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Timestamp: 2020-01-20 04:24:08+00:00

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RECONSTRUCCIÓN EN LAMBAYEQUE: SOLO PARA ESTUDIOS EN EL SECTOR AGRARIO SE NECESITAN Mí�S DE 577 MILLONES DE
Con la reciente visita del jefe de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor Belaunde, se han iniciado las coordinaciones para avanzar en el proceso que permitirá rehabilitar y mejorar la infraestructura dañada en el departamento por El Niño Costero. Una de los sectores más afectados, de acuerdo a la evaluación realizada es el agrario, en el que se necesitan más de 577 millones de soles para la formulación de estudios.
El Niño Costero, que afectó al departamento entre enero y marzo, dejó como saldo millonarias pérdidas en el agro local, principalmente en la infraestructura de riego. En consecuencia, la inversión de los 577 millones 385 mil soles permitirá la elaboración de estudios de preinversión y proyectos orientados a la reconstrucción de lo dañado, pero también para la ejecución de las obras hidráulicas que se consideran en el Plan Regional vigente desde octubre del 2011.
Los proyectos a elaborar apuntan a mejorar la captación, almacenamiento y distribución del recurso hídrico en los valles Zaña, Chancay – Lambayeque, La Leche, Motupe y Olmos, que resultan afectados por la crecida de caudales en temporadas de lluvias o por la ocurrencia de fenómenos como El Niño.
La demanda presupuestal ha sido elevada al ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, quien el último fin de semana reunió con el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, cita en la que se le explicó importancia que tienen las obras hidráulicas, a fin que se desde dicha cartera se gestione el presupuesto ante la Autoridad de la Reconstrucción.
INICIO DE COORDINACIONES
De la Flor Belaunde recorrió la semana pasada diversos puntos del departamento, entre ellos el Valle La Leche donde constató la necesidad del encausamiento y mejora de las defensas ribereñas del denominado “río loco”. También inspeccionó la instalación del puente Bailey en el sector Tablazos, en Chongoyape, cuyo viaducto fue arrasado por las aguas del río Chancay en marzo.
El funcionario del Ejecutivo se comprometió a que el río La Leche será uno de los 16 que en la zona norte recibirá reforzamiento en su curso ante las próximas lluvias.
Durante su visita, el director nacional de la reconstrucción explicó que el proceso deberá iniciarse en agosto próximo, y para ello se han iniciado las coordinaciones sectoriales con las autoridades de las regiones. A la par, se ha iniciado la convocatoria para seleccionar a los técnicos que supervisarán el proceso en los departamentos afectados por El Niño Costero.
TRABAJOS PRIORIZADOS
Respecto al sector agrario, lo alcanzado al Ministerio de Agricultura y Riego es un plan priorizado elaborado previa coordinación entre el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, las juntas de usuarios de los cinco valles de Lambayeque y el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI. En la formulación de la propuesta han participado técnicos y especialistas del portafolio ministerial.
Según lo explicado por el gerente regional de Agricultura, Ricardo Romero Rentería, el Plan de Reconstrucción Agraria comprende la rehabilitación de canales de riego, la protección de quebradas, el mejoramiento y ampliación de drenes, la rehabilitación de bocatomas, trabajos de encauzamiento y descolmatación de ríos, así como defensas ribereñas.
Del mismo se ha considerado el encauzamiento del río Reque, para la mitigación de vulnerabilidades, principalmente en el tramo entre el puente Reque y el puente de Eten; los avances hacia la construcción de la represa Las Delicias en la parte alta de la cuenca del río Zaña, el mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal Chiclayo, los estudios definitivos para el proyecto hidráulico de La Calzada en el valle La Leche y la descolmatación y ampliación del reservorio La Viña, en Jayanca.
“Estos proyectos deberán ser considerados en el Plan de la Reconstrucción y ejecutados en un corto plazo, mientras tanto continuarán las labores de rehabilitación de la infraestructura de riego afectada por las lluvias, con el fin de asegurar el servicio de agua para los agricultores”, indicó Romero Rentería.
BONOS PARA AFECTADOS
Por otro lado, en los próximos días deberá iniciarse la entrega a los bonos agrarios por la emergencia a los productos incluidos en la segunda lista, quienes recibirán un monto de mil 500 soles por hectárea. En total se ha asignado la distribución de 438 mil 395 soles, que se serán entregados en las agencias del Banco de la Nación.
"Son 368 agricultores considerados en la segunda lista y que recibirán su bono agrario para mitigar los daños generados por las lluvias. La lista ha sido publicada en la página web de la Gerencia Regional de Agricultura, así como en los locales de las agencias agrarias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe", explicó.
El funcionario anotó que el agricultor, tras verificar haber sido considerado en el listado, deberá acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación para acceder a este beneficio. En el primer listado resultaron beneficiados 287 productores y la gerencia regional se encuentra procesando información para considerar a otro grupo de agricultores en una tercera lista.
En tanto, el Ministerio de Agricultura y Riego anunció la creación del grupo de trabajo temporal denominado “Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria”, encargado de proponer y supervisar la ejecución del plan sectorial.
Según la Resolución Ministerial 0227-2017-MINAGRI, publicada el miércoles último en el Diario Oficial El Peruano, la comisión sectorial se instalará dentro de los cinco días hábiles y en diez días la comisión aprobará su Plan de Trabajo.
“La implementación de lo dispuesto se financia con cargo a los recursos provenientes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, subraya la resolución.
La comisión sectorial está conformada por el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio, quien asume la Coordinador General del equipo; el jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, quien se constituye como responsable de estudios, y los directores del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, como responsables de la ejecución de proyectos.
También se integra el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, como responsable del seguimiento y de la coordinación administrativa y presupuestal del proceso.
La vigencia de la comisión sectorial será hasta que culminen las funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Según lo indicado por el Ministerio de Agricultura y Riego, la comisión se encargará de proponer el inventario de daños a la infraestructura pública efectuados por los gobiernos regionales y locales; de proponer la inclusión de los proyectos y actividades sectoriales presentados por regiones y municipios en la propuesta del Plan Integral, y de proponer el Plan Sectorial para la Reconstrucción Agraria y su consolidación al Plan Integral.
Asimismo, el equipo multidisciplinario tendrá como función presentar los informes trimestrales a la Alta Dirección sobre los avances de la implementación del Plan Sectorial, en coordinación con la Oficina de Presupuesto; desarrollar otras funciones que le sean encargadas por el ministro para el cumplimiento de sus objetivos; coordinar la ejecución del plan, a través de los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego; proponer lineamientos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Sectorial y coordinar con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios la ejecución del mismo.
COLEGIO MANUEL PARDO PIERDE JUICIO LABORAL EN CASACIÓN
Una nueva jurisprudencia laboral, que en esta ocasión favorece a aquellos docentes que desde hace varios años laboran en colegios privados y no gozan de beneficios sociales, como el derecho de goce y pago de vacaciones, dejaron sentada en sentencia casatoria los magistrados de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República al fallar a favor de la educadora Miriam Talía Muro Irigoyen, en demanda contra el Colegio Particular Manuel Pardo.
Tal y como quedó consentido en la Casación Laboral N° 15425-2015-0-5001-SU-DC-01-Lambayeque, por incumplimiento de disposiciones laborales en la modalidad de pago de vacaciones, procedente del distrito judicial de Lambayeque, con el expediente N° 06002-2012-0-1706-JR-LA-07, los jueces supremos declararon improcedente por cuantía el recurso interpuesto por el Colegio Manuel Pardo, representado por el sacerdote Ricardo Cruz Huamán.
Los magistrados también ordenaron que la resolución de sentencia en casación sea publicada en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Miriam Talía Muro Irigoyen, sobre pago de vacaciones y otro, a fin que quede sentada como jurisprudencia.
De acuerdo a la Resolución N° 09, del 29 de setiembre del 2015, desprendida del proceso laboral N° 06002-2012-0-1706-JR-LA-07, del Sétimo Juzgado Laboral de Chiclayo, el Víctor Gonzales Delgado sentenció declarando fundada en parte la demanda interpuesta por Miriam Muro Irigoyen contra el Colegio Manuel Pardo sobre incumplimiento de normas laborales.
El magistrado, ordenó que la demandada otorgue en lo sucesivo a la accionante sesenta días de descanso vacacional remunerado conforme a lo estipulado en el inciso “b” del artículo 15 de la Ley N° 24029-“Ley del Profesorado”, que señala que: “El régimen de las vacaciones de los profesores es de 60 días anuales, al término del año escolar los que laboran en el área de la docencia. Durante la vacación escolar del medio año, los profesores limitan su labor a terminar los trabajos de primer semestre y a preparar los del segundo”.
De igual manera, ordenó que la demandada reintegre a la accionante la suma 26 mil 903 soles por concepto de vacaciones no gozadas, más los intereses legales.
También se condenó a la demandada al pago de costas y costos procesales, que serán calculados en ejecución de sentencia.
En la acción, Miriam Muro interpuso la demanda señalando que desde el inicio de su relación laboral el colegio solo le otorgó vacaciones anuales de treinta días, bajo el argumento que la relación laboral se rige únicamente por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Además, le hacían saber que no le asistía el derecho a sesenta días de descanso físico vacacional tal y como le asiste a los profesores del Estado, efectuando de este modo un acto de discriminación que la Constitución Política del Perú no avala.
Además, Miriam Muro amparó su demanda en el artículo 2 del Reglamento de la Ley del Profesorado, que señala que están comprendidos en la norma los profesores que prestan servicios en los centros y programas educativos no estatales.
No conforme con la sentencia de primera instancia a favor de la docente, el director del Colegio Manuel Pardo, a través de su abogado defensor, Nicolás Mondoñedo Chávez, apeló la resolución de Sentencia N° 09 del 29 de setiembre del año 2015.
Sin embargo, mediante Resolución N° 14, del 11 de agosto del 2015, los vocales de la Segunda Sala Laboral de Lambayeque confirmaron la sentencia del juez Gonzales Delgado.
Los magistrados ordenaron que el Colegio Manuel Pardo otorgue en lo sucesivo a Miriam Muro, 70 días de descanso vacacional remunerado y modificaron el monto a pagar, el cual ascendía a 24 mil 330.01 soles.
No conforme con la derrota jurídica en primera y segunda instancia, el colegio recurrió al recurso de casación mediante escrito presentado el 3 de setiembre del 2015, contra la resolución de los vocales de la Segunda Sala Laboral de Lambayeque.
En la casación el Colegio Manuel Pardo advierte el pago actualizado de vacaciones y otro en proceso ordinario de la Nueva Ley Procesal de Trabajo –NLPT- por la suma 49 mil 777 soles por concepto de vacaciones no gozadas e indemnización vacacional, más el pago de intereses legales, con costas y costos del proceso.
Durante la etapa de calificación de la casación, los magistrados supremos advirtieron que el representante legal del Colegio Manuel Pardo habría tratado de sorprenderlos, señalando que el monto a pagar a Miriam Muro era de 49 mil 777 soles, cuando en realidad a la fecha de interposición del recurso de casación la deuda judicial ascendía a 38 mil 500 soles.
ACORDE A LEY
Ante ello, en el segundo considerando de la Casación 15425-2015-0-5001-SU-DC-01, los magistrados hacen conocer que el artículo 35 de la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal de Trabajo –NLPT- establece que: “El recurso de casación se interpone: “1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las 100 Unidades de Referencia Procesal –URP. Además, no procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento”.
Es por ello que los magistrados consideraron que el monto total establecido en la sentencia no supera las 100 URP exigida como presupuesto necesario para la procedencia del recurso interpuesto; pues a la fecha de interposición del recurso de casación la deuda judicial por sentencia a favor de Miriam Muro ascendía a 38 mil 500 soles, por lo que el recurso interpuesto por el director del Colegio Manuel Pardo era improcedente.
LAGUNAS, Pí�TAPO Y PICSI ENCABEZAN LA LISTA: MUNICIPIOS EVIDENCIAN INCAPACIDAD PARA EL GASTO PRESUPUESTAL
Han transcurrido cinco meses y medio del tercer año de gestión de las autoridades municipales en Lambayeque y hasta el momento, según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, es preocupante el mínimo avance presupuestal de varias de las comunas, que teniendo millonarios recursos para invertir en el 2017 evidencian incapacidad de gasto.
CINCO JALADOS
La lista la encabeza la Municipalidad Distrital de Lagunas, que al cierre de este informe registra una ejecución de gasto de solo 9.3 % de los 21 millones 350 mil 850 soles de su Presupuesto Institucional Modificado – PIM. El año pasado la comuna administró en total 19 millones 776 mil 807 soles, de los cuales alcanzó a ejecutar el 73.4 %.
En segunda ubicación está Pátapo, cuya municipalidad llega únicamente al 11.8 % en el gasto de los 18 millones 14 mil 334 soles de presupuesto que tiene programado para este año. En el 2016 dicho municipio llegó al 81.5 % de los 29 millones 783 mil 757 soles.
El tercer lugar lo ocupa la comuna de Picsi, con 13.5 % de ejecución de los ocho millones 472 mil 391 soles asignados para este año. En el 2016, el municipio del distrito tuvo un presupuesto total de cuatro millones 883 mil 966 soles, de los cuales gastó el 65.3 %.
La Municipalidad Distrital de Monsefú reporta un avance del 16.8 % en la ejecución de los 39 millones 392 mil 212 soles programados. Entre enero y diciembre del año pasado dicha comuna solo gastó el 34 % de los 20 millones 232 mil 849 soles que le fueron transferidos por el Ministerio de Economía.
El quinto puesto de los municipios con menor capacidad para la ejecución de su presupuesto lo ocupa el de Incahuasi, que a la fecha ha ejecutado el 19.1 % de los recursos programados para este año, que según el MEF ascienden en total a cinco millones 177 mil 960 soles. El año pasado el distrito logró gastar únicamente el 41.9 % de los siete millones 702 mil 236 soles que manejó.
En la provincia de Chiclayo, otro distrito con deficiencias para la ejecución presupuestal es Oyotún, que reporta un 20 % de avance, teniendo para el presente año un total de ocho millones 851 mil 143 soles para invertir. En el 2016, administró nueve millones 321 mil 645 soles, de los cuales gastó solo el 68.9 %.
La Victoria ha ejecutado el 21.6 % de los 33 millones 649 mil 677 soles asignados para este año. En el 2016 la comuna distrital gastó el 63.5 % de los 24 millones 947 mil 275 soles que recibió.
Le sigue Nueva Arica, con la ejecución del 24.7 % de los 12 millones 787 mil 238 soles presupuestados. El año anterior, la municipalidad del distrito sorprendentemente gastó el 16.2 % de los nueve millones 174 mil 570 soles que le asignó el gobierno nacional.
En José Leonardo Ortiz la comuna distrital ha gastado hasta ahora el 28.8 % de los 38 millones 526 mil 749 soles que maneja de presupuesto para este año. En el 2016 la capacidad de gasto del municipio llegó al 64.1 %, habiendo manejado 37 millones 567 mil 980 soles.
Igual situación presenta la Municipalidad Provincial de Chiclayo al haber ejecutado el 28.8 % del presupuesto 2017, que llega a 143 millones 964 mil 420 solo por transferencias del gobierno nacional. A este monto debe sumarse lo directamente recaudado por el cobro de impuestos. El año pasado la comuna gastó solo el 68 % de los 140 millones 795 mil soles 73 que le asignó el MEF.
Con 32.7 % de avance se encuentra la Municipalidad Distrital de Pomalca, que para este año tiene programado un presupuesto total de ocho millones 278 mil 348 soles. En el 2016 llegó al 73.2 % de ejecución de los nueve mil 955 millones 75 soles que recibió del gobierno central.
Le sigue Pimentel, donde el municipio ha ejecutado hasta el momento el 33.2 % de los 18 millones 380 mil 842 soles presupuestados. En el 2016 administró 18 millones 703 mil 237 soles transferidos por el Ministerio de Economía, de los cuales invirtió el 82.2 %.
En el distrito de Reque la comuna reporta un 40.1 % de avance en la ejecución de los 13 millones 141 mil 63 soles que administra este año. El año pasado su presupuesto por transferencias llegó a 16 millones 361 mil 457 soles, de los cuales gastó el 55.7 %.
Cayaltí ha gastado el 44 % de los cuatro millones 736 mil 84 soles que le corresponden para este año. La municipalidad del distrito llegó a gastar en el 2016 el 79 % de lo transferido por el MEF, que llegó a siete millones 314 mil 364 soles.
La municipalidad de Tumán tiene para este año un presupuesto de 10 millones 256 mil 481 soles, habiendo gastado hasta este momento el 43.1 %. El año pasado el distrito recibió 11 millones 877 mil 449 soles, de los que gastó el 79.7 %.
Casi en el mismo nivel está el municipio de Zaña, con el 43.2 % de ejecución de los tres millones 325 mil 682 soles fijados para este año. En el 2016 la comuna invirtió el 80 % de su presupuesto, que llegó a tres millones 852 mil 752 soles.
Chongoyape tiene el 47.4 % de avance presupuestal de los 13 millones 953 mil 473 soles dados por el MEF para el 2017. El año pasado la comuna gastó el 52 % de los 21 millones 74 mil 206 soles.
La Municipalidad Distrital de Pucalá tiene el 51.7 % de avance en la ejecución de los tres millones 846 mil 662 soles programados para este año. En el 2016 gastó el 59.9 % de los siete millones 913 mil 787 soles que le fueron asignados.
Puerto Eten ha gastado hasta el momento el 56.7 % de su presupuesto, que asciende a un millón 360 mil 383 soles. El año pasado ejecutó el 85.5 % de los dos millones 15 mil 312 soles que le dio el Ministerio de Economía.
En tanto, Ciudad Eten es el distrito que registra el mayor avance en la ejecución del gasto, al haber invertido el 62.6 % de los siete millones 137 mil 749 soles presupuestados. En el 2016 gastó el 38.9 % de los ocho millones 77 mil 492 soles que recibió por transferencias.
En la vecina provincia, Mórrope es el distrito que menor capacidad de gasto presenta, toda vez que su municipio ha ejecutado hasta ahora el 21.5 % de los 26 millones 797 mil 718 soles asignados. El año pasado gastó el 79.8 % de los 47 millones 191 mil 924 soles que recibió.
La Municipalidad Distrital de Jayanca ha ejecutado el 22.5 % de los 12 millones 54 mil 330 asignados. El gasto en el 2016 llegó al 72.3 %, cuando administró 14 millones 234 mil 59 soles.
Túcume tiene presupuestado para este año 21 millones nueve mil 203 soles, de los cuales ha gastado hasta ahora el 25.3 %. El año pasado el municipio del distrito recibió 28 millones 707 mil 88 soles, de los cuales gastó el 76.7 %.
La comuna de Motupe ha invertido solo el 26.2 % de los 12 millones 739 mil 128 soles programados para este año. El Ministerio de Economía le entregó el año pasado al distrito 15 millones 334 mil 175 soles, de los que ejecutó el 57.3 %.
En Pacora, la municipalidad tiene presupuestado para el 2017 17 millones 322 mil 427 soles, de los que ha gastado hasta el momento el 26.6 %. El año pasado invirtió solo el 40.7 % de los 21 millones 333 mil 666 soles que recibió.
La Municipalidad Provincial de Lambayeque ha gastado el 27 % de los 69 millones 574 mil 763 soles presupuestados para este año. En el 2016 la comuna recibió 55 millones 109 mil 895 soles, gastando solo el 73 %.
El municipio de San José reporta un avance presupuestal del 31.3 % de los 33 millones 594 mil 332 soles asignados para este año. El MEF le transfirió al distrito 23 millones 869 mil 261 soles el año pasado, habiendo gastado únicamente el 26 %.
En Olmos la municipalidad registra el gasto del 33.7 % de los 25 millones 881 mil 172 soles fijados por el MEF para este año. En el 2016 Olmos recibió 36 millones 139 mil 714 soles, gastando el 68.5 %.
Íllimo ha ejecutado el 34.2 % de los tres millones 250 mil 369 soles presupuestados para este año. En el 2016 la comuna del distrito gastó el 85.5 % de los cuatro millones 897 mil 492 soles que recibió.
En el distrito de Salas, la municipalidad ha ejecutado hasta el momento el 35.3 % de los cinco millones 492 mil soles presupuestados. El avance que logró el año pasado fue del 91.3 %, período en el que recibió del MEF 15 millones 321 mil 80 soles.
En Mochumí la ejecución del gasto es de 37.7 %, teniendo para este año un presupuesto de 26 millones 797 mil 718 soles. En el 2016 gastó el 45.2 % de los 33 millones 47 mil 661 soles que le transfirió el MEF.
En tanto, la municipalidad de Chóchope ha gastado hasta ahora el 50.2 % del millón 706 mil 602 soles de presupuesto asignado para este año. En el 2016 gastó el 83.5 % de los cinco millones 984 mil 31 soles que recibió.
La Municipalidad Distrital de Pítipo ha gastado hasta el momento el 27.2 % de los 21 millones 54 mil 225 soles que le han sido asignados. El año pasado el MEF le transfirió 45 millones 663 mil 162 soles, de los cuales gastó el 89.1 %.
La comuna de Pueblo Nuevo ha ejecutado el 31.3 % de los cuatro millones 21 mil 947 soles programados para este año. En el 2016 gastó el 61.9 % de los cinco millones 105 mil 772 soles que recibió.
El municipio de Mesones Muro reporta un avance presupuestal del 35.3 % de los cuatro millones 527 mil 749 soles programados. El MEF le asignó el año pasado 10 millones 222 mil 814 soles, habiendo gastado el 79.7 %.
Cañaris gastó el 36.3 % de los nueve millones 149 mil 630 soles presupuestados para este año. En el 2016 recibió 11 millones 958 mil 136 soles, de los cuales gastó el 79 %.
Finalmente, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe ha gastado el 36.9 % de los 19 millones 264 mil 37 soles asignados. El año anterior la ejecución fue del 86.4 % de los 18 millones 156 mil 843 soles transferidos.
Los municipios reciben del MEF partidas para planeamiento, gestión y reserva de contingencia; orden público y seguridad; comercio; función agropecuaria; transportes; medio ambiente; saneamiento; vivienda y desarrollo urbano; salud; cultura y deporte; protección social; previsión social y deuda pública.
PRESIDENTE DE CAPECO PIDE CONCERTACIÓN TÉCNICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Antonio Rabanal destaca que después de Lima, Lambayeque es el departamento donde más viviendas se han vendido en el último año pese a la desaceleración del sector inmobiliario.
El 2016 fue negativo para el sector construcción al registrarse un decrecimiento acumulado de -3.15 %, tendencia que ha continuado en los primeros meses de este año y que se espera revertir al iniciarse el proceso de reconstrucción por las consecuencias que dejó El Niño Costero, tal como explica el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, filial Lambayeque, Antonio Rabanal Rosales.
El impacto del fenómeno costero entre enero y marzo de este año es notorio en la infraestructura. De acuerdo al reporte del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD, actualizado al 17 de mayo, las lluvias, inundaciones y huaicos dejaron como saldo 231 mil 874 damnificados, 25 mil 700 viviendas colapsadas, 258 mil 545 afectadas y 23 mil 280 inhabitables.
Rabanal Rosales refiere que a las casi 400 mil viviendas que se deben reconstruir se suma la necesidad de reubicar a los más de cinco millones y medio de peruanos que viven en zonas de riesgo. En el departamento, aproximadamente 280 mil personas de la zona urbana y rural se encuentran en estas condiciones.
PREPARADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Frente a ello, explica que en el caso de Lambayeque la CAPECO ha capacitado a sus representantes ante las municipalidades para que participen en las Comisiones Técnicas de Habilitaciones Urbanas, de acuerdo a la Ley N° 30225 y su modificatoria, Decreto Legislativo 1341 y sus reglamentos.
“Por concurso interno se ha elegido a los ingenieros Víctor Gonzales Medina, Willy Vílchez Maradiegue, Víctor Bravo Monje e Iván Medrano Lizarsaburo, así como a los arquitectos Víctor Gástelo Horna; Mario Pérez Angulo y Edgardo Reátegui Osores, quienes tienen la responsabilidad de revisar y aprobar las habilitaciones urbanas respetando las normas aprobadas”, menciona.
Refiere además que la institución coordina con las 38 municipalidades del departamento a fin de brindar capacitaciones referidas al marco legal vigente y para analizar la realidad de cada distrito.
“También estamos tendiendo enlaces con tres universidades locales para tratar de llenar ese vacío existente entre los profesionales que egresan y lo que el mercado laboral exige, que oriente a reducir la brecha, enfocados básicamente en tres aspectos: formación profesional sólida, experiencia y valores, los cuales se ven reflejados en las actitudes, capacidad, innovación, criterios, proactividad y trabajo en equipo. Solo así pueden aportar más valor a la sociedad. Las empresas asociadas tenemos experiencias en todos los rubros de la construcción y habilidades humanas requeridas para que los futuros profesionales se desarrollen con éxito”, indica.
En su opinión, la reconstrucción es una oportunidad para que los involucrados en el sector construcción “hagan bien las cosas”.
“Esto tiene que ver desde los profesionales encargados de elaborar los expedientes técnicos hasta quienes los ejecutan. No es posible que en las revisiones que se han efectuado en el año 2016 se halla encontrado proyectos sin Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, sin estudios de impacto ambiental o con excesos de observaciones, estos proyectos ni siquiera deben ser recibidos por no cumplir con los requisitos técnicos mínimos. De allí también la importancia de que los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos endurezcan sus códigos de ética para sancionar a los que se desvían de los fines de la profesión”, afirma.
Comenta que la CAPECO Lambayeque realizará el próximo 28 de junio una exposición sobre Asociaciones Público Privadas – APP, y Obras por Impuestos, a cargo de funcionarios de Proinversión.
“Somos la única región que no tiene obras de envergadura desde el Proyecto Olmos”, enfatiza, añadiendo que se han establecido coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, para que a través de la Dirección de Protección de Obras Civiles – DICPROC, se mantenga vigilante respecto a los sindicatos y las acciones de estos en el proceso de reconstrucción.
Rabanal Rosales expone que el 2016 se cerró con un decrecimiento acumulado del sector construcción de -3.15 %, cifra que para enero de este año avanzó al -5.26 % y en febrero llegó al -6.11 %.
Refiere que la caída del sector se debe fundamentalmente al menor consumo de cemento, que se situó en -4.52 %, y a la disminución del avance físico de las obras, que reportó un índice negativo del 19.66 %.
“El menor consumo de cemento se debió a menores obras privadas en edificaciones para oficinas y departamentos, y el sector minero. En el sector público existió menor inversión del gobierno nacional, indicador que cayó en 40.5 %, y de los gobiernos regionales, que descendió en 43.71 %. La situación fue diferente en los gobiernos locales, donde hubo mayor inversión (18.66 %)”, refiere.
Anota que el sector inmobiliario presenta desaceleración desde el 2012, año en que se colocaron mil 800 viviendas al mes. El año pasado, solo en Lima se colocaron 700 viviendas al mes.
“En Lambayeque los créditos hipotecarios colocados de enero a marzo del presente año apenas llega a 202 unidades, lo que representa el 10.42 % índice nacional. Lo bueno es que somos la región en mayores colocaciones después de Lima y esto gracias a los proyectos privados existentes en la zona, lo cual nos genera un clima positivo para los próximos años”, destaca.
El presidente de la CAPECO señala que el Plan de Reconstrucción debe ser el eje de la modernización de las ciudades y la transformación del territorio, para la recuperación de la zona urbana y de los centros poblados que han sido afectados por El Niño Costero, lo que – indica – va más allá de la ejecución de obras.
“La participación de los técnicos de la sociedad civil organizada y representativa de todos los sectores económicos es fundamental, lo cual permitirá tener un diálogo continuo, altamente técnico y con sensibilidad social con el Director Ejecutivo de la Reconstrucción Pablo de la Flor. Debe formarse un comité técnico consultivo que actué en la asesoría del gobierno regional y las municipalidades, bajo una agenda concreta”, enfatiza.
Añade que es prioritaria también la realización del Plan Hidráulico Regional, con especial atención en las represas Montería, Sicán, La Calzada y Las delicias, cuya ejecución debe ser sostenida con inversionistas nacionales o extranjeros.
“La Contraloría debe actuar preventivamente en paralelo con las obras críticas. Las áreas de elaboración de expedientes técnicos de los municipios son los cuellos de botella para tener proyectos más rápidos y por ello cada ministerio debe tener partidas específicas para este fin y sub contratarlos. Asimismo, es necesaria la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo, para que la municipalidad provincial mejore sus procesos internos en la revisión de proyectos para el crecimiento”, menciona.
PROPUESTAS DE CAPECO
Antonio Rabanal indica que los informes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de COFOPRI será posible analizar y diferenciar las casas que tendrán que ser reconstruidas y reubicadas en zonas seguras, para lo que se requiere una visión con enfoque integral, sostenible y amigable con el medio ambiente.
Menciona, por ejemplo, que en Chiclayo existen terrenos de las Fuerzas Armadas que ya no cumplen fines militares y, por lo tanto, deben ser seleccionados los mitigables a los riesgos para ser incorporados al Ministerio de Vivienda a través de su Programa de Generación de Suelo Urbano, para de este modo crear un nuevo centro urbano que incluya todos sus servicios necesarios para las familias.
“Con 10 hectáreas se podrían construir tres mil 670 departamentos de 75 metros cuadrados cada uno, con una edificación de cinco pisos, con amplias áreas verdes y los respectivos servicios para así dar a las familias una vivienda digna. Según la ONU es recomendable que existan 8 metros cuadrados de área verde por persona. En Chiclayo no llegamos ni a dos metros cuadros por habitante, mientras que el distrito de Miraflores, en Lima, ofrece 13 metros cuadros de área verde por vecino”, señala.
Remarca que los responsables del crecimiento de la ciudad son los alcaldes, cuyos planes de desarrollo urbano deben ir de la mano con los planes de desarrollo del gobierno regional. Sin embargo, en la práctica estos son divergentes.
“El Plan de Desarrollo Metropolitano en ejecución por convenio entre la municipalidad y el Ministerio de Vivienda, se requiere lo antes posible. Como sugerencia a la comuna nosotros planteamos que previo a su aprobación el plan debe contar con la opinión técnica del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos y de CAPECO Lambayeque para no cometer los mismos errores. No se puede elaborar proyectos que tienen que ver directamente con la vida de las personas a control remoto desde Lima, y un claro ejemplo de este error es la tan mencionada Nueva Ciudad de Olmos, que ha sido totalmente inundada con las lluvias de El Niño Costero, frente a lo cual hay un silencio total de parte de las autoridades”, asevera.
Menciona, por ejemplo, que para la mejora de servicios municipales como el de la limpieza pública se debe instalar carretas de 5 a 10 metros cúbicos para que sean alimentadas con vehículos menores y luego trasladadas por los recolectores de basura. De este modo – explica – se transportaría el doble de residuos en un único recorrido. Dicho mecanismo podría aplicarse en las avenidas Prolongación Bolognesi, Cieza de León, 9 de Octubre, Belaunde, Leguía y el Paseo Yortuque.
Comenta también que los municipios pueden ceder terrenos a la Policía Nacional para que se construyan complejos y así se mejore la seguridad ciudadana.
TRABAS PARA CRECER
El presidente de CAPECO Lambayeque refiere que entre las principales trabas que existen en el departamento para el crecimiento del sector construcción están los expedientes técnicos incompletos, a lo que se suma la burocracia excesiva que hay en los municipios y las demoras para la revisión y aprobación de las licencias de edificación y habilitaciones urbanas.
Otro problema es la lentitud de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, para emitir la factibilidad de agua y alcantarillado a las nuevas habilitaciones urbanas, cuyo plazo máximo debe ser de 30 días.
También el incumplimiento de la zonificación, problema frente al cual el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el INDECOPI – sostiene – deben estar vigilantes.
“Existen otras trabas para el sector como el caos vehicular, generado por unidades medianas y ligeras, además del excesivo número de mototaxis que circulan en la ciudad; la demora en la tramitación de los certificados de la Autoridad Nacional del Agua y en la expedición de los CIRA y los estudios de impacto ambiental. También es un serio problema la carencia de un buen sistema de agua y alcantarillado y el estado de los pavimentos. Debe entenderse que una ciudad no la componen sus edificios, sino los ciudadanos que esperamos buenos servicios”, asevera.
Anota que aun así, Lambayeque tiene muchas fortalezas, pero que lamentablemente las debilidades ahora son más.
“No somos atractivos a la inversión y esto tiene que cambiar, para lo que necesitamos empezar nosotros mismos a respetar a la ciudad. Somos la región que está en el puesto 8 en competitividad a nivel nacional; la corrupción, extorsión y delincuencia alejan al inversionista, que en los últimos ocho años ha ido a ubicarse a Trujillo y Piura”, remarca.
Rabanal Rosales señala también que lo que hace eficiente a una organización son los procesos internos, lo que genera índices de medición eficientes y eficaces.
“Un problema latente es que no todos los municipios tienen sus planes de desarrollo urbano actualizados como lo exige la ley. Existe la norma ISO 37001, que gradualmente debe ser incorporada por las entidades públicas y privadas según su naturaleza, operaciones, riesgos y corrupción que enfrentan”, explica.
Anota que en Lambayeque se necesita de autoridades que no solo sean profesionales, sino que también tengan capacidad de gestión y ejecutiva, con vocación de servicio, conocedoras de los principales problemas.
“Países como Colombia y Chile han sabido tomar decisiones a tiempo, a pesar de la gravedad de sus problemas y son un ejemplo. A nivel Nacional solo dos ciudades: Chimbote y Sullana, supieron oportunamente poner en práctica la gestión de riesgos, logrando proteger a sus habitantes. Los políticos antiguos y la improvisación de candidatos, no son lo más aconsejable”, enfatiza.
PROBLEMÁTICA DE EPSEL
El dirigente gremial aborda también la problemática de EPSEL y al respecto menciona que los resultados de la gestión de la empresa paramunicipal “son por todos conocidos”.
“Se requiere una reingeniería e innovación. Financieramente la empresa no es viable ni sujeta de crédito, por lo que la solución es que reciba apoyo técnico y financiero. Nosotros los ciudadanos somos los que medimos el resultado de su trabajo y como tal ya han tenido el tiempo suficiente para revertir los problemas”, precisa.
Sostiene que EPSEL es una entidad que requiere de un equipo de trabajo más gerencial, no solo técnico; también de un área de mantenimiento actualizada y equipada con maquinaria moderna, como las bombas eficientes de procedencia suiza o danesa, que muy bien pueden ser usadas con un costo mucho menor y calidad probada en países con más carga de fluidos.
“Si para una emitir una factibilidad demoran más de seis meses, de qué eficiencia estamos hablando. Si para recepcionar una obra se demoran más de ocho meses, ¿qué significa eficiencia para ellos? Si en una calle efectúas mantenimiento y a los pocos meses regresas a efectuar la misma reparación, definitivamente se tiene que cambiar de actitud, ser conscientes de que esto afecta al desarrollo de Lambayeque, que es una traba y afecta a la salud de la población”, afirma.
Añade que la empresa debe ser dirigida por profesionales de probada experiencia e idoneidad para revertir las condiciones financieras y técnicas adversas. En ese sentido, se muestra a favor de la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT.
Respecto a las relaciones del gremio con los sindicatos de Construcción Civil, el presidente de CAPECO comenta que se mantienen reuniones continuas a través de la Mesa de Diálogo impulsada por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, en la que participan el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se discute y analiza la problemática sindical.
“Una muestra de ello es que el sector construcción es el único que todo el año se reúne con el sindicato de trabajadores de construcción civil en Lima para negociar los incrementos salariales, que luego son distribuidos a todo el sector constructor, incluidos CONAFOVICER, SENCICO y SENATI”, comenta.
Destaca que para los próximos años el escenario se visibiliza positivo para el sector construcción, sobre todo por las obras que emprenderá el gobierno nacional en el marco de la reconstrucción. En el rubro de transportes y comunicaciones – detalla – para Lambayeque se tiene prevista la inversión de mil 690 millones de soles en la edificación de puentes; 17 mil 300 millones en carreteras de la red vial nacional; 17 mil 200 millones en vías departamentales, y 67 mil 240 millones en la modernización y ampliación del Aeropuerto José Quiñones Gonzales.
Asimismo, menciona que en obras por impuestos existe un paquete de 22 proyectos a ejecutar por un monto total de 356 millones 254 mil 270 soles, de los cuales cuatro corresponden a agricultura, nueve a educación, uno a planeamiento, tres a salud, dos a vivienda y desarrollo urbano, uno a turismo, uno a seguridad ciudadana y uno a saneamiento básico.
“En el futuro la construcción del Terminal Portuario generará inversiones en la ruta Chiclayo – Monsefú – Puerto Eten, y desde ya existen cuatro proyectos inmobiliarios por construirse”, indica.
La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, agrupa en Lambayeque a 150 socios, siendo – después de Lima – la filial nacional con mayor cantidad de agremiados. Está compuesta por constructores, contratistas, consultores, proveedores de materiales de construcción, universidades, municipalidades y profesionales independientes de arquitectura e ingeniería.
Antonio Rabanal destaca que recientemente CAPECO ha aprobado en su sede central de Lima el nuevo Código y Reglamento de Conducta Ética, que debe ser respetado y aplicado por todos los asociados.
Antonio Rabanal dirige la Empresa Inmobiliaria Las Palmas SRL, una de las primeras en ejecutar obras de agua y alcantarillado que hoy benefician a seis urbanizaciones de la zona suroeste de Chiclayo. El proyecto se trabajó en coordinación con el área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, considerando una red de vías metropolitanas interconectadas. La urbanización Las Palmas fue inaugurada en el 2006.
Rabanal Rosales actualmente impulsa un nuevo proyecto inmobiliario en la carreta Chiclayo – Monsefú, que apunta a beneficiar a mil familias.
CONTRALORí�A LE OBSERVA 26 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN A DAVID CORNEJO
Doce licitaciones y adjudicaciones fueron anuladas por la existencia de irregularidades.
De malas. La gestión del alcalde David Cornejo Chinguel en la Municipalidad Provincial de Chiclayo registra, hasta el momento, más de un tropiezo. Diversas son las contrataciones, adjudicaciones y procedimientos que la Contraloría General de la República le ha observado en los dos años y medio que tiene al frente de la comuna, acciones de control que han permitido poner al descubierto prácticas irregulares que han originado la caída de los procesos, muy similares a las que aplicaba la administración anterior.
Expresión hace un recuento detallado de todo lo hallado por la Contraloría en el 2015, 2016 y lo que va del presente año en la gestión de Cornejo Chinguel, a cuyo despacho se advirtieron oportunamente las deficiencias en las que incurrían las áreas usuarias y sus principales funcionarios al pretender concretar procesos viciados, poniendo en juego millones de soles.
El 11 de mayo del 2015 el alcalde de la ciudad fue informado, a través del Oficio N° 112-2015 de la Oficina de Control Institucional – OCI, sobre lo encontrado en la Adjudicación por Régimen Especial N° 01-2015-MPCH: “Adquisición de arroz pilado superior y frejol pallar bebé para el Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, valorizada en un millón 455 mil 197.10 soles, donde se determinó que el valor referencial de los productos alimenticios incumplía la normativa aplicable.
Además, se estableció que en la evaluación de la propuesta técnica la Comisión de Adquisiciones consideró como válida la propuesta técnica de los postores a pesar de no cumplir con requisitos en las bases. Todo ello fue corroborado en el Informe de Auditoría N° 581-2016-CG/CORECH-AC.
El 30 de julio la Contraloría advirtió anomalías en la Adjudicación de Menor Cuantía N° 15-2015-MPCH-CEP: “Adquisición de llantas para diferentes unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de Chiclayo – Primera Convocatoria Derivada de la ADP N° 03-2015-MPCH-CEP”.
Con el Oficio N° 234-2015-MPCH/OCI, se notificó a Cornejo Chinguel que el Comité Especial había decidido no admitir la propuesta técnica del postor argumentando que la Declaración Jurada de Capacitación de Personal consignaba una denominación diferente al proceso de selección convocado, y que este había decidido no devolver la propuesta técnica original al postor que presentó un documento emitido por un distribuidor y no por un fabricante. El proceso, valorizado en 287 mil 316.38 soles, fue declaro desierto.
Un tercer proceso observado por la Contraloría a la gestión de David Cornejo fue la Licitación Pública N° 04-2015-MPCH-CEP: “Construcción de pavimento y veredas en la Avenida Tumbes, tramo entre la Avenida Salaverry y la Avenida Prolongación Bolognesi – Pueblo Joven Elías Aguirre, Chiclayo”, con un valor de tres millones 259 mil 944.56 soles.
En este caso se estableció que en los Requerimientos Técnicos Mínimos de las bases administrativas se incluyó como personal a un ingeniero topógrafo y agrimensor, profesional que no estaba considerado en el análisis de gastos generales variables del expedite técnico; que se establecieron exigencias específicas para el personal y que en el Resumen Ejecutivo no se consignó información exigida por la directiva que regulaba su contenido.
Esto fue comunicado al burgomaestre con el Oficio N° 403-2015-MPCH/OCI el 30 de noviembre del 2015, y se confirmó con el Informe de Auditoría N° 581-2016 de la Contraloría.
El 9 de diciembre de ese año, Cornejo Chinguel fue informado, a través del Oficio N° 418 por el Órgano de Control que se había encontrado deficiencias en la Licitación Pública N° 03-2015-MPCH-CEP: “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal de las veredas de las calles del pueblo joven Jorge Chávez, Chiclayo”, presupuestada en dos millones 582 mil 930.10 soles. En dicho proceso reportaron cinco observaciones.
La primera de estas es que en los Requerimientos Técnicos Mínimos de las bases administrativas se incluyó como personal técnico mínimo a un profesional ingeniero prevencionista, el que no estaba considerado en el Análisis de Gastos Generales Variables del expediente técnico; deficiencias respecto a las existencias establecidas como requerimientos técnicos mínimos para el personal propuesto como administrador, que los factores de evaluación considerados en las bases no correspondían a procesos convocados para la contratación de obras, que los criterios de evaluación establecidos para el residente de obra limitaba la participación de postores y que en el Resumen Ejecutivo no se consignó la información exigida por la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.
El proceso se declaró desierto.
Ese año también se reportó lo observado en la Adjudicación Directa Selectiva N° 21-2015-MPCH/CEP: “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la calle Arequipa, cuadra 1, 2, 3 y 4, del distrito de Chiclayo”. Esto fue comunicado al alcalde con el Oficio N° 445-2015 del Órgano de Control Interno el 17 de diciembre.
Se determinó que en dicho proceso los Requerimientos Técnicos Mínimos específicos solicitados en las bases para el personal propuesto (residente de obra, asistente de obra, maestro de obra, ingeniero especialista en seguridad almacenero) limitaban la mayor participación de postores. En el caso del maestro de obra, por ejemplo, no se contemplaba en el Análisis de Gastos Generales Variables del expediente técnico. Las anomalías también se confirmaron con el Informe de Auditoría 581-2016 de la Contraloría.
En el 2015 se realizaron también diversas visitas de control y en ellas se determinaron otras anomalías en los procedimientos seguidos por la administración municipal. Por ejemplo, se hallaron deficiencias en la entrega de aceite vegetal adquirido para el Programa de Complementación Alimentaria; en la obra de “Mejoramiento de la plataforma deportiva tramo entre la Avenida Raymondi, Arica, México y Pasaje 9 de Octubre en el pueblo joven El Porvenir”, (188 mil 517.97 soles) ejecutada por administración directa, y en la obra de “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la calle Sergio Bermejo, entre la calle Prolongación Pacasmayo y la Avenida Garcilaso de la Vega” (162 mil 890.09 soles), también ejecutada por administración directa.
Otras anomalías se constataron también en el mantenimiento de parques y jardines.
Ya en el 2016, el 20 de abril, David Cornejo fue informado con el Oficio N° 157-2016-MPCH/OCI, sobre las irregularidades halladas en la tramitación y emisión del Formulario Único de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación.
La Contraloría determinó que la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de dicho formulario, había otorgado conformidad a trabajos de ampliación y modificación que trasgreden la norma de edificación vigente y cuyos planos contenían información distinta a la real.
Asimismo, que en dicha gerencia se había extraviado el expediente que contenía los actuados del Formulario Único de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificaciones tramitado y emitido de manera irregular.
PUEBLO JOVEN SANTO TORIBIO
El 3 de mayo, se notificó al alcalde con el Oficio N° 188-2016 del Órgano de Control de lo detectado en la Adjudicación Simplificada N° 03-216-MPCH: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en las calles del pueblo joven Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo”, valorizada en 570 mil 191.51 soles.
La Contraloría estableció que el Comité de Selección por unanimidad había descalificado la oferta del Consorcio Ejecutor Lambayeque, invocando el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable en la contratación de servicios en general y consultoría en general.
La decisión del comité se basó en que la oferta económica presentada por el consorcio fue de 513 mil 172.36 soles, monto que correspondía al 90 % del valor referencial. Sin embargo, según la norma las entidades solo deben rechazar las propuestas que se encuentran por debajo del 90 % del valor total.
AVENIDA TUMBES - II
Con el Oficio N° 222-2016, del 26 de mayo del 2016, el alcalde fue informado que en la Licitación Pública N° 004-2015-MPCH/CE: “Construcción de pavimentos y veredas de la Avenida Tumbes, tramo entre la Avenida Salaverry y la Prolongación Bolognesi, del pueblo joven Elías Aguirre”, se había convocado sin considerar los trabajos de saneamiento básico pendientes por parte de EPSEL.
En opinión de la Contraloría dicha ausencia afectaba la ruta crítica de la obra y podía ocasionar posibles ampliaciones de plazo y el reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista. La deficiencia se confirmó con el Informe de Auditoría N° 581-2016.
Calle Arequipa – II
En la Licitación Pública N° 002-2016-MPCH/CE: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Arequipa, tramo entre la Avenida Salaverry y la Prolongación Bolognesi”, valorizada en cuatro millones 785 mil 005.24 soles, se detectó que el expediente técnico de la obra fue elaborado y aprobado sin contar con el estudio de mecánica de suelos exigido en el marco normativo aplicable, lo que cual afectaba la calidad de la obra y reducía su vida útil.
Asimismo, el 10 de junio del año pasado, Cornejo Chinguel fue informado que el expediente técnico de la obra también fue elaborado sin contar con la declaratoria de la viabilidad del proyecto exigida por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
En agosto, la Contraloría detectó también que la obra no contaba con la supervisión exigida en la normativa presupuestal y de contratación pública.
Como consecuencia de lo advertido, se inició el proceso administrativo disciplinario contra dos funcionarios municipales.
El 3 de octubre del 2016 el alcalde fue informado de la irregularidad cometida por la comuna con la contratación del ciudadano extranjero Lorenzo Ferrer Villamontes.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo contrató los servicios de Ferrer Villamontes sin contar con la aprobación del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, manteniendo una relación contractual con dicho ciudadano en calidad de ingeniero mecánico pese a no contar con el título profesional validado por el Colegio de Ingenieros del Perú ni poseer Registro Nacional de Proveedores para contratar con el Estado.
COMPLEJO DE CIUDAD DEL CHOFER
Otro proceso observado por la Contraloría fue la Licitación Pública N° 01-2016-MPCH/CS: “Creación del Complejo Deportivo Municipal en la Urbanización Ciudad del Chofer, Chiclayo”, valorizada en cinco millones 370 mil 119.10 soles.
En dicho proceso se halló que la Conformación del Comité de Selección vulneraba lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, que el perfil mínimo del plantel profesional clave para la ejecución de la obra limitaba la mayor participación de postores, que el expediente técnico duplicaba partidas y que el valor referencial de la obra presentaba una antigüedad de seis meses.
La Contraloría General de la República anuló de oficio, con el Informe N° 23-2016-GRRHH/ADP, el Proceso CAS N° 014-2014-MPCH, convocado para la contratación de personal de la Subgerencia de Logística y Servicios Internos de la comuna.
Lo mismo aplicó a la Adjudicación Simplificada N° 017-2016-MPCH/CS: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la calle Miraloverde, cuadra 1 (tramo entre la calle Santa Inés y la calle Juan Pablo II), Urbanización Las Brisas, valorizada en 307 mil 522.64 soles.
También se observó la Adjudicación Simplificada N° 06-2016-MPCH/CS: “Creación del Parte de las Fuentes”, donde se constató que los requisitos de calificación para la capacidad técnica y profesional del personal propuesto en las bases era contraria a lo establecido por el marco normativo. Sin embargo, la comuna no adoptó las medidas correctivas.
Asimismo, se observó la designación de María Lucumí Paucar como Subgerente de Estudios y Proyectos, lo que originó su destitución, debido a que su nombramiento colisionaba con la normativa vigente; y los gastos de servicios básicos asumidos por el municipio al suscribir con la Academia Nacional de la Magistratura el convenio de cooperación y afectación del uso gratuito de inmueble para el funcionamiento de su local institucional.
Por otro lado, la Contraloría halló irregularidades en el gripo municipal, en la obra “Mejoramiento del complejo deportivo entre las calles Echenique y Progreso de la Urbanización Remigio Silva”, y en el almacenamiento de cemento y tuberías de PVC.
En lo que va del año, la Contraloría ha observado la Licencia de Edificación N° 1205-2016, que autorizó la construcción de un inmueble para el uso comercial en la calle Francisco Cúneo N° 460 de la Urbanización Patazca, así como la Adjudicación Simplificada N° 015-2016-MPCH-OEC: “Contratación del suministro de entero de caballa en aceite vegetal para el Programa de Complementación Alimentaria”, valorizada en 384 mil 395 soles.
También, la designación de la Procuradora Pública Municipal Adjunta sin cumplir los requisitos exigidos en la normativa aplicable, y la Adjudicación por Régimen Especial N° 001-2017-MPCH-CA: “Adquisición de suministros de arroz pilado superior y frejol bocanegra para el Programa de Complementación Alimentaria – 2017”.
Otros casos son la Licitación Pública N° 001-2017-MPCH/CS: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Urbanización Ana de los Ángeles”, valorizada en dos millones 47 mil 11.38 soles, y la Adjudicación Simplificada N° 004-2017-MPCH/CS: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Precursor Miranda, cuadra 1, 2 y 3 del pueblo joven 9 de Octubre”, con un millón 149 mil 718.89 de presupuesto.
Del mismo modo se han hecho observaciones al Archivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
DENUNCIA RECAE SOBRE GERENTE DE OPERACIONES: FISCALí�A INVESTIGA PRESUNTA VIOLACIÓN DE SISTEMA INFORM&iacu
El titular del Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Javier Quiroz Grosso, abrió investigación preliminar por 120 días contra el Gerente (e) de Operaciones del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, Jorge Luis Bautista Ordoñez, y quienes resulten responsables de los presuntos ilícitos de abuso de autoridad y delito informático, por supuestamente haber atentado contra el sistema informático de la entidad, generando perjuicio a la comuna provincial, al ente recaudador y a la empresa Coramsa EIRL.
Conforme a lo que se detalla en la Disposición N° 01 de la carpeta fiscal N° 2502-2017, la denuncia fue presentada por el abogado Víctor Luna Victoria Menacho, en representación legal de la empresa Coramsa EIRL, la que el 25 de julio del 2014 realizó un contrato de compra venta con la sociedad conyugal conformada por Marcelo Seclén Chancafe y María Sara Chero de Seclén, sobre el predio Los Mangos o Corral de los Carneros, ubicado en el Valle Chancay, por el precio de un millón 906 mil 720 dólares.
La compra del predio, que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 11143528, iba a ser cancelada en cuotas, pero debido al incumplimiento de pago, con carta notarial del 4 de marzo del 2015 se resolvió el contrato, razón por la cual nunca hubo traslado de propiedad a favor de Coramsa. La empresa había pagado el impuesto de alcabala por la transferencia del predio.
“El Impuesto de Alcabala es un impuesto que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. El impuesto se calcula aplicando a la base imponible una tasa del 3 %, siendo de cargo exclusivo del comprador, del tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor del inmueble”, explica el abogado.
Debido a la disolución del contrato antes descrito, el 15 de julio del 2015 la empresa solicitó al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo la devolución del dinero por el pago de alcabala, originando el Expediente Administrativo N° 2015013434.
Luego de 17 meses de trámite documentario, el 12 de enero de este año, el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo notificó a la empresa Coramsa la resolución de Gerencia de Operaciones N° 07-116-000000079-2016, de fecha 16 de diciembre del 2016, que declaraba improcedente la petición de devolución de dinero.
Lo raro– según sostiene el letrado – es que la notificación la hicieron mediante cedulón N° 000466, lo que motivó que el 31 de enero se interponga el recurso de apelación y el 1 de febrero el recurso de reclamación.
¿VULNERARON SISTEMA?
Tal y como consta en la denuncia, los días 21 y 22 de marzo del presente año Víctor Luna Victoria se apersonó al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y se entrevistó con la jefa del Área de Reclamos, Gladys Morales Díaz, así como con el jefe de Asesoría Jurídica, Yuri Gali Díaz Cajo, siendo informado que el recurso había sido derivado, con el proyecto de resolución respectiva de fundada la petición, a la oficina de la Gerencia de Operaciones del CGT, para que el titular de dicha área consigne su visto bueno o su rechazo.
De igual manera, para tener una información exacta del curso que seguía el documento, ingresó al portal institucional para consultar y hacer seguimiento del documento, visualizando -el viernes 23 de marzo del 2017- que en el sistema informático de la institución se registraba que la petición que había formulado a favor de su representada había sido declarada fundada a su favor.
Con la certeza que su petición había sido favorable para su representada, el 23 de marzo Víctor Luna Victoria se dirigió en horas de la tarde al centro de Gestión Tributaria con la finalidad de revisar el expediente, constatando que la mencionada resolución se encontraba visada por la responsable de la División de Servicios y Otros, Jenny del Pilar Valiente Vásquez, pero que aún no le era notificada porque tenía que seguir su conducto regular.
Sin embargo, el 29 de marzo, al ingresar nuevamente al portal institucional del CGT y revisar el expediente vía web, se dio con la sorpresa que el resultado de la resolución había sido cambiado; es decir, figuraba como improcedente el recurso de reclamación, atribuyendo dicha conducta al Gerente de Operaciones, Jorge Luis Bautista Ordoñez, por ser la última persona en cuyas manos se encontraba la resolución que inicialmente, tal y como lo habían manifestado los funcionarios antes mencionados, que le era favorable a la empresa Coramsa EIRL.
El denunciante también ha hecho conocer al Ministerio Público que el 6 de abril a su patrocinada le fue notificada la resolución de Gerencia General N° 07-119- 00000002-2017, en la que se declara improcedente el recurso de reclamación.
Víctor Luna Victoria detalla que habría existido una adulteración o manipulación al sistema informático, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de Dennis Obando Fernández, con la única finalidad de cambiar el resultado de la resolución.
Asimismo, puso en conocimiento del Ministerio Púbico que días antes a los hechos y presuntamente a pedido de Jorge Luis Bautista Ordoñez, en el CGT se habría contratado al ingeniero informático Carlos Alberto Chirinos Mundaca, con la supuesta finalidad de que realice trabajos en el sistema informático, cuando dicha jefatura se encuentra bajo la responsabilidad de Obando Fernández.
“Me pregunto: ¿Para qué se contrató a un ingeniero de sistemas? ¿Acaso se pretende ocultar algo? Ante ello, se ha solicitado a través del Ministerio Público que el gerente del Centro de Gestión Tributaria remita al despacho fiscal el contrato suscrito con el profesional Carlos Alberto Chirinos Mundaca”, comenta el abogado.
Destaca que también se ha pedido que el gerente del CGT, Nicolás Mondoñedo Chávez, remita al despacho fiscal los antecedentes e informe el objeto de la contratación, período de trabajo, honorarios, orden de servicios y el pago correspondiente por el cual se contrató a Carlos Alberto Chirinos Mundaca.
El 10 de abril pasado, Víctor Luna Victoria hizo llegar al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo la carta signada con el código L056-2017, en la cual solicita el reporte de informática sobre los movimientos realizados en el expediente N° 2015013434, con referencia a los documentos relacionados y que sustentan la denuncia. Sin embargo, a través de la Carta N° 007-2017/ TRANSPARENCIA, del 20 de abril, le expresaron como respuesta que en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no les es posible atender dicha solicitud debido que al interior del ente recaudador se venía desarrollando un procedimiento de investigación.
Luna Victoria presume que al interior del CGT se vendría manipulando el sistema informático para presuntamente alterar las fechas de los movimientos del expediente administrativo de la empresa Coramsa EIRL, y para ello muestra los reportes de consulta de expedientes administrativo que realizó los días 3, 27 y 28 de abril del 2017 a través del portal web de la institución recaudadora.
“Las fechas no se encuentran fijadas porque presuntamente habrían sido adulteradas. Además, dichas alteraciones y borrados de fecha, dan muestra de que se siguen cometiendo hechos de relevancia penal dentro del sistema informático, derivado de la consulta del expediente administrativo de la empresa Coramsa EIRL”, afirma.
Tras evaluar la denuncia, el titular del Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Javier Quiroz Grosso, dispuso iniciar las diligencias preliminares por el término de 120 días contra el Gerente (e) de Operaciones del Centro de Gestión Tributaria y los que resulten responsables.
La acción penal en etapa preliminar se orienta por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y delito informático.
Conforme a la disposición la investigación será desarrollada por personal anticorrupción e informática de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional por el plazo de 100 días.
Durante ese período, los agentes designados para desarrollar la investigación tendrán que someter a interrogatorio a Jorge Luis Bautista Ordoñez con la finalidad que informe sobre los cargos en su contra, pero en caso no se presente será conducido compulsivamente por la Policía Nacional, previa emisión de una orden de captura.
De igual manera, el Ministerio Público ha determinado notificar a Jenny del Pilar Valiente Vásquez en su calidad de jefa de la División de Servicio Administrativo del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Asimismo, el titular de la acción penal también ha considerado llamar a declarar a Gladys Morales Núñez, en su calidad de responsable del departamento de Reclamos del CGT.
También tendrá que acudir a las instalaciones de la Divincri para ser interrogado Yuri Gali Díaz Cajo como responsable de la Oficina de Asuntos Legales del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Finalmente, tendrán que desfilar por los pasadizos de la División de Investigación Criminal de la PNP, el Procurador Público de la Municipalidad de Chiclayo, así como el actual jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez.
La fiscalía también ha requerido que la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Chiclayo y del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo informen si existe algún procedimiento de indagación o investigación interna respecto a los hechos que ahora son investigados en la vía penal.
Otro que también tendrá que informar y apoyar en las investigaciones, será el jefe de Informática del CGT, Dennis Obando Fernández, quien en un plazo de 10 días deberá emitir informe y reporte del sistema informático sobre los movimientos realizados con referencia al expediente N° 2015013434, así como reportar los nombres de los usuarios que ingresaron información o realizaron cambios a dicho sistema.
Desde el CGT también se tendrá que remitir copias certificadas de los cuadernos de cargo donde se plasme o conste la entrega de documentos desde la oficina de Reclamos hacía la oficina de la Gerencia de Operaciones referencia al expediente 2015013434.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
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 artículo 35
 Artículo 47
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