Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/92170
Timestamp: 2020-02-20 03:27:18+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-110/92170
Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VIII a X al artículo 152 y un décimo párrafo al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a lo siguiente:
I. En México, el uso de la cárcel y penas privativas de la liberad para enfrentar la crisis de violencia que vive el país ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. Incluso, el número de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud va en aumento, lo que podría indicar que cada vez más mujeres participan de estas actividades delictivas, o bien, que la política actual de drogas está centrándose en la caza de estos delitos para detener a las personas más vulnerables de la cadena. [*]
Ante esta realidad, el tráfico de drogas les ofrece opciones de empleo ilegal que les permiten seguir cumpliendo con funciones sociales tradicionalmente adscritas a las mujeres, especialmente aquéllas relacionadas con los cuidados de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas, entre otras personas dependientes. Así pues, las redes de tráfico de drogas reclutan a las mujeres más vulnerables para desempeñarse en los roles más bajos y peligrosos. Asimismo, su involucramiento está relacionado con la reproducción de relaciones y roles de género tradicionales: suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir ganancias que les permiten cumplir con su rol de cuidadoras en el ambiente doméstico. [*]
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada en agosto de 2017, [*] tuvo como propósito, entre otros, generar información sobre la experiencia del internamiento de la población privada de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito. Según cifras de la ENPOL, en los 37 centros penitenciarios objeto del estudio (de un total de 272 a nivel nacional) viven 506 niños con sus madres. De acuerdo a la opinión de las madres, sus hijos tienen importantes carencias de bienes y servicios: el 97.5 % de las madres dijeron que el centro penitenciario no les proporciona calzado para sus hijos, el 95 % señaló que sus hijos carecen de ropa, y el 91.9 % dijo que sus hijos carecen de materiales escolares.
El uso de penas desproporcionales contra las mujeres en el marco de la guerra contra las drogas tiene impactos negativos que no toman en cuenta las condiciones de vida de las mujeres y su grado de participación en estas actividades ilícitas, manifestándose de esta manera, en una reacción penal no sólo desprovista de perspectiva de género, sino desmedida y con efectos negativos sobre todo su entorno familiar y comunitario. Las mujeres sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento por las situaciones de vulnerabilidad y porque dichas condiciones se recrudecen en el espacio penitenciario. [*]
II. En México se estimó, al cierre de 2016, que hay 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas, de las cuales 95 % eran hombres y el 5 % restante mujeres. 35 % de la población reclusa no tenía sentencia y el grupo con mayor afectación era el de las mujeres pues 44 % de ellas aún estaba en proceso. Finalmente, para ese año los gobiernos locales reportaron que 111 mil 214 personas (59%) ejercieron alguna actividad ocupacional durante su periodo de reclusión; 71,779 (38%) se encontraban estudiando o recibiendo capacitación y 16,073 (9%) realizaban otro tipo de actividad. Cabe mencionar que una misma persona podía haber ejercido más de un tipo de actividad. [*] Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12 mil personas, siendo los delitos relacionados con drogas el delito más común.
Actualmente en México no existen las condiciones para que las mujeres privadas de la libertad puedan ser alojadas en centros de reclusión cercanos a su domicilio y, al mismo tiempo, acondicionados de manera adecuada para ellas y las hijas e hijos que viven con ellas. El principal argumento para justificar y mantener esta situación es que las mujeres en prisión representan un porcentaje significativamente menor en comparación con los hombres privados de la libertad. El Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana [*] de 2015, señala que los centros que albergan a mujeres se caracterizan por situaciones que vulneran los derechos humanos de ellas y de sus hijas e hijos, incluyendo maltrato, deficiencias en las condiciones materiales, condiciones de desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, violencia sexual, inadecuada separación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, diversidad de criterios sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica, entre otros.
Por su parte, la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas” [*] señala, que las mujeres en conflicto por delitos relacionados con las drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes. La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad.
Mediante la presente iniciativa se busca concretar los compromisos que México ha asumido ante las Naciones Unidas en esta materia y plantea reformas que, de aprobarse, puedan garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyendo a reducir la violencia de género institucional, fomentar el desarrollo de un sistema penal basado en la proporcionalidad, individualización y no trascendencia de la pena, y contribuir a construir una sociedad justa.
Concretamente se plantea incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fase procesal, criterios que permitan implementar la perspectiva de género, así como hacer valer la responsabilidad del Estado para buscar medidas alternativas que sean menos lesivas y que no incurran en violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo las etapas de la detención, los cateos, la argumentación jurídica, la imposición de una pena privativa de la libertad, etc.
Artículo 152. Derechos que asisten al detenido.
Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del período de custodia:
I a la VII.
VIII. En el caso de personas que son las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un periodo razonable.
IX. En el caso de mujeres embarazadas, éstas recibirán los cuidados oportunos, serán colocadas en celdas separadas y se le proporcionará alimentos adecuados a su situación. Asimismo, se mantendrá a su disposición atención ginecológica por parte del personal femenino, si así lo desea. En todo caso, se buscará reducir el tiempo de su detención; y
X. En el caso de mujeres lactantes, se tomarán las medidas oportunas para no separarlas de sus hijos lactantes y proporcionar un lugar seguro, limpio y privado donde puedan amamantar.
Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años; sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa.
Que reforma y adiciona los artículos 152 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII a X al artículo 152 y se adiciona un décimo párrafo al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
I. al VII. …
VIII. En el caso de personas que sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad, se tomarán todas las medidas para la debida atención de sus dependientes, para lo cual se ordenará dar aviso a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, incluso de ser necesario, se deberá prever la posibilidad de suspender la detención por un periodo razonable.
Deberá considerarse de forma preferente en las sentencias, alguna de las medidas alternativas previstas en el Código cuando condenen a personas que vivan en condiciones de pobreza y exclusión social; sean mujeres embarazadas; sean mujeres que tengan hijos e hijas lactantes de hasta por lo menos dos años; sean las únicas o principales cuidadoras de personas menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad; o, sean adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
[*] “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes”, EQUIS Justicia para las mujeres, México, noviembre 2017.
[*] En http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpo l/enpol2017_07.pdf
[*] Boiteux, Luciana, “Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas”. Colectivo de Drogas y Derecho (CEDD), octubre, 2015. http://www.drogasyderecho.org/publicaciones/ pub-priv/Luciana_v08.pdf. PIERIS, Nischa Jenna, Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Washington D.C, enero 2014. http://www.oas.org/en/cim/ docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf. GIACOMELLO, Corina, Estados Unidos, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Tirant lo Blanch, México, 2013. GIACOMELLO, Corina, “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”. International Drug Policy Consortium (IDPC), Londres, octubre 2013.
[*] “Estadísticas sobre el Sistema penitenciario estatal en México” EN NÚMEROS, DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS, Vol. 1, Núm. 11, oct-dic 2017, publicación electrónica trimestral editada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); ennumeros@inegi.org.mx.
[*] CNDH, Informe Especial sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana. Nov. 2016
[*] Resolución 70/1 de la Asamblea General. Se puede consultar en: http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/Resolucion_-Genero_CND.p df

References: artículo 71
 artículo 8
 artículo 152
 artículo 406
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 152
 artículo 152
 artículo 406
 Resolución