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Timestamp: 2019-08-24 23:09:59+00:00

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﻿ SENTENCIA 4108 DE JULIO 19 DE 2007
SENTENCIA 4108 DE 19 DE JULIO DE 2007
CONTENIDO:VICIOS DE ELECCIÓN DEBEN DEMOSTRARSE. EL JUEZ NO ES INVESTIGADOR DE OFICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, TRÁMITE DE LA NULIDAD DE ELECCIÓN, FACULTADES DEL JUEZ, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 4108 de julio 19 de 2007
Radicación numero: 11001-03-28-000-2006-00166-00 (4108)
Actor: Francisco César Palacios Córdoba
Demandado: Representante de los estudiantes ante el consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Procede la Sala a decidir el proceso de la referencia, promovido mediante demanda dirigida contra el acto por el cual se declaró la elección del señor Zico Alberto Ortiz Rodríguez como representante de los estudiantes ante el consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.
El Señor Francisco César Palacios Córdoba, mediante apoderada y en ejercicio de la acción pública de nulidad de carácter electoral, presentó demanda en el Tribunal Administrativo del Chocó para solicitar la nulidad de lo siguiente: i) Del artículo quinto del Acuerdo 10 del 14 de octubre de 2005, por el cual el consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” declaró elegido al señor Zico Alberto Ortiz Rodríguez como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de esa misma universidad; ii) Del acta general de escrutinio correspondiente; iii) De las actas de escrutinio de las mesas de votación números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18-1 y 19; iv) De la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, por la cual el consejo electoral resolvió una reclamación formulada por el demandante; y v) Del oficio del 8 de noviembre de 2005 del presidente del consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, mediante el cual declaró extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pidió la cancelación de la credencial que acredita al demandado como miembro del consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”. Así mismo, solicitó la realización de nuevos comicios para elegir representante de los estudiantes en el consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, para que al cabo de los cuales se declare la elección de quien corresponda.
Según lo dispuesto en los artículos 128, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo —modificado por el 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del proceso electoral de la referencia, por cuanto que el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, luego de la modificación que le introdujo el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, señala que esta corporación conocerá privativamente y en única instancia de los procesos de nulidad de elecciones o nombramientos hechos por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden nacional.
En este caso, se demanda la nulidad del acto de declaratoria de elección del representante de los estudiantes ante el consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, institución de educación superior de carácter oficial del orden nacional.
Pero, antes de resolver los cargos de nulidad propuestos en la demanda, son pertinentes algunas aclaraciones sobre determinada cuestión procesal previa que a continuación se examina.
Cuestión procesal previa. De la individualización del acto acusado
Según el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, titulado “Individualización del acto acusado”, se tiene que “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos” (resalta la Sala).
Tal exigencia se justifica por la necesidad de determinar con claridad el acto definitivo sobre el cual es posible una declaración de nulidad por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral, pues el control de legalidad de los actos administrativos confiado a la jurisdicción contencioso administrativa (CCA, arts. 83 y 84) se limita a los denominados actos administrativos definitivos, esto es, se circunscribe a aquellos actos administrativos propiamente dichos, en cuanto deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o ponen fin a una actuación administrativa (arts. 50 y 59, ibídem). En otras palabras, si bien se permite el examen de legalidad de los actos de la administración cuya única finalidad es la de dar impulso a la actividad preliminar de la administración o servir de medio para que posteriormente se expida la decisión final o definitiva, tales actos no son pasibles de la declaración de nulidad en la medida que no contienen la manifestación de la voluntad administrativa.
Con lo anterior no se pretende desconocer la situación que se presenta cuando un acto de trámite, por razón de sus efectos, se asimila a uno definitivo. En efecto, en aquellos eventos en que lo dispuesto mediante el acto de trámite implica, en la práctica, la imposibilidad de continuar con la actuación administrativa, la norma del inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo asimila esa decisión a un acto definitivo, por cuanto entiende que, en virtud de ella se puso fin a la actuación adelantada.
En materia electoral, esta Sala ha considerado que, siendo competencia de la jurisdicción contencioso administrativa desatar las controversias sobre la legalidad de los actos de la administración, es natural que esa función se extienda a las decisiones de las autoridades electorales que resuelven reclamaciones relacionadas con escrutinio. Pero, para que sea procedente esta especial acción de nulidad, es necesario, como resulta de lo dicho, que se adelante la etapa previa ante la autoridad electoral y que, por supuesto, se agoten los medios de defensa que otorga la ley. De modo que, con esa exigencia, es posible demandar las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de las reclamaciones (1) .
La Sala advierte que en esta oportunidad, en ejercicio de la acción de nulidad de carácter electoral, la pretensión de nulidad se dirige contra: i) el artículo quinto del Acuerdo 10 del 14 de octubre de 2005, por el cual el consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” declaró elegido al Señor Zico Alberto Ortiz Rodríguez representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de esa misma Universidad; ii) el acta general de escrutinio correspondiente; iii) las actas de escrutinio de las mesas números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18-1 y 19; iv) la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, por la cual el consejo electoral resolvió una reclamación; y v) el oficio del 8 de noviembre de 2005 del presidente del consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.
No obstante, la anotada falta de técnica de la demanda, al incluir en la pretensión de nulidad actos distintos a aquel “por medio del cual la elección se declara”, no impide establecer en debida forma la individualización del acto definitivo acusado, en los términos del artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto puede identificarse la pretensión orientada a la nulidad del acto por el cual el consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” declaró elegido al Señor Zico Alberto Ortiz Rodríguez como representante de los estudiantes ante el consejo superior de esa misma universidad.
De esta manera, se concluye que la demanda fue formulada de la manera como lo exige el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo.
Primer cargo. Indebida conformación del registro electoral
En criterio del demandante el registro electoral estudiantil base de la jornada electoral que nos ocupa fue irregularmente conformado. Por un lado, porque el registro electoral que se oficializó el 16 de septiembre de 2005 —fecha dispuesta para ello en el calendario electoral correspondiente— fue complementado con listas de estudiantes que se expidieron los días 19, 20 y 22 de septiembre siguientes. Y, por otro, porque en el marco de la jornada electoral del 23 de septiembre de 2005, se permitió el sufragio de estudiantes matriculados ese mismo día, según certificación que individualmente fue expedida con ese fin por la oficina de admisiones, registro y control académico. Todo esto, según plantea el demandante, con la finalidad de “que estos [estudiantes agregados] pudieran votar por el candidato Zico Alberto Ortiz”, lo cual, en su concepto, configuró la falsedad del registro electoral por “la contabilización de los votos de aquellos estudiantes que no podían votar por no encontrarse en el registro electoral establecido”.
En ese orden de ideas, considera que se configura, en este caso, la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…) 2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”. Así mismo, las causales del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que debían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También podrá pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.
Antes de resolver corresponde a la Sala identificar las reglas bajo las cuales debió integrarse el registro electoral que el demandante considera indebidamente configurado, a partir del recuento que a continuación se expone.
Mediante Acuerdo 36 del 14 de julio de 2005, el consejo superior de la universidad expidió el “Estatuto de la organización electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó” y sobre el tema dispuso (fls. 23 a 28):
“ART. 7º—Registro electoral. El registro electoral de la universidad estará conformado de la siguiente manera: [resaltado fuera de texto original].
1. El de los estudiantes, por todos los estudiantes con matrícula vigente en los diferentes programas académicos regulares de pregrado o postgrado al momento de la elección, según relación que para el efecto expida la oficina de admisiones, registro y control académico.
2. El de los profesores, por todos los profesores de dedicación exclusiva, de carrera o de planta, ocasionales, de tiempo completo y de medio tiempo, que se encuentren activos al momento de realizar la elección, según relación que para el efecto expida la oficina de talento humano o su equivalente.
3. El de los egresados, por todos los egresados titulados, en algunos de los programas académicos de pregrado o postgrado de la universidad al momento de la elección, según relación que para tal efecto expida la secretaría general de la universidad.
5. El de las directivas académicas, por quienes ejerzan en propiedad, como: el vicerrector académico, el vicerrector de investigaciones, los decanos de facultad y los directores de programas, que ejerzan en propiedad sus respectivos cargos, al momento de la elección, según relación que para el efecto expida la oficina de talento humano o su equivalente”.
6. (…)”.
“ART. 8º—El sufragio. Quienes conforme al presente estatuto, tengan derecho al voto o sufragio, lo ejercerán libremente en privado, en tarjetas electorales impresas y distribuidas oficialmente por la universidad; directa y universalmente, sin poder votar más de una vez en la misma elección cuando en él recaiga más de una calidad que le permita sufragar.
“ART. 10.—Censo electoral. La secretaría general de la universidad, oficializará el registro electoral de los potenciales votantes y suministrará toda la información, documentación y apoyo logístico que requiera el consejo electoral. El registro electoral obedecerá fiel y estrictamente a la información que sobre sus integrantes le suministre la dependencia u organismo competente a la secretaría general”.
“ART. 12.—Elecciones. En las elecciones se expresa a través del voto la voluntad de la colectividad para darse su propio gobierno y dirección, las que se realizarán en una sola jornada, en los lugares y horarios que establezca el consejo electoral.
PAR.—La representación estudiantil al consejo superior universitario, al consejo académico, a los consejos de facultad y a los comités curriculares, se escogerá mediante elección universal, directa y secreta, previa reglamentación que para cada caso expida el consejo electoral”.
Luego, mediante Acuerdo 1 del 8 de agosto de 2005, el consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” reglamentó la elección de los miembros del consejo superior de esa universidad y fijó el calendario de la jornada electoral que tendría lugar el 23 de septiembre siguiente en las cabeceras municipales de Quibdó, Istmina, Tadó, Medio San Juan, Bahía Solano, Nuquí, Acandí, Ríosucio, Pizarro, Bagadó y Lloró. De esa reglamentación, se destacan las siguientes normas (fls. 29 a 33):
“ART. 11.—Registro electoral. El registro electoral estará conformado de la manera como lo indica el artículo 7 del Acuerdo 36 del 14 de julio de 2005, el cual se oficializará en la ficha fijada en el calendario electoral”.
“ART. 20.—Calendario electoral. La elección de los miembros del consejo superior universitario, a realizarse en el 2005, se desarrollará en el siguiente calendario: (…).
Oficialización del registro electoral Septiembre 16 5:00 p.m.
De manera que el registro electoral o lista de personas habilitadas para votar en los comicios convocados para el 23 de septiembre de 2005 para elegir los miembros del consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, debía integrarse de la manera como lo dispuso el artículo 7º del Acuerdo 36 del 14 de julio de 2005 del consejo superior de esa universidad, norma que, en su numeral 1º definió el registro electoral estudiantil como el integrado “por todos los estudiantes con matrícula vigente en los diferentes programas académicos regulares de pregrado o postgrado al momento de la elección, según relación que para el efecto expida la oficina de admisiones, registro y control académico”.
También fue previsto que la oficialización del registro electoral para los comicios del 23 de septiembre de 2005 tendría lugar en una única fecha, en cuanto se ordenó que “el registro electoral (…) se oficializará en la fecha fijada en el calendario electoral” (C. Electoral, Ac. 1, art. 11, ago. 8/2005). Y, según el calendario electoral correspondiente, la fecha establecida para la oficialización del registro electoral fue el 16 de septiembre de 2005, a las 5:00 p.m.
No hay duda, entonces, de que la oficialización del registro electoral, esto es, la adopción y puesta en conocimiento de la lista oficial de personas habilitadas para votar en tales comicios, debió tener lugar en una única fecha, bajo el entendido de que para ese momento la secretaría general de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” tendría la certeza suficiente sobre qué personas de la comunidad académica se encontraban habilitadas para participar como electores en la jornada del 23 de septiembre de 2005.
A juicio de esta Sala, tales disposiciones imponen, en principio, un límite temporal a la labor de conformación del registro electoral o, lo que es igual, una fecha límite para concluir la tarea consistente en determinar las personas habilitadas para votar.
La oficialización del registro electoral supone la conclusión del procedimiento encaminado a conformarlo y, en principio, la imposibilidad de modificarlo, pues, además de lo dicho, no debe dejarse de lado que la norma que asigna a la secretaría general de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” la competencia para esa oficialización, a renglón seguido ordena que “el registro electoral obedecerá fiel y estrictamente a la información que sobre sus integrantes le suministre la dependencia u organismo competente a la secretaría general” (C. Superior, Ac. 36, art. 10, jul. 14/2005).
Tal regla impone entender que el registro electoral se integra a partir de determinada información que luego de ser suministrada por la dependencia u organismo competente (Oficina de Admisiones, registro y control académico, oficina de talento humano, secretaría general, cámara de comercio) y una vez consolidada mediante el acto de oficialización, se vuelve la base de la elección.
De manera que si bien la mayoría de personas de la comunidad académica habilitadas para votar derivan ese derecho de determinada calidad (estudiante, profesor, egresado, directivo) que deben ostentar al momento de la elección en cuestión (Ac. 36, art. 7º, nums. 1º, 2º, 3º y 5º, jul. 14/2005), esa circunstancia no convierte el registro electoral, una vez oficializado, en un documento susceptible de cuantas modificaciones sean posibles, por cuenta de las personas que posteriormente a esa oficialización adquieren esa calidad, tal como lo plantea el demandado. De hecho, por la naturaleza inmodificable que adquiere ese registro en determinada fecha antes de los comicios, se acepta que el ejercicio del derecho al voto esté determinado por el hecho de hacer parte o integrar el censo electoral correspondiente.
Cabe anotar sí que el registro o censo electoral de la comunidad debe contener certeza sobre los miembros de la universidad habilitados para elegir, es obvio, que este documento debe tener vigencia antes de los comicios internos y así se hizo en este caso, aunque el citado acuerdo del consejo superior permite la participación de los estudiantes matriculados al momento de la elección.
La Sala encuentra que en este caso pudo demostrarse que con posterioridad a la oficialización del registro electoral y hasta el propio día de los comicios se permitió el voto de estudiantes no incluidas en dicho censo.
Así se prueba con las declaraciones de los docentes Gabriel Enán Moreno Mosquera, Eloy Eduardo Palacios Gómez (fls. 741 a 744), del jefe de la oficina de admisiones, registro y control académico (fls. 748 y 749) y de los jurados de votación Leonor Ríos Lemos, Eulogio Palacios Chaverra, Moisés Mosquera, Jairo Eutimio Peña Arrieta, Américo Mosquera y Fabio Alirio Gómez (fls. 750 a 753 y 755 a 762), quienes, además, dan cuenta de que varios estudiantes, a pesar de no encontrarse relacionados en el registro electoral oportunamente oficializado, pudieron depositar su voto por cuenta de una certificación que les fue expedida con ese finalidad.
También lo corrobora la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005 del consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, “por medio de la cual se decide una impugnación”, al señalar lo siguiente (fls. 20 a 22):
“Si bien es cierto que el artículo vigésimo de esta última norma establece el calendario electoral y determina como fecha para la oficialización del registro electoral el día 16 de septiembre de 2005, no es menos cierto que el calendario académico de la Institución fijó como fecha límite para formalizar las matrículas extemporáneas el día 23 de septiembre del año que transcurre. Por esta razón, y como estamos de cara a garantizar un derecho fundamental para los estudiantes como es el derecho a participar de las actividades democráticas de la Universidad y hacer efectiva dicha participación, se traduce en la posibilidad de sufragar en un evento tan importante para la vida institucional de nuestra alma mater, como es la elección del consejo superior de la misma, que es el máximo órgano de dirección y gobierno, fue menester generar un espacio de concertación con todos los candidatos que por los estudiantes aspiraron a dicha representación, reunión que se llevó a cabo el día 20 de septiembre y en ella se formuló la pregunta de cómo se iba a sortear el hecho de que si el 16 de septiembre no habían logrado matricularse todos los estudiantes de la universidad, de qué manera se iba a constituir el censo electoral definitivo. El consejo fue claro en explicar que en la fecha prevista en el calendario electoral se oficializaría el censo correspondiente a los estudiantes que se hubieran matriculado en el período establecido para las matrículas anticipadas, matrículas ordinarias y el registro que a la fecha se tuviera de las matrículas extraordinarias, pues la fecha del 23 de septiembre solo era límite para las matrículas extemporáneas y, en esa misma reunión se clarificó que el registro oficializado el día 16 de septiembre se complementaría el 22 de septiembre con la información suministrada por la oficina de admisiones, registro y control académico.
En esa misma ocasión quedó claro y fue aceptado por todos los candidatos que se encontraban presentes, que los estudiantes que formalizaron su matrícula el día 23 de septiembre se les expediría un formato diligenciado por triplicado, de modo que una copia quedara en al oficina de admisiones, registro y control académico, otra fuera al consejo electoral y una última se le entregaba al estudiante para que él con ese documento pudiera participar del proceso eleccionario. De modo que el consejo considera que por parte suya es probable que no haya tenido la información correspondiente de cuál era el modus operando para que todos los estudiantes que optaran por matricularse de manera extemporánea pudieran sufragar”.
Es evidente, entonces, que en este caso se desconoció el límite temporal que, para la consolidación del registro electoral, se fijó en el calendario electoral aplicable, es decir, el 16 de septiembre de 2005 a las 5:00 p.m., lo cual obligaba a que, después de ese momento, no fuera posible introducir modificación a la lista oficial y, por tanto, definitiva, de personas habilitadas para votar en tales comicios.
Demostrada la indebida modificación del registro y, por ende, el sufragio de las personas que fueron adicionadas en tal registro, es evidente que los votos depositados por estas son irregulares.
En similar sentido se pronunció esta sección en sentencia del 8 de febrero de 2007, expediente 3936. Dijo en esa oportunidad:
“Así las cosas, la adopción del formulario que se denominó “Acta de registro de novedades del estamento del sector productivo surgidas durante la jornada electoral del 23 de septiembre de 2005”, en cuanto lista elaborada el día de los comicios como registro electoral del sector productivo adicional al adoptado mediante la Resolución 58 del 15 de septiembre de 2005 de la Cámara de Comercio de Quibdó, desconoció el límite temporal que, para la consolidación del registro electoral, se fijó en el calendario electoral aplicable. Según pudo demostrarse, la oficialización del registro electoral para los comicios que tendrían lugar el 23 de septiembre de 2005 debió tener lugar el 16 de septiembre de 2005 a las 5:00 p.m., lo que obligaba a que, después de ese momento, no fuera posible introducir modificación alguna a la lista oficial y, por tanto, definitiva, de personas habilitadas para votar en tales comicios.
En ese orden de ideas, habiéndose demostrado la indebida modificación del registro electoral del sector productivo, lo mismo que el sufragio de las personas que, por cuenta de esa indebida modificación, fueron incluidas en tal registro, es evidente que los votos depositados en las condiciones descritas son irregulares”.
No obstante, la existencia de esos votos irregulares no conduce necesariamente a la nulidad pretendida, pues, como lo anota la señora procuradora delegada, en este caso no hay prueba ni es posible examinar si tales votos incidieron en forma concreta en el resultado electoral.
Conviene anotar que en casos en que se ha planteado la indebida conformación del censo electoral con personas que efectivamente sufragaron, esta Sala ha considerado que la nulidad del acto de declaratoria de elección exige, en tales eventos, que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado electoral final (2) .
En apoyo de esta exigencia se ha sostenido de manera reiterada que los controles de legalidad y de constitucionalidad buscan garantizar que el resultado electoral refleje la verdadera participación ciudadana, esto es, que se proteja la transparencia y eficacia del voto (Cod. Electoral, art. 1º), de modo que, si el número de votos irregulares no alcanza a alterar el resultado final de las elecciones, debe prevalecer la eficacia del voto válido y, en consecuencia, no procede la nulidad de la elección. En este mismo sentido, se ha dicho que si, por el contrario, los votos irregulares pueden modificar el resultado final de la elección procede la nulidad para garantizar los principios de transparencia de la democracia participativa, puesto que, en últimas, lo que se protege es la verdadera expresión popular y en este evento de la comunidad estudiantil.
La irregularidad demostrada informa del cómputo de un indeterminado número de votos espúreos que no fueron identificados por el demandante, situación que no permite evidenciar su real incidencia en el resultado electoral final.
Se dice que el demandante omitió identificar los votos irregulares por cuanto que en la presentación del cargo se limitó a señalar las mesas de votación en que se presentó la votación de estudiantes no incluidos en el registro electoral oficializado el 16 de septiembre de 2005, sin indicar los nombres de tales estudiantes, la correspondiente mesa en la que cada uno de ellos depositó su voto y menos el sentido del mismo.
Es carga del demandante concretar en el libelo los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo y la prueba de los mismos. Que la demanda fija el marco jurídico y fáctico del litigio a resolver, determinante de la actividad probatoria que incumbe a las partes y la consiguiente función falladora del juez, con las consecuencias negativas que para el ejercicio del derecho de acción implica omitir la concreción de los hechos y sus pruebas.
De manera que la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, sin especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración errónea de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos. El proceso judicial no es la vía para descubrir, mediante investigación oficiosa, hechos irregulares y vicios con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para comprobar y demostrar que efectivamente estos ocurrieron en forma concreta, tal como lo manifiesta la demanda.
De esta forma, la falta de concreción en los aspectos fácticos relevantes de la censura hace imposible el análisis de la misma y por tal omisión no es viable jurídicamente derivar per se la nulidad pretendida.
Segundo cargo. Expedición del acto de declaratoria de elección sin que previamente se hubiera resuelto una impugnación contra el escrutinio
Afirma el demandante que el acto de declaratoria de elección acusado se emitió sin que previamente se hubiera resuelto el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, por la cual el Consejo Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” decidió una reclamación formulada por aquel en relación con el resultado de los escrutinios; hecho que impidió plantear, en sede administrativa, que dicha resolución incurrió en falsa motivación al sustentarse en lo acordado en una presunta reunión en la que se autorizó el voto de estudiantes que, con posterioridad al 16 de septiembre de 2005, hubieran adquirido esa calidad.
Advierte la Sala que, en ocasiones, ciertas irregularidades del procedimiento, por su magnitud y entidad, logran incidir de manera sustancial en la validez del acto definitivo, caso en el cual opera la causal de nulidad por expedición irregular del acto.
El vicio de expedición irregular, según el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo —invocado por el demandante—, constituye una causal genérica de nulidad de los actos administrativos y corresponde a aquel referido a irregularidades sustanciales que tengan lugar en el procedimiento previo a la expedición del acto acusado, vale decir, el que se presenta cuando se expide omitiendo las formalidades y trámites determinantes para adoptar la decisión definitiva.
Por irregularidad sustancial en la expedición de un acto declaratorio de elección o de nombramiento se entiende aquella capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo.
Definido el anterior marco de referencia, procede examinar si la situación planteada por el demandante se encuentra demostrada y, además, si reviste la gravedad suficiente para constituir motivo de nulidad de la elección acusada.
1. El 30 de septiembre de 2005, seis días después de la elección, el señor Francisco César Palacios Córdoba, en su calidad de testigo electoral, presentó reclamación escrita ante el consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, para solicitar la anulación de las mesas de votación en donde se permitió el sufragio de estudiantes no incluidos en el registro electoral oficial (fl. 35).
2. Esa reclamación fue decidida antes de la declaratoria de elección, mediante Resolución 4 del 6 de octubre de 2005 del consejo electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, en los siguientes términos (fls. 20 a 22):
“ART. 1º—Confirmar la validez del acta final de escrutinio en la cual se consigna la votación de todas las mesas dispuestas para los estudiantes, por considerar que quienes en ella votaron en calidad de estudiantes lo hicieron de manera regular y acorde con las normas expedidas por el consejo electoral como autoridad competente para hacerlo, y porque además quienes votaron probaron ser estudiantes válidamente matriculados en los programas regulares que ofrece la Universidad Tecnológica del Chocó, de conformidad con lo consagrado en el artículo 7º, numeral 1º del estatuto de la organización electoral.
ART. 2º—Contra la presenta resolución procede el recurso de reposición”.
3. El 14 de octubre de 2005 se declaró la elección del representante estudiantil del consejo superior de la universidad.
4. Contra la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005 el actor interpuso recurso de reposición, por escrito presentado el 18 de octubre de 2005 (fls. 36 a 38).
5. Dicha impugnación fue objeto de pronunciamiento en oficio dirigido al reclamante el 8 de noviembre de 2005 por el presidente del consejo electoral de la Universidad Tecnológica “Diego Luis Córdoba”, en los siguientes términos (fls. 39 y 40):
“En su memorial impugnatorio, usted omitió registrar su dirección o número telefónico donde el consejo electoral pudiera localizarlo para hacerle conocer el resultado de su reclamación, como hubiera sido lo correcto, y como lo consagran los artículos 52 y 53, numeral 4º del Código Contencioso Administrativo.
Por ello, aunque de conformidad con las normas anteriormente relacionadas del Código Contencioso Administrativo, hubiera podido el consejo electoral rechazar de plano su impugnación por inobservancia de los requisitos formales previstos en la ley, preferimos comunicarnos con la candidata a quien usted representaba como testigo electoral, para solicitarle información que nos permitiera localizarlo a usted para notificarle de la decisión en torno a la impugnación.
Con extrañeza encuentra el consejo que usted el día 18 de octubre de 2005 presentó un recurso frente a la Resolución 4 del 6 de octubre, por medio del cual se decidió la impugnación, y lo hace de manera maliciosa, engañosa y malintencionada, pues se presentó la fotocopia de la diligencia de notificación que firma el arquitecto (…); al recibir la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, le cubre la firma y la indicación de fecha de recibido, le escribe fecha 11 de octubre y lo presenta el martes 18 del mismo mes y aduce que la recibió el 11 de octubre, dejando ver claramente que obró con malicia, con mala intención y con intereses torcidos frente al consejo electoral; pues mientras el consejo quiso garantizarle el derecho a la contradicción y al debido proceso, desestimó su omisión de indicar dirección en su escrito de impugnación e hizo ingente esfuerzo por hacerle conocer la decisión adoptada, usted obra de manera desleal e irresponsable al falsear el documento contentivo de la diligencia de notificación firmado por quien recibió el acto administrativo que decidió su memorial impugnatorio y haciéndolo aparecer como si lo hubiera recibido usted con fecha 11 de octubre, lo que indica, según su dicho, que usted conoció la decisión en tiempo hábil para reponer el recurso procedente (pues el período hábil para ello era hasta el 13 de octubre) y la razón por la cual no se notificó personalmente fue por la omisión en que usted incurrió y porque no fue posible ubicarlo, pese a los esfuerzos que el consejo hizo para ello.
Por todo lo anterior, el consejo colige que usted conoció oportunamente la decisión y al no impugnarla en la oportunidad prevista en la normatividad expedida para tal fin, se consideró que el escrito presentado el 18 de octubre es extemporáneo” (resaltado fuera de texto).
Está probado que el demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, por la cual el consejo electoral de la universidad resolvió desfavorablemente una reclamación por él planteada y que dicho recurso no fue resuelto antes de la expedición del acto de declaratoria de elección acusado (Ac. 10, oct. 14/2005), sino tiempo después de emitido este último.
Sin embargo, advierte la Sala que dicho proceder de la administración no constituye una actuación censurable y, mucho menos, una irregularidad que vicie de nulidad el acto de declaratoria de elección acusado; por el contrario, se trata de una actuación que encuentra suficiente justificación en la demora —no desvirtuada— en que incurrió el demandante al interponer el recurso de reposición contra la decisión que le resultó desfavorable a su reclamación.
En verdad, según se lee en el oficio antes transcrito, el término para interponer el mencionado recurso de reposición corrió hasta el 13 de octubre de 2005, pero la impugnación no se presentó en ese término, sino hasta el 18 de octubre siguiente (fls. 36 a 38), esto es, luego de cinco días de precluída la oportunidad para recurrir.
Y, si bien el demandante cuestiona la veracidad de lo afirmado en el oficio del 8 de noviembre de 2005 que declaró la extemporaneidad del recurso, al sostener que lo interpuso en tiempo; en el expediente no obra prueba alguna que demuestre tal aseveración y permita concluir la nulidad o el vicio contenido en el mencionado oficio. En otras palabras, no aparece prueba que controvierta lo afirmado y decidido acerca de la extemporaneidad con que el demandante presentó el recurso de reposición contra la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005.
Nótese que el demandante no hizo planteamiento alguno sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la notificación de la resolución recurrida y analizada la demanda, se advierte que allí no aparece solicitud de práctica de prueba orientada a demostrar tales extremos fácticos. Por tanto, no es posible verificar si el recurso de reposición interpuesto el 18 de octubre de 2005 fue oportuno.
Por otra parte, se observa que el acto de elección acusado (Ac. 10, num. 7º, oct. 14/2005) se expidió después de adquirir firmeza la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, una vez cumplido el término de ejecutoria de la misma, que venció el 13 de octubre siguiente. Tal constatación niega credibilidad a la afirmación -no probada - del demandante, según la cual el recurso interpuesto contra esa resolución debió resolverse antes de expedirse el acto de declaratoria de elección; pues lo cierto es que para la fecha del recurso (oct. 18) no solo se encontraba vencido el término para ello (hasta oct. 11), sino que ya se había emitido la declaración de elección (oct. 14).
Así las cosas, no habiéndose demostrado el vicio o la irregularidad procesal alegada por el demandante, esto es, la inoportuna respuesta de la administración al recurso de reposición formulado contra la Resolución 4 del 6 de octubre de 2005, para esta Sala no es posible declarar la prosperidad de la nulidad que se impetra.
Tercer cargo. Irregularidades ocurridas con posterioridad a la expedición del acto de declaratoria de elección
Sostiene el demandante que las credenciales a los elegidos se expidieron extemporáneamente, esto es, en oportunidad posterior a la establecida en el calendario electoral correspondiente.
Al respecto, basta señalar que las irregularidades o vicios que puedan predicarse de actuaciones posteriores al acto de declaratoria de elección no constituyen motivos que permitan, válidamente, concluir en la nulidad de ese acto declarativo, tal como se pretende en este caso, por cuanto que las causales de nulidad de los actos administrativos, tanto las generales aplicables a todos los actos administrativos, como las especiales de los actos de declaratoria de elección, aluden a situaciones acaecidas en la etapa de formación, producción o con motivo del acto administrativo que se demanda.
En esta forma, este cargo tampoco prospera.
(1) Sentencia del 1º de julio de 1999, expediente 2234.
(2) Entre las más recientes, las sentencias proferidas el 23 de septiembre de 2005, expediente 3690, y el 21 de octubre de 2005, expediente 3802.
De manera respetuosa con los demás integrantes de la Sala que acogieron en su totalidad las consideraciones en las que se sustenta la sentencia que definió la controversia electoral en referencia, debo dejar constancia que no comparto totalmente los motivos que le sirven de fundamento al fallo, advirtiendo que en todo caso, estoy de acuerdo con el sentido de la decisión.
En mi criterio, en la reunión del consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó llevada a cabo el 20 de septiembre de 2005, como consta en el expediente, se clarificó que no obstante haberse fijado inicialmente como fecha límite para la oficialización del registro electoral el día 16 de septiembre de 2005, este se complementaría el 22 de septiembre con la información suministrada por la oficina de admisiones, registro y control académico, siendo aceptado por todos los candidatos presentes que a los estudiantes que formalizaran su matricula el día 23 se les expediría un formato diligenciado por triplicado (una copia para la oficina de admisiones, otra para el consejo electoral y la última para el estudiante), de manera tal que con la última el estudiante pudiera participar en el proceso de elección del nuevo consejo superior. Esta situación demuestra que no es cierto que se hubiera desconocido el límite temporal para la consolidación del registro electoral, y por lo tanto, tampoco es verdad que los votos de los estudiantes matriculados con posterioridad, con los que se adicionó el registro electoral, sean irregulares.
Además, los estatutos del centro universitario establecen que todos los estudiantes matriculados tienen derecho a elegir a los miembros del consejo superior. Esta razón es más que suficiente para considerar que la determinación de un calendario electoral no podía vetar o impedir el derecho al voto a todos los estudiantes que estuvieran matriculados el día de la celebración de la elección.
A mi modo de ver esta razón esencial debió constituir la sustentación para la denegación del cargo correspondiente.

References: Resolución 
 artículo 128
 artículo 36
 artículo 229
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 223
 artículo 84
 artículo 7
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 84
 Resolución 
 artículo 7
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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