Source: https://beta.e-justice.europa.eu/302/ES/parental_responsibility__child_custody_and_contact_rights?FINLAND&init=true&member=1
Timestamp: 2020-08-06 16:15:36+00:00

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El titular de la responsabilidad parental tiene la obligación de garantizar el desarrollo equilibrado y el bienestar del menor de acuerdo con sus necesidades individuales y deseos. Por tanto, el objetivo de la responsabilidad parental es garantizar la existencia de unas relaciones afectuosas y cercanas, especialmente, entre los hijos y sus progenitores.
Los hijos deben recibir atención y una buena crianza, así como un grado de supervisión y protección acorde con su edad y su nivel de desarrollo. Deben crecer en un entorno seguro y estimulante y recibir una educación adaptada a sus inclinaciones y deseos.
Los hijos deben crecer en un entorno afectivo positivo, de comprensión y seguro. No deben ser sometidos a castigos físicos ni tratados de manera abusiva. Deben recibir apoyo para adquirir independencia, asumir responsabilidades y alcanzar la madurez (artículo 1 de la Ley de guarda y custodia de menores y el régimen de visitas 361/1983).
El titular de la responsabilidad parental debe garantizar el bienestar y el desarrollo del menor, según lo indicado más arriba. Para ello, debe tomar decisiones sobre el cuidado, la crianza, el lugar de residencia y otras cuestiones personales inherentes al menor. Al tomarse una decisión, debe tenerse en cuenta la opinión del menor.
Si los progenitores están casados al nacer el hijo, ambos ejercen la responsabilidad parental. Si los progenitores no están casados al nacer el hijo, la madre ejerce la responsabilidad parental. Los progenitores pueden ponerse de acuerdo sobre quién tiene la guarda y custodia del menor en relación con la determinación de la filiación. Si uno de los progenitores tiene la guarda y custodia exclusiva del menor y, luego, los progenitores contraen matrimonio, ambos progenitores asumirán la responsabilidad parental.
La justicia puede otorgar la guarda y custodia del menor a una o más personas, con su consentimiento, además de a los progenitores o en lugar de a ellos. La decisión debe basarse en lo que sea más beneficioso para el menor, y esta posibilidad existe únicamente cuando hay razones imperativas, desde el punto de vista del menor, para conceder la guarda y custodia a una persona distinta de los progenitores. Si los progenitores fallecen, el Consejo de la Seguridad Social debe decidir sobre la guarda y custodia del menor.
Las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia y el régimen de visitas siempre deben resolverse atendiendo al interés del menor, a fin de que este pueda ejercer sus derechos de la mejor manera posible en el futuro. Los progenitores pueden llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad parental. Si no logran llegar a un acuerdo, pueden acudir a la justicia.
El convenio sobre la guarda y custodia del menor debe celebrarse por escrito y los progenitores pueden solicitar su ratificación por la autoridad local de seguridad social. Esta autoridad debe garantizar que el convenio proteja los intereses del menor. Los convenios ratificados por el Consejo de la Seguridad Social tienen la misma validez y fuerza ejecutiva que una sentencia firme.
Si los progenitores no se ponen de acuerdo, pueden solicitar la ayuda de un responsable del servicio de protección de menores de la localidad o de un mediador familiar. Los responsables del servicio de protección de menores proporcionan orientación y pueden ratificar los convenios entre los progenitores. Un convenio ratificado tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Los mediadores familiares ayudan a los progenitores a resolver sus litigios mediante negociaciones, aunque también pueden ayudarles a redactar convenios. Los mediadores familiares deben procurar, ante todo, defender los intereses del menor.
Los órganos jurisdiccionales pueden decidir sobre la guarda y custodia de los hijos, las cuestiones relacionadas con su vida diaria, el régimen de visitas y el pago de la pensión de alimentos (artículo 10 de la Ley 394/2011 de mediación en asuntos civiles y ratificación de convenios en la jurisdicción ordinaria). La mediación judicial es un procedimiento distinto de los procedimientos judiciales. Puede iniciarse cuando un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional se remite a la mediación judicial o a instancia de las partes en el litigio. El mediador es un juez asistido por un experto, que suele ser un psicólogo o un trabajador social. El convenio, una vez ratificado, equivale a una resolución judicial. Si la mediación resulta infructuosa, el asunto volverá al órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento judicial o será archivado.
El órgano jurisdiccional puede decidir sobre la guarda y custodia del menor, las cuestiones relacionadas con su vida diaria y los derechos de visita. De ser necesario, también puede pronunciarse sobre los derechos y las obligaciones de los titulares de la guarda y custodia, así como sobre el reparto de las obligaciones entre ambos. Al pronunciarse sobre los derechos de visita, el órgano jurisdiccional debe establecer disposiciones precisas sobre las condiciones en las que deben tener lugar las visitas y la persona con quien vivirá el menor. Al decidirse sobre la guarda y custodia, también puede resolverse sobre el pago de la pensión de alimentos.
Si el juez otorga la guarda y custodia a uno de los progenitores, este deberá decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con el cuidado del menor. Sin embargo, la resolución judicial puede incluir disposiciones sobre los derechos y las obligaciones del titular exclusivo de la guarda y custodia, incluido el derecho de modificar el lugar de residencia del menor.
Si los progenitores tienen la guarda y custodia compartida de su hijo, ambos son responsables de todas las cuestiones relacionadas con el menor. Si los progenitores están separados, las decisiones diarias sobre el menor se tomarán en función del progenitor con el que éste viva. No obstante, ambos progenitores deben dar su consentimiento para la toma de decisiones importantes relacionadas con el menor, como el cambio de religión o de lugar de residencia, o la expedición de un pasaporte extranjero, la educación, la salud y la atención hospitalaria del menor.
Las solicitudes escritas relacionadas con la guarda y custodia o con el régimen de visitas deben presentarse ante los tribunales de primera instancia (käräjäoikeus) del lugar de residencia del menor. La solicitud puede ser presentada por uno o ambos progenitores, el titular de la guarda y custodia o el Consejo de la Seguridad Social. La solicitud debe contener la reclamación y los fundamentos de la reclamación. También debe adjuntarse cualquier documento que pueda servir de prueba. La solicitud debe estar firmada y presentarse ante el tribunal de primera instancia en persona o a través de un representante autorizado. También puede enviarse por correo postal o por fax. La reclamación se considera presentada cuando el tribunal de primera instancia la recibe.
Los asuntos relacionados con la guarda y custodia de menores se rigen por la Ley de guarda y custodia de menores y el régimen de visitas. Según esta ley, el tribunal que conoce de un asunto de guarda y custodia o de derechos de visita debe dar a los progenitores y al titular de la guarda y custodia la oportunidad de ser oídos. El tribunal puede oír al menor, si existen razones de peso para proceder de esa forma a fin de resolver el asunto. Asimismo, el tribunal suele solicitar al Consejo de la Seguridad Social un informe sobre las circunstancias del menor.
Mientras el asunto esté en curso, el tribunal puede dictar medidas cautelares sobre la persona con quien el menor debería vivir, los derechos de visita y circunstancias conexas. En circunstancias especiales, el tribunal puede conceder la guarda y custodia temporal a una persona hasta que se dicte la resolución definitiva. Las medidas cautelares no pueden recurrirse y son válidas hasta que el órgano jurisdiccional dicte una resolución definitiva.
Se puede obtener asistencia jurídica gratuita en los asuntos relacionados con la guarda y custodia de menores. La asistencia jurídica gratuita depende de la renta personal del solicitante. Puede obtener más información sobre la asistencia jurídica en Finlandia aquí.
Las resoluciones de los tribunales de primera instancia pueden recurrirse ante los tribunales de apelación (hovioikeus).
Las resoluciones sobre responsabilidad parental se ejecutan con arreglo a lo dispuesto en la Ley 619/1996 sobre la ejecución de resoluciones sobre guarda y custodia y derechos de visita. La solicitud de declaración de ejecutoriedad debe presentarse por escrito ante el tribunal de primera instancia del lugar de residencia del menor o de la parte contraria. También puede presentarse ante un agente judicial, si la resolución se dictó dentro de los tres meses anteriores. Debe adjuntarse una copia de la resolución a la solicitud.
Tras recibir la solicitud y la declaración de la parte contraria, el tribunal suele nombrar a un mediador del Consejo de la Seguridad Social para que resuelva el asunto. El mediador se pondrá en contacto con los progenitores y discutirá el asunto con ellos y, de ser posible, con el menor. También intentará organizar una reunión entre los progenitores. A continuación, el mediador transmitirá un informe al tribunal, que resolverá sobre el asunto. El tribunal también puede ordenar que un médico examine al menor.
Si el tribunal declara la ejecutoriedad de la resolución sobre la responsabilidad parental, la parte contraria debe restituir al menor. La resolución puede ir acompañada de una multa condicional. Como último recurso, puede retirarse al menor a la parte que se niegue a cumplir la resolución.
Si el tribunal de primera instancia ordena la restitución del menor por la fuerza, la mediación puede continuar a petición del agente judicial.
Las resoluciones en materia de responsabilidad parental dictadas en otros Estados miembros se rigen por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, cuando entren dentro de su ámbito de aplicación de este Reglamento. Este Reglamento no es aplicable en Dinamarca.
De conformidad con el Reglamento, las resoluciones sobre la disolución del matrimonio dictadas en los Estados miembros deben ser reconocidas en los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimientos especiales. Sin embargo, la parte interesada debe solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de la resolución. En Finlandia, esta solicitud debe presentarse ante el tribunal de primera instancia del lugar de residencia del menor.
A diferencia de las resoluciones dictadas en virtud del mencionado Reglamento, las resoluciones en materia de responsabilidad parental dictadas en Dinamarca y en Suecia se ejecutan con arreglo a la Ley de 1977 sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil de los países nórdicos (laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 588/1977). No se expide una confirmación separada de reconocimiento de la resolución. Las solicitudes de declaración de ejecutoriedad se presentan ante el tribunal de primera instancia.
Todas las demás resoluciones extranjeras en materia de responsabilidad parental se reconocen en Finlandia sin que sea necesaria una confirmación específica. Sin embargo, previa solicitud, el Tribunal de Apelación de Helsinki (Helsingin hovioikeus) puede confirmar el reconocimiento o no reconocimiento de resoluciones dictadas en Finlandia.
Las solicitudes de declaración de ejecutoriedad de resoluciones en materia de guarda y custodia deben presentarse ante el tribunal de primera instancia del lugar de residencia permanente o temporal del menor o de la parte contraria (para más información sobre los procedimientos de ejecución, véase la pregunta 14 anterior).
Se aplica el mismo procedimiento que se describe en la respuesta a la pregunta 15.
En los procedimientos sobre responsabilidad parental tramitados en Finlandia se aplica la legislación finlandesa.

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