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Derecho fundamental a la educacion: Escolarización obligatoria: resolución judicial que no impide escolarización, sino que rechaza que la situación escolar de
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título Derecho fundamental a la educacion: Escolarización obligatoria: resolución judicial que no impide escolarización, sino que rechaza que la situación escolar de
fecha de publicación 10.09.2015
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DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION: Escolarización obligatoria: resolución judicial que no impide escolarización, sino que rechaza que la situación escolar de los menores justifique la asunción de su tutela por la Generalidad: vulneración inexistente.
RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL: Contra actos u omisiones de órganos judiciales: alcance: prohibición de entrar en el conocimiento de los hechos: circunstancias personales y familiares de menores: enjuiciamiento jurisdiccional no arbitrario ni absurdo: improcedencia de revisión en vía de amparo.
Recurso de Amparo núms. 1561/19921562/19921563/19921564/19921565/1992, 1566/1992 y 1567/1992
Formulado por el Magistrado Don Vicente Gimeno Sendra.
Recursos de amparo formulados por la Generalidad de Cataluña contra Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Primera), de 21 mayo 1992, en asunto de Jurisdicción voluntaria sobre declaración de desamparo y asunción de tutela legal para la escolarización de menores pertenecientes a la secta «Niños de Dios». Vulneración del derecho fundamental a la educación: inexistencia:denegación de amparo.
En los recursos de amparo acumulados núms. 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566 y 1567/1992, interpuestos por la Generalidad de Cataluña, como institución tutelante de los menores Ana María y Miguel Angel. B. R. (1561), Phillipe, Andrea, Christopher, Sthephen, Mercy y Laura G. (1562), Jordi y Sandra D. G. (1563), Trinity, François y Glenn P. (1564), Angel M. O. (1565), Robin, Andrew, Meri, Feith y Martin M. (1566) y Luna Teresa, Angel Amador y José Daniel T. M. e Irene H. M. (1567), contra los Autos dictados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 21 de mayo de 1992, en los recursos de apelación núms. 163/1992, 157/1992, 159/1992, 158/1992, 161/1992, 162/1992, y 160/1992, promovidos contra los dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona, de fecha 6 de noviembre de 1991, en los autos de jurisdicción voluntaria núms. 517/1990, 510/1990, 512/1990, 511/1990, 515/1990, 514/1990 y 516/1990, seguidos a instancia del nombrado apelante por oposición a la declaración de desamparo y asunción de tutela legal realizada por Resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalidad de Cataluña. Han comparecido el Ministerio Fiscal, don Agustín B. G. y doña Concepción R. R., padres de Ana María y Miguel Angel B. R., representados por la Procuradora doña Matilde Tello Borrell y asistidos del Letrado don Fernando Prida Carballeira; doña Evelyn F. G., madre de Phillipe, Andrea, Christopher, Sthephen, Mercy y Laura G., representada por la Procuradora doña Isabel Alfonso Rodríguez y asistida del Letrado don Joaquim Escuder i Planxart; doña María José D. G., madre de Jordi y Sandra D. G., representada por la Procuradora doña María del Prado Oliver Cabañas y asistida del Letrado don Joaquim Escuder i Planxart; don Harvey Lee P. y doña Carol G., padres de Trinity François y Glenn P., representados por la Procuradora doña Almudena Delgado Gordo y asistidos del Letrado don Llorenç Pellicer i Sanz; doña Rosario M. O., madre de Angel M. O., representada por el Procurador don Emilio López Leiva y asistida del Letrado don Llorenç Pellicer i Sanz; don Dennis Edward M., padre de Robin, Andrew, Meri, Feith y Martin M., representado por la Procuradora doña Paloma Prieto González y asistido del Letrado don Llorenç Pellicer i Sanz; y doña Teresa M. M., madre de Luna Teresa, Angel Amador y José Daniel T. M. e Irene H. M., representada por la Procuradora doña Josefa Landete García y asistida del Letrado don Joaquim Escuder i Planxart. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
Con fecha 17 de junio de 1992, tuvieron entrada en el Registro de este Tribunal siete escritos de la Generalidad de Cataluña como institución tutelante de los menores Ana María y Miguel Angel B. R. (1561/1992), Phillipe, Andrea, Christopher, Sthephen, Mercy y Laura G. (1562/1992), Jordi y Sandra D. G. (1563/1992), Trinity, François y Glenn P. (1564/1992), Angel M. O. (1565/1992), Robin, Andrew, Meri, Feith y Martin M. (1566/1992) y Luna Teresa, Angel Amador y José Daniel T. M. e Irene H. M. (1567/1992), formalizando recursos de amparo contra los Autos dictados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 21 de mayo de 1992, en los recursos de apelación núms. 163/1992, 157/1992, 159/1992, 158/1992, 161/1992, 162/1992 y 160/1992, promovidos contra los dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona, de fecha 6 de noviembre de 1991, en los autos de jurisdicción voluntaria núms. 517/1990, 510/1990, 512/1990, 511/1990, 515/1990, 514/1990 y 516/1990, seguidos a instancia del nombrado apelante por oposición a la declaración de desamparo y asunción de tutela legal realizada por Resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalidad de Cataluña.
Los hechos en los que se fundamentan las demandas de amparo son, sucintamente expuestos, los que siguen:
a) Con fecha 23 de julio de 1990, la Dirección General de Atención a la Infancia comunicó al Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona la oposición de los padres de los menores cuyos nombres se han transcrito a las medidas de protección adoptadas por la Generalidad respecto a ellos, concretadas en la declaración de desamparo y asunción de la tutela legal realizada por la Dirección General de Atención a la Infancia.
b) El 6 de noviembre de 1991 el Juzgado dicta los Autos 510 a 516/1991, idénticos en su contenido, desestimando la oposición planteada a la declaración de desamparo y asunción de la tutela legal realizada por la Generalidad.
Los mencionados autos, tras centrar el problema jurídico en el alcance y límites de la patria potestad y, en concreto, del derecho de los padres a educar y formar a sus hijos con arreglo a sus propias convicciones (fundamento jurídico 2.º), consideran que el art. 27.3 de la Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) ha de confrontarse con los deberes que la patria potestad conlleva, y que cuando la educación impartida impida o limite sustancialmente el pleno desarrollo del menor nos encontraremos ante un inadecuado ejercicio de los derechos paterno-filiales y ante una posible situación de desamparo, presupuesto para la asunción de la tutela legal por la entidad pública competente (fundamento jurídico 3.º); tras considerar acreditado que los padres de los menores pertenecen a una secta («Niños de Dios») contra la que se está siguiendo un proceso penal, razona que la conducta de manipulación mental y anulación de toda capacidad crítica realizada por los padres ha supuesto que los menores presenten deficiencias en las áreas de socialización y autonomía personal, por lo que considera que se da una situación de desamparo, explicitada, entre otros aspectos, en la no escolarización de los menores declarando, en consecuencia, ajustada a Derecho la medida de internamiento de los menores, aunque, a petición de la propia Generalidad, «ante la favorable evolución de los menores a raíz de su escolarización», repone a los padres la mera guardia de los menores.
c) Los padres de los menores interpusieron recursos de apelación contra los meritados autos; recursos que fueron resueltos en sentido estimatorio por los autos (idénticos en su contenido) núms. 157 a 163/1992, de 21 de mayo, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona. A juicio de la Sala, a pesar de que la patria potestad debe ejercerse en beneficio de los hijos y de acuerdo con su personalidad, determinar qué debe entenderse por una cláusula tan ambigua es algo que sólo puede precisarse caso a caso y respetando también el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE); en su opinión, no existía prueba suficiente de que la comunidad «Niños de Dios» fuera una secta, y estimó que las enseñanzas recibidas por los menores se impartían sin descuidar las consideradas como básicas y obligatorias, «escolaridad libre según el ordenamiento jurídico de alguno de los países de origen de los niños, y, en definitiva, no distinta de la que se da en los colegios regidos por religiosos en nuestro país». Se señala, por último, que se ha impuesto el confinamiento en España a un grupo de niños extranjeros, «rompiendo la natural armonía paterno-filial dando intervención preponderante en la misma al Estado» y que, en definitiva, debía «prevalecer la libertad de culto de los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos».
La demandante de amparo considera vulnerado el art. 27.1, 2, 3, 4 y 5 en relación con el art. 15 de la Constitución.
Las demandas de amparo comienzan analizando el cumplimiento de los requisitos procesales y, en particular, la legitimidad de la Generalidad para la interposición de los recursos, considerando al respecto que la legitimación de los menores se deriva de lo dispuesto en el art. 162.1 b) CE y que dichos menores están representados por la Generalidad, como institución tutelante, que, en tal concepto, ha sido parte en los procesos Judiciales. Se destaca, asimismo, que lo que se discute es la vulneración del derecho fundamental a recibir una educación integral de los menores, que éstos carecen de capacidad procesal y que, al no hacerlo los padres surgiría una indefensión si no actuase la institución tutelante.
En relación con el fondo del asunto, entiende la Generalidad de Cataluña que se ha vulnerado el art. 27.1 CE en la medida en que los padres de los menores impedían su escolarización en centros homologados, privándoles del derecho a una educación integral, y que la medida protectora básica de la Generalidad fue precisamente la obligada e incumplida escolarización, medidas que tienen como fundamento que el art. 27 CE reserva a los poderes públicos la homologación e inspección del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes, sin que tal reserva suponga, como afirman los autos recurridos, injerencia alguna en la libertad ideológica o religiosa, sino una obligación que, junto al contenido primario de derecho a la libertad, supone una dimensión prestacional del ejercicio del derecho a la educación integral, conclusión que se apoya en la STC 86/1985 ( RTC 1985\86 ) (fundamento jurídico 3.º), de forma que, sobre la base de los arts. 16.1 y 15 de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y Protocolo Adicional (ApNDL 3626), así como de la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de noviembre de 1989 [«Boletín Oficial del Estado» 31 de diciembre de 1990 ( RCL 1990\2712 )] y de la doctrina sentada en la STC 24/1982 ( RTC 1982\24 ), hay que concluir que el derecho a la libertad religiosa de los padres tiene como límite el derecho de los menores a recibir una educación integral; sin embargo, los Autos impugnados supeditan absolutamente al ejercicio de una supuesta libertad religiosa el ejercicio de otros derechos constitucionalmente protegidos, en contra también del criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 7 de diciembre de 1976 ( caso Kjeldsen, Busk, Mandsen y Padersen ) y de la STC 5/1981 ( RTC 1981\5 ), por lo que los referidos autos vulneran lo dispuesto en los arts. 10, 15 y 27 CE, no siendo tampoco de recibo las consecuencias que las resoluciones judiciales impugnadas derivan de la condición de extranjeros de algunos de los menores, en la medida en que el art. 27 CE les es también de aplicación.
En conclusión, se solicita la nulidad de los autos impugnados, así como su suspensión. Por medio de otrosí, interesa la demandante de amparo que en el supuesto de que este Tribunal considere que la Generalidad no ostenta la representación de los menores, se dé traslado de los recursos al Ministerio Fiscal, al objeto de que pueda, en interés de los menores, comparecer y proseguir su tramitación.
Mediante providencias de 28 de septiembre de 1992, la Sección Segunda de este Tribunal concedió un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al Letrado de la Generalidad con el fin de que realizaran las alegaciones pertinentes en torno a la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) LOTC ( RCL 1979\2383 y ApNDL 13575), por carecer las demandas manifiestamente de contenido constitucional.
El Ministerio Fiscal, mediante escritos de 14 de octubre de 1992, solicitó la inadmisión de los recursos. Razona el Ministerio Público que nos encontramos ante una cuestión de legalidad ordinaria sin dimensión constitucional alguna -determinar si existe o no la situación de desamparo de los menores- resuelta motivadamente por el Tribunal de apelación. A su juicio, no existe vulneración del art. 27 CE toda vez que no se ha probado que los menores no reciban una educación que tienda al pleno desarrollo de la personalidad humana de acuerdo con las propias convicciones de los padres en materia religiosa y moral.
Por su parte, la Generalidad insiste en el contenido de las demandas.
Por nuevas providencias de la Sección Segunda de 26 de octubre de 1992, se requirió del Ministerio Fiscal y de la Generalidad que alegasen lo que estimaran pertinente acerca del posible incumplimiento de requisitos procesales, por no ser la actora representante legal ni titular del derecho fundamental controvertido, requerimiento que, por error material, había sido omitido en las providencias anteriores.
El Ministerio Fiscal, mediante escritos registrados el 10 de noviembre de 1992, razona que el art. 162.1 b) de la Constitución establece que está legitimado para interponer un recurso de amparo quien invoque un interés legítimo cualificado o específico, lo que constituye una categoría más amplia que el derecho subjetivo, porque se identifica con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida, regulación que es completada con el art. 46.1 b) LOTC, que exige haber sido parte en el proceso y tener un interés legítimo. Señala que la Generalidad no es titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado, ya que, como consecuencia de los autos impugnados, ha perdido la tutela de los menores; sin embargo, si el Tribunal estimara los recursos volvería a recuperarla, de donde se deduce que tiene un interés legítimo; además, ha sido parte en el proceso judicial, por lo que concluye que, en su opinión, no concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) en relación con el 46.1 b), ambos de la LOTC.
La Generalidad, por su parte, cuyos escritos de alegaciones se registraron el 11 de noviembre de 1992, entiende que está actuando en interés de unos menores necesitados de protección constitucional y a favor de los cuales nadie reclama la referida protección, así como que su posición jurídica le viene conferida por imperativo legal, toda vez que el art. 172 del Código Civil le encomienda la tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo. Afirma, además, que la legitimación en la presente litis está conectada con el fondo del asunto, ya que en la medida en que los autos objeto de los recursos vulneren el derecho fundamental a la educación, su revocación reafirma su legitimación como entidad detentadora de la tutela en el ejercicio de la defensa de los menores.
Por providencias de 1 de diciembre de 1992, la Sección acordó admitir a trámite las demandas de amparo sin perjuicio de lo que resultara de los antecedentes, requerir de los órganos judiciales los testimonios de las distintas actuaciones, así como el emplazamiento de quienes en ellos fueron partes, formar las correspondientes piezas separadas de suspensión y conceder, de conformidad con lo previsto en el art. 84 de la LOTC, un nuevo plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a la Generalidad para que formularan alegaciones en torno a la posible vulneración del art. 27.4 de la Constitución.
Por Autos de 19 de abril de 1993 la Sala acordó denegar las suspensiones requeridas.
Por providencias de 29 de marzo de 1993 se tuvieron por personados y parte en estos procesos a los padres de los menores y se concedió a sus representantes procesales un plazo de veinte días para que presentaran alegaciones y se pronunciasen sobre la acumulación de los recursos.
El Ministerio Fiscal, en escritos registrados el 3 de mayo de 1993, considera que las resoluciones judiciales impugnadas no vulneran el art. 27 de la Constitución. El derecho fundamental a la educación señala a los poderes públicos la obligación de colaborar y ayudar a la efectividad de ese derecho fundamental; aquel precepto declara, en primer lugar, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, estableciéndose a continuación la gratuidad de la enseñanza básica y una serie de obligaciones que suponen un deber prestacional por parte del Estado, de forma que la falta de un camino o vía única establecida para lograr esa finalidad supone que cualquier medio por el que la misma se logre es conforme con el derecho fundamental, sin que las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que, caso de no seguirse la vía estatal, no por eso cabe afirmar que se vulnera ese derecho. El art. 27.4 -continúa el Ministerio Público- no significa que la enseñanza tenga que realizarse de la manera establecida por el Estado, porque puede recibirse de otra forma siempre que se obtengan los mismos resultados, y esto es, justamente, lo que afirma la Audiencia Provincial que ha sucedido, sin que la diferencia en la forma de recibir la educación suponga por sí misma una vulneración del derecho fundamental. La Audiencia considera que, a pesar de no existir escolarización, no se habían descuidado la educación y formación integral; los autos impugnados interpretan un término legal como es el del art. 154.1 del Código Civil, y lo hacen de forma razonada y fundada, y, por tanto, dentro del ámbito de su competencia y función. Afirma, por último, el Ministerio Fiscal que a las mismas conclusiones se llega desde la óptica de la supuesta vulneración del art. 15 de la Constitución, que se circunscribe a una cuestión de hecho, la situación o no de abandono. Concluye manifestando la procedencia de la acumulación de los recursos.
La Generalidad, por su parte, entiende vulnerado el art. 27 de la Constitución, dando por reproducidas las alegaciones de los escritos de demanda e insistiendo en que los autos recurridos impiden la escolarización de los menores en centros públicos homologados.
La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Tello Borrell, actuando en nombre y representación de don Agustín B. G. y doña Concepción R. R., padres de Miguel Angel y Ana María B. R., solicita, mediante escrito registrado el 23 de abril de 1993, la desestimación del recurso 1561/1992, alegando, entre otros extremos, que la revocación del auto recurrido supondría la vulneración de los arts. 16 y 27 de la Constitución. Señala, además, su no oposición a la acumulación de los recursos.
La Procuradora de los Tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez, actuando en nombre y representación de doña Evelyn Faye G., en el recurso 1562/1992, solicita que se declare no haber lugar al otorgamiento del amparo pretendido. Su razonamiento central, tras negar como cuestión previa su pertenencia a la secta «Niños de Dios», es que es erróneo que la educación integral se dé solamente en los centros homologados a los que se refiere la Generalidad, en especial si se tiene en cuenta que son escuelas en lengua catalana y los menores solamente hablaban inglés cuando fueron escolarizados. Considera que la formación esencial de la persona se verifica en el seno familiar, que la familia es el elemento básico de todo desarrollo educativo y que es un derecho inalienable de los padres el poder elegir el tipo de educación que quieran dar a sus hijos de acuerdo con los dictados de su conciencia. Por otra parte, se manifiesta favorable a la acumulación de los recursos. Idéntica argumentación se contiene en los escritos presentados por la Procuradora de los Tribunales doña María del Prado Oliver Cabañas, en representación de doña María José D. G. en el recurso 1563/1992, por la Procuradora doña Almudena Delgado Gordo, en representación de don Harvey Lee P. y doña Carol G. en el recurso 1564/1992, por el Procurador don Emilio López Leiva, en representación de doña Rosario M. O. en el recurso 1565/1992, por la Procuradora doña Paloma Prieto González, en representación de don Dennis Edward M. en el recurso 1566/1992, y, por último, por la Procuradora doña Paz Landete García, en representación de doña Teresa M. M. en el recurso 1567/1992.
Por Auto de 6 de mayo de 1993, la Sección Segunda acordó la acumulación de los recursos.
Por providencia de 5 de mayo de 1994, se acordó fijar el día 9 siguiente para deliberación y fallo que ha concluido en el día de hoy.
Para la correcta delimitación del objeto de los presentes recursos de amparo es preciso recordar, sucintamente, cuáles han sido los avatares de las causas que han concluido con las resoluciones judiciales ahora impugnadas y cuáles las razones y argumentos a cuyo alrededor se han articulado los términos de las demandas interpuestas por la Generalidad de Cataluña.
Por Resoluciones de 10 de julio de 1990, la Dirección General de Atención a la Infancia del Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña acordó [de conformidad con lo dispuesto en los arts. 172 y ss. del Código Civil, en el Decreto 332/1988, de 21 de noviembre (
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