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Timestamp: 2019-08-17 22:43:25+00:00

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“No Hay Dudas Respecto de la Aplicabilidad del SAO en Argentina”
En esta entrevista, Jorge Edgardo Furlan, presidente de CAARA y coordinador general de Prudencia Seguros, habló sobre el marco normativo de los seguros medioambientales luego de la sanción de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas 66/2011, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) 945/2011, sobre el fallo del juez federal de Quilmes, Dr. Luis Armella, que ordenó a YPF S. A. contratar pólizas del SAO para sus plantas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y sobre el Seguro por Recomposición de Daño Ambiental que comercializa Prudencia Seguros.
De acuerdo al testimonio de Jorge Furlan, presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, CAARA, están despejadas todas las dudas respecto de la aplicabilidad del SAO en Argentina: “Como toda exigencia al cumplimiento de una nueva norma legal, como es la del Seguro Ambiental establecido obligatoriamente en el artículo 22 de la Ley 25.675 que fija la política ambiental en nuestro país, también en este caso se tuvo que transitar un período de información general, un lapso de clarificación sobre la naturaleza de la implementación del requisito, y un tiempo en el que se agotó la consideración de los cuestionamientos. Entiendo que el rechazo a las presentaciones administrativas ante las autoridades competentes, que oportunamente realizara la UIA y un grupo de Cámaras empresarias y empresas individuales cuestionando la exigencia, que finalizan con una resolución conjunta adversa a esos intereses por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Finanzas, como así también, el fallo de la justicia que ordenó a YPF la contratación del seguro ambiental ante su pretensión en contrario, constituyen antecedentes sólidos para afirmar que las dudas sobre los antecedentes de lo actuado para el SAO están despejadas”.
La norma a la que hizo referencia el directivo es la Resolución Conjunta de las Secretarías de Finanzas, y Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) Nros. 66/2011 y 945/2011, respectivamente, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de agosto.
“Esta resolución rechaza, en todos sus términos, el reclamo administrativo impropio interpuesto el año pasado por la UIA, y al que adhirieron 130 empresas y otras organizaciones, contra la Resolución Conjunta SF Nº 98/07 y SAyDS Nº 1973/07 (aprobatoria de las ‘Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva’), y da por agotada la vía administrativa y por expedita la acción judicial”, señaló.
Para Furlan la resolución conjunta de agosto pasado convalida todo lo actuado hasta la fecha, tanto en la faz administrativa y judicial, como en el ámbito de las aseguradoras que comercializan ese seguro.
Además, Furlan subrayó: “Sobre la vigencia y alcances del SAO la Resolución deja en claro la competencia de la SAyDS para el dictado de las normas reglamentarias; su validez; el reconocimiento a la figura del seguro de Caución como asegurativo; que el art. 41 de la Constitución Nacional, al hablar de ‘normas a dictar por la Nación’ lo hace en sentido amplio, lo que comprende por ende a las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, y a la facultad de lo actuado por éste en una ley de presupuestos mínimos; que lo previsto por el art. 22 de la LGA no requiere de leyes especiales que desarrollen sus contenidos básicos, y además, ratifica que en el SAO, el titular del interés asegurable es el Estado, sujeto legitimado para actuar como acreedor de los derechos ambientales de toda la sociedad, contradiciendo la absurda argumentación sustentada por algunas posturas al no seguro, en la falta de transferencia de riesgo”.
El Fallo del Juez de Quilmes
Otro antecedente relativo a la exigibilidad del SAO es el fallo del juez federal de Quilmes, Dr. Luis Armella, que ordenó a YPF S.A. contratar pólizas del SAO para sus plantas de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Al respecto, Furlan comentó: “El fallo no hace lugar a la pretensión de YPF de que se suspendiera el procedimiento sancionatorio iniciado por la ACUMAR por no contar con el SAO y también ante la posible clausura de cuatro de sus plantas industriales. La trascendencia del este fallo es de suma importancia, no sólo por sus efectos directos respecto de la accionante (YPF S.A.), sino también por sus repercusiones en relación a los demás establecimientos industriales y de servicios radicados en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Este fallo, a su vez, hace al doble rol que detenta en el caso el Dr. Armella: por un lado, como juez de ejecución de sentencia en la denominada causa ‘Mendoza’, y por el otro, el de última instancia recursiva ante la ACUMAR”.
Cabe recordar que la Resolución ACUMAR N° 05/2009, establece en cuanto al Reglamento de Procedimiento Administrativo y Recursivo Judicial, en el artículo 5º, que “agotada la vía administrativa se podrá recurrir por ante el Juzgado Federal de Quilmes, de manera exclusiva y excluyente, siendo Tribunal de Alzada del mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Luego, Furlan continuó: “En el fallo que estamos comentando el Dr. Armella no se limitó a rechazar el recurso de YPF S.A., para que se dejara sin efecto un proceso sancionatorio iniciado por ACUMAR en su contra, sino que, además, le ordenó a la actora que contratara el seguro ambiental ‘…pudiendo optar la misma por la oferta de compañías aprobadas por la autoridad competente y existentes en el mercado, y conforme lo exigido por la Ley General del Ambiente en su art. 22’”.
Asimismo, el presidente de CAARA y también coordinador general de Prudencia Seguros confirmó que el fallo del Juez Armella “remarca la facultad de la Nación para el dictado de las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, que están establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y destaca que de acuerdo al principio de progresividad establecido en la LGA, el seguro se circunscribe en esta etapa a la recomposición de los medios restaurables, agua y suelo”.
Las aseguradoras que pueden emitir el SAO son aquellas autorizadas por la SAyDS y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que a la fecha son: Escudo, Nación Seguros, Provincia Seguros, Prudencia Seguros, Testimonio, y TPC. Según CAARA, a junio de 2011, el conjunto de estas entidades han otorgado garantías por más de $ 1.500 millones.
El rango de prima de una póliza de SAO puede variar entre 1,70% a 2.60%, dependiendo de los antecedentes técnicos aprobados, de la evaluación del riesgo a asumir, que en este caso es el del ramo Caución, con el resultado de la evaluación ambiental que se realiza al momento de la emisión de la póliza, y del tipo, y localización, de actividad del establecimiento.
Ahora, ¿cómo se determina que una empresa debe contratar el SAO? Furlan respondió: “Mediante la norma reglamentaria que obra en el anexo II de la Resolución Nº 1.639/07, se define un procedimiento que permite establecer el nivel de complejidad ambiental (NCA), del establecimiento que corresponda al sujeto obligado al SAO. El mismo consiste en una fórmula polinómica compuesta por cinco factores que ponderan el rubro de actividad, los efluentes y residuos, el tipo de riesgo, el dimensionamiento y la localidad. En los casos en que el resultado final de la aplicación de los términos señalados resulte superior a 14.5 puntos, el sujeto obligado deberá contratar el SAO”.
La obligatoriedad de la contratación del SAO, para las empresas alcanzadas por la misma, se complementa con un esquema de sanciones en caso de incumplimiento.
“Las normas complementarias relativas al SAO, prevén en algunos casos sanciones directas por no contar con el seguro y en otros, sanciones indirectas, al denegar o suspender la tramitación del otorgamiento o de la renovación de algún certificado ante diversas autoridades administrativas (no sólo ambientales) por no tener contratado el SAO”, explicó Furlan.
“Este último es el caso de la Provincia de Buenos Aires -prosiguió. Si bien la Resolución OPDS Nº 165/10 no prevé expresamente sanciones por su incumplimiento, sí establece que los titulares de las actividades industriales alcanzadas deben contratar el SAO como condición para obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga dicho organismo provincial. Por tanto, quien no observe tal obligación podrá ser sancionado con clausura (total o parcial, temporaria o definitiva) de su establecimiento, por caso, por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental en regla para lo que se requiere contar con el SAO.
En cambio, la Provincia del Chaco sí fija sanciones directas por no contratar el SAO, y prevé la aplicación de multas, que podrán ser acumulativas, y de apercibimiento.
También dispuso sanciones directas el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA). La Resolución Nº 2.521/10 -además de disponer que la contratación del SAO es un requisito ineludible a fin de obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga la Agencia de Protección Ambiental- establece expresamente que el incumplimiento de la norma mencionada será considerado infracción a la Ley Nº 123 y normas complementarias (sancionada con suspensión o clausura de actividades, o la demolición o cese de obras)”.
Finalmente, Furlan recordó que en el caso de la ACUMAR se dispuso en su Reglamento de Sanciones, Resolución Nº 377/2011, la posibilidad de recibir una multa por no contar con el SAO: “Dicho Reglamento determina la aplicación ‘automática’ de una multa al establecimiento que incumpla –entre otros ‘deberes formales’- su deber de presentar la documentación requerida por las Resoluciones ACUMAR 07/09 y 278/10, como el caso del seguro ambiental para los sujetos alcanzados por el SAO. Todo ello sin perjuicio de la facultad de esa Autoridad de aplicar otras medidas preventivas”.
El Seguro por Recomposición de Daño Ambiental
Mediante el Proveído 114.756 del 28 de julio de 2011, la SSN autorizó a Prudencia Seguros a operar una nueva cobertura: el Seguro por Recomposición de Daño Ambiental, un Seguro de Patrimoniales incluido en el ramo Riesgos Varios.
“Es una póliza que le da cobertura a la transferencia del riesgo propio de un operador que realiza una actividad riesgosa para el ambiente, y cubre el riesgo de que deba realizar una reparación de un daño ambiental”, detalló Furlan.
Según el ejecutivo, en esta cobertura el asegurador tendrá a su cargo el costo de las tareas de recomposición, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, hasta la concurrencia de la suma asegurada, como consecuencia de la manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva a condición de que tal daño sea súbito, accidental e imprevisto, ocurrido en el predio asegurado y dentro de la vigencia de la póliza.
“Tiene franquicia, exclusiones especiales al riesgo; se hace una evaluación ambiental en el momento del inicio de la vigencia, y el pago del siniestro agota la suma asegurada. Este seguro no puede ser utilizado para cumplir con la exigibilidad del artículo 22 de la Ley Nº 25.675, y es una cobertura facultativa que la podrá operar cualquier aseguradora que adhiera a la póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros”, añadió, al tiempo que consignó: “Uno de los requisitos para suscribir esta póliza es haber cumplido previamente con la obligación ambiental de dar certidumbre a la exigencia legal de reparar ante un daño que pudiera producir la actividad a la cual se dedica el sujeto obligado (el SAO). Solicitar el cumplimiento de la Ley, que debiera constituir un acto natural, no debería merecer ningún comentario especial, no obstante, en este caso, ponderar la responsabilidad social empresaria puesta de manifiesto por la contratación del SAO hace a la calificación del requirente al evaluar los elementos previos para definir el otorgamiento de la cobertura facultativa que nos ocupa”.

References: Resolución 
 artículo 22
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 Resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 41
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 artículo 22