Source: http://www.defensoria.org.ar/noticias/tarifazo-que-hace-la-defensoria-del-pueblo-para-cuidar-tu-bolsillo/
Timestamp: 2019-11-14 13:52:53+00:00

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En el marco del aumento en las tarifas de los servicios públicos esenciales, la Defensoría del Pueblo trabaja desde comienzos de 2016 en informes de situación, recomendaciones y requerimientos a las autoridades del Ejecutivo Nacional y campañas de difusión para informar a los usuarios sobre sus derechos, con el propósito de contribuir al cuidado del bolsillo de los porteños.
Los representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron con directivos de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para hablar sobre la necesidad de ofrecer una tarifa social unificada y más favorable para los usuarios que se vieron afectados por los aumentos en el servicio de agua.
Los Defensores del Pueblo argentinos se reunieron con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para conocer los lineamientos del Gobierno nacional sobre el nuevo cuadro tarifario de gas, tras el fallo de la Corte Suprema y a diez días de la audiencia pública.
Los Defensores del Pueblo de todo el país acordaron presentarse a la audiencia pública por la tarifa de gas. De esta manera, los representantes del cada región del país, entre los que estará Alejandro Amor por la Ciudad de Buenos Aires, participarán por teleconferencia para presentar e informar sobre las necesidades y problemáticas de su territorio respecto de la tarifa del gas.
El Defensor del Pueblo porteño y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser amicus curiae en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo”, con el objetivo de aportar información que acredite que el nuevo cuadro tarifario no sólo omitió la exigencia legal de la celebración de audiencias públicas con carácter previo, sino que además adoleció de deficiencias en cuanto al reconocimiento de las diversas realidades regionales y sociales y presentó exclusiones, falencias e inequidades en la conformación de la tarifa social, incoherencias en los mecanismos para aplicar en cada uno de los servicios públicos esenciales, entre otros puntos.
El aumento de gas se mantiene suspendido por la resolución de la Cámara Federal de La Plata y hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación no se modificará.
El máximo tribunal se expediría próximamente, pero no hay certeza sobre cuándo ni en qué sentido lo hará. Mientras tanto las empresas no deberían facturar con aumentos ni cortar el servicio por falta de pago. Respecto del aumento en las tarifas del servicio de luz, que también se encuentra suspendido por una medida de la jueza federal de San Martín Martina Forns, las empresas tampoco deberían facturar con aumento, hasta tanto siga vigente la orden de la magistrada, que además ordenó suspender los cortes por falta de pago en facturas con aumentos. En los próximos días surgirán novedades sobre estos incrementos y respecto de otros temas sensibles para el bolsillo de los ciudadanos, como la tarifa social, cuyo mecanismo de aplicación es diferente para cada uno de los servicios.
La Corte Suprema le ordenó al Gobierno Nacional que entregue en un plazo de diez días un informe detallado que diga en qué se basó “para arribar a los aumentos de precios y tarifas”, exigiéndole de esta manera que fundamente si se tuvieron en cuenta los llamados “principios de gradualidad y progresividad”, es decir, qué esquema de aplicación de los aumentos se pensó como para respetar el poder adquisitivo de los usuarios y de qué modo se garantiza la protección de sus derechos sin empeorar la situación previa. Este pedido había sido anticipado en más de una oportunidad, y de forma pública y privada, por el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.
La Defensoría del Pueblo porteña organizó un encuentro entre los representantes de la empresa Edesur S.A. y un grupo de vecinos del barrio de Montserrat, para poner fin a los frecuentes cortes de luz que padecen sus hogares desde hace semanas. De esa reunión los vecinos de la intersección de Venezuela y Piedras se llevaron el compromiso de la empresa prestadora del servicio de que solucionará los inconvenientes en el plazo de 25 días.
La Defensoría realizó un encuentro entre la empresa Aysa y los vecinos para que asesore, informe y reciba las solicitudes tarifa social de todos los vecinos que requieran de ese beneficio en el servicio de agua y cloacas. A partir de entonces, la empresa dispuso en Av. Belgrano 673 una mesa para asesorar, informar y recibir las solicitudes de Tarifa Social para el servicio de agua y cloacas de todos los vecinos que requieran ese beneficio.
El Defensor del Pueblo asistió al plenario del Consejo de las Comunidades Portuguesas de la República Argentina para hablar sobre el aumento de las tarifas y para asesorarlos sobre cómo obtener la tarifa social.
El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, dialogó con vecinos de la Comuna 15 sobre cómo enfrentar los recientes incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un instructivo para explicar qué es la tarifa social de transporte público de pasajeros, cómo se obtiene y quiénes pueden acceder a ella.
El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, junto con los otros 23 defensores, se reunieron con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para plantearle la difícil situación que atraviesan las provincias ante los incrementos producidos en las tarifas de servicios públicos. Alejandro Amor exhortó al Ministro a:
– Adoptar las medidas necesarias tendientes una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados, convocando a una audiencia pública en todo de acuerdo con lo establecido en el art. 42 CN, readaptándolos a criterios de razonabilidad y justicia, para que la adecuación tarifaria que se pregona sea verdaderamente gradual y progresiva, sin que ello afecte los derechos fundamentales de los usuarios a recibir servicios de públicos indispensables para el desarrollo de una vida digna.
El Defensor del Pueblo recibió a más de 50 representantes de colectividades para dialogar sobre las acciones que se pueden llevar a cabo para que sus espacios sean beneficiados con la tarifa social de servicios públicos.
Entre el 15 y el 21 de junio de 2016
Alejandro Amor en calidad de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó de la audiencia pública para tratar el incremento de la tarifa del subte, allí expuso la propuesta de la Defensoría de la aplicación de una tarifa integrada y la ampliación del horario de funcionamiento del subte.
El Defensor del Pueblo recibió a los representantes de los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre las acciones que pueden llevar a cabo sus espacios para que sean beneficiados con la tarifa social de servicios públicos.
Presentado en conjunto con la Asociación Casal de Cataluña, Asociación Civil, Social, Cultural y Deportivo “Flores Club”, Club Atlético Deportivo Paraguayo, Club Gimnasio Chacabuco, Club Social y Deportivo Villa Gral. Lamadrid, Club Social y Deportivo Ercilla Juniors, Asociación Vecinal de Fomento Edilicio, Cultural y Deportivo José Hernández, Club Daom, Club Primero (Premier), La Emiliana Club Social de Cultura y Recreación, Club Social y Deportivo Expreso de Bariloche, Asociación de Fomento Edilicio y Cultural Cnel. Cárdenas y Asociación Vecinal Círculo La Paternal, el pedido se fundó en que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, que no solo contribuyen a la práctica del deporte y la recreación, sino que además cumplen una trascendente función social, de compromiso con los barrios y sus vecinos. Por eso, el recurso solicitó que se ordene como medida cautelar urgente que:
El Defensor del Pueblo se reunió numerosos representantes de diversas instituciones deportivas barriales para que sus clubes sean beneficiados con la Tarifa Social de servicios públicos.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, se reunió con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich para acercarle una propuesta en relación con la problemática vinculada a los alcances de la tarifa social en el transporte y también los problemas que tienen los vecinos para acceder a ella.
Entre el 28 de abril y el 9 de junio
La Defensora del Pueblo adjunta, María América Gonzáez, realizó encuentros con diversos centros de jubilados de la Ciudad de Buenos Aires para asesorar y gestionar trámites relacionados con el pedido de la tarifa social de los servicios públicos (agua y cloacas, energía eléctrica y gas natural) en los Centros de Jubilados que integran la Red creada por la Defensoría del Pueblo. Durante las visitas fueron atendidos 314 adultos mayores que solicitaron la tarifa social de distintos servicios y se gestionaron 628 nuevos pedidos.
La Defensoría del Pueblo porteña lanzó una campaña de difusión en la vía pública bajo el título “DEFENDÉ TU BOLSILLO”. A través de una serie de cuatro afiches dispuestos en la vía pública y en las redes sociales se propuso defender el empleo, denunciar los aumentos abusivos de precios, extender la tarifa social de los servicios públicos para que incluya a miles de beneficiarios que también la necesitan y poner en marcha una tarifa integrada del transporte para que quienes más viajan paguen menos.
Luego de manifestar su preocupación por una serie de colectivos no incluidos en su totalidad en el beneficio de la tarifa social (24 de febrero de 2016), la Defensoría del Pueblo se volvió a comunicar con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para informarles que -a pesar de sus respectivas respuestas- aún “subsisten interrogantes y deficiencias en el funcionamiento del sistema de aplicación para la tarifa social a colectivos e individuos en diversas situaciones de necesidad o vulnerabilidad social, omisiones que podrían constituirse en trabas insalvables que afectarán el legítimo ejercicio a derechos humanos elementales como son el acceso a la energía para asegurar condiciones básicas de vida”.
Entre los colectivos mencionados se encuentran, entre otros, las personas electrodependientes o enfermos crónicos, los usuarios con ingresos insuficientes, los jubilados y pensionados, aquellas personas que cuenten con algún familiar discapacitado, los beneficiarios de planes o programas sociales no nacionales, los usuarios sin número de cliente de gas natural y aquellas actividades sin fines de lucro.
Y precisó el envío de una información relativa a la temática, con el objetivo de resolver las dificultades que surgieron en la implementación de la tarifa social, dado que de no arreglarse podría implicar un retroceso en las condiciones de vida de las personas, generándose de tal modo situaciones que se enmarcan en el concepto de pobreza energética.
La Defensoría del Pueblo porteña le requirió al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que suministre la siguiente información:
Detalle del número de usuarios que estuvieron sin servicio en el período comprendido entre el 1° de noviembre 2015 y el 29 de febrero de 2016, discriminado día por día.
Dentro del mismo del período señalado en el punto anterior, sírvase detallar la cantidad de usuarios que sufrieron fallas en media tensión que provocaron las interrupciones y falta de prestación del servicio.
Dentro del mismo del período señalado en el punto 1., sírvase detallar la cantidad de usuarios que sufrieron fallas en baja tensión que provocaron las interrupciones y falta de prestación del servicio.
Indicación de las 3 (tres) causales en términos estadísticos más habituales de fallas en media tensión en el período noviembre 2015-febrero 2016.
Indicación de las 3 (tres) causales en términos estadísticos más habituales de fallas en baja tensión en el período noviembre 2015-febrero 2016.
Tiempo promedio (en días y horas) estadístico de normalización del servicio por fallas en media en cada uno de los meses señalados en el punto 1.
Tiempo promedio (en días y horas) estadístico de normalización del servicio por fallas en baja en cada uno de los meses señalados en el punto 1.
Barrios, zonas geográficas, subestaciones y/o alimentadores con mayor grado de afectaciones en el período solicitado en términos de: a) Cantidad de sucesos; b) Tiempos totales fuera de servicio.
Luego de que Edesur S.A. solicitara extender el plazo a 20 días para responder al requerimiento entregado el 26 de febrero de 2016 por esta Defensoría del Pueblo, esta casa aceptó la prórroga “por única vez” y “de modo improrrogable”.
La Defensoría del Pueblo se volvió a comunicar con la empresa Edesur S.A. para requerirle que suministre la siguiente información acompañada de la documentación respaldatoria que acredite las respuestas:
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y la Defensora del Pueblo adjunta, María América González, se reunieron con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, en el marco del aumento del servicio eléctrico.
Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo porteña se dirigió nuevamente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para solicitarle que efectúe las siguientes medidas:
Exigir a las empresas concesionarias Edenor S.A. y Edesur S.A. que brinden información veraz, adecuada, detallada y oportuna respecto a las interrupciones del suministro de energía eléctrica como así también el tiempo estimado de restitución del servicio, para ser debidamente difundida a través de las respectivas páginas web, pues ello se desprende de su obligación contractual y del derecho que la Constitución y las leyes le otorgan a los usuarios del servicio.
Dictar la correspondiente resolución, conforme los antecedentes existentes (por ej: Res. 01/ENRE/2014), fijando las indemnizaciones y resarcimientos especiales que resulten justos, adecuados y razonables en virtud de la magnitud de los hechos y del menoscabo patrimonial sufrido por los usuarios afectados, ordenándoles a las empresas distribuidoras EDESUR SA y EDENOR que procedan a aplicarlos de manera inmediata en las próximas facturas, teniendo en cuenta los nuevos cuadros tarifarios vigentes conforme Resolución 1/ENRE/2016.
Informar a esta Defensoría del Pueblo:
a) las tareas de mantenimiento que se adoptaron y las que se adoptarán de inmediato por las empresas concesionarias y por el Ente para intentar evitar los colapsos del sistema de distribución de energía eléctrica registrados, conforme lo recomendado por esta Defensoría en la Resolución 676/15.
b) las medidas administrativas y operacionales que adoptarán las empresas concesionarias y el Ente en el futuro a efectos de mejorar la calidad del servicio en el marco de la emergencia del Sector Eléctrico Nacional declarada mediante Decreto 134/2015.
La Defensoría del Pueblo porteña se comunicó con las empresas prestadoras de servicios de luz, Edenor S.A. y Edesur S.A., para manifestarle su preocupación por los numerosos cortes de suministro de energía eléctrica y para solicitarle información sobre distintos aspectos de las tareas operacionales y administrativas tendientes a evitar y/o minimizar esos cortes, que entre los días 11 y 18 de febrero del corriente año habían tenido un incremento importante. Además, manifestó su preocupación por la información insuficiente, incompleta, y por ende inexacta, que dichas empresas publicaron en sus respectivos sitios web.
Atento a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo porteña solicitó a las empresas la siguiente información:
Qué medidas se adoptarán para corregir la información que se brinda en las páginas web a los efectos de informar debidamente todas las interrupciones en el servicio público derivadas de la totalidad de contingencias existentes, teniendo en cuenta el derecho constitucional que les asiste a los usuarios del servicio a recibir información adecuada y veraz.
Las tareas de mantenimiento que se adoptaron para intentar evitar los colapsos del sistema de distribución de energía eléctrica registrados, conforme lo recomendado por esta Defensoría en la Resolución 676/15.
Qué medidas se dispondrán para otorgar, de forma inmediata, compensaciones y resarcimientos justos, adecuados y razonables a todos aquellos usuarios afectados por los incumplimientos de sus obligaciones prestacionales, en base a las disposiciones del contrato de concesión, del reglamento de suministro y en atención a los nuevos cuadros tarifarios vigentes, aprobados mediante la Resolución Nº 1/ENRE/2016.
Las medidas administrativas y operacionales que se adoptarán a efectos de mejorar la pésima calidad del servicio, debido a la insuficiente adecuación del sistema de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura, en el marco de la emergencia del Sector Eléctrico Nacional (declarada mediante Decreto 134/2015) y sin perder de vista el mandato constitucional de brindar un servicio público de calidad y acorde a los derechos de los usuarios.
La Defensoría del Pueblo porteña transmitió su preocupación por “una serie de colectivos no incluidos en el beneficio de la Tarifa Social” ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.
Ahí especificó cuáles son los casos que actualmente no se incluyen y que, a juicio de esta Defensoría de Pueblo, deberían estar incluidos en el beneficio. Se trata de:
1. Beneficiarios/as de pensiones graciables y no contributivas.
Ser jubilado/a o pensionado/a con ingresos superiores a dos haberes mínimos jubilatorios, que alquilen su vivienda y demuestren haberes insuficientes para afrontar la tarifa plena.
Ser discapacitado/a, o tener una persona con discapacidad en el grupo familiar. En estos casos, no deberá ser excluyente ser titular de un automóvil de antigüedad menor a 15 años, cuando sea su medio habitual de transporte (por ejemplo, las personas con discapacidad motriz).
Personas electrodependientes o con enfermedades crónicas que requieren un uso intensivo de electricidad, que convivan con el titular o integren su núcleo familiar.
Usuarios/as cuyos inmuebles estén habitados por más de una familia con un único medidor y estén comprendidos en dos o más criterios de elegibilidad; evaluando asimismo el nivel total de ingresos del grupo.
Usuarios/as cuyas viviendas estén dedicadas a actividades de índole social y que no persigan fines de lucro (comedores comunitarios, merenderos, centros de jubilados, etc.).
Usuarios/as que no cuentan con redes de gas natural y utilizan termotanques, calefones y/o cocinas eléctricas siempre que acrediten insuficiencia de recursos.
Usuarios/as que acreditan poseer ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena, y que no quedan contemplados/as en ninguno de los puntos anteriores.
La Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, María América González, se reunió con el Director de Defensa del Consumidor de la Nación, Fernando Blanco Muiño, para tratar el tema de la ampliación de usuarios de la tarifa social de energía eléctrica que se implementaría luego.

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