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Timestamp: 2017-12-11 09:32:35+00:00

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Derecho e Instituciones | Construir Europa
Esta declaración fue realizada por Jean Monnet y su equipo de colaboradores y se presentó ante el Consejo de Ministros de Francia y ante los medios por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero.
Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría —en los términos de la declaración— "no sólo impensable, sino materialmente imposible". Se pensó, acertadamente, que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países.
Declaración de 9 de mayo de 1950
En el preámbulo, los signatarios del Tratado declaran: «-estar resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, - estar decididos a asegurar mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa, - tener como fin esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos, reconocer que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal, - desear reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas,- desear contribuir, mediante una política comercial común, a la progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales, - pretender reforzar la solidaridad de Europa con los países de ultramar y asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, - estar resueltos a consolidar (…) la defensa de la paz y la libertad invitando a los demás pueblos de Europa que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo…».
Puesto que el mercado está basado en el principio de la libre competencia, el Tratado prohíbe los acuerdos entre empresas y las ayudas estatales (salvo las excepciones previstas por el Tratado) que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, limitar o falsear la competencia. Por último, se asocia a los países y territorios de ultramar al mercado común y a la unión aduanera, con el fin de promover los intercambios y proseguir juntos el esfuerzo de desarrollo económico y social.
La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en julio de 1952 constituye el primer gran paso hacia la Europa supranacional. Por primera vez los seis Estados miembros de esta organización renunciaron, si bien es cierto que en un área restringida, a una parte de su soberanía en favor de la Comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que este primer esfuerzo de integración conociera sus límites, con el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa (CED) en 1954.
En un momento en el que parecía que el esfuerzo materializado en la CECA no tendría una proyección de futuro, la Conferencia de Mesina, de junio de 1955, intentó poner de nuevo en marcha el proceso de integración europea. A ella siguió una serie de reuniones de ministros y de expertos, y a principios de 1956 se formó un comité preparatorio encargado de elaborar un informe sobre la creación de un mercado común europeo. Dicho comité, reunido en Bruselas bajo la presidencia de P. H. Spaak, por entonces Ministro belga de Asuntos Exteriores, presentó en abril de 1956 dos proyectos que respondían a las dos opciones apoyadas por los Estados: la creación de un mercado común generalizado; la creación de una comunidad de la energía atómica.
En marzo de 1957 se firmaron en Roma los famosos «Tratados de Roma». El primero establecía una Comunidad Económica Europea (CEE) y el segundo una Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida con el nombre de Euratom. Ambos fueron ratificados sin problemas por los Estados nacionales y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1958.
En cuanto al Tratado Euratom, para combatir el déficit generalizado de energía «tradicional» de los años cincuenta, los seis Estados fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia Luxemburgo y Países Bajos) trataron de obtener la independencia energética por medio del recurso a la energía nuclear. Dado que los costes de las inversiones necesarias para el desarrollo de esta energía superaban las posibilidades de cada país por separado, los Estados fundadores se unieron para crear Euratom.
De un modo general, el Tratado tiene como objetivo contribuir a la formación y al crecimiento de las industrias nucleares europeas, conseguir que todos los Estados miembros saquen partido del desarrollo de la energía atómica y garantizar la seguridad de abastecimiento. Al mismo tiempo, el Tratado garantiza un elevado nivel de seguridad para la población y evita el desvío a fines militares de materiales nucleares destinados en principio a usos civiles. Es importante señalar que Euratom solo tiene competencias en el ámbito de la energía nuclear civil y pacífica.
El objetivo del Tratado Euratom es la puesta en común de las industrias nucleares de los Estados miembros. En este contexto, sólo se aplica a algunos sujetos (los Estados miembros, las personas físicas y las empresas o instituciones de derecho público o privado) que ejercen todas o parte de sus actividades en un ámbito regulado por el Tratado, a saber: los materiales fisionables especiales, los materiales básicos y los minerales de los que se extraen los materiales básicos.
Esta es la razón por la cual la Conferencia Intergubernamental que logró el AUE tenía un doble mandato. Se trataba de concluir por una parte, un Tratado en materia de Política Exterior y Seguridad Común y, por otra, un acto que modificara el Tratado CEE, en particular, en lo relativo a: el procedimiento de toma de decisión en el Consejo, las competencias de la Comisión, las competencias del Parlamento Europeo, la ampliación de las competencias de las Comunidades.
El Acta consta de un preámbulo, cuatro títulos y contiene una serie de declaraciones adoptadas por la Conferencia. El Preámbulo ilustra los objetivos fundamentales del Tratado y expresa la voluntad de los Estados miembros de transformar el conjunto de sus relaciones con vistas a la instauración de una Unión Europea. En el Preámbulo también se establece el carácter único del Acta, que agrupa las disposiciones comunes a la cooperación en materia de Política Exterior y a las Comunidades Europeas. Por último, destaca los dos objetivos de la revisión de los Tratados, a saber, «mejorar la situación económica y social mediante la profundización de las políticas comunes y la prosecución de nuevos objetivos» y «asegurar un mejor funcionamiento de las Comunidades».
El Título I contiene las disposiciones comunes a la Cooperación Política y a las Comunidades Europeas. El Título II se consagra a las modificaciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el Título III a la cooperación europea en materia de política exterior. El Título IV se refiere a las disposiciones generales y finales. Para facilitar la realización del mercado interior, el Acta prevé un aumento del número de casos en los que el Consejo puede decidir por mayorí cualificada en vez de por unanimidad. Ello hace que la aprobación de las decisiones sea más fácil evitando los bloqueos inherentes a la búsqueda de un acuerdo unánime de los Doce Estados miembros. Deja de requerirse la unanimidad para las medidas destinadas al establecimiento del mercado interior a excepción de las medidas relativas a la fiscalidad, la libre circulación de personas y los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.
En cuanto en las competencias: El artículo 8A define muy claramente el objetivo del Acta que es establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que concluye el 31 de diciembre de 1992. El mercado interior se define como «un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado».Por lo que se refiere a la capacidad monetaria, el Acta no permite la aplicación de una nueva política, sino que procede a la inserción de disposiciones sobre la capacidad monetaria. La convergencia de las políticas económicas y monetarias se sitúa ya en el marco de las competencias existentes. La política social ya está regulada por el Tratado CEE, pero el Acta introduce dos nuevos artículos en este ámbito. El artículo 118A del Tratado CEE autoriza al Consejo, decidiendo por mayoría cualificada en el marco del procedimiento de cooperación, a establecer las condiciones mínimas para promover «la mejora…del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores ». El artículo 118B del Tratado CEE asigna a la Comisión la tarea de desarrollar el diálogo social a nivel europeo. El Acta aplica una política comunitaria de cohesión económica y social para contrarrestar los efectos sobre los Estados miembros con menor nivel de desarrollo de la realización del mercado interior y para reducir las divergencias de desarrollo entre las regiones. La intervención comunitaria se realiza a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Respecto a la investigación y al desarrollo técnico, el artículo 130F del Tratado CEE tiene como objetivo «fortalecer las bases científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional». Para ello, el Acta prevé la aplicación de programas marco plurianuales adoptados por el Consejo por unanimidad. La preocupación relativa a la protección del medio ambiente a escala comunitaria ya estaba presente en el Tratado de Roma. Hay tres nuevos artículos (artículos 130R, 130S y 130T del Tratado CEE) que permiten a la Comunidad «la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales». Se precisa que la Comunidad únicamente intervendrá en materia de medio ambiente cuando esta acción pueda realizarse mejor a escala comunitaria que en los Estados miembros (subsidiariedad).
TRATADO DE LA UNIÓN MAASTRICHT
Estos elementos condujeron a la convocatoria de dos Conferencias Intergubernamentales, una para la UEM y otra para la unión política. El Consejo Europeo de Hannover de 27 y 28 de junio de 1988 confió a un grupo de expertos presidido por Jacques Delors la tarea de preparar un informe que proponía las etapas concretas que llevarían a la unión económica. El Consejo Europeo de Dublín de 28 de abril de 1990, sobre la base de un memorándum belga sobre la reactivación institucional y de una iniciativa francoalemana que instaba a los Estados miembros a estudiar la aceleración de la construcción política de Europa, decidió examinar la necesidad de modificar el Tratado CE para progresar en la vía de la integración europea.Finalmente, será en el Consejo Europeo de Roma de 14 y 15 de diciembre de 1990, donde se lanzarán las dos Conferencias Intergubernamentales. Un año después, sus trabajos dieron lugar a la Cumbre de Maastricht de 9 y 10 de diciembre de 1991.
Con el Tratado de Maastricht, el objetivo económico original de la Comunidad, es decir, la realización de un mercado común, queda ampliamente superado y la vocación política claramente expresada. En este marco, el Tratado de Maastricht responde a cinco objetivos esenciales: refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones, mejora de la eficacia de las instituciones, instauración de una unión económica y monetaria, desarrollo de la dimensión social de la Comunidad, institución de una política exterior y de seguridad común.
El Tratado presenta una estructura compleja. Tras el Preámbulo siguen siete títulos. El Título I contiene las disposiciones comunes a las Comunidades, a la política exterior común y a la cooperación judicial. El Título II contiene las disposiciones que modifican el Tratado CEE y los Títulos III y IV modifican los Tratados CECA y EURATOM respectivamente. El título V introduce las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común (PESC). El Título VI contiene las disposiciones sobre cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Las disposiciones finales están recogidas en el Título VII.
El Tratado de Maastricht crea la Unión Europea, la cual está formada por tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y judicial en materia penal. El primer pilar está constituido por la Comunidad Europea, por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y por Euratom y se refiere a los ámbitos en los cuales los Estados miembros ejercen conjuntamente su soberanía a través de las instituciones comunitarias. A él se aplica el proceso denominado del método comunitario, es decir, propuesta de la Comisión Europea, adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo y control del respeto del Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia. El segundo pilar instaura la política exterior y de seguridad común (PESC) prevista en el Título V del Tratado de la Unión Europea, lo que sustituye a las disposiciones contenidas en el Acta Única Europea y permite a los Estados miembros emprender acciones comunes en materia de política exterior. Este pilar cuenta con un proceso de toma de decisiones intergubernamental, que recurre con frecuencia a la unanimidad. El papel de la Comisión y del Parlamento es modesto y la jurisdicción del Tribunal de Justicia no es de aplicación en este ámbito. El tercer pilar se refiere a la cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior (JAI) prevista en el Título VI del Tratado de la Unión Europea. Se espera de la Unión que realice una acción conjunta para ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia. El proceso de toma de decisiones es también intergubernamental.
En la prolongación del Acta Única Europea, el papel del Parlamento Europeo se ve aún incrementado por el Tratado de Maastricht. El ámbito de aplicación del procedimiento de cooperación y el procedimiento del dictamen conforme se amplía a nuevos ámbitos. Además, el Tratado crea un nuevo procedimiento de codecisión, que permite al Parlamento Europeo adoptar actos conjuntamente con el Consejo. Este procedimiento implica contactos reforzados entre el Parlamento y el Consejo para llegar a un acuerdo. Además, el Tratado asocia al Parlamento con el procedimiento de investidura de la Comisión. Se reconoce el papel de los partidos políticos europeos en la integración europea. Contribuyen a la formación de una conciencia europea y a la expresión de la voluntad política de los ciudadanos europeos. En cuanto a la Comisión, la duración de su mandato se amplia de cuatro a cinco años para igualarlo al del Parlamento Europeo.
El Tratado instaura políticas comunitarias en seis nuevos ámbitos: redes transeuropeas, política industrial, protección del consumidor, educación y formación profesional, juventud y cultura. El mercado único queda concluido con la instauración de la UEM. La política económica consta de tres elementos. Los Estados miembros deben garantizar la coordinación de sus políticas económicas, instaurar una vigilancia multilateral de esta coordinación y quedar sometidos a normas de disciplina financiera y presupuestaria. El objetivo de la política monetaria consiste en instaurar una moneda única y garantizar su estabilidad mediante la estabilidad de los precios y el respeto de la economía de mercado.
El Tratado prevé el establecimiento de una moneda única en tres etapas sucesivas: La primera etapa, que liberaliza la circulación de capitales, comienza el 1 de julio de 1990. La segunda etapa comienza el 1 de enero de 1994 y permite la convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros.
La tercera etapa debe comenzar a más tardar el 1 de enero de 1999 con la creación de una moneda única y de un Banco Central Europeo (BCE). La política monetaria descansa en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), constituido por el BCE y los Bancos centrales nacionales. Estas instituciones son independientes de las autoridades políticas nacionales y comunitarias.
Existen disposiciones especiales para dos Estados miembros. El Reino Unido no asumió el compromiso de pasar a la tercera etapa de la UEM. Dinamarca obtuvo un protocolo en el que se disponía que un referéndum decidirá su grado de compromiso en la tercera etapa.
El tratado de Ámsterdam fue un acuerdo firmado el 2 de octubre de 1997 en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, pasando a convertirse en la nueva normativa legal de la Unión Europea, tras revisar el tratado de Maastricht.
Su objetivo fundamental era el de crear un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia común. Hizo énfasis en varios aspectos fundamentales: empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y de seguridad común, y reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos miembros. Estos asuntos habían quedado pendientes en Maastricht.
En 1997 nace Europol, la policía europea, que empezará a funcionar en 2004. En 1997 también se crea la figura de "Mister PESC", el ministro de Exteriores de la Unión. En ese mismo año se incrementa el control del Parlamento sobre la Comisión. Mediante el tratado de Ámsterdam, se estableció la libre circulación de personas en el territorio de la UE, procedentes de sus Estados Miembros (acuerdo de Schengen).
El Tratado de Niza fue un tratado celebrado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de diciembre de 2000 y firmado el 26 de febrero de 2001, para modificar los Tratados vigentes. Entró en vigor el 1 de febrero de 2003 tras haber sido ratificado por los 15 Estados miembros según lo previsto en sus respectivas normativas constitucionales. El proceso de ratificación se extendió hasta 2002. El propósito primario del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional para afrontar la ampliación de la Unión Europea, una tarea que tendría que haber llevado a cabo la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Ámsterdam, que sin embargo no pudo resolver en casi ningún punto.
El Tratado adoptado por el Consejo Europeo de Niza fue criticado por muchos. Alemania había exigido tener mayor peso en el voto a causa de su mayor población, a lo cual se opuso Francia que insistió que en que se mantuviera la tradicional paridad entre Francia y Alemania. Una propuesta que habría simplificado mucho el sistema actual hubiera sido la de introducir la doble mayoría de Estados miembros y población para reemplazar el sistema actual de mayoría cualificada, a lo cual también se opuso Francia por razones similares. Finalmente se alcanzó un compromiso que consistía en una doble mayoría de Estados Miembros y votos. Además un Estado miembro podría solicitar opcionalmente que se verificase que los países de voto afirmativo representaban una proporción suficiente de la población de la Unión.
Entre otras reformas institucionales se encuentran las siguientes: El Tratado estableció que se aumentase el número de escaños en el Parlamento Europeo hasta alcanzar los 732, lo que excedía lo dispuesto en el Tratado de Ámsterdam. La cuestión de la reducción del tamaño de la Comisión Europea se resolvió con una escapatoria, ya que el Tratado estableció que una vez que el número de Estados miembros alcanzase los 27, el número de comisarios nombrados en la siguiente Comisión sería reducido por debajo de los 27 por el Consejo, sin llegar a especificar cómo se realizaría esa reducción. Como medida transitoria especifica que después del 1 de enero de 2005, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España renunciarían a su segundo comisario. El Tratado establecía la creación de tribunales subsidiarios de rango inferior al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Primera Instancia para las áreas jurídicas de especial interés como la de patentes. El Tratado de Niza creó nuevas normas para regular una colaboración más estrecha, ya que considera inaplicables las normas introducidas en el Tratado de Ámsterdam y destacó que estas normas todavía no han sido empleadas. El Tratado también estableció disposiciones sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado de París o de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Se consideró que el Tratado de Niza no había tratado la cuestión básica de la reforma institucional, ya que las instituciones de la Unión Europea seguían siendo demasiado complejas, por lo que en Niza se acordó el establecimiento de la Convención Europea que conduciría a una Conferencia Intergubernamental en 2004.
La Comisión y el Parlamento Europeo mostraron su decepción por el hecho de que la Conferencia Intergubernamental de Niza no adoptó muchas de sus propuestas en lo que respecta a la reforma de la estructura institucional o la introducción de nuevos poderes, como el nombramiento del Fiscal Europeo. El Parlamento Europeo amenazó con aprobar una resolución contra el Tratado, aunque no tiene capacidad formal de veto. Además el Parlamento Italiano amenazó con no ratificarlo, si el Tratado no contaba con el apoyo del Parlamento Europeo. Sin embargo, nada de esto llegó a suceder y el Parlamento Europeo aprobó el Tratado.
Muchos argumentan que la estructura de pilares, que se mantuvo en el Tratado, es demasiado complicada, que los diferentes tratados deberían fusionarse en uno, que las tres (ahora dos) personalidades legales de las Comunidades deberían fusionarse y que la Comunidad Europea y la Unión Europea deberían fusionarse en una única Unión Europea con una única personalidad jurídica. Las regiones alemanas también demandaron una separación de poderes clara entre la Unión y los Estados miembros.
Por otra parte, el Tratado de Niza tampoco incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que este aspecto también quedó para la Conferencia Intergubernamental de 2004 tras la oposición del Reino Unido.
El Tratado de Lisboa, firmado por los representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 es el que sustituye a la Constitución para Europa tras el fracasado tratado constitucional de 2004. Con este tratado, la UE tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario.
Se diseñó para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea (UE) mediante la modificación del Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Algunas de las reformas más importantes que introduce el Tratado de Lisboa son la reducción de las posibilidades de estancamiento en el Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la eliminación de los tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de Lisboa también hace que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sea vinculante jurídicamente.
Las negociaciones para lograr esta reforma de la UE se han venido desarrollando desde el año 2001 con el fallido intento de creación de una Constitución Europea.4 El Tratado se firmó en Lisboa (dado que Portugal ostentaba la Presidencia del Consejo de la UE a la sazón), y habría sido ratificado por todos los Estados miembro para finales de 2008, a tiempo para las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Sin embargo, esto no fue posible debido al rechazo inicial del Tratado por parte del electorado de Irlanda en junio de 2008, por lo que el texto no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009.
El título formal del texto es Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (v.Lisboa)
El Tratado de la Unión Europea versión Lisboa contiene la actualización del Tratado de la Unión Europea de Maastrich modificado por los Tratados de Amsterdam y Niza y finalmente por el Tratado de Lisboa. Este Tratado contiene los principios y valores, las funciones de la Unión Europea, las Instituciones de la Unión Europea, la Política Exterior de Seguridad y Defensa, la entrada y salida de la Unión y otros importantes referencias como la personalidad jurídica de la Unión y las cooperaciones reforzadas.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es uno de los cuatro documentos que configuran la constitución material de la Unión Europea, junto con el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF).
Es el texto en que se contiene con mayor detalle el marco jurídico en que se desarrollan las distintas políticas y acciones de la Unión en todos sus ámbitos y los principios constitucionales que los rigen, con excepción de la política exterior y de seguridad común y de su política común de seguridad y defensa, excepcionalmente ubicadas en el TUE. Se trata, por lo tanto, de las políticas tradicionalmente ubicadas en el antiguo tercer pilar, las que no siguen pautas intergubernamentales sino el método comunitario clásico. Aunque el TFUE tiene el mismo rango jurídico que el TUE, es lo cierto que su más pormenorizado contenido, que es en gran medida desarrollo de las disposiciones constitucionales contenidas en el TUE, hacen que sus propias cláusulas remitan en numerosas ocasiones al marco de las disposiciones generales contenidas en éste último, por lo que de facto es precisamente el TUE el que con frecuencia se considera el texto más propiamente constitucional de todos. El título mismo del TFUE parece apuntar en este mismo sentido complementario al TUE. Ello no obstante, son precisamente estas características y su mayor especialización los que hacen que este tratado tenga una aplicación práctica mucho más frecuente y visible.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que contiene provisiones de derechos humanos y fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza. Una versión adaptada de la Carta fue proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de Lisboa; una vez ratificado este, hace la Carta legalmente vinculante para todos los países con excepciones para Polonia y el Reino Unido. La versión actualizada de la Carta fue firmada por el presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo de la Unión Europea en ese entonces.
La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace vinculante para todos los estados, excepto los dos citados.
En 2009, el Consejo Europeo aseguró a la República Checa que en la siguiente reforma del Tratado, esa cláusula de excepción se extendiese también a este país.
Además de la Carta propiamente dicha, la Convención que la elaboró redactó también unas «Explicaciones» que detallan el origen de cada precepto, y sirven como guía para la interpretación de la misma.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , se estructura en dos partes: un Preámbulo introductorio, y siete Títulos que recogen los cincuenta y cuatro artículos que integran la Carta. El último de esos títulos contiene las disposiciones generales y cada título trata sobre un derecho. Cada título se divide, a su vez, en artículos que desarrollan cada uno de esos derechos. Así, por ejemplo, el Título I trata de la dignidad de la persona y los diversos artículos que la desarrollan, pronunciándose sobre la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, etc. Desde el punto de vista del contenido, la Carta se divide en seis títulos, dedicando cada uno de ellos a un derecho civil, político, económico o social de los cuales son titulares todos y cada uno de los ciudadanos europeos. La mayoría de los derechos también corresponden a todas las personas que viven en el territorio de la Unión; sin embargo, el ejercicio de algunos están reservados a los ciudadanos europeos, como el voto al Parlamento Europeo. Dichos derechos fundamentales son la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.
Por primera vez, se han reunido en un único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de Europa[6], de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Al dar visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta refuerza la seguridad jurídica por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, protección que desde 1969 se garantizaba mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la actual redacción del Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea
Los orígenes del Parlamento Europeo se remontan a la ampliación de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que pasó así a ser la asamblea común de las tres comunidades europeas supranacionales que existían entonces, y posteriormente adoptó el nombre de «Parlamento Europeo». Con el tiempo, la institución, cuyos miembros son elegidos desde 1979 directamente por los ciudadanos de los Estados miembros, ha vivido numerosos cambios. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha pasado a estar en pie de igualdad con el Consejo en lo que se refiere al procedimiento legislativo.
Los Tratados originales (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5); Decisión y Acto relativos a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (20 de septiembre de 1976), modificados por las Decisiones del Consejo de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002. Tres comunidades, una sola asamblea
La Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se amplió, tras la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), al conjunto de las tres Comunidades. Estaba integrada por 142 miembros y celebró su sesión constituyente el 19 de marzo de 1958 en Estrasburgo. Adoptó el nombre de «Asamblea Parlamentaria Europea», para pasar a denominarse, a partir del 30 de marzo de 1962, «Parlamento Europeo».
Antes de la elección por sufragio directo, los diputados al Parlamento Europeo eran designados por los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Por ello, todos tenían un doble mandato. En la conferencia cumbre celebrada en París los días 9 y 10 de diciembre de 1974 se señaló que debían convocarse elecciones directas «en 1978 o después de 1978», y se invitó al Parlamento a que presentara nuevas propuestas que sustituyeran al proyecto de convenio de 1960. En enero de 1975, el Parlamento aprobó un nuevo proyecto. Conforme a este, y tras superar una serie de diferencias, los jefes de Estado o de Gobierno llegaron a un acuerdo en su reunión de los días 12 y 13 de julio de 1976.
Con motivo de la segunda ampliación (adhesión de Grecia) el 1 de enero de 1981, el Parlamento griego designó 24 diputados. En octubre de 1981, fueron sustituidos por diputados elegidos por sufragio directo. Las segundas elecciones directas se celebraron el 14 y 17 de junio de 1984.
Como consecuencia de la unificación alemana, la composición del Parlamento Europeo se adaptó para reflejar la evolución demográfica. De conformidad con las propuestas presentadas por el Parlamento en una Resolución sobre el sistema de reparto de escaños, el número de diputados al Parlamento elegidos en junio de 1994 pasó de 518 a 567. Tras la cuarta ampliación de la Unión, el número total de diputados al Parlamento Europeo pasó a 626, respetándose el sistema de reparto propuesto en la citada Resolución para los nuevos Estados miembros.
Con la adhesión de Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007, el número de escaños del Parlamento se elevó provisionalmente a 785 para acomodar a los diputados de estos países. Después de las elecciones de 2009, que se celebraron entre el 4 y el 7 de junio, el número de escaños se redujo a 736. No obstante, el Tratado de Lisboa prevé que se aumente temporalmente el número máximo de diputados de 751 a 754 hasta las siguientes elecciones.
Durante la legislatura 2009-2014, se añadieron 18 diputados a los elegidos en junio de 2009 tras la ratificación por los Estados miembros del Protocolo de enmienda aprobado en el marco de la Conferencia Intergubernamental de 23 de junio de 2010. Tras la adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, el número máximo de escaños asciende temporalmente a 766 para acomodar a los 12 diputados de este país elegidos en abril de 2013 (de conformidad con el artículo 19 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia).
Para las elecciones de 2014, el número total de escaños se redujo a 751. Su distribución volverá a revisarse con suficiente antelación antes de las elecciones que se celebrarán en 2019. (1.3.3).
Aumento gradual de competencias
La sustitución de las aportaciones de los Estados miembros por recursos propios de la Comunidad (1.5.1) comportó una primera ampliación de las competencias presupuestarias del Parlamento Europeo, cuyo alcance se concretó en el Tratado de Luxemburgo, firmado el 22 de abril de 1970. El 22 de julio de 1975 se firmó en Bruselas un segundo Tratado relativo a esta misma cuestión, por el que se reforzaban las competencias del Parlamento Europeo (1.1.2).
El Acta Única Europea fortaleció el papel del Parlamento en algunos ámbitos legislativos (procedimiento de cooperación) y sometió los tratados de adhesión y de asociación a su dictamen conforme.
El Tratado de Maastricht, al introducir el procedimiento de codecisión para determinados ámbitos legislativos y ampliar el procedimiento de cooperación a otros, señaló el inicio de la evolución del Parlamento hacia un papel de verdadero colegislador. Con la concesión de la facultad de aprobar la composición definitiva de la Comisión, se dio un paso importante para el fortalecimiento del control político del Parlamento sobre el Ejecutivo europeo.
Mediante la ampliación del procedimiento de codecisión a la mayor parte de los ámbitos legislativos y la reforma de dicho procedimiento, el Tratado de Ámsterdam confirmó la función del Parlamento como órgano colegislador en pie de igualdad con el Consejo. Al someter a su aprobación previa el nombramiento del presidente de la Comisión, refuerza todavía más su control sobre el Ejecutivo. El Tratado de Niza siguió ampliando el alcance del procedimiento de codecisión.
El Tratado de Lisboa supone una ampliación adicional importante tanto de la aplicación de la mayoría cualificada en el Consejo (empleando un nuevo principio) como de la aplicación del procedimiento de codecisión a unos 45 ámbitos legislativos nuevos. La codecisión, que ahora se conoce como procedimiento legislativo ordinario, se convierte en el procedimiento de toma de decisiones más ampliamente utilizado, cubriendo asuntos particularmente importantes, como la política agrícola común y las políticas de justicia y seguridad. Además, se refuerza el papel del Parlamento en la preparación de las futuras enmiendas a los Tratados (artículo 48 del Tratado de la Unión Europea).
La configuración organizativa y los métodos operativos del Parlamento Europeo se rigen por su Reglamento. Los órganos políticos, las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos guían las actividades del Parlamento.
Artículos 223, 224, 226, 229, 231 y 232 del TFUE;
A propuesta del Parlamento[1], el Consejo Europeo ha adoptado la Decisión 2013/312/UE por el que se fija la composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2014. En consecuencia, el Parlamento Europeo está ahora compuesto por 751 diputados, distribuidos entre los Estados miembros como sigue: Alemania, 96; Francia, 74; Italia y el Reino Unido, 73; España, 54; Polonia, 51; Rumanía, 32; los Países Bajos, 26; Bélgica, Grecia, Hungría, Portugal y la República Checa, 21; Suecia, 20; Austria, 18; Bulgaria, 17; Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia, 13; Croacia, Irlanda y Lituania, 11; Letonia y Eslovenia, 8; Chipre, Estonia, Luxemburgo y Malta, 6;
La distribución de escaños volverá a revisarse con suficiente antelación antes de las elecciones que se celebrarán en 2019.
A.Órganos políticos
Los órganos políticos del Parlamento son la Mesa (el Presidente y los catorce Vicepresidentes); la Conferencia de Presidentes (el Presidente y los presidentes de los grupos políticos); los cinco Cuestores (encargados de los asuntos económicos y administrativos que afecten a los diputados); la Conferencia de Presidentes de Comisión; y la Conferencia de Presidentes de Delegación. La duración del mandato del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Cuestores, así como la del mandato de los presidentes de comisión y de delegación, es de dos años y medio.
B.Comisiones y delegaciones
Los diputados se organizan en 20 comisiones, dos subcomisiones y 39 delegaciones (delegaciones interparlamentarias y delegaciones en comisiones parlamentarias mixtas, comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias multilaterales)[2]. El Parlamento también envía una delegación a la Asamblea Paritaria constituida en el marco del Acuerdo entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE[3]. El Parlamento también puede crear comisiones especiales (artículo 184) o comisiones de investigación (artículo 226 del TFUE y artículo 185).
Sobre la base del artículo 191, cada comisión o delegación elige su propia «mesa», constituida por un presidente y hasta cuatro vicepresidentes[4].
C.Grupos políticos
Los diputados no se organizan por delegaciones nacionales, sino en grupos transnacionales en función de sus afinidades políticas. Según el Reglamento, un grupo político debe estar formado por diputados elegidos en al menos un cuarto de los Estados miembros y contar con al menos 25 diputados (artículo 30). Los grupos políticos celebran regularmente reuniones durante la semana que precede al período parcial de sesiones o durante este, así como seminarios para determinar los principios fundamentales de su labor. Algunos grupos políticos corresponden a partidos políticos supranacionales presentes a escala de la UE.
D.Fundaciones y partidos políticos europeos
El Parlamento Europeo preconiza la creación de un entorno favorable al desarrollo continuo de las fundaciones y los partidos políticos europeos, incluida la adopción de legislación marco. El artículo 224 del TFUE ofrece un fundamento jurídico para la adopción, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, de un estatuto para los partidos políticos a escala europea y normas sobre su financiación. En su mayor parte, los partidos políticos están fundados sobre la base del Reglamento (CE) nº 2004/2003, revisado en 2007 (Reglamento 1524/2007(CE)) para introducir la posibilidad de financiar las fundaciones políticas que apoyan a sus respectivos partidos mediante actividades de educación e investigación. Dado que la financiación para las campañas electorales sigue siendo reducida y estando sometida a la normativa nacional, la Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento por el que se deroga el Reglamento 2004/2003, que entrará en vigor en 2014 tras un acuerdo en primera lectura entre el Parlamento y el Consejo de abril de 2014[5].
En la actualidad, los partidos europeos son los siguientes: el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas Europeos, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Partido Verde Europeo, la Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos, el Partido de la Izquierda Europea, el Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia, el Partido Demócrata Europeo, la Alianza Libre Europea, la Alianza Europea por la Libertad, la Alianza Europea de Movimientos Nacionales, el Movimiento Político Cristiano Europeo y los Demócratas de la UE. Estos partidos supranacionales trabajan en estrecha cooperación con los correspondientes grupos políticos en el seno del Parlamento Europeo.
E.Secretaría
La Secretaría del Parlamento Europeo se compone del Gabinete del Secretario General, doce Direcciones Generales y el Servicio Jurídico. Su función consiste en coordinar el trabajo legislativo y organizar las sesiones plenarias y las reuniones. Además, presta asistencia técnica, jurídica y especializada a los órganos parlamentarios y a los diputados al PE, con el fin de ayudarlos en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría presta servicios de interpretación y traducción para todas las reuniones y documentos oficiales.
En el marco definido por el Tratado, el Parlamento organiza sus trabajos de forma autónoma. Aprueba su Reglamento por mayoría de los miembros que lo componen (artículo 232 del TFUE). Salvo disposición en contrario de los Tratados, el Parlamento decide por mayoría de votos emitidos (artículo 231 del TFUE). Decide el orden del día del período parcial de sesiones, que se dedica principalmente a la aprobación de informes elaborados por las comisiones parlamentarias, las preguntas a la Comisión y al Consejo, los debates de actualidad y de urgencia y las declaraciones de la Presidencia. Las reuniones de las comisiones y las sesiones plenarias son públicas y se retransmiten por Internet.
Desde el 7 de julio de 1981, el Parlamento ha aprobado numerosas resoluciones relativas a su sede en las que pedía a los Gobiernos de los Estados miembros que respetaran la obligación prevista en los Tratados y fijaran una sede única para las instituciones. Dado que no lo hicieron durante un largo período de tiempo, el Parlamento adoptó un conjunto de decisiones en cuanto a su organización y sus lugares de trabajo (a saber, Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas). Con ocasión del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992, los Gobiernos de los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre las sedes de las instituciones, en virtud del cual:
el Parlamento tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran los doce períodos parciales de sesiones, de periodicidad mensual, incluida la sesión en la que se aprueba la decisión sobre el presupuesto anual de la UE;
Esta decisión suscitó las críticas del Parlamento. No obstante, el Tribunal de Justicia (sentencia de 1 de octubre de 1997 — C-345/95) confirmó que la sede del Parlamento debía fijarse de conformidad con lo que actualmente es el artículo 341 del TFUE. El contenido de la decisión se incluyó en el Tratado de Ámsterdam en forma de protocolo anejo a los Tratados.
Aunque el Parlamento lamentó estas decisiones, se ha visto obligado a elaborar consecuentemente su calendario anual sobre la base de una propuesta de su Conferencia de Presidentes. Por lo general, el Parlamento celebra al año doce períodos parciales de sesiones en Estrasburgo, de cuatro días de duración, y seis en Bruselas, de dos días de duración. Se han puesto en marcha numerosas iniciativas de diputados al Parlamento Europeo para evitar reunirse en Estrasburgo. Para 2012, por ejemplo, se adoptó un calendario que incluía dos períodos parciales de sesiones de dos días de duración en la misma semana del mes de octubre en Estrasburgo, lo que reducía en cuatro días el tiempo de reunión total en dicha ciudad. A raíz de una queja de Francia, no obstante, el Tribunal de Justicia decidió que se requieren dos períodos parciales de sesiones completos (asunto C-237/11) en cumplimiento de las decisiones adoptadas.
De acuerdo con el artículo 229 del TFUE, el Parlamento puede celebrar períodos parciales de sesiones extraordinarios a petición de la mayoría de sus diputados, del Consejo o de la Comisión. El 18 de diciembre de 2006, el Parlamento celebró por primera vez una sesión plenaria complementaria en Bruselas, inmediatamente después del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2006. Desde entonces se ha consolidado esta práctica de seguimiento inmediato de las reuniones del Consejo Europeo.
Composición del Parlamento por grupos y por Estados miembros
Tras las elecciones de mayo de 2014 deberán volver a establecerse los grupos políticos. Para una información más detallada, véase la versión electrónica de la presente ficha técnica.
[1]Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2013, sobre la composición del Parlamento Europeo con vistas a las elecciones de 2014 (P7_TA(2013)0082).
[2]El número de miembros de las comisiones se establece en el apartado 1 de la Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2011, sobre la composición numérica de las comisiones permanentes (P7_TA(2011)0570).
[3]Véase el Acuerdo de Cotonú revisado, de 22 de junio de 2010, artículo 17.
[4]Véase el apartado 2 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2011, sobre la composición numérica de las comisiones permanentes (P7_TA(2011)0570).
[5]Véase la Resolución del Parlamento, de 16 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (P7_TA(2014)0421), junto con la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, sobre la financiación de los partidos políticos europeos (P7_TA(2014)0422).
Los procedimientos para la elección del Parlamento Europeo se rigen tanto por la legislación de la Unión Europea, que define normas comunes para todos los Estados miembros, como por disposiciones nacionales específicas que varían de un Estado a otro. Las normas comunes establecen el principio de representación proporcional y ciertas incompatibilidades con el mandato de los diputados al Parlamento Europeo. Muchas otras cuestiones importantes, como el sistema electoral específico que se emplea o el número de circunscripciones, están reguladas por las leyes nacionales.
Artículos 20, 22 y 223 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Si bien los Tratados iniciales estipulaban que el Parlamento Europeo (PE) estuviera compuesto, en un principio, por diputados designados por los Parlamentos nacionales, también preveían que, posteriormente, fuese elegido por sufragio universal directo. El Consejo aplicó esta disposición mediante el Acta de 20 de septiembre de 1976.
En 1992, el Tratado de Maastricht estableció que las elecciones debían celebrarse de acuerdo con un procedimiento uniforme, atendiendo a una propuesta elaborada por el PE y adoptada por unanimidad en el Consejo. Sin embargo, como el Consejo no consiguió alcanzar un acuerdo sobre ninguna de las propuestas, el Tratado de Ámsterdam introdujo la posibilidad de que se establecieran unos «principios comunes». La Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo modificó el Acta de 1976 al introducir los principios de representación proporcional y de incompatibilidad entre los mandatos nacionales y de la UE.
Con el Tratado de Lisboa, el derecho de sufragio activo y pasivo adquiere el rango de derecho fundamental (artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).
El artículo 22, apartado 2, del TFUE dispone que «todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida». Las modalidades de ejercicio de este derecho se adoptaron en la Directiva 93/109/CE.
Con arreglo al artículo 6 de la Directiva 93/109/CE del Consejo, modificada por la Directiva 2013/1/UE, «todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro sin tener su nacionalidad y que, por resolución individual en materia civil o penal, haya sido desposeído del derecho de sufragio pasivo en virtud, bien de la legislación del Estado miembro de residencia, bien de la del Estado miembro de origen, quedará desposeído del ejercicio de ese derecho en el Estado miembro de residencia en las elecciones al Parlamento Europeo».
Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por votación de listas o mediante el sistema de voto único transferible, de tipo proporcional (Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo).
La condición de diputado al Parlamento Europeo es incompatible con la de miembro del Gobierno de un Estado miembro, miembro de la Comisión, juez, abogado general o secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, miembro del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo, de comités u otros organismos establecidos de conformidad con los Tratados para la gestión de los fondos de la UE o el desempeño de una tarea permanente y directa de gestión administrativa, y miembro del Consejo de Administración, del Comité de Dirección o del personal del Banco Europeo de Inversiones, así como con la condición de funcionario o agente en activo de las instituciones de la Unión Europea o de los organismos especializados vinculados a las mismas. Posteriormente se establecieron otras incompatibilidades, como la de miembro del Comité de las Regiones, en 1997, y, en 2002, la de miembro del Tribunal de Primera Instancia —ahora, Tribunal General—, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Defensor del pueblo de la Unión Europea y, sobre todo, parlamentario nacional.
Además de estas normas comunes, las modalidades electorales se rigen por disposiciones nacionales que pueden variar considerablemente.
Los Estados miembros pueden establecer un umbral mínimo, que no rebasará el 5 %, para la atribución de escaños. Varios Estados miembros aplican un umbral, que es del 5 % en Eslovaquia, Francia (dependiendo de la circunscripción), Hungría, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía; del 4 % en Austria, Italia y Suecia; del 3 % en Grecia; y del 1,8 % en Chipre.
En dos sentencias emitidas respectivamente en 2011 y en 2014, el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucionales los umbrales (del 5 % y después del 3 %) aplicados hasta entonces por Alemania para las elecciones europeas.
En las elecciones europeas, la mayoría de los Estados miembros funcionan como circunscripciones únicas. Sin embargo, cinco Estados miembros (Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido) han dividido su territorio nacional en varias circunscripciones regionales.
Existen circunscripciones que presentan un interés puramente administrativo o que solo sirven para la distribución en las listas de los partidos en Alemania (16, únicamente para la CDU/CSU), los Países Bajos (19) y Polonia (13).
La mayoría de edad a efectos electorales es de 18 años en todos los Estados miembros salvo en Austria (donde es de 16 años).
En cuatro Estados miembros (Bélgica, Chipre, Grecia y Luxemburgo) el voto es obligatorio para los nacionales y los ciudadanos de la UE no nacionales inscritos.
Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tiene derecho a votar en las elecciones al Parlamento en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 22 del TFUE). Sin embargo, el concepto de residencia difiere todavía de un Estado a otro. Algunos países (Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Polonia y Rumanía) exigen que los votantes tengan su domicilio o su residencia habitual en el territorio electoral; otros (Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido), que se resida en el país de forma habitual; y los hay que requieren la inscripción en el censo de población (Bélgica y la República Checa). Para tener derecho a votar en Chipre, Luxemburgo y la República Checa los ciudadanos de la UE también deben cumplir un período mínimo de residencia en el país.
En el Reino Unido, los ciudadanos que residen en el extranjero solo tienen derecho a votar si cumplen ciertas condiciones. Bélgica y Grecia conceden el derecho de sufragio activo solo a aquellos de sus nacionales no residentes que vivan en otro Estado miembro, mientras que Dinamarca e Italia limitan a ciertas categorías específicas el derecho de sufragio activo de los nacionales no residentes que viven en un tercer país. Alemania confiere el derecho a votar en las elecciones al PE a los ciudadanos que han vivido en otro país, siempre que estén inscritos en el censo electoral alemán. En Bulgaria, Eslovaquia e Irlanda, el derecho de sufragio activo se reserva a los ciudadanos de la UE que estén domiciliados en su territorio nacional.
Aparte de la exigencia de ciudadanía de un Estado miembro, requisito común a todos los Estados miembros (salvo en el Reino Unido, donde ciertos ciudadanos de la Commonwealth también pueden presentarse como candidatos a las elecciones al PE), las condiciones para ejercer el derecho de sufragio pasivo varían en función del país.
1.Edad mínima
La edad mínima para presentarse como candidato a las elecciones es de 18 años en la mayoría de los Estados miembros, salvo en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia (21), Estonia, Grecia e Italia (25), Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y Rumanía (23).
En varios Estados miembros (Alemania, Dinamarca, Grecia, los Países Bajos, la República Checa y Suecia), únicamente pueden presentar candidaturas los partidos políticos u organizaciones asimilables a partidos. En todos los demás Estados miembros, basta con recoger una determinada cantidad de firmas o agrupar cierto número de electores para poder presentar una candidatura; y, en algunos casos, también se exige el depósito de una fianza.
Las elecciones europeas de 2009 se celebraron entre el 4 y el 7 de junio, de conformidad con las tradiciones nacionales. Las elecciones de 2004 se celebraron entre el 10 y el 13 de junio.
Las próximas elecciones tendrán lugar en 2014. Mediante su Decisión de 14 de junio de 2013, el Consejo ha modificado las fechas, fijadas inicialmente en junio, estableciendo ahora el 22 y 25 de mayo, para evitar así la coincidencia con las vacaciones de Pentecostés.
En la mayoría de los Estados miembros, los votantes pueden emitir votos preferenciales para alterar el orden de los nombres de una lista. No obstante, en nueve Estados miembros (Alemania, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Portugal, el Reino Unido y Rumanía) las listas son cerradas (sin voto preferencial). En Luxemburgo, se puede votar incluso a candidatos que pertenecen a listas diferentes, mientras que en Suecia los electores pueden añadir o eliminar nombres de una lista. En Irlanda, Irlanda del Norte y Malta, los electores enumeran a los candidatos por orden de preferencia (voto único transferible).
Los Parlamentos nacionales de Dinamarca y Luxemburgo validan los resultados de las elecciones. En Eslovenia, la Asamblea Nacional confirma la elección de los diputados al PE. En Alemania, el presidente federal de la mesa electoral publica los resultados definitivos un día después de la votación. En Austria, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, la República Checa y el Reino Unido, este ámbito es competencia de los tribunales, como también lo es en Alemania si se impugna la decisión parlamentaria. En España, la validación del escrutinio la realiza la Junta Electoral Central. En los Países Bajos, Portugal y Suecia, una comisión de validación se encarga de este cometido. En Francia, el Consejo de Estado es competente para dirimir los conflictos relacionados con las elecciones, pero el Ministro del Interior también puede ejercer esta competencia, alegando que no se han respetado las formas y las condiciones establecidas jurídicamente.
En la mayoría de Estados miembros, las normas sobre las campañas electorales (financiación autorizada, franjas horarias de emisión, publicación de resultados de sondeos) son las mismas que las que se aplican a las elecciones nacionales.
En varios Estados miembros (Austria, Dinamarca, Croacia, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido), los escaños que resultan vacantes se atribuyen a los primeros candidatos no elegidos de la misma lista (en su caso, tras un ajuste para reflejar los votos conseguidos por los candidatos). En Alemania, Bélgica, Irlanda y Suecia, los escaños vacantes se atribuyen a los suplentes. En Alemania y España, en caso de falta de suplentes, se tiene en cuenta el orden de los candidatos en las listas. En Grecia, los escaños vacantes se atribuyen a los suplentes de la misma lista y, si no existe un número de candidatos suficiente, se celebran elecciones parciales. En algunos Estados miembros, como Austria, los diputados al PE tienen derecho a volver al PE cuando el motivo de su marcha haya dejado de existir.
Desde los años sesenta, el Parlamento Europeo se ha pronunciado reiteradas veces sobre cuestiones relativas a la legislación electoral y ha presentado propuestas de conformidad con el artículo 138 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El hecho de que hasta ahora no exista un procedimiento auténticamente uniforme para las elecciones al Parlamento ilustra la dificultad de conciliar diferentes tradiciones nacionales. El Tratado de Ámsterdam ofreció la posibilidad de adoptar principios comunes, lo que permitió superar estas dificultades solo parcialmente. El Tratado de Lisboa (artículo 223 del TFUE) establece un fundamento jurídico para la adopción de un procedimiento uniforme, que requiere la aprobación del Parlamento.
En 1997, el Parlamento presentó una propuesta de procedimiento electoral uniforme. La Decisión del Consejo de 2002 recoge las líneas generales de dicha propuesta, aunque no retoma la sugerencia de crear una circunscripción única europea para la atribución del 10 % de los escaños. En la actualidad, la circunscripción europea todavía es objeto de debate.
El 22 de noviembre de 2012, el Parlamento aprobó una Resolución por la que se instaba a los partidos políticos europeos a designar a candidatos para el puesto de Presidente de la Comisión, con vistas a reforzar así la legitimidad política tanto del Parlamento como de la Comisión. Posteriormente, la Comisión adoptó una Recomendación en este sentido, por la que también se pedía a los partidos políticos nacionales que indicasen su afiliación a partidos políticos europeos durante la campaña electoral. En la Resolución mencionada, el Parlamento pedía a los Estados miembros que estableciesen unos umbrales mínimos adecuados y proporcionados para la asignación de escaños a fin de garantizar la funcionalidad de la Institución.
En 2003, se creó un sistema de financiación de los partidos políticos europeos (Reglamento (CE) nº 2004/2003) que, tras su modificación en 2007, permitió, asimismo, el establecimiento de fundaciones políticas a escala de la UE. Sin embargo, el Parlamento revisa actualmente dicho Reglamento, ya que la financiación utilizada para las campañas electorales sigue siendo escasa y continúa sujeta a normativas nacionales.
El avance de la integración europea ha implicado la modificación del papel de los Parlamentos nacionales. Se han creado diversos instrumentos de cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales con el objetivo de garantizar un control democrático efectivo de la legislación europea a todos los niveles. Las nuevas disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa han reforzado esta tendencia.
Artículo 12 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Protocolo nº 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.
A.Justificación de la cooperación
El proceso de integración europea conlleva de forma inherente la transferencia de algunas competencias que solían ejercer los Gobiernos nacionales a instituciones comunes con poder de decisión, por lo que ha disminuido el papel de los Parlamentos nacionales como autoridad legislativa, presupuestaria y de control del ejecutivo. La transferencia de competencias del ámbito nacional al europeo se ha realizado esencialmente en beneficio del Consejo, mientras que el Parlamento Europeo no ha recibido todos los poderes que le habrían permitido desempeñar plenamente su función parlamentaria en los asuntos de la Unión Europea. Así pues, se ha creado un «déficit democrático» estructural. El Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales lamentan este déficit democrático y tratan conjuntamente de reducirlo. Ante esta situación:
los Parlamentos nacionales están cada vez más preocupados por su pérdida de influencia y consideran que un mayor control nacional de la actividad europea de sus Gobiernos y el acercamiento al Parlamento Europeo pueden ser un medio adecuado de recuperar la influencia perdida y asegurar conjuntamente que la construcción europea se asiente sobre principios democráticos;
el Parlamento Europeo, por su parte, ha adoptado una posición basada generalmente en el concepto de que el mantenimiento de relaciones sólidas con los Parlamentos nacionales contribuye a reforzar su legitimidad y a acercar Europa a los ciudadanos.
B.Evolución del contexto de la cooperación
La disminución del papel de los Parlamentos nacionales ha seguido acentuándose a medida que ha ido progresando la integración europea, con el refuerzo de los poderes de la Comunidad y después de la Unión, la extensión de sus áreas de competencia, la ampliación de las votaciones por mayoría en el Consejo y el aumento de los poderes legislativos del Parlamento Europeo.
Hasta 1979, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales mantenían vínculos inquebrantables ya que los diputados al Parlamento Europeo eran designados entre los diputados de los Parlamentos nacionales. La elección del Parlamento Europeo por sufragio universal directo rompió estos vínculos y durante una decena de años no hubo prácticamente ninguna relación. La necesidad de restablecer los lazos se hizo sentir a partir de 1989, cuando se iniciaron contactos y se intentó reemplazar los vínculos orgánicos anteriores. El Tratado de Maastricht contribuyó a esta labor con dos declaraciones (nº 13 y 14), que preveían en particular:
el respeto de la participación de los Parlamentos nacionales en las actividades de la Unión Europea (debían ser informados por sus Gobiernos respectivos de las propuestas legislativas de la Unión Europea «con la antelación suficiente» y, si fuera necesario, mantener conferencias comunes);el desarrollo de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales mediante la intensificación de los contactos, la organización de reuniones regulares y la concesión de facilidades recíprocas.
Recientemente, los Parlamentos nacionales han asumido cierto control sobre la acción de sus Gobiernos en el ámbito de la UE, bien a raíz de reformas constitucionales o de compromisos gubernamentales o bien en virtud de los cambios efectuados en sus propios métodos de funcionamiento o de las interpretaciones de las normas constitucionales nacionales proporcionadas por los tribunales constitucionales de algunos Estados miembros. Sus comisiones especializadas en asuntos europeos han desempeñado un papel fundamental en esta evolución y en la cooperación con el Parlamento Europeo.
El Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales anejo al Tratado de Ámsterdam impulsa una mayor participación de los Parlamentos nacionales en las actividades de la UE y prevé una transmisión más rápida de los documentos de consulta y de las propuestas para que los Parlamentos nacionales puedan examinarlos antes de que el Consejo adopte una decisión. Los Parlamentos nacionales también influyeron significativamente en los debates de la Convención sobre el futuro de Europa (véase la ficha 1.1.4) y fueron el objeto de uno de sus once grupos de trabajo. En mayo de 2006, la Comisión acordó transmitir a los Parlamentos nacionales, por vía electrónica, todas las nuevas propuestas y documentos de consulta.
El Tratado de Lisboa introduce un sistema de alerta temprana, es decir, un mecanismo nuevo para que los Parlamentos nacionales puedan vigilar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en las nuevas propuestas legislativas (Protocolo nº 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea y Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad). Por otro lado, el Tratado establece la posibilidad de bloquear las nuevas propuestas de la Comisión por una mayoría de las cámaras legislativas. Sin embargo, la decisión definitiva corresponde a las autoridades legislativas (Parlamento Europeo y Consejo de Ministros) (véase la ficha 1.2.2). Este mecanismo se empleó por primera vez hace poco con respecto a la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. El Tratado también contiene nuevos artículos que aclaran el papel de los Parlamentos nacionales en el marco de la configuración institucional de la UE (artículos 10 y 12 del TUE).
Desde el inicio de la crisis de la deuda soberana de la UE, en marzo de 2010, el papel de los Parlamentos nacionales de la zona del euro en el contexto de la ratificación o modificación de los paquetes de rescate ha puesto de relieve la importancia de una estrecha cooperación y de un intercambio de información permanente entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
Resultados: Los instrumentos de cooperación
A.Conferencias de Presidentes de Asambleas Parlamentarias de la Unión Europea
Estas conferencias se instituyeron a partir de 1981, tras las reuniones organizadas en 1963 y 1973. En dichas conferencias, que se celebraban, en un principio, cada dos años, se reúnen los Presidentes de los Parlamentos nacionales y el Presidente del Parlamento Europeo. Se preparan mediante reuniones de los secretarios generales y tratan sobre cuestiones específicas relacionadas con la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo.
A lo largo de los últimos años, los Presidentes se han reunido con periodicidad anual. Últimamente se han celebrado importantes conferencias en Lisboa, el 20 y el 21 de junio de 2008 (sobre la UE más allá del Tratado de Lisboa), y en Varsovia, el 19 y el 21 de abril de 2012 (sobre la crisis de la unidad europea).
Desde 1995, el Parlamento Europeo mantiene estrechas relaciones con los Parlamentos de los países asociados y de los países candidatos a la adhesión. Los Presidentes del Parlamento Europeo y de estos Parlamentos se han reunido de forma regular para debatir las estrategias de adhesión y otras cuestiones de actualidad.
B.Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria
La Gran Conferencia celebrada en Viena en 1977 creó el Centro europeo de investigación y documentación parlamentaria (CEIDP). El Centro es una red de servicios de documentación y de investigación que cooperan estrechamente para facilitar el acceso a la información (incluidas las bases de datos nacionales y europeas) y coordinar la investigación para evitar la duplicación. Centraliza y difunde estudios, y ha creado un sitio web destinado a mejorar el intercambio de información. Su anuario facilita los contactos entre los distintos servicios de investigación de los Parlamentos miembros. El Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se ocupan conjuntamente de su administración. El Centro engloba a Parlamentos de los Estados miembros de la UE y del Consejo de Europa, y sus servicios también están a la disposición de Parlamentos de Estados que participen en la Asamblea del Consejo de Europa en calidad de observadores.
C.La Conferencia de los Parlamentos de la Comunidad
La idea de esta Conferencia se concretó en Roma en 1990 con el nombre de «Conferencia de los Parlamentos». Esta Conferencia versó sobre el futuro de la Comunidad, las implicaciones para la CE y los Estados miembros de las propuestas relativas a la Unión Económica y Monetaria y a la unión política, y, más concretamente, el papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. Reunió a 258 participantes (173 de los Parlamentos nacionales y 85 del Parlamento Europeo). La iniciativa no ha tenido continuación desde entonces.
D.La Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Comunitarios de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC)
Esta Conferencia, propuesta por el Presidente de la Asamblea Nacional francesa, reúne cada seis meses, desde 1989, a los órganos de los Parlamentos nacionales especializados en los asuntos de la UE y a seis diputados al Parlamento Europeo. Cada Conferencia, en la que se tratan temas importantes relacionados con la integración europea, está convocada por el Parlamento del país que ejerce la Presidencia de la Unión y preparada de forma conjunta por el Parlamento Europeo y por los Parlamentos de la troika de la Presidencia.
La COSAC no es un órgano de toma de decisiones, sino de consulta y de coordinación, que adopta posiciones por consenso. El Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europa dispone expresamente que la COSAC pueda dirigir a las instituciones de la Unión Europea cualquier contribución que juzgue conveniente. De todos modos, las contribuciones presentadas por la COSAC no vinculan en absoluto a los Parlamentos nacionales ni prejuzgan su posición.
E.Encuentros parlamentarios
Tras la experiencia de la Convención sobre el futuro de Europa, tanto los diputados al Parlamento Europeo como los parlamentarios nacionales juzgaron útil la creación de un instrumento de cooperación política permanente para tratar asuntos específicos. En consecuencia, los diputados al Parlamento Europeo y los parlamentarios nacionales se han ido reuniendo desde 2005 en el marco de encuentros parlamentarios para tratar cuestiones importantes que afectan a los Parlamentos en el proceso decisorio y de refuerzo de las instituciones de la Unión Europea. Uno de los últimos encuentros importantes tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2011 y abordó el futuro de la financiación de la UE (2014-2020).
F.Otros instrumentos de cooperación
La mayoría de las comisiones permanentes del Parlamento se conciertan con las comisiones homólogas nacionales mediante reuniones bilaterales o multilaterales y visitas de presidentes o de ponentes.
Los contactos entre los grupos políticos del Parlamento Europeo y los grupos equivalentes de los Parlamentos nacionales se desarrollan de forma variable en función de los partidos políticos o el país de que se trate.
La cooperación administrativa se lleva a cabo en forma de cursillos de formación en el Parlamento Europeo y de intercambios de funcionarios. El intercambio recíproco de información sobre el trabajo parlamentario, sobre todo en materia de legislación, cobra cada vez más importancia y recurre a tecnologías de la información modernas, como la red de datos y comunicación basada en Internet IPEX (Intercambio de Información Interparlamentaria Europea).
El Consejo Europeo, constituido por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, da el impulso necesario para el desarrollo de la Unión Europea y define sus orientaciones políticas generales. Está vinculado a la Comisión, ya que el Presidente de ésta forma parte del Consejo Europeo pero sin derecho a voto. El Presidente del Parlamento Europeo también se dirige al Consejo Europeo al principio de las reuniones. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha instaurado una presidencia a largo plazo del Consejo Europeo, que se ha convertido en una institución de la Unión.
Artículos 15, 26, 27 y 42, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE).
El Consejo Europeo es hoy la conferencia en la cumbre que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE. La primera de estas «cumbres europeas» se celebró en París en 1961 y desde 1969 tienen lugar con mayor frecuencia.
Fue en la cumbre europea de París en febrero de 1974 cuando se decidió que estas reuniones de Jefes de Estado o de Gobierno se celebrarían en lo sucesivo periódicamente con el nombre de «Consejo Europeo», lo que permitiría adoptar un enfoque general frente a los problemas de la integración europea y garantizar que se coordinaran debidamente las actividades de la Unión.
El Acta Única Europea (1986) incluyó por primera vez al Consejo Europeo en el articulado de los Tratados comunitarios. Fijó su composición y estableció un ritmo de dos reuniones anuales.
El Tratado de Maastricht (1992) oficializó su función en el proceso institucional de la Unión Europea.
El Tratado de Lisboa convirtió al Consejo Europeo en institución de pleno derecho de la Unión Europea (artículo 13 del TUE). Sus tareas consisten en dar «a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo» y en definir «sus orientaciones y prioridades políticas generales» (artículo 15 del TUE).
Convocado por su Presidente, el Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el Presidente de la Comisión (artículo 15, apartado 2, del TUE). El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus trabajos. En general, se invita al Presidente del Parlamento Europeo a intervenir al principio de la reunión (artículo 235, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE).
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo se reúne por lo menos dos veces cada semestre. El mandato del Presidente abarcará treinta meses y puede renovarse una vez. En principio, toma sus decisiones por unanimidad. Sin embargo, decide varios nombramientos importantes por mayoría cualificada (por ejemplo, los de su Presidente, del candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea y la designación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del Presidente del Banco Central Europeo).
Durante la crisis de deuda soberana, el Consejo Europeo se ha visto obligado a reunirse con mayor frecuencia. Por ejemplo, en 2012 se reunió en cuatro ocasiones. Además se celebraron la siguientes reuniones: una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, dos reuniones informales de los miembros del Consejo Europeo y cuatro reuniones de Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro (también denominadas «cumbres del euro»).
A.Papel en el sistema institucional de la Unión
Con arreglo al artículo 13 del TUE, el Consejo Europeo forma parte del «marco institucional único» de la Unión. Su papel es, sin embargo, el de proporcionar un impulso político general, en vez de actuar como organismo de toma de decisiones en sentido jurídico. Únicamente toma decisiones con consecuencias jurídicas para la Unión en casos excepcionales (véase el punto 2 a continuación), pero ha adquirido una serie de competencias decisorias institucionales. Es más, el Consejo Europeo está autorizado a adoptar actos jurídicamente vinculantes, que pueden recurrirse ante el Tribunal de Justicia, también por omisión (artículo 265 del TFUE).
El artículo 7, apartado 2, del TUE dota al Consejo Europeo de la facultad de iniciar el procedimiento de suspensión de los derechos de un Estado miembro si se constata una violación grave de los principios de la Unión, previa aprobación por el Parlamento Europeo.
B.Relaciones con las demás instituciones
El Consejo Europeo toma sus decisiones con total independencia y en la mayoría de ocasiones no se requiere una iniciativa de la Comisión ni la participación del Parlamento.
De todos modos, el Tratado de Lisboa mantiene un vínculo organizativo con la Comisión, dado que su Presidente forma parte, sin voto, del Consejo Europeo y que el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en los debates. Asimismo, el Consejo Europeo pide a menudo a la Comisión que le presente informes preparatorios para sus reuniones. No obstante, solicita cada vez más a sus propios servicios que preparen estos documentos.
En el artículo 15, apartado 6, letra d), del TUE se establece que el Presidente del Consejo Europeo debe presentar al Parlamento Europeo un informe al término de cada reunión. El Presidente, además, se reúne con el Presidente del Parlamento Europeo y con los líderes de los grupos políticos una vez al mes, y en febrero de 2011 aceptó responder a preguntas escritas de los diputados en relación con sus propias actividades políticas. Sin embargo, el Parlamento puede influir, de manera informal, mediante la presencia de su Presidente en las reuniones del Consejo Europeo, mediante reuniones, previas al Consejo Europeo, de los líderes de los partidos con sus respectivas familias políticas europeas y mediante las resoluciones que adopte sobre los puntos del orden del día de las reuniones, sobre los resultados de las reuniones y sobre los informes oficiales que le presenta el Consejo Europeo.
Según el Tratado de Lisboa, el nuevo cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad pasa a ser un elemento adicional, que propone y ejecuta la política exterior en nombre del Consejo Europeo. El Presidente del Consejo Europeo asume la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
C.Competencias
El Consejo Europeo «dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales» (artículo 15, apartado 1, del TUE). Decide además, por mayoría cualificada, la formación del Consejo y el calendario de las presidencias rotatorias.
2.Política exterior y de seguridad
El Consejo Europeo define los principios y las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común (PESC) y decide las estrategias comunes para su aplicación (artículo 26 del TUE). Decide, por unanimidad, si es necesario recomendar a los Estados miembros proceder a la definición progresiva de una política común de defensa con arreglo al artículo 42, apartado 2, del TUE.
En caso de que un Estado miembro declare su intención de oponerse a la adopción de una decisión por motivos importantes relativos a su política nacional, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se remita el asunto al Consejo Europeo para que adopte al respecto una decisión por unanimidad (artículo 31, apartado 2, del TUE). En caso de que los Estados miembros decidan establecer una cooperación reforzada en este ámbito, se puede seguir el mismo procedimiento (artículo 20 del TUE).
3.Gobernanza económica y marco financiero plurianual
Desde 2009, la crisis de la deuda soberana ha convertido al Consejo Europeo y a las cumbres del euro en actores protagonistas de la lucha contra las repercusiones de la crisis bancaria mundial. Varios Estados miembros han recibido paquetes de ayuda financiera a través de acuerdos ad hoc o temporales decididos por los Jefes de Estado o de Gobierno y ratificados posteriormente en los Estados miembros. En el futuro, la ayuda financiera se canalizará a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que será permanente. Los Gobiernos de los Estados miembros, con la participación activa de la Comisión, del Parlamento y del BCE, han elaborado un tratado internacional (el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, también llamado «Pacto Presupuestario») que permite un control más estricto de las políticas en materia presupuestaria y socioeconómica de los Estados miembros. Esto suscita cada vez más interrogantes acerca del papel de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en la gobernanza económica de la zona del euro.
El Consejo Europeo también desempeña un papel importante en el Semestre Europeo. En sus reuniones de primavera publica orientaciones políticas en materia de reformas macroeconómicas, fiscales y estructurales, y políticas que generen crecimiento. En sus reuniones de junio aprueba recomendaciones como resultado de la evaluación de los programas nacionales de reforma elaborados por la Comisión Europea y debatidos en el Consejo de la UE.
También participa en la negociación del marco financiero plurianual, en el que desempeña un papel capital para alcanzar un acuerdo político sobre las cuestiones políticas clave en el reglamento del MFP, tales como los límites de gasto, los programas de gasto y la financiación (recursos).
4.Cooperación política y judicial en materia penal
A petición de cualquiera de los miembros del Consejo, el Consejo Europeo decidirá si se establece una cooperación reforzada en cualquiera de las áreas relativas a este ámbito (artículo 20 del TUE). El Tratado de Lisboa ha introducido varias cláusulas pasarela nuevas que permiten al Consejo Europeo cambiar la fórmula de toma de decisiones del Consejo, a fin de pasar de la unanimidad a la mayoría (1.4.2).
El Consejo Europeo ha demostrado su eficacia a la hora de adoptar orientaciones generales para la acción de la Unión y también de superar bloqueos en el sistema de decisión comunitario. Sin embargo, por su composición intergubernamental y sus procedimientos de toma de decisiones, el Consejo Europeo puede estar frenando la evolución federal de la integración europea en general, e incluso poniendo en peligro los logros supranacionales del sistema comunitario. Aún deben evaluarse los cambios institucionales que introduce el Tratado de Lisboa. Cabe señalar que el Presidente del Consejo Europeo rinde cuentas regularmente ante el Parlamento Europeo.
A.Política exterior y de seguridad
La política exterior y de seguridad constituye, desde principios de la década de 1990, un elemento primordial de las cumbres del Consejo Europeo. Las decisiones que ha tomado en este ámbito se refieren, en particular, a:
la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo;
la política europea de vecindad y las relaciones con Rusia;
las relaciones con los países mediterráneos y Oriente Próximo.
En la reunión celebrada en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, el Consejo Europeo decidió reforzar la PESC común mediante el desarrollo de infraestructuras militares y civiles para la gestión de crisis.
En su reunión celebrada en Bruselas el 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europea de Seguridad.
B.Ampliación
El Consejo Europeo ha establecido los términos para cada ronda de ampliación de la UE. En Copenhague, en 1993, sentó las bases para una nueva oleada de adhesiones (los criterios de Copenhague). En las reuniones de los años siguientes, se precisaron los criterios de adhesión y las reformas institucionales previas.
El Consejo Europeo de Copenhague (12 y 13 de diciembre de 2002) decidió que, a partir del 1 de mayo de 2004, se haría efectiva la adhesión a la Unión Europea de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Rumanía y Bulgaria se adhirieron a la Unión el 1 de enero de 2007.
El 3 de octubre de 2005, reunido en Luxemburgo, el Consejo aprobó un marco de negociaciones con Croacia y Turquía con vistas a su adhesión a la UE. El Tratado de adhesión de Croacia se firmó el 9 de diciembre de 2011, y la adhesión de Croacia tuvo lugar el 1 de julio de 2013.
C.Reforma institucional
El Consejo Europeo de Tampere (15 y 16 de octubre de 1999) definió las modalidades de elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1.1.6). Por su parte, el Consejo Europeo de Helsinki (diciembre de 1999) convocó la Conferencia Intergubernamental que elaboró el Tratado de Niza.
El Consejo Europeo de Laeken (14 y 15 de diciembre de 2001) decidió convocar una Convención sobre el futuro de Europa, que redactó el malogrado Tratado Constitucional (1.1.4). Tras dos años y medio de punto muerto institucional, el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007 aprobó un mandato detallado para la Conferencia Intergubernamental que conduciría a la firma del Tratado de Lisboa, el 13 de diciembre de 2007, el cual entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 (1.1.5). El 25 de marzo adoptó la decisión por la que se modifica el artículo 136 y se prepara el terreno para la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
El Parlamento Europeo, como institución representativa de los ciudadanos de Europa, constituye el fundamento democrático de la Unión Europea. Con miras a asegurar la plena legitimidad democrática de la Unión, el Parlamento debe estar totalmente asociado al proceso legislativo europeo y ejercer, en nombre de los ciudadanos, un control político sobre las otras instituciones de la UE.
Competencias de carácter constitucional y de ratificación (1.4.2)
Participación en el proceso legislativo (1.4.1)
El Parlamento Europeo participa en la adopción de los actos legislativos de la Unión en diversa medida, según el fundamento jurídico de cada acto. Su papel ha ido evolucionando progresivamente desde una función meramente consultiva hasta la codecisión, que lo sitúa en pie de igualdad con el Consejo.
A.Procedimiento legislativo ordinario
Con la entrada en vigor del Tratado de Niza, el procedimiento de codecisión pasó a aplicarse a 46 fundamentos jurídicos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). En principio, este procedimiento situó al Parlamento y al Consejo en igualdad de condiciones: en caso de acuerdo entre ambas instituciones, el acto se adoptaba en primera o segunda lectura; en caso de desacuerdo, el acto solo podía adoptarse tras un proceso de conciliación satisfactorio.
Con el Tratado de Lisboa, el procedimiento de codecisión se denomina ahora procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 del TFUE). En virtud del Tratado, más de 40 nuevas políticas han pasado a regirse por este procedimiento, en ámbitos como la libertad, seguridad y justicia, el comercio exterior, la política de medio ambiente y la PAC.
B.Consulta
El procedimiento de consulta sigue aplicándose a la fiscalidad, la competencia, la armonización de las legislaciones no vinculadas al mercado interior y algunos aspectos de la política social.
C.Cooperación
El procedimiento de cooperación (antiguo artículo 252 del TCE) fue introducido por el AUE; el Tratado de Maastricht lo amplió a prácticamente todos los ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por mayoría. Este procedimiento obligaba al Consejo a tomar en consideración en la segunda lectura las enmiendas parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta, en la medida en que la Comisión las hubiera aceptado, ‎lo que significó el inicio de las verdaderas competencias legislativas del Parlamento.‎ La importancia del procedimiento de cooperación se redujo a raíz de la generalización del procedimiento de codecisión con el Tratado de Ámsterdam. Solo sobrevivió en cuatro disposiciones sobre política económica y monetaria, antes de desaparecer completamente con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1.1.5).
D.Dictamen conforme
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el procedimiento de dictamen conforme se aplicaba a los escasos ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por unanimidad, reducidos desde el Tratado de Ámsterdam a los Fondos Estructurales y de Cohesión.
Con arreglo al Tratado de Lisboa, algunos ámbitos nuevos se someten a este procedimiento, ‎conocido ahora de forma general como «aprobación». Entre dichos ámbitos, se incluyen las ‎medidas que el Consejo debe adoptar cuando se considere necesaria una acción de la Unión ‎sin que se hayan previsto en los Tratados los poderes de actuación necesarios a tal efecto (artículo 352 del TFUE).
E.Derecho de iniciativa
El Tratado de Maastricht también concedió al Parlamento un derecho de iniciativa legislativa, que se limitaba, no obstante, a la facultad de solicitar a la Comisión la presentación de una propuesta. Este derecho se mantiene en el Tratado de Lisboa (artículo 225 del TFUE) y se desarrolla de forma más detallada en el último acuerdo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento.
Competencias presupuestarias (1.4.3)
Por último, el Parlamento también tiene que dar su aprobación al marco financiero plurianual (artículo 312 del TFUE). El primer marco financiero plurianual adoptado con arreglo a las disposiciones del Tratado de Lisboa se aprobó en diciembre de 2013.
El Parlamento dispone de varios instrumentos de control: en especial, examina el informe general anual (artículo 233 del TFUE) y supervisa, junto con el Consejo, los actos delegados y de ejecución de la Comisión (artículos 290 y 291 del TFUE).
A.Investidura de la Comisión
Desde 1981, el Parlamento había adquirido la costumbre de «investir» informalmente a la Comisión al examinar y aprobar su programa. No obstante, fue el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1992, el que subordinó a la aprobación previa del Parlamento el nombramiento por parte de los Estados miembros del Presidente y los miembros de la Comisión como órgano colegiado. El Tratado de Ámsterdam fue más lejos al someter a la aprobación del Parlamento la designación del Presidente de la Comisión, antes del nombramiento de los demás miembros de la misma. En 1994, el Parlamento inició la organización de audiencias de los comisarios propuestos. En virtud del Tratado de Lisboa, el candidato a la Presidencia de la Comisión debe ser elegido teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas.
B.Moción de censura
La moción de censura contra la Comisión (actualmente, artículo 234 del TFUE) existe desde el Tratado de Roma. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que representen, a su vez, la mayoría de los miembros que componen el Parlamento, en cuyo caso la Comisión debe dimitir en bloque. Solo se han sometido a votación ocho mociones de censura y ninguna ha sido aprobada, pero el número de votos a favor de la censura se ha ido incrementando en cada ocasión. Sin embargo, la última moción de censura (votación del 8 de junio de 2005) consiguió únicamente 35 votos a favor, frente a 589 en contra y 35 abstenciones.
C.Preguntas parlamentarias
Incluyen las preguntas escritas y orales, con o sin debate (artículo 230 del TFUE), así como las formuladas en el turno de preguntas. La Comisión y el Consejo están obligados a responderlas.
D.Comisiones de investigación
El Parlamento tiene la facultad de constituir comisiones temporales de investigación para que examinen las alegaciones de infracción o de mala aplicación del Derecho de la Unión (artículo 226 del TFUE).
E.Control sobre la política exterior y de seguridad común
En este ámbito, el Parlamento tiene derecho a ser informado regularmente y puede formular preguntas o recomendaciones al Consejo. Ha de ser consultado acerca de los aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común (PESC) (artículo 36 del TUE). La aplicación del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (2006/C 139/01) también ha contribuido a la mejora de los procedimientos de consulta en el marco de la PESC, al menos en lo que respecta a los aspectos financieros. La creación del cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aumenta la influencia del Parlamento, ya que el Alto Representante ocupa al mismo tiempo la Vicepresidencia de la Comisión.
Dispone de un derecho de intervención, es decir, puede apoyar a una de las partes en un asunto determinado ante el Tribunal. Haciendo historia, el Parlamento ejerció este derecho en el caso «Isoglucosa» (asuntos 138 y 139/79, de 29 de octubre de 1980), en el que el Tribunal anuló un reglamento del Consejo por infracción de su obligación de consultar al Parlamento. En el marco del recurso por omisión (artículo 265 del TFUE), el Parlamento puede interponer un recurso contra una institución ante el Tribunal de Justicia por violación del Tratado, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto 13/83, en el que el Tribunal condenó al Consejo por no haber adoptado medidas en relación con la política común de transportes.
Peticiones (2.1.4)
Cuando los ciudadanos de la Unión Europea ejercen su derecho de petición, dirigen sus peticiones al Presidente del Parlamento Europeo (artículo 227 del TFUE).
Iniciativa ciudadana europea (2.1.5)
El Parlamento organiza una audiencia con los precursores de una iniciativa ciudadana europea registrada con éxito, bajo los auspicios de la Comisión de Peticiones.
En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento es el encargado de elegir al Defensor del Pueblo Europeo (artículo 228 del TFUE) (1.3.16).
Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo es la institución que adopta la legislación de la UE a través de reglamentos y directivas, además de elaborar decisiones y recomendaciones no vinculantes. Dentro de sus ámbitos de competencia, adopta sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad, de conformidad con el fundamento jurídico del acto que precise de su aprobación.
En el marco institucional único de la Unión Europea, el Consejo ejerce las competencias que le confieren el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 237 a 243 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
A.Legislación
Sobre la base de las propuestas presentadas por la Comisión, el Consejo adopta la legislación de la UE en forma de reglamentos y directivas, bien conjuntamente con el Parlamento Europeo, con arreglo al artículo 294 del TFUE (procedimiento legislativo ordinario), o bien solo, previa consulta al Parlamento Europeo (véase la ficha 1.4.1). El Consejo toma, asimismo, decisiones individuales, formula recomendaciones no vinculantes (artículo 288 del TFUE) y emite resoluciones. El Consejo y el Parlamento establecen las normas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión o reservadas para el propio Consejo (artículo 291, apartado 3, del TFUE).
El Consejo es una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria que aprueba el presupuesto de la Unión, mientras que la otra es el Parlamento Europeo (véase la ficha 1.4.3). Además, el Consejo también adopta, por unanimidad y con arreglo a un procedimiento legislativo especial, decisiones que establecen las disposiciones aplicables al sistema de recursos propios de la Unión y al marco financiero plurianual (artículos 311 y 312 del TFUE). En este último caso, el Parlamento debe dar su aprobación por mayoría de sus diputados. El Parlamento aprobó el último marco financiero plurianual (2014-2020) en noviembre de 2013.
C.Otras competencias
1.Acuerdos internacionales
El Consejo celebra los acuerdos internacionales de la UE, que son negociados por la Comisión y, en la mayoría de los casos, requieren la aprobación del Parlamento (artículo 218, apartado 6, del TFUE).
El Consejo nombra, por mayoría cualificada desde la adopción del Tratado de Niza, a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones.
3.Política económica
El Consejo vela por la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros (artículo 121 del TFUE) y, sin perjuicio de las competencias del Banco Central Europeo, toma decisiones políticas en el ámbito monetario. Los miembros del Eurogrupo se rigen por reglas específicas y eligen a un presidente por un mandato de dos años y medio (artículos 136 y 137 del TFUE). Por norma general, los ministros de Finanzas del Eurogrupo se reúnen el día anterior a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.
El artículo 136 del TFUE fue modificado mediante la Decisión 2011/199/UE del Consejo Europeo y entró en vigor el 1 de mayo de 2013, tras su ratificación por parte de todos los Estados miembros. En la actualidad, dicho artículo proporciona el fundamento jurídico para los mecanismos de estabilidad, como el MEDE (véase la ficha 4.2.3).
4.Política exterior y de seguridad común
El Tratado de Lisboa ha conferido personalidad jurídica a la UE, que ha sustituido a la Comunidad Europea. Por otro lado, este Tratado elimina la estructura de los tres pilares. Los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior pasan a ser políticas de la UE completamente integradas, que se rigen generalmente por el procedimiento legislativo ordinario. No obstante, en materia de política exterior y de seguridad común, el Consejo sigue actuando según unas normas específicas cuando debe adoptar posiciones comunes y acciones comunes o celebrar convenios.
La antigua fórmula de la troika ha sido sustituida por un sistema nuevo: bajo la presidencia permanente del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ahora el Consejo de Asuntos Exteriores debe colaborar estrechamente con la Comisión. Sigue contando con la asistencia de su Secretaría General y también del Servicio Europeo de Acción Exterior.
1.Miembros
El Consejo se compone de «un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente» (artículo 16, apartado 2, del TUE).
2.Presidencia
La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción del Consejo de Asuntos Exteriores, recae en el representante del Estado miembro que ocupa la presidencia de la Unión. Esta se ejerce por rotación durante un periodo de seis meses, según un orden que determina el Consejo por unanimidad (artículo 16, apartado 9, del TUE). La presidencia de todas las formaciones del Consejo, salvo el Consejo de Asuntos Exteriores, está desempeñada por grupos preestablecidos de tres Estados miembros durante un periodo de 18 meses, en el que cada miembro del grupo ocupa la presidencia durante seis meses.
Durante los próximos seis años, los Estados miembros ocuparán la presidencia por el siguiente orden: Italia a partir de julio de 2014, Letonia y Luxemburgo en 2015, los Países Bajos y Eslovaquia en 2016, Malta y el Reino Unido en 2017, Estonia y Bulgaria en 2018, Austria y Rumanía en 2019 y Finlandia en el primer semestre de 2020. El Consejo Europeo puede cambiar el orden de las presidencias (artículo 236, letra b), del TFUE).
B.Funcionamiento
Según el asunto de que se trate, el Consejo adopta decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad (véanse las fichas 1.4.1 y 1.4.2). Cuando el Consejo actúa en su capacidad legislativa, sus reuniones están abiertas al público (artículo 16, apartado 8, del TUE).
1.Mayoría simple
La mayoría simple supone que una decisión se toma cuando cuenta con más votos a favor que en contra. A tal efecto, cada Estado miembro del Consejo dispone de un voto. La norma de la mayoría simple se aplica salvo disposición contraria del Tratado (artículo 238, apartado 1, del TFUE). Por tanto, se trata del proceso decisorio por defecto. No obstante, en realidad, solo se aplica a unos pocos asuntos: el reglamento interno del Consejo, la organización de la Secretaría General del Consejo y los estatutos de los Comités previstos en el Tratado.
2.Mayoría cualificada
a.Mecanismo. En gran número de asuntos, el Tratado prevé que las decisiones se adopten por mayoría cualificada, es decir, por más votos que la mayoría simple. En este caso, ya no existe la igualdad de derechos de voto. Cada Estado miembro dispone de un cierto número de votos en función de su peso demográfico (artículo 205, apartado 2, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea —TCE— y artículo 238 del TFUE, a partir de noviembre de 2014). A partir del 1 de enero de 2007, empezó a funcionar una nueva ponderación de los votos de forma que la mayoría cualificada se obtiene si:
la decisión cuenta con al menos 260 del total de 352 votos (73,86 %);
la decisión es aprobada por una mayoría de los Estados miembros, y
la decisión es aprobada por al menos el 62 % de la población de la UE (la comprobación del cumplimiento de este último criterio se realiza únicamente a petición de un Estado miembro).
Si una propuesta no procede de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión.
El Tratado de Lisboa prescinde del sistema de ponderación de voto y aplica una simple regla de doble mayoría (el 55 % de los miembros del Consejo, que incluya como mínimo a quince de ellos y que estos representen como mínimo al 65 % de la población de la Unión). Sin embargo, este nuevo sistema no entrará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2014. En cualquier caso, un miembro del Consejo puede solicitar la prolongación del sistema vigente hasta el 31 de marzo de 2017.
b.Ámbito de aplicación. El Tratado de Lisboa ha ampliado de nuevo el ámbito de aplicación de la toma de decisiones por mayoría cualificada. La votación por mayoría cualificada se introduce o se amplía en 68 fundamentos jurídicos, en la mayoría de los casos, acompañada del procedimiento legislativo ordinario (incluidas muchas áreas del antiguo tercer pilar). Asimismo, la mayoría cualificada se aplica para la designación del Presidente y los miembros de la Comisión, así como de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones (véanse las fichas 1.4.1 y 1.4.2).
3.Unanimidad. El Tratado solo exige la unanimidad para un número reducido de asuntos, pero, entre ellos, figuran algunos de los más importantes (fiscalidad, política social, etc.). Si bien el Tratado de Lisboa la ha mantenido, en el artículo 48, apartado 7, del TUE, se prevé ahora una «cláusula pasarela», que permite al Consejo adoptar una decisión en ciertas materias por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad. Además, por lo que respecta a determinadas políticas, el Consejo puede decidir (por unanimidad) ampliar el uso de la votación por mayoría cualificada, por ejemplo, en materia de Derecho de familia con repercusión transfronteriza (artículo 81, apartado 3, del TFUE).
En general, el Consejo tiende a buscar la unanimidad, incluso en asuntos en los que no es necesaria. Esta preferencia se remonta al «compromiso de Luxemburgo» de 1966, con el que se concluyó un conflicto surgido entre Francia y los demás Estados miembros cuando la primera se negó a pasar de la unanimidad al voto por mayoría cualificada en una serie de asuntos. El texto del compromiso estipulaba que, en caso de decisiones que pudiesen adoptarse por mayoría a propuesta de la Comisión, si estaban en juego intereses muy importantes de una o más partes, los miembros del Consejo se esforzarían, dentro de un plazo razonable, por alcanzar soluciones que pudiesen ser adoptadas por todos los miembros del Consejo, respetando sus intereses mutuos y los de la Comunidad.
En 1994, se halló una solución similar. El denominado «compromiso de Ioánnina» protegía a una serie de Estados miembros cercanos a la minoría de bloqueo al disponer que, si dichos Estados expresaban su intención de oponerse a la toma de una decisión por parte del Consejo por mayoría cualificada, el Consejo haría todo lo que estuviera a su alcance, dentro de un plazo de tiempo razonable, por lograr una solución satisfactoria para la gran mayoría de Estados.
Más recientemente, se inscribe también en esta tendencia la posibilidad de aplazar la introducción del nuevo sistema de doble mayoría de 2014 a 2017.
Coreper. Un Comité compuesto por Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encarga de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que este le confíe (artículo 240 del TFUE). Este Comité está presidido por un representante del Estado miembro que ejerce la presidencia del Consejo de Asuntos Generales, es decir, la presidencia de turno. Sin embargo, el Comité Político y de Seguridad, que sigue la evolución de la situación internacional en materia de política exterior y de seguridad común, está presidido por un representante del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
La Comisión es la institución europea que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa e importantes poderes ejecutivos en ámbitos como la competencia y el comercio exterior. Es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea y está formada por un colegio de comisarios compuesto por un representante por Estado miembro. Además, preside los comités competentes para la aplicación del Derecho de la UE. Recientemente se ha sustituido el antiguo sistema de comitología por nuevos instrumentos jurídicos: los actos de ejecución y los actos delegados.
Artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y artículos 234, 244 a 250, 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En los inicios, cada Comunidad estaba dotada de su propio ejecutivo: una Alta Autoridad para la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (1951) y una Comisión para cada una de las dos Comunidades creadas por el Tratado de Roma (1957), esto es, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Estos tres ejecutivos se fusionaron en uno, la Comisión Europea, en 1965 (véase la ficha 1.1.2).
A.Número de miembros
Durante muchos años, la Comisión estuvo compuesta por al menos uno y no más de dos comisarios por cada Estado miembro. En la práctica, los cinco países más poblados tenían dos representantes y los demás, incluidos los diez nuevos Estados miembros, uno. Desde el 1 de noviembre de 2004, la Comisión está formada por un comisario por Estado miembro.
En un principio, el Tratado de Lisboa preveía, a partir del 1 de noviembre de 2014, un número de comisarios correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros. Paralelamente, se introduciría un elemento de flexibilidad al conceder al Consejo Europeo la posibilidad de determinar el número definitivo de miembros de la Comisión (artículo 17, apartado 5, del TUE). Así, antes del segundo referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa celebrado en 2009, el Consejo Europeo decidió mantener el principio de un comisario por Estado miembro.
B.Procedimiento de designación
El Tratado de Lisboa establece que el Consejo Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, propondrá al Parlamento un candidato por mayoría cualificada. El Parlamento elige al presidente por mayoría de los miembros que lo componen (artículo 17, apartado 7, del TUE).
El Consejo, por mayoría cualificada y de común acuerdo con el presidente electo, aprueba la lista de las demás personalidades que se proponga designar miembros de la Comisión, de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.
El presidente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someten colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento y, a continuación, son nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.
C.Obligación de rendir cuentas
1.Responsabilidad personal (artículo 245 del TFUE)
Todo miembro de la Comisión que haya incumplido sus obligaciones o cometido una falta grave podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia, a instancias del Consejo o de la propia Comisión (artículo 247 del TFUE).
2.Responsabilidad colectiva
La Comisión desempeña sus funciones bajo la orientación política de su presidente, que decide sobre su organización interna. El presidente reparte los distintos sectores de actividad entre los comisarios. De este modo, se asigna a cada comisario la responsabilidad de un sector determinado y la autoridad sobre los departamentos administrativos correspondientes. Previa aprobación del Colegio, el presidente nombra a los vicepresidentes de entre los comisarios. Todo miembro de la Comisión debe presentar su dimisión si el presidente, previa aprobación del Colegio, así se lo pide.
La Comisión dispone de una Secretaría General, que comprende 33 departamentos (direcciones generales) y 11 departamentos especializados (servicios), entre los que se encuentran la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Servicio Jurídico, los Archivos Históricos y la Oficina de Publicaciones. Salvo algunas excepciones, la Comisión toma sus decisiones por mayoría (artículo 250 del TFUE).
A.Derecho de iniciativa
1.Plena iniciativa: facultad de presentación de propuestas
a.Iniciativa legislativa
La Comisión elabora y presenta al Consejo y al Parlamento todas las propuestas legislativas (reglamentos y directivas) que la aplicación de los Tratados requiera (véase la ficha 1.4.1).
b.Iniciativa presupuestaria
La Comisión elabora el proyecto de presupuesto, que se somete al Consejo y al Parlamento de conformidad con el artículo 314 del TFUE (véase la ficha 1.4.3).
c.Relaciones con terceros países
Actuando por mandato del Consejo, la Comisión es la encargada de negociar los acuerdos internacionales con arreglo a los artículos 207 y 218 del TFUE, que, a continuación, se someten al Consejo para su celebración. Esto incluye las negociaciones de adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6, apartado 2, del TUE). El alto representante negocia los acuerdos en materia de política exterior y de seguridad.
2.Iniciativa limitada: facultad de recomendación o de dictamen
a.En el contexto de la Unión Económica y Monetaria (véase la ficha 4.1.2)
evaluaciones de los planes nacionales de acción y presentaciones de propuestas de recomendaciones para cada país en el marco del Semestre Europeo.
b.En la Política Exterior y de Seguridad Común
En este ámbito se han transferido numerosas competencias de la Comisión al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior. No obstante, la Comisión puede apoyar al alto representante cuando presente al Consejo una propuesta relacionada con la política exterior y de seguridad común (artículo 30 del TUE). Asimismo, el alto representante es también vicepresidente de la Comisión.
B.Competencias de control de la aplicación del Derecho de la Unión
Los Tratados confían a la Comisión el cometido de velar por su buena aplicación y por la de las decisiones tomadas para este fin (Derecho derivado). Se trata de su función de «guardiana de los Tratados». Esta función la desempeña principalmente a través del «procedimiento por incumplimiento» que se aplica a los Estados miembros, previsto por el artículo 258 del TFUE.
C.Competencias de ejecución
1.Conferidas por los propios Tratados
Las principales son: la ejecución del presupuesto (artículo 317 del TFUE); la facultad de autorizar a los Estados miembros a que tomen las medidas de salvaguardia previstas por los Tratados, en particular, en períodos de transición (por ejemplo, artículo 201 del TFUE); y las facultades en materia de competencia; en particular, el control de las ayudas estatales conforme al artículo 108 del TFUE.
En los paquetes de rescate financiero relacionados con la crisis de la deuda que atraviesan algunos Estados miembros, la Comisión es responsable de la gestión de los fondos obtenidos y garantizados por el presupuesto de la UE. Asimismo, posee atribuciones para modificar el procedimiento de votación del Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para que pase de la unanimidad a la mayoría cualificada especial (85 %) cuando la Comisión concluya (conjuntamente con el BCE) que la no adopción de una decisión de conceder asistencia financiera amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la zona del euro (artículo 4, apartado 4, del Tratado MEDE) (véase la ficha 4.2.3).
2.Delegadas por el Consejo y el Parlamento
La Comisión ejerce las competencias que le son conferidas para la ejecución de los actos legislativos adoptados por el Consejo y el Parlamento (artículo 291 del TFUE).
El Tratado de Lisboa ha introducido nuevas «normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión» (artículo 291, apartado 3, del TFUE y Reglamento (UE) nº 182/2011), que sustituyen los antiguos mecanismos de los comités por dos nuevos instrumentos: el procedimiento consultivo y el procedimiento de examen. Se incluye formalmente el derecho de control del Parlamento y del Consejo y, en casos de conflicto, se contempla un procedimiento de recurso.
3.Actos delegados
El Tratado de Lisboa también ha introducido una nueva categoría de disposiciones jurídicas, que se sitúan entre los actos legislativos y de ejecución. Estos «actos no legislativos delegados» (artículo 290 del TFUE) son «actos de alcance general que completan o modifican determinados elementos no esenciales del acto legislativo» (también denominado «acto de base»). En principio, el Parlamento goza de los mismos derechos de supervisión que el Consejo.
D.Competencias de regulación y consulta
Los Tratados atribuyen a la Comisión competencias para formular recomendaciones o presentar informes y dictámenes en numerosos casos. Asimismo, prevén su consulta para la adopción de determinadas decisiones: es el caso, en particular, de las decisiones de admisión de nuevos miembros a la Unión (artículo 49 del TUE). La Comisión también es consultada sobre el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo.
La Comisión es el principal interlocutor del Parlamento en asuntos legislativos y presupuestarios. El control parlamentario del programa de trabajo de la Comisión y su ejecución han adquirido una importancia cada vez mayor a la hora de garantizar una mayor legitimidad democrática para la gobernanza de la UE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones de la UE. Tiene competencia sobre la jurisdicción de la Unión Europea y está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Estos tres órganos garantizan la buena interpretación y aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio. El Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y el respeto, por parte de los Estados miembros, de las obligaciones del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); artículo 136 del Tratado Euratom; Protocolo nº 3, anejo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Estatuto»);
determinados acuerdos internacionales;
la institución se financia a partir del presupuesto de la UE, en el que tiene una sección propia (la sección 4).
Un Juez por Estado miembro. El Tribunal está asistido por ocho Abogados Generales, cuyo número puede ser aumentado por el Consejo si el Tribunal de Justicia lo solicita.
los Jueces y los Abogados Generales deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o ser jurisconsultos de reconocida competencia;
asimismo, deben ofrecer absolutas garantías de independencia.
c.Procedimiento de designación (artículo 253 del TFUE). Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.
Seis años. Renovación parcial cada tres años:
renovación de catorce y trece Jueces, alternativamente,
renovación de la mitad de los Abogados Generales cada vez.
Los Jueces y los Abogados Generales gozan de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continúan gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial. Solo pueden ser relevados de sus funciones por decisión unánime del Tribunal.
no podrán ejercer ninguna función política o administrativa ni ninguna actividad profesional;
Los Jueces eligen de entre ellos al Presidente del Tribunal por un período renovable de tres años. El Tribunal nombra a su Secretario.
El Tribunal de Justicia establece su Reglamento de Procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. El Tribunal actúa en salas (de tres o cinco Jueces), en Gran Sala (quince Jueces) o en Pleno (estas diversas formaciones fueron introducidas por el Tratado de Niza: 1.1.4).
El Tribunal de Justicia ha demostrado ser un importantísimo factor —algunos incluso dirían que una fuerza impulsora— de la integración europea.
1.En general
La sentencia de 15 de julio de 1964, en el asunto Costa/ENEL, fue fundamental para definir la legislación de la UE como un ordenamiento jurídico independiente con prelación sobre las disposiciones jurídicas nacionales. De forma similar, la sentencia de 5 de febrero de 1963, en el asunto Van Gend & Loos, estableció el principio de que la legislación de la UE era directamente aplicable en los tribunales de los Estados miembros. Otras decisiones importantes son las relativas a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de 14 de mayo de 1974, en el asunto Nold, en la que el Tribunal afirmó, entre otras cosas, que los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (2.1.2).
2.En materias específicas
Derecho de establecimiento: sentencia de 8 de abril de 1976, en el asunto Royer, en la que el Tribunal confirmó el derecho de los nacionales de un Estado miembro a residir en el territorio de otro, con independencia del permiso de residencia que pueda concederles el país de acogida.
Libre circulación de mercancías: sentencia de 20 de febrero de 1979, en el asunto Cassis de Dijon, en la que el Tribunal estableció que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro debe ser, en principio, admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro.
Competencias exteriores de la Unión: sentencia AETR de 31 de marzo de 1971, en el asunto Comisión/Consejo, en la que reconoció a la Comunidad la competencia para concluir acuerdos internacionales en los ámbitos que son objeto de normas comunitarias.
Más recientemente, sentencias en las que se establece la obligación de reparación del perjuicio causado por parte de los Estados miembros que no hayan incorporado una directiva al Derecho nacional o que no lo hayan hecho a tiempo.
Uno de los principales méritos del Tribunal ha sido enunciar el principio de que los Tratados de la Unión no deben interpretarse de manera rígida, sino que deben considerarse a la luz del estado de integración y de los objetivos establecidos por los propios Tratados. Este principio ha permitido a la Unión legislar en determinados ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los Tratados, por ejemplo, el de la lucha contra la contaminación (sentencia de 13 de septiembre de 2005, asunto C-176/03: el Tribunal permitió a la Comunidad Europea adoptar normas en el ámbito penal cuando las estimara «necesarias» para alcanzar el objetivo perseguido en materia de protección medioambiental).
Artículos 254 a 257 del TFUE, artículo 40 del Tratado Euratom y título IV del Protocolo nº 3, anejo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Un Juez por Estado miembro como mínimo. Los Jueces podrán ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general.
Idénticas a las del Tribunal de Justicia (artículo 19 del TUE).
Idéntica al del Tribunal de Justicia.
De acuerdo con el Tribunal de Justicia, el Tribunal General establece su Reglamento de Procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo. El Tribunal General examina sus asuntos en salas compuestas por tres o cinco Jueces. Su Reglamento de Procedimiento determina cuándo actúa en Pleno, en Gran Sala o como órgano unipersonal. Esto último es aplicable, en particular, a los asuntos que afectan a funcionarios de la Unión, a contratos celebrados por esta y a los recursos interpuestos por particulares contra las instituciones, cuando no exista dificultad con respecto a la cuestión de Derecho o de hecho planteada y el asunto revista una importancia limitada.
El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Con el fin de descargar parte del trabajo del Tribunal General, el artículo 257 del TFUE prevé la posibilidad de crear salas jurisdiccionales competentes para conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos «en materias específicas». De conformidad con esta disposición, la Decisión del Consejo 2004/752/CE, Euratom, de 2 de noviembre de 2004, establece un Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Según su Reglamento de Procedimiento (25 de julio de 2007, DO L 225 de 29.8.2007, p. 1), a falta de un órgano jurisdiccional nacional competente, le corresponde al Tribunal conocer de los litigios entre las instituciones de la Unión y sus agentes. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal pueden interponerse recursos de casación ante el Tribunal General.
Desde la sentencia dictada en 1990 sobre un asunto interpuesto por el Parlamento en el marco del procedimiento legislativo sobre la adopción de medidas sanitarias tras el accidente nuclear de Chernóbil, el Tribunal ha reconocido al Parlamento Europeo la facultad de presentar ante él recursos de anulación (artículo 263 del TFUE) con el fin de salvaguardar sus prerrogativas en el marco del procedimiento legislativo. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa modificó el procedimiento de designación de candidatos para los puestos de juez y abogado general presentados por los Estados miembros, que se someterá previamente al examen de un comité formado por siete personalidades, una de las cuales será propuesta por el Parlamento Europeo (artículo 255 del TFUE). El Parlamento y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, crean tribunales especializados adjuntos al Tribunal General (artículo 257 del TFUE).
El Banco Central Europeo se creó como órgano director de la política monetaria de la zona del euro, teniendo como objetivo primordial el mantenimiento de la estabilidad de precios. Recientemente se le han asignado importantes funciones adicionales dentro del nuevo Mecanismo Único de Supervisión, ya que, a partir de ahora, asumirá las funciones relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito en los Estados miembros participantes.
Artículos 3 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE);
las disposiciones principales se incluyen en los artículos 3, apartado 1, letra c), 119, 123, 127 a 134, 138 a 144, 219 y 282 a 284 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
Protocolo (nº 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo; Protocolo (nº 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Protocolo (nº 16) sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca; anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (Reglamento del MUS).
El Banco Central Europeo (BCE) se fundó el 1 de junio de 1998 y tiene su sede en Fráncfort del Meno, Alemania. De conformidad con los Tratados, entre sus principales responsabilidades se encuentran la gestión de la política monetaria de la zona del euro. El Reglamento del MUS le atribuye, a partir de noviembre de 2014, determinadas funciones de supervisión de las entidades de crédito dentro del marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). El principio organizativo rector es la separación operativa, dentro del BCE, entre la función de política monetaria y la de supervisión.
A.La función de política monetaria
El BCE y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros conforman el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE, junto con (únicamente) los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro constituyen el Eurosistema (artículo 282, apartado 1, del TFUE). En cuanto a los Estados miembros que todavía no han adoptado el euro (por estar acogidos a una excepción o a una cláusula de no participación), algunas disposiciones del Tratado que hacen referencia al SEBC no son aplicables, por lo que la referencia general que el Tratado hace al SEBC se aplica en la práctica fundamentalmente al Eurosistema.
La independencia del BCE se consagra en el artículo 130 del TFUE, en el que se establece lo siguiente: «En el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan los Tratados y los Estatutos del SEBC y del BCE, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano».
1.Órganos rectores
Los órganos rectores del BCE son el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. El SEBC está regido por los órganos rectores del BCE.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo está formado por los miembros del Comité Ejecutivo del BCE y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (artículo 283, apartado 1, del TFUE y artículo 10, apartado 1, de los Estatutos del BCE). De conformidad con el artículo 12, apartado 1, de los Estatutos del BCE, el Consejo de Gobierno adopta las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones. Formula la política monetaria y establece las directrices necesarias para su ejecución. El Consejo de Gobierno adopta el Reglamento del BCE, ejerce funciones de asesoramiento y decide de qué manera estará representado el SEBC en el ámbito de la cooperación internacional (artículo 12, apartados 3 a 5 de los Estatutos del BCE). El Consejo de Gobierno también puede delegar determinadas competencias en el Comité Ejecutivo (artículo 12, apartado 1, de los Estatutos del BCE).
El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y otros cuatro miembros, designados por el Consejo Europeo mediante mayoría cualificada a partir de una recomendación del Consejo de la UE una vez consultados el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno. Debe hacerse una selección entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. Su mandato es de ocho años y no puede renovarse (artículo 283, apartado 2, del TFUE y artículo 11, apartados 1 y 2, de los Estatutos del BCE).
El Comité Ejecutivo es responsable de la gestión ordinaria del BCE (artículo 11, apartado 6, de los Estatutos del BCE) y ejecuta la política monetaria de conformidad con las orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno. Imparte las instrucciones necesarias a los bancos centrales nacionales. El Comité Ejecutivo se encarga de la preparación de las reuniones del Consejo de Gobierno.
El Consejo General se constituye como tercer órgano rector del BCE (artículo 141 del TFUE y artículo 44 de los Estatutos del BCE) solo en caso de que haya Estados miembros de la UE acogidos a una excepción, es decir, que aún no hayan adoptado el euro. Está compuesto por el Presidente y el Vicepresidente del BCE y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la UE. Los demás miembros del Comité Ejecutivo podrán participar (aunque sin derecho a voto) en las reuniones del Consejo General (artículo 44, apartado 2, de los Estatutos del BCE). Representa un nexo de unión entre los Estados miembros de la UE dentro y fuera del Eurosistema.
2.Objetivos y funciones
En el artículo 127 del TFUE se especifican los objetivos y las funciones del SEBC, y se definen los principios según los cuales deben ejercerse. Conforme al artículo 127, apartado 1, del TFUE, el principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios. Sin contradecir este objetivo, el SEBC también apoya las políticas económicas generales de la UE a fin de contribuir a realizar los objetivos de la Unión, que se describen en el artículo 3 del TUE. El SEBC actúa de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta, con libre competencia y que respeta los principios definidos en el artículo 119 del TFUE. Las principales funciones que lleva a cabo el SEBC (artículo 127, apartado 2, del TFUE; artículo 3 de los Estatutos del BCE) son: definir y ejecutar la política monetaria de la Unión; realizar operaciones de cambio de divisas que sean coherentes con las disposiciones del artículo 219 del TFUE; poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros; y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
3.Funciones e instrumentos
El BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. Los Estados miembros pueden realizar emisiones de monedas en euros, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión (artículo 128 del TFUE). El BCE aprueba normas y toma las decisiones necesarias para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC por el Tratado y por sus Estatutos. También formula recomendaciones y emite dictámenes al respecto (artículo 132 del TFUE).
Debe consultarse al BCE sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia y las autoridades nacionales deben consultarlo acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias (artículo 127, apartado 4, del TFUE). Puede emitir opiniones en las cuestiones que se le sometan a consulta. También se le consulta sobre decisiones que establezcan posiciones comunes y sobre medidas relativas a la representación única de la zona del euro en las instituciones financieras internacionales (artículo 138 del TFUE). El BCE, asistido por los bancos centrales nacionales, recopila la información estadística necesaria, obteniéndola de las autoridades nacionales competentes o directamente de los agentes económicos (artículo 5 de los Estatutos del BCE).
En sus Estatutos se enumeran varios instrumentos que puede utilizar a fin de llevar a cabo sus funciones monetarias. El BCE y los bancos centrales nacionales pueden abrir cuentas a entidades de crédito, a entidades públicas y a otros participantes en el mercado, así como aceptar activos como garantía. Puede llevar a cabo operaciones de mercado abierto y de crédito e imponer reservas mínimas. El Consejo de Gobierno también puede decidir, mediante una mayoría de dos tercios, acerca de otros instrumentos de control monetario. No obstante, la prohibición de la financiación monetaria (artículo 123 del TFUE) establece límites a la utilización de los instrumentos de política monetaria. Para garantizar unos sistemas de compensación y liquidación eficientes y solventes, el BCE puede proporcionar medios y dictar reglamentos. Además, puede establecer relaciones con los bancos centrales y con las instituciones financieras de otros países y con organizaciones internacionales.
4.Estados miembros acogidos a una excepción o cláusula de no participación
En los artículos 139 a 144 del TFUE se establecen disposiciones especiales para los Estados miembros obligados, en virtud del Tratado, a adoptar el euro pero que todavía no reúnen las condiciones para hacerlo («Estados miembros acogidos a una excepción»). Algunas disposiciones de los Tratados no se les aplican, entre ellas, los objetivos y funciones del SEBC (artículo 127, apartados 1 a 3 y 5, del TFUE) y la emisión del euro (artículo 128 del TFUE). Se ha aprobado una cláusula de no participación para dos países que, de esta manera, no están obligados a sumarse a la zona del euro, por lo que se aplican disposiciones especiales a Dinamarca (Protocolo nº 16) y al Reino Unido (Protocolo nº 15).
B.Función de supervisión
El BCE y las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la zona del euro constituyen conjuntamente el Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Las autoridades competentes de los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro pueden establecer una cooperación estrecha con el BCE y participar en el MUS. El Reglamento del MUS establece que el BCE y las autoridades nacionales en el seno del MUS actuarán con independencia.
1.Órgano organizativo: el Consejo de Supervisión
El Consejo de Supervisión está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente (miembro del Comité Ejecutivo), cuatro representantes del BCE (cuyas funciones no podrán estar directamente relacionadas con la función de política monetaria del BCE) y un representante de la autoridad nacional competente de cada Estado miembro participante en el MUS. El Parlamento Europeo debe aprobar la propuesta del BCE relativa al Presidente y al Vicepresidente. Las decisiones del Consejo de Supervisión se adoptan por mayoría simple.
El Consejo de Supervisión es un órgano interno que se ocupa de la planificación, la preparación y la ejecución de las funciones de supervisión atribuidas al BCE. Prepara y propone proyectos completos de decisiones para su adopción por el Consejo de Gobierno salvo que este se oponga dentro de un plazo especificado. Si un Estado miembro participante cuya moneda no sea el euro está en desacuerdo con un proyecto de decisión del Consejo de Supervisión, se aplica un procedimiento especial y el Estado miembro en cuestión puede pedir incluso que se ponga fin a la cooperación estrecha.
A partir de noviembre de 2014 el BCE se encargará de la supervisión de todas las entidades de crédito (bien directamente en el caso de los bancos más grandes, o bien indirectamente en el caso de otras entidades de crédito) en los Estados miembros del MUS participantes y cooperará estrechamente en esta función con las demás entidades que conforman el Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). Sus funciones comprenden, entre otras, la concesión y la revocación de la autorización de las entidades de crédito; el control del cumplimiento de los requisitos prudenciales; la ejecución de revisiones supervisoras; la participación en la supervisión adicional de los conglomerados financieros, etc. Además, tiene que ocuparse del riesgo sistémico y macroprudencial.
El BCE dispone de competencias de investigación (solicitudes de información, investigaciones generales, inspecciones in situ) y de competencias de supervisión específicas (como la autorización de las entidades de crédito) que le permiten desempeñar su labor de supervisión. Además, tiene el poder de imponer sanciones administrativas y puede conminar a las entidades de crédito a que mantengan mayores colchones de capital.
C.Otras funciones
Otros fundamentos jurídicos asignan funciones al BCE. El Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en vigor desde septiembre de 2012, estableció el MEDE como institución financiera internacional y confirió al BCE tareas (principalmente de asesoramiento y análisis) relativas a la prestación de asistencia financiera.
Con arreglo a los reglamentos fundacionales de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), responsable de la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la Unión Europea, el BCE proporciona la Secretaría de la JERS, que ofrece apoyo analítico, estadístico, logístico y administrativo. El Presidente del BCE ejerce también como Presidente de la JERS.
Dentro del Mecanismo Único de Resolución (MUR), el BCE evalúa si una entidad de crédito está en quiebra o puede estarlo, e informa a la Comisión Europea y a la Junta Única de Supervisión al respecto.
El Presidente del BCE comparece ante el Parlamento Europeo sobre asuntos de política monetaria en el Diálogo Monetario trimestral. Además, la institución elabora un informe anual sobre la política monetaria y lo presenta ante el Parlamento. Este aprueba una resolución sobre dicho informe anual (conforme al procedimiento de propia iniciativa), Las nuevas responsabilidades del BCE en el ámbito de la supervisión vienen acompañadas de requisitos adicionales en materia de rendición de cuentas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del MUS. Las condiciones prácticas se rigen por un acuerdo interinstitucional celebrado entre el Parlamento y el BCE. Entre las disposiciones en materia de rendición de cuentas se encuentran la comparecencia del Presidente del Consejo de Supervisión ante la comisión competente, la respuesta a las preguntas formuladas por el Parlamento, y los debates orales confidenciales con el Presidente y el Vicepresidente de la comisión competente previa solicitud. Además, el BCE elabora un informe anual de supervisión, que el Presidente del Consejo de Supervisión presenta al Parlamento.
Artículos 285 a 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
1.Número
Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro (según el Tratado de Niza, que formalizó lo que hasta entonces había sido sólo un procedimiento reconocido). Así pues, actualmente lo integran veintiocho miembros.
2.Cualificaciones
3.Nombramiento
Los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados:
por el Consejo, por mayoría cualificada;
a partir de las propuestas presentadas por cada Estado miembro en relación con su representante; y
previa consulta al Parlamento Europeo.
B.Características del mandato
El mandato es por seis años, renovable. La duración del mandato del Presidente es de tres años, también renovable.
2.Estatuto
Los miembros del Tribunal de Cuentas gozan de los mismos privilegios e inmunidades aplicables a los jueces del Tribunal de Justicia.
Los miembros «ejercerán sus funciones con plena independencia». En particular:
no solicitarán ni aceptarán ninguna instrucción exterior;
se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones;
no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no;
el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar al cese declarado por el Tribunal de Justicia.
C.Organización
El Tribunal de Cuentas elige a un Presidente en su seno, por un período de tres años renovable.
Se organiza en torno a cinco salas: cuatro salas son competentes para ámbitos específicos de los gastos e ingresos (salas verticales) y una sala horizontal, denominada CEAD (coordination, évaluation, assurance et développement: coordinación, evaluación, fiabilidad y desarrollo).
Cada sala tiene dos ámbitos de competencia: en primer lugar, adoptar informes especiales, informes anuales específicos y dictámenes; y, en segundo lugar, preparar proyectos de observaciones para los informes anuales sobre el presupuesto general de la UE y los Fondos Europeos de Desarrollo, y proyectos de dictamen para su adopción por el Tribunal de Cuentas en pleno.
A.Fiscalización del Tribunal de Cuentas
La competencia del Tribunal de Cuentas abarca el examen de cualquiera de las cuentas de ingresos y gastos de la Unión y de cualquier organismo de la Unión. El Tribunal de Cuentas lleva a cabo sus auditorías para obtener garantías razonables con respecto
la fiabilidad de las cuentas anuales de la Unión Europea;
la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes, y
la buena gestión financiera.
El control del Tribunal de Cuentas es continuo y puede tener lugar antes del cierre de las cuentas del ejercicio considerado. Normalmente se lleva a cabo sobre la documentación contable, si bien también puede realizarse, en caso necesario, en las dependencias de:
las instituciones de la UE;
cualquier órgano que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión;
cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto de la Unión.
En los Estados miembros, el control se efectúa en colaboración con los órganos o servicios nacionales competentes. Estos órganos tienen la obligación de comunicar al Tribunal de Cuentas los documentos o información que este considere necesarios para el cumplimiento de su misión.
3.Otras prerrogativas
De acuerdo con sus controles, el Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración de fiabilidad anual (DAS, del francés déclaration d’assurance) sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes. El Tribunal de Cuentas publica:
un informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE para un ejercicio presupuestario determinado, que incluye la declaración de fiabilidad y transmite a las instituciones de la UE y se publica en el Diario Oficial, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas;
una declaración de fiabilidad sobre el Fondo Europeo de Desarrollo (FED);
informes especiales sobre temas de particular interés, en especial sobre temas de buena gestión financiera;
informes anuales específicos sobre los organismos de la UE.
B.Competencias consultivas
Según el artículo 287, apartado 4, del TFUE, las demás instituciones pueden solicitar el dictamen del Tribunal de Cuentas siempre que lo consideren oportuno. El dictamen del Tribunal de Cuentas es obligatorio cuando el Consejo:
adopte normas financieras por las que se determinen las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y censura de cuentas;
fije las modalidades y el procedimiento con arreglo a los cuales deberán ponerse a disposición de la Comisión los recursos propios de la UE;
determine las normas relativas a la responsabilidad de los agentes financieros, de los ordenadores de pagos y de los contables; o
adopte medidas contra el fraude.
Guía Historia Unión Europea

References: artículo 8
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 130
 resolución 
 artículo 6
 Artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 185
 artículo 191
 artículo 224
 artículo 341
 artículo 229
 artículo 17
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 6
 resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 12
 artículo 13
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 42
 artículo 136
 artículo 252
 artículo 234
 artículo 16
 artículo 294
 artículo 136
 artículo 238
 artículo 48

Artículo 17
 artículo 314
 artículo 258
 artículo 201
 artículo 108

artículo 19
 artículo 136
 artículo 40
 artículo 257
 artículo 130
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 44
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 3
 artículo 119
 artículo 3
 artículo 219
 Resolución 
 resolución 
 artículo 287