Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Venezuela.667.01.htm
Timestamp: 2017-03-29 15:13:16+00:00

Document:
Venezuela Petición 667/01 - Admisibilidad
13 de octubre de 2004 I. RESUMEN
1. El 21 de septiembre de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por
el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (ANTJUVIASA)
(en adelante “las presuntas víctimas”) en la cual se alega la responsabilidad de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “el Estado” o “el Estado venezolano”) por el incumplimiento de dos fallos judiciales dictados por tribunales internos en los que se ampara el derecho a la seguridad social de las presuntas víctimas.
2. Los peticionarios alegaron que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la protección judicial, la propiedad privada y el desarrollo progresivo de la seguridad social de 17 extrabajadores jubilados de la empresa, establecidos en los artículos 21, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y los artículos XVI y XVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y deberes del Hombre (en adelante la "Declaración" o la "Declaración Americana"), en perjuicio de la víctimas y sus familiares, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1(1) de la Convención. 3. Las presuntas víctimas alegaron haber agotado los recursos internos establecidos en la legislación venezolana a través de la interposición de un recurso de amparo que fue fallado a su favor por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas y confirmado por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
9. El 25 de noviembre de 2002 las presuntas víctimas solicitaron una prórroga de 60 días para presentar sus observaciones a la respuesta del Estado. El 26 de noviembre la Comisión concedió la prórroga solicitada por el término de 60 días. 10. El 27 de enero de 2003 las presuntas víctimas presentaron a la Comisión sus observaciones a la respuesta del Estado. Mediante nota de 21 de marzo de 2003 la Comisión acusó recibo de dicha comunicación. En esta misma fecha la Comisión transmitió al Estado las observaciones de las presuntas víctimas.
13. El 3 de marzo de 2004, durante el 119º período de sesiones de la CIDH, se llevó a cabo una reunión de trabajo para discutir las posiciones de las partes y explorar una posible solución amistosa en el caso. En esta fecha, el Estado presentó ante la Comisión un escrito mediante el cual ratificó en su totalidad el contenido del informe del 8 de octubre de 2002 y anexó una copia de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en la que se declara sin lugar un recurso de casación interpuesto por la Empresa Viasa. 14. El 9 de marzo de 2004 las presuntas víctimas allegaron ante la Comisión el certificado de defunción de Jesús Manuel Naranjo, quien fungía como presunta víctima en la petición y cuya muerte había sido notificada a la Comisión mediante escrito del 10 de diciembre de 2003. El 25 de marzo siguiente la Comisión acusó nota de recibo y transmitió la información al Estado.
19. El 24 de agosto de 2004 la Comisión recibió un escrito de los peticionarios en el cual dieron respuesta a la información solicitada por el Estado en su nota del 10 de mayo de 2004. Este fue remitido al Estado el 14 de septiembre de 2004. 20. El 9 de septiembre de 2004 el Estado solicitó una prorroga para presentar sus observaciones. El 14 de septiembre la CIDH decidió conceder al Estado una prórroga de 20 días. Hasta la fecha del presente informe, la CIDH no había recibido comunicación alguna del Estado.
Según afirma la petición, la República Bolivariana de Venezuela violó en perjuicio de 17 trabajadores jubilados de la Empresa Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (en adelante "VIASA" o "la empresa"), los derechos a la seguridad social, la propiedad y la protección judicial consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en perjuicio de Lilian Esther Jiménez, Subdelia Mirabal, Loudes M. Fernández, Tatiana Pokorovsky de Orarzabal, Amelia Margarita Rojas, Ana C. Pérez de Carmona, Sonia M. Ponte Borjas, Jesús Manuel Naranjo Cárdenas, Jacinto Carvajal, Fernando Viventini, Ignacio Alexandre, Timoteo Jiménez; y de los fallecidos Daniel Piñero, representado por su viuda Yolanda Muro de Piñedo, José Caro, representado por su viuda Remedios Faraig de Caro, Raúl Rodríguez, representado por su viuda Nelly Cuevas de Rodríguez, Oscar Schemel representado por su viuda María Chruszcz Schemel, y Tulio Pachano, representado por su sobrina Dulce Consuelo Pachano (en adelante "los pensionados" o "los trabajadores jubilados").
22. Los peticionarios argumentan que la empresa estatal Viasa fue parcialmente privatizada en el año 1992. A través de esta privatización la empresa española de aviación IBERIA adquirió el 45% de las acciones, el Banco Provincial de Venezuela adquirió el 15% y el Estado venezolano, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela conservó el 40% de las acciones de la empresa. 23. Afirman los peticionarios que en la transacción accionaria, el Estado pactó con los compradores que todos los trabajadores perderían su condición de empleados públicos y, en consecuencia, el beneficio del Plan de Jubilación previsto para ellos. Esta cláusula se suscribió a pesar de que en la legislación interna los derechos laborales se consideran irrenunciables.
25. Denuncia la petición
que el 3 de septiembre de 1998 la empresa, dentro del proceso judicial de atraso[2], le hizo firmar a los 17 trabajadores un acuerdo mediante el cual renunciaban a su derecho a la jubilación. Este acuerdo fue homologado judicialmente por el Tribunal Concursal que adelanta un proceso de atraso que declaró la quiebra judicial de Viasa. 26. El 27 de abril de 1999 los trabajadores jubilados interpusieron una acción de amparo constitucional alegando violaciones a sus derechos al trabajo, a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y a la seguridad social. Esta acción le correspondió ser conocida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. 27. El 20 de mayo de 1999, el Tribunal Séptimo declaró con lugar la acción de amparo, decretando la nulidad por inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre la empresa y los trabajadores jubilados. En consecuencia, el Tribunal Séptimo ordenó "la restitución del derecho de los trabajadores jubilados al disfrute y goce total del beneficio de las pensiones de jubilación"[3]. Según el Tribunal, a partir de esta restitución "los quejosos [eran] acreedores del pago de una suma única de dinero que debe[ría] comprender la cancelación de las pensiones de jubilación, desde el 03 de septiembre de 1998 hasta que [los peticionarios] alcan[zaran] una edad promedio de vida de Setenta (70) años, tomando en cuenta la edad actual de cada uno de ellos y a razón de del salario mínimo vigente para el mes de septiembre de 1998"[4].
28. Sobre la obligatoriedad de la sentencia de amparo el Tribunal sentenció que "[e]l juez de atraso deber[ía]
tomar en cuenta el carácter privilegiado de estos créditos", y que "[era] obligante para el juez de atraso, para los síndicos, para la Comisión de acreedores y para los administradores mancomunados darle cumplimiento a esta decisión en el término de NOVENTA (90) días continuos, contados a partir de la fecha de publicación y registro de [dicha] decisión, con la advertencia de que cualquier incumplimiento a dicho plazo, ser[ía]considerado un desacato"[5].
B. Posición del Estado 35. El Estado no controvierte la veracidad de los hechos presentados por los peticionarios. Según el Estado, los hechos son muestra de que los peticionarios han tenido la oportunidad de actuar ante la jurisdicción venezolana y han obtenido sentencias judiciales a su favor.
37. Argumenta el Estado que de acuerdo con la normatividad procesal venezolana, la ejecución forzosa de un fallo no es una orden judicial que deba ser dictada de oficio, es una carga del accionante[12]. Los peticionarios del caso Viasa no han iniciado este recurso judicial ante los tribunales venezolanos. 38. Igualmente sostiene el Estado que, la orden de amparo dictada al juez de atraso que le daba 90 días para resolver, era jurídicamente imposible de ser ejecutada "sin conculcar los derechos humanos de todos los deudores de la Empresa"[13], quienes concurren actualmente en un proceso concursal que tiene sus propios principios procesales según el derecho mercantil venezolano. Por tal razón es necesario esperar a la liquidación de la empresa sin "subvertir el orden legal por presiones de un grupo que pudieran traducirse en lesiones a derechos constitucionales de alguno de los otros acreedores de la empresa VIASA que también son parte del proceso concursal (privilegiados o no)"[14].
39. Manifiesta el Estado que frente al incumplimiento a los fallos judiciales a quienes se les deniega justicia pueden acceder a la jurisdicción penal y denunciar a las autoridades que omiten el cumplimiento. En el presente caso las denuncias interpuestas por los peticionarios ante el Ministerio Público y ante funcionarios del Estado frente al desacato judicial han surtido efecto sin que se le hayan violado derechos a los peticionarios del caso VIASA en los procesos en los que participaron como denunciantes. Así, uno de los jueces que conocieron la causa del proceso concursal sin cumplir con la orden de amparo fue destituido, mientras que otra funcionaria judicial está siendo objeto de investigaciones. 40. El Estado alegó que el Poder Judicial venezolano en todo momento actuó para dar respuestas oportunas y jurídicamente fundamentadas buscando la protección de los intereses de los peticionarios. Incluso el caso llegó hasta el más alto tribunal de justicia en Venezuela a través de una petición de avocamiento presentada por la Procuraduría General de la República ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Esta solicitud fue negada por el Máximo Tribunal de Justicia de Venezuela aduciendo que la avocación podría causar lesión de derechos fundamentales[15].
ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 42. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a 17 personas individuales (ver párrafo 19 supra), respecto a quien Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Venezuela es parte en la Convención Americana desde 9 de agosto de 1977, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
43. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 44. Con relación a la competencia ratione materiae, la CIDH nota que los peticionarios sostuvieron que el Estado violó los derechos a la propiedad (artículo 21), a los recursos efectivos (artículo 25(2)(c)) y la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 26) y, de los deberes de los Estados de respetar los derechos (artículo 1(1)), establecidos en la Convención y de los derechos a la seguridad social (artículo XVI) y el derecho de justicia (artículo XVIII) de la Declaración. 45. La Comisión reitera al respecto que una vez que la Convención entró en vigor en el Estado, ésta y no la Declaración se convirtió en fuente primaria de derecho aplicable por la Comisión siempre que la petición se refiera a la presunta violación de derechos idénticos en ambos instrumentos y no se trate de una situación de violación continua[16]. En el presente caso, existe una similitud de materia entre las normas de la Declaración y de la Convención invocadas por los peticionarios. Así, el derecho a la justicia (artículo XVIII) consagrado en la Declaración se subsume en la norma que prevé el derecho protegido en el artículo 25 de la Convención. Por tanto, con relación a dichas violaciones de la Declaración, la Comisión sólo se referirá a las normas de la Convención. 46. El artículo 26 de la Convención Americana contempla de manera genérica a la protección de los derechos económicos sociales y culturales. Por su parte, la Declaración Americana en su artículo XVI establece de manera específica el derecho a la seguridad social. Los peticionarios alegaron la violación tanto del artículo 26 de la Convención como la violación del artículo XVI de la Declaración. En el presente caso, la Comisión estima que tiene competencia ratione materiae respecto de los alegatos sobre las presuntas violaciones a la garantía del derecho a la seguridad social en virtud de lo establecido por el artículo 26 de la Convención Americana.
B. Requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos 47. Sobre el agotamiento de los recursos internos los peticionarios adujeron haber incoado una acción de amparo prevista en la legislación venezolana para exigir el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales[17]. Este recurso fue decidido a favor de las presuntas víctimas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. La empresa accionada y el Fondo de Inversiones de Venezuela tuvieron oportunidad judicial de recurrir el fallo, correspondiéndole la decisión del recurso de apelación al Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Este tribunal confirmó la sentencia de primera instancia agotando las posibilidades de recurrir la decisión judicial.
Alegan los peticionarios que esta decisión es autoejecutable y, por lo tanto, no era una carga de los accionantes iniciar otra acción o recurso para solicitar su ejecución. No obstante, frente a la falta de ejecución de la sentencia, los peticionarios iniciaron acciones penales de desacato para investigar la responsabilidad de los funcionarios judiciales que se negaron a cumplir las órdenes de los jueces de amparo.
2. Plazo para presentar una petición ante la Comisión 57. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión ratifica su doctrina conforme a la cual
58. De acuerdo con lo anterior, el requisito concerniente al plazo de presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana no es aplicable en el presente caso, en donde lo sometido a conocimiento de la CIDH es el incumplimiento continuado de las decisiones dictadas por Tribunales de Justicia de Venezuela en cuanto a la acción
de amparo presentada por los extrabajadores jubilados de Viasa, lo cual tampoco mereció en su oportunidad reproche alguno por parte del Estado venezolano. La Comisión considera que la petición se presentó dentro de un plazo razonable.
3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada 59. El expediente del presente caso no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se hallase pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que haya sido previamente decidido por la Comisión Interamericana. Por lo tanto, la CIDH concluye que no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(1)(d) y en el artículo 47(d) de la Convención Americana. 4. Caracterización de los hechos alegados 60. El artículo 47(b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada cuando “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios descritos en la sección III del presente informe, podrían caracterizar prima facie violaciones a los artículos 21 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo estatuto. 61. Asimismo, la Comisión encuentra que los hechos alegados por las presuntas víctimas prima facie podrían caracterizar el incumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con lo estipulado en el artículo 26 de la Convención Americana, el cual establece a los Estados parte la obligación de desarrollar progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos. En tal sentido, la Comisión, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, encuentra que el incumplimiento de los fallos judiciales dictados en el orden interno tutelando el derecho a la seguridad social del cual afirman su titularidad las presuntas víctimas, podría tender a caracterizar una violación del artículo 26 de la Convención Americana.. 62. En consecuencia, la CIDH concluye que en este punto el caso es admisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 47(b).
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos
21, 25 y 26 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1 (1) del mismo tratado. 2. Notificar esta decisión al Estado y al peticionario. 3. Iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión. 4. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado ante la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2004. (Firmado): José Zalaquett, Presidente, Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sérgio Pinheiro, y Florentín Meléndez.
Considero por lo tanto que en el presente caso, la Comisión no debería incluir la violación del artículo 26 de la Convención como un fundamento para admitirlo, especialmente dado que la admisibilidad se encuentra bien fundada en los artículos 21 y 25. Clare K. Roberts
[1] El Comisionado Freddy Gutierrez, de nacionalidad venezolana, no participó en las deliberaciones y la votación sobre el presente informe, de conformidad con el artículo 17(2) (a) del Reglamento de la Comisión. [2] El artículo 898 del Código de Comercio venezolano establece que:
Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 20 de mayo de 1999, Decidendo 1.
Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 20 de mayo de 1999, Decidendo 2.
Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 20 de mayo de 1999, Decidendo 3 y 4.
Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sentencia de 13 de agosto de 1999, considerando II.
CIDH, Informe N° 03/01 (Admisibilidad), Caso 11.670, Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride y
Otros (Sistema Previsional) c. Argentina, 19 de enero de 2001, párr. 41 y ss.
"Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley". [18] Respuesta de los peticionarios a las observaciones del Estado recibida por la CIDH el 28 de enero de 2003, pág. 7.
CIDH, Informe N° 60/03 (Admisibilidad), petición 12.108, Marcel Claude Reyes y otros c. Chile, 10 de octubre de 2003, Párr. 51; CIDH, Informe Anual 2000, Informe No 02/01, Caso 11.280, Juan Carlos Bayarri, Argentina, 19 de enero de 2001. Párr. 30.
Corte I.D.H., Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. G 101/81, párr. 26.
U.N. Doc. E/1991/23, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), adoptada en el Quinto Período de Sesiones, 1990, punto 9.

References: artículo 1
 artículo 44
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 898
 artículo 49
 artículo 2