Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/229087/decreto-93-2014-de-19-de-septiembre-por-el-que-se-establecen-los-criterios-para-determinar-la-capa
Timestamp: 2018-01-23 06:13:05+00:00

Document:
Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la...
DECRETO 93/2014, DE 19 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y SU PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC 191 DE 2 DE OCTUBRE)
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y la participación de todas las administraciones públicas.
Por su parte, el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre (RCL 2013, 1909), por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su artículo 11 dispone que las Comunidades Autónomas determinarán, teniendo en cuenta lo dispuesto en los acuerdos que adopte el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas de los beneficiarios.
El objeto de este Decreto es establecer los criterios para determinar la capacidad económica de las personas dependientes con la finalidad de fijar su aportación a los servicios asignados, así como la determinación de las cuantías de las prestaciones económicas, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2006 y con el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mencionado, y teniendo en cuenta las novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio ( RCL 2012, 976 y 997) , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y el Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2012, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 185, de 3 de agosto siguiente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, oído el Consejo General de Servicios Sociales, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 19 de septiembre de 2014, Dispongo:
Artículo 3. Capacidad económica
Artículo 4. Delimitación del concepto de renta
1. A efectos de lo previsto en el presente Decreto, se considera renta los ingresos de las personas beneficiarias, derivados de los rendimientos del trabajo personal como de los del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre ( RCL 2006, 2123 y RCL 2007, 458) , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicación.
No tendrán la consideración de renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre ( RCL 2004, 2661 y RCL 2005, 735) , de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y aquellas ayudas de igual contenido que se hayan podido establecer por las Comunidades Autónomas.
3. En los ingresos de las personas beneficiarias, no se tendrán en consideración como renta las cuantías de las prestaciones de naturaleza y finalidad análogas, recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) .
Artículo 5. Delimitación del concepto de patrimonio
2. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre ( RCL 2007, 2221 ) , por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo ( RCL 1981, 900 ) , de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, a favor de los cónyuges, personas con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive, con arreglo a las siguientes normas:
Se considerarán personas a su cargo, el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan económicamente de la misma. En los supuestos de cotitularidad, solo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre ( RCL 2003, 2695 ) , de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afección. No obstante, sí se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.
Artículo 6. Periodo computable
Asimismo, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas por la persona beneficiaria en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, en los términos recogidos en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre ( RCL 2007, 2221 ) , por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo ( RCL 1981, 900 ) , de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Artículo 7. Determinación de la capacidad económica
– A partir de los 65 años, un cinco por ciento de su patrimonio computable.
– De los 35 a los 65 años, un tres por ciento de su patrimonio computable.
– Menores de 35 años, un uno por ciento de su patrimonio computable.
Artículo 8. Comprobación de la capacidad económica
Artículo 9. Revisión de la capacidad económica
Indicadores de referencia de los servicios asistenciales de la red pública de atención a la dependencia
Artículo 10. Indicadores de referencia de los servicios asistenciales
4. Los servicios asistenciales serán los definidos en el Catálogo de servicios, que comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Artículo 11. Indicadores según la modalidad prestacional
2. En el indicador de referencia del servicio de hogares funcionales y viviendas tuteladas se diferenciarán los servicios siguientes: los de cuidados de atención personal en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y servicio de promoción de la autonomía personal, previstos en el artículo 14.3, apartado C) del Decreto 131/2011, de 17 de mayo ( LCAN 2011, 216 ) , junto con los del servicio hotelero y de manutención, y el servicio de transporte. Esta diferenciación se hará a fin de que solo participen en los costes de estos servicios las personas beneficiarias que efectivamente los utilicen según lo dispuesto en su Programa Individual de Atención, siendo en todo caso servicios mínimos obligatorios el servicio hotelero y de manutención y el programa de tutoría y acompañamiento. Se determinará en cómputo anual, mensual y diario y estará en relación con el precio de concertación de plazas en centros de la iniciativa privada.
Participación económica de la persona beneficiaria en el coste de los servicios de atención a la dependencia
Artículo 12. Criterios comunes de participación económica de la persona beneficiaria en el coste de los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
Artículo 13. Participación económica de las personas que sean titulares de prestaciones de naturaleza y finalidad análogas
Artículo 14. Participación económica de las personas beneficiarias en el servicio de atención residencial
Artículo 15. Participación económica en el coste del servicio de centros de día y de noche
1. La determinación del número de horas de atención personalizada se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 del Decreto 131/2011, de 17 de mayo ( LCAN 2011, 216 ) , por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PB = (0,4 × CEB) – (IPREM/3,33)
Artículo 16. Participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio
1º. De 21 a 45 horas mensuales:
PB = [(0,4 × IR × CEB)/IPREM] – (0,3 × IR)
2º. De 46 a 70 horas mensuales:
PB = [(0,3333 × IR × CEB)/IPREM] – (0,25 × IR)
Artículo 17. Participación económica en el coste del servicio de teleasistencia
Artículo 18. Participación económica en el coste del servicio de promoción de la autonomía personal
Artículo 19. Participación económica de la persona beneficiaria en supuestos de reconocimiento de más de un servicio
Artículo 20. Actualización y revisión de la participación económica
Artículo 21. Efectividad del derecho a las prestaciones económicas
Para ello, la prestación o prestaciones económicas reconocidas a la persona beneficiaria en el Programa Individual de Atención tendrá efectos económicos a partir de la fecha de la resolución aprobatoria de aquel, de acuerdo con la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo ( RCL 2010, 1396 ) y por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio ( RCL 2012, 976 y 997) , o, en su caso, por silencio estimatorio en los términos dispuestos en el apartado siguiente.
Artículo 22. Clases de prestaciones económicas e incompatibilidades
2. En cuanto al régimen de incompatibilidad de las prestaciones, se estará a lo que dispone el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , con la redacción dada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio ( RCL 2012, 976 y 997) , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 23. Cuantías máximas de las prestaciones económicas
El importe de las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será el que se establezca anualmente por la Administración General del Estado mediante Real Decreto, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para los grados con derecho a prestaciones, en el marco de lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la Ley 39/2006 ( RCL 2006, 2226 ) , con la redacción dada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio ( RCL 2012, 976 y 997) , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 24. Determinación de la cuantía de la prestación económica
CPE = (1.33 × Cmax) – (0,44 × CEB × Cmax)/IPREM
Artículo 25. Personas en situación de dependencia por razón de discapacidad
Artículo 26. Deducciones de la cuantía de la prestación económica
Una vez determinada la cuantía individual de la prestación económica, se deducirá de la misma el importe de cualquier otra prestación de análoga naturaleza o finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) .
Artículo 27. Actualización y revisión de la prestación económica
Artículo 29. Personas beneficiarias de la prestación vinculada al servicio
e) En los casos de dependencia moderada, que en el Programa Individual de Atención se determine la adecuación de esta prestación y la intensidad del servicio de que se trate conforme a los criterios sobre intensidades para la situación de dependencia moderada establecidos en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , así como en el Decreto 131/2011, de 17 de mayo ( LCAN 2011, 216 ) , que establece las intensidades de protección de los servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sección 2. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales y apoyo a personas cuidadoras no profesionales
1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales, que tendrá carácter excepcional, está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada por la persona cuidadora no profesional a personas beneficiarias reconocidas en grado I (dependencia moderada), con base en lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Artículo 32. Requisitos de la persona cuidadora
Artículo 34. Personas beneficiarias de la prestación de asistencia personal
– Contratación de una empresa prestadora de este servicio.
– Directamente, mediante un contrato laboral por parte de la persona beneficiaria.
– Contrato de prestación de servicios entre un trabajador autónomo y la persona beneficiaria.
Artículo 35. Requisitos del asistente o la asistenta personal
Artículo 36. Abono de las prestaciones económicas
Artículo 37. Revisión del derecho a las prestaciones económicas reconocidas
1. El derecho o reconocimiento de las prestaciones económicas reconocidas podrá ser revisado en los siguientes casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2006 ( RCL 2006, 2226 ) y artículo 14 del Decreto 54/2008 (LCAN 2008, 126):
Artículo 38. Reintegro de cuantías percibidas indebidamente
1. Si la persona beneficiaria incumpliera las obligaciones establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y en el presente Decreto, y como consecuencia de ello se derivaran cuantías indebidamente percibidas de la prestación económica reconocida o una participación insuficiente en el coste de los servicios, estará obligada a su reintegro o al abono de la diferencia que corresponda, así como, en su caso, la exigencia del interés legal del dinero, en los términos dispuestos en el Capítulo V del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
2. En consonancia con el artículo 16 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre ( LCAN 2006, 429 ) , de la Hacienda Pública Canaria, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, contándose dicho plazo desde la fecha en que se concedió la prestación económica que resulte indebida, y el derecho a la recaudación por la Administración de los créditos reconocidos, a contar desde la fecha en que se notificó a la persona interesada la resolución que acuerde el reintegro.
Disposición adicional primera. Ayudas económicas complementarias para facilitar la autonomía personal
Las ayudas económicas previstas en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , tendrán la naturaleza de subvenciones y serán objeto de convocatoria anual por la Consejería competente en materia de políticas sociales, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, siendo complementarias de los servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y subsidiarias, en su caso, de la cartera de servicios comunes de análoga naturaleza y finalidad del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional segunda. Cuantías de los indicadores de referencia para determinar el coste de los Servicios y Prestaciones
1. En aplicación de lo señalado en el acuerdo Segundo, propuesta 12ª, adoptado por el Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la sesión celebrada el día 10 de julio de 2012 (BOE nº 185, de 3 de agosto), se establecen los siguientes indicadores de referencia para determinar el coste de los servicios y prestaciones:
Servicios Asistenciales*. Programa de Cuidados de atención personal
Mayor II y III 650,00 € 700,00 € Hasta 48,00 €
Discapacidad II y III 800,00 € 700,00 € Hasta 48,00 €
Todos los sectores Según PIA 300,00 € 600,00 € Hasta 48,00 €
Servicios Asistenciales.* Programa de Cuidados de atención personal
Mayor II y III 400,00 € 180,00 € Hasta 240,00 €
Discapacidad II y III 450,00 € 180,00 € Hasta 240,00 €
* El indicador de referencia relativo al Programa de Promoción de la Autonomía Personal de los Servicios Asistenciales de atención de día es el establecido con carácter general para todos los servicios en el apartado 1.g) de esta misma Disposición Adicional.
* El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de centro de día hasta un máximo de 20 servicios.
Todos los sectores Según PIA 200,00 € 110,00 € Hasta 240,00 €
* El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de centro de noche hasta un máximo de 20 servicios.
Todos los sectores II y III 14,00 € 9,00 €
Todos los sectores II y III 12,00 €
Todos los sectores II y III 17,00 € Atención individual
5,00 € Atención grupo
Disposición adicional tercera. Actualización de las cuantías máximas de las prestaciones económicas
Las cuantías máximas de las prestaciones económicas a que se refiere el presente Decreto se actualizarán periódicamente en el marco de lo establecido en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE nº 313, de 31 de diciembre).
Con independencia de la fecha en que se haya producido su reconocimiento, las cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes a los grados III, II y I de dependencia, serán las que se determinan en la Disposición Transitoria Décima, apartado 2, del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio ( RCL 2012, 976 y 997) , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Disposición adicional cuarta. Gestión y justificación del cobro del copago en centros y servicios de titularidad insular o municipal
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio para personas que se encuentren en situación de dependencia moderada y que estén recibiendo servicios de atención residencial
1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta el 30 de junio del año 2015, a las personas a las que se hubiera reconocido el Grado I de dependencia moderada y que a fecha 28 de octubre de 2010 estuvieran recibiendo el servicio de atención residencial, se les podrá ofrecer esta prestación como la modalidad de intervención más adecuada en el proceso de consulta para el establecimiento del Programa Individual de Atención.
Mayor 650,00 € 700,00 € Hasta 48,00 €
Discapacidad 800,00 € 700,00 € Hasta 48,00 €
* El indicador de referencia relativo al Programa de Promoción de la Autonomía Personal de los Servicios Asistenciales de atención residencial es el establecido con carácter general para todos los servicios en el apartado 1.g) de la Disposición Adicional Segunda.
* El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de atención residencial hasta un máximo de 4 servicios.
Disposición transitoria segunda. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 )
1. A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo ( RCL 2010, 1396 ) , y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.
Se derogan cualesquiera normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, y en particular, queda derogada la Disposición Transitoria Única del Decreto 131/2011, de 17 de mayo ( LCAN 2011, 216 ) , y se deja sin efecto, igualmente, la Orden de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 2 de abril de 2008, por la que se establece con carácter transitorio la intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2008 (BOC nº 68, de 4 de abril), y su modificación operada por la Orden del mismo Departamento de 10 de febrero de 2010 que atribuyó carácter de permanencia a los criterios contemplados en aquella orden (BOC nº 43, de 3 de marzo).

References: Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 33

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 27
 artículo 31

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 14

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 

Artículo 22
 artículo 25

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 31

Artículo 27

Artículo 29
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 30
 artículo 14

Artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 16
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto