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Timestamp: 2018-01-21 18:39:41+00:00

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MONOTRIBUTO: NUEVAS CATEGORIAS A PARTIR DEL 01/06/2015.
Escribe el CPN Julio A. Echarren.
Aclaración: El presente informe es solo a efectos de orientar a nuestros seguidores, se aconseja consultar a un profesional y que sea Él quien efectúe la tarea correspondiente y presente las Declaraciones Juradas luego de un análisis y evaluación de su situación impositiva. EVITE RIESGOS INNECESARIOS, MEJOR CONSULTE A UN CONTADOR.
La AFIP dispuso un incremento de hasta el 20% en la cuota total del Régimen Simplificado; cómo quedan todas las escalas para prestación de servicios y venta de cosas muebles.
La Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió aumentar hasta 20% las cuotas mensuales del Monotributo y 38,6% los aportes para el sistema de Seguro de Salud y para las Obras Sociales. Los cambios regirán a partir del 1 de julio del 2015.
Este es el primer cambio desde septiembre del año pasado. La subas más importantes en los pagos se registran en las categorías más bajas, mientras que en las más altas promedian el 4,5%.
Monotributo a partir de 01/07/2015 : Importes
Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 323
Según la Resolución General 3775 publicada hoy en el Boletín Oficial, tanto el monto fijo para el Sistema Nacional del Seguro de Salud como el destinado a las Obras Sociales pasa de 233 pesos a 323 pesos a partir del primer día del próximo mes.
Según la norma, la actualización de los montos responde a “razones de administración tributaria y la necesidad de mantener el debido financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Régimen Nacional de Obras Sociales”.
Monotributo a partir de 1 de julio de 2015 : Importes
Requisitos máximos para cada categoría.PARÁMETROS. A partir del 01/07/2015.
Fuente: A.F.I.P.
EVITE RIESGOS INNECESARIOS, MEJOR CONSULTE A UN CONTADOR.
-POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN-DERECHO TRIBUTARIO-(U.N.L.P.)
julio@estudioecharren.com.ar
Cel: (011) 15- 59985871
ESTUDIO CONTABLE-JURÍDICO ECHARREN & ASOCIADOS
La modelo y bailarina Estefanía Berardi presentó una demanda penal por violencia de género y amenazas contra el ex representante de Adabel Guerrero y Acero Cali, Marcelo Vázquez , más conocido mediáticamente por su nombre artístico “Marcelo Duran”.
Estefania radicó la denuncia, a través de su letrado el Dr. Oscar Echarren ante el Juzgado Civil N° 82 ( Lavalle 1220, 3° piso) a cargo del Dr. Alejandro Siderio habiendo sida direccionada, dada la gravedad del caso, desde la “Oficina de Violencia Doméstica“ a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
La modelo declaró en estrados judiciales que:
“luego de firmar un contrato leonino a largo plazo y no recibiendo contraprestaciones serias laborales intentó rescindir con el imputado Duran y allí fue cuando comenzó a maltratarla verbal y psicológicamente sumando amenazas y a su vez exigiéndole mantener relaciones sexuales con él para poder insertarla en el mercado laboral”
LINK DEL VIDEO EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=BgyeJahDaFQ
Nota: Dr. Oscar Echarren: “La sociedad argentina no está preparada para el nuevo Código Penal”
Link http://www.novanacional.com/nota.asp?n=2014_3_17&id=36962&id_tiponota=3
http://www.estudioecharren.com.ar/default/wp-content/uploads/2014/02/Oscar-Echarren-La-sociedad-argentina-no-est-preparada-para-el-nuevo-Cdigo-Penal-.flv
El nuevo anteproyecto del Código Penal
Por Oscar Echarren (*).
Días atrás, la comisión le entregó a la Presidenta el anteproyecto de reforma del Código Penal, que al inicio de las sesiones legislativas ingresará al Congreso para su tratamiento. Desde hace varias semanas y meses, es de conocimiento público el rechazo de dicho anteproyecto por parte de algunos diputados del Frente Renovador, encabezados por Sergio Massa, por un “excesivo garantismo”; temas como la conveniencia o no de efectuar la reforma, los criterios aplicables, los cambios en la eliminación de delitos e incorporación de otros, la función de la pena y sus montos, la desaparición del instituto jurídico de la reincidencia, las penas “alternativas”, etcétera.
Partiendo del precepto de que las normas penales deben ir de la mano de la realidad social, decimos que la norma primero se acepta y después se cambia. Por ello, el primer planteo que se efectuó fue acerca de la necesidad o no de la reforma del código. Coincidimos en que es necesario, ya que el código vigente es de 1921 y fue objeto de más de 900 reformas, lo que generó muchas posiciones encontradas y confusiones, que se pueden y deben aclarar con la sistematización de la normativa penal. (Codificación)
Así, para efectuar una reforma integral, hay que debatir los principales institutos jurídicos del proyecto, determinar cuál será la política criminal que se va a implementar a través de este cuerpo normativo, lamentablemente aún no se conocen las actas y papeles de trabajo de la comisión, ni la fundamental, “exposición de motivos” por medio de los cuales se expliquen las razones que llevaron a proponer el nuevo código. Tampoco se conocen las disidencias exactas de sus redactores. (Vgr.: se habló de disidencias de los diputados Federico Pinedo y María Elena Barbagelata)
Conforme el requerimiento de la sociedad respecto a dar solución al flagelo de la inseguridad, se destacó que si bien el derecho penal no resuelve este problema, la correcta aplicación y una buena política criminal ayuda y es el corolario de una efectiva acción conjunta entre fuerzas políticas, de seguridad y judiciales. En síntesis, el Código Penal da seguridad jurídica, aunque “no le toca un pelo al delincuente”, ya que esa tarea es desarrollada judicialmente a través de un fallo (sentencia) y una condena en un proceso penal.
A continuación nos adentraremos en temas puntuales:
• Respecto a los atenuantes, se destaca el esquema que plantea el nuevo código (art. 18 inc. 2). Ejemplo: ser menor de 21 años o mayor de 70 o la condición socioeconómica del autor, actuar por “motivos valiosos”.
• Respecto a la exención y reducción de penas, da la posibilidad al juez, conforme su criterio, de reducir y hasta eliminar la pena, por ejemplo cuando “el peligro o daños causados sea de escasa significación” o “cuando las consecuencias del hecho hayan afectado gravemente al autor o partícipe” (pena natural). Ejemplo: podría quedar impune el homicida herido en el hecho. Esto, además de no responder a los criterios que exige la sociedad hoy, altera la división de poderes, así la atenuación o eximición de pena pasa del Ejecutivo al Judicial.
• El régimen de la prisión y sus penas alternativas planteado prevé:
– La eliminación de la reincidencia. Esta figura es una muy importante herramienta de prevención contra personas que, pese han tenido condenas anteriores, continúan delinquiendo. En nuestra actualidad es altamente frecuente en delitos contra la propiedad y en los delitos sexuales.
– La implementación de 7 (siete) penas alternativas, las cuales excepto la “prisión domiciliaria”, son simbólicas y como el control estará a cargo de los jueces y no de organismos de seguridad, a la luz del sistema actual y sus falencias serían incontrolables.
– La eliminación de la figura de “prisión perpetua”, colocando como tope de pena 30 años, con la consabida baja de pena en delitos como el homicidio agravado, secuestro seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, etcétera. Si es necesario determinar cuál es la pena máxima, y siguiendo lo establecido en nuestra Constitución Nacional, dar a la pena la función de resocializar limita el carácter retributivo de la sanción.
– Se elimina libertad condicional y condena condicional, con una variante de cumplimiento en penas inferiores o superiores a los 3 o 10 años que el nuevo código denomina “reemplazo de la pena de prisión” (Art. 31)
• Junto con la unificación de la pena debería existir una reforma e incorporación de Régimen de Ejecución Penal, en este aspecto el nuevo código solo refiere que el control está a cargo de los jueces.
Si se sanciona este anteproyecto muchos de los hoy condenados a perpetua, entre ellos los de lesa humanidad, podrían estar en condiciones de pedir su libertad por la aplicación de la ley penal más benigna, vía recurso de revisión. Este anteproyecto debería ir de la mano de una reforma del Código Procesal Penal e incorporar a su articulado principios procesales generales como las garantías constitucionales, apuntando al sistema acusatorio de los códigos modernos. Un tema que se omite en este proyecto es la incorporación de la víctima en el proceso penal con una participación activa en el proceso y participando con la información y control en la etapa de ejecución de la pena por parte del condenado.
En términos generales podemos decir que el anteproyecto de Código Penal aumenta escalas penales, reduce y despenaliza conductas, deroga algunos delitos que ya no se cometen –v.gr.: duelo-, e incluye nuevas conductas como la manipulación genética o delitos informáticos.
La sanción de un nuevo Código Penal es un tema que toca a todos los ciudadanos. A los abogados que nos dedicamos al derecho penal, nos es menester informar a nuestros colegas y a la sociedad; y debatir cuál es la mejor normativa a sancionar.
Asimismo, es de tenerse en cuenta que Massa ha iniciado una campaña de recolección de cinco millones de firmas, con el sitio web www.noalnuevocodigopenal.org y creado el hashtag #NoAlNuevoCodigoPenal, en tiempos en que se vive una gran inseguridad, sobre todo en el Conurbano bonaerense, logrando cierta aceptación.
Sin dudas, es un Código Penal de corte u orientación “garantista”, (Zaffaroni puro), en el cual pone a los delincuentes como “excluidos” o “víctimas” de la sociedad, que quizás sí funcionaría en sociedades avanzadas como Noruega o Suecia; pero no en nuestro país con una cultura muy distinta, y con violencia instalada en las canchas de fútbol, en las calles y en toda la sociedad.
Dr. Oscar A. Echarren
-Abogado (U.N.L.P.). Escribano (U.N.L.P.).
– Matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (CPACF Tº 100 Fº 423), Colegio de Abogados de La Plata (CALP Tº 57 Fº 39) y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Tº 602 Fº 853). Profesional ANSES Nº 31.062.
-Especialista en Derecho Laboral (Accidentes de Trabajo, Despidos, Trabajo en Negro) y Empresarial (Civil, Comercial, Societario, Concursal, Bancario, Tributario, Seguros).
-Daños y Perjuicios: Accidentes de Tránsito. Mala Praxis Médica.
-Derecho Deportivo: Agente de Jugadores de Futbol.
-Contencioso-Administrativo y Previsional: Jubilaciones y Reajustes.
-Defensas Penales y en lo Penal-Económico.
-Causas Federales en Todo el País.
Celular: (011)-15-6907-3194
C.A.B.A.: Tucumán Nº 944 Depto. 7ºP e/ Suipacha y Carlos Pellegrini– (Código Postal: C1049AAT) -Capital Federal – TELEFONO: (011) 4322-9805
Saqueos en Córdoba. Informadisimos del 05/12/2013.
http://www.estudioecharren.com.ar/default/wp-content/uploads/2014/02/Saqueos-en-Crdoba.-Informadisimos-del-05_12_2013..flv
Analisis Político y Jurídico de los Saqueos en Córdoba por el Dr. Oscar Echarren (Abogado y Periodista) y Hugo Macchiavelli (Periodista) en el programa “Informadísimos”, con la conducción de Carlos Monti y Verónica Varano. Por Magazine TV. Seguía: “…el que impulsa la acción penal de oficio es el Fiscal. Todos los saqueadores que se “jactaban” de sus robos en las redes sociales deben ser identificados e imputados penalmente por los delitos de Robo y no Hurto (ya que fue violencia en las cosas o en las personas), Daño a la propiedad privada, o el que se tipificare según el Código Penal de la Nación. La Policía, si bien es verdad que está mal remunerada en la Argentina, tuvo mucha irresponsabilidad, ya que se podría haber optado medidas mucho menos extremas, como por ej.: retirar la custodia a ministerios o a funcionarios públicos, pero no generar una pérdida del “status quo” y una anarquía total de 36 hs. por su huelga y autoacuartelamiento. Todo se debió a una divergencia política y falta de diálogo, entre el Gobierno de Córdoba y el Gobierno Nacional, y sus mezquindades políticas, y siempre en el medio la gente, que es la que menos les importa. La Seguridad es un Servicio Público, la cual en el Derecho Administrativo, presenta 5 caracteres: Continuidad, Regularidad, Uniformidad, Generalidad y Obligatoriedad. Los Servicios Públicos, tales como Salud, Seguridad, Educación, y Justicia, jamás deben ser interrumpidos en una Nación. Son una obligación inherente a toda Teoría del Estado. Por otro lado, los elementos saqueados, tales como electrodomésticos o bebidas alcóholicas, indican a todas luces que nunca jamás se tipificó el elemento subjetivo de “Estado de Necesidad”, que justifique tal proceder por parte de los saqueadores. En mi humilde opinión, intentar justificar los saqueos de delincuentes comunes “por hambre” es una falacia en sí misma. La violencia de los saqueadores hablan de una crisis de valores tremenda en la sociedad argentina, que culturalmente sigue atrasada unos 50 años, comparada con otras sociedades avanzadas del mundo. Debemos entender de una vez por todas que “un piquete”, o cortar una calle, una avenida o una ruta, no es una forma de protesta, ya que podrían manifestarse de otras formas menos dañosas (por ej. en una plaza). Es un DELITO.
MONOTRIBUTO: NUEVAS CATEGORIAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/09/2014. ¿QUIENES PUEDEN SER PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES?
A continuación se expone una serie de preguntas y respuestas básicas, que le premitirá informarse quienes pueden ser monotributistas y algunas características del nuevo Régimen Simplificado con las categorías vigentes a partir del 01/09/2014. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incrementa, a partir del 01/09/2014, los valores de las cotizaciones fijas destinadas a la Obra Social del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Aclaración: El presente informe es solo a efectos de orientar a nuestros seguidores en cuanto a las preguntas básicas que nos efectúan a diario, se aconseja consultar a un profesional y que sea Él quien efectúe la tarea correspondiente luego de un análisis y evaluación de su situación impositiva.
Pueden ser pequeños contribuyentes (Monotributistas):
Las personas físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria.
Las sociedades de hecho y comerciales irregulares (Capítulo I, Sección IV, de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales), en la medida que tengan un máximo de hasta 3 socios.
El Monotributo es una cuota fija integrada por dos componentes: Impuesto Integrado y Cuota Previsional Fija.
En las Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
Impuesto Integrado: Que sustituye IVA e Impuesto a las Ganancias.
Cuota Previsional Fija: Que sustituye Obra Social y Jubilación.
En las Sociedades:
Impuesto a las Ganancias: El impuesto de sus integrantes originado por las actividades desarrolladas por la entidad-sociedad-sujeta del Monotributo.
-IVA: de la sociedad.
A su vez, los pequeños contribuyentes se encuentran exentos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. (Ley 25.865 art. 17)
NO se encuentra incluido en la sustitución el Impuesto sobre los Bienes Personales. Tampoco se encuentran exentos del Impuesto a las Transferencia de Inmuebles. -ITI-.
Luego tenemos entonces que el Monotributo es un régimen opcional y simplificado que fue creado por la Afip para los llamados “pequeños contribuyentes”.
Este régimen consiste en un tributo integrado de cuota fija que tiene dos componentes:
Impuesto integrado, establecido por categorías determinadas sobre la base de: ingresos brutos obtenidos según facturación, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres devengados,
Este régimen se creó con el objetivo de simplificarle el pago del Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado como también así la jubilación y la obra social a los pequeños contribuyentes.
Con el pago mensual de una cuota única estamos cumpliendo con las obligaciones de:
Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
Ante la pregunta de quienes pueden ser monotributistas, aclaramos que pueden serlo las personas físicas que realicen: ventas de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios, las sucesiones indivisas que continúan la actividad de la Persona Física, los integrantes de cooperativas de trabajo, y las Sociedades de Hecho e Irregulares (máximo de 3 (tres) socios).
No pueden ser monotributistas los integrantes de sociedades no comprendidas en el Régimen (S.A., SRL, Soc. Colectivas, etc), o comprendida (Sociedad de Hecho o Irregular) y no adherida al mismo, los sujetos que se desempeñen en la dirección, administración o conducción de dichas sociedades, sin perjuicio de poder adherirse al Monotributo por otra actividad, y los sujetos que realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de explotación.
¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse en el Régimen de Monotributo?
Para que un contribuyente pueda categorizarse como monotributista, deberán verificarse todas las condiciones que se citan:
a) Que haya obtenido ingresos brutos inferiores o iguales a la suma de $ 400.000 en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión; o, de tratarse de venta de cosas muebles, que -habiendo superado dicha suma, y hasta la de $ 600.000- cumplan el requisito de cantidad mínima de personal previsto.
b) Que no supere en el período indicado en el inciso a), los parámetros máximos de las magnitudes físicas, y alquileres devengados que se establecen para su categorización, a los efectos del pago del impuesto integrado que les correspondiera realizar. (ver estos parámetros en el cuadro)
c) Que el precio máximo unitario de venta -sólo en los casos de venta de cosas muebles- no supere el importe de $ 2.500;
d) Que no haya realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, durante los últimos doce meses del año calendario.
e) Que no desarrolle más de tres actividades simultáneas o no posea más de tres unidades de explotación.
Cuando se trate de sociedades, además de cumplir con los requisitos citados, la totalidad de los integrantes -individualmente considerados- deberá reunir las condiciones para ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
(*)Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).(**)El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.(***)Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
– Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.(****)Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 233(*****)No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.
DR. JULIO A. ECHARREN
-POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN SINDICATURA CONCURSAL- (En curso-U.N.L.P.)
Cel: (011) 15-59985871
link publicación: HONORARIOS DE PERITOS CONTADORES – FUERO NACIONAL
HONORARIOS DE PERITOS CONTADORES-FUERO NACIONAL
Escribe el CPN Julio A. Echarren-
La sanción de la Ley 24.432 modificatoria del C.P.C.C.N. provocó a los profesionales un notable perjuicio que persiste hasta la fecha.
La misma establece, entre otros temas, que se aplique a los honorarios regulados a los profesionales intervinientes el tope del veinticinco por ciento (25%) establecido por los artículos 1º y 8º de la Ley 24.432 modificatorios del art. 505 del Código Civil y del. Art. 277 de la Ley.20.744.
En mi opinión, al igual que varios colegas entre ellos el Dr. Jorge Kohn, se debe proceder a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 8º de la citada ley por ser violatorios de los artículos 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Además, los artículos 1 y 8 de la Ley 24.432 importan una intromisión en la Legislación Nacional en materias no delegadas por las Provincias al Gobierno Central, contrariando los arts. 75 inc.12, 121, 123, 126 y concordantes de la Constitución Nacional. La regulación de honorarios, como así también la forma de distribución de costas y costos de un juicio, es materia eminentemente procesal, sobre cuya legislación se han reservado para si expresa facultad los estados provinciales.
IMPACTO DE LA SANCIÓN DE LA LEY 24.432
Es innegable que la sanción provocó a los profesionales que actúan en la Justicia tales como peritos, interventores, etcétera, incluidos los abogados, un notable perjuicio, no sólo por los problemas que se desarrollaron, sino por el vacío en que incurre y la falta de claridad en su texto, características fundamentales en cualquier ordenamiento legal. Todo esto derivó en graves inconvenientes que persisten hasta la fecha.
SITUACIÓN ANTES Y DEPUES DE LA SANCIÓN DE LA LEY
METODOLOGÍA DE REGULACIÓN DE HONORARIOS
La regulación de los honorarios de los peritos debería depender de la evaluación de su trabajo profesional teniendo en cuenta la Ley de Aranceles respectiva. Se desconocen con que responsabilidad y atención los magistrados la practican y si utilizan alguna metodología, pero aparentemente cada uno tiene un libreto propio.
COBRO DE HONORARIOS EN CONCILIACIONES
COBRO DE HONORARIOS EN EXHORTOS
REGULACIÓN DE HONORARIOS CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES LITIGA CON EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
APELACIÓN DE HONORARIOS EN LOS DISTINTOS FUEROS
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 8 DE LA LEY24.432-. RESERVA DE CASO FEDERAL.-
Es imprescindible dejar planteada la inconstitucionalidad de dicha Ley bajo los siguientes argumentos a modo de ejemplo:
“Dejo planteada la inconstitucionalidad de que se aplique a los honorarios regulados a los profesionales intervinientes el tope del veinticinco por ciento (25%) establecido por los artículos 1º y 8º de la Ley 24.432 modificatorios del art. 505 del Código Civil y del. Art. 277 de la Ley.20.744.
Que a tal efecto vengo a solicitar se proceda a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 8º de la citada ley por ser violatorios de los artículos 14, 14 bis, 16, 17 y18 de la Constitución Nacional. Además los artículos 1 y 8 de la Ley 24.432 importan una intromisión en la Legislación Nacional en materias no delegadas por la Provincia al Gobierno Central, contrariando los arts. 75 inc.12, 121, 123, 126 y concordantes de la Constitución Nacional.La regulación de honorarios, como así también la forma de distribución de costas y costos de un juicio, es materia eminentemente procesal, sobre cuyalegislación se han reservado para si expresa facultad los estados provinciales.”
Es copiosa la jurisprudencia que se puede citar relativa al caso, siendo algùn ejemplo:
· Autos: “Ferreyra Susana Patricia c/ La Monumental S.A. y Otros s/ Despido”, Expediente Nº 37731/95, 08/05/2002, Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 46:
“…Que la ley no limita la responsabilidad del empresario sino que la reduce, pues por un lado se permite al magistrado regular honorarios de acuerdo a las leyes arancelarias vigentes y por el otro obliga a los beneficiarios de dicha resolución a someterse a un prorrateo que, obviamente, tiene por efecto la reducción de las sumas reguladas.Que los honorarios que en definitiva prosperan son ficticios y no re presentan la verdadera decisión del Juzgador. Que la reducción de honorarios implica una confiscación del patrimonio de los beneficiados (Art. 17 C.N.), pues la valoración de las tareas cumplidas ya efectuada por el magistrado al dictar el auto regulatorio, por tanto que la sentencia se encuentre firme constituye un derecho adquirido. Por otra parte, la circunstancia de que el monto definitivo a percibir por los letrados dependa de la cantidad de auxiliares de la justicia actuantes en la causa, constituya una evidente violación del principio de igualdad pues, ante el mismo supuesto de identidad de trabajos y regulaciones,el posterior prorrateo puede, por aplicarse la ley cuestionada reducir los honorarios (art. 16 C.N).Asimismo, afecta el derecho de defensa de los trabajadores en forma indirecta,por cuanto sus letrados se encuentran obligados a retacear su aspiración de acreditar cada uno de los hechos que invocaren, pues ello podría implicar una ulterior reducción de sus honorarios y de los peritos intervinientes. Afirma,también que se violenta el art. 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a una “remuneración justa” y la protección del trabajo en todas sus formas, y en tal sentido las respectivas normas arancelarias vienen a reglamentar dicho derecho. La declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento jurídico, un remedio excepcional ante una clara y evidente lesión a los principios constitucionales. El honorario es el fruto del trabajo realizado por la actuación profesional de los letrados y constituye la “retribución” que refiere la norma citada. La Ley 24432, modificatoria del art. 277 de la L.C.T., que limita el honorario profesional fruto del trabajo realizado y que tiene carácter alimentario, es violatorio de la Constitución Nacional,por cuanto contraria – además de los artículos precedentemente señalados –disposiciones de los arts. 14 y 14 bis, que dispone que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador … retribución justa …”, del art. 16 que establece la garantía de igualdad ante la ley, y el 18 del mismo cuerpo constitucional. Dicha retribución es el fruto del trabajo realizado por la actuación profesional y su restricción es arbitraria, por cuanto la tarea desarrollada responde a un derecho que, como quedó demostrado con las constancias de la causa, asistía al trabajador. Se observa lo irrazonable de la norma, como se sostiene en el escrito de fs. 377/378, que los profesionales que con su trabajo obtuvieron sentencia favorable, podrían obtener una retribución profesional inferior a la establecida para la parte vencida.
La reducción, además de ser injusta, se constituiría en un enriquecimiento sin causa para el deudor.
Por ello, RESUELVO: Declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.432, arts.1ro. y 8vo.
Fdo.: Enrique N. ARIAS GIBERT – Juez Nacional del Trabajo”
EXPECTATIVAS DE DEROGACIÓN DE LA LEY 24.432
UD. PUEDE VER A NOTA COMPLETA PUBLICADA EN:
http://www.auxiliaresdelajusticia.net/2013/11/honorariosdeperitos.html
MONOTRIBUTO: NUEVAS CATEGORIAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/09/2013. ¿QUIENES PUEDEN SER PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES?
A continuación se expone una serie de preguntas y respuestas básicas, que le premitirá informarse quienes pueden ser monotributistas y algunas características del nuevo Régimen Simplificado con las categorías vigentes a partir del 01/09/2013 .
TEORÍA DE LAS CORRECIONES SIMÉTRICAS EN I.V.A.-
¿Se puede rectificar una Declaración Jurada en menos por mayor Crédito Fiscal ?
El CPN Julio A. Echarren, del Estudio Echarren y asoc., analiza el Procedimiento Fiscal en caso de tener que rectificar en menos una Declaración Jurada en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Un contribuyente cuya Declaración Jurada (DDJJ) original de I.V.A. arroja saldo a favor para el contribuyente. ¿Es factible proceder a rectificar la DDJJ original por un mayor Crédito Fiscal o se entiende que se trataría de una DDJJ rectificativa en menos de acuerdo al artículo 13 de la ley de procedimiento tributario? Veamos que dice la norma:
El artículo 13 de la ley 11683 expresa que, en el caso de que se presente la DDJJ original, no se podrá rectificar la misma en menos, salvo error de cálculo; situación que no se configura en ninguno de los ejemplos expuestos en la consulta, ya que cuando la ley se refiere al error de cálculo, dicho error debe estar exteriorizado en la DDJJ (por ejemplo incorrectamente efectuadas las sumas, aplicación errónea de una alícuota, etc.).
Artículo13, Ley 11.683 —” La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.
En consecuencia, para poder utilizar el saldo a favor (ingresado de más) hay dos alternativas:
1. Efectuar un reclamo de repetición, presentando una DDJJ rectificativa y una nota explicando los motivos que originan el saldo a favor, que recién estarán disponibles a partir de la conformidad administrativa (artículo 81, ley 11683).
2. Aplicar la “teoría de las correcciones simétricas”, es decir, sin rectificar la DDJJ subsanar el error. Esta alternativa surge de lo dispuesto por el artículo 81 de la ley 11683.
El artículo 81 de la Ley 11.683, penúltimo párrafo dispone que:
“Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la A.F.I.P. compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de determinación”.
En primer lugar, este artículo dispone la obligación del Fisco, frente a una verificación o determinación impositiva, de proceder a compensar los gravámenes. Esta norma es una disposición imperativa y no facultativa para el Fisco, buscando evitar la interposición de recursos de repetición.
En segundo lugar, la disposición mencionada ha dado lugar a la llamada “teoría de las correcciones simétricas” avala por la jurisprudencia, que consiste en compensar ingresos efectuados en demasía con obligaciones futuras sin necesidad de rectificar la declaración jurada; por ejemplo:
En el caso expuesto en la pregunta: al haber omitido una factura de compra en la D.D.J.J. del IVA de un período determinado, ingresando de más el impuesto en dicho período (el ingreso se produjo por la absorción de los saldos de libre disponibilidad), en lugar de solicitar la repetición de lo ingresado en demasía, se incorpora dicha factura en el período siguiente. De tratarse de una rescisión de una operación de venta, correspondería emitir una nota de crédito, imputable al período en el cual se produjo la rescisión de la venta.
Es copiosa la jurisprudencia que que se pronuncia por la aplicación obligatoria de la Teoría de las Correcciones Simétricas:
“El último párrafo del artículo 81 de la ley 11683, referidoa la aplicación de la denominada “teoría de las correccionessimétricas”, resulta de aplicación obligatoria para el Fisco Nacional,puesto que con ella se trata de evitar la iniciación de demandas de repeticiónque serían evitables si, siguiendo el criterio adoptado por el OrganismoRecaudador en un período, resultase saldo a favor del contribuyente en lossiguientes. Si bien el organismo administrativo se encontraba constatando yverificando la obligación tributaria del contribuyente en un períododeterminado, al resolver las cuestiones planteadas no pudo dejar de considerarlas circunstancias y hechos posteriores que eventualmente podían modificar loadeudado por aquél. Lo contrario es aferrarse a un exceso formal en detrimentodel derecho del contribuyente.” MAKRO SRL – CNFED. CONT. ADM. – SALA III – 16/2/2009
-POSGRADO ESPECIALISTA EN SINDICATURA CONCURSAL- (En curso-U.N.L.P.)
Despidos * Trabajo en Negro * Horas Extras * Maltrato Laboral
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Los 10 fallos clave del 2011 que dejaron su “huella” y cambiarán la forma de pagar los impuestos
A pocos días de que concluya el año, expertos consultados revelaron la lista de los juicios que han marcado un precedente frente a las pretensiones del fisco. Las causas donde la Corte Suprema puso fin a reclamos y otras sentencias con importantes implicancias.
El 2011 dejó como “saldo” importantes sentencias en materia tributaria que marcan un “antes” y un “después” a la hora de pagar impuestos.
Tanto Ganancias, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bienes Personales fueron tema de discusión de los tribunales, incluso, de la Corte Suprema de Jusiticia.
Dichos fallos, sin lugar a dudas, sientan importantes precedentes para interpretar la normativa vigente, especialmente, frente a los reclamos que se pudieran recibir de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sin embargo, de la amplia lista de causas, existen diez que, por su trascendencia, fueron consideradas como las más importantes por los expertos consultados por iProfesional.com.
Los mismos giraron en torno a tópicos tan diversos como el uso de los medios de prueba en juicio, las deducciones de gastos en las liquidaciones, los alcances de los allanamientos, la legalidad de la Ley Antievasión, las ventajas que ofrecen las fusiones empresariales en materia impositiva, o el significado del concepto de devengado y su aplicación.
1. La importancia de las pruebas presentadas en juicio
Ezequiel Jobs, miembro del área de Impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, destacó como importante el fallo Autolatina Argentina SA (15/03/2011) donde “la Corte ratifica la especial importancia de la prueba a los fines de la justificación de pasivos contraídos desde el exterior, haciendo prevalecer la necesidad de un documento del cual surja una fecha cierta para poder demostrar la existencia del pasivo y no considerar al mismo como un incremento patrimonial no justificado, gravado por Ganancias”.
El especialista remarcó que “lo destacable de la sentencia es que se ha ponderado la importancia de los elementos probatorios, para el caso, la necesidad de contar con un contrato de mutuo con fecha cierta para demostrar al fisco la existencia del préstamo”.
En este caso el fisco rechazó la operación de crédito contraído desde el exterior, formalizado mediante un contrato de mutuo, considerando que solo pueden oponerse a terceros aquellos rubricados mediante instrumento público o privado con fecha determinada.
Por último, recordó que “teniendo en cuenta este antecedente, es recomendable poner especial atención a determinadas pautas que utiliza el fisco para evaluar la existencia de un pasivo contraído desde el exterior”. (Para conocer más detalles de este caso, lea más: La Corte avaló a la AFIP en el rechazo de pruebas sobre un préstamo y la empresa pagará más Ganancias)
2. Ganancias: deducciones de gastos por compra de acciones
Eduardo Gil Roca, Partner de Tax & Legal Service – Tax Litigation de PWC, destacó entre los fallos más importantes a “Blaquier, Carlos Pedro Tadeo s/recurso de apelación-Impuesto a las Ganancias” (29/08/2011) donde el TFN resolvió sobre la deducibilidad del Impuesto sobre Bienes Personales originado en la tenencia de acciones en Ganancias.
El experto señaló que “el carácter de renta no computable de los dividendos no impide la deducción de los impuestos generados por tenencias accionarias, es decir, diferencia la renta `no computable´ de la exenta”.
Asimismo, afirmó que “el accionista, de una o de otra manera es quien soporta la carga del impuesto de donde no hay que confundirlo con renta exenta”.
Y concluyó: “Es importante porque ese razonamiento valida que puedan deducirse los gastos por adquisición o mantenimiento de acciones”.
3. Cuándo corresponde secuestrar documentación en un allanamiento
Teresa Gómez, socia del estudio Harteneck – Quian – Teresa Gómez & Asociados, afirmó que una de las causas más importantes del año fue “AFIP s/ solicitud orden de registro `Cervecería Blest´ artículo 35 Ley 11.683″ (15/02/2011), donde la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca (Río Negro) “se plantea la diferencia del allanamiento previsto en el artículo 35 de la Ley 11.683 (Ley de Procedimiento Tributario) versus el de la Ley Penal Tributaria (Ley 24.769)”.
La experta destacó que “la diferencia entre ambas leyes está dada por el hecho de que un allanamiento de morada, acompañado de secuestro de documentación, sólo podría provenir del fuero penal federal o penal tributario“.
En cambio, Gómez aclaró que “un allanamiento dictado al amparo del artículo 35, inciso e) de la Ley 11.683 no podría aparejar el secuestro de documentación alguna“.
“Esto nunca se ha respetado. Los allanamientos, generalmente, siempre han sido acompañados de secuestro de documentación con independencia del fuero emisor de la orden que diera al registro de morada”, sostuvo.
“Por ello, la importancia de la decisión de los jueces Barreiro y Muller al fijar las diferencias operantes y declarar la nulidad de la orden y de todas las medidas en su consecuencia en autos Cerveceria Blest”, concluyó la experta. (Lea más: Se quejó luego de un allanamiento de la AFIP y la Justicia le restituyó los bienes secuestrados)
4. La inconstitucionalidad de la Ley Antievasión
María Belén Murillo y Gabriel Hermida, gerente y socio del estudio Goldemberg & Asociados, destacaron como “trascendental” el fallo Mera Miguel Ángel c/DGI (12/07/2011) donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley 25.345 (Ley Antievasión) referida al cómputo de créditos fiscales por pagos en efectivo, por considerar que resulta incompatible su vigencia simultánea con el artículo 34 de la Ley 11.683 (Ley de Procedimiento Tributario).
Los especialistas -que fueron quienes se encargaron de la defensa del contribuyente- recordaron que “la Cámara tuvo en cuenta la efectiva existencia de las operaciones involucradas en el ajuste, lo que había sido probado por el contribuyente, tanto en sede administrativo como ante el Tribunal Fiscal, y no había sido objeto de cuestionamiento por parte de la AFIP”.
“Los jueces sostuvieron que el artículo 2 de la Ley 25.345 altera el hecho imponible definido en las leyes de Ganancias y del IVA y la medida de la materia imponible pues, en el primer caso, además de gravarse las rentas reales también se gravan las aparentes o ficticias, mientras que en el segundo caso se grava el mayor valor agregado en la etapa anterior por el proveedor responsable”. (Lea más: Ley antievasión: la Justicia permitió computar compras de más de $1.000 pagadas en efectivo)
5. El “nuevo” concepto de devengado
Para el consultor tributario Iván Sasovsky, el fallo más importante del año es el de “Compañía Tucumana de Refrescos SA” (24/05/2011) al destacar que “su aporte jurisprudencial se evade de lo ordinario, ya que implica un cambio radical a la hora de configurar el nacimiento del hecho imponible de Ganancias“.
“El fallo ilustra y determina las implicancias y el alcance del concepto de lo `devengado´ y sus acepciones propias de la ley del tributo. Así, la Corte magistralmente redefine la concepción tributaria del término, circunscribiendo en su sentencia tal significación a la comprensión jurídica de la misma”, sostuvo el especialista.
Y agregó: “Esto resulta de un valor superlativo en términos interpretativos, ya que entender en qué momento se debe reconocer un resultado (ingreso, gasto o deducción) es fundamental”. (Lea más: AFIP impugnó gastos de la declaración de Ganancias, pero la Corte Suprema decidió avalar a la firma)
6. Salidas no documentadas: cuándo corresponde su aplicación
Consultado por iProfesional.com, Rubén Malvitano, socio de la División Impuestos de Ernst & Young, incluyó entre las más sobresalientes causas la de Ambulancias Privadas Argentinas SA (23/02/2011), donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se pronunció acerca del impuesto especial a las salidas no documentadas.
“Lo novedoso de la sentencia -que confirmó la conclusión del TFN en la misma causa-, es que se revocó la pretensión fiscal atento a que, si bien las facturas canceladas no cumplían estrictamente con las normas vigentes, no pudo probarse que hubiera existido efectivamente una salida de fondos“, señaló el experto.
“En otras palabras, este gravamen especial -tal como surge de las normas que lo instituyen-, sólo aplica si existe una erogación probada de fondos“, concluyó.
7. Compensación de Bienes Personales con saldos de IVA
Fernando Soria, miembro del Departamento Contencioso del estudio Razzetto – López – Rodríguez Córdoba, destacó la importancia del fallo “Rectificaciones Rivadavia S.A. c/ AFIP s/ ordinario” (12/07/2011) donde la Corte -por mayoría- se pronunció admitiendo la posibilidad para la Sociedad de extinguir por compensación el Impuesto sobre los Bienes Personales – Acciones y Participaciones Societarias de sus accionistas (personas físicas o sucesiones indivisas) mediante la utilización de saldos de libre disponibilidad generados en el Impuesto al Valor Agregado. (Lea más: La Corte avaló el pago de Bienes Personales con créditos impositivos empresariales)
“Cabe agregar que, con posterioridad a este fallo, la AFIP emitió la RG 3175, a través de la cual, pretendiendo dar sustento a su posición contraria al fallo mencionado, estableció que no se podrá solicitar la compensación de saldos a favor propios con obligaciones que genere el contribuyente en su carácter de responsable por deuda ajena y/o sustituto”, explicó Soria.
Y concluyó que mediante dicha RG, el organismo de recaudación “aclaró que dicha compensación solo será procedente en la medida que el sujeto revista el carácter de titular pasivo de su deuda impositiva y titular activo de su crédito contra el fisco”. (Lea más: Polémico: la AFIP le quita a las empresas un alivio fiscal validado por la Corte)
8. IVA: la gravabilidad de las comisiones
Malvitano y Gil Roca coincidieron en remarcar que la causa “Garman Representaciones SA” (28/4/2011) fue en una de las más trascendentes.
En el fallo, “el fisco pretendió gravar con IVA la comisión cobrada por esta compañía, como retribución por el servicio de promoción, comercialización y venta de pasajes de aviones afectados al transporte internacional (mientras la empresa la había considerado exenta por estar vinculada precisamente con ese tipo de transporte exento)”, indicó Malvitano.
“El Tribunal rechazó tal pretensión sosteniendo que el servicio del caso tenía un grado de conexidad con el transporte internacional y que debía considerárselo, aplicando la `doctrina de la subsunción´, como una fracción de aquél y por tanto, exento del gravamen“, sostuvo.
Al respecto, Gil Roca recordó que la causa fue llevada adelante por los especialistas de PWC y que “efectivamente lo consideramos un caso relevante”.
9. Fusiones de empresas que no pagan Ganancias
Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, destacó que una de las causas más resonantes fue “Frigorífico Paladini SA c/AFIP s/demanda” (02/03/2011), debido a que “sienta un nuevo criterio de la Corte respecto de un tema muy controvertido, en el sentido de que una fusión por absorción puede ser encuadrada dentro de una reorganización impositiva de un conjunto económico”.
En la causa, la Corte Suprema de Justicia aprobó -a instancias de lo dictaminado por la Procuradora- la fusión de dos frigoríficos sin que deban pagar Ganancias por la operación.
Así, pese a que la AFIP entendió que no estaban cumplidos los requisitos legales para ello, el Máximo Tribunal avaló la postura del contribuyente. (Lea más: La Corte avaló la fusión libre de impuestos de dos firmas pese a que la AFIP intentó evitarlo)
10. Bienes Personales: gravabilidad de participación de extranjeros
Por último, Eugenio Orco, socio de Impuestos de KPMG reconoció a la causa “Losa Ladrillos c/AFIP” como una de las más destacadas, donde el TFN declaró la no gravabilidad en Bienes Personales (para responsables sustitutos) de las participaciones en sociedades argentinas por parte de accionistas brasileños.
Para el experto, “la importancia del fallo radica en que revierte una tendencia en sentido opuesto, derivada de las opiniones del Procurador del Tesoro de la Nación y de la sala B (causa KCK TIssue del año 2008), que interpretaron que el Tratado no resulta de aplicación en materia tributaria”.
Orco explicó que “dicho impuesto, que recae económicamente sobre los accionistas, pero lo ingresan las sociedades locales como responsables sustitutos, grava a la alícuota del 0,5% al monto del patrimonio neto de las empresas locales al 31 de diciembre de cada año”.
Pero los diez fallos mencionados no fueron los únicos.
Jobs mencionó dentro de las más importantes a la causa “Austral Cielos del Sur SA” (lea más: La Corte frenó a la AFIP en su intento de utilizar un DNU para cobrar IVA a un contribuyente), mientras que Malvitano recordó como destacable “Boedo Sur SA” (lea más: Para la AFIP tenía que pagar IVA, se quejó y la Justicia le dio la razón al contribuyente).
La lista la cierran “Juan Minetti SA c/Provincia de Córdoba s/demanda de Plena Jurisdicción” y “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI – Región 1-R. 27-X-00 s/DGI”, destacadas como trascendentales por Gil Roca y Soria, respectivamente.
A la hora de los negocios: ¿conviene más constituir una SA o una SRL?
La decisión implica analizar aspectos estratégicos, impositivos, legales y económico-financieros. El resultado puede inclinar la balanza para un lado u otro lo que puede redundar en una mayor carga tributaria, responsabilidad de los socios o gastos. Las recomendaciones de los expertos.
Poner en marcha un negocio no es una tarea fácil. Sucede que existen muchos factores que evaluar antes de hacerlo, para poder arrancar “con el pie derecho” en el nuevo emprendimiento.
Así, más allá de determinar cuánto será la inversión inicial, el rubro o actividad a realizar, el personal que será necesario contratar, la ubicación de la empresa, el margen de rentabilidad que se espera obtener, el financiamiento o recursos de los cuales será preciso disponer, entre otros aspectos, existe un punto clave a tener en cuenta: el tipo societario.
Ésta no es una cuestión menor si se tiene en cuenta que una decisión desacertada podría conllevar el pago de una mayor carga tributaria, un alto nivel de responsabilidad de los titulares de la compañía (por ejemplo, ante un reclamo laboral, juicio por incumplimiento comercial, deudas bancarias no canceladas, etcétera) como así también podría significar incurrir en más gastos.
Y si bien es posible conformar una sociedad de hecho o una típica sociedad de personas, lo cierto es que las formas societarias que más convocan el interés son las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).
En este escenario, ante la gran disyuntiva que se presenta entre quienes tienen que tomar dicha decisión, iProfesional.com consultó a expertos en la materia que revelaron las claves que podrían inclinar la balanza y los motivos que llevarían a esa elección.
Aspectos estratégicosA la hora de constituir una compañía, suele prestarse mucha atención a los ingresos que se espera obtener y a minimizar los gastos. Pero esto no es lo único importante. Es necesario tener una visión global si el objetivo es perdurar en el tiempo.
El consultor tributario Iván Sasovsky explicó que la elección del tipo societario, ya sea una SA o una SRL, dependerá de diversos aspectos, entre los que destacó: la cantidad de socios, las características de las actividades y la estructura que tendrá la firma.
En este sentido, puntualizó que ”la SRL fue ideada para proyectos con pocos socios, por lo cual la utilización de una u otra estructura no es indistinta, y el tipo de actividad a realizar puede resultar más efectiva bajo determinada forma jurídica”.
Para el experto, “en aquellos proyectos de naturaleza más simple, como puede ser el de un estudio de profesionales, un local de venta directa al público, o una industria manufacturera o artesanal, la constitución de una SRL puede ser la mejor opción“.
“Por el contrario, en los emprendimientos cuyo desarrollo implica una mayor estructura, capital y dimensión, la mejor opción sin dudas es una SA”, indicó Sasovsky y mencionó como ejemplos “a las compañías de seguros, los holdings, los desarrollos inmobiliarios y los emprendimientos industriales“.
En tanto, Leonardo Glikin, abogado consultor en Planificación Patrimonial en Empresa y Familia y titular de Caps Consultores, resaltó que uno de los aspectos más relevantes que poseen las SA se vincula con su posibilidad de expandirse, ya que hasta pueden ser dueñas de otras SA y lograr un mayor crecimiento mediante la conformación de holdings. En cambio, agregó, una SRL no puede ser titular de ningún otro tipo de sociedad.
“Las SA permiten aumentar el límite de crecimiento de las sociedades”, señaló el experto y lo graficó con el siguiente ejemplo: “Si tenés la posibilidad de adquirir un auto que corre a 180 km/h al precio de uno que sólo puede alcanzar los 120 km/h, porqué desaprovechar la oportunidad. No importa si después no superás los 120, lo importante es tener abierta la posibilidad futura de acelerar más“.
Glikin indicó que, a su criterio, ”lo ideal es armar una estructura con una SA principal que comercialice productos y servicios, y posea, además, otras sociedades que funcionen como unidades independientes y, al mismo tiempo, presten servicios matriciales necesarios para la principal”.
En cambio, el consultor explicó que las SRL son mejores para negocios más pequeños. Al respecto destacó que “son adecuadas para los restaurantes de no más de cinco socios, con un control que se realiza sin problemas a fin de mes, con un ajustado nivel de pagos y gastos”.
Asimismo, con respecto a las SRL, advirtió sobre la existencia de algo que se denomina “conflicto de denominaciones”.
“La palabra Gerente, que acompaña a ciertos socios, puede generar una obturación en el pensamiento, que no permite la creación de espacios para la reflexión y la planificación e, incluso, provoca que quienes no tengan ese `título´ se vean inhibidos para opinar”, indicó el experto, quién destacó que esto no ocurre en las SA, ya que posee una estructura distinta.
Este aspecto es muy importante porque será necesario, en su caso, llevar adelante un buen manejo de conflictos dado que, justamente, los involucrados son las piezas clave de la organización en materia de toma de decisiones.
Por el contrario, resaltó que “en las SA existen, por un lado, los accionistas, luego los directores que responden a estos y, por último, los gerentes. Así, hay distinción de tareas, donde los segundos son quienes piensan las estrategias y los que se encargan de realizar proyecciones a futuro“.
En tanto, desde PricewaterhouseCoopers, Pablo González del Solar, Senior Manager de Tax & Legal – Business & Corporate Law Office, destacó algunos aspectos que pueden inclinar la decisión hacia las SRL.
En este sentido, señaló que este tipo societario “no se encuentra obligado a presentar balances anuales a la Inspección General de Justicia (IGJ), en la medida en que las sociedades no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo 299 de la Ley (siempre que el capital nominal sea superior a $10 millones y se hagan oferta pública de sus acciones, entre otros)”.
Asimismo, resaltó que “según algunas interpretaciones, las SRL que no se encuentren comprendidas dentro de los supuestos contemplados en el artículo mencionado, podrían prescindir de la auditoría anual de sus estados contables, requerimiento que resulta obligatorio para las SA”.
Por último, sostuvo que, “en este mismo sentido, las SRL no abonan la tasa anual de fiscalización ante el organismo de contralor“.
Por otra parte, Glikin rompió con un mito creado alrededor de las SRL al indicar que “muchos creen que los costos de estas sociedades son menores a los de las SA, pero eso no es del todo cierto, ya que no tienen en cuenta que, si se produce algún cambio en la estructura societaria, cada cambio implica modificar el estatuto y realizar las correspondientes publicaciones de edictos que aumenta considerablemente los gastos asociados a ellos“.
Por su parte, Damián Rivero, miembro del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, afirmó que existe una ventaja más de la SRL por sobre la SA: el aporte mínimo de capital necesario para funcionar.
En este sentido, Rivero indicó que “en la SA, el mínimo es $12.000 y, en la SRL, no existe un mínimo estipulado por ley”. Así, mientras en un caso es necesario sí o sí el valor indicado, en el otro, la sociedad puede funcionar con menos.
Y, para finalizar este punto, recordó que los aportes “pueden ser dinerarios o en especie, susceptibles de ejecución forzada”, aunque “tanto en una SA como en una SRL puede integrarse un 25% al momento de la constitución y el saldo restante en el plazo de 2 años“, si fueran dinerarios, mientras que “en el supuesto de aportes en especie, deben integrarse totalmente al tiempo de la constitución, en ambos casos”.
Las claves impositivasA la hora de analizar la posibilidad de optar por uno u otro tipo societario, no caben dudas de que el aspecto impositivo no puede quedar de lado.
Federico Zambrano, socio del estudio López Toussaint & Asociados, destacó que “si bien la alícuota en Ganancias es la misma para ambos tipos societarios, una SA podría tener una mayor carga en el impuesto teniendo en cuenta cómo organice su negocio“.
Según el experto, esto es así debido a que “si existen retiros de los socios, la AFIP puede aplicar intereses presuntos -de acuerdo a lo normado por el artículo 73 de la ley del tributo-, mientras que, para las SRL, dicha presunción no les aplica ya que el segundo párrafo del mencionado artículo las excluye taxativamente”.
“De esta manera, una SA que adelanta fondos a sus accionistas o que los mismos los retiran de su `cuenta particular´ en la empresa, tendrá un mayor costo en Ganancias dado que deberá gravar los intereses presuntos, que los mismos generan, a la tasa para descuentos comerciales del Banco Nación, la cual -a la fecha y durante los últimos años- se han mantenido en torno al 19,60% anual”, explicó Zambrano.
Y advirtió que “esto tiene el agravante de que los intereses, al ser presuntos, tampoco podrían ser deducibles en el impuesto por el receptor de los fondos, si se vincularan con transacciones gravadas”.
Sin embargo, no son todas malas noticias. González del Solar sostuvo que “en el caso de inversores extranjeros, la transferencia de acciones es una operación que no tributa Ganancias gracias a la exención consagrada por el Decreto 2284/91″.
“En cambio, la venta de cuotas de una SRL no está específicamente contemplada por la norma exentiva“, explicó el especialista.
No obstante, resaltó que “en los últimos años, se ha tornado más común la utilización de SRL por parte de empresas de los EE.UU., principalmente en virtud de la normativa fiscal de dicho país que ofrece ciertas ventajas de planificación fiscal para entidades de este tipo (a diferencia de lo que ocurre con las SA)”.
Sumado a las diferencias estratégicas e impositivas, la LSC, establece una serie de diferencias legales entre estos dos tipos societarios.
Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, Hugo Belárdez Améndola, detalló las siguientes:
Adicionalmente, Rivero sostuvo que “una diferencia importante entre ambos tipos sociales, consiste en que la transmisibilidad de las acciones posee un procedimiento más simple“.
En efecto, González del Solar indicó que “se hace en forma privada, mediante instrumento privado, y a través de una mera notificación de la transferencia al Directorio de la Sociedad en los términos del artículo 215 de la Ley de Sociedades. El Directorio procede a su registración en el Libro de Registro de Accionistas”.
“Por su parte -continuó el experto-, la SRL requiere la registración de la transferencia ante el Registro Público de Comercio y, en su caso, reforma de estatutos, publicación de edictos, gastos conexos, entre otros, amén del tiempo insumido que puede exceder en algunos casos los tres meses”.
Otra de las ventajas de las SA, según señaló González del Solar es “la posibilidad de emitir clases de acciones que otorga una flexibilidad incomparable frente a la SRL, permitiendo otorgar derechos políticos y económicos diferenciados a distintas clases de accionistas”.
“Las cuotas de las SRL presentan una clara desventaja en este sentido ya que todas ellas otorgan igual cantidad de votos y derechos a utilidades”, remarcó el especialista.
Un tema no menor en el análisis es el que refiere a la responsabilidad de cada socio.
En este sentido, Rivero remarcó que, “en el supuesto de la SA, los accionistas la limitan a la cantidad de acciones que suscriben“, mientras que, “en la SRL, los socios no solo responden por la integración del capital que suscriben sino que, además, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración del total del capital suscripto“.
Asimismo, el experto de Lisicki, Litvin & Asociados, afirmó que “desde un enfoque en materia de responsabilidad de los integrantes del órgano de administración, en la SA los directores responden solidaria e ilimitadamente hacia la sociedad, accionistas y terceros, tanto por el mal desempeño de sus cargos como por la violación a la ley, estatuto o reglamento y todo daño ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave”, mientras que “en la SRL son responsables individual o solidariamente, según sea la organización de la gerencia establecida en el contrato social”.
Si de responsabilidad tributaria se trata, Sasovsky indicó que “la Ley de Procedimientos Tributarios no discrimina entre las SA y las SRL”, de modo que “tanto los directores y gerentes de ambas estructuras resultan igualmente obligados a dar cumplimiento a los deberes impositivos que emerjan de los hechos efectuados por sus representadas”.
Y no sólo eso, sino que advirtió que “pueden implicar una responsabilidad penal, en el ámbito de la Ley Penal Tributaria, ya que la ley corre el velo societario y radica la responsabilidad en quienes hubiesen intervenido en el hecho punible (delito), inclusive cuando el instrumento que hubiera dado origen a la representación sea ineficaz”.
Por último, Sasovsky, sostuvo que, en materia laboral, “independientemente de la estructura adoptada, la responsabilidad se transparenta y recae de forma subsidiaria sobre los socios y directores“.
Y agregó: “En efecto, se magnifica de esa forma la importancia relativa de los hechos, desdibujándose la personalidad societaria y las diferencias cualitativas entre sendas formas societarias“.
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Al momento de pensar en los trámites de inscripción y de sus costos, hay que tener presente que la complejidad o simplicidad de los mismos, dependerá de cada jurisdicción.
Rivero explicó que “existen jurisdicciones donde los trámites administrativos para inscribir la constitución, tanto de SA como de SRL, son más simples en cuanto a requisitos, tal como la Provincia de Buenos Aires”.
Por el contrario, el experto destacó que existen otras “como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que implican un análisis profesional diferencial y que el cliente (sea local o del exterior) deberá tener presente”.
En estos casos, Rivero señaló que “existen disposiciones sobre las sociedades comerciales del exterior que deciden ser accionistas de sociedades locales (documentación referida a la acreditación del volumen de negocios en el exterior respecto del que desarrollará en Argentina, Régimen Informativo Anual sobre su situación patrimonial en el exterior, entre otros aspectos), la pluralidad sustancial de socios, el régimen de aportes irrevocables, el régimen de garantía de los directores/gerentes, el sistema de presentación de estados contables anuales, entre otros”, que deben ser considerados y deben ser estudiados especialmente.
De esta manera, y aunque no siempre se puede decidir en qué lugar se instalará la sociedad, es importante tener en cuenta que algunas jurisdicciones presentarán más inconvenientes que otras al momento de inscribirse o realizar ciertos trámites.
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References: Resolución 
 resolución 
 artículo 13
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Artículo13
 artículo 81
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 artículo 35
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 artículo 35
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 2
 artículo 299
 artículo 73
 artículo 215