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Timestamp: 2019-05-24 14:12:31+00:00

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Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2005).
Publicado en BOCM n�m. 129 de 01 de Junio de 2004 y BOE n�m. 162 de 06 de Julio de 2004
Vigencia desde 02 de Junio de 2004. Esta revisi�n vigente desde 02 de Junio de 2004 hasta 01 de Enero de 2005
Art�culo 2 �Del Impuesto sobre el Patrimonio
Art�culo 3 �Del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Art�culo 4 �Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados
CAP�TULO II.� Gobierno y Administraci�n
Art�culo 6 �Modificaci�n parcial de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO III.� Silencio administrativo
Art�culo 7 �Modificaci�n parcial de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duraci�n m�xima y el r�gimen de silencio administrativo de determinados procedimientos
CAP�TULO IV.� Hacienda
CAP�TULO V.� Patrimonio
Art�culo 9 �Modificaci�n parcial de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO VI.� Subvenciones
Art�culo 10 �Modificaci�n parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO VII.� Recursos humanos
Art�culo 11 �Modificaci�n parcial de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid
Art�culo 12 �Acceso a los cuerpos docentes no universitarios del personal laboral fijo que realice funciones docentes
Art�culo 13 �Modificaci�n parcial de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid
Art�culo 14 �Ampliaci�n de los supuestos de integraci�n en la plantilla de personal laboral del Organismo Aut�nomo Inform�tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO VIII.� Ley de Fundaciones
Art�culo 15 �Modificaci�n parcial de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO IX.� Organizaci�n administrativa
Art�culo 16 �Modificaci�n parcial de la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creaci�n del Servicio Regional de Empleo
Art�culo 17 �Modificaci�n parcial de la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creaci�n del Organismo Aut�nomo Instituto Madrile�o del Menor y la Familia
Art�culo 18 �Modificaci�n parcial de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
Art�culo 19 �Modificaci�n parcial de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creaci�n del Consejo Econ�mico y Social de la Comunidad de Madrid
CAP�TULO X.� Juego
Art�culo 20 �Modificaci�n parcial de la Ley 3/2000, de 8 de mayo, de medidas urgentes, fiscales y administrativas sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar y Apuestas en la Comunidad de Madrid
CAP�TULO XI.� Medio Ambiente
Art�culo 21 �Modificaci�n parcial de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluaci�n Ambiental de la Comunidad de Madrid
Art�culo 22 �Modificaci�n parcial de la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protecci�n de Embalses y Zonas H�medas de la Comunidad de Madrid
Art�culo 23 �Modificaci�n parcial de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de creaci�n del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
CAP�TULO XII.� Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
Art�culo 24 �Modificaci�n parcial de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
Primera �Integraci�n en la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas de la Comunidad de Madrid
Segunda �Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Primera �Adecuaci�n de la estructura administrativa auton�mica para la inclusi�n de las Subdirecciones Generales
Segunda �R�gimen transitorio en el ejercicio de competencias en materia de familias numerosas
Segunda �Reclamaciones econ�mico-administrativas
BOCM 26 Julio. Correcci�n de errores L 2/2004 de 31 May. CA Madrid (medidas fiscales y administrativas)
Art�culo 1 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre). Art�culo 2 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre). Art�culo 3 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre). Art�culo 4 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre).
Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 2/2004, 31 mayo, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.C.M.� 26 julio).
La presente Ley contiene un conjunto de medidas normativas ligadas a los objetivos fijados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2004. As�, el cumplimiento de estos objetivos hace conveniente la regulaci�n de una serie de materias cuyo contenido esencial lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria, aunque tambi�n se incorporan otras de car�cter administrativo que afectan fundamentalmente a la Hacienda P�blica, subvenciones, patrimonio, recursos humanos y organizaci�n administrativa.
La Comunidad de Madrid ejerce a trav�s de esta Ley las competencias normativas que le otorga, en relaci�n con los tributos estatales cedidos, la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por laque se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de R�gimen Com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a. Asimismo, se aprueban normas relativas a los tributos propios de la Comunidad, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonom�a y la Ley Org�nica de Financiaci�n de Comunidades Aut�nomas.
Dentro de las medidas recogidas en la Ley, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas se mantienen las siete deducciones ya vigentes durante el a�o 2003, si bien se aumenta la cuant�a de algunas de ellas con la finalidad de avanzar en la protecci�n de la familia y fomentar la participaci�n de los particulares en el desarrollo de actividades culturales y asistenciales a trav�s de las entidades no lucrativas.
De este modo, se mantiene la deducci�n por nacimiento o adopci�n de hijos, progresiva en funci�n del n�mero de miembros de la familia, al tiempo que se triplica el incremento aplicable cuando se trate de un nacimiento o adopci�n m�ltiple. Tambi�n permanece la deducci�n por adopci�n internacional de ni�os, compatible con la anterior, como medida de integraci�n familiar de los ni�os y que busca compensar en cierta medida los gastos soportados por la tramitaci�n de este tipo de adopciones.
Se conserva igualmente la deducci�n por acogimiento familiar de menores con los mismos par�metros del a�o 2003. Al igual que la deducci�n por nacimiento o adopci�n de hijos, se trata de una deducci�n progresiva en funci�n del n�mero de ni�os que el contribuyente tenga acogidos. Esta figura supone un gran avance en la integraci�n de los menores en el seno de una familia estructurada y pretende compensar la carga familiar que supone el acogimiento de menores.
En cuanto a la deducci�n por acogimiento no remunerado de mayores de 65 a�os y/o discapacitados, se aumenta sustancialmente la cuant�a. Esta medida busca la integraci�n social de los colectivos afectados promoviendo la inserci�n de nuestros mayores en familias, con lo que se intenta corregir el factor de aislamiento que padecen muchos de ellos en la actualidad y fomentar v�as de atenci�n alternativas a las residencias para la tercera edad.
Respecto a la deducci�n por arrendamiento de viviendas para menores de 35 a�os, medida que pretende una mejora de las condiciones de acceso de nuestros j�venes a la vivienda y que se encuadra por ello dentro del Plan Integral de la Juventud, la Comunidad de Madrid contin�a con la l�nea pionera iniciada en 2003, incrementando sensiblemente el tope m�ximo de la deducci�n, que queda as� establecida en un 20 por 100 de los alquileres satisfechos con el l�mite de 840 euros.
Se incrementa la deducci�n por donativos a fundaciones culturales, asistenciales, sanitarias y an�logas, con lo que se pretende fomentar la contribuci�n de nuestros ciudadanos y su implicaci�n a trav�s de estas entidades en la protecci�n social y sanitaria, as� como en el desarrollo cultural de los madrile�os.
Finalmente, se mantiene la deducci�n para la neutralizaci�n fiscal de las ayudas por quienes sufrieron prisi�n durante al menos un a�o como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a, con la finalidad de compensar la carga impositiva correspondiente a dichas ayudas para que �stas consigan �ntegramente el objetivo que las anima.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se eleva el m�nimo exento aplicable a la base imponible para hallar la liquidable, con la finalidad de atemperar los efectos de la revisi�n catastral, dado que los valores catastrales son con frecuencia los que prevalecen para la integraci�n de los inmuebles en la base de este impuesto.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es especialmente destacable la aprobaci�n de una bonificaci�n del 99 por 100 en la cuota correspondiente al impuesto que grava las adquisiciones �mortis causa� cuando los herederos sean hijos y descendientes del causante menores de 21 a�os, lo que supondr� la eliminaci�n pr�ctica del gravamen para este grupo de contribuyentes, con vigencia desde 1 de enero de 2004.
Adem�s, se establece una nueva reducci�n aplicable al gravamen que recae sobre los donativos de padres a hijos para la adquisici�n de su primera vivienda habitual. Al igual que la deducci�n por arrendamiento, esta medida se enmarca dentro de la pol�tica de favorecer el acceso a la vivienda de los j�venes de la Comunidad.
Por �ltimo, se mantienen a partir del a�o 2004, los importes de las reducciones aplicables a la base imponible, la tarifa del impuesto y los coeficientes multiplicadores en funci�n del grado de parentesco y patrimonio preexistente, as� como la equiparaci�n, a efectos de la aplicaci�n de las citadas reducciones, tarifa y coeficientes multiplicadores, a los c�nyuges de los miembros de las uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la normativa de la Comunidad de Madrid, disposiciones todas ellas ya vigentes durante el a�o 2003.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, contin�an desde el a�o 2004 los tipos de gravamen vigentes durante el a�o 2003.
Se modifica el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios P�blicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, en relaci�n con la tasa por inserciones en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El Cap�tulo II de la Ley contiene modificaciones de la Ley de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid.
La Administraci�n Regional ha experimentado en los �ltimos a�os el mayor crecimiento de toda su historia con los traspasos de servicios desde el Estado en materia de ense�anza no universitaria, los correspondientes al �mbito sanitario y las funciones en relaci�n con la Justicia, por lo que claramente la organizaci�n administrativa no puede ser ajena a dicha evoluci�n y debe ajustarse a la nueva dimensi�n auton�mica.
Dicho lo anterior, la adecuaci�n de esta Administraci�n a las demandas de una sociedad cada vez m�s compleja, requiere un alto grado de profesionalizaci�n del personal a su servicio, de forma que su actuaci�n responda a criterios objetivos, t�cnicos y especializados, como garant�a tambi�n de imparcialidad y estabilidad de la Administraci�n regional.
Como contrapunto, esta organizaci�n debe ofrecer a su capital personal una carrera administrativa suficientemente amplia y atractiva, en la que la promoci�n valore la capacidad de coordinaci�n y la experiencia, que redunde en que la estructura alcance un mayor nivel de cohesi�n y eficacia.
De acuerdo con lo expuesto, se incorporan a la estructura administrativa las Subdirecciones Generales, como un nuevo nivel organizativo entre las Direcciones Generales y Secretar�as Generales T�cnicas y las unidades con rango de Servicio, que s�lo tienen en com�n con las antiguas Subdirecciones Generales, existentes con anterioridad en la Comunidad de Madrid, la denominaci�n, por cuanto aunque las funciones llamadas a desarrollar por sus titulares son de contenido directivo, se tratar�a de puestos de trabajo de naturaleza netamente funcionarial, es decir, reservados a funcionarios p�blicos en la Relaci�n de Puestos de Trabajo.
En cuanto a la modificaci�n del art�culo 54, relativo a la Junta Superior de Hacienda, se adapta su estructura a la ordenaci�n de los �rganos econ�mico-administrativos en la nueva Ley General Tributaria. La v�a econ�mico-administrativa quedar� exclusivamente constituida por la Junta Superior de Hacienda, ante la cual se sustanciar�n todos los recursos de orden econ�mico-administrativo que corresponda plantear en el �mbito de la gesti�n econ�mico-financiera de la Comunidad de Madrid.
El Cap�tulo III relativo al silencio administrativo, contiene la modificaci�n de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duraci�n m�xima y el r�gimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, y que afecta al apartado 6 del punto 7 del Anexo del citado texto normativo. Esta regulaci�n pondr� fin a las dudas interpretativas en relaci�n con el car�cter enunciativo o tasado de dicho apartado, contribuyendo a hacer realidad el principio de seguridad jur�dica en la gesti�n administrativa.
El Cap�tulo IV introduce varias modificaciones en el texto de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya inclusi�n se justifica por los diversos motivos que seguidamente se exponen.
Se modifican los apartados 3 y 5 del art�culo 28 y el apartado 3 del art�culo 29, relativos a las actuaciones de recaudaci�n de cr�ditos de Derecho P�blico por la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y el apartado 2 del art�culo 32, relativo al inter�s aplicable a las deudas de Derecho P�blico, para adaptar lo dispuesto en estos preceptos a la regulaci�n de la nueva Ley General Tributaria.
Por otra parte, se incorpora la modificaci�n del art�culo 55.3.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con el objeto de atribuir la competencia para la autorizaci�n y disposici�n del gasto al mismo �rgano que la ostenta para acordar el arrendamiento de inmuebles seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio, as� como para resolver la disfunci�n que existe, desde el punto de vista competencial, con el p�rrafo �ltimo del art�culo 69.1 de la citada Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en cuanto a la autorizaci�n y disposici�n del gasto de las pr�rrogas legales o contractuales de los arrendamientos de inmuebles.
Con la modificaci�n del apartado 4 del art�culo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, algunos de los gastos plurianuales enumerados en el apartado 2 se someten a las limitaciones de anualidades y porcentajes que con anterioridad s�lo reg�an para los derivados de inversiones y transferencias de capital, si bien, en aras a una necesaria flexibilidad en la gesti�n, los gastos derivados del supuesto b) tienen un l�mite en cuanto a porcentajes del 100 por 100 a aplicar sobre el cr�dito correspondiente a la anualidad en que el gasto se comprometi�.
La finalidad de la modificaci�n, en lo que se refiere a los supuestos sometidos a l�mites de anualidades y porcentajes, consiste en que el importe de los compromisos para ejercicios posteriores no condicione en t�rminos sustanciales la presupuestaci�n futura, dado el car�cter excepcional del procedimiento para comprometer gastos plurianuales, que permite condicionar cr�ditos para ejercicios futuros a pesar de que el Presupuesto es anual.
Por otra parte, la adici�n de un nuevo p�rrafo al apartado 4 del art�culo 55 obedece a la necesidad de adecuar las disposiciones reguladoras de los gastos plurianuales a las disposiciones vigentes en materia de contrataci�n administrativa, de manera que el importe de la retenci�n adicional de cr�dito del 10 por 100, regulada en el art�culo 29 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contrataci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, se incluya en el c�mputo de los porcentajes expresados en el apartado 4 del art�culo 55.
La modificaci�n del art�culo 69 responde, de una parte, a la conveniencia de unificar el criterio delimitador de competencias del Gobierno en materia de gastos plurianuales y reajuste de anualidades, reservando �nicamente a dicho �rgano la aprobaci�n de los reajustes o la reprogramaci�n de anualidades cuando implique una modificaci�n de los porcentajes o del n�mero de anualidades expresado en el art�culo 55.4.
De otra parte, con la nueva redacci�n de la letra c) del apartado 1 del art�culo 69 se atribuye a los Consejeros respectivos la competencia para autorizar los libramientos de las transferencias nominativas consignadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, a favor de sujetos que quedaban fuera de dicha esfera de competencias, conforme a la anterior redacci�n del precepto que s�lo alud�a al sector p�blico econ�mico.
El Cap�tulo V introduce diversas modificaciones en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la adaptaci�n del citado texto normativo a la nueva Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas.
En concreto, se introduce la potestad de desahucio administrativo, exclusivamente aplicable a los bienes de dominio p�blico, y se flexibiliza el r�gimen de disposici�n de estos bienes, mediante la figura de las mutaciones demaniales externas. Por lo que se refiere al r�gimen de autorizaciones y concesiones demaniales, se establece en 75 a�os el plazo m�ximo de su duraci�n, incluidas las posibles pr�rrogas, y se regula el procedimiento para el otorgamiento de las mismas.
El Cap�tulo VI incluye modificaciones relativas a las subvenciones de la Comunidad de Madrid que obedecen a la necesidad de anticipar la adecuaci�n a lo establecido con car�cter b�sico en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
As�, la modificaci�n del p�rrafo tercero del apartado 2 del art�culo 4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, que se refiere a la concesi�n directa de subvenciones, establece que la celebraci�n de estos convenios-subvenci�n deba ser autorizada con car�cter excepcional por el Consejo de Gobierno, a propuesta del �rgano competente para conceder la subvenci�n, debi�ndose acreditar razones de inter�s p�blico, social, econ�mico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria p�blica. De esta forma, se establecen una serie de medidas que posibilitar�n un mayor control sobre la concesi�n directa de subvenciones.
Por otra parte, la creaci�n de un nuevo art�culo 4 bis en la Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, introduce un elemento de planificaci�n de la actividad subvencional, estableci�ndose la obligaci�n aprobar, previamente a la elaboraci�n de cualquier base reguladora, un plan estrat�gico de subvenciones que, en todo caso, deber� supeditarse al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El Cap�tulo VII de la Ley, incluye diferentes previsiones relativas a recursos humanos.
En primer lugar, se modifica la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, con el objeto de introducir diferentes medidas que inciden en la ordenaci�n de la Funci�n P�blica auton�mica.
En lo que afecta a la carrera administrativa, se modifican los art�culos 46, 48, 52 y 53 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, y se incluye en la misma un art�culo 53 bis) con el fin de adaptar dicha norma a las modificaciones experimentadas por la legislaci�n b�sica estatal en lo referente al grado personal y la provisi�n de puestos de trabajo reservados a funcionarios p�blicos.
As�, el art�culo 46 regula la garant�a econ�mica que supone el grado personal consolidado y el art�culo 48 establece la forma en que se computa, a efectos de grado, el tiempo en la situaci�n de servicios especiales.
De otro lado, en el art�culo 52 se establecen los distintos sistemas por los que la Administraci�n puede remover a un funcionario de su puesto de trabajo, obtenido tanto por libre designaci�n como por concurso de m�ritos, y en el art�culo 53 se introduce, con rango de ley, la figura de la comisi�n de servicios como sistema de provisi�n provisional de los puestos de trabajo reservados a funcionarios y que actualmente no est� contemplada en la legislaci�n auton�mica.
Finalmente, se incluye el art�culo 53 bis con la finalidad de regular, con rango de ley como en el supuesto anterior, la figura de la adscripci�n provisional que, en el �mbito de la Comunidad de Madrid, s�lo ha sido desarrollada en una norma de car�cter reglamentario, y se encuadran en la misma varios de los supuestos de traslado forzoso previstos en el art�culo 52 vigente.
En materia de situaciones administrativas, resulta necesario abordar la reforma de su regulaci�n en virtud del principio constitucional de seguridad jur�dica; necesidad que viene determinada por las continuas modificaciones que ha sufrido el r�gimen jur�dico de las mismas, contenido con car�cter b�sico en el art�culo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, as� como por la necesaria modernizaci�n de la Administraci�n Auton�mica y el continuo desarrollo de sus peculiaridades propias.
Efectivamente, el Cap�tulo VI del T�tulo IV de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, relativo a las situaciones administrativas de los funcionarios de la Comunidad de Madrid, ha permanecido pr�cticamente inalterado desde su promulgaci�n, sin haberse adaptado a las modificaciones introducidas en la legislaci�n b�sica, entre las que se pueden destacar las introducidas recientemente por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci�n a las Familias Numerosas, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminaci�n y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci�n del Gobierno Local y por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Respecto de los Cuerpos y Escalas funcionariales, se modifica la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, para la creaci�n de la Escala Superior de Empleo, dentro del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas de Administraci�n Especial de la Comunidad de Madrid, regul�ndose igualmente las funciones correspondientes a dicha Escala, as� como la titulaci�n exigida para ingresar en ella.
La creciente actividad de la Comunidad de Madrid en materia de trabajo, empleo y formaci�n, que ha motivado la creaci�n de una Consejer�a espec�fica para hacerse cargo de estas competencias, aconseja la creaci�n de una escala especial de nivel superior de la que hasta ahora carece esta Comunidad, con el fin de contar con un colectivo de funcionarios con una preparaci�n espec�fica y especializada para desempe�ar tales funciones.
Con la creaci�n de la Escala Superior de Empleo se posibilita, adem�s, la promoci�n interna de funcionarios desde la Escala de Gesti�n de Empleo del Cuerpo de T�cnicos y Diplomados Especialistas, as� como la integraci�n de los funcionarios de Grupo A, transferidos a la Comunidad de Madrid procedentes de la Administraci�n del Estado en virtud de los Reales Decretos de traspaso en materia de trabajo, empleo y formaci�n profesional, regul�ndose en la Disposici�n Adicional Primera de la Ley los requisitos para la referida integraci�n.
Incluye, asimismo, el Cap�tulo VII, la modificaci�n de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, con el objeto de adaptarla a la legislaci�n estatal.
Otra de las medidas en materia de recursos humanos incluida en la presente Ley, consiste en la previsi�n de la convocatoria de un turno especial para el acceso a cuerpos docentes de aquel personal laboral fijo que desempe�e funciones de naturaleza docente en centros dependientes de la Comunidad de Madrid, con anterioridad al traspaso de funciones y servicios en la materia. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en la Disposici�n Transitoria S�ptima de la Ley Org�nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educaci�n.
Finalmente, la �ltima previsi�n recogida en el Cap�tulo VII en materia de recursos humanos, afecta al art�culo 15 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Dicho precepto regul� un procedimiento de integraci�n voluntaria en la plantilla del personal laboral del Organismo Aut�nomo Inform�tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo �mbito de aplicaci�n se refiere a los funcionarios de carrera que, a la entrada en vigor de la misma, ocuparan con car�cter definitivo un puesto de trabajo en el citado Organismo, recogiendo en el punto 5 la posibilidad de que se integrara tambi�n el personal funcionario transferido con posterioridad a la norma, siempre que quede adscrito al referido Organismo Aut�nomo.
Para resolver la situaci�n de diverso personal funcionario de carrera transferido a la Comunidad de Madrid procedente de Cuerpos, Escalas y Especialidades Inform�ticas, pendientes de integraci�n o integrados en Escalas de Administraci�n Especial a extinguir, as� como de los funcionarios de las Especialidades Inform�ticas de la Comunidad de Madrid, declaradas a extinguir, que no se encuentren adscritos al citado Organismo Aut�nomo, se ampl�a el �mbito subjetivo de aplicaci�n de la norma para permitirles que voluntariamente puedan acceder al procedimiento especial habilitado al efecto.
El Cap�tulo VIII contiene diferentes medidas que afectan a la Ley de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
La modificaci�n pretende, fundamentalmente, la coordinaci�n de la normativa auton�mica con la regulaci�n estatal en dos aspectos: en materia de obligaciones contables de las fundaciones, as� como en lo relativo al destino de las rentas e ingresos de las mismas.
Por otra parte, se establecen las actividades econ�micas que pueden desarrollar las fundaciones, y se regula su participaci�n en sociedades mercantiles. Asimismo, se reconoce al Protectorado la facultad de solicitar informaci�n adicional en los tr�mites de constituci�n y rendici�n de cuentas, con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto fundacional. Por �ltimo, se ha recogido la interpretaci�n formulada por la doctrina respecto del reembolso de gastos por los patronos, dotando de mayor seguridad jur�dica este extremo.
El Cap�tulo IX de la Ley incorpora una serie de medidas de tipo organizativo en relaci�n a determinados Entes Institucionales de la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, se modifica la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creaci�n del Servicio Regional de Empleo, Organismo Aut�nomo de car�cter administrativo, adscrito a la Consejer�a de Empleo y Mujer, y que tiene atribuida la gesti�n de las �reas de actuaci�n administrativa vinculadas al empleo y la formaci�n, con la finalidad de lograr el pleno empleo estable y de calidad en el �mbito territorial de la Comunidad de Madrid.
El volumen de trabajo y de gesti�n alcanzado por el Servicio Regional de Empleo durante el tiempo transcurrido desde su creaci�n y puesta en marcha, han hecho necesaria una reestructuraci�n de sus �rganos de gobierno con objeto de dotarle de una mayor agilidad y eficacia.
Asimismo, se reestructuran algunas de las funciones atribuidas al Servicio Regional de Empleo, en particular, las relativas a la aportaci�n de datos estad�sticos e informes para la elaboraci�n de planes regionales para la promoci�n del empleo, y la supresi�n de las relativas al Observatorio Regional de Empleo, ya que, debido a la naturaleza eminentemente gestora del Servicio Regional de Empleo, se considera m�s adecuada la dependencia del citado Observatorio de la Direcci�n General de Empleo, en cuanto que �rgano encargado de dise�ar las pol�ticas de la Administraci�n Regional en materia de empleo.
Por �ltimo, se introduce el informe sobre el impacto por raz�n de g�nero, con car�cter previo a la adopci�n por el Servicio Regional de Empleo de cualquier tipo de medida dirigida a subvencionar actividades de fomento de empleo y de formaci�n como mecanismo que sirva para garantizar la toma en consideraci�n del principio de no discriminaci�n por raz�n de g�nero, que implica, incluso, la discriminaci�n positiva a favor de las mujeres.
En segundo lugar, se modifica parcialmente la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creaci�n del Organismo Aut�nomo Instituto Madrile�o del Menor y la Familia, modificaci�n que viene motivada a la vista de las competencias atribuidas a la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales y a la creaci�n de la nueva Direcci�n General de Familia, �rganos a los que corresponde el desarrollo de uno de los principales compromisos del Gobierno Regional, cual es, el incrementar el bienestar y la calidad de vida de las familias y apoyar especialmente a las familias en situaci�n de exclusi�n social y a las familias numerosas.
En este sentido, resulta necesario incorporar la Direcci�n General de Familia en la estructura del Consejo de Administraci�n del Organismo Aut�nomo, favoreciendo as� la necesaria coordinaci�n de las pol�ticas relacionadas con la atenci�n a la infancia y a la familia.
Por �ltimo, es necesario redefinir algunas competencias que le correspond�an al Instituto en materia de familia, a fin de perfilar las atribuciones de la nueva Direcci�n General.
Por otro lado, el Jurado Territorial de Expropiaci�n Forzosa de la Comunidad de Madrid constituye una de las piezas b�sicas del sistema de garant�as del procedimiento expropiatorio, pues su �nica finalidad consiste en establecer un justiprecio que responda al valor real del bien expropiado. Para ello es necesario dotar a su actuaci�n de la necesaria objetividad y neutralidad insistiendo en la especializaci�n t�cnica de sus miembros y en la representaci�n equilibrada en el mismo tanto del inter�s p�blico al que sirve la Administraci�n como del inter�s particular de los expropiados. Con esta finalidad, as� como con la de mejorar su eficacia, se realiza una modificaci�n de la composici�n de dicho Jurado que reduce el n�mero de sus miembros equiparando la presencia en el mismo de los intereses p�blicos y privados, modificaci�n que se incardina, por otra parte, con las �ltimas tendencias jurisprudenciales.
Finalmente, el Cap�tulo IX incorpora una modificaci�n de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creaci�n del Consejo Econ�mico y Social de la Comunidad de Madrid, consistente en atribuir a los Servicios Jur�dicos de la Comunidad, el asesoramiento jur�dico y la representaci�n y defensa en juicio del citado �rgano consultivo, con el fin de homologar su actividad administrativa a los par�metros jur�dicos de la propia Administraci�n Auton�mica.
Por �ltimo, la disposici�n adicional segunda modifica la estructura del Organismo Aut�nomo Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la supresi�n de la figura del Consejero Delegado, con la finalidad de adecuarlo a las nuevas necesidades de �ste como �rgano gestor de la pol�tica de seguridad y salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid.
En el Cap�tulo X se modifica la Ley 3/2000, de 8 de mayo, de Medidas Urgentes Fiscales y Administrativas sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar y Apuestas de la Comunidad de Madrid, con el fin de permitir la instalaci�n en los establecimientos de hosteler�a de las m�quinas recreativas con premio en especie o tipo D, tras la aprobaci�n del Cat�logo Parcial de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Madrid, por Decreto 32/2004, de 19 de febrero, que incorpora esta nueva modalidad de m�quinas recreativas y de juego. La autorizaci�n de esta modalidad de m�quinas recreativas, se produce en coherencia con las autorizaciones ya existentes de m�quinas recreativas o tipo A y m�quinas recreativas con premio programado o tipo B, manteni�ndose la prohibici�n de celebraci�n o comercializaci�n en dichos establecimientos de otros juegos o apuestas.
Por un lado, en el Cap�tulo XI se introducen modificaciones a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluaci�n Ambiental de la Comunidad de Madrid, a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protecci�n de Embalses y Zonas H�medas de la Comunidad de Madrid, y a la Ley 1/1985, de 23 de enero, de creaci�n de Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, al objeto de optimizar la gesti�n y explotaci�n de los servicios que presta el Canal de Isabel II.
Por otro lado, se modifica la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid, suprimi�ndose la reserva a favor del sector p�blico de la prestaci�n del servicio de eliminaci�n de residuos. La prestaci�n por parte de las Administraciones P�blicas de determinados servicios encuentra su justificaci�n fundamental en la necesidad de ejercer un estricto control sobre la actividad, en una mayor eficacia en la prestaci�n del servicio o en la inexistencia de un sector privado dispuesto a ejercer la actividad. Teniendo en cuenta que esos presupuestos no se dan en el caso de la eliminaci�n de los residuos de construcci�n y demolici�n, existiendo en la Comunidad de Madrid un sector privado capaz de desarrollar este tipo de actividades, queda justificada la supresi�n de la reserva a favor de las Administraciones P�blicas de la prestaci�n del servicio de eliminaci�n de dichos residuos.
En el Cap�tulo XII se introducen varias modificaciones al texto de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, al objeto de adaptarla a la realidad social.
Se mantiene la prohibici�n de venta, suministro y distribuci�n de bebidas alcoh�licas en relaci�n a los establecimientos situados en las estaciones de servicio, si bien, con la finalidad de evitar la discriminaci�n que sufre este sector comercial frente al comercio tradicional, se permite la venta de aqu�llas cuya graduaci�n se obtenga mediante fermentaci�n de la uva, manzana, malta o cereales y no supere los veinte grados centesimales.
Asimismo, se modifica el r�gimen sancionador previsto en la Ley, tipificando como infracci�n administrativa los supuestos en los que se facilite o colabore para que un menor pueda adquirir bebidas alcoh�licas, modulando la gravedad de dicha infracci�n en funci�n de que la conducta se realice o no bajo una actividad comercial, empresarial o con car�cter lucrativo.
De conformidad con lo establecido en el art�culo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, y el art�culo 78.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, se establecen, con vigencia desde el 1 de enero de 2004, las siguientes deducciones en la cuota �ntegra auton�mica:
S�lo tendr�n derecho a practicar la deducci�n los padres que convivan con los hijos nacidos o adoptados. Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deducci�n se prorratear� por partes iguales en la declaraci�n de cada uno de ellos, si optaran por tributaci�n individual.
Los contribuyentes podr�n deducir 900 euros por cada persona mayor de 65 a�os o discapacitada con un grado de minusval�a igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante m�s de 183 d�as al a�o en r�gimen de acogimiento sin contraprestaci�n, cuando no diera lugar a la obtenci�n de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Los contribuyentes menores de 35 a�os podr�n deducir el 20 por 100, con un m�ximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el per�odo impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. S�lo se tendr� derecho a la deducci�n cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 10 por 100 de la renta del per�odo impositivo del contribuyente.
No proceder� esta deducci�n cuando resulte aplicable la compensaci�n por arrendamiento de vivienda habitual a que se refiere la Disposici�n transitoria decimotercera del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
Los contribuyentes podr�n deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones que cumplan con los requisitos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y persigan fines culturales, asistenciales o sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza an�loga a �stos.
Siete: Deducci�n para compensar la carga tributaria de determinadas ayudas
Los contribuyentes que integren en la base imponible de este impuesto el importe de las ayudas percibidas en aplicaci�n del Decreto 47/2000, de la Comunidad de Madrid, de 23 de marzo, por el que se regulan las ayudas a quienes sufrieron prisi�n durante al menos un a�o, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a, podr�n aplicar una deducci�n en la cuota �ntegra auton�mica por importe de 600 euros. Cuando esta deducci�n ya se haya practicado en periodos impositivos anteriores, la deducci�n aplicable ser� la resultante de minorar el importe de 600 euros en la cuant�a de las deducciones ya practicadas, sin que el resultado de esta operaci�n pueda ser negativo.
1. S�lo tendr�n derecho a la aplicaci�n de las deducciones establecidas en los apartados uno, tres, cuatro y cinco anteriores aquellos contribuyentes cuya renta del per�odo impositivo, a la que se refiere el art�culo 15.3.1.� del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, no sea superior a 22.500 euros en tributaci�n individual o a 31.700 euros en tributaci�n conjunta.
2. A efectos de la aplicaci�n de la deducci�n contenida en el apartado seis anterior, la suma de la base de la misma y la base de las deducciones a las que se refieren los apartados 3 y 5 del art�culo 69 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, no podr� exceder del 10 por 100 de la base liquidable del contribuyente.
c) La deducci�n establecida en el apartado cinco de este art�culo requerir� la acreditaci�n del dep�sito de la fianza correspondiente al alquiler en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, de r�gimen de dep�sito de las fianzas de arrendamientos urbanos y de suministros y servicios. A tales efectos, el contribuyente deber� obtener una copia del resguardo de dep�sito de la fianza.
Art�culo 1 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre).
Art�culo 2 Del Impuesto sobre el Patrimonio
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 39.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y en el art�culo 28 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el m�nimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 112.000 euros.
Art�culo 2 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre).
Art�culo 3 Del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y en el art�culo 20.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones �mortis causa�, incluidas las de los beneficiarios de p�lizas de seguros sobre la vida, la base liquidable se obtendr� aplicando a la base imponible las siguientes reducciones, que sustituyen a las an�logas del Estado reguladas en el art�culo 20.2 de la citada Ley:
Cuando se trate de seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo, as� como en servicios prestados en misiones internacionales humanitarias o de paz de car�cter p�blico, ser� de aplicaci�n lo previsto en el p�rrafo b) del apartado 2 del art�culo 20 de la Ley 29/1987.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 40.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, en las adquisiciones lucrativas inter vivos la base liquidable se obtendr� aplicando a la base imponible la siguiente reducci�n propia:
a) En el documento en que se formalice la donaci�n debe constar de forma expresa la voluntad de que el dinero dona do se destine a la adquisici�n de la primera vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del donatario.
b) El donatario debe ser menor de 35 a�os y su renta, en los t�rminos del art�culo 15.3.1 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, relativa al �ltimo per�odo impositivo cuyo plazo reglamentario de declaraci�n estuviera concluido a la fecha del devengo no ha de superar los 22.500 euros en tributaci�n individual o los 31.700 euros en tributaci�n conjunta.
En el caso de no adquirir la vivienda en el plazo se�alado en el apartado c), el adquirente beneficiario de esta reducci�n deber� declarar tal circunstancia a la Administraci�n tributaria de la Comunidad de Madrid y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducci�n practicada junto con los correspondientes intereses de demora, dentro del plazo de treinta d�as h�biles desde la finalizaci�n del plazo para adquirir la vivienda habitual.
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 40.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a la tarifa prevista en el n�mero 1 del art�culo 21, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ser� la siguiente:
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 40.1.c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a la cuota tributaria prevista en el n�mero 1 del art�culo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendr� aplicando a la cuota �ntegra el coeficiente multiplicador en funci�n de la cuant�a del patrimonio preexistente y del grupo de parentesco siguientes:
Seis: Con vigencia desde 1 de enero de 2004 y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 40.1.d) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, los sujetos pasivos incluidos en el Grupo I de los previstos en el art�culo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aplicar�n una bonificaci�n del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones �mortis causa� y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porci�n hereditaria del beneficiario.
Siete: En la aplicaci�n de las reducciones reguladas en el apartado Uno y de los coeficientes recogidos en el apartado Cinco, se asimilar�n a c�nyuges los miembros de uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.
Art�culo 3 derogado por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (�B.O.C.M.� 30 diciembre).
Art�culo 4 Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 41.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y en el art�culo 11.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria se obtendr� aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen siguientes:
2. Se aplicar� el tipo reducido del 4 por 100 a las transmisiones de inmuebles en las que se adquiera la propiedad de viviendas ubicadas dentro del Distrito Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, siempre que se cumplan simult�neamente los requisitos siguientes:
Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a y en el art�culo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria se obtendr� aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen siguientes:
A los efectos de las letras a), b) y c) anteriores se determinar� el valor real del derecho que se constituya de acuerdo con lo previsto en el art�culo 10.2.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se modifica, en los t�rminos que a continuaci�n se detallan, el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios P�blicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.
Uno: Se modifica el apartado 2 del art�culo 20, ubicado en el Cap�tulo III del T�tulo II, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�2. Corresponde a las Consejer�as, Organismos Aut�nomos y Entes P�blicos a que se refiere el art�culo 19.2, la facultad de autorizar, previa solicitud de los interesados, los aplazamientos o fraccionamientos de pago de las tasas. Una vez vencido el plazo de ingreso en per�odo voluntario, la competencia reside en la Consejer�a de Hacienda�.
Dos: Se modifica el art�culo 27, ubicado en el T�tulo III, quedando redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 27 Establecimiento del cat�logo
El cat�logo de servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios p�blicos se establecer� por Acuerdo de Consejo de Gobierno, a propuesta y con base en la solicitud de la Consejer�a que los preste o de que dependa el �rgano o Ente institucional correspondiente, y previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda, que valorar� la procedencia de la propuesta.�
Tres: Dentro de la �Tasa por inserciones en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID�, regulada en el Cap�tulo VI del T�tulo IV, se introducen las siguientes modificaciones:
1. Se modifican los art�culos 58, 59, 60, 62 y 64 que pasan a tener la siguiente redacci�n:
�Art�culo 58 Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la inserci�n de documentos, escritos, anuncios, avisos, requerimientos y otros textos de cualquier clase en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En particular, quedar�n sujetas al pago de la tasa las inserciones de anuncios que afecten, se refieran o beneficien de modo particular al contribuyente.
Art�culo 59 Exenciones
1. Estar�n exentas del pago de la tasa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este art�culo:
a) Las inserciones obligatorias de las leyes y dem�s disposiciones de car�cter general dictadas por el Estado o por la Comunidad de Madrid, as� como las relativas a los Planes y Normas de Planeamiento Urban�stico cuya iniciativa y formulaci�n hayan sido realizados por dichas Administraciones.
b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserci�n, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria.
c) Los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserci�n sea ordenada de oficio; se incluyen en esta exenci�n los anuncios de la Jurisdicci�n Ordinaria en asuntos en los que se aplique el derecho a la asistencia jur�dica gratuita y los anuncios de causas criminales, salvo que se hagan efectivas las costas sobre bienes de cualquiera de las partes.
d) Las publicaciones relativas a normas presupuestarias, Ordenanzas y Reglamentos Org�nicos de los Ayuntamientos de Municipios de la Comunidad de Madrid, as� como las relativas a sus Planes y Normas de Planeamiento Urban�stico cuando el promotor sea una Administraci�n Local.
e) La publicaci�n de los Estatutos de las Mancomunidades de Municipios.
f) Los actos y notificaciones procedentes de los �rganos de la Administraci�n de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Aut�nomos.
2. En los supuestos del apartado anterior se deber�, con la propuesta de inserci�n, acreditar la concurrencia de las circunstancias que, en cada caso, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, den lugar a la exenci�n, tramit�ndose en caso contrario como de pago obligado. No obstante, ser�n tramitadas como exentas las inserciones de las que conste de oficio la concurrencia de una causa legal de exenci�n.
3. Se except�an en todo caso de exenci�n las siguientes inserciones:
a) Los anuncios cuya publicaci�n sea instada por particulares.
b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, en el marco y con la extensi�n establecida en su legislaci�n espec�fica.
c) Los anuncios oficiales de la Administraci�n de Justicia cuya publicaci�n sea instada por particulares.
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados o particulares seg�n las disposiciones aplicables.
e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio p�blico u otro tipo de derechos econ�micos.
f) Los anuncios cuya publicaci�n en un diario no oficial cumplan los requisitos de publicidad formal del expediente del que traigan causa.
g) Las inserciones de anuncios, realizadas a propuesta de las Administraciones P�blicas u otras Corporaciones de Derecho P�blico, que afecten o se refieran de modo particular al contribuyente.
Se considerar�, a estos efectos, que afecta o se refiere de modo particular al contribuyente cualquier actuaci�n de las Administraciones P�blicas u otras Corporaciones de Derecho P�blico en el seno de un procedimiento administrativo donde aqu�l tenga la condici�n de interesado y, en particular, las notificaciones y las citaciones para ser notificados por comparecencia que, a trav�s del BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se practiquen en los procedimientos sancionadores, en los tributarios y en los dem�s relativos a otros ingresos de derecho p�blico.
h) Las inserciones de actos y notificaciones relativos a expedientes expropiatorios cuyo beneficiario no sea la Comunidad de Madrid, as� como, en el caso de expedientes iniciados a instancia de parte, las inserciones que, como consecuencia de la naturaleza del expediente, est�n vinculadas a anuncios dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas o a un tr�mite de informaci�n p�blica.
i) En los supuestos contemplados en las letras b) y d) del apartado 1 de este art�culo, las inserciones que sean calificables de urgentes en el sentido del art�culo 62.2 de esta Ley.
Art�culo 60 Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de la tasa, a t�tulo de contribuyentes, las personas f�sicas o jur�dicas, tanto p�blicas como privadas as� como las entidades mencionadas en el art�culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a las que afecte o se refiera en particular la inserci�n, tanto si son ellas mismas quienes solicitan o proponen las inserciones, como si est�s se llevan a cabo a instancia de terceros sean o no Administraciones P�blicas.
2. En las inserciones de anuncios realizadas a propuesta de las Administraciones P�blicas u otras Corporaciones de Derecho P�blico, en el seno de cualquier procedimiento, tendr�n la consideraci�n de contribuyentes las personas f�sicas o jur�dicas, tanto p�blicas como privadas, as� como las entidades mencionadas en el art�culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a las que afecte o se refiera el procedimiento, tanto si ha sido iniciado de oficio como a instancia de parte.
En el supuesto contemplado en el p�rrafo anterior, ser�n sustitutos del contribuyente, las Administraciones P�blicas u otras Corporaciones de Derecho P�blico, que propongan o soliciten la inserci�n que constituye su hecho imponible.
Los sustitutos podr�n repercutir �ntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente.
3. El presentador de la propuesta de inserci�n tendr�, por el solo hecho de la presentaci�n, el car�cter de mandatario del sujeto pasivo, y todas las notificaciones que se le hagan relativas a la relaci�n tributaria, tendr�n el mismo valor y producir�n iguales efectos que si se hubieran entendido con el sujeto pasivo.
Art�culo 62 Publicaci�n con car�cter de urgencia
3. A las inserciones a las que se hace referencia en el apartado 3, letra i), del art�culo 59 de esta Ley que, por ser calificables de urgentes, no se encuentren exentas, no se les aplicar� el recargo previsto en el apartado 1 de este art�culo, ni se les exigir� el dep�sito previo a que se refiere el art�culo 64.
Art�culo 64 Dep�sito previo y convenios de colaboraci�n
1. Se exigir� un dep�sito previo de la cuota como tr�mite obligado para el despacho del servicio. No obstante, no se exigir� el dep�sito si se presta garant�a suficiente o si legalmente no procede.
2. Se podr�n suscribir convenios de colaboraci�n con los interesados mediante los cuales se arbitren sistemas espec�ficos para realizar la liquidaci�n y pago en per�odo voluntario de la tasa, en cuyo caso no ser� exigible el dep�sito previo a que se refiere el apartado anterior. Los convenios se ajustar�n a los modelos-tipo que se aprueben por el �rgano gestor, previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda. En ning�n caso se podr�, mediante la suscripci�n de dichos convenios, modificar la cuant�a de las tasas exigibles de conformidad con lo previsto en el art�culo 61 de esta Ley.�
2. Se modifica el art�culo 61 en cuanto se refiere a la denominaci�n de la tarifa, pasando a tener la siguiente redacci�n literal:
�Tarifa 6.01. Inserciones en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID�,
manteni�ndose, en todo lo dem�s, inalterado el contenido del citado art�culo.
Art�culo 6 Modificaci�n parcial de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid
Uno: Se modifica la letra u) del art�culo 21, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Aprobar, a propuesta del Consejero respectivo, previo dictamen preceptivo de la Consejer�a de Hacienda, la estructura org�nica y plantilla org�nica de las diferentes Consejer�as y la creaci�n, modificaci�n o supresi�n de las Subdirecciones Generales�.
Dos: Se modifica el apartado 2 del art�culo 39, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. Las Direcciones Generales y las Secretar�as Generales T�cnicas podr�n organizarse a su vez en Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones, unidades inferiores y asimiladas.
Las Subdirecciones Generales, bajo la supervisi�n y dependencia inmediata de la Direcci�n General o Secretar�a General T�cnica, son responsables de la ejecuci�n de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados�.
Tres: Se adiciona un p�rrafo al apartado 3 del art�culo 39, con el siguiente tenor literal:
�La provisi�n de los puestos de trabajo de Subdirector General se efectuar� mediante convocatoria p�blica entre funcionarios de carrera que pertenezcan a Cuerpos y Escalas en los que se exija para el ingreso el t�tulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente�.
Cuatro: Se modifica el apartado 1 del art�culo 48, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. Bajo los niveles organizativos enumerados en los art�culos anteriores, la Administraci�n Auton�mica se estructura en Subdirecciones Generales, Servicios, Secciones, unidades inferiores y asimiladas�.
Cinco: Se modifica el apartado 3 del art�culo 48, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3. Sin perjuicio de lo se�alado en el apartado 2 de este art�culo, la creaci�n de Unidades inferiores a Subdirecciones Generales, corresponde a los Consejeros, previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda�.
Seis: Se modifica el art�culo 54, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
1. El �rgano competente para conocer, tramitar y resolver las reclamaciones econ�mico-administrativas, en �nica instancia, ser� la Junta Superior de Hacienda.
Asimismo, corresponde a la Junta Superior de Hacienda el conocimiento, tramitaci�n y resoluci�n de los recursos extraordinarios de revisi�n que se interpongan contra los actos de gesti�n y las resoluciones de reclamaciones econ�mico-administrativas.
2. Respecto de las reclamaciones econ�mico-administrativas en materia tributaria se estar� a lo dispuesto en el art�culo 20 de la Ley Org�nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas.
3. La Junta Superior de Hacienda estar� constituida por el Presidente, el Secretario y ocho Vocales, pudiendo el n�mero de estos �ltimos ser modificado reglamentariamente si las necesidades de atenci�n del servicio lo exigiesen.
El Presidente, que habr� de ser Licenciado en Derecho, ser� nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda. Los Vocales, salvo el mencionado en el p�rrafo siguiente, ser�n nombrados por el Consejero competente en materia de Hacienda. Tanto el Presidente como los Vocales deber�n reunir la condici�n de funcionarios en activo al servicio de la Comunidad de Madrid.
Entre los Vocales figurar� el Interventor General de la Comunidad de Madrid o persona en quien delegue.
El Secretario titular ser� nombrado entre Letrados de los Servicios Jur�dicos adscritos a la Consejer�a de Hacienda, por el Consejero competente en materia de Hacienda a propuesta del Consejero responsable de los Servicios Jur�dicos. Por el mismo sistema de nombramiento ser� designado un suplente del Secretario titular.
4. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se determinar� el funcionamiento de la Junta Superior de Hacienda, as� como las normas de organizaci�n, r�gimen jur�dico y tramitaci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas�.
Art�culo 7 Modificaci�n parcial de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duraci�n m�xima y el r�gimen de silencio administrativo de determinados procedimientos
Se modifica el apartado 7.6 del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duraci�n m�xima y el r�gimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PLAZO M�XIMO DE RESOLUCI�N Y NOTIFICACI�N EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
�7.6 Sancionador en materia sanitaria.� Nueve meses Caducidad
Uno: Se modifica el apartado 3 del art�culo 28, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3. A los fines previstos en el apartado 1, la Hacienda de la Comunidad de Madrid gozar�, entre otras, de las prerrogativas reconocidas a la Hacienda P�blica en la Ley General Tributaria.�
Dos: Se modifica el apartado 5 del art�culo 28, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�5. Una vez concluida la v�a administrativa, los �rganos de recaudaci�n no iniciar�n las actuaciones del procedimiento de apremio para los ingresos de derecho p�blico no tributario mientras no concluya el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Si, durante ese plazo, el interesado comunicase a dicho �rgano la interposici�n del recurso, con petici�n de suspensi�n y ofrecimiento de cauci�n para garantizar la deuda, se mantendr� la paralizaci�n del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garant�a aportada. En cualquier caso, durante este per�odo de paralizaci�n se devengar� el inter�s de demora regulado en el art�culo 32 de esta Ley. Si el �rgano judicial acuerda la suspensi�n, �sta se mantendr� hasta la resoluci�n del recurso. Si se deniega la suspensi�n, el deudor tendr� los plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudaci�n para efectuar el ingreso de la deuda sin apremio, contados a partir de la fecha de recepci�n del acuerdo de denegaci�n.�
Tres: Se modifica el apartado 3 del art�culo 29, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3. La providencia anterior es el t�tulo suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago, en los t�rminos previstos en la Ley General Tributaria y en las dem�s disposiciones aplicables.�
Cuatro: Se modifica el apartado 2 del art�culo 32, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. El tipo de inter�s aplicable a todas las deudas de derecho p�blico ser� el inter�s de demora previsto en la Ley General Tributaria.
Cinco: Se modifica la letra b) del apartado 3 del art�culo 55, que queda redactada en los siguientes t�rminos:
�b) Al �rgano competente para acordar los arrendamientos de bienes inmuebles, cualquiera que sea su cuant�a, seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, salvo lo dispuesto para las pr�rrogas legales y contractuales en el �ltimo p�rrafo del apartado 1 del art�culo 69 de esta Ley.�
Seis: Se modifica el apartado 4 del art�culo 55, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. El n�mero de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los supuestos a), b), g) y h) del apartado 2 no ser� superior a cuatro. Asimismo, en los casos a), g) y h), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podr� exceder de la cantidad que resulte de aplicar al cr�dito correspondiente del a�o en que la operaci�n se comprometi�, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos referidos en el supuesto b) del apartado 2, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podr� exceder de la cantidad que resulte de aplicar al cr�dito correspondiente del a�o en que la operaci�n se comprometi� el porcentaje del 100 por 100.
Las retenciones a que se refiere el art�culo 29 del Reglamento General de Contrataci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, computar�n a efectos de los l�mites establecidos por los anteriores porcentajes. La superaci�n de porcentajes por estas retenciones no precisar� la autorizaci�n del Consejo de Gobierno.�
Siete: Se modifica el apartado 1 del art�culo 69, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. En el �mbito del Presupuesto de la Administraci�n de la Comunidad:
Estas mismas atribuciones corresponden a los Consejos de Administraci�n respectivos de los �rganos de Gesti�n dependientes directamente de la Administraci�n de la Comunidad, con las excepciones que puedan resultar, seg�n las Leyes o sus Decretos de creaci�n, de la relaci�n de dependencia con la Consejer�a a la que est�n adscritos.
En las adquisiciones de bienes inmuebles la competencia para la autorizaci�n y disposici�n del gasto corresponder� al �rgano competente para acordar la adquisici�n seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
No obstante lo dispuesto en los p�rrafos anteriores, la autorizaci�n o el compromiso del gasto estar� reservado al Gobierno de la Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:
b) Gastos de car�cter plurianual recogidos en la letra a) del art�culo 55.3 o los que requieran modificaci�n de los porcentajes o del n�mero de anualidades previsto en el art�culo 55.4.
En el caso de reajustes o reprogramaci�n de anualidades, �nicamente en los supuestos del art�culo 55.4.
No obstante, la autorizaci�n o el compromiso del gasto corresponder� al Consejero respectivo cuando el gasto se derive de la concesi�n de transferencias nominativas consignadas en la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid cuyo destinatario fuese alguno de los Organismos Aut�nomos, Entes o Entidades de Derecho p�blico, Empresas p�blicas, �rganos e Instituciones de la Comunidad de Madrid.
d) Gastos que se deriven de los contratos de obras que se efect�en bajo la modalidad de abono total del precio a que se refiere el art�culo 55.5 y los derivados de la adquisici�n de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el art�culo 57.3 de esta Ley.
e) Gastos derivados de contratos de suministros cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opci�n de compra y el n�mero de anualidades supere el m�ximo previsto al efecto en la legislaci�n de contratos de las Administraciones P�blicas.
Con car�cter excepcional, en los arrendamientos de inmuebles la competencia para la autorizaci�n y disposici�n del gasto corresponder� al �rgano competente para acordar o novar el arrendamiento seg�n lo previsto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. No obstante, en las pr�rrogas legales o contractuales de los contratos arrendaticios, corresponde al �rgano competente en el �mbito de los programas que se les adscriben la autorizaci�n y disposici�n del gasto cualquiera que sea su car�cter y cuant�a.�
Art�culo 9 Modificaci�n parcial de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
Uno: Se modifica el apartado 3 del art�culo 11, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3. Esta prerrogativa de recuperaci�n de los bienes que componen el Patrimonio la ostentar�n:
Toda p�rdida indebida de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad, as� como las acciones llevadas a cabo para su recuperaci�n, deber�n ser notificadas a la Direcci�n General de Patrimonio en un plazo no superior a tres meses a contar desde que se haya producido la usurpaci�n o se haya tenido conocimiento de la misma.�
Dos: Se adiciona un apartado 6 al art�culo 11, con el siguiente tenor literal:
�6. La Comunidad de Madrid podr� recuperar en v�a administrativa la posesi�n de sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el t�tulo, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupaci�n por terceros. Para el ejercicio de esta potestad de desahucio ser� necesaria la previa declaraci�n de extinci�n o caducidad del t�tulo que otorgaba el derecho de utilizaci�n de los bienes de dominio p�blico.�
Tres: Se adiciona un apartado 6 al art�culo 24, con el siguiente tenor literal:
�6. Cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus fines, las Administraciones Territoriales de la Comunidad de Madrid podr�n afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio p�blico competencia de dicha Administraci�n Auton�mica y transferirle la titularidad. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio p�blico o dejara de destinarse posteriormente, revertir� a la Administraci�n transmitente, integr�ndose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.
La competencia para aceptar y conceder mutaciones demaniales corresponder� al titular de la Consejer�a de Hacienda.�
Cuatro: Se adiciona un apartado 5 al art�culo 34, con el siguiente tenor literal:
�5. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio p�blico se efectuar� en r�gimen de concurrencia. No obstante, podr� aprobarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el art�culo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las Leyes. Una vez otorgada la concesi�n deber� formalizarse en documento administrativo, que ser� t�tulo suficiente para su inscripci�n en el Registro de la Propiedad.
Las autorizaciones se otorgar�n directamente a los peticionarios que re�nan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su n�mero, en cuyo caso lo ser�n en r�gimen de concurrencia, y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.�
Cinco: Se modifica el apartado 2 del art�culo 37, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. El plazo m�ximo de las autorizaciones y concesiones demaniales, incluidas las pr�rrogas, no podr� exceder de setenta y cinco a�os, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicaci�n.�
Art�culo 10 Modificaci�n parcial de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid
�Tampoco ser� necesario el requisito de publicidad y concurrencia cuando, con car�cter excepcional, se acrediten razones de inter�s p�blico, social, econ�mico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria p�blica, los beneficiarios sean entidades sin �nimo de lucro, y se formalicen convenios o acuerdos de colaboraci�n sin contraprestaci�n con dichas entidades. La celebraci�n de estos convenios deber� ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del �rgano competente para conceder la subvenci�n, previo informe de la Consejer�a de Hacienda cuando se refiera a cr�ditos de los presupuestos de la Administraci�n de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Aut�nomos y Entes P�blicos cuya normativa espec�fica confiera car�cter limitativo a los cr�ditos de su presupuesto de gastos. En las subvenciones concedidas con cargo a las dotaciones de los presupuestos de las Empresas P�blicas y dem�s Entes P�blicos el informe corresponder� al titular de la Consejer�a de la que dependan o a la que est�n adscritos. De las actuaciones realizadas al amparo de este p�rrafo se dar� cuenta trimestralmente a la Comisi�n de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea.�
Dos: Se adiciona un nuevo art�culo 4.bis, con el siguiente tenor literal:
Cuando los objetivos que se pretendan conseguir afecten al mercado, su orientaci�n debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser m�nimamente distorsionadores.�
Art�culo 11 Modificaci�n parcial de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid
Se modifican los preceptos que a continuaci�n se indican de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid.
Uno: Se adiciona una letra c) al apartado 6 del art�culo 34, con el siguiente tenor literal:
6. El Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas, en el que se distinguen las siguientes Escalas:
Dos: Se adiciona un apartado 11 al art�culo 39, pasando los actuales apartados 11 a 13 a ser los apartados 12 a 14, y quedando el apartado 11 con el siguiente tenor literal:
�11. Corresponde a la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas, la realizaci�n de tareas de nivel superior que se deriven de la gesti�n y ejecuci�n en materia de trabajo, empleo y formaci�n profesional. Para ingresar en la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas ser� necesario estar en posesi�n de la titulaci�n habilitante para el Grupo A y superar las correspondientes pruebas selectivas.�
Tres: Se modifica el art�culo 46, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
Los funcionarios tendr�n derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempe�en, al percibo al menos del complemento de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal.�
Cuatro: Se modifica el art�culo 48, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
El tiempo de permanencia en la situaci�n de servicios especiales ser� computado, a efectos de consolidaci�n del grado personal, como prestado en el �ltimo puesto desempe�ado en la situaci�n de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.�
Cinco: Se modifica el art�culo 52, que queda en los siguientes t�rminos:
1. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el sistema de concurso de m�ritos, podr�n ser removidos del mismo por causas sobrevenidas derivadas de una falta de capacidad para su desempe�o evidenciada en un rendimiento insuficiente que, sin comportar inhibici�n, impida llevar a cabo las funciones atribuidas al puesto con la eficacia necesaria, o de una modificaci�n sustancial del contenido del puesto de trabajo, realizada a trav�s de las relaciones de puestos de trabajo, que suponga una alteraci�n de los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.
Asimismo, podr�n ser removidos de su puesto de trabajo por supresi�n del mismo.
2. En el primer supuesto del p�rrafo primero del apartado anterior, la remoci�n se llevar� a cabo, previo expediente con audiencia del interesado, mediante resoluci�n motivada del �rgano que realiz� el nombramiento, o�da la Junta de Personal correspondiente.
3. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el sistema de libre designaci�n podr�n ser removidos del mismo con car�cter discrecional.
4. A los funcionarios afectados por lo previsto en los p�rrafos anteriores les ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el art�culo 46 de la presente Ley.�
Seis: Se modifica el art�culo 53, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podr� acordarse para su cobertura, en caso de urgente e inaplazable necesidad, una comisi�n de servicios de car�cter voluntario, a favor de un funcionario que re�na los requisitos establecidos para su desempe�o en la relaci�n de puestos de trabajo, por un plazo m�ximo de un a�o, prorrogable por otro.
2. Asimismo, cuando un puesto haya sido declarado desierto en un concurso y sea urgente para el servicio su provisi�n, podr� destinarse en comisi�n de servicios de car�cter forzoso a un funcionario que preste servicios en la misma Consejer�a, por un plazo m�ximo improrrogable de seis meses.
3. A petici�n de otras Administraciones P�blicas, podr�n autorizarse comisiones de servicio a favor de los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid en los mismos t�rminos del apartado 1.
4. Las comisiones de servicios se�aladas en los apartados anteriores, conllevar�n derecho a reserva de puesto de trabajo y ser�n autorizadas por el Consejero de Hacienda, salvo en los supuestos en que las mismas no supongan cambio de Consejer�a, en cuyo caso ser�n autorizadas por el Consejero respectivo.
5. Los funcionarios en comisi�n de servicios percibir�n las retribuciones del puesto de trabajo realmente desempe�ado.
6. Los funcionarios de otras Administraciones P�blicas podr�n prestar sus servicios en la Comunidad de Madrid mediante comisi�n de servicios, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo, por un plazo m�ximo de un a�o, prorrogable por otro, previa autorizaci�n del �rgano competente de la Administraci�n de procedencia del funcionario.�
Siete: Se adiciona un art�culo 53.bis, con el siguiente tenor literal:
�Art�culo 53.bis
1. Los puestos de trabajo podr�n proveerse mediante adscripci�n provisional en los siguientes supuestos:
b) Remoci�n o cese en el puesto de trabajo obtenido por concurso de m�ritos o libre designaci�n.
c) Alteraci�n sustancial o supresi�n del puesto que se viniera desempe�ando en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
2. El puesto desempe�ado con car�cter provisional se convocar� para su provisi�n definitiva en el plazo m�ximo de un a�o, y el funcionario ocupante tendr� la obligaci�n de participar en la convocatoria.�
Ocho: Se modifica el Cap�tulo VI, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
Sin perjuicio de la aplicaci�n de las normas dictadas por el Estado al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n Espa�ola, los funcionarios de la Administraci�n de la Comunidad de Madrid pueden hallarse en alguna de las situaciones siguientes:
- Por incompatibilidad.
- Por inter�s particular.
- Por agrupaci�n familiar.
e) Servicios en otras Administraciones P�blicas.
De las situaciones en particular
Art�culo 58.bis
1. Los funcionarios se hallan en la situaci�n de servicio activo:
a) Cuando desempe�en un puesto correspondiente a la relaci�n de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con car�cter definitivo.
b) Cuando desempe�en un puesto correspondiente a la relaci�n de puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid al que se encuentren adscritos con car�cter provisional o en comisi�n de servicios.
c) Cuando queden a disposici�n del �rgano competente en el caso de funcionarios removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso de m�ritos, consecuencia de una falta de capacidad para su desempe�o, cesados en un puesto de trabajo obtenido por libre designaci�n y los que cesen en el desempe�o de puesto de trabajo por alteraci�n sustancial del contenido o supresi�n del mismo en la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo.
d) Durante el plazo posesorio, cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisi�n de puestos de trabajo.
e) Cuando presten servicios en la C�mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en las Cortes Generales de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda quedar en otra situaci�n.
f) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situaci�n. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes del Delegado del Gobierno o del Subdelegado del Gobierno en la provincia.
g) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejer�as, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y opten por permanecer en esta situaci�n.
h) En todos aquellos casos en los que as� lo establezca una norma con rango de ley.
2. El disfrute de licencias, vacaciones o permisos reglamentarios no altera la situaci�n de servicio activo.
3. Los funcionarios en situaci�n de servicio activo ostentan todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su condici�n.
2. Su concesi�n o declaraci�n proceder� en los siguientes supuestos:
a) Excedencia voluntaria por incompatibilidad. Cuando el funcionario se encuentre en situaci�n de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administraci�n P�blica, salvo que hubiera obtenido la oportuna compatibilidad, o pase a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector p�blico y no le corresponda quedar en otra situaci�n administrativa.
El funcionario podr� permanecer en esta situaci�n en tanto se mantenga la relaci�n de servicios que dio origen a su declaraci�n. Una vez producido el cese en la misma, deber� solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo m�ximo de un mes, declar�ndosele, de no hacerlo, en la modalidad de esta situaci�n administrativa regulada en el apartado b) del presente art�culo.
b) Excedencia voluntaria por inter�s particular. Cuando el funcionario lo solicite por inter�s particular. Para solicitar el pase a esta situaci�n ser� preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones P�blicas durante los cinco a�os inmediatamente anteriores y en ella no se podr� permanecer menos de dos a�os continuados.
Proceder� asimismo declarar en esta modalidad de excedencia voluntaria al funcionario cuando, finalizada la causa que determin� el pase a una situaci�n distinta a la de servicio activo, incumpla la obligaci�n de solicitar el reingreso en el plazo establecido, as� como en los dem�s supuestos previstos en la normativa vigente.
c) Excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar. Cuando el funcionario lo solicite por agrupaci�n familiar por residir su c�nyuge en otro municipio, al haber obtenido y estar desempe�ando un puesto de trabajo con car�cter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administraci�n P�blica, Organismo Aut�nomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social, as� como en �rganos Constitucionales o del Poder Judicial.
La excedencia voluntaria por agrupaci�n familiar tendr� una duraci�n m�nima de dos a�os y m�xima de quince. Antes de finalizar el plazo m�ximo de duraci�n de esta situaci�n deber� solicitarse el reingreso al servicio activo declar�ndose de oficio al funcionario, en caso de no hacerlo, en la modalidad de este tipo de excedencia regulada en el apartado b) del presente art�culo.
3. El funcionario excedente no devengar� retribuciones, ni le ser� computable el tiempo permanecido en tal situaci�n a efectos de ascensos, consolidaci�n de grado personal, trienios y derechos pasivos.
No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, se computar� a efectos de trienios, el per�odo de prestaci�n de servicios en organismos o entidades del sector p�blico, con la excepci�n de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participaci�n directa o indirecta de las Administraciones P�blicas.
Art�culo 59.bis
1. El funcionario tendr� derecho a un per�odo de excedencia de duraci�n no superior a tres a�os para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopci�n o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resoluci�n judicial o administrativa.
2. Tambi�n tendr� derecho a un per�odo de excedencia, de duraci�n no superior a un a�o, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por s� mismo, y no desempe�e actividad retribuida.
3. El per�odo de excedencia ser� �nico por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del per�odo de la misma pondr� fin al que se viniera disfrutando.
4. La presente situaci�n constituye un derecho individual del funcionario. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administraci�n podr� limitar su ejercicio simult�neo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
5. El per�odo de permanencia en esta situaci�n ser� computable a efectos de trienios, consolidaci�n de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia por inter�s particular. Durante el primer a�o, el funcionario tendr� derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempe�aba. Transcurrido este per�odo, el derecho a reserva lo ser� de un puesto de igual nivel y retribuci�n en la misma Consejer�a.
6. En el caso de la excedencia prevista en el apartado 1 del presente art�culo, el derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer a�o a que se refiere el apartado anterior se extender� hasta un m�ximo de quince meses, cuando se trate de miembros de unidades familiares que tengan reconocida la condici�n de familia numerosa de categor�a general, y hasta un m�ximo de dieciocho meses, si tienen la condici�n de familia numerosa de categor�a especial.
1. La excedencia forzosa se produce cuando el funcionario declarado en la situaci�n de suspensi�n firme que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.
2. El funcionario en excedencia forzosa estar� obligado a participar en los procedimientos que se convoquen para la provisi�n de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempe�o re�nan, as� como a aceptar el reingreso al servicio activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala.
3. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior delimitar� el pase a la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular.
4. El funcionario en esta situaci�n tendr� derecho a percibir las retribuciones b�sicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Asimismo, le ser� computado el tiempo de permanencia en dicha situaci�n a efectos de derechos pasivos y de trienios.
5. El funcionario en excedencia forzosa no podr� desempe�ar puestos de trabajo en el sector p�blico bajo ning�n tipo de relaci�n funcionarial o contractual sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtiene un puesto de trabajo en dicho sector pasar� a la situaci�n administrativa que corresponda de acuerdo con la Ley.
1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid que mediante los procedimientos de concurso de m�ritos o de libre designaci�n pasen a ocupar puestos de trabajo adecuados a su Cuerpo o Escala en otras Administraciones P�blicas quedar�n, respecto de la Comunidad de Madrid, en la situaci�n de servicios en otras Administraciones P�blicas. En esta situaci�n, los funcionarios se someter�n al r�gimen estatutario y les ser� de aplicaci�n la legislaci�n en materia de Funci�n P�blica de la Administraci�n P�blica en la que est�n destinados, con excepci�n de la sanci�n de separaci�n del servicio, que deber� ser acordada por el �rgano competente de la Comunidad de Madrid. Conservar�n su condici�n de funcionarios de la Comunidad de Madrid en la situaci�n de servicios en otras Administraciones P�blicas si bien, en tanto permanezcan en tal situaci�n, no tendr�n derecho a retribuci�n alguna con cargo a los cr�ditos del Presupuesto de la Comunidad de Madrid.
2. Los funcionarios propios de la Comunidad de Madrid que se encuentren en la situaci�n administrativa de servicios en Comunidades Aut�nomas, respecto a la Administraci�n del Estado, cuando reingresen en sus Cuerpos o Escalas estatales de origen, ser�n declarados en la Comunidad de Madrid en la situaci�n de excedencia voluntaria, conforme a lo preceptuado en el art�culo 59 de la presente Ley.
3. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones P�blicas que se encuentren prestando servicios en la Comunidad de Madrid de acuerdo con el procedimiento de movilidad administrativa previsto en el art�culo 55 de la presente Ley, cesar�n totalmente en su vinculaci�n con la Comunidad de Madrid si pasan a prestar servicios con car�cter definitivo en otra Administraci�n P�blica.
1. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid ser�n declarados en la situaci�n administrativa de servicios especiales en los casos siguientes:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misi�n por per�odo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades P�blicas extranjeras o en programas internacionales.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Naci�n o de los Gobiernos de otras Comunidades Aut�nomas, as� como cuando sean nombrados por el Gobierno de las referidas Administraciones Altos Cargos de las mismas.
d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los �rganos Constitucionales u otros cuya elecci�n corresponda a las C�maras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los t�rminos previstos en el art�culo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o presten servicios en los �rganos t�cnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
g) Cuando accedan a la condici�n de Diputado de la Asamblea de Madrid o miembro de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Aut�nomas, siempre que perciban retribuciones peri�dicas por el desempe�o de esta funci�n.
h) Cuando desempe�en cargos electivos retribuidos y de dedicaci�n exclusiva en las Entidades Locales, cuando desempe�en responsabilidades de �rganos superiores y directivos municipales, y cuando desempe�en responsabilidades de miembros de los �rganos locales para el conocimiento y la resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas.
i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo catalogados como de personal eventual adscritos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid o a las Consejer�as, que tengan asignados niveles de complemento de destino incluidos en el intervalo de niveles correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo conforme a lo previsto en el art�culo 58.bis.g) de la presente Ley y, en todo caso, cuando los niveles de los puestos de trabajo que desempe�en no est�n incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala, as� como cuando desempe�en funciones como personal eventual en las Entidades Locales del �mbito territorial de la Comunidad de Madrid.
j) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y Secretarios de Estado y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo, conforme a lo previsto en el art�culo 58.bis.f) de la presente Ley. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno.
k) Cuando pasen a prestar servicios en el �mbito de la organizaci�n de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con los procedimientos de provisi�n de puestos de trabajo previstos en el Estatuto de Personal de la Asamblea de Madrid o en los Grupos parlamentarios constituidos en la misma, siempre que no pertenezcan a Cuerpos o Escalas propios de la misma.
l) Cuando sean elegidos Consejeros de la C�mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
m) Cuando se encuentren al servicio del Defensor del Menor, de conformidad con lo previsto en el art�culo 40 de la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.
n) Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las provincias o Directores Insulares de la Administraci�n General del Estado y no opten por permanecer en la situaci�n de servicio activo.
�) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
o) Cuando as� se determine en una norma con rango de Ley.
2. A los funcionarios en situaci�n de servicios especiales se les computar� el tiempo que permanezcan en tal situaci�n a efectos de ascensos, consolidaci�n de grado personal, trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por inter�s particular.
Asimismo, cuando sean declarados en servicios especiales desde situaciones administrativas que conllevan el desempe�o o reserva de puesto de trabajo tendr�n derecho a la reserva de un puesto de trabajo de igual nivel y retribuciones que el desempe�ado con anterioridad a su pase a dicha situaci�n.
Lo dispuesto en este apartado 2 relativo al c�mputo del tiempo de permanencia en situaci�n de servicios especiales, a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, no ser� de aplicaci�n a los funcionarios p�blicos que habiendo ingresado al servicio de las Instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el art�culo 11.2 del Anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, sin perjuicio de los efectos econ�micos que puedan derivar de los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.
3. En todos los casos, los declarados en esta situaci�n administrativa recibir�n las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempe�en y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepci�n de los trienios que pudieran tener reconocidos como tales.
4. Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut�nomas que pierdan dicha condici�n por disoluci�n de las correspondientes C�maras o terminaci�n del mandato de las mismas podr�n permanecer en la situaci�n de servicios especiales hasta su nueva constituci�n.
5. Los funcionarios que pierdan la condici�n en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situaci�n de servicios especiales, deber�n solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes declar�ndoseles, de no hacerlo, en la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, con efectos desde el d�a en que perdieron aquella condici�n.
1. Proceder� declarar al funcionario en situaci�n de suspensi�n, cuando as� lo determine la autoridad u �rgano competente, como consecuencia de la instrucci�n al mismo de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. La situaci�n de suspensi�n produce la privaci�n al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condici�n.
3. La suspensi�n podr� ser provisional o firme.
1. La suspensi�n provisional podr� acordarse preventivamente durante la tramitaci�n de un procedimiento judicial o disciplinario.
2. La suspensi�n provisional como medida preventiva durante la tramitaci�n de un expediente disciplinario ser� acordada, en su caso, por la autoridad que ordene la iniciaci�n del expediente, no pudiendo exceder su duraci�n del plazo m�ximo de resoluci�n y notificaci�n del procedimiento disciplinario, excepto en caso de paralizaci�n del procedimiento imputable al interesado.
3. Si durante la tramitaci�n de un procedimiento judicial se decreta la prisi�n provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempe�ar su puesto de trabajo, se le declarar� en suspensi�n provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas.
4. El suspenso provisional tendr� derecho a percibir el 75 por 100 de sus retribuciones b�sicas, as� como la totalidad de la prestaci�n familiar por hijo a cargo, excepto en caso de paralizaci�n del expediente imputable al interesado, que comportar� la p�rdida de toda retribuci�n mientras se mantenga dicha paralizaci�n. Asimismo, no se acreditar� haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o procesal penal.
5. Cuando la suspensi�n no sea declarada firme, el tiempo de duraci�n de la misma se computar� como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporaci�n del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos econ�micos y dem�s que procedan desde la fecha de efectos de la suspensi�n.
1. La suspensi�n tendr� car�cter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanci�n disciplinaria. La condena y la sanci�n determinar�n la p�rdida del puesto de trabajo cuando la suspensi�n firme exceda de seis meses.
El tiempo de suspensi�n provisional se computar� a efectos del cumplimiento de la suspensi�n firme.
2. En tanto no transcurra el plazo de suspensi�n de funciones no proceder� ning�n cambio de situaci�n administrativa.
3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo, como consecuencia de condena o sanci�n, deber� solicitar el reingreso al servicio activo al menos con un mes de antelaci�n a la finalizaci�n del per�odo de duraci�n de la suspensi�n. El referido reingreso tendr� efectos econ�micos y administrativos desde la fecha de extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.
De no solicitarse el reingreso en el tiempo se�alado en el p�rrafo anterior, se le declarar� de oficio en la situaci�n de excedencia voluntaria por inter�s particular, con efectos desde la fecha de finalizaci�n de la sanci�n.
4. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario ser� declarado, de oficio, en la situaci�n de excedencia forzosa prevista en el art�culo 60 de la presente Ley, con efectos de la fecha de extinci�n de la responsabilidad penal o disciplinaria.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios, que no tengan derecho a reserva de puesto de trabajo, se efectuar� mediante su participaci�n en las convocatorias de provisi�n de puestos de trabajo.
2. Asimismo, el reingreso podr� efectuarse por adscripci�n a un puesto con car�cter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se re�nan los requisitos para el desempe�o del puesto de trabajo.
El puesto asignado con car�cter provisional se convocar� para su provisi�n definitiva en el plazo m�ximo de un a�o, y el funcionario reingresado con destino provisional tendr� obligaci�n de participar en la convocatoria�.
Art�culo 12 Acceso a los cuerpos docentes no universitarios del personal laboral fijo que realice funciones docentes
1. Conforme a lo previsto en la disposici�n transitoria s�ptima de la Ley Org�nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educaci�n, el personal laboral fijo que, con la categor�a profesional de Titulado Medio �E� o Titulado Superior �E�, desempe�e funciones docentes en centros que, con anterioridad al traspaso de funciones y servicios en materia de educaci�n no universitaria depend�an de la Comunidad de Madrid, podr� acceder a los cuerpos docentes regulados en la citada Ley Org�nica, a trav�s de un turno especial, convocado al efecto por la Consejer�a de Educaci�n, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa b�sica estatal sobre ingreso y acceso a los cuerpos docentes no universitarios, en el plazo se�alado en la disposici�n transitoria citada.
Art�culo 13 Modificaci�n parcial de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid
Se modifican los preceptos que a continuaci�n se indican de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
Uno: Se modifica el apartado 5 del art�culo 7, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�5. La condici�n de presidente, miembro o secretario de �rganos colegiados de las Administraciones P�blicas, cuando deban realizar dichas funciones por raz�n de su cargo, aplic�ndose igualmente las limitaciones previstas en el apartado 1.�
Dos: Se adiciona un apartado 6 al art�culo 7, con el siguiente tenor literal:
�6. La participaci�n en entidades culturales o ben�ficas que no tengan �nimo de lucro, siempre que no perciban ning�n tipo de retribuci�n o percepci�n por dicha participaci�n, ni comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su funci�n.�
Art�culo 14 Ampliaci�n de los supuestos de integraci�n en la plantilla de personal laboral del Organismo Aut�nomo Inform�tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Los funcionarios de carrera en situaci�n administrativa de servicio activo, transferidos a la Comunidad de Madrid pertenecientes a Cuerpos, Escalas y Especialidades Inform�ticos de la Administraci�n del Estado, que no hayan sido integrados en Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Funci�n P�blica auton�mica, o que lo hayan sido en las distintas Escalas de Administraci�n Especial a extinguir, as� como los funcionarios que pertenezcan a alguna de las Especialidades en Inform�tica declaradas a extinguir, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid, podr�n optar voluntariamente por adquirir la condici�n de personal laboral del Organismo Aut�nomo Inform�tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, conforme al procedimiento y r�gimen establecido al efecto en el art�culo 15 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de acuerdo con las condiciones que se fijen en las correspondientes convocatorias.
A efectos de su integraci�n en las funciones profesionales previstas en el Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de dicho Organismo, se tendr� en cuenta preferentemente las funciones del Cuerpo, Escala y Especialidad Inform�ticos de procedencia.
Art�culo 15 Modificaci�n parcial de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
Se modifican los art�culos que a continuaci�n se indican de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
Uno: Se adiciona un p�rrafo segundo al apartado 6 del art�culo 12, con el siguiente tenor literal:
�No obstante lo establecido en el p�rrafo anterior, y salvo que el fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podr� fijar una retribuci�n adecuada a aquellos patronos que presten a la fundaci�n servicios distintos de los que implica el desempe�o de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, previa autorizaci�n del Protectorado.�
Dos: Se modifica el art�culo 19, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 19 Actividades econ�micas
1. Las fundaciones podr�n desarrollar actividades econ�micas cuyo objeto est� relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las mismas, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia.
Adem�s, podr�n intervenir en cualesquiera actividades econ�micas a trav�s de su participaci�n en sociedades, con arreglo a lo previsto en los siguientes apartados.
2. Las fundaciones podr�n participar en sociedades mercantiles en las que no se responda personalmente de las deudas sociales. Cuando esta participaci�n sea mayoritaria deber�n dar cuenta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia se produzca.
3. Si la fundaci�n recibiera por cualquier t�tulo, bien como parte de la dotaci�n inicial, bien en un momento posterior, alguna participaci�n en sociedades en las que deba responder personalmente de las deudas sociales, deber� enajenar dicha participaci�n salvo que, en el plazo m�ximo de un a�o, se produzca la transformaci�n de tales sociedades en otras en las que quede limitada la responsabilidad de la fundaci�n.�
Tres: Se modifica el art�culo 21, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 21 Contabilidad, Auditor�a y Plan de Actuaci�n
1. Las fundaciones deber�n llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronol�gico de las operaciones realizadas. Para ello llevar�n necesariamente un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
2. El Presidente, o la persona que conforme a los Estatutos de la fundaci�n, o al acuerdo adoptado por sus �rganos de gobierno corresponda, formular� las cuentas anuales, que deber�n ser aprobadas en el plazo m�ximo de seis meses desde el cierre del ejercicio por el Patronato de la fundaci�n.
Las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria, forman una unidad, deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci�n financiera y de los resultados de la fundaci�n.
La memoria, adem�s de completar, ampliar y comentar la informaci�n contenida en el balance y en la cuenta de resultados, incluir� las actividades fundacionales, los cambios en sus �rganos de gobierno, direcci�n y representaci�n, as� como el grado de cumplimiento del plan de actuaci�n, indicando los recursos empleados, su procedencia y el n�mero de beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de cumplimiento de las reglas establecidas en el art�culo 22 de la presente Ley.
Las actividades fundacionales figurar�n detalladas con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Igualmente, se incorporar� a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales, cuyo contenido se desarrollar� reglamentariamente.
3. Las fundaciones podr�n formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan las circunstancias establecidas al respecto para las sociedades mercantiles. La referencia al importe neto de la cifra anual de negocios, establecida en la legislaci�n mercantil, se entender� realizada al importe del volumen anual de ingresos por la actividad propia m�s, si procede, la cifra de negocios de su actividad mercantil.
4. Reglamentariamente se desarrollar� un modelo de llevanza simplificado de la contabilidad, que podr� ser aplicado por las fundaciones en las que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
a) Que el total de las partidas del activo no supere 150.000 euros. A estos efectos, se entender� por total activo el total que figura en el modelo de balance.
5. Existe obligaci�n de someter a auditor�a externa las cuentas anuales de todas las fundaciones en las que, a fecha de cierre del ejercicio, concurran al menos dos de las circunstancias siguientes:
6. En relaci�n con las circunstancias se�aladas en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, �stas se aplicar�n teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Cuando una fundaci�n, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circunstancias, o bien cese de cumplirlas, tal situaci�n �nicamente producir� efectos en cuanto a lo se�alado si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
b) En el primer ejercicio econ�mico desde su constituci�n o fusi�n, las fundaciones cumplir�n lo dispuesto en los apartados anteriormente mencionados si re�nen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias que se se�alan.
7. Las cuentas anuales se aprobar�n por el Patronato de la fundaci�n y se presentar�n al Protectorado dentro de los diez d�as h�biles siguientes a su aprobaci�n. En su caso, se acompa�ar�n del informe de auditor�a. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuaci�n a la normativa vigente, proceder� a depositarlas en el Registro de Fundaciones. Cualquier persona podr� obtener informaci�n de los documentos depositados.
8. El Patronato elaborar� y remitir� al Protectorado, en los �ltimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuaci�n, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.
9. Cuando se realicen actividades econ�micas, la contabilidad de las fundaciones se ajustar� a lo dispuesto en el C�digo de Comercio, debiendo formular cuentas anuales consolidadas cuando la fundaci�n se encuentre en cualquiera de los supuestos all� previstos para la sociedad dominante.
En cualquier caso, se deber� incorporar informaci�n detallada en un apartado espec�fico de la memoria, indicando los distintos elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.�
Cuatro: Se modifica el art�culo 22, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. A la realizaci�n de los fines fundacionales deber� ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones econ�micas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtenci�n de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotaci�n o bien las reservas seg�n acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtenci�n de tales ingresos podr�n estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gesti�n, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtenci�n de los ingresos, excluyendo de este c�lculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligaci�n ser� el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro a�os siguientes al cierre de dicho ejercicio.
En el c�lculo de los ingresos no se incluir�n las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotaci�n patrimonial en el momento de la constituci�n o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisi�n onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad espec�fica, siempre que el importe de la citada transmisi�n se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.
2. Se entiende por gastos de administraci�n los directamente ocasionados por la administraci�n de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundaci�n, y aquellos otros de los que los patronos tienen legalmente derecho a resarcirse de acuerdo con el art�culo 12.6. Reglamentariamente se determinar� la proporci�n m�xima de dichos gastos.
Los gastos de administraci�n se especificar�n debidamente en el apartado correspondiente de la memoria, diferenciando los reembolsados a los patronos y los abonados directamente por la fundaci�n, sin perjuicio de su inclusi�n en las cuentas correspondientes.�
Cinco: Se modifica la letra d) del apartado 2 del art�culo 28, que queda redactada en los siguientes t�rminos:
�d) Verificar si los recursos econ�micos de la fundaci�n han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la informaci�n que a tal efecto resulte necesaria, as� como, en su caso, el informe pericial oportuno en los t�rminos que reglamentariamente se establezca.�
Seis: Se modifica la letra e) del apartado 2 del art�culo 28, que queda redactada en los siguientes t�rminos:
�e) Realizar el informe que establece el art�culo 6 de esta Ley, pudiendo a tal fin el Protectorado exigir a la fundaci�n la aportaci�n de la documentaci�n que precise.�
Siete: Se adiciona una letra f), al art�culo 28, con el siguiente tenor literal:
�f) Cuantas otras funciones se establezcan en la legislaci�n estatal de fundaciones que sea de aplicaci�n general al amparo de lo previsto en el art�culo 149.1 de la Constituci�n, en la presente Ley y en las dem�s que resulten de aplicaci�n.�
Ocho: Se adiciona una Disposici�n Adicional Sexta, con el siguiente tenor literal:
La legalizaci�n de los Libros de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid, que corresponde al Registro de Fundaciones, se llevar� a cabo por el mismo con independencia de que las mismas realicen o no actividades econ�micas.�
Nueve: Se adiciona una Disposici�n Adicional S�ptima, con el siguiente tenor literal:
Ser�n de aplicaci�n obligatoria a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid las normas de adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, as� como las actualizaciones del mismo vigentes en cada momento, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la Comunidad de Madrid.�
Diez: Se adiciona una Disposici�n Transitoria Segunda, con el siguiente tenor literal:
Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario del Plan de Actuaci�n, las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid seguir�n presentando el presupuesto en el plazo de los tres meses anteriores al inicio del correspondiente ejercicio, y su liquidaci�n junto con las cuentas anuales. Las fundaciones, que por ley est�n obligadas a auditarse, utilizar�n los modelos contenidos en el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de informaci�n presupuestaria de dichas entidades.�
Once: Se adiciona una Disposici�n Transitoria Tercera, con el siguiente tenor literal:
�Disposici�n Transitoria Tercera
Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario de los preceptos de esta Ley, ser� de aplicaci�n la normativa reglamentaria del Estado en todas aquellas materias que sean de competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.�
Doce: Se adiciona una Disposici�n Transitoria Cuarta, con el siguiente tenor literal:
�Disposici�n Transitoria Cuarta
Lo dispuesto en el art�culo 12, apartado 6, p�rrafo 2.� y en los art�culos 21 y 22, en la redacci�n dada por la presente Ley, ser� de aplicaci�n a las fundaciones que rindan cuentas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, respecto de los ejercicios contables que se inicien a partir de 1 de enero de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposici�n Transitoria Segunda. Las restantes disposiciones entrar�n en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.�
Trece: Se adiciona una Disposici�n Transitoria Quinta, con el siguiente tenor literal:
�Disposici�n Transitoria Quinta
Hasta tanto se dote de medios adecuados al Registro de Fundaciones, la legalizaci�n de los Libros de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid se seguir� realizando por el Protectorado correspondiente.�
Catorce: Se adiciona un apartado 3 a la Disposici�n Derogatoria, con el siguiente tenor literal:
�3. Queda derogado el Decreto 40/1999, de 11 de marzo, por el que se determinan las normas contables y de informaci�n presupuestaria aplicables a las fundaciones de competencia de la Comunidad de Madrid.�
Art�culo 16 Modificaci�n parcial de la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creaci�n del Servicio Regional de Empleo
Se modifican los preceptos que a continuaci�n se indican de la Ley 5/2001, de 3 de julio, de creaci�n del Servicio Regional de Empleo.
Uno: Se modifica la letra e) del apartado 1 del art�culo 3, que queda redactada en los siguientes t�rminos:
�e) Elaborar los informes necesarios para detectar las necesidades del mercado de trabajo.�
Dos: Se suprime el contenido de la letra g) del apartado 1 del art�culo 3, pasando a reordenarse el contenido de las letras siguientes:
Tres: Se suprime el contenido de la letra l) del apartado 2 del art�culo 3, pasando a reordenarse el contenido de las letras siguientes:
Cuatro: Se adiciona un nuevo art�culo 3.bis, con el siguiente tenor literal:
�Art�culo 3.bis Informe sobre el impacto por raz�n de g�nero
Las medidas dirigidas a subvencionar actividades de fomento de empleo y de formaci�n que pretenda llevar a cabo el Servicio Regional de Empleo requerir�n, con car�cter previo a su adopci�n, la emisi�n, por la Direcci�n General de la Mujer, de un informe sobre el impacto por raz�n de g�nero que tales medidas pudieran tener.�
Cinco: Se modifica el art�culo 6, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 6 �rganos de Gobierno
1. Los �rganos de Gobierno del Servicio Regional de Empleo son:
d) La Direcci�n General del Servicio Regional de Empleo.
f) Las Direcciones de �rea.
2. Bajo la direcci�n de la Presidencia, para asistirla en el estudio, formulaci�n y desarrollo de las directrices generales del Servicio Regional de Empleo, funcionar� un Consejo de Direcci�n integrado por la Vicepresidencia, la Direcci�n General, la Secretar�a General y las Direcciones de �rea.
Seis: Se modifica el art�culo 7, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 7 El Consejo de Administraci�n
1. El Consejo de Administraci�n estar� integrado por 16 vocales y el Presidente, que ser� el titular de la Consejer�a competente en materia de empleo.
2. Ser�n vocales del Consejo de Administraci�n:
a) Ocho vocales en representaci�n de la Comunidad de Madrid, siendo uno de ellos el Vicepresidente. El resto de vocales son designados y, en su caso, cesados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de la Consejer�a competente en materia de empleo.
b) Cuatro vocales en representaci�n de las organizaciones sindicales m�s representativas en el territorio de la Comunidad de Madrid que ser�n nombrados, y en su caso, cesados mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de las mismas.
c) Cuatro vocales en representaci�n de las organizaciones empresariales de car�cter intersectorial y m�s representativas en el territorio de la Comunidad de Madrid que ser�n nombrados y, en su caso, cesados mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta de las mismas.
3. Como Secretario del Consejo de Administraci�n actuar�, con voz y sin voto, el titular de la Secretar�a General T�cnica de la Consejer�a competente en materia de empleo.
Siete: Se suprime el contenido de la letra l) del art�culo 8, pasando a reordenarse el contenido de las letras siguientes:
Ocho: Se suprime el contenido de la letra d) del art�culo 9, pasando a reordenarse el contenido de las letras siguientes:
Nueve: Se modifica el art�culo 9.bis, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 9.bis El Vicepresidente
La Vicepresidencia del Consejo de Administraci�n ser� ejercida por el titular de la Viceconsejer�a competente en materia de empleo y tendr� las siguientes funciones:
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. En este supuesto, el Vicepresidente podr� emitir en el Consejo de Administraci�n el voto de calidad del Presidente.
b) Ejercer las competencias que le delegue el Presidente.�
Diez: Se modifica el art�culo 10, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 10 El Director General del Servicio Regional de Empleo
1. El Director General del Servicio Regional de Empleo ser� nombrado, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de empleo.
2. El Director General del Servicio Regional de Empleo ostentar� las siguientes atribuciones:
a) Elaborar y proponer al Consejo de Administraci�n del Organismo el anteproyecto de presupuesto del mismo.
b) Dirigir el Servicio Regional de Empleo y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administraci�n.
d) Celebrar los contratos relativos a las materias propias del Servicio Regional de Empleo y ejercer cuantas facultades y competencias vengan atribuidas a los �rganos de contrataci�n por la legislaci�n sobre contratos de las Administraciones P�blicas y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de la previa autorizaci�n del Gobierno en los supuestos contemplados en la Ley.
e) Ejercer la direcci�n del personal y controlar e inspeccionar las dependencias, instalaciones y servicios.
f) Ordenar los gastos y los pagos del Organismo, dando cuenta al Consejo de Administraci�n.
g) Elaborar la memoria de actividades del Organismo, as� como cualquier otro informe que pueda encomendarle el Consejo de Administraci�n.
i) Aquellas otras funciones que puedan corresponderle de acuerdo con la normativa aplicable y las que pueda conferirle el Consejo de Administraci�n del Organismo.�
Once: Se modifica el art�culo 11, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�Art�culo 11 Organizaci�n del Servicio Regional de Empleo
1. Dependiendo de la Direcci�n General del Servicio Regional de Empleo se estructurar�n tres �reas Funcionales: �rea de Empleo, �rea de Formaci�n para el Empleo y �rea de Formaci�n Continua y Emprendedores, cuyos Directores ostentar�n la categor�a de alto cargo, siendo nombrados y cesados, al igual que el Secretario General que tendr� la misma dependencia, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero competente en materia de empleo.
2. En el supuesto de estar vacantes las Direcciones de �reas, sus funciones ser�n asumidas por el Director General del Servicio Regional de Empleo.�
Art�culo 17 Modificaci�n parcial de la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creaci�n del Organismo Aut�nomo Instituto Madrile�o del Menor y la Familia
Se modifican los preceptos que a continuaci�n se indican de la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creaci�n del Organismo Aut�nomo Instituto Madrile�o del Menor y la Familia.
Uno: Se modifica el primer p�rrafo del art�culo 3, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�En el marco de estas directrices generales, corresponden al Organismo Aut�nomo, sin perjuicio de las funciones que se atribuyan a la Direcci�n General de Familia, las siguientes funciones:�
Dos: Se suprime el contenido de la letra m) del art�culo 3, pasando el contenido de la letra n) a ser m).
Tres: Se modifica el art�culo 6, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
1. El Consejo de Administraci�n estar� constituido por:
a) Presidente: El titular de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales.
b) Vicepresidente: El titular de la Viceconsejer�a de Familia y Asuntos Sociales.
1. En representaci�n de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales:
- El titular de la Direcci�n General de Familia.
- El titular de la Direcci�n General de Servicios Sociales.
- El titular de la Direcci�n General de Inmigraci�n, Cooperaci�n al Desarrollo y Voluntariado.
- El titular de la Secretar�a General T�cnica.
2. En representaci�n de la Consejer�a de Educaci�n:
- El titular de la Direcci�n General de Centros Docentes.
- El titular de la Direcci�n General de Juventud.
3. En representaci�n de la Consejer�a de Sanidad y Consumo:
- El titular de la Direcci�n General de Salud P�blica, Alimentaci�n y Consumo.
- El Director-Gerente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
4. En representaci�n de la Consejer�a de Empleo y Mujer:
- El titular de la Direcci�n General de la Mujer.
5. Hasta un m�ximo de tres vocales, que ser�n nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales, entre personas de reconocida competencia t�cnica, en relaci�n con el objeto del Instituto.
d) Secretario: El titular de la Secretar�a General del Instituto.
2. Asistir� a las reuniones del Consejo de Administraci�n, con voz pero sin voto, el Director-Gerente del Instituto.
3. Asimismo podr�n asistir, con voz pero sin voto, aquellos expertos designados por el Presidente, en atenci�n a la �ndole de los temas incluidos en el orden del d�a.�
Art�culo 18 Modificaci�n parcial de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid
Se modifica el apartado 4 del art�culo 240 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�4. El Jurado Territorial de Expropiaci�n Forzosa de la Comunidad de Madrid se compone de los siguientes miembros, designados por el Gobierno de Madrid:
a) Presidente: un jurista de reconocido prestigio, con m�s de diez a�os de experiencia profesional en el sector p�blico o privado o en el ejercicio libre de la profesi�n.
La designaci�n del Presidente se har� para un mandato de seis a�os, renovable por una sola vez, no pudiendo ser cesado sino por causas objetivas y tasadas fijadas reglamentariamente.
1.� Un Letrado de la Comunidad de Madrid.
2.� Un T�cnico Facultativo Superior al servicio de la Comunidad de Madrid, propuesto por la Consejer�a competente en funci�n de su especialidad en relaci�n con la naturaleza del bien expropiado.
3.� Cuando se trate de expropiaciones municipales, un representante t�cnico del Ayuntamiento interesado, designado con el mismo criterio de especializaci�n. En este caso, el T�cnico Facultativo previsto en el apartado anterior participar� en el Jurado con voz y sin voto, salvo en el caso de que por el Ente Local no asistiera un t�cnico cualificado, previa solicitud justificada por parte de dicho Ente Local.
4.� Un T�cnico facultativo elegido por la Federaci�n de municipios de Madrid con el mismo criterio de especializaci�n.
5.� Un Notario propuesto por el Decano del Colegio Notarial correspondiente.
6.� Dos profesionales libres colegiados de acuerdo con el criterio de especialidad, propuestos por el correspondiente Colegio Oficial.
c) Secretario: actuar� como Secretario del Jurado un funcionario de la Comunidad de Madrid y perteneciente al cuerpo de t�cnicos superiores-rama jur�dica.�
Art�culo 19 Modificaci�n parcial de la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creaci�n del Consejo Econ�mico y Social de la Comunidad de Madrid
Se adiciona un art�culo 19.bis a la Ley 6/1991, de 4 de abril, de creaci�n del Consejo Econ�mico y Social de la Comunidad de Madrid, con el siguiente tenor literal:
�Art�culo 19.bis
El asesoramiento jur�dico del Consejo Econ�mico y Social en materia de personal, contrataci�n y cualquier otro asunto de car�cter administrativo, as� como la representaci�n y defensa en juicio, corresponder� a los Servicios Jur�dicos de la Comunidad de Madrid.�
Art�culo 20 Modificaci�n parcial de la Ley 3/2000, de 8 de mayo, de medidas urgentes, fiscales y administrativas sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar y Apuestas en la Comunidad de Madrid
Se modifica el apartado 2 de la disposici�n segunda del art�culo �nico, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�2. En los establecimientos de hosteler�a debidamente autorizados para la instalaci�n de m�quinas recreativas, recreativas con premio programado y recreativas con premio en especie, no podr� celebrarse ni comercializarse ning�n otro tipo de juego o apuesta.�
Art�culo 21 Modificaci�n parcial de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluaci�n Ambiental de la Comunidad de Madrid
Se modifican los apartados que a continuaci�n se relacionan de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluaci�n Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Uno: Se modifica el contenido del apartado 77 del Anexo segundo, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�77. Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad superior a 150.000 habitantes equivalentes.�
Dos: Se modifica el contenido del apartado 42 del Anexo tercero, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�42. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se d� alguna de las siguientes circunstancias:
b) Cuando el vertido del efluente afecte a un medio acu�tico calificado como sensible.
c) En caso de vertido a cauce, cuando el punto de vertido del efluente est� pr�ximo, aguas arriba, de tomas para abastecimiento humano.
d) Est� situada en espacios incluidos en el Anexo sexto.�
Tres: Se suprime el contenido del apartado 43 del Anexo tercero:
Cuatro: Se modifica el contenido del apartado 53 del Anexo cuarto, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�53. Reutilizaci�n directa de aguas cuando el volumen anual de agua reutilizada sea igual o superior a 20.000 metros c�bicos y no tenga como fin la sustituci�n o reducci�n de otros consumos de agua ya existentes.�
Cinco: Se modifica el contenido del apartado 54 del Anexo cuarto, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�54. Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad inferior a 50.000 habitantes equivalentes y superior a 5.000, que no est�n incluidas en el Anexo tercero.�
Art�culo 22 Modificaci�n parcial de la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protecci�n de Embalses y Zonas H�medas de la Comunidad de Madrid
Se modifica la letra h) del apartado 2 del art�culo 5 de la Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protecci�n de Embalses y Zonas H�medas de la Comunidad de Madrid, que queda redactada en los siguientes t�rminos:
�h) Determinaci�n de los cerramientos, puntos de recogida de residuos, abrevaderos, se�alizaci�n, infraestructuras de servicios y medidas adicionales de protecci�n de calidad de las aguas de los embalses destinados a la producci�n, con los correspondientes programas de inversiones, especificando las entidades u organismos que han de sufragarlos.�
Art�culo 23 Modificaci�n parcial de la Ley 1/1985, de 23 de enero, de creaci�n del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
Se modifica la Ley 1/1985, de 23 de enero, de creaci�n del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en los siguientes t�rminos:
Uno: Se adiciona una nueva disposici�n adicional sexta, con el siguiente tenor literal:
�El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podr� autorizar la ejecuci�n de obras de infraestructura de utilidad p�blica o inter�s social, dando cuenta a la Comisi�n de Medio Ambiente de la Asamblea.�
Dos: Se adiciona una nueva disposici�n adicional s�ptima, con el siguiente tenor literal:
�Quedan excluidas de la presente Ley las actividades que sean declaradas de inter�s general del Estado por el Gobierno de la Naci�n.�
Art�culo 24 Modificaci�n parcial de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos
Se modifican los art�culos que a continuaci�n se relacionan de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
Uno: Se modifica el apartado 9 del art�culo 30, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�9. En los establecimientos comerciales situados en las estaciones de servicio, se proh�be la venta, suministro y distribuci�n de bebidas alcoh�licas, con la excepci�n de las que obtienen su graduaci�n mediante fermentaci�n de la uva, manzana o cereales y cuya graduaci�n no supere los veinte grados centesimales.�
Dos: Se adiciona un nuevo apartado 3 al art�culo 55 con el siguiente tenor literal, pasando a reordenarse el contenido de los apartados siguientes:
�3. Facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o indirectamente adquirir o apropiarse de bebidas alcoh�licas, siempre que la conducta t�pica se realice al margen de una actividad comercial, empresarial o con car�cter lucrativo.�
Tres: Se modifica el apartado 7 del art�culo 57, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�7. Facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o indirectamente adquirir o apropiarse de bebidas alcoh�licas, siempre que la conducta t�pica se realice bajo una actividad comercial, empresarial o con car�cter lucrativo.�
Primera Integraci�n en la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas de la Comunidad de Madrid
Se integrar�n en la Escala Superior de Empleo del Cuerpo de T�cnicos Superiores Especialistas de la Comunidad de Madrid, los funcionarios de carrera transferidos a la Comunidad de Madrid en virtud de los Reales Decretos 2534/1998, de 27 de noviembre, de Traspaso de Funciones y Servicios de la Administraci�n del Estado, en materia de gesti�n de la Formaci�n Profesional Ocupacional, y 30/2000, de 14 de enero, de Traspaso de la gesti�n realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el �mbito del trabajo, el empleo y la formaci�n, pertenecientes a la Escala T�cnica de Gesti�n de Organismos Aut�nomos y a la Escala T�cnica Superior del INEM, as� como el personal laboral transferido a la Comunidad de Madrid, en virtud de los citados Reales Decretos, respecto de los que esta Administraci�n asumi� la efectividad del proceso de acceso a la condici�n de funcionarios de carrera de la Escala T�cnica de Gesti�n de Organismos Aut�nomos.
Segunda Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se suprime el contenido del art�culo 9 de la Ley 23/1997, de 19 de noviembre, de creaci�n del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la referencia al Consejero-Delegado efectuada por el apartado 1 del art�culo 5, as� como cualesquiera otras referencias a dicha figura contenidas en la ley.
Primera Adecuaci�n de la estructura administrativa auton�mica para la inclusi�n de las Subdirecciones Generales
1. En el plazo m�ximo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley, las Consejer�as remitir�n a la Consejer�a de Hacienda la correspondiente propuesta de modificaci�n de la denominaci�n de los puestos de trabajo con Nivel de Complemento de Destino 30 por la de Subdirector General, siempre que sus funciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci�n de la Comunidad de Madrid, sean las propias de las Subdirecciones Generales, todo ello previo informe favorable de la Consejer�a de Hacienda y mediante Orden de esta �ltima Consejer�a.
2. Los Decretos de estructura org�nica de cada Consejer�a deber�n recoger las Subdirecciones Generales que correspondan, de acuerdo con el criterio establecido en la presente disposici�n.
Segunda R�gimen transitorio en el ejercicio de competencias en materia de familias numerosas
En tanto se proceda a la aprobaci�n del Decreto por el que se establezca la estructura org�nica de la Consejer�a de Familia y Asuntos Sociales, en el que se fijar�n las competencias que corresponden a la Direcci�n General de Familia, el Organismo Aut�nomo Instituto Madrile�o del Menor y la Familia adscrito a dicha Consejer�a, continuar� desempe�ando las competencias que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de Familias Numerosas.
a) La Disposici�n Adicional Decimotercera de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Funci�n P�blica de la Comunidad de Madrid.
c) El art�culo 1 de la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de pr�rroga de determinadas medidas fiscales vigentes en la Comunidad de Madrid en 2003.
Segunda Reclamaciones econ�mico-administrativas
A partir de la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, continuar� aplic�ndose, en lo que no se oponga a lo dispuesto en dicha Ley, en el �mbito del conocimiento y resoluci�n de las reclamaciones econ�mico-administrativas, el Reglamento de Organizaci�n y R�gimen Jur�dico de las Reclamaciones Econ�mico-Administrativas que se susciten en el �mbito de la gesti�n econ�mico-financiera de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 286/1999, de 23 de septiembre.
1. La presente Ley entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOLET�N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. Las deducciones sobre la cuota �ntegra auton�mica del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas reguladas en el art�culo 1 de esta Ley ser�n de aplicaci�n a las declaraciones por dicho impuesto cuyo per�odo impositivo se inicie a partir del 1 de enero de 2004.
3. La bonificaci�n en la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones regulada en el apartado seis del art�culo 3 entrar� en vigor el 1 de enero de 2004 y ser� de aplicaci�n a las obligaciones tributarias por este impuesto que se devenguen a partir de dicha fecha.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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in fine
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