Source: https://es.scribd.com/document/144988339/SENTENCIAS-CONSTITUCIONALES
Timestamp: 2017-09-26 20:21:15+00:00

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE – BOLIVIA
Expediente: 2000-01711-04-RDI Recurrente: Ana María Romero de Campero, Defensora del Pueblo Materia: Recurso Directo de Inconstitucionalidad Distrito: La Paz Lugar y Fecha: Sucre, 5 de enero de 2001 Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santibáñez VISTOS: El Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad planteado por Ana María Romero de Campero, Defensora del Pueblo, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 20 inc. h), 46 inc. b) y 48 inc. j) del Decreto Supremo Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996, los antecedentes del caso; y. CONSIDERANDO I Que, en el memorial de 27 de septiembre de 2000 cursante de fs. 25 a 32 de obrados, presentado el 16 de octubre de 2000, la recurrente manifiesta que: I.1. Los arts. 20 inc. h), 46 inc. b) y 48 inc. j) del Decreto Supremo Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996 infringen los arts. 6 y 7 incs. b), d) y g), 16, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado. I.2. Que el inc. h) del art. 20 del D.S. Nº 24423 al otorgar a la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos la facultad de resolver la expulsión de extranjeros que incursionaran en problemas de política interna, establece una restricción del ejercicio de la libertad de expresión reconocido por el art. 7 inc. b) de la Constitución Política del Estado. La segunda connotación de afectación constitucional del mismo artículo, se refiere a la determinación de la expulsión del extranjero cuando se inmiscuye en asuntos de dirigencia sindical, desconociendo que la Carta Fundamental no reconoce ninguna excepción al derecho de sindicalización de los trabajadores extranjeros, vulnerándose así los arts. 7 inc. d) y j), 159 y 228 de la Constitución Política del Estado. La tercera connotación de vulneración constitucional se refiere a la frase “dirigieran o alentaran verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades constituidas” conectada íntimamente con el derecho constitucional de la libre expresión. I.3. Que el art. 48 inc. j) de la misma disposición legal faculta a expulsar del país al extranjero que en ejercicio de su derecho a libre expresión manifieste opiniones contrarias a los gobiernos de otros países con los que Bolivia mantiene relaciones, lo que implica una nueva restricción al derecho de libertad de expresión que no sólo se limita a las opiniones sobre la política del gobierno boliviano, sino también contra otros gobiernos, con el pretexto del mantenimiento de las buenas relaciones internacionales. I.4. Que por su parte el art. 46 inc. b) de la misma disposición legal afecta los arts. 7 inc. b) y 16 de la Constitución Política del Estado al establecer una prohibición de ingreso al territorio nacional basándose en meras presunciones, sindicaciones. Que el art. 22 de la Convención de San José de Costa Rica dispone que “...El extranjero que se halle legalmente
en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley”. En el caso que motiva la presente acción constitucional, las causales de expulsión las determina una norma de jerarquía inferior a la ley. Por lo que al amparo de los mandatos contenidos en los arts. 129 de la Constitución Política del Estado, 11-1) de la Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997 y 55-4) de la Ley Nº 1836 de 1 de abril de 1998 interpone Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad contra los arts. 20 inc. h), 46 inc. b) y 48 inc. j) del D.S. Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996, emanado del Poder Ejecutivo, pidiendo se admita el Recurso y se ponga a conocimiento de la autoridad que generó la norma impugnada, pronunciándose sentencia que declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. CONSIDERANDO II Que por Auto Constitucional Nº 205/2000-CA de 19 de octubre de 2000 cursante a fs. 34-35, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional admite el recurso, disponiendo la citación de la autoridad recurrida, habiéndose cumplido ésta el 10 de noviembre de 2000, conforme consta de la diligencia cursante a fojas 52. CONSIDERANDO III Que por memorial de 21 de noviembre de 2000, cursante a fs. 55 a 59, Iván Alemán Menduiña, en su condición de apoderado legal del Presidente de la República, cual se acredita por el Testimonio de Poder Nº 599/2000 (fs. 53-54) alega que: III.1. El Poder Ejecutivo en el anterior gobierno constitucional haciendo uso de la atribución prevista en el art. 96-1ª de la Constitución Política del Estado expidió el Decreto Supremo Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996, relativo al Régimen Legal de Migración. Refiere que las normas impugnadas como inconstitucionales revisten y tienen la calidad de constitucionales porque su texto no tiene infracción alguna a las normas de la Constitución Política del Estado. III.2. El art. 20. inc. h) del D.S. aludido de ninguna manera limita el derecho que tienen los ciudadanos extranjeros a emitir libremente sus ideas y opiniones, y que si bien es cierto que por mandato constitucional los extranjeros tienen derecho de opinión política no es menos cierto que este derecho, como otros derechos fundamentales, están limitados por mandato de la misma Constitución, cuando dispone la vigencia de los mismos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, así la limitación para que los extranjeros puedan incursionar en problemas de política interna, está expresada en la misma norma constitucional cuando dispone que para ser Senador o Diputado de la República se requiere ser boliviano de origen; por otra parte la Ley de Partidos Políticos en su art. 13-2 proclama el rechazo de la injerencia extranjera en la vida interna de los partidos políticos. Añade que tampoco se ha atentado contra el derecho de sindicalización de los trabajadores extranjeros al limitarse a disponer su expulsión si éstos infringen la Constitución y las leyes, sin que ello signifique restricción a su derecho a libre expresión o la modificación de las conductas tipificadas en el Código Penal. III.3. El Recurso no fundamenta por qué los arts. 46 inc. b) y 48 inc. j) del D.S. Nº 24423 serían inconstitucionales, y si bien señala que se han vulnerado los arts. 7 inc. g), 16-I y IV, no se aclara en qué consistiría la misma. Aclara que el art. 46 inc. b) no restringe el derecho
b) y 48 inc.fundamental de emitir libremente sus ideas u opiniones ni vulnera la presunción de inocencia. IV.S. deberá ser resuelta por el Subsecretario de Migración dentro de las 72 horas de que éste hubiera recibido el expediente para despacho. entre otras atribuciones. tratantes de blancas. en su caso. la expulsión de extranjeros no comprendidos en la situación de asilados políticos o refugiados. ni siquiera era necesario pues en estos casos se aplicarán las normas de los convenios y tratados suscritos por nuestro país. La Resolución de expulsión dictada.S. Este recurso será concedido en el efecto suspensivo ante la Subsecretaría de Migración.4. Nº 24423. 46-b) de la misma disposición legal. estará encargada de: “Resolver.226 y 229 de la Constitución Política del Estado. 48 inc. por no haberse infringido de manera alguna los arts. IV. con el infome jurídico correspondiente”. bienestar de la mayoría de los ciudadanos bolivianos que. la seguridad del Estado. 20) inc h) 46 inc. podrá ser apelada en el término de 48 horas de su notificación. los sindicados de terroristas. 48 inc. incursionaran en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales. toda vez que la citada disposición legal fue expedida por el Órgano Ejecutivo en resguardo del orden público. j) señala como causal de expulsión de los extranjeros “Que . falsificadores de moneda o narcotraficantes y aquellos cuya conducta anterior haga prever situaciones que sean contrarias a la seguridad nacional. 7 incs.3. verían afectados sus derechos por una minoría de extranjeros que podrían atentar contra la Constitución Política del Estado y las leyes de la República. esta disposición sólo se limita a impedir el ingreso al país de ciertos extranjeros.1. se establece lo siguiente: IV. 48. alentaran su desobedecimento. mediante Resolución motivada. pide se dicte “la correspondiente Sentencia Constitucional” declarando la constitucionalidad de los arts. El art. Por lo expuesto. 159. 16. 6. al orden público o a las autoridades constituidas. b). III. Por último el art. dirigieran o alentaran verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. CONSIDERANDO IV Que de la revisión del expediente.S. menos restringe el derecho a ser juzgados según las normas del debido proceso. dispone que la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos. La apelación merecerá informe jurídico legal en un plazo no mayor de 48 horas de recibidos los antecedentes en la Dirección Nacional Jurídica. 20 inc.2. que directa o indirectamente infringieran la Constitución y las leyes de la República. g). h) del D. j) del D. Nº 24423 son plenamente constitucionales. contravinieran disposiciones de migración o estuvieran comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el art. j) por el que se otorga facultades a Migración de expulsar del país a los extranjeros que entorpezcan las relaciones del Estado boliviano con los gobiernos de otros países. con un informe circunstanciado de los hechos que la motivaron. Concluye que los artículos e incisos recurridos como inconstitucionales del D. Nº 24423. establece como impedimento de ingreso al país para todo extranjero que hubiera sido condenado o se hallen perseguidos por delitos comunes de orden público. a la cual se elevarán todos los antecedentes que existieran. d). Con referencia al art. Que el art.
Que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales consagrados por la Constitución Política del Estado no son aplicables solamente a los bolivianos sino a toda persona estante y habitante en el territorio nacional.”. que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función del interés social. 24 de la Constitución dispone que “las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas.desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones”. por ello es que el art. 20 inc. 229 de la Constitución Política del Estado.” sin hacer distinción alguna entre nacionales y extranjeros.1. V. 7 inc. por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución... encuentran limites y restricciones en los derechos de los demás.” (art. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal. IV. así lo dispone el art. dado el principio de la reserva legal. por una parte el principio de la igualdad toda vez que.entorpezcan en cualquier forma las buenas relaciones internacionales de Bolivia o desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones”. V. que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales. infringen las normas previstas por los arts. b) y 159 de la Constitución Política.no estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo. la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad. moralidad y salubridad públicos. 20 inc. dicha restricción no puede y no debe ser establecida mediante un Decreto Supremo sino a través de una Ley de la República. teniendo su motivación en la preservación del orden público.la incursión en programas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales dirigieran o alentaren verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. debe tomarse en cuenta que aún la ley. Es en ese orden que la Constitución ha establecido el mecanismo legal para la regulación y restricción de los derechos fundamentales. Por otro lado.4. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. h) y 48 inc. es decir. CONSIDERANDO V V. la prevalencia del interés general.4. b) y g) de la Constitución Política del Estado. Que los derechos fundamentales no son absolutos. lo que implica que ese sometimiento no sólo es con relación a los deberes sino también a los derechos y garantías constitucionales. Que en el caso de autos. consagrados en el art. j) del referido Decreto Supremo. Por otra parte. V. implícitamente hacen una diferenciación entre los nacionales a quienes estarían reconocidos según su . pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. Que los arts. En efecto las disposiciones legales impugnadas vulneran.. 6.. disponen restricciones a los derechos fundamentales de los extranjeros como son la libertad de expresión y libre locomoción.. al establecer como causales de expulsión de extranjeros “. h) y el que “. 7 inc. 7 de la Ley Fundamental establece que “toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales ..2. sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República -disposición constitucional que es concordante con los arts. corresponde señalar que el art. el orden jurídico así como la seguridad del Estado... se establece que las disposiciones legales impugnadas de inconstitucionales. Que el art. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales.3. sin embargo.
pues en ejercicio de este derecho toda persona puede libremente expresar sus ideas. el art. 229 que establece la garantía constitucional de los derechos fundamentales contra las leyes. 20 inc. el art. 58-III de la Ley Nº 1836. en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 1201ª de la Constitución Política del Estado. V. los derechos y garantías que consagra la Constitución y los extranjeros a quienes no estarían reconocidos dichos derechos. Pablo Dermizaky Peredo.h).S. Nº24423 vulnera la garantía constitucional del debido proceso consagrado por el art.espíritu. 16 de la Carta Fundamental al instituir como potestad de la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos la expulsión de los extranjeros. 46 inc. es más. Por otra parte. h). j) del D. sin establecer un procedimiento que permita a éste asumir su defensa de manera que dicha norma desconoce además lo preceptuado por el art. y por tanto. el art. Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996 con el art. por lo mismo puede referirse críticamente a una situación determinada que forma parte de la política interna del país.S. b) y 48 inc. j) del D. por cualquier medio de difusión. participar en la vida política interna. Magistrado . CONSIDERANDO VI Que el Recurso de Inconstitucionalidad es una acción de puro derecho en la que el órgano contralor debe confrontar el texto de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con las mismas. Presidente Dr. Que al margen de lo señalado. hecho que no puede ni de constituir una causal de expulsión del extranjero. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la expulsión conforme a un procedimiento determinado por ley. Elizabeth Iñiguez de Salinas por encontrarse en uso de su vacación anual. FIRMAS Dr. ni siquiera toman en cuenta la situación de aquellos extranjeros con residencia permanente en el país a quienes la Ley Nº 2028 de municipalidades le reconoce el derecho político a ser electores. todos ellos de la Constitución Política del Estado. 20 inc.S. declara la INCONSTITUCIONALIDAD de los art. No interviene la Magistrada Dra. o en su caso. vulneran el derecho que tiene toda persona a emitir libremente sus ideas y opiniones.. h) del D. 16 que consagra la garantía del debido proceso. Nº 24423 de 29 de noviembre de 1996 con los efectos establecidos por el art. 20 inc. POR TANTO El Tribunal Constitucional. Que en el caso de autos existe contradicción de los arts. 7 en su primer párrafo que establece el principio de reserva legal así como los incisos b) y g) que consagran los derechos fundamentales a la libertad de expresión y derecho de locomoción. opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión sea oral o escrito. 46 inc. Regístrese y hágase saber. 54 y siguientes de la Ley Nº 1836. Hugo de la Rocha Navarro. Decano Dr. René Baldivieso Guzmán. expresar un pensamiento crítico sobre la política del gobierno de su país de origen. más aún sin someterlo siquiera a un procedimiento previo establecido por Ley respetando su garantía al debido proceso. b) y 48 inc.5.
Magistrado . Magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez. Willman Durán Ribera.Dr.
se encuentra internado en la clínica Copacabana por hipertensión. El ciudadano Amauris Samartino. 3 y vta.1. sin enseñar ninguna orden de aprehensión.. por expulsión o devolución. cursante de fs. dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Rodolfo Téllez Flores en representación de Amauris Samartino Flores contra Alicia Muñoz Alá. Martha Rojas Álvarez En revisión la Resolución 26/2006 de 27 de diciembre. en tal sentido. se enteró que éste había sido trasladado a dependencias del Servicio Nacional de Migración de la ciudad de La Paz para su expulsión del país. toda vez que ingresó a Bolivia luego de una salida forzosa por su condición de perseguido político del Gobierno de la República de Cuba. en la ciudad de Santa Cruz. pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz.Hechos que motivan el recurso Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2006.II y 7 inc. I. reconocido a todo estante y habitante en el territorio nacional. alegando vulneración del derecho a la libertad de locomoción. a la que Bolivia está adherida mediante Ley 2071 de 14 de abril de 2000. y luego trasladado por tierra hasta La Paz. encapuchado y encañonado en las sienes. consagrado en los arts. por personas diferentes a las de sus captores. 31 de enero de 2007 Magistrada Relatora: Dra. goza de status de refugiado político. 164 a 168. e introducido a una camioneta azul de uso particular. privándole de su libertad y de su derecho constitucional de libre locomoción. con rumbo desconocido. Después de indagar por más de 24 horas el paradero de su representado. el recurrente sostiene que el 23 de diciembre de ese año. en mérito a una Resolución Ministerial firmada por la Ministra de Gobierno. Directora Nacional de Migración. Resolución que a la fecha no fue puesta en conocimiento ni notificada legalmente al Sr.1. cursante a fs.I dispone que ningún Estado podrá.1. y sólo dio lugar a esa detención indebida.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE – BOLIVIA SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0037/2007-R Expediente: 2007-15224-31-RHC Distrito: La Paz Lugar y Fecha: Sucre. que en el art. poner a un refugiado en las fronteras del territorio . su representado fue detenido por civiles armados que en ese momento se identificaron como agentes de policía. está amparado por la Convención de Ginebra de 1951. Ministra de Gobierno y Magali Zegarra Aragón. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I. ahora recurrida. g) de la Constitución Política del Estado (CPE). 6. Su representado fue enmanillado. Contenido del recurso I. y como consecuencia de las torturas psicológicas sufridas. Samartino. 33.
nacionalidad u opiniones políticas. sin ninguna orden de aprehensión judicial.II y 7 inc. Directora Nacional de Migración. g) del Decreto Supremo (DS) 24423. 3. Ratificación y ampliación del recurso El abogado y representante de Amauris Samartino ratificó los fundamentos del recurso. y se disponga su inmediata libertad. en la ciudad de La Paz. La detención fue arbitraria.2.2. la Ministra de Gobierno dispuso la expulsión del ciudadano Amauris Samartino por infracción al art. Autoridades recurridas y petitorio Interpone recurso de hábeas corpus contra Alicia Muñoz Alá. I. Sólo del espíritu de la redacción se presume que se quiere fundamentar su expulsión por haber .1. no son instancias jurisdiccionales. y aún si hubiera un delito migratorio. ya que los miembros de una institución administrativa como el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Gobierno. Ninguna autoridad administrativa puede aprehender y mantener detenida a una persona por más de setenta y dos horas. Su representado permaneció incomunicado en el Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Audiencia y Resolución del Juez de hábeas corpus En la audiencia realizada el 27 de diciembre de 2006 (fs. religión.3. añadiendo que: 1.1. que desde ningún punto de vista fue cometido por su representado. I. solicitando sea declarado procedente. 6. contra la Directora Nacional de Migración. Derecho supuestamente vulnerado El recurrente alega vulneración del derecho a la libertad de locomoción y tránsito. en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico boliviano. su representado tendría que haber sido puesto en manos de un Fiscal para luego ser remitido ante la autoridad judicial. 2. 155 a 163). g) de la CPE. Ministra de Gobierno y Magali Zegarra Aragón. norma que hace referencia a la comisión de fraude económico al Tesoro General de la Nación. en ausencia del representante del Ministerio Público. Interpone el presente recurso de hábeas corpus contra la Ministra de Gobierno por haber ordenado la detención y.donde su vida o libertad peligre por causa de raza.2.1. 48 inc. De acuerdo a la Resolución Ministerial (RM) 4213 de 19 de septiembre de 2006. La Ley Migratoria no tipifica delitos. se produjeron los siguientes actuados: I. por detener a su representado durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. I. 4. consagrado en los arts.
la carta de 30 de marzo de 2001 dirigida al Director de Asuntos Jurídicos por el Director del Servicio Nacional de Migración y al certificado emitido por el Presidente de la Comisión Nacional del Refugiado. que puede ser apelada.2 Informe de las autoridades recurridas Rubén Gamarra Hurtado. de esta manera. Su calidad de migrante regular y no refugiado también se demuestra por el Informe 214/2001 de 3 de abril. y en esa condición ingresó al país. así se demuestra en la Resolución 3440 por la que se constata que ingresaron a Bolivia doce personas de Cuba provenientes de Guantánamo. no obstante que la libertad de expresión está reconocida en la Constitución y en mérito a ello la “SC 004/2001” declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Suprema señalada. reconociéndole la calidad de refugiado político. sin embargo. como el del cabildo del mes de noviembre. Viceministro de Régimen Interior. . I. otorgándoseles permanencia indefinida o radicatoria con carácter gratuito. 6. Su representado tenía la condición de refugiado político en la base Guantánamo bajo custodia de Estados Unidos. que tiene vigencia hasta el 2011. Hasta la fecha. El estatus de refugiado nunca fue concedido a Amauris Samartino. en cumplimiento de las normas internacionales como la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley 2071 de 14 de abril que aprueba el Estatuto de Refugiado. para evitar esa impugnación. 5. cuando las normas de Derecho Internacional determinan que deberán ser devueltos al punto de ingreso de embarque. es el Servicio Nacional de Migración el que tiene esa facultad. 7. 9.participado en política interna del país. entre los que se encuentra Amauris Samartino. otorgó certificado de extranjería a Amauaris Samartino. La Ministra de Gobierno no tiene competencia para firmar una Resolución de expulsión. y pretende justificar y validar esa Resolución con videos posteriores. que establece que los Estados deben facilitar la permanencia legal del refugiado político. sin embargo. el 1 de noviembre de 2000. al determinar en la Resolución Ministerial que sea devuelto al país de origen. su cliente no ha sido notificado legalmente con la misma. en representación de la Ministra de Gobierno. quienes declararon su voluntad de ingresar a Bolivia en calidad de residentes permanentes y no como refugiados. Además. ya que el status de refugiado debe ser objeto de resolución y no cualquier Director de Santa Cruz lo va a dar. donde se sindica a su representado de intromisión en la actividad política interna del país. estos actos pretenden hoy ser desconocidos y revocados sin procedimiento legal.2. vulnerando principios constitucionales. Se pretende hacer valer la Resolución de “19 de septiembre de 2006”. señaló: 1. Esas personas fueron transportadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Bolivia. Las autoridades recurridas pretenden poner la vida de su cliente en peligro. pueden participar en la política. porque la Ley de Organización del Poder Ejecutivo sólo le da la atribución de formular la política migratoria. El Ministerio de Gobierno. estando desde esa fecha bajo bandera boliviana. 8. la Ley de Municipalidades garantiza que los extranjeros con residencia permanente en el país tengan derecho a ser electores y. su representado desconoce la Resolución Ministerial.
y en el caso. que le concedió la radicatoria al representado del recurrente. 20 inc. el art. hacer cumplir las órdenes de expulsión de extranjeros determinadas por el “Supremo Gobierno”. La notificación fue efectuada por el Director Distrital de Migración y el Jefe de Inspectores de Santa Cruz. hoy Vice ministerio de Régimen Interior. . El art. que le reconocen al Estado boliviano. los periódicos ya la conocían hace dos días. 9. El DS 24423 se constituye en la norma migratoria que regula el cumplimiento de los derechos y obligaciones que deben tener todos los ciudadanos extranjeros. se puede conceder la radicatoria o permanencia indefinida. Analizada la RM 3430. 10. 48 del DS 24423 señala que los extranjeros no pueden intervenir en política interna. 7. 11. existiendo contradicción en el recurrente. Samartino nunca fue torturado y menos incomunicado. así. teniendo el estado “la potestad de efectuar esta situación”. 3. La Resolución Ministerial 4213 hace referencia a una Resolución por la que se le concedió un beneficio al ciudadano Samartino. El Sr. existiendo un testigo de actuación. sino que propuso y gritó independencia. si bien se mencionó el art. finalmente.g). para tener residencia. se constata que fue concedida gratuitamente para su residencia permanente. las personas primero deben tener visa de treinta días. sólo fue por seguridad. 8. y si fue trasladado a una celda de la FELCC. 5. hay otros artículos de la normas contenidas en el DS 24423. luego de un año. 48. y si hay un inciso que fue declarado inconstitucional. El recurrente sostiene que “recién hoy” se enteró de la Resolución Ministerial. pues se otorgó un plazo de 48 horas para que su representado abandone el país. eso no puede permitir ningún estado y eso no vamos a permitir como gobierno que defendemos la soberanía del estado” (sic). el derecho de respetar su dignidad. 4. 14 de ese Decreto Supremo señala que corresponde a la Subsecretaría de Migración. i). La Resolución 4213 deroga a la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y dispone la anulación de su visa de permanencia. sin embargo. la “norma migratoria sigue vigente”. pues en realidad el contenido de la norma. Si bien el recurrente dice que una Sentencia Constitucional se declaró la inconstitucionalidad de ese norma. éste es un error de escritura. por el cual. h) establece la facultad de expulsar a ciudadanos extranjeros. “no puede lanzar esas ideas” (sic). sin embargo. porque esto es separatismo. más bien fue médicamente revisado e inclusive internado.2. el representado del recurrente intervino en política interna. posteriormente. renovar por otro año y. corresponde al inc. siendo lo argumentado por el recurrente una “mera chicanería”. La notificación con la Resolución Ministerial fue legal. la facultad de tomar la decisión de expulsión. quien sostiene que se debió ordenar la expulsión inmediata de su defendido. “…no puede haber SC alguna que le prive al estado boliviano el derecho de hacer respetar su soberanía. orden de expulsión que es una facultad soberana de un Estado que tiene y puede expulsar a un ciudadano que contraviene sus normas. En la RM emitida el 19 de septiembre de 2006. que está transcrito. Se dispuso la expulsión en total respeto a los derechos humanos. no sólo dando ideas. norma que en el art. 6. lo que no se puede permitir.
dictó la RM 4213 de 19 de septiembre de 2006.M N° 4213 de 19 de septiembre de 2006. no se puede exigir que una simple Resolución deje sin efecto una Resolución Ministerial. Por la documentación expuesta y presentada por ambas partes. que al existir una causal o motivo establecido por ley. para luego ser conducido a La Paz. declaró improcedente el recurso. el Ministerio de Gobierno dictó la RM 4213 de 19 de septiembre de 2006 por el que deroga la RM 3430. El representado del recurrente no está amparado por la Convención de Ginebra porque no es refugiado. Sólo se han dado cumplimiento a normas migratorias que no requieren orden judicial porque no hubo delitos objeto de la justicia ordinaria. a una casa y a otra “si esto no es violación entonces estaremos muy mal en los próximos tiempos acá” (sic). 48 del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996 señala puntualmente las causales por las que los ciudadanos extranjeros pueden ser expulsados. en ese país no hay derechos para personas que piensan como él. En el presente recurso no corresponde analizar aspectos que darían o no lugar a dictar las Resoluciones de referencia. Con relación a la falta de competencia de la Ministra de Gobierno. su desobediencia implica la aplicación de las normas vigentes. por la que se dio la condición de residente permanente al representado del recurrente. en particular la certificación expedida por el Presidente de la Comisión nacional del Refugiado (CONARE). 3. de ser enviado a Cuba. por lo que no se le otorgó el estatus de refugiado. se adhirió a lo manifestado por el Viceministro de Migración. 2. El abogado de la correcurrida. Resolución La Resolución 26/2006 de 27 de diciembre (fs. luego fue trasladado al servicio de inteligencia.2. llegando en calidad de emigrante común y obtener la residencia permanente de la que ahora goza” (sic).3. pues. El representado del recurrente señaló que.12. I. se debe tomar en cuenta que corresponde al Estado Boliviano garantizar la permanencia y seguridad de todo ciudadano ya sea nacional o extranjero. con los siguientes fundamentos: 1. por otra parte. haciendo uso de los mecanismos legales. aprehensión que fue ejecutada por funcionarios de Migración en cumplimiento de la Resolución de referencia. La Convención de Ginebra establece “condicionamientos que merece todo ciudadano que se halla en calidad de refugiado” y el art. 13. disponiéndose que. dando lugar a que el ciudadano cubano sea aprehendido en la ciudad de Santa Cruz. en sentido que los actos de quienes practicaron la aprehensión se adecuaron o no a procedimiento. Directora Nacional de Migración. 164 a 168). . previo cumplimiento con las 72 horas de su notificación. Basado en dichos fundamentos. “no recibió petición de refugio. se establece que el ciudadano Amauris Samartino Flores. Quienes procedieron a su detención argumentaron ser agentes de inteligencia llenos de pistolas. “a efectos de la R. “sino que tengan relación objetiva” (sic). El Ministerio de Gobierno. quienes deben someterse al cumplimiento de las leyes. disponiendo la anulación de la visa de permanencia indefinida de Amauris Samartino Flores. sólo una norma de igual jerarquía podía hacerlo. lo estarían condenando a muerte. no configurara la detención indebida como se invoca” (sic). “al no haberse interpuesto recurso de apelación. pues. se la realice conduciéndola al punto de embarque donde se hallaba en calidad de refugio”. solicitando que el recurso sea declarado improcedente.
aspectos que fueron recalcados a través del Informe D.2. Por documento de viaje temporal de 1 de septiembre de 2000.3. realizado por el Director General de Asuntos Jurídicos y el Asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno (fs. II. 125). cuyo ingreso no fue en calidad de refugiados sino en calidad de residentes permanentes (fs. La Constitución reconoce derechos y garantías constitucionales a todo ciudadano nacional o extranjero “cabe recalcar que también estamos sometidos al cumplimiento de deberes. a tiempo de adjuntar el proyecto de Resolución Ministerial que otorgaría la calidad de residentes con permanencia indefinida a personas de origen cubano. se concluye lo siguiente: II. gozando de status de refugiado (fs.1. Por comunicación de 30 de marzo de 2001. entre otros. 214/2001 de 3 de abril. explicó que el año 2000 la Embajada de Estados Unidos solicitó al Estado Boliviano. con carácter gratuito y mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. en la que se señaló expresamente que “la Comisión Nacional del Refugiado . entre los que se encuentra el representado del recurrente. enviada por el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto a Diputados Nacionales. Por RM 3430 de 5 de abril de 2001. con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (fs. el Director General de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 137). Guillermo Fortún Suárez. Por nota de 14 de marzo de 2001. Cuba.A. 131 a 133). que la CONARE en ningún momento otorgó el status de refugiados a los ciudadanos cubanos Jorge Martín Alfonso Salgado. y que la República de Bolivia aceptó la residencia permanente en su territorio. Resolución administrativa que no se encuentra en obrados. situación que no aconteció en el presente caso con el ciudadano cubano…” (sic) II.G. II. Amauris Samartino Flores y José Antonio Laguardia Mesa. dirigida al Ministro de Gobierno. mediante Resolución de la CONARE. se constata que a Amauris Samartino Flores le fue otorgado el estatus de protección temporal en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo.4). el Director del Servicio Nacional de Migración. Guillermo Fortún. El 1 de noviembre de 2000. por lo que durante los meses de septiembre y octubre fue trasladado a este país. que el Servicio Nacional de Migración propuso que ingresaran a Bolivia en calidad de migrantes regulares. a través de la CONARE. en igual sentido se tiene la comunicación de 14 de septiembre de 2001. el Director Departamental del Servicio Nacional de Migración certificó que Amauris Samartino Flores se encuentra registrado en los libros de registros de refugiados. 74). Santa Cruz. arribaron a este último país doce ciudadanos cubanos. II. la permanencia indefinida en el país (fs.J. informó a la representante departamental del Defensor del Pueblo. II.5. CONCLUSIONES De la revisión del expediente y de las pruebas aportadas. y que habiendo sido bien recibida esta propuesta por la CONARE y la propia Embajada de Estados Unidos en Bolivia. no refugiados. resolvió otorgar a Amauris Samartino Flores. el ingreso de aproximadamente cuarenta ciudadanos cubanos en calidad de refugiados.4. el Ministro de Gobierno. 122 a 124). ya que éstos ingresaron al país con la colaboración del Gobierno Norteamericano y la OIM para su reasentamiento permanente (fs.4.
el Presidente de CONARE certificó que esa institución no recibió petición de refugio. b) no tiene competencia para firmar una Resolución de expulsión. la Ministra de Gobierno. caso contrario. sin ninguna orden judicial de aprehensión. a horas 10:00. por cuanto: 1) La Ministra de Gobierno correcurrida: a) ordenó su expulsión del país a través de una Resolución Ministerial en virtud a sus opiniones políticas. 6211134 SC. 18 de la CPE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El recurrente sostiene que se vulneró el derecho a la libertad de locomoción de su representado. 118 a 119). en ningún momento otorgó el carácter de refugiados al mencionado grupo de ciudadanos cubanos…”(fs. no obstante que cuenta con status de refugiado. 119 a 121) y lo informado por los representantes de las autoridades recurridas. Calle Sausalito 5400. En cumplimiento de la Resolución Ministerial antes nombrada. concediéndole el plazo improrrogable de 72 horas desde su notificación para abandonar el país. II. y 2) la Directora Nacional de Migración lo detuvo durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. dejando copia legalizada bajo su puerta. 139). expedido el 17 de abril de 2006 y con vigencia hasta el 17 de abril del 2011. . y conducido a la ciudad de La Paz. 6 cursa fotocopia del “Carnet de extranjero residencia permanente” de Amauris Samartino Flores. II. ya que la Ley de Organización del Poder Ejecutivo sólo le da la atribución de formular la política migratoria.7. El 26 de diciembre de 2006. en ejecución de la Resolución Ministerial referida en el punto II. por tanto. 134). 48” del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. II. si tales aseveraciones son evidentes y si ameritan la protección que brinda el art. En consecuencia. derogó la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y la Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. II. en lo que se refiere al ciudadano cubano Amauris Samartino Flores. corresponde determinar. tampoco otorgó el estatus de refugiado. Wilber Gonzáles Rodríguez.I. ni emitió ninguna resolución a favor del ciudadano cubano Amauris Samartino Flores. De acuerdo a lo aseverado por el recurrente. Alicia Muñoz. y que la SC 004/2001 declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Ministerial aludida. frente a Unitel de la zona central. emitida en cumplimiento de la misma.7. en presencia del testigo de actuación. Por RM 4213 de 19 de septiembre de 2006. cursando su firma al pie de la diligencia (fs. no encontrándose. se procedió a la notificación de Amauris Samartino Flores en su domicilio de la Urbanización California. el día 8 de diciembre de 2006. “luego de varios intentos de notificación personal”. A fs. se procedería por las autoridades de migración a su expulsión con destino a su país de origen (fs. II. Amauris Samartino Flores fue detenido el 23 de diciembre de 2006.9. 121).(CONARE).6.10.8. III. los recortes de prensa cursantes en obrados (fs. sujeto al amparo del sistema jurídico que brinda la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 ni el DS 28329 (fs. g) del art. en revisión. con C. disponiendo la anulación de su visa de permanencia indefinida en el país y su expulsión del país por haber incurrido en la causal contenida en el “inc.
por tanto. al consagrarlos en su art. no otra cosa significa que la Ley Fundamental. la jurisprudencia de este Tribunal. al trabajo y a ejercer cualquier actividad lícita. El principio de Estado de Derecho. con relación a su titularidad no tienen limitaciones intrínsecas emergentes de la nacionalidad de la persona. que es un principio rector de la Ley Fundamental y. si bien el Estado Boliviano. junto a los Principios de Estado Social y Democrático. ha establecido: “…los derechos fundamentales a asociarse para fines lícitos. c) sujeción de la administración a la ley y control judicial. c) y d) de la CPE. “…surge el principio de Estado de Derecho. Sobre el Estado de Derecho. de 14 de septiembre. así lo ha reconocido ya anteriormente este Tribunal. ha señalado que esa noción responde a una determinada concepción filosófica del hombre y de la comunidad política. políticos e individuales y un sometimiento al ordenamiento jurídico del país. libertades y garantías fundamentales .Régimen legal de migración y derechos humanos En ese contexto. 7 de la Ley Fundamental. decisiones y resoluciones. a las normas previstas por la constitución y las leyes” (las negrillas son nuestras). en virtud a su soberanía. ya que de manera general hace referencia al término persona. la SC 0060/2005. 7 hace referencia expresamente a “toda persona”. de 10 de noviembre. que impele tanto a gobernantes y gobernados a sujetar y subordinar sus actos. lo que supone que en el sistema constitucional boliviano están reconocidos tanto a los nacionales como a los extranjeros. III.II de la CPE. como lo precisó la SC 0129/2004. En ese sentido. de todo el ordenamiento jurídico. en cuya . b) sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes. Estado Social Democrático de Derecho El art. proclama que Bolivia es un Estado Social y Democrático Derecho. tiene la atribución de determinar qué ciudadanos extranjeros permanecen o son expulsados de su territorio. por parte de la administración pública. d) reconocimiento jurídico formal de una serie de derechos. contenida en la SC 0101/2004. declaración que constituye la base principista que orienta las determinaciones y las acciones de los órganos del poder público.III. en su SC 004/2001” (las negrillas son nuestras). de 12 de septiembre. “…que se constituye en un sistema de vida en libertad. Bolivia. que se configura bajo la idea de: a) separación de los poderes estatales. 1. consagrados por el art. alocución que interpretada aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales y el principio pro hómine conduce a la conclusión que incluye a los nacionales como extranjeros.1. en el que existe un equilibrio entre los derechos sociales. así como el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. sean los titulares nacionales o extranjeros. 7 incs.” (las negrillas son nuestras).2. De la noción descrita. toda vez que la Constitución Política del estado no hace distinción por el origen al establecer el catálogo de derechos y garantías previstos en el art. configuran e identifican al Estado Boliviano.
pues como se ha señalado en el fundamento precedente. 1. Así. las limitaciones que se puedan establecer a los derechos humanos. 229 de la CPE. a su vez. sin embargo. respecto de los extranjeros pueden desconocer la vigencia y alcance de los derechos fundamentales ni los inherentes a la persona humana. conforme a lo dispuesto por la Ley 3351 de 21 de febrero de 2006. En ese sentido. el régimen migratorio debía respetar y proteger los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales. pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. a cuyo respeto se encuentran comprometidos todos los Estados. lo que implica la prohibición de la arbitrariedad por parte de los gobernantes. Consecuentemente. de manera que se traten de limitaciones y no de verdaderas supresiones.virtud. su límite en las normas previstas por el art. tiene la atribución de formular. la citada SC 0060/2005. de carácter reglamentario. la discrecionalidad gubernamental para efectos de definir el ingreso y permanencia de los extranjeros. deben ser cumplidas por los propios gobernantes. por ello. uno de los principios que caracteriza al Estado de Derecho es la sujeción a la ley tanto de gobernantes como de gobernados. conforme al siguiente texto: “…el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional. (las negrillas son nuestras). así lo dispone el art. de 5 de enero. En el mismo sentido. . la SC 0004/2001. en el ámbito migratorio. ha establecido que: “…aún la ley. Conforme a lo anotado. no es menos cierto que la aplicación de las limitaciones a dicho ejercicio tampoco pueden ser absolutos o arbitrarios. la SC 1038/2006-R. Ley de Organización del Poder Ejecutivo. al contrario tienen sus propios límites en los valores supremos y principios fundamentales inherentes a todo Estado Democrático Constitucional. una vez que las normas se encuentren vigentes. concretamente del Ministerio de Gobierno. así se encuentren en condiciones de permanencia irregular. 229 de la Constitución Política del Estado” De manera concreta. dirigir. el Tribunal ha señalado que las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales tienen. en cuya virtud los Estados cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para regular el ingreso y permanencia de extranjeros. por otra parte.II de la Ley Fundamental. no es menos evidente que esas políticas deben ser elaboradas respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales y. que en ningún caso las autoridades administrativas. deben ser coherentes con la base principista contenida en el art. coordinar y administrar políticas en el ámbito migratorio. garantizados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales. de 19 de octubre. queda sometida a la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales y al respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la situación de permanencia de los extranjeros”. ha determinado que: “…si bien es cierto que el ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto. de manera que no se suprima materialmente el derecho. entendió que en un Estado Social y Democrático de Derecho. está regulado por una serie de normas jurídicas. esta discrecionalidad tiene como límite los derechos fundamentales. a través del Órgano Ejecutivo. en lo que respecta a las limitaciones extrínsecas se aplica el principio de la reserva legal”. cuyos actos y resoluciones deben encontrar respaldo y fundamento en el ordenamiento jurídico. Es así.
residencia y permanencia de los ciudadanos extranjeros. Que se incorporen a asociaciones que tengan directa o indirectamente fines políticos. tiene como misión institucional. como estructura operativa del Ministerio de Gobierno. incursionaran en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales. se emitió el DS 25150. establecidas de manera general para el SENAMIG. con atribuciones.III. 10) que tiene. por el cual se creó el Servicio Nacional de Migración (SENAMIG). De acuerdo al art. de manera general. otorgándole atribuciones para conceder. h) e i). que infringieran la “Constitución y las leyes de la República. encargado de administrar el régimen de migración. Esta misma causal de expulsión está establecida para los extranjeros con permanencia o radicatoria (art. asambleas o cualquier clase de manifestaciones públicas de carácter político o contrarias a las decisiones del Supremo Gobierno o que efectúen declaraciones o publicaciones en el mismo sentido u ofensivas a las instituciones y/o autoridades nacionales. entre otras. las facultades anotadas.Contexto normativo y jurisprudencial del régimen legal de migración y las causales de expulsión de extranjeros. 3). El DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. h). para todos los extranjeros. registrar y controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional. dirigieran o alentaran verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. conforme al siguiente texto contenido en el art. 20 inc. y determinar la expulsión de extranjeros.” El 4 de septiembre de 1998. regular. administrar el régimen de extranjería y naturalización. anular. el SENAMIG tiene como atribuciones. los extranjeros comprendidos en las siguientes causales: … i) Que intervengan en cualquier forma en política interna o de dirección sindical o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social. en el art. i) de ese mismo Decreto Supremo: “Serán expulsados del país y no podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano. alentaran su desobedecimiento. conceder. 48°” (las negrillas son nuestras). cancelar o prorrogar radicatorias y permanencias en el país. administrar la emisión y control de pasaportes. 14 incs. contravinieran disposiciones de migración o estuvieran comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el art. son ejercidas por el Director del Servicio Nacional (art. 3 del DS 25150. regula el régimen de migración dentro del territorio de la República e instituye la estructura orgánica de la entonces Subsecretaría de Migración y sus funciones (art. competencia y alcance nacional. en los casos previstos por ley. El mismo Decreto. así como estudiar la política migratoria. las atribuciones de . entre otras. Ahora bien. 44) y. Que inciten de alguna manera al desobedecimiento a las leyes de la República o a las autoridades legalmente constituidas. Que intervengan en la organización o dirección de desfiles. anular o prorrogar radicatorias y permanencias y resolver las apelaciones sobre resoluciones de las Direcciones Nacionales o Administraciones Departamentales sobre expulsiones o permanencias (art. regulando y procesando el ingreso. 48 inc. 7. otorgaba a la Dirección Nacional de Inspectoría y de Arraigos la facultad de expulsar a los extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados. De acuerdo al art.3. político o de las organizaciones sindicales.
es esa autoridad la que tiene la facultad de conceder. . dirigir. así lo dispone el art. última facultad que también la tiene el Director de Inspectoría y Arraigos. en definitiva. de controlar la actividad de extranjeros que directa o indirectamente infrinjan las leyes de la República. como autoridad que se encuentra a nivel ejecutivo y operativo. sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República . y determinar la expulsión de extranjeros en los casos previstos por ley. h). así como determinar la expulsión de ciudadanos extranjeros. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanosno estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo.disposición constitucional que es concordante con los arts. entre otras. en consecuencia. 31. que dispone que el Director tiene la facultad. de prevención y represión del delito y respecto al régimen penitenciario. por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.cumplir y hacer cumplir las normas legales relativas a las funciones y atribuciones del Servicio. declaró la inconstitucionalidad de determinadas normas de ese Decreto Supremo. cancelar o prorrogar radicatorias y permanencias en el país. de 28 de marzo de 2006. norma que también establece que las entidades desconcentradas. Si bien esa facultad. anular. 229 de la Constitución Política del Estado. 47). Por su parte. en virtud a que la SC 0004/2001. conforme al siguiente razonamiento: “V. conforme lo determina el art. las normas expulsadas del ordenamiento jurídico fueron los arts. no pueden fundar la expulsión de ciudadanos extranjeros. pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal. junto con el Director de Inspectoría y Arraigos. bajo la dependencia orgánica y administrativa del Ministerio de Gobierno (art. concretamente. se debe señalar que algunas causales establecidas en el DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. la Ley 3351 de 21 de febrero de 2006. este Director General Ejecutivo sustituye al Director del Servicio Nacional establecido en el DS 25150. está respaldada por las normas antes aludidas. entre ellas. coordinar y administrar políticas en los ámbitos migratorio. Por otra parte. 46 inc. entre las que se encuentra el SENAMIG. establece las atribuciones del Ministro de Gobierno. j) del DS 24423 antes glosado. y dictar resoluciones administrativas para resolver los asuntos del Servicio. está a cargo de un Director General Ejecutivo que ejerce la representación institucional y el que define asuntos de su competencia mediante resoluciones administrativas. consiguientemente. mantuvo el SENAMIG como una entidad pública desconcentrada. la de formular.I del mismo Decreto Supremo. 28631. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal. el Decreto Reglamentario de la Ley del Poder Ejecutivo. y es él quien. b) y 48 inc. Que el art. debe tomarse en cuenta que. Posteriormente. conocer y resolver los asuntos que le son planteados en el marco de las atribuciones del SENAMIG. en virtud al art. aún la ley. que posibilitaban la expulsión de ciudadanos extranjeros sin previo proceso. de 5 de enero. de súbditos extranjeros. en general. de seguridad pública. por intervenir en la vida política interna del país. tiene atribución para conocer y resolver las expulsiones del país. Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 20 inc. tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales.2. 18 del Decreto Supremo mencionado. que se constituye en la máxima autoridad del Servicio.
S. h) del D.5. 20 inc) h) y 48 inc. teniendo su motivación en la preservación del orden público. expresar un pensamiento crítico sobre la política del gobierno de su país de origen. que la norma vulnera el principio de igualdad. o en su caso. ”V. h) y el que ". por lo mismo puede referirse críticamente a una situación determinada que forma parte de la política interna del país. al establecer como causales de expulsión de extranjeros ". pues en ejercicio de este derecho toda persona puede libremente expresar sus ideas opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión sea oral o escrita. la atribución otorgada a la Dirección de Inspectoría y Arraigos para expulsar a ciudadanos extranjeros por su intervención en la política interna del país. es más. En efecto. por cualquier medio de difusión.3. ha sido declarada inconstitucional. Nº 24423 vulnera la garantía constitucional del debido proceso consagrado por el art. participar en la vida política interna. De acuerdo a la Sentencia glosada. 7 inc. y los extranjeros. dado el principio de la reserva legal. dicha restricción no puede y no debe ser establecida mediante un Decreto Supremo sino a través de una Ley de la República”... b) y 159 de la Constitución Política. vulneran el derecho que tiene toda persona a emitir libremente sus ideas y opiniones. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la expulsión conforme a un procedimiento determinado por ley” (las negrillas son nuestras). implícitamente hacen una diferenciación entre los nacionales a quienes estarían reconocidos según su espíritu. al hacer una diferenciación entre los nacionales. 16 de la Carta Fundamental al instituir como potestad de la Dirección Nacional de Inspectoría y Arraigos la expulsión de los extranjeros. la incursión en problemas de política interna o de dirección de agrupaciones sindicales dirigieren o alentaren verbalmente o por escrito movimientos en contra de las leyes o de las autoridades legalmente constituidas. b) y g) de la Constitución Política del Estado. los derechos y garantías que consagra la Constitución y los extranjeros a quienes no estarían reconocidos dichos derechos. infringen las normas previstas por los arts. 7 inc. bajo el fundamento que un Decreto Supremo no puede establecer limitaciones a derechos fundamentales en virtud al principio de reserva legal. ni siquiera toman en cuenta la situación de aquellos extranjeros con residencia permanente en el país a quienes la Ley Nº 2028 de municipalidades le reconoce el derecho político a ser electores y. lo que lesiona el derecho a la libertad de expresión. desarrollen actividades de agitación o propaganda contra los gobiernos de los países con los cuales mantenemos relaciones". j) del referido Decreto Supremo.”V. hecho que no puede ni debe constituir una causal de expulsión del extranjero más aún sin someterlo siquiera a un procedimiento previo establecido por Ley respetando su garantía al debido proceso”. sin establecer un procedimiento que permita a éste asumir su defensa de manera que dicha norma desconoce además lo preceptuado por el art. consagrados en el art. las disposiciones legales impugnadas vulneran. sin embargo. Que los arts. 20 inc. se establece que las disposiciones legales impugnadas de inconstitucionales. el orden jurídico así como la seguridad del Estado. el art." (art..4. por una parte el principio de la igualdad toda vez que. pues en . disponen restricciones a los derechos fundamentales de los extranjeros como son la libertad de expresión y libre locomoción. por tanto. a quienes no se les reconocería tales derechos. 20 inc. Que en el caso de autos. ”V. Que al margen de lo señalado. a quienes se les estaría reconociendo los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Por otra parte. 6.
amparo constitucional y hábeas data). que se lesiona la garantía del debido proceso.debe ser encontrada en los fundamentos que resuelven esos problemas jurídicos. los fundamentos de esa Sentencia Constitucional deben ser observados por las autoridades judiciales y administrativas en la aplicación de los artículos que contengan el mismo problema jurídico que ya fue objeto de juicio de constitucionalidad por este Tribunal. es decir. en consecuencia. Los argumentos anotados constituyen la razón fundamental del fallo. Por lo tanto. Esa causal de expulsión no sólo está contenida en el art. como el art. de igualdad. opiniones y puntos de vista por cualquier medio de difusión. los extranjeros podrían ser expulsados por expresar libremente sus ideas. derechos y garantías constitucionales. el derecho a la libertad de expresión y la garantía del debido proceso. sino también en otros artículos. significaría aplicar normas que han quedado expulsadas del ordenamiento jurídico del país. h) del DS 24423. en los recursos de tutela (hábeas corpus. el problema jurídico planteado en la SC 0004/2001. con características fácticas similares. sino problemas jurídicos de constitucionalidad de las normas jurídicas. en el caso concreto. i) de ese mismo Decreto Supremo. lo que analiza el Tribunal Constitucional no son casos fácticos. debe existir una relación entre el problema jurídico planteado. cuya ratio decidendi es obligatoria y vinculante. los fundamentos esgrimidos en la resolución y la decisión asumida por el Tribunal Constitucional. estaba referido a la expulsión de extranjeros por incursionar en cuestiones de política interna.virtud a ese Decreto Supremo. la base esencial de la decisión judicial específica. dirigencia sindical o de movimientos contra las leyes o autoridades constituidas. lo contrario. y que. y la ratio decidendi vinculante y obligatoria. es decir. 20 inc. . haciendo irrelevantes las funciones de control de constitucionalidad de este Tribunal y de defensa de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. que encierra el mismo problema jurídico que fue analizado en la SC 0004/2001. se podrá aplicar el precedente jurisprudencial. y que se constituyen en la razón de la parte resolutiva. Este problema jurídico fue resuelto de acuerdo a los fundamentos referidos precedentemente. declarando expresamente que la expulsión por esos motivos lesiona el principio de reserva legal. expresamente declarada inconstitucional. al permitir la expulsión del extranjero sin la celebración previa de un proceso. lesiona principios. por vulnerar presuntamente normas de la Ley Fundamental. sólo cuando estemos ante un caso análogo. como se vio. En ese contexto. las razones fundamentales del fallo o ratio decidendi. Como señala la doctrina. refiriéndose críticamente a una situación concreta sobre la política interna del país. determinaron la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas impugnadas. 48 inc. y que. Tratándose de los recursos sobre el control de constitucionalidad. deben estar relacionadas a los hechos que motivaron el recurso y el decisum o parte resolutiva. en virtud al carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales. el término problema jurídico hace referencia a los cuestionamientos sobre determinados institutos jurídicos que se encuentran en las normas impugnadas. y finalmente. Conforme a lo anotado.
ya estuvo presente en la SC 1736/2003-R. la expulsión de extranjeros. en los hechos. o sea que. i) del DS 24423. entre otras. resulta inexistente. de 1 de diciembre.. contenida en el art. 20 inc. fue expresamente declarado inconstitucional y.Lo dicho implica que la causal de expulsión fundada en la intervención de los extranjeros en política interna.4. al margen de ser una reiteración del supuesto contenido en el art. h) de la norma tantas veces nombrada. 48 inc. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. vulnera las normas de la Ley Fundamental. contenida en un Decreto Supremo y sin previo proceso. Es así. III.por las “causales establecidas en el art. por una parte. a cuyo respeto se encuentran comprometidos todos los Estados. de 19 de octubre. no pueden fundar sus resoluciones de expulsión de extranjeros en esa causal.el art. en la que se estableció que el Decreto Supremo 24423 “…no autoriza en ningún momento a efectuar aprehensión alguna en contra de los extranjeros que presenten defectos en su documentación migratoria. si la facultad de expulsión motivada por la intervención de extranjeros en política interna ha sido declarada inconstitucional.tiene como límite los derechos fundamentales. lo que implica que los fundamentos contenidos en la SC 0004/2001 deben ser observados en la toma de decisiones de las autoridades judiciales y administrativas encargadas de resolver la referida problemática. respecto de los extranjeros pueden desconocer la vigencia y alcance de los derechos fundamentales ni los inherentes a la persona humana. 48 inc. 20 inc. contenida en la SC 1038/2006-R. 20 inc. salvo que se inicie investigación penal en su contra por algún delito que se le atribuya. por otra. de acuerdo a los fundamentos de esta Sentencia Constitucional. Sobre la detención de extranjeros con fines de expulsión. una vez emitida la orden de expulsión. 20 inc. no puede servir de base para emitir una resolución. la causal de expulsión contenida en el art. Conforme a lo anotado. sea por autoridades del SENAMIG o por el Ministerio de Gobierno debido a que. quienes. al estar íntimamente vinculada al art. estableció que la discrecionalidad para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional. y por tanto. i) del citado DS 24423. Efectivamente. último precepto que establecía la facultad de expulsión -declarada inconstitucional. no puede fundarse en el art. h) del mismo Decreto Supremo. constituyéndose en una repetición de la causal de expulsión por razones de orden político y sindical. en calidad de detenido ni arrestado. 48”. pueda permanecer en el país. que en ningún caso las autoridades administrativas. se la debe ejecutar sin que el extranjero sujeto a esa decisión. i) contiene el mismo problema jurídico analizado en al SC 0004/2001. con el advertido que el art. respecto a la detención de extranjeros con fines de expulsión. El razonamiento anotado. h) que contemplaba esa facultad. en cuyo caso se lo deberá poner a disposición del Juez Cautelar para que determine lo que corresponda”. h). ya que la misma.”. conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III. en los casos en que las autoridades de migración deban proceder a la .2. no podría ser aplicada en virtud al carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones del Tribunal Constitucional. 48 inc. -se reitera. garantizados en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales…” (las negrillas son nuestras). en consecuencia.
derogó la RM 3430 de 5 de abril de 2001 y la Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. la Ministra de Gobierno. El 5 de abril de 2001. se evidencia que al representado del recurrente. Cuba. en lo que se refiere al ciudadano cubano Amauris Samartino Flores.expulsión de extranjeros. motivo por el cual fue trasladado a este país. III. permanecer. . y determinar la expulsión de extranjeros.1. por RM 4213 de 19 de septiembre de 2006. Sin embargo. al ser esta la entidad que tiene facultad para conceder. emitida en cumplimiento de la misma. por RM 3430. en el que los extranjeros deben ser remitidos ante autoridad competente. con carácter gratuito y mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. cuestiona la detención de la que fue objeto por más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. conforme a la atribución contenida en el art. con la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. g) de la CPE. transitar y salir del territorio nacional.5. asimismo. En ese sentido. la permanencia indefinida en el país. y en la ejecución de dicha orden se procedió a aprehender al representado del recurrente y mantenerlo detenido por más de 72 horas en dependencias del SENAMIG. 7 inc. prorrogar radicatorias y permanencias en el país. sino que ésta debe ser ejecutada inmediatamente. le fue otorgado el estatus de protección temporal en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. no les está permitido mantenerlos detenidos hasta que se efectivice la expulsión. Amauris Samartino Flores. 48” del DS 24423 de 29 de noviembre de 1996. el recurrente impugna la orden de expulsión dispuesta contra su representado por la Ministra de Gobierno correcurrida. Sobre el particular. se debe determinar si los actos denunciados se encuentran bajo la protección del recurso de hábeas corpus por estar directamente vinculados a la libertad. en virtud a sus opiniones políticas. y que Bolivia aceptó su residencia permanente. y que la SC 004/2001 declaró la inconstitucionalidad de la norma que sirvió de base para fundamentar la Resolución Ministerial aludida. corresponde ingresar al análisis de la problemática planteada en el presente recurso. g) del art. corresponde señalar que la actuación de la Ministra de Gobierno se encuentra íntimamente vinculada al derecho a la libertad. El caso analizado Con carácter previo a resolver la problemática concreta planteada en el presente recurso. anular. toda vez que la orden de expulsión dispuesta contra el representado del recurrente tiene como efecto limitar la facultad de ingresar. cancelar. no obstante que cuenta con status de refugiado político. posteriormente. 7 del DS 25150. Con relación a la actuación de la Ministra de Gobierno De los antecedentes que cursan en obrados. el Ministro de Gobierno resolvió otorgar a Amauris Samartino Flores. al estar afectado su derecho a la libertad de locomoción previsto en el art. disponiendo la anulación de su visa de permanencia indefinida en el país y su expulsión del país por haber incurrido en la causal contenida en el “inc. entre otros. III.5. en consecuencia. salvo el caso de la comisión de delitos.
en aplicación de lo preceptuado en el art. pública y cuando concurran circunstancias de índole técnica. en la que la Ministra de Gobierno es la máxima autoridad. 31 del DS 28631. 47 del DS 28631. pues en éstas existen relaciones administrativas de tuición. por lo que. Las autoridades administrativas jerárquicas podrán avocar para sí la competencia de conocer asuntos que correspondan a sus órganos o autoridades administrativas dependientes. conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III. dada la configuración actual de esa entidad. conforme lo determina el art.1. deberes y atribuciones emergentes de la avocación. de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. económico o legal. se concluye que la avocación no es aplicable en el SENAMIG. Sin embargo. La autoridad administrativa jerárquica avocante será exclusivamente responsable por el resultado y desempeño de las funciones. Conforme a ello. 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) que determina: “I. desconociendo las facultades otorgadas por ley a las autoridades administrativas del Servicio Nacional de Migración. fue emitida sin competencia por la Ministra de Gobierno recurrida. concedida a autoridades de jerarquía inferior del Servicio Nacional de Migración. la misma que está concedida. y menos justificó su accionar en razones de orden técnico. no es menos cierto. bajo cuya dependencia se encuentra el Servicio. (las negrillas son nuestras). la facultad de expulsar a extranjeros corresponde al Servicio Nacional de Migración.III de la LPA. sin avocar la competencia de disponer la expulsión de extranjeros. le otorgan esa facultad. la Resolución Ministerial aludida. se constata que la Ministra de Gobierno correcurrida pronunció la Resolución Ministerial en forma arbitraria. toda vez que la Ministra de Gobierno pronunció directamente la Resolución Ministerial impugnada. se constata que. aún en el supuesto de que se aceptara la posibilidad de que la autoridad recurrida avoque para sí la competencia de los funcionarios del SENAMIG. A lo anotado se debe añadir que la actuación de la Ministra recurrida no puede ser justificada en el art. del cual si bien la Ministra de Gobierno es su máxima autoridad. analizadas en el Fundamento Jurídico III. conforme a la Ley No 1178. 9. como exige el art. que ninguna de las normas de ese Decreto y de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. En el caso analizado. parágrafo I. II. no se cumplieron las exigencias contenidas en el art. de conformidad al art. toda vez que de acuerdo al DS 25150. inciso a) de la presente Ley”. La avocación no será aplicable en las relaciones administrativas de tuición ni en los Sistemas de Regulación señalados en el Artículo 2°.. III. motivada y pública. 9. Director General Ejecutivo del Servicio . 9 de la LPA.3. a través de una Resolución expresa. económica o legal que así lo justifiquen”. el SENAMIG se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Gobierno. La avocación se realizará mediante resolución expresa motivada. en el caso concreto. al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Migración. y al Director de Inspectoría y Arraigos.Ahora bien.I de la LPA. de 8 de marzo de 2006.
Por otra parte. podía determinar la expulsión de extranjeros fundados en esa causal que. de la presente Sentencia. corresponde señalar que a través del presente recurso de hábeas corpus no es posible determinar esa calidad. conducido a la ciudad de La Paz. entidad que está a cargo de la autoridad correcurrida. la permanencia indefinida fue otorgada mediante Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Migración. la misma que debe ser solicitada ante la instancia pertinente. pues de ella nace su competencia. las atribuciones de los funcionarios públicos deben estar expresamente señaladas en la ley. la Ministra de Gobierno fundó su Resolución en la causal de expulsión contenida en el art. deberá ser puesto a disposición del juez cautelar para que determine lo que corresponda. Finalmente. sin embargo. sino que ésta. como es la CONARE. Magali Zegarra Aragón. conforme sostiene la Resolución 3430 de 5 de abril de 2001. consiguientemente ni la Ministra. en sentido que la Resolución Ministerial fue pronunciada porque fue una Resolución de la misma jerarquía la que le otorgó la residencia. . como se pasará a analizar en el siguiente fundamento. y por otra. los recortes de prensa cursantes en obrados y lo informado por los representantes de las autoridades recurridas. como quedó establecido en el Fundamento Jurídico III. en un Estado Social y Democrático de Derecho. i) del DS 24423 de 29 de noviembre de 1966. con la finalidad de evitar arbitrariedades y abuso de poder. no puede ser considerado válido. III. por una parte. en cuyo caso. la cual se encuentra íntimamente vinculada con el art. y los fundamentos de esa Resolución son vinculantes y obligatorios para los funcionarios y autoridades de la administración pública. el argumento esgrimido por el abogado de la correcurrida.. toda vez que. salvo que se inicie investigación penal contra el o los extranjeros. 48 inc. y Director de Inspectoría y Arraigos. h) del mismo DS. norma que establecía la facultad de las autoridades del Servicio Nacional de Migración para proceder a la expulsión de los extranjeros por esa causal.5. debe ser cumplida inmediatamente. lesionando de esta manera el derecho a la libertad del representado del recurrente.2. como lo estableció la SC 0004/2001 vulnera no sólo los principios de reserva legal e igualdad. basado en el respecto al principio de legalidad. acto ilegal que originó la aprehensión y posterior detención del recurrente por más de 72 horas.1. las autoridades de migración no deben mantener detenidos a los súbditos extranjeros hasta la ejecución de la Resolución de expulsión. conforme a la jurisprudencia del Tribunal. sino también el derecho a la libertad de expresión y la garantía del debido proceso.Nacional de Migración. y detenido durante más de 72 horas en dependencias del Servicio Nacional de Migración. toda vez que. ni el Servicio Nacional de Migración. la misma norma legal define el procedimiento y los casos en los que es posible que una autoridad jerárquica pueda avocar la competencia de otra autoridad inferior. Amauris Samartino Flores fue detenido el 23 de diciembre de 2006. Respecto a la actuación de la Directora Nacional de Migración De acuerdo a lo aseverado por el recurrente. en cuanto al presunto estatus de refugiado político del representado del recurrente. por ese motivo.3. glosada en el punto III.. Consiguientemente. esta norma ha sido declarada inconstitucional. institución encargada de la calificación y consideración de los casos de solicitudes de refugio. 20 inc. relativa a la intromisión del extranjero en la vida política interna del país.
tanto de nacionales como de extranjeros. arts. no ha valorado correctamente los alcances del art. se constata que las autoridades recurridas incurrieron en exceso de autoridad. el Juez de hábeas corpus. pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz. Bolivia es un Estado Social y Democrático de Derecho.5. el derecho de respetar su dignidad eso no puede permitir ningún estado y eso no vamos a permitir como gobierno que defendemos la soberanía del estado” (sic).3. deben ser respetados por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. infringiendo el derecho a la libertad de locomoción del representado del recurrente. la misma debe ser formulada y ejecutada en el marco de la Ley Fundamental y las reglas previstas por el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales. al haber declarado improcedente el recurso. Por lo expresado. de 27 de diciembre. CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0037/2007-R 2. Raúl Gamarra Hurtado. quien. Fdo. 18. Disponer la nulidad de la Resolución Ministerial 4213 de 19 de septiembre de 2006. cursante de fs. 3. REVOCAR la Resolución 26/2006. corresponde señalar que. los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución. Ordenar la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de la presente Resolución.7ª de la CPE. Martha Rojas Álvarez DECANA . POR TANTO El Tribunal Constitucional. por lo mismo. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional. 18 de la CPE ni los hechos y las normas aplicables al mismo. Dra. Por los fundamentos expuestos. no obstante ser extranjero. tiene atribución de establecer la política migratoria del Estado Boliviano. en sentido que “no puede haber SC alguna que le prive al estado boliviano del derecho de hacer respetar su soberanía. 164 a 168. Dra. y si bien el Gobierno.último supuesto que no ha ocurrido en el caso en examen. Finalmente Respecto a lo aseverado por el Viceministro de Régimen Interior. en el que se debe respetar el principio de legalidad. en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. Regístrese.III y 120. resuelve: 1. 7 inc. conforme quedó precisado en el primer Fundamento Jurídico. goza de los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos prevén y. Elizabeth Iñiguez de Salinas PRESIDENTA Fdo. notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional. III.
Artemio Arias Romano MAGISTRADO Fdo. Dr.Fdo. Wálter Raña Arana MAGISTRADO . Dr. Silvia Salame Farjat MAGISTRADA Fdo. Dra.
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