Source: https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones-tribunal/resoluciones-ano-2018
Timestamp: 2019-01-19 12:54:06+00:00

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La composición de la Mesa se debe publicaren el perfil de contratante del órgano de contratación.La consideración de anormalidad, salvo que los pliegos establezcan expresamente otra cosa, debe referirse al conjunto de la oferta económica, no a cada uno de sus componentes. El órgano de contratación excluye de manera automática al recurrente por la baja en el precio y no se indica nada sobre si esos precios permiten la correcta ejecución del contrato como alega la empresa recurrente.La solicitud de información y el rechazo de la oferta económica realizada por el órgano de contratación no se encuentran dentro de lo razonable y proporcionado y adolecen de errores formales y arbitrariedad.
Impugnación del precio de licitación, al considerarlo insuficiente para la adecuada prestación del contrato, ya que no cubre los costes laborales previstos en el convenio colectivo de la actual adjudicataria. El coste laboral del personal a subrogar debe tomarse en consideración, pero no constituye un límite para fijar el presupuesto base de licitación, importe que, en todo caso, debe estar debidamente justificado y ser acorde con el precio de mercado. Y ello porque la Administración no debe asumir el coste de horas de trabajo no necesarias para la prestación del servicio que se contrata.
El error en la oferta económica insubsanable, admitir la modificación solicitada, aun antes de la apertura de las ofertas económicas, podría suponer admitir la formulación de una nueva proposición.
Justificación de proposiciones con valores anormales o desproporcionados. Motivación de la adjudicaciónTribunal. El informe técnico argumenta suficientemente la convicción de que la oferta de la empresa recurrrente no puede ser cumplida satisfactoriamente, y que contiene una motivación adecuada y suficiente de las razones por las que se aprecia que la oferta, en su conjunto, no podrá ser cumplida.
La falta de concreción de las condiciones objetivas que permiten la adjudicación directa de los contratos basados de valor estimado inferior a 6.000 euros, y la previsión de la cláusula P26, que permite la adjudicación “a la empresa que libremente elija el centro de gasto, dentro de las adjudicatarias de cada Lote, y por razón del objeto del contrato basado, en los que se divide este Acuerdo Marco”, no se ajusta a derecho y debe anularse.
La forma de presentación de muestras que recoge el PCAP implica el conocimiento de datos que deben figurar en el sobre evaluable mediante la aplicación de fórmulas, lo que supondría la exclusión de la oferta; pero la no presentación de muestras también habría implicado la exclusión por incumplimiento de la solvencia técnica. No se impugnaron los pliegos (artículo 50.1.b) de la LCSP). La muestra presentada cumple el PPT.
La notificación de la adjudicación no resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP (de igual modo en el actual artículo 151 de la LCSP).
La empresa recurrente por no haber ajustado su oferta al lote 1. Un error en una cláusula de las PPT no puede servir de fundamento para la exclusión de un licitador que cumple con parte de ella, cuando no puede cumplirla ningún licitador en su totalidad por resultar contradictoria.
El recurso realiza una oposición o queja genérica a las puntuaciones obtenidas: La recurrente no puede resultar adjudicataria del contrato en modo alguno, ni obtener ninguna ventaja directa e inmediata de una eventual modificación de las puntuaciones obtenidas.
Discrepancia sobre la valoración de criterios sometidos a juicio de valor. Discrecionalidad técnica. Garantía de imparcialidad de los informes técnicos
Proposición desproporcionada o anormal. A la vista de la justificación de su oferta por parte de la recurrente y de las argumentaciones técnicas que asume el órgano de contratación como motivación para su exclusión, este Tribunal considera que el informe técnico argumenta suficientemente que la oferta de la empresa excluida, no puede ser cumplida satisfactoriamente y que dicho informe contiene una motivación adecuada y suficiente de las razones en las que funda tal conclusión
A falta de prueba técnica independiente, este Tribunal no aprecia un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación, ni su aplicación arbitraria o desigual o, en definitiva, otras infracciones formales que puedan sustentar la pretensión anulatoria ejercitada, que solo parece basarse en una diferencia de criterio del licitador sobre la puntuación que considera que debe asignarse a su oferta, sin aportar mayores pruebas que lo avalen.
No existe confusión sobre los datos a incluir en cada uno de los sobres. No cabe la revisión periódica y predeterminada de precios.Si existe estudio de viabilidad.
El recurso no se dirige a denunciar el incorrecto cumplimiento de la Resolución 39/2018, de 31 de mayo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León - por ello, no se trata propiamente de un incidente de ejecución de una resolución previa- sino que esencialmente pretende revisar tal Resolución, porque al anular la valoración de las proposiciones realizada, su ejecución le es desfavorable. La realización de una nueva valoración de las proposiciones existentes de acuerdo con las reglas previstas en el PCAP, en ningún modo habilitaba a la recurrente, ni al resto de los licitadores, a cambiar las condiciones técnicas de su proposición o los productos ofertados.
Discrecionalida técnica. Oferta en presunicón de temeridad no justificada adecuadamente. Motivación de la notificación de la exclusión.
El órgano de contratación consideró justificada la baja de la adjudicataria.Discrecionalida técnica: no se aprecia un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación. Motivación de la adjudicación.
Acceso al expediente. Confidencialidad. La declaración de confidencialidad no puede ser tan genérica que afecte a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario. Subriterios de valoración.
La solvencia exigia es adecuada. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excede de una vez y media el valor estimado del contrato.
Fórmila matemática: el resultado no varía si el cálculo se realiza sobre la baja numérica ofertada o sobre el porcentaje de baja, puesto que en ambos casos se obtiene la misma puntuación. Error en la valoración reconocido por el propio órgano de contratación. No obstante, la eficacia de la estimación queda limitada a los efectos meramente declarativos, porque su correción no varia el resultado final.
Confidencialidad.El órgano de contratación, debe declarar de modo concreto y suficientemente razonado qué partes de la oferta no tienen carácter confidencial por no afectar a secretos técnicos o comerciales o a aspectos confidenciales de la oferta.
Para que proceda la acumulación es preciso que, aunque una de las empresa que integran la UTE no alcance las condiciones mínimas de solvencia técnica y profesional exigidas en el pliego, tenga un mínimo de solvencia y no una carencia total y absoluta de solvencia técnica o profesional.
Incumplimiento PPT. Momento en el que los productos sanitarios deben cumplir la normativa vigente para la comercialización en España y marcado CE y, respecto al etiquetado, el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
Discrecionalidad técnica. No se aprecia un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación, ni su aplicación arbitraria o desigual o, en definitiva, otras infracciones formales que puedan sustentar la pretensión anulatoria ejercitada, que solo parece basarse en una diferencia de criterio del licitador sobre la puntuación.
Finalidad de los criterios de adjudicación. Subcriterios: el recurrente no acredita que el informe de valoración contenga elementos a los que se les haya atribuido un peso específico que, de haber sido conocido con anterioridad, hubiera podido influir en la preparación de las ofertas, ni tampoco se acredita que la valoración haya podido provocar un efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores.
Bajas- proposiciones temerarias . La decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no técnicamente corresponde al órgano de contratación, que debe valorar las alegaciones realizadas, las justificaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes técnicos emitidos por la Administración.
Falta de legitimación. En el presente caso, la empresa recurrente se encuentra clasificada en el decimosegundo lugar y para justificar su legitimación analiza “las irregularidades observadas en los estudios económicos de las empresas licitadoras mejor clasificadas” que la suya –once en total-
La indicación de que entre los medios materiales a emplear se utilizará el sistema BIM, no vulnera el secreto de las proposiciones, ya que la adscripción de medios personales y materiales no se valora en la licitación y quien elabora el informe técnico no tiene acceso a la documentación administrativa presentada.
Los informes de ensayos presentados no son válidos, al no estar dicho laboratorio acreditado por el ENAC para la realización de dichos ensayos.
La empresa recurrente fue excluida porque los certificados ISO 9001 y 14001 no eran válidos -por no tener el alcance exigido en los pliegos y por no estar realizados por una entidad acreditada por el ENAC- y no por una eventual de éstos. Procede retrotraer para valorar esta cirucnstancia.
La filtración de los pliegos, en el caso de que estuviera acreditada –lo que no consta en este supuesto-, sería una cuestión ajena al procedimiento de contratación. Debe precisarse la nomenclatura CPV .correspondiente a cada uno de los lotes objeto del contrato, a fin de evitar confusión y facilitar la presentación de la documentación, en particular la relativa a la solvencia".
No resulta ajustada a los pliegos la oferta de la recurrente, y más cuando ofrece como servicio extra algo que es una de sus obligaciones.
Acceso al expediente de contratación.Confidencialidad. El contenido de la notificación no ha permitido a la recurrente interponer un recurso suficientemente fundado, por lo que tal notificación no resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP.
Las características técnicas exigidas en el presente contrato son razonables y que no está acreditado que no sean acordes al mercado o que favorezcan a una empresa concreta.
Se acredita que los precios de licitación sí se corresponden con los precios de mercado.Respecto a que las características de la bomba de infusión asociada al lote 1, sólo las cumpliría la ofertada por la empresa recurrente, cabe señalar que la afirmación es genérica y sin fundamentar, por lo que no puede realizarse el análisis de la pretensión formulada. Concepto de error material.
Serfunle, S.A. no ostenta la condición de poder adjudicador. Es claro el carácter mercantil de la actividad de servicios funerarios, que se trata “en la actualidad de actividades plenamente liberalizadas, para las que existe un mercado amplio y competitivo” y que la empresa soporta íntegramente los riesgos asociados y las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, al no constar en sus estatutos “la existencia de mecanismos automáticos de compensación de las pérdidas de explotación a cargo del erario público”
La empresa ha presentado justificación de la baja de la oferta, que no se considera suficiente para garantizar la viabilidad de la ejecución del contrato.Los pliegos establecen la posibilidad de subcontratación, cuyo porcentaje ha limitado hasta un máximo del 5% del importe adjudicado. La empresa recurrente debió haber recurrido los pliegos en el momento adecuado si no estaba de acuerdo con tal previsión.
La cuestión de fondo sometida a la decisión de este Tribunal se centra sustancialmente en la ejecución del la Resolución 71/2017 . La Resolución ordenaba retrotraer el expediente al momento de valoración de las proposiciones para que ésta se lleve a cabo con arreglo a los criterios de adjudicación, valoración que en modo alguno puede entenderse como pretende el recurrente, como una imposibilidad de excluir a las empresas si no cumplen con lo preceptuado en los pliegos.
Confidencialidad. Indeterminación de las mejoras:la introducción de variantes o mejoras como criterio de adjudicación, exige una relación directa con el objeto del contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos, y el establecimiento de una ponderación, cuestión ésta que no sucede en el caso examinado.Posibilidad de sustitución de unas mejoras por otras del mismo importe.
El seguro de responsabilidad civil sólo podría exigirse como criterio de solvencia en el supuesto de que el contrato tuviera como objeto la prestación de servicios profesionales. Debería bastar la garantía definitiva para responder de la correcta ejecución del contrato.Puede exigirse la constitución de la póliza de seguro como condición de ejecución en detrerminados casos, pero la utilización de su importe como criterio de adjudicación lejos de hacer referencia a características de la prestación, se refiere a una condición accesoria establecida para el caso de que el cumplimiento de aquélla produzca daños no previstos en el contrato.
El órgano de contratación no pudo verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la oferta presentada por la empresa recurrente ya que su proposición dió lugar a diistintas interpretaciones. Se presentó un catálogo general, un mero folleto con variadas opciones.
El contrato inicial - se trata de servicios y no gestión de servicio público- se recalificó a los meros efectos de determinar la competencia del Tribunal, con la finalidad de preservar el efecto útil del recurso.
La oferta de las empresas sí cumplen los pliegos. Interés legítimo. La empresa clasificada en tercer lugar solicita la exclusión de la oferta de la adjudicataria. La resolución del recurso no puede repercutir directa o indirectamente, generarle un beneficio o evitarle un perjuicio a la recurrente.
La oferta de la empresa adjudicataria sí cumple los pliegos. Los certificados o las certificaciones técnicas son criterios vinculados a la capacidad técnica de la empresa (solvencia) y no al objeto (adjudicación), por lo que no cabe su empleo como criterio de adjudicación, por lo que cabría declarar la nulidad de dicho criterio de adjudicación. No obstante, los pliegos no han sido impugnados por las partes y éstos constituyen la ley del contrato, que vinculan tanto al órgano de contratación como a los licitadores.
Delimitación de los negocios patrimoniales y los contractuales. El régimen jurídico del objeto del contrato y del régimen establecido en el PCAP es incompatible con el establecido en el TRLCSP.
La oferta de la adjudicataria incumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT. Discrecionalidad técnica: no se aprecia que en la valoración de los criterios el órgano de contratación haya incurrido en omisiones o errores, arbitrariedad o discriminación. No puede estimarse una falta de motivación del acto de adjudicación, ya que esa infracción no ha causado indefensión material a la recurrente en la medida que ésta ha conocido los motivos que han determinado que no se le otorgase el contrato.

References: artículo 151
 artículo 151
 Resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 151
 Resolución 
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