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Timestamp: 2018-07-22 14:27:57+00:00

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La mano invisible de Eyzaguirre,
El Ministro de Educación ha explicado que el tema de la calidad se dará por si solo una vez que se apruebe la reforma. Es decir, para él, resuelto lo macro, será posible abordar lo que parecería, según su analogía, lo micro.
Pero, ¿qué sería la macro? Acabar con el copago, eliminar todo requisito de rendimiento o conducta para la selección de postulantes, fin de los liceos de excelencia, obligación de los colegios de constituirse en corporaciones o fundaciones, establecimiento de un sistema de intervención educacional que limita significativamente la libertad de enseñanza, creación de un sistema de financiamiento que no necesariamente compensará el aporte actual de las familias, transformación del Mineduc en una fuente de compra de establecimientos, integración de alumnos con necesidades especiales sin que esto necesariamente involucre ajustes a la educación especial y recursos, etc., etc.
¿Por qué? Muy simple: el interés por la igualdad es el eje central. No sólo se quiere eliminar el lucro, sino que se busca evitar toda suerte de diferencia.
Ahora bien, es contradictorio que Eyzaguirre, cuando se le pregunta si debieran prohibirse los colegios privados que tienen lucro y/o seleccionan, responda tan evasivamente, señalando que si hay gente que tiene los recursos “para pagar por sí mismos, aún con la advertencia hecha por el sector público de que no es una buena idea el lucro en la educación, allá ellos”. Si es verdad que “allá ellos”, entonces se quiere un país escindido en dos: el público y el privado. Dada la base ideológica de la reforma —con derechos universales e igualitarios de los cuales nadie, ni ricos ni pobres, puede quedar excluido—, lo lógico es que el segundo objetivo sea eliminar toda diferencia pública o privada.
El sueño de Eyzaguirre es que eliminando el copago y la selección en los colegios subvencionados será posible resolver las diferencias de rendimiento que hoy apreciamos. El problema es que muy probablemente se amplíe aún más la brecha entre privados y subvencionados, luego, el paso necesario y evidente consiste en avanzar hacia eliminar toda excepción y, en consecuencia, eliminar este tipo de colegios.
¿Asegura la Estatización de la educación que mejore la calidad? No. Por lo pronto, será el vehículo perfecto para que los profesores puedan adquirir aun mayor poder de negociación y para que parte de los fondos recaudados de la reforma les reditúe lo máximo posible.
No deja de ser sorprendente que no se entienda que los avances en calidad pueden lograrse sin este tipo de reformas. Por ejemplo, la evidencia sobre el involucramiento de los padres en la educación primaria y secundaria de sus hijos es crucial para el desempeño de éstos en el colegio, como asimismo es clave la educación preescolar para el rendimiento futuro, sin olvidar la enorme literatura en psicología educacional, que nos provee antecedentes para el mejoramiento en el aula, que es donde está el problema central de la calidad.
En resumen, todo apunta a que la reforma de Eyzaguirre busca cumplir un propósito ideológico, antes que resolver el problema de fondo.
Transantiago educacional
En el léxico político, un “transantiago” es una política pública fallida, pero no cualquiera, sino una consistente en un cambio súbito y radical, que por no considerar la realidad devino en un desastre.
Se ha dicho que la reforma tributaria amenaza con un transantiago, pero no es muy probable. Efectivamente impactará la inversión, pero eso sucederá en el mediano plazo y sus efectos se verán después. Las cosas seguirán andando y el país creciendo, aunque a un ritmo lamentablemente más lento.
La reforma educacional, por el contrario, sí que amenaza con un transantiago, ya que puede provocar serios problemas para matricular a los hijos en algún colegio en los años venideros, por falta de plazas disponibles. El caso es simple: a los colegios particulares subvencionados asiste 1,8 millones de alumnos (51% del total), de los cuales un millón lo hace a los que son de “lucro”. El proyecto de Ley del Gobierno prohíbe éste en la educación y les da a tales establecimientos un plazo de dos años para transformarse en entidades sin fines de lucro.
Y eso no será tan simple. A todo aquel que le van a quitar su negocio, no espera a que suceda, sino que comienza de inmediato a tomar medidas para minimizar sus costos. Algunos se transformarán en particulares pagados, con lo que una cantidad de padres tendrá que retirar a sus hijos. Otros cerrarán para encontrar una actividad rentable alternativa (son emprendedores), considerando que los terrenos en que se encuentran los colegios suelen ser relativamente grandes y bien ubicados, y difícilmente le venderán barato al Estado para que mantenga el colegio funcionando. Y al resto no le quedará otra alternativa que transformarse, pero el incentivo para hacer las cosas bien ya no será el mismo. Eso, si logran cumplir con el requisito de transferir a la nueva entidad sin fines de lucro o bien al Estado las instalaciones, porque en el sector sostienen que para el 80% será imposible por diversos impedimentos Legales, como por ejemplo, que están hipotecadas. En cualquiera de los casos, habrá una contracción de la oferta.
Además, se prohíbe el copago de los padres, lo que afectará a muchos colegios particulares sin fines de lucro. Si bien la teoría es que el Estado pondrá la diferencia a través de la subvención, como sabiamente dijo un Obispo, que ha visto mucha agua pasar bajo los puentes, “estamos convencidos de que los recursos no se van a dar”, al menos para los tramos más altos. Más aún, muchos sospechamos que lo del lucro es un pretexto y el objetivo final es la educación privada, lo que incluye a la particular pagada y a la sin fines de lucro. Y es evidente que, como están las cosas, ambas están en guardia y postergarán cualquier iniciativa de crecimiento por un tiempo.
Porque como dijo el mismo prelado, “no basta que una Ley salga para que resulte”, y muy probablemente, a poco andar veremos en los noticieros las colas de miles de padres tratando de matricular a sus hijos donde puedan. Y que el Ministro asegure que el Estado proveerá la oferta faltante, es la garantía final que el transantiago educacional se nos viene.
Educación chavista,
Corina Machado acusada de "intento de magnicidio" parece una broma de mal gusto. Pero así es la estrategia del Gobierno venezolano para doblegar a los líderes opositores que aún están libres. Leopoldo López sigue encarcelado, acusado de incitar a la violencia en las protestas. La "mesa de diálogo" con el referente opositor, MUD, está empantanada, con acusaciones mutuas de obstaculizar las conversaciones. Poco hacen los Cancilleres de Unasur y OEA para destrabarlas.
Este cuadro de crisis política ha hecho que pase casi inadvertida la lucha que están dando los sectores opositores venezolanos por la libertad educacional. Con eslóganes como "Educación libre, sin fusiles ni ideologías" o "Con mis hijos no te metas", miles de padres y docentes se han movilizado contra una consulta que trata de formalizar los criterios de la reforma curricular y contra la "Resolución 058", que crea los "Consejos Educativos", que estarán encargados de la "gestión escolar y del proceso de toma de decisiones" de los colegios, y cuyo propósito es "democratizar" la administración de la enseñanza. En estos consejos, además de los directivos, profesores, alumnos, padres y apoderados, participan los administrativos, obreros y "personas naturales y jurídicas, voceras y voceros de las diferentes organizaciones comunitarias" vinculadas al colegio. Y, precisamente, el diablo se cuela en ese detalle, porque los "colectivos" comunitarios impulsados por el chavismo están fuertemente politizados e ideologizados. De hecho, la misma Resolución 058 explica que las organizaciones "Comunales... son instancias de participación... en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista".
Los padres y profesores reclaman también que su "derecho preferente" a la educación de sus hijos se ve diluido en ese mar de personas, que formarán 13 comités, que decidirán sobre la hoja de ruta de la escuela. Están preocupados además por los textos escolares -30 millones que reparte gratuitamente el Estado, los únicos a los que tienen acceso los estudiantes más pobres-, plagados de referencias al "poder popular", al socialismo y a las hazañas de Hugo Chávez. Portadas de libros, como la "Constitución Ilustrada", muestran al fallecido Presidente, acompañado de Simón Bolívar, en actitud pedagógica, y en algunos se puede leer que Bolívar fue apenas el "precursor" de la independencia venezolana, porque el verdadero liberador fue Chávez.
¿Y los maestros? Hay miedo. No hay carrera docente. El 95% de ellos tiene cargos interinos, lo cual "es un arma de represión política en las escuelas", según denuncia Paola Bautista, de la Asociación Civil Forma, que organiza debates sobre el tema en todo el país. Por cierto, el Gobierno ya ha anunciado que solo llenará las vacantes con egresados de la "Misión Sucre", formados especialmente para implementar el "Currículo Nacional Bolivariano".
Los venezolanos que discrepan del chavismo -la mitad del país- ven cómo sus derechos democráticos son violados por el régimen.
Deterioro en las relaciones entre Estado e Iglesia.
Pronunciada desaceleración.
El indicador de actividad económica (Imacec) de abril, publicado por el Banco Central, registra un aumento de solo 2,3% respecto de igual período del año anterior, inferior a lo esperado tanto por las autoridades como por el mercado. Más allá de factores específicos que puedan incidir, es innegable que la economía nacional ha entrado en una pronunciada desaceleración. No hace falta ser alarmistas para advertir los riesgos económicos, sociales y políticos a los que nos expondría la eventual prolongación o acentuación de esa dañina tendencia. Urge que las autoridades tomen conciencia de la situación y adopten las medidas del caso.
Es cierto que la desaceleración viene desde más de un año atrás, y que para hacerle frente el Banco Central ha reducido la tasa de interés de política monetaria desde 5 a 4% en los últimos seis meses. Pero, como lo ha reconocido su Presidente, Rodrigo Vergara, la previsión oficial del crecimiento del año deberá ser prontamente revisada hacia un valor inferior, tal vez cercano a 3%. Esa entidad sigue pensando que a lo largo del año la economía "irá de menos a más", pero aún no hay indicios que avalen ese pronóstico. Más aún, la fuerza del repunte de la inflación en los últimos meses ha sorprendido a la autoridad y, aunque el 0,3% registrado en mayo resulte más tranquilizador, es limitada su capacidad para insistir con recortes adicionales en las tasas de interés.
Todo parece indicar que la causa de la desaceleración no es de orden monetario, sino que proviene de un brusco deterioro en las expectativas de los empresarios y, crecientemente, de los consumidores. En esto probablemente se entremezclan factores externos e internos. Hay serias dudas sobre la capacidad de China para seguir sosteniendo la bonanza del cobre y ello repercute negativamente en la inversión minera, puntal de nuestro crecimiento en los últimos años. Pero a eso hay que agregar que los atrasos y costos de los permisos ambientales para los proyectos energéticos, mineros y otros, ya desde el Gobierno anterior, vienen configurando un ambiente adverso. Aunque el nuevo Gobierno ha hecho al respecto anuncios auspiciosos, simultáneamente ha planteado drásticos cambios no solo en materia tributaria, sino también en derechos de agua, previsión, protección al consumidor, mercado laboral y educación (la que también es importante fuente de empleo y actividad económica). En las circunstancias actuales, la incertidumbre causada por el cúmulo de reformas -algunas de ellas, además, planteadas en tono de confrontación- no puede ser más contraproducente.
Como quedó de manifiesto en el mensaje Presidencial del 21 de mayo pasado, el plan Legislativo del Gobierno no parece haber sido diseñado para un escenario de desaceleración pronunciada. Ante la nueva realidad, no ayuda mucho culpar a la "herencia de la administración anterior". Lo que cabe es que la Presidente Bachelet y su equipo revisen su estrategia, insistan en lo verdaderamente prioritario, descarten lo accesorio y pongan en marcha las medidas que puedan reencender el optimismo en los empresarios y los consumidores.
Anticiparse a lo inaceptable.
Certeras han sido las palabras del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, al demandar "ser mucho más agresivos" en nuestra defensa comunicacional ante la demanda boliviana en La Haya. Se acercan decisiones trascendentales. Antes del 15 de julio, nuestro país debe resolver si presentará excepciones preliminares, cuestionando la competencia de la Corte Internacional en este caso. Para decidir resulta fundamental comprender la naturaleza de tal demanda, la cual, mediante artificiosa argumentación, persigue en los hechos el desconocimiento del Tratado de 1904, que fijó la delimitación fronteriza entre ambas naciones. Se trata de una pretensión que repugna al derecho y, por eso mismo, inadmisible para Chile, como país respetuoso de la legalidad internacional y de la integridad de su territorio.
La antijuridicidad del planteamiento boliviano debiera ser evidente para cualquier Tribunal. Con todo, la experiencia en el juicio con Perú, en que La Haya obvió de modo manifiesto lo establecido por tratados cuya vigencia, sin embargo, reconoció, dio cuenta de una Corte cuyas resoluciones, en nombre de una pretendida equidad, pueden apartarse severamente del derecho. Renunciar a hacer ver anticipadamente su incompetencia para conocer esta materia significaría admitir sin más el inicio de un juicio que se prolongaría por años y en el que cualquier resultado distinto del rechazo total de la demanda sería inaceptable para nuestro país.
A lo largo de más de un siglo, Chile ha otorgado compensaciones y beneficios excepcionales a Bolivia. No puede, sin embargo, entregar soberanía. Hacérselo ver así a toda la comunidad internacional -incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que hoy participamos- constituye un imperativo.
Obstáculos para el debate democrático.
Aunque la Presidente Bachelet ha buscado establecer claras prioridades programáticas (las reformas tributaria, educacional y Constitucional), en la práctica la estrategia Legislativa de su Gobierno multiplica exponencialmente las materias a debatir, confirmando aquel "frenesí" a que aludiera una alta autoridad eclesiástica. En menos de tres meses han sido enviados al Congreso, entre otras iniciativas cruciales, el mayor cambio de las últimas décadas a la estructura impositiva del país; reformas para intervenir las universidades, alterar la institucionalidad educativa y transformar al Estado en un poder comprador de colegios; el reemplazo del sistema electoral, y una modificación profunda al Servicio Nacional del Consumidor. También se ha adelantado la discusión para despenalizar el aborto, transformar drásticamente la Justicia militar y reformular la Legislación antiterrorista. Y además se sigue congelando o derechamente sacando de trámite Legislativo los proyectos de la administración anterior, desde la fusión de los Ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales hasta el Consejo Asesor Fiscal, entre otros.
Obviamente, el Gobierno tiene legítimo derecho a llevar a cabo las reformas que expresen su ideario, pero cosa distinta es una acumulación de proyectos y frentes de debate que va haciendo imposible -incluso en términos físicos- la discusión racional de cada uno de ellos, como lo demanda el sentido profundo de una democracia.
Sutilmente debilitado por tal estrategia, ese proceso deliberativo sufrió también esta semana un atentado más brutal, con la "funa" estudiantil de que fue objeto un ex Ministro de la Concertación, a raíz de sus posturas en materia de reforma educacional. Si quienes pretenden acallar con eslóganes la argumentación crítica han llegado a esos extremos respecto de una figura de reconocido tonelaje intelectual, cabe preguntarse cuánto más difícil ha de resultar hacer valer sus puntos de vista para quienes carecen de tal notoriedad.
Desnaturalización de una ley.
Repitiendo una cuestionable fórmula ya empleada por la administración Piñera, el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto que persigue destinar parte de los dineros de la Ley Reservada del Cobre al financiamiento de la reconstrucción en Valparaíso y en las Regiones del norte. Se vulnera así nuevamente el sentido de una normativa cuyo objetivo es asegurar la capacidad disuasiva del país. Es cierto que Chile desarrolló en el pasado reciente una importante renovación de su material de Defensa, hasta alcanzar un nivel de seguridad razonable, pero suelen olvidarse la continuidad que requieren estos procesos y la obsolescencia que es en este campo una amenaza constante, como lo han comprobado otros países. Las naciones maduras entienden la falsedad de dilemas como aquel de "cañones o mantequilla", y su clase política sabe tomar resguardos para evitar que urgencias legítimas sean atendidas con salidas facilistas y de popular presentación pública.
Ciertamente existen argumentos para impulsar un cambio en el sistema de financiamiento de la Defensa, incluido el reemplazo de la Ley Reservada del Cobre. Una reforma de esas características debe sin embargo ser abordada de manera integral, de modo de no poner en riesgo las capacidades del país. Iniciativas de corto alcance y resueltas a la exclusiva luz de la coyuntura que debilitan el sentido de este fondo de disuasión, como si estuviera disponible para cualquier necesidad, deben ser evitadas.
Enfoques internacionales: Una OEA intrascendente.
La semana pasada, la 44ª Asamblea General, en Asunción, fue una demostración más del vaciamiento de la OEA como organismo interamericano. La declaración final suscrita por los Cancilleres se centra en el "desarrollo con inclusión social", que era el Leitmotiv de la reunión, y que fue el único tema que logró relativo consenso entre los participantes. Imposible que algún país se hubiera podido oponer a que la OEA recomendara que "hay que tener políticas de inclusión social, mejorar la distribución de ingresos, promover el empleo para todos, los servicios básicos y evitar la discriminación", como reza dicho texto conclusivo. Ese documento, lleno de lugares comunes -como "impulsar la formulación e implementación de políticas económicas y sociales integrales e inclusivas", o "fortalecer los esfuerzos para garantizar la plena equidad e igualdad de acceso, oportunidades, participación y liderazgo de las mujeres en los procesos de desarrollo"-, es un conjunto de buenas intenciones que difícilmente podrá verse reflejado en políticas públicas que efectivamente se hagan realidad en el corto plazo.
La falta de ascendiente de la OEA en la región es un síntoma de la irrelevancia en que ha caído, y que al parecer es reconocida por la propia organización, puesto que busca "redefinir la agenda hemisférica y sus prioridades, según Insulza, quien además debió reconocer que la OEA no es la única instancia regional, pero que "no compite, sino coopera" (con Mercosur, Unasur, Celac o la Comunidad Andina) en tareas para las cuales "la OEA no está hecha". Como dijo un analista, "la OEA parece un fantasma que se pasea por el continente, sin postular nada para el beneficio regional".
Por otra parte, la OEA debe responder a los embates que los propios miembros imponen a su ejercicio. Ecuador irrumpió en la Asamblea con un proyecto de resolución que, de haberse aprobado según su texto original, habría sido un fuerte golpe a la libertad de prensa en el continente. Obstinado por las duras críticas que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión le ha hecho, el Gobierno de Rafael Correa pretendía reducir drásticamente su presupuesto, lo que habría significado su debilitamiento. La Relatoría, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un pilar básico de la defensa de los derechos fundamentales en la región, ya que ambas son autónomas y funcionan de forma independiente de los Estados miembros.
En esta Asamblea General, Bolivia una vez más llevó el asunto de su mediterraneidad, como es habitual. Rotunda y contundentemente, el Canciller Muñoz rechazó el ataque que, sin embargo, quedó plasmado en la declaración final en términos genéricos.
Nada sobre Venezuela se resolvió en Asunción.
En los temas álgidos, como la crisis de Venezuela, la OEA es completamente inoficiosa. No ha sido capaz de articular una propuesta, y las iniciativas que en algún momento impulsó su Secretario General cayeron en total vacío frente a la arremetida de Hugo Chávez, que estando en funciones inhibió a Insulza de cualquier otra acción. Más recientemente, cabe recordar que Panamá intentó llevar ese tema a la OEA, siendo descalificado brutalmente por Caracas, que rompió relaciones, y solo las reanudó al asumir Juan Carlos Varela.
En Asunción, la crisis venezolana no estaba en tabla. Si bien Insulza la mencionó en su discurso inaugural, así como lo hicieron otros delegados, fue para confirmar que ese tema está radicado en Unasur, ente que promueve el diálogo entre Gobierno y oposición, y que ha sido tan ineficaz como los otros mediadores. Insulza, en entrevista con "El Mercurio", sostuvo que la OEA solo puede intervenir con el visto bueno del país o cuando "se rompió la democracia", y en el caso de los detenidos, cuando el juicio nacional ha concluido y se "han agotado los recursos internos".
Países como Venezuela, Ecuador o Bolivia ven a la OEA como un lugar de confrontación con Estados Unidos y aprovechan cada oportunidad en ese foro para replantear los conflictos o denunciar el supuesto imperialismo de Washington. Con mucha cautela, EE.UU. evita el conflicto, especialmente en el tema de Venezuela. Tras rechazar las acusaciones de injerencia, su delegada manifestó el compromiso por "colaborar con otros Estados miembros para promover el diálogo" y aseguró que no adoptarían sanciones "por ahora".
Incomprensible invitación a Cuba.
Cuba también estuvo presente en Paraguay, no con delegados, sino en la discusión general. Ocurrió así al margen de la Asamblea, en una reunión privada del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, en el que se ven los avances realizados entre cada reunión interamericana. El tema crucial fue la invitación a Cuba para participar en la próxima Cumbre de las Américas, en 2015. Todos los países miembros, excepto EE.UU., estuvieron de acuerdo en que La Habana debe estar ahí.
Cuba fue expulsada de OEA en 1962, medida levantada en 2009, bajo la condición de que el Gobierno isleño pidiera su reincorporación y cumpliera los compromisos de la Carta Democrática. Esta invitación es incomprensible, considerando que Cuba no ha pedido su reingreso y tampoco cumple los requisitos democráticos mínimos.
El cuadro político en Venezuela continúa fuertemente tensionado a raíz de la violencia política y el acoso del Gobierno de Nicolás Maduro hacia las fuerzas opositoras. La decisión de un Tribunal de seguir adelante el juicio en contra de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, y quien se encuentra detenido en una prisión militar desde el 18 de febrero acusado de instigación, es una muestra de la falta de independencia de los Tribunales de Justicia y aleja la posibilidad de retomar el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Desde que estallaron las protestas de los estudiantes en contra del régimen de Maduro en febrero pasado, Venezuela se ha visto sumida en un cuadro de fuerte violencia. A la fecha se han registrado 44 fallecidos -la mayoría opositores al Gobierno-, cientos de heridos y unos 2.500 detenidos por las fuerzas de seguridad. Diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch, han denunciado las graves violaciones a garantías básicas y una “represión sistemática” por parte del régimen, pero la reacción de la comunidad internacional -en particular de la OEA- ha sido débil y errática, evitando una condena decidida, lo que sólo ha servido para alentar la impunidad con que se cometen este tipo de atropellos.
El proceso de diálogo que se abrió en abril entre el Gobierno y las fuerzas de oposición -instancia que cuenta con observadores de Unasur y el Vaticano- se vio abruptamente congelado a mediados de mayo, en medio de acusaciones cruzadas, entre otras razones, porque la oposición espera “gestos” de parte del Gobierno. El que se haya decidido continuar con un juicio arbitrario y carente de garantías a Leopoldo López aleja aún más las posibilidades de una salida pacífica a la grave crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela.

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 Resolución 
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