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Timestamp: 2018-08-18 00:45:05+00:00

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STOP FEMINAZIS- la ideología de género en el derecho español
La ideología de género está implantándose a nivel mundial con leyes prácticamente iguales a las que padecemos en España y que regulan nuestra vida diaria hasta el mínimo detalle.
Sirva el siguiente artículo para aclarar los conceptos que inspiran esta ideología y la legislación desarrollada en España en los últimos años.
Por José Luís Requero Ibáñez.
Publicado el 21 de febrero de 2012 en "Temes d'avui"
Para tal ideología el género tiene una dimensión ante todo cultural independiente del sexo, ajena a la naturaleza de la persona. La sexualidad no es constitutiva sino optativa: no se es ni hombre ni mujer, se opta por ser hombre o mujer porque ser hombre o mujer forma parte de «roles socialmente construidos».En la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Pekín) se propuso que el «género se refiere a los roles y responsabilidades de la Mujer y el Hombre que son determinados socialmente. El Género se relaciona con la forma en que se nos percibe y espera que actuemos como mujeres y hombres, por la forma en que la sociedad esta organizada, no por nuestras diferencias biológicas».
En esta Conferencia Bella Abzug, ex diputada del Congreso de los Estados Unidos, señaló que «El sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio».En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (1993) declaró que «La identidad de género es la convicción personal, íntima y profunda de que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va mas allá de las características cromosómicas y somáticas propias» . En definitiva, cada uno puede “inventarse”, “elegirse” a sí mismo.
Desaparecido el fundamento ontológico del ser hombre o mujer, se da entrada al “género” y consecuencia del carácter optativo antes expuesto, esa opción no es definitiva y la persona puede cambiar su rol. Rebecca Cook declaró en la Cumbre de Pekín que «los sexos ya no son dos sino cinco y por tanto no debería hablarse de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales», luego las posibilidades de mutación son variadas .
Abundando en estos planteamientos, Alison Jagger señala que «el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas, fuera del alcance de la regulación estatal... En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas: la misma institución de las relaciones sexuales, en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido, desaparecerá. La humanidad podría revertir finalmente a su sexualidad polimorfamente perversa natural».
Como estos planteamientos van en contra de la naturaleza humana y de su verdad antropológica, el siguiente enemigo del feminismo de género es, precisamente, la naturaleza. De esta manera Shulamith Firestone decía: «Lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza; ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. De hecho, por la sola razón de pragmatismo empieza a parecer que debemos deshacernos de ella».
Fue Engels quien en el Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado (1884) señalaba que «el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino». Precisamente son las feministas de género las que señalan que fue Engelsquien sentó las bases de la unión entre el marxismo y el feminismo.
Por otra parte explica Christine Riddiough que «la familia nos da las primeras lecciones de ideología de clase dominante y también le imparte legitimidad a otras instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las que nos enseñan primero la religión, a ser buenos ciudadanos... Tan completa es la hegemonía de la clase dominante en la familia, que se nos enseña que esta encarna el orden natural de las cosas. Se basa, en particular, en una relación entre el hombre y la mujer que reprime la sexualidad, especialmente la sexualidad de la mujer».
Por lo prontova de suyo que detrás del uso la palabra “género”, que no “sexo”, lo que se pretende es eliminar la idea de que los seres humanos se dividen en dos sexos. En esta línea, por ejemplo, hablar de planteamientos basado en la heterosexualidad se identifica con heterosexualidad obligatoria, es decir, con la imposición que obliga a entender que el género humano está dividido en dos sexos.
Junto con el lenguaje, se proponen depurar la educación y los medios de comunicación de todo estereotipo de género.Las feministas no solo pretenden que se sustituyan los términos “género-específicos” (hombre/mujer) por palabras neutrales[1]; buscan, además, que no haya diferencias de conducta y de responsabilidad entre el hombre y la mujer en la familia. En concreto y respecto de la educación, la presidenta de Islandia, en una Conferencia preparatoria de Pekín (1995) indicó que «la educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. La perspectiva del género debe integrarse en los programas. Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y concienciar en este sentido a los maestros, para asegurar así que niñas y niños hagan una selección profesional informada, y no en base a los tradicionales prejuicios sobre el género»
El análisis de la ideología de género quedaría incompleto si no se hiciese referencia al debate sobre la ciudadanía y los derechos de ciudadanía. A raíz de la nonnata Constitución europea, empezó a hablarse de una nueva idea de ciudadanía que no apela a unos derechos ya reconocidos, sino al comunitarismo o idea republicana de los derechos y libertades frente a su visión liberal, individualista; es el nosotros frente al yo , se es más ciudadano si se pelea por los derechos en el Estado y no desde fuera, la autonomía política de cada uno más que lograrse aisladamente y frente al Estado, se hace realidad en él, mediante la colaboración y cooperación entre sus miembros. La participación en el autogobierno sería la esencia de la libertad, se lograría un consenso dominante al basar la convivencia en lo común.
Esta concepción entiende que, pese a reconocerse un status igual de ciudadano a los miembros de algunos grupos, lo cierto es que no tienen las mismas oportunidades que los miembros de los grupos culturalmente dominantes ni en la representación en las instituciones políticas ni en la participación en las deliberaciones políticas. Por lo tanto, los derechos de ciudadanía son conditional opportunities, "prótesis sociales" que permiten al ciudadano reforzar sus expectativas sociales y luchar con mayores posibilidades de éxito por la afirmación de sus valores individuales y colectivos.
Analizar la presencia de la ideología de género en nuestro ordenamiento exige un doble esfuerzo[2]. En primer lugar captar que en él ya hay numerosas normas que han asumido el principio de igualdad sin que haya lugar a discriminación por razón de sexo (artículo 14 CE), derecho fundamental éste que irradia a todo el ordenamiento y que ha sido objeto de una profusa interpretación y aplicación por los tribunales. Junto a ese tipo de normas están otras que, dando un paso más, siguen la senda que marca el artículo 9.2 de la Constitución, esto es, las que son reflejo de ese mandato que tienen los poderes públicos para hacer que la igualdad sea real y efectiva, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Dentro de esta categoría están las que establecen medidas denominadas de discriminación o acción positiva.
No es el momento de dar cuenta de la completa doctrina que el Tribunal Constitucional ha ido asentando sobre la igualdad. En lo que interesa a esta Ponencia se deja constancia de que ha entendido que el artículo 14 prohíbe al legislador que apruebe regulaciones, tratamientos jurídicos, diferentes para personas que se encuentran en la misma situación[3]; como que no toda desigualdad vulnera el principio de igualdad, sino aquélla que es discriminatoria[4], ha fijado un test de igualdad para apreciar cuándo el trato diferente es admisible (justificación objetiva y razonable, proporcionalidad y adecuación entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos, atendidas las circunstancias de tiempo y lugar). Pues bien, conforme a este acervo doctrinal, son constitucionales las leyes dirigidas a sectores o grupos determinados (donde podría incluirse la normativa a favor de la mujer), siempre que superen, que satisfagan los requisitos exigidos en el test de igualdad .
Dentro de esa doctrina debe dejarse al menos constancia de que el Tribunal Constitucional ha ido perfilando lo que podría denominarse la faz negativa de la igualdad y que permite su formulación a través de otra forma de abordar ese derecho fundamental. Me refiero al derecho a la no discriminación y, en particular, la no discriminación por razón de sexo, que es una de las llamadas “categorías sospechosas” o ámbitos de potencial discriminación en la terminología de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. De esta forma, y por citar algunos ejemplos, se ha pronunciado sobre la proscripción de esa discriminación en el trabajo, bien buscando la equiparación de los varones en supuestos de ventajas injustificadas a favor de la mujer[5], o de las mujeres que eran objeto de trato discriminatorio en el trabajo[6], en el acceso a trabajo o profesión[7], como en el régimen de pensiones[8].
Conforme a lo dicho puede hablarse de tres etapas, no ya en la jurisprudencia del TJCE sino en la política de la Comunidad Europea pues ese acervo jurisprudencial va unido al desarrollo normativo. Así de una primera etapa –hasta la década de los 90– en la que abordó la igualdad de trato en el ámbito laboral (cfr. Sentencias Defrenne ) se pasa a una segunda –desde principios de los 90– de avance hacia la acción positiva de los poderes públicos a favor de la mujer mediante la adopción de medidas estructurales que permitan el aumento de la participación de la mujer en las diferentes actividades sociales y la igualdad real entre hombres y mujeres (cfr. Sentencias dictadas en los casos Kalanke, Marshall y Badeck ). Y la tercera etapa, la actual, aun no cuenta con jurisprudencia. Presidida por las políticas de la transversalidad que se inaugura con la Conferencia de Pekín de 1995, puede resumirse por la incorporación automática y sistemática de los problemas de género a todas las instituciones y políticas de un gobierno.
– La igualdad entre hombre y mujer es un principio básico del ordenamiento comunitario de forma que, como derecho fundamental de la persona, sus excepciones se interpretan restrictivamente (Sentencias Defrenne y Thomas ).
– Estas medidas pueden favorecer laboralmente a la mujer en caso de igualdad de méritos entre candidatos, pero no si falta este requisito en cuyo caso el trato distinto sí es contrario a la igualdad (Sentencias Kalanke y Marshall ).
– Los Tratados prohíben la discriminación directa e indirecta (Sentencias Meyers y Kording ).
– Ha insistido en la necesidad de proteger a las mujeres y sus circunstancias especiales (embarazo, lactancia, permiso de maternidad), y así ha reconocido como principio la necesidad de proteger a la mujer en su vida familiar y en el desarrollo de su actividad profesional (Sentencia Gerster ).
– Ha defendido la posición de la mujer y su especial rol en las relaciones laborales en determinadas Sentencias ( Brown, Hoever y Zachow, Krüger y Hill ), y en otras ha puesto su empeño en exigir profesionalmente de la mujer lo mismo que del varón (Sentencias Minne, Boyle, Griesmar, Coote y Gillespie ).
Hasta aquí el excurso sobre la igualdad jurídica entre hombre y mujer, sin discriminación por razón de sexo[9]. A continuación analizaré las otras normas que en el ordenamiento jurídico español exceden de esa concreta manifestación del principio de igualdad para avanzar en una concepción ideológica del mismo sobre la base de la ideología de género. Dejo de lado la exposición y análisis de la normativa deducible desde el Derecho internacional como desde el Derecho de la Unión Europea; a su vez y dentro del ordenamiento interno me referiré fundamentalmente a las normas con rango de ley. Y para no alargar la exposición me centro en la legislación estatal dejando de lado el ordenamiento autonómico.
Antes de entrar en ese análisis conviene dejar constancia de que ya antes de su promulgación se habían dictado numerosas normas sobre la materia por lo que, en cierta forma, le ley no es novedosa; ahora bien se trata de normas sobre la violencia contra la mujer o violencia en el ámbito doméstico[10]. Puede decirse, por tanto, que ya había una protección integral entendida como existencia de un cuerpo normativo que aborda los distintos aspectos que inciden en la materia objeto de regulación. Lo queaporta la LO 1/2004 es llevar a una sola norma el grueso de las políticas referidas a la mujer aparte de optar por una manifiesta judicialización del problema de esa violencia y, sobre todo, dar una nueva perspectiva al problema: la que da la ideología de género[11]. La clave está, por tanto, en el artículo 1 conforme al cual la ley tiene por objeto«actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».
La Exposición de Motivos de la LO 1/2004 completa las determinaciones del artículo 1 al señalar que el objeto de la Ley, concretado en ese precepto, se justifica, por una parte, en la "especial incidencia" que tienen, «en la realidad española las agresiones sobre las mujeres» y en la peculiar gravedad de la violencia de género, «símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad», dirigida «sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión», y que tiene uno de sus ámbitos básicos en las relaciones de pareja (Exposición de Motivos I).
La importancia del artículo 1,1 es manifiesta pues la lógica de la LO 1/2004 es que se trata de un bloque y que se refiera sólo a la mujer víctima de violencia cobra sentido si se define antes qué es esa violencia. Por lo tanto toda la ley depende de tal concepto, es la llave interpretativa de los preceptos penales, orgánicos y competenciales. Ciertamente en los tipos del Código Penal, por regla general, no se habla de “violencia de genero”, pero todos quedan englobados en ese artículo[12].
El “matrimonio” entre personas del mismo sexo es un punto de acción para el lobby de homosexuales y lesbianas en la línea marcada por la ideología de género. Según las señas de identidad de tal ideología, ya descritas, esta ley incide en algo tan básico y estructurador de una sociedad como es el matrimonio, base de la familia, y para eliminar una de sus señas de identidad –la unión heterosexual– camina en el sentido propugnado por la ideología de género: destruir lo que se considera el “modelo tradicional” de familia; alejar de la unión matrimonial toda idea de unión basada en la naturaleza, en la heterosexualidad, para basarse el instituto matrimonial en la conveniencia de los contrayentes. El matrimonio “sólo” heterosexual impediría la consecución de uno de los postulados de la ideología de género, esto es, que el sexo no es algo natural, sino optativo, luego el “modelo” de matrimonio heterosexual coarta esa libertad[13].
Desde el punto de vista de la constitucionalidad[14] de la reforma, no es baladí que el artículo 32.1 sea el único precepto de la Constitución que al regular un derecho fundamental no emplea expresiones como “los españoles”, “los ciudadanos”, “las personas”, “todos”, ”todos los españoles” o “los españoles”; luego no es irrelevante que el único precepto que hace referencia al hombre y a la mujer –a la diversidad sexual de las personas–, sea el referido al matrimonio. Ciertamente podría decirse que es para remarcar el principio de no discriminación por razón de sexo deducible de la subsiguiente declaración de plena igualdad, pero tal objetivo lo cumple el artículo 14.
Paradójicamente la LO 3/2007 y pese a su objeto, quizás sea la norma en la que la presencia de la ideología de género sea menos acusada, al menos en su formulación expresa. Es una ley de las llamadas “transversales”, “horizontales” o “integrales”, es decir, una ley con vocación de llevar sus previsiones a todos los ámbitos (cf. artículos 3 y 4) y es una ley no muy novedosa pues se ciñe, por una parte, a refundir normas preexistentes y a introducir medidas de acción positiva.
Ordena que los proyectos de disposiciones de carácter general del Consejo de Ministros incorporen un informe sobre su impacto por razón de género[15], a lo que añade que también lo hagan «los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros» (artículo 19).
Aparte de tal previsión se establecen por vez primera “Derechos ante el Registro Civil”, uno de los cuales es «el derecho a la igualdad de género y al pleno reconocimiento del principio de igualdad, en todas sus manifestaciones, en materia de Derecho del Registro Civil» [artículo 11.h)].Y otro efecto reflejo, no tanto de la ideología de género como de todo el entramado normativo en el que va cuajando la nueva concepción del matrimonio y de la familia, es la desaparición del Libro de Familia en ese proyecto de reforma de la ley del Registro Civil. En principio tiene el alcance de buscar un nuevo criterio de organización al suprimirse el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y seguirse un criterio de organización basado en la persona, de manera que se crea un registro individual y así desde el nacimiento -o desde la adquisición de nacionalidad- a cada persona se le asigna un "código personal de ciudadanía" (cf. artículo 6 y Disposición Adicional Primera).
Es una ley con vocación ideológica lo que explica las facilidades que da o que haya coincidido con la facilitación de la libre dispensación de la píldora del día después sin necesidad de receta médica[17]. Es todo ideología: la idea es inyectar en la conciencia de los ciudadanos que abortar es una manifestación de la dignidad de la mujer, de su autonomía, de su intimidad, de su libertad de ideas y creencias.
¿Qué aporta la LO 2/2010? Sale al paso de una situación de impunidad que se intuía iba tocando a su fin. España ha vivido años en los que, con manifiesto incumplimiento de la anterior ley, se acabó convirtiendo en centro de “turismo” abortivo y la expresión no es mía, sino del Consejo de Estado[18]. Tuvieron que ser unos reportajes de la televisión danesa y de la prensa británica los que mostraron que la realidad española era la del aborto libre en fraude de ley. Esto dio lugar a que se investigase la realidad del negocio abortivo y las indagaciones judiciales mostraron la cruda realidad que ha estado instalada entre nosotros durante este tiempo.
Lo que acaba de exponerse se desprende claramente del texto de la Ley, tanto de su Exposición de Motivos como del articulado. Así la Exposición de Motivos ubica la nueva regulación en el ámbito del ejercicio por parte de la mujer de su autonomía, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Eso es, en definitiva, la salud sexual según el artículo 2.b) que la define como «el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia», lo que es sinónimo de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, del aborto, término este que no aparece en ningún artículo de la nueva norma[19].
A partir de tal punto de arranque, el aborto queda regulado en la órbita de la lógica de una maternidad libremente elegida, de forma que el objetivo de la Ley es, para garantizar esos derechos, que si la mujer decide abortar lo haga «sin interferencia de terceros» en clara alusión a las servidumbres del sistema de indicaciones. Al ser este el planteamiento, los Poderes públicos asumen una posición de garantes, pero no para salvaguardar la vida del nasciturus , sino para crear las condiciones que permitan a la mujer ejercitar sus derechos y libertades relacionados con la salud sexual de forma enteramente libre, segura, responsable y en régimen de igualdad. En consecuencia, el sistema de plazos concibe todo desde la lógica de que se está ante una decisión unilateral de la mujer mediante la que ejercita un derecho.
Con la Ley del aborto se da un paso más y la menor decide “exclusivamente” de forma que en un momento en que más ayuda precisa, se aparta a los padres y, en todo caso, no se precisa qué se entiende por ese “grave riesgo” al que se refiere la Ley 41/2002 y que habilita a esos padres para intervenir. Además se prescinde en todo caso de la intervención paterna si puede esta originar un conflicto grave, ser un peligro de violencia intrafamiliar, causar amenazas, coacciones, malos tratos o si produce desarraigo o desamparo. Se transmite la idea de familia opresora cuando la realidad es muy distinta: es el hombre o la familia la que presiona a favor del aborto. A todo esto el médico queda en una complicada posición de mediador o de responsable de integrar el concepto de “grave riesgo”[20].
Es éste un aspecto afectado por la vocación “transversal” de la perspectiva de género pues la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, fue modificada por la LO 3/2007, de igualdad y prevé en el artículo 21.1 que «1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, que integrará en todo caso la perspectiva de género, comprenderá los siguientes aspectos...».
Por su parte la LO 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuida especialmente de introducir el aborto en el sistema educativo como manifestación del derecho de la mujer a la salud reproductiva y sexual. Tal cometido se prevé en los artículos 5.1. a) y e), 8 y 9[21] ya citados.
El artículo 5.1. a) ordena que «1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán: a) La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo». Tal mandato se concreta en el artículo 6 para que los poderes públicos que desarrollen «acciones informativas y de sensibilización sobre salud sexual y salud reproductiva, especialmente a través de los medios de comunicación», lo que tiene una especial proyección en el ámbito educativo (artículos 8, 9 y 10) tal y como más abajo se expone. A su vez se crea un instrumento para todos estos cometidos: un Plan quinquenal llamado Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva , Plan «que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales» (artículo 11).
El texto de esta Estrategia fue aprobado por Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de octubre de 2010. El Borrador de esta Estrategia[22] procura abordar la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de géneroasí como la sexualidad masculina y femenina desde tal perspectiva. Insiste en la autonomía conceptual del género respecto del sexo, identificando el género[23] como rol social y contrapone esa ideología a la ideología de la maternidad que identifica con una serie de estereotipos: idea de sacrificio y abnegación, es la que ha asentado las bases de opresión femenina y de la violencia sobre la mujer.
– Como colofón, el artículo 10 ordena a los poderes públicos que apoyen a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información adecuada a los padres y las madres[24].
El contenido de esta asignatura se va concretando en las normas de desarrollo que fijan las enseñanzas mínimas para la Educación Primaria, Secundaria y el Bachiller (RR.DD 1513/2006, de 7 de diciembre; 1631/2006, de 29 de diciembre y 1467/2007, de 2 de noviembre, respectivamente). Entre sus previsiones se pueden advertir signos propios de la ideología de género como, por ejemplo, fijar como contenido la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales sexistas y homófobos; o que como criterio de evaluación se prevea identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. Además que se introduce la perspectiva de género es algo que se desprende de la comparación de la nueva normativa respecto de la normativa anterior en la que se empleaba tan sólo el concepto de sexo[25].
Al margen de los contenidos, algunos de los postulados de la ideología de género se llevan a la estructuración del sistema educativo; me refiero en particular al fomento de la coeducación frente a la educación diferenciada. Prevé de esta manera la Disposición Adicional 25ª que para fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros en los que se siga el modelo de coeducación serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones de esa Ley[26].
Especial relevancia tiene el artículo 41.5 al elevar a rango cuasiconstitucional los postulados de la ideología de género que laten tras la legislación sobre el aborto. Dice así el párrafo 5 que «los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley, deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, declaró la constitucionalidad de este precepto al que los recurrentes atribuían la infracción del artículo 81.1 de la Constitución –reserva de ley orgánica– y que deja sin protección y en la indeterminación la vida del nasciturus , por entender que el precepto se limita a un mandato dirigido sólo a los poderes públicos catalanes, luego en el ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley. En lo competencial no se advierte un exceso respecto del artículo 147.2 de la Constitución en relación artículo 81.1 CE.
Que en un Estatuto de Autonomía se regulen estos extremos no es algo baladí. Una de las cuestiones más relevantes y extravagantes de estos nuevos Estatutos, en especial el catalán, es que regula derechos fundamentales –algo propio de la Constitución– y lo hace con un nuevo aire: se regulan lo que se llama derechos de nueva generación. No se habla así de familia, sino de familias , se da entrada a la ideología de género y el derecho a la muerte digna encuentra su hueco en ese artículo 41 del Estatuto catalán.
El Estatuto forma parte de ese bloque, de ese medidor y esos “nuevos derechos” completan a la Constitución: forman parte del bloque de constitucionalidad. A partir de ahora el derecho a la salud reproductiva y sexual –aborto– puede que no sea tan fácilmente derogable pues al reconocerse en una norma que integra el bloque de constitucionalidad quizás suponga que lo inconstitucional sea o que no se reconozca o que se derogue. Se podrá decir que esas previsiones estatutariasno crean nuevas competencias autonómicas, que el bloque de constitucionalidad se emplea sólo en ese ámbito y que el aborto no es una competencia autonómica. Cierto, el aborto no, pero sí la garantía del derecho a la salud reproductiva y sexual.
Por otra parte, al tiempo de redactarse este trabajo, está circulando el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación[27]. Más que incorporar el acervo internacional, sobre todo comunitario, y otras normas nacionales anteriores, se está ante una norma materialmente de refundición que va más allá de la LO 3/2007, ya vista. La futura ley se toma como pretexto para introducir un sesgo ideológico en la igualdad pues, como ya se dijo antes a propósito de la LO 3/2007, el artículo 14 ya ha sido profusamente interpretado por el Tribunal Constitucional, de forma que está de más que se apruebe una norma de desarrollo general de tal derecho fundamental para integrar el contenido de tal derecho según una visión ideológica unilateral.
Según su Exposición de Motivos, su finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades para hacer real y efectivo el derecho a la igualdad y va en la línea de la LO 3/2007 –en principio y expresamente no la deroga- con el objetivo de mejorar la tutela judicial y administrativa en esta materia. Se ampara en las directivas 43/2000 y 78/2000 pero no en la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro[28]. Como ocurre con la LO 3/2007, la ideología de género no está expresamente presente en la norma, pero su trasfondo es hacer presente sus postulados, especialmente en las previsiones basadas en la no discriminación por razón de orientación sexual, aspecto que preside buena parte del anteproyecto.
[2] Sigo en este punto el Informe de 26 de abril de 2006, del Consejo General del Poder Judicial, sobre el Anteproyecto de lo que luego fue laLO 3/2007 de 3 de Marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Informe que en parte reproduzco del que fui ponente y redactor.
[9] España ha ido incorporando el Derecho Comunitario tanto en leyes estatales como autonómicas. Antes de la LO 3/2007 de 3 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hay que citar la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social o la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Entre las autonómicas ?referidas más en concreto a la igualdad entre mujeres y hombres-, anteriores a la LO 3/2007, cabe citar la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Comunidad autónoma Valenciana, para la Igualdad de Mujeres y Hombres; la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega, para la Igualdad de mujeres y hombres, y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobada por el Parlamento Vasco o la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer, de las Islas Baleares. Con posterioridad a la ley estatal las Comunidades Autónomas han dictado bien sea leyes de nueva planta como leyes de reforma de las antes citadas.
[10] Así a partir del Informe del Senado elaborado por la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos Humanos encargada del estudio de la mujer maltratada, hay que reseñar la LO 3/89, de reforma del Código Penal y en la anterior legislatura, la LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,violencia doméstica e integración social de los extranjeros; la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
[11] En la exposición de la LO 1/2004 sigo el Informe de 24 de junio de 2004, del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto, Informe del que fui ponente y redactor.
[12] Así se deduce, por ejemplo, en materia de suspensión de penas (artículo 83,1 CP), sustitución de penas (artículo 88,1 CP); en la LOPJ al determinar el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (artículo 87 ter) o en la LEC respecto de competencia de Juzgados de 1ª Instancia o Familia (artículo 49 bis).
[13] En este punto me remito al Estudio del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de enero de 2005, al Proyecto de ley, Estudio del que fui redactor y ponente.
[14] Ley 13/2005 está recurrida ante el Tribunal Constitucional al haberse acordado mediante providencia de 25 de octubre de 2005 la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados (cf. BOE del 15 de noviembre de 2005)
[15] Tal previsión ya estaba presente en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno [cfr. artículo 24.1.b) 2º]. Si bien su artículo 22.2 amplía este deber de evaluación a todo proyecto de ley que «irá acompañado por...un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo». A raíz de la LO 3/2007 en el ámbito del gobierno judicial el artículo 110.3 2º LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en relación con el artículo 136.bis.3 de la misma introduce las mismas previsiones respecto de los reglamentos que elabore el Consejo General del Poder Judicial.
[16] Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se aprobó el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, y al que se dio publicidad por Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. Tal Plan acuerda medidas no sólo en ámbitos tradicionales (acceso, promoción, conciliación, violencia) sino que, además, prevé medidas de promoción del valor de la igualdad de género, de estudio y evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los empleados públicos y desarrollo del principio de igualdad de género para el sistema estadístico y de información relacionado con políticas de género. Sobre este Plan, cfr. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 7ª, de 24 de septiembre y de 23 de diciembre de 2008, recursos 198/2005 y 169/2006 respectivamente.
[17] El pasado 21 de octubre de 2010, la Comisión de sanidad, Política Social y Consumo aprobó una Moción para que su indicación sea con receta médica, se informe de los posibles resultados adversos de tales y se garantice la objeción de conciencia de médicos y farmacéuticos.
[18] «Sin embargo, la experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985, ya por sus propios defectos, ya por la interpretación laxa que se le ha dado, ya por la evolución social durante sus años de vigencia, ha llevado en España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario, en el que junto a un incremento notabilísimo de abortos legales siguen practicándose otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario. Una regulación que, aunque despenalizadora del aborto era intencionalmente restrictiva, ha hecho de España un paraíso del "turismo abortista" y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea». Dictamen 1384/2009, de 17 de septiembre de 2009.
[19] El término aborto sólo se emplea en la Disposición Primera como consecuencia de la reforma que implica del Código Penal y en la Exposición de Motivos pero para hacer referencia bien sea a la situación jurídica anterior a la nueva Ley o para citar documentos y Resoluciones internacionales.
[20] Sobre el desarrollo del consentimiento de las menores de edad de 16 y 17 años, cfr. el artículo 8 del RD 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.
[21] Están recurridos ante el Tribunal Constitucional los artículos 5.1. e) y 8 in límine y los apartados a y b); cfr. BOE 165/2010, de 8 de julio de 2010, en donde se anuncia la Providencia de 30 de junio de 2010, admitiendo a trámite el Recurso de inconstitucionalidad nº 4523-2010 promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados.
[22] No dispongo del texto definitivo, de manera que manejo el documento “Borrador Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 11/11/2009”.
[23] En concreto se describe de la siguiente forma: «conjunto de cualidades biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, políticas y culturales asignadas a las personas según su sexo. A partir del sexo, se hace una construcción social de lo que significa ser hombre y ser mujer, que varía a lo largo del tiempo y de una sociedad a otra, construyendo el género y dando como resultado la dualidad masculina y Femenina».
[24] Ligado a lo expuesto, en particular sobre los contenidos de la educación afectivo-sexual y la perspectiva de género, puede consultarse la guía Ganar Salud en la Escuela. Guía para conseguirlo , editado por los Ministerios de Educación y Sanidad y Política Social, págs. 145-150.
[25] Cf. RR.DD. 1006 y 1007/1991, de 14 de junio y RD 1700/1991, de 29 de noviembre, respectivamente. Sobre esta cuestión, cf. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), de 14 de enero de 2010, recurso 2789/2008
[26] Sobre la educación diferenciada, cfr. SSTS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 16 de abril y 11 de julio de 2008, recursos 675 y 689/2005 y de la Sección 4ª, de 24 de febrero de 2010, recurso 2223/2008. En relación con lo expuesto puede citarse la Proposición no de Ley relativa a la promoción de juegos infantiles no sexistas en el ámbito escolar presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (BOCG Serie D General, de 25 de mayo de 2009, n1 207) cuyo objetivo es «que se elaboren e impulsen protocolos de juegos no sexistas para que se implanten y desarrollen en los espacios de juego reglado y no reglado en los colegios públicos y concertados de Educación Primaria» y «que en cualquier actividad lúdica desarrollada en los citados Colegios de Educación Primaria se eliminen estereotipos que mantengan los roles machistas y se introduzca el concepto de igualdad entre ambos sexos».
[28] El anteproyecto iría más en la línea de Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

References: artículo 9
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 41
 artículo 81
 artículo 147
 artículo 81
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 110
 artículo 136
 artículo 8