Source: http://saberdelderecho.blogspot.com/2009/11/electricidad-impuesto-de-sellos-yacilec.html
Timestamp: 2018-06-21 21:28:43+00:00

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Yacilec S.A. c. Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa
La actora inicia una acción declarativa contra la Provincia de Corrientes a fin de que se declare que el contrato celebrado con el Estado Nacional el 15 de diciembre de 1992 para la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, como así también el otorgamiento de la licencia técnica para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica bajo la modalidad de transportista independiente en dicho tramo, se encuentran sometidos a la jurisdicción y legislación federal. Y como consecuencia de ello pretende que se decida si está obligada a pagar el impuesto de sellos por la instrumentación de este contrato.
1- Como se sostuvo en Fallos, 325:723, consid. 2°, "una ya arraigada doctrina ha establecido que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional . En esa inteligencia -se dijo ya en Fallos, 320:1302- el Congreso dictó las leyes 15.336 y 24.065 por las que se planifica, se establecen pautas generales y se ordena la política energética. En ese contexto legal es que debe resolverse si la pretensión impositiva provincial pone en crisis a ese régimen, advirtiendo que la ley 24.065, modificatoria en ciertos aspectos de su antecedente, la citada ley 15.336, no modificó ni derogó el art. 12 de ésta, tal como se expresó en Fallos, 322:2598".
2- No caben dudas de que la autoridad federal es la que decidió sobre la base de lo dispuesto en el art. 12 de la ley 15.336 que la concesión no puede ser gravada por impuestos y contribuciones de legislación provincial o municipal, entendiendo que esos tributos constituyen medidas que restringen o dificultan la libre producción o circulación de la energía.
3- Asume trascendencia para la decisión del sub lite lo decidido por esta Corte en la causa C.799. XXXIII. "Coviares S.A. c. Provincia de Buenos Aires" (pronunciamiento del 15 de abril de 1999), en la que se sostuvo que si la concesión no es otorgada por alguna de las autoridades a las que se refiere la legislación provincial o municipal, el instrumento respectivo no puede ser gravado en el orden local. En el supuesto, y como ya quedó expresado, el contrato de electroducto se celebró bajo un régimen de naturaleza federal por lo que esas conclusiones resultan plenamente aplicables.
4- Se hace lugar a la demanda, declarando que el contrato celebrado con el Estado Nacional el 15 de diciembre de 1992 para la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, como así también el otorgamiento de la licencia técnica para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica bajo la modalidad de transportista independiente en dicho tramo, se encuentra exento del Impuesto de sellos. Con costas. P.L.
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. -
I. Como se expresó oportunamente en el dictamen obrante a fs. 39/40, Yacylec S.A. promovió demanda declarativa de certeza contra la Provincia de Corrientes, en los términos del art. 322 del cód. procesal civil y comercial de la Nación .
Pretende que V. E. decida si está obligada a pagar el impuesto de sellos por la instrumentación del contrato celebrado con el Estado Nacional el 15 de diciembre de 1992, mediante el cual se le encomendó la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica de Yacyretá y se le otorgó la licencia técnica para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica, bajo la modalidad de transportista independiente.
Para el caso en que se ratifique la procedencia del impuesto sobre aquel instrumento, pide que se declare su derecho a trasladar, al canon que percibe, la exacta incidencia que resulte de la aplicación de la gabela.
Afirmó que el contrato sub judice se encuentra sometido a la jurisdicción federal exclusiva y, en virtud de tal exclusividad, el Poder Ejecutivo Nacional lo reconoció exento del impuesto de sellos al momento de aprobar su suscripción por medio del decreto 273/93. Tal reconocimiento operó, en su criterio, por aplicación de la dispensa establecida en el art. 12 de la ley 15.336 . En subsidio, agregó, también se encuentra exento por la ley 23.696 [EDLA, 1989-114] y su decreto reglamentario (1105/89 [EDLA, 1989-593]).
En otro orden de ideas, planteó la inconstitucionalidad del art. 157, inc. g), del cód. fiscal (t.o. por decreto 4142/83, al que se referirán las demás citas), que grava los contratos celebrados fuera de la Provincia de Corrientes pero con efectos en ella, cuando en su lugar de celebración no estén alcanzados por el impuesto.
También opuso la prescripción de toda acción vinculada con la exigencia de pago del tributo, con sustento en el art. 4027, inc. 3º, del cód. civil y tachó de improcedente el art. 89, inc. 1º, del cód. fiscal, por contrariar el plazo máximo fijado en la legislación nacional común.
Puntualizó que la coexistencia de las leyes 15.336, 23.696 y 24.065 [EDLA, 1992-111], sus reglamentos y los decretos 114/93 [EDLA, 1993-588] y 293/92, por un lado, y el Código Fiscal por el otro, implican la superposición de dos jurisdicciones, lo cual trae aparejada una ostensible y grave incertidumbre a Yacylec S.A.
Esta situación, concluyó, no sólo atenta contra la unidad y coherencia del tratamiento tributario en la materia, perseguido por el Estado Nacional a través de las normas citadas en el párrafo anterior, sino también incide directamente en la prestación del servicio público de transporte de energía, que se trasladará en un mayor costo a los usuarios, repercutiendo negativamente en todo el sistema.
II. De conformidad con el citado dictamen de este Ministerio Público, V. E. declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y, a la vez que corrió traslado de la demanda, no hizo lugar a la medida cautelar solicitada y citó como tercero -en los términos del art. 94 del cód. procesal civil y comercial - a Transener S.A., pero rechazó el pedido de citación del Estado Nacional y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (fs. 245/246).
III. A fs. 336/341, contestó la demanda el fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes y solicitó su rechazo.
En primer lugar, impugnó la procedencia formal de la acción, pues sostuvo que no existe "estado de incertidumbre" sobre la existencia y modalidad de la relación jurídica que la une con la actora.
Reconoce que, contra la intimación de pago, la accionante interpuso recurso de reconsideración, que fue favorablemente acogido por medio de la resolución 348/00 de la Dirección General de Rentas. Pero aclaró que, advertida esa repartición del erróneo fundamento legal que contenía el acto y dado que aún no había sido notificado al administrado, procedió a su anulación mediante la resolución 379/00. Luego dictó otra similar (152/01), rechazando el recurso de reconsideración.
Sobre la base de este último dispositivo es que considera despejado el estado de incertidumbre, pues la Provincia -en contra de su anterior posición- se ha pronunciado en favor de la gravabilidad del instrumento.
Respecto al fondo de la cuestión debatida, especificó que el impuesto de sellos grava la celebración de un acto jurídico formalizado en un instrumento y no pretende ni ha pretendido gravar el comercio, la generación o el transporte de la energía eléctrica, así como tampoco sus obras e instalaciones. Por ello, considera inaplicables las disposiciones de las leyes 15.336 y 24.065.
Sin perjuicio de ello, agregó que el art. 12 de la ley 15.336 no puede eximir de un tributo local sin violar, al mismo tiempo, el reparto de competencias entre el Estado Nacional y las Provincias. Tal entendimiento, en su criterio, implicaría que la Nación puede legislar sobre materias reservadas, no delegadas, por los estados locales, lo cual repugna al sistema federal instituido por la Constitución Nacional.
En cuanto a la ley 24.065, manifestó que la adhesión de la Provincia fue en fecha posterior a la celebración del contrato, esto es, luego de acaecido el hecho imponible, por lo cual no es aplicable a la solución del pleito.
Negó que el tributo incida en el canon que percibe la actora, pues grava un acto jurídico instrumentado, y afirma que la accionante debió prever su incidencia al momento de formular la oferta y estimar el valor de su retribución.
La exención contenida en el apart. 15.3 del contrato de concesión, afirmó, se encuentra limitada al impuesto de sellos regulado por la ley 18.524 [ED, 30-1035], dictada como legislación local para la entonces Capital Federal, y negó que alcance al tributo provincial sub discussio.
También rechazó la excepción de prescripción articulada, pues no se trata de una deuda cuyos pagos deben realizarse por años, o plazos periódicos más cortos (art. 4027, inc. 3º, cód. civil) , sino de un tributo de pago único, por lo cual resulta de aplicación la prescripción general ordinaria prevista en el art. 4023 del mismo plexo legal, el cual coincide con el art. 89 del cód. fiscal.
Por último, aclaró que la pretensión provincial se basa en el art. 157, inc. b), del cód. fiscal y no en el inc. g) del mismo precepto, como sostiene la actora, por lo cual el planteo de inconstitucionalidad de este último deviene abstracto.
IV. A fs. 545/576, Transener S.A. contesta su citación como tercero.
En primer lugar, requirió que se deje sin efecto su citación, por no darse el supuesto de causa común indispensable que habilitaría su comparencia.
En subsidio, solicitó a V.E. que declare -por diversas razones que expone- que el contrato de electroducto sub examine no se encuentra alcanzado por el impuesto de sellos de la Provincia de Corrientes. También exigió la citación del Estado Nacional -en su carácter de firmante de tal acto y principal beneficiario del sistema de transporte- y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad -por ser autoridad de aplicación del contrato- para resolver la presente acción de manera integral y conforme a derecho.
V. Por los fundamentos expuestos en el dictamen obrante a fs. 39/40, considero que V. E. continúa siendo competente para entender en forma originaria en las presentes actuaciones.
VI. Corresponde señalar que el 17 de marzo de 1999, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes emitió la nota 73/99, a través de la cual informó a la actora que se encontraba pendiente de pago el impuesto de sellos del que daba cuenta el acta de situación de fiscalización del día 15 del mismo mes y año y que debía abonar catorce millones ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos con setenta centavos ($ 14.082.791,70), según la liquidación que adjuntaba.
Contra ella, Yacylec S.A. interpuso recurso de reconsideración, a cuyos planteos el organismo recaudador hizo lugar mediante resolución 348/00, dejando sin efecto la intimación de pago cursada.
Sin embargo, el mismo órgano procedió luego a la anulación de tal acto mediante la resolución 379/00, para -posteriormente- dictar otra similar (identificada como 152/01) rechazando el recurso de reconsideración originalmente
En este estado, y sobre la base del reconocimiento de la Provincia a las resoluciones citadas en los dos párrafos precedentes (conf. fs. 337), pienso que existe una controversia definida, concreta, real y sustancial, que admite remedio específico a través de una decisión de carácter definitivo de V. E. (Fallos, 316:1713; 320:1556 y 2851).
A su vez, estimo que las cuestiones en debate no tienen un mero carácter consultivo ni importan una indagación especulativa sino que, antes bien, responden a un caso que busca precaver los efectos de actos en ciernes -a los que la accionante atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal- como lo ha reconocido implícitamente V. E. al hacer lugar a la medida cautelar de fs. 333.
VII. Ante todo, debo aclarar que lo atinente a la defensa de prescripción opuesta por la actora, toda vez que remite al examen de normas de derecho común y de derecho público local, resulta materia ajena a mi dictamen, que debe circunscribirse a cuestiones de índole federal.
Empero, para el caso de estimar V. E. que dicha defensa debe ser rechazada, pienso que igual suerte debe correr el planteo de inconstitucionalidad del art. 157, inc. g), de ese plexo legal, pues, como señala la demandada, ella funda su pretensión de cobro en el inc. b) del mismo precepto (conf. fs. 258 y 340, pto. g.), cuya validez la actora no ha cuestionado.
En tales circunstancias, al resultar la norma en cuestión ajena a la litis, el planteo de su inconstitucionalidad deviene abstracto.
VIII. Establecido lo anterior, considero que no es ocioso recordar que una ya arraigada doctrina del Tribunal ha establecido que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal, incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional (Fallos, 304:1186; 305:1847; 322:2862, entre otros).
En esa inteligencia, como se dijo en Fallos, 320:1302, el Congreso dictó las leyes 15.336 y 24.065 por las que se planifica, se establecen patas generales y se ordena la política energética. En ese contexto legal es que debe resolverse si la pretensión impositiva provincial, basada en el ya citado art. 157, inc. b), de su cód. fiscal, pone en crisis a ese régimen, advirtiendo que la ley 24.065, modificatoria en ciertos aspectos de su antecedente, la ley 15.336, no modificó ni derogó el art. 12 de ésta, como se expresó en Fallos, 322:2598.
En esa oportunidad, V. E. señaló que el citado art. 12 de la ley 15.336 no consagró una inmunidad impositiva absoluta. En efecto, aquella norma -indicadora del carácter objetivo de la exención que consagra (Fallos, 310:1567, voto del Dr. Belluscio)- establece que "las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos o contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción o circulación".
Tal criterio resulta, como se explicó en Fallos, 325:723, compatible con lo dispuesto por el art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional, que establece como facultad del Congreso legislar "para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional" aunque respetando el poder de policía e imposición local, en tanto no interfieran con el cumplimiento de aquellos fines.
Sobre la base de tales consideraciones, pienso que la exención del impuesto de sellos contenida en el apart. 15.3 del contrato de concesión y en el art. 5º del decreto 279/93, norma a través de la cual se aprobó el contrato celebrado entre la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y Yacylec S.A., se inscribe entre aquellas que el Estado Nacional clasifica, en el ámbito energético legal, como demostrativas de la determinación de los medios apropiados para lograr los fines de interés nacional en la materia, conforme V. E. sostuvo en Fallos, 325:723, consid. 5º.
Por esto, puede afirmarse que es la autoridad federal -como concluyó el Tribunal en ese precedente- quien decidió, sobre la base de lo dispuesto en el art. 12 de la ley 15.336, que el contrato estaría exento del impuesto de sellos, entendiendo que ese tributo constituía una medida que restringía o dificultaba "la libre producción o circulación de la energía".
Esta conducta de las autoridades nacionales debe ser entendida en el contexto del reconocimiento de la consolidada jurisprudencia de la Corte de que "quien tiene el deber de procurar determinado fin, tiene el derecho de procurar los medios para su logro efectivo" (Fallos, 304:1186; 322:2624).
En ese orden, la declaración de la autoridad federal respecto de la exención tributaria, que goza de la presunción de legitimidad propia de todo acto administrativo (Fallos, 250:36, entre otros), es la que distingue -como sostuvo V. E. en el ya citado precedente de Fallos, 325:723- la solución que aquí se propicia de la adoptada en Fallos, 322:2598.
Por ello, como manifesté al dictaminar in re C.30, L.XXXV, "Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c. Neuquén, Provincia de", del 28 de mayo de 2001, no nos encontramos frente a la creación ex novo de una exención por medio de un reglamento sino que, por el contrario, en virtud de lo claramente dispuesto por el citado art. 12 de la ley 15.336, la autoridad nacional competente se limitó a constatar la ocurrencia, en los hechos, del presupuesto fáctico contemplado en la norma legal de exención, que reposa en claras facultades constitucionalmente otorgadas a la Nación (art. 75, inc. 18, CN y pacífica jurisprudencia de Fallos, 68:227; 183:181 y 190, entre otros).
En consecuencia, es mi parecer que el contrato celebrado el 15 de diciembre de 1992 entre el Estado Nacional y Yacylec S.A., para la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica de Yacyretá, se encuentra exento del impuesto de sellos que pretende cobrar la demandada.
IX. Por otra parte, estimo que al mismo resultado se arriba si se toma en consideración lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993, ratificado por el decreto nacional 14, del 6 de enero de 1994, y por la Provincia mediante decreto 1807/93.
El análisis de esta cuestión guarda sustancial analogía con la ya examinada en el acápite VII de mi dictamen del 28 de mayo de 2001 in re C.30, L.XXXV, "Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c. Neuquén, Provincia de", ya citado, a cuyos fundamentos me remito en cuanto fueren aplicables al sub judice.
Destaco, como lo hice en esa oportunidad, que en Fallos, 322:2624, sobre la base del mismo Pacto Federal, V. E. sostuvo que los impuestos automotor e inmobiliario -que incidían de forma genérica sobre la energía eléctrica en el caso de una empresa prestataria del servicio público de distribución de electricidad- resultaban, asimismo, en colisión con el art. I, ap. 2) del convenio, criterio que ha de aplicarse al supuesto del sub lite, donde el impuesto de sellos también incide, en forma indirecta, sobre los ingresos que recibe la actora, provenientes del transporte de ese tipo de energía.
X. Para finalizar, cabe recordar que, entre los criterios de interpretación posibles, no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de la adopción de cada uno, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos, 234:482; 302:1284; 311:1925; 319:2594, entre otros).
En tales condiciones, adquiere singular relevancia -desde mi óptica- lo dispuesto por la cláusula 30.1 del contrato sub examine, que establece: "Durante el período de operación y mantenimiento se aplicarán las normas vigentes correspondientes al transporte de energía eléctrica, en especial [...]. Asimismo, en lo pertinente, serán de aplicación mutatis mutandi las disposiciones del régimen de concesión que se otorgue al cesionario de la comitente" (conf. fs. 11 vta.).
Sobre tal base, considero que la autoridad federal buscó someter la operación y el mantenimiento del electroducto encomendado a Yacilec S.A. a las mismas pautas que ordenan el régimen de concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión, otorgado -en fecha posterior a la celebración del acto sub iudice- a Transener S.A. (quien es el cesionario de la comitente, en los términos de la cláusula transcripta en el párrafo anterior).
Así lo reconoce la misma Transener S.A. a fs. 571, razón por la cual -en virtud de la identidad de funciones encomendadas a ambas dentro del mercado eléctrico y de la aplicación mutatis mutandi dispuesta por la cláusula 30.1, transcripta supra- considero que la solución que aquí se propicia guarda estricta coherencia con la postura adoptada por el Tribunal en Fallos, 325:723.
Por último, en atención a la forma como se dictamina, los restantes agravios devienen -en mi parecer- abstractos.
XI. Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la demanda. Noviembre 6 de 2003. - Nicolás E. Becerra.
- Vistos los autos: "Yacilec S.A. c. Corrientes, Provincia de s/acción declarativa", de los que
Resulta: I) Que a fs. 10/37 Yacylec S.A. inicia la presente acción declarativa contra la Provincia de Corrientes a fin de que se declare que el contrato celebrado con el Estado Nacional el 15 de diciembre de 1992 para la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, como así también el otorgamiento de la licencia técnica para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica bajo la modalidad de transportista independiente en dicho tramo, se encuentran sometidos a la jurisdicción y legislación federal.
En consecuencia, solicita que por aplicación de las leyes 15.336, 23.696 y 24.065 y de los decretos 293/92, 114/93 y 273/93, se declare igualmente que dicho contrato no se encuentra alcanzado por el impuesto de sellos que la provincia demandada pretende aplicar con fundamento en lo dispuesto en el art. 157, inc. g, del cód. tributario local.
Para el caso de que se admita la procedencia del impuesto, pide que se reconozca su derecho a trasladar al canon que percibe el monto resultante.
Afirma que el Estado Nacional acordó al contrato la exención del impuesto de sellos, tal como se desprende del decreto 273/93 por el que se aprobó su suscripción. Ese reconocimiento se basó en lo dispuesto en el art. 12 de la ley 15.336 y se encuentra amparado por la ley 23.696 y su decreto reglamentario (1105/89).
Asimismo, plantea la inconstitucionalidad del citado art. 157, inc. g, del cód. fiscal local, que grava los contratos realizados fuera de la Provincia de Corrientes pero destinados a producir efectos en ella, cuando en su lugar de celebración no estén alcanzados por el tributo.
Sostiene que la coexistencia de las normas federales mencionadas con el régimen fiscal provincial implica una superposición de jurisdicciones que le ocasiona una grave incertidumbre jurídica. Ello atenta contra la unidad y coherencia del sistema tributario perseguidas por el Estado Nacional en la materia y también contra la mejor prestación del servicio público de transporte de energía.
Agrega que el contrato de electroducto que celebró está expresamente sometido a la jurisdicción federal, como surge del numeral 15.2 del pliego de bases y condiciones para el concurso público internacional y del art. 39 de su propio texto, y también, que el Estado Nacional, al disponer la adjudicación a la actora, aprobar su suscripción y autorizar a la Secretaría de Energía para llevarla a cabo, lo eximió en forma expresa del pago del impuesto de sellos.
Pide la citación como terceros de la empresa Transener S.A., el Estado Nacional y el Ente Regulador de la Electricidad, solicitud que mereció acogida sólo en el primer caso (fs. 245/246).
II) A fs. 336/341, contesta la demanda el fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes y solicita su rechazo.
En primer lugar, impugna la procedencia formal de la acción, pues sostiene que no existe el mentado "estado de incertidumbre" sobre la existencia y modalidad de la relación jurídica que la une con la actora.
Reconoce que la actora interpuso un recurso de reconsideración contra la intimación de pago que fue, en principio, favorablemente acogido por la resolución 348/00 de la Dirección General de Rentas. Pero afirma que, advertida esa repartición del erróneo fundamento legal que contenía el acto y dado que aún no había sido notificado al administrado, procedió a su anulación mediante la resolución 379/00. Posteriormente, sigue, dictó otra similar (152/01) rechazando el recurso de reconsideración.
En esos términos considera despejado el estado de incertidumbre, pues la provincia -en contra de su anterior posición- se ha pronunciado en favor de la procedencia del tributo.
Respecto al fondo de la cuestión debatida, especifica que el impuesto de sellos grava la celebración de un acto jurídico formalizado en un instrumento y no pretende ni ha pretendido gravar el comercio, la generación o el transporte de la energía eléctrica, así como tampoco sus obras e instalaciones. Por consiguiente, considera inaplicables las disposiciones de las leyes 15.336 y 24.065.
Sin perjuicio de ello, agrega que el art. 12 de la ley 15.336 no puede eximir de un tributo local sin violar, al mismo tiempo, el reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias. Tal entendimiento, en su criterio, implicaría que la Nación puede legislar sobre materias reservadas y no delegadas por los estados locales.
En cuanto a la ley 24.065, manifiesta que la adhesión de la provincia fue en fecha posterior a la celebración del contrato, esto es, después de acaecido el hecho imponible, por lo cual resulta inaplicable.
Entiende que el tributo no gravita en el canon que percibe la actora, pues opera sobre un acto jurídico instrumentado, y afirma que la demandante debió prever tal circunstancia al momento de formular la oferta y estimar el valor de su retribución.
Sostiene que la exención contenida en el apart. 15.3 del contrato de concesión, se encuentra limitada al impuesto de sellos regulado por la ley 18.524, dictada como legislación local para la entonces Capital Federal, y niega que alcance al tributo provincial en cuestión.
También rechaza la excepción de prescripción articulada, pues no se trata de una deuda cuyos pagos deben realizarse por años o plazos periódicos más cortos (art. 4027, inc. 3º, cód. civil), sino de un tributo de pago único, por lo cual resulta de aplicación la prescripción general ordinaria prevista en el art. 4023 de ese texto legal, el cual coincide con el art. 89 del cód. fiscal.
Aclara, por último, que la pretensión provincial se basa en el art. 157, inc. b, y no en el inc. g de esa norma.
III) A fs. 545/576 se presenta Transener S.A. En primer lugar, sostiene la improcedencia de su citación toda vez que no existe el requisito de causa común que la justifique. Por otro lado, niega el derecho de la provincia demandada a gravar el contrato en virtud de las exenciones consagradas en la materia por la legislación federal.
Considerando: 1° Que este juicio es de la competencia originaria de esta Corte (arts. 116 y 117, CN) .
2° Que la objeción de la demandada acerca de la improcedencia de la acción intentada no se ajusta a las circunstancias concretas de la causa toda vez que la actividad de sus órganos fiscales basta para justificarla (Fallos, 311:421; 323:3277; 325:474).
3° Que, como se sostuvo en Fallos, 325:723, consid. 2º, "una ya arraigada doctrina ha establecido que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional. En esa inteligencia -se dijo ya en Fallos, 320:1302- el Congreso dictó las leyes 15.336 y 24.065 por las que se planifica, se establecen pautas generales y se ordena la política energética. En ese contexto legal es que debe resolverse si la pretensión impositiva provincial pone en crisis a ese régimen, advirtiendo que la ley 24.065, modificatoria en ciertos aspectos de su antecedente, la citada ley 15.336, no modificó ni derogó el art. 12 de ésta, tal como se expresó en Fallos, 322:2598".
4° Que, asimismo, se expresó allí "que en esa causa -y con cita de Fallos, 320:162- esta Corte desestimó la pretensión de la demandada en el sentido de que la ley 22.016 [EDLA, 1979-136] derogó el art. 12 de la 15.336 y que, por consiguiente, quedaron sin efecto las exenciones tributarias allí contenidas y precisó que la ley 22.016 citada fija una política impositiva clara, dirigida a un conjunto específico de sujetos, por lo que constituye, como lo destaca el dictamen del señor procurador general, un ordenamiento de carácter subjetivo que apunta a cierta categoría de personas jurídicas en el que no gravita la actividad desarrollada, aspecto, en cambio, considerado en el art. 12 de la ley 15.336 que atiende a la naturaleza objetiva de las materias de la industria eléctrica comprensivas de todo lo vinculado a la generación, transformación, transmisión y distribución de la electricidad, con prescindencia de los sujetos autorizados a su explotación. Cabe concluir, por lo tanto, que el art. 12 de la ley 15.336 conserva su vigencia y no se vio afectado por los alcances de la ley 22.016" (consid. 3°).
5° Que, en el mismo orden de ideas, se afirmó que el mencionado art. 12 no consagró una inmunidad impositiva absoluta. En efecto, aquella norma -indicadora del carácter objetivo de la exención que consagra- establece que "las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación". Tal criterio resulta, por otro lado, compatible con lo dispuesto por el art. 75, inc. 30 de la Constitución Nacional, que establece como facultad del Congreso legislar "para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional" aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines (consid. 4º).
6° Que el presente caso debe resolverse de conformidad a los principios antes indicados.
En ese sentido, es de señalar que el contrato de electroducto que tuvo como partes a la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yaciretá (UESTY), que actuaba "en nombre y representación del Estado Nacional, Secretaría de Energía", y a la empresa actora fue celebrado según los términos del decreto 1174/92 y en mérito a lo dispuesto en las leyes 15.336, 23.696 y 24.065, esto es, en el marco energético nacional (ver copia del mencionado, fs. 48).
El contrato tenía por objeto "la construcción, operación y mantenimiento de la obra de la primera vinculación eléctrica entre la Central Hidroeléctrica Yacyretá Provincia de Corrientes y la Estación Transformadora Resistencia (Provincia del Chaco); como asimismo el otorgamiento de la autorización para prestar el servicio de transporte de energía eléctrica" (art. 1°). Como regla general, el art. 30 establecía su sujeción a las normas vigentes correspondientes al transporte de energía, en especial las resoluciones 61/92 y 137/92 de la entonces Secretaría de Energía (fs. 69).
En materia de tributación el contrato era considerado como un servicio de jurisdicción nacional, por lo que se aplicaban plenamente los arts 1º, 6º y 12 de la ley 15.336, razón por la cual todos los "impuestos provinciales o municipales que incidan sobre el canon dificultan la libre circulación de la energía y por lo tanto no podrán gravar el canon, la actividad o el servicio que se prestará conforme al contrato" (art. 39, ap. 3, fs. 83/84).
Como confirmación del ámbito en que se encuadraba el caso, el art. 49 establecía que el contrato sería regido e interpretado conforme al marco legal de las leyes 15.336 y 24.065 (fs. 85).
7° Que el 22 de febrero de 1993, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 273/93 por el que se aprobó el contrato de electroducto y se dispuso su exención de tributar el impuesto de sellos (art. 5º). El mencionado acto se fundó en el art. 91 de la ley 24.065, el art. 59 de la ley que regula aquel gravamen y en las facultades contenidas en el art. 86, inc. 1º, de la Constitución Nacional.
Cabe señalar asimismo que el contrato fue llevado a cabo en el marco de las previsiones de la ley 23.696, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en su decreto reglamentario 1105/98, que en su art. 3º excluía del contrato en cuestión a todos los actos que fueran consecuencia de lo dispuesto en los caps. I, II, III, VI y VII de aquella norma, a la que, debe advertirse, se adhirió la demandada mediante su ley 4366 (causa T.352.XXXV. "Transportadora de Gas del Sur Sociedad Anónima (TGS) c. Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa de certeza" [ED, 207-199], sentencia del 15-4-04).
8° Que ante lo expuesto no caben dudas de que la autoridad federal es la que decidió sobre la base de lo dispuesto en el art. 12 de la ley 15.336 que la concesión no puede ser gravada por impuestos y contribuciones de legislación provincial o municipal, entendiendo que esos tributos constituyen medidas que restringen o dificultan la libre producción o circulación de la energía.
9° Que, por último, asume trascendencia para la decisión del sub lite lo decidido por esta Corte en la causa C.799.XXXIII. "Coviares S.A. c. Provincia de Buenos Aires" (pronunciamiento del 15 de abril de 1999), en la que se sostuvo que si la concesión no es otorgada por alguna de las autoridades a las que se refiere la legislación provincial o municipal, el instrumento respectivo no puede ser gravado en el orden local. En el supuesto, y como ya quedó expresado, el contrato de electroducto se celebró bajo un régimen de naturaleza federal por lo que esas conclusiones resultan plenamente aplicables.
10. Que, por último, cabe declarar que la conducta de las autoridades nacionales debe ser entendida en el contexto del reconocimiento del Tribunal de que "quien tiene el deber de procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo" (Fallos, 304:1186; 322:2624).
11. En atención a los términos en que se resuelve, resulta innecesario considerar la cuestión vinculada a la prescripción que introduce la actora y a la inconstitucionalidad planteada con relación al art. 157, inc. g, del cód. fiscal local.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor procurador general, se decide: hacer lugar a la demanda seguida por Yacylec S.A. contra la Provincia de Corrientes y, en consecuencia, declarar que el contrato de electroducto, celebrado el 15 de diciembre de 1992, entre el Estado Nacional y la empresa actora, para la construcción, operación y mantenimiento del primer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica de Yacyretá, se encuentra exento del impuesto de sellos que pretende cobrar la demandada. Con costas (art. 68, cód. procesal civil y comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, archívese. - Enrique S. Petracchi. - Augusto C. Belluscio. - Antonio Boggiano. - Adolfo R. Vázquez. - Juan C. Maqueda. - E. Raúl Zaffaroni.
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