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Timestamp: 2020-02-21 15:08:26+00:00

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ATC 181/2019, 18 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 839520711
ATC 181/2019, 18 de Diciembre de 2019
Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el abogado del Estado, en representación del Gobierno, impugnó, conforme a los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”, y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 7, de esa misma fecha.
Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015 , de 2 de diciembre, respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019 y publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 431, de 4 de octubre de 2019.
I. Drets i llibertats
I.1. Defensa de l’estat de dret i dels drets civils i polítics
I.2. Diàleg amb el Govern de l’Estat
I.3. Resposta de consens davant la sentència del judici al procés
b) Es conjura a liderar una resposta institucional a la sentència basada en el respecte, la garantia i la defensa dels drets fonamentals civils i polítics, de les llibertats i de l’exercici del dret d’autodeterminació i en el respecte de la democràcia, conjuntament amb la resta d’institucions democràtiques de Catalunya.
I.4. Reconeixement i exercici del dret d’autodeterminació i exigència de l’amnistia
El Parlament de Catalunya reconeix que l’exercici del dret d’autodeterminació va necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total i considera que, com a part indestriable del programa orientat al reconeixement i l’exercici del dret col·lectiu del poble a l’autodeterminació, l’amnistia ha d’anul·lar totes les causes judicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret d’auto-determinació fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, anomenada ‘llei mordassa’, la legislació antiterrorista o qualsevol altre dispositiu jurídic. L’amnistia també ha de reconèixer i reparar els danys causats a les persones que hagin estat represaliades en l’exercici de llurs drets i dels drets col·lectius, a llurs famílies i als col·lectius dels quals formen part, i ha d’establir mesures amb relació a tots els responsables de la repressió i la vulneració de drets fonamentals, concretament pel que fa a la vulneració del dret a la llibertat d’expressió i de reunió; la violència exercida contra població civil; la vulneració del dret de representació directa i indirecta; les detencions i els empresonaments il·legals, i, en definitiva, la vulneració del dret de qualsevol ciutadà a viure en pau al seu país.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un acord nacional per l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics, obert a tots els agents polítics, socials i culturals dels països catalans, que tingui com a finalitat agrupar totes les forces partidàries de la democràcia, amb l’objectiu d’assentar els consensos necessaris per a assolir l’amnistia de totes les persones perseguides per l’exercici dels drets polítics, civils i socials, i fixar les vies per a concretar l’exercici del dret d’autodeterminació en el termini més breu possible
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 11 de octubre de 2019. En él se decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, por incumplimiento de la STC 259/2015 , para que se declare la nulidad de esos apartados; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la inmediata suspensión de los apartados controvertidos.
El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno los señalados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, por contravenir la STC 259/2015 .
Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento del presente incidente de ejecución.
La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado primero en el que mencionaba “el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre [...] (y) que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado”. En su apartado segundo declaraba solemnemente el inicio de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante un “proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. En el apartado tercero proclamaba “la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana”. En el sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo como “depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente” y reiteraba “que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular del Tribunal Constitucional”.
Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la “normativa procesal que sirve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia”, remitiendo al efecto al primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016 , de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tiene por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla.
Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014 , de 25 de marzo, FJ 2, y 259/2015 , FJ 2, así como en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 .
Los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 y son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, aunque pudieran entenderse carentes de efectos vinculantes sobre sus destinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la comunidad autónoma), que no es el caso, “lo jurídico no se agota en lo vinculante” (STC 42/2014 , FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 546/XII “pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos”, especialmente el Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma, “de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española” (STC 42/2014 , FJ 2).
En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII tienen en común la afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la voluntad de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 259/2015 . Por ello, los apartados impugnados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter soberano tanto del pueblo de Cataluña, como, especialmente, del Parlamento. Todos los apartados impugnados se estructuran precisamente sobre el alegado derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña que el Parlamento afirma representar, por lo que deben ser anulados en su integridad.
En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional, los apartados impugnados de la resolución 546/XII contienen la decisión de adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata pues de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se dictan en desarrollo de la resolución 1/XI, declarada nula por la STC 259/2015 , y precisamente para cumplir sus objetivos.
Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y desatienden los requerimientos contenidos en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 . Lejos de cumplir con lo acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de Cataluña ha desatendido las advertencias contenidas en dichas resoluciones, avanzando y dando cumplimiento al proceso secesionista declarado inconstitucional. El contenido de los apartados impugnados incide, una vez más, en una materia reservada al procedimiento de reforma constitucional.
En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat a que lo haga efectivo, de modo que coadyuvan al inconstitucional propósito de la anulada resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 .
Toda la resolución 546/XII está estructurada en torno al derecho de autodeterminación y a la voluntad del Parlamento de Cataluña de ejercitar esa autodeterminación con proyecciones en los más diversos ámbitos. El Parlamento de Cataluña vuelve a proclamar insistentemente el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía el pueblo de Cataluña en términos semejantes o idénticos a los utilizados en la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 y en la moción 5/XII, anulada parcialmente por la STC 136/2018 . Vulneran así los apartados impugnados de la resolución 546/XII los pronunciamientos contenidos en esas sentencias, en las que se advirtió que la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, por lo que la identificación de Cataluña como un sujeto dotado de la condición de soberano resulta contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE. Los apartados de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña objeto del presente incidente de ejecución, al atribuir el carácter de poder soberano al pueblo de Cataluña, en contra de lo afirmado por la STC 259/2015 , vuelven a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española titular de esa soberanía.
Además, en patente contravención de lo resuelto en la STC 259/2015 , en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña proclama que “Cataluña pertenece a una realidad nacional más amplia, la de los países catalanes”, para los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiempo que insiste en afirmar que “Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017”, el cual considera “legítimo y legal”, a pesar de lo declarado por el Tribunal Constitucional. En fin, el Parlamento de Cataluña reclama una amnistía total para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, declaración que se vincula a la defensa que hace la cámara de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 .
Cabe destacar asimismo la contravención que se produce de lo resuelto en la STC 259/2015 cuando la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña hace un llamamiento a la desobediencia civil e institucional frente a lo que denomina “imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo”, lo que supone eludir el deber de sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).
A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la obligación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que dieron lugar a la resolución 546/XII, en los apartados que son objeto del presente incidente de ejecución, puesto que esas propuestas suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Cita aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual la facultad de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean “palmarias y evidentes” se torna en una obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018 , de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019 , de 15 de julio, FJ 6).
Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 .
Los apartados impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fundamento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII se ha adoptado en la actual legislatura, cuando el Parlamento de Cataluña ya era conocedor de la STC 136/2018 , que anuló parcialmente la moción 5/XII, al advertir que incurría en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por la STC 259/2015 . Ese incumplimiento se ha vuelto a producir, en primer lugar, en la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de las propuestas de resolución; luego, por la decisión del presidente de someterlas a votación por el pleno y finalmente por el propio pleno del Parlamento, al aprobar en su sesión de 25 de septiembre de 2019 la resolución 546/XII.
Por providencia de 16 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por recibido el escrito presentado el 14 de octubre de 2019 por el abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en relación con los I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la “orientación política general del Gobierno”, adoptada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención de la STC 259/2015 , que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña.
Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 .
El día 5 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el escrito de alegaciones de la letrada del Parlamento de Cataluña, actuando en representación y defensa de la cámara.
Sostiene en primer lugar la inadecuación de procedimiento seguido por el Gobierno de la Nación, pues el incidente de ejecución promovido contra la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña encubre, “con fraude procesal”, una acción impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del título V LOTC (arts. 76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados primero a quinto de la moción 5/XII (STC 136/2018 ), pues el fallo de la STC 259/2015 se circunscribe a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de una resolución parlamentaria, no siendo posible la ejecución de sentencia en caso de sentencias meramente declarativas, pues en ellas nada hay que ejecutar; además, la resolución 546/XII no reúne las condiciones idóneas para considerar que sea un acto de desarrollo o ejecución de la anulada resolución 1/XI. A lo anterior se añade que el Gobierno invoca el art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución impugnada, pero este precepto no consiente interpretaciones extensivas: su invocación sería coherente en el marco procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el trámite de ejecución de sentencia (art. 92 LOTC), para el que la ley no prevé ningún mecanismo de suspensión automática. Se vulneran así los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Aduce asimismo que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no contraviene la STC 259/2015 y tampoco los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 . Los apartados e incisos de la resolución 546/XII que se atacan no constituirían desde una perspectiva formal ningún desarrollo o continuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se habrían aprobado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior de la cámara, y además en una legislatura distinta. Para apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que se trata de un caso claro y evidente de que la nueva resolución se ha dictado precisamente para eludir los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que no sucede en el presente caso, según la letrada del Parlamento de Cataluña.
En cuanto al contenido propiamente dicho de los apartados e incisos de la resolución 546/XII atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfibológico del “derecho de autodeterminación”: puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional (lo que no plantearía problemas de constitucionalidad) y también en clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho a acceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. Pero aunque se entendiera en este último sentido tampoco se derivaría de ello ninguna inconstitucionalidad, pues la resolución 546/XII se limita a afirmar este derecho sin decir en ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había reivindicado el derecho de autodeterminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, sin que esas resoluciones y mociones parlamentarias fueran impugnadas por el Gobierno. Por lo demás, la resolución 546/XII no diseña un proceso de ejercicio de ese derecho, como hiciera la resolución 1/XI, sino que se limita a afirmar la voluntad del Parlamento de Cataluña a ejercer el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, sin concretar mediante qué actos se debe ejercer y cómo; además, se alude al “diálogo con el Gobierno del Estado” (apartado I.2, 20). No se excluye que el derecho de autodeterminación pueda ejercerse a través de una reforma constitucional.
Por lo que se refiere al inciso de la resolución 546/XII (apartado I.4, 31) en el que el Parlamento de Cataluña “se reafirma, de acuerdo con la resolución 1/XI de 2016 y con el apartado I.2.6 de la resolución 534/XII de 2019, en su carácter plenamente soberano”, reconoce la letrada del Parlamento de Cataluña que existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI, pues la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la plena soberanía de la cámara. Sostiene que ello no es suficiente para considerar que la resolución 546/XII constituya un incumplimiento de la STC 259/2015 . No lo sería porque no presenta las características de la resolución 1/XI y por diferir el contexto legislativo en que se aprobaron una y otra resolución.
Sostiene, por último, que el incidente de ejecución provoca efectos restrictivos sobre el derecho de iniciativa legislativa de los diputados, que forma parte de su ius in officium , garantizado por el art. 23 CE. Entre esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas por la cámara sin restricciones injustificadas.
Por todo ello, la letrada del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 546/XII no contraviene la STC 259/2015 , sin que en consecuencia resulten procedentes los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado. Mediante otrosí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la resolución 546/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 12 de noviembre de 2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.
Entiende asimismo que la mesa del Parlamento de Cataluña y su presidente, al admitir a trámite las propuestas de resolución que dieron origen a la resolución impugnada y permitir su votación por el pleno, han faltado a su obligación de rechazar las iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y art. 87.1 LOTC), conforme a la doctrina constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018 , de 26 de abril ambas, y 96/2019 , de 15 de julio).
Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el contenido de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII contravienen los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , por cuanto insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de validez (como ya hicieran las anuladas resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI) el derecho de autodeterminación, no subordinado a la Constitución; afirma la soberanía del pueblo de Cataluña y del Parlamento de Cataluña, con expresa mención de la resolución 1/XI, que proclamaba el inicio del “proceso constituyente” en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán en forma de república.
Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , con cita del ATC 123/2017 , FJ 4, en relación con el contenido de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI, señala el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña suponen un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los autos dictados en ejecución de esta.
La resolución 546/XII reclama el derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del “pueblo de Cataluña”, lo que supone afirmar la soberanía de este y negar por tanto que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, en frontal contradicción con lo declarado en la STC 259/2015 , FJ 3. A su vez el Parlamento de Cataluña se proclama como un poder legislativo soberano sin sujeción a límite alguno. De este modo se reitera la resolución 1/XI en la que el Parlamento de Cataluña se declaraba “como depositario de la soberanía y como expresión de un poder constituyente” (apartado sexto de la resolución 1/XI) y se contraviene la STC 259/2015 , FFJJ 3 y 6, al atribuirse esa cámara una soberanía contraria a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/XII (apartados I.2 y I.4,30) su voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación del que sería titular el pueblo catalán, se está reproduciendo parte de la resolución 306/XI sobre el “derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación” (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 306/XI), cuyo ejercicio se proclama incluso “en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español” (capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que fue declarada nula por ATC 24/2017 , y reitera el mandato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: “el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español”, lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017 , FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los “pueblos de España” existe un “derecho de autodeterminación”, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Conlleva asimismo desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un estado catalán independiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/XI. Supone también negar una vez más que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE).
En suma, la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña no hace sino reincidir en la reivindicación de un pretendido derecho de autodeterminación, ajeno al ordenamiento constitucional, como ya ha declarado este Tribunal. Los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII reiteran y dan cabida de nuevo a acuerdos de las resoluciones 1/XI y 306/XI ya declarados inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional, de manera que la cámara insiste en proclamar su voluntad de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar a cabo su proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república, a través de un “proceso constituyente” cuyas fases describió la resolución 263/XI, mediante el ejercicio del llamado “derecho de autodeterminación”, no reconocido constitucionalmente.
Asimismo, en la resolución 546/XII (apartado I.4, 32 y 35) el Parlamento de Cataluña reclama una amnistía total para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación. Además de ignorar el Estado de Derecho que proclama el art. 1 CE, estas declaraciones se vinculan a la defensa que hace la cámara del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y, por ello, nuevamente ignora los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto en la STC 259/2015 .
Además, en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña declara la pertenencia de Cataluña “a una realidad nacional más amplia, la de los Países Catalanes”, para los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación (apartado I.4, 33), y reclama la puesta a disposición por las instituciones públicas catalanas de las herramientas necesarias para su realización (apartado I.4, 28). Ambos pronunciamientos suponen la inadmisible pretensión de la cámara autonómica de arrogarse atribuciones inherentes a la soberanía de la que carece, como ya fue advertido en la STC 259/2015 y previamente en la STC 42/2014 .
En fin, el llamamiento que hace la resolución 546/XII a la desobediencia civil e institucional frente a lo que denomina “imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo” (apartado I.4, 31) supone reclamar unas vías de hecho al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, al tiempo que no hace sino reiterar, con otros términos lo declarado en el apartado sexto de la anulada resolución I/XI, conforme al cual “el Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras sentencias”.
En consecuencia, por todo lo expuesto, concluye el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña incumplen de modo manifiesto lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , lo que ha de conducir a la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.
Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, representados por el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 546/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015 ; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis, tras afirmar su legitimación para ser parte en el incidente de ejecución: (i) que la impugnación por el Gobierno de la resolución 546/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (ii) que en el incidente de ejecución no es de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de octubre de 2019 carece de sustento normativo y de motivación; (iii) la resolución 546/XII no es susceptible de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 259/2015 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto y en consecuencia es inadmisible; (iv) el apartado quinto de la providencia de 16 de octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobierno en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (iv) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (v) la providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (vi) la providencia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 546/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 , vulnera la autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (vii) la providencia vulnera el derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados cuarto y quinto, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 546/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015 ; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de Cataluña, invocando el ATC 6/2018 , de 30 de enero, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, coincidentes por completo con los expresados en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al grupo parlamentario Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y defensa.
Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 16 de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2019.
La representación procesal de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que interpusieron contra la providencia de 16 de octubre de 2019 y que fue inadmitido por auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento inmediato de la suspensión de la resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de octubre de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente se desestime, el incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otrosí, con invocación del art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, solicitan que se acuerde la celebración de vista oral sobre la eventual imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso de nuevos apercibimientos de eventuales responsabilidades penales, en la resolución del presente incidente de ejecución.
El precedente invocado por los diputados para solicitar su personación, esto es, el ATC 5/2018 , de 27 de enero, no modifica la anterior conclusión. Ese auto se dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) cuyo objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura. El Tribunal Constitucional entendió que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.
Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que solicita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 259/2015 , respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña.
El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sostiene que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en juicio (art. 13 LEC, supletoriamente aplicable en virtud del art. 80 LOTC), como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 5/2018 , de 27 de enero, FJ 2 in fine , se desprende la procedencia de la intervención en el presente incidente de ejecución de sentencia de los diputados que han solicitado personarse, a título particular, y los efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Máxime cuando han alegado una eventual afectación del ejercicio de las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE.
Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente de ejecución de la STC 259/2015 , de 2 de diciembre, dictada en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su anexo. El incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, “sobre la orientación política general del Gobierno”.
I. Derechos y libertades
I.1. Defensa del estado de derecho y de los derechos civiles y políticos
I.2. Diálogo con el Gobierno del Estado
I.3. Respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al proceso
b) Se conjura a liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, la garantía y la defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de las libertades y del ejercicio del derecho de autodeterminación y en el respeto de la democracia, conjuntamente con el resto de instituciones democráticas de Cataluña.
I.4. Reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación y exigencia de la amnistía
El Parlamento de Cataluña reconoce que el ejercicio del derecho de autodeterminación va necesariamente ligado a la defensa y la exigencia de una amnistía total y considera que, como parte inseparable del programa orientado al reconocimiento y al ejercicio del derecho colectivo del pueblo a la autodeterminación, la amnistía debe anular todas las causas judiciales impulsadas contra personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, sociales o civiles, desde el derecho de autodeterminación hasta el derecho de huelga , en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos, como la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, la legislación antiterrorista o cualquier otro dispositivo jurídico [...]
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos, abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países Catalanes, que tenga como finalidad agrupar todas las fuerzas partidarias de la democracia, con el objetivo de asentar los consensos necesarios para lograr la amnistía de todas las personas perseguidas por el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales, y fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo más breve posible
El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 546/XII constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los apartados impugnados de la resolución 546/XII reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 , de 2 de diciembre, y desatienden los requerimientos contenidos en los AATC 141/2016 , de 19 de julio, 170/2016 , de 6 de octubre, y 24/2017 , de 14 de febrero, dictados en sucesivos incidentes de ejecución de la referida sentencia. Por ello interesa que declaremos la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, en los referidos incisos.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general, así como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, y también la de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 , apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.
La letrada del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la desestimación del incidente de ejecución, por inadecuación del procedimiento y caducidad de la instancia y porque la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturaleza política que carecería de efectos vinculantes, por lo que no sería un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Sostiene asimismo que la resolución 546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarrollo o continuación de la resolución 1/XI, anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por tanto, los apartados de la resolución 546/XII que se atacan no contravienen la STC 259/2015 ni los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 . En consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.
Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuenta que contra la providencia de 16 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener por formulado incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.
Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 259/2015 , carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 546/XII, aprobada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019.
En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también. Mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018 , lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución es si los pronunciamientos de la STC 259/2015 han sido desconocidos o menoscabados por un acto parlamentario: la resolución 546/XII, ya debatida y votada por los diputados del Parlamento de Cataluña. Se trata pues de un incidente de ejecución promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado en plenitud sus derechos de participación política.
La presente resolución tiene por objeto determinar si lo resuelto en la STC 259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña), así como en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 (que estimaron sucesivos incidentes de ejecución de dicha sentencia promovidos respecto de la resolución 5/XI, la resolución 263/XI y determinados apartados de la resolución 306/XI, respectivamente), ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al aprobar la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, en los concretos apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes reproducidos.
Sostiene en primer lugar la letrada del Parlamento de Cataluña la inadecuación del procedimiento, en tanto que la representación de los dos miembros de la mesa personados aduce que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque ha sido presentado fuera de plazo. Ambas alegaciones parten de presumir que el Gobierno de la Nación ha actuado “con fraude procesal”, o con “abuso procesal”, pues habría elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución (art. 92 LOTC), en lugar de la vía impugnatoria del título V LOTC, para conseguir los efectos especialmente restrictivos que sobre la actuación de la cámara tiene la presentación de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
Que ello sea así lo niegan también la letrada del Parlamento de Cataluña y la representación de los dos miembros de la mesa personados en el incidente, pero se trata de una objeción que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este Tribunal ha venido sentando en supuestos similares. En particular debe recordarse que en la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, FJ 4, hemos advertido que el cauce procesal del título V LOTC queda reservado “a las infracciones objetivamente verificables de la Constitución”, mientras que el incumplimiento de las sentencias y demás resoluciones del Tribunal Constitucional debe articularse, “por su matiz subjetivo”, por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. La “existencia de ‘incumplimiento’ de lo previamente resuelto por el Tribunal exige indagar en la voluntad del poder público autor de la resolución impugnada”, en este caso el Parlamento de Cataluña. La idoneidad de la resolución 546/XII como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC está pues fuera de toda duda.
No empece a esta conclusión el alegato según el cual la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución parlamentaria sería procedente en el marco procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE en los incidentes de ejecución ha sido admitida ya por este Tribunal en anteriores resoluciones (providencia de 1 de agosto de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 170/2016 ; providencia de 13 de diciembre de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 24/2017 ; providencia de 31 de octubre de 2017, en el incidente de ejecución de la STC 114/2017 resuelto por ATC 144/2017 ). No advertimos razones para modificar este criterio en el presente caso, lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 16 de octubre de 2019, como quedó indicado en el antecedente 4 de este auto.
Que la vía del incidente de ejecución sea adecuada para atacar la resolución 546/XII (en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4), por incumplimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , excluye asimismo que concurra la caducidad de la instancia que apunta la letrada del Parlamento de Cataluña. No habiendo fijado el art. 92 LOTC un plazo determinado para que las partes puedan promover el incidente de ejecución de sentencias y resoluciones de este Tribunal, sin que la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de aplicación supletoria en esta materia (art. 80 LOTC), contenga tampoco indicaciones esclarecedoras a este respecto, debemos descartar que el presente incidente de ejecución haya sido interpuesto extemporáneamente.
Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por no haber sido consultado previamente el Consejo de Estado. El art. 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición del recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que se interpongan ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su propia Ley Orgánica [por todas, SSTC 192/2000 , de 13 de julio, FJ 3; 148/2012 , de 5 de julio, FJ 2 a); 62/2017 , de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018 , de 22 de febrero, FJ 3]. En definitiva, la consulta al Consejo de Estado prevista en la Ley Orgánica de ese órgano consultivo no afecta a la interposición de los recursos constitucionales desde el punto de vista de su admisibilidad procesal, por lo que debe desestimarse el óbice aducido por la representación de los dos miembros del Parlamento de Cataluña personados en el incidente.
Tanto el abogado del Estado como el ministerio fiscal consideran que los concretos incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña a los que se refiere este incidente de ejecución contravienen lo resuelto en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 . En esos apartados de la resolución 546/XII, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación, al tiempo que vuelve a proclamarse, reiterando la anulada resolución 1/XI, en su carácter de parlamento “plenamente soberano”. Además, proclama la pertenencia de Cataluña “a una realidad nacional más amplia, la de los países catalanes”, para los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiempo que insiste en afirmar que “Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017”, el cual considera “legítimo y legal”, pese a los pronunciamientos al respecto del Tribunal Constitucional. Reclama asimismo “una amnistía total” para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, declaración que se vincula a la defensa que hace el Parlamento de Cataluña de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 .
Se trata pues, una vez más, de la manifestación de la voluntad del Parlamento de Cataluña de proseguir el proceso secesionista para la constitución de un república independiente, que ha sido adoptada por la cámara autonómica desatendiendo los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 (así como en otras resoluciones de este Tribunal, en particular la STC 136/2018 ). Todo ello —concluyen— debe conducir a que este Tribunal declare la nulidad de los apartados impugnados de la resolución 546/XII.
A esta pretensión se opone la letrada del Parlamento de Cataluña, por entender que la resolución 546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarrollo o continuación de la anulada resolución 1/XI ni contraviene lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 .
No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más a un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder público, de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 , reiterados en los posteriores AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , en relación con las resoluciones del Parlamento de Cataluña 5/XI, 263/XI y 306/XI, respectivamente, así como en los AATC 123/2017 y 124/2017 , de 19 de septiembre ambos. En estos autos se constató que “el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal […] De esta suerte la Cámara autonómica apela, de nuevo, a un entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitución, que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 ” (AATC 123/2017 , FJ 8, y 124/2017 , FJ 8).
Por otra parte, como señala el abogado del Estado, el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución 546/XII en su sesión de 26 de septiembre de 2019, esto es, cuando ya se había dictado, en la nueva legislatura, la STC 136/2018 , que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII, de 5 de julio de 2018, que reiteraban los objetivos de la anulada resolución 1/XI.
Así pues, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, AATC 107/2009 , FJ 4, y 24/2017 , FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el contenido de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 con los incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña a los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esa resolución parlamentaria, en los incisos controvertidos, incurre en alguna de las dos situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener un pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella sentencia y aquellos autos o suponer un intento de menoscabar la eficacia —jurídica o material— de lo que allí se resolvió por este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004 , de 21 de septiembre, FJ 4, y 302/2005 , de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006 , de 17 de julio, FJ 4; 120/2010 , de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016 , FJ 2; 170/2016 , FJ 3, y 24/2017 , FJ 4, por todos).
En caso de constatarse que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña contradice los pronunciamientos de la STC 259/2015 (y de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , en su caso), o que supone un intento de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquella resolución parlamentaria, en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4. Habremos también de examinar entonces si procede o no aplicar las medidas de ejecución que solicitan el abogado del Estado y el ministerio fiscal, debiendo recordarse una vez más que “el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015 , FJ 3, y 141/2016 , FJ 7)” (AATC 170/2016 , FJ 8, y 24/2017 , FJ 4).
Se recordó entonces que en la STC 259/2015 , FJ 5, este Tribunal declaró que “la resolución 1/XI pretende, en suma, fundamentarse en un principio de legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara”. Esto contraviene frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía incondicional de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), pues “sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución”.
En el mismo sentido este Tribunal ha recordado que “nada impide que el Parlamento de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética reforma de la Constitución (arts. 87.2 y 166 CE), […] pues es inherente a todo sistema democrático parlamentario la posibilidad de someter a la discusión política cualquier cuestión de interés general” (ATC 141/2016 , FJ 5). No obstante también ha advertido que no cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma deliberada los procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, pues “la autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede servir de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad’ (STC 259/2015 , FJ 7)”, pues “el deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos ‘constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada’ (STC 247/2007 , de 12 diciembre, FJ 4)” (AATC 189/2015 , FJ 3, y 141/2016 , FJ 5).
La resolución 546/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), en el ejercicio de una función estatutariamente conferida (art. 55.2 EAC) y a través del procedimiento parlamentario reglamentariamente establecido al efecto (art. 154 y ss. del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Se trata, por lo tanto, de un acto parlamentario que, sin perjuicio de su veste política, tiene también una indudable naturaleza jurídica; pone fin, asimismo, a un procedimiento parlamentario, pues constituye una manifestación acabada de la voluntad de la cámara de dar continuidad al proceso secesionista.
La resolución 546/XII, en los apartados e incisos a los que se contrae el presente incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues parte del reconocimiento en favor del Parlamento y del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución (SSTC 42/2014 , FJ 2, y 259/2015 , FJ 2). Reitera la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 , e insiste en su propósito de ejercer el llamado “derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña”, en absoluta contradicción con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como este Tribunal ya declaró en la citada STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 170/2016 , FJ 6, y 24/2017 , FJ 7, así como en la STC 136/2018 , FJ 7.
En efecto, en los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, el Parlamento de Cataluña “defiende la necesidad de garantizar en Cataluña … el derecho a la autodeterminación” (apartado I.1, 17) y “reitera el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerlo con plenitud” (apartado I.2, 20), por lo que “se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña” (apartado I.3, 23), al tiempo que afirma que “Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017”, que califica como “referéndum legítimo y legal” (apartado I.3, 29).
El Parlamento de Cataluña “se reafirma, de acuerdo con la resolución 1/XI de 2015 y con el apartado I.2.6 de la resolución 534/XII de 2019, en su carácter plenamente soberano”, al tiempo que “rechaza las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y, consiguientemente, afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados” (apartado I.4, 31). En conexión con ello, advierte que, en caso de que el Tribunal Supremo dicte sentencia condenatoria (en la causa especial núm. 20907-2017, se entiende), “se conjura a liderar una respuesta institucional a la sentencia”, en defensa, entre otros extremos, “del ejercicio del derecho de autodeterminación” (apartado I.3, 26).
Asimismo, declara la cámara autonómica la pertenencia de Cataluña “a una realidad nacional más amplia, la de los Países Catalanes”, para los que también reclama la soberanía y el derecho de autodeterminación (apartado I.4,28 y 33), al tiempo que reivindica una “amnistía total” para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación (apartado I.4,32), instando al Gobierno de la Generalitat “a impulsar un acuerdo nacional […] abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países Catalanes, […] para lograr la amnistía de todas las personas perseguidas por el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales, y fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo más breve posible” (apartado I.4,35). En fin, tras referirse de nuevo a este pretendido derecho, el Parlamento de Cataluña se refiere a las “alianzas internacionales que el pueblo de Cataluña pueda establecer” y a la conveniencia de decidir sobre su “pertenencia o no a las diferentes organizaciones internacionales, empezando por España” (apartado I.4, 34).
Así pues, en frontal contradicción con lo resuelto por la STC 259/2015 , el Parlamento de Cataluña reitera la anulada resolución 1/XI e insiste en proclamarse como parlamento “plenamente soberano”. Partiendo de esa premisa, “reafirma” y “ratifica” su “compromiso” ante el “pueblo de Cataluña” de ejercer “el derecho a la autodeterminación”, como instrumento para alcanzar la independencia de Cataluña, al tiempo que afirma la pertenencia de Cataluña “a una realidad nacional más amplia, la de los Países Catalanes”, a los que también extiende la reclamación de ese pretendido derecho de autodeterminación. Como se ha declarado en las SSTC 42/2014 , FJ 3; 259/2015 , FFJJ 4 a 7; 114/2017 , FJ 5, y 136/2018 , FJ 7, para alusiones semejantes en las resoluciones parlamentarias allí enjuiciadas, la afirmación por un poder público de la condición de soberano del “pueblo” de una comunidad autónoma supone la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español, por lo que no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo.
Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/XII su voluntad de ejercer con plenitud el derecho inalienable a la autodeterminación, del que sería titular el pueblo catalán, está reiterando en parte la resolución 306/XI sobre el “derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación” (capítulo 1.1.1, punto 1), cuyo ejercicio se proclamaba incluso “en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español” (capítulo 1.1.1, punto 5), que fue declarada nula por ATC 24/2017 . Asimismo reitera el mandato de la resolución 1/XI (apartado séptimo) que proclamaba que “el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español”, lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017 , FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los “pueblos de España” existe un “derecho de autodeterminación”, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). La llamada a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional ya se contenía también en la anulada resolución 1/XI (apartado sexto), lo que igualmente fue objeto de reproche expreso por la STC 259/2015 , FJ 5.
Asimismo, la afirmación en la resolución 546/XII de que “Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017”, calificado de “legítimo y legal” no solo contraviene la STC 259/2015 , sino también lo resuelto por las SSTC 31/2015 y 32/2015 , de 25 de febrero, y la STC 90/2017 , de 5 de julio, así como, más concretamente, por la STC 114/2017 , que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, denominada “del referéndum de autodeterminación” (y también por las SSTC 120/2017 , 121/2017 , y 122/2017 , todas ellas de 31 de octubre, que se remiten a lo razonado en la citada STC 114/2017 ).
En fin, al igual que sucedía con la resolución 1/XI, el contenido de los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII “incide directamente sobre cuestiones reservadas en su tratamiento institucional al procedimiento de reforma constitucional del artículo 168 CE” (STC 259/2015 , FJ 7).
Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad posible al margen de la legalidad, pues “la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico” (STC 259/2015 , FJ 5). Es así porque un poder político que se sitúa “al margen del derecho” pone “en riesgo máximo, para todos los ciudadanos… la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto. Los deja así a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno […] Un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento” [STC 114/2017 , FJ 5 d)].
En particular, por lo que se refiere a la proclamación del “derecho a la autodeterminación” como “derecho inalienable del pueblo de Cataluña” que el Parlamento se compromete a defender y a “ejercerlo en plenitud”, ha de recordarse que, como ya se dijo en la STC 114/2017 , FJ 2 b), “para ninguno de los ‘pueblos de España’, por servirnos de las palabras del preámbulo de la Constitución, existe un “derecho de autodeterminación’, entendido […] como ‘derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Tal ‘derecho’, con toda evidencia, ‘no está reconocido en la Constitución’ [STC 42/2014 , FJ 3 b), y ATC 122/2015 , de 7 de julio, FJ 5]”.
Tampoco cabe aducir que ese supuesto “derecho a la autodeterminación” forme parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de tratados internacionales de los que España sea parte (art. 96 CE), pues tal aserto incurriría “en el contrasentido lógico de pretender que el acto de soberanía del Estado al contraer tales supuestos compromisos hubiera entrañado la paradójica renuncia a esa misma soberanía; la supremacía incondicionada de la Constitución conllevaría la invalidez e inaplicabilidad de esos hipotéticos compromisos [arts. 95 CE y 27.2 c) LOTC; DDTC 1/1992 , de 1 de julio, FFJJ 1 y 4, y 1/2004 , de 13 de diciembre, FJ 2; SSTC 100/2012 , de 8 de mayo, FJ 7; 26/2014 , de 13 de febrero, FJ 3, y 215/2014 , de 18 de diciembre, FJ 3 a)]” [STC 114/2017 , FJ 2 b)].
Es cierto que tanto en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, que cita expresamente la resolución 546/XII (apartado I.4, 28), como en el de derechos económicos y sociales, de igual fecha, de los que España es parte, se proclama, que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación” (art. 1.1 de uno y otro tratado). Pero no lo es menos que diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas, en cuyo ámbito se suscribieron aquellos pactos, han acotado ese derecho, entendido como pretensión de acceso unilateral a la independencia, a los casos de “sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”, como se advierte en la resolución sobre la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación (A/RES/68/153), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013. Fuera de esos casos “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, como se afirma en los números 1 y 6 de la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales, aprobada por resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.
Por todo ello, atendidos los pronunciamientos de la STC 259/2015 , así como de los AATC 141/2016 , 170/2016 y 24/2017 , no puede sino concluirse que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y estatutario, al aprobar su resolución 546/XII, en los apartados e incisos impugnados. Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, a la vista de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016 , 170/2016 , 24/2017 , 123/2017 y 124/2017 , así como en las SSTC 114/2017 y 136/2018 , entre otras, pronunciamientos todos ellos que la cámara autonómica conocía antes de proceder a debatir y votar en el pleno del 26 de septiembre de 2019 la aprobación de esas concretas propuestas finalmente incorporadas a los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, en los incisos de los mismos que son objeto del presente incidente de ejecución. Esos apartados e incisos desacatan y contradicen frontalmente lo decidido por este Tribunal en dichas sentencias, así como en los autos dictados en sucesivos incidentes de ejecución.
Al aprobar la resolución 546/XII, en los apartados e incisos que son objeto del incidente de ejecución, el Parlamento de Cataluña desatiende los reiterados pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo “cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. […] Se ha situado por completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 103/2008 , FJ 4, y 259/2015 , FJ 7, así como ATC 24/2017 , FJ 9)” (STC 114/2017 , FJ 5, y ATC 144/2017 , FJ 5).
Confirma así la cámara autonómica su antijurídica voluntad de dar continuidad al proceso secesionista en Cataluña, al margen del ordenamiento constitucional y sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular de este Tribunal Constitucional. La resolución 546/XII, en los apartados e incisos impugnados, al insistir el Parlamento de Cataluña en proclamarse como “soberano” y en ejercitar el “derecho a la autodeterminación”, plasma la voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de secesión del Estado español y creación de un Estado catalán independiente en forma de república. Esto supone “intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica” (SSTC 103/2008 , FJ 4, y 259/2015 , FJ 7). Asimismo contraviene y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y los AATC 141/2016 , 170/2016 , 24/2017 , 123/2017 , y 124/2017 , así como en otras resoluciones de este Tribunal, como ya ha quedado razonado.
Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) promovido por el Gobierno contra la resolución 546/XII, en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4, cuya apariencia de juridicidad —por provenir de un poder público sin duda legítimo en origen— debe ser cancelada mediante la declaración de nulidad que aquí se decide.
La garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2019, en los apartados e incisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, exige que este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015 , FJ 4; AATC 189/2015 , FJ 3; 141/2016 , FJ 7; 170/2016 , FJ 9; 24/2017 , FJ 12; 123/2017 , FJ 11, y 124/2017 , FJ 9).
Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en los apartados cuarto y quinto de la providencia de 16 de octubre de 2016, en modo alguno atentan contra la autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del Parlamento de Cataluña. Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones precedentes, la admonición a la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de este Tribunal “no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)” (AATC 24/2017 , FJ 9, y 123/2017 , FJ 8). Resulta, por tanto, que las admoniciones que se contienen en la providencia de 16 de octubre de 2016 y en el presente auto no solo no carecen de respaldo legal, sino que son la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos. Por ello, tales advertencias, como expresamente ha señalado este Tribunal, “no son contrarias a la autonomía de la cámara, por lo que no puede considerarse que conlleven una usurpación de las atribuciones de los órganos competentes, ni que sean contrarias al principio de separación de poderes ni tampoco que las mismas atenten a la inviolabilidad de los parlamentarios, pues a través de ellas sólo se garantiza el cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser cumplidas también por las cámaras legislativas” (ATC 6/2018 , de 30 de enero, FJ 6).
Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en representación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2019, “sobre la orientación política general del Gobierno”, que quedan indicados en el antecedente 2 y en el fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:
Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019.
Notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 546/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
SAP Murcia 82/2009, 4 de Febrero de 2009
STS, 26 de Febrero de 1993

References: Resolución 
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