Source: https://es.scribd.com/document/155576662/CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO-FUNCIONARIAL
Timestamp: 2017-10-20 23:07:01+00:00

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EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Por: Carlos Rafael Pérez, Abogado del Tribunal Supremo de Justicia. Especialista en Derecho Administrativo (UCV). Magíster Scientiarum en Seguridad y Defensa Nacional (IAEDEN). Integrante del 27° Curso Superior de Defensa Nacional. Profesor de Postgrado en la Especialización y Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Santa María y de la Maestría en Ciencias Jurídicas Militares de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional
El Régimen de la Función Pública en Venezuela ha sido objeto de profundas transformaciones con ocasión de la entrada en vigencia, en primer lugar, de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por error material del ente emisor en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, el 24 de marzo de 2000; y en segundo lugar, con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP.), en principio, promulgada por el Ejecutivo Nacional, mediante DecretoLey de N° 1.553, de fecha 13 de noviembre de 2001; Venezuela N° 5.557, de la misma fecha. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Posteriormente, reformada por la Asamblea Nacional el 9 de julio de 2002, y promulgada el 11 de julio de 2002,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.482, del 11 de julio de 2002. De manera general podemos señalar que se trata de un proceso contencioso administrativo especial de naturaleza subjetiva y que, al igual que el establecido en la derogada Ley de Carrera Administrativa, no constituye un procedimiento autónomo en el sentido de no bastarse por si mismo, pues requiere ser suplido por las disposiciones previstas tanto de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, como en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, a diferencia de lo establecido en la derogada Ley de Carrera Administrativa, su procedimiento ha sido configurado de forma mixta: escrito y oral. Este nuevo régimen legal, al igual que la derogada Ley de Carrera la Administrativa, laboral tiene el por finalidad, y los someter relación entre Estado
funcionarios bajo se dependencia. Además, dicho Estatuto de la Función Pública, regula el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios de la Administración Pública en general.
por los funcionarios o funcionarias públicos agotarán la vía administrativa. se refiere al contencioso administrativo de la función pública.Con ocasión de estas facultades de la Administración Pública. si fuere el caso. y dispone que los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de la LEFP. a partir de su notificación al interesado. se establece entonces un novedoso sistema contencioso administrativo funcionarial o de la función pública. la posibilidad de que el funcionario público ejerza los recursos contencioso administrativos contra los actos de efectos particulares. dentro de los noventa (90 días). en el cual se centra el objeto del presente estudio. establece en su Título VIII. en su Título VIII. que viole sus derechos como funcionario al servicio del Estado. o de su publicación. artículos 92 y siguientes. dictados en ejecución del la LEFP... en consecuencia. artículo 92.. es decir. conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así tenemos que en la LEFP. .. sólo podrá ser ejercido contra ellos el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro del término previsto en el artículo 94 de la LEFP.. la LEFP.
Así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa el 13 de abril de 2002. al señalar que los criterios de legitimación previstos en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. de un interés calificado. es decir. que de forma más amplia consagra el concepto de “interés” sin establecer calificación alguna (Art. sin duda alguna. legítimo y directo. Debemos tomar en consideración la particularidad de que el interés del recurrente debe ahora ser analizado de forma más amplia. los funcionarios públicos. progresiva y favorable al derecho constitucional. no se compadecen con los postulados de la Constitución de 1999. caso: Banco FIVENEZ. es decir. 26). De modo que si bien se exige . que consagra la exigencia de un interés personal.Entonces los legitimados activos para ejercer una acción o recurso contencioso administrativo son. en virtud de un nombramiento expedido por una autoridad competente. por lo que es suficiente que el actor se encuentre en una situación fáctica o jurídica de conseguir un determinado beneficio a través de su recurso. prevista en el artículo 26 constitucional. a la tutela judicial efectiva.). todas aquellas personas naturales que. con carácter permanente (Art. se desempeñen en el ejercicio de una función pública remunerada. 3 LEFP.
así como a las máximas autoridades directivas y administrativas de los institutos autónomos nacionales. sin dudas. a los Ministros o Ministras Ejecutivo. correspondería a la Procuraduría General . La LEFP.. en relación a la legitimación pasiva. La LEFP. no podrá exigirse su carácter personal. corresponde entonces al Presidente o Presidenta Vicepresidente Gabinete Vicepresidenta Ejecutiva de la República. a los Alcaldes o Alcaldesas. de lo que pudiere de la entenderse República. no establece la obligación del Procurador General de la República de representar a todos los entes de la Administración Pública Nacional y contestar todas las querellas ejercidas contra éstos. legítimo y directo. estadales y municipales. por lo que debe entenderse que si el ente carece de personalidad jurídica propia y participa de la personalidad jurídica de la República. será esta. la legitimada pasiva y en consecuencia.. Todos en su carácter de directores de la gestión de la función pública.un interés. a diferencia de la derogada Ley de Carrera Administrativa. Miembros que al del la legitimación pasiva. sino que bastará que el funcionario público recurrente. manifieste un simple interés. Ejecutivo a en o los principio. establece que dicha carga corresponde a la “parte accionada”. Gobernadores o Gobernadoras de Estado.
no establece. caso: Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. a asumir la representación de todos los juicios funcionariales ejercidos contra la Administración Pública. así tenemos: la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Cabe destacar que la regulación contenida en la LEFP. dichos procesos afecten los derechos e intereses patrimoniales de la República. al establecer que los artículos 66 y 75 de la derogada Ley de Carrera Administrativa. La LEFP. claramente. estadal o municipal. cuando.. faculta al Procurador General de la República para intervenir en todos los procesos judiciales en que sean parte los institutos autónomos.de la República su representación en juicio. a su juicio. en su artículo 62.. que tal función deba ser ejercida por la correspondiente Procuraduría o Sindicatura. hace suyas las posiciones que sobre el tema de la legitimación pasiva ha fijado la jurisprudencia patria. que obligaban al Procurador General de la República. No obstante. la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República del 13 de noviembre de 2001. debían ser interpretados en forma . o representante legal de algún instituto autónomo nacional. de fecha 1° de agosto de 2000. por lo menos.
estaba limitada a los órganos de la Administración Pública Central. Por ello. dentro de los dos (2) días de despacho siguientes el tribunal solicitará el expediente administrativo al Procurador o Procuradora General de la . en el sentido de que la representación legal del Procurador prevista en los mismos. Resulta curioso que en el caso de las solicitudes de expedientes administrativos y demás documentación pertinente. conforme a la cual. que: una vez admitida la querella.. en los casos en que el ente querellado gozaba de personalidad jurídica. no desplazaba del juicio al instituto autónomo.. a nivel nacional. caso: J. la actuación del Procurador General de la República. Calderón vs. prevista en la Ley de Carrera Administrativa. También resulta acorde esta nueva regulación.. con el criterio reiteradamente establecido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. éste tenía derecho de hacerse representar y defender por sus propios medios. INCE. caso: UCV. Sentencias de la CPCA. y sentencia de 7 de diciembre de 2000. de 28 de septiembre de 1995. el cual mantenía su condición de legitimado pasivo y su derecho a actuar en el juicio por intermedio de sus representantes legales.restrictiva. dispone el artículo 99 de la LEFP.
es quien ostenta la legitimación pasiva. el Síndico Procurador Municipal o el representante legal del instituto autónomo nacional. el Procurador o Procuradora General del estado. al Síndico Procurador Municipal o al representante legal del instituto autónomo nacional. lo cual a nuestro modo de ver. y se accedía directamente a la vía contencioso administrativa a demandar la nulidad del acto administrativo. por tal razón opinamos que es Procurador o Procuradora General de la República. al Procurador o Procuradora General del estado. se establecía la posibilidad de ejercer la etapa conciliatoria ante la Junta de Avenimiento y con su ejercicio se agotaba la vía administrativa. la etapa conciliatoria la verifica el propio Juez de la causa. siempre patrimoniales de la República. según sea el caso. en la derogada Ley de Carrera Administrativa. estatal o municipal.República. Ahora. En una demanda de esta especie. De lo anterior se desprende que existe coincidencia entre el contenido estarán de la norma en juego y los los criterios intereses anteriormente expuestos. . representa cierto adelanto en este proceso contencioso funcionarial. estatal o municipal. En otro orden de ideas.
establece el artículo 93 de la LEFP. En lo referente a la caducidad para intentar la acción de nulidad. 2... contado a partir del día en que se produjo el . en particular las siguientes: 1. y. sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses (90 días). conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.En relación a la competencia para conocer del contencioso funcionarial. que todo recurso con fundamento en la LEFP.-) Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos. establece el artículo 94 eiusdem.-) Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. Mercantil y Contencioso Administrativo con alzada en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo). que corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial (Tribunales Superiores en lo Civil.
Las sin razones poder y fundamentos a de la de explanarlos través . si tal fuere el caso.. se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial. 2. el cual consiste en una querella escrita en la que el interesado o interesada deberá indicar en forma breve.-) pretensión. 3.-) Las pretensiones pecuniarias. las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance. establece los requisitos y formalidades que se deben cumplir para iniciar el juicio.-) La identificación del accionante y de la parte accionada.hecho que dio lugar a él. o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. El artículo 95 de la LEFP. si fuere el caso. la cláusula de la convención colectiva cuya nulidad se solicita a los hechos que afecten al accionante. inteligible y precisa: 1..-) El acto administrativo. así tenemos que las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la LEFP. 4.
precisos y aplicables con exactitud a la situación de hecho planteada. aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido. . esto es.consideraciones doctrinales. 6. de acuerdo con la naturaleza de la pretensión. En tal supuesto deberá consignarse junto con la querella el poder correspondiente.-) Nombres y apellidos del mandatario o mandataria si fuere el caso. En ningún caso se transcribirán literalmente los artículos de los textos normativos ni las sentencias en su integridad.-) Cualesquiera otras circunstancias que. 8.-) Lugar donde deberán practicarse las citaciones y notificaciones. sea necesario poner en conocimiento del juez o jueza. Estos instrumentos deberán producirse con la querella.-) Los instrumentos en que se fundamente la pretensión. 7. 5. Los precedentes jurisprudenciales podrán alegarse sólo si los mismos fueren claros.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la LEFP.. y el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. (acatamiento a la doctrina y jurisprudencia.).-) Las querellas que se extiendan en consideraciones doctrinales y jurisprudenciales que se reputan conocidas por el juez o la jueza. (en contraposición a lo dispuesto en los artículos 84 y 124 de la LOCSJ.Con respecto a esta norma. se pone de manifiesto el principio jure novit curia. a los fines de que sean reformadas: 1.-) Las querellas que sean ininteligibles o repetitivas de hechos o circunstancias. 2. relativos a los requisitos del libelo de la demanda. 3.-) Las que transcriban el acto administrativo que se acompaña o que sean tan extensas de forma tal que el juez o la jueza evidenciare que por estas . 124 y 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. serán devueltas al accionante dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a su presentación. tenemos que tomar igualmente en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 84.).
causas se podrá producir un retardo en la administración de justicia. (Art. 97). o bien después de haber sido reformada. En este supuesto el lapso para la devolución. bien sea en su primera oportunidad si se encuentra ajustada a la ley. La querella podrá ser consignada ante cualquier juez o jueza de Primera Instancia o de Municipio. (Art. . el Tribunal al recibir la querella.). se contará a partir del día de la recepción de la querella por parte del tribunal competente. 84 y 124 LOCSJ.). LOCSJ. si no estuviese incursa en algunas de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. de ser el caso.. el tribunal competente la admitirá dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. (Se debería fijar un límite como en el derecho comparado). quien deberá remitirla dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a su recepción. al tribunal competente (ver: art. 85. AUTO DE ADMISION DE LA QUERELLA Según dispone el artículo 98 de la LEFP.
Citada la parte accionada conforme a lo dispuesto anteriormente. CONTESTACION DE LA DEMANDA En esa misma oportunidad el tribunal conminará a la parte accionada a dar contestación a la querella dentro de un plazo de quince (15) días de despacho a partir de su citación. estatal o municipal.). 123 y 174 ‘apercibimiento’ LOCSJ.. por lo cual no será necesario una . A la citación el juez o jueza deberá acompañar copia certificada de la querella y de todos los anexos de la misma. las partes se entenderán a derecho. (Art. al Síndico Procurador Municipal o al representante legal del instituto autónomo nacional. al Procurador o Procuradora General del estado. que una vez admitida la querella. dentro de los dos (2) días de despacho siguientes el tribunal solicitará el expediente administrativo al Procurador o Procuradora General de la República.SOLICITUD EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Igualmente dispone el artículo 99 de la LEFP. la cual podrá tener lugar por oficio. con aviso de recibo o por correo certificado.
dejando a salvo lo previsto en el artículo 98 de esta Ley.nueva notificación para los subsiguientes actos del proceso. pero en ningún caso. la contestación de la querella se devolverá. ( Prerrogativa procesal de la Administración). (Art. en cuanto fuere posible. REQUISITOS PARA LA CONTESTACION DE LA QUERELLA A la contestación de la querella se le aplicarán las mismas disposiciones previstas para la querella. 100).. Todas las pretensiones de la parte accionante y las defensas de la accionada serán resueltas en la sentencia definitiva. (Art. la misma se entenderá contradicha en todas sus partes en caso de que la parte accionada gozase de este privilegio. 101). . establece que si la parte accionada no diere contestación a la querella dentro del plazo previsto. EFECTOS DE LA NO CONTESTACION DE LA QUERELLA El artículo 102 de la LEFP. respecto a la admisión de la querella. salvo que así lo determine la ley.
(Art. establece que vencido el plazo de quince (15) días de despacho para la contestación.AUDIENCIA PRELIMINAR El artículo 103 de la LEFP. en su concepto. las cuales podrán ser acogidas por el juez o jueza.). el tribunal fijará en uno de los cinco (5) días de despacho siguientes. CONCILIACION En la misma audiencia. ponderando con la . ha quedado trabada la litis. 104 LEFP. EFECTOS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR En la audiencia preliminar el juez o jueza pondrá de manifiesto a las partes los términos en que. A su vez. Las partes podrán formular cualesquiera consideraciones al respecto.. la hora para que tenga lugar la audiencia preliminar. éste podrá formular preguntas a las mismas a los fines de aclarar situaciones dudosas en cuanto a los extremos de la controversia. el juez o jueza deberá llamar a las partes a conciliación . haya tenido o no lugar la misma.
es por ello. constituyen una innovación en el sistema de justicia administrativa venezolano. Igualmente. pues se entiende que obra en pro de una justicia expedita y eficaz.mayor objetividad la situación procesal de cada una de ellas. tales medios procesales. en el contencioso funcionarial se encuentra presente la posibilidad para resolver los conflictos a través de estos medios alternativos. . Cabe destacar que en el texto de la Constitución de 1999. la intervención del juez o jueza en esta audiencia podrá dar lugar a su inhibición o recusación. y en especial. En ningún caso. podrá el juez o jueza fijar una nueva oportunidad para la continuación de la audiencia preliminar. se dará por concluido el proceso. que en el sistema contencioso administrativo. la conciliación y la mediación. De producirse la conciliación. se prevé la utilización de los medios alternativos para la resolución de los controversias administrativas tales como: el arbitraje.
dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la audiencia preliminar. EVACUACION PRUEBAS La evacuación de las pruebas tendrá lugar dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al vencimiento de lapso previsto en el artículo anterior. sólo si alguna de las mismas solicita en esa oportunidad la apertura del lapso probatorio.LAPSO PROBATORIO: PROMOCION DE PRUEBAS Las partes. pero que no excederán de diez (10) días consecutivos. más el término de distancia para las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la sede del tribunal. El juez o jueza solamente podrá comisionar para las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la sede del tribunal. 105 LEFP. el cual se calculará a razón de un (1) día por cada doscientos kilómetros o fracción (200 Km. (Art. AUDIENCIA DEFINITIVA .). (Art.).). deberán acompañar las que no requieran evacuación y promover aquéllas que la requieran. 106 LEFP.
Las partes harán uso del derecho de palabra para defender sus posiciones. el juez o jueza fijará uno de los cinco (5) días de despacho siguientes para que tenga lugar la audiencia definitiva. Al efecto. salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictada dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a dicha audiencia. el tribunal fijará la duración de cada intervención. eiusdem.). Al respecto.Vencido el lapso probatorio. SENTENCIA El Juez o Jueza. cuyo dispositivo será dictado en la misma audiencia definitiva. dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el único aparte escrita del sin artículo narrativa 107 y. dispondrá de potestades disciplinarias para asegurar el orden y la mejor celebración de la misma. Además. 107 LEFP. podrá de nuevo interrogar a las partes sobre algún aspecto de la controversia y luego se retirará para estudiar su decisión definitiva. La misma la declarará abierta el juez o la jueza. menos dictará con sentencia aún . (Art. quien la dirige.
pronunciándose sobre cada uno de esos extremos con fundamento en las pruebas aportadas.). tomando en consideración las circunstancias del caso. 109 LEFP. documentos.transcripciones de actas. precisando en forma clara. en la sentencia. MEDIDAS CAUTELARES El juez o jueza. . podrá declarar inadmisible el recurso por cualquiera de las causales establecidas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (art. (Art. si fuere el caso y sin poder extender su fallo en consideraciones doctrinales o citas jurisprudenciales. 84 y 124 LOCSJ. (Art. dictar medidas cautelares si considerase que las mismas son necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva. ). demás actos del proceso o citas doctrinales.). 108 LEFP. breve y concisa los extremos de la litis y los motivos de hecho y de derecho de la decisión. a solicitud de las partes. en cualquier estado del proceso podrá. El Juez o Jueza.
(Art. los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso . 110 LEFP. COMPETENCIA TRANSITORIA Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa.LAPSO PARA LA APELACION Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcional. siempre que sus normas no resulten incompatibles con lo dispuesto en esta Ley.). podrá interponerse apelación en el término de cinco (5) días de despacho contado a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva. se aplicará supletoriamente el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil. SUPLETORIEDAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL En las materias no reguladas expresamente en este Título. son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley. para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.). (Art. 111 LEFP.
o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia. con sede en Caracas. y a los fines de una mayor celeridad en la decisiones de los jueces en materia contencioso administrativo funcionarial. Sexto y Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos. COMPETENCIA DE TRANSICIÓN Mientras se dicta la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa. el procedimiento a seguirse en segunda instancia será el previsto en los artículos 162 . los actuales integrantes del Tribunal de Carrera Administrativa pasarán a constituir los Jueces Superiores Quinto. donde se hubiere dictado el acto administrativo. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa. dejando a salvo las atribuciones que le corresponda a los órganos de dirección del Poder Judicial.
DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES Los expedientes que cursen ante el Tribunal de la Carrera Administrativa serán distribuidos en un lapso máximo de treinta (30) días continuos. SUSTANCIACION DE LOS EXPEDIENTES Los procesos en curso ante el Tribunal de la Carrera Administrativa se continuarán sustanciando por los juzgados superiores de lo contencioso administrativo que resulten competentes.y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Los procesos que se encuentren actualmente en curso serán decididos conforme a la norma sustantiva y adjetiva prevista en la Ley de Carrera Administrativa. . Durante este lapso se entenderán paralizados los procesos. conforme a la competencia territorial a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la LEFP.
438 de fecha 2 de julio de 1974. b) El Decreto del Ejecutivo Nacional N° 211 del 2 de julio de 1974. publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1. . y. c) El Reglamento sobre los Sindicatos de Funcionarios Públicos dictado mediante Decreto del Ejecutivo Nacional N° 585 del 28 de abril de 1971. d) Cualesquiera otras disposiciones que colidan con la presente Ley. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.745 Extraordinario del 23 de mayo de 1975. quedarán derogados: a) La Ley de Carrera Administrativa del 3 de septiembre de 1970. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.497 del 30 de abril de 1971. publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 30.DISPOSICION DEROGATORIA Al entrar en vigencia la LEFP.428 Extraordinario de fecha 4 de septiembre de 1970. reformada por el Decreto N° 914 del 13 de mayo de 1975.
Extracto Jurisprudencia Actualizado Al 22-08-2014
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 artículo 26
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 artículo 99
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 340
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 98
 artículo 102
 artículo 103
 resolución 
 artículo 93