Source: https://tc.vlex.es/vid/2010-342362514
Timestamp: 2019-07-20 01:06:27+00:00

Document:
STC 183/2011, 21 de Noviembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 342362514
STC 183/2011, 21 de Noviembre de 2011
Número de Recurso: 7264-2010
El Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales impugnó el acuerdo del Consejo de Ministerios, en el que se establece el título universitario “graduado o graduada en ingeniería de edificación”, título que habilita el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico. El Tribunal Supremo anuló el acuerdo al considerar que la denominación induce a confusión, al entender que los arquitectos técnicos tienen competencia exclusiva en materia de edificación, en detrimento de otras profesiones. La queja basada en que la Sentencia impugnada carece de la motivación reforzada que resulta constitucionalmente exigible cuando se halla en juego un derecho sustantivo, en este caso la autonomía universitaria (art. 27.10 CE) es rechazada puesto que se advierte que ni los colegios profesionales, ni las corporaciones profesionales del segundo grado, como la recurrente, son titulares de derecho a la autonomía universitaria. Descartando que sea exigible en el presente caso una motivación reforzada; se rechaza también la pretendida incongruencia omisiva que se imputa a la Sentencia impugnada en cuanto a la falta de respuesta expresa sobre el alegato de la corporación recurrente en amparo en relación con la pretendida afectación del derecho a la autonomía universitaria. Por último, se constata que contiene una repuesta razonada y fundada en Derecho a la pretensión deducida por la corporación profesional. Se aprecia justificada la especial trascendencia constitucional por plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales (STC 155/2009), al impugnarse una sentencia anulatoria de disposiciones generales en materia de titulación universitaria, con eventual incidencia en el espacio europeo en materia de educación superior, específicamente en el rubro de títulos académicos.
Sentencia citada en: 229 sentencias, 3 artículos doctrinales
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 2010, el Procurador de los Tribunales don Alberto Hidalgo Martínez, en nombre y representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, interpuso recurso de en amparo contra las resoluciones judiciales referidas en el encabezamiento.
El Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, publicado mediante resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por el que se establecen las condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico. La corporación demandante articulaba en su recurso dos pretensiones: 1) que se declare la nulidad de la denominación “graduado o graduada en ingeniería de edificación” que contiene el apartado segundo del acuerdo impugnado, y 2) que, en consecuencia, se anule idéntica denominación en la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico. Los argumentos que respaldan la pretensión de nulidad son que el acuerdo y la orden en cuestión infringen la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades y de la Ley 12/1986, de 1 de abril, por cuanto la titulación de “ingeniero de edificación” induce a confusión, dado que un arquitecto técnico no es un ingeniero, así como el art. 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de enseñanzas universitarias oficiales, en relación con la normativa de “las profesiones reguladas” y la jurisprudencia que equipara las denominaciones de los títulos a las profesiones reguladas; asimismo se alegaba la infracción del art. 105 a) CE, el art. 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y el art. 2.2 de la Ley 2/1974 de colegios profesionales, por omisión del trámite de audiencia a los colegios de ingenieros industriales.
El recurso contencioso-administrativo fue estimado por la Sentencia de 9 de marzo de 2010 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (recurso ordinario núm. 150-2008). Previa desestimación de la excepción procesal de falta de legitimación activa aducida por la Abogacía del Estado y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el Tribunal Supremo estima la demanda del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, anulando el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por lo que respecta a la denominación de “graduado o graduada en ingeniería de edificación”, anulación que se extiende, “por aplicación del artículo 72.2 de la Ley Jurisdiccional, a la misma denominación de la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico”. La ratio decidendi de la Sentencia se puede resumir de la siguiente forma:
Contra dicha Sentencia la representación procesal del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos formuló incidente de nulidad en el que, tras poner de relieve las irregularidades que considera se han producido durante el proceso, denuncia la vulneración del art. 24.1 CE por defectos de motivación, por decidirse la pretensión suscitada partiendo de premisas erróneas, por incongruencia omisiva y por falta de motivación reforzada, al incidir el thema decidendi en el derecho fundamental a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE).
Mediante Auto de 20 de julio de 2010 el Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad planteado porque “se pretende por una parte suscitar las mismas cuestiones que fueron resueltas por nuestra Sentencia; o bien se refiere a otras que no fueron objeto del debate”, añadiendo que la pretensión de nulidad carece en todo caso de fundamento, pues no existen los supuestos defectos de motivación o la incongruencia en el fallo que se alegan, según afirma el Tribunal Supremo, toda vez que los pronunciamientos de la Sentencia son coherentes con lo solicitado por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales, y tampoco se ha producido ninguna vulneración del derecho fundamental a la autonomía universitaria.
En la demanda de amparo se aduce que la Sentencia impugnada (y el Auto que rechaza el incidente de nulidad promovido contra la misma, porque no reparó las lesiones denunciadas) ha vulnerado el derecho de la corporación recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por diversos motivos que seguidamente se relacionan.
Por motivación irrazonable o quiebra lógica en la motivación de la Sentencia impugnada al resolver las excepciones procesales planteadas en el proceso. La Sentencia rechaza el óbice de falta de legitimación activa del Consejo General de los Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales, al entender que existe una afectación directa de los intereses profesionales de dicho consejo general, para afirmar a continuación, en relación con la infracción procedimental alegada por esta corporación (falta de audiencia en la elaboración de la norma impugnada) que sólo ostenta un interés colateral o indirecto en el asunto. Existe, por tanto, una contradicción intrínseca en la motivación que sustenta una y otra cuestión. Se aduce en la demanda de amparo que esta cuestión es relevante porque, de haber actuado con lógica, el Tribunal Supremo sólo tenía dos opciones: o inadmitir el recurso por falta de legitimación del demandante o anular la disposición impugnada por omisión de un trámite esencial en el procedimiento de elaboración de normas generales, como es el trámite de audiencia.
El razonamiento de la Sentencia impugnada es arbitrario porque parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas, al confundir el Tribunal Supremo el título oficial de “graduado en ingeniería de edificación” (emanado de la Universidad) con la profesión regulada de arquitecto técnico (que sigue subsistiendo y es la que otorga a su titular determinadas atribuciones profesionales). La falta de distinción entre titulación académica (que confiere competencias o capacidades) y profesión regulada (que otorga al ejerciente de la misma concretas atribuciones profesionales) lleva al Tribunal Supremo a una conclusión errónea consistente en apreciar la concurrencia de las dos infracciones denunciadas por la corporación demandante en el proceso a quo y la consiguiente nulidad de la referencia al “grado de ingeniería de edificación”, por vulneración de la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica de Universidades y del Real Decreto 1393/2007. Es obvio, sin embargo —subraya la corporación recurrente en amparo—, que el título de “graduado en ingeniería de edificación” no constituye una profesión regulada sino el título universitario habilitante para el ejercicio de una única profesión regulada que es la de arquitecto técnico, por lo que no se induce a confusión alguna a la ciudadanía con la denominación de “graduado en ingeniería de edificación”. Se trata, por tanto, de una premisa patentemente errónea que lleva a una conclusión irrazonable.
La Sentencia incurre en incongruencia omisiva respecto de alegaciones sustanciales realizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en su calidad de codemandado en el proceso. A su entender, el Tribunal Supremo obvió cualquier consideración sobre una alegación sustancial: que la titulación universitaria no emana ya del Gobierno, sino de las Universidades (con sujeción al control del Consejo de Universidades) en el ejercicio de su autonomía universitaria (art. 27.10 CE), limitándose la función del Gobierno a la verificación de los títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones reguladas, como la de arquitecto técnico. A tal efecto se invocaron en el proceso –y no se tuvieron en cuenta por el Tribunal Supremo– las consideraciones que se contienen en el “Libro Blanco sobre el título de Grado de Ingeniero de Edificación” de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (aportado a las actuaciones), en el que, entre otros extremos, se concluye a favor de la denominación asumida por el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado en el proceso (ingeniero de edificación), por ser más semejante a las titulaciones existentes en los Estados de la Unión Europea pertenecientes al espacio europeo de educación superior con contenidos académicos asimilables y habilitantes de ejercicios profesionales afines.
La Sentencia no satisface la exigencia constitucional de motivación reforzada para las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales, pues, incidiendo directamente el thema decidendi en el derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE), así como en la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas (art. 36 CE), la Sentencia no sólo no hace referencia a esta cuestión, sino que su motivación resulta errónea, al entender que el título de grado en ingeniería de edificación sustituye a la denominación de arquitecto técnico.
Por último, la Sentencia ha infringido el art. 24.1 CE, al extender la declaración de nulidad solicitada por la corporación demandante en el proceso a quo (que sólo impugnó el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007) a la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, sobre cuya validez se ha pronunciado el Tribunal Supremo de forma improcedente. Esta orden no formaba parte del objeto del recurso contencioso-administrativo, por lo cual la extensión del fallo anulatorio a la misma ocasiona indefensión a la recurrente en amparo, ya que la Orden debería haberse impugnado, en su caso, ante la Audiencia Nacional, cuya resolución sería recurrible en casación (art. 86.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, LJCA). Además, se añade, el Tribunal Supremo justifica la extensión de su fallo anulatorio a la referida orden en la aplicación de lo dispuesto en el art. 72.2 LJCA, sin mayores razonamientos, lo que resulta claramente erróneo, pues este precepto se refiere a la extensión de los efectos subjetivos de las sentencias firmes anulatorias de una disposición general (que serán erga omnes desde el día de la publicación del fallo y preceptos anulados en el mismo diario oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada).
Mediante providencia de 11 de abril de 2011 la Sala Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez días remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso ordinario núm. 150-2008, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de la corporación demandante de amparo, ya personada, para que pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso constitucional.
Mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 11 de mayo de 2011 se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones y por personados y partes al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, así como a los Procuradores de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y doña Olga Rodríguez Herranz, en nombre y representación del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, respectivamente; procediendo asimismo, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC, a dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo y las demás partes personadas para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
La representación procesal del Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, recurrente en amparo, presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 14 de junio de 2011, en las que viene a reproducir las formuladas en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este Tribunal el 15 de junio de 2011.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 1 de junio de 2011, interesando el otorgamiento del amparo por las razones que seguidamente se resumen.
La representación procesal del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal con fecha 14 de junio de 2011, interesando la desestimación de la demanda de amparo.
La representación procesal del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal con fecha 14 de junio de 2011, solicitando que se deniegue el amparo.
Por providencia de 17 de noviembre de 2011 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
La corporación profesional recurrente en amparo imputa a la Sentencia impugnada (y el Auto que rechaza el incidente de nulidad promovido contra la misma, porque no reparó las lesiones denunciadas), que anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 en lo que respecta a la denominación de “graduado o graduada en ingeniería de edificación” (apartado segundo, punto 3), y la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico, en lo referido a la misma denominación (apartado 1.1, punto 3, y mención en el apartado 5), la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por los diversos motivos que han sido expuestos en los antecedentes de esta resolución.
Planteado en los términos expuestos el objeto del presente recurso de amparo, antes de abordar el examen de las quejas de la corporación recurrente debemos rechazar la objeción de fondo planteada por la representación procesal del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la pretendida falta de especial trascendencia constitucional.
En la primera queja formulada en la demanda de amparo se alega, conforme quedó expuesto, que se ha producido una motivación irrazonable o una quiebra lógica en la motivación de la Sentencia impugnada al conocer de las excepciones procesales planteadas en el proceso, resultando así vulnerado el derecho de la corporación recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). La Sentencia rechaza el óbice de la falta de legitimación activa del Consejo General de los Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales, aducido por la recurrente en amparo (parte demandada en el proceso a quo) y por la Abogacía del Estado, al entender el Tribunal Supremo que existe una afectación directa de los intereses profesionales del referido consejo general para, a continuación, y en relación a la infracción procedimental alegada por la corporación demandante de amparo (falta de audiencia en la elaboración de la norma) rebajar su grado de interés a un interés colateral o indirecto. Existiría así, a juicio de la demandante de amparo, una contradicción intrínseca en la motivación que sustenta una y otra cuestión, lo que resulta relevante porque, de haber actuado con lógica, el Tribunal Supremo sólo tenía dos opciones: o inadmitir el recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del demandante o anular la disposición impugnada por falta de cumplimiento de un trámite esencial en el procedimiento de elaboración de normas generales, como es el trámite de audiencia.
Las quejas articuladas como segundo, tercero y cuarto motivos de amparo deben ser examinadas conjuntamente, como proponen el Abogado del Estado y —en parte— el Ministerio Fiscal, toda vez que su lectura pone de relieve que se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con fundamentos íntimamente conectados entre sí, ya que se sostiene que la Sentencia impugnada carece de la motivación reforzada que resulta constitucionalmente exigible cuando se halla en juego un derecho sustantivo, en este caso la autonomía universitaria (art. 27.10 CE), que incurre en incongruencia omisiva por no dar respuesta expresa a la alegación referida precisamente a la vulneración del referido derecho, y asimismo que la motivación que se contiene en la Sentencia es insuficiente y a la vez irrazonable y arbitraria, al confundir la denominación del título universitario oficial de “graduado en ingeniería de edificación” con la profesión regulada de arquitecto técnico, confusión que, a juicio de la corporación recurrente en amparo, determina la ratio decidendi de la Sentencia.
Pues bien, desde la indicada perspectiva constitucional cabe recordar que, como hemos señalado en repetidas ocasiones, el derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, pues la exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (art. 1.1 CE) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (art. 117.1 y 3 CE). Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho. Este último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva. Pero la fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (SSTC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 119/2003, de 16 de junio, FJ 3; 196/2003, de 1 de diciembre, FJ 6; y 223/2005, de 12 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas).
Precisamente en este último sentido la corporación profesional recurrente en amparo aduce, conforme ha quedado expuesto, que la Sentencia impugnada no satisface la exigencia constitucional de motivación reforzada cuando la cuestión debatida concierne a un derecho fundamental sustantivo, como es el derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE), pues no contiene ningún razonamiento al respecto, pese a que en el proceso a quo se invocó expresamente por la recurrente en amparo este derecho fundamental para sostener la conformidad a Derecho del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico.
Queda, pues, descartado que sea exigible en el presente caso una motivación reforzada, del mismo modo que debe rechazarse la pretendida incongruencia omisiva que se imputa a la Sentencia impugnada en cuanto a la falta de respuesta expresa sobre el alegato de la corporación recurrente en amparo en relación con la pretendida afectación del derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE). No siendo la recurrente titular del referido derecho, no puede impetrar su tutela en amparo, por lo que no cabe hablar ni de una alegación sustancial referida a un derecho fundamental, que requiere una respuesta expresa (SSTC 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 153/1998, de 13 de julio, FJ 2; 67/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 53/2001, de 26 de febrero, FJ 3; y 27/2002, de 11 de febrero, FJ 3, entre otras), ni de la exigencia de motivación reforzada.
Por lo que se refiere a la apreciación de que la denominación del título universitario de “graduado en ingeniería de edificación” induce a confusión y por ello infringe el apartado 1 de la disposición adicional decimonovena LOU, ya hemos advertido antes que en la Sentencia se confunde el contenido literal de esta disposición con el del punto 1 del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007.
No otra es la apreciación que cabe hacer respecto de la decisión de la Sentencia impugnada de extender la nulidad de la denominación de “graduado en ingeniería de edificación” que se contiene en el punto 3 del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 a la misma denominación contenida en la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, decisión que se fundamenta en la aplicación del art. 72.2 LJCA.
Voto particular que formula el Presidente, don Pascual Sala Sánchez, en relación con la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 21 de noviembre de 2011, recaída en el recurso de amparo 7264-2010.
Acepto el planteamiento y la argumentación contenida en los fundamentos jurídicos 4, 5 y 6 de la Sentencia de la que disiento, pero no la del fundamento jurídico 7 y la conclusión a la que llega respecto de que la Sentencia impugnada en amparo “contiene una fundamentación en Derecho que garantiza que la decisión no es consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulta manifiestamente irrazonable, ni incurre en error patente con relevancia constitucional, y ello al margen del juicio sobre el acierto o desacierto de tal decisión, sobre el que nada le cabe decir al Tribunal Constitucional, pues, como se deriva de nuestra reiterada doctrina sobre el control de la motivación de las resoluciones judiciales, ya citada en el precedente fundamento jurídico 5, determinar si una concreta denominación de un título universitario oficial puede inducir a confusión a terceros sobre sus efectos profesionales es una cuestión de legalidad que corresponde resolver a la jurisdicción ordinaria, sin que el derecho a la tutela judicial efectiva incluya un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales (salvo que se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva, lo que no acontece en el presente caso)”.
Pues bien; después de reflejar la Sentencia de la que disiento, con toda corrección (fundamento jurídico 7, párrafo 3), que “la Sentencia impugnada fundamenta la decisión anulatoria del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 (y, por extensión, de la Orden ECI/3855/2007) en lo que se refiere a la denominación del título universitario de ‘graduado en ingeniería de edificación’, en dos razones complementarias: en primer lugar, en la apreciación de que tal denominación ‘induce a confusión y por ende infringe el apartado 1 de la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001’, pues inclina a pensar que los arquitectos técnicos que han obtenido dicho título ‘tienen en detrimento de otros profesionales una competencia exclusiva en materia de edificación’; y, en segundo lugar, en la apreciación de que también se vulnera el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de enseñanzas universitarias oficiales (que establece, para el caso de títulos habilitantes del ejercicio de profesiones reguladas, que el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios a fin de garantizar que se obtengan las competencias necesarias para ejercer esa profesión), pues no existe la profesión regulada de ingeniero de edificación, sino la profesión regulada de arquitecto técnico, creándose, por tanto, una nueva titulación que no se encuentra recogida en los anexos del citado Real Decreto, y viniéndose así a ‘modificar la denominación de arquitecto técnico’, en el caso de los profesionales que hayan obtenido esa nueva titulación”, llega apodícticamente —dicho sea con todos los respetos— a la conclusión, puesta de relieve en la consideración precedente, de que la Sentencia impugnada en amparo “satisface las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales”, sin reparar en que es la afirmación de esta última Sentencia —la impugnada en amparo— de que la denominación del título universitario de graduado en ingeniería de edificación conduce a confusión porque induce a pensar que los arquitectos técnicos que han obtenido el título de referencia tienen o han adquirido una competencia exclusiva en materia de edificación en detrimento de otros profesionales, la que ofrece una mera afirmación voluntarista y no lógicamente fundada, por cuanto incurre en la confusión —dicho sea también con todos los respetos— de confundir el título universitario oficial de graduado en ingeniería de edificación con la profesión regulada de arquitecto técnico, equívoco determinante del fallo que resulta corroborado por la conclusión complementaria de la Sentencia, según la cual también se vulnera el Real Decreto 1393/2007, sobre ordenación de enseñanzas universitarias oficiales, porque con la creación de esa nueva titulación, que no se encuentra recogida en los anexos del citado Real Decreto, se viene a modificar “la denominación de arquitecto técnico”, en el caso de los profesionales que hayan obtenido dicha titulación.
Por cuanto ha quedado expuesto, procedía otorgar el amparo, toda vez que la ratio decidendi de la Sentencia impugnada se separa apodícticamente del discurso lógico acabado de exponer, resultando por ello vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la corporación profesional recurrente. Deberíamos, en consecuencia, haber anulado las resoluciones judiciales impugnadas, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a dictar sentencia para que el Tribunal Supremo, con plenitud de jurisdicción pero con respeto al derecho fundamental que resultó vulnerado, resolviera de nuevo sobre la pretensión sometida a su conocimiento.
STS, 5 de Julio de 2013 (Títulos universitarios, Derecho fundamental a la automonía universitaria)
SAP Barcelona 505/2008, 23 de Septiembre de 2008
STSJ Castilla-La Mancha , 23 de Septiembre de 2002

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 72
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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