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Timestamp: 2018-04-22 20:05:56+00:00

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MUNDO JURIDICO: agosto 2015
DE FALACIAS Y OPINIONES BULLDGARES- RESPUESTA AL ARTÍCULO DE ALFREDO BULLARD
Por: Luis Alberto Pacheco Mandujano (*)
Y falacias son las que se encuentran, abundantes, en el reciente artículo “de opinión” del señor Alfredo Bullard [“El Comercio”, 23/08/2015], donde califica de “mamarracho” el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para penalizar, bajo la figura del prevaricato, la actuación de aquellos árbitros que, en el ejercicio de sus funciones, dicten laudos manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, citen –sobre todo– pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoyen en leyes supuestas o derogadas.
Falacia es afirmar, por ejemplo, como lo hace Bullard, que el árbitro, “privado nombrado por las partes y unido a ellas por una relación contractual, no cumple ninguna función pública y un error durante la prestación de su servicio está sujeto al contrato que celebró y no a la entrega de una potestad estatal”. Esta falacia, llamada “del hombre de paja”, es tal porque con ella se crea una posición fácil de refutar para luego atribuírsela al oponente con la intención de aplastarlo, aunque en realidad el verdadero argumento del adversario no termine siendo refutado sino sólo el argumento ficticio que ha sido creado.
Es eso lo que hace Bullard aquí al atribuir tal supuesta posición –que en realidad no tiene– al proyecto de ley que él insulta primero y ataca después. Sólo acomete la “opinión” que del proyecto tiene, pero no a éste en sí mismo. Y es que si bien el árbitro es un privado elegido por las partes para la solución de un conflicto, su decisión contenida en un laudo no sólo tiene efectos directos sobre ellas, sino también sobre terceros que podrían ser víctimas de un proceso arbitral ficticio que sirviese para arrebatarles lo que legítima y legalmente les pertenece.
Esto fue precisamente lo que, desde la figura del arbitraje, supo hacer bien el ahora reo Orellana: montar procesos arbitrales en los que las partes lo eran sólo en apariencia, y con árbitro real, pero coludido en el hecho, “resolvía los casos” con fuerza legal para ejecutar sus decisiones, despojando así de sus propiedades y bienes a quienes fueron víctimas del ejercicio del “legítimo derecho al uso de la vía arbitral”. Por supuesto, todo esto trae, añadidamente al agravio generado en quienes fueron víctimas de esta forma delictiva de actuar, efectos nocivos que entorpecen el desarrollo de la economía del país porque actos de esta naturaleza generan desconfianza del sistema aparejada de una frecuente sensación de desprotección de los ciudadanos y la consecuente paralización, en mayor o menor grado –pero que siempre afecta–, de las relaciones contractuales de innegable contenido económico.
Que lo diga, si no, el señor Bullard, “connotado” profesor de Análisis Económico del Derecho, pues he aquí la demostración fáctica de lo antedicho: el árbitro, “privado nombrado por las partes” está ciertamente unido a ellas, pero también lo está a la sociedad a la cual sus decisiones se proyectan y afectan, de una u otra forma. Al brindar un servicio público de evidente contenido económico, los árbitros ejercen una función pública de naturaleza especial [vid., Danós Ordóñez, Jorge, “El régimen de los servicios públicos en la constitución peruana”, Themis 55, págs. 256-257; análogamente, STC N° 0034-2004-AI/TC f.j. 40 a 42].
Algo más en este punto: si hay algo que sea verdaderamente “simpático, cómico e ignorante” en todo esto, es precisamente lo que añade Bullard para dar “solidez” a su extraordinaria “opinión”: “si el árbitro –dice Bullard– comete un delito (estafa a las partes, participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros, se corrompe para resolver, etc.) puede ir preso”. Leer esto resulta verdaderamente cómico por lo ingenuo e ignorante de su contenido. ¿Qué estafa, pues, podría haber del árbitro hacia las partes que lo “eligieron” para la solución de sus “controversias”, si todos ellos, en proceso fingido, ya habrían concertado sus voluntades para delinquir y perjudicar a terceros? ¡Ninguna! Es justamente a esta forma de actuar a la que apunta el proyecto de ley: a sancionar el posible uso delictivo de la figura arbitral. No se entiende, pues, por qué esta propuesta pueda provocar tanta molestia al señor Bullard, honesto árbitro internacional.
Por otro lado, ¿qué delito podría ser ese –preguntémosle al doctor Bullard– según el cual el árbitro “participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros”? ¡No existe! Y justamente porque no existe es que el Ejecutivo propone el proyecto de ley que Bullard vilipendia, para sancionar al árbitro que “participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros”, bajo la figura típica del prevaricato. ¿Dónde está aquí el “mamarracho”? Fuera de la propia falacia bullardiana, ¡en ninguna parte!
Y si como Bullard ha dicho, el árbitro no es el funcionario público que “ha recibido un nombramiento estatal para administrar justicia”, y se sabe que, en el actual esquema penal peruano sólo los funcionarios públicos cometen actos de corrupción, ¿qué delito cometería entonces el árbitro que “se corrompe para resolver un asunto” si el árbitro no es funcionario público? ¡Qué tal contradicción! Mal, mal, mal. El señor Bullard no sólo comete falacias en sus “razonamientos”, incluso se contradice a sí mismo. ¿Y pretende así, con su argumento falaz y contradictorio, que el Ejecutivo no proponga criminalizar tan ilícitas formas de actuar, sólo porque él es árbitro y no le gusta que la política criminal, que es instrumento de protección de lo público, de lo general, de lo que es valioso para las mayorías, tenga presencia en los fueros que él considera suyos por mandato de su liberal formación ideológica? No, el Poder Ejecutivo no puede actuar ausente, omisivo, sólo por un capricho de tamaño infantilismo. Ante lo que sucede, puede y debe, por mandato constitucional, actuar para proteger, sobre todo en fase de prevención, a quienes, como las víctimas de Orellana y su banda de criminales, pudiesen ser sujetos de actos similares en el futuro.
Pero sigamos. Falacia es, también, asegurar que “esa herramienta del prevaricato será usada por quienes pierden un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron”. Además de ser éste un mal ejemplo de redacción gramatical, también encontramos aquí un buen ejemplo de la denominada “falacia del francotirador”, la que tiene que ver con el sesgo cognitivo, la ilusión, de ver series y patrones, donde sólo hay números aleatorios y posibilidades.
En efecto, ¿cuáles son, si no, los estudios estadísticos, sociales, de análisis económico del Derecho, según los cuales incluir la ilícita actuación de malos árbitros en el delito de prevaricato “será usado por quienes pierdan un arbitraje para presionar a los árbitros y escaparse del contrato que celebraron”? El señor Bullard, también aquí, por hacer una afirmación que carece de refrendo material que otorgue solidez y validez a sus “opiniones”, únicamente lanza palabras al viento, flatus vocis, y “razona” con especulaciones falaces.
Otra falacia es, asimismo, decir que “ya no serán los árbitros sino un juez penal el que resuelva su controversia”, porque en esta especulación se encuentra presente un bien acabado ejemplo del “argumento ad consequentiam”, o sea, el ejemplo de un argumento que concluye que una premisa, tradicionalmente una creencia, es verdadera o falsa basándose en si esta conduce a una consecuencia deseable o indeseable. ¿Quién le ha dicho al señor Bullard, pues, que penalizar la actuación de árbitros que, como los que formaban parte de la red Orellana, generará que los jueces penales terminen resolviendo asuntos comerciales y mercantiles que no son de sus competencias? Catalogar las consecuencias como deseables o no es propio de una acción subjetiva que responde al punto de vista del observador y no a la verdad de los hechos, más aún si se sabe –como lo sabe el señor Bullard por su condición de abogado– que el juez penal no podría jamás solucionar la controversia comercial o mercantil que involucra a las partes arbitrales, porque su misión es determinar y sancionar la comisión del delito que el árbitro podría cometer mientras procuraba la “solución del conflicto” para el cual fue “elegido”. Como se advierte, Bullard no sólo comete falacias, sino que gusta de distorsionar, a propósito, la realidad.
Y falacia es también, por último, sentenciar que “como suele pasar, cuando penalizas una actividad lo que haces es espantar a los honestos y atraer a los delincuentes a la misma”. Se trata aquí del “argumento cum hoc ergo propter hoc” según el cual dos o más acontecimientos se encuentran vinculados causalmente porque se dan juntos. Esta forma de “razonar” es falaz porque correlación no necesariamente implica causalidad. Además, semejante “opinión” resulta singularmente curiosa: según el parecer de Bullard el Estado crea un Derecho penal no para prevenir y sancionar la comisión de delitos, sino para atraer delincuentes y más actos delictivos.
¿Ignora acaso el opinólogo de marras que con el Derecho penal el Estado se comunica con los ciudadanos y que, especialmente en el caso del proyecto de ley que no es de su agrado, se dirige a los malos árbitros, como en su momento lo hizo con los malos jueces y fiscales en sus respectivos ámbitos, para dejarles bien en claro que cometer conductas como aquellas en las que incurrieron los árbitros de Orellana y compañía, genera un saldo de más desventajas que ventajas al ser merecedores de una grave pena? Si ignorase esto, la condición de jurista del señor Bullard resultaría bastante dudosa, pues de qué podría quejarse este abogado que se precia de ser un buen árbitro y de ostentar una honesta y vasta experiencia en el ejercicio de sus funciones [vid. www.bullardabogados.pe/ne_abullard.htm], si con el proyecto de ley que él, de manera inexplicable, rechaza, lo que se procura, contrario sensu, es atraer a los honestos y espantar a los delincuentes de la noble labor del arbitraje.
El señor Bullard es un conocido abogado cuyo éxito profesional en un mundo de liberalismos de toda jaez, ha sido logrado en virtud de contradecir todo lo que provenga del Estado y de negar, a cualquier costo, el valor que lo público, lo estatal, pudiese desplegar a favor de la sociedad. Es sobre esa base ideológica que se ha permitido formular semejante opinión. ¡Y qué manera de opinar! Asustando, confundiendo, metiendo miedo y desconfianza entre los lectores, para provocar rechazo al proyecto de ley que procura un bien general. Flaco es el favor que con su “opinión” le hace a la protección de bienes jurídicos e intereses mayoritarios, y enorme el que le apropincua a los orellanas que vendrán y a los que aún quedan libres esperando que las aguas se calmen para regresar a sus ubicaciones desde donde podrían seguir haciendo de las suyas. Bullard, pues, no emite juicio razonablemente aceptable en sus “opiniones”, mera doxa después de todo. Sólo ofende, insulta y menosprecia, revelando su desdén de ribete racial, contra quien no piensa –¿deberíamos?– como lo hace él.
En opinión de Bullard, con el proyecto de ley que se convirtió en blanco de sus iras, el Poder Ejecutivo se ha “acongresado”. He aquí presente el eufemismo tras el cual este “intelectual” oculta una grosería que por respeto al Estado de Derecho y a los lectores no merece ser repetida aquí. Con esto y sus distorsiones en el pensamiento, resulta más que evidente que cuando los argumentos y la razón se acaban surgen las falacias y, sobre todo, emerge el lenguaje procaz y artero, herramienta de uso consuetudinario entre quienes no tienen nada constructivo que decir. En esto consiste la “opinión” del señor Bullard: nada que sirva para aportar ni para crecer. ¿Quién ofrece, pues, el mamarracho?
(*) Abogado. Profesor de Filosofía del Derecho en la USJB. Profesor de Lógica Jurídica en la UIGV.
ADAM SMITH NO SE CALLA
Un juez condenó este miércoles a 3.318 años de cárcel a James Holmes, culpable de matar a 12 personas en un cine de Aurora (Colorado, EEUU) en 2012 y para el que a principios de agosto un jurado pidió la cadena perpetua, que hoy formalizó el magistrado.
Holmes, cuyo ataque causó también 70 heridos, escuchó de pie y con aparente calma en los juzgados del condado Arapahoe en Centennial (Colorado) la lectura de la sentencia formalizada por el magistrado, con la que el acusado es condenado a 12 cadenas perpetuas por cada una de las 12 personas asesinadas.
“Si hay algún caso que merezca una pena máxima, es este. El acusado (James Holmes) no merece ningún tipo de simpatía”, consideró el juez, que pidió a la seguridad del juzgado que escoltara fuera de la sala al acusado, vestido con el traje de presidiario.
Con la sesión de hoy, se pone fin a uno de los juicios más largos de la historia de Estados Unidos, ya que se tardó mucho tiempo en elegir a los 12 miembros del jurado encargados de decidir sobre la culpabilidad y la pena que debía recibir James Holmes.
Hace tres años, el hoy condenado lanzó gas lacrimógeno en un cine de Aurora (Colorado) en el que se proyectaba la película de Batman The Dark Knight Rises y después disparó contra los asistentes, lo que causó la muerte de 12 personas y heridas a otras 70.
El pasado 16 de julio, James Holmes fue declarado culpable de 165 cargos, 24 de ellos por asesinato en primer grado, después de 11 semanas de juicio, los argumentos de 250 testigos, la muestra de 1.500 fotografías y la proyección de 24 horas de vídeo.
La de hoy era la última oportunidad que James Holmes tenía para ofrecer su testimonio y defenderse de un tiroteo que reconoció haber perpetrado, pero del que prefirió declararse no culpable por la enfermedad mental que sufre.
R.E.M. : "Losing My Religion" (Live on TV Show Taratata 2008)
ESPECIALISTA ESPAÑOL OFRECE CONFERENCIA- UNT
El Dr. Juan Ramón de Páramo Argüelles, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La Mancha, director del Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM y Catedrático de Filosofía del Derecho, ofrecerá la Conferencia “Rol mediador del abogado en la Gestión de Conflictos y Solución de Controversias” el próximo jueves 27 de agosto a las 5.00 p.m. en el paraninfo de la Universidad Nacional de Trujillo.
Experto en Dirección y gestión universitaria, Derechos humanos y Resolución de Conflictos, egresado de la Universidad Complutense de Madrid.
Entre sus publicaciones cabe destacar “H.L.A.Hart y la teoría analítica del Derecho” “Derecho y Moral. Ensayos analíticos”, “Liberalismo, Pluralismo y coacción “Tolerancia y liberalismo”, Lecciones de Teoría del Derecho, traducción, estudio preliminar y notas de The Province of Jurisprudence Determined, de John Austin (1832), con el título El objeto de la jurisprudencia, Razonamiento jurídico e interpretación constitucional, Concepto de derechos fundamentales, Libertad de expresión y derecho al honor y Convenciones y convicciones.
El evento académico es organizado por la Gerencia de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UNT, el ingreso es libre y la certificación gratuita.
TRUMP VS. JORGE RAMOS
ABUSOS DE LA EMPRESA MINERA “CONSORCIO MINERO HORIZONTE” CONTRA LA POBLACIÓN DE PARCOY EN COMPLICIDAD CON MALOS JUECES Y FISCALES
Señores del blog Mundo Jurídico, por la presente les estamos alcanzando una denuncia contra la Empresa Minera Consorcio Minero Horizonte por atropellos, abusos y grave contaminación al Rio Parcoy y Laguna de Pias, atentando contra la salud de la población de Parcoy provincia de Pataz, todo ello en contubernio con malos funcionarios de la zona, con actuaciones irregulares de representantes del Ministerio Publico y Poder Judicial.
IRREGULAR PROCESO JUDICIAL A DIRIGENTES DE LAS RONDAS CAMPESINAS
Se trata de un irregular proceso que se apertura a tres integrantes de las rondas campesinas por la presunta comisión de delito de Secuestro, seguido ante el Juzgado Penal Colegiado supra provincial de Sánchez Carrión- La Libertad, que a la fecha ha merecido una sentencia de 35 años contra los mencionados señores integrantes de las rondas campesinas Omar Castillo Manrique, Segundo Castañeda Ramos y Andrés Jara Zegarra. (Por el solo hecho de participar de una marcha cívica de indignación por la matanza efectuada por efectivos de la Dinoes en contra de la población con fecha 15 de Marzo de 2013, sin embargo la denuncia sobre los muertes perpetradas por los referidos efectivos de Dinoes ha sido irregularmente archivada por La Fiscalía de Pataz, a pesar que la necropsia de Ley dio como resultado que las muertes fueron producidas por las armas de fuego empleadas durante la toma de la plaza de armas del pueblo realizada por los mencionados miembros de la Policia.
Este irregular fallo emitido con fecha 30.03.2015 se manifiesta como algo verdaderamente impresionante fáctica y jurídicamente, pues constituye un dato incuestionable que la sentencia habría sido elaborada en tan solo 92 minutos [ una sentencia de 37 hojas ], es decir, después de las 12 con veintiocho horas, momento en el que culminó la presentación de los alegatos de clausura de las partes, y hasta antes de las 14 horas, momento en el que se produjo el acto de la lectura de la sentencia.
LA SENTENCIA MÁS RÁPIDA DE LA HISTORIA
Como se pueden dar cuenta, estos escasos 80 minutos habrían sido más que suficientes, en primer lugar, para que el nuevo integrante del colegiado, Dr. Víctor Olortegui Espinoza, realice las siguientes diligencias: pueda informarse sobre todos los hechos imputados, las proposiciones fácticas de probanza, y especialmente, para que se revise todas las actuaciones anteriores a su incorporación como magistrado para que finalmente esté en condiciones plenas de votar (algo que por cierto resulta materialmente imposible) por lo que es razonable afirmar que dicha sentencia fue elaborada esencialmente con anterioridad a todos los actos del juicio oral y al margen de los principios de Inmediación, Contradicción y Sana Crítica, que debe enmarcar el proceso penal, los referidos magistrados ya fueron debidamente denunciados y se espera que la Odecma- La Libertad los sancione de acuerdo a Ley.
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DIRIGENTES RONDERILES
Actualmente el proceso está pendiente de resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de los ronderos, y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad tiene la última palabra y se espera resuelva con justicia, dentro del marco de la Constitución y la Ley.
En cuanto a los hechos que se fijan en la sentencia apelada, cabe precisar que no existe evidencia alguna que permita afirmar que el dirigente Ronderil Omar Castillo Manrique y los demás ronderos hayan realizado actos de violencia en los actos de protesta social ocurridos el día de los hechos, toda vez que la población en su conjunto apoya a los integrantes de sus Rondas Campesinas, pues se sabe que este clásico accionar se trata de una represalia político social por el único propósito de vivir en armonía y pacíficamente, pero la empresa Consorcio Minero Horizonte se empeña en realizar represalias como la ocurrida con el ex alcalde Santos Quispe Alvarado quien estuvo recluido en el penal el Milagro por el delito de secuestro, siendo totalmente inocente, y también el actual alcalde del distrito de Parcoy, Francisco Zavala Franco, quien también estuvo inmerso en el presente proceso penal como represalia política, Cabe resaltar que el Rondero Omar Castillo manifestó que es una acto de represalia política, porque alberga sanas aspiraciones de ser autoridad local y por su defensa al medio ambiente, así mismo manifestó soy integrante de las rondas campesinas, soy padre de familia, y es la primera vez que me veo inmerso en un proceso penal, toda vez que nunca he sido condenado por algún delito, por lo que una condena de 35 años podría menoscabar mi proyecto de vida, con lo que queda claro que se trata de una forma maliciosa de represalia contra una población patacina que lo único que desea es vivir pacíficamente y en armonía con un medio ambiente sano.
Lic. LILY ROSA FERNANDEZ LÓPEZ
Directora de la Asociación Patacina de Derechos Humanos
DNI N° 40187024
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Publicado por MUNDO JURIDICO en 14:05 No hay comentarios:
Creí que eso estaba reservado a los congresistas. Alguno propuso por allí que el Indecopi sancione las faltas de ortografía. Otro, llamado Becerril, creía que se necesitaba crear un derecho de apelación en el arbitraje.
El prevaricato sanciona a un funcionario público (el juez o el fiscal) porque ha recibido un nombramiento estatal para administrar justicia. Pero el árbitro es un privado nombrado por las partes y unido a ellas por una relación contractual. No cumple ninguna función pública y un error durante la prestación de su servicio está sujeto al contrato que celebró y no a la entrega de una potestad estatal.
Por supuesto que si el árbitro comete un delito (estafa a las partes, participa en un esquema para privar ilegítimamente de patrimonio a terceros, se corrompe para resolver, etc.) puede ir preso, como le ha ocurrido a varios de los cómplices de Orellana. Pero es un delito diferente que se ajusta a la naturaleza de su condición.
Estudiantes limpian ventanas con riesgo de caer al vacío
Una grave denuncia empaña nuevamente la imagen del colegio Santa Rosa, pues tras la investigación en curso seguida contra la exdirectora Margarita Túpac Yupanqui Tolentino en la Gerencia de Educación (Grell), por vulnerar los derechos laborales de sus auxiliares, la ciudadana trujillana Zila Ortiz Reyna fotografió con su teléfonomóvil cómo las menores de dicho plantel limpiaban las ventanas del aula de un segundo piso, sin arnés ni accesorios de seguridad, y con el riesgo de precipitarse al vacío.
La denunciante Zila Ortiz registró la imagen la mañana del último viernes y la envió al WhatsApp del Rotafono de Radio Programas del Perú (RPP),estación que difundió la noticia a nivel nacional en su página web (www.rpp.com.pe/rotafono), así como en su canal de televisión por cable.
En la imagen se puede observar a tres niñas (dos con buzo y otra con uniforme único limpiando las ventanas en el segundo nivel ,incluso,una de ellas tenía la pierna derecha apoyada en el filo de la ventana. “Las niñas,al percatarse de que yo tomaba fotos, metieron las piernas(al interior del aula)”,afirmó la denunciante Ortiz Reyna para luego continuar. “Ellas (las profesoras) siempre hacen limpiar a las alumnas no sé con qué propósito" expresóla denunciante a RPP.
LiveLeak - Legless Assassin Can't Get His Shot Off
ESA GENTE EXISTE - TRAILER
Publicado por MUNDO JURIDICO en 21:13 No hay comentarios:
EXPULSAN AL "ÑATO" GIL
Está fuera. El procesado Fernando Gil Palacios fue expulsado del Partido Aprista Peruano (PAP). Así lo confirmó el secretario regional de la entidad partidaria, José Miranda Prado,quien alegó que fue el Tribunal Nacional de Ética de su partido quien destituyó al exasesor congresal, luego de ser sindicado de pertenecer a una banda delincuencial.
Como es de conocimiento, Fernando Gil afronta una investigación por presuntos nexos con la banda ‘Los Plataneros’. Tras diez días de ser detenido, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Virú dictó comparecencia con restricciones al exasesor de César Zumaeta. Según investigaciones policiales, ‘Ñato Gil’ se comunicaba con el cabecilla de la organización delictiva ‘Chino Malaco’, para hacer, aparentemente, de intermediario de la banda delictiva.
THE CHIFFON VS GEORGE HARRISON
VENGAN ESOS 5!
Publicado por MUNDO JURIDICO en 14:13 No hay comentarios:
ENTREVISTA A RÓMULO MUCHO
Publicado por MUNDO JURIDICO en 10:59 No hay comentarios:
Alan García sobre Lava Jato, Sisson, Keiko, PPK y mucho más
RÓMULO MUCHO EN TRUJILLO
Publicado por MUNDO JURIDICO en 15:32 No hay comentarios:
NUEVO CÓDIGO CIVIL ARGENTINO: UN CÓDIGO QUE NACIÓ VIEJO
Por Alejandro Fargosi.- (*)
Empezó a regir un Código Civil y Comercial que Cristina Kirchner decidió sancionar, derogando todo el Código Civil. Hizo algo que ningún gobernante había hecho: destruyó el trabajo de 150 años y pareciera que como no pudo cambiar la Constitución, decidió reemplazar la columna vertebral de la vida argentina.
Esto no estaba en las urgencias de nadie, simplemente porque no existía ninguna necesidad de derogar el Código de Vélez. Disimulado como siempre en objetivos grandielocuentes y en algunos pocos aspectos plausibles, el verdadero objetivo ha sido emular, con 200 años de atraso, a Napoleón. Y desplazar a Vélez Sársfield del sitial de gran codificador.
El costo lo pagaremos nosotros y nuestros hijos, porque se somete a la Argentina a una inseguridad jurídica que agrava todavía más la situación institucional caótica en la que ya estábamos. Por algo es que ningún país del mundo destruye 150 años de evolución doctrinaria y jurisprudencial para concretar solo algunos retoques y actualizaciones: la técnica legislativa moderna hace mucho que abandonó el sistema de códigos.
Cuando es necesario modernizar algunos temas, se hacen reformas específicas, cambiando artículos de detalle o dictando leyes especiales. Jamás se liquida todo un código. Y menos todavía, con el voto aislado de una fracción política. Es suicida tirar a la basura más de 4.000 artículos del Código Civil, para aprobar textos nuevos, que nadie conoce a fondo, que escribieron más de 100 personas, sin coherencia redaccional ni gramatical y que nadie sabe cómo se aplicarán ni cómo serán interpretados.
Aunque parezca exagerado, la realidad es que nos esperan décadas de idas y venidas doctrinarias y jurisprudenciales, para madurar un sistema legal que tiene el delirio de reemplazar a uno que ya estaba asentado, era moderno y fácilmente actualizable. Como hacen Francia y todos los países serios, que tienen códigos aún más viejos y que son la base de su modernidad.
El nuevo Código fue aprobado por la mayoría automática del kirchnerismo violando normas internas del Congreso e ignorando las muchas objeciones de la oposición, tras una ronda cosmética de audiencias públicas, en una consulta popular que ha sido solo una apariencia, como siempre ha sido ese sistema iniciado en los ‘90 para dar aspecto de participación popular amplia, a un proceso decisorio que en realidad, es de unos pocos.
No se trata de negarse al cambio sino de actuar racionalmente, sin arrebatos ególatras en algo tan serio como la base del sistema legal. Los retoques y actualizaciones pueden y deben ser puntuales, específicos, sin necesidad de empezar un nuevo código desde cero. Por eso, salvo la Italia de Mussolini, ningún país hizo semejante destrucción jurídica. Ni siquiera Venezuela.
Para decirlo sin vueltas: el Código nuevo somete a todo el país de hoy y de los próximos 100 años, a una inseguridad jurídica que la Argentina no necesitaba: será todavía más complicado atraer inversiones a un país que, a los problemas que ya conocemos, agrega un régimen de derecho privado que es desconocido para jueces, abogados, contadores, ingenieros y en general, para todo el mundo.
No era necesario demoler el edificio para reformar algunos ambientes. Ojalá que el próximo gobierno lo suspenda y envíe a análisis realmente profundo este Código, que nada tiene que ver con deseos sinceros de progreso.
(*) Abogado. Ex Consejero de la Magistratura
Publicado por MUNDO JURIDICO en 0:41 No hay comentarios:
CONFERENCIA RÓMULO MUCHO EN TRUJILLO
A FAVOR: Antidelincuentes
Director general de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia
Al comentar el Decreto Legislativo 1182, sobre acceso a datos de telecomunicaciones para la lucha contra la delincuencia, se ha seguido la tradición nacional de atribuirle a la norma un contenido que no tiene. Por ejemplo, que se autoriza el acceso al contenido de las comunicaciones de los ciudadanos y que quien accede es el gobierno. Sin embargo, quien lea la norma verá que las críticas de este tipo se descalifican solas y no vale la pena dedicarles más tinta.
Asimismo, existen los que se basan en pronosticar probables “malos usos” por parte de la policía. Bajo ese supuesto, la futurología ligera nos llevaría a prohibir la circulación de patrulleros porque podrían usarse para atropellar. Como si esa fuera la finalidad de las herramientas destinadas a combatir la delincuencia. En este terreno cualquier especulación sirve para llevarnos al absurdo.
Finalmente, la Ley 29924, que sanciona las llamadas malintencionadas a centrales de emergencias, ha establecido que la identificación de estas llamadas no constituye una vulneración del derecho al secreto de las telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué no se cuestionó esta disposición, que sirve para combatir una infracción administrativa, como se hace ahora contra aquella que sirve para combatir delitos graves?
EN CONTRA: ¿Sin orden judicial?
- Dino Caro Coria - Abogado
Desde hace dos años existe la geolocalización en el Perú. Este mecanismo no es nuevo, y busca luchar contra la criminalidad. Desde el 2013, el artículo 230 inciso 4 del Código Procesal Penal (CPP) obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar a la policía dicha información siempre “que haya sido dispuesta mediante resolución judicial”. De ese modo, la policía debe primero obtener la autorización de un juez.
Así, lo único nuevo del reciente Decreto Legislativo 1182 es que la policía podrá obtener la ubicación de las personas sin una orden judicial previa. Es decir, de manera inmediata y directa sin mayores ‘trámites burocráticos’. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha puesto de relieve los candados de la ley, esto no genera absoluta seguridad en el manejo de la información y el respeto de los derechos individuales, en especial la intimidad. Ahora la policía accederá a la geolocalización en los casos que considere de necesidad, cuando el flagrante delito tenga una pena mínima de 4 años de prisión. Asimismo, existirá un control judicial posterior, en el que el fiscal debe pedir al juez la convalidación de la medida.
Como la nueva ley no ha derogado el artículo 230 del CPP, ambas han quedado subsistentes. Por un lado, el CPP solo regiría cuando no exista flagrancia o para delitos con penas inferiores a 4 años. Por otro, con la promulgación del decreto, la geolocalización se ha convertido en un método policíaco de investigación directa y a la mano de la policía. Esto es peligroso debido a la existencia de un mercado negro de ‘chuponeos’ e interceptaciones ilegales. Además, es absolutamente inconstitucional como lo demuestra el artículo 2 inciso 10 de la Constitución: “Las […] telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser […] interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”. Y es que la geolocalización de un celular, una laptop o una tableta solo es posible mediante la intervención de los equipos y de la línea o red que los conecta, lo que implica a la vez una injerencia contra la intimidad personal, ya que la policía podrá conocer en tiempo real todos los lugares en donde nos encontremos.
Por ello, la exigencia de una orden judicial previa para el acceso a la geolocalización no puede verse como una traba burocrática, sino como la irrenunciable garantía ciudadana de que en una democracia el acceso a la intimidad personal no puede depender de una decisión administrativa o policíaca. En ese sentido, se trata de una medida cautelar. El Estado con esta ley busca afectar los derechos fundamentales. Por eso, los criterios de necesidad, ponderación, flagrancia o pena superior a 4 años demandan una especial valoración jurídica, ajena e imparcial que en un Estado de derecho compete solo a los jueces.
La eficacia policial demanda que los jueces actúen con celeridad, pero de ello no se deduce que debamos renunciar al control judicial, sino acelerarlo. En ese camino, la mejor alternativa es facultar a los jueces de turno, como sucede en Estados Unidos y en Europa, a que puedan resolver las peticiones de geolocalización en tiempo real incluso por teléfono. Todo ello, cuando el caso así lo demande y cuando la injerencia a la intimidad personal esté justificada.
Solicitarán vacancia del regidor Manuel Montoya
Otro escándalo en el municipio de Trujillo. Esta vez el regidor provincial, Manuel Montoya Cárdenas es acusado de haber mentido en su declaración jurada que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (NNE), según la cual cuenta con estudios de una Maestría en Derecho, pese a que los abandonó antes de concluirlos.
Esta acusación la formuló el abogado Carlos Becerra Sánchez, asesor del sindicato de Trabajadores del Segat, quien está armando el expediente para solicitar la vacancia del regidor ante el concejo municipal de Trujillo, lo cual lo concretaría ante la secretaría general el miércoles entrante.
Precisó que la causal es “falsa declaración en la hoja de vida que presentó ante el JNE con ocasión de su postulación a regidor dentro de la lista de Elido Espinoza, consigna datos que no corresponden a la realidad, ya que en el item relacionado con postgrados precisa que el año 2006 y 2007 cursó una maestría en Derecho, con mención en Ciencias Penales, en la Universidad Privada Antenor Orrego (Upao); menciona además que esos estudios fueron concluidos y optó el grado de magíster”.
Agregó que conforme a la obtenida en la Upao, él no termina más que el primer ciclo, es decir que no hace los dos años de la maestría, pues se retira al término del ciclo inicial, con lo cual, ni siquiera cuenta con estudios concluidos y menos con el grado respectivo.
“En la Upao todavía no nos han entregado la información porque el personal administrativo se encontraba de vacaciones de medio año, pero en cuanto la tengamos la vamos acompañar y de no ser así, la ofreceremos dentro de la solicitud de vacancia para que la municipalidad por el conducto formal requiera esos documentos a la universidad. Cualquier de las dos posibilidades probatorias son válidas”, aseveró Becerra Sánchez.
VINCULAN A ROBERTO PRADO EN TRÁFICO DE TERRENOS
VER NOTA EN UTERO.PE
Primo de la pareja de César Acuña está en Chavimochic
Si bien puede sonar hasta familiar y cosmopolita (como el de ese famoso adolescente estrella mundial del pop), su nombre es difícil de recordar en su escritura: “Jushttinn”.
Pero no ocurre lo mismo con su apellido, que ya ha sido leído y registrado en la administración pública desde hace unos años atrás por estos lares, y bajo el mando de César Acuña Peralta, actual gobernador regional y exalcalde de Trujillo. El apellido es “Vaisman”.
Su nombre completo es Jushttinn Vaisman Gonzalez, y es el actual encargado del área de Recursos Humanos del Proyecto Especial Chavimochic (Pech). En realidad, lo es desde hace dos meses, tal como él mismo lo ha corroborado a este diario.
Este flamante contratado del emblemático proyecto agroindustrial de la región La Libertad no es, sin embargo, un contratado más en este periodo gobernado por César Acuña en la Región.
FAMILIA DE LA PAREJA. El detalle es que Jushttinn Vaisman Gonzalez es primo de la actual pareja del gobernador regional de La Libertad. Como se conoce ya públicamente, César Acuña tiene una relación sentimental con Jenny Gutiérrez Vaisman, con quien tienen un hijo de 7 años de edad: Jahir Acuña Gutiérrez. En Trujillo, la misma Gutiérrez Vaisman presentó en sociedad a su hijo, con fotografías en las que se luce con el mismo Acuña, esto a través de la revista OK, que dirige el periodista Ramón Azabache.
Vaisman Gonzalez afirma que su parentesco familiar con la actual pareja del gobernador de la Región no ha influido en su contratación en Chavimochic. Remarcó, más bien, que tiene todas las credenciales para el cargo.
“Creo que tengo el perfil profesional idóneo para poder asumir un cargo en una entidad pública. Tengo una maestría en Gestión de Talento Humano, soy egresado de ingeniería industrial, distinciones en Servir. Asimismo lo que es Administración de Personal, tengo experiencia en Seguridad Laboral, por lo cual no creo que exista algún tipo de beneficio personal, más que el servir a la comunidad”, precisó.
Pero esto no es todo. Correo pudo confirmar que este flamante ‘jale’ de Chavimochic es nada menos que hijo de Miguel Vaisman Tello, otro exfuncionario de César Acuña, pero en sus tiempos de gestión municipal, es decir hasta el año pasado.
Vaisman Tello es tío de Jenny Gutiérrez Vaisman, y ostentó el cargo de gerente del Segat (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo) en la pasada gestión municipal hasta que llegó a la alcaldía de la ciudad Gloria Montenegro, tras la renuncia de Acuña, quien postuló al gobierno regional.
CUANDO LOS ROBOTS TOMEN EL MANDO
Por Javier Sampedro.-
La primera reflexión abarcadora sobre la coexistencia entre los robots y los humanos no fue obra de un científico de la computación ni de un filósofo ético, sino de un novelista. Isaac Asimov formuló las tres “leyes de la robótica” que deberían incorporarse en la programación de cualquier autómata lo bastante avanzado como para suponer un peligro: “No dañar a los humanos, obedecerles salvo conflicto con lo anterior y autoprotegerse salvo conflicto con todo lo anterior”.
Pero es muy probable que Asimov pecara de ingenuo. Basta eliminar la primera ley (y los “salvo conflicto con lo anterior”) para convertir a un robot en un carnicero implacable y brutal, un asesino de acero y silicio ideal para asesinar al líder inconveniente, fumigar a la etnia defectuosa, subyugar a la población inoportuna. Y no estamos hablando de 2050, sino de un par de años o tres, la clase de plazo de la que siempre se olvidan los escritores de ciencia ficción.
Los mismos sistemas inteligentes que llevan últimamente los coches, unidos a un sistema artificial de aprendizaje táctico, como el que ya ha desarrollado Google DeepMind, para fabricar un enjambre de robots que rastree una ciudad hasta el último rincón de la última habitación y elimine a todo lo que interprete como un enemigo. De forma autónoma, sin ningún control humano. Son los propios robots quienes seleccionan sus objetivos: quienes deciden a quién asesinar y lo asesinan.
Lo más fácil es empezar a hacer chistes sobre esto, y las redes sociales y los humoristas de la tele nos abrumarán con ellos durante meses y años por venir, pero el asunto tiene muy poca gracia. La carta firmada por mil científicos contra los robots militares autónomos, presentada la semana pasada en Buenos Aires por Stephen Hawking y varios cerebros de la inteligencia artificial, es una señal nítida de la gran preocupación que el asunto suscita entre la élite científica. Algunos de ellos lo han calificado como “la tercera revolución en el arte de la guerra, tras la pólvora y la bomba atómica”. Y recordemos que los chistes sobre la bomba atómica se acabaron en 1945.

References: e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 230
 resolución 
 artículo 230
 artículo 2