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Timestamp: 2019-08-21 05:48:57+00:00

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En el Informe 63/03, la CIDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado ecuatoriano
A la fecha, el Estado ecuatoriano no ha informado sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH, transcritas en el párrafo anterior. Los peticionarios informan que han transcurrido cuatro años desde la firma del acuerdo de solución amistosa sin que el Estado haya iniciado ninguna acción administrativa o penal para sancionar a los responsables de las violaciones alegadas.
En el Informe 64/03, la CIDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado ecuatoriano:
A la fecha, el Estado ecuatoriano no ha informado sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH, transcritas en el párrafo anterior. Los peticionarios informan que el Estado no ha iniciado acciones civiles, penales o administrativas para sancionar a los responsables de los hechos alegados a la Comisión.
A la fecha, ni el Estado ecuatoriano ni los peticionarios han informado sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH, transcritas en el párrafo anterior.
En el Informe Nº 51/01 de 4 de abril de 2001, la Comisión recomendó al Estado:
En comunicación de 15 de diciembre de 2005, el Estado informó a la Comisión que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión, y que negaba la existencia de una violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus anteriores respuestas en el caso, las cuales figuran en el sitio de la Comisión en Internet, www.cidh.org. Por carta de 27 de diciembre de 2005, los peticionarios comunicaron a la Comisión que carecían de información sobre el cumplimiento por Estados Unidos de las recomendaciones contenidas en el Informe 51/01. En base a la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
En el Informe Nº 52/01 de 4 de abril de 2001, la Comisión recomendó al Estado:
En carta de 19 de noviembre de 2005, los peticionarios indicaron, respecto de la primera recomendación de la Comisión, que el Sr. Garza había sido ejecutado y que no tenían conocimiento de medida alguna adoptada por Estados Unidos respecto de la segunda recomendación de la Comisión. En comunicación del 15 de diciembre de 2005, el Estado indicó que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión y que negaba la existencia de una violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus anteriores respuestas en el caso, las cuales figuran en el sitio de la Comisión en Internet, www.cidh.org. En base a la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
En el Informe Nº 52/02 de 10 de octubre de 2002, la CIDH recomendó al Estado que:
En nota de 15 de diciembre de 2005, el Estado informó a la Comisión que el 5 de agosto de 2003, la Corte de Apelaciones de Arizona encomendó al Tribunal Superior del Condado de Pinal y al Juez Boyd T. Johnson que celebrara una audiencia sobre la imputabilidad del Sr. Martínez Villareal antes de pronunciar nueva sentencia. También indicó que las sentencias de muerte habían sido anuladas y que el 14 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior dictaminó que el Sr. Martínez Villareal era incapacitado, ordenando posteriormente su reintegro al Estado de Arizona para iniciar el proceso de internación y que, hasta tanto, permaneciera bajo custodia del Estado. Por carta de 13 de enero de 2006, los representantes del Sr. Villareal informaron a la Comisión que el Gobierno de Estados Unidos no había intentado volver a juzgar al Sr. Martínez Villareal, no había reparado las fallas del proceso ni las violaciones al debido proceso señaladas por la Comisión, así como tampoco había liberado al Sr. Martínez Villareal, con lo cual incumplía la primera recomendación. Con respecto a su segunda recomendación, los representantes del Sr. Martínez Villareal informaron a la Comisión que, en decisión de 31 de marzo de 2004 en el Caso de Avena y Otros Ciudadanos Mexicanos (México c. Estados Unidos), la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Estados Unidos había violado la obligación que le impone el Artículo 36 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares respecto de 51 ciudadanos mexicanos, al no informarles de su derecho a la asistencia consular, que la reparación adecuada era la revisión y reconsideración de las condenas y sentencias de los 51 ciudadanos mexicanos afectados y que, durante las actuaciones, Estados Unidos se comprometió a asegurar la implementación de medidas específicas para cumplir las obligaciones que impone el artículo 36, lo cual la CIJ consideró suficiente para dar cumplimiento al pedido del Gobierno de México de garantías de no reiteración. También de acuerdo con los representantes del Sr. Martínez Villareal, el 23 de marzo de 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una acción de certiorari respecto del pedido de uno de los 51 ciudadanos mexicanos, José Medellín, para que se revisara el habeas corpus federal denegado en instancias inferiores, lo cual había planteado la cuestión de si los tribunales federales de Estados Unidos están obligados por la decisión de la CIJ que ordena la reconsideración de un caso, sin tener en cuenta la doctrina de las fallas procesales, y si los tribunales federales tienen que dar validez a la sentencia de la CIJ como cuestión cortesía judicial y en aras de la interpretación uniforme de los tratados. Los representantes del Sr. Martínez Villareal afirman que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no pronunciarse sobre estas cuestiones después que el Sr. Medellín presentó un pedido de habeas corpus en el Tribunal Penal de Apelaciones de Texas, basándose en parte en un memorando emitido por el Presidente George W. Bush en el que se afirmaba que Estados Unidos cumpliría con sus responsabilidades internacionales en el contexto de la sentencia de la CIJ con respecto a los 51 mexicanos contemplados en dicha decisión. Los representantes del Sr. Martínez Villareal indicaron que estas actuaciones internas demuestran que sigue sin dilucidarse la cuestión acerca de si el derecho a la notificación consular está garantizado a todos los extranjeros en Estados Unidos y que ello implica que este Estado no ha dado cumplimiento a la segunda recomendación de la Comisión. En base a la información disponible, la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.
En el Informe Nº 62/02 de 22 de octubre de 2002, la CIDH recomendó que el Estado:
En carta de fecha 20 de diciembre de 2005, los representantes del Sr. Domíngues informaron a la Comisión que las conclusiones de esta que constan en el Informe 62/02 fueron presentadas a las autoridades de Nevada, las que se negaron a tomar medida alguna para darles cumplimiento, pero que, posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció en Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005) en el sentido de que la sentencia de muerte impuesta a un menor de 18 años en el momento de cometer el delito estaba prohibida por la Octava Enmienda como castigo cruel e inusual. Los representantes del Sr. Domíngues también señalaron que, en cumplimiento de esta decisión, la sentencia de muerte antes impuesta a Michael Domíngues había sido conmutada por la de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En comunicación de 28 de diciembre de 2005, el Estado indicó análogamente que en la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Roper c. Simmons, 125 S. Ct. 1183, la Corte sostuvo que la aplicación de la sentencia de muerte a menores de 18 años en el momento de cometer un delito punible con pena capital es inconstitucional, conforme a la Octava y Décimo Cuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. En base a la información disponible, la Comisión considera que se ha dado cumplimiento total a sus recomendaciones.
En el Informe Nº 75/02 de 27 de diciembre de 2002, la CIDH recomendó que el Estado:
En carta de 14 de diciembre de 2005, los peticionarios informaron a la Comisión que Estados Unidos no había dado cumplimiento a las recomendaciones en este caso y que, en el año transcurrido, el incumplimiento había exacerbado las anteriores violaciones de los derechos humanos y causado un perjuicio adicional a la peticionaria Carrie Dann y a otros pobladores de Western Shoshone. En particular, los peticionarios afirman que Estados Unidos siguió empeñado en implementar la Ley de Distribución de Tierras Western Shoshone para efectuar a los pobladores de estas tierras unos US$0.15 por acre, sin intereses, por la toma de sus tierras y que, en mayo de 2005, el Departamento del Interior, por vía de la Oficina de Asuntos Indígenas, publicó un proyecto de norma sobre cómo distribuir el fondo entre los pobladores de las tierras Western Shoshone, a través de un proceso en el que no se aplican a las tribus indígenas derechos constitucionales de propiedad importantes, que son aplicables a todos los demás estadounidenses. Los peticionarios agregan que muchos indígenas Western Shoshone, incluida Carrie Dann, siguen organizándose contra el pago, insistiendo que no debe efectuarse pago alguno hasta tanto se resuelvan definitivamente las reivindicaciones de tierras Western Shoshone en un proceso justo y honorable. Además, los peticionarios afirman que se sigue tratando de privatizar la patria tradicional de los Western Shoshones con fines de minería a través de un proyecto de ley de conciliación presupuestaria, que fue recientemente aprobado en la Cámara de Representantes y está pendiente en el Senado de Estados Unidos. De acuerdo con los peticionarios, Estados Unidos actualmente clasifica alrededor del 90% de las tierras tradicionales Western Shoshone como tierras federales, por lo cual, la mayor parte de la tierra quedaría abierta a la venta a particulares para explotación minera. Asimismo, los peticionarios sostienen que Estados Unidos sigue tomando medidas que imponen la pobreza y la desesperación al pueblo Western Shoshone, en parte por vía de las reiteradas exigencias del pago de sumas exorbitantes en daños y multas por invasión de tierras impuesto por el Departamento del Tesoro y una compañía particular de cobranzas. Los peticionarios afirman que estas cuestiones se vieron exacerbadas por el imprevisto fallecimiento de Mary Dann en abril de 2005, con posterioridad a lo cual, una compañía particular de cobranzas contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos empezó a enviar demandas de pago a la sobrina de la fallecida, Sally Smales, acosándola por teléfono y amenazándola con confiscar sus cuentas bancarias personales. Los peticionarios agregan que el Estado siguió ampliando agresivamente actividades contaminantes del ambiente en las tierras en cuestión en el caso Dann. Se informa que estas actividades incluyen la explotación minera aurífera a cielo abierto que contamina el agua con cianuro, nuevas concesiones geotermales para suministrar electricidad a promotores inmobiliarios privados e intereses mineros y el depósito de desechos nucleares, así como otros problemas nucleares derivados en buena medida del plan de Estados Unidos de almacenar 77.000 toneladas de desechos nucleares de todo el país en la montaña Yucca, lugar de gran significado tradicional para el pueblo Western Shoshone, ubicado en una zona de terremotos activa y de un acuífero que surte de agua a muchos residentes de Nevada. Por último, los peticionarios afirman que, en el Grupo de Trabajo de la ONU para el estudio del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Estados Unidos procuró articular un derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre la tierra por título aborígen de manera tal que preserve en la legislación estadounidense el derecho del Estado a confiscar las tierras y recursos de los aborígenes sin el debido proceso y sin indemnización. En comunicación de 18 de enero de 2006, el Estado informó a la Comisión que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe 75/02 en base a los escritos presentados por él en el caso, incluida la anterior Respuesta de Estados Unidos que consta en el sitio de la Comisión en Internet (www.cidh.org/resp.eng.htm). Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
En el Informe Nº 97/03 de 29 de diciembre de 2003, la Comisión recomendó que el Estado:
En nota de 15 de diciembre de 2005, el Estado indicó que en el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos en Roper c. Simmons, 125 S. Ct. 1183, la Corte sostuvo que la aplicación de la sentencia de muerte a personas que eran menores cuando cometieron un delito punible con pena capital es inconstitucional. En posterior comunicación, de 15 de diciembre de 2005, el Estado informó a la Comisión que no compartía y rechazaba las recomendaciones de esta y negaba cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a las respuestas anteriores del Estado en el caso. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.
En el Informe Nº 98/03 de 29 de diciembre de 2003, la Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
En carta de 7 de diciembre de 2005, los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado no había cumplido con sus recomendaciones. Por nota de 15 de diciembre de 2005, el Estado indicó que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión y negó cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a respuestas anteriores del Estado en el caso. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
En el Informe Nº 99/03 de 29 de diciembre de 2003, la Comisión recomendó al Estado que:
En nota de 9 de diciembre de 2005, los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado no había cumplido con sus recomendaciones, pues el Sr. Fierro seguía a la espera de ser ejecutado en Texas y Estados Unidos no había hecho nada para instruir un nuevo juicio, liberarlo u otorgarle alguna otra reparación. Los peticionarios agregaron que el Estado no había adoptado medida alguna desde la fecha del Informe de la Comisión para asegurar que las autoridades locales comprendieran y cumplieran las obligaciones de informar a los extranjeros de su derecho al acceso consular, ni había informado a los tribunales nacionales de su obligación de ofrecer una reparación a los extranjeros que no hayan sido informados de su derecho al acceso consular pero hayan sido condenados por cargos penales. En nota de 11 de enero de 2006, el Estado informó a la Comisión que no compartía y rechazaba sus recomendaciones y volvió a negar cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus respuestas anteriores en el caso. Sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que las recomendaciones siguen pendientes de cumplimiento.
En el Informe Nº 100/03 de 29 de diciembre de 2003, la Comisión recomendó que el Estado:
En carta de 3 de diciembre de 2004, el peticionario indicó que el Sr. Thomas había sido ejecutado el 10 de enero de 2000 y que no sabía de medida alguna que Estados Unidos hubiera adoptado para hacer efectivas o reconocer las recomendaciones de la Comisión. En nota de 15 de diciembre de 2005, el Estado indicó que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión y negó cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus anteriores escritos en el caso. Sobre la base de la información disponible y de las observaciones adicionales del Estado de 15 de diciembre de 2005, en relación con la recomendación en el Caso 12.285 (Michael Domíngues), la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.
En el Informe Nº 101/03 de fecha 29 de diciembre de 2003, la Comisión recomendó que el Estado:
En nota de 15 de diciembre de 2005, el Estado indicó que no compartía y rechazaba las recomendaciones de la Comisión y negó cualquier violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en base a sus escritos anteriores en el caso. Sobre la base de la información disponible y de las observaciones adicionales del Estado de fecha 15 de diciembre de 2005, en relación con la recomendación en el Caso 12.285 (Michael Domínguez), la Comisión considera que se ha dado cumplimiento parcial a sus recomendaciones.
En el Informe Nº 47/01, del 4 de abril de 2001, la Comisión recomendó que el Estado:
El Estado no ha informado a la Comisión acerca del cumplimiento de las recomendaciones que ésta formuló en el Informe Nº 47/01. El 23 de diciembre de 2002, el peticionario informó por carta a la Comisión lo siguiente: El 21 de mayo de 2001 el abogado Anslem B. Clouden había solicitado por escrito al Fiscal General de Grenada la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Hasta la fecha, hasta donde obra en nuestro conocimiento, no ha habido respuesta del Fiscal General y el señor Knights sigue alojado en el pabellón de condenados a muerte; no tenemos conocimiento de que se haya adoptado medida alguna, legislativa o de otra índole, en relación con las condiciones de su detención. En marzo de 2002 el Comité Judicial del Consejo Privado emitió dictámenes cruciales en los casos de Patrick Reyes, Peter Hughes y Bertil Fox, señalando que la pena de muerte obligatoria impuesta a todos los condenados por homicidio en el Caribe Oriental y en Belice es inconstitucional. Por efecto de esta decisión, la sentencia dictada contra el señor Knights deberá revisarse porque fue condenado a muerte en forma automática tras haber sido hallado culpable. El señor Knights tendrá ahora la oportunidad de plantear a los tribunales circunstancias atenuantes por las cuales la pena de muerte no sea apropiada en este caso. Sí bien la adopción de nuevas medidas legislativas fue resultado de la apelación ante el Consejo Privado en los tres casos mencionados y no de las recomendaciones de la Comisión en este caso, las opiniones de la Comisión con respecto al carácter obligatorio de la pena de muerte constituyeron un aspecto importante de la argumentación ante los tribunales. Las recomendaciones de la Comisión y sus decisiones han desempeñado un papel decisivo en tales decisiones. Sobre la base de estas consideraciones, la CIDH presume que el Gobierno de Grenada no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.
Mediante comunicación de fecha 9 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó información de las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Nº 47/01, de conformidad con el Artículo 46(1) del Reglamento de la Comisión. A la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna respuesta del Estado.
Mediante cartas del 10 de enero de 2005, los peticionarios en el Caso 12.028 (Donnason Knights), informaron a la Comisión que el Comité Judicial del Privy Council sostuvo en marzo del 2002 que la pena de muerte obligatoria era inconstitucional para ciertos países del Caribe incluyendo Granada. Los peticionarios agregaron que todas las presuntas víctimas permanecen en el corredor de la muerte, en espera de las audiencias judiciales que permitirán a los tribunales de Granada volver a emitir sentencia tras escuchar los argumentos sobre los factores mitigantes de la sentencia.
Los peticionarios sostienen que resulta improbable que ninguna de las presuntas víctimas sea condenada nuevamente a pena de muerte, todas han estado en el corredor de la muerte por un período en exceso de cinco años. De acuerdo a los peticionarios, la ejecución de las presuntas víctimas sería, en estas circunstancias, inconstitucional.
Finalmente, los peticionarios sostienen que, aparte de la abolición judicial de la pena de muerte obligatoria, Granada no ha tomado ninguna medida para cumplir con las recomendaciones de la Comisión.
En el Informe 55/02 de 21 de octubre de 2002, la CIDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado:
La Comisión carece de información actualizada por parte del Estado o los peticionarios sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por lo que presume que las recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.
Mediante comunicación de fecha 9 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó información de las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Nº 55/02, de conformidad con el Artículo 46(1) del Reglamento de la Comisión. A la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna respuesta del Estado.
Mediante cartas del 10 de enero de 2005, los peticionarios en el Caso 11.765 (Paul Lallion), informaron a la Comisión que el Comité Judicial del Privy Council sostuvo en marzo del 2002 que la pena de muerte obligatoria era inconstitucional para ciertos países del Caribe incluyendo Granada. Los peticionarios agregaron que todas las presuntas víctimas permanecen en el corredor de la muerte, en espera de las audiencias judiciales que permitirán a los tribunales de Granada volver a emitir sentencia tras escuchar los argumentos sobre los factores mitigantes de la sentencia.
En el Informe 56/02 de 21 de octubre de 2002, la CIDH hizo las siguientes recomendaciones al Estado:
Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Grenada del derecho a un trato humano, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en relación con las condiciones de detención del Sr. Jacob.
La Comisión carece de información actualizada por parte del Estado o los peticionarios sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, por lo que presume que las recomendaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.
Mediante comunicación de fecha 9 de noviembre de 2004, la Comisión solicitó información de las partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Nº 56/02, de conformidad con el Artículo 46(1) del Reglamento de la Comisión. A la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna respuesta del Estado.
Mediante cartas del 10 de enero de 2005, los peticionarios en el Caso 12.158 (Benedict Jacob), informaron a la Comisión que el Comité Judicial del Privy Council sostuvo en marzo del 2002 que la pena de muerte obligatoria era inconstitucional para ciertos países del Caribe incluyendo Granada. Los peticionarios agregaron que todas las presuntas víctimas permanecen en el corredor de la muerte, en espera de las audiencias judiciales que permitirán a los tribunales de Granada volver a emitir sentencia tras escuchar los argumentos sobre los factores mitigantes de la sentencia.
En el Informe Nº 4/01 de fecha 19 de enero de 2001, la CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
El 4 de noviembre de 2005 la CIDH solicitó al Estado y a los peticionarios información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe 4/01. El 2 de diciembre de 2005, los peticionarios informaron sobre la implementación de las pretensiones que en materia de reparaciones presentaron el 5 de marzo de 2004 y que habrían sido aceptadas por el Estado en diferentes reuniones de trabajo. En la nota expusieron que el poder legislativo aún no reformado el artículo 317 del Código Civil, a pesar que se han presentado propuestas de reforma por el movimiento de mujeres y por la propia víctima del presente caso. Asimismo indicaron que respecto de las acciones tendientes a garantizar el goce de los derechos humanos de las mujeres, el Estado propuso la constitución de una fundación que facilitara dicho proceso y se comprometió a facilitar el proceso de constitución de la fundación; aportar la dotación financiera inicial que por ley se requiere para este tipo de organizaciones; y la consecución de un inmueble apto para que la fundación pudiera iniciar sus funciones. De acuerdo a los peticionarios estos compromisos n han sido cumplidos. Asimismo, los peticionarios informaron que respecto de los demás puntos que en materia de reparaciones presentaron en marzo de 2004, el Estado no les ha dado cumplimiento.
El 18 de enero de 2006 el Estado informó que han continuado realizando gestiones para impulsar la reforma del artículo 317 del Código Civil. Al respecto en su nota expresó que el 10 de noviembre de 2005 el Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República realizó un análisis jurídico del anteproyecto de ley por medio del cual se proponía reformar el citado artículo 317 y concluyó que el anteproyecto, antes de ser enviado por el Presidente de la República al Congreso, debía contarse con la opinión jurídica favorable de la Secretaría Presidencial de la Mujer y del Ministerio de Gobernación. Por lo anterior, el Estado se comprometió a solicitar los dictámenes jurídicos a las instancias correspondientes. En la misma nota, el Estado reiteró su voluntad de cumplir las recomendaciones emitidas por la CIDH e informó sobre las acciones encaminadas a cumplir con la recomendación de reparar a la víctima. En la nota el Estado también informó que en atención a que no fue posible encontrar un inmueble que reuniera los requerimientos de la víctima para la fundación, en el mes de diciembre de 2005 se presentó una nueva propuesta en virtud de la cual el Estado se compromete a pagar una suma de dinero para constituir la fundación y para su instalación y funcionamiento e informó que a este compromiso se sumaban otros en materia de reparaciones, agregando que de firmarse un acuerdo con los peticionarios se informaría de inmediato a la CIDH.
El 8 de marzo de 2006 la CIDH recibió copia de un "Acuerdo de cumplimiento específico de recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso 11.625 de María Eugenia Morales Aceña de Sierra", suscrito el 16 de diciembre de 2005 entre la peticionaria y el Estado de Guatemala. El Acuerdo de Cumplimiento tiene por finalidad dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH establecidas en Informe 86/98.
En el Acuerdo de Cumplimiento, el Estado se compromete a gestionar e impulsar ante la Comisión del Menor y la Familia, la Comisión de la Mujer y la Comisión de Derechos humanos del Congreso de la República, la iniciativa de ley que tiene por objeto modificar el artículo 317 del Código Civil. En cuanto a la reparación económica de la víctima, la señora María Eugenia Morales Aceña expresa que su lucha consiste en la dignificación de la mujer y por ello no tiene interés pecuniario personal, renunciando expresamente a la reparación económica que recomienda la CIDH. Asimismo, con el objeto de cumplir la recomendación de adoptar medidas de otra índole necesarias para dar efecto pleno a los derechos y libertades que asiste a la peticionaria, el Estado de Guatemala se comprometió a realizar una serie de acciones y se compromete a informar anualmente a la CIDH sobre su cumplimiento.
La Comisión valora las acciones realizadas por el Estado de Guatemala con el objeto de cumplir las recomendaciones emitidas en el informe 86/98. Asimismo, valora los esfuerzos realizados por la víctima y sus representantes con el objeto de llegar a un acuerdo de cumplimiento. La Comisión continuará observando este importante proceso de cumplimiento de recomendaciones con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos pendientes.
En el informe Nº 58/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
A requerimiento de la Comisión, el 5 de diciembre de 2005 el Estado informó que no ha sido posible contactar a los peticionarios para efectos de arribar a un acuerdo de reparación que satisfaga las recomendaciones vertidas en el informe Nº 58/01. Al respecto, la Comisión espera que el Estado continué haciendo los esfuerzos necesarios para ubicar a los familiares de la víctima con el fin de otorgarles una reparación adecuada.
En el Informe Nº 59/01 de fecha 7 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala es responsable de la violación a los siguientes derechos: (1) Derecho a la vida en los casos de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalán, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tiu Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us, según lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. (2) Libertad personal en el caso de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana. (3) Integridad personal en los casos de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en los casos de las tentativas de ejecución extrajudicial de Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj, Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez, el Estado guatemalteco es responsable por la violación de su derecho a la integridad física conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. (4) Derechos del niño en el caso del menor Rafael Sánchez y Andrés Abelicio Galicia Gutiérrez, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana. (5) Garantías judiciales y protección judicial en el caso de todas las víctimas, tanto aquellas que fueron ejecutadas extrajudicialmente o aquellas que fueron objeto de tentativa de ejecución extrajudicial, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. (6) Además, se consideró responsable al Estado guatemalteco en todos los casos por no haber cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se establece en el artículo 1(1) de la misma. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del informe, la Comisión recomendó al Estado lo siguiente:
En nota de fecha 2 de marzo de 2001, el Estado de Guatemala informó sobre la situación de cuatro víctimas (José María Ixcaya Pixtay, Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Catarino Chochoy y Abelino Bayjac) de un total de 22 que comprendía el informe. La información aportada por el Estado guatemalteco en ese momento fue de carácter genérico y no se refería a las medidas emprendidas para reparar a las víctimas.1
A continuación, se hará una referencia al cumplimiento de las recomendaciones respecto de cada uno de los casos acumulados en el Informe 59/01.
El 21 de julio de 2004 el Estado de Guatemala informó que luego de realizar una investigación sobre los hechos denunciados se pudo comprobar que los señores Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez ingresaron el día 28 de junio de 1990 al Hospital de Huehuetenango para ser atendidos por heridas múltiples corto contundentes que presentaban, egresando ambos del hospital el día 3 de julio de 1990. Asimismo, el Estado informó que de acuerdo a una investigación realizada por funcionarios de COPREDEH se pudo constatar que los señores Morales y Sánchez están vivos y por lo tanto, no fueron víctimas de ejecución extrajudicial según se expresó en el informe emitido por la CIDH. En nota de enero de 2006, el Estado reitera a la Comisión le informe sobre el proceso a seguir para corregir en la parte pertinente el informe de fondo 59/01 de fecha 7 de abril de 2001. Al respecto, la Comisión informará al Estado de Guatemala sobre la forma de corrección del informe citado en su parte pertinente.
El 18 de febrero de 2005, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, en representación de los familiares de la víctima y el Estado de Guatemala firmaron un “Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones” con el objeto de formalizar las obligaciones del Estado respecto del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH establecidas en el informe de fondo 59/01 y establecer un proceso para su implementación.
En el mencionado acuerdo, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad institucional, sin perjuicio de las responsabilidades penales individuales que sean deducidas, por la violación del derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal a las garantías judiciales y protección judicial y por no haber cumplido la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, en perjuicio de Pedro Tiu Cac. Asimismo, el Estado reconoció que en los años 1990 a 1992 estuvieron marcados por violaciones sistemáticas del derecho a la vida en la forma de ejecuciones forzadas y atentados a la integridad física perpetrados por agentes del Estado.
En materia de investigación, juicio y sanción a los responsables, el Estado se comprometió a impulsar las acciones necesarias ante el Ministerio Público con el objeto que se realice una investigación responsable respecto de los hechos denunciados. En materia de reparaciones el Estado reconoció que la aceptación de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de la víctima implicaba la responsabilidad de pagar una justa indemnización a los peticionarios, bajo los parámetros establecidos por el derecho nacional e internacional. Además, el Estado se comprometió a hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Pedro Tiu Cac y presentar disculpas públicas a sus familiares en un acto público. También el Estado se comprometió a adoptar medidas para honrar la memoria de la víctima.
El 9 de diciembre de 2005, CALDH en representación de los familiares de la víctima y el Estado suscribieron un acuerdo específico sobre indemnización económica en materia de reparaciones. Asimismo, la Comisión fue informada que a fines del mes de diciembre de 2005, el Estado entregó a los familiares de la víctima las indemnizaciones acordadas.
La Comisión valora las acciones realizadas por el Estado de Guatemala con el objeto de cumplir las recomendaciones emitidas en el informe de fondo 59/01 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Pedro Tiu Cac. Asimismo, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por los familiares de la víctima y sus representantes, quienes durante años han buscado justicia ante el sistema jurídico interno y el sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente, la Comisión continuará observando este importante proceso de cumplimiento de recomendaciones con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos pendientes.
El 18 de febrero de 2005, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, en representación de los familiares de las víctimas y el Estado de Guatemala firmaron un “Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones” con el objeto de formalizar las obligaciones del Estado respecto del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH establecidas en el informe de fondo 59/01 y establecer un proceso para su implementación.
En el mencionado acuerdo, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad institucional, sin perjuicio de las responsabilidades penales individuales que sean deducidas, por la violación del derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal a las garantías judiciales y protección judicial y por no haber cumplido la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, en perjuicio de María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalan, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tau Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us. Asimismo, el Estado reconoció que en los años 1990 a 1992 estuvieron marcados por violaciones sistemáticas del derecho a la vida en la forma de ejecuciones forzadas y atentados a la integridad física perpetrados por agentes del Estado.
En materia de investigación, juicio y sanción a los responsables, el Estado se comprometió a impulsar las acciones necesarias ante el Ministerio Público con el objeto que se realice una investigación responsable respecto de los hechos denunciados. En materia de reparaciones el Estado reconoció que la aceptación de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de la víctima implicaba la responsabilidad de pagar una justa indemnización a los peticionarios, bajo los parámetros establecidos por el derecho nacional e internacional. Además, el Estado se comprometió a hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas y presentar disculpas públicas a sus familiares en un acto público. También el Estado se comprometió a adoptar medidas para honrar la memoria de las víctimas.
El 5 de octubre de 2005 el Estado informó a la Comisión que el acto de disculpas a los familiares de José María Ixcaya Pictay, a solicitud de los peticionarios se realizó en un acto privado el 14 de julio de 2005 al que asistió, en representación del Estado, el Presidente de COPREDEH, quién además entregó a los familiares de la víctima una carta suscrita por el Vicepresidente de la República que contenía un mensaje de solidaridad para la familia. En la misma nota, el Estado informó que la placa conmemorativa destinada a honrar la memoria de la víctima, a solicitud de sus familiares, fue colocada y develada el 14 de julio de 2005 en Sololá. Además, el Estado comunicó que se encontraba pendiente la visita a las familias de las demás víctimas.
El 9 de diciembre de 2005, CALDH en representación de los familiares de las víctimas y el Estado suscribieron un acuerdo específico sobre indemnización económica en materia de reparaciones. Asimismo, la Comisión fue informada que a fines del mes de diciembre de 2005, el Estado entregó a los familiares de la víctimas las indemnizaciones acordadas, quedando pendiente los pagos correspondientes a los herederos de los beneficiarios fallecidos hasta que presenten los documentos legales que acrediten tal calidad.
La Comisión valora las acciones realizadas por el Estado de Guatemala con el objeto de cumplir las recomendaciones emitidas en el informe de fondo 59/01 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las víctimas del caso 11.198(A). Asimismo, la Comisión reconoce los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante años han buscado justicia ante el sistema jurídico interno y el sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente, la Comisión continuará observando este importante proceso de cumplimiento de recomendaciones con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos pendientes.
La Comisión no tiene información sobre acciones encaminadas para dar cumplimiento a las recomendaciones respecto de estos casos.
En el Informe Nº 60/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
A requerimiento de la Comisión, el 5 de diciembre de 2005 el Estado reiteró que no le ha sido posible contactar a los peticionarios para efectos de arribar a un acuerdo de reparación que satisfaga las recomendaciones vertidas en el Informe Nº 60/01. Al respecto, la Comisión espera que el Estado continué haciendo los esfuerzos necesarios para ubicar a los familiares de las víctimas con el fin de otorgarles una reparación adecuada.
En el Informe Nº 57/02 de fecha 21 de octubre de 2002, la CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
A requerimiento de la Comisión, el Estado informó el 7 de diciembre de 2005 que los peticionarios continuaban realizando gestiones para la compra del terreno destinado a la solución habitacional y una vez que terminara dicho proceso se establecería la forma de dar cumplimiento a los acuerdos pendientes. Además, el Estado informó que enviaría oficios al Ministerio d Trabajo y Previsión Social y al Ministerio Público, con el objeto de requerir información acerca del estado de las gestiones que se tramitan respecto de este caso en ambas reparticiones.
En el informe anual de 2004, la Comisión expresó que valoraba la información suministrada por el Estado, en relación con el pago parcial de la reparación económica acordada con los peticionarios y lo alentaba a continuar dando cumplimiento con los demás extremos del acuerdo suscrito con los peticionarios. Asimismo, manifestó que en materia de justicia, la CIDH permanecía atenta a los resultados procesales de las gestiones promovidas por el Ministerio Público en el caso. La Comisión reitera que continúa en espera de recibir información que dé cuenta del cumplimiento total de las recomendaciones vertidas en el Informe Nº 57/02.

References: Artículo 36
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 Artículo 46
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 artículo 5
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 artículo 317
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 artículo 4
 artículo 7
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 artículo 19
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