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Timestamp: 2018-11-18 18:33:24+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 14 Diciembre 2007
EDITORIAL Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Los coros y danzas del Gobierno en los medios de comunicación insisten en repetirnos que los socialistas nunca pretendieron rendirse ante ETA y que la prueba es precisamente que ha sido la banda terrorista la que rompió su "alto el fuego permanente". Con ello olvidan una parte fundamental de la historia de este proceso, la rebelión cívica, que hizo ver a Zapatero que no podría dar a ETA todo lo que quería y seguir ganando elecciones, que es al fin y a la postre su principal interés. Pero hizo todo lo que pudo dentro de esos límites y puede que incluso los traspasara, aunque eso sólo lo sabremos en marzo.
Uno de los movimientos más deleznables, porque su gravedad resulta difícil de entender y porque será difícil y lento repararlo en el futuro, ha sido llevar de la mano a Batasuna-ETA hacia un reconocimiento internacional como interlocutor político válido. Lo hizo hace un año con aquella infame moción en el Parlamento Europeo y, por lo que hemos sabido hoy, también ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con motivo del recurso interpuesto por los abogados de Batasuna-ETA ante su ilegalización. El abogado del Estado procuró que el Tribunal tomara en cuenta la "nueva situación" de negociación, que podía hacer que la decisión de los tribunales españoles ya no tuviera validez. Y parece que eso es lo que ha hecho éste al admitir a trámite el recurso de Batasuna-ETA.
Los etarras asesinan porque quieren alcanzar un premio político mediante sus crímenes. Si pierden la esperanza de lograrlo podrán continuar en el terrorismo aquellos que ya lo tienen como forma de vida, pero resultará más difícil captar nuevos adeptos que sólo verían un futuro en la cárcel como resultado de pasarse a la banda terrorista. Una buena parte de su fe en que pueden lograr sus objetivos se basa en que fuera de nuestras fronteras se les reconozca como políticos, sus asesinos encarcelados como presos de conciencia y sus crímenes como una lucha por la libertad contra la opresión. Si algo supo hacer bien el Gobierno de Aznar fue aprovechar la ola del 11-S para lograr que ese chollo acabara. Sin duda, en el lamentable estado en que estaba Batasuna-ETA en 2004 no fue un factor menor la destrucción de su capacidad de hacer propaganda fuera de nuestras fronteras y la inclusión de Batasuna en las listas negras de Estados Unidos y la Unión Europea.
No está muy claro que una decisión favorable a Batasuna-ETA del Tribunal de Estrasburgo tuviera consecuencias jurídicas reales. Pero no hay duda de que, desde ya, la decisión de admitir a trámite el recurso acompañará a todas y cada una de las actividades propagandísticas de la banda dentro y fuera de nuestras fronteras, como mínimo hasta que se resuelva el recurso dentro de uno o dos años. Es un balón de oxígeno más de entre todos los que el Gobierno ha proporcionado a la banda terrorista desde que llegó al poder. Y resulta especialmente grave por lo difícil que será y el tiempo que llevará reparar el daño.
Visto lo visto, es natural que el Gobierno considere "normal" que se admita a trámite el recurso de Batasuna-ETA en un tribunal que no acepta más del 2% de los casos que se le presentan. Cuando el abogado que debía defender al Estado defendió en realidad el proceso de rendición del Gobierno y se alineó con las tesis del abogado que presentaba el recurso, lo extraño hubiera sido que en Estrasburgo hubieran hecho caso omiso a semejante concertación entre ambos. Pero lo que no es "normal" ni puede serlo nunca es que los servicios jurídicos del Estado se pongan al servicio de la legitimación internacional de una banda terrorista.
GEES Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Que ETA es algo más que un simple grupo mafioso es evidente. Es un grupo terrorista, que asesina por razones políticas. Razón por la cual su estructura no está limitada exclusivamente a cometer atentados, sino que cuenta a su alrededor con una estructura institucional, propagandística, cultural y política perfeccionada durante más de treinta años de experiencia. No existe nada ni nadie en la izquierda abertzale que no cuente con el visto bueno o el impulso de la dirección de ETA, y ésta ordena e impulsa todas las iniciativas abertzales.
Al Gobierno de Aznar le llevó años desmontar el aparato de propaganda que ETA tenía tendida por toda Europa. Además de perseguirlos y meterlos en la cárcel, se cortaron sus líneas de abastecimiento, se deslegitimaron sus fines políticos, se contrarrestó la propaganda desplegada en el exterior. Por eso en 2004 al hecho de que ETA estuviese casi rendida no era ajeno el aislamiento en Europa de los etarras. La máxima expresión fue la inclusión en la lista de organizaciones terroristas de todo el entramado etarra.
Esta elemental estrategia fue derrumbada por Zapatero. Y fue aún peor. Puesto que ETA estaba ya marginada en Europa, la única forma de negociar con ella sin caer él mismo en la marginación fue desandando el camino recorrido. Por eso se dedicó durante media legislatura a blanquear a Batasuna y blanquear el comportamiento etarra en Europa. La lamentable moción del Parlamento Europeo del 25 de octubre de 2006 fue la muestra más clara de esta re-legitimación de ETA. Pero hay más; desde la utilización de "mediadores" internacionales a la inclusión del Gobierno sueco en el apaño, airear el carácter negociador de ETA ha sido una de las constantes de este Gobierno.
Previsiblemente el Gobierno hablará de la inevitabilidad o de respetar a la justicia comunitaria. De la Vega, Rubalcaba y Zapatero desplegarán su chatarra dialéctica habitual, como si la cosa no fuese con ellos. Pero fue Zapatero quien tuvo la ocurrencia de legitimar a ETA ante las instituciones europeas, de pasear a ETA por Europa como si quisiese la paz tanto como él.
Una sentencia así sería impensable antes de 2004 y del proceso de legitimación masivo que ZP y el PSOE han hecho de ETA por Europa. Históricamente, supone un retroceso de años en la lucha contra el terrorismo en uno de sus frentes más delicados.
El consenso revisitado
Opinión: Marita Rodríguez www.criterio.es 14 Diciembre 2007
Don Manuel Marín decía el pasado 6 de diciembre, en un excelente discurso, que la Constitución "es un texto en el que no se materializaron las aspiraciones máximas de una y otra fuerza política", pero que, pese a ello, "nos permitió ganar y triunfar todos juntos". ¿Cómo fue posible esta transmutación milagrosa que hace que lo que no satisface a nadie por completo contente a todos? A la vista de la evolución posterior de los acontecimientos, cabe preguntarse si la cosa fue realmente tan magnífica, pero en la medida en que lo fue el secreto es conocido: consenso.
El consenso es el sistema más eficiente para lograr la optimización de la satisfacción en el caso de un conflicto social que se quiera dirimir de forma pacífica o dialogada. Para que se produzca, es necesario -primero- que las partes en litigio tengan la voluntad de alcanzar un acuerdo. En segundo lugar, es preciso que sean conscientes de que el concierto sólo es posible bajo la condición de que cada uno renuncie a la consecución de sus aspiraciones máximas con la esperanza de alcanzar otras de nivel inferior. Tan importante es que todo el mundo salga con algo en el bolsillo, como que se encuentren en esa disposición psicológica positiva que les ha de hacer fijarse antes en el vaso medio lleno que en la oquedad de la otra mitad.
En repetidas ocasiones la Asociación por la Tolerancia se ha manifestado por la unidad de las dos principales fuerzas políticas españolas como solución de los grandes problemas de Estado. La crisis de las infraestructuras (el agua, el AVE, la energía), la crisis de la educación (suspenso en el informe PISA), el modelo de Estado, el terrorismo... son todas ellas cuestiones suficientemente graves para que se alcanzara ese estado de conciencia que nos predispone a ceder en el "todo" para conservar el "algo". Así ocurrió a la salida del franquismo, cuando el hartazgo de la dictadura fue el acicate suficiente que permitió establecer los mínimos del acuerdo común. Sobre esta base, nos dimos un respiro de 27 años de -relativa- tranquilidad.
¿Se dan hoy las condiciones para alcanzar ese estado psicológico que predispondría al acuerdo "generoso" (por lo menos entre los "grandes", si no entre todos)? La respuesta es, de entrada, desgraciadamente negativa. Confluyen en ello un sinnúmero de causas, entre las que cabe destacar las que se relacionan, sin pretensiones de ser exhaustivos, en este repaso de urgencia:
La mejora de las condiciones económicas de la sociedad española ha generado una clase media satisfecha que está más preocupada por el índice del Euríbor del que pende su hipoteca que por las cuestiones relacionadas con el marco de convivencia político que, en situación de normalidad, debería ser estable, debería darse por resuelto e indiscutido. La nueva clase trabajadora, la que constituye el orden de los más necesitados y potencialmente proclives al cambio, en su mayoría integrada por inmigrantes, carece de conciencia "nacional" y sus intereses están determinados exclusivamente por la necesidad de integración social y estabilidad laboral.
El sistema autonómico ha causado un defecto indeseado (aunque previsible): se han generado oligarquías locales que tratan de perpetuarse en sus respectivos tronos. La proximidad entre el poder y los ciudadanos ha reactivado el viejo vicio celtibérico decimonónico del caciquismo, eso sí, con diseño de Armani y envuelto en los ropajes políticamente correctos de la defensa de la identidad cultural.
Los "grandes" partidos, a los que con frecuencia aludimos y a los que dedicamos estas mismas líneas, no son ya más que fantasmas de sí mismos, fachadas que -como el Estado mismo- encubren en su interior la semilla de la desunión. Eso es especialmente cierto del PSOE, pero no solamente predicable de él. Los grupos federados, que arrancaron de la Ejecutiva central el reconocimiento de unas señas de identidad diferenciadas, que exigían como condición la desaparición en sus áreas de influencia de las siglas del "partido central", se han mostrado como otros tantos palos en la rueda que impiden la toma de cualquier decisión de carácter "jacobino", es decir, de Estado. El quiebro, que se justificó en su origen como táctico, ha resultado definitivo y difícilmente reversible.
A lo largo de las ocho legislaturas que nos ha dado la Constitución, los partidos -lamentablemente, sin excepción- no han dejado de practicar la política del "todo vale" en una feedback creciente que ha primado la conquista o la conservación del poder y la ha antepuesto a cualesquiera otros objetivos de orden ético o del más elemental sentido común ligado a la consolidación y la permanencia de las instituciones fundamentales.
En los últimos años este proceso ha acelerado una progresiva sectarización de la vida pública. Incluso El Periódico editorializaba el día 8 de diciembre, tras la manifestación "unitaria" contra ETA: "el cisma sobre terrorismo -y seguramente sobre el modelo de Estado- no se da sólo entre PP y PSOE sino que parte en dos a la sociedad". No se trata de un proceso de partición "natural", sino que ha sido propiciado desde intereses partidistas y voceado por unos medios de comunicación cada vez más descaradamente "alineados" (entre los cuales se encuentra el que suscribe el elegante mensaje editorial citado).
Todos estos factores, salvo el primero, comparten un defecto fatal: se alimentan dialécticamente y tienden a crecer en espiral.
Francamente, la situación no invita al optimismo. Es impensable que los partidos abandonen por sí mismos una estrategia que llevan cultivando con esmero y dedicación desde hace años y que se ha convertido para ellos en sinónimo de la "lucha política" (y de la que han obtenido réditos, sin duda). No queda otra salida más que el compromiso firme de los ciudadanos de a pie con una política de concordia, con una manera nueva de conducir los asuntos públicos en la que sea posible debatir las diferencias sin que ello conlleve el deseo de liquidar, incluso en sentido textual, al adversario (que no enemigo). Contra esa pía recomendación, sin embargo, actúan confabulados una buena parte de los factores enumerados con anterioridad.
Más allá, sólo queda esperar -a corto plazo- que los nuevos partidos (Ciutadans, UPD) puedan actuar como la enzima que precipita el proceso de cambio y fuercen a los grandes a cambiar de estrategia. Para ello, sin embargo, es preciso que sean capaces de superar las dificultades surgidas en su alumbramiento que comprometen su credibilidad precisamente en el campo donde más falta les hacía: la práctica del consenso.
Si se esfuma esta esperanza, habrá que armarse de valor para resistir tiempos difíciles.
Pío Moa Libertad Digital 14 Diciembre 2007
La aprobación del estatuto balcanizante de Valencia por el deleznable Tribunal Constitucional es solo el primer paso para la aprobación del estatuto catalán, la pieza maestra sobre la que ha girado la estrategia del PSOE, especialmente su “proceso de paz”, es decir, su colaboración con el terrorismo y el separatismo.
El estatuto valenciano no proclama abiertamente “nación” a Valencia, como sí lo hace el catalán (y el andaluz), pero la implica. Significa privar de sustancia política, esto es, de poder y soberanía, a la nación española. Siendo la nación la base de la soberanía, significa el derecho a crear estados propios cuando lo consideren oportuno los jefecillos nacionalistas, en este caso los del PP.
Por lo tanto no se presenta, ante las elecciones, una alternativa real al zapatismo, sino un zapatismo bis, un PSOE bis. Tal es el fruto del larguísimo abandono de la lucha por las ideas en la derecha española. Ante ello, ante la resignación pasiva de las bases del PP y la ausencia de otras alternativas creíbles, lo que se plantea para el ciudadano no es “elegir” entre dos perversiones políticas semejantes, entre dos formaciones corrosivas de la unidad de España y las libertades, sino expresar su repugnancia al proceso y debilitar en lo posible a ambos partidos, deslegitimándolos.
Ha sido mínima la respuesta al llamamiento que hemos hecho estos días a acelerar el aporte económico para insertar el manifiesto en los medios de masas: ¡apenas llegamos a los 4.000 euros! Es sorprendente la renuencia de muchos a hacer un pequeño esfuerzo, cuando todos gastamos cantidades importantes en fruslerías o en pagar exacciones oficiales más o menos justificadas. La campaña de recogida, aunque iniciada algo tarde, no puede mantenerse indefinidamente. ¡Reaccionemos todos con más brío!
Naciones "inventadas"
Todas las naciones, como toda expresión cultural son hechos artificiales, “inventos” en el sentido de que no son naturales al modo del terreno, los árboles o los animales. Pero aquí empleo el término “invento” en el sentido de falsificación de historias y tradiciones por parte de grupos políticos con el fin de alcanzar un poder exclusivo sobre algún territorio o masa de población.
Así, en la historia real los vascos, catalanes, andaluces o gallegos se han considerado siempre españoles; pero hacia finales del siglo XIX algunos individuos, en especial Sabino Arana y Prat de la Riba, dos auténticos botarates intelectuales y políticos, afirmaron la no españolidad de sus respectivos paisanos. Tal aserto tenía algunas consecuencias: contradecía el sentimiento regional casi unánime, mutilaba la historia y la cultura regionales del carácter adquirido durante siglos, del idioma materno predominante o ampliamente compartido, de la literatura, expresada en el español común casi exclusivamente en Vascongadas y en su mayor parte en Cataluña, etc. Una mutilación y falseamiento histórico realmente brutales. De paso denigraba a catalanes y vascos como sujetos a una envilecedora opresión por parte de un pueblo ajeno e inferior, envilecimiento que llegaba a la abyección al aceptar vascos y catalanes identificarse, como españoles, con sus supuestos opresores. Y al estar el racismo de moda en Europa, unos y otros se pretendieron miembros de razas superiores, idea difícil de congeniar con su larguísima -- e imaginaria-- sumisión a los inferiores maketos o charnegos. No obstante servía de apoyo a su pretensión el despegue económico de Barcelona y Bilbao, como expresaría Cambó: las riquezas ensoberbecieron a muchos catalanes, haciéndoles presa fácil para las propagandas nacionalistas.
Este movimiento, al principio insignificante y ligado al clero más tradicionalista, representaba una reacción frente al triunfo liberal en el conjunto de España. Posteriormente se diferenciaría en corrientes mesiánicas de izquierda y anticlericales en Cataluña, aunque en Vascongadas permanecería muy de derechas y clerical. Probablemente nunca habrían pasado de modas pasajeras de no haberse producido la quiebra moral y psicológica del 98, “el desastre” frente a Usa. La mayoría de los políticos y los intelectuales pronto más influyentes (Costa, Ortega, Azaña, etc.) interpretaron la derrota, por lo demás bastante lógica, como prueba de una decadencia absoluta…cuando el país venía progresando lenta pero sólida y acumulativamente desde comienzos de la Restauración, habiendo superado las guerras civiles, el golpismo militar, el sectarismo antirreligioso y otras plagas de la época anterior. Esa interpretación fundaba un peculiar nacionalismo español tan “inventado” como los de Arana o Prat de la Riba o, poco después, Vicente Risco o Blas Infante: la historia anterior de España habría sido una colección de disparates y “anormalidades” que los "regeneracionistas" iban supuestamente a corregir. Entre estos tres nacionalismos --el español regeneracionista y los dos periféricos (a los que pronto se sumarían el gallego y el andaluz, mucho menos influyentes)--, más el impulso del anarquismo y de un socialismo desestabilizador, lograron llevar al régimen liberal de la Restauración a la ruina, de la cual derivaría finalmente la guerra civil del siglo XX.
¿Otro Estado de las Autonomías?
Carlos VIDAL- Profesor de Derecho Constitucional de la UNED La Razón 14 Diciembre 2007
Los recursos contra el art. 17.1 del Estatuto de autonomía valenciano han sido rechazados por el TC. Sólo conocemos cuál será el sentido de la decisión, pero todavía no hemos visto el contenido de la sentencia, ni el de los votos particulares que se anuncian. Así que la valoración que puede hacerse es solamente parcial. Con relación a su contenido, el art. 17.1 no ofrecía, en mi opinión, demasiados problemas, pues no parece que lesione los intereses de ninguna otra Comunidad Autónoma. Se proclama el derecho a un abastecimiento suficiente de agua y se habla de redistribución de cantidades de agua «sobrantes» y se hace sometimiento expreso a la Constitución y a la legislación estatal, por lo que aparentemente no se pretende ningún privilegio, sino simplemente ser uno más en el reparto de dichas aguas.
¿Por qué, entonces, no ha habido la unanimidad esperada? Creo (aunque para saberlo con certeza sería necesario haber estado presente en las deliberaciones) que son dos los elementos que pueden haber influido: uno jurídico y otro político. Por un lado, lo que no parece tan claro es que un Estatuto de Autonomía sea la norma jurídica adecuada para desarrollar esos contenidos. El artículo 149.1.22 de la Constitución establece que la Administración central del Estado tiene competencia exclusiva sobre «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». Parece, por tanto, que, desde el punto de vista formal, la constitucionalidad de una norma como la valenciana es más que dudosa, porque no estaría habilitada constitucionalmente para regular esta materia.
En segundo lugar, e intuyo que éste ha sido el elemento decisivo, es indudable el simbolismo político de estas sentencias. Porque después (y esperemos que no muy tarde, por el bien de todos) vendrán otras, sobre todo la del Estatuto catalán. Quizá los magistrados disidentes no han querido sentar un precedente de unanimidad que pudiese condicionar posteriores decisiones. Máxime cuando, al parecer (insisto en que habrá que confirmar esta impresión cuando leamos las sentencias), no se ha abordado el problema de fondo: cuál es el papel, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que deben jugar los Estatutos de Autonomía. Y si pueden continuar expandiendo su capacidad reguladora, ignorando lo dispuesto por la Constitución. Porque, como se ha sugerido por prestigiosos juristas, aunque formalmente se haya planteado el proceso como una reforma del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978, lo que en realidad se está llevando a cabo es la puesta en marcha de «otro Estado de las Autonomías», sustituyendo la actual estructura territorial por otra, sin haber reformado previamente la Constitución.
Agapito Maestre Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Nadie que se tome en serio la exigencia de la SGAE, o sea, de pagar un canon digital a un gremio bien organizado, podrá dejar de reconocer que este país ha caído en la locura, o peor, en la tristeza absoluta en la que nos tiene sumidos una impresentable asociación de "artistas" defensores del socialismo real y miserable. Un Gobierno que toma en serio ese tipo de exigencias es, en efecto, gris y mediocre. Y, lo que es peor, esa mediocridad ha alcanzado al partido de la oposición, que no sabe si votar en contra o a favor de tal engendro. He ahí la prueba de que este país está tomado por la quincalla de los pedigüeños y las "clases pasivas". He ahí uno de los resultados más lamentables del socialismo de Zapatero: Cobrar por adelantado algo como un CD en blanco o similar, que nadie sabe si será o no usado, es la quintaesencia de la usura socialista.
¡Cuánta usura, o sea, tristeza produce el socialismo zapateril! Triste era el socialismo real y triste es el socialismo-nacionalista de Zapatero. Doblemente triste es el socialismo de jetas y ricachones. Tristes son los nacionalismos.
Tristísimos y asesinos son todos los independentistas. Han conseguido arruinar todo lo que han tocado. Y, además, son cutres y paletos. Representa la quintaesencia del casticismo. La unión de socialismo y casticismo da lo que tenemos: miseria política y nada intelectual. Todo parece tocado por esta conjunción astral de nacionalistas y socialistas. Todo parece manchado por la ridícula concepción del mundo que pone la libertad en un lugar subalterno del alma humana. La panza, la panza y la panza es lo único que preocupa a este personal ridículo y soez.
No hay nada que hacer. Sólo queda la nostalgia. ¿Nostalgia? Sí, el dolor que encierra la idea de regreso, o mejor, la imposibilidad humana de volver sobre nuestros propios pasos. La repetición es imposible. Si alguien consiguiera cerrar el círculo entre su principio y su final, sería eterno. Imposible. El ser es finito porque nunca puede volver al principio. El final no puede unirse al principio. El círculo es una quimera. Eso es la nostalgia para bien y para mal. Para bien, porque el sentimiento de dolor que nos provoca la imposibilidad del regreso, podemos traducirlo artísticamente, literariamente. Mientras escribimos, sí, creemos que regresamos y, además, podemos provocar algo similar en quien nos lee. Eso es, exactamente, lo que ha hecho Federico Jiménez Losantos en La ciudad que fue. Un bella pieza narrativa, un pacto autobiográfico del autor con su pasado, para "volver" sobre una Barcelona que nunca fue como él la imagina. Esa es la otra cara de la nostalgia, la cara menos amable, el momento utópico –sin lugar– proyectivo de Federico para ocultar lo real.
¿Lo real? Sí, sí, la tristeza que ya entonces albergaba Barcelona y que, después, ha invadido España entera. Ya en esa época, concretamente en el 73, lo decía uno de los "inventores" de la Gauche Divine: "Lo que nos falta es la alegría". Castellet tenía razón. Al nacionalismo y a los intelectuales socialistas siempre les ha faltado la alegría. El gay saber. Eso, siempre, fue un asunto de la urbe, de la ciudad, de Madrid. He ahí la diferencia entre Madrid y Barcelona. La primera siempre ha sido punto de partida y de llegada. Principio y fin que nunca se cogen de la mano. Nunca se cierra. Ciudad abierta. De Barcelona sólo nostálgicamente, melancólicamente, podría decirse algo parecido.
Jorge Vilches Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Era lógico pensar que anuncios que recomendaban cosas del estilo de "Come sano. Gobierno de España", no tenían más objeto que hacer omnipresente al Ejecutivo y darle una pátina de españolismo tras años de maridaje con los separatistas. Ahora sabemos que estas campañas de publicidad han costado 1.100 millones de euros.
Este gasto ignominioso se puede tomar desde varios puntos de vista. Uno, el demagógico (o no), pensando en los distintos agujeros que podrían haberse tapado con dicha enormidad. Por ejemplo, en los miserables tres mil euros que costaban los inhibidores que los carros blindados españoles no llevaban en el Líbano. Otra perspectiva es encontrarse de cara, de forma descarnada, con la prueba de que el Gobierno se siente fracasado.
El recurso a la publicidad institucional para la promoción de un partido político es una vieja estratagema de los totalitarios. Consiste en utilizar la propaganda oficial para que la sociedad confunda el Estado con el partido, y a ambos con su líder. Es decir, y retomando el ejemplo inicial, la idea es mostrar a un ZP ocupado personalmente en que el ciudadano coma sano, o que el jubilado piense que cobra más gracias al presidente.
Este tipo de campaña política se debe a que al Gobierno de Zapatero no le ha salido nada bien; ni en la política exterior, ni en la interior. Por ejemplo, a la soledad internacional en la que nos ha sumido el "canciller" Moratinos, habría que añadir, entre una lista casi interminable, el ridículo del Tratado de Lisboa, que ahora se aprueba sin consultas nacionales, sin "referéndum plus".
Pero el desaguisado mayor, que no cabe en un anuncio de esos de "Gobierno de España", es el guirigay de las identidades nacionales, ahora a la carta, y el papelón con ETA, que ha salido políticamente robustecida. Porque el presidente Zapatero, adanista como pocos, ha creído que podía solucionar la paranoia dándole la razón al loco. Y despreciando las formas tradicionales de la democracia para reformar las bases del régimen, ha emprendido el cambio de la mano de los que quieren destruir el sistema.
El Gobierno se siente fracasado aunque satisfecho, haciendo gala de una de esas contradicciones tan típicas de la izquierda. La aceptación de las múltiples identidades nacionales no ha servido para fortalecer el Estado ni el sentimiento de unidad o la convivencia. Tampoco el "proceso de paz" ha acabado con ETA, sino que le ha insuflado vida.
Esto recuerda a aquello que dijo de si mismo George Washington sobre su plantación de Mount Vernon, arruinada. Confesó que había querido ser "alguien capaz de convertir en estiércol todo lo que toca, como transmutación previa antes de convertirse en oro". Pero aquí, tras la conversión de todo en estiércol, no hay nada que brille, y menos algo brillante.
Cristina Losada Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Acabo de enterarme de que el BNG y Zapatero han suscrito el mejor acuerdo para Galicia que conocen los viejos del lugar. Esta buena nueva, que nos comunica el propio Quintana y con él, la prensa regional y algún cronista madrileño, se aprecia en toda su trascendencia en los detalles del compromiso. Es así que, a partir de ahora, el Estado traspasa al Gobierno autonómico las competencias sobre asuntos e instituciones de la mayor importancia, entre los que cabe destacar el Museo de Artes y Costumbres Populares de Orense, el Museo del Castro de Viladonga de Lugo, las bibliotecas públicas de varias ciudades, el castillo de Monterrey, desde el que se otea un bello paraje, así como la potestad para expedir títulos académicos no universitarios, lo que dará una alegría a los zurupetos de modestas ambiciones.
Si alguien dice que la autonomía gallega podía sobrevivir dignamente sin estas transferencias, no tiene ni sensibilidad ni sentido. Y también carecerá de ambos quien tome por el chocolate del loro los 51 millones de euros que saldan la "deuda histórica" en materia social. A años luz están de los 21.000 millones en que don Anxo cifraba el montante de esa deuda fantasmagórica, pero eso fue cuando andaba en tratos con los socialistas para tocar poder. Avisó entonces de que Galicia, o sea, el Bloque, no saldría barato, anunciando, pues, que estaba en venta, pero más vale pájaro en mano que ciento volando.
Este popurrí de obsequios se lo ha sacado Quintana al Papa Noel Z, y bien orgulloso que está el nacionalista, pues dice que todo ello, más el honor de pisar las alfombras de La Moncloa, demuestra que Galicia va alcanzando a las hermanas mayores Cataluña y Euskadi, y que hasta pone y quita ministros como ellas. En realidad, el Bloque ni ha puesto ni ha quitado, sino que, a cambio de estas fruslerías y el minuto de fama, le ha hecho al PSOE el favor de mantener a una ministra, la de Fomento, cuya incompetencia sólo se ve superada por su despotismo y que tuvo en su día el salero de referirse al "Plan Galicia de mierda". Pero impedir la reprobación de una inepta que perjudica a todos los españoles es para nuestro Anxo la prueba del nueve de su influencia en Madrid, y no la evidencia de que antepone el protagonismo de su partido al interés de los ciudadanos. En fin, lejos quedan los tiempos en que los ministros de Fomento eran la bestia negra de los nacionalistas gallegos.
No tan distantes como parece quedan, sin embargo, los tiempos en que Joaquín Costa clamaba contra el caciquismo durante la Restauración, pues parte del papel de aquellos conseguidores, especialistas del mercadeo de favores, lo han venido a asumir unos partidos que cifran su poder en su capacidad tanto para saquear España como para amenazar con destruirla. De ahí que los nacionalistas no sólo se dediquen a la estafa sentimental excitando las bajas pasiones, con el somos mejores que los demás pero nos agravian y otras variantes del victimismo; además, practican la estafa de presentarse como grandes cazadores de recompensas que logran para sus feudos los dineros del Estado, y si luego, como sucede, los malgastan o emplean en el adoctrinamiento, culpan de las insuficiencias y los desastres a España y nunca rinden cuentas.
Gracias al trato de favor que han ido obteniendo, se ha podido consolidar la especie de que son los nacionalistas los que arrancan del puño de Madrid los privilegios y las inversiones. Aunque nunca se había llegado tan lejos como ahora en el quebrantamiento del interés general para tratar de aplacar su apetito insaciable. Con Zapatero, España se ha vuelto un reñidero de regiones y un mercadillo donde se regatea sobre los restos de temporada. Los territorios priman sobre los ciudadanos.
Antonio Robles Libertad Digital 14 Diciembre 2007
El pasado miércoles, C’s presentó ante el Defensor del Pueblo una instancia para que en el ámbito de su competencia interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los letrados Carlos Valera y Mari Cruz Hernández han argumentado jurídicamente el recurso.
Por primera vez, una ley del Parlamento de Cataluña contiene un artículo donde convierte a la lengua catalana en la única lengua institucional de los medios audiovisuales públicos de Cataluña sin ser precedida por adverbios como "normalmente" o "preferentemente". Tales trucos habían sido utilizados en la legislación anterior para amortiguar la exclusión del castellano e impedir que pudiera ser declarada inconstitucional por imponer la exclusividad.
En el lenguaje común, "normal" es sinónimo de usual, de habitual y llega a identificarse, a menudo, con "corriente", lo cual sugiere la normalidad de un uso prioritario. Pero usarla "normalmente" o "preferentemente" no quiere decir "exclusivamente". Y si bien es verdad que en la realidad la normativa servía precisamente para excluir, se salvaba, no obstante, de que pudiera ser recurrida por atentar contra la doble oficialidad que consagra nuestra Constitución en su artículo 3. La propia ley de política lingüística de 1998 recoge esa cooficialidad y dispone en su artículo 3 que "el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos en todas sus actividades públicas y privadas". Hasta el Estatuto actual recurrido ante el Constitucional recoge la cooficialidad lingüística, aunque sólo sea para negarla sibilinamente.
Precisamente, este artículo 22.3 de la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, aprobada por el Parlamento catalán el 3 de octubre de 2007, suelta el lastre de los adverbios "normalmente" y "preferentemente" y deja como única lengua institucional al catalán. Es decir, pisotea a la propia Constitución Española en varios artículos, empezando por el que le es más específico, el 20.3: "La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España."
La ley pisotea los derechos lingüísticos y laborales de todos los ciudadanos catalanes que tengan a bien servirse del castellano y del resto de ciudadanos españoles, a los que se les impone una barrera por razones lingüísticas. Se conculcan de forma flagrante dos artículos de nuestra Constitución, el 14 y el 139. Este último reza: "Ninguna autoridad podrá tomar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes por todo el territorio español." El 14 remarca precisamente la igualdad de los españoles ante la ley: "Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." A ellos habría que añadir el artículo 1.1, que garantiza los valores de libertad e igualdad, y el 10.1, que lo hace con el desarrollo de la personalidad.
Los mismos principios de igualdad y libertad están recogidos en los artículos 2, 12 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vulnerados también por la Ley 11/2007 de la CCMA, así como los artículos 8 y 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Les acabaré con un párrafo que el presidente del Parlamento de Cataluña me impidió concluir cuando intervenía como Diputado de Ciudadanos el 3 de Octubre contra la aprobación de la Ley de la CCMA: "Históricamente se llamó racismo biológico cuando una raza excluía de sus derechos a otra, apartheid cuando cualquier tipo de diferenciación social dentro de un Estado excluía a un sector de la población de sus derechos y racismo cultural cuando los rasgos biológicos de la exclusión se sustituyen por los culturales y lingüísticos."
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Diciembre 2007
El año 2007 no iba a ser una excepción. ETA volvió a marcar la ruta de la política. No necesitó para ello matar como antes. Sólo cuatro asesinatos frente a las altas cifras de otros “ejercicios”. Pero la banda, aparte de sus arsenales mortíferos, tenía disponibles otras armas. La principal, el chantaje negociador combinado con la ruptura de otra tregua. El año se había iniciado prácticamente con el atentado contra la T-4 de Barajas, que costó la vida, el 30 de diciembre del 2006, a dos ecuatorianos y marcó, con la enormidad destructiva de la acción, el principio del fin de las ilusiones zapateristas. ETA había anunciado, al cancelar la tregua, que todos los frentes quedaban abiertos. Sin embargo, a pesar de ello y de algunos intentos parcialmente fallidos, la sospecha de que los llamados diálogos continuaban no desapareció del guión en curso, más todavía cuando el Congreso mantiene la correspondiente autorización.
El apuntador etarra seguía libreto en mano según autorizados indicios. Las exigencias de los terroristas llegaban, según este esquema, a la Moncloa. La oposición no dejaba de propagar el escándalo del doble juego, o más bien del juego sucio. Y el Gobierno, pendiente, ya mediada la legislatura, de las consecuencias electorales en el 2008, acentuó una dureza táctica. Aparentemente, De Juana Chaos dejó de disfrutar privilegios como preso. Aumentaron las detenciones de activistas. Cayeron algunos comandos. El Ejecutivo procuraba transmitir la impresión de firmeza, pero sin la ilegalización de ANV, máscara de ETA. La banda intensificaba, mientras tanto, sus extorsiones financieras y demostraba, pese a la propaganda oficial, que no carecía ni de efectivos humanos ni de especiales medios de destrucción. Prosiguieron los estragos contra edificios públicos y contra algún que otro cuartel, como el de la Guardia Civil en Galdácano.
De pronto, cuando todavía resonaban, aunque debilitadas, las profecías de Zapatero sobre un 2007 venturoso, ETA asesinó en Capbreton, en el sur de Francia, a dos guardias civiles desarmados que realizaban servicios de información. Iba a ser, y así fue, la primera comparecencia de Zapatero en un funeral provocado por acción terrorista. También el primer gran abucheo que recibió con repercusiones alarmantes y que se sumaban a los ecos de los silbidos y “fueras” durante el desfile de la Fiesta Nacional. En el funeral del segundo guardia, que había tardado varios días en morir, el presidente practicó su norma habitual. Efectivamente, llevó el duelo oficial a Valdemoro y seleccionó a los asistentes, excluyendo a bastantes relacionados con los fallecidos. En la práctica, ZP demostró su habilidad en el arte de desaparecer de ciertos escenarios.
Pero ETA repercutía su presencia a través de las asociaciones de víctimas del terrorismo, especialmente la AVT de Alcaraz, convertida, por manifestaciones sucesivas, en el gran instrumento recriminador de la estéril política negociadora del Gobierno. La AVT ha remolcado además a la oposición conducida por un titubeante Rajoy y al mismo tiempo ha sensibilizado contra ZP a la opinión común. Las consecuencias electorales están por descubrir. ETA, mientras tanto, sonríe a distancia.
Pero el mundo político vasco no agota sus efectos en los estragos de la banda terrorista. El PNV, en cuanto principal agente del nacionalismo pacífico, reservaba su gran golpe de efecto: la caída de Imaz como presidente del partido y su sustitución por Iñigo Urkullu. Se repetía hasta cierto punto la historia de Ardanza. La moderación era derrotada internamente en el PNV y la sombra de Arzalluz, quizá más que la de Ibarretxe, se proyectaba sobre el teatro de operaciones. La dureza de las posiciones soberanistas, o independentistas, puede pedir paso al propio Urkullu sin abandonar del todo la ambigüedad y la hipocresía de sus principales actores.
El historial político del 2007 ha ofrecido episodios intensos que compiten con ese dramático friso del problema vasco. Cataluña, a su estilo, ha dejado en el año su huella perturbadora para los pronósticos de un futuro que se acelera, El Estatut es una contraconstitución que contamina la situación de otras autonomías —por ejemplo, la gallega y la andaluza— y estimula, por tanto, la inquietud ante el perfil taifal de una España que va perdiendo su antigua identidad. Maragall desplazado, el andaluz y charnego Montilla interinamente promocionado como president de la Generalitat, el tripartito republicanista envenenador de la atmósfera política con aires de un pasado que se reinterpreta a la luz de los libros de texto o de la educación escolar tergiversada, más allá todavía de una memoria histórica transformada en ley, justa en algunos aspectos y guerracivilista en otros, son jalones que van haciendo realidad en sentido diverso aquella profecía de Alfonso Guerra sobre una España desconocida incluso por la madre que la parió.
La Educación para la Ciudadanía, susceptible de tajar por la mitad el cuerpo político de la Nación cuestionada por el mismísimo Zapatero; la catastrófica política de infra-estructuras “made in Magdalena Álvarez”; la crisis hipotecaria repercutida en la vivienda y en el empleo; los nubarrones del horizonte económico y social; la inmigración incontrolada en perjuicio de la más aceptable; y, cómo no, la decepcionante política exterior, que ha hecho del Rey, maltratado en tantas manifestaciones, un embajador de emergencia capaz de pararle ásperamente en Chile los pies a Hugo Chávez mientras Zapatero se tragaba las soflamas no menos antidiplomáticas del dictador “democrático” venezolano, han sido otros tantos retratos de lo que el viejo país de quinientos años como Nación va dejando para el álbum en sepia de nuestras desdichas. Adiós al 2007. Un año para olvidar, si se pudiera.
Carina Mejías Sánchez Libertad Digital 14 Diciembre 2007
Es época electoral y el Partido Socialista sufre un absceso de realismo. Tanto así, que ha denunciado la "costra nacionalista" que cubre todavía los medios de comunicación en Cataluña. La reacción no se ha hecho esperar y las hordas independentistas y mediáticas han pretendido censurar tanto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión.
¡Cómo si fuera novedad! Somos muchos los que llevamos años denunciando la falta de pluralidad política en los medios, el sectarismo con el que se emiten los mensajes y la exclusión del uso del castellano, convirtiéndolos en un instrumento al servicio de la "construcción nacional".
Mientras tanto, el PSC miraba para otro lado o contribuía a etiquetarnos de "anticatalanes". Ahora nos sorprende tanto arrojo en la denuncia, sólo justificable por electoralismo y estrategia para movilizar a buena parte de su electorado decepcionado ante tanta cesión a los independentistas.
Dicen los juristas que no está bien ir en contra de los propios actos y me permito recordar unos cuantos. Por ejemplo, que el primer gobierno tripartito llevaba bajo el brazo el informe Sellarés, un auténtico manual de intervención en los medios de comunicación catalanes para ponerlos al servicio de los intereses tripartitos. Un modelo de lo que debe ser la libertad de prensa según ellos.
Ahora se lamentan, pero tampoco hicieron nada para defender a los escritores en lengua castellana en Frankfurt. También permiten que se impongan sanciones lingüísticas a los comerciantes que rotulan en castellano o impiden la enseñanza bilingüe en las escuelas. Fue, de hecho, una consejera socialista la que presionó a los profesionales para que usaran el catalán en los historiales médicos, vulnerando el derecho a la confidencialidad.
Excluyen el castellano de todas las comunicaciones con la administración pública catalana. Abren delegaciones de Cataluña en el extranjero a modo de embajadas. Permiten que se destinen tres millones de euros a la enseñanza del catalán en las famosas bressolas en territorio francés y contribuyen a la promoción de las selecciones deportivas catalanas, a las que también destinan una buena subvención.
"Hechos y no palabras", es el lema de Montilla durante el primer año de desgobierno y caos.
Si hay que arrancar la costra nacionalista, el PSC debería pasar de las palabras a los hechos, de los lamentos, a la acción y mostrar así el verdadero propósito de enmienda votando a favor de la iniciativa legislativa popular que, avalada por más de 50.000 catalanes, pide que se garantice la enseñanza en Cataluña en lengua materna y el bilingüismo sea tan real en las aulas como lo es en el recreo, ese pequeño espacio de libertad en la Cataluña real.
El PSC pasará su prueba de fuego: si defiende la pluralidad política y lingüística tendrá la ocasión de demostrarlo, en caso contrario, será un ejemplo más de la hipocresía política a la que ya nos tienen acostumbrados.
Portavoz del Grupo del PP en el Parlamento de Cataluña
Agua y Estatutos
Editorial HERALDO DE ARAGÓN 14 Diciembre 2007
NI el PP, con su proyecto de trasvase, ni el actual Gobierno del PSOE, pese a haberlo derogado, han logrado plantear una política hidráulica que concilie las tensiones territoriales por los usos del agua. De ahí que los artículos referidos a ella hayan sido muy polémicos en los estatutos reformados de varias Comunidades. En el caso de la Comunidad Valenciana, la inclusión de un precepto que reconoce «el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a los criterios de sostenibilidad y de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal» movió al Gobierno aragonés a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Este ha desestimado el recurso, por cierto que con los votos contrarios de cinco magistrados adscritos, en teoría, al sector conservador, lo que desmonta la simplista tesis de la mecánica alineación partidista del Alto Tribunal. La sentencia habrá de ser analizada en detalle una vez se conozca su texto completo. Pero lo que no es de recibo es la reacción del Gobierno valenciano, que interpreta el fallo como una puerta abierta al trasvase. No es así, pues el artículo está sujeto a la legislación estatal vigente, lo que presumiblemente ha evitado su anulación. No es buena actitud la de hacer de la Justicia una herramienta de partido.
Lo más inteligente es no comportarse como un necio
Roberto Blanco Valdés La Voz 14 Diciembre 2007
No hay que ser un Romanones para contestar, a la primera, algunas de las preguntas que, según informaba ayer este periódico, figuran entre las que un colegio de Ferrol ha enviado a los padres de los alumnos que allí cursan sus estudios.
Siguiendo, al parecer, una plantilla fijada por la Consellería de Educación, los responsables del centro ferrolano solicitan el juicio de los entrevistados sobre cuestiones como estas: «¿A xente que fala castelán é máis intelixente?, ¿o galego é unha lingua axeitada para os videoxogos?, ¿as matemáticas pódense aprender en galego»?
Aunque no querría yo desmerecer el mérito sin par de quienes se han devanado los sesos para diseñar un cuestionario tan sagaz, creo que las respuestas no ofrecen, sin embargo, muchas dudas: lo más inteligente suele ser que cada uno hable en la lengua que conoce y no en la que, por diferentes motivos, se le impone.
Prueba de ello la ofrecen a diario esos miembros del Gobierno de Galicia que, castellano parlantes desde siempre y todavía hoy en privado, se sienten ahora avergonzados de su lengua y se empeñan, por pura corrección política, no en hablar (que sería decir demasiado) sino en chapurrear en público una lengua -el gallego- que ni es la suya ni probablemente volverán a utilizar una vez dejen el cargo que actualmente desempeñan.
¿Y qué decir de los videojuegos y las mates? Pues lo mismo: que se puede aprender y se puede videojugar en castellano o en gallego... siempre que los alumnos conozcan esas lenguas. De ahí resulta fácil deducir que lo menos inteligente (y también lo menos respetuoso con la libertad individual) es que miles de chavales sean obligados a estudiar en una lengua diferente de la suya. No es de extrañar que tantos padres se hayan decidido al fin a acudir al Valedor do Pobo, como vemos en su último informe, para quejarse de ese abuso políticamente tan sectario y socialmente tan injusto.
Como es, en todo caso, muy sencillo anticipar la respuesta a las preguntas anteriores, necesariamente uno se malicia que la finalidad de la encuesta en que se incluyen supera lo meramente informativo y se adentra peligrosamente en el terreno de lo inquisitorial, que es el ámbito en el de que deambula desde hace mucho eso que se ha dado en llamar política lingüística.
Y es que aquí no se trata de conocer lo que hablan los gallegos para, actuando en consonancia, respetar su voluntad, sino en descubrirlo para, actuando en consecuencia, modificar sus hábitos a golpe de decreto. Que esos decretos puedan firmarlos altos cargos que hablan un gallego deplorable solo añade una dosis de cómico cinismo a una limitación de la libertad individual que, con incomprensible estoicismo, soportan desde hace mucho decenas de miles de gallegos.
Y va Zapatero y cae en la trampa
CARLOS HERRERA ABC 14 Diciembre 2007
Preguntaba el portavoz del PNV por la consideración que mostraba ZP hacia aquellas personas que lucían una identidad nacional distinta a la española, y el líder afable y condescendiente le respondía haciendo suya la reflexión básica que todo nacionalista que se precie lleva en la cartera para blandir a las primeras de cambio: las diferentes identidades pueden coexistir en una sociedad civilizada. Pensamiento Imaz, digo. Pensamiento al que le falta la segunda parte, que es la que nunca enseñan salvo que les convenga marcar territorios y predominios. Si existen identidades colectivas, existen derechos colectivos nacidos de ellas, y de éstos, a su vez, nacerán diferentes raseros de medir que serán aplicados en función de la conveniencia política y la capacidad de presión a exhibir en momentos concretos.
Veamos, amigo presidente, repita conmigo: no existen los derechos colectivos, existen los individuales; los colectivos conforman la excusa más elemental que esgrimen quienes defienden privilegios injustos; los individuales son los que conforman las sociedades libres. Si un sujeto quiere considerarse más vasco que nadie y sólo vasco vasquísimo, allá él si eso le entretiene, pero que sepa que en virtud de ese purísimo sentimiento no obtendrá ninguna ventaja sobre el que se siente español españolísimo y vive en el portal de enfrente.
Más trampas: se enfrenta la identidad vasca a la española, una parte contra un todo. No la enfrentan a la identidad andaluza porque creen que ésta no existe o, en el caso de existir, no merece la dimensión comparativa. No la enfrentan a la valenciana porque Valencia es un apéndice que le cuelga a Cataluña y de ser algo son catalanes de segunda. Aquí las naciones son las que son, y todo lo demás es una amalgama de gente hirsuta con escasa diferenciación entre ellos. Es decir, un cántabro de la linde con la CAV es común a un canario, por ejemplo, pero no a un vasco pata negra. Y en esa trampa va y cae nuestro líder y contesta apelando a Imaz, un nacionalista tan severo como los demás aunque con la característica de no ser un energúmeno al estilo del miserable Arzallus. Con Imaz, es cierto, da gusto sentarte a hablar, pero no se confunda nadie: sus plazos serán otros, pero sus objetivos son los mismos. No es poca diferencia, pero no la suficiente como para dejarse engañar.
POR GERMÁN YANKE ABC 14 Diciembre 2007
En medios gubernamentales (o próximos) se ha interpretado la negativa del Tribunal Supremo (TS) a ejecutar el embargo de las «herriko tabernas» como la demostración de que la ley es detallada y garantista y no se puede anteponer la «buena voluntad» en la lucha contra ETA y su entorno a la disciplina legal. Vamos, como si el TS hubiese hecho un reproche a la Oposición y a quienes sostienen la necesidad de ilegalizar a ANV cuando el Gobierno pide «pruebas» o asegura no tenerlas por el momento.
Sin embargo, es tan obvio que el TS debe ajustarse a la ley y sus procedimientos como que el reproche, de haberlo, es a la Fiscalía que no ha aportado datos fiables sobre la propiedad de esas tabernas o, en otros procedimientos, sobre su papel en el entramado que constituye la realidad de la banda terrorista. Lo que hoy es afortunadamente indiscutible -que ETA no es sólo un grupo de pistoleros, sino una trama criminal compleja- aclara el camino para combatirla, pero no lo simplifica: exige investigaciones complicadas, no desatender los apoyos y los medios de financiación, sus implicaciones sociales e internacionales, etcétera. Nadie en su sano juicio pide al Gobierno que tire por la calle de en medio, sino que, constatado cuál es el camino adecuado, lo recorra tan contundente como escrupulosamente.
Lo que más bien parece haber ocurrido en los últimos tiempos es que no se ha querido recorrer el camino adecuado. Si se pensaba en el «final dialogado» es ciertamente difícil que se siguiera al mismo tiempo una senda complicada de investigación y acoso a todas y cada una de las ramas del entramado terrorista. Ya se relajó la presión en la llamada «tregua trampa» negociada por el PNV con ETA cuando gobernaba el PP. En este caso, en el que se ha buscado afanosamente el «alto el fuego» y el diálogo, el terreno perdido es pasmoso. Más aún cuando, rota la tregua y fracasado el «proceso», se ha seguido pensando que el efecto debería ser la ruptura de los apoyos a ETA en la Izquierda Abertzale y no su acomodación obediente a las nuevas circunstancias.
Resulta que no sólo toda estrategia «política» ha terminado fracasando (el diálogo, la división interna, etcétera) sino que ha debilitado la persecución de ese complicado entramado que es el terrorismo de ETA en el momento presente, más próximo al crimen organizado que a la aventura de un grupito de pistoleros. Empiezan a salir a la luz documentos policiales de hace meses, se observan líneas de investigación necesarias que quedaron aparcadas, el Gobierno pide «pruebas» como si se tratara de un tribunal y no del primer responsable de una investigación completa. Tiempo perdido.
Una dificultad adicional es que esta batalla contra el terror se convierta, además, en una cuestión electoral. A escasas semanas ya de los comicios, ninguno de los dos partidos con posibilidades de gobernar quiera dar la baza al adversario de un acuerdo en esta materia. Insisto en que la mayor responsabilidad es la del Gobierno que, además de fracasar en la materia, ha sido el que ha quebrado el Pacto Antiterrorista y el que ha tratado de marginar al PP porque quería llevar a cabo una estrategia que con el PP era inviable. Cambiar de política sin querer recuperar a la Oposición, perseguir a ETA sin reparar en que se trata de una hidra criminal y hacer lo contrario de lo que se hacía sin abandonar del todo lo que se hacía es demasiado complicado para que la estrategia sea ahora clara y distinta. Las idas y venidas y las contradicciones que ahora, cuando de verdad se quiere derrotar a ETA, sublevan muchos ánimos o espantan a otros son consecuencias de la resistencia a una unidad que entiende el PSOE que no es conveniente electoralmente.
Lo mismo ocurre en el otro lado. No se puede negar que si alguien ha tenido razón en estos años ha sido el PP pero, en esta hora electoral, parece querer que se le reconozca que ayudar a construir el consenso necesario. La actividad parlamentaria de las últimas semanas va en esa dirección y no parece que vaya a cambiar hasta las elecciones. Ni uno ni otro quieren estar juntos, la «unidad» tan predicada y reivindicada, de cuya quiebra siempre había sido culpable el adversario, termina, en periodo electoral, produciendo urticaria. Más tiempo perdido.
Una nación con 17 cartas de derechos
POR P. CERVILLA/M. CALLEJA ABC 14 Diciembre 2007
MADRID. Si los valencianos tienen derecho «a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad», para atender «a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales», según su Estatuto, que ha avalado un TC partido en dos y sin establecer salvaguardas, el resto de Comunidades que han estrenado su ley orgánica no se quedan atrás al incorporar auténticas «Cartas de Derechos» de los ciudadanos, más propias de Constituciones. El TC ha dejado abierta una puerta por la que ahora podrían pasar todos los «derechos» autonómicos, rompiendo la igualdad que impregna la Constitución.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 fue el primero en dedicar un Título a los «Derechos, deberes y principios rectores», algo inédito hasta ese momento. Incluye derechos en el ámbito familiar, de menores, de personas mayores, de las mujeres, el derecho «a vivir con dignidad el proceso de la muerte», más derechos en el ámbito de la educación, en el área cultural, en la salud, en servicios sociales, en el trabajo, en el ámbito de la vivienda, en relación con el medio ambiente y también derechos de consumidores y usuarios. Los dirigentes catalanes llegaron a plantear la inclusión del derecho a la felicidad, pero finalmente no se aprobó.
La «Carta de derechos», que fue uno de los apartados más conflictivos en la tramitación del Estatuto, instaura un «derecho de participación», que supone que «los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat y los ayuntamientos». El Capítulo III está dedicado íntegramente a los «derechos y deberes lingüísticos». «Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística». «En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas en Cataluña todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales y a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada». El «derecho lingüístico» se garantiza con una obligación: que los jueces, magistrados, fiscales, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia acrediten que tienen «un nivel de conocimiento adecuado y suficiente» del catalán.
Además, todas las personas tienen «derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan» en los comercios y establecimientos al público. También «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán», que será lengua vehicular. Del castellano no se reconoce ese mismo derecho.
El Parlamento autonómico debe aprobar por ley «la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana dedica su Título II a los «Derechos de los valencianos y valencianas», otra «Carta de derechos», aunque no es tan profusa como en la ley catalana. «Los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos».
Dicho esto, cita, entre otros, los derechos a «gozar de servicios públicos de calidad» y a «dirigirse a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada». La ley establece que el Parlamento autonómico elaborará una Carta de Derechos Sociales, que incluye el derecho a una vivienda digna para los valencianos.
Dignidad en el «proceso de la muerte»
El Congreso ha aplazado hasta la próxima legislatura la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. El texto remitido por las Cortes regionales incorpora un Título (el primero) dedicado a los «Derechos, deberes y libertades de los castellanomanchegos», algo inexistente en la norma aprobada en 1982 y que aún está en vigor. Con la salvedad de que «ninguno de los derechos reconocidos podrá ser desarrollado, aplicado o interpretado de forma que se reduzcan o limiten los derechos reconocidos por la Constitución», se incluyen derechos de ciudadanía, de las personas, económicos y sociales. Hay derechos de participación política, de personas mayores, de menores, de jóvenes, de mujeres, de personas con discapacidad, de personas desfavorecidas, de minorías y de «voluntades anticipadas y a vivir con dignidad el proceso de la muerte». También se aprueba un derecho «a un uso preferente de sus recursos hídricos de forma que posibilite su disponibilidad plena para atender a sus necesidades de consumo humano».
El Estatuto andaluz, que se aprobó con el consenso del PP y el PSOE, también recoge un capítulo general de derechos y deberes, aunque inicialmente advierte que ninguno de los derechos puede ser interpretado de modo «que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución». Posteriormente, redacta veinte artículos que afectan a otros veinte aspectos relacionados con la vida del ciudadano, y que van desde la igualdad de género, a la educación, la vivienda, el trabajo, la protección de datos o la participación política. Entre todos estos derechos recogidos en el Estatuto hay que destacar el relativo a la orientación sexual, afirmando que «toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho». Igualmente, se reconoce «el derecho a declarar la voluntad vital anticipada», afirmando que «todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte».
Guerra abierta de trasvases
POR P.C./M.C. ABC 14 Diciembre 2007
MADRID. La falta de solidaridad a la hora de compartir el agua de las cuencas hidrográficas y de los ríos que abastecen a los diferentes territorios ha quedado reflejado en los nuevos estatutos autonómicos, cuyo contenido en algunos casos es contradictorio y chocan entre sí. Estos son algunos ejemplos de lo que dicen los estatutos en materia de agua:
Aragón. El Estatuto aragonés ha blindado el Ebro para evitar el trasvase a Valencia, Murcia y Andalucía. Este blindaje figura en la disposición adicional quinta, al afirmar que «la planificación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos reconocidos en el artículo 19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortés de Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos». En el capítulo de derechos, afirma que «los aragoneses tienen derecho «a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes».
Andalucía. El Estatuto andaluz se arroga las competencias exclusivas «sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma».
Comunidad Valenciana. El artículo avalado por el Tribunal Constitucional (el 17.1) reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. «Los ciudadanos valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura».
Cataluña. La Generalitat asume competencias ejecutivas sobre el dominio público hidráulico y las obras de interés general. Le corresponde la participación en la planificación y programación de las obras de interés general. La Generalitat debe emitir un informa preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas.
Castilla-La Mancha. En la Disposición transitoria primera del Estatuto se establece que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reducirá progresivamente a partir de la entrada en vigor de la ley hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en el año 2015.
Agurain hablará euskera «por decreto»
Una ordenanza municipal obliga a vecinos e instituciones a comunicarse en vasco - Los comercios que rotulen su fachada en castellano no recibirán subvención, que será del 50% si cumplen la nueva norma
El plan no deja ningún cabo suelto. La euskaldunización se iniciará el próximo 1 de enero.
Pablo José Pérez La Razón 14 Diciembre 2007
ÁLAVA- El Ayuntamiento de Agurain, Salvatierra para otros, ha decidido institucionalizar la euskaldunización de la población a través de una Ordenanza Municipal sobre el uso del euskera, con el fin último de que toda la población y todas las instituciones se relacionen en ese idioma.
Se trata de un acto singular, una primera ordenanza municipal, que entrará en vigor partir del 1 de enero bajo la premisa de su artículo uno: «El euskera es la lengua oficial del Ayuntamiento de Agurain» y, a partir de ahí, se desgrana pormenorizadamente el proceso que se vivirá en esta localidad alavesa y del que se hará un seguimiento semestral para comprobar el cumplimiento de esas obligaciones.
Así, la actividad interna del Ayuntamiento se verá mediatizada por el uso del idioma. Los empleados se dirigirán a los ciudadanos en euskera, aunque respetarán finalmente la opción que estos realicen en cuanto a la lengua a utilizar. Además, la actividad administrativa interna será desarrollada en euskera, hasta el punto que en las puestas de los despachos se colocarán carteles anunciando la nueva norma con el texto «Nirekin Euskaraz». Y por si quedaba alguna duda, todos los documentos se elaborarán en castellano y euskera, «aunque si se garantiza su comprensión por el común de la población se redactarán solamente en euskera», como reza la ordenanza.
Esta norma se extenderá a todo tipo de documentos, actas, comunicaciones, notificaciones, cartelería, anuncios, etc. Incluso, el Ayuntamiento se dirigirá a otras Administraciones para que toda la documentación que se les remita esté redactada en euskera.
Tras definir cómo se desarrollará la vida institucional, la ordenanza desgrana sus objetivos en cuanto a su relación exterior. Por ejemplo, con los comercios. El Ayuntamiento ha decidido una discriminación «positiva» para implantar este idioma en Agurain. Para ello, ha acordado marginar a los hispanoparlantes. Aquellos comercios que vayan a colocar rótulos en sus fachadas, recibirán una subvención del 50% de la inversión, siempre que el cartel esté en euskera. Si está en las dos lenguas, la subvención será sólo del 25%, siempre y cuando se dé prioridad en cuanto a ubicación, tamaño e intensidad al euskera. Por supuesto, los comercios que se anuncien sólo en castellano no recibirán ni una perra de la corporación.
En cuanto a los colegios, el Ayuntamiento entiende que son la base del aprendizaje. Por ello ha decidido que debe primar la decisión colectiva frente a la libertad individual de los padres y consensuará con las asociaciones y claustros de profesores la euskaldunización de los niños de infantil y primaria de los colegios públicos.
Las asociaciones configuran un bloque más en este proceso que se vivirá en Agurain. El Consistorio concederá subvenciones y ayudas a las asociaciones, grupos y entidades culturales, deportivas y recreativas para actividades que se desarrollen exclusivamente en euskera, y muy especialmente a los que estén dirigidos a la juventud y adultos. Además, potenciará y propiciará la firma de convenios y/o declaraciones con los grupos y asociaciones culturales, deportivas y recreativas del Municipio para el fomento y uso del euskera en su ámbito de actuación para lo que facilitará los recursos necesarios para tal fin.
La nueva ordenanza no deja nada al azar, y así se acuerda de la cartelería que se despliega por los municipios anunciando actos o productos y establece que a fin de procurar una discriminación positiva en favor del euskera, cuando se confeccionen carteles, impresos, etc, en ambos idiomas, se aplicarán las siguientes normas: a) En cuanto al tamaño de la letra, la proporción será de un 60% a un 40% en favor del texto expresado en euskera. Cuando no fuera posible insertar dos tamaños distintos se otorgará mayor peso en letra a la impresión en euskera. b) En cuanto al lugar, si el texto se distribuye verticalmente, el euskera ocupará la izquierda y, si la distribución es horizontal, ocupará el lugar superior.
Señales, anuncios, circos...
Normas similares se han establecido para las señales de tráfico, que deberán estar en las dos lenguas, excepto si «resulta comprensible en euskera»; los carteles y anuncios de circos, quioscos o cualquier tipo de instalación temporal, también deberán cumplir esta normativa. Incluso en las paradas de los autobuses los avisos y trayectos estarán en castellano y euskera, y solamente en euskera si se garantiza su comprensión.
En la nueva ordenanza no se dice nada de la contratación de personal traductor por parte de la corporación, pero sí se asegura que el «Ayuntamiento facilitará, a través de los medios que considere oportunos, la traducción gratuita de breves notificaciones de castellano a euskera para que asociaciones, comercios, feriantes, etc, se acojan a lo establecido en la presente Ordenanza».
Y para que no quede ninguna duda de que esta ordenanza no será papel mojado, se ha añadido un anexo por el que se establece un sistema de becas y ayudas para que toda la población residente pueda aprender euskera. Son unas ayudas que son totalmente compatibles con otras que otorga el Gobierno Vasco para lograr la «normalización lingüística» de toda la población de Agurain y del País Vasco.
Cataluña será una de las regiones decisivas en las próximas elecciones generales. Daniel Sirera, presidente del PP catalán desde julio es consciente de ello, y lejos del entreguismo al nacionalismo que caracterizó la etapa de Piqué, quiere convertir al partido en "la gran casa común del no nacionalismo" abierto a todos los catalanes, de izquierdas y de derechas. En una entrevista en La Hora de Federico de Libertad Digital Televisión, Sirera explicó que en las elecciones esperan crecer varios escaños en Barcelona y recuperar la representación perdida en las circunscripciones de Lérida y Gerona.
Libertad Digital 14 Diciembre 2007
A sus 40 años, Daniel Sirera ha asumido el reto de coger las riendas del PP de Cataluña, que se encuentra en la situación más precaria de su historia, fruto de la política de connivencia con el nacionalismo que practicó Josep Piqué en los últimos años.
Sirera ha sido el invitado de Federico Jiménez Losantos en La Hora de Federico, que cada semana emite Libertad Digital Televisión. El dirigente del PP se mostró optimista de cara a las elecciones generales del mes de marzo ya que espera que su partido "crezca en Barcelona" y recupere los dos escaños perdidos en Lérida y Gerona, donde el partido no tiene representación, lo que consideró una "anomalía". Sirera espera que esto "junto al descenso del PSOE" sitúe al PP con "posibilidades de gobernar sin depender de nadie".
Para conseguir la recuperación del partido en Cataluña, Sirera quiere que sea "el mismo PP que existe en toda España". Ante el "exceso de nacionalismo", aboga porque el PP sea "la gran casa común del no nacionalismo", un partido que acoja a todos los catalanes , de izquierda y derecha que estén hartos de la imposición nacionalista. "No es necesario ser nacionalista para sentirse plenamente catalán", añade Sirera.
Una propuesta la de Sirera, que recuerda a la planteada por Ciutadans en las últimas elecciones autonómicas. Sin embargo, el dirigente del PP marca distancias ya que el partido de Albert Rivera se ha definido como "de izquierdas y federalista" y el PP no es una ni una cosa ni la otra. También criticó que Ciutadans haya firmado el llamado "pacto nacional por la vivienda" junto a los partidos nacionalistas, que contempla medidas como la "expropiación de viviendas deshabitadas".
Lo que quiso dejar claro Daniel Sirera es que "la única forma de parar lo que está pasando en España es desalojar a Zapatero del poder" y para el "único cambio posible es el PP", en referencia a Ciutadans y a UPD, de Rosa Díez.
El líder del PP catalán lamentó que el Tribunal Constitucional aún no se haya pronunciado sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña y vaticinó que "no vamos a saber el resultado hasta después" de las elecciones. Sirera cree que "es un error" ya que el Tribunal "tiene medios humanos y técnicos más que suficientes".
Jiménez Losantos le planteó el problema de la enorme desafección de la población catalana con la clase política y el sistema representativo, algo que Sirera atribuyó a la hegemonía casi absoluta del nacionalismo –"el PSC también es nacionalista"– en la política catalana. El dirigente del PP explicó que los nacionalistas "sólo hablan de sus cosas" y "dan la espalda" a los ciudadanos por lo que "lo normal es que lo devuelvan con la misma moneda" y los ciudadanos "den la espalda a los políticos".
Pese a todo, Sirera se mostró esperanzado porque entre los más jóvenes "hay mucha gente que empieza a estar harta de ese nacionalismo, que te dice que tienes que pensar, que tienes que hacer o de que equipo de fútbol tienes que ser". Lo que para Sirera es una forma de "opresión".
Sobre la política de exclusión lingüística que practica el nacionalismo, Sirera subrayó que el habla catalán en su vida privada con sus hijos y que "hay mucha gente" como él que "habla y se expresa en catalán y no son nacionalistas, no pretendemos imponer nuestra lengua a nadie", por lo que defiende la "libertad individual" a la hora de elegir la lengua.
En definitiva, frente al modelo nacionalista, Sirera subrayo que su partido "no va a decir" a los catalanes que "deben hacer, que deben pensar, el individuo es una persona libre que tiene capacidad de razonar por sí mismo". Sirera reafirmó su defensa de "individuos libres" y "el Estado debe molestar lo menos posible".

References: artículo 149
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 19
 resolución