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Timestamp: 2020-07-12 11:11:55+00:00

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Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. TÍTULO I. Normas Tributarias (Vigente hasta el 01 de Enero de 2005).
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2005).
En las adquisiciones «mortis causa» la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible la siguiente reducción propia de la Comunidad:
En los supuestos de adquisiciones «mortis causa» de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Artístico será aplicable una reducción del noventa y nueve por ciento del valor de los mismos, para aquellos bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural a que se refiere la Ley de Patrimonio Histórico Español, siempre que sean cedidos para su exposición en las siguientes condiciones:
En las adquisiciones lucrativas «ínter vivos» la base liquidable se obtendrá aplicando a la base imponible la siguiente reducción propia de la Comunidad:
b) El donatario debe ser menor de 35 años y la renta disponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviera concluido a la fecha del devengo no sea superior a 30.000 euros.
d) El importe máximo de la donación o donaciones con derecho a reducción es de 30.000 euros. En el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento este importe máximo es de 50.000 euros. Estos límites son aplicables tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas ya sean provenientes del mismo o de diferentes ascendientes.
En la cuota de este impuesto derivada de adquisiciones «mortis causa» y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida, que se acumulen al resto de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, se aplicará una bonificación en la cuota del noventa y nueve por ciento siempre que el adquirente sea descendiente o adoptado del causante y menor de 21 años.
1. La cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad de Castilla y León, se obtendrá aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen establecidos en este artículo en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes.
2. Con carácter general, en la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará el tipo general del siete por ciento.
3. En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se reducirá el tipo al cuatro por ciento en los siguientes supuestos:
A) Cuando el adquirente sea titular de una familia numerosa, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que en el supuesto de tener ya una vivienda se proceda a su venta y que la superficie útil de la nueva sea superior, como mínimo, en un diez por ciento a la anterior.
Letra a) del apartado A) del número 3 del artículo 13 redactada por el número 1 del artículo 20 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 9/2004, 28 diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas («B.O.C.L.» 31 diciembre).
b) Que el conjunto de las rentas disponibles de todos los miembros de la familia que vayan a habitar la vivienda no supere los 36.000 euros, más 6.000 euros adicionales por cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia numerosa.
B) Cuando el adquirente, o cualquiera de los miembros de su unidad familiar, tenga la consideración legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al sesenta y cinco por ciento, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
b) Que el conjunto de rentas disponibles de la unidad familiar no supere los 30.000 euros.
C) Cuando todos los adquirentes sean menores de 35 años a la fecha del devengo del impuesto, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: A partir de: 1 enero 2005 Apartado C) del número 3 del artículo 13 redactado por el número 4 del artículo 20 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 9/2004, 28 diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas («B.O.C.L.» 31 diciembre).
D) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de protección oficial, siempre que se trate de la primera vivienda de todos los adquirentes.
1. La cuota tributaria del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad, se obtendrá, cuando se refiera a actos jurídicos documentados, aplicando sobre la base imponible los tipos de gravamen establecidos en este artículo en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes.
2. Con carácter general se aplicará el tipo del uno por ciento en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como documentos notariales, sin perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas operaciones se establecen a continuación.
3. El tipo impositivo aplicable a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual, así como la constitución de préstamos hipotecarios, para esta adquisición, se reducirá al 0,3 por ciento en los siguientes supuestos:
b) Que el conjunto de rentas disponibles de todos los miembros de la familia que vayan a habitar la vivienda no supere los 36.000 euros, más 6.000 euros adicionales por cada miembro superior al mínimo para obtener la condición de familia numerosa.
C) Cuando todos los adquirentes sean menores de 35 años a la fecha del devengo del impuesto, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: A partir de: 1 enero 2005 Letra C) del número 3 del artículo 14 redactada por el número 4 del artículo 22 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 9/2004, 28 diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas («B.O.C.L.» 31 diciembre).
a) Que se trate de su primera vivienda de cada uno de los adquirentes.
b) Que el importe máximo total de la renta disponible de todos los adquirentes no supere los 30.000 euros.
D) En las transmisiones de viviendas protegidas según la normativa de la Comunidad o calificadas por cualquier otra normativa como vivienda de Protección Pública, cuando no gocen de la exención prevista en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que se trate de la primera vivienda de todos los adquirentes.
1.ª Se considera vivienda habitual aquélla que se ajusta a la definición y a los requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2.ª El concepto de familia numerosa a estos efectos es el establecido en la legislación estatal en la materia.
3.ª El grado de discapacidad a que se refieren los artículos anteriores se acreditará mediante certificación expedida por el órgano competente en la materia. Igualmente se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento cuando se trate de discapacitados cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no se alcance dicho grado.
5.ª Las limitaciones cuantitativas de la renta disponible se referirán a la renta disponible de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativa al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviera concluido a la fecha del devengo.
En el supuesto de adquisiciones «mortis causa», los sujetos pasivos están obligados a presentar juntamente con la declaración tributaria a que se refiere la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, un certificado emitido por la entidad financiera correspondiente por cada cuenta bancaria de que fuera titular el causante, en el cual deben constar los movimientos efectuados en el período del año natural anterior al fallecimiento.
1. En la tramitación de los procedimientos de tasación pericial contradictoria el perito designado por el contribuyente dispondrá de un plazo de quince días, a contar desde la fecha en que la oficina gestora le entregue la relación de los bienes y derechos sobre los que ha de formular la hoja de aprecio, que deberá estar fundamentada. Antes de transcurrir dicho plazo podrá solicitar una prórroga de otros quince días justificando la necesidad de la misma. Transcurrido el plazo de quince días, y en su caso el de la prórroga concedida, sin presentar la hoja de aprecio se producirá la caducidad del procedimiento de tasación pericial contradictoria, dándose por terminado el expediente y confirmándose el valor comprobado y la liquidación practicada.
2. Cuando el perito tercero exija que con anterioridad al desempeño de su cometido se haga provisión de fondos por el importe de sus honorarios, los depósitos que corresponden a la Administración e interesado se realizarán en el plazo de diez días en la Caja General de Depósitos de la Comunidad.
Véase Orden [CASTILLA Y LEÓN] HAC/1120/2004, 7 julio, por la que se regula el procedimiento para la constitución y aplicación de los Depósitos previos en la práctica de las tasaciones periciales contradictorias («B.O.C.L.» 15 julio).
1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración de la Comunidad que determine con carácter previo y vinculante la valoración de rentas, productos, bienes y gastos determinantes de la deuda tributaria, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en este artículo.
2. Las solicitudes de los acuerdos de valoración previa vinculante deberán presentarse acompañadas de una propuesta de valoración motivada, en la cual deberán describirse de manera detallada el bien y sus características. En el caso de bienes inmuebles esta propuesta de valoración deberá estar firmada por un técnico con la titulación adecuada para realizar dicha valoración.
3. La Administración podrá requerir a los contribuyentes que soliciten los acuerdos de valoración previa los documentos y los datos que considere pertinentes a los efectos de la identificación y la valoración correcta de los bienes.
6. En el supuesto de realización del hecho imponible con anterioridad a la finalización del plazo de cuatro meses mencionado en el apartado 4 sin que la Administración tributaria haya dictado el acuerdo de valoración, se considerará que se ha producido el desistimiento de la solicitud de valoración previa.
7. La Consejería de Hacienda dictará las normas de procedimiento necesarias para cumplir lo establecido en este artículo.
1. La Consejería de Hacienda, a efectos de determinar las bases imponibles de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, informará a los interesados sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles radicados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y en este artículo.
2. La solicitud de información deberá formularse por escrito en el que deberán describirse de manera detallada el bien y sus características así como la estimación de valor del mismo.
3. La información solicitada la suministrará la Consejería de Hacienda dentro del plazo de un mes. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses desde que se suministre, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes. En ningún caso, la Administración tributaria quedará vinculada cuando el interesado declare un valor superior.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores el Centro directivo competente en materia de tributos podrá hacer públicos los valores mínimos a declarar a efectos fiscales para bienes inmuebles basados en los precios medios de mercado.
1. Los establecimientos de venta al público al por menor a que se refiere el artículo 9 cuatro 2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, están obligados a presentar una declaración informativa ante la Dirección General de Tributos y Política Financiera, en los términos y condiciones que determine la Consejería de Hacienda.
3. La Consejería de Hacienda deberá aprobar las normas de gestión relativas a esta declaración informativa y los modelos y los plazos para presentarla, lo que debe poder hacerse en soporte directamente legible por ordenador o por vía teleinformática, de acuerdo con las condiciones y el diseño que se establezcan para la misma.

References: artículo 13
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 9