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Timestamp: 2019-02-16 01:40:04+00:00

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Nuestros diputados en los medios nacionales #Síntesis1607 | Bloque de Diputados Nacionales de la UCR
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EL GOBIERNO BUSCA CONTENER A CARRIÓ, TRAS LOS CORTOCIRCUITOS
El ajuste fiscal y el debate sobre la ley del aborto provocaron fuertes divisiones internas en Cambiemos y descolocaron a la diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que si bien sigue “dolida” por el manejo de Mauricio Macri de ambos temas suele comentar entre sus allegados que apuesta a “sostener” la alianza con miras a 2019.Según pudo saber LA NACIÓN, para demostrar ese objetivo, Carrió hizo una gira política de “precampaña” por Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y la semana próxima recorrerá Chaco y, más adelante, otras provincias del norte. En todos lados defiende a Macri y promueve a las pymes como caballito de batalla.
El Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sufren con cada aparición pública de Carrió porque no respeta el manual “Qué estamos diciendo”, que la Casa Rosada manda por correo electrónico a sus voceros. No obstante, Peña es el encargado de contenerla.
Pero en la Casa Rosada no cayeron bien las últimas declaraciones de Carrió. En una de ellas instó a los ciudadanos a “dar propinas y changas”. En otra, dijo que los radicales eran “misóginos” y que ella los manejaba “desde fuera” del partido.
Pero la decisión de Macri y de Carrió es sostener la unidad. En aquella comida con Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, Macri dijo que “hay chistes que a veces no hay que hacer”, aunque en la intimidad de la Casa Rosada dicen: “La conocemos. Es así y no va a cambiar”.
De los radicales, Carrió también quedó disgustada con las acciones de Ricardo Gil Lavedra, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y el siempre presente Enrique “Coti” Nosiglia, que actuaron sobre los diputados Aída Ayala, José Riccardo y Hugo Marcucci para facilitar el aborto.
La jefa de la CC se sintió presionada para no hacer un discurso en la sesión porque el interbloque de Cambiemos le pidió que no hablara para no dividir más la alianza, pero también percibió una traición cuando otros operaron fuerte y terminaron abrazándose a los kirchneristas que “quieren voltear a Macri”.
Encabezó un almuerzo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Yo creo en el presidente Mauricio Macri”, dijo Carrió, junto a las diputadas nacionales Olga Rista (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC), una abortista y la otra antiabortista, en una señal de concordia.
En un intento de levantar el ánimo y recuperar el discurso esperanzador que aplicó durante las últimas campañas, el presidente Mauricio Macri insistió en que el país está en el “camino correcto” y que se encuentra “frente a la oportunidad histórica de convertirnos en un país pujante e inclusivo”.
En una columna de opinión que publicó ayer el diario El Chubut, de Trelew, el mandatario hizo referencia, aunque sin entrar en detalle, a la situación económica que vive el país. “Estamos construyendo una Argentina nueva. Desde ya, el camino no es directo ni sencillo, nos encontramos con obstáculos, surgen problemas”, dijo. Y agregó: “Pero lo más importante, lo más esperanzador, es que lo estamos haciendo juntos. De eso se trata el cambio que vine a proponerles desde el primer día: de construir una Argentina más justa, transparente, donde se dice la verdad y se trabaja con las manos limpias, sin parches ni atajos; de lograr acuerdos para desarrollar nuestro potencial y generar trabajo en cada región”. Según Macri, ese objetivo está acercándose “poco a poco”.
En su texto, el Presidente hace un breve repaso por lo que considera logros de su gestión, al referirse al “crecimiento de las energías renovables”, al desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, en “los miles de kilómetros de rutas y autopistas” y en el acceso a la vivienda propia. También destaca la obra pública, “la revolución educativa” y en el acceso a los mercados internacionales donde la Argentina todavía no tenía participación.
“Lo más importante no es lo que logra un gobierno, sino lo que logramos como sociedad. Significa que tenemos que tirar para el mismo lado más allá de los colores políticos y los intereses personales”, afirmó el Presidente en su columna de opinión.
“Si miramos todo lo que logramos en estos dos años y medio, vamos a entender que es cuestión de proponérnoslo, de trabajar dejando de lado los egos y de pensar en el largo plazo, en los que vienen, en nuestros hijos y nietos. Sigamos avanzando juntos, con convicción, porque el rumbo está claro. Tenemos grandes desafíos por delante, pero sé que todo el esfuerzo que estamos haciendo juntos vale la pena”, concluye la columna, en la que destaca al “diálogo” que impulsa el Gobierno.
Entre hoy y mañana, el gobierno del presidente Mauricio Mcri comenzará a definir nombres y fechas de una nueva ronda de reuniones con gobernadores opositores, en pos de lograr el objetivo: alcanzar un acuerdo que permita la presentación, el próximo 15 de septiembre, de un presupuesto 2019 consensuado entre la Casa Rosada y la oposición.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, son los encargados de la “contención política” y los números finos de la negociación, que ya comenzó días atrás, primero con los gobernadores macristas (Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal) y luego con los tres radicales (Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo), quienes también vieron al Presidente.
“Se van a organizar por grupos, resta definir si es por región o por partido”, afirmaron a LA NACIÓN fuentes del Gobierno encargadas de la discusión. En Balcarce 50 afirmaron que la intención será bastante más ambiciosa: lograr no solo un acuerdo de cara al nuevo presupuesto, que incluya los ajustes necesarios para cumplir con el FMI, sino, además, las bases de un “gran acuerdo nacional” que incluya deudas pendientes, como una nueva ley de coparticipación federal y apoyo a la política macroeconómica del oficialismo, un punto en el que los gobernadores peronistas ya han mostrado algunas diferencias.
“Somos muy optimistas, hay vocación por ayudar”, afirmaron en el ministerio que encabeza Frigerio. “Confiamos en que hay sectores importantes del peronismo que quieren ser parte de la foto de una Argentina que asume el desafío de solucionar los problemas”, coincidió Peña en una entrevista publicada ayer por el diario Perfil. En esa misma entrevista, el jefe de Gabinete excluyó al kirchnerismo de los eventuales interlocutores del diálogo “amplio”.
El Presidente recibirá hoy a representantes de la Mesa de Carnes, parte de los encuentros “sectoriales” que forman parte de la estrategia de acuerdos que planea la Casa Rosada.
Con un número, sin definiciones de traspasos. María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se muestran alineados con Mauricio Macri para avanzar con el ajuste y reducir el déficit, con una diferencia: la gobernadora y el jefe porteño buscan que la Casa Rosada negocie con los mandatarios peronistas en base a los montos de recortes que encarará cada distrito y de ese modo reservarse para cada administración las definiciones sobre cómo llegar a esa cifra.
Juan Schiaretti se lo planteó directo a Macri y quedó instalado como un pedido de los gobernadores del PJ para encarar con “equidad” la baja del déficit al 1,3% del PBI el año próximo: el traspaso de Edenor, Edesur y AySA a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, y la quita de los subsidios al transporte de pasajeros en el área metropolitana. El foco de los negociadores del peronismo se posó en la Nación y en esos dos distritos, atentos a limitar los beneficios para las administraciones macristas en plena etapa de disputa electoral.
TERMINÓ EL MUNDIAL, LLEGAN LAS ELIMINATORIAS ELECTORALES
Por Claudio Jacquelin – LA NACIÓN
Nadie sabe a cuánto cotizará el dólar dentro de una semana; tampoco cómo resultarán el vencimiento y la renovación de casi US$20.000 millones en Lebac dentro de 48 horas, y mucho menos a cuánto trepará la inflación al final del año. En este contexto, hablar de elecciones parece ciencia ficción, pero una de las pocas certezas que tiene la Argentina de hoy es que dentro de un año habrá comicios presidenciales.
No es una cuestión de ansiedad o desaprensión por los problemas propia de políticos sin responsabilidad, sino de una realidad insoslayable que impone la dinámica institucional. En nombre del Gobierno, lo confirmó Marcos Peña en la entrevista que ayer publicó el diario Perfil: “Somos un proyecto de poder que cree que tiene que pensar cómo seguir ganando elecciones…”: en el final del párrafo aclaró que hay un bien superior que justifica eso: “…porque somos la mejor representación para una alternativa”. Lo mismo piensan los opositores. Eso es lo que los moviliza, los justifica y los explica.
El tamaño y las posibilidades de ese centro que busca su lugar entre los polos M y K son una auténtica incógnita o, como diría Ernesto Laclau, un “significante vacío”. No tiene hoy una cadena de equivalencias (de reclamos compartidos) ni una figura que los vehiculice. No en la percepción de la sociedad. Como lo ejemplifica Pablo Knopoff, director de Isonomía, la imagen que muestra hoy la opinión pública es la de uno de esos globos alargados que concentran aire en sus extremos parcialmente anudados y tienen un centro extendido y flácido, donde fluyen los gases.
Muchas de ellas están convencidas de que una nueva centralidad cristinista se parecerá demasiado a la venganza del conde de Montecristo. Miguel Pichetto, Sergio Massa, Diego Bossio, Juan Urtubey, un buen número de legisladores y algunos pocos intendentes del conurbano se anotan en esta lista y no se dejan seducir por las señales amigables y las promesas de indultos que les envían la ex presidenta y varios cristicamporistas pragmáticos. Tienen motivos (y antecedentes) para desconfiar.
No solo importará cómo concluirá, sino también cuándo se producirá. Salvo algunos diagnósticos catastrofistas, entre los que se destacó anteayer el del ex cafierista-menemista-duhaldista-kirchnerista y ahora precandidato presidencial neofilocristinista Felipe Solá, no abundan los pregoneros de apocalipsis de corto y mediano plazo, pero sí sobran los que prenuncian dificultades, de distinto grado, para reencauzar la economía.
Sin embargo, entre ellos hay una discrepancia sustancial: en el Gobierno auguran un semestre de caída o recesión y un cambio de signo en el primer trimestre de 2019. Los inversores ven nueve meses de dificultosa gestación hasta alumbrar una tibia recuperación. En tal caso llegaría en los albores del calendario electoral,
Carrió, además, reivindicó su posición contra la ley de legalización del aborto. Dijo que el Poder Ejecutivo “no se daba cuenta del enfrentamiento que quedó ahí” y admitió que hubo una “grieta” en el propio oficialismo que “ya se va a cerrar”, enfatizó.
ALFONSÍN CRITICÓ EL ACUERDO CON EL FMI
El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) cuestionó ayer el acuerdo al que llegó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sobrellevar la crisis cambiaria. “Las recetas y metas comprometidas no solo son injustas, sino que, lejos de resolver los problemas económicos, los agravan”, sostuvo el dirigente, que no ahorra críticas al macrismo. “El Gobierno debe convocar a todas las fuerzas políticas para acordar propuestas que neutralicen sus efectos negativos”, agregó.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; la vicepresidenta Gabriela Michetti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ya le avisaron a la mutual judía que estarán en el acto, que arrancará a las 9.53 del miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario del atentado. El presidente Mauricio Macri repetirá el esquema del año pasado: no irá al acto central, pero recibirá (no están confirmados día y hora aún) a la dirigencia de la AMIA, encabezada por Agustín Zbar.
Según fuentes del Gobierno y de la comunidad judía, Avruj les transmitió el viernes la invitación presidencial a Zbar y el director ejecutivo de la entidad, Daniel Pomerantz. Fuentes comunitarias hablaron de “incomodidad” con el día propuesto por la Casa Rosada (el mismo 18, a las 15, en Olivos) e intentarán que el encuentro se dé un día antes.
El único año en que Macri llegó al acto aniversario del atentado como presidente fue en 2016, meses después de asumir la primera magistratura, en otro escenario político y económico. También en lo que hace a la investigación: la Unidad Especial AMIA, en la que el Gobierno designó al ex senador radical Mario Cimadevilla, fue prácticamente desmembrada y pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Derechos Humanos. “No hay grandes avances por ahí”, reconoció un alto funcionario. De todos modos, el Gobierno intentará mostrarse cercano al reclamo. Mañana, por ejemplo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se encontrará con víctimas de distintos ataques.
En el acto central hablarán, además de Zbar, el titular de la OEA, Luis Almagro, y Mario Averbuch, padre de Yanina, una de las víctimas del atentado. En su discurso, según fuentes de la entidad, Zbar pedirá al Gobierno “más energía” en los pedidos de extradición de los ex funcionarios de Irán involucrados en el ataque y con pedido de captura de Interpol.
Antes de la feria judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó una medida de prueba que puede complicar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa denominada como la Ruta del dinero k.
Mandó a hacer un entrecruzamiento de las llamadas entre la ex presidenta, el empresario detenido Lázaro Báez y los teléfonos celulares y de línea de los secretarios privados y estrechos colaboradores de ambos. La información fue anticipada por el equipo de investigación de La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul.
Hasta ahora Casanello nunca se había decidido a investigar a la ex presidenta en la denominada ruta del dinero K. Por esa causa está detenido Báez. Casanello solicitó las llamadas entrantes y salientes de 78 líneas, entre teléfonos fijos y celulares que pertenecían al círculo más cercano de la ex presidenta: figuran sus secretarios personales y todos los funcionarios que manejaban la agenda de Cristina cuando aún estaba en la Casa Rosada. Esos eran los teléfonos con los que solía comunicarse.
ENCUESTA EN LA CIUDAD
El plan había sido blanqueado internamente meses antes de que arrancara el Mundial de Fútbol. La campaña oficialista por la triple reelección (Macri en Nación, Vidal en Provincia y Larreta en Ciudad) sería lanzada una vez terminada la competencia en Rusia.. La apuesta en Cambiemos por entonces era cuál de los tres ganaría por mayor ventaja. La crisis cambiaria, sin embargo, abrió un nuevo escenario. Y hoy, ya con Francia campeón, la incertidumbre llega incluso a la Capital, distrito madre del macrismo. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, larga arriba y consolidado. Pero la oposición no se resigna y un sector apuesta a “lo nuevo” para desplazarlo.
– Por primera vez desde que fue elegido jefe de Gobierno, en 2007, Macri registra en un sondeo de Analogías en la Ciudad más números negativos (51,4%) que positivos (46,9%).
– Si bien Larreta también sufrió el arrastre de la caída de imagen del Presidente los últimos meses, en esta medición volvió a mostrar cifras de alentadoras: 58,1% de imagen positiva contra 39,5% de negativa.
Cuando se pasa a los escenarios electorales, Larreta (o un candidato suyo) muestra un piso alto, de 41,3%, contra un 40,6% de opciones opositoras. Luego se profundiza sobre el sector no macrista y un 62,6% asegura que para vencer al jefe de Gobierno preferiría alguna “figura nueva”.
“La idea es ir por la nuestra. Después evaluaremos algún marco de alianzas. Hoy la fortaleza nuestra es emerger como algo nuevo”, aseguraron a Clarín en el entorno de Lammens, que aparece aún con un alto nivel de desconocimiento en el distrito (52,2%), pero con más imagen positiva (61,7%) que negativa (18,6%).
¿Y si se unifican las elecciones nacionales con las porteñas? ¿Irían con boleta corta o se pegarían a un candidato presidencial? “Tendríamos que ir con una candidato a presidente que nos sume más de lo que nos reste”, agregan cerca del presidente de San Lorenzo.
“El debate del Código Electoral viene encaminado y se están logrando consensos importantes. Podemos aventurar que, en cuestión de unos pocos meses, podremos saldar esta deuda que tenemos con la autonomía y la democracia porteña”, adelantó a este diario la legisladora oficialista Natalia Fidel, presidenta de la comisión de Reforma Política del parlamento porteño. El Código habilitaría al jefe de Gobierno a unificar los comicios locales con los nacionales, algo que hoy está prohibido por ley.
En cuanto a Sylvestre, el periodista reconoció a este diario que “la política me gusta y me parece que hay que renovarla, pero hoy no estoy trabajando con nadie. Hace 40 años que vivo del periodismo y sería difícil dejarlo. Más que a jefe de Gobierno, me entusiasmaría ser legislador nacional, pero no sé, hay que dejar fluir las cosas”.
Una caja millonaria es motivo de una interna con final abierto en el Gobierno. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, con el aval del presidente MAURICIO Macri, buscan quedarse con parte del dinero que utiliza su par Germán Garavano para mantener el funcionamiento del Ministerio de Justicia. El objetivo es la recaudación de más de $15.000 millones que entregan los registros de propiedad del automotor.
Si bien en el Ministerio de Justicia evitaron dar cifras oficiales, se trata de una caja de al menos $15.000 millones. Aunque, según pudo saber LA NACIÓN, esa suma podría duplicarse. Parte de ese dinero es el que utiliza Garavano para pagar los sueldos de gran parte del ministerio, prácticamente todos los contratados. Pese al pedido de LA NACIÓN, ese número se mantuvo bajo reserva, pero podría afectar a más de la mitad de los trabajadores bajo la órbita de Garavano.
Los sindicatos del transporte, decisivos en la estructura de la CGT para garantizar la contundencia de una medida de fuerza, iniciaron un proceso de reorganización para tallar con más protagonismo en la interna de la central y asentarse como factor de poder autónomo ante el Gobierno nacional. Los movimientos giran en torno de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que echó en los últimos días a organizaciones afines a la administración de Mauricio Macri y se apresta a reincorporar a otras de peso que habían quedado al margen.
Todo el proceso corre en paralelo con los últimos reacomodamientos en la CGT y la conformación de un polo de gremios opositores que se aliaron para contrapesar a los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios y los “independientes” de buen diálogo con el Ejecutivo. Aunque la última reunión del Consejo Directivo de la central le extendió la vida útil al triunvirato de conducción y acalló por el momento la puja con esos sectores, la coalición opositora buscará expandirse para pulsear por el futuro recambio de jefes.
Aunque la razón esgrimida para hacerlo fue la falta de pago de la cuota de afiliación a la confederación, se trata de una sanción por el alineamiento total de ambos dirigentes al Gobierno. De hecho Ibarra es adjunto del rural Ramón Ayala (Uatre) en el grupo de gremios que reivindica el sello 62 Organizaciones al servicio de Cambiemos. En los últimos meses el gastronómico Luis Barrionuevo, actual interventor del PJ, lanzó una campaña judicial para hacerse también de ese sello conocido como “el brazo político del movimiento obrero”.
Además de la exclusión de los gremios considerados (doblemente) “amarillos”, la CATT inició un proceso de reincorporación de otros sindicatos que se habían apartado durante la gestión de Cristina de Kirchner. Entre ellos figuran la Unión Ferroviaria, de Sergio Sasia, el más numeroso de la actividad; el de peones de taxis, de Omar Viviani y el Centro de Capitanes de Ultramar, de Marcos Castro, quienes llegaron a crear un sello paralelo, la Unión de Gremios del Transporte (Ugatt), de corta vida en el Gobierno anterior.
Ese acercamiento generó expectativas de una eventual reconciliación de alto impacto en la CGT: la de Moyano y Viviani, distanciados desde que el camionero entró en colisión con Cristina de Kirchner y el taxista se mantuvo a su lado, en 2012. El acercamiento parecía inviable para los aliados del exjefe de la CGT que conocen de su inflexibilidad con quienes interpreta como enemigos, pero la reciente tregua entre su hijo mayor, Pablo Moyano, y el metalúrgico Francisco Gutiérrez, foto incluida, pareció allanar el camino. A todos los une su caracterización de la administración de Macri como contendiente irremontable. Muchos, como el propio Moyano, creyeron antes de la asunción de Cambiemos que se abría un canal de cogestión con la nueva fuerza política pero al cabo del primer año de gestión terminaron rotos todos los puentes políticos, sobre todo luego del avance de las causas judiciales contra el camionero en el fuero federal. En este contexto, a pesar de que gremios como la UTA están más cerca de Macri que de la oposición peronista, la CATT se prepara para actuar como ariete defensivo y ofensivo -según la necesidad- contra el Gobierno y para oficiar de árbitro en la interna de la CGT.
El miércoles pasado, Cambiemos aprobó en el Senado bonaerense el pliego de Fernanda Inza como contadora general de la provincia. De poco sirvió que la oposición planteara que, como tesorera de Pro en el distrito, la secretaria legal y técnica de María Eugenia Vidal podría terminar vinculada a la investigación judicial por los aportantes truchos de la campaña de 2017.
Había un antecedente: su tía abuela, Armanda Inza, apareció inscripta como una de las responsables económicas de la campaña de Cambiemos en 2015. Al año siguiente, la jubilada octogenaria reveló a LA NACIÓN que no conocía su rol partidario.
El viernes, Inza juró al frente de la Contaduría General, cuya misión es “controlar la administración pública gestionando con el compromiso de lograr probidad, transparencia, honestidad y calidad del gasto público”. En otras palabras, la funcionaria de confianza de Vidal deberá controlar a Vidal.
El caso sería llamativo si fuera un hecho aislado. Pero no lo es: desde que asumió la gobernación, Vidal propició avances claros en materia de transparencia en la administración pública, algunos frenados durante años por el PJ. Pero ubicó a miembros de su equipo en puestos claves que hacen al control de la administración. En paralelo, dejó vacantes otros despachos que hacen al contralor dentro y fuera del Poder Ejecutivo.
El primer paso fue la asunción de Julio Conte Grand como procurador general de la provincia. Era secretario legal y técnica y se convirtió en jefe de los fiscales bonaerenses en un sistema -el acusatorio- en el que los fiscales son centrales en la investigación. Hubo reparos de un sector del kirchnerismo, que lo comparó con la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Pero hasta La Cámpora aprobó su pliego.
Otro hito fue la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI). La oposición demandaba y Cambiemos podría haber avanzado en crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política, un órgano autárquico previsto en la Constitución provincial de 1994 y nunca constituido. Pero Vidal eligió crear un reflejo de la Oficina Anticorrupción nacional: la OFI integra el Poder Ejecutivo, no tiene autarquía y sus funcionarios están a tiro de decreto.
El otro caso es el Tribunal de Cuentas bonaerense, que ejerce un control externo sobre la administración. De sus cinco miembros, uno falleció en 2016, otro se jubiló en 2017 y un tercero lo hizo hace cuatro meses: hoy el tribunal continúa analizando las cuentas públicas, pero no puede formar quorum para dictar fallos ni fijar multas.
Con bemoles, la situación se repite en el fuero Contencioso Administrativo, a cargo de las causas que involucran a la administración provincial. Uno de los cuatro juzgados está vacante y otro tiene a su titular, Luis Arias, suspendido por juicio político. En Cambiemos aseguran que la situación se normalizará tras el receso invernal, cuando concluya el jury a Arias y se trate el pliego de candidatos para el cuarto juzgado.
Vidal también intentó subsumir la Asesoría General de Gobierno, otra estructura de control jurídico, dentro de la órbita de la Secretaría Legal y Técnica. Eso desencadenó la renuncia del asesor Marcelo López Mesa, que fue reemplazado por Patricio Blanco Ilari, apoderado de Cambiemos en las últimas elecciones.
En el medio, Vidal prorrogó varias leyes de emergencia (seguridad, obras, administrativa y tecnológica) que permitieron acelerar procesos de contrataciones y licitaciones. Pero también modificaron y en algunos casos atenuaron los controles. Tampoco se conformaron las comisiones bicamerales legislativas que deben controlar esas emergencias.
Ante la consulta de LA NACIÓN, en el entorno de la gobernadora no solo defendieron a capa y espada la idoneidad y probidad de los funcionarios designados, sino que enumeraron los avances en materia de transparencia de los últimos años: desde la purga de la policía bonaerense hasta la aprobación del sistema de declaraciones juradas, resistido por el PJ durante años.
Destacaron el compromiso de Conte Grand en las investigaciones sobre la policía y sus gestiones para que jueces y fiscales también presenten sus declaraciones juradas. Desvincularon a Inza de los aportes de campaña y señalaron que se necesita “alguien de confianza” en la Contaduría para que “no se trabe la marcha de la gestión”.
Más completa fue la defensa de Luis Ferella, titular de la OFI: desarrolló un programa de transparencia que adoptaron 47 municipios y otro de integridad para las empresas provinciales, investigó y denunció a funcionarios del Registro de la Propiedad y del Hipódromo de La Plata, hoy cerca del juicio oral.
“Todos los gobiernos mejoran cuando son controlados. Es cierto que lo ideal sería crear el tribunal que prevé la Constitución, pero implica una estructura casi ministerial que la provincia hoy no puede pagar. Hace tres años esta era la provincia más atrasada en materia de transparencia y hoy tenemos control patrimonial sobre 26.000 funcionarios”, sostuvo el propio Ferella.
Cerca de Vidal agregan las iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos, y prometen que pronto se podrá ver en tiempo real la ejecución presupuestaria. La balanza en acciones de transparencia, insisten, es ampliamente favorable. Queda flotando, sin embargo, una duda: ¿cómo actuarán estos funcionarios si algún día deben investigar a Vidal o a sus ministros? ¿Con independencia o como miembros del equipo político? Para un gobierno que hace de la transparencia una de sus banderas, es una duda relevante.
“Yo viajo en auto, él viaja en avión”. En una de las escalas por el interior bonaerense, Agustín Rossi manoteó una ironía para justificar porqué todavía no visitó provincias lejanas como el salteño Juan Manuel Urtubey.
Esa picardía de charla de café, en un pueblo de la Buenos Aires rural, refleja como se miden y se miran entre sí los peronistas que, a un año del cierre de listas de 2019 -será en junio próximo- empezaron a moverse como candidatos.
Algunos dicen que quieren ser, arman agendas y equipos de campaña, “estudian” para candidatos mientras Cristina Kirchner, al igual que Sergio Massa, siguen con sus silencios tácticos temporales y que no significan, claro, inacción política.
Rossi, Urtubey y, en la última semana, Felipe Solá, iniciaron la larga maratón electoral del peronismo. El santafesino y el bonaerense lo dicen sin vueltas; el salteño, cauto o tiempista, se muestra, pero sin pronunciarlo.
Los tres replican un mapeo: Rossi viene del dispositivo K, Solá del Frente Renovador y Urtubey del peronismo anti K. Son identidades iniciales que todos quieren deconstruir para ser, a secas, candidatos del peronismo.
Detrás de ese pelotón, aparece otro que mide sus movimiento. Al cordobés José Manuel De la Sota lo tientan, el puntano Alberto Rodríguez Saá milita con su #hay2019 y entre nostalgias del post 2001, suena Roberto Lavagna, a quien hasta le anotan un potencial vice: el senador Miguel Angel Pichetto.
El chaqueño Jorge Capitanich había arrancado movedizo, pero puso el freno mientras que Sergio Uñac se encarga de bajar las expectativas de aquellos que lo quieren subir al ring, como ocurrió la semana pasada con intendentes del PJ bonaerense.
Massa, cuentan en Tigre, reaparecerá en septiembre y Cristina, que desliza que no piensan en competir en 2019, “está cómoda como está”, cuentan en su entorno.
La lista es nutrida pero, en lo formal, Urtubey, Rossi y Solá son los que se mueven como candidatos. Un escalón abajo aparece Rodríguez Saá.
Cada uno, en este tiempo, movió sus piezas.
Rossi redobló sus “bajadas” al interior, hace entre 4 y 5 distritos por semana en la provincia, y sumó apariciones en Córdoba y Mendoza. Con alto conocimiento en Santa Fe, deja ese distrito para más adelante.
Tiene, como escolta, a Carmela Moreau, su pareja, dirigente de ADN radical, hija de Leopoldo Moreau, diputado del FpV-PJ, el bloque que preside Rossi.
Urtubey sumó hace semanas como consultor al español Antonio Sola, que hace años “interviene” en campañas argentinas. Inventó el “Cristina o vos” de Francisco De Narvaez en 2013 y en 2015 trabajó junto a Massa.
De esa mesa, surgió el plan de “apertura” de Urtubey que más que mostrarse con peronistas decidió mostrarse con silvestres como el misiones Hugo Passalacqua o el santafesino Miguel Lifschitz que, como contó Clarín, se queda sin reelección provincial y se perfila para el duelo nacional.
Solá sumó un socio a sus recorridas, el diputado Facundo Moyano, y lo asiste un equipo de comunicación en redes y propuestas. Parece inevitable la ruptura con Massa, con quien hace tiempo no habla cara a cara.
Solá y Rossi fueron, al inicio del año, gestores de una mesa de unidad bautizada G-7 integrada por Víctor Santa María, Alberto Fernández, Fernando “Chino” Navarro, entre otros, y que parece naufragar por la irrupción de dos postulantes enfrentados.
A ocho meses de la desaparición del ARA San Juan, los familiares de los 44 tripulantes a bordo del submarino marcharon ayer, del Congreso a la Plaza de Mayo, para reclamar al Gobierno políticas urgentes para la búsqueda del submarino. Frente a la Casa Rosada se sumaron centenares de personas que acompañaron los reclamos y mostraron su solidaridad. Se cantó el Himno Nacional y algunos de lo familiares hablaron a los presentes.
“Nos sentimos muy solos. Acá no hay bandera partidaria, son 44 chicos que desaparecieron, no se puede objetar lo que estamos haciendo”, dijo Yolanda Mendiola, madre del cabo Leandro Fabián Cisneros, uno de los tripulantes.
Los familiares recitaron los nombres de los tripulantes reiteradas veces. Pidieron “búsqueda, verdad y justicia” y, luego de hablar en la plaza con megáfonos, lanzaron 44 globos azules al cielo.
Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y representante de los familiares ante la Justicia, dijo a LA NACIÓN: “Pasa el tiempo y es muy necesario que se firme el DNU para la contratación directa de una empresa privada”.
Ante el tratamiento en el Senado del proyecto de despenalización del aborto, pastores evangélicos de todo el país expresaron su “firme convicción de cuidar y defender las dos vidas”, y pidieron “evitar que en nuestro país se legisle el derramamiento de sangre inocente”.
Tras recordar el “trabajo de las iglesias evangélicas en la contención de la mujer en crisis, en situaciones de violencia, abandono y pobreza y el acompañamiento de madres embarazadas en condición de vulnerabilidad”, los referentes de las comunidades evangélicas convocaron a una concentración nacional el sábado 4 de agosto, a las 15, en el Obelisco, cuatro días antes de la fecha fijada para el tratamiento del proyecto en el recinto. Además, ratificaron que en la noche del 7 de agosto harán una vigilia de oración frente al Congreso y también acordaron movilizarse el día de la sesión.
“El aborto es la consecuencia de una conducta irresponsable en el uso y práctica de la sexualidad que desprecia la vida del recién concebido y vulnera el primer derecho humano a respetar: el derecho a nacer”, señalaron los pastores de las iglesias evangélicas. Y reclamaron que el Estado debe respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y también de las personas jurídicas.
En tanto, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), que alienta el diálogo entre distintas confesiones y el respeto del ejercicio de la libertad de culto, reclamó en una declaración que en el proyecto que se discutirá en el Senado se garantice el derecho a la objeción de conciencia individual e institucional, así como la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
“La libertad religiosa y de conciencia que se debe garantizar a toda persona, obrando individual o colectivamente, incluye necesariamente el derecho a la objeción de conciencia, a no ser obligado a obrar en contra de las convicciones profundas (sean o no religiosas) y del mandato de la propia conciencia”, sostuvo la entidad, que preside el pastor bautista Raúl Scialabba.
El telón de la segunda semana de audiencias por la legalización del aborto en el Senado se levantará mañana con expositores como el ex senador justicialista Eduardo Menem y el prestigioso biólogo del Conicet Alberto Kornblihtt, que ya habían disertado meses atrás en la Cámara de Diputados.
El debate en el plenario de las comisiones de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzará a las 14 y se mudará al Salón de las Provincias, un auditorio más espacioso que el Salón Illia donde se desarrollaron las primeras dos audiencias.
Ferviente detractor del proyecto de legalización de la interrupción del embarazo, Menem había advertido cuando le tocó exponer en Diputados que para avalar la iniciativa “hay que desmantelar el sistema jurídico actual”.
“Para la ciencia, la vida comienza con la concepción y el sistema jurídico argentino protege los derechos de las personas por nacer, y sostiene efectivamente que la vida se inicia en la fecundación. Con esos datos biológicos y jurídicos, si se quiere avanzar con la despenalización, hay que desmantelar el sistema jurídico actual”, había argumentado el ex senador.
Por su parte, el discurso de Kornblihtt se centró en demostrar con criterio científico que hay vida en el embrión pero sin constituir todavía una persona humana y fue uno de los más citados por los diputados a favor del aborto. También disertarán, entre otros, la economista Sonia Tarragona; el constitucionalista Alfredo Vitolo; la abogada del Conicet Paola Bergallo; el médico Luis Durand Figueroa; el abogado del CELS Diego Morales; la ex senadora María Eugenia Estenssoro; el periodista Mariano Obarrio y la abogada Nelly Minyersky.
JULIO COBOS. A 10 AÑOS DE SU VOTO ?NO POSITIVO? POR LA RESOLUCIÓN 125
Julio Cobos tenía diez años menos cuando, siendo su vice, decidió ir en contra del gobierno de Cristina Kirchner, provocando la caída de la Resolución 125 con su voto “no positivo”. Aquélla larga noche, Cobos cuenta que un senador kirchnerista le pidió ingresar armas al Senado para defenderse del campo y asegura que le hizo un favor no sólo al Gobierno sino a la oposición y al sector del agro.
– ¿Cuándo supo que desempataba?
Todos creíamos que ganaba el voto a favor de la Resolución 125. El que definía era Emilio Rached. Habló conmigo el día anterior y me dijo “voy a tener que acompañar”. Llegó el día de la sesión y de repente veo que se levanta y va a mi oficina y les dice a mis colaboradores que iba a votar en contra. Supe que debía desempatar yo.
Sí. No creía que se fuera a dar pero sabía que la situación era muy complicada en la calle. Obvio que en el momento puede haber factores que influyan en esa decisión. Antes de votar se lo comunico a Pampuro y a Alberto Fernández.
Les pido que Miguel Pichetto pida un cuarto intermedio por el empate. El campo también estaba desgastado, era fácil resolverlo.
– ¿Había hablado con su familia?
Mi hijo me da un abrazo y me dice, “papá vota como vos quieras, pero pensá en la gente”.
– ¿No era una salida para Ud. ausentarse y que Pampuro dirija la sesión?
– ¿Hubo senadores que intentaron ingresar armas al Senado? Fue un senador del kirchnerismo el que me pidió ingresar armas. Le preocupaba el ingreso y yo le dije que estaba garantizado. El temor era la inseguridad.
Muchos me pidieron custodia en su casa, senadores del PJ que votaban en contra y se las puse.
No. Llamaban Randazzo o Fernández pero ya no atendía a nadie. Pampuro estuvo conmigo hasta lo último. Alberto me decía que votara a favor y que Cristina recibía al otro día a todas las entidades del campo. Pero eso era nada.
– ¿La extraña frase “mi voto no es positivo” fue por los nervios?
Si, fue lo que salió en el momento. Es que no estaba pensando en un discurso.
Pampuro me dice, “trata de estirarlo como puedas que yo veo si convenzo al bloque”. Pero cuando me dice que no, empiezo a hilvanar algo.
– ¿Que sintió después de votar?
– Muchos le endilgaron a Ud. que era parte del Gobierno?
Leí mucho después. La Constitución da la posibilidad de desempate en una situación extrema sino se contaría como un voto más y listo. Creo que le hice un favor no solo al gobierno, al campo y a la oposición. ¿Quién se perjudicó con este voto? Nadie. El gobierno recuperó la iniciativa, terminó bien y Cristina fue reelecta.
– ¿Cómo fue el reencuentro con Cristina?
No la noté bien. Pedí hablar a solas pero estaba con Randazzo y Massa. Le dije, “mirá, si este es un gobierno de concertación me parece que traté de aportar resolviendo un conflicto innecesario”. Y ella me respondió, “no, esto se quebró, vamos a mantener sólo una relación institucional”. Randazzo quiso hablar, pero ella no lo dejó. Y Sergio anotaba todo.
Después me confesó: “yo cuando me pongo nervioso anoto porque sino parezco que me río y no quiero”. El hizo mucho para tratar de recomponer la relación.
– ¿Esa madrugada quedó grabada en su mente o es un recuerdo más? Imborrable. He tenido en mi vida dos momentos difíciles. Uno fue a los 23 años con el conflicto del Beagle. Yo era subteniente y no solo estuve en la frontera sino que me movilicé a la 1 de la mañana con la misión de invadir Chile y nos frenaron justo. Le había escrito una carta de despedida a mis padres, menos mal que llegó después. Y el otro fue este. A mi me ayudó siempre la preparación física. He corrido maratones de 42 kilómetros, he practicado karate.
Yo siempre dije que con el deporte me ahorro el cardiólogo y el psicólogo.
La única vez que hablé fue cuando falleció Raúl Alfonsin, ella estaba en Londres.
Y a Néstor Kirchner lo vi el día del velorio, nos saludamos bien.
A partir de ahí comenzamos a ver todo en blanco y negro. Todo después fue conflicto y seguimos con esa lógica. Macri dijo unir a los argentinos y bueno, nos está costando.
MIGUEL PICHETTO. EL RECUERDO UNA SESIÓN HISTÓRICA
“CRISTINA ME DIJO QUE NO HABÍA POSIBILIDAD DE ACORDAR”
– ¿Qué significó la Resolución 125 y su polémica votación?
Un gran error político, una incomprensión, un problema que era económico que se terminó convirtiendo en político y la primera derrota del gobierno de manera contundente.
– ¿Cómo recuerda el conflicto?
Kirchner terminó su primer mandato 2007 y había aumentado las retenciones de 27 a 35%. Y el sector las había asimilado porque en ese momento la soja volaba a 600 dólares la tonelada y era un porcentaje realmente importante, razonable. Creo que el primer año del gobierno de ella (Cristina) es cuando empiezan a aparecer algunas dificultades por la restricción de dólares de la economía argentina y se les ocurre el esquema de las retenciones móviles, que para mí fue un error y en el debate en el Senado podríamos haber encontrado una solución y en Diputados, porque recuerdo que hubo mucha voluntad – ¿Cuál era el obstáculo? Hubo una gran inflexibilidad del gobierno de considerar esto como una batalla política que si se perdía, per día poder. Y fue un error porque el sector agropecuario estaba dispuesto a que levantáramos las retenciones.
El punto intermedio era 40 puntos, 40 y medio. Si hubiéramos planteado el debate en el Congreso, Argentina hubiera tenido mayor capacidad de recaudación, el gobierno no hubiera perdido la votación de la 125 y no hubiera empezado el debilitamiento de la presidenta y la fractura con el campo, un proceso que nunca se pudo recuperar del todo.
– ¿Se lo pudo plantear a Cristina?
Sí. Hasta la última hora en que con la presidenta cerramos el diálogo telefónico, a las 0.30, 1 de la mañana, ella me dijo que no había ninguna posibilidad de acordar. Porque yo tenía la información previa, a las 22, que el vicepresidente no iba a votar a favor del Gobierno si había empate.
Se visualizaba el escenario del recinto como un empate porque ya habían dado su opinión casi todos los senadores que estaba dudosos. Y Verani me informa que Cobos iba a pedir un cuarto intermedio para buscar un punto de conciliación. Con una propuesta intermedia hubiéramos tenido el voto de senadores que en ese momento expresaban una posición muy cercana al campo como Carlos Reutemann, Urquía, Juan Carlos Romero. Hubo una actitud muy clara de entender que esto era un desafío político a la autoridad, de que esto implicaba una derrota política.
– ¿La suerte estaba echada? La presidenta me dijo en el último diálogo telefónico: “Hace votar y que cada uno se haga responsable”. Y yo cumplí con la instrucción que tenía.
Hice votar y perdimos porque Cobos votó en contra, lo cual también es un hecho complejo porque el vicepresidente forma parte del gobierno. Pero como esa era una alianza, una coalición, la llamada concertación que a partir de ahí se desmoronó porque también perdimos estructura de poder en el Congreso, en las Cámaras.
Lo recuerdo como si fuera hoy esa madrugada. Julio estaba en su oficina y bajó justo para el momento culminante, cuando íbamos a votar. Plantea un cuarto intermedio y la búsqueda de una salida alternativa y tanto Ernesto Sanz, que era el presidente de la UCR, como yo, le pedimos que hiciera votar. Y mi definición fue “lo que tenga que hacer hágalo rápido”. Y Creo que los gobiernos presidencialistas es mejor que tengan mayoría parlamentaria a que no la tengan. Y que el oficialismo tiene que acompañar las decisiones del Gobierno.
– ¿Eso intento plantearlo?
Dialogar, dialogué con todo el mundo.
Mucho más porque había en el espacio de la concertación plural senadores que eran de la UCR, algunos muy importantes que fueron definitorios a la hora de la votación como Rached, Verani. Con ellos hablé pero vi el proceso y fui muy consciente durante todo el día. Sabía que se perdía la votación.
El 15 de junio pasado, los ministerios de Salud de los países del Mercosur (entre ellos, la Argentina) firmaron una declaración en la que acordaron impulsar el etiquetado frontal de alimentos para identificar los productos procesados con agregados de nutrientes que, según su proporción, son considerados “nocivos”, como sal, grasas y azúcar. La industria local de alimentos coincide en que son necesarios cambios e impulsa un nuevo modelo de etiquetado, pero más suave.
Pese a que aún no se tomó una decisión, Salud se acerca cada vez más a un modelo de impacto más drástico en los hábitos de consumo, sobre todo de los niños, que el que propugnan las empresas. Se acerca así a los modelos de Chile y de Uruguay (donde está a la espera de la firma del presidente Tabaré Vázquez). En el sector alimentario argentino temen que la elección de este último modelo termine golpeando el negocio.
“La ventaja del modelo chileno es la sencillez”, afirmó a LA NACIÓN el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. “Tiene un octógono negro con la leyenda respectiva. Se está viendo el impacto que genera, aunque solo tiene dos años de implementación. Empieza a disuadir y es un modelo fácilmente entendible y que produce el impacto deseable: que la gente modifique sus hábitos de consumo”, explicó el funcionario, que señaló que cualquier cambio que se impulse será gradual y en un trabajo consensuado con la industria y los ministerios de Producción y de Agroindustria. “Sabemos que impacta en costos y en el trabajo”, dijo.
FMI RECOMIENDA NO AJUSTAR EL GASTO EN OBRA PÚBLICA
Son tiempos de definiciones en la relación entre el país y el Fondo Monetario Internacional. El caso argentino es motivo de debate permanente y desde el FMI y sus propios economistas ven con preocupación las consecuencias del acuerdo firmado. Por eso ya hay muchos que recomiendan que no haya un recorte profundo de la obra pública, ya que esto dañaría aún más la economía real. Desde Buenos Aires se sabe que en poco tiempo (antes de septiembre) habrá que dar respuestas sobre la marcha del ajuste comprometido, y que en muchos casos éstas no serán optimistas. Por esto se buscará apurar algunas de las promesas. Una de ellas es la aceleración de la venta de las acciones privadas en poder de la ANSES y que llegaron a su dominio con la privatización de las AFJP. Con esto se financiará la “reparación histórica”.
De ahí en más empiezan las dudas. Varios especulan con que algunos de aquellos ganadores se arrepintieron de sus números y no firmarían la adjudicación. Ahora bien, ¿qué pasará con las que prefieran dejar pasar el plazo y el negocio? “El Gobierno va a ejecutar la garantía de oferta: el que se baje tendrá que pagar 15 millones de dólares”, dijo a LA NACIÓN una fuente del Ministerio de Transporte.
Uno de los que, por estos días, despiertan más interrogantes es el consorcio que lidera Eduardo Eurnekian y su constructora Helport, que se adjudicó los corredores E y F. Allí está la autopista Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba. Además de Helport, los otros socios son Panedile, Copasa y Eleprint. “Nosotros estamos convencidos de seguir adelante”, dijo una fuente de la Corporación América. Sin embargo, admitió que el financiamiento de estos proyectos de rutas por peaje estaba relacionado con la construcción de Chihuidos, represa que se planea construir en Neuquén. Pero aquel proyecto, que iba a ser financiado por bancos alemanes, está totalmente frenado por estos días.
“Si alguno se cae, vamos a ejecutar la garantía y después relicitaremos. Habremos perdido dos o tres meses. Será una pena, pero es preferible a que entren y después queden a mitad de camino”, dijo una alta fuente del Ministerio de Transporte.
El Gobierno sabe que en septiembre tendrá uno de los exámenes más difícil de estos tiempos. Y que, hasta ahora, le será complicado de aprobar. Será cuando los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pongan en contacto con los funcionarios locales para monitorear la marcha de las metas fiscales y financieras cerradas con el organismo financiero, y de la que dependerá la salida del segundo tramo de la ayuda pactada. Si bien desde el Gobierno de Mauricio Macri se descarta que el compromiso de un déficit de 2,7% del PBI para todo el año será demostrable, también se descarta que los hombres que comanda el italiano Ricardo Caldarelli (que maneja el equipo del FMI que fiscaliza el caso argentino) pondrán la atención en aquellos capítulos donde el país no tiene los números en orden. Puntualmente se conoce que hay dos sectores en los que las respuestas locales serán insatisfactorias: el uso de parte de los u$s15.000 millones del primer tramo para financiar salidas de dólares del sistema cambiario, y la falta de avances en el acuerdo político para el próximo año. Y dentro de esto último, la carencia de avances en la manera en que desde el Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne se piensa en financiar el sector previsional desde 2019.
Ante el panorama, y descartando que los hombres de Washington pondrán el acento en el peligro fiscal de 2019, desde el Ejecutivo se piensa en un Plan B. Esto es, acelerar otros cambios comprometidos para el próximo ejercicio, y que dependen en su mayoría de decisiones políticas del propio Ejecutivo. Uno de estos es la financiación de parte del gasto previsional desde 2019, especialmente la “reparación histórica” impulsada por el propio Gobierno, con “amortización de activos de los fondos de pensión que se encuentren actualmente en posesión del Gobierno”. La mayor caja disponible para esta fórmula es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en poder de la ANSES, formado esencialmente con las acciones que ingresaron al Estado durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a partir de la reestatización de las AFJP. Si bien no hay un número actualizado de lo que la administración pública podría obtener, fuentes oficiales especulaban con que el número final podría llegar a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares el próximo año; dinero más que suficiente para garantizar entre 2019 y 2010 (los años de duración del acuerdo con el FMI), el financiamiento para la “reparación histórica”. La estrategia primaria que tiene en mente el Gobierno es la de ofrecer primero las acciones a los propios dueños de las compañías en operaciones de “recompra”. Las mismas fuentes hablan del serio interés de varias de las empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones (en el total del paquete o en parte de él) y terminar con la convivencia con funcionarios públicos en sus directorios. Algunas de las empresas en cuestión, la mayoría de ellas bancos y compañías de infraestructura, siempre les dejaron en claro que la intención era avanzar en la recompra y dejar atrás la experiencia inaugurada en los tiempos del kirchnerismo. Desde el macrismo la idea se mantiene viva desde antes de la asunción de diciembre de 2019, pero estuvo anestesiada porque se descartaba que tendría problemas políticos para poder ejecutarse. El acuerdo firmado con el FMI y la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento múltiples y creativas hizo que el proyecto reviviera. Y dentro del capítulo de los fondos necesarios para poder cubrir las siempre desequilibradas cajas previsionales, comenzando por la continuidad del plan de reparación histórica lanzado por el macrismo al comienzo de su gestión, y que en los últimos 48 meses fue financiado por los frutos del blanqueo impositivo que aportó más de u$s 100.000 millones.
Un nuevo “supermartes” se avecina para el Banco Central que debe enfrentar un vencimiento de $529.320 millones de Lebac, de acuerdo con datos oficiales al jueves pasado. Lo operado en el mercado secundario de Lebac es la principal referencia para el mercado, en cuanto a las preferencias reveladas del ente monetario a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Según estimaciones de Allaria Ledesma, aproximadamente más de $100.000 millones que vencen el próximo miércoles (la licitación de Lebac es mañana) están en manos de fondos comunes de inversión, en un 60%, y el resto, en poder de minoristas. Por lo que la tasa y la calma cambiaria jugarán en las expectativas de estos inversores. Al respecto, si bien en las últimas jornadas el rendimiento de las Lebac retrocedió, aún se ubica por encima de la última tasa de corte. Los analistas anticipan que será otro supermartes donde el BCRA debería convalidar las altas tasas de las Lebac en el secundario, aunque advierten que podrían no acercarse al 50% anual. Sin duda son tasas que para la economía real son casi impagables en un contexto normal. Claro que frente a la inflación imperante (mañana se conoce el dato del IPC de junio) no extraña semejante nivel de tasas de interés. Para algunos economistas el hecho de que entren a terciar las subas programadas en los encajes tras la licitación de Lebac será un factor que tenderá a morigerar el impacto sobre el mercado cambiario del efecto monetario de la subasta. Será un nuevo test para el binomio Luis Caputo-Gustavo Cañonero que, con alfileres, logran sostener el andamiaje monetario y cambiario.
Cabe señalar que el stock de Lebac se ha reducido al jueves pasado a $1,48 billones tras el canje de Letes, los rescates y las no renovaciones.
El presidente Mauricio Macri prometió ante la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) una reforma de la ley pyme, y entre los cambios impulsados por estudios contables se cuenta la posibilidad de replicar el modelo de “trámite exprés” vía digital y sin costo para crear empresas instrumentado en Córdoba desde hace un año. El caso de esta provincia implica la digitalización de los registros y, además de anotar las SAS, el trámite abarca también a sociedades anónimas (SA). La modalidad se aplica siempre que los interesados usen los modelos de acta constitutiva y de estatuto social de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) cordobesa.
Hay coincidencia entre diferentes estudios contables en que la IPJ de Córdoba funciona “bien”, por lo que varios registran allí las empresas y cuando reciben la personería hacen el cambio de domicilio fiscal a la provincia en donde van a operar. “Es un Delaware para el interior”, comentó un experto. La referencia es al estado de Estados Unidos donde las empresas y las startups prefieren registrarse por la facilidad que existe: lleva tres días establecerse legalmente.
¿Hay vida después del aborto? La pregunta señala las lecciones que sacan oficialismo y oposición de un debate que nunca estuvo en los papeles de nadie pero que atraviesa la agenda del final del mandato de Mauricio Macri. El principal activo de Cambiemos ha sido, para el éxito de sus travesías, tener un jefe y un programa indiscutidos. La decisión de habilitar el debate del aborto despertó disidencias en la fuerza oficialista, que Macri resuelve con un dietario liberal: que todos opinen con libertad de conciencia.
Suena simpático si fuera un ejercicio académico. Pero puede poner en peligro el liderazgo y la unidad del programa, porque en un sistema político caciquil como el que rige en la Argentina, lo que dice el jefe genera autoridad. Ya es frágil la autoridad en una coalición transgénica como es Cambiemos. Por eso la principal preocupación hoy de Olivos es evitar que el secesionismo interno, motivado en el debate abortista, le quite oxígeno al Gobierno en el tratamiento de la crisis económica. Es decir, que el debate de un acuerdo con la oposición parta un Presupuesto que contenga el programa acordado con el FMI.
Mauricio, en el espejo de Juliano el Apóstata
Negar la autoridad es lo que buscan los adversarios del Gobierno, después de dos años y medio en los que una fuerza que es primera minoría ha conseguido resultados de mayoría. Algún mecanismo habrá funcionado, y es la conciencia del objetivo de sostener las diferencias ante los opositores, y admitir que hay una autoridad indiscutible. La apelación a la libertad de conciencia puede ser la kriptonita, un remedio traicionero para salir de un problema en el cual el Gobierno cayó para prevenirse de males mayores.
El esfuerzo del Gobierno es en estas horas impedir que las disidencias se trasladen a otras frecuencias de la política, como la unidad de los bloques legislativos o el armado de candidaturas para el 2019. El empeño de la oposición es promover kriptonita para todos. La libertad de conciencia es un dictamen que encanta en los papeles, pero es un camino de cornisa en la política. Juliano el Apóstata, que gobernó el Imperio Romano en el siglo IV°, despachó sus crisis llamando a los prelados divididos de la iglesia a que resolviesen las disensiones civiles, y que cada cual sirviese a su religión sin impedimento ni temor.
Mauricio, que no es apóstata porque no se le conoce profesión de fe militante en su biografía, logró que Horacio Rodríguez Larreta siguiese esa indicación, y consagrase a su persona, su gestión y la ciudad que gobierna, al Sagrado Corazón de Jesús. Había hecho algo parecido Juan Carlos Onganía en 1969 cuando consagró la Argentina a la Virgen en todas sus devociones locales. No se recuerda tamaño extremo clerical en algún gobernante. Se puso en la vereda de enfrente de promotores activos del proyecto. ¿Se vuelve atrás cuando se toman posiciones desde la libertad de conciencia?
​El aborto parece mudar de golondrina de un solo verano a ser un cisne negro. Lo habilitó Macri en febrero para evitar una derrota legislativa. Ya asumió que entró en un problema peor que el quería evitar. Quienes lo rodeaban creían que ganaba el No. Con los días vio que Sí no estaba tan mal para sus objetivos de ahuyentar al cisne negro. Como dice Montaigne de Juliano, el Apostata, es de los gobernantes que, tras no haber podido lo que querían, han fingido querer lo que podían.
Se abre el camino del veto parcial
Más modesta, María Eugenia Vidal escuchó, también el 9 de Julio, al escribiente del papa Francisco, Víctor Fernández, llamar al veto de una eventual ley de despenalización del aborto. De paso, se sacó una selfie con pañuelo celeste. Allí quedó, pero habilitó un nuevo curso de acción: el Gobierno cree que hay un empate en el Senado, que el debate en las comisiones languidecerá en estas dos semanas de casi receso legislativo, y que al final la cámara puede aprobar la ley que mandó Diputados. En ese caso podrá haber un veto, aunque parcial, para habilitar la objeción de conciencia institucional que piden las clínicas de origen confesional para negarse a proceder a abortos. También puede haber un veto parcial a la cláusula que obliga al Estado a pagar por las intervenciones. Esta objeción se les atribuye a los senadores de Córdoba por el tamaño del distrito, el segundo más poblado del país, y que puede aumentar el gasto público. Algo así como rechazar el aborto porque es muy caro.
La referencia de Juliano el Apóstata viene a cuento por el ensayo que le dedicó el ensayista Michel de Montaigne cuando discurre, precisamente, sobre la libertad de conciencia. Según este autor renacentista (1533-1592), Juliano propuso la libertad de conciencia en temas religiosos creyendo que “aquella licencia aumentaría las diferencias e intrigas de la división, e impediría por consiguiente al pueblo unirse y fortalecerse contra él”. Montaigne concluye que “dar rienda suelta a las facciones para alimentar sus ideas es extender y sembrar la división, es casi ayudarlos a aumentarla, al no haber barrera ni prohibición alguna de las leyes que frene o estorbe su carrera (“De la libertad de conciencia”, 1580).
Empate de dos sobre intervención al PJ
La Cámara Nacional Electoral se fue de feria sin dictar el fallo sobre la intervención del PJ. Los tantos quedaron empatados en la forma de hacer caer la decisión de María Servini. Los dos magistrados que integran ese tribunal entienden que hay argumentos para desandar la decisión que le quitó la llave del principal partido de oposición a Cristina de Kirchner, y se la dio a sus contradictores en cabeza de Luis Barrionuevo. Este dirigente sindical tiene referencias en todas las tribus anticristinistas, del massismo al delasotismo, pasando por fracciones de entidad menor. Se le atribuye al juez Alberto Dalla Vía una ponencia que consiste en un aval a la intervención, pero entregando el partido a una comisión de dirigentes más variada. El otro integrante, Santiago Corcuera, está identificado con la idea de hacer caer la intervención, y avanzar en una normalización reglamentaria.
El tribunal tiene una tradición de fallar por unanimidad en estas causas, un mérito y una necesidad, por la naturaleza política de las materias que trata ese fuero, cargadas de inmaterialidad. Falta designar una vacante, que podría ayudar al desempate y en alguna causa se llamó a un magistrado de otro tribunal a desempatar. Pero los dos magistrados intentan mantener la fuerza de la unanimidad como un resguardo a su independencia. Pesa sobre esta situación un dictamen de sentido común: lo que la política no arregla, no lo arregla la ley, que siempre cumple en este terreno un sol subsidiario.
El cristinismo promete no romper al PJ en ninguna provincia
A la espera de alguna salida que se conocerá después de la feria judicial, los protagonistas navegan sin luces. Barrionuevo se ha cuidado de no dictar medidas como interventor que podrían enredarlo en más entuertos, como intervenir distritos del interior, algo que le costaría porque esas medias chocarían con el Congreso del partido, que manejan fuerzas que enfrentan a la intervención. Del lado del cristinismo hacen lo mismo. Por ejemplo, hay un intento de despliegue territorial fuera de la provincia de Buenos Aires, para alcanzar alguna ingeniería competitiva para 2019. La orden del Instituto Patria es armar células de Unidad Ciudadana en todo el país, pero manera amistosa con otros sectores del peronismo.
“No vamos a romper al PJ en ningún lado”, me dice Fernando Espinoza, que se asume como patrón de algunas decisiones del comando cristinista. Esto significa que habrá Unidad Ciudadana en donde se pueda, pero con la seguridad de que jugarán dentro del PJ local como agrupaciones, o como partidos locales en alianza con el PJ. Es una forma de cauterizar la división del peronismo, algo que arrastra desde hace quince años sin poder remediar, ni aún en los momentos de la jefatura kirchnerista. Esa jefatura la intentaron convertir Néstor y Cristina en liderazgo, pero nunca lo lograron. Navegaron con suerte dudosa en varias elecciones y terminaron perdiendo el poder para su partido en 2015.
Cristina, con lágrimas en los ojos, admite equivocaciones
Espinoza es una de las víctimas del cisma del peronismo en su distrito y recompone junto a Verónica Magario un armado que complemente los movimientos de Martín Insaurralde para armar una candidatura, también amparada por Cristina, para el año que viene. La dupla Espinoza-Magario presume de contar con la fuerza de La Matanza, distrito sin el cual el destino del peronismo en Buenos Aires es inviable. Sobre esta constancia arman proyectos de candidaturas cambiantes, a la gobernación o a la intendencia de ese municipio. Magario reconoce la jefatura de Espinoza, y éste admite, cuanto más, que Cristina ha cambiado de criterio para el 2019. Significa no repetir los errores de 2015.
¿Qué errores? Por ejemplo, haber promovido una PASO dentro del partido. Nunca más una interna del peronismo bonaerense. Deja heridos irrecuperables. ¿Por qué lo hizo? Dice que se equivocó, porque creía que si no hacía la PASO sus adversarios iban a acorralar al peronismo. Pero ella lo acorraló con Aníbal Fernández, a quien la Iglesia había estigmatizado no por ser una símil morsa, sino porque había dedicado sus esfuerzos a otra despenalización, la de las drogas que, como el aborto, es otro de los límites del bergoglismo. Ahora dice que fue un error. “Admite que se equivocó -dice Espinoza-, y con lágrimas en los ojos”. Para adelante ella promete que cualquier decisión la consultará. Espinoza-Magario dicen que tampoco le cederán la lapicera sin discutir, como ocurrió en 2017, cuando el peronismo volvió a perder.
Las manifestaciones, cañonazos a las nubes
Estas afirmaciones las argumentan en la fuerza y tamaño del distrito, mayor al de varias provincias y que puede aportar poder a cualquier estrategia. Magario presume que La Matanza es, junto a San Isidro y a Vicente López, el tercer distrito con autonomía financiera para resistir cualquier barquinazo. Dice tener guardado en el banco dinero para sostener el pago de salarios por tres meses. Basta para mantener el poder en el municipio y repetir mandato. Ahora tiene que aportar a un esquema ganador que se proyecte más allá, porque cualquier candidatura a gobernador en el peronismo, no va a salir de abajo hacia arriba, sino que va a bajar de alguna estrategia nacional del partido, algo que hoy no tiene. Siempre, además, fue así.
La división que tiene el peronismo en el orden nacional lo condena por ahora al destino de una liga de gobernadores e intendentes con liderazgos enfrentados, y a programas también dispersos. Esa dispersión le deja al peronismo una estrategia negativa hacia adelante: la confianza en que crecerán desde el fracaso de Cambiemos. Por mérito del oficialismo, pero también por carencia de un liderazgo que contenga las diferencias, el peronismo basa todos sus movimientos sobre la presunción de que al Gobierno de Macri le va a ir mal, y que eso tendrá la forma de un estallido social. Nadie prueba, cuando se explica esto desde el peronismo, sobre qué datos se basa.
Este diagnóstico mueve al peronismo a promover esas algaradas callejeras con dirigentes que vociferan desde las tribunas contra el FMI y las medidas del Gobierno. Son disparos de artillería hacia las nubes porque enfrente no hay nada ni nadie. El oficialismo no levanta tribunas, no hace marchas callejeras, no cree que el destino de ellos, o de los opositores, pase por la protesta de las muchedumbres en las calles. Festeja, callado, que la movilización callejera, además, ahuyenta al voto moderado de las grandes ciudades, que elude al peronismo cuando el no peronismo le ofrece un programa y un liderazgo solventes y competitivos, como ocurrió en 2015 y 2017.
En este punto, el diagnóstico y el método del peronismo atrasa algunas décadas. Cree en las patas en la fuente y en que la plaza derrotará al sistema. Los programas que muestra son un viaje por el túnel del tiempo. Tiene sentido que crea eso, porque en el pasado ocurrió y fue la vía del peronismo para llegar al Gobierno, como en 1989 o en 2002. Nada dice hoy, salvo la fe -que se da de patadas con la política, como lo prueba el debate del aborto-, que el método funcione hoy.
Texto escrito por Mario Daniel Serrafero, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Conicet, horas antes de su fallecimiento.​
El fallo de la Cámara Nacional Electoral que determinó actualizar la distribución de la cantidad de diputados nacionales que se eligen en los distritos se dicta a raíz de un amparo presentado por un particular de la provincia de Córdoba.
En primera instancia, se resuelve en contra de la petición del reclamante, que solicitaba que se dictara “la ley de representación de la Cámara de Diputados en orden al censo poblacional de 2010”. Llega en apelación a la Cámara, y los jueces Alberto Dalla Vila y Santiago Corcuera dictan una sentencia histórica: la última vez que se había adecuado la representación de la Cámara baja había sido en 1983, en relación con el censo de 1980.
Sería un error considerar que el fallo se expide sobre cuestiones políticas cuando en realidad versa sobre un asunto de raíz eminentemente constitucional.
Obviamente tiene efectos en la política, pues el número de representantes de varias provincias se modifica. Pero es la correcta interpretación y el fiel cumplimiento de la Constitución lo que está verdaderamente en juego.
El artículo 45 en cuestión y en su parte pertinente dispone, en relación con la Cámara de Diputados: “El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
La sentencia es clara respecto de que no es opción del Congreso establecer los ajustes pertinentes en cuanto al número de diputados de acuerdo al último censo.
Efectivamente, el artículo 45 dispone que el Legislativo “fijará” la representación con arreglo al mismo. La Constitución sin dudas impone una obligación al Congreso. No corresponderían entonces las apreciaciones de los legisladores sobre el mérito, la oportunidad o la conveniencia de la medida.
El contenido medular del fallo es lo que menos se ha comentado y merece, por cierto, ser resaltado.
El fallo trata nada más y nada menos que de la representación política del órgano Legislativo. En nuestro régimen de gobierno tenemos un doble sistema de representación.
En relación con el Senado, cualquiera sea la población, las provincias cuentan con tres senadores.
Pero la Cámara baja representa al pueblo de las provincias. Cuando las variaciones de la población no se ven reflejadas en la composición del Congreso, es la propia representación la que se encuentra distorsionada. Es la propia voluntad del pueblo, que se manifiesta a través de las leyes, la que no se conforma de acuerdo a lo que establece la Constitución.
La ley es fruto de las decisiones de los diputados que fueron electos en distintos distritos de la Nación. El número de los diputados de cada distrito no es un tema menor.
Como señala Bidart Campos –citado en el fallo-, la obligación que impone la Constitución “responde al propósito de que el número de diputados refleje la cantidad de población de cada distrito electoral”.
La inacción del Congreso genera -señala el fallo- una desactualización, que tiene como consecuencia práctica que el voto de un ciudadano en algunas zonas tiene un valor inferior al de otro en otras zonas en las que cada representante es elegido por un número mucho menor de ciudadanos.
Como decía el constitucionalista José Nicolás Matienzo, los argentinos no tenemos como hábito social cumplir las leyes. En este caso, la Cámara deja en claro que hay una falta de cumplimiento de una norma de la Constitución. No es una opción o facultad de los legisladores.
Cabe destacar que el fallo no obliga a que el Congreso realice los correspondientes ajustes. En el marco del respeto que debe existir entre los poderes se resuelve “poner en conocimiento de la presente al Congreso de la Nación, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución”.
Por último, el fallo acertadamente introduce la cuestión de la crisis de representación. Y señala: “Como es evidente, ésta simplemente se resuelve con una más precisa, real, diversa y adecuada representación de una sociedad heterogénea con infinidad de matices, la que puede ser obtenida siempre que se cumpla con los lineamientos que nuestra propia Constitución Nacional impone”.
https://www.cronista.com/columnistas/El-discurso-del-cambio-ya-no-va-pero-puede-servir-el-de-detallar-la-herencia-20180716-0035.html
Por Raúl Aguirre Savaria – Ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
https://www.lanacion.com.ar/2153457-el-desafio-de-construir-consensos
Por Roberto Gargarella – Constitucionalista y sociólogo
https://www.lanacion.com.ar/2153453-el-lugar-de-la-corte-suprema-en-el-debate-sobre-el-aborto
Por Agustín Romero – Asesor y coach en temas internacionales y profesor Universitario en las carreras de Ciencia política y Relaciones Internacionales
El dinamismo y los cambios actuales en el sistema internacional, en conjunto con el nuevo ordenamiento de la política exterior del gobierno del presidente Macri pueden llevarnos a un contexto similar al de 1991.
En efecto, la caída del muro de Berlín, en 1989, la desaparición de la URSS, y con ella, la Guerra Fría, abrían el camino a una nueva forma en la distribución de las capacidades de los grandes actores del escenario mundial.
A partir de allí hubo un realineamiento de la política exterior del gobierno de Menem, cuyas implicancias y consecuencias pudieron desembocar, entre otras cosas, en los atentados terroristas en nuestro país contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA en 1994.
Desde hace unos años se observan el ascenso y caída de algunos actores centrales del sistema internacional, lo que deja lugar para que nuevas fuerzas y actores ocupen espacios de poder.
Entre ellas, energías político-ideológicas que estaban en retroceso hoy se encuentran en avanzada: los fenómenos del racismo, extremismo islamista, fundamentalismo y el terrorismo.
En ese marco, el gobierno del presidente Macri fijó como prioridades de su agenda la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Sin embargo, han pasado casi tres años de su administración y las dudas e improvisación en estos temas marcan su andar.
Tres ejemplos sirven como muestra. Desde el gobierno de promovió el juicio en ausencia para avanzar en la causa AMIA. Sin embargo, la falta de decisión política y un responsable debate llevaron a que el tema desapareciera de la agenda política.
Otro ejemplo: el gobierno de Macri propone la participación de los militares argentinos en la lucha contra las nuevas amenazas, dentro de las cuales está el terrorismo internacional. Como en el caso anterior, no ha existido un debate académico sólido en donde se pueda estudiar las fortalezas y riesgos de tal propuesta.
En la actualidad, el fenómeno del terrorismo internacional adquiere características y dinámicas muy diferentes en diversas partes del mundo. No es lo mismo hablar de la capacidad militar de Hezbollah, en Medio Oriente, que en la Triple Frontera.
Un elemento medular en la lucha contra el terrorismo es determinar con precisión a quién enfrentamos. Y allí aparece el tercer error. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) requiere que los países realicen una Evaluación Nacional de Riesgos del Lavado del Dinero y Financiamiento al Terrorismo para saber en dónde se encuentra realmente cada país y a partir de allí, adoptar las herramientas y estrategias más precisas para combatir estas acciones criminales.
Otra vez, la falta de decisión y acción política, sumada a la falta de recursos económicos y humanos, paralizan una medida solicitada por la comunidad internacional y frente a la cual nuestro país asumió su responsabilidad.
También el gobierno de Macri incumple obligaciones asumidas ante la comunidad internacional, cuando el GAFI requiere que los países hagan sus listados o clasifiquen a las organizaciones como terroristas. Aquí también falta decisión política del Gobierno, ya que la herramienta jurídica la tiene a su disposición.
En efecto, la justicia argentina declaró al ataque contra la AMIA y Embajada de Israel como crímenes de lesa humanidad, y su autoría, al brazo militar de Hezbollah.
Desde las instituciones centrales de la comunidad judía se insistió hasta el hartazgo en que el atentado suicida de 1994 contra la sede de la AMIA no es un acto de terror contra los judíos sino que es una acción criminal contra la Argentina.
Sin embargo, la dirigencia comunitaria se empecina en apropiarse indebidamente de ese dolor, organizando y convocando a la ciudadanía y a los presidentes argentinos a los actos del 18 de julio, quienes asisten o no por temas de agenda en carácter de “invitados”.
De seguir ocurriendo esto, se consolidará la tesis de que el terrorismo es un problema que afecta a una parte de la sociedad y no a todos los argentinos. Es el presidente argentino quien debe encabezar los actos del 18J y no ser un mero “invitado”.
Es impensado que algún presidente norteamericano deje de asistir a un acto de recordación a los atentados del 11-9, ni que se deje librada la organización de dichos eventos a los administradores del Word Trade Center.
En una Argentina donde faltan la verdad y la justicia en la causa AMIA, sólo la memoria y el testimonio de los que han sobrevivido a las acciones del terrorismo aparecen como el último recurso frente a la desidia de una sociedad encaminada a olvidar lo ocurrido el 18 de julio de 1994. La presencia de cada vez menos gente en el acto de la calle Pasteur 663 es testigo de ello.
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 Resolución 
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 artículo 45
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