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mayo 2015 - Blog Jurídico | Lefebvre
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Los condenados por delito fiscal podrán evitar la publicidad de las sentencias si pagan la deuda
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) –
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la ley orgánica que permitirá publicar de forma parcial las sentencias firmes por delitos contra la Hacienda Pública, aunque los condenados podrán evitar que se publiquen sus sentencias si reparan el daño causado pagando la cantidad defraudada antes de la firmeza de la sentencia.
Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que se publicarán sólo sentencias firmes, “jurídicamente inatacables” y consideradas probadas por resolución judicial.
Estas sentencias harán referencia a delitos contra la Hacienda Pública. Como ejemplo, Santamaría ha asegurado que en el año 2014 se produjeron 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda Pública.
La publicación, en cualquier caso, será parcial y respetará el derecho al honor y la intimidad del condenado, así como los derechos de todas aquellas personas implicadas en la causa pero que no resulten afectadas por el fallo de la sentencia. Las sentencias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
TS anula los artículos del decreto que atribuye la subida de tasas a la universidades al ser competencia de la Comunidad
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo ha anulado los artículos del decreto de tasas universitarias de 2012-2013 que establecían precios públicos en base a una horquilla de cuantías máximas y mínimas para los estudios de grado y máster, al entender que no se ajustan al ordenamiento jurídico.
Así lo detalla en dos sentencias la sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo que estima los recursos presentados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) respecto a los artículos que establecen precios públicos en base a esa horquilla, y corrige los fallos emitidos en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En sus recursos, la universidad exponía que con ese sistema se “pretendía así obligar” a las universidades a “determinar la cuantía exacta de las tasas”, detallando que en cursos anteriores se establecía por la Comunidad una cuantía “cierta”, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades.
Con el criterio de una horquilla de precios mínimos y máximos, la UCM entendía que la Comunidad “hacía dejación de sus obligaciones competenciales y trasladaba a las universidades una obligación que no les correspondía”, relata la institución.
“Anulamos la citada sentencia, únicamente, en lo relativo a la concreta y específica fijación de los precios públicos, que ha de hacerse atendiendo al coste de la prestación del servicio de la Comunidad de Madrid”, expone una de las citadas sentencias.
Entiende el Supremo que la Ley de Universidades establece parámetros para la fijación de los precios públicos “con los costes de prestación del servicio”. En este punto, considera que es la Comunidad de Madrid la que debe determinar “de modo cierto, no por cercanía” la cuantía del precio público.
“Los datos económicos necesarios para establecer el coste de la prestación del servicio, que es el criterio legal que ha de seguirse para fijar la cuantía del precio público, han de ser entregados en todo caso por la universidad a la Administración, y ésta dispone al efecto de todos los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico para alcanzar dicho objetivo. Pero lo que no puede es trasladar a la universidad ese cometido, compartiendo la potestad para la fijación del precio público, alterando el orden lógico”, relata el Supremo.
El tribunal señala que los precios públicos es una competencia atribuida legalmente a la Comunidad y que el sentido de “fijación” equivale a “determinar, limitar, precisar y designar de cierto modo”, aludiendo a las acepciones semánticas fijadas por la Real Academia Española.
“Pues bien, cuando la Comunidad señala únicamente una cifra mínima, significa que no está determinando y designando, de modo cierto, el precio público, se está haciendo una aproximación desvinculada del coste de la prestación del servicio (al reconocerse que no se tienen datos sobre dichos costes para su completa determinación), mediante el establecimiento de una cuantía superior, o inferior, que limita pero no fija, la posterior fijación de la cuantía del precio público”, insiste el alto tribunal.
TC cree que el decreto antidesahucios invade competencias y rechaza expropiar viviendas vacías a bancos
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) – El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda, conocido como decreto antidesahucios, al considerar que la expropiación de viviendas vacías a los bancos invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”.
La sentencia, adelantada este martes y que cuenta con tres votos particulares, explica que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Así entiende que el decreto-ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno.
Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, la Junta de Andalucía dictó una Ley de Vivienda que derogó en parte el decreto-ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno y está pendiente de resolución por el pleno.
El Gobierno central recurrió en junio de 2013 el decreto andaluz, concretamente su disposición adicional segunda y el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía al entender que afectaba al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establecía una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y una regulación contraria al principio igualdad.
El Constitucional declara ahora inconstitucional y anula el primer inciso del artículo 1.3, en cuanto que se impone al propietario de una vivienda el “deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico” rechazando así que deba formar parte del “contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda”.
Asimismo, ve inconstitucional y declara la nulidad de los apartados 5 y 6 del artículo 25 y del artículo 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, en la redacción aprobada por el artículo 1 del decreto Antidesahucios y también hace lo mismo con su disposición adicional segunda porque “menoscaba la plena efectividad de la competencia estatal prevenida en el artículo 149.1.13 de la Constitución”.
Por otra parte, la sentencia del TC declara que el resto del artículo 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo es conforme con la Constitución, “siempre que se interprete como instrumento de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler” en los términos que contempla la sentencia.
Respalda así que el resto del 25 se limita a definir el concepto de vivienda deshabitada y que no es más que un instrumento de la política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler que no puede producir el resultado de disminuir el valor de la cartera de inmuebles de la SAREB en que se basa la alegación del Abogado del Estado.
LA URGENCIA, JUSTIFICADA
La sentencia cree que no puede rechazarse “como abusiva o arbitraria la situación de extraordinaria y urgente necesidad” que el gobierno autonómico, para legislar de urgencia –cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso– “ha apreciado en la actual crisis económica y en sus consecuencias sobre la vivienda”.
Así las cosas, cree que el Gobierno andaluz “ha cumplido con la exigencia de presentar explícita y razonadamente la situación extraordinaria que le habilita a usar los poderes de legislación de urgencia atribuidos estatutariamente”.
De ese modo, respalda que se emplee el Decreto-ley como “un instrumento del que es posible hacer uso para ordenar situaciones que “reclaman una acción legislativa inmediata, en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes”.
Tres magistrados han ejercido su derecho a voto particular y, de ese modo, la juez Adela Asua Batarrita discrepa con que para declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional segunda, la sentencia se base en la contraposición de las políticas públicas adoptadas por el Estado y las adoptadas por Andalucía ante el mismo problema social derivado del desahucio de viviendas, y la consideración de que la norma autonómica “interfiere” en las medidas estatales de política económica.
Así, echa en falta una fundamentación y que se acredite esa supuesta interferencia, es decir, en qué punto la norma autonómica impide o dificulta la aplicación de las normas estatales o la consecución de los dos objetivos de política económica estatal. “No se argumenta por qué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva una desprotección o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos”, reprocha.
También el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, por su parte, muestra su disconformidad con la opinión de la mayoría de los magistrados en la que se sustenta la sentencia de que la normativa autonómica controvertida interfiere la regulación estatal y recuerda que ésta establece una suspensión de determinados lanzamientos por cuatro años, por lo que la ejecución de la normativa autonómica, tomando como presupuesto la existencia de una resolución de lanzamiento, quedará simplemente aplazada (no necesariamente en todos los casos) hasta que haya transcurrido el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.
Por su parte, la magistrada Encarnación Roca duda de cuál puede ser la “estrecha conexión” que la sentencia dice existir entre la normalización de los mercados hipotecarios y el asentamiento del sistema financiero, con el mandato al Gobierno para que promueva con el sector financiero un fondo social de viviendas.
Al respecto, mantiene que el hecho de que ese fondo pretenda cubrir las necesidades de quienes han sido desalojados por el impago de un préstamo hipotecario, “nada añade, es más, produce un nulo impacto en el sistema hipotecario y no afecta a la solvencia de las entidades de crédito”.
Por Ángela Alemany Rojo
Año tras año se nos anuncian las escalofriantes cifras de mujeres muertas a consecuencia de la violencia de género, asimismo desde el observatorio contra la violencia doméstica y de género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, se nos informa de algunos datos estadísticos en relación con los procedimientos que se inician en los juzgados de violencia sobre la mujer y su finalización.
Analizando esas cifras detenidamente, se observan datos significativos de cómo se tratan en los tribunales las denuncias que se interponen por violencia de género y sobre los que los profesionales y legisladores deberían poner la lupa para conseguir adecuar los procedimientos a las necesidades específicas de las víctimas y a las demandas sociales que se plantean en este campo y en definitiva, conseguir una mayor eficacia. Se plantean algunos aspectos que llaman poderosamente la atención, existiendo una tendencia que se consolida año tras año, a considerar cada vez menos relevantes penalmente las conductas criminales en relación con la violencia de género.
La orden de protección
Como medida cautelar diseñada especialmente para proteger a las víctimas de violencia, se observa que, conforme han ido pasando los años desde su instauración, el porcentaje de denegación va aumentando frente a las órdenes de protección acordadas, llegando a alcanzar de media en el último año el 43,39% de las que se solicitan. Esta cifra contrasta con las estadísticas de los primeros años en los que la cifra máxima de denegación alcanzó el 25% de media[i].
% DENEGADAS
35.761
41,06%
43,39%
Comparativamente, las órdenes de protección adoptadas por los juzgados de guardia tienen un porcentaje ligeramente menor de denegación, pese a ser juzgados no especializados y que, por tanto, tienen menor conocimiento de las situación de las víctimas de violencia de género[ii].
Esta media porcentual de denegaciones se sobrepasa en muchos juzgados, llegando a superar el 50% de las órdenes de protección solicitadas, siendo, en algunos casos, el total de las mismas.[iii]
Frente a una resolución de denegación de la orden de protección, las víctimas, si están personadas, pueden interponer el correspondiente recurso de apelación, pero es prácticamente imposible que se revoque la decisión de denegación de una orden de protección en apelación, aunque este extremo no se recoja estadísticamente.
Examinando la jurisprudencia, observamos que el razonamiento mayoritario para que no se adopte la medida cautelar, recae en el tiempo transcurrido y en que no se hayan producido hechos nuevos con riesgo para la víctima. Hay que tener en cuenta que desde que se falla una orden de protección en primera instancia hasta que se pronuncia el tribunal superior transcurren al menos tres meses, argumentándose, por tanto, que no existe riesgo objetivo para la víctima ya que ha pasado todo ese tiempo y no se han producido nuevos hechos delictivos. También se valora que las órdenes de protección conllevan una privación de los derechos del ciudadano, lo que es rechazado, en general, por el sistema judicial, sobre todo si un tribunal previamente ya se ha pronunciado en una comparecencia en la que se ha oído a las partes implicadas en el proceso y, por tanto, ha existido inmediación.
Es cierto, que los tribunales han admitido, en algunos casos, las apelaciones por falta de forma, así por ejemplo cuando no se ha efectuado la comparecencia ante el Juez de Violencia sobre la Mujer Auto 4/11/2009 A.P. de Madrid sec. 26ª, y también se ha admitido la apelación para modificar la orden de protección adoptada por una medida de mayor entidad de control del imputado por medios telemáticos Auto de 5-10-2009 Audiencia Provincial de Madrid, sec. 27ª.
Tampoco podemos olvidar que la víctima puede solicitar nuevamente en el procedimiento la orden de protección, especialmente si existen nuevas agresiones.
ORDENES DE PROTECCION DENEGACION 2014 = /+ 50% Datos C.G.P.J.
INCOADAS
% DENEGACIÓN
73,22%
66,84%
63,55%
56,49%
54,99%
Sobreseimiento o archivo de los procedimientos
Los procedimientos que se siguen ante los juzgados de violencia sobre la mujer tienen uno de los índices más altos de archivos de las denuncias que se interponen en nuestro país.
En el año 2014, la media de procedimientos archivados en los juzgados de violencia sobre la mujer asciende a un 39,80%, disminuyendo frente a los del 2013 que fue del 41,83% y los del 2012 que llegó al 42,86%. Esto no significa que la cifra no siga siendo extremadamente alta, teniendo en cuenta que en las denuncias en esta materia siempre se parte de que existe autor conocido, lo que no ocurre en otros delitos que se archivan por ser el autor desconocido o por no existir indicios hacia determinada persona o grupo de personas.
DENUNCIAS SOBRESEIMIENTOS J.V.M.
ARCHIVOS JVM
134.105
50.604
134.002
47.873
35,73%
128.543
55.088
124.894
41,81%
126.742
50.441
Los juzgados utilizan determinados estereotipos que se aplican de forma habitual en los procedimientos de violencia de género para justificar el archivo de las actuaciones, así por ejemplo, se argumenta que nos encontramos ante versiones contradictorias, refiriéndose a los relatos contrapuestos entre la denunciante víctima y presunto agresor, justificación que no se da, en otro tipo de delitos, cuando es habitual que existan versiones contradictorias, ya sea un delito contra la propiedad o contra la integridad.
En muchos casos, se valora la existencia de una situación conflictiva o de crisis de pareja, llegándose a argumentar por los juzgados la existencia de una instrumentalización de la denuncia, en clara alusión a los procedimientos civiles de ruptura de la pareja. No se tiene en cuenta que la denuncia de una agresión, se produce en el momento en el que la víctima se siente con suficiente fuerza como para poner en conocimiento de terceros su situación, con el deseo de que finalice la misma, siendo en muchos casos el detonante de una ruptura de la pareja, lo que socialmente es deseable para evitar la reiteración de la violencia.
Otras veces se utiliza, para el archivo de la causa, el argumento de que la víctima no interpuso la denuncia nada más ocurrir el hecho, cuestionando por esta causa el testimonio de la misma. Olvidándose que precisamente las víctimas de este tipo de delitos se caracterizan por sufrir las agresiones sin interponer denuncia, decidiéndose a hacerlo tras un largo periodo y apoyándose, generalmente, en personas cercanas o instituciones. Por lo tanto, es razonable que las víctimas tarden un tiempo en denunciar los hechos que han formado parte de su situación vital y que no han podido o sabido erradicar desde su inicio.
DENUNCIAS RENUNCIAS J.V.M.
12,40%
Aparte de la retirada de la denuncia por parte de las víctimas que tiene una tendencia ascendente como se observa en el anterior cuadro, llegando a cifras muy altas en ocasiones [iv], a veces la víctima se acoge a su derecho a no declarar, y aunque en ambos casos se debería seguir adelante con la investigación, es frecuente al archivo por falta de indicios.
También empieza a ser relativamente frecuente que los denunciados, asesorados por sus abogados, interpongan cuando llegan al juzgado denuncia contra la mujer denunciante, lo que se denominan denuncias cruzadas. Así, estas mujeres renuncian a mantener el procedimiento por miedo a ser ellas mismas también imputadas por conductas delictivas contra el agresor.
Otro de los argumentos que se utilizan en los juzgados para archivar los procedimientos es considerar la declaración de la víctima poco consistente o confusa, no valorándose la situación psicológica por la que están atravesando y que a veces les lleva a relatar reiteradamente unos hechos determinados, omitiendo otros de mayor gravedad, sin que en los juzgados se profundice en general sobre si están sufriendo malos tratos psicológicos u otras circunstancias.
Es importante reflexionar sobre si se está actuando adecuadamente en el archivo de los procedimientos sin investigar suficientemente los hechos que se denuncian, ya que una cifra tan extremadamente elevada de los mismos puede llevar a las víctimas a que, aunque se cometan hacia ellas nuevos hechos delictivos, no se atrevan a volver a denunciar tras la experiencia vivida. Esto se ve agravado si tenemos en cuenta que, incomprensiblemente, existen juzgados en los que el archivo de las denuncias interpuestas asciende a cifras alarmantes, superando el 50% y llegando, incluso, a alcanzar en algunas provincias el 80% de las mismas, alcanzando en algunas poblaciones cifras todavía mayores.
A todo esto hay que añadir que en la mayoría de los juzgados los procedimientos se archivan en la primera fase y, sin embargo, conforme a la jurisprudencia, la más mínima duda acerca del hecho y/o derecho, no puede dar lugar a la finalización y archivo sin más trámite aunque se estimen insuficientes los indicios, debiéndose investigar los hechos denunciados. Si además, los indicios dependen de un juicio valorativo como son las declaraciones de la denunciante víctima, testigos y denunciado, dicha apreciación debería hacerse en el ámbito de juicio oral con sujeción a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, resaltándose jurisprudencialmente que la facultad de sobreseer los procedimientos debe utilizarse con moderación, hecho que a simple vista no parece ser respetado en algunos casos.
ARCHIVOS O SOBRESEIMIENTOS AÑO 2014 =/+ 50% SOBRE DENUNCIAS POR PROVINCIAS DATOS C.G.P.J.*
80,66%
60,65%
57,53%
*Se analiza por provincias para que el número de denuncias fuera significativo.
Si analizamos las sentencias en los procedimientos de violencia de género, observamos que las sentencias condenatorias comparativamente con las denuncias interpuestas son muy reducidas, existiendo una tendencia hacia una menor condena. Actualmente, el número de condenas anuales frente a las denuncia es del 22,38%, lo que representa un índice muy bajo.
SENTENCIAS CONDENATORIAS FRENTE A DENUNCIAS J.V.M. *
*Se ha efectuado la suma de condenas en distintos órganos judiciales anualmente.
CONFORMIDAD J.V.M.
TOTAL CONDENAS
DENUNCIAS CONDENAS
32.744
23,43%
22,64%
22,38%
Dentro de las sentencias condenatorias hay una parte que se imponen por procedimientos de juicios de faltas, cuando estos últimos deberían ser residuales, conforme a la legislación a aplicar, sin embargo se aprecia que cada año dichos procedimientos han ido aumentando.
En los juzgados de lo penal, es donde mayoritariamente se juzgan los procedimientos que se inician en los juzgados de violencia sobre la mujer, cuando el acusado no se conforma con la acusación en fase anterior. Observamos que, año tras año, dicho número de procedimientos disminuye, tanto en términos absolutos como relativos respecto a las denuncias interpuestas. Asimismo, las cifras de condenas en relación con las denuncias disminuyen de forma alarmante.
procedimientos terminados
34.488
48,06 %
32.477
48,92 %
48,67 %
48,30 %
Como se aprecia las sentencias condenatorias frente a los procedimientos finalizados disminuyen año tras año, alcanzando en 2014 el 48,30%, si lo analizamos por provincias vemos que en algunas de ellas las cifras de condenas son muy bajas, lo que conlleva que en algunos juzgados de lo penal se den cifras todavía menores.
SENTENCIAS CONDENATORIAS AÑO 2014 =/- 40% SOBRE PROCEDIMIENTOS FINALIZADOS POR PROVINCIAS DATOS C.G.P.J.
% TERMINADOS/
CONDENATORIAS
22,79%
25,98%
31,97%
33,58%
35,39%
38,81%
Debemos recordar que recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas elaboró un dictamen sobre España en el que consideraba “…que los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial y que la judicatura no debe aplicar estándares inflexibles sobre la base de nociones preconcebidas sobre lo que constituye violencia doméstica” y manifestaba la necesidad de “reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica”[v].
Por lo tanto, conforme a este organismo internacional, existe un déficit de diligencia que se transmite en la investigación de los hechos que se denuncian en relación con la violencia de género.
De los datos expuestos se deriva que globalmente la tendencia, que se impone en los juzgados de violencia sobre la mujer y aquellos donde se juzgan estas conductas, es a minimizar las conductas delictivas, pues cada año disminuyen las condenas, cada vez se adoptan menos medidas cautelares y cada vez llegan a los juzgados de lo penal menor número de procedimientos. Observamos, además, que existen diferencias sustanciales en la forma de tratar el asunto en unos juzgados u otros, derivándose resultados conforme a la actuación que se mantenga. Las víctima no pueden ni deben ser las perjudicadas por estas acciones judiciales, por los tanto, en los casos donde la situación es más alarmante se deben corregir las deficiencias que se observan.
Los tribunales de justicia tienen que tener medios y equipos humanos concienciados con la situación por la que están atravesando las mujeres víctimas de violencia y actuar conforme a ello, ya que de lo contrario habrá que reconocer que no se está salvaguardando el principio de igualdad, consustancial con la noción de ciudadanía y que la violencia del varón hacia la mujer que es o fue su pareja, se está volviendo “invisible” en los tribunales. La justicia no puede ser invadida por los estereotipos que tiene que ser erradicados para combatir con eficacia la violencia de género[vi].
[i]El primer año que se recogen datos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer por el C.G.P.J. es 2006 se deniegan el 23% y un 2% se encuentran en tramitación se adoptan el 75% ,2007 se deniega 25%, 2008 24,8%,2009 30%.
[ii]En los juzgados de guardia se deniega las ordenes de protección en 2011 27%, 2012 30%, 2013 31%, 2014 30%.
[iii]La localidad de Osuna con 105 órdenes de protección incoadas fueron denegadas en su totalidad.
[iv] En la localidad de Cartagena las renuncias alcanzan el 56,30 % de las denuncias interpuestas.
[v] Dictamen 18 de julio de 2014 España Estado parte, adoptado por Comunicación número 47/2012 párrafo 9.7 y recomendaciones letra b) II
[vi] “La igualdad sustancial es “elemento definidor de la noción de ciudadanía” (STC 12/2008, FJ 5) y contra ella atenta de modo intolerable cierta forma de violencia del varón hacia la mujer que es o fue su pareja: no hay forma más grave de minusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con la finalidad de coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más personal y de negar su igual e inalienable dignidad. “FJ 8 STC 59/2008.
El Congreso aprueba hoy la Ley de Infancia y Adolescencia
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) – La Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aprobará este lunes el proyecto de Ley de protección a la Infancia y a la Adolescencia, que iba a votarse este pasado miércoles, si bien se decidió posponer su debate y aprobación hasta este lunes con el fin de buscar el máximo consenso ya que sobre la mesa hay presentadas 432 enmiendas parciales y un centenar de transaccionales.
El texto, que modifica hasta una docena de normas vigentes, deberá ser refrendado por el Pleno de la Cámara Baja antes de ser enviada al Senado, dado su carácter orgánico.
En ella, se ha planteado la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores e información sobre su perfil genético de ADN y que será confidencial.
En el primer debate parlamentario del proyecto de ley, Alonso ya aseguró que se iban a reforzar las medidas contra los pederastas, de acuerdo con el convenio del Consejo de Europa de Lanzarote, para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.
PROTECCIÓN CONTRA PEDERASTAS
Así, el proyecto de ley establece como requisito para poder ejercer una profesión que implique el contacto habitual con menores, aportar una certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales que pruebe que esa persona no ha sido condenada por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotación de menores.
Por otro lado, el Grupo Popular propuso otra enmienda para cambiar la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellas.
Además, el PP sugiere en esta ley una reforma de la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo del año 2006 para bonificar a quienes den empleo a víctimas de trata de seres humanos con una bonificación para el empleador de 125 euros al mes durante dos años por trabajador contratado de forma indefinida.
Alonso también adelantó que se agilizarán los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de 3 años, permanezcan con una familia y se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica.
Asimismo, remarcó que el texto reconocerá como víctimas de violencia de género a los menores y prevé que puedan estar con sus madres; regulará por primera vez los centros para menores con problemas de conducta; y renovará el marco de protección de los menores, sobre todo, de los más vulnerables.
PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
Por parte del PSOE, que ha presentado 80 enmiendas al texto, solicita inversión para el desarrollo de esta ley y propone que la pobreza no pueda ser una razón para la declaración de desamparo del menor, ni para quitar la patria potestad a los padres.
Por parte de CiU, Carles Campuzano, mantiene su “queja competencial” y pide que sigan siendo las comunidades las que decidan los países donde adoptar, a la vez que propone la supresión del copago para aquellas familias que acojan a menores.
Desde UPyD se ha presentado una batería de enmiendas entre las que resalta la inclusión en el texto de una nueva disposición adicional para crear una Ley Orgánica de Transexualidad que “garantice los servicios y prestaciones” de los menores en toda España.
El diputado de ICV Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural, ha centrado parte de sus enmiendas en la materia competencial, ya que considera que invade competencias a Cataluña.
Frente a las casi 400 enmiendas de la oposición, el PP ha propuesto un centenar de propuestas transaccionales para llegar a acuerdos puntuales y efectuar los cambios de redacción de la ley con amplios consenso. En ese contexto, se ha preferido posponer la reunión de la comisión hasta este lunes para que los grupos estudien bien los textos presentados hasta llegar a fórmulas pactadas.
El Congreso aprobará hoy la ley que enmienda el CGPJ diseñado por Gallardón
La nueva norma amplía de cinco a siete el número de vocales con dedicación exclusiva del órgano de gobierno de los jueces
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -El Congreso de los Diputados dará previsiblemente este jueves luz verde al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, la norma en la que el PP enmienda el proyecto aprobado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 destinado a mejorar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La nueva LOPJ amplía de cinco a siete el número de vocales del órgano de gobierno de los jueces que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, y elimina la obligatoriedad de que su Comisión de Igualdad sea presidida por una mujer.
La Comisión de Justicia aprobó hace unos días la inclusión en el texto de nueve enmiendas transaccionales inspiradas en propuestas del PSOE, Izquierda Plural y CiU, que aportan mejoras respecto al gabinete técnico del Tribunal Supremo, la prescripción de las faltas leves a los seis meses de su comisión y la inadmisión de recursos de casación por falta de motivación.
NUEVO PAPEL Y NOMBRE DE SECRETARIOS JUDICIALES
También se han transaccionado propuestas relativas al papel de los secretarios judiciales que pasan a denominarse “letrados de la administración de Justicia” y adquieren un nuevo papel que amplía competencias.
El PP defiende que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al CGPJ especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones.
Respecto a la instrucción de las causas penales de especial complejidad y con intención de auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia –nueva denominación de los secretarios judiciales–, con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.
Entre las modificaciones introducidas en el Congreso, el PP ha incluido la posibilidad de que los médicos forenses realicen “pericias” por encargo de particulares y establece que los autos y expedientes de procedimientos cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a la causa.
Lesmes se ve obligado a usar su voto de calidad para validar la publicación de las sentencias de defraudadores
MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) – El Anteproyecto del Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal, ha logrado un aprobado raspado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al precisar para su aprobación el voto de calidad de su presidente, Carlos Lemes.
El informe defendido por el vocal Gerardo Martínez-Tristán en el Pleno extraordinario convocado este lunes para tratar el asunto, y que avala la medida propuesta por el Ministerio de Hacienda como “un elemento preventivo y educativo” frente al fraude, ha fracturado al órgano de gobierno de los jueces, pues diez de sus 21 miembros han votado en contra mientras que Fernando Grande-Marlaska ha emitido un voto en blanco que ha obligado al voto particular del presidente.
Otro vocal, Álvaro Cuesta, que también ha votado en contra del informe, ha anunciado un voto particular en el que defenderá que el texto remitido por el Gobierno se queda corto y que son precisas más publicidad y más transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal.
No es la primera vez que Lesmes debe hacer uso de esta prerrogativa para desbloquear un acuerdo, ya lo había hecho anteriormente respecto de un nombramiento para una Audiencia Provincial, pero sí es la primera ocasión en la que tiene que emplearlo respecto al preceptivo informe que este órgano ha de emitir respecto de un proyecto del gobierno.
El Anteproyecto, propone, en concreto, el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. La medida se considera proporcionada y ajustada a la Constitución.
El propio informe que se sometió a debate reconoce que la regulación se adopta con los objetos principales de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias e incrementando la transparencia en las actuaciones judiciales en este ámbito. .
El informe finalmente aprobado incluye varias modificaciones respecto de la propuesta presentada por el ponente, han informado fuentes del CGPJ, y varios de los vocales que votaron en contra cuestionaron que la norma puede afectar a derechos fundamentales.
Han votado a favor del informe, además de Lesmes, vocales pertenecientes a los sectores tanto “progresista” como “conservador” del CGPJ, en concreto Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Vicente Guilarte, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.
En contra se han pronunciado también vocales de ambos sectores, Roser Bach, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Rafael Fernández Valverde, Enrique Lucas, Carmen Llombart, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Por su parte, el vocal Álvaro Cuesta ha defendido que el texto remitido por el Gobierno se queda corto y que es necesaria más publicidad y transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal.
El vocal Cuesta apoyaba el informe inicial, pero ha votado en contra al incluirse en dicho texto diversas consideraciones que habían sido presentadas como “observaciones” por un grupo de vocales del sector “progresista” y que, en resumen, mostraban su oposición a la medida, han informado a Europa Press fuentes de este órgano.
El informe señala que el Anteproyecto, que establece el carácter público del acceso al fallo de esas sentencias y la publicación de un extracto de las mismas en el BOE, tiene como objetivos impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito.
El texto reconoce que la publicidad de la sentencia puede suponer un gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos, “pero también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una función de información y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educativo”.
El informe señala también que la divulgación de los datos a los que hace referencia el Anteproyecto cumple tanto con el requisito constitucional de veracidad como el acuñado jurisprudencialmente de la relevancia pública de la información.
Así, afirma que “la sentencia penal firme goza de veracidad, dado que se publicarán datos extraídos de lo considerado probado en la sentencia, lo que sin duda constituye una verdad jurídica formal” y que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se trata de una información de relevancia pública.
El texto, por último, recuerda que la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, excluye la necesidad de consentimiento del afectado para la recepción y tratamiento de los datos cuando éstos figuren en fuentes accesibles al público o cuando su comunicación esté autorizada por la ley.
Aunque con el Anteproyecto se cumple este segundo requisito, el informe considera que debería procederse a incluir las sentencias condenatorias por fraude fiscal entre las fuentes accesibles al público “reformando la Ley Orgánica de Protección de Datos, dotando así de mayor coherencia al ordenamiento y evitando eventuales dudas interpretativas entre el contenido de ambas leyes orgánicas”.
Como resultado del debate en el Pleno, de la propuesta de informe se ha retirado el punto que consideraba “admisible” la Disposición transitoria única del Anteproyecto, que prevé que será de aplicación a las sentencias que se dicten tras su entrada en vigor.
El texto, finalmente, acoge las observaciones planteadas por los vocales Roser Bach y Enrique Lucas, a las que se sumaron Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, en el sentido de que el régimen transitorio razonable pasa porque el Anteproyecto afecte a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica.
El informe también recoge otra de las observaciones de estos vocales, que consideran que el Anteproyecto no valora el impacto que pueda tener su aplicación a la generalidad de los supuestos a que se refiere y que resulta difícil encajar el efecto negativo que supone la publicación de las sentencias en los casos en los que se aprecie reparación del daño.
El Supremo ordena a un hombre seguir pagando la pensión a su exmujer a pesar de obtener la nulidad
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo ha ordenado a un hombre que continúe pagando una pensión compensatoria a su exmujer a pesar de que el Obispado de Málaga declaró la nulidad de matrimonio.
En una resolución hecha pública este sábado el alto tribunal explica que el afectado se divorció de su esposa en 2005 y fijó con ella de común acuerdo el pago de una cantidad de 600 euros mensuales.
Cuatro años después de la separación, la Iglesia decidió concederle la nulidad matrimonial por “falta de grave discreción de juicio en el esposo”, es decir, por desconocimiento de los deberes que implica casarse. La resolución canónica obtuvo, meses después, eficacia civil.
El divorciado solicitó, un año después, que se le dispensara de continuar pagando esta cantidad debido a que el Código Civil solo prevé que exista compensación en casos de divorcio y separación.
La resolución precisa que fue el marido quien instó el divorcio y que se mostró conforme con la pensión compensatoria para, más adelante, acudir no a los tribunales estatales sino a los eclesiásticos para postular la nulidad.
SIGUIÓ PAGANDO
No obstante, cometió un error fundamental que le obligará a continuar abonando los 600 euros mensuales acordados: no reclamó la adopción de medida ninguna y siguió pagando la pensión durante un año.
“Aceptó la vigencia y eficacia de las medidas que fueron acordados en la sentencia de divorcio, de forma que cualquier modificación sólo vendrá justificada por la existencia de un cambio sustancial posterior”, dice la sentencia.
Los miembros del CGPJ que participan en contrataciones harán público su patrimonio
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, los vocales de la Comisión Permanente y el Secretario General del órgano de gobierno de los jueces -que son los miembros de la institución que participan en contrataciones- harán pública en el Portal de Transparencia de la institución una relación sucinta del valor económico de su patrimonio actual.
Esa relación, según el acuerdo adoptado este jueves por la Comisión Permanente, incluirá bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles.
Además de Lesmes, los vocales afectados por este acuerdo son Mar Cabrejas Gerardo Martínez Tristán, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández Martínez, Nuria Abad, si bien estos dos últimos han votado en contra de la medida y han anunciado voto particular.
El CGPJ no impedirá que otros vocales puedan hacer público su patrimonio si así lo desean, según señalaron a Europa Press fuentes de este órgano.
La publicación de estos datos era una de las actuaciones que el órgano de gobierno de los jueces tenía pendientes para completar cumplimiento del convenio que el CGPJ suscribió el pasado mes de julio con Transparencia Internacional.
“EJEMPLO DE TRANSPARENCIA”
El texto aprobado señala que el CGPJ, “en su condición de órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados, debe ser un ejemplo de transparencia y buena gestión ante los miembros de la Carrera Judicial, en particular, y ante la ciudadanía, en general” y añade que “desde el inicio mismo de su actual mandato ha perseguido el objetivo de convertirse en referente nacional e internacional en este campo”.
Una manifestación de ese objetivo es el convenio de colaboración suscrito el pasado 2 de julio entre el CGPJ y Transparencia Internacional España, que tiene por finalidad lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos y garantizar el cumplimiento del principio de rendición de cuentas y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente el 24 de junio de 2014.
El citado convenio prevé que entre los datos que se harán públicos en el Portal de Transparencia figurará, en el caso de los altos cargos del Consejo “que vayan a gestionar intereses económicos de la institución”, una relación sucinta “del valor económico de su patrimonio actual”, pese a que la Ley 9/2013 de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno no establece esa obligación.
SOLO QUIENES CONTRATAN
La Comisión Permanente encomendó el pasado 3 de marzo al Gabinete Técnico del CGPJ la elaboración de un informe jurídico que especificara el ámbito subjetivo de altos cargos del Consejo que, de acuerdo con el convenio, estén obligados a informar y dar publicidad al valor económico de su patrimonio actual.
El informe concluye que son altos cargos el Presidente del TS y del CGPJ, los Vocales y el Secretario General, pero que solo este último y los miembros de la Comisión Permanente -formada por el presidente y cinco de los veinte vocales- “van a gestionar intereses económicos de la institución”, ya que la ley atribuye la competencia en materia de contratación a la Permanente, que a su vez delega esta actividad en el Secretario General.
“En definitiva, el compromiso voluntariamente asumido por el CGPJ con la firma del citado convenio y en tanto no sea denunciado por alguna de las partes nos obliga a incorporar al Portal de Transparencia la referida información patrimonial, de obligado cumplimiento únicamente para el Presidente, Vocales integrantes de la Comisión Permanente y Secretario General, y de carácter voluntario, en consecuencia, para el resto de Vocales que integran el Pleno de este Consejo”, dice el acuerdo aprobado hoy.
El Portal de Transparencia ya recoge una ficha individualizada del Presidente y de los veinte Vocales que incluye fotografía, breve currículo, correo electrónico y teléfono de contacto, identificación de su secretario/a, retribución, personal eventual asignado directamente y, en su caso, indemnizaciones que podrían recibir tras el cese en sus cargos.
Bruselas propone una multa de casi 19 millones a España por manipulación de déficit en Comunidad Valenciana
Es la primera vez que la Comisión sanciona a un Estado miembro por falsear sus estadísticas
BRUSELAS, 6 May. (EUROPA PRESS) – La Comisión Europea propone multar a España con casi 19 millones de euros a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, según han avanzado a Europa Press fuentes comunitarias.
La sanción por el falseamiento del déficit en la Comunidad Valenciana se debatirá este miércoles en la reunión del colegio de comisarios y se aprobará formalmente el jueves. Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).
La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la UE en el Ecofin.
Los portavoces oficiales de la Comisión han eludido pronunciarse sobre esta información. “El informe (sobre la manipulación de las estadísticas en Valencia) debe ser adoptado por la Comisión de aquí al 11 de mayo”, se han limitado a señalar.
Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus nuevos poderes para investigar una posible manipulación estadística en un Estado miembro y sancionar a los responsables. Esta legislación se aprobó en 2011 a raíz de la manipulación de las estadísticas de Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.
El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. Su objetivo era determinar si “por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años” y averiguar quienes fueron los responsables.
Las pesquisas se han concentrado en los gastos sanitarios no reconocidos (las denominadas ‘facturas en los cajones’) durante el periodo 1988-2011.
El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada.
Las irregularidades sólo se corrigieron en 2012, cuando Eurostat detectó el problema.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que “no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda”.
También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado “una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España”. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.
Fiscalía incoó 1.570.255 diligencias por delitos cometidos en 2018, lo que paraliza la tendencia al descenso
El CGPJ nombra a José Luis Seoane magistrado de la Sala Primera del Supremo y a José Alberto Fernández, de la Quinta

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
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 artículo 25
 artículo 53
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 artículo 149
 artículo 25
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