Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-980733-12-09-2002-103991
Timestamp: 2019-09-15 16:19:25+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 980733, 12-09-2002 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980733 de 12 de Septiembre de 2002
Núm. Resolución: 980733
Se solicita sea declarada la prescripción del derecho de la Administración a exigir deudas, o subsidiariamente, se tengan en cuenta las alegaciones vertidas. Se estima parcialmente el recurso. No existe prescripción puesto que la notificación en plazo del acto, se produjo conforme al art. 59.2.2º de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se declara la imputación errónea al interesado, descontándose dicho importe de sus rendimientos. No hay justificación para la plusvalía habida en la venta del inmueble, respecto de su precio tasado por la Administración 2 meses antes. Se deduce que nunca se produjo la compensación del incremento por cancelación de obligación de pago a un inquilino, con una adjudicación de parte del inmueble menor a la que le correspondía por disolución de la comunidad que existía sobre el mismo. Y aunque existiera no se habría tolerado, porque no se puede exigir la división de cosa común sin merma alguna.
1º Prescripción del derecho de la administración a exigir deudas. 2º Imputaciones erróneas. 3º No justificación de plusvalía por la venta de un inmueble. 4º Compensación de incremento por cancelación de obligación de pago.
Visto escrito presentado por Don (BBB), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con anterior Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de (...) de septiembre de 1998.
PRIMERO.- Mediante Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de (...) de septiembre de 1998 vinieron a estimarse en parte las pretensiones formuladas por el interesado en relación con liquidaciones derivadas de Actas de Inspección levantadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1985 a 1990, ambos inclusive.
SEGUNDO.- Disconforme con el contenido de dicho Acuerdo, viene el interesado a interponer recurso de reposición ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de noviembre de 1998, señalando que han prescrito los derechos de la Administración Tributaria en relación con las deudas del caso, puesto que habiéndose interpuesto el recurso de alzada el (?) de noviembre de 1993, el acto administrativo resolutorio del mismo no le fue notificado sino hasta el (?) de noviembre de 1998, esto es, habiendo transcurrido ya el plazo de cinco años establecido por la Ley para la prescripción; que, no obstante, y subsidiariamente, indica que por lo que se refiere a la estimación de sus rendimientos profesionales correspondientes al año 1987, no pueden incluirse en la base para el cálculo de dichos rendimientos los importes que le fueron imputados en declaración tributaria por Don (CCC), puesto que él mismo reconoce que tales imputaciones fueron erróneas, correspondiendo en realidad a (JJJ), entidad de la que el recurrente actuaba como mandatario; que la desorbitada plusvalía habida en el piso queda justificada por el hecho de haberse producido en el piso determinadas reformas; que no puede reputarse que de la cancelación de obligación de pago a un inquilino se derive para el interesado incremento de patrimonio alguno, puesto que tal cancelación se vio compensada por vía de adjudicación de una inferior superficie respecto de la que le correspondía al disolverse la comunidad que existía sobre el inmueble; que, por último, no entiende cómo puede ser calificada la actuación del caso como de defraudación, haciendo resumen cronológico de las diligencias llevadas a cabo: Solicita, pues, sea declarada la prescripción de los derechos de la Administración en relación con las deudas del caso, o bien, subsidiariamente se tengan en cuenta las alegaciones efectuadas con anterioridad.
SEGUNDO.- Lógicamente, hemos de entrar en primer lugar en el examen de lo relativo a la concurrencia o no en el caso de prescripción. Alega el interesado que habiéndose interpuesto el recurso de alzada el (?) de noviembre de 1993, no recibió la notificación del acto administrativo resolutorio sino hasta el (?) de noviembre de 1998, transcurrido, pues, el plazo de cinco años establecido por la Ley a tal efecto. Es de ver que en la diligencia que se practicó al entregar dicha notificación el interesado afirmaba no haber recibido notificación de dicho Acuerdo.
Sin embargo, no podemos olvidar que en el expediente obra acuse de recibo de una anterior notificación el día (?) de octubre de 1998, habiéndola recibido Doña (AAA), en calidad de empleada del interesado. Ello ya bastaría para entender que la notificación se realizó correctamente, esto es, conforme exige el párrafo segundo del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: ?Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad?. Es más, el acuse de recibo recoge incluso la exigencia jurisprudencial de que se haga constar la relación existente entre el receptor de la notificación y el verdadero destinatario de la misma. Y ahí podría cerrarse toda la explicación relativa a la corrección de la notificación practicada. Sin embargo, parece conveniente ir un poco más allá, por dejar perfectamente demostrado que la notificación se practicó correctamente. Consta en los archivos informáticos de Hacienda que Doña (AAA) era, al tiempo de practicarse la notificación, empleada de la sociedad ?(GGG)?, entidad de la que, según la escritura de constitución, son socios el interesado, su esposa, Doña (KKK), y el hermano del reclamante, Don (FFF), siendo así que, además, estas tres personas son administradores solidarios de la dicha sociedad, razón por la cual la receptora de la notificación no le era ni mucho menos desconocida al interesado. Por otro lado, resulta indiferente, a estos efectos, la razón por la que la receptora de la notificación pudiera hallarse en el domicilio del interesado, siendo empleada de la sociedad, puesto que en este sentido nada se prevé por la norma de procedimiento común. En suma, que con la entrega de la notificación a Doña (AAA) quedó garantizado el objetivo perseguido por el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, que es el de que la notificación llegue en las debidas condiciones al interesado, por lo que habiéndose producido tal notificación el (?) de octubre de 1998, no puede declararse la prescripción de los derechos de la Administración en relación con las deudas del caso.
TERCERO.- Y entrando ya en las alegaciones referentes al fondo del asunto, hemos de empezar por la referente a los ingresos derivados de la actividad de ingeniería del reclamante. En el Acuerdo impugnado se decía que no había quedado suficientemente acreditado que los pagos efectuados por Don (CCC) fuesen en realidad a favor de (JJJ) y no a favor del reclamante. Sin embargo, en este recurso de reposición insiste el interesado en que aunque fue el perceptor material de esas cantidades, sin embargo, las mismas son imputables a (JJJ).
A la vista de las alegaciones del interesado, se ha vuelto a examinar el expediente de inspección y en él se ha hallado, como señala el reclamante en su escrito, una comunicación dirigida por el inspector actuante a Don (CCC) el (?) de junio de 1990, a fin de que éste último compareciera ante el Servicio de Inspección ?provisto de los siguientes documentos: libros-registros de Ingresos y Gastos del ejercicio 1987; facturas relativas a D. (BBB) DNI (?); justificantes bancarios de las transacciones habidas con dicho contribuyente?.
Pues bien: de dicha comparecencia no resultó documentación alguna (o, al menos, no consta en el expediente), esto es, no se recogieron en diligencia alguna ni las declaraciones ni los documentos aportados por el compareciente. Y adjunto al escrito de recurso de reposición aporta el interesado declaración de Don (CCC) en la que señala que acudió a las dependencias de la Inspección tal y como fue requerido, y que allí declaró que en la declaración de operaciones del año 1987 cometió ?un error al incluir como ventas a D. (BBB) la cantidad de 2.991.391 Ptas. (I.V.A. incluido), y como compras a D. (BBB) la cantidad de 2.393.208 Ptas. Que las ventas correspondían a minutas mías a (III) y las compras a devolución del importe de mi minuta menos los gastos del Colegio de Arquitectos y del I.V.A. correspondiente, como aplazamiento del cobro. Que el hecho de figurar D. (BBB) fue siempre como representante de (III)?. Y ante la falta absoluta de referencia alguna por parte de la Inspección acerca de este particular, ya sea en alguna diligencia o bien en el informe ampliatorio o con aportación de alguna prueba que pudiera desvirtuar lo anteriormente transcrito, habrá de estarse a lo que reiteradamente ha venido poniendo de manifiesto el reclamante a lo largo de todo el expediente, esto es, que en esta operación actuó siempre como representante de (JJJ), por lo que no le es imputable cantidad alguna por este concepto.
CUARTO.- En el Acuerdo impugnado se decía, a propósito de la plusvalía derivada de la venta de inmueble de su propiedad sito en la calle (...), que sorprendía que un inmueble que había sido valorado por la Administración en 7.198.400 pesetas fuera vendido dos meses después en 20.000.000 pesetas, y diciéndose que quizá tal diferencia pudiera venir motivada por el hecho de haberse producido alguna reforma durante el período que medió entre la adquisición por donación y la posterior compraventa. Pues bien: aparte del hecho de que el interesado sólo ha venido a demostrar que una tal reforma se acometió por los compradores finales tras la adquisición por ellos de la vivienda, lo cual en nada vendría a influir sobre el resultado de la plusvalía generada con motivo de la operación de compraventa, lo cierto es que tampoco el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria fue excesivamente afortunado en las expresiones que vertió acerca de este concreto punto. Desde luego que no hay que olvidar que fue de exclusiva responsabilidad de donante (la madre del reclamante) y donatario (reclamante) la fijación del valor de lo donado en 5.750.000 pesetas. Es más, por lo que se ve quedaron cortos en la apreciación del valor de la vivienda donada, puesto que la Administración hubo de elevarlo hasta 7.198.400 pesetas, valor que no consta fuera impugnado por ninguno de los intervinientes en la operación. Es decir, no se puede cargar toda la responsabilidad a la Administración respecto de la elevada plusvalía que resultó de la operación (dos meses después la vivienda se vendió por 20.000.000 de pesetas), puesto que si al tiempo de la venta el reclamante sabía qué cantidad debía pedir por la venta de la vivienda, no se puede negar que dos meses antes supiera cuál era el valor de la vivienda. Más bien, en aquel primer momento trató de obtener ventaja fiscal con la declaración de un bajo valor de donación (su madre que tenía que declarar la plusvalía que se pudiese generar y él conseguiría el correspondiente ahorro fiscal derivado de un bajo valor a efectos del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) y luego decidió ocultar (al menos, en parte) la plusvalía derivada de la compraventa. Y habiendo quedado perfectamente acreditado que el precio de venta del inmueble fue de 20.000.000 de pesetas (existe incluso acta de Inspección que así lo refleja, con la correspondiente documentación de apoyo), no cabe contemplar las alegaciones del reclamante tendentes a reducir el importe de la plusvalía derivada de la operación.
QUINTO.- En el Acuerdo impugnado se hacía constar ?que Don (BBB) era titular de una participación indivisa del 24?50 por ciento en las bajeras del inmueble sito en la calle (...) Realizada una oferta para la adquisición de dichas bajeras por parte de una tercera persona, se mostraron conformes con la misma todos los copropietarios excepto Don (BBB), quien sólo accedería a ello si obtenía una parte del dicho local. La solución que se dio al conflicto fue la siguiente: se indemnizó con 13 millones de pesetas a un inquilino que ocupaba parte de la bajera y los copropietarios conformes con la operación de venta del local adquirieron a sus titulares los trasteros que se hallaban junto al local, pagando por ello 8.984.059 pesetas. Tras ello, y dado que al recurrente se le debía entregar una superficie del local de 64,10533 metros cuadrados (24?50 por ciento de la superficie total del local -261?6544 metros cuadrados-) se le adjudicaron 43?3449 metros cuadrados del dicho local (que ya le pertenecían, por tanto, en concepto de condómino del dicho local) y la superficie de los trasteros antes indicados (20?5350 metros cuadrados), que no tenía previamente carácter común, sino adquirido a sus propietarios para ser entregado al interesado?. Como más arriba se indica el inquilino que ocupaba la bajera fue indemnizado con 13 millones de pesetas, pero ninguna parte de esa cantidad fue abonada por el interesado sino que dicha parte fue asumida por los demás condóminos, llegándose a la conclusión en el Acuerdo impugnado de que ?nos hallamos ante una suerte de cancelación de una obligación que corre inicialmente a cargo del interesado (artículo 61.1.d del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), lo que da lugar a un incremento de patrimonio, por no haberse producido la salida del dicho patrimonio de una cantidad que estaba obligado a satisfacer?.
Pues bien: a la vista de este razonamiento del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, el interesado afirma (por primera vez a lo largo de todo el expediente) que ?respecto a la cancelación de mi obligación como condómino de la parte proporcional de la indemnización que debía satisfacerse al inquilino, emanante del acuerdo de la mayoría de los condóminos, quiero poner de manifiesto que aunque es verdad que yo no satisfice ninguna cantidad en metálico, en la disolución del proindiviso sí se tuvo en cuenta la deuda que yo tenía con el resto de los condóminos ya que en el momento de la división de la cosa común se tuvo en cuenta además de la superficie la valoración en función de la situación, metros cuadrados de la fachada, etc., adjudicándome mi participación en la cosa común, pero previa valoración a la que se descontó la deuda que mantenía con ellos por la indemnización satisfecha al inquilino?. Pues bien: no es que no haya quedado acreditado nada en el sentido de lo que ahora dice el interesado, sino que más bien examinada la anterior transcripción parcial del Acuerdo impugnado es claro que en la adjudicación de la parte de la cosa común se respetó escrupulosamente el porcentaje de superficie que al interesado le correspondía, dejando a un lado cualquier compensación de la parte que al reclamante le correspondía abonar al inquilino por la resolución del contrato de arrendamiento. Es más: esta alegación formulada por el interesado en esta fase de recurso choca frontalmente con lo que manifestó en el anterior recurso de alzada. En efecto: se dice en el recurso de alzada que ?el Sr. (HHH) nunca prestó su consentimiento a la extinción del contrato de arrendamiento a pesar de ser necesario tal y como a continuación se verá (...). De lo expuesto resulta claro que el acuerdo de extinción del arrendamiento no es conforme a derecho, no vincula al Sr. (HHH) que nunca prestó su consentimiento, ni debe, por tanto, indemnización alguna? y que nunca llegó a tener acceso al documento de extinción del contrato de arrendamiento con el inquilino del local. Mal se compadecen, pues, las alegaciones actuales con las que efectuó en anterior fase de recurso, de las que se deduce que nunca se produjo la compensación que ahora se pretende y, es más, que nunca se hubiera tolerado, porque el interesado se creía con derecho a obtener su parte derivada de la división de la cosa común sin merma alguna, merma que, a la vista de las alegaciones efectuadas por el interesado, jamás se hubiera tolerado. Así pues, es evidente que no ha de atenderse a esta pretensión.
SEXTO.- Por último, y respecto de la calificación de la conducta del sujeto pasivo como de defraudación, nos remitimos, sin más, al contenido del Acuerdo impugnado, puesto que en el presente recurso no se hallan razones que pudieran trastocar o refutar el criterio mantenido por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria en aquel Acuerdo.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por (BBB) contra anterior Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, de (...) de septiembre de 1998, relativo a liquidaciones derivadas de Actas levantadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1985 a 1990, ambos inclusive, de modo que resulta improcedente la declaración de prescripción pretendida, pero se ordena, por otro lado, la rectificación de la liquidación correspondiente al año 1987, de suerte que del rendimiento íntegro de actividades profesionales del interesado habrá de minorarse en el importe inicialmente imputado de 2.670.884 pesetas, correspondiente a imputación efectuada por Don (CCC), y ello por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo, y confirmándose en todo lo demás las liquidaciones impugnadas.
Sentencia Supranacional Nº C-443/06, TJUE, 11-10-2007
Orden: Supranacional Fecha: 11/10/2007 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Arestis Num. Sentencia: C-443/06
Sentencia Constitucional Nº 109/1986, TC, Sección Primera, Rec Recurso de amparo 718/1985, 05-02-1986
Orden: Constitucional Fecha: 05/02/1986 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 109/1986 Num. Recurso: Recurso de amparo 718/1985
Orden: Administrativo Fecha: 22/12/2014 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Fernandez Montalvo, Rafael Num. Recurso: 812/2013
Sentencia Civil Nº 594/2012, AP - Castellon, Sec. 3, Rec 238/2012, 10-12-2012
Orden: Civil Fecha: 10/12/2012 Tribunal: Ap - Castellon Ponente: Marco Cos, Jose Manuel Num. Sentencia: 594/2012 Num. Recurso: 238/2012
Resolución de TEAF Navarra, 930583, 28-09-1998
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 28/09/1998 Núm. Resolución: 930583
Resolución de TEAF Navarra, 990454, 02-04-2003
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 02/04/2003 Núm. Resolución: 990454

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución