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Timestamp: 2019-10-20 06:26:17+00:00

Document:
ATS, 9 de Septiembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 541114174
Número de Recurso: 639/2014
Por el Juzgado de lo Social Nº 16 de los de Barcelona se dictó sentencia en fecha 22 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 219/2010 seguido a instancia de D. Indalecio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de jubilación, que estimaba en parte la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en fecha 7 de noviembre de 2013 , aclarada por auto de 28 de noviembre de 2013, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 14 de febrero de 2014, se formalizó por la letrada Dª Jessica Bolancel Ferrer en nombre y representación de D. Indalecio , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 20 de junio de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
En todo caso, al efecto debe tenerse en cuanta la doctrina de la Sala que establece que cuando nos encontramos ante convenios distintos, es preciso acreditar la equivalencia de las regulaciones, de forma completa y no de manera aislada o fragmentaria. Como regla general, la contradicción del artículo 219 de la Ley de la Jurisdicción Social no podrá apreciarse cuando las pretensiones formuladas en los correspondientes procesos que han dado lugar a las sentencias comparadas se fundan en normas distintas, porque en estos casos no cabe apreciar la identidad de las controversias, ya que se produce una diferencia relevante en el elemento jurídico de la pretensión, que no puede salvarse a través de meras semejanzas de redacción y es así, porque la interpretación de las normas y, en particular la de los convenios colectivos, no puede limitarse a la consideración literal de un precepto aislado, sino que tiene que ponderar otros elementos en el marco de una interpretación sistemática del conjunto de la disposición y de la finalidad perseguida por la misma, teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, la realidad social de su aplicación o la actuación de los negociadores en el convenio colectivo. ( Sentencias de 19 de diciembre de 2008 (Rec. 881/2008 ), 20 de mayo 2009 (Rec 1349/2007 ) y 3 de diciembre de 2009 (Rec. 1159/2009 ).
En estos autos por resolución de 16-6-2009, el INSS reconoció al actor el derecho a percibir una pensión SOVI por resultar de una cuantía ligeramente superior a la que le correspondía en el Régimen General. Reclamaba en su demanda una pensión de jubilación en el Régimen General en cuantía superior a la reconocida por el INSS (aplicando las bases de cotización del periodo que propone y la revalorización de la pensión según el incremento del SMI), y, subsidiariamente, el reconocimiento de la pensión de jubilación del Régimen General en la cuantía inferior a la del SOVI que ya le había calculado el INSS.
La sentencia de instancia, desestimando la principal y estimando la pretensión subsidiaria de su demanda, reconoció al actor el derecho a la pensión de jubilación del Régimen General en la cuantía fijada por el INSS, en lugar de la reconocida en el SOVI de mayor cuantía. La sentencia aquí recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7-11-2013 (rec. 2857/2013 ), aclarada por Auto de 28-11-2013, desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor y confirma la sentencia de instancia.
En su recurso reitera el actor los dos extremos de su pretensión principal. En primer término se alega infracción del art. 24 del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra, de 9 de enero de 2001 . Sostiene que a tenor de dicho precepto no es preciso tomar los últimos 15 años trabajados en España, sino únicamente los años inmediatamente anteriores a la última cotización, que en este caso sería el periodo comprendido entre febrero de 1979 a enero de 1981 (última cotización realizada en España), resultando una base reguladora de 425,36 euros (en lugar de 157,82 euros, que fijó el INSS y confirmó la sentencia); criterio que, tras referirse a los artículos del Convenio y de la LGSS que resultan de aplicación, es desestimado por la Sala. En segundo lugar interesa el recurrente que la pensión se actualice con el incremento experimentado por el SMI en el periodo, 1981 y 2009 [ultima cotización en España a fecha del hecho causante]; lo que tampoco se estima, pues considera la Sala que el art. 24 del Convenio remite al art. 48 LGSS , resultando de ello la suma de 273,81 euros propuesta del INSS.
El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por el beneficiario y tiene por objeto únicamente el segundo de los extremos debatidos en suplicación: la actualización de la pensión de jubilación del trabajador expatriado de acuerdo con el incremento experimentado por el SMI en el periodo 1981 a 2009 [última cotización en España a fecha del hecho causante].
Se aporta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Supremo de 12-3-2003 (rec. 1929/2002 ). Dicha resolución desestimó el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el INSS contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estima el recurso de suplicación presentado por el trabajador.
En este caso el INSS había reconocido al actor una prestación por jubilación anticipada con arreglo a Reglamentos Comunitarios, que éste solicita que se revise tanto en el porcentaje a cargo de la Seguridad Social española como en el sistema de revalorización. En suplicación se sostiene por el actor que debe aplicarse como base del porcentaje a abonar por parte de la Seguridad Social Española el que resulte del incremento del salario mínimo interprofesional desde la última cotización verificada en España hasta el momento en que se reconoce la pensión de jubilación. A este respecto, mantiene la Sala IV que la doctrina de este Tribunal Supremo autoriza a la utilización de otros criterios, distintos al de las últimas de cotizaciones efectuadas por el trabajador emigrante a la Seguridad Social española, siempre y cuando los mismos se propongan y respondan a principios de ponderación y equilibrio, y el empleado por la sentencia de suplicación, que había sido propuesto y alegado por el trabajador, se considera un instrumento apto de adecuación y actualización de la base reguladora de la porción de pensión asignable a la Seguridad Social española.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social . En efecto, no se produce esta identidad, en primer lugar, porque las sentencias comparadas aplican normas distintas, así, en la sentencia de contraste se trata de la aplicación de Reglamentos Comunitarios, mientras en la recurrida se aborda el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra, de 9 de enero de 2001. Y, en segundo lugar, aunque el criterio de revalorización que se propone por el recurrente es, en efecto, el seguido por la sentencia de contraste, dicha resolución indica claramente que la doctrina de este Tribunal Supremo autoriza a la utilización de otros criterios distintos al de la revalorización de las últimas de cotizaciones efectuadas por el trabajador emigrante a la Seguridad Social española, siempre y cuando los mismos se propongan y respondan a principios de ponderación y equilibrio, entendiendo que en el caso concurre dicho equilibrio, por lo que no puede apreciarse contradicción entre dos resoluciones que aplican criterios igualmente aceptados por esta Sala IV.
Las precedentes consideraciones no quedan desvirtuadas en modo alguno por lo que la parte esgrime en su escrito de alegaciones de 8 de julio de 2014, en el que discrepa de lo razonado por esta Sala en su providencia de 20 de junio de 2014, insistiendo en la existencia de contradicción, por entender que el contenido de las normas es idéntico, y que la reclamación sobre la revalorización de su pensión es coincidente con la de la sentencia de contraste, todo ello sin aportar elementos novedosos y relevantes al respecto, ni argumentos jurídicos que desvirtúen el contenido de aquélla.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª Jessica Bolancel Ferrer, en nombre y representación de D. Indalecio , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 7 de noviembre de 2013 , aclarada por auto de 28 de noviembre de 2013, en el recurso de suplicación número 2857/2013, interpuesto por D. Indalecio , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de los de Barcelona de fecha 22 de noviembre de 2012 , en el procedimiento nº 219/2010 seguido a instancia de D. Indalecio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de jubilación.

References: resolución 
 artículo 219
 resolución 
 resolución 
 artículo 219
 resolución