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Timestamp: 2019-05-25 07:08:01+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 775/10 de Corte Constitucional, 29 de Septiembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 665222221
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados M.G.C., -quien la preside-, M.V.C.C., J.C.H.P., G.E.M.M., J.I.P.P., N.P.P., J.I.P.C., H.A.S.P. y L.E.V.S., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos A.L.Q., L.E.H.D.V. y J.E.Z.A., demandaron la constitucionalidad del artículo 268 del Código Civil por ser contrario a los artículos 1, 5, 13, 42 y 44 de la Constitución Política.
1.3.2	Intervención de los ciudadanos J.A.Q.R. y F.G.V.
El Decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctor A.V.F., remitió el concepto que suscribió el doctor E.M., profesor de derecho civil de la facultad, en el que se solicita la inexequibilidad del precepto acusado, fundado en las siguientes razones:
A.B.C.B., actuando en nombre y representación del Ministerio del Interior y la Justicia, solicita se declare la inhibición por ineptitud sustancial de la demanda, por cuanto la misma no cumple con los requisitos para realizar un examen de constitucionalidad, toda vez que las razones de la demanda no son ciertas.
La Dra. K.I.K.S., actuando como Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, solicita la declaración de inexequibilidad del artículo 268 del Código Civil, por ser contrario a la dignidad humana y los derechos contemplados en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política. Los argumentos en los cuales se basa la Defensoría se pueden resumir así:
1.5.1. Lo primero que analiza es la vigencia de la norma para señalar que “No obstante que la Ley de la Infancia y la Adolescencia pretenda ser una regulación integral, se advierte que no existe fundamentos normativos y fácticos objetivos que permitan establecer con certeza si para el caso de la figura de reembolso a terceros, consagrado en el artículo 268 del Código Civil, con la nueva ley, operó o no su derogación, modificación o subrogación.”
La Dra. Á.M. M.S., actuando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, interviene para solicitar la exequibilidad condicionada de la norma acusada. Su intervención se puede resumir así:
1.7.	CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
En concepto 4961 del 21 de mayo de 2010, la Procuradora General (e), doctora M.I.C.C., solicitó declarar la inexequibilidad del artículo 268 del Código Civil.
1.7.1.	Afirmar que la norma demandada es exequible, en aras de proteger los derechos patrimoniales de la persona que se encarga de un menor que ha sido abandonado, siempre y cuando no se menoscaben los derechos del menor de dieciocho años.
1.7.2.	Afirmar que es inexequible, por cuanto se vulneran los derechos fundamentales de los menores de edad, tal y como argumenta la demanda.
1.7.3.	Afirmar que es exequible condicionada, si es posible armonizar los derechos patrimoniales del tercero y los derechos fundamentales del menor de dieciocho años que ha sido abandonado.
2.3.	Supuestos que consagra la norma acusada: cumplimiento del requisito de certeza.
Revisado el texto del precepto acusado, no cree la Sala que los demandantes estén acusando un supuesto inexistente, pues si se lee con detenimiento el contenido que se dice contrario a la Constitución, puede inferirse, sin mayores esfuerzos, que éste señala que si los padres quieren lograr que el hijo abandonado por ellos regrese, deberán pagarle los costes de su crianza y educación al tercero que lo ha alimentado y cuidado, gastos que serán tasados por el juez. La norma parece estar reconociendo un supuesto derecho o facultad de retención de los alimentantes frente al menor de dieciocho años abandonado por sus padres.
2.4.	La derogación y el control de constitucionalidad
2.4.2. La derogación expresa no implica ninguna actividad para el intérprete, pues le basta acudir a la norma de vigencia para determinar los preceptos que quedan sin efecto por disposición del legislador. La derogación tácita, por su parte, exige un ejercicio de interpretación y comparación para determinar el vigor de uno o varios artículos .
“la acción pública de inconstitucionalidad exige de esta Corporación un juicio de validez y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control” .
"la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación”
“Ciertamente, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que la sustitución o derogatoria de una norma no es por sí misma motivo o causa para el rechazo de la demanda o para que la Corte profiera un fallo inhibitorio; lo anterior por cuanto la norma puede encontrarse produciendo efectos jurídicos, o llegar a producirlos en el futuro, por lo cual puede ser necesario un pronunciamiento de mérito. Así pues, si la Corte ha considerado que mantiene competencia para conocer y decidir demandas de inconstitucionalidad dirigidas en contra de disposiciones que han perdido vigencia mas no eficacia, es decir que siguen produciendo efectos jurídicos a pesar de haber sido derogadas o sustituidas”
2.5.	Los supuestos de hecho de la norma acusada fueron derogados por el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor y posteriormente por el sistema de protección integral que el Constituyente de 1991 exigió para los niños, niñas y adolescentes y que el legislador implementó mediante la Ley 1098 de 2006.
2.5.1.	El artículo acusado hace parte de la redacción original del Código Civil, adoptado como legislación para toda la Unión mediante la Ley 57 de 1887, no obstante, es necesario recordar que el código fue sancionado en 1876, razón por la que el primer aspecto que debe preguntarse la Corte, es sobre su vigencia, especialmente, porque en los años 1989 y 2006, se expidieron normativas concretas para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las cuales es necesario analizar si se introdujo alguna modificación, derogación o sustitución que permita sostener que el artículo 268 no está vigente.
2.5.2.	Lo primero que se debe advertir, es que las normas expedidas con anterioridad a la Constitución de 1991 no perdieron su fuerza normativa por el sólo hecho de la promulgación de la nueva Carta. Sólo aquellos preceptos manifiestamente contrarios a los valores y principios de la Constitución podían entenderse derogados tácitamente por la entrada en vigencia de la Constitución.
2.5.3.	El Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, fue la primera regulación integral que expidió el legislador colombiano para codificar los temas relacionados con los menores de dieciocho años. En especial lo que se denominó como situaciones irregulares en las que un niño, niña o adolescente podía encontrarse.
Frente a la figura del abandono, supuesto de hecho que contempla el artículo 268 acusado, fue definida en el artículo 30 del Decreto 2737 de 1989, como una de las situaciones irregulares en que podía encontrarse un menor de dieciocho años, tal como ya se venía estableciendo en normas anteriores , en donde el Estado asumía la obligación de otorgar la protección correspondiente, en los términos del artículo 8 de la mencionada codificación.
Así mismo, este Código regulaba la posibilidad del cuidador de un niño, niña o adolescente, de recurrir al Defensor, al C. o el Juez de Familia, para solicitar el pago de las obligaciones alimentarias, que en términos del artículo 133, consistían en “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor.”
En consecuencia, no se puede admitir que una familia de crianza o solidaria pueda retener a un niño, niña o adolescente por el no pago de los gastos en que incurrió, porque lo primero que debe resolverse es si ésta está en la obligación de entregar al menor de dieciocho años y si la familia biológica tiene el derecho a su cuidado, pues, tal como lo señaló esta Corporación en la sentencia T-510 de 2003 , “el hecho de haber delegado el cuidado diario de un menor de edad en personas distintas de sus padres”, puede constituir un motivo determinante para separarlo de su núcleo familiar, asunto que debe definir el sistema de protección, es decir, el Defensor o el juez de familia, entendiendo que si hay un vínculo fuerte entre la familia que cuidó y protegió al niño, niña o adolescente, como la prevalencia del interés superior de éste, se impone el mantenimiento del menor de dieciocho años en la familia de crianza o solidaria y no en la biológica .
“En ella [artículo 268 del Código Civil], según la teoría de los dos elementos de la norma jurídica, acogida y explicada por la Corte, el elemento material, o sea la hipótesis que se hace sobre una situación de hecho determinada, consistente en que haya un hijo que por ser abandonado por sus padres ha sido alimentado y criado por otra persona, y elemento formal, esto es, la consecuencia que el legislador le asigna a ese estado de hecho, y que aquí es el derecho del tercero para ser reembolsado de los costos de la crianza y educación, judicialmente tasados. La fuente de esta obligación paternal se vincula, pues, esencialmente al hecho de que el hijo haya sido abandonado y que este desamparo sea la causa determinante para que el protector hubiera echado sobre sí la carga de atender con su propio patrimonio las obligaciones que legalmente le corresponden a los padres, con ánimo de crear una relación jurídica que le dé base para demandar su reembolso, y no simplemente con un propósito caritativo y de mera liberalidad….Aunque el artículo 268 del c.c. contempla solamente la oportunidad de reembolso con ocasión de que los padres quieran sacar su hijo del poder de la persona que lo ha criado y alimentado, no hay en realidad ningún inconveniente de doctrina para aceptar la posibilidad de que el tercero, como es el caso, pueda demandar judicialmente a los padres para obligarlos a que le paguen los referidos gastos de crianza, teniendo en cuenta que tales expensas son una deuda impuesta por la ley a los padres y que no sería justo eximirlos de pagarla, pudiendo hacerlo, por el hecho de haber mediado el abandono…no hay duda de que la demanda del tercero debe sujetarse, no a las reglas generales del cuasicontrato, sino a las precisas y terminantes del artículo 268, que exige como elemento primordial que la deuda ajena se haya pagado por consecuencia del abandono físico”
Sobre el particular, es importante recordar que esta Corporación, entre otros casos, en sentencia T-292 de 2004 protegió el derecho de una niña a continuar con su familia de crianza frente al reclamo de su familia biológica para que la devolviera después de un año y medio de abandono. En esa oportunidad, la Corte Constitucional reconoció que la presunción constitucional a favor de la familia biológica cesa, por ejemplo, cuando ésta ha entregado al niño, niña o adolescente a una familia distinta y ésta lo ha cuidado durante un tiempo suficiente como para generar vínculos afectivos y de dependencia sólidos .
2.6. Lo expuesto en precedencia, lleva a la Corte a señalar que el Decreto 2737 de 1989 y la Ley 1098 de 2006, derogaron la norma acusada y, en consecuencia, no tiene sentido abordar el problema jurídico que plantearon los ciudadanos A.L.Q., L.E.H.D.V. y J.E.Z.A., razón por la que se declarará la inhibición de la Corte para pronunciarse sobre el fondo del asunto, no sin advertir, que los principios y derechos constitucionales de la Constitución de 1991, imponen el rechazo de cualquier normativa que desconozca a los niños, niñas o adolescentes como sujetos de derechos que requieren de una especial protección del Estado.
- La decisión inhibitoria se sustenta en el argumento según el cual el artículo 268 del Código Civil no está vigente, ni produciendo efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico colombiano. La Sala concluyó que había operado el fenómeno de la derogatoria tácita de la norma en virtud de una regulación integral en la materia, primero con el Código del Menor (Decreto Ley 2737 de 1989) y luego con el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), normas que, a su juicio, regularon todo lo concerniente a las situaciones de abandono de menores de dieciocho años.
- Sin embargo, cuando se examina con detenimiento la norma acusada se observa que la hipótesis allí prevista no se refiere a las situaciones de abandono reguladas por el Código del Menor y el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, de manera que la tesis de la derogatoria tácita por regulación integral no es acertada.
- Cabe recordar que la vigencia de la norma no sólo fue advertida por el demandante sino también asumida por dos ciudadanos intervinientes, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Procurador General de la Nación, e incluso expresamente analizada por la Defensoría del Pueblo.
- Adicionalmente, considero que la mayoría confundió la vigencia de una norma con su validez. Sobre el particular la Sentencia sostuvo lo siguiente:
cómo aquí la falta de vigencia de la norma ya no se fundamenta en la regulación integral (supuestamente emanada del Código del Menor y del Código de la Infancia y la Adolescencia), sino en que ello implicaría desconocer el sistema de protección al menor previsto en la Constitución y en diversos instrumentos de derecho internacional. En otras palabras, la Corte afirma que la norma no es aplicable porque riñe con la Constitución, lo cual no corresponde a un asunto de vigencia sino a un análisis sustantivo o de validez de la norma frente al ordenamiento Superior.
- En síntesis, pese a que la Corte Constitucional debe inhibirse de abordar un análisis de fondo cuando una norma no está vigente, ya sea por derogatoria expresa, tácita o regulación integral, lo cierto es que ninguna de dichas hipótesis se presentaba en este caso. Por lo tanto, ante la eventualidad de que la norma estuviera produciendo efectos jurídicos, la Sala ha debido abordar un examen de fondo, seguramente para declarar inexequible el artículo 268 del Código Civil, pero sin dejar de lado el análisis concerniente a los derechos de contenido económico de quien en un acto de solidaridad asume la educación y crianza de un hijo que no es suyo.
Demandante: León Quiroga, A. y otros
Sentencia nº 25000-23-26-000-2002-00497-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 17 de Noviembre de 2016

References: artículo 268
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 268
e contrario
 artículo 268
e contrario
 artículo 268
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 268
 artículo 268