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Timestamp: 2019-04-26 12:43:15+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00651 de julio 25 de 2013
SENTENCIA 2009-00651 DE 25 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 338 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FACULTA A LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA QUE, POR AUTORIZACIÓN DE LA LEY, FIJEN, DIRECTAMENTE, LOS SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS, LOS HECHOS Y LAS BASES GRAVABLES, Y LAS TARIFAS DE LOS IMPUESTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONCEJO MUNICIPAL, IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, TARIFA DEL IMPUESTO, FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Sentencia 2009-00651 de julio 25 de 2013
Rad. 76001-23-31-000-2009-00651-01(18570)
Actor: Fernando Yepes Gómez y Diego Fernando Medina Capote
En los términos del recurso de apelación interpuesto por uno de los demandantes, la Sala decide si es nulo el Acuerdo 005 de 2007 expedido por el Concejo Municipal de Jamundí, “por medio del cual se modifican los acuerdos 10 de mayo 31 de 2005 y 24 de noviembre 30 de 2005”.
Tratándose del impuesto de alumbrado público, la Sala reitera(2) que los concejos municipales están facultados para definir tales elementos con fundamento en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913(3) y en el artículo 1º de la Ley 84 de 1915(4).
Mediante Sentencia C-504 de 2002, la Corte Constitucional declaró exequible el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 con fundamento en que, precisamente, el artículo 338 de la Carta Política faculta a los concejos municipales para fijar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Dijo la Corte:
“... tal como lo ha venido entendiendo esta corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.
Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En consecuencia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuanto esta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.
La citada sentencia fue acogida por esta sección mediante sentencia del 9 de julio de 2009(5), sentencia que, además, retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales que ya había expuesto la Sala en otra oportunidad, concretamente en la sentencia de 15 de octubre de 1993, (Exp. 9456) en la que se precisó que “... en virtud del denominado principio de ‘predeterminación’, el señalamiento de los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar ‘directamente’ en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.
También se acogió, de la sentencia citada que, “... creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular” (destacado fuera de texto).
— El artículo 1º de la Ley 97 de 1913, creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2010. Rad. 540012331000200401079 02. Nº interno: 16667. Demandante: Ernesto Collazos Serrano. Demandado: municipio San José de Cúcuta.
(3) “ART. 1º—El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:
(4) “ART. 1º—Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4a de 1913:
a) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones…”.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009). Rad. 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).

References: ARTÍCULO 338
 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 313
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 169
 artículo 1