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Novotax - Página 2 de 7 - Blog sobre novedades en el mundo de la Asesoría
¿Es recomendable el nuevo criterio de caja en el IVA para los arrendadores de locales?	Una primera impresión, guiada más bien, lo reconozco, por las noticias previas (que fueron muchas) que por la publicación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, me conducía a pensar que con este nuevo criterio de caja se podría mitigar parcialmente los efectos de la morosidad de los arrendatarios de locales. Siguen siendo muchos los propietarios que apuran las alternativas extrajudiciales a este tipo de situaciones y, en consecuencia, ingresan cuotas de IVA que nunca llegan a cobrar.
Pues bien, esa primera impresión se dio de bruces con la cruda realidad de la literalidad del texto legal. En concreto, con la del nuevo artículo 163 terdecies Uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, según el cual el el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.
Según esto, el propietario paciente y no litigante que se acoja al criterio de caja en el IVA se encontraría con lo siguiente:
– Cada 31 de diciembre del año siguiente al de los alquileres impagados, deberá ingresar las cuotas de iva de esos alquileres, correspondientes al año anterior.
– Hasta esa misma fecha no podrá acogerse al procedimiento de rectificación de cuotas de IVA total o parcialmente incobrables, recogidas en el artículo 80 Cuatro A) 1º, y esperar otros seis o doce meses para iniciar el referido procedimiento.
En nuestra opinión, y a la vista de lo anterior, resulta altamente desaconsejable que los propietarios de locales de negocio se acojan al nuevo régimen especial del criterio de caja en el IVA.
19 octubre, 2013 Manuel Sáez NavarroAdd a Comment	Comprobaciones de valores y ganancias patrimoniales en el IRPF	El caso es más que habitual: tenemos que calcular la ganancia patrimonial a efectos del Impuesto sobre la Renta, de un inmueble, que en su día, fue objeto de una comprobación de valores por parte del órgano correspondiente de una administración autonómica. Generalmente a cuenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
¿Podemos tener en cuenta el valor comprobado por la Administración como valor de adquisición para el cálculo de la ganancia patrimonial en el IRPF? ¿Debemos?
Se trata de un tema muy manido, a cuenta del tan llevado principio de estanqueidad tributaria. Han sido numerosas las resoluciones que han negado al contribuyente esta posibilidad, como por ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de marzo de 2.007. También consultas de la Dirección General de Tributos, como la V2941-11 o la V1345-10, niegan esta opción. Tan solo encontramos una consulta, la V2275-06, que de una manera muy retorcida, permitía considerar como valor de adquisición el comprobado por la Administración, por tratarse de una adquisición mediante sucesión hereditaria, en la que no hay precio real satisfecho.
Recientemente se ha publicado una sentencia que ha venido a recopilar todas las corrientes en este sentido, poniendo un poco de cordura y pronunciándose a favor. Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 27 de febrero de 2.013 donde básicamente, testimonia la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18/06/2012.
En estas sentencias encontramos párrafos muy interesantes. Uno de los que más me ha llamado la atención es el que dice que si tenemos en cuenta, de un lado, que el valor de adquisición a los efectos de los incrementos patrimoniales del IRPF se corresponde con el «importe real» de la adquisición (que, como la práctica diaria nos demuestra, no tiene necesariamente que coincidir con el importe reflejado en las escrituras públicas de compraventa), y, de otro, que el «valor real» a que se refiere el ITP persigue la finalidad de determinar el valor o importe cierto, verdadero o real, habremos de concluir con que, en supuestos como el presente, ambos tipos de valores (para los incrementos patrimoniales a computar en el IRPF, y para el ITP) deben ser considerados como equivalentes; o, dicho en otras palabras, que en los casos en que la Administración proceda a realizar una comprobación de valores a los efectos del ITP, dicho valor comprado debe ser el considerado como valor de adquisición («importe real» de la adquisición) a los efectos de los incrementos patrimoniales del IRPF.
Si bien todos sabemos que esto no garantiza nada en los procelosos mares de los recursos y reclamaciones tributarios, creemos que en cualquier caso puede resultar un argumento de peso para recurrir una hipotética sanción.
24 septiembre, 201324 septiembre, 2013 Manuel Sáez NavarroAdd a Comment	COMISIONES NEGOCIADORAS TRAS EL REAL DECRETO-LEY 11/2013	Comisiones negociadoras tras Real Decreto-Ley 11/2013 from manuelsaez 5 septiembre, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	LAS INDEMNIZACIONES EN EL CONTRATO DE TRABAJO	Este post quiero dedicarlo a recomendaros un libro que tiene dos autores excepcionales: Tomás Sala Franco y Jesús Lahera Forteza, a los que he tenido el privilegio de escuchar durante sus intervenciones como ponentes en varias ocasiones en las aulas laborales del Bufete Abdón Pedrajas & Molero.
Antigüedad vs Prestación de servicios: Es frecuente encontrarse con una utilización, en el ámbito coloquial, de estos conceptos de manera indistinta, si bien, su significado a efectos indemnizatorios no es en absoluto equivalente.
Excedencias: No computan como tiempo efectivo de prestación de servicios los períodos de excedencia voluntaria, y tampoco los de excedencia forzosa por desempeño de un cargo público o sindical, pese a que en este caso se contemple en el artículo 46.1 del ET que dichos período de excedencia deben ser tenidos en cuenta a efectos del cómputo de antigüedad.
Grupos Empresariales: Se computaría todo el tiempo de prestación de servicios a efectos indemnizatorios si nos encontrásemos ante un supuesto de Grupo Empresarial de naturaleza patológico-laboral, para lo cual deberían concurrir, entre otras, las siguientes notas características:
Sucesiones Empresariales: En los casos de sucesiones empresariales reguladas en el artículo 44 del ET es indubitado que se debe computar a efectos indemnizatorios la prestación de servicios realizada previamente a la subrogación.
Tiempos parciales y Fijos discontinuos: En los supuestos de trabajadores fijos discontinuos debe tomarse como tiempo de prestación de servicios el correspondiente a los períodos reales de actividad.
Sucesión de contratos temporales: Tampoco es esta una cuestión pacífica, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo se ha venido considerando que la antigüedad de un trabajador en una empresa es el tiempo que el mismo viene prestando servicios en la misma sin solución de continuidad, aunque tal prestación de la actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidos.
15 julio, 201314 julio, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN DE BUENA FE DURANTE LOS PERÍODOS DE CONSULTAS:	La reforma laboral 2012, ha reforzado y potenciado el protagonismo del periodo de consultas, confiriéndole un carácter de verdadera negociación entre empresa y RLT cuyo destino sea conseguir un acuerdo que en la medida de lo posible evite o reduzca la dimensión de la medida, o bien acuerde medidas tendentes a atenuar las consecuencias de dicha medida para los trabajadores.
4 julio, 201317 junio, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	8 DE JULIO DE 2013: FECHA LÍMITE PARA LA ULTRACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS	El 8 de julio de 2013 se nos presenta a los profesionales del Derecho y las Relaciones Laborales como una suerte de fecha apocalíptica, tras la cual nos enfrentamos a muchas dudas sobre el escenario normativo y jurisprudencial que se nos viene encima.
“Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. ….Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”. En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a 8 de julio de 2012, el referido plazo de un año empezará a computarse a partir de dicha fecha, concluyendo por lo tanto el 7 de julio de 2013.
Es obligado recordar que la redacción anterior de este mismo precepto establecía lo siguiente: “En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a procedimientos de arbitraje, o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo”.
¿Qué convenio debe considerarse como el de ámbito superior a estos efectos ? El artículo 86. 3 del Estatuto no aclara si a estos efectos el término “ámbito” se refiere al territorial o al funcional, con lo cual es inevitable preguntarse si ante la existencia de pluralidad de convenios de nivel superior al que ha perdido su vigencia debería aplicarse el que resulte en su conjunto más favorable para el trabajador o si, por el contrario, cabría la sumisión a las reglas de concurrencia de convenios, entre las cuales se encuentran previsiones a la prioridad del convenio de empresa en relación con algunas materias.
21 junio, 201318 junio, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	EL CONTROL DE LA IT POR CONTINGENCIAS COMUNES A TRAVÉS DE LA MUTUA	El artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario la potestad de verificar, mediante reconocimiento a cargo de personal médico, el estado de enfermedad o accidente alegado por el trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo.
Este control se suele materializar a través de la contratación de la gestión de la prestación de incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes con una Mutua.
Vamos a exponer en este post las principales características y límites que aplican a esta modalidad de gestión.
Es importante tener en cuenta que para la contratación del seguimiento de la IT por contingencias comunes con una Mutua es preceptivo recabar, con carácter previo, informe de la representación legal de los trabajadores, aunque el resultado de esta consulta no será vinculante para el empresario.
Obligatoriedad de aceptación:
En caso de que el empresario opte por contratar la gestión de la IT por contingencias comunes a través de una Mutua debe hacerlo necesariamente con la misma Mutua con la que cubre las contingencias de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, y ésta debe aceptar obligatoriamente la prestación del servicio solicitado.
Cómo funciona el seguimiento: Emisión de los partes de baja, alta y confirmación: Será en todo caso una potestad exclusiva de los Servicios Públicos de Salud, con independencia de que nos encontremos ante un supuesto de gestión de la prestación de IT a través de una Mutua.
La Mutua, no obstante lo indicado, si a la vista de la información médica de la que dispone determinase que el trabajador pudiera no estar impedido para el trabajo, podría instar una propuesta motivada de alta ante las Unidades Inspectoras Médicas de los Servicios Públicos de Salud.
¿Quién sufraga el subsidio de IT?: La Mutua será quien asuma el coste económico del subsidio a partir del decimosexto día de la baja.
A partir de ese momento la Mutua podrá, siempre que cuente con el consentimiento del trabajador, proporcionarle tratamiento médico con sus propios medios e instalaciones.
Reconocimientos médicos: Igualmente, desde el decimosexto día de la baja, la Mutua tiene la potestad de citar al trabajador a reconocimiento médico para hacer un seguimiento sobre su estado de salud, teniendo derecho a acceder a los informes médicos y diagnósticos relativos al proceso de IT gestionado.
¿Qué ocurriría si el trabajador no compareciese al reconocimiento médico?
La negativa del trabajador a someterse al reconocimiento médico al que le ha citado la Mutua para el seguimiento de su proceso de IT o la incomparecencia injustificada al mismo podrá determinar:
La suspensión del abono al trabajador de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario relacionados con dicha IT , tratándose normalmente de complementos salariales al subsidio hasta completar el cien por cien del salario mensual. (Art. 20.4 del Estatuto de los Trabajadores)
La extinción del subsidio de IT (Art. 131.bis de la Ley General de la SS).
Que la Mutua inste ante la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud una propuesta de alta médica (Art. 6.3 RD 575/1997).
Confidencialidad de los datos médicos: Los datos médicos del trabajador tendrán el carácter de confidenciales y estarán sujetos a secreto profesional, no pudiendo ser trasladados al empresario en ningún caso ni ser utilizados con fines discriminatorios o para finalidad distinta al control del proceso de IT.
En este sentido, y de cara a determinar el amplio alcance del término “dato médico”, cabe recoger la tesis que se expone en la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso) de 16 de enero de 2013.
En esta sentencia se refrenda la decisión sancionadora interpuesta por la Agencia Española de Protección de datos a una Mutua y a una empresa que procede al despido de una trabajadora alegando vulneración de la buena fe contractual.
Para fundamentar dicha vulneración la empresa se basó en la comunicación que le había realizado la Mutua al empresario notificándole la tramitación ante el Servicio Público de Salud de una propuesta de alta motivada de esta trabajadora. Ante este hecho la Sala determina la procedencia de la sanción interpuesta por considerarse que la notificación de la existencia de esta propuesta de alta contiene información relativa a la curación de la trabajadora, y que la curación en si debe entenderse como un dato médico y por lo tanto protegido.
5 junio, 201330 mayo, 2013 Eva Martínez Amenedo2 Comments	EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL DESPIDO COLECTIVO TRAS LA REFORMA LABORAL 2012	El pasado 20 de marzo el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de casación por el que se solicitaba fuese declarado conforme a derecho el despido colectivo realizado por la empresa Talleres Lopez Gallego S.A., despido que había sido declarado previamente nulo en virtud de sentencia del TSJ de Madrid.
Esta sentencia del Tribunal Supremo hace un interesante repaso sobre algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de acometer un proceso de despido colectivo conforme a la actual regulación.
Asi, en un primer bloque expositivo, se enfatiza sobre la necesidad de respetar los dos principios rectores que deben guiar el período de consultas: la plenitud informativa y la buena fe negocial.
Plenitud informativa: En el supuesto de hecho analizado se cometen múltiples y graves errores, materializados en la falta de entrega de documentación anexa junto con la comunicación de apertura del período de consultas a la RLT. En concreto, no se facilita una memoria explicativa de las causas alegadas que resulte lo suficientemente profunda, no se aportan las cuentas anuales de los últimos dos ejercicios cerrados, ni las cuentas provisionales del ejercicio en curso, a su vez, tampoco se entrega el detalle de facturación que resulte acreditativo de la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos con respecto a los análogos del año precedente.
Abundando sobre lo anterior, tras la finalización del período de consultas se produce otro defecto formal determinante: no se notifica la decisión extintiva colectiva a la RLT, sino que se procede directamente a la comunicación individual de los despidos a los trabajadores afectados.
Buena fe negocial: Igualmente, en la sentencia se pone de manifiesto la vulneración de este precepto por parte de la parte empresarial, apelando a la inamovilidad de su posición sobre la decisión extintiva durante todo el período de consultas y a la ausencia de planteamiento de alternativas tendentes a evitar los despidos o a paliar sus consecuencias.
De ambas premisas se desprende que la desinformación a la que fue sometida la RLT junto a la actitud empresarial de inamovilidad aludida desnaturalizó el período de consultas convirtiéndolo en un mero trámite.
En un segundo bloque expositivo, la sentencia aborda también el tema de los Grupos de Empresas a efectos laborales.
Grupos de empresas: Del total de nueve empresas codemandadas y condenadas solidariamente por el TSJ a asumir las consecuencias de la declaración de nulidad del despido colectivo, hay una de ellas que recurre en casación tal decisión.
En el supuesto que nos ocupa la Sala refrenda la decisión del TSJ apelando a la existencia de los elementos constitutivos de un Grupo de Empresas a efectos laborales, considerando, en consecuencia, acertada la apreciación materializada en la sentencia del TSJ de extender la responsabilidad solidaria a todas las empresas del grupo.
Esta conclusión se fundamenta en la existencia de elementos como la “confusión de plantillas”, o la prestación indistinta de servicios por parte de los trabajadores para las diferentes empresas del Grupo. También se incide especialmente en que la empresa que recurre, que no tenía ni siquiera trabajadores en plantilla, se había constituido con una finalidad ocultadora de la realidad económica de otra de las empresas del Grupo.
Igualmente se apela como elemento determinante de la existencia de un Grupo de Empresas a efectos laborales a la existencia de funcionamiento unitario a nivel organizativo y a la unidad de dirección, utilizándose como elementos indiciarios la utilización indistinta de medios de trabajo, la utilización compartida por distintas sociedades de la sede social de una de ellas…etc.
A modo de conclusión: nos encontramos ante una sentencia que ha despertado mucho interés mediático, por tratarse de la primera nulidad de un despido colectivo refrendada por el Tribunal Supremo tras la entrada en vigor de la reforma laboral 2012. Sin embargo, de un análisis de su contenido se concluye que el fallo obedece a la clara concurrencia en el caso de las causas que surten nulidad conforme al artículo 124.11 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, así como de defectos formales graves que han desvirtuado e impedido la efectividad del período de consultas.
22 mayo, 201321 mayo, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	LA CONTROVERTIDA TRIBUTACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO EN EL IRPF	Aunque parezca mentira, a día de hoy es un tema todavía no resuelto. Con lo fácil que sería modificar la Ley del IRPF, como tantas otras veces que ha interesado a la Administración, y saber a lo que atenernos. En cambio, de manera dispersa, a través de documentos de dudoso carácter vinculante, o explicaciones en webs oficiales o manuales prácticos editados por la AEAT, se nos transmite un criterio confuso y, a mi entender, algo errático.
La ganancia o pérdida patrimonial se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes: – El valor de mercado del bien o derecho entregado. – El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio
La ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinada por la diferencia entre el valor de adquisición de la vivienda y el valor total de la deuda pendiente que se cancela. La ganancia o pérdida obtenida será objeto de integración en la base imponible del ahorro, al derivarse de transmisión del inmueble por el contribuyente.
5 mayo, 20136 mayo, 2013 Manuel Sáez NavarroAdd a Comment	EL JUICIO DE RAZONABILIDAD EN LAS MEDIDAS DE REGULACIÓN DE EMPLEO: EL DESPIDO COLECTIVO DE TELEMADRID	El pasado 9 de abril de 2013 el TSJ de Madrid declaró no ajustado a derecho el despido colectivo de Telemadrid, que afectó a 925 trabajadores de una plantilla total de 1.161.
Con la entrada en vigor de la reforma laboral 2012 se rompe con la denominada valoración finalista de los despidos, esto es, la necesidad de acreditar la proporcionalidad de la medida de extinción de contratos adoptada a las causas, económicas, técnicas, organizativas o de producción que sustentan tal decisión.
Esta ruptura ideológica se expresa de manera muy clara en la exposición de motivos del RDL 3/2012:
“La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”.
En la sentencia que nos ocupa la causa argumentada por la empresa para el despido es la reducción del presupuesto de aportaciones públicas al Ente Radio Televisión Madrid Telemadrid, de un 5%, y la obligación que para dicho Ente establece la LO 2/2012 de alcanzar un fondo de maniobra positivo. Por otra parte, en la sentencia se declara acreditada la existencia de una disminución persistente en el nivel de ingresos ordinario o ventas durante tres trimestres consecutivos conforme requiere el Art. 51 del TRET para poder acometer el despido amparado en causas económicas.
El pronunciamiento de la Sala sobre la causa alegada por la empresa para adoptar la decisión extintiva es sin duda uno de los aspectos más controvertidos de esta sentencia, ya que indica que la justificación del despido económico requiere tres pasos:
Concurrencia de una situación económica negativa, que como decimos expresamente reconoce que ha quedado acreditada.
Establecer el efecto de dicha situación sobre los contratos de trabajo y la necesidad de amortizar los puestos de trabajo.
Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas para responder a esta necesidad.
A continuación, se entra a enjuiciar aspectos como la ineficacia en la gestión pasada y de los sistemas de financiación adoptados por la Entidad. Se afirma que una situación económica negativa no basta para justificar los despidos de un 80% de la totalidad de la plantilla y que es necesario acreditar que esa situación, no novedosa, requiere de la reducción de los puestos de trabajo y del cese total de la actividad de la Entidad.
Se llega incluso a afirmar que la empresa está aprovechándose de la situación de restricción presupuestaria legalmente impuesta para articular una reestructuración contable de cara a conseguir el equilibrio financiero exigido.
Y todo ello para finalmente concluir que no se ha podido llegar a probar por la empresa que las medidas extintivas adoptadas responden a la necesidad invocada, y que el recurso al despido masivo no está justificado al no estar bien ponderada la causa y porque el resultado no es razonable a la misma.
En consecuencia, no se estima justificada la idoneidad de la medida extintiva adoptada, la cual es finalmente se declara no ajustada a derecho.
Este enfoque, en mi opinión, podría interpretarse como manifiestamente contrario a la supresión del criterio finalista que introdujo el RDL 3/2012, cabría incluso considerar si en este pronunciamiento el poder judicial no está extralimitando el ámbito de actuación que el legislador le confiere, esto es, el ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas.
Tras la reforma laboral 2012, hemos asistido a pronunciamientos judiciales en los que se ha apelado a aspectos como la correcta acreditación y prueba de la causa, el respeto al principio de buena fe en la negociación, la estricta observancia de los requisitos formales y del principio rector de plenitud informativa, e incluso a la vocación de que el período de consultas salga reforzado tras la eliminación del régimen de autorización administrativa preexistente a la reforma.
El pronunciamiento que esta sentencia hace relativo a la necesidad de acreditar la proporcionalidad de la medida a la causa, nos hace cuestionarnos si efectivamente el juicio finalista de las medidas extintivas ha sido eliminado y ha dejado de formar parte del ámbito de control por parte del poder judicial.
29 abril, 201329 abril, 2013 Eva Martínez AmenedoAdd a Comment	Previous1 2 34567Next	Buscar:

References: artículo 163
 artículo 80
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 86
 artículo 20
 artículo 124
e contrario