Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1096-01.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:43:53+00:00

Document:
C-1096-01
Las áreas metropolitanas podrán ser destinatarias del porcentaje sobre el impuesto predial, con la condición que estén encargadas por la ley “del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables” y que en la misma jurisdicción no actúen otras entidades encargadas de las mismas atribuciones.
Cuando la Constitución dice “La ley destinará un porcentaje de estos tributos” hace referencia a una porción del gravamen sobre la propiedad inmueble, mas no a un porcentaje adicional al tributo.
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Ignacio Mejía Velásquez contra el artículo 2º (parcial) y el literal a) del artículo 22 de la Ley 128 de 1994.
Artículo 1º. Objeto. (…)
Artículo 3º. Jurisdicción y domicilio. (…)
Artículo 22. Patrimonio. El patrimonio y ren­ta del área metropolitana estará constituido por:
b) Las sumas recaudadas por concepto de la contribución de valorización para obras me­tropolitanas;
c) Los derechos o tasas que puedan perci­bir por la prestación de servicios públicos me­tropolitanos;
d) Las partidas presupuestales que se des­tinen para el área metropolitana en los presu­puestos nacionales, departamentales, distritales, municipales o de las entidades descentraliza­das del orden nacional, departamental, distrital o municipal;
e) El producto o rendimiento de su patri­monio o de la enajenación de sus bienes;
h) Las donaciones que reciban de entida­des públicas o privadas;
j) La sobretasa a la gasolina que se cobre dentro de la jurisdicción de cada área metro­politana acorde con lo establecido por la Ley 86 de 1989;
Parágrafo. La tesorería de cada uno de los mu­nicipios integrantes del área abrirá una cuenta especial a nombre de la respectiva área metro­politana, en la que consignará los recursos provenientes de la sobretasa a que se refiere el literal a), dentro de los diez (10) días siguientes a su recaudo.
El tesorero municipal que incumpla este precepto incurrirá en causal de mala conducta”.[1]
El ciudadano Ignacio Mejía Velásquez acusa como inconstitucionales el artículo 2º y el literal a) del artículo 22 de la Ley 128 de 1994. Considera que las disposiciones demandadas vulneran los artículos 317 y 319 de la Constitución Política.
Las áreas metropolitanas son, por lo tanto, de índole “comunicipal”, como órgano de enlace y coordinación de servicios de los municipios vinculados.
Para las áreas metropolitanas, en el artículo 319 de la Constitución “no está prevista la descentralización con personería jurídica propia, administración, régimen fiscal y patrimonio autónomos, que en la ley vino a quedar. A diferencia de las asociaciones de municipios, no contempladas en la Carta Política, por lo que se entiende que quedaron facultativas y de ser creadas tendrían la personería jurídica, la administración, las rentas y el patrimonio propios de su condición social”.
Además, “un gravamen, llámese impuesto, contribución o sobretasa, que tenga como base el censo de los inmuebles, es de decretación privativa de los municipios, extraña por ello a las atribuciones del legislador”. De esta manera, la norma demandada “no solamente quebranta la Constitución, sino también en cuanto, sin contar con la voluntad de los Municipios que se ligan a un Área Metropolitana, destina a ésta la ‘sobretasa’. Pero la Carta Política no prevé ni faculta esa destinación”.
1. La ciudadana Sulma Yolanda Gutiérrez Hernández, en representación del Ministerio del Interior, solicita que se declare la constitucionalidad de las normas demandadas.
Estima la representante del Ministerio del Interior, que “es claro que la disposición acusada no vulnera la Constitución Política, pues el Legislador en desarrollo de lo preceptuado en el artículo 319 de la Carta, determinó la naturaleza jurídica de las Areas Metropolitanas, reiterando su condición de entidad administrativa creadas por la Constitución para garantizar el desarrollo integrado de un determinado territorio, lo cual es complementario con los fines constitucionales plasmados en el artículo 1 de la Carta”.
2. La ciudadana María Angela Gómez Domínguez, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicita la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de las normas acusadas.
A. La demanda contra el artículo 2º de la Ley 128
1. El actor demanda el artículo 2º de la Ley 128 de 1994 por considerar que vulnera el artículo 319 de la Constitución Política. En su criterio la Constitución no permite, para las áreas metropolitanas, un régimen de descentralización con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio y autoridades propias, como lo hace la norma acusada, por cuanto estas son características reservadas a las entidades territoriales.
2. De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, el Estado en Colombia se organiza en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado colombiano comprende la Nación y las entidades territoriales. En estas condiciones, la Nación,[2] los departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho público.
3. En estas circunstancias se impone distinguir entre la organización política y la organización administrativa del Estado. Mientras que la organización política obedece a la forma de Estado y se manifiesta en la Nación, persona jurídica, y las entidades territoriales (C.P., art. 1º),[3] la organización administrativa responde a la manera como se asume, en el sector central o descentralizado, la prestación de servicios y el cumplimiento de las funciones asignadas a cada nivel del Estado (C.P., art. 209).
- El artículo 319 de la Carta Política asigna al área metropolitana la calidad de “entidad administrativa”. Como se indica, la personalidad jurídica es inherente, por principio, a las entidades públicas.
B. Literal a) del artículo 22 de la Ley 128
7. El artículo 317 de la Constitución Política reconoce de manera exclusiva a los municipios la facultad de gravar la propiedad inmueble, con excepción de la contribución de valorización, que puede ser impuesta por otras entidades.[4] Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que “dicha renta municipal al igual que los demás impuestos municipales, goza de protección constitucional, de manera que la ley no puede conceder exenciones, ni tratamientos preferenciales, ni efectuar recortes en relación con el impuesto predial”.[5]
9. De acuerdo con lo anterior, queda resuelto el primer interrogante planteado. El legislador está autorizado expresamente por la Constitución para destinar un porcentaje del tributo sobre la propiedad inmueble, a favor de entidades diferentes de los municipios, para lo cual debe atender las condiciones señaladas en el inciso segundo del artículo 317 de la Carta Política.[6] Corresponde ahora revisar si las áreas metropolitanas pueden ser destinatarias de dicho porcentaje.
El actor considera que no lo es, en la medida en que las áreas metropolitanas no tienen asignadas funciones de“manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables”, como lo exige el artículo 317 de la Constitución.
11. Sobre el particular es necesario resaltar que, de acuerdo con el artículo 317 de la Carta, son “las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales” las destinatarias del aludido tributo, con lo cual se excluye constitucionalmente la referencia a un tipo especial o único de entidad destinataria.[7] Igualmente, esta Corporación ha señalado en diferentes ocasiones que la Constitución confiere, en varios de sus artículos, “funciones ambientales a los distintos niveles territoriales”.[8] En la misma sentencia C-1340 de 2000 la Corte señala que del inciso segundo del artículo 317 superior no puede inferirse que a los municipios o a las otras entidades territoriales les está vedado cumplir funciones ambientales.
1. Consideraciones sobre el artículo 317 constitucional
Por lo tanto, la expresión demandada del artículo 22 de la Ley 128, la cual señala que “el producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1000) sobre el avalúo catastral de las propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada Area Metropolitana”, se refiere a un porcentaje del gravamen sobre la propiedad inmueble, sin que signifique un gravamen distinto ni una tasa adicional al impuesto predial.
[1] Diario Oficial No. 41.236 del 23 de febrero de 1994.
[2] La Constitución se refiere, en varios de sus artículos, a la Nación como persona jurídica: arts. 49, 67, 128, 218, 266, 267, 268-3, 288, 298, 305-6, 305-11, 352, 359, 362, 364 y 368, entre otros.
[3] Son entidades territoriales los departamentos, distritos y municipios y, en la medida que lo regule la ley orgánica de ordenamiento territorial, las regiones, las provincias y las entidades territoriales indígenas (C.P., arts. 286, 319 y 329).
[4] Según el artículo 317 de la Carta Política, “Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribuciones de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción”.
[5] Sentencia C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz
[6] “Cuando el artículo 317 de la C.P. dispone que ‘La ley destinará un porcentaje de estos tributos’, se refiere al gravamen sobre la propiedad inmueble a que alude en el inciso primero del mismo artículo”. Sentencia C-305 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7] En el mismo sentido, la sentencia C-1340 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se refirió a la inexistencia de exclusividad competencial en materia ambiental a favor de las CARs e indicó que “una interpretación sistemática del inciso segundo del artículo 317 superior permite entonces concluir que esa disposición no pretende conferir a las CARs el manejo exclusivo de los asuntos ambiéntales sino que su finalidad es esencialmente fiscal: esa disposición es el sustento constitucional que permite financiar a esas entidades supramunicipales, que cumplen funciones ecológicas, por medio de sobretasas que recaen sobre un impuesto –el predial- que en principio es exclusivamente municipal”.
[8] Sentencia C-1340 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero

References: artículo 2
 artículo 22

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 22
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 319
 artículo 319
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 319
 artículo 1
 artículo 319
 artículo 22
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 22
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 317