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Timestamp: 2017-12-18 01:13:03+00:00

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Sentencia T.S.J. Extremadura 457/2010 de 14 de septiembre. Extinción del contrato por mutuo acuerdo. Valor del finiquito - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Extremadura 457/2010 de 14 de septiembre
Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo: No se desprende que la demandante se viera constreñida a firmar el documento en que plasmaba la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, ni que la empresa se aprovechara de su superioridad o que se aprovechara de su debilidad. Finiquito: Documento que expresa la voluntad de extinguir una relación laboral. El acuerdo sobre la extinción del contrato no supone renuncia de derechos expresa la voluntad de extinguir una relación laboral. Desestimación.
NIG: 06015 44 4 2009 0102346
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000343 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001207 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 001
Recurrente/s: Sofía
Abogado/a: MARIA VICTORIA CASTILLO MORENO
Procurador: MARIA VANESA RAMIREZ CARDENAS FERNANDEZ DE AREVALO
Recurrido/s: JUSTO GALLARDO ASESORES,S.L.
En CACERES, a catorce de Septiembre de dos mil diez.
SENTENCIA N.º 457/10
En el RECURSO SUPLICACION 343 /2010, formalizado por la Sra. Letrada D. MARIA VICTORIA CASTILLO MORENO, en nombre y representación de D.ª Sofía, contra la sentencia número 88 /2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA 1207/2009, seguidos a instancia de la recurrente frente a JUSTO GALLARDO ASESORES, S.L., parte representada por el Sr. Letrado D. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE MADUEÑO siendo Magistrado-Ponente el Ilmo Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.
Primero.-D.ª Sofía presentó demanda contra JUSTO GALLARDO ASESORES,S.L., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 88 /2010, de fecha tres de Marzo de dos mil diez
Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: "PRIMERO: La actora, Sofía ha venido prestando sus servicios como Auxiliar Administrativo desde Junio del 2001, en la empresa demandada Justo Gallardo Asesores, S.L, Asesoría Jurídica y Laboral, domiciliada en esta ciudad, percibiendo una retribución última de 1.446,67 Euros por todos los conceptos. SEGUNDO: Ha permanecido en situación de baja laboral en distintos períodos de tiempo por sucesivos trastornos ansioso-depresivos, y dando el clima de conflictividad en la empresa, a primeros de Septiembre pasado manifestó su voluntad de cesar en la misma, y el día 11, día de la semana lunes, firmó el documento un representante por el que ambas partes extinguían de mutuo acuerdo el contrato de trabajo, acordándose una indemnización compensatoria en cuantía de 2.000 Euros, y el abono de la liquidación correspondiente, acordando la formalización de un despido. Dicho documento se tiene expresamente por reproducido. El mismo dia la empresa le comunicó dicho despido, reconociéndolo como improcedente. TERCERO: El 8 de Octubre promovió acto de conciliación en la UMAC por despido improcedente y celebrado el mismo sin resultado alguno el día 29, al día siguiente presentó demanda en el Juzgado de lo Social con la misma solicitud."
Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: " Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Sofía contra JUSTO GALLARDO ASESORES, S.L., sobre despido, debo absolver y absuelvo libremente a dicha empresa demandada, declarando EXTINGUIDA LA RELACION LABORAL existente entre las partes con efectos del pasado 11-09-09."
Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Sofía formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL en fecha 24-06-2010.
Sexto.-Admitido a trámite el recurso se señaló el día para los actos de votación y fallo.
Primero.-La trabajadora demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su demanda por despido, formulando un primer motivo en el que, al amparo del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, dice que persigue repone los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que han producido indefensión, pero, como señala la recurrida en su impugnación y en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1996, "no se denuncia como quebrantada ninguna norma procesal concreta, con lo que se incumple uno de los requisitos esenciales de esta clase de alegaciones, provocando inexorablemente este grave defecto de planteamiento el decaimiento del motivo", ya que, como señaló esta Sala en sentencia de 4 de abril de 2000, "en motivo articulado por esta vía es imprescindible la cita del precepto adjetivo no sustantivo vulnerado y la forma en que lo hubiera sido". Pero es que, además, tampoco nos dice la recurrente que actuación del juzgado ha producido la infracción ni cuando se haya producido y en el "suplico" del recurso tampoco solicita que se anule ni la sentencia ni ninguna otra actuación, por lo que, en definitiva, el motivo ha de fracasar.
Segundo.-El siguiente motivo del recurso, con amparo en el apartado b) del art. 191 LPL, se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo dar nueva redacción al segundo, para que lo que en él conste sea que "Ha permanecido en situación de baja laboral, desde 10/07/2003 al 21/07/2003 por trastorno de ansiedad y del 1/08/2008 a 21/10/2008 por trastorno ansioso depresivo y, dado el clima de conflictividad con la empresa, a primeros de Septiembre pasado la empresa decidió despedirla el día 11 de Septiembre de 2009, día de la semana viernes y, después de entregarle la referida carta de despido reconociendo expresamente el despido improcedente, la trabajadora se vio constreñida a firmar un documento extintivo de la relación laboral, en condiciones muy desfavorables, puesto que, aun cuando se le facilitaba el acceso a la prestación por desempleo mediante la instrumentalización de un despido improcedente, suponía la renuncia a más de 18.000 euros en concepto de indemnización, prevaliéndose, la Empresa Justo Gallardo Asesores, SL, de su superioridad y aprovechándose de la debilidad de la trabajadora ante su delicada situación psicológica que, desde Febrero del 2003 hasta el momento en que se produjo el despido, se encontraba en tratamiento antidepresivo por repetidas crisis ansioso depresivas, no recibiendo copia del citado escrito. La empleada, recibe únicamente la carta de despido en que se reconoce expresamente el despido como improcedente, lo que debería producir las consecuencias que éste legalmente conlleva", sin que, salvo en las fechas de los períodos de baja para el trabajo, que resultan del documento que figura en el folio 46 de los autos, pueda accederse a ello.
En efecto, de ninguno de los documentos que se citan a lo largo del motivo se desprende que la demandante se viera constreñida a firmar el documento en que se plasmaba la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, ni que la empresa se aprovechara de su superioridad o que se aprovechara de su debilidad, debilidad que tampoco consta ni se desprende de tales documentos, pues, como nos dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995, "esta Sala en numerosas ocasiones (Sentencias de 21 mayo 1982, 6 febrero 1984 y 18 enero 1988, entre otras) ha establecido que el error ha de quedar evidenciado de forma clara y directa por los propios datos y expresiones del documento o documentos alegados al efecto, sin necesidad de acudir a conjeturas, ni a deducciones o argumentaciones más o menos lógicas".
Por lo que se refiere a si la firma del documento de extinción por mutuo acuerdo supone o no una renuncia y, especialmente el inciso final de la redacción pretendida, el relativo a que el reconocimiento de la improcedencia del despido debería producir las consecuencias que legalmente conlleve, son cuestiones jurídicas y no fácticas que no pueden acceder a los hechos probados. Como nos dice la STS de 7 junio 1994, "constituyen verdaderas valoraciones y conclusiones de carácter jurídico que no pueden comprenderse en la narración histórica de la sentencia".
Tercero.-En el último motivo del recurso, al amparo del art. 191.c) LPL, se denuncia la infracción de los arts. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores y 1.261, 1.265, 1.267, 1.282 y 1.289 del Código Civil, así como de la jurisprudencia expuesta en diversas sentencias del Tribunal Supremo alegación que tampoco puede prosperar.
Sobre el valor del finiquito como documento que expresa la voluntad de extinguir una relación laboral, nos dice la STS 10 de noviembre de 2009, resumiendo la doctrina ya expuesta en las de 18 de noviembre de 2004 y 21 de junio de 2007, que "En lo que concierne a la extinción del vínculo laboral, el finiquito es la manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes -que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1.a) ET -; es decir, la expresión de un consentimiento, que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y manifestado -por lo tanto sin vicios que lo invaliden -y recaído sobre la cosa y causa, que han de constituir el contrato, según quiere el artículo 1.262 del Código Civil (STS. de 28-2-000).Y por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario (STS 26-11-01, rec. 4625/00)" y añade que "Por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan".
En el caso que nos ocupa, el juzgador de instancia ha considerado que el documento que suscribieron las partes, el que figura en el folio 56 de los autos, refleja la voluntad de ambas de extinguir el contrato de trabajo que les unía como permite el art. 49.1.a ET, sin que al suscribirlo la demandante sufriera ningún vicio que invalidara su consentimiento, mientras que considera que el documento en que la empresa procedía al despido de la trabajadora y reconocía su improcedencia, sólo se efectuó para instrumentar un despido que permitiera a aquélla acceder a las prestaciones por desempleo, sin que existiera despido alguno.
Ha de mantenerse el criterio que sigue el juzgador de instancia pues, como nos dicen las SSTS de 27 de mayo de 1999, 11 de diciembre de 2003 y 3 de febrero y 25 de septiembre de 2005: "es doctrina constante de este Tribunal que la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de los Tribunales de Instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual". Y que por ello, "la interpretación de los contratos realizados por los órganos jurisdiccionales inferiores no son revisables en casación a no ser que sea manifiestamente errónea, pues ante la ambigüedad de la letra ha de acudirse a la intención de los contratantes y esta se acredita con elementos fácticos, sustraídos en principio al conocimiento de la casación por la vía de la censura jurídica".
En el caso que nos ocupa no puede decirse que la interpretación que ha seguido el juzgador de instancia sea errónea, irracional o ilógica ni que infrinja las normas sobre interpretación de los contratos del Código Civil. Por lo que se refiere al documento de finiquito, no puede ser más clara la intención de quienes lo suscribieron; en él las partes empiezan por exponer que habían "alcanzado acuerdo, conforme art. 49.a) del Estatuto de los Trabajadores, para la extinción del contrato de trabajo que vincula a las mismas", para seguir diciendo, entre las cláusulas del acuerdo, que "con efectos del día 11 de septiembre 2009 queda extinguido el contrato laboral que une a ambas partes, por mutuo acuerdo" y, tras acordar el abono de una cantidad como compensación y otra como liquidación, "con el abono de las cantidades expresadas, las partes quedan íntegramente liquidadas y finiquitadas en la relación laboral mantenida, no quedando por percibir cantidad alguna otra por ningún otro concepto salarial o extrasalarial", de la literalidad de tales cláusulas se desprende, sin duda, que las partes tenía la intención de extinguir el contrato de trabajo por el mutuo acuerdo que permite el art. 49.1.a) ET, sin que de él ni de otra circunstancia, ni siquiera del despido que también se manifestó por escrito por parte de la empresa, al que después nos referiremos, pueda deducirse que la voluntad de cualquiera de ellas fuera otra y la primera regla de interpretación, según el art. 1.281 CC es que, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas.
El acuerdo sobre la extinción del contrato no supone renuncia de derechos pues, como señalaron las SSTS de 28 de febrero de 2000 y 11 de junio de 2004, para rechazar la alegación también contenida en el recurso consistente en que con el acuerdo se habría producido una renuncia de derechos prohibida por el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores. Nos dice el Alto Tribunal: "Como ha afirmado reiterada jurisprudencia (entre otras, SSTS de 29 de febrero de 1988 y 9 de abril de 1990 "no puede entenderse que todo finiquito implica una renuncia a derechos irrenunciables, entre otras razones porque, claramente, el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores establece, como causa extintiva del contrato de trabajo tanto la dimisión, como el mutuo disenso". Cierto es que si se hubiera producido un despido improcedente la indemnización a que podría tener derecho la trabajadora sería mucho mayor, pero si en caso de un finiquito para que tuviera validez hubiera que ofrecer al trabajador la indemnización correspondiente a un despido improcedente, tal figura no tendría sentido. Desde otro punto de vista, la trabajadora ha salido ganando, pues para la extinción por mutuo acuerdo o por dimisión no está prevista indemnización ninguna. Alega además la trabajadora que no ha percibido la indemnización que se pactó en el acuerdo, pero, por un lado, tal alegación no se hizo en la instancia, ni en la demanda ni en el acto del juicio, por lo que ahora en el recurso se trata de una cuestión nueva que no puede ser examinada para no causar indefensión a la otra parte que no pudo efectuar las alegaciones ni proponer las pruebas que tuviera por conveniente, además de que tampoco pudo ser resuelta por el juzgador de instancia. La prohibición de formular en el recurso cuestiones fácticas o jurídicas nuevas no alegadas en la instancia es puesta de relieve por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como puede verse en sus Sentencias de 5 de noviembre de 1.993, 18 de enero de 1.994, 4 de febrero de 1.997, 6 de febrero de 1.998 y 4 de octubre de 2008, seguida por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, así el de Cataluña, en sentencia de 28 de mayo de 1.999; de Murcia, en la de 3 de marzo de 1.998; de Madrid, en la de 6 de julio de 1.999 y éste de Extremadura, en las de 15 de junio, 25 y 30 de septiembre de 1.996 y 27 de enero de 1.998. Por otra parte en el propio documento consta una cláusula en la que, tras decirse que "con carácter compensatorio, se acuerda abonar la cantidad de 2.000,00 euros", se añade que "dicho pago se efectúa en metálico a la firma del presente acuerdo, sirviendo la firma del presente documento como recibo de pago", constando que la demandante, y no lo niega, firmó tal documento.
En fin, tampoco consta aquí la existencia de ninguno de los vicios que invalidan el consentimiento que, como señala la antes mencionada STS de 10 de noviembre de 2009 y las que en ella se citan, "en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y manifestado -por lo tanto sin vicios que lo invaliden -y recaído sobre la cosa y causa, que han de constituir el contrato, según quiere el artículo 1.262 del Código Civil ". Como en el caso examinado por el Alto Tribunal, el juzgador de instancia nos dice que no existe constancia alguna de la intimidación alegada, sin que pueda deducirse, sin más, de esos períodos de incapacidad temporal por ansiedad que con anterioridad había sufrido la trabajadora entre otras razones porque cuando suscribió el documento hacía casi un año que había finalizado el último.
Cuarto.-Como se adelantó, tampoco el despido que por escrito manifestó, reconociendo su improcedencia, la empresa demandada, priva de valor a la extinción por mutuo acuerdo que resulta del documento que suscribieron ambas partes.
No cabe duda de que el escrito, de la misma fecha que el otro, en que se manifiesta el despido también es claro, pues, constando en el folio 6 de los autos, en él se dice que "por la presente se le pone en conocimiento que con fecha del día de hoy, se toma la decisión de extinguir su contrato de trabajo, por despido que se reconoce expresamente como improcedente", no obstante, como también se dijo, el juzgador de instancia ha entendido que no existía en la empresa intención ninguna de despedir, sino que se procedió a la redacción de ese escrito, después del acuerdo de extinción por mutuo acuerdo, con la única intención de que la trabajadora pudiera acceder a las prestaciones por desempleo. Con ello, aunque el juzgador no lo mencione expresamente, estamos ante un supuesto de simulación que, según reiterada doctrina, existe "cuando se produce una discrepancia voluntaria y querida por las partes entre sus declaraciones y su voluntad real". Como nos dice la STS 3 de mayo de 2005, "no puede limitarse el intérprete de un contrato a contemplar la mera literalidad del documento en que dicho contrato aparece plasmado, sobre todo cuando existe algún indicio que haga abrigar la sospecha en el sentido de que en el contrato ha mediado simulación. Ésta, no siempre se revela de manera evidente, por el natural empeño que ponen los contratantes en hacer desaparecer todos los vestigios de la simulación y por aparentar que el contrato es cierto y efectivo reflejo de la realidad (Sentencias de la Sala 1.ª de este Tribunal Supremo de 15 noviembre 1993 -Recurso 746/91-; 27 febrero 1998 -Recurso 327/94); 6 junio 2000 -Recurso 2386/95- y 29 octubre 2004 -Recurso 2749/98-, entre otras muchas), por lo que la jurisprudencia aconseja en estos casos a acudir, bien a la prueba de presunciones, o bien a las reglas de interpretación de los contratos para desentrañar la verdadera naturaleza de determinados pactos" en este caso, de lo que se ha expuesto se desprende que, a pesar de la claridad de los términos del escrito, no existió en ningún momento por parte de la empresa voluntad de despedir a la trabajadora, sobre todo por la existencia de ese convenio anterior en el que, además, se contiene una cláusula relativa a ese supuesto despido en la que se dice "a fin de evitar una desprotección económica tras su cese, se acuerda formalizar el cese del trabajador mediante comunicación de despido, que le habilite para percibir las prestaciones por desempleo". Además, como también se ha dicho, aunque sin calificarlo así, el juzgador de instancia considera que se ha producido la simulación y, como nos dice la STS (Sala 1.ª) de 21 de noviembre de 2005, "la simulación es una cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del juzgador de instancia (sentencias de 3 de junio de 1953, 23 de junio de 1962, 20 de enero de 1966, 3 de junio de 1968, 17 noviembre 1983, 14 febrero 1985, 5 de marzo de 1987, 16 septiembre y 1 de julio de 1988, 12 de diciembre de 1991, 29 de julio de 1993, 19 de junio de 1997 y 21 de septiembre de 1998)".
En definitiva, no existió el despido contra el que reclama la demandante, sino extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, tal como se resuelve en la sentencia recurrida, la cual, por tanto, ha de ser confirmada, desestimándose el recurso contra ella interpuesto.
Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por Dña. Sofía contra la sentencia dictada el 3 de marzo de 2010 por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Badajoz, en autos seguidos a instancia de la recurrente frente a JUSTO GALLARDO ASESORES SL, confirmamos la sentencia recurrida.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala - Sección abierta en GRUPO BANESTO con el n.º 113100000343/10 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social Casación ". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo Sr. Magistrado Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

References: artículo 191
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 49
 artículo 1
 resolución