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Timestamp: 2019-11-13 04:34:17+00:00

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STC 52/1999, 12 de Abril de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354693
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.533/1994
1. Como hemos dicho desde muy temprano (STC 45/1984, fundamento jurídico 3.o) , no correspondiendo a este Tribunal reconstruir de oficio las demandas (ATC 256/1991), cuando el demandante haya desconocido la carga de argumentación que sobre él recae (STC 7/1998, fundamento jurídico 3.o), siendo especialmente destacable en este caso la pobreza argumental del planteamiento del demandante, al que en todo caso debemos ceñirnos. 2. No es aceptable el planteamiento del actor de que actuó como Letrado, y no como parte del proceso, sino, por el contrario, es obligado centrar el planteamiento en la atribuida condición de recusante y, por ello, de parte en el incidente de recusación. Sobre la base de esa condición, ni se produce indefensión por el hecho de que en el incidente se desestime la recusación y se imponga la multa legalmente prevista para el caso, cuando ello se hace mediante una resolución fundada en Derecho, tanto respecto del hecho de la inexistencia de la alegada causa de recusación, como de la concurrencia de la mala fe; ni se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no existe ninguna omitida en el incidente y en la resolución que lo decide, en relación con la regulación legal del mismo. 3. El deficiente planteamiento alegatorio del demandante no indica de qué oportunidades de defensa se viera privado en el incidente de recusación, ni qué trámite preciso para tal fin pudiera haberse omitido. Por el contrario, el demandante se manifestó dentro del trámite legalmente previsto sin ninguna restricción, y obtuvo una respuesta de fondo a sus argumentos, fundada en Derecho, que es lo que corresponde al contenido del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, según nuestra doctrina, pues si el Letrado podía o no ser considerado como parte recusante en el incidente, y el alcance del término recusante del art. 227.1, , de la L.O.P.J., son cuestiones de mera interpretación de la legalidad ordinaria, en las que no debemos entrar. Sólo podríamos revisar la resolución judicial, si apreciásemos que es irrazonable, arbitraria o basada en un error patente, lo que no es aquí el caso. La insólita actitud del Letrado hoy demandante, al formular la recusación junto con su cliente, hace razonable una interpretación de que se actúa así con la intención de asumir un protagonismo directo como parte del incidente, que no se corresponde con el propio de la mera condición de Letrado en él.
Primero.-A la vista de lo razonadamente informado, tanto por el ilustrísimo señor M. recusado, titular del Juzgado de lo Penal número veintitrés de Barcelona, como de la ilustrísima señora F., poco o nada cabe añadir. La infundada recusación efectuada por don Gilberto T. N. y por don Francesc A. i Arias sólo puede conducir a la resolución prevista en el artículo 227.1 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni se acredita denuncia en el correcto sentido de la expresión, ni concurre -al momento de la recusación- el requisito temporal que se señala la causa cuarta del artículo 219 del texto legal mencionado. Ni, obviamente, ha podido existir amistad íntima o enemistad manifiesta entre el ilustrísimo señor M. recusado y sus recusantes si no ha existido relación de clase alguna entre ellos, previa a la recusación efectuada.
Segundo.-Sí, en cambio, se evidencia mala fe en la actuación de los recusantes quienes, sin fundamentar seriamente su acción, han provocado una innecesaria paralización en el procedimiento, con propósito no determinado pero, en todo caso, ajeno a los principios que rigen el mismo, por lo que debe ser impuesta la sanción prevista en el ya mencionado artículo 227 de la L.O.P.J., en cuantía mayor en quien ostenta una presumiblemente mayor preparación técnica por su condición de Letrado.
Sentencia citada en: 277 sentencias, 7 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 1.533/94, interpuesto por el Letrado don Francesc Arnau i Arias, actuando en nombre propio, contra el Auto de 4 de marzo de 1994 del Instructor del incidente de recusación formulado en el procedimiento abreviado 130/93, seguido en el Juzgado de lo Penal núm. 23 de Barcelona, por el que se dispuso no haber lugar a la recusación del titular de dicho Juzgado y se impuso una multa al recurrente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
3. El día 12 de julio de 1994 se registró un escrito en este Tribunal, procedente del correo certificado del anterior día 4, en el que se traducía al castellano el primitivo escrito del recurrente, acompañado de los mismos documentos. Se indicaba que el recurso de amparo se interpone contra el Auto de 4 de marzo de 1994, porque la sanción impuesta al señor A. i Arias viene provocada por una recusación planteada por el señor G. T., con lo que de esta manera se está sancionando injustamente a don Francesc A. i Arias. Y se aducían las vulneraciones de los derechos fundamentales del art. 24, así como del art. 24 en relación con los arts. 3.2 y 20, todos ellos de la C.E.
4. La Sección, a través de providencia de 22 de diciembre de 1994, acordó recabar del Juzgado de lo Penal núm. 23 de Barcelona la remisión de certificación acreditativa de si en el procedimiento abreviado 130/93, en el que se produjo la recusación, don Francesc A. i Arias intervino como parte o como Letrado de don Gilberto T. i Nadal. A lo que el Secretario de dicho Juzgado contestó mediante certificado de 20 de enero de 1995, en el que daba fe de que en el procedimiento abreviado 130/93 seguido contra don Gilberto T. N. por presunto delito de negativa a cumplir el servicio militar, el Letrado don Francisco Arnau Arias se encargó de la defensa del mismo hasta la fecha de 21 de octubre de 1994, en que el acusado renunció a dicho Letrado. Añadía el certificado que durante el ejercicio de esta defensa y en fecha de 9 de febrero de 1994 se interpuso escrito de recusación del Ilmo. señor Magistrado-Juez de dicho Juzgado, don Juan F. P. A. por el acusado y el mencionado Letrado, encabezando ambos dicho escrito y firmándolo conjuntamente.
a) El recurrente de amparo se encargó de la defensa de don Gilbert T. i Nadal en el procedimiento abreviado 130/93, que se tramitaba en el Juzgado de lo Penal núm. 23 de Barcelona por presunto delito de negativa a cumplir el servicio militar.
Con simultaneidad temporal con dicha denuncia, el propio día 9 de febrero de 1994 se presentó ante el Juzgado de lo Penal núm. 23 de Barcelona escrito de recusación contra el Magistrado titular, ilustrísimo señor don Juan F. P. A. en cuyo escrito se afirmaba que don Gilberto T. i Nadal comparecía juntamente con su Abogado, don Francesc A. i Arias, fundando la recusación en las causas 4. y 8. del art. 219 de la L.O.P.J.
«Auto.-En Barcelona, a 4 de marzo de 1994.
Unico.-Por don Gilberto T. N. y don Francesc A. i Arias, en el procedimiento abreviado 130/93 del Juzgado de lo Penal número 23 de los de la ciudad de Barcelona, fue formulada recusación, con invocación de lo previsto en el artículo 219.4 y 8 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en acta de juicio oral, contra el ilustrísimo señor M. titular de dicho Juzgado don Juan F. P. A. que conocía de la causa quien, razonadamente, no admitió como ciertas. Por la ilustrísima señora F. informante se estimó también que no concurrían las causas alegadas.
Vistos los artículos 219 a 227 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispongo no haber lugar a la recusación del ilustrísimo señor don Juan F. P. A. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número veintitrés de los de la ciudad de Barcelona, promovida por don Gilberto T. N. y don Francesc A. i Arias en el procedimiento abreviado 130/93-E, acordándose, en consecuencia, la devolución a aquél del conocimiento de la causa en el estado en que se halla.
Se impone a don Gilberto T. N. la multa de 50.000 pesetas, y a don Francesc A. i Arias la multa de 90.000 pesetas.
Así por este mi proveído lo acuerdo yo, José Julián García de Eulate y López, Magistrado, Instructor del incidente de recusación, lo que da fe el señor S..»
7. La demanda de amparo, tras relatar en sus antecedentes el incidente acaecido en el inicio del juicio oral, la solicitud de abstención, la negativa a ella, la concesión de diez minutos a la defensa para la formulación de la recusación, la formulación de ésta y su rechazo con imposición de sendas multas de 50.000 y 90.000 pesetas, enuncia los términos de lo que se considera agravio constitucional y la solicitud de amparo en los siguientes literales términos:
«Consideramos que este auto vulnera el derecho fundamental previsto en el art. 24.1 y 24.2 de la Constitución del Estado español de 1978, respecto del abogado Francesc Arnau i Arias.
De los hechos relatados se desprende un ataque serio por parte del sr J. hacia el ejercicio de un derecho legítimo y constitucional, que es el uso de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma de Catalunya, la no protección efectiva de este derecho, removiendo cuantos obstáculos comparezcan, vulneran lo dispuesto en el art. 24.1 CE.
Pero es que, además, el auto impugnado vulnera el derecho fundamental a la no indefensión, a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, ya que el Abogado Francesc Arnau i Arias ha actuado en todo momento como tal y no como parte en el proceso.
Efectivamente, a la vista de los documentos aportados: acta del juicio -parcial, ya que no se recoge los momentos previos ni lo dicho por el señor J., denuncia en el Juzgado de Guardia y escrito de recusación, se desprende claramente esta condición de Letrado, de Abogado, de defensa del señor G. T..
1. Que se declare nulo el auto impugnado por vulnerar los derechos fundamentales citados y protegidos en el art. 24 CE.
2. Que se reponga al Abogado Francesc Arnau i Arias en su derecho, ordenando en este sentido al Juzgado la devolución de 90.000 pesetas que fueron embargadas de la cuenta que el abogado percibe por el turno de oficio en el Colegio de Abogados de Barcelona.»
8. La Sección Cuarta de este Tribunal a través de providencia de 22 de mayo de 1995 acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días, para que formularan, con las aportaciones documentales procedentes, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda, en virtud del art. 50.1 c)LOTC.
9. El Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en la sede de este Tribunal el 13 de junio de 1995, en el que interesaba la inadmisión del recurso por entender que el mismo carecía de contenido constitucional. Tras resumir los hechos de los que trae causa el recurso, el representante del Ministerio Público considera, en relación con la primera alegación del recurrente sobre el supuesto ataque a la lengua catalana, que la resolución judicial recurrida no resuelve nada sobre dicho extremo, sino únicamente sobre un incidente de recusación, fundado en dos causas (art. 219, 4. y 8. L.O.P.J.). Aunque la protección de la lengua catalana debe ser objeto de especial consideración de todos los Poderes Públicos, y entre ellos del Poder Judicial, ello no forma parte per se del contenido del art. 24.1 C.E. La ubicación constitucional de tal protección (art. 3.3 C.E.), obliga a que ésta se dispense en el marco legal y en este caso nada del Auto recurrido vulnera la debida protección de la lengua catalana en relación con el art. 24.1 C.E. Por otra parte, los hechos narrados en la demanda de amparo no se ven respaldados por los documentos oficiales, cuando en el recurso de amparo deben respetarse escrupulosamente los hechos declarados probados en el pleito ordinario art. 44.1 b) LOTC.
El Auto no se limitó a resolver la recusación desestimándola, sino que apreció temeridad e impuso una multa tanto al Letrado como al acusado. En este punto el Auto impugnado tampoco lesionó el art. 24.2 C.E. De conformidad con el art. 223.2 de la L.O.P.J. la recusación la propone el recusante, pero el escrito debe ir firmado por Letrado cuando su intervención fuera, como en el presente caso, necesaria en el pleito. Por su parte, el art. 227.1, in fine, de la L.O.P.J. permite la imposición de multa en razón de la mala fe del «recusante». Concluye el Fiscal que la interpretación de este término es argumento de mera legalidad, reservado con exclusividad a Jueces y Tribunales en virtud del art. 117.3 C.E.; y que en todo caso la multa se le impuso al recurrente, no por el uso de la lengua catalana, sino en el legítimo uso de la potestad jurisdiccional atribuida a los órganos judiciales.
En primer lugar, se plantea la posibilidad de que concurra en este supuesto la causa de inadmisión -que en este trámite sería de desestimación- de la falta de agotamiento de la vía ordinaria art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) de la LOTC. Ciertamente, contra el Auto que decidió el incidente de recusación no cabe recurso alguno (art. 228 L.O.P.J.). Pero no es menos cierto, a juicio del Fiscal, que la petición de recusación puede, y debe, reproducirse en fase procesal posterior, que en el presente caso lo sería en el pertinente recurso de apelación, si la Sentencia de instancia fuera contraria a los intereses del acusado, dado que la recusación se intentó en el acto del juicio oral (art. 228 L.O.P.J.) (ATC 929/1988). Al no haberse hecho así, se habría accedido a la vía de amparo per saltum, privando a los órganos jurisdiccionales de la posibilidad de pronunciarse previamente sobre la cuestión de la recusación, por lo que se habría producido la concurrencia de la mentada causa de inadmisión, ahora de desestimación. Nada de ello consta en las actuaciones, y quizás procediera prueba en tal sentido, aunque parece obvio que la causa principal ha seguido su curso.
En tercer lugar, el escrito del Fiscal desciende al análisis de la argumentación del Auto impugnado y resalta lo siguiente: a) En cuanto a entender que la denuncia presentada por los actores del incidente de recusación no supone el cumplimiento de la causa de recusación prevista en el art. 219.4. L.O.P.J., debe aceptarse la tesis de la resolución judicial; conforme a la constante jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en este punto, queda claro que la denuncia a la que hace referencia el precepto debe ser una denuncia anterior a la causa y no prefabricada en el curso de la misma (Sentencia del T.S. de 24 de enero de 1958). b) Otro tanto debe decirse de la animadversión del juzgador respecto de los denunciantes (art. 219.8. L.O.P.J.), ya que ello tampoco se evidencia de dato alguno de las actuaciones. c) En cuanto a la hipótesis de que el Juez hubiera carecido de la necesaria imparcialidad tras los sucesos acaecidos en el acto del juicio oral, además de que no se efectúa este planteamiento en la demanda, tampoco se desprende de la documentación remitida la vulneración del derecho a un Juez imparcial por el Auto impugnado, con el respeto debido a los hechos declarados probados.
Como antecedente para la mayor claridad del ulterior desarrollo argumental, es conveniente precisar que la citada recusación se formuló en el inicio de un juicio oral, en el que se produjo un enfrentamiento entre el referido Letrado, que actuaba como defensor del acusado, y el Juez, en relación con el uso de la lengua catalana por el primero. A consecuencia de ese incidente don Gilberto T. N. acusado en el juicio, junto con su Abogado (el demandante de amparo) y otras personas no participantes en el juicio, presentaron denuncia contra el Juez ante el Juzgado de Guardia y simultáneamente, y también de modo conjunto los dos primeros, según el propio encabezamiento del escrito, recusación contra aquel Juez. Tanto el escrito de denuncia como el de recusación fueron redactados en lengua catalana.
En el antecedente de hecho único del Auto recurrido y en el primero de sus fundamentos de Derecho se afirma que la recusación fue presentada por don Gilberto T. N. y por don Francesc A. i Arias. Y en el fundamento citado así como en el posterior se les atribuye a ambos la condición de recusantes, razonando la existencia de mala fe, considerándoles acreedores de la sanción prevista en el art. 227 de la L.O.P.J., que se fijaba en cuantía mayor (en la antes citada) respecto de don Francesc A. «quien ostenta una presumiblemente mayor preparación técnica por su condición de Letrado».
2. La demanda de amparo, de extrema sumariedad en cuanto a la descripción de la lesión constitucional, frente a la que postula nuestra tutela, se limita a decir al respecto lo que con mayor detalle se recoge en el antecedente de hecho 7, centrando el núcleo del planteamiento en el hecho de que el hoy demandante de amparo actuase en el incidente de recusación como Abogado de la parte, y no como parte.
Según el Fiscal, si bien, según el art. 228 L.O.P.J., contra el Auto que decidió el incidente de recusación no cabe recurso alguno, la petición de recusación puede y debe reproducirse en fase procesal posterior, que en el caso de autos lo sería el pertinente recurso de apelación contra la Sentencia de instancia, si fuera contraria a los intereses del acusado, por lo que en el oportuno recurso de apelación contra la anterior sentencia de instancia cabría la reproducción del argumento de recusación, con cita del ATC 929/1988. De no haberse hecho así, en criterio del Fiscal, se habría accedido a la vía de amparo per saltum, privándose a los órganos de la jurisdicción de pronunciarse previamente sobre la cuestión de la recusación.
5. En cuanto al resto de las alegadas lesiones, hemos de atenernos a los términos en que se han configurado por el demandante, sin que en este punto debamos suplirle, tratando de superar la sumariedad de sus alegaciones, para buscar perspectivas constitucionales de análisis en relación con otros posibles derechos fundamentales distintos de los que el demandante alega. Como hemos dicho desde muy temprano (STC 45/1984, fundamento jurídico 3.) «cuando se acusa una violación constitucional es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que este Tribunal pueda pronunciarse, sino la de proporcionar la fundamentación que razonablemente es de esperar», no correspondiendo a este Tribunal reconstruir de oficio las demandas (ATC 256/1991), cuando el demandante haya desconocido la carga de argumentación que sobre él recae (STC 7/1998, fundamento jurídico 3.), siendo especialmente destacable en este caso la pobreza argumental del planteamiento del demandante, al que en todo caso debemos ceñirnos.
Sobre la base de esa condición, ni se produce indefensión por el hecho de que en el incidente se desestime la recusación y se imponga la multa legalmente prevista para el caso, cuando ello se hace mediante una resolución fundada en Derecho, tanto respecto del hecho de la inexistencia de la alegada causa de recusación, como de la concurrencia de la mala fe; ni se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no existe ninguna omitida en el incidente y en la resolución que lo decide, en relación con la regulación legal del mismo.
Debemos recordar que, de acuerdo con la doctrina constitucional, la indefensión es la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando su capacidad de ejercitar bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción (SSTC 89/1986 y 145/1990), siempre que la indefensión tenga un carácter material, expresión con la que se quiere subrayar su relevancia o trascendencia, es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (SSTC 48/1984, 155/1988, 145/1990, 188/1993, 185/1994, 126/1996, 89/1997, 186/1998).
Desestimar el presente recurso de amparo formulado por don Francesc A. i Arias.
STC 20/2009, 26 de Enero de 2009
SAP Cantabria 40/2007, 15 de Enero de 2007
STSJ Comunidad de Madrid , 14 de Octubre de 2004
SAP Valencia 277/2013, 2 de Diciembre de 2013

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