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Timestamp: 2019-01-20 00:22:15+00:00

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Ley numero: 1658
DIRECCIÓN INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS.-
Disposicion n° 10 del 31-01-2018 , (B.O.P. n° 10986, p.2, 01-03-2018).- ESTABLECER PROCEDIMIENTOS. Disposicion n° 11 del 31-01-2018 , (B.O.P. n° 10986, p.3, 01-03-2018).-COMPETENCIA.
- L E Y Nº 1658 -
DIRECCIÓN INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 1º.- La Dirección Inspección General de Personas Jurídicas es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su reglamentación.
Art. 2°.- La competencia de la Autoridad de Aplicación comprende el registro, control y fiscalización pública de los sujetos y actos previstos en la presente Ley, que se
constituyan, operen, celebren o ejecuten en el ámbito de la Provincia de Formosa, conforme a los principios y reglas de la materia.
Art. 3°.- La competencia de la Autoridad de Aplicación, comprende particularmente y a título enunciativo:
El ejercicio de las funciones conferidas al Registro Público por el Código Civil y Comercial de la Nación y sus leyes complementarias;
El ejercicio de las funciones de autoridad de contralor, organismo competente local o similares, previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto a asociaciones civiles, fundaciones y fideicomisos;
El ejercicio de las funciones de autoridad local previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto a las simples asociaciones cuando éstas se sometan voluntariamente a la competencia de la Autoridad de Aplicación;
El ejercicio de las funciones de Registro Público, Registro Público de Comercio, autoridad de contralor o similares, previstas en la Ley General de Sociedades N° 19.550;
El ejercicio de las funciones de Registro Público, autoridad competente o similares previstas en la Ley N° 27.349, respecto a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS);
El ejercicio de las funciones de Registro Público de Comercio, organismo competente de la Provincia o similares, previstas en la Ley N° 24.083, respecto a fondos comunes de inversión;
El ejercicio de las funciones de Registro Público de Comercio, previstas en la Ley de Entidades de Seguro y su Control N° 20.091;
El ejercicio de las funciones de Registro Público de Comercio, en relación a la Ley N° 17.418, respecto a agentes institorios, conforme a la Resolución General N° 38.052/13 de la Superintendencia de Seguros de la Nación;
El ejercicio de las funciones de Registro Público de Comercio, previstas en la Ley N° 23.576, respecto a emisión de obligaciones negociables;
El ejercicio de las funciones de Registro Público de Comercio, previstas en la Ley de transmisión de establecimientos comerciales e industriales N° 11.867;
El ejercicio de la función de registro y fiscalización de las filiales, sucursales y delegaciones con asiento en la Provincia;
El ejercicio de función de registro y fiscalización de entidades, organismos o unidades específicas no mencionadas anteriormente, prevista en la reglamentación de la Ley.
Art. 4°.- Las inscripciones se practican en registros especiales mencionando fecha, número de orden, tipo, fecha y número del instrumento, acto, contrato y/o sujeto u objeto de
inscripción, indicando naturaleza, monto, número de trámite y legajo.
Art. 5°.- Los tribunales competentes deben poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación toda resolución o medida que afecte o guarde relación con los sujetos
y actos alcanzados por la presente Ley, para su oportuna toma de razón.
Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación se halla facultada para:
Asesorar a los organismos del Estado provincial en las materias de su competencia;
Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de su competencia, organizar cursos y conferencias, promover o efectuar publicaciones, y colaborar con otros organismos gubernamentales o no gubernamentales especializados;
Dictar las reglamentaciones técnicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, en tanto las mismas no sean objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo. No puede emitir disposiciones que contravengan, alteren o impongan requisitos o exigencias que no estén expresa o implícitamente contemplados en las leyes de fondo, en la presente o en sus respectivas reglamentaciones.
Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la emisión de las normas que excedan de su competencia y se consideren necesarias para la aplicación del presente régimen.
Responder los pedidos de informes formulados por el Poder Judicial y los organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal;
Coordinar con los organismos nacionales, provinciales o municipales, con funciones afines, la fiscalización de las entidades sometidas a su competencia;
Solicitar judicialmente, por la vía pertinente, toda medida adecuada sobre las entidades sujetas a su ámbito de competencia a fin de evitar, hacer cesar o modificar actividades irregulares;
Solicitar al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo la intervención de las asociaciones civiles y las fundaciones en supuestos de actos graves que importen violación a la Ley, al estatuto o reglamento.
Toda otra función que le otorgue la legislación específica, y aquellas de inspección, registro, fiscalización y control que atribuyan las leyes nacionales de fondo o especiales al Registro Público o autoridad local, en el marco del presente régimen.
Art. 7º.- La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para aplicar sanciones a los sujetos sometidos a su registro, control, inspección y/o fiscalización, a sus directores, síndicos,
administradores y a toda entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, o que suministre datos falsos, o que de cualquier manera infrinja las obligaciones que le impone esta Ley, las leyes especiales de fondo, sus estatutos o reglamentos, u obstaculice el desempeño de la Dirección.
Art. 8º.- Las infracciones y sus sanciones serán resueltas previo sumario administrativo, respetando el debido proceso y el derecho de defensa.
Art. 9º.- Si las leyes especiales o de fondo no establecen sanciones específicas, supletoriamente la Dirección podrá aplicar las siguientes:
Multa de hasta el monto de 1.500 unidades tributarias;
Retiro de la personería jurídica.
Art. 10.- La Autoridad de Aplicación es el órgano competente para imponer las sanciones previstas en el artículo 302 de la Ley N° 19.550, como también sobre sus funcionarios
Respecto de las asociaciones civiles y fundaciones, además de las sanciones establecidas en el artículo precedente, la Dirección podrá revocar la autorización estatal para funcionar, fundándose en la comisión de actos graves que importen la violación de la Ley, el estatuto o reglamentación, como asimismo, cuando hayan desviado o perdido su fin, acorde al bien común y al interés general.
Art. 11.- Las sanciones se gradúan según la gravedad del hecho, la reincidencia en la comisión de infracciones y, en su caso, el capital y patrimonio del infractor.
Art. 12.- Toda sanción impuesta a una persona jurídica debe ser puesta a conocimiento en la primera reunión del órgano de gobierno que se celebre. El acta pertinente debe
transcribir el texto íntegro de la resolución que impuso la sanción.
Art. 13.- El pago de la multa es a cargo exclusivo del infractor. Las entidades no pueden solventar las sanciones que se apliquen a quienes integran sus órganos. Cuando en
una misma situación existan varios infractores, la sanción de multa puede imponerse solidariamente.
Los actos administrativos firmes por los cuales se impongan sanciones de multa constituyen título ejecutivo, a todos sus efectos.
Art. 14.- Contra las resoluciones que dicte la Autoridad de Aplicación son admisibles los recursos y reclamos previstos en el Decreto Ley N° 971/80 -de Procedimiento
Administrativo-.
La interposición de recursos contra sanciones de apercibimiento o multa tiene efecto suspensivo.
Agotada la instancia administrativa se encuentra expedita la instancia judicial.
Art. 15.- Los recursos de apelación contemplados en los artículos 169 y 306 de la Ley N° 19.550, así como en el artículo 224 del Código Civil y Comercial de la Nación
tramitan ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Art. 16.- La Dirección Inspección General de Personas Jurídicas es un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.
Art. 17.- La Dirección se encuentra a cargo de un (1) Inspector General que ejerce la representación y es responsable del cumplimiento de la presente Ley. Son condiciones
para su designación, poseer título universitario de grado en ciencias jurídicas o económicas, expedido por universidad argentina o revalidado y reunir los requisitos previstos en la Constitución Provincial para ser diputado.
Art. 18.- Corresponde al Inspector General:
Ejecutar los actos propios de la competencia del órgano, con todas las atribuciones que resultan de esta Ley;
Interpretar, con carácter general y particular, las disposiciones legales aplicables a los sujetos e instrumentos sometidos a su control;
Adoptar las medidas de orden interno necesarias para la administración y funcionamiento del organismo a su cargo, dictando los reglamento pertinentes;
Imponer las sanciones previstas en las leyes y disponer su ejecución por medio de los mecanismos adecuados, dictando las resoluciones que fueren menester para su cumplimiento.
Art. 19.- El personal técnico de la Dirección está formado por un cuerpo de inspectores que colaboran con el Inspector General en las tareas de fiscalización.
Para ser inspector se requiere ser mayor de edad y poseer título universitario de grado en ciencias jurídicas o económicas, otorgado por universidad argentina o revalidado; o título de nivel superior en materia informática, expedido o revalidado por el Sistema Educativo Nacional.
Art. 20.- El personal de la Dirección se encuentra alcanzado por los derechos, deberes, prohibiciones y facultades previstos en el régimen general de la Administración
No podrá, bajo pena de exoneración, revelar los actos de las entidades, cuando haya tenido conocimiento de los mismos en razón de sus funciones, salvo a superiores jerárquicos. Tampoco podrá desempeñarse en tareas que se relacionen con las entidades sometidas a la fiscalización de la Autoridad de Aplicación.
Art. 21.- La actividad administrativa de la Autoridad de Aplicación se rige supletoriamente por las normas del Decreto Ley N° 971/80 –de Procedimiento Administrativo-.
Art. 22.- Derógase el Decreto-Ley N° 564/77 de la Inspección General de Personas Jurídicas.
Art. 23.- Deróganse los artículos 149, 150 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Formosa N° 512. Entiéndase toda referencia al “Registro Público de
Comercio” de la legislación provincial como “Dirección Inspección General de Personas Jurídicas”.
Art. 24.- Sustitúyese el apartado 9 del artículo 11 de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial N° 1578, por el siguiente texto:
“9.- Supervisar en la organización del Registro competente para la inscripción y rúbrica de libros de las personas que ejercen una actividad económicamente organizada; el registro, control y fiscalización de las sociedades; la autorización para funcionar, registro, control y fiscalización de las asociaciones civiles y fundaciones; la inscripción, alteraciones o cancelación de los contratos registrables no personificantes y todo acto que deba ser inscripto o pueda ser objeto de fiscalización por parte del Registro Público de conformidad con el Código Civil y Comercial de la Nación y leyes especiales.”
Art. 25.- El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deberán adoptar las medidas conducentes a efectos de instrumentar el traspaso de los archivos, documentos, registros y trámites
iniciados ante el Registro Público de Comercio a la Autoridad de Aplicación.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23, el Registro Público de Comercio continuará brindando el servicio con normalidad hasta la efectiva instrumentación del traspaso definitivo.
Art. 26.- La Autoridad de Aplicación podrá disponer un reempadronamiento general de todas las entidades comprendidas en los términos de la presente Ley, en los plazos y con
las formalidades a establecerse en la reglamentación.
Toda actuación que se realice exclusivamente como reempadronamiento general ante la Autoridad de Aplicación, en los términos del presente artículo, se encuentra exenta de Impuesto de Sellos y todo otro tributo. La presente norma se interpreta con carácter restrictivo.
Art. 27.- El personal que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se desempeñe en el Registro Público de Comercio, continuará prestando funciones en el Poder
Judicial de la Provincia. La eventual reasignación de destino o funciones no afectará sus actuales condiciones laborales ni remuneraciones.
Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Formosa, el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

References: Artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 artículo 302
 resolución 
 artículo 224
 artículo 11
 artículo 23