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Timestamp: 2018-12-11 05:34:00+00:00

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¿Que se entiende por procedimiento administrativo?
Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.
¿Cómo se clasifican los procedimientos administrativos?
a) Procedimiento de aprobación automática:
Consiste en que la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos por el TUPA de la entidad, y son:
sujetos a la presunción de veracidad:
* Obtención de licencias,
* Obtención de autorizaciones,
* Constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la Administración ( Ley Nº 27444, Artículo 31º.
b) Procedimiento de evaluación previa ante la entidad. a su vez éste se divide en caso de
falta de pronunciamiento oportuno en:
b.1. Silencio Positivo
b.2. Silencio Negativo
¿Cuál es el plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa?
Desde el inicio hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles. Las excepciones las establece la ley o decreto legislativo.
¿En qué consiste el procedimiento administrativo con régimen de evaluación previa con silencio positivo?
El procedimiento administrativo con régimen de evaluación previa con silencio positivo consiste en que una vez iniciado el procedimiento con la presentación del formulario o la solicitud por parte del administrado, corresponde a la entidad la obligación de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA respectivo en un plazo determinado, concluido el mismo se presume que la inacción o falta de pronunciamiento de la entidad implica su aprobación.
¿En qué casos se aplica el procedimiento administrativo con régimen de evaluación previa con silencio positivo?
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos:
a. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes, salvo que mediante ella se transfiera facultades de la Administración Publica o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio.
b. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo.
c. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir dir4ectamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos.
d. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo contemplado en el artículo 34º de la Ley 27444, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. (Art.33º, Ley Nº 27444).
¿En qué consiste el procedimiento administrativo con régimen de evaluación previa con silencio negativo?
Consiste en que una vez iniciado el procedimiento con la presentación del formulario o la solicitud por parte del administrado, corresponde al administrado la obligación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA respectivo en un plazo determinado, concluido el mismo la falta de pronunciamiento de la entidad se entenderá como desaprobación de la solicitud.
a. Cuando la Solicitud verse sobre asuntos de interés publico, incidiendo en:
* En la salud;
* Recursos naturales;
* La seguridad ciudadana;
* El sistema financiero y de seguros;
* El mercado de valores;
* La defensa nacional y,
* El patrimonio histórico de la nación.
b. Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos (destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo).
c. Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado.
d. Los procedimientos de Inscripción Registral.
e. Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo.
Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA, los procedimientos comprendidos en los numerales del Artículo 34º: 34.1.1. y 34.1.4. de la Ley 27444, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significativamente el interés general.
¿Cuáles son los efectos del silencio administrativo positivo o negativo, según la Ley Nº 27444?
Los efectos del silencio administrativo positivo son:
Quedan automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados, si transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera comunicado al administrado el pronunciamiento. Pone fin al procedimiento.
El Silencio Administrativo tiene para todos los efectos el carácter de Resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el Artículo 202º de la Ley Nº 27444. (Art. 188º, numerales 188.1-188.2).
Los efectos del silencio administrativo negativo son:
Habilitar al administrado la interposición de los Recursos Administrativos y Acciones Judiciales Pertinentes. La administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. El silencio negativo no inicia el cómputo de plazos ni de términos para su impugnación. (Art. 188º: 188.3; 188.4; 188.5).
¿Cuándo agotan la vía administrativa el silencio administrativo negativo?
Regla General: Los Actos Administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el Proceso Contencioso-Administrativo a que refiere el Artículo 148º de la Constitución Política del Estado:
"Artículo 148º. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles
de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa".
Concepto y naturaleza del silencio administrativo:
Consideramos el Silencio Administrativo:
* Una presunción o ficción legal por virtud de la cual transcurrido determinado plazo sin resolución expresa de la Administración y producidas ciertas circunstancias, se entenderá o podrá entenderse denegada u otorgada la solicitud o fundado o infundado el recurso formulado.
* Una presunción legal, como una ficción que la Ley establece, merced a la cual "se habla callando, porque sin haber dicho nada se está, sin embargo diciendo bastante".
Entendido, pues, en su más restringida acepción, el silencio administrativo lo definimos como una presunción legal, una ficción que la ley establece en beneficio del particular y en virtud de la cual se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) la petición dirigida por éste a la administración.
El objetivo del silencio administrativo es en beneficio del interesado o peticionario.
Los principios dados por la Ley Nº 27444, son:
1. Principio de Legalidad;
2. Principio del Debido Procedimiento;
3. Principio de impulso de oficio;
4. Principio de Razonabilidad;
5. Principio de Imparcialidad;
6. Principio de Informalismo;
7. Principio de Presunción de veracidad;
8. Principio de Conducta Procedimental;
9. Principio de Celeridad;
10. Principio de Eficacia;
11. Principio de Verdad Material;
Principio de Simplicidad;
Principio de Uniformidad;
15. Principio de Predictibilidad,
16. Principio de Privilegio de Controles posteriores;
Consiste: Las Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a las Leyes y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
Consiste: En que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer u producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
Consiste: En que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
Consiste: Es un principio de la potestad sancionadora de la Administración Pública que consiste en que las decisiones de la Autoridad Administrativa cuando creen obligaciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben de adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
Consiste: En que las Autoridades Administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico de la Nación y con atención al interés general.
Consiste: En que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de la pretensión de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.
Consiste: En la tramitación del Procedimiento Administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
Consiste: En que la Autoridad Administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.
Consiste: En que quienes participan en el procedimiento deben ajustar su situación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento jurídico de la Nación.
Consiste: En que los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
Consiste: En que la Autoridad Administrativa competente, deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.
Consiste: En que las entidades del sector publico deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administre, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o a la que expresamente sean excluidas por Ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puede afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso o la información y la presentación de opinión.
Consiste: En que los trámites establecidos por la Autoridad Administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y deberán ser proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
Consiste: En que la Autoridad Administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados.
Consiste: En que la Autoridad Administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que el administrado al iniciarlo puedan tener una conciencia bastante certeza de cuál será el resultado final que se obtendrá.
Consiste: En que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz.

References: Artículo 31
 resolución 
 artículo 34
 Artículo 34
 Resolución 
 Artículo 202
 Artículo 148
 resolución 
 resolución