Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/10/26/aun-cuando-las-tareas-delegadas-sean-auxiliares-si-resultan-imprescindibles-para-el-cumplimiento-de-las-principales-procede-la-responsabilidad-solidaria/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2019-12-06 23:08:45+00:00

Document:
Aun cuando las tareas delegadas sean auxiliares, si resultan imprescindibles para el cumplimiento de las principales, procede la responsabilidad solidaria. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 26 octubre 2015
Partes: Moro Daniela Andrea c/ Racing 2000 S.A. y otros s/ despido
Cita: MJ-JU-M-94758-AR | MJJ94758 | MJJ94758
1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la codemandada puesto que la solidaridad del art. 30 LCT. opera aún respecto de las labores coadyuvantes y necesarias para el cumplimiento de la tarea final; tareas que aún siendo secundarias , auxiliares o de apoyo , son imprescindibles para que se puedan cumplir las primeras, ya que normalmente integran, como auxiliares, la actividad.
2.-Se juzga procedente la responsabilidad solidaria en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo toda vez que la codemandada no rebatió el hecho de que su parte delegó facetas propias y específicas de su giro empresario en favor de quién fuera la empleadora de la actora, lo que conduce a concluir que las labores ejecutadas por la accionante resultaron inescindibles y coadyudantes del cumplimiento de su objeto social.
3.-Corresponde confirmar la existencia del vínculo laboral entre las partes por aplicación del art. 23 LCT. pues la condición de trabajador estuvo vinculada a la estructura de una empresa ajena y el contrato de trabajo se configuró cuando al actora, a través del pago de una remuneración, puso su fuerza de trabajo al servicio de la empresa demandada que organizó su prestación, aprovechó los beneficios de la labor y corrió con los riesgos consiguientes.
4.-Las indemnizaciones previstas en los arts. 8º y 15 de la Ley 24.013 deben admitirse pues cabe señalar que la accionante efectuó oportunamente la notificación a la AFIP que prevé el art. 11 inc. b) de la Ley 24.013.
5.-Debe ratificarse la multa del art. 2º de la Ley 25.323 toda vez que la accionante intimó oportunamente a la empleadora al pago de las indemnizaciones por despido (arts. 232 , 233 y 245 de la LCT.) y, ante la falta de cancelación de las mismas, debió iniciar acciones legales para su cobro (ver fs. 524/525).
6.-Se confirma la responsabilidad de la persona física codemandada en los términos de los arts. 54 y 59 de la Ley 19.550 toda vez que quedó acreditada la falta de registración de la relación laboral de la actora, por lo que se encuentran acreditados los presupuestos previstos en la citada ley para ratificar la responsabilizar que se analiza, cuya participación fue corroborada.
7.-Corresponde confirmar la condena solidaria en los términos del art. 31 LCT. respecto de la codemandada recurrente dado que a través de la prueba se pudo concluir acerca de la existencia de un conjunto económico.
Contra dicha decisión se alzan en apelación las demandadas conforme a los recursos de fs. 1022/1026, fs. 1027/1031, fs. 1032/1037 y fs. 1041/1042.
II.- Se quejan porque el Sr. Juez “a quo” tuvo por acreditado el vínculo de trabajo denunciado en la demanda. Asimismo, cuestionan la base salarial acogida en el decisorio ($ 780.-). Se agravian porque se hizo lugar a las multas de las leyes 24.013 y 25.323. También porque fueron condenadas a entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT y a pagar la multa establecida en dicha norma legal. Por último, por las costas del proceso y las regulaciones de honorarios.
El codemandado Guido Martín Míguez además cuestiona su condena en los términos de la ley 19.550.-
Gimnasios Argentinos SA se queja porque fue condenado con sustento en el artículo 31 de la LCT.
Racing Club Asociación Civil apela la incidencia del SAC s/ los rubros preaviso, integración y vacaciones. Asimismo, porque fue condenada en los términos del artículo 30 de la LCT.
III.- Adelanto que, por mi intermedio, los agravios tendrán parcial recepción y en esa inteligencia me explicaré.
a) Los reparos dirigidos a cuestionar la base salarial acogida en grado y el reconocimiento del vínculo laboral denunciado en la demandada deben ser desestimados.Ambos planteos no constituyen una crítica concreta y razonada de los aspectos de la sentencia que se consideran equivocados (artículo 116 de la LO) toda vez que el apelante se limite a citar jurisprudencia o a expresar su disconformidad sobre el punto pero lo cierto es que no ha ilustrado adecuadamente a este tribunal de los errores o desaciertos incurridos en el fallo recurrido. Los agravios traslucen una mera manifestación de disconformidad que no exceden la simple discrepancia subjetiva del apelante.
En torno a la existencia del vínculo laboral del actor, cabe recordar que el artículo 23 de la LCT establece “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o
causas que lo motiven se demostrase lo contrario”. Aclarándose que “Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”.
Sobre el punto, Fernández Madrid (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 1ª edición, Tº I, pág. 581) señala que “el contrato de trabajo se inserta habitualmente en el marco de una organización empresaria- El hecho de que el trabajador dependiente, normalmente se incorpora a un establecimiento extraño, lleva consigno y determina el carácter del trabajo como heterónomo. Por eso la incorporación del trabajador adquiere tanta importancia para la existencia de la relación de trabajo. Pues ni el locador de servicios, ni el de obra, ni el mandatario, se integran, físicamente, a una unidad laboral ajena.Mantienen, por lo menos, la independencia de su conducta personal, que el trabajador dependiente en mayor o menor grado, subordina al mecanismo de la empresa-En resumen la condición de trabajador se vincula con la ubicación que posea en la estructura de una empresa ajena y el contrato de trabajo se configura cuando una persona mediante el pago de una remuneración, pone su fuerza de trabajo al servicio de la empresa de otra que organiza su prestación, aprovecha los beneficios de la labor y corre con los riesgos consiguientes. Por tanto encontramos en la relación que se traba con motivo del contrato los siguientes elementos: a) un servicio personal que califica al trabajo como un hacer infungible; b) el pago de una retribución por el trabajo recibido; c) el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro y el empresario lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos del negocio”.
Ninguno de estos aspectos fueron analizados por el recurrente, lo que revela claramente la insuficiencia del planteo para modificar lo decidido en grado al respecto.
b) A la misma conclusión cabe arribar en cuanto a los agravios referidos al pago de las multas reclamadas en la demanda.
Contrariamente a la afirmación de las apelantes – respecto a la procedencia de las indemnizaciones previstas en los artículos 8º y 15 de la ley 24.013- cabe señalar que la accionante efectuó oportunamente la notificación a la AFIP que prevé el artículo 11 inc. b) de la ley 24.013 (ver fs. 524/525, fs. 542 y fs. 550), por lo que debe desestimar este agravio.
Asimismo, también debe ratificarse la multa del artículo 2º de la ley 25.323 toda vez que la accionante intimó oportunamente a la empleadora al pago de las indemnizaciones por despido (artículos 232,233 y 245 de la LCT) y, ante la falta de cancelación de las mismas, debió iniciar acciones legales para su cobro (ver fs.524/525).
Por último, tampoco es procedente el planteo de las apelantes en torno a la multa del artículo 80 in fine de la LCT porque, contrariamente a lo que señalan en su recurso, la actora cursó oportunamente la intimación prevista en el decreto 146/01; lo que conduce a ratificar el pago de la multa aludida (ver fs. 534/535).
c) La misma suerte habrá de correr el agravio relativo a la incidencia del SAC s/ los rubros preaviso, integración y vacaciones, toda vez que el plenario que cita la recurrente en sustento de su postura no es aplicable al caso y no se vincula a la cuestión apelada.
En efecto, el plenario Nº 322 de esta Cámara “Tulosai Alberto Pascual C/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561” sentó la siguiente doctrina: “1º) No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT, la parte proporcional del sueldo anual complementario. 2º) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT”.
Por ello, debe desestimarse su planteo recursivo.
IV.- La misma suerte correrá el agravio relativo a la responsabilidad del codemandado Guido Martín Míguez en los términos de los artículos 54 y 59 de la ley 19.550.-
En el precedente “Palomeque, Aldo René v. Benemetha S.A.” , la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la operatividad del artículo 54 de la Ley 19550, en cuanto no se acredite la existencia de una sociedad ficticia y fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha personalidad afecte el orden público laboral o evada normas legales, aspectos no observados en el caso.No debe confundirse la personalidad de los socios y administradores con la de la sociedad, pues ésta es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley. Los actos realizados por aquéllos, en representación del ente, no les son imputables, en principio, a título personal, dada la diferenciación de personalidad que emerge de la Ley 19550 y de los artículos 33 y siguientes del Código Civil. Su eventual responsabilidad por actos de la sociedad, nace cuando se acredita que la figura societaria ha sido utilizada como mero instrumento para la consecución de finalidades extrasocietarias o como mero recurso para violar la ley o el orden público o frustrar los derechos de terceros (artículo 54, tercer párrafo de la Ley 19550).
El artículo 274 de la L.S., dispositivo responsabiliza a los directores de las sociedades anónimas, y en el marco de esta norma, la responsabilidad se extiende a la totalidad de los créditos de cada trabajador. El armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que, a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.
El artículo 54, último párrafo, de la ley de sociedades (según ley 22.903) consagra la inoponibilidad de la personalidad jurídica, cuando la actuación de la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituyendo un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o frustrar derechos de terceros. En estos casos se imputará directamente a los socios que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.En el caso que nos ocupa no ha quedado acreditado a través de la contumacia procesal de los demandados que hayan perseguido la consecución de fines extrasocietarios, o un recurso para violar la ley y el orden público laboral a que aluden los artículos. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T. para frustrar derechos de terceros, por lo que deban responder solidariamente.(en similar sentido “Díaz, Jorge v. Mc. Meat S.A.” sentencia del 31.08.2007; “Vera, Romina Valeria c. Moto XXI S.R.L. y otros s. Despido”, sentencia 38.333 del 15.07.2011, del registro de esta Sala).
No obstante lo expuesto, esta Sala, con mi voto, ha admitido la condena solidaria de los socios o administradores de una sociedad, en el supuesto comprobado de evasión previsional vinculada a irregularidades registrales o pagos clandestinos o de cualquier otro modo que implique de parte de la empresa la comisión de una conducta de tipo fraudulento.
En el caso bajo análisis, quedó acreditada la falta de registración de la relación laboral de la actora, por lo que se encuentran acreditados los presupuestos previstos en la ley 19.550 para responsabilizar al codemandado Guido Martín Míguez, cuya participación fue corroborada por los testimonios analizados por el Sr. Juez “a quo” y no cuestionados en el planteo recursivo.
Por ello, propongo mantener este aspecto de la sentencia.
V.- El recurso de Gimnasios Argentinos SA -en cuanto cuestiona su condena en los términos del artículo 31 de la LCT- debe ser desestimado toda vez que el planteo no se hace cargo -y por ello deja incólume- el sustento medular de la decisión en torno a las pruebas analizadas por el “a quo” para fundar su decisión (ver fs.1016/1017). El agravio trasunta una argumentación dogmática, que prescinde de todo análisis concreto de los hechos y pruebas producidas en la causa, sin que se evidencie cuál fue el tema discutido, cómo fue resuelto, con qué fundamentos y cuáles son los errores o desaciertos de la sentencia recurrida. Básteme señalar que el planteo bajo análisis omite toda mención de las declaraciones testimoniales y del informe de fs. 804/836 (I.N.P.I.) que fueron considerados por el “a quo” para concluir acerca de la existencia de un conjunto económico en los términos del artículo 31 de la LCT.
Por ello, no encuentro fundamentos válidos para apartarme de lo decidido en grado al respecto.
VI.- El agravio de Racing Club Asociación Civil -respecto a su condena en los términos del artículo 30 de la LCT- debe correr la misma suerte. Esta Sala en la causa “Quevedo Ruben Marcelo C/ Cencosud Sa y otro s/ Despido” (SD 34971 del 25.04.08) delimitó los alcances de dicha normativa.
En dicho precedente se recordó que existen dos tendencias interpretativas acerca de los alcances de la solidaridad pasiva establecida por el artículo 30 de la LCT. La primera realiza una exégesis estrictamente gramatical del texto y entiende que sólo se activa la solidaridad crediticia cuando la tarea transferida hace al objeto de la explotación económica. La segunda, que comparto, considera que la solidaridad opera aún respecto de las labores coadyuvantes y necesarias para el cumplimiento de la tarea final; tareas que aún siendo “secundarias”, “auxiliares” o “de apoyo”, son imprescindibles para que se puedan cumplir las primeras, ya que normalmente integran, como auxiliares, la actividad (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, “Tratado práctico de derecho del trabajo”, Bs. As., 1989, tomo I, Pág.930; Vázquez Vialard, Antonio, “Tratado de derecho del trabajo”, Bs.As., 1982, tomo 2, Pág.358). Es también, para algunos, la doctrina que reflejó “obiter dictum” la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar sentencia en la causa “Rodríguez c / Cía. Embotelladora”, del 15 de abril de 1993 (Fallos 316:713), según sus Considerandos 10 y 11 del fallo y más allá de las alternativas particulares de esa causa (Conf. Vázquez Vialard, Antonio, “La Corte Suprema precisa el sentido del Art. 30 de la LCT”, en T y S.S., año 1993, Págs. 417 a 425). En efecto, el Máximo tribunal alude a prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento (Considerando 10) y emplea el mismo giro en el Considerando 11.
Desde esta perspectiva, corresponde el temperamento adoptado en grado respecto a la existencia de responsabilidad solidaria en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo toda vez que la apelante no rebatió – y por ello dejó firme ante esta alzada- el aspecto de la sentencia que señala que su parte delegó facetas propias y específicas de su giro empresario en favor de quién fuera la empleadora de la actora, lo que conduce a concluir que las labores ejecutadas por la accionante resultaron inescindibles y coadyudantes del cumplimiento de su objeto social. Por otro lado, es la doctrina que sustentó la Procuración General de la Nación, cuyos lineamientos ha seguido la Corte Federal en el fallo “Preiti Pantaleón y otro c/ Elemac SA y otro”, (Sentencia del 20.08.08, CS, “P. 1897.L º XL).
Por lo tanto, propongo mantener la condena solidaria de Racing Club Asociación Civil en los términos de la norma referida.
VII.- En cambio, son procedentes los agravios referidos a la condena de entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT, toda vez que esa obligación sólo debe ser satisfecha por el empleador directo de la actora y no alcanza a los restantes sujetos condenados por vía de solidaridad (artículos 30 y 31 de la LCT; 59 y concordantes de la ley 19550).
Desde tal perspectiva, debe modificarse este aspecto de la sentencia.
A influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN corresponde revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios; tornándose inoficioso tratar los agravios vertidos al respecto.
VIII.- Con fecha 21 de mayo del corriente año la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta 2601, adoptó, para corregir los créditos laborales, la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino.
Aplicar la nueva tasa, a partir de su vigencia, simplemente implica mantenerla obligación originaria corregida tan sólo en la expresión nominal, permitiéndole conservar el sentido con el que fue fijada en la sentencia.
Con base en todo lo expuesto corresponde establecer que la tasa fijada en grado regirá hasta el 21 de mayo de 2014, fecha a partir de la cual se utilizará la tasa de interés nominal anual que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses.
IX.- Por las razones expuestas propongo en este voto:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento. 2) Eximir a las codemandadas Gimnasios Argentinos SA, Racing Club Asociación Civil, Guido Martín Míguez y Red de Clubes Megatlon SA de entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT. 3) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios. 4) Imponer las costas de Alzada a las apelantes, que resultaron vencidas en lo principal. 5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículo 68 y 279 del Código Procesal; 38 de la ley 18345 y concordantes de la ley 21839 y decreto ley 16638/57).-
EL DOCTOR VICTOR A.PESINO DIJO:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, con los intereses establecidos en grado corregidos de conformidad al presente pronunciamiento.
2) Eximir a las codemandadas Gimnasios Argentinos SA, Racing Club Asociación Civil, Guido Martin Míguez y Red de Clubes Megatlon SA de entregar los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT.
3) Confirmar lo resuelto en materia de costas y honorarios.
4) Imponer las costas de Alzada a las apelantes.
5) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia
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 artículo 80
 artículo 31
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 artículo 11
 artículo 2
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in fine
 artículo 245
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 artículo 54
 artículo 274
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 artículo 31
 artículo 31
 artículo 30
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 artículo 30
 artículo 80
 artículo 279
 artículo 80
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