Source: http://www.marcaac.cl/site/2018/03/proyecto-de-reforma-constitucional/
Timestamp: 2018-05-26 11:34:54+00:00

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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL | Marca AC
(Acá en pdf)
“Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:
Agrégase el siguiente preámbulo:
Nosotros, los pueblos de Chile, responsables ante nuestra historia y su porvenir, nos otorgamos esta Constitución Política de la República de Chile. Lo hacemos en forma libre y democrática, ejerciendo el poder constituyente originario del que estamos investidos. La finalidad de este acto solemne es vivir en paz, en justicia y en prosperidad dentro de nuestras fronteras, y convivir con todos los países y pueblos del mundo, promoviendo y respetando la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos.”.
Reemplázase el Capítulo I: Bases de la institucionalidad, por el siguiente:
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
Artículo 3.- El Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y de sus integrantes, respetando plenamente, y con responsabilidad fiscal, los derechos y garantías que esta Constitución consagra,
El Estado reconoce, ampara y promueve a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la autonomía para cumplir sus propios fines específicos, con apego a lo establecido en esta Constitución.
Artículo 6.- Chile es un Estado de derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. En consecuencia, todo el orden jurídico debe subordinarse a la Constitución, fuente principal del derecho, y los órganos del Estado, previa investidura regular de sus integrantes, deben actuar dentro de su competencia, en la forma establecida por esta Constitución y por las normas jurídicas dictadas conforme a ella.
El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los priva de su pertenencia al Estado, con los derechos, deberes y limitaciones que a tal condición concierne.
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares e integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción a esta norma generará las sanciones que determinen esta Constitución y las leyes.
Artículo 7.- Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Reemplázase el Capítulo II: Nacionalidad y ciudadanía, por el siguiente:
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución, y garantizará siempre el fortalecimiento de los partidos políticos, así como la participación de independientes en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.
El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.”.-
Reemplázase el Capítulo III: De los derechos y deberes constitucionales, por el siguiente:
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, GARANTÍAS Y DEBERES CONSTITUCIONALES
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Se prohíbe la pena de muerte, la tortura, y los apremios degradantes para la integridad física y psíquica;
Es deber del Estado, la familia y la comunidad otorgarles la debida protección para el pleno ejercicio de sus derechos. La ley establecerá un sistema de protección y garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
4°.-La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.
Ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán establecer diferencias arbitrarias. Nadie puede ser discriminado negativamente a causa de su raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión o creencias públicas, discapacidad, posición económica o social, nacimiento o cualquiera otra condición;
6º.- La igual protección jurídica en el ejercicio de sus derechos frente a la investigación y enjuiciamiento del Estado.
a) Toda persona tiene el derecho de acceder a la justicia y ser oído por los tribunales.
b) Toda persona tiene el derecho a un debido proceso. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, revestido de las garantías de una investigación y de un procedimiento ajustado a la ley, a la justicia, y, especialmente, a los derechos constitucionales.
c) Nadie puede ser investigado ni procesado sin su conocimiento o sin constancia documental oficial de tal condición. Toda persona tiene derecho a ser reparado o indemnizado patrimonialmente si es absuelto o sobreseído en esas investigaciones y procedimientos, o si en aquellas o éstos no se persevera procesalmente.
d) Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido formalmente requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.
e) La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.
f) Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.
g) Nadie podrá ser investigado ni juzgado por comisiones especiales, sino por el fiscal o el tribunal que señalare la ley, según sea el caso, y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.
h) La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
i) Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
j) Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente y completamente descrita en ella.
k) Todo investigado, imputado, denunciado o formalizado, tiene derecho a la presunción de inocencia y no procede ser tratado ni expuesto públicamente como culpable, en tanto no mediare en su contra sentencia firme que lo condene. Toda contravención a esta norma puede reclamarse judicialmente para obtener las sanciones y reparaciones que procedan.
l) Nadie puede ser sancionado por una pena no proporcional a la conducta punible ni al bien jurídico afectado, ni juzgado nuevamente por una materia ya conocida o ya resuelta jurisdiccionalmente;
8º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación y documentación privada. El hogar y el lugar de trabajo puede allanarse, los objetos personales incautarse, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse, copiarse o registrarse, sólo en los casos y formas, así como por las personas y reparticiones expresamente determinados por la ley. Con todo, tales intervenciones deben ser siempre respaldadas judicialmente, así como las personas afectadas serán reparadas patrimonialmente si tales diligencias resultan ser innecesarias o desproporcionadas. Tanto las personas como instituciones que vulneren lo dispuesto en este numeral responderán personal y solidariamente del daño causado;
Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones fijadas por las leyes y ordenanzas.
10º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, con el solo límite de lo establecido en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta puede ser restringida sino sólo en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes;
c) Nadie puede ser investigado, arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha información u orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes y mediando aviso a quien el detenido indique.
Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada y pública, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por el Código Penal como conductas terroristas;
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto y de conformidad a la ley.
e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, mediante resolución inmediata, fundada y pública. La detención y la prisión preventiva señaladas son restricciones a la libertad esencialmente transitorias y no podrá exceder de seis meses. La determinación de su límite temporal no puede referirse a pena alguna. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.
f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste, sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;
h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida ni suspensión de los derechos previsionales ni la pérdida de los derechos políticos, a excepción de lo dispuesto en el artículo 17 de esta Constitución.
i) Toda persona en favor de quien se dictare sentencia absolutoria, se sobreseyere definitivamente, o probare haber sido lesionado en sus derechos durante la investigación y el procedimiento en su contra, tendrá derecho a ser reparado o indemnizado por el Estado o por las personas cuando corresponda, de los perjuicios patrimoniales o morales que haya sufrido. Esta declaración del tribunal competente, así como la indemnización, será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia;
El Estado garantiza el libre e igualitario acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud y a la rehabilitación del individuo.
Es deber preferente del Estado garantizar el funcionamiento, y la calidad de un sistema público de salud, apoyado parcialmente por cotizaciones obligatorias proporcionales a los ingresos de los usuarios. La ejecución de acciones de salud que se prestan por instituciones previsionales será regulada por la ley, la que garantizará la oportunidad y calidad de tales acciones, así como las obligaciones que puedan establecerse para cubrir tales prestaciones.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Igualmente gratuita será la educación superior impartida por los establecimientos estatales o en aquellos no estatales que disponga la ley. La ley podrá establecer el pago por los gastos administrativos que irrogue cada estudiante, así como los subsidios a los que puedan postular para cumplir con tal obligación.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación, en las condiciones que señale la ley.
El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión u otros medios de comunicación.
19°.- El derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones de la ley;
Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, a excepción de aquellas que, por ley, lo exijan para ejercer una profesión.
Prohíbense las asociaciones contrarias al ordenamiento jurídico;
22°.- El libre ejercicio de los derechos políticos.
Las personas son libres de participar en partidos políticos u otro tipo de organizaciones con fines políticos, creadas en conformidad a la ley, ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de esta Constitución.
El derecho de los sindicados a la negociación colectiva, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.
El Estado supervigilará el ejercicio del derecho a la seguridad social, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones prestatarias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser discriminación negativamente, el sistema de pensiones al que desee acogerse, sea éste estatal o privado;
26º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior;
Artículo 20.- Quien estime ser lesionado en los derechos establecidos en esta Constitución por actos arbitrarios o ilegales, causado por cualquier persona o institución, sea ésta privada o pública, puede recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera instancia para obtener la efectiva protección frente a tal vulneración y el restablecimiento del derecho lesionado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda impetrar jurisdiccionalmente. De lo resuelto por el tribunal respetivo será apelable ante el Tribunal Constitucional.
La ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional regulará el ejercicio de esta acción constitucional de tutela de derechos.
Artículo 22.- Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas.
Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional.
Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas.
Toda persona tiene el deber de proteger, promover y respetar los derechos humanos y fundamentales; proteger y conservar la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural.”.
Reemplázase el Capítulo IV: Gobierno, por el siguiente:
Artículo 23.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado y el Jefe de Gobierno.
En caso de muerte o renuncia de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
Artículo 27.– Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema.
Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad al artículo 53 Nº 6º, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.
El Presidente de la República deberá encomendar a un Ministro la coordinación de los Secretarios de Estado, con la denominación de Jefe del Gabinete.
Sin perjuicio del inciso anterior y de las especificidades de cada repartición, así como de su estatuto y rango jurídico, todas las personas remuneradas por el Fisco que trabajen en ellas, estarán sujetos al mismo régimen jurídico y a una escala común de remuneraciones.
Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño o a la autoridad que autorizó el acto causante.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso tercero del artículo 40.
Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles, ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.
Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño.”.
Reemplázase el Capítulo V: Congreso Nacional, por el siguiente:
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el sólo objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. En ningún caso, la materia tratada en estas comisiones investigadoras puede abarcar aquellas que sean objeto de investigación por el Ministerio Público o de proceso judicial.
a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo.
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia, de los Ministros del Tribunal Constitucional, del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional del Ministerio Público, del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, del Presidente del Banco Central y del Presidente del Servicio Electoral, por notable abandono de sus deberes;
d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, de los generales, Director General, prefectos generales y prefectos inspectores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, por haber comprometido gravemente la eficacia del derecho, el orden público, la seguridad pública interior o infringido gravemente la Constitución, y
e) De los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 129, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años. De esta sanción, la autoridad afectada puede apelar ante el Tribunal Constitucional en el plazo de cinco días. Si la autoridad acusada es absuelta, tendrá derecho a reclamar indemnización ante el tribunal de justicia competente por los daños morales causados.
3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia;
4) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.
5) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o a contar del día señalado en el inciso tercero del artículo 24;
6) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;
7) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere el Nº 9º del artículo 94;
8) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y
9) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 67, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso tercero del artículo 40.
La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 75 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.
Artículo 57.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden.
2) Los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los gobernadores regionales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;
7) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;
8) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y
9) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio y que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales. Igual sanción se aplicará al parlamentario que promueva acusaciones constitucionales a partir de asuntos de su interés privado.
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de un quórum orgánico constitucional. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9º;
Artículo 65.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales.
Artículo 66.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.
Un cinco por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio podrá presentar ante el Congreso una iniciativa de ley, con preferencia para su tramitación y despacho según lo determinará la ley orgánica del Congreso Nacional. No podrán ser objeto de esta iniciativa popular, aquellas materias que sean de exclusiva iniciativa de algún órgano del Estado.
Artículo 75.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.”.
Reemplázase el Capítulo VI: Poder Judicial, por el siguiente:
Artículo 79.- En cuanto al nombramiento de los jueces, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales.
Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte, y con acuerdo del Senado. Éste adoptará los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, previo acuerdo de la mayoría de los senadores en ejercicio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Corporación. Si el Senado no aprobare la proposición del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Artículo 80.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.
Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, sólo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.”.
Reemplázase el Capítulo VII: Ministerio Público, por el siguiente:
Artículo 92.- El Fiscal Nacional es la autoridad superior del Ministerio Público, de quien dependerán jerárquica y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.”.
Reemplázase el Capítulo VIII: Tribunal Constitucional, por el siguiente:
Artículo 93.- El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder.
El Tribunal Constitucional estará integrado por diez miembros, designados según el siguiente procedimiento:
d) El Presidente de la República designa al elegido, nombrándolo como Ministro del tribunal Constitucional.
Artículo 94.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
13º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios;
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”.
Reemplázase el Capítulo IX: Servicio Electoral y Justicia Electoral, por el siguiente:
Los Consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La organización y atribuciones del Servicio Electoral serán establecidas por una ley orgánica constitucional. Su forma de desconcentración, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por una ley.
Las designaciones a que se refiere la letra b) no podrán recaer en personas que sean parlamentarios, candidatos a cargos de elección popular, Ministros de Estado, ni dirigentes de partidos políticos.
Artículo 99.- Anualmente, se destinarán en la Ley de Presupuestos de la Nación los fondos necesarios para la organización y funcionamiento de estos tribunales, cuyas plantas, remuneraciones y estatuto del personal serán establecidos por ley.”.
Reemplázase el Capítulo X: Contraloría General de la República, por el siguiente:
Artículo 102.- Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedida por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.”.
Reemplázase el Capítulo XI: Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, por el siguiente:
Artículo 103.- Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, con la excepción de lo dispuesto en los artículos 77 y 84 de esta Constitución, que establecen su dependencia para recibir órdenes directas de los Tribunales de Justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público respectivamente.
El ingreso, los nombramientos, ascensos y retiros en Investigaciones se efectuarán en conformidad a su ley orgánica.”.
Reemplázase el Capítulo XII: Consejo de Seguridad Nacional, por el siguiente:
El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento a que se refiere el inciso final de la presente disposición. En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión sobre las materias tratadas, sin comprometer la de sus respectivas reparticiones, órganos o instituciones.
Las actas del Consejo serán públicas, a menos que el Presidente de la República determine la aplicación de las excepciones a su publicidad establecidas en el artículo 8° de esta Carta. Un reglamento dictado por el propio Consejo establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.”.
Reemplázase el Capítulo XIII: Banco Central, por el siguiente:
Reemplázase el Capítulo XIV: Gobierno y Administración Interior del Estado, por el siguiente:
Artículo 112.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas.
El gobierno regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.
La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 126 y 127.
Artículo 124.- Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos. Una ley orgánica constitucional contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de fondo común municipal. Las normas de distribución de este fondo serán materia de ley.
Artículo 125.- La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos.
Artículo 126.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.
Artículo 129.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.
Reemplázase el Capítulo XV: Reforma de la Constitución, por el siguiente:
Artículo 130.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 66.
Artículo 131.- El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.
Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las tres quintas partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
El Tribunal Calificador del Elecciones comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará la opción decidida por la ciudadanía. Si ésta fuere la de “aprobada”, el Presidente de la República promulgará el texto de Nueva Constitución dentro de los diez días siguientes a la comunicación, y la publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el decreto promulgatorio quede totalmente tramitado.”.
Deróganse las disposiciones transitorias primera hasta la vigésimo octava.
Segunda.- Se entenderá que las leyes actualmente en vigor cumplen con los requisitos que esta Constitución establece y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la misma, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales adecuatorios o derogatorios.
Al Presidente de la República en ejercicio al momento de entrar en vigencia la presente reforma constitucional se le aplicará lo dispuesto en el artículo 24 inciso segundo en cuanto a la no reeleción ni postulación.
Cuarta.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todos los miembros de los órganos del Estado regulados por la Constitución vigente y que se encuentren en actual ejercicio de sus funciones, se mantendrán en sus cargos a la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional, y se renovarán a medida que vayan cesando en sus funciones de acuerdo a la normas constitucionales vigentes.”.

References: Artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 13

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 27
 artículo 53
 artículo 40
 artículo 129
 artículo 24
 artículo 94
 artículo 67
 artículo 40
 artículo 75

Artículo 57
 artículo 9

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 75

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 99

Artículo 102
 resolución 

Artículo 103
 artículo 8

Artículo 112

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 129

Artículo 130
 artículo 66

Artículo 131
 artículo 24