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Timestamp: 2019-08-19 20:26:05+00:00

Document:
Ley 13.645: régimen de transición desde el 18/4/2007 al 1/12/2007
La suspensión cautelar de la ley 13.298: 7/2/2005
6. Inconstitucionalidad del Decreto-ley 10.067/83 (art.36): El cometido de un juez es juzgar y no investigar
7. Conclusión: Responsabilidad internacional del Estado
La ley 13.645 -publicada en el Boletín Oficial del 23/3/2007- cubrió el vacío legal generado por la ley 13.634 en materia de proceso penal juvenil durante el periodo de transición, es decir hasta el 1/12/2007.
Como ya lo anticipara en la introducción, la ley 13.298 estuvo suspendida cautelarmente por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desde el 7/2/2005 hasta el 18/4/2007, fecha en que se rechazó el recurso de revocatoria in extremis interpuesto por la Procuradora General contra la Resolución Nro. 55 del 28/2/2007 de la Suprema Corte.
En efecto, la Suprema Corte de Justicia resolvió la suspensión cautelar el 7/2/2005 en el expte. I−68116, "Procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires s/medida cautelar autónoma anticipada − acción de inconstitucionalidad", en el marco de un proceso de inconstitucionalidad. Durante la vigencia de la medida se mantuvo vigente el Patronato de Menores en la provincia, pues el art.67 que lo había derogado integraba el texto de la ley suspendida.
La medida cautelar se sustentó en los efectos negativos para los niños de una inmediata entrada en vigencia de la ley 13298 , por no hallarse "garantizados los recaudos suficientes en orden a la participación especializada de organismos, personas y recursos técnicos y materiales indispensable", por la falta de articulación entre el sistema vigente y el funcionamiento efectivo del destinado a su reemplazo, y teniendo en cuenta "el veto parcial de la ley en orden a aspectos sustanciales de financiamiento que pueden comprometer aún más su operatividad".
Citación a audiencia25: 16/3/2005
Posteriormente, con fecha 16/3/2005, la Suprema Corte de Justicia en la causa mencionada, dispuso convocar a una audiencia a celebrarse el día 6/4/2005 con motivo de la aplicación y vigencia de la ley 13298, para ilustrar al tribunal con la específica información requerida:
1) La Procuradora General de la Suprema Corte habría de informar sobre la situación generada en la esfera del Ministerio Público por la sanción y entrada en vigencia de la ley 13298, al tiempo de promover la solicitud cautelar de autos y en la actualidad, aportando los elementos estadísticos que estimara pertinentes.
2) El Asesor General de Gobierno y Ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires informaría sobre las previsiones y acciones materializadas al tiempo de la entrada en vigencia de la ley 13298, con relación a:
a) autoridad de aplicación;
b) servicios locales de protección de los derechos del niño en todos los municipios de la provincia; y
c) asignación de partidas presupuestarias para efectivizar el sistema mediante la presente resolución.26
He destacado la fijación de esta audiencia, porque la Suprema Corte de Justicia bonaerense, cita la Acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia Nacional, referida a la intervención del amicus curiae, considerando que la resolución de esta controversia generaba un interés que transcendía el de las partes:
"En el marco de las controversias cuya resolución genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución Nacional entendido como valor no sólo individual sino también colectivo" (voto de la mayoría, Corte Sup., acordada 28/2004, Amigos del Tribunal, 14/7/2004).
Resolución N° 55 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: 28/2/2007
En el expediente judicial caratulado "Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires s/inconstitucionalidad de los arts.2°, 35 incisos f) y h) y 37 de la ley 13.298", causa I.68.128, teniendo en cuenta la reciente sanción de la ley 13.264 (que modifica el fuero de familia, disuelve el fuero de menores y crea el fuero de la responsabilidad penal juvenil) -publicada en el Boletín Oficial el 2/2/2007- cuyas disposiciones modifican y complementan la ley 13.298, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución Nro.55 de fecha 28 de febrero de 2007, declara extinguida la controversia por haber devenido abstracta la cuestión litigiosa, lo que importa poner fin a la suspensión cautelar de la ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños.
Recurso de revocatoria in extremis de la Procuradora contra la Resolución N° 55 de la Suprema Corte: 8/3/2007.
“Vacío de órganos y vacío de proceso” durante la transición: Ante esta decisión de la Suprema Corte, la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, interpuso recurso de revocatoria in extremis ante la Resolución Nro. 55 de la Suprema Corte de Justicia provincial, de fecha 28 de febrero de 2007, en la causa caratulada: B-68.128, “Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad de los arts. 2, 35 incisos f y h y 37 de la ley Nro. 13.298” y su anexa I. 68.116, caratulada: “Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. s/ Medida cautelar autónoma anticipada- Acción de inconstitucionalidad”, con el objeto de solicitar se deje sin efecto dicho acto, por el cual se había decidido: "Declarar extinguida la controversia por haberse tornado abstracta la cuestión litigiosa, lo que importa el cese de la medida cautelar."
En la fundamentación del recurso de revocatoria in extremis, la Procuradora destaca –entre otros fundamentos de su presentación- la gravedad de la situación generada por “el vacío legal que comporta el artículo 95 de la ley Nro. 13.634, referido a la ausencia de procedimiento penal que regiría la transición, como así también de órganos que asumirían en la mentada transición”.
Señala que, al propiciar la Resolución N° 55 de la SCJBA (28/2/2007) “el desenfreno de la operatividad de la ley Nro. 13.298 y la inmediata puesta en marcha del sistema sustentado en dicho cuerpo, que vino a complementar el Legislador con el dictado de la ley Nro. 13.634, ocasiona […] durante la transición, un vacío legal en el proceso penal juvenil”, que “precisa y exige órganos especializados y tratamiento diferenciados, también ausentes”. “Sin órganos ni proceso penal claramente reglados, se llega al consecuente agravio al debido proceso y a la defensa en juicio.”
Jornada de la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia (3/3/2007). Documento emitido por la Asociación (6/3/2007)
En este momento, he de precisar que entre la Resolución Nro.55 de la Suprema Corte y la interposición del recurso de revocatoria in extremis de la Procuradora General, se realizó una Jornada de la Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia (A.A.M.F.J.M.yF.): “Ley 13634: Implicancias del Nuevo Régimen Penal del Niño y de Familia en la Pcia de Buenos Aires" (3 y 6/3/2007)
En el documento emitido por la A.A.M.F.J.M.yF. el 6/3/2007 como conclusión de la Jornada -en la que participaron activamente más de cincuenta Magistrados y Funcionarios de los Fueros de Menores, Familia y de Paz, y miembros del Ministerio Pupilar- se consideró primordial que: el Poder Ejecutivo, en el plazo más breve posible, implemente los planes y programas del Sistema de Promoción y Protección de Derechos; teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad asumidos por dicho poder en la formulación e implementación del nuevo sistema.
Asimismo se enfatizó que “con respecto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se voten las partidas presupuestarias suficientes, para hacer efectiva la implementación del Servicio de Promoción y Protección de Derechos, como así también el estricto control por parte de los organismos correspondientes en la correcta ejecución de los fondos asignados”.
Cabe mencionar que la Procuradora General recogió, en la argumentación de su planteo recursivo, parte de las preocupaciones de los magistrados y funcionarios bonaerenses reunidos el 3/3/2007 y con ello se hizo eco de aquella inquietud: “… que la puesta en vigencia de la ley Nro. 13.634 y la consiguiente derogación del Sistema del Patronato genera vacíos legales que pueden poner en riesgo la Administración de Justicia, en la medida que no se establezcan pautas y procedimientos claros para la transición….” Y, la urgencia de “…establecer pautas claras y concretas de procedimiento penal durante la transición, con provisión de los órganos que garanticen un debido proceso”.
Ultimo episodio de la espinosa retirada del Patronato bonaerense: Rechazo del recurso de revocatoria in extremis de la Procuradora General. 18/4/2007
Finalmente, cesó la suspensión cautelar que pesaba sobre la Ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños; pues la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó, con fecha 18/4/2007, el recurso de revocatoria in extremis interpuesto por la Procuradora General contra la Resolución Nro. 55 del 28/2/2007 (SCJBA).
Nótese que entre la fecha de la interposición del recurso de la Procuradora General contra la Resolución Nro.55 que disponía el cese de la suspensión de la ley 13.298 y la decisión de la Suprema Corte de rechazar dicho recurso, se sancionó y publicó la ley 13.645 (B.O.23/3/2007) para cubrir el vacío legal generado por la ley 13.634 en materia de proceso penal juvenil durante el periodo de transición, es decir hasta el 1/12/2007.
Con esta resolución la Suprema Corte de Justicia dispuso el rechazo definitivo de la acción de inconstitucionalidad instaurada en causa I 68128 “Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. s/ Inconstitucionalidad de los artículos 2º, 35º inc. F) y H) y 37º de la ley 13.298”, y consecuentemente, la vigencia y aplicabilidad del régimen de la ley 13.298, y su complementarias ley 13.634 y ley 13645 (régimen de transición)
Un mes antes, la Suprema Corte de Justicia provincial, en la causa "A., R. M. Privación ilegal de la libertad Violación Homicidio" (21/3/2007), había decretado la inconstitucionalidad del art.36 del decreto ley 10.067/1983, por infringir la garantía del debido proceso.
En el caso, la Asesora de Menores había alegado la inconstitucionalidad del art.36 del decreto ley 10067, porque dicha disposición infringía la garantía del debido proceso al quebrantar el principio de bilateralidad, con los siguientes fundamentos:
El procedimiento de enjuiciamiento de menores infractores al derecho penal sustantivo “no contiene una diferenciación entre la función jurisdiccional y la función acusatoria”, pues el mismo órgano jurisdiccional investiga, reúne y valora la prueba de cargo, dicta auto de procesamiento y de responsabilidad y –eventualmente impone pena. Al hallarse reunido en un mismo órgano jurisdiccional todo el basamento de la acusación y la sanción no existe la distancia psicológica básica que garantice la imparcialidad del decisorio.
La fusión de tareas acusatorias y juzgadoras resulta violatoria del derecho de defensa en juicio, del debido proceso legal y de la igualad de los habitantes ante la ley.
Voto del Dr.Hitters (con adhesión de los Dres.Soria, Bogan, Roncoroni, Genoud, Dé Lázzari –parcial- y Negri):
“La institución del Ministerio Público, en su rol vinculado a la persecución penal, ha sido contemplada en la mayoría de las legislaciones, como herramienta para la vigencia de la garantía de la imparcialidad del judicante”
Citando a Maier, se afirma que “la verdadera razón de la existencia del Ministerio Público consiste precisamente, en procurar un juicio imparcial al imputado. Para lograrlo resulta imprescindible desvincular al juzgador de toda afirmación imputativa, evitando que él sostenga como hipótesis aquello que después deberá examinar y decidir en un juicio”.
El problema, en este caso, no es que el ordenamiento impone la incoación de la acción al Ministerio Público y éste no lo cumple (proceso nulo), sino que la ley no prevé la intervención de Ministerio Público en el marco de un proceso de naturaleza penal. En este último caso, “¿corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicha norma por violar la garantía del debido proceso?”
En la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, “la necesidad de formal acusación no sólo es un mandato que debe cumplir la magistratura al momento de tramitar un proceso criminal, sino también que es un imperativo que el legislador debe honrar al regular el enjuiciamiento criminal, para que el mismo cubra los recaudos del due process of law en esta materia”.
“La necesidad de la existencia de acusación como elemento integrativo de la garantía innominada del debido proceso ha sido postulada en innumerables oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ‘El respeto de la garantía de debido proceso –ha dicho el Máximo Tribunal- invocable tanto por la persona que se encuentra sometida a juicio como por los demás actores del proceso […] consiste en la correcta observancia de estas formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia’.”
Se cita OC-17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos27, en cuanto ha sostenido que “en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del debido proceso penal. Esto abarca ‘las reglas correspondientes a juez natural –competente, independiente e imparcial- doble instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa’. […] Debe asegurarse, en este sentido, que debe procurarse que ‘el proceso cuente con una parte actora, acusadora o solicitante diferenciada claramente de la función judicial, encargada de la decisión”
Especificidad del proceso de menores: Doctrina de la protección integral e interés superior del niño en materia penal
Del voto del Dr.Hitters surge con claridad la advertencia de que, “bajo el manto” de la naturaleza especial de los procesos en los que son partícipes los niños, no han de “encubrirse retrógradas transgresiones a las garantías reconocidas en nuestra Constitución”.
Las respuestas procesales específicas “no pueden implicar un apartamiento de las pautas básicas que rigen el debido proceso penal en desmedro del tutelado”, pues “las garantías vigentes para enjuiciar a los mayores son un umbral mínimo”28.
Citando a Mary Beloff29, sostiene que “en términos generales es posible afirmar que una ley se enrola en el modelo de la protección integral de los derechos de la infancia, cuando: [...] en cuanto a política criminal reconoce a los niños todas la garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes”.
Se cierra el considerando, afirmando que la solución postulada “hace honor a la salvaguarda del ‘interés superior del niño’, que cabalga en todo el sistema de protección de la minoridad.”
En efecto, salvaguardar el “interés superior del niño” en materia de responsabilidad penal juvenil, consiste precisamente en el respeto del conjunto de garantías constitucionales - penales y procesales- que limitan el poder punitivo del Estado, se imponen a la voluntad del legislador y del juez, y de este modo aseguran la protección de los derechos del niño.
En esta sentido, Cillero30 sostiene que: “En materia penal, frente a la relativa incapacidad del niño o adolescente, la mejor protección no es la discrecionalidad de las autoridades para encontrar una solución que resulte de la ponderación de intereses, sino que la protección normativa de sus derechos a través de garantías constitucionales y legales. Será a nivel del constituyente y del legislador, subordinado a la Constitución, donde deberán ponderarse los intereses, cuyo reflejo o fruto son las garantías penales, que en sede judicial penal no quedan entregadas a la ponderación judicial.”
Por lo que, “en caso de incumplimiento existe un interés público para perseguir su cumplimiento, lo que es aplicable tanto a la persecución de un delito –caso de la tortura-, como en el de infracciones a garantías sustantivas y procesales fundamentalmente a través de la defensa jurídica obligatoria y el rol de salvaguarda de las garantías que cumple el juez imparcial en un proceso adversarial”.
Las nuevas leyes de infancia: El Ministerio Público del Joven
Advierte en su voto el Dr.Hitters que a la fecha de este fallo se hallan sancionadas las leyes 13.298 y 13.634 (diferida en su vigencia hasta el 1/12/2007), que subsanan la ausencia del Ministerio Público en su rol imputativo. (arts.13 y 23 ley 13.634 – art.40 ley 11.922 Código Procesal Penal), confiriéndole al Agente Fiscal la persecución penal (potestades de investigación y acusatorias).
Entre los principios generales de la ley 13.298, se incluye el art12: “Los derechos y garantías de todos los niños reconocidos y consagrados en esta Ley, son inherentes a la persona humana, en consecuencia son: a) De orden público; b) Irrenunciables; c) Interdependientes entre sí; d) Indivisibles.
La ley 13.634, modificatoria y complementaria de la ley 13.298, crea el fuero de la responsabilidad penal juvenil, sus órganos y un procedimiento específico.
Los nuevos órganos del Ministerio Público del Joven en el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil son los Agentes Fiscales y los Defensores Oficiales del Joven, cuyas funciones atribuidas por los arts.17, 21 y 22 de la ley 12.061 serán, conforme al art.24 de la ley 13.634, especializadas en Derechos del Niño y con amplio conocimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos del Niño.31
Convención de los Derechos del Niño (art.40 acápite iii):
El Dr.Roncoroni en su voto, considerando que en el caso “se han puesto en crisis pilares del debido proceso como lo son el principio de bilateralidad y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial”, señala que “el art.40 acápite iii de la Convención sobre los Derechos del Niño -integrante del llamado ‘bloque de constitucionalidad’ del art.75 inc.22 de la Constitución Nacional- genera la obligación estatal de garantizar a todo niño del que se alegue que ha infringido leyes penales o se lo acuse de ello, el derecho a que la causa sea dirimida ‘por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial”.
Seguidamente, invoca la OC-17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y concluye que, en el caso “se me hace evidente que si el menor imputado debe efectuar su defensa, contradiciendo una imputación surgida a partir del impulso y actividad del propio juez de la causa –tal la disposición del art.36 de la ley 10.067- se vulnera no sólo la bilateralidad que debe tener todo el proceso sino, además, la garantía de ser juzgado por un juez imparcial (art.18 y 75 inc.22 de la Constitución Nacional).”
EL Dr. Genoud, analiza el problema planteado, a partir del concepto de “neutralidad en la aplicación de la ley”, en el marco del paradigma democrático y el sistema republicano: “el modelo de organización con sus diversidad del controles se instala en la prevalencia con carácter fundante de los principios emergentes de la división de poderes, en particular con especial detenimiento para la cuestión en análisis, en la independencia de la magistratura y en el rol del tercero imparcial frente a las partes que participan en la resolución del conflicto penal oficioso; sea en la función acusatoria en cabeza del Ministerio Público, del imputado y la defensa como de la victima del delito perseguido”.
Según las consideraciones vertidas en el voto del Dr.De Lázzari, para establecer si el proceso penal de menores instaurado por la ley 10.067 es compatible con el bloque de constitucionalidad emergente del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, se ha resolver si la inexistencia de un acto procesal de parte del Ministerio Público que concretice la pretensión punitiva puede posibilitar una sentencia de condena sin alteración del derecho a la defensa en juicio y al debido proceso legal.
“El recto ejercicio de la garantía de la defensa en juicio se ve ampliamente opacado en supuestos en los que el Defensor Técnico no cuenta con ese acto procesal de contenido imputativo ya que no le es dable controvertir la imputación proveniente del órgano encargado de fundamentar la misma y menos aún ofrecer prueba de descargo que tienda a destruir el aspecto probatorio en el que se cimenta el requerimiento acusativo. Obviamente con ello se vulnera el principio de defensa en juicio y el debido proceso.
El Dr.Negri, en coincidencia con los argumentos de sus colegas magistrados, cierra la votación considerando que “las disposiciones del decreto ley 10.067, en cuanto prevén que el Juez de Menores pronunciará auto de responsabilidad y eventualmente aplicará sanción penal sin exigir la previa acusación por parte del ministerio Público Fiscal, colisionan con disposiciones constitucionales y de los pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional –posteriormente a su dictado- que consagran como debido proceso, el que se realiza conforme al modelo acusatorio (arts.75 inc.22, C.N.; 8 C.I.D.H.; 40 C.D.N.).
Corresponde, en consecuencia, observar las formas relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por jueces naturales.
A su vez, en virtud de los principios de bilateralidad y contradicción el requerimiento acusatorio previo al enjuiciamiento debe ser formulado por un órgano extraño al que decidirá el caso, a fin de garantizar la imparcialidad de la decisión.
En la normativa cuestionada, las secuencias constitucionalmente requeridas no se hallan cumplidas”.
Adecuación del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos: Normas y prácticas
La apretada síntesis de la retirada del Patronato de la Provincia de Buenos Aires da cuenta en escasa medida de las preocupaciones generadas por la reforma y de la magnitud de los desafíos planteados por las instituciones emergentes, a la espera de su efectiva implantación.
Conforme al art.4 Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.
Los operadores jurídicos, enrolados en el fortalecimiento institucional de la provincia, mediante la creación de nuevas instituciones o mediante la resignificación de las existentes -todo ello a la luz de las reformas constitucionales, nacionales y provinciales, y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado, y revestidos de jerarquía constitucional en algunos casos (art.75 inc.22 Constitución Nacional)- son conscientes de los obstáculos a superar en los procesos de adecuación legislativa interna a la normativa constitucional e internacional.
Pues es preciso suprimir, no solamente las normas, sino también las prácticas arraigadas y desarrolladas al abrigo de las antiguas concepciones, que constituyan una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención.
Por lo que, las reformas legislativas resultan insuficientes, si no se generan las condiciones de posibilidad para su efectivización -en la plenitud de sus nuevos sentidos: capacitación y presupuesto son condiciones de existencia y sustentabilidad del sistema.
El Comité de los Derechos del Niño32 pone de relieve la obligación de los Estados de promover:
la formación y el fomento de la capacidad de todos los que participan en el proceso de aplicación (funcionarios del Estado, parlamentarios y miembros de la judicatura) y todos los que trabajan con los niños y para los niños,
la comprensión y el conocimiento de los derechos humanos de los propios niños, mediante el programa de estudios en la escuelas y de otras maneras33,
la integración de los derechos del niño en la preparación para la paternidad y en la formación de los padres. Recuérdese que la Convención extiende la vigencia del principio del interés superior del niño, más allá de los ámbitos legislativos o judicial, hacia todas las autoridades, instituciones privadas e incluso los padres (arts. 5 y 18).34
la formación -sistemática y continua- destacando siempre la situación del niño, como titular de derechos humanos.
la evaluación periódica de la capacitación, en la que se examinase no sólo el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino “también la medida en que ésta ha contribuido a crear actitudes que promuevan activamente el disfrute de los derechos del niño”.35
En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la importancia de las prácticas en los procesos de adecuación del derecho interno a los tratados –art.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. “Adecuar” significa adoptar medidas en dos direcciones, a saber: "...i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías (25). Ha entendido que la obligación de la primera vertiente se incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga en el ordenamiento jurídico (26) y, por ende, se satisface con la modificación (27), la derogación, o de algún modo anulación (28) o la reforma (29) de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda’ (30)”. 36
Respecto del presupuesto –una preocupación permanente de los operadores de este proceso de reforma, compartida ampliamente por el Comité, como se verá más adelante en el análisis de las Observaciones Finales: Argentina (2002)37-, en el documento citado previamente, el Comité puntualiza que “ha prestado mucha atención a la determinación y análisis de los recursos destinados a los niños en los presupuestos nacionales y en otros presupuestos”, subraya que “las política económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos de los niños”; destaca que algunos Estados Partes publican “presupuestos para la infancia” anuales, y señala que “necesita saber qué medidas se han adoptado en todos los niveles de gobierno para que la planificación y la adopción de decisiones, en particular presupuestarias, en los sectores económico y social, se lleven a cabo teniendo como consideración primordial el interés superior del niño38, y para que los niños, incluidos especialmente los grupos de niños marginados y desfavorecidos, estén protegidos contra los efectos negativos de las políticas económicas y de los declives financieros”.39

References: Resolución 
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 artículo 95
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