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Timestamp: 2019-02-22 18:29:22+00:00

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agosto | 2013 | Pensamientos de Derecho Constitucional
“Interpretación constitucional”. ALAPAS. Chiclayo, 31 de agosto de 2013
Por cordial invitación de la Asociación Lambayecana para la Conciliación y la Paz Social, ALAPAS, hoy dictamos el tema “Intepretación constitucional” en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sito en Av. Leonardo Ortiz 155, Chiclayo.
Sin duda, el tema es apasionante y ofrece muchas aristas pues debemos partir de la premisa de García Figueroa (España) en el sentido de que los famosos “saltos interpretativos” pueden conducirnos a diversas posiciones respecto a un mismo ángulo problemático. Entonces, no son lo mismo disposición y norma, entendidas como enunciado lingüistico y sentido intepretativo, respectivamente, y se justifica plenamente, en términos de Riccardo Guastini (italia), una intepretación correctora sobre una interpretación literal.
Los contenidos aproximados de nuestro temario son los siguientes:
1. Introducción a la interpretación
2. Interpretación literal y correctora
3. Diferencia entre disposición y norma
4. Propiedades de la interpretación constitucional
5. Principios de interpretación constitucional en la jurisprudencia constitucional
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Variación posición Tribunal Constitucional casos Ley Protección Patrimonial
EXPEDIENTE NRO. : 04689-2011-PA/SPJ
DEMANDANTE: AGROPUCALA SAA
DEMANDADO: BLANCA CERVERA DAVILA Y OTROS
En Chiclayo, a los 31 días del mes enero de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 12 de diciembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos.
La recurrente interpone demanda de amparo (p. 209 – 220) y solicita se declaren nulas y sin efecto las resoluciones: Nº 135 de fecha 17 de octubre de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; Nº 132 de fecha 08 de setiembre de 2011, emitida por la Sala Laboral; y Nº 124 de fecha 26 de enero de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; todas ellas ordenando el pago de deudas laborales respecto de su actividad azucarera por la suma de S/. 114,708.84, con motivo del proceso Nº 0052-1999 y se declare nulo el proceso judicial desde la resolución Nº 101 de fecha 30 de setiembre de 2005. Alega vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad, pues se trata de obligaciones laborales anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal tanto de Agropucalá S.A.A. como de Industrial Pucalá S.A.C.
El auto apelado (p.221 – 224) declara improcedente la demanda por considerar que no se advierte que las resoluciones judiciales cuestionadas, por si mismas, vulneren alguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, no pudiendo ser revisadas en sede constitucional.
La apelación formulada por la accionante (p. 225 – 227) indica que la resolución impugnada presenta una serie de errores in iudicando, en razón de que no se le puede exigir el pago de sus obligaciones, pues este derecho se encuentra suspendido hasta que la Junta de Acreedores apruebe el Plan de Reestructuración. Refiere, además, que el señor Ernesto Loayza Rivas ha obtenido el reconocimiento de créditos laborales reconocidos en el proceso Nº 0052-1999, lo cual a la fecha le otorga la calidad de acreedor reconocido de una deuda ya pagada, y le permite participar en la Junta de Acreedores.
§ El cambio de posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y sus implicancias respecto a los jueces del Poder Judicial
3 .Conforme al artículo 4.1. de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedaba suspendida la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tuviera participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hubieren transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarían inscritas pero no podrían ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podían iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 27889. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida. Asimismo, se estableció que las empresas azucareras procederían a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluiría un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedaban suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058- 98.
4. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010. Finalmente, por Ley 29678, se ha producido una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011.
7. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decidor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.
8. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el transito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.
9. Reviste suma importancia examinar en el caso sub judice, en este examen liminar de admisión de la demanda, si la nueva posición del Tribunal Constitucional tiene efecto vinculante respecto a la pretensión formulada, siendo la posición de esta Sala afirmativa al respecto, en tanto no podemos dejar de lado que se trata de una posición en mayoría por parte del propio Tribunal, interpretación que corrige la anterior posición de prevalencia de los derechos fundamentales contrapuestos, esto es, los derechos a la propiedad y al trabajo, de una parte, y de otra parte, a la efectividad de las resoluciones judiciales.
10. La nueva posición del Tribunal alude a la necesidad de cumplir con honrar las obligaciones asumidas, confiriéndole jerarquía axiológica móvil al derecho a ejecutar una resolución judicial por sobre la situación patrimonial de las empresas obligadas. Y ciertamente aunque no se hace referencia al contexto de la nueva Ley de prórroga respecto al año 2011, resulta evidente que el argumento determinante de la nueva posición del Tribunal Constitucional, alude al exceso del tiempo en el cumplimiento de la obligación. En tal sentido, la omisión de referencia a la nueva norma, apreciamos, no incidiría de modo taxativo sobre el juicio de valor emitido sino como argumento complementario.
11. Finalmente, si bien la nueva posición del Tribunal no constituye en estricto precedente vinculante, pues no hay contextos referidos a ello, sí se trata de una relectura constitucional del ejercicio de ponderación de derechos fundamentales, expresados en una mayoría del Tribunal, circunstancia que esta Sala no puede obviar y que a pesar de nuestros fallos anteriores desestimatorios contra acciones tendientes a declarar la inaplicabilidad de las normas de protección patrimonial, ahora nos vemos precisados, dado el nuevo contexto, a reevaluar, variando en adelante nuestra posición al respecto.
12. En ese orden de ideas, no resulta atendible la demanda y corresponde confirmar el rechazo liminar en cuanto las exigencias de pago de los actores contrarios a la ahora accionante, se circunscriben a demandar sumas que, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional arriba referida, deben ser honradas.
13. Es preciso insistir en que los jueces del Poder Judicial nos vemos vinculados por las decisiones del supremo intérprete de la Carta Fundamental y en ese rigor interpretativo, consideramos que el criterio vertido en el caso Becerra Leyva- STC 579-2008-PA/TC- sufre una modificación sustantiva a partir de la nueva posición enunciada por el Tribunal, aspecto que deviene en una demanda fundada.
14. Finalmente, en términos procedimentales, la nueva interpretación del derecho a ejecutar una resolución judicial conduce a un nuevo contexto procesal pues el alegato de si corresponde a una deuda concursal o no, debe subsumirse en la premisa de mandato de pago asumida por el Tribunal Constitucional. En su defecto, corresponde a los canales procesales de la Ley Concursal propiamente dicha si acatan esta nueva interpretación del supremo intérprete, actividad respecto a la cual a los órganos jurisdiccionales nos compete ejercer control constitucional respecto de las decisiones que adopten en el curso de los actuados concursales.
POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos.
[3] STC 579-2008-PA/TC. Caso Becerra Leyva.
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Reincoporación de trabajadores de confianza al cargo anterior.
EXPEDIENTE NRO. : 04579-2011-PA/SPJ
DEMANDANTE: CESAR HUANCAS VELASCO
DEMANDADO: ELECTRONORTE SA
En Chiclayo, a los 22 días del mes de enero de 2013, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de fecha 20 de setiembre de 2012, que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.
La Sala Especializado en lo Civil de Chiclayo mediante resolución Nº 11 del proceso sub judice, requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venia desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos de Electro Norte S.A.,, o en uno similar y en las mismas condiciones. Posteriormente, la resolución Nº 12 (p. 144 – 146), resolución ahora apelada, corrige la resolución Nº 11, indicando que el cargo en el cual debe ser repuesto el demandante, es el de asistente legal.
La impugnación formulada por el demandante (p. 150 – 154) indica que existe una evidente trasgresión al efecto restitutorio del proceso de amparo, debido a que la resolución número 11 requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos o en uno similar y en las mismas condiciones. Señala, adicionalmente, que hay vulneración a su derecho al trabajo pues se ha recortado su remuneración al asignársele funciones de asistente y no de Jefe de Recursos Humanos.
§ La reincorporación de trabajadores de confianza al cargo anterior
1. En circunstancias regulares, la designación de un trabajador de confianza impone al empleador el cumplimiento de determinadas obligaciones[1] bajo la lógica de que se trata de una designación especialísima, es decir, el trabajador de confianza va a laborar con el empleador en modo cercano y ha de conocer determinados procedimientos muy propios del negocio. En caso de extinción del vínculo laboral por retiro de confianza, estos trabajadores solo disponen de un régimen resarcitorio- de orden económico- y no restitutorio- de reincorporación- en razón de su cercanía al empleador. Esta condición justificaría solo una compensación económica antes que una reincorporación.
2. De otro lado, el despido de un trabajador de confianza si antes ha ocupado un cargo ordinario, ha sido abordado por la jurisprudencia constitucional,[2] desde la posición de que se produciría un abuso del derecho si el empleador despidiese al servidor de confianza alegando como única cuestión el retiro de tal condición.
3. En esa lógica y en vía de desarrollo de las premisas anteriores, a fin de evitar abusos laborales, la previsión técnico procedimental es que la reincorporación ha de producirse al puesto anterior, con los rangos y beneficios propios del cargo antes desempeñado, dada la eliminación del rango de confianza.
4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la decisión del A-quo ha sido congruente en la medida que no resulta viable reincorporar al demandante con la remuneración de Jefe de Recursos Humanos sino, en propiedad, con la de asistente, en concordancia con el sentido resolutivo de la ejecutoria del Tribunal Constitucional arriba referida.
5. En efecto, dado que el demandante es reincorporado a su plaza de trabajo, si bien es cierto que inicialmente se previó la Jefatura de Recursos Humanos, es pertinente seguir la lógica de razonamiento de que la Jefatura referida supra corresponde a un cargo de confianza, puesto en el que no puede darse la restitución por la propia naturaleza de la función de confianza, más aún cuando esta asignación de responsabilidad es potestativa del empleador, aspecto que goza de la regulación prevista por el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
6. Más aún, la reposición del actor no puede entenderse como un enunciado lingüístico sino necesita entenderse el sentido interpretativo propio de la reincorporación, la cual salvaguarda el derecho del trabajador mas respecto de la plaza que es pertinente reasignarle, en este caso, la de asistente legal, rango que sí goza de la protección tutelar de un proceso iusfundamental, y no así la condición de Jefe de Recursos Humanos, atribución que se ubica en el ámbito de la potestad de designación del empleador, máxime si tal tarea reviste la condición de cargo de trabajador de confianza.
7. En la lógica expuesta, la corrección del A-quo se inserta dentro de la interpretación constitucional ya asumida por el supremo intérprete de la Carta Fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, corresponde validar la decisión asumida.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, CONFIRMA el auto apelado que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.
[1] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur
5. (…) el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que para la calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal requisito es una formalidad que debe observar el empleador.
[2] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur
Técnicas de interpretación, argumentación y motivación de resoluciones. Academia de la Magistratura. Chiclayo, 24 de agosto de 2013.
Concluimos el Módulo de Técnicas de interpretación, argumentación y motivación de resoluciones parta la Academia de la Magistratura AMAG, poniendo énfasis en esta última sesión en problemas de motivación, los cuales nos conducen, necesariamente, a puntualizar algunos aspectos relacionados con falacias y claves en negativo de la motivación, como sucede con la motivación incongruente, insuficiente o aparente.
Hemos de recapitular algunos aspectos de la primera sesión del 03 de agosto pasado, en especial lo referido al rubro de “calidad de las decisiones!” que maneja el Consejo Nacional de la Magistratura CNM en los procesos de ratificación de los jueces y fiscales, obligatorios en Perú cada 7 años, y cuyos rangos de evaluación son:
Comprensión del problema jurídico y claridad de su exposición
Coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza.
El manejo de la jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la misma
Ciertamente es de de suma relevancia que exista una correlación de contenidos entre lo que enseñamos en la AMAG en Argumentación y lo que exige el CNM en calidad de decisiones, en tanto el 30% del puntaje en el proceso de ratificación está representado por este rubro de calidad de la decisión, lo cual en buena cuenta nos lleva a en qué medida se ha argumentado adecuadamente una resolución.
En la idea de adelantar algunos contenidos, incluimos algunas referencias sobre falacias y tipos de motivación a evitar, siendo sus bases de referencia materiales de García Damborenea, Anthony Weston y el caso 728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja.
GLOSARIO DE CRITERIOS GUIA- FALACIAS
Falacia ad HOMINEM, o falacia ad personam. Se llama así todo mal argumento que, en lugar de refutar las afirmaciones de un adversario, intenta descalificarlo personalmente. Consiste, por ejemplo, en negar la razón a una persona alegando que es fea. Al describir a un oponente como estúpido, poco fiable, lleno de contradicciones o de prejuicios, se pretende que guarde silencio o, por lo menos, que pierda su credibilidad
Falacia de PETICIÓN DE PRINCIPIO, o Petitio principii (afirmación de lo del principio) Postular o tomar lo del principio es demostrar por sí mismo lo que no está claro o no es conocido por sí mismo, esto es: no demostrar.
Falacias del NON SEQUITUR (no se sigue) o de la conclusión equivocada. Denominación genérica para todos los argumentos en que la conclusión no se sigue de las premisas.
Falacia ad IGNORANTIAM. Llamó Locke argumento ad ignorantiam al que se apoya en la incapacidad de responder por parte del adversario. El proponente estima que su afirmación es admisible — aunque no la pruebe— si nadie puede encontrar un argumento que la refute.
Falacia de la GENERALIZACIÓN PRECIPITADA. Las falsas inducciones de algunas experiencias particulares, son una de las más comunes causas de los falsos juicios de los hombres. Lógica de Port Royal. Surge este sofisma cuando se generaliza a partir de casos que son insuficientes o poco representativos.
Falacia del olvido de alternativas. Olvidamos alternativas cuando estamos tratando de tomar decisiones. Destacan dos o tres opciones, y sólo esas sopesamos.
Ad misericordiam (apelar a la piedad). Apelar a la piedad como un argumento en favor de un trato especial.
Ad populum. Apelar a las emociones de una multitud. También, apelar a una persona que «se comporta» como la multitud.
Afirmar el consecuente. Una falacia deductiva de la forma;
Descalificar la fuente. Usar lenguaje emotivo para menospreciar un argumento incluso antes de mencionarlo. “Confío en que Usted no se haya dejado engañar por aquellos pocos intransigentes, quienes todavía no han pasado la edad de la superstición que…”
Falso dilema. Reducir las opciones que se analizan sólo a dos, a menudo drásticamente opuestas e injustas para la persona contra quien se expone el dilema.
Preguntas complejas. Exponer una pregunta o una cuestión de tal manera que una persona no pueda acordar o discrepar con usted sin obligarse con alguna otra afirmación que usted quiere promocionar.
Argumentum ad BACULUM, también llamado Recurso a la fuerza. La expresión ad baculum significa “al bastón” y se refiere al intento de apelar a la fuerza, en lugar de dar razones, para establecer una verdad o inducir una conducta. La denominación es irónica, puesto que no existe tal argumento: se reemplaza la razón por el miedo.
Argumento AD VERECUNDIAM, apelación a la vergüenza o a la reverencia. Falacia en la que, para intimidar al adversario, se apela a una autoridad que no está bien visto discutir.
Recurso al TU QUOQUE. Tu quoque, traducido al castellano significa Y tú también. Consiste en rechazar un razonamiento alegando la inconsistencia del proponente. Se le acusa de hacer o defender lo mismo que condena o, al contrario, de no practicar lo que aconseja hacer a otros. Es decir, se emplea para despreciar las razones de quien no es consecuente, sin analizarlas.
GLOSARIO DE CRITERIOS GUIA- MOTIVACIÓN
Falta de motivación interna del razonamiento
El Tribunal Constitucional precisa que esta digresión“se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.
La motivación insuficiente
La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se trasunta en incongruencia omisiva.
Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 10 de agosto de 2013.
El día de mañana 10 de agosto desarrollamos la tercera semana de nuestro Módulo “Derecho Procesal Constitucional” en la Maestría Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo.
Nuestros contenidos a desarrollar en el curso son los siguientes:
Los procesos constitucionales de la libertad y de control normativo
Como parte de la idea de dinamizar el curso, hemos pasado un video de mucho interés en el cual nuestro maestro y amigo Domingo García Belaúnde nos habla del tema “Orígenes, Teoría, Fuentes y Codificación del Derecho Procesal Constitucional”, ponencia llevada a cabo en el CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, desarrollada en Asunción, Paraguay en mayo de 2012.
El enlace a esta conferencia se puede visualizar enhttp://www.youtube.com/watch?v=7hHw4TqK2Ww
Reseña libros: Temas de Derecho Laboral. 2006
El libro ” Temas de Derecho Laboral”, Editorial Nororiente Jaén, 231 pp. (Edwin Figueroa Gutarra), desarrolla un enfoque sistemático de las principales instituciones laborales asumiendo el análisis de temas como la contratación de trabajo, las obligaciones del empleador, la suspensión y extinción de la relación laboral, descansos, beneficios sociales, temas de contexto jurisdiccional laboral, regulaciones en materia laboral y de contexto socioeconómico, en la idea matriz de realizar una descripción de estas instituciones que creemos representan lo más ilustrativo del Derecho del Trabajo.
El presente trabajo, en ese propósito, procura desarrollar una descripción de muchos temas independientes pero con la característica esencial de vinculación estrecha entre sí en cuanto a la esencia de instituciones del Derecho del Trabajo. Los temas tratados se imbuyen de una consideración fundamental en el Derecho Laboral, cual es su continua tendencia al cambio y nuevas regulaciones reglamentarias; de otro lado, los artículos en comento revelan la tendencia de contemplar temas siempre latentes y de actualidad jurídica; finalmente, otro grupo de instituciones laborales en análisis, es en efecto un aporte legal doctrinario en la modalidad de ensayos e investigaciones jurídicas, siempre bajo la premisa de identificar la evolución de las figuras laborales de mayor alcance e importancia en las relaciones empleador- trabajador, diferenciándose en este caso los ensayos e investigaciones por sus enfoques de mayor amplitud y rango doctrinarios. Así tenemos que los ensayos implican un cuestionamiento directo, reflexivo e interrogativo en tanto que las investigaciones involucran más un planteamiento científico de descripción de un problema y su tratamiento con hipótesis de trabajo.
LIBRO Reseña Temas de Derecho Laboral
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 artículo 4
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