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Timestamp: 2017-05-30 07:28:21+00:00

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Conflictos sociales y vulneracion de derechos humanos en Perú by Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - issuu
CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.I INDICE DE CONTENIDOS.
SÍNTOMA?......................O p.2¿ENFERMEDADIII CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE “MANO DURA”:
INCREMENTANDO LAS BRECHAS………………………………………... p.4
III.1 Afectaciones a la vida y la integridad por uso abusivo de la fuerza………...p.4III.2 Prácticas en el proceso penal que generan impunidad.
……………………................................................................................................ p.5
III.3 Falta de reparación………………………………………………………...p.6III.4 Militarización……………………………………………………………...p.7III. 5 Estados de emergencia……………………………………………………p.8III. 6 Ataques a defensores……………………………………………………...p.9III. 6. 1 Hostigamiento judicial y administrativo………………………p.9III.6.2 Torturas, detención arbitraria y uso abusivo de la fuerza……….p.10III. 7 El marco legal de la represión. ……………………………………………p.11III.7.1 Normas que favorecen la vulneración de derechos en situaciones
de protesta social, en contravía de estándares sobre el uso de la fuerza, y
su impunidad……………………………………………………………. p.11
III.7. 2 Normas que criminalizan practicas de protesta social y
restringen los derechos de los procesados. ……………………………... p.14
III.7.3 Inexistencia de un marco normativo sobre empresas y derechos
humanos…………………………………………………………………. p.17
III.8 Los convenios entre la Policía Nacional del Perú y las industrias
extractivas. ………………………………………………………………………. p.17
III. 8.1 La legalización de la privatización de la seguridad……………p.18III. 8. 2 Los convenios entre la PNP y las empresas mineras……………p.20III.8. 3 La privatización de la coerción y su impacto en los derechos
humanos………………………………………………………………….p.21IV RECOMENDACIONES…………………………………………………….p.24Página 1 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.II INTRODUCCIÓN:
CONFLICTOS SOCIALES: ¿ENFERMEDAD O SÍNTOMA?
Las acciones de protesta social para la reivindicación de derechos o realización
de reclamos son una constante en la dinámica sociopolítica del Perú1. Según la
Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años ha habido un aumento de un
300% de la frecuencia de los conflictos sociales2. Así, entre enero y septiembre
de 2011, se registraron 420 conflictos3, y sólo en enero del 2013, había 158
conflictos sociales activos y 62 latentes. En el mismo mes la Defensoría
documentó 65 acciones colectivas de protesta.
Respecto al origen de los conflictos, debemos destacar que casi el 70% de los
reportados tienen carácter socioambiental4 5. De estos el 80% están vinculados
al ejercicio de competencias a nivel del gobierno central6. Ello nos permite
afirmar que existe una estrecha relación entre la conflictividad social y la
inexistencia de cauces institucionales adecuados para el ejercicio de la
ciudadanía ambiental en el Perú en el nivel nacional de gobierno. Algunos de
los ámbitos en los que de manera recurrente se evidencia esta ausencia son: la
participación efectiva en las decisiones sobre temas ambientales, la protección
frente a la contaminación, el ordenamiento territorial, el aseguramiento hídrico,
la participación en los beneficios económicos generados por la actividad
minera, y los derechos de los pueblos indígenas7.
1Defensoría del Pueblo del Perú. “Violencia en los conflictos sociales”, Informe Defensorial No. 156,
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-156.pdf.
4Ibíd., p. 40.
Defensoría del Pueblo del Perú. “Reporte de conflictos sociales nº 107”. Disponible enhttp://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/descargas/51reporte-mensual-conflictossociales-107-enero-2013.pdf .
5La prevalencia de los conflictos socioambientales es también muy marcada en un análisis longitudinal. Al
respecto ver p. 38 opus cit. nota 1.
6Porcentaje calculado en base a los datos proporcionados por la Defensoría en el Reporte 107.7La ley de consulta y su desarrollo reglamentario despertaron muchas expectativas en las organizaciones
indígenas, pero su articulado final e implementación práctica se encuentran plagados de cuestionamientos.
El Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha
producido diversos informes sobre esta materia, los cuales pueden consultarse en
http://www.scribd.com/doc/96188132/Informe-Tecnico-del-Reglamento-de-la-Ley-de-Consulta-Previa ,
http://issuu.com/cnddhh/docs/informealternativooit_2012?mode=window .
Un severo problema se refiere a la identificación de los sujetos de consulta, efectuado en base a criterios
sumamente restrictivos que no respetan los estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT, lo que
ha generado por ejemplo que se excluya de este derecho al pueblo Kañaris, que mantiene la lengua
indígena y cuyo territorio ancestral está situado al norte del Perú en el departamento de Lambayeque. Al
respecto ver http://www.larepublica.pe/28-02-2013/canaris-defensoria-del-pueblo-solicita-la-pcm-realiceconsulta-previa .Página 2 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.Sin embargo, la respuesta del gobierno central frente a la conflictividad social
ha eludido abordar decididamente las causas subyacentes, es decir, la
vulneración de derechos, para centrarse en medidas meramente paliativas,
abocadas en el mejor de los casos al desarrollo de una institucionalidad
específica y capacidades para afrontar la conflictividad social. Evidentemente,
un tratamiento enfocado en los síntomas y no en la enfermedad no puede tener
En este sentido, la conflictividad social total en el país ha mantenido en niveles
superiores a los que existían cuando Ollanta Humala asumió el poder, aunque
desde el mes de julio del 2012 se observa una tendencia sostenida al descenso.
Sin embargo, la conflictividad socioambiental se ha mantenido en un
crecimiento sostenido desde julio del 2011 a la fecha.III CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE “MANO DURA”:
INCREMENTANDO LAS BRECHAS.
La otra cara de la llamada “gestión del diálogo” en el abordaje de la
conflictividad social son las políticas de “mano dura”. El gobierno de Ollanta
Humala ha continuado desarrollando las estrategias represivas desplegadas por
los gobiernos anteriores para reprimir a los ciudadanos involucrados en
acciones de protesta social. Nuevamente el abordaje gubernamental consiste en
enfrentar los síntomas en lugar de la enfermedad. A este nivel, sin embargo, se
Pocos días antes de la elaboración de este informe se ha creado una Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente para la aplicación del derecho a la consulta. En su composición no tienen ninguna presencia
DS021-2013
http://www.aempresarial.com/web/pre_down_nl.php?id=168202&tipo=1 .Página 3 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.trata de una política estatal de alto impacto en materia de derechos humanos.
Este es el tema que de forma medular se desarrollará a lo largo del presente
III.1 Afectaciones a la vida y la integridad por uso abusivo de la fuerza.
Durante el gobierno de Ollanta Humala se han sucedido los casos de uso
abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social. El uso de armas letales,
inclusive armas de guerra, ha sido una práctica recurrente. También se han
recogido numerosas denuncias sobre el uso de la fuerza de manera
indiscriminada, injustificada, y desproporcionada.
Durante la gestión del actual gobierno 24 civiles han perdido la vida como
resultado de la intervención de las fuerzas del orden en situaciones de protesta
social. El 86% fallecieron por heridas infringidas con armas de fuego y el 10%
fueron menores de edad. Además al menos 288 civiles resultaron heridos.8 9
La Defensoría del Pueblo ha señalado una serie de recomendaciones 10 que
podrían evitar estas situaciones, pero hasta el momento éstas no se han
implementado. Entre las mencionadas recomendaciones cabe destacar por su
1. Asegurar la dotación de armamento no letal y equipos protectores para
2. Garantizar la capacitación en el manejo de disturbios de los policías
llamados a intervenir. A la fecha es común la intervención de efectivos
entrenados para acciones antisubversivas, capacitados para un uso
extremo de la fuerza.
3. Regular de manera precisa los procedimientos que deben usarse en el
control del orden interno.8La cifra es producto de las solicitudes de información cursadas por la CNDDHH a instituciones estatales.
Se trata de una cifra inferior al número real de personas afectadas, ya que existen serias dificultades para
acceder a la información en esta materia. El 68% de las solicitudes enviadas nunca son respondidas, el
24% son atendidas solo de forma parcial, y el 52% de las que son respondidas superan ampliamente el
plazo de respuesta establecido por la ley.
9La Defensoría del Pueblo da una cifra de 2312 personas heridas entre enero del 2006 y septiembre del
2011, de los cuales el 22% fueron efectivos policiales afectados en su integridad, durante el desarrollo de
operativos para el control de disturbios. Ver op. cit. en nota 1, p. 53.
10Ver op. cit. en nota 1.Página 4 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.El tres de junio del 2012 César Medina Aguilar (17) salía de una cabina de
Internet en Celendín cuando una bala de galil de 5mm le impactó en la
cabeza. El ejército estaba interviniendo para controlar una manifestación
contra el proyecto minero Conga.
III.2 Prácticas en el proceso penal que generan impunidad.
Hasta el momento no se ha encontrado responsabilidad penal por ninguna de
las 157 muertes de civiles en contextos de protesta social ocurridas desde el
gobierno de Alejandro Toledo hasta la fecha. Ni una sola de las víctimas ha
accedido a reparaciones en la vía judicial.
La mayoría de los procesos de los que se tienen conocimiento se ciernen sobre
los autores materiales de las muertes. Los procesos así encaminados acaban
archivándose por insuficiencia probatoria, ya que resulta muy difícil identificar
a los efectivos que directamente dispararon, sobre todo por las graves falencias
en la investigación inicial: generalmente no se practican oportunamente las
pruebas de absorción atómica, los cuadernos de afectación de armas presentan
adulteraciones, y el Ministerio del Interior es extremadamente reticente a
brindar la información que se le solicita.
Los jueces y fiscales tienen muchas resistencias a procesar a los mandos
policiales y responsables políticos de las operaciones de control del orden
interno, pese a que en estos supuestos habitualmente concurren los elementos
para imputar responsabilidad por “autoría mediata por dominio de un aparato
organizado de poder”. Entonces acaba reproduciéndose una situación de
injusticia: los responsables de la mala organización de los operativos, quienes
debieron garantizar la dotación de armamento no letal, equipos protectores y
entrenamiento adecuado a los efectivos, y quienes dieron las órdenes de usar
armas letales- inclusive armas de guerra- contra civiles desarmados, escapan al
escrutinio judicial; mientras tanto, los efectivos policiales participantes en
estos operativos son procesados y deben buscar su propio patrocinio legal.
Finalmente, una circunstancia que también dificulta enormemente el acceso a la
justicia por las personas afectadas por el uso abusivo de la fuerza es el traslado
de estos procesos a jurisdicciones muy distantes de donde se produjeron los
Este traslado de competencia que supone la sustracción de competencia al juez
natural viene operando a raíz de una resolución administrativa del poder
judicial11 que ha determinado que los procesos por la muerte de cinco personas
11El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dictó la Resolución Administrativa 096 – 2012 – CE –
PJ, que dispuso que las conductas delictivas que se investigan a raíz de la convulsión social en Cusco y
Cajamarca, serán de conocimiento de órganos jurisdiccionales que tendrán competencia supraprovincial.
De ese modo, el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, elPágina 5 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.en el contexto de las protestas contra el proyecto minero Conga durante el 2012
se lleven en Chiclayo, a 6 horas de viaje de donde ocurrieron los hechos. Por la
misma disposición el proceso por la muerte de dos ciudadanos espinarenses en
el contexto de las protestas contra el proyecto Xstrata Tintaya se sigue en la
ciudad de Ica, a 900 kilómetros de distancia.
Además, el Poder Judicial ha otorgado la competencia a la Sala Penal
Nacional12 sobre los casos suscitados en el marco de la conflictividad social en
zonas declaradas en estado de emergencia13.III.3 Falta de reparación.
La situación de impunidad descrita va estrechamente ligada a una situación de
falta de reparación, ya que la vía penal es la que suele usarse para demandar
una reparación por los daños causados por una acción delictiva en el Perú. El
uso de la vía civil es prácticamente imposible para las personas afectadas por la
onerosidad del procedimiento y por la brevedad del plazo para interponer la
demanda14. Por todo ello la sociedad civil viene demandando al estado la
habilitación de un procedimiento administrativo adecuado para el acceso a una
reparación por parte de las personas afectadas.
Las personas que han quedado heridas como consecuencia de la represión de
las fuerzas del orden deben asumir el costo de sus tratamientos y recuperación.
El Seguro Integral de Salud que da cobertura a las personas sin recursos no es
aplicable en caso de lesiones generadas por terceros, como la Policía Nacional
Aunque en algunos casos se ha logrado cierto nivel de cobertura a través del
llamado SIS extraordinario, los trámites ha realizar revisten tal complejidad queJuzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones, con sede en Ica –Distrito Judicial del mismo
nombre– ampliarán su competencia territorial a la región del Cusco. El Primer Juzgado de la Investigación
Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de
Apelaciones con sede en Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, tendrán competencia territorial
además en la región Cajamarca.
13Ésta tiene su sede en lima, aunque a veces se traslada puntualmente.Ver
R.A.Nº
136-2012-CE-PJ
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc19072012-153440.pdf .disponibleen14Teóricamente se podría presentar una demanda por responsabilidad extracontractual regulada en el
artículo 1969 del Código Civil, con un plazo de prescripción de 2 años, establecido en el artículo 2001 inc.
del Código También podría plantearse una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa para
exigir la responsabilidad patrimonial de la administración (artículo 238 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General), pero el plazo de caducidad es de solo tres meses (artículo 19 de la ley que
regula el proceso contencioso administrativo).Página 6 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.en la práctica se han constituido en barreras insalvables para el acceso a la
rehabilitación de las personas involucradas.
Por ejemplo, se estableció una coordinación con la Defensoría de la salud,
unidad dependiente del Ministerio de Salud, para lograr que se atendiera a las
personas en situación de mayor gravedad que fueron heridas durante las
protestas de pescadores llevadas a cabo en la ciudad de Paita a mediados del
2012. Sin embargo, habiéndoseles reconocido la cobertura del SIS hasta la
fecha no han podido acceder a tratamiento médico por esta vía por problemas
de carácter administrativo. Como resultado de ello, no solo se han complicado
problemas de salud que con la atención adecuada podrían haber solucionado,
sino que las familias afectadas se han visto sumidas en la pobreza.
Un caso que ilustra esta situación es el del señor Felix Yauri Usca que murió al
infectarse una herida en el ojo fruto de la represión policial en Espinar. El
fallecimiento se produjo más de dos meses después de que fuera herido, por
falta de atención médica adecuada.
Tanto en los casos de personas heridas que han quedado discapacitadas como
en el caso de las personas fallecidas, la situación es especialmente grave si
consideramos que la mayoría de los afectados jugaban un papel clave en el
sostenimiento de la economía familiar. Efectivamente, casi el 90% de los
fallecidos eran personas entre los 20 y los 50 años de edad, con un promedio de
2,6 hijos a su cargo15. Esto arroja una cifra de aproximadamente 820 niñas y
niños afectados solo durante el gobierno de Ollanta Humala.
Un ejemplo de ello es el señor Elmer Campos, quien en noviembre del 2011
quedó parapléjico tras recibir un disparo por la espalda durante una protesta
contra el proyecto Conga (Cajamarca). Se ganaba la vida como agricultor para
mantener a sus 5 hijos. Otro ejemplo es la muerte de Joselito Vásquez Jambo,
en Bambamarca, quien ha dejado a un hijo de 10 meses con epilepsia y sin
posibilidades económicas de tratamiento.
III.4 Militarización.
Un fenómeno preocupante que viene dándose en el país es la creciente
intervención de las fuerzas armadas en operaciones de control del orden
interno, en un marco de reducción de los requisitos y estándares para el uso de
la fuerza letal en estos supuestos.
Durante lo que va del actual gobierno se han dado 8 habilitaciones para que las
fuerzas armadas intervengan en el control del orden interno en situaciones de
15Estimación en base a la tasa de fecundidad femenina observada total al 2011, de acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística. Entre las mujeres sin instrucción la cifra es de 3,8 hijos por mujer. Ver
http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp .Página 7 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.conflictividad social, siempre en relación con conflictos ambientales. 5 de estas
habilitaciones se dieron en situaciones donde existía una declaratoria de estado
ResoluciónConflictoFecha
emergenciaRS
3472012-DE
3172012- DE
2972012-DE
2312012-DE
2302012-DE
1272012-DE
5912011- DE
5112011-DEConga05/08/12SiConga04/07/12SiConga25/06/12NoConga29/06/12NoXstrata28/05/12SiErradicación
de 27/03/12
04/12/11NoErradicación
de 03/12/11
minería informalNoSiAutorizaciones a las fuerzas armadas para intervenir en el control del orden interno
durante el gobierno de Ollanta Humala.
Elaboración: CNDDHHUn caso que evidencia las graves consecuencias que tiene la intervención de las
fuerzas armadas en el control de protestas es la intervención represiva que costó
la vida a cuatro civiles en la ciudad de Celendín en junio del 2012. Pero además
la población de Celendín está sufriendo una afectación permanente de su
integridad como consecuencia de la permanencia de las tropas en esta pequeña
ciudad por más de seis meses consecutivos.
III. 5 Estados de emergencia.
Durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala se ha continuado vulnerado
el carácter excepcional de los estados de emergencia, empleándose esta medida
frente a situaciones de conflictividad social, generando un escenario de riesgo
injustificado para los derechos humanos. Resulta también cuestionable la
amplitud temporal de las declaraciones efectuadas. Por ejemplo, a raíz del
conflicto social suscitado en torno al proyecto minero Conga en Cajamarca, esta
zona se ha mantenido en estado de emergencia durante dos periodos de 60 y 120
días cada uno respectivamente en un año aproximadamente (noviembre de 2011
hasta diciembre de 2012).Página 8 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.Las declaratorias de emergencia frente a situaciones de protesta social se
llevaron a cabo de manera maximalista, restringiendo todos los derechos que
pueden ser restringidos de acuerdo a la Constitución, y argumentando solo de
manera genérica la necesidad de declarar el estado de emergencia.
A pesar de que las declaraciones de emergencia se han realizado respetado el
procedimiento legalmente establecido, y con la posibilidad de utilizar el recurso
de hábeas corpus, en estos escenarios se han reiterados las muertes y
afectaciones atentados a la integridad de civiles, las detenciones arbitrarias y las
torturas de defensores de los derechos humanos, dirigentes sociales y
periodistas.III. 6 Ataques a defensores.
La conflictividad socioambiental se configura como el principal escenario de
riesgo para los defensores en el país, con un impacto especialmente grave en
los defensores indígenas y vinculados a organizaciones sociales de base.
Ataques a defensores según derechos defendidos
Fuente y elaboración: CNDDHH
Ataques según
organización del defensor10%8%6%8%ONG
IglesiaPost cvr
Ambientales/PPII
Corrupción3%
62%Organización de
EstadoLaborales74%
Las principales modalidades de ataques a defensores en el país con
participación de agentes estatales son el hostigamiento judicial, la detención
arbitraria y la tortura. A continuación nos referiremos a cada una de estas
III. 6. 1 Hostigamiento judicial y administrativo.
La principal forma de ataque a los defensores en el Perú es actualmente el
hostigamiento judicial. Este se expresa en vulneraciones del derecho al
debido proceso y el inicio de procesos manifiestamente infundados y
abusivos contra defensores en el contexto de la conflictividad social, con
mandatos de detención que no respetan la excepcionalidad de estas
medidas, traslados de competencia injustificados, entre otros problemas.Página 9 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.Por ejemplo, en el contexto de las protestas contra el proyecto Conga,
existen 73 procesos en curso contra 303 defensores. El ejercicio del derecho
a la defensa por los afectados se ve seriamente obstaculizado por el traslado
de jurisdicción a la ciudad de Chiclayo, a más de 3 horas de viaje. De la
misma forma, los procesos iniciados a raíz de las protestas ocurridas en
Espinar contra la minera Xstrata Tintaya se han trasladado a la ciudad de
Ica, a más de 900 km de distancia.
Constituye una práctica habitual en los operadores de justicia imputar
responsabilidad a los dirigentes sociales por acciones de violencia donde no
tuvieron ningún tipo de participación, aplicando de manera errada la figura
de autoría mediata, sin considerar los requisitos que debe concurrir para su
Es por este mecanismo que el Ministerio Público solicita la cadena perpetua
por los hechos ocurridos en la llamada Curva del Diablo ( BaguaAmazonas) durante el paro amazónico del 2009. Se solicita esta pena contra
el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la AmazoníaAIDESEP, Alberto Pizango y varios conocidos líderes locales como
Santiago Manuim.
Otro problema importante es el hostigamiento administrativo contra los
operadores de justicia que defienden los derechos de los defensores
criminalizados o emiten resoluciones contra la impunidad de las fuerzas del
orden, mediante la degradación de jueces y fiscales provisionales o el inicio
de investigaciones disciplinarias. Una muestra de ello, es la no ratificación
en su cargo y la apertura de un proceso disciplinario ante la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) del juez provisional David Américo
Olivera Sarmiento, quien mientras estaba a cargo del Juzgado de
Investigación Preliminar de Espinar resolvió contra la detención de los
defensores Jaime Borda, Romualdo Tito y Sergio Huamaní y del dirigente
campesino Herbert Huamán. En el mismo sentido cabría referir la apertura
de una investigación disciplinaria ante la OCMA contra los magistrados que
anularon la prisión preventiva del alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca.
III.6.2 Torturas, detención arbitraria y uso abusivo de la fuerza.
Durante la gestión del presidente Ollanta Humala se han incrementado los
casos de torturas, detenciones arbitrarias y uso abusivo de la fuerza contra
defensores. Inclusive personal de dos organizaciones afiliadas a la
CNDDHH ha sido directamente agredido.
Nos referimos a la abogada Amparo Abanto, de la organización
GRUFIDES quien junto con Genoveva Gómez, representante de la
Defensoría del Pueblo, fueron brutalmente agredidas por personal policialPágina 10 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.cuando trataban de entrevistarse con un grupo de personas detenidas en la
comisaría de Cajamarca. La investigación fiscal iniciada a raíz de esta
agresión ha sido archivada porque resultó imposible individualizar a los
policías que golpearon a las defensoras.
Asimismo en Cajamarca el 4 de julio de 2012 se detuvo arbitrariamente, a
golpes, y por un comando de treinta efectivos de la División de Operaciones
Especiales, al ex sacerdote y miembro de GRUFIDES Marco Arana,
mientras se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de la
ciudad, en un operativo brutal que terminó con golpes y torturas en un local
de Dirección de Seguridad del Estado de la policía Nacional del Perú en
Cajamarca. Los resultados fueron “fractura doble del seno maxilar derecho,
fisuras del tórax y policontusiones en los riñones16.Contra estas torturas se
interpuso una denuncia que ha sido archivada a nivel fiscal17.
En Espinar, en circunstancias análogas a las referidas, Romualdo Tito y
Jaime Borda, dos integrantes de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani,
fueron detenidos y torturados por personal policial al interior de las
instalaciones de la empresa minera Xstrata.
III. 7 El marco legal de la represión.
III.7.1 Normas que favorecen la vulneración de derechos en
situaciones de protesta social, en contravía de estándares sobre el
uso de la fuerza, y su impunidad.
La situación de impunidad descrita líneas arriba se ve agravada por la
proliferación de normas que favorecen la impunidad: nos referimos a
leyes y decretos legislativos que permiten el uso letal de la fuerza
durante las protestas sociales no solo por la Policía Nacional sino
también por las Fuerzas Armadas; autorizando a policías y militares que
levanten los cuerpos sin la intervención del Ministerio Público, así
como el traslado de los procesos a jurisdicciones distantes donde
ocurrieron los hechos, o la tramitación ante la jurisdicción militar.Al respecto, debemos señalar que el estado peruano, desde hace varios
años viene aprobando una serie de normas legales que posibilitan la
16Fuente: Certificado Médico Legal No. 003727-V-RML-D, de fecha 4 de julio de 2012, expedido por el
Instituto de Medicina Legal – División Médico Legal de Cajamarca – Ministerio Público.
17La denuncia se interpuso ante la Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, la que derivó los actuados a la
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, la misma que, a su vez, elevó en consulta, por un tema de
competencia a la Cuarta Fiscalía Superior penal de Chiclayo, la que dispuso sin tener competencia alguna
para ello que no se abra investigación preliminar fiscal por delito de tortura. Dicha resolución viene siendo
impugnada internamente.Página 11 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.impunidad en el uso de la fuerza por las fuerzas armadas, violando,
además, estándares internacionales sobre uso de la Fuerza.
Así tenemos el Decreto Legislativo No. 982 (aprobado en julio de 2007)
el que en su artículo 1º modifica el artículo 20º del Código Penal,
señalando que los miembros de las fuerzas armadas que en el
cumplimiento de su deber usen su arma en forma reglamentaria está
exentos de responsabilidad penal alguna frente a las lesiones o muertes
que puedan causar (esta norma generaría impunidad en casos de
violaciones de derechos humanos).
En septiembre de 2010 el poder ejecutivo, vía delegación de facultades,
promulgó una serie de nuevos decretos legislativos que permiten, entre
otras cosas, calificar como grupo hostil a todo grupo de personas que se
reúnan para protestar exigiendo la atención a sus demandas y, como tal
posibilitan la intervención de las fuerzas armadas para reprimirlos.
Nos referimos al Decreto Legislativo No. 1095, que permite el uso de su
armamento de guerra para dicha represión y dispone que se aplique a
esas acciones de represión el derecho internacional humanitario, al
considerarlo escenario de guerra y como tal se facilita la intervención de
la justicia militar para el juzgamiento de crímenes que se puedan
cometer durante dichas acciones de represión. Imposibilitando, de esta
manera, la intervención de las autoridades de la fiscalía común y del
poder judicial como por el contrario si lo dispone la Constitución y los
En efecto, dicho decreto legislativo en su artículo 3 define como grupo
hostil a cualquier conjunto de individuos organizados, con capacidad
para enfrentar al Estado y que participen o colaboren en hostilidades
contra él. Es decir, cualquier protesta social de individuos organizados
que se enfrentan al Estado en reivindicación legítima de sus derechos
puede ser considerado grupo beligerante. Ello resulta peligroso, porque
el artículo 4 de dicho Decreto Legislativo No. 1095 permite la
intervención, en estado de emergencia, de las fuerzas armadas haciendo
frente, con sus armas de guerra, a cualquier grupo que ellos (a su
arbitrio militar) consideren beligerantes, calificándose dicho
enfrentamiento como escenario de guerra.
Ello explica porque el artículo 5 señala que, en esos casos, rige el
derecho internacional humanitario (es decir el derecho de la guerra) y no
el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, también,
los crímenes que se puedan suscitar no serán juzgados con las normas
penales e internacionales que sancionan los delitos de lesa humanidad y
las graves violaciones de derechos humanos, sino con las normas de la
guerra.Página 12 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.Además, debemos resaltar que el artículo 23 del Decreto Legislativo
No. 1095 permite la actuación de las fuerzas armadas en supuestos no
autorizados por la Constitución Política del Perú.
Finalmente, dicho decreto legislativo en su artículo 27 señala que los
crímenes suscitados a propósito de la intervención de las fuerzas
armadas en estos casos serán de única competencia del fuero militar,
violándose nuevamente la Constitución que establece la unicidad de la
administración de justicia en el Poder Judicial.
Cabe destacar que con fecha 22 de diciembre de 2011 se interpuso una
demanda de inconstitucionalidad (No. 22-2011-PI/TC) contra los
Decretos Legislativos 1094, 1095 y la Ley No. 29548 que hasta la fecha
no ha sido resuelta.
Anteriormente, se interpuso demanda de inconstitucionalidad (No. 122008-PI /TC) contra los Decretos Legislativos 982, 983, 988, 989, 991 y
otros, la misma que, sin fundamento en la Constitución ni en los
tratados internacionales, fue declarada infundada por el Tribunal
Constitucional en el año 2009.
Por otro lado, debemos señalar que en junio de 2012, la Comisión de
Defensa del Congreso aprobó un proyecto de ley de insistencia en el
texto de un proyecto aprobado en mayo de 2012 que regula el uso de la
fuerza policial, con el mismo contenido violatorio de derechos
fundamentales que el decreto legislativo vigente para las fuerzas
armadas. Es decir, el Estado Peruano, a través de su Congreso, se
mantiene en la misma actitud de facilitar la criminalización de la
protesta social a través de la aprobación de normas que permitan la
impunidad en casos de violaciones a derechos humanos en estos
contextos de protesta social.
Por otra parte, en diciembre del año 2012, se ha puesto en vigencia la
Ley 29986 que permite, en contexto de sospecha de un evento criminal,
el levantamiento de cadáveres por los efectivos militares y/o policiales,
sin presencia del fiscal, en las zonas declaradas en estado de emergencia
ya sea por razones de que el Fiscal no puede llegar con prontitud al
lugar de los hechos o porque la comunicación previa con el Fiscal es
Al respecto, debemos recordar que se han dado muchos casos en los que
durante operativos aparentemente de persecución de delincuentes en
zonas de emergencia o no, ya sea llevado a cabo por las fuerzas armadas
o las fuerzas policiales, o en forma conjunta entre ambas, se ha
determinado que cometieron graves delitos como torturas, privación
arbitraria de libertad y, sobre todo, ejecuciones extrajudiciales.Página 13 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.En esos supuestos, permitir que los propios sospechosos de eventos
criminales participen en las diligencias de levantamiento de los
cadáveres sin control previo alguno de las autoridades fiscales, no es
otra cosa que tolerar supuestos de impunidad, por ejemplo en graves
violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo, dicha circunstancia constituye violación de tratados
internacionales de protección de derechos humanos que el Perú ha
suscrito, como la Convención Americana de Derechos Humanos en la
parte que exige a los Estados no violar las garantías judiciales y el
debido proceso judicial en la investigación de los delitos y,
especialmente en casos de violaciones de derechos humanos o delitos de
les humanidad.III.7. 2 Normas que criminalizan practicas de protesta social y
restringen los derechos de los procesados.
A la situación de represión física con el uso indiscriminado de la fuerza,
debemos sumar el hecho de que existe un conjunto de normas aprobadas
vía decretos legislativos (por delegación de facultades del Congreso al
Ejecutivo) que, con el pretexto de combatir la criminalidad organizada
(bandas, narcotráfico y lavado de activos), no hace otra cosa que
facilitar la represión legal de toda aquella persona o conjunto de
personas, que ejercitando su derecho a la protesta social, se expresa
públicamente para que el Estado atienda sus demandas sociales.
A estas normas se le ha venido a denominar normas que criminalizan la
protesta social y que fueron aprobadas en los años 2007, 2010 y 2012
que siguen vigentes, a pesar de sus serios cuestionamientos por permitir
que se violenten derechos fundamentales consagrados en nuestra
Constitución Política y en instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos, interponiéndose las demandas de
inconstitucionalidad contra las mismas (No. 12-2008-PI/TC y 22-2011PI/TC) y que se citan líneas arriba.
Estas normas sobre criminalización de la protesta social vigentes desde
el año 2007, permiten sumarias investigaciones preliminares, sin
respetar el derecho de defensa de los investigados, permiten que se
pueda detener a las personas sin mandato judicial y amplía
arbitrariamente el concepto de flagrancia delictiva (violándose el
principio de inmediatez temporal) como fundamento de la detención.
Asimismo, permite que las investigaciones preliminares se puedan
realizar con la incomunicación del detenido y sin la presencia de suPágina 14 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.abogado, así como que se puedan realizar registros personales y de
inmuebles sin orden judicial e incluso sin presencia del fiscal.
Ejemplo de ello, lo podemos observar en el texto del Decreto
Legislativo No. 989 (aprobado en julio de 2007) que en su Artículo 1º
le otorga amplias facultades a la policía para que tome declaraciones a
los investigados, sin presencia de su abogado ni del fiscal. Igualmente,
le otorga a la policía la facultad de efectuar registros personales, de
inmuebles, etc., sin necesidad de requerir de la presencia del fiscal.
Igualmente, tenemos lo preceptuado en el Decreto Legislativo 991
(aprobado en Julio de 2007), que en su artículo único modifica el
artículo 1º dela Ley No. 27697 y permite al fiscal obtener autorización
judicial del juez, con su sola solicitud y sin mayor sustento, en el
término de 24 horas, para intervenir las comunicaciones de personas
investigadas preliminarmente, así como para incautar documentación
privada. La gravedad de este tema se evidencia en el hecho de que se
puede aplicar a cualquier delito al libre arbitrio de la fiscalía y del juez
contrariando el espíritu de la norma de delegación de facultades (Ley
29009) en el sentido de que se debía de regular sólo los casos de delitos
Al respecto, también podemos citar lo señalado en los artículos 1º y 2º
del Decreto Legislativo No. 988 (aprobado en julio de 2007), en los que
se establece la posibilidad de limitar el derecho a la libertad personal
(detención preliminar) de los investigados en etapa de investigación
preliminar, con orden del juez hasta por 10 días con la sola solicitud
sustentada del fiscal y sin que se escuche a la defensa del procesado,
autorizándose el mismo procedimiento para el caso de la
incomunicación del investigado. Asimismo, el fiscal puede declarar la
reserva de la investigación preliminar y no dar posibilidad a la defensa
del investigado de participar en las diligencias preliminares ni de tomar
conocimiento de ellas. Otro hecho que importa la violación de derechos
fundamentales es que con la sola solicitud y sustentación del fiscal, sin
obligación de formular cargos concretos, se puede ordenar, por el juez,
el allanamiento de inmuebles o el cierre temporal de establecimientos.
Otra norma utilizada para la criminalización de la protesta social es el
Decreto Legislativo No. 983 (aprobada en Julio de 2007), que en su
artículo 3º violando los principios de inmediatez temporal y personal
amplía el supuesto de flagrancia en la comisión de un delito
(modificando el artículo 259º del Nuevo Código Procesal Penal:
Decreto legislativo 957 y el artículo 4º de la Ley 27934 que regula la
intervención de la Policía y la Fiscalía en la investigación preliminar de
un delito). Con lo cual una persona puede ser detenida bajo el supuestoPágina 15 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.de flagrancia en la comisión de un delito sin que exista realmente ni
inmediatez temporal ni personal.
En esta serie de normas que criminalizan la protesta social, también
existen las que amplían a 36 meses la detención preventiva si se estima
que el procesado puede pertenecer a una organización criminal y que se
contiene en el artículo 2o del Decreto Legislativo No. 983 (aprobada en
Julio de 2007). Esta norma, para ello modifica el artículo 137º del
Código Procesal Penal de 1991. Lo delicado del caso es que se dan
supuestos en que los actores sociales que han protestado legítimamente
y que son investigados por supuestos delitos, al haberlo hecho en grupo
pueden ser catalogados como miembros de una organización criminal y
así continuar detenidos preventivamente en forma indebida.
Asimismo, se establece que, en determinados delitos, las libertades
ordenadas por el fiscal provincial (titular de la acción penal) no se
efectivicen hasta que sea confirmada por el fiscal superior, etc., sin que
exista razón válida de política criminal para ello.
En ese mismo orden de ideas, debemos señalar que se han calificado
como delitos conductas que en realidad son ejercicios legítimos de
derechos, como por ejemplo el ejercicio del derecho de huelga por parte
de funcionarios públicos, a los que la normas ahora mencionadas
califican como delito de extorsión, sin tener en cuenta la naturaleza
jurídica de dicho delito ni que bien jurídico se intenta proteger con el
Muestra de ello es lo señalado en el artículo 2º del Decreto Legislativo
No. 982 (aprobado en julio de 2007), al calificar como delito de
extorsión (modificando el artículo 200º del Código Penal) el que
funcionarios públicos con poder de decisión o que desempeñen cargos
de confianza y dirección participen en huelgas o paros.
Igualmente, estos decretos legislativos han incrementado sin lógica
jurídica alguna la pena en la comisión de delitos de mediana gravedad
que terminan con penas conminadas máximas superiores a la de delitos
de mayor gravedad. Es decir se ha sobre-criminalizado la sanción penal
sin razón para ello y por el cual determinados delitos de mediana
gravedad terminan siendo sancionados con penas más altas, incluso, que
las previstas para delitos de extrema gravedad. El ejemplo más claro de
ello es el mismo Decreto legislativo 982 modifica el artículo 200 del
Código Penal considerando extorsión agravada la acción de bloqueo de
vías realizada por más de dos personas, con una pena de veinticinco
años de prisión.Página 16 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.En el antes mencionado artículo 2º del Decreto Legislativo No. 982 se
crean nuevas conductas penales. Por ejemplo, en el delito de extorsión
cometido por funcionario público se establece la pena adicional de
inhabilitación, con lo cual la autoridad no sólo es vacada sino que no
puede asumir función pública durante un determinado período de
tiempo (no menos de tres años).
III.7.3 Inexistencia de un marco normativo sobre empresas y
En este punto es necesario precisar que existen diversas empresas, sobre
todas las dedicadas a industrias extractivas que se encuentran
comprometidas con graves violaciones de derechos humanos en el
contexto de la protesta social, tal como la empresa Río Blanco Cooper
S.A (antes llamada Majaz S.A.), la empresa minera Yanacocha S.A., la
Empresa Xstrata, en cuyos campamentos mineros se detuvieron
ilegalmente a defensores de derechos humanos y fueron sometidos a
torturas y maltratos que han sido denunciados y vienen siendo
investigados por las autoridades.
Sin embargo, el Estado no ha sancionado un marco normativo adecuado
que permita reglas claras en el relacionamiento de dichas empresas con
las comunidades y poblaciones circundantes a los lugares en donde
realizan o pretenden realizar su actividad extractiva, especialmente en el
tema del respeto a sus derechos fundamentales.
Ante la inexistencia de un marco normativo que haga respetar los
derechos de las diversas comunidades urbanas y rurales o poblaciones
indígenas o nativas, las empresas han intentado llevar a cabo sus
proyectos imponiéndolos a la población que se opone a ellos, por
ejemplo Río Blanco Copper S.A., Aguila Dorada S.A., etc.. En esa
cuestionable actitud de las empresas, por el contrario, han contado con
el apoyo decidido del Estado, el que, además de reprimir por la fuerza la
protesta social ha instrumentalizado el derecho para
investigaciones y procesos penales contra todos aquellos que protestan.
El Estado ha facilitado progresivamente mayores mecanismos de protección
para las empresas dotándoles de instrumentos de coerción como una medida
estratégica. Así, se ha promovido la legalización de las presencia de fuerzas
privadas de seguridad que brindan protección en especial a empresas privadas
(la mayoría mineras y otras extractivas como petróleo y gas) para “repeler” o
“neutralizar” todo aquello que estas compañías consideren un riesgo.Página 17 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.Pero más preocupante aun ha sido la autorización de la integración de las
fuerzas públicas, puntualmente de la Policía Nacional del Perú a este sistema
privado de seguridad.
III. 8.1 La legalización de la privatización de la seguridad.
Fujimori fue quien introdujo la primera ley en Perú sobre Servicios de
Seguridad Privada, Decreto Supremo N.º005-94-IN. Esta norma
legalizó el sistema en el que se faculta a privados a ejercer funciones de
seguridad que tradicionalmente solo asumían las fuerzas policiales.
En el 2006 (26/07), durante el gobierno de Alejandro Toledo, se
introdujo una modificación del Art. 51 de la Ley de la Policía Nacional
del Perú (Ley 27238)18, autorizando por primera vez los “Servicios
Extraordinarios complementarios” de la PNP, los cual no son más que
servicios de seguridad privados que se ofrecen a favor de personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, a cambio de una retribución
económica. Esta norma autoriza celebrar convenios legales con el
representante de esta fuerza del orden19, contemplando además la
posibilidad de que este servicio se realice no solo con personal que se
encuentren de franco o de vacaciones, sino con efectivos que se hallen
de servicio 20.
En el 2009, mediante Decreto Supremo N.º 004-2009-IN se expide el
Complementarios a la Función Policial”.
En el mismo se regula la facultad que tiene la Policía Nacional del Perú
como institución, de ofrecer servicios de seguridad vía contratos civiles
de locación y convenios.
En esta norma se diferencia dos clases de servicios extraordinarios
complementarios (SEC), los individuales y los institucionales. Los
primeros están referidos a la autorización que la policía otorga a su
personal a celebrar contratos de manera individual con privados, para
ofrecerle servicios de seguridad a cambio de un pago (personal), durante
los días que se encuentren de franco o vacaciones.18 La Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la ley 27238, introduce todo lo referente a
“Servicios Complementarios” de la PNP.
Art. 51.1.:“El Director General de la Policía podrá celebrar o aprobar convenios con personas
naturales o jurídicas, privadas o públicas, así como entidades públicas en general, para la prestación de
servicios extraordinarios complementarios a la función policial”.
20 Art. 51.2: “Los servicios extraordinarios que brinde la Policía Nacional del Perú vía los referidos
convenios, podrán ser prestados con personal de la Policía Nacional del Perú que se encuentre de servicio,
de franco o de vacaciones, quienes deberán recibir un pago adicional por dicho Servicio (…)”Página 18 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.La segunda forma en cambio, son los contratos celebrados por la
institución con privados vía convenio. En esta modalidad es la propia
institución quien compromete el servicio, las condiciones y plazos, y
por supuesto, reclama a cambio una retribución económica. Este tipo de
servicio contempla dos tipos de pago, un porcentaje a favor de la
institución, y otro a favor de cada policía que hayan intervenido en el
Para esta forma de SEC, la institución compromete efectivos policiales
que están de servicio público, contemplando incluso la posibilidad de
disponer de la totalidad de miembros de una unidad o comisaría
dependiendo del requerimiento que se le realice (Art.10.A).
Dificultades que generan los SEC :
1. Los SEC generan que la función pública de la PNP se ceda ante el
requerimiento de un privado, más aun cuando este último contempla
una posibilidad de ingreso económico importante21.
2. La ley contempla los SEC institucionales permanentes, que quiere
decir que el la institución asigna contingentes por periodos
continuados (días o meses por ejemplo). Ello entonces nos expone
a la posibilidad de la privación de importantes números de agentes
policiales para el servicio público de seguridad, incluso por periodos
largos y continuados, si es que las empresas así requieren.
3. Uno de los problemas más serios del Estado es la carencia de un
cuerpo policial suficiente para cubrir las demandas de seguridad
ciudadana en el país. El propio Presidente Humala, en declaraciones
públicas recientes admite que existe un déficit de al menos 30,000
policías en el Perú22. En ese sentido, teniendo en cuenta la grave
situación de inseguridad en el país y el escaso número de miembros
del orden, es absolutamente pertinente preguntarse porqué se
permite alquilar los servicios una escasa y precaria policía a
privados, en lugar de colocarla al servicio de la sociedad.
4. Por otro lado resulta muy cuestionable que se autorice que una
actividad que se presta a favor de los intereses de un privado sea
realizada con medios logísticos y recursos públicos (uniformes por
ejemplo), puntualmente con armamento del Estado23, pues en la
21Mientras un efectivo policial obtiene en servicio público un sueldo mensual que oscila entre los S/.1500
a S/.1800 nuevos soles, el brindarle servicio de seguridad a una empresa puede reportarle cuando menos el
doble de el sueldo percibido.
22http://peru21.pe/actualidad/. 18/12/201223Segunda disposición complementaria del D.S.004-2009Página 19 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.práctica se estaría subvencionando con fondos públicos la seguridad
de un privado.III. 8. 2 Los convenios entre la PNP y las empresas mineras.
Actualmente no hay una información clara y transparente sobre el
número de Convenios que se habría firmado entre la Policía Nacional
del Perú y empresas o entidades privadas, menos aun de las
condiciones que se habrían pactado en los mismos. Investigaciones
periodísticas sugieren que, entre 2008 y 2010, aproximadamente 33 de
estos acuerdos estaban en ejecución en todo el país.
Siendo la industria minera, una de las que genera mayores conflictos
sociales, y por ende una de las más demandantes de servicios de
seguridad, quisimos investigar respecto a los convenios existentes entre
la PNP y estas compañías. La información pública al respecto es casi
inexistente y los pocos convenios que se han podido obtener provienen
de fuentes anónimas de la propia PNP que denunciar corrupción que
aducen que se produce en torno a esto.
De los convenios existentes vale la pena mencionar algunos aspectos
resaltantes que se verifican en ellos:
Los objetivos que se contemplan en estos convenios son, el primero,
brindar servicio policial extraordinario complementario con los
recursos humanos de la Policía Nacional del Perú. El segundo, la policía
debe prevenir, «detectar y neutralizar» cualquier amenaza o riesgo
contra el personal o las propiedades de la compañía minera para
garantizar el normal funcionamiento de sus actividades. Y, el tercero, el
acuerdo pretende servir para generar el apoyo financiero y logístico que
necesitan las fuerzas de policía para cumplir con sus objetivos
institucionales al servicio de toda la comunidad.
En cuanto a las obligaciones que asumen las partes, la policía se
compromete a poner a disposición agentes uniformados y armados, para
proteger durante las 24 horas las instalaciones mineras.
Respecto al tema del pago,al parecer cada convenio, se negocia de
manera autónoma. De los contratos revisados, se verifica que las
compensaciones económicas para los agentes que brindan este servicio
oscilan entre los S/.120 a S/.150 soles diarios para cada oficial PNP, y
entre S/.100 a S/.120 soles diarios para sub oficiales; además algunas
compañías ofrecen bonos especiales extras para cada agente 24. En
24Minera Yanacocha ofrece un bono especial a los efectivos policiales con motivo del alejamiento de sus
residencias, que conforme al Anexo del convenio sería de S/.38.00 soles diarios por oficial y S/.18.00
soles por sub oficial PNP. (Convenio Minera Yanacocha y PNP 31/03/2011).Página 20 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.relación a la retribución institucional, la mayoría de empresas pactan el
20% de lo pagado al personal como retribución para la PNP.
Curiosamente se encuentra que con algunas empresas la Policía negocia
otro tipo de ventajas particulares, pasajes aéreos y viáticos para el
Director de la DITERPOL25, apoyos varios para el mejoramiento de
infraestructura y equipamiento de la policía26; apoyo financiero para
proyectos de investigación y desarrollo de la PNP27; financiamiento de
locales28, entre otros.
A parecer existe una consigna de estricta reserva respecto a la ejecución
de los mismos, así, podemos encontrar que incluso en los propios
convenios, existen cláusulas de Confidencialidad que obligan a la PNP a
no revelar información sobre el desarrollo de este trabajo29, lo cual
genera mayores suspicacias en la población.
Así mismo debemos denunciar que las solicitudes de información
presentadas sobre esta materia son respondidas de forma incompleta o
negativa. Por ejemplo, aunque en agosto del 2012 el Ministerio del
Interior admitió en respuesta a una solicitud cursada por la CNDDHH la
existencia de un convenio entre la Policía Nacional del Perú y la
empresa minera Xstrata, no se cumplió con entregar una copia de dicho
convenio. En agosto del 2012, ante la solicitud de una copia del
convenio con la empresa Antamina la respuesta del Ministerio del
Interior fue que “lo solicitado no resulta atendible, toda vez que dichos
acuerdos son de naturaleza privada al haber sido suscrito con una
entidad de personería jurídica de derecho privado”.
III.8. 3 La privatización de la coerción y su impacto en los derechos
Las consecuencias de la privatización de la coerción en el Perú ha
generado en la práctica múltiples y repetidas denuncias presentadas en
torno a vulneración de derechos humanos. Asesinato, coacción,
hostigamiento, intimidación contra defensores; detenciones arbitrarias,
25Convenio entre Minera Yanacocha y la XIV DITERPOL Cajamarca, cláusula 4.2.14.26Convenio entre Minera Yanacocha y la XIV DITERPOL Cajamarca, cláusula 9.3.27Convenio entre Minera Antamina y la PNP, cláusula 4.2.13 y Convenio entre PNP y Gold Fields,
28Convenio entre PNP y Gold Fields, cláusula Sexta.29Convenio entre Minera Yanacocha y la XIV DITERPOL Cajamarca, cláusula décimo tercera: “DE LA
CONFIDENCIALIDAD.- La PNP en nombre propio en representación del personal policial que destaque
para la ejecución del presente Convenio, se compromete a dar un tratamiento confidencia y a no revelar a
terceros, sin el previo consentimiento escrito de Minera Yanacocha, información alguna de la que la PNP
o su personal destacado tenga conocimiento con ocasión del cumplimiento del presente convenio”Página 21 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.acciones de espionaje y hasta tortura, son algunos de los delitos que se
les atribuye de manera recurrente a las fuerzas del orden que actúan bajo
i.- Caso Majaz.- A finales de julio de 2005 en Piura, mientras se
realizaba una marcha de campesinos contra el proyecto minero “Rio
Blanco”, por inmediaciones del campamento minero, los manifestantes
fueron atacados por agentes de la policía que hacía servicio privado para
la empresa y de la compañía de seguridad Forza. Veintiocho dirigentes
campesinos fueron entonces detenidos y conducidos hasta la mina y
fueron brutalmente torturados y vejados durante 3 días. A finales del
2008, una fuente anónima entregó un grupo de fotografías que probó
estos graves hechos. En las fotos aparecen agentes policiales torturando
a los detenidos. Los ataron, colocaron sacos sobre sus cabezas y los
obligaron a caminar descalzos; los despojaron completa o parcialmente
de sus ropas, los golpearon brutalmente, los torturaron, les rociaron gas
lacrimógeno, y se les negó comida y agua. Un campesino no sobrevivió
a estos maltratos. Dos mujeres denunciaron que fueron víctimas de
abusos sexuales. Después de tres días de tortura en cautiverio, los
campesinos fueron dejados en libertad y acusados de terrorismo.
ii. Caso Operativo “Diablo”.- En el 2007, se descubrió un operativo de
Espionaje realizado por empresas privadas de seguridad (FORZA y
G&C) en agravio de líderes ambientales, en particular contra la ONG
“GRUFIDES”; en dicho caso también estaban involucrados policías en
actividad. El operativo comprendía seguimiento, vigilancia, amenazas
contra los agraviados, y en el 2010 también se estableció que habían
sido interceptados en sus comunicaciones telefónicas por la empresa de
seguridad Bussines Track (dirigida por ex marinos) y dedicada a esta
labor ilegal. A pesar de que el caso fue denunciado con pruebas
contundentes, el Ministerio Público de Perú decidió archivas por no
existir la figura legal de espionaje contra civiles. El caso ha sido
planteado ante la CIDH, quien ha otorgado medidas cautelares a favor
iii.- Caso Espinar.- el 28 de mayo del 2012 en provincia de Espinar
(Cuzco), se produjo una protesta contra la mina Tintaya; la población
retuvo a un fiscal, pero horas después lo dejaron libre. Varias personas
fueron detenidas por la policía y llevadas a la comisaría que se ubica
dentro del propio campamento minero30. Un grupo de defensores de
30La CNDDHH solicitó al Ministerio del Interior una copia de la resolución por la que se habilita el
funcionamiento de una dependencia policial al interior del campamento minero. A ello el Mininter
respondió que en tal lugar no existe ninguna dependencia policial. Por lo tanto, las detenciones arbitrarias
y torturas en rigor tuvieron lugar en las instalaciones de la empresa minera.Página 22 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.derechos humanos de la Vicaría de Sicuani se apersonó al campamento
minero Tintaya Marquiri y Antapacay para velar por los derechos de los
detenidos. Mientras aguardaban en las afueras del campamento se
aproximó un grupo de la Policía de DINOES, que no se identifica si
estaba de servicio público o cumpliendo SEC, los apuntaron con el arma
y los obligaron a bajar de la camioneta, los ingresaron al campamento y
los golpearon fuertemente. La Policía levantó un acta donde se quería
hacer constar que en el interior del vehículo de la Vicaría de Solidaridad
se había encontrado 10 proyectiles de armas de fuego, ubicados debajo
del asiento posterior del carro. Los citados defensores fueron liberados
dos días después y se les sigue un proceso por delitos de tenencia ilegal
de armas y disturbios. No existe ninguna sanción para el personal
policial que intervino en esta detención ilegal.
Todos estos casos ilustran que resulta siendo particularmente peligroso
para los derechos humanos y la democracia del país, la privatización de
la coerción y en particular de la Policía Nacional del Perú, pues
compromete seriamente su independencia y trastoca y desvirtúa su
función natural que es la protección del orden público y velar por los
derechos de toda la población.
Esta privatización ha generado que las fuerzas del orden actúen en un
marco en el que no tienen limitaciones y responden básicamente a los
requerimientos y ordenes de las empresas privadas que pagan sus
Esta estrategia también es eficiente para evitar control, restricciones y
generar condiciones de impunidad para las fuerzas policiales cuando
actúan en la protección de privados.
La convergencia de lo
público/privado en las fuerzas del orden genera una dificultad para
definir aspectos determinantes como obligaciones y responsabilidades
de los agentes, y el objetivo de sus actuaciones.
El factor corrupción se presenta recurrentemente en este tipo de
convenios, debido al objeto económico que entraña. La policía ve la
prestación de este servicio como una oportunidad de lucro para lo cual
están dispuestos a acatar cualquier orden del privado, teniendo en
cuenta además que la normas estatales les aseguran inmunidad frente a
cualquier exceso.Página 23 de 24CONFLICTOS SOCIALES Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ.IV RECOMENDACIONES.
Las organizaciones suscritas solicitamos a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos exhortar al Estado Peruano a:
1) Optimizar los canales institucionales para el ejercicio de la ciudadanía
ambiental a nivel central, especialmente en los ámbitos referidos a la
participación efectiva en las decisiones sobre temas ambientales, la
protección frente a la contaminación, el ordenamiento territorial, el
aseguramiento hídrico, la participación en los beneficios económicos
generados por la actividad minera, y los derechos de los pueblos
2) Asegurar la dotación de armamento no letal y equipos protectores para
los efectivos que participan en el control del orden interno.
3) Garantizar la capacitación en el manejo de disturbios de los policías
llamados a intervenir.
4) Regular de manera precisa los procedimientos que deben usarse en el
control del orden interno, asegurando la adecuación de esta normativa a
los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Ello implica
derogar el Decreto Legislativo 1095.
5) Eliminar la participación de las fuerzas armadas y la declaración de
estado de emergencia como herramientas para el control del orden
interno en situaciones de conflictividad social.
6) Garantizar el acceso a la justicia y reparación de los afectados por el uso
abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social. Habilitar de
manera urgente un procedimiento administrativo para la reparación de
los afectados, incluyendo mujeres y niños dependientes de los
primariamente afectados.
7) Garantizar el debido proceso a las personas procesadas en el contexto de
la protesta social, y derogar las normas que criminalizan la protesta.8) Eliminar la prestación de servicios privados de seguridad por las fuerzas
del orden a las empresas extractivas, sea cual sea la forma jurídica por
la que se brinden éstos.Página 24 de 24All pages:123456789101112131415161718192021222324InfoSaveLikeShareDownloadMoreConflictos sociales y vulneracion de derechos humanos en Perú Published on Sep 17, 2013 Informe presentado ante la CIDH en la audiencia sobre "Vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social", marzo 2013.cnddhhFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 Resolución 

artículo 1969
 artículo 2001
 resolución 
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 23
 artículo 27
 Artículo 1

artículo 1

artículo 3
 artículo 259
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 137
 artículo 2
 artículo 200
 artículo 200
 artículo 2
 resolución