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Timestamp: 2020-01-23 11:32:13+00:00

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terrorismo 🥇 Abogado Penalista Martin | 2020
El Código Penal no da una definición de terrorismo pero la jurisprudencia y la doctrina han reseñado que el terrorismo desde la óptica penal se caracteriza por dos elementos; la existencia de una estructura criminal u organización armada y la búsqueda de un resultado político.
El diccionario de la Real Academia define el terrorismo como “dominación por el terror” o “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.
Índice de Contenidos en terrorismo
0.1 Ámbito procesal del terrorismo
0.2 Ámbito social de terrorismo
0.3 El terrorismo en el Código Penal
0.3.1 Concepto de banda armada o grupo terrorista
0.3.2 Delitos de terrorismo
1.1 AUTOADOCTRINAMIENTO
En la mitología griega el Dios de la Guerra (Ares tenía dos hijos, Probos y Deimos (miedo y terror) y la palabra latina terror es sinónimo de la griega deimos.
La palabra terrorismo fue utilizada por primera vez en la Revolución Francesa con motivo de la ejecución de opositores en la época de Robespierre, cuyo mandato fue
conocido como la “época del terror”.
Se utilizó para designar a los grupos de resistencia al nazismo y a los grupos revolucionarios de América Latina.
En su concepto hay fuertes matices ideológicos hasta el punto de que se suele afirmar que hay más de 100 definiciones de este fenómeno.
En todo caso, siguiendo a la ONU en su Resolución 51/210 estableció una definición implícita para condenar esta forma de violencia.
Se afirmó que la asamblea General reitera que:
Los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos”.
Otra definición reciente es la realizada el 1 de Diciembre de 2004 por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios, nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas, que define el terrorismo como:
Cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004) destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla”.
El fenómeno del terrorismo ha dado lugar a un gran número de disposiciones legales que tienen en común la voluntad de dar una respuesta penal adecuada a esta singular forma de delincuencia que, como todos conocen, supone la utilización de la violencia en sus formas más graves y agresivas para modificar el sistema político de un determinado país.
Ámbito procesal del terrorismo
En el ámbito procesal destaca la creación de la Audiencia Nacional (Ley Orgánica 4/1988 de 25 de Mayo y artículo 62 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que es un órgano con jurisdicción en toda España que tiene entre sus competencias la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas.
Junto a ello se han regulado algunas especialidades en la investigación de estos delitos.
Así, el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo añadido de 48 horas en la detención preventiva de este tipo de delincuentes y se regula la situación de detención incomunicada.
En el artículo 553 se prevé la entrada en domicilio para la detención de elementos terroristas y en el artículo 384 bis se prevé la suspensión inmediata en el ejercicio de cargo o funciones públicas de las personas contra las que se haya dictado auto de procesamiento o de prisión por cometer un delito de terrorismo.
En el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se prevé la posibilidad de que en caso de urgencia el Ministerio del Interior o el Director General de la Seguridad del Estado puedan establecer intervenciones telefónicas sobre comunicaciones utilizadas por elementos terroristas sin autorización judicial, pero comunicándolo inmediatamente al Juez que confirmará o revocará la medida.
Ámbito social de terrorismo
En el ámbito social destacan las diferentes medidas de apoyo a las víctimas que tienen su principal hito en la Ley 32/1999 de asistencia a las víctimas del terrorismo, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de Marzo. También a nivel autonómico se han dictado leyes de reconocimiento y ayuda a las víctimas como la Ley 1/2002 de la Generalitat Valenciana, la Ley 6/2005 de La Junta de Extremadura o la Ley 4/2008 del Gobierno Vasco.
El terrorismo en el Código Penal
En el ámbito penal existen normas de carácter general diseñadas especialmente para combatir el fenómeno terrorista. En ésta línea se enmarcan las reformas de los artículos del Código Penal: “Se introduce un nuevo artículo 78 bis, con la siguiente redacción:
1. 3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.
Y se modifica el apartado 2 del artículo 76, con la siguiente redacción:
2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.»
En el Código Penal de 1995 se establecía en su artículo 76 que se aumentaba el límite máximo de cumplimiento a 40 años (antes eran 30) “cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.”
Por su parte en el artículo 78 se disponía, a su vez, que si la pena a cumplir fuere inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas (supuesto muy frecuente en el caso de terroristas) “el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias”.
En el caso de que la pena a cumplir sea inferior a la mitad del total de las penas impuestas la regla se aplicará de forma imperativa, por lo que para el cálculo de los beneficios penitenciarios habrá de tomarse en consideración la suma total de penas.
No obstante si el penado observa un buen comportamiento cabe que se aplique el régimen general sin estas restricciones, salvo en el caso de terroristas, a quienes sólo se les aplicará el régimen general respecto al tercer grado, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena o la libertad condicional, cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
Como se puede observar, el Legislador ya prolongó el tiempo máximo de cumplimiento de penas (hasta los 40 años) y ha dispuesto que los beneficios penitenciarios se apliquen tomando en cuenta la pena total impuesta (no la que se va a cumplir de forma efectiva que es más reducida), lo que evita que las penas efectivas quedan reducidas además por la aplicación automática de beneficios penitenciarios.
Pero en la Reforma del Código Penal en 2015, Se introduce un nuevo artículo 78 bis, con la siguiente redacción:
En el Título XXII del Código Penal destinado a los delitos contra el orden público se recogen una serie de delitos que atentan contra la paz y la tranquilidad públicas.
Estos delitos tratan de subvertir o alterar las bases esenciales de la convivencia de un determinado sistema político constituido, de ahí que sus figuras sufran frecuentes vaivenes o modificaciones en función de cada momento histórico.
En este Título y en el Capítulo V se recogen los delitos de terrorismo.
Concepto de banda armada o grupo terrorista
Las distintas conductas delictivas previstas en el Código Penal giran en torno al concepto de banda armada, dado que él
autor debe pertenecer a la misma y cometer delitos o colaborar en cualquier forma con la organización. Por ello, ha sido especialmente relevante definir y determinar qué puede entenderse por banda armada o grupo terrorista.
Conviene recordar la doctrina del Tribunal Supremo, referida en la sentencia 119/2007, entre otras muchas.
En dicha resolución se afirma que “tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 119/2007 (Sentencia 119-2007 del TS sobre colaboración en banda armada), de 16 de febrero y 556/2006, de 31 de mayo, que los requisitos que se exigen para la apreciación del delito de integración en organización terrorista, son los siguientes:
a) Como sustrato primario, la existencia de un grupo o banda armada u organización terrorista, lo que, a su vez, exige, la presencia de una pluralidad de personas, la existencia de unos vínculos entre ellas y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrático-constitucional.
En definitiva actuar con finalidad política de modo criminal. Su estructura será compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o actuaciones (informativas, ejecutivas u operativas en cualquier orden) para la consecución de sus fines, uno de cuyos aspectos será la comisión delictiva indiscriminada, con objeto de coaccionar socialmente para la imposición de sus objetivos finales.
b) Como sustrato subjetivo, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, aceptar el resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan a la finalidad que persigue el grupo”.
El Código Penal regula una serie de delitos comunes contra bienes individuales y colectivos que están cualificados por haber sido cometidos en el ámbito de un grupo terrorista yen los que debe concurrir el presupuesto objetivo de existencia de una organización armada y el elemento subjetivo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, pero en sentido técnico no puede hablarse de delitos autónomos.
En cualquier caso, el Código Penal recoge las siguientes figuras:
Artículo 571 “Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas”.
Por aplicación del principio de alternatividad del artículo 9.4 del Código Penal, se aplicará la pena de los artículos 346 y 351 en el caso de que la pena de éstos preceptos sean más severa que la del artículo 571.
Este nuevo tipo de terrorismo, con rasgos diferenciadores de lo que se conocía ha provocado que en la última reforma del Código penal se introduzcan conceptos nuevos de actos terroristas como el:
Una de las novedades que entre la reforma realizada en el mes de julio de 2015 y la doctrina han ido perfilando en la lucha contra el terrorismo es aquello que se viene llamando autoadoctrinamiento; que no es ni más ni menoes que el acto de realizar búsquedas en internet encamienadas a adquirir los conocimientos sufientes para “radicalizarse” y convertirse en terrorista.
Como se ve claramente está pensado para combatir el terrorismo yihadista.
A primera vista plantea un serie de dudas que la Audiencia Nacional “esquiva” muy en su estilo.
Las primeras dudas que surgen son:
Como limita el “autoadoctrinamiento” el Derecho a la Información.
La palabra “busquedas” relaccionado con internet, no son más que eso, no significa que se haya entrado en alguna página web o que se haya permanecido en ella el tiempo suficiente para leer su contenido o ver el vídeo o imágenes que pueden estar insertadas.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 520
 artículo 553
 artículo 384
 artículo 579
 artículo 78
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 78
 artículo 78
 resolución 

Artículo 571
 artículo 9
 artículo 571