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Timestamp: 2019-08-23 12:02:58+00:00

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agosto | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional | Página 2
EXPEDIENTE NRO.: 973-2010
DEMANDANTE: PAULA LLUEN VDA DE ELIAS
DEMANDADO: COMITÉ ACCIONISTAS JUBILADOS DE TUMAN
En Chiclayo, a los 20 días del mes de junio de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:
La demanda interpuesta (p. 16-31) alega la vulneración de los derechos al debido proceso administrativo, a la defensa, al acceso a la información, a elegir y ser elegido, y a la igualdad ante la ley, y pide la nulidad del acto eleccionario realizado el 21 de febrero de 2010, parta elegir ala junta directiva 20010-20102de la Asociación de Accionistas, Jubilados, Viudas y Herederos de Tumán y Anexos. Solicita que en vista de que se ha negado el derecho a sufragar de muchos de los asociados fuera de Tumán, se disponga la realización de nuevas elecciones.
La contestación de demanda (p. 47-64) señala que la recurrente no ha acreditado su condición de socia así como que no se han probado los hechos denunciados.
El juez de la causa declara infundada la demanda (p. 71-73) atendiendo fundamentalmente a que los Estatutos no impiden la realización de la elección en una sola localidad como Tumán.
La impugnación de la demandante (p. 78-82) indica que el juez incurre en error al no haberse considerado los anexos de Tumán, así como consta el hecho de que las elecciones se realizaron en las afueras de la Asociación, situaciones que afectan al debido proceso administrativo.
§El debido proceso administrativo
1. La recepción del debido proceso en nuestra jurisprudencia constitucional[1]se ha orientado no solo por extender su ámbito de derecho continente a los procesos judiciales sino también a los procedimientos administrativos, bajo la justificación de que dicho derecho iusfundamental goza de una vis expansiva que en rigor irradia todo el ordenamiento jurídico y muy en especial, el ámbito de los derechos fundamentales. En ese razonamiento, los procedimientos administrativos no pueden excluir la asimilación a su entorno del debido proceso como mecanismo regulador de los principios que informan la impartición de justicia administrativa.
3. Vertidos los argumentos que anteceden para reforzar nuestra decisión, es menester señalar que no nos sentimos persuadidos respecto a afectaciones graves, ostensibles y manifiestas de los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.
4. En efecto, a juicio de esta Sala de la Constitución, constatados los 49 artículos y 2 disposiciones transitorias de los Estatutos presentados (p. 41), no verificamos taxativamente que de lo establecido en tales Estatutos, se desprenda que comprenda una causal de nulidad y consiguiente afectación de derechos fundamentales, que los actos eleccionarios se hayan producido únicamente en Tumán y que al no haberse producido necesariamente también en los anexos de Tumán, las elecciones sean nulas per se.
5. Si bien es cierto se podría inferir que tales actos de elección también deban realizarse en los Anexos, propiamente tal premisa es solo eso: una inferencia y por tanto, no representa un criterio obligacional que acarree trascendencia constitucional y que habilite al juez constitucional para un pronunciamiento estimatorio.
6. Igual argumento debemos seguir respecto a la constatación de que el acto eleccionario tuvo lugar fuera del recinto propio de la Asociación misma en Tumán. Tal hecho no revela una manifestación iusfundamental en tanto, de similar manera, no advertimos una situación ostensiblemente grave (verbigracia: que el acto se hubiere frustrado irrazonablemente). En tal sentido, no hay elementos de juicio, en nuestra valoración, que propicien un pronunciamiento de los jueces constitucionales y por el contrario, asumiendo que los hechos denunciados sí apuntan a revestir una afectación leve a los derechos denunciados, es pertinente que se deje a salvo el derecho de la parte actora y que la misma prevea hacer uso de las vías igualmente satisfactorias que el ordenamiento jurídico permite, excluyéndose la vía constitucional por involucrar ésta solo actos de manifiesta vulneración a un derecho fundamental. En ese orden de ideas, es pertinente revocar la decisión del A-quo.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.
2. El inciso 3), artículo 139°, de la Constitución Política establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la cual no solo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.
3. (…) el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho al juez natural –jurisdicción predeterminada por la ley–, de defensa, a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones (…).
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Valoración de medios probatorios. Aplicación precedente 206-2005-PA/TC
EXPEDIENTE NÚMERO: 057-2011
DEMANDANTE: ANDERSON MORE TESEN
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
En Chiclayo, a los 13 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Roberto Díaz Sánchez, abogado patrocinador del demandante, contra la sentencia de fecha 02 de marzo de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.
El recurrente interpone demanda de amparo (p. 9-22) e invoca como fundamento haber sido despedido ilegalmente, con afectación de sus derechos constitucionales al trabajo, protección contra el despido arbitrario, a la dignidad de la persona y a la no discriminación. Solicita se deje sin efecto la extinción del vínculo laboral existente con la Municipalidad emplazada, respecto de sus labores como guardián.
La contestación de la demanda (34-39) incide en la improcedencia de la demanda, toda vez que la constancia de trabajo otorgada al demandante es copia simple y carece de eficacia probatoria. Por tanto, no existe prueba que acredite la relación laboral con la institución demandada.
La sentencia apelada (p. 45-52) señala que los medios aportados por parte del demandante no son suficientes para amparar su acción, toda vez que dichas instrumentales son copias simples.
La impugnación formulada (p. 56-60) señala que el Juez erradamente considera como elemento constitutivo de la relación laboral la remuneración, siendo lo correcto la subordinación, y que no ha tomado en cuenta la constancia de trabajo legalizada, menos aún los documentos que acreditan el pago de su remuneración.
§ La vinculatoriedad del precedente 206-2005-PA/TC
1. Un examen actualizado del precedente vinculante laboral 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, exige un análisis de su utilidad y eficacia. En definitiva, ha sido útil en cuanto ha permitido una mejor delimitación del amparo laboral, circunscribiéndolo al ámbito fáctico de los despidos incausados, fraudulentos y nulos, derivando a la vía ordinaria laboral, otros tipos de despidos. Ha sido eficaz parcialmente, en cuanto descongestionó la carga laboral en amparo del Tribunal Constitucional pero a su vez derivó al Poder Judicial miles de procesos que debieron conocidos, de no ser por el precedente, por el supremo intérprete de la Ley Fundamental.
2. Dicho precedente fija los ámbitos del amparo en materia laboral[1], y tras algunos años de vigencia del precedente en mención, es importante poner de relieve que no obstante las reglas fijadas en el precedente en comento, algunas preocupaciones han subsistido en tanto la variación de la realidad ha sido mucho más dinámica que la regulación jurisprudencial. A modo de ejemplo, el régimen del Contrato Administrativo de Servicios CAS, previsto por el Decreto Legislativo 1057, una especie de tercer régimen en la actividad laboral pública junto a los regímenes de nombrados por el Decreto Legislativo 276 y un grupo regulado por el régimen laboral de la actividad privada en el propio ámbito del Estado, plantea una serie de interrogantes: ¿serán conocidas las afectaciones constitucionales por la jurisdicción constitucional, o la validación iusfundamental del régimen CAS ( vid STC 002-2010AI/TC cierra toda valoración constitucional del Poder Judicial en este tipo de contratos? Las posiciones son aún encontradas.
3. Es importante anotar que el precedente vinculante en comento fija ciertas reglas generales y la regla material “caso por caso” deja a los jueces en potestad de evaluar cada controversia a la luz del referente constitucional, y más aún, la jurisprudencia constitucional va construyendo las líneas de estándares según casos, en aras de una mejor predictibilidad. Sin embargo, los vacíos de colisiones y conflictos siempre han de persistir, a pesar de los precedentes, por la amplia indeterminación del Derecho como ciencia dinámica.
4. Esto refiere, de la misma forma, una exigencia de permanente necesidad de integración, una característica esencial del Derecho Constitucional, cuyas pautas de dirección, por excelencia, le corresponden al guardián final de la Constitución. En consecuencia, creemos que tales aparentes vacíos deben seguir siendo colmados con las decisiones de los jueces del Poder Judicial, solo a variar en caso que la línea de definición sea modificada por el Tribunal Constitucional.
5. Nuestra posición como Sala de Derechos Fundamentales es que la sentencia objeto de impugnación no ha procedido a un examen de exigencia de convicción sobre los medios probatorios aportados, en tanto no ha existido una debida valoración respecto de los medios de prueba aportados (p. 4-8), en tanto es propiamente de los mismos así como de la constancia de trabajo adjunta (p. 55), de donde puede construirse la decisión en el sentido de si corresponde o no merituar lo aportado.
6. En efecto, aún cuando los medios probatorios presentados no son originales, verificados los folios 4 a 7, relativos a cartas dirigidas por el propio accionante a su empleador, tales instrumentos aportan un nivel muy primario de convicción y en tal sentido, se necesita recurrir a los demás medios aportados, en tanto los instrumentos de parte no necesariamente devienen suficientes.
7. En cuanto a la constancia de asistencia de personal de folios 7, apreciamos que el actor habría prestado servicios el 08 de agosto de 2010, de 6 p.m. a 6 a.m., y de igual forma, el memorándum de folios 8 lleva la firma y visto bueno del jefe de personal señor Marco Carrasco Mendoza. El sello y firma del jefe de personal aparecen en tal folio sin señales evidentes de adulteración manifiesta.
8. A lo ya expresado es importante sumar, en referencia a estos folios examinados, que respecto de la constancia legalizada presentada con la apelación, no existe cuestionamiento activo o enfático de la demandada respecto a la inautenticidad del documento presentado a esta instancia y que si bien la A-quo ya no ha podido valorar, es importante precisar que el examen de valoración que este Tribunal construye, se justifica válidamente en tanto se trata de analizar si los medios aportados producen o no convicción. A tal efecto, el instrumento presentado como constancia de servicios revela contenido de autenticidad y no podemos desestimar su contenido en tanto se trata de la certificación de una afirmación de parte sobre tiempo de servicios.
9. En consecuencia, hechos los exámenes de valoración probatoria que en sede constitucional no pueden ser exhaustivos en cuanto a términos de estación probatoria, pues el proceso constitucional involucra una tutela de urgencia, llegamos a determinar que existe un grado de probanza suficiente como para estimar los instrumentos presentados, de tal forma que nos indiquen la existencia de una relación de trabajo entre el accionante y la demandada, vínculo que al haber concluido abruptamente, justifica que el juez constitucional pueda expresar que se ha persuadido, como manifestamos en este acto, respecto de la prueba aportada y por tanto, que corresponde estimar la pretensión.
10. Importa determinar si esta causa debió derivarse a una vía más lata atendiendo a la posición de la A-quo así como de la demandada. Tal razonamiento es correcto solo prima facie, pues efectivamente, si no hay pruebas taxativamente ciertas, autenticadas o fedateadas, resulta muy difícil arribar a un juicio de valor. Esta Sala debe expresar al respecto 2 atingencias: de un lado, asume que es poco viable pueda el actor presentar medios de prueba ciertos, si no dispone de la facilidad de que tales instrumentos le sean otorgados por la emplazada, aún cuando el mismo los solicite.
11. De otro lado, el propio precedente vinculante 206-2005-PA/TC autoriza la vía del proceso constitucional cuando el juez constitucional resulta persuadido de que ha habido una afectación constitucional y así fluye de las pruebas aportadas en esta litis. En ese razonamiento, se justifica que nuestro juicio axiológico respecto a la demanda incoada, sí resulte inserto dentro de los supuestos del precedente 206-20005-PA/TC, en tanto en razonamiento de exclusión, sí es determinante la remisión de una causa a otra vía cuando en propiedad debe derivarse a la vía lata del proceso ordinario laboral la discusión de medios de prueba que de por sí involucran discusión, lo que a su vez exige una controversia de mayor contradicción.
12. En el caso sub judice, valorados los medios de prueba aportados, y verificado con cuidado el rigor de que los mismos producen un nivel de convicción suficiente para ser estimados en la vía constitucional, nuestra conclusión de relevancia es que estimamos que sí se ha producido una vulneración constitucional respecto del derecho fundamental al trabajo del demandante y por consiguiente, importa estimemos probado el petitorio. En ese orden de ideas, corresponde declarar acreditados los extremos de la pretensión.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda y dispone la reincorporación del actor a sus labores habituales o a otro puesto de similar categoría.
[1] STC 206-2005-PA/TC Caso Baylón Flores.
7. Los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N. º 976-2001-AA/ para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.
Razonamiento Jurídico. Cajamarca, agosto- setiembre 2011. Academia de la Magistratura
La Academia de la Magistratura del Perú nos honra nuevamente con una cordial invitacíon para dictar el módulo de Razonamiento Jurídico en el marco del Décimo Quinto Curso del Programa de Formación de Aspirantes PROFA, el cual se ejecutará en su primera fase los días 12 y 13 de agosto de 2011 y en un segundo orden, el 03 de setiembre, en la ciudad de Cajamarca.
Los temarios que abarcaremos en esta primera jornada de 3 sesiones de fin de semana, son:
Primera sesión: Aproximación a la argumentación jurídica, relación entre argumentación, interpretación y motivación. El método de la subsunción. Silogismo jurídico. Diferencia entre regla y principio. Conflicto de reglas y de principios. La ponderación. Teoría absoluta y relativa de los derechos fundamentales Casos de empate en la ponderación. Los casos fáciles y los casos difíciles.
Segunda sesión: El ordenamiento jurídico y sus características. Las antinomias. Las lagunas normativas. La integración, criterios de uso de integración.
Tercera sesión: La vaguedad y la ambigüedad. El lenguaje de textura abierta. Criterios de solución. Alcances y problemática de la interpretación jurídica. Motivación y justificación. La justificación interna. Justificación lógica formal. Silogismo judicial. Conclusiones deductivas. Casos fáciles. La justificación externa. Casos difíciles. Los problemas de relevancia los problemas de interpretación Problemas de los limites normativos y epistémicos de la valoración de la prueba.
EXPEDIENTE Nro.: 00533-2011
DEMANDANTE: MARISOL CRUZ MENDOZA
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI
En Chiclayo, a los 08 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por Marisol Cruz Mendoza, contra el auto de fecha 21 de febrero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.
La recurrente interpone demanda de amparo (p. 49-55) e invoca como fundamento haber sido despedida incausadamente, con afectación de su derecho al debido proceso, derecho a la defensa y al trabajo. Solicita la reincorporación a su puesto de trabajo como servidora de la demandada.
§ Excepciones a la improcedencia liminar de un proceso constitucional
1. Por regla general, la figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.
3. Sin embargo, en caso el acto denunciado como vulneratorio de un derecho fundamental, justifique la aplicación de los principios pro homine y favor processum, corresponderá que el juez constitucional admita a trámite la demanda, a fin de que, oída la parte emplazada, pueda efectivamente corroborar el juzgador si hubo legitimidad o ilegitimidad respecto del acto que afecta el núcleo duro de un derecho fundamental, o su contenido constitucionalmente protegido, o bien, como define la doctrina alemana[1], el contenido esencial del derecho constitucional cuya tutela se persigue.
4. En ese orden de ideas, se justifica como supuesto de excepción a la improcedencia de un proceso constitucional, la necesaria valoración de examen respecto a si se produjeron circunstancias vulneratorias de entidad respecto al derecho fundamental objeto de la pretensión, examen que no puede ser dilucidado en la etapa de postulación de la pretensión sino en un examen de fondo respecto del cual, oídas las partes, el juez constitucional se encuentra exigido para emitir una decisión estimatoria o de desestimación.
5. Analizados los actuados, esta Sala de la Constitución considera, de acuerdo a los actuados aportados (p. 2-47), que existe una justificación de razonabilidad para que la presente litis sea definida en la vía del proceso constitucional de amparo, en tanto la demandante ha adjuntado diversos registros de guardianía respecto a los cuales existe, a criterio nuestro, la necesidad de un emplazamiento a la parte demandada, a efectos de que determine su posición al respecto.
6. En efecto, la certificación de los documentos adjuntos confieren visos de autenticidad que justifican el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional, en tanto debemos asumir, en oposición a lo que señala la A-quo, que no es propia la vía del proceso contencioso administrativo, en tanto no se trata de una servidora pública sujeta a los alcances del régimen laboral público del Estado, sino de una guardiana obrera, siendo su condición, en consecuencia y por excepción, la del régimen laboral de la actividad privada[2]. En consecuencia, se justifica la presente litis en la vía del amparo.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado, que declara improcedente la demanda; REFORMÁNDOLO, ORDENA admitir a trámite la demanda.
[1] Ley Fundamental de Bonn 1949. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales]
El derecho fundamental a la dignidad. Artículo
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD
La premisa valorativa representada en el artículo 1[1] de nuestra Constitución, similar en contenido al artículo 1.1[2] de la Ley Fundamental de Bonn, bien puede ser considerada genérica desde el punto de vista argumentativo, y sin embargo, representa la piedra angular del edificio jurídico que hoy representa el Estado constitucional, el cual en términos de Peter Häberle[3], está conformado por elementos como “la dignidad humana como premisa, realizada a partir de la cultura de un pueblo y de los derechos universales de la humanidad, vividos desde la individualidad de ese pueblo, que encuentra su identidad y en tradiciones y experiencias históricas, y su esperanza en los deseos y la voluntad creadora hacia el futuro”.
En efecto, es común que las controversias jurídicas, con mayor énfasis aún las constitucionales, bien puedan oponer conclusiones argumentativas de principios y la dignidad representa el valor axiológico por excelencia angular en la filosofía del Estado constitucional. Y sin embargo, ¿bastaría la mensura de la dignidad, considerada un Hauptgrundrecht, o derecho fundamental principal, para la prevalencia de este argumento? Notoriamente no, en tanto corresponderá, en un segundo plano de las controversias constitucionales, racionalizar la dimensión de afectación de una vulneración de la dignidad como principio en relación al caso concreto. En efecto, mientras la tarea del defensor apunta a elementos de valoración, elección y decisión, como sostiene Guastini, la tarea del juez apunta a racionalizar la pretensión, es decir, otorgarle una dimensión concreta respecto a la prueba aportada. Sí valora el juez, también, mas cognitivamente. A este efecto, la labor de los jueces constitucionales está representada por un primer margen de acción de racionalización de las pretensiones y en segundo plano, es exigible, si los márgenes de racionalidad no son suficientes, aplicar argumentos de razonabilidad.
Y a propósito de estas ideas ¿cómo racionalizamos el principio de dignidad de la persona y cuándo aplicamos estándares de razonabilidad? A juicio nuestro, la racionalidad representa una vinculación del juez al sentido de mandato de la norma jurídica en su condición de elemento cuya prestación es “del todo o nada”, esto es, las normas no se cumplen en parte, sino en su totalidad o no se cumplen, de cara a la solución de un caso concreto y de allí que representen mandatos definitivos. En ese orden ideas, la dignidad como valor será elemento de resolución de una controversia si existe una norma-regla aplicable a su defensa y por cierto, bien puede solucionarse el conflicto en sede ordinaria y de allí que podamos inferir que existe un contenido legal en la estructura de un derecho fundamental. Sin embargo, si el concurso de la norma- regla denota insuficiencia o se configuran vacíos que hay necesidad de colmar, en tal caso deviene necesaria la aplicación de una norma -principio, entendida ésta como un mandato de optimización, el cual se aplica en la medida de lo posible y de la mejor forma dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, como sostiene Alexy, para solucionar el caso concreto objeto de controversia.
En consecuencia, de esa forma los conflictos constitucionales, que tienen lugar de cara al principio de dignidad, exigirán la aplicación, cuando una controversia lo justifique, de la ponderación de intereses o en su caso, del principio de proporcionalidad, o bien podrá resolverse aplicando principios de interpretación constitucional, en la lógica de Hesse[4], a efectos de colmar los vacíos que se presenten en la interpretación constitucional, dentro de esa concepción que asimila la teoría de la Constitución como una teoría de la integración.
Lo antes argüido ubica el principio a la dignidad dentro de la propuesta del principialismo como corriente interpretativa y en rigor, no obstante las críticas de Forsthoff, Habermas y García Amado[5], no hay forma, en nuestra modesta opinión, de ubicar la dignidad dentro de la corriente positivista en tanto la dignidad representa per se un valor axiológico, y no es previsible una identificación silogística de la misma, en el sentido del modus ponens, esto es, vía el uso de las premisas mayor y menor y la conclusión. En consecuencia, reviste suma relevancia identificar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la dignidad, tarea por cierto compleja si partimos de sus características polisémicas. No obstante ello, se trata de afianzar esta norma- principio como un principio fuente de otros derechos fundamentales, al cual estos otros derechos se reconducen finalmente. Y en esencia, sin la identificación del derecho a la dignidad como el ethos y el pathos del Estado constitucional, resulta una tarea inviable el reforzamiento de los demás derechos fundamentales.
Publicado en JURIDICA 365, El Peruano, 26 de julio de 2011
[1] Constitución 1993. Artículo 1°
[2] Ley Fundamental de Bonn. Artículo 1.1.
La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es la obligación de todo poder público.
[3] HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. Perú. 2003. p. 1.
[4] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2da. Ed. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.
[5] GARCIA AMADO, Juan Antonio. El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia. Academia de la Magistratura, Décimo primer curso PROFA. Abril 2010. p. 47-90
¿Desvinculación del precedente? . Artículo
¿DESVINCULACIÓN DEL PRECEDENTE?
Sin perjuicio de ello, subsiste el debate en el sentido de si realmente el precedente vinculante de que dispone nuestro sistema jurídico, efectivamente trasgrede las bases histórico conceptuales y de marco teórico del precedente anglosajón, el cual solo por excepción permite el apartamiento, mas finalmente lo permite, a diferencia de nuestro precedente vinculante que excluye la figura de la excepcional justificación.
Sin perjuicio de lo expuesto, la STC 2317-2010-PA/TC, caso Miguel Cadillo Palomino, presenta una lectura de aplicación de mejor contenido por parte de los jueces del Poder Judicial, lo que supone, dice el propio Tribunal, no el apartamiento del precedente, sino una mejora de sus contenidos. La decisión en comento señala al respecto:
La idea expresada no deviene, en nuestra opinión, en un apartamiento del precedente vinculante sino en la mejora de los contenidos del caso por parte de los jueces. La interpretación de mejora apunta a que los jueces consideren la base de aplicación del precedente vinculante y no que la interpretación del juez se aparte de la del precedente.
Publicado en JURIDICA 363, El Peruano, 12 de julio de 2011
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References: artículo 139
 Artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 1