Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/31161
Timestamp: 2019-05-24 15:50:34+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-0905-2005
La acción de controversias contractuales es la adecuada para reclamar el pago de una orden de servicio en contra de una entidad pública
MELISA IVONNE RUGE MONTEALEGRE VS. CAJANAL E.P.S.
En mayo de 2002, la Directora Seccional de Cundinamarca y Bogotá de CAJANAL contactó a Melisa Ivonne Ruge Montealegre para que dictara unos cursos de danzoterapia a los pensionados de CAJANAL E.P.S. en la Casa de la Tercera Edad de esa entidad. Para tal efecto, fueron proferidas las órdenes de trabajo nos. 084 de 21 de mayo de 2002 y 152 de 4 de diciembre de 2002. La primera orden contaba con registro presupuestal. Cumplida la labor, la Coordinadora de la Casa de la Tercera Edad de Cajanal expidió las correspondientes certificaciones. Sin embargo, Cajanal no pagó a la actora los servicios por ésta prestados, con el argumento de que se encuentra en liquidación y que las órdenes de servicio no cumplieron con los requisitos de disponibilidad presupuestal y reserva definitiva, para su legalización.
¿Puede un particular reclamar el pago de una orden de servicio en contra de una entidad pública, por medio de la acción de controversias contractuales, aun cuando no se suscribió un contrato?
«(…) Observa la Sala que la acción incoada por la parte actora (art. 86, C.C.A), en principio, se torna en improcedente, toda vez que pretende el pago de los servicios por ella prestados en virtud de dos órdenes de servicios, frente a las cuales se cumplen los requisitos que para los contratos sin formalidades plenas establece el artículo 25 incisos 2º y 3º del Decreto 679 de 1994, tal como logra verificar la Sala (fl. 21, C.1); en otras palabras, el presente asunto parte del supuesto del incumplimiento de dos contratos estatales sin formalidades plenas, siendo la acción de controversias contractuales la procedente a tenor del artículo 87 del C.C.A.
Sobre el particular el Consejo de Estado ha precisado: “[H]a expresado la Sala, adicionalmente, que para efectos de establecer si procede dicha acción o la de reparación directa, debe establecerse si las partes, en la práctica, han recorrido o no la definición del tipo negocial, esto es, si la conducta realizada por ellas da lugar al surgimiento del contrato que aspiraron a celebrar. Si la respuesta es afirmativa, deberá concluirse que se cumplieron los requisitos previstos en la norma para declarar la existencia y eficacia del negocio, por lo cual la acción procedente será la acción contractual; si es negativa, dicha acción no podrá prosperar.”
Así las cosas, considera la Sala que CAJANAL tenía la carga de demostrar que sí había efectuado el pago de las aludidas sumas de dinero a la actora, lo cual no fue así, razón por lo que resulta forzoso hacer el reconocimiento respectivo en la parte resolutiva de esta providencia, aplicando para ello la indexación debida y el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 4º numeral 8º de la Ley 80 de 1993 (12% anual), por tratarse del incumplimiento en el pago de dos órdenes de servicio que se equiparan para todos los efectos a dos contratos estatales sin formalidades plenas, tal como se señaló anteriormente. (…)»
Un particular puede reclamar el pago de una orden de servicio en contra de una entidad pública, por medio de la acción de controversias contractuales, aun cuando no se suscribió un contrato, porque:
Frente a las órdenes de servicios se cumplen los requisitos que para el contrato sin las formalidades plenas establece el artículo 25 incisos 2º y 3º del Decreto 679 de 1994.
Procede la acción contractual cuando, en la práctica, la conducta de las partes da lugar al surgimiento del contrato que aspiraron a celebrar, caso en el que se consideran cumplidos los requisitos previstos en la norma para declarar la existencia y eficacia del negocio.
PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. por el no pago de las órdenes de trabajo No. 084 de 21 de mayo de 2002 y No. 152 del 4 de diciembre de 2002. SEGUNDO. En consecuencia, CONDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. al pago de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($1´283.112), a favor de MELISA IVONNE RUGE MONTEALEGRE, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Sin costas. CUARTO. Dese cumplimiento a ésta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. QUINTO. Reconócese personería para actuar a la doctora Miryam Hernández Botia como apoderada de CAJANAL E.I.C.E., en los términos del poder a ella conferido visible a folio 34 del C.1.
Decreto 01 de 1984. Artículo 86 y 87 Decreto 679 de 1994. Artículo 25. Ley 80 de 1993. Artículo 4.
Documento: TAD-CUN-SIII-0905-2005

References: artículo 25
 artículo 87
 artículo 4
 artículo 25
 Artículo 86
 Artículo 25
 Artículo 4