Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96564
Timestamp: 2019-09-15 22:47:53+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-15/96564
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL GOBIERNO FEDERAL, A TOMAR DIVERSAS Y URGENTES MEDIDAS PARA LA DEBIDA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, al tenor de las siguientes:
El desarrollo social y económico de México exige, entre múltiples factores, que se cuente con una mayor y moderna infraestructura aeroportuaria, a la altura de los mejores aeropuertos del mundo, especialmente en la zona metropolitana del centro del país, que sea eficiente, segura, amigable con el medio ambiente de la región, y que promueva, garantice y respete los derechos humanos de todos los mexicanos y de los visitantes extranjeros.
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, con toda la problemática generada por el gobierno anterior, tenía como objetivo cubrir esta imperiosa necesidad.
Con avances de infraestructura importantes, después del 1º de julio de 2018 cambió radicalmente la visión de desarrollo: asido de una amplia legitimidad en las urnas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sometió la continuación del NAICM a una consulta pública hecha al margen de la ley, con preguntas inducidas, sin contar con el carácter de autoridad administrativa y sin tener atribución alguna. El resultado fue, sin fundamento jurídico alguno, la cancelación definitiva de contratos y obras del NAICM y el desmantelamiento de la infraestructura realizada.
Las razones ambientales que justificaron dicha decisión fueron encargadas al Dr. Fernando Córdova Tapia, quien en agosto de 2018 le dijo por escrito al presidente electo que el NAICM era inviable por los posibles daños ambientales irreversibles e incompensables siguientes:
El abastecimiento de agua que demandará el NAICM dejaría a la Ciudad de México sin agua potable.
La afectación de las aves migratorias características de la zona que comprende el Lago Nabor Carrillo y el Lago de Zumpango.
El impedimento de que el Lago Nabor Carrillo cumpla con su función natural de vaso de agua regulador.
El desarrollo urbano acelerado que generaría el NAICM llevaría a una sobreexplotación de los acuíferos de la zona y a una crisis severa de agua potable.
El NAICM contaminaría sobremanera la cuenca hidrológica-atmosférica, no siendo compensable o mitigable con acciones de reforestación.
La reforestación autorizada para el NAICM se realizaría con especies forestales exóticas, las cuales podrían convertirse en especies invasoras que perjudicarían el ecosistema del lugar.
La desecación de los lagos del lugar generaría islas de calor, causando un aumento drástico de temperatura en la región.
No se evaluaron los impactos acumulativos y sinérgicos del NAICM.
El NAICM aumentaría el cambio climático, ya que no se evaluaron el régimen de lluvias, las inundaciones y el abasto de agua.
Así, el NAICM se convirtió en el emblema de corrupción gubernamental que el nuevo gobierno no aceptaría y se encargaría de combatir. Ahí nació una nueva alternativa de aeropuerto que el propio Presidente Electo, hoy Constitucional, se ha encargado de encabezar para su realización urgente y “a como de lugar”: el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (NAISL), en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en el Estado de México, cuya recomendación provino del propio Dr. Fernando Córdova Tapia.
LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA:
Después de múltiples discusiones y mensajes de que se iniciarían las obras sin autorizaciones, así como de algunos problemas técnicos provocados y difundidos por el gobierno actual, tales como “la repelencia aérea de los aviones”, teoría instituida por el consultor presidencial en materia de aviación José María Riobóo, o la “aparición” del Cerro de Paula que afectaría a la pista sur de este aeropuerto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ingresó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional (MIA-R) del Proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Edo. Me?x.), su Interconexión con el AICM y Reubicación de Instalaciones Militares.”
La MIA-R fue elaborada por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (II-UNAM), en su carácter de prestador de servicios de impacto ambiental. Su texto completo y resumen ejecutivo están disponibles al público en la Internet .
La MIA-R expresa claramente el objetivo del Proyecto: Para resolver adecuadamente la demanda de servicios aeroportuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México, se propone integrar un sistema que incluya a los tres aeropuertos más importantes de la región, que son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y la actual Base Aérea Militar No. 1 donde se plantea desarrollar el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México .
Este Proyecto está siendo evaluado y fue objeto de una consulta pública por parte de la DGIRA que duró del 16 de mayo al 12 de junio de 2019. La calidad de la información aportada por la SEDENA y el II-UNAM en la MIA-R fue uno de los aspectos más cuestionados en la consulta.
Después de haber analizado los documentos disponibles en la red, nuestras preocupaciones son las siguientes:
LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LA MIA-R Y LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA:
La competencia de la SEDENA para tramitar la autorización de impacto ambiental:
La promovente del Proyecto de NAISL es la SEDENA, respaldada por el II-UNAM como su consultor ambiental.
Típicamente, cuando una dependencia del Ejecutivo Federal solicita a la SEMARNAT una autorización de impacto ambiental, se debe a que dentro de las facultades y atribuciones de la primera se encuentra la realización y ejecución del proyecto de interés. De esta manera, de ser procedente la autorización del proyecto, la SEMARNAT establece una serie de derechos y obligaciones a la dependencia promovente, en forma de términos y condicionantes, para que sean ejercitados, observados y cumplidos por la Secretaría autorizada durante la vida del proyecto en las diferentes etapas de su ejecución y desarrollo, como son la preparación del sitio, la construcción de obras, la operación del proyecto (actividades), el mantenimiento de obras e instalaciones y hasta el desmantelamiento de infraestructura y abandono del sitio.
Esto implica que el titular de la autorización, siendo una Secretaría de Estado, debe contar con facultades y atribuciones expresas para realizar el proyecto, dado que, además de ser la dependencia promovente autorizada, es una autoridad administrativa y la ejecución del NAISL conllevará una serie de actos de autoridad, por lo tanto, de molestia, algunos de consumación inmediata y otros de tracto sucesivo, que se rigen por el principio constitucional de legalidad.
Tratándose de aeropuertos civiles, la empresa paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, mejor conocida como ASA, es la promovente que normalmente solicita a la SEMARNAT las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental de nuevos proyectos aeroportuarios, ya que está expresamente facultada por su marco jurídico para realizar por sí o a través de terceros obras de infraestructura de dicha naturaleza. De la misma forma, si se tratara de un aeródromo militar, la dependencia competente para realizarlo es la SEDENA, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Sin embargo, el presente Proyecto de NAISL es un AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR, según se expresa en la MIA-R. Al respecto, conforme a los siguientes ordenamientos legales, advertimos lo siguiente:
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no prevé facultad alguna para la SEDENA respecto de la construcción, operación y otras actividades relativas a aeropuertos mixtos. Esta Ley sí es explícita tratándose de aeropuertos en general respecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien cuenta con las atribuciones siguientes:
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 209 establece respecto de las Bases Aéreas Militares lo siguiente:
ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Eje?rcito y Fuerza Ae?rea son de cara?cter permanente o transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Ae?reas y Aero?dromos, destinados al alojamiento y operacio?n de las Unidades y el establecimiento de Dependencias, Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares de Control, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, Poli?gonos de Tiro, asi? como los destinados al adiestramiento, experimentacio?n, pruebas y Unidades Habitacionales y dema?s necesarios para sus fines.
Esta disposición comprende la realización de obras y actividades de la naturaleza indicada, por parte de la SEDENA, sin embargo, la parte de aeródromos civiles o mixtos civiles/militares no está cubierta por la norma jurídica en cita.
La Ley de Aeropuertos, cuya administración corresponde preponderantemente a la SCT, dispone en su artículo 32:
ARTÍCULO 32. Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares, se sujetarán en lo conducente a esta Ley, sin perjuicio de la coordinación que exista con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
El Proyecto de NAISL encuadra en este supuesto; se trata de un aeropuerto (cuyas características son mayores a los de un aeródromo que es generalmente de uso militar) civil/militar, así planteado desde su denominación en la MIA-R. Por lo tanto, está dentro de la competencia expresa de la SCT, en coordinación con la SEDENA y la Secretaría de Marina.
Consideramos que la SEDENA ha asumido el liderazgo de este Proyecto debido a que se pretende desarrollar en lo que hoy es su Base Aérea Militar y que forma parte de su patrimonio. La capacidad de la SEDENA y de su Escuela Militar de Ingenieros no se cuestiona. No obstante, el análisis de competencia para la tramitación y obtención de la autorización de impacto ambiental, y la posterior ejecución del NAISL no debe pasarse por alto. En este sentido, es posible que la presión del Presidente de la República, como Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que esta obra de infraestructura aeronáutica se realice a la brevedad, sea la causa de que este análisis competencial no se haya llevado a cabo conforme a la Ley.
Una de las bases esenciales de nuestro sistema de gobierno lo es sin duda la disciplina de las Fuerzas Armadas mexicanas, todos ellos integrados por soldados y marinos que obedecen las órdenes de sus superiores, en este caso el Presidente de la República, y debido a esa lealtad e institucionalidad, están realizando este acto para el cual, de acuerdo a lo señalado anteriormente, carecen de facultades legales.
La carencia de competencia jurídica no es cosa menor, puesto que está supeditada al principio de legalidad instituido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es un aspecto discutible en tribunales federales y podría ser causa de invalidez del acto de autorización de impacto ambiental de la SEMARNAT, debido a que las autoridades administrativas solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite, por lo que se estima indispensable que si se persiste en continuar la obra, la MIA-R sea planteada correctamente de origen, a través de la SCT, en coordinación con la SEDENA, y no por ésta última de manera única y aislada.
Aspectos de impacto ambiental no resueltos en la MIA-R:
Del contenido de la MIA-R y de su resumen ejecutivo, se advierten varios defectos que inciden negativamente en la viabilidad ambiental del Proyecto del NAISL:
Carencia de Plan Maestro de Desarrollo y de los estudios de viabilidad aeronáutica:
Los Proyectos aeroportuarios deben acompañarse de un Plan Maestro de Desarrollo y de los estudios de viabilidad aeronáutica, de acuerdo con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. La MIA-R del Proyecto del NAISL carece tanto del Plan Maestro como de los estudios de viabilidad.
Defectuoso Sistema Ambiental Regional:
El Sistema Ambiental Regional (SAR) no está bien resuelto en la MIA-R. El planteamiento hecho por el II-UNAM no incluye la totalidad de las superficies que conforman el área de influencia directa, mejor conocido por sus siglas AID, y el Área de influencia indirecta o AII. En este aspecto, en la MIA-R no se identifican los impactos ambientales sobre el SAR.
Tampoco se integra al SAR el área del impacto del proyecto en sus diferentes etapas, y no se justifica que el AII excluya a la Ciudad de México, cuando desde el título del Proyecto se indica que el NAISL se interconectará con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para prestar servicio a toda la Zona Metropolitana del Valle de México.
Tan solo esta situación hace meritorio que se rehaga la MIA-R, puesto que la carencia de elementos de información para la evaluación del impacto ambiental del NAISL en el SAR correcto, en principio impide que la SEMARNAT pueda emitir la autorización de impacto ambiental.
Diagnóstico ambiental incompleto:
La falta de un SAR bien definido y delimitado trae como consecuencia que la MIA-R carezca de un diagnóstico ambiental que valore y evalúe correctamente los impactos ambientales del Proyecto del NAISL durante todo su ciclo de vida (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono), como por ejemplo el ruido o la necesaria afectación al Cerro de Paula.
La SEDENA identifica en su MIA-R como uno de los impactos relevantes el ruido. En este aspecto, no se analiza este impacto ambiental en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.
En la MIA-R se indica que el Proyecto del NAISL demandará una cantidad de agua de 6 millones de litros diarios que se extraerán del Acuífero Cuautitlán-Pachuca. Conforme al Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2018, el Acuífero Cuautitlán-Pachuca tiene un déficit de disponibilidad de más de 106 millones de m3 al año y en la MIA-R no se justifica o demuestra la factibilidad de extracción de esa cantidad de agua, que pudiera generar una crisis regional grave de agua potable más allá de los límites ambientales del Proyecto.
Carencia de estudios de riesgo aviar:
Sabido es que uno de los riesgos más importantes para la seguridad de la aviación en general es el que ocasionan las aves. La MIA-R no contiene estos estudios, máxime que el Proyecto de NAISL se encontrará cerca de la laguna de Zumpango.
Asimismo, la carencia de estos estudios impide que la SEMARNAT evalúe el impacto que el Proyecto tendrá sobre las rutas de vuelo y sitios de llegada de aves migratorias y residentes en diferentes épocas del año. Esto no desde el punto de vista de seguridad sino en la órbita de la protección de ese tipo de especies de fauna silvestre.
Parque Estatal Sierra Hermosa:
En la MIA-R se indica que el Proyecto del NAISL afectará el área natural protegida mexiquense Parque Estatal Sierra Hermosa, ubicada en el Municipio de Tecámac, sin especificar de manera clara la extensión, gravedad y características de dicha afectación (al suelo, flora y fauna silvestres), así como las medidas de mitigación o compensación que se realizarán para evitarla y/o reducirla.
Ausencia de resultados conclusivos sobre mitigación y reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera:
La MIA-R analiza el tema de calidad del aire bajo el aspecto del monitoreo. Reconoce expresamente la situación de altos índices de contaminación atmosférica en diversas partes del país, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el desarrollo de su evaluación, textualmente se indica que del “análisis de la información regional de la Megalópolis no permite un grado de detalle específico para identificar y evaluar la potencial contribución de contaminantes a la atmósfera que puede causar el Proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por lo que se ha procedido a realizar una consulta a una zona de menor dimensio?n, a partir de la informacio?n de calidad del aire disponible en la Direccio?n de Monitoreo Atmosfe?rico, de la Secretari?a de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de Me?xico.” (SIC, página IV-57 de la MIA-R).
Más adelante se relaciona el proyecto con las diversas normas oficiales mexicanas que aplican en materia de contaminación atmosférica, tanto para fuentes móviles como para fuentes fijas, y se indica que en la etapa de operación y mantenimiento, con el apoyo de especialistas en el sector ambiental se incorporen tecnologías de última generación (monitoreos) que reduzcan al mínimo la emisión de contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, no existe una descripción de la tecnología y mecanismos que serán utilizados con tal propósito, y en consecuencia no se garantiza que el NAISL no contaminará sobremanera la cuenca hidrológica-atmosférica en la que se pretende desarrollar, que de por sí presenta, según lo indica la MIA-R, niveles de contaminación atmosférica importantes.
Incumplimiento de obligaciones de consulta pública derivadas de tratados internacionales de los que México es Parte:
En la MIA-R se reconoce expresamente la presencia de grupos nahuas en localidades aledañas al predio del Proyecto del NAISL. Esto significa que debe realizarse un proceso de consulta indígena que sea previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual no se cumple con la consulta pública realizada, prevista en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
En el Capítulo III de la vinculación jurídica del Proyecto, se indica que “la consulta mediante el Convenio 169 de la OIT le corresponde a una Evaluación de Impacto Social (EvIS) y no forma parte del alcance de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto”, sin embargo no atiende la obligación principal de dicho Convenio que establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas, administrativas o de diversa índole susceptibles de afectarles directamente.
Además, en nuestro sistema jurídico la evaluación del impacto social solo es aplicable tratándose de proyectos de energía (electricidad e hidrocarburos); siendo un proyecto aeroportuario, es necesario que la administración pública federal consulte ampliamente a la población indígena nahua, máxime que el Presidente de la República se comprometió desde su campaña y hasta la fecha a no realizar proyectos “en lo oscurito y al margen de la ley” que puedan afectar a los indígenas. En este sentido, es necesario recalcar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El cambio de uso de suelo de terrenos forestales:
El cambio de uso del suelo requiere dos autorizaciones ambientales: la de impacto ambiental, prevista en el artículo 28, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y la de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por excepción, establecida en los artículos 93 y siguientes de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
Para que proceda la autorización del cambio de uso del suelo forestal, el interesado debe demostrar que se cumplen los supuestos de excepcionalidad siguientes:
Que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y
Que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.
Ahora bien, en la MIA-R se indica textualmente lo siguiente: “Se realizara? el desmonte de los ejemplares arbo?reos que se han plantado en la Base Ae?rea Militar No. 1, como parte de los programas de reforestacio?n que aplica la Secretari?a de la Defensa Nacional en el interior de las instalaciones. Se estima realizar la remocio?n de aproximadamente 5,195 individuos arbóreos (cedros y pirules) que fueron plantados con fines ornamentales por el personal de SEDENA, de los cuales una porcio?n se considera rescatar para su reubicacio?n en las a?reas verdes del proyecto, principalmente en el a?rea de reubicacio?n de las instalaciones militares. El a?rea que sera? afectada por esta actividad se encuentra dentro del predio de la Base Ae?rea Militar No. 1.”
En este sentido, en la MIA-R se afirma erróneamente, al hacer la vinculación jurídica con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que no se requerirá el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Sin embargo, la norma legal antes indicada no distingue entre individuos arbóreos plantados e individuos arbóreos naturales de origen. Ambos crecen y se desarrollan de manera natural. Si en el suelo existe vegetación forestal, luego entonces se requieren las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por excepción. Las definiciones de cambio de uso de suelo y de vegetación forestal, conforme a la LGDFS, son las siguientes:
LXXI. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce bienes y servicios forestales. No se considerará terreno forestal, para efectos de esta Ley, el que se localice dentro de los límites de los centros de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas;
Los individuos arbóreos plantados por la SEDENA se desarrollaron de forma natural, formando una cubierta de vegetación forestal que hace que los terrenos donde se ubican se consideren como terrenos forestales.
En este sentido, la remoción de 5,195 individuos arbóreos en el sitio del Proyecto del NAISL requiere ser considerado expresamente tanto en la MIA-R como en un estudio técnico justificativo (ETJ) para la tramitación y, en su caso, obtención, de la autorización de cambio de uso del suelo forestal, por excepción.
Además, en los Capítulos II y IV de la MIA-R se indica la presencia de pastizal halófilo en el sitio del Proyecto del NAISL, siendo considerada como vegetación forestal de zonas áridas o semiáridas, en términos del artículo 2, fracción XL del Reglamento de la LGDFS.
Esto hace que el Proyecto del NAISL REQUIERA SER EVALUADO Y, EN SU CASO, AUTORIZADO, EN MATERIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES, tanto en la materia de impacto ambiental en la MIA-R, como en la materia forestal a través de un ETJ.
LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL NAISL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL:
El 12 de junio pasado concluyó el plazo de duración de la consulta pública establecida en el artículo 34 de la LGEEPA, que inició el 16 de mayo.
En ese lapso se realizó una reunión pública de información, y cuyos resultados fueron los siguientes:
La MIA-R presentada por la SEDENA está incompleta, le falta información relevante de los impactos ambientales del Proyecto, y de las medidas de mitigación y compensación de dichos impactos.
Es imprescindible que la SEMARNAT solicite información adicional a la SEDENA, para que ésta dependencia aclare el Proyecto en su toda dimensión ambiental: impactos, emisiones, residuos, agua, ruido, etc.
No se indica cómo se reducirá el riesgo de que la construcción y operación del NAISL afecte el suministro de agua potable, considerando que los acuíferos de la zona están sobreexplotados y debe garantizarse la seguridad hídrica de los ciudadanos.
La calidad de la MIA-R, en su estado actual, hace que la SEMARNAT tenga que negar la autorización de impacto ambiental solicitada por la SEDENA para la realización del Proyecto del NAISL.
LOS COMPROMISOS AMBIENTALES CONVENIDOS EN EL TRATADO COMERCIAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADÁ (T-MEC):
En recientes días el T-MEC ha sido objeto de atención en nuestro país, en virtud de que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha condicionado su firma al cumplimiento de obligaciones exorbitantes en materia migratoria por parte del gobierno mexicano.
Con independencia de tan oprobioso trato y la inadecuada respuesta por parte de las autoridades mexicanas, el T-MEC que el Gobierno tiene interés de que se suscriba establece varias obligaciones ambientales que deben cumplirse por quienes tienen interés en que se autorice el Proyecto de NAISL, en un Capítulo específico, el 24, sobre Medio Ambiente.
Entre las obligaciones aplicables al caso que se analiza están:
La observancia efectiva de la legislación ambiental de cada país parte, dentro de sus respectivos territorios, por los sujetos obligados por la norma ambiental, INCLUYENDO AL GOBIERNO cuando se trate de proyectos de su interés directo. Para efectos del Proyecto del NAISL esto implica cumplir lo dispuesto en la LGEEPA y sus Reglamentos y la LGDFS y su Reglamento.
El establecimiento de medios y mecanismos de acceso a la información, participación ciudadana y consulta pública en proyectos que puedan afectar los derechos ambientales de las personas, ciudadanos y población indígena.
La aplicación efectiva de la evaluación del impacto ambiental de proyectos que así lo requieran conforme a la legislación ambiental de cada país parte, lo que implica tanto la realización del trámite de autorización de impacto ambiental como la aplicación efectiva de las normas rectoras de la evaluación del impacto ambiental.
La protección de la calidad del aire, a través de la armonización de metodologías de monitoreo y otros mecanismos para ese objetivo.
El Gobierno del Presidente de la República debe cumplir estas obligaciones que, aunque no han entrado en vigor por lo que hace al T-MEC, están establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido como TLCAN) y en el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental de América del Norte, ambos vigentes.
De no cumplirse estas obligaciones, los ciudadanos están en posibilidad de acudir a los diversos medios de impugnación reconocidos por el sistema jurídico mexicano, incluido el de la petición ante la Comisión de Cooperación de América del Norte para dilucidar posibles violaciones a la aplicación efectiva de la legislación mexicana de protección ambiental.
EL CONTEXTO JUDICIAL ACTUAL: LA SUSPENSIÓN DEL NAISL Y DE LAS ACCIONES DE INUNDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL NAICM DE TEXCOCO:
El Proyecto de NAISL está siendo cuestionado por organizaciones no gubernamentales y ciudadanos ante los Tribunales Federales, mediante juicios de amparo (147 demandas), por no cumplir con los estudios y las autorizaciones ambientales y de seguridad que exigen las leyes mexicanas, específicamente la LGEEPA, la LGDFS y la Ley de Aeropuertos.
La suspensión del NAISL:
Permisos ambientales y arqueológicos:
Según las notas de periódicos recientes, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México suspendió los trabajos de construcción en el NAISL, hasta que no se liberen las autorizaciones y permisos en materia ambiental por parte de la SEMARNAT, y arqueológica a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La suspensión mencionada paraliza la realización de obras y actividades de construcción del NAISL, hasta que dicho Juez de Distrito emita la sentencia de amparo correspondiente, sea que conceda el amparo y la protección de la justicia federal a los quejosos, que niegue dicha protección o que declare improcedentes los juicios promovidos, o bien hasta que las autoridades responsables (la SEDENA) demuestren haber obtenido los permisos cuya carencia motiva la suspensión.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, suspendió los trabajos de construcción en el NAISL hasta que se tengan los estudios y autorizaciones en materia de seguridad aeroportuaria regulados por la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.
Los efectos de la suspensión son los mismos que los indicados para las materias ambiental y arqueológica: paraliza la realización de obras y actividades de construcción del NAISL hasta que se demuestre que cuenta con los estudios y autorizaciones en materia de seguridad aeroportuaria.
La suspensión de acciones de rescate del lago de Texcoco:
El Gobierno federal pretende inundar las obras de infraestructura construidas del NAICM en Texcoco y convertir otra parte del área en un parque ecológico, con el propósito de rescatar dicho cuerpo de agua a su función original, (ya que “eso era un lago y se le cambió su vocación”), y “enterrar” el proyecto del gobierno anterior.
Ante estas pretensiones, personas y organizaciones no gubernamentales promovieron varios juicios de amparo. Un Tribunal Federal concedió a los quejosos la suspensión provisional de las medidas de inundación y recuperación, con el fin de preservar las obras canceladas del NAIM “sin que sean destruidas hasta que se revisen de fondo, todos los elementos de prueba que los quejosos aportaron en el expediente.”
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha expresado que no existe ninguna orden judicial que les impida continuar con el proceso de terminación de los contratos del NAICM de Texcoco, por lo que continuarán con esas acciones.
En todos los juicios de amparo tramitados hay un elemento común: la percepción ciudadana de que los actos de autoridad que está realizando el Presidente de la República y su gabinete para la ejecución de obras aeroportuarias en Santa Lucía son violatorios de la ley, especialmente de la Constitución Política Mexicana.
Nuestra larga historia de violaciones sistemáticas de garantías individuales y de derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas no ha cambiado con este nuevo gobierno, por el contrario, continúa, con otros discursos y promesas, pero siguen haciendo lo mismo que recriminan a los anteriores gobiernos. Por eso el juicio de amparo sigue siendo la mejor opción de defensa de la Constitución frente a los abusos de quien gobierna este país.
Las decisiones atropelladas del nuevo gobierno, la prisa del Presidente López Obrador para desplegar las obras del nuevo aeropuerto y el desconocimiento y desprecio por las leyes que rigen el desarrollo de este tipo de infraestructura, han hecho que el Proyecto de NAISL presente problemas de fondo insuperables para su realización técnica y viabilidad ambiental.
Es curioso que los mismos problemas ambientales que denunciaron los asesores del entonces Presidente Electo en agosto de 2018, en el caso de Texcoco, los están repitiendo en el contexto de un aeropuerto nuevo y distinto al cancelado, por “graves e irreversibles daños ambientales”: (1) la ausencia de Proyecto Maestro, que sigue modificándose (2) el agotamiento del agua potable que requiere prioritariamente la población, (3) la falta de estudios de aves migratorias para su protección ambiental y para la seguridad de las operaciones aéreas y la vida de los futuros usuarios, (4) la falta de estudios de seguridad aeroportuaria exigidos por las normas nacionales e internacionales de aeropuertos, (5) el incremento de la contaminación atmosférica de la zona, (6) la falta de estudios del cambio de uso del suelo forestal, (7) la contribución del Proyecto al cambio climático de la región, y (8) la falta de consulta pública previa, libre, informada y culturalmente adecuada, entre otros más.
El nuevo Gobierno federal enarbola una ideología anticorrupción y de respeto a la Ley para beneficio del pueblo, sin embargo incurre en los mismos errores graves de gobiernos anteriores y violaciones sistemáticas contra el Estado de Derecho.
En el caso del nuevo proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, el trabajo realizado por el II-UNAM para evaluar con la seriedad debida los impactos ambientales del NAISL es muy deficiente; esto únicamente se entiende por la fuerte y dura presión que las autoridades gubernamentales han generado para que el NAISL se autorice a marchas forzadas, como si la evaluación del impacto ambiental se redujera a un simple trámite de autorización administrativa que, como dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes hace unos días, puede otorgarse por la SEMARNAT en quince días o en un mes.
La mala calidad de la información de la MIA-R obliga a rehacer dicho documento técnico, bien por la vía de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones por parte de la SEMARNAT, con base en el artículo 35 BIS de la LGEEPA, o bien por la elaboración y presentación de una nueva MIA-R por la SCT, en coordinación con la SEDENA, que supere las inconsistencias y carencias actuales de información y documentación.
Sobre este tema, el pasado domingo 16 de junio del año en curso se publicó en la edición vespertina del diario Milenio, que la SEMARNAT ha solicitado a la SEDENA información adicional y complementaria a la MIA-R, para hacer una serie de aclaraciones al Proyecto de NAISL.
Destaca de la noticia que este requerimiento de información suspende el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del pretendido proyecto aeroportuario hasta por 60 días hábiles más, que pueden prorrogarse hasta por 120 días hábiles, al tratarse de obras y actividades que por sus dimensiones y complejidad hagan que la SEMARNAT se tome más tiempo para resolver si otorga o niega la autorización de impacto ambiental. Como lo dijimos líneas arriba, es indispensable que la SEDENA/II-UNAM replanteen la MIA-R en un tiempo récord, con información completa y de alta calidad, lo cual, desde nuestra óptica, con esta visión de austeridad republicana es materialmente imposible por la naturaleza, especialización y complejidad de los estudios técnicos que se deben realizar y que, de origen, no efectuaron.
En este sentido, es indispensable que se tramiten y obtengan las autorizaciones de cambio de uso del suelo de terrenos forestales por las vías de impacto ambiental y forestal sustentable. Un proyecto aeroportuario como el que se pretende realizar en Santa Lucía no debe prescindir de trámites tan importantes legalmente procedentes y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, que garanticen la continuidad de los bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas arbóreos.
Ningún proyecto al margen de la ley ni por encima de ella; fue una promesa de campaña del ahora Presidente de México, que debe recordar permanentemente, y es una obligación adquirida que tiene el deber de honrar desde que protestó su mandato constitucional el 1º de diciembre de 2018.
Coincidimos plenamente con los participantes de la consulta pública: el Proyecto del NAISL, como fue presentado en la MIA-R de la SEDENA y el II-UNAM, no debe ser autorizado en materia de impacto ambiental. Aún más, su realización es, a todas luces, inviable técnica y ambientalmente. La vida y la seguridad de las personas de la Zona Metropolitana del Valle de México, y la conservación, preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de esa zona del país está en entredicho, con eso no se juega.
No nos oponemos a los proyectos del Presidente de la República. Esos discursos políticos desgastados y no creíbles de liberales contra conservadores deben ser superados; estamos en contra de actos y decisiones de gobiernos arbitrarios y autoritarios que desdeñen el Estado de Derecho vigente y el estricto apego al marco jurídico vigente, por considerarlo como “instrumento de la mafia del poder”.
Es evidente que a pesar de esto el Presidente López Obrador se ha propuesto llevar a cabo esta obra, aunque exista tal cúmulo de causas que impiden su autorización legal. Es pasado 14 de junio aseguró que pese a los frenos del Poder Judicial, en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, acusando que “ciertos intereses políticos buscan frenar el proyecto, que no cumplirán sus pretensiones”, que es parte de una campaña mediática y que “legalmente no se está infringiendo ninguna ley".
Señaló que "aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, hay instancias, y lo más que lograrían sería demorar el proyecto, es lo único, además si eso lo lograran tendríamos que informar por qué se detiene y quiénes son, no iban a quedar en el anonimato", y aseguró que aunque ya no existe el CISEN, la propia gente le está informando quiénes son los que interpusieron los amparos, “pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros”.
Nos parece muy delicado que el Presidente de la República, el principal obligado a velar por los derechos humanos, profiera ese tipo de expresiones y lance una amenaza velada contra los ciudadanos que se oponen al proyecto, como si hacer válido el derecho al amparo contra los actos de autoridad que pueden ser violatorios de derechos fuese algo ilegal. El Presidente demuestra con ello su carácter autoritario e intolerante y no se comporta como hombre de Estado y respetuoso de la Ley.
Que quede clara nuestra postura: no a un aeropuerto ideológico, improvisado, desapegado de las leyes mexicanas, inseguro y no sustentable; sí a un proyecto aeroportuario serio, estudiado, lícito, sustentable, confiable y seguro para las personas y familias mexicanas.
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de realizar actos que induzcan al incumplimiento de la Ley a la SEDENA, la SCT, la SEMARNAT y demás dependencias y organismos federales involucrados en la evaluación del impacto ambiental del Proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, desde la tramitación de las autorizaciones por las autoridades competentes hasta la resolución de viabilidad y procedencia ambiental de dicho proyecto por parte de la SEMARNAT, a través de la DGIRA.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la SEDENA a desistirse del trámite de autorización de impacto ambiental del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por carecer de facultades legales expresas para que, en su caso, siendo titular de una posible autorización de impacto ambiental, pueda llevar a cabo el desarrollo del Proyecto, de naturaleza mixta civil/militar, desde la preparación del sitio hasta el desmantelamiento de instalaciones y abandono del sitio.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SCT para que, en coordinación con la SEDENA: (1) elabore una nueva MIA-R para la tramitación y, en su caso, obtención de la autorización de impacto ambiental del Proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la que se superen los defectos de fondo que adolece la MIA-R actual, y se ingrese de nuevo ante la SEMARNAT, para su debida y completa evaluación del impacto ambiental, con base en los artículos 28, fracciones I y VII, de la LGEEPA y 32 de la Ley de Aeropuertos, y (2) elabore el estudio técnico justificativo en materia de cambio de uso del suelo de terrenos forestales, y lo ingrese a la SEMARNAT para su evaluación y resolución correspondiente, a efecto de que se demuestre el cumplimiento de excepcionalidad de la actividad de cambio de uso del suelo forestal para la preparación del sitio y demás etapas de desarrollo del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la SEMARNAT a que: (1) de persistir los defectos de fondo expuestos en el presente documento y otros contenidos en el expediente administrativo de evaluación del impacto ambiental, aún con la entrega de la información adicional, complementaria y aclaratoria solicitada a la SEDENA/II-UNAM, niegue la autorización de impacto ambiental, con base en lo dispuesto por el artículo 35, fracción II, inciso a), de la LGEEPA, y (2) conminar a la promovente de dicho proyecto a tramitar y, en su caso, obtener la autorización de cambio de uso del suelo de terrenos forestales, por así proceder conforme a la LGDFS.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a dieciocho de junio de 2019.
https://www.gob.mx/aisl/documentos/nombre-del-documento-2
Página II-3 de la MIA-R.

References: artículo 209

ARTÍCULO 209
 artículo 32

ARTÍCULO 32
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 133
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 artículo 35