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Timestamp: 2019-10-18 18:59:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 17946 DE NOVIEMBRE 1 DE 2001
SENTENCIA 17946 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:CASACIÓN. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. LA NORMATIVIDAD APLICABLE ES AQUELLA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE, POR RAZÓN DEL PROFERIMIENTO DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, SE EJERCITA EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Sentencia 17946 de noviembre 1º de 2001
Bogotá, noviembre 1º de 2001.
Interpuesta la casación y presentada la demanda bajo el imperio de la Ley 553 de 2000, y cuando aún no había sido proferido el fallo de constitucionalidad que separó del ordenamiento jurídico los artículos 6º y 18 transitorio de la citada ley, entre otros, en observancia del principio tempus regit actum según el cual las actuaciones procesales cumplidas en vigencia de la ley que las rigió quedan consolidadas, su trámite debe surtirse con arreglo a ésta, pues ante la ausencia de disposición en contrario, el principio general consagrado por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.
De acuerdo con esta disposición se debe concluir que, salvo los casos en que la favorabilidad resulte procedente, la normatividad aplicable a la casación es la vigente para el momento en que, por razón del proferimiento del fallo de segunda instancia, se ejercita el derecho de impugnación, el cual se vincula inescindiblemente a la naturaleza rogada del instrumento, y, por ende, a la facultad dispositiva atribuida a las partes de perseguir el desquiciamiento del fallo de segunda instancia con ocasión del agravio inferido, pero siempre dentro de un marco de oportunidad.
Ello si se toma en cuenta que el objeto de la impugnación extraordinaria no es otro distinto que la sentencia de segunda instancia, calificada por la parte como lesiva del ordenamiento jurídico y, consecuentemente, de sus intereses particulares, siendo, por tanto, el fallo proferido por el ad quem, “el hecho” que da origen a la decisión del juez de casación, en orden a que se restaure la vigencia del ordenamiento jurídico, y se corrija el agravio inferido a la parte que a dicho mecanismo acude.
Lo expuesto ha sido enfatizado de antiguo por la Corte Suprema (Cfr. auto casación, ago. 18/94, M.P. Saavedra Rojas. Rad. 9645), y reiterado por la propia Corte Constitucional (Sent. T-1625/2000), tomando en cuenta la facultad constitucional de configuración legislativa atribuida al órgano legisferante para establecer procedimientos, señalar las reglas referidas a los medios de impugnación, las clases de providencias contra las cuales proceden, los términos para interponerlos, la forma de hacerlo, los motivos que pueden ser aducidos, los efectos en que deben concederse, el trámite para su resolución y el funcionario competente para ello.
Si bien con posterioridad a tales pronunciamientos la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-252 de 2001 que declaró inexequible, entre otros, el artículo 18 transitorio de la Ley 553 de 2000, de cuya lectura, podría concluirse, en principio, que la normatividad aplicable en materia de casación, es aquella vigente al momento de ocurrencia de los hechos, debe advertirse, sin embargo, que no se trata en este caso de resolver un asunto relativo a la aplicación o no del principio de favorabilidad por no versar sobre la calificación jurídica de la conducta o respecto de la duración o modalidad de la pena correspondiente, ni de la concurrencia legislativa sobre el acto mismo de impugnación, sino del tránsito legislativo de normas de carácter procesal entre la época de ocurrencia de los hechos y aquélla de finalización del proceso, y en relación con el trámite a seguir con posterioridad a ésta, pues aún al amparo de la legislación derogada por la Ley 553 de 2000 el derecho de acudir en casación, se mantiene, sólo que en este caso, para el momento de interposición del recurso, por vía distinta de la común: la discrecional.
Dado entonces que la referida ley fue promulgada en el Diario Oficial Nº 43.855 del 15 de enero de 2000, se tiene que, acorde con lo establecido en los artículos 21 ejusdem, y 2º y 8º de la Ley 57 de 1985, entró a regir el día siguiente (ene. 16/2000), y debe ser aplicada, en principio, a todos los procesos en los cuales se interpuso la casación a partir de esa fecha, sin perjuicio de las excepciones consagradas en los artículos 40 de la Ley 153 de 1887, 29 de la Carta Política y 10 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), en relación con las actuaciones, términos o diligencias iniciadas en vigencia de la normatividad anterior, que deben continuar rigiéndose conforme a ella; y de disposiciones procesales de efectos sustanciales, en cuyo supuesto se impone la aplicación de la ley más favorable, no siendo éste el caso presente, pues, se insiste, sea que se comparta o no la tesis del juez de constitucionalidad sobre la violación del principio constitucional de favorabilidad por la ley declarada inexequible, o se discrepe en torno a los efectos vinculantes para el órgano jurisdicente de la fundamentación contenida en la Sentencia C-252 de 2001, de todas maneras, el demandante en este particular evento ha hecho uso del derecho de impugnación extraordinaria por la vía prevista en el ordenamiento entonces vigente, y cuando aún no había sido proferido el fallo de constitucionalidad a que se ha hecho referencia, el cual eventualmente sólo podría tener efectos hacia el futuro, toda vez que allí no se dispuso cosa diversa.
2. Así establecido el marco normativo que rige la impugnación a que se acude, ha de reiterar la Sala que con la puesta en vigencia de la Ley 553 de 2000, en los asuntos cobijados por ésta, la casación discrecional procede contra las sentencias ejecutoriadas de segunda instancia, proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial, el hoy extinto Tribunal Nacional y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea hasta de ocho años, y, también, contra sentencias de segunda instancia dictadas por los juzgados penales del circuito, independientemente del quantum punitivo establecido en la ley para el delito por el que se profirió el fallo.
De conformidad con la legislación vigente para el momento de su interposición en este caso, la demanda de casación discrecional debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 8º de la citada ley, y presentarse dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, expresando la necesidad de su admisión para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos constitucionales que hubieren sido transgredidos en el trámite ordinario del proceso, únicos motivos por los cuales puede ser admitida, correspondiéndole decidir a la Corte, en ejercicio de la discrecionalidad que la ley le otorga, si la admite o rechaza.
Si se toma en consideración que los procesados Diego Toro Galeano y Gabriel Pabón Contreras, han sido convocados a responder en juicio criminal y posteriormente sentenciados por el delito de concusión que tiene señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo es de ocho años de prisión, se concluye que bajo las regulaciones contenidas en la Ley 553 de 2000 (art. 1º) resulta procedente la casación discrecional que el libelista invoca, y, al hacer ejercicio de este derecho dentro del término legalmente previsto, se reúnen con ello los presupuestos que vienen de mencionarse.
Igual sucede con la fundamentación de los motivos invocados con apoyo en la causal tercera, en cuanto pone de presente haber sido dictada la sentencia en juicio viciado de nulidad, de una parte, por falta de competencia del órgano jurisdicente, y, de otra, por la violación del derecho de defensa al no haberse dado respuesta en el fallo a las alegaciones presentadas, con lo cual denota la posibilidad de haber sido transgredidas las garantías fundamentales del debido proceso constitucional y el derecho de defensa, y el efecto negativo que ello pudo haber tenido para los intereses de sus representados.
El otro de los motivos que expone, con apoyo en la causal primera de casación, apartado segundo, por violación indirecta de la ley sustancial bajo la denuncia de haber incurrido el juzgador en error de hecho por falso juicio de existencia al omitir la apreciación de los testimonios que enuncia en el libelo, constituye la exteriorización de criterios particulares del impugnante, desconectados del instrumento que por vía excepcional invoca, pues en su presentación no logra hacer evidente la transgresión de alguna garantía fundamental o la necesidad de una modificación jurisprudencial como para que la Corte entienda satisfecho el requisito de fundamentación por este concepto.
Sin embargo, como el demandante menciona haber sido transgredidas las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, desarrollando sendos cargos acordes con tales planteamientos, ello es suficiente para admitir la demanda, obviamente reduciendo su trámite a estos específicos aspectos, y, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 553 de 2000, dispondrá que se surta el traslado al procurador delegado para que emita el concepto de rigor.
1. ADMITIR la casación que por vía discrecional invoca y presenta el defensor de los sentenciados Diego Toro Galeano y Gabriel Pabón Contreras, exclusivamente en relación con el motivo de haberse violado el debido proceso y el derecho de defensa que se demanda.
2. CORRER TRASLADO al procurador delegado por el término de veinte (20) días para que emita el concepto de que trata el artículo 226 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 9º de la Ley 553 de 2000.

References: artículo 40
 resolución 
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 226
 artículo 9