Source: http://bazica.org/la-responsabilidad-del-estado-para-eliminar-la-violencia-contr.html
Timestamp: 2018-10-18 16:37:21+00:00

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La responsabilidad del estado para eliminar la violencia contra las mujeres
CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI) AL ESTUDIO SOBRE "LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" PREPARADO POR LA RELATORA ESPECIAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
LA VIOLENCIA EN LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
El CERMI, como entidad representativa de la discapacidad organizada en España, con más de 7.000 asociaciones y entidades de personas con discapacidad y sus familias, tiene entre sus finalidades esenciales las de la defensa de los derechos de este grupo social, que en nuestro país asciende a más de 4 millones de personas, que junto con sus familias suponen alrededor de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. En el cumplimento de este fin, somos conocedores de situaciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Constitución Española (CE) y en los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Con la elaboración de este Informe para contribuir al Estudio sobre la Responsabilidad del Estado para Eliminar la Violencia contra las Mujeres preparado por la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, se pretende dar a conocer las principales vulneraciones que se producen en este sentido con el objetivo de que sirvan de aprendizaje para eliminarlas y restituir en sus derechos a un sector de población que viene adoleciendo de un déficit de ciudadanía.
DATOS GENERALES SOBRE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 del INE, 3,85 millones de personas tienen discapacidad en España. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres. Las tasas de discapacidad, por edades, son ligeramente superiores en los varones hasta los 44 años y a partir de los 45 se invierte la situación, creciendo esta diferencia a medida que aumenta la edad. El 67,2% de estas personas presentan limitaciones para moverse o trasladar objetos, el 55,3% tienen problemas relacionados con las tareas domésticas y el 48,4% con las tareas del cuidado e higiene personal.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 35,5% (EDAD, 2008). El 40,3% para los hombres y el 31,2% para las mujeres. La tasa de ocupación es el 28,3% para el total de las personas con discapacidad, el 33,4% para los hombres y el 23,7% para las mujeres. La tasa de paro es el 20,3%, el 17,2% para los hombres y el 24% para las mujeres. En todo caso, la principal característica de esta población femenina es que se trata de un grupo muy heterogéneo, pero que comparte la especificidad de sufrir un alto índice de discriminación múltiple.
Los datos muestran que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y/o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables de apoyarlas, mayor dependencia socioafectiva y emocional, mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad y numerosos y catastróficos mitos al respecto, mayor desprotección sociosanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. Esto se traduce en la existencia de un alto índice de violencia en este grupo poblacional.
DATOS GENERALES SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
El número de denuncias de violencia de género registradas en el segundo trimestre de 2011 alcanzó en España un total de 34.347 casos, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto del primer trimestre de este año1. No tenemos información sobre el número de mujeres con discapacidad que sufren maltratos físicos y psicológicos, pero desde las organizaciones de personas con discapacidad sabemos que son muchas. En el seno de la familia, en residencias y en centros sanitarios, entre otros. Y no sólo mujeres con grandes necesidades de apoyo, en este circulo hay mujeres de todo tipo. La discapacidad, sea cual sea, agrava la situación.
Según el Informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea en el año 2004, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Así como las mujeres sin discapacidad son objeto de una violencia mayoritariamente causada por su pareja o ex pareja, las mujeres con discapacidad, el 68% de las cuales vive en instituciones, están expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores.
Así mismo según el informe ‘Violencia y la Mujer con Discapacidad’ publicado en el marco del proyecto Metis, financiado por la Unión Europea en 1998 a través del Programa de Iniciativa Comunitario DAPHNE, en algunos países de la Unión Europea y, sobretodo, en América, las personas con discapacidad son receptoras de mayor número de abusos que las personas sin discapacidad (en una ratio de dos a cinco veces más).
El Centro Reina Sofía en su Informe sobre “El maltrato de personas mayores en la familia en España” refleja que la gran mayoría de los estudios han encontrado un mayor porcentaje de víctimas entre las mujeres que entre los hombres (Cooney y Mortimer, 1995; González y otros, 2005; Wolf, 1997). De entre estas víctimas, según este mismo informe, las mujeres representan del 66 al 100% de los casos, según el estudio. Además, parece que son las mujeres las que sufren los casos más graves de maltrato tanto físico como psicológico (Pillemer y Finkelhor, 1988).2
De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia y el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia han realizado una investigación sobre "Maltrato Infantil en la familia en España". Una de las conclusiones de esta investigación de carácter cuantitativo es que el hecho de presentar una discapacidad es un factor que incrementa muchísimo el riesgo de maltrato. Entre sus datos podemos destacar que la prevalencia de maltrato es mayor entre los menores que presentan alguna enfermedad física o trastorno mental (7,80%) que entre los que no la presentan (3,57%), o que los menores que tienen alguna discapacidad sufren mayores tasas de maltrato (23,08%) frente a los menores que no presentan ninguna (3,87%).
La esterilización forzosa, el aborto coercitivo siguen prácticandose en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo en el caso de las niñas y mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, sin contar con su consentimiento o sin que comprendan el propósito específico de la intervención quirúrgica, y bajo el pretexto del bienestar de la persona con discapacidad.
Existen en España algunos estudios desarrollados por las organizaciones de personas con discapacidad sobre la violencia ejercida contra mujeres con discapacidad3. Sin embargo la falta de estadísticas y estudios específicos en materia de violencia de género y discapacidad es un hecho que trasciende a la realidad de las niñas y mujeres en España. Del mismo modo que acontece en otros países, la discapacidad no se ha ligado al concepto de violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal ni por parte de las instituciones públicas ni por el de las instituciones académicas.
Es por lo tanto esencial incluir la discapacidad de forma efectiva como indicador y en los informes oficiales que se realicen para visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad. Se precisa la reunión sistemática de datos desagregados por sexo y por otros factores, como la edad, el origen étnico y la discapacidad, detallando la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, y la eficacia de cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra la mujer4.
PRINCIPALES CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD
La vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia está estrechamente ligada a dos factores claves:
- La percepción social de que los hombres y mujeres no son iguales, lo que supone una dominación social y física de los hombres hacia las mujeres.
- La percepción social de la discapacidad, en donde los cuerpos y/o mentes de las personas con discapacidad son vistos diferentes al del resto, incapaces y enfermos y, por tanto, no normales.
La interseccionalidad5 de estos dos factores es la principal causa y la razón de muchas violaciones, desigualdades y vulneraciones de los derechos fundamentales de las niñas y mujeres con discapacidad en la sociedad.
Una de las consecuencias provocadas por esta interseccionalidad es la autopercepción negativa de estas niñas y mujeres, que se ve agravada por la frecuente falta de formación (incluida la falta de educación en derechos6 y sobre su propia sexualidad), ausencia de empleo, escasa o nula capacidad económica, y desarrollo de un trabajo en el seno de la familia no mercantilizado y pocas veces adecuado a la propia discapacidad.
Esta autopercepción negativa se pone especialmente de manifiesto ante la severidad de un déficit. En este caso, la falta de habilitación o rehabilitación adecuadas pueden provocar en las mujeres con discapacidad situaciones de grave indefensión ante la posibilidad de repeler y afrontar situaciones de abuso o maltrato. Especialmente, la adquisición de la discapacidad en la vida adulta generará, en muchos casos, situaciones de dependencia que hagan aún más vulnerables a tales mujeres.7
La mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad está también ligada a la imagen social que de ella se tiene, así como a las explicaciones, en ocasiones irracionales, que se han esgrimido para explicar o justificar abusos sexuales perpetrados contra ellas. Por este motivo, sus entornos comunitarios no suelen contar con una previsión de recursos inclusivos para ellas, lo que las convierte en más débiles ante la violencia. Esto se manifiesta en:
Mayores dificultades para expresar los malos tratos debido a barreras de comunicación.
Dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de barreras físicas, tecnológicas o de la comunicación.
Enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición de mujer y la negación de éstos mismos en la mujer con discapacidad.
Menor credibilidad a la hora de comunicar o denunciar hechos de este tipo. Ante algunos estamentos sociales, es posible que no se les crea.
Vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia (familias desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales).
Esta discriminación de las niñas y mujeres con discapacidad se traduce en una cultura de impunidad de la violencia. En este sentido, muchas niñas y mujeres con discapacidad experimentan explotación, violencia y abuso en el hogar o en otros lugares. Esta violencia incluye la violación, la esterilización forzada, el aborto coercitivo, y el tratamiento involuntario. Tales actos, incluso, pueden llegar a equivaler a tortura o tratos inhumanos o degradantes.
En este contexto, las mujeres con enfermedad mental grave son especialmente vulnerables a la violencia en todas sus formas, con el consecuente perjuicio para su salud. Además, tienen muy difícil el acceso a los recursos para mujeres víctimas del a violencia de género, porque en muchos de ellos se les excluye por el diagnóstico psiquiátrico. Concretamente, la violencia ejercida contra las mujeres con enfermedad mental grave, por parte de sus parejas y ex parejas es más frecuente que la que se ejerce sobre las mujeres que no la presentan, pudiendo incrementar el número de ingresos, provocar el agravamiento del trastorno o aumentar el riesgo de suicidio.8
Las mujeres que viven en instituciones son particularmente vulnerables a este tipo de violencia. La exclusión y aislamiento de mujeres con discapacidad de la sociedad en escuelas separadas o en instituciones residenciales y la falta de ayudas a la movilidad o dispositivos técnicos, así como la formación necesaria para usarlos aumentan la vulnerabilidad y contribuyen a la impunidad de los actos de violencia.
La legislación discriminatoria que no reconoce la autonomía y capacidad legal de las personas con discapacidad, por ejemplo la legislación que autoriza la tutela de adultos o el confinamiento en instituciones, aumenta su vulnerabilidad a la violencia y la impunidad de estos actos. Dicha legislación forma parte de la violencia sistemática ejercida contra las niñas y mujeres con discapacidad, particularmente de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual y de las mujeres mayores.
Como señala el Texto de la ley, se entiende por “violencia de género, todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia”, refiriéndose así a “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”
Con todo ello presente, las niñas y las mujeres con discapacidad tienen una mayor predisposición o vulnerabilidad a padecer actos violentos, motivados por su indefensión ante la severidad de una discapacidad grave, y por la interpretación que del acto abusivo contra una mujer con discapacidad tiene el propio agresor.
Otra dimensión de la violencia de género en relación con la discapacidad, es la referida a la que se ejerce en las instituciones de tipo cerrado (residencias, asilos, hospitales, etc.), donde se sigue internando a las personas con discapacidad. Aunque no hay datos exactos y totalmente fiables, por ausencia de estudios, es un hecho comprobado que la institucionalización de las personas con discapacidad, y en especial de las mujeres, lleva aparejada mayores índices de maltrato y violencia, sobre todo por la vulnerabilidad que causan esos entornos cerrados, y segregados.
La Declaración de Toronto para la prevención global del maltrato de las personas mayores define este último como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca un daño o angustia a una persona anciana”. De ahí que se haya de revisar el actual sistema de atención en los servicios psiquiátricos y gerontológicos, centrados únicamente en las necesidades biomédicas de los ancianos. En este contexto muy difícilmente se puede atender a la tipología específica de cada discapacidad, siendo excluidas algunas de ellas por considerarse “difíciles”, como es el caso de las enfermedades mentales. Así, los tratamientos para mejorar la situación física, social y psicológica de estas personas o no existen o son insuficientes.9 La mencionada Declaración añade a este respecto que es “igualmente importante considerar una perspectiva de género, ya que las complejas construcciones sociales relacionadas ayudan a identificar el tipo de maltrato y quién lo inflige” y destaca como factores de vulnerabilidad al maltrato, además de la ancianidad, la discapacidad y la condición de mujer.
Si bien, la aprobación esta Ley es un gran paso adelante, desde el CERMI se considera necesario ampliar su objeto de manera que se reconozcan todas las situaciones de violencia ejercidas contra las niñas y las mujeres con discapacidad, incluyendo la violencia institucional, el aborto coercitivo y la esterilización forzosa como otras formas de violencia, ademá de ampliar su horizonte con la inclusión de medidas concretas destinadas a dar solución a las situaciones de violencia de género hacia las niñas y las mujeres con discapacidad y la puesta en marcha de programa específicos de sensibilización, prevención y atención de casos de violencia de género sobre niñas y mujeres con discapacidad.
A pesar de sus vacíos respecto a estas situaciones, sin duda alguna esta Ley Orgánica ha supuesto una conquista muy importante para toda la sociedad española. Entre los artículos que contemplan la situación de las mujeres con discapacidad cabe destacar las previsiones siguientes:
El artículo 3.3 de la Ley dispone que las “campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad”.
El artículo 17.1 establece la garantía de que los derechos reconocidos en esta Ley se aplicarán sobre todas las mujeres víctimas de la violencia de género con independencia de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El artículo 18.2 establece una protección especial a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, en el “acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes” Así, se presta una atención específica a personas con discapacidades de comunicación, debiendo ofrecerse dicha información “en formato accesible y comprensible… tales como lengua de signos y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos”.
En los artículos 27.2 y 27.4 se incrementa el importe de la ayuda de pago único en favor de las víctimas de la violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI. La cuantía general de la ayuda es equivalente a seis meses de subsidio de desempleo. Pero cuando la víctima de la violencia de género tiene una minusvalía en grado igual o superior al 33%, se eleva a doce meses de subsidio de desempleo. En caso que la víctima tenga responsabilidades familiares, la ayuda general se eleva a dieciocho meses, pero si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tienen una minusvalía en grado igual o superior al 33%, la cuantía se incrementa hasta los veinticuatro meses de subsidio de desempleo.
El número 4 del artículo 32 de la Ley, dedicado a los llamados Planes de Colaboración, dispone: “En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.”
Asimismo, en materia de formación, también se tiene en cuenta la discapacidad, según los términos del artículo 47, que dice: “El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas.”
En ese sentido, en lo que se refiere a lo contenido en esta Ley desde el CERMI recomendamos la consideración de las siguientes esferas y acciones:
Establecer actuaciones, protocolos sanitarios y contenidos formativos específicos para la detección, intervención y apoyo de situaciones de violencia perpetradas contra niñas y mujeres con discapacidad. Se requiere la búsqueda de fórmulas de coordinación entre las distintas redes de atención, incluidos los servicios previstos para la mujer, así como la formación de los equipos integrados en las mismas y el establecimiento de planes de actuación específicos para mujeres según el tipo de discapacidad, que incluyan, además de la prevención y la detección precoz, una atención suficiente y adecuada a sus concretas necesidades.
Justificación: El hecho de que la violencia contra las niñas y las mujeres con discapacidad en algunos casos pueda presentar características diferenciadas respecto a la violencia sobre aquellas niñas y mujeres sin discapacidad, exige la elaboración y puesta en práctica de protocolos sanitarios y contenidos formativos específicos para la detección precoz, intervención y apoyo de este tipo de violencia.
Exigir la introducción de nuevos indicadores como el de la discapacidad en los datos registrados en esta materia, a través del Observatorio Estatal de la Violencia de Género.
Justificación: Actualmente no existen datos oficiales sobre niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Esto supone mantener en la invisibilidad esta grave problemática. Con estos indicadores se podría aportar información sobre:
- el número de niñas y mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, desagregado por tipos de discapacidad (física, orgánica, psíquica, sensorial o mental);
- el número de niñas y mujeres que ha adquirido una discapacidad como consecuencia de la violencia de género;
- el número de menores que tienen una discapacidad o la desarrollan con motivo de la violencia de género sobre mujeres embarazadas,
- situación de la patria potestad de los menores en caso de madres con discapacidad víctimas de violencia de género.
- el número de madres de hijos e hijas con discapacidad, que son victimas de violencia de género
Asegurar la plena accesibilidad urbanística, arquitectónica y de la comunicación, de las casas de emergencia, de acogida y pisos tutelados (al menos un servicio accesible por provincia).
Establecer de manera gratuita un servicio de interpretación de lenguaje de signos y de recursos técnicos y humanos de apoyo a la comunicación oral que facilite la comunicación entre las mujeres con discapacidad auditiva, o con problemas de comunicación, víctimas de violencia de género y los profesionales médicos, cuerpos policiales, profesionales de la abogacía, judicatura y cualquier otro profesional encargado, en su caso, de atenderlas.
Justificación: La condición de “accesible” de todos los recursos disponibles para la prevención, asistencia y apoyo en situaciones de violencia de género es imprescindible para garantizar su prestación a las mujeres con discapacidad. Asimismo, por ello es también necesario el servicio de interpretación de lenguaje de signos y logopedia que suprima las barreras en la comunicación que discriminan a algunas mujeres con discapacidad. La falta de este recurso para estas mujeres supone, en ocasiones, ignorar su voluntad, desestimar la validez de sus declaraciones y aceptar como interlocutores válidos a personas ajenas. Por otra parte, la realidad de las mujeres con discapacidad es compleja, específica y desconocida por los profesionales en general. Por ello, se hace necesario dar cabida a la participación en esta atención multidisciplinaria a las entidades con experiencia en materia de género y discapacidad.
Exigir que los puestos de trabajo se adapten a la discapacidad de la mujer trabajadora, en caso de que la mujer con discapacidad víctima de violencia de género se vea obligada a cambiar de residencia.
Justificación: Para garantizar la posibilidad de movilidad geográfica a las trabajadoras con discapacidad es necesario prever asimismo la adaptación de su puesto de trabajo.
Las mujeres con discapacidad y las madres de hijos e hijas con discapacidad víctimas de violencia de género deberán tener prioridad en:
el acceso a las viviendas reservadas a las personas con discapacidad.
en la obtención de ayudas públicas destinadas a la adaptación funcional del hogar.
en la adjudicación de plazas públicas en centros residenciales y de día de atención a personas con discapacidad.
Justificación: Las personas con problemas de movilidad reducida derivados de su discapacidad (usuarias de sillas de ruedas, muletas...) necesitan una vivienda adaptada a sus necesidades funcionales que les permita desarrollar una vida autónoma dentro de sus domicilios. La carencia de oferta adecuada de viviendas adaptadas se está actualmente intentando paliar en las políticas públicas a través de medidas como la reserva de cupo en viviendas promovidas mediante financiación pública o la dotación de ayudas públicas destinadas a la adaptación del hogar. En este sentido, sería necesario establecer la preferencia de optar a estas medidas a aquellos casos en los que entre los solicitantes se encuentren mujeres con discapacidad y las madres de hijos e hijas con discapacidad, víctimas de violencia de género, dado que la necesidad de acceder a una vivienda adaptada es más apremiante para ellas. Por otra parte, de acuerdo con lo anterior, también se deberían incluir estas variables entre los criterios de prioridad en aquellos casos en los que la dependencia derivada de la discapacidad hagan necesario el ingreso en centros residenciales.
Las mujeres con discapacidad severa sobre las que se perpetren situaciones de violencia de género deben tener derecho preferente a recibir la prestación de ayuda a domicilio por parte de los servicios sociales comunitarios. Asimismo, en caso de que existan menores, se prestará la ayuda necesaria a las madres con discapacidad severa para que puedan asumir plenamente el cuidado y asistencia de éstos. Para ello, los servicios sociales comunitarios deberían poner en marcha un servicio de cuidadores de menores a domicilio.
Justificación: Las mujeres con discapacidad severa que están en una situación de dependencia de sus cónyuges o parejas para desarrollar las actividades de la vida diaria (comer, vestirse, higiene personal, cuidado de los menores...), y sobre las que se perpetra violencia de género, se encuentran en una grave situación de desamparo que debe ser atendida por los servicios sociales. Las medidas que se adopten deben respetar el mantenimiento de la relación materno filial evitando separaciones de los menores y la institucionalización de las madres en centros. Por ello, en este artículo se propone la preferencia de estas mujeres en la obtención de la ayuda a domicilio así como la creación de un servicio complementario y específico de cuidadores de menores.
Desarrollar cursos de formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y respeto a la diversidad (entendido este término como el respeto a todas las formas de vida en las que se desenvuelven los seres humanos). En este sentido la doble discriminación a la que se encuentran sometidas muchas mujeres por razón de género y discapacidad debe ser abordada en los cursos que se impartan a los/as profesionales que estén involucrados en la atención y asistencia a las víctimas, con el fin de sensibilizarlos y prepararlos para dar respuesta a las necesidades y demandas específicas de estas mujeres.
Justificación: La doble discriminación a las que se encuentran sometidas muchas mujeres por razón de género y discapacidad debe ser abordada en los cursos que se impartan a los/as profesionales que estén involucrados en la atención y asistencia de las víctimas, con el fin de sensibilizarlos y prepararlos para dar respuesta a las necesidades y demandas específicas de estas mujeres.
Se exige que se garantice el derecho de no-discriminación de las mujeres con discapacidad, en todas las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia sobre las mujeres.
Justificación: Los prejuicios en torno a la discapacidad provoca que, en ocasiones, las decisiones y actuaciones judiciales discriminen a las mujeres con discapacidad: cuestionando la validez de sus declaraciones, su capacidad para ejercer la guarda y custodia de los menores... Otra forma de discriminación la constituyen las barreras físicas y de comunicación que existen en las oficinas y juzgados que impiden el libre acceso de las mujeres con discapacidad física.
El Código Penal español permite la esterilización forzosa para personas con discapacidad. La esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sin su consentimiento a esta práctica mutiladora, está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 156 del Código Penal dice:
«… no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz.»
El CERMI reclama una modificación del Código Penal10 que elimine la despenalización de la esterilización sin consentimiento expreso del interesado o interesada cuando se trata de una persona con discapacidad11.
Se debe revisar el derecho penal sustantivo y los procedimientos judiciales para poder detectar situaciones de violencia en las que están implicadas mujeres cuya discapacidad sea un factor relevante en el acto criminal, con el fin de permitir dictar sentencias más severas para castigar conductas de este tipo debido a la mayor vulnerabilidad de las víctimas.
El CERMI, desde su posición de plataforma de incidencia política que representa a la sociedad civil, viene defendiendo ante los poderes públicos, a través de diferentes acciones reivindicativas, la necesidad de reformar el Código Penal español, adaptándolo al contenido de la CDPD. Fruto de esta acción reivindicativa, se ha iniciado un proceso de interlocución entre el CERMI y el Gobierno de la Nación ante la inminente reforma del Código Penal. El CERMI valora positivamente esta negociación, esperando que el resultado final sea positivo y se logre una modificación de la legislación en materia de esterilización forzosa que sea acorde al sentir de la Convención.
7. CÓMO COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tomando en consideración la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en proceso final de ratificación por las Comunidades Europeas y ya concluido en más de la mitad de sus estados miembros), especialmente en lo que respecta a los artículos 16 (Protección contra la explotación, la violencia y el abuso), el 23 (Respeto del hogar y de la familia) y el 25 (Salud), se hace necesario trabajar en diferentes áreas para obtener un enfoque integral.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su diálogo constructivo con el Estado Parte de España mostró su preocupación por el hecho de que los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género no tengan suficientemente en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad. Así mismo, otro hecho que inquieta también al Comité es que las políticas en materia de empleo no incluyan una amplia perspectiva de género y que el desempleo, la inactividad y los ritmos de formación sean mucho peores en el caso de las mujeres con discapacidad que en el de los hombres con discapacidad.
Las recomendaciones del Comité a España en relación a la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad son las siguientes:
Velar por que se tenga más en cuenta a las mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de género, particularmente para asegurar el acceso de las mujeres con discapacidad a un sistema de respuesta eficaz e integrado;
Tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en las políticas de empleo, e incluya particularmente medidas específicas para las mujeres con discapacidad;
Elaborar y desarrollar estrategias, políticas y programas, especialmente en los sectores de la educación, el empleo, la salud y la seguridad social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y de las niñas con discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas.12
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SUS FAMILIAS (CERMI)
Para el CERMI, el objetivo general que, sería imprescindible abordar es la inclusión de la prevención, lucha y eliminación de la violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad en todas sus formas. Para su consecución, es importante que las políticas contengan los siguientes objetivos específicos:
Desarrollar estudios específicos sobre la situación de las niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia.
Reconocer la discapacidad como un asunto transversal que debe ser incorporado en todas las políticas, acciones y medidas que se puedan desarrollar a partir de esta estrategia, garantizando el principio de accesibilidad.
Promover y desarrollar medidas concretas de acción positiva que tomen en consideración la naturaleza específica de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad, atendiendo a su diversidad como grupo humano, para evitar su exclusión de las políticas y servicios generales .
Así mismo es necesario la inclusión de las siguientes acciones:
7.1. La violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación y una violación de sus derechos humanos. Se entenderá por violencia contra la mujer todo acto de violencia de género que tenga o pueda tener como consecuencia, el daño físico, sexual, psicológico o económico o el sufrimiento para la mujer, incluyendo amenazar con realizar tales actos, la coacción y la privación arbitraria de la libertad, independientemente de que ocurra en la vida pública o privada13. Según se establece en la CDPD, la Unión Europea y sus estados miembros adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso.
7.2. Se ha reconocido que las mujeres y niñas con discapacidad pueden sufrir actos de violencia de maneras particulares, cometidos en sus hogares o en instituciones por miembros de la familia, por personas encargadas de su cuidado o por desconocidos. Se deben adoptar todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso contra ellas, asegurando formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta sus necesidades específicas.
7.3. Se deben considerar formas de violencia contra la mujer la esterilización forzosa y el aborto coercitivo, que deben ser erradicados y condenados enérgicamente por las autoridades competentes de la Unión Europea y de sus estados miembros. Tales actos, incluso, pueden llegar a equivaler a tortura o tratos inhumanos o degradantes, por lo que deben ser perseguidos y castigados.
7.4. Las mujeres con discapacidad lesbianas y bisexuales están expuestas a un mayor riesgo de abuso y violencia sexual y a menudo pueden recibir una respuesta inadecuada de las autoridades competentes. Las mujeres con discapacidad transexuales son particularmente vulnerables a la violencia, especialmente en los espacios públicos. Es necesario tomar consideración de estas situaciones en las campañas de concienciación e imagen social de las personas con discapacidad, visibilizando la diversidad de esta población en relación a su orientación sexual o al cambio de su identidad sexual.
7.5. Se deberá promover la formación de los profesionales y del personal de los servicios de protección contra la violencia y el abuso sexual sobre las especificidades y necesidades concretas de las mujeres y niñas con discapacidad en este ámbito, prestando atención a su diversidad y heterogeneidad. Dicha formación se deberá hacer también extensible a todos los profesionales que trabajan directamente con ellas (en sus organizaciones, centros de atención, residencias, geriátricos o colegios, entre otros).
7.6. Es necesario reconocer que la discapacidad es un asunto transversal que hay que incorporar en todas las políticas, acciones y medidas que se desarrollen con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres y garantizar el principio de accesibilidad universal.
7.7. Se debe proporcionar formación adecuada a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a sus familias y personas de su entorno cercano, sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, poniendo a su disposición información comprensible en formatos accesibles sobre los servicios de apoyo y medidas legales existentes para combatirlos.
7.8. La mayor vulnerabilidad de las niñas y las mujeres con discapacidad ante la violencia está ligada a su imagen social, así como a las explicaciones, en ocasiones irracionales, que se han esgrimido para explicar o justificar abusos sexuales perpetrados contra ellas. La discapacidad debe incluirse en todos los materiales de las campañas de concienciación general y cursos de formación elaborados para ser impartidos a profesionales sobre la violencia contra la mujer. Tales campañas y materiales tendrán que ser accesibles.
7.9. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, se debe asegurar que todos los servicios y programas diseñados para servir a las mujeres y niñas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes. Es necesario desarrollar un sistema de detección precoz de situaciones de violencia en niñas y mujeres con discapacidad institucionalizadas o residentes en entornos cerrados y segregados, estableciendo protocolos de prevención de la violencia y el abuso para los profesionales implicados en su atención, así como salvaguardas efectivas para ellas.
7.10. El factor envejecimiento, asimismo, ha de ser específicamente considerado. La Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de dependencia, (INE/IMSERSO, 2008) mostraba como a partir de los 65 años, las tasas de discapacidad muestran un perfil muy diferencial según el sexo, incrementándose, de forma significativa, en el caso de las mujeres, según aumenta la edad, tal y como recoge el Informe sobre las mujeres mayores en España publicado en 2011.14 En este contexto la vulnerabilidad a la violencia se incrementa, por lo que es preciso promover la investigación para la mejora de la salud teniendo en cuenta las particularidades propias del proceso de envejecimiento femenino y atender a sus específicas necesidades a fin de prevenir abusos.
Atención y recuperación de las víctimas
7.11. Deben impulsarse medidas concretas de acción positiva que tomen en consideración la naturaleza específica de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad, atendiendo a su diversidad como grupo humano, para evitar su exclusión de las políticas y servicios generales.
7.12. La exclusión y el aislamiento de las niñas y las mujeres con discapacidad de la sociedad en escuelas separadas, en instituciones residenciales, hospitales y centros de rehabilitación, y la falta de ayudas a la comunicación y movilidad, aumentan su vulnerabilidad ante la violencia y el abuso sexual, contribuyendo a la impunidad de los actos de violencia. Lo mismo sucede con las mujeres y niñas con discapacidad que se encuentran en campos de refugiados o en situaciones de riesgo o emergencia humanitaria. Es necesario prestar especial atención a estas circunstancias en los servicios y programas en materia de violencia contra la mujer.
7.13. Las niñas y las mujeres con discapacidad intelectual (que generalmente pueden presentar dificultades para denunciar la violencia o el abuso) y con discapacidad psicosocial (cuyos testimonios se interpretan como síntomas de su “enfermedad mental”) están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia o abuso sexual. En las declaraciones y testimonios de denuncia de tales hechos, se debe conceder crédito a los testimonios de las mujeres y niñas con discapacidad, sin discriminación por razón de la misma.
7.14. La recuperación, rehabilitación e integración social física, cognitiva y psicológica de las mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de cualquier tipo de explotación, violencia o abuso debe ser accesible y debe realizarse en un entorno que favorezca la salud, el bienestar, el autorespeto, la dignidad y la autonomía de la mujer. Asimismo, debe realizarse con su consentimiento libre y tener en cuenta sus necesidades específicas de su edad. Las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la violencia tendrán derecho al reconocimiento y la reparación.
7.15. Cuando tenga lugar un acto de violencia contra una mujer con discapacidad, o contra una madre con un hijo o hija con discapacidad, los servicios sociales competentes en la materia deberán proporcionar un alojamiento transitorio rápido y seguro para la víctima y sus hijos e hijas, tomando las medidas oportunas para acelerar el proceso de retorno al domicilio familiar con las máximas garantías de seguridad. En ningún caso el perpetrador podrá regresar al mismo.
7.16. Se debe facilitar el acceso de las mujeres con cualquier discapacidad a las viviendas protegidas (como refugios para mujeres, centros de atención, servicios sociales...), así como a otros servicios (folletos, números de teléfono, terapeutas...) existentes en el ámbito de la protección contra la violencia y el abuso sexual, prestando atención a todas sus necesidades físicas, comunicativas, sociales y emocionales en el caso de la violencia doméstica.
7.17. Las madres con discapacidad y las madres de hijos e hijas con discapacidad víctimas de violencia tendrán el derecho de permanecer con sus hijos e hijas en los alojamientos a los que se las derive, debiéndoseles ofrecer los recursos y apoyos necesarios para su atención y cuidado en dichos alojamientos.
7.18. Se adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas las centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
7.19. La Unión Europea y sus estados miembros tomarán las medidas necesarias para desarrollar iniciativas en materia de investigaciones que analicen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la violencia, tomando en consideración las situaciones de mayor vulnerabilidad.
7.20. Se debe incluir la discapacidad de forma efectiva como indicador en los informes oficiales que se realicen desde España para visibilizar la violencia sufrida por las niñas y las mujeres con discapacidad. En dichos informes se tiene que hacer una reunión sistemática de datos desagregados por sexo y por otros factores relevantes (edad, origen racial o étnico, discapacidad...), detallando la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, y la eficacia de cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra la mujer.
7.21. España debe incorporar la discapacidad en el informe anual que elabore sobre la situación de prevención y lucha contra la violencia de género con una perspectiva interseccional, así como el trabajo desarrollado para conseguir los objetivos (como pueden ser los datos recogidos de instituciones gubernamentales, la policía, los juzgados, los servicios sociales, etc.); todo ello, en colaboración con la sociedad civil. Asimismo, deben llevar a cabo una evaluación formativa y monitorización de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir la violencia contra las niñas y las mujeres y la violencia doméstica.
1 Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en el segundo trimestre del 2011. Consejo General del Poder Judicial.
2 IBORRA MARMOLEJO, I.; Informe sobre “El maltrato de personas mayores en la familia en España”; Centro Reina Sofía, Valencia, 2008, disponible en el siguiente enlace: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/iborra-maltrato-01.pdf
3 Algunos estudios elabroados por organizacioens de personas con discapacidad:
CNSE (2010): Situación de las Mujeres Sordas ante la Violencia de Género. España. Una investigación de carácter cualitativo,restringida a las Federaciones de asociaciones de personas sordas de tres Comunidades Autónomas (Madrid, Galicia y Andalucía)
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1276603015_situacion_de_las_mujeres_sordas_ante_la_violencia_de_genero.pdf
Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucia (2011): Autodiagnóstico de la situación de las mujeres con discapacidad en Andalucía. Consejería para a Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Estudio realizado en la Comunidad Autónoma de Andalucía con una muestra de 1.115 mujeres que trata las diferentes formas de violencia ejercidas contra las mujeres con discapacidad. De las 1.115 mujeres condiscapacidad entravsitadas, 345 habían sido víctimas de violencia, lo que repreenta el 31% de las mujeres con discapacidad.
GONZÁLEZ AGUADO, F., GONZÁLEZ CASES, J.C., LÓPEZ GIRONÉS, M.L., POLO USAOLA, C., RULLAS TRINCADO, M., Guía de actuación a mujeres maltratadas con trastorno mental grave, Comunidad de Madrid, Salud Madrid, diciembre de 2010, disponible en el siguiente enlace: http://gdtmujersomamfyc.files.wordpress.com/2011/05/guiaatencionmujerestmg.pdf
4 Tal y como indican las Naciones Unidas (2006): Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General. A/61/122/Add.1.:
“284. El marco internacional de normas jurídicas y de políticas establece estándares para las medidas que deben tomar los Estados a fin de cumplir sus obligaciones jurídicas y sus compromisos de políticas para hacer frente a la violencia contra la mujer. Dichos estándares corresponden a las categorías siguientes:
Reunión sistemática de datos desagregados por sexo y por otros factores, como la edad, el origen étnico y la discapacidad, detallando la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, y la eficacia de cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra la mujer.”
5 Tal y como lo expresan las Naciones Unidas (2006) en el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General. Asamblea General A/61/122/Add.1.:
“5. La intersección de múltiples formas de discriminación:
361. La intersección de la dominación masculina con la raza, el origen étnico, la clase, la casta, la religión, la cultura, el lenguaje, la orientación sexual, la condición de migrante o de refugiada y la discapacidad – frecuentemente denominada “interseccionalidad” – opera en muchos niveles en relación con la violencia contra la mujer. La discriminación múltiple moldea las formas de violencia que experimentan las mujeres. Determina que algunas mujeres tengan más probabilidad de ser blanco de determinadas formas de violencia porque tienen una condición social inferior a la de otras mujeres y porque los infractores saben que dichas mujeres tienen menos opciones de obtener asistencia o formular denuncias.”
6 Un ejemplo de buena práctica a este respecto es la elaboración de un folleto informativo “Violencia de Género y Mujeres con Discapacidad Intelectual” dirigido a la mujeres con discapacidad intelectual para prevenir el maltrato preparado por la Consejería de Mujer de la Comunidad de Madrid en colaboración con AFANIAS.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DViolencia+intelectual_def%5B1%5D.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1266147326011&ssbinary=true
Otra publicación dirigida a los profesionales para que tomen conciencia sobre la violencia a las muejres con discapacidad es:
Mujer con Discapacidad y Violencia Sexual, Guía para Profesionales. Sevilla, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2007).
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=mujer%20con%20discapacidad%20y%20violencia%20sexual%2C%20gu%C3%ADa%20para%20profesionales.%20&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Figualdadybienestarsocial%2Fopencms%2Fsystem%2Fbodies%2FPersonas_Discapacidad%2FPublicacion%2FViolencia_Sexual%2FViolencia_sexual.pdf&ei=eiHGTs3WCrHS4QTkj7VG&usg=AFQjCNHs6lrPuW5_WBpLu29bZuYXFKrkTA
7 FAMMA- COCEMFE (2011): Mujeres y discapacidad física y orgánica en los ámbitos urbano y rural de la Comunidad de Madrid: Necesidades y fortalezas.
8 Vid. GÓMEZ AGUADO, F., GONZÁLEZ CASES, J.C., LÓPEZ GIRONÉS M.L., POLO USAOLA, C., y RULLAS TRINCADO, M.,c., “Guía de atención…”, op.cit. pp. 10, 11, 30-33; FRIEDMAN, S.H. y LOUE, S., c., “Incidence and prevalence…”, op.cit. pp. 471-480
9 Se puede acceder a esta Declaración en el siguiente enlace:
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_es.pdf
10 Código Penal artículo 156 «… no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz.»
11 Informe Derechos Humanos y Discapacidad España 2008 y Manifiesto del CERMI con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 8 de marzo 2009.
12 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Sexto período de sesiones 19 a 23 de septiembre de 2011 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad España
13 DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/629)] Resolución número 48/104.
14 IMSERSO; INSTITUTO DE LA MUJER, Informe sobre las mujeres mayores en España, Secretaría de Estado de Igualdad, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (ed.), marzo de 2011.

References: artículo 3
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 35
 Resolución 
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