Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2000/SU1067-00.htm
Timestamp: 2017-10-24 05:39:15+00:00

Document:
SU1067-00
La facultad patronal de terminar unilateralmente sin justa causa los contratos de trabajo a término fijo, mediante indemnización, no puede ejercerse para producir un despido masivo de trabajadores sindicalizados en número tal, que se afecte la existencia misma de la organización sindical. Menos aún, cuando están amparados por el fuero circunstancial, por hallarse en proceso de negociación pliego o por el fuero sindical -por ser miembros de la Junta Directiva del Sindicato, circunstancias que hacen aún más grave el despido en el caso presente.
· Entre marzo de 1999 (fecha de fundación del Sindicato y de su inscripción en el Registro Sindical) y junio 30 de 1999, por haber presionado la renuncia de los empleados y trabajadores de la planta de esa entidad que prestaban sus servicios en las Residencias Tequendama, so pretexto de requerirse concluir su vinculación con la Caja para poder nombrarlos como trabajadores oficiales en el Hotel Tequendama -San Diego S.A., en razón a haber adquirido esta última empresa comercial e industrial del Estado la operación comercial de ese centro productivo en virtud de convenio interadministrativo No. A-122/99, para lo que les dió un plazo perentorio que vencía el 30 de junio, y cuya conclusión coincidió con la presentación de la Tutela T-250781.
· Y, desde de junio 30 de 1999, por haberse actualizado la amenaza al efectivamente haber despedido la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en forma masiva trabajadores oficiales con contrato a término fijo sindicalizados cuando estaba en curso la negociación de pliego de peticiones a su favor por lo que gozaban de fuero circunstancial (i); y por haber también trasladado y desmejorado a los miembros de la Junta Directiva que tienen la condición de empleados públicos y haber despedido a quienes pertenecían a la misma siendo trabajadores oficiales, en éste último caso, aduciendo que hizo uso de la facultad legal de terminar unilateralmente los contratos de trabajo a la expiración del término fijo, pagando la consiguiente indemnización (ii).
· 'SINTRACREMIL', agrupa a sesenta y cinco (65) afiliados[1], de los cuales el noventa y cinco por ciento (95%), labora en "RESIDENCIAS TEQUENDAMA", entidad de propiedad de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.
Listado de personas que en su comienzo integraron la asociación sindical "SINTRACREMIL.
14.Morales - Arriaga José Ignacio
· De manera persistente, la Caja exigió a los afiliados a la organización sindical 'SINTRACREMIL', renunciar a sus cargos, presión que fue rechazada por estos.
· Igualmente, fueron declarados insubsistentes todos los nombramientos hechos a los empleados públicos de RESIDENCIAS TEQUENDAMA, afiliados a la organización sindical, salvo los Directivos Sindicales. Sin embargo, no fue posible establecer a quienes (empleados públicos sindicalizados) se refirió el Sindicato, pues omitió aportar elementos de juicio que así permitieran establecerlo en forma unívoca. La entidad demandada pese a haber aportado el Anexo 2º. que de acuerdo al título, corresponde a los "Empleados Públicos"; sin embargo, bajo este cuadro listó a los no sindicalizados y a los que tienen fuero sindical, como puede concluirse de su lectura, así:
Auxiliar Admitivo.
Danilo Pineros Roa
Henry Pinzón Pinzón
Yulith Cecilia Rodríguez G.
Luis Felipe Rivera Melo
Celia Marina Sánchez Páez
Julio Cesar Beltrán Velasquez
Luis Fernando Gallego Cardona
Yolanda Garzón Hernández
José Ignacio Morales Arriaga
Germán Enrique Chedraui D.
Herney Antonio Zuleta Marín
Liliana Moreno Suárez
Marisol Alarcón Triana
Liliana Marcela Pineda Cortés
· Los Directivos Sindicales fueron trasladados, desmejorados o despedidos, según lo evidencia el cuadro siguiente:
Fue despedido el 30-06-99
Labora actualmente en otra dependencia de la Caja de Retiro de las FF.MM, bajo condiciones laborales inferiores a las que tenía en su anterior cargo.
3. Armando Acosta Moncayo
Desconocida. No ha entablado demanda alguna. Fue despedido antes del 30-06-99 (no hay fecha exacta) poco tiempo después de fundado el sindicato.
4. Beatriz Eugenia Rivera Rojas
5. Elsa Beltrán Díaz
Fue trasladada y desmejorada el 30-06-99. El día 08-11-99 se le notifica su despido, el cual se hizo efectivo desde el 04-04-00.
6. José Ignacio Morales Arriaga
Fue trasladado y desmejorado el 30-06-99. Labora actualmente en otra dependencia de la Caja de Retiro de las FF.MM.
7. Jorge Alfredo Serrato Godoy
8. Leydi Piedad Silva Méndez
Fue trasladada y desmejorada el 30-06-99. Fue despedida el 23-01-00.
9. Luis Fernando Gallego Cardona
10. María Aurora Pineda Vega
Fue trasladada y desmejorada el 30-06-99. Fue despedida el 31-12-99.
11. Reinerio Garzón Muñoz
Fue trasladado y desmejorado el 30-06-99. Fue despedido el 26-01-00.
Con la información recaudada, se elaboraron los cuadros sinópticos que se presentan como Anexo al final de esta providencia, en el que se puede apreciar en relación con cada uno de los afiliados al sindicato que fueron despedidos: (i) el número del expediente, (ii) el nombre del accionante, (iii) la naturaleza de la vinculación del afiliado, la fecha y condiciones en que tuvo lugar el despido, si gozaba de fuero sindical o circunstancial y si se obtuvo o nó calificación judicial para el despido, (iv) la acción ante la justicia laboral ordinaria, donde se observa: el juzgado de conocimiento, la clase de proceso, la fecha de presentación o de admisión de la demanda, la pretensión principal y el estado del proceso.
- Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que cese en forma inmediata todo acto de persecución sindical contra los trabajadores y empleados, especialmente los servidores de la Sección denominada Residencias Tequendama.
- Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, respetar el derecho de asociación sindical, de conformidad con la Constitución Nacional y los Convenios de la OIT que reglamentan la materia.
- Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que con la participación del sindicato de trabajadores como representante único de los servidores públicos, adelante su 'reestructuración interna’ previo análisis de la situación jurídica de las personas que resultaren afectadas con dicha medida, para que en ningún momento se atropellen sus derechos laborales.
- Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tomar las medidas necesarias, para que a todos sus trabajadores se les garantice la estabilidad laboral y los beneficios mínimos consagrados para toda relación de trabajo en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
- Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que en forma inmediata cese todo acto discriminatorio y que, en forma inmediata, prorrogue los contratos de trabajo de los señores María Aurora Pineda Vega, Leydi Piedad Silva Méndez y Reinerio Garzon Muñoz, teniendo en cuenta que las personas mencionadas gozan de fuero sindical reconocido por la Constitución y declarar nulos los oficios Nos. 0061410, 0063124, 0063123 por los que se les comunicó la terminación de sus contratos laborales.
- La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
- El estatuto interno de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se adoptó mediante Acuerdo No. 046 de 1984, proferido por la Junta Directiva de la entidad, aprobado por el Decreto 655 de 1985, modificado por el Acuerdo 013 de 1994 de la Junta Directiva, modificación aprobada por el Decreto 1416 de 1994.
- El artículo 32 del Estatuto interno de la entidad dispone que las personas que presten sus servicios a la Caja de Retiro tendrán el carácter de empleados públicos, a excepción de aquellos que desempeñen las siguientes actividades, las cuales tendrán el carácter de trabajadores oficiales:
- La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares cuenta con dependencias dedicadas a la venta de servicios que le permitan recaudar ingresos y de esta forma colaborar con el Gobierno Nacional en el cumplimiento de su objetivo, esto es, el pago de las asignaciones de retiro de oficiales y suboficiales que adquieran el derecho a tal prestación, así como de sus beneficiarios. Entre ellas se encuentra el Aparcadero Bachué, la Sección de Oficinas y locales comerciales, el Restaurante Piso 30, la Cafetería Bachué y las Residencias Tequendama.
- Para el mejor aprovechamiento de sus recursos y dada la coyuntura económica que atraviesa el país, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con la anuencia del Ministerio de Defensa Nacional, decidió entregar contractualmente la administración de algunos de sus denominados Centros Productivos al Hotel Tequendama, entidad estatal que además de pertenecer en un 95% a la Caja de Retiro, tiene la infraestructura, experiencia y dedicación exclusiva para la comercialización de esta clase de servicios.
- A partir del mes de julio de 1998 se iniciaron las actividades tendientes a entregar en administración las Residencias Tequendama, colocando como fecha tentativa el 01 de enero de 1999.
- Habida cuenta que la celebración del contrato de administración de las Residencias Tequendama implicaba un trámite más complejo, se postergó la fecha de entrega para el 31 de marzo de 1999.
- Igual como había sucedido con los centros anteriores, el Hotel Tequendama manifestó su disposición de vincular laboralmente a todo el personal de ese Centro de Producción que voluntariamente estuviera dispuesto a hacerlo, sin importar condiciones de edad, sexo o tiempo de servicio y así se le hizo saber al personal interesado en varias oportunidades y a través de los representantes legales de las dos entidades estatales involucradas, con la aclaración de que por tratarse de entidades de naturaleza jurídica diferente, para la nueva vinculación (contrato de trabajo por ser el Hotel Tequendama una empresa industrial y comercial del estado) se requería desprenderse de su calidad de empleado público a los que tuvieran tal condición y terminar la relación vigente a los trabajadores oficiales, por tratarse de un nuevo patrono y de una relación laboral completamente independiente.
- A pesar de los esfuerzos y gestiones encaminadas a que el cambio de administración no representara traumatismo alguno para sus funcionarios, el día 15 de marzo de 1999 fue comunicada oficialmente a la entidad la fundación del Sindicato de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares "SINTRACREMIL".
- Conocida la lista de socios fundadores de "SINTRACREMIL", la Caja de Retiro observó que de los 26 socios que fundaron el Sindicato, 24 de ellos pertenecían a la nómina de Residencias Tequendama, lo que en su entender, significa que "el nacimiento de la organización sindical no tenía objetivo diferente al de torpedear e impedir la celebración del contrato de administración que tramitaban la Caja de Retiro y el Hotel Tequendama".
- La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de su Director, su personal directivo, asesor y ejecutivo, "jamás ha desplegado actividad alguna que permita acusarla como persecutora y represora del derecho de asociación. Situación diferente resulta que el Sindicato así lo considere simplemente porque no se accedió a reversar el contrato de administración y ello conllevó el forzoso retiro de algunos de sus servidores públicos, la mayoría trabajadores oficiales con contrato a término definido, mediando el pago de la indemnización correspondiente".
- El contrato de administración suscrito con el Hotel Tequendama no implica reestructuración alguna de la Caja de Retiro y por lo tanto, la terminación unilateral de los contratos de trabajo mediante el pago de indemnización no se efectuó en desarrollo de plan reestructurativo alguno, sino que ello obedeció únicamente al lícito ejercicio de las funciones de la Caja de Retiro con miras al mejor aprovechamiento de sus recursos y es por ello que los activos que hacen parte de los inventarios de las Residencias continuarán figurando dentro del balance de la Caja de Retiro.
- Con respecto a la estabilidad laboral de los funcionarios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, esta se garantiza con observancia en la ley, pues la entidad no es ajena a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Nacional y desarrollado por la Ley 443/98 y sus decretos reglamentarios, sobre la inscripción de los servidores públicos en la carrera administrativa, la cual es precedida de la correspondiente convocatoria, concurso abierto, aplicación de pruebas y superación del período de prueba, por lo que, en resumen, la estabilidad laboral se la otorga el propio funcionario a través de su formación personal y mérito profesional para conservar el empleo, bajo las normas que regulan la carrera administrativa.
Aunque admite que se está en presencia de una posible vulneración de derechos fundamentales y que la tutela, al menos en teoría, podría ser procedente, sin embargo, en el caso materia de estudio la descarta ya que, en su criterio, "no podría, bajo ningún punto de vista, dar solución, ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables a tan grave situación, pues si se analizan cuidadosamente los elementos de juicio que integran el panorama procesal, llegaremos siempre a la conclusión que el juez de tutela no puede ordenar transitoriamente el reintegro al ejercicio de sus cargos o de sus funciones y que no se pueden retrotraer las decisiones o actos administrativos de Establecimientos Públicos del orden nacional al estado o a las circunstancias en que se encontraban los trabajadores antes de que la Caja de Retiros (sic) de las Fuerzas Militares suscribiera el contrato interadministrativo y decidiera entregar contractualmente la administración de los centros productivos, entre otros, las “Residencias Tequendama” al Hotel Tequendama que, según la contestación de la demanda, está en disposición de vincular laboralmente a todo el personal que voluntariamente estuviera dispuesto a aceptar sus condiciones siempre que los trabajadores afectados en su condición de trabajadores oficiales terminen la relación vigente.”
- Jurídicamente no son procedentes las acciones populares consagradas en el artículo 88, inciso 1º. de la Carta Política, pues su objetivo es obtener una indemnización por el perjuicio causado, el cual no es materia de discusión ni objeto, por ahora y por esta vía, por parte del sindicato. Además, dichas acciones protegen derechos e intereses colectivos y los que son objeto de la presente acción no están claramente previstos en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, que desarrolla el artículo 88 de la Carta Política.
- La juez del conocimiento incurre en grave contradicción pues por un lado, afirma que en principio se está frente a una violación de derechos fundamentales, como el trabajo, la dignidad y la libre asociación; que esos han sido vulnerados, por ello, el amparo constitucional, podría ser aplicable de manera excepcional, de otra parte, admite que la vía ordinaria o administrativa no es idónea pues "puede demorar mucho tiempo para que el juzgador profiera una decisión de fondo que dirima la situación de esos derechos". No se explica entonces cómo partiendo de estas premisas ciertas e inobjetables, ligadas al reconocimiento del perjuicio irremediable que no podría ser resarcido mediante un dilatado y engorroso procedimiento ante la jurisdicción ordinaria, no concedió el amparo solicitado.
- La afirmación supuestamente inequívoca de que "... definitivamente la acción de tutela no podría, bajo ningún punto de vista dar solución, ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables, a tan grave situación... pues llegaremos siempre a la conclusión que el juez de tutela no puede ordenar transitoriamente el reintegro de los trabajadores al ejercicio de sus cargos o de sus funciones y que no se pueden retrotraer las decisiones o actos administrativos de establecimientos públicos del orden nacional..."; se encuentra claramente desvirtuada por la jurisprudencia constitucional consignada en las Sentencias de la Corte Constitucional SU-036 de enero 27 de 1999, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra y No. T-321 de mayo 10 de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
El Tribunal acoge las explicaciones del apoderado del Director de la Caja conforme a las cuales, al concretarse el contrato interadministrativo No. A122 de 1999, desaparecieron las funciones de todos los empleados de las Residencias Tequendama incluidos los de aquellos servidores que no quisieron vincularse laboralmente al Hotel por lo que concluye que "la Caja de Retiro estaba impedida legalmente para mantener la vigencia de esta vinculación laboral, afectada en su objeto contractual por la desaparición de las funciones y de las necesidades que motivaron la celebración de los contratos de trabajo", pues habría quedado incursa en violación del artículo 122 de la Carta Política, por lo que procedió a dar por terminado los contratos de trabajo, con el pago de la correspondiente indemnización.
- Resolución No. 000620 del 25 de marzo de 1999, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que reconoce personería jurídica y aprueba la inscripción en el Registro Sindical de SINTRACREMIL.
- Oficio suscrito por la Doctora Alba Valderrama de Peña, Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 8 de julio de 1999, en el que certifica que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no ha elevado petición alguna tendiente a obtener autorización o permiso para proceder a efectuar un despido masivo de los trabajadores que laboran en dicha entidad.
- Contrato Interadministrativo de arrendamiento de bien inmueble, suscrito entre la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el Hotel Tequendama - San Diego S.A. y contrato administrativo de operación comercial de las Residencias Tequendama suscrito entre las mismas partes.
- Actas de la negociación del pliego de peticiones presentado por el Sindicato demandante.
- Contratos de trabajo, resoluciones de nombramiento, declaratorias de insubsistencia, cartas de despido y cartas de traslado, tanto de los trabajadores oficiales como de los empleados públicos vinculados que gozaban de fuero legal y del circunstancial.
- Actas atinentes a la etapa de arreglo directo entre las partes.
- Resolución No. 01875 de agosto 11 de 1999, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que se ordena la constitución de un Tribunal de Arbitramento obligatorio en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
- Resolución No. 02269 de septiembre 24 de 1999, mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decidió denegar el recurso de reposición presentado contra la Resolución que ordenó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, y confirmar en todas sus partes la Resolución No. 01875 de agosto 11 de 1999.
- Resolución No. 002343 de septiembre 27 de 1999, por la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social multó a la Caja, por violar el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, al haber despedido en forma unilateral a trabajadores oficiales hallándose en proceso de negociación pliego de peticiones a su favor.
En observancia del artículo 3º. del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual el trámite de tutela debe desarrollarse “... con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”, la Sala Séptima de Revisión ordenó a las partes, organizar su respuesta en forma sistemática y metodológica, por Secciones, una por cada empleado público o trabajador concernido, y que en la contestación se observara la misma secuencia fáctica y cronológica fijada en el auto de pruebas, de modo que esta fuese clara, pertinente, precisa y comprendiera todos y cada uno de los datos sobre los hechos relevantes para la decisión.
El contrato de administración suscrito con el Hotel Tequendama no implicó reestructuración alguna de la Caja de Retiro y por lo tanto, la terminación unilateral de los contratos de trabajo mediante el pago de indemnización no se efectuó en desarrollo de plan reestructurativo alguno, sino que ello obedeció únicamente a la necesidad de no quedar incursos en violación del artículo 122 de la Constitución Nacional y al lícito ejercicio de las funciones de la Caja de retiro con miras al mejor aprovechamiento de sus recursos y es por ello que los activos que hacen parte de los inventarios de las Residencias continuarán figurando dentro del balance de la Caja de Retiro. Cabe destacar que sobre este aspecto se manifestó la Contraloría General de la República en su informe de visita, la cual en el acápite relacionado con la Sección Residencias Tequendama concluyó: "El comportamiento del negocio (margen de utilidad negativo entre $8 millones y $1.092 millones) en el período señalado (1996-1998) además de ser el resultado de la recesión económica del país, pudo obedecer a la falta de respuesta a la demanda de una mayor especialización y utilización de estrategias propias de la actividad hotelera, razón por la que se considera prudente y oportuna la decisión de dar en administración las residencias Tequendama a la Sociedad San Diego - Hotel Tequendama, decisión, que le ha implicado pasar en agosto de 1999 a una utilidad de $24 millones."
- Pese a tan inequívoca manifestación, más adelante, bajo el acápite titulado “protección de los derechos sindicales, estabilidad laboral y al trabajo” en forma contradictoria, el mismo Director de la entidad demandada asevera que:
“... que si algunos servidores públicos de la planta de personal de la Sección Residencias Tequendama quedaron laboralmente cesantes, fue únicamente porque así lo decidieron ellos por razones de índole meramente subjetiva y no porque la Caja o el Hotel les hubiera atropellado sus derechos.
La totalidad de trabajadores oficiales con contrato a término definido desvinculados por terminación anticipada de contratos, se encontraban afiliados al Sindicato que había presentado un pliego de peticiones para su discusión, circunstancia este que legalmente se ha conocido como el fuero circunstancial...”
Consecuente con lo expuesto y aplicable al caso que nos ocupa, al desaparecer las funciones de la totalidad de los empleos de la Sección Residencias Tequendama el 21 de junio de 1999, los contratos de trabajo del personal asignado a tal dependencia, quedan inmersos en una justa causa para su terminación, justa causa proveniente, de una parte de la Ley, en este caso, lo determinado por la Constitución Nacional en su artículo 122 que prohibe la existencia de empleos sin funciones específicamente detalladas en Ley o reglamento, y de otra, del contrato mismo, el cual al desaparecer el objeto contractual queda afectado de tal manera que se hace imposible continuar con su ejecución. Pero por no provenir la justa causa del mismo trabajador, resulta improcedente negar la indemnización que la misma ley prevé para la ruptura injustificada de la relación contractual y en consecuencia, no es dable para la CAJA DE RETIRO, abstenerse al pago de la indemnización por despido injusto.
Así las cosas, la entidad al terminar los contratos de trabajo del personal afiliado a "SINTRACREMIL" en desarrollo del conflicto laboral colectivo, ha tenido una justa motivación para ello, esto es, la estricta observancia de la norma constitucional anteriormente citada, así como la imposibilidad de seguir ejecutando un contrato de trabajo afectado en su objeto, situación que desvirtúa cualquier viso de ilegalidad respecto de su actuación y que por ende, hace improcedente cualquier pretensión que persiga el actor con relación a la terminación anticipada del contrato.
No es, pues, de extrañar que ni el Director de la Caja, ni los Ministros de Defensa y de Trabajo, ni el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República se abstuvieran de dar respuesta al requerimiento que esta Sala les cursó pues, es claro que ante tan contundentes atentados a la libertad de asociación sindical y de negociación colectiva, mal podría haber existido, Directiva alguna en la que el Presidente de la República, en su condición de Suprema Autoridad Administrativa, impartiera a los Ministros instrucciones en desarrollo de la Recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT[6], acerca de “del principio según el cual deberán realizarse consultas con las organizaciones sobre las consecuencias de las reestructuraciones en el empleo y en las condiciones de trabajo".
Ello explica también por qué el Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa y la para entonces señora Ministra del Trabajo y Seguridad Social tampoco informaron este Despacho “acerca de las acciones y medidas que, con ocasión del traspaso de la operación comercial de “Residencias Tequendama”, en virtud del Convenio Interadministrativo No. A-122 de 1999 celebrado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el Hotel Tequendama, han adoptado para dar estricta observancia a las Recomendaciones del Consejo de Administración de la OIT sobre protección a los derechos sindicales del personal sindicalizado perteneciente al Sindicato “SINTRACREMIL” y, para proteger los derechos a la estabilidad laboral y al trabajo en condiciones dignas y justas”. Como tampoco, “...sobre los mecanismos mediante los cuales han hecho efectiva la protección del derecho de asociación sindical, la estabilidad laboral y al trabajo en condiciones dignas y justas.”
Pero no solamente se viola el derecho que de que se trata cuando se influye en los individuos que conforman o pueden conformar los sindicatos -lo que, desde luego, además de vulnerar el derecho de asociación de cada uno de ellos, repercute en la violación del derecho que tiene la persona jurídica sindical en sí misma-, sino que también puede afectarse cuando por cualquier medio se procura o se persigue el debilitamiento económico de la entidad sindical". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-300 del 16 de marzo de 2000).
Por este camino, si tal ejercicio arbitrario, desproporcionado e irrazonable de la facultad legal se admitiera como ajustado a la Constitución, independientemente del número de trabajadores afectados, todos ellos -por coincidencia- integrantes del mismo sindicato, de nada valdría la garantía de asociación que, en la Carta, los favorece, y serían apenas teóricos derechos básicos como el de fuero sindical, el de negociación colectiva y el de huelga, pues en esa hipótesis -que no acepta la Corte Constitucional- bastaría con invocar, ...las normas legales en referencia y la facultad patronal de despido sin justa causa mediante indemnización, para lograr, con el beneplácito de los jueces, el desmonte, el debilitamiento o la volatilización de un sindicato, o la sensible disminución de sus efectivos.
En cambio, esta Sala considera que no es del caso tutelar el derecho al debido proceso, pues como se reseñó en el relato de los hechos, y el propio Sindicato lo admite, la Caja de Retiro recibió el pliego de peticiones y el Tribunal de Arbitramento está próximo a proferir laudo arbitral resolviendo el conflicto laboral entre las partes. Así, pues, comoquiera que el empleador ha dado trámite al conflicto, en los términos previstos por el Código Sustantivo del Trabajo, respecto del derecho al debido proceso la tutela resulta improcedente.
Fecha presentac.
Demanda No. 1
Oscar Hernando Chávez Rojas
Demanda No. 2
Luz Marina Hernández Gutiérrez
Martha Cecilia López Jiménez
Estado del proceso: Para 1ª. Audiencia de trámite
María Inés Martínez de Castaño
Nubia Liliana Mora Reales
Carmen Amanda Moreno Cifuentes
Jenny Patricia Patarroyo Pineda
Angela Rosa Pineda Molano
Olga María Pulido Alarcón
Nancy Esperanza Pulido Santiago
Olga María Suárez Guzmán
María Constanza del Pilar Suárez
Blanca Liliana Valbuena Reyes
Demanda No. 4
Adolfo Alfonso Ramírez Ruíz
Demanda No. 5
Gloria Paulina Alfonso de Lancheros
El juzgado rechazó la demanda y los accionantes impugnaron el auto, interponiendo recursos de reposición y en subsidio el de apelación. Estado del proceso: Se concedió apelación en efecto devolutivo 07 -01-00, recurso que se encuentra en estudio.
Ana Claudia Barragán Mena
Mónica Cuello Castro
Flor Janeth Bello Quintero
Martha Janeth Cárdenas Hernández
Alvaro Castillo Chicuasuque
María Lucía Castillo de Gómez
Yolanda Friench de Naranjo
Doris Rosalba Galindo Cuenca
Mariela Gómez Flórez
Fanny Emilce Gómez González
Ana Aurora González Duarte
Demanda No. 6
Julio Cesar Beltrán Velásquez
Hernye Antonio Zuleta Marín
Demanda No. 7
José Alfredo Serrato Godoy
Estado del proceso: 25-02-00 1ª. Audiencia- la demandada contestó la demanda
María Aurora Pineda Vega
Leydi Piedad Silva Méndez
Elsa Beltrán Díaz
Alba Lucía Caicedo Quimbayo
Reinerio Garzón Muñoz
Demanda No. 8
Demanda No. 9
Para fundamentar las tesis centrales de su argumentación, la Corte reitera lo expuesto en la sentencia T-476 de 1998, en la cual se indicó: “puede ocurrir que los jueces laborales, en el campo de sus competencias, lleguen a la certidumbre legítima de que las normas del Código Sustantivo del Trabajo (...) no fueron transgredidas en cada uno de los eventos de despido injustificado, pero no podrán definir - lo que le corresponde a esta Corte en el actual proceso - si el derecho de asociación sindical, que invoca el propio Sindicato y que también reclaman los sindicalizados masivamente despedidos, fue o no materia de atropello por la conducta de la empresa”.
3. Una adecuada defensa del derecho de asociación sindical, cuando quiera que este ha sido vulnerado por el despido masivo de trabajadores sindicalizados, exige que el juez pueda - y deba - identificar la dimensión colectiva de cada despido. En este sentido, el juez laboral, encargado de proteger integralmente los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, debe estudiar los hechos del caso que analiza, en toda su complejidad e identificar las diversas aristas y consecuencias de los actos denunciados. En especial, debe verificar si el despido se produjo a partir de un acto arbitrario del patrono a través del cual persigue la afectación del sindicato. Nada en el derecho legislado impide que el juez laboral estudie la cuestión antes planteada. Por lo tanto, debe sostenerse que es el juez laboral, dentro del proceso laboral, el llamado a proteger integralmente los derechos fundamentales del trabajador cuando quiera que resulten afectados en virtud de actos del empleador.
Si existen razones suficientes para justificar la desvinculación y no se produjo por parte del empleador una conducta discriminatoria, no es posible afirmar que se lesionó el derecho de asociación sindical. Eso era, exactamente, lo que el juez laboral debía analizar en el presente caso. Pero incluso si se hubiera aceptado la procedencia de la acción de tutela, en los términos descritos resulta claro que la mayoría no podía entrar a juzgar la eventual violación de los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva, sin considerar las causas que generaron el despido de los trabajadores. Si se hubiera llegado a la conclusión de que el patrono no violó norma alguna - constitucional o legal - con la terminación anticipada de los contratos a término fijo, no hubiera podido afirmarse que existía violación de los derechos sindicales.
[1] Este dato es inconsistente. La verificación hecha por la Corte arrojó sesenta y dos (62) afiliados.
[2] Cfr. 319 Informe del Comité de Libertad Sindical (Sesión del 19 de noviembre de 1999)
[4] ver Supra, p. 9
[5] Integrada por los HH.MM. José Gregorio Hernández Galindo -Ponente, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz

References: artículo 53
 artículo 32
 artículo 125
 artículo 88
 artículo 4
 artículo 88
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 122
 artículo 122