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Timestamp: 2018-12-16 01:36:31+00:00

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Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. - El Derecho
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los tribunales. Así se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 24.1 de la Constitución y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para salvaguardar dichos derechos de los ciudadanos es necesaria la modernización de la Administración de Justicia, campo esencial para consolidar el Estado de Derecho y mejorar la calidad de nuestra democracia. En este contexto de modernización, uno de los elementos de mayor relevancia es, precisamente, la incorporación en las oficinas judiciales de las nuevas tecnologías. Su uso generalizado y obligatorio contribuirá a mejorar la gestión en las oficinas judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementando los niveles de eficiencia. Las nuevas tecnologías permiten igualmente abaratar los costes del servicio público de justicia, pero también suponen una mejora de la confianza en el sistema, lo que se traduce en mayor seguridad. Ello incide de manera directa e indirecta en el sistema económico, pues los cambios generan nuevas perspectivas en las relaciones económicas, acrecentando la seguridad y la fluidez de las mismas.
TÍTULO PRIMERO. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 4. Derechos de los ciudadanos
1. Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en los CapítulosI y VII del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la forma y con las limitaciones que en los mismos se establecen.
Artículo 5. Prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos
Prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos
a) Las oficinas de información y atención al público, en los procedimientos en los que los ciudadanos comparezcan y actúen sin asistencia letrada y sin representación procesal, pondrán a su disposición de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el art. 4 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
Artículo 6. Derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia
Derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia
A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto en el art. 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre los Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos profesionales, tales como número de colegiado, domicilio profesional, número de teléfono y de fax y dirección de correo electrónico.
Artículo 7. Prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos electrónicos
Artículo 8. Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos
Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos
CAPÍTULO PRIMERO. DE LA SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA
Artículo 9. Sede judicial electrónica
Artículo 10. Características de las sedes judiciales electrónicas y sus clases
Características de las sedes judiciales electrónicas y sus clases
Artículo 11. Contenido y servicios de las sedes judiciales electrónicas
Contenido y servicios de las sedes judiciales electrónicas
Artículo 12. Reglas especiales de responsabilidad
Artículo 13. Punto de acceso general de la Administración de Justicia
Artículo 14. Formas de identificación y autenticación
1. La Administración de Justicia admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de19 de diciembre, de firma electrónica, y resulten adecuados para garantizar la identificación de los firmantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 4 y 6 de la presente Ley y en todo caso, con sujeción estricta a lo dispuesto por las leyes procesales, los ciudadanos y profesionales del ámbito de la Justicia podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con la Administración de Justicia:
Artículo 15. Identificación de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica y autenticación de su actuación
Identificación de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica y autenticación de su actuación
Artículo 16. Régimen de uso de la firma electrónica
Régimen de uso de la firma electrónica
Artículo 17. Régimen de sustitución y habilitación entre profesionales
Régimen de sustitución y habilitación entre profesionales
Artículo 18. Identificación de las sedes judiciales electrónicas
Identificación de las sedes judiciales electrónicas
Artículo 19. Sistemas de firma electrónica para la actuación judicial automatizada
Sistemas de firma electrónica para la actuación judicial automatizada
Artículo 20. Sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico
Sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico
Artículo 21. Firma electrónica de magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados del estado y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y otros entes públicos
Firma electrónica de magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados del estado y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y otros entes públicos
1. Sin perjuicio de lo previsto en los arts. 9 y 10 sobre la sede judicial electrónica, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la oficina judicial actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados.
4. Las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, dotarán de sistemas de firma electrónica a los representantes procesales del Estado y demás entes públicos, a los que se refiere el art. 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 22. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos
Artículo 23. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público
1. En los supuestos en que para la realización de cualquier actuación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el art. 14 de los que aquél no disponga, tal identificación o autenticación será válidamente realizada por un funcionario mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado.
Artículo 24. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación
Artículo 25. Criterios para la gestión electrónica
Artículo 26. Expediente judicial electrónico
apa.1 dada nueva redacción por Dfi. 7.1 de Ley 42/2015 de 5 octubre de 2015
Artículo 27. Documento judicial electrónico
1. Tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente, cuando incorporen datos firmados electrónicamente en la forma prevista en la Sección 2ª del Capítulo II del TítuloIII de la presente Ley.
Artículo 28. Copias electrónicas
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados y ajustarse a los requerimientos que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como lo previsto en los arts. 234 y 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.
Artículo 30. Registro judicial electrónico
Registro judicial electrónico
3. En estos registros judiciales electrónicos únicamente se admitirán escritos y documentos dirigidos a las oficinas judiciales dependientes del mismo, conforme a lo establecido en el art. 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en las leyes procesales.
Artículo32 bis.Archivos electrónicos de apoderamientos apud acta
Artículo 33. Comunicaciones electrónicas
apa.1 dada nueva redacción por Dfi. 7.3 de Ley 42/2015 de 5 octubre de 2015
Artículo 34. Práctica de actos de comunicación por medios electrónicos
Práctica de actos de comunicación por medios electrónicos
Artículo 35. Comunicación edictal electrónica
Comunicación edictal electrónica
Artículo 36. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos
Artículo 37. Tramitación del procedimiento utilizando medios electrónicos
Tramitación del procedimiento utilizando medios electrónicos
3. Cuando se utilicen medios electrónicos en la gestión del procedimiento, los actos de comunicación y notificación que hayan de practicarse se realizarán conforme a las disposiciones contenidas en los arts. 33 a 35 de esta Ley.
4. Los expedientes y demás actuaciones que deban ser remitidos por otras Administraciones y organismos públicos deberán realizarse en todo caso por vía telemática a través de la correspondiente sede judicial electrónica. El expediente administrativo electrónico habrá de cumplir los requisitos previstos en la Ley 11/2007, de22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y deberá remitirse debidamente foliado mediante un índice electrónico que permita la debida localización y consulta de los documentos incorporados.
Artículo 38. Presentación de escritos, documentos u otros medios o instrumentos
Presentación de escritos, documentos u otros medios o instrumentos
1. La presentación de toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos se ajustará a lo dispuesto en las leyes procesales, debiendo ir acompañados en todo caso del formulario normalizado a que se refiere el apartado 4 del art. 36, en el que además se consignará el tipo y número de expediente y año al que se refiera el escrito.
Artículo 39. Traslado de copias
Artículo 40. Acreditación de la representación procesal
apa.3 añadido por Dfi. 7.4 de Ley 42/2015 de 5 octubre de 2015
Artículo 41. Acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación
Acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación
Artículo 42. Actuación judicial automatizada
Actuación judicial automatizada
Artículo 43. Subsanación de actos procesales
apa.1 dada nueva redacción por Dfi. 7.5 de Ley 42/2015 de 5 octubre de 2015
CAPÍTULO PRIMERO. MARCO INSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Artículo 44. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
Artículo 45. Funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas
Funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas
Artículo 46. Interoperabilidad de los sistemas de información
Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de asegurar su compatibilidad con las funciones que le encomienda el art.230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 47. Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad
Artículo 48. La interoperabilidad y la seguridad como cualidades integrales
La interoperabilidad y la seguridad como cualidades integrales
Artículo 49. Normas de conformidad
Artículo 50. Mejora continua del proceso de seguridad
Artículo 51. Desarrollo del marco normativo técnico
Desarrollo del marco normativo técnico
Para el mejor cumplimiento de lo establecido en relación con el Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Consejo General del Poder Judicial aprobará las guías cuando afecten a la compatibilidad de los sistemas informáticos en los términos previstos en el art. 230.5 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Artículo 52. Actualización permanente
Artículo 53. Elementos básicos de la seguridad judicial electrónica
Elementos básicos de la seguridad judicial electrónica
Artículo 54. Requisitos mínimos de seguridad
Artículo 55. Reutilización de sistemas, infraestructuras y aplicaciones de propiedad de las Administraciones de Justicia
Reutilización de sistemas, infraestructuras y aplicaciones de propiedad de las Administraciones de Justicia
Artículo 56. Transferencia de tecnología entre Administraciones. Directorio General de información tecnológica judicial
Transferencia de tecnología entre Administraciones. Directorio General de información tecnológica judicial
Disposición Adicional Primera. Creación del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica
Disposición Adicional Segunda. Adaptación a los sistemas de administración electrónica
Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.
Disposición Adicional Tercera. Interoperabilidad entre las aplicaciones de la Administración de Justicia
Disposición Adicional Cuarta. Accesibilidad a los servicios electrónicos
Disposición Adicional Quinta. Dotación de medios e instrumentos electrónicos
Disposición Adicional Sexta. Representantes procesales del Estado y demás entes públicos
1. A los efectos señalados en el art. 24, y, en general, de aplicación de esta Ley a la actuación procesal de los abogados del Estado, representantes procesales del Estado y demás entes públicos a los que se refiere el art. 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se suscribirá un protocolo de actuación.
2. Las Administraciones competentes en materia de justicia dotarán a los órganos y oficinas de los representantes del Estado y demás entes públicos a los que se refiere el art. 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de los medios e instrumentos electrónicos necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente. Asimismo, formarán a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos.
Disposición Adicional Séptima. Legislación aplicable
Disposición Adicional Octava. Legislación aplicable en materia de interoperabilidad
Disposición Adicional Novena. Aplicación de la Ley al Ministerio Fiscal
Disposición Adicional Décima. Aplicación de la Ley en el ámbito de la jurisdicción militar
Disposición Adicional Undécima. Declaración de requerimientos tecnológicos de las reformas en las leyes procesales
Disposición Adicional Duodécima. Relaciones de colaboración con los Colegios de Procuradores
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley y en especial de lo dispuesto en el CapítuloIII de su Título IV, las relaciones de colaboración con los Colegios de Procuradores en el desempeño de las funciones que se les encomiendan para la organización de los servicios de notificaciones y traslados de copias previas para con estos profesionales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán ser objeto del correspondiente y oportuno desarrollo en un convenio que se suscribirá con el Consejo General de Colegios de Procuradores de España, que recoja los presupuestos básicos de la presente Ley para la utilización de las tecnologías de la información en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Disposición Transitoria Primera. Coexistencia de procedimientos
2. Los registros electrónicos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley serán considerados registros judiciales electrónicos, regulándose por lo dispuesto en los arts. 30, 31 y 32 de esta Ley.
Disposición Transitoria Segunda. Expediente electrónico con valor de copia simple
Si el estado de la técnica no hiciera posible remitir el expediente administrativo electrónico con los requisitos establecidos en su normativa específica, de conformidad con lo señalado en el apartado 4 del art. 37 de esta Ley, dicho expediente tendrá el valor de copia simple. Será admisible la remisión del expediente en formato papel si las condiciones técnicas no permitiesen su remisión telemática.
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.5ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Disposición Final Tercera. Regulación del uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 artículo24