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Timestamp: 2020-08-12 08:45:12+00:00

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A fojas cero | Un blog sobre derecho procesal | Página 4
Recomendación bibliográfica: “Contra la carga de la prueba”
Publicado el 6 abril, 2020 Deja un comentario
Queridos/as, comparto con ustedes un video en que recomiendo un libro muy bueno: Contra la carga de la prueba (J. Nieva Fenoll, J. Ferrer Beltrán y L. Giannini), publicado el año pasado por Marcial Pons.
Introducción a la postulación del proceso
Publicado el 6 abril, 2020 2 comentarios
Primer video del curso virtual “Postulación del proceso” (derecho procesal civil).
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Nulidad y prisión preventiva en el caso Keiko Fujimori
Publicado el 30 enero, 2020 Deja un comentario
[Artículo publicado el 29 de enero en el portal web La Ley]
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) del 28 de noviembre de 2019 de liberar a Keiko Fujimori despertó mucha polémica en el mundo académico puesto que claramente no existía una convergencia de cuatro votos en los fundamentos de la liberación. No obstante, lo que sí existió fue un fallo (esto es, la conclusión del razonamiento) que comprendió el extremo[1] de anular las tres resoluciones de prisión preventiva expedidas por el Poder Judicial: la de primera instancia (del juez Concepción Carhuancho), la de la Segunda Sala Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios y, finalmente, la de la Corte Suprema, en la que se optó por reducir el plazo de la privación de libertad de 36 a 18 meses.
Anular un acto jurídico significa destruirlo, hacer que deje de existir -porque existió- debido a defectos en su configuración. En este caso, entre otros, fue la motivación de las tales decisiones[2]. Cuando un acto existió pero deja de existir significa evidentemente que ya no tiene aptitud para producir efectos jurídicos (o sea, ya no es eficaz)[3].
Una declaración de nulidad, sobre todo en el contexto de un procedimiento, apunta hacia atrás para que se enderece el camino. Precisamente por ello es que se debe expedir un nuevo acto. Esto, en doctrina procesal, se denomina renovación. Los efectos de la declaración de nulidad no son diferentes en el caso de la sentencia del TC en un proceso constitucional. Se regresa al estado anterior de la decisión anulada, o sea, la libertad de Keiko, debiendo realizar un nuevo análisis.
Sin embargo, el hecho que el acto deje de existir producto de la nulidad no significa “hacer como si nada hubiese ocurrido”. En el caso de Keiko Fujimori tenemos a una persona que ha estado privada de su libertad sin acusación por 13 meses y, según el TC, lo ha estado ―o lo seguiría estando― inconstitucionalmente. Asimismo, la investigación fiscal también ha avanzado y hay diversas circunstancias que han cambiado.
Pues bien, nótese que el requerimiento de prisión preventiva formulado en octubre de 2018 no fue anulado. O sea, se mantiene vigente y eficaz el pedido de que sea apresada preventivamente por 36 meses. Por eso el fiscal modificó su requerimiento, incorporando nuevos hechos y pruebas y solicitó que Keiko Fujimori vaya presa por 18 meses (en la práctica, se buscaba que ella termine de cumplir sus 36 meses en prisión preventiva originalmente ordenados).
A partir de aquí surge la siguiente duda: ¿El fiscal podía modificar su requerimiento y solicitar este plazo? Sí. De hecho, es perfectamente posible que pida una ampliación de la prisión preventiva (siempre que se respeten los plazos según el delito imputado) aun si no hubiese existido un fallo anulatorio. Pero si es que este existió, e inclusive fue ordenado por el Tribunal Constitucional, evidentemente el requerimiento reformulado tiene que estar muy bien sustentado. Se trata de nada menos que la libertad de una persona que ya ha estado presa sin sentencia ni acusación.
Pero aquí viene el punto destacado antes. En el caso específico de Keiko Fujimori, a pesar que las decisiones judiciales que le impusieron 36 meses y 18 meses jurídicamente ya no existen más, ¿es relevante el hecho que ella haya estado presa por 13 meses y, además, que muchas circunstancias de la investigación hayan variado? En mi opinión, sin duda alguna. Por ello es que no se podría haber insistido en el requerimiento de prisión preventiva de la forma en que fue formulado originalmente y, también, el juez tampoco podría ordenar una nueva prisión preventiva sin considerar todo ello. Hay elementos de la realidad que ocurrieron luego de la primera resolución de prisión preventiva, por más que ello suena a obviedad. La declaración de nulidad sencillamente no puede apagar esto.
Pero esto no agota el problema puesto que la consecuencia de este razonamiento es que se requiera de una motivación cualificada destinada a ofrecer razones para que una persona deba ser nuevamente aprehendida e imposibilitada de afrontar su proceso penal en libertad, más aun cuando no se ha presentado la acusación fiscal. Así, considero que inclusive los estándares de prueba de los “elementos de convicción” y del peligro procesal, así como la proporcionalidad, deben aumentar sustancialmente y ser mucho más exigentes. Y es que no es lo mismo la situación de un imputado que ha estado siempre en libertad y aquella de otro cuya libertad ya ha sido privada anteriormente.
Pero me parece que el auténtico problema trasciende a Keiko Fujimori. Se trata de la normalización de la prisión preventiva durante la investigación fiscal. Si en la investigación el Ministerio Público tiene el deber de reunir pruebas (tanto de cargo como de descargo) a fin de construir la hipótesis fáctica de lo que puede haber ocurrido, con la acusación se termina por delinear su tesis jurídica, contra la cual la defensa combatirá, primero desde una perspectiva procesal (en la etapa intermedia) y luego con argumentos que tienen que ver con el mérito (en el juicio oral). Con las cartas sobre la mesa, es posible analizar mucho mejor, por ejemplo, los hechos y pruebas que demostrarían la comisión del delito.
Además, el hecho que exista la presunción de inocencia presupone que nadie puede ser tratado como culpable, lo cual implica, entre otras cosas, estar privado de la libertad si existe pena efectiva en una sentencia condenatoria (art. 2, 24, e, Const.). El poder punitivo del Estado se materializa, pues, en la afectación de la libertad del ciudadano. Por ello, la prisión preventiva adelanta los efectos de este poder y, al final, termina siendo una excepción a esta garantía constitucional (permitida, por cierto, por el art. 2, 24, b, Const.). Y siendo esto así, las circunstancias de fuga u obstrucción de la investigación, la proporcionalidad de la medida y ―de ordenarse la prisión preventiva― el plazo de su duración, solo pueden responder a situaciones extremadamente graves y manifiestas[4].
Además, como bien indicó el Prof. César Higa, el razonamiento judicial también debe precisar las pruebas que se deben resguardar y por qué es imprescindible que uno esté preso hasta que se recabe cierta información específica[5]. Y esto, pienso, se potencializa mucho más cuando el fiscal aún está construyendo su tesis incriminatoria.
Que todas estas exigencias de motivación han sido alcanzadas efectivamente en la reciente resolución del juez Víctor Zúñiga es algo que aún tendrá que ser objeto de debate.
[1] Sobre los conceptos de “fallo” y “extremo”, cfr. Cavani, Renzo. Teoría impugnatoria. Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil. Lima: Gaceta Jurídica, 2018.
[2] Aunque el magistrado Carlos Ramos, en su fundamento de voto, entiende que las resoluciones sí se encuentran debidamente motivadas y la razón por la que se debía liberar a la imputada era que el peligro había desaparecido. Esto, en mi opinión, es un típico argumento que suele esgrimirse en un pedido de cese de prisión preventiva.
[3] Por ello, no es correcto lo que sustenté en una publicación anterior (Cavani, Renzo. La nulidad en el proceso civil. Lima: Palestra, 2014, pp. 257 ss.), pero algún tiempo después procedí a la rectificación: Cavani, Renzo. “Comentario al artículo 171”. In Código Procesal Civil comentado (coord. R. Cavani), vol. 2. Lima: Gaceta Jurídica, p. 95.
[4] A mi juicio, estas no fueron debidamente precisadas en el Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116.
[5] Esta opinión fue dada en una conversación privada.
Publicado el 19 enero, 2020 2 comentarios
Críticas al proyecto del ley sobre el “desalojo notarial”
Publicado el 5 abril, 2019 Deja un comentario
Hace algunos días se publicó un artículo mío en La Ley.pe sobre el proyecto de ley bautizado como “desalojo notarial”, en donde lanzo algunas críticas de orden teórico y pragmático (https://laley.pe/art/7507/jurisdiccion-notarial). Posteriormente, las y los muchachos de Ius et Veritas me invitaron a grabar un video sobre el mismo tema, que comparto a continuación. Espero que sea de su agrado.
Aniego en SJL: ¿y ahora cómo tutelamos los derechos de las y los ciudadanos afectados?
Publicado el 29 enero, 2019 2 comentarios
Comparto con ustedes un video ofreciendo algunas consideraciones sobre cómo tutelar los derechos de los afectados por el aniego en San Juan de Lurigancho. ¡Espero que sea de su agrado!
Publicado el 18 diciembre, 2018 Deja un comentario
Este es el Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, presentado el día de hoy por el Poder Ejecutivo.
Publicado el 29 junio, 2018 2 comentarios
Reproducido de http://laley.pe/not/5645/todavia-sobre-los-plenos-jurisdiccionales-vinculantes-
El miércoles 27 de junio se divulgó en este portal un interesante video de mi amigo el Prof. Fort Ninamancco, en donde insiste en una posición que él viene defendiendo hace un tiempo: que los acuerdos adoptados en los plenos jurisdiccionales (reunión de jueces superiores) son vinculantes.
[1] Estos argumentos también forman parte de mi libro Teoría impugnatoria – Recursos y revisión de la cosa juzgada en el proceso civil, de próxima aparición por el sello Gaceta Jurídica.
Kenji Fujimori y el Congreso leguleyo, por Heber Joel Campos
Publicado el 7 junio, 2018 Deja un comentario
Escribe: Heber Joel Campos Bernal
Profesor ordinario en la PUCP
Los procedimientos parlamentarios son complejos y a veces los políticos los dificultan mas cuando quieren avanzar intereses que colisionan con el interés público y el sentido de la Constitución.
Esto es precisamente lo que sucedió ayer con la votación para la acusación constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel, y Bienvenido Ramírez.
Lo que la mayoría congresal hizo ayer, adelanto, es groseramente inválido, y pasará al canon de las peores (y leguleyas) interpretaciones de la Constitución y el Reglamento del Congreso de las que tengamos memoria.
Explicar esto será como desenredar una bola de hilo, pero haré el intento. Si al final mi explicación no es clara, no es culpa mía. Los interpretes de estas normas se han esforzado por darles un sentido abstruso.
El artículo 100 y el artículo 89, i) del Reglamento del Congreso son muy claros (en el papel). Según ambas disposiciones normativas para aprobar una denuncia penal y una suspensión en el marco del antejuicio político se requiere la mitad mas uno del numero de miembros del Congreso sin considerar a los miembros de la Comisión Permanente. Si el número de miembros del Congreso es 130, y el de la Comisión Permanente es 30, entonces tenemos 100 congresistas, la mitad mas uno de esa cifra es 51. Más claro ni el agua, cierto?
Del mismo modo, para aprobar una sanción ya sea de separación, inhabilitación o suspensión del cargo se requiere contar con los 2/3 del número de miembros del Congreso sin considerar a la Comisión Permanente. Si el número de congresistas es 130 y el de la Comisión Permanente 30, nos quedan 100 congresistas. 2/3 de 100 es 67. De nuevo, hasta aquí todo parece prístino y cristalino como el agua de manantial.
Las cosas empiezan a tornarse oscuras cuando se impone un criterio dizque desarrollado en anteriores casos en los que se aprobó una acusación constitucional contra un congresista. Según dicho criterio, los miembros de la Comisión Permanente que no podían votar en el Pleno eran solo aquellos que no votaron “efectivamente” en la Comisión Permanente. De tal suerte que si los miembros de la CP son 30, pero solo votaron 15 de ellos, entonces, los otros 15 que no votaron sí podían hacerlo en el Pleno.
Como parece evidente esa es una primera lectura sesgada de lo que señalan las normas procedimentales aplicables a este caso. En ningún lado la Constitución ni el Reglamento discriminan entre los que votaron en la Permanente, y los que no, estas normas simplemente indican que los miembros de la Permanente no pueden votar en el Pleno.
Pero ahí no termina la historia. Hay una segunda lectura arbitraria de la Constitución y el Reglamento. Esta señala que el número para aprobar la denuncia penal y la suspensión en el marco del antejuicio político, y la sanción de separación, inhabilitación y/o suspensión de un congresista en el marco del juicio político se mantienen tal como se indicó arriba, es decir, 51 y 67 votos, pese a que el número de congresistas hábiles para votar se incrementa y pasa de 100 a 115. Esto, claramente, nos lleva a convalidar absurdos como que la mitad mas uno de 115 es 51 y no 59, o que 2/3 de 115 es 67 y no 75.
El argumento de los que avalan esta posición es que existen “precedentes”, y que la costumbre parlamentaria es fuente del derecho. Frente a esos “argumentos” opongo lo que mis alumnos de primer ciclo de derecho saben bien, que los “precedentes” pueden ser modificados por nuevos “precedentes” siempre que se trate del mismo órgano, que una mala práctica por el mero hecho del paso del tiempo no se convierte en absoluta, y que ninguna costumbre puede estar por encima de la ley y la Constitución. Si alguien sostiene que una costumbre no se opone a una norma de rango superior, debe dar razones que prueben ello, y no, simplemente, invocar la presunta autoridad de esa costumbre.
Como parece obvio de todo lo anotado hasta aquí, lo que ocurrió ayer supone una vulneración flagrante al debido proceso y envia una alerta muy clara sobre la necesidad e importancia de preservar el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones, por muy maltrechas que estén.
La constitucionalidad de la doble instancia en debate: una respuesta a Fabio Núñez
Publicado el 8 abril, 2018 1 comentario
Hace poco escuché un debate sobre la doble instancia en el proceso civil peruano, entre Eugenia Ariano y Fabio Núñez del Prado, organizado por Enfoque Derecho.
Les confieso que, a diferencia de las cosas que dijo Eugenia, la explicación que da Fabio Núñez, en diversas partes, es un tanto confusa, mezclada con consideraciones de lege ferenda y pragmáticas sin mucha evidencia empírica, con diversas falacias (argumento de autoridad, falacia de epítetos cargados, petición de principio, argumento ad populum, por ejemplo), serios errores de razonamiento y, finalmente, algunos curiosos españolismos (como “flipar”), acaso justificables porque nuestro autor vive en Madrid.
Aquí van algunas consideraciones específicamente sobre el análisis de la constitucionalidad de la doble instancia hecha por Fabio Núñez:
1. Confieso que me he quedado perplejo con el argumento de recurrir al art. 3 (derechos fundamentales implícitos) para justificar por qué la doble instancia no sería una norma constitucional. El razonamiento sería así: “dado que la Constitución reconoce la existencia de derechos implícitos, entonces no es relevante si es que estas los reconoce explícitamente”. Si esto es así, entonces me temo que se trata de un equívoco serio: la norma contenida en el art. 3 permite que, interpretativamente, se reconstruyan derechos fundamentales ADEMÁS de los que están expresamente reconocidos en la Constitución. La interpretación de Fabio Núñez es inconstitucional: interpreta el art. 3 para negar fundamentalidad del derecho a la pluralidad de instancias, que está expresamente reconocido en el art. 139 inc. 6.
2. Al menos en materia de teoría de los derechos fundamentales, tenemos aquí la llamada “fundamentalidad formal”, esto es, que reconoce el carácter de fundamental a una situación jurídica subjetiva si es que esta es reconocida en la Constitución. No me queda claro por qué es que Fabio Núñez negaría esta teoría.
3. No tiene absolutamente nada que ver si uno es posivista o no, como él dice, para reconocer a la pluralidad de instancias como derecho fundamental. En todo caso, no conozco ningún positivista que, en base a su positivismo, niegue la existencia de un derecho fundamental expresamente reconocido. Desconozco, inclusive, que exista un positivista con trayectoria que confunda entre texto y norma, como él parece deslizar. Además, no veo la contraposición entre positivismo y liberalismo. Me parece que nuestro autor no desarrolla bien lo que entiende por el primer concepto y esto empaña el argumento. Al menos, en lo que a mí respecta, soy positivista y liberal y no veo ninguna colisión entre una serie de teorías que determinan el concepto del derecho, de un lado, y una ideología política, de otro lado.
4. Si Fabio Núñez no es posivista, entonces entiendo que asume algún tipo de jusnaturalismo o antipositivismo que él no llega a explicitar. Su argumento vuelve a quedar empañado. ¿Tal vez él defiende la tesis de que podría haber normas constitucionales inconstitucionales por violarse alguna norma de justicia? Yo, en lo particular, no comparto esta tesis, pero si es que él la comparte, debería decirlo con todas sus letras.
5. No me parece analíticamente correcto decir que “los principios subyacen al texto constitucional”. Hay una grave confusión entre disposición y norma de parte de Fabio Núñez. Los principios, en todo caso, subyacen a las reglas o a otros principios, no a los textos.
6. Es un error de razonamiento pensar que la doble instancia no sería una garantía constitucional procesal porque las partes, en virtud del art. 361 CPC, pueden renunciar a apelar. Fabio Núñez dice que, si fuese una garantía constitucional, entonces sería irrenunciable. Este es un claro ejemplo, sin embargo, de colocar la carreta delante de los bueyes. En primer lugar, Fabio parte de premisa que la renunciabilidad de un derecho fundamental como algo inherente a él, pero ya existen muchos trabajos en donde se demuestra que esto es discutible. En segundo lugar -y esto es lo principal- renunciar al ejercicio de un derecho fundamental no significa renunciar a la titularidad respecto de este. Se confunde, pues, titularidad con ejercicio.
7. Fabio Núñez, en crítica a Ariano, argumenta que no cabría pactar contra el derecho de defensa ni contra cualquier otra garantía procesal. Pero aquí él solo contempla la hipótesis de que se celebre un negocio jurídico procesal bilateral, pero no la autonomía de la voluntad en toda su amplitud. Parece, pues, que olvida que yo puedo renunciar a ejercitar plenamente mi derecho a la defensa por múltiples vías, tales como el allanamiento, no contestar la demanda (rebeldía) o no probar adecuadamente. De la misma manera, cuando la sentencia me es desfavorable y no apelo, estoy realizando, en ejercicio de mi libertad, un acto jurídico en sentido estricto de carácter omisivo, cuyos efectos, entre otros, será la firmeza de la sentencia y la existencia del efecto de la cosa juzgada. En todos estos actos existe ejercicio de la autonomía de la voluntad.
8. De la misma manera, me parece que Fabio Núñez no ha contemplado la posibilidad que las partes tienen para celebrar otros negocios jurídicos procesales que, al final, redundarán en el ejercicio de su derecho al debido proceso. Por ejemplo: prórroga de la competencia (la competencia es un corolario del derecho fundamental al juez natural), elección del quechua o el aymara como idioma del proceso (derecho al contradictorio y a la defensa), e, inclusive, convenciones probatorias (derecho fundamental a la prueba).
Finalmente, respecto de los argumentos económico-pragmáticos que ofrece a continuación, creo son interesantes (aunque muchos de ellos equivocados, a mi juicio), que bien podrían ser considerados para el debate respecto de la modificación de la Constitución.
Y esto es así porque lo que debe quedar claro es que lo que él realmente defiende se sitúa en un discurso de lege ferenda (pues fracasa en su discurso de lega lata). De hecho, el título del video es revelador: “¿Debe existir la segunda instancia en el proceso civil?”. Se trata, pues, de una opción de política del derecho.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 171
 artículo 100
 artículo 89
de lege ferenda
de lege ferenda