Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23715
Timestamp: 2019-10-23 02:11:52+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 199/2013
ECLI:ES:TC:2013:199
En el recurso de amparo núm. 9530-2005, promovido por don Orkatz Gallastegi Sodupe, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas y asistido por el Letrado don Alfonso Zenón Castro, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 1311-2005, de 14 de octubre, que desestima el recurso de casación núm. 739-2005 P interpuesto contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2005, dictada en el rollo de Sala núm. 10-2004 correspondiente al procedimiento abreviado núm. 95-2002 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el día 26 de diciembre de 2005 el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, en nombre y representación de don Orkatz Gallastegi Sodupe, representación que acredita mediante la presentación de la correspondiente escritura de poder con fecha 2 de febrero de 2006, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
a) La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Sentencia de 7 de abril de 2005, en el rollo de Sala núm. 10-2004, por la que condenaba al recurrente, como autor de un delito de daños terroristas de los arts. 577 y 266 del Código penal (CP), a la pena de seis años de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta por seis años más, pago de las costas del juicio e indemnización civil a favor de la entidad perjudicada por los daños y perjuicios sufridos.
b) Interpuesto recurso de casación por el condenado, en el que invocaba la lesión del derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa (art. 18.1 y 4 CE), del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por haberse tenido en cuenta para su condena la prueba pericial de ADN introducida en la causa sin las necesarias garantías constitucionales, y del principio de legalidad (art. 25.1 CE) por la indebida aplicación por el órgano judicial de los arts. 577 y 266 CP, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó Sentencia núm. 739/2005P, de 14 de octubre, por la que se desestimaba el recurso presentado, confirmándose así el pronunciamiento condenatorio de instancia respecto del recurrente.
3. a) Se invoca en primer lugar como vulnerado el art. 14 CE al haberse producido una desigualdad en la aplicación de la ley, derivada de la circunstancia de que la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un caso análogo referente al mismo recurrente, aunque por unos hechos distintos, había llegado a otra conclusión, revocando la condena que le había sido impuesta por una Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (también de la Sección Tercera). Se trata de la STS 501/2005, de 19 de abril, en la que el órgano de casación entendió que se había lesionado el derecho a la presunción de inocencia del Sr. Orkatz porque “la prueba pericial de ADN (prueba determinante para la condena en base a unas prendas encontradas en el lugar de los hechos) no se ha practicado con las debidas garantías pues no ha contado con la debida intervención judicial, ni con resolución motivada del Juez y no se documentó por la policía en acta alguna la recogida de vestigios biológicos del detenido”. Por el contrario, en la Sentencia del Tribunal Supremo ahora impugnada (núm. 1311/2005) “no se da una explicación razonable del cambio de criterio”, reseñándose tan sólo que no es precisa la intervención judicial para la recogida de restos biológicos del recurrente para la determinación de su perfil de ADN porque el caso ahora analizado hace referencia a “un acto voluntario de expulsión de materia orgánica” realizado por este.
b) Por otra parte, se habría infringido el derecho a la intimidad personal del recurrente (art. 18.1 CE) porque el análisis de su perfil genético se había realizado por la policía autonómica sin ningún tipo de autorización judicial. Así, se había recogido por un agente un esputo del suelo de la celda en que se encontraba en comisaría con fecha 24 de octubre de 2002, confrontándose con los restos genéticos encontrados en una camiseta utilizada cuando ocurrieron los hechos el 15 de marzo de 2002, dando un resultado positivo. Tal análisis, pese a no suponer una intervención corporal, habría precisado de autorización judicial pues es evidente que el mismo afecta a este derecho fundamental al revelar datos sensibles e íntimos de la persona, por lo que su práctica debió estar rodeada de esta garantía para tener así seguridad de que las personas que lo realizan no se exceden en su cometido y evitar que haya abusos o cesión de datos a terceros no autorizados.
Dentro de este motivo alega el demandante la infracción de la garantía prevista en el art. 18.4 CE, sobre el derecho a la “autodeterminación informativa”, por cuanto la Ertzaintza había procedido a incluir en una base de datos informatizada sus datos personales “sin ningún tipo de control administrativo ni de otro orden, sin que se sepa quién o quiénes tienen acceso a esos datos ni quién o quiénes son sus responsables, ni se esos datos personales (perfil de ADN) va a ser utilizados para otros fines o durante cuánto tiempo se conservarán y si podrán ser utilizados en futuros procedimientos penales”. Se habría así actuado por dicha policía autonómica al margen de la normativa vigente, en concreto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, encontrándonos “ante un tratamiento de datos de carácter personal realizado sin ningún tipo de garantías y sin atenerse a lo preceptuado en la legislación mencionada que le es de aplicación”.
c) Se invoca también la lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) al no existir prueba de cargo suficiente, practicada con las debidas garantías, para la condena del recurrente por el expresado tipo penal. En efecto, esta se basa en la supuesta coincidencia del ADN del imputado con los restos biológicos hallados en una prenda encontrada en las cercanías del lugar donde se produjeron los hechos. No obstante, como se deduce de lo anteriormente expuesto, no puede tomarse en consideración a los expresados fines porque se trata de una prueba ilícita, al haberse obtenido con vulneración de derechos fundamentales, resultando que las demás derivadas también han de reputarse ilícitas por aplicación de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, desde esta perspectiva de la presunción de inocencia, se reseña en la demanda que “se da una falta absoluta de intervención judicial en la toma de la muestra indubitada” (esputo arrojado en la celda policial), siendo así que cuando se quiere que esta toma de muestras tenga carácter probatorio ha de intervenir un Juez. El análisis practicado, por otra parte, lo es sobre “muestras biológicas de mi representado obtenidas y conservadas subrepticiamente”, que se recogen, no por un médico forense, sino por un policía sin ninguna preparación al respecto. Finalmente, “no se documenta en el acta la recogida de la muestra ni la cadena de custodia de la misma”, por lo que no se puede asegurar que ésta pertenezca al acusado.
d) Como cuarto motivo se alega en la demanda la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal (arts. 24.1 y 25.1 CE) al haberse impuesto al acusado una pena superior a la legalmente establecida. En este sentido se razona que la Audiencia Nacional condenó al recurrente a una pena de seis años de prisión por un delito de daños previsto en el art. 266 CP, sin especificar en cuál de sus cuatro apartados se integraba su acción (números 1 a 4), en relación con el art. 577 del mismo texto legal (delitos de terrorismo). Esta pena ha sido confirmada por el órgano de casación. No obstante, “la única pena posible a imponer es la que marca el art. 266, 1, que es de uno a tres años de prisión, en su mitad superior si se quiere por la aplicación del apartado 4 y del art. 577, pero nunca se podía imponer una pena superior a tres años”.
4. Una vez solventados por el recurrente los defectos de carácter subsanable observados en la demanda (que fueron recordados al recurrente por diligencias de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 19 de enero y 9 de febrero de 2006 y cumplimentados por aquel), por providencia de la expresada Sala de este Tribunal de 3 de marzo de 2009 se acordó admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), interesar de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de Sala núm. 10-2004 y recurso de casación núm. 739-2005 P, respectivamente. También se acordó se procediera al emplazamiento de quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5. Habiéndose solicitado por otrosí en la demanda la suspensión de la ejecución de la Sentencia condenatoria, por providencia de la misma fecha la Sala Segunda acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceda un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente para que alegaran lo que estimasen pertinente en relación con dicha pretensión. Presentadas estas alegaciones por las partes, la Sala dictó Auto de 14 de febrero de 2011 por el que se acordó denegar la suspensión solicitada, respecto de la pena de prisión porque la medida interesada había perdido objeto al haber sido ya cumplida dicha pena y respecto del resto de los pronunciamientos de la Sentencia por ser estos de contenido económico, no causando por ello su ejecución un perjuicio irreparable al obligado al pago.
6. Una vez recibidos los testimonios solicitados a los órganos judiciales, por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 25 de febrero de 2011 se acordó, según lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que presentaran las alegaciones que a sus respectivos derechos convinieran.
7. La representación procesal del recurrente evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en este Tribunal en fecha 1 de abril de 2011, limitándose a reproducir de manera resumida los razonamientos ya expuestos en su demanda de amparo. No obstante, se añade que en el presente caso “se trataría de establecer de una manera definitiva si la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el Pleno no jurisdiccional de 31 de enero de 2006 (‘la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial’) es adecuada a la Constitución y no vulnera derechos fundamentales”. Sin olvidar que “este Pleno no jurisdiccional se produjo apenas tres meses después de dictada la Sentencia 1311/2005, objeto de esta demanda de amparo, debido, ha de presumirse, a la necesidad de buscar un criterio común en los casos similares al presente en donde la prueba principal es la de ADN”.
8. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12 de abril de 2011 el Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones interesando la denegación del amparo solicitado.
9. Mediante providencia de 1 de febrero de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó, a propuesta de la Sala Segunda, recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
10. Por providencia de 3 de diciembre de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 de dicho mes y año.
1. Es objeto de impugnación en este recurso de amparo la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 1311/2005, de 14 de octubre, que desestimó el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2005, dictada en el procedimiento abreviado núm. 95-2002, que le condenó como autor de un delito de daños terroristas a la pena de seis años de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta por seis años, así como al pago de las costas e indemnización a favor de la entidad La Caixa en 17.199,21 euros.
2. En el primer motivo de impugnación sostiene el demandante que se ha vulnerado su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) por el distinto trato dispensado en la Sentencia impugnada y en la Sentencia de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 501/2005, en la que, por referencia a otros hechos, se habría absuelto al propio recurrente al considerar el órgano judicial que el análisis del ADN, efectuado a partir de la misma muestra de saliva del acusado, no se practicó con las debidas garantías al no contar con autorización judicial.
3. En el motivo segundo de la demanda de amparo se aduce vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) con fundamento en que la condena del demandante se sustenta sustancialmente en el análisis del ADN obtenido a partir de un esputo arrojado por el demandante al salir de la celda en la que se encontraba detenido y su comparación con el obtenido a partir de restos biológicos hallados en una manga utilizada por el autor de los hechos y abandonada en la huida. Dicha prueba habría sido obtenida con vulneración de los derechos fundamentales del demandante al no haberse autorizado judicialmente ni la recogida de la saliva arrojada por el demandante durante su detención ni tampoco el posterior análisis comparativo de su ADN. De modo que, anulada la prueba principal ex art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”, y no existiendo otras de relevancia que sustenten la condena, se habría quebrado también el derecho del demandante a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
4. Las cuestiones que suscita la recogida de la saliva se contienen en los apartados primero y tercero del fundamento segundo de la demanda de amparo.
a) En el primero de los apartados el demandante aduce que era precisa la resolución judicial que autorizase la recogida de la saliva por aplicación de los arts. 326, 334, 332 y 336 LECrim en la redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos enjuiciados, pero en ningún pasaje de este apartado se alude al derecho fundamental que habría resultado vulnerado por la omisión de la resolución judicial que autorizase la recogida de la saliva. Es decir, el demandante se limita a señalar los preceptos de la Ley de enjuiciamiento criminal que regulan algunas de las atribuciones y de las obligaciones del Juez de instrucción en la formación del sumario, entre las que se encuentran la recogida de cualesquiera vestigios del delito o fuentes de prueba conducentes a “averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que pudieran influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos” (art. 299 LECrim). Pero la demanda carece de razonamiento alguno acerca de los motivos por los cuales era constitucionalmente exigible que el Juez autorizase la recogida de la muestra de saliva. De ahí que hayamos de recordar nuevamente la constante doctrina de este Tribunal (por todas STC 162/2011, de 2 de noviembre, FJ 7), según la cual “no le corresponde reconstruir de oficio la demanda supliendo las inexistentes razones de las partes, al ser una carga de quien impetra el amparo constitucional no solamente la de abrir la vía para que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse, sino también la de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar y que se integra en el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional”.
b) En el segundo de los apartados mencionados se aduce que el demandante no consintió la recogida de la muestra, sino que fue recogida de modo subrepticio mientras estaba detenido, lo que supuso la vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo y del derecho a no colaborar con las autoridades encargadas de la investigación.
c) Finalmente, con relación a la obtención de la muestra de saliva, en el apartado cuarto del mismo fundamento segundo de la demanda se aduce que no existe constancia de que fuese conservada la cadena de custodia de la saliva, de suerte que no es posible asegurar que la muestra de saliva recogida en el curso de la detención fuese la misma que sirvió para el análisis comparativo posteriormente efectuado con el perfil de ADN obtenido a partir de la prenda recogida en el lugar de los hechos. Una cuestión de tanta importancia, se dice, no es posible tenerla por probada con la declaración de un solo testigo. Ello llevaría consigo la vulneración de la presunción de inocencia al incidir sobre el valor probatorio de la pericial que sustenta la condena.
5. El núcleo de la vulneración de derechos fundamentales que formula el demandante de amparo se centra en la realización de la prueba de ADN. En concreto, en el apartado segundo del fundamento jurídico 2 de la demanda se reprocha la falta de resolución judicial que acordase la práctica de tal prueba. Alude a que en la fecha en que se produjeron los hechos enjuiciados en el proceso penal a quo no se había introducido el segundo párrafo del art. 363 LECrim (lo fue por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), que faculta al Juez para acordar, mediante resolución motivada y con adecuación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que se determine el perfil de ADN del sospechoso a partir de muestras biológicas suyas. Tal precepto, afirma el demandante, debería aplicarse retroactivamente por establecer mayores garantías, pero en todo caso, lo que sí estaba en vigor era el párrafo primero, a tenor del cual “los juzgados y tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en que se considere absolutamente indispensable para la necesaria investigación judicial y la recta administración de justicia”. Sirviéndose de la STS 501/2005 ya mencionada, considera que era exigible la resolución judicial para practicar el análisis de ADN y que como no se obtuvo se incurrió en un defecto procesal que hace ilícita la prueba obtenida.
6. Lógicamente, con carácter previo, hemos de recordar la doctrina de este Tribunal en torno a la configuración constitucional del derecho a la intimidad personal, con particular atención a las resoluciones dictadas en asuntos que guardan alguna semejanza con el que hemos de resolver, contribuyendo así a perfilar las especificidades de este concreto supuesto.
a) Este Tribunal Constitucional ha afirmado que el derecho a la intimidad personal “en cuanto derivación de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana” [por todas, SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3 B); 186/2000, de 10 de julio, FJ 5 y 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2]. De forma que la intimidad personal “es un bien que tiene la condición de derecho fundamental (art. 18.1 de la Constitución) y sin el cual no es realizable, ni concebible siquiera, la existencia en dignidad que a todos quiere asegurar la norma fundamental” (STC 20/1992, de 14 de febrero, FJ 3). En todo caso, “lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio” (SSTC 127/2003, de 30 de junio, FJ 7 y 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5). En el mismo sentido la STC 119/2001, de 24 de mayo, expresa que “estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las incidencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada” (FJ 5). Por lo que nos hemos preocupado de afirmar que “el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la salud física y psíquica de las personas” (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 2 a), que sigue en este aspecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras STEDH de 10 de octubre de 2006, caso L.L. c. Francia).
b) Ya en relación con supuestos que guardan proximidad con el asunto que se somete a nuestro enjuiciamiento, hemos afirmado que las intervenciones o reconocimientos corporales, aun cuando por sus características e intensidad no supongan una intromisión en el derecho a la integridad física, sí pueden conllevar una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal en razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pretende averiguar, cuando se trata de una información que afecta a la esfera de la vida privada que el sujeto puede no querer desvelar. Así, en el caso resuelto en la STC 207/1996, de 16 de diciembre, llegamos a la conclusión de que la intimidad personal se veía afectada cuando se pretendía esclarecer a través del análisis de un cabello “si el imputado en un proceso penal es consumidor de cocaína u otras sustancias tóxicas o estupefacientes, y el tiempo desde que lo pudiera ser”. Es decir, se trata de información objetivamente perteneciente al círculo de lo íntimo cuya revelación podía tener una incidencia especial por “la condición de guardia civil del imputado al que se ordena soportar la intervención y pericia, dado que, si los resultados de la misma fueran positivos, en el sentido de demostrar su consumo de cocaína u otras sustancias tóxicas o estupefacientes, y aunque ello no llegara a tener para él consecuencias de orden penal en la causa, sí podría acarrearle eventualmente responsabilidades de tipo disciplinario” [FJ 3 B)]. A la misma conclusión llegamos en la STC 196/2004, de 15 de noviembre, con ocasión de un análisis de orina realizado a un trabajador de quien se descubre que había consumido drogas, donde manifestamos que “una prueba médica realizada en términos objetivos semejantes supone una afectación en la esfera privada de la persona” (FJ 5). Por su parte, en la STC 25/2005, de 14 de febrero, se arranca de que la información relativa al consumo de alcohol afecta a la intimidad personal y que, consecuentemente, la resolución judicial que acordó incorporar al proceso la analítica obrante en el historial clínico para que el médico forense emitiese informe sobre la tasa de alcohol en sangre del demandante supone una injerencia en la intimidad personal. Finalmente, la STC 206/2007, de 24 de septiembre, en un caso en que la Guardia Civil ordenó un análisis de sangre del imputado sobre las muestras que le habían sido extraídas en el hospital con fines terapéuticos para determinar su nivel de alcohol, constatamos que la determinación de si el afectado había consumido alcohol y cuál era su grado de impregnación alcohólica supone una injerencia en la vida privada de la persona.
c) En relación con la utilización de las pruebas de ADN como medio de investigación y prueba en el seno del proceso penal, este Tribunal no ha tenido ocasión de pronunciarse más que sobre aspectos tangenciales (condena impuesta por delito de desobediencia por negarse a la práctica de tales pruebas: ATC 405/2006, de 14 de noviembre) que ahora no resultan relevantes. En cambio sí contamos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre aspectos que, aunque no idénticos, proporcionan algunos criterios de utilidad a fin de resolver el presente recurso de amparo de conformidad con el mandato establecido en el art. 10.2 CE, y que ponen de manifiesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el derecho a la vida privada resulta ya comprometido por la mera conservación y almacenamiento de muestras biológicas y perfiles de ADN.
7. Constatado que la realización del análisis del ADN del demandante de amparo supuso una injerencia en su derecho a la intimidad por su mera puesta en riesgo, hemos de analizar si tal injerencia se ha producido o no de forma constitucionalmente conforme.
8. En cuanto a la exigencia de que la medida que supone una injerencia en el derecho a la intimidad esté orientada a la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, con reiteración hemos afirmado que lo es la investigación del delito y, en general, la determinación de los hechos relevantes del proceso penal (SSTC 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6 y 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 6), “pues la persecución y castigo del delito constituye un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana, bienes igualmente reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE” [SSTC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3 a); y 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9] y 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2]. En el mismo sentido y precisamente en relación a las pruebas de ADN, ya hemos dejado constancia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado legítima la práctica de estos análisis cuando está “destinada a vincular a una persona determinada con un delito concreto que se sospecha que ha cometido” (STEDH de 4 de diciembre de 2008, caso S y Marper c. Reino Unido, ya citada§ 100).
9. Por lo que se refiere a la cobertura legal de las diligencias periciales practicadas por la policía judicial, hemos de partir de que al tiempo de los hechos enjuiciados no existía en nuestro Ordenamiento jurídico una previsión específica sobre la realización de análisis del ADN en el seno de la instrucción penal, sino que tales análisis no tenían una consideración diferente que la genérica de cualquier prueba pericial. Fue la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, la que introdujo en la Ley de enjuiciamiento criminal la primera regulación de esta materia: de una parte se añadió un párrafo al art. 326 LECrim ordenando al Juez de Instrucción que por sí o a través del médico forense o la policía judicial adopte las medidas necesarias para la recogida, custodia y examen de las huellas o vestigios biológicos hallados en el lugar de los hechos; y de otra se incorporó el segundo párrafo del art. 363 LECrim, en el cual se habilita al Juez de instrucción para que acuerde la obtención de muestras biológicas del sospechoso a fin de determinar su perfil de ADN, incluso mediante actos de injerencia tales como la inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. El marco normativo se completó con la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, cuya disposición adicional tercera, bajo la rúbrica “Obtención de muestras biológicas”, dispone que en la investigación de los delitos a los que la ley se refiere, “la policía judicial procederá a la toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”
10. En cuanto a la necesidad de autorización judicial, recordábamos en la STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 10, (y últimamente en la STC 115/2013, de 9 de mayo) que “a diferencia de lo que ocurre con otras medidas restrictivas de derechos fundamentales que pueden ser adoptadas en el curso del proceso penal (como la entrada y registro en domicilio del art. 18.2 CE o la intervención de comunicaciones del art. 18.3 CE), respecto de las restricciones del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) no existe en la Constitución reserva absoluta de previa resolución judicial. No obstante, en la STC 37/1989, de 15 de febrero, en relación con la práctica de diligencias limitativas del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad, establecimos que era ‘sólo posible por decisión judicial’ (FJ 7), aunque sin descartar la posibilidad de que en determinados casos y con la conveniente habilitación legislativa (que en tal caso no se daba), tales actuaciones pudieran ser dispuestas por la policía judicial (FJ 8).” En particular, hemos admitido que la actuación policial pueda ser necesaria en atención a la urgencia de la actuación, el modo de comisión del delito o su gravedad (STC 173/2011, de 7 de noviembre).
11. Finalmente, el respeto al principio de proporcionalidad de la medida enjuiciada exige, tal como ya hemos avanzado, constatar que la medida adoptada sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, que sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
12. Del propio modo ha de descartarse la lesión del derecho a la autodeterminación informativa reconocida en el art. 18.4 CE, la cual se habría producido, según el demandante de amparo al introducirse su perfil de ADN en una base de datos policial que carece del registro correspondiente en la Agencia de Protección de Datos y al margen del consentimiento del afectado o de resolución judicial que exige la Orden de 2 de septiembre de 2003, del Consejero Vasco de Interior, reguladora del fichero.
13. Resta por analizar la última de las vulneraciones de derechos fundamentales aducida por el demandante de amparo, relativa a la supuesta quiebra del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE). Tal vulneración se habría producido, según el demandante de amparo, al serle impuesta una pena de prisión de seis años cuando la legalidad aplicable no permitía ir más allá de los tres años. El Tribunal Supremo habría suplido las omisiones de la Sentencia de la Audiencia Nacional justificando la imposición de la pena de seis años acudiendo a la remisión que efectúa el art. 266 in fine del Código penal al art. 351 CP. Sin embargo, sigue argumentando, ninguna referencia se hace en la Sentencia de la Audiencia Nacional al indicado artículo del Código penal y además en los hechos probados únicamente se habla de explosión, sin hacer referencia al incendio a que se refiere el art. 351 CP. De ahí que considere que la única pena posible vendría determinada por la aplicación de los arts. 266.1 y 4, en relación con el 568 CP, lo que no permitiría superar la pena de tres años.
1. Voto particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 9530-2005, avocado al Pleno, al que se adhiere el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez.
1. Mi discrepancia se cifra no sólo en el fallo que desestima el recurso presentado sino también, y muy especialmente, en la forma de construcción del canon de constitucionalidad aplicable al supuesto enjuiciado, que cobra mayor importancia por tratarse de la primera vez que este Tribunal se pronuncia sobre las garantías que deben ser respetadas en la toma subrepticia de muestras biológicas expulsadas voluntariamente por una persona sometida a investigación por delito, que además se encuentra detenida bajo custodia policial. La Sentencia de la mayoría elude la discusión iusfundamental propia de nuestra jurisdicción, cuya ineludible función es la tutela de los derechos fundamentales y no la mera revisión en tercera instancia de la razonabilidad de las condenas penales a la luz de la legalidad ordinaria. Lo que nos compete es la definición y delimitación del derecho fundamental a la intimidad aquí comprometido, y para ello la referencia a nuestra propia doctrina es ineludible, como punto de partida sobre el que plasmar las peculiaridades de los supuestos como el del presente recurso de amparo.
2. En el fundamento jurídico 2 se aborda el examen de la queja sobre la vulneración del art. 14 CE, en la que se ponía de relieve el hecho de que el propio recurrente había sido juzgado en dos ocasiones en el plazo de pocos meses, por sendos delitos de violencia callejera y que, habiendo recurrido en casación por infracción de ley e infracción de preceptos constitucionales, fue absuelto del primer delito en STS 501/2005, de 19 de abril (Ponente Sr. Delgado García), por considerar el Tribunal que el análisis del ADN efectuado a partir de una muestra de saliva —en condiciones idénticas a las del caso que ahora nos ocupa—, no se practicó con las debidas garantías debido a la falta de autorización judicial. Mientras que respecto al segundo delito, la STS 1311/2005, de 14 de octubre (Ponente Sr. Martín Pallín), ahora impugnada en amparo, consideró legítima esa misma forma de obtención del análisis.
3. En cuanto al examen de las cuestiones que suscita la recogida de saliva, la demanda aducía que la prueba por la que se le ha condenado es una prueba ilícitamente obtenida, por cuatro razones: a) falta absoluta de intervención judicial en la toma de la muestra indubitada; b) falta de resolución judicial que autorizara la prueba pericial de ADN; c) realización del análisis sobre muestras obtenidas y conservadas subrepticiamente; d) falta de documentación en acta de la recogida de la muestra y de la cadena de custodia de la misma. Pues bien, en el fundamento jurídico 4 de nuestra Sentencia el primer aspecto queda resuelto demasiado rápidamente indicando que el recurrente no fundamenta su queja en la vulneración de derecho fundamental alguno, sino únicamente en la de preceptos de la Ley de enjuiciamiento criminal, lo cual resulta insuficiente para que este Tribunal entre en el fondo. Sin embargo, del conjunto de la demanda se infiere con claridad que el recurrente aduce la vulneración de derecho a un proceso con todas las garantías y la vulneración del derecho de defensa, precisamente acudiendo al efecto a una extensa cita de la STS 501/2005 antes referida, que absolvió al recurrente acogiendo el motivo de casación planteado por infracción de preceptos constitucionales.
4. En cuanto a la ausencia de orden judicial para la práctica de la prueba, cuestión sustancial de la demanda, nuestra Sentencia dice que al respecto no se ofrece argumento de calado constitucional, observación que deriva de nuevo de una lectura segmentada de las quejas agrupadas en los fundamentos de la referida demanda. La lectura del conjunto del fundamento segundo de ésta permite comprobar que se especifica claramente la queja sobre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. La Sentencia conecta esta cuestión con la queja sobre vulneración del art. 18.4 CE (recogida en el fundamento tercero de la demanda junto con la denuncia de vulneración del art. 18.1 CE), para proceder, a continuación, a su análisis desde esta perspectiva. Del desarrollo que se realiza de esta cuestión deben destacarse los siguientes extremos:
a) Se recoge la referencia a las SSTC 25/2005 y 206/2007, que contienen nuestra doctrina y los criterios más relevantes para el caso que nos ocupa, el canon de las garantías en materia de intervenciones sobre la intimidad, concretamente: a) exigencia de previsión específica por ley de la medida que resulte limitativa del derecho fundamental; b) adopción mediante resolución judicial especialmente motivada; y c) idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en relación con un fin constitucionalmente legítimo. Éstos son los aspectos esenciales que deberían haberse tenido en cuenta en relación con nuestra doctrina, pero la Sentencia no se refiere a ellos, sino que incide en las diferencias entre los casos tratados en aquellas resoluciones y el supuesto que nos ocupa. Así se dedica a poner de relieve que se trataba de aspectos relativos a la esfera reservada o íntima de las personas concernidas, como eran el consumo de drogas y el consumo de alcohol, omitiendo que ambas Sentencias imponen aquellas exigencias de previsión legal y control judicial para la realización de pruebas que afectan a la intimidad de la persona sin el consentimiento del interesado (ambos supuestos se referían a la utilización policial de muestras de sangre tomadas a efectos meramente terapéuticos, para demostrar el consumo de drogas o alcohol).
b) Se da cumplida cuenta de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual el derecho a la vida privada resulta ya comprometido por la mera conservación y almacenamiento de muestras biológicas y perfiles de ADN; doctrina que también establece la exigencia de vinculación de la persona sospechosa cuyo perfil de ADN se analiza, con un delito concreto objeto de investigación, excluyendo la validez de los análisis realizados para investigaciones de carácter general o prospectivo. Sin embargo, nuestra Sentencia no asume todas las consecuencias que derivan de la citada doctrina, y paradójicamente llega a conclusiones de signo opuesto apoyándose en argumentos cuestionables. Así, cuando se afirma, que la incidencia material de la recogida de muestras en la esfera de la intimidad personal del demandante ha sido escasa, cuando no nula, porque el análisis se había limitado a las regiones no codificantes de ADN. Por el contrario, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la simple posibilidad de identificación supone ya afectación a la intimidad. Y, en segundo lugar, la Sentencia de la mayoría subraya que la toma de muestras no iba dirigida a la investigación de un concreto delito, sino a la identificación genética del actor con el objeto de averiguar la posible coincidencia de su ADN con el encontrado en objetos utilizados en la comisión de diversos delitos de violencia callejera. En efecto, en el fundamento jurídico 11 de la propia Sentencia se reconoce expresamente que el perfil de ADN obtenido de la muestra biológica tomada subrepticiamente en dependencias policiales al demandante se sometió a “comparación con los perfiles de ADN correspondientes a personas desconocidas que fueron obtenidos a partir de muestras biológicas halladas en vestigios de distintos hechos delictivos”.
c) En cuanto a la cobertura legal, o más bien en cuanto a su ausencia, la Sentencia (FJ 9) se apoya en la STC 173/2011, referida a la intervención y examen de un ordenador portátil en relación a un caso de pornografía infantil; pero, en tal supuesto, el ordenador había sido entregado voluntariamente por el interesado al servicio técnico de reparaciones, sin limitaciones en cuanto a su examen, lo que le diferencia del presente supuesto en el que el objeto —la muestra de saliva— se obtiene sin conocimiento del sujeto. Respecto a la urgencia en el acceso a datos de la intimidad, en aquel caso se fundamentaba en el peligro de la desaparición inmediata o borrado de datos desde otra terminal. Peligro de pérdida que en el caso que nos ocupa la resolución impugnada no lo alega en ningún momento. Tampoco se encuentra referencia alguna a que existiera imposibilidad o dificultad de algún tipo que pudiera haber impedido poner en conocimiento inmediato de la autoridad judicial las actuaciones practicadas.
d) En fin, los argumentos para descartar la necesidad de orden judicial para proceder al análisis de ADN apelando a una hipotética concurrencia de circunstancias excepcionales, resultan contradictorios con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida en la propia Sentencia de la que discrepo. Por otro lado, son argumentos que se traducen en meras afirmaciones voluntaristas, como cuando se dice de forma tan genérica que “las circunstancias concretas del caso, consideradas en su globalidad”, sin más especificación, “requerían una actuación urgente” para evitar el riesgo de degradación de la muestra biológica y para asegurar la cadena de custodia.
5. La Sentencia de la mayoría no se enfrenta ni resuelve la cuestión central: las garantías que deben ser respetadas en la toma subrepticia de muestras biológicas expulsadas voluntariamente por un sujeto detenido en dependencias policiales. En su lugar, opta por acumular argumentos marginales a la cuestión debatida, incluso realizando un uso descontextualizado de citas de nuestra propia jurisprudencia. Junto a este forzado acarreo de argumentos de escasa solidez, la Sentencia se apoya esencialmente en tres criterios: a) la no necesidad de autorización judicial previa; b) la suficiencia de las cláusulas de los arts. 282 de la Ley de enjuiciamiento criminal y 11.1 de la Ley Orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad como marco legal de legitimación para la recogida y análisis de muestras (sin tener en cuenta que la peculiar naturaleza de tales muestras contiene un potencial informativo que nos sitúa en el ámbito de la intimidad); y c) la proporcionalidad de la actuación de recogida y análisis de las muestras, atendiendo a la limitada incidencia de facto, o a posteriori en el derecho a la intimidad. En definitiva, se afirma el carácter “inocuo” de la injerencia (mera recogida, sin toma forzosa), dado que la utilización concreta de la información extraída del ADN obtenido se limitó a la faceta meramente identificativa, y dado que el eventual riesgo para el acceso a información de mayor calado no llegó a materializarse; también se afirma que no consta la existencia de un almacenamiento de los datos y con ello se elude la contestación a la queja basada en la lesión del art. 18.4 CE.
6. Las disposiciones generales que, como cobertura de la actuación policial, menciona la Sentencia de la que discrepo, no son disposiciones reguladoras de la injerencia, sino disposiciones que describen las funciones policiales en términos muy genéricos. Que el art. 282 LECrim señale que es obligación de la policía judicial averiguar los delitos y practicar las diligencias necesarias para ello, no es suficiente desde el punto de vista constitucional: no contiene pronunciamiento alguno acerca de hasta qué punto pueden restringirse los derechos fundamentales de los sujetos objeto de investigación. Igualmente, que el art. 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad establezca las funciones de dichos cuerpos (investigar delitos, asegurar instrumentos, efectos y pruebas…) no nos dice nada sobre si pueden entrar en el domicilio de los sospechosos, abrir cartas, intervenir teléfonos, colocar aparatos de escuchas, utilizar el detector de mentiras, etc. La Sentencia de la mayoría confunde la perspectiva cuando apela a meras normas organizativas que atribuyen funciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad, para legitimar la ausencia de la autorización judicial. Tales normas en ningún caso pueden ser la fuente de cobertura de la constitucionalidad de una intervención o injerencia sobre derechos fundamentales. En todo caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad, según tales preceptos organizativo-funcionales, no dejan de estar obligadas a poner a disposición judicial de inmediato los objetos, instrumentos, huellas o elementos encontrados en el lugar de la comisión del delito, de manera que no queda legitimada una iniciativa ulterior encaminada a realizar análisis sensibles para los derechos fundamentales.
7. Conforme a lo expuesto, a mi juicio, la realización de los análisis de las muestras de saliva ordenadas por la policía sin contar con habilitación legal al efecto, supuso una invasión de la esfera privada del recurrente, llevada a cabo sin su consentimiento ni su conocimiento, sin autorización judicial y sin haberse acreditado la urgente necesidad de la intervención policial y no habiéndose emitido en las resoluciones impugnadas juicio alguno acerca de la proporcionalidad de la medida adoptada, por lo que habría que haber concluido que se lesionó el art. 18.1 CE, en relación a la intimidad personal, así como el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) al haberse utilizado el análisis de ADN como elemento probatorio en el proceso.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara respecto a la Sentencia del Pleno de este Tribunal de fecha 5 de diciembre de 2013 dictada en el recurso de amparo avocado núm. 9530-2005.
1. Las exigencias derivadas del art. 18 CE han venido explicitándose progresivamente con particularidad claridad. Se partió de la protección del derecho a la intimidad, contemplada en su epígrafe primero, entendiendo que el cuarto era una mera llamada de atención sobre la posible incidencia sobre ella derivada del “uso de la informática”. Con el tiempo, sin embargo, el art. 18.4 acabó desvelando un nuevo derecho de protección de datos personales con las particulares exigencias de lo que acabó caracterizándose como autodeterminación informativa. El art. 18.1 protegía la posibilidad de mantener un “ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”, haciendo particular hincapié en aspectos personales particularmente sensibles; el art. 18.4, por su parte, garantizaba un “poder de control” por parte del ciudadano sobre sus datos personales, del tipo que fueran, que no podrían ser utilizados sin su consentimiento salvo que se llevara a cabo con cobertura legal.
2. Se nos presenta en el fundamento jurídico 11, en efecto, como punto de arranque de la delimitación del objeto del derecho a la protección de datos, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, como si se hubiera intentado solo “a partir de ello precisar el haz de facultades y de límites en que el derecho a la protección de datos consiste”. En realidad seis años antes la STC 143/1994, de 9 de mayo, aun sin una nítida distinción entre dicho derecho y el relativo a la intimidad, apelando a la no muy afortunada fórmula italiana de la “libertad informática”, planteaba ya en su fundamento jurídico 7 exigencias tan poco irrelevantes como esta: “un sistema normativo que, autorizando la recogida de datos incluso con fines legítimos, y de contenido aparentemente neutro, no incluyese garantías adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a través de su tratamiento técnico, vulneraría el derecho a la intimidad de la misma manera en que lo harían las intromisiones directas en el contenido nuclear de ésta”. En ello insistiría también el fundamento jurídico 4 de la STC 94/1998, de 4 de mayo, mientras que el fundamento jurídico 2 de la STC 202/1999, de 8 de noviembre, apostillaba: “la garantía de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona”; caracterizado como habeas data en obvio paralelismo con el habeas corpus.
3. La Sentencia de la que discrepo analiza pormenorizadamente la repercusión sobre el art. 18.1 de la recogida de ADN procedente de un esputo arrojado en dependencias policiales por un detenido. No parece, sin embargo, conferir mayor relevancia al hecho de que dicha muestra fuera cotejada con la obtenida de una camiseta abandonada en el contexto de actos de violencia callejera por uno de sus desconocidos protagonistas, cuyo ADN fue incluido en una base de datos sin cobertura legal. La situación es llamativa, dado que el citado fundamento jurídico 11 no deja de exponer con todo rigor el ámbito de acción del derecho de protección de datos, más amplio que el de la intimidad protegida por el art. 18.1. Valga aludir al “poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular”. Parece, sin embargo, convertir en contra de lo ya apuntado su alusión a un fin legítimo —“la persecución y castigo del delito”— en salvoconducto suficiente para que pudieran manejarse los datos sin mayores exigencias. Igualmente con su referencia a si los datos podían o no “contribuir a configurar un perfil o caracterización de la persona” confunde las exigencias del art. 18.1 con las del epígrafe cuarto. No resulta por último verosímil dar crédito a que el cotejo entre el ADN obtenido del esputo y el procedente de la anónima camiseta, meses antes abandonada, pudiera llevarse a cabo sin recurso a base de datos alguna, con el mero argumento de que “en las resoluciones judiciales no se afirma”.
4. Todo invita pues a pensar que se han utilizado como prueba elementos procedentes de una base de datos que no cumplía con las exigencias constitucionales derivadas del art. 18.4 CE, lo que habría llevado a estimar el recurso de amparo. Por todo ello me veo obligado a emitir mi Voto particular.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 9530-2005
Aun cuando el análisis de ADN efectuado no fuera ordenado judicialmente no se lesionó el derecho del demandante a la intimidad personal, dada la escasa incidencia material en la intimidad personal –al haberse realizado el análisis sobre las regiones no codificantes de ADN no obteniendo otra información que la meramente identificativa de la persona a quien pertenece–, la adecuación de la actuación pericial a los estándares proporcionados por la normativa nacional e internacional, la urgencia de la actuación, la normativa entonces vigente –que no preveía expresamente la intervención judicial– y la aportación al proceso del resultado del análisis comparativo realizado tan pronto como estuvo disponible [FJ 10].
Existirá una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la intimidad cuando concurra un fin constitucionalmente legítimo, la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley, se acuerde, como regla general, mediante una resolución judicial motivada y se observe el principio de proporcionalidad (SSTC 89/2006, 173/2011) [FJ 7].
La investigación del delito y, en general, la determinación de los hechos relevantes del proceso penal constituye un fin constitucionalmente legítimo que justifica la injerencia en el derecho a la intimidad, pues la persecución y castigo del delito es un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana (SSTC 127/2000, 173/2011; STEDH caso S y Marper c. Reino Unido, de 4 de diciembre de 2008) [FFJJ 8, 12].
Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la injerencia en el derecho a la intimidad personal y a la vida privada por la obtención y conservación de muestras biológicas y perfiles de ADN por las autoridades policiales (SSTEDH casos Van der Velden c. Países Bajos, 7 de diciembre de 2006, S y Marper c. Reino Unido, de 4 de diciembre de 2008) [FFJJ 6 c), 8].
No cabe duda de la concurrencia del fin legítimo en la medida adoptada por la policía judicial, pues la prueba pericial consistente en la obtención del ADN del demandante a partir de su saliva para ser comparado con el obtenido a partir de la muestra biológica hallada en una prenda utilizada en la realización de un hecho delictivo tenía por objeto el descubrimiento de la persona que había utilizado la mencionada prenda en la perpetración de unos hechos delictivos de notable gravedad como lo son los de daños terroristas [FJ 8].
La diligencia pericial consistente en el análisis de la saliva del recurrente encuentra cobertura legal por tratarse de uno de los informes técnicos y periciales a los que se refiere la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque su práctica se acomoda a la finalidad para la que las atribuciones policiales son conferidas por el legislador –la averiguación de los delitos y la puesta a disposición judicial de sus presuntos autores– y porque la menor intensidad de la injerencia en el derecho fundamental admite una relativa relajación de las exigencias de taxatividad (SSTC 70/2002, 173/2011; STEDH caso Sociedad Plon c. Francia, de 18 de mayo de 2004) [FJ 9].
La práctica en el proceso penal de diligencias limitativas del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad solo es posible por decisión judicial, aunque sin descartar la posibilidad de que en determinados casos –en atención a la urgencia de la actuación, el modo de comisión del delito o su gravedad–, y con la conveniente habilitación legislativa, tales actuaciones pudieran ser dispuestas por la policía judicial, pues no existe en la Constitución reserva absoluta de previa resolución judicial respecto de las restricciones del derecho a la intimidad (SSTC 37/1989, 173/2011) [FJ 10].
El respeto al principio de proporcionalidad exige constatar que una medida limitativa de derechos sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto –juicio de idoneidad–, que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia –juicio de necesidad– y que sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto –juicio de proporcionalidad en sentido estricto– (STC 89/2006) [FFJJ 7, 11].
La realización del análisis de ADN del demandante de amparo respetó el principio de proporcionalidad, toda vez que resultaba un medio adecuado para revelar la identidad uno de los intervinientes en los hechos delictivos, no existía un medio alternativo para comprobar si el demandante había participado o no en dichos hechos y el modo en el que se practicó fue el menos invasivo de la intimidad personal en cuanto sólo afectó a las regiones no codificantes del ADN [FJ 11].
Doctrina sobre el derecho a la intimidad en relación a las intervenciones o reconocimientos corporales (SSTC 207/1996, 206/2007) [FJ 6 b)].
Doctrina sobre el derecho a la intimidad, ex art. 18.1 CE, en cuanto derivación de la dignidad de la persona, ex art. 10.1 CE (SSTC 20/1992, 159/2009) [FJ 6 a)].
Los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable son garantías del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable (STC 197/1995) [FJ 4 b)].
La prohibición de compulsión a la aportación de elementos de prueba que puedan tener valor incriminatorio no alcanza a integrar en el derecho a la presunción de inocencia la facultad de sustraerse a las diligencias de prevención, indagación o prueba que proponga la acusación o que puedan disponer las autoridades judiciales o administrativas, pues la configuración genérica de un derecho a no soportar ninguna diligencia de este tipo dejaría inermes a los poderes públicos en el desempeño de sus legítimas funciones de protección de la libertad y la convivencia y dañaría el valor de la justicia y las garantías de una tutela judicial efectiva (SSTC 103/1985, 161/1997) [FJ 4 b)].
Los poderes de disposición y control sobre los datos personales –que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos– se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles por un tercero, sea el Estado o un particular, complementado ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos por la facultad de saber en todo momento quién dispone de los mismos y a qué uso los está sometiendo y el poder oponerse a esa posesión y usos (STC 292/2000) [FJ 12].
Doctrina sobre el contenido y alcance del derecho a la protección de datos, ex art. 18.4 CE (SSTC 110/1984, 292/2000) [FJ 12].
No se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, pues ni en la obtención de la muestra biológica que éste arrojó voluntariamente, ni en la obtención del perfil de ADN a partir de la misma, ni en su comparación con el obtenido a partir de los vestigios hallados en el lugar de los hechos enjuiciados se vulneraron los derechos fundamentales aducidos en la demanda que habrían convertido en ilícita la prueba fundamental sobre la que se sustentó la condena [FJ 12].
El derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede ser invocado con éxito para cubrir cada episodio, vicisitud, hecho o elemento debatido en el proceso penal, pues los límites de nuestro control no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado (SSTC 105/1983, 126/2011) [FJ 4 c)].
El primero de los requisitos para comparar el distinto trato dispensado por un órgano judicial en dos resoluciones judiciales para un supuesto idéntico en los datos con relevancia jurídica, a fin de analizar si se vulneró o no el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, es que se refieran a sujetos distintos, ahora bien, la inexistencia de alteridad –la ‘referencia a otro’, excluyente de la comparación consigo mismo– no rebaja las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, que exige que las resoluciones judiciales se encuentren motivadas y fundadas en Derecho, y no lo están cuando el órgano judicial no expresa, o no se infieren de la propia resolución, las razones para tal cambio de orientación (SSTC 61/2006, 38/2011) [FJ 2].
Es ajena al contenido propio de la jurisdicción constitucional la interpretación última del contenido de los tipos sancionadores y el control del proceso de subsunción de los hechos probados en los preceptos aplicados, al ser esta una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 CE, corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios (SSTC 60/2008, 153/2011) [FJ 13].
La aplicación de las reglas de determinación de la pena es cuestión de legalidad ordinaria cuyo control de constitucionalidad se ciñe a la exigencia de motivación y a que la interpretación del contenido de los tipos sancionadores supere el canon de razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y error patente, siendo también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico o axiológico conduzcan a soluciones esencialmente opuestas de la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios (STC 328/2006) [FJ 13].
No le corresponde a este Tribunal reconstruir de oficio la demanda supliendo las inexistentes razones de las partes, al ser una carga de quien impetra el amparo constitucional no solamente la de abrir la vía para que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse, sino también la de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar y que se integra en el deber de colaborar con la justicia del Tribunal Constitucional (STC 162/2011) [FJ 4 a)].
En general, ff. 4, 8 a 10, VP I
Artículo 282, f. 9, VP I
Artículo 326, f. 4, VP I
Artículo 326 (redactado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), f. 9
Artículo 332, f. 4, VP I
Artículo 334, f. 4, VP I
Artículo 336, f. 4, VP I
Artículo 356 a 362, f. 9
Artículo 363, f. 9, VP I
Artículo 363.1, f. 2, VP I
Artículo 363.2 (redactado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre), ff. 5, 9, VP I
Artículo 852, VP I
Artículo 8.1, f. 12
Artículo 10.1, ff. 6, 8, 12
Artículo 18.1, ff. 1, 6, 7, 10, 12, VP I, VP II
Artículo 18.2, ff. 7, 10
Artículo 18.4, ff. 1, 3, 5, 12, VP I, VP II
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 1, 3, VP I
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), VP I
Artículo 25.1, ff. 1, 13
Artículo 104.1, ff. 8, 12
Artículo 105 b), f. 12
Artículo 117.3, f. 13
Artículo 5.4, VP I
Artículo 11.1, f. 9, VP I
Artículo 11.1 g), f. 9
Artículo 266, f. 13
Artículo 266 in fine, f. 13
Artículo 266.1, f. 13
Artículo 266.4, f. 13
Artículo 351, f. 13
Artículo 568, f. 13
Resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de junio de 2001. Intercambio de resultados de análisis de ADN
En general, ff. 5, 9, VP I
Disposición final primera, apartado 4, VP II
Tratado de Prüm, de 27 de mayo de 2005. Profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal. Ratificado por Instrumento de 18 de julio de 2006 (Schengen III)
Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre. Reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN
Resolución del Consejo de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2009. Intercambio de resultados de análisis de ADN
Auto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 2006 (Van der Velden c. Países Bajos, 29514/05)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de diciembre de 2008 (S. y Marper c. Reino Unido)
§§ 68 a 77, f. 6
§ 100, ff. 6, 8
§ 116, f. 6
§ 119, f. 6
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (Maryland v. King) (569 U.S., 2013)
Contenido del derecho a la protección de datos personalesContenido del derecho a la protección de datos personales, f. 12
Control constitucional de las resoluciones judicialesControl constitucional de las resoluciones judiciales, ff. 7, 11, 13
Derecho a la autodeterminación informativaDerecho a la autodeterminación informativa, f. 12
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, ff. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VP I, VP II
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, Doctrina constitucional, f. 6, VP I
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, Respetado, f. 12
Derecho a la protección de datos personalesDerecho a la protección de datos personales, f. 12, VP I, VP II
Funciones de la policía judicialFunciones de la policía judicial, ff. 9, 10
Jurisdicción constitucional versus jurisdicción penalJurisdicción constitucional versus jurisdicción penal, f. 13
Límites al derecho a la intimidadLímites al derecho a la intimidad, ff. 7 a 10
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, f. 13
Principio de proporcionalidadPrincipio de proporcionalidad, ff. 7, 11
Proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentalesProporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, ff. 7, 11
Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDoctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, f. 6, VP I
Análisis de ADNAnálisis de ADN, ff. 5 a 12, VP I
Ausencia de compulsión en la aportación pruebasAusencia de compulsión en la aportación pruebas, f. 4
Autorización judicialAutorización judicial, f. 10
Cadena de custodia de la pruebaCadena de custodia de la prueba, f .10
Proceso penalProceso penal, ff. 5 a 12, VP I
Prueba biológicaPrueba biológica, ff. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VP I
Prueba ilícitaPrueba ilícita, f. 12
Subsunción de hechos probadosSubsunción de hechos probados, f. 13
Valoración conjunta de la pruebaValoración conjunta de la prueba, f. 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 282

Artículo 326

Artículo 326

Artículo 332

Artículo 334

Artículo 336

Artículo 356

Artículo 363

Artículo 363

Artículo 363

Artículo 852

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 117

Artículo 5

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 266

Artículo 266
in fine

Artículo 266

Artículo 266

Artículo 351

Artículo 568

Resolución 

Resolución