Source: https://www.defensordelpueblo.es/ley-organica-3198/
Timestamp: 2019-09-21 02:33:08+00:00

Document:
Ley orgánica 3/1981 | Defensor del Pueblo
TÍTULO PRIMERO: Nombramiento, cese y condiciones
CAPÍTULO PRIMERO: Carácter y elección
2. Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario (*).
3. Dicha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple (*).
5. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión (*), y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado.
6. Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado (*) para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél.
(*) Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo
CAPÍTULO SEGUNDO: Cese y sustitución
1). Por renuncia.
2). Por expiración del plazo de su nombramiento.
3). Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
4). Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
5). Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
2. La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoria de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado.
4. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.
CAPÍTULO TERCERO: Prerrogativas e incompatibilidades
CAPÍTULO CUARTO: De los Adjuntos del Defensor del Pueblo
3. El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
TÍTULO SEGUNDO: Del procedimiento
CAPÍTULO PRIMERO: Iniciación y contenido de la investigación
1. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103 .1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en su Título I.
2. Los Diputados y Senadores individualmente, las Comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo podrán solicitar, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias (**).
1. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuemtren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato.
CAPÍTULO SEGUNDO: ÁMBITO DE COMPETENCIAS
El Defensor del Pueblo velará por el repeto de los derechos proclamados en el título I de la Constitución, en el ámbito de la Administración Militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.
CAPÍTULO TERCERO: TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS
2. El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiese por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
CAPÍTULO CUARTO: OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS REQUERIDOS
1. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspeciones.
2. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor delPueblo, su Adjunto, o la persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier centro de la Administración pública dependiente de la misma o afecto a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria.
4. La información que en el curso de una investigación pueda aportar un funcionario a través de su testimonio personal tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo (***).
(***)Véanse los artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
CAPÍTULO QUINTO: SOBRE DOCUMENTOS RESERVADOS
3. Cuando entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado a que se refiere el artículo 2 de esta Ley (#).
(#) Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo
CAPÍTULO SEXTO: RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
1. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier Organismo , funcionarios, directivo o personal al servicio de la Administración pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual.
2. Derogado conforme al apartado 1.F de la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que en su artículo 502 (Obstaculización a la investigación de Comisiones y órganos de investigación), puntos 1 y 2, establece:
1). Los que, habiendo requerido en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de la Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
2). En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrartiva necesaria para tal investigación.
CAPÍTULO SÉPTIMO: GASTOS CAUSADOS A PARTICULARES
TÍTULO TERCERO : DE LAS RESOLUCIONES
CAPÍTULO PRIMERO: CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES
2. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en talsentido por la autoridad administrativa afectada o ésta no informa al Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo porá poner en conocimiento del Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los casos en que, considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido.
CAPÍTULO SEGUNDO: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
2. Cuando su intervención se hubiere iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, el Defensor del Pueblo informará al parlamentario o Comisión competente que lo hubiese solicitado, y al término de sus investigaciones, de los resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir informará razonando su desestimación.
CAPÍTULO TERCERO: INFORME A LAS CORTES
1. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.
1. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas:de aquellasque hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas o por las Administraciones Públicas.
2. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.
3. El informe contendrá igualmente un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda.
4. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los Plenos de ambas Cámaras pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura.
TÍTULO CUARTO: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
CAPÍTULO PRIMERO: PERSONAL
CAPÍTULO SEGUNDO: DOTACIÓN ECONÓMICA
(**) Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo

References: artículo 103
 resolución 
 artículo 2
 artículo 502
 artículo 10
 artículo 24