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Timestamp: 2019-06-16 12:43:42+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 3784, 30-10-2013 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 3784 de 30 de Octubre de 2013
Artículo 70.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Artículo 35 del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Procedimiento sancionador. Duración del procedimiento superior a seis meses. Del estudio del expediente en cuestión se desprende que han transcurrido más allá de seis meses desde la notificación del inicio del procedimiento hasta la notificación del acuerdo de resolución sancionadora. Se estima la alegación y se declara caducado el procedimiento, decretándose la anulación de la sanción impuesta. SE ESTIMA.
Duración del procedimiento sancionador superior a seis meses
EXPEDIENTE 588/2012
Visto el escrito presentado por don AAA con N.I.F. número XXX y domicilio a efectos de comunicaciones en (…), interponiendo reclamación económico-administrativa contra Resolución del Director del Servicio de Tri-butos Directos, Sanciones y Requerimientos por la que se resuelve en sentido desestimatorio recurso de re-posición contra sanción grave.
PRIMERO.- Con fecha 17 de junio de 2011 se notificó a la ahora reclamante Resolución del Director del Ser-vicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos conteniendo el inicio de expediente sancionador en relación con el no ingreso de pago fraccionado correspondiente al 02/2010.
Con anterioridad, en fecha 4 de marzo de 2011, se le había notificado de forma edictal Liquidación Provisio-nal del pago fraccionado de IRPF correspondiente al mencionado período.
SEGUNDO.- En fecha 5 de julio de 2011 tuvo entrada escrito de alegaciones a la propuesta de imposición se sanción anteriormente referida. El 19 de octubre de 2011, tuvo entrada nuevo escrito de alegaciones, por el que se ampliaba las anteriormen-te realizadas.
TERCERO.- En fecha 5 de marzo de 2012 se notificó al ahora reclamante Resolución del Director del Servi-cio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos por el que se ponía fin al procedimiento sancionador incoado.
CUARTO.- En fecha 14 de marzo de 2012 tuvo entrada vía Registro de la Sección de Oficinas Territoriales del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, escrito del ahora reclamante conte-niendo recurso de reposición contra la Resolución sancionadora anteriormente mencionada.
El precitado recurso fue desestimado mediante Resolución del Director de Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos de fecha 12 de agosto de 2012, notificado en fecha.
No consta interposición de recurso de reposición contra la Liquidación notificada.
QUINTO.- En fecha 27 de septiembre de 2012 tuvo entrada vía Registro de la Sección de Oficinas Territoria-les del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, escrito del ahora reclamante conte-niendo recurso de reposición contra la Resolución sancionadora anteriormente mencionada.
Posteriormente, en fechas 28 de septiembre y 4 de octubre de 2012, se presentaron sendos escritos de re-clamación económico-administrativas contra el mismo acto y de contenido similar al anteriormente citado.
Finalmente en fecha 12 de diciembre de 2012, tuvo entrada un último escrito ratificándose en sus anteriores alegaciones y proponiendo la práctica de prueba en relación con la reclamación interpuesta.
No consta interposición de reclamación económico-administrativa contra la Liquidación Provisional notificada.
PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el cono-cimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza de los actos administrativos impugnados, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la misma en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto. Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo
SEGUNDO.- Se deniega por improcedente la práctica de prueba solicitada por el reclamante en su escrito de fecha 12 de diciembre de 2012 en lo referente a testificales y trámites informáticos.
Este Tribunal tiene a su disposición toda la información y antecedentes de naturaleza tributaria acerca del contribuyente a efectos de resolución de la reclamación interpuesta.
TERCERO.- La Resolución que pone fin al procedimiento, respondiendo con ello a las alegaciones realizadas por el ahora reclamante, afirma que: “En el procedimiento sancionador no se ha dado la caducidad del pro-cedimiento, puesto que no ha habido paralización del mismo por un plazo superior a seis meses, sino que el plazo ha sido interrumpido por las dilaciones en la tramitación imputables a los interesados.”.
Con carácter previo a cualquier otra consideración ha de verse que el artículo 70.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria establece que “el plazo máximo de resolución del expediente sancio-nador será de seis meses”, mientras que el artículo 35 del Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tri-butarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone: “El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de notificación al interesado de la iniciación del expediente sancionador. Dicho plazo se considerará interrumpido por las dilaciones en la tramitación imputa-bles a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 4º de este Decreto Foral. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido dictada, se entenderá caducado el procedi-miento y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la Administración tri-butaria para imponer la correspondiente sanción”.
Finalmente resulta pertinente traer a colación aquí lo dispuesto por el articulo 106.1 de la LFGT, el cual afir-ma: “. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo.” En relación con la normativa transcrita, conviene comenzar por precisar que si bien el artículo 35 del Decreto Foral 153/2001 contiene la expresión “transcurrido dicho plazo sin que la resolución haya sido dictada”, que pudiera dar lugar a entender que habría de considerarse como “dies ad quem” el del dictado de la resolución sancionadora, es mayoritaria la jurisprudencia que toma como tal día el de la notificación de la misma (véase, en este sentido, por ejemplo, la Sentencia número 430/2008, de 22 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, o, en relación con normativa estatal de idéntico contenido, la Sentencia número 1226/2007, de 29 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la número 164/2008, de 18 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas, o la número 20202/2008, de 28 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basadas estas últimas en diversos pronunciamientos pre-vios del Tribunal Supremo). Por tanto, el plazo de seis meses que la norma establece como plazo máximo de duración del procedimiento sancionador, debe computarse desde fecha de notificación del inicio del procedi-miento sancionador hasta fecha notificación de la Resolución sancionadora y no hasta fecha de dictado de la mencionada Resolución.
Pues bien, en el presente supuesto la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador tuvo lugar el 17 de junio de 2011, mientras que la de la resolución sancionadora lo fue el 5 de marzo de 2012, transcurrido, por tanto, el reseñado plazo de seis meses.
Como ya se ha adelantado, la administración tributaria alega la existencia de dilaciones en la tramitación por parte del reclamante que son las que, a su juicio, han originado y justifican la duración del procedimiento más allá de los seis meses que la norma establece. Sin embargo, tal y como también hemos visto, es a la propia administración a la que corresponde en este caso acreditar cuales fueron o en qué consistieron estas dilacio-nes. Y lo cierto es que este extremo en ningún momento ha venido a acreditarse por parte de aquella, razón por la cual este Tribunal resuelve declarar la caducidad del procedimiento y por ende anular la sanción im-puesta.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don AAA contra Resolución del Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos por la que se resuelve en sentido desestimatorio recurso de reposición contra sanción grave.
Sentencia Administrativo Nº 1747/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 89/2006, 29-09-2008
Orden: Administrativo Fecha: 29/09/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gandarillas Martos, Miguel De Los Santos Num. Sentencia: 1747/2008 Num. Recurso: 89/2006
Sentencia Administrativo Nº S/S, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1482/2002, 13-10-2005
Orden: Administrativo Fecha: 13/10/2005 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Garcia Paredes, Jesus Nicolas Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 1482/2002
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