Source: https://www.scribd.com/document/245795021/ARTICULO-2-1-Jhjkj-Final
Timestamp: 2018-10-19 00:10:43+00:00

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Derecho internacional ´privado
Contenido Del Derecho Internacional Privado do
TRABAJO SEMINARIO FORENSE PENAL angeles.doc
Derecho Internacional Privado Parte Especial Ricardo Balestra
Resumen Penal 2
La Articulacion Del Derecho de Defensa
Hurtado Pozo - 1995 - Impunidad de Personas Con Patrones Culturales Dist
Nuestra Constitución ha consagrado en el artículo 2 numeral 21 el derecho a la
nacionalidad y la imposibilidad de despojo de la misma, y como consecuencia de
dicho derecho fundamental, el derecho de todo nacional de obtener y renovar al
El reconocimiento constitucional de la nacionalidad como derecho fundamental
tiene su antecedente directo en el artículo 2, numeral 19 de la Constitución de
1979. Cabe señalar que las constituciones anteriores regulaban las formas de
adquisición de la nacionalidad peruana; pero no necesariamente contenían la
cláusula de protección del derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, el artículo 7
de la Constitución de 1933 regulaba las causales de pérdida de la nacionalidad
El derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un Estado.
Este vínculo supone una suerte de relación de pertenencia entre el individuo y el
Estado en particular del que aquel es nacional. En el caso del derecho a la
nacionalidad consagrado en el artículo constitucional bajo comentario, lo que se
protege es el derecho de toda persona a tener un vínculo jurídico con el Estado
peruano, del que se considerará como nacional, tanto dentro de territorio de la
República como fuera de él.
como de aquellos que han optado por la nacionalidad peruana. la única forma de pérdida de la nacionalidad peruana se configura por la voluntad individual de la ciudadano. Asimismo. podemos afirmar que el pasaporte opera como el documento de identidad a nivel internacional. y a salir y entrar dentro de él. Por ende. Lo que se protege es la intangibilidad de la nacionalidad frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades. las formas de adquisición de la nacionalidad peruana se encuentran enunciadas en el artículo 52 de la Constitución. el mismo que puede optar por una nacionalidad diferente a la peruana. o por aceptar empleo de otro Estado. Por lo tanto. si entendemos que el derecho a la identidad implica el registro de las personas en el Registro Nacional de Identidad. de conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 11 de la Constitución. y Por adquirir nacionalidad extranjera. a transitar libremente por el territorio de la República. en virtud de las cuales. sin permiso del Congreso. Esta prohibición opera tanto para los denominados peruanos de nacimiento. Ello es así. Por ello. De 2 . a fin que estas sean reconocidas jurídicamente. renunciando a su nacionalidad de origen. el Estado peruano acredita al individuo como uno de sus nacionales frente a las autoridades internacionales. todo peruano tiene el derecho a la libertad de tránsito. En virtud del derecho a la nacionalidad. se puede adquirir la nacionalidad peruana tanto por naturalización como por opción. El texto constitucional es claro al prohibir el despojo de la nacionalidad peruana. Exceptuase el caso de reciprocidad previsto en el segundo párrafo del artículo 5. que lleve anexo o ejercicio de autoridad o jurisdicción. en la medida que el derecho a tener un pasaporte puede ser entendido como una La nacionalidad peruana se pierde: Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera. como a los hijos de padre o madre peruanos inscritos en el registro respectivo. el mismo que supone el derecho a elegir libremente su lugar de residencia. Pues. es importante que el Estado pueda garantizar el acceso de todos sus nacionales al pasaporte Por otro lado.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD Del derecho a la nacionalidad se deriva el derecho a tener un pasaporte y renovado tanto dentro como fuera del territorio de la República. se consideran como peruanos de nacimiento tanto a los nacidos dentro del territorio peruano. mediante la expedición del pasaporte.
en los tratados internacionales y en las leyes. Adicionalmente.pueden ejercer todos los derechos contenidos en la Constitución.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53 de la Constitución. el derecho a la nacionalidad también implica la posibilidad que un nacional peruano pueda ostentar una doble nacionalidad. pero ostenta una segunda nacionalidad. Sobre ese caso en concreto. la renuncia a la nacionalidad solo puede ser efectuada cumpliendo una formalidad fundamental: que esta se realice expresamente ante la autoridad competente. se configuró una privación arbitraria de la nacionalidad peruana. podrían existir ciertas limitaciones a algunos derechos fundamentales que se basen en la nacionalidad de las personas. configurándose en ese caso una nacionalidad activa (la que se utiliza en las actuaciones jurídicas del individuo) y una pasiva (la que se mantiene latente). 3 . Con ello no se quiere decir que se desconozcan los derechos fundamentales de los extranjeros dentro del territorio peruano solo por el hecho de la nacionalidad en sí misma. este derecho supone que el ciudadano pague la tasa correspondiente para poder obtenerlo o renovarlo. la misma que ya ha sido rectificada. únicamente se podría regular el ejercicio de dichos derechos siempre y cuando existan razones objetivas y razonables que legitimen dicha limitación en algún aspecto del derecho. Es decir. que siendo peruano pueda optar por una segunda nacionalidad. sin haber renunciado Si bien es cierto que todo ciudadano tiene derecho a obtener un pasaporte. Si bien es cierto que todas las personas -tanto nacionales como extranjeras. Esta tasa deberá ser proporcional al costo de emisión del pasaporte. Ahora bien. Expresamente ante la autoridad competente peruana. En ese caso. el vínculo de la nacionalidad constituye el punto de partida de derechos y obligaciones. se han producido casos de despojo de la nacionalidad peruana. la misma que tenía como fundamento que: Baruch Ivcher no había probado su renuncia expresa a la nacionalidad y que el proceso de otorgamiento de nacionalidad peruana había tenido defectos en su tramitación. Por el contrario. tales como los Baruch Ivcher fue despojado de su nacionalidad peruana mediante la Resolución Directoral N°117-97IN-OSO. el ciudadano peruano mantiene su nacionalidad de origen. No obstante. tanto de la persona como del Estado.
Existen otras limitaciones constitucionales basadas en el derecho a la nacionalidad de las personas. salvo que la Constitución o la ley los reserven para los nacionales. Asimismo. Los extranjeros no pueden ni postular ni votar en las elecciones generales. Lo mismo ocurre en el caso de los Ministros de Estado. El caso más claro de ello se configura cuando se estudia la asunción de cargos públicos. En el caso del Presidente de la República. en las cuales únicamente pueden participar los ciudadanos peruanos. el ejercicio de los derechos políticos. los ciudadanos extranjeros sí pueden participar en las elecciones municipales. que deben ser peruanos por nacimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución. tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar el derecho de sufragio. un ciudadano peruano que ostente una doble nacionalidad podría ocupar cargos públicos. Si bien es cierto que la norma constitucional ha considerado como requisito para acceder a dichos cargos públicos ostentar la nacionalidad peruana por nacimiento. En consecuencia. Por ejemplo. según lo establecido en el artículo 90 de la Constitución. No obstante. si el funcionario 4 . algunos de los cuales se encuentran reservados únicamente para ciudadanos peruanos. de conformidad con el artículo 147. el artículo 71 de la Constitución es enfático al señalar que no existen diferencias entre los nacionales y extranjeros con lo relativo al derecho de propiedad. que incluyen el derecho a elegir y ser elegidos.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD Por ejemplo. Por ejemplo. en el caso del ex presidente Fujimori. El citado artículo constitucional también contiene una excepción que limita el derecho a la propiedad de los extranjeros: que no posean ni adquieran propiedades dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras. así como para ser magistrado de la Corte Suprema. En la medida que no existe una prohibición expresa. que postuló y ocupó el cargo de Presidente de la República teniendo una doble nacionalidad247: la nacionalidad peruana y la nacionalidad japonesa. el artículo 110 de la Constitución señalaba que para acceder a dicho cargo es necesario ser peruano por nacimiento. la Constitución no se ha pronunciado sobre la posibilidad de acceso a dichos cargos de personas que ostenten una doble nacionalidad. cumpliendo con el requisito básico de ser peruano de nacimiento. se requiere ser peruano de nacimiento para poder ser congresista. podemos afirmar que los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes son de aplicación tanto para nacionales como para los extranjeros. No obstante.
magistrado del Tribunal Constitucional. el Gobierno japonés no ha accedido a su extradición. Pero. no ha significado la efectiva vigencia del derecho reconocido a los individuos y a las colectividades a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. se requiere acreditar la renuncia. Por su parte. se debería considerar que su nacionalidad activa ha sido la peruana y su nacionalidad pasiva. a la titularidad y ejercicio de cualquier nacionalidad distinta de la peruana" . Vocal y Fiscal Supremo.  COMENTARIO: La aparición del derecho ambiental como elemento coadyuvante del desarrollo de políticas ambientales. la nacionalidad japonesa. En previsión de esta situación. Ello es así en la medida que en su condición de funcionarios públicos. de forma expresa y jurídicamente eficaz. que tienen como objetivo final lograr la organización del uso racional de la naturaleza y de otros elementos ambientales. Este ha sido e! argumento bajo e! cual. su nacionalidad activa es la peruana y la nacionalidad pasiva es la extranjera. Congresista de la República. el artículo 92 del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional mantuvo la obligación de acreditar la renuncia de la nacionalidad extranjera únicamente en los casos del Presidente y Vicepresidente de la República. Ministro de Estado. fue invocada cuando Este dejó e! país en e! año 2000. del Jurado Nacional de Elecciones y Defensor del Pueblo. Cabe señalar que la nacionalidad japonesa del ex presidente Fujimori. su doble nacionalidad no podría sustraerlo de la acción de la justicia nacional. 5 . miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. en la medida en que Fujimori ha ostentado e! cargo de Presidente de la República. el artículo 112 del Anteproyecto de Ley de Reforma Constitucional248 señalaba: "Para ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD cometiera algún acto delictivo en el cumplimiento de sus funciones públicas.
Los caracteres y elementos de la legítima defensa han sido y son materia de debate en la doctrina y jurisprudencia. cuándo la agresión es actual.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD El derecho ambiental se ha desarrollado principalmente en los aspectos referentes a la producción normativa dirigida a la protección del ambiente y al establecimiento de esquemas institucionales de gestión ambiental. En la Constitución Peruana de 1979. el derecho humano al ambiente tiene ínsito un deber correlativo. aun para el profano. simultáneamente. tanto es así que aun no existe un concepto unívoco o una respuesta única al respecto 6 . La carencia de mecanismos institucionales que aseguren la vigencia del derecho ciudadano al ambiente debe ser una preocupación prioritaria de la sociedad. un bien colectivo y un bien individual. el común de la gente pretende estar informado acerca de "cuándo se puede matar aun semejante". Particularmente controvertido resulta el requisito temporal de la legítima defensa. y los derechos al mismo deben ser tratados desde ambos enfoques. la legislación peruana establece que ese derecho lleva implícito el deber de todo ciudadano de velar por la protección del ambiente. la Constitución Peruana de 1993 incorpora el derecho al ambiente como un derecho fundamental de las personas al consignarlo como tal en el artículo 2. entre ellos. mas no así en lo referente a derechos ciudadanos al ambiente. Por su parte. inciso 22. artículo 123. no es una cuestión sencilla. De otro lado. el Perú. COMENTARIO: Es este tal vez uno de los institutos del derecho más polémicos. el derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. que saca al hombre del papel me realmente pasivo de ser protegido. El medio ambiente es. cuándo es inminente. en qué casos el derecho otorga esta facultad. se reconoció expresamente como un derecho ciudadano. Algunos países ya han incluido en sus constituciones este derecho. En esta lógica.
en palabras del autor Jiménez de Asúa. Desde el punto de vista del Estado: aparece como la defensa que sustituye la tarea de confirmación del derecho. Finalmente. "la legítima defensa es repulsa de la agresión ilegítima. ocasionando un perjuicio a la persona o derechos del agresor. Para Nuñez la legítima defensa es la que se lleva a cabo empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente. sólo compete al Estado. actual o inminente. En la actual fase del derecho a la legítima defensa existe una combinación de intereses individuales y comunitarios. las que lo juzgan intrínsecamente justo y por lo tanto lícito. un tipo permisivo que elimina la contrariedad de la conducta típica con el orden jurídico. debiendo buscarse en otra parte las causas que lo eximen de pena y b." Es una causa de justificación. se distinguen en la doctrina dos grupos de teorías: a. Sostiene Zaffaroni "se define el fundamento por la necesidad de conservar el orden jurídico y de garantizar el ejercicio de los derechos. Respecto del fundamento de la impunidad del hecho realizado en legítima defensa. La doctrina y jurisprudencia reconocen que el fundamento de este permiso proviene de la especial situación del autor y del bien jurídico en el momento de la acción. El fundamento se ve en el principio según el cual "el derecho no necesita ceder ante lo ilícito". Para este grupo se está ante una verdadera causa de justificación. la que en principio. por el atacado o tercera persona. En la actualidad se reconoce unánimemente la naturaleza de justificante de la legítima defensa: la legítima defensa es una afirmación del derecho. Hoy se constituye en mayoría el grupo que ve en la defensa legítima una acción lícita apoyándose en la situación de necesidad y la colisión de derechos." El fundamento de la 7 .VI CICLO LEGISLACION EN SALUD Puede definirse como la reacción necesaria para evitar la agresión ilegítima y no provocada de un bien jurídico actual o inminentemente amenazado por la acción de un ser humano. las que sostienen que el hecho en intrínsecamente en sí mismo injusto. sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. ambos tienen importancia para su fundamentación:   Desde la perspectiva del individuo particular: se entiende como un derecho individual a la protección y la autodeterminación frente a agresiones. contra el agresor.
Cuando entre el mal que evita quien se defiende y el que le quiere causar quien le agrede media una desproporción inmensa. indica el alto respeto por la vida humana 8 . Se trata de una situación conflictiva en la cual el sujeto puede actuar legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus derechos o mejor dicho la protección de sus bienes jurídicos. la defensa deja de ser legítima. 2 de la convención de Roma. se basa en el principio de que nadie puede ser obligado a soportar lo injusto. 2 de la Convención de Roma. como es el art. pero en todas las legislaciones contemporáneas se acepta la posibilidad de que justifique la defensa de cualquier bien jurídico. En la medida en que haya otro medio jurídico de proveer a la defensa de los bienes jurídicos no es aplicable el tipo permisivo. sosteniendo unos que sólo se refiere a la acción del estado y otros que abarca la de los particulares en la extensión del instituto de la legítima defensa. pero la Convención de San José. El problema ya se planteó en Europa con motivo del art. reiteramos. se han dividido.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD legítima defensa. Ésta extensión y generalización es fruto del industrialismo.054. que establece expresamente que sólo se admite cuando es resultado de un recurso de fuerza absolutamente necesarios para "asegurar la defensa de cualquier persona contra la violencia ilegal". es el resultado de la necesidad de asegurar la riqueza que se concentraba en las ciudades de la amenaza de las masas miserables que también se concentraban en ellas cuando la acumulación de capital productivo no era suficiente como para asimilar su mano de obra. y permanece así en los códigos antiguos. La legítima defensa tiene lugar cuando media una situación de necesidad. la legítima defensa nació unida a los delitos de homicidio y lesiones. Desde entonces ha parecido normalmente aceptable la defensa de la propiedad a costa de la vida del agresor. porque el primero es ínfimo comparado con el segundo. ley 23. incluso aunque no se halle penalmente tutelado. ley interna para nuestro país. surge la duda acerca de si es posible admitir en nuestro derecho positivo la defensa de la propiedad a costa de la vida del agresor. Los autores alemanes. En nuestro derecho no tenemos una ley expresa. Al "revaluarse" notoriamente la vida humana en los documentos de Derechos Humanos de la post guerra que expresamente incluyen el "derecho a la vida". Esto debe quedar claro: la defensa sólo es legítima si es necesaria Históricamente.
Ningún pacto exime de la observancia de la ley. avanza y crece espiritual e intelectualmente cuando goza y hace uso de manera apropiada de su derecho a la libertad.De las leyes en general con el tenor siguiente: "IlI. y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena”. ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Conceptos La libertad es la facultad de hacer. sin obstáculos. Lo cierto es que la libertad es un 9 .A nadie puede impedirse la acción que no está prohibida por la ley" y "VIl. salvo lo prohibido por la fuerza o por la ley El Derecho comparado moderno presenta como antecedente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. y que no interesen al orden público ni a las buenas costumbre".VI CICLO LEGISLACION EN SALUD a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. es decir. En mayor rigor. o dejar de hacer aquello que el orden jurídico permita. Continuando con la tradición constitucional. la honradez y la verdad) que está vinculado a la confianza y al orden público.. es el principio rector en la historia de la humanidad que nos puede llevar a alcanzar el bien común y la justicia social. el Código Civil de 1852 contenía dos normas en su Título Preliminar . sus actividades en el mundo de las relaciones. Esta no solo constituye un derecho sino un valor personal y social (al igual que la justicia. se desarrolla. sin embargo es permitido renunciar los derechos que ella concede. La ratio de estos preceptos son de orden constitucional sustentados en la autonomía de la voluntad y en la validez de los actos jurídicos. siempre que sean meramente privados. es la prerrogativa que tiene la persona de realizar. En el contexto jurídico el Digesto indicó con claridad que la libertad es la facultad natural de hacer lo que place a cada cual. La persona progresa. 1789) que decía: "La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. a la fecha están reconocidos en el artículo V y en 1354 de actual Código Civil.
estableciendo también una prohibición.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD valor importante y trascendente para el continuo desarrollo de las sociedades. Delimitación La libertad discurre entre lo que la ley manda -y por lo tanto.(CHIRINOS SOTO. la libertad y la igualdad. de opinión. o en todo caso a no hacer. de información. de religión. el Estado se ve en la obligación de promoverlo y garantizarlo. se establece el supuesto denegatorio de todo acto tendente a limitada. a efectos de proteger y dar seguridad a la libertad de la persona. Como la vida es esencialmente el ser humano y la libertad es potencialmente expresiva de la existencia humana. y a manera de corolario. de 10 . es decir. la Constitución hace referencia a la libertad personal. indica expresamente los casos más comunes de limitación a la libertad. Al tener respaldo general. b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal. libertad de conciencia. asumiéndose con esta premisa la característica de la relatividad de los derechos de la persona. Es un artículo que tiene un contenido prohibitivo en el sentido que. de expresión. salvo en los casos previstos por la ley. obliga a hacer. 38). En este artículo. En principio. Hablar de dignidad es hablar de vida y libertad. la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Por otro lado. Entiéndase el término ley en sentido amplio. A través de una indicación normativa general se deslegitima la restricción de la libertad personal.y lo que prohíbe -y por lo tanto. reconociendo las excepciones que la ley contempla de manera expresa. abarcando de esta manera todas las libertades que posee el sujeto. p. la única limitación para el ejercicio de este derecho es el no transgredir ni violar el derecho de las demás personas. que vendría a ser el concepto general. Están prohibidas la esclavitud. parámetro asumido por la ley sobre la base del principio de reserva de ley y al principio de legalidad. se ha sostenido que de la dignidad humana se derivan valores como la seguridad. Con mucha propiedad se dice que vida y libertad son expresiones extraordinarias de la dignidad humana. de pensamiento. obliga a no hacer. se presentan como los valores que orientan el principio de la dignidad de la persona humana. En similar sentido. lo que nos lleva a establecer que la leyes la única que precisa lo que la persona está obligada a hacer.
elementales dentro del Derecho Penal en el Estado de Derecho Social y Democrático Bajo los parámetros propios de la idea de Estado de Derecho y del respeto de los derechos fundamentales. de bienes jurídicos (principio de lesividad). con esto no se quiere decir que los fines de la punición y del Derecho Penal sean represivos. esto es. puesto que los constitucionalistas que han tratado este tema se han centrado en la libertad de tránsito. y desde luego a la libertad de locomoción. por el contrario. pues se refiere a las restricciones que sufre este derecho.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD difusión del pensamiento. lo cual es importante aclarar. científica. la intervención del Derecho Penal solo es legítima cuando ella se produce frente a la lesión (o puesta en peligro) de los intereses sociales más elementales. artística. se debe a que los anteriores numerales del inciso 24 tratan de cada una de estas libertades. suponemos. en la actualidad existe un claro consenso en el sentido de que solo son admisibles fines de prevención. Lo que se afirma es que la esencia del Derecho Penal es represiva. cuyo elemento más importante es la dignidad humano. intervención mínima y fragmentariedad. Solo en ese contexto es que se justifica y legitima la utilización de la esfera más represiva del ordenamiento jurídico. por lo que se plantea la necesidad de establecer una "relación de recíproco condicionamiento entre los derechos fundamentales y el Derecho Penal". A través de esta declaración. pero consideramos que en este punto también es de vital importancia mencionado. se fortalecen a nivel constitucional los principios de lesividad. Esto. obviando las demás libertades. c) No hay prisión por deudas. tiene derecho a la libertad de creación intelectual. Pero no solo ello. 11 . los instrumentos a los que recurre el sistema penal para lograr sus fines son sustancialmente represivos pues suponen siempre un recorte de la esfera de libertad del ciudadano. asimismo. Ahora. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarias. sino que esta intervención punitiva protectora de bienes jurídicos debe ser subsidiaria y debe encontrarse referida únicamente a las más graves (o más potenciales) lesiones (o puestas en peligro) de los bienes jurídicos. técnica.
ya que. De esas exigencias surge el principio de legalidad. Esto significa que el principio de legalidad obliga al Estado. Sin ley -tal como sucede en los estados de policía . a preocuparse por disponer de los medios o instrumentos más eficaces para prevenir el delito y. a encontrar -dentro del ordenamiento jurídico-limites a su actividad punitiva. por un lado. y que se repudie un Derecho Penal cruel que no respeta la dignidad del hombre. la Constitución. la institución jurídico política de que cuando quiere hacerla como limitación a la ley. uno de los pilares o piedra angular más importante del Derecho en general. de manera expresa e inequívoca.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. reinaría la inseguridad y con ella la arbitrariedad. consagra la exigencia que la cultura de los pueblos y los derechos universales de la humanidad deben estar orientados a la salvaguarda de la dignidad y la libertad. como norma jurídica y norma suprema. y del Derecho Penal en particular. los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana son fundamento y fin de todas las instituciones jurídico-políticas294. Esto significa que la Constitución. De no ser por el principio de legalidad. Gracias al principio de legalidad. sino también del Derecho Penal. el ciudadano quedaría en las más completa indefensión o desamparo. institución que constituye.el ciudadano estaría a merced de una intervención irracional y arbitraria por parte del estado. se restringiría al máximo los procesos de participación de los ciudadanos. En un Estado Constitucional de Derecho. 12 . por el otro. Por ello. cuando se afirma que el Estado debe proteger al individuo y a la sociedad no solamente con el Derecho Penal. De ahí el mandato constitucional que la restricción de los derechos fundamentales solo se realicen mediante normas positivas. o simplemente la ley del más fuerte. Sus esferas de libertad tendrían una amenaza permanente de intervención y. en su artículo 1 establece que: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". sino también el mantenimiento incólume de los fundamentos del mismo Estado democrático de Derecho. si no el más. la cual-mediante sus cuatro consecuencias o manifestaciones-le pone una barrera infranqueable que permite no solamente el respeto de las libertades ciudadanas. a falta de la ley. como infracción punible. de esta manera. ni sancionado con pena no prevista en la ley.
se puede desbaratar la presunción de inocencia. pues. Se trata. está ligado de manera imprescindible al desarrollo normal y respeto escrupuloso de los derechos de naturaleza procesal. En este orden de ideas. además. e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. celebrada en Francia el 26 de agosto de 1789. sino que ha sido adoptado por el Sistema Interamericano de Derecho Humanos. es decir. de un derecho que no solo tiene arraigo nacional. Asimismo. sino que tienen que haber sido expedidas con respeto de todas las garantías que comprende el derecho al debido proceso. una declaración judicial de responsabilidad penal no debe entenderse agotada en la forma.1 que la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional es un principio y derecho de la función jurisdiccional. Es así que este principio. El concepto de proceso regular. Solo a una sentencia judicial. con el simple requerimiento de que sea emitida por el Poder Judicial. a todos los derechos que los conforman.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD El principio de legalidad penal en el ordenamiento jurídico peruano desde su positivación en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 13 . adquiriendo así idoneidad para desvirtuar la presunción de inocencia. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. el principio de legalidad ha sido consagrado en varios documentos de carácter internacional. Dicho planteamiento ha sido recogido por el Tribunal Constitucional. la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. y conforme a él. la sentencia judicial ha de ser respetuosa de los derechos de las personas. expresión genuina del estado de derecho. se introduce en el ordenamiento jurídico peruano tanto en la constitución como en la legislación ordinaria. Esto es coherente con las normas constitucionales que establecen los fines y objetivos del Poder Judicial y los principios y derechos de la función jurisdiccional. tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 139. el principio de legalidad ha sido consagrado en las diversas legislaciones nacionales a nivel ordinario y constitucional. sino que. ha señalado que las garantías constitucionales no solo se respetan cuando las resoluciones se emiten dentro de un proceso judicial o por un juez competente. con ellos. sostiene la Constitución. como el de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso y. aprobada en Colombia en el año de 1948. por su lado. etc.
En todo caso. 4. una declaratoria judicial de responsabilidad tiene que respetar no solo la forma sino también los derechos de las personas. resulta razonable que se presuma la inocencia ahí donde es posible que se imponga una sanción. de exclusividades. En tales casos. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo. espionaje y tráfico ilícito de drogas. f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La respuesta a si la presunción de inocencia tiene vigencia también en ámbitos ajenos a lo penal parece haber sido formulada por el Tribunal Constitucional. si la Constitución establece que solo con una resolución judicial se puede enervar la presunción de inocencia y. con independencia de que esta sea de naturaleza penal o administrativa. parece claro que la presunción de inocencia en la jurisdicción militar no se respeta a cabalidad. aunque las críticas a la violación de la presunción de inocencia del artículo bajo comentario en la jurisdicción militar podrían venir por la forma cómo dicha justicia está estructurada. si la configuración actual de la jurisdicción militar. se ha sostenido que el establecimiento: "de una garantía en respaldo de las obligaciones y sanciones derivadas de la aplicación de la ley. quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. imparcialidad.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD 3. la garantía de inamovilidad de los jueces361. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez. En efecto. 14 . vulnera los principios de la unidad de la función jurisdiccional. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. según el propio Tribunal Constitucional. Ello. entonces. Para decido en otras palabras. al menos de manera implícita. independencia judicial. dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. así como en resguardo de los derechos de los usuarios y el Estado tiene por objetivo iniciar ciertas actividades económicas que suponen riesgo o que requieren de un tratamiento especial por su incidencia sobre el patrimonio de terceros y no constituye ninguna anticipación de sanción alguna o presunción de responsabilidad sobre eventuales faltas que aún no han sido juzgadas". La presunción de inocencia rige también para la jurisdicción militar. no debería generar dudas. como se ha visto. de conformidad con lo establecido por el Tribunal Constitucional.
luego el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. A partir de 1948 fue proclamada también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. y en 1966 con carácter vinculante para los Estados. otorgándole un contenido garantista. En diversas constituciones se ha articulado mecanismos de defensa de la libertad y seguridad personal. En nuestro país. inhumanos o degradantes. En el caso peruano. los que se hacen extensivos a la incomunicación.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD g) Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. que es la medida más grave luego de decretada la detención preliminar. y en última instancia con el derecho a la vida. Estrechamente vinculada a la libertad y seguridad personal. desde 1879 se introdujo el hábeas corpus como el mecanismo específico de su tutela. que se decreta y cumple bajo estricto control judicial. el lugar donde se halla la persona detenida. que además se vincula con el derecho a no ser sometido a tratos crueles. inhumanos y degradantes. en los códigos procesales penales modernos se establece que es una medida excepcional. En cuanto a la incomunicación. primero se enuncia el derecho a la vida. y con el de trato digno. la libertad y la seguridad de su persona. muy provisional. El derecho fundamental a la libertad y seguridad personal Consagrada la libertad personal desde 1791 en las Constituciones de Francia y Estados Unidos de Norteamérica. a tal punto que entre los primeros derechos que enuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentran la vida. 15 . disposición que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional. en base al principio de proporcionalidad. y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. a la fecha se encuentra regulada por el Código de Procedimientos Penales de 1940. aparece el derecho a no ser incomunicado. en tercer lugar el derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre y en cuarto lugar el derecho a la libertad y a la seguridad personal. de persona humana. En el Pacto ya mencionado. al vinculado estrechamente con el derecho de defensa. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar. sin dilación y por escrito. Constituye un derecho básico. aunque no se mencione explícitamente en los referidos tratados. dada su estrecha conexión con la libertad personal. constituyendo un derecho fundamental consagrado en todas las Constituciones modernas. El presente comentario está destinado al análisis del derecho a no ser incomunicado. el que se articula en defensa del derecho a no ser incomunicado. el proceso de incorporación continuó conforme el constitucionalismo escrito iba expandiéndose. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. debiendo primar para su medida el criterio de la gravedad del delito imputado al detenido.
dado que el pleno desarrollo de la personalidad es parte integrante de este derecho. La violencia ejercida contra un individuo puede expresarse en actos comisivos u omisivos. Cabe mencionar 16 . mediante el llamado derecho a la integridad personal se "protege la inviolabilidad de la persona. El derecho a la integridad personal como fundamento del Estado La principal obligación de todo Estado es velar por la seguridad e integridad de sus ciudadanos. vulneraciones a la integridad personal. Es pertinente recordar que los atentados contra el derecho a la vida suelen conllevar en primer orden. constituye también una forma de violencia. La defensa de la integridad personal tiene su origen en la protección que otorgamos al derecho a la vida. podemos afirmar que el respeto a la integridad es tributario del concepto de "vida digna". Integridad personal: concepto Según el Tribunal Constitucional español. sino también toda clase de intervención a esos bienes que carezca de consentimiento de su titular". Quien la emplea incurre en responsabilidad.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD h) Nadie debe ser víctima de violencia moral. Violencia psíquica Entendida como toda perturbación indebida que altera la normal condición de las facultades emotivas. siendo esa la razón que justifica su existencia. Violencia física Definida como todo atentado ilícito a la integridad corpórea de un individuo. Si bien se identifica este tipo de violencia con la producción de lesiones o mutilaciones. Sin embargo. la deficiente atención que se preste a la salud de una persona. no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. tomada en cuenta la condición primigenia en que este se encuentre. ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 1. pues es obvio que las enfermedades resultantes menoscaban en igual medida la integridad del ser humano. psíquica o física. intelectuales o volitivas de una persona. 2.
Como ejemplo de tales conductas podemos citar las calumnias sistemáticas. Cabe indicar que según la Convención. En tal sentido. 17 .al accionar del Estado. las críticas injustificadas. las actitudes hostiles.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD que este tipo de agravio puede configurarse tanto por una acción directa grave o por comportamientos de menor intensidad que al reproducirse constantemente persiguen el mismo fin. ningún servidor o funcionario público puede argüir obediencia debida (a autoridad civil o militar) para justificar la comisión de un hecho de esta naturaleza. la entrada en rigor de la Convención Internacional contra la Tortura ha unificado su Concepto. actuando por cuenta propia. El móvil con que se actúa determina su comisión. La violencia moral se expresa frecuentemente en comportamientos o prácticas que por sí mismas resultarían inofensivas. etc. que crea el tipo de "tortura". Violencia moral Podríamos conceptuar este tipo de agresión como el conjunto de acciones y comportamientos discriminatorios o vejatorios que por su prolongación en el tiempo persiguen provocar humillación. En consonancia a la dimensión objetiva del derecho a la integridad personal. puedan desarrollar. la lucha contra esta forma de agravio a la integridad personal ha cobrado hoy singular relevancia a nivel internacional. estipula su imprescriptibilidad. este deberá estar relacionado a la obtención de fines políticos determinados (represión de opositores. el Estado se encuentra obligado a establecer mecanismos que protejan efectivamente a sus ciudadanos contra la tortura. daño e incomodidad en quien lo padece. intimidación. El acoso sexual en el trabajo representa también una forma grave de violencia moral. además de una forma válida para la persecución del delito. Aunque se han formulado diversas nociones sobre este particular. considerándosele un crimen de lesa humanidad. el maltrato verbal u ofensa personal. castigo. La tortura ha sido utilizada históricamente como medio de disuasión. Afortunadamente. confesiones forzadas. diferenciándolo ello de cualquier otro tipo de violencia que particulares. castigos. Indirectamente. etc. Tortura Constituye la más grave afrenta a la integridad personal. pero a la vez. pues como se ha señalado. que en su estructura recoge básicamente el contenido de la Convención Internacional401. una práctica común extendida hasta nuestros días. mediante la Ley N° 26926 se introdujo a nuestro Código Penal el artículo 321. En el mismo sentido. renuncia a ideales. pero que producidas en forma reiterada y sistemática originan situaciones insostenibles.
que contienen normas expresas sobre la prohibición de la tortura. Cabe acotar que las condiciones y formas en que se produzca el daño son determinantes para decidir entre un caso de tortura o trato inhumano. hay que procurar que "el Gobierno no se ponga al mismo nivel que los delincuentes. Sostiene nuestro Tribunal Constitucional que el "trato degradante" se identifica con actos que erosionen la autoestima y resulten incompatibles con la dignidad de la persona. inhumanos o degradantes. La evolución experimentada a nivel mundial impide a los Estados justificar que la defensa del orden social tenga base en agresiones como la tortura. En tanto que el "trato inhumano" es esencia la producción de daños y padecimientos corporales que no alcanzan -por su entidad. en especial a la privativa de libertad. En el plano legal. Se relaciona al trato degradante con las condiciones en que se ejecuta una pena. Según distingue la sentencia del Tribunal Europeo citada. integridad y de la libertad. el Artículo VIII del Título Preliminar del Proyecto de Código Procesal Penal del 2003. 18 . "se está ante un trato inhumano cuando se infringen sufrimientos de especial gravedad o severidad". penas o tratos crueles.el nivel de la tortura. La fórmula constitucional que estudiamos se amplía y robustece en virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos y declaraciones especializadas en la actividad judicial. con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona".VI CICLO LEGISLACION EN SALUD Tratos inhumanos o humillantes La diferencia entre estos conceptos y la tortura estriba principalmente en la intensidad del daño ocasionado. pues citando al juez Holmes. La sentencia que comentamos acoge el concepto de trato degradante elaborado también por la Corte Europea en el caso Tyrer403. disolviéndose con ello la dignidad del ser humano. tristemente. no será posible combatir el delito con pruebas obtenidas mediante el uso de la violencia. frecuente en la historia de los enjuiciamientos criminales. establece que: "Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente. En tal virtud. ni que el delito sea el medio para obtener la prueba del delito inicialmente perseguido". según lo estima nuestro Tribunal Constitucional de conformidad con el fallo de la Corte Europea de Derechos Humano. No valor de las declaraciones obtenidas por la violencia El uso de métodos de coacción sobre la persona del imputado ha sido. No es posible aspirar a la verdad y justicia a costa de la vida.
tanto al sistema universal como al regional americano. esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". La Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye el principal órgano de protección de derechos humanos en el sistema regional americano. sin embargo. cuyas características de rapidez. pues "aun cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole.VI CICLO LEGISLACION EN SALUD 4. inhumanos y degradantes. En el sistema universal encontramos dos mecanismos de protección. En otro proceso contra el Perú. y en torno al derecho de la integridad personal ha desarrollado una profusa jurisprudencia. 19 . es posible recurrir a la Jurisdicción Internacional de los derechos humanos. al ser introducido en la maletera de un vehículo oficial. En caso la jurisdicción nacional no corrija (o no lo haga a tiempo) una afectación a este derecho. la posibilidad de corregir de modo inmediato un hecho de esta naturaleza está confiada al hábeas corpus406. Medios de defensa La protección contra la tortura en el ámbito nacional se encuentra prevista por medio de los artículos 321 y 322 del Código Penal. ambos de Naciones Unidas. En el caso Castillo Páez. la Corte consideró que las condiciones de detención afrontadas por la señora Loayza Tamayo constituían una forma de tratos crueles. que en muchos casos se ha relacionado directamente con el Perú. sencillez y eficacia deben bastar para poner fin a toda agresión a la integridad personal. la Corte estimó que la detención arbitraria padecida por este ciudadano. el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos409. constituyó una infracción al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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William A Tornero Sánchez

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 artículo 7
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 5
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 Resolución 
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 artículo 90
 artículo 147
 artículo 71
 artículo 110
 artículo 92
 artículo 112
 artículo 2
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 139
 resolución 
 artículo 321
 artículo 5