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Timestamp: 2018-04-26 04:23:42+00:00

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Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo de Galicia. TITULO IV. Infracciones y sanciones
Concepto y tipificación
2. Son infracciones muy graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas relativas al uso y edificación que afecten a zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos o suelo rústico con especial protección.
Son asimismo infracciones muy graves la parcelación urbanística en suelo rústico y la realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del planeamiento y proyecto de urbanización exigibles.
3. Son infracciones graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales.
1. Cuando con ocasión de la tramitación de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística se desprenden indicios del carácter de ilícito penal del hecho, el órgano instructor del expediente, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, suspendiendo la tramitación del expediente administrativo entre tanto no recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
2. Cuando, en cualquier fase de los procedimientos que se instruyan como consecuencia de una infracción urbanística, los órganos competentes aprecien que hay indicios de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano que consideren competente.
1. En las obras que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus condiciones serán sancionadas por infracción urbanística las personas físicas o jurídicas responsables de ellas en calidad de promotor, empresario de las obras y técnico director de las mismas.
2. Se considerará también como promotor al propietario del suelo sobre o bajo el cual se realiza o se ha realizado la infracción, salvo prueba en contrario.
3. En las obras amparadas en una licencia cuyo contenido sea constitutivo de infracción urbanística grave o muy grave serán igualmente sancionados el facultativo que hubiese informado favorablemente el proyecto y las autoridades o miembros de la corporación que hubiesen resuelto o votado a favor del otorgamiento de la licencia sin los informes previos exigibles o cuando éstos fueran desfavorables en razón de aquella infracción.
4. Los que, como consecuencia de una infracción urbanística sufriesen daños o perjuicios podrán exigir de cualquiera de los infractores, con carácter solidario, el resarcimiento y la indemnización que correspondan.
En los supuestos en que se instruyese expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas entre las que exista conexión de causa a efecto, se impondrá una sola sanción, y será la correspondiente a las actuaciones que supongan el resultado final perseguido, en su cuantía máxima. En los demás casos, a los responsables de dos o más infracciones urbanísticas se les impondrán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.
Las sanciones por infracciones urbanísticas se impondrán con independencia de las demás medidas previstas en este reglamento.
1. La base para el cálculo de las multas consistentes en un porcentaje del valor de la obra o instalación realizada estará integrada por el coste de los materiales o de la instalación y el de su ejecución o implantación, excluidos el beneficio empresarial, honorarios profesionales e impuestos.
2. En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor. Cuando la suma de la sanción impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su primitivo estado arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.
3. Cuando concurriesen circunstancias atenuantes y agravantes, éstas se compensarán de forma racional para la determinación de la sanción, ponderando razonadamente la trascendencia de unas y otras.
4. Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes, la Administración impondrá la sanción en su cuantía media.
1. Para graduar las multas se atenderá primordialmente a la gravedad de la materia, a la entidad económica de los hechos constitutivos de infracción, a su reiteración por parte de la persona responsable y al grado de culpabilidad de cada uno de los infractores.
2. Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los culpables de una infracción urbanística:
b) La utilización de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario público encargado del cumplimiento de la legalidad urbanística o mediante soborno.
d) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Administración en orden a la paralización de las obras y la restauración de la legalidad urbanística y la denegación de acceso a los terrenos o construcciones a los funcionarios encargados de la inspección urbanística.
e) El realizarla aprovechándose o explotando en beneficio propio una grave necesidad pública o del particular o particulares que resultasen perjudicados.
3. Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los culpables de una infracción urbanística:
a) El no haber tenido intención de causar daño grave a los intereses públicos o privados afectados por el hecho ilegal.
b) El haber procedido el responsable a corregir la situación creada por la comisión de la infracción.
4. Son circunstancias que, según cada caso, pueden agravar o atenuar la responsabilidad:
b) El mayor o menor beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, el haberla realizado sin consideración alguna al posible beneficio económico que de la misma se derive.
5. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales exigibles, en su caso, a los infractores.
a) Por faltas muy graves, a partir de 100 millones de pesetas, el Consello de la Xunta.
b) Por faltas muy graves, hasta 100 millones de pesetas, el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, sin perjuicio de la posibilidad de desconcentración en los órganos de la citada consellería.
2. Las resoluciones dictadas por los órganos autonómicos a que se refiere el apartado anterior, ponen fin a la vía administrativa a los efectos previstos en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
1. La potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con lo establecido en la legislación del procedimiento administrativo y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
2. El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la fecha de su iniciación, ampliable, como máximo, por otros seis meses mediante acuerdo adoptado en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Contra este acto de ampliación no habrá lugar a recurso alguno.
Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se dictase resolución, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones. En el cómputo deberán tenerse en cuenta las posibles interrupciones por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento. En el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador.
Serán sancionados con multa del 30 al 50 por ciento del valor de la obra, instalación, terrenos afectados, edificación o actuación realizada quienes incumplan las normas relativas al uso y a la edificación que afecten a zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos o suelo rústico con especial protección.
1. Se sancionará con multa del 30 al 50 por ciento del valor de los terrenos afectados a quienes realicen parcelaciones urbanísticas en suelo rústico.
2. La sanción establecida en el número anterior se impondrá en su cuantía máxima si la división realizada lesiona el valor específico que, en su caso, proteja el ordenamiento urbanístico.
3. En ningún caso se considerarán solares, ni se permitirá edificar en ellos, los lotes resultantes de una parcelación efectuada con infracción de los artículos 173 y 174 de la Ley del suelo de Galicia.
Quienes realicen obras de urbanización sin la previa aprobación del planeamiento y del proyecto de urbanización exigibles serán sancionados con multa del 30 al 50 por ciento del valor de la obra realizada.
1. Serán sancionados con multa del 5 al 30 por ciento del valor de los terrenos y de las obras e instalaciones ejecutadas sobre aquéllos, quienes realicen parcelaciones urbanísticas incumpliendo lo dispuesto en los planes de ordenación y en los artículos 173 y 174 de la Ley del suelo de Galicia.
2. En estos supuestos será de aplicación lo establecido en el artículo 83.3 de este reglamento.
Quienes realicen acciones constructivas o no constructivas en contra del uso, destino y naturaleza que corresponda al suelo en el que se ejecuten, siempre que la infracción no estuviera calificada como muy grave, serán sancionados con multa del 5 al 30 por ciento del valor de la obra o instalación realizada o del terreno afectado por la actuación.
Será sancionada con multa del 5 al 30 por ciento de su valor la realización de edificaciones, construcciones o instalaciones sin la preceptiva autorización de la Comunidad Autónoma en los supuestos regulados en el artículo 77.4 y disposición adicional 3ª.2 de la Ley del suelo de Galicia.
El incumplimiento del aprovechamiento urbanístico fijado en el planeamiento será sancionado con multa del 5 al 30 por ciento de valor del exceso en dicho aprovechamiento.
1. Se sancionará con multa del 15 al 30 por ciento de su valor el exceso de edificación sobre la edificabilidad permitida por el planeamiento.
2. La misma sanción se aplicará a quienes edificaren sótanos, semisótanos, áticos o entreplantas no permitidos por el planeamiento.
El exceso sobre la altura determinada en el planeamiento, siempre que dicho exceso no implicare aumento de la superficie construida permitida, se sancionará con multa del 5 al 15 por ciento del valor del exceso.
Se sancionará con multa del 5 al 30 por ciento del valor de lo realizado la ejecución de obras de consolidación, modernización o incremento de su valor de expropiación en edificios calificados como fuera de ordenación, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley del suelo, salvo los casos de excepción previstos en el apartado tercero del mismo artículo. Si dichas obras llevasen consigo aumentos de volumen o incremento de altura en relación con la situación existente, la sanción se impondrá en su porcentaje máximo.
Las infracciones por incumplimiento de las reglas de distancia de las edificaciones entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y linderos se sancionarán con multa del 15 al 30 por ciento del importe de la obra que se sitúe fuera de los límites a los que deba ajustarse.
Los que edificaren en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como mínima edificable serán sancionados con multa del 15 al 30 por ciento del valor de la obra realizada, graduando la multa en función de la mayor o menor desproporción que exista entre la superficie de la parcela edificada y la superficie de la parcela mínima según el plan.
1. Se sancionará con multa del 15 al 30 por ciento del valor de la obra realizada, la ejecución de construcciones, instalaciones o usos del suelo que vulneren las normas de protección de los elementos incluidos en catálogos o inventarios de los instrumentos de planeamiento. Igualmente se sancionarán los que vulneren lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley del suelo de Galicia.
2. Cuando se trate de actuaciones sobre bienes que tengan la condición de bienes de interés cultural, la sanción se impondrá en su porcentaje máximo.
1. Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda, parque y aquellos ejemplares aislados que por sus características específicas posean un interés botánico o ambiental especial que se realicen sin licencia, serán sancionados con multa del 15 al 30 por ciento del valor del bien afectado.
2. La multa se graduará en función de la mayor o menor trascendencia que tuviera la infracción en relación con el uso previsto, la irreversibilidad del deterioro causado en el valor intrínseco de la especie, del número de elementos dañados y de la antigüedad de los mismos.
3. El propietario quedará obligado a restaurar la realidad física alterada, sin que pueda autorizarse urbanización alguna hasta que sea realizada la correspondiente repoblación forestal según el plan establecido por el órgano competente.
Las infracciones urbanísticas leves se sancionarán con multa del 1 al 5 por ciento del valor de la obra, instalación o actuación realizada.
La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia u orden de ejecución cuando sean legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico será sancionada con multa del 1 al 5 por ciento del valor de la obra o instalación.
1. Se sancionará con multa del 5 por ciento del coste de las obras y del valor de los terrenos a quienes realicen algunos de los actos a que se refieren los apartados 14, 15, 16 y 17 del artículo 10 de este reglamento sin la preceptiva licencia, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial cuando carezcan asimismo de la correspondiente autorización o concesión.
2. Cuando las actividades señaladas en el número anterior no fueren legalizables, se aplicarán las sanciones previstas en este reglamento para los tipos de infracción que en cada caso correspondan.
El incumplimiento de las órdenes de ejecución reguladas en la sección primera del capítulo II del título II serán sancionadas con multa del 1 al 5 por ciento del valor de las obras cuya realización haya sido ordenada.
1. La colocación sin licencia de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública se sancionará con multa del 1 al 5 por ciento del valor de su construcción e instalación.
2. La multa se graduará en función de la localización, tamaño e incidencia de tales elementos en el medio físico y en el entorno, aplicándose en su porcentaje máximo en los casos de incumplimiento del requerimiento de retirada de los mismos.
Serán sancionados con multa del 1 al 5 por ciento de su valor quienes lleven a cabo sin licencia cierres y vallados de fincas.
La realización de publicidad efectuada con incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 se sancionará con multa de 50.000 a 500.000 pesetas en atención a las circunstancias concurrentes.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 17.4 y 53.1 será sancionado con multa del tanto al quíntuplo del coste de la acometida.
1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los cuatro años y las leves al año, a contar desde la finalización de las obras o de la actividad.
3. Constituye infracción urbanística continuada la actividad consistente en la repetición de actos análogos cuando todos ellos tengan una unidad de objetivo dentro de un mismo ámbito territorial, definido registral o físicamente.
4. Se presume que las parcelaciones urbanísticas ilegales son, en todo caso, infracciones urbanísticas continuadas.
No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando existan actos de la Administración que autoricen actividades constitutivas de infracción urbanística, el plazo de prescripción comenzará a contar desde que se anularan los actos administrativos.
En los edificios e instalaciones construidos o realizados mediante actuaciones que, con arreglo a este reglamento, hubieran sido declarados como infracción urbanística y respecto de los que hubiera prescrito la acción administrativa para la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada, no se podrán realizar otras obras que las pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene, y en ningún caso las de consolidación, aumento de valor, modernización, o cambio del uso existente, salvo aquellas necesarias para la adecuación a la legalidad urbanística vigente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 109
 Real Decreto 
 artículo 83
 artículo 77
 artículo 58
 artículo 59
 artículo 10
 artículo 6