan suprimir el orden previsto por la Norma S ~ p r e m a . ~ En cuanto a sus características. l o Tesis P. pruebas. Universidad Panamericana (sede Guadalajara).582 y 183.11. contestación de demanda. los Municipios y el Distrito Federal.741. Maria Amparo. '' H E R N A N D E Z CHONG CUY./]. Xll. CD-ROM IUS: 191.
g) Es procedente para impugnar tanto normas ge- nerales como actos. que no reside en un órgano guberna- mental determinado. y h) Los efectos de la sentencia. la controversia constitucional propenda a la protec- l 2 Véase el articulo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos erga omnes. o bien. sino en el pueblo. de los Municipios impugnados por los Estados. No obstante. . en el caso de normas generales. f) No es procedente para impugnar normas gene- rales en materia electoral. pero tales circunstancias serían inútiles si no trajeran aparejado el bienestar de la soberanía nacional. en última instancia. en tanto que el poder se divide para que no se concentre en un solo in- dividuo. El régimen federal se traduce en una precisa atri- bución de competencias. en conflictos de órganos de atribución y siempre que haya sido aprobada por una ma- yoría de por lo menos ocho votos de los Minis- tros de la Suprema Corte de Justicia. es de considerar que. siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación.'* Por ello. la controversia constitucional persigue fines que trascienden la salvaguarda del federalismo y de la división de poderes.
Novena poca. transgrede e l reparto de competencias consagrado en la Constitución y daña la soberanía popular. 41. en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales. lo que conculca el federalismo. Entonces. 11 6 y 122 de la Constitución Federal. 101199. 708. un Estado. Muni- cipios y Distrito Federal) y del sistema de división de poderes a que se refieren los artículos 40. para demandar la repa- ración de un agravio producido p o r una norma general o un acto que. cuya soberanía lo lleva a darse el gobierno que juzgue mejor. Estados. 49. la tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección del ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que derivan del sistema federal (Federación.ción del pueblo. septiembre de 1999. X . fue responsa- bilidad de alguno de los órganos de gobierno citados. puede proponerse el siguiente concepto de con- troversia constitucional: juicio de única instancia que. ante la Suprema Corte de Justicia de la Na- ción. 1 1 5. e l Distri- to Federal o un Municipio.1. plantean la Federación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. p. CD-ROM IUS: 193.I. .I3 Con base en las consideraciones anteriores. con motivo de sus actos o disposiciones generales '' Tesis P.257. t .
Idem. .'" El trámite de las controversias constitucionales se rige por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política IJ Tesis P. 703. lo cual se encuentra referido a los actos en estricto sentido y a las leyes ordinarias y reglamentos. aun cuando de la definición pro- puesta parezca desprenderse que el ámbito de protección de la controversia constitucional se cir- cunscribe a la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ya sean federales. lo que obliga a no ignorar conceptos de invalidez que aparentemente no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la propia Constitución. XVI. X. 40/2002.259. Idem. p. e inclusive tratados interna~ionales. t. l 5 Tesis P. 997.'~ Ahora bien. septiembre de 1999. que estén en conflicto o contraríen a la Norma Fundamental./J. CD- ROM IUS: 193. t. 98/99. la juris- prudencia de la Suprema Corte de Justicia ha estimado que con este proceso debe salvaguardar- se toda la Ley Fundamental./J. locales o munici- pales. septiembre de 2002. p. Así se ha tendido a ampliar el alcance protector del juicio que se estudia al texto íntegro de la Norma Suprema.044. CD-ROM IUS: 186.
y supletoria- mente por el Código Federal de Procedimientos Civiles.de los Estados Unidos Mexicanos. .
pode- res u órganos que hubieren emitido y promul- gado la norma general. pp. inciso bl. l 7 Veanse los artículos 40. y 11. 3. 2. fracción II.. Tercero o terceros interesados: las entidades. o bien. pronunciado el acto concreto que sea objeto de la controversia. Portugal y Espaiía. inciso h). Mkxico. poder u órgano que promueva la controversia. realizada en Gua- temala del 22 al 26 de noviembre de 1999). El Procurador General de la Repúbli~a. pudieran resultar afec- tados por la sentencia que llegara a dictarse. poderes u órganos de que habla la fracción I del articulo 105 constitucional que. Guillermo. de la Ley OrgBnica de la Procuraduria General de la República. Sujetos legitimados El artículo 10 de la ley reglamentaria dispone quiénes son las partes en el juicio de controversia 1. "La justicia constitucional en México" (Ponencia presentada en la III Conferencia de Justicia Cons- titucional de Iberoamérica. Demandado o demandados: las entidades. 1999. 56-57. fracción II.'~ l b ORTlZ MAYAGOITIA. Actor o demandante: la entidad. apartado 0. 4. sin tener el carácter de actores o demandados. .
Pese a que esto derive de lo dispuesto por la propia Constitución y la ley reglamentaria. Supuestos de procedencia e improcedencia La procedencia de este tipo de juicios depende de que la esfera competencia1 del promovente sea afectada por un acto concreto o una disposición de carácter general. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. cuya aplicación entrañe una contravención a la Constitución General de la Re- pública. el artículo 19 de la ley reglamentaria enumera varios supuestos de im- procedencia de la controversia constitucional: 1. En otro orden de ideas. . pues no se encuentra contenida explícitamente en los ordenamientos citados. la ne- cesidad de que los agravios incidan en la esfera jurídica del promovente ha sido establecida por los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. 6. . En los demás casos en que la improcedencia re- sulte de alguna disposición de dicha ley. si hay iden- tidad de partes. el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la controversia constitucional es improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal. y 8. Contra normas generales o actos concretos en materia electoral. normas generales o actos y conceptos de invalidez y la resolución haya te- nido efectos únicamente inter partes. 3. Cuando la demanda se presente fuera de los plazos previstos por el artículo 21 de la ley reglamentaria. siempre y cuando exista identidad de par- tes. o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución. Contra normas generales o actos concretos que hubieran sido materia de una ejecutoria dicta- da en otra controversia. normas generales o actos y conceptos de invalidez. Por otro lado. 5. En la tesis jurisprudencial 4012002. 7. 4. si se hace ' V é a s e nota 14. Contra normas generales o actos concretos que sean materia de una controversia pendiente de resolver.18 El Pleno del Máximo Tribunal debe estudiar las causales de improcedencia citadas. Cuando hayan cesado los efectos de la norma ge- neral o acto concreto materia de la controversia. aunque las par- tes no las hagan valer. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
.valer una causal de improcedencia que implique el estudio de fondo del asunto. siempre que no se surta otro motivo de improcedencia./J. septiembre de 1999. X . en tal supuesto. dado que todas las causales de este tipo deben ser claras e inobjetables. Novena tpoca. deberá deses- timarse.lg l9 Tesis P.266.Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta.CD-ROM IUS: 193. la controversia será procedente y se estudiarán los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones cons- titucionales. 710.p. 92/99. t .
conforme a la ley del propio acto. Plazos para presentar la demanda En primer lugar. en el caso de actos concretos se tienen treinta días contados a partir del siguiente al en que. surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se impugne. el cómputo sera de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación o del siguiente a aquel en que se produzca el primer . Promoción de la controversia constitucional En este punto hay que considerar los plazos en que debe presentarse una demanda de contro- versia constitucional y los requisitos que debe contener. al en que el promovente haya te- nido conocimiento de él o de su ejecución. en caso de normas generales. o al en que el actor se ostente sabedor de tal acto. 1. Por otra parte.
poderes u órganos terceros interesados. Los órganos legitimados para promover con- troversias constitucionales tienen una doble opor- tunidad para impugnar normas generales: tanto con motivo de su publicación como de la prime- ra vez que se hayan aplicado en perjuicio del demandante. Requisitos de la demanda La demanda de controversia constitucional debe contener siete requisitos: a) La entidad. c) Las entidades. 2. su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que lo represente. el plazo para la interposición de la demanda será de sesenta días contados a partir de la entra- da en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine. fracción IV. b) La entidad. si los hubiera. poder u órgano actor. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos. poder u órgano demandado y su domicilio. .acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. y sus domicilios. Cuando se trate de conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73.
d) La norma general o acto cuya invalidez se de- mande. f) La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. el medio oficial en que se hubiere publicado. se estimen violados. en su caso. y g) Los conceptos de invalidez. . así como. e) Los preceptos constitucionales que. en su caso.
las Salas del Máximo Tribunal son competentes para resolver. hay casos en que no ejerce en Pleno esa atri- bución. la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único órgano facultado para co- nocer de controversias constitucionales. . La instrucción Como ya se dijo. En efecto. cuando por cualquier causa no proceda el examen de las cuestiones de cons- titucionalidad propuestas en la demanda. Ahora bien. el presidente de la Su- prema Corte de Justicia de la Nación designa. a un Ministro instructor para que ponga el juicio en estado de resolución. según el turno que corresponda. La instrucción de la controversia constitucional se encuentra regulada por los artículos 24 a 38 de la ley reglamentaria. Recibida la demanda.
t.y de los documentos anexos a tales promociones. de modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento. el Ministro instructor ordena emplazar a la parte demandada para que la conteste dentro del término de treinta días. Idem. octubre de 2001. no sería posible obtener una convicción diversaS2O Admitida la demanda. 803. XIV./J.643. En cuanto a lo que debe en- tenderse por "motivo manifiesto e indudable de improcedencia". mien- tras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto. p. de los escritos aclaratorios o de ampliación -en su caso. lo de- secha de plano. 128/2001. "'' Tesis P. CD-ROM IUS: 188. si encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. . y da vista a las demás partes para que en idéntico plazo manifiesten lo que a su derecho convenga. la jurisprudencia plenaria ha se- ñalado que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. El Ministro instructor examina ante todo el escrito de demanda y.
reconvenir a la actora. De no subsanarse las irregularidades y si el Mi- nistro instructor estima que la importancia y tras- cendencia del asunto lo amerita. la parte demandada podrá. que deberá verificarse dentro de los treinta días . y con vista en su pedimento. contestación. el Ministro instructor previene a los pro- moventes para que subsanen las irregularidades dentro de los cinco días siguientes. o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si aparece uno superveniente. Transcurrido el plazo para contestar la de- manda y. en su caso. si lo hiciere. admite o desecha la demanda dentro de las 48 horas siguientes. en su caso. Al contestar la demanda. si en ésta aparece un hecho nuevo. el Ministro instructor señala fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación. su ampliación o la reconven- ción. reconvención o ampliación resultan obscuros o irre- gulares. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitan conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales. S i los escritos de demanda. corre traslado al Procurador General de la República por cinco días.
según corresponda. salvo prueba en contra- rio. sin perjuicio de que se haga rela- ción de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto. aunque no exista gestión expre- sa del interesado.de la reconvención dentro del plazo res- pectivo. La falta de contestación de la demanda o -en su caso. El Ministro instructor puede ampliar el término de celebración de la audiencia cuando la importancia y trascendencia del asunto lo amerite. siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada. corres- ponde al Ministro instructor desechar de plano las que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.siguientes. En cualquier caso. Las partes pueden ofrecer todo tipo de prue- bas. sin contar esta última ni la de ofrecimiento. excepto la de posiciones y las que sean contrarias a derecho. exhibiendo copia de los interroga- . pericia1y de inspección ocular deben anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia. En la audiencia se ofrecen y rinden las pruebas. salvo la documental -que podrá presentarse con anterioridad-. implica que se presuman como ciertos los hechos señalados en ellas. Las pruebas testimonial.
En ningún caso se admiten más de tres testigos por cada hecho. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas. el Ministro instructor designa al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. hará uso de los medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobe- diencia a su mandato. a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. aquéllas pedi- rán al Ministro ins. Al promoverse la prueba pericial. Abierta la audiencia se procederá a recibir por orden las pruebas y alegatos por escrito de las partes.torios para los testigos y el cuestionario para los peritos. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Ministro instructor o rinda su dictamen por separado. el Ministro instructor. Las audiencias se celebrarán con o sin la asis- tencia de las partes o sus representantes lega- les. todas las autoridades están obligadas a expedirles oportunamente las copias o documen- tos que soliciten. a pe- tición de parte. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos.tructor que requiera a los omisos. en caso contrario. .
En este supuesto no corre el término de caducidad previsto en el artículo 74. el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer. No procede la acumulación de controversias. incluyendo a los inhábiles. Concluida la audiencia. el Ministro instructor somete a la consideración del Pleno el proyecto de resolución respectivo. cuando exista conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita. podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. En todo tiempo. fijando al efecto fecha para su desahogo. podrá acordarse que se resuelvan en la misma sesión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. a solicitud de alguno de sus integrantes. está facul- tada para emitir acuerdos generales tendientes a aplazar la resolución de los juicios de amparo radicados en ella hasta que se resuelva una con- troversia constitucional. siempre que las normas impugnadas en unos y otra fueran las mismas. Cabe señalar que los artículos 14 a 18 de la ley reglamentaria contemplan la suspensión provi- . que es de 300 días. fracción V de la Ley de Amparo. Asimismo. sin embargo.
de ser necesario. ni cuando se pongan en peligro la seguridad o la economía nacionales o las insti- tuciones jurídicas fundamentales.sional de los actos impugnados tanto de oficio como a petición de parte. ni cuando pueda afectarse gravemente a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que el solicitante pudiera obtener con ella. . y sus efectos duran hasta que se dicte sentencia definitiva. señalará sus alcances y efectos. debe estudiar las ca- racterísticas de la controversia constitucional. Sin embargo. En cualquier momento previo. los requisitos para que sea efectiva. la suspensión no procede en nin- guna controversia constitucional planteada contra normasgenerales. el día en que surtirá sus efectos y. si decide otorgar la suspensión. los órganos obligados a cumplirla. el territorio respecto del que opere. las partes pueden solicitar la suspensión incidentalmente. los actos suspendidos. Antes de que la Corte determine si es o no procedente la suspensión.
Las controversias constitucionales pueden dar
lugar a tres tipos de sentenciax21
1) De sobreseimiento: declaran que, en virtud de
una razón fáctica o jurídica, la controversia es
improcedente. Esto puede responder tanto a que
sea evidente que la norma general o el acto
impugnado no existen, como a que surgiera
algún supuesto de improcedencia;
2) Estimatorias: son aquellas en que la Corte estima
que la norma general o los actos reclamados en
la controversia en efecto atentan contra la
competencia del órgano o poder promovente y
violan, por tanto, la Constitución Federal; y
3) Desestimatorías: éstas, por el contrario, declaran
explícitamente la constitucionalidad de la norma
general o acto impugnado o, por lo menos, no
l o declaran inconstitucional porque en la
votación no se alcanzó la mayoría requerida por
.' ORTlZ MAYAGOITIA, Guillermo, Op. Cit., pp. 69-70.
Las sentencias dictadas en las controversias
constitucionales deben contener los siguientes
1) La fijación breve y precisa de las normas gene-
rales o actos objeto de la controversia, asl como,
en su caso, la apreciación de las pruebas condu-
centes a tenerlos o no por demostrados;
2 ) Los preceptos que la fundamenten;
3) Las consideraciones que sustenten su sentido y los
preceptos que, en su caso, se estimen violados;
4) Los alcances y efectos de la sentencia, deter-
minando claramente qué órganos están obliga-
dos a cumplirla, cuáles son las normas generales
o los actos respecto de los cuales opere y, por
último, los elementos necesarios para su eficacia
en el ámbito correspondiente;
5) Los puntos resolutivos que decreten el sobre-
seimiento o declaren la validez o invalidez de las
normas generales o actos impugnados; y, en su
caso, la absolución o condena respectivas, in-
dicando el término para el cumplimiento de las
actuaciones señaladas; y
6) En todo caso, el término en que la parte con-
denada deba realizar una actuación.
En ciertos supuestos y previo cumplimiento de
requisitos establecidos en la Constitución y la ley
reglamentaria, es posible que una controversia
constitucional produzca la invalidez absoluta de
Para ello es preciso que, en primer término,
la controversia se haya promovido contra una nor-
ma de carácter general; más aún, debe tratarse
de alguno de los asuntos siguientes:
a) Una controversia suscitada entre el Poder Ejecu-
tivo Federal y el Congreso de la Unión, cualquiera
de sus cámaras o la Comisión Permanente;
b) Una controversia planteada entre dos poderes de
un mismo Estado;
c) Una controversia surgida entre dos órganos de
d) Una controversia promovida por la Federación
en contra de un Estado o Municipio; o bien,
e) Una controversia promovida por un Estado en
contra de uno de sus Municipios.
Por último, es indispensableque la resolución emi-
tida por el Máximo Tribunal en Pleno cuente con
el voto favorable de cuando menos ocho Ministros.
Sólo en los cinco casos señalados con anterio-
ridad, la sentencia dictada podrá tener efectos ge-
nerales. En todos los demás casos, producirá efectos
únicamente entre las partes.
Una sentencia de controversia constitucional
surte efectos a partir del momento que haya dis-
el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la publicación ín- tegra de todas las sentencias en el Semanario Ju- dicial de la Federación y su Gaceta. Ahora bien. las re- soluciones no tienen efectos retroactivos. Por lo demás. se publica también en el Diario Oficial de la Fede- ración y en el órgano oficial donde la norma invali- dada se hubiera publicado.puesto el Máximo Tribunal. Por otro lado. si el fallo declara la invalidez de una norma general. . salvo en materia penal.
pp. 2003. El articulo 105 CO~SFNUC!~~~!. Según el artículo 51 de la ley reglamentaria. 3a @d.. 221-227 . Derecho procesal constrtucional. Autos o resoluciones que pongan fin a la con- troversia. pp. su contestación o sus ampliaciones. Juventino V. en FERRER MAC-GREGOR. t 1. CASTRO. Niéxico. Actos o resoluciones que admitan o desechen una demanda. Elisur.. Colegro de Sccretarros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. como la revisión o la apelación.). Pmkia. 2000.. aparte de que las sentencias a que da lugar no pueden ser recurridas. "Los recursos en la controversia y en la acci6n de inconstitucionalidad".22No existiría la po- sibilidad de que pudieran promoverse otros. Eduar- dci (cootd. A. 857-866. o que por su naturaleza puedan causar ARTEAEA NAVA. 2. México. 4a ed. dado que la controversia constitucional es un juicio de una sola instancia. C. Los recursos La ley reglamentaria contempla la procedencia de dos recursos en las controversias constitucionales: de reclamación y de queja. el recurso de reclamación puede promoverse contra: 1.
Por tanto. modifique o revoque la suspensión. lo que aquí se prevé es que el Pleno examine la determinación del Ministro presidente. Resoluciones dictadas por el Ministro instructor al resolver cualesquiera de los incidentes preci- sados en el articulo 12 de la ley reglamentaria. niegue. pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro. el Alto Tribunal . 5. Autos del Ministro instructor en que se otorgue. 3. los de previo y especial pronunciamien- to. el Pleno del más Alto Tribunal ha establecido que dicho proceder debe analizarse a la luz de las dispo- siciones de los ordenamientos invocados. es decir. 4. tales como los de nulidad de notificaciones y falsedad de documentos. tales agravios deben desestimarse por inatendibles. A través del citado recurso. y 6. si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro ins- tructor.a alguna de las partes. Autos o resoluciones del presidente de la Corte en los que éste tenga por cumplidas las ejecuto- rias del Pleno. Autos o resoluciones del Ministro instructor que admitan o desechen pruebas. con inclusión de las cuestiones suspensionales que son reconsideradas por el Pleno. En cuanto a los actos o resoluciones que puedan causar un agravio a alguna de las partes. un agravio material -no reparable en la sen- tencia definitiva.
928 Vease tambien la tesis P/J 103199. t Y.857 ' Tesis P.015 . jefe de departamento administrativo que corresponda o el consejero jurídico del gobierno-. quien instruye su tramitación. p. El plazo para interponer este recurso es de cinco días hábiles. t IX./J 38/99. enero de 2002.podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido. ~ ~ En cuanto al recurso de queja. Idem.23 Este recurso puede ser interpuesto por el actor. " Tesis P/J 139/2001. mayo de 1999. no viembre de 1999. siempre por escrito -para permitir el ofrecimiento de pruebas y correr traslado a las partes y al tercero intere- sado. los terceros interesados. el Procu- rador General de la República y el Ejecutivo Federal -este último a través del secretario del ramo. se halla regulado por los artículos 55 a 58 de la ley regh-nentaria. p 91 7 CD ROM IUS 194. comienza a computarse al día siguien- te al en que surta efectos la notificación y no corre en los recesos ni en los días en que no haya labo- res en el Máximo T r i b ~ n a l . p 1043 CD ROM IUS 187.y ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Idem. Semanario Judicial de la Federacron y Su Gaceta. Novena Época. 874 CD-ROM IUS 192. t XV. el demandado.
para que. la parte interesada en el cum- plimiento de la sentencia dictada por el Pleno. Admitido el recurso. el recurso se promueve ante el Ministro instructor durante el tiempo que transcu- rra hasta que se falle la controversia en lo prin- cipal. b) Contra la parte condenada por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia. por violación. dentro del término de 15 días. cuando se endereza para comba- tir el exceso o defecto en la ejecución de una sentencia. la autoridad que conoce de él requiere a la autoridad contra la que se in- terpone. quien conoce de él es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si las violaciones se relacionan con la concesión de la suspensión. y la entidad o poder afectado por la ejecución. Por otra parte. deje sin efecto la norma general o el acto que haya . dentro del año si- guiente al de la notificación. exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por la que la sus- pensión se haya otorgado. Lo pueden interponer la parte actora o la que tenga interés legítimo. puede interponerse contra la parte demandada o cualquier otra au- toridad.Procede sólo en dos casos. que están descritos en las fracciones I y I I del artículo 55: a) En el caso de la suspensión.
Puede haber una audiencia de pruebas y alegatos. El requerido tendrá que rendir un informe y ofrecer pruebas. si no lo hace. el Ministro instructor elabora un proyecto de resolución. se presumirá que son ciertos los hechos que se le imputan. que es estudiado y resuelto por el Pleno. Luego. . lo que podría traer aparejada la impo- sición de una multa.dado lugar al recurso.
se sigue el pro- cedimiento de extractar el criterio sostenido y aprobar su texto en una sesión. Las controversias constitucionales y la jurisprudencia Los razonamientos jurídicos formulados por el Máximo Tribunal en Pleno. Con independencia de lo anterior. lo que ocurre normalmente es que. Sin embargo. son obli- gatorios para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. para elaborar tesis de juris- prudencia derivadas de estos juicios. en sentencias aproba- das por un mínimo de ocho Ministros. tanto del Poder Judicial de la Federación como del orden común. las razones contenidas en los consi- derando~que funden los resolutivos de las sen- tencias relativas a las controversias constitucionales 55 . t a l como se hace respecto de la jurisprudencia emanada de la reso- lución de juicios de amparo.
relativo a las sentencias emitidas en resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. son jurisprudencia. tienen el carácter de juris- prudencia. relativo a los efectos de los considerandos de las resoluciones (aprobadas por cuando menos ocho votos) de los recursos de reclamación y de queja interpuestos en las con- troversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad. las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobados por ocho votos. 29 de agosto de 1996. por igualdad de razón. cuando menos.25 Cabe agregar que. las razones contenidas en los considerandos que funden las resoluciones de los recursos de reclamación y de queja promovi- dos en relación con esos medios de control constitucional deben tener los mismos efectos. ./J.'" Pendiente de publicación. por lo que son obligatorias para las Salas. Juzgados de Distrito. ahora bien. .26 lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 43 y 73 de la ley re- glamentaria. Tribunales de Circuito. 2/2004. según la tesis jurispruden- cial la.y las acciones de inconstitucionalidad. Agrarios y Judiciales del orden !"Acuerdo 411 996. Tribunales Militares. aprobadas por ocho Ministros.
pp. Novena Época. respectivamente. sean éstos federales o locales. Semanario /udk¡al de la Federación y su Gareta.común de los Estados y del Distrito Federal. t. 7/2003 y 8/2003. abril de 2003. 1163. 1167 y 1171. p. Semanario judicial de la Federa- ci6n y su Gaceta. t.27 2' Acuerdo General 5/2001. Véanse los diversos 6/2OO3. XIV. emitidos el 31 de marzo de 2003. Novena Época. 1161. . y Administrativos y del Trabajo. julio de 2001. XVII.
VII. La Unidad señalada. p. tomándose en cuenta las necesidades existentes. a fin de lograr la ágil tramitación y re- solución de este tipo de asuntos. se indicó: En la Subsecretaría General de Acuerdos se deberá establecer una Unidad de Controversias Constitu- cionales y de Acciones de lnconstitucionalidad. y conforme a los siste- mas de selección señalados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. así como del personal administrativo que se requiera. bajo la supervisión del Subsecretario y la responsabilidad de quien se designe como Jefe.28donde se establecieron estrategias para llegar al año 2000 sin rezago en la resolución de asuntos. 59 . mano da 1998. integrándose con el personal profesional que designe el Pleno a propo- sición de ambos funcionarios. aparte de dar trámite a las controversias constitucionales desde que se pre- m ldem. 849. Reglas internas para el trámite de las controversias constitucionales En el considerando XXI del Acuerdo General plenario número 211 998. t.
t. Deberá indicarse. el titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad vigilará que toda promoción se acuerde dentro de las. así como que todos los trámites y notificaciones se reali- cen con la mayor celeridad. El 12 de febrero de 2001.29 estableció las siguientes reglas para acelerar el trámite y la re- solución tanto de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad: Primera. p. XIII. Segunda. se encarga de elaborar casi todos los proyectos de sentencia que son sometidos a la con- sideración de los Ministros instructores. 1845. y que luego son discutidos en sesión plenaria. a través del Acuerdo 1/2001 . veinticuatro horas siguientes a su presentación. en su caso. o ha- biéndose proyectado aún no se hayan listado para se- sión. . distinguiéndose las que estén en proceso de instrucción.A partir de la fecha en que entre en vigor este acuerdo. asimismo.En la propia fecha se elaborará un informe en el que aparezca con exactitud el número de contro- versias constitucionales y de acciones de inconstitu- cionalidad que se encuentren pendientes de resolución en la Unidad. la de celebración de la audiencia de cierre de la instruc- ción o de presentación del proyecto respectivo...senta la demanda hasta que se pone en estado de resolución. febrero de 2001. especifícándose la etapa en que se hallen. de las que habiéndose celebrado la audiencia o cerrado la instrucción no estén proyectadas. el Máximo Tribunal. 2g Idem. el Ministro instructor y las fechas en que se inició el asunto y.
Si como consecuencia de la discusión de un proyecto de estas materias. el Ministro instructor cui- dará de señalar a un secretario de Estudio y Cuenta a quien la Unidad irá entregando copia de todos los elementos que se vayan integrando al expediente.. con- vocándose..En los asuntos que se encuentren en trámite y los que vayan ingresando. se listarán de inmediato. .. Cuarta. de ser necesario. a sesiones extraordinarias para conseguirlo con la mayor expeditez.. paralelamente a la instrucción. proce- diéndose a listar10 de inmediato. Octava. Séptima. responsa- bles de la instrucción y de la formulación de los pro- yectos respectivos.Respecto de las controversias constitu- cionales y acciones de inconstitucionalidad cuyos proyectos de resolución se hubiesen presentado. el Pleno se concentrará en su resolución.La propia Unidad cuidará que se cumpla el presente acuerdo tomando las medidas pertinentes para recordar a los responsables las fechas limite a las que se encuentren sujetos los trámites por realizar y la formulación de proyectos.. Tercera. procedan al estudio del asunto de tal manera que celebrada la audiencia o cerrada la instrucción. a fin de que. el mismo tiene que modi- ficarse o cambiarse. se presente el pro- yecto a más tardar en un plazo de siete días. para lo que..La Unidad de Controversias Constitucio- nales y de Acciones de Inconstitucionalidad deberá rendir al Pleno de la Suprema Corte un informe men- sual sobre el movimiento de asuntos con las especifica- ciones necesarias para determinar si este acuerdo ha tenido cumplimiento. incluso. el Ministro ponente lo tendrá que hacer dentro de un plazo improrrogable de diez días. asi como los nombres de las per- sonas de la propia unidad o de las ponencias. dándoseles prioridad respecto de cualquier otro tipo de asunto.Una vez listados los proyectos de contro- versias constitucionales o acciones de inconstituciona- lidad. Sexta. Quinta. se le comisionará exclu- sivamente para ello.
Apéndice Controversias constitucionales relevantes (Novena Época) .
que consistió en el Acuerdo por el que se dio a co- nocer a los Gobiernos locales la distribución y ~alenda~rización para la ministración de los recursos 'O Controversia constitucional 5/99. Jefe de Gobierno del Distrito Fedaral. 37 y 38. las sentencias nunca pueden tener efectos retroactivos30 En marzo de 1999. d i febraro de 2001 Ponente Meriano Azuela Guctrdn. lb. con- cretamente los artículos 25. Febrero de 2001 En las controversias constitucionales relativas a materias diversas de la penal. fracción IV. el Jefe de Gobierno del Distrito Federal promovió una controversia constitucional para impugnar la aprobación y expedición del Decreto por el que se reforma la Ley de Coor- dinación Fiscal. 36. mediante su primer acto de aplicación. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998. .
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia advirtió que. entre los que figura el Fondo de Apor- . a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordina- ción Fiscal. las aportaciones federales como recursos que la Fede- ración transfiere a las haciendas públicas de los Estados y de los Municipios para los fondos que señala. al ser anual la materia que contienen los actos demandados. Ciertamente. ya iniciada la vigencia de las reformas señaladas. con- cluyó que el acuerdo en cuestión había dejado de producir sus efectos. publicado en el Diario Oficial de la Fede- ración el 20 de enero de 1999. Aportaciones Fede- rales para Entidades Federativas y Municipios. habida cuenta que distribuye por primera ocasión. aunque no hayan sido revocados for- malmente. pero además fue el primer acto concreto de autoridad que par- ticularizó las disposiciones reformadas. en particular de aquellos preceptos que fueron reformados y adicionados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede- ración el 3 1 de diciembre de 1998. el acuerdo impugnado fue un acto de aplicación del capítulo V de la Ley de Coordina- ción Fiscal. por tanto.correspondientes al Ramo 33. no pueden producir efectos posteriores en atención a su propia naturaleza.
y 45 de su ley reglamentaria. han quedado consumados y no procedía realizar pronunciamiento alguno. entre otros. como ya habían cesado los efec- tos de la norma y acto impugnados. sin incluir al Distrito Federal. salvo en mate- ria penal. así como la falta de inclusión del Distrito Federal en dicho fondo. en relación con la norma cuya invalidez demanda. se incluye al Distrito Federal en el citado fondo de aporta- ciones. En conclusión. al no tener efectos retroactivos las resoluciones dictadas en estos procedimientos. Ahora bien. de la Constitución Federal. fracción IV. tal como lo disponen los artículos 105. como son la distribución y calendarización para la ministración. taciones para el Fortalecimiento de los Municipios. como la quejosa. resultaba evidente que había cesado la conducta atribuida a la parte demandada. antepenúltimo párrafo. se actualizó . Los actos que se hubieran producido con motivo de la actuación de las autoridades deman- dadas. pretendía que se le incluyera en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mu- nicipios. 36. y si a través de la reforma a los artículos 25. 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Las controversias constitucionales son impro- cedentes: .. 3 ' Tesis P..32se sobreseyó en el j' Artículo 19. XIII. Articulo 20. t.994. Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. . E l sobreseimiento procederá en los casos siguientes: . con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley. 5312001. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el articulo anterior.. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de Ia controversia. 11. abril de 2001. 921./J.la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y I I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanost3l de modo que. V. p.. CD-ROM IUS: 189. Novena poca.
publi- cado en la Gaceta Parlamentaria el 14 de septiem- bre de 1999. así como la invalidez de los efectos y consecuencias de dicho acuerdo. l o . Marzo de 2001 La Cámara de Diputados no puede supervisar de oficio el ejercicio de recursos federales por parte de las autoridades estatales. ni crear comisiones especiales que vigilen que no se desvíen aquellos en un cierto proceso electoral34 Mediante la controversia constitucional 34/99. Ponente: Jose de Jesús Gudino Pelayo. la ejecución de j4 Controversia constitucional 34/99. el Estado de Coahuila de Zaragoza demandó la in- validez del acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el que se constituye la "Comisión Especial Encargada de Vi- gilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila". Estado de Coahuila de Zaragoza. . de marzo de 2001.
así como para actuar como órgano acusatorio en el juicio político ante la Cá- mara de Senadores. el régimen de supervisión del ejer- cicio de los recursos federales por parte de las au- toridades estatales y municipales recae en diversas autoridades que en la mayoría de los casos son de índole local. Por un lado. también lo es que dichas facul- tades constitucionales no pretenden permitir que se supervise oficiosamente el ejercicio de tales recursos por parte de autoridades estatales.sus disposiciones y la presencia de la comisión legislativa a que dio lugar en el Estado de Coahuila. En su fallo. que deben dar a conocer a las autoridades federales cualquier ilícito o irregula- . fracción V. ni que válidamente se creen comisiones especiales encargadas de vigilar que no se desvíen recursos federales en un proceso electoral estatal. y 110 de la Constitución Federal faculten a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conocer de las impu- taciones que se hagan a los servidores públicos por el manejo indebido de recursos federales y que puedan ser constitutivas de responsabilidad po- lítica (juicio político). el Pleno del Máximo Tribunal declaró la invalidez parcial del acuerdo impugnado. con base en las siguientes consideraciones: aunque los artículos 74.
es de la com- petencia exclusiva de las autoridades locales. entre ellas la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P ú b l i ~ o s . dado que deben fijarse en función de lo que prevén las leyes que reglamentan de- talladamente su ejercicio. además. y. fiscalización y. en cuyo caso. salvo en relación con las participaciones. en su caso. por el otro. una vez entregadas a las autoridades locales. supervisión. . ~ ~ que no autoriza a dicha Cámara a investigar tales conductas mientras no medie la denuncia escrita. ratificada y apoyada en pruebas suficientes que permitan presumir la responsabilidad del inculpa- do y se haya seguido el procedimiento establecido para tal efecto. por su especial naturaleza. la investi- gación no corresponderá ni al Pleno de la Cámara ' 5 Derogada por la Ley Federal de Responsabilidades Ad- ministrativas de los Servidores Públicos. fincamiento de responsabilidades. publicada en el Diario Oficial de la Wderaci6n el 13 de marzo de 2002.ridad que adviertan en el ejercicio de sus funciones.titu- cionales de la Cámara de Diputados tienen un al- cance limitado. su ejercicio. Se recomienda la lectura de sus articulas segundo y noveno transitorios. porque las referidas facultades cons. pues. para que la Federación pueda fincar las responsa- bilidades que por desvío o manejo indebido de los recursos procedan.
por haber carecido la Cámara de- mandada de facultades constitucionales y legales para crear la Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila. se declaró inválido el acuerdo parlamentario que originó a esa comisión. se hayan o no rea- lizado dichos actos durante un proceso electoral. y de haber realizado por su conducto la supervisión y vigilancia del ejercicio de recursos federales por parte de autoridades estatales. sólo las tiene expeditas dentro del marco que la ley reglamentaria establece para tal efecto. Así. .de Diputados ni a una comisión especial creada ex profeso para ello. sino a la sección instructora que cada Legislatura haya integrado para esas eventualidades. las facultades que por su participación en el procedimiento de juicio político tiene la alu- dida Cámara respecto de la investigación de los recursos federales. Esto es.
Septiembre de 2001 El gobierno del Distrito Federal no está facultado para legislar en materia de husos horarios36 El 26 de febrero de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un decreto del Jefe de Gobierno de dicha entidad. 4 de septiembre de 2001. . Ante esto. el Ejecutivo Federal promovió una con- troversia constitucional a fin de que la Suprema Corte de Justicia declarara la invalidez del decreto de referencia. en oposición al horario de verano. mediante el que se deter- minaba que la capital del país conservaría el huso horario vigente. dado que el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carecen de competencia para legislar en materia de husos 36 Controversia constitucianal 8/2001. Ponente: Juan D6at Romero. Poder Ejecutiva Federal.
3 7 Tesis P. CD-ROM IUS: 188. E l Alto Tribunal observó que./J.37 Por tanto. septiembre de 2001.horarios. Semanario Judicial de la Federacibn y su Gaceta. por ende. 1025. . ninguno de los órganos del Distrito Federal es competente para legislar o reglamentar sobre los husos horarios que cruzan el área geográfica del Distrito Federal. de ahí que la Suprema Corte de Justicia lo declarara inválido. de conformidad con la frac- ción XVlll del artículo 73 constitucional. XIV. conforme al régimen de facultades que expresa y limitada- mente prevén el artículo 122 de la Constitución Federal y el Estatuto de Gobierno del Distrito Fe- deral. el Jefe de Gobierno in- vadió la esfera de competencia del Congreso Fede- ral. menos aún cabe admitir que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tenga facultades para reglamentar o expedir decretos al respecto. pues ello sólo corresponde al Congreso de la Unión. Novena tpoca. de modo que dicha materia no puede regirse válidamente por las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa y. La Corte admitió la demanda y resolvió el caso en septiembre de 2001. p.822. t. al emitir el decreto de 26 de febrero de 2001. con ese sentido. 11012001.
25 de octubre de 2001. . Ayuntamiento del Mu- nicipio de Soledad de Graciano Sdnchez. Ponente: Sergio Salvador Agvirre Anguiano. promul- gación y publicación del Decreto Número 68. por el que se adicionó un tercer párrafo al artículo 10 y un cuarto párrafo al artículo 81 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. había violado los artículos 40 y 1 15 de la Constitución Federal. según la parte actora. dado que. Octubre de 2001 La Suprema Corte de Justicia salvaguarda el principio de libre administración pública hacendaria federal38 Por medio de la controversia constitucional 312001 se demandó la invalidez de la expedición. por establecer que debe considerarse como gasto indirecto la ero- Controversia constitucional 3/2001. Estado de San Luis Potosi.
no están comprendidas en el régimen de libre administración de estos últi- mos. pues es la Federación la que autoriza su des- tino y aplicación y.gación del 1. adicionados mediante el decreto impugnado. se rigen por disposiciones federales. así. el cuarto párrafo del artículo 81 y el párrafo tercero del artículo 10. dada su especial na- turaleza. al prever que el Ejecutivo local y los Ayuntamientos entregarán a la Contaduría Mayor de Hacienda del . los otros niveles de gobierno no pueden disponer libremente de di- chos recursos.por concepto de vigilancia y fiscalización que ésta practique en relación con la aplicación de dichos recursos. ambos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Trans- feridas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. En tal virtud. por ende. El Pleno del Máximo Tribunal concluiría que las aportaciones federales son recursos que destinan y supervisan las autoridades federales para los Es- tados y los Municipios que. aun cuando pasen a formar parte de las haciendas estatales y municipales.5% del monto total de cada fondo de las aportaciones federales que reciban los Muni- cipios y que deberán entregar a la Contaduría Mayor de Hacienda -del Congreso local.
035. CD-ROM IUS: 188.5% del monto total de cada uno de esos fondos.Congreso de la entidad. Novena kpoca. transgreden los artículos 134. sih importar que dicha transferencia se pretenda autorizar a través de un "convenio entre las partes". el 1. Semanano Judicial da la Federación y su Iq T ~ S I P. enero de 3002. pues afectan el principio de libre administración pública hacen- daria federal./J. párrafos primero y cuarto. 915. Gaceta. XV. para la realización de su función fiscalizadora en cuanto a los fondos de aportaciones federales. . p.3~ S 138/2001. en relación con el diverso 74. lo que será conside- rado como gasto indirecto para efectos de la apli- cación de dichos recursos. por lo que de ninguna manera puede alterarse su destin0. Tales recursos son gastos pre- determinados que deben aplicarse íntegramente a los fines para los cuales fueron contemplados. fracción IV. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. t .
frac- 4UControversiaconstitucional 29/2000. impugnó mediante una controver- sia constitucional la Ley de Educación del Distrito Federal. . el Máximo Tribunal reco- noció la validez de los artículos 40. Noviembre de 2001 La Suprema Corte de Justicia delimita las facultades de la Federación y del Distrito Federal en cuanto a la función social educativa40 El Ejecutivo Federal. a través del secretario de Edu- cación Pública. 73.. 90.. 15 de noviembre de 2001. y publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad el 8 de junio del mismo año. expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 28 de abril de 2000. Tras estudiar el caso. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.Poder Ejecutivo Federal. Según la parte actora. la norma ge- neral impugnada contenía artículos contrarios a diversos preceptos constitucionales.
145 y 149 de la norma general impugnada. indígena y especial le corresponden a su gobierno. . pp. 135 y 137. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.ción V. XV. en el caso del Distrito Federal. 14512001 y PIJ. 110. 108. 1 19. fracción 1. fracción 1. entre ellas la relativa a prestar el servicio de educación para la formación de maes- tros. 1035 (las dos primeras). y que el artículo 16 de la propia ley indica que. t. 146/2001. la interpretación integral del artículo 16 de la ley 4 ' Tes~sFIJ. mientras que los diversos 61 a 73. PIJ. concluyó que los artículos 11. básica. P. 13. 50./J. de la Ley General de Educación establece las atri- buciones que en exclusiva corresponden a las au- toridades educativas locales en sus respectivas competencias. 140. fracción XII. El Pleno observó que el artículo 13. Por tanto. fracciones Ill y XIII. las atribuciones relativas a la educación inicial. 107 y 112 eran parcialmente inválidos. enero de 2002. 1036 y 1037. eran invá- lidos en su totalidad. de ahí que se reserven a la autoridad federal los servicios de educación normal y de otros tipos para la forma- ción de maestros de educación básica. fracción 111. 14412001. en la inteligencia de que no violaban dispositivo cons- titucional alguno. Novena Época. 14912001.41Sin embargo. respectivamente.
los artículos 1 1. según los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. en el ámbito de sus atribuciones. 1039. CD-ROM IUS: 187. En ese tenor. pero no de educación normal. fracción 1. /&m. que regulan en forma general la educación normal que imparta el gobierno de dicha entidad. 13. contravienen la distri- 7 bución de la función social edu ativa prevista en la Ley General de E d ~ c a c i ó n . ~ ~ Por otra parte./J. los artículos 135 y 137 de la Ley de Educación del Distrito Federal. revalidación y equivalencias. 107. el Congreso de la Unión confirió únicamente a la autoridad educativa federal la facultad de regular el sistema nacional de créditos. al regular d2 Tesis P. indígena y especial. de acuerdo con los lineamientos generales que expida la autoridad federal. Así. fracciones Ill y XIII. y a las autoridades educativas locales. sólo la relativa a revalidar y otor- gar equivalencias de estudios. que es de la competencia de la autoridad educativa federal. 1 12 y 1 19. citada. básica. fracción XII. en relación con el diverso 13.993 . de la Ley de Edu- cación del Distrito Federal. 61 a 73. 148l2001. lleva a concluir que sólo corresponde a las auto- ridades educativas del Distrito Federal la prestación del servicio de educación inicial. p.
43 J3 Tesis P. pues invaden las facultades q u e e n exclusiva se le han conferido a la autoridad educativa federal. 150/2001./J.la revalidación en cuanto a los niveles en q u e se otorgará y los requisitos para autorizarla. trans- greden la distribución d e la función social educa- tiva establecida e n la citada ley general. CD-ROM IUS: 187. 1040. . p. Idem.992.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. por considerar que con ello se había transgredido el ar- tículo 115. Estado de Oaxaca 5 de diciembre de 2002 Ponente Gui llermo l. Ortiz Mayagoitia . Diciembre de 2002 La Secretaría de Finanzas de Oaxaca puede calcular las diferencias entre las cantidades recibidas participables a Municipios y las participaciones pagadas provisional mente^ La parte actora impugnó el acuerdo administrativo notificado al presidente del Municipio de la Villa de Zaachila. del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Muntcipio de la Villa de Zaachila. de 4 de marzo de 2002. mediante oficio número SF/DI/PM/OI 9/2002. II y IV. fracciones 1. Distrito de Zaachila. El oficio de referencia sirvió para informar al Municipio actor que. una vez realizado el cálculo del tercer "Controversia constitucional 3612002.
y su destino sólo puede ser dispuesto por Tesis P. de la Constitución Federal. y determine los ajustes de participaciones que pro- cedan.~5 Pero el Municipio actor argumentó que los re- cursos entregados. enero de 2003. t. El Pleno de la Corte notó que el último párrafo del artículo 80. . XVII. 54/2002. 1447. de la Ley de Coordinación Fiscal de Oaxaca facdlta al Ejecutivo Local para que. ésta lleve a cabo. pasaron a formar parte de la ha- cienda municipal. resultaron diferencias a cargo del mencio- nado Municipio por cierta cantidad de dinero. y las deducciones que constan en las pólizas de pago de participaciones a Municipios. el cálculo de las diferencias entre las cantidades recibidas participables a Municipios y las participaciones pagadas provisionalmente. que serán enterados a los Municipios den- tro del mes inmediato posterior al cuatrimestre que corresponda. y un ajuste definitivo que se enterará a más tardar en marzo del año ~iguiente.ajuste cuatrimestral del ejercicio correspondiente a 2001. fracción IV./J. CD-ROM IUS: 185. a través de su Secretaría de Finanzas. correspondientes al ejercicio fiscal de 2001. de modo que están protegidos por el artículo 1 15. p.1 20. cada cuatro meses. Semanario Judrcial de la Federacidn y su Gaceta. Novena poca.
Sin embargo. En la especie. sis- temática y teleológica permite concluir que la frac- ción IV del artículo 11 5 constitucional no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal. Si las participaciones federales se encuentran mencionadas expresamente en el inciso b) de la fracción IV del artículo 11 5 constitu- cional. el oficio impugnado se expidió para que el Municipio actor estuviera informado de que al procederse al cálculo del tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio fiscal de 2001. el Ayuntamiento. pues. una interpretación armónica. la hacienda municipal comprende un conjunto de elementos que no se incluyen en su totalidad en dicha disposición y que también forman parte de la hacienda municipal y. la aplicación de com- pensaciones invadía su esfera de competencia. lo que instituye tal disposición. por tanto. por otra. sino sólo a pre- cisar aquellos conceptos de ella que quedan sujetos al régimen de libre administración hacen- daria. son los conceptos de ésta que quedan compren- didos en el aludido régimen de libre administración hacendaria. por una parte. resulta- . es evidente que están protegidas por el régimen de libre administración hacendaria. más que la forma en que se integra la hacienda municipal.
se señaló que la compensación por la diferencia mencionada le sería descontada quin- cenalmente en partes iguales del periodo de marzo a diciembre de 2002. tal circunstancia no impli- caba la inconstitucionalidad del oficio cuya inva- lidez se demandó. a través del oficio impugnado no se disponía de las participaciones federales que co- rresponden legalmente al Municipio actor. Aunque sea cierto que los recursos provenientes de las participaciones federales. habida cuenta que del conteni- do del oficio se pone de manifiesto que sólo se comunica a dicho Ayuntamiento "que al efectuar el tercer ajuste cuatrimestral del ejercicio dos mil uno. con el propósito de evitar alteraciones importantes a las finanzas mu- nicipales. de la Constitución Federal. Por tanto. resultaron diferencias a cargo de éste". toda vez que las cantidades que se le entregaron en concepto de participaciones federales se hicieron . una vez que ingre- san a la hacienda pública municipal. fracción IV. se encuentran protegidos por el artículo 11 5. ade- más de que "la compensación por la diferencia a cargo le será descontada quincenalmente en partes iguales del periodo de marzo a diciembre del presente año (dos mil dos)".ron diferencias a su cargo y.
de manera provisional en una cantidad mayor a la que le correspondía. En tal virtud. el concepto de invalidez resultó infundado. . y por ello las diferencias a su cargo se le descontarían de los anticipos subse- cuentes de participaciones federales en el periodo de marzo a diciembre de 2002.
representando al Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina del Estado de Nuevo León. respectivamente. Ortiz Mayagoitía. por estimarlos contrarios a las fraccio- nes II. Tesorero General y Secretario de Desarrollo Urbano y del Trabajo. contra el Gobernador Cotistitucional. no- veno y décimo del artículo 23 de la Constitución local. así como el diverso 129 del mismo orde- namiento. Ponente: Guillermo l. . Marzo de 2003 Las Legislaturas Locales no deben tener injerencia en la administración de la hacienda municipal46 Mediante una controversia constitucional. todos de la referida entidad. impugnó los párrafos séptimo. 18 de marzo de 2003. Humberto González Ga- ribaldi. Trinidad Escobedo Aguilar y Claudia Verónica Solis Ruiz en su carácter de Presidente Municipal. 'luControversia constitucional 19/2001. inciso 6) y IV del artículo 1 15 constitucional. Nuevo León. Congreso. Secretario del Ayuntamiento y Slndico Segundo del Ayuntainiento de Santa Catarina. Nuevo León. Secretario de Finanzas. Secretario General de Gobierno. el Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina.
el texto adicionado del inciso b) de la fracción II del artículo 1 15 constitu- cional debe interpretarse desde una óptica restric- tiva. Al resolver. según lo demuestran los procesos legislativos de sus refor- mas de 1983. pues así se materializa el prin- cipio de autonomia y no se vuelve nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente . con un régimen competencia1 propio y exclusivo. 1994 y 1999. el Pleno del Alto Tribunal indicó que el desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Federal revela que el Municipio Libre es la base de la sociedad nacional. En esta última destaca la voluntad del Órgano Reformador de consolidar la autonomía del Municipio. En virtud de lo anterior. de ahí que la interpretación del texto actual del artículo 115 deba hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal. pues lo libera de algu- nas injerencias de los Gobiernos locales y lo confi- gura como un tercer nivel de gobierno -no como una entidad administrativa-. en el sentido de que sólo sean esas las inje- rencia~admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal. sin que ello signifique ignorar las injerencias legítimas y expresamente constitu- cionales que conserven los Ejecutivos o las Legis- laturas Locales.
se consolida. Antes bien. 1251. t ./J. agosto de 2003./J. Por tanto.~~ En cuanto al artículo 128 reformado de la Cons- titución de Nuevo León. sobre la base de que. cualquier norma que sujete a la aprobación de la Legislatura Local la disposición de los bienes inmuebles de los Muni- cipios.605." había determinado que el artículo 129 de la Constitución neoleonesa. abril de 2000. . es inconstit~cional. la Corte lo invalidó. Permanente. CD-ROM IUS: 192. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. pero no a erigirse en una instancia más para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración. que permite a la Legisla- tura Local aprobar las remuneraciones que autoricen los Ayuntamientos para sus integrantes. si bien en la tesis jurisprudencial P. p. 818.091. p. al no encontrarse prevista esa facultad en la fracción citada. Novena Época. 4"ernanario ludic~alde la Federación y su Gaceta. pues el in- ciso citado sólo autoriza a las Legislaturas locales a señalar cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal re- querirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento. XI. CD-ROM IUS: 183. XVIII. 3612003. t . 27/2000. al impedir a los Ayuntamientos de los Municipios de esa entidad acordar remuneraciones para sus Tesis P.
494. 1373. . t. en virtud de la adición a esa frac- ~ i ó n . ~que g indicó que los recursos que integran la hacienda pública municipal deben ejercerse di- rectamente por los Ayuntamientos o por quien ellos autoricen. no infringía el último párrafo de la fracción IV del ar- tículo 11 5 de la Ley Suprema. O' Tesis P. era preciso interrum- pir ese criterio. de modo que la programación./J. p. pues ello no está previsto en la referida fracción 4 q Publicada en el Diario Oficial d e la Federacidn el 23 de di- ciembre de 1999. la Legislatura Estatal carece de facultades para apro- bar las remuneraciones de los munícipes. En conclusión. CD-ROM IUS: 183.miembros sin aprobación del Congreso Local. agosto de 2003. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. presupuestación y aprobación del presupuesto de egresos del Municipio se encuentran entre sus facultades exclusivas. XVIII. 3712003. para lo cual debe tomar en cuenta sus recursos disponibles.
contra el Poder Constituyente Permanente. Castro y Castro. . Ponente: Juventino V. el Congreso Local y el Gobernador del propio Estado. contenido en el articulo 116 de "' Controversia constitucional 33/2000 Victor Manuel González Cianci. 18 de marzo de 2003. sobre la base de que violaban los diversos 47 y 11 6 de la Constitución Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia falló el caso en los siguientes términos: en primer lugar. Marzo de 2003 La Suprema Corte de Justicia avala el equilibrio de los poderes del Estado de Morelos51 El Poder Judicial del' Estado de Morelos promovió una controversia constitucional para demandar la invalidez de varios artículos de la Constitución Po- lítica de aquella entidad. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. indicó que el principio de división de poderes en el ámbito local.
fracción 1. al impedir que un poder se coloque por encima de otro y que un in- dividuo sea depositario de dos o más poderes. sin más restricciones que las impuestas por la propia Cons- titución o las leyes. Además. pues si bien es cierto que el mencionado precepto no contempla qué órgano de este poder será su representante. dependencia o subordinación de uno respec- to del otro.' Publicado en el Periódico Ofrcial de la Entidad el 1 de sep- tiembre de 2000. Ahora bien. como el artículo 35. . que permita que cada uno realice sus funciones con plena libertad de decisión.la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi- canos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad. la autonomía e independencia de los poderes públicos estatales implica la no intromi- sión. que el artículo 86 de la Constitución morelense. reformado por Decreto 1 235. tampoco deposita dicha facultad en un nivel de gobierno distinto del Judicial. no viola el citado principio de división de poderes ni vulnera la autonomía de dicho poder. por otra parte.52 omita establecer en quién recae la representación del Poder Judicial local. persigue limitar y equilibrar el poder público en las entidades federativas. dispone que al presidente del Tribunal Superior de Justicia '.
1377. 39/2003. Además. es indudable que la representación de éstos no necesariamente debe ser regulada por la Constitución Local. p. en '>' Tesis P.457. En el caso de los funcionarios judiciales. al incluir a los Jueces de primera instancia como su- jetos de juicio político. cargo o comisión en los Estados o Muni- cipios. . CD-ROM IUS: 183. t. pues éste. agosto de 2003. con base en el propio artículo 108 citado. pues cons- tituye una facultad legislativa propia del Consti- tuyente que. ~ ~ Ahora bien. el artículo 108. último párrafo. sino que puede establecerse en una ley ~ e c u n d a r i a . Novena Época. no invade la función jurisdiccional y admi- nistrativa de ese poder. de la Constitución Federal. reformado por el decreto indicado. no afecta la autonomía e independencia del Poder Judicial local. XVIII./J. el artículo 137 de la Constitución Política del Estado de Morelos. le corresponde representar al Poder Judicial ante los otros poderes del Estado. faculta a los Poderes Revi- sores de las Constituciones locales para determinar el carácter de servidores públicos y la responsa- bilidad en que incurran quienes desempeñen un empleo. el referido artículo 137 tampoco limita la facultad disciplinaria del Consejo de la Judicatura local. Semanario Judic~alde la Federacián y su Gaceta.
4012003. "' Tesis P.54 Finalmente.459. p. que el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos. CD-ROM IUS: 183. . 1377. a fin de fiscalizar sus recursos públicos. 1376.términos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad. CD-ROM IUS: 183. en su caso./J. Idem. podrá conocer de la responsabilidad administrativa de los Jueces de primera instancia e instruir el procedimiento correspondiente para. revisiones y auditorías a los tribu- nales que conforman el Poder Judicial de la entidad. pues dichas facultades de fiscalización se circunscriben exclusivamente al manejo que realicen los men- cionados tribunales de los fondos públicos que les asigne el Presupuesto de Egresos. otorgue a la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo facultades para realizar visi- tas. p. 4112003. aplicar la san- ción que proceda. no viola su autonomía e independencia. no así a cues- tiones diversas relacionadas con su función jurisdi~cional. Idem.~~ "' Tesis P. también reforma- do.1J. inspecciones.458.
de la Constitución Federal. fracción I I I . contra el Gobernador Constitucional del Es- tado de Michoacán de Ocampo 22 de abril de 2003 Ponente Jose de Jesús Gudiño Pelayo. publicada en el Diario Oficial de la Fede- "' Controversia constitucional 10/2001 Celestino Perer Arroyo. Esto último se debió a la reforma del numeral citado. pese a que el dispositivo cons- titucional invocado contempla que corresponde a los Municipios la prestación de ese servicio. en su carácter de Sindico del Ayuntaniiento del Municipio de Hidalgo. . al no haber transferido al demandante el servicio público de tránsito. Estado de Michoacán. inciso h). el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán había violado el artículo 1 1 5. Abril de 2003 La validez de los actos impugnados debe analizarse conforme a las condiciones jurídicas presentes al momento del fallo56 Según el Municipio actor.
lo que equivale a haberse presentado de manera anticipada. y que. Entonces. . la aludida solicitud de transfe'rencia fue presentada más de nueve meses antes de concluir el plazo correspondiente. vigor 90 días después de su publicación. fecha- dos el 21 de agosto y el 12 de septiembre de 2000. el artículo indicó que los Municipios podrían prestar el servicio de referencia. concluyó el 22 de marzo de 2001. Esas reformas entraron er. deben adecuarse las Cons- tituciones y leyes secundarias de éstos a las refe- ridas reformas de la Constitución Federal. y agregó que sólo cuando fuera necesario las leyes establecerían la partici- pación del Gobierno Estatal. dado el plazo de un año otorgado a los Esta- dos en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma del artículo 1 15 de la Constitución Fede- ral.ración el 23 de diciembre de 1999. es decir. ahora bien. Antes de la solicitud de transferencia de servicios por los Municipios a los Estados. los oficios de respuesta que hicieron dependencias del Ejecutivo estatal. el 22 de marzo de 2000. y el plazo para que las leyes locales se adecuaran a ella terminó el 21 de marzo de 2001. Por otra parte. como ya se dijo.
para que se le transfiera el servicio público de refe- rencia. ya no podia justificarse legalmente. Esto es. pues ya habían entrado en vigor las dis- posiciones constitucionales locales y secundarias que se adecuan al mandato de la Constitución Federal. siguen válidas y vigentes. de ahí que la omisión que había subsistido en cuanto a la trans- ferencia del servicio público de tránsito por el Go- bierno del Estado al citado Municipio. en el marco jurídico actual debe des- tacarse y tomarse en consideración que tanto la solicitud del Municipio de Hidalgo. como la aprobación respectiva del Ayun- tamiento. Más allá de la anticipación con que. Así. esas condiciones jurídicas habían dejado de existir para cuando la Corte resolvió el caso. Michoacán. en su mo- mento.también fueron emitidos antes de que culminara el plazo de un año. no se habían dado las condiciones jurídicas necesarias para for- mular el proyecto de transferencia correspondiente. el actor presentó la petición de transferen- . Sin embargo. de manera que debía de- clararse su invalidez. cuando se presentó la solicitud del Municipio al Ejecutivo local y cuando se emitieron las respuestas aludidas.
cia. el transcurso del tiempo la volvió atendible. 5 1/2003.320. . XVIII. CD-ROM IUS./J. septiembre de 2003. p. Novena Epoca. Semanarlo Judrcial de la Federaclun y su Gaceta. 1056.57 ' Tes~sP. t. pues siempre fue válida. 183.
María Teresa Herrera Tello. contra la CAmara de Diputados del Congreso de la Unión. AED/DGA/ 069/2003 y AED/DGA/070/2003. . Noviembre de 2003 La Auditoría Superior de la Federación no puede ordenar la realización de conductas específicas a los auditados en relación con las irregularidades que detectes* El Poder Ejecutivo Federal. promovió una controversia constitu- cional para impugnar los oficios números AED/ DGA/066/2003. Partente: Josls de Jesús Gudiiio Pelayo. dirigidos por la Auditoria Superior de la Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -el primero y el tercero. a través de su Conse- jería Jurídica.y al Instituta para la Protección del Ahorro Bancario -el segundo y el cuarto-. en su cardasr @eConsejera iurldica del Ejecutivo Federal. 4 de noviembre de 2003. AED/DGA/068/2003. La 58 Controversia constifucio~lal36/2003.
en su caso. se advierte que la facultad de auditar fue en principio atribuida al Congreso de la Unión en sus dos Cámaras. que se auxiliaban para tal efecto de la Contaduría Mayor de Hacien- da y. el objeto de la revisión de la cuenta pública no dejó de consistir en determinar o evaluar que los gastos fueran acordes con las partidas res- pectivas del presupuesto de egresos. realizado a partir del texto original de la Constitución Federal vigente hasta antes de la re- forma de 1999.parte promovente indicó que esos oficios pre- sentaban un contenido imperativo. . se nota que a pesar de los diversos matices que tomaría dicha atribución a lo largo de esos años. ajeno a las funciones de auditoría que le corresponden a la demandada. cuya razón de ser se desnaturaliza cuando ejerce imperio y coerción sobre los auditados. Asi- mismo. pasó a ser una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. a partir de 1977. constitucional y legislativo de la facultad de revisión de la cuenta pública. que fueran exactos y estuvieran justificados y. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que del análisis histórico. que igual- mente se auxiliaba de la contaduría indicada.
el marco constitucional relativo a la revisión de la cuenta pública fue reformado en 1999.CD-ROM IUS: 182. en el caso de una controversia derivada de acciones emprendidas a propósito de la cuenta pública de 2000. ~ g Ahora bien. de reco- nocer en el auditor. Tesis P/J. sino por la nueva Auditoría Superior de la Fede- ración. en su carácter de autoridad sustituta de la Contaduría Mayor de Hacienda. en el artículo segundo transitorio de la re- forma se dispuso que las cuentas públicas corres- pondientes a las anualidades de 1998.promover el fincamiento de las responsabilidades a que hubiera l ~ g a r . XVIII. Por tanto. la normatividad apli- cable es la previa a la última reforma. situación que cuadra con su calidad de ór- gano auditor.887. noviembre de 2003. De lo contrario. p. 60/2003. 1999 y 2000 se regularían por el anterior régimen. pero ya no por la extinta Contaduría Mayor de Hacienda. Semanario fudick+l de la Fed@racidny su Gaceta. Novena Época. . La Con- taduría Mayor de Hacienda no tenía facultades imperativas en relación con los auditados para ordenarles la realización de actos tendientes a superar lo que a su juicio constituían irregulari- dades. 367. t. esto es.
facultades imperativas en relación con los audi- tados -que no sean las inherentes a que éste realice su labor fiscalizadora-. Como auditor. con todas o cualquiera de las aristas que el régimen juridico exigiera y. pues lo convertiría en ejecutor o admi- nistrador directo de los recursos públicos. En conclusión. promover ante las autoridades competentes el fincamiento de las responsabili- dades conducentes. . y le daría ascendencia jerárquica sobre los propios audita- dos. cosa con- traria a su naturaleza de fiscalizador. pues imperio y coerción son elementos ajenos a las funciones de un contralor. se desnaturalizaría su función. en caso de advertir irregularidades. la Corte declaró la invalidez de los oficios impugnados. su función era constatar cómo se ejerció el gasto público.
GUDINO PELAYO. Héctor. FIX-ZAMUDIO. 2000. 1998. México. Maria Amparo. C. UNAMICorte de Constitucionalidad de Gua- temala. Joaquín. Eduardo (coord. México. ed. ed. de 5 de diciembre de 1994. Discusión en torno a l alcance de la competencia de /a Suprema Corte de Jus- ticia de la Nación en controversias consti- tuc~onales. FERRER MAC-GREGOR. México. Derecho constitucional mexicano y com- parado.MCxico. Jorge. México. México. Salvador. José de Jesús. Estudios constitucionales.. ed. Vicente Villacampa. FAVOREU. 3a. La acción de inconstitucionalidad. El artículo 105 constitu- cional. Ariel. Barcelona. Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2a. Juventino V. 1998.. Bibliografía ARTEAGA NAVA. Controversra sobre controversia. PorrúaIUNAM. núm. FIX-ZAMUDIO.. Porrúa.). UNAM. ed. 1994. 2003. 12. PorrúaIUNAM.. 7a. CARPIZO.Za. BRAGE CAMAZANO. CASTRO. México.. Dere- cho procesal constitucional (3 tomos). Héctor y VALENCIA CARMONA. Porrúa. Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el orde- namiento mexicano. Los tribunales constitucionales.. Louis. México. Elisur. ed. PorrúalColegio de Secretarios de la Su- prema Corte de Justicia de la Nación. 2000. A. 4a. 2001. Tratado de derecho constitucional (4 vols. 1999. La defensa jcrrisdiccional del municipio y la con- . 1999. trad. Oxford Uni- versity Press.).. Cuadernos Constitucionales México-Centroamerica. HERNANDEZCHONG CUY.
troversia constitucional, México, Universidad
Panamericana (sede Guadalajara), 1998.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONESJUR~DICAS,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos comentada (5 tomos), 17a. ed., México,
PorrúalUNAM, 2003.
----, Nuevo diccionario jurídico mexicano (4
tomos), México, PorrúalUNAM, 2001.
LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos
en el constitucionalismo mexicano, México,
PorrúaIUNAM, 1997.
ORTlZ MAYAGOITIA, Guillermo, "La justicia cons-
titucional en México" (Ponencia presentada en
la III Conferencia de Justicia Constitucional de
Iberoamérica, Portugal y España, realizada en
Guatemala, Guatemala, los días 22 a 26 de no-
viembre de 1999), México, 1999.
La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus
hombres, México, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, 1985.
----t Los tribunales constitucionales y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2003.
TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho constitucional
mexicano, 29a. ed., México, Porrúa, 1995.
ZIPPELIUS, Reinhold, Teoría general del Estado.
Ciencia de la politica, trad. Héctor Fix Fierro, 3a.
ed., México, PorrúalUNAM, 1998.
Constitución Politica de los Estados Unidos
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Esta-
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Ar-
tículo 105 de la Constitución Política de los Esta-
ACUERDO 411 996, RELATIVO A LOS EFECTOS DE
LOS CONSIDERANDOS DE LAS RESOLUCIONES
(APROBADAS POR CUANDO MENOS OCHO VO-
TOS) DE LOS RECURSOSDE RECLAMACI~N Y DE
QUEJA INTERPUESTOS EN LAS CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y EN LAS ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.29 DE AGOSTO DE 1996.
ACUERDO GENERAL NÚMERO 211998, DEL
TRIBUNAL PLENO, DEL D ~ ADIEZ DE MARZO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, PARA
LLEGAR AL ANO 2000 SIN REZAGO.
ACUERDO NÚMERO 112001, DE DOCE DE FE-
BRERO DE DOS MIL UNO, DEL TRIBUNAL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA-
CIÓN, QUE ESTABLECE REGLAS PARA ACELERAR
ELTRÁMITEY LA R E S O L U C I ~ N
DE LAS CONTRO-
VERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES
ACUERDO GENERAL NUMERO 512001, DE
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, DEL
TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA N A C I ~ N RELATIVO
, A LA DETER-
MINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARA
PARA SU RESOLUCI~N Y EL ENVIO DE LOS DE
SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y
A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
ACUERDO NÚMERO612003 DE TREINTA Y UNO
DE MARZO DE DOS MIL TRES, DEL TRIBUNAL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN, RELATIVO AL E N V ~ ODE ASUNTOS
DE SU COMPETENCIA ORlGlNARlAA LAS SALAS.
ACUERDO NÚMERO712003 DE TREINTA Y UNO
LA NACIÓN, QUE ADICIONA EL ACUERDO 1/1998
QUE REGULA EL TURNO DE EXPEDIENTES.
ACUERDO NUMERO812003 DE TREINTA Y UNO
LA NACIÓN, QUE DEROGA LA FRACCIÓNIII DEL
PUNTO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL
NÚMERO 512001, DE VEINTIUNO DE JUNIO DE
DOS MIL UNO, RELATIVO A LA DETERMINACI~N
DE LOS ASUNTOS QUE CONSERVARÁPARA SU
RESOLUCION Y E L ENVIO DE LOS DE SU
COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A
000 ejemplares impresos en papel bond de 75 grs. C.V. México. S. . D. Col. Se utilizaron tipos Humnst777 Lt Bt de 8.P.F. de C.A. 09830. La edición consta de 3. Dele- gación Iztapalapa. 11. 12 y 16 puntos. Esta obra se terminó de imprimir y en- cuadernar en junio de 2006 en los talle- res de Impresora y Encuadernadora Progreso. 9. San Lorenzo núm.. Paraje San Juan. 244.
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References: artículo 105
 resolución 
 artículo 137
 artículo 73
 artículo 105
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 76
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 Artículo 105
 artículo 10
 artículo 19
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 73
 artículo 74
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 artículo 177
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 19
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 105
 artículo 73
 artículo 122
 artículo 10
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 80
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 128
 artículo 129
 artículo 35
 artículo 86
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 137
 artículo 137
 artículo 84
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 105