Source: http://espanito.com/repblica-de-colombia-casacin-no-21-214-p-claudia-patricia-nass.html?part=2
Timestamp: 2020-02-23 17:09:09+00:00

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Segundo Cargo - República de Colombia Casación No. 21. 214 P./ Claudia Patricia Nasser Arana y o. D./ Enriquecimiento...
Para la Procuradora Delegada, este reproche subsidiario tampoco tiene vocación de éxito, ya que la indeterminación del tipo objetivo a que alude el demandante no se vislumbra en el pliego acusatorio, no obstante las reiteradas críticas hechas en la sentencia al respecto.
Sin embargo, las deficiencias de motivación de dicha decisión en este punto no conllevan a las conclusiones del demandante, pues al ocuparse dicha determinación de la materialidad de la infracción, “para encontrar la reseña de documentos y actividades financieras, tributarias y comerciales de la familia, así como la referencia en concreto, a que se observa la ocurrencia de incrementos injustificados y es por esta razón que son llamados a responder los procesados que aquí se citan”.
No es cierto, tampoco, que no se hubiesen precisado los elementos objetivos del tipo penal, como quiera que en el acápite pertinente a la calificación jurídica se expuso de manera completa que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares definido en el artículo primero del Dto. 1895 de 1.989, adoptado como legislación permanente en el art. 10 del Dto. 2266 de 1.991, por el que se estaba llamando a juicio, entre otros a CARLOS ALBERTO y a PATRICIA NASSER ARANA.
En cuanto a la individualización de las cuantías, aspecto que echa de menos el demandante, enfatiza la Procuradora que éste es apenas “un elemento constitutivo de la resolución de acusación, que puede variar posteriormente, no solo por los diversos dictámenes que como en este caso se hicieron, a consecuencia de las grandes sumas de dinero que involucran, sino por el aporte de otras pruebas, en el periodo del juicio”. Además, tal elemento no hace parte de la descripción típica del delito investigado y no incide en el ejercicio posterior de la defensa.
Los cuestionamientos atinentes a que el acto de cesión accionaria no constituye en sí mismo enriquecimiento ilícito, o que el sobreseimiento dictado en 1.990 por los jueces de Barranquilla exonerando a la pareja NASSER ARANA de responsabilidad al no encontrar ilicitud en el origen de sus bienes a esa fecha, o que para ese momento no estaba tipificado el delito por el que se llamaron a responder en juicio, o que está claro si la imputación comprende a los procesados cuando eran menores de edad, o después, es tema que “desborda el sentido de la censura, transformándola en una oposición a los análisis que hiciera en su momento el ente acusador, pero que para esta etapa, solo tienen trascendencia si la pretensión es derribar la definitiva imputación, contenida en el fallo”.
Tampoco tiene razón el casacionista en esta propuesta de ataque por indeterminación de la acusación en cuanto al grado de participación por el debían ser enjuiciados los hermanos NASSER ARANA, toda vez que desconoce el contenido de dicha decisión, en cuya parte resolutiva se expresa claramente que lo eran en calidad de “COAUTORES” del delito de enriquecimiento ilícito de particulares definido en el artículo primero del Dto. 1895 de 1.989, por manera, que, en tales condiciones, innecesario resultaría acudir a inferencias o deducciones para establecer lo concerniente a ese tema. Por la misma razón, tampoco corresponde a la verdad lo sostenido por la defensa en torno a que la acusación no dejó en claro quiénes fueron los autores de la conducta típica, ya que en su texto se afirma claramente que los gestores del emporio comercial fueron los padres de los procesados, Julio Cesar Nasser David y SHEILA ARANA MARÍA.
Prueba de que no se evidencian las dudas destacadas por el demandante es la claridad que tuvieron los sindicados en la etapa del juicio para controvertir la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito en los montos señalados en el dictamen de junio 28 de 1.998.
Es igualmente desacertado, afirmar, como lo hace la defensa, que la acusación terminó imputando una conducta omisiva o desconocerse sus verdaderos autores, puesto que allí quedó en claro que las actuaciones por las cuales se les censuró penalmente se desarrollaron cuando ya ostentaban la mayoría de edad.
Este reproche, sustentado también en el motivo de nulidad por carencia del número de acta de discusión y de la fecha de la sentencia de segunda instancia, no tiene vocación de éxito a juicio de la Representante del Ministerio Público, ya que si bien es cierto que el Ad quem incurrió en irregularidad por ese motivo, de las actuaciones surtidas con posterioridad, tales como las notificaciones y el edicto permiten establecer con certeza ese dato en particular, como se desprende de los oficios Nos. 3.623 y 3.624 de marzo 11 de 2.002, mediante los cuales se les informó, respectivamente, al Agente del Ministerio Público y al Fiscal Delegado, a fin de que comparecieran a enterarse de la sentencia.
Por tanto, el error en que incurrió el Fiscal, bien pudo generar incertidumbre, pero no ello puede considerarse que se trata de un acto que genere la nulidad de la decisión, máxime que en el edicto visible al folio 135 se indicó la fecha de la sentencia -5 de marzo de 2.002- y el número del Acta -105 de 2.000-, éste último dato también equivocado y que se suma a la cadena de errores en relación con el día de su expedición.
No obstante anterior, esa clase de errores no puede de ningún modo propiciar la nulidad de la decisión, pues de conformidad con lo dispuesto en el art. 228 de la Constitución Política debe imperar el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, que aunado al derecho fundamental al debido proceso, conforman las bases fundamentales para la función de administrar justicia “dentro del marco de equilibrio prescrito por el constituyente como “el orden justo”, que se determinó en el Preámbulo”.
Adicionalmente, acudiendo a los principios que rigen las nulidades, no puede perderse de vista que dicho acto –la sentencia- cumplió la finalidad para el cual estaba destinado, pues como se indicó atrás la actuación subsiguiente demuestra que no se impidió la defensa de los sujetos procesales. Al efecto, recuérdese que es a partir de la desfijación del edicto que comienza a correr el término para la interposición del recurso de casación, como efectivamente ocurrió en este asunto.
Si bien la fecha constituye un elemento de la sentencia, ha de precisarse que cuando el art. 170 se refiere a que “toda sentencia contendrá…” está indicando los mínimos a los que debe responder la decisión que pone fin a la actuación en el juicio, y por ende, no podrá omitir parámetros tales como la identidad o individualización del procesado, así como la calificación jurídica de los hechos y la condena (cuando la decisión sea de esta naturaleza), pues éstos constituyen el “núcleo esencial de la sentencia”, porque sin ellos, “jamás podría considerarse que existe una decisión de fondo”, aunque eso no implique que se deban desconocer los demás mencionados por la norma en cita.
Destaca en primer lugar la Procuradora Delegada que en esta censura, propuesta al amparo de la causal primera de casación por motivo de la violación indirecta de la ley, no concreta el defensor las normas sustanciales quebrantadas ni su sentido. Sin embargo, entiende que la disposición objeto de la violación sería el art. 1° del Dto. 1895 de 1.989, adoptado como legislación permanente por el art. 10 del Dto. 2266 de 1.991, que describe y sanciona el enriquecimiento ilícito de particulares, por haber sido la norma que el Tribunal aplicó por favorabilidad, frente a lo cual, “habría que admitir que el cargo por falso raciocinio está bien postulado, pero, asimismo, que el argumento que el censor utiliza para su demostración no es consistente en cuento que, si bien ataca la conclusión del fallador, omite el análisis de la totalidad de la prueba que sirvió de soporte al fallo, pese al anuncio que hizo en la formulación del reproche”.
Explica el contenido y alcances del principio de no contradicción como regla de la sana crítica y afirma que en este caso, tiene razón el demandante al afirmar que el Tribunal delimitó en el tiempo el momento de imputación de los incrementos patrimoniales injustificados. Lo que no es correcto, ni en ello acierta el demandante, es la apreciación según la cual el razonamiento del juzgador es contradictorio imputar el enriquecimiento ilícito sobre bienes adquiridos antes de 1.990, pese a que previamente admitió que quedaron “depurados” de ilicitud por virtud de la cosa juzgada, y porque entre 1.990 y 1.994 aquellos no habrían actuado dolosamente.
En criterio de la Delegada el argumento probatorio del fallador no es incoherente puesto que no desconoció los efectos de la cosa juzgada, ni la presunción de inocencia de los hermanos NASSER ARANA hasta antes de que Sheila Arana admitiera la procedencia ilícita de su patrimonio, con ocasión de su captura el 23 de febrero de 1.994 en Suiza, con fines de extradición hacia los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, “ya que fue en ese momento donde comenzó a desvirtuarse la presunción de licitud de que gozaban ‘sus bienes’ como consecuencia de los fallos colombianos”.
Los efectos de la res iudicata operan únicamente respecto de “las personas” y no frente a las vicisitudes que pudieron darse en relación con sus bienes, pues dicha garantía constitucional no fue desconocida en la medida en que no se le imputó responsabilidad a Julio César Nasser David ni a Sheila Arana María por los mismos hechos por los que se sobreseyó definitivamente la investigación en 1.990. Por eso, explicó ab initio que los referidos pronunciamientos emitidos por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito y el Tribunal de Barranquilla “eran inamovibles en cuanto a la licitud de la conducta atribuida en ese entonces a los padres de los aquí procesados”.
Tampoco desconoció el Tribunal la inculpabilidad de los hermanos NASSER por los posibles incrementos injustificados que se hubieran podido presentar en sus patrimonios durante el período comprendido entre 1.990 y 1.994, dado que hasta entonces no se presentó hecho nuevo que desvirtuara la presunción de legitimidad de los negocios que Sheila desarrollaba y administraba dirigiendo las diferentes empresas de las que ella y sus hijos eran los únicos dueños (“PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LIMITADA”, “INMOBILIARIA DEL CARIBE LIMITADA”, “EDIFICACIONES DEL CARIBE LIMITADA”, “DESARROLLOS URBANOS LTDA.” y “NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LIMITADA”).
Solo fue a partir del 23 de febrero de 1.994 cuando la presunción de inocencia que amparaba a CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA comenzó a desvirtuarse, pues fue en esa fecha que Sheila Arana fue capturada en Suiza bajo cargos de narcotráfico y CLAUDIA era quien acompañaba SHEILA cuando se produjo esta detención, pudiéndose enterar en ese momento de los motivos que originaron esa situación y aún así aceptó el poder otorgado por aquella mediante escritura pública facultándola para ceder las acciones de todas las empresas que conformaban el patrimonio familiar y también protocolizó el acto de cesión por partes iguales a los tres hermanos (CLAUDIA PATRICIA, CARLOS ALBERTO y Jorge), quienes también sabían “de manera oficial” que el dinero representado allí no tenía origen lícito.
Precisamente la aceptación de Sheila Arana de los cargos formulados en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos le formuló con apoyo en el testimonio rendido el 9 de mayo de 1.994 por el agente especial de la D.E.A. Steven Randerson, quien dio cuenta de las investigaciones por tráfico de sustancias alucinógenas hacia los Estados Unidos en el período comprendido durante los años de 1.970 a 1.980, permite establecer “que las sociedades constituidas desde el año de 1.978 fueron creadas con esos dineros producto de sus actividades ilícitas”.
Sin embargo, aunque esos hechos nuevos probados por autoridades extranjeros no podrían remover los efectos de la cosa juzgada que amparan a Sheila Arana ante la justicia colombiana, “lo cierto es que sí son idóneos para determinar el verdadero origen del patrimonio de las empresas que a partir de 1.994 pasaron a ser administradas por los hermanos NASSER, ahora sí con el pleno conocimiento de las actividades del narcotráfico y lavado de activos desarrolladas desde la década de 1.970 por su señora madre, que precisamente fue el que sirvió de fundamento a los cargos por el enriquecimiento ilícito que se les imputa, en tanto que, se reitera, tales actividades son la fuente del patrimonio que aceptaron y administran desde 1.994”.
Adviértase al respecto que la propia CLAUDIA PATRICIA, en su condición de representante legal de PROMOCON, admitió que en realidad la firma COFANDINA no existía legalmente, pues utilizó el NIT de Agrícola Songo constituida por ella y sus hermanos para desembolsar préstamos a la sociedad PROMOCON, los cuales resultaron ficticios, dado que se trataron ciertamente de aportes adicionales de capital que hacía la señora Sheila Arana, “provenientes de los negocios ilícitos que ella realizaba”.
En atención a ello no aceptó como admisibles las explicaciones suministradas al respecto por CLAUDIA PATRICIA y descartó como adecuados para justificar los referidos préstamos los documentos relacionados con las constancias de los acreedores de Sheila, pese a que PROMOCON tenía un giro de negocios lícito, tal como lo corrobora con la transcripción del aparte pertinente de la sentencia.
Ahora bien, como el libelista sostiene que el Tribunal derivó la imputación de los valores injustificados por ese concepto ($553.248.316,oo), únicamente porque CLAUDIA PATRICIA firmó el balance de 1.994 y extendió sus efectos a CARLOS ALBERTO, quien no lo firmó “al respecto la Delegada estima que ello no es así”, porque lo que allí se argumenta es “que el enriquecimiento ilícito de la empresa PROMOCON, que se les puede imputar a los señores NASSER ARANA surge del ‘conocimiento y aceptación’ de las actividades ilegales que llevaron a la captura de su señora madre en 1.994 en Suiza, en el misma época en que CLAUDIA firma como gerente el balance de ese mismo año, ‘y acepta los préstamos irregulares de Cofandina que en ese año ascendieron a un mil quinientos millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta mil ochocientos veintiún mil pesos (sic) ($1.554.180.821)”.
“Pero la deducción de que los procesados conocían y aceptaron esas actividades ilegales no proviene simplemente de la firma de ese balance, sino del conjunto de elementos de juicio valorados por el fallador, a saber:
La captura de Sheila Arana en Suiza, el 23 de febrero de 1.994 con fines de extradición hacia los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
El hecho de que en ese momento CLAUDIA PATRICIA acompañaba a su señora madre y por ello pudo enterarse de los motivos de su detención.
La aceptación por parte de SHEILA ARANA de los cargos que le formuló el gobierno de los Estados Unidos con fundamento en el testimonio del agente de la D.E.A. Steven Randerson, quien se refiere al tráfico de sustancias alucinógenas hacia ese país durante la década comprendida entre 1.970 y 1.980.
El poder otorgado por SHEILA ARANA a su hija CLAUDIA en el Cantón de Vaud, Suiza, luego de su detención, mediante escritura pública Nro. 03 del 19 de octubre de 1994, suscrita ante el Cónsul de Colombia.
El Acta de la Junta General de Socios de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda.
La aceptación por parte de CLAUDIA PATRICIA de que COFANDINA no existía legalmente y que solo utilizaba el número del NIT de Agrícola Songo, la que había sido constituida por los hermanos NASSER, para que Sheila pudiera ingresar dinero a PROMOCON.
Y en cuanto al conocimiento y aceptación de la cesión de acciones, además de las anteriores pruebas, se tienen las siguientes:
Escritura pública No. 4786 del 29 de noviembre de 1.994, mediante la cual se protocoliza la cesión de 750 cuotas de PROMOCON por valor de $750.000.oo, que sus tres hijos CLAUDIA, CARLOS ALBERTO y Jorge declararon recibidas por el valor nominal de la acción, es decir, $250.000.oo para cada uno.
Escritura Pública No. 4785 de 1994, a través de la cual se ceden, por virtud del mismo poder, seis mil cuotas de la sociedad INHOCAR LTDA., por el valor nominal de un mil pesos ($1.000.oo) cada uno y por partes iguales a los mismos herederos.
Escritura pública No. 4784, mediante la cual se hace la misma transacción con la empresa HOTINCOL.
Escritura pública No. 1482, por la que se traspasan 2000 cuotas de INHOTEL.
Escritura pública No. 4781 por la que se traspasa igual número de cuotas de SURATEL, y
Escritura pública No.969 de 1.995, mediante la que se cede igual número de cuotas y por el mismo valor de la sociedad GRANCO”.
No tiene, pues, razón el demandante al afirmar que de la mera firma del balance no puede derivarse la imputación por concepto de los préstamos, “porque éstos ciertamente ingresaron a PROMOCON antes de 1.990, pero se equivoca cuando elude referirse a lo fundamental de la imputación, esto es, a que a pesar de que los hermanos NASSER tenían pleno conocimiento del origen ilícito de los bienes adquiridos por su señora madre Sheila Arana durante la década de 1.970 a 1980, libre y voluntariamente decidieron aceptarlos y administrarlos directamente a partir de 1.994”.
Las tangenciales referencias de la demanda sobre la captura de Sheila en Suiza y el poder otorgado por ésta a CLAUDIA para la cesión de acciones, nada indican sobre los aludidos elementos de juicio en particular y tampoco ningún principio de la lógica o regla de experiencia supuestamente vulnerado por el fallador. El cuestionamiento se remite al valor otorgado por el juzgador al balance mencionado, respecto de lo cual, el recurrente omite señalar los yerros frente a otras pruebas, que analizadas en conjunto le permitieron al Tribunal concluir que los hermanos NASSER conocieron y aceptaron el origen ilícito de los bienes que Sheila les transfirió, como se aprecia en el texto que cita de la sentencia.
Ahora bien, la supuesta equivocación del sentenciador para fijar el valor intrínseco de las acciones, tampoco desvirtúa esa conclusión, por estar dirigida a controvertir el valor de las acciones, “pero no el conocimiento y aceptación del origen ilícito de la cesión por parte de los procesados”.
“En consecuencia, lo anterior no significa vulneración de la cosa juzgada ni aplicación retroactiva del dolo, en cuanto que la imputación hecha a los procesados está cimentada sobre la base de los hechos nuevos que se presentaron a partir de 1.994, que ellos conocieron y aceptaron, y los cuales desvirtuaron la presunción del origen lícito de los bienes, independientemente de la liberación de responsabilidad declarada por la justicia colombiana en favor de SHEILA ARANA”.
Por idéntica razón resulta, entonces, correcta la aplicación de la norma sustancial que define y sanciona el enriquecimiento ilícito de particulares, en cuanto se trata de un comportamiento delictual y autónomo, por manera que su tipificación no está condicionada a la condena impuesta a terceras personas por una conducta punible, sino que se remite al comportamiento ejecutado por los sindicados, el cual, además, es permanente, “en cuanto se consuma y prosigue su ejecución desde cuando el autor obtiene, para sí o para otro, un incremento patrimonial injustificado, derivado “un una u otra forma” de actividades delictivas”.
Para la Representante del Ministerio Público no son de recibo las tesis planteadas en esta censura por la ausencia de prueba pericial para establecer el valor intrínseco de las acciones a que se refirió la sentencia, porque el legislador no estableció para todos los casos como obligación del juez, apoyarse en prueba técnica, porque eso depende de lo que razonadamente estime el funcionario judicial con base en la libre valoración que rige el análisis probatorio, que también rige para delitos como el aquí se analiza, ya que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte en fallo que reproduce. Aún así, en este caso es importante tener en cuenta que el fallo atacado se apoyó en varios análisis financieros, fundamentándose básicamente en el No. peritaje 041123, cuando CLAUDIA NASSER, en su calidad de gerente firmó el balance de ese año y aceptó los préstamos irregulares de COFANDINA, que en ese año ascendieron $1.554.180.821.
Así, luego de exponer sobre la labor de apreciación probatoria apoyándose en citas de jurisprudencia, concluye la Procuradora Delegada que en este evento las conclusiones del fallador encuentran respaldo en las pruebas aportadas al proceso como las relativas a la captura, la confesión, el poder, los balances y las escrituras de las sociedades.
En lo que corresponde al valor intrínseco de las acciones, tampoco le asiste razón a los planteamientos del casacionista, en cuanto debió tenerse en cuenta el valor nominal y no aquél, porque la valoración de las cuotas partes de propiedad de PROMOCON LTDA. S. C. A., proporción señalada por el sentenciador tuvo como parámetro la división de los activos netos de la Compañía por el número de las acciones en cabeza de dicha sociedad a 31 de diciembre de 1.994, y ese patrimonio se constituyó con los aportes de capital proveniente de actividades económicas y financieras pasadas, mediante transferencias de recursos de procedencia no justificada, probada en el transcurso de la investigación y para esa conclusión no se requería de un experticio contable, por cuanto “la legislación colombiana se ocupa de manera clara y precisa de las reglas para proceder a la cuantificación del valor intrínseco de las acciones, básicamente cuando no existe cotización representativa en la bolsa de valores, por lo que a falta de dicha valor, se calcula con base en el BALANCE GENERAL y en el número y valor de las acciones suscritas y pagadas a favor de cada uno de los socios de PROMOCON LTDA. que obran dentro del plenario, a saber:
CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA 12.890.000 acciones; CARLOS ALBERTO NASSER ARANA 12.900.000; JORGE NASSER ARANA 12.900.000; PROMOCON LTDA. 300.000; INVERSIONES PRADO DEL CARIBE LTDA. 10.000, para un total de acciones de 30.000.000 que a un valor nominal de $10 arroja un resultado de $390.000.000 del capital suscrito y pagado”.
De otra parte, agrega, de acuerdo con los diagramas de enlace que aparecen en el expediente y mediante los cuales se incorporan la información del grupo empresarial involucrado en la investigación referentes “a las vinculaciones de los hermanos NASSER ARANA con PROMOCON LTDA S. en C. cuya matriz de asociados y negocios”, es dable corroborar que CLAUDIA PATRICIA, CARLOS ALBERTO y JORGE NASSER ARANA, estaban vinculados como propietarios de las siguientes sociedades: HOTINCOL, INHOCAR, INHOTEL, SURATEL, CAMPO VERDE y GRANCOL, empresas que finalmente son las propietarias del Hotel El Prado, complejo empresarial que era manejado por la señora SHEILA ARANA MARÍA hasta su captura en el año de 1.994.
Además, y como lo ha expuesto la Superintendencia de Sociedades, para efecto de determinar el valor intrínseco de las acciones, es necesario tener en cuenta las siguientes directrices:
1. Que “el valor intrínseco de una acción es el valor basado en la valoración de los activos netos de la compañía. Este se computa simplemente dividiendo la suma de activos netos (activos menos pasivos) de la compañía por el número de acciones en vigencia. O como los activos netos son iguales al Patrimonio, el valor intrínseco se puede determinar sencillamente dividiendo el total del Patrimonio en el número de acciones vigentes”.
2. Que la legislación colombiana ha adoptado el término valor intrínseco, en varias disposiciones, entre ellas el Dto. 2649 del 29 de diciembre de 1.993 por el cual se reglamentó la contabilidad y se expidieron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en cuyo art. 61 consagra que para estos efectos de calcular las provisiones o valorizaciones de renta variable, se toma como punto de comparación la cotización representativa de la bolsa de valores en el último mes, y a falta de éste, su valor intrínseco.
3. Con el fin de hacer claridad sobre la forma de calcular el valor intrínseco de la acción, se debe considerar entre los factores que lo componen:
3.1. En primer lugar, al patrimonio, el cual está definido en las normas contables como el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos sus pasivos (externos). Lo anterior equivale a afirmar que el patrimonio es igual a la sumatoria del capital social, al superávit de capital, las reservas, la valoración de patrimonio, los resultados del ejercicio así como los acumulados de períodos anteriores y el superávit por valorización.
3.2. En cuanto al otro factor para el cálculo del valor intrínseco, es claro que el denominador, es el número de acciones en vigencia o en circulación, es decir, aquellas que se encuentran en cabeza de los accionistas, en virtud de las cuales confieren a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio. Al efectuar la operación matemática de dividir el patrimonio con el número de acciones en circulación se obtiene el valor intrínseco”1.
En las operaciones del fallador el valor intrínseco de las acciones se determinó a partir del valor de las cuotas partes y de la división del patrimonio neto de la compañía por el número de las acciones en cabeza de cada uno de ellos por concepto de la cesión onerosa de las acciones, “cifra que al ser verificada por le Ministerio Público efectivamente corresponde al procedimiento legal para la determinación del valor intrínseco, como lo dispone el Decreto 2649 de 1.993 y los conceptos de la Superintendencia de Sociedades”.
Con respecto a la suma de $509.771.309 imputada también como incremento no justificado “corresponde a la valoración de las cuotas partes de interés de la sociedad PROMOCON LTDA., en proporción al valor de cesión por los préstamos ficticios de SHEILA ARANA MARÍA en la sociedad PROMOCON LTDA. S. en C., por lo cual se acudió a la representación accionaría para repartirlo con igual parámetro a las adjudicadas a los hermanos ARANA, salvo que para la sociedad PROMOCON LTDA. S. en C., el porcentaje es del 32.80%, cifra que para cada uno asciende a la suma de $509.771.309, en el entendido que en dicha sociedad también es socia PROMOCIONES y CONSTRUCCIONES LTDA. S. en C.”, la cual fue constituida con recursos provenientes de actividades ilícitas.
Por tanto, colige, no erró el fallador al afirmar que los préstamos no se explicaron en debida forma, como quiera que se acreditó que su procedencia se justificaba en operaciones ficticias a través de la sociedad COFANDINA y reafirmó con lo explicado al respecto por CLAUDIA PATRICIA, quien afirmó que los dineros provinieron de las sociedades PRODUCTOS TECNICOS SOCIEDAD S.A., PROTEC ($90.934.429); IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LOS ANDES LTDA., IMPORANDES LTDA ($1.142.242.291), ATG MERCADEO DISTRIBUCIONES, REPRESANTACIONES S.A. ($168.454.683).
Además, agrega la Procuradora, cómo no puede perderse de vista, que “Como lo afirma la Fiscalía en el escrito de sustentación del recurso de apelación: ‘Los involucrados siguen desarrollando tales actividades con el capital viciado por su origen, pero sin deslindarse del todo de su gestor porque mientras las empresas seguían su curso, SHEILA ARANA, con la ayuda de su contador y la anuencia de los socios de PROMOCON, inyectaba capital a sus empresas disfrazadas en la contabilidad de mostrar y en las declaraciones de renta, como pasivos o deudas adquiridas por los mismos las cuales a través de los años nunca eran canceladas y nunca generaron pago de intereses (fl. 217, c.o. 23)’”.
Por eso, obtenida debidamente la diferencia del incremento patrimonial en los términos explicados en precedencia, el Tribunal sumó los dos guarismos que arrojaron como resultado la suma de $956.854.687, que fue incorporada a PROMOCON, siendo la que por igual corresponde imputar a cada uno de los hermanos NASSER ARANA.
Por todo ello, concluye, se impone sugerir a la Corte, no casar el fallo impugnado.
1. Por descontado el interés de los procesados recurrentes, habida cuenta que si bien no recurrieron el fallo de primera instancia por la obvia razón de resultar beneficiados con decisión absolutoria del cargo que les fuera imputado en el pliego acusatorio, al revocarse dicha determinación por el Tribunal es claro que dada la naturaleza de tal decisión, ahora les asiste para el ejercicio de esta impugnación extraordinaria.
2. Así, como el cargo principal y los dos primeros subsidiaros son postulados al amparo de la causal tercera y se fundamentan básicamente en argumentos del mismo talante, pues todos están referidos a la falta de motivación de la acusación, por metodología la Sala los responderá conjuntamente.
3. En efecto, se queja el demandante de que la resolución acusatoria carece de motivación, es deficiente e imprecisa a la hora de concretar el cargo por el delito de Enriquecimiento ilícito de particulares, determinar sus elementos e indicar la forma de participación de sus defendidos, pues, a su juicio no se presenta una correcta valoración probatoria, ya que apenas si aparece enumerada, pero a la postre en relación con ninguno de los dos hermanos NASSER ARANA se especifica en qué momento acrecieron su patrimonio y cuáles fueron las acciones u omisiones que ejecutaron para lograrlo.
4. Así las cosas, visto el contenido de la resolución fechada el 13 de julio de 1.998, se impone afirmar que las apreciaciones del demandante devienen infundadas y descontextualizadas, pues termina por apoyarse en argumentos de suyo sofísticos para extraer conclusiones que no se derivan de la aludida determinación y hacer afirmaciones que no se contienen allí sino en la sentencia, por lo que los cargos no solo se tornan contradictorios, sino indemostrados, pues a la postre los pretendidos motivos de nulidad se remiten a manifestaciones de inconformidad sobre las apreciaciones probatorias de dicho proveído y sus conclusiones jurídicas, que de ningún modo evidencian el yerro alegado en cada uno de los cargos, por cuanto la supuesta carencia o deficiencias de motivación no se presentaron, como igualmente y con acierto lo anota la Representante del Ministerio Público.
5. En este orden de ideas, corresponde a la Sala precisar, en primer lugar, que el proveído calificatorio comienza por dejar en claro que en este evento los sindicados fundaron sus expectativas de exoneración en la escueta afirmación de que desde pequeños se encontraban ligados a la actividad empresarial de la familia, ya que Sheila y Jairo -hermano de ésta- generaron sus ganancias de una parte de la herencia recibida de su padre, por lo que las considerables sumas de dinero que han manejado corresponden a aquellas propias de la actividad hotelera y/o de la construcción, sin que en ello tenga que ver nada relacionado con actividades de narcotráfico, frente a lo cual concluye que de acuerdo con los análisis financieros llevados a cabo durante la instrucción, las no creíbles justificaciones dadas por el propio Julio César Nasser David, sus hijos, su yerno y su cuñado, es claro que la actividad comercial a la que éstos acudieron como expediente de su defensa, no es indicativo de nada distinto a que ese era el medio adecuado para ocultar la procedencia ilícita de los dineros que sirvieron para crear diversas empresas y hacer diferentes inversiones a través de las cuales se pudiera aparentar que eran el producto de actividades lícitas. Tanto más, cuando todos los integrantes de la familia involucrados en este asunto tenían claro conocimiento del origen de tales recursos.
6. Por esa razón, no puede entenderse como aislados o desconectados del haber probatorio en este caso, las estimaciones introductorias en cuanto a las actividades ilícitas de tráfico de drogas que durante más de 18 años ejecutaron Julio César Nasser David y Sehiela Miryam Arana María, apoyadas de alguna manera en el testimonio del agente de la DEA Steven Randerson, cuya legalidad deja en entredicho la defensa, sin afirmarlo categóricamente, toda vez que los vínculos de aquellos con la mafia quedaron plenamente establecidos con la condena de que fuera objeto Sheila en los Estados Unidos luego de aceptar cargos de esta naturaleza, y que, a su turno CLAUDIA pretendió justificar alegando que su madre asumió esa postura como consecuencia de las torturas a que fue sometida en el citado país, circunstancia que además, termina por constatar que aquella sí tenía conocimiento de los ilegales negocios de su madre.
7. De la misma manera, la queja del demandante porque el calificatorio se apoyó en el informe No. 01504 del 24 de junio de 1.998 para afirmar “en globo” y sin juicio crítico alguno que CARLOS ALBERTO y CLAUDIA PATRICIA tenían un incremento patrimonial por justificar superior a los mil millones de pesos en el período comprendido entre 1.990 y 1.995, no solo lo desmiente en la medida en que allí no únicamente se delimitó en el tiempo el momento de la comisión del ilícito, sino que es explícito en indicar que se trata de un aumento patrimonial no explicable siquiera con el giro ordinario de las operaciones financieras llevadas a cabo por las diferentes compañías en que tenían participación o de las que eran propias.
8. Además, en este aspecto olvida el demandante que en materia de nulidades no resulta suficiente advertir el presunto yerro constitutivo de la causal invalidante, sino que es requisito indispensable que su desarrollo logre demostrar la manera como el dislate se proyectó en la decisión final. Esto, por cuanto, lejos de la supuesta carencia de motivación sobre el tema en la resolución de acusación, no puede perderse de vista que, precisamente el fallo de segundo grado, al cotejar todo el caudal probatorio recopilado en el juicio, el cual está básicamente relacionado con otros informes contables, aclaraciones y adiciones a los ya existentes, no solo restringió el período de comisión del ilícito delimitándolo a partir de 1.994, sino que por ese motivo y por encontrar justificada otra cantidad, a través de análisis posteriores que tuvieron en cuenta la información que no se tuvo cuando se rindió el que cuestiona el demandante calificándolo de incompleto, redujo el monto total del acrecimiento económico de la fortuna de los hermanos NASSER ARANA. Eso, en modo alguno significa como lo sostiene el censor, que el Tribunal debió corregir la acusación para concretar la imputación, sino que, por el contrario, ciñéndose a los parámetros demarcados en el pliego de cargos, hubo de atemperarla en virtud de lo acreditado con los elementos de juicio acopiados con posterioridad a dicho proveído. Desde esta perspectiva, entonces, tampoco es admisible sostener que se irrogó perjuicio a los acusados con tal determinación o que se dificultó el ejercicio defensivo en la etapa de la causa, ya que lo reflejado por esa situación son las contingencias propias del desarrollo de un proceso de esta naturaleza y magnitud.
9. Tampoco corresponde del todo a la verdad que la acusación no expusiera argumento indicativo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se aumentó el patrimonio de los sindicados, pues al respecto en dicha decisión se precisó que, “Se cae en la ingenuidad cuando no solo se plantea sino que se espera que un avezado narcotraficante y un lavador de dinero, van a pregonar a los cuatro vientos que el producto de su actividad delictual, se concreta y circunscribe a la patética demostración, pues de bulto la finalidad es la comprobación a través de mecanismos que el mismo Estado impone como medio de prueba, ya que inane y casi que pueril sería manejar cuantiosas fortunas bajo el pírrico argumento de que ‘ahí está el dinero’; menos cuando se cuenta ya con el escenario apropiado para ello, valga indicar se genera un entorno de profesionales, ingenieros, colocadores de acciones, comerciantes de bienes y servicios etc., pues así en esas condiciones –como de hecho sucede en el sub lite-, el terreno más que abonado para involucrar lo que se quiera (legal, semilegal o ilegal), esa es exactamente la naturaleza de una empresa criminal de dichas características, en donde unos son los que propenden por el cultivo de la planta de la cual se extrae el estupefaciente, otros el comercio de los insumos, otros por el transporte nacional e internacional del narcótico, y otros por el aseguramiento del dinero proveniente de dicha actividad, ideando empresas seudo legales para precisamente darle la apariencia de legitimidad a el (sic) dinero y bienes mal habidos; la mayoría de las veces por asientos contables-tributarios” (c. 13, f. 241).
10. Asimismo, para especificar la imputación, puntualizó, que no obstante que las actividades ilícitas de Julio César Nasser y Sheila Arana se remontaban a la década del 70, es decir, mucho antes de que en nuestro ordenamiento sustantivo se tipificara el delito de enriquecimiento ilícito, puntualizó el instructor que: “…jamás los dineros provenientes de actividad de narcotráfico o conexos, pierden su origen ilícito, toda vez que la capacidad contaminante y multiplicadora del haber delictual se transmite a lo demás; resulta pues sofístico, aparente, ilusorio que ejerciendo a la luz pública una actividad empresarial (inclusive un objeto social legítimo), ello tenga la virtualidad de sanear el numerario o los bienes consecuencia de la vulneración de la ley” (Ibídem).
11. Advirtió igualmente el acusador, que ese proceder de ocultar la ilicitud del origen del dinero de Sheila Arana y Julio César Nasser, no podía tampoco entenderse tipificado en el delito de testaferrato, ya que hubo “activa participación en el movimiento de dineros, lo que de hecho deslegitimiza el antedicho comportamiento, que más bien es una conducta por pasiva que solo exige la prestación del nombre, aquí si bien los hijos de JULIO CÉSAR y SHEILA, buena parte del tiempo en verdad solo han dejado radicar bienes en su cabeza, lo que distingue su evidente accionar es que dichos bienes producen renta, que su obvia finalidad es la explotación, y admitiendo ello no es un desarrollo o ejecución inexorable, virtual su puntualización para relievar el mecanismo adoptado para aparentemente lograr justificar tanto ingreso y egreso de dineros, que infructuosamente se pretendió dejar explicado en la conformación de sociedades de carácter limitado, como si la observancia judicial se limitara a la comprobación de empresas en registros de cámara, a aceptar ciegamente ‘x’ o ‘y’ monto de capital, la apertura de unas cuentas bancarias, como unos reportes en la declaración de renta y/o balances empresariales, ya que tales constataciones, se insiste, deben reflejar un trasparente y claro accionar de la persona jurídica, de sus componentes como de las personas naturales en sí mismas consideradas, que es precisamente lo que se echa de menos, pues para sintetizar, lo denotado es que los aportes para la constitución, fusión, desmembramiento de las empresas tienen un eje común valga de notar SHEILA-CLAUDIA PATRICIA, y en particular esta última, pues siendo gestora de otras sociedades no atina a justificar ni siquiera precariamente en el orden tributario -que es lo más fácil de hacer- los montos de dinero que manejaran, todo tal vez porque en cinco años es cuando se radicalizó el recibo de divisas y manejo de capital efectivo (período 1.990-1.995) que coincide con la actividad delincuencial que reconociera (por consiguiente no fue una tortura) SHEILA efectuó en el extranjero, sin olvidar que ella era la encargada del manejo del dinero, pues JULIO CÉSAR viene fungiendo como el ejecutor primario de la actividad, esto es, el conectado de manera real con la manipulación, destinación y provisión de la droga” (c.13, f. 242).
11. Las conclusiones del censor sobre las apreciaciones del proveído calificatorio en torno a que, cuando eran niños los procesados no tenían por qué conocer ni entender las ilícitas actividades de sus padres, pero aún así el hecho de involucrarse activamente en ellas ya adultos y sabedores de la real procedencia de la fortuna que en cabeza de ellos habían radicado, no conduce a confusiones o contradicciones, pues si bien los términos que utilizó el acusador no son los más afortunados, en modo alguno implica que se les estuviera llamando a juicio por actos de terceros o por hechos que desconocían y no comprendían, sino que está demarcando el momento a partir del cual conscientemente decidieron hacer parte de los negocios de la familia, es decir, el ánimo de hacerse partícipes de lo que de tiempo atrás hacían sus padres, interviniendo directamente en los actos tendientes a proteger los ilícitos caudales acuñados por sus progenitores.
12. Así también, pretende el recurrente denotar contradicción del calificatorio por haberse referido a que Sheila Arana “se sirvió de ellos más por zagacidad (sic) de su prole, que por inducción o vocación delictual materna”, pues estima que no se sabe qué fue lo que quiso decir el acusador, esto es, si radicó el reproche por haber obtenido el patrimonio desde niños o emplear la sagacidad en esa misma etapa.
Al respecto, debe precisarse el contexto de la expresión, la cual aparece en el citado proveído en el siguiente aparte:
“Curioso aquí pues que se trastoque la lógica del comportamiento personal y familiar, ya que si bien lo usual es que cuando los hijos adquieren capacidad, por ende, libertad de accionar, cómo explicar que para adentrarse en la actividad mercantil digan que han hecho sus propias ejecuciones, pero para explicar la procedencia de los dineros, se escuden unos más tímidamente en otros en que todo es casi herencia (valga recordar que las cuotas de madre, tío son pírricas, tal como se relacionó en el numeral 30 de acápite pruebas), cuidando si de decir qué hacen sus padres –incluso se posicionan casi en un plan de orfandad- cuando por otra parte lo patente es que sus ascendientes han estado dirigiendo a su descendencia y estos han reconocido que ninguna otra actividad o ingreso independiente han capitalizado.
Si los padres estaban desaparecidos o marginados de sus hijos, cómo explicar de manera medianamente satisfactoria, el apoyo financiero, que dicho está no lo dieron las empresas conformadas, entendido ello como que las utilidades se reinvirtieron y acrecentaron todo el haber; como dice el adagio popular ‘los grandes capitales no nacen de la nada’; únese a ello que si la premisa que maneja la defensa pero en particular los implicados, esto es, de todo haberlo ejecutado ellos, insistimos: por qué entonces en cada paso se ve la sombra de los progenitores, siendo por demás extraño que al ver la explicación de JULIO CÉSAR, entonces este sería un pobre absoluto, sin apoyo alguno; en qué queda entonces la aseveración primigenia de que el negocio se lo entregó a la descendencia para que lo administrara. Acaso JULIO CÉSAR entrega un patrimonio para administrar y ni siquiera recibe rendimiento o beneficio alguno; miente en este punto.
Conclúyese que la solvencia tantas veces argüida es aparente –recordar que la Asobancaria ya reportaba de antes movimientos sospechosos en cuentas de los NASSER según se destacó en el numeral 32- y a ello se llega por la predicada existencia de referencias y dichos de que los NASSER obtuvieron sus ganancias y bienes de la actividad del narcotráfico, aserto que si bien podría tacharse de ‘genérico’ su especificidad se da por la condena en los Estados Unidos; cuando de los hallazgos en allanamientos lo destacable es que los ‘pater-familias’ usaron y siguieron usando los domicilios de sus hijos, lo cual por sí solo hace nugatorio el esfuerzo por hacer creer, SHEILA ha de responder por lo suyo, ya que colegimos se sirvió de ellos más por zagacidad (sic) de su prole, que por inducción o vocación delictual materna, no de otra manera se explica el PODER GENERAL dado a CLAUDIA, y que esta oficie como socio principal de todas las denunciadas empresas fachada, que su hermano JAIRO sea como dice VENTURINI y los empleados de PROMOCON, ‘la persona que mandaba y autorizaba todo’”.
13. Entendida, pues, correctamente la acusación en el aparte transcrito, no se evidencia la contradicción que quiere destacar el demandante, ya que la sagacidad referida a los hijos de la pareja NASSER ARANA, quiere poner de relieve la conciencia y voluntad de éstos de acrecer sus patrimonios acogiendo los bienes de sus padres, no obstante la procedencia ilícita de los mismos. En conclusión, apunta a denotar el dolo que determinó el comportamiento imputado, en tanto que el alcance de la expresión en dicho contexto no es otro que el de la destreza o astucia que aquellos, ya mayores y enterados del andamiaje del negocio familiar, tenían para hacerse cargo de ellos.
14. Como se ve, en punto de la carencia de motivación por el cargo de enriquecimiento ilícito los argumentos del defensor no acreditan dicha carencia frente al contenido del pliego de cargos, ya que termina exponiendo las razones por las cuales no le parecen adecuadas las consideraciones del acusador e igualmente, sostiene que la prueba recogida hasta ese momento no permitía adoptar una decisión de esa naturaleza, forzando de esa manera una especie de extemporánea impugnación contra el calificatorio, pues olvida que contra tal determinación todos los defensores de los procesados interpusieron oportunamente recurso de apelación del que, prácticamente de inmediato, afanosamente desistieron.
15. Todo lo anterior, a su turno, responde las inquietudes del demandante en cuanto a la confusa e imprecisa motivación que acusa de la resolución acusatoria en torno a los elementos del tipo objetivo, básicamente la ejecución de conductas que correspondan a la descrita allí como verbo rector y la forma de la participación criminal, ya que reiterativamente se apoya en el mismo argumento de que no se deslindó si el delito se cometió cuando los hermanos NASSER ARANA eran infantes o si después, cuando alcanzaron la mayoría de edad, no obstante que él mismo afirma que pareciera deducirse que los actos imputados se remiten a aquellos relacionados con la cesión de las acciones de las empresas a los hijos.
16. Tampoco, pues indica falencia configurativa de nulidad el hecho de que en tal decisión, en criterio del demandante, no se hubiera determinado de manera exacta la cuantía del enriquecimiento ilícito, pues ese aspecto en concreto, ha dicho ya reiteradamente la jurisprudencia de la Sala, no constituye elemento del tipo, toda vez que: “La ley no señala guarismos en la tipificación de esta conducta -enriquecimiento ilícito-, ni fija un mínimo, pues basta un incremento patrimonial no justificado, cuya cuantía, derivada de una u otra forma de actividades ilícitas, sea apreciada por el Juez como no insignificante, atendidas las circunstancias económicas reinantes al momento de la realización del comportamiento. (M.P., Dr. Nilson Pinilla Pinilla, rad. 13.378, 27-04-00).
Además, en el aparte final de la citada decisión, se concretó la prueba que le sirvió de fundamento y se precisó el dolo de la conducta de los procesados y la coautoría de todos ellos en la ejecución del delito, así:
“Respecto de todos los implicados concurre la prueba testimonial, tal como es la vertida por el agente STEVEN RANDERSON –cuya legalidad fue descalificada en la sentencia- (véase el análisis de la segunda instancia en el proveído de marzo 6 de 1.998), inclusive en lo pertinente por MERCADO CARRILLO en su denuncia; la documental y concretada en el INDICTMENT y la copia de la sentencia proferida contra SHEILA, la hallada en las oficinas de PROMOCON, en particular lo destacado sobre la situación de SEHILA como los bienes del clan familiar, que vienen a confirmar los informes de inteligencia de la autoridad colombiana; la pericial conformada por los dictámenes que precedieron al consolidado inserto en el informe 01504 de junio 28 de 1.998 (f.110, c.c. 19)” (f. 247, c.13).
Igualmente, destacó que en contra de los sindicados concurrían indicios graves de responsabilidad tales como el de motivación y oportunidad derivados del vínculo familiar, el de indebida justificación, pues hasta ese momento no se habían comprobado sus justificaciones, el de huellas verificado en los peritajes en los que se establecieron los incrementos patrimoniales, “por ende, que las empresas constituidas sirven básicamente al propósito de aparentar movimientos encasillables (sic) en la comercialización, explotación hotelera o actividad de construcción que apenas se quedan en lo contable, por ende de bulto se advierte la uniprocedencia delictiva de los recursos” (id.).
17. En ese orden, entonces, concluyó que, “nos encontramos ante una conducta tipificada cual viene plasmada desde la misma Constitución Nacional, Art. 34; antijurídica, pues lesiona sin justa causa el bien jurídico tutelado denominado moral social y economía nacional; también culpable a título de dolo, pues muchas veces hemos destacado que siendo infantes a la génesis del emporio criminal ellos a su mayoría de edad, y regentes por delegación de la administración de los negocios seudo-lícitos, antes que poner freno o apartarse de la actividad global, ni siquiera escindieron lo que podían colocar como legítimo, para entonces dejar al desnudo su voracidad y afán de enriquecimiento, bajo el sofístico argumento o ardid, de que siendo sus progenitores quienes entregaron un consolidado patrimonial, serían eventualmente ellos los responsables y no sus consanguíneos o afines por continuidad y reincidencia en la conducta marginal” (f. 248, ibídem).
18. La inconsistencia del planteamiento, entonces, deviene manifiesta cuando afirma que la sentencia debió corregir el genérico criterio de imputación al concretarlo en el acto de firma que hiciera CLAUDIA PATRICIA de un balance y a la cesión de las acciones, las cuales, insiste, se hizo a título oneroso, pues a partir de ahí las glosas del casacionista pierden el objeto de ataque en los cargos, ya que se desentiende del contenido de la acusación para censurar las conclusiones del fallador sobre el alcance dado a las decisiones adoptadas por la justicia colombiana respecto a los esposos NASSER ARANA en 1.990 y la consecuente devolución de sus bienes, y la necesidad de asumir que antes de 1.994 cuando Sheila fuera capturada en Suiza, sus hijos estaban amparados por el convencimiento de la licitud del patrimonio por virtud de tales pronunciamientos, tema que retoma en el reproche propuesto al amparo de la causal primera.
En estas condiciones, entonces, los cargos no prosperan.
1. Esta censura que propone el demandante deprecando la nulidad del fallo de segundo grado por carecer de número de acta de aprobación e igualmente de fecha, no tiene vocación de prosperidad, pues no existe duda en el proceso en el sentido de que el fallo de segundo grado data del 5 de marzo de 2.002.
2. En efecto, desde luego que es censurable el descuido en que incurrió el Tribunal al omitir anotar los datos que echa de menos el demandante, sin embargo, una tal irregularidad no alcanza a viciar la legalidad de la sentencia, máxime que no puede afirmarse que a partir de dicha situación se hubiese irrogado perjuicio a los sujetos procesales.
3. En este sentido, no puede llamar a equívocos el lapsus calami en que incurrió el Fiscal cuando al notificarse de la sentencia de segunda instancia y del auto del 22 de marzo de 2.002 (f. 174, c.Trib.) anotó como fecha la del 9 de abril de 2.000, porque simplemente la secuencia cronológica que muestra la actuación pone de manifiesto el error, pues para entonces, era imposible que se hubiese emitido la decisión de segundo grado si se tiene en cuenta que con oficio No. J5538 del 30 de abril de 2.001 el proceso fue remitido del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado al Tribunal Superior de Bogotá para que se decidiera sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y el 30 de abril de 2.001, repartido al Magistrado Darío Botero Arango para que fungiera como ponente del asunto.
4. Tampoco el sello mecánico impuesto en la primera página de la sentencia con fecha de marzo 7 podría generar equívocos como de hecho no ocurrió, pues se observa que los oficios remitidos tanto al Fiscal como al Ministerio Público para que concurrieran a notificarse personalmente del fallo de segunda instancia, no solo datan del 11 de marzo de 2.002 sino que allí expresamente se indica que tal determinación “fue emitida el 5 de marzo de 2.002” (fs. 106 y 107 íb.), esto es, la misma fecha que, como lo afirma el demandante, es la que aparece indicada en el edicto.
5. Ahora bien, el error atinente a la omisión del número de acta de discusión del proyecto, dato que evidentemente fue equívoco en el edicto, pues allí se afirmó que la sentencia fue aprobada mediante acta No. 105-2000, al parecer extraído del número de radicación que aparece en la referencia anotado en la primera página de la sentencia así: “radicado: 2000-047-5(105-2000)”, fue aclarado definitivamente con la copia del acta No. 015 de 2.002, mediante la cual la Magistrada Ponente hizo constar que en Sala de decisión integrada por las Magistradas Julia María Cardona, María del Rosario González de Lemus y ella, Martha Lucía Tamayo Vélez, se aprobó la providencia allí relacionada, esto es, la concerniente al radicado No. 0047(105-2000) contra CLAUDIA NASSER y otros, por el delito de Enriquecimiento ilícito.
1. Este ataque, propuesto al amparo de la causal primera de casación presenta algunas deficiencias de orden técnico a destacar, pues tal y como lo hace notar la Procuradora Delegada, de ningún modo el libelista indicó las normas sustanciales quebrantadas ni su sentido, limitándose únicamente a especificar la modalidad del yerro que alega como causante de la violación mediata de la ley.
2. De la misma manera, el desarrollo argumentativo de la censura se remite a una reiterativa afirmación sobre las contradicciones de orden lógico en que, dice, incurrió el Tribunal a la hora de plasmar las conclusiones estructuradas con base en los aspectos que estimó probados en el proceso y que, a su turno, le sirvieron para determinar los límites temporales alusivos a la licitud de los bienes y la carencia de dolo de los procesados. Sin embargo, la insistencia de su tesis en cuanto a las deficiencias de raciocinio del fallador en ocasiones le hacen perder el fundamento y el horizonte al ataque casacional, como ocurre con las críticas que expone sobre la ausencia de motivación de la sentencia en lo pertinente a la cesión accionaria, acápite en el que se afirmó que el valor representativo de las cuotas sociales de las diferentes empresas objeto de esa específica transacción y no el nominal, era el que debía estimarse, pues termina sosteniendo que tal falencia solo es posible remediarla mediante “la declaratoria de nulidad”.
3. No obstante lo anterior, es claro que el sustento basilar de este ataque en particular lo constituye, a la postre, la licitud de los bienes que ingresaron al patrimonio de los hermanos NASSER ARANA con posterioridad a 1.994, fecha que de acuerdo con lo sostenido en la sentencia atacada, es la que permite concretar la imputación a título de dolo en cabeza de aquellos, en virtud de que a partir de entonces se desmontó la presunción sobre la inocencia de la madre en relación con su participación en actividades ilícitas, derivada de la captura de que fuera objeto en Suiza y luego extraditada, juzgada y condenada en los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
4. Así las cosas, lo primero que corresponde precisar es el sofisma en que incurre el planteamiento del casacionista al entender de las apreciaciones del Tribunal que los pronunciamientos judiciales dictados por las autoridades colombianas en 1.990 en relación con las actividades ilícitas de los señores Julio César Nasser y Sheila Arana, así como el origen de sus fortunas, las “depuró” en forma definitiva y absoluta hacia el futuro de cualquier tacha de ilicitud, pues eso equivale a desconocer el alcance de dicho principio, el cual, necesariamente está referido al objeto de la decisión, a lo conocido por la justicia hasta el preciso momento en que se adoptó la determinación y cobró ejecutoria formal y material. De ahí, que sus efectos no se extienden a hechos que si bien pueden ser de la misma naturaleza, son óntica y jurídicamente separables y diferenciables de los que fueron objeto de la declaratoria judicial, pues lo que se supone que no puede ser nuevamente cuestionado o investigado para el caso, es el supuesto de hecho allí contenido y en relación con las personas vinculadas en esa oportunidad.
En este sentido, razón le asiste a la Procuradora Delegada al concluir que no puede afirmarse que en este proceso se haya desconocido el principio de la cosa juzgada, precisamente porque las personas que en 1.990 fueron cobijadas con los aludidos sobreseimientos definitivos, esto es Sheila Miryam Arana María y Julio César Nasser David, no han sido aquí investigadas por el delito de narcotráfico para fechas anteriores a las de tales decisiones.
5. Ahora bien, lo que concierne a la depuración del patrimonio aludida por el Tribunal, como consecuencia de los sobreseimientos definitivos de 1.990 con los cuales se favoreció a los esposos NASSER ARANA, tal decisión solo puede entenderse respecto de los bienes cuya procedencia fue auscultada entonces por la justicia, que en este caso, respecto de Sheila lo fue respecto de la sociedad Promociones y Construcciones del Caribe limitada y algunos bienes muebles e inmuebles que figuraban a su nombre, mientras que de los haberes de Julio César se investigó lo pertinente a la finca Malambito que aparecía como de propiedad de Agrícola Songo Ltda.. De la misma manera, importa tener en cuenta que la conclusión de las referidas providencias sobre la licitud de tales propiedades, el hecho de encontrarlas debidamente constituidas, desarrollar un objeto social lícito corroborado con declaraciones, e igualmente, por no encontrarse en sus instalaciones droga estupefaciente o elementos que indicaran su procesamiento o tráfico.
Obsérvese, pues, como en relación con Construcciones y Promociones del Caribe Ltda. en el auto dictado el 3 de abril de 1.990 por el Juzgado Cuarto Especializado de Barranquilla, el cual fue a la postre confirmado por el Tribunal en decisión del 11 de junio del mismo año, se anotó lo siguiente:
“Con relación a la Bolera Tit’os Bolos Club, Edificio Maguey (apartamentos 601 y 501), vehículos Ford F 150, placas RE 72-28, modelo 85, color negro y gris, Monza classic, color azul claro, modelo 87, placas RF 1310 y campero Nissan Patrol, cabinado, rojo y blanco, se ha demostrado con la documentación en fotocopia debidamente autenticada que obra a folios 110 al 143, 158 al 270, 288 al 302, 308 al 323 y 324 al 333 que la propiedad está en poder de la sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Limitada y Compañía S.C.A., así como los bienes muebles encontrados en los inmuebles anotados, conforme al reconocimiento que hizo su representante legal, Sheila Arana María, en su indagatoria.
La sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. & Compañía S.C.A., fueron constituida mediante escritura pública No. 2128 del 30 de octubre de 1.978, reformada de la manera como se presenta en el certificado de la Cámara de Comercio del folio 30 del cuaderno de pruebas. Dicha sociedad cuenta con un capital autorizado de $30.000.000,oo y uno suscrito y pagado de $15.000.000,oo.
El origen de ese dinero inicial, repartido de la misma manera como se detalla en la hoja No. 5 del memorial restitutorio, fue explicado por su representante legal, basándolo en una actividad comercial de compraventa de mercancías en la isla de San Andrés, que se soportan mediante las certificaciones autenticadas de los folios 34 al 36 del cuaderno de pruebas. De otro lado, no existe prueba alguna que contraindique sus asertos y haga presumir una procedencia ilícita de ese capital inicial” (fs. 168 y 169, anexo original 83).
6. Lo anterior, para destacar que el patrimonio tenido en cuenta para ese año como de propiedad de Sheila Arana, específicamente para las fechas de las aludidas decisiones, y lejos de las críticas que merezcan tales decisiones, únicamente puede entenderse en cuanto al estado financiero de ésta hasta 1.990, es decir, a lo que representaban desde su inicio hasta ese momento y nada más, pues lo que con posterioridad a esas decisiones ocurriera en torno al ingreso de recursos o sucediera con otras compañías que no fueron investigadas, por sustracción de materia, no quedó amparado con esa presunción y desde luego, no podía ser objeto de la determinación judicial.
7. En este sentido no tiene en cuenta el demandante, que empresas como COFANDINA, que aparece como acreedora de PROMOCON no solo en relación con saldos anteriores a 1.990, sino que continuó haciendo inyecciones de capital que se verificaron hasta y después de 1.994; o aquellas respecto de las cuales se hizo la cesión de acciones (INHOCAR LTDA., HOTINCOL, INHOTEL, SURATEL y GRANCO), que no obstante haberse creado en fechas anteriores a los mencionados sobreseimientos (1.978 y 1.987) como lo afirma insistentemente el demandante, no estuvieron cuestionadas en aquella época (fs. 163 a 172, anexo original 83). Así, lo entendió el Tribunal al precisar al respecto que:
“La Sala acoge el planteamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que para que se investigue la conducta punible de enriquecimiento ilícito no se requiere sentencia condenatoria por el delito del cual proviene el incremento patrimonial pero debe dejarse en claro que ello no significa en manera alguna que si ya hubo un pronunciamiento sobre ese presunto ilícito, la justicia deba ignorarlo.
Eso significa que ni el capital ni las ganancias de esas empresas que les fueron devueltas con base en una determinación con fuerza de cosa juzgada, pueden ser objeto de incriminación a los hijos como Enriquecimiento ilícito, cuando se situaron en su cabeza, eran menores de edad, ni tampoco tuvieron incidencia en el control y manejo de esas sociedades, por lo menos hasta 1.994 cuando su madre (sic) detenida en Suiza” (subraya la Corte) (fs. 72 y 72, cuad. Trib.).
8. Por esa misma razón, el silogismo en el que se apoya el defensor de los procesados para afirmar que por el hecho de que los rubros imputados a título de incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, pertenezca a empresas creadas con anterioridad a 1.990 no resulta correcto, toda vez que la conclusión a la que llega no corresponde a las premisas de las que parte y por ende, no es verdadera. Mucho menos, acredita yerro de raciocinio del sentenciador, pues, tal y como aparece reiterativamente afirmado en el fallo recurrido se trata de capitales respecto de los cuales se demostró su ilícita procedencia, y en esas condiciones lo que si no resulta lógico ni coherente es pretender que el ingreso de recursos ilícitos a otros que por lo menos en apariencia eran lícitos o se tenían como tales, purgue el origen de los segundos.
9. En idéntico sentido, no es cierto que la conclusión que se derivaría como acertada de las premisas iniciales en cuanto a los límites temporales, desemboque forzosamente en la licitud del patrimonio recibido por los hermanos NASSER ARANA con posterioridad a 1.994, precisamente porque las premisas que la preceden no son de su misma especie.
10. Obsérvese sobre el tema, que si bien el Ad quem sostuvo que las decisiones de 1.990 depuraron los capitales generados hasta esa fecha: período de no imputación, no sólo por la presumible licitud del patrimonio cuestionado sino por ausencia de tipificación de la conducta; también precisó, que entre 1.990 y 1.994 no resultaba viable hacer imputación alguna por la carencia de dolo amparada en el “convencimiento” generado por los aludidos sobreseimientos y además, porque para entonces, los hermanos NASSER ARANA no tenían administración directa sobre esos bienes, -que hasta ese momento venía siendo ejercida por Sheila y su hermano Abraham-. Aquellos –los hijos CLAUDIA PATRICIA y CARLOS ALBERTO-, asumieron el control directo sobre el cuantioso patrimonio con posterioridad a la captura de su madre en Suiza, fecha desde la cual es dable colegir que sabían que sus ingresos tenían como fuente el desarrollo de actividades ilícitas, concretamente derivadas del narcotráfico y que una de las empresas utilizadas para ocultar tales ingresos era la sociedad Promociones y Construcciones del Caribe Ltda., proceder que de acuerdo a las investigaciones adelantadas por las autoridades de los Estados Unidos se extendió de manera ininterrumpida hasta 1.994.
11. Nótese en este aparte que ese convencimiento al que aludió el Ad quem sobre la licitud de los bienes fundado en los pronunciamientos emitidos por las autoridades judiciales de Barranquilla en el año de 1.990, solo permite afirmar eso, la ausencia de dolo, pero de ninguna manera la licitud del patrimonio, cuya ilicitud quedó al descubierto con lo ocurrido en Suiza.
12. Precisamente por ese motivo, es que únicamente a partir de esa fecha -23 de febrero de 1.994- el Tribunal estimó que era viable asumir que cuando los hermanos NASSER ARANA se apersonaron de los negocios de su madre, ingresando de manera voluntaria gran parte de su patrimonio al que ellos tenían particularmente, se enriquecieron ilícitamente, pues actuaron con dolo, es decir, porque ya sabían que lo presumido por ellos como legal a partir de 1.990, había dejado de serlo con posterioridad, debido a la comprobada responsabilidad de Sheila en actividades de narcotráfico, por manera que, no incurrió el Tribunal en contradicción alguna al colegir que ese patrimonio inicialmente depurado con las decisiones mencionadas –sobreseimientos definitivos de 1.990- podía calificarse de ilícito posteriormente, pues las ganancias obtenidas por las empresas de la familia no podían explicarse todas con el giro normal de sus actividades, como ocurrió con PROMOCON S.C.A. Tampoco, que lo que aquellos recibieron e integraron a su patrimonio corresponde exactamente al mismo del que se ocuparon las autoridades en 1.990.
13. En este sentido, se advierte que el Tribunal fue claro en deslindar un momento de otro y desde luego, las fechas en que la referida empresa obtuvo recursos de COFANDINA, sin que indique, ni se entienda de lo contenido allí, que lo recibido por CLAUDIA PATRICIA a título de saldos al firmar el balance de 1.994 corresponda al mismo capital financiero al que se hizo alusión en el balance de 1.990. Tal apreciación, solo tuvo como finalidad argumentar sobre la permanencia y continuidad, que no obstante los pronunciamientos de 1.990, tuvieron los aportes ilícitos que directamente hiciera Sheila a través de ese mecanismo. Obsérvese pues, lo que dice la sentencia al respecto:
“Por lo tanto, la impugnación de la Fiscalía toma evidencia contra los procesados, únicamente a partir de 1.994, pues, antes ninguno de ellos tenía ingerencia (sic) en el manejo y administración reales y efectivos de los negocios familiares, regidos autoritariamente por Sheila y su hermano Jairo Arana.
Y este punto, es oportuno denotarlo, porque es el momento vital para demostrar el dolo de los acusados en el enriquecimiento ilícito. Pues ante la confianza en su señora madre y su tío Arana María, quienes eran los dos gerentes principales, ninguno se inmiscuyó en ese manejo. Los datos contables así lo demuestran. Ejemplo de ellos son las anotaciones que hace el perito a folios 31 y siguientes del dictamen 04º13 del 26 de julio de 2000 incorporado en el cuaderno original No. 20 sobre las autorizaciones que tenía el señor Arana para cobrar los certificados de depósito a término que figuraban a nombre de personas naturales y que según investigaciones hechas por el CTI eran empleados del Edificio Bulevar 54, Centro Ejecutivo II y PROMOCON y que iban a parar a las cuentas bancarias de Promociones y Construcciones Caribe Ltda. S.C.A.
Lo anterior, con la intención de no acrecentar el patrimonio de PROMOCON y eludir el pago de impuestos. Igual sucede con los pagos recibidos de la inexistente firma Cofandina S.A., que figuraba con el NIT de Agrícola Songo Ltda., sociedad constituida por los Hermanos Nasser pero utilizada por los directivos de PROMOCON para ocultar los ingresos que soterradamente Sheila introducía en las arcas de sus empresas, según se deduce de la nota que el propio contador de la misma deja al margen del balance de 1.990 en la que se expone sobre estos (sic) obligaciones y que es el reproducido por el experto en el último dictamen:

References: resolución 
 artículo 379
 resolución 
 resolución 
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