Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2016/05/
Timestamp: 2017-10-20 04:51:03+00:00

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No a la privatización del Registro Civil: mayo 2016
CCOO no tolerará nuevos intentos de privatizar la Administración de Justicia y el Registro Civil
CCOO está convencida de que el Ministro Catalá y el Gobierno están pactando la privatización del Registro Civil y de otros servicios de la Administración de Justicia a espaldas de los trabajadores.
CCOO se va a poner en contacto con todos los grupos políticos para que expongan de forma clara sus programas respecto de nuestra Administración, trasladándoles la necesidad de enfrentarse al intento del gobierno en funciones de privatizar la Administración de Justicia.
Tras meses de ocultar sus intenciones, la entrevista que aparece en la web, notariosyregistradores.com realizada al ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá, con fecha 11 de mayo, no deja lugar a dudas: sigue apostando claramente por la privatización del Registro Civil y de otros servicios que hoy presta la Administración de Justicia, y por sacar del ámbito de su competencia la tramitación de más expedientes de jurisdicción voluntaria y de registro civil.
Este es el programa político para las elecciones generales del Partido Popular para la Administración de Justicia: privatizar parte de los servicios públicos que hoy presta la Administración de Justicia por medio de jueces, letrados y personal de la Administración de Justicia, atribuyendo su llevanza a "profesionales" (ya ni habla de funcionarios) que, de una u otra forma, cobrarán a los ciudadanos por la realización de trámites hoy gratuitos, sacando del ámbito de las Administraciones públicas servicios públicos esenciales y que deben ser en todo caso imparciales. Y todo ello venderlo como "racionalización de medios", "agilización de la Administración de Justicia", y "reducción de gasto público". Ello supondrá la privatización de servicios públicos, entre ellos el Registro Civil, en beneficio de unos pocos, que son de los suyos, y en perjuicio de toda la ciudadanía.
En dicha entrevista, Catalá apuesta por la desjudicialización y redistribución del conocimiento de determinadas materias de procedimientos civiles a otros operadores iniciada con la Ley de Jurisdicción Voluntaria y que quiere continuar con los expedientes de Registro Civil, de forma que notarios y registradores de la propiedad y mercantiles asuman con carácter general la competencia para el conocimiento de determinadas materias. Y ello con la excusa la optimización de los recursos públicos disponibles, tanto personales como materiales, en la descarga de trabajo a los órganos judiciales y en el abaratamiento de costes, trasladando al ciudadano el coste que hay que pagar a dichos profesionales.
En materia de Registro Civil, el Ministro dice estar abierto el planteamiento de cualquier tipo de alternativas en cuanto a los profesionales que deberán llevar el Registro Civil". Profesionales, no funcionarios, es decir, sacando fuera del ámbito de la Administración de Justicia la llevanza del Registro Civil.
CCOO se va a dirigir a todos los partidos políticos a fin de que expongan de forma clara y concreta cuáles son sus planes para la Administración de Justicia, incluido el Registro Civil, para el caso de que gobiernen, y exigirles un planteamiento terminante en contra de la privatización de los servicios públicos que hoy presta nuestra administración. CCOO comunicará que no vamos a tolerar un nuevo intento de privatizar la Administración de Justicia, y, si se pretende llevar a cabo, actuaremos con la máxima contundencia para impedirlo.
CCOO, 27.05.2016
Para CCOO sería un escándalo y una clara privatización de un trámite administrativo que los Registros Civiles no pudieran remitir las solicitudes de forma electrónica y gratuita, pero sí previo pago los abogados, procuradores, graduados sociales y demás, tras la Orden Ministerial publicada ayer
Aparece publicada en el BOE de ayer la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de Convenios de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados.
Esta Orden es desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que permite la presentación electrónica de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, en representación de los interesados, por abogados, Gestores, Procuradores, Graduados Sociales y otros profesionales colegiados previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de Justicia y los pertinentes Colegios.
CCOO no tendría nada que objetar al desarrollo del artículo 7 del Reglamento de Nacionalidad, si no fuera porque la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, que regula la presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española a través de los Registros Civiles hasta el 30 de junio de 2017 , establece que “la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General”, y la Dirección General hasta la fecha no ha determinado dichas condiciones pero sí que ha tenido tiempo para desarrollar cómo se podrá presentar la nacionalidad española a través de profesionales que, como es lógico, cobrarán por sus servicios. Además, teniendo en cuenta que la presentación telemática, debidamente indexada y metadatada, de las solicitudes de nacionalidades facilitará la resolución de los expedientes, si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, estaría abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban el Convenio; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles.
De esta forma, una vez más, se perjudicaría un servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles vendría lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondría el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales. Y todo ello mientras que los ciudadanos, tras casi nueve meses desde la aprobación del Real Decreto 1004/2015, no pueden presentar por sí sus solicitudes de forma telemática, simplemente porque el enlace colgado en la página web del Ministerio de Justicia da error.
CCOO no comparte en absoluto la tramitación de las adquisiciones de nacionalidad española por residencia establecida en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, y desarrollada en el Real Decreto 1004/2015, empezando por asignar la instrucción de los expedientes a la Dirección General de Registros y del Notariado, culpable directo y fundamental del retraso en la resolución de los Expedientes, cuando su instrucción debería corresponder a los Registros Civiles y ello sin perjuicio de que los ciudadanos puedan presentar sus solicitudes en papel o de forma electrónica, personalmente o por medio de profesional; siguiendo por la acreditación de la integración en la sociedad española mediante un examen absurdo de cultura general que no acredita nada, y acabando por el establecimiento de tasas para la superación de las pruebas y presentación de las nacionalidades, de forma que el coste de las nacionalidades está entre 100 y algo más de 300 €, lo que está suponiendo que haya ciudadanos extranjeros que cumplen los requisitos para acceder a la nacionalidad española no lo hagan por no poder afrontar su coste. Pero dado que el actual Gobierno está en funciones, y que a nuestro juicio es precisa la derogación, o cuanto menos modificación, de la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015 y del Real Decreto 1004/2015, CCOO está a la espera de que constituya un Gobierno al que dirigirse y que pueda adoptar las decisiones legislativas y reglamentarias necesarias para poner coto a tanto despropósito que ha provocado una caída en el número de solicitudes presentadas y que tanto perjuicio está causando a los ciudadanos que quieren adquirir la nacionalidad española.
Pero si el Ministerio, pese a estar en funciones, quiere desarrollar lo dispuesto en el Real Decreto 1005/2015, por donde debe empezar es, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda ya citada, en regular las condiciones en que desde los Registros Civiles se puedan remitir las solicitudes de nacionalidad y documentos a la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo telemático, previa digitalización de los documentos. Y ello ya no sólo porque así lo establece el Real Decreto 1005/2015, sino también la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que utiliza el Ministerio de Justicia para amparar la firma de convenios para la presentación de las nacionalidades por parte de operadores privados, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que entrará en vigor el 2 de octubre, que establece en su artículo 70.2 que los expedientes administrativos serán electrónicos.
A juicio de CCOO sería escandaloso, y demostraría que el interés que subyace en todo esto es meramente la privatización del inicio del procedimiento administrativo para adquirir la nacionalidad española por residencia, que los interesados pudieran, previo el correspondiente pago al profesional, presentar de forma electrónica su solicitud de nacionalidad antes de que puedan hacerlo gratuitamente (sin contar con las tasas que ya han pagado) a través de los Registros Civiles. A tal efecto CCOO va a dirigir una carta al Ministro de Justicia y al Director General de Registros y del Notariado para que, tras casi 9 meses en que no se ha hecho nada al respecto, se regulen de una vez las condiciones en que desde los Registros Civiles se puedan remitir metadatadas e indexadas las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, y que en tanto en cuanto no sea posible la remisión telemática a través de los Registros Civiles no se pueda realizar tampoco a través de profesionales de Colegios que hayan suscrito los oportunos convenios de habilitación.
CCOO, 13.05.2016
CCOO volverá a presentar a los partidos políticos sus reivindicaciones respecto al Registro Civil, ante la convocatoria de las nuevas elecciones
Ante la próxima convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio, CCOO se volverá a dirigir a todos los partidos políticos para reclamar el mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia.
La Ley 19/2015 de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció, gracias a la presión de las y los trabajadores, de la plataforma de los trabajadores del Registro Civil, y de CCOO, la derogación de la privatización del Registro Civil que había pretendido el Gobierno del PP durante toda la legislatura anterior, y la prórroga del plazo de entrada en vigor la ley 20/2011 del Registro Civil hasta el mes de junio de 2017.
CCOO ha defendido, defiende y defenderá, como hemos venido haciendo desde hace más de cinco años, que el Registro Civil siga siendo un servicio público, universal y gratuito, y servido por el personal de la Administración de Justicia, como ha venido siendo desde hace más de 145 años.
En este sentido, CCOO sigue trabajando para impedir la privatización del Registro Civil. Y por eso, se volverá a dirigir de nuevo a todos los grupos políticos para que, una vez constituido el nuevo Parlamento tras la repetición de las elecciones que se van a volver a celebrar el próximo 26 de junio, apoye la lucha contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.
CCOO ya remitió, haciéndolo público, entre otros, al Grupo Parlamentario Socialista, un documento completo de propuestas para la mejora de la Administración de Justicia, para incluir en sus programas electorales para las elecciones del pasado 20 de diciembre, que incluía, entre otras muchas, la lucha contra la privatización del Registro Civil y que siga estando servido por el personal de la Administración de Justicia.
Ahora, se obtiene el primer resultado tangible, gracias en buena medida por el trabajo de los compañeros/as que forman la plataforma del Registro Civil, que han estado en contacto permanente con el Grupo Socialista, entre otros, para lograr esta moción.
Si bien, dada la situación de repetición de elecciones generales esta moción no tiene resultado efectivo aún, es un gran avance pues por fin el PSOE acepta de manera formal dos cosas estrechamente unidas: que el Registro Civil además de seguir siendo público y gratuito esté integrado en la Administración de Justicia.
CCOO, 04.05.2016

References: artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 70