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Timestamp: 2019-01-24 09:15:57+00:00

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﻿ SENTENCIA T-556 DE OCTUBRE 6 DE 1998
SENTENCIA T-556 DE 06 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:CARÁCTER PREVALENTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS. LA VIDA DIGNA, LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MENORES. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS INFANTILES A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, DERECHO A LA VIDA DIGNA
Sentencia T-556 de octubre 6 de 1998
Ref.: Expedientes T-160138 y T-168723
Acciones de tutela incoadas contra el Instituto de Seguros Sociales por Luis Carlos Betancur Avendaño y Margarita Peña de Betancur; y por Claudia Nelly Barreto.
Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Revisa la Corte los fallos dictados para resolver sobre las acciones de tutela incoadas por los padres de las niñas Beatriz Helena Betancur Peña y Yuly Marcela Ramírez Barreto.
Esta Corte es competente para revisar las providencias aludidas, confrontado sus motivaciones y alcances con principios y normas de la Constitución Política, según ésta misma lo establece en sus artículos 86 y 241-9.
2. Razones para revocar las providencias materia de análisis. Carácter prevalente de los derechos fundamentales de los niños. La vida digna la salud y la seguridad social de los menores. Supremacía de la Constitución. Interpretación de los derechos infantiles a la luz de los tratados internacionales.
— El derecho a la salud, cuando se trata de niños, es derecho fundamental sin necesidad de que se establezca conexidad con el derecho a la vida.
Así lo ha expresado la Corte, entre otras, en las sentencias T-068 del 22 de febrero de 1994 y T-514 del 21 de septiembre de 1998 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
— Los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, que prevalecen en el orden interno, como lo contempla el artículo 93 constitucional.
El pacto internacional de derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966, aprobado por Ley 74 de 1968, estipula en su artículo 24 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por de su familia como de la sociedad y del Estado”.
Igual declaración hace el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—, del 22 de noviembre de 1969, aprobada también por la mencionada Ley 74 de 1968.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible”.
2. Las prestaciones deberán concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre”.
1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.
— Sobre el interés superior del niño, ha de reiterarse lo dicho por la Corte en el sentido de que se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (cfr. sentencias T-408 del 14 de septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiembre de 1998).
— La Corte no comparte el criterio de los tribunales de instancia en el sentido de que la negativa de suministrar a las niñas afectadas las sillas de ruedas médicamente prescritas es algo ajeno a sus derechos fundamentales.
— Sostener, como se hace en uno de los fallos revisados, que la silla de ruedas favorece a la madre y no a la niña, por cuanto no tendrá que “cargarla”, delata no solamente inexplicable desconocimiento de la prescripción médica que ordenó la silla de ruedas —para la menor, no para su progenitora— sino indolente apreciación, incompatible con la Carta Política, acerca del drama familiar que representa, como en el caso de la señora Barreto, la existencia de un hijo disminuido física y mentalmente que padece grave afección, con escasas posibilidades de restablecimiento, cuyo único paliativo —aun aceptando que no represente medio de curación o mejoría respecto del mal que sufre— le es negado por una institución asistencial, estando afiliado a ella y careciendo de medios económicos suficientes para obtenerlo.
No entiende esta Sala cómo un juez de la República puede ignorar que la calidad de vida de un inválido gana en dignidad con la utilización de la silla de ruedas, aparato que, al permitirle desplazamientos, aliviará su estado y hará menos dura la experiencia de la parálisis. La silla de ruedas, en el caso de las menores a cuyo nombre se ha instaurado la tutela, va a permitirles que, hasta cierto punto, sustituyan sus propios medios físicos. En tal sentido resulta obvio que dichos instrumentos constituyen valioso apoyo en el proceso de recuperación de su salud física y mental.
— En este asunto, con apoyo en precedentes jurisprudenciales que no puede la Corte dejar de lado y que por el contrario reitera, debe determinar si la negativa por parte del Instituto de Seguros Sociales de suministrar sendas sillas de ruedas a dos niñas, amenaza o viola los derechos fundamentales de las menores.
Las decisiones judiciales que se revisan coincidieron en afirmar que la entidad demandada obró al amparo de normas legales que excluían dichos aparatos de la lista de elementos que deben ser suministrados en el plan obligatorio, POS, por las entidades promotoras de salud, y que, en tal virtud, nada podía reprocharse a la conducta seguida por el mencionado organismo.
Según se dijo atrás, uno de los tribunales consideró que realmente no estaba en juego la salud de la pequeña, sino la comodidad de la madre —quien debía cargarla y movilizarla—, por lo que concluyó, contra lo expuesto, que no se le podía tutelar a ésta el derecho a “la comodidad” —como si fuere ese su reclamo—, puesto que no se trataba de un derecho fundamental.
— Frente a las anteriores apreciaciones de los jueces, esta Sala estima necesario señalar lo siguiente:
En otras palabras, cabe recordar que el artículo 4º de la Carta contempla el principio de constitucionalidad, según el cual en caso de incompatibilidad entre el estatuto fundamental y otra norma jurídica de rango inferior, deberá prevalecer aquél. En consecuencia, la autoridad pública que detecte una contradicción entre tales normas está en la obligación de inaplicar la de menor jerarquía y preferir la aplicación de la Carta Política.
En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, tazón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea.
Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe.
Fluye de lo anterior con toda claridad que una cosa es la norma —para cuyo anonadamiento es imprescindible el ejercicio de la acción pública y el proceso correspondiente— y otra bien distinta su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar de producirse —apenas en ese asunto— si existe la aludida incompatibilidad entre el precepto de que se trata y los mandatos constitucionales (C.N., art. 4º)”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala primera de revisión. Sentencia T-614 del 15 de diciembre de 1992. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
El principio de constitucionalidad pretende lograr la coherencia del sistema jurídico, en la medida en que los valores, postulados y reglas constitucionales tengan plena vigencia e irradien la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas de rango inferior. De lo contrario, nos hallaríamos nuevamente de retorno a la época en que existía un principio inverso —la primacía de ley sobre la Constitución—, al tenor de lo consagrado por el artículo 6º de la Ley 153 de 1887, el cual, afortunadamente, fue derogado mediante la reforma constitucional de 1910.
Así, procede la Sala a realizar esa confrontación entre las normas invocadas por el ente demandado, en cuya virtud las sillas de ruedas no pueden ser suministradas a los pacientes por las entidades prestadoras de salud dentro el plan obligatorio —salvo cuando se trate de accidentes de trabajo—, y varias disposiciones constitucionales.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta los preceptos del artículo 44 constitucional, que establece cuáles son los derechos fundamentales de los niños, entre ellos “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social”. Y más adelante señala la misma norma que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (...). Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Dicho mandato de la Carta fundamental debe entenderse en concordancia con lo dispuesto por el artículo 13 ibídem, que, en la materia objeto de análisis, se refleja en una especial protección por parte del Estado a las personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”. Se trata, en últimas, de que, por ministerio de la Constitución, se produzca un equilibrio que consulte el desenvolvimiento real, probado y efectivo, de la vida en comunidad, con miras a romper las distancias entre quienes gozan de ventajas y aquellos que, frente al común de las personas, aparecen como seres inermes y expósitos, por su impotencia económica, o por sus discapacidades físicas o mentales, generando una desigualdad que el Estado tiene la obligación de corregir.
El artículo 47 superior determina, por ello, que el Estado debe adelantar una política de “previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
La Sala encuentra que las normas constitucionales con las cuales pugnan las de rango legal y reglamentario involucran derechos fundamentales de los niños a la salud, a la integridad personal y a la seguridad social, consagrados expresamente en el artículo 44 de la Constitución, en concordancia con el derecho a la igualdad real y efectiva (artículo 13 ibídem), motivo por el cual resulta viable la acción de tutela para lograr la protección de los derechos invocados.
En este orden de ideas, la Sala inaplicará las disposiciones en las cuales se amparó el Instituto de Seguros Sociales para negar la dotación de las sillas de ruedas a las niñas Beatriz Helena Betancur Peña y July Marcela Ramírez Barreto. En consecuencia, se ordenará a esa entidad que suministre los aparatos según las especificaciones médicas.
Reitera la Sala lo expuesto en la sentencia T-640 del 1 de diciembre de 1997 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), cuyos criterios son exactamente aplicables a los casos en estudio:
2.7. La Constitución es norma de normas y cuando se presente la incompatibilidad entre ésta y la ley o cualquier otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales (art. 4º).
En el presente caso es evidente, que la disposición del literal f) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994, en cuanto consagra como elementos excluidos del plan obligatorio de salud las sillas de ruedas en general, riñe manifiestamente con los artículos 13 inciso final, y 44 de la Constitución, como quedó explicado anteriormente. Más aún, cuando las condiciones económicas de los padres del menor hacen imposible que puedan sufragar los costos que implica la adquisición de la silla de ruedas. En tal virtud, se inaplicará para el caso concreto la referida disposición y se aplicarán las normas constitucionales que reconocen a los niños los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social”.
1. REVOCAR los fallos proferidos por la salas laborales del Tribunal Superior de Medellín y del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en los procesos de la referencia, en virtud de los cuales se negó el amparo de los derechos invocados. En su lugar, se CONCEDE la tutela de los derechos a la salud, a la integridad personal, a la seguridad social, al desarrollo armónico físico y síquico y a la igualdad de las menores Beatriz Helena Betancur Peña y July Marcela Ramírez Barreto.
2. INAPLICAR, para los casos concretos que fueron objeto de análisis por esta Sala, el literal f) del artículo 15 del Decreto 1938 de 1994 y el parágrafo del artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994, expedida por el Ministerio de Salud, así como el artículo 7º, literal f), del Acuerdo 008 del 6 de julio de 1994, dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, o las normas que reproduzcan tales actos, en cuanto restringen el suministro de sillas de ruedas.

References: artículo 93
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 44
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 7