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Timestamp: 2020-08-10 08:21:39+00:00

Document:
Vulneración de derechos del procesado, en la aplicación del procesamiento abreviado
VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PROCESADO, EN LA
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.
Msc. Ab. Ariel Sepúlveda S.
Israel Murgueitio Córdova
Washington Navarrete Farah
TITULO Y SUBTITULO: VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL PROCESADO, EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
INCRIMINACIÓN, PENAL, CONSTITUCIONAL, DEFENSORIA PÚBLICA, FISCALIA
La presente tesis denominada “Vulneración de derechos del procesado, en la aplicación del procedimiento abreviado” está orientado al análisis desde el origen de la aplicación de procedimiento ordinarios penales a procedimientos especiales , así como fundamentar el procedimiento abreviado, sus bondades así como la vulnerabilidad de su aplicación por parte de los procesados, en especial el hecho de que para aplicarlo el procesado debe implícitamente aceptar su participación en el hecho investigado del cual se lo acusa, lo cual rompe el derecho constitucional y humano de la presunción de inocencia.
inocencia, optimizando la aplicación de este procedimiento especial.
N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN
A Dios por darme la fuerza, bendiciones y entusiasmo para culminar mi carrera, a mi madre Graciela Córdova, por demostrarme su amor de forma incondicional brindándome sus consejos y apoyo en este viaje de vida y estudios, a mi padre Luis Enrique Murgueitio, quien lucho de manera incansable para que yo pudiera culminar mi carrera, dejando de lado muchas cosas por brindármelas a mí, a mi abuela María Teresa Arichabala, quien sigue luchando para que sea un hombre de bien y coseche éxitos, a mis hermanos quienes siempre se preocuparon por que no desmaye en mis estudios, a mi esposa Madeline Pacurucu, por su amor incondicional, a mi hijo, la mayor bendición que Dios me ha dado, a mi tutor Ariel Sepúlveda, quien siempre me brindo su conocimiento y expandió mi universo de investigación, demostrando ser más que un maestro un amigo.
Expreso mi infinito agradecimiento a la Universidad “Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil”, a sus Directivos, Docentes y Personal Administrativo por estar
prestos ayudarme en todo lo necesario durante mis años de carrera universitaria.
A Dios por darme la fuerza y bendiciones, a mis padres por mostrarme el camino del bien, enseñándome a ser un hombre correcto, honesto y fiel a mis principios, gracias por creer en mí, por ser mi motivación, mi inspiración, Gracias y mil veces gracias!.
A la Universidad “Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil”, Docentes, Personal
Administrativo por brindarme la oportunidad de ser parte de esta gran Institución educativa.
Por haberme permitido por fortalecer mi corazón, por regalarme bondad para que lograr éste objetivo importante en mi vida.
Por su apoyo brindado en todo momento, por ser el pilar fundamental en mi vida, por los consejos y valores inculcados.
Por siempre apoyarme en todo momento, demostrarme que puedo culminar mis metas con éxitos, por darme los valores mi vida, por su amor y su dedicación.
La presente tesis denominada “Vulneración de derechos del procesado, en la
aplicación del procedimiento abreviado” está orientado al análisis desde el
origen de la aplicación de procedimiento ordinarios penales a procedimientos especiales , así como fundamentar el procedimiento abreviado, sus bondades así como la vulnerabilidad de su aplicación por parte de los procesados, en especial el hecho de que para aplicarlo el procesado debe implícitamente aceptar su participación en el hecho investigado del cual se lo acusa, lo cual rompe el derecho constitucional y humano de la presunción de inocencia.
En la actualidad la norma penal establecida en el Art 635 numeral 2 del
Código Orgánico Integral Penal establece que “La propuesta de la o el fiscal
podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.” (Asamblea Nacional, 2014), es decir la parte proponente es la parte acusado a nombre del estado por ejercer este el poder punitivo no está normado y solo se norma que debe estar avalado por el procesado o su abogado, lo que a nuestro entender el problema a resolver en la investigación
El estudio del tema investigado permite plantear la Hipótesis de “si se
aplicación de este procedimiento especial, es decir a través de ella (hipótesis) pretendemos corregir el vació o la vulnerabilidad señalada.
El capítulo II que es el marco teórico referencial, comenzamos definiendo el proceso penal en ecuador, orígenes del derecho penal en el país, sistemas procesales penales y la evolución al COIP, sistema inquisitivo, sistema acusatorio, sistema mixto, sistema oral, el proceso penal ordinario, sujetos procesales, ofendido, procesado, fiscalía, defensoría pública, las etapas del proceso penal, el procedimiento abreviado, ventajas y desventajas del procedimiento abreviado, el procedimiento abreviado y debido proceso, la constitución y su relación con el derecho penal, analizamos doctrina y aplicamos derecho comparado con Colombia y México.
La inseguridad ciudadana ha ido en aumento lo que ha originado que se exija a las autoridades del gobierno central en el pleno uso del derecho a la seguridad ciudadana y que fue oferta de campaña y está dentro del Plan Nacional del Buen Vivir como uno de los objetivos y como política de Estado.
Varios cambios se han hecho en la normativa procesal penal, para función pública de administrando pronta y cumplida justicia, como es el caso del procedimiento abreviado
Dentro del procedimiento abreviado no encontramos expresamente pero si tácitamente, el hecho de que el procesado tiene que aceptar la culpabilidad de la infracción de la cual se lo está acusando y el hecho de quien propone es el Fiscal y no el procesado, lo que da la óptica de que el fiscal es el único que se beneficia de un juicio rápido y esto se reflejara en informes de eficiencia.
Pero al no tener la facultad de ser el procesado el proponente del mencionado proceso, este se convierte en parte pasiva del mismo, por lo que se convierte en una vulnerabilidad de derechos.
Portada………. I
Acta de autoría y cesión de derechos……… II
Certificación y aceptación del Tutor……… III Certificado de anti plagio……….… IV
2.1.5. Sistema Inquisitivo……….. 22
3.5.1 Tratamiento de la información – procesamiento y análisis, presentación y resultados (A)………...……… 86
3.6. Conclusiones y recomendaciones……… 104 CAPITULO IV REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS……...……….. 106
Vulneración de derechos del procesado, en la aplicación del procedimiento
Los niveles de inseguridad han ido en aumento en los actuales momentos a tal
punto que una de las exigencias a la autoridades tanto del gobierno central como
locales, es el pleno uso del derecho a la seguridad ciudadana que de paso está
dentro del Plan Nacional del Buen Vivir como uno de los objetivos y como política
Un mecanismo para la consecución del objetivo mencionado en el párrafo anterior
que lo resumimos, es del derecho a la seguridad ciudadana, ha traído como
consecuencia ciertos cambios en la normativa procesal penal, como es el
juzgamiento rápido y expedito de los acusados de delitos que vulneran el derechos
Bajo el pretexto del aumento de la delincuencia, se crean cada día nuevos tipos
penales sin mayor estudio sobre la conveniencia de la criminalización de las nuevas
conductas, se crean unidades y juzgados de garantías penales, el aumento de la
delincuencia ha generado también el aumento de trabajo de los Jueces de
Garantías Penales, Fiscales y Defensores Públicos, esto trajo otra consecuencia,
La situación descrita vio como salida la búsqueda de optimizar los ítems de los
privados de la libertad con sentencia condenatoria, como mecanismo también para
que no cause la caducidad de la prisión preventiva, como parte de garantías del
debido proceso por el cual el estado fue demandado y condenado ante la Corte
Mientras unas personas a favor del procedimiento abreviado dicen que tiene por
finalidad contribuir “a la descongestión judicial y lograr mayor eficacia estatal en la
función pública de administrar pronta y cumplida justicia”. A su vez, se dice que el
acusado sale beneficiado por cuanto “se le resuelve de manera definitiva el cargo
formulado y las rebajas punitivas”1
Lo que se deja en el aire al no encontrarlo expresamente pero si tácitamente, es
que el procesado lógicamente tiene que aceptar la culpabilidad de la infracción de
la cual se lo está acusando.
El fiscal que en esta caso es el proponente del procedimiento abreviado lo que
resulta como lo califica Zavala Baquerizo “un negocio” por parte del fiscal, el cual
tiene una gama de ofertas que hacer a cambio de un solo acto proveniente del
acusado, cuál es su declaración en la cual acepta la autoría en el delito, como
resultado de lo cual, aparentemente, son favorecidas las dos partes, esto es, el fiscal
porque se adjudica un “triunfo” y lo puede reflejar en su informe con ítems
favorables con sentencias condenatorias por su gestión y de paso se ahorra el
trabajo de probar la existencia jurídica del delito y la culpabilidad del acusado, con
1Orlando Alfonso Rodríguez. La Presunción de Inocencia., citado por del Dr. Jorge Zavala BaquerizoEL
lo cual se podría decir que se ganó en economía procesal por la no inversión de
tiempo que significa dinero para el estado; y por la otra parte el acusado porque se
ahorra el tiempo de condena que podría recaer si se sustancia el proceso
En referencia al procedimiento abreviado y aplicando la metodología de derecho
comparado podemos comparar con la justicia y normativa anglosajona, según
García Torres2se presenta en tres categorías, a saber: El “sentence bargaining”; el
“charge bargaining” y la forma mixta. La primera categoría consiste en un acuerdo
entre el acusado y el juez, y/o el Ministerio Público por el cual, a cambio de la
confesión de culpabilidad del justiciable se le promete la imposición de una pena
concreta entre varias posibilidades. Por la segunda categoría el imputado declara
su culpabilidad por la comisión de “uno o más hechos delictivos a cambio de la
promesa de que no se ejercitará la acción penal por otros delitos que no son
imputados; y ante lo cual el prosecutor desvirtúa entonces la imputación,
sustituyendo el hecho que originalmente sostenía la acusación por uno menos
grave, e incluso, y de existir varias imputaciones, dejando de perseguir alguna de
ellas” (ibidem). Finalmente, la tercera categoría es una compleja aplicación tanto del
“sentence bargaining” y del “charge bargaining” por el cual la confesión del imputado
puede significar la reducción de los cargos existentes contra él y también la
reducción de la pena. Lo que importa es concluir estableciendo: a) que la aplicación
del procedimiento especial o excepcional se fundamenta única y exclusivamente
sobre la confesión del acusado; y, b) que dicha confesión incide en la reducción de
cargos, o de la cantidad de pena que debe imponerse al confesante.
De lo sostenido este procedimiento rompe la presunción de inocencia que es una
garantía constitucional reforzada por los tratados de Derechos Humanos suscritos
por el Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o
partícipe de un hecho delictivo, esto mientras no exista contra ella una resolución
firme o sentencia ejecutoriada.
En tal virtud la presunción de inocencia, es el derecho de toda persona a no ser
tratada como culpable mientras no se lo declare así en una sentencia motivada,
producida después de un juicio y ante un juzgador imparcial.
Ésta figura procesal, se encuentra plasmada en el artículo76.2 de la Constitución
de la República cuando se refiere a las garantías básicas del debido proceso.
La normativa actual del Código Orgánico Integral Penal al establecer el
procedimiento abreviado determina que debe sustanciarse de conformidad a ciertas
reglas entre ellas las cantidades en el Art. 635 numeral 2, donde establece que “La
propuesta de la o el fiscal podrá presentarse desde la audiencia de formulación de
cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.” (Asamblea
Nacional, 2014), lo que nos da a entender expresamente que es una propuesta de
la Fiscalía y no una propuesta del procesado y a este solo se limita su accionar y
su intervención dando su aval como lo menciona el numerar tercero de la normativa
aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye”.
(Idem) y complementa al consentimiento del procesado el acreditamiento o aval del
defensor público o privado del procesado, lo que se evidencia en el numeral cuarto
de la norma nombrada, es decir para que no se argumente que fue inducido por la
fiscalía, si no que se contaba con el defensor.
1.4. Formulación del problema.
¿En el procedimiento abreviado la facultad de proponer dicho proceso esta normado
para que la haga la Fiscalía negando la posibilidad y el derecho del procesado por
sí mismo o atreves de su defensor de ser el proponente, limitando sus derechos y
convirtiéndolo en una opción unilateral lo que restringe su espíritu y el principio de
igual de las partes?
1.5. Sistematización del problema.
Para sistematizar la investigación existe varias formas, pero el objetivo de ello es
organizar los conocimientos que sea una guía para el trabajo, uno de ellas es aplicar
métodos, como el comparado y esta vez lo hacemos, comparando los aspectos
positivos y negativos del tema a investigar, en este caso el procedimiento abreviado,
a fin de despojarnos perjuicios y verlo con objetividad que nos permita estructurar
un trabajo científico y lo hacemos de esta forma:
POSITIVOS.-En el procedimiento especial abreviado podemos encontrar Los siguientes
a) Se cumple el precepto constitucional de celeridad; es decir, administrar
justicia en poco tiempo.
b) En caso de sentencia condenatoria satisfacer los daños y perjuicios a la
víctima igualmente en poco tiempo.
c) Si fuere sentencia absolutoria, es impedir que un inocente este privado de su
libertad o que exista tanto preso sin conocer su situación procesal
d) Constituye el mejor esclarecimiento de la verdad de los hechos que se
e) Se destacan la descongestión del despacho fiscal y judicial.
En la aplicación de este procedimiento encontramos los siguientes aspectos
a) Atenta contra el derecho en virtud de que existe estación probatoria.
b) Vulnera el derecho constitucional de presunción de inocencia y la
obligatoriedad de la prueba (COIP), ya que solo con la simple afirmación del
procesado se le puede llegar a imponer una pena.
c) Si no hay un trabajo bien realizado, se puede utilizar para condenar a
d) Se vulnera el derecho de igualdad ante la ley previsto en la constitución de
la República del Ecuador y la igualdad procesal prevista en la ley.
f) Puede ser nula la confesión del procesado, si el juez no da paso a la
1.6. Objetivos de la Investigación.
Analizar las vulneraciones de derecho en la aplicación del procedimiento abreviado,
que permita viabilizar correctivos para su optimización.
 Examinar lo positivo y negativo de la trascendencia de la institución del
 Valorar la propuesta que debe reunir el beneficiario del procedimiento
abreviado, en que delitos se admiten, y el procedimiento en el caso de
hechos punibles conexos.
1.7. Justificación de la investigación.
Encontramos justificación en el tema a investigar el procedimiento abreviado en la
ciudad de Guayaquil, durante el periodo 10 de agosto del 2014 a junio del 20153, en
razón de que ser un figura nueva en la legislación ecuatoriana y se encuentra dentro
del marco y ámbito penal.
Importante es saber que la aplicación de este procedimiento ya que bien aplicado
en la práctica ayudará a la justicia en forma eficaz a resolver muchos casos y en
muy poco tiempo este será una verdadera herramienta para llegar a la justicia, pues
pueden negociar la pena que se le impondrá al procesado por el ilícito cometido y
de esta forma llegar a la consecución del espíritu de la ley el cual es obtener justicia.
Otra justificación la podemos sustentar en el presente estudio en el hecho que
analizará cado uno de los presupuestos del procedimiento Abreviado; en detalle, las
razones por las cuales este procedimiento que contempla nuestra norma, discrepa
tan significativamente con las legislaciones de países amigos y se profundizará en
un sistema de principio y de un cuerpo de doctrina que confirme la validez del
procedimiento creado o que amerite la reforma del texto legal vigente; se realizará
un análisis comparado con otras legislaciones y el sistema anglosajón y el germano,
como ha funcionado y optimizado la justicia.
1.8. Delimitación del problema.
Para delimitar lo ubicamos en varios aspectos que nos permitirá enarcarla en una
dirección establecida para dicho efecto lo delimitamos en:
CAMPO: Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, Derechos Humanos.
AREA: Derechos del procesado que se somete al procedimiento abreviado.
ASPECTO: Vulneración de derecho.
Tiempo: años 2014-2015.
Espacio: Unidad Judicial de Garantías Penales y de Fragancias de Guayaquil.
1.9. Hipótesis.
Si se reforma el Artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, que faculta al
Fiscal ser el proponente, también permita al procesado ser el proponente de
procesado, como el de la presunción de inocencia, optimizando la aplicación de este
Reforma el Artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, que faculta al Fiscal
ser el proponente, también permita al procesado ser el proponente de someterse al
 La fiscalía es la única facultada para proponer el procedimiento abreviado lo
que ha ocasionado que cuando se tenga ciertos indicios de responsabilidad
sin ser todos, se proponga al procesado aceptar el procedimiento abreviado
como un negocio con el cual recibirá menos pena y rápido, ocasionado que
algunos inocentes sin recursos ni alternativas acepten dicha propuesta.
 El derecho de inocencia es parte de los derechos humanos y es el estado
que ejerce el ius puniendi4 que debe demostrar la culpabilidad del procesado.
 Potestad de los procesados que a sabiendas que son culpables demuestren
su arrepentimiento y la libertad de ellos ser los proponentes del
4El Derecho Penal subjetivo se identifica con el ius Puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado
para castigar. El ius puniendi sólo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena.
2.1. Marco teórico referencial
2.1.1. Antecedentes referenciales de investigación
Partiendo como antecedente que desde el año 2007, el Gobierno Nacional propuso
al país una reestructuración profunda, por lo que fue necesario para sus objetivos
poner a disposición de las y los ecuatorianos un nuevo cuerpo constitucional, que
tácitamente y expresamente reconoce y garantiza el respeto de los derechos
fundamentales, la función judicial en la nueva Constitución no había sido tocada y
se planteó un referéndum de aprobación que permitió romper la estructura de la
Hecho los cambios a través de reestructurar del Consejo de la Judicatura y la
reorganización de los operadores de justicia y allí se vislumbra que hacía falta
contar con un cuerpo legal claro y cohesionado, en que se establezca un nuevo
modelo de justicia penal, que tipifique nuevas conductas delictivas, en concordancia
con el pacto constitucional, se base en el respeto de los derechos humanos y mire
de manera integral el procesamiento de los hechos que los vulneran y sea una
herramienta eficaz al momento de combatir la impunidad y la inseguridad, en
octubre del 2011, el 5Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, presentó
a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Código Orgánico Integral Penal,
propuesta que fue aprobado por el Legislativo.
5 Borrador de Informe para segundo debate Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, disponible en :
El 10 de agosto de 2014,6 se inició una nueva etapa en la historia judicial
ecuatoriana, con la entrada en vigencia de un cuerpo penal calificado por el
oficialismo como progresista y vanguardista, con cuya aplicación buscaba
sancionar los delitos más graves, y a sus autores, optimizar los tiempos procesales,
garantizar la protección de los derechos tanto de víctimas directas y colaterales, así
como de los imputados, además de la administración de verdaderos procesos de
rehabilitación social que certifiquen a la sociedad la disminución de reincidencia
delictiva y de inseguridad.
En nuevo Código Orgánico Penal Integral destina el Título VIII, Capitulo Único,
denominado Procedimientos Especiales, y entre estos el procedimiento abreviado,
que cabe mencionar no es nuevo en la normativa penal pues en el año 2001 ya
normaba su aparición, pero la nueva perspectiva de ahora es que se la ve como
una alternativa de solución de conflictos en este caso entre el procesado y la fiscalía
en animo de buscar conseguir una sentencia que sea beneficioso a las partes.
Con los antecedentes también de que el estado ecuatoriano sufrió algunas
sanciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación al
debido proceso y el hecho que los detenidos pasaban más tiempo del debido por la
no caducidad de la prisión preventiva y las inoportunas sentencias luego de años
de procedimientos, el procedimiento abreviado se convierte en una forma de que
los indicadores de gestiones suban en conseguir sentencias con celeridad en un
tiempo determinado como breve frente al procedimiento ordinario.
Los antecedentes mencionados ponen en discusión de la académica jurídica así
como al debate de los operadores de justicia, fiscales, público en general cual
acertado es ahora la nueva normativa para la aplicación del mencionado
procedimiento que es lo que esbozaremos en el presente trabajo que tendrá las
siguientes subtemas.
2.1.2. El proceso penal en el Ecuador.
La primera Ley procesal penal que existió en el país se dictó en el año 1839,
decimos Ley, pues no constituía lo que hoy conocemos como Código. Era una ley
conformada por apenas 49 artículos, los mismos que no tenían una sistematización
definida u ordenada.
A decir del Dr. Walter Guerrero Vivanco esta ley estaba dividida en 5 capítulos,
distribuidos de la siguiente manera: Capítulo I Introductorio, II De la Fianza de la
Calumnia, III De la forma de proceder en las causas de oficio, IV De los juicios
criminales económicos, V Del cuerpo del delito, y una última parte de las
disposiciones generales.7
Se notaba una fuerte presencia del sistema inquisitivo, pues existía la posibilidad de
que el juez proceda por sí solo hasta admitir por si hasta admitir la acusación.
El primer Código de Procedimiento Penal que se conoce en la historia del país fue
dictado en 1920, como puede advertirse este constituyó un verdadero cuerpo de
leyes procesales, pues su sistema de organización modificó notablemente lo que
se había recopilado, este cuerpo legal estaba constituido por 373 artículos los
cuales estaban distribuido en seis capítulos. Debido a la amplia mutación que ha
sufrido el Código de Procedimiento Penal, actualmente contempla que el proceso
penal es concebido como un sistema de garantías para el imputado frente al
ejercicio del poder punitivo estatal, es decir como un nuevo sistema de garantías a
favor de imputado o procesado.
La Reforma Procesal Penal de cualquier modo ha colaborado a seguir construyendo
Por lo tanto el modelo acusatorio se muestra como un modelo de proceso penal
democrático que persigue por una parte: restablecer el derecho lesionado por la
acción u omisión delictiva, con la respectiva sanción al culpable; y por otro lado el
derecho de la persona imputada a ser protegida por el Estado conforme los
En tal virtud no se puede decir que se ha conculcado una norma porque se ha
elaborado otra, cuando entre ellas tienen que ser eminentemente consubstanciales.
Es lógico que no puedan existir sistemas procesales puros, ni mucho menos la
presencia de nuevos códigos va a conllevar cambios absolutos.
Precisamente en este sentido se ha demostrado que el Código de Procedimiento
creando otras tantas instituciones jurídico procesales, nunca estarán en
contraposición con los Derechos Humanos ni con la Constitución vigente en el
El Art.11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que los
instrumentos internacionales que hagan hincapié en los Derechos Humanos sean
de directa e inmediata aplicación. De esta suerte el Procedimiento Abreviado
aparece sobre la égida de este reciente Código, como una institución novísima para
el sistema procesal penal ecuatoriano, así como también respondiendo a los
principios de celeridad, simplificación y economía procesal acabando con los
excesos rituales manifestados.
Es necesario resaltar que el Procedimiento Abreviado por su escasez doctrinaria,
sus resultados tanto en otras legislaciones como su incursión en nuestro país han
sido casi imperceptibles.
2.1.3. Orígenes del derecho penal en el país.
El 17 de Abril de 1837, en la Presidencia de Vicente Rocafuerte, 8se aprobó el
Primer Código Penal de la República del Ecuador, que consagraba la pena de
muerte; y las penas en general, eran de tipo aflictivo y de trabajos forzados.
En dicho Código Penal, las penas de prisión se cumplían en las cárceles, que se
constituían en casas y fortalezas, diciéndose sobre ellas, que “las cárceles solo
8Constituciones del Ecuador desde 1930 hasta 2008, disponible en pagina wed Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador :
están destinadas a la custodia y no para tormento y aflicción de los reos, y por
consiguiente deben ser tratados, en cuanto lo permita su lastimosa situación con la
mayor humanidad, especialmente cuando es un castigo a un ciudadano, antes de
probársele legalmente un delito” 9
El Artículo 23 del Código Penal, expresaba que “los condenados a prisión y
reclusión, serán conducidos a una casa de trabajo, y en ella, sin poder salir durante
el tiempo de la condena, trabajarán constantemente en el oficio, arte u ocupación
para que sea más a propósito, sin prisiones, a menos que la merezcan por mala
conducta, según los reglamentos de la casa, y con precisa circunstancia de que
garantizaba a los ecuatorianos, la inviolabilidad de la vida y queda abolida la pena
de muerte, la pena capital.
El Código Penal de 1938 opera ciertas reformas como la condena de ejecución
condicional y la liberación condicional.
El Código Penal de Eloy Alfaro fue promulgado un 18 de Abril de 1906, el cual abolió
en forma definitiva la pena de muerte, estableciéndose las infracciones en penas de
9 LOPEZ VILLAVICENCIO, Germán.” Legislación Laboral Penitenciaria Ecuatoriana” imprenta Don Bosco.
Quito. 1990. Pág. 16.
prisión y reclusión mayor y menor, fijando la pena máxima en reclusión
extraordinaria de dieciséis años.
El Código Penal, derogado, constituye la principal ley de aplicación penal en el país,
y desde su última codificación, esto es el año de 1971 (Registro Oficial Nº 147.de
22 de enero del año en mención)11 ha sufrido una serie de modificaciones, siendo
en este Cuerpo legal en el que se encentraban tipificadas las infracciones, las que
se clasifican en delitos y contravenciones, por lo que al haber personas que
transgredan la ley y al ser detenidas son enviados luego del trámite respectivo a
uno de los Centros de Rehabilitación Social.
El Código Penal derogado se encentraba en marcado en relación con el Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y éste con el Régimen Penitenciario
que es el lugar donde las personas cumplen penas privativas de libertad, debido a
que se encuentra constituido como la norma que regula la conducta social y aquel
que inobserva sus disposiciones era sancionado de conformidad con el delito y su
El código de procedimiento penal.
Es el Cuerpo legal que establecía el procedimiento a seguirse desde el inicio de un
proceso penal hasta su juzgamiento, pasando de un sistema inquisitivo escrito, a un
sistema acusatorio oral, a través de una Reforma publicada en el Registro Oficial de
13 de Enero del 2000 y que lograría la celeridad y eficacia de los procesos y trámites
en especial la presentación y contradicción de las pruebas, para lo cual se tomará
en cuenta a la Jurisdicción y Competencia; de acuerdo al Art. 16 del Cuerpo de
Leyes enunciado sólo a los Jueces y Tribunales Penales establecidos de acuerdo
con la Constitución ejercen jurisdicción en materia penal; mientras que la
Competencia nace de la Ley
2.1.4 Sistemas procesales penales y la evolución al COIP.
Es proceso penal es de carácter público, porque regula la actividad jurisdiccional
del Estado, busca proteger los intereses públicos cuando los delitos afecten el
orden social, además mantienen la convivencia social, resolviendo los conflictos
entre los particulares.
El Proceso Penal puede ser definido en términos analógicos al civil
contemplando su fin específico y diferenciador “Es el conjunto de
actividades reguladas por el derecho procesal penal que realizan el
tribunal y las partes en virtud de la petición de otorgamiento de justicia
o acto por el cual se realiza el derecho de castigar (ins puniendo) del
Estado”(REINOSO H., 2005)
El proceso penal es de carácter instrumental, porque sirve para, que se pueda,
tutelar los derechos tanto de los ciudadanos como de todos los integrantes de una
El proceso penal es de carácter autónomo, porque el Derecho Procesal tiene
encargado de organizar los Tribunales y las Salas Penales y regular todas sus
actividades emanadas de la actuación jurisdiccional.
El Proceso Penal ecuatoriano es eminentemente humano, porque guarda el
equilibrio necesario entre la eficacia de las actuaciones procesales de sus etapas
encaminadas al descubrimiento de la verdad y la mínima limitación de los derechos
humanos del imputado.
EL PROCESO PENAL EN EL ECUADOR.
El Sistema Procesal es el medio para la realización de la justicia, tiene como objetivo
primordial el establecer la justicia penal, y mediante ella devolver la paz social, que
se ve amenazada o alterada por las conductas antijurídicas, las mismas que
transgreden la norma penal debiendo castigar a los culpables, pero ésta no se la
podrá realizar ni ejecutar sin la presencia del proceso penal.
“En el Ecuador, antes del año 2000, el sistema que imperaba en los
procesos penales era el inquisitivo, éste desapareció una vez que se
promulgó el Código de Procedimiento Penal en el Registro Oficial Nº
511, de fecha 10 de julio de 1983”(Abogados., 2002)
Este marco teórico jurídico constitucional aplicado al proceso penal acusatorio que
establece el Código de Procedimiento Penal del año 2000, determina que en el
“Una que consiste en investigar el delito y perseguir procesalmente
al imputado acusándolo ante el titular del órgano jurisdiccional
competente, y la otra que consiste en juzgar al procesado acusado
por la Fiscalía, que fundamente su acusación en los resultados de la
investigación que realiza como órgano procesal
investigador(ABARCA GALEAS, 20202, pág. 17)”
Estas dos funciones en el ámbito del proceso penal inquisitivo se encuentran
fundidas en una sola y corresponde ejercerla exclusivamente al titular del órgano
jurisdiccional penal, que es el único órgano que interviene en el proceso penal y
en el que el Fiscal solamente es una de las partes procesales.
Como se ve, en el proceso penal acusatorio primeramente interviene la Fiscalía
como órgano procesal investigador del delito y en el caso de que la investigación
obtenga resultados positivos en orden a establecer la existencia del delito y la
participación del imputado en su cometimiento, acusando ante el titular del órgano
jurisdiccional competente para que decida sobre los resultados de la investigación
instructiva; si procede o no el enjuiciamiento del imputado.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 195,
“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición, la investigación pre
procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción
pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima
Para el cumplir con sus funciones, La Fiscalía organizará y
dirigirá un cuerpo policial especializado integral de investigación,
medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de
investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y
asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y,
cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la
ley”(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, pág. 20)
Con tal disposición la Fiscalía está encargada de realizar los actos procesales
comunes y que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal Vigente.
En la indagación previa y en la instrucción fiscal, los fiscales deben promover la
investigación del hecho que llegó a su conocimiento para verificar si este constituye
delito, y si así lo fuere identificar a los presuntos responsables del acto punible,
para luego acusarlos ante el Juez y Tribunal competente, después de haber
encontrado fundamentos suficientemente claros.
Como se ha señalado, el Fiscal lleva implícita una sagrada responsabilidad, ya que
depende de él iniciar o no un juicio penal, está entonces en sus manos posibilitar
que la justicia cumpla su anhelada misión.
El Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador mantiene el sistema
a.) “La oralidad, a través de este principio se busca consagrar los
propósitos fundamentales del debido proceso, el mismo que permite
confirmar si existe o no el delito. El debate público es un método que
da mayor agilidad y serenidad al proceso.”
b.) “La contradicción, este principio permite a las partes conflictuadas,
argumentar sus peticiones a través de la presentación de las pruebas
de cargo y de descargo, facilitando claridad y argumentos al juzgador
para que éste pueda tener elementos de convicción que le permitan
emitir la sentencia respectiva.”
c.) “La inmediación, es la apreciación y valoración que hace el juzgador
en la presentación de las pruebas, y las explicaciones que realizan
las partes procesales sobre el hecho, a través del contacto directo
que se da entre el juzgador y las partes.”
d.) “La concentración, a este principio se lo denomina también la
continuidad del proceso, generado como consecuencia de los
principios de oralidad e inmediación. Dicho en otras palabras es el
recogimiento que hace el juzgador de todo lo que escuchó sobre los
alegatos presentados por las partes procesales a través de la
confrontación de las pruebas y exposiciones orales en la audiencia,
los mismos que le permiten emitir un criterio que luego se ejecuta a
e.) “La publicidad, es un principio que permite a la sociedad en general
poder presenciar el enjuiciamiento que se realiza para sancionar las
diferentes conductas desviadas, y a la vez para controlar y
verificar la transparencia y normal desarrollo del juicio ejecutado.
También respecto a quienes tiene la responsabilidad de
sancionar.”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)
2.1.5 Sistema Inquisitivo.
Este sistema fue fundado en la etapa inquisitiva y tuvo como características
principalmente las siguientes: las pesquisas judiciales, el lenguaje escrito, el
secreto del sumario, la falta de inmediación y la desconcentración Este sistema
inquisitivo tuvo su apogeo en la edad media, combinando la aplicación del sistema
legal o formal de la valoración de la prueba con la confesión conseguida bajo
Regía plenamente el principio de oficialidad, tanto en la iniciativa como en el impulse
procesal posterior, desapareciendo los jurados y tendiendo los jueces a ser
técnicos. El secreto del proceso era absoluto o por lo menos lo era hasta el punto
de ser secreto el lugar y la manera en que procedía el tribunal.
En el “Manual de Derecho Procesal Penal” de Carlos J. Rubianes (pág. 414) dice”
El juez puede, de oficio, apartándose de la iniciativa de las partes, llevar a cabo
todas las investigaciones que estime oportunas para la comprobación de la verdad”.
Es un proceso de carácter unilateral, dejando al juez la potestad de decidir sin
excepciones son muy pocas, ya que sólo ocurren en los delitos de acción privada
en que rige el sistema dispositivo.
Habla de una inquisición general, en donde se recoge información sobre el delito y
quién es su autor, posteriormente se individualiza al sospechoso.
En la segunda etapa se da inicio a la inquisición especial, es decir ya se determina
a una persona lo cual sucedía incluso si era sorprendida en flagrancia.
En el texto “Derecho Procesal Penal” de Benjamín Iragorri (pág.29) dice “El proceso
inquisitivo se divide en dos fases: una inquisición general y una inquisición especial”
Destaca la importancia de la Revolución Francesa, la cual fue fundamentada en
principios netamente humanitarios, la cual abolió el sistema inquisitorial, en dónde
no se respetaba la condición de ser humano de quienes se hallaban privados de
libertad sin fórmula de juicio.
2.1.6. Sistema Acusatorio.
Históricamente el sistema acusatorio fue el primer sistema procesal que trata de
establecer de manera directa la figura del delito, y la concepción del mismo como
tal, aparecen importantes tratadistas aportando ideas y conceptos.
Consideran que éste es una ofensa que se comete o sufre claramente a una
persona o bien jurídico producido por un daño realizado por otra persona,
anteriormente al Estado no le interesaba la investigación ni la represión; sino que lo
Este sistema tiene especial singularidad por cuanto está regido por los principios de
acusación, de contradicción, de oralidad, de inmediación, de publicidad y de
concentración. Se caracteriza por la afinidad de poderes, la exclusión del juez en la
búsqueda de las pruebas y en lo posible la libertad personal del acusado hasta que
se dicte la sentencia condenatoria o absolutoria.
Fue una etapa en la cual el acusado es considerado como persona y por lo tanto se
conmina a respetar los derechos humanos que les asisten. El juez ya no tiene la
potestad de buscar las pruebas según sea su antojo. Significó un adelante dentro
del ámbito de impartir justicia.
2.1.7. Sistema Mixto.
La mixtura del juicio penal moderno consiste en hacer dos procesos distintos, uno
de los cuales, en la primera formación de este nuevo proceso, es completamente
inquisitivo; el otro tiene ciertas características de acusatorio.
En el libro Programa de Derecho Criminal según F. Carrara (pág. 301, año 1973)
dice 12“hay que distinguir, pues, los dos períodos que lo componen”. El sistema
mixto se caracteriza entonces por el predominio del sistema inquisitivo en la etapa
del sumario y el predominio del sistema acusatorio en la etapa del plenario.
No han existido avances significativos en cuanto a modelos de una época o en algún
Razón por la cual la afirmación del paso del sistema acusatorio oral privado de la
antigüedad por el sistema inquisitivo de la edad media, luego por el sistema mixto
de la revolución Francesa tiene que ser recibida como un esquema muy general y
no necesariamente con precisión de tiempo.
Efectivamente la dialéctica de la existencia deja ver claramente que todo evoluciona,
que todo se mueve y se transmuta. Tal es así que en el año de 1789 triunfó la
Revolución Francesa, 13la cual remplazó el sistema de valoración formal o legal de
la prueba, por el sistema de la íntima convicción.
Al mismo tiempo que el sistema inquisitivo escrito por el sistema penal mixto, dividió
el proceso en dos grandes etapas, que son la etapa del sumario y la etapa del
plenario, separadas por la etapa intermedia.
Sin embargo no se puede pensar bajo ninguna circunstancia que los sistemas
penales han cambiado al mismo tiempo en todas partes.
26 2.1.8 Sistema oral.
Según el profesor César Barrientes Pellecer,14el sistema acusatorio contiene una
serie de principios para la práctica de la acusación tales como el de: contradicción,
de oralidad, de publicidad, de celeridad, de inmediación y de concentración, se
caracteriza por la igualdad de poderes entre el acusador y el acusado.
Acorde el desarrollo de este sistema se toma en cuenta el aparecimiento de una
institución como la Fiscalía General del Estado y de los Fiscales, Maier 15explica
que en la Edad Media se advirtió la presencia de los abogados de la corona, que
por su origen lingüístico se los conoció como Fiscales, los cuales se encargaban de
defender los intereses personales del monarca, pero que no eran funcionarios
públicos ni ejercían la acción penal en contra de los sindicados, pues para su
enjuiciamiento bastaban los inquisidores, posteriormente aparecieron lo “advocati
fisci romanos”, que ya eran verdaderos funcionarios fiscales, pero que se
encargaban solamente de los intereses del emperador.
Carrara complementa la información, cuando afirma que en la Edad Media
aparecieron los procuradores que asumieron el encargo de representar los
intereses de los señores y de los reyes en los pleitos.
En nuestro sistema vigente, los fiscales tienen la obligación de ejercer la acción
penal al tratarse de los delitos de acción pública, de intervenir como parte del
14 César Barrientes Pellecer, Revista de Ciencias Penales de Costa Rica, Evaluación de la Implementación del Sistema Acusatorio Penal, disponible en www.cejamericas.org/index.../73-otros-documentos,consultado 20/1/2016
15Resumen de Maires procesal Penal LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES , disponible en
proceso y de presentar el dictamen acusatorio, sin perjuicio de que, si no encuentra
mérito para hacerlo, se abstengan de acusar y emitan dictamen absolutorio a favor
Dentro de este sistema, por regla general, la policía informa al fiscal que se ha
cometido un delito de acción pública.
2.1.9 El proceso penal ordinario.
Al desarrollo del proceso penal ecuatoriano le han aparecido importantes
contribuciones respecto del esclarecimiento científico de sus instituciones
procesales, no obstante ciertas situaciones ha oscurecido aún más algunos otros
problemas, pues la búsqueda de nuevas categorías han dado lugar en ocasiones a
visiones superficiales y ha ocultado la mayor riqueza de nuestro sistema penal.
El proceso penal en un aspecto externo, es el conjunto de actividades y formas
mediante las cuales el órgano preestablecido por la ley actúa para aplicar la norma
del derecho penal objetivo a un caso concreto.
Y en su aspecto interno, es una relación jurídica constituida por una correlación de
derecho y deberes; entre el juez, el acusado y la acusación que es de orden público
porque deriva de la trasgresión de una norma penal.
Carrara indica que el proceso penal es una “serie de actos solemnes con las cuales
ciertas personas legítimamente autorizadas, observando un cierto orden y forma
predeterminados por la ley, conocen de delitos y sus autores, a fin de la pena se
El proceso penal se ha convertido en el mejor instrumento del sistema procesal
penal como también para la realización de justicia, para garantizar tanto la legalidad
del resultado final como de los derechos del acusado, de tal modo que la pena se
impone sólo por la decisión que realicen los tribunales.
Para Jorge Zavala Baquerizo, el proceso penal es una institución jurídica única,
idéntica integral y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación
jurídica establecida entre el juez y las partes, conforme un procedimiento
preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes
activos de la infracción.
El proceso penal es un medio por el cual actúa el derecho penal, por cuanto
garantiza más adecuadamente, por un lado los derechos del acusado y por otro lado
el acierto de la decisión judicial tomando en cuenta que hay una serie de principios
que se observan como la presunción de inocencia del acusado, principio que
representa uno de los fundamentos del derecho penal y obliga a la Fiscalía la carga
En conclusión las definiciones expuestas que se asemejan a las demás
apreciaciones doctrinarias, pues todas parten de un tronco en común.
Lo relevante es que el proceso penal es el conjunto de actos regulados por el
Derecho Procesal Penal mediante los cuales los órganos jurisdiccionales
competentes del Estado, resuelven en un caso concreto si corresponde o no aplicar
29 2.1.10. Sujetos procesales.
El libro” Persona y bien común”, J. MARITAIN (pág.44, año 1968) dice” La noción
de personalidad no radica en la materia a manera de la noción de individualidad de
las cosas corporales, sino que se basa en las más profundas y excelsas
dimensiones del ser”.
Para definir persona, se lo hace de una manera taxativa y fría, hasta cierto punto
olvidando la esencia misma del ser. Es importante hacer hincapié el carácter de
superioridad de la persona humana respecto a cualquier otra criatura.
Persona deriva del latín personare que significa para Sonar, vocablo con qué en la
antigua Roma se designaba la máscara que usaban los actores. Se la llamaba así
por que dichas máscaras tenían una bocina que amplificaba la voz, para que el actor
pudiera ser oído desde cualquier sector del teatro.
El más mínimo contacto con la experiencia jurídica, nos muestra que el ser humano
al cual se denomina persona individual, es titular de una gran cantidad de derechos
así tenemos el de propiedad, el de testar. Por otro lado también lo es de deberes
jurídicos tales como pagar impuestos por ejemplo.
Del mismo modo, podemos comprobar que tales derechos son generalmente
ejercidos por su titular, pero también muchas veces por intermedio de otras
En general el término persona, sujeto y titular del derecho, se consideran sinónimos.
Persona, para referirse al ente sustantivo del orden jurídico considerado en sí
mismo, aisladamente; en cambio se habla de sujeto del derecho, al referirse a la
persona actuando en una relación jurídica. Así se dice persona por nacer y no sujeto
por nacer; sujeto activo y no persona activa; sujeto pasivo y no persona pasiva.
La relación jurídica sólo puede establecerse entre dos personas, y por eso
corresponde distinguir el sujeto activo y el pasivo.
2.1.11 La Victima.
El Dr. Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal Penal manifiesta
“No obstante, no puede ignorarse el derecho de la víctima u ofendido por el delito a
comparecer en calidad de denunciante, de acusador particular, es decir,
promoviendo el ejercicio de la acción penal”
Es decir el ofendido puede comparecer en calidad de testigo, a rendir su testimonio,
precisamente, como ofendido independientemente de que se haya constituido o no
parte principal del proceso penal por aquellos delitos pesquisables de oficio en caso
de estar normados como tal.
La victima es parte fundamental y vital dentro de un proceso penal ya que es
responsable directo para la búsqueda de la verdad, el problema es que las personas
que son víctimas de un delito no conocen esta parte o están mal asesorados.
No hay que confundir la obligación de la Fiscalía General, ésta conoce todos los
y pretende su castigo, que vendría un tanto a confundir los deberes del acusador
particular que bien es el ofendido. El Fiscal es un representante de la sociedad que
busca sancionar al que cometió un delito, siempre y cuando tenga los elementos
probatorios para hacerlo.
2.1.12. La Persona Procesada.
Para hablar del procesado, su denominación y derechos el artículo 440 del Código
Orgánico Integral Penal.- Persona procesada.- Se considera persona procesada a
la persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos. La persona
procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce la
Constitución, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y este
El Art. 12 del mismo cuerpo legal establece los derechos y garantías de las personas
privadas de la libertad, señalando que gozan de los reconocidos en la Constitución
de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos
2.1.13 Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado, también conocida anteriormente como Ministerio
Público, es una institución de derecho público en Ecuador. Tiene como misión dirigir
con objetividad y ética la investigación del delito y acusar a sus responsables,
Desde la creación de la 16República del Ecuador en 1830, hubo la necesidad de un
ente fiscalizador en el poder judicial. El presidente Juan José Flores instaló la Alta
Corte y se dictó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el Libro de Actas del Congreso del 19 de septiembre de aquel año, se señala
que los diputados de aquella Convención Nacional nombraron a varios ministros,
entre los cuales a quien sería el primer Fiscal del Ecuador. La Constitución de 1883
crea la figura del Ministro Fiscal de la Corte Suprema, con sede en Quito.
Es un organismo público, estatal, al que se le atribuye, dentro de un Estado de
derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el
ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que
revisten los caracteres del delito, de protección a las víctimas y testigos, y de
titularidad y sustento de la acción penal pública.
La acción de la Fiscalía General del Estado está previsto en el Art. 194 y siguientes
de la Constitución de la República del Ecuador. La Fiscalía representa a la sociedad
en la investigación y persecución del delito y la acusación penal de los presuntos
infractores.17
Es una institución de derecho público, autónoma y única e indivisible de la Función
Judicial en lo administrativo, económico y financiero.
16Constituciones del Ecuador desde 1930 hasta 2008, disponible en pagina wed Ministerio de Relaciones
33 2.1.14 Defensoría Pública.
18El Art. 285 del Código Orgánico de la Función Judicial dice” NATURALEZA
JURÍDICA.- La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función
Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa.
Tiene su sede en la capital de la República”. Por naturaleza el hombre es libre, es
un derecho intrínseco que lo diferencia de los demás seres de la naturaleza.
La Ley Orgánica de la Función Judicial establece que en cada capital de provincia
habrá un número de Defensores Públicos, los cuales dentro de sus deberes les
corresponde patrocinar a las personas de escasos recursos económicos, en los
asuntos civiles, penales, laborales, mercantiles, de tránsito, inquilinato, litigios de
cualquier índole o de policía, contratos, transacciones, documentos y gestiones de
índole administrativa.
El Defensor Público tiene una ardua labor, por cuanto sus obligaciones son amplías
y permiten al usuario al acudir a sus dependencias a plantear sus problemas.
Los defensores públicos no cuentan con secretarios o asistentes, representando
una carga laboral extensa y excesiva, no están alineados a áreas procesales como
lo está la fiscalía, como por ejemplo delitos misceláneos, de la propiedad, fedoti,
violencia contra la mujer y familia, delincuencia organizada, etc., esto hace que la
defensoría pública con sus escasos elementos, tienen que recurrir a excesos
laborales para poder cumplir con la ciudadanía y lo que la Constitución les demanda,
atendiendo todas las áreas del derecho, como está establecido en la Constitución,
teniendo un interés grande y profundo en las áreas sensibles con la ciudadanía ,esto
es en lo social, donde se ven pensiones alimenticias, asuntos laborales, tierras, etc.,
en el aspecto penal se cubren todas las audiencias desde que la persona es
detenida en flagrancia, hasta su sentencia.
Inclusive luego de existir una sentencia hay un área administrativa penal que se
encarga de los beneficios penitenciarios, toda el área penal se encuentra
garantizada por la defensoría pública, así tenemos que en el área penal es la que
mayor índice de casos presenta, los usuarios que acuden a la defensoría pública,
estando detenidos o en libertad, tomando en cuenta que los procesos penales
cuenta con las medidas cautelares, como por ejemplo la presión preventiva.
La defensoría pública cumple un rol social fundamental, no solo con el derecho a
la defensa, sino también con el derecho a que las personas puedan optar a una
defensa pública, siendo estos de escasos o altos recursos económicos, la
Constituciones siempre proveerá un defensor público.
Los procedimientos abreviados se están realizando dentro de los procedimientos
directos donde la defensoría pública está cumpliendo un rol fundamental para
garantizar uno de los principios fundamentales que tiene el procedimiento abreviado
que es acreditar que el procesado admite el hecho factico sin violación a sus
Tenemos dentro de esta área la intervención del Defensor Público en las Audiencias
de Juzgamiento en los Tribunales de Garantías Penales y que actúan por
designación de oficio de éstos. La participación del Defensor Público, se arraiga
más en el sistema penal por cuanto, sin la intervención del abogado defensor, las
diligencias carecen de eficacia probatoria. En el Capítulo II del Código Orgánico de
la Función Judicial, se encuentra la normativa respectiva con todo lo concerniente
a la Defensoría Pública.
2.1.15. Las etapas del proceso penal.
Nuestra ley penal, a través de los legisladores ha establecido en el Ecuador, el
sistema procesal ecuatoriano para juzgar el cometimiento de delitos divide al
proceso la siguiente fase y etapas respectivamente:
Encontramos en el libro segundo del COIP que existe un procedimiento ordinario y
cuatro procedimientos especiales para las infracciones penales, estos son:
procedimiento abreviado; procedimiento directo; procedimiento expedito para
contravenciones y procedimiento para el ejercicio, los Juicios Ordinarios y Juicios
Especiales, tienen una fase preliminar o pre procesal conocida como Indagación
Previa. Es donde se da inicio a todo proceso penal, ya que en esta fase es donde
el Fiscal conjuntamente con la policía realiza investigaciones sobre el cometer de
un delito, en donde van a encontrar indicios o evidencias, las cuales posteriormente
Se realizan todo tipo de actos investigativos que permitirán el esclarecimiento de los
hechos presumiblemente constitutivos de la infracción penal, que por cualquier
medio hubiesen llegado a conocimiento de la Fiscalía.
Se deberá establecer si el hecho, podría ser constitutivo de delito, si el hecho se
encuadra en el tipo penal que se indica en la denuncia y si el hecho podría ser
imputable a la persona que aparece como sospechosa o sujeto activo del delito.
La etapa de Instrucción Fiscal, es donde el Fiscal en ejercicio de sus atribuciones
imputa directamente a una persona al proceso. Tiene una duración de noventa días
improrrogables y empieza a contar a partir de la fecha de notificación al procesado,
o de ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio designado por el juez.
Al tratarse de aprehensión de un ciudadano en delito flagrante su duración es de
El Código de Procedimiento Penal regula que podrá hacerse extensiva la
instrucción, la cual podrá extenderse por un plazo adicional de treinta días más, a
partir de la notificación con esa resolución.
En esta etapa se realizará la práctica de cuanta diligencia sea necesaria para poder
establecer oficialmente el cometer un determinado acto delictivo y poder identificar
a todas aquellas personas consideradas como presuntas responsables del mismo.
Con los elementos necesarios se puede determinar si el imputado tiene o no una
posible responsabilidad en el hecho en el que se le imputa, a su vez también se
En la etapa intermedia fundamentalmente se caracteriza porque se introduce en
gran parte la oralidad, la misma que se desarrolla ante el Juez de Garantías
Penales; basada en el dictamen acusatorio del Fiscal.
En el Manual de “Derecho procesal Penal” del Dr. Ricardo Vaca Andrade manifiesta
que el 19objetivo evaluador de la etapa intermedia se produce sobre la base de
actuaciones del fiscal a cargo de la investigación y de la Policía Judicial en la
Instrucción Fiscal, y la de la defensa, corresponde al Juez Penal quien luego de
escuchar las intervenciones verbales de las partes, juzga y resuelve si se debe o no
pasar a la siguiente etapa, la de juicio.
Esta etapa tiene como objeto el conocimiento, evaluación y resolución jurisdiccional
de la acusación que presenta el Fiscal, así como también la aplicación de medidas
cautelares en contra del procesado.
Considerando que estas no deberán vulnerar las garantías individuales de las
personas, en la etapa intermedia se conoce los resultados obtenidos durante el
desarrollo de la Instrucción Fiscal.
Luego de poner el expediente en conocimiento de las partes, de convocar a la
audiencia y de realizar la audiencia Preliminar, el Juez resolverá si dicta el auto de
llamamiento a juicio en contra del procesado o si dicta el auto de sobreseimiento a
favor del encausado.
La Etapa de Juicio, es donde todo lo aportado durante las etapas anteriores del
proceso, se constituye en prueba y en la que se deben practicar los actos procesales
necesarios para comprobar conforme a derecho el condenarlo o absolverlo.
La Audiencia que se realiza ante el Tribunal de Garantías Penales es oral dando
cumplimiento de esta manera a lo que dispone los estándares constitucionales
vigentes, en la que se presentan las pruebas obtenidas con la debida antelación del
caso, para que al momento de ser evacuadas en dicha audiencia sean ratificadas
por los testigos o peritos según sea el caso entonces surtan pleno efecto
conviccional al juzgar al procesado.
En esta etapa se concede a los sujetos principales del proceso la práctica ante los
Jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales, de cuantos actos procesales
crean necesarios para que puedan comprobar la verdad conforme a derecho.
Como en todo sistema en que se respeten las garantías de los intervinientes, los
recursos pueden servir para enderezar la actividad de los entes jurisdiccionales, los
cuales pueden ser presentados en la Etapa de Impugnación.
El COIP establece en su artículo 652.- Reglas generales.- La impugnación se regirá
por las siguientes reglas: 1. Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán
impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este
Código. 2. Quien haya interpuesto un recurso, podrá desistir de él. La o el defensor
público o privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la
persona procesada. 3. Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se

References: resolución

 artículo76
 Artículo 635
 Artículo 635
 Artículo 23
 artículo 195
 artículo 440
 resolución 
 artículo 652