Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020717.htm
Timestamp: 2020-04-06 11:31:55+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 17 Julio 2002
La cara ¿buena
CARLOS DÁVILA ABC 17 Julio 2002
Acuerdos de Estado frente al nacionalismo
Editorial ABC 17 Julio 2002
Aleix Vidal-Quadras La Razón 17 Julio 2002
Anasagasti S.O.S.
JAIME CAMPMANY ABC 17 Julio 2002
Dos pasos en la lucha contra ETA
Impresiones El Mundo 17 Julio 2002
La distensión como falacia
GERMAN YANKE El Mundo 17 Julio 2002
JAVIER PRADERA El País 17 Julio 2002
Garzón ratifica que Batasuna es una de las grandes empresas de ETA
JOSÉ YOLDI | Madrid El País 17 Julio 2002
Sanz tilda de «inaceptable injerencia» que la Cámara vasca vincule a Navarra con Euskadi
DIEGO DELGADO/PAMPLONA El Correo 17 Julio 2002
La Fundación para la Libertad pide a PSOE y PP que eviten la «balcanización» de Euskadi
OLATZ BARRIUSO/BILBAO El Correo 17 Julio 2002
PP y PSOE responden al PNV con una resolución en favor del Estatuto
J. L. LORENTE ABC 17 Julio 2002
Piqué sustituye a Alberto Fernández como candidato a la presidencia de la Generalitat
Tate Santaeulària - Barcelona.- 17 Julio 2002
PP o Pujol-Piqué
Nota del Editor 17 Julio 2002
Aznar llama «miserable» a la portavoz de EA por acusarle de sacar partido de ETA
G. LÓPEZ ALBA ABC 17 Julio 2002
JOSEBA ARREGI El Correo 17 Julio 2002
La cara ¿buena?
Por CARLOS DÁVILA ABC 17 Julio 2002
Los nacionalistas también saben presentar una cara buena. A pesar del durísimo tono de Anasagasti y del panfletario alegato de Lasagabaster, el fondo de sus intervenciones en el Parlamento de España ha resultado menos tormentoso, apocalíptico, que las homilías de Arzalluz, las proclamas batasuneras de Egibar, y los actos (lo peor de los tres) de Ibarretxe, que -hay que volver a insistir en ello- es el que ahora mismo manda no sólo en el PNV, sino en el conjunto del nacionalismo. No en Batasuna, aunque, atención: es más que probable que Ibarretxe haya sido el artífice del acuerdo con Otegi y demás ralea que le ha permitido aprobar en la Cámara su proto-proyecto independentista que culminará con el referéndum del próximo año.
Anasagasti, tras presentar a Aznar como una reencarnación del Franco más feroz, el que fusilaba, por ejemplo, a los milicianos ahora encontrados -nadie lo sabía hasta ahora salvo Anasagasti- en Piedrafita, se presentó de bueno y componedor en Madrid y ofreció al Gobierno de la Nación una tregua, una distensión de noventa días para «hablar hasta el amanecer». Ya ha habido quien ha visto en esta oferta del portavoz peneuvista la mano primorosa y filantrópica del propio Ibarretxe. O sea, que ha sido Ibarretxe, pleno de buenas intenciones, quien, después de propinar un patadón de aúpa no sólo a José María Aznar, a su Gobierno y al Partido Popular, sino a toda España, el que tras lanzar un ultimátum bélico y rupturista, ofrece ahora, como si fuera Zapatero, una mano tendida para charlar sin horas, ni calendario.
Pero, para hablar ¿de qué? Para algunos, los que insisten en que hay que conversar hasta con el diablo, eso es lo de menos; lo importante es sentarse para ensayar lo imposible. Mientras hay tertulia o no, Ibarretxe y su portavoz mantienen el desafío y se entrenan para plantear una secesión suicida en breve tiempo. ¿O es que nadie quiere darse por enterado de que a partir de septiembre Ibarretxe y los suyos se lanzarán a una campaña mundial para vender lo suyo, su aventura independentista? Una campaña, claro está, sufragada por el Gobierno Vasco, que se extenderá por Estados Unidos y llegará a Europa, donde Ibarretxe, afortunadamente, lo tiene crudo.
Lo de Anasagasti, en consecuencia, ha sido, de nuevo, un ensayo para que los bobos sigan engañándose porque les da la gana. Simplemente para aparecer en este concierto como los solistas de la cordura, la templanza y el talante negociador.
La cooperación con el Gobierno francés ha vuelto a mostrarse como un instrumento imprescindible de la lucha antiterrorista, tras el descubrimiento ayer del que podría ser uno de los principales arsenales de ETA, situado en la localidad de Riviere (Las Landas), al que la banda terrorista identificaría en sus documentos como «Z-40» o «Chernóbil». La operación ha sido ejecutada por la Policía gala y la Guardia Civil y ha supuesto, además de la detención de seis personas, la incautación de 500 kilos de dinamita, 2.000 detonadores eléctricos y un gran arsenal de armas y municiones. Este golpe a la infraestructura logística de ETA en Francia se une al que recibió la banda el pasado mes de enero, al desmantelarse un zulo cerca de Pau con más de mil kilos de explosivos. En este año 2002, Francia ya ha detenido a 28 presuntos terroristas y ha continuado con su política de extradiciones y entregas temporales, dando un fiel cumplimiento a la cooperación reforzada que pactó con el Gobierno español.
El volumen del material incautado da una imagen precisa de lo que es ETA: una organización exclusivamente terrorista, volcada en la destrucción del orden constitucional y en la atemorización de los no nacionalistas para lograr la construcción nacional de Euskal Herria. Cuando se esconden centenares de kilos de explosivos y centenares de armas dispuestas para ser usadas contra concejales, periodistas, jueces, profesores y políticos no nacionalistas, la invocación del diálogo genérico como método para lograr que cese el terror suena más a interferencia dilatoria en la acción antiterrorista que a una aportación real para llegar antes a la derrota de ETA.
A eso se refería el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando reiteró la voluntad del Ejecutivo de erradicar el terrorismo, frente a los argumentos resbaladizos del portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, empeñado en vender la estrategia soberanista de su partido como el camino para acabar con ETA. El problema de Anasagasti y de su partido es que no tienen crédito para presentarse como beligerantes frente a ETA, no sólo porque la historia juega contra ellos, sino también porque el propio nacionalismo ha reducido al mínimo, desde 1998, su capacidad para confundir a los demás sobre sus intenciones. ETA, Batasuna y el resto del nacionalismo vasco -PNV y EA- se retratan juntos porque decidieron reagruparse voluntariamente en torno a un proyecto definido en los Pactos de 1998 y ratificado el pasado viernes en el Parlamento de Vitoria con una propuesta soberanista que marca los tiempos de una ruptura progresiva del orden constitucional.
SI algo ha contribuido a la asimilación política del PNV con la banda terrorista ha sido la estrategia del propio PNV, rubricada en el Pacto de Estella, en el acuerdo de legislatura con Euskal Herritarrok de 1999 y, después del 13-M, en la política sustantiva del Gobierno nacionalista, que no apoya las mociones de censura a los alcaldes de Batasuna para formar una mayoría democrática y se embarca en una campaña incendiaria contra la ley de Partidos. En tales circunstancias no debería extrañarse el PNV de que aparezca junto a ETA, frente a los demócratas, con un compromiso expreso y reiterado de la banda terrorista de no atentar contra sus cargos y dirigentes. No conviene olvidar este dato, ahora que el PP y el PSE hacen equilibrios para completar sus listas y mantener el ánimo de sus concejales.
Pero al PNV le ha fallado algo más que su intento de enmascarar las coincidencias con Batasuna. También le ha fallado su empeño en romper la unidad democrática del PP y PSOE, que se plasmó en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y que ayer se reiteró en una transcendental resolución conjunta, aprobada por el Congreso de los Diputados, en la que instan al Gobierno «a garantizar la legalidad que emana de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco» y a su «mejor cumplimiento y desarrollo».
ESTA resolución refleja la posición común de Aznar y Zapatero en el debate sobre el estado de la Nación. Es una respuesta política necesaria, oportuna e inteligente, porque mantiene al PNV con el peso exclusivo de su responsabilidad por la crisis que está provocando y, al mismo tiempo, demuestra que el problema del País Vasco no es el desarrollo estatutario, sino el terrorismo de ETA y el salto cualitativo del PNV hacia un soberanismo rupturista, que en su avalanchas de ofensas y agravios hiere asimismo a la Comunidad Foral de Navarra. Ayer, el Gobierno navarro exigió a Ibarretxe que restablezca la legalidad «gravemente quebrada» por el documento soberanista aprobado el viernes en Vitoria y que incluye a Navarra dentro de esa ensoñación nacionalista de los siete territorios. Navarra no es el islote del Perejil.
El mantenimiento del acuerdo de Estado entre el PP y el PSOE sigue, pues, afirmándose como una garantía de estabilidad constitucional, que, sin duda, se hará aún más valiosa en los próximos meses.
El duro enfrentamiento verbal entre José Mª Aznar e Iñaki Anasagasti en el transcurso del Debate sobre el Estado de la Nación vuelve a mostrar inequívocamente lo profundo del mal que se ha apoderado del nacionalismo vasco, esta podredumbre moral que ha obligado a veteranos militantes peneuvistas como Emilio Guevara a abandonar su partido o a un ex lehendakari como José Antonio Ardanza a preferir el ostracismo a la asunción pública de posiciones que le repugnan. Porque tanto a lo largo de la exposición inicial como a continuación en su réplica, el portavoz de la formación aranista, entre vehementes expresiones de contundente rechazo a las actividades de Eta, gestos obligados en su estrategia de permanente disimulo, deslizaba algunas claves que, debidamente interpretadas, permiten comprobar una vez más dónde se encuentran sus prioridades y sus verdaderas simpatías.
Así, su insistencia en atribuir al franquismo la creación de la banda terrorista, en un claro intento de dotarla de legitimidad de origen, cuando el impecable sistema democrático español nacido en 1978 transforma la existencia del Movimiento de Liberación Nacional Vasco en una de las mayores aberraciones surgidas en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O su reiterada alusión a la búsqueda de soluciones flexibles, «hablando hasta el amanecer», con el fin de conseguir la «pacificación», en otras palabras, el más vil de los chantajes, consistente en esencia en vincular la desaparición del crimen organizado a la satisfacción total de sus reivindicaciones soberanistas. No es ningún misterio, analizado bajo esta óptica, el extraño comportamiento del PNV frente a la Ley de Partidos o a las iniciativas del juez Garzón. La horda capitaneada por Otegi es una pieza clave del plan diseñado por Arzalluz e Ibarretxe para alcanzar la anhelada autodeterminación y conviene, por tanto, que siga viva y operativa para mantener en vilo al Estado e ir ablandando su resistencia.
Aunque en democracia se pueden defender pacíficamente todas las ideas, no todas las ideas son igualmente pacíficas. El hecho incuestionable de que a nadie se le ocurre asesinar a inocentes para impulsar el programa del PP, del PSOE, de CiU o de CC, pero que, en cambio, los objetivos políticos y las concepciones sociales del PNV han generado una ola de barbarie sobrecogedora a cargo de esos a los que se niegan a ilegalizar, debiera hacer reflexionar a muchos vascos de buena fe que, por un comprensible amor a su tierra, votan a gentes que no lo merecen y que les arrastrarán al abismo. Anasagasti pedía anteayer un diagnóstico correcto de la situación. Bastaba escuchar atentamente su pérfido discurso para obtener su sombrío dibujo. La simultaneidad en un mismo documento de la exigencia de la culminación del Estatuto y el anuncio de su agotamiento lo dice todo de la indecencia de determinadas gentes
Por JAIME CAMPMANY ABC 17 Julio 2002
POR gracia de la retórica parlamentaria, que a veces hace esta clase de milagros, viene a resultar, oh, maravilla, que Iñaki Anasagasti y todos sus pobrecitos compañeros de partido son las víctimas en el País Vasco, y los partidos no nacionalistas, socialistas y populares, son los verdugos. Anasagasti subió a la tribuna de oradores y pronunció un discurso lastimero y quejicón para intentar convencernos, válgame Dios, de que el PNV está siendo demonizado, calumniado, perseguido, acosado, torturado y combatido, no como adversario sino como enemigo, por los partidos no nacionalistas. ¡Españoles de todos los páramos, batuecos de todas las campiñas, carpetovetónicos de todos los valles, celtíberos de todas las montañas, acudid todos al auxilio de Anasagasti y sus compañeros de partido! ¡S.O.S. para Anasagasti! ¡Salvad a Anasagasti y a sus correligionarios, declarados especie a extinguir por los malvados españolistas! ¡Que se pierdan y acaben las focas, los buitres leonados o las víboras cornudas, todas las especies de la fauna terrestre en peligro de extinción, pero salvemos a Anasagasti!
Si no lo veo no lo creo. Iñaki Anasagasti, llamado cariñosamente «El Ensaimada» por Alfonso Ussía, especialmente inclinado a la afabilidad de su trato y a la finura de sus razones y de su discurso, ascendió con paso lento y lastimoso hasta el podio parlamentario, conversó unos segundos con la señora presidenta del Congreso y comenzó su aflictiva intervención. Todo el problema que entristece y aqueja al País Vasco y a sus habitantes consiste en que los pacíficos, indefensos e inermes militantes del PNV, bajo la dirección del místico, del seráfico, del manso Javier Arzalluz, «varón que tiene el corazón de lis, alma de querube, lengua celestial», sufre persecución por sus ideas, y sus predadores, desoyendo y traicionando los preceptos de la Constitución, lo someten a hostigamiento y a asechanza encarnizada a causa de su ideología nacionalista. He ahí el problema.
¿Lo de los etarras? Bueno, eso es un fenómeno natural que nació contra una dictadura. ¿Los batasunos? Son unos nacionalistas radicales a los que hay que dejar que se «expresen» para no irritarlos. ¿El PNV? Es un partido que tiene más de cien años de vida y que ahora, como en otras ocasiones, sufre persecución. Ya en la segunda república, José Calvo-Sotelo pidió que fuese declarado fuera de la ley. Pues así siempre. La historia del PNV es paralela a la de los primeros cristianos bajo la persecución de Roma. Oyendo a Anasagasti, una cosa quedaba clara: si los concejales no nacionalistas son asesinados por la banda etarra, que se aguanten, así son las cosas allí.
Es difícil pergeñar un discurso tan cínico y canalla como el de Anasagasti en el debate del estado de la Nación.
PP y PSOE acordaron ayer una propuesta en el Debate sobre el Estado de la Nación para garantizar «la legalidad que emana de la Constitución y el Estatuto» en el País Vasco. El compromiso es un claro mensaje de que los dos grandes partidos del Estado van a defender la legalidad vigente y que no aceptan chantajes como la amenaza de asumir unilateralmente las competencias que el Parlamento de Vitoria exige. A esta firmeza en el plano político, se sumó ayer la buena noticia del desmantelamiento del zulo «Chernobil», uno de los mayores arsenales de ETA en Francia. Albergaba una verdadera armería, con 50 fusiles de asalto, 46 subfusiles, 33 lanzagranadas y más de 350 kilos de dinamita, al parecer caducada.Las armas de muchos asesinatos cometidos por la banda en los últimos años han salido probablemente de este zulo de Las Landas, custodiado por dos ancianos.
La técnica es tan vieja como la Transición. El nacionalista vasco, a un lado, contempla al que no lo es y le insta a acercar posiciones.Este, abrumado por la murga del diálogo y el tonto afán de no molestar, avanza unos pasos. Acuerdo, satisfacción... temporal.Antes o después, más bien antes, el nacionalista vuelve a insistir: hay que acercarse, buscar un punto intermedio. El no nacionalista se resiste un rato hasta que queda abatido por la acusación de inmovilista o le asustan con el truco de que no hay otro modo de contener las iras de los terroristas. «Hay que quitarles argumentos», dicen y, como la mentira ha dado fruto durante años, insisten en la falacia. El no nacionalista, compungido y engañado (cree tener visión de Estado y generosidad con el adversario), avanza otros pasos más por aquello de la distensión.
El nacionalista, jugador de ventaja, quiere seguir la estratagema y para ello necesita refuerzos. Grita lo que puede sobre lo poco que ha avanzado el no nacionalista y, de matute, pacta con los terroristas. «Somos mayoría», dice entonces. Yo creí durante algún tiempo que esa era su desgracia, pero he advertido que les encanta: siempre fue para ellos más importante ser nacionalista que ser demócrata. El no nacionalista, más atontado que nunca ante tan persistente y anestesiante salmodia, vuelve a avanzar: «Hay que recuperarlos», murmura.
Este atribulado personaje, el no nacionalista, constata, además, que ser amigo del nacionalista avasallador tiene rédito. No es que salga gratis, que ya sería vergonzoso, es que cuenta en la bolsa de la política. Uno colabora con el independentismo y cualquier comunidad autónoma española, olvidando que era el rector más joven del franquismo, le encarga unas jornadas. Otro viaja con Ibarretxe a Cuba y le hacen consejero de un banco. El de más allá negocia con el Gobierno vasco libros de texto y puede hacerse con una cadena de televisión ilegal sin que nadie diga ni palabra. Así las cosas, avanza otros pasos... para sobrevivir.
Y cuando se ha cedido hasta la vergüenza ante uno de los restos de fascismo de la Europa contemporánea, el nacionalista exclama: «Es el 49% el que debe ceder, y no el 51%, que somos nosotros, los nacionalistas». Si logramos despertar nos daremos cuenta que de ningún modo se puede ceder otra vez ante el totalitarismo y su aliado terrorista. Lo que hay que hacer para vivir en paz es recuperar territorio.
El portavoz parlamentario del PNV acudió al debate sobre el estado de la nación para cumplir una misión imposible: el intento de eludir las responsabilidades nacionalistas en la enloquecida marcha hacia el abismo de País Vasco mediante la burda maniobra de atribuir las culpas al Gobierno de Aznar. Consciente de pisar tierra de infieles, Anasagasti se esforzó por ocultar el explosivo contenido de la moción aprobada el viernes en el Parlamento vasco gracias a los votos del PNV, EA e IU y a la abstención de Batasuna y con la oposición del PP y del PSOE. Esa resolución proyecta el espíritu del Pacto de Lizarra -abandonado sólo formalmente por los nacionalistas moderados tras la ruptura de la tregua de ETA- sobre dos escenarios internamente articulados: el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika -primero- y la superación -después- de ese repertorio competencial finalmente colmado, sustituido por un nuevo marco jurídico capaz de incluir el derecho de autodeterminación al servicio de una Euskal Hereria unificada (con la anexión de Navarra y los territorios vasco-franceses) y soberana.
La moción insta al Gobierno del PP a que defina 'con carácter urgente y en un plazo no superior a dos meses' un proyecto operativo - calendario incluido- para dar entero cumplimiento al Estatuto de Gernika; pese a que el Ministerio de Administraciones Públicas aduce que sólo están pendientes de negociación siete transferencias, el Gobierno de Vitoria eleva la cifra a 37 y considera indiscutible su intepretación. Si no se produjese 'una respuesta satisfactoria'del Ejecutivo de Aznar a ese conminatorio emplazamiento, la sociedad vasca tendría derecho a considerar que el Estado ha roto unilateral y definitivamente el pacto estatutario: el Gobierno de Vitoria podría proponer entonces a la Cámara medidas para garantizar 'el pleno ejercicio por las instituciones vascas' de esas 37 competencias 'con independencia de los procesos transferenciales' que dependen de 'la voluntad del Estado'. En el supuesto de que Aznar cediese al ultimátum, la Unión Europea se vería sometida a una insólita exigencia: los nacionalistas emprenderían la marcha (ahora en compañía de Batasuna) para imponer a España y a Francia el reconocimiento de Euskal Herria como 'sujeto político' constituído por el Pais Vasco, Navarra y los territorios ultrapirinaicos.
Para los dirigentes del PNV, la Gran Euskal Herria unificada, soberana e independiente es un fin legítimo en si mismo: mientras los nacionalistas radicales recurren a los medios violentos (desde los asesinatos de ETA a la kale borroka) para alcanzar tal objetivo, los nacionalistas moderados tratan de llegar a la misma meta a través de medios pacíficos (la convicción y la democracia). Pero el hecho de que la casi totalidad de los vascos-franceses, la abrumadora mayoría de los navarros y casi la mitad de la población del actual País Vasco estén en contra de esa Euskal Herria teñida ya de sangre priva de legitimidad moral y democrática a un proyecto irredentista sólo realizable mediante el crimen.
El Estatuto de Gernika fue a la vez un acuerdo entre los vascos nacionalistas y no nacionalistas (excepción hecha del nacionalismo violento) y entre el País Vasco en su conjunto y el resto de España. La Gran Euskal Herria del PNV y EA incluiría a los nacionalistas violentos (un 15% de los votantes) y excluiría a los vascos no nacionalistas (mas del 40% de los electores): el consejero Joseba Azkarraga aclara que una mayoría del 51% estaría legitimada para imponer esa decisión a la minoría del 49%. ¿Qué sería de los vascos no nacionalistas?: el presidente del PNV les reserva dentro de esa eventual Euskal Herrria el mismo lugar que ocupan los portugueses en Luxemburgo y los alemanes en Mallorca. A la vista del luminoso porvenir asignado por el PNV, EA y Batasuna a sus coterráneos vascos del PP y del PSOE, resulta comprensible que Anasagasti se resistiese a predicar abiertamente la buena nueva de la futura limpieza étnica del País Vasco durante el debate sobre el estado de la nación: el presidente Aznar desbarató con eficacia y brillantez, en su mejor intervención a lo largo del pleno, el cúmulo de sofismas, exageraciones e improperios utilizado por el portavoz del PNV para negar la convergencia en los hechos del nacionalismo moderado con el nacionalismo radical al servicio de su presunto y falso fin legítimo común.
El juez desestima el recurso de los independentistas contra el embargo
El juez Baltasar Garzón recordó ayer a Batasuna que le ha embargado los bienes 'por ser una de las grandes empresas de ETA' y no por la actividad política que desarrolla. El magistrado, que ha confirmado el embargo al tiempo que ha rechazado el recurso de la formación política, señala además que Batasuna, en una organización terrorista compleja como la liderada por ETA, atiende las diferentes necesidades del complejo.
Batasuna recurrió la decisión de Garzón entre otras razones por haber equiparado a una organización armada como ETA con formaciones políticas legales o las herriko tabernas.
El juez replica señalando que Batasuna ha obviado la argumentación de su resolución anterior, 'la cual aporta indicios suficientes para afirmar la integración de HB-EH-Batasuna en el mismo complejo terrorista liderado por ETA-KAS-Ekin, y la de las herriko tabernas por aquélla y éstas para atender, a modo de 'caja común' todas las necesidades del conjunto.'
Tras señalar que en una organización terrorista compleja existe una clara división de estructuras y personas con funciones separadas y distintas para coadyuvar a un mismo fin, Garzón destaca que 'para nada se ha tomado en cuenta el carácter de formación política [de Batasuna], sino el hecho de que HB aparece, en el proyecto Udaletxe, catalogada como una de las grandes empresas de ETA, en unión con otras, y para atender a las diferentes necesidades del complejo'. Además, Garzón afirma que HB-EH-Batasuna y la nueva Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sozialista abertzaleak, son entidades distintas en el tiempo, pero que todas ellas responden indefectiblemente al mismo criterio de unidad subjetiva y objetiva, y la sucesiva denominación se dirige, en claro fraude de ley, a burlar cualquier acción legal contra las mismas. Puede afirmarse que, por su actuación, actividades y función dentro del complejo criminal, aquellas entidades son la misma con diferente denominación.
Exige que se «restaure» la legalidad y dice que la voluntad de los navarros está en su Parlamento, «no en el de Vitoria»
El Ejecutivo navarro dejó ayer claro que resoluciones como la aprobada el pasado viernes por el Parlamento vasco sobre autogobierno cuestionan todavía más las «normales relaciones» que deben mantener dos comunidades vecinas pertenecientes «a un país llamado España». Por ello, el Gabinete de Miguel Sanz exigió a Juan José Ibarretxe que elimine la mención a Navarra introducida en el acuerdo -en él, los nacionalistas e IU defienden la territorialidad de Euskal Herria-, como condición para «poder proseguir en una línea de colaboración que beneficie a los ciudadanos» de ambas autonomías. Para Sanz, la rectificación es obligada dado que el dictamen refrendado por la Cámara de Vitoria constituye, a su juicio, una «injerencia inaceptable».
Las relaciones ahora en peligro son prácticamente inexistentes desde que, el 24 de enero de 2000, Navarra se desvinculó del convenio que le ligaba a Aquitania y a Euskadi. El Gobierno regionalista adoptó la medida como protesta por la «tibia» reacción del Ejecutivo vasco ante el primer asesinato de ETA tras la ruptura de la tregua. La exigencia formulada ayer figura dentro de una declaración institucional elaborada por el Gabinete de Sanz para dar respuesta a la resolución sobre el cumplimiento del pacto estatutario y su actualización aprobado por el Legislativo de Vitoria.
«Inexistente sujeto»
El escrito, al que Sanz dio lectura en presencia de todos sus consejeros, será remitido para su conocimiento oficial a los gobiernos central y vasco y al Parlamento foral. La declaración arranca con el «rechazo» del Ejecutivo regionalista a la «inclusión» de Navarra en un «inexistente sujeto político llamado Euskalherria» conformado por siete territorios. A partir de esa premisa, Sanz exige «una vez más» al Gobierno vasco «respeto y lealtad» con la realidad político-institucional de la comunidad foral, reflejada en el Amejoramiento y en la Constitución.
El Gabinete considera una «injerencia inaceptable», desde el punto de vista jurídico, político y social, las «pretendidas vinculaciones» que establece la resolución del Parlamento vasco con respecto a Navarra. Tras remarcar que «sólo» corresponde a los navarros decidir libre y democráticamente su estatus político, conforme a lo dispuesto en el Amejoramiento y el texto constitucional, el jefe del Ejecutivo foral recalcó que la voluntad de sus conciudadanos reside en el Legislativo de Pamplona, «no en el de Vitoria».
Hecha esta puntualización, el escrito «insta» a Ibarretxe y sus consejeros a «restaurar» la legalidad que quebró, de una manera «grave», al mencionar a Navarra en el dictamen parlamentario. La rectificación, insiste la declaración, tendrá que realizarse «desde la lealtad y el respeto institucional» que debe existir entre comunidades vecinas. Finalmente, el Gobierno regionalista juzga «innecesaria» la formalización de un nuevo acuerdo con Madrid desde una instancia ajena a las instituciones navarras y al propio Estado. La identidad de la comunidad foral, insiste, se encuentra constitucionalmente formalizada me-diante pacto con el Estado a través del Amejoramiento del Fuero.
Advierte al Ejecutivo vasco de que será un «delincuente» si cumple el dictamen de autogobierno
La recientemente constituida Fundación para la Libertad pidió ayer a los partidos que suscribieron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo -PP y PSOE- que mantengan la «vigencia» del acuerdo, «más necesaria que nunca», y contribuyan así a «proteger» a los vascos del peligro de «balcanización» que, a su juicio, corre Euskadi tras la aprobación en el Parlamento vasco del dictamen sobre autogobierno del tripartito.
Así lo hacen constar en una declaración aprobada el lunes por el patronato de la Fundación, en la que justifican su apelación al Pacto en el convencimiento de que la «unidad entre demócratas» es «el único obstáculo político que puede hacer desistir al Gobierno de Ibarretxe y sus aliados de Batasuna de la trágica aventura en la que quieren embarcar a la sociedad vasca». El documento exige también al Estado que «haga respetar la ley» e impida al Ejecutivo vasco consumar su «ultimátum» y asumir por cuenta propia las competencias.
La presidenta de la Fundación, la profesora Edurne Uriarte, subrayó que el Estado «no debe permitir» a Ibarretxe que cometa ilegalidades», al tiempo que denunció la «enorme gravedad» de la situación y la actitud del Gobierno vasco, «que no está haciendo lo que tiene que hacer para la defensa de la libertad». El secretario general del colectivo, Ignacio Martínez Churiaque, fue más lejos y puntualizó que «un problema de transferencias» no justifica en ningún caso «el anuncio del incumplimiento de la ley» que ha aprobado la Cámara vasca y, en este sentido, advirtió al Ejecutivo de Vitoria de que se convertirá en «delincuente» si finalmente lleva adelante el dictamen.
«Lectura perversa»
En opinión de la Fundación, la resolución pone en evidencia la «voluntad de ruptura» del tripartito, al «vulnerar» de forma unilateral los cauces de negociación establecidos. De hecho, el colectivo está convencido de que la reclamación del cumplimiento íntegro del Estatuto no es sino una «excusa» para avanzar en la «estrategia soberanista» y plantear la autodeterminación como «objetivo político», lo que supone «un uso indebido y una lectura perversa» de la propia Carta de Gernika. Por ello, alerta la Fundación, el dictamen provoca «una nueva escalada en la inestabilidad», «inquietud» en la ciudadanía y ahonda la división «entre los separatistas y los vascos que no lo somos», consecuencias que a su vez acarrean la «legitimación del terrorismo» y el «aislamiento y empobrecimiento» del País Vasco.
Entre sus próximas actividades, el colectivo prevé la creación de una «plataforma de amigos» de la Fundación para procurarse así financiación, y una conferencia del ministro de Justicia, José María Michavila, que disertará sobre la Ley de Partidos en Bilbao.
El Pleno del Congreso aprobó ayer una resolución conjunta de Partido Popular y PSOE en la que instan al Gobierno a adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la legalidad que emana de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Con esta resolución, los dos partidos mayoritarios de la Cámara responden a la apuesta soberanista del Gobierno vasco.
MADRID. Fruto de las posturas coincidentes que en esta materia mantuvieron en la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, los dos partidos mayoritarios consensuaron ayer una propuesta de resolución que fue aprobada por la Cámara por 305 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones.
La resolución dice lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que adopte las medidas que resulten necesarias para garantizar, en su caso, la legalidad que emana de la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como para que impulse todas las acciones conducentes al mejor cumplimiento y desarrollo del referido Estatuto, a través del diálogo entre ambos gobiernos, en el marco institucional».
El portavoz socialista Jesús Caldera explicó ante el Pleno que su grupo firmaba la propuesta con el PP por «sentido de Estado». Mientras, el secretario general del Grupo Popular, Gabriel Cisneros, hacía hincapié en que no puede haber ningún derecho histórico que trate de anular la realidad de la unidad de la nación española ni se pueden vulnerar los derechos individuales de los que esgrimen ideas diferentes a las nacionalistas, favoreciendo la autodeterminación.
La propuesta fue respaldada por todos los grupos de la Cámara, excepto el PNV, CiU y el Grupo Mixto, que se abstuvieron. En un principio, los nacionalistas vascos iban a votar en contra, pero dejaron su voto pendiente de la dureza que expusiera Cisneros en su intervención. CiU decidió votar lo mismo que el PNV para no desmarcarse de la estrategia que ha seguido desde hace unos meses en lo que se refiere a asuntos relacionados con el País Vasco.
Por otra parte, el PNV y Eusko Alkartasuna presentaron al Pleno sendas propuestas de resolución en las que instaban al Gobierno a transferir a Euskadi las competencias pendientes. De esta forma, los dos partidos nacionalistas se hacían eco en el Congreso de los Diputados de las amenazas del tripartito vasco de asumir unilateralmente las competencias pendientes si el Gobierno no las negocia. Ambas fueron rechazadas.
En la propuesta del PNV, el partido de Arzalluz pedía al Ejecutivo que «asuma y proclame públicamente» el compromiso del Estado «para proceder del modo más inminente posible al desarrollo completo» del Estatuto, de acuerdo con su espíritu y con «los fundamentos constitucionales de respeto a los derechos históricos que como tal le corresponden al pueblo vasco en virtud de su historia». Por ello, los nacionalistas vascos reclamaron que se atienda «al requerimiento legítimo instado desde el Parlamento vasco».
El Ejecutivo navarro protesta
La iniciativa de EA pedía que se instase al Gobierno, «con carácter urgente y en el plazo no superior a dos meses», a definir un proyecto operativo y un calendario de cumplimiento y desarrollo completo del Estatuto, de acuerdo con el respeto a los hechos diferenciales que definen la autonomía vasca y el principio de subsidiariedad.
Por otro lado, el Gobierno de Navarra rechazó ayer, en una sesión extraordinaria, el dictamen aprobado por el Parlamento vasco sobre autogobierno y traspaso de competencias porque en él se incluye a Navarra en el marco territorial sujeto al derecho de autoderminación de Euskadi. El Gobierno de Miguel Sanz acusa a los nacionalistas vascos de cometer una «injerencia inaceptable».
El presidente del PPC acepta ser el nuevo alcalde de Barcelona tras la marcha de Fisas
Muchas lecturas e interpretaciones se dieron en el momento que el presidente del Gobierno, José María Aznar, designó a Josep Piqué como ministro de Ciencia y Tecnología en la última crisis de Gobierno. La más plausible fue que se trataba de un trampolín para sumergirse en el escenario político catalán. Y finalmente así fue. Ayer, el presidente del PPC, Alberto Fernández, reconocía ante los medios de comunicación que «no sería el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat», y fuentes del partido confirmaban que se auparía a Piqué en un Congreso en septiembre.
El escenario político catalán de cara a las próximas autonómicas está ya prácticamente dibujado. Después de que el presidente del PPC, Alberto Fernández, anunciará ayer en rueda de Prensa que «no sería el candidato a la presidencia de la Generalitat» en las próximas autonómicas que se celebrarán en octubre de 2003. Dichas declaraciones confirmaban las sospechas de la inminente llegada del nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, al escenario político catalán. Aunque, Alberto Fernández declinó citar el nombre del nuevo candidato, fuentes del partido confirmaron a este diario que se trataba de Piqué.
La decisión se dio a conocer después de que el pasado lunes el secretario general del partido, Javier Arenas, el ministro, Josep Piqué, y el presidente del PPC, Alberto Fernández, se reunieran en Madrid. Entre las ofertas que le pusieron sobre la mesa a Alberto Fernández se encuentra la de portavoz adjunto del Senado y la de liderar la candidatura a la alcaldía de Barcelona. El presidente del PPC rehusó la primera con el fin de concentrarse en el compromiso de enfrentarse electoralmente al alcalde de Barcelona, Joan Clos, y al candidato de CiU, Xavier Trias.
Cargo vacante desde la marcha del presidente del grupo municipal del PP, Santiago Fisas, el pasado 28 de junio, para dedicarse por entero a su nueva responsabilidad como vicepresidente primero del Comité Olímpico Español (COE). Alberto Fernández antepuso a su propio futuro político que se respetase la importante labor de estos años así como a los cargos locales y provinciales del PPC, petición que la cúpula del partido aceptó. Sin embargo, por el momento, Alberto Fernández explicó que se mantendrá en su escaño en el Parlament y seguirá de Senador hasta otoño del 2003. Pero apuntó que el nuevo candidato tiene que asumir también la presidencia del partido.
El próximo lunes o martes el PP catalán reunirá a la junta directiva con el fin de que se convoque un Congreso extraordinario que probablemente se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de septiembre. Éste debe servir para aupar al nuevo candidato del PP catalán a la presidencia de la Generalitat, Josep Piqué. Dado que será en este momento cuando tomará definitivamente las riendas de la formación catalana.
Todo parece indicar, según fuentes del partido, que Piqué quiere «dar un nuevo impulso al partido en Cataluña» con la incorporación de nuevas personas y en línea con el «giro catalanista» que ya aprobó el partido en su último congreso celebrado en 2000. Fue en ese cónclave cuando se confirmó el «giro catalanista» del partido al refrendar mayoritariamente las tesis defendidas por Piqué y que recibieron el apoyo público del propio secretario general del PP, Javier Arenas. La ponencia apostaba por un «catalanismo abierto y plural» y abogaba por los componentes «más positivos del catalanismo». Por su parte, Piqué se refirió ayer a ello señalando que no se trata de «una operación de laboratorio» centrado en personas sino en una «renovación» política de Cataluña a medio plazo.
Somos sufridores del PP de las mil caras, asi que otra más no nos afecta. En Galicia, el anciano gallito de Villalba nos ha laminado con una "normalización lingüística" que no se atrevería haberla aplicado ni el nacionalista más mafioso; en Navarra, se han dejado comer el terreno y ahora parece que no pueden volver atrás, hasta la sanidad pamplonica tiene nombre vasco, y ya pueden imaginarse de donde procede todo el funcionariado. Se critica al PSOE por haber eliminado a Redondo junior, pero ya nadie se acuerda de la eliminación de Vidal-Cuadras por parte del PP (o como parece que dice la ex de sanidad de "el bigotitos") ?. En Aragón tendrán que ser trilingües, pues serán propias dentro de poco al menos la fabla y el catalán. En Cataluña las cosas van muy bien, ya han conseguido volatilizar el español, y sólo son monolingües (salvo, como diría Cela, que la utilicen para otros menesteres).
¿ Que tiene el nacionalismo que atrae tanto a los políticos de nómina ?: tanto grandes como pequeños partidos, andan en la sintonía, desde el Pseudo Socialista Oportunista Catalanista Maragall a la gran mayoría de alcaldes de todo tipo de ciudades y pueblos con "lengua propia" , hasta el mismísimo Partido Poderoso en los mismos lugares andan vendiendo las virtudes de los valores identitarios regionales.
Menos mal que el tiempo todo lo arregla: hay tantos políticos en nómina y aumentan a tal ritmo, lo mismo que aristócratas, que ya falta menos para que nos premien con la pertenencia al primer o segundo grupo o estalle la revolución española, como sucedió no hace tanto en Francia con la respectiva.
! Váyase Vd. Sr. político ¡ (!y no se le ocurra afanar una pensión temporal y menos vitalicia ¡)
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y la portavoz de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, protagonizaron ayer un agrio cruce de descalificaciones a propósito del terrorismo y de la situación en el País Vasco. Aznar tachó de «miserable» la intervención de la diputada.
MADRID. El turno de intervenciones en el debate sobre el estado de la Nación se cerró con las de los portavoces de los seis partidos que integran el Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Gallego, Partido Andalucista, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa por Cataluña, Eusko Alkartasuna y Chunta Aragonesista). Todos reclamaron más inversiones del Estado y mayores competencias para sus gobiernos autonómicos, y en su mayoría coincidieron en acusar al Gobierno de estar ejecutando una «involución autonómica».
Aznar negó toda veracidad a esta acusación al tiempo que advertía de que no permitirá «la desarticulación del Estado», pero centró su réplica en responder a las referencias a la situación del País Vasco y la huelga del 20-J.
Le irritó sobremanera la intervención de la portavoz de EA, quien insinuó que «realmente no le interesa resolver el llamado conflicto vasco» porque, según afirmó, «la violencia, a pesar de su horrible coste humano, en términos políticos le reporta el gran recurso». Aznar le replicó que «lo ha que ha dicho, y lo digo con tristeza, es miserable». Además, subrayó que los nacionalistas vascos no pueden presentarse como «víctimas» cuando «llevan gobernando 20 años», por lo que «alguna responsabilidad tendrán en que la mitad de la población vasca se sienta abandonada».
«Hay que medir las palabras»
El presidente del Gobierno también abordó, por primera vez en el debate, la huelga del 20-J, después de escuchar al portavoz de IC, Joan Saura, proclamar que «los efectos de la huelga general han dinamitado su Gobierno». Aznar le aconsejó que «midan sus palabras cuando hablan de éxito arrollador, porque la realidad de los hechos no acompañan sus palabras» y esgrimió como prueba que, según dijo, sólo el 10 por ciento de los trabajadores perdieron el salario de un día por hacer huelga o que el paro sólo fue secundado en Renfe por el 31,1 por ciento de sus empleados. Por tanto, en todo caso, dijo el presidente del Gobierno, «un éxito menos arrollador».
El portavoz de ERC, Joan Puigcercós, puso la nota «pintoresca» al pronosticar el próximo «advenimiento de la República» y comparar a Aznar con el golpista Antonio Tejero al decir que «con el mismo bigote, pero sin tricornio, reaparecen tics que creíamos desterrados». Aznar se limitó a tachar su intervención de «profundamente desacertada, con algún ejemplo inaceptable».
Cada vez que se produce algún hecho político de trascendencia en la sociedad vasca, inmediatamente aparece alguna encuesta del Gobierno vasco que nos informa, al parecer, sobre la realidad de esta sociedad. El viernes 12 de julio el Parlamento vasco aprobó el dictamen de la ponencia de la Comisión sobre Autogobierno. Un hecho de cuya trascendencia política los próximos meses darán testimonio. Y el domingo 14 de julio los medios de comunicación informaban de la encuesta del Gobierno vasco acerca de la opinión de los vascos sobre el Estatuto, la autodeterminación, la voluntad de decidir el futuro y algunas cosas más.
Hace mucho tiempo que decidí fiarme sólo de los resultados electorales y pasar de todo tipo de encuestas. Porque como recordaba y analizaba alguien recientemente en estas mismas páginas -Andoni Unzalu, Palabras traicionadas -, las palabras son, además de algunas personas, víctimas claras de la situación que se vive en la sociedad vasca. También las palabras, los conceptos y los términos que se utilizan para hacer las preguntas que formulan las encuestas.
Y también decidí pasar de la encuestas porque, por deformación profesional, uno sabe que toda realidad social es construida por quien la analiza, incluido el encuestador escondido en tablas, medias y medianas, porcentajes y fórmulas estadísticas, especialmente cuando las preguntas están formuladas al rebufo de preocupaciones e intereses políticos. Pero existen otras razones para no fiarse demasiado de lo que dicen las encuestas que con tanto empeño se llevan a cabo en Euskadi. Alguien ha escrito que una sociedad posmoderna es aquella en la que cabe todo, en la que todo sobrevive, incluso lo que es manifiestamente contradictorio. Los tiempos históricos se superponen en el mismo presente, sin que sea posible integrarlos en una única percepción temporal. En una sociedad posmoderna la suma de todos sus componentes no es integrable en ningún tipo de unidad. En una sociedad posmoderna el resultado de sus distintos componentes suma más que el cien por cien. La lectura de este tipo de encuestas me produce la sensación de una Euskadi fuertemente posmoderna, de una Euskadi que es mucho más que Euskadi, la percepción de una Euskadi que no cabe en sí misma, porque no existe forma de conciliar los distintos resultados a distintas preguntas en distintos contextos, y todos ellos con los resultados electorales.
Es bien conocido el análisis llevado a cabo en Escocia: referida a la misma cuestión política, si la pregunta utilizaba un término de connotaciones positivas, se obtenía un resultado fundamentalmente distinto al que se obtenía utilizando un término de connotaciones negativas. Y todos sabemos que la verdadera batalla política que se libra hoy en Euskadi, envolviendo a la tragedia de los asesinatos y del terrorismo, es la batalla de las palabras, la de decir sin que parezca que se dice, la de afirmar sin que aparezca con claridad lo que hay detrás, la de afirmar yuxtapuestamente términos que bien analizados son contradictorios y contrapuestos, sin hacer referencia nunca a las consecuencias.
Pero el problema no radica sólo en que las respuestas en las encuestas no tienen consecuencias, como las tienen los votos depositados en las urnas. Tampoco radica sólo, aunque este elemento ya es muy serio, en que el miedo tiñe el uso del lenguaje y la opción por determinadas palabras, el hecho de que apostando por determinados términos uno crea que está conjurando una paz que parece imposible. Hay algo más. Largos años de pedagogía o antipedagogía política han hecho que muchos ciudadanos vascos crean que existen derechos políticos sin obligaciones; que el deber de la política consiste en la satisfacción de lo que uno entiende por su derecho, sin limitaciones de ningún tipo; que la política tiene que hacer posible la satisfacción del derecho de uno, aunque para ello tenga que negar o contradecir el derecho de otros; que uno no tiene por qué preocuparse de si la formulación incondicionada de su derecho posibilita o imposibilita la convivencia.
La pedagogía o antipedagogía política de largos años ha dado como resultado que muchos vascos se crean en el derecho de plantear la política sólo desde la perspectiva de los derechos, sin hacerse la pregunta de cuáles son las condiciones de la convivencia, de cómo se consigue que la exigencia de derechos distintos conduzca a una convivencia civilizada y pacífica. La pedagogía o antipedagogía política de largos años ha hecho que muchos vascos exijan sus derechos, exigen que la política, las autoridades, el Estado responda a la exigencia de su derecho, pero sin tener que preguntarse qué es lo que ellos deben aportar, lo que deben dar, a qué deben renunciar para que la convivencia en una sociedad plural, con formas distintas de entender determinados derechos, sea posible.
La suma de todos los derechos así proclamados hace que Euskadi sea mucho más que Euskadi, hace que Euskadi sea una sociedad posmoderna con la consecuencia más radical de la posmodernidad: que se imposibilita a sí misma. Porque una Euskadi así entendida, desde la proclamación de derechos particulares -aunque sean colectivos-, hace que Euskadi reviente, se rompa y explote en mil pedazos. Euskadi como espacio público, como espacio político, queda ocupado por una subjetividad -aunque sea colectiva, subjetividad particular- desbordante, absolutizada en su derecho.
Decía Renan que todas las naciones se basan en el olvido: es preciso olvidar violencias que jalonan el camino de formación de toda nación. Pero es posible dar otra interpretación a esa famosa frase de Renan: no hay nación posible sin renunciar a la totalidad de los derechos de cada uno de los que se quiere que sean sus componentes. No hay nación posible sin olvidar en parte aquello que pretende cada uno. A pesar de la también famosa afirmación de Rousseau que vincula la democracia no al imperio de la Ley, ni al derecho de la mayoría, incluido el respeto a la minoría, sino a la voluntad general, la democracia tiene bastante más que ver con procedimientos de limitación y de control, con equilibrios y balanzas que con fuentes metafísicas de legitimación del poder. La voluntad general al final presupone que una sociedad existe como una única persona jurídica, con una única voluntad, con un único derecho, con una única definición.
Por esa razón afirma Alain Touraine que esta concepción de la voluntad general de Rousseau ha sido y es fuente de dictaduras, porque en ella no cabe ni la minoría, ni la oposición, ni la diferencia, ni el límite ni el control del poder: sólo cabe la declinación de un Yo con todos sus exclusivos derechos, sin que haya sitio para nadie más.

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