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Timestamp: 2017-12-17 08:48:40+00:00

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El Pupitre - Jovenes Letrados by Asociación Jóvenes Letrados - issuu
¿Sanidad o negocio? ¿Público o privado?¿Eficiencia o eficacia?¿El ahorro o la salud de los enfermos?
¿Quién puede solicitar un abogado de oficio?¿Dónde debo acudir?¿Qué documentos tengo que presentar?
Nº1 de nuestra revista jurídica
La Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas. ¿Somos personas fisicas y jurídicas iguales en el orden penal? Y dentro de las personas jurídicas ¿Son todas responsables penalmente?¿Cuáles son los delitos de los que se derivan responsablidades penales para las personas jurídicas? Pág. 20
Asociación Jóvenes Letrados
EL PUPITRE Artículos
Constitución de 1978: ¿oportunidad o reliquia histórica?
El Derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros.
¿Puede un partido político cometer un delito? Contra el maltrato animal	Prestación por desempleo ¿a qué tengo derecho?
15 16-17	18-19
Ley de tasas: Desglosando el trabajo
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BIENVENIDOS Estimado amigo: Si usted se ha molestado en comenzar a leer esta revista es porque tendrá curiosidad de saber qué es la Asociación de Jóvenes Letrados. AJL es un grupo de personas que, ante la falta de oportunidades laborales, han decidido unir esfuerzos para lograr un reconocimiento mediante la ayuda a cualquier persona que requiera nuestro apoyo. Nuestras actividades son muy variadas pero la principal es, sin duda, ofrecer asesoramiento jurídico en todos los ámbitos del derecho de una forma gratuita, sin coste alguno para cualquier persona que nos quiera consultar. A esta actividad se suman la publicación de artículos de opinión, reivindicativos u otros de carácter más objetivo sobre la actualidad jurídica, política y económica, informar a ciudadanos y consumidores sobre sus derechos o la organización de cursos, conferencias o debates. Sobre nuestro origen, decir que el proyecto surgió cuando, tras haber transcurrido un largo periodo desde la finalización de la etapa universitaria, coincidimos varios compañeros en una entrevista de trabajo en pleno centro de Madrid. De allí nos trasladamos a un bar próximo, que es donde realmente surgen los grandes proyectos. Una cosa llevo a la otra y en apenas un mes estábamos inscribiendo los estatutos de la Asociación en el correspondiente registro. Transcurrido apenas mes y medio desde aquél día, y tras mucho esfuerzo y dedicación, hemos conseguido resultados que nos han animado a continuar y a fijarnos objetivos más ambiciosos por los que estamos dispuestos a trabajar duramente para crecer y que la Asociación de Jóvenes Letrados llegue lo más lejos posible. Sin duda, lo que más fuerza nos ha dado han sido las numerosas consultas realizadas por personas que han confiado en nosotros para contarnos sus problemas y dudas legales, y desde este primer número de nuestra revista nos gustaría agradecerles a todos ellos esa confianza depositada en nosotros. En cuanto a la revista, se trata de una recopilación de los artículos publicados en nuestro blog y nuestra web. También incluye algún texto nuevo y su publicación, en principio, tendrá carácter bimensual. Por economizar gastos y nuestro compromiso con medio ambiente, su publicación se realizará en formato digital. Está dividida en apartados en función del área de derecho que trate cada artículo. Sin más, me despido transmitiendo los deseos de todos los miembros de la Asociación, los cuales no son más que, aunque sea un único texto de esta revista, consiga hacerles reflexionar o le transmitan algún conocimiento que desconocieran. Si desean colaborar con algún artículo u otro tipo de aportación no duden en escribirnos en nuestra web, blog o en cualquier red social.
Rubén Pérez García Vicepresidente de AJL.
Constitución de 1978, ¿oportunidad o reliquia histórica? El 6 de diciembre es, para muchos, un día de fiesta, un día para no ir al trabajo, otro día más del mes de diciembre o, simplemente, un día menos para las fiestas de Navidad. Pero ese día 6 de diciembre es mucho más que todo eso, es el aniversario de la aprobación de nuestra actual Constitución, una constitución que marcó las reglas del juego de una naciente y débil democracia que tras más de 30 años parece más que oportuno abrir un debate que permita adecuar esas reglas del juego a una nueva situación social. Es indiscutible el papel de nuestra Carta Magna en la consolidación de nuestro actual Estado social y democrático de Derecho, pero no podrán negarme que existen partes que, hoy día, no tienen razón de ser o que, sencillamente, se han mostrado erróneas.
Sea un ejemplo el Título II, el de la Corona. Al margen de ideas a favor o en contra de la monarquía, lo cierto es que tiene difícil encaje en nuestro actual sistema de valores que haya una serie de personas que, por el hecho de nacer en una determinada casa, tengan reconocido un estatus especial. Es difícil de explicar la irresponsabilidad – y no
me refiero a las cacerías del Rey ni a las de sus parientes – sino a la inviolabilidad y falta de responsabilidad de Su Majestad. Es posible que pienses que, el Jefe del Estado debe de estar protegido ante una hipotética investigación judicial que, impulsada por algún pseudosindicato, pueda perjudicar a nuestras Instituciones. Cierto.
Pero, ¿qué ocurría si el Jefe del Estado atropella a una pobre madre de familia? La respuesta la tienes en nuestra Constitución: “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56.3). Ni qué decir tiene, claro, el tema de la primacía del varón sobre la mujer de cara a la sucesión a la Corona. Inexplicable.
Injustificable. Pero hay muchos otros preceptos que podrían ser revisados. La iniciativa legislativa popular, por ejemplo. Nuestra Constitución permite que los ciudadanos – “no menos de 500.000” – propongan a nuestros representantes una determinada política o cambio legislativo. Pero “hecha la ley hecha la trampa” pues nuestros represent-
En Portada antes no están obligados ni tan siquiera a debatir en plenario la propuesta avalada con, al menos, 500.000 firmas. Desde la aprobación de nuestra Constitución solo ha sido tomada en consideración una única iniciativa popular que se plasmó en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Triste. Más triste aún es saber que países como Italia, con 60 millones de habitantes, exigen solo 50.000 firmas; diez veces menos firmas que España, con 47 millones de habitantes.
Florentino Rincón Izquierdo. Licenciado en Derecho y Cc. Politicas y sociaofundador de AJL.
Nuestro modelo de distribución territorial del poder, calificado como modelo abierto o de geometría variable, ha posibilitado la configuración de 17 Comunidades Autónomas. Es, sin duda, uno de los grandes logros de nuestra Carta Magna, pues ha servido para conjugar las distintas sensibilidades y sentimientos patrios, desde los más centralistas hasta los independentistas, pasando por los federalistas. Ahora bien, el debate independentista suscitado en los últimos meses en Cataluña revela que este modelo, aunque eficaz, resulta insuficiente y, al margen del desvio de atención que ha causado – respecto de las políticas de ajuste impulsadas en la Generalitat – lo cierto es que ese sentimiento nacionalista existe. Taparse los oídos y mirar a otra parte sería de locos; ignorar el problema no es la solución. Es hora de recoger el guante y acometer las reformas constitucionales sin tapujos ni complejos. Es muy grande lo que el actual texto constitucional ha conseguido, pero son también muchas y muy grandes las demandas ciudadanas que no encuentran respuesta en su actual redacción. Avanzar hacia un modelo federalista que respete sensibilidades históricas de todo tipo, mejorar el sistema de participación ciudadana en la aprobación de las leyes, crear un auténtico modelo igualitario en el que TODOS tengamos los mismos derechos consagrar una clausula de salvaguarda de nuestro actual Estado del Bienestar son, sin duda, asignaturas pendientes.
¿Estas a favor o en contra de la modificación de determinados artículos de la Constitución española actual A FAVOR
LOS RELATIVOS A LA CORONA
0% LOS RELATIVOS A LAS AUTONOMÍAS
0% SI QUIERE PODER PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN NUESTRA ENCUESTA LE DEJAMOS EL SIGUIENTE ENLACE: http://asociacionjovenesletrados.wordpress. com/2012/12/06/a-favor-o-en-contra-de-la-modificacion-de-nuestra-constitucion/
EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA DE LOS EXTRANJEROS. ¿DE LA NECESIDAD AL PRIVILEGIO? La palabra extranjero tiene su origen en el término latino extraneus (extraño), haciendo referencia a una persona de otro país. En nuestro ordenamiento, la definición se ha mantenido dado que podemos definir como extranjero a toda aquella persona que carece de la nacionalidad española. Por otro lado, el término sanidad se define como el paquete de prestaciones destinado a la protección de la salud de los habitantes de un Estado. Se trata de una definición excesivamente amplia por ello, en las próximas líneas acotaré ese término teniendo presente la evolución de este derecho, así como la aplicación del mismo a las personas extranjeras en nuestro país. La Constitución española destina su artículo 43 al derecho a la asistencia sanitaria, señalando en su apartado primero que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Y en su apartado segundo se le encomienda a los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública. Es por tanto, el derecho a la sanidad, un derecho protegido y amparado por la Constitución española. En el citado artículo no se hace distinción alguna entre españoles y extranjeros, es más, en consonancia con esta apreciación, el artículo 9 de la Carta Magna señala que “todos los ciudadanos, así como los poderes públicos, están sujetos tanto a la Constitución como al resto del ordenamiento”; por último, el artículo 13, hace referencia concretamente a los extranjeros, señalando que “los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley”. Debido a la redacción de este artículo se han planteado dudas acerca de cuáles son y en qué medida los derechos que tienen los extranjeros. La sentencia 236/2007 del Tribunal Constitucional actúa como fundamento para encontrar respuesta a esta cuestión. En la misma, el TC, hace una distinción entre los diferentes derechos a la hora de determinar cuáles han de aplicarse y en qué grado a los extranjeros. El primero de los grupos hace referencia a los derechos inherentes a la dignidad de las personas, el segundo grupo al derecho de asociación y reunión y el tercero a todos aquellos derechos que se pueden aplicar, aunque no ha de ser dicha aplicación
en condiciones de igualdad a los ciudadanos españoles. Es precisamente en este tercer grupo donde se encuadraría el derecho a la sanidad. Una vez detalladas brevemente las referencias que la Constitución hace de este derecho, y analizando de lo general a lo particular, tenemos la Ley orgánica de extranjería (LOEX 2/2009) que en su artículo 12 concluye que tiene derecho a asistencia sanitaria: 1. Los extranjeros inscritos en el padrón municipal, los menores de edad y las embarazadas durante dicho periodo, el parto y el postparto, tendrán este derecho en iguales condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros no empadronados tienen derecho a asistencia sanitaria de urgencia en caso de enfermedad grave o accidente. Como se puede observar, en este caso, la Ley otorga una especial atención en materia sanitaria a los extranjeros dado que reconoce el derecho a la sanidad a todas las personas, con indiferencia de que se encuentren o no en una situación legal, teniendo, el derecho de asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles los inmigrantes inscritos en el padrón municipal y aquellos que no lo estén, con excepciones (menores y embarazadas), tendrán derecho a asistencia sanitaria en caso de urgencia grave o accidente. Sin embargo, esta redacción no es la definitiva en relación con el derecho de asistencia sanitaria ya que el Martes 24 de Abril de 2012 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado en la Sec.I pág. 31286, el RDL 16/2012, que en concreto, su artículo 3 ter, modifica sustancialmente el derecho de los extranjeros a la sanidad.
Actualidad De esta nueva redacción podemos extraer las siguientes conclusiones: 1.	No es suficiente el empadronamiento de la persona extranjera para recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 2.	Los extranjeros no residentes legalmente en España tendrán derecho únicamente a asistencia sanitaria: a.	En caso de urgencia por enfermedad grave o accidente. b.	En las mujeres durante el parte y postparto. c.	Excepcionalmente, los menores de edad tendrán derecho a la sanidad en las mismas condiciones que un español.
Es decir, se ha producido un cambio sustancial en nuestra legislación, recordemos que en la ley de extranjería de 2009 se reconocía este derecho en las mismas condiciones a españoles y extranjeros por el mero empadronamiento y actualmente, no es suficiente el empadronamiento sino que el extranjero debe residir legalmente en España. ¿Qué consecuencias se derivan de la nueva legislación? La persona extranjera está viendo reducido su derecho a la asistencia sanitaria (tristemente no es el único derecho que se les está recortando) debido a que, según distintos cálculos realizados, en torno a 200.000 personas quedarán fuera de nuestra sistema sanitario. Concretamente, el 1 de septiembre se les retiraron las tarjetas sanitarias a todos aquellos inmigrantes no residentes legalmente en España, que para poder recibir asistencia sanitaria, salvo en los casos de urgencia, menores y parto, deberán abonar unas cantidades, bastante elevadas, para poder acudir a los servicios sanitarios. ¿Cómo una persona en situación ilegal puede conseguir esas cantidades de dinero
para poder costearse los tratamientos médicos? Y si no lo consiguen, como en la mayoría de los casos, ¿va a dejar este Gobierno que estas personas que tanto han aportado en últimos años a nuestra sociedad mueran? ¿Es justo que una persona que paga su sanidad a través de impuestos no pueda beneficiarse de este derecho básico para cualquier ciudadano? Esta última cuestión bien podría aplicarse tanto en el caso de españoles como en el de los extranjeros ya que, actualmente, debemos de costearnos por dos veces determinados medicamentos básicos, prótesis, ambulancias (en determinados casos), etc. Con esta medida según ha anunciado el Gobierno se ahorrarán alrededor de 500 millones de euros, que al realizar un cálculo rápido obtenemos la siguiente cuenta: 	Un inmigrante gastaría, según las estimaciones de ahorro 2.500 euros en sanidad, mientras que el salario de un ministro al mes sería, aproximadamente de 5.000 euros (70.000 € al año/14 pagas). Finalmente, no debemos olvidar, que la sanidad la pagamos todos y cada uno de los ciudadanos a través de los impuestos (tanto los españoles como los extranjeros), es decir, mediante el abono del IVA cuando compramos un electrodoméstico, al echar gasolina pagamos el denominado céntimo sanitario, IIEE, etc. y sin embargo, a los extranjeros, se le priva del derecho a la asistencia sanitaria. Esta medida ha sido muy criticada por la mayoría de los sectores de la sociedad y será, finalmente, el Tribunal Constitucional el que determine sí la privación del derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular introducido por el Real Decreto Ley 16/2012 se ajusta a la Constitución o si es manifiestamente contrario a nuestra Carta Magna, como pensamos y argumentamos gran parte de la sociedad. Esmeralda Romo Díaz Licenciada en Derecho y Cc. del Trabajo y socia fundadora de AJL.
Tras el anuncio el pasado miércoles por el Presidente de la Comunidad de Madrid (CAM), Ignacio González, de la intención de convertir el Hospital La Princesa en un geriátrico, la indignación y la consternación se han apoderado tanto de los médicos como de los pacientes y vecinos. Ante esta inesperada noticia, la reacción de la gente no se ha hecho esperar, entre otros motivos, porque este Hospital es el centro público de alta complejidad mejor valorado por los pacientes en 2011. El Hospital de la Princesa lleva 160 años ofreciendo la mejor sanidad pública a los ciudadanos y además cuenta con varias áreas de referencia en investigación, está altamente especializado en áreas como neurocirugía y hematología, y, al ser un hospital universitario, cuenta con centenares de estudiantes de medicina y de enfermería que ven ahora su futura formación
en el Hospital con mucha incertidumbre. Lo que el Gobierno de la CAM propone es convertir el Hospital en un centro especializado en personas mayores de 75 años, lo que tendrá como consecuencia su “desmantelamiento” para poner en marcha un proyecto del que no se había informado ni siquiera al gerente hasta el miércoles cuando se hizo pública la noticia. El hospital cuenta con 12 plantas y atiende a alrededor de 313.000 personas. Si los nuevos planes del Gobierno de la CAM finalmente se implantasen, solamente los mayores de 75 años podrían seguir siendo atendidos en este hospital, lo que supondría más o menos unas 39.400 personas, una diferencia bastante grande como se puede observar. Como consecuencia inmediata, el resto de pacientes del hospital, unos 273.600, deberán ser derivados a las urgencias y las consultas de otros hospitales de la capital
que no han sido concretados por el Gobierno, sumando esta cifra al número habitual de pacientes que estos centros suelen atender. El cierre de las urgencias del hospital está previsto para el 15 de noviembre, pero además se eliminarán servicios clínicos que cuentan con una alta especialización como neurocirugía, cirugía maxilofacial, torácica y cardiaca. También desaparecerán parte de los laboratorios, incluso habiendo sido remodelado completamente el año pasado el de microbiología por la CAM con una inversión de 570.000 euros, el cual participa en un programa internacional sobre infecciones en trasplantados. Además, la unidad de trasplante de médula fue inaugurada el pasado enero. Como podemos apreciar, el futuro de esas inversiones, de los múltiples proyectos de investigación que hay en marcha, de las dos unidades de
Actualidad referencia nacional y de la docencia queda suspendido en la incertidumbre. Como medidas de actuación, los trabajadores del hospital iniciaron un encierro, y empezaron a organizarse para evitar el “desmantelamiento” de La Princesa. Desde que la noticia salió a la luz, se llevan a cabo concentraciones y manifestaciones a las 11:00h y las 18:00h, cortando el tráfico de Diego de León para recorrer las calles que bordean el hospital en protesta. Además ha puesto en marcha una gran campaña de recogida de campaña de recogida de firmas en la puerta del hospital, la cual ha conseguido ya reunir unas 200.000 y en internet, así como cuentas de twitter y facebook y un blog donde nos cuentan las últimas novedades. Por su parte, distintas asociaciones médicas como, entre otras, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se han pronunciado al respecto: señalando que “los hospitales monográficos para la atención a personas mayores están prácticamente desterrados en el mundo occidental desde hace ya varias décadas, por razones, entre otras, funcionales, económicas y éticas”. Estas asociaciones consideran que la “restructuración” del hospital de La Princesa en un hospital de atención para, únicamente, personas de avanzada edad, implica una situación de clara discriminación para con el resto de la población que no podrá beneficiarse, como lo estaba haciendo hasta ahora, de los grandes especialistas del citado Hospital, debido, precisamente, al acotamiento realizado por la CAM en relación con la edad de los pacientes.
Por otro lado, no debemos olvidar que son precisamente las personas mayores (que por otro lado tienen derecho asistencia sanitaria de calidad, en todos los hospitales de la CAM, no siendo necesaria la “aglomeración” de los mismos en un único hospital) las que debido a los achaques propios de su edad van a generar mayores gastos, no ahorrándose, por tanto cuantía alguna. Ante tantas críticas del personal médico, pacientes, vecinos y expertos, el Gobierno de la CAM parece haber reculado en su proyecto, pero aún quedan varias cuestiones por resolver según han manifestado los responsables del hospital. Esperemos pues que el Gobierno recapacite y de marcha atrás definitivamente a su plan que, más allá de cuestiones políticas e ideológicas, va a afectar negativamente a una parte importante de la población y que además no responde a una demanda real de un geriátrico.
Inmacualda Riega Casado Licenciada en Derecho y Cc. Políticas y socia fundadora de AJL.
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El matrimonio homosexual: más vale tarde El 3 de julio de 2005 puede parecer una fecha mas en el calendario, pero la verdad es que este día cambio la vida de miles de personas en España pertenecientes al colectivo homosexual de nuestro país.
Hasta entonces, el código civil prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la grandeza de este día radica en la aprobación de la Ley 13/2005 a través de la cual se modificaron los artículos del Código Civil, permitiendo de este modo que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio entre si.El 3 de julio de 2005 puede parecer una fecha mas en el calendario, pero la verdad es que este día cambio la vida de miles de personas en España pertenecientes al colectivo homosexual de nuestro país. Hasta entonces, el código civil prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la grandeza de este día radica en la aprobación de la Ley 13/2005 a través de la cual se modificaron los artículos del Código Civil, permitiendo de este modo que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio entre si. Este paso adelante en política de derechos sociales de nuestro país vino precedido de la promesa del ex presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que en su programa electoral de 2004 incluía la promesa electoral de reformar los preceptos necesarios para que dos personas del mismo sexo tuvieran los mismos derechos para poder contraer matrimonio en nuestro país. Pero no todo ha sido un camino de rosas en lo que a la promulgación de esta ley se refiere, ya que desde su inicio varias han sido las voces en contra de la misma, como puede ser la iglesia católica, que se oponía al mismo argumentado que el matrimonio es una institución que ha de darse entre un hombre y una mujer.
Pero estas espinas todavía persisten después de 7 años y 22.000 compromisos entre personas del mismo sexo. Esto se debe a que tras su aprobación, el Partido Popular presento un recurso en contra de la Ley ante el Tribunal Constitucional. Como se suele decir, la justicia llega tarde, pero llega, ya que a fecha de 6 de noviembre de 2012 por fin tenemos el veredicto del mismo acerca de la validez o no de la Ley 13/2005. Esta, para alegría y tranquilidad del más del 66% de la población (ya que las encuestas revelan que no solo el colectivo homosexual se encuentra a favor de esta ley) ha ratificado la Ley en su momento promulgada por el PSOE, con una votación final de 8 votos a favor y 3 votos en contra. Por tanto, la pregunta que nos queda por resolver es ¿Por qué tanto empeño del Partido Popular en contra de una ley que no hace sino favorecer los derechos de un colectivo infravalorado? Ante la misma podemos dar diferentes respuestas, como puede ser una postura de oposición con la única premisa del desgaste o también la representación de los valores del colectivo de la iglesia, que de otro modo no cabria su voz y voto en los despachos. Pero sinceramente, parece ser que al final esta votación es un nuevo respiro a favor del Partido Popular, ya que de este modo se libra actualmente de una crisis que empezó en 2005 y que dada la situación actual, ponerse en contra
mas de la mitad de la población española no es lo que necesita en estos momentos el gobierno de Mariano Rajoy.
Con esta decisión, podemos destacar tanto la felicidad como la tranquilidad de todas aquellas personas que contrajeron matrimonio en nuestro país desde la promulgación de la misma, especialmente destacaremos la felicidad de Carlos y Emilio, primera pareja homosexual en nuestro país en contraer matrimonio. Finalmente me gustaría finalizar este artículo de la forma mas explicita posible, y no puede ser otra que con la redacción del segundo párrafo del presente artículo 44 del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.”
Comentarios de nuestros lectores 16/11/2012
Una gran definición del tema, me ha parecido muy razonable la manera en que lo exponía. Seguiré en contacto con este blog para posibles consultas. Jose Luis Ortega.
Rubén Muñoz Martínez-Blanco Licenciado en Derecho y Cc. del Trabajo y socio fundador de AJL.
Un articulo oportuno y bien explicado, sobre todo por las consecuencias sociales que esta ley tiene en la sociedad. Ahora sus derechos son completos en temas tan importantes como la adopción. Felicidades por esta iniciativa, me atrevo a sugerirle que puesto que en su articulo toca un poco de pasada el tema de la relación entre poder e iglesia podamos en breve leer algún articulo suyo o de sus compañeros con respecto a este tema y como se contempla en nuestra carta magna y legislación. Isabel11.
Un parche a los desahucios La muerte de Amaia Egaña el pasado día 9 en Barakaldo ha desembocado en una serie de acontecimientos que aproximan hacia una posible solución el drama de los desahucios. Es el segundo suceso similar que ocurre en menos de un mes (el anterior en Granada, el 25 de octubre), y es que la situación económica de muchas familias se ha convertido en insostenible.
Entre las distintas medidas que propone el Partido Socialista se encuentran la posibilidad de dación en pago mediante el abono de un arrendamiento social, ponerle freno a los intereses de demora o la imposibilidad de que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos familiares (medida contra el sobreendeudamiento). El resto de los Partidos Parlamentarios también insisten en la necesidad de una nueva Ley, y critican que la solución que adoptada solo pretende paralizar los desahucios en casos extremos. Sobre la necesidad de cambio o reforma en el ámbito hipotecario, además de los partidos políticos, se han pronunciado Jueces, el CGPJ o la Defensor del Pueblo, que la semana pasada también propuso una serie de medidas.
Los datos son preocupantes: en el segundo trimestre del año han aumentado un 13,4% el número de desahucios respecto al mismo periodo del 2011. Se han producido un total de 18.668 desahucios, es decir, más de 6.000 desahucios al mes en toda España, cifra histórica. Además, se han iniciado 23.421 procesos de ejecución hipotecaria en ese periodo, un 14% más que el año anterior. El Código de Buenas Prácticas Bancario, que aprobaron los populares el pasado invierno y al cual se adhirieron las entidades financieras, ha resultado insuficiente contra los desahucios. Desde el Partido del Gobierno, tras fracasar las negociaciones con el principal partido de la negociación, ha tomado las medidas que considera más convenientes para solucionar el problema de los desahucios mediante la aprobación el pasado jueves de un Real Decreto-Ley (27/2012).
Incluso, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha emitido un dictamen cuestionando la ilegalidad de la Ley Hipotecaria, dictamen emitido a solicitud de un Juez de lo mercantil barcelonés. El dictamen emitido por La Abogada General Juliane Kokott, concluye que la Ley es contraria a los derechos de los consumidores al impedir la defensa del deudor frente a cláusulas abusivas del contrato, derechos que se reconocen y garantizan a través de la Directiva 93/13. En el lado opuesto de los desahuciados están los bancos y cajas, los cuales aparecen como los malos del cuento. En su favor decir que actúan amparados por la legislación que, independientemente de la veracidad de la inconstitucionalidad planteada por el TJUE, llevan a cabo sus actividades dentro del ordenamiento jurídico, cumpliendo con la misma y ajustándose a derecho en los procesos de ejecución hipotecaria.
Derecho Civil aludiendo a la inmediata necesidad de las mismas, dejando abierta la vía de la reforma de la Ley hipotecaria (necesidad de abordar mejoras sobre los mecanismos de ejecución hipotecaria). La medida principal que se toma en el RDL consiste en la suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. El deudor hipotecario se debe encontrar en una determinada situación para poder evitar la ejecución del lanzamiento. Al día siguiente del suceso de Barakaldo, el banco responsable de la ejecución hipotecaria de la mujer fallecida, Kutxabank, fue el primero en anunciar la suspensión de todos los procedimientos hipotecarios. Y unos días después, han sido todos los bancos, a través de la Asociación Española de Banca (AEB), la que ha paralizado todos los lanzamientos durante un periodo de dos años en los casos en los que “concurran circunstancias de extrema necesidad”.
2. Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
En estos comunicados, y algunos realizados por cada Banco en particular, se ha informado de las medidas y esfuerzos que han realizado algunos bancos con medidas como refinanciaciones, dación en pago o alquileres sociales, siempre mirados caso por caso. La Banca hace ver así su preocupación y compromiso con el problema. Entramos ya en el análisis del Real Decreto-Ley acordado por el Gobierno. El Real Decreto-Ley que aprobó el pasado jueves el Consejo de Ministros tiene como objetivo la adopción de una serie de medidas que contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios. El propio RDL señala la necesidad de aprobación del mismo aludiendo a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país. El fin último del mismo es garantizar que ningún ciudadano es conducido a una situación de exclusión social. El Gobierno justifica las medidas tomadas en el texto
Respecto a los supuestos de especial vulnerabilidad que recoge la norma son los siguientes: 1. Familia numerosa.
3. Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 4. Unidad familiar en la que alguno de sus miem bros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma per manente para realizar una actividad laboral. 5. Unidad familiar en la que el deudor hipote cario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desem pleo. 6. Unidad familiar con la que convivan una o más personas unidas con el titular de la hi poteca o su cónyuge por vinculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, las cuales deberán encontrarse en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite para realizar actividad laboral. 7. Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género. Por su parte, los requisitos económicos que deberá
Derecho Civil cumplir el deudor hipotecario son: 1. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que son 19.170,39 euros (en 12 pagas). 2. Que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. Conforme al RDL, se entiende que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5. 3. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar. 4. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. Es decir, no se puede tratar de una hipoteca sobre segunda vivienda. Aclarar que respecto a los requisitos personales basta con que concurra uno de ellos para encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. En cambio, los requisitos económicos deben ser cumplidos todos para poder ser beneficiario de la suspensión.
vigor, es decir, que durará hasta el 15 de noviembre de 2014, lo que quiere decir que si un deudor se acoge a la medida dentro de un año solo tendrá un año de descanso respecto al pago de su hipoteca, y no dos años. Concluyo brevemente dando mi opinión sobre el tema. Pienso que es más importante realizar un cambio en profundidad a través de una nueva, o muy reformada, Ley Hipotecaria que poner un simple parche que sirva para suavizar y calmar a la sociedad. El problema de los desahucios ha llegado a su punto de ebullición y de la solución tomada en esta semana va a depender el futuro de muchas personas, por lo que no hay que tomarlo a la ligera. La solución aprobada por el Consejo de Ministros deberá servir para paliar las deficiencias que tiene la Ley a corto plazo. El tiempo dirá si consigue concluir del todo con los problemas que derivan de ella.
Rubén Pérez García Licenciado en Derecho y Cc. Políticas y socio funda dor de AJL.
Una cuestión criticada es la no retroactividad de este RDL. El mismo señala que será de aplicación a los procesos de ejecución que se hayan iniciado a la entrada en vigor del RDL (15/11/2012), siempre que no se haya ejecutado el lanzamiento. Junto a la moratoria de dos años, en la norma se recoge la creación de un fondo social de viviendas, que se acordará con las entidades de crédito, con la finalidad de ofrecer un alquiler a precio low cost a personas que hayan sufrido un desalojo, que se adapte a su situación económica. Este aparatado del RDL está llena de ambigüedad, ya que no ofrece ninguna pista sobre sus condiciones, por lo que abra que esperar noticias desde el Gobierno para saber más. Por último, respecto al RDL, criticar que la moratoria tiene un plazo de dos años desde su entrada en
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¿Puede un partido político cometer un delito? Nuestro Estado social y democrático de Derecho es el escenario en el que actúa un partido político. Un bonito escenario en el que los partidos políticos no deben de cometer delitos y, en el supuesto excepcional de que cometan un delito, asumirán sus responsabilidades como todo ciudadano más de nuestra sociedad. Un bonito escenario, sin duda. Pero la realidad es bien distinta. Los partidos políticos, que tienen reconocida constitucionalmente una importancia capital para el correcto desarrollo y ejercicio de la democracia, no son sino meras personas jurídicas inscritas en el correspondiente registro. En ese sentido no se diferencian tanto de una empresa, una fundación o una asociación.
La diferencia radica en el régimen penal al que están sujetos: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este régimen supone un más que notable avance en materia de protección jurídica ya que hace que una empresa, por ejemplo, puede ser juzgada y condenada por cometer un delito. Parece algo lógico, pero no lo era tanto para algunas cabezas pensantes que se resistieron hasta el año 2010 para aprobar una ley que lo regulase, mas allá de las responsabilidades accesorias que existían hasta entonces. Esta regulación hace posible que cuando una empresa comete un delito, pueda ser juzgado y condenado no solo el administrador o directivo de turno, sino también la propia empresa, llegando incluso a ordenar la disolución de la empresa – todo ello con las particulari-
dades que recoge nuestro Código Penal; Pero, ¿qué ocurre con los partidos políticos? Nuestro legislador ha querido recoger unas excepciones en las que una persona jurídica no tendrá responsabilidad penal. Entre estas excepciones se encuentra el propio Estado o sus Entidades Públicas Empresariales, pero también los partidos políticos y los sindicatos. En principio, esta excepción que hace que un partido político pueda cometer un delito, pero que no responda por ello, se basa en ese importante papel de los partidos políticos para nuestra democracia. Ahora bien, el contexto político, económico y social actual ha llevado a muchos ciudadanos a cuestionar ese “importante papel” de
los partidos. Nuestro sistema político necesita cambios, transformaciones que nos alejen de un modelo propio del siglo XVIII. Estas transformaciones, algunas más profundas que otras, tienen que ser realizadas con valentía y, a la vez, con miras de futuro. Un bonito comienzo para estas transformaciones sería, por qué no, reformar el Código Penal permitiendo que, si un partido político comete un delito, tenga que responder ante la Justicia. Florentino Rincón Izquierdo. Licenciado en Derecho y Cc. Politicas y sociaofundador de AJL.
Contra el maltrato animal “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” El fragmento anterior hace referencia al artículo 15 de nuestra Constitución. En el mismo podemos apreciar la especial protección al derecho a la vida y a la integridad física, pero, de ¿quién? Parece claro que este derecho engloba tanto a españoles como a extranjeros pero ¿qué pasa con los animales? ¿Acaso ellos no tienen derecho a la vida? ¿A la integridad física? ¿Es posible matar a un animal, golpearle, torturarle y que no le pase nada al autor de dichos hechos? Para poder responder a estas cuestiones hay que acudir al Titulo XVI Capítulo IV del Código Penal, reservado a los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos donde en su artículo 337 hace referencia a aquella persona que maltrate injustificadamente (¿es posible la justificación en el maltrato?) a un animal domestico o amansado y como causa del mismo muera o le sobrevengan lesiones de carácter grave, la pena en estos casos es vergonzosa, oscila entre los tres meses y un año. ¿Es esta una pena ya no razonable sino justa? ¿Es esto lo que merece un “individuo” que lesiona o mata a un animal? Gran parte de la sociedad, entre la que me incluyo, consideramos que esto no es suficiente, que no es justo, máxime cuando en innumerables ocasiones el autor de estos delitos queda impune. Todos hemos podido leer historias lamentables de sujetos que intentan enterrar vivos a sus animales, o que van a cazar gatos, o que dejan de dar de comer a sus animales, los golpean, vejan, los abandonan, etc. ¿Es por tanto justo este artículo? No lo creo, y como yo muchas personas buenas que, afortunadamente, quedan en este país. En España, solo el año pasado se recogieron, entre perros y gatos abandonados, aproximadamente 200.000 animales. Es una cifra que aumenta en fechas señaladas como vacaciones de verano o navideñas. Estas cifras se están incrementando debido a la crisis económica, ahora bien, no veo en la crisis una razón como para abandonar animales a su suerte. Si no puedes hacerte cargo de un animal que tanto te ha dado, lo justo es que lo dejes en un centro acondi-
cionado en lugar de tirarlo en la calle. En relación con la situación de crisis económica no hay ejemplo más claro que el de los cientos de personas sin hogar: vas caminando por la calle y ves que la mayoría de las personas que carecen de recursos, que están pidiendo para poder comer en la calle, tienen un perro o un gato; entonces ¿cómo es posible este aumento en el abandono de animales? Quizás, es la gente que vive en la calle, los que son capaces de apreciar la vida, la compañía frente a la soledad; son estas personas, así como todas aquellas que lo dan todo por ayudar a los más indefensos las que, cada día, cuando paseas por el centro de tu ciudad te dan una lección de humanidad. Aunque el abandono, maltrato o asesinato de animales domésticos es un tema que siempre, y por desgracia, está de actualidad, en este artículo no me quiero olvidar del resto de los animales, que por unas u otras causas, sufren otras condenas. A la luz del artículo 337 podemos observar el delito contra animales domésticos o amansados, ahora bien ¿qué sucede con las granjas de patos cuyo fin es que su hígado termine en el plato de un adinerado? ¿gallinas, cerdos….y otros tantos animales? Es completamente legal tener a los animales en unas jaulas siempre que cumplan con una normativa en relación con las medidas de las mismas. Hace unos meses saltaba la noticia a los medios en relación con las grandes inversiones que tenían que realizar los criadores de gallinas debido a un cambio en las medidas de las jaulas donde han de estar encerradas de por vida las gallinas (no olvidemos que los machos son arrojados a trituradoras vivos debido a que no sirven para este negocio). Tras la entrada en vigor de la nueva Directiva europea las jaulas aumentan sus dimensiones de 570 centímetros a 750 por gallina, fijando además una serie de mejoras como baños de arena o chapas que no permitan que las gallinas se vean entre sí. Ahora bien, si las quejas de los productores vienen por las inversiones que han de realizar y el numero de gallinas que van a perder por el espacio; enton ces, ¿no será mejor, tanto para las gallinas como
Derecho Penal para los productores criar a las gallinas ponedoras en libertad? Si optan por esta opción, como ha sido el caso de la empresa Coren, no tienen que asumir el coste de las jaulas, la calidad de los huevos será mayor por la falta de estrés del animal y, sobretodo, el animal está en su medio natural, con libertad deambulatoria, en definitiva, libre.
A la hora de hacer una prenda de piel hay dos opciones: - El sacrificio de animales libres: Alrededor de 20 millones de animales son cazados mediante trampas que les hacen padecer un dolor insoportable y generalmente alargado en el tiempo. Con esta medida no solo se sacrifican los animales “necesarios” para hacer la prenda en cuestión sino que mueren otros animales que son desechados por no corresponder a la especie deseada para los mismos. - Animales criados en granjas: Unos 40 millones de animales son criados en granjas, metidos en cajas, amontonados con otros animales lo que provoca enfermedades, mutilaciones, muertes… A todos estos animales se los sacrifica gaseados, electrocutados, desangrados, por dislocación de cuello, incluso en ciertos casos se despelleja vivo al animal.
No es diferente la situación de los criaderos de patos para el “suculento foie”; en estas jaulas, los patos no pueden prácticamente moverse, en muchos de los casos, las situaciones higiénicas son lamentables, los patos mueren por el trato recibido, les obligan a comer y a comer con independencia de si el pato está en condiciones de hacerlo o tiene una enfermedad, el pico destrozado, etc. ¿Y todo para qué? Para quitarles el hígado y servirlo en el plato de una persona capaz de pagar por semejante atrocidad. En relación con estos dos últimos casos señalar únicamente que debería haber una mayor conciencia con el bienestar de los animales, que aunque no sea delito tenerlos encerrados de por vida en condiciones ínfimas debería ser objeto de protesta, deberíamos entre todos, en los tiempos que corren, conseguir que estas normativas cambien, y que se respete tanto a las personas (que no ocurre siempre) como a los animales. Estas espantosas historias no solo hacen referencia a los perros, gatos (aunque estos son igualmente empleados para hacer algunas de estas prendas), patos, gallinas, etc, sino también a la cantidad de animales que se sacrifican para que una señora o señor lleve puesto un abrigo de visón, o una estola de piel de ardilla, de zorro, de mapaches, unos zapatos de piel de serpiente, cocodrilo, etc. Según diversos estudios alrededor de 140 millones de animales silvestres mueren cada año para pasar a ser, algunos de ellos, una prenda de vestir.
Solo me queda decir que somos una sociedad más que primitiva, porque al menos, los primeros hombres mataban animales y usaban sus pieles para abrigarse del frio y sin embargo ahora permitimos el sacrificio masivo de animales para que un _________________ (que cada uno complete la línea con la palabra que considere adecuada) lleve un abrigo para “aparentar” un cierto estatus social delante de sus iguales. Quería terminar este artículo con un ruego: Yo tengo una gata preciosa a la que adoro, y si algún día perdiera la cabeza (ya que sería el único modo) y la infligiera algún daño, espero que en este país hayamos logrado, entre todos, cambiar, no solo el insuficiente artículo 337 del CP, sino también, lograr mejorar las condiciones de muchos otros animales, para que se me condene en iguales condiciones que si hubiera causado ese mal a un ser humano.
Esmeralda Romo Díaz Licenciada en Derecho y Cc. del Trabajo y socia fundadora de AJL.
Prestación por desempleo: ¿a qué tengo derecho? Desde la Asociación de Jóvenes Letrados hemos creído necesario realizar este apartado concreto en relación con la prestación por desempleo que un trabajador cobrará en caso de ser despedido. La cuantía de la prestación a recibir por el trabajar es una de las grandes dudas que tienen las personas que pierden su empleo. El primer paso a realizar por el trabajador una vez se le comunica su despido es solicitar la prestación, dentro de los 15 días posteriores al despido. ¿DÓNDE LO SOLICITAMOS? En los Servicios Públicos de Empleo (conocido anteriormente como INEM). Para observar la tabla con estos calculos introduce en tu navegador el siguiente enlace: PERIODO COTIZADO Si cotizas entre 360 a 539 días 540 a 719 días 720 a 899 días 1080 a 1259 días 1260 a 1439 días 1440 a 1619 días 1620 a 1799 días 1800 a 1979 días
Nº DE DÍAS DURANTE LOS QUE SE PERCIBE LA PRESTACIÓN Cobrarás durante 120 días 180 días 300 días 360 días 420 días 480 días 540 días 600 días
¿CUÁL ES LA CANTIDAD QUE EL DESEMPLEADO VA A PERCIBIR? 1. El paro se concreta en relación a la base reguladora o base de contingencias profesionales, en concreto será un 60% de la misma durante los 6 primeros meses. 2. Una vez transcurridos estos 6 meses, el porcentaje disminuye un 10%, quedándose en un 50% de la base reguladora. ¿QUÉ FACTORES HAY QUE TENER PRESENTES PARA REALIZAR EL CÁLCULO? 1. Para poder realizar el cálculo correctamente debes hacer la media de la base de cotización de los últimos seis meses. Es decir, dividimos entre 180 la base de cotización a la seguridad social. Esa cantidad que te sale es diaria, por lo que para conocer la base de cotización en un mes debes multiplicar esa cantidad por 30, siempre por 30 con independencia de que algunos meses sean de 31 días; dado que para estos cálculos se toma como referencia que 1 mes son 30 días, siempre.
Derecho Laboral De la cantidad que obtengas tienen que tener presente que cobrarás un 70% de la mismas los primeros 6 meses y luego un 60% de la misma. 2. Anota el tiempo que has trabajado en los últimos seis años. De los días que obtengas dependerá si tienes derecho a prestación y la duración de la misma. para ello hemos incluido una tabla donde puedes buscar la relación entre el periodo cotizado y los días que vas a disfrutar de prestación. 3. Y por último, tienes que tener en cuenta el número de hijos propios que sean menores de veintiséis o incapacitados que convivan con el solicitante y tengan ingresos inferiores a 641,40€. Para el cálculo en relación con los hijos se tiene en cuenta el IPREM que es el índice público de renta de efectos múltiples. La prestación mínima oscilará entre el 80% incrementado en 1/6, si tienes hijos será del 107% incrementado en los mismos valores. Y la prestación máxima no podrá ser superior al 175% con el incremento de una sexta parte sin hijos a cargo, con un hijo será, contando el citado incremento, de un 200% y con el mismo incremento del 225% con más de un hijo a su cargo.
- Nº hijos que viven en su domicilio. -Diligencia de documentación presentada en este tramite. Por otro lado, y aunque en posteriores entregas lo desarrollaremos en profundidad, encontramos el subsidio por desempleo. Se trata de una cuantía que perciben algunos desempleados (los que cumplan con una serie de requisitos cada vez más restrictivos) una vez han visto finalizada la prestación por desempleo. Esta medida fue aprobada por el Gobierno anterior y se ha prorrogado por este Gobierno, aunque con numerosas restricciones que no han hecho sino limitar los derechos de todos aquellos desempleados que, pese a bsucar activamente un empleo, no logran encontar un puesto de trabajo. En relación con la información que contienen el formulario que se debe presentar se encuentra: - Datos personasles. - Datos bancarios.
Una vez has calculado la cuantía, solo te queda por saber ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR PARA PODER COBRAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO? 1. Inscripción como demandante de empleo. 2. Cumplimentación de la solitud y presentación de la misma en los 15 días hábiles posteriores al fin de la relación laboral. 3. Libro de Familia o equivalente. 4. DNI propio y de los hijos que cumplan con los requisitos fijados anteriormente. 5. Certificado de la empresa o empresas en las que trabajaste los últimos 6 meses (Aporta además las últimas nóminas y carta de despido).
¿TENGO QUE RELLENAR ALGÚN IMPRESO? En este caso, hay que rellenar un formulario donde se solicita información: - Datos Personal. - Datos bancarios.
- Declaración de rentas en cómputo mensual del solicitante y de los familiares que están a su cargo o conviven con él. - Diligencia de documentación presentada en el trámite de la solicitud, En nuestra página web podrás acceder al modelo para solicitar la prestación por desempleo y el subsidio por fin de prestación por desempleo. Esmeralda Romo Díaz Licenciada en Derecho y Cc. del Trabajo y socia fundadora de AJL.
El rincón legal La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. ¿Puede una persona jurídica cometer un delito? ¿Responde una persona jurídica penalmente por la comisión de cualquier tipo delictivo? Una consideración inicial sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la referida a sí estos entes pueden cometer delitos. No se trata de un aspecto baladí, pues la concepción teórica del Derecho Penal se ha basado – durante siglos – en la locución latina “societas delinquere non potest”. Principio clásico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas según el cual estos entes no tienen capacidad para cometer delitos, si bien este principio ha sufrido una modificación, alentado por una realidad social cambiante en la que los entes colectivos son los principales protagonistas del tráfico económico, que se ha traducido en lo que la doctrina ha denominado “societas delinquere potest”; esto es, se acepta la posibilidad de que las personas jurídicas cometan hechos delictivos y se les pueda imponer el correspondiente acto punitivo. El ordenamiento jurídico español ha acogido recientemente esta modificación a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal. El legislador hace referencia en su exposición de motivos a la necesidad de considerar a las personas jurídicas como sujetos penalmente responsables aludiendo a “instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas”. En este sentido, la Acción Común de la Unión Europea de 21 de diciembre de 1998 sobre crimen organizado ya expuso el compromiso de los Estados Miembros de configurar un régimen penal que permita que las personas jurídicas puedan ser consideras penalmente responsables. Pero esta reforma legislativa no solo se basa en los “requerimientos” de instrumentos jurídicos internacionales, sino que persigue sus propias finalidades. Así, en primer lugar, se parte de la consideración de la empresa como un foco de posible delincuencia, en la que los directivos o los propios trabajadores se pueden ver compelidos a “saltarse” la legalidad para la consecución de ciertos objetivos – económicos la mayor de las veces – bajo un posible conocimiento y consentimiento de los administradores y socios de la entidad; o siendo, incluso, los propios socios y ad-
ministradores quienes conculcan la legalidad para alcanzar determinados fines. Un segundo motivo, relacionado con el anterior, es la necesidad de hacer partícipes a los directivos, socios y administradores en la prevención de comportamientos penalmente sancionados.
PERSONAS SUSCEPTIBLES DE SER SANCIONADAS PENALMENTE El legislador no ha desarrollado un concepto de persona jurídica penalmente responsable, por lo que es necesario atender a conceptos extrapenales sin que pueda aplicarse el artículo 297 CP por cuanto que el concepto que da este precepto se circunscribe a los efectos del Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal. De ello se desprende que “persona jurídica penalmente responsable” puede ser toda empresa, entidad o agrupación de personas que ostente personalidad jurídica. En cuanto a las entidades que carezcan de personalidad jurídica – como las comunidades de bienes o las sociedades secretas reguladas en el artículo 1669 Cc – el legislador ha optado por la aplicación de las medidas accesorias del artículo 129 CP. Por su parte, las sociedades mercantiles en formación y las sociedades irregulares, son consideradas por la Fiscalía General del Estado como entidades a las que sí se les puede aplicar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por otra parte, el artículo 31.bis exceptúa de responsabilidad penal a las entidades jurídicas contempladas en su apartado 5. Estas son: - El Estado y las Administraciones Públicas territori ales e institucionales, - Los Organismos Reguladores, las Agencias y Enti dades Públicas Empresariales, - Los partidos políticos y sindicatos,
El rincón legal - Las organizaciones internacionales de Derecho Público, - Aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de So ciedades mercantiles Estatales que ejecuten políti cas públicas o presten servicios de interés económi co general. En este sentido, véase que las organizaciones patronales no aparecen exceptuadas de responsabilidad penal como si lo están los sindicatos. Además, no parece una lista definitiva por cuanto que el Ministro de Justicia anunció recientemente la reforma de este precepto con la finalidad de hacer a los partidos políticos y a los sindicatos sujetos penalmente responsables. No obstante, el legislador ha incluido una previsión que permite considerar a alguna de las entidades exceptuadas por el artículo 31.bis.5 CP cuando la entidad constituya “una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”
¿EN QUÉ CASOS ES RESPONSABLE PENALMENTE UNA PERSONA JURÍDICA? El legislador ha contemplado dos posibles vías de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Una primera vía para el supuesto de “delito cometido por el administrador de hecho o de derecho, o por el representante o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho”. En este sentido, debe entenderse “en su provecho” aquella conducta del administrador o representante en el marco de sus funciones que suponga un beneficio empresarial o un ahorro de costes. La segunda vía de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica es el supuesto del “delito cometido por un empleado, debido a que la persona jurídica no ha prestado el control debido”.
La referencia a empleado no se limita a los trabajadores sino a todo sujeto que esté en el ámbito de dirección de los administradores. Además, al igual que en la vía de imputación anterior, el delito debe haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones y por cuenta de la entidad, y en provecho de la entidad jurídica – aun cuando se trate de n provecho indirecto: cuando el trabajador aumenta su rendimiento, actúa en provecho de la empresa –. La persona jurídica será responsable penalmente, por esta segunda vía de imputación, cuando no hubiese “prestado el control debido”. En otro sentido, la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente y autónoma de la responsabilidad penal de la persona física, lo que supone que no será necesario que la persona física haya sido condenada para poder condenar a la persona jurídica. Además, las circunstancias agravantes y atenuantes de la culpabilidad que concurran en la persona física no serán trasladables a la persona jurídica. Por último, no será aplicable la coautoría ni la participación delictiva entre la persona física y la persona jurídica.
¿QUÉ DELITOS PUEDEN IMPUTARSE A UNA PERSONA JURÍDICA? La propia naturaleza de la persona jurídica hace que solo pueda ser responsable penalmente de determinados delitos. Estos son todos aquellos en que expresamente se haya establecido en las disposiciones del Libro II del Código Penal, por lo que nos encontramos ante un sistema de numerus clausus. Estos: -Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP) -Delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP) -Delitos relativos a la prostitución y la corrup ción de menores (arts. 187 a 189 CP) -Delito de descubrimiento y revelación de se cretos (art. 197 CP) -Delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP) -Delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP) -Delito de daños informáticos (art. 264 CP) -Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP) -Delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
El rincón legal -Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP) -Delitos de tráfico ilegal o inmigración clan destina de personas (art. 318 bis CP) -Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP) -Delitos contra los recursos naturales y el me dio ambiente (art. 325 CP) -Delito de establecimiento de depósitos o vert ederos tóxicos (art. 328 CP) -Delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP) -Delito de estragos (art. 348 CP) -Delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP) -Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP) -Delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP) -Delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP) -Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP) -Delito de captación de fondos para el terror ismo (art. 576 bis CP).
CP); o, en el supuesto de que la persona jurídica haya sido empleada instrumentalmente para la comisión de un hecho delictivo (art. 66.bis.2º CP) c.	Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d.	Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años. e.	Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. f.	Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el Sector Público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años. g.	Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
¿QUÉ PENA SE LE PUEDE IMPONER A UNA PERSONA JURÍDICA POR LA CO- Por último, el artículo 33.7 CP contempla la posibiliMISIÓN DE UN DELITO? dad de imponer las siguientes medidas cautelares duEl artículo 33.7 del Código Penal enuncia las penas que se podrán imponer a una persona jurídica, las cuales “tienen la consideración de graves”, aspecto llamativo por cuanto que una misma pena puede tener la consideración de menos grave por ser impuesta a una persona física o, directamente, de grave por ser impuesta a una persona jurídica.
rante la instrucción del procedimiento penal: -	La clausura temporal de los locales o esta blecimientos. -	La suspensión de las actividades sociales. -	La intervención judicial.
Las penas que contempla el legislador son: a.	Multa por cuotas o proporcional. Se trata de la pena principal por cuanto que el legislador la contempla para todos los delitos respecto de los cuales se prevé responsabilidad penal de la persona jurídica. b.	Disolución de la persona jurídica. Se trata de una pena especialmente importante por cuanto que vendría a suponer la pena de muerte de la persona jurídica. En este sentido, solo cabrá imponerse cuando se de alguna de las dos circunstancias siguientes: en el supuesto de reincidencia cualificada (art. 66.1.5º
Asistencia jurídica gratuita La asistencia jurídica gratuita viene reconocida el artículo 119 de la Constitución Española, el cual establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Se trata de un precepto constitucional vinculado con el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, ya que si se negase el acceso a la justicia a las personas que no dispusieran de recursos económicos se estaría produciendo indefensión. Para desarrollar este precepto constitucional se redactó la Ley 10/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (modificada por la Ley 16/2005) y su reglamento. Debido al gran número de cuestiones recibidas sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, desde AJL hemos querido resumir todas las cuestiones relativas a este tema que se puedan presentar a nuestros lectores y a cualquier interesado. Algunas de las dudas más frecuentes sobre esta materia son las siguientes:
¿QUIÉN PUEDE OPTAR A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA? Conforme establece el artículo 2 de la citada Ley, pueden optar a la misma: • Los ciudadanos españoles, los nacionales de un estado miembro de la Unión y los extran jeros que se encuentren en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para pagar. • Las Entidades gestoras y Servicios Co munes de la Seguridad Social (SS). • Asociaciones de utilidad pública y Funda ciones registradas. • Los trabajadores y beneficiarios de la SS en el orden social (también en el orden conten cioso).
• En el orden administrativo, pueden recibir asistencia gratuita los extranjeros en los procesos que puedan llevar a la denegación de su entrada en el país, su expulsión de ter ritorio español y en los procesos de materia de asilo. • En los litigios transfronterizos, los ciudada nos de la Unión o terceras personas que residan legalmente, tanto en el orden civil como en el mercantil.
¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR? Para poder recibir asistencia jurídica sin costes la Ley impone una serie de requisitos. El principal requisito es un baremo económico. La ley establece como límite para poder recibir asistencia gratuita que el conjunto de recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por unidad familiar, no supere el doble del salario mínimo interprofesional vigente. Para el año 2012 este indicador se sitúa en 14.910,28 €. Este es el requisito principal básico. La ley, además de los bienes y recursos, señala que tendrá en cuenta “los signos externos que manifiesten su real capacidad económica” si revelan que dispone de recursos que superan el límite legal establecido. Además, solo se reconoce si se litiga en defensa de derecho o intereses propios. Excepcionalmente, aún superando el requisito económico, se podrá reconocer la asistencia gratuita cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa especial, se trate de un discapacitado o actúe en nombre de él, o atendiendo a una serie de circunstancias (circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza). En los tres casos, sus ingresos no deben superar el cuádruplo del salario mínimo interprofesional.
El rincón legal Para comprobar si usted está dentro de estos parámetros económicos el Consejo General de la Abogacía dispone de una página web con un simulador económico muy útil: http://www.justiciagratuita.es/pjg/printSimulador.do?INI=1&RESTO=/pjg/printSimulador. do?INI=1&PARAMETRO_SISTEMA=S0102
o Fotocopia del DNI o pasaporte (tarjeta de resi dencia en caso de extranjeros).
o Certificado de liquidación del IRPF (personas físicas) o el de sociedades (personas jurídicas).
Se debe solicitar antes del inicio del proceso. Si se solicita una vez interpuesta la demanda o una vez formulada la contestación a la demanda no se reconoce el derecho. Excepcionalmente se reconocerá si se acredita que la insuficiencia económica sobrevino después de la presentación de dichos documentos. La Ley permite que, si en un primer momento el interesado en la asistencia gratuita era solvente para afrontar los gastos del proceso y posteriormente acredita insuficiencia económica sobrevenida en la segunda instancia se le reconozca para esa instancia ese derecho.
o Certificado de signos externos expedido por el Ayuntamiento donde resida. o Fotocopia de escritura de la vivienda (si es de su propiedad) o del contrato de arrendamiento (si vive de alquiler). o Certificado de empresa de conceptos salariales (si trabaja por cuenta ajena), última liquidación trimestral del IVA (si trabaja por cuenta propia), certificado del SEPE (antes INEM) relativo al periodo de desempleo y recepción de subsidios, o certificado del órgano que le abona la pensión y su cuantía (si usted es pensionista). o Certificado de su vida laboral. o Fotocopia de la declaración de utilidad pública (asociaciones) o de la inscripción en el Registro de Fundaciones (solo si se trata de una persona jurídica). o Fotocopia del permiso de circulación (solo para delitos contra la seguridad del tráfico). o Cualquier otro documento que sirva para acred itar su situación económica. Junto a estos documentos, en la solicitud, además de sus datos personales (nombre y apellidos, DNI, etc.) deberá señalar los datos siguientes:
El rincón legal • Datos personales del cónyuge. • Identificación de los familiares que viven con el solicitante. • Datos acreditativos de la situación económica. • Circunstancias personales y familiares. • Fecha de la solicitud. • Lugar y medio preferente a efectos de notifica ciones. Todos estos datos se recogen en la solicitud a presentar. Para más detalle haga click en el siguiente enlace donde aparece un modelo de solicitud de la Comunidad de Madrid: http://www.icam.es/web3/docs/ aj/200312050009_6_5.pdf Si el Colegio de Abogados constata que existen deficiencias en la solicitud o falta algún documento a presentar se le notificará al interesado para que proceda a su subsanación en un plazo de 10 días, pasado el cual sin haber sido aportados los documentos solicitados o sin subsanar los defectos el Colegio archivará la petición.
o Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial. o Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. o Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. o Asistencia pericial gratuita en el proceso. o Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales. o Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales. o Reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y mercantil.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE RECONOCER SI TENGO O NO DEREo Asesoramiento y orientación gratuitos previos CHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRAal proceso, cuando tengan por objeto evitar el TUITA? conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
o Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier dili g encia policial que no sea consecuencia de un proce dimiento penal en curso o en su primera compare cencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Let rado en el lugar donde se preste.
El rincón legal ¿HASTA QUÉ MOMENTO ME CUBRE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA? La extensión de la asistencia jurídica gratuita se prolonga durante todos los trámites pertinentes en una misma instancia y a la interposición de recursos y siguientes trámites en las siguientes instancias. Es decir, la asistencia se presta a lo largo de todas las instancias.
¿LA SOLICITUD SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO? En principio la solicitud no suspende el procedimiento. En algunos casos podrá el juez de oficio o a petición de las partes suspender el procedimiento para evitar que el transcurso del plazo pueda producir indefensión o la preclusión de un trámite.
SI ME DENIEGAN LA ASISTENCIA GRATUITA ¿PUEDO RECLAMAR? Si. Usted puede impugnar la resolución ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Pero cuidado, si esta impugnación se realiza de manera temeraria o con abuso de derecho (por ejemplo, si se impugna sabiendo que se sobrepasa con creces el requisito económico) el Juez podrá interponer una sanción pecuniaria que oscilará entre 30 y 300 €. Rubén Pérez García Licenciado en Derecho y Cc. Políticas y socio fundador de AJL.
El rincón legal Ley de tasas: Desglosando el tasazo El pasado miércoles 21 se publicó en el BOE la famosa Ley 10/2012, más conocida como “Ley de Tasas”, la cual grava el acceso a la justicia tanto de personas físicas como jurídicas en determinados casos.
A pesar de que desde el día siguiente de su publicación en el BOE la Ley entra en vigor, hasta que no se regule el procedimiento y se cree un nuevo impreso específico de autoliquidación no se podrán cobrar las tasas. Vamos a analizar objetivamente el contenido de esta Ley respondiendo a una serie de interrogantes que se nos plantean. ¿EN QUÉ SITUACIONES SE DEBE ABONAR LA TASA? La tasa tiene carácter estatal y se debe abonar a la hora de emprender unos determinados actos procesales que enumera la Ley, en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social (queda excluido el orden penal y militar). En concreto, se debe abonar cuando se llevan a cabo los siguientes actos (articulo 2 de la Ley): a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales. c) La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
El sujeto pasivo de la tasa es la persona que promueve el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice alguno de los hechos imponibles enumerados con anterioridad. Deben abonar la tasa tanto personas jurídicas como personas físicas. La Ley recoge una serie de exenciones objetivas y subjetivas. Objetivamente quedan al margen del pago de la tasa algunas acciones como la demanda y posteriores recursos en procesos de capacidad, filiación y menores, o el recurso presentado por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatuarios. Subjetivamente, quedan exentos del abono de la tasa las personas beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita, el Ministerio fiscal, las Administraciones públicas y las Asambleas legislativas del Estado y de las CC AA. También incluye la Ley una exención del 60% de la cuantía correspondiente a trabajadores por la interposición de recursos en el orden social. ¿CUÁNDO DEBO ABONAR LA TASA? Se debe abonar en el mismo momento en que se ejerce el acto procesal, es decir, cuando se interponga o presente el escrito o recurso pertinente. En el orden civil y contencioso desde el momento en que se inicie la acción. En cambio, en el social, solo si se quiere recurrir. El justificante del pago se deberá adjuntar a los escritos presentados, y su omisión conllevará, cuando transcurran los pertinentes plazos para su subsanación, la finalización del proceso. Por tanto, si alguien se niega al abono de la correspondiente tasa simplemente no se iniciará el proceso.
El rincón legal Supeditar el abono de la tasa al inicio del proceso es lo que muchos juristas ven más inconstitucional. ¿QUÉ CANTIDAD DEBO ABONAR? La cuantía de la tasa se calcula sumando dos factores: • Por un lado, una parte fija, determinada según el tipo de proceso que se trate. • Una parte variable, en función de la cuantía total del proceso. La cuantía fija por acción varía desde 100 € en un proceso monitorio, hasta los 1.200 € por recurrir en casación en la vía civil o contenciosa. La variable varía entre el 0,5% en supuestos donde la cuantía total del proceso sea inferior a 1.000.000 € y 0,25% de 1 millón en adelante. Cuadros de cuantía fija:
Orden Civil Verbal y cambiario. Ordinario. Monitorio y demanda inicial en proceso concursal. Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de titulos judiciales. Concurso necesario Apelación Casación y extraordinario por infracción procesal.
Cuantía 150 300 100
Orden contenciosoasministrativo Abreviado Ordinario Apelación Casación
200 800 1.200
200 350 800 1.200
Orden Social Suplicación Casación
Cuantía 500 750
Cuadro de cuantía variable: De
Máximo 10.000 variable
VEAMOS ALGÚN EJEMPLO. Caso 1 Tras un accidente de tráfico, una persona que sufre lesiones graves permanentes reclama la cantidad de 900.000 €. Deberá pagar una cuantía fija de 300 € (juicio ordinario) más el 0,5% de los 900.000 € (4.500 €). En total se deberán abonar a la hora de interponer la demanda la cantidad de 4.800 €. Si no queda satisfecho con la resolución, reclamar en apelación le costará otros 800 € mas el 0,5% de variable (5.300 €), y si quiere recurrir posteriormente en casación se deberán sumar 1.200 € más, nuevamente, el 0,5% (5.700 €). En total, unos 15.800 €. Caso 2 En el caso de la división de una herencia donde el patrimonio total del fallecido alcance los 270.000 €, la cuantía a abonar sería, nuevamente 300 € de la parte fija más el 0.5% de los 270.000 € (1.350 €). Un total de 1.650 € solo por inicial la acción. Caso 3 Si una persona ha recibido una muta de tráfico por circular a 140 Km/h en una autovía, que supone una multa de 100 €, la tasa que debe abonar para reclamarla son 200 €. Caso 4 Un trabajador reclama en suplicación una indemnización por despido improcedente de 35.000 €. La Tasa total a abonar serían 500 € de fijo más 175 € de variable, 675 €. Al existir la exención parcial del 60% por tratarse de un trabajador deberá abonar 270 €, el 40%.
El rincón legal ¿LAS TASAS SE REINTEGRAN SI SE FALLA A MI FAVOR? Dependerá de los casos, ya que en todos los procedimientos no existe condena en costas. ¿SE TRATA DE UNA MEDIDA INCONSTITUCIONAL? Para el Gobierno, la constitucionalidad de la medida se ampara en la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrero, la cual plantea una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 53/2002, en concreto de su artículo 35, que establece un sistema de acceso a la jurisdicción mediante el abono de una tasa en determinados supuestos. Concluye así señalando que la sentencia del TC no solo confirma la constitucionalidad de la tasa, sino que además “reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella”. Lo que no se recoge en el Preámbulo es que la sentencia se refiere solo a las personas jurídicas, y tampoco que en los mismos fundamentos jurídicos el Tribunal reconoce que sería distinta la conclusión si la cuantía de la tasa fuese tan elevada que impidiera u obstaculizara el acceso a la jurisdicción (tal y como tiene asentado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).
¿Esta la nueva Ley de Tasas vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva? Sí, debido a que se supedita al pago de unas tasas elevadas el inicio del procedimiento judicial.
No, solo pretende dosificar el número de procedimientos innecesarios.
No, porque es una cantidad insignificante.
Sí, porque el acceso a la justicia debe ser gratuito. Rubén Pérez García Licenciado en Derecho y Cc. Políticas y socio fundador de AJL.
SI QUIERE PODER PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN NUESTRA ENCUESTA LE DEJAMOS EL SIGUIENTE ENLACE. http://asociacionjovenesletrados.wordpress. com/2012/11/26/participa-en-nuestra-encuestasobre-la-nueva-ley-de-tasas/
www.jovenesletrados.es
El Pupitre - Jovenes Letrados
Primer Número del Pupitre, la revista de la Asociación de Jóvenes Letrados.

References: artículo 43
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 3
 Real Decreto 
e contrario
 artículo 44
 artículo 15
 artículo 337
 artículo 337
 artículo 337
 artículo 297
 artículo 1669
 artículo 129
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 119
 artículo 2
 resolución 
 artículo 35