Source: https://www.scribd.com/doc/83782685/95/Proyectos-de-ley-en-Espana
Timestamp: 2016-02-12 09:14:58+00:00

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6.3.4.Proyectos de ley en España for 001 Introduccion Al Software Libre
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Dedicación en horas semanales4.6.Motivaciones4.7.Liderazgo4.8.Resumen y conclusiones5.Economía5.1.Financiación de proyectos de software libre5.1.1.Financiación pública5.1.2.Financiación privada sin ánimo de lucro5.1.3.Financiación por quien necesita mejoras5.1.4.Financiación con beneficios relacionados5.1.5.Financiación como inversión interna5.1.6.Otros modos de financiación5.2.Modelos de negocio basados en software libre5.2.1.Mejor conocimiento5.2.2.Mejor conocimiento con limitaciones5.2.3.Fuente de un producto libre5.2.4.Fuente de un producto con limitaciones5.2.5.Licencias especiales5.2.6.Venta de marca5.3.Otras clasificaciones de modelos de negocio5.3.1.Clasificación de Hecker5.4.Impacto sobre las situaciones de monopolio5.4.2.El mundo del software propietario5.4.3.La situación con software libre6.Iniciativas públicas6.1.1.Impactos principales6.1.2.Dificultades de adopción6.2.2.Promoción de software6.2.3.Fomento de la investigación6.3.1.Proyectos de ley en Francia6.3.Iniciativas legislativas6.3.2.Proyecto de ley en Brasil6.3.3.Proyectos de ley en Perú6.3.4.Proyectos de ley en España7.Ingeniería del software libre7.1.Introducción7.2.“La catedral y el bazar”7.3.Liderazgo y toma de decisiones en el bazar7.4.Procesos en el software libre7.5.Crítica a “La catedral y el bazar”7.6.Estudios cuantitativos7.7.Trabajo futuro7.8.Resumen8.Entornos y tecnologías de desarrollo8.2.Lenguajes y herramientas asociadas8.3.Mecanismos básicos de colaboración8.4.Gestión de fuentes8.4.1.CVS8.4.2.Otros sistemas de gestión de fuentes8.5.Documentación8.5.1.Docbook8.5.2.Wikis8.6.Gestión de errores8.7.Sistemas de gestión de flujo de trabajos8.8.Soporte para otras arquitecturas8.9.1.SourceForge8.9.Sitios de soporte al desarrollo8.9.2.Herederos de SourceForge8.9.3.Otros sitios y programas9.Estudio de casos9.1.1.Historia de Linux9.1.Linux9.1.2.El modo de trabajo de Linux9.1.3.Estado actual de LinuxTabla 9-1. Estado actual de LinuxTabla 9-2. Lenguajes de programación utilizados en Linux9.2.FreeBSD9.2.1.Historia de FreeBSD9.2.2.Desarrollo en FreeBSD9.2.3.Toma de decisiones en FreeBSD9.2.4.Empresas alrededor de FreeBSD9.2.5.Estado actual de FreeBSD9.2.6.Radiografía de FreeBSDTabla 9-3. Estado actual de FreeBSD9.2.7.Estudios académicos sobre FreeBSDTabla 9-4. Lenguajes de programación utilizados en FreeBSD9.3.KDE9.3.1.Historia de KDE9.3.2.Desarrollo de KDE9.3.3.La Liga KDE9.3.4.Estado actual de KDE9.3.5.Radiografía de KDETabla 9-5. Estado actual de KDETabla 9-6. Lenguajes de programación utilizados en KDE9.4.1.Historia de GNOME9.4.GNOME9.4.2.La Fundación GNOME9.4.3.La industria alrededor de GNOME9.4.4.Estado actual de GNOME9.4.5.Radiografía de GNOMETabla 9-7. Estado actual de GNOME9.4.6.Estudios académicos sobre GNOME9.5.1.Historia de Apache9.5.Apache9.5.2.Desarrollo de Apache9.5.3.Radiografía de ApacheTabla 9-9. Estado actual de ApacheTabla 9-10. Lenguajes de programación utilizados en Apache9.6.Mozilla9.6.1.Historia de Mozilla9.6.2.Estado actual de Mozilla9.6.3.Radiografía de MozillaTabla 9-11. Estado actual de MozillaTabla 9-12. Lenguajes de programación utilizados en Mozilla9.7.OpenOffice.org9.7.1.Historia de OpenOffice.org9.7.2.Organización de OpenOffice.org9.7.3.Radiografía de OpenOffice.orgTabla 9-13. Estado actual de OpenOffice.org9.8.1.Historia de Red Hat9.8.Red Hat Linux9.8.2.Estado actual de Red Hat9.8.3.Radiografía de Red HatTabla 9-15. Estado actual de Red Hat LinuxTabla 9-16. Lenguajes de programación utilizados en Red Hat9.9.Debian GNU/Linux9.9.1.Radiografía de DebianTabla 9-17. Estado actual de DebianTabla 9-19. Lenguajes más utilizados en Debian9.9.2.Comparación con otros sistemas operativosTabla 9-20. Comparación con sistemas propietariosBibliografíaAppendix A. GNU Free Documentation LicenseA.1.PREAMBLEA.2.APPLICABILITY AND DEFINITIONSA.3.VERBATIM COPYINGA.4.COPYING IN QUANTITYA.5.MODIFICATIONSA.6.COMBINING DOCUMENTSA.7.COLLECTIONS OF DOCUMENTSA.8.AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKSA.9.TRANSLATIONA.10.TERMINATIONA.11.FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSEB.1.PREÁMBULOB.2.APLICABILIDAD Y DEFINICIONESB.3.COPIA LITERALB.9.TRADUCCIÓNB.10.TERMINACIÓNB.11.REVISIONES FUTURAS DE ESTA LICENCIA
En España ha habido varias iniciativas legislativas relacionadas con
el software libre. Citamos a continuación algunas de ellas:
•Decreto de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento
Una de las iniciativas legislativas más importantes (por haber entra-
do en vigor) que han tenido lugar en España ha sido sin duda la
adoptada por Andalucía. En el decreto de medidas de impulso de la
sociedad del conocimiento en Andalucía se trata el uso de software
libre, fundamentalmente (pero no sólo) en el entorno educativo.
Entre otros detalles, fomenta el uso de software libre de forma prefe-
rente en los centros docentes públicos, obliga a que todo el equipa-
miento adquirido para estos centros sea compatible con sistemas
operativos libres, y lo mismo para los centros de la Junta que ofrez-
can acceso público a Internet.
•Proposición de ley de software libre en el marco de la Administra-
Proposición de ley de software libre en el marco de la Administra-
ción pública de Cataluña
En otras comunidades se han discutido proposiciones más ambicio-
sas, pero sin que hayan logrado la mayoría necesaria. Entre ellas, la
más conocida es probablemente la debatida en el Parlamento de
Cataluña, muy similar a la que el mismo partido (Esquerra Republi-
cana de Catalunya) presentó en el Congreso de los Diputados, de la
que se habla a continuación. Esta propuesta no prosperó cuando fue
•Proyecto de ley de Puigcercós Boixassa en el Congreso de los Di-
Proyecto de ley de Puigcercós Boixassa en el Congreso de los Di-
También ha habido una iniciativa en el Congreso de los Diputados,
propuesta por Joan Puigcercós Boixassa (Esquerra Republicana de
Catalunya). Esta iniciativa propone la preferencia del uso de software
libre en la Administración del Estado, y en ese sentido es similar a
otras iniciativas con ese fin. Sin embargo, tiene la peculiaridad inte-
resante de hacer énfasis en la disposición de los programas libres lo-
©© FUOC • XP03/90783/01935
calizados para los idiomas cooficiales (en las comunidades
autónomas que los tienen). La iniciativa no consiguió ser aprobada
en el trámite parlamentario.
A continuación se ofrece el texto literal de algunas de las propuestas
legislativas mencionadas en este capítulo, y de algunos documentos
relacionados con éstas.
6.4.1.Proyecto de ley de Laffitte, Trégouet y Cabanel
A continuación reproducimos una traducción al español del proyecto
de ley realizado en octubre de 1999 por los senadores franceses Pie-
rre Laffitte, René Trégouët y Guy Cabanel.
(Se incluyen solamente aquellos párrafos relativos al software libre)
[...] Para garantizar la perennidad de los datos accesibles, facilitar su
intercambio y asegurar el libre acceso de los ciudadanos a la infor-
mación, es necesario que su utilización en la Administración no de-
penda de la buena voluntad de los fabricantes de software. Se
necesitan sistemas libres cuya evolución pueda garantizarse gracias
a la disponibilidad por parte de todos del código fuente utilizado por
El desarrollo del software libre es actualmente muy fuerte. Son mu-
chas las grandes empresas de informática que reconocen que el fu-
turo de su negocio no estará en vender software, sino en facilitar su
uso mediante la prestación de servicios asociados.
Nuestro proyecto de ley prevé que después de un periodo transitorio
definido por decreto, el uso de software libre en las administraciones
públicas sea obligatorio.
6.4.Textos de algunas propuestas legislativas
y documentos relacionados
Sólo se podrá utilizar software propietario cuyo código fuente no esté
disponible en casos concretos si media una autorización de una
agencia del software libre [...].
Artículo 1. Sobre la inmaterialización de los intercambios de la in-
formación y datos entre las administraciones públicas.
Los servicios del Estado, las administraciones locales y los organis-
mos públicos se asegurarán de intercambiar sus datos e informacio-
nes en soporte electrónico y con redes electrónicas, a partir del
primero de enero del 2002.
Las condiciones que regularán la situación transitoria entre el actual
intercambio mediante papel y el intercambio sobre soporte y redes
electrónicas se precisarán mediante decreto.
Artículo 2. Sobre la desmaterialización de los procesos de los
Con el fin de conseguir una gran transparencia y un acceso rápido
a la información por parte de las empresas, las convocatorias de
ofertas públicas así como los documentos anexos serán objeto de pu-
blicidad en soporte y redes electrónicas a partir del primero de enero
del 2002. Asimismo, deberá responderse a las convocatorias de
ofertas públicas en soporte y mediante redes electrónicas.
Un decreto determinará los mecanismos de transición a los procesos
Artículo 3. Sobre las tecnologías abiertas.
Los servicios del Estado, las administraciones locales y los organismos
públicos sólo podrán utilizar a partir del primero de enero del 2002, ex-
cepción hecha de lo dispuesto en el artículo 4, software cuyo uso y mo-
dificación sean libres y para los que el código fuente esté disponible.
Un decreto fijará las condiciones de transición.
•Artículo 4
Artículo 4. Sobre la agencia del software libre.
Se creará la Agencia del Software Libre. Estará encargada de infor-
mar a los servicios del Estado, a las administraciones locales y a los
organismos públicos de las condiciones de aplicación de la presente
ley. La Agencia determinará las licencias de utilización de software
que se adecuan al marco fijado por la presente ley.
La Agencia velará por la interoperabilidad del software libre dentro
La Agencia realizará el inventario, por sectores de actividad, de las
carencias del software cuyo uso y modificación sean libres y cuyo có-
digo fuente esté disponible. En función de este inventario, la Agencia
autorizará a las administraciones públicas a no aplicar la presente
La Agencia del software libre estará abierta a los internautas y sus
decisiones deberán estar precedidas de consultas realizadas a través
Se designará a una persona de enlace con la Agencia del software
libre en cada prefectura.
Las modalidades de funcionamiento de la Agencia del software libre
se establecerán mediante decreto.
•Artículo 5
Artículo 5. Sobre la difusión de las modificaciones del software
utilizado en el marco de la presente ley.
La Agencia del Software Libre velará, respetando los derechos de los
autores, porque sean difundidas las modificaciones al software rea-
lizadas en el marco de la presente ley.
•Artículo 6
Los gastos que realice el Estado con motivo de la presente ley serán
compensados mediante un incremento de los derechos apuntados
en los artículos 575 y 575A del código general de impuestos.
6.4.2.Proyecto de ley de Le Déaut, Paul y Cohen (Francia)
A continuación mostramos la traducción al español del texto prácti-
camente íntegro del proyecto de ley presentado por Jean-Yves Le
Déaut, Christian Paul y Pierre Cohe en abril del 2000:
El incremento fulgurante de la utilización de las nuevas tecnologías
de la información y de las telecomunicaciones precisa de un acom-
pañamiento legislativo. Los servicios públicos y las administraciones
locales deben convertirse en modelo y motor de la sociedad de la in-
formación que sea garante de las libertades individuales, de la segu-
ridad del consumidor y de la igualdad de oportunidades en la
materia que nos ocupa.
Varios ejemplos muestran que, a pesar de algunos progresos impor-
tantes realizados gracias a la acción del Gobierno en el área de la
sociedad de la información, los servicios del Estado suelen utilizar es-
tándares de comunicación ligados íntimamente a un proveedor pri-
vado único, lo que restringe a un usuario o a una colectividad a ser
cliente de este mismo proveedor, reforzando así de manera signifi-
cativa los fenómenos de abuso de posición dominante.
Los servicios del Estado utilizan a menudo software cuyo código fuen-
te no está disponible, lo que les impide hacer que se corrijan los erro-
res que los propios proveedores se niegan a corregir o verificar si
existen defectos de seguridad en las aplicaciones sensibles. Los ser-
vicios del Estado utilizan, a veces sin saberlo, software que transmite
secretamente información considerada a priori como confidencial a
sociedades u organismos extranjeros.
Ahora bien, los modelos económicos de la industria del software y de
las telecomunicaciones desarrollados por el mercado se basan en
gran medida en la apropiación de una clientela y en la valoración ex-
ponencial de la captación de los perfiles de los usuarios. Estos modelos
económicos favorecen estrategias de incompatibilidad, de secreto in-
dustrial, de obsolescencia programada y de violación de las libertades
individuales. Si bien el Estado francés no puede pretender eliminar por
ley estas tendencias subyacentes debido al carácter transnacional de
las redes de comunicación, sí que puede, sin embargo, favorecer el
desarrollo sobre suelo francés de una sociedad de la información que
sea respetuosa con las libertades públicas, con la seguridad del con-
sumidor y con la igualdad de oportunidades, y cabe esperar que jue-
gue un papel precursor en Europa y en el mundo.
La ley que proponemos se fundamenta en cinco principios: el libre
acceso del ciudadano a la información pública, la perennidad de los
datos públicos, la seguridad del Estado, la seguridad del consumidor
en la sociedad de la información y el principio de interoperabilidad
de la legislación sobre software.
Para garantizar el libre acceso del ciudadano a la información públi-
ca, hace falta que la codificación de los datos informáticos comuni-
cados por la Administración no esté ligada a un proveedor único. Los
estándares abiertos, es decir, aquellos cuyas reglas de codificación
de la información son públicas, permiten garantizar ese libre acceso
al permitir, si es necesario, el desarrollo de software libre compatible.
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es necesario
que la utilización y mantenimiento del software no dependa de la
buena intención de los creadores del software. Hacen falta sistemas
cuya evolución esté siempre garantizada mediante la disponibilidad
del código fuente. El principio de disponibilidad del código fuente en
el marco de los contratos basados en licencias, principio presente a
fecha de hoy solamente como opción en la legislación sobre com-
pras públicas de utilidades y paquetes software, debe convertirse en
la regla y aplicarse a todas las compras públicas de software.
Hemos desechado voluntariamente una aproximación legislativa ba-
sada exclusivamente en el uso de software libre. Sería inoportuno
que, cualquiera que fuese la calidad reconocida del software libre, el
Estado favoreciese un determinado modelo económico de edición de
software. Al contrario, el recurso obligatorio a estándares de comu-
nicación abiertos y la publicación del código fuente garantizan una
igualdad de oportunidades conforme al principio de interoperabili-
dad de la legislación sobre software.
Para garantizar la seguridad nacional, son necesarios sistemas des-
provistos de elementos que permitan un control a distancia o la
transmisión involuntaria de información a un tercero. Necesitamos
sistemas cuyo código fuente esté accesible libremente al público para
permitir el examen por un gran número de expertos mundiales inde-
pendientes. Nuestro proyecto de ley debería aportar más seguridad
al Estado, pues el conocimiento del código fuente eliminará el núme-
ro creciente de software que contiene “puertas traseras”.
Nuestro proyecto de ley debería asimismo reforzar la seguridad del
consumidor en la sociedad de la información, al permitir el surgi-
miento de una oferta de software desprovisto de “puertas traseras”,
que amenazan el respeto de la vida privada y de las libertades indi-
Pero para que emerja la igualdad de oportunidades es preciso que
se reafirme y refuerce el principio de interoperabilidad introducido
en la legislación sobre software y en la legislación sobre la compati-
bilidad. Ambos derechos están hoy amenazados por los actores que
gozan de una posición dominante, quienes ponen trabas al surgi-
miento de la competencia.
Para garantizar la interoperabilidad del software, es necesario que
los derechos de propiedad intelectual o industrial de un creador de
software no bloqueen el desarrollo del nuevo software compatible
que compita con él. El derecho a la compatibilidad para todos, es
decir, el derecho a desarrollar, publicar y utilizar libremente un soft-
ware original compatible con otro, debe estar garantizado por la ley.
Asimismo, el principio de interoperabilidad introducido por el dere-
cho europeo del software debe prevalecer sobre los otros derechos
eventuales de propiedad intelectual o industrial. En particular, la
existencia de una marca sobre un estándar de comunicaciones o de
una patente sobre un proceso industrial necesario para implementar
un estándar de comunicaciones, no debería permitir a su poseedor
bloquear o limitar la difusión libre de software compatible.
Nuestro proyecto de ley puede aplicarse inmediatamente. En efecto,
la mayoría de los editores de software están dispuestos a adoptar es-
tándares de comunicación abiertos como los definidos en París, Bos-
ton y Tokio por el World Wide Web Consortium. Existen muchos
editores de software propietario que están igualmente dispuestos a
proporcionar a la Administración francesa el código fuente de sus
productos. Además, la oferta de software libre alrededor del sistema
operativo Linux cubrirá en adelante muchas de las necesidades de la
Administración. Sin embargo, las administraciones y colectividades
no están suficientemente informadas de la existencia de estándares
abiertos, o de la oferta de software publicado con código fuente.
Para facilitar la adopción rápida de los estándares abiertos, es nece-
sario reforzar el papel de la comisión interministerial de soporte téc-
nico para el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración (Mission interministérielle de
soutin technique pour le développement des technologies de l'infor-
mation et de la communication dans l'administration), y confiarle la
misión de hacer y difundir dentro de la Administración un censo de
la oferta de estándares abiertos y software publicado con código
fuente. En caso de que no exista un mercado, la MTIC se encargará
de desarrollar nuevos estándares o nuevo software publicado con su
código fuente. Para llevar a cabo estas nuevas misiones, la MTIC se
transformará en la Agencia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (ATIC).
Cuando no exista un mercado, la ATIC se encargará de desarrollar
nuevos estándares o nuevo software publicado con su código fuente.
Para conseguir la igualdad de oportunidades, los desarrollos de soft-
ware que se produzcan se pondrán en el dominio público; por lo tan-
to, podrán comercializarse tanto como software propietario como
software libre, según elija libremente una licencia u otra el editor. La
ATIC se encargará también de evaluar el nivel de interoperabilidad,
de perennidad y de seguridad del software comprado por la Admi-
nistración francesa.
Más genéricamente, los sistemas de comunicación abiertos y la dis-
ponibilidad del código fuente son indispensables para garantizar a
escala europea la interoperabilidad entre los sistemas de informa-
ción de las administraciones y de los organismos públicos naciona-
les, y para evitar que la interconexión entre sistemas dependa
solamente de la buena voluntad de los editores de software. La ATIC
estará encargada también de participar en los trabajos de coopera-
ción internacional en el dominio de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y de favorecer la interoperabilidad con los sis-
temas de información de los demás países miembros de la Unión Eu-
Nuestro proyecto de ley responde a las preocupaciones enumeradas
arriba. Nos recuerda que el Estado puede jugar un papel en la eco-
nomía preservando el interés nacional y europeo, defendiendo al
mismo tiempo la economía de mercado. Este proyecto de ley permi-
tirá que Francia se erija en defensora de las libertades dentro de las
••Artículo 1
Para todos los intercambios de datos informáticos, la Administración
del Estado, las administraciones locales y los organismos públicos,
tienen la obligación de emplear estándares de comunicación abier-
tos, constituidos por reglas y procedimientos públicos de intercambio
de datos digitales.
••Artículo 2
La Administración, los organismos públicos y las administraciones
públicas territoriales están obligadas a utilizar software cuyo código
fuente esté accesible.
••Artículo 3
Toda persona física o jurídica tiene derecho a desarrollar, publicar o
utilizar software original compatible con los estándares de comuni-
cación de cualquier otro software.
••Artículo 4
Se creará un organismo público del Estado, denominado Agencia de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este orga-
nismo será tutelado por el Ministerio de Industria. La ATIC tiene la
misión de informar y aconsejar a los servicios del Estado, a las colec-
tividades y a los organismos públicos acerca de la concepción y la
identificación de las necesidades técnicas en materia de tecnologías
de la información y las comunicaciones. Identificará las necesidades
de los servicios públicos en materia de equipos y software, velará por
la armonización de los estándares de comunicación y propondrá las
prácticas técnicas al uso. Realizará el inventario por sectores de acti-
vidad de los estándares abiertos y del software disponible.
En función de este inventario, apoyará el desarrollo de estándares
abiertos y de software publicado con su código fuente, y favorecerá
la utilización de éste en el dominio público para paliar las carencias
La ATIC favorecerá la interoperabilidad con los sistemas de informa-
ción de otros países miembros de la Unión Europea y participará en
los proyectos de cooperación internacional en el dominio de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones. La ATIC tendrá un
interlocutor en cada prefectura.
Las modalidades de funcionamiento de la ATIC se establecerán me-
diante decreto.
Las modalidades de aplicación de la presente ley, así como las con-
diciones de transición desde la situación actual, se fijarán mediante
decreto del Consejo de Estado.
Los gastos del Estado resultantes de la aplicación de la presente ley
se pagarán con cargo a las partidas fijadas en los artículos 575 y
575A del Código general de Impuestos.
6.4.3.Proyecto de ley de Villanueva y Rodrich (Perú)
Texto literal de gran parte del proyecto de ley número 2485, “Ley de
Uso de Software Libre en la Administración Pública” de los congresis-
tas peruanos Edgar Villanueva Núñez y Jacques Rodrich Ackerman.
La complejidad del mundo en que vivimos exige permanentemente
de los países una constante revisión y adaptación de sus marcos ins-
titucionales, por lo que, de este modo consigue mantenerse al com-
pás de los nuevos retos que nos impone el sorprendente desarrollo
El descubrimiento de nuevas tecnologías informáticas, entre ellas la
del software libre, se ha configurado con el devenir del tiempo en un
instrumento idóneo para asegurar de una manera más idónea la
protección de la información con la que cuenta el Estado.
De esta manera, la tecnología cumple su función facilitadora de las
diferentes y múltiples actividades humanas, siendo una de ellas el
manejo de información reservada en las canteras del Estado.
Según la Constitución Política de Perú, en el inciso 5 del artículo 2,
“toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la in-
formación que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en
el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las
informaciones que afectan a la intimidad personal y las que expre-
samente se excluyen por ley o por razones de seguridad nacional”.
Del mismo modo, el inciso 6 del mismo artículo enfatiza el derecho
de toda persona a “que los servicios informáticos, computarizados o
no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten a
la intimidad personal y familiar”.
En este orden de ideas, es evidente la preocupación que muestra
nuestra carta fundamental por establecer reaseguros institucionales
que por un lado protejan la libertad de los ciudadanos para acceder
a información pública y por el otro, la de guardar la debida reserva
de información que afecten a la intimidad personal y familiar, así
como razones de seguridad nacional.
La garantía de estos derechos consagrados en nuestra Constitución
no pasa únicamente por la buena voluntad de los agentes del Estado
para el cumplimiento normativo de la misma, sino también por el
empleo de tecnologías que en unos casos coadyuvan y en otros no a
una efectiva protección de dichos derechos ciudadanos.
En este contexto, es imperioso para el Estado incorporar aquellas tec-
nologías que ayudan a reforzar el ejercicio del derecho de la infor-
mación de los ciudadanos y su debida reserva en los casos que lo
La utilización del software libre en todas las instituciones del Estado
apunta en este sentido. Básicamente, podemos decir que los princi-
pios elementales que animan al presente proyecto de ley se vinculan
a garantías básicas del Estado democrático de derecho y lo podemos
1.Libre acceso del ciudadano a la información pública
2.Perennidad de los datos públicos
3.Seguridad del Estado y de los ciudadanos
Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información
pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté
ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos
permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la
creación de software compatible.
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispen-
sable que la utilización y el mantenimiento del software no depen-
dan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las
condiciones monopólicas, impuestas por éstos. Se precisan siste-
mas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibi-
lidad del código fuente.
Para garantizar la seguridad nacional, resulta indispensable contar
con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a
distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por
lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente ac-
cesible al público para permitir su examen por parte del propio Esta-
do, los ciudadanos y un gran número de expertos independientes en
Esta propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del
código fuente eliminará el creciente número de programas con códi-
go espía.
De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad de los ciu-
dadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la infor-
mación manejada por el Estado, cuanto en su condición de
consumidores. En este último caso, permite el surgimiento de una
oferta extensa de software libre desprovisto de potencial código es-
pía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades
El Estado, en aras de mejorar la calidad de la gestión pública en tan-
to custodio y administrador de información privada, establecerá las
condiciones en que los organismos estatales adquirirán software en
el futuro, es decir de un modo compatible con las garantías constitu-
cionales y principios básicos antes desarrollados.
El proyecto expresa claramente que para que un programa o soft-
ware cualquiera sea aceptable por el Estado, no basta con que el
programa sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea,
sino que además las condiciones de contratación deben satisfacer
una serie de requisitos en materia de licencia, sin los cuales el Estado
no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de
sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibili-
dad a lo largo del tiempo, aspectos críticos para su desempeño.
El Estado establece condiciones para el empleo del software por par-
te de las instituciones estatales, sin inmiscuirse de modo alguno en
las transacciones del sector privado. Constituye un principio jurídica-
mente reconocido que el Estado no tiene el amplio espectro de liber-
tad contractual del sector privado, pues precisamente está limitado
en sus acciones por el deber de transparencia de los actos públicos,
y en este sentido, la tutela del mejor interés común debe tener pre-
eminencia cuando se legisla sobre la materia.
El proyecto, asimismo, garantiza el principio de igualdad ante la
ley, pues ninguna persona natural y jurídica está excluida del dere-
cho de proveer estos bienes, en las condiciones fijadas en la pre-
sente iniciativa y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (TUO Decreto Supre-
mo N 012-2001-PCM).
Adicionalmente a estas ventajas, podemos resaltar una serie de be-
neficios que como consecuencia de esta medida se manifestarán in-
mediatamente después de ser ejecutadas.
En primer lugar están las oportunidades de trabajo para programa-
dores locales. Del universo de software1 para servidores que se co-
mercializó en EE.UU. el año pasado, el 27% correspondió a
programas “libres”, proporción verdaderamente significativa para
ese enorme y exigente mercado. La cifra es elocuente y constituye
una respuesta contundente a quienes creen que el software libre im-
plicará una fuerte limitación a la ocupación de los programadores
del país. Al contrario, la iniciativa permitirá liberar una gran cantidad
de recursos, y un incentivo para potenciar la creatividad humana.
Al emplear el software libre, los profesionales pueden analizar a fon-
do los problemas y mejorar los desarrollos en todos los casos que
sea necesario, nutriéndose del software libre disponible globalmente
bajo distintas licencias. Constituye un campo ideal para aplicar crea-
tividad, aspecto en el que los jóvenes peruanos alcanzarían buenos
Por otro lado, mediante el software libre se elimina el uso de software
ilegal que se “pasea” por algunas instituciones del Estado. El uso no
permitido de software dentro del Estado o la mera sospecha de ello
constituye un poderoso incentivo para cualquier funcionario público
para modificar esa situación que atentaría contra los derechos de
Si bien es correcto decir que no es necesaria la adopción de software
libre para cumplir con la ley, su empleo generalizado reducirá drás-
ticamente las situaciones irregulares y obrará como vector de conta-
gio legal, tanto dentro del Estado como en el ámbito privado.
Son muchos los países que están reconociendo formalmente el uso
exclusivo del software libre en el sector estatal.
Entre ellos tenemos a Francia, donde está en discusión una norma le-
gal sobre el tema. El Gobierno de la ciudad de México, D.F. ya ha ini-
ciado una importante migración para la adopción de software libre en
forma generalizada, siendo este país líder en Occidente. También en
Brasil, el estado de Recife ha decidido su adopción. La República Po-
pular China ha adoptado desde hace varios años el software libre
como una política de Estado. Al igual que en los países escandinavos.
En EE.UU., la NASA y la US NAVY, entre muchas otras organizaciones,
han adoptado software libre para alguna de sus necesidades, entre
otras iniciativas gubernamentales y del sector privado.
Finalmente, el proyecto de ley en cuestión otorga a la Presidencia del
Consejo de Ministros la ejecución de la presente ley por ser este or-
ganismo el que concentra la dirección de todas las instituciones gu-
bernamentales. En este sentido, tiene una ventaja estratégica para
realizar la reforma pertinente y el proceso migratorio de software
propietario a software libre.
Es en este orden de ideas como se han precisado estos aspectos en
la presente proposición legislativa.
La presente iniciativa no genera gasto alguno al erario nacional. Eso
sí, para el cumplimiento de sus fines será necesario producir una rea-
signación del gasto gubernamental, cuya incidencia se circunscribe
a lo efectivamente gastado por cada organismo gubernamental en
los procesos de contrataciones y licitaciones del Estado para la ad-
quisición de programas informáticos.
Si bien es cierto que el software libre con relación al software propie-
tario representa un ahorro sustancial a la economía del Estado, no
es el punto principal de apoyo. Como señalamos antes, su ventaja
comparativa se focaliza en los reaseguros tecnológicos que el pro-
grama otorga a la información con la que cuenta el Estado, informa-
ción que en muchos casos es de carácter reservado.
En este sentido, una mejor protección de los derechos ciudadanos
constituye un beneficio inconmensurable que debe ser reconocido
desde el punto de vista del análisis coste-beneficio.
Podemos resumir los beneficios del proyecto en los siguientes tópicos:
•Seguridad nacional
El Estado para cumplir sus funciones debe almacenar y procesar in-
formación relativa a los ciudadanos. La relación entre el individuo
y el Estado depende de la privacidad e integridad de estos datos,
que deben ser adecuadamente resguardados contra tres riesgos
•1. Riesgo de filtración, los datos confidenciales deben ser tratados
de tal manera que el acceso a ellos sea posible exclusivamente
para las personas e instituciones autorizadas.
•2. Riesgo de imposibilidad de acceso, los datos deben ser alma-
cenados de tal forma que el acceso a ellos por parte de las per-
sonas e instituciones autorizadas esté garantizado durante toda la
vida útil de la información.
•3. Riesgo de manipulación, la modificación de los datos debe
estar restringida nuevamente a las personas e instituciones au-
torizadas.
Permite al usuario la inspección completa y exhaustiva del mecanismo
mediante el cual procesa los datos. El hecho de que el programa de
software libre permite la inspección del programa es una excelente me-
dida de seguridad, ya que al estar expuestos los mecanismos, éstos es-
tán constantemente a la vista de profesionales capacitados, con lo que
se vuelve inmensamente más difícil ocultar funciones maliciosas, aun
cuando el usuario final no se toma el trabajo de buscarlas él mismo.
•Independencia tecnológica
Con el software propietario no hay libertad de contratación en lo que
se refiere a ampliaciones y correcciones del sistema que utiliza, se
produce una dependencia tecnológica en la que el proveedor está en
condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios.
Con el software libre se permite al usuario el control, corrección y
modificación del programa para adecuarlo a sus necesidades. Esta
libertad no está destinada solamente a los programadores Si bien
son éstos los que pueden capitalizarla de primera mano, los usuarios
también se benefician enormemente, porque de esta manera pue-
den contratar a cualquier programador (no necesariamente al autor
original) para que corrija errores o añada funcionalidad.
•El desarrollo local
En el caso del software propietario, el usuario está habilitado para
ejecutar un programa, pero no para inspeccionarlo ni modificarlo,
entonces no puede aprender de él, se vuelve dependiente de una tec-
nología que no sólo no comprende, sino que le está expresamente
vedada. Los profesionales de su entorno, que podrían ayudarlo a al-
canzar sus metas, están igualmente limitados: como el funciona-
miento del programa es secreto y su inspección está prohibida, no es
posible arreglarlo. De esa manera los profesionales locales ven sus
posibilidades de ofrecer valor agregado cada vez más limitadas, y
sus horizontes laborales se estrechan junto con sus oportunidades de
aprender más. Con el software libre se neutralizan enormemente es-
tas desventajas del software propietario.
•El coste del software
El coste del software
Se reduce considerablemente al ser libre, pues no hay necesidad de es-
tar solicitando sistemáticamente las licencias del caso para continuar
con la utilización del programa. Esto sucede con el software propietario.
Es importante para el usuario poder mantener estos costes bajo control,
pues de lo contrario puede llegar a verse impedido para llevar a cabo
sus metas, a fuerza de derogaciones no planificadas. He aquí una vez
más la dependencia tecnológica que ayuda a enfrentar el software libre.
•Mayores fuentes de trabajo
Mayores fuentes de trabajo
Con el software libre se libera mano de obra existente en el país que
estaba embotellada como consecuencia de la dependencia tecnoló-
gica del software propietario. Ahora se asignarían recursos de los
usuarios (en este caso las instituciones del Estado) para manteni-
miento y soporte informático del software libre.
•Fomento de la creatividad e iniciativa empresarial
Fomento de la creatividad e iniciativa empresarial
El gran coste que supone el cambio de software propietario a soft-
ware libre se circunscribe al proceso migratorio. Si bien es cierto que
el proceso migratorio involucra costes en relevamientos, toma de de-
cisiones para implementar los nuevos sistemas, mano de obra para
implementar el cambio, conversión de datos, reentrenamiento del
personal y, eventualmente, gastos en licencias y/o desarrollo y tiem-
po; no es menos cierto que todos estos costes son fijos y se pagan
por única vez; en cambio, el software propietario en funcionamiento
ahora, también tiene sus costes fijos que fueron pagados y no pue-
den ser recuperados. Pero, además de estos costes hay otros involu-
crados en el software propietario: actualizaciones permanentes (a
veces acentuada por un monopolio autosostenido) y sobre todo el in-
menso precio que tiene para el Estado la pérdida de las libertades,
que le garantizan el control de su propia información. Estos costes
son permanentes y crecientes a lo largo del tiempo, y tarde o tem-
prano superan a los costes fijos de realizar una migración.
En fin, son mayores los beneficios que los costes que supone el pro-
ceso de migración.
En todas las instituciones del Estado se emplea el uso exclusivo de
programas o software libres en sus sistemas y equipamientos de in-
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autó-
nomos y descentralizados, sean regionales o locales, y las empre-
sas donde el Estado posea mayoría accionaria, harán uso de
programas o software libres en sus sistemas y equipamientos de
La autoridad encargada de poner en ejecución la presente ley será
Artículo 4. Definición de software libre
Para los efectos de la presente ley se entenderá por programa o soft-
ware libre aquel cuya licencia de uso garantice al usuario, sin coste
adicional, las siguientes facultades:
•1. Uso irrestricto del programa para cualquier propósito.
•2. Acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo.
•3. Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento
•4. Uso de los mecanismos internos y de porciones arbitrarias del
programa para adaptarlos a las necesidades del usuario.
•5. Confección y distribución libre de copias del programa.
•6. Modificación del programa y distribución libre, tanto de las al-
teraciones como del nuevo programa resultante, bajo las mismas
En caso de no existir una solución que utilice software libre y permita
satisfacer una necesidad determinada, las instituciones del Estado
podrán adoptar las siguientes alternativas, atendiendo al orden de
prelación siguiente:
Si median exigencias de tiempo verificables para atender un proble-
ma técnico y se halla disponible en el mercado software propietario,
el organismo que lo demande podrá gestionar ante la autoridad de
aplicación un permiso de excepción de utilización de software pro-
pietario que reúna las siguientes características:
•1. Se seleccionará en primer término los programas que cumplan
con todos los criterios enunciados en el artículo 4 de la presente
ley, excepto por la facultad de distribución del programa modifi-
cado. En este caso, el permiso de excepción podrá ser definitivo.
•2. Si no se puede disponer de programas de la categoría prece-
dente, se deberán escoger aquéllos para los que exista un proyec-
to de desarrollo avanzado de tipo libre. En este caso, el permiso
de excepción será transitorio y caducará automáticamente cuan-
do el software libre pase a estar disponible con la funcionalidad
•3. Si no se encuentran productos de estas condiciones, se podrá
optar por programas propietarios, pero el permiso de excepción
emanado de la autoridad de aplicación caducará automática-
mente a los dos años de haberse emitido, debiendo ser renovado
previa constatación de que no exista disponible en el mercado
una solución de software libre satisfactoria.
La autoridad de aplicación otorgará un permiso de excepción única-
mente si el organismo estatal solicitante garantiza el almacenamien-
to de los datos en formatos abiertos, sin perjuicio del pago de las
licencias propietarias respectivas.
Artículo 6. Permisos educativos
Toda entidad educativa dependiente del Estado está habilitada para
gestionar un permiso de software propietario para su uso en investi-
gación, previo pago de los derechos de autor correspondientes y las
licencias del caso, siempre que el objeto de investigación esté direc-
tamente asociado al uso del programa en cuestión.
Artículo 7. Transparencia de las excepciones
Las excepciones emanadas de la autoridad de aplicación deberán
ser sustentadas y publicadas en la página web del portal del Estado.
La resolución que autoriza la excepción deberá enumerar los requi-
sitos funcionales concretos que el programa debe satisfacer.
Artículo 8. Autorización excepcional
En el caso de que alguna entidad del Estado comprendido en el ar-
tículo 2.° de la presente ley sea autorizada excepcionalmente para
adquirir software propietario para almacenar o procesar datos, cuya
reserva sea necesario preservar, la autoridad de aplicación deberá
publicar en el portal del Estado un informe, donde se expliquen los
riesgos asociados con el uso de software de dichas características
para esa aplicación en particular.
Los permisos de excepción otorgados a los organismos del Estado
relacionados con la seguridad y la defensa nacional están exceptua-
dos de la obligación anteriormente expuesta.
La máxima autoridad administrativa y autoridad técnica e informáti-
ca de cada institución del Estado asumen la responsabilidad por el
Artículo 10. Norma reglamentaria
El poder ejecutivo reglamentará en un plazo de ciento ochenta días,
las condiciones, tiempos y formas en que se efectuará la transición
de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la pre-
sente Ley y orientará, en tal sentido, las licitaciones y contrataciones
futuras de software realizadas a cualquier título.
Asimismo, se encargará de dirigir el proceso migratorio del sistema
de software propietario a libre, en todos los casos que las circunstan-
cias lo exijan.
Artículo 11. Glosario de términos
•a. Programa o “software”. Cualquier secuencia de instrucciones
usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos para
llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema deter-
•b. Ejecución o empleo de un programa. Acto de utilizarlo sobre
cualquier dispositivo de procesamiento digital de datos para rea-
lizar una función.
•c. Usuario. Aquella persona física o jurídica que emplea el software.
•d. Código fuente o de origen, o programa fuente o de origen.
Conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales
creados o modificados por quien los programa, más todos los ar-
chivos digitales de soporte, como tablas de datos, imágenes, es-
pecificaciones, documentación, y cualquier otro elemento que sea
necesario para producir el programa ejecutable a partir de ellos.
Como excepción, podrán excluirse de este conjunto aquellas he-
rramientas y programas que sean habitualmente distribuidos
como software libre por otros medios, como, entre otros, compi-
ladores, sistemas operativos y librerías.
•e. Programa o software libre. Aquel cuyo empleo garantice al
usuario, sin coste adicional, las facultades siguientes:
•e.1. Ejecución irrestricta del programa para cualquier propósito.
•e.2. Acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo.
•e.3. Inspección exhaustiva de los mecanismos de funciona-
miento del programa.
•e.4. Uso de los mecanismos internos y de cualquier porción ar-
bitraria del programa para adaptarlo a las necesidades del
•e.5. Confección y distribución pública de copias del programa.
•e.6. Modificación del programa y distribución libre, tanto de
las alteraciones como del nuevo programa resultante, bajo las
mismas condiciones del programa original.
•f. Software propietario (programa no libre). Aquel que no reúne
todos los requisitos señalados en el término precedente.
•g. Formato abierto. Cualquier modo de codificación de informa-
ción digital que satisface tanto los estándares existentes, como las
condiciones siguientes, que:
•g.1. su documentación técnica completa esté disponible públi-
•g.2. el código fuente de al menos una implementación de re-
ferencia completa esté disponible públicamente.
•g.3. no existan restricciones para la confección de programas
que almacenan, transmiten, reciben o acceden a datos codifi-
cados de esta manera.
6.4.4.Cartas de Microsoft Perú y del congresista
El 21 de marzo del 2002, Juan Alberto González, como gerente ge-
neral de Microsoft Perú, envió una carta al congresista Edgar Villa-
nueva Núñez, con motivo de su proyecto de ley sobre software libre.
El 8 de abril el congresista respondió. Aquí se incluyen los textos lite-
rales y casi completos de ambas cartas (se excluyen los párrafos no
relacionados con el proyecto de ley).
De otro lado, como quedamos en esta reunión, nosotros asistimos al
Foro realizado en el Congreso de la República el 6 de marzo, a pro-
pósito del proyecto de ley que Usted lidera, en donde pudimos escu-
char las diferentes presentaciones que hoy nos llevan a exponer
nuestra posición a fin de que Usted tenga un panorama más amplio
de la real situación.
El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo pú-
blico debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código
107 y 159]
abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley,
el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, li-
bertad de industria y contratación protegidos en la constitución.
El proyecto, al hacer obligatorio el uso de software de código abierto,
establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo en la
contratación y adquisición de los organismos públicos contravinien-
do los principios de base de la Ley 26850 de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado.
Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apo-
yaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto sólo
estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e interna-
cionales que son las que verdaderamente realizan importantes inver-
siones, crean un significativo número de puestos de empleos directos
e indirectos, además de contribuir al PBI vs. un modelo de software
de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez
menor debido a que crea principalmente empleos en servicio.
El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin
considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de
vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de
El proyecto maneja de manera errónea los conceptos de software de
código abierto, que no necesariamente implica que sea software li-
bre o de coste cero, llegando a realizar conclusiones equívocas sobre
ahorros para el Estado, sin ningún sustento coste-beneficio que vali-
Es equivocado pensar que el software de código abierto es gratuito.
Investigaciones realizadas por Gartner Group (importante investiga-
dora del mercado tecnológico reconocida a nivel mundial) han se-
ñalado que el coste de adquisición del software (sistema operativo y
aplicaciones) se reduce a sólo el 8% del total de costes que las em-
presas e instituciones deben asumir como consecuencia del uso ra-
cional y realmente provechoso de la tecnología. El otro 92% lo
constituyen: costes de implantación, capacitación, soporte, manteni-
miento, administración e inoperatividad.
Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supues-
ta gratuidad del software de código abierto, comparado con los cos-
tes del software comercial, sin tener en cuenta que existen
modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser suma-
mente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros
Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto (i) es clara-
mente más costosa por los altos costes que supone una migración y
(ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabili-
dad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Es-
tado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de
software de código abierto en el mercado.
El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de
servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lo-
grar mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha moti-
vado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su
decisión de ir por una solución de software de código abierto y se en-
cuentren utilizando software comercial en su lugar.
El proyecto desincentiva la creatividad de la industria peruana de
software, que factura US$ 40 millones/año, exporta US$ 4 millones
(10.º en el ranking de productos de exportación no tradicional, más
que artesanías) y es una fuente de empleo altamente calificado. Con
una ley que incentive el uso de software de código abierto, los pro-
gramadores de software pierden sus derechos de propiedad intelec-
tual y su principal fuente de retribución.
El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente,
tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por me-
dio de la exportación. De este modo, se debilita el efecto multiplica-
dor de la venta de software a otros países y por lo tanto el
crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de
un gobierno deben estimular la industria local.
En el foro se discutió sobre la importancia del uso de software de có-
digo abierto en la educación, sin comentar el rotundo fracaso de esta
iniciativa en un país como México, donde precisamente los funciona-
rios del Estado que fundamentaron el proyecto, hoy expresan que el
software de código abierto no permitió brindar una experiencia de
capacitación a nivel nacional para dar soporte adecuado a la plata-
forma, y el software no contó y no cuenta con los niveles de integra-
ción para la plataforma que existe en las escuelas.
Si el software de código abierto satisface todos lo requerimientos de
las entidades del Estado ¿por qué se requiere una ley para adoptar-
lo? ¿No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son
los productos que le dan más beneficios o valor?
Respuesta del congresista Villanueva
Ante todo, agradezco su carta del 25 de marzo del 2002 donde ma-
nifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al Proyecto de Ley N.
1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se
halla inspirada en el deseo de que el Perú logre situarse adecuada-
mente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo es-
píritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y
abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me permito
contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta.
Sin dejar de reconocer que opiniones como la suya constituyen un
aporte significativo, me hubiese resultado aún más valioso si, ade-
más de formular objeciones de índole general (que luego analizare-
mos en detalle) hubiera agregado argumentos sólidos sobre las
ventajas que el software propietario puede reportar al Estado perua-
no y a sus ciudadanos en general, pues ello habría permitido un in-
tercambio a todas luces más esclarecedor respecto de cada una de
Con el objetivo de ordenar el debate, asumiremos que lo que Ud. lla-
ma software de código abierto es lo que el proyecto define como soft-
ware libre, puesto que existe software cuyo código es distribuido junto
con los programas, pero no encaja en la definición establecida en el
proyecto; y lo que Ud. llama software comercial es lo que el proyecto
define como propietario o no libre, puesto que existe software libre
que se comercializa en el mercado por un precio como cualquier otro
También es preciso dejar en claro que el propósito del proyecto al
que nos referimos no está directamente relacionado con la cantidad
de ahorro directo que pueda obtenerse por el empleo de software li-
bre en las instituciones estatales. Éste es, en todo caso, un valor agre-
gado marginal, pero de ninguna manera el foco del objetivo del
proyecto. Los principios elementales que animan al proyecto se vin-
culan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho,
•Libre acceso del ciudadano a la información pública.
•Perennidad de los datos públicos.
•Seguridad del Estado y de los ciudadanos.
creación de software libre compatible.
Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensa-
ble que la utilización y el mantenimiento del software no dependan
de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones mo-
nopólicas impuestas por éstos. Por esta razón, el Estado necesita sis-
temas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la
Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta
indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que
permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de infor-
mación a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código
fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen
por parte del propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de
expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta ma-
yor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el
creciente número de programas con código espía.
Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudada-
nos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información
manejada por el Estado, cuanto en su condición de consumidores.
En este ultimo caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa
de software libre desprovisto de potencial código espía susceptible de
poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales.
En este sentido, el proyecto de ley se limita a establecer las condicio-
nes en que los organismos estatales adquirirán software en el futuro,
es decir, de un modo compatible con la garantía de esos principios
•la ley no prohíbe la producción de software propietario
•la ley no prohíbe el comercio de software propietario
•la ley no dicta qué software concreto usar
•la ley no dicta a qué proveedor se compra el software
•la ley no limita los términos en que se puede licenciar un producto
Lo que el proyecto expresa claramente es que el software, para ser
aceptable para el Estado, no basta con que sea técnicamente sufi-
ciente para llevar a cabo una tarea, sino que además las condiciones
de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia
de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano
el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad,
confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son
aspectos muy críticos para su normal desempeño.
Estamos de acuerdo, Sr. González, en el hecho de que la tecnología
de información y comunicaciones tiene un impacto en la calidad de
vida de los ciudadanos significativo (sin que por ello sea siempre po-
sitivo o de efecto neutro). También coincidiremos seguramente, en
que los valores básicos que he señalado arriba son fundamentales
en una nación democrática como el Perú. Desde luego estamos muy
interesados en conocer cualquier forma alternativa de garantizar es-
tos principios, que no sea la de recurrir al empleo de software libre
en los términos definidos en el proyecto de ley.
En cuanto a las observaciones que Ud. formula, pasaremos ahora a
analizarlas en detalle:
En primer lugar, señala que: “1. El proyecto establece la obligatorie-
dad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente
software libre, es decir de código abierto, lo cual transgrede los prin-
cipios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los dere-
chos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación
protegidos en la constitución.”.
Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el proyecto
afecta a los derechos que Ud. enumera; sólo se limita a establecer
condiciones para el empleo del software por parte de las institucio-
nes estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones
del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no
tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado,
pues precisamente está limitado en sus acciones por el deber de
transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la preservación
del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la
El proyecto protege la igualdad ante la ley, pues ninguna persona
natural o jurídica está excluida del derecho de ofrecer estos bienes al
Estado en las condiciones fijadas en el proyecto y sin más limitacio-
nes que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado (TUO por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).
El proyecto no introduce discriminación alguna, pues sólo establece
cómo han de proveerse estos bienes (lo cual es una potestad estatal)
y no quién ha de proveerlos (lo que en efecto resultaría discriminato-
rio si se impusieran restricciones basadas en origen nacional, raza,
religión, ideología, preferencia sexual, etc.) Por el contrario, el pro-
yecto es decididamente antidiscriminatorio. Es así porque al determi-
nar sin lugar a dudas las condiciones de provisión del software,
impide a los organismos estatales el uso de programas cuyo licen-
ciamiento incluya condiciones discriminatorias.
Resulta obvio por lo expuesto en los dos párrafos previos, que el pro-
yecto no atenta contra la libre iniciativa privada, pues ésta puede ele-
gir siempre bajo qué condiciones producirá el software; algunas de
éstas serán aceptables para el Estado, y otras no lo serán porque
contrarían la garantía de los principios básicos enumerados arriba.
Esta libre iniciativa es desde luego, compatible con la libertad de in-
dustria y con la libertad de contratación (en los términos acotados en
que el Estado puede ejercer esta última). Cualquier sujeto privado
puede producir software en las condiciones que el Estado lo requiere,
o puede abstenerse de hacerlo. Nadie está forzado a adoptar un
modelo de producción, pero si desea proveer software al Estado, de-
berá proporcionar los mecanismos que garantizan los principios bá-
sicos, y que son los manifestados en el proyecto.
A manera de ejemplo: nada en el texto del proyecto impediría a su
empresa ofrecer a los organismos del Estado su suite de oficina, en
las condiciones definidas en el proyecto y fijando el precio que uste-
des consideren conveniente. Si no lo hiciera, no se deberá a restric-
ciones impuestas por la ley, sino a decisiones empresariales respecto
al modo de comercializar sus productos, decisiones en las que el Es-
tado no tiene participación.
A continuación señala Ud. que: “2. El proyecto, al hacer obligatorio
el uso de software de código abierto, establecería un tratamiento dis-
criminatorio y no competitivo en la contratación y adquisición de los
organismos públicos [...].”
Esta afirmación no es sino una reiteración de la anterior, y por ende
se encuentra contestada líneas arriba. Pero detengámonos un ins-
tante en su apreciación sobre el “tratamiento [...] no competitivo.”
Por cierto, al definir cualquier tipo de adquisición, el comprador fija
condiciones que se relacionan con el uso propuesto del bien o servi-
cio. Desde luego ello excluye a ciertos fabricantes de la posibilidad
de competir, pero no los excluye a priori, sino sobre la base de una
serie de principios decididos por la voluntad autónoma del compra-
dor, en tanto el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. Y en el
proyecto se establece que nadie está excluido de competir en tanto
garantice el cumplimiento de los principios básicos.
Además, el proyecto estimula la competencia, pues alienta a generar
oferta de software con mejores condiciones de usabilidad, y a opti-
mizar trabajos ya establecidos, en un modelo de mejora constante.
De otro lado, el aspecto central de la competitividad es la oportu-
nidad de proporcionar al consumidor mejores opciones. Ahora
bien, es imposible desconocer que el marketing no juega un papel
neutral a la hora de presentar la oferta al mercado (pues admitir
lo contrario habilitaría a suponer que las inversiones que las em-
presas realizan en marketing carecen de sentido), y por consi-
guiente un gasto significativo en este rubro puede influir en las
decisiones del comprador. Esta influencia del marketing queda en
buena medida mitigada por el proyecto que propulsamos, pues la
elección dentro del marco propuesto recae en el mérito técnico del
producto y no en el esfuerzo de comercialización del productor;
en este sentido, la competitividad se acentúa, pues el más peque-
ño productor de software puede competir en un pie de igualdad
con la más poderosa de las corporaciones.
Es necesario recalcar que no hay posición más anti-competitiva que
la de los grandes productores de software propietario, que frecuen-
temente abusan de su posición dominante, porque en innumerables
casos proponen como soluciones a problemas planteados por los
usuarios: “actualice su software a la nueva versión” (con cargo para
el usuario, por supuesto); además, son comunes las interrupciones
arbitrarias de asistencia técnica para productos que al sólo juicio del
proveedor, son antiguos; luego, para recibir algún grado de asisten-
cia técnica, el usuario se ve obligado a migrar (con coste no trivial,
especialmente porque suele involucrar cambios de la plataforma de
hardware) a nuevas versiones. Y como toda la infraestructura está
consolidada en formatos de datos propietarios, el usuario queda
atrapado en la necesidad de continuar empleando los productos del
mismo proveedor, o realizar el enorme esfuerzo de cambiar a otro
ambiente (también probablemente propietario).
Agrega Ud.: “3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de
negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto,
el proyecto sólo estaría desalentando a las compañías fabricantes lo-
cales e internacionales que son las que verdaderamente realizan im-
portantes inversiones, crean un significativo número de puestos de
empleos directos e indirectos, además de contribuir al PBI vs. un mo-
delo de software de código abierto que tiende a tener un impacto
económico cada vez menor debido a que crea principalmente em-
pleos en servicio.”
No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo que Ud.
mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo
de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción,
de por sí, invalidaría su postura. El modelo de servicios, adoptado
por gran número de corporaciones en la industria informática, es
mucho más significativo, en términos económicos y con tendencia
creciente, que el licenciamiento de programas.
Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia
libertad para elegir el modelo económico que más convenga a sus
intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces os-
curecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversio-
nes en marketing de los productores de software propietario.
Adicionalmente, de la lectura de su opinión se desprendería que el
mercado estatal es crucial e imprescindible para la industria del soft-
ware propietario, a tal punto que la opción que el Estado establece
en este proyecto eliminaría completamente del mercado a estas em-
presas. Si es así, deducimos que el Estado estaría subsidiando a la
industria del software propietario. En el supuesto negado que esto
fuese cierto, entonces el Estado tendría el derecho a aplicar los sub-
sidios al área que considere de mayor valor social; resultaría inne-
gable, en esta improbable hipótesis, que si el Estado decide subsidiar
software, debería hacerlo escogiendo el libre por encima del propie-
tario, atendiendo a su efecto social y al uso racional de los dineros
Respecto de los puestos de trabajo generados por el software propie-
tario en países como el nuestro, éstos tratan mayoritariamente tareas
técnicas de poco valor agregado; a nivel local, los técnicos que pres-
tan soporte a software propietario producido por empresas transna-
cionales no están en condiciones de solucionar un bug, no
necesariamente por falta capacidad técnica o talento, sino porque
no disponen del código fuente a reparar. Con software libre se crea
empleo técnicamente más calificado y se genera un marco de libre
competencia donde el éxito esta sólo vinculado a la capacidad de
brindar buen soporte técnico y calidad de servicio, se estimula el
mercado y se incrementa el patrimonio común del conocimiento,
abriendo alternativas para generar servicios de mayor valor agrega-
do y mejor perfil de calidad beneficiando a todos los actores: pro-
ductores, prestadores de servicios y consumidores.
Es un fenómeno común en los países en vías de desarrollo que las
industrias locales de software obtienen la mayoría de sus ingresos
en el área de servicios, o en la construcción de software ad hoc.
Por lo tanto, cualquier impacto negativo que la aplicación del pro-
yecto pueda tener en este sector se verá compensado con creces
por un aumento de la demanda de servicios (a condición de que
éstos sean prestados conforme a altos estándares de calidad).
Desde luego, es probable que las empresas transnacionales de
software, si deciden no competir conforme a estas reglas de jue-
go, sufran alguna disminución de ingresos en términos de factu-
ración por licenciamiento; pero, considerando que estas
empresas alegan sostenidamente que mucho del software em-
pleado por el Estado fue copiado ilegalmente, se verá que el im-
pacto no ha de ser extremadamente serio. Ciertamente, en todo
caso su fortuna estará determinada por leyes del mercado, cuyos
cambios no es posible evitar; muchas empresas tradicionalmente
asociadas con el software propietario ya han emprendido un ca-
mino firme (apoyado por cuantiosas inversiones) para prestar ser-
vicios asociados con el software libre, lo cual demuestra que los
modelos no son mutuamente excluyentes.
Con este proyecto el Estado está decidiendo que requiere preservar
ciertos valores fundamentales. Y lo decide sobre la base de sus po-
testades soberanas, sin afectar con ello a ninguna de las garantías
constitucionales. Si estos valores pueden ser garantizados sin tener
que escoger un modelo económico dado, los efectos de la ley serían
aún más beneficiosos. En todo caso, debe quedar claro que el Estado
no elige un modelo económico; si sucediera que existe un sólo mo-
delo económico capaz de proveer software tal que satisfaga las ga-
rantías básicas de estos principios, se trataría de una circunstancia
histórica y no de una decisión arbitraria en favor de un modelo dado.
Prosigue su carta: “4. El proyecto de ley impone el uso de software
de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conlle-
var desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación
de los derechos de propiedad intelectual de terceros.”
Aludir de forma abstracta “los peligros que pueda conllevar”, sin es-
pecificar siquiera una sola instancia de esos supuestos peligros, de-
nota cuando menos un desconocimiento del tema. Así, pues,
permítame ilustrarlo sobre estos puntos.
En términos generales respecto la seguridad nacional, ya se mencio-
nó inicialmente en los principios básicos del proyecto. En términos
más puntuales respecto de la seguridad del software en sí, es bien
sabido que el software (propietario o libre) contiene errores de pro-
gramación o bugs (en la jerga informática) en sus líneas de código.
Pero también es público y notorio que los bugs en el software libre
son menos, y se reparan mucho más rápidamente, que en el soft-
ware propietario. No en vano numerosas organismos públicos res-
ponsables por la seguridad informática de los sistemas estatales en
países desarrollados prescriben el uso de software libre a iguales
condiciones de seguridad y eficiencia.
Lo que resulta imposible probar es que el software propietario sea
más seguro que el libre, salvo mediante el escrutinio público y abier-
to de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demos-
tración es imposible porque el propio modelo del software
propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad
se basa en la palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial)
del propio productor o sus contratistas.
Corresponde recordar que, en numerosos casos, las condiciones de
licenciamiento incluyen cláusulas de non-disclosure, que impiden a
los usuarios revelar abiertamente las fallas de seguridad halladas en
el producto propietario licenciado.
Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el End
User License Agreement de los productos que licencia, en la amplísi-
ma mayoría de los casos, las garantías están limitadas a la reposi-
ción del medio de almacenamiento si éste fuera defectuoso, pero en
ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirec-
tos, lucro cesante, etc. Si como consecuencia de un bug de seguridad
en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por Uds.,
un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado: ¿qué
garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empre-
sa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento? Las garantías
del software propietario, en tanto los programas se entregan “AS IS”,
es decir, en el estado en que se encuentran, sin ninguna responsabi-
lidad adicional para el proveedor respecto a su funcionalidad, no di-
fieren en modo alguno de las habituales en el software libre.
Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en
este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes espe-
cíficas. El modelo de software libre no implica en modo alguno des-
conocer estas leyes y de hecho, la amplísima mayoría del software
libre está amparado por el copyright. En realidad, la sola inclusión
de esta cuestión en sus observaciones demuestra su confusión res-
pecto del marco legal en que se desenvuelve el software libre. La in-
corporación de propiedad intelectual ajena en obras que luego se
atribuyen como propias no es una práctica de la que se tenga regis-
tro en la comunidad del software libre; sí que lo es, lamentablemen-
te, en el terreno del software propietario. Valga a titulo de ejemplo la
condena de la Corte Comercial de Nanterre, Francia, del pasado 27
de septiembre del 2001 a Microsoft Corp., por 3 millones de francos
en concepto de daños e intereses, por violación de la propiedad in-
telectual (piratería, según el desafortunado término que su empresa
suele usar en su publicidad).
Prosigue diciendo que: “5. El proyecto maneja de manera errónea
los conceptos de software de código abierto, que no necesariamente
implica que sea software libre o de coste cero, llegando a realizar
conclusiones equívocas sobre ahorros para el Estado, sin ningún sus-
tento coste-beneficio que valide la posición.”
Esta observación no es así, en principio la gratuidad y la libertad son
conceptos ortogonales: hay software propietario y oneroso (por
ejemplo, MS Office), software propietario y gratuito (MS Internet Ex-
plorer), software libre y oneroso (distribuciones RedHat, SuSE, etc. del
sistema GNU/Linux), software libre y gratuito (Apache, OpenOffice,
Mozilla), y aun software que se licencia bajo diferentes modalidades
Ciertamente que el software libre no es necesariamente gratuito. Y
tampoco se desprende del texto del proyecto que deba serlo como
bien habrá notado después de leer la norma propuesta. Las defini-
ciones incluidas en el proyecto determinan claramente qué debe con-
siderarse software libre, en ningún momento se refieren a la
gratuidad. Si bien se mencionan las posibilidades de ahorro en tér-
minos de lo pagado por licencias de software propietario, los funda-
mentos del proyecto hacen clara mención a las garantías
fundamentales que se pretende preservar y al estimulo del desarrollo
tecnológico local. Puesto que un Estado democrático debe sostener
estos principios, no le queda otra solución que emplear software,
cuyo código fuente está públicamente disponible e intercambiar in-
formación sólo en formatos estándares.
Si el Estado no empleara software con esas características, estaría
vulnerando principios republicanos básicos. Por fortuna, además, el
software libre implica menores costes totales; pero aun en la hipóte-
sis (fácilmente negada) de que costara más que el propietario, la
sola existencia de una herramienta de software libre eficaz para una
determinada función informática obligaría al Estado a usarla; no por
imperio de este proyecto de ley, sino por los principios elementales
que enumeramos al comienzo y que surgen de la esencia misma del
Sigue Ud.: “6. Es equivocado pensar que el software de código
abierto es gratuito. Investigaciones realizadas por Gartner Group
(importante investigadora del mercado tecnológico reconocida a ni-
vel mundial) han señalado que el coste de adquisición del software
(sistema operativo y aplicaciones) se reduce a sólo el 8% del total de
costes que las empresas e instituciones deben asumir como conse-
cuencia del uso racional y realmente provechoso de la tecnología. El
otro 92% lo constituyen: costes de implantación, capacitación, sopor-
te, mantenimiento, administración e inoperatividad.”
Este argumento repite lo ya señalado en el párrafo 5 y en parte se
contradice con el párrafo 3. Por lo tanto nos remitiremos a lo allí di-
cho en homenaje a la brevedad. No obstante, permítame señalarle
que incurre en una conclusión falsa en el plano lógico: que el coste
de software según Gartner Group sea sólo el 8% en promedio del
coste total de utilización, no invalida en forma alguna la existencia
de software gratuito, esto es, aquél cuyo costo de licenciamiento es
Además, en este párrafo Ud. indica acertadamente que los compo-
nentes de servicio y las pérdidas por indisponibilidad conforman la
parte sustancial del costo total de utilización de software; lo que, ad-
vertirá, entra en contradicción con su afirmación del valor mínimo de
los servicios sugerido en el párrafo 3. Ahora bien, el empleo de soft-
ware libre contribuye significativamente a disminuir los restantes cos-
tes del ciclo de vida. Esta reducción del impacto económico de
despliegue, soporte, etc. se registra en varios campos; por un lado,
el modelo competitivo de servicios del software libre, cuyo soporte y
mantenimiento es posible contratar libremente entre una oferta va-
riada que compite en función de la calidad y el menor coste. Esto es
válido para la implantación, la capacitación y el soporte, y en buena
medida para el mantenimiento. En segundo lugar, por la caracterís-
tica reproductiva del modelo, hace que el mantenimiento que se rea-
lizó en una aplicación sea replicable muy fácilmente, sin incurrir en
mayores costes (es decir, sin pagar más de una vez por lo mismo)
pues las modificaciones, si así se desea, quedan incorporadas al pa-
trimonio común del conocimiento. En tercero, porque el enorme cos-
te causado por la inoperatividad (pantallas azules de la muerte,
código malicioso como virus, worms y troyanos, excepciones, fallas
generales de protección y otros tantos males conocidos) se reduce
significativamente al emplear software más estable; y es bien sabido
que una de las virtudes más destacables del software libre es su es-
Afirma luego que: “7. Uno de los argumentos que sustentan el pro-
yecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto,
comparado con los costes del software comercial, sin tener en cuenta
que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden
ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en
otros países.”
He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el costo del
software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad
y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en
párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos.
Por otra parte, ciertamente existen modalidades de licenciamiento
por volumen (aunque infortunadamente, el software propietario no
satisface los principios básicos). Pero, como Ud. acaba de señalarlo
acertadamente en el párrafo inmediatamente anterior de su carta,
sólo apuntan a reducir el impacto de un componente que importa no
más del 8% del coste total.
Prosigue: “8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyec-
to (i) es claramente más costosa por los altos costes que supone una
migración y (ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de in-
teroperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y
entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que
existen de software de código abierto en el mercado.”
Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento, el de
que la migración supone altos costes es en realidad un argumento
en favor del proyecto. Porque cuanto más tiempo transcurra la mi-
gración a otra tecnología ésta se tornará más onerosa; y al mismo
tiempo se irán incrementando los riesgos de seguridad asociados
con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y for-
matos propietarios va haciendo que el Estado se vuelva cada vez
más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario,
una vez implantada la política de uso de software libre (implantación
que, es cierto, implica un coste), la migración de un sistema a otro se
hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en for-
matos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software
abierto no implica más costes que la misma entre entornos distintos
de software propietario, con lo que su argumento se invalida total-
El segundo argumento refiere a “dificultades de interoperabilidad de
las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el
sector privado”. Esta afirmación implica un cierto desconocimiento
de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se
maximiza la dependencia del usuario respecto de una plataforma
determinada, como sucede habitualmente en el campo del software
propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software
libre, y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una
misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el
empleo de formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la po-
sibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibili-
dad del código fuente.
Dice luego que: “9. El software de código abierto en su mayoría no
ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes
reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usua-
rios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan re-
trocedido en su decisión de ir por una solución de software de código
abierto y se encuentren utilizando software comercial en su lugar.”
Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su argumen-
to ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servi-
cios de soporte, es posible usar software libre sin ellos (así como
sucede también con el software propietario) pero quienes los requie-
ran pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas loca-
les cuanto de corporaciones internacionales, también como en el
caso de software propietario.
Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos in-
formase acerca de proyectos de software libre implantados en enti-
dades públicas, que a la fecha hayan sido abandonados en favor del
software propietario. Conocemos un buen número de casos en el
sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en
el sentido que Ud. expone.
Continúa observando que: “10. El proyecto desincentiva la creati-
vidad de la industria peruana de software, que factura US$ 40 mi-
llones/año, exporta US$ 4 millones (10.º. en el ranking de
productos de exportación no tradicional, más que artesanías) y es
una fuente de empleo altamente calificado. Con una ley que incen-
tive el uso de software de código abierto, los programadores de
software pierden sus derechos de propiedad intelectual y su princi-
pal fuente de retribución.”
Está claro por demás que nadie está obligado a comercializar su có-
digo como software libre. Tan sólo deberá tener en cuenta que, si no
lo hace, no podrá venderle al sector público. Éste, por otra parte, no
constituye el principal mercado para la industria nacional de soft-
ware. Líneas arriba hemos abordado algunas cuestiones referidas a
la influencia del proyecto en la generación de empleo técnico alta-
mente calificado y en mejores condiciones de competitividad, por lo
que parece innecesario insistir aquí en el punto.
Lo que sigue en su afirmación es erróneo. Por un lado, ningún autor
de software libre pierde sus derechos de propiedad intelectual, a me-
nos que por su expresa voluntad desee colocar su obra en el dominio
público. El movimiento del software libre siempre ha sido extremada-
mente respetuoso de la propiedad intelectual, y ha generado reco-
nocimiento público extenso a los autores. Nombres como el de
Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum, Larry Wall, Mi-
guel de Icaza, Andrew Tridgell, Theo de Raadt, Andrea Arcangeli,
Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond, y muchos otros,
son mundialmente reconocidos por sus contribuciones al desarrollo
de software que hoy es utilizado por millones de personas en todo el
mundo, en tanto los nombres de los autores materiales de excelentes
piezas de software propietario permanecen en el anonimato. Por
otra parte, afirmar que las regalías por derechos de autor constituyen
la principal fuente de retribución de los programadores peruanos es
en todo caso aventurado, en particular porque no se ha aportado
ninguna prueba al efecto ni una demostración de cómo el empleo de
software libre por el Estado influiría en estas retribuciones.
Prosigue Ud. diciendo que: “11. El software de código abierto, al
poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar in-
gresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De
esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de soft-
ware a otros países y por lo tanto el crecimiento de esta industria,
cuando contrariamente las normas de un gobierno deben estimular
la industria local.”
Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de
los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que
el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a título one-
roso (venta de licencias) es el único posible para la industria informá-
tica cuando, como Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni
siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta
al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en
conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los téc-
nicos nacionales el trabajar a gran escala con software libre en el Es-
tado, los colocan en una posición altamente competitiva para
brindar sus servicios al extranjero.
Señala luego que “12. En el Foro se discutió sobre la importancia del
uso de software de código abierto en la educación, sin comentar el
rotundo fracaso de esta iniciativa en un país como México, en donde
precisamente los funcionarios del Estado que fundamentaron el pro-
yecto hoy expresan que el software de código abierto no permitió
brindar una experiencia de aprendizaje a alumnos en la escuela, no
se contó con los niveles de capacitación a nivel nacional para dar so-
porte adecuado a la plataforma, y el software no contó y no cuenta
con los niveles de integración para la plataforma que existen en las
Efectivamente, en México se dio marcha atrás con el proyecto Red Es-
colar. Eso se debió, precisamente a que los impulsores del proyecto
mexicano tuvieron al coste de las licencias como principal argumen-
to, en vez de las otras razones estipuladas en nuestro proyecto y que
son mucho más esenciales. Debido a este error conceptual, y como
consecuencia de la falta de apoyo efectivo por parte de la SEP (Se-
cretaría de Educación Publica) se asumió que para implementar soft-
ware libre en las escuelas, bastaba con quitarle a éstas el
presupuesto para software y en cambio enviarles un CD-ROM con
GNU/Linux. Por cierto, esto falló y no podía ser de otro modo, tal
como fallan los laboratorios escolares en los que se usa software
propietario si no hay presupuesto para implementación y manteni-
miento. Es precisamente por eso, por lo que nuestro proyecto de ley
no se limita a indicar la mandatoriedad del uso de software libre,
sino que reconoce la necesidad y ordena la creación de un plan de
migración viable, en el que el Estado encamine ordenadamente la
transición técnica para lograr disfrutar de las ventajas del software
Finaliza Ud. con una pregunta retórica: “13. Si el software de código
abierto satisface todos lo requerimientos de las entidades del Estado
¿por qué se requiere de una ley para adoptarlo? ¿No debería ser el
mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le
dan más beneficios o valor?”.
Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía es el
mercado el que debe decidir qué productos usar y allí no sería ad-
misible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector públi-
co, el razonamiento no es el mismo: como ya establecimos, el Estado
almacena, manipula y transforma información que no le pertenece,
sino que le ha sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de
la ley, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a
esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para sal-
vaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esas in-
formaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas
sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia conclu-
yente al respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector
La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materializa-
ción de los principios fundamentales antes enunciados en el
campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el
Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que está com-
puesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía
de decisiones. Dado que el software propietario es inapropiado
para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley
impedirá que la decisión discrecional de cualquier funcionario
ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos.
Y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada
en relación con los medios de tratamiento y comunicación de in-
formación empleados hoy en día sobre el principio republicano
Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano
tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado
que no esté amparada en una declaración fundada de secreto
conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es
en sí mismo información. Información en formato especial, sus-
ceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar accio-
nes, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene
legítimo derecho a saber, por ejemplo, cómo se computa su voto
o se calculan sus impuestos. Y para ello, debe poder acceder li-
bremente al código fuente y probar a su satisfacción los progra-
mas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de
6.4.5.Decreto de medidas de impulso de la sociedad
del conocimiento en Andalucía
Articulado relacionado con el software libre del decreto de medidas
de impulso de la sociedad del conocimiento en Andalucía.
•Artículo 11
Artículo 11. Materiales educativos en soporte informático
1.Se dotará a los centros docentes públicos de materiales y programas
educativos en soporte informático, basados preferentemente en soft-
ware libre. En todo caso, recibirán en dicho soporte todo el material
educativo que elabore la Administración de la Junta de Andalucía.
2.Asimismo, se incentivará entre el profesorado la producción de
programas y materiales curriculares en soporte informático o
para su utilización en Internet, especialmente aquellos desarrollos
que se realicen mediante software libre.
•Articulo 31
Articulo 31. Software libre
1.En las adquisiciones de equipamiento informático destinado a los
centros docentes públicos para su uso en actividades educativas,
se exigirá que todo el hardware sea compatible con sistemas ope-
rativos basados en Software Libre. Los ordenadores tendrán
preinstalado todo el Software Libre necesario para el uso especí-
fico al que estén destinados.
2.El equipamiento informático que la Administración de la Junta de
Andalucía ponga a disposición en los centros de acceso público a In-
ternet utilizará para su funcionamiento productos de Software libre.
3.La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la difusión y
utilización orientadas al uso personal, doméstico y educativo del Soft-
ware Libre. A tal fin se establecerá un servicio de asesoramiento a
través de Internet para la instalación y uso de este tipo de productos.
•Artículo 49
Artículo 49. Objeto
1.Se establecerán ayudas para el desarrollo de proyectos innovado-
res que faciliten la integración de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en la formación profesional ocupacional.
2.Estos proyectos irán referidos a alguna de las siguientes modali-
a)Elaboración de materiales y contenidos de formación profesional
ocupacional para su uso y difusión a través de Internet, especial-
mente aquellos desarrollos que se realicen mediante software li-
b)Realización de acciones formativas a través de metodologías in-
novadoras de tipo semipresencial y a distancia.
En los capítulos anteriores se ha mostrado por qué el desafío del soft-
ware libre no es el de un nuevo competidor que bajo las mismas re-
glas genera software de manera más rápida, barata y de mayor
calidad: el software libre se diferencia del software tradicional en as-
pectos más fundamentales, empezando por razones filosóficas y mo-
tivaciones, siguiendo por nuevas pautas económicas y de mercado y
finalizando con una forma de generar software diferente. La ingenie-
ría del software no puede ser ajena a este suceso y desde hace poco
más de un lustro se ha venido profundizando en la investigación de
todos estos aspectos. Este capítulo pretende mostrar los estudios más
significativos y las evidencias que aportan con el objetivo de ofrecer
al lector una visión del estado del arte y de las perspectivas de futuro
en lo que hemos venido a denominar la ingeniería del software libre.
Aunque hace ya varias décadas que se desarrolla software libre,
sólo desde hace unos pocos años se ha empezado a prestar aten-
ción a sus modelos y procesos de desarrollo desde el punto de vista
de la ingeniería del software. Igual que no hay un único modelo de
desarrollo de software propietario, tampoco lo hay en el mundo del
software libre, pero aun así pueden encontrarse interesantes carac-
terísticas que comparten gran parte de los proyectos estudiados, y
que podrían estar enraizadas en las propiedades de los programas
En 1997, Eric S. Raymond publicó el primer artículo ampliamente
difundido, “La catedral y el bazar”, donde se trataba de describir
algunas características de los modelos de desarrollo de software li-
bre, haciendo especial énfasis en lo que diferencia estos modelos
de los de desarrollo propietario. Este artículo se ha convertido des-
de entonces en uno de los más conocidos (y criticados) del mundo
More From This User3.1. Conceptos Fundamentales3.1. Conceptos Fundamentales1.3 Lectura Para Examen Rápido MRP1.3 Lectura Para Examen Rápido MRP1.2. Ejemplo Complementario Para Finalizar1.2. Ejemplo Complementario Para Finalizar1.1. Antecedentes y Conceptos 1.1. Antecedentes y Conceptos1.1. Antecedentes y Conceptos 1.1. Antecedentes y ConceptosPracticacas Ford Adm operaciones Practicacas Ford Adm operaciones Generalidades de Los Edos Financieros Dr Lavin(1)Generalidades de Los Edos Financieros Dr Lavin(1)Presupuestacion Edos Fin CVU y RazonesPresupuestacion Edos Fin CVU y Razonesprograma analítico 2012programa analítico 2012Programa Dr. LavinPrograma Dr. Lavinr19621r1962152277261-COMITES52277261-COMITESWhitepaper Base Conceptual de La CalidadWhitepaper Base Conceptual de La CalidadDaniel Mannix - Breve Historia de Los GladiadoresDaniel Mannix - Breve Historia de Los GladiadoresAutonomíaYEstado2004AutonomíaYEstado200453 Libro Tunas53 Libro TunasCuando Hast Alas PiedrasCuando Hast Alas PiedrasRegla Men ToRegla Men ToManualSS (1)ManualSS (1)225000 Arch Ivo 00002225000 Arch Ivo 00002zapatitoszapatitosShoesShoesLenguas Indigenas Nacionales en Riesgo de Desaparicion InaliLenguas Indigenas Nacionales en Riesgo de Desaparicion InaliDialnet-LaRelacionEntreLaEstrategiaYLaEstructura-2486931Dialnet-LaRelacionEntreLaEstrategiaYLaEstructura-2486931Manual Trabajo Equipo Sabino AyestaranManual Trabajo Equipo Sabino Ayestaranorgaltoorgalto

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 4

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 2

Artículo 4
 artículo 4

Artículo 6

Artículo 7
 resolución 

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 49