Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-200-99.htm
Timestamp: 2017-10-22 15:19:44+00:00

Document:
C-200-99
Sentencia C-200/99
CONVENIO INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES-Objeto
En el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales se destacan con claridad los dos criterios que fundamentan la regulación por parte del derecho de ámbitos de la relación del hombre con la naturaleza. En efecto, se trata de un instrumento que además de trazar el marco jurídico de las relaciones internacionales alrededor de la explotación y comercialización de las maderas tropicales, fomenta la producción de las maderas en forma ordenada y sostenible para mantener el equilibrio del ecosistema y patrocinar los planes de forestación y reforestación con el fin de garantizar la existencia de bosques madereros. El Convenio busca la consolidación de una serie de principios para alcanzar el consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo.
CONVENIO INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES-Constitucionalidad
El Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1994, materia de revisión, es concordante con la finalidad perseguida por los artículos 9 y 150-16 de la Constitución Política, en cuanto se refieren a la necesidad de alentar y desarrollar las relaciones internacionales, en este caso, con el objeto de promover procesos de desarrollo comercial y la adecuada explotación ordenada y sostenible de recursos naturales.
INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
La regulación de las imunidades y privilegios no puede atentar contra la soberanía de los Estados, su seguridad e independencia y respetar los principios de reciprocidad e igualdad. Si bien nada impide que se consagren inmunidades y privilegios que patrocinen el adecuado funcionamiento de organismos internacionales, dada la naturaleza de las funciones que cumplen, éstas ventajas quedan constitucionalmente supeditadas, así no se haya especificado concretamente en el documento que les da vida, a que efectivamente propendan por la defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas.
El concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas-, con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva.
Referencia: Expediente LAT-133
Revisión constitucional de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, hecho en Ginebra El 26 De Enero De 1994”
Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Martha Victoria Sáchica de Moncaleano y Vladimiro Naranjo Mesa.
En el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 464 de 1998 "Por medio de la cual se aprueba el CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES”, suscrito en Ginebra el 26 de enero 1994.
Dada la extensión de la ley 464 de 1998 se adjunta fotocopia de la misma.
por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”,
hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Visto el texto del “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
«CONVENIO INTERNACIONAL
DE LAS MADERAS TROPICALES 1994
Recordando la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, el Programa Integrado para los Productos Básicos, una Nueva Asociación para el Desarrollo: El Compromiso de Cartagena y los objetivos pertinentes contenidos en el “Espíritu de Cartagena”,
Recordando el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 y reconociendo la labor realizada por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales y los logros alcanzados desde sus comienzos, incluida una estrategia para lograr que el comercio internacional de maderas tropicales provenga de recursos forestales ordenados de forma sostenible,
Recordando además la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo y los capítulos pertinentes del Programa 21, aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992, en Rio de Janeiro; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica,
Reconociendo la importancia de las maderas para las economías de los países que tienen bosques productores de madera,
Reconociendo asimismo la necesidad de promover y aplicar principios y criterios comparables y adecuados para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques productores de madera,
Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre el comercio de las maderas tropicales y el mercado internacional de las maderas y la necesidad de adoptar una perspectiva global para mejorar la transparencia del mercado internacional de las maderas,
Tomando nota del compromiso asumido por todos los miembros en Bali, Indonesia, en mayo de 1990, de conseguir que para el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan der ecursos forestales ordenados de forma sostenible, y reconociendo el Principio 10 de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, principio que afirma que deben facilitarse a los países en desarrollo recursos financieros nuevos y adicionales para permitirles ordenar, conservar y desarrollar en forma sostenible sus recursos forestales, en particular mediante la forestación, la reforestación y la lucha contra la deforestación y la degradación de los bosques y de las tierras,
Tomando nota además del compromiso de mantener, o alcanzar para el año 2000, la ordenación sostenible de sus respectivos bosques, anunciado por los miembros consumidores que son Partes en el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un Convenio que suceda al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 en Ginebra el 21 de enero de 1994,
Deseosas de consolidar el marco de cooperación internacional y de elaboración de políticas entre los miembros para la búsqueda de soluciones a los problemas con que tropieza la economía de las maderas tropicales,
Artículo 1º. Objetivos. Reconociendo la soberanía de los miembros sobre sus recursos naturales, definida en el apartado a) del Principio 1 de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994 (denominado en adelante “el presente Convenio”), son los siguientes:
a) Proporcionar un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas entre todos los miembros en relación con todos los aspectos pertinentes de la economía mundial de la madera;
b) Proporcionar un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el comercio de maderas;
c) Contribuir al proceso del desarrollo sostenible;
d) Aumentar la capacidad de los miembros para aplicar una estrategia para conseguir que para el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
e) Fomentar la expansión y la diversificación del comercio internacional de maderas tropicales provenientes de recursos forestales ordenados de forma sostenible mediante el mejoramiento de las condiciones estructurales de los mercados internacionales, teniendo en cuenta, por una parte, el aumento a largo plazo del consumo y la continuidad de los suministros, y, por otra, unos precios que incluyan los costos del desarrollo sostenible y que sean remuneradores y equitativos para los miembros, así como el mejoramiento del acceso al mercado;
f) Fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de los bosques y la utilización eficiente de las maderas, así como a aumentar la capacidad para conservar y fomentar otros valores forestales en los bosques tropicales productores de madera;
g) Desarrollar mecanismos para proporcionar los recursos nuevos y adicionales y los conocimientos técnicos especializados que sean necesarios a fin de aumentar la capacidad de los miembros productores para lograr los objetivos del presente Convenio y contribuir a esos mecanismos;
h) Mejorar la información sobre el mercado con miras a lograr una mayor transparencia del mercado internacional de las maderas, incluidas la reunión, la clasificación y la difusión de datos sobre el comercio, inclusive datos sobre las especies comercializadas;
i) Fomentar una elaboración mayor y más avanzada de las maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible en los países miembros productores con miras a promover su industrialización y aumentar así sus oportunidades de empleo y sus ingresos de exportación;
j) Alentar a los miembros a apoyar y desarrollar las actividades de repoblación y ordenación de los bosques de maderas tropicales industriales, así como la rehabilitación de las tierras forestales degradadas, teniendo presente los intereses de las comunidades locales que dependen de los recursos forestales;
k) Mejorar la comercialización y la distribución de las exportaciones de maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
l) Alentar a los miembros a elaborar políticas nacionales encaminadas a la utilización sostenible y la conservación de los bosques productores de maderas y de sus recursos genéticos y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las regiones interesadas, en el contexto del comercio de maderas tropicales;
m) Promover el acceso a las tecnologías y su transferencia y a la cooperación técnica para llevar a la práctica los objetivos del presente Convenio, inclusive en las condiciones favorables y preferenciales que se determinen de común acuerdo; y
n) Estimular el intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas.
Artículo 2. Definiciones. A los efectos del presente Convenio:
1. Por “maderas tropicales” se entiende las maderas tropicales para usos industriales de especies no coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La expresión incluye los troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada. Esta definición también comprende la madera contrachapada que contenga en parte madera de coníferas de procedencia tropical.
2. Por “elaboración más avanzada” se entiende la transformación de troncos en productos primarios de madera, productos semielaborados o productos acabados hechos totalmente o casi totalmente de maderas tropicales.
3. Por “miembro” se entiende todo gobierno, o cualquiera de las organizaciones intergubernamentales a que se refiere el artículo 5º, que haya consentido en obligarse por el presente Convenio, tanto si está en vigor con carácter provisional como si lo está con carácter definitivo.
4. Por “miembro productor” se entiende todo país con recursos forestales tropicales y/o exportador neto de maderas tropicales en términos de volumen que está enumerado en el anexo A y que pase a ser parte en el presente Convenio, o todo país con recursos forestales tropicales y/o exportador neto de maderas tropicales en términos de volumen que no está enumerado en dicho anexo y que pase a ser parte en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado miembro productor por el Consejo.
5. Por “miembro consumidor” se entiende todo país enumerado en el anexo B que pase a ser parte en el presente Convenio o todo país no enumerado en dicho anexo que pase a ser parte en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado miembro consumidor por el Consejo.
6. Por “Organización” se entiende la Organización Internacional de las Maderas Tropicales establecida conforme al artículo 3º.
7. Por “Consejo” se entiende el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales establecido conforme al artículo 6º.
8. Por “votación especial” se entiende una votación que requiera al menos dos tercios de los votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y al menos el 60% de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y votantes, contados por separado, con la condición de que tales votos sean emitidos por lo menos por la mitad de los miembros productores presentes y votantes y por lo menos por la mitad de los miembros consumidores presentes y votantes.
9. Por “votación de mayoría distribuida simple” se entiende una votación que requiera más de la mitad de los votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y más de la mitad de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y votantes, contados por separado.
10. Por “ejercicio económico” se entiende el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive.
11. Por “monedas libremente utilizables” se entiende el dólar estadounidense, el franco francés, la libra esterlina, el marco alemán, el yen japonés y cualquier otra moneda que, por designación en cualquier momento de una organización monetaria internacional competente, sea una moneda que se utilice efectiva y ampliamente para realizar pagos por transacciones internacionales y se negocie efectiva y ampliamente en los principales mercados de divisas.
Artículo 3º. Sede y estructura de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales.
1. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales establecida en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983 seguirá en funciones para aplicar las disposiciones y supervisar el funcionamiento del presente Convenio.
2. La Organización funcionará por intermedio del Consejo establecido conforme al artículo 6º, de los comités y otros órganos subsidiarios a que se refiere el artículo 26 y del Director Ejecutivo y el personal.
3. La sede de la Organización estará situada en Yokohama, a menos que el Consejo, por votación especial, decida otra cosa.
4. La sede de la Organización estará en todo momento situada en el territorio de un miembro.
Artículo 4º. Miembros de la Organización. Habrá dos categorías de miembros en la Organización:
Artículo 5º. Participación de organizaciones intergubernamentales
1. Toda referencia que se haga en el presente Convenio a “gobiernos” será interpretada en el sentido de que incluye la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que sea competente en lo que respecta a la negociación, celebración y aplicación de Convenios internacionales, en particular Convenios de productos básicos. En consecuencia, toda referencia que se haga en el presente Convenio a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la notificación de aplicación provisional, o a la adhesión, será interpretada, en el caso de esas organizaciones intergubernamentales, en el sentido de que incluye una referencia a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la notificación de aplicación provisional, o a la adhesión por esas organizaciones intergubernamentales.
2. En el caso de que se vote sobre cuestiones de su competencia, esas organizaciones intergubernamentales tendrán un número de votos igual al total de los votos que puedan asignarse a sus Estados miembros conforme al artículo 10. En esos casos, los Estados miembros de tales organizaciones intergubernamentales no tendrán derecho a emitir los votos asignados a cada uno de ellos.
Artículo 6º. Composición del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales.
3. Todo suplente estará facultado para actuar y votar en nombre del representante en ausencia de este o en circunstancias especiales.
Artículo 7º. Facultades y funciones del Consejo.
1. El Consejo ejercerá todas las facultades y desempeñará, o hará que se desempeñen, todas las funciones necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio.
2. El Consejo aprobará, por votación especial, los estatutos y reglamentos que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio y compatibles con las mismas, tales como su propio reglamento y el reglamento financiero y el estatuto del personal de la Organización.
Por el reglamento financiero se regirán, entre otras cosas, los ingresos y los gastos de fondos con arreglo a la Cuenta Administrativa, la Cuenta Especial y el Fondo de Cooperación de Bali. El Consejo podrá prever en su reglamento un procedimiento que le permita decidir determinados asuntos sin reunirse.
3. El Consejo llevará la documentación necesaria para el desempeño de las funciones que le confiere el presente Convenio.
Artículo 8º. Presidente y Vicepresidente del Consejo.
1. El Consejo elegirá para cada año civil un Presidente y un Vicepresidente, cuyos sueldos no serán pagados por la Organización.
2. El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos, uno entre los representantes de los miembros productores y el otro entre los representantes de los miembros consumidores. Esos cargos se alternarán cada año entre las dos categorías de miembros, lo cual no impedirá que, en circunstancias excepcionales, uno de ellos, o ambos, sean reelegidos por votación especial del Consejo.
3. En caso de ausencia temporal del Presidente, actuará en su lugar el Vicepresidente. En caso de ausencia temporal simultánea del Presidente y del Vicepresidente o en caso de ausencia de uno de ellos, o de ambos, durante el tiempo que quede del período para el cual fueron elegidos, el Consejo podrá elegir nuevos titulares de esos cargos entre los representantes de los miembros productores y/o entre los representantes de los miembros consumidores, según el caso, con carácter temporal o para el resto del período para el cual fueron elegidos sus predecesores.
Artículo 9º. Reuniones del Consejo.
2. El Consejo celebrará reuniones extraordinarias siempre que lo decida o a petición de:
a) El Director Ejecutivo, de acuerdo con el Presidente del Consejo; o
b) La mayoría de los miembros productores o la mayoría de los miembros consumidores, o
c) Varios miembros que reúnan por lo menos 500 votos.
3. Las reuniones del Consejo se celebrarán en la sede de la Organización, a menos que el Consejo, por votación especial, decida otra cosa al respecto. Si, por invitación de cualquier miembro, el Consejo se reúne fuera de la sede de la Organización, ese miembro pagará los gastos adicionales de la celebración de la reunión fuera de la sede.
4. La convocación de todas las reuniones, así como los programas de esas reuniones, serán notificados a los miembros por el Director Ejecutivo al menos con seis semanas de antelación, excepto en casos de urgencia, en los que la notificación se hará al menos con siete días de antelación.
Artículo 10. Distribución de los votos.
2. Los votos de los miembros productores se distribuirán como sigue:
a) Cuatrocientos votos se distribuirán por igual entre las tres regiones productoras de Africa, Asia-Pacífico y América Latina. Los votos así asignados a cada una de estas regiones se distribuirán entonces por igual entre los miembros productores de la región;
b) Trescientos votos se distribuirán entre los miembros productores con arreglo a su participación respectiva en los recursos forestales tropicales totales de todos los miembros productores, y
c) Trescientos votos se distribuirán entre los miembros productores proporcionalmente a los valores medios de sus respectivas exportaciones netas de maderas tropicales durante el trienio más reciente respecto del cual se disponga de cifras definitivas.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el total de los votos asignados a los miembros productores de la región de Africa, calculado de conformidad con el párrafo 2 de este artículo, se distribuirá por igual entre todos los miembros productores de la región de Africa. Si aún quedaren votos por distribuir, cada uno de esos votos se asignará a un miembro productor de la región de Africa de la manera siguiente: el primero se asignará al miembro productor al que se haya asignado el mayor número de votos con arreglo al párrafo 2 de este artículo, el segundo al miembro productor que le siga en cuanto al número de votos asignados, y así sucesivamente hasta que se hayan asignado todos los votos restantes.
4. A los efectos del cálculo de la distribución de los votos con arreglo al apartado b) del párrafo 2 de este artículo, por “recursos forestales tropicales” se entiende los bosques latifoliados densos productivos según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
5. Los votos de los miembros consumidores se distribuirán como sigue: cada miembro consumidor tendrá diez votos iniciales; el resto de los votos se distribuirá proporcionalmente al volumen medio de sus respectivas importaciones netas de maderas tropicales durante el período de tres años que empieza cuatro años civiles antes de la distribución de los votos.
6. El Consejo distribuirá los votos para cada ejercicio económico al comienzo de su primera reunión de ese ejercicio, conforme a lo dispuesto en este artículo. Esa distribución seguirá en vigor durante el resto del ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 7 de este artículo.
7. Siempre que cambie la composición de la Organización o que se suspenda o restablezca el derecho de voto de cualquier miembro conforme a cualquier disposición del presente Convenio, el Consejo redistribuirá los votos dentro de la categoría o las categorías de miembros de que se trate, conforme a lo dispuesto en este artículo. El Consejo decidirá, en tal caso, cuándo surtirá efecto dicha redistribución de los votos.
8. No habrá votos fraccionarios.
Artículo 11. Procedimiento de votación del Consejo.
1. Cada miembro tendrá derecho a emitir el número de votos que posea y ningún miembro estará autorizado a dividir sus votos. Sin embargo, todo miembro podrá emitir de modo diferente al de sus propios votos los votos que esté autorizado a emitir conforme al párrafo 2 de este artículo.
2. Mediante notificación dirigida por escrito al Presidente del Consejo, todo miembro productor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro miembro productor, y todo miembro consumidor podrá autorizar, bajo su propia responsabilidad, a cualquier otro miembro consumidor, a que represente sus intereses y emita sus votos en cualquier sesión del Consejo.
Artículo 12. Decisiones y recomendaciones del Consejo.
1. El Consejo tratará de tomar todas sus decisiones y de formular todas sus recomendaciones por consenso. Si no puede lograrse el consenso, el Consejo tomará todas sus decisiones y formulará todas sus recomendaciones por votación de mayoría distribuida simple, a menos que el presente Convenio prevea una votación especial.
2. Cuando un miembro se acoja a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 y se emitan sus votos en una sesión del Consejo, ese miembro será considerado, a los efectos del párrafo 1 de este artículo, como presente y votante.
Artículo 13. Quórum en el Consejo.
1. Constituirá quórum para cualquier sesión del Consejo la presencia de la mayoría de los miembros de cada una de las categorías a que se hace referencia en el artículo 4º, siempre que tales miembros reúnan al menos dos tercios del total de votos de sus respectivas categorías.
2. Si no hay quórum conforme al párrafo 1 de este artículo ni el día fijado para la sesión ni el día siguiente, constituirá quórum los días siguientes de la reunión la presencia de la mayoría de los miembros de cada una de las categorías a que se hace referencia en el artículo 4º, siempre que tales miembros reúnan la mayoría del total de votos de sus respectivas categorías.
3. Se considerará como presencia toda representación autorizada conforme al párrafo 2 del artículo 11.
Artículo 14. Cooperación y coordinación con otras organizaciones.
1. El Consejo adoptará las disposiciones que sean procedentes para celebrar consultas o cooperar con las Naciones Unidas y sus órganos, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), las organizaciones intergubernamentales, en particular el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), y las organizaciones no gubernamentales.
2. La Organización utilizará, en la máxima medida posible, las instalaciones, los servicios y la experiencia de las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales o no gubernamentales existentes, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos en el logro de los objetivos del presente Convenio y de aumentar la complementariedad y la eficiencia de sus actividades.
Artículo 15. Admisión de observadores. El Consejo podrá invitar a cualquier gobierno que o sea miembro o a cualquiera de las organizaciones mencionadas en el artículo 14, el artículo 20 y el artículo 29, que tenga interés en las actividades de la Organización, a que asista a cualquiera de las sesiones del Consejo en calidad de observador.
Artículo 16. Director Ejecutivo y Personal.
1. El Consejo nombrará por votación especial al Director Ejecutivo.
3. El Director Ejecutivo será el más alto funcionario administrativo de la Organización y será responsable ante el Consejo de la aplicación y el funcionamiento del presente Convenio conforme a las decisiones del Consejo.
4. El Director Ejecutivo nombrará al personal conforme al estatuto que para el personal establezca el Consejo. El Consejo, por votación especial, decidirá el número de funcionarios de categoría ejecutiva y profesional que podrá nombrar el Director Ejecutivo. El Consejo decidirá por votación especial cualquier cambio en el número de funcionarios de categoría ejecutiva y profesional. El personal será responsable ante el Director Ejecutivo.
5. Ni el Director Ejecutivo ni ningún miembro del personal tendrán interés financiero alguno en la industria o el comercio de las maderas ni en actividades comerciales conexas.
6. En el desempeño de sus funciones, el Director Ejecutivo y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún miembro ni de ninguna autoridad ajena a la Organización y se abstendrán de toda acción que pueda desacreditar su condición de funcionarios internacionales responsables en última instancia ante el Consejo. Todo miembro respetará el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director Ejecutivo y del personal y no tratará de influir en ellos en el desempeño de sus funciones.
1. La Organización tendrá personalidad jurídica. En particular, estará facultada para contratar, para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y para litigar.
2. La condición jurídica y los privilegios e inmunidades de la Organización, de su Director Ejecutivo, su personal y sus expertos, y de los representantes de los miembros que se encuentren en territorio del Japón, continuarán rigiéndose por el Acuerdo de Sede firmado en Tokio el 27 de febrero de 1988 entre el Gobierno del Japón y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, con las enmiendas que sean necesarias para el funcionamiento adecuado de dicho Acuerdo.
3. La Organización podrá concertar con uno o más países, acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.
5. El Acuerdo de Sede será independiente del presente Convenio. No obstante, terminará:
b) En el caso de que la sede de la Organización se traslade del país del gobierno huésped, o
Artículo 18. Cuentas financieras.
a) La Cuenta Administrativa;
b) La Cuenta Especial;
c) El Fondo de Cooperación de Bali, y
2. El Director Ejecutivo estará encargado de la administración de esas cuentas y el Consejo incluirá las disposiciones necesarias a tal efecto en el reglamento financiero de la Organización.
Artículo 19. Cuenta Administrativa.
1. Los gastos necesarios para la aplicación del presente Convenio se cargarán a la Cuenta Administrativa y se sufragarán mediante contribuciones anuales de los miembros pagadas de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales o institucionales y fijadas conforme a los párrafos 3, 4 y 5 de este artículo.
2. Los gastos de las delegaciones en el Consejo, en los comités y en los demás órganos subsidiarios del Consejo a que se hace referencia en el artículo 26 serán sufragados por los miembros interesados. En los casos en que un miembro solicite servicios especiales de la Organización, el Consejo le requerirá que pague el costo de esos servicios.
3. Antes del final de cada ejercicio económico, el Consejo aprobará el presupuesto administrativo de la Organización para el ejercicio económico siguiente y determinará la contribución de cada miembro a ese presupuesto.
4. La contribución de cada miembro al presupuesto administrativo para cada ejercicio económico será proporcional a la relación que exista, en el momento de aprobarse el presupuesto administrativo correspondiente a ese ejercicio económico, entre el número de sus votos y la totalidad de los votos de todos los miembros. Al fijar las contribuciones, los votos de cada miembro se calcularán sin tener en cuenta la suspensión del derecho de voto de cualquier miembro ni la redistribución de votos que resulte de ella.
5. La contribución inicial de todo miembro que ingrese en la Organización después de la entrada en vigor del presente Convenio será determinada por el Consejo basándose en el número de votos que se le asignen y en el período que reste del ejercicio económico en curso, pero no por ello se modificarán las contribuciones impuestas a los demás miembros para ese ejercicio económico.
6. Las contribuciones a los presupuestos administrativos serán exigibles el primer día de cada ejercicio económico. Las contribuciones de los miembros correspondientes al ejercicio económico en que ingresen en la Organización serán exigibles en la fecha en que pasen a ser miembros.
7. Si un miembro no ha pagado íntegramente su contribución al presupuesto administrativo en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tal contribución sea exigible conforme al párrafo 6 de este artículo, el Director Ejecutivo le pedirá que efectúe el pago lo antes posible. Si ese miembro sigue sin pagar su contribución en el plazo de dos meses contados a partir de tal requerimiento, se le pedirá que indique las razones por las que no ha podido efectuar el pago. Si al expirar un plazo de siete meses contados a partir de la fecha en que su contribución sea exigible dicho miembro sigue sin pagar su contribución, se suspenderán sus derechos de voto hasta el momento en que haya pagado íntegramente su contribución, a menos que el Consejo, por votación especial, decida otra cosa. Si, por el contrario, un miembro ha pagado íntegramente su contribución al presupuesto administrativo en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que tal contribución sea exigible conforme al párrafo 6 de este artículo, se aplicará a la contribución de ese miembro el descuento que establezca el Consejo en el reglamento financiero de la Organización.
8. Todo miembro cuyos derechos hayan sido suspendidos en virtud de lo dispuesto en el párrafo 7 de este artículo seguirá estando obligado a pagar su contribución.
Artículo 20. Cuenta Especial.
1. Dentro de la Cuenta Especial se llevarán dos subcuentas:
a) La Subcuenta de actividades previas a los proyectos, y
2. Las fuentes de financiación de la Cuenta Especial podrán ser:
b) Instituciones financieras regionales e internacionales, y
c) Contribuciones voluntarias.
3. Los recursos de la Cuenta Especial sólo se utilizarán para las actividades previas a proyectos o los proyectos aprobados.
4. Todos los gastos efectuados con cargo a la Subcuenta de actividades previas a los proyectos serán reembolsados a esta subcuenta con cargo a la Subcuenta de proyectos si los proyectos son posteriormente aprobados y financiados. Si dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio el Consejo no recibe ningún recurso para la Subcuenta de actividades previas a los proyectos, examinará la situación y adoptará las medidas pertinentes.
5. Todos los ingresos resultantes de actividades previas a proyectos o de proyectos específicamente atribuibles a la Cuenta Especial se abonarán a esta cuenta. Todos los gastos en que se incurra en relación con dichas actividades previas a proyectos o dichos proyectos, inclusive la remuneración y los gastos de viaje de los consultores y expertos, se cargarán a la misma cuenta.
6. El Consejo, por votación especial, establecerá las condiciones en las que podrá, cuando lo considere apropiado, patrocinar proyectos para su financiación mediante préstamos, cuando uno o más miembros hayan asumido voluntariamente todas las obligaciones y responsabilidades relacionadas con dichos préstamos. La Organización no asumirá ninguna obligación respecto de esos préstamos.
7. El Consejo podrá designar y patrocinar cualquier entidad con el consentimiento de ésta, en particular a uno o más miembros, para recibir préstamos destinados a financiar proyectos aprobados y para asumir todas las obligaciones resultantes, con la salvedad de que la Organización se reservará el derecho de vigilar el empleo de los recursos y de supervisar la ejecución de los proyectos así financiados. No obstante, la Organización no será responsable por las garantías dadas voluntariamente por cualquier miembro o por otras entidades.
8. Ningún miembro será responsable, por el hecho de ser miembro de la Organización, de ninguna obligación dimanante de los préstamos tomados o concedidos por otro miembro u otra entidad en relación con los proyectos.
9. En caso de que se ofrezcan con carácter voluntario a la Organización recursos no asignados, el Consejo podrá aceptarlos. Dichos recursos podrán utilizarse para las actividades previas a proyectos y los proyectos aprobados.
10. El Director Ejecutivo se encargará de obtener, en las condiciones y modalidades que el Consejo decida, financiación suficiente y segura para las actividades previas a proyectos y los proyectos aprobados por el Consejo.
11. Las contribuciones asignadas a proyectos aprobados especificados sólo se utilizarán para los proyectos a los que se asignaron originalmente, a menos que el Consejo decida otra cosa de acuerdo con el contribuyente. Una vez terminado un proyecto, la Organización devolverá a cada contribuyente los fondos sobrantes en proporción a la participación de cada contribuyente en el total de las contribuciones originalmente facilitadas para la financiación de ese proyecto, a menos que el contribuyente convenga en otra cosa.
Artículo 21. El Fondo de Cooperación de Bali.
1. Se establece un fondo para la ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales con el fin de ayudar a los miembros productores a efectuar las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo establecido en el apartado d) del artículo 1º del presente Convenio.
2. El Fondo estará dotado con:
a) Las contribuciones que donen los miembros;
c) Los recursos de otras fuentes, privadas y públicas, que la Organización acepte de conformidad con su reglamento financiero.
3. El Consejo asignará los recursos del Fondo solamente a las actividades previas a proyectos y los proyectos que estén relacionados con el propósito enunciado en el párrafo 1 de este artículo y hayan sido aprobados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.
4. Cuando proceda a asignar recursos con cargo al Fondo, el Consejo tendrá en cuenta:
a) Las necesidades especiales de los miembros en los cuales la contribución de su sector forestal a su economía resulte perjudicada por la aplicación de la estrategia para conseguir que en el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
b) Las necesidades de los miembros que posean superficies forestales extensas y pongan en práctica programas de conservación de los bosques productores de madera.
5. El Consejo examinará anualmente si son suficientes los recursos puestos a disposición del Fondo y se esforzará en obtener los recursos adicionales que necesiten los miembros productores para realizar el propósito del Fondo. La capacidad de los miembros para aplicar la estrategia a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 4 de este artículo dependerá de la cantidad de recursos de que disponga el Fondo.
6. El Consejo adoptará las políticas y el reglamento financiero por los que se regirá el funcionamiento del Fondo, incluidas las disposiciones aplicables a la liquidación de cuentas en caso de que el presente Convenio se dé por terminado o llegue a expiración.
Artículo 22. Formas de pago.
1. Las contribuciones a la Cuenta Administrativa se pagarán en monedas libremente utilizables y estarán exentas de toda restricción cambiaria.
2. Las contribuciones financieras a la Cuenta Especial y al Fondo de Cooperación de Bali se pagarán en monedas libremente utilizables y estarán exentas de toda restricción cambiaria.
3. El Consejo también podrá decidir aceptar otras formas de contribuciones a la Cuenta Especial o el Fondo de Cooperación de Bali, entre ellas material científico y técnico o personal, para atender las necesidades de los proyectos aprobados.
Artículo 23. Auditoría y publicación de cuentas.
1. El Consejo nombrará a auditores independientes para que lleven a cabo la auditoría de la contabilidad de la Organización.
2. Los Estados de la Cuenta Administrativa, de la Cuenta Especial y del Fondo de Cooperación de Bali, comprobados por auditores independientes, serán comunicados a los miembros lo antes posible después del cierre de cada ejercicio económico, pero no más tarde de seis meses después de esa fecha, y serán examinados por el Consejo para su aprobación en su siguiente reunión, según proceda. Después se publicará un resumen de las cuentas y el balance comprobados por los auditores.
Artículo 24. Actividades de la Organización relacionadas con políticas. A fin de lograr los objetivos estipulados en el artículo 1º, la Organización emprenderá actividades relacionadas con políticas y proyectos en las esferas de la información económica y la información sobre el mercado, la repoblación y ordenación forestales y la industria forestal, de una manera equilibrada e integrando, en la medida posible, las actividades relacionadas con políticas y las relacionadas con proyectos.
Artículo 25. Actividades de la Organización relacionadas con proyectos.
1. Teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, los miembros podrán presentar al Consejo propuestas de actividades previas a proyectos y de proyectos en las esferas de la investigación y el desarrollo, la información sobre el mercado, la elaboración mayor y más avanzada de las maderas en los países miembros productores y la repoblación y ordenación forestales. Las actividades previas a proyectos y los proyectos deberán contribuir a alcanzar uno o más de los objetivos del presente Convenio.
2. El Consejo, al aprobar actividades previas a proyectos o proyectos, tendrá en cuenta:
a) Su utilidad para la realización de los objetivos del Convenio;
b) Sus efectos ambientales y sociales;
c) La conveniencia de mantener un equilibrio geográfico adecuado;
d) Los intereses y características de cada una de las regiones productoras en desarrollo;
e) La conveniencia de asegurar una distribución equitativa de los recursos entre las esferas a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo;
f) Su eficacia en relación con el costo; y
g) La necesidad de evitar toda duplicación de esfuerzos.
3. El Consejo establecerá un calendario y unos procedimientos para la presentación, la evaluación y el establecimiento del orden de prioridad de las actividades previas a los proyectos y de los proyectos que requieran financiación de la Organización, así como para su realización, supervisión y evaluación. El Consejo decidirá sobre la aprobación de los proyectos y de las actividades previas a proyectos para su financiación o patrocinio de conformidad con el artículo 20 o el artículo 21.
4. El Director Ejecutivo podrá suspender el desembolso de recursos de la Organización para un proyecto o una actividad previa a un proyecto si se están utilizando en forma contraria a lo estipulado en el documento del proyecto o en casos de fraude, dispendio, negligencia o mala administración. En la reunión subsiguiente el Director Ejecutivo presentará a la consideración del Consejo un informe sobre las medidas que haya tomado. El Consejo tomará la decisión que corresponda.
5. El Consejo podrá, por votación especial, dejar de patrocinar cualquier proyecto o actividad previa a un proyecto.
Artículo 26. Establecimiento de comités.
1. Se establecen como comités de la Organización los siguientes:
a) Comité de Información Económica e Información sobre el Mercado;
b) Comité de Repoblación y Ordenación Forestales;
c) Comité de Industrias Forestales;
2. El Consejo podrá, por votación especial, establecer los demás comités y órganos subsidiarios que estime adecuados y necesarios.
3. Cada uno de los comités estará abierto a la participación de todos los miembros. El reglamento de los comités será decidido por el Consejo.
4. Los comités y órganos subsidiarios a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 de este artículo serán responsables ante el Consejo y trabajarán bajo su dirección general. Las reuniones de los comités y órganos subsidiarios serán convocadas por el Consejo.
Artículo 27. Funciones de los comités.
1. El Comité de Información Económica e Información sobre el Mercado se encargará de:
a) Examinar regularmente la disponibilidad y calidad de las estadísticas y demás información que necesite la Organización;
b) Analizar los datos estadísticos y los indicadores concretos que decida el Consejo para la vigilancia del comercio internacional de las maderas;
c) Mantener en examen permanente el mercado internacional de las maderas, su situación actual y sus perspectivas a corto plazo, sobre la base de los datos mencionados en el apartado b) y de otra información pertinente, incluidos los datos relacionados con el comercio no documentado;
d) Formular recomendaciones al Consejo sobre la necesidad y la índole de los estudios apropiados sobre las maderas tropicales, incluidos los precios, la elasticidad del mercado, las sustituciones de maderas en el mercado, la comercialización de nuevos productos y las perspectivas a largo plazo del mercado internacional de las maderas tropicales y supervisar y examinar los estudios que le encargue el Consejo;
e) Realizar cualesquiera otras tareas relacionadas con los aspectos económicos, técnicos y estadísticos de las maderas que le sean confiadas por el Consejo;
f) Participar en la prestación de cooperación técnica a los países miembros en desarrollo a fin de mejorar sus servicios estadísticos pertinentes.
2. El Comité de Repoblación y Ordenación Forestales se encargará de:
a) Fomentar la cooperación entre los miembros como asociados para el desarrollo de las actividades forestales en los países miembros, en particular en las esferas siguientes:
i) Repoblación forestal;
ii) Rehabilitación de bosques;
iii) Ordenación forestal;
b) Alentar el aumento de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología en las esferas de la repoblación y la ordenación forestales a los países en desarrollo;
c) Seguir las actividades en curso en estas esferas e identificar y estudiar los problemas existentes y sus posibles soluciones en colaboración con las organizaciones competentes;
d) Examinar regularmente las necesidades futuras del comercio internacional de maderas tropicales industriales y, sobre esa base, identificar y considerar posibles planes y medidas adecuados en materia de repoblación forestal, rehabilitación de bosques y ordenación forestal;
e) Facilitar la transferencia de conocimientos en materia de repoblación y ordenación forestales, con la asistencia de las organizaciones competentes;
f) Coordinar y armonizar esas actividades de cooperación en las esferas de la repoblación y la ordenación forestales con las actividades pertinentes que se realicen en otros lugares, en particular en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los bancos de desarrollo regionales y otras organizaciones competentes.
3. El Comité de Industrias Forestales se encargará de:
a) Fomentar la cooperación entre los países miembros como asociados para el desarrollo de las actividades de elaboración en los países miembros productores, en particular en las esferas siguientes:
i) El desarrollo de productos mediante la transferencia de tecnologías;
ii) El desarrollo de los recursos humanos y la capacitación;
iii) La normalización de la nomenclatura de las maderas tropicales;
iv) La armonización de las especificaciones de los productos elaborados;
v) El fomento de las inversiones y las empresas mixtas, y
vi) La comercialización, incluida la promoción de las especies menos conocidas y menos utilizadas;
b) Fomentar el intercambio de información a fin de facilitar los cambios estructurales necesarios para impulsar una elaboración mayor y más avanzada en interés de todos los países miembros, en particular los países miembros en desarrollo;
c) Seguir las actividades en curso en estas esferas e identificar y considerar los problemas existentes y sus posibles soluciones en colaboración con las organizaciones competentes;
d) Alentar el aumento de la cooperación técnica para la elaboración de las maderas tropicales en beneficio de los países miembros productores.
4. Para llevar a cabo de una forma equilibrada las labores de la Organización relacionadas con las políticas y con los proyectos, el Comité de Información Económica e Información sobre el Mercado, el Comité de Repoblación y Ordenación Forestales, y el Comité de Industrias Forestales:
a) Serán responsables de asegurar el examen, la evaluación y el control efectivos de los proyectos y de las actividades previas a proyectos;
b) Harán recomendaciones al Consejo en relación con los proyectos y las actividades previas a proyectos;
c) Seguirán la ejecución de los proyectos y de las actividades previas a proyectos y tomarán disposiciones para reunir y difundir lo más ampliamente posible sus resultados en beneficio de todos los miembros;
d) Desarrollarán ideas relativas a políticas y las presentarán al Consejo;
e) Examinarán regularmente los resultados de las actividades relacionadas con los
proyectos y con las políticas y formularán recomendaciones al Consejo sobre el futuro del programa de la Organización;
f) Examinarán regularmente las estrategias, criterios y prioridades para la preparación de programas y la realización de las actividades relacionadas con los proyectos conforme al plan de acción de la Organización y recomendarán al Consejo las revisiones que éste deba efectuar;
g)Tendrán en cuenta las necesidad de reforzar la creación de capacidad y el desarrollo de los recursos humanos en los países miembros;
h) Realizarán cualquier otra tarea que les asigne el Consejo en relación con los objetivos del presente Convenio.
5. La investigación y el desarrollo serán una función común de los Comités a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo.
6. El Comité de Finanzas y Administración se encargará de:
a) Examinar y formular recomendaciones al Consejo respecto de la aprobación de las propuestas para el presupuesto administrativo de la Organización y las operaciones de gestión de la Organización;
b) Examinar los haberes de la Organización a fin de asegurarse de su prudente gestión y de que la Organización dispone de reservas suficientes para la realización de su trabajo;
c) Examinar y formular recomendaciones al Consejo sobre las repercusiones presupuestarias del programa de trabajo anual de la Organización y las medidas que podrían tomarse a fin de garantizar los recursos necesarios para realizar dicho programa de trabajo;
d) Recomendar al Consejo la elección de auditores independientes y examinar los estados de cuenta comprobados por dichos auditores;
e) Recomendar al Consejo las modificaciones del reglamento del Consejo o del reglamento financiero de la organización que considere necesarias;
f) Examinar los ingresos de la organización y la medida en que éstos limitan la labor de la Secretaría.
Artículo 28. Relación con el Fondo Común para los Productos Básicos.
La Organización aprovechará plenamente las facilidades que ofrece el Fondo Común para los Productos Básicos.
Artículo 29. Estadísticas, estudios e información.
1. El Consejo establecerá estrechas relaciones con las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, para contribuir a asegurar la disponibilidad de datos e información recientes y fidedignos sobre el comercio de las maderas tropicales, así como la información pertinente sobre las maderas no tropicales y sobre la ordenación de los bosques productores de madera. En la medida que se considere necesario para la aplicación del presente Convenio, la Organización, en colaboración con esas organizaciones, reunirá, sistematizará y cuando sea necesario, publicará información estadística sobre la producción, la oferta, el comercio, las existencias, el consumo y los precios de mercado de las maderas, la cantidad de recursos madereros y la ordenación de los bosques productores de madera.
2. Los miembros proporcionarán, dentro de un plazo razonable y en la más alta medida posible compatible con su legislación nacional, las estadísticas y la información sobre las maderas, su comercio y las actividades encaminadas a lograr la ordenación sostenible de los bosques productores de madera y cualquier otra información pertinente que les pida el Consejo. El Consejo decidirá el tipo de información que se ha de facilitar, de conformidad con este párrafo y la forma en que se presentará.
3. El Consejo adoptará periódicamente medidas para la realización de los estudios necesarios de las tendencias y los problemas a corto y a largo plazo del mercado internacional de las maderas y de los progresos realizados hacia la consecución de una ordenación sostenible de los bosques productores de madera.
Artículo 30. Informe y examen anuales
1. Dentro de los seis meses siguientes al final de cada año civil, el Consejo publicará un informe anual sobre sus actividades con la información adicional que estime adecuada.
2. El Consejo examinará y evaluará anualmente:
b) Otros datos estadísticos e indicadores específicos proporcionados por los miembros a petición del Consejo, y
d) Cualquier otra información pertinente de que pueda disponer el Consejo directamente o por conducto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones intergubernamentales, gubernamentales o no gubernamentales.
5. Previa petición, el Consejo tratará de aumentar la capacidad técnica de los países miembros, en particular los países miembros en desarrollo, para obtener los datos necesarios para un intercambio adecuado de información, en particular suministrando a los miembros recursos para la capacitación y servicios.
6. Los resultados del examen se incluirán en los informes sobre las deliberaciones del Consejo.
Artículo 31. Reclamaciones y controversias. Toda reclamación formulada contra un miembro por incumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Convenio y toda controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio, serán sometidas a la decisión del Consejo. Las decisiones del Consejo a ese respecto serán definitivas y vinculantes.
Artículo 32. Obligaciones generales de los miembros.
1. Durante la vigencia del presente Convenio, los miembros cooperarán entre sí y harán todo lo posible para contribuir al logro de sus objetivos y para abstenerse de toda acción que sea contraria a ellos.
2. Los miembros se comprometen a aceptar y aplicar las decisiones que tome el Consejo con arreglo a las disposiciones del presente Convenio y procurarán abstenerse de aplicar medidas cuyo efecto sea limitar esas decisiones o que sean contrarias a ellas.
Artículo 33. Exención de obligaciones.
1. Cuando ello sea necesario debido a circunstancias excepcionales, situaciones de emergencia o casos de fuerza mayor, no previstos expresamente en el presente Convenio, el Consejo podrá, por votación especial, eximir a cualquier miembro de cualquiera de las obligaciones impuestas por el presente Convenio, si le convencen las explicaciones dadas por ese miembro sobre las razones por las que no puede cumplir la obligación.
2. El Consejo, cuando conceda una exención a un miembro conforme al párrafo 1º de este artículo, indicará expresamente en qué condiciones y modalidades y por cuánto tiempo se exime a tal miembro de esa obligación, así como las razones por las que se concede la exención.
Artículo 34. Medidas diferenciales y correctivas y medidas especiales.
1. Los miembros importadores en desarrollo cuyos intereses resulten perjudicados por medidas adoptadas conforme al presente Convenio, podrán solicitar del Consejo la adopción de medidas diferenciales y correctivas apropiadas. El Consejo examinará la adopción de medidas apropiadas, de conformidad con los párrafos 3 y 4 de la sección III de la Resolución 93 (IV) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
2. Los miembros comprendidos en la categoría de los países menos adelantados definida por las Naciones Unidas podrán solicitar del Consejo la adopción de medidas especiales, de conformidad con el párrafo 4 de la sección III de la Resolución 93 (IV), y con los párrafos 56 y 57 de la Declaración de París y el Programa de Acción en favor de los Países menos adelantados para el Decenio de 1990.
Artículo 35. Revisión. El Consejo revisará el alcance del presente Convenio, cuatro años después de su entrada en vigor.
Artículo 36. No discriminación. Ninguna disposición del presente Convenio autorizará el uso de medidas para restringir o prohibir el comercio internacional de madera y productos de madera, en particular las que afecten a sus importaciones y su utilización.
Artículo 37. Depositario. El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado depositario del presente Convenio.
Artículo 38. Firma, ratificación, aceptación y aprobación.
1. Desde el 1º de abril de 1994 hasta un mes después de su entrada en vigor, el presente Convenio estará abierto en la Sede de las Naciones Unidas a la firma de los gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un Convenio que suceda al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983.
2. Cualquiera de los gobiernos a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo podrá:
b) Después de firmar el presente Convenio, ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo, mediante el depósito de un instrumento al efecto en poder del depositario.
1. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de los gobiernos de todos los Estados en las condiciones que determine el Consejo, entre las que figurará un plazo para el depósito de los instrumentos de adhesión.
No obstante, el Consejo podrá conceder prórrogas a los gobiernos que no puedan adherirse en el plazo fijado en las condiciones de adhesión.
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del depositario.
Artículo 40. Notificación de aplicación provisional. Todo gobierno signatario que tenga intención de ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio, o todo gobierno para el que el Consejo haya establecido condiciones de adhesión, pero que todavía no haya podido depositar su instrumento, podrá en todo momento notificar al depositario que aplicará el presente Convenio provisionalmente, bien cuando éste entre en vigor conforme al artículo 41, bien, si ya está en vigor, en la fecha que se especifique.
Artículo 41. Entrada en vigor.
1. El presente Convenio entrará definitivamente en vigor el 1º de febrero de 1995 o en cualquier otra fecha posterior, si 12 gobiernos de países productores que representen al menos el 55% del total de los votos indicando en el anexo A del presente Convenio y 16 gobiernos de países consumidores que representen al menos el 70% del total de los votos indicado en el anexo B del presente Convenio, han firmado el presente Convenio definitivamente o lo han ratificado, aceptado o aprobado o se han adherido a él con arreglo al párrafo 2 del artículo 38 o al artículo 39.
2. Si el presente Convenio no ha entrado definitivamente en vigor el 1º de febrero de 1995 entrará en vigor provisionalmente en dicha fecha o en cualquier otra fecha dentro de los seis meses siguientes, si 10 gobiernos de países productores que reúnan al menos el 50% del total de los votos indicado en el anexo A del presente Convenio y 14 gobiernos de países consumidores que reúnan al menos el 65% del total de los votos indicado en el anexo B del presente Convenio, han firmado el presente Convenio definitivamente o lo han ratificado, aceptado o aprobado con arreglo al párrafo 2 del artículo 38 o han notificado al depositario, conforme al artículo 40, que aplicarán provisionalmente el presente Convenio.
3. Si el 1º de septiembre de 1995 no se han cumplido los requisitos para la entrada en vigor establecidos en el párrafo 1º o en el párrafo 2 de este artículo, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará a los gobiernos que hayan firmado el presente Convenio definitivamente o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado con arreglo al párrafo 2º del artículo 38, o hayan notificado al depositario que aplicarán provisionalmente el presente Convenio, a reunirse lo antes posible para decidir si el presente Convenio entrará provisional o definitivamente en vigor entre ellos, en su totalidad o en parte. Los gobiernos que decidan que el presente Convenio entre provisionalmente en vigor entre ellos, podrán reunirse de vez en cuando para examinar la situación y decidir si el presente Convenio ha de entrar definitivamente en vigor entre ellos.
4. En el caso de cualquier gobierno que no haya notificado al depositario, conforme al artículo 40 su decisión de aplicar provisionalmente el presente Convenio y que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la entrada en vigor del presente Convenio, el presente Convenio entrará en vigor para ese gobierno en la fecha de tal depósito.
5. El Director Ejecutivo de la Organización convocará la primera reunión del Consejo, lo antes posible después de la entrada en vigor del presente Convenio.
Artículo 42. Enmiendas.
1. El Consejo podrá, por votación especial, recomendar a los miembros una enmienda al presente Convenio.
3. Toda enmienda entrará en vigor 90 días después de que el depositario haya recibido las notificaciones de aceptación de miembros que constituyan al menos dos tercios de los miembros productores y que reúnan al menos el 75% de los votos de los miembros productores, así como de miembros que constituyan al menos dos tercios de los miembros consumidores y que reúnan al menos el 75% de los votos de los miembros consumidores.
4. Después de que el depositario haya informado al Consejo de que se cumplen las condiciones requeridas para la entrada en vigor de la enmienda, y no obstante las disposiciones del párrafo 2º de este artículo relativas a la fecha fijada por el Consejo, todo miembro podrá notificar al depositario que acepta la enmienda, siempre que haga esa notificación antes de la entrada en vigor de la enmienda.
5. Todo miembro que no haya notificado su aceptación de la enmienda en la fecha en que la enmienda entre en vigor dejará de ser parte en el presente Convenio a partir de esa fecha, a menos que demuestre, a satisfacción del Consejo, que no se pudo conseguir a tiempo su aceptación por dificultades relacionadas con la terminación de sus procedimientos constitucionales o institucionales y que el Consejo decida prorrogar respecto de ese miembro el plazo fijado para la aceptación de la enmienda. Ese miembro no estará obligado por la enmienda hasta que haya notificado que la acepta.
6. Si en la fecha fijada por el Consejo conforme al párrafo 2 de este artículo, no se han cumplido las condiciones requeridas para que entre en vigor la enmienda, ésta se considerará retirada.
Artículo 43. Retiro.
1. Todo miembro podrá retirarse del presente Convenio en cualquier momento después de su entrada en vigor, notificando por escrito su retiro al depositario. Ese miembro informará simultáneamente al Consejo de la decisión que haya adoptado.
Artículo 44. Exclusión. El Consejo, si estima que un miembro ha incumplido las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio y decide además que tal incumplimiento entorpece seriamente la aplicación del presente Convenio, podrá, por votación especial, excluir del presente Convenio a ese miembro. El Consejo lo notificará inmediatamente al depositario. Seis meses después de la fecha de la decisión del Consejo, ese miembro dejará de ser parte en el presente Convenio.
Artículo 45. Liquidación de las cuentas en caso de retiro o exclusión de un miembro o de imposibilidad por parte de un miembro de aceptar una enmienda.
a) No aceptación de una enmienda introducida en el presente Convenio conforme al artículo 42;
b) Retiro del presente Convenio conforme al artículo 43; o
c) Exclusión del presente Convenio conforme al artículo 44.
2. El Consejo conservará toda contribución pagada a la Cuenta Administrativa, a la Cuenta Especial o al Fondo de Cooperación de Bali por todo miembro que deje de ser parte en el presente Convenio.
3. El miembro que haya dejado de ser parte en el presente Convenio, no tendrá derecho a recibir ninguna parte del producto de la liquidación o de los demás haberes de la Organización. Tampoco estará obligado a pagar parte alguna del déficit, en caso de que lo hubiere, de la Organización a la terminación del presente Convenio.
Artículo 46. Duración, prórroga y terminación.
1. El presente Convenio permanecerá en vigor durante un período de cuatro años a partir de su entrada en vigor, a menos que el Consejo decida, por votación especial, prorrogarlo, renegociarlo o declararlo terminado de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.
2. El Consejo podrá, por votación especial, prorrogar el presente Convenio por dos períodos de tres años cada uno.
3. Si, antes de que expire el período de cuatro años a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo, o antes de que expiren las prórrogas a que se hace referencia en el párrafo 2º de este artículo, según el caso, se ha negociado un nuevo Convenio que sustituya al presente Convenio, pero ese nuevo Convenio no ha entrado en vigor provisional o definitivamente, el Consejo podrá por votación especial, prorrogar el presente Convenio hasta que entre en vigor provisional o definitivamente el nuevo Convenio.
4. Si se negocia y entra en vigor un nuevo Convenio durante cualquier prórroga del presente Convenio, decida conforme al párrafo 2 o al párrafo 3 de este artículo, el presente Convenio, prorrogado, terminará cuando entre en vigor el nuevo Convenio.
5. El Consejo podrá en todo momento, por votación especial, dar por terminado el presente Convenio con efecto a partir de la fecha que establezca el propio Consejo.
6. No obstante la terminación del presente Convenio, el Consejo continuará en funciones durante un período no superior a 18 meses para proceder a la liquidación de la Organización, incluida la liquidación de las cuentas y, con sujeción a las decisiones pertinentes que se adoptarán por votación especial, conservará durante ese período todas las facultades y funciones que sean necesarias a tal efecto.
Artículo 47. Reservas. No se podrán formular reservas a ninguna de las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 48. Disposiciones adicionales y transitorias.
1. El presente Convenio será considerado como la continuación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983.
2. Todas las medidas adoptadas por la Organización, o en su nombre, o por cualquiera de sus órganos, en virtud del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1983, que estén vigentes en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y en cuyos términos no se haya estipulado su expiración en esa fecha permanecerán en vigor, a menos que se modifiquen en virtud de las disposiciones del presente Convenio.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han puesto sus firmas al pie del presente Convenio en las fechas indicadas.
Hecho en Ginebra el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, siendo igualmente auténticos los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Convenio.
LISTA DE PAISES PRODUCTORES
CON RECURSOS FORESTALES TROPICALES Y/O EXPORTADORES NETOS DE MADERAS TROPICALES EN TERMINOS
DE VOLUMEN, Y ASIGNACION DE VOTOS
A EFECTOS DEL ARTICULO 41
Camerún 23
Congo 23
Côte d´Ivoire 23
Gabón 23
Guinea Ecuatorial 23
Malasia 139
Papua Nueva Guinea 28
República Unida de Tanzania 23
Zaire 23
LISTA DE PAISES CONSUMIDORES
Y ASIGNACION DE VOTOS A EFECTOS DEL ARTICULO 41
Argelia 13
Comunidad Europea (302)
Bélgica/Luxemburgo 26
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 42
Japón 320
República de Corea 97
Total 1.000»
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Artículo 1º. Apruébase el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
1. La Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 464 de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, hecho en Ginebra el veintiseis (26) de enero de 1994”, para efectos de su revisión constitucional en cumplimiento de lo establecido en el artículo 241-10 de la Constitución.
2. Con fundamento en el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, mediante auto de septiembre 18 de 1998, la Corte Constitucional avocó el conocimiento del Convenio y de la Ley Aprobatoria y ordenó la fijación en lista del negocio para permitir la intervención ciudadana que consagran los artículos 242-1 de la Constitución y 7 inciso 2, del Decreto antes citado. Igualmente, dispuso el traslado del expediente al Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto correspondiente.
3. A través de escrito presentado ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 7 de marzo de 1996, los Ministros de Relaciones Exteriores -mediante apoderado-, y del Medio Ambiente, solicitaron la declaratoria de exequibilidad del Tratado sometido a la revisión de la Corporación.
4. El Procurador General de la Nación presentó su concepto el día veintitres (23) de octubre de 1998 y en tal escrito solicita a esta Corporación la declaración de exequibilidad del tratado y su Ley Aprobatoria, previa verificación del cumplimiento del requisito de publicación en la Gaceta del Congreso del Proyecto de Ley, para primer debate en la Cámara de Representantes.
Intervención de los Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente
En su escritos, los representantes del Gobierno defendieron la constitucionalidad del Tratado y de la ley que lo aprueba. En consecuencia, solicitaron la declaratoria de su exequibilidad con fundamento en los siguientes argumentos:
1. Mediante el proceso de aprobación del “Convenio Internacional de las Maderas Tropicales”, el Estado colombiano -a través de los organismos competentes-, asume la responsabilidad impuesta por la Constitución de velar por la protección y el fomento de un ambiente sano. En opinión de los intervinientes -que sobre el particular acogen la reiterada jurisprudencia de la Corte-, “el derecho al ambiente se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual posibilita a su vez, el desempeño normal y el desarrollo integral de un medio social.”
2. “En cumplimiento de lo anterior, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1994, reconoce la primordial participación de los Estados miembros sobre su recursos naturales, sin que en este ejercicio se pierda soberanía, toma en cuenta la importancia de la concertación mundial para la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, convoca tanto a países productores como consumidores en estas materias a efectos de que en un período no tan lejano se pueda hacer una explotación maderera con recursos provenientes de una producción ordenada, sostenible; fomenta y apoya la investigación con miras a mejorar la ordenación de los bosques y la utilización eficiente de los recursos naturales, y, sin descuidar la parte económica que definitivamente tiene este tema en el ámbito mundial, estimula el intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas.”
3. Debe entenderse que el Convenio opera en el fondo, más como un instrumento para defender “la sostenibilidad en la ordenación forestal, como instrumento exclusivamente encaminado a implementar la comercialización de las maderas.”
4. Haciendo parte de este convenio “el país puede continuar con un espacio internacional de gran importancia, consolidar su posición en materia forestal, mejorar su capacidad de negociación y propender por el desarrollo sostenible de los bosques, así mismo, le garantiza la asignación de recursos económicos importantes para la ejecución de proyectos de interés nacional.”
I. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación, en escrito del 23 de octubre de 1998, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del “CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES”, así como de la Ley 464 de 1998, aprobatoria del mismo, una vez se establezca el cumplimiento de la publicación del proyecto en la Gaceta el congreso, para primer debate en la Cámara de Representantes.
El concepto fiscal, en primer lugar, hace un estudio sobre la constitucionalidad del Tratado desde el punto de vista formal. Luego de una revisión de los aspectos atinentes al proceso de suscripción del Acuerdo, por parte del Gobierno Nacional, y al trámite de la Ley Aprobatoria del mismo, por parte del Congreso de la República, el Procurador concluye que ambos procesos se ajustan a las disposiciones constitucionales. Sin embargo, afirma que no reposa en el expediente constancia de la publicación de la ponencia del Proyecto de Ley, para primer debate ante la Cámara de Representantes, en la Gaceta del Congreso y, por tanto, la declaración de constitucionalidad del Tratado y su Ley Aprobatoria deben supeditarse a la verificación del cumplimiento del mencionado requisito.
El representante del Ministerio Público inicia el análisis material del Convenio señalando que “el marco para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas entre todos los miembros en relación con los aspectos pertinentes de la economía mundial de la madera, que es el primero de los objetivos contemplados en el texto del Convenio en estudio, ha de ser examinado, en cuanto a la constitucionalidad de este instrumento, en la perspectiva del desarrollo sostenible, principio que orienta los proyectos macroeconómicos del Estado Colombiano.”
Añade que el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 1994 sucede al Convenio del mismo nombre que fuera presentado en la sesión de clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Maderas Tropicales celebrada en 1983, instrumento que estuvo vigente hasta que comenzó a regir el que ahora se revisa y que fue aprobado por el Congreso mediante Ley 47 de 1989.
“Un estudio comparativo de uno y otro Convenio, demuestra que la diferencia entre ambos Instrumentos Internacionales, en cuanto a sus objetivos, es el énfasis hecho en el último por procurar la ordenación en forma sostenible de los recursos forestales y en la adopción de medidas para evitar las prácticas discriminatorias en materia de comercio internacional del producto maderero.”
Finalmente, afirma que dentro de las bases socioeconómicas trazadas por la Constitución para la protección y desarrollo de los derechos colectivos y del ambiente, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, garantizando a la vez el derecho a un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.).
En conclusión, dice el Procurador que el Convenio bajo examen no sólo es acorde con las normas superiores, sino que contribuye a desarrollarlas en armonía con la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales hecho en Ginebra el veintiseis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y de su Ley aprobatoria No. 464 de 1998.
Cuando el Estado colombiano compromete su voluntad en el cumplimiento de instrumentos internacionales, se hace necesaria la verificación, por parte de la Corte Constitucional, de la competencia de las autoridades que actuaron en nombre de aquél.
Consta en la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en la copia del documento al que aquélla se refiere (folio 391), que el Presidente de la República de la época, doctor Ernesto Samper Pizano, confirió plenos poderes al Embajador doctor Julio Londoño Paredes, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el convenio internacional que ahora revisa la Corte.
El Embajador, en cumplimiento de dicho mandato, firmó el Convenio en mención, acto que recibió la posterior aprobación ejecutiva por parte del Presidente de la República (f.133). Cumplido lo anterior, el Convenio se sometió a la aprobación del Congreso Nacional.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el presente caso el ejercicio de la competencia para la suscripción del Instrumento Público Internacional se aviene a lo dispuesto en la Constitución Política.
En el proceso de formación de la ley 464 de 1998, aprobatoria del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, que es ahora materia de revisión, se cumplieron cabalmente los requisitos establecidos en la Constitución para la expedición de este tipo de leyes, tal como consta en los antecedentes legislativos remitidos a la Corte por el Congreso de la República, en respuesta al auto de pruebas dictado por el Magistrado Ponente. Constan allí los siguientes hechos:
1. El proyecto de ley fue presentado ante el Senado de la República a nombre del Gobierno Nacional por los Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente, el día 29 de octubre de 1997, siendo radicado bajo el número 125 del mismo año y repartido a la Comisión Segunda. El texto junto con la respectiva exposición de motivos, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 455 del 31 de octubre del 1997 (págs. 15-28).
2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 500 del 28 de noviembre de 1997 (págs. 4-6). El Proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad, en primer debate, por los integrantes de dicho cuerpo legislativo, el día 26 de noviembre de 1997. En dicha oportunidad, se presentó quorum deliberatorio y decisorio integrado por 7 de los 13 miembros de la citada comisión, según consta en la certificación expedida por el Secretario General (folio 262).
3. La ponencia para segundo debate en el Senado se publicó en la Gaceta del Congreso No. 509 del 3 de diciembre de 1997 (págs. 13-15). Según constancia expedida por el Secretario General del Senado, suscrita el 14 de septiembre de 1998, el Proyecto de Ley “fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios en el Acta 23 de la sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta del Congreso No.554 del 23 de diciembre de 1997” (folio 260).
4. El proyecto de ley pasó luego a la Cámara de Representantes, quedando radicado bajo el número 191 de 1997 y fue rapartido a la Comisión Segunda. La ponencia para primer debate, la cual echa de menos el Procurador, aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 55 del 7 de mayo de 1998 (págs 9-11) y fue aprobada por unanimidad en esa Comisión, el día 13 de mayo de 1998, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 48), y tal como aparece publicado en la Gaceta del Congreso del 1 de junio de 1998 (pág. 9).
5. La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso número 94 del 8 de junio de 1998 (págs. 30 a 32). El Proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad por los Representantes asistentes a la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes (129 Representantes), el día 9 de junio de 1998, según consta en la certificación expedida en esa fecha por el Secretario General de la Cámara (folio 49).
6. Finalmente, el Proyecto de Ley fue sancionado por el Presidente de la República el 4 de agosto de 1998, como Ley 464, la cual se remitió a la Corte Constitucional para efectos de su revisión, dentro del término señalado en el artículo 241-10.
Encuentra la Corte que en el trámite surtido en el Congreso de la República se respetó lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, pues entre el primero y el segundo debate en cada una de las Cámaras transcurrieron más de ocho días, y entre la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del primer debate en la Cámara hubo un intervalo mayor de quince días.
1.1. La necesidad de regulación
En términos generales, que bien pueden aplicarse con mayor o menor rigor a distintas corrientes del pensamiento jurídico, el derecho puede describirse como un orden normativo que plantea la necesidad de trazar pautas de conducta en las relaciones entre los hombres y en los vínculos que nacen entre éstos y las cosas. Se trata además, de un sistema inacabado, es decir, dependiente y alerta a los cambios y los nuevos fenómenos sociales, que compelidos por la necesidad de orden o la adecuada distribución de recursos, demandan una regulación.
Una buena ilustración de estas características del funcionamiento jurídico -someramente referidas-, se encuentra en la manera como el derecho se aproxima a la realidad económica actual que se sustenta en la explotación de recursos naturales cada vez más escasos. Se trata de una actividad que guarda relación, no sólo con el perfeccionamiento y ejecución de acuerdos contractuales o el acatamiento de órdenes administrativas sino con la manera de fomentar una acertada relación con el ecosistema y los medios que éste pone a disposición del hombre para la satisfacción de sus carencias. Así, la todavía novedosa –y aún incomprendida- relación entre el derecho y el ambiente busca establecer un vínculo con el mundo natural, que no se agota en el delineamiento de derechos y obligaciones alrededor del aprovechamiento y comercialización, disfrute o conservación de ciertos recursos sino que pretende establecer una forma razonable y sostenida para gozar de ciertos elementos naturales –fauna y flora-.
Por la vía del ordenamiento jurídico, se busca entonces, dar respuesta a la necesidad de regular situaciones que surgen de la utilización de recursos naturales, respetando el equilibrio que se debe tener frente al mundo vivo no humano, y buscando la conservación de las fuentes de sustento que brinda la naturaleza. De alguna forma, se quiere en últimas, redefinir el papel del hombre en su habitat. Tras todas las nuevas aproximaciones que inician el derecho y la política al medio ambiente, se intenta descentrar al ser humano como protagonista y definidor de la vida sobre la tierra, se cuestionan sus medios y formas de explotación, y se busca reestructurar una forma de relacionarse con los seres vivos, que promueva la convivencia y que sepa responder al ritmo creciente de las demandas de cada especie[1].
En el presente caso, se ha recibido para la revisión constitucional de la Corte, el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales del 26 de enero de 1994; en este instrumento se destacan con claridad los dos criterios que se han señalado y que fundamentan la regulación por parte del derecho de ámbitos de la relación del hombre con la naturaleza. En efecto, se trata de un instrumento que además de trazar el marco jurídico de las relaciones internacionales alrededor de la explotación y comercialización de las maderas tropicales, fomenta la producción de las maderas en forma ordenada y sostenible para mantener el equilibrio del ecosistema y patrocinar los planes de forestación y reforestación con el fin de garantizar la existencia de bosques madereros.
1.2. Historia de la regulación estudiada
Convencida de la necesidad de crear sistemas que faciliten el comercio entre las naciones y de la urgencia de establecer métodos de protección de los recursos naturales cuya explotación indiscriminada pone en riesgo el desarrollo y aún la subsistencia del hombre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo convocó en 1976 a los distintos países para que participaran en las reuniones y conferencias preparatorias para estimular la negociación de ciertos productos. La sexta reunión preparatoria efectuada en 1982, recomendó la realización de una reunión que abordara los asuntos relacionados con las maderas tropicales. En noviembre de 1983 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Maderas Tropicales con la participación de 64 Estados; “allí se presentó el texto del Convenio de las Maderas Tropicales, entrando en vigor con una duración decino años y prorrogado por dos períodos de dos años, que terminaron en 1994.”[2]
El Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1983, fue luego reemplazado por un instrumento análogo hecho en Ginebra el 26 de enero de 1994, en cuya aprobación participaron 48 Estados, dentro de los cuales se encuentra Colombia, que es precisamente, el que se revisa. El convenio de 1994, tendrá una vigencia de cuatro años y podrá prorrogarse por dos períodos de tres años como máximo.[3]
2. Contenido del Tratado
2.1. Objetivos propuestos
El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales busca la consolidación de una serie de principios para alcanzar el consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. Con tal propósito se establecen unos objetivos que se desarrollan en los preceptos normativos contenidos en este instrumento internacional. Ellos son:
a. Proporcionar un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas entre todos los países miembros en relación con los aspectos pertinentes de la economía mundial de la madera;
b. Proporcionar un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el comercio de las maderas;
c. Contribuir al proceso de desarrollo sostenible;
d. Aumentar la capacidad de los miembros de la Convención para desarrollar estrategias que les permitan, en el año 2000, ejercer la actividad de exportación de maderas que provengan de recursos forestales ordenados en forma sostenible;
e. Fomentar la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales, teniendo en cuenta que se trata de un mercado en continuo crecimiento, que hace necesario garantizar la existencia de suministros a largo plazo y el control de los precios del producto y el mejoramietno del acceso al mercado;
f. Fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de los bosques y a racionalizar el uso de la madera, como a aumentar la capacidad para conservar y fomentar oros valores forestales;
g. Desarrollar mecanismos que proporcionen nuevos recursos y conocimientos técnicos expecializados a los países productores, con el fin de lograr los objetivos del Convenio;
h. Mejorar la información sobre el mercado con el propósito de lograr una mayor transparencia en el mercado internacional de maderas;
i. Promover la industralización y los criterios de ordenación sostenible en el proceso de explotación maderera para la exportación, industrialización y formas de empleo;
j. Alentar a los miembros a apoyar y desarrollar actividades de repoblación y ordenación de los bosques de maderas tropicales industriales, así como la rehabilitación de las tierras forestales degradadas, teniendo presentes los intereses de las comunidades locales que dependen de los recursos forestales;
k. Mejorar la comercialización y distribución de las exportaciones de maderas tropicales, extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible;
l. Alentar a los gobiernos participantes del Convenio a la implantación de políticas nacionales encaminadas a asegurar la explotación sostenible y conservación de los bosques y a mantener el equilibrio ecológico en las zonas de producción;
m. Promover el acceso a nuevas tecnologías;
n. Estimular el intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas[4].
2.2 Estructura temática de la Convención
En el cuerpo normativo de la Convención se establecen medidas y se crean organismos internos destinados a lograr el cumplimiento de los objetivos antes señalados. Se trata de preceptos en los que se fijan los criterios económicos, comerciales, administrativos y ecológicos alrededor de los cuales se ha de desarrollar todo el proceso de explotación y mercadeo de maderas tropicales. De manera sintética se puede decir que la Convención regula los siguientes aspectos:
a. Fijación de principios. Se recogen aquí, normas que expresan los fundamentos que animan la adopción de una regulación en materia de explotación de maderas tropicales. Con tal propósito, además de la identificación de objetivos[5], se definen algunos términos contenidos en el Convenio para efectos del mejor entendimiento e interpretación de sus normas, que permiten a la vez la unificación de las expresiones utilizadas para efectos de la práctica de la producción y comercialización de las maderas.[6]
b. Organización y administración. Se consagra un conjunto de normas en las que se establecen asuntos relacionados con la sede de la organización internacional de maderas tropicales, la estructura de los entes u órganos internos que la conforman y a través de los cuales se va a cumplir con los propositos de ordenación y control del mercado de maderas tropicales. Se habla también de la conformación, funciones y manejo de su autoridad suprema: que es el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales[7]. Se señala además, quiénes son los miembros de la Organización[8], los votos de los productores y de los consumidores para la toma de decisiones[9] y la participación de entidades intragubernamentales en la consecución de los fines propuestos[10].
c. Inmunidades y Privilegios. Un apartado de la Convención[11] ha sido específicamente dedicado a establecer la posibilidad de crear un régimen de privilegios e inmunidades que cobijaría al personal directivo y técnico que trabaja para la Organización. Esta regulación debe ser el resultado de acuerdos concertados –independientes del acuerdo matríz-, con distintos países, y busca permitir el adecuado funcionamiento del Convenio[12]. A este punto concreto se referirá la Corte más adelante.
d. Disposiciones financieras. Se crea un conjunto de reglas que buscan organizar las actividades de consecución, administración, inversión y gasto de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento del Convenio. Para ese fin se crean varias cuentas, a través de las cuales se manejará el flujo de capital destinado a cubrir los gastos del Consejo y sus representantes[13], la financiación de proyectos e investigaciones y la administración de contribuciones recibidas,[14] y el establecimiento de centros dedicados a la ordenación sostenible de los bosques madereros.[15]
e. Actividades operacionales. En este apartado se recoge un conjunto de normas destinadas a la coordinación de las actividades contenidas en el Convenio, con políticas y proyectos creados en las esferas del mercado internacional y de cada uno de los mercados nacionales de los países miembros.[16] Adicionalmente se establecen las funciones de los comités de apoyo que se encargarán de emprender específicas tareas en el campo de la información económica y del seguimiento del mercado maderero, la repoblación y ordenación forestal y la supervisión de industrias forestales, buscando siempre la armonización de criterios y la cooperación con otras entidades internacionales de comercio –v.g. Fondo Común para los Productos Básicos-[17].
f. Estadísticas, estudios e información. Ya se dijo que una de las finalidades perseguidas por el Convenio, y ahora objeto de regulación, es permitir la eficiente circulación de información, para permitir el conocimiento sobre la situación del mercado, el estado de la ciencia en materia de explotación de maderas y la creación de proyectos que propenden a garantizar la producción ordenada y sostenible de los recursos naturales.[18]
g. Disposiciones varias. Se reunen aquí preceptos que se refieren a la forma de resolver posibles reclamaciones y discrepancias de los miembros del Convenio, y se determinan las obligaciones generales que han de cumplir sus miembros, las de los productores y consumidores en la comercizliación de las maderas tropicales.[19] En particular se establece el principio de no discriminación como uno de los fundamentos de las prácticas mercantiles internacionales en este ramo[20]. Por último, se dejan consignadas las normas relativas a la entrada en vigor, efectos y vigencia de la Convención[21].
3. Constitucionalidad del Convenio
El análisis que hace la Corte de las cláusulas contenidas en el convenio que se revisa, y en general, de los preceptos que conforman instrumentos internacionales suscritos por Colombia, no se agota en la verificación del cumplimiento de ciertos procedimientos legislativos alrededor de una ley aprobatoria. Es menester, con el propósito de cumplir a cabalidad con el juicio de exequibilidad que la Carta Política establece como función propia de este Tribunal (artículo 241-10 C.P), que se haga una cuidadosa comparación entre las normas convencionales y los principios constitucionales, logrando así, la armonía y adecuada integración de reglas de origen nacional e internacional. Se trata sin duda, de una tarea delicada, pues no se limita a la escueta comparación de artículos, sino que compromete cierto nivel de análisis por parte del juez de constitucionalidad, con el propósito de detectar las disposiciones que resultan contrarias al orden constitucional, y disolver posibles problemas que pueden desatarse a partir de la aplicación y desarrollo de los acuerdos transnacionales.
En este orden de ideas, puede decirse que el Convenio Internacional de Maderas Tropicales de 1994, materia de revisión, es concordante con la finalidad perseguida por los artículos 9 y 150-16 de la Constitución Política, en cuanto se refieren a la necesidad de alentar y desarrollar las relaciones internacionales, en este caso, con el objeto de promover procesos de desarrollo comercial y la adecuada explotación ordenada y sostenible de recursos naturales.
3.1. Sobre las normas en materia de comercio internacional
En lo referente a los objetivos comerciales del Convenio y a la necesidad de que continúe funcionando la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, como centro de promoción del intercambio equitativo y organizado de los recursos forestales, de patrocinio de la investigación sobre la materia, de recopilación de información y de intercambio de la misma para favorecer los proyectos del sector, todo esto, con la finalidad de incrementar las exportaciones y fortalecer el mercado en general, se hizo clara mención en la exposición de motivos que presentó tanto el Gobierno Nacional como los congresistas ponentes durante el trámite del respectivo proyecto de ley -aprobatoria del tratado-, al expresar lo siguiente:
“Hacer parte de este Convenio, permite contar con un espacio internacional de gran significación: consolidar su posición en materia forestal, mejorar la capacidad de negociación y evitar pérdidas de opciones de desarrollo sostenible, tener acceso a la asignación de recursos para segundas fases de proyectos y llevar a cabo nuevos proyectos de interés nacional, así como tener acceso a información permanente con relación a la conservación del uso sostenible de los bosques”[22].
Además, la posibilidad que abre el Convenio de que se llegue a acuerdos sobre cláusulas económicas y mecanismos ampliados de intercambio, encaja con los propósitos del Gobierno de apoyar la regulación de los mercados internacionales de ciertos productos, con el fin de poner freno a las prácticas comerciales abusivas de algunos Estados.
No obstante, llama la atención de la Corte lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio sobre los privilegios e inmunidades que se pueden establecer dada la indeterminación de éstos. Dice así dicha disposición:
“3. La organización podrá concertar con uno o más países acuerdos, que habrán de ser aprobados por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.”
Sin embargo, ello no significa que dicho precepto sea incosntitucional pues ha de entenderse que la regulación de las imunidades y privilegios no puede atentar contra la soberanía de los Estados, su seguridad e independencia y respetar los principios de reciprocidad e igualdad. Sobre este tema la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse, haciendo clara referencia a la manera como deben establecerse tales beneficios. Veamos:
“Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado”[23].
Las consecuencias que de estas afirmaciones surgen son claras y deben ser reiteradas. Si bien nada impide que se consagren inmunidades y privilegios que patrocinen el adecuado funcionamiento de organismos internacionales, dada la naturaleza de las funciones que cumplen, éstas ventajas quedan constitucionalmente supeditadas, así no se haya especificado concretamente en el documento que les da vida, a que efectivamente propendan por la defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas[24].
Bajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, no se puede perder de vista, que cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios. La concreta alusión hecha al artículo 17 del Convenio, pretende recordar los postulados de la actuación estatal en materia de derecho internacional recalcando así, que la necesidad de cumplir este y cualquier otro acuerdo descansa en los principios de reciprocidad y no discriminación –típicos de las relaciones comerciales globales-.
3.2. De la protección del medio ambiente
Así mismo, al definir el Convenio como otro de los compromisos que asumen los miembros, el de tomar las medidas necesarias para evitar el deterioro del medio ambiente, que podría derivarse de los procesos productivos que tienen como objeto final la comercialización de las maderas tropicales, se respetan los cánones constitucionales contenidos en los artículos 79 que versa sobre el derecho a un medio ambiente sano, y el 334, que consagra que la intervención en la economía debe dirigirse también a preservar los ecosistemas nativos.
Y no puede pensarse que se trata de una simple declaración de buenas intenciones, pues se concretan claras obligaciones que buscan armonizar el desarrollo productivo con un adecuado uso y renovación de los recursos disponibles. No puede olvidarse que "el crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico - conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340)".[25]
Son reiteradas las citas que se hacen en el Convenio, a la necesidad de alcanzar dicha ordenación sostenible en la administración y manejo de las reservas forestales que se destinan al comercio internacional de maderas tropicales[26]. La noción de desarrollo u ordenación sostenible genera profundas consecuencias en el diseño de las políticas estatales alrededor de la economía y la protección de los recursos naturales, y crea un preciso marco de referencia para las regulaciones propuestas por el derecho. Al respecto ha dicho la Corte:
“El concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas-, con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva”[27].
“El mundo, y en particular los países en vía de desarrollo, se han enfrentado a múltiples necesidades sociales y económicas que durante las décadas de los sesenta y los setenta primaron sobre la obligación de preservar el orden ecológico. Se consideraba en ese entonces que la pobreza, el hambre, la falta de recursos económicos, las situaciones infrahumanas en que vivían algunos sectores de la sociedad, la inequitativa distribución de la riqueza y el problema de la deuda internacional, entre otras, eran factores que reclamaban urgentemente soluciones drásticas e inmediatas sin importar el costo de las medidas que se debían adoptar. Con el tiempo, surgió la idea de que la preservación del ambiente no es responsabilidad de un hombre en particular sino que le atañe a toda la humanidad, presente y futura, de forma tal que la destrucción de un bosque o el vertimiento de desechos tóxicos en una fuente de agua, si bien no ocasiona en teoría resultados nocivos inminentes, con el paso del tiempo los efectos desvastadores de esas actuaciones repercutirán gravemente sobre las generaciones futuras.
“El concepto de desarrollo sostenible, esto es, la necesidad de compatibilizar, articular y equilibrar el desarrollo humano con el entorno ecológico, de forma tal que las necesidades de la generación presente no comprometa la capacidad de la generación futura para satisfacer sus propias necesidades, apareció por primera vez en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, también conocido como el informe "Nuestro Futuro Común". En dicho documento se señaló:
Hay algo más: pensar en términos de un compromiso serio con el ambiente que nos rodea, crea obligaciones que no se limitan a las expresiones consagradas en una ley sino que constituyen una apelación directa a replantear nuestra forma de vida y a revisar el papel y la conducta que asumimos dentro de la biocomunidad junto con los mecanismos que escogemos para satisfacer nuetros deseos. "El desarrollo sostenible, con su preocupación por las necesidades de las personas hoy y mañana, es finalmente un asunto moral y ético. Sin embargo reúne virtualmente todas las preocupaciones humanas: por la seguridad, un ambiente que nutra, el progreso económico, la democracia, la cooperación internacional, y un futuro seguro para nuestros hijos. Así se crea una poderosa sociedad mundial que nunca antes ha sido posible"[28]
Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales 1994”, hecho en Ginebra el 26 de enero del mismo año.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 464 de 1998, por medio de la cual se aprueba el citado Convenio.
Tercero: Enviar copia de esta decisión al Presidente de la República y al Ministio de Relaciones Exteriores para los efectos previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta.
Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
[1] La Corte no intenta innovar en la materia, pues el tema del que trata ha ocupado la atención de ilustres especialistas de todas las latitudes desde los arbores de la década iniciada en 1970. Se trata, como ya se dijo, de un replanteamiento de la relación entre el hombre con la naturaleza, sobre cuya conveniencia este Tribunal en su jurisprudencia ya se ha pronunciado. Al respecto, resulta útil consultar –entendiendo que sobre la materia la bibliografía es inmensamente rica-: Pensamiento Político Verde, de Andrew Dobson. Editorial Paidós, Buenos Aires 1997.
[2] Esta alusión a los antecedentes normativos de la regulación estudiada, en su momento, fue tenida en cuenta por el Gobierno y por los miembros del Congreso, como se observa en la motivación de la Ley 464 de 1998.
[3] Cfr. artículo 46 de la Convención.
[4] Una referencia más detallada a los objetivos perseguidos por el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, se encuentra consagrada en el Capitulo I, Artículo 1 de la reglamentación.
[5] Cfr. artículo 1º de la Convención.
[6] Cfr. artículo 2º de la Convención.
[7] Cfr. artículos 6 a 16 de la Convención.
[8] Cfr. artículo 4º de la Convención.
[9] Cfr. artículo 10 de la Convención.
[10] Cfr. artículo 5º de la Convención.
[11] Cfr. Capítulo V de la Convención.
[12] Cfr. artículo 17 de la Convención.
[13] Cfr. artículo 19 de la Convención.
[14] Cfr. artículo 20 de la Convención.
[15] Cfr. artículo 21 de la Convención.
[16] Cfr. artículos 24 y 24 de la Convención.
[17] Cfr. artículos 25 a 28 de la Convención.
[18] Cfr. artículos 29 y 30.
[19] Cfr. artículos 31 a 36 de la Convención.
[20] Cfr. artículo 37 de la Convención.
[21] Cfr. artículo 38 y siguientes de la Convención.
[22] Cfr., entre otros, los 55 y siguientes.
[23] Sentencia C-137 de 1996.
[24] Sobre el particular se puede consultar la reiterada jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C- 442 de 1996.
[25]Corte Constitucional. Sentencia T-251 de 1993.
[26] Cfr., por ejemplo, el Preámbulo y los artículos 1º, 20, 21 y 25 de la Convención.
[27] Corte Constitucional. Sentencia C-058 de 1994.
[28] Conclusiones presentadas por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-519 de 1994.

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 6

Artículo 3
 artículo 6
 artículo 26

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 10

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
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Artículo 13
 artículo 4
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Artículo 14

Artículo 15
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 artículo 20
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Artículo 16

Artículo 18

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Artículo 20

Artículo 21
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Artículo 23

Artículo 24
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Artículo 29

Artículo 30

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Artículo 33

Artículo 34
 Resolución 
 Resolución 

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Artículo 37

Artículo 38

Artículo 40
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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
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Artículo 47

Artículo 48

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Artículo 2
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 artículo 13
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