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Timestamp: 2018-02-23 16:09:07+00:00

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Burlada Habitable - Burlata Bizigarria: EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PONER LIMITES A LA TELEFONIA MOVIL
EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PONER LIMITES A LA TELEFONIA MOVIL
2.- ANULAR esta disposición general en lo que hace a los siguientes preceptos en ella incluidos: a) artículo 6º : "Límites de exposición a las emisiones electromagnéticas"; b) artículo 7º : "Medidas de aviso y protección"; c) artículo 8º : "Protección de espacios sensibles"; d) artículo 9º : "Zonas saturadas.
CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de abril de dos mil diez, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado los trámites establecidos por la ley.
En concreto, los preceptos que se verían afectados por dicha transgresión son los números 6º, 7º, 8º y 9º , en los que se introduce un límite de emisión a "los 0,001 W/m2 (0,1 micro W/cm2) en cualquier zona o espacio en la que pudieran permanecer habitualmente personas"; "Se mantendrá un espacio de protección de 200 metros alrededor de los espacios de concentración y permanencia continuada de población sensible, tales como guarderías, centros de educación infantil ..."; "podrá condicionar el otorgamiento de las licencias urbanísticas en determinadas zonas saturadas".
"QUINTO.- Decisión que alcanza la Sala sobre el resto de temáticas litigiosas abiertas en el seno del proceso 1.017/2003 por Telefónica Móviles España S.A.. La más trascendente es la relativa a la introducción de limitaciones de índole sanitario.
a.- El tribunal entiende que el Ayuntamiento de Sant Lluís no dispone de competencia objetiva para introducir mayores limitaciones en lo que hace a los niveles de inmisión electromagnética que produzcan las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en su término municipal frente a los niveles ya vigentes en la normativa estatal. Este criterio se funda en la distribución de competencias que la Constitución española ha establecido en sede de la sanidad (concediendo la legislación básica al Estado y la legislación de desarrollo a las Comunidades Autónomas) y en la caracterización jurídica propia de la normativa estatal, al fijar ésta unos niveles de emisión muy superiores a los que recoge la Ordenanza de 30/04/2003:
La Ordenanza dictada por el Ayuntamiento de Sant Lluís evita apoyarse sobre normativa autonómica que introduzca mayores restricciones a los niveles estatales - como ha sucedido en la Comunidad Foral Navarra y en Cataluña, entre otras varias CCAA - sino que, y en íntegro ejercicio de competencias propias, estima que cualesquiera reducciones a los niveles de emisión o al régimen de distancias previsto en el R.D. de 28 septiembre 2001 es susceptible de quedar incardinado en la competencia (concurrente con las Administraciones del Estado y Autonómica) que posee sobre la sanidad. Y, con esta perspectiva - pero sin análisis alguno de dichos títulos competenciales, análisis indispensable desde un parámetro jurídico - señala en la Exposición de Motivos que:
"... Ha sido también señalado por la jurisprudencia de este Tribunal que las "bases", en cuanto concepto que nuestro primer cuerpo de leyes utiliza para expresar un deslinde de competencias entre los poderes centrales del Estado y las comunidades autónomas, no tienen necesariamente que quedar articuladas o instrumentadas a través de una concreta forma de manifestación de la voluntad legislativa o política (...) sino que, como concepto material, pueden hallarse en leyes en sentido estricto o incluso en reglamentos ejecutivos en cuanto éstos contengan desarrollos necesarios reducidos a ellos por las leyes" (doctrina Tribunal Constitucional).
Además, se desconoce cuáles son los análisis técnicos seguidos por el Consell Insular de Menorca (recuérdese que la Ordenanza de 20 de abril de 2003 pertenece a las denominadas Ordenanza-tipo, que son disposiciones reglamentarias cuya redacción se efectúa por órganos encuadrados en una Administración local - el Consell Insular tiene una naturaleza bifronte - que cuenta con mayor entidad física a la propia de los municipios) a los efectos de concluir que las emisiones radiomagnéticas deben alcanzar un entorno no superior al de 0,001 W/m2; que la superación de éste puede ser dañino para la salud de quienes se encuentran en las inmediaciones de las antenas de telefonía móvil existentes en el municipio de Sant Lluís; y que, por último, el nivel de emisiones que ha fijado el Real Decreto de 28 septiembre 2001 no satisface al derecho a la salud de los vecinos de dicha población.
Es decir, la normativa estatal se dicta en seguimiento - y de forma coherente - con las prescripciones sanitarias que las Recomendaciones emitidas por la Unión Europea han entendido más plausibles y satisfactorias a los efectos de garantizar que la instalación de infraestructuras de telecomunicación por ondas electromagnética no va a generar daño alguno al derecho a la salud que ostentan quienes residan o se sitúen físicamente en las inmediaciones de estas infraestructuras.
3.- "... en los que se supere en más de cien veces (..) será necesario instalar una señalización" (art. 7º ); "... implicase que en la zona en que se habría de ubicar alcanzaría el 50 % de los valores permitidos por el Plan Especial de Telefonía móvil y el Real Decreto 1066/2001 , una superación de los niveles de las zonas saturadas, conforme son definidas en la presente Ordenanza" (art. 9º ).
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se invoca un solo motivo de casación, en que se denuncia la infracción del art. 42.3 de la Ley General de Sanidad , en relación con los arts. 25 y 28 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los arts. 6.7 y 8.7 del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre , en conexión con el art. 43 de la Constitución Española.
A continuación, hace referencia el escrito de interposición a la temática de cada uno de los artículos anulados; el art. 6 estatuye medidas para minimizar el impacto de las emisiones electromagnéticas en los espacios en que puedan permanecer habitualmente personas; el art. 7 regula la necesidad de señalizar o impedir el paso a zonas en que no permanezcan habitualmente personas, pero que superen determinados niveles de contaminación en las emisiones; el art. 8 añade medidas especiales de protección en zonas sensibles, y, finalmente, el art. 9 faculta al Ayuntamiento a denegar la licencia urbanística cuando una determinada zona adquiera un elevado nivel de saturación de emisiones electromagnéticas.
" 1º) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye la del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competencia en materia urbanística, con arreglo a la legislación aplicable, incluyendo los aspectos de estética y seguridad de las edificaciones y medioambientales.
De ahí, estas normas dentro del marco de la Ley 3/1998, de 27 de febrero , tienen una finalidad preventiva y pretenden la adaptación de las licencias y mejoras técnicas disponibles, adecuándose como afirma la Administración demandada a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que corresponde a la doctrina reiteradamente mantenida por esta Sala."
Y, al hacerlo, tenemos que observar que, si bien es cierto que esta Sala, como acabamos de exponer, ha reconocido la legitimidad del señalamiento por los Municipios, en el ámbito de sus competencias, de límites o condiciones complementarios a las medidas de protección establecidas en el Real Decreto 1066/2001 , también lo es que, en diversas sentencias (baste con citar la de 10 de enero de 2007, rec. 4051/2004 ) hemos resaltado el casuismo con que debe observarse el ejercicio de las competencias municipales que afecten al campo de las telecomunicaciones. Y, en particular, hemos matizado en la Sentencia de 11 de mayo de 2006, rec, 9045/2003 , la necesidad de expurgar el Ordenamiento Jurídico de aquellos preceptos que supongan inseguridad jurídica o atribuyan una facultad omnímoda a los Ayuntamientos. Y esto último es lo que pasa, en nuestra opinión, con la referencia que hace el art. 7.2 de la Ordenanza impugnada, bajo la rúbrica "Medidas de aviso y protección", al deber de los operadores titulares de la infraestructura de instalar vallas o mecanismos de aislamiento en las zonas o espacios en que no permanezcan habitualmente personas, si se supera en más de mil veces cuatro veces el límite de exposición a las emisiones electromagnéticas, previsto con carácter general en el art. 6.1 de la misma Ordenanza, cuando así lo estime oportuno el Ayuntamiento . Éste último inciso incluye un fuerte elemento de incertidumbre jurídica, y podría degenerar en una aplicación de la norma contraria al principio de igualdad, al no fijarse los elementos o circunstancias ante cuya concurrencia el operador podrá esperar que el Ayuntamiento considere oportuna la instalación de las vallas o mecanismos de aislamiento, dificultando en definitiva el control que los tribunales pudieran hacer de la actuación administrativa.
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Asociacion BH 3 de septiembre de 2010, 23:36
Buen momento para exigir a nuestro ayuntamiento una ordenanza como mínimo igual que la de Sant Lluis

References: artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 Real Decreto 
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