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Timestamp: 2019-09-21 07:21:06+00:00

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Ley de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 8/1999, de 9 de abril) - Normativa de Madrid - Legislación - VLEX 70378198
Ley de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 8/1999, de 9 de abril)
1. Antecedentes y justificación de la Ley.
2. Duración máxima de procedimientos.
3. Efectos del silencio administrativo.
4. Procedimientos con silencio negativo.
5. Competencia para la suscripción de convenios.
6. Delegación de competencias, revisión de actos y responsabilidad patrimonial.
7. Títulos competenciales. - arts. 1 a 7
Norma citada en: 101 sentencias, 7 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 4 resoluciones administrativas
PREÁMBULO Artículos 1 a 7
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dio origen a un proceso de adecuación de la normativa estatal y autonómica en materia de procedimientos administrativos que, por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, se concretó en la aprobación de la Ley 7/1993, de 22 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 25 de junio de 1993) y de los Decretos 74, 75, 76, 77 y 78/1993, todos ellos de 26 de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de agosto de 1993).
Se concede al Gobierno de la Comunidad de Madrid un plazo de adaptación de las normas reglamentarias reguladoras de procedimientos que vencerá el 14 de abril del año 2001, es decir, a los dos años de la entrada en vigor de la Ley 4/1999.
La adaptación consistirá en establecer el sentido positivo del silencio administrativo, en aquellos casos en que las normas reglamentarias que regulen los procedimientos hubieran establecido el sentido negativo sin que exista cobertura para ello por parte de una norma con rango de Ley o de una norma de Derecho Comunitario Europeo, y siempre que se trate de procedimientos iniciados a solicitud del interesado que no se hallen comprendidos en las categorías exceptuadas de la aplicación del silencio positivo por el artículo 43.2 de la LAP.
Hasta que se lleve a efecto la adaptación, conservará validez el sentido del silencio administrativo establecido en las normas reglamentarias preexistentes, si bien su forma de producción y sus efectos serán los previstos en la Ley 4/1999.
7. Títulos competenciales Artículos 1 a 7
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos administrativos que se detallan en el Anexo de la presente Ley será el establecido para cada uno de ellos en dicho Anexo.
La duración máxima de los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas públicas será la prevista en sus propias convocatorias o en las normas específicas que las regulen, sin que pueda exceder de nueve meses, contados desde la convocatoria, salvo Ley especial que establezca un plazo superior. En defecto de previsión específica, la duración máxima será de nueve meses.
La duración máxima de los procedimientos de concesión de licencias o autorizaciones relativas a proyectos o actividades sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental será de dieciocho meses, salvo que por Ley especial se establezca otro plazo o se trate de un procedimiento incluido en el Anexo de esta Ley, en cuyo caso, la duración del mismo será la que en él se contemple.
ARTÍCULO 2 Adaptación de procedimientos al sentido del silencio.
En un plazo que vencerá el 14 de abril del año 2001, el Gobierno adaptará a lo establecido por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el sentido del silencio administrativo previsto en las normas reglamentarias reguladoras de los procedimientos que sean de la competencia de la Comunidad de Madrid y, en especial, las aprobadas en el proceso de adecuación y desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Hasta que se lleve a efecto la adaptación prevista por este artículo , conservará validez el sentido del silencio administrativo establecido en las normas citadas en el apartado 1 del mismo, si bien su forma de producción y sus efectos serán los previstos en la citada Ley 4/1999.
Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las Corporaciones de Derecho Público y las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid respecto de las normas reglamentarias que sean de su competencia, correspondiendo, en este caso, la adaptación a las propias corporaciones o entidades.
ARTÍCULO 3 Procedimientos con silencio negativo.
ARTÍCULO 4 Suscripción de convenios.
La facultad de firma de los convenios no altera las competencias relativas al procedimiento de gasto.
Artículo 4 modificado por Disposición Final Primera de la Ley 1/2001, de 29 marzo, del silencio administrativo, publicado en BOCM el 10 de abril de 2001.
ARTÍCULO 5 Delegación de competencias.
Los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, en los términos establecidos por la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.".
ARTÍCULO 6 Fin de la vía administrativa y competencia para la revisión de actos.
Ponen fin a la vía administrativa, salvo lo que pueda establecer una Ley especial, de acuerdo con lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones siguientes:
Las del Gobierno y sus Comisiones Delegadas.
Las de los Consejeros.
Las de las autoridades inferiores, en los casos que resuelvan por delegación de un Órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
Las de cualquier autoridad cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
Los actos dictados por los órganos de gobierno de los Organismos Autónomos agotan la vía administrativa, salvo que su Ley de creación establezca otra cosa.
Las resoluciones dictadas por los Entes de Derecho Público en el ejercicio de potestades administrativas agotan la vía administrativa, salvo que su Ley de creación establezca otra cosa.
Serán competentes para resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos nulos, declarar la lesividad de los anulables y revocar los de gravamen o desfavorables:
El Presidente, el Gobierno y sus Comisiones Delegadas, respecto de sus propios actos en cada caso.
Los Consejeros, respecto de sus propios actos y de los dictados por los órganos de ellos dependientes.
Los Consejeros, respecto de los actos dictados por los Consejos de Administración de los Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público, salvo que su Ley de creación disponga otra cosa.
Los órganos previstos en la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma, respecto de los actos administrativos en materia tributaria.
El Gobierno, respecto de la revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general.
La rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos corresponderá al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.
Las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, serán resueltas por los Consejeros respectivos.
En los Organismos autónomos y Entes de Derecho público la competencia corresponderá al Consejo de Administración, salvo que su Ley de creación asigne la competencia a un órgano de la Consejería de adscripción.".
ARTÍCULO 7 Responsabilidad patrimonial.
La responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid por los daños ocasionados a los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones que la Comunidad de Madrid dicte en el ejercicio de sus propias competencias.
Será competente para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial el Consejero respectivo, salvo que una Ley especial atribuya la competencia al Gobierno.
En el caso de los Organismos Autónomos o Entes de Derecho Público, será competente el titular de la Consejería a la que estuvieran adscritos, salvo que su Ley de creación disponga otra cosa.".
En la Administración de la Comunidad de Madrid, y a los efectos del artículo 42.3 b) de la Ley 30/1992, se entiende por registro del órgano competente para la tramitación de una solicitud, cualquiera de los registros de la Consejería competente en cada caso para iniciar la tramitación de la misma.
Disposición adicional Primera párrafo 2º derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 1/2001, de 29 marzo, del silencio administrativo, publicado en BOCM el 10 de abril de 2001.
La presente Ley entrará en vigor el 14 de abril de 1999, salvo que fuera publicada con posterioridad a esa fecha, en cuyo caso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 9 de abril de 1999.

References: artículo 43
 resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

Artículo 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 109

ARTÍCULO 7
 artículo 42