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Timestamp: 2018-07-19 13:45:27+00:00

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La labor de la psicología penitenciaria en la reeducación de los condenados
B.Z.: Enviado el viernes, 15 de marzo de 2013 11:46
La Constitución Española en su artículo 25.2 alberga el siguiente tenor literal:
“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados…”
El concepto de <<reeducación>> proyecta en nosotros una idea positiva respecto a la finalidad de las penas privativas de libertad impuestas a los condenados. Es la Constitución, como norma suprema del Ordenamiento Español, la que nos invita a prescindir de las cruentas ideas que surgen en cada una de nuestras mentes cuando escuchamos o leemos la palabra “condena”, y que podemos ejemplificar a través de las nociones de <<castigo>, <<punición>>, o <<escarmiento>>.
Ahora bien, no podemos evitar que surja en nosotros la siguiente duda: ¿la finalidad de estas penas es realmente la reeducación, o bajo el precioso artículo 25.2 CE se esconden simplemente enunciados teóricos y carentes de un trasfondo efectivo?
Para solventar esta cuestión, comenzaremos acudiendo a la legislación penitenciaria:
El 26 de septiembre de 1979, en unas condiciones políticas muy específicas que a ninguno se nos escapan, entró en vigor la Ley Orgánica General Penitenciaria, en cuyo artículo primero encontramos el siguiente tenor literal:
“Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados”.
Como podemos observar, la sanción privativa de libertad, al igual que en el texto constitucional, se concibe como tratamiento, es decir, como una actividad directamente dirigida a la consecución de una finalidad resocializadora. Si bien, el penado se encuentra sometido a un particular régimen jurídico, motivado por la conducta delictual por la que fue condenado, la pena se encuentra encaminada a preparar al interno, en las mejores condiciones posibles, para su vuelta a la vida libre, ejercitando socialmente su libertad.
Asimismo, resulta muy revelador el artículo 3 de este mismo texto legal:
“La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otra circunstancias de análoga naturaleza”
Comprobamos así que la estancia en prisión no pretende consistir en una modificación impuesta de la personalidad del penado, sino una puesta a disposición del mismo de los elementos necesarios para ayudarle a vivir fecundamente su libertad. La Ley, por lo tanto, pretende expresar que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de ésta.
Por último, no podemos dejar de mencionar el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, que concibe la prisión como un auténtico servicio público con unos objetivos principales bien definidos en su artículo 3:
“1. La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley.
5. Los órganos directivos de la Administración penitenciaria podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio”
En el Reglamento Penitenciario tiene plasmación la consideración de que el recluso es un miembro de la comunidad y que la prisión no es más que un lugar normal de actuación de los agentes sociales en el ámbito de sus respectivas competencias.
La pregunta que nos surge tras el examen de esta normativa es: ¿Realmente existe un verdadero régimen penitenciario encaminado a ofrecer al recluso opciones para trabajar en su propia emancipación?
Para responder esta cuestión deberemos acudir al artículo 60 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dispone lo siguiente:
“1. Los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior.
2. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la obtención de dichas finalidades”.
Respecto al tratamiento expresado anteriormente, en España el Decreto 162/1968 introdujo la necesidad de contar con una serie de especialistas para la clasificación y el tratamiento penitenciario, y, asimismo, la Ley 39/70 creó el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, perteneciendo a este grupo: juristas-criminólogos, sociólogos, psicólogos y pedagogos.
La Ley orgánica General Penitenciaria otorga una especial importancia a la Psicología, cuyo primordial papel es, a través de las diferentes técnicas, conseguir transmitir al que ha sido sancionado por la comisión de un delito, que el futuro depende de él mismo, y de su motivación para efectuar aquellos cambios conductuales e ideológicos que considere más oportunos para conseguir vivir, no sólo respetando las normas establecidas, sino también vivir de la forma libremente elegida por él, sin que sean sus propios condicionamientos personales los que le mantengan realmente preso.
¿Cómo se plasma en la práctica lo anteriormente expuesto?
Desde la entrada del interno en el establecimiento penitenciario hasta su salida el psicólogo tiene la primordial labor de reeducar y orientar al recluso para que su salida de prisión se realice en condiciones óptimas para integrarse nuevamente en la sociedad. Las entrevistas (iniciales, anamnésicas, de planificación y seguimiento, y terapéutica), la observación de su comportamiento, la evaluación psicométrica, la recogida de datos de protocolo y expediente, el estudio del Testimonio de la Sentencia, la recogida de los testimonios de familiares y amigos, y el informe psicológico constituyen métodos idóneos para lograr la finalidad tan perseguida por la Constitución y otras leyes.
A estos efectos, mi reconocimiento a esa gran labor que la psicología penitenciaria desempeña, tan necesaria, y a la vez, tan desconocida socialmente.
2 comentarios para La labor de la psicología penitenciaria en la reeducación de los condenados:
Lucas on viernes, 22 de marzo de 2013 9:40
Estupendo artículo. Desconocía la alta implicación que la psicología penitenciaria tiene para aquellos que desarrollan su vida en prisión. Me gustaría pensar que realmente los que salen de prisión se encuentran totalmente reeducados, pero lo cierto es que en muchas ocasiones los internos a su salida siguen delinquiendo. No obstante gran artículo.
AFZ Abogados on viernes, 22 de marzo de 2013 10:07
Querido Lucas, Muchas gracias por tu comentario. Estamos de acuerdo contigo, las estadísticas así lo señalan, muchos de los que entran en prisión continúan delinquiendo cuando quedan en libertad. Esto es así porque, como señala el propio artículo, a través de la estancia en prisión no se pretende corregir externamente la personalidad del penado, sino ofrecerle opciones, es decir, poner a su disposición las mejores herramientas para efectuar los cambios conductuales que él mismo considere más oportunos. Todos estos instrumentos ofrecidos se caracterizaran por encontrarse encaminados a deshacerse de los condicionamientos que le mantenían preso, y de esta forma vivir fructíferamente su libertad. De todo ello se extrae que, a pesar de los esfuerzos de los especialistas que desarrollan su labor en los centros, el que debe tomar la decisión de cambiar es el propio interno. Tal y como para cualquier cuestión de la vida diaria, de nada sirve la imposición, si internamente no se está convencido del cambio que se debe realizar en uno mismo. Un fuerte abrazo.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 60