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Interes Difuso
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El inters difuso en el proceso civil
Augusto Melo Trujillo - cij_servicios@hotmail.com 1. 2. 3. 4. 5. Introduccin La teora general de los intereses difusos Desarrollo del proceso civil sobre intereses difusos Conclusiones Bibliografa
INTRODUCCIN El primer prrafo del artculo IV del Cdigo Procesal Civil (CPC), seala que el proceso se promueve slo a iniciativa de parte, la que invocar inters y legitimidad para obrar; empero, no requieren invocarlos el Ministerio Pblico, el procurador oficioso ni quien defiende intereses difusos. El primer prrafo del Artculo 82 del CPC modificado por el Artculo 1 de la Ley 27752, publicada el 08 de junio de 2002, establece que inters difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histrico o del consumidor. Entonces, quines estaran legitimados para defender aquellos intereses que pertenecen a un conjunto indeterminado de personas?. Si se tiene en cuenta que, el inters para obrar tiene contenido procesal, al significar una condicin de la accin (vase el artculo 427, inc. 2 del CPC), que supone alegar la existencia de inters econmico (el aumento o disminucin del patrimonio) o moral (de naturaleza extrapatrimonial) en el sujeto procesal, y a tales intereses se le suma la voluntad de lograrlos a travs del quehacer judicial; por tanto, el tema de los intereses difusos rebasa el mbito procesal, y sus institutos clsicos (juez competente, legitimacin, inters protegido, cosa juzgada, etc.) pueden no ser suficientes. En el presente trabajo de investigacin se tratar el tema de los intereses difusos en el mbito procesal civil; esto es, cuando se trata de defender intereses difusos en un proceso civil. En ese sentido, se verificar si las estructuras clsicas de las instituciones procesales pueden adecuarse, sin perder su esencia, a las exigencias de los intereses difusos. En el primer captulo se estudiar la Teora General de los Intereses Difusos, y en la segunda parte se desarrollar algunos temas importantes dentro de un proceso civil tipo sobre intereses difusos. CAPTULO I LA TEORA GENERAL DE LOS INTERESES DIFUSOS 1.1 LA RELACIN PROCESAL Y LOS PRESUPUESTOS PROCESALES El artculo 2 del CPC, dice lo siguiente: Por el derecho de accin todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a travs de representante legal o apoderado, puede recurrir al rgano jurisdiccional pidiendo la solucin a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurdica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradiccin. El derecho de accin es un derecho de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto que lo faculta a exigir del Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto. El derecho a la tutela jurisdiccional est previsto en el inciso 3 del artculo 139 de la Constitucin Poltica del Per. Se entiende como tutela jurisdiccional al derecho que tiene la persona para alcanzar la justicia a travs de un proceso con las garantas mnimas; esto es, cuando una persona pretenda algo de otra, esa pretensin debe ser atendida por un rgano jurisdiccional, quien a travs de un debido proceso, resolver, en definitiva, sobre el conflicto de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con relevancia jurdica.
El demandado es el sujeto pasivo de la pretensin procesal propuesta, fundada en la relacin procesal derivada de la relacin material. En este caso, el sujeto activo es el demandante. El demandado es el sujeto activo en la accin procesal, pues ste exige tutela jurisdiccional efectiva al Estado, a travs del rgano jurisdiccional. En este supuesto, el sujeto pasivo es el Estado. En consecuencia, la accin procesal, como derecho a la jurisdiccin, est dirigida contra el Estado; mientras que, la pretensin procesal, como derecho subjetivo material, est dirigida contra el demandado. Por otra parte, los presupuestos procesales son requisitos, unos de orden formal y otros de orden material, para que se genere una relacin jurdica procesal vlida y para que, por consiguiente, exista un proceso vlido. Los presupuestos procesales de fondo o condiciones de la accin son requisitos necesarios para que una pretensin procesal hecha valer con la demanda sea objeto de pronunciamiento por el Juez; esto es, frente a la ausencia de un presupuesto procesal de fondo, el Juez deber inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto, emitiendo, as, una sentencia inhibitoria (donde se declara la improcedencia de la demanda). Contrario sensu, si se verifica la existencia de los presupuestos procesales de fondo el Juez deber emitir una sentencia de mrito (en el cual se declara fundada o infundada la demanda). Por consiguiente, resolver sobre la fundabilidad de la demanda tiene como necesario antecedente la procedencia de la misma, aunque no se diga expresamente o, previamente, no se emita un auto que se pronuncie sobre el particular. Slo en el recurso de casacin se puede notar una clara distincin entre el momento en que hay un pronunciamiento sobre la procedencia del recurso y la subsiguiente etapa donde se resuelve el fondo, lo que ocurrir siempre que se haya superado esa primera fase mediante la declaracin de procedencia. Ahora bien, las condiciones para el ejercicio de la accin son: a) Voluntad de la ley (existencia de un derecho tutelado por la ley); b) Inters para obrar (tendiente a ejercitar el derecho de accin en defensa del derecho vulnerado o amenazado); y, c) Legitimidad para obrar (llamada tambin legitimatio ad causam, que es la identidad del actor con la persona favorecida por la ley, y del demandado con la persona obligada). De otro lado, los presupuestos procesales de forma son aquellos requisitos sin los cuales no se constituye una relacin procesal vlida; cuya ausencia deja al trmite seguido como un proceso invlido. Estos son: a) Competencia del Juez (en la competencia absoluta, la intervencin del Juez incompetente da lugar a una relacin jurdica procesal invlida); b) Capacidad procesal de las partes (llamada tambin legitimatio ad processum, que es la aptitud para comparecer personalmente en el proceso); y, c) Observancia de los requisitos de la demanda (o demanda en forma, por el que la demanda debe reunir los requisitos de forma que la ley procesal seala). 1.2 EL INTERS DIFUSO Como hemos visto en el apartado anterior, el inters para obrar es una condicin de la accin. Hay inters para obrar cuando una persona ha agotado todos los medios lcitos para satisfacer su pretensin material y no tiene otra alternativa que no sea recurrir al rgano jurisdiccional. En consecuencia, el inters para obrar consiste en el estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se halla el actor, y que le obliga a solicitar la intervencin del rgano jurisdiccional para resolver el conflicto de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con relevancia jurdica. En funcin a los sujetos, el inters para obrar puede ser de tres tipos: Inters para obrar individual (corresponde a un sujeto procesal); Inters para obrar colectivo (concierne a un grupo determinado de sujetos procesales); e, Inters difuso (pertenece a un grupo indeterminado de personas). Es la dimensin del grupo subjetivo lo que hace colectivo a un inters; pero es la indeterminacin, la falta de lmites precisos en cuanto a la identificacin de las personas que lo componen, lo que convierte a ese inters en difuso.
El primer prrafo del Artculo 82 del CPC modificado por el Artculo 1 de la Ley 27752, publicada el 08 de junio de 2002, establece que inters difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histrico o del consumidor. Segn el texto normativo, el carcter de indeterminacin, en cuanto al nmero de personas, es necesario para calificar como "difuso al inters para obrar. Sin embargo, esa titularidad, que refiere la norma, tiene que ser respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, que, a manera de ejemplo, pueden ser el medio ambiente, el patrimonio cultural o histrico, o la defensa del consumidor. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por la norma procesal, son dos los elementos que definen al inters difuso: un conjunto indeterminado de personas, y la titularidad, de ese grupo indeterminado, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial. Para entender el trmino indeterminado, Sagstegui, explica el adjetivo difuso como desparramado, distribuido o compartido por varias personas en cuanto integran el grupo al que el mismo inters pertenece e incumbe. [Sagstegui Urteaga, Pedro, Cdigo Procesal Civil, exgesis y sistemtica , Lima, Grijley, 2005] Por su parte, Morales Godo, distingue a los intereses difusos dentro de los intereses colectivos, de la siguiente manera: Es necesario distinguir los intereses llamados colectivos, como aquellos que no siendo estrictamente individuales, pertenecen a un grupo determinado de personas integrantes de una colectividad determinada organizada (...) A ello se suman los intereses difusos que tambin son colectivos, pero sin respaldo organizacional (...) cuya caracterstica es que pertenece a un grupo de personas o clase de personas indeterminados, no precisadas en nmero. [Morales Godo, Juan, Instituciones de derecho procesal, Lima, Palestra Editores, 2005] Segn el autor antes citado, la diferencia entre un grupo determinado de otro indeterminado, sera la organizacin con el cual est dotado el primero. Las organizaciones civiles surgen con la finalidad de estructurar algn mbito de la sociedad o cubrir alguna necesidad de sta. La diferencia entre las organizaciones civiles y las gubernamentales estriba en el sujeto del que parte la iniciativa. Mientras que en este ltimo es el propio Estado el que la crea para llevar a cabo una tarea social, en las organizaciones civiles esta iniciativa parte de un individuo o colectivo que, a ttulo personal, asumen la necesidad de resolver algn problema social agrupndose con otras personas y trabajando para conseguir un fin comn. Una organizacin gubernamental podra ser titular de un inters difuso?. Pese a la confusin que pueda suscitar el segundo y tercer prrafo del artculo 82 del CPC, la respuesta es no, al igual que tampoco podra serlo una organizacin no gubernamental. El titular del inters difuso en otras palabras, quien se encuentra en la parte activa de la relacin sustantiva siempre ser un grupo indeterminado de personas titulares de bienes de inestimable valor patrimonial. Cuestin distinta es la representacin de ese grupo en el proceso que se siga, lo que se estudiar ms adelante. 1.3 LA LESIN DEL INTERS DIFUSO La lesin al inters difuso consiste en una agresin a bienes que disfrutamos o el impedimento para alcanzar bienes que no disponemos; en ambos casos, los bienes son de inestimable valor patrimonial. Las zonas de ataque son: el ataque al medio ambiente, el ataque al patrimonio cultural o histrico y el ataque al consumidor. Pea Chacn explica que, El dao ambiental es toda accin, omisin, comportamiento, acto, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente algn elemento constitutivo del concepto ambiente. De esta forma, no todo dao ambiental se encuentra relacionado directa o indirectamente con la contaminacin ambiental. La tala indiscriminada de un bosque, si bien produce un dao ambiental grave a dicho ecosistema, no tiene relacin alguna con problemas de contaminacin. [Pea Chacn, Mario, La jurisdiccin ambiental en el nuevo cdigo procesal general , en Medio Ambiente & Derecho, Revista Electrnica de Derecho Ambiental, nmero 08, diciembre 2002] El ambiente considerado puede ser fsico, econmico o espiritual. El ambiente fsico es areo o martimo. El ambiente econmico comprende aspectos fsicos o espirituales y se concreta en el ataque al consumidor. El ambiente espiritual se afecta mediante exclusiones o restricciones del acceso a la cultura, el ocio social o a los medios de comunicacin de masas, utilizando criterios discriminatorios.
Las cosas cuando llevan adherido el valor de la utilidad, se denominan bienes; entonces: Cosa + utilidad = bien; sustituyendo el valor utilidad por el valor cultural, tenemos: Cosa + valor cultural = bien cultural; cuando el valor cultural se refiere al pasado de un pueblo, tenemos el bien histrico. Cosa + valor histrico = bien histrico. Sin embargo, los valores no slo se refieren al pasado, tambin tienen incidencia en el presente y pueden referirse al futuro. En estos casos se denomina bienes de inters social. 1.4 LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS El primer prrafo del artculo IV del CPC, seala que el proceso se promueve slo a iniciativa de parte, la que invocar inters y legitimidad para obrar; sin embargo, no requieren invocarlos el Ministerio Pblico, el procurador oficioso ni quien defiende intereses difusos. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, en el Recurso de Casacin 2200-2005 Cajamarca publicado el 04 de diciembre de 2006, en su Quinto Considerando ha establecido lo siguiente: la legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio vlido de la accin, que en la doctrina ha sido conceptuada de distintos modos: a) como la relacin lgica de correspondencia que existe o debe existir entre el demandante concretamente considerado y la persona a quien en abstracto la norma jurdica confiere el derecho legitimidad activa, o entre el demandado concretamente considerado y la persona que en abstracto debe cumplir una obligacin legitimidad pasiva; b) tambin como la posicin habilitante para formular una pretensin o para contradecirla, y que surge de la afirmacin de ser titular de un derecho legitimidad activa o de la imputacin de una obligacin o deber jurdico (legitimidad pasiva). El artculo 82, in fine, del CPC seala lo siguiente: Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Pblico, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdiccin se produjo el dao ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que segn la Ley y criterio del Juez, este ltimo por resolucin debidamente motivada, estn legitimadas para ello. Las Rondas Campesinas que acrediten personera jurdica, tienen el mismo derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los lugares donde stas no existan o no se hayan apersonado a juicio. Con respecto a la legitimidad pasiva, se tiene que demandar a quien est produciendo el dao al medio ambiente, o al patrimonio cultural o histrico, o al consumidor. En estos casos, casi siempre el responsable resulta ser una organizacin, una persona jurdica; por lo que corresponde demandar a su representante legal. En el artculo 82 del CPC no se descarta la posicin demandante individual que pueda asumir cualquier persona, aun cuando no se vea afectada directa o indirectamente por la trasgresin. Al respecto, Morales Godo hace el siguiente comentario: Es evidente que, en estos casos, el inters particular tambin est protegido indirectamente, a tal punto que individualmente puede defenderse el sujeto, pero dicho inters no es exclusivo de l, y puede defenderlo en tanto que se considere involucrado dentro de un inters generalizado. Respecto a los intereses difusos, el hecho que cualquier afectado pueda ejercer su derecho de accin, segn Morales Godo, es una solucin insatisfactoria ya que la lucha entre un individuo y el o los demandados, generalmente poderosas organizaciones, es totalmente desigual. Ello puede provocar el desaliento o el desnimo en la defensa de estos intereses. A propsito, hay que sealar que la accin popular adems del proceso constitucional, es el derecho de la persona de acceder a los tribunales en defensa de un derecho que le corresponde como miembro integrante del grupo titular del inters difuso. Al respecto, La Rosa seala lo siguiente: En este tipo de procesos pueden formularse no slo pretensiones destinadas a la inmediata paralizacin de la actividad daosa o que el dao ocasionado se agrave, sino tambin las pretensiones destinadas a la reparacin de los daos ocasionados. En este ltimo caso la reparacin ser en especia o in natura si los daos son reversibles, y ser dinerario en los casos de daos irreversibles. [La problemtica procesal de los intereses difusos, a propsito de la proteccin del medio ambiente, por La Rosa, Mauricio. En AAVV, Derecho Procesal, II Congreso Internacional, Universidad de Lima, 2002]
Por otra parte, la defensa de intereses difusos por parte del Estado a travs de los organismos que se detallan en el artculo 82 del CPC, en opinin de Morales Godo, no garantizan un grado de preparacin tcnica que se requiere, tornando la defensa en mediocre, especialmente en el mbito civil, donde adems de los conocimientos procesales y/o sustanciales, es necesario un conocimiento tcnico. Que sean las asociaciones o instituciones sin fines de lucro las legitimadas para la defensa de intereses difusos, segn Morales Godo, parece ser, la opcin legislativa ms aceptada, partiendo de la idea que se trata de entidades particulares cuya preocupacin gira alrededor de los intereses generales puestos en juego. En suma, de acuerdo con Morales Godo, en este caso hay que ensanchar el concepto de legitimacin, pues, Si permaneciramos con la concepcin jurdica tradicional, la organizacin judicial debera esperar que el individuo interponga su respectiva demanda, con el consiguiente congestionamiento del aparato judicial; pero, no se trata de una suma de intereses individuales, sino de intereses colectivos especficos, si bien indeterminado en cuanto al nmero pero que, procesalmente, deben contar con el instrumento adecuado para la defensa de los mismo en conjunto. Similar opinin tiene La Rosa, cuando afirma que las estructuras clsicas de las instituciones procesales deben adecuarse, sin perder su esencia, a las exigencias de los intereses difusos. Montero Aroca, citado por La Rosa, seala que la posicin habilitante para formular determinada pretensin ante el rgano jurisdiccional, como demandante o demandado, puede consistir en afirmar la titularidad de un derecho (legitimacin ordinaria) o la posicin habilitante puede consistir en la permisin legal expresa a determinadas personas o instituciones, a fin de que sean stas las que puedan plantear determinadas pretensiones (legitimacin extraordinaria). Sin embargo, el mencionado autor no cree que el tema de los intereses difusos sea un asunto de legitimacin extraordinaria, en ese sentido opina lo siguiente: Cualquier persona que alegue estar afectada con el dao ambiental, pertenece a la parte material titular del inters difuso, porque estar legitimada para ser parte demandante en el proceso judicial que se inicie en proteccin del ambiente (...) el problema no consiste en determinar quin est legitimado para interponer una demanda en proteccin de intereses difusos (...) sino ms bien el problema consiste en evitar una falta de legitimidad por defecto en la parte demandante, es decir, que todos los legitimados puedan estar en el proceso. En este sentido, somos de la opinin que la solucin del problema se encuentra en la institucin de la representacin procesal y no en el de la legitimidad para obrar. El mismo autor seala que esta representacin no es propiamente una representacin legal, pues el representado puede tener capacidad procesal o no al ser un conjunto indeterminado de personas, es por esa razn que estamos ante una representacin legal atpica. Entre la discusin si el tema de los intereses difusos es un tema de legitimacin extraordinaria o representacin legal atpica, me inclino por esta ltima alternativa, pues, en principio, slo tiene legitimidad para obrar quien es titular en la relacin sustantiva, y ste no necesariamente debe intervenir en el proceso, porque puede hacerse representar. En ese sentido, opino que el legitimado sera ese grupo indeterminado de personas (vase supra 1.2), y que la representacin de ese grupo estara dada por las personas nombradas en el artculo 82 del CPC. 1.5 EL LITISCONSORCIO En el litisconsorcio varias personas litigan en forma conjunta porque existe entre ellos algn inters comn, algn derecho comn, alguna pretensin comn que se deriva de un mismo ttulo. El litisconsorcio, en realidad, implica una acumulacin subjetiva por la presencia de ms de una persona en la calidad de demandantes o como demandados. El artculo 92 del CPC seala que hay litisconsorcio cuando dos o ms personas litigan en forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensin, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una pudiera afectar a la otra. El artculo 82, in fine, del CPC establece lo siguiente: Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, sin la intervencin de los Gobiernos Locales indicados en el prrafo anterior, el Juez deber incorporarlos en calidad de litisconsortes necesarios, aplicndose lo dispuesto en los artculos 93 a 95. En estos casos, una sntesis de la demanda ser publicada en el Diario Oficial El Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito judicial. Son aplicables a los procesos
sobre intereses difusos, las normas sobre acumulacin subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente. Existe un error de tcnica legislativa donde dice: los Gobiernos Locales indicados en el prrafo anterior; pues en dicha parte no se les hace referencia. Para salvar este error, se debe entender que los Gobiernos Locales son las Municipalidades Provincial o Distrital, quienes deben intervenir, indistintamente, en calidad de litisconsortes necesarios. Por otra parte, el artculo 93 del CPC establece que cuando la decisin a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, slo ser expedida vlidamente si todos comparecen o son emplazados, segn se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposicin legal en contrario. En ese orden de ideas, los Gobiernos Locales debern ser incorporados en los procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales, en calidad de litisconsortes necesarios, pues la decisin a recaer en el proceso les afectar, si se tiene en cuenta que segn el ltimo prrafo del artculo 82 del CPC, la indemnizacin que se establezca en la sentencia deber ser entregada a las Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, a fin de que la emplee en la reparacin del dao ocasionado o la conservacin del medio ambiente de su circunscripcin. Pea Chacn afirma que, Lo ideal en materia de dao ambiental, es que las sumas que se recojan como indemnizaciones por daos ambientales sean invertidas en la reparacin del dao causado, de ser posible en el mismo lugar en que aconteci el dao, de hecho en materia de dao ambiental, lo ms recomendable es la reparacin in natura. Por otra parte, el Juez ordenar la publicacin de la demanda a efectos de determinar si alguna otra institucin pretenda ingresar al proceso, pudiendo presentarse un litisconsorcio activo. De esta forma, si existen dos instituciones sin fines de lucro que protegen el mismo inters afectado, la otra podr ingresar al proceso como litisconsorte facultativo. Asimismo, es factible un litisconsorcio pasivo, dependiendo de los efectos que producir la sentencia frente a terceros. 1.6 LAS PRETENSIONES En todo proceso de inters difuso, la pretensin principal ser la inmediata paralizacin de la actividad daosa, pudiendo, inclusive, solicitar una medida cautelar, con la finalidad de asegurar la paralizacin de dicha actividad mientras dure el proceso. Eso tiene asidero pues, si bien hasta ahora se ha seguido lo dispuesto por el Cdigo Procesal Civil, opino que la pretensin sobre la inmediata paralizacin de la actividad daosa puede intentarse, tambin, en el proceso constitucional de amparo o en un proceso penal Respecto al proceso constitucional de amparo, conforme al artculo 1 del Cdigo Procesal Constitucional, ste tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violacin o amenaza de violacin de un derecho constitucional. Por tanto, en su caso, debe demandarse la inmediata paralizacin de la actividad daosa, que viola o amenaza uno o varios derechos constitucionales. Claro est, que un mandato judicial que ampare dicha pretensin ocurrir luego de concluido con el proceso constitucional que slo en teora es sumarsimo; sin embargo, puede intentarse una medida cautelar conforme lo establece el artculo 15 del Cdigo Procesal Constitucional (modificado por el Artculo 1 de la Ley 28946, publicada el 24 diciembre 2006). En el proceso penal se puede alcanzar la inmediata paralizacin de la actividad daosa, pero slo en los delitos contra el medio ambiente; conforme al artculo 341 del Cdigo Penal, El Juez Penal ordenar, como medida cautelar, la suspensin inmediata de la actividad contaminante, as como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate de conformidad con el artculo 105 inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad en materia ambiental. La norma citada, dentro del numeral 341, establece lo siguiente: Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurdica o utilizando su organizacin para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podr aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: 1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carcter temporal o definitivo. Volviendo al proceso civil, tambin se podr solicitar una acumulacin objetiva originaria accesoria, es decir, como segunda pretensin, la indemnizacin por los daos sociales que pudieran haberse ocasionado. Aunque el texto del artculo 82 establece la indemnizacin a favor de los Gobiernos
Locales para reparar el dao ocasionado o conservar el medio ambiente, opino que la pretensin de indemnizacin puede plantearse en forma de acumulacin objetiva originaria accesoria en cualquier caso de lesin de un inters difuso. Al respecto hay que sealar, que la indemnizacin, a favor de los Gobiernos Locales para reparar el dao ocasionado o para conservar del medio ambiente de su circunscripcin, se considera tcitamente integrada a la demanda, pues la accesoriedad est expresamente prevista por la ley, conforme a lo establecido por la ltima parte del artculo 87 del CPC. No ocurre lo mismo en los dems casos, en los que se tendr que establecer expresamente la accesoriedad de la pretensin de indemnizacin; y en estos casos, nunca el beneficiario ser quien represente al conjunto indeterminado, sino que el monto por concepto de indemnizacin deber corresponder, de alguna u otra forma, a dicho grupo indeterminado de personas que se hubiese visto afectado. Para Pea Chacn: La jurisprudencia tiende cada vez ms a prescindir de la culpabilidad o ilicitud de la conducta para declarar la obligacin de resarcir los daos cuando se trata de actividades productoras de riesgo, reconociendo una suerte de responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo, en virtud de la cual, cuando una actividad desarrollada por una persona o empresa representa una fuente de provecho para ella y un riesgo adicional y extrao para los circundantes (personas o bienes), el resarcimiento de daos y perjuicios se configura como una especie de contrapartida de la utilidad proporcionada por la actividad peligrosa (ubi emolumentum, ibi onus), aunque tal dao se haya producido sin poder evitarlo y pese a haber adoptado las precauciones tcnicas prescritas. Es necesario sealar que cuando se hable de indemnizacin por dao y perjuicios se tiene que hacer remisin al tema de la responsabilidad civil extracontractual. Al respecto, el criterio objetivo de responsabilidad (artculo 1970 del Cdigo Civil) resulta aplicable a supuestos de responsabilidad extracontractual sobre la base del riesgo creado. Finalmente, en el proceso de inters difuso no se pueden acumular las pretensiones individuales porque ello contravendra la finalidad y la esencia de esta pretensin social; lo que s podr hacer la persona que ha sido afectada particularmente por el hecho daoso es demandar indemnizacin por daos y perjuicios despus de haberse obtenido sentencia favorable en el proceso de inters difuso. CAPTULO II DESARROLLO DEL PROCESO CIVIL SOBRE INTERESES DIFUSOS 2.1 ETAPA PREJUDICIAL 2.1.1 MEDIDA CAUTELAR ANTES DE LA INICIACIN DEL PROCESO La medida cautelar es aquella institucin procesal mediante la cual el rgano jurisdiccional, a instancia de parte, asegura la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo, en razn de existir verosimilitud en el derecho invocado y peligro en que la demora en la sustanciacin de la litis traiga como consecuencia que la decisin judicial no pueda reintegrar a la parte vencedora en el juicio la totalidad de su derecho. La finalidad de la medida cautelar es darle en lo posible al solicitante de la misma la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser cumplido o ejecutado. De esta manera se garantiza que no solo va a obtener una simple declaracin respecto de su derecho, sino que su pretensin va a ser amparada de modo efectivo. Asimismo, la medida cautelar tiene por finalidad impedir que la sentencia a dictarse en el proceso principal llegue a ser por circunstancias naturales o voluntarias intil o inejecutable, ya sea total o parcialmente. El artculo 608 dice que todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso o dentro de ste, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisin definitiva. El juez que conoce la pretensin principal es el competente para encargarse del procedimiento cautelar en que se solicita la medida que busca asegurar aqulla. Segn el artculo 33, es competente para dictar medida cautelar antes de la iniciacin del proceso, el Juez competente por razn de grado para conocer la demanda prxima a interponerse. La proteccin efectiva de intereses difusos puede ejercitarse a travs de una medida cautelar de ndole suspensiva, en su caso. Opino que lo mejor sera interponer una medida cautelar antes de la iniciacin del proceso, con la exposicin de los argumentos que causen conviccin al juez respecto de la verosimilitud del derecho invocado esto es, sobre la existencia de un inters difuso vulnerado, que es
sustento de la pretensin principal; y respecto a la necesidad de la decisin preventiva por la existencia del peligro en la demora. En ese sentido hay que tener en cuenta que de acuerdo con el artculo 636 del CPC: Ejecutada la medida antes de iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo Juez, dentro de los diez das posteriores a dicho acto. Si no se interpone la demanda oportunamente, o sta es rechazada liminarmente, la medida caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisin de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tramitacin. A propsito, el derecho es verosmil cuando reviste apariencia de verdadero. La certeza del mismo se configurar cuando se adquiere conviccin de su existencia. Aqu no se trata de establecer la certeza de la existencia del derecho, que es propiamente el objeto del proceso principal, sino solamente de formular un juicio de probabilidad de su existencia, sobre la base de una cognicin sumaria y superficial. Por otra parte, el peligro de la demora es aquel requisito de la medida cautelar consistente en el riesgo de ineficacia de la sentencia a dictarse en el litigio, en caso de no expedirse en forma inmediata el auto de cautela que asegure el cumplimiento o ejecutabilidad de aqulla. La forma de la medida cautelar no supone necesariamente sealar alguna clase de medida prevista en el ordenamiento procesal, porque bien puede solicitar una medida genrica, es decir, aquella no regulada legalmente. Sin embargo, en cuanto al tema de estudio, los autores consultados coinciden que lo aconsejable es la medida cautelar innovativa. Segn el artculo 682 del CPC, Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteracin vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional por lo que slo se conceder cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley. Considerando que, en todo proceso sobre intereses difusos, la pretensin principal ser la inmediata paralizacin de la actividad daosa, opino que una medida cautelar innovativa ser adecuada cuando se est ante la inminencia de un perjuicio irreparable, es decir, antes que ese dao sea irreversible; adems, esta medida debe ser excepcional, vale decir, no debe existir otra medida prevista en la ley con la que se pueda obtener la misma finalidad: reponer un estado de hecho o de derecho. En ese sentido, encuentro similitudes entre dicha medida cautelar con el proceso de amparo, pues ste tiene como objetivo reponer las cosas al estado anterior a la violacin o amenaza de violacin de un derecho constitucional. Entonces, debido al carcter subsidiario del proceso de amparo tras la vigencia del Cdigo Procesal Constitucional, se podra iniciar un proceso de amparo y luego un proceso en la va civil sobre intereses difusos pero no al revs, pues la demanda de amparo sera declarada improcedente, y en ambos procesos se podra intentar una medida cautelar con idntico objeto: reponer un estado de hecho o de derecho. Ahora bien, admitida la medida cautelar innovativa en el proceso civil, la demanda en el proceso de amparo tendra que ser declarada improcedente por sustraccin de la pretensin?. Opino que no, pues la medida cautelar es preventiva y no definitiva, como debe ser un pronunciamiento sobre el fondo en un proceso de amparo. El rgano jurisdiccional podra considerar irreparable el dao ocasionado y, por ende, improcedente la medida cautelar innovativa. En ese caso y cuando se est convencido sobre lo irreparable del dao ocasionado, opino que es mejor solicitar una medida cautelar genrica prevista en el artculo 629 del CPC, porque por dicha medida el juez autoriza o prohbe la ejecucin de determinados actos, es decir, toma providencias para que se prohban actos lesivos de la parte o se autorice la ejecucin de actos para el mismo fin, y que, en consecuencia, se trata de otras precauciones o cautelas tendientes no ya a la futura ejecucin del fallo, sino a que cese el dao; aunque se tenga por irreparable. Finalmente hay que tener en cuenta que segn el Artculo 11 del Decreto Supremo N 001-98JUS, Reglamento de la Ley de Conciliacin , Tratndose de los procedimientos cautelares iniciados antes del proceso principal, el solicitante de la medida tendr plazo de 5 das calendario, comenzados a contar desde el momento en que se ejecute la medida cautelar, para solicitar la Conciliacin. Si la Conciliacin es total, el solicitante deber pedir de inmediato que se deje sin efecto la medida cautelar. Si no hay acuerdo, o ste es parcial, el plazo previsto para interponer la demanda, sealado en el Artculo 636 del Cdigo Procesal Civil, empezar a correr desde la fecha del Acta de Conciliacin.
En suma, ejecutada la medida cautelar en la etapa prejudicial, el solicitante de la medida tiene un plazo de cinco das naturales, contados a partir de la fecha en que se ejecute la medida, para solicitar la Conciliacin Extrajudicial. Admitida la solicitud se abre todo un procedimiento que debe concluir en un documento llamado Acta de Conciliacin. Desde el momento que ste documento es notificado corre el plazo de diez das para interponer la demanda, de no haberse alcanzado la conciliacin respecto de todos los puntos controvertidos, claro est. 2.1.2 CONCILIACION EXTRAJUDICIAL La Conciliacin Extrajudicial es un medio de solucin de conflictos que permite a las personas acceder a la justicia, de forma confidencial, rpida y econmica. Es un procedimiento flexible y pacfico, en el cual una tercera persona denominada conciliador, facilita el dilogo y la comunicacin entre las partes en conflicto, ayudndolas en la bsqueda de un acuerdo beneficioso para cada una de ellas. Por medio de esta institucin reconocida en la Ley N 26872, Ley de Conciliacin, desde noviembre de 1997, el Estado devuelve a los particulares la posibilidad de resolver sus conflictos por ellos mismos, sin necesidad de acudir para ello a la va judicial; promoviendo una Cultura de Paz. Segn el Artculo 6 de la Ley N 26872, la Conciliacin es un requisito de procedibilidad necesariamente previo a los procesos a que se refiere el Artculo 9. Este numeral seala que son materia de Conciliacin las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Aunque los bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histrico o del consumidor, no se tratan de derechos disponibles por las partes, opino que en este caso se podra aplicar por analoga lo dispuesto en el segundo prrafo del Artculo 10 del Decreto Supremo N 001-98-JUS Reglamento de la Ley de Conciliacin, sobre violencia familiar, segn el cual, Debe tenerse en cuenta que, en estos casos, el fin de la conciliacin es el cese definitivo de los actos de violencia, por lo que es nulo cualquier acuerdo que implique la renuncia de derechos o legitimen los actos de violencia. Por consiguiente, de iniciarse el procedimiento de conciliacin extrajudicial, el fin de la conciliacin sera el cese definitivo de los perjuicios ocasionados a los bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente, o el patrimonio cultural o histrico, o al consumidor; siendo nulo cualquier acuerdo que implique la renuncia de derechos o legitimen los actos de violencia. 2.2 ETAPA POSTULATORIA 2.2.1 LA DEMANDA Respecto a la demanda, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artculos 424 y 425 del CPC. Asimismo, para la conformacin de la relacin procesal (vase supra 1.5), se tendr que tener en cuenta el tema de la acumulacin subjetiva (artculos 83 y ss del CPC) y el tema del litisconsorcio (artculos 92 y ss del CPC). Adems, respecto al planteamiento de las pretensiones (vase supra 1.6), es pertinente revisar el tema de la acumulacin objetiva (artculos 83 y ss del CPC). Respecto a la va procedimental, en el CPC no se indica expresamente cul debe ser la adecuada para los procesos sobre intereses difusos, debiendo el Juez designar la va procedimental que a su criterio sea la pertinente. Es evidente que debera optarse por las vas especiales, esto es, el proceso abreviado o el sumarsimo, que estn diseadas para resolver las controversias rpidamente (aunque slo en teora). El Tribunal Constitucional, en el fundamento 9 de la sentencia recada en el Exp. 3298-2004AA/TC (14.01.2005), seala lo siguiente: Aun cuando en el presente caso se ha invocado como argumento desestimatorio de la demanda la inexistencia de una estacin probatoria dentro del proceso constitucional de amparo, este Colegiado considera que en supuestos en los que las pruebas aportadas resultan suficientemente esclarecedoras o la constatacin en torno de la presunta vulneracin requiere tan slo un juicio de puro derecho o de simple contraste normativo, el amparo no slo resulta la va idnea para dilucidar la pretensin reclamada sino que constituye el instrumento ms adecuado para la tutela de los derechos constitucionales. Cabe, por otra parte, precisar que, de manera simultnea a lo sealado en el prrafo precedente, en el caso de autos los atributos objeto de reclamo se encuentran directamente vinculados con la proteccin o defensa del usuario. Dentro de dicho contexto y habindose puntualizado en anteriores ocasiones que tales derechos tienen una tutela preferente a nivel constitucional, queda claro que tampoco resulta procedente invocar el argumento de la va inadecuada, cuando es el amparo, por
excelencia, el mecanismo procesal pertinente para dilucidar la vulneracin de derechos constitucionales de naturaleza econmica como el descrito. 2.2.2 AUTO ADMISORIO Presentada la demanda el rgano jurisdiccional debe resolver su admisibilidad y procedencia, calificando la demanda negativa o positivamente. Slo en este ltimo caso resolver admitir a trmite la demanda. Segn el artculo 426, el rgano jurisdiccional declarar inadmisible la demanda cuando: no tenga los requisitos legales; no se acompaen los anexos exigidos por ley; el petitorio sea incompleto o impreciso; o la va procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o al valor de ste, salvo que la ley permita su adaptacin. En los casos que el Juez declare inadmisible la demanda, ordenar al demandante subsane la omisin o defecto en un plazo no mayor de diez das (dependiendo el tipo de proceso). Si el demandante no cumpliera con lo ordenado, el Juez rechazar la demanda y ordenar el archivo del expediente. Como se ha visto, en el examen preliminar de la admisibilidad de la demanda el rgano jurisdiccional tiene que verificar la presencia de los presupuestos procesales de forma, tales como la capacidad procesal vase los incisos 1 al 4 del artculo 425 del CPC y la demanda en forma. El tema de la competencia del juez tiene un tratamiento especial aunque sea un presupuesto procesal de forma, pues existe la prrroga tcita o convencional de la competencia territorrial (vase el artculo 25 y 26 del CPC); en ese sentido, slo ser un requisito procesal de forma cuando la competencia sea pasible de prrroga. De acuerdo con el artculo 427 del CPC, el rgano jurisdiccional declarar improcedente la demanda cuando: el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; el demandante carezca manifiestamente de inters para obrar; advierta la caducidad del derecho; carezca de competencia; no exista conexin lgica entre los hechos y el petitorio; el petitorio fuese jurdica o fsicamente imposible; o contenga una indebida acumulacin de pretensiones. En caso que el juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, la declara as de plano expresando los fundamentos de su decisin y devolviendo los anexos. Si la resolucin que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondr en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolucin superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. Respecto al tema de investigacin, la demanda presentada por alguien que no est comprendido en el segundo y tercer prrafo del artculo 82 del CPC, ser declarada improcedente; aunque opino que no se podr declarar improcedente la demanda presentada por un afectado directo, en ejercicio de la accin popular. Por otra parte, segn el artculo 430 del CPC, si el rgano jurisdiccional califica la demanda positivamente, da por ofrecidos las medios probatorios, confiriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso. En caso contrario, si la demanda es calificada en forma negativa se tendra dos supuestos: la improcedencia o la inadmisibilidad de la demanda; empero, slo en este ltimo supuesto se concede al demandante un plazo para que subsane las observaciones. En el caso que se declare improcedente la demanda es factible el recurso de apelacin. En doctrina tambin se acepta la posibilidad de apelar la resolucin que declara admisible la demanda; sin embargo, esto ha sido rechazado por una Sala Civil de la Corte Suprema de la Repblica. En todo caso, este tema escapa al mbito de la presente investigacin; pero, preliminarmente, debo manifestar mi desacuerdo con negar la posibilidad de apelar el auto admisorio. 2.2.3 CONTESTACIN DE LA DEMANDA Respecto a los requisitos de la contestacin de la demanda, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artculo 442 del CPC; los mismos que guardan similitud con los requisitos exigidos a la demanda. As, de acuerdo con el artculo 444 del CPC, en la contestacin se acompaan los anexos exigidos para la demanda en el artculo 425, en lo que corresponda. El demandado puede proponer las excepciones y defensas previas, conforme a lo previsto en los artculos 446 y siguientes del CPC. 2.3 SANEAMIENTO PROCESAL
De acuerdo con el artculo 465 del CPC, luego de admitida la contestacin de la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez, de oficio y an cuando el emplazado haya sido declarado rebelde, expedir resolucin declarando: 1. La existencia de una relacin jurdica procesal vlida; o, 2. La nulidad y consiguiente conclusin del proceso por invalidez insubsanable de la relacin, precisando sus defectos; o, 3. La concesin de un plazo, si los defectos de la relacin fuesen subsanables, segn lo establecido para cada va procedimental. Subsanados los defectos, el Juez declarar saneado el proceso por existir una relacin procesal vlida. En caso contrario, lo declarar nulo y consiguientemente concluido. La resolucin que declara concluido el proceso o la que concede plazo para subsanar los defectos, es apelable con efecto suspensivo. Como se ha visto, esta es la segunda oportunidad que tiene el rgano jurisdiccional para verificar la existencia tanto de los presupuestos procesales de forma como de las condiciones para el ejercicio de la accin. Respecto al tema de investigacin, el rgano jurisdiccional podra recin cuestionar, v. gr., la legitimidad para obrar del demandante y declarar nulo y concluido el proceso, o cuestionar la capacidad procesal del demandante, concedindole un plazo para que subsane los defectos observados. Respecto a las alternativas de declarar nulo y concluido el proceso, o conceder un plazo para subsanar las observaciones, para mayor claridad estdiese el tema de los efectos de las excepciones, prevista en el artculo 451 del CPC. Por otra parte, segn el artculo 449, en caso que se hayan propuesto excepciones, absuelto el traslado o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez, en decisin debidamente motivada e inimpugnable, puede prescindir de los medios probatorios pendientes de actuacin, declarando infundada la excepcin y saneado el proceso; de lo contrario, fijar da y hora para la audiencia de saneamiento. En sta se actuarn los medios probatorios ofrecidos y necesarios, a criterio del Juez, para resolver la excepcin. Al final de la audiencia el Juez resuelve la excepcin. Si declara infundadas las excepciones propuestas, declara adems saneado el proceso; de lo contrario, aplica lo dispuesto en los artculos 450 y 451. Como se ha visto, el hecho que se propongan excepciones no implica que se convoque a una audiencia de saneamiento, pues el rgano jurisdiccional puede prescindir de los medios probatorios pendientes de actuacin y declarar infundada la excepcin y saneado el proceso; en otras palabras, el rgano jurisdiccional no convocar a la audiencia de saneamiento cuando la infundabilidad sea manifiesta, es decir, cuando no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno. 2.4 AUDIENCIA CONCILIATORIA, O DE FIJACIN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO Segn el Artculo 468 del CPC, expedido el auto que declara saneado el proceso o subsanados los defectos advertidos, el Juez fija da y hora para la realizacin de la audiencia conciliatoria. De acuerdo con el Artculo 469 la audiencia conciliatoria tiene por finalidad principal propiciar la conciliacin entre las partes. Para tal efecto, el Juez sujetar su intervencin a lo dispuesto en el CPC sobre conciliacin. Como consecuencia de la audiencia conciliatoria son tres los posibles resultados: hay conciliacin, no hay conciliacin o hay conciliacin parcial. El Artculo 470 del CPC, establece lo siguiente: Si se produjera conciliacin, el Juez especificar cuidadosamente el contenido del acuerdo. El acta debidamente firmada por los intervinientes y el Juez equivale a una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Los derechos que de all emanen pueden ser ejecutados, protocolizados o inscritos con el slo mrito de la copia certificada del acta. El Artculo 471 dispone lo siguiente: De no haber conciliacin, el Juez, con lo expuesto por las partes, proceder a enumerar los puntos controvertidos y, en especial, los que van a ser materia de prueba. A continuacin decidir la admisin de los medios probatorios ofrecidos, si los hubieran. Luego ordenar la actuacin de los medios probatorios ofrecidos referentes a las cuestiones probatorias, de haberlas.
Al final de la audiencia, el Juez comunicar a las partes el da, la hora y el lugar para la realizacin de la audiencia de pruebas, que ser en un plazo no mayor de cincuenta das, contado desde la audiencia conciliatoria. Aunque esquemticamente la audiencia conciliatoria se produce luego de que se ha declarado saneado el proceso, la conciliacin puede presentarse en cualquier estado del proceso, hasta que se expida sentencia de segunda instancia; conforme lo establece el artculo 323 del CPC. En cualquier caso, siempre ser necesario convocar a una audiencia, ya sea de oficio o a pedido de parte; segn el artculo 324 del CPC. Pese a lo expuesto en el sub-captulo sobre la conciliacin extrajudicial (vase supra 2.1.2), en el proceso sobre intereses difusos no es posible llegar a un acuerdo conciliatorio dentro del proceso, pues conforme al artculo 325 del CPC, la conciliacin debe tratar sobre derechos disponibles. 2.5 AUDIENCIA DE PRUEBAS Segn el Artculo 203 del CPC, La fecha fijada para la audiencia es inaplazable, salvo el caso previsto en el ltimo prrafo, y se realizar en el local del juzgado. A ella debern concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Pblico, en su caso. Las personas jurdicas y los incapaces comparecern a travs de sus representantes legales. Las partes y terceros legitimados pueden concurrir con sus abogados. Salvo disposicin distinta de este Cdigo, slo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el juez autorizar a una parte a actuar mediante representante. Si a la audiencia concurre una de las partes, sta se realizar slo con ella. Si no concurren ambas partes, el juez fijar nueva fecha para su realizacin. Si en la nueva fecha tampoco concurren, el juez dar por concluido el proceso. De conformidad con el Artculo 208 del CPC, En el da y hora fijados, el Juez declarar iniciada la audiencia y dispondr la actuacin de las pruebas en el siguiente orden: 1. Los peritos, quienes resumirn sus conclusiones y respondern a las observaciones hechas por las partes a sus informes escritos; 2. Los testigos con arreglo al pliego interrogatorio presentado, a quienes el Juez podr hacerles las preguntas que estime convenientes y las que las partes formulen en va de aclaracin; 3. El reconocimiento y la exhibicin de los documentos; 4. La declaracin de las partes, empezando por la del demandado. Si se hubiera ofrecido inspeccin judicial dentro de la competencia territorial del Juez, se realizar al inicio junto con la prueba pericial, pudiendo recibirse sta y otros medios probatorios en el lugar de la inspeccin, si el Juez lo estima pertinente. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Juez, en decisin debidamente motivada e inimpugnable, ordenar la actuacin de la inspeccin judicial en audiencia especial. Cuando los mismos medios probatorios hayan sido ofrecidos por ambas partes, se actuarn primero los del demandante. La actuacin de cualquier medio probatorio ofrecido deber ocurrir antes de la declaracin de las partes. El Artculo 210 del CPC, dispone que concluida la actuacin de los medios probatorios, el Juez conceder la palabra a los Abogados que la soliciten. El Artculo 211 seala que antes de dar por conclua la audiencia, el Juez comunicar a las partes que el proceso est expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en que lo har. De acuerdo con el Artculo 212 del CPC, dentro de un plazo comn que no exceder de cinco das desde concluida la audiencia, los Abogados pueden presentar alegato escrito, en los procesos de conocimiento y abreviado. 2.6 SENTENCIA Si no se produce alguna de las formas especiales de conclusin del proceso previstas en los artculos 323 y ss. del CPC, corresponder al rgano jurisdiccional emitir sentencia. Segn el tercer prrafo del Artculo 121 del CPC, mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronuncindose en decisin expresa, precisa y motivada sobre la cuestin controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relacin procesal.
De acuerdo con el Artculo 122 del CPC, la sentencia exigir en su redaccin la separacin de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva, deber contener, bajo sancin de nulidad, lo siguiente: 1. La indicacin del lugar y fecha en que se expiden; 2. El nmero de orden que les corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expiden; 3. La mencin sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolucin con las consideraciones, en orden numrico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisin, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, segn el mrito de lo actuado; 4. La expresin clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una peticin por falta de algn requisito o por una cita errnea de la norma aplicable a su criterio, deber en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; 5. El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso; 6. La condena en costas y costos y, si procediera, de multas; o la exoneracin de su pago; y 7. La suscripcin del Juez y del Auxiliar jurisdiccional respectivo. Cuando se emita sentencia debe tenerse presente lo dispuesto en el artculo III del CPC, segn el cual el Juez deber atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurdica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Asimismo, cabe sealar que los incisos 3 y 4 del artculo 122 del CPC, resultan ser los casos de error in procedendo ms comunes en las sentencias casatorias (vase infra 2.10). En ese sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento 4 de la Sentencia recada en el Exp. 07030-2005-PHC/TC (21.08.2006), ha sostenido que [el derecho a la motivacin] implica que cualquier decisin cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lgica y jurdica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidi en un sentido o en otro, estn en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. El derecho a la motivacin es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva. 2.7 RECURSO DE APELACIN Segn el Artculo 364 del CPC, el recurso de apelacin tiene por objeto que el rgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolucin que les produzca agravio, con el propsito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. El Artculo 365 establece que procede apelacin: 1. Contra las sentencias, excepto las impugnables con recurso de casacin y las excluidas por convenio entre las partes; 2. Contra los autos, excepto los que se expidan en la tramitacin de una articulacin y los que este Cdigo excluya; y 3. En los casos expresamente establecidos en este Cdigo. Volviendo al tema de los intereses difusos, segn el artculo 82 del CPC, en caso que la sentencia no ampare la demanda, ser elevada en consulta a la Corte Superior. Por consiguiente, ante una sentencia estimatoria el demandado estar facultado para interponer el recurso de apelacin. En este caso, tambin la demandante podra apelar, siempre que en la sentencia no se haya amparado todas sus pretensiones. 2.8 CONSULTA De acuerdo con el artculo 82 del CPC, en caso que la sentencia no ampare la demanda, ser elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, ser obligatoria adems para quienes no hayan participado del proceso. Durante la tramitacin de la consulta, los efectos de la resolucin quedan suspendidos, segn el Artculo 409 del CPC. 2.9 SENTENCIA DE VISTA El Artculo 373 dispone lo siguiente: La apelacin contra las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada va procedimental, contado desde el da siguiente a su notificacin.
Concedida apelacin, se elevar el expediente dentro de un plazo no mayor de veinte das, contado desde la concesin del recurso, salvo disposicin distinta de este Cdigo. Esta actividad es de responsabilidad del Auxiliar jurisdiccional. En los procesos de conocimiento y abreviado, el superior conferir traslado del escrito de apelacin por un plazo de diez das. Al contestar el traslado, la otra parte podr adherirse al recurso, fundamentando sus agravios, de los que se conferir traslado al apelante por diez das. Con la absolucin de la otra parte o del apelante si hubo adhesin, el proceso queda expedito para ser resuelto, con la declaracin del Juez superior en tal sentido, sealando da y hora para la vista de la causa. El desistimiento de la apelacin no afecta a la adhesin. El Artculo 374 establece lo siguiente: Slo en los procesos de conocimiento y abreviados las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de formulacin de la apelacin o en el de absolucin de agravios, y nicamente en los siguientes casos: 1. Cuando los medios probatorios estn referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o inters discutido, pero acaecidos despus de concluida la etapa de postulacin del proceso; y, 2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. Es inimpugnable la resolucin por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos, se fijar fecha para la audiencia respectiva, la que ser dirigida por el Juez menos antiguo, si el superior es un rgano colegiado. De acuerdo con el Artculo 370 del CPC, el Juez superior no puede modificar la resolucin impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte tambin haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede integrar la resolucin apelada en la parte decisoria, si la fundamentacin aparece en la parte considerativa. Segn el Artculo 378 del CPC, contra las sentencias de segunda instancia slo proceden el pedido de aclaracin o correccin y el recurso de casacin, siempre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisin. El Artculo 379 del CPC, establece que consentida la sentencia de segunda instancia que contiene un mandato y, devuelto el expediente al Juez de la demanda, la sentencia adquiere la calidad de ttulo de ejecucin judicial. 2.10 RECURSO DE CASACIN El Artculo 384 establece que el recurso de casacin tiene por fines esenciales la correcta aplicacin e interpretacin del derecho objetivo y la unificacin de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el Artculo 385 del CPC, slo procede el recurso de casacin contra: 1. Las sentencias expedidas en revisin por las Cortes Superiores; 2. Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisin, ponen fin al proceso; y 3. Las resoluciones que la ley seale. El Artculo 386 del CPC, establece que son causales para interponer recurso de casacin: 1. La aplicacin indebida o la interpretacin errnea de una norma de derecho material, as como de la doctrina jurisprudencial; 2. La inaplicacin de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial; o 3. La contravencin de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infraccin de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Est incluida en el inciso 1 la causal de aplicacin indebida del Artculo 236 de la Constitucin de 1979 (control difuso), cuyo texto se repite en el segundo prrafo del artculo 138 de la Constitucin de 1993. Segn el artculo 82, en caso que la sentencia no ampare la demanda ser elevada en consulta a la Corte Superior y considerando que mediante la consulta dicho rgano jurisdiccional revisa la sentencia por disposicin legal, opino que es procedente el recurso de casacin tambin en este caso. 2.11 SENTENCIA CASATORIA
El Artculo 396 dispone lo siguiente: Si la sentencia declara fundado el recurso, adems de declararse la nulidad de la sentencia impugnada, la Sala debe completar la decisin de la siguiente manera: 1. Si se trata de las causales precisadas en los puntos 1. y 2. del Artculo 386, resuelve adems segn corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior. 2. Si se trata de la causal precisada en el inciso 3. del Artculo 386, segn sea el caso: 2.1. Ordena que el rgano jurisdiccional inferior expida un nuevo fallo. 2.2. Declara insubsistente lo actuado hasta el folio en que se cometi el vicio que determin la sentencia casatoria. 2.3. Declara insubsistente la sentencia apelada y que el Juez que la expidi lo haga nuevamente. 2.4. Declara insubsistente la sentencia apelada y nulo lo actuado hasta el folio en que se cometi el vicio que determin la sentencia casatoria. 2.5. Declara insubsistente la sentencia apelada, nulo lo actuado e inadmisible o improcedente la demanda. En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tendr fuerza obligatoria para el rgano jurisdiccional inferior. El Artculo 397 establece lo siguiente: La sentencia debe motivar los fundamentos por los que declara infundado el recurso cuando no se hayan presentado ninguna de las causales previstas en el Artculo 386. La Sala no casar la sentencia por el slo hecho de estar errneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificacin. 2.12 EFECTOS DE LA COSA JUZGADA El artculo 82, in fine, del CPC dice que en caso que la sentencia no ampare la demanda, ser elevada en consulta a la Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, ser obligatoria adems para quienes no hayan participado del proceso. Cuando se desestime la demanda, solo alcanzaran los efectos a quien la interpuso; mientras que cuando se declara el derecho en sentido favorable a la proteccin del inters difuso, esta ser oponible a terceros. En ese sentido, Zumaeta explica que la sentencia puede ser aplicable a otra similar que este produciendo el mismo hecho daoso, y no estara violando el derecho de defensa, ni el debido proceso, toda vez que entre el valor derecho de defensa y el inters social prima este ultimo. [Zumaeta Muoz, Pedro, Temas de la teora del proceso, Derecho Procesal Civil , 2da. edicin, Lima, 2005] Morales Godo opina que en este caso una sentencia desestimatoria, no constituye cosa juzgada, quedando expedito el camino para que otro legitimado pueda iniciar la misma accin. Nos parece atendible esta conclusin toda vez que se trata de intereses que corresponde a una colectividad, son intereses generales que deben prevalecer. CONCLUSIONES 1) Es la dimensin del grupo subjetivo lo que hace colectivo a un inters, pero es la indeterminacin, la falta de lmites precisos en cuanto a la identificacin de las personas que lo componen, lo que convierte a ese inters en difuso. Los intereses difusos tambin son colectivos, pero no cuentan con respaldo organizacional. 2) El tema de los intereses difusos no es un tema de legitimacin extraordinaria sino de representacin legal atpica, pues, en principio, slo tiene legitimidad para obrar quien es titular en la relacin sustantiva, y ste no necesariamente debe intervenir en el proceso, porque puede hacerse representar. En ese sentido, el legitimado sera el grupo indeterminado de personas titulares de bienes de inestimable valor patrimonial, y la representacin de ese grupo estara dada por las personas nombradas en el artculo 82 del CPC. 3) Se podr plantear una acumulacin objetiva originaria accesoria, es decir, como pretensin principal, la inmediata paralizacin de la actividad daosa, y como pretensin accesoria, la indemnizacin por los daos sociales que pudieran haberse ocasionado. La indemnizacin a favor de los Gobiernos Locales para reparar el dao ocasionado o conservar el medio ambiente de su circunscripcin, se considera tcitamente integrada a la demanda, pues la accesoriedad
est expresamente prevista por la ley. No ocurre lo mismo en los dems casos, en los que se tendr que establecer expresamente la accesoriedad de la pretensin de indemnizacin. El monto por concepto de indemnizacin deber beneficiar, de alguna u otra forma, al grupo indeterminado de personas que se hubiera visto perjudicado. 4) La proteccin efectiva de intereses difusos puede ejercitarse a travs de una medida cautelar de ndole suspensiva, en su caso. Lo ms recomendable es interponer una medida cautelar antes de la iniciacin del proceso (sobre todo, por existir peligro en la demora). Considerando que, en todo proceso sobre intereses difusos, la pretensin principal ser la inmediata paralizacin de la actividad daosa, una medida cautelar innovativa ser adecuada cuando se est ante la inminencia de un perjuicio irreparable. Cuando el dao sea irreparable, es conveniente solicitar una medida cautelar genrica, pues por dicha medida el juez autoriza o prohbe la ejecucin de determinados actos. 5) Cuando se desestime la demanda, solo alcanzaran los efectos a quien la interpuso; mientras que cuando se declara el derecho en sentido favorable a la proteccin del inters difuso, esta ser oponible a terceros; por tanto, en este caso, prima el inters social sobre el derecho de defensa. BIBLIOGRAFA AAVV, Derecho Procesal, II Congreso Internacional, Universidad de Lima, 2002 Carrin Lugo, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Civil, vol. 1, Grijley, Lima, 2004. Hinostroza Minguez, Alberto: Comentarios al Cdigo Procesal Civil, t. 1, Gaceta Jurdica, Lima, 2004. Medio Ambiente & Derecho, Revista Electrnica de Derecho Ambiental, nmero 08, diciembre 2002. Morales Godo, Juan, Instituciones de derecho procesal, Lima, Palestra Editores, 2005. Sagstegui Urteaga, Pedro, Cdigo Procesal Civil, exgesis y sistemtica, Lima, Grijley, 2005. Zumaeta Muoz, Pedro, Temas de la teora del proceso, Derecho Procesal Civil , 2da. edicin, Lima, 2005. Augusto Melo Trujillo Asesor legal. Investigador jurdico. cij_servicios@hotmail.com
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