Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-an-ca-23866071
Timestamp: 2020-04-10 06:47:20+00:00

Document:
STC 145/2005, 6 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 23866071
Número de Recurso: 6551-2001
Recurso de amparo 6551-2001. Promovido por don José Gayán de Juan frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz y del Juzgado de lo Penal de Algeciras que le condenaron por delito contra la salud pública. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a ser informado de la acusación, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena por coordinar y facilitar los medios materiales para un tranporte de haschís que resuelve las pretensiones, declara hechos probados sin variaciones sustanciales, se funda en prueba de cargo suficiente y aplica el tipo penal.
Sentencia citada en: 1095 sentencias, 10 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 145/2005, de 6 de junio de 2005
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 13 de diciembre de 2001 el Procurador de los Tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro interpone recurso de amparo en nombre de José Gayán de Juan contra la Sentencia mencionada en el encabezamiento.
El fallo de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Algeciras 116/2000, de 14 de marzo, condenó al recurrente en amparo a las penas de tres años y cinco meses de prisión y setenta millones de pesetas de multa por la autoría de un delito de tráfico de drogas tóxicas que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia. El fallo contiene condenas para otros doce acusados, ocho de ellas impuestas mediante conformidad de los acusados.
El relato de hechos probados describe, en síntesis, que los catorce acusados “decidieron de común acuerdo desplazarse hasta Ceuta para adquirir o recoger conjuntamente una notable cantidad de hachís, que posteriormente transportarían a la Península, vía Algeciras, para entregarla, en forma no determinada, a terceras personas”. Para ello se repartieron los papeles, correspondiendo al recurrente y a otros tres de los acusados “el de coordinar la operación, en contacto por teléfonos móviles con los demás acusados, y facilitar medios de transporte de éstos y del hachís hasta sus lugares de destino, y al resto de los acusados, pasar materialmente hachís a través de la aduana. Para pasar inadvertidos en el viaje de Ceuta a Algeciras, decidieron simular ser soldados de permiso, para lo que se cortaron el pelo al estilo militar y llevaban petates militares, en los que portarían el hachís adquirido en Ceuta, decidiendo además emprender el viaje de Ceuta a Algeciras un viernes por la tarde, cuando mayor era la afluencia de soldados de permiso”. Los cuatro primeros acusados (entre ellos, como se ha señalado, el Sr. Gayán) se desplazaron a Algeciras en dos automóviles, uno alquilado por un tercero y el otro perteneciente a uno de ellos (Sr. Mora). El resto de los acusados viajaron en autocares de línea regular.
Los catorce acusados se embarcaron hacia Ceuta y allí “todos ellos”, salvo uno, que renunció a adquirir o portar hachís, “adquirieron el hachís pretendido”. La droga fue distribuida en los nueve petates de nueve de los acusados. Cinco de ellos y los cuatro referidos inicialmente “franquearon sin problema” la aduana en un primer viaje. El recurrente y otro de los cuatro se dirigieron hacia la calle donde estaba aparcado el vehículo del Sr. Mora. El resto, los otros siete -entre ellos el Sr. Mora- se reunieron en una parada de taxi, donde fueron detenidos por la Guardia civil cuando se disponían a contratar un taxi monovolumen para trasladarse a Valencia. Uno de los acusados huyó a la carrera abandonando su petate y se reunió con el recurrente y el acusado que le acompañaba. Fueron detenidos posteriormente cuando se disponían a introducirse en el vehículo del Sr. Mora.
En lo que afecta al recurrente en amparo la Sentencia motiva esta conclusión fáctica del siguiente modo. Tras explicar por qué considera que los acusados que portaban la droga actuaron de común acuerdo, reflexiona sobre “si de ese común acuerdo eran o no partícipes los otros cuatro acusados”, entre los que se encontraba el recurrente. Y, “a pesar de ser negado ese común acuerdo por todos los acusados, ha de inferirse su existencia, acreditada por los indicios que a continuación se exponen ... : a) La común procedencia también de estos cuatro acusados, en relación con los anteriores. b) La coincidencia en el tiempo de los viajes de ida y vuelta Algeciras-Ceuta, en relación con los viajes de los otros diez acusados. c) Las circunstancias de sus detenciones: dos de estos acusados ... fueron detenidos junto con cinco de los acusados que portaban droga; y un sexto, que huyó de ese grupo, fue detenido con los otros dos acusados de que aquí se trata (Suárez y Gayán); en suma, ambos grupos estaban completamente mezclados, lo que lleva a inferir que en realidad se trataba de un solo grupo. d) La familiaridad con que, según los guardias que efectuaron las detenciones de los acusados citados en el párrafo anterior, se trataban unos y otros, lo que refuerza la anterior conclusión. e) El hecho ... de que en la parada de taxis, Mora pidió un taxi monovolumen para todos los demás, diciendo `vamos a Valencia´. f) El hecho de las conversaciones telefónicas entre dos de estos acusados (Dolz y Suárez) y dos de los que portaban droga (Zarza y Montoya), sin que éstos y aquéllos admitan conocerse; no obstante, el listado de llamadas revela que en los días anteriores, y hasta el día anterior, Dolz llamó cinco veces a Zarza; y el mismo día 31, hasta poco antes de su detención, Montoya llamó once veces a Dolz y dos a Suárez”.
Algunos de los condenados, y entre ellos el demandante de amparo, recurrieron la Sentencia en apelación, aunque sin éxito para sus intereses. La Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz 183/2001, de 8 de noviembre, confirmó íntegramente la del Juzgado de lo Penal. En relación con los motivos que tienen por contenido las quejas de amparo, considera, en primer lugar, que no hay lesión alguna del principio acusatorio, pues existe una sustancial identidad entre los hechos por los que se acusa al recurrente y los hechos por los que se le condena, al ser accesorios los aditamentos fácticos introducidos por el juzgador. Estima, asimismo, en segundo lugar, que no se constata incongruencia omisiva alguna respecto a la nulidad de las diligencias de análisis, pesaje y valoración de la droga, a la vista de que el cuerpo del delito se hallaba perfectamente identificado y de que se emitió el preceptivo informe por los Servicios de Sanidad, sin que el contenido de éste fuera objeto de una impugnación “absolutamente incuestionable o bien a través de la proposición de la correspondiente contraprueba pericial”. La presunción de inocencia del recurrente, en tercer lugar, ha quedado desvirtuada mediante diversos indicios razonablemente valorados, de los que sólo uno resulta impugnado en el recurso, sin que ello sea suficiente para destruir el razonamiento de la Sentencia. Por lo demás, en cuarto lugar, que la participación del recurrente en los hechos lo es a título de dolo es algo que queda suficientemente razonado en la resolución recurrida.
La pretensión de la demanda de amparo consiste en que se anulen las Sentencias recurridas debido a que las mismas han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25 CE).
Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de 26 de diciembre de 2001, la Sección Segunda de este Tribunal requiere del Procurador cierta documentación que debió aportar con la demanda de amparo. Recibida la misma, la Sección Segunda requiere el envío de una copia de determinadas actuaciones de la causa que origina la demanda de amparo al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Algeciras (diligencia de ordenación de 30 de septiembre de 2002).
Mediante providencia de 5 de diciembre de 2002 la Sección Segunda tiene por recibidas las actuaciones solicitadas y concede un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que aleguen lo que estimen pertinente en relación con la posible concurrencia del motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) LOTC (carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda).
En su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal el día 20 de diciembre de 2002, la representación del recurrente resume las ya expuestas en su demanda, precisando, en relación con la queja atinente a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que no se le ha intervenido hachís ni teléfono móvil alguno, que no se ha interrogado a ninguno de los acusados en relación con la intervención del recurrente y que éste ha negado siempre su relación con los hechos y con el resto de los acusados.
El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando la inadmisión de la demanda “por falta de contenido constitucional e incluso falta de agotamiento de la vía judicial previa”. Considera para ello, en primer lugar, que no se ha producido ninguna de las tres vulneraciones denunciadas del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, no se constata error patente alguno en el relato de hechos probados, a la luz de la jurisprudencia constitucional, “dado que su comprobación no es inmediatamente verificable” y que, en todo caso, el contenido de la queja corresponde más bien al derecho a la presunción de inocencia o al principio acusatorio. Tampoco se ha producido la incongruencia omisiva reprochada: tal cuestión fue “examinada en la sentencia de apelación, sin que el ahora demandante formule alegación contra dicha sentencia de apelación por lo que, habiendo denunciado temporáneamente en el proceso subyacente, y habiendo sido examinada y resuelta la cuestión que ahora aduce, sin que la respuesta finalmente recibida le merezca reproche o queja alguna, parece claro que tal alegación carece de consistencia”. Respecto a la inexistencia de previa acusación o debate sobre los hechos declarados probados, destaca la Fiscal la inexactitud de lo afirmado, por cuanto el escrito de acusación “es bastante similar al factum acreditado en cuanto a los hechos objeto de enjuiciamiento, siquiera uno y otro texto hayan sido redactados siguiendo una exposición narrativa diversa”, y por cuanto que sí hubo debate en el plenario acerca de la existencia de concierto previo entre los acusados.
Mediante providencia de 12 de febrero de 2003 la Sección Segunda acuerda admitir a trámite la demanda de amparo. En la misma providencia acuerda, conforme a lo previsto en el art. 51 LOTC, requerir de los órganos judiciales correspondientes testimonio de las actuaciones del procedimiento que origina el presente recurso, interesando al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el mismo.
Mediante nueva providencia de la misma fecha se acuerda la formación de la pieza separada de suspensión, que finaliza con el Auto 87/2003, de 18 de marzo. Esta resolución de la Sala Primera acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y de su accesoria de inhabilitación especial impuesta al recurrente.
Mediante diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 17 de julio de 2003 la Sección Segunda de este Tribunal tiene por personado en el procedimiento al Procurador don Leonardo Ruiz Benito en nombre de don Juan Carlos Mora Campayo. Asimismo acuerda dar vista a las partes de las actuaciones del presente recurso de amparo, con concesión de un plazo de veinte días para la presentación de las alegaciones previstas en el artículo 52.1 LOTC.
Mediante escrito registrado el día 30 de julio de 2003 la representación del recurrente se remite a las alegaciones ya expuestas en sus escritos precedentes. Lo propio hace el Ministerio Fiscal en su escrito de 3 de septiembre.
Mediante providencia de 2 de junio de 2005, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
El demandante de amparo fue condenado a las penas de tres años y cinco meses de prisión y de setenta millones de pesetas de multa por la autoría de un delito de tráfico de hachís en cantidad de notoria importancia. La Sentencias condenatoria y confirmatoria en apelación consideran que, de acuerdo con otros doce acusados, participó como coordinador en una operación de adquisición de dicha droga en Ceuta para su traslado a la península y posterior distribución. El recurrente en amparo pretende la anulación de estas resoluciones en lo que a su condena se refiere, porque entiende que no se le había acusado previamente de la conducta que después se le atribuye, que en cualquier caso dicha conducta no había quedado probada, y que, además, no era constitutiva del delito por el que se le castiga. Reprocha asimismo a las dos Sentencias que combate que no respondan a algunas de las cuestiones que había planteado. Para sostener sus quejas invoca como vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
La primera de las razones por las que la demanda reclama la anulación de la Sentencias recurridas es porque ambas habrían vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva. De entre los tres motivos en los que se sostiene esta pretensión debemos analizar, en primer lugar, el reproche de incongruencia omisiva, pues su apreciación y la consiguiente retroacción de las actuaciones judiciales haría innecesario el análisis de las restantes las quejas de amparo.
También desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, aunque invocando además el derecho a ser informado de la acusación y el principio acusatorio, se queja el recurrente de que ha sido condenado por hechos que no fueron objeto de acusación ni de debate en el juicio oral, tales como que se concertó previamente con el resto de los acusados, que llegó a un acuerdo con ellos, que se repartieron los papeles en la operación de adquisición y traslado de la droga, y que a él le correspondió el de coordinar la operación. Esta situación de ignorancia en relación con las conductas que luego fueron objeto de condena habría configurado una situación de indefensión, pues el recurrente no habría podido rebatir la realización de unos comportamientos cuya imputación desconocía.
La aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior conduce a la desestimación de la queja, pues, a la vista del escrito de acusación, del relato de hechos probados de las Sentencias recurridas y del acta del juicio, no se constata, ni la inclusión en dicho relato de hechos esenciales que no hubieran sido objeto de acusación, ni, en cualquier caso, que las adiciones denunciadas no hubieran sido objeto de debate y contradicción.
Así, en primer lugar, consta que en el escrito de acusación el Ministerio Fiscal atribuye a todos los acusados el haberse “concertado previamente entre sí y con otros individuos cuya identidad no se ha determinado, para transportar hachís —todos o algunos de ellos, pero éstos consintiendo y participando en el viaje y en los beneficios que se pudieran reportar por la ilícita actividad”; que uno de los inicialmente detenidos portando droga huyó y se reunió con el recurrente y otro de los acusados (Sr. Suárez) y se dispuso a introducirse con ellos en un vehículo en el que habían llegado a Algeciras otros dos de los acusados (Sres. Mora y Suárez); que el fugado les informó “del fracaso de la operación ilegal”; que junto a este vehículo estaba aparcado otro, propiedad de otro de los acusados (Sr. Mora), quien se lo había cedido al recurrente y a otro de los acusados (Sr. Dolz) “para este fin ilícito” y con el que ambos habían llegado a Algeciras; que a este último acusado se le había ocupado un teléfono móvil y que en este último vehículo se había encontrado un teléfono móvil perteneciente a otro de los acusados (Sr. Suárez). En el relato de hechos probados de la Sentencia, por su parte, se describe que los catorce acusados “decidieron de común acuerdo desplazarse hasta Ceuta para adquirir o recoger conjuntamente una notable cantidad de hachís, que posteriormente transportarían a la península, vía Algeciras, para entregarla, en forma no determinada, a terceras personas”; que para ello se repartieron los papeles, correspondiendo al recurrente y a otros tres de los acusados “el de coordinar la operación, en contacto por teléfonos móviles con los demás acusados, y facilitar medios de transporte de éstos y del hachís hasta sus lugares de destino, y al resto de los acusados, pasar materialmente hachís a través de la aduana”; que los cuatro primeros acusados se desplazaron a Algeciras en dos automóviles, uno alquilado por un tercero y el otro perteneciente a uno de ellos (Sr. Mora); que los catorce acusados se embarcaron hacia Ceuta y que allí “todos ellos”, salvo uno, que se asustó y renunció a adquirir o portar hachís, “adquirieron el hachís pretendido”; que al regresar a Algeciras el recurrente y otro de los cuatro se dirigieron hacia la calle donde estaba aparcado el vehículo del Sr. Mora; que uno de los acusados que había sido detenido al llegar a Algeciras huyó a la carrera abandonando su petate y se reunió con el recurrente y el acusado que le acompañaba; que fueron detenidos posteriormente cuando se disponían a introducirse en el vehículo; que fueron ocupados cinco teléfonos móviles y que se habían producido en ese día determinadas llamadas entre ellos.
Lo hasta aquí afirmado es suficiente para descartar la estimación de la queja que enjuiciamos, pues la correlación del relato fáctico que sirvió de base a la Sentencia de instancia con el que fundamentó la acusación comporta tanto que el recurrente fue plenamente informado de la acusación, como que la conducta que se le imputaba pudo ser, en su globalidad y en sus componentes, plenamente rebatida en el juicio. En todo caso interesa añadir ahora que, de hecho, frente a lo que afirma la demanda con la oposición del Ministerio Fiscal, el comportamiento que la Sentencia atribuye al demandante fue objeto del interrogatorio al que se le sometió y fue también parcialmente aludido en la declaración de otros coimputados y de otros testigos: cómo llegó a Algeciras desde Valencia y con quién vino, si estuvo en Ceuta y cuándo, si conocía a los otros acusados, cómo conoció al acusado que se fugó tras su detención, por qué aceptaron llevarle en el coche de vuelta, etc. No es, de nuevo, determinante para negar las posibilidades plenas de defensa el supuesto de que no hubiera habido preguntas directas acerca de si el recurrente coordinó la operación o si facilitó medios de transporte en la misma, pues hemos de insistir en que tales hechos no son hechos nuevos, sino bien formas de calificar los hechos objeto de debate o de acusación, bien una inferencia de los mismos, de modo que la acusación y el debate respecto a los primeros implicaba la acusación y el debate de los segundos.
También desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva se lamenta el recurrente del modo en que se alcanzó la conclusión fáctica de que él había coordinado la operación delictiva mediante contactos con teléfonos móviles y de que había facilitado medios de transporte para los intervinientes y para la droga. Considera, en concreto, que estas conductas relatadas como probadas carecen de todo soporte probatorio.
Convendrá afirmar, en primer lugar, que “la presunción de inocencia ... opera, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable” (STC 81/1998, de 2 de abril, FJ 2; también entre otras muchas SSTC 157/1998, de 13 de julio, FJ 2; 166/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 17/2002, de 28 de enero, FJ 2; 187/2003, de 27 de octubre, FJ 3). Como regla presuntiva supone que “el acusado llega al juicio como inocente y sólo puede salir de él como culpable si su primitiva condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por las acusaciones” (STC 124/2001, de 4 de junio, FJ 9).
Como hemos expresado en numerosas ocasiones, esta jurisdicción carece de competencia “para la valoración de la actividad probatoria practicada en un proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad. Ni la Constitución nos atribuye tales tareas ... ni el proceso constitucional permite el conocimiento preciso y completo de la actividad probatoria, ni prevé las garantías necesarias de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción que deben rodear dicho conocimiento para la adecuada valoración de las pruebas” (STC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2).
Así, la convicción del juez acerca de cómo sucedieron los hechos que incriminan al acusado no resultará constitucionalmente aceptable, en primer lugar, si el propio juez transmite sus dudas razonables en torno a dicho relato, pues la regla presuntiva que está en el núcleo del derecho y que le da denominación le impone en tales casos el abandono de tales hechos como punto de partida para la calificación jurídica. En segundo lugar, tampoco podrá aceptarse como válida, en cuanto objetivamente expresiva de una convicción judicial suficiente acerca de la acreditación de los hechos, la inferencia “falta de lógica o de coherencia ... en el sentido de que los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él” (STC 189/1998, de 13 de julio, FJ 3; también, entre otras, STC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2).
Además de los supuestos de inferencias ilógicas o inconsecuentes, este Tribunal ha considerado asimismo insuficientes las inferencias no concluyentes, incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción judicial. Como tales inferencias hemos catalogado las que son excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas; aquéllas en las que caben “tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada” (STC 189/1998, de 13 de julio, FJ 3; además, entre otras, SSTC 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 123/2002, de 20 de mayo, FJ 9; 135/2003, de 30 de junio, FJ 2). Un mayor riesgo de una debilidad de este tipo en el razonamiento judicial se produce en el ámbito de la denominada prueba de incidios, “que es la caracterizada por el hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta la de la consecuencia” (STC 189/1998, de 13 de julio, FJ 3). En el análisis de razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el hecho probado hemos de precisar ahora que sólo podemos considerarla insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado desde una perspectiva objetiva y externa que la versión judicial de los hechos era más improbable que probable. En tales casos, aún partiendo de las limitaciones ya señaladas del cánon de enjuiciamiento de este Tribunal y de la posición privilegiada de que goza el órgano judicial para la valoración de las pruebas, no cabrá estimar como razonable bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente (“más allá de toda duda razonable”), bien la convicción en sí.
Como con más pormenor se describe en los antecedentes de hecho, el recurrente se queja de que la conducta concreta que se le atribuye, consistente en coordinar la operación de compra y de traslado de la droga y en facilitar los medios de transporte para la misma y para los intervinientes en la operación, está huérfana de sustrato probatorio.
La quaestio facti aquí discutida es la de si ha quedado probado que en la operación conjunta de adquisición y traslado de la droga correspondió al recurrente, junto con otros tres de los acusados, el papel “de coordinar la operación, en contacto por teléfonos móviles con los demás acusados, y facilitar medios de transporte de éstos y del hachís hasta sus lugares de destino”.
Por una parte, ha de darse la razón al recurrente en que la Sentencia no aporta ningún elemento de prueba respecto a que coordinara a los demás acusados a través de la comunicación mediante teléfonos móviles. Más bien parece excluirlo, pues tanto en el relato fáctico como en la fundamentación detalla quién era el propietario de cada teléfono y entre quiénes se realizaron comunicaciones telefónicas el día en cuestión y los anteriores, sin que entre los propietarios o los comunicadores aparezca el nombre del recurrente. En suma, no resulta razonable la convicción judicial acerca del comportamiento atribuido al recurrente, resultando de los datos y razonamientos de la propia Sentencia que su acaecimiento fue más improbable que probable.
Distinta ha de ser la valoración de la comprobación de la segunda de las conductas delictivas que se atribuye al recurrente junto con los otros tres implicados que no portaron la droga, cual es la facilitación de medios de transporte para ésta y para los participantes en la operación. Al respecto debe indicarse que el relato de hechos probados señala que el demandante acudió a Algeciras el día de la operación con tres de los implicados en la misma, respecto de los que existían pruebas añadidas de cargo, que resultaron condenados y cuyo derecho a la presunción de inocencia no ha sido cuestionado o no lo ha sido con éxito; que vinieron repartidos en dos coches, uno de alquiler y otro perteneciente a uno de ellos; que tras su regreso de Ceuta el demandante se encontraba en el lugar donde estaban aparcados los dos vehículos; que uno de los posteriormente condenados por portar el hachís acudió a dicho lugar tras su huída posterior a la detención; que los agentes de la guardia civil detuvieron al recurrente cuando se disponía a introducirse en uno de los vehículos junto con este acusado y otro de los implicados.
La última de las quejas, atinente al derecho a la legalidad penal, pretende que los hechos probados atribuidos al recurrente no pueden ser objetivamente calificados como típicos del art. 368 CP, esto es, como actos de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas. Esta queja tampoco puede estimarse tanto por razones formales como de fondo.
En el trámite de alegaciones la representación del Sr. Mora Campayo no sólo se adhiere a las pretensiones del demandante de amparo, sino que formula una nueva, relativa a su propio derecho a la presunción de inocencia. Dicha pretensión no puede ser abordada en el presente proceso de amparo, porque ya lo fue en el promovido por él mismo y finalizado mediante resolución de inadmisión (providencia de 15 de julio de 2002) que adquirió firmeza ante la falta de recurso de súplica por parte del Ministerio Fiscal, único legitimado para recurrir (art. 50.2 LOTC). En cualquier caso, con independencia de lo anterior debe recordarse que este Tribunal “ha negado siempre la posibilidad de que quienes se personan en un proceso constitucional de amparo a tenor del art. 51.2 LOTC, una vez admitido a trámite el recurso (AATC 308/1990, de 18 de julio, y 315/1995, de 20 de noviembre), puedan convertirse en codemandantes y pedir la reparación o la preservación de sus propios derechos fundamentales. Lo contrario implicaría la admisión de recursos de amparo formulados de manera extemporánea o sin cumplir los presupuestos procesales de admisibilidad, y la consiguiente irregular formulación de pretensiones propias, independientes del recurso de amparo ya admitido y al socaire de éste. En suma, quienes no interpusieron recurso de amparo dentro del plazo legal, o lo hicieron en términos inadmisibles, no pueden luego deducir pretensiones propias, independientes del recurso de amparo admitido, que es el que acota el objeto del proceso. El papel de los restantes comparecientes queda reducido, pues, a formular alegaciones y a que se les notifiquen las resoluciones que recaigan en el proceso, que tiene por objeto, exclusivamente, las pretensiones deducidas por quien lo interpuso en tiempo y forma (SSTC 241/1994, de 20 de julio, FJ 3; y 113/1998, de 1 de junio, FJ 1)” (STC 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 3; también, STC 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 5).
Resolución nº S/0233/10, de March 22, 2013, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
STSJ Cataluña 12/2014, 12 de Marzo de 2014
STSJ Islas Baleares 59/2008, 14 de Febrero de 2008

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 resolución 
 artículo 52
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