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Timestamp: 2017-12-17 17:42:20+00:00

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Sentencia T.S. de 14 de junio de 2006. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Síndrome toxico - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. de 14 de junio de 2006
La solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial fundada en la calificación de una resolución judicial como errónea, requiere la previa declaración judicial del error, en virtud de recurso de revisión, o siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Primero.-La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso nº 1394/2000, interpuesto por la representación de D. Franco, contra la resolución del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 2000, descrita en el primer fundamento de derecho, que se conforma por ajustarse al ordenamiento jurídico."
Segundo.-Notificada la anterior sentencia la representación procesal de D. Franco, presentó escrito ante la Audiencia Nacional preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.
Tercero.-Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado recurso de casación articulado en un único motivo de casación, al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1.d) LJCA, entendiendo infringido el art. 121 CE, y el art. 292 LOPJ, así como la jurisprudencia.
Quinto.-Evacuado el trámite de instrucción conferido al Abogado del Estado, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 7 de junio de 2006, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente la Excma. Sra. D.ª Margarita Robles Fernández,
Primero.-Por la representación de D. Franco se interpone recurso de casación contra Sentencia dictada el 21 de diciembre de 2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquel contra Resolución del Ministerio de Justicia de 22 de septiembre de 2000, por la que se deniega al recurrente y a otros la indemnización solicitada por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, al no haber sido incluido entre los afectados por el síndrome tóxico en los anexos de las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992 y 26 de septiembre de 1997, no inclusión confirmada por Auto de 11 de mayo de 1998 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El recurrente solicitaba una indemnización de cuarenta millones de pesetas (40.000.000 ptas.), alegando que se encuentra afectado por el llamado "síndrome tóxico", censado con el nº 28/72411 con cartilla del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que sin embargo, en los anexos de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sumario 129/81, confirmada por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992, figura con la calificación de NA (no afectado), quedando igual en la sentencia de dicha Sala del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997 en situación de NA (no afectado), y en el auto de 11 de mayo de 1998 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El actor en su demanda reiteró que resultó afectado por el síndrome tóxico e invocando los artículos 106 de la Constitución, 139 y siguientes de la Ley 30/92, 121 de la Constitución y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considera que se habría producido un error al incluirle como NA (no afectado) cuando hubiera debido ser considerado como afectado, y ello debido al elevado número de afectados, lo que sin duda supondría un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que le daría derecho a indemnización.
La Sala de instancia, desestima el recurso con la siguiente argumentación:
"Es necesario, por lo tanto, que se invoque y acredite la existencia del funcionamiento anormal, pero este no puede identificarse con la discusión o discrepancia sobre las valoraciones jurídicas realizadas por el órgano jurisdiccional, tanto en los aspectos procesales como sustantivos, cuya corrección ha de propiciarse mediante el ejercicio de los correspondientes recursos, tanto ante los propios órganos jurisdiccionales como ante el Tribunal Constitucional si se entiende que afecta a derechos susceptibles de amparo por dicho Tribunal y, tras esa vía impugnatoria, para que tales discrepancias valorativas tengan trascendencia a efectos de la acción de responsabilidad patrimonial, será preciso que existe una previa declaración de error judicial que habilite para el ejercicio de dicha ación, mientas que la vía del funcionamiento anormal queda reservada a la apreciación del mismo, que no depende del acierto o error sustantivo o procesal de la decisión judicial, sino de las circunstancias en que se ha desarrollado tal actuación, siendo un ejemplo claro las dilaciones indebidas.
Pues bien, en este caso, como resulta del planteamiento de la demanda, el recurrente funda sus alegaciones en el error que entiende producido en las citadas sentencias del Tribunal Supremo y auto de la Audiencia Nacional, en cuanto estando afectado por el llamado "síndrome tóxico" se incluye en tales resoluciones como NA (no afectado), lo que supone cuestionar directamente el contenido resolutivo de tales resoluciones judiciales y no el discurrir de las actuaciones o desarrollo del proceso, de manera que la indemnización solicitada se funda en la consideración de tales resoluciones como erróneas, calificación que exige su revisión y que no corresponde a este Tribunal sino que, para fundar en ello la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial, es precisa la previa declaración judicial del error en los términos que resultan del art. 293 de la LOPJ, es decir, en virtud de recurso de revisión o siguiendo el procedimiento establecido en dicho precepto, lo que no consta en este caso.
Cuarto.-Por todo ello, no apreciándose funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y no habiendo recaído previa declaración de error judicial, ha de entenderse que no existe fundamento de la responsabilidad patrimonial que aquí se solicita, por lo que procede desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada"
Segundo.-El actor formula un único motivo de recurso, al amparo del art. 88.1.d) de la ley jurisdiccional, considerando infringido el art. 121 de la Constitución, y el art. 292 LOPJ y jurisprudencia que lo desarrolla. En su argumentación alega que no ha acudido a la vía del error judicial, sino que considera que lo que hubo fue un funcionamiento anormal de la justicia y que si no se le incluyó en los correspondientes anexos de los procedimientos judiciales, como afectado, ello no fue debido a un error judicial, sino a lo que reputa un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, superada por el aluvión de peticiones que hubo y por una evidente disfunción en el informe médico forense, que después de haber examinado al enfermo, concluyó que no estaba afectado por el síndrome tóxico.
Por ello considera que fue un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que entiende causado por "un cúmulo de circunstancias", lo que hizo que fuera incluido como no afectado en los anexos de los procedimientos judiciales y quedara, por tanto, excluido de la indemnización, que de haber sido incluido en tal concepto en dichos anexos, le hubiese correspondido.
Tercero.-Esta Sala se ha pronunciado ya en reiteradas sentencias en relación a este único motivo de recurso, al resolver otros recursos de casación presentados por otras personas en idéntica situación que el recurrente, incluidas como no afectadas en los anexos correspondientes y que argumentaban en idénticos términos a los que lo hace el actor. Por todas citaremos la Sentencia de 21 de febrero de 2006 (Rec.1181/2002) donde decíamos:
"Primero.-Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la representación procesal de la señora María Cristina articula un único motivo de casación contra la sentencia recurrida, por infracción de los artículos 121 de la Constitución y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Justicia de veintidós de septiembre de dos mil dos, que le denegó la indemnización solicitada por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia al no haber sido incluida entre los afectados por el síndrome tóxico en los anexos de las sentencias del Tribunal Supremo de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y dos y veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, no inclusión confirmada por auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de once de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
Segundo.-En desarrollo de este inicial planteamiento, sostiene la recurrente que la demanda formulada ante la Audiencia Nacional se fundamentó en que "se encontraba real y efectivamente afectada por el llamado síndrome tóxico y, a tal efecto, figuraba como afectada en los anexos de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de veintitrés de abril de mil novecientos noventa y dos, con la calificación de "NA" -no afectada- quedando con igual calificación en la sentencia de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y siete, confirmada por auto de once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, de la Audiencia Nacional, y ello a pesar de haber recibido prestaciones como intoxicada y de los informes médicos que obran en autos" y, sin embargo, la sentencia de instancia rechaza la pretensión indemnizatoria solicitada por considerar que "la recurrente funda sus alegaciones en el error que entiende producido en las citadas sentencias del Tribunal Supremo y auto de la Audiencia Nacional, en cuanto estando afectada por el llamado síndrome tóxico se incluye en tales resoluciones como No Afectado, lo que supone cuestionar directamente el contenido resolutivo de tales resoluciones judiciales y no el discurrir de las actuaciones o desarrollo del proceso, de manera que la indemnización solicitada se funda en la consideración de tales resoluciones como erróneas, calificación que exige su revisión y que no corresponde a este Tribunal sino que, para fundar en ello la solicitud de responsabilidad patrimonial, es precisa la previa declaración judicial del error en los mismos que resultan del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, en virtud del recurso de revisión o siguiendo el procedimiento establecido en dicho precepto, lo que no consta en este caso".
La argumentación contenida en la Sentencia transcrita resulta plenamente aplicable al caso de autos, razón por la cual debe procederse a la desestimación del motivo de recurso formulado.
Cuarto.-La desestimación del recurso de casación, interpuesto, determina, en aplicación del art. 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de una condena en costas al recurrente, fijándose en mil euros (1.000 €) la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto, por lo que a honorarios de letrado de la contraparte se refiere.
No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D. Franco contra Sentencia dictada el 21 de diciembre de 2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, con condena en costas al recurrente, con la limitación establecida en el fundamento jurídico cuarto.

References: resolución 
 artículo 293
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 artículo 293