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Ac. Plenario reincidencia s/su revisión
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Ca. nº 10.347 “Ac. Plenario reincidencia s/su revisión”
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de dos mil seis, reunidos los señores jueces del Tribunal de Casación Penal, Dres. Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo, Benjamín Ramón María Sal Llargués, Jorge Hugo Celesia, Fernando Luis María Mancini, Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Ursi, Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky; para resolver en el presente expediente nº 10.347 caratulado “Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación s/Convocatoria a Acuerdo Plenario –reincidencia-”, de conformidad con los siguientes:
I. Que con relación al Acuerdo Plenario dictado con fecha 23/03/04 en la presente causa n° 10347, debo decir que suscribo en sustancia la posición sostenida por la minoría y por lo tanto lo hago compartiendo con matices que después señalaré, los fundamentos y las argumentaciones que en apretada síntesis describo a continuación:
Que de conformidad con la doctrina de la C.S.J.N. expresada en la causa Gómez Dávalo del 16/10/98, se sostiene que la ley 23.057 consagró en el artículo 50 del Código Penal el sistema conocido como “reincidencia real”, consistente en exigir como requisito de su declaración que la persona hubiera cumplido total o parcialmente “pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal” mediante sentencia firme, demostrando de tal modo un menosprecio por el encierro efectivamente sufrido y una indiferencia o insensibilidad frente a la amenaza de un nuevo reproche penal que autorizan a sostener el fracaso del fin preventivo especial perseguido por la anterior condena. En este orden de ideas, se insiste en destacar que el delincuente no sólo ignora la comunicación del reproche que implica la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sino el intento de resocialización que supuso el cumplimiento de la pena en calidad de condenado aunque más no fuese por un mínimo de tiempo, lo que por otra parte enlaza con la finalidad resocializadora de la pena incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 5 inciso 6° del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 75 inciso 11 de la Constitución Nacional.
Que la ley 23.057 supuso un cambio radical con el régimen anterior de “reincidencia ficta”, que los criterios dogmáticos y político criminales que la inspiraron no permiten asimilar los artículos 24 y 50 del Código Penal, ya que entre prisión preventiva y pena privativa de libertad no hay relación conceptual alguna que se pueda establecer sin poner en crisis el principio de inocencia (voto del Doctor Mahiques).
Que cuando se afirma que el fundamento del artículo 50 del Código Penal es la insuficiencia de la pena anterior, es porque se considera que ese precepto remite a las leyes que rigen la ejecución de las penas y por ende confían en producir efectos benéficos en los penados mediante el tratamientos en condiciones de encierro (artículo 1° de la ley nacional 24.660 y 1° de la provincial 12.256). Por lo tanto, si en la concreta realidad no ha mediado tratamiento penitenciario por un tiempo mínimo que es el que la ley penal estima para habilitar la libertad condicional (artículos 13 y 14 del Código Penal), no se puede exigir la enmienda que se esperaba ni formular reproche alguno por la insuficiencia de aquello que no se produjo; mucho menos aplicar más pena por esa situación. Cuadro que manifiestamente impera en los casos de prisión preventiva y convierte en un despropósito cualquier asimilación de la situación contemplada en el artículo 24 del Código Penal a los fines y efectos del artículo 50 del Código Penal; máxime cuando la primera norma ha sido dictada en beneficio de los imputados y así debe interpretarse de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Penal (voto del Doctor Sal Llargués).
Que el sentido literal del artículo 50 es claro: habla de encierro carcelario luego de una sentencia firme, con independencia de que el condenado haya sido sometido o no a un régimen de resocialización. Sistema por tanto de reincidencia real fundado en el fracaso del fin preventivo especial de la pena –del cual el tratamiento carcelario es sólo un aspecto-, toda vez que la recaída en el delito exhibe desprecio por la pena sufrida e insensibilidad frente a la amenaza de un nuevo reproche penal.
Que la compurgación de la pena según el artículo 24 del Código Penal constituye una “ficción legal”, en el sentido de que si bien por razones de equidad se reconoce como cumplimiento de pena el tiempo de encierro sufrido en calidad de prevenido, esta condición parte de distintos presupuestos y persigue diferentes objetivos que impiden su asimilación al régimen de la reincidencia en perjuicio del imputado. Sin que por lo demás obste a esta conclusión que los condenados muchas veces no reciban tratamiento alguno y no se diferencian de los procesados; entre otras razones, porque el tratamiento resocializador no es un presupuesto contemplado en la ley para la declaración de reincidencia, como sí lo es el efectivo padecimiento carcelario en condición de condenado mediante sentencia firme (voto del Doctor Celesia).
II.) Que a continuación he de expresar algunas ideas signadas por el propósito de respaldar –si es posible- con nuevos argumentos los fundados argumentos de mis colegas, en el entendimiento de que la disciplina que aplicamos así lo exige y por supuesto lo permite.
Es que, “cuando el juez debe decidir sobre lo equitativo, razonable o ejemplar -cuando existen desacuerdos sobre lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, el bien y el mal, en suma los valores-, no existe otro camino que recurrir a una discusión razonable. Son razonamientos dialécticos y retóricos que tratan de establecer un acuerdo sobre los valores” (p. 137).
“Se trata del razonamiento dialéctico o entinema, cuya diferencia con el silogismo riguroso de la lógica formal, es que se funda en premisas sólo verosímiles, y tiene por objeto los medios de persuadir y convencer mediante el discurso...; en suma, una argumentación no necesaria pero que permite justificar con buenas razones una opinión plausible” (p. 10 y 11, Perelman, Ch., La lógica jurídica y la nueva retórica”, Ed. Civitas, S.A., 1979, Madrid).
1.) Que, en principio, participo de la opinión de quienes entienden que la evolución reciente de la dogmática de la reincidencia es también la historia de su limitación (Prats Canut, “Comentarios al Nuevo Código Penal”, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 255/56), circunstancia que no está ausente en la reforma de los artículos 50 y 51 del Código Penal por la ley 23.057, toda vez que se llevó a cabo con el confesado propósito de reemplazar el sistema de reincidencia ficta “como lo han hecho las legislaciones más modernas –Códigos alemán de 1975, austríaco del mismo año y portugués de 1978- por uno de reincidencia verdadera” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 12/01/84, pág. 627); y la posibilidad de computar el plazo de la prisión preventiva u otra medida cautelar a los fines de la reincidencia fue expresamente rechazada en el debate (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 15/02/84, pág. 578).
Teniendo a la vista el objetivo de la reforma, es tarea del intérprete otorgar al texto de la ley un alcance deducible de aquél y no otro que lo contradiga (Bacigalupo, Delito y Punibilidad, Ed. Civitas, Madrid, 1983), porque como lo han señalado incontables decisiones de la C.S.J.N., no debe interpretarse restrictivamente –en la especie, exorbitantemente- los medios de los que puede hacerse uso para responder al objetivo legal planteado; toda vez que los jueces deben consagrar la inteligencia que mejor asegure la consecución del fin para el cual la ley fue dictada; y colocar sus propósitos por encima de cualquier formalismo ritual (Doctrina de Fallos: 199:483; 200:187; 241:300, entre muchos otros que llegan hasta nuestros días).
2.) Que es con apego a este punto de vista histórico y teleológico que debe proseguirse con la tarea de discernir la correcta relación hermenéutica que media entre los artículos 24 y 50 del Código Penal, empezando por convenir, desde una óptica meramente gramatical, que el artículo 50 del Código Penal exige como condición para la declaración de reincidencia el cumplimiento total o parcial de “pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal” y que esa expresión no es para nada equiparable ni puede de ninguna manera confundirse con la voz “prisión preventiva contenida en el artículo 24 del mismo cuerpo legal”.
3.) Que en camino ya hacia un punto de vista afín al método sistemático de interpretación, corresponde añadir que si bien la inteligencia de un texto debe comenzar con una interpretación literal acorde con el significado general que las palabras y los conjuntos de palabras tienen en la vida diaria (Fallos 200:876), ello habrá de hacerse sin olvido de la técnica jurídica que ordena superar el análisis aislado o fragmentario de los términos para preferir en cambio aquél significado que resulta de su conexión con otros de la misma ley o código.
Ocurre que, la inconsecuencia y la falta de previsión jamás se presumen en el legislador y se reconoce como un principio inconcluso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquél sentido que ponga en pugna esas disposiciones, destruyendo las unas con las otras, y adaptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con igual valor y efecto en armonía con los principios y normas de la Constitución Nacional (Fallos 181:343; 278:62; 300:1080; 3091:406, entre muchos otros).
a.) Que en este sentido cabe decir que toda interpretación que tienda a equiparar a pena cumplida una situación procesal diversa que involucre una privación de la libertad de diferente ratio –léase arresto, detención, prisión preventiva o medida de seguridad (artículo 24 del Código Penal), con el efecto de ampliar los desfavorables efectos de la declaración de reincidencia a hipótesis no previstas en la norma (artículo 50 del Código Penal), desborda el sentido literal posible del texto en cuestión e infringe, como es obvio, la prohibición de la analogía “in malam parte” (confr. Mir Puig, “Derecho Penal”, Barcelona, 1996, pág. 86).
b.) Que por otra parte no se cumpliría con el destino de interpretación armónica que debe darse a los artículos 24 y 50 del Código Penal, si el encarcelamiento cautelar que contempla la primera tuviera alguna virtualidad para configurar el cumplimiento de pena que exige la segunda, porque ello supondría nada más y nada menos que consagrar la posibilidad de una condena impuesta sin culpabilidad declarada mediante un juicio previo y sentencia firme que ponga fin al estado de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional).
c.) Que además y siempre en este mismo orden de ideas signadas por el punto de vista sistemático de interpretación, cabe añadir que nadie ha controvertido seriamente el carácter benéfico y la justicia ínsita en la modalidad prevista por el artículo 24 del Código Penal para imputar el período sufrido en prisión preventiva al cumplimiento de la pena impuesta por sentencia firme, precisamente porque se trata tanto de un mecanismo compensatorio de los prejuicios irrogados durante la detención cautelar en estado de inocencia, cuanto de no alterar en virtud del encierro anterior la medida legal de la privación de la libertad en definitiva sancionada.
Es precisamente por esas razones y en beneficio del imputado que, sin perjuicio de los fines de aseguramiento, de averiguación de la verdad y de actuación de la ley penal que la prisión preventiva persigue, que va a ser no obstante considerada como cumplimiento de pena de acuerdo a fines tanto retributivos cuanto de prevención, así general como especial.
Es preciso reflexionar sobre las expresiones “se tendrá por cumplida” o “se tendrá por compurgada”, tan difundidas a propósito de la previsión contenida en el artículo 24 del Código Penal, y concluir que lo que ellas dicen es que la pena impuesta por una sentencia firme se considerará satisfecha en todo o en parte mediante el cómputo posterior de una detención anterior a la condena, que por esa razón no tuvo en su momento la condición de pena. En suma, se tendrá como compurgada o cumplida una pena que en todo o en parte no fue tal; sino mera detención cautelar.
d.) Que por fin y con referencia al que según mi parecer es el argumento “estrella” de la posición mayoritaria que deparó el “Plenario”, he de decir que la lógica que ilumina y explica la norma contenida en el artículo 24 del Código Penal, es la misma que da origen y sentido al artículo 13 del mismo cuerpo legal.
Están ambas inspiradas en la necesidad de compensar perjuicios ocasionados al prevenido por un encierro anticipado de naturaleza cautelar, y a la vez prodigar equidad –evitar desajustes- en la relación que media entre la pena exactamente impuesta en la sentencia firme y el encierro efectivamente sufrido; tanto para tenerla –en un caso- por cumplida o compurgada, como para considerar satisfecho –en el otro- el plazo exigido para obtener la libertad condicional.
Que ambas son por lo tanto ajenas a la lógica que explica la disposición contenida en el artículo 50 del Código Penal, que lejos de cualquier concesión benéfica irroga un desmedro de los derechos del imputado que por lo común se verá reflejado en la pena que eventualmente se le imponga por el nuevo delito cometido (artículo 41. 2 Código Penal) y por la no concesión de la libertad condicional que en el mismo juicio a la sazón demande (artículo 14 Código Penal).
Por lo tanto, supone una ruptura lógica y epistemológica que para calcular el tiempo total o parcialmente cumplido que sirve de base a la aplicación de un régimen más gravoso como es el de la declaración de reincidencia, se empleen las reglas establecidas para computar el plazo de encierro cautelar que fueron dictadas para favorecer a los procesados y/o condenados en dos supuestos bien distintos (artículos 24 y 13 del Código Penal); con la afectación que eso conlleva para el principio de inocencia (artículo 18 Constitución Nacional) y la doble salvaguarda interpretativa que en beneficio de los imputados establece el artículo 1 del Código Procesal Penal, en sus párrafos tercero y cuarto.
e.) Que la ocasión es propicia para recordar por fin que los criterios “gramatical”, “lógico”, “histórico”, “sistemático” y “teleológico” no son diferentes métodos de interpretación de empleo selectivo, independiente o acaso preferente como en ocasión se ha pensado, sino distintos puntos de vista metódicos que han de ser todos tenidos en cuenta si el resultado de la interpretación quiere abrigar la pretensión de rectitud” (Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho; p. 316 y ss., Ariel, 1980, Barcelona, España).
4.) Que por lo demás y en orden a unificar criterio entre quienes comparten los puntos de vista que aquí se han señalado, cabe agregar que el “menosprecio por el encierro efectivamente sufrido y la indiferencia o insensibilidad frente a la amenaza de un nuevo reproche penal” que caracterizan y dan sentido a la declaración de reincidencia y a las consecuencias que de ella emanan según el ordenamiento vigente, exige aclarar que lo que se pone en crisis con el nuevo delito es el fin “preventivo especial” que se asigna a la detención padecida con posterioridad a que la sentencia condenatorio impuesta hubiera quedado firme.
Al modo como se deduce de una interpretación armónica de los votos de los señores Jueces doctores Mahíques y Celesia ello no depende del tiempo transcurrido ni de la puesta en marcha de los programas de Asistencia y Tratamiento encaminados a la llamada reinserción social, considerados en la ley 13.256 de ejecución penal y disposiciones complementarias.
Adhiero a ello, en el entendimiento de que abastece aquellos fines el denominado “efecto intimidatorio de la prevención especial”; el valor comunicacional y también en cierta medida resocializador que implica una decisión que por haber pasado a tener autoridad de cosa juzgada y ser entonces irrevisable, no deja en principio dudas sobre su acierto y legitimidad, constituyendo –o debiendo constituir- un eficaz instrumento de remoción de vanas esperanzas de exculpabilidad y tenaces mecanismos de negación. Todo, por supuesto, dentro de los límites conceptuales que según las doctrinas dominantes caracterizan y dan razón de ser a la “reincidencia”, según antes se explicó: menosprecio por lo sufrido: indiferencia frente a su posible repetición.
Es que, por lo demás, el artículo 50 del Código Penal resulta aplicable en casos de reiteración que no implican necesariamente “habitualidad”; circunstancia quizás más propicia para dar cabida a tratamientos resocializadores que de todos modos nunca pudieron sortear –aún en sus tiempos de “gloria”- atendibles objeciones de invasividad de la esfera personal.
III) Que sin perjuicio de lo expuesto, no puedo dejar de señalar aquí lo que ya sostuviera en el limitado ámbito de la sala III, en la causa N° 18562 (4811) Salazar, Roberto Alejandro, a propósito de mi criterio adverso a toda posición que predique de manera terminante la obligatoriedad de los plenarios, tanto respecto de los jueces de la instancia, como de cada uno de los jueces de este Tribunal.
1) Que para ello he de remitirme en un todo al fallo dictado por el TOC 7 de la Justicia Nacional en la causa n° 914, “Cura, Julio Daniel s/ robo en grado de tentativa” del 27/06/00, que me tocó presidir, por no encontrar diferencias entre mis criterios de entonces y de ahora.
Que sin perjuicio de ello he de citar y adaptar al caso en examen las partes de esa Resolución que me parecen más relevantes. A saber:
A.) “... Que si bien se ha reconocido a la jurisprudencia el carácter de fuente subsidiaria del derechos positivo, entendido como auxilio intelectual para la interpretación de las leyes, se ha negado a los fallos plenarios este carácter, aún bajo la pretendida variante de una ley de interpretación auténtica expresamente delegada en el Poder Judicial, porque, amén de tratarse de una transferencia indebida y proscripta por la constitución en mérito del principio republicano de separación de poderes (artículos 1, 29, 31, 33, 77 inciso 12, 108 y 116 de la C.N.), las sentencias plenarias carecen de los atributos básicos de una ley: no cuentan con los previos asesoramientos técnicos y consultas a los sectores sociales involucrados; no pasan por el procedimiento de una discusión pública en doble instancia –cámara de diputados y senadores-; y no cumplen con el requisito de la publicidad que prescribe el art. 2 del Código Civil (Zaffaroni, Eugenio Raúl “Tratado de Derecho Penal”, parte general, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1988, tomo I, págs. 126 y ss.; Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, tomo I, págs. 132 y ss.; Eduardo J. Couture “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Ediar, Buenos Aires, 1948, vol. 1, pág. 107; Sebastián Soler “Derecho Penal Argentino”, tomo I, pág. 124; José Sartorio “La obligatoriedad de los fallos plenarios: su inconstitucionalidad”, La Ley, t. 96, pág. 799...).
“...Es que, si contrariando la recomendación formulada por Ricardo C. Núñez, los jueces en los casos posteriores no tienen la facultad de buscar el tipo penal y la pena en los textos legales sino en una resolución judicial plenaria que resulta obligatoria por así haberlo establecido una disposición legal –que no es el caso-, es porque entonces esta norma ha conferido una facultad genérica al Tribunal de Casación Penal para que complete la formulación de los tipos penales (en lo que hace a la exhortación de Núñez, confr. “La ley única fuente del derecho penal argentino”, en Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 50, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1992, pág. 75).
La circunstancia de que, en la especie, tal atribución recaiga en un órgano de rango superior dentro del sistema judicial argentino, y no en una dependencia del poder administrador, no excluye la contrariedad que tal procedimiento conlleva para la función de garantía que la ley penal tiene asignada en un Estado de Derecho: bajo el mandato de ser previa, pública, escrita, unívoca y no pasible de extensión (con la excepción de que fuese en beneficio del procesado; que es por cierto lo contrario, de lo que ocurre con el Acuerdo Plenario de marras; art. 18 de la C.N.).
Es que, el objeto del principio de reserva legal es permitir que la previsión de la punibilidad –o su exclusión por la vía de una causal extintiva de la acción- esté al alcance del ciudadano a partir de lo que la ley misma establece, tanto en punto a la obligación que prescribe como a la facultad que otorga; complementada por la posibilidad de ser interpretada, si fuese el caso, por jueces naturales, independientes e imparciales (arts. 18, 108 y 116 de la C.N.; confr. Maurach-Zipf, Derecho Penal, Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1994, pág. 154/157)...”
B.) “...Que desde sus inicios, al examinar la naturaleza de la actividad jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que ... los jueces sólo pueden pronunciarse respecto de un caso concreto; y no pueden hacer declaraciones en abstracto o de carácter general (Fallos: 306:1125 y sus citas).”
En este sentido, ha resuelto que una cuestión justiciable es aquella destinada a decidir una situación de hecho real y concreta, y no se la haya planteado por vía de hipótesis, ni para establecer reglas para casos no sucedidos. Porque es de la “esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas de derechos” y no compete a los jueces de la Nación “hacer declaraciones generales o abstractas” (Fallos: 2:254; 12:372; 24:248; 94:444; 107:179; 115:163; 193:524, entre muchos otros).
Por consiguiente, no han sido consideradas como cuestiones justiciables las consultas, las resoluciones puramente normativas y las causas simuladas (Fallos 28:404; 32:62; 52:432; 100:205; 188:179, y muchos otros; confr. Imaz, Esteban y Rey, Ricardo E., El recurso extraordinario, Ediciones de la Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1943, pág. 40 y ss.).
C.) Que vinculado con este principio, y al examinar los alcances de sus propias sentencias, el Alto Tribunal ha señalado invariablemente, desde sus primeros fallos hasta el presente, que sus resoluciones sólo deciden el caso concreto sometido a su jurisdicción y no obligan legalmente sino en él, señalando que en eso consiste particularmente la diferencia entre la función legislativa y la judicial (Fallos: 16:364).
A partir de esta afirmación, y como último intérprete de la ley y la Constitución, el máximo Tribunal ha sostenido que los jueces inferiores tienen un deber moral de conformar sus decisiones en casos análogos, sobre la base de la presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles; sin que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando a su juicio no sean conforme a los preceptos claros del derecho, porque ningún tribunal es infalible y no faltan precedentes en los que aquellos han vuelto contra resoluciones anteriores en casos análogos (ibidem).
Como consecuencia de este criterio, la Corte también ha resuelto de manera reiterada que los tribunales inferiores pueden apartarse de la doctrina de sus fallos aún al decidir casos análogos, sin que se produzca gravamen constitucional en virtud de su independencia de criterios (Fallos: 280:430; 296:610; 301:198; 302:748; 307:207; 308:1575, 2561, entre muchos otros); principio al que sólo cabe hacer excepción cuando se produce un desconocimiento de lo decidido en el mismo caso, en violación al principio de obligatoriedad de las sentencias. Circunstancia que sólo se presenta en los casos de reenvío (art. 16 de la ley 48; Fallos: 255:119; 270:325; 291:479; 307:1948).
Va de suyo que dicho apartamiento no puede ser arbitrario e infundado, pues no obstante que los jueces solo deciden en los procesos concretos que les son sometidos, y que los fallos de la Corte Suprema no resultan obligatorios en casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos. De esta doctrina se dedujo, entonces, que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales de grado que se apartan de los precedentes de la Corte, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 212:51; 303:1769; 307:1094 y 1779; 311:1644; 312:2007)...”
D.) Que la creación de Tribunales de Casación Penal no ha supuesto la derogación de la facultad de la Corte Suprema de Justicia de revisar las sentencias por la vía del recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, creación pretoriana de la Corte que bajo uno de sus clásicos supuestos: “la no aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias probadas de la causa”, ha servido para que el más alto tribunal de la Nación ejerciese, desde hace ya mucho tiempo, la atribución de interpretar –si se quiere, “casar”– normas del derecho común (Fallos: 297:100; 298:360; 299:226, entre muchos otros).
En efecto, el máximo Tribunal ha revisado sentencias en las que el juez de grado realizó una “equivocada interpretación del texto legal aplicable” (Fallos 296:734; 278:168); cuando efectuó una “aplicación palmariamente indebida de un precepto legal” (Fallos: 293:539); o cuando “desvirtuó la finalidad de la norma y la aplicó no como fue concebida por el legislador” (Fallos: 302:1412; 306:1322).
El Alto Tribunal también “casó” sentencias que habían efectuado una interpretación de la ley que equivalía a la prescindencia del texto legal (Fallos: 300:558); cuando el inferior decidió en contra de los términos de la ley (Fallos: 301:865; 306:1462; 307:1054); cuando éste realizó una inadecuada selección del derecho común para resolver el litigio (Fallos 304:1904); o cuando realizó una aplicación inadecuada de la ley que la tornaba inoperante (Fallos: 306:405 y 1242; 307:1427; 308:1796). Asimismo ha admitido recursos extraordinarios en los que se descalificaba la sentencia porque el razonamiento del a-quo para interpretar la ley lo llevaba al absurdo (Fallos 111:367) o carecía de razonabilidad, lo que no se compadecía con una comprensión armónica del orden jurídico (Fallos 303:160).
La Corte también supo señalar que era arbitraria la interpretación de una norma hecha por un juez inferior si adolecía de excesivo rigor formal en los razonamientos, que desvirtuaba el espíritu que la había inspirado (Fallos: 304:1340); cuando derivaba en una exégesis de la ley que llevaba a una solución notoriamente injusta que impedía el reconocimiento de los derechos de los litigantes en los casos concretos a decidir (Fallos: 271:130); cuando se aplicaba la norma de manera contraria a los principios de la equidad (Fallos: 302:1611); cuando no se tomaban en cuenta los resultados a que conduciría la interpretación de la ley hecha de determinada manera (CSJN “Morán Morán” del 14 de octubre de 1976); o cuando no se aplicaba la ley con prudencia (Fallos: 302:1611; confr. Sagüés, Nelson Pedro, “Derecho Procesal Constitucional” Recurso Extraordinario, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, tomo II, pág. 356-266).
Va de suyo, entonces, que todo cuanto ha sido dicho en punto a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación jamás ha considerado a su propia doctrina como automáticamente obligatoria para los tribunales inferiores y a la posibilidad, en cambio, de que éstos se aparten de sus interpretaciones con nuevos argumentos, es enteramente aplicable no sólo en el recoleto ámbito del derecho constitucional y federal –lo que no es poco, como ejemplo a seguir- sino incluso y llegado el caso allí donde se pretende –derecho común- que un tribunal inferior a ella, reunido en plenario pueda imponer a rajatabla sus criterios.
E.) “... Que es de la esencia de la actividad judicial resolver pleitos concretos, no hacer enunciaciones abstractas y generales, pues es de los casos concretos, de su generalizada y reiterada resolución de un mismo modo por varios tribunales, de donde se extraen los principios generales a los que se le puede dar el nombre de “jurisprudencia”. Si la jurisprudencia ha de tener un valor orientativo para los jueces al momento de resolver un caso, sólo podrá considerarse como tal a un conjunto de decisiones similares adoptadas por tribunales, que han sido tomadas libremente, siguiendo los dictados de la conciencia y los razonamientos propios. Mil decisiones idénticas tomadas como consecuencia de una orden de un acto de autoridad emanado de un tribunal superior, no puede formar una jurisprudencia. Esas mil decisiones no tienen mayor valor convictivo o argumentativo que la única orden del superior...”
“...La seguridad jurídica o certidumbre del derecho se alcanza de mejor modo cuando se permite esta evolución tal vez más lenta, tal vez con el peligro de contradicciones entre tribunales, pero que es la genuina expresión de jueces de criterio independiente, en lugar de la imposición de uno supuestamente unificador, emanado de un solo órgano, y que así como hoy decide una cosa, podrá decidir mañana todo lo contrario con el mero cambio de una integración, tornando falaz tal pretensión de certidumbre (ver en este sentido, Bruno Leoni, “La libertad y la ley”; C.E.S.L., 1961, pág. 117 y ss.).
F.) Al vincular esta cuestión con la alegada violación de la igualdad ante la ley que se produciría con la eventual existencia de jurisprudencia contradictoria, la Corte Suprema ha sostenido desde antiguo “la existencia de fallos contradictorios no viola la igualdad, y que es únicamente el resultado del ejercicio de la potestad de juzgar atribuida a los diversos tribunales, que aplican la ley conforme a su criterio (Fallos: 287:130; 289:403; 291:406; 293:546; 294:53, ente muchos otros.”
G.) “El régimen de control judicial así definido, que es difuso en tanto tal custodia está depositada en todos y cada uno de los jueces, obliga a los tribunales de justicia a examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición a ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial de la Nación (Fallos: 33:162; 267:215; 311:2484).
En el mismo sentido se ha resuelto que todos los jueces de cualquier categoría y fuero pueden interpretar y aplicar la constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponda (Fallos: 149:126; 254:437; 267:297; 308:490) porque el control de constitucionalidad incumbe a todos los tribunales, a pesar de que tal cometido se acentúe en especial para la Corte, como máximo tribunal de garantías constitucionales (Fallos: 298:441 y 300:462)...”.
H.) “Que, en este sentido, la imposición de la doctrina que emana del fallo plenario, supone el avasallamiento del principio del juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional), y de la garantía de todo imputado en causa penal de ser oído por un tribunal independiente e imparcial (artículo 75 inc. 22 de la C.N.; art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En efectos, si bien la Constitución Nacional no posee ninguna regla expresa que prohíba a los tribunales de justicia funcionar jerárquicamente mediante un sistema de instrucciones generales o particulares, de órganos superiores hacia los inferiores, surge claramente la ilegitimidad de este sistema “...del principio que impide sacar a los habitantes, para juzgarlos, de los jueces designados por la ley (de competencia) antes del hecho de la causa (art. 18 de la C.N., juez natural). Sólo los tribunales establecidos por la ley y competentes para juzgar el caso concreto, según las leyes de competencia y procedimiento anteriores al hecho juzgado –por intermedio de los jueces que los integran conforme a la ley-, se pueden pronunciar sobre el caso libremente y sin estar sometidos a la autoridad de otra persona, juez o tribunal” (Maier, Julio B. J. “Derecho Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, tomo I, fundamentos, 2° edición, pág. 476).
Va de suyo, entonces, que si en un caso concreto el juez debe aplicar la ley del modo como lo indica un fallo plenario dictado por un tribunal superior, la garantía del imputado de ser oído por un juez independiente e imparcial queda reducida a su aspecto meramente formal.
Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la facultad de interpretación de los jueces y tribunales inferiores no tiene más limitaciones que las que resultan de su propia conciencia de magistrado y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta sus propias convicciones” (Fallos: 131:105).
En este mismo orden de ideas, Sebastián Soler expresó que “desde el juez de más modesta competencia hasta el Tribunal de mayor jerarquía, la función jurisprudencial consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla (Tratado de Derecho Penal, Ed. T.E.A., Buenos Aires, 1978, tomo I, pág. 174).
I.) Que, asociado con lo dicho en el punto anterior, cabe añadir que el acatamiento irrestricto de una doctrina plenaria vulnera la garantía de la doble instancia en materia penal, prevista en el artículo 8°, inciso 2°, apartado h), de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En efecto, cuando un tribunal decide un caso interpretando la ley de modo como se lo impone un fallo plenario, en verdad no da respuesta individual a un planteo jurídico de las partes –cuando éstas lo cuestionan expresamente- sino se limita a aplicar una doctrina obligatoria surgida de un hecho en el cual el justiciable no ha tenido intervención. La gravedad de este problema cobra especial relieve cuando se aprecia que el recurso que la parte eventualmente puede llegar a interponer contra esa decisión va a ser resuelto por una de las salas del mismo tribunal que dictó la doctrina plenaria, cuyo contenido se impugna; porque aquélla inexorablemente resolverá el punto de igual forma por una obligatoriedad que sólo podría ceder frente a un nuevo fallo plenario.
La conclusión es obvia: la garantía constitucional de la doble instancia en materia penal queda reducida a una mera enunciación formal, porque en punto al derecho aplicable el caso está resuelto de antemano.
Es preciso recordar que, por fin, la jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional), esto es, tal como la convención y el pacto rigen en el ámbito internacional y con especial apego a lo que resuelvan sobre sus puntos los órganos internacionales encargados de su interpretación y aplicación (Fallos: 318:514, considerando 11)...”; ocasión propicia para traer a la memoria precisamente en este punto y en este instante la doctrina que emana de la reciente decisión de la Corte Interamericana en la causa “Herrera Ulloa”.
En este sentido, y en contraste con aquellos principios, me permito señalar con todo respeto la tenue entidad normativa del precepto en cuestión; y me permito añadir que si el legislador hubiera querido recurrir de manera preferente a la herramienta por cierto excepcional de los fallos plenarios lo hubiera consignado expresamente; y sobre todo hubiera propugnado sin ambages su obligatoriedad para propios y extraños. Como lo hizo en el orden nacional el artículo 10 de la ley 24050.
Considero, en este orden de ideas, que la expresión contenida en el artículo 4° in fine de la ley 11982 es por demás vaga, indirecta, y además insuficiente para dar por sentado de que con base en ella se pueda articular un mecanismo cuya discutible virtud intelectual se transforma en vicio manifiesto tan pronto se lo adorna con el atributo de la imperatividad; más aún si ello entraña –como ocurre en la especie- una interpretación contraria a los intereses de los procesados.

References: artículo 50
 artículo 5
 artículo 75
 artículo 50
 artículo 24
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 24
 artículo 50
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 50
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 10
 artículo 4
in fine