Source: http://www.envio.org.ni/articulo/5517
Timestamp: 2019-05-21 13:06:36+00:00

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Revista Envío - El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua
Con los primeros disparos a matar que hicieron los policías antimotines el 19 de abril inició la insurrección cívica. Así comenzó la primera fase represiva del régimen. Después, los insurreccionados se manifestaron en movilizaciones masivas y levantaron centenares de tranques y barricadas por todo el país. La segunda fase represiva los derribó en “operaciones limpieza” que causaron ríos de sangre. Estamos ahora en una tercera fase. El alto costo en vidas de la rebelión cívica ha conseguido una acelerada presión internacional. El régimen reprime ahora con capturas, cárcel, juicios… y da por “normalizado” el país. Pero el país vive una anormalidad tangible y aunque es incierto el futuro, la resistencia cívica está preparada para gestionarlo.
Desde hace unos años el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, toda una vida haciendo de “embajador” de Nicaragua en tantas partes del mundo, repetía a donde llegaba: “El mundo debe saber lo que pasa en Nicaragua”. Además de leer sus poemas, explicaba allá lo que ocurría aquí. Contaba sobre el control absoluto que Daniel Ortega tenía sobre todas las instituciones del Estado, hablaba de la cadena de fraudes electorales, señalaba un autoritarismo que rayaba en dictadura, relataba la corrupción y la impunidad, alertaba sobre una dinastía en ciernes…
Algunos lo escuchaban, otros achacaban sus mensajes a los excesos metafóricos del poeta, porque la imagen que de Nicaragua tenía medio mundo no era negativa: había crecimiento económico, había inversión extranjera, había estabilidad y seguridad, había alivio de la pobreza extrema, había una extendida violencia en los países vecinos del norte que no parecía haber en Nicaragua y, además, y sobre todo, el aguerrido pueblo nicaragüense parecía sentirse tranquilo con lo que había. Abril lo cambió todo. Dentro de Nicaragua. Y más allá de nuestras fronteras. Hoy el mundo ya sabe lo que aquí pasa.
TRES FASES DE LA REPRESIÓN
Las respuestas represivas con las que el gobierno Ortega-Murillo ha respondido a la insurrección de abril han variado. Aunque las fechas se traslapan identificamos tres fases.
Así lo ratificó el 27 de julio, al cumplirse los primeros 100 días del estallido de abril, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, en conferencia de prensa. En la sede de la CIDH, Abrão -de quien Ortega dijo que “miente todos los días”-, explicó que la primera fase se caracterizó por “una represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes”. La segunda fase fue la “operación limpieza” de tranques y barricadas. “Estamos ahora -dijo Abrão- en un tercer momento: un proceso de criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sistema de justicia para detener a las personas y promover acciones y procesos judiciales en su contra”.
Las protestas también han ido evolucionando. Fueron las balas de policías antimotines, que emplearon la desmedida fuerza letal para sofocar las primeras movilizaciones de jóvenes universitarios, las que prendieron la mecha de la rebelión. Siguieron marchas masivas y pacíficas en Masaya, en León, en cualquier rincón del país. Managua vio tres marchas multitudinarias entre el 23 de abril y el 9 de mayo. Ya para entonces, los campesinos -que venían luchando durante cinco años contra el proyecto canalero- se unieron a la rebelión y comenzaron a levantar tranques que bloqueaban carreteras y caminos. La población los secundó y alzó barricadas en decenas de ciudades. Más de un centenar de tranques mostraba el mapa del territorio nacional al terminar mayo y eran incontables las barricadas.
Ya para entonces, el régimen había armado a un numeroso grupo de paramilitares que, encapuchados y dotados de armas de guerra, recorrían el país acuerpados por policías antimotines y otros oficiales de la Policía. El 30 de mayo, Día de las Madres, el régimen atacó en Managua la marcha más grande de la historia nacional, con un saldo de una docena de muertos. Ese día se instaló el terror.
Desde mediados de junio hasta mediados de julio el terror se extendió a todo el país. El régimen lanzó entonces las que llamó “operaciones limpieza”. Policías y paramilitares llegaban a cada municipio como un ejército de ocupación, intimidando con su sola presencia y, a balazo limpio con quien estuviera en las calles, peor con quien defendiera el tranque o la barricada, “limpiaban” el terreno. Iban acompañados de palas mecánicas que demolían las estructuras levantadas con adoquines, piedras o cualquier otro material. Fueron cayendo así símbolos de la rebelión o artesanales murallas que garantizaban a la población una defensa por dificultar a policías y encapuchados la entrada a barrios y comunidades en resistencia.
“UNA REPRESIÓN DESPIADADA”
Especial saña y criminalidad usó el régimen para desmantelar los tranques de Jinotepe, en Carazo, en donde el saldo de una jornada de “limpieza” fueron 24 muertos y decenas de personas secuestradas y después encarceladas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Cruel fue también la “limpieza” de las barricadas que protegieron a Masaya y a Monimbó, que se habían mantenido levantadas enfrentando con éxito 19 violentos ataques previos.
Trágico también fue el fin del tranque de Lóvago en Chontales, el primero que levantó en mayo el movimiento campesino. Allí había un acuerdo, mediado por líderes de la iglesia local, para levantar el tranque de modo pacífico, pero el régimen no lo respetó, desmanteló el tranque y dejó un número aún no plenamente esclarecido de campesinos asesinados.
El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, presente en Nicaragua desde inicios de julio, confirmó que en diferentes lugares donde se hicieron operaciones de limpieza “se mantenía un diálogo para alcanzar próximamente la disolución espontánea y pacífica de los tranques” y colaborar así a que el diálogo nacional avanzara en conseguir acuerdos. Pero la represión se impuso.
Las últimas barricadas que cayeron, dejando tres muertos y una docena de heridos y apresados fueron las del barrio “Sandino” en Jinotega, conocido como “el Monimbó del Norte”. Era el 23 de julio.
De estas “limpiezas” dijo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco: “En unos 30 años de observar la situación de derechos humanos en distintos países del mundo nunca había visto nada como lo que se está viendo en Nicaragua. En ninguna parte hemos presenciado acciones conjuntas de policías y hampones fuertemente armados que van por todo el país, comunidad por comunidad, disparando, secuestrando, y después celebran en las calles como si hubieran vencido a un enemigo en guerra… Es descarada, es brutal, es despiadada esta represión”.
“A MATAR Y A MORIR”
Las “operaciones limpieza” incrementaron las cifras de muertos, tanto del lado de quienes defendían tranques y barricadas, como de policías y paramilitares que los atacaban.
El CENIDH da un riguroso seguimiento a las cifras de muertos que enlutan hoy al país. El organismo de derechos humanos contabiliza desde abril hasta el 4 de agosto, un total de 306 muertos. De ellos, 51 son policías y paramilitares. La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, afirma que quienes se oponen al régimen también han causado muertes al ser atacados. Aun con armas artesanales se pueden causar.
“Lo que estamos viviendo -dice- no es una guerra entre iguales y sabemos también que no todos los muchachos andan rezando… Y sí, han muerto policías y paramilitares . También esas muertes nos duelen y las documentamos. El gobierno es responsable de esas muertes porque los ha mandado no solamente a matar, sino también a morir… Tampoco descarto que el gobierno esté causando algunas de esas muertes. Son capaces de todo”.
Con datos del CENIDH hasta el 4 de agosto estas son las cifras de la violencia en las tres fases de la represión gubernamental. Ni son las únicas y algunas son más precisas que otras.
De las 306 personas muertas, 21 son niños y adolescentes, menores de 17 años. El número de heridos es uno de los más imprecisos porque la mayoría de quienes fueron heridos no acudió ni a hospitales ni a centros de salud por temor a ser capturados. El CENIDH calcula al menos en 2,200 el número de personas heridas, muchas de ellas de gravedad y muchas con discapacidades de por vida. Igualmente impreciso es el número de secuestrados y capturados sin orden judicial. Según el CENIDH, de ellos permanecían detenidos en diferentes unidades policiales hasta el 4 de agosto, 300 personas, la mayoría jóvenes. En la cárcel de auxilio judicial de la Policía (El Chipote), en Managua, estaban encarceladas 70 personas.
Trasladados al sistema penitenciario y encerrados en la cárcel Modelo de Tipitapa estaban 112 personas. 148 de todos los apresados estaban siendo procesados judicialmente. Se les acusa de delitos de terrorismo, crimen organizado, tenencia ilegal de armas…
Más impreciso aún es el número de desaparecidos. Al CENIDH han llegado 180 denuncias de personas desaparecidas. Algunas aparecían después presas y torturadas, también muertas. Actualmente, tienen en el CENIDH todavía denuncias de 16 personas que no han aparecido. El número de quienes son desaparecidos no es preciso: los buscan, pero no denuncian la desaparición.
¿Quiénes de todos los centenares, más de 2 mil, detenidos y apresados han sido torturados en prisión? Según dijo a Envío un abogado del CENIDH, “sólo 14 denunciaron tortura, pero creemos que son muchos más, pero las víctimas que sufren torturas no suelen denunciarlas. Un dato que sí tenemos es que en prácticamente todos los casos de quienes ahora ya están judicializados, con un proceso iniciado en su contra, los familiares nos han dicho que sí han sido torturados”.
Las personas que han sido detenidas y después liberadas, tras un paso de sólo algunos días por las cárceles, han sido al menos 2,500 en todo el país, según el CENIDH. En estos casos, para su liberación ha jugado un papel fundamental de mediación la iglesia católica, integrante con otros miembros de la Alianza Cívica, de la “comisión de verificación” surgida de un acuerdo del diálogo nacional. Esta comisión presentaba al gobierno listas de detenidos por los que abogaba y conseguía que liberaran a algunos. Sin embargo, el gobierno dejó de responder a la comisión desde que el diálogo se estancó desde junio.
A la “limpieza”, con muertes, allanamientos de hogares para capturar a quienes estuvieron en los tranques o colaboraron con los que estuvieron
-llevándoles agua o alimentos o haciendo turnos para resguardarlos- o se sospechaba que colaboraron o estuvieron, siguieron auténticas cacerías, que han provocado huidas masivas -el nombre exacto es “desplazamientos forzados”- hacia Costa Rica de muchísima gente, incluso de familias enteras. Según ACNUR, más de 23 mil personas se han buscado Costa Rica para salvarse de la cárcel o de la muerte.
Los menos viajan con documentos. En los dos consulados que tiene Costa Rica en el país (Managua y Chinandega) se tramitaron en los meses de mayo y junio 2,575 solicitudes de visa. La mayoría se desplaza indocumentada. Según fuentes de la zona fronteriza recogidas por “El Nuevo Diario”, a inicios de julio, cuando se intensificó la “limpieza”, entre 1 mil y 1 mil 500 personas atravesaban sin documentos diariamente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. A finales de julio, concluidos esos operativos, el flujo bajó, pero seguían pasando cada día entre 500 y 600 nicaragüenses.
El gobierno de Costa Rica acoge solidariamente a quienes llegan, con documentos o sin ellos. Sus capacidades están desbordadas para atender a quienes hacen filas kilométricas solicitando asilo. Ha establecido dos campos de refugiados para quienes no tienen familiares o amigos que los acojan en sus hogares. El CENIDH ha recibido denuncias de que el gobierno envía a Costa Rica a gente suya, con el objetivo de que se infiltren entre los nicaragüenses desplazados para obtener información y perjudicar a las familias que quedaron en Nicaragua.
En la tercera fase de la represión, y después de los operativos de “limpieza” el régimen se ha concentrado, ya sin tranques y barricadas, a “limpiar” de liderazgos el territorio nacional y de empleados públicos no “leales” las instituciones del Estado. A unos los secuestran policías y paramilitares para que después fiscales y jueces los acusen. A otros los dejan sin trabajo. A todos los consideran terroristas.
En el caso de los capturados y encarcelados, aunque la ruta que los llevó de su hogar a los tribunales está llena de arbitrariedades e ilegalidades, el régimen, experto durante once años en funcionar con apariencia de legalidad, ha empleado ahora el mismo ardid.
El 16 de julio, con carácter de urgencia, la Asamblea Nacional, controlada por mayoría de diputados del FSLN, aprobó una ley antiterrorista, que impone penas de entre 15 y 20 años a quien pretenda, con cualquier acto “alterar el orden constitucional”. La ley sanciona “a quien por el medio que fuere recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos para cometer actos terroristas”, actos que según el régimen pueden ser una marcha o un tranque, una reunión o la impresión de volantes... “Terroristas” es la etiqueta que Ortega y Murillo ha colocado sobre campesinos, médicos, periodistas, abogados… que se oponen a su gobierno. En la narrativa del régimen, “terrorismo” equivale a ejercicio del derecho a la protesta.
El mismo día, el Parlamento aprobó una reforma a la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero para ampliar sus facultades. Ahora la UAF puede, sin orden judicial y de manera discrecional, investigar a personas o negocios sospechosos de lavar dinero y de “financiar el terrorismo”.
LA LEY DE LA UAF
Apoyada en la Ley de Seguridad Soberana -cuando se aprobó en 2015 el CENIDH la consideró “la amenaza más seria que se cierne contra la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”-, la UAF tiene ahora facultades para inmovilizar los activos de cualquier persona de la que suponga financia el terrorismo, entendiendo el terrorismo como lo entiende la nueva ley anti-terrorista…
Es previsible la arbitrariedad con que actuará la UAF con estas nuevas facultades “legales” que le permiten “escarbar” para aplicar políticas de venganza contra el empresariado, que afectarán el sistema financiero. En junio, la Superintendencia de Bancos ya decidió afectarlo al exigir a los bancos entregar al gobierno listas de los clientes que desde abril habían retirado más de 50 mil dólares de sus cuentas. La resistencia de los bancos a violentar el sigilo bancario hizo retroceder al gobierno.
“CÓMPLICES DEL TERRORISMO”
La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -con presencia de un equipo en Nicaragua, gracias a las presiones de los obispos y de la Alianza Cívica, advirtió que la Ley contra el terrorismo aprobada en Nicaragua podría ser usada por el gobierno para “criminalizar las protestas”. De hecho, es lo que ya estaba haciendo el régimen antes de aprobar la ley y lo que ha seguido haciendo después de este apresurado maquillaje legal.
“El texto de la nueva ley es muy vago -dijo el portavoz de ACNUDH al día siguiente de aprobarla- y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta. Es un texto que podría calificar como terroristas a quienes se manifiestan pacíficamente”.
Contundente e inmediata la reacción de ACNUDH, insólita la respuesta de la Cancillería de Nicaragua en la nota de protesta con la que respondió al organismo de Naciones Unidas: “Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo”.
CIENES DE PRESOS POLÍTICOS
La maquinaria represiva ha matado y herido a centenares y ha forzado al exilio a miles en las dos primeras fases de la represión.
En la tercera fase son decenas los apresados y judicializados, entre ellos líderes universitarios o sectoriales como los dirigentes campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena -miembro de la Alianza Cívica y coordinador del movimiento anticanal-, la líder del Mercado Oriental de Managua Irlanda Jerez, o líderes territoriales como los jóvenes dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y de Masaya…
Son decenas los capturados sin orden de detención, tanto en la calle como en sus casas, tanto de día como de noche. Son decenas los hoy procesados colectivamente con un sinnúmero de anomalías legales en juicios a puertas cerradas, sin que los vean sus familiares, sin disponer de abogados de su elección, víctimas flagrantes de una total falta de garantías... Son presos políticos.
DESPEDIDOS POR POLÍTICA
En su tercera fase, la represión despide a empleados públicos no leales al régimen.
La Asociación Médica Nicaragüense denunció los despidos arbitrarios de 135 doctores, doctoras, cirujanos, especialistas, enfermeras, hasta camilleros, de hospitales públicos de todo el país. Son represaliados por haber atendido, curando o cuidando, a heridos en las protestas o en las “operaciones limpieza” o por no haber mostrado “lealtad” a la política del gobierno. Los despidos iniciaron con el hospital de León, siguió con el de Jinotepe, después con el de Masaya… y así en todo el país.
Los despedidos por el Ministerio de Salud reciben una escueta misiva, en la que, sin ninguna base legal y sin ninguna justificación expresa, se les anuncia que se van. Todos ellos sienten y resienten que les cancelan el empleo por razones políticas.
En entrevista con CNN, el cardiólogo Carlos Duarte, que atendió a jóvenes heridos en la UNAN en varias ocasiones en que fue atacado el recinto universitario, dijo que 30 médicos, él uno de ellos, han tenido que huir del país por las amenazas recibidas. En esa situación hay 20 en Costa Rica, 4 en Panamá y 6 en Estados Unidos, mientras que 16 permanecen escondidos en Nicaragua para salvarse de la violencia oficial.
Despidos masivos de los “no leales” han comenzado también a darse en las universidades públicas, en colegios y en otras instituciones estatales. Al desempleo de miles, provocado por la crisis económica que ha provocado la crisis política, se suman estos nuevos desempleados por una irracional política de venganzas.
“GUERRA” CONTRA LA IGLESIA
En las tres fases de la represión han sido destacados los ataques y amenazas del régimen y de sus seguidores a obispos y sacerdotes de la iglesia católica.
Ataques en las redes sociales que los denigran. Ataques de los paramilitares, que los han amenazado cuando tocaron las campanas para alertar a la gente de que ellos llegaban o cuando escucharon en sus homilías que animaban al pueblo a ejercer sus derechos. También han sido profanadas varias iglesias en distintos municipios: turbas alentadas por el gobierno entran al templo, saquean, ensucian, destruyen, roban y hasta arrojan las hostias consagradas por los suelos…
Detrás de esta “guerra” está el malestar que las actitudes y las palabras de los obispos, como mediadores y testigos del diálogo nacional, y como coordinadores de los párrocos en todo el territorio, ha producido en Ortega y en Murillo. La pareja gobernante esperaba de los obispos un papel de “neutralidad” condescendiente, que favoreciera los intereses del gobierno. No ha sido así.
“Somos mediadores en el diálogo, pero también somos pastores del pueblo y sensibles ante su dolor no podemos ser neutrales”, dijo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez a un medio oficialista.
9 JULIO: DIRIAMBA Y JINOTEPE
En la “guerra” contra la iglesia católica uno de los momentos culminantes ocurrió el 9 de julio, cuando el cardenal arzobispo de Managua Leopoldo Brenes, su obispo auxiliar Silvio Báez, el representante del Papa, Nuncio Waldemar Sommertag, y varios sacerdotes, llegaron hasta Diriamba para rescatar a jóvenes que se habían refugiado en la basílica de San Sebastián y así evitar que fueran capturados por los paramilitares después de la “operación limpieza”, desarrollada con exceso de violencia en esa ciudad.
Turbas orteguistas predominantemente masculinas, acosaron a los clérigos, los insultaron, y ya en el templo, los golpearon, los hirieron y les robaron teléfonos y hasta la cruz pectoral que llevaba el obispo Báez.
Horas después, en la parroquia Santiago de Jinotepe, otras turbas orteguistas, esta vez predominantemente femeninas, insultaron a los párrocos y entraron en el templo para destruir todo lo que encontraban. Saquearon, robaron y tiraron a la calle bancos, el confesionario y los medicamentos que allí se guardaban para atender a los heridos, prendiéndole fuego a todo lo que habían arramblado. Ataques similares se han producido en parroquias de Masatepe, Rivas, Jinotega, Matagalpa…
Para algunos, las cifras y los hechos de la tragedia nicaragüense -centenares de muertes violentas, miles de heridos y de desplazados- más una economía en caída libre, configuran el escenario de una crisis humanitaria.
Ya en junio, la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra lo afirmaba: “La situación de nuestro país la defino como crisis humanitaria porque a estas alturas la represión y la violencia estatal contra una población -que está desarmada y que está resistiendo- han producido una cantidad de víctimas que no tienen comparación con las de ningún otro país de América Latina ni con ninguna otra situación similar en el continente”.
El estallido de abril, que tuvo motivaciones políticas -demanda de libertad, de democracia, de poner coto a la corrupción y a la impunidad- podría combinarse pronto con protestas y estallidos por razones económicas. Eso está a la vuelta de la esquina por la crisis económica que avanza rauda. Son miles los deudores en mora, no hay créditos, el desempleo crece por irrecuperables pérdidas en el sector turístico y el drástico descenso en el comercio y los servicios…
Por eso, para otros, la eventualidad de una guerra civil es también una posibilidad si la economía continúa empeorando y el régimen no cede para encontrar una pronta salida.
Ha sido tan trágico balance de muerte y atropellos, donde los ataques a la iglesia católica y a sus representantes han tenido un peso especialmente significativo, lo que ha movido a la comunidad internacional a volver sus ojos, primero sorprendidos, después indignados y ahora comprometidos, hacia Nicaragua.
Tras un cierto silencio en la primera fase de la represión, en la segunda y en la tercera fase, la presión de los poderes internacionales y el compromiso de la comunidad internacional han sido cada vez más acelerados.
El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua. Y si no tiene total claridad sobre el cúmulo de agravios, abusos y arbitrariedades, también crímenes, que motivaron el estallido de abril, sí observa con extrema preocupación el inaceptable presente y el incierto futuro de nuestro país. Documentales, testimonios, videos, informaciones… muestran al mundo entero el ataque despiadado con que Ortega responde al derecho a la protesta que ejerce buena parte del pueblo nicaragüense exigiendo un cambio de gobierno. Lo que escuchan y ven les revela la naturaleza criminal de un régimen de terrorismo de Estado.
Como correspondía, la OEA encabeza la ocupación y la preocupación por la crisis en Nicaragua. El 5 de junio, por primera vez, volvió sus ojos a Nicaragua el organismo regional en pleno. Ese día fue presentada y aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la OEA una tibia “Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua”, que contenía una condena muy genérica de “la violencia”, sin responsabilizar por ella al gobierno de Ortega y Murillo. La presentaron en conjunto el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua, sin captar lo que vendría después.
A partir de esa fecha, y una vez colocado el tema sobre la mesa, la OEA ha venido avanzando una agenda de presiones sobre Nicaragua que ha ido acorralando al régimen, con una rapidez nada usual ni en ese organismo ni en las “cocinas” de la diplomacia.
LA OEA COMIENZA A PRESIONAR
El 22 de junio el Consejo Permanente de la OEA se reunió para escuchar el contundente Informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basado en las evidencias que en mayo recogió en Nicaragua el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y su equipo.
El tema de la reunión no era habitual. Hacía 15 años que el Consejo no se reunía para escuchar ningún informe de la CIDH, un organismo autónomo de la OEA, sobre violaciones a los derechos humanos en algún país del continente. El informe fue respaldado por la mayoría de los países y descalificado totalmente por el canciller de Nicaragua.
Ya ese día, el lenguaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al presentar él mismo el informe, comenzó a variar en relación a sus anteriores declaraciones sobre el conflicto en Nicaragua. Almagro se refirió por primera vez a “la represión”, aunque sin adjudicar todavía al régimen de Ortega la responsabilidad por ella. También ese día le propuso al gobierno de Ortega elecciones anticipadas para 2019.
Sería el 11 de julio, en otra reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para conocer una resolución elaborada por siete países, que responsabiliza de la represión al régimen de Nicaragua, y cuando Ortega ya había rechazado cualquier posibilidad de adelanto de elecciones, cuando Almagro modificó su discurso, dejando claramente establecida cuál es su percepción sobre Nicaragua (Ver íntegras sus palabras en este mismo número).
El 11 de julio quedó definitivamente claro el papel que la OEA ha decidido jugar en la crisis de Nicaragua. Hasta los acontecimientos de abril, Almagro acordaba bilateralmente con Ortega cada paso que daba o que iba a dar en la reforma profunda que requiere el colapsado sistema electoral nicaragüense -una auténtica maquinaria de fraudes desde 2008-, para que en nuestro país puedan haber por fin unas elecciones libres. Hasta abril todo se orientaba a lo que acordaban Ortega y Almagro y a lo que dictaba el calendario: elecciones con un sistema “depurado” y hasta el año 2021.
LA OEA ACELERA LA PRESIÓN
El giro de Almagro, y con él, la determinación de la OEA, motivada por las matanzas de la primera y la segunda fase represiva, han ido avanzando y parece que no dejarán de avanzar.
El experto en observación electoral Roberto Courtney (ver sus reflexiones sobre la viabilidad de anticipar las elecciones en este mismo número) resume así el cambio de la OEA: “A partir de ahora la posición de la OEA ya es independiente de los intereses de Ortega y está ya comprometida en impulsar una agenda internacional para que Nicaragua se encamine hacia elecciones anticipadas”.
Tan sólo dos días después, el 13 de julio, el Consejo Permanente de la OEA volvió a reunirse en una nueva sesión extraordinaria para votar el texto definitivo de la resolución impulsada por Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Argentina Colombia, Chile y Brasil sobre la crisis en Nicaragua.
El texto expresa una “enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo”. La base para redactar este texto fue el informe de la CIDH. La resolución responsabiliza claramente al régimen de Ortega y Murillo por la violencia y lo insta a convocar elecciones anticipadas.
UN INOLVIDABLE VIERNES 13
El día en que esta importante resolución se presentaba a debate en el Consejo Permanente fue una jornada intensa en la que se enlazaron varios acontecimientos que reflejaron en sólo unas horas la crítica situación a la que el régimen ha arrastrado a nuestro país.
La Alianza Cívica había decretado un paro nacional para el viernes 13 de julio. Se estaba cumpliendo cabalmente desde primeras horas de la mañana, cuando en la tarde Ortega y Murillo, desafiando el paro, organizaron una caravana de varios kilómetros, con vehículos del Estado y de simpatizantes que los acompañaran para recorrer los veinte kilómetros de la carretera que va de Managua a Masaya, en donde iban a “celebrar” el anual Repliegue, en memoria de una de las gestas que el FSLN protagonizó en 1979 cuando luchaba contra Somoza.
Masaya no los recibió con música y pólvora, como fue tradicional durante décadas. La ciudad entera les cerró las puertas. Y mientras la caravana se quedaba en la carretera, el vehículo en que viajaba la pareja, rodeado de escoltas motorizados atravesaba en silencio las calles desoladas. Tampoco pudieron llegar hasta el barrio indígena de Monimbó. Decenas de barricadas se lo impedían. La “celebración” la tuvieron a puertas cerradas, en el cuartel de la Policía.
Horas después, fuerzas policiales y parapoliciales iniciaron un ataque, que duraría 15 horas, hasta la madrugada del día siguiente, contra los dos centenares de estudiantes que desde junio ocupaban el recinto y el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. El ataque, con armas de alto calibre, se extendió a la iglesia de la Divina Misericordia, cercana a la UNAN, donde los jóvenes se refugiaron con algunos sacerdotes, tres periodistas nacionales y un periodista de “The Washington Post”, quien narró después un acontecimiento que conmovió a la comunidad internacional.
En el templo murieron de un balazo en la cabeza un muchacho de 20 años, apasionado del baile folklórico, y un adulto que acompañaba a los jóvenes. Muchos estudiantes heridos fueron atendidos allí por médicos. En la madrugada, y por gestiones del Nuncio Sommertag, los jóvenes fueron entregados a sus familias.
NEGOCIAR “DE INMEDIATO”
En la misma tarde del viernes 13 el régimen detuvo en el aeropuerto a los líderes campesinos Medardo Mairena -miembro de la mesa del diálogo nacional- y a Pedro Mena. Viajaban a un acto de solidaridad con la lucha de Nicaragua en Estados Unidos. Han sido acusados por siete delitos vinculados al terrorismo y la CIDH ha conocido que han sufrido maltratos, seguramente no para obtener información, sino como una forma de escarmiento y de advertencia a otros dirigentes.
Durante la sesión de la OEA del viernes 13, el propio Almagro pidió inútilmente al gobierno de Nicaragua detener el ataque a la UNAN. Ese día reafirmó la posición que había expresado tres días antes: “No podemos convivir en las Américas con episodios violentos como los que han ocurrido en Nicaragua desde abril. En la secretaría de la OEA vemos la necesidad inmediata de una negociación que permita soluciones políticas para el país: democracia, derechos humanos y elecciones”.
ORTEGA AISLADO EN LA OEA
Tan sólo cinco días después, el 18 de julio, la OEA convocó una nueva sesión extraordinaria del Consejo Permanente para someter finalmente a votación la resolución presentada el día 13. Después de casi una hora en que el canciller de Nicaragua y la representante de Venezuela no tuvieron éxito en obstruir, no sólo la votación, sino la sesión, los votos de 21 de los 34 países que integran la OEA apoyaron el texto.
En contra votaron sólo 3 (Venezuela, San Vicente y Granadinas y la propia Nicaragua). Se abstuvieron 7 (Belice, El Salvador, Grenada, Haití, Suriname, Trinidad y Tobago y Barbados) y se ausentaron 3 (Bolivia, Dominica y Saint Kitts y Nevis).
Los países de peso en el continente, excepto Venezuela, respaldaron la “enérgica condena” a la represión en Nicaragua. Una mayoría de los pequeños países del Caribe, que reciben combustible venezolano a precios favorables por el convenio de Petrocaribe, no se comprometieron, absteniéndose o ausentándose.
La derrota del gobierno de Ortega fue aún más clara cuando el canciller de Nicaragua se empeñó en someter a votación una resolución “para restablecer la paz en Nicaragua”, que reitera la versión oficial sobre lo que ocurre en el país: no es la rebelión cívica de una mayoría del pueblo, sino un “golpe de Estado” de fuerzas “terroristas”. Este texto sólo obtuvo 3 votos favorables: los de Venezuela, San Vicente y Granadinas y la propia Nicaragua. 20 países votaron en contra, hubo 8 abstenciones y 3 ausentes.
Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Almagro dijo que la resolución era de “gran trascendencia” y que la votación favorable “era la respuesta de la comunidad interamericana ante la situación trágica que vive Nicaragua, con un número de muertos escalofriante”. Ese día quedó fijada cuál es, y seguirá siendo, la correlación de fuerzas en la OEA, desfavorable a Ortega.
Mientras esto ocurría en la OEA, la principal representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, escribía una carta al canciller de Nicaragua pidiendo “el fin inmediato de la represión y de las detenciones arbitrarias” y que “los grupos armados irregulares sean desmantelados”. Anunciaba también que la UE, preocupada por la crisis humanitaria que observa en Nicaragua enviaba a nuestro país unos 300 mil euros para la atención de las víctimas de la violencia. Entre los países europeos, es Alemania el que ha destacado en declaraciones y en compromisos.
El día antes de la reunión en la OEA, 12 países latinoamericanos integrantes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), una instancia creada por Chávez, reunidos en Bruselas con los países de la Unión Europea, pedían lo mismo que la OEA. Y ese día también, siete ex-Presidentes de Costa Rica escribían al secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en San José, la intervención de Naciones Unidas “para promover una solución que restablezca, a la brevedad posible, la paz y la democracia en Nicaragua”.
HAY “MIEDO GENERALIZADO”
Hasta el 7 de agosto, la presencia de la ONU en la crisis nicaragüense es sólo la de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a cuyo vocero la cancillería de Nicaragua calificó de “cómplice del terrorismo” por los señalamientos críticos de esta instancia internacional sobre la nueva ley que está llevando a la cárcel y a los tribunales a decenas de compatriotas.
La máxima autoridad de ACNUDH, el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein ha abundado en declaraciones muy firmes sobre lo que pasa en Nicaragua. No sólo condena los trágicos eventos recientes, sino que los califica como “el resultado de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años”.
En sus más recientes declaraciones, Al Hussein se refirió a las denuncias que estaban recibiendo los miembros de ACNUDH en Nicaragua: “Mi equipo -dijo- escucha testimonios de profunda frustración y desesperación, también de miedo generalizado”.
LA PARTICIPACIÓN DE NACIONES UNIDAS
La ONU puede convertirse en un actor clave en la salida a la crisis del país. La intervención de las Fuerzas de Paz de la ONU para el desarme de los paramilitares la han sugerido algunos. Ortega también ha hablado de convocar a la ONU como garante y verificador de los acuerdos de un diálogo nacional que pretende organizar él mismo para sustituir al diálogo nacional que median los obispos y al que no tiene voluntad de acudir.
Un grupo de organizaciones civiles nicaragüenses le envió una carta al secretario general Guterres solicitándole que convoque una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua para debatir estos tres puntos: una hoja de ruta para el desarme de los paramilitares; sanciones contra el régimen de Ortega; y la creación de una Comisión de Investigación que valore la intervención de la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en estos meses.
Le piden acciones que complementen las de la OEA y que vayan más lejos y tengan mayor alcance, especialmente en el tema de la justicia, el que más temor le produce a Ortega.
“El establecimiento de una investigación mandatada por Naciones Unidas -dicen en la carta- aumentaría también la concientización y atención internacional sobre la situación de Nicaragua, incluyendo mayor coordinación de acciones y cooperación con los socios y gobiernos de fuera de la región y del alcance de las organizaciones regionales”.
Todavía en marcha la sangrienta “operación limpieza” y al día siguiente de aprobada la resolución de la OEA, Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron otro 19 de Julio, 39 aniversario de la Revolución que derrocó la dictadura de Somoza.
En un escenario similar al de otros años -Ortega escoltado por un centenar de jóvenes uniformados que siguen una coreografía al modo coreano, ante una plaza menos llena que nunca, o con más vacíos que nunca-, lanzó un discurso en el que se proyectó ante sus bases y ante el país como el guerrero que ha concluido, y ganado, una guerra. Por primera vez hizo esa tarde su personal relato sobre los sucesos de abril, proyectándose en la narrativa como el gobernante que con paciencia fue descubriendo de qué se trataba lo que pretendían sus oponentes hasta dar con la clave: era un plan golpista, incluso satánico. Buena parte de su discurso la dedicó a atacar a los obispos, a los que señaló como parte de ese plan.
El vigor con el que habló buscaba alentar a sus seguidores. Los llamó a fortalecer las “autodefensas”. A partir de ese día escriben “Plomo” en las paredes y cantan una canción poco imaginativa que sólo repite la misma frase: “Aunque les duela, aunque les duela, el comandante se queda”. Se queda, ha dicho Ortega, hasta las elecciones de 2021.
A diferencia de anteriores 19 de Julios, en los que se desarrolló un rito similar y se escucharon discursos también agresivos, dedicados a reafirmar la lealtad de las bases del partido de gobierno, esta vez la celebración del aniversario de la Revolución, no pasó desapercibida en el mundo.
El triunfalista y belicoso discurso de Ortega acumuló “carbones sobre su cabeza”, y como declararse victorioso después de derramar tanta sangre parecía estar empeorando su imagen internacional, él, que nunca da entrevistas a ningún medio, las solicitó y concedió días después. Entrevistas dio a 6 medios internacionales: Fox News, Telesur, Euronews y CNN.
Si el propósito era mejorar la imagen, no lo consiguió. A cada periodista le dio versiones distintas sobre los hechos, especialmente sobre quiénes son los paramilitares encapuchados que han aterrorizado a la población, tema clave sobre el que todos le preguntaron. En la entrevista, con Andrés Oppenheimer, para CNN, Ortega mismo se incriminó al afirmar que los paramilitares son “policías voluntarios”. Como Jefe que es él de la Policía, confesó, tal vez sin darse cuenta, que los encapuchados que matan son sus subalternos.
Sobre las continuas contradicciones en las entrevistas, el periodista español Óscar Valero, quien habló con él para Euronews, dijo: “No sé si lo hace para confundir o es calculado o si simplemente no ha sido capaz de crear una versión unificada”.
HABLA HUMBERTO ORTEGA
En lo que sí coincidió Ortega a las cuatro cadenas que lo entrevistaron fue en que no habría elecciones anticipadas, que él se queda hasta 2021. Sobre si esto lo dice para confundir o ganar tiempo o si es su pretensión, y sobre el sinuoso camino que Nicaragua deberá recorrer para llegar a elecciones anticipadas reflexiona ampliamente Roberto Courtney en páginas siguientes.
La entrevista que dio quien fuera Jefe del Ejército Humberto Ortega a CNN en los mismos días en que Ortega daba entrevistas a otros medios fue un total desmentido a las confusiones, calculadas o no, de su hermano.
Humberto Ortega calificó de “condenable” la violencia con que en abril el régimen respondió a las primeras protestas de los universitarios. “El gobierno no supo manejar la situación”, dijo. Hizo “principal responsable” de la “represión tan indiscriminada” que siguió después “al Estado, que tiene un gobierno”, dando por supuesto, insistentemente, en ésta y en todas las respuestas que dio a otras preguntas, que quien está al frente del gobierno de Nicaragua es Daniel Ortega.
Señaló que “el problema más importante que tenemos que solucionar en la mesa de diálogo es el de las fuerzas parapoliciales, que están fuera de la ley”. Afirmó que “todo el pueblo las ha visto campantemente por todos lados causando terror y acompañando a la Policía… Son las que han provocado la mayor cantidad de violencia y muerte”. Advirtió que “el gobierno no puede legitimar a irregulares armados”, y fue especialmente enfático al afirmar que “¡El Ejército no puede tolerar eso!” Para Humberto Ortega las elecciones “son la llave y se tienen que adelantar”. También dio su respaldo a los obispos y al formato de diálogo nacional que ya existe considerándolo el espacio en donde se debe llegar a acuerdos que pongan fin a la crisis con elecciones anticipadas.
¿Cuánta influencia tendrán estas declaraciones, tan claras y directas, en el Ejército, factor clave en la solución final de esta crisis, como da a entender Roberto Courtney en otras páginas de este mismo número?
USA: UNANIMIDAD DE VISIÓN
A pesar de sus diferentes perspectivas, Daniel y Humberto Ortega mantienen una coincidencia: la salida de la crisis debe quedar en manos de los nicaragüenses, lo que significa, en ambas perspectivas, que Estados Unidos no intervenga.
“Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que Nicaragua regrese a la democracia. Todas las opciones están sobre la mesa, la opción militar en este momento no”, es lo más directo que le ha dicho a Ortega y ha dicho también a los medios el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Hasta el momento, Estados Unidos ha actuado con sanciones y declaraciones mostrando, tanto la Casa Blanca como el Congreso, tanto demócratas como republicanos, una misma visión de condena al gobierno de Nicaragua y un mismo compromiso con su sustitución por la vía electoral. En dos oleadas, el Departamento de Estado ha revocado visas a decenas de funcionarios del gobierno y a sus familias, aunque no ha dado los nombres de los desvisados. Tres funcionarios del entorno cercano a Ortega han sido sancionados por la Ley Magnitsky desde abril y se espera que más lo sean este año.
A mediados de julio, el Departamento de Estado declaró: “Cada víctima adicional de la campaña de violencia e intimidación del gobierno promueve el socavamiento de la legitimidad de Ortega”. Y al cumplirse los 100 días de protestas cívicas, la representante de Estados Unidos ante la ONU señaló en el recinto de Naciones Unidas que las muertes en Nicaragua en ese lapso (295) superaban las provocadas en Venezuela en 100 días de protestas (112).
“NO ENGAÑA A NADIE”
Después de la entrevista que Ortega dio a Fox News, el canal de noticias que ve el Presidente Trump, no hubo ninguna reacción de Trump sobre lo que le dijo casi suplicante Ortega ese día: (“respétenos”). Sí hubo reacción inmediata del Vicepresidente Mike Pence. Concluyendo la entrevista, escribió: “La violencia patrocinada por Ortega es innegable. Su propaganda no engaña a nadie ni cambia nada”.
Días después, Pence condenó la “guerra contra la iglesia católica” que lleva adelante el régimen. El 30 de julio un mensaje de la Casa Blanca le advertía a Ortega que todo lo que Estados Unidos ha hecho hasta el momento “es sólo el comienzo, no el final, de las sanciones”.
Son varios los congresistas que consideran que la crisis nicaragüense representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por la presencia de Rusia en nuestro país, por la posibilidad de una guerra civil y por la crisis migratoria que ya afecta a la región.
En el Senado está pendiente de aprobación la Nica Act. Y senadores republicanos y demócratas introdujeron otro proyecto de ley. Lo titularon “Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción”, que incluye sanciones, aún mayores que la Ley Magnitsky, contra la familia gobernante. El proyecto está patrocinado, entre otros, por los demócratas Patrick Leahy, firme defensor de la Revolución en los años 80; y Tim Caine, vinculado a Centroamérica desde su juventud. Por su parte, los 435 miembros de la Cámara de Representantes aprobaron el 25 de julio una resolución que condena al régimen de Ortega por la represión con la que ha respondido a la insurrección cívica.
El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua. De un relativo respeto o de una total ignorancia, el modelo de régimen que construyeron y presiden Ortega y Murillo ha pasado a ser objeto de desprestigio y a ser rechazado en todo el mundo. ¿Están plenamente conscientes ambos de la nueva realidad con que hoy son observados en el mundo? Lo que hacen “parece colocarlos en un sicótico estado de negación de la realidad para no asumir sus responsabilidades”, comentó a Envío un siquiatra.
Niegan la realidad afirmando que el país se ha “normalizado”, mientras el canciller dice a la OEA que ya fue “neutralizado” el golpe de Estado terrorista. Pero el país no está normal y las movilizaciones masivas continúan reclamando pacíficamente un cambio de gobierno.
ANORMALIDAD GENERALIZADA
Nada es normal en Nicaragua. Además del luto y la zozobra de las miles de familias que lloran a sus muertos, que viven pendientes de sus heridos, que no cesan de buscar a los desaparecidos, que están ansiosas por la suerte de los que huyeron a Costa Rica o están por irse, y por los que andan escondidos en el país, la economía, las calles, las universidades, demuestran la anormalidad.
El presidente del Banco Central dijo que en julio y agosto se normalizaría la situación y se compensarían las pérdidas de mayo y junio. Pero julio ya pasó y nada parece haber mejorado… Todos los bancos del país han publicado en los diarios extensas listas de clientes en mora. Ya no dan créditos, sólo hay para la producción agrícola. La banca está atrapada entre la fuga de depósitos de sus clientes ($600 millones desde que inició la crisis) y la mora de quienes no pueden pagarles.
La inversión nacional y extranjera se ha paralizado. Las donaciones están congeladas. Con la caída de la cooperación petrolera venezolana, las reservas internacionales del país se han reducido en unos 200 millones de dólares en dos meses.
Un cuarto de millón de personas ha perdido sus empleos. El turismo está prácticamente reducido a cero y será extremadamente difícil una rápida recuperación, aunque mejoren las cosas. El sector comercio y el de servicios están gravemente afectados. El consumo se ha reducido en un 70% y en consecuencia, la recaudación fiscal ha caído bruscamente.
7 mil manzanas de terrenos privados han sido invadidas por grupos de personas, familias enteras, quienes, alentadas por agentes del régimen, se proclaman sus acérrimos defensores.
Con este plan, Ortega se venga de los empresarios que han respaldado movilizaciones, protestas, tranques o participan en el diálogo nacional. El impacto futuro de esta promovida anarquía hará más difícil de resolver los problemas de propiedad aún pendientes que ya arrastraba el país desde el tiempo de las confiscaciones de los años 80.
Son muchas las familias que no envían a sus hijos a las escuelas para protegerlos de la inseguridad. Son miles los alumnos y alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua y en León, que se declararon en “rebeldía académica”. No asistirán a clases, no reanudarán el año académico. Se manifiestan en las calles de León con la consigna “Sin autonomía, calles llenas y aulas vacías”.
La UCA mantiene suspendidas las clases desde abril. Tampoco hay clases en las universidades públicas, ni en la Universidad de Ingeniería (UNI), ni en la Universidad Politécnica (UPOLI). En las universidades privadas hay un drástico descenso en la matrícula, que en algunas llega al 70%. Las deserciones se deben a razones económicas y a la inseguridad reinante en el país.
ORTEGA ESTÁ AISLADO
Acertadamente resume Gioconda Belli lo que ha sucedido al término de las brutales operaciones de destrucción de barricadas y tranques: “Por supuesto que con represión como la que Ortega y Murillo han desatado, la gente se resguarda. Pero que se resguarden las personas que protestan, no significa que el país esté regresando a la normalidad. Sólo en una mente como la de Daniel Ortega cabe el cinismo de declararse victorioso y pensar que regresará al 17 de abril. Es todo lo contrario. Él jamás volverá a gobernar como antes. Jamás sabrá cuántos de los que siguen alabándolo lo hacen mientras íntimamente lo detestan”.
La presión diplomática se acelera. El 2 de agosto volvió a reunirse el Consejo Permanente de la OEA en sesión extraordinaria para aprobar una nueva resolución sobre Nicaragua. Establece la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de varios países de la OEA que viajarán a Nicaragua para, en coordinación con otros organismos internacionales y regionales, como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), contribuir a hacer avanzar una salida en el diálogo nacional.
Antes de que la resolución fuera aprobada (20 votos a favor y 4 en contra), el canciller nicaragüense afirmó tajantemente que el gobierno no permitiría que el grupo de trabajo ingresara a Nicaragua. Si el rechazo se mantuviera, vendrían sobre Ortega sanciones bilaterales, económicas, comerciales, diplomáticas de los países que aprobaron la resolución y también sanciones de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aumentaría su aislamiento.
Cerrar las puertas a la OEA se contradice con el afán mostrado por Ortega de convocar a organismos internacionales a participar en el diálogo nacional, al que quiere modificar hasta convertirlo en un diálogo a su medida. La falta de credibilidad internacional de Ortega y la legitimidad ya lograda por los obispos como mediadores y la Alianza Cívica como interlocutores, se lo hace muy difícil. Pretenderlo aumenta su aislamiento.
EL CAOS ES ORTEGA
Una de las ideas clave en la que Ortega no se contradijo y que pretendió dejar bien asentada en todas sus entrevistas internacionales -hubo dos más a las primeras cuatro- es la de que si él saliera del gobierno en el país se crearía un vacío de poder, una anarquía. Sin él habría un caos.
Tal vez alguien lo pensó así antes de abril. Pero a estas alturas la comunidad internacional ya está clara de que el actual gobierno no tiene capacidad para gobernar ni para negociar porque ha perdido toda autoridad moral y toda capacidad política para enfrentar los desafíos del futuro que su barbarie ha provocado en el país.
Es precisamente la represión en sus tres fases, el terror y la masiva violación de derechos humanos para mantenerse en el poder, a costa de todas las sangres, lo que ha ido unificando criterios en la comunidad internacional: no es “Ortega o el caos”, el caos es Ortega. Su permanencia en el gobierno no traerá estabilidad ni restaurará económica ni moralmente el país. Ortega se ha convertido en el principal obstáculo para que Nicaragua recobre estabilidad económica y política.
EL MUNDO TIENE QUE SABERLO
El pueblo de Nicaragua ha dado masivas demostraciones de su voluntad de resistencia cívica. Entre quienes han resistido, que son mayoría, hay suficiente gente preparada para asumir una transición democrática y una reactivación económica, estando a la altura de los retos que tendremos cuando todo esto pase y veamos el fin del orteguismo.
Parece que va llegando el momento de que la resistencia cívica diseñe y desarrolle un espacio de lucha y de proyección internacional que complemente lo que ha ganado en las calles y en el diálogo nacional. Las vidas de tantos, el llanto de tantas lo merecen. Se discute ya en varios espacios la urgencia de conformar una Junta de Gobierno de transición.
El mundo tiene que saber que en Nicaragua hay capacidades humanas, éticas y profesionales para gestionar un futuro más justo, más libre y más democrático.

References: resolución 
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