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Timestamp: 2019-10-15 09:41:56+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 29-mar-2011
Trece de las muchas
1) Coloque en el centro, en el úni-co centro de su vida, sagrado y unidimensional la lucha electoral. No lo diga, pero en el fondo de su corazón mantenga la firme creencia de que las lu-chas sociales estorban los momentos claves y definitorios de la vida del partido, los ver-daderos, que tiene que ver con la selección de candidatos, las campañas electorales, las reu-niones para medir las fuerzas y repartir las cuotas, el reparto de zonas de influencia.
2) Convierta a una buena parte de los militantes en asalariados, que dependan pa-ra su supervivencia del aparato y la jerarquía. Salve a esa militancia de trabajos mal paga-dos de maestros, chambas de medio tiempo, ventas de miel de colmena que manda la abuelita o enciclopedias británicas a domicilio. Aproveche que toda una generación de militantes, la de los 60–70, está quemada económicamente, que deben la renta y ellos están tres meses atrasados con la pensión alimentaria. Construya un partido “mo-derno” de empleados y no de activistas.
Conviértase usted mismo y toda la di-rección nacional en asalariados de lujo, con prebendas, asistentes, choferes paseadores de esposas y esposos, ayudantes que hacen el súper. Dé por buena la teoría de que un diputado tiene derecho a ganar 50 veces lo que gana un obrero.
Reparta cargos de elección popular, de administradores públicos; cree centenares de asalariados del propio partido a nivel mu-nicipal, delegacional, estatal, nacional. Dis-tribuya infatigablemente creando empleos y no apoyos económicos para la realización de tareas. Reparta esos empleos generando lazos de afinidad con los que los reciben, deu-das a ser pagadas, fidelidades, servidumbres.
Construya paulatinamente una situación en la que en la cabeza de los militantes aparezca la idea de eternidad asociada a la idea de chamba. Establezca que la única continuidad en la vida es la del empleo que ofrece el partido. Que en la realidad política me-xicana se puede construir una rueda de la for-tuna donde nomás se va cambiando de asien-to: de regidor de ayuntamiento a miembro de dirección estatal, a diputado, a senador, a viceministro.
Despolitice la política, vuélvala un jue-go de posibilidades donde los principios se desvanecen, las ideas del cambio profundo pasan al rincón de los juguetes viejos, la uto-pía es considerada una mala palabra. De-clare abolido el trabajo de formación política. Declare difuntos a Marx y a Sandino, a Ho Chi Minh y a Pancho Villa, al cura Hi-dalgo (excepto en ceremonias) y a Baku-nin. Simplemente no son modernos.
Acepte pragmáticamente cualquier tipo de alianza, con quien sea con tal de medio ganar una elección. Alíese con el que despide electricistas, con el que está en contra de las leyes progresistas del aborto o el ma-trimonio homosexual, con el que declara al Fondo Monetario Internacional su santo pa-trón. Ignore esas pequeñas diferencias con tal de ganar–perder una elección.
5) Dé por buena la idea de que una pe-queña parte de corrupción es admisible, no mucha, no saqueadora, apenas funcional; que no tiene nada de malo recibir apoyos económicos de un gobernador priista o que un alto funcionario panista le ofrezca a su grupo tres camionetas.
6) Adquiera los estilos y las formas del poder, conviva respetuosamente con el ene-migo, reúnase frecuentemente con él en res-taurantes y cantinas, salúdelo amablemente cuando lo tenga en el asiento de al lado de una Cámara de Senadores. No les crea a los que andan diciendo que existe el contagio por contacto.
7) Haga suya y de corazón toda norma burocrática. Donde manda la normatividad, que le valga verdaderamente madre el sentido común, el pensamiento racional, la sen-satez. No permita bajo ninguna manera que la sensibilidad estorbe al procedimiento. Ol-vídese de cualquier intento de simplificación administrativa. Diga frecuentemente cosas como: “Ni modo, así hay que hacerlo.”
9) Viva en un país en una de las más profundas crisis de su historia y logre que a pesar de ello, le valga absolutamente som-brilla. Convierta la política en un acto reactivo y no propositivo. Viva como en un en-cuentro de futbol en un estadio cerrado y sin público, preocúpese sólo de lo que ahí sucede, desconéctese del exterior.
10) Reviva las prácticas internas de frau-de electoral. No importa que ese haya sido uno de los demonios cuya necesidad de abolición dio origen a todo. Si no las practica, al menos consiéntalas, explíquelas, per-dónelas. Haga lo mismo con la presión del voto a través de la despensa o el saco de cemento, la compra de conciencia. Cons-truya detrás de cada tendencia un apoyo so-cial corporativo (por ejemplo: un proyecto habitacional de 40 casas con 400 peticionarios). Declare la moral abolida y la vergüenza inexistente. No son modernas.
11) Levante la bandera de la unidad. Secues-tre en nombre de la unidad a todo el mundo.
12) Procure que no se hable demasiado del pasado militante de cada quien. Ese es un terreno peligroso, bien por la ausencia de tal pasado, bien por la incoherencia en-tre ese pasado y el triste presente.
*Publicado en La Jornada el 19 de marzo de 2011
Promoverá PT foros ciudadanos para impedir reformas a la Ley de Trabajo
En Veracruz se iniciarán foros, marchas y plantones para impedir que las reformas a la Ley Federal del Trabajo –impulsadas por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional– sean aprobadas porque constituye una medida regresiva para los trabajadores, con las que se les dará prioridad a los empresarios o patrones y al trabajador se le restarían sus derechos, señaló en conferencia de prensa el comisionado nacional del Partido del Trabajo, Arturo Pérez Pérez.
El petista puntualizó que de la reforma propuesta por el PRI se integra de 90 por ciento de las propuestas que hizo hace un año Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Los puntos medulares que van en contra de los trabajadores con la iniciativa priísta están los contratos de prueba que afecta al trabajador en la regularización de la subcontratación “yo patrón no te contrato, este grupo te está contratando, no hay ninguna responsabilidad”; la otra es la facilidad de los despidos, con esa ley los patrones podrán despedir sin que el trabajador se dé cuenta, porque primero se informará a la junta de Conciliación y después se le notificará al trabajador.
El otro punto –dijo– es la nulidad del derecho a huelga y finalmente el asunto de un juicio, si su resolución se tarda cinco años nada más le pagarán al trabajador 12 meses, es decir, le están quitando su derecho, “no es posible porque en Conciliación de Arbitraje muchas de las veces se ajustan a beneficiar al patrón, caso concreto es el caso de los trabajadores de Pemex, en donde tiene más de 7 mil denuncias y hasta la fecha muchas de ellas no han sido resueltas y que finalmente si se llega a aprobar la ley estos trabajadores solo tendrían a favor 12 meses y los cinco años atrás se pierden.
”Igualmente se quedan intactos los mecanismos de control vertical que manejan los mafiosos líderes charros oficialistas, no se genera la democracia sindical –sostuvo el dirigente petista–, la iniciativa de reforma defiende a los patrones y no a los trabajadores, su lucha es por defender a los patrones más que por defender a los trabajadores.
”En Veracruz vamos a buscar que Convergencia y PRD le entremos en conjunto para hacer un foro de discusión con los trabajadores y acordar varios movimientos para unirnos al programa que ya se diseñó a nivel nacional, presentarnos en diferentes instituciones haciendo plantones marchas en diferentes instituciones del sector laboral que están inmiscuidas y que finalmente nos pueda permitir demostrarle a los legisladores del PRI y del PAN que no se equivoquen, que ellos tienen que estar al lado de la mayoría de los trabajadores y no hacia un grupo selecto de patrones”.
Aunque dijo que las acciones se deben tomar con urgencia debido a que el Congreso federal el pasado 21 de marzo quisieron hacer un albazo, instalar la comisión y la fracción del PT la rompió y quedó solamente en una comisión informativa, pero curiosamente la convocan al jueves con el mecanismo legal, “pero lo grave es que la instalan como comisión permanente que quiere decir, que pueden hacer el albazo nuevamente, sin que se consulte a grupos pasar la iniciativa a la mesa”.
En los partidos políticos mexicanos hay militantes de causas justas. También existen ciudadanos, que sin pertenecer a ningún partido, simpatizan con la justicia y la democracia participativa. Los militantes y simpatizantes se mantienen firmes en sus convicciones. Escuchan diversas opiniones, respetan a quienes tienen ideas diferentes y persisten en la lucha por sus ideales. Actualmente vivimos en México un año donde las elecciones regionales que se realizarán en los estados de México y Nayarit, son tema de análisis y discusión. Desde ahora se mira hacia el proceso electoral de 2012 con dosis de entusiasmo y también de escepticismo.
Buscar el bienestar colectivo es uno de los propósitos básicos de la política. En todas las campañas de partidos, alianzas y coaliciones, se habla de la necesidad de superar el momento difícil que vive México. Desde los partidos tradicionales Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), sus dirigentes quieren convencer a los ciudadanos que dentro del actual sistema económico y político, la nación logrará avanzar hasta alcanzar la democracia.
Ningún candidato priísta o panista va a decir públicamente que su proyecto consiste en seguir empobreciendo a la población. En marzo de 2011 es casi imposible que algún dirigente del PRI o del PAN reconozca que el actual sistema estuvo y está diseñado para favorecer a los ricos. Además de los candidatos y dirigentes de esas dos colectividades tradicionales, ¿qué pensarán los militantes de base?, ¿apostarán por mejorar y transformar sus respectivos partidos?, ¿podrán los simpatizantes del PRI y del PAN, demostrar y expresar, sin represalias, sus inconformidades ante los dirigentes?
Hace 22 años muchos militantes de base del PRI, así como algunos simpatizantes del PAN, decidieron acompañar a militantes de la izquierda que venían de organizaciones políticas y sociales, partidos y movimientos, con el deseo de formar una nueva organización política que defendiera causas justas para mejorar la vida del pueblo mexicano. Así surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), formalmente constituido el 5 de mayo de 1989.
A más de dos décadas de su fundación, en el PRD persisten militantes y simpatizantes de causas justas. Son militantes y simpatizantes perredistas que se oponen, con razón, a las alianzas entre ese partido y Acción Nacional. Algunos dirigentes del PRD han traicionado a su colectividad. Solamente piensan en mantener sus privilegios y se olvidan de los principios. No quieren recordar la historia y descalifican a quienes tienen memoria y compromiso militante con la causa justa y libertaria de la izquierda.
En Tepic, Nayarit y en Toluca, Estado de México, varios militantes del PRD continúan oponiéndose a las alianzas con el PAN. Prefieren pedir licencia y apoyar propuestas de izquierda acompañando al Partido del Trabajo (PT), a Convergencia y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), este último, auspiciado por ciudadanos que organizados en redes políticas, defienden las propuestas del compañero Andrés Manuel López Obrador. Uno de los desafíos que tiene el Morena en 2011 es convencer a ciudadanos desencantados del PRI y del PAN para que se sumen a un movimiento político donde participen como militantes y simpatizantes de una causa justa.
Los fraudes electorales realizados por la oligarquía en 1988 al robarle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y en 2006 al arrebatarle con alevosía y trampas el triunfo a López Obrador, son recordados como afrentas y como amenazas permanentes en este 2011 y hacia el 2012, independientemente de quien sea el candidato de la izquierda para llegar a la presidencia de la república. Esas experiencias cargan el escepticismo de amplios sectores donde hay conciencia de que es necesario un cambio, pero se vislumbra como algo imposible o sumamente difícil.
“Palabras sin actos, sin hechos que las respalden, sólo son eso, palabras vacías”, decía Salvador Nava Martínez, candidato a gobernador de San Luis Potosí en abril de 1991. Nava fue simpatizante de la democracia participativa, militante de causas justas, candidato del pueblo y dirigente del Frente Cívico Potosino que apostó por reducir el exceso de privilegios que mantenían las autoridades durante los cacicazgos de Gonzalo N. Santos en los años 50 y Carlos Jonguitud Barrios en los años 80 del pasado siglo XX. La lucha apasionada de Salvador Nava Martínez en San Luis Potosí sirvió y servirá como referente histórico, para aumentar el entusiasmo de quienes piensan, desean y luchan por un cambio en la conducción económica y política de la patria de Benito Juárez.
Salvador Nava ganó la presidencia municipal de San Luis Potosí en 1958 y a partir de 1959 demostró que se podía administrar la ciudad con honestidad. Había muchos problemas entonces. La gente se quejaba por la mala distribución del agua. Las administraciones anteriores se robaban parte del presupuesto destinado a las tuberías. En ese solo terreno, el gobierno de Nava hizo la diferencia.
Los potosinos que se opusieron al cacicazgo de Gonzalo N. Santos sembraron una semilla para continuar la lucha contra las arbitrariedades. Promovieron causas justas y junto a sus hijos se enfrentaron 22 años después a un nuevo cacique y dirigente déspota llamado Carlos Jonguitud Barrios. Una vez más Salvador Nava ganó la alcaldía en 1983. El Frente Cívico Potosino convenció a muchos potosinos y mexicanos que sí es posible organizarse, enfrentar a los caciques y obtener el triunfo.
“Se nos pide que no volteemos hacia atrás. Si no quieren que recurramos a la historia, es porque le tienen miedo a ella”, le comentó Salvador Nava a Gerardo Galarza, reportero de la revista Proceso, durante una entrevista realizada en el tradicional barrio de San Miguelito en la capital potosina. Veinte años después y en medio del actual debate por las alianzas entre las cúpulas del PAN y el PRD, los militantes y simpatizantes de las causas justas, tienen la obligación de repasar la historia y defender el futuro de la población mexicana desde ahora. No hay que esperar pasivamente la llegada del 2012. El futuro no es lo esperamos, sino lo que construimos.
Intimidan y amenazan a pensionados para que desistan en amparo contra ISR
Orizaba, Ver.- Las dirigencias de los sindicatos representados en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) recurren a intimidar y amenazar a los pensionados para obligarlos a que desistan del amparo contra el descuento del impuesto sobre la renta (ISR) en el pago de aguinaldos. “Los hechos revelan que acciones de corrupción en las dirigencias sindicales y complicidades en el manejo de las finanzas del Instituto”, refirió un profesor pensionado e integrante de la Coalición de Pensionistas del Estado.
“Los compañeros han sido objeto de amenazas para que se les obligue a no firmar el amparo donde exigen les regresen los recursos económicos que les descontaron en el aguinaldo. Los dirigentes de los sindicatos que cotizan en el IPE siempre han protegido el manejo de las finanzas porque seguramente tienen complicidades y reciben beneficios. Es la única causa que explica las condiciones que han asumido en contra de aquellos que estamos defendiendo nuestros derechos”, expuso.
“Los sindicatos siempre han sido solapadores de los malos manejos del IPE. La movilización que estamos haciendo los profesores es precisamente lo que está provocando que los dirigentes sindicales puedan sentirse rebasados, porque no es fácil convocar a que firmen en contra de las órdenes que han dado sus sindicatos”.
En esto están involucrados los sindicatos magisteriales, la Sección 32 del SNTE, el Sutsem; la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del estado e incluso el Sindicato Democrático de Trabajadores del Estado de Veracruz, “los dirigentes y sus esbirros han amenazado a los compañeros para que no fueran a firmar los amparos que se han iniciado en todo el estado. Las advertencias han sido distintas, pero no tuvieron eco en los compañeros, pues han venido a firmar y eso es señal inequívoca que están en la decisión de defender sus derechos a costa de lo que sea, sin mayor problema”.
Se estima que han concurrido poco más de 500 profesores pensionados a firmar su amparo, “lo que intentamos es frenar la embestida del IPE para que esos descuentos se vuelvan ley y año con año, se nos descuente de nuestros aguinaldos, eso es lo que queremos evitar. Tenemos datos que en Xalapa ya nos reportaron más de 400 maestros que se ampararon, en el sur concretamente en Minatitlán más de 50, pero fue un éxito pese al llamamiento que los sindicatos hicieron es que se abstuvieran de ir o de lo contrario que se tuvieran a las consecuencias”.
El miedo principal que tienen los dirigentes sindicales “es que los pensionados los rebasen y eso sirva de ejemplo para que el resto de los socios, los activos, hagan lo propio pues se ha creado una mafia que es la que domina las dirigencias sindicales. Lo que sí es un hecho es que hasta ahora, las dirigencias de los sindicatos representados en el consejo de administración del IPE, no han hecho nada por sus agremiados, les han dicho que ellos ya están tramitando la devolución del dinero, pero esto no es cierto”.
• El Acuerdo para los medios
• Limita trabajo de reporteros
• 25 fideicomisos del gobierno
Estos son tiempos de acuerdos, de negociaciones en lo oscurito, de sumisiones, de chantajes, de compromisos y de amenazas. Son tiempos electorales. Son tiempos de violencia. Y los medios de comunicación no quieren quedar al margen y buscan ser protagónicos. Sobre todo sus dueños, quienes buscan mejores acuerdos comerciales, mejores condiciones económicas para sí mismos, mejores posiciones en su relación con el poder político gubernamental.
Bajo el argumento de la violencia del crimen organizado en contra de periodistas; empresarios de los medios de comunicación, funcionarios, locutores, periodistas y asociaciones signaron la semana pasada un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Pocas veces se ven estas alianzas unidas por los mismos intereses. Otros medios, los más críticos e independientes del gobierno, también se hicieron oír al ignorar simplemente dicho Acuerdo que tiene el tufo de ser promovido desde Los Pinos.
Después de la firma, de inmediato Felipe Calderón y su secretario de Gobernación, legisladores y políticos, principalmente del PAN y el PRI, manifestaron su beneplácito por el acuerdo firmado entre las cúpulas, los directivos y los conductores de noticiarios. Pero ¿quién consultó a los verdaderos reporteros?, los que investigan, los que se juegan el pellejo todos los días en la coberturas informativas, policiales o no, y que a diario salen a la calle en busca de la información que permanece oculta desde el poder.
En ese Acuerdo “a favor” de los periodistas, nadie habló de mejoras en las pésimas condiciones laborales de los reporteros, los bajos salarios, la falta de prestaciones sociales y los despidos injustificados cuando los medios enfrentan alguna crisis económica. Pero de esto nada hablan los dueños de los medios de comunicación ni el gobierno.
Vayamos al Acuerdo:
Se habló de profundizar el trabajo periodístico, investigar pues, cuando ésta es una regla fundamental para informar verazmente y no como sucede ahora, en donde la mayoría de los medios de comunicación firmantes se dedican a reproducir boletines y las versiones del gobierno y de los grupos económicos.
El hecho de que aparezca, firmando un acuerdo no significa que esos medios lo vayan a cumplir, sobre todo los electrónicos, siempre condescendientes al dinero y sumisos al poder, pues el periodismo de investigación lo que hace precisamente es descubrir los malos manejos del gobierno y su complicidad con defraudadores, extorsionadores, narcotraficantes, lavadores de dinero, chantajistas y corruptos.
El punto que más preocupa del Acuerdo es aquel referente a prohibir a los periodistas entrevistar a jefes del crimen organizado, del narcotráfico y de la mafias, bajo la premisa de “limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado” y salvar la vida de los reporteros.
En la época de estudiantes, lo primero que se aprende en las escuelas de periodismo y después en las redacciones, es que el reportero debe buscar a todos los involucrados en un acontecimiento para darle un equilibrio a la información.
Es deber ético del reportero entrevistar a todas las partes involucradas en un conflicto, incluidos líderes o jefes del crimen organizado, y no como lo propone el gobierno, de que los medios de comunicación dejen de lado la cobertura informativa de lo que dicen o hacen los narcotraficantes. Imaginemos a otras profesiones u oficios que también tienen el secreto profesional, como abogados o curas, y que a éstos les prohíban defender a delincuentes o confesar mafiosos. Pues este Acuerdo pretende que el reportero deje de hablar con criminales.
Antes de firmar ese tipo de acuerdos, los firmantes deberían reconocer que es el propio gobierno federal y el mismo presidente de la República los que han hecho una verdadera apología del crimen organizado. Acaso ya olvidaron que fue Calderón quien elevó a nivel de “guerra” el combate a la delincuencia por parte del Estado mexicano. También fue el mismo Calderón quien declaraba ante medios internacionales que su vida y la de su familia corría peligro por amenazas de bandas del narcotráfico.
Sólo por citar algunos hechos y declaraciones que confirman que ha sido el gobierno federal y su terrible corrupción interna, lo que ha permitido el florecimiento del crimen organizado en este país, sin descontar la equivocada política de confrontación que ha aplicado el gobierno panista, sin atender los problemas de fondo como son educación, salud, alimentación y empleo.
Cuando esto se atienda, entonces los reporteros hablamos de firmar acuerdos para portarnos “bien”.
Los 25 fideicomisos más ricos del gobierno
En la administración pública federal, los fideicomisos se han convertido en sinónimo de opacidad y de malos manejos. A través de ellos, en muchos casos, se han privatizado recursos públicos para disponer libremente de su gasto, sin ofrecer cuentas a los contribuyentes. El caso de la compañía ISOSA, que administraba mediante un fideicomiso los recursos que se obtenían del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), es sólo uno de los ejemplos más escandalosos del mal uso dado a un instrumento fiduciario para esconder la gestión de dinero público.
Por ello, aunque durante la última década el gobierno federal sigue utilizando fideicomisos privados para administrar dinero público, al menos en número están descendiendo, según da cuenta un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El documento, no obstante, también confirma que aunque se administran menos fideicomisos el monto de los recursos custodiados sigue en aumento.
Al cierre de 2009, el gobierno federal tenía registrados 354 fideicomisos, mientras que al 31 de diciembre de 2010 se mantenían 369 actos jurídicos. Sin embargo, si se compara con 2007 se podrá confirmar la reducción de este tipo de instrumentos. La investigadora de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval reporta que hace tres años la administración pública operaba poco más de 589 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos, figuras mercantiles que manejaban recursos por 267 mil 74.9 millones de pesos, lo que representaba tres puntos porcentuales del Productor Interno Bruto, un poco más de lo que el PRI pretende captar con su Reforma Fiscal Integral, propuesta por el senador priista Manlio Fabio Beltrones.
Ahora, esa cifra, aunque con menos fideicomisos, asciende a 335 mil 989.2 millones de pesos, monto que se encuentra concentrado en un 85.6 por ciento (287 mil 446.3 millones de pesos) en sólo 25 fideicomisos.
Destaca, por el ejemplo, como uno de los mayores fideicomisos, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con 51 mil 76.3 millones de pesos y, por supuesto, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, resabio de lo que fuera ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Dicho fideicomiso reporta 15 mil 590.5 millones de pesos.
La SHCP administra, por supuesto, los instrumentos jurídicos de esta naturaleza con los mayores recursos. Relacionado con las aduanas aparece, de la misma forma, el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, en el cual se administran fondos por 3 mil 620.6 millones de pesos.
En la clasificación de mayores fondos, también se encuentra el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. En el rubro de pensiones, aún con escasa rendición de cuentas, está el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) que gestiona 25 mil 737.0 millones de pesos.
Destaca, sin embargo, la descapitalización de los fideicomisos más importantes con los que deberían contar las finanzas públicas del país para hacer frente a los compromisos actuariales en el segmento de fondos para el retiro. Así, mientras el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural concentra recursos por 20 mil 465.5 millones de pesos y el Fideicomiso Plan de Pensiones de los Jubilados de Banobras tiene un patrimonio de 10 mil 396.1 millones de pesos, el Fondo laboral de Pemex (Folape) sólo tienen recursos por 3 mil 52.2 millones de pesos.
Pero Hacienda no ha dejado de constituir fideicomisos. De enero a diciembre de 2010 se constituyeron o registraron 25 actos jurídicos y 10 se dieron de baja debido a la extinción o terminación de los contratos por las fechas de vigencia de los mismos y por actos jurídicos que finalizaron al cumplir sus fines. De los 369 actos jurídicos registrados al cuarto trimestre de 2010, 335 se encuentran en operación y 34 en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro se encuentra en proceso de baja.
Además, ha aplicado algunos cambios. A partir del ejercicio fiscal 2006, se reporta el registro de los programas sujetos a reglas de operación que se apoyan en actos jurídicos para entregar a sus beneficiarios los recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio.
El registro específico de dichos programas sujetos a reglas de operación se presenta en un apartado especial, en el que se proporcionan los datos de las dependencias o entidades y las unidades responsables que los coordinan, su clave de registro y la denominación y el objeto del mismo. Un esfuerzo por incrementar la transparencia.
Sin embargo, al cuarto trimestre de 2010, sólo se tienen registrados catorce programas sujetos a reglas de operación y, como consecuencia de ese registro, de 2007 a 2009 se dieron de baja del sistema 248 actos jurídicos (28 fideicomisos estatales del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior –PRONABES-, 1 fideicomiso relacionado con el Programa Marcha Hacia el Sur, 1 mandato del Programa del Fondo Pyme, 1 fondo del Programa Proárbol, 121 fideicomisos estatales y privados del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad –Fonaes- y 96 fideicomisos de administración de vivienda
del Fovissste).
Entre los nuevos fideicomisos destacan dos fondos de inversión del FOCIR1 para el capital en Agronegocios (FICA LOGISTICS y FICA ACTIVA); un nuevo fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía; dos fondos sectoriales de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT); un mandato para el pago de compromisos del Pabellón Aeroespacial CFE-SCTASA de Aeropuertos y Servicios Auxiliares; otro fideicomiso más de la SHCP para fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que permita apoyar la reactivación económica otorgando apoyos económicos directos para el pago de obras de pavimentación (FOPAM); un mandato del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con el objeto de constituir una reserva para posibles contingencias fiscales que pudieran derivarse de las ventas de acciones de Ocean Garden Products; un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el programa de tecnologías educativas y de la información para maestros de educación básica; 10 fideicomisos estatales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para la infraestructura, el desarrollo y fomento del deporte en los estados (Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Durango, Estado de México, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz).
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se ha iniciado un nuevo mandato para contribuir al fortalecimiento institucional de Haití y atender necesidades de población en virtud del terremoto del 12 de enero de 2010.
Del Acuerdo Televiso a la leva fascistoide deninis
Tres citas: la primera es del rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo, quien anunció que se incrementarán las medidas de seguridad en las instalaciones universitarias, comenzando, of course, por las ubicadas en el norte del estado; medida preventiva, explicó, porque todavía no ha ocurrido incidente alguno. La segunda corresponde al gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien cree conveniente que todos los desocupados de esa entidad, los ninis, sean levantados en razzias orquestadas por el gobierno estatal para darles "trabajo" como miembros del Ejército. Y la tercera, la convocatoria de Televisa y Tv Azteca a sus medios afines para apropiarse del espacio público del debate y la distinción de ideas y propuestas periodísticas bajo el ropaje de que se trata de echarle una mano al gobierno en su lucha contra el narco, mediante la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.
Todo lo anterior confirma lo que se ha negado repetidamente desde la cúpula gobernante y que ahora es un hecho más que claro: las condiciones del país están entrando en una peligrosísima etapa donde el desgaste institucional y la impericia del gobierno federal agudizó la crisis acumulada en los últimos cuatro sexenios, y que a todos, sin excepción, nos metieron en un callejón sin salida y lo peor de todo es que se atisba un tufo fascistoide en el que muchos medios de información participan alegremente.
Ahora, por partes: de manera implícita, el rector Arias Lovillo da a entender que la cosa en materia de seguridad no es tan tranquila como se percibe y que más vale prevenir y tomar medidas precautorias, particularmente en el norte veracruzano, cuya proximidad con el calientísimo estado de Tamaulipas en cualquier momento puede contaminar severamente, tanto a las comunidades como a la propia vida universitaria, con indeseados hechos de violencia.
Por otro lado, el mandatario de Chihuahua considera que una manera eficiente de matar dos pájaros de una pedrada es dar de alta en las fuerzas armadas a los desempleados de su estado con lo que 1.- abatiría el desempleo y 2.- disputaría con los cárteles la abundante mano de obra sin ocupación y sin escuela que el Presidente del Empleo se ha empeñado en dejar como herencia al país.
Esta leva fascistoide no resuelve el rezago que representan los 8 millones de ninis que se supone vagan sin oficio ni beneficio por las calles del país; lo único que está cambiando es el esquema: los "vagos" ya no serán carne de cañón de los narcos sino que serán del Ejército.
Ya se vieron los primeros indicios de que quienes gobiernan el país se pusieron de acuerdo para meterle mano dura a todo y a todos los que no comulgan con sus ideas –particularmente definido en el acuerdo mediático signado entre quienes comparten una particular visión de la realidad– para satanizarlos y automáticamente ubicarlos del lado de la delincuencia organizada.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas comenzó ayer un trabajo en Guerrero para documentar la situación de los derechos humanos en relación con la desaparición de personas, y sostuvo encuentros en Atoyac y en Acapulco.
El espectro de las reuniones en ambos municipios denota la amplitud del trabajo que pretenden realizar los enviados del organismo multinacional, ya que por una parte en Atoyac el tema fueron los desaparecidos durante la guerra contrainsurgente que el Estado impulsó contra combatientes y comunidades, conocida como guerra sucia; mientras que en Acapulco se reunió con familiares de personas desaparecidas recientemente, en particular en los últimos cinco años.
Destaca el caso del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por elementos del Ejército, y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a pedir perdón públicamente, iniciar una búsqueda física para determinar qué fue del también ex alcalde atoyaquense, e indemnizar a los familiares. Los enviados de la ONU recibieron de Tita Radilla, vicepresidenta de Afadem e hija de Rosendo, un reclamo: el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia, en concreto en lo que se refiere a la búsqueda.
En Acapulco, los encuentros –individualmente con los familiares– fueron a puerta cerrada. Los enviados seguramente conocieron los casos del arquitecto Jorge Javier Cerón Silva, quien fue uno de los primeros desaparecidos en la época reciente, y de lancheros, obreros, trabajadores que fueron detenidos por policías según testigos y no se les ha vuelto a ver, según documenta el Tadeco.
En verdad el tema da para mucho, y seguramente habrá abundante tela de dónde cortar. Las desapariciones forzadas de personas siguen siendo, como hace más de tres décadas, una realidad dolorosa en Guerrero, y demuestra que parafraseando al viejo tango, 30 años no es nada y aún, febril la mirada, los familiares siguen buscando a sus desaparecidos.
Registra Tadeco mil 694 víctimas de la violencia social en el estado en seis años
Del 1º de abril de 2005 al 14 de marzo de 2011, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) tiene registradas mil 694 víctimas de la violencia social en Guerrero, de los cuales 58 por ciento de los casos se concentran en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo.
En conferencia de prensa efectuada por la mañana en el zócalo previo a la reunión con los visitadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que desarrollan una gira nacional sobre el tema de las desapariciones los integrantes del Tadeco y del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados del Estado de Guerrero rechazaron que las desapariciones y asesinatos de sus familiares estén vinculadas con el narcotráfico y dijeron no aceptar que el término “levantados” sea utilizado con ellos, porque los incrimina dolosamente.
El coordinador del Tadeco, Javier Monroy Hernández, detalló que sus datos se basan en notas periodísticas de los diarios estatales La Jornada Guerrero y El Sur, en los cuales están sustentadas las víctimas y del total que tienen contabilizadas, mil 318 han sido asesinados, 293 desaparecidos y 25 secuestrados y sólo 39 han sido liberados. Puntualizaron que de todos los casos ninguno ha sido resuelto por las autoridades correspondientes.
Señaló que el gobierno de Guerrero, como parte del Estado mexicano, ha mantenido un “manto de opacidad” en los casos y los reduce a un daño colateral de su lucha contra el crimen organizado.
Dentro del informe que las organizaciones presentaron ante los visitadores presentaron demandas específicas al gobierno de Guerrero, entre éstas la creación de una instancia especializada y capacitada para efectuar verdaderas investigaciones de los casos de desapariciones pues el crear una Comisión de la Verdad, como lo ha propuesta el gobernador electo Ángel Aguirre Rivero, expusieron que podría convertirse en un elefante blanco plagado de burocracia.
No a las mineras, claman en Zapotitlán; denuncian el saqueo de río Santa Rosa
Zapotitlán Tablas, 27 de marzo. Representantes de diversas comunidades que conforman el municipio de Zapotitlán Tablas se rehusaron aceptar la entrada de empresas mineras y denunciaron el saqueo de material pétreo del río Santa Rosa por algunos individuos.
Comisarios y comuneros asistieron en la cabecera municipal a una reunión informativa sobre los efectos de la minería, impartida por integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; a dicho encuentro también acudió un representante de la Procuraduría Agraria (PA), por el ayuntamiento no asistió ningún funcionario a pesar de haber sido invitados por el comisariado de bienes comunales.
Tlachinollan, a fin de que “comuneros decidan con conocimiento de causa e información suficiente”, presentó un video sobre minería a cielo abierto; posteriormente precisó algunas cuestiones como la presencia de 21 centros mineros que pretenden iniciar algún proceso en La Montaña. Informó también que Totomixtlahuaca, Zitlaltepec, Tierra Colorada e Iliatenco han dicho no a la entrada de mineras, asentándolo legalmente en acta de asamblea.
Durante las intervenciones de los comuneros, el delegado de la colonia San Juan ofreció una disculpa pública al aceptar que sin ningún compromiso se permitió la entrada de maquinaria que escarbó un cerro, pero señaló que se detuvieron los trabajos. Otro comunero llamó a los indígenas a estar unidos y no dar permiso de explotación. “A los cerros está subiendo gente de Canadá acompañada por una persona de Huitzapula, en la colonia Vicente Guerrero les están pagando 150 pesos por dos horas de acompañamiento”, aseveró.
Tlachinollan instó a los comuneros a recurrir, de ser el caso, al Derecho a la Consulta estipulado en el Convenio 169 de la OIT; en tanto, Jesús Cruz Niño, visitador de la PA, abogó por la opción de que comuneros soliciten una concesión a fin de que sean los dueños de las tierras y de concesiones otorgadas por el gobierno federal, aunque se refutó dicha idea al reconocer que de no comprobarse trabajos en los terrenos, dicha concesión se invalida.
En un segundo punto retomado en la reunión, el comisariado aseguró que tras recorrer los cerros, se notó que la gente toma demasiada madera por lo que recomendaron a comuneros respetar el ambiente. “Están talando los árboles de manera excesiva, no se diga después que el comisario multó mucho, ya casi no hay árboles compañeros y tumban los verdes”, expuso. Otro comunero reconoció la venta de madera a gente de municipios aledaños por habitantes que buscan el beneficio personal sin medir las consecuencias. “Ya no hay agua, esta tala perjudica los ojos de agua, me dicen que por qué me meto, pero éste es un problema de todos”, dijo. Varios comuneros, entre ellos una mujer, mostraron interés por emprender una reforestación de sus tierras.
Las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo están enojadas y ofendidas, ya no saben a qué otro camino recurrir, ya no saben cómo hacer entender a las autoridades estatales y federales responsables del agua todos los argumentos que han encontrado para oponerse a la construcción de este megaproyecto que traerá como consecuencia la inundación de sus pueblos y la pérdida irreparable de un patrimonio cultural, social y ambiental que es de todos los mexicanos.
Durante los cinco años de lucha, han encontrado todos los argumentos que les dan la razón, no sólo se oponen porque consideran que es una injusticia y un ataque a su dignidad como pueblos, sino que también se han esgrimido argumentos en contra en varios terrenos y desde diferentes enfoques, todos los cuales concluyen que la presa no tiene ninguna razón de ser.
Socialmente, las presas desplazan población y desarraigan a los pueblos creando desempleo y migración, no existe ningún proyecto de reasentamiento que haya sido exitoso, por el contrario, hay pueblos que años después siguen peleando por indemnizaciones y viven en riesgo y en tierras que no les permiten sobrevivir.
Ambientalmente, las presas han demostrado tener efectos adversos a los ecosistemas, afectan la vida de los ríos, la humedad de las tierras río abajo y arriba, son responsables de la pérdida de biodiversidad y de los humedales, además que contribuyen de manera significativa al calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero.
Desde la perspectiva del patrimonio cultural e histórico, Temacapulín, Acasico y Palmarejo cuentan con paisajes, sitios y monumentos que deberían estar sujetos a conservación, el Templo de Flamacordis en Acasico, la Basílica de los Remedios, el Cristo de la Peñita, el kiosco y la plaza de Temacapulín, además de que estos pueblos han sido lugares de importancia histórica en la región de Los Altos y para el país desde tiempos inmemoriales.
Jurídicamente a través de diversos juicios que los pobladores han interpuesto en tribunales estatales y juzgados federales se ha logrado sacar a la luz pública una plaga de irregularidades que los responsables del proyecto han cometido durante el desarrollo del proyecto, la falta de Manifestación de Impacto Ambiental para la cortina de 105 metros, la presión al ayuntamiento para que apruebe el cambio de uso de suelo, la violación al derecho a la información al ocultar que es pública y de interés general, la invasión a las competencias municipales, irregularidades en el proceso de licitación, la falta de consulta a las comunidades afectadas, el hostigamiento, las amenazas y un largo etcétera.
Estas violaciones a los derechos humanos y a la legalidad ha sido recogida por tres resoluciones que estos días cobran una trascendental relevancia, por un lado está la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ninguna autoridad estatal o federal se molestó en cumplir, sólo el Congreso del Estado intentó realizar la sesión en Temacapulín, pero ha sido bloqueado por el ayuntamiento de Cañadas y por la Comisión Estatal del Agua, los demás se desentendieron del asunto; por otro lado, las comunidades han obtenido dos resoluciones judiciales que les favorecen y que obligan a parar, tanto la reubicación, en una suspensión otorgada por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco que jamás se acató, aún con el plantón que los pobladores mantuvieron por casi un mes y, recientemente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en una amplia sentencia obliga a que las autoridades estatales y federales paren la construcción de la cortina de la presa mientras no tengan salvaguardados todos los derechos que han sido o se verían afectados por el megaproyecto: medio ambiente, vivienda, información , propiedad, etcétera.
Finalmente un argumento que es de interés para los jaliscienses es que la presa significa la pérdida de soberanía estatal al entregar recursos hídricos de buena calidad contenidos por el río Verde, para recibir agua más contaminada y de menor calidad en el río Santiago, en convenios que fueron firmados por ambos estados en 2005 y que son injustos, leoninos y tramposos.
Habiendo tantos argumentos en contra, tantas pruebas que día a día los pueblos han ido recopilando, tantas voces académicas, científicas y culturales que se oponen a la construcción de la presa, entonces ¿Por qué la necedad?, ¿por qué a pesar de todo, las obras siguen?, ¿a quién le urge y quién necesita de la presa El Zapotillo?
La Conagua y la CEA dicen que son dos millones de habitantes de León, Guadalajara y Los Altos de Jalisco los que se beneficiarán, sin embargo un grupo creciente de ciudadanos de León se oponen y gritan: “si para León es la presa, ser de León me da vergüenza”; los ciudadanos de Guadalajara la única agua que recibirán será más contaminada por el río turbio que agravará la crisis que hoy tenemos en el río Santiago y los pobladores de Los Altos sólo son engañados con promesas de agua, pues no existe ningún proyecto de distribución en los pueblos de la zona.
En días pasados Felipe Calderón hizo dos importantes declaraciones en relación con el proyecto, por un lado se comprometió frente a los industriales de León a entregar la presa El Zapotillo antes de que termine su sexenio y por otro lado dijo que “México pasó de ser un país con abundantes recursos hídricos a ser un país que se encuentra, como se dice, en estrés hídrico”. Lo único que no se les ocurre preguntar es por qué vivimos esta situación, no será que han sido las pésimas políticas públicas en materia de agua la que nos han llevado a la situación en las que nos encontramos. El pensar el agua como una mercancía al servicio de los intereses económicos y no de los intereses populares es lo que nos ha llevado a esta situación que es por demás insostenible.
Veamos un caso que quizás nos puede llevar a entender mejor a quién le urge el proyecto de la presa El Zapotillo y a entender qué intereses están detrás de tanta necedad y autoritarismo.
Existió un poblado otomí que al ser conquistado por los purépechas recibió el nombre de Tzinacua, que en castellano significa “Lugar de humaredas” porque en el lugar de sus aguas termales se desprendían columnas de vapor. Después, el nombre del lugar fue cambiando, llamándose sucesivamente Sinaua, que significa “Sin agua”; luego Silagua, para quedar con el nombre que lo conocemos hoy que es Silao. Hoy es una pequeña ciudad que forma parte del área metropolitana de León, Guanajuato, así como lo es Zapopan para Guadalajara.
Quiero lanzar la hipótesis de que quizás la tan mentada necesidad y urgencia de agua de los ciudadanos de León en realidad es una urgencia del pequeño grupo de familias industriales que desde hace unos años manejan la región y que en los sexenios panistas han sido premiados con un regalito que les representa enormes ganancias con consecuencias ambientales tremendas, se trata del megaproyecto denominado Puerto Interior.
El Puerto Interior, ubicado en la ciudad de Silao, pretende ser el puerto “seco” (sic) más grande de toda América Latina y el tercero a nivel mundial, está planeado para traer mercancía del extranjero o poner mercancías nacionales dentro de una zona, como este recinto, para que los industriales puedan distribuir, vender, comercializar, elaborar, reparar, transformar, como si fuera una especie de zona de libre comercio. El llamado Plan Maestro de Guanajuato Puerto Interior incluye: Aduana interior (31 hectáreas), Recinto fiscalizado estratégico (144 hectáreas), Parque industrial nacional (196 hectáreas), Terminal intermodal (ferroviaria al autotransporte) operada por Ferromex (44 hectáreas), Terminal internacional de carga aérea (34 hectáreas), zona de servicios comerciales y logísticos (76 hectáreas), zona de reserva territorial (502 hectáreas más).
Hoy se encuentran instaladas empresas como: Faurecia, Guala Dispensing, Mailhot, Samot, Prudential, L&W, Softer, Semmaterials, Hino, Flexy, Emyco, Acero Sueco Palme, Intermex, Teco Westin House y Lub & Rec. que pertenecen a los sectores automotriz, plásticos, tecnologías de la información, metalmecánico, calzado y logística. El origen de la inversión es de México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Corea, Italia y Francia, donde un 30 por ciento proviene del capital mexicano y el 70 restante del extranjero. A estas empresas, el Puerto Interior les ofrece una capacidad de agua de 2.018 millones de metros cúbicos (64 litros por segundo).
Y como si estas industrias instaladas en el Puerto Interior no fueran suficientemente devastadoras de agua, a finales del 2010, el fabricante alemán de automóviles Volkswagen anunció que invertirá unos 550 millones de dólares en la construcción de una planta que tendrá capacidad para producir 330 mil motores al año, misma que estará ubicada por supuesto en el Parque Industrial Puerto Interior de la ciudad de Silao, que le ofrece 60 hectáreas de terreno urbanizado, con acceso a importantes vías de comunicación. El anuncio de esta nueva inversión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos en una ceremonia encabezada por el presidente Felipe Calderón, con la presencia de Otto Lindner, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato.
Sin embargo, a todos estos sabios gobernantes empresarios, se les olvidó un pequeño detalle que está en la base de todos los problemas. En la ciudad de Silao, como su nombre lo indica, no hay agua. Para producir un solo automóvil se requieren en promedio 400 mil litros de agua, es decir 132 mil millones de litros de agua por año. No se necesita ser muy listo para restar y ver que existe una incongruencia entre lo que tienen, lo que ofrecen y lo que realmente necesitan para poder seguir con sus proyectos capitalistas de devastación, es a ellos a quienes les urge agua, de donde sea, como sea y al costo que sea, no les importa destruir un pueblo, no les importa el medio ambiente, no les importa el patrimonio cultural, no les importa violar derechos humanos, no les importa romper la legalidad. Su ambición, su sed capitalista, es mayor.
Quizás el estrés y la esquizofrenia de nuestros gobernantes podría disminuir si dejaran de pensar en su Disneylandia de los empresarios, que ese megaproyecto llamado Puerto seco, que también es inviable ambientalmente, y se pusiera en el centro de la discusión una política de aguas incluyente, democrática y popular que busque el desarrollo de los pueblos, no su inundación. Cuando los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo hablan de la Revolución del agua, están diciendo eso: el agua es del pueblo.
Recientemente la primera sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación resolvió el amparo directo 22/2010 al aceptar la propuesta del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito para atraer un caso cuya naturaleza nos muestra la realidad de lo precario de nuestro sistema judicial en México.
Manuel Hernández Shilón, indígena cuya lengua materna es el tzotzil, fue acusado por un delito contra la salud, al rendir su declaración preparatoria fue asistido por un defensor proporcionado por el Estado sin los mínimos conocimientos sobre las costumbres y cultura del inculpado, mucho menos de su lengua materna (tzotzil).
Tramitado y substanciado que fue la causa criminal Manuel Hernández fue condenado a 10 años de prisión, 15 días y 350 pesos pesos de multa. El fallo de primer grado fue apelado; se expresaron agravios entre los que destacan el hecho de que el sujeto a proceso careció en todo momento de un defensor que aparte de hablar su lengua conociera sus costumbres y su cultura en apego a lo previsto en el artículo 2 inciso B de la Carta de Querétaro. El Magistrado del Tribunal Unitario consideró fundados parcialmente los agravios y después de un año de su detención se ordenó la reposición del procedimiento para purgar los vicios del sumario en primera instancia. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el entonces apelante es asistido por un defensor que “le hace saber sus derechos” en tzotzil. El Juez de la causa sentencia nuevamente al procesado a 10 años de prisión y 150 pesos de multa.
Debe destacarse que por segunda ocasión se combate el fallo del juez de origen para que el Tribunal Unitario de Circuito resuelva si los agravios expresados son fundados o no. La mala suerte y el infortunio en los impartidores de justicia persiguen a Hernández Shilón. El fallo de primer grado es confirmado nuevamente, la defensa promueve amparo directo ante la autoridad responsable ajustándose a lo previsto por el 162 de la Ley de Amparo; los autos son remitidos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en donde la prudencia, valentía y vocación para impartir justicia del Magistrado Ponente despojándose de una actitud chambista propone a sus compañeros de sala hacer valer la facultad de atracción que se contempla en el artículo 107 constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala quien resuelva los argumentos esgrimidos por el apelante habida cuenta que de su contenido se advertían violaciones manifiestas a derechos indígenas y por otra parte a la fecha de la aceptación del amparo directo hecho valer por el indígena tzotzil, habían transcurrido más de dos años desde su detención sin que durante el procedimiento de primera instancia ni en apelación, hubiera renunciado a la garantía consagrada en el artículo 20 fracción VIII apartado b de la Constitución General de la República, es decir, contar con el derecho incuestionable para ser sentenciado en un plazo que no exceda de un año.
Radicado que fue el amparo directo en la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Nación siendo ponente el Ministro Cossío procedió punto por punto a realizar un análisis de la serie de violaciones existentes en primera y segunda instancia en agravio de un indígena que tuvo la desfortuna de convertirse en una víctima más de la supuesta impartición de justicia realizada a rajatabla por jueces ímprobos y magistrados timoratos que advirtiendo violaciones substanciales que pugnan con el principio de justo proceso, ya por cuidar su chamba o por manifiesta ignorancia resuelven ratificando los proyectos puestos a su consideración por proyectistas en la mayoría de los casos inexpertos haciendo nugatorios los derechos de los procesados.
Si bien el fallo de la primera sala se sustenta en el hecho de que el procesado era indígena tzotzil, que no hablaba la lengua española y que, por otra parte, careció de un defensor que pudiera traducir de manera puntual sus declaraciones en cada una de las audiencias, no menos cierto es que el fallo de mérito se sustenta en dos principios fundamentales, a saber: el principio de la impartición de justicia pronta y expedita y el respeto cabal que los jueces deben observar a los términos y plazos establecidos en la ley preconizados, estos, por el artículo 17 de la Carta Magna; y el respeto a la garantía consagrada por el artículo 20 constitucional para ser sentenciado en el plazo de un año, máxime que el justiciable nunca renunció a este derecho ni mucho menos ofreció pruebas que hicieran suponer de manera tácita su deseo de prolongar el plazo antes citado.
Así, la Primera Sala textualmente argumentó:
Es fundado, y suficiente para conceder la protección constitucional a la quejosa, el agravio, marcado con el numeral 4 en el considerando Tercero, en el que sostiene que el proceso penal que se sigue en su contra se ha retardado más allá de los términos constitucionalmente previstos porque el Estado Mexicano no pudo proporcionarle, de manera oportuna, un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, lo cual transgrede las previsiones de los artículos 17 y 20 Constitucionales.
El primero de los citados artículos constitucionales, establece que toda persona tiene el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, y a que, desde el inicio del procedimiento, la justicia que se imparta cumpla con los términos establecidos en el mismo. Esto es, fundada en los siguientes principios:
1. De justicia pronta. Que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial. Que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita. Que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
Sirven de apoyo a lo antes manifestado las siguientes tesis de jurisprudencia:
Fuente: Semanario Judicial
Tomo LXXIV
Página: 2893
“Artículo 17 constitucional. La garantía que establece este precepto, de que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia, significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales que la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento, y no que los Jueces resuelvan sin apegarse a las leyes, los juicios que se sometan a su decisión, y las violaciones a las leyes del procedimiento o a las de fondo, en el ramo civil, no pueden ser materia de la violación del artículo 17 de la Constitución Federal”.
Amparo civil directo 6633/42****. 30 de octubre de 1942. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Tesis: 1a./J. 42/2007
“Garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos. Sus alcances. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos”.
No. Registro: 171,257
Tesis: 2a./J. 192/2007
TORITO DE LA SEMANA
Un sujeto a proceso fue detenido desde el 23 de diciembre de 2008 por la comisión de un delito de carácter fiscal. A la fecha lleva privado de su libertad dos años y tres meses de prisión. De manera reiterada a través de su defensa ha solicitado se cierre la instrucción y por su parte no ha ofrecido prueba alguna por carecer de interés jurídico para ello. En acatamiento a la garantía constitucional que le asiste y a que se refiere el artículo 20 de la Carta magna ha solicitado ser sentenciado para cumplir con el principio de verdadero acceso a la justicia y de debido y justo proceso. El Ministerio Público y la parte coadyuvante han ofrecido innumerables pruebas inconducentes que han retardado de manera excesiva la substanciación de la causa.
1. ¿Debe ser juzgado en libertad en acatamiento al principio consagrado por el Artículo 17 y 20 constitucionales?
2. ¿El juzgador puede indefinidamente aceptar las pruebas que ofrezca el Ministerio Público y la parte coadyuvante aunque con ello se violenten los términos y plazos que establece el 20 constitucional?
Sus respuestas al correo electrónico:
soloabogados_carlosmeza@yahoo.com.mx
Cuadro de concentrado de casos en español
Amnistía, para todos los perseguidos políticos durante el sexenio de Torreblanca: diputado
Chilpancingo, 27 de marzo. Guerrero cuenta ya con una Ley de Amnistía reformada con la que se protegerá a luchadores sociales y defensores de derechos humanos del estado, recordó el diputado por Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, y criticó que durante del gobierno de Zeferino Torreblanca se hizo un uso indiscriminado de las prácticas de represión y hostigamiento contra la lucha social.
En Guerrero ya existía una Ley de Amnistía, promulgada el 12 de noviembre de 2002, misma que se reformó el 9 de mayo de 2003.
Sin embargo, Ramos Ramírez consideró que en Guerrero se requiere hacer una nueva legislación que permita que “ciudadanos que han elegido el uso de las armas para llevar a cabo sus propósitos políticos y a quienes han realizado acciones de protesta o movilizaciones sociales para obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas y que por tal motivo han sido indiciados, procesados o condenados”, gocen de los beneficios de dicha ley.
Indicó que los casos más recurrentes son aquellos que han sido indiciados, procesados, condenados o perseguidos por supuestos delitos y leyes que criminalizan las protestas y movilizaciones sociales.
Recordó que la criminalización y represión fueron aplicadas durante los últimos cinco meses del gobierno de René Juárez Cisneros, “no fue sino hasta el gobierno del Zeferino Torreblanca Galindo cuando se hizo un uso indiscriminado de este tipo de represalias, lo que ha causado gran enojo entre los activistas sociales y la población en general”.
Ramos Ramírez destacó que Guerrero necesita entrar a una etapa de armonía, reconciliación y concordia, donde se den nuevas perspectivas para el desarrollo integral, justo y equitativo.
La Ley de Amnistía integra 11 artículos, en los que se decreta dicha ley a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercido acción penal ante los tribunales estatales por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente norma y están amparadas aquellas que tengan una averiguación previa o que se les haya girado orden de aprensión o que hayan sido procesadas o se encuentren en proceso o que estén condenadas por cometer, con motivaciones políticas, los delitos del fuero común de rebelión, sedición, motín, conspiración, considerados delitos políticos por nuestra legislación penal, o conexos con tales delitos políticos, así como las conductas delictivas consecuentes o derivadas de los ilícitos citados.
Asimismo, aquellas que han sido perseguidas, detenidas, procesadas o condenadas por los delitos tipificados en los artículos 200 y 202 del Código Penal del Estado de Guerrero, luego de la reforma del 18 de julio de 2003.
“En ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, se podrá aplicar la presente Ley a quien esté acusado de ilícitos cometidos bajo la protección de organismos y autoridades oficiales, militares o policiacas”, aclaró el legislador.
La presentación de desaparecidos a causa de su participación, real o supuesta, en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de la fracción anterior.
Atoyac, 27 de marzo. La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, demandó ante enviados de la ONU que se reinicien las excavaciones en el municipio de Atoyac, para comenzar la búsqueda de los restos de su padre Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974. Los enviados estuvieron en este municipio para constatar los casos de desaparición forzada en México.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, visitó este domingo este municipio, donde fueron informados del desacato del Estado mexicano para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de Radilla Pacheco.
Tita Radilla, hija de Rosendo, demandó a los enviados de la ONU presionar para que la Procuraduría General de la República realice las diligencias necesarias para encontrar el paradero de su padre.
Sergio Méndez Silva, director de Defensa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recordó que de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, y por consecuencia no puede prescribir ya que se sigue ejecutando con el paso del tiempo.
“En este sentido –dijo-, México carece de un marco normativo adecuado para la protección de personas en casos de desaparición forzada, por lo que solicitamos al Grupo de Trabajo que exhorte al Estado mexicano a desarrollar una ley específica en materia de desaparición forzada.”
Chilpancingo, 27 de marzo. Este martes durante el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), organizaciones sociales, entre ellas el centro de derechos humanos Tlachinollan, participarán en la audiencia de análisis de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina.
Desde este viernes 25 y hasta el 29 de marzo la Coidh llevará a cabo su periodo de audiencias para escuchar las diversas violaciones en materia de derechos humanos en países como Haití, Jamaica, Chile, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Estados Unidos y México, entre otros.
Durante este periodo de sesiones, Tlachinollan expondrá junto con organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Washington Office on Latin America, entre otras.
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References: resolución 
 Artículo 16
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 20
 Artículo 17