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Timestamp: 2019-08-26 07:36:26+00:00

Document:
﻿ LEY 1388 DE 2010
LEY 1388 DE 26 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:“POR EL DERECHO A LA VIDA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER EN COLOMBIA”. OBJETO DE LA LEY. DISMINUIR DE MANERA SIGNIFICATIVA, LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER EN LOS NIÑOS Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, A TRAVÉS DE LA GARANTÍA POR PARTE DE LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, DE TODOS LOS SERVICIOS QUE REQUIEREN PARA SU DETECCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO INTEGRAL, APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y GUÍAS DE ATENCIÓN ESTANDARIZADOS Y CON LA INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN, RECURSO HUMANO Y TECNOLOGÍA REQUERIDA, EN CENTROS ESPECIALIZADOS HABILITADOS PARA TAL FIN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA FAMILIA, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ICBF, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EPS, protección al niño, PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE, SISTEMA DE SALUD, ORGANISMOS DEL SISTEMA DE SALUD, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, IPS, FOSYGA, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, ENFERMEDAD CATASTRÓFICA, PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, ATENCIÓN MATERNO INFANTIL, SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, ATENCIÓN EN SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PREVENCIÓN EN SALUD, PRESTADORES DEL SERVICIO DE SALUD, derechos del niño, ENFERMEDAD DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1385 DE JUNIO 30 DE 2010, PG.1047
“Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia”.
ART. 1º—Objeto de la ley. Disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de protocolos y guías de atención estandarizados y con la infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología requerida, en centros especializados habilitados para tal fin.
PAR.—El Ministerio de la Protección Social con la asesoría del Instituto Nacional de Cancerología y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP) diseñará, actualizará, y/o mejorará, según el anexo técnico de la presente ley, los requisitos esenciales de los centros de atención, los protocolos y las guías, para las causas más frecuentes de cáncer infantil en Colombia, dentro de un plazo máximo de 12 meses.
ART. 2º—Beneficiarios. Son beneficiarios de la presente ley:
2. La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el onco-hematólogo pediátrico de aplasias medulares y síndromes de falla medular, desórdenes hemorrágicos hereditarios, enfermedades hematológicas congénitas, histiocitosis y desórdenes histiocitarios.
3. La población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier especialista de la medicina, tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades enunciadas en el numeral 2º del presente artículo y se requieran exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico no se descarte.
PAR.—Cuando el médico tratante, independientemente de su especialidad, presuma la existencia de cáncer o de las patologías mencionadas en el numeral 2º del presente artículo, deberá remitir al paciente, a la unidad de cáncer correspondiente a la zona, sin perjuicio de ordenar todos los exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos especializados que se consideren indispensables hasta que el diagnóstico sea descartado.
ART. 3º—Garantía de la atención. El Ministerio de la Protección Social, en un término de 6 meses, reglamentará la creación y puesta en marcha de una base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer.
PAR.—Estos procedimientos serán entendidos como todos los elementos y servicios que se requieran para la atención de los beneficiarios de la presente ley como consultas, exámenes de apoyo diagnóstico, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y el seguimiento al paciente.
ART. 4º—Modelo integral de atención. A partir de la confirmación del diagnóstico de cáncer y hasta tanto el tratamiento concluya, los aseguradores autorizarán todos los servicios que requiera el menor, de manera inmediata. Estos servicios se prestarán en la unidad de atención de cáncer infantil, de acuerdo con el criterio de los médicos tratantes en las distintas especialidades, respetando los tiempos, para confirmación de diagnóstico e inicio del tratamiento que establezcan las guías de atención, independientemente de que los mismos, tengan una relación directa con la enfermedad principal o que correspondan a otros niveles de complejidad en los modelos de atención de los aseguradores.
PAR. 1º—Será la unidad de cáncer infantil quien suministre los medicamentos de óptima calidad, y quien los facture a la EPS correspondiente, de acuerdo con los requisitos por esta establecidos. Así mismo, se garantizará la aplicación de los tratamientos preventivos que como vacunación anual contra influenza, deben recibir los familiares y convivientes del menor, los cuales se suministrarán en la unidad de cáncer infantil, de acuerdo con la guía de atención y protocolos; esto con el propósito de evitar que la falta de estas medidas preventivas, ponga en peligro la efectividad del tratamiento del menor.
PAR. 2º—La aseguradora o la entidad territorial, según las normas vigentes y aquellas que defina la comisión reguladora de salud, podrá repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, el valor de los servicios que no se encuentren incluidos en su respectivo plan de beneficios y que hayan sido suministrados al menor enfermo de cáncer. En todo caso, los beneficiaros de la presente ley, no están sujetos a los períodos de carencia ni a los copagos o cuotas moderadoras. El Ministerio de la Protección Social reglamentará en un plazo de 6 meses, el procedimiento para efectuar este recobro de manera ágil.
PAR. 3º—Cualquier atención o servicio formulado al menor con cáncer, estará soportado en los protocolos y guías de atención a que hace referencia el artículo primero de la presente ley y en el anexo técnico y mientras estos se elaboran, en el criterio del especialista responsable de su tratamiento.
PAR. 4º—La aseguradora o la entidad territorial que no cumpla con lo dispuesto en este artículo, retarde, obstaculice o dificulte el acceso inmediato del menor a los servicios que requiere, será sancionado con una multa hasta de 200 smmlv. La Superintendencia de Salud y las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud, en ejercicio de sus competencias serán las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control.
ART. 5º—Las unidades de atención de cáncer infantil (UACAI). A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las unidades de atención de cáncer infantil en Colombia, estarán ubicadas en los hospitales o clínicas de nivel III y IV de complejidad pediátricos o con servicio de pediatría de nivel III ó IV y cumplir los requisitos que establece la Resolución 1043 del Ministerio de la Protección Social, el anexo técnico, u otra reglamentación que se expida encaminada a optimizar la prestación de los servicios a los menores que padecen cáncer.
PAR. 1º—El Ministerio de la Protección Social se encargará de sectorizar la atención teniendo en cuenta las necesidades de la demanda para que su ubicación geográfica sea racional.
PAR. 2º—El Ministerio de la Protección Social en un plazo máximo de 6 meses reglamentará los requisitos esenciales de las unidades de atención de cáncer infantil, así como el número de unidades por ente territorial, de conformidad con la demanda, contando con la asesoría del Instituto Nacional de Cancerología y la Sociedad de Onco-Hematología Pediátrica, y tales requisitos serán exigidos a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud que oferten cualquier servicio de atención a menores con cáncer a los que se refiere la presente ley.
ART. 6º—De los plazos para cumplir las condiciones básicas de la unidad de atención de cáncer infantil. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, que cumplan con lo estipulado en este artículo, en cuanto a nivel de complejidad, que en la actualidad se encuentren prestando los servicios para tratar menores con cáncer, tendrán un plazo máximo de dos años para habilitar los requisitos establecidos en el anexo técnico, teniendo en cuenta las siguientes prioridades:
PAR.—En un plazo máximo de 6 meses el Ministerio de la Protección Social revisará la factibilidad económica de que las tarifas vigentes cubran la inversión de infraestructura y dotación de la unidad de cáncer infantil, en un término máximo de 10 años y propondrá de ser el caso, los ajustes necesarios al ente regulador competente.
ART. 7º—De la oferta de servicios. A partir de la vigencia de la presente ley, las aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado en salud, tendrán entre su red de prestadores, las unidades de cáncer infantil de las zonas o regiones en donde tengan beneficiarios, de conformidad con la disponibilidad y de acuerdo con los parámetros de población que establece el anexo técnico y que defina el Ministerio de la Protección Social.
ART. 8º—Diagnóstico oportuno y referencia temprana por parte de médicos generales u otros especialistas. El médico general o especialista (patólogos externos a la unidad de cáncer, entre otros), deberán disponer de las guías que permitan, sin ninguna dilación, remitir al menor con una impresión diagnóstica de cáncer, o las enfermedades mencionadas en el parágrafo 2º del artículo 2º de la presente ley, a una unidad de cáncer infantil, habilitada o en proceso de habilitación, del III ó IV nivel de complejidad, para que se le practiquen, oportunamente, todas las pruebas necesarias orientadas a confirmar o rechazar el diagnóstico.
PAR.—En un término de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de la Protección Social elaborará las guías a que se refiere el artículo anterior y promoverá las acciones de capacitación, que sean necesarias, para que el médico general y otros especialistas, puedan dar un manejo adecuado y oportuno a los niños que sufran o se sospeche que puedan sufrir, de cualquiera de las enfermedades que contempla la presente ley.
ART. 9º—Oportunidad y efectividad de las muestras histopatológicas de menores con cáncer. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los requisitos que se presentan en el anexo técnico y las guías de atención, los patólogos externos a la unidad de cáncer, deberán procesar la biopsia correspondiente, en un tiempo máximo de 7 días o menos, de acuerdo a la guía de atención y ante la sospecha de cáncer, deberán reportarlo a la unidad de cáncer para la ubicación del paciente y el registro en el sistema, incluyendo además del informe escrito, los datos para la ubicación del paciente y las preparaciones histológicas o el bloque de parafina del tumor original.
PAR.—El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará en los términos establecidos en el parágrafo 4º del artículo 4º de la presente ley.
ART. 10.—Comité de tumores. Puesto que el manejo de un niño con cáncer impone la necesidad de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las instituciones prestadoras de servicios de salud con unidades de atención de cáncer infantil, habilitadas o en proceso de habilitación, contarán con un comité de tumores con el propósito de desarrollar una actividad coordinadora, de control y asesoría sobre la enfermedad, dentro de la IPS. El comité tendrá las funciones que se incluyen en el anexo técnico.
ART. 11.—Red de unidades de atención de cáncer infantil. A partir de la vigencia de la presente ley, las unidades de atención CA infantil habilitadas o en proceso de habilitación en el país, serán organizadas en una red virtual, que además de facilitar el apoyo recíproco contribuya a la gestión del conocimiento, difusión de buenas prácticas, realización de estudios e investigaciones científicas sobre las patologías de que trata esta ley, y sobre otras que, según la práctica y desarrollo de la medicina, lleguen a pertenecer a este grupo.
PAR.—El Ministerio de la Protección Social, en un término de 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará los criterios para la conformación de la red de unidades de atención de cáncer en el país.
ART. 12.—Registro nacional de cáncer infantil. Para el desarrollo de la garantía establecida en el artículo 3º de la presente ley, se crea el registro nacional de cáncer infantil, con el propósito de llevar en tiempo real, el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos. La información mínima indispensable que deberá capturar este sistema, aparece en el anexo técnico. Dicho registro hará parte del Sivigila y será de notificación obligatoria en tiempo real por parte de los actores de la seguridad social en salud, sin perjuicio de optimizar los datos, según el nuevo sistema de información que prevé la Ley 1122 de 2007.
PAR. 1º—En un plazo no superior a un año, el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, con la asesoría de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP), y los consejos asesores en el tema, efectuarán las adaptaciones necesarias al actual Sivigila, para la captura, procesamiento, archivo y consulta de la información de los niños con cáncer.
PAR. 2º—El Ministerio de la Protección Social, en un término de 6 meses, reglamentará la creación y puesta en marcha de la base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer de que trata el artículo 3º de la presente ley.
PAR. 3º—Créase el número único nacional para los beneficiarios de la presente ley. Este número único nacional servirá como mecanismo para registrar de manera confiable, las muertes, abandonos y demás información que facilite el seguimiento de los pacientes y la realización de estudios e investigaciones, según metodología que en un plazo máximo de un año implemente el Ministerio de la Protección Social, como parte del registro nacional de cáncer infantil.
ART. 13.—Servicio de apoyo social. A partir de la vigencia de la presente ley, los beneficiarios de la misma, tendrán derecho, cuando así lo exija el tratamiento o los exámenes de diagnóstico, a contar con los servicios de un hogar de paso, pago del costo de desplazamiento, apoyo psicosocial y escolar, de acuerdo con sus necesidades, certificadas por el trabajador social o responsable del centro de atención a cargo del menor.
PAR. 2º—En un plazo máximo de seis (6) meses, el Ministerio de Educación, reglamentará lo relativo al apoyo académico especial en las instituciones prestadoras de servicios de salud que oferten cualquier servicio de atención a los beneficiarios de la presente ley, para que las ausencias en el colegio por motivo del tratamiento y consecuencias de la enfermedad, no afecten de manera significativa, su rendimiento académico. El Ministerio de Educación también velará por que los colegios públicos y privados desarrollen y cumplan un plan de apoyo emocional a los beneficiarios de esta ley y a sus familias.
ART. 14.—Consejo nacional asesor del cáncer infantil. Créase el consejo nacional asesor de cáncer infantil, como ente encargado de efectuar el seguimiento y monitoreo de la implementación de la presente ley, así como de las políticas y planes nacionales que de la misma se deriven, y propondrá, de ser necesario, los ajustes que hagan falta.
PAR.—El consejo asesor, tendrá entre otras, las siguientes funciones:
PAR. 2º—En el término de los 6 meses posteriores a la publicación de la presente ley, el Ministerio de la Protección Social reglamentará todo lo concerniente al consejo nacional asesores en CA infantil, la elección de sus miembros, la periodicidad de sus reuniones y demás aspectos que garanticen su óptimo funcionamiento.
ART. 15.—Consejos departamentales asesores. En cada departamento de Colombia, se organizarán los consejos departamentales asesores en CA infantil, como órganos de apoyo a la implantación, seguimiento y mejora continua de la presente ley, integrados por: El secretario departamental de salud, secretario de educación, director de la unidad de CA infantil habilitada o en proceso de habilitación en el departamento, presidente del consejo de política social, Director del ICBF, representante de una organización sin ánimo de lucro, representante de las EPS de la jurisdicción, representante de los padres de familia y un representante de la comunidad.
PAR. 1º—En el término de los 6 meses posteriores a la publicación de la presente ley, el Ministerio de la Protección Social reglamentará todo lo concerniente a los consejos nacional y departamentales asesores en CA infantil, la elección de sus miembros, la periodicidad de sus reuniones y demás aspectos que garanticen su óptimo funcionamiento.
ART. 16.—Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación, derogando todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Ref.: Expediente OP-116.
Objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia.
Bogotá, D.C., noviembre veinticinco dos mil nueve.
Mediante oficio recibido el 26 de enero de 2009 en la secretaría general de la Corte Constitucional, el presidente del Senado de la República remitió el Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia, objetado por el ejecutivo por razones de inconstitucionalidad, siendo radicado como Expediente OP-116.
En comunicación de febrero 9 del presente año, el jefe de la sección de leyes del Senado de la República solicitó la devolución del expediente legislativo, en razón de que “el trámite de aprobación del informe de objeciones ante la Cámara de Representantes quedó pendiente...”, lo anterior “... con el fin de que se surta dicho trámite”.
PAR. 2º—La aseguradora o la entidad territorial, según las normas vigentes y aquellas que defina la comisión reguladora de salud, podrá repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, el valor de los servicios que no se encuentren incluidos en su respectivo plan de beneficios y que hayan sido suministrados al menor enfermo de cáncer. En todo caso, los beneficiarios de la presente ley, no están sujetos a los períodos de carencia ni a los copagos o cuotas moderadoras. El Ministerio de la Protección Social reglamentará en un plazo de 6 meses, el procedimiento para efectuar este recobro de manera ágil.
PAR. 3º—Cualquier atención o servicio formulado al menor con cáncer, estará soportado en los protocolos y guías de atención a que hace referencia el artículo 1º de la presente ley y en el anexo técnico y mientras estos se elaboran, en el criterio del especialista responsable de su tratamiento.
ART. 11.—Red de unidades de atención de cáncer infantil. A partir de la vigencia de la presente ley, las unidades de atención CA infantil habilitadas o en proceso de habilitación en el país, serán organizadas en una red virtual, que además de facilitar el apoyo recíproco contribuya a la gestión del conocimiento, difusión de buenas prácticas, realización de estudios e investigaciones científicas sobre las patologías de que trata esta ley, y sobre otras que, según la práctica y desarrollo de la mediana, lleguen a pertenecer a este grupo.
PAR. 2º—En un plazo máximo de seis (6) meses, el Ministerio de Educación, reglamentará lo relativo al apoyo académico especial en las instituciones prestadoras de servicios de salud que oferten cualquier servicio de atención a los beneficiarios de la presente ley, para que las ausencias en el colegio por motivo del tratamiento y consecuencias de la enfermedad, no afecten de manera significativa, su rendimiento académico. El Ministerio de Educación también velará porque los colegios desarrollen y cumplan un plan de apoyo emocional a los beneficiarios de esta ley y a sus familias.
ART. 16.—Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación, derogando todas aquellas disposiciones que le sean contrarias”.
Para el gobierno el proyecto de ley objetado transgrede el artículo 152 de la Constitución Política, que ordena someter al trámite de ley estatutaria lo relacionado con derechos fundamentales, pues regula el derecho a la salud de los menores que padecen cáncer, el cual por expreso mandato del artículo 44 de la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte (C-463 y T-760 de 2008), ostenta dicho carácter, no solo por su conexidad con otros derechos de la misma estirpe, sino por derivar directamente del principio de universalidad de la seguridad social consagrado en el artículo 48 superior.
Expresa que la objeción no pretende desconocer la protección a la salud de los niños, en particular de quienes padecen cáncer, sino lograr que la actividad legislativa sea coherente con el carácter integral y universal de ese derecho fundamental que, en su criterio, solo se puede alcanzar a través del análisis por parte de las instancias que cuentan con la información y tienen competencia para definir los alcances y posibilidades reales del sistema de salud, lo cual no excluye la elaboración y presentación por parte del Gobierno Nacional de proyectos de ley para tal fin.
Otra objeción que formula el ejecutivo contra el proyecto de ley consiste en que su trámite se desconoció el artículo 7º de la Ley Orgánica 819 de 2003, que obliga al Congreso a realizar el estudio de impacto fiscal de iniciativas sobre gasto público, pues en su criterio algunos artículos del proyecto que incluyen expresiones tales como “... la autorización de todos los procedimientos, de manera integral e inmediata..... (art. 3º, par.); “... todos los elementos y servicios que se requieran...”, “... podrá repetir contra el Fosyga, el valor de los servicios que no se encuentren incluidos en su respectivos planes de beneficios...”; “... los beneficiarios tendrán derecho ... a contar con los servicios de hogares de paso, pago del costo del desplazamiento apoyo psicosocial y escolar, de acuerdo con las necesidades, certificadas por el trabajador social...” (art. 4º), permiten deducir que se involucra tecnología de punta para el tratamiento de la enfermedad, así como condiciones de calidad distintas a las que en la actualidad puede financiar el sistema general de seguridad social.
Sostiene que los artículos 3º, 4º y 13 del proyecto de ley disponen el acceso a servicios y beneficios, única y exclusivamente con fundamento en la existencia de la enfermedad, sin consideración a criterios de eficiencia y racionalidad en la asignación de recursos, frente a lo cual la Corte ha recomendado especial cuidado, pues los recursos del sistema general de seguridad social en salud y los del sistema general de participaciones deben cubrir beneficios no incluidos en los planes de beneficios, en la medida en que no se cuente con capacidad de pago.
Por último, en lo que respecta al artículo 5º del proyecto que ordena reestructurar unidades de atención para la atención del cáncer infantil, estima que la medida desconoce el derecho a la libre empresa de las IPS de carácter privado, al establecer que necesaria y obligatoriamente, todas las de III ó IV nivel deben proceder a conformar dichas unidades, ignorando que por su especialidad podrían no estar interesadas en su implementación y, en cambio, pueden concentrar sus esfuerzos en la atención de otro tipo de patologías; además una decisión como esa, adoptada sin mayor análisis, en su opinión atenta contra el principio constitucional de eficiencia en la prestación de los servicios de salud.
Para las cámaras legislativas el proyecto de ley no está modificando los planes de beneficios de la seguridad social en salud, como tampoco lo han hecho a su juicio las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan la atención integral, con medicamentos, tratamientos o procedimientos excluidos de dichos planes y agregan que los comités técnicos-científicos que funcionan en las EPS, intentan suplir esta falencia, con la limitante grave, en los casos de niños con cáncer, que los términos que imponen para adoptar sus decisiones y los requisitos y trámites posteriores, atentan contra la efectividad del tratamiento.
Afirman que hay consenso entre los médicos que asesoraron la elaboración del proyecto de ley, de que los usuarios después de interponer tutelas, elevar derechos de petición, presentar entrevistas con los comités técnicos-científicos, CTC, etc., logran la aprobación de los tratamientos y/o medicamentos formulados, pero en detrimento de la oportunidad de la atención.
Expresan que el proyecto de ley no exige tecnología de punta, sino estandarización, aplicación y supervisión de guías de atención, así como tratamientos integrales realizados por profesionales idóneos en el tema, suministrados de manera oportuna y en sitios especializados para este fin, como son los hospitales de III ó IV nivel de complejidad; en este sentido, señalan que el tratamiento integral de 1.200 niños diagnosticados que anualmente lo necesitan para sobrevivir al cáncer, no va a quebrar el sistema de seguridad social en Colombia, más aún cuanto la gran mayoría de requerimientos están contenidos en los planes de beneficios.
Señalan que al analizar los ingresos y egresos del Fosyga, en el período 2003-2007, los ingresos superan a los egresos y dejan margen para financiar los requerimientos logísticos mínimos que necesitan los niños que padecen cáncer, para mejorar la efectividad de los tratamientos e incidir en su recuperación, impactando así las tasas de mortalidad por esta causa y estiman que la necesidad de recursos para cubrir estos gastos, ascendería aproximadamente a $ 2.800 millones anuales.
Indican que anualmente 1.200 niños se encuentran recibiendo tratamiento contra el cáncer en Colombia y de ese total, aproximadamente 400 necesitarían del apoyo que establece el proyecto, en cuanto a hogar de paso y desplazamientos, pues el resto se ubica en las cabeceras departamentales que tendrían unidad de cáncer, o pertenecerían a estratos socioeconómicos que pueden sufragar estos costos; aducen que cada niño requeriría en promedio $ 7.000.000 al año y que la utilización de este apoyo debe ser reglamentada por el Ministerio de la Protección Social, para que llegue exclusivamente a la población que lo requiere.
En cuanto al artículo 5º del proyecto de ley, las cámaras legislativas consideran que existe un mal entendido al interpretar que la norma está obligando a toda las IPS del nivel III y IV de atención a habilitar la unidad de cáncer para niños, atentando así contra el derecho a la libre empresa, pues contrariamente a lo que expresa el Ministro de Hacienda, la medida persigue que aquellas IPS que quieran ofertar la onco-hematología pediátrica, deben ser del III ó IV nivel de complejidad, ya que según estudios, el 40% de los menores necesita unidad de cuidados intensivos.
Asegura que el consejo nacional de seguridad social en salud, y en un futuro próximo la comisión de regulación en salud, son las autoridades competentes para definir los planes de beneficios y cuantificar la unidad de pago por capitación, UPC, así como para disminuir o excluir algunas de las prestaciones del POS, teniendo como limitante las inclusiones contenidas en el proyecto objetado, precisamente por provenir directamente de la ley, situación que en criterio del interviniente, “inflexibiliza la definición de los contenidos del plan obligatorio de salud, POS, los cuales deben ser actualizados anualmente”.
Al respecto señala que de acuerdo con la jurisprudencia (Sent. C-616/2001), cuando el legislador permite a los particulares participar en la prestación del servicio de salud, debe garantizarles las condiciones propias de la libertad de empresa, ofreciéndoles condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas que constituyen el núcleo esencial de la libre competencia.
El señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar infundadas las objeciones presidenciales al proyecto de ley, al estimar, en primer término, que el Congreso no vulneró el artículo 152 constitucional cuando lo discutió y aprobó como ley ordinaria, ya que en su criterio la iniciativa “no regula en forma integral el derecho a la salud, y por tanto no afecta su núcleo esencial... ni se infiere de él una modificación estructural en la prestación del servicio ni de los planes actualmente existentes, limitándose al tratamiento de una enfermedad en concreto, el cáncer, y para una población específica de especial protección constitucional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 superior: los niños y niñas”.
Por último, expresa que en la exposición de motivos obra información que demuestra que más que incrementar los gastos del Estado, el proyecto de ley pretende ordenarlos, pues actualmente la atención de los niños que sufren enfermedades catastróficas, como el cáncer, se presta en cumplimiento de fallos de tutela con cargo al Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, y en ese sentido, en criterio del procurador el proyecto no representa desequilibrio fiscal, por cuanto los recursos de dicho fondo satisfacen los requerimientos fiscales que exigirá la aplicación de ley, de modo que no hay desconocimiento del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, sobre análisis del impacto fiscal.
También debe establecer si la iniciativa objetada vulnera el carácter general y universal del derecho a la seguridad social (C.N., art. 48), al establecer limitantes que impiden superar las fallas en la regulación integral y articulada del sistema de seguridad social en salud, reveladas por esta corporación en la Sentencia T-760 de 2008, en perjuicio de los derechos a la salud y a la vida de los niños.
Así mismo, debe examinar si en el trámite del proyecto el Congreso desconoció el mandato del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, que lo obliga a efectuar el análisis de impacto fiscal de iniciativas sobre gasto público, en correspondencia con el marco fiscal de mediano plazo.
Finalmente, debe determinar si el artículo 5º del proyecto, desconoce el derecho a la libre empresa de las instituciones prestadoras de salud —IPS— de carácter privado al obligarlas a implementar unidades de atención de cáncer infantil, UACAI.
Antes de abordar el estudio de fondo de las objeciones presidenciales, esta Corte debe verificar si su trámite cumple con los presupuestos constitucionales, para lo cual recordará que según la jurisprudencia(1) la competencia para decidir sobre la exequibilidad de los proyectos objetados por el Gobierno Nacional, no es solo sustancial sino también procesal, en cuanto incluye la verificación del procedimiento impartido respecto de las normas constitucionales y legales que lo regulan(2).
1. Mediante oficio de noviembre 12 de 2008, recibido el día 20 del mismo mes y año (fl. 47, cdno. ppal.) en la oficina de correspondencia de la Presidencia de la República, el secretario general del Senado remitió el proyecto de ley al señor Presidente de la República, para sanción ejecutiva.
2. En escrito del 27 de noviembre de 2008, recibido al día siguiente en la secretaría general del Senado de la República, a través de memorial que también suscribe el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la República devolvió al Congreso, sin sanción ejecutiva, el mencionado proyecto de ley, al objetar por inconstitucional todo su articulado (fls. 24 a 46 ib.).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que los días a que hacen referencia tales disposiciones son hábiles y no calendario(3); siendo ello así, esta Corte advierte que como el proyecto de ley en revisión consta de menos de veinte artículos, el término para formular objeciones vencía el 28 de noviembre de 2008, el cual fue cumplido por el gobierno, ya que fueron presentadas ese mismo día.
3. El 16 de diciembre de 2008, el Senado de la República, en sesión plenaria, aprobó el informe presentado por los miembros de la comisión accidental (fl. 27, cdno. ppal.), donde recomendó declarar infundadas las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional. En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Representantes en sesión plenaria del 24 de marzo de 2009 (fl. 2, ib., donde erradamente se anotó “2008”).
4. El anuncio previo a la votación del informe que declaró infundadas las objeciones presidenciales, se realizó por parte del Senado de la República el 15 de diciembre de 2008, según certificación del secretario general de esa corporación (fl. 27 ib.). En la Cámara de Representantes se realizó el 18 de marzo de 2009, según acta de plenaria 162 de esa fecha.
Para examinar la validez de los referidos anuncios, la Corte debe tener en cuenta su jurisprudencia(4), sobre la exigencia a que se refiere el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003(5), debiendo cumplir el anuncio los siguientes requisitos(6):
— Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado, salvo que esta no se realice o no con tal fin.
— No existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso.
— El uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones, debe entenderse como revelador de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional.
— El contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación.
4.1. Sobre el anuncio surtido en la plenaria de la Cámara de Representantes, la Corte observa que se produjo en los siguientes términos, según consta en el acta de plenaria “162 de la sesión ordinaria del día miércoles 18 de marzo de 2009” (Gaceta del Congreso 245 de abril 24 de 2009, págs. 29 y ss., cdno. pruebas Cámara):
Proyecto de Ley 336 de 2008 Cámara, 94 de 2007 Senado, por el derecho a la vida (sic) los niños con cáncer en Colombia.
Se levantó la sesión plenaria a las 7:15 p.m., y se convocó para el día martes 24 de marzo de 2009 a las 3:00 p.m.” (transcripción textual).
Visto lo anterior, el anuncio del proyecto de ley realizado por esa corporación legislativa cumplió las condiciones señaladas por la jurisprudencia, en cuanto fue dispuesto y realizado en sesión distinta y previa a la de votación, efectuada el 24 de marzo de 2009, fecha cierta en la que se votó y aprobó el informe a las objeciones presidenciales, según consta en acta de plenaria “163 de la sesión ordinaria del día martes 24 de marzo de 2009”, como sigue (transcripción textual, Gaceta del Congreso 265 de abril 29 de 2009, págs. 32 y ss., cdno. pruebas Cámara):
Por lo anteriormente expuesto no aceptamos las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el Proyecto de Ley 336 de 2008, 94 de 2007 Senado, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia.
4.2. El anuncio en el Senado de la República, consta en acta de plenaria “36 de la sesión ordinaria del día lunes 15 de diciembre de 2008”, así (Gaceta del Congreso 223 de abril 21 de 2009, págs. 116 y ss., cdno. pruebas Senado):
Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara: por el derecho a la vida de los niños con cáncer.
Siendo las 9:40 p.m. la presidencia levanta la sesión y convoca para el martes 16 de diciembre de 2008, a las 10:00 a.m.” (está en negrilla en el texto original).
También en el Senado, el anuncio del proyecto de ley se realizó en sesión previa y diferente a la indicada para votación y aprobación del informe que declaró infundadas las objeciones presidenciales, como consta en el acta “37 de la sesión ordinaria del día martes 16 de diciembre de 2008”, a saber (Gaceta del Congreso 224 de abril 21 de 2009, págs. 47 y ss., cdno. pruebas Senado):
Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia.
Por todo lo anteriormente expuesto, no aceptamos las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el Proyecto de Ley 336 de 2008 Cámara, 94 de 2007 Senado, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia” (está en negrilla en el texto original).
5. Por último, mediante oficio recibido por la secretaría general de la Corte Constitucional el 3 de abril de 2009, el presidente del Senado de la República, en cumplimiento del auto de Sala Plena A-084 del año en curso, remitió el proyecto de ley para que ante la insistencia del Congreso de la República, la Corte proceda a decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de la norma objetada, de conformidad con los artículos 167 y 241, numeral 8º, de la Constitución y 32 del Decreto 2067 de 1991.
4.1. Sobre el presunto desconocimiento del trámite de ley estatutaria.
Antes de analizar la objeción, debe advertir la Corte que como el planteamiento del gobierno es genérico y abarca la totalidad del proyecto, el pronunciamiento que realice tendrá el mismo carácter, en cuanto se circunscribirá a ese presunto vicio de procedimiento; además, en tal evento, “los efectos de la cosa juzgada deben entenderse relacionados tan solo con las razones expuestas por el gobierno al objetar, con los preceptos constitucionales respecto de los cuales se ha hecho la confrontación y con los aspectos que han sido materia del análisis explícito efectuado por la Corte”(7).
Según la jurisprudencia(8), para saber si determinado asunto requiere ser sometido al trámite de ley estatutaria deben ser atendidos, preferentemente, “los criterios materiales sobre los puramente formales o nominales”; y por ello, “si una norma no regula integralmente un derecho pero sí afecta su núcleo esencial, debe ser de ley estatutaria”; y en relación con las materias enunciadas en el artículo 152 superior, que deben someterse obligatoriamente al trámite de ley estatutaria señalado en el artículo 153 ibídem, esta Corte ha expresado que debe hacerse una interpretación restrictiva, “para evitar eliminar la competencia general otorgada por la misma Carta al legislador ordinario en el artículo 150 superior”(9), tarea en la que es indispensable aplicar los siguientes criterios tradicionales que permiten determinar si una norma está sometida a reserva de ley estatutaria(10):
Igualmente, ha señalado esta corporación que para establecer si determinado asunto debió haberse tramitado por medio de ley estatutaria, no basta con determinar si su objeto tiene alguna relación con un derecho fundamental, “ya que será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, límites o condicionamientos sobre estos, deberá verificarse si estas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable”(11).
Según la jurisprudencia de esta Corte(12), tratándose de derechos y deberes fundamentales (C.N., art. 152, lit. a)), los criterios para saber si determinada disposición que los regule debe ser tramitada como ley estatutaria son los siguientes: (i) que efectivamente la materia verse sobre derechos y deberes de carácter fundamental; (ii) que desarrolle elementos estructurales y principios básicos propios del derecho o deber en cuestión; (iii) que se refiera a contenidos próximos al núcleo esencial del derecho; (iv) que regule aspectos inherentes al ejercicio del derecho; (v) que consagre límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial; (vi) cuando se trate de un cuerpo normativo, que este pretenda regular de manera integral, estructural y completa un derecho fundamental que aluda a la estructura general y principios reguladores, pero no al desarrollo integral y detallado; y (vii) que la disposición se refiera a aspectos principales e importantes de tales derechos.
De otra parte, la Corte ha señalado en forma reiterada(13) que las normas sobre seguridad social “no deben hacer parte de una ley estatutaria necesariamente”, criterio que fue expresado desde la Sentencia C-408 de 1994 (sep. 15), M.P. Fabio Morón Díaz, que, entre otras determinaciones, declaró exequible la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral, al estimar innecesario que el Congreso le impartiera el trámite de ley estatutaria, ya que su contenido no corresponde a los elementos de derechos fundamentales que quiso el constituyente someter a esa categoría legal, entre otras, con base en las siguientes consideraciones:
Con base en los anteriores criterios, se analizará la objeción presidencial teniendo en cuenta que el proyecto de ley que se revisa se titula “por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia”, lo cual sugeriría que a la materia regulada correspondería el trámite estatutario (C.N., art. 152, lit. a)), toda vez que se refiere al derecho a la vida, que indiscutiblemente es un derecho fundamental (arts. 11, 44 ibídem); sin embargo, dejando de lado el criterio nominativo y aplicando en cambio el material, se llega a una conclusión distinta.
En efecto, de conformidad con el artículo 1º del proyecto en revisión, su objeto consiste en “disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que requieren para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de protocolos y guías de atención estandarizados y con la infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología requerida, en centros especializados habilitados para tal fin”.
En tal sentido, el proyecto de ley pretende garantizar el derecho a la seguridad social en salud de manera específica para las personas menores de 18 años de edad que padecen cáncer (art. 2º), mediante los siguientes mecanismos:
(i) Garantía de atención, a través de la puesta en marcha de una base de datos para agilizar la prestación del servicio (art. 3º).
(ii) Adopción de un modelo integral de atención, que comporta la obligación para los aseguradores de autorizar todos los servicios que requiera el menor, de manera inmediata, a partir de la confirmación del diagnóstico (art. 4º).
(iii) Creación de unidades de atención de cáncer infantil, UACAI (arts. 5º a 11).
Como puede apreciarse, la materia del proyecto de ley en revisión, aunque evidentemente guarda relación con derechos fundamentales, como la vida y la salud, no tiene por finalidad regularlos de manera integral, estructural y completa, no desarrolla sus elementos básicos, ni se refiere a los contenidos más próximos a su núcleo esencial, pues busca asegurar que los beneficiarios de la ley —las personas menores de 18 años, que se encuentran en las circunstancias descritas en el artículo 2º—, gocen del servicio de seguridad social en salud en forma adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes, mediante el reconocimiento de prestaciones asistenciales y la implementación de mecanismos administrativos y operativos reseñados.
Así, el artículo 3º de la iniciativa dispone que tales procedimientos serán entendidos como todos los elementos y servicios que se requieran para la atención de los beneficiarios como consultas, exámenes de apoyo diagnóstico, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y el seguimiento al paciente, que tendrán un manejo equivalente a los servicios incluidos en el plan obligatorio de salud, POS, por parte del asegurador o ente territorial; por su parte el artículo 4º ibídem dispone que dichos servicios se ordenarán de manera inmediata y se prestarán en la unidad de atención de cáncer infantil, UACAI, de acuerdo con el criterio de los médicos tratantes en distintas especialidades y demás criterios allí señalados, con la advertencia de que si la unidad no cuenta con ese servicio o no tiene capacidad disponible, deberá remitirlo al centro que esta seleccione, sin que sean limitantes, el pago de copagos o cuotas moderadoras, ni los períodos de carencia, independientemente del número de semanas cotizadas; por último, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del citado artículo, la UACAI debe suministrar los medicamentos de óptima calidad y garantizará la aplicación de tratamientos preventivos, como vacunación anual contra la influenza, de acuerdo con guías de atención y protocolos, a fin de evitar que la falta de esa medida ponga en peligro la efectividad del tratamiento del menor.
En suma, como la regulación que se examina no corresponde a los elementos que la Carta exige someter al trámite de ley estatutaria, en cuanto se refiere a factores de carácter administrativo, operativo y asistencial, relacionados con la obligación estatal de asegurar su prestación eficiente del servicio público de seguridad social (C.N., art. 365), y no restringe sino que amplía y hace efectiva la garantía del derecho fundamental a la salud de los niños y niñas que padecen cáncer, se concluye que no requería del trámite de ley estatutaria, razón por la cual no prospera la objeción presidencial.
4.2. Sobre la presunta “desarticulación” del sistema de seguridad social en salud.
Aunque el reproche del ejecutivo pareciera plantear un problema susceptible de ser resuelto en sede de control abstracto de constitucionalidad, realmente esboza un cuestionamiento a la política pública relacionada con el diseño y funcionamiento del sistema de seguridad social en salud, particularmente, al esquema de atención del cáncer infantil por parte de los operadores de dicho sistema, asunto sobre el cual no puede pronunciarse esta corporación, pues por expreso mandato del artículo 167 superior, su competencia recae únicamente sobre las objeciones formuladas por motivos de inconstitucionalidad, ya que las que no tienen dicho carácter solo propician la reconsideración del asunto por las plenarias de las células legislativas, obligando, ante la insistencia congresal, a la sanción presidencial del proyecto, sin lugar a plantear nuevas objeciones. Así lo establece la citada norma superior al preceptuar que “El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional”.
Además, cuando la Corte Constitucional, en su función de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, entra a decidir sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley objetado por el gobierno, solo puede pronunciarse sobre su validez formal y material (C.N., art. 241-8), por presunta contradicción con el ordenamiento superior y no por otros motivos como son los relacionados con la conveniencia u oportunidad de las medidas adoptadas por el legislador(14); por tal razón, la jurisprudencia ha señalado que el examen que realiza la Corte se circunscribe, prima facie, al análisis y decisión de las objeciones tal como fueron formuladas por el ejecutivo(15), y de ahí que no pueda involucrar aspectos diferentes, que conlleven la solución de un problema que no es de naturaleza constitucional.
Cosa distinta es que ante la persistente conculcación de derechos fundamentales, esta corporación, a través de su Sala Segunda de Revisión de tutelas, hubiera decidido analizar en Sentencia T-760 de 2008 (jul. 31), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, problemas recurrentes en la prestación del servicio de salud, ordenándole al Ministerio de la Protección Social y a la comisión de regulación en salud, la adopción de distintas medidas en dos frentes fundamentales: los planes de beneficios y el flujo de recursos para financiar dicho servicio, a fin de impedir que en el futuro se siga presentando esa situación.
Tales determinaciones son expresión natural de las facultades que la Carta atribuye a los jueces para conocer de la acción de tutela (C.N., art. 86) y de la competencia que la Carta Política otorga a la Corte Constitucional para revisar las decisiones judiciales sobre amparo (art. 241-9 ib.), de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 2591 de 1991, que reglamenta el ejercicio de dicha acción.
Ese control, aunque parece atípico, en verdad no lo es, pues a diferencia del control abstracto de constitucionalidad, está dirigido a velar por la efectividad de los derechos fundamentales mediante la verificación de la racionalidad de la política del gobierno y su coherencia a la luz de los deberes constitucionales del Estado, en relación con la prestación eficiente del servicio de salud (C.N., arts. 49 y 365), sin recaer sobre el diseño y contenido de la misma o sobre los mecanismos y programas desarrollados para su implementación y ejecución.
En aplicación de la norma que habilita al juez para establecer los demás efectos del fallo de tutela a fin de garantizar al agraviado el pleno goce del derecho conculcado, manteniendo la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho conculcado (D. 2591/91, art. 27 inc. final)(16), la Sala Segunda de Revisión expidió 14 órdenes, reservándose la facultad de hacer seguimiento a la puesta en marcha de las medidas acordadas, mediante la exigencia de informes periódicos de los avances alcanzados, el establecimiento de prioridades y metas concretas. Precisamente, una de aquellas órdenes se relaciona con la unificación del plan de beneficios establecido a favor de los menores de edad, asunto respecto del cual se dispuso lo siguiente:
“Vigésimo primero. Ordenar a la comisión de regulación en salud unificar los planes de beneficios para los niños y las niñas del régimen contributivo y del subsidiado, medida que deberá adoptarse antes del 1º de octubre de 2009 y deberá tener en cuenta los ajustes necesarios a la UPC subsidiada de los niños y las niñas para garantizar la financiación de la ampliación en la cobertura. En caso de que para esa fecha no se hayan adoptado las medidas necesarias para la unificación del plan de beneficios de los niños y las niñas, se entenderá que el plan obligatorio de salud del régimen contributivo cubre a los niños y las niñas del régimen contributivo y del régimen subsidiado.
Ciertamente, en forma reiterada esta corporación ha señalado que en desarrollo de los artículos 48, 49, 150-23 y 365 superiores el legislador goza de libertad —que de ninguna manera es absoluta—, para regular la prestación de los servicios de salud, pues está limitada por el respeto de los valores, principios y derechos de orden superior(17); en ese sentido ha establecido que el Congreso tiene amplio margen de configuración para determinar, por ejemplo, cuáles entidades del sector público o privado pueden prestar el servicio de salud, el régimen a que deben sujetarse, las prestaciones y beneficios y demás aspectos atinentes al mismo(18), así como definir y concretar los mecanismos institucionales y los procedimientos pertinentes, pudiendo recurrir a distintos mecanismos y diseños para desarrollar y materializar ese derecho(19).
Sin embargo, ha insistido que tal facultad tiene claros límites constitucionales en principios, valores y derechos de orden superior, que restringen y delimitan la libertad de configuración del legislador en esta materia. Entre otros parámetros el legislador al regular el derecho a la salud debe tener en cuenta (i) su carácter obligatorio e irrenunciable; (ii) su prestación como servicio público cuya dirección, organización, control y vigilancia se establece bajo responsabilidad del Estado; (iii) los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia(20); y, (iv) el respeto al principio de igualdad(21), que podría verse conculcado cuando el legislador “recurre a criterios de diferenciación sospechosos o potencialmente discriminatorios”(22), que impliquen un trato diferente a situaciones iguales o análogas que ameritan el mismo trato.
En el asunto bajo revisión, encuentra esta Corte que el legislador ha ejercido su facultad de configuración dentro de los mencionados límites, ya que persigue hacer realidad el derecho fundamental a la salud de los menores de edad (C.N., art. 46), mediante la prestación del servicio de seguridad social con arreglo a los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, al consagrar la atención integral del menor que padece cáncer, sin importar si está afiliado o no al sistema de seguridad social, para que le sean autorizados todos los procedimientos que requiera en la unidad de atención de cáncer infantil, UACAI, sin que sean limitantes copagos o cuotas moderadoras, ni períodos de carencia, independientemente del número de semanas cotizadas.
4.2.1. La Sentencia C-662 de 2009 y el principio de integralidad en el sistema general de seguridad social en salud, SGSSS.
Esta Corte, al resolver las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 312 de 2008 Senado, 90 de 2007 Cámara “Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia”, determinó la imposibilidad de emitir pronunciamiento de fondo por considerar que el ejecutivo únicamente planteó reparo legal del proyecto frente al SGSSS, cuyo contenido es potestativo del Congreso conforme a su facultad de configuración sobre la materia, según los dictados de los artículos 48 y 49 de la Constitución. Sobre el particular(23), indicó:
Para el caso propuesto, el ejecutivo parte de un presupuesto sustancial, de acuerdo con el cual del hecho que la Sentencia T-760/2008 hubiera reconocido como válidos, desde la perspectiva constitucional, los arreglos institucionales y de competencias previstos en la Ley 100/2003 y la Ley 1122/2007, surge una limitación para el legislador respecto a la reglamentación de fórmulas distintas de definición del contenido del SGSSS. Por ende, el proyecto de ley objetado, en tanto se aparta de esa legislación inicial y, en especial, se arroga competencias que dicha normatividad había conferido a la CRES, viola la Constitución.
Esta libertad de configuración legislativa, del mismo modo, no se encuentra limitada por el reconocimiento de la validez constitucional que esta corporación haga de un determinado modelo de organización del SGSSS. Al respecto, debe resaltarse que en la Sentencia T-760/2008, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisó distintos fallos de tutela, relacionados con fallas en la atención médica prodigada por el SGSSS y dispuso una serie de órdenes estructurales a las distintas instancias del sistema, dirigidas a corregir las falencias principales del mismo, que desconocen los deberes de protección, respeto y garantía del derecho fundamental a la salud.
..., la Corte estableció que las órdenes estructurales que adoptó estarían dirigidas a las autoridades e instancias del SGSSS, que había fijado la ley. En consecuencia, dirigió previsiones concretas al Ministerio de la Protección Social, a la CRES y la CNSSS, en tanto instituciones a las que el Congreso había adscrito competencia en materia de definición del contenido concreto del sistema de salud. Esta decisión se enmarca, entonces, en el respeto al principio democrático y a las normas constitucionales que confieren al legislativo, y no a los jueces, la definición del contenido del SGSSS.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que los presuntos inconvenientes en la aplicación de las normas del proyecto de ley, en razón de la colisión de competencias que genera entre las distintas instituciones del SGSSS, en especial la CRES, es un asunto que se inscribe claramente dentro de los cuestionamientos por la conveniencia de la iniciativa legislativa. Estos asuntos, como se deriva de lo previsto en el artículo 167 C.P., escapan del control de constitucionalidad que efectúa la Corte en esta instancia”.
4.3. Sobre la presunta ausencia de análisis del impacto fiscal exigida por el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.
Según el gobierno, el proyecto de ley en revisión presenta un vicio de procedimiento que afecta su constitucionalidad, por estimar que el Congreso lo aprobó sin que previamente hubiera realizado el análisis de impacto fiscal de la iniciativa, atendiendo el marco fiscal de mediano plazo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y lo establecido en el artículo 151 superior, que ordena atender esa exigencia; explica que la obligación impuesta a los aseguradores de autorizar todos los servicios que requiera el menor con cáncer, los hogares de paso y los gastos de desplazamiento, apoyo psicosocial y escolar, “permiten deducir que se involucra tecnología de punta para el tratamiento de la enfermedad”, incrementando las cargas financieras del sistema, como resultado de la ampliación de los beneficios, tanto en el régimen contributivo como subsidiado.
Para resolver el cuestionamiento del gobierno, conviene tener presente que de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, en los proyectos sobre gasto público el Congreso debe incorporar el estudio sobre el costo fiscal de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para financiarlo. Así lo establece la norma en mención:
Esta Corte ha analizado el sentido y alcance de la anterior disposición(24), así como las implicaciones que su incumplimiento acarrea en la validez constitucional de las iniciativas sobre gasto público. En Sentencia C-502 de 2007 (jul. 4), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual estudió la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 34/2005 Senado y 207/2005 Cámara, “por la cual se desarrolla el artículo 227 de la Constitución Política, con relación a la elección directa de parlamentarios andinos”, sentó la siguiente doctrina, que se trascribe in extenso:
“El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 exige que en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios se explicite cuál es su impacto fiscal y se establezca su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional. Para el efecto dispone que en las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate se deben incluir expresamente los costos fiscales de los proyectos y la fuente de ingreso adicional para cubrir los mencionados costos. De la misma manera, establece que durante el trámite de los proyectos el Ministerio de Hacienda debe rendir concepto acerca de los costos fiscales que se han estimado para cada uno de los proyectos, así como sobre la fuente de ingresos para cubrirlos y sobre la compatibilidad del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo.
Posteriormente, en Sentencia C-315 de 2008 (abr. 9), M.P. Jaime Córdoba Triviño, donde se analizaron las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 18 de 2006 Senado, 207 de 2007 Cámara, “por la cual se establecen rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio”, esta corporación sintetizó las siguientes reglas, en cuanto al contenido y alcance de la previsión del impacto fiscal al interior de los proyectos de ley:
— Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819/2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas.
— El artículo 7º de la Ley 819/2003 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo”.
En relación con la observancia del requisito establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, recientemente en Sentencia C-1197 de 2008 (dic. 4), M.P. Nilson Pinilla Pinilla, esta Corte señaló:
En el caso en revisión, observa esta Corte que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado de la República(25), radicado el 18 de octubre de 2006 ante la secretaría de esa corporación (fl. 454, cdno. inicial), el congresista Germán Iván Moreno Rojas, justificó la iniciativa que pretende garantizar el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia, con las siguientes razones de orden financiero:
“Se calcula que en promedio, el costo mensual de un menor que padece cáncer, está por el orden de $ 2.000.000. Si asumimos una incidencia de 1.000 pacientes al año en Colombia, y una duración media de 24 meses por tratamiento, el costo total ascendería a $ 4.000 millones al mes y $ 48.000 millones al año.
Si bien las unidades de cáncer infantil existentes requerirán de adecuaciones e inversiones en infraestructura o dotación, el proyecto de ley contempla una revisión de las tarifas vigentes así como la posibilidad, que con el apoyo de los consejos asesores se gestionen recursos de la cooperación nacional e internacional, para motivar la habilitación de unidades de cáncer infantil en Colombia, de acuerdo con las necesidades poblacionales y la regionalización que efectúe el Ministerio de la Protección Social”(26).
El proyecto fue repartido a la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República (fl. 364), que lo aprobó en primer debate el 13 de mayo de 2007 (fl. 243, cdno. inicial), con base en la ponencia respectiva(27) que reprodujo, en lo esencial, los argumentos consignados en la exposición de motivos, señalando, en lo tocante al financiamiento de la propuesta, que “se calcula que en promedio el costo total de un menor que padece cáncer está por el orden de 80 millones”; la plenaria de esa corporación en sesión del 17 de julio de 2008 (fl. 177, cdno. inicial) aprobó la iniciativa con la misma justificación.
En la Cámara de Representantes, bajo el número 336 de 2008, el proyecto que se revisa fue aprobado por la comisión séptima en sesión de septiembre 2 de 2008 (fls. 110 y 111, cdno. inicial), acogiendo los planteamientos contenidos en la respectiva ponencia(28). El proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de esa misma célula legislativa(29), siendo discutido y aprobado en la sesión correspondiente de noviembre 4 de 2008 (fl. 63, cdno. inicial).
Dentro del trámite de la iniciativa intervinieron los ministros de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, quienes en comunicación de septiembre 9 de 2008 (fl. 124, cdno. inicial), reiterada por el segundo de esos despachos mediante oficio de octubre 20 del mismo año (fl. 67, cdno. inicial) presentaron las siguientes observaciones sobre el aspecto financiero del proyecto:
“... si bien en principio pudiera pensarse que resulta neutro el efecto financiero de la iniciativa legislativa en esta materia, lo cierto es que a partir de la redacción y alcance de los artículos propuestos, no se puede llegar a dicha conclusión... la iniciativa legislativa no solo involucra tecnología de punta para el tratamiento de la enfermedad, sino también condiciones de calidad distintas a las que en la actualidad puede financiar el sistema e incluso el país... se elimina por completo el criterio de la racionalidad y eficiencia en cuanto a que el suministro de servicios no incluidos en el POS debe acompañarse de la falta de capacidad de pago de la población, alternativas de mayor costo efectividad etc. Aspectos que deben considerarse también, pues el derecho a la salud aunque fundamental no es absoluto ni ilimitado, como parece plantearse en este proyecto de ley para esta patología.
Así pues, la ampliación del plan obligatorio de salud, POS, de ambos regímenes, que es lo que en últimas genera el proyecto de ley en mención, sin consideración a criterios de existencia de recursos que lo financien, ni costo de efectividad, atención de los riesgos más relevantes de la población, calidad medida y tecnología disponible en el país, entre otros, afecta el equilibrio del sistema, equilibrio que es precario en el caso del régimen contributivo, pues los recursos que recauda la subcuenta de compensación apenas cubren el gasto anual corriente representado por la UPC que debe reconocer por cada afiliado, según grupo etario, y el gasto que representan los recobros por concepto de tutelas y comités técnicos científicos, que comprometen de manera importante la disponibilidad de los recursos del Fosyga”.
Se aprecia que el gobierno no sustenta ni cuantifica, con base en estudios técnicos, en qué consiste la incongruencia del proyecto de ley con las perspectivas fiscales que la Nación ha fijado para el próximo cuatrienio; es decir, no hace evaluación del impacto fiscal de la iniciativa, sino que se limita a plantear en abstracto que el proyecto de ley de la referencia altera el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en salud, desconociendo así la obligación que le impone el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, de “rendir concepto” sobre la viabilidad fiscal de la iniciativa; tampoco ofreció a los congresistas apoyo e ilustración técnica sobre las consecuencias económicas del proyecto, omisión gubernamental que, según se acotó anteriormente, no puede convertirse en obstáculo insalvable para el ejercicio autónomo de la función legislativa por parte del Congreso de la República.
Como lo ha precisado esta Corte(30), la actuación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es exigible y está supeditada al cumplimiento del deber establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 de emitir dictamen sobre el impacto fiscal de proyectos de ley sobre gasto público; obligación que, como lo ha precisado la jurisprudencia, mal puede dejarse solamente en cabeza del órgano legislativo, que en el presente caso sí cumplió con su deber de hacer un cálculo del costo fiscal de la iniciativa, tanto en la exposición de motivos como en las ponencias.
No sobra recordar que en anteriores oportunidades donde se analizó este mismo punto, la Corte declaró infundada la objeción del ejecutivo al encontrar que las cámaras legislativas habían justificado y analizado “expresamente” el impacto fiscal del proyecto y el gobierno, por su parte, había incumplido con la obligación de conceptuar sobre los efectos económicos de la propuesta, o había intervenido sin aportar un estudio detallado, sustentado y concreto de ese impacto, como acontece en el asunto que se analiza(31).
Por todo lo dicho, no queda duda para esta Corte que en la aprobación del proyecto de ley en revisión, el Congreso no incurrió en un vicio de inconstitucionalidad por presunto incumplimiento al mandato del artículo 7º de la Ley 819 de 2003, razón por la cual desestimará la objeción presentada en ese sentido por el gobierno.
4.4. Objeción al artículo 5º del proyecto.
Según el gobierno, el artículo 5º del proyecto de ley desconoce el derecho a la libre empresa de las IPS de carácter privado (C.N., art. 333), al obligar a todas las pertenecientes a los niveles III ó IV a conformar unidades de atención de cáncer infantil, UACAI, olvidando que por su especialidad podrían estar interesadas en la atención patologías diferentes, decisión que al ser adoptada por el Congreso sin mayor análisis, también vulnera el principio constitucional de eficiencia en la prestación del servicio de salud (art. 49 ib.)
Para las cámaras el reproche carece de sustento, ya que la norma no establece una obligación para todas las IPS sino solamente respecto de aquellas que quieran ofrecer servicios de onco-hematología pediátrica y pertenezcan a los niveles III ó IV de complejidad, pues tales instituciones al contar con unidades de cuidados intensivos están en capacidad de garantizar atención adecuada a los menores que padecen cáncer.
El planteamiento del ejecutivo desconoce las bases constitucionales de la prestación del servicio de salud por particulares y también la jurisprudencia de esta corporación que reiteradamente ha precisado que el modelo mixto adoptado por el legislador, en el cual concurren el Estado y los particulares, se desenvuelve en un ambiente de libertad económica donde ante todo se busca que “la iniciativa privada se canalice hacia objetivos de interés social y que las ventajas de la libre competencia y la racionalidad en la asignación de los recursos propia de un esquema de libre empresa, se traduzcan en ampliación de la cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios”(32).
Para la Corte el ejercicio de la libertad económica y la libre competencia en materia de salud, “solo puede darse dentro del ámbito que el legislador haya previsto para el efecto, y dentro de las rigurosas condiciones de regulación, vigilancia y control que se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene en este sector social”(33); por ello, ha considerado que la intervención del Estado en ese ámbito es intensa y se desarrolla al amparo de los postulados del Estado social de derecho, las normas superiores que autorizan la intervención del Estado, con la correspondiente limitación de la libertad económica (C.N., arts. 150-21, 333 y 334), y las relativas a la reglamentación e inspección de las profesiones (art. 26 ib.), la intervención del Estado en los servicios públicos (art. 365 ib.) y la atención de la salud en particular (arts. 48, 49 ib.)(34).
Según esta corporación, por tratarse de una actividad en la que se manejan dineros del sistema general de salud por empresas privadas, “el control estatal preserva la confianza pública, pues permite que estas entidades cuenten con una estructura administrativa, técnica, financiera y profesional que asegure la prestación regular, continua y eficiente del servicio de salud a los afiliados”(35).
En lo que atañe al significado del principio de eficiencia en la prestación del servicio de seguridad social en salud, la jurisprudencia ha expresado que dicho concepto, “resulta ser mucho más amplio que las simples eficacias técnica y económica, por cuanto involucra la prestación de un servicio público esencial, como lo es la salud, la cual a su vez es un derecho constitucional y está interrelacionada con otros valores, principios y derechos fundamentales. La prestación del servicio de salud en Colombia no puede ser entendida como un simple ‘mercado de la salud’, regida por las leyes de la oferta y la demanda. La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales no depende de criterios de simple utilidad o provecho económico particulares”(36).
No obstante, esta Corte ha señalado que si bien la libertad de empresa admite límites que se imponen mediante la intervención en la economía que se lleva a cabo por mandato de la ley para el cumplimiento de los fines de interés general que la Constitución menciona, “esta intervención no puede eliminar de raíz la mencionada libertad y debe obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”(37); por tal razón ha considerado(38) que tal intervención i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Bajo estas premisas, no encuentra esta Corte irrazonable la determinación contenida en el artículo 5º en estudio, pues persigue que la actividad desarrollada por los particulares que prestan el servicio público de salud, para el caso las IPS, cumpla finalidades de orden superior, tales como la ampliación de la cobertura y mejoramiento en la calidad del servicio de salud (C.N., art. 49); la medida tampoco es desproporcionada, porque, como lo explican las cámaras legislativas, la obligación de contar con unidades de atención de cáncer infantil, UACAI, no compromete a todas las IPS privadas sino que recae en las de los niveles III ó IV de complejidad, que son las que cuentan con unidades de cuidados intensivos y, por ende, tienen capacidad para prestar los servicios de onco-hematología pediátrica a los menores que padecen cáncer, lo cual cumple el cometido constitucional de prestar un mejor servicio de seguridad social a una población vulnerable, los menores de edad (arts. 13, 46, 49 y 365 ib.).
Se trata de una medida de intervención ajustada a la Constitución, toda vez que se lleva a cabo por medio de una ley expedida por el Congreso de la República; no afecta el núcleo esencial de la libertad de empresa de los particulares que son propietarios de IPS, toda vez que como se ha visto, compromete únicamente las que tienen capacidad técnica para ofrecer tratamiento oncológico; se fundamenta en razones de solidaridad respecto de personas consideradas sujetos de especial protección constitucional, los menores de edad, a quienes se les debe asegurar con carácter prevalente, entre otros derechos fundamentales, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social (C.N., arts. 1º y 44); y, finalmente, atiende el criterio de eficiencia en la prestación del servicio de salud, por cuanto pretende sacar mejor provecho de la plataforma técnica y científica de aquellas IPS sobre las cuales recae la obligación de implementar las unidades de atención de cáncer infantil, UACAI.
Con base en las anteriores razones, esta Corte declarará infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara, “por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia” y, en consecuencia, declarará exequible el referido proyecto.
1. Declarar infundadas las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 94 de 2007 Senado, 336 de 2008 Cámara, “por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia” y, en consecuencia, exclusivamente respecto de ellas, declarar exequible el referido proyecto.
2. Inhibirse de adoptar una decisión de fondo respecto de la objeción presidencial fundada en la “desarticulación” del sistema general de seguridad social en salud, en razón de la inexistencia de razones suficientes para efectuar un juicio de constitucionalidad sobre la materia, conforme se expresó en los fundamentos 4.2 y 4.2.1 de esta providencia.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Juan Carlos Henao Pérez—María Victoria Calle Correa—Luis Ernesto Vargas Silva—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Mauricio González Cuervo—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Jorge Iván Palacio Palacio.
Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General (Sent. C-850/2009).
(1) Cfr. C-887 de 2007 (oct. 24), M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
(2) Cfr. C-923 de 2000 (jul. 19), M.P. José Gregorio Hernández; C-1249 de 2001 (nov. 28), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-070 de 2004 (feb. 3), M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
(3) Cfr. C-268 de 1995 (jun. 22) y C-380 de 1995 (ago. 30), M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-292 de 1996 (jul. 4), M.P. Julio César Ortiz y C-028 de 1997 (ene. 30), M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(4) Auto 311 de 2006 (nov. 8), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(5) El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
(6) C-576 de 2006 (jul. 25), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería.
(7) C-256 de 1997 (mayo 28), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(8) C-646 de 2001 (jun. 20), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) C-687 de 2002 (ago. 27), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(10) C-646 de 2001.
(11) C-687 de 2002.
(12) C-319 de 2006 (abr. 25), M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(13) C-510 de 2008 (mayo 21), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(14) C-865 de 2001 (ago. 15), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(15) Cfr. C-650 de 2003, C-482 de 2002 y C-256 de 1997.
(16) “En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
(17) C-1489 de 2000 (nov. 2), M.P. Alejandro Martínez Caballero
(18) C-033 de 1999 (ene. 27), M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1041 de 2007 (dic. 4), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(19) C-463 de 2008 (mayo 14), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(20) C-623 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(21) C-671 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(22) C-671 de 2002.
(23) C-662/2009 (sep. 22), M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(24) Cfr. C-947 de 1999 (dic. 1º), M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-911 de 2007 (oct. 31), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(25) Publicada en la Gaceta del Congreso 406 de agosto 27 de octubre de 2007.
(26) Gaceta del Congreso 406 de agosto 27 de octubre de 2007.
(27) Gaceta de Congreso 631 de diciembre 5 de 2007.
(28) Gaceta de Congreso 256 del 7 de junio de 2007, página 10.
(29) Gaceta de Congreso 706 de octubre 10 de 2008.
(30) C-1197 de 2008 (dic. 4), M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(31) C-315 de 2008 (abr. 9), M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-1141 de 2008 (nov. 19), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(32) C-974 de 2002 (nov. 13), M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(33) C-616 de 2001 (jun. 13), M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(36) C-1041 de 2007 (dic. 4), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(38) C-615 de 2002 (ago. 8), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 152
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 152
 artículo 44
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 167
 artículo 167
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 151
 artículo 7
 artículo 227
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
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 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 8