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Timestamp: 2018-10-16 17:48:27+00:00

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La retribución de los administradores con funciones ejecutivas (arts. 217 y 249 LSC): la doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio del 2017 - Lexology
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio del 2017 ha venido a mantener que el principio de «reserva estatutaria» recogido en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital afecta a la retribución de los «consejeros en su condición de tales», pero no a la remuneración que les pueda corresponder en razón del desarrollo de funciones «ejecutivas» (la cual se regirá por lo dispuesto en el art. 249 LSC). De esta manera, la Audiencia se ha alineado con la interpretación del sistema legal que probablemente terminará prevaleciendo.
1 . Antecedentes La sociedad afectada impugnó ante el Juzgado de lo Mercantil la calificación negativa del registrador mercantil relativa a la inscripción de un acuerdo social por el que se dio la siguiente redacción al artículo 19 bis de sus estatutos: «El cargo de administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de Capital». El registrador basó su rechazo en que el precepto transcrito, al permitir al consejo de administración fijar una remuneración para La retribución de los administradores con funciones ejecutivas (arts. 217 y 249 LSC): la doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio del 2017 Alberto Díaz Moreno Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla Consejero académico de GA_P Análisis | Noviembre 2017 2 los consejeros ejecutivos (para el ejercicio de las funciones ejecutivas) vulnera el principio de «reserva estatutaria», dado que tanto la existencia de remuneración como el sistema concreto de retribución de los administradores (sin distinción) son circunstancias que deben constar necesariamente en los estatutos sociales. La demanda fue desestimada en primera instancia. En su Sentencia 241/2015, de 27 de noviembre, el juez de lo Mercantil entendió, en línea con lo argumentado por el registrador y a la luz de la «reserva estatutaria» establecida en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, que los administradores (ejecutivos o no) sólo podrán percibir una retribución en la medida en que así lo prevean los estatutos sociales (ya sea desde el momento de constitución de la compañía o desde un momento posterior como consecuencia de las pertinentes modificaciones). A esta afirmación añadió el juzgado que no cabe olvidar que la decisión sobre esta cuestión es competencia exclusiva de la junta de socios y no del consejo de administración. La Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, decidió sobre el recurso de apelación, estimándolo, mediante su Sentencia de 30 de junio del 2017 (JUR 2017\203148). Expresado en términos sintéticos, la cuestión fundamental que hubo de considerar la Audiencia Provincial fue si la reserva estatutaria que proclama en términos generales el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se extiende o no a la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas. 2 . El problema: las tesis propuestas y la evolución legislativa La Audiencia recordó, en primer término, que este problema ya venía siendo discutido desde antes de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital operada por la Ley 31/2014. Básicamente, se trata de determinar si es posible concebir un régimen diferenciado (en lo que se refiere a su retribución) para los consejeros con funciones ejecutivas —a los que no se aplicaría el principio de reserva estatutaria— y para los restantes administradores. Como señala la Audiencia Provincial de Barcelona, en esta línea se había sugerido desde algunos sectores que sería oportuno distinguir entre los consejeros con funciones meramente deliberativas o de supervisión, por un lado, y los consejeros que asumen funciones ejecutivas o de gestión ordinaria de la sociedad, por otro. De tal forma que la retribución de los primeros vendría necesariamente determinada por los estatutos, en tanto que la de los consejeros ejecutivos no estaría sujeta a la exigencia de cobertura estatutaria, al menos en lo concerniente a las funciones que excedieran de las meramente deliberativas o de control. Ahora bien, como advierte la sentencia reseñada, hasta la reforma del 2014, el texto del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital resultaba inequívoco por cuanto no hacía distinción entre los administradores en atención a las funciones asumidas y, por ello, se entendía mayoritariamente (en la doctrina y en los tribunales) que, en todo caso, su retribución debería tener cobertura estatutaria (cfr. SSTS de 19 de diciembre del 2011 [RJ 2012\4878] y de 18 de junio del 2013 [RJ 2013\4632]). Análisis | Noviembre 2017 3 Pero la propia Audiencia apunta (y aquí es donde empieza a dar forma a las ideas que esencialmente sustentarán el fallo) que el texto vigente de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital ha venido a ofrecer nuevos argumentos para este debate y, en particular, a quienes defienden que debe ser diferente el régimen legal aplicable a la retribución de los «administradores en su condición de tales» (reserva estatutaria y aplicabilidad del artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital) y a la remuneración de los «consejeros ejecutivos» (la cual quedaría al margen del sistema general del artículo 217 de la mencionada ley y se regularía en el artículo 249 de la misma norma). En definitiva, según esta opinión, la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas no se sometería a las exigencias de los estatutos ni estaría condicionada a lo acordado por la junta general. Naturalmente, observa la Audiencia Provincial, ello no quiere decir que no haya quien siga defendiendo que la reserva estatutaria se mantiene para toda retribución y sea cual sea la forma en que se organice el órgano de administración. Desde esta óptica no existirían, por tanto, dos regímenes diferenciados, dado que los consejeros ejecutivos también son administradores y estarían sujetos a las exigencias del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, todos los conceptos retributivos del contrato que la sociedad suscriba con el consejero ejecutivo (con arreglo al art. 249 LSC) deberían tener amparo estatutario (esto es, los artículos 217 y 249 se aplicarían de forma cumulativa, dado que no resultaría lógico que la retribución de este tipo de administradores quedase al margen de los estatutos y escapara al control de la junta de acreedores). 3 . El criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona Aun reconociendo que la cuestión suscita serias dudas, la Audiencia se inclinó por considerar que la reforma del 2014 estableció un doble régimen retributivo de los administradores de las sociedades de capital. Uno, de carácter general, aplicable a los administradores «en su condición de tales»; otro, específico para los consejeros ejecutivos, contenido en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. En razón de ello, la reserva estatutaria del mencionado artículo 217 de la misma ley sólo afecta a la retribución de los consejeros no ejecutivos. Únicamente respecto de éstos los estatutos han de establecer si el cargo es remunerado y han de determinar, en su caso, el sistema de remuneración, del mismo modo que a la junta general le corresponde fijar el importe máximo de la remuneración del conjunto de los administradores, que permanece vigente en tanto no se apruebe su modificación. Por su parte, el artículo 249 de dicha ley configura un régimen propio de remuneración de los consejeros ejecutivos en el cual no existe ni reserva estatutaria ni intervención de la junta en la determinación del importe máximo. Dicho régimen se acomodará a lo establecido en el contrato celebrado con la sociedad, en el que se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. Para llegar a esta conclusión, la sentencia reseñada atribuye especial significación al empleo de la locución en su condición de tales que se añade al término administradores, tanto en el Análisis | Noviembre 2017 4 apartado primero como en el apartado tercero del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital. Según la Audiencia Provincial de Barcelona, semejante expresión sólo se explica si se establece una distinción entre quienes ejercen funciones ejecutivas y quienes son «simples» administradores (en la línea que se venía apuntando antes de la reforma del 2014). Así, se afirma que la expresión en su condición de tales no puede ser superflua; antes bien, se introduce en la ley con el propósito de delimitar y restringir el alcance del principio de reserva estatutaria en el sistema de remuneración de los administradores. La sentencia comentada se sitúa así, según advierte ella misma de manera expresa, en la línea marcada por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 30 de julio (BOE de 30 de septiembre del 2015) y de 5 de noviembre del 2015 (JUR 2015\277623) y de 10 de mayo (RJ 2016\3014) y de 17 de junio del 2016 (RJ 2016\4008). 4 . Las precisiones en función de la estructura del órgano de administración La Audiencia afirma, en suma, que, conceptualmente, deben distinguirse la retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y la retribución de funciones extrañas a dicho cargo. Pero lleva a cabo posteriormente algunas precisiones interesantes, que también habían sido ya apuntadas con anterioridad en la literatura jurídica. En efecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio del 2017 recuerda que el sistema de retribución inherente al cargo debe constar siempre en los estatutos. Pero entiende que la situación es muy distinta cuando la administración se organiza de forma colegiada (consejo de administración) y cuando la forma de administración es «simple» (administrador único, administradores solidarios, administradores mancomunados). En el primer caso, las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa (función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio de administradores). Es el sistema de retribución de esta función o actividad de los administradores «en su condición de tales» el que debe regularse en estatutos. Por el contrario, la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o en su caso contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de «consejero» como tal. Es una función adicional que nace de una relación jurídica añadida a la que surge del nombramiento como consejero por la junta general y, en concreto, de la relación jurídica que surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente o similar. Y, según la Audiencia, no es propio que la retribución debida por la prestación de esta función ejecutiva conste en los estatutos, sino que debe figurar en el contrato de administración que ha de suscribir el consejero con la sociedad. Por el contrario, en el segundo caso, las funciones inherentes al cargo comprenden todas las funciones descritas y, especialmente, las funciones ejecutivas. Por ello, en estos casos, el Análisis | Noviembre 2017 5 carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución deben constar en estatutos conforme al artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello sin perjuicio de reconocer que también en esos supuestos referidos de formas «simples» de administración pueden existir funciones extrañas al cargo que nada tienen que ver con la gestión y dirección de la empresa y cuya retribución no ha de constar en los estatutos sociales, sino en los contratos que correspondan (de arrendamiento de servicios, de trabajo…), con la salvedad de que no cabe un contrato laboral de alta dirección, porque en ese caso las funciones propias del contrato de alta dirección se solapan o coinciden con las funciones inherentes al cargo de administrador. 5. La conclusión de la Audiencia La Audiencia Provincial concluye que debe admitirse una cláusula estatutaria que, a la vez que establezca el carácter gratuito del cargo de administrador (con la consecuencia de que quien ocupe tal cargo no percibirá como tal retribución alguna por sus servicios) añada que el desempeño del cargo de consejero delegado será remunerado mediante la formalización del correspondiente contrato. Y a esta remuneración por el ejercicio de funciones que, al ser añadidas a las deliberativas, constituyen un plus respecto de las inherentes al cargo de administrador «como tal» no es aplicable la norma del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital que impone la reserva estatutaria del sistema de retribución de los administradores «en cuanto tales». Por ello, ninguna objeción puede oponerse a la disposición estatutaria que exige que el importe de dicha remuneración se acuerde anualmente en junta general de socios. 6. Recapitulación y valoraciones finales Como se ha explicado, la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que ha de distinguirse, a los efectos de aplicación del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, entre los consejeros ejecutivos (que se encargan de la gestión de la empresa social) y los «meros» consejeros desprovistos de funciones de esta naturaleza (que se limitan a desarrollar funciones de supervisión o control). De tal suerte que —según este criterio— la reserva estatutaria sería extensible sólo a las remuneraciones correspondientes a las funciones deliberativas o de control de los consejeros, pero no a las que retribuyen la específica función de gestión. Y, de esta manera, no habría obstáculo para que la retribución de los consejeros en cuanto ejecutivos se determinara en vínculos contractuales extraños a los estatutos. Naturalmente semejante distinción sólo sería posible en el caso de que la administración de la compañía hubiese sido encomendada a un consejo, pero no en el caso de que se hubiera optado por formas simples de gestión social —administrador único, administradores solidarios y administradores mancomunados—, ya que en estos supuestos el desempeño de la función ejecutiva es inherente al cargo de administrador (lo que quedaría confirmado por el diferente ámbito de aplicación de los artículos 217 y 249 de la norma citada: los administradores en general, el del primero; sólo el consejo, el del segundo). Análisis | Noviembre 2017 6 Previsiblemente será esta interpretación del juego de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital la que finalmente se imponga. Fue ya mantenida (quizás de forma minoritaria, pero muy autorizada) antes de la reforma del 2014 (vid., muy significativamente, Paz-Ares, «El enigma de la retribución de los consejeros ejecutivos», InDret, 1/2008, in totum). Influyó sin duda en el texto del «Estudio sobre propuestas de modificaciones legislativas» elaborado por la Comisión de Expertos en Materia de Gobierno Corporativo que sirvió de base para la preparación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre (vid., por ejemplo, apdo. 4.10.1, pág. 57). Y, a la vista del tenor de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital, ha sido la tesis seguida después de la reforma del 2014 por la Dirección General de los Registros y el Notariado (Resoluciones de 30 de julio [BOE de 30 de septiembre del 2015] y de 5 de noviembre del 2015 [JUR 2015\277623] y de 10de mayo [RJ 2016\3014] y de 17 de junio del 2016 [RJ 2016\4008]) y por cierta literatura jurídica (cfr., por ejemplo, León Sanz, «Art. 249. Delegación de facultades del consejo de administración», en Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014). Sociedades no cotizadas, Civitas, Cizur Menor, 2015, págs. 512 y ss.). Pues bien, sin perjuicio de reconocer que, según se ha anticipado, esta tesis tiene serios visos de llegar a consolidarse (salvo que el Tribunal Supremo siente doctrina en otro sentido), ha de reconocerse que suscita algunas dudas. De un lado, porque no parece del todo coherente con el propósito (frecuentemente proclamado) de incrementar la transparencia de las retribuciones de los administradores y, en general, de reforzar las capacidades de control de los socios y de favorecer su involucración en la marcha de las compañías (de hecho, la propia Audiencia Provincial de Barcelona afirma que no desconoce que el nuevo régimen legal «puede comprometer la transparencia en la retribución del consejero ejecutivo, sobre todo en las llamadas sociedades cerradas que pueden buscar la forma de administración mediante un órgano colegiado y consejero delegado con la finalidad de eludir los controles de la junta»). Y es que, en efecto, el resultado práctico de esta lectura del sistema es que las remuneraciones de algunos administradores (quizás las de todos los que las reciben y, con frecuencia, las más altas) quedan al margen del conocimiento y del control directos e inmediatos de la junta general. Incluso desde el punto de vista de la necesaria claridad de las disposiciones estatutarias —tantas veces exigida por la Dirección General de los Registros y el Notariado— resulta discutible que una cláusula de esta naturaleza publicada en el Registro diga al mismo tiempo que los administradores no percibirán retribución y que (algunos de ellos) sí la recibirán. Por otra parte, la tesis que se vislumbra como prevalente supone deshacer en cierta medida (en lo referente a los vocales del consejo de administración) la llamada «doctrina del vínculo», trabajosamente acuñada en la jurisprudencia. En efecto, se abandona la idea (para la forma de administración que se considera «compleja») de que la relación societaria de administración elimina o «absorbe» la relación contractual que se pretenda superponer (idea sustentada en la convicción de que el cargo de consejero comprende por sí mismo también las funciones propias Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Noviembre 2017 7 de la gerencia de la empresa o, dicho en otros términos, que las funciones de consejero ejecutivo son funciones inherentes al cargo del administrador). Por tanto, queda superada aquella visión jurisprudencial según la cual constituiría un error «concebir al “mero consejero” como una figura puramente decorativa o simbólica, carente de actividad significativa alguna y por ello no merecedor de retribución, de tal modo que en cuanto un administrador ejerciera cualquier actividad real para la sociedad estaría desempeñando un trabajo por cuenta ajena merecedor de retribución distinta de la prevista en los estatutos para los administradores y añadida a la misma» (STS de 27 de abril del 2007 [RJ 2007\2392]; también SSTS de 19 de diciembre del 2011 [RJ 2012\4878] y de 18 de junio del 2013 [RJ 2013\4632]). Y quizás uno de los problemas derivados del régimen configurado por los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital es que parece destinado a ser aplicado por igual a las sociedades cotizadas y a las sociedades cerradas pequeñas, siendo así que en estas últimas no siempre se manifestará con total claridad la distinción entre los consejeros (si existen) con simples funciones deliberativas y los que asumen competencias ejecutivas.

References: artículo 217
 artículo 19
 artículo 249
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 249
 artículo 217
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 artículo 217
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