Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp10994-2014-de-agosto-20-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_028f0c7f80f1033ee0530a010151033e&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-29 16:47:22+00:00

Document:
﻿ Sentencia SP10994-2014 de agosto 20 de 2014
SENTENCIA SP10994-2014 DE 20 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:LESIONES PERSONALES DOLOSAS EN MAYOR DE 14 AÑOS. POR REGLA GENERAL, CUANDO EN EL DELITO DE LESIONES PERSONALES CONCURRE ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO PENAL, LAS PENAS PARA TODOS LOS TIPOS DE LESIONES SE AUMENTAN DE UNA TERCERA PARTE A LA MITAD, Y SI SON COMETIDAS EN CONTRA DE NIÑOS MENORES AUMENTAN EL DOBLE, DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. SIN EMBARGO, CUANDO LA VÍCTIMA DE LA CONDUCTA PUNIBLE ES UN MENOR ENTRE 14 Y 18 AÑOS DE EDAD, NO DEBE APLICARSE LA AGRAVACIÓN EN RAZÓN A SU EDAD, ASÍ COMO TAMPOCO DEBEN SER APLICADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AUMENTAN LA SANCIÓN PENAL DE ACUERDO CON LA LEY 890 DE 2004. A PARTIR DE LA SENTENCIA SP-5197/14 LA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL VIGENTE INDICA QUE PARA EL DELITO DE LESIONES PERSONALES DOLOSAS EN CONTRA DE MENORES DE EDAD SE DEBE ACUDIR A LA REGLA GENERAL REFERIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CAUSALES DE REVISIÓN, LESIÓN PERSONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:514 DE OCTUBRE DE 2014, PÁG.1974
Sentencia SP10994-2014 de agosto 20 de 2014
SP10994-2014
Rad. 43.624 Aprobado Acta 269
1. El numeral 7º del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal permite la revisión del fallo ejecutoriado, “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”.
Esta interpretación se adecua con precisión al mandato legal, como que en estricto sentido este no determina que lo trascendente sea el momento de emisión de la jurisprudencia, sino que ella sea benéfica y posterior a aquella que sirvió de soporte a los jueces de instancia.
2. En el caso analizado se tiene que la sentencia de primer grado, del 8 de noviembre de 2010, se profirió con antelación al criterio de la Corte que se tiene por favorable (feb. 27/2013) y si bien no hizo referencia alguna, lo cierto es que atendió los postulados de la jurisprudencia de esta Sala, que por aquel entonces admitían la aplicación del agravante del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y la prohibición de cualquier rebaja o beneficio porque así lo ordenaba el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.
2.1. La sentencia del tribunal, del 2 de agosto de 2013, es posterior a la jurisprudencia favorable de la Corte, pero lo cierto es que al ratificar integralmente la del a quo, hizo propios los argumentos de este, es decir, reiteró aquellas prohibiciones, de donde deriva que prohijó el criterio anterior de la Sala de Casación Penal, frente a lo cual la sentencia de la Corte del 27 de febrero de ese año adquiere las connotaciones de criterio posterior favorable.
2.2. De la lectura del fallo de segunda instancia surge que el tribunal desconocía por entonces la nueva postura de la Corte, no solo porque razonó con los criterios anteriores de esta corporación sobre las restricciones aludidas, sino porque expresamente, en apoyo de sus argumentos, citó en extenso una decisión (nov. 17/2008, Rad. 30.299) en donde expresamente se argumentó con esos alcances (la L. 1098/2006 prohibía conceder rebaja por allanamiento a cargos).
El tribunal no se quedó allí, sino que hizo un rastreo de las decisiones de la Corte en el mismo sentido, hasta la sentencia del 18 de abril de 2012 (Rad. 33.729), desde donde deriva incontrastable que no conoció el fallo del 27 de febrero de 2013 y, por ende, este se erige como criterio nuevo y posterior.
3. Los jueces de instancia negaron al sentenciado la rebaja de pena prevista en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, para cuando el acusado se allana a los cargos formulados por la Fiscalía por expresa prohibición del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006.
4. Con posterioridad al criterio sostenido en las sentencias de instancia, la Sala de Casación Penal profirió el Fallo 33.254 del 27 de febrero de 2013, mediante el cual concluyó que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.
El lineamiento parte de la base de que la Ley 1121 del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, por ejemplo, se trate del delito de extorsión, razón por la cual no se entiende que se aplique el aumento señalado, cuando su razón de ser es la de propiciar una justicia premial.
Todo lo contrario, en la jurisprudencia objeto de análisis, dentro al apartado final del tópico referido al tema en cuestión, la Corte advirtió: (...)
Cabe precisar que la jurisprudencia señalada alude a las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, lo cual no obsta para que sus lineamientos sean admisibles, con las mismas consecuencias, en lo que respecta al artículo 199.7 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, como que este ha sido redactado en idénticos términos, con fundamentos y consecuencias iguales, de donde deriva que a una misma situación de hecho corresponde idéntica solución en el derecho.
5. Ahora. El artículo 200 de la Ley 1098 del 2006 modificó el 119 del Código Penal, para señalar que cuandoquiera que se proceda por conductas de lesiones personales y en ellas “concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad” y que cuando ellas “se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentarán en el doble”.
Tal disposición es posterior a la Ley 890 del 2004, de donde deriva que se trata de incrementos autónomos y, por ende, no hay lugar a las disquisiciones sobre la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, como que en el estatuto posterior (Ley de la Infancia y la Adolescencia) el legislador dejó de lado la tesis de la justicia premial y aplicó sanciones independientes.
En sentencia de casación del 30 de abril de 2014 (CSJ SP5197, rad. 41.157), la Corte hizo las siguientes precisiones:
“Valga aclarar que estos incrementos al ser posteriores al año 2005, desplazaron aquel derivado del aumento generalizado de penas contendido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, vigente a partir del 1º de enero de 2005, es decir, que sobre los artículos modificados por las enunciadas leyes no se impone un incremento de la tercera parte en el extremo mínimo, ni de la mitad en el máximo, pues la pena será la que fijó la legislación posterior.
Así las cosas, el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la casación 33.254 de 27 de febrero de 2013, resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes y el acusado preacuerda con la Fiscalía General de la Nación o se allana a los cargos y sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso; no así en los casos de lesiones personales dolosas, y todos aquellos delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, toda vez que en los mismos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección de dicho bien jurídico cuando su titular es menor de edad”.
Del citado artículo 200 de la Ley 1908 del 2006 y de la jurisprudencia trascrita surgen dos aspectos:
I. Cuando en el delito de lesiones personales concurra alguna de las circunstancias agravantes del artículo 104 del Código Penal, las penas para todos los tipos de lesiones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Cuando las lesiones personales sean cometidas en contra de niños menores de 14 años (esto es, de 13 años, 11 meses y 29 días hacia abajo) “las respectivas penas se aumentarán en el doble”.
II. En supuestos diferentes a los reglados en el citado artículo 200, es decir, cuando en la conducta punible de lesiones no concurran las agravantes del artículo 104 penal y cuando las víctimas de ella sean adultos o menores entre 14 y 18 años de edad, no aplican los aumentos señalados.
Por tanto, en estos eventos se acude a las reglas generales, como que ellos no quedan cobijados con los aumentos aludidos. Así, los tipos penales aplicables serán los originales de la Ley 599 del 2000, con el agravante del artículo 14 de la Ley 890 del 2004.
Y, como consecuencia de ello, en esos casos que escapan a las regulaciones del artículo 200 del Código de la Infancia y la Adolescencia, procede dar cabida a la jurisprudencia favorable respecto de que el aumento de la Ley 890 del 2004 no es aplicable en los supuestos en que el legislador prohíbe conceder descuentos o beneficios cuando el sujeto pasivo de la acción penal se allana a los cargos o llega a un acuerdo con la Fiscalía.
4. Los lineamientos de la nueva jurisprudencia se cumplen en el evento considerado, en atención a que (I) la víctima del delito, JEBG, nació el 10 de diciembre de 1992, lo que significa que para el 13 de abril de 2008 (fecha de ocurrencia de los hechos) contaba con más de 15 años de edad, luego el suceso quedó por fuera del artículo 200 de la Ley 1098 del 2006, (II) el sindicado admitió sin restricciones los cargos formulados por la Fiscalía en la imputación, acto que constituyó el soporte de las sentencias de condena y, (III) en la dosificación punitiva se aplicó el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero se negó la rebaja del artículo 351 procesal, porque así lo reglaba el 199.7 de la Ley 1098 del 2006.
5. Por tanto, se impone dar cabida a la nueva postura de la Corte, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.
Los juzgadores aplicaron la pena mínima del inciso 2º del artículo 113 del Código Penal, norma que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 2 años (igual lapso para la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas) y multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, montos que, en definitiva, serán los que se deben cumplir.
1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por el defensor del señor Juan Empidio Gil Pulido.
2. Declarar sin valor, parcialmente, las sentencias del 8 de noviembre de 2010 y 2 de agosto de 2013, proferidas, en su orden, por el Juzgado Promiscuo Municipal de (...) (Boyacá) y el Tribunal Superior de Tunja, exclusivamente para dejar en 2 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, las penas que debe cumplir el señor Juan Empidio Gil Pulido, como autor responsable del delito de lesiones personales dolosas por el que fue condenado.
En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

References: ARTÍCULO 104
 artículo 192
 artículo 14
 artículo 199
 artículo 351
 artículo 199
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 199
 artículo 200
 artículo 104
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 200
 artículo 104
 artículo 200
 artículo 104
 artículo 14
 artículo 200
 artículo 200
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 14
 artículo 113