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Timestamp: 2019-10-20 08:40:06+00:00

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Ley de funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ley 4/2005, de 1 de junio) - Normativa de la Rioja - Legislación - VLEX 72842284
Ley de funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ley 4/2005, de 1 de junio)
CAPÍTULO II. De las relaciones de la administración de la comunidad autónoma - arts. 10 a 16
CAPÍTULO I. Principios generales - arts. 17 a 19
CAPÍTULO II. De la transferencia de la titularidad de la competencia - art. 20
CAPÍTULO III. De la delegación de competencias y otras formas de ejercicio de las competencias - arts. 21 a 26
CAPÍTULO IV. De los conflictos de atribuciones - arts. 27 y 28
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 28.bis a 32
SECCIÓN 2ª. Elaboración de leyes y reglamentos - arts. 32.bis a 42
CAPÍTULO II. De los actos administrativos - arts. 43 a 45
CAPÍTULO III. Del registro de documentos - arts. 46 y 47
SECCIÓN 1ª. Revisión de reglamentos y de actos administrativos - arts. 48 a 51
SECCIÓN 2ª. Recursos administrativos - arts. 52 a 54
SECCIÓN 3ª. Reclamaciones administrativas previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales - arts. 55 y 56
SECCIÓN 4ª. Sustitución de los recursos administrativos - art. 57
SECCIÓN 1ª. Competencia para sancionar - arts. 58 y 59
SECCIÓN 2ª. Especialidades en el procedimiento sancionador - arts. 60 a 64
CAPÍTULO VI. De la responsabilidad patrimonial de la administración de la comunidad autónoma de la rioja - art. 65
CAPÍTULO I. Del servicio jurídico - arts. 66 y 67
CAPÍTULO II. Del régimen de actuación - arts. 68 a 73
TÍTULO V. De la contratación administrativa - arts. 74 a 80
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Reclamaciones por daños y perjuicios derivados de asistencia sanitaria prestada por las entidades previstas en el artículo 3 del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del INSALUD
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Boletín Oficial de La Rioja
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Procedimientos administrativos en materia tributaria
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Requerimientos previos a la vía judicial contencioso-administrativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Órgano consultivo en materia de contratación administrativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Reclamaciones económico-administrativas
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley
Norma citada en: 23 sentencias, 6 artículos doctrinales, 136 disposiciones normativas, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
TÍTULO I Del funcionamiento de la administración de la comunidad autónoma de la rioja Artículos 1 a 16
La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento y régimen jurídico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los organismos públicos con personalidad jurídica propia, vinculados o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.
ARTÍCULO 2 Potestades y prerrogativas.
La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con el artículo 31 del Estatuto de Autonomía, gozará en el ejercicio de sus competencias de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado.
A los organismos públicos les corresponderá, dentro de su esfera de competencia, las potestades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.
ARTÍCULO 3 Principios de funcionamiento.
La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos ajustarán su actividad a los siguientes principios:
La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, impulsará de manera especial la prestación de servicios de asistencia y cooperación a los municipios de su ámbito territorial, como Administraciones más próximas a los ciudadanos.
ARTÍCULO 4 Derechos de los ciudadanos.
Sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados en un procedimiento de conocer en cualquier momento el estado de su tramitación, la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos contarán con los instrumentos de información que garanticen a los ciudadanos el efectivo conocimiento por parte de éstos del procedimiento a seguir para las solicitudes o actuaciones que se propongan realizar ante aquélla. Reglamentariamente se determinará la articulación de los instrumentos de información a que se refiere este artículo.
La información sobre el estado o el contenido de los procedimientos en tramitación y la identificación de las autoridades y de los funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, sólo podrá facilitarse a quienes tengan la condición de interesado en el procedimiento o a sus representantes acreditados formalmente por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Corresponderá a las diferentes unidades de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma facilitar esta información.
Los órganos administrativos establecerán las garantías necesarias respecto a la esfera privada de los administrados y el control y el tratamiento de los datos obtenidos por cualquier medio.
ARTÍCULO 6 Programación de la gestión administrativa.
La Administración General de la Comunidad Autónoma establecerá programas plurianuales y anuales en los que se definirán objetivos concretos, las actividades y los medios necesarios para llevarlos a cabo, así como el tiempo estimado para su consecución. Estos programas se basarán en los objetivos políticos y en los plazos fijados por el Gobierno de La Rioja y determinarán los responsables de su ejecución.
El grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los programas a los que se refieren los apartados anteriores será evaluado periódicamente por los órganos con competencia específica para ello en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 7 Racionalización de los procedimientos.
ARTÍCULO 8 Medios informáticos y telemáticos.
La tramitación de los procedimientos administrativos se apoyará en la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, con respeto de las garantías y cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico.
La introducción de medios informáticos y telemáticos en la gestión administrativa estará presidida por los principios de eficiencia y proporcionalidad de las inversiones realizadas, y se ajustará a los criterios establecidos, en su caso, por la Consejería competente en materia de Tecnologías de la Información en la Administración Pública.
ARTÍCULO 9 Control de eficacia y de eficiencia.
Los órganos administrativos de la Administración General de la Comunidad Autónoma se someterán periódicamente a controles, auditorías o inspecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les hayan sido asignados, así como su eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.
El control al que se refiere el apartado anterior se realizará con arreglo a los criterios y directrices que se dicten por la Consejería competente en materia de organización administrativa, y se entenderá sin perjuicio
del control que le corresponde a la Intervención General.
CAPÍTULO II De las relaciones de la administración de la comunidad autónoma Artículos 10 a 16
ARTÍCULO 10 Instrumentos de colaboración y cooperación.
Artículo 10, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
La Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes podrán celebrar convenios con otros sujetos de derecho público para fines de interés común en el ejercicio de competencias propias o delegadas, o con entidades privadas para la consecución de fines de interés público.
La Administración general podrá celebrar convenios con sus organismos públicos y otros entes integrantes de su sector público.
La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas o territorios de régimen foral para la gestión y prestación de los servicios propios de su competencia, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y por el artículo 14 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 11, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 12 Contenido y requisitos de los convenios.
Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
Artículo 12, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 13 Requisitos de validez y eficacia de los convenios.
La Administración general y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los convenios tendrán efecto entre las partes a partir de la firma, salvo que en ellos se disponga otra cosa. En el caso de los convenios firmados con la Administración general del Estado, se estará a lo que dispone el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las normas del presente capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión ni a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
Artículo 13, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 14 Gestión de los Convenios.
ARTÍCULO 15 Registro y Publicidad.
Artículo 15, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 16 Protocolos generales de actuación.
Artículo 16, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
TÍTULO II Del ejercicio de sus competencias por los órganos de la administración de la comunidad autónoma Artículos 17 a 28
CAPÍTULO I Principios generales Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 Irrenunciabilidad de la competencia.
ARTÍCULO 18 Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
Los órganos de la Administración impulsarán y dirigirán la actividad de los órganos y unidades administrativas mediante instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
Las instrucciones establecen pautas o criterios de actuación por la que han de regirse los órganos y las unidades administrativas dependientes del órgano que las dicta.
Las circulares tienen como finalidad recordar la aplicación de determinadas disposiciones legales o establecer la interpretación adecuada al espíritu y principios de tales disposiciones al objeto de garantizar su aplicación homogénea.
Las órdenes de servicio son aquellas reglas de actuación o normas específicas dadas a un órgano o a unidades administrativas jerárquicamente dependientes, para un supuesto determinado.
Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que se considere conveniente su conocimiento por los ciudadanos o por el resto de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, el órgano que las dictó podrá ordenar la publicación de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio en el Boletín Oficial de La Rioja.
ARTÍCULO 19 Colaboración entre Consejerías.
CAPÍTULO II De la transferencia de la titularidad de la competencia Artículo 20
ARTÍCULO 20 Desconcentración.
El Gobierno y los Consejeros pueden desconcentrar las competencias propias en los órganos administrativos jerárquicamente dependientes de ellos. La desconcentración afectará tanto a la titularidad como al ejercicio de la competencia.
La desconcentración debe respetar tanto las previsiones de la Ley, cuando ésta haya atribuido la competencia, como las limitaciones previstas para la delegación de competencias.
Las competencias desconcentradas podrán ser delegadas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
CAPÍTULO III De la delegación de competencias y otras formas de ejercicio de las competencias Artículos 21 a 26
ARTÍCULO 21 Delegación de competencias.
El ejercicio de las competencias asignadas a los diversos órganos administrativos, podrá ser delegado en otros órganos, aunque no sean jerárquicamente dependientes de aquéllos, o de los organismos públicos vinculados o dependientes, cuando concurran circunstancias que lo hagan conveniente.
La delegación de las competencias de carácter administrativo de los órganos del Gobierno y de sus miembros se regirá además de por lo dispuesto en esta Ley, por lo dispuesto en su legislación específica.
ARTÍCULO 22 Régimen jurídico de la delegación.
La delegación de competencias se efectuará mediante resolución del órgano delegante. Cuando la delegación se realice a favor de órganos no jerárquicamente dependientes, será preceptivo el informe previo favorable del titular de la Consejería o Consejerías de que dependan.
La delegación de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial de La Rioja.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las materias previstas en el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Salvo autorización legal expresa, tampoco podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum.
Artículo 22, apartados 3 y 4, modificados por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 23 Avocación.
Los órganos administrativos podrán, en cualquier momento, avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda, ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos dependientes, cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos jerárquicamente no dependientes, la avocación sólo podrá efectuarse por el órgano que realizó la delegación.
La avocación se producirá mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, antes de la resolución final.
Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso alguno, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución final.
ARTÍCULO 24 Encomienda de gestión.
La encomienda de gestión a un órgano de la misma consejería, o a un organismo público dependiente o adscrito, se instrumentará mediante resolución del titular de la misma. La validez de tal resolución exige expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
La encomienda de gestión a un órgano dependiente de otra consejería, o a un organismo público dependiente o adscrito a otra consejería, requerirá la conformidad de las consejerías afectadas y se instrumentará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, que incluirá al menos el mismo contenido previsto en el apartado anterior.
La encomienda de gestión a un órgano u organismo público de otras Administraciones o la asunción mediante esta figura de cometidos propios de las mismas requerirá la firma del correspondiente convenio, que deberá ser autorizado por el Consejo de Gobierno, u órgano en que delegue, en los términos previstos en la legislación reguladora del Gobierno, y sin perjuicio del régimen establecido para las entidades locales o encomiendas realizadas a favor de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se sujetarán al régimen establecido en su legislación específica.
En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado en el Boletín Oficial de La Riojapara su eficacia.
Artículo 24, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 25 Delegación de firma.
Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de las resoluciones y actos administrativos de su competencia en los titulares de los órganos y unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados para la delegación de competencia en la presente Ley.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación, se hará constar la denominación del órgano autorizante y a continuación, precedido por la expresión "por autorización", o su forma usual de abreviatura, la denominación del órgano en cuyo favor se haya conferido la delegación de firma.
La delegación de firma no supondrá, en ningún caso, alteración de la competencia ni precisará publicación oficial.
No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.
ARTÍCULO 26 Suplencia.
Los titulares de los órganos administrativos podrán ser sustituidos provisionalmente en el ejercicio de sus funciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad, por quien designe el órgano competente para su nombramiento.
La suplencia no supone alteración de la competencia.
CAPÍTULO IV De los conflictos de atribuciones Artículos 27 y 28
ARTÍCULO 27 Órganos.
Los conflictos de atribuciones que se susciten entre las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma los resolverá el Presidente del Gobierno previo dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja.
Los conflictos de atribuciones que se susciten entre órganos de una Consejería que no estén relacionados jerárquicamente los resolverá el titular de la Consejería.
El conflicto de atribuciones podrá plantearse a partir de una decisión positiva o negativa sobre el conocimiento y la resolución de un determinado asunto que manifiesten los órganos afectados, de oficio o a instancia de los interesados en el procedimiento.
Una vez que los órganos que planteen el conflicto fijen su posición, el que estuviere conociendo del asunto suspenderá su tramitación, lo notificará a los interesados y elevará las actuaciones al órgano que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, sea competente para resolver.
El conflicto se resolverá y notificará dentro del plazo máximo de quince días contados a partir de aquél en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver.
Si no se resuelve expresamente, la competencia corresponderá al órgano que conoció inicialmente del asunto, aunque hubiere declinado su competencia. En ese supuesto, los interesados podrán reclamar que prosigan las actuaciones, sin perjuicio de la reserva de recursos y acciones para cuando procediere su ejercicio.
TÍTULO III Del régimen jurídico de la actuación de la administración de la comunidad autónoma Artículos 28.bis a 65
CAPÍTULO I De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria Artículos 28.bis a 42
Capítulo I, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 28.bis a 32
Sección 1, modificada por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 28 BIS Planificación normativa.
Artículo 28 bis, añadido por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 29 Competencia.
Artículo 29, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 30 Concepto y forma de las disposiciones reglamentarias.
A los efectos de esta ley, se entiende por reglamento toda disposición de carácter general de rango inferior a la ley, dictada por cualquiera de los órganos que tienen atribuida expresamente competencia para ello.
No tendrán la consideración de disposiciones de carácter general:
Los actos administrativos generales mediante los que se haga público a los interesados el inicio de los plazos para presentar solicitudes en procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, que adoptarán, igualmente, la forma de resolución.
Los planes, programas, calendarios y otros instrumentos de carácter organizativo que despliegan su eficacia en el ámbito interno de la Administración, aun cuando alguna norma requiera su aprobación bajo la forma de decreto u orden.
Los reglamentos adoptarán la forma de decreto si son aprobados por el Consejo de Gobierno y de orden si son aprobadas por los consejeros.
Los decretos serán firmados por el presidente del Gobierno. Las órdenes serán firmadas por el consejero competente.
Artículo 30, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 31 Principio de jerarquía e inderogabilidad singular de los reglamentos.
Los reglamentos se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa:
Órdenes, de los consejeros.
Los reglamentos no podrán contener preceptos opuestos a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, ni regular materias reservadas a la ley, ni establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Son nulos de pleno derecho los reglamentos que infrinjan lo establecido en el apartado anterior.
Los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en un reglamento, aunque procedan de un órgano de igual o superior rango a aquel que dictó el reglamento.
Artículo 31, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 32 Publicidad y control.
Las leyes y los reglamentos entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, salvo que en ellos se establezca otro plazo distinto.
Contra las disposiciones reglamentarias, sea cual fuere el órgano del que emanen, no procede ningún recurso administrativo, siendo susceptibles de recurso contencioso-administrativo de acuerdo con la legislación procesal aplicable.
Artículo 32, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
SECCIÓN 2ª Elaboración de leyes y reglamentos Artículos 32.bis a 42
Sección 2, modificada por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 32 BIS Consulta previa.
Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del Gobierno de La Rioja, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse este trámite de consulta. Tampoco será exigible la consulta previa en relación con los proyectos de disposiciones presupuestarias o que regulen la organización del Gobierno, de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su sector público, salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los ciudadanos o de sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de sus funciones u órganos. Podrá prescindirse de este trámite cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
El plazo de la consulta previa debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días.
Artículo 32 bis, añadido por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 33 Órgano competente para la iniciación.
El procedimiento para la elaboración de las leyes se iniciará siempre mediante resolución del consejero competente por razón de la materia.
El procedimiento para la elaboración de los reglamentos podrá iniciarse en cualquier caso mediante resolución del titular de la consejería competente por razón de la materia. También podrá iniciarse mediante resolución del director general competente por razón de la materia o, en el caso de que la norma afecte a competencias de varias direcciones generales, de su secretario general técnico.
La resolución de inicio expresará sucintamente el objeto y finalidad de la norma, las normas legales que, en su caso, deba desarrollar, así como el fundamento jurídico relativo a la competencia ejercida. La resolución podrá señalar la unidad administrativa a la que se encomiende la elaboración del borrador o constituir una comisión de trabajo con ese fin, designando a los miembros que la integrarán.
Artículo 33, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 34 Elaboración del borrador inicial.
El borrador inicial estará integrado por una parte expositiva y por el texto articulado del proyecto de ley o del reglamento, que incluirá, en su caso, una disposición derogatoria de las normas anteriores que resulten afectadas.
El borrador inicial irá acompañado de una memoria justificativa acerca de la necesidad de la aprobación de la nueva norma, de su adecuación al objeto y finalidad fijados en la resolución de inicio, la incidencia que habrá de tener en el marco normativo en que se inserte, una relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de las disposiciones anteriores sobre la misma materia, así como una valoración de los efectos previsibles que puedan seguirse de su aplicación. Incluirá también, en su caso, los estudios e informes previos que le sirvan de fundamento, así como una relación de aquellos informes o trámites que se consideren necesarios en la tramitación del expediente.
En los casos de creación de nuevos servicios o de modificación de los existentes, o aquellos en los que de la aplicación de la norma se prevea que van a derivar derechos y obligaciones de carácter económico, deberá adjuntarse al expediente un estudio del coste y de su financiación.
Artículo 34, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 35 Anteproyecto.
Una vez elaborado el borrador inicial, así como la documentación complementaria a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, practicado el trámite de audiencia, el expediente se remitirá a la Secretaría General Técnica de la consejería, cuyo titular, a la vista de su contenido, declarará, en su caso, formado el expediente de anteproyecto y acordará la continuación del procedimiento por la propia Secretaría General Técnica.
La Secretaría General Técnica de la consejería determinará los trámites e informes que resulten necesarios para garantizar el acierto y legalidad de la disposición.
Cuando se observaran defectos en la formación del expediente, la Secretaría General Técnica podrá devolverlo al centro directivo que lo remitió a efectos de que se proceda a su subsanación.
Artículo 35, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 36 Trámite de audiencia.
Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, la dirección general competente en fase de elaboración del borrador inicial o la Secretaría General Técnica en fase de tramitación del anteproyecto, publicará el texto en el Portal web del Gobierno de La Rioja, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de disposiciones presupuestarias o que regulen la organización del Gobierno, de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de los entes integrantes de su sector público, salvo que en alguno de estos casos se regule la participación de los ciudadanos o de sus organizaciones y asociaciones representativas en el ejercicio de sus funciones u órganos. Tampoco será exigible el trámite de audiencia en relación con aquellas disposiciones que tengan por objeto exclusivo la regulación de los tributos o ingresos de derecho público.
El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días hábiles.
Artículo 36, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 37 Intervención de los entes locales.
Artículo 37, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 38 Informes y dictámenes preceptivos.
Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se solicitarán en el momento y en la forma que determinen sus disposiciones reguladoras. El plazo para su emisión será el previsto en ellas, y, a falta de previsión expresa, el de diez días.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones, cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la tramitación de la norma, en cuyo caso podrá interrumpirse la misma en tanto no se emitan e incorporen al expediente. El plazo de espera no podrá exceder en ningún caso de tres meses, salvo disposición legal que determine un plazo menor o establezca otros efectos ante la falta de emisión.
El anteproyecto será informado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos una vez cumplimentados todos los trámites y previamente a la emisión de los dictámenes que, en su caso, resulten procedentes.
Artículo 38, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 39 Integración del expediente y memoria final del anteproyecto.
Concluidas las actuaciones de instrucción y con carácter previo a la emisión del dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja que en su caso deba emitirse, la Secretaría General Técnica encargada de la tramitación elaborará una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado, las modificaciones introducidas en el texto del anteproyecto como consecuencia del contenido de los documentos e informes resultantes de los trámites de consulta previa, audiencia e informes preceptivos, así como una exposición motivada de aquellas que hayan sido rechazadas. La memoria deberá recoger expresamente una declaración motivada de la adecuación al ordenamiento jurídico del texto del anteproyecto.
El expediente de elaboración se ordenará a partir de la resolución de inicio seguido del anteproyecto y documentación correspondiente, así como de los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas. En el caso de que la resolución de inicio se apruebe como consecuencia de la petición razonada de otros órganos, el expediente se ordenará a partir de la documentación que integre dicha petición.
En aquellos casos en que proceda la emisión de dictámenes por el Consejo Consultivo, y una vez recibido el mismo, se procederá a introducir las modificaciones que procedan en el texto del anteproyecto, formulándose por la Secretaría General Técnica correspondiente la memoria final del anteproyecto, en aquellos casos en que la misma resulte necesaria, que precederá en todo caso a la formalización del anteproyecto de ley o proyecto de reglamento.
Artículo 39, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 40 Redacción y aprobación del anteproyecto de ley o del proyecto de reglamento.
Una vez incorporada la memoria final del anteproyecto por la Secretaría General Técnica e integrado definitivamente el expediente tramitado, se redactará el proyecto de reglamento o la versión final del anteproyecto de ley, que contendrá la redacción definitiva de la norma propuesta.
La aprobación del anteproyecto de ley corresponde al titular de consejería, que procederá a su elevación al Consejo de Gobierno, a fin de que este decida sobre su aprobación como proyecto de ley.
La aprobación del proyecto de reglamento corresponderá al titular de la consejería encargada de la tramitación del expediente en aquellos casos en que la norma deba adoptar la forma de decreto, y a la Secretaría General Técnica a quien correspondió la tramitación en los restantes casos.
Artículo 40, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 41 Aprobación del reglamento y publicación.
Concluido el procedimiento establecido, los proyectos de reglamento serán sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno o de los consejeros, adoptando el reglamento desde el momento de su aprobación la forma de decreto o la de orden, respectivamente.
Una vez aprobados los reglamentos, serán publicados en los términos previstos en el artículo 32 de esta ley, entrando en vigor de acuerdo con las normas allí recogidas.
Tras la publicación del reglamento en el Boletín Oficial de La Rioja, su expediente de elaboración será publicado en el Portal del Gobierno de La Rioja, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia.
Artículo 41, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 42 Evaluación.
Artículo 42, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
CAPÍTULO II De los actos administrativos Artículos 43 a 45
ARTÍCULO 43 Actos administrativos.
Los actos administrativos se producirán por el órgano que tenga atribuida la competencia y de acuerdo con el procedimiento establecido.
Los actos administrativos que pongan fin al procedimiento adoptarán la forma de Resolución cuando se dicten por órganos unipersonales o la de Acuerdos cuando se adopten por órganos colegiados.
ARTÍCULO 44 Actos de trámite cualificados.
ARTÍCULO 45 Actos que ponen fin a la vía administrativa.
Ponen fin a la vía administrativa los actos enumerados en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y además:
En los organismos públicos ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los máximos órganos de dirección, unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que su ley de creación establezca otra cosa.
Artículo 45, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
CAPÍTULO III Del registro de documentos Artículos 46 y 47
Para la debida constancia de las solicitudes, escritos y comunicaciones oficiales que los particulares presenten o se reciban en los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, existirá un Registro electrónico general único, interoperable e interconectable electrónicamente con otras administraciones públicas, el cual permitirá la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año.
El Registro anotará también las salidas de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los órganos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja dirijan a otras Administraciones Públicas y particulares.
El Registro será único para la Administración general y sus organismos públicos.
Los interesados podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones, así como los documentos que los acompañen, a través del Registro electrónico general o en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro en los términos establecidos en el artículo siguiente, o en cualquiera de los otros puntos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se anotará como fecha de entrada la de su presentación o recepción en cualquiera de ellos.
Artículo 46, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 47 Asistencia al ciudadano en materia de registro.
El Gobierno de La Rioja garantizará la asistencia a los ciudadanos en el uso de medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica del Estado, a través de las oficinas de asistencia en materia de registro y de los mecanismos que reglamentariamente se determinen.
Las personas no obligadas al uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración autonómica ni con otras Administraciones Públicas podrán presentar los documentos que dirijan a las mismas a través de las oficinas de asistencia en materia de registro, que digitalizarán dicha documentación para incorporarla al expediente administrativo de que se trate, devolviendo los originales al interesado, salvo que estos deban obrar en poder de la Administración.
Artículo 47, apartado 2, suprimido por la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 23 de Diciembre de 2009.
Artículo 47, apartado 5, añadido por la Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2010, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 23 de Diciembre de 2009.
Artículo 47, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
CAPÍTULO IV De la revisión de los reglamentos y de los actos en vía administrativa Artículos 48 a 57
SECCIÓN 1ª Revisión de reglamentos y de actos administrativos Artículos 48 a 51
ARTÍCULO 48 Revisión de oficio de reglamentos y actos nulos.
La revisión de oficio de los actos administrativos y reglamentos se realizará en los supuestos previstos en la legislación del procedimiento común de acuerdo con las siguientes reglas:
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Consultivo, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
ARTÍCULO 49 Declaración de lesividad de actos anulables.
La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La declaración de lesividad se efectuará mediante Resolución del Consejero titular de la Consejería de la que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado o, en su caso, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno cuando el acto provenga de este último o del titular de la Consejería.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
ARTÍCULO 50 Revocación de actos administrativos.
La Administración general de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos desfavorables o de gravamen, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
El órgano competente para la revocación será el que dictó el acto que se pretenda revocar.
Artículo 50, apartado 1, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 51 Rectificación de errores materiales o aritméticos.
SECCIÓN 2ª Recursos administrativos Artículos 52 a 54
ARTÍCULO 52 Recursos contra actos que no agotan la vía administrativa.
Contra los actos de los órganos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa y contra los actos de trámite cualificados podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada regulado en la legislación del procedimiento común.
El órgano competente para resolver el recurso de alzada será el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.
ARTÍCULO 53 Recurso de reposición.
Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, conforme a lo establecido en la legislación del procedimiento común.
Tratándose de actos dictados por delegación, el recurso de reposición se resolverá por el órgano delegante.
Artículo 53, apartado 2, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 54 Recurso extraordinario de revisión.
SECCIÓN 3ª Reclamaciones administrativas previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales Artículos 55 y 56
Sección 3, suprimida por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 55 Reclamación administrativa previa a la vía judicial civil.
Artículo 55, derogado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 56 Reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral.
Artículo 56, derogado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
SECCIÓN 4ª Sustitución de los recursos administrativos Artículo 57
ARTÍCULO 57 Criterios generales.
El recurso de alzada o el de reposición podrán ser sustituidos por una reclamación que resolverán comisiones técnicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, de acuerdo con lo establecido en la legislación del procedimiento común.
La comisión, una vez conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, resolverá lo que en Derecho proceda.
El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones deberá respetar los principios, las garantías y los plazos que la legislación básica reconoce a los interesados en todo procedimiento administrativo.
En todo caso, la reclamación deberá presentarse dentro del mismo plazo establecido para la interposición de los correspondientes recursos administrativos, junto con los documentos requeridos por el ordenamiento jurídico para dicha interposición.
CAPÍTULO V De la potestad sancionadora Artículos 58 a 64
SECCIÓN 1ª Competencia para sancionar Artículos 58 y 59
ARTÍCULO 58 Ejercicio de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus organismos públicos se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y respeto de los plazos de prescripción y no duplicidad de sanciones, establecidos en la legislación del procedimiento común.
No podrán imponerse sanciones administrativas sino en virtud de previo procedimiento administrativo que garantizará el derecho de audiencia y de defensa de los interesados.
ARTÍCULO 59 Órganos competentes.
La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde a los órganos que la tengan expresamente atribuida en las normas sancionadoras. Cuando dichas normas no atribuyan la competencia para ordenar el inicio del procedimiento ésta corresponderá al órgano competente para resolver.
Los órganos competentes para el inicio del procedimiento sancionador lo serán también para:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
SECCIÓN 2ª Especialidades en el procedimiento sancionador Artículos 60 a 64
Sección 2, rúbrica modificada por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 60 Procedimiento aplicable.
Artículo 60, modificado por la Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
Artículo 60, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 61 Iniciación.
El procedimiento se iniciará de oficio mediante resolución del órgano competente para ello, dictado bien por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Este órgano podrá acordar con anterioridad al inicio la instrucción de una información previa, con el objeto de disponer la iniciación del procedimiento o, en su caso, el archivo de las actuaciones. Las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas las funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
La orden superior expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
La petición razonada de otros órganos no vincula al órgano titular de la potestad sancionadora, si bien deberá comunicar al que la hubiere realizado la decisión adoptada sobre la apertura o no del procedimiento.
La denuncia no convierte, por sí sola, al denunciante en interesado en el procedimiento sancionador. Salvo que tenga la condición de interesado por otro concepto, el denunciante no tendrá más participación en el procedimiento que el derecho a recibir comunicación del órgano competente sobre la apertura o no del procedimiento.
Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.
La resolución que declare iniciado el procedimiento se referirá, como mínimo, a los siguientes extremos:
Sanciones que, en su caso, pueden imponerse, que incluirán mención expresa a las reducciones que resulten aplicables a las sanciones pecuniarias en los supuestos previstos en el artículo 64.
Identidad del instructor y, en su caso, del secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación.
Órgano competente para imponer la sanción y norma que atribuye tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 64.
Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo o, en su caso, confirmación, modificación o levantamiento de las medidas provisionales adoptadas antes del inicio del procedimiento sancionador.
Los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento en el que se observen los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
Artículo 61, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 62 Instrucción.
El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se comunicará al instructor y se notificará a la persona presuntamente responsable y demás interesados, concediéndosele un plazo de quince días para que presente las alegaciones y documentos que considere convenientes a su defensa. En la notificación se advertirá que, si no presentaran alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada y de la sanción que corresponda.
Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido para ello, el instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba cuando lo haya solicitado cualquiera de los interesados o lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables, practicándose las que se consideren pertinentes en un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
Finalizado el período de prueba o, en su defecto, el plazo de alegaciones contra la resolución de iniciación del procedimiento se pondrá de manifiesto a la persona presuntamente responsable y demás interesados para que, en el plazo de diez días, presenten las alegaciones y documentos que estimen pertinentes.
Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento o no sean tenidos en cuenta en la resolución del mismo, otros hechos, alegaciones y pruebas que las aportadas por los interesados.
Cumplimentados los trámites señalados, el instructor elaborará la propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, la infracción que constituyan, la persona o personas que resulten responsables y la sanción que corresponda de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, con referencia concreta a los artículos infringidos de la misma. Si el instructor concluyera que los hechos probados no constituyen infracción, propondrá el archivo de las actuaciones.
La propuesta de resolución se notificará a los interesados, para que en el plazo de quince días presenten ante el instructor las alegaciones pertinentes, que se unirán a las actuaciones.
La propuesta de resolución se remitirá al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos que integren el expediente formado.
Artículo 62, apartado 8, añadido por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 63 Actuaciones complementarias.
Antes de dictar la resolución, el órgano competente para resolver podrá acordar, motivadamente, la realización de las actuaciones complementarias que considere precisas para la adecuada resolución del procedimiento.
Las actuaciones complementarias se dictarán por el instructor en un plazo no superior a quince días.
Realizadas las actuaciones complementarias, se pondrá de manifiesto su resultado a la persona presuntamente responsable y demás interesados, a fin de que aleguen lo que consideren pertinente en el plazo de siete días.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador quedará suspendido desde la fecha en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado que disponga la realización de actuaciones complementarias hasta la de conclusión del trámite establecido en el apartado precedente.
Artículo 63, apartados 2, 3 y 4, modificados por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 63 BIS Propuesta de resolución.
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien aparezcan exentas de responsabilidad.
Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado 1 de este artículo, la propuesta declarará esa circunstancia.
Artículo 63 bis, añadido por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 64 Terminación.
Remitida la propuesta de resolución, junto con la documentación que integre el expediente, y practicadas, en su caso, las actuaciones complementarias a que se refiere el artículo 63, el órgano competente dictará la resolución que ponga fin al procedimiento.
La resolución será motivada e incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
La resolución no aceptará hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados porla comisión de la infracción.
La resolución decidirá sobre las medidas provisionales que hayan podido adoptarse en la instrucción y sobre las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.
La resolución será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.
Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni esta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Artículo 54, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
CAPÍTULO VI De la responsabilidad patrimonial de la administración de la comunidad autónoma de la rioja Artículo 65
La responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los daños ocasionados a los particulares y entidades en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se regirá por la legislación básica del Estado en la materia y por las disposiciones de desarrollo que la Comunidad Autónoma dicte en el ejercicio de sus propias competencias.
La competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponderá al titular de la Consejería a cuya actividad se le impute el daño hasta el límite establecido para la contratación y al Consejo de Gobierno cuando excedan de esa cantidad o cuando una Ley expresamente lo prevea.
En el caso de los organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, serán órganos competentes para resolver los procedimientos, los que determine su Ley de creación. En su defecto, será competente el titular de la Consejería a la que estuvieren adscritos.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de La Rioja se tramitarán de acuerdo con la normativa básica estatal en la materia, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la propia organización. La cuantía fijada para que los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja resulten preceptivos será la que fije el Estado con carácter general en dicha normativa básica.
El órgano competente para resolver podrá declarar motivadamente la inadmisión de las reclamaciones formuladas por los interesados, sin necesidad de instrucción, cuando la competencia material para su resolución competa a otra Administración Pública, debiendo indicar en el acuerdo de inadmisión cuál es la Administración a la que ha de dirigir su reclamación.
Artículo 65, apartado 4, modificado por la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, el 28 de Diciembre de 2011.
TÍTULO IV De la asistencia jurídica Artículos 66 a 73
CAPÍTULO I Del servicio jurídico Artículos 66 y 67
La asistencia jurídica a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos, consistente en el asesoramiento en derecho y la representación y defensa en juicio de sus intereses ante cualquier órgano y jurisdicción, corresponde a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Para que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja asuman la asistencia jurídica de las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y otros entes integrantes de su sector público deberá suscribirse el oportuno convenio en el que se determinará, en su caso, la compensación económica que haya de abonarse a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 67 Dirección y organización.
El ejercicio de las funciones de asistencia jurídica se efectuará, con carácter exclusivo, a través de los Letrados adscritos a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, a quien corresponde la dirección y coordinación de dicha asistencia jurídica.
Reglamentariamente se regulará la organización, funcionamiento y sistema de coordinación de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja.
CAPÍTULO II Del régimen de actuación Artículos 68 a 73
ARTÍCULO 68 Funciones consultivas.
Corresponde a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de los Letrados adscritos a la Dirección General, asesorar en derecho al Gobierno de La Rioja, a su Presidente, a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a sus organismos públicos y, en su caso, a los demás entes integrantes de su sector público.
La función consultiva se ejercerá a través de informes o dictámenes no vinculantes, salvo los casos en que la norma aplicable les atribuya otro carácter, con sujeción a los principios de constancia oficial y legalidad, excluyéndose de tal función cualquier valoración de oportunidad no fundada en criterios jurídicos. Los informes o dictámenes emitidos pasarán a formar parte del expediente
El Gobierno de La Rioja, su Presidente, los Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales, así como los titulares de los órganos de gobierno de los organismos públicos y, en su caso, de los demás entes integrantes del Sector Público, podrán solicitar asesoramiento de los Servicios Jurídicos sobre cualquier cuestión jurídica relacionada con asuntos de su competencia, precisando el extremo o extremos objeto de consulta.
ARTÍCULO 69 Funciones contenciosas.
Corresponde a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de los Letrados adscritos a la Dirección General, la representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de sus organismos públicos y, en su caso, de los demás entes integrantes de su sector público, ante los Tribunales y Juzgados nacionales, de cualquier orden, grado y jurisdicción; ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, conforme a lo establecido en sus disposiciones reguladoras; y ante los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la Unión Europea o de cualquier otra jurisdicción extranjera.
Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrán intervenir también en los procedimientos arbitrales, previa autorización del Consejo de Gobierno.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, el Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales y motivadamente, podrá encomendar la defensa legal a abogados ajenos a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, correspondiendo a esta última realizar el seguimiento de los asuntos encomendados.
La representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos, podrá corresponder, asimismo, a procuradores de los Tribunales especialmente designados al efecto.
Las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de sus organismos públicos, y en su caso, de los demás entes integrantes del sector público, contra los que se inicie un procedimiento judicial en razón de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos, siempre que se hayan sujetado a las disposiciones legales vigentes o hayan actuado en cumplimiento de orden de la autoridad competente y no exista colisión de intereses con la Administración autonómica, podrán ser representados y defendidos por un Letrado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, aunque aquellos hubieran cesado en sus funciones al tiempo de iniciarse la tramitación del proceso respectivo.
ARTÍCULO 70 Ejercicio de acciones.
El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional en nombre de la Administración General de la Comunidad Autónoma habrá de ser autorizado por el Consejo de Gobierno. En caso de urgencia o necesidad, el Consejero competente por razón de la materia o el que tenga atribuidas las competencias en materia de asistencia jurídica, podrá autorizar provisionalmente el ejercicio de acciones, dando cuenta inmediatamente al Consejo de Gobierno, para su ratificación si procede.
Los allanamientos a las pretensiones de contrario, las transacciones sobre cuestiones litigiosas y los desistimientos de acciones iniciadas o de recursos interpuestos requerirán autorización del Consejo de Gobierno.
En los organismos públicos las autorizaciones señaladas se otorgarán por su máximo órgano rector.
ARTÍCULO 71 Especialidades procesales.
La Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando actúe en juicio a través de sus Letrados, lo hará con las mismas especialidades procesales que el Estado, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía y en la legislación básica.
En particular, los actos de comunicación procesal se practicarán directamente en la sede oficial de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el domicilio y población que a estos efectos se señalen.
ARTÍCULO 72 Letrados de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
Los Letrados adscritos a la Dirección General de los Servicios Jurídicos actuarán en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad y defensa de los derechos e intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los Letrados, por el hecho de su nombramiento y toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeño de todos los servicios propios de su cargo.
Todos los Letrados estarán sometidos en su actuación a la dirección y coordinación del Director General de los Servicios Jurídicos, que a tal efecto podrá dictar las instrucciones oportunas.
ARTÍCULO 73 Deber de colaboración.
TÍTULO V De la contratación administrativa Artículos 74 a 80
ARTÍCULO 74 Régimen.
ARTÍCULO 75 Órganos de contratación.
Los Consejeros son los órganos de contratación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de las facultades que en esta materia tiene atribuidas el Consejo de Gobierno, y firmarán los contratos administrativos en nombre de ésta.
La Ley de creación de los organismos públicos determinará los órganos de contratación de sus respectivos entes. La normativa vigente en materia de Hacienda Pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá determinar los supuestos en los cuales será necesaria autorización previa del Consejo de Gobierno, o del titular de la Consejería a la que estén adscritos para la celebración de contratos.
Sin perjuicio de lo anterior podrán constituirse Juntas de Contratación en las Consejerías y en los organismos públicos, que actuarán como órganos de contratación, con los límites que establezca el titular de la Consejería o el órgano designado por la Ley de creación del correspondiente organismo público para los contratos que reglamentariamente se determinen.
ARTÍCULO 76 Autorización del Consejo de Gobierno.
Será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno en aquellos casos en que por su cuantía, carácter plurianual u otras circunstancias, así lo determinen las Leyes de Presupuestos u otras normas aplicables.
En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, requieran la autorización del Consejo de Gobierno, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.
Cuando el Consejo de Gobierno autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación y resolución, así como su prórroga, salvo que esta última no suponga incremento de gasto.
ARTÍCULO 77 Garantías.
ARTÍCULO 78 Registro público de contratos y licitadores.
Artículo 78, modificado por la Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
ARTÍCULO 79 Prerrogativas de la Administración.
Corresponde al órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la legislación básica sobre contratación administrativa, la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Los acuerdos a que se refieren los apartados anteriores deberán ser adoptados previo informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.
ARTÍCULO 80 Mesa de Contratación.
Existirá una Mesa de Contratación común para la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ejercerá las funciones que le encomiende la legislación vigente en todas aquellas Consejerías en las que no se cree una Mesa de Contratación propia. Estará integrada por el Secretario General Técnico de la Consejería competente en materia de Hacienda que actuará como Presidente, o Jefe de Servicio en quien delegue; un Letrado adscrito a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que podrá ser sustituido en los supuestos y por los funcionarios que reglamentariamente se determinen; un Interventor que podrá ser sustituido por un funcionario de la Intervención General designado por su titular; un representante del órgano de contratación y un funcionario del Servicio de Contratación designado por el Presidente de la Mesa de Contratación que actuará como Secretario.
Los organismos públicos se sujetarán a lo establecido en su legislación específica.
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 3, con el siguiente contenido:
Se suprime el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja.
Se da la nueva redacción siguiente al artículo 11.g) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja:
g) Reclamaciones de cuantía indeterminada o superiores a 600 euros que, en concepto de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración Pública.
Se sustituye el actual apartado d) del artículo 12, que pasará a ser el e), por el siguiente:
Art. 12. D) Reclamaciones inferiores a 600 euros que, en concepto de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración Pública, cuando el órgano que haya de resolver considere conveniente conocer la doctrina del Consejo.
Se sustituye el contenido de la Disposición Transitoria Única de la Ley 3/2001, de 31 de mayo del Consejo Consultivo de La Rioja por el siguiente:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Única. Con objeto de posibilitar la aplicación a los actuales miembros del Consejo Consultivo de lo dispuesto en el Art. 3.2 de esta Ley, se observarán las siguientes reglas:
4ª Una vez concluido este período transitorio, proseguirán las renovaciones anuales al artículo 3.2 de la presente Ley.
Se da la siguiente nueva redacción al apartado 2 del artículo 39 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
Se da la siguiente nueva redacción al apartado 2 del artículo 47 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
En los proyectos de obras de infraestructura, de instalaciones deportivas, educativas, socioculturales, telecomunicaciones, sanitarias, sociosanitarias y centros de internamiento de reforma, aprobados o que se aprueben, financiados con cargo a los créditos de inversión, se entenderá implícita la declaración de utilidad pública de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición de servidumbres.
La declaración de utilidad pública hará referencia, asimismo, a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que pudieran aprobarse posteriormente.
A los efectos indicados en los números anteriores, los proyectos de obras y sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones y otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la realización de los mismos.
Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.
La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 213 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.
Los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán, hasta su conclusión, de acuerdo con la normativa anterior.
Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarán hasta su resolución de acuerdo con la normativa anterior.
9/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez lehiaketa publiko bat onesten baita Nafarroako Foru Komunitatean lurreko telebista digital lokalen bidez ikus-entzunezko komunikazio zerbitzuak emateko lizentziak banatzeko.
DECRET 292/2003, de 18 de novembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2004.
ORDEN MAM/1748/2005, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones cofinanciadas por el FEOGA-Orientación para la gestión sostenible de montes en régimen privado.

References: artículo 3
 Real Decreto 

ARTÍCULO 2
 artículo 31

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

Artículo 10
 artículo 14

Artículo 11

ARTÍCULO 12

Artículo 12

ARTÍCULO 13
 artículo 48

Artículo 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

Artículo 15

ARTÍCULO 16

Artículo 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
 Artículo 20

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22
 resolución 
 artículo 9

Artículo 22

ARTÍCULO 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27
 resolución 

ARTÍCULO 28

Artículo 28

ARTÍCULO 29

Artículo 29

ARTÍCULO 30

Artículo 30

ARTÍCULO 31

Artículo 31

ARTÍCULO 32

Artículo 32

ARTÍCULO 32
 resolución 

Artículo 32

ARTÍCULO 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 33

ARTÍCULO 34
 resolución 

Artículo 34

ARTÍCULO 35

Artículo 35

ARTÍCULO 36
 resolución 

Artículo 36

ARTÍCULO 37

Artículo 37

ARTÍCULO 38

Artículo 38

ARTÍCULO 39
 resolución 
 resolución 

Artículo 39

ARTÍCULO 40

Artículo 40

ARTÍCULO 41
 artículo 32

Artículo 41

ARTÍCULO 42

Artículo 42

ARTÍCULO 43
 Resolución 

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45
 artículo 114

Artículo 45
 artículo 16

Artículo 46

ARTÍCULO 47

Artículo 47

Artículo 47

Artículo 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49
 Resolución 

ARTÍCULO 50

Artículo 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

Artículo 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

Artículo 55

ARTÍCULO 56

Artículo 56
 Artículo 57

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59
 resolución 

ARTÍCULO 60

Artículo 60

Artículo 60

ARTÍCULO 61
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 64

Artículo 61

ARTÍCULO 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 62

ARTÍCULO 63
 resolución 

Artículo 63

ARTÍCULO 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 63

ARTÍCULO 64
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 54
 Artículo 65
 resolución 

Artículo 65

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 69
 artículo 66

ARTÍCULO 70
e contrario

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

Artículo 78

ARTÍCULO 79
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ARTÍCULO 80
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 47
 resolución