Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-263-10.htm
Timestamp: 2017-10-22 09:57:18+00:00

Document:
T-263-10
Sentencia T-263/10
DERECHO A LA INFORMACION-Caso en que se vulneró derecho de los pobladores a estar informados sobre proceso de revocatoria de mandato por el ejercicio antijurídico del poder-deber del alcalde y opinión personal de periodista
DERECHO A SOLICITAR RECTIFICACION SOBRE LA INFORMACION-Reglas de procedencia de la acción de tutela para su protección
DERECHO DE RECTIFICACION-Hipótesis desarrolladas por la Corte Constitucional respecto de la carga de la prueba al momento de solicitar la rectificación
En cuanto a la carga de la prueba al momento de solicitarse la rectificación, la Corte ha desarrollado dos hipótesis. Por regla general, quien la pretende debe demostrar que los hechos no son ciertos o se muestran de forma parcializada. Esto ocurre cuando la información en cuestión verse sobre circunstancias concretas y determinadas. Sin embargo, cuando quiera que se trate de hechos notorios, afirmaciones o negaciones indefinidas, se le exime de este deber a la persona que solicita la rectificación. En estos dos últimos casos, debido precisamente a la indefinición, la carga de la prueba se traslada a quien haya difundido la información.
PRINCIPIO DEMOCRATICO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA-Desarrollo constitucional del carácter universal y expansivo del principio democrático en el ámbito de la participación ciudadana
ADMINISTRACION LOCAL-Poder-deber de los servidores públicos y los límites que les impone la Constitución Política
La Corte Constitucional ha señalado la existencia de un poder-deber en cabeza de determinados servidores públicos, como el Presidente de la República, de comunicarse con las personas a través de diferentes medios, como la radio o la televisión. Esto se debe, a que los servidores públicos deben informar sobre los asuntos de interés general, o sobre el desarrollo de las políticas públicas que estén gestionando. Sin embargo, ahí no termina el derecho de comunicación de estos servidores públicos, pues también están facultados para opinar sobre su gestión y responder las críticas que contra la misma se eleven. Todo lo anterior hace parte del desarrollo de la democracia participativa y se conecta con el derecho de la población en general a ser informada.
MEDIOS DE COMUNICACION-Libertad, responsabilidad y obligaciones del Estado en esta materia/MEDIOS DE COMUNICACION-Deber de incentivar el pluralismo informativo como parte fundamental de la responsabilidad social
DERECHO A LA INFORMACION-Periodista incumplió límite de la imparcialidad en el ejercicio del derecho a la información por no distinguir entre la información que difundía y sus opiniones personales
Acción de Tutela interpuesta por Clímaco Pinilla Poveda y Fabio Hernández Cubillos contra el Alcalde del Municipio de Fusagasugá, Fusa TV, Toca Estéreo y la Emisora Nueva Época.
dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasugá, el diez (10) de agosto de dos mil nueve (2009), y por La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009), en el asunto de la referencia.
El veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2009), los señores Clímaco Pinilla Poveda y Fabio Hernández instauraron acción de tutela contra el Alcalde de Fusagasugá – Baulidio Páez Castro – y los medios de comunicación Fusa TV (Canal Local), Toca Estéreo (por el programa noticioso dirigido por Carlos Ortiz) y la emisora Nueva Época, por considerar que esta autoridad y entidades conculcaron sus derechos fundamentales a la dignidad, a la honra, al buen nombre y a la participación ciudadana.
1. Constituyeron un comité promotor para la revocatoria del mandato del Alcalde del Municipio de Fusagasugá, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994.
2. Señalaron que una vez conformado el mencionado comité, acudieron a la Registraduría del Estado Civil de Fusgasugá para que se adelantaran los trámites necesarios por parte de esta entidad.
3. Enfatizaron que “(…) una vez el señor Alcalde Baudilio Páez Castro tuvo conocimiento de la constitución del Comité Promotor de la Revocatoria, desató una oleada de informes a través de los medios masivos de comunicación Televisión Local [Fusa Tv], Emisora Nueva Época y Toca Estéreo, medios de comunicación en los cuales (…) tiene pautas publicitarias, y tiene contratados locutores como el señor Carlos Ortiz Murcia (…)” (Cuad. 1, folio 12).
4. Indicaron que en esos espacios, entre ellos el programa “Gerencia al día”, se descalifica a los integrantes del Comité Promotor, con alocuciones como la siguiente: “(…) un grupo de diez sinvergüenzas e inescrupulosos a los cuales el señor Alcalde no quiso ceder una parte del presupuesto para sus cosas personales (…) (Cuad. 1, folio 13). Aseveraciones que buscan deslegitimar las actuaciones del mencionado Comité y que carecen de prueba alguna.
Considerando conculcados sus derechos fundamentales, solicitaron al juez de tutela que ordenara “(…) al señor Alcalde Municipal (…)” (Cuad. 1, folio 16) y “(…) a los medios de comunicación Toca Estéreo, Nueva Época y [Fusa TV], (…) que concedan el Derecho a la rectificación y réplica de manera inmediata (…)” (Cuad. 1, folio 14). Así mismo, que se les prevenga para que en el futuro difundan información veraz e imparcial y, en el caso del Alcalde, que en los sucesivo se abstenga de utilizar los medios de comunicación en contra del Comité Promotor de la Revocatoria del Mandato.
Obrando dentro del término conferido por la autoridad judicial de primera instancia para ejercer su derecho de defensa, el gerente administrativo de la Emisora Nueva Época intervino dentro del proceso, señalando que “(…) tiene un contrato de publicidad con la alcaldía Municipal, cuyo objeto es la emisión semanal los días miércoles de un programa institucional del Municipio (…)[; el cual es] producido por la oficina de prensa [del burgomaestre] (…)” (Cuad. 1, folio 32). En este sentido, enfatizó que en ningún momento fue gestora de las intervenciones del alcalde y que las mismas se emitieron conforme al contrato celebrado con la administración. “(…) Por esto mismo[,] la rectificación solicitada debe ser dada directamente por la administración municipal”. (Cuad. 1, folio 32)
3.2 Fusa Tv
El Director General de Fusa TV, ejerciendo su derecho de defensa, indicó que “(…) el programa institucional “Gerencia al Día” es un espacio institucional arrendado a la Alcaldía de Fusagasugá, cuya responsabilidad de filmación, contenido, producción y post-producción está a cargo de la Jefatura de Prensa [Municipal]” (Cuad. 1, folio 34). Por esta razón, no está comprometida con el contenido del mismo.
Toca Estéreo, mediante escrito del treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009), indicó que “(…) el espacio Toca noticias, que se emite (…) de lunes a viernes de 6.00 a 9.00 a.m. es un espacio en concesión dirigido por el periodista Carlos Alberto Ortiz Murcia (…)” (Cuad. 1, folio 37).
3.4 Baudilio Páez Castro, alcalde de Fusagasugá
El treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009), el alcalde municipal de Fusagasugá, obrando dentro del término conferido por la autoridad judicial de primera instancia para ejercer su derecho de defensa, intervino dentro del proceso oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante.
Indicó que hasta el momento de ser notificado de la acción de tutela promovida en su contra, no había sido informado – por parte de la Registraduría del Estado Civil -, sobre la constitución del comité promotor para la revocatoria de su mandato. Por lo mismo, ignoraba quiénes hacían parte del mismo. De otro lado, enfatizó que “(…) no [había] usado medios de comunicación con fines distintos a los legítimos en el ejercicio de la función pública, [o ] interferido en la libertad de prensa de los medios locales” (Cuad. 1, folio 45). En este sentido, el burgomaestre manifestó que no atentó contra los accionantes de manera determinada, ni “(…)[se refirió] al comité del que aún, a la fecha, [desconoce] su existencia y legitimidad de manera oficial (…)” (Cuad. 1, folio 45). Por lo mismo, a su parecer, los gestores del amparo carecen de legitimidad por activa para interponer la acción de tutela.
Arguyó que ante su despacho fue instaurada una petición el quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), pero que la misma sería resuelta dentro del término legal, pues “(…) la administración municipal [cuenta] con un plazo hasta el de 6 agosto del año en curso” (Cuad. 1, folio 47).
De otro lado, señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, “(…) la propaganda negativa es un recurso válido en el ejercicio del proselitismo político[,] porque permite el contraste de las ideas y estimula la formación de la conciencia política del electorado (…)” (Cuad. 1, folio 48).
Finalmente, enfatizó que el derecho de rectificación sólo se predica frente a hechos o circunstancias fácticas que carezcan de veracidad. En este sentido, “(…) en el caso no existe (sic) ni hechos, ni circunstancias fácticas claras en las que los accionantes puedan solicitar rectificación (…)”(Cuad. 1, folio 49).
3.5 Carlos Alberto Ortiz Murcia
Mediante Auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009), considerando que de los hechos narrados por el gestor del amparo se evidenciaba que el espacio Toca Noticias, desarrollado en la emisora radial Toca Estéreo de Fusagasugá, era dirigido por el periodista Carlos Alberto Ortiz Murcia, la autoridad judicial de primera instancia resolvió vincularlo al proceso objeto de la acción de tutela (Cuad. 1, folio 43).
El señor Carlos Alberto Ortiz Murcia, al momento de ejercer su derecho de defensa, se opuso a las pretensiones de los demandantes. Señaló que no conocía oficialmente de la constitución del Comité para la revocatoria del mandato del actual alcalde. Por lo mismo, desconocía qué clase de trámites habían iniciado los actores ante la Registraduría Municipal.
De otro lado, señaló que es propietario “(…) del establecimiento de comercio Ortiz Apolinar Comunicaciones KC y como tal [ha] realizado contratos de prestación de servicios para pauta publicitaria con el Municipio de Fusagasugá, como consecuencia de lo cual se emite en la emisora Toca Stereo (sic) un programa radial de 25 minutos los días miércoles a las 7 y 30 a.m. llamado Gerencia al Día. Dicho programa es elaborado, editado, realizado, diseñado, etc. por la Oficina de prensa de la Alcaldía Municipal (…)” (Cuad. 1, folios 56 y 61).
a. Acta de constitución del Comité de Revocatoria del Mandado del Alcalde Baudilio Páez Castro. Entre los firmantes, junto a diez personas más, se encuentran los accionantes (Cuad. 1, folios 1 y 2).
b. Petición radicada ante el Registrador del Estado Civil de Fusagasugá, con fecha diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), en la cual se le solicita: “(…) adelantar los trámites pertinentes en correspondencia con los procedimientos establecidos [en] la ley (…)[una vez allegada] la copia del documento suscrito por los integrantes del Comité Promotor, constituido para el efecto (…) el día 6 de julio del año que [cursó] (…)” (Cuad. 1, folios 3 y 4).
c. Petición presentada ante la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, con fecha quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), en la cual los gestores del amparo le solicitan a la suprema autoridad administrativa municipal que certifique “(…) expresamente qué recursos del presupuesto del municipio [han] solicitado o tramitado ante y durante su administración (…)”. Así mismo, los accionantes le piden que “[rectifique] las informaciones suministradas y difundidas (…) en los medios de comunicación del municipio [Fusa Tv], Emisora Nueva Época y Toca Estéreo, en el programa Institucional Gerencia al Día, en el que textualmente expresa: Un grupo de diez sinvergüenzas e inescrupulosos a los cuales el señor alcalde no quiso ceder una parte del presupuesto para sus cosas personales (…)” (Cuad. 1, folios 5 y 6)
d. Petición presentada ante la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, radicada el quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), en la que los actores le solicitan al Alcalde Municipal “(…) una copia en medio magnético [de las] informaciones suministradas y difundidas por usted en los medios de comunicación del municipio [Fusa Tv], Emisora Nueva Época y Toca Estéreo, en el programa institucional Gerencia al Día (…)” (Cuad. 1, folio 7).
e. Petición presentada por Abel Eduardo Cubides – vocero del Comité Promotor -, a Carlos Ortiz Murcia, Director de Toca Noticias, el diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009), en la cual se le solicita “(…) el derecho de réplica y aclaración a sus comentarios y el de sus periodistas, con respecto al proceso de revocatoria del mandato que se viene adelantando (…), [que] deslegitima el desarrollo del proceso y el buen nombre de los promotores de la iniciativa de carácter popular [y que fueron] realizados en la mañana del día de hoy quince (15) de julio de 2009” (Cuad. 1, folios 8 y 9).
f. DVD con copia del programa “Gerencia al Día” emitido en Fusa TV el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009). Al inicio del programa figura un anuncio donde se manifiesta que el mismo “(…) no compromete las políticas de las Directivas de Telmex Fusagasugá y de Fusa Tv., las opiniones y comentarios y la publicidad emitida son responsabilidad del Concesionario (…)”. Posteriormente, se relata la jornada del Alcalde en la Vereda Batán Bajo. A partir del minuto 11, con 8 segundos de la grabación, se observa al burgomaestre hablar con la comunidad y decir: “(…) No vamos a aceptar que diez personas que están contadas vayan a bloquear la administración municipal, porque quieren hacer una revocatoria, porque no accedimos – y eso lo digo públicamente – a las pretensiones de ellos (…). Yo les pido a ustedes querida comunidad que estemos atentos, porque nosotros seguiremos trabajando, hasta el último momento por las comunidades, sin tener en cuenta diez sinvergüenzas, que están contados allí, dentro del municipio, que quieren hacer la revocatoria del mandato, porque no accedí a las pretensiones de quitar parte del presupuesto para de(sic) las cosas personales de ellos (…). El día jueves estuve reunido con el señor Gobernador y nos prometió que prioritariamente va a dar unas platas para iniciar y para taparle la boca a la gente que no quiso estar con el plan departamental de aguas (…)” (Cuad. 1, folio 33).
g. Disco Compacto (CD) contentivo del programa del quince (15) de Julio de dos mil nueve “Gerencia al Día”, con una duración total de 33 minutos y 36 segundos. A partir del minuto y 56 segundos comienza el programa “Gerencia al Día, programa institucional de la alcaldía de Fusagasugá (…)”. En lo relativo a esta acción de tutela, el Alcalde del Municipio efectúa tres alocuciones, en la vereda Batán Bajo, de la siguiente manera: a partir del minuto 12 con 24 segundos, indica que “(…) Nosotros lo que queremos es traer … lo que los (sic) recursos y la gestión que hagamos ante los entes nacionales para que… para darles, y así lo queremos allí también en el área urbana, pero no vamos a aceptar que diez personas, que están contadas, vayan a bloquear la administración municipal porque quieren hacer una revocatoria, porque no accedimos y eso lo digo públicamente, a las pretensiones de ellos”. A partir del minuto 13 con 1 segundo se oye la voz del alcalde manifestando: “(…) yo les pido a ustedes querida comunidad que estemos atentos porque nosotros seguiremos trabajando, hasta el último momento por las comunidades, sin tener en cuenta diez sinvergüenzas que están contados, allí dentro del municipio, que quieren hacer la revocatoria del mandato porque no accedí a las pretensiones de quitar parte del presupuesto para de (sic) las cosas personales de ellos (…)”. Finalmente, en el minuto 13 con 45 segundos, el Alcalde manifiesta que “(…) el día jueves estuve reunido con el señor gobernador y nos prometió que prioritariamente va a haber unas platas (sic) del plan departamental de aguas para iniciar y para taparle la boca a la gente que no quiso estar con el plan departamental de aguas porque el plan departamental de aguas es necesario” (Cuad. 1, folio 36).
h. Resolución 834 del veinticinco (25) de abril de dos mil ocho (2008), Por la cual se concede licencia a un Programa Periodístico, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, en la cual se indica que “(…) el señor Carlos Alberto Ortiz Murcia, identificado con cédula de ciudadanía 11.380.236 de Fusagasugá, en su calidad de Director del Programa “Toca Noticias del Centro del País” ha solicitado la licencia para transmitir el programa mencionado (…)” (Cuad. 1, folios 38 y 39).
i. Cuatro discos compactos (CDs) con copias magnetofónicas de los noticieros “Toca Noticias desde el centro del país”, dirigido por Carlos Alberto Ortiz Murcia, emitidos los días 13, 14, 15 y 16 de julio de 2009. En el primero de ellos, a partir del minuto 57 con 52 segundos y durante aproximadamente 5 minutos, se escucha al señor Ortiz hablar sobre la revocatoria de mandato en sentido abstracto (Cuad. 1, folio 57). En el segundo de ellos, a partir de las 2 horas, 2 minutos y 56 segundos, se hace una alusión a la revocatoria del mandato indicando que se está abusando de este medio y entorpeciendo la gestión del ejecutivo municipal. Algunos apartes son los siguientes: “(…) Quienes creen y piensan y se imaginan que los alcaldes viven sin hacer nada, que los alcaldes no tienen otra misión que no cumplir lo que han manifestado desde un comienzo (…) y resulta que empiezan con engaños a decirle a la gente mire: si nosotros buscamos la manera de distraer al alcalde, pues así no va a poder cumplir un plan de desarrollo (…). Hay que llamar la atención sobre ese… ese particular (…). Es que una minoría no tiene por qué ir a entregar cosas desobligantes (…) Lo que le pedimos a la comunidad, por favor, dejemos trabajar al alcalde. Apoyemos a un ente administrativo (…). Dejemos que el ejecutivo trabaje (…). Quienes quieran hacer cualquier ejercicio, que lo dice la Constitución (…), pues que lo hagan, pero que por favor lo hagan a conciencia, no porque no les gustó la figura del alcalde actual (…)” (Cuad. 1, folio 58). En el tercero de ellos, a partir del minuto 53 se invita a participar como panelista al senador Carlos Roberto Ferro que habla a favor del alcalde de Fusagasugá. Se indica que la revocatoria del mandato está contenida en la ley, pero que “(…) es un elemento y un instrumento que no se está utilizando como corresponde (…). Eso es más que un castigo político, es un motivo de desestabilización en las administraciones departamentales y municipales. Pero que finalmente los términos en que se está precisamente adelantando este tipo de procesos no son lo mejor ni lo más conveniente en los municipios ni en las regiones del país (…). Aquí lo que es claro es que a un gobernante se le elige por 4 años (…)”. [La revocatoria] es un generador de desequilibrio en materia de administración (…)” (minuto 54, con 41 segundos al minuto 56). A partir de la hora y 24 minutos, se hace otra referencia a la revocatoria del mandato, efectuada por el periodista Ortiz, que indica que la misma no tiene fundamento y que el alcalde ha adelantado una excelente gestión: “(…) seguramente se está buscando es (sic) mantener ocupado, distraído, al ejecutivo para que no pueda ejecutar su programa de gobierno. Es que hay gente empeñada en que realmente al alcalde se le vea en los estrados judiciales y que descuide su parte dentro del programa que se llama “Una gerencia con compromiso social” (…)” (una hora, minuto 26). Posteriormente, una voz de hombre interviene y señala: “(…) es que mire, hay una minoría que se cree dueños (sic) de la verdad (…). Les decimos: dejen trabajar al alcalde (…). Vamos a invitar a toda la comunidad (…) a respaldar al alcalde y no a ponerle atención a la famosa revocatoria (…)” (hora y treinta y un minutos con 55 segundos). A partir de la hora, 50 minutos y 50 segundos, se reproduce la alocución del alcalde en la vereda Batán Bajo (Cuad. 1, folio 59). En el último CD, a partir de la hora, 31 minutos con 50 segundos, se empieza a hablar de los diferentes programas y obras adelantadas y por adelantar de la alcaldía. A partir de la hora, 42 minutos y 45 segundos, se vuelve a hacer referencia a la revocatoria de mandato. Los periodistas manifiestan lo siguiente: “(…) Resulta que se habla de la revocatoria del mandato del alcalde sin mucho fundamento (…). El Alcalde (…) es un señor responsable, que ha tomado juiciosamente el ejercicio de gobernar a su comunidad (…) y en virtud de lo anterior ha hecho un trabajo social impresionante (…). Seguramente lo que se está buscando es mantener ocupado, distraído, al ejecutivo para que no pueda ejecutar su programa de gobierno (…). Esa figura no ha tenido éxito en Colombia, ni tendrá éxito, porque… tendría que ser un gobernante que no haga absolutamente nada por la comunidad. Tendría que ser un vagabundo (…). Ya comenzamos a ver el fruto de la gestión que está realizando el doctor Baudilio Páez Castro. Y ya vienen las obras macro (…), ya viene una serie de obras importantes que van a cambiar la cara de la ciudad (…)” (Cuad. 1, folio 60). (Cuad. 1, folios 57, 58, 59 y 60).
j. Copia del formato donde constan contratos de prestación de servicios “(…) para emitir y pautar en espacio informativo (…)”, celebrados con cuatro medios de comunicación: Toca Noticias, a cargo de Carlos Ortíz; Fusa TV, a cargo de Roberto Sabogal; Emisora Nueva Época, a cargo de Nubia Arias; y Ondas de Fusacatán a cargo de Manuel Pérez Fino. El monto total de los contratos fue de $74.380.000 de pesos (Cuad. 1, folios 112 y 113).
k. Copia de la respuesta a la petición presentada por los gestores del amparo el quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), con fecha de recibido cinco (5) de agosto de la misma anualidad, en la cual se manifiesta que la certificación solicitada – relativa a los recursos presupuestales supuestamente pedidos por los accionantes -, “(…) no puede expedirse por cuanto ni la Veeduría Transparencia de Fusagasugá o el Comité Promotor de la Revocatoria han solicitado o tramitado asuntos de orden presupuestal ante la administración”. En cuanto a la rectificación, se manifiesta que no se hará, por cuanto “(…) los solicitantes carecen de legitimidad [,] pues de sus nombres o personas no se ha hecho mención alguna en [las] intervenciones (…)” (Cuad. 1, folios 168 y 169).
l. DVD enviado por el Alcalde de Fusagasugá a los medios de comunicación tras el fallo de primera instancia, con fecha de emisión dieciocho (18) de agosto de dos mil nueve (2009). A partir del minuto 10 con 18 segundos, se ve al Alcalde Municipal Baudilio Páez Castro manifestar: “(…) En relación a quienes promueven la revocatoria del mandato, manifiesto que con dicha acción no se bloquea la administración municipal, sino que actúan en ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana constitucionalmente establecido. (…) Manifiesto que ni los señores Clímaco Pinilla y Fabio Hernández Cubillos, como ninguno otro de los demás promotores de la revocatoria me han solicitado presupuesto para cosas personales, ni el adjetivo utilizado fue acorde a su dignidad (…). Las inversiones que se programan adelantar (…) no se realizarán para taparle la boca a nadie, sino para dar solución a lo que requiere este sector [de aguas]” (Cuad. 1, folio 151).
m. Cuatro discos compactos (CDs) enviados por Carlos Alberto Ortiz Murcia (director del espacio “Toca Noticias desde el Centro del País”), con fecha posterior al fallo de primera instancia. En el primero de ellos, que recopila el programa efectuado el lunes veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), a partir del minuto 32, con 33 segundos, se escucha al Alcalde Baudilio Páez Castro decir lo siguiente: “(…) Tuvimos un inconveniente grande con la aprobación del plan departamental de aguas. Y lo traigo aquí porque fue una situación bastante difícil en las que (sic) aún hoy muchas (sic) de los opositores al plan (…) me están persiguiendo con la revocatoria del mandato que porque yo voy a privatizar las empresas de servicios públicos (…)”. A partir de la hora y 20 segundos, se escucha a Carlos Alberto Ortiz Murcia, como director de Toca Noticias, manifestar que dando cumplimiento a la sentencia de primera instancia, “(…) no nos oponemos a la iniciativa, porque es un mecanismo establecido en la Carta Magna como mecanismo ciudadano. Cuando expresé que había que tener en cuenta entre vigilar y torpedear la administración municipal (…), en ningún momento hacía referencia a (…) los miembros del comité de revocatoria (…)” (Cuad. 1, folio 175). En el segundo CD, contentivo del programa Toca Noticias del veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009), se escucha a partir de la hora, 6 minutos y 26 segundos la voz de Carlos Alberto Ortiz Murcia dando cumplimiento a las órdenes de la autoridad judicial de primera instancia. Manifiesta que “(…) nunca hice referencia (…) a los miembros de comité de revocatoria (…), cuando dije que dejaran trabajar al alcalde (…). Cuando expresé que había (sic) equivocaciones por parte de quienes quieren hacer el ejercicio de la revocatoria, lo pueden hacer porque está establecido en la Constitución como mecanismo popular (…)”. A partir de la hora y 51 minutos, se escucha la voz del alcalde, Baudilio Páez Castro, hacer las siguientes manifestaciones, con respecto al Plan Departamental de aguas: “(…) Para los escépticos, que definitivamente no nos apoyaron (…) ahí les vamos a demostrar que las obras van para Fusagasugá y que la proyección es a largo plazo (…)” (Cuad. 1, folio 176). En el tercer CD, correspondiente al programa realizado el miércoles veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009), a partir de la hora, un minuto y 6 segundos, se escucha a Carlos Alberto Ortiz Murcia, quien se identifica como concesionario de la Emisora Toca Estéreo y director de Toca Noticias, manifestar que “(…) La [revocatoria] se puede realizar, teniendo en cuenta que es un mecanismo ciudadano contemplado en la Constitución Nacional y quienes lo consideren lo pueden aplicar cuando un mandatario no ha cumplido con su plan de gobierno (…). Nunca hice referencia (…) a los miembros del comité de revocatoria (…)” (Cuad. 1, folio 177). En el cuarto CD, contentivo del programa Toca Noticias llevado a cabo el veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), se escucha a Carlos Alberto Ortiz Murcia, a partir de la hora, 4 minutos y 25 segundos, manifestar que – dando cumplimiento a la orden proferida por la sentencia de primera instancia -, “(…) no estamos en contra de la revocatoria del mandato, porque como lo hemos manifestado abiertamente es un mecanismo popular contemplado dentro de la constitución política de Colombia y los ciudadanos la pueden realizar cuando un mandatario no cumpla con su programa de gobierno (…). Si bien es cierto que el alcalde ha sido diligente en su accionar administrativo, los ciudadanos podrán desarrollar la acción constitucional de la revocatoria del mandato si consideran que no ha cumplido (…)” (Cuad. 1, folio 178) (Cuad. 1, folio 175 a 178).
Conoció de la causa en primera instancia el Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasugá, que mediante sentencia del diez (10) de agosto de dos mil nueve (2009), resolvió proteger los derechos invocados por los gestores del amparo.
En cuanto a los señalamientos efectuados en los diferentes programas, consideró que no eran genéricos “(…) sino dirigidos exclusivamente a los promotores de la revocatoria del mandato” (Cuad. 1, folio 93) y que buscaban torpedear el procedimiento legítimo de participación de la ciudadanía con respecto a la revocatoria de un mandatario. Así mismo, encontró que se evidenciaba “(…) [un aprovechamiento] del poder y [de] los recursos públicos para sesgar y dividir la opinión pública con [determinadas] expresiones (…)” (Cuad. 1, folio 94), que se referían incluso a actos delictivos. Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se revertía la carga de la prueba a la administración municipal, “(…) a quien le corresponde soportar la afirmación que a los promotores de la iniciativa no se le dieron recursos del presupuesto para cosas personales” (Cuad. 1, folio 94). Así las cosas, para la autoridad judicial de primera instancia, con las emisiones en los diferentes programas, se afectó tanto los derechos de los accionantes como de la opinión pública, pues no se le permitió “(…) conocer las dos caras de la moneda (…)” (Cuad. 1, folio 95).
En cuanto al periodista Carlos Alfredo Ortiz Murcia, la jueza de instancia consideró que no era cierto que sólo difundiera los programas como venían dirigidos de la oficina de prensa de la Alcaldía y acorde con las contratos celebrados con la misma, pues en todo momento expresó opiniones en el “(…) sentido de defender a ultranza la labor del alcalde, presentar (…)[a] invitados que solo exaltan la labor del Alcalde de Fusagasugá, denigrar de los accionantes, [invitándolos] a que se vayan de la ciudad, [acusándolos] de no traer un lápiz a Fusagasugá y [acusándolos] de torpedear la gestión del actual alcalde” (Cuad. 1, folio 98). Así las cosas, a juicio de su despacho, no se informaba a la opinión pública de una manera adecuada, pues “(…) no se advierte a la opinión pública que dicho espacio es pagado por la Alcaldía Municipal de Fusagasugá” (Cuad. 1, folio 98).
2.1 Recurso de apelación presentado por Carlos Alberto Ortiz Murcia
Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Ortiz Murcia interpuso recurso de alzada. Sustentó el recurso indicando, en primer lugar, que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela no se cumplieron, pues la petición presentada ante él - que solicitaba la rectificación -, fue instaurada por Abel Eduardo Cubides Ramírez (vocero del Comité Promotor).
En segundo lugar, indicó que se solicitó la rectificación de opiniones sobre hechos reales, ya que el programa Toca Noticias sólo se ha referido, “(…) por medio de invitados o panelistas (…), [a] los hechos relativos a la solicitud de revocatoria” (Cuad. 1, folio 157). Pero en ellas no se han efectuado afirmaciones que atenten contra el buen nombre, la honra o la dignidad de ninguna persona.
Finalmente, en cuarto lugar, arguyó que el espacio pagado por el Municipio corresponde exclusivamente al que se utiliza los días miércoles para emitir el programa Gerencia al Día. Por lo mismo, “(…) el programa Toca Noticias desde el centro del País informa y comenta las noticias con una total independencia informativa y editorial (…)” (Cuad. 1, folio 161)
2.2 Recurso de impugnación presentado por el Alcalde Municipal de Fusagasugá, Baudilio Páez Castro
Inconforme con la decisión de primera instancia, el Alcalde Municipal de Fusagasugá impugnó el fallo proferido. Sustentó su recurso manifestando que las opiniones expresadas por él y divulgadas a través de los medios de comunicación no fueron dirigidas a los accionantes. Por lo mismo, carecen de legitimación por activa para instaurar la acción en comento.
En cuanto a la información difundida con respecto a la revocatoria de su mandato, enfatizó que se buscaba “(…) que este proceso fuera transparente y no fuera utilizado para poner a la comunidad en contra de la administración municipal (…)” (Cuad. 1, folio 165).
Manifestó que la petición presentada por los gestores del amparo fue contestada el cinco (5) de agosto de dos mil nueve de forma negativa, “(…) considerando que los nombres del señor Clímaco Pinilla y Fabio Hernández Cubillos no fueron señalados en dicho mensaje. [Así mismo, reiteró] que ni siquiera se hizo mención al Comité promotor de la iniciativa popular (…)” (Cuad. 1, folio 165).
Conoció de la causa en segunda instancia la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que mediante sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009) resolvió revocar la decisión del a quo.
Consideró la autoridad judicial de segunda instancia que el derecho de rectificación sólo procede una vez sea presentada una solicitud previa ante la autoridad o el medio de comunicación. En este sentido, argumentó que no “(…) se aportó prueba alguna que acredite que (…) los actores (…) formularan ante [los] medios de comunicación acusados solicitud de rectificación con el lleno de los requisitos legales. Sólo aparece una carta dirigida al señor Carlos Ortiz Murcia (…) en la que [se] solicita el derecho de réplica y aclaración, pero no solicitan rectificación (…). [Ni tampoco] especifican el fundamento de rectificar la información (…)” (Cuad. 2, folio 19).
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección número Doce, mediante auto del nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
En el presente caso, como supuestos fácticos generales, se tiene que tras haberse constituido un comité de revocatoria del mandato del Alcalde Municipal de Fusagasugá, este servidor público – a través de varios medios de comunicación – llevó a cabo diversas alocuciones al respecto. Así mismo, se observa que en un espacio noticioso específico (Toca Noticias desde el Centro del País) – dirigido por un periodista determinado -, se adelantaron algunos programas que desarrollaban el tema. Finalmente, en los hechos del caso bajo estudio se evidencia que las alocuciones del burgomaestre se difundieron a través de diferentes medios de comunicación, que utilizan técnicas disímiles, como la televisión y la radio, cada uno manejado por empresas distintas. Entonces, es necesario distinguir tres conjuntos de sujetos diferentes, como posibles responsables de las trasgresiones ius fundamentales alegadas, para resolver el caso que se revisa. Estos son: El Alcalde Municipal Baudilio Páez Castro, el periodista Carlos Alberto Ortiz Murcia – director de “Toca Noticias desde el centro del País”-, y los medios de comunicación Fusa TV, Toca Estéreo y la Emisora Nueva Época.
Así las cosas, una vez analizados los hechos narrados y probados en el proceso, la Sala Tercera de Revisión debe determinar, frente a tres situaciones diferentes en razón a los sujetos que en ella intervinieron y a los derechos vulnerados, si los derechos fundamentales de los gestores del amparo se vieron conculcados o amenazados por la información difundida tras la constitución del Comité para la revocatoria del mandato del burgomaestre. En este orden de ideas, debe establecerse: (i) si cada uno de los mencionados sujetos, con sus actuaciones, transgredieron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de los accionante. Y (ii) como quiera que la libertad de expresión y específicamente la de información – tal y como se desarrollará en las consideraciones generales de esta providencia -, tienen una dimensión que protege los derechos de quienes son informados, la Sala también determinará si en el caso concreto se transgredió esta dimensión a los pobladores de Fusagasugá.
Para resolver los problemas jurídicos en el caso concreto, la Sala analizará, en primer lugar, las actuaciones del Alcalde de Fusagasugá. En segundo lugar, observará los comportamientos del director del noticiero Toca Noticias y, en tercer lugar, estudiará si los medios de comunicación con los que contrató el alcalde y que utilizó para difundir sus alocuciones, causaron un perjuicio iusfundamental a los derechos de los actores.
Por lo demás, debido a que se trata de problemas jurídicos atinentes a la libertad de información y opinión en tensión con el derecho fundamental al buen nombre, a la honra y el derecho a la información veraz e imparcial de los pobladores de Fusagasugá, donde la responsabilidad de cada uno de los demandados es diferenciable, la Sala desarrollará, siguiendo los postulados de su jurisprudencia, los siguientes puntos: (2.1) las reglas de procedencia de la acción de tutela para solicitar la rectificación de información; (2.2) el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y de opinión, y posibles colisiones con otros derechos fundamentales como el derecho al buen nombre y el derecho a la honra; (2.3) el principio democrático y la participación ciudadana; (2.4) el poder-deber en materia de comunicación e información de los jefes de administración local y sus límites constitucionales; y (2.5) los medios de comunicación, su libertad y responsabilidad y las obligaciones del Estado en esta materia. Finalmente (3) se entrará a resolver el caso concreto.
Finalmente, la precitada providencia, reiterando lo dispuesto en la sentencia C-011 de 1994[39] enfatizó que “Esta revocatoria del mandato es la consecuencia lógica del derecho de participación del ciudadano en el ejercicio del poder, como lo dispone el artículo 40 superior. En otras palabras, en el nuevo esquema filosófico de la Carta el ciudadano ya no se limita a votar para la escogencia del gobernante y luego desaparece durante todo el periodo que media entre dos elecciones -como en la democracia representativa-, sino que durante todo el tiempo el ciudadano conserva sus derechos políticos para controlar al elegido -propio de la democracia participativa-. El ciudadano no se desentiende de su elección”. (Negrillas del original).
2.4.1 Las personas, tal y como lo contempla el artículo 20 superior, tienen derecho a estar informadas. Una de los mecanismos con que cuentan para desarrollar este derecho es la posibilidad de instaurar peticiones a las autoridades, ya sea por motivo de interés particular o general[41]. Con todo, el derecho de saber qué asuntos suceden con el Estado no se agota ahí. Precisamente, el artículo 74 de la Carta contempla el derecho de acceso a los documentos públicos, con las excepciones que establezca la Ley[42]. En estos términos, ambas prerrogativas son una manifestación de la democracia participativa, que busca que frente a lo público las personas actúen más allá de las elecciones. Cabe recordar que el artículo 95 de la Constitución[43] enfatiza el deber de participación y, de acuerdo con todo lo antedicho, la misma no se agota con el simple acto de elegir o ser elegido. Entonces, para la Sala no hay duda de que existe un lazo inescindible entre información y participación.
Por lo mismo, refiriéndose a la posibilidad de comunicarse con las personas, la Corte Constitucional ha señalado la existencia de un poder-deber en cabeza de determinados servidores públicos, como el Presidente de la República, de comunicarse con las personas a través de diferentes medios, como la radio o la televisión. Esto se debe, a que los servidores públicos deben informar sobre los asuntos de interés general, o sobre el desarrollo de las políticas públicas que estén gestionando. Sin embargo, ahí no termina el derecho de comunicación de estos servidores públicos, pues también están facultados para opinar sobre su gestión y responder las críticas que contra la misma se eleven. Todo lo anterior hace parte del desarrollo de la democracia participativa y se conecta con el derecho de la población en general a ser informada.
2.4.3 A pesar de que las reglas que a continuación se desarrollan fueron planteadas para un caso en el cual el sujeto accionado era el Presidente de la República, lo cierto es que las mismas son analógicamente aplicables para cualquier otro funcionario como Gobernadores o Alcaldes, quienes también cuentan con esa facultad-deber de comunicarse con la población. Así, en la sentencia T-1191 de 2004[44] se indicó lo siguiente: “(…) Este poder-deber del Presidente difiere sustancialmente de la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, y más bien constituye un medio legítimo de ejercicio de facultades gubernamentales propio de las democracias contemporáneas. Ciertamente, esta comunicación entre el primer mandatario y los ciudadanos, no sólo es una herramienta de gobierno que permite informar asuntos de interés general, comunicar políticas, e incluso impartir órdenes, sino que constituye un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada, presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan y en el control del poder público (…)”.
"En el primer caso, cuando el Presidente durante sus discursos hace alusión a información que presenta como auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el suministro de información, de conformidad con el artículo 20 de la Carta[45], cargas que pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la opinión pública[46], más teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que cuenta el primer mandatario, en virtud de su cargo.
“En el segundo caso, cabe la expresión de la opinión del Presidente, es decir su apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el que no es exigible la estricta objetividad. Aun así, para garantizar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad[47]”.
A lo anterior se le suma, que el Presidente, un Gobernador o un Alcalde, tienen – en principio -, mayor acceso a los medios de comunicación, por lo que es exigible a ellos una mayor responsabilidad en su uso. De otro lado, cuando accedan a ellos, no pueden, por la dignidad que les reviste su cargo, atentar contra ninguno de los principios constitucionales, pues, además de haber jurado defenderlos y cumplirlos, el mandato que les ha dado la población al momento de elegirlos les impele un irrestricto respeto hacia ellos. Sumado a esto, no se puede pretermitir que la relación de poder entre un gobernante y los ciudadanos es vertical, precisamente por las facultades que rodean su cargo, por lo que cualquier desmán en el ejercicio del mencionado poder-deber debe ser juzgado de forma más estricta al ejercicio antijurídico que un particular haga de la libertad de opinión o de información.
2.4.6 Finalmente, a modo de conclusión, como límites al desarrollo de este poder-deber, en la precitada sentencia esta Corporación indicó las siguientes reglas: “(…) las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres, y (…) (i) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y veracidad cuando simplemente se trata de transmitir información o datos público; (ii) que resultan más libres a la hora de sentar posiciones políticas, proponer políticas gubernamentales o responder a las críticas de la oposición, pero que aún en estos supuestos las expresiones del primer mandatario deben ser formuladas a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, y (iii) que en todo caso su comunicación con la Nación debe contribuir a la defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de aquellas que merecen especial protección”.
Si bien, como ya se dijo, estas reglas fueron fijadas para un caso en el cual se demandó al Presidente de la República, lo cierto es que son aplicables analógicamente cuando quiera que se trate de alocuciones de cualquier otro servidor público, como un Gobernador o un Alcalde. Cada uno jefe de la administración, ya sea en el departamento o en el municipio.
La preponderancia del pluralismo es recalcada en la mencionada Ley. Así, el inciso segundo del artículo 29 contempla la facultad de la Comisión Nacional de Televisión de expedir regulaciones tendientes a evitar la “(…) exclusividad con los derechos de transmisión de eventos de interés para la comunidad (…)”[60]. De igual modo, el artículo 31 consagra el derecho de los partidos y movimientos políticos de acceder a los servicios de televisión operados por el Estado[61]. Concatenado a esto, el artículo 32 dispuso la facultad-poder del Presidente de la República de dirigirse al País a través de los medios masivos de comunicación televisivos[62]. Ambas disposiciones permiten evidenciar que la confrontación de ideas y la difusión de información desde diferentes fuentes han sido reconocidas por el legislador como necesarias y benéficas para la democracia.
Ahora bien, la importancia de diversas fuentes de información como garantía del pluralismo se denota en la Resolución 533 de 2003, “Por medio de la cual se establece la programación de uno de los actuales Canales nacionales de Operación Pública”, expedida por la Comisión Nacional de Televisión, y mediante la cual estableció la programación del Canal Institucional. Entre los fines y principios que sujetan a esta última, se encuentra la prohibición del proselitismo político, al igual que cualquier atentado contra el pluralismo político, social y cultural[63]. Así mismo, se contempla la importancia de que entidades públicas del orden nacional, departamental y local participen dentro de la programación, a la vez que figura la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales que representen intereses de la sociedad civil y organismos internacionales de carácter multilateral lo hagan[64].
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, se reitera, ha de diferenciarse entre los sujetos accionados. En cuanto al Alcalde de Fusagasugá, la acción de tutela es procesalmente viable, pues se trata de una autoridad pública, que hizo uso de la facultad-deber de comunicarse con la población. Lo anterior no es un impedimento para que las personas le soliciten a los servidores públicos que hacen ejercicio del mencionado poder-deber la rectificación que deseen, pero ha de recordarse que el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 impone la petición previa exclusivamente para casos donde se demande a particulares. En cambio, tratándose de periodistas o de medios de comunicación, las reglas de procedencia – específicamente aquella que exige la solicitud previa de rectificación - han de cumplirse para que el juez de tutela pueda entrar a analizar de fondo el caso bajo estudio.
3.1.2 Pues bien, de los medios probatorios obrantes en el expediente se observa que la mencionada solicitud se efectuó antes de que se instaurara la acción de tutela contra los demandados. Los actores acudieron al juez de tutela el veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2009), mientras que pidieron a los accionados la rectificación con antelación de seis días. En efecto, dentro del acervo probatorio se encuentra la petición formulada ante la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, con fecha del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), en la cual se solicita demostrar, en primer lugar, si los accionantes han tramitado algún recurso del presupuesto ante la administración – ya que el burgomaestre efectuó una afirmación indefinida en ese sentido - y, en segundo lugar, se especifica qué información se pretende sea rectificada. La cual, en términos de la petición, es la siguiente: “(…) Un grupo de diez sinvergüenzas e inescrupulosos a los cuales el señor alcalde no quiso ceder una parte del presupuesto para sus cosas personales (…)” (Cuad. 1, folios 5 y 6).
3.1.3 Así mismo, la Sala constata la existencia de otra petición, presentada por el vocero del Comité Promotor para la revocatoria del mandato del alcalde de Fusagasugá ante Carlos Ortiz Murcia, director de Toca Noticias, con fecha del diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009). En esta solicitud, si bien se utilizan los términos de “réplica” y “aclaración”, se le pide al periodista que les permita a los miembros del comité contestar las afirmaciones efectuadas en el programa radial del quince (15) de julio de la mencionada anualidad y que, al parecer del solicitante, “(…) deslegitima el desarrollo del proceso [de la revocatoria del mandato] y el buen nombre de los promotores de la iniciativa de carácter popular” (Cuad. 1, folios 8 y 9).
Si bien el solicitante, vocero del Comité, no figura como accionante en el asunto objeto de revisión, lo cierto es que hace parte de la misma organización constituida para la revocatoria del mandato de Baudilio Páez Castro – Alcalde de Fusagasugá-. Comité que, según los medios probatorios, estaba conformado por diez personas entre las que se encuentran los nombres de los gestores del amparo (Cuad. 1, folios 1 y 2). Esto permite concluir, a juicio de esta Sala, que el mencionado vocero estaba legitimado para solicitar la rectificación, pues las alocuciones del Alcalde, difundidas ese quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), hacían referencia a “(…) diez sinvergüenzas que están contados (…) [y] que quieren hacer la revocatoria del mandato (…)” (Cuad. 1, folio 36). En este sentido, el hecho de que sólo dos de los miembros del comité para la revocatoria del mandato sean los actores en la acción de tutela, no supone que ellos fueran los únicos que podían solicitar la rectificación. Debido a que las aseveraciones del alcalde estaban dirigidas contra el comité, cualquiera de sus miembros podía solicitarla y la misma favorecer al resto de los integrantes de la organización para la revocatoria del burgomaestre.
A pesar de que en esta última petición la información que se pretende sea rectificada no fue expresamente señalada, la misma es determinable, pues el vocero del comité indicó que eran aquellas efectuadas en el programa radial del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Entre las frases que se constata fueron difundidas ese día en el programa “Toca Noticias desde el centro del País”, se halla la siguiente a partir del minuto 13 con 1 segundo: “(…) yo les pido a ustedes querida comunidad que estemos atentos porque nosotros seguiremos trabajando hasta el último momento por las comunidades, sin tener en cuenta diez sinvergüenzas que están contados, allí dentro del municipio, que quieren hacer la revocatoria del mandato porque no accedí a las pretensiones de quitar parte del presupuesto para de (sic) las cosas personales de ellos (…)” (Cuad. 1, folio 36). Por lo tanto, esta petición cumple con las características de una solicitud de rectificación y fue presentada previamente a la instauración de la acción de tutela.
3.1.4 Ahora bien, a pesar de que los gestores del amparo acudieron al juez de tutela antes de que venciera el término para que el alcalde se pronunciara al respecto, lo cierto es que la contestación se produjo durante el trámite de la primera instancia, pues la acción de tutela fue instaurada el veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2009), mientras que el fallo del a quo fue proferido el diez (10) de agosto de esa anualidad. En efecto, la respuesta a la petición de los gestores del amparo fue expedida el cinco (5) de agosto de ese año y los términos fueron negativos a la pretensión de rectificación (Cuad. 1, folios 168 y 169). Por lo tanto, esta respuesta permite constatar que no se hizo en ese momento rectificación alguna. No sobra insistir, en todo caso y a pesar de lo anterior, que el requisito de solicitud previa opera exclusivamente para aquellos casos donde el sujeto demandado sea un particular y no un servidor público como el burgomaestre.
3.1.5 En este orden de ideas, y respecto a los requisitos procesales anteriormente señalados, la Sala considera que la acción de tutela es procedente, pues se cumplió el requisito procesal de la solicitud previa al difusor de la información que se pretende sea rectificada. Finalmente, a pesar de que esto será desarrollado más adelante con profundidad, la Sala encuentra que frente a las mencionadas alocuciones del jefe de la administración local no era exigible carga probatoria alguna para los gestores del amparo, pues las mismas son afirmaciones indefinidas y, como fue señalado en las consideraciones generales de esta providencia, las mismas invierten la mencionada carga.
3.2 De la responsabilidad del Alcalde de Fusagasugá
3.2.1 Al momento de contestar la demanda elevada en su contra, el señor Alcalde de Fusagasugá Baudilio Páez Castro, esbozó tres argumentos centrales a través de los cuales pretendió gestionar su defensa. En primer lugar, manifestó que no sabía quiénes hacían parte del Comité conformado para la revocatoria de su mandato, por lo que sus aseveraciones no podían atentar contra los derechos fundamentales de los gestores del amparo. En segundo lugar, señaló que acudió a los medios de comunicación sin que mediara ningún fin distinto a los legítimos en el ejercicio de su función pública y que, en este sentido, su accionar buscaba “(…) estimular la formación de la conciencia política del electorado (…)” (Cuad. 1, folio 48). En tercer lugar, arguyó que no cabía el derecho de rectificación, pues en ningún momento se refirió a “(…) hechos, ni circunstancias fácticas claras en las que los accionantes puedan solicitar [la misma] (…)” (Cuad. 1, folio 49).
3.2.3 En este orden de ideas, para resolver el caso bajo estudio y específicamente para determinar la responsabilidad del señor alcalde de Fusagasugá, es necesario esclarecer si las alocuciones del mandatario municipal eran opiniones o informaciones. En caso de ser estas últimas, la Corte deberá constatar si las mismas son veraces o falsas, si atentaron contra los derechos de los gestores del amparo y si contribuyeron al desarrollo del principio democrático.
3.2.4 Conforme al acervo probatorio en el programa “Gerencia al día”, difundido por Fusa T.V. el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009), el Alcalde municipal manifestó que diez personas intentaban impulsar la revocatoria de su mandato como retaliación por no haber recibido, de parte suya, dineros del presupuesto. Estas fueron las afirmaciones del burgomaestre: “(…) No vamos a aceptar que diez personas que están contadas vayan a bloquear la administración municipal, porque quieren hacer una revocatoria, porque no accedimos – y eso lo digo públicamente – a las pretensiones de ellos (…). Yo les pido a ustedes querida comunidad que estemos atentos, porque nosotros seguiremos trabajando hasta el último momento por las comunidades, sin tener en cuenta diez sinvergüenzas, que están contados allí, dentro del municipio, que quieren hacer la revocatoria del mandato, porque no accedí a las pretensiones de quitar parte del presupuesto para de (sic) las cosas personales de ellos (…)” (Cuad. 1, folio 33).
Así mismo, en el programa “Gerencia al día”, emitido el quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), se escuchan varias alocuciones del jefe de la administración municipal. En las concernientes al caso objeto de revisión, el señor Baudilio Páez Castro manifiesta, a partir del minuto 12 con 24 segundos de grabación, que no va a aceptar que diez personas, contadas, bloqueen la administración con el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato, por no haberles dado dádivas del presupuesto (Cuad. 1, folio 36).
En este mismo sentido, en el CD contentivo del programa del quince (15) de Julio de dos mil nueve “Gerencia al Día”, con una duración total de 33 minutos y 36 segundos, comienza a partir del minuto y 56 segundos “Gerencia al Día, programa institucional de la alcaldía de Fusagasugá (…)”. En lo relativo a esta acción de tutela, el Alcalde del Municipio efectúa alocuciones, en la vereda Batán Bajo, de la siguiente manera: a partir del minuto 12 con 24 segundos, indica que “(…) Nosotros lo que queremos es traer … lo que los (sic) recursos y la gestión que hagamos ante los entes nacionales para que… para darles, y así lo queremos allí también en el área urbana, pero no vamos a aceptar que diez personas, que están contadas, vayan a bloquear la administración municipal porque quieren hacer una revocatoria, porque no accedimos y eso lo digo públicamente, a las pretensiones de ellos”.
3.2.5 Estas intervenciones, evidentemente, son expresiones informativas que se sustenta en afirmaciones indefinidas, ya que indican el acaecimiento de dos hechos sin determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar: la constitución de un comité de revocatoria, que califica como retaliación por no haber accedido a pretensiones de los miembros de esa organización, y el intento infructuoso de diez personas para recibir dineros del presupuesto. Así las cosas, estas intervenciones, al ser informativas, deben cumplir con el requisito de veracidad. Sin embargo, el mismo Alcalde de Fusagasugá, posteriormente al fallo de primera instancia, manifestó que “(…) ni los señores Clímaco Pinilla y Fabio Hernández Cubillos, como ninguno otro de los demás promotores de la revocatoria me han solicitado presupuesto para cosas personales, ni el adjetivo utilizado fue acorde a su dignidad (…) (Cuad . 1, Folio 151). Por lo tanto, ambas aseveraciones carecen de veracidad y con las mismas, al atribuírseles a los miembros del comité para la revocatoria del mandato del burgomaestre, se les transgredió su derecho fundamental a la honra y al buen nombre, al afectar su buena fama o estimación y la reputación externa que pudieran tener en cuanto tales y como promotores de la revocatoria del mandato del alcalde.
3.2.6 Como se señaló anteriormente, el alcalde de Fusagasugá indicó desconocer la constitución del Comité para la Revocatoria de su mandato. Dicha organización se constituyó, según consta en el acervo probatorio, el seis (6) de julio de dos mil nueve (2009), acto que fue notificado al Registrador del Estado Civil de Fusagasugá, el diez (10) de julio de esa anualidad (Cuad. 1, folios 3 y 4). Entre sus miembros figuran diez ciudadanos, dentro de los que se encuentran los gestores del amparo (Cuad. 1, folios 1 y 2). Ahora bien, en las copias del primer programa de Gerencia al Día (que fue emitido por Fusa TV) – efectuado el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009) - se ve y escucha al alcalde en la Vereda Batán Bajo. Este servidor público indica lo siguiente: ““(…) No vamos a aceptar que diez personas que están contadas vayan a bloquear la administración municipal, porque quieren hacer una revocatoria, porque no accedimos – y eso lo digo públicamente – a las pretensiones de ellos (…). (Cuad. 1, folio 33)”. Así las cosas, el argumento esbozado por el mandatario municipal, concerniente a su ignorancia sobre la constitución del Comité para la revocatoria de su mandato y, por lo mismo, a la imposibilidad de haber hecho comentarios dirigidos a los gestores del amparo, resulta contrario a lo establecido por las pruebas en este proceso.
3.2.9 Como quiera que la jueza de primera instancia concedió el amparo y ordenó llevar a cabo la rectificación, es necesario observar si la misma se efectuó de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia. Así las cosas, en primer lugar, la rectificación debe ser hecha por quien difundió la información. En cuanto a este requisito, el Alcalde de Fusagasugá fue quien se dirigió a la comunidad a través de los medios de comunicación tras la orden fijada por el a quo. Por lo tanto, este requisito fue cumplido. En segundo lugar, la rectificación debe ser adelantada públicamente; cosa que se hizo mediante las emisiones del dieciocho (18) de agosto de dos mil nueve (2009), por lo que este requisito también se surtió. En tercer lugar, el despliegue y la relevancia de la rectificación ha de ser equivalente y la Sala considera que en efecto así fue, pues en el acervo probatorio consta que a partir del minuto 10 con 18 segundos de las grabaciones suministradas tras la sentencia de primera instancia (Cuad. 1, folio 151), se utilizaron los mismos espacios. Finalmente, es necesario que esta última conlleve el entendimiento de la equivocación. El señor Baudilio Páez Castro manifestó, en este sentido, que el adjetivo por él utilizado no fue el adecuado y que no eran ciertas sus indicaciones de que los gestores del comité le habían solicitado dinero. Por lo tanto, la Sala considera que también se cumplió con este requisito.
3.2.10 Ahora bien, a pesar de lo anterior, lo cierto es que según las reglas indicadas en las consideraciones generales de esta providencia, la información que se brinde dentro del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana debe ser veraz y, en caso de que no lo sea, existen especiales sanciones por parte del Ministerio Público, pues con falacias dentro de estos procesos se atenta contra el desarrollo del principio democrático. Como quiera que la jueza de instancia no compulsó copias a las autoridades competentes, y debido a que es evidente que el Alcalde de Fusagasugá, Baudilio Páez Castro, difundió información no veraz ante la comunidad para torpedear un mecanismo de participación ciudadana, con el consecuente incumplimiento de su deber frente a la esfera expansiva del principio democrático, la Corte adicionará la sentencia de primera instancia y ordenará que se envíen copias a la Procuraduría para lo de su competencia.
3.3.1 El señor Carlos Alberto Ortiz Murcia, a quien se le concedió, en calidad de director, por medio de la Resolución Número 834 de dos mil ocho (2008), expedida por el Ministerio de Comunicaciones, la licencia para desarrollar el Programa “Toca Noticias desde el Centro del País” (Cuad. 1, folio 38), al momento de ejercer su derecho de defensa argumentó que en virtud de un contrato celebrado con la alcaldía, dentro de su programa, se emitía un espacio radial llamado “Gerencia al Día” que era elaborado, editado y realizado por la oficina de prensa del burgomaestre. Por lo mismo, él no era responsable de rectificación alguna.
3.3.2 De los medios probatorios obrantes en el expediente se desprende que la alcaldía celebró diversos contratos con medios de comunicación para que fuera prestado el servicio de emisión y pauta de espacios informativos. El monto total de los contratos fue de $74.380.000 de pesos y entre los medios de comunicación se encuentra Toca Noticias (Cuad. 1, folios 112 y 113). Ahora bien, según informó el señor Carlos Ortiz Murcia, el nombre del programa que desarrolla la Alcaldía es “Gerencia al Día” y tiene una duración de veinticinco (25) minutos (Cuad. 1, folios 56 y 61). Sin embargo, de los medios de prueba en el expediente, se evidencia que las expresiones que se efectuaron los días 13, 14, 15 y 16 de julio superaron las aseveraciones efectuadas por el Alcalde en el mencionado programa. Por lo mismo, la Corte debe analizar si esas expresiones eran opiniones o informaciones, y, en ambos casos, si se respetaron los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Corporación en torno a veracidad, imparcialidad y distinción entre opinión e información.
3.3.3 Dentro del acervo probatorio existen copias de los programas efectuados los mencionados días de julio de dos mil nueve (2009). A pesar de que, como se detalla en el acápite de pruebas, existen varias expresiones concernientes a la revocatoria del mandato, la Sala – en este momento – sólo hará referencia a las que siendo opiniones o informaciones tienen relevancia para la solución del caso concreto.
En las grabaciones correspondientes al programa efectuado el catorce (14) de julio, el mencionado periodista indica que existen personas que imaginan que los alcaldes “(…) viven para hacer nada, que (…) no tienen otra misión que no cumplir lo que han manifestado desde un comienzo”. Esta es una opinión abstracta, por lo que a ella no puede exigírsele veracidad o imparcialidad. Sin embargo, a continuación, señala que “(…) empiezan con engaños a decirle a la gente mire: si nosotros buscamos la manera de distraer al alcalde, pues así no va a poder cumplir un plan de desarrollo (…). Hay que llamar la atención sobre ese… ese particular (…). Es que una minoría no tiene por qué ir a entregar cosas desobligantes (…) y resulta que empiezan con engaños a decirle a la gente mire: si nosotros buscamos la manera de distraer al alcalde, pues así no va a poder cumplir un plan de desarrollo (…).” (Cuad. 1, folio 58). El señor Ortiz, imputa un hecho a los organizadores que no es fácilmente diferenciable de sus opiniones. En efecto, manifiesta que una minoría está engañando a la gente, que está entregando “cosas desobligantes” y que con esto se busca sabotear la gestión del alcalde. Así las cosas, aunque pareciera que plantea una opinión sobre lo que tiene que hacer o no una minoría, esta afirmación se une con otra que parece más un hecho y según el cual esa minoría está “engañando” a la gente. Como se indicó en las consideraciones generales de esta sentencia, si bien no cabe exigirle a las opiniones veracidad o imparcialidad alguna, es necesario que las mismas se distingan claramente de los hechos que las sustentan.
En efecto, dentro del programa participó el senador Carlos Roberto Ferro, quien indicó, expresamente, que la revocatoria del mandato “(…) es un motivo de desestabilización en las administraciones departamentales y municipales (…). [La revocatoria] es un generador de desequilibrio en materia de administración (…)” (Cuad. 1, folio 59). Es así como el periodista incumplió el deber de tomar distancia de sus fuentes, a fin de no aceptar automáticamente sus afirmaciones, al igual que obvió su deber de aportar varias posiciones y contrastar diversas versiones. Actuación que demuestra su carencia de imparcialidad. Posteriormente, a la hora y 24 minutos del programa, se escucha al señor Ortiz señalar que la revocatoria dificulta el desarrollo del programa de gobierno, porque obligaría al alcalde a acudir a los estrados judiciales: “(…) seguramente se está buscando es (sic) mantener ocupado, distraído, al ejecutivo para que no pueda ejecutar su programa de gobierno. Es que hay gente empeñada en que realmente al alcalde se le vea en los estrados judiciales y que descuide su parte dentro del programa que se llama “Una gerencia con compromiso social” (…)” (Cuad. 1, folio 59). Esta afirmación en la que no distinguió entre hecho y opinión evidencia la falta de profesionalismo del comunicador, pues la revocatoria del mandato en nada se refiere a un proceso judicial, sino a un mecanismo de participación ciudadana donde las autoridades judiciales no tienen absolutamente ningún papel que cumplir. Al haber manifestado lo anterior, transgredió el derecho de información de la comunidad de Fusagasugá, pues indujo a confundir un mecanismo de participación ciudadana con procesos judiciales.
Finalmente, en el programa del dieciséis (16) de julio, el periodista arremete de nuevo contra la revocatoria del mandato sin, siquiera, haber informado a la comunidad realmente sobre qué función cumple dicho mecanismo de participación ciudadana. Lo hizo en los siguientes términos: “(…) Resulta que se habla de la revocatoria del mandato del alcalde sin mucho fundamento (…). El Alcalde (…) es un señor responsable, que ha tomado juiciosamente el ejercicio de gobernar a su comunidad (…) y en virtud de lo anterior ha hecho un trabajo social impresionante (…). Seguramente lo que se está buscando es mantener ocupado, distraído, al ejecutivo para que no pueda ejecutar su programa de gobierno (…). Esa figura no ha tenido éxito en Colombia, ni tendrá éxito, porque (…) tendría que ser un gobernante que no haga absolutamente nada por la comunidad. Tendría que ser un vagabundo (…). Ya comenzamos a ver el fruto de la gestión que está realizando el doctor Baudilio Páez Castro. Y ya vienen las obras macro (…), ya viene una serie de obras importantes que van a cambiar la cara de la ciudad (…)” (Cuad. 1, folio 60).
3.3.4 En conclusión, la Sala evidencia que el señor Ortiz Murcia, como periodista, no distinguió claramente entre la información que difundía y sus opiniones personales – como los motivos de la revocatoria o el hecho de que sea un mecanismo de participación ciudadana y no un proceso judicial – y tampoco guardó distancia de sus fuentes, por lo que incumplió el límite de la imparcialidad en el ejercicio del derecho a la información. En este sentido, si bien las frases alusivas a los miembros del comité no tienen la contundencia de aquellas pronunciadas por el burgomaestre, por lo que no es clara la afectación al buen nombre y a la honra de parte suya contra los gestores del amparo, lo cierto es que con la transgresión de los mencionados límites – la aludida distinción, así como la imparcialidad en el caso de la información – vulneró el derecho de la comunidad a ser informada, a la vez que torpedeaba un proceso de participación popular legítimo de control político. Cabe indicar que la parcialidad se acentúa y con ello el desbordamiento ilícito de la libertad de información, si se tiene en cuenta la existencia de los mencionados contratos entre el Programa “Toca Noticias desde el Centro del País” y la alcaldía municipal.
3.3.5 Ahora bien, como quiera que la jueza de primera instancia amparó los derechos invocados y antes de que su decisión fuera revocada en segunda instancia los demandados actuaron en cumplimiento de lo ordenado, la Sala debe revisar si la orden impartida por el a quo reparó efectivamente el daño en lo referente a la rectificación, sin perjuicio de otras responsabilidades, como la penal o civil a que haya lugar.
Así, en cuanto a que la rectificación sea efectuada por la misma persona que difundió la información, es el señor Ortiz el que manifiesta que no se refería con sus comentarios a ninguno de los miembros del comité para la revocatoria del mandato. De igual modo, al haber sido efectuada la rectificación en el espacio por él dirigida, se hizo de forma pública, cumpliéndose también con ese requisito señalado con anterioridad. Concatenado a lo anterior, la emisión fue desplegada de forma equitativa, ya que se efectuó en programas distintos llevados a cabo los días veinticuatro (24), veinticinco (25), veintiséis (26) y veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009) (Cuad. 1, folios 175 a 178). Finalmente, también se observa que la rectificación lleva el entendimiento de la equivocación en las afirmaciones efectuadas, pues se señala, por ejemplo, que “(…) La [revocatoria] se puede realizar, teniendo en cuenta que es un mecanismo ciudadano contemplado en la Constitución Nacional y quienes lo consideren lo pueden aplicar cuando un mandatario no ha cumplido con su plan de gobierno (…)” (Cuad. 1, folio 178)
3.3.6 Como quiera que la autoridad judicial de primera instancia observó el desbordamiento antijurídico en el ejercicio de la libertad de información y corroboró la responsabilidad del señor Ortiz Murcia en cuanto a la parcialidad de sus actuaciones y falta de profesionalismo, es importante adicionar que la información por él efectuada acarreó una afectación ilegítima al mecanismo de participación ciudadana y con ello al principio democrático y al derecho de participación de la comunidad de Fusagasugá. Por lo mismo y dado que la información en estos asuntos es fundamental, debido a lo trascendental que resulta para el control político del programa de gobierno, tal como lo establece la Ley 134 de 1994, la Sala adicionará lo ordenado por el a quo en el sentido de remitir copias de todo el proceso al Consejo Nacional electoral para que determine si hay lugar a sancionar al señor Ortiz Murcia, según lo dispuesto en el artículo 94 de la mencionada Ley.
3.4.1 Cada uno de los medios de comunicación accionados, indicaron que el espacio utilizado por el alcalde municipal correspondía al objeto de contratos para la publicidad institucional. Así mismo, enfatizaron que los mencionados programas eran preparados y dirigidos por la oficina de prensa de la alcaldía (Cuad. 1, folios 32, 34 y 37). De hecho, en el DVD donde consta el programa emitido por Fusa TV, el catorce (14) de julio de dos mil nueve (2009), se observa que aparece un anuncio con las siguientes características: “(…) [el siguiente programa] no compromete las políticas de las Directivas de Telmex Fusagasugá y de Fusa Tv., las opiniones y comentarios y la publicidad emitida son responsabilidad del Concesionario (…)”. (Cuad. 1, folio 33). Por lo mismo, la responsabilidad de adelantar la rectificación o incluso de responder la solicitud previa a la acción de tutela no les correspondía.
3.4.2 De los medios probatorios obrantes en el expediente, se desprende que ni Fusa TV, ni la Emisora Nueva Época, ni Toca Estéreo efectuaron en algún otro espacio, salvo el programa “Toca Noticias desde el Centro del País” y “Gerencia al Día”, alocución alguna con respecto a los gestores del amparo o al mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato. Por lo mismo, mal podría considerarse que tienen algún tipo de responsabilidad en el caso bajo estudio. Con todo, como quiera que las expresiones del señor Baudilio Páez Castro y del señor Carlos Ortiz Murcia se efectuaron en los espacios objeto de concesión, debieron permitir que los mismos llevaran a cabo las rectificaciones. Como se indicó con antelación, estas últimas se efectuaron conforme a lo mandado en la jurisprudencia de esta Corporación, por lo que los mencionados medios cumplieron con sus obligaciones en esta materia.
Pues bien, debido a los desmanes antijurídicos en el ejercicio del poder-deber del alcalde, al igual que en la libertad de información y opinión del periodista Ortiz Murcia, es evidente que se transgredió el derecho de los pobladores de Fusagasugá a estar informados con respecto al proceso de la revocatoria del mandato. Lo anterior, entre otras cosas, porque hubo un desequilibro en cuanto a la posibilidad con que contaba la comunidad de saber las razones de quienes impulsaban el proceso de la revocatoria. El burgomaestre afirmó que se debía a represalias, mientras que el señor Murcia aducía que se buscaba torpedear la administración municipal para que no se cumpliera el programa de gobierno. Ambos utilizaron para esto medios que permiten un amplio alcance en cuanto a radioescuchas o televidentes se refiere. En cambio, ninguno de los gestores del amparo o de los miembros del comité tuvo acceso a tales medios y, por lo mismo, el impacto de la información que estos últimos podían difundir era menor frente a aquella alcanzada por los accionados y que, como se vio, era contraria a los postulados de veracidad, imparcialidad y diferenciación entre opiniones e información.
Y es que no es lo mismo contar con el espectro electromagnético, que encontrarse limitado a exponer las ideas en el mismo formato para la recolección de firmas, donde se formularon – entre otras – las siguientes: “(…) ineficiencia administrativa evidenciada en la improvisación, aumento de gastos de funcionamiento (…), persecución permanente a propietarios de vehículos (…), abandono de la malla vial, desconocimiento de acuerdos municipales, leyes y de los acuerdos que adquirió públicamente con la comunidad; ignorar los mecanismos de participación ciudadana, como el caso de la solicitud de consulta popular ciudadana – más de 10.000 firmas -, sobre la decisión de la vinculación al Plan Departamental de Aguas (…), [y el] incumplimiento al programa de gobierno (…)” (Cuad. 1, folio 10). Así las cosas, es evidente que hubo una ruptura en el equilibrio informativo, que afectó en razón al uso antijurídico de la libertad de información y opinión, al igual que en el ejercicio de la facultad-deber del alcalde, los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad de Fusagasugá de ser informado para participar en la autodeterminación de la colectividad.
Así mismo, con esta desigualdad en el acceso a los medios de difusión utilizados por el alcalde Baudilio Páez Castro y Carlos Ortiz Murcia, también se transgredieron los derechos políticos de los gestores del amparo, pues no pudieron – en condiciones similares -, refutar la información falaz y parcializada que emitían los demandados.
3.4.4 A pesar de que el burgomaestre y el señor Ortiz Murcia se rectificaron tras las órdenes establecidas por la autoridad judicial de primera instancia, lo cierto es que en ningún momento se impartieron mandatos concernientes al reestablecimiento del equilibrio informativo a favor de los habitantes de Fusagasugá que tienen el derecho a saber el motivo por el cual conciudadanos decidieron impulsar tal procedimiento[67]. Es decir, ninguna de las órdenes formuladas en el proceso reparó este daño o enmendó el desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación que padecieron los gestores del amparo. Por esta razón, y debido a que la libertad de información también debe ser protegida como un instrumento en beneficio de la autodeterminación colectiva, la Sala ordenará al alcalde de Fusagasugá que abra un espacio dentro de cada uno de los espacios institucionales utilizados por él, para que los gestores del amparo – si así lo desean – expongan las razones por las cuales decidieron impulsar la revocatoria del mandato. Ahora bien, debido a que no se evidencia que los gestores del amparo se hayan visto sometidos a algún tipo de discriminación en cuanto al acceso a los medios de comunicación se refiere, o que los mismos hayan desplegado prácticas monopolísticas o abusado de su posición dominante, la Sala no se pronunciará sobre la adopción de ninguna acción afirmativa a favor de los demandantes y que obligue a Carlos Alberto Ortiz Murcia o al programa “Toca Noticias desde el Centro del País”.
3.5.1De todo lo anterior se desprende que la autoridad judicial de primera instancia acertó al haber amparado los derechos fundamentales de los gestores del amparo. Ahora bien, como quiera que la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial revocó este fallo, la Sala pasa a examinar las razones brindadas por la autoridad judicial de segunda instancia.
3.5.2 En primer lugar, es equivocado el argumento apuntado por el ad quem, en el sentido de que no se aportó prueba alguna que acreditara la solicitud previa a los medios de comunicación y, por lo mismo, el consecuente incumplimiento de los requisitos procedimentales de la acción de tutela. Como fue indicado con anterioridad, de un análisis simple de los medios probatorios obrantes en el proceso, se desprende que dicha petición existió y que fue contestada de forma negativa por el alcalde de Fusagasugá. Así mismo, para la Corte es evidente que el vocero del comité también estaba legitimado para solicitar la rectificación, a pesar del lenguaje poco técnico que utilizó, pues las alocuciones del alcalde hacían referencia a los integrantes de la organización y fueron presentadas en el espacio noticioso dirigido por el señor Ortiz Murcia. Finalmente, ambas peticiones fueron presentadas ante los responsables de los programas, pues la primera se instauró ante el burgomaestre, mientras la segunda fue elevada ante el señor Carlos Ortiz Murcia, director del programa “Toca Noticias desde el Centro del País”.
3.5.3 En segundo lugar, como se mostró anteriormente, la jurisprudencia de esta Corporación distingue claramente entre dos hipótesis según las cuales varía la carga de la prueba. En la primera de ellas, quien pretende que la información sea rectificada debe aportar los medios probatorios que acrediten que la misma no es veraz o imparcial. Empero, en la segunda, cuando quiera que se trate de afirmaciones o negaciones indefinidas, o de hechos notorios, se le exime de esta carga. Como quiera que las alocuciones efectuadas por los señores Baudilio Páez Castro y Carlos Ortiz Murcia fueron indefinidas, a los gestores del amparo no les correspondía demostrar que las mismas no eran veraces. Bastaba con que solicitaran, como en efecto lo hicieron, que se demostrara que habían pedido dineros del presupuesto público. Por lo tanto, el argumento esbozado por el ad quem en torno al incumplimiento de la carga probatoria, también carece de sustento.
3.5.4 Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia de segunda instancia y en su lugar confirmar la providencia del a quo. Por lo demás, la Sala adicionará la decisión de la autoridad de primera instancia en el sentido de remitir copias tanto a la Procuraduría General de la Nación como al Consejo Nacional electoral, para que, si lo consideran pertinente, inicien los procedimientos a que haya lugar en contra de Baudilio Páez Castro y Carlos Ortiz Murcia. Así mismo, se dispondrá que el burgomaestre de Fusagasugá deberá abrir un espacio dentro de los medios de comunicación utilizados por él, para que los gestores del amparo – si así lo desean – expongan a la comunidad los motivos que los llevaron a iniciar la revocatoria del mandato.
Lo anterior no se constituye en una indebida injerencia por parte del Estado en el ejercicio de la libertad de información de los medios de comunicación, por cuanto se busca, exclusivamente, la igualdad en el acceso a mecanismos de difusión de ideas en una contienda que gira en torno a la revocatoria del mandato del burgomaestre de Fusagasugá. En otras palabras, se trata de garantizar el debate abierto dada su importancia para la consolidación democrática. Así mismo, no se le impele al alcalde o al periodista la difusión de un contenido específico, simplemente se le ordena la apertura de un espacio para que un grupo de ciudadanos tenga la posibilidad de acceder a mecanismos de similar alcance en cuanto a radioescuchas o televidentes se refiere. Esto, en aras del pluralismo informativo, por lo que no se trata de una carga desproporcionada.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el treinta (30) de septiembre de dos mil nueve (2009), y en su lugar CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasugá, el diez (10) de agosto de dos mil nueve (2009).
Tercero. ORDENAR al alcalde de Fusagasugá Baudilio Páez Castro que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, ceda un espacio en cada uno de los medios de comunicación utilizados por él, para que los gestores del amparo, si así lo desean, expongan las razones por las cuales iniciaron el proceso de la revocatoria del mandato. Estos espacios institucionales son aquellos en los que el Alcalde se refirió, en su programa “Gerencia al Día”, al comité para la revocatoria de su mandato.
[14] Esta categoría proviene del constitucionalismo norteamericano, L.H. Tribe señala que el “modelo de los derechos preferentes” se planteó como la respuesta al derrumbe definitivo del modelo de “libertad contractual” y que por tanto tiempo prevaleció en la jurisprudencia del Tribunal supremo de los E.U, como expresión de las garantías de no intromisión sobre los actos de los particulares. En efecto, la admisión de la intervención (control) del Estado y de los estados en la economía y por tanto en la autonomía privada de quienes participaban activamente en ella, supuso además de muchas prevenciones y matices en la interpretación de tal doctrina y en la elaboración de los precedentes judiciales, la necesidad de establecer los ámbitos en los cuales era indispensable preservar la libertad plena de toda injerencia. Vid. Laurence H. Tribe. American Constitutional Law, New York, The Foundation Press Inc, 1988, p. 2-4, 769-770.
[17] Sobre la rectificación en condiciones de equidad se pueden consultar las sentencias T-332 de1993, T-603 de 1992, T-274 de 1993, T- 332 de 1993, T-479 de 1993, T-595 de 1993, T-259 de 1994, T.381 de 1994, T-074 de 1995, T-472 de 1996, T-066 de 1998, T- 1198 de 2004, T-626 de 2007, T-787 de 2004
[18] Sentencia T-219 de 2009.
[44] En este caso, la Corte revisó una acción de tutela elevada por varias organizaciones no gubernamentales que demandaron al Presidente de la República por algunas alocuciones que éste llevó a cabo y que encontraban transgresoras de sus derechos fundamentales. A pesar de ser indeterminadas en cuanto al sujeto aludido, en ellas se indicaba que existían auxiliadores del terrorismo que utilizaban el discurso de los derechos humanos para ayudar a los grupos al margen de la ley a perpetuarse en la criminalidad. Las ONG consideraron que se hacía referencia a ellas por algunos elementos en los comentarios presidenciales, como referencias a determinadas reuniones en el extranjero. La Corte resolvió no tutelar el derecho al considerar que las ONG carecían de legitimación por activa, ya que no se evidenciaba, de los medios probatorios obrantes en el proceso, que los señalamientos efectuados por el Presidente de la República fueran dirigidos a las demandantes. Sin embargo, debido a la importancia del caso, desarrolló reglas en torno a la facultad-deber de comunicación de este servidor público.
[46] Cfr. Sentencia C-1172 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En este fallo la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 32 (parcial) la Ley 182 de 1995, norma que confiere al Presidente de la República la facultad de interrumpir la programación de televisión en cualquier momento para dirigirse a los ciudadanos. La norma fue declarada exequible, siempre que se entendiera que la facultad del Presidente no es absoluta, sino que debía ser ejercida de acuerdo con las reglas señaladas en las consideraciones de la decisión.
[58] “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestreucturan <sic> entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
h. La responsabilidad social de los medios de comunicación.
[62] ARTÍCULO 32. ACCESO DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS CANALES DE TELEVISIÓN. El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento.
a) No se podrán presentar las actuaciones de las entidades y organismos de que trata la presente Resolución, como obra personal de sus gestores o administradores.
b) En ningún caso se permitirá realizar proselitismo político o religioso.
c) No se podrá atentar contra el pluralismo político, religioso, social y cultural.
d) No se podrá atentar contra la honra de las personas, de las instituciones o de los símbolos patrios”.
[66] ARTÍCULO 55. OBLIGATORIEDAD DE DEDICAR TIEMPO DE PROGRAMACIÓN A TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO. Los canales nacionales [de operación pública], regionales, zonales [que por mandato del artículo 23 de la Ley 335 de 1996 deben ser entendidos como Canales Nacionales de Operación Privada] y locales de televisión estarán obligados a dedicar un porcentaje de su tiempo a temas de interés público. El cubrimiento de éstos debe hacerse con criterio de equidad, en el sentido de que, en éste, se provea igualdad de oportunidades para la presentación de puntos de vista contrastantes. La Comisión Nacional de Televisión reglamentará los términos para el cumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo.
[67] Sobre la protección a la libertad de información en razón a su importancia para el colectivo y los desarrollos democráticos, es decir, como un instrumento a favor de la autodeterminación colectiva, puede consultarse a: Fiss Owen, Libertad de Expresión y Estructura Social, México, Distribuciones Fontamar S.A, 1997, pp 17-43
[69] Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 33.

References: artículo 40
 Resolución 
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 artículo 20
 artículo 74
 artículo 95
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 32
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 94
 artículo 32
 ARTÍCULO 32
 ARTÍCULO 55
 artículo 23