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Timestamp: 2016-12-05 05:01:02+00:00

Document:
1_E000000000969 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
teorﾃｭa & derecho
REVISTA DE PENSAMIENTO JURﾃ好ICO
REVISTA SEMESTRAL. DICIEMBRE 8/2010
CONSEJO EDITORIAL*:
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia (Director)
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia (Coordinadora)
COMITÉ CIENTÍFICO*:
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Emilio Beltrán Sánchez
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo de Madrid
Catedrática de Historia del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid
* Por orden de edad
Asistente a la dirección: Víctor Merino Sancho
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ISSN: 1888-3443
Depósito legal: V - 2840 - 2007
Diseño y maquetación: PMc Media
Observaciones preliminares ........................................................................................
Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales...............................................................
La intervención de comunicaciones entre abogados defensores con sus clientes y la guerra
contra el terrorismo en los Estados Unidos ....................................................................
¿Inferioridad de armas en el proceso penal? (Especial referencia al derecho a la prueba) .....
La abogacía institucional y la tutela del derecho de defensa................................................
Deontología de las profesiones jurídicas. Una discusión académica ........................................
Eficacia normativa y existencia del derecho ........................................................................
Dogmática, derechos fundamentales y justicia penal: análisis de un conflicto ....................
La ideología constitucional de los votos particulares al Auto del Tribunal Constitucional sobre la solicitud de suspensión de la LO 2/2010 ..................................................................
Silencio administrativo y revisión de oficio de las licencias urbanísticas: el regreso de Eurídice ...................................................................................................................................
El derecho a ser oído y la justicia del proceso .....................................................................
Sobre algunos aspectos de la contemplación penal de la sexualidad..................................
El caso del matrimonio celebrado por el rito gitano: la discriminación étnica y racial a debate ...................................................................................................................................
El transexualismo primario y su contemplación legal en el ordenamiento jurídico español
El origen de la defensa o apología en el proceso griego. Su proyección doctrinal en el plano
antropológico y en el jurídico ............................................................................................
Normas de la revista ..........................................................................................................
2007, Nยบ 1, PรGS. 100-100
2007, Nº 1, PÁGS. 100-100
Los poderes del juez civil
Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales
La intervención de comunicaciones entre abogados defensores con sus
clientes y la guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos
¿Inferioridad de armas en el proceso penal? (Especial referencia al derecho a la prueba)
La abogacía institucional y la tutela del derecho de defensa
Deontología de las profesiones jurídicas. Una discusión académica
2010, Nº 8, PÁGS. 6-15
En la jurisprudencia del TDH y del TC, el derecho a la asistencia letrada y el consiguiente derecho del abogado a defender forma parte del derecho de defensa del imputado y es inherente al proceso justo por la exigencia de igualdad
de armas. El derecho de defensa, en cuanto compete al abogado, comporta tanto una libertad de actuación como
una libertad de expresión especialmente reforzada.
DERECHO DE ASISTENCIA LETRADA, PROCESO JUSTO, LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO, LIBERTAD DE ACTUACIÓN DEL ABOGADO
In the jurisprudence of the Court of Human Rights and of the Constitutional Court the right to counsel, and the
consequent right of counsel to defend, forms part of the accused’s right of defence and is inherent in the due process
of law as a result of the requirement of equality of arms. The right of defence, in as much as it is incumbent on the
lawyer, involves freedom of action and an especially reinforced freedom of speech.
RIGHT TO COUNSEL, DUE PROCESS OF LAW, LAWYER’S FREEDOM OF SPEECH, LAWYER’S
FREEDOM OF ACTING
Catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Sumario: 1. Derecho de defensa y juicio justo. 2. Derecho de defensa y derecho del abogado a defender. 3. Sobre la libertad de defensa: A. Introducción. B. La libertad de defensa como libertad de expresión del abogado. C. De la libertad de actuación del abogado. D. Garantías de la libertad de defensa.
La mayor parte de las cuestiones más básicas de ese derecho son estudiadas monográficamente por otros autores. Sin embargo, me
parece útil añadir, como mera presentación, algunas consideraciones previas que sirvan como
2. DERECHO DE DEFENSA Y
DERECHO DEL ABOGADO A
Para comenzar a delinear la situación del derecho de defensa en la jurisprudencia constitucional, creo necesario transcribir el fundamento jurídico número trece de la STS 91/2000 de
30 de marzo (Tol 24513).
“…. Nuestra jurisprudencia (SSTC 37/1988, de 3 de
marzo, 181/1994, 29/1995, de 6 de febrero y 162/1999,
de 27 de septiembre), ha reconocido que el derecho a
participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo
forma parte del núcleo del derecho de defensa que ha
de considerarse esencial desde la perspectiva del art.
24 CE y, por lo tanto, que constituye el punto de partida
en la fijación del que hemos denominado “contenido
absoluto” de los derechos fundamentales que, necesariamente, ha de proyectarse ad extra.
En el proceso penal, el derecho del acusado a estar
presente en la vista oral no es únicamente una exigencia del principio de contradicción, sino el instrumento
que hace posible el ejercicio del derecho de autodefensa para contestar a las imputaciones de hechos
que, referidas a su propia conducta, conforman la
pretensión acusatoria. Sólo mediante la presencia física en el acto del juicio puede prestarse o negarse
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDH) declaró en su sentencia de 2 de
Junio de 2005 [caso Goktepe c. Bélgica (Tol
117828)] que la contradicción es “el corazón
del juicio justo”. Esa afirmación no es una
simple ocurrencia retórica, sino que apunta
a la esencia misma del juicio justo desde la
perspectiva constitucional. El objeto del proceso ya no puede ser, dado ese trazo esencial
de su configuración, una búsqueda ilimitada
de la verdad a cargo de los órganos oficiales
encargados de averiguarla, respecto a la que el
imputado comparece como el objeto principal
de la indagación; en adelante, por el contrario,
el proceso ha de cursar como una controversia
entre iguales, en la que los poderes de las instituciones públicas han de detenerse ante los
derechos del imputado. Desde esa perspectiva,
el derecho de defensa cobra una nueva y singular importancia en el proceso penal, como momento básico del juicio justo, al que es preciso
otorgar una atención renovada, a cuya finalidad se dedica esta sección de la revista Teoría
& derecho.
una suerte de estado de situación del derecho,
básicamente en la jurisprudencia constitucional, mediante las que el lector pueda aproximarse tanto a su posición genérica como a sus
1. DERECHO DE DEFENSA Y
la conformidad a la acusación, puede convertirse la
declaración del acusado en un acto de defensa, puede
interrogarse a los testigos y ser examinado por éstos,
puede coordinarse la defensa que se ejerce a través de
la asistencia técnica del Letrado, y, en fin, puede ejercerse el derecho a la última palabra que, en nuestro
Ordenamiento, hemos reconocido como una manifestación del derecho de autodefensa (STC 181/1994, de
20 de junio). La vista oral no es una simple secuencia
del proceso penal, sino el momento decisivo en el que
con publicidad y plena contradicción se debate acerca
de la fundamentación de las pretensiones de condena
y la fuerza de convicción de las pruebas aportadas por
la acusación y la defensa.
El derecho del acusado a estar presente en el acto del
juicio oral puede inferirse inmediatamente de los arts.
10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, según los cuales
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
tribunal independiente e imparcial … para el examen
de cualquier acusación contra ella en materia penal” y
“a que se presuma su inocencia mientras no se prueba
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público
en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa”; y del art. 14, núms. 1 y 3,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, en la medida en
que reconoce a toda persona el derecho a “ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal … en la sustanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella”, y se establece
como garantía mínima de toda persona acusada de un
delito el derecho “a hallarse presente en el proceso y
a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección …”, sin que sea necesario volver
a destacar la importancia que, a tenor del art. 10.2 CE,
revisten tales textos a la hora de determinar el contenido absoluto del derecho a un proceso justo (art. 24
Especialmente significativo resulta al respecto el tenor
literal del art. 6.3 c) CEDH, en el que se reconoce el derecho “a defenderse por sí mismo o a ser asistido por
un defensor”. Se pone así de manifiesto que el que ha
de ejercer el derecho de defensa es el acusado: el Letrado se limita a “asistirle” técnicamente en el ejercicio
de su derecho, habiéndose reiterado, tanto por nuestra jurisprudencia (vid. las SSTC antes mencionadas)
como por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la opción por la asistencia jurídica gratuita o
por la de un Letrado de elección, no puede entenderse
como renuncia o impedimento para ejercer la defensa
por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo que la
defensa técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa.
Merecen destacarse, en tal sentido, las SSTEDH de
16 de diciembre de 1999 (casos T y V contra Reino
Unido). En dichas resoluciones el Tribunal Europeo re-
afirma de modo inequívoco que el derecho del acusado
a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su
defensa, dar instrucciones a sus abogados, interrogar
a los testigos y ejercer las demás facultades que le son
En ese contexto han de entenderse las numerosas
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a la importancia capital que ha de darse a
la presencia del acusado en el marco de un juicio justo
(SSTEDH de 12 de febrero de 1985 —caso Colozza
c. Italia, núm. 27—; de 28 de agosto de 1991 —caso
FCB c. Italia, núms. 28 a 36—; de 23 de noviembre de
1993 —caso Poitrimol c. Francia, núms. 31 y 35—; de
22 de septiembre de 1994 —casos Lala y Pelladoah c.
Holanda, núms. 27 y 40, respectivamente).”
Si algo se sigue de esas consideraciones del
TEDH y del TC es que la titularidad del derecho de defensa penal corresponde al imputado
y que la asistencia letrada es un complemento
esencial de su derecho a ser oído, que posibilita
tanto el ejercicio adecuado del derecho cuanto
la igualdad de armas en el proceso. Pero, de esa
premisa se siguen varias conclusiones que es
preciso extraer para modificar nuestras prácticas haciéndolas acordes con las exigencias
constitucionales. La primera de esas conclusiones es la de que la posición física de los abogados defensores en el proceso no es adecuada,
como se sigue inmediatamente de las sentencias en los casos T y V contra el Reino Unido,
dictadas por el Tribunal Europeo y citadas por
el Tribunal Constitucional. En efecto, en ellas
se estimó infringido el derecho de defensa porque la posición física de los abogados durante
el juicio no permitía a los imputados dirigir
efectivamente su defensa. La circunstancia
de que fuesen menores no alteró esa conclusión. Pues bien: la configuración de nuestras
salas de audiencia ha de modificarse conforme a esa exigencia del derecho del imputado
a la defensa, según la cual ha de poderla dirigir realmente. Desde luego, las exigencias de
cambio procedentes del contenido del derecho
de defensa no terminan en la necesidad de esa
modificación física, sino que van mucho más
allá: precisan el reconocimiento jurídico de
esa relación, cuya función en el proceso podría enervarse si no se le otorgase una tutela
especial frente a las posibles ingerencias de los
“Sobre este particular, es importante resaltar que el
Tribunal Europeo de Derechos humanos ha admitido
la intervención de las comunicaciones entre el letrado
y su cliente en los supuestos excepcionales en que se
instrumentalice el ejercicio de la profesión de abogado para la comisión de conductas delictivas. Y así, en
la sentencia de 30 de septiembre de 1985 (Caso Can
contra Austria), a pesar de que se estimó infringido el
art. 6.3.c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales por haberse impedido a un imputado en situación de prisión provisional
comunicarse libremente con su abogado durante un
periodo de tres meses al inicio de la instrucción (se le
impuso que las entrevistas con su letrado fueran a presencia de personal judicial ante el peligro de ocultación
de pruebas), se matiza que no quedó constatado en el
caso concreto el peligro de colusión entre el imputado y
el letrado con incumplimiento de los deberes profesionales de éste. Con lo cual, se deja abierta la posibilidad
de que la medida fuera legítima en el caso de que se
acreditara una actuación delictiva del letrado en connivencia con el imputado.
En similares términos se pronunció el TEDH en la sentencia de 20 de junio de 1988 (Caso Schönenberger
y Dumaz contra Suiza), al considerar que la intervención de una carta remitida por el letrado a un preso
vulneraba el art. 8 del Convenio, toda vez que no se
acreditó la connivencia o colusión entre el letrado y el
imputado que pudiera justificar la medida. Por lo cual,
cabe inferir que en caso contrario sí estaría justificada
y permitida la intervención de la correspondencia imputado/letrado.
En la sentencia de 28 de noviembre de 1991 (Caso S.
contra Suiza) se admite que pueda haber motivos excepcionales convincentes, aunque no los hubiera en el
caso concreto, que justificaran el control y la escucha
de las conversaciones del detenido con su letrado.
En la sentencia de 25 de marzo de 1992 (Caso Campbell contra Reino Unido), a pesar de que se consideró
vulnerado el Convenio Europeo, no se excluye la posibilidad de autorizar en casos excepcionales la lectura
de la correspondencia de un interno con su letrado
cuando hubiera motivos justificados para entender que
la carta contiene elementos de carácter delictivo.
La sentencia de 25 de marzo de 1998 (caso Kopp contra Suiza) contempla el supuesto de las escuchas te-
lefónicas de las conversaciones de un letrado con sus
clientes con el fin de investigar la transmisión de una
información oficial secreta a un bufete de abogado. El
Tribunal Europeo no cuestionó la posibilidad de la intervención telefónica de las conversaciones del letrado
con sus clientes, siempre que aquél estuviera imputado en la causa, pero estimó la demanda al considerar
infringido el art. 8 del Convenio por las deficiencias y
omisiones que presentaba la normativa suiza en la regulación de esta clase de conversaciones, para las que
exige una ley con una precisión y claridad especiales,
dados los derechos fundamentales en juego.
Y en el mismo sentido se pronuncia la reciente sentencia de 22 de abril de 2010 (Caso Radkov contra Bulgaria), en la que aunque se considera infringido el art.
8 del Convenio Europeo por haber sido abiertas cinco
cartas dirigidas por los letrados al interno en un centro
penitenciario, la resolución deja también abierta la posibilidad excepcional de la intervención y lectura en el
caso de que concurrieran razones especiales.
Ahora bien, sentado lo anterior, sí debe quedar muy
claro que los supuestos en que se autorice la intervención de las comunicaciones de un interno con su letrado han de ser sumamente extraordinarios, de modo
que el nivel de exigencia indiciaria contra el abogado
connivente ha de tener una enjundia y solidez sin duda
notablemente superior a los supuestos de intervención
habituales de las comunicaciones de un imputado con
terceras personas ajenas a su letrado. Y es que los
derechos fundamentales afectados son muy distintos
en unos casos y en otros, tanto desde una visión cuantitativa como cualitativa de los mismos.
En efecto, en los supuestos en los que el imputado se
halla preso y se intervienen las comunicaciones orales
con su letrado, no sólo están en juego el derecho a la
intimidad, y, en su caso, el derecho al secreto de las
comunicaciones (entendido el término “comunicaciones” en sentido amplio), sino que se hallan también en
liza de forma destacada y apremiante el derecho fundamental a la defensa, el derecho a no declarar contra
sí mismo y a no confesarse culpable, y el derecho al
secreto profesional de los letrados (concebido como
un derecho-deber). El cercenamiento de estos derechos se agrava por la situación de privación de libertad
en que se hallan los imputados, al estar sometidos a
un régimen de sujeción especial que les impide tener
comunicaciones con su abogado fuera del espacio del
centro penitenciario dada su situación personal. Este
estatus de sujeción especial ha llevado al Tribunal
Constitucional a interpretar en un “sentido reductivo”
la limitación de los derechos fundamentales de un
imputado en tal situación (SSTC 74/1985, 170/1996,
2/1987, 175/1997 y 58/1998).
En lo que concierne al derecho de defensa, el Tribunal Constitucional ha resaltado en numerosas resoluciones “la especial responsabilidad que incumbe a los
órganos judiciales de velar por evitar la indefensión del
justiciable en el proceso penal, porque en este ámbito
Pocos pronunciamientos judiciales hay en
España al respecto. Por eso merece destacarse el recaído al enjuiciar la actuación del juez
que instruyó el caso Gürtel. Aunque, se trata
de una decisión instructoria, sin más valor que
el de un pronunciamiento meramente provisional, vale la pena destacar cuanto se dice en
el fundamento de derecho primero del auto de
19 de octubre de 2010 (Tol 1972819). Reza
la protección de los bienes en conflicto adquiere la mayor intensidad que puede dispensar el Ordenamiento
jurídico” (SSTC 1/2007 y 160/2009). Asimismo ha destacado la íntima conexión que existe entre el derecho
de defensa y el de asistencia letrada, derecho que tiene como finalidad, al igual que todas las demás garantías que conforman el derecho en el que se integran, el
de asegurar la efectiva realización de los principios de
igualdad de partes y de contradicción, y que imponen
a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las
partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir
a alguna de ellas resultado de indefensión, prohibido
por el precitado art. 24. 1 CE (SSTC 47/1987, de 22 de
abril; y 9/1997, de 14 de enero). Sin olvidar tampoco la
especial relevancia que adquiere el derecho de defensa cuando el Estado ejerce el ius puniendi limitando
la libertad del imputado, lo que implica una profunda
injerencia en el núcleo más sagrado de sus derechos
fundamentales (SSTC 68/2002 y 198/2003).
Dentro del ámbito específico del derecho de defensa, el TC ha enfatizado en diferentes resoluciones la
imprescindibilidad de las comunicaciones directas
entre el imputado y su letrado para la efectividad de
ese derecho fundamental (SSTC 73/1983, 183/1994,
538/1997 y 7/1998). Y el TEDH, al aplicar el art. 6.3.c)
del Convenio, advierte de forma reiterada que el derecho del acusado a comunicarse con su letrado fuera
del alcance de un tercero figura entre las exigencias
elementales del proceso equitativo en una sociedad
democrática (sentencias de 16 de octubre de 2001,
“Caso Brenan contra Reino Unido”; 5 de octubre de
2006, “Caso Marcello Viola contra Italia; y 13 de marzo
de 2007, “Caso Castravet contra Moldavia”).
En lo que respecta al derecho al secreto profesional,
el último párrafo del art. 24 de la Constitución establece que la ley regulará los casos en que por razón de
secreto profesional no se estará obligado a declarar
sobre hechos presuntamente delictivos. Y esta previsión del constituyente ha sido después desarrollada
en los arts. 416.2 de la LECr. y 542.3 de la LOPJ. En
el primero queda dispensado el abogado de declarar
sobre los hechos que le hubiera confiado el imputado
en su calidad de defensor. Y en el segundo precepto
se obliga a los abogados a guardar secreto de todos
los hechos o noticias de que conozcan por razón de
los mismos. Estos preceptos quedan complementados
con lo dispuesto en el art. 42.1 del Estatuto General de
El concepto de secreto es interpretado tanto por el Tribunal Constitucional como por la jurisdicción ordinaria
como un concepto formal e instrumental, de suerte que
cuando la Constitución o el legislador ordinario protegen un secreto lo hacen como instrumento idóneo para
anticipar la tutela de otros derechos sustantivos que
se hallan amparados detrás del formalismo del deber
de secreto. Así sucede con el derecho al secreto de
las comunicaciones, que es concebido por el Tribunal
Constitucional como formal en el sentido de que se
predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido
(STC 114/1984); y así ocurre también con el secreto
profesional, que ha de verse como una tutela anticipada de carácter formal del derecho de defensa y del
derecho a la intimidad del imputado que mantiene una
relación de carácter confidencial con el letrado con el
fin de garantizar esos derechos fundamentales sustantivos. El propio Tribunal Constitucional ha previsto
en alguna resolución la posibilidad de que el secreto
profesional resulte afectado por las intervenciones de
las comunicaciones de un imputado (STC 184/2003,
fund. quinto).
El cúmulo de derechos afectados por la intervención de
las comunicaciones imputado/letrado justifica, pues, de
forma incontestable el grado de excepcionalidad que
ha de tener la intervención judicial de esa clase de comunicaciones. Ello explica con holgura los reforzados
niveles de exigencia con que se han de autorizar tales
intervenciones, tanto en lo atinente a los requisitos sustantivos y procesales como en lo que concierne a la
consistencia y explicitud de la motivación”
A todo lo cual hay que añadir que del hecho de que el derecho del abogado a defender
sea un instrumento del derecho de defensa del
imputado no se sigue, en absoluto, un relajamiento de su contenido: al contrario, al estar
tan íntimamente unido al derecho fundamental, pasa a formar parte de él y su contenido,
como se verá a lo largo de toda esta sección,
resulta ampliado y reforzado. Por eso parece
conveniente efectuar algunas acotaciones previas respecto de la libertad de defensa.
3. SOBRE LA LIBERTAD DE
Cuando se habla de la libertad de defensa,
se hace referencia, generalmente, a la libertad
de expresión y actuación procesal del abogado. Ciertamente los titulares del derecho de
defensa son las partes; pero el abogado, como
consecuencia de los deberes de asistencia técnica que asume, ha de gozar de la correlativa
libertad para ejercerlos. Esa libertad se halla,
por tanto, en tan inmediata conexión con el
Desde luego, la división podrá aparecer artificial, porque todo acto expresa algo y toda
palabra pronunciada constituye, a su vez, un
acto; pero, a efectos prácticos, resulta suficientemente clara y, desde luego, es útil.
B. LA LIBERTAD DE DEFENSA COMO
LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL
En mi etapa de magistrado del tribunal
constitucional tuve el honor de redactar la
Sentencia del que, según creo, constituye un
leading case en esta materia. Se trata de la STC
65/2004 de 19 de abril. En su fundamento jurídico 2 se afirma que la del abogado es “una
libertad de expresión reforzada cuya especifica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con la efectividad de otro
derecho fundamental, el derecho a la defensa
de la parte (art.24.2 CE) y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en
el cumplimiento del propio y fundamenta papel que la Constitución les atribuye (art. 117
CE). Por tales razones se trata de una manifestación especialmente inmune a les restricciones
que en otro contesto habrían de operar (STC
205/1994, de 11 de junio, FJ 5)”.
Quisiera destacar esa declaración de especial
inmunidad que asiste al discurso del abogado
en tanto esté cumpliendo con él su función de
defensa: la libertad de expresión del abogado
goza de un doble escudo constitucional, a saber: el que representa la libertad de expresar
nuestras ideas, sentimientos, etc, de la que todos gozamos en virtud del art. 20 de la CE (y
que, como sabemos es una libertad tan básica
que goza de la que algunos autores norteame-
Naturalmente, cuanto acaba de decirse no
implica que la libertad de expresión del abogado sea ilimitada: si lo fuera, no sería una libertad, sino un poder arbitrario; pero sí exige
examinar muy cuidadosamente cualquier limitación que se imponga a esa libertad, asegurándose, antes de darla por buena, que no vulnera
ninguno de los 2 derechos fundamentales antes
aludidos. Así, al corregir la infracción prevista
en el art.449.1 LOPJ, (faltar al respeto debido
al los Jueces y Tribunales, Fiscales, Secretarios,
o cualesquiera otras personas que intervengan
en el proceso, ha de atenderse tanto al sentido
contextual de las frases o expresiones utilizadas
cuanto para su funcionalidad para el ejercicio
ricanos denominan full protection); y, además
del que le proporciona el hecho de que representa una condición para el ejercicio del derecho de defensa de las partes (y una condición
sin la cual el ejercicio de ese derecho quedaría
sin su contenido propio).
derecho constitucional de defensa de las partes
que puede decirse que forma parte de él. El
análisis de la libertad de defensa del abogado
puede analizarse dividiéndolo en dos aspectos
bien diferenciados, a saber: el de la libertad de
expresión, a la que por antonomasia se llama
en ocasiones libertad de defensa y el de la libertad de actuación que, según más adelante
se dirá, sufre en nuestro país de un cierto subdesarrollo.
De modo que, de un lado han de quedar excluidos los insultos y descalificaciones, aunque
no pueden incluirse como tales los atributos
negativos que se prediquen de una actuación
que se impugna; y, menos todavía, si constituyen momentos efectivos de la defensa.
Veamos ahora cómo, en el fundamento jurídico 4 resuelve la sentencia precitada el caso
que enjuiciaba, aplicando los criterios a los que
se hecho referencia.
En el presente caso fue en la vista oral de un recurso
de apelación civil, al justificar la solicitud de nulidad de
la Sentencia impugnada, donde el recurrente, en su
condición de Letrado, manifestó que en ella había “falsedades y barbaridades”, expresiones éstas en las que
se centra el reproche de los Acuerdos sancionadores.
Al haber sido en la vista oral y haber retirado el Presidente de la Sección el uso de la palabra al Letrado,
éste no pudo entonces explicar en qué basaba tales
contundentes afirmaciones. Podríamos reconstruir sus
explicaciones a través de las expresadas en sus recursos en la vía judicial previa y en las alegaciones presentadas en este proceso de amparo. No parece oportuno ni preciso, sin embargo, centrar nuestro análisis
en la existencia o inexistencia de justificación fáctica
o jurídica de tales expresiones, pues con las mismas,
cualquiera que sea su acierto y la palmaria posibilidad
de ser sustituidas por otras menos molestas, no se
hacía otra cosa sino expresar el desacuerdo fáctico y
jurídico con las conclusiones a las que, en la Sentencia
impugnada, había llegado la juzgadora de instancia.
Resulta evidente que a las expresiones utilizadas pueden atribuírsele diversos significados. Dicho de otro
modo, no presentan como único significado el que les
han atribuido los órganos judiciales al justificar la corrección disciplinaria, ni tampoco únicamente el más
benigno que el recurrente ofrece en su defensa. Las
expresiones utilizadas se refieren, indudablemente,
a la Sentencia impugnada, aunque trascienden a su
autora intelectual, mas no apreciamos que no se trate
de términos empleados para defender la petición de
nulidad que se postulaba, pues ésta, según el art. 238
LOPJ entonces vigente, puede basarse, entre otras razones, en haber prescindido “total y absolutamente de
las normas esenciales de procedimiento establecidas
por la ley”, supuesto que, de concurrir en este caso,
supondría en lenguaje coloquial un error jurídico de
tal magnitud que algunos podrían tachar de auténtica
“barbaridad” o una “falsedad”.
Por ello cabe concluir que las expresiones vertidas en
la vista oral vienen amparadas en la libertad de expresión del Letrado que, precisamente por su carácter
específico, le permite una mayor “beligerancia en los
argumentos” (STC 113/2000, de 5 de mayo, FJ 6) dada
su conexión con el derecho de defensa de la parte. En
definitiva, el abogado recurrente actuó en este caso en
defensa de su cliente, intentando justificar la impugnación de la Sentencia de instancia en términos que,
pese a su rotundidad, no pueden considerarse fuera
del alcance de la protección que otorga la libertad de
expresión en la defensa letrada. En consecuencia, los
Acuerdos ahora recurridos, al sancionar al demandante de amparo exclusivamente por la utilización de tales
términos aun después de haberle retirado el uso de la
palabra, lo que materialmente supuso ya una importante limitación de su libertad de expresión, vulneraron
esta manifestación cualificada del derecho fundamental alegado, y por ello debe otorgarse el amparo.
Creo que ese razonamiento deja bien claro
cuál es el alcance la libertad de expresión del
abogado, frente a la cual todo límite resulta
sospechoso. Sin embargo, no siempre el Tribunal Constitucional parece haber actuado con
el mismo rigor.
Para comprobarlo así, basta analizar el FJ
7 de la STC 197/2004 de 15 de noviembre,
dictada, pues a los pocos meses. Dice así:
En consecuencia, para comprobar si el indicado límite ha sido franqueado en el presente caso, habremos
de atender al significado de las concretas expresiones
utilizadas y al contexto procesal en que han sido empleadas por el recurrente. En tal sentido resulta pertinente recordar que la corrección disciplinaria impuesta
al Letrado recurrente tiene su origen en la controver-
sia lingüística entablada con la Magistrada titular del
Juzgado de Primera Instancia núm. 49 de Barcelona,
con motivo de la decisión de ésta en emplear la lengua catalana como lengua del proceso, pese a alegar
el recurrente, en su condición de abogado defensor,
indefensión por desconocimiento de la lengua catalana, invocando al efecto lo dispuesto en el art. 231.2
LOPJ. Pues bien, sin perjuicio del derecho que asistía
al recurrente para postular que la lengua utilizada en el
proceso fuese el castellano, es lo cierto que referirse
a la actuación judicial con frases tales como “S.Sª me
merece todo el respeto … pero de su ciencia jurídica
preferimos no opinar”, “Parece una auténtica tomadura
de pelo”, “Decir lo que ha dicho la Ilma. Sra. Jueza …
nos parece una aberración y un desafuero”, o “Lo único
que podría condensar es un presunto abuso de autoridad del Sr. Secretario y de S.Sª”, entraña un evidente
menosprecio de la función judicial que en nada se ordena a la defensa de los intereses del defendido por
el demandante de amparo y que, por esto mismo, no
puede encontrar cobertura o justificación en la libertad
de expresión del Letrado en el ejercicio de sus funciones de defensa, como señala el Tribunal Superior de
En efecto, las reseñadas son expresiones innecesarias
a efectos del derecho de defensa y no constituyen una
crítica a las resoluciones judiciales, a su contenido o
los razonamientos expuestos en las mismas, sino que
se dirigen directamente a la titular del órgano judicial,
sin más ánimo que el de descalificarla y menospreciarla, siendo expresiones que si bien no encierran ningún
insulto directo, sí que resultan sin duda objetivamente
ofensivas y vejatorias para un Juez en el desempeño
de la función judicial, y merecen una valoración semejante a la que en diversas ocasiones ha justificado ya
la desestimación ya la inadmisión de otros recursos de
amparo (ad exemplum, SSTC 46/1998, de 2 de marzo,
y 226/2001, de 26 de noviembre, y AATC 76/1999, de
16 de marzo, y 10/2000, de 11 de enero).En consecuencia, los Acuerdos recurridos, al sancionar al demandante de amparo por la utilización de tales expresiones, no han vulnerado la libertad de expresión del
abogado en el ejercicio del derecho de defensa.
Tal y como se relata, la conducta del abogado que resultó sancionado no parece que quepa excluir una genuina actuación de defensa,
pues no cabe imaginar mayor indefensión que
la de actuar en un proceso que se sigue en una
lengua que el abogado no entiende bien; y, por
más que esa manifestación pudiera ponerse en
duda, convirtiendo todo el incidente en algo
ajeno a la libertad de defensa, lo cierto es que,
en la fundamentación jurídica del TC no se
aduce tal cosa. De modo que la afirmación
posterior de que se trata de expresiones inne-
En resumen: que el Fallo del Tribunal en el
caso podrá, quizás, ser correcto; pero la fundamentación mal podría compartirse; al contrario,
tal y como discurre el relato, la conclusión hubiera debido ser el otorgamiento del amparo.
C. DE LA LIBERTAD DE ACTUACIÓN
Los actos procesales del abogado están sometidos a los límites que resultan de la necesidad de cumplir los deberes procesales, del
sometimiento a la policía de estrados y, por
supuesto, a los límites infranqueables que
derivan del respeto al Código penal. Así por
ejemplo, no ha planteado ningún problema
constitucional la sanción a un abogado por incomparecencia injustificada (STC 109/1991,
de 14 de octubre) ni la sanción impuesta por
alterar el orden público del juicio dando voces
o sacándose la toga (STC 205/1994, de 11 de
julio). Más problemático fue el caso examinado en la STC 79/2002, de 8 de abril. Expondré el problema transcribiendo un fragmento
del voto particular formulado por la magistrada Dª María Emilia Casas, al que se adhirió el
ponente D. Fernando Garrido Falla. Dice así:
Discrepo del razonamiento f nal de la Sentencia, según el cual: “En definitiva, en modo alguno se ha visto menoscabada en el caso que nos ocupa la libertad
de expresión de la Abogada demandante de amparo
en el ejercicio de defensa de su patrocinado, derecho
fundamental que no puede amparar lo que no es otra
cosa que una actuación procesalmente incorrecta de la
propia Letrada, tanto más reprochable cuanto que los
abogados, por la situación de protección que gozan en
su actuación ante los Juzgados y Tribunales de Justicia (art. 437.1 LOPJ), vienen especialmente obligados
al cumplimiento de las obligaciones que les impone la
propia LO PJ y las correspondientes leyes procesales
(art. 448 LOPJ), de suerte que los incumplimientos de
tales obligaciones justifican precisamente la imposición
de las correspondientes correcciones disciplinarias por
parte de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la “policía de estrados” conforme a los arts. 448 y ss. LOPJ”
(FJ 7).En dicho razonamiento se interpreta el derecho
fundamental en juego, la libertad de expresión, desde la
legalidad infraconstitucional, cuando desde la perspectiva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico frente a sus límites y
el carácter restrictivo de éstos, nuestro enjuiciamiento
debe sostenerse en el proceso interpretativo cabalmente inverso; esto es, la legalidad infraconstitucional es la
que debe interpretarse desde la Constitución y específicamente desde los derechos fundamentales.
Esta es la razón de que hayamos sostenido, en relación
con la libertad de expresión y la aplicación de normas
penales, que “cuando un órgano judicial aplica una norma penal … que se refiere a conductas en las que se
halla implicado el ejercicio de un derecho fundamental
…, ha de tener presente el contenido constitucional del
derecho de que se trate, es decir, el haz de garantías y
posibilidades de actuación o resistencia que otorga. De
modo que, en este caso …[no] puede incluir entre los
supuestos sancionables aquéllos que son ejercicio …
[del derecho]” (SSTC 136/1999, de 29 de julio, FJ 20;
110/2000, de 5 de mayo, FJ 5).
Sobre la base del mismo razonamiento, tampoco las
infracciones administrativas, sean o no disciplinarias,
pueden incluir entre los supuestos sancionables aquellos que constituyen legítimo ejercicio del derecho fundamental, pues, en definitiva, la protección del derecho
fundamental impide que se anuden sanciones al ejercicio legítimo del mismo.
cesarias a efectos del derecho de defensa deviene injustificada. Otro tanto cabe decir del
análisis de las expresiones, de las que se dice
“que si bien no encierran ningún insulto directo, sí que resultan objetivamente ofensivas y
vejatorias“. Aquí el Tribunal parece incurrir en
una autentica contradictio in terminis, negando
primero lo que después afirma.
Personalmente creo que las razones del
voto particular son mejores razones que las
de la sentencia. Dicho esto, que creo bastante
para dar una idea aproximada de las dificultades con que tropieza en nuestro ordenamiento
la libertad de defensa, concluiré con una reflexión muy genérica respecto a los tropiezos
que pudieran sobrevenir, singularmente a las
defensas penales, por su posible implicación
Quiero tomar como núcleo de esta reflexión la sentencia del Tribunal Constitucional (BVG) alemán de 30 de marzo de 2004
ampliamente comentada por Mercedes Pérez
Manzano, en el Libro Homenaje al profesor
Gonzalo Rodríguez Mourullo.
El caso objeto de la misma es la conformidad con la Constitución de una sentencia
condenatoria confirmada por el Tribunal Supremo (BGH) sobre el hecho de la recepción
de honorarios por el abogado conociendo el
origen delictivo del dinero. El Tribunal Constitucional confirma que el abogado que actúa
con conocimiento seguro de la procedencia
ilícita del dinero entregado en concepto de honorarios por la defensa penal traspasa los límites del ejercicio legitimo de su profesión. Pero,
al hacerlo, realiza importantes precisiones que
destaca Pérez Manzano.
El punto de partida de esas precisiones es
que resulta constitucionalmente necesario llevar a cabo “una interpretación del delito que
sea adecuada a la presunción de inocencia del
cliente; o, dicho de otro modo, que el derecho
a la presunción de inocencia del cliente impone límites a la interpretación del delito… al ser
aplicado al abogado que le defiende”.
En consecuencia, cuando del abogado se
trata, ha de tenerse en cuenta que este debe
partir de la inocencia del cliente, cuya culpabilidad no se habrá probado normalmente en
el momento de la recepción de la provisión de
fondos; y, a falta de esa prueba, no bastan las
sospechas, por fundadas que sean. En consecuencia, el abogado no puede ser condenado
por el conocimiento posible o probable del
origen ilícito del dinero; sino que es necesario que conozca ese origen con total seguridad.
Con otras palabras, para condenar al abogado
no basta ni la imprudencia, por temeraria que
sea, ni el dolo eventual, sino que es preciso el
dolo directo. De modo que, aunque el imputado tenga embargado todo su patrimonio, no
cabe efectuar, contra el abogado, la inferencia
de que el dinero con el que cobra es de origen
ilícito, pues una medida cautelar no es todavía
una sentencia firme y la presunción de inocencia impide tenerla por tal.
Creo que basta lo dicho para caer en la
cuenta de la necesidad de una regulación que
diga con exactitud a los Letrados cuándo actúan lícitamente en el ejercicio de su profesión
y cuándo no. El hecho de que en España no
se planteen problemas como el resuelto por el
Tribunal Constitucional alemán no quiere decir que no los haya, sino que no se resuelven
adecuadamente; y eso significa que a veces se
otorga a los abogados una incorrecta “patente
de corso” y otras —y eso es aun más lamentable— se les condena indebidamente.
D) GARANTÍAS DE LA LIBERTAD DE
Las anteriores reflexiones han concluido señalando un déficit de regulación legal, y destacando la ausencia de fronteras precisas entre
el ejercicio legítimo de la profesión y las conductas delictivas. Un déficit semejante puede
percibirse claramente en orden a la disciplina
procesal, pues la falta de respeto es un concepto tan vago que solo una tradición aplicativa
segura y constitucionalmente adecuada puede
precisar, y esa tradición no existe.
Pese a ello, podría pensarse que el hecho de
que las infracciones procesales sean resueltas
mediante un procedimiento disciplinario; esto
es, un procedimiento “interno”, constituye
una garantía procesal para el abogado. La STC
38/1998 de 9 de marzo lo niega paladinamente; sin embargo la STC 92/1995 de 19 de junio, que anula la sanción impuesta al abogado
en un juicio de faltas, acaba entendiendo que,
efectivamente, el proceso disciplinario es una
Sin embargo se trata de una afirmación más
que discutible, sobre todo en los casos en que
el enjuiciamiento de una supuesta falta de respeto se lleve a cabo por el Juez o Tribunal que
padeció dicha conducta, pues en tal caso cabe
poner en duda su imparcialidad. Una queja en
ese sentido fue resuelta negativamente por la
STC 197/2004 ante citada. Dice esta sentencia en su FJ 4:
La queja relativa al derecho al juez imparcial carece
de relevancia constitucional, toda vez que, como ya
señalamos en la citada STC 157/1996, la misma razón
de ser y la lógica de la “policía en estrados” regulada
en los arts. 448 y ss LOPJ —hoy en los arts. 552 y ss
LOPJ—, que da origen a resoluciones jurisdiccionales
dictadas en un proceso con todas las garantías, determina que en el caso de que el órgano judicial entienda
que se ha producido una conducta de las previstas
en dichos preceptos “la corrección se impondrá por el
Juez o por la Sala ante la que se sigan las actuaciones” (antiguo art. 451.1 LOPJ), siendo una peculiaridad
perfectamente admisible de estos procedimientos diseñados para reaccionar rápida y eficazmente contra las
Ese razonamiento no puede convencer, pues
sea o no el Juez o Tribunal a quien se refiere la
presunta falta de respeto titular del bien jurídico protegido, lo que no puede negarse es que
resulta afectado por ella y, por lo tanto, que
no es objetivamente imparcial. Aquí se pone
de manifiesto un problema general del ordenamiento jurídico español, quizás aun más grave
que los abundantes déficits de legalidad: un
tratamiento inaceptable de la imparcialidad de
conductas incorrectas en el proceso de los abogados
y Procuradores.
Además, como señala esa misma doctrina, no concurren en las autoridades judiciales que imponen tales
correcciones disciplinarias las condiciones de Juez y
parte, puesto que el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ
“no es el honor o la dignidad de la persona titular de un
órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial
en tanto que institución y, por tanto, al margen de las
personas que eventualmente desempeñan la magistratura” (por todas, SSTC 157/1996, de 15 de octubre,
FJ 2; 79/2002, de 8 de abril, FJ 2; 117/2003, de 16 de
junio, FJ 4; y 65/2004, de 19 de abril, FJ 4).
Pero, ese problema no puede ser examinado
2010, Nº 8, PÁGS. 16-38
El reconocimiento constitucional del derecho de defensa dentro de los derechos fundamentales garantiza a todos los
que quieran acudir a los juzgados y tribunales, o sean citados para comparecer ante ellos, que van a disponer de los
medios jurídicos necesarios para sostener su posición procesal; de ese modo, ha de asegurarse la contradicción, que
es el medio idóneo para hacer efectiva la defensa. El derecho de defensa es de contenido proteico, y en todo caso
reconoce algunas actuaciones antecedentes y se manifiesta en su ejercicio de múltiples formas, dando lugar a un haz
de derechos que conforman el fundamental derecho a la defensa. Aun cuando el derecho de defensa ha de protegerse
en cualquier tipo de proceso, es en el proceso penal donde se manifiesta con una mayor intensidad y debe ser más
cuidadosamente diseñado, puesto que en él se ponen en cuestión los bienes jurídicos más preciados del individuo, y
porque, a diferencia de lo que sucede en el resto de los órdenes jurisdiccionales, aquí se ejerce la defensa frente a la
acusación que sustenta normalmente un órgano público, el Ministerio Fiscal, y a partir de la cual se está solicitando la imposición de un castigo, y eso marca una gran diferencia con el derecho a la defensa en los procesos que se
siguen ante otros tribunales. Por otro lado, debe aplicarse un criterio de indefensión que vaya más allá de la real y
efectiva vulneración del derecho a la defensa, abogando por considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental
cuando de las actuaciones procesales se hubiera podido producir indefensión, sin entrar a examinar los resultados de
la infracción, porque ese análisis a posteriori, y la remisión a los resultados, desvirtúa el sentido del derecho fundamental y autoriza todas las infracciones del derecho de defensa, sin posibilidad alguna de lograr su depuración, que
no hayan conseguido finalmente dañar directa e inmediatamente la posición jurídica del sujeto.
DERECHO DE DEFENSA, AUTODEFENSA, CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES
CON ABOGADO, DEFENSA PENAL, DERECHO A LA ASISTENCIA DE ABOGADO, DERECHO A
LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACUSACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, EXCEPCIONES AL
DERECHO A LA DEFENSA, INDEFENSIÓN
The constitutional recognition of the right to counsel, within the fundamental rights guarants the universal access
to justice. They have all the legal means to support their procedural position. Thus, the contradiction is ensured,
and this is an appropriate mean for an effective defence. This rights is compounded by a “proteic” content, and it
recognizes some background action and is manifested through its exercise in multiple ways, giving rise to a bundle
of rights which constitute the fundamental right to defence. The right of defence in the criminal process has special
significance, not least because unlike in other branches of law here it is exercised in the face of charges normally
made by a public body, the Public Prosecutor’s Office, which asks for the imposition of a punishment. This marks
an important difference with respect to the defence of rights or interests in the processes of other courts. The
application of a criterion of defencelessness that goes beyond the real and effective violation of the right to defence
is upheld, arguing the grounds that the fundamental right has been infringed when there could have been defencelessness, without going into the effects of the infringement. Such an a posteriori analysis, and referred to results,
distorts the sense of this fundamental right. Moreover, this authorizes all the infringements of the right of defence,
without no chance of achieving its purification, which have not finally damaged immediately the legal status of the
RIGHT TO COUNSEL, SELF-DEFENCE, CONFIDENTIALITY OF COMMUNICATIONS WITH
COUNSEL, CRIMINAL DEFENCE, RIGHT TO LEGAL ASSISTANCE, RIGHT TO INFORMATION
ABOUT THE CHARGE, FUNDAMENTAL RIGHTS, EXCEPTIONS TO THE RIGHT OF DEFENCE,
Sumario: 1. El derecho de defensa. 2. La defensa penal y los derechos fundamentales “a la defensa y a
la asistencia de abogado”. La indefensión material. 3. El derecho de defensa y la información sobre la
acusación. 4. El momento inicial para el ejercicio del derecho de defensa. 5. El derecho del imputado a
defenderse por sí mismo. 6. El derecho a la asistencia de Abogado. 7. Las relaciones del imputado con
su abogado defensor y la confidencialidad. 8. Las excepciones en el derecho de defensa. A. En la detención policial incomunicada. B. En la detención judicial incomunicada. C. En la prisión provisional
incomunicada. D. El argumento de la proporcionalidad de la medida. Nota bibliográfica
Como el proceso es una relación que se entabla entre el juez, a quien se pide la resolución
de un conflicto, y los litigantes, que ocupan las
posiciones activa y pasiva, del sujeto que pide
y contra quien se pide, el derecho fundamental
a un proceso justo ampara a todo el que acuda
o sea llamado ante un tribunal de justicia. El
derecho a un proceso justo, aunque conectado
Ahora bien, entre este haz de garantías
que integran este derecho se incluyen tanto
la norma del artículo 24.1 —que proscribe la
indefensión— como la del artículo 24.2 de la
Constitución —que reconoce el derecho a la
defensa— que protegen estos derechos con independencia del tipo de proceso en donde se
actúe, con la finalidad de asegurar la efectiva
realización de los principios de igualdad de las
partes y de contradicción; eso lleva aparejado
el deber judicial de evitar desequilibrios e impedir limitaciones en la defensa que puedan
inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión (SSTC 152/2000, de 12 de junio, F. 3,
Este artículo es fruto del trabajo correspondiente al Proyecto de Investigación del Programa Nacional, dirigido
por el autor como IP, financiado por el Ministerio de Cultura e Innovación, DER2008-06178 “Las privaciones de
libertad en los procesos por terrorismo”.
El derecho de defensa es uno de los derechos fundamentales que se hallan reconocidos en todas las Constituciones y en todos los
textos sobre derechos humanos. Aun cuando
normalmente se pone el acento en el derecho
de defensa que asiste a la parte pasiva en un
proceso penal, eso no quita para que el derecho deba salvaguardarse en cualquier orden
en su finalidad con el derecho a la defensa y
no sufrir indefensión, se erige en derecho fundamental autónomo, estructural e instrumental al principio de igualdad de las partes (STC
233/1998, de 1 diciembre, F. 3).
211/2003, de 1 de diciembre, F. 6, 18/2006,
de 30 de enero, F. 2).
Así lo han considerado también los tribunales del resto de los órdenes jurisdiccionales,
garantizando naturalmente estos derechos fundamentales en los procesos que se siguen ante
ellos, y aplicándolos en relación con el derecho
a utilizar los medios de prueba (v.gr., SSTS Civil 530/2009, de 9 julio —RJ 2009\4462—,
o de 8 julio 1998 —RJ 1988\10371—, o la
STEDH de 15 octubre 2002 —caso Cañete
de Goñi contra España— en relación con un
proceso contencioso-administrativo).
El derecho de defensa reconoce así una doble
vertiente. De un lado, la del sujeto activo en el
proceso, el demandante —en los procesos civiles o mercantiles, contencioso-administrativos
o sociales— o el acusador en los procesos penales, que se concreta en el derecho a la tutela
judicial efectiva, de modo que el ordenamiento jurídico le proporcione un cauce adecuado
para sostener su pretensión ante los tribunales
de justicia cuando considere que su derecho
ha sido desconocido, discutido o vulnerado,
o que encuentre respuesta procesal siempre
que esté legitimado para ejercer una acusación
contra la persona que considere responsable de
una infracción penal. A esta protección parece
responder la consagración constitucional del
derecho a la tutela judicial efectiva del artículo
24.1, si bien, como luego se dirá, presenta una
lectura general que permite amparar en aplicación de esta norma la protección frente a toda
clase de indefensión.
De otro lado, la del sujeto pasivo, de la parte del demandado o del acusado, que debe tener medios para reaccionar frente a la agresión
que representa el inicio de un proceso contra
él. A esta última parece referirse la Constitución cuando reconoce el derecho a la defensa
en el artículo 24.2.
En ambos casos, debe entenderse proscrita
la indefensión, de modo que las partes no se
vean constreñidas en su actuación ante los tribunales ni se les impida, de manera directa o
indirecta, sostener sus pretensiones para lograr
la tutela efectiva de sus derechos o, desde el
punto de vista del sujeto pasivo, que no se les
impida utilizar todos los medios jurídicos para
resistir la posición actora, así como contrarrestar o neutralizar las posiciones planteadas por
el demandante o el acusador.
El derecho fundamental de defensa, así
entendido, incorpora un doble mandato: un
mandato al legislador, que debe remover todos
los obstáculos que pudieran impedir o disminuir la eficacia de la actuación procesal de las
partes para lograr los legítimos fines que cada
una de ellas sostenga, resultando entonces inconstitucionales las trabas que la ley pudiera
llegar a establecer a estos efectos, siempre que
no respondan a las exigencias del propio desarrollo del proceso o del respeto a otros derechos fundamentales. Pero también incorpora
un mandato a los intérpretes de la ley, a los
jueces y magistrados ordinarios, que han de
entender y aplicar las normas legales en el sentido más favorable a los fines de la defensa de
los derechos de los ciudadanos en el proceso.
Con todo, siendo esencial la salvaguarda de
los derechos de la parte actora en el proceso,
la defensa se ha entendido tradicionalmente
desde la perspectiva del sujeto pasivo, como
reacción a la agresión que supone el ejercicio
de la acción ante los tribunales.
Sin embargo, tradicionalmente no se ha
prestado excesiva atención al derecho de defensa en los procesos civiles y mercantiles,
seguramente porque en ellos se ventilan derechos disponibles, sobre todo de contenido
patrimonial, en los que siempre se respetó el
principio de contradicción. Lo propio sucedía
en los procesos sobre derechos de las personas (tanto en los que afectaban a la capacidad
como en los referidos a cuestiones matrimoniales, entre otros), en los que se hizo intervenir a un órgano público en la posición de
defensa de la ley, pero también en defensa de
la parte demandada, que comúnmente venía
a ser la parte más débil. Por todo ello, en los
procesos sobre derecho privado puede decirse que junto al principio de contradicción se
ha venido respetando también el principio de
igualdad y, por eso mismo, no se ha puesto en
cuestión la garantía del derecho de defensa o,
dicho en otros términos, no se ha considerado
Sin embargo, el derecho de defensa en el
proceso penal ha sido desde el Iluminismo y la
Revolución Francesa un problema de enorme
relevancia tanto desde el punto de vista doctrinal como en su salvaguarda práctica. Porque
el proceso penal es el único instrumento para
actuar el Derecho penal, el poder de coacción
estatal para sancionar ciertas conductas tipificadas como delitos, y a este instrumento han
de someterse tanto el Estado, que no puede
imponer un castigo si no es a través de un proceso judicial y de una sentencia, como el ciudadano, quien no puede renunciar a las garantías
jurisdiccionales para autoimponerse una pena
sin pasar por el proceso. Sin embargo en épocas históricas anteriores el proceso penal inquisitivo —en el que no cabía reconocer siquiera
la forma de un proceso al no existir verdaderas
partes procesales que sustentaran posiciones
contrapuestas— desconocía enteramente el
derecho de defensa, pues el investigado era el
mero objeto del procedimiento.
Fue con el nuevo marco normativo español, representado por la Ley de enjuiciamiento
criminal de 14 de septiembre de 1882, cuando se incorporaron a nuestro país las grandes
líneas del modelo procesal penal que desde
1808 había estado rigiendo en Francia, con la
aprobación del Code d’instruction criminelle,
Con este texto legal —y desde su antecedente, la Ley provisional de enjuiciamiento
criminal de 1872— se asumieron los principios básicos del moderno proceso penal, introduciendo las normas reguladoras de un modelo de justicia escrupulosamente respetuoso con
los postulados del liberalismo más exquisito y,
por tanto, con el respeto a las garantías de la
persona sometida a enjuiciamiento así como la
misma idea de proceso, pues desde entonces
puede efectivamente hablarse de la existencia
de un juez y de unas partes.
Comoquiera que los principios y el esquema del proceso civil se trasladó luego a los
procesos seguidos ante los tribunales de los
órdenes contencioso-administrativos o social,
creados en el siglo XX, tampoco se han generado grandes discusiones sobre el derecho de
defensa ni en la teoría ni en la práctica, pues
la parte más débil precisamente suele aparecer
en la posición de parte actora (sea como administrado, sea como trabajador) de modo que
los problemas se vuelcan más hacia esa posición procesal; las cuestiones que crean mayores dificultades son las relativas al acceso a los
tribunales y a la falta de cumplimiento de las
sentencias condenatorias debido a la pasividad
o a las trabas de la Administración Pública.
y desde donde se había exportado al resto de
el derecho de defensa como un problema vivo
en los procesos seguidos ante los tribunales de
este orden jurisdiccional.
En este marco normativo el imputado, que
tradicionalmente había sido considerado como
un mero objeto del proceso, pasó a ser su protagonista, y podía intervenir en las actuaciones
desde el momento en que el instructor formulara una imputación, teniendo como guía
prioritaria el reconocimiento y la salvaguarda
del derecho a la libertad de los individuos y el
Al propio tiempo, se distinguieron de un
modo nítido la función de acusar, que se atribuyó al Ministerio Fiscal, y las funciones de
investigación y de enjuiciamiento, que se encomendaron a órganos del Poder Judicial.
Finalmente, como consecuencia de haberse
importado a la Europa continental el enjuiciamiento por jurado, se hubo de establecer un
proceso oral y público, de instancia única, en
donde iba a regir el principio de libre valoración de las pruebas, pues no era exigible que
los jurados se sujetasen a las complejas normas
legales de valoración probatoria entonces vigentes.
Estos elementos lograron romper con la
anterior etapa oscurantista de la justicia penal
hecha a espaldas del acusado, donde el hecho
presuntamente delictivo al que se comenzaba
refiriendo el procedimiento penal se convertía
en un mero pretexto para someter a investigación y enjuiciamiento toda la vida de una
1_E000000000969
nº 8 REVISTA DE PENSAMIENTO JURÍDICO REVISTA SEMESTRAL. DICIEMBRE 8 /2010 Correspondencia C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia Redacción, Administración y Suscripción Artes Gráficas, 14, 46010 Valencia Tel.: (+34) 963610048 Fax: (+34) 963694151 E-mail: teoria.derecho@uv.es. Sitio web: www.tirant.com/teoriayderecho PVP número suelto: 55 euros (IVA incluido) PVP suscripción anual (2 números): 99 euros (IVA incluido) * Por orden de edad Asistente a la dirección: Víctor Merino Sancho Published on issuu

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