Source: https://es.scribd.com/doc/25152945/Normas-de-restriccion-del-Gasto-Publico-R-O-328
Timestamp: 2017-03-26 17:12:55+00:00

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseDECRETO EJECUTIVO No. 1621 NORMAS DE RESTRICCIÓN DEL GASTO PÚBLICO REGISTRO OFICIAL No.328 - Miércoles 05 de Mayo del 2004
Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA -------------------------------------------------------------------------------No 1621 Lucio Gutiérrez Borbúa PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 44 de 22 de enero del 2003, publicado en el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero del 2003, se expidieron las Normas para el Incentivo Patriótica al Ahorro, reformadas con Decreto Ejecutivo No. 572 de 11 de julio del 2003, publicado en el Registro Oficial No. 130 de 22 de julio del 2003, cuyo objetivo es el de establecer una política de austeridad en el gasto público; Que, mediante Ley No. 2003-17, publicada en el Suplemento <del Registro Oficial No. 184 de 6 de octubre d-el 2Q03, se expidió la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, que contiene normas que regulan el gasto público en las entidades del Estado; Que, mediante Ley No. 2004-30, publicada en el Registro Oficial No. 261 de 28 de enero del 2004, se expidió la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; Que, las disposiciones del Presupuesto del Gobierno Central 2004, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 1 de 26 de enero del 2004, señalan las Normas de aplicación para controlar el gasto público; Que, a fin de cumplir con los objetivos y finalidades que motivaron la expedición de los decretos ejecutivos arriba referidos, se hace necesaria una codificación y reforma a los mismos, a efectos de disponer de una política permanente en materia de control del gasto público; Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, la Dirección General de la Administración Financiera del Gobierno Nacional, le corresponde ejercer al Presidente de la República a través del Ministro de Economía y Finanzas, y de los organismos previstos en la ley; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, numerales 5 y 9 de la Constitución Política de la República y 20 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Decreta: LAS NORMAS DE RESTRICCIÓN DEL GASTO PÚBLICO. Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y, en las entidades de derecho privado, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado en el cincuenta por ciento o más por instituciones del Estado o recursos públicos. Se exhorta a las máximas autoridades de las instituciones del Estado señaladas en el inciso primero del artículo 102 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, a procurar la aplicación de estas disposiciones. Art. 2. - Responsabilidad de los Representantes de las Instituciones del Estado.- Los representantes de todas las instituciones contempladas en el artículo primero y personal a cargo de las unidades administrativas y financieras, serán responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en este decreto, en sus respectivas entidades. Art. 3. - Remuneraciones en el Sector Público.- En aplicación a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, en / concordancia con lo previsto en el segundo inciso de la disposición general primera de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, ningún funcionario, servidor o trabajador de las entidades u organismos previstos en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, así como ninguna persona que preste sus servicios a dichas entidades bajo cualquier concepto, podrá percibir una remuneración mensual superior o igual a la del Presidente de la República. En concordancia con lo establecido por el artículo 43, 44 y 53 numeral segundo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las autoridades de control y todo funcionario a cargo del pago de remuneraciones, será responsable solidariamente del pago indebido que se produzca por la transgresión de la disposición señalada en el inciso primero de este artículo. Art. 4.- Horas Extraordinarias o Suplementarias.- Facúltese el trabajo en horas extraordinarias o suplementarias, estrictamente necesarias únicamente a las instituciones que prestan servicios públicos de salud; educación pública; bienestar, seguridad y rehabilitaciónsocial; energía eléctrica; agua potable; alcantarillado; Servicio de Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; telecomunicaciones; control y seguridad a cargo de la fuerza pública y bomberos; identificación y cedulación; y, para la ejecución de trabajos para atender las necesidades de la Presidencia de la República, Vicepresidencia, ministros de Estado y funcionarios con rango de ministros de Estado, para este efecto se cumplirá con lo establecido en el Art. 122 de la Ley Orgánica de
Servicio Civil y de Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. Art. 5.- Número de Servidores Públicos y Creación de Puestos.- Se prohíbe el incremento del número de servidores públicos, permanentes, ocasionales o contratados en todas las instituciones señaladas en el artículo primero de este decreto. El número de servidores públicos de cada entidad, no superará en ningún caso, aquél que constaba en los roles y registros respectivos al 31 de diciembre del 2003. Se exceptúan de esta disposición las instituciones que prestan servicios públicos de salud; educación pública; seguridad social; rehabilitación social; energía eléctrica; agua potable; alcantarillado; Servicio, de Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; telecomunicaciones; control y seguridad a cargo de la Fuerza Pública y Bomberos; entidades que podrán crear nuevos puestos de trabajo de estricta necesidad, previo informe favorable de sus unidades de Recursos Humanos y del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se verifique que no exceda la masa salarial del presupuesto institucional aprobado, de conformidad con lo que establece el Art. 63 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. En los casos no previstos en el inciso anterior, la Secretaría General de la Administración Pública calificará la creación de nuevos puestos. A partir de la vigencia de este decreto y hasta la terminación del presente mandato presidencial, se reducirá el número de servidores y trabajadores en todas las entidades del sector público, en función de un análisis de eficiencia y optimización que para esta finalidad deberán realizar las respectivas entidades. Para el efecto, se procederá conforme lo dispone el Art. 66 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público dentro de los límites establecidos en la mencionada ley. Art. 6. - De los Contratos de Servicios Ocasionales.- Se autoriza la contratación de servicios ocasionales, con relación de dependencia, exclusivamente para la prestación de servicios públicos, previa la calificación por parte de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público -SENRES- y la determinación de imprescindible necesidad por la Secretaría General de la Administración Pública, en los siguientes sectores e instituciones: a) Salud; educación pública; bienestar, seguridad y rehabilitación social; energía eléctrica; agua potable: alcantarillado; Servicio de Rentas Internas y Corporación Aduanera Ecuatoriana; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; y, telecomunicaciones; b) Ejecución de proyectos que se financien con créditos externos; c) Control y seguridad a cargo de la Fuerza Pública y Bomberos, y organismos a cargo del control del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y, d) Preparación de procesos de modernización, elecciones estadísticas, encuestas, censos, cedulación y registro civil exclusivamente cuando éstos tengan lugar.
Los servidores públicos contratados ocasionalmente. deberán cumplir con todos los requisitos exigibles para el ingreso y el ejercicio de un puesto público conforme a lo previsto en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y, serán sujetos de los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones y demás disposiciones que establece la mencionada ley. La remuneración mensual unificada para estos servidores será la que se establezca dentro de la Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas vigente para el Sector Público. Las autoridades nominadoras no autorizarán la contratación de servicios ocasionales para la realización de actividades administrativas y permanentes. Se prohíbe incrementar la masa salarial aprobada oficialmente en el presupuesto de cada entidad, para la celebración de este tipo de contratos. Art. 7.- De los Contratos de Servicios Profesionales.- Los contratos de servicios profesionales, sin relación de dependencia, se regirán por las siguientes disposiciones: a) El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en lo que se refiere a su artículo 75; b) La disposición general primera de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; C) De conformidad con el objeto del contrato, los mismos se someterán a los procedimientos y normativa que para cada caso establece la Ley de Consultoría, Ley de Contratación Pública o la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y, d) Las contrataciones sujetas a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y de Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, deberán tener por objeto la realización de actividades específicas, cuantificables en -productos determinables, plazos determinados, en base a honorarios mensuales que no podrán ser superiores a la remuneración mensual unificada vigente para el nivel profesional que corresponda. Este tipo de contratos serán autorizados por la autoridad nominadora, previa calificación de imprescindible necesidad de la Secretaría General de la Administración Pública. Se prohíbe la contratación de asesores. Excepto los que requieran las primeras autoridades de las instituciones o entidades públicas, ministros o subsecretarios de Estado, previa autorización expresa del Secretario General de la Administración Pública. Prohíbese la contratación de personas naturales o jurídicas para la ejecución de estudios, diagnósticos o el mejoramiento de la estructura orgánica de las instituciones del Estado.
Este tipo de .contratos bajo ningún motivo, podrán determinar incremento alguno en la masa salarial y el presupuesto institucional aprobado para el ejercicio fiscal. Art. 8. - De los Contratos con Empresas Tercerizadoras.- Prohíbese la contratación de personal con empresas tercerizadoras para la ejecución de labores permanentes. Las máximas autoridades de las instituciones y entidades señaladas en el artículo primero de este decreto, podrán autorizar la celebración de este tipo de contratos, siempre y cuando se cumpla con la normativa laboral y de contratación pública vigente, previa expresa calificación de imprescindible necesidad por parte de la Secretaría Ge»i>eral de la Administración Pública. Art. 9. - Masa Salarial.- Durante el presente ejercicio económico, las instituciones del Estado deberán realizar los estudios correspondientes a fin de reducir la masa salarial aprobada oficialmente, requisito que el Ministerio de Economía, y Finanzas evaluará previo el conocimiento, análisis e incorporación del presupuestó de cada institución a la proforma presupuestaria del siguiente ejercicio fiscal. Art. 10.- Viajes al Exterior.- Solamente se autorizarán los viajes al exterior que sean beneficiosos para el desarrollo nacional e institucional: en los siguientes casos: a) Para la consecución de créditos externos: b) Para la promoción de las exportaciones del país; c) Para los casos de becas de estudios fuera del país, auspiciados y financiados totalmente por organismos particulares nacionales o internacionales: d) Para los funcionarios del servicio exterior, y encargados de las negociaciones internacionales; y, e) Otros fines previamente calificados por la Secretaría General de la Administración Pública. La Secretaría General de la Administración Pública, previo informe favorable emitido por la Unidad de Recursos Humanos de cada institución, concederá las autorizaciones de los viajes al exterior en clase económica, a los funcionarios de las instituciones del Estado a que se refiere el Art. 1 de este decreto. Art. 11.- Utilización de Vehículos.- Únicamente para actividades estrictamente oficiales se utilizarán los vehículos del Estado de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Uso de Vehículos del Estado, así como el Acuerdo No. 7-CG de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 60 de 11 de abril del 2003. La Contraloría General del Estado en colaboración con la Policía Nacional, vigilarán en cumplimiento de esta disposición. Se prohíbe a los funcionarios y servidores públicos que residan en el lugar donde habitualmente prestan sus servicios, utilizar vehículos del Estado el último día laborable de cada semana. Por aspectos de seguridad, se exceptúan de esta disposición el
Presidente y Vicepresidente de la República, así como los funcionarios con rango de ministros y viceministros. Además estarán exentos de esta disposición los vehículos que son utilizados en actividades oficiales en los programas de asistencia social que están a cargo del Ministerio de Bienestar Social, de Salud Pública, Educación y Cultura, la Dirección de Rehabilitación Social, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tribunales electorales. Registro Civil, Secretaría Nacional de Comunicación y Unidades de Comunicación Social, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Fuerza Pública y Bomberos. Art. 12.- Utilización de Medios de Comunicación.- Se prohíbe a las instituciones definidas en el artículo primero de este decreto realizar propaganda. Se exceptúa de esta norma la divulgación de la información de las acciones de dichas instituciones; Las instituciones solo cubrirán los gastos de telefonía celular de sus máximas autoridades observando lo dispuesto en los acuerdos Nos. 024 CG y 07 CG, publicados en los registros oficiales 25 y de 13 de septiembre de 1996 y 58 de 6 de mayo de 1997, respectivamente expedidos por la Contraloría General del Estado. De la misma forma solo las máximas autoridades de las instituciones tendrán acceso a la telefonía celular desde líneas convencionales. Art. 13.- Venta de Activos Improductivos.- Se dispone a todas las instituciones del Estado señaladas en el artículo primero de este decreto, la n enajenación de todos los inmuebles improductivos y que no sean indispensables para el normal funcionamiento de las mismas. Los recursos que se obtengan de la venta de los activos descritos anteriormente se destinarán de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente. Art. 14.- Adquisiciones de Bienes.- Prohíbese la adquisición de bienes muebles e inmuebles, excepto aquellos que sean necesarios para la prestación de servicios públicos o para el funcionamiento de las instituciones, previa autorización de la Secretaría General de la Administración Pública. Art. 15.- Gastos Suntuarios.- En todas las instituciones del Estado descritas en el artículo primero de este decreto, queda terminantemente prohibido la entrega de donaciones, ayudas, y subvenciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública p privada; y, festejos, agasajos y recepciones a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios. DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- INFORMES.- Todas las instituciones del Estado sujetas al ámbito de aplicación de este decreto, presentarán al Ministerio de Economía y Finanzas informes trimestrales sobre el cumplimiento del mismo. La Presidencia de la República y la referida Cartera de Estado, podrán en cualquier momento solicitar información específica a las mencionadas instituciones, las cuales la deberán proporcionar en un término no mayor de quince días de la recepción del requerimiento. Todas las instituciones del Estado deberán publicar en su página web, la información de su ejecución presupuestaria, balances, contrataciones, nómina de personal y sus respectivas remuneraciones, de forma trimestral.
SEGUNDA.- CONTROL.- Todos los organismos de control del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto. TERCERA.- SANCIÓN.- La inobservancia de las disposiciones contenidas en este decreto se sancionarán de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, en especial con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. DISPOSICIÓN FINAL.- Deróguense los decretos ejecutivos Nos. 44 y 572, publicados en los .registros oficiales Nos. 11 y 130 de 30 de enero y 22 de julio del 2003. respectivamente. De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a todos los ministros y secretarios de Estado; y en forma especial al Ministro de Economía; y Finanzas. Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de abril del 2004. f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República. f.) Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas. Es fiel copia del original. - Lo certifico. f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General de la Administración Pública, encargado.
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