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Timestamp: 2020-03-29 06:36:34+00:00

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﻿ Sentencia SL9997-2014 de julio 16 de 2014
SENTENCIA SL9997-2014 DE 16 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:LAS PRUEBAS DE OFICIO NO SUPLEN LA INICIATIVA PROBATORIA DE LAS PARTES. DENTRO DEL PROCESO LABORAL, AL JUEZ NO LE ESTÁ PERMITIDO DESPLAZAR LAS CARGAS PROCESALES QUE LE COMPETEN A LAS PARTES. LA INICIATIVA JUDICIAL EN MATERIA DE PRUEBAS ESTÁ LIMITADA A AQUELLAS QUE SE CONSIDEREN ÚTILES PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES SEGÚN EL ARTÍCULO 178 DEL C.P.C, O A LAS QUE TIENDAN A EVITAR NULIDADES O PROVIDENCIAS INHIBITORIAS ARTÍCULO 37-4 DEL C.P.C, LAS CUALES, PARA EFECTOS DE LA SEGUNDA INSTANCIA EN LOS PROCESOS DEL TRABAJO, SE CONTRAEN A LAS QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA RESOLVER LA APELACIÓN O LA CONSULTA DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 C.P.T. Y S.S.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO LABORAL, CLASES DE PROCESO LABORAL, ANALOGÍA DEL PROCESO LABORAL, EXCEPCIONES EN EL PROCESO LABORAL, PROCESO ORDINARIO LABORAL, PRUEBA DE OFICIO, NULIDAD DEL PROCESO LABORAL, PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL
Sentencia SL9997-2014 de julio 16 de 2014
SL9997-2014
Radicación 40414
Como lo ha dicho reiteradamente la Corte, el alcance de la impugnación, fuera de ser un requisito formal de la demanda de casación, exigido por el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, constituye el petitum de la misma, por lo que su omisión, o su defectuoso planteamiento, pueden conducir hasta la inadmisión del recurso, pues él es indispensable para conocer el propósito del recurrente, sin que pueda suplírsele por el de la demanda inicial o por lo que haya podido solicitarse en el recurso de apelación. Esa la razón para que al recurrente competa precisar lo qué debe hacerse con la sentencia del Tribunal, si anularla total o parcialmente, y en este segundo caso sobre qué aspectos, debiendo quedar claro cuáles no han de ser tocados por el fallo de la Corte; igualmente, debe precisar el recurrente la decisión que tendría que adoptarse respecto de la del Juzgado en el evento de que se anulara el fallo de segunda instancia, es decir, si revocarlo total o parcialmente, y para el caso de la revocación parcial, qué aspectos deben ser los afectados y en qué sentido, y cuáles no.
Se dice lo anterior por cuanto el alcance de la impugnación del presente recurso, conforme ya se dejó anotado, se traduce en un verdadero galimatías, cuando quiera que, persiguiendo la recurrente que se case la sentencia del Tribunal, a renglón seguido pretende que, «en condición o sede subsiguiente de instancia, en lugar del fallo casado, se sirva revocar integralmente el fallo de segundo instancia en cuanto resolvió revocar los numerales segundo y cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., y confirmar en lo demás, negándole con este absurdo, pero respetable fallo a la demandante el derecho a recibir por su trabajo lo que legalmente le corresponde; para que luego a continuación, constituida la Honorable Corte en sede de instancia case en su integridad el fallo recurrido con la respectiva imposición de condena en costas».
Lo dicho, porque casado el fallo de Tribunal, que es lo que se pide en un primer momento por la recurrente, éste pierde toda validez y eficacia en el mundo jurídico. Luego, no es dable que respecto de él se pida que en sede de instancia se revoque, por no poderse revocar algo que ya ha sido anulado. Adicionalmente, por cuanto la Corte no tiene por función revocar los fallos de segunda instancia, habida cuenta de que para ello se impondría entender la existencia de una tercera instancia que, como es sabido, no se corresponde con la sede de casación, que es en la que habitualmente la Corte se desempeña.
Pero lo embrollado del petitum del recurso radica, principalmente, en que la recurrente persigue que la Corte, a continuación, ‘case en su integridad el fallo recurrido’, de donde cabría entender que eso es lo que debería hacerse con el del juzgado, olvidando, injustificadamente, que el fallo de primer grado no puede ser objeto de casación sino en tanto y en cuanto se esté frente a la situación prevista por el artículo 89 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no es la aquí ocurrida, dado que, en su momento, dicho proveído fue materia de apelación por ambas partes, no siendo susceptible, entonces, de que a ese respecto se pudiera proponer el recurso de casación per saltum.
Todo lo anterior se podría interpretar por la Corte, a despecho de la técnica debida al recurso que lo que hace es preservar el debido proceso, en el entendido de que la recurrente lo que pretende es la casación de la sentencia del Tribunal, y consecuentemente, la revocatoria de la del juzgado, con miras a obtener, en su lugar, el otorgamiento de las pretensiones de su demanda inicial.
Pero ello no es posible, aún, haciéndose ese ingente esfuerzo, por la potísima razón de que tanto la sentencia del Tribunal, como la del juzgado, hallaron razón parcial al petitum inicial del pleito. En el caso del juzgado, amén de declarar la existencia de la relación laboral predicada en la demanda, que ninguna trascendencia tendría por no haber sido materia de debate por la demandada, porque impuso una serie de condenas a ésta que, obviamente, favorecieron el interés de la demandante. Y en el del Tribunal, por cuanto, si bien revocó algunas de las dichas condenas, impuso por su cuenta otras a aquélla.
De suerte que, frente al panorama en que presenta la recurrente el petitum del recurso extraordinario, a la Corte no le está dado que, so capa de su interpretación, altere el marco esencial que le trazó su proponente, como para llegar a concluir que en éste se persiguió la casación parcial de la sentencia del Tribunal, en cuanto revocó determinadas condenas y confirmó la absolución dispuesta por el juzgado respecto de otras, para que, en sede de instancia, se revoque parcialmente el fallo de primera instancia, en cuanto a las absoluciones que impartió el juzgado para imponer las condenas en los términos que planteó en el escrito inaugural del proceso, limitadas al pago de un preciso número de horas extras, la reliquidación final de salarios y prestaciones sociales por la exclusión del auxilio de transporte y la indemnización moratoria por su no pago a la terminación del contrato, que fue a las materias a las cuales extendió el recurso en la alzada, según el memorial visto a folios 133 a 135 del expediente y lo establecido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
No siéndole posible a la Corte semejante cambio del alcance de la impugnación extraordinaria, y no habiéndose referido la recurrente a éste en términos similares o siquiera deducibles lógicamente para poderse llegar a tan lejanos linderos, lo que se impone decir es que éste no es apto a los efectos del artículo 90, numeral 4º, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo cual sería suficiente para rechazar los cuatro primeros cargos que aquí se estudian.
Pero, en aras del carácter didáctico que se debe a las sentencias de la Corte, importa decir que el contenido de los cargos igualmente adolece de defectos protuberantes que por sí solos los harían inviables.
En efecto, observándose por la Sala que los cuatro cargos de que aquí se trata se orientan a atribuir al juez de la alzada la violación de la ley por haber incurrido en manifiestos y evidentes errores de hecho al apreciar defectuosamente particulares medios de prueba, era de cargo de la recurrente no solamente indicar los medios de prueba que sirvieron de fuente a los mentados yerros, sino también, el de precisar los defectos valorativos del juzgador al apreciarlos, mostrando lo que resulta objetivamente de cada uno de ellos como evidente y manifiestamente contrario a lo consignado a ese respecto por el juzgador.
La recurrente, si bien enlista unos medios de prueba como defectuosamente apreciados, no asume la carga de precisar lo que cada uno de ellos acredita protuberantemente distinto a lo advertido por el Tribunal, sino que se dedica a referir las inferencias que en su parecer se podría desprender de ellos, como por ejemplo, en el primer cargo, que de la sola operación aritmética del horario o jornada laboral es dable concluir el número efectivo de horas extras laboradas y no pagadas, cuestión que se desprende, en su parecer, de la demanda inicial, o de la reclamación al empleador, o de la certificación de la jornada de trabajo, o de las constancias de pago del salario ordinario, dejando de lado el argumento medular del fallo atacado a ese propósito: que no aparecen medios de prueba que den cuenta del horario en que se cumplieron, los días específicos en que se ejecutaron, así como de la subordinación ejercida por la empleadora en ese tiempo suplementario.
Igual predicamento se puede hacer en lo tocante con la liquidación final de salarios y prestaciones sociales (fls. 152 y 155) a la cual se refiere en el segundo y tercer cargos, pues respecto de ella la recurrente no desconoce los valores allí referidos, o que no hubieran sido en verdad cubiertos, sino que aduce que ellos se deben tener por no pagados por no expresar con una particular claridad que demanda que cubrían específicos conceptos, como por ejemplo, que al no decirse que la indemnización lo era por despedirla sin justa causa, pues existen en el derecho del trabajo otras indemnizaciones como la moratoria, la derivada de la no consignación de la cesantía en el fondo que indique el trabajador, se debe tener como no pagada la indemnización por despido sin justa causa. O que al referir ‘intereses de mora’ el Tribunal no debió darle valor a ese pago, porque no se sabía a qué mora ello se acomodaba, menos que se pudieran imputar a intereses de la cesantía junto con el de la sanción derivada de su no consignación, así el Tribunal hubiera dado por acreditado que esos eran los únicos valores que faltaban y esa era una cantidad que excedía al monto real de la mora.
En lo relativo al pago de la cesantía de los años 2003 y 2004, a lo cual dirige sus alegaciones en el tercer cargo, no desconoce la recurrente que en la liquidación final de salarios y prestaciones sociales aparece que su valor y el de sus intereses fue consignado al Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 11 de marzo de 2004, que fue lo que de dicho documento concluyó el juzgador, sino que se dedica a plantear la invalidez o ineficacia del pago por haber autorizado ella a un tercero el 2 de agosto de ese mismo año para que procediera a su retiro (fls. 159 y 160).
Y en lo que corresponde a la indemnización moratoria, que es en lo que centra el debate en el cuarto cargo, aparte de no desvirtuar las observaciones del juez de la alzada sobre la consignación de la cesantía de los años 2003 y 2004 que ya se ha mencionado, cuestiona es que el Tribunal “incurrió en error por la no aplicación de la norma, a pesar de existir la prueba que demostraba el derecho solicitado”, con lo cual lo que en verdad atribuye al fallo es una infracción directa de la norma y no una violación de la misma por haberla aplicado indebidamente al apreciar con error ciertos medios de prueba.
Y si lo anterior fuera poco, resulta que a lo largo de los distintos ataques la recurrente endilga al fallo un variado número de errores de hecho que en verdad no lo son, pues establecer los efectos de la no contestación oportuna de la demanda, o de la ausencia a la audiencia de conciliación del proceso, o la validez de los medios de prueba incorporados oficiosamente por el juez de la alzada, o la eficacia de la consignación de la cesantía por haber sabido de tal hecho superado cierto tiempo, que son los aspectos complementarios a los ya dichos sobre los que edifica los cargos, requiere de razonamientos jurídicos en un todo extraños a la vía de los hechos, que fue por la que se enderezaron los primeros cuatro cargos de la demanda de casación según se ha observado.
Por manera que fuera de que la demanda de casación contiene el insuperable defecto de la precariedad técnica del alcance de la impugnación, como que no precisa los yerros de valoración probatoria que imputa sobre determinados medios de prueba del proceso, erige su planteamiento en buena parte en cuestionamientos que no son dables de resolver sino por la vía de los yerros jurídicos, que no fue por la cual se orientaron los cuatro cargos primeros de la misma.
Con todo, es del caso resaltar que del confuso basamento de la impugnación se extraen los dos cuestionamientos al fallo atacado que le resultan esenciales: que el Tribunal no concluyó un determinado número de horas extras que podía ser deducido de una simple operación aritmética atendiendo la certificación de jornada laboral y que el juzgador dio valor a unos medios de prueba que fueron agregados a los autos contrariando la preceptiva que a ese propósito contiene en al artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, pues no obstante que la demandada ni contestó la demanda ni apeló el fallo del juzgado oportunamente, el Tribunal dispuso oficiosamente incorporar al acervo probatorio los documentos que acompañó la demandada a su contestación extemporánea.
Pues bien, frente a la primera situación lo que cabe decir es que la jurisprudencia de la Corte ha sostenido reiteradamente que la prueba del tiempo suplementario debe ser fehaciente, de forma tal que permita generar certeza de los horarios y días en que se ejecutó, obviamente como lo señaló el Tribunal al servicio del empleador, no siendo dable obtenerla de meras especulaciones surgidas de expresiones genéricas o imprecisas en cuanto a tiempo, modo y lugar, o simplemente a cálculos o suposiciones efectuados sobre un horario ordinario, frecuente o regular de trabajo.
Para recordar tal aserto basta traer a colación lo expresado por la Corporación en sentencia de 9 de agosto de 2006, radicación 27064 ante planteamiento similar al antedicho:
“El juez de alzada prohijó la decisión del a quo de condenar al demandado a reconocer y pagar la suma de $ 132.964.03 por horas extras y dominicales, decisión que el juzgado adoptó con fundamento en “la agenda de trabajo que obra a folio 387, la cual está debidamente suscrita y aprobada por el gerente y revisada por recursos humanos, las restantes agendas, como es el caso de las que obran a folios 390 a 401, no reúnen los mismos requisitos a las que la reúnen no reportan trabajo suplementario o en días de descansos obligatorios, estableciéndose entonces que se laboraron 3 horas extras diurnas, 1 hora extra nocturna ordinaria y e(sic) dominical, hechas las operaciones matemáticas arrojan un valor de (...)”.
“Analizado cuidadosamente el documento mencionado, encuentra la Corte, como efectivamente lo aduce el recurrente, que a más de que se torna ilegible en gran parte su contenido, no fluye con absoluta certeza que el actor haya laborado las horas extras y dominicales, objeto de la condena, y mucho menos en la cantidad determinada por el fallador. Es importante recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas, como sucedió en el sub examine”.
Y frente a la segunda situación propuesta en los primeros cuatro cargos de la demanda es suficiente memorar que los aspectos atinentes a la aducción, decreto, validez y asunción de los medios de prueba del proceso, conducentes a su eficacia jurídica que no a su fuerza probatoria, deben ser planteados por la vía directa de violación de la ley y no por la de los errores de hecho del juzgador, por comprometer el estudio de los marcos normativos que los regulan contenidos en los códigos procedimentales respectivos y no las apreciaciones o percepciones fácticas que sobre los mismo hubiere tenido el Tribunal.
Para apoyar tal discernimiento conviene copiar lo consignado en sentencia de la Corte de 3 de septiembre de 2003, radicación 20.348:
“Insistentemente se ha precisado que cuando lo que se cuestiona es la validez de la prueba por la forma en que fue producida e incorporada al proceso, lo que se debe reclamar es que la Corte examine, como juez de casación, si en la sentencia acusada el Tribunal se atuvo a las normas procesales que gobiernan esa actividad; es decir, que debe denunciarse la violación de dichas normas como medio a través del cual se infringió la ley sustancial, todo lo cual ha de hacerse por la vía de puro derecho y no por la vía escogida por el censor, pues se trata de una situación ajena a la cuestión fáctica”.
No sobra recordar, por último, que la falta de contestación de la demanda inicial, contrario a lo entendido por la recurrente, lo que apenas traduce en el ámbito procesal laboral es un indicio grave en contra del demandado (CPT y SS, art. 31 - Par. 2º), no susceptible de analizar en el recurso extraordinario (L. 16/69, art. 7º), y que la ausencia injustificada de éste a la audiencia de conciliación le acarrea el que se presuman ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión, o que de no serlos se tenga tal comportamiento como indicio grave en su contra (CPT y SS, art. 77-2 y -3), caso primero para el cual la jurisprudencia ha considerado debe haber determinación manifiesta por parte del juez respecto de los hechos sobre los que recae la dicha ‘confesión ficta’, cuestión que no aparece que se hubiere cumplido en la audiencia de 8 de noviembre de 2005 (fls. 88 a 89, exp.).
Sobre los alcances de las llamadas confesiones ‘fictas’ la jurisprudencia, en sentencia de 22 de julio de 2009, radicación 33.604, consideró lo siguiente:
“3. La declaratoria de confeso del representante legal de la demandada, efectuada por el juzgado de conocimiento, respecto de los hechos de la demanda susceptibles de confesión (fl. 123), no puede, en el caso examinado, acreditar ninguno de los errores de hecho, por razón de que el juez de conocimiento se limitó a expresar genéricamente que se tenían por confesados, sin determinar cuáles de ellos, lo que es considerado por la jurisprudencia como un procedimiento judicial que no es válido para producir la denominada confesión ficta.
“Así lo expresó esta Sala de la Corte en la sentencia de 21 de febrero de 2006, radicación 26257, a la que pertenecen los siguientes párrafos:
“En verdad la confesión ficta que afirma el recurrente no fue apreciada por el Tribunal, pero aún si se hubiera estimado, en manera alguno podría tener valor probatorio, dado que no basta con la simple constancia dejada por el Juzgado de la incomparecencia del absolvente como aquella que corre a folio 147 y que aparece transcrita en el resumen de la demostración del cargo, porque para su validez se requiere de la declaración del juez instructor donde se exprese adecuadamente sobre cuáles hechos recaerá dicha confesión, actividad que en el lite no se cumplió porque la citada constancia se limitó a reseñar la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora en la audiencia cuando impetró que “…al dictar sentencia se tengan como ciertos los hechos de la demanda demostrables a través de la confesión…”, omitiéndose infortunadamente el pertinente pronunciamiento del juzgado, lo cual no mereció en su momento reparo de las partes y, en consecuencia, no era factible que el ad quem frente a los puntos en discusión extrajera o le diera los efectos que ahora busca la censura que se le impriman como confesión ficta o presunta que no fue debidamente estructurada como lo exige la ley procesal”.
“Por ende, el ad quem no estaba obligado a apreciarla, puesto que no se reunieron los requisitos legales para que se configurara debidamente como prueba”.
No es más lo que requiere decirse para desestimar los cargos.
En este último ataque la recurrente acusa la sentencia del Tribunal de haber agravado su situación como apelante único, pues, no obstante que la demandada no contestó oportunamente la demanda, y no apeló el fallo condenatorio de primera instancia, reformó la parte resolutiva de la sentencia del juzgado agravando su situación al disponer que ya no percibiría por los variados conceptos que allí se incluyeron $ 10’626.310, sino apenas la suma de $ 391.678.
Compara la recurrente los ítems de la parte resolutiva de los dos fallos y alega que la prohibición de la reformatio in pejus fue desatendida por el Tribunal incurriendo en un error in iudicando que debe ser corregido por la Corte.
La opositora arguye que lo que hizo el Tribunal al reformar la parte resolutiva de la sentencia del juzgado fue hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal.
Sabido es que la segunda causal de la casación en los procesos del trabajo y la seguridad social atañe a la prohibición de la llamada ‘reformatio in peius’ cuando quiera que el apelante sea único, en el entendido de que la sentencia del Tribunal no debe contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuya favor se surtió la consulta. La preceptiva que gobierna la dicha causal está contenida en el numeral 2º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que encuentra hoy respaldo en el canon constitucional número 31, el cual propugna por la regla procesal dispositiva de la segunda instancia, la personalidad del recurso y la congruencia de la sentencia con las materias de la alzada.
Para dicha propósito, lo ha pregonado la jurisprudencia (verbigracia, radicados 33.795 de 22 de febrero de 2011 y 39.987 de 17 de mayo de 2011, para citar unos pocos ejemplos), basta confrontar la parte resolutiva de la sentencia impugnada con la de la sentencia del Tribunal, pues en lo que se refiere a la parte considerativa de esta última, por razón de la autonomía judicial (C.P., art. 230), el juez de segundo grado no está atado a los razonamientos jurídicos y fácticos que hubiere plasmado su inferior, pudiendo arribar a la misma conclusión del primero con fundamento en consideraciones aún distintas a las que aquél para tal efecto adoptó (rad. 13.813, ago. 30/2000).
Obviamente, por la finalidad perseguida a través de la apelación o de esta clase de consulta, de producirse una ‘reformatio in meius’ de la sentencia atacada, el juez de segundo grado debe estudiar las materias que hubieren sido objeto de la apelación (CPT y de la SS, art. 66A) y, si es del caso, mejorarlas o introducir las nuevas que se le hubieren propuesto por el apelante único, o revisar con amplitud todas las cuestiones del proceso que podrían mejorar la situación de quien en su favor se surte la consulta, pero, de ninguna manera, salvo las excepcionales y específicas particularidades previstas por el artículo 305, segundo inciso, del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o de la que para el recurso de apelación prevé explícitamente el artículo 357 del mismo estatuto procedimental civil, referida a la íntima relación de algunos puntos no apelados con los que sí lo son (rad. 13.813, ago. 30/2000) —por lo que dado en decirse que el señalado principio no es absoluto—, consignar estipulaciones que desmejoren, graven o perjudiquen la posición en la que había arribado a la alzada el apelante único o quien en su favor se surte la consulta.
La dicha extralimitación de la función jurisdiccional que comporta la reforma en perjuicio de la sentencia de primer grado, por requerir exclusivamente el cotejo entre lo así resuelto con lo decidido por el Tribunal, no exige mayor formalidad en el recurso extraordinario que la demostración de la diferencia negativa para el recurrente extraordinario entre los dos fallos, pero por la autonomía que se debe a los cargos de la demanda de casación (D. 528/64, art. 63 y D. 2591/91, art. 51 vuelto norma permanente por la L. 446/98, art. 162), ha de plantarse separadamente a los que pretenden demostrar violaciones de la ley sustancial por parte del Tribunal en el fallo atacado (rad. 15.885, jul. 4/2001).
La revisión de la dicha causal entraña, entonces, verificar la condición de apelante único, o de parte en favor de quien se surte la consulta; de que no es excluya la aludida prohibición legal por fuerza de estar conociendo el Tribunal la alzada, simultáneamente, en virtud de las dos figuras (rad. 35.065, nov. 4/2009); y por supuesto, de que éste haya adoptado decisiones que alteran regresivamente la situación jurídica del apelante único o de quien en su favor se surtió la consulta.
Y la finalidad de la causal no puede ser otra que la de eliminar los excesos negativos de la función jurisdiccional que por el Tribunal se hubieren producido respecto de la sentencia de primer grado, de suerte que su prosperidad no habilita la oportunidad de volver a revisar la apelación o la consulta del fallo del juzgado, sino, simplemente, se reitera, la de corregir la extralimitación de la jurisdicción ante el recurso interpuesto, de tal forma que, la situación jurídica procesal del apelante único o de quien en su favor se surtió la consulta permanezca, por lo menos, intocada en la alzada.
En el sub lite, se recuerda, el juzgado declaró probado el contrato de trabajo alegado en la demanda y su terminación sin justa causa por parte de la demandada, a quien condenó a pagar a la demandante: $ 1’048.373, por concepto de auxilio de la cesantía, $ 117.502, por sus intereses, $ 117.502, por el no pago oportuno y $ 8’102.833 por su no consignación a un Fondo especializado; y $ 1’240.100, por concepto de indemnización por despido sin justa causa. Igualmente, que declaró probada la excepción de pago parcial por la suma de $ 1’850.222, y absolvió a la demandada de las demás pretensiones del actor, imponiéndole a ésta, además, el pago de las costas. Por su lado, el Tribunal, que conoció de la alzada por apelación de la hoy recurrente, pues el de la demandada fue declarado desierto por auto de 24 de agosto de 2007 (fl. 137), revocó las condenas decretadas por el juzgado y, en su lugar, condenó a la demandada a pagarle a la demandante $ 391.678, por concepto de indemnización por despido injusto, la confirmó en lo restante y no señaló costas por el recurso.
Salta de bulto, según lo dicho, que el fallo atacado desmejoró la situación jurídica procesal de quien ante la sentencia del juzgado fungió como apelante única. La explicación para ello, lo asentó el Tribunal según se dejó anotado en los antecedentes del caso, la hizo radicar en que los documentos de folios 152 a 166, que oficiosamente dispuso incorporar a los autos en providencia anterior al fallo, y los cuales la demandada aportó con el escrito de alegaciones ante la segunda instancia (fls. 152 a 166), acreditaban los salarios, subsidio de transporte, cesantías, prima, vacaciones, intereses de mora e indemnización e intereses de la cesantía debidos, por lo que “mal haría este despacho en confirmar la condena del a quo sobre estos conceptos, pues se estaría apoyando un enriquecimiento sin causa a favor del demandante”.
Así las cosas, olvidó el Tribunal que las pruebas de oficio no suplen la iniciativa probatoria de las partes, por ende, que al juez no le está permitido desplazar las cargas procesales que a éstas compete. Por ese camino, que la iniciativa judicial en materia de pruebas está limitada a aquellas que se consideren “útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” (CPC, art. 178), o a las que tiendan a “evitar nulidades o providencias inhibitorias” (art. 37-4, ibíd.), las cuales, para efectos de la segunda instancia en los procesos del trabajo, se contraen a las que se consideran “necesarias para resolver la apelación o la consulta” (CPT y SS, art. 83), no apareciendo fundamento alguno que permita predicar utilidad o necesidad de la prueba, cuando quiera que ni se contestó la demanda inicial, ni se sustentó la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia por quien aportó unos medios de prueba fuera del término y en contra del procedimiento establecido para tal propósito, desconociendo de paso que los fallos judiciales deben siempre fundarse “en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso” (art. 174, ibíd.).
Con el mentado pretexto, incurrió el Tribunal en el desafuero que le atribuye la recurrente, pues, en verdad, dejando de lado la prohibición legal de reformar en perjuicio la sentencia únicamente recurrida por ésta para que se le reconociera más de lo concedido por el juez de primer grado, la revocó en lo que la de aquél le había favorecido, en suma total según la demandante de $ 10’234.642, para, sin nadie haberlo legítimamente pedido, disminuirla a la de $ 391.678.
Así las cosas, sin que se requieran mayores consideraciones a las consignadas, se casará el fallo para eliminar la extralimitación producida por la violación de la prohibición de la reformatio in peius, dejando, en consecuencia, en sede de instancia, incólume el del juzgado, habida cuenta de no haber prosperado las acusaciones de violación de la ley que infructuosamente se acompañaron en los cuatros primeros cargos.
Sin costas del recurso, por la prosperidad del último cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 25 de febrero de 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso promovido por MARÍA BETULIA FAJARDO DE BAUTISTA contra la ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ LIMITADA, en cuanto decidió revocar los numerales segundo y cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de esta ciudad el 6 de agosto de 2007 para, en su lugar, condenar a la demandada al pago de $ 391.678 a favor de la demandante, por concepto de indemnización por despido sin justa causa. NO LA CASA EN LO DEMÁS. En sede instancia, CONFIRMA, en su totalidad, la sentencia dictada por el juez de primer grado, la cual se transcribe a continuación para mayor claridad:
“PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante MARÍA BETULIA FAJARDO DE BAUTISTA, identificada con la c.c. 51.623.170 de Bogotá y la sociedad ESPUMAS SANTA FE DE BOGOTÁ LTDA. Representada legalmente por RAMÓN ANONIO GUISAO CARDONA o quien haga sus veces, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 5 de febrero de 2001 hasta el 15 de febrero de 2004 fecha en que fue terminado en forma unilateral e injusta por el empleador.
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dispone condenar [a] la sociedad ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ LTDA., apagar al demandante dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente fallo los valores y conceptos siguientes:
a) Por auxilio de cesantía la suma de UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.L. ($ 1.048.373)
b) Por intereses a la cesantía la suma de CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M.L. ($ 117.502)
c) Por no pago de los intereses a la cesantía la suma de CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M.L. ($ 117.502).
d) Por indemnización por despido injusto la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIEN PESOS M.L. ($ 1.240.100).
e) Por sanción por no consignación de las cesantías a un fondo la suma de OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($ 8.102.833).
“TERCERO: ABSOLVER al demandado de las demás pretensiones incoadas, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
“CUARTO: DECLÁRESE probada la excepción de pago parcial y sobre la totalidad de las condenas se deducirá la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L. ($ 1.850.222).
“QUINTO: CONDENAR al demandado a pagar las costas procesales. Tásense”.

References: ARTÍCULO 178
 ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 83
 artículo 90
 artículo 89
 artículo 66
 artículo 90
e contrario
 artículo 83
 artículo 87
 artículo 305
 artículo 145
 artículo 357