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Timestamp: 2019-10-18 04:44:10+00:00

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“Pancho” Avendaño, profesor normalista mártir, fulgor y la memoria - Re-Vuelta.cl
por La Revuelta | Jul 18, 2019 | 0 Comentarios
“… ¿Qué será de Chile a esta hora? ¿Veremos el sol mañana? Se escuchan voces de mando y entramos a un callejón esquizofrénico que nos lleva al Campo de Concentración, se encienden focos amarillos a nuestro paso, las ventanas de la vida se abren y se cierran…”(Dawson. Aristóteles España)
Las décadas del 60 fueron para los estudiantes normalistas de reflexión y de cambios en lo social, político y educacional. Paulatinamente se asumía en la Escuela Normal mayores compromisos a través de sus centros de alumnos, dirigentes y comunidad educativa. El país comenzaba a vivir un proceso muy interesante de debates, de intercambios ideológicos, que culminarían en los años 70.
En este contexto se integraron las Escuelas Normales con toda su significación. Los normalistas eran expuestos a una experiencia social directa en sus lugares de trabajo, en el campo o en los barrios de las ciudades. La labor docente dependía siempre de la capacidad de la escuela de insertarse en la comunidad y convertirse en un centro social movilizador de cultura y de actitudes cívicas. Muchos dirigentes gremiales y políticos se formaron en las Escuelas Normales, promoviendo una mayor justicia social. También fue un período de conflictos por las reivindicaciones docentes y huelgas del profesorado. Mayoritariamente los profesores normalistas se adscribían a tendencias políticas de centro y de izquierda, alejados de los partidos conservadores o de derecha, siendo consecuentes con su propio entorno de vida y de origen. El Presidente Pedro Aguirre Cerda en 1938, con el principio rector de su gobierno “Gobernar es educar”, expresaba: “…los maestros no sólo tienen el derecho de participar en política, sino que es deber de hacerlo, por su cultura y su reconocido civismo…”.Para el profesor de aquella época participar en la vida política era casi una obligación social y moral.
Las Escuelas Normales de los decenios del 50 y 60 potenciaban a sus estudiantes para una mayor participación social, más integración y militancia, preocupación por la comunidad, concretar una sociedad justa e igualitaria, minimizar las diferencias económicas; en suma, participar activamente en los procesos político- sociales que estaban ocurriendo en el país. Aquel discurso y doctrina educacional neutra, despolitizada, con características conservadoras, implementadas por las Escuelas Normales de los años anteriores estaba cambiando por los acontecimientos nacionales y otros hechos a nivel mundial. La Escuela Normal debía insertarse en este proceso, se lo exigían a sus alumnos, no sólo se alfabetizaba sino también había que contribuir a lograr una sociedad más democrática y de justicia social. Se formaba un espíritu de servicio público en el profesor, en pro del bien común, se inculcaba en el sistema educativo y era parte inherente de su formación. En Chile se concebía a la educación como preocupación preferente del Estado, que sea efectivamente una acción para el bien público. Como la educación era un bien público se formaban ciudadanos que validaban lo social y conceptos valóricos para la nación en torno a principios del humanismo. En esos años el profesor rural chilote continuaba ejerciendo una labor pedagógica en un medio geográfico dificultoso, pese al apoyo gubernamental que se vislumbraba más permanentemente.
El golpe militar de 1973 concluyó con el sistema normalista, se suspenden las actividades de las Escuelas Normales declarándolas en reorganización y en marzo de 1974 se decreta su cierre. Se suprimen las organizaciones propias del profesorado y se interviene el sistema educacional, “depurándolo” de los elementos políticos y controlando disciplinariamente a los profesores. Durante la década del 70 el magisterio desaparecerá de la escena pública. Uno de los aspectos más nefastos del golpe militar fue la exoneración de cientos de profesores normalistas, mayoritariamente por su militancia y simpatía al gobierno popular. Se perdió una destacada generación docente con todo lo que significaba, no sólo por el aporte que entregaban en lo educacional sino en lo social. Muchos de los dirigentes del SUTE (Sindicato Único Trabajadores de la Educación) afiliado a la CUT (Central Única de Trabajadores), que apoyó al gobierno popular, fueron duramente reprimidos, exiliados, detenidos y fusilados. Hubo tragedias personales y familiares en la Xa región, como la del profesor normalista José Barrientos Warner, chilote, egresado de la Escuela Normal de Valdivia, destacado dirigente político, fusilado el 4 de octubre de 1973 en Valdivia; y del profesor Francisco Avendaño Bórquez, de Quellón, fusilado en Puerto Montt el 19 de octubre de 1973, con sólo 20 años de edad.
El profesor José Fernández González, compañero de curso y amigo de “Pancho” Avendaño, mencionaba: “…Cuando estaba en la Normal se formaban grupos en los cursos de acuerdo a las tendencias, yo conocía a Melitón González y a Francisco Avendaño, que militaban en el partido comunista, prácticamente nos reencontramos y comenzamos inmediatamente a formar nuestra célula en la escuela que la denominamos Ángela Davis, esto como homenaje a la activista norteamericana comunista de color que estuvo a punto de viajar a Ancud porque se le escribió para informarle que en Chiloé existía una célula que llevaba su nombre, pero el golpe de estado lo impidió… fue el único alumno normalista fusilado durante la dictadura, y quedamos en el mismo curso en la Normal junto a Melitón González y Hernán Arias, un ex teniente de carabineros, con ellos formamos la célula. Con “Pancho” jugábamos fútbol y basquetbol en la escuela, éramos seleccionados y compartíamos, lo detuvieron cuando trabajaba cerca de Puerto Montt. Tratamos de ubicar a “Pancho”, nunca pudimos contactarnos con él, nos daban algunas noticias pero sin saber efectivamente, supimos que lo llevaron a la cárcel de “Chin-Chin” y estuvo incomunicado, lo sacaban al baño en la noche, esto nos informaron los que lo vieron y que también estaban presos, las celdas tenían una especie de cortinas y no se podía mirar a los detenidos, estaba muy mal de salud y físicamente… En el primer encuentro que hicimos en Ancud, Leonel Fritz, compañero de curso paralelo y que fue Alcalde inauguró una calle con el nombre de Francisco Avendaño, nuestro colega fusilado, nosotros fuimos a esa actividad, especialmente los de mi curso; esa calle está cerca del cementerio ancuditano…”; este reconocimiento fue en enero de 1993. Por su parte el profesor Álvaro Álvarez Oyarzun acotaba “…Recuerdo a “Pancho” Avendaño, era un compañero muy activo y lo rememoro con aprecio, tenía un carisma especial y era tranquilo, responsable, estaba en un curso inferior, y fue fusilado después del golpe de estado…”. También el profesor Boris Sandoval Andrade, comentaba: “… me acuerdo de Francisco Avendaño, nuestro colega profesor, preso político y fusilado, éramos de la misma generación, supimos lo que le ocurrió y todo lo que lo hicieron sufrir, la misma mamá pedía que no lo castigaran tanto; sabíamos que era de izquierda pero totalmente normal, como cualquiera, no era agresivo ni subversivo, fue terrible lo que ocurrió, lo supimos pronto porque la noticia se difundió…”
“Pancho” nació en Quellón, en la primavera de 1953. Su padre Ramiro Avendaño Bórquez fue un profesor básico que trabajó toda su vida en el sur de Chiloé y que jamás se pudo recuperar de la pérdida de su alegre hijo hasta su muerte en 1984. Su madre Elena Bórquez Oyarzún, esforzada dueña de casa, aún no asimila la ausencia de su afectuoso e inteligente retoño. A los 12 años se trasladó a estudiar al Liceo de Ancud, donde las ideas humanistas, las ciencias, las letras, fueron aprendidas por su mente juvenil. Sus compañeros lo recuerdan como un joven alegre, con una recia personalidad, estudioso, lo que le valió ser considerado como un líder, apoyado por los demás estudiantes.
Fue un destacado deportista, jugó fútbol en el Club Deportivo Austral de Quellón y en la selección del Liceo; también titular del equipo de basquetbol, deporte que continuó practicando cuando ingresó a estudiar a la Escuela Normal de Ancud. En el liceo fue Presidente del Centro Alumnos y por su sensibilidad social e inquietudes intelectuales lo impulsaron a asumir un compromiso político apoyando a los sectores más desposeídos y explotados del país. Siendo estudiante de enseñanza media ingresó como militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), su líder político era el “Che” Guevara y en sus cuadernos escolares los nombres de sus amores se mezclaban con las consignas revolucionarias de la época. El año 1969 fue importante para la comunidad escolar del Liceo de Ancud, el Centro de alumnos con su directiva elaboraron un programa de celebración del centenario del colegio, en aquel momento “Pancho” ocupaba el cargo de Secretario de Actas de la directiva. Cuando en 1971 pobladores de Ancud decidieron luchar por el derecho de una vivienda digna y se tomaron los terrenos que hoy se conoce como la Población Salvador Allende, “Pancho” estuvo allí entregando toda la solidaridad y apoyo de la juventud ancuditana en esta causa de dignidad humana. Ingresó a la Escuela Normal de Ancud en 1971, estaba en el 1° año D, compartía el grupo 2 junto a sus colegas Ramón Soto Oyarzun, Nicolás Oyarzun Leviante, Flor Cárdenas Ojeda, Melitón González Astorga. Al egresar de la Escuela Normal de Ancud en 1973, tenía conciencia social y compromiso político, pertenecía al MIR, trabajaba en la Escuela 42 de Puerto Varas y era dirigente gremial del SUTE.
Uno de sus hobby era tocar guitarra, que lo hacía con singular maestría y dedicación. Se recuerda cuando cantaba en los encuentros familiares o en el colegio junto a sus colegas y alumnos. En el Fundo “El Toro”, cerca de Fresia, se reunían en los atardeceres con sus compañeros campesinos a interpretar canciones al concluir la jornada laboral, eran los mismos a quienes enseñaba voluntariamente a leer y escribir en su infinita vocación de servicio. En la escuela de Puerto Varas sus colegas lo rememoran por su dedicación y profesionalismo, además de cumplir un rol preponderante en el SUTE, apoyando al gremio docente. Tenía una actitud y modales respetuosos, entregaba sus consejos y comprensión, buen amigo y colega, fraternal, amistoso y ecuánime, con valores acendrados. Al producirse el golpe militar la preocupación era total por lo que acontecía, concurrió días después a reunirse con el grupo de campesinos y vecinos del Fundo “El Toro” a 13 kms. de la localidad de Fresia, allí cumplía labores voluntarias de alfabetización y tenía amistades. Estando en el lugar se efectuó el 27 de septiembre un allanamiento con un gran contingente de carabineros y militares, liderados por un terrateniente que exigía la entrega de terrenos.
Fue detenido junto a otros compañeros y conducidos al Regimiento Sangra” de Puerto Montt quedando en calidad de presos, incomunicados y recibiendo apremios ilegítimos, luego son trasladados y permanecen 6 días en la cárcel de “Chin-Chin”. Recibió la visita de su madre en momentos difíciles y trágicos, casi no podía caminar ni hablar por las torturas, el dolor de su estoica progenitora fue inconmensurable, esos intensos minutos de dialogo fraternal debieron ser de lacerante sufrimiento. Previo a su muerte dialogó con un capellán de la FACH y en el penoso relato envió “…saludos para sus amigos de la Normal…”, según informó en carta a sus padres el propio capellán. Fue declarado culpable junto a otros compañeros por el Consejo de Guerra, con acusaciones espurias y falsas, delitos que nunca cometieron. Sentenciado a muerte y ejecutado por fusilamiento el 19 de octubre en la localidad de Chamiza, a 9 kms. de Puerto Montt, allí existió una dependencia de la FACH. Los restos de las víctimas fueron enterradas en una fosa común en el cementerio municipal de Puerto Montt Alto. Luego de 3 meses se entregaron los cadáveres a sus familiares. Un asesinato muy sentido por quienes lo conocían. Tenía sólo 20 años de edad. Desde 1993 una calle de Ancud lleva su nombre como testimonio y reconocimiento a su labor docente y valores personales.
En este contexto, la Sentencia del Consejo de Guerra reunida en Puerto Montt el 17 de octubre de 1973, con la asistencia de la totalidad de sus miembros, dice: “Vistos y Considerando:
1. Que se instruyó el presente proceso…contra Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, chileno, natural de Quellón, de 20 años, soltero, cedula de identidad N° 38205 de Ancud,…contra José Mario Cárcamo Garay, chileno, natural de Hueldén(Linao), de 27 años, soltero, cedula de identidad N° 34023 de Ancud, domiciliado en Hueldén(Linao),…para establecer la responsabilidad que les cabe en los hechos denunciados. (En el libelo son más los afectados, sólo se menciona a los chilotes)
2. El sumario se ha establecido que los inculpados…formaban parte de un grupo armado que tenía por objetivo atacar los retenes y cuarteles de carabineros, especialmente del sector de Fresia y otros sectores rurales, para de esta manera hacer salir a los efectivos de las fuerzas armadas y carabineros a los lugares atacados donde serían aniquiladas estas fuerzas en el terreno. Las otras Unidades de Fuerzas Armadas y Carabineros serían atacadas a su vez en forma simultánea por los grupos paramilitares urbanos. Este ataque sistemático formaba parte del denominado “Plan Zeta” de que estaban en conocimiento los servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas. Fue así como los inculpados… se reunieron en el Asentamiento El Toro, de Fresia, junto a otros individuos aún prófugos, en la madrugada del 15 de septiembre de 1973; para iniciar la lucha armada contra los ricos y contra las Fuerzas Armadas y Carabineros, tenían armas y explosivos y planeaban como una primera acción el asalto a la Tenencia de Carabineros de Fresia, el asesinato de su Jefe y del personal y el apoderamiento de las armas allí existentes.
3. Que los hechos investigados… se encuentran suficientemente establecidos con las declaraciones del Teniente de Carabineros René Isidoro Villarroel Sobarzo…,y los carabineros Gabriel Mejías Leyton, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Edinson Chávez Gallardo, Francisco Alarcón Castro, José Ule Guineo, Jaime Serra García, y Carlos Berrios Rodríguez…y la existencia de las armas y explosivos…
4. Que la participación culpable y penada por la ley en calidad de autores que les corresponde…se encuentra acreditada y establecida… con el mérito de los mismos antecedentes señalados… más las propias confesiones…
5.Que los hechos investigados y debidamente comprobados constituyen el delito establecido en el artículo 248 N° 2 del Código de Justicia Militar, porque si bien es cierto que los inculpados formaban una milicia o grupo militarmente organizado, no es menos cierto que su propósito y resolución están constituidos por actos que tenían por finalidad precisa perjudicar a las tropas chilenas en tiempo de guerra, como se desprende de las declaraciones invocadas…, siendo en consecuencia el medio para cometer el delito que se sanciona en el Código de Justicia Militar, bajo el epígrafe “De la traición, del espionaje y demás delitos contra la soberanía y seguridad exterior del Estado”
8… el artículo 248…contempla y castiga a cualquier persona que tenga el propósito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, … fluye de claro que estos delitos se refieren a la soberanía interna como externa, porque resulta irrefragable que estas figuras delictuales atentan tanto al orden público de la nación, a su organización, a sus estructura jurídica y política y a la paz social que son los fines fundamentales que el Estado tiende a resguardar, porque peligrando el orden interno, peligra la base misma de la soberanía interna, y por consiguiente la seguridad y soberanía exterior del Estado.
9. Que por Decreto Ley N°3 de fecha 11 de septiembre de 1973, publicado en el Diario Oficial el 18 de septiembre del año en curso se declaró en Estado de Sitio todo el territorio nacional, y en conformidad al artículo 418 del Código de Justicia Militar existe el estado de guerra o tiempo de guerra.
10. Que….se considera que una fuerza está frente al enemigo, no sólo cuando notoriamente lo tenga al frente… y que asimismo se entiende por enemigo de acuerdo a este mismo precepto legal, no sólo al extranjero sino cualquiera clase de fuerzas rebeldes o sediciosas organizadas militarmente.
11. Que es un hecho público y notorio que la República se encuentra en un estado de conmoción interna, por cuya causa se dictó precisamente el Estado de Sitio para todo el territorio nacional, conmoción interna que se ha manifestado entre otros hechos en la existencia de grupos, organizaciones guerrilleras, bandas facciosas, con planes y acciones destinadas a alterar el orden público y subvertir la organización jurídica de la Nación y atentar contra la integridad y la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, destruir sus cuarteles y unidades y que obviamente constituyen acciones cometidas con el propósito, intención y finalidad de perjudicar a las tropas chilenas.
12. Que…resulta evidente que encontrándose la República en estado de guerra y estando las tropas chilenas frente al enemigo desde el momento o instante mismo en que emprendieron los servicios de seguridad en contra de esas organizaciones guerrilleras y aún más las propias acciones de sometimiento y reducción de esos mismos adversarios paramilitarmente preparados, con el fin de evitar perjuicios mayores a los ya causados por la acción de éstos, resulta suficientemente demostrado que las tropas chilenas se encuentran frente al enemigo.
13. Que procede desestimar lo alegado por la defensa…
14. Que la alegación sostenida por la defensa en el sentido que las actividades delictuales se venían realizando desde el mes de Junio de 1973, no tiene relevancia alguna, por cuanto los reos fueron pertinaces en continuarlas con posterioridad a la declaración de Estado de Sitio, de fecha 11 de Septiembre de 1973, y los inculpados fueron detenidos en delito flagrante el día 20 de Septiembre del mismo año.
15. Que …cabe también rechazar la alegación de la defensa de la no retroactividad de la ley penal…
16. Que se encuentra configurada la existencia de la circunstancia agravante de haber cometido el delito con ocasión de una conmoción popular, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada porque es de pública notoriedad y dada la situación por la que atraviesa la República, lo que motivó incluso la declaración del estado de sitio…
17. Que obra además en perjuicio de los reos la agravante ..(de) ejecutar el delito con desprecio o en ofensa de la autoridad-pública, toda vez que el desobedecimiento de los bandos de la Junta Militar de Gobierno y de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de Llanquihue y Chiloé significa justamente un desprecio reiterado, una burla y un desdén a las autoridades que los dictaron y que de los antecedentes… se desprende que los reos eran contumaces en perpetuar el delito en perjuicio de las tropas chilenas, porque tuvieron una conducta constante y persistente en perfeccionar sus propósitos y acciones…para el ataque a las unidades, y que constituyen precisamente un reiterado desprecio de la autoridad.
18. Que en mérito de lo establecido… procede rechazar la alegación de la defensa…
19. Asimismo cabe rechazar lo alegado por la defensa en el sentido que favorece a sus defendidos la circunstancia atenuante…esto es, la irreprochable conducta anterior, ya que no se encuentra acreditada y además porque del propio contexto de la defensa de los reos se desprende que venían formando un grupo armado desde Junio de 1973 hasta la fecha de su detención, como lo reconoce la propia defensa, y en consecuencia se encontraban delinquiendo en forma reiterada, lo cual obstaculiza a toda buena conducta anterior.
20. Que… la buena conducta se manifiesta por el cumplimiento de las normas legales, jurídicas y morales, y… que aparecieron sin cumplimiento a la entrega de armas y explosivos como lo dispuso la autoridad y que por sí sólo demuestra una conducta antijurídica…
21.Que en mérito de lo expresado… se encuentra establecido que los acusados Mario Cesar Torres Velásquez, José Mario Cárcamo Garay, Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, Oscar Arismendi Medina, José Luis Felmer Klenner y José Antonio Barría Barría, cometieron en calidad de autores el delito contemplado …en el Código de Justicia Militar, y que su conducta se encuentra agravada…y la no ocurrencia de ninguna circunstancia atenuante, debiendo en consecuencia aplicarse a todos éstos la pena de muerte.
22. Que la participación culpable y penada por la ley en calidad de cómplice del delito contemplado…se desprende de modo indubitable que éstos cooperaron por actos anteriores o simultáneos a la formación del grupo armado que tenía el propósito declarado de perjudicar a las tropas chilenas.
23. Que obra en perjuicio de los cómplices… las mismas circunstancias agravantes establecidas respecto de los autores del delito.
24. Que se rechaza las peticiones de la defensa contenidas en la conclusión de su escrito, en mérito a lo expresado en los considerandos… POR TANTO: Y visto lo dispuesto…en el Código de Justicia Militar, el Consejo de Guerra resolvió por unanimidad condenar a los acusados …a la pena de muerte, por la responsabilidad que les cabe como autores del delito de traición contemplado en el Código de Justicia Militar… l. Notifíquese y elévese para los efectos del artículo 195 del Código de Justicia Militar. En Puerto Montt, a dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y tres. Apruébese la sentencia acordada por la unanimidad del Consejo de Guerra, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley N °51 de fecha 02 de octubre.-…Cúmplase dicha sentencia. Sergio Leigh Guzmán. General de Brigada Aérea(A). Jefe de Zona en Estado de Emergencia de Llanquihue y Chiloé.
Esta fue la sentencia del Consejo de Guerra, sin duda con falsas acusaciones, nula defensa jurídica, prepotencia declarada, deshumanización contra sus propios coterráneos, y la aplicación de la pena de muerte, como la novedad trágica que afecta hasta nuestros días. Incluso, se menciona al Plan Zeta que con los años se demostró que era una falsedad absoluta, e hicieron aparecer en los medios de comunicación armamento de guerra que nunca estuvo allí. Así, el certificado de Defunción fechado el 19 de octubre de 1973, se lee: “Nombre y apellido del fallecido: Francisco del Carmen Avendaño Bórquez. Sexo: masculino. N° cedula identidad: 38205. Gabinete: Ancud. Fecha del fallecimiento: 19. Octubre.1973. Hora: 7. Lugar: Puerto Montt. Observaciones: Causa: múltiples heridas a bala toráxicas. Edad: 20 años.” Documento que grafica la trágica muerte de “Pancho”, en el fondo homicidio calificado.
El Diario “La Prensa” de Santiago del 5. Noviembre.1973, publicó: “Pena máxima se cumplió en Puerto Montt…Seis extremistas fueron fusilados esta madrugada… en cumplimiento de sentencias dictadas por los tribunales militares en tiempos de guerra. Las penas fueron aplicadas por el delito de traición al formar equipos paramilitares en tiempo de guerra, reuniendo además explosivos y armas para atacar y dar muerte a miembros de las F.F.A A. y Carabineros….Los ejecutados esta madrugada fueron identificados como José Mario Cárcamo Garay, por delito de traición, al formar en tiempos de guerra, un grupo organizado paramilitarmente, con armas y explosivos, elementos destinados a atacar a las FF.AA y Carabineros; Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, condenado a muerte por iguales delitos; José Antonio Barría Barría, también sentenciado a la máxima pena, Mario Cesar Torres Velásquez, también condenado a muerte, Oscar Arismendi Medina, por iguales circunstancias, sentenciado a la pena capital, y José Luis Felmer Klenner. es el sexto condenado a muerte por el delito de formar grupos paramilitares… Todos los fusilados tuvieron la respectiva defensa legal e incluso pudieron realizar sus descargos. Sin embargo los delitos comprobados eran de tal gravedad que no escaparon a la pena máxima”; mencionaba la obsecuente publicación que apoyaba y justificaba al régimen de facto. Incluso, en forma eufemística se indicaba que fueron defendidos jurídicamente, y que ellos alegaron a su favor, sin duda una justificación vergonzosa.Por su parte el conservador Diario “El Llanquihue” de Puerto Montt del 3 de Noviembre de 1973, publicó: “Sentencias dictadas por los tribunales militares. Sólo seis son los extremistas fusilados. Ayer recibimos la siguiente información oficial sobre sentencias dictadas por los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Desde el 17 de septiembre de 1973,… empezaron a funcionar estos Tribunales en esta Jefatura de Zona en Estado de Sitio de Llanquihue y Chiloé”. Se publicaron 25 sentencias, el numeral 13 corresponde a Francisco del Carmén Avendaño Bórquez y dice: “…condenado a la pena capital por delito de traición al formar en tiempo de guerra un grupo organizado paramilitar con armas y explosivos destinado a atacar a las Fuerzas Armadas y Carabineros”.
El Capellán de la Fach Leonel Ibacache fue el último en ver con vida a “Pancho” y dialogar con él. Escribió una carta testimonial para sus padres que tiene un logo del Colegio “San Francisco Javier”, fechada en Puerto Montt el 26 de Noviembre de 1973, a menos de un mes de su muerte, dice: Señor Don Ramiro Avendaño O y Sra. Quellón. Apreciado Don Ramiro y Sra: Aprovecho la ocasión que viaja a esa mi amigo y alumno I. Andrade. Eso hace más fácil mi misión. Supongo que ya están en conocimiento de la muerte de Francisco. Hoy hace una semana de su ejecución. Pude estar con Francisco la mañana del jueves y esa tarde. Igualmente acompañarlo hasta el último momento y cerciorarme que quedaba en su tumba del cementerio municipal de Puerto Montt. Conversé dos veces con Francisco el día jueves 18 de este mes en su prisión de la cárcel. Quedé profundamente impresionado de su tranquilidad para enfrentar la muerte. Estaba tan seguro que su causa valía la pena y por eso entregaba gustoso su vida. Recibí sus confidencias, el deseo de que le diera la bendición y perdonara lo malo que había hecho y había sido. Francisco era bueno y de corazón grande. Les aseguro que si antes le hubiera conocido sin duda que entre nosotros habría nacido una amistad sincera. Dios no lo quiso así.
Creo que nunca olvidaré las palabras, la expresión de Francisco esa tarde. Me recibió con gran cariño y fue el primer sentenciado que quiso hablar con un sacerdote. Hablamos casi una hora y media esa mañana y un rato por la tarde de ese día. Me decía que les dejaba lo único que tenía: una guitarra. Me imagino que ya está en poder de Uds. Que saluden con cariño a su tía Nena, tío Onofre y Juan Carlos. Saludos para sus amigos de la Normal. También a sus tíos, primos y a todos a quienes conoció. También dejó muchos cariños y un mensaje para su niña, su polola: Iris Oyarzún que estudia en la Escuela Normal de Ancud. Yo les ruego que si pueden ubicar su dirección me la envíen para escribirle. Francisco murió muy tranquilo. Supo enfrentar las cosas con valentía y serenidad. No sé por qué le tomé un gran aprecio. Era bueno. Sano y estaba convencido que su causa era buena y justa. Creo que sólo Dios, nuestro señor, podrá juzgarlo. No lo hagamos nosotros. Esa mañana de la muerte sus últimas palabras fueron para la mamá y para su polola. Estaba contento de que yo estuviera a su lado acompañándole. Todavía siento el calor de sus manos. En la cárcel me habló de su vida, de sus estudios. Le apenaba que hubiera sido “la oveja negra de la familia”. Don Ramiro y Señora: Francisco era bueno.
Otros hicieron daño en él. Yo no podré olvidarlo nunca. Siempre rezaré por él. Esa fue mi promesa. Les agradecería que cuando vengan por Puerto Montt pasen por el colegio para conocerles. La tía Nena estuvo aquí. Lloró por su sobrino regalón. Ojalá encontraran una fotografía última de Francisco y me la regalan. Aquí estoy a las órdenes de Uds. El Señor me concedió el privilegio de animar, confortar y consolar a Francisco en sus últimas horas. Yo recibí de sus palabras una gran lección y una profunda experiencia. Tienen que consolarse. Lo que les digo no es fácil. Siempre van a llorar a su hijo, pero Dios tiene sus caminos y estos a veces son duros y nos hacen sufrir. Francisco era joven y por eso generoso hasta la muerte. Había muchas cosas buenas en su causa y en sus sentimientos. Espero que Uds. me escriban. Yo los acompaño con mis oraciones y el recuerdo en la Santa Misa. Que el Señor los bendiga, los conforte y les de mucha fuerza para decir: “hágase tu voluntad…”. Mi bendición para Uds. Leonel Ibacache. Capellán de la Fach.”. Esta es la valiosa carta testimonial de sus últimas horas, donde el Capellán refleja los sentimientos de “Pancho”, su reafirmación y consecuencia a la causa política que apoyaba, su valoración por la Escuela Normal, su solidaridad con la comunidad, su autocrítica familiar, su estoicismo y dignidad ante la muerte.
Con el transcurso del tiempo se fue conociendo la verdad de aquellos trágicos e inmorales sucesos. La dictadura había concluido su régimen siniestro y la Concertación gobernaba permitiendo en la “medida de lo posible” investigar las violaciones de los derechos humanos, con todas las ataduras políticas que le habían impuesto y que la población desconocía o simplemente no lo difundían para evitar que la “alegría” que venía continuara. La declaración de la hija del ejecutado Oscar Arismendi Medina, compañero de “Pancho” que en esos momentos se encontraba alfabetizando a campesinos en su condición de profesor normalista, es clarificador, dice: “…En 1973, yo tenía 14 años, pude darme cuenta de todo y acordarme hoy incluso de aquel terrible dolor que significó el asesinato de mi padre. En 1971 se expropió el Fundo El Toro, participaron en esa toma 7 familias, donde designaron como presidente de la toma a mi padre, era una directiva designada para organizar de mejor manera los planes de trabajo. Un Sr. llamado Ebaldo Rebein, que decía ser el dueño del fundo del cual jamás lo fue, queriendo hacer valer un derecho que no le correspondía, empezó una lucha contra mi padre, dado que él hacía de dirigente máximo en la organización dada. Producido el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar, este individuo obtuvo la ayuda de ciertas personalidades como por ejemplo del Teniente de carabineros de Fresia, Juan Villarroel Sobarzo, el 20 de septiembre a las 9:00 am, se hicieron presentes en el fundo el teniente acompañado de militares uniformados y civiles.
Mi padre y las demás personas fueron acorralados, mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar a baja altura, en tanto los militares hacían que los hombres se tiraran al suelo y a las mujeres y niños se les daba un trato malo, denigrante. Después de un día infernal en que se les golpeó a más no poder, se les trasladó a Puerto Montt, junto con los demás jóvenes que se encontraban haciendo trabajos voluntarios enseñando a leer y ayudándolo en labores agrícolas, etc. Mi madre deambulaba por todas partes preguntando por mi padre, en todas ellas se lo negaban, a los días después le dijeron que estaba incomunicado en la fiscalía, durante todo este tiempo de detención jamás lo vimos, un joven que fue dejado en libertad nos contó que el 19 de octubre, los sacaron de madrugada y fueron fusilados en el lugar de Alerce en Puerto Montt. Durante el mes de noviembre, al mes de sus muertes, salió una publicación de los 8 fusilamientos, mi madre enseguida fue a Pto. Montt para iniciar los trámites para traer sus restos a Fresia nos pidieron una urna metálica, la que sería entregada sellada, nos prohibieron concurrencia de personas que no fueran familiares directos. Si no se cumplía con esta orden, deberíamos atenernos a las consecuencias, es decir ir todos detenidos. Después de muerto el papá, un día se hizo presente en la escuela en que yo estudiaba, el teniente junto a otros cinco militares, se nos reunió a todos los niños en una sala del colegio y 3 uniformados con metralleta en mano entraron y como si nosotros los niños hubiésemos presentado un peligro, comenzó a decir:” Muy cerca de aquí había un grupo de guerrilleros con muchas armas, ellos querían destruir a mucha gente, hasta ustedes peligraban, pero gracias que pudimos vencerlos a tiempo”. Yo gritaba de dolor por dentro, sin poder gritarles mentira, eso no es verdad. Cada palabra de ese hombre era una puñalada que clavaba en mi corazón. Pese a mis cortos años en esos momentos sufría y todo ese dolor guardado durante todos estos años, hoy se han transformado en fuerza y guardo el mejor recuerdo de lo que fuera mi padre…”. Un testimonio doloroso que marcó a las familias, pero significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia de estos crímenes de lesa humanidad. Un vergonzoso genocidio nunca conocido en nuestro país, con fusilados y enterrados clandestinamente. Demostración inequívoca de cómo se tergiversaban la sentencias del Consejo de Guerra para los intereses del gobierno de facto e imponer el terror en la comunidad. No existió ningún tipo de subversión ni menos intención alguna de enfrentamiento por las familias del Fundo “El Toro”, no había armamentos ni formación de grupos militares. Carabineros y las fuerzas armadas junto a los terratenientes del sector comenzaron una cruzada de violencia y maltratos contra quienes respaldaron al gobierno popular. Se sumaba, el dolor y pena para que entreguen los cuerpos en medio de la intolerancia e indolencia, un acto de mínima fraternidad y humanidad para los propios connacionales.
Con los años los familiares de los ejecutados interpusieron una querella para investigar y dilucidar los acontecimientos ocurridos y lograr una sentencia favorable para de alguna manera minimizar tanto sufrimiento y obtener la añorada justicia. Los Antecedentes de la querella, son los siguientes:
1. Antecedentes de la Detención y Ejecución. En el fundo “El Toro” a 13 km de Fresia fueron detenidos 1) Mario Torres Velásquez,2) José Cárcamo Garay, 3) José Felmer Klenner,4) Francisco Avendaño Bórquez, 5) Oscar Arismendi Medina, 6) José Barría Barría,7) José Benedicto Asencio Raín, 8) Valdemar Miranda Oroz, y 9) Juvenal Sánchez Guarda. La detención se produjo el día 19 de septiembre de 1973, a las 09:00 horas, por personal de la Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros y civiles armados en un número aproximado de 200 efectivos. En el allanamiento no se incautó material de guerra, salvo 2 armas cortas, esta versión la reafirman testigos y familiares que presenciaron estos hechos. Los detenidos fueron trasladados a dependencias del regimiento “Sangra” de Puerto Montt e interrogados por el “SIM”. Fueron brutalmente torturados, posteriormente fueron llevados a un local de investigaciones y previo al fusilamiento, estuvieron 6 días en la cárcel de Chin-Chin en Puerto Montt. Ningún familiar pudo visitar a los detenidos, salvo en el caso de Cárcamo y Avendaño, al primero lo visitó una prima(Felicinda Cárcamo) quien afirma que vio a José Mario Cárcamo horas antes del fusilamiento, se encontraba esposado, no podía caminar, casi no podía hablar y físicamente destruido. En la situación de Francisco Avendaño, lo visitó su madre la Sra. María Bórquez, presentaba un cuadro similar al anterior. También visitó a los detenidos previo al fusilamiento el arzobispo de Puerto Montt de esa época, Monseñor Jorge Hourton, quien les dio asistencia espiritual.
2. Consejo de Guerra. Los detenidos pasaron a Consejo de Guerra el día 9 de Octubre, bajo el cargo de infracción a la Ley de Control de Armas. La causa es 11-73 del rol de la Fiscalía Militar en tiempo de Guerra en Pto. Montt. Actúan como fiscal el abogado don Eduardo Bravo(fiscal de carabineros) y como auditor abogado don Patricio Rodríguez Encalada( F. Aérea) componen además el tribunal un representante por cada rama de las FF.AA a cargo de un coronel de la Fach. Se dicta pena capital para M. Torres, F. Avendaño, J. Cárcamo, J. Felmer, O. Arismendi y J. Barría y condena de más de 10 años para B. Asencio, F. Miranda y J. Sánchez. La sentencia es reafirmada por el Jefe de Plaza de Puerto Montt Sergio Leigh Guzmán quién actúa como fiscal general. El día 19 de octubre de 1973, a las 07,00 hrs A.M., son ejecutados en la localidad de Chamiza a 9 Km de Pto. Montt (allí existió una dependencia de la Fach). Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en un cementerio adicional en Pto. Montt Alto, no se les entregó los cuerpos a los familiares en forma inmediata. La ejecución de los detenidos fue anunciada en el bando militar 146 por el Jefe de Plaza en tiempos de Guerra de Pto. Montt, general de Brigada aérea Sergio Leigh Guzmán y fue publicado el día 21 de Octubre por todos los diarios del país. El abogado representante de los ejecutados fue Don Hugo Ocampo Paniagua domiciliado… en Pto Montt.
3. Testigos.a) Testigos Directos. Personas que conversaron con los detenidos previo al fusilamiento: 1). Jorge Hourton, 2). Felicinda Cárcamo y 3) María Bórquez. b) Personas que estuvieron detenidos junto a los fusilados: 1) Waldemar Miranda Oroz,2) José Benedicto Asencio Raín y 3) Juvenal Sánchez Guarda.c) Personas que vieron la detención: Miriam Arismendi, Juana Graff, familiares y comunidad del fundo “El Toro”.Testigos Indirectos: Personas que vieron a los ejecutados en la cárcel: Jaime Vera, Luís Volfang, René Cepeda, Jorge Pacheco. Nota: Un gendarme que custodió a los ejecutados en Chin-Chin estaría dispuesto a declarar.
4. Individualización de los Ejecutados. Se numeran a los seis fusilados y se indican a las personas responsables que presentaron las querellas. El N° 2 dice: Nombre: Francisco Avendaño Bórquez. Fecha de nacimiento: 22 de Febrero 1952. Quellón. Edad a la Ejecución: 21 años. Estado Civil: Soltero, 1 hermana. Profesión y Actividad: Profesor escuela 42 de Pto. Varas, dirigente político y gremial del Sindicato Unico de la Educación (SUTE) 1973.Militancia política: M.I.R.Causa de defunción: No se especifica en certificado de def. fecha def. 19. Octubre.73. 07:00 Hrs A.M.Lugar de sepultación: Cementerio de Ancud.Persona responsable en presentar la querella: Su primo hermano (autorizado por la madre) Oreste Mora.
Querella. En lo principal: Querella por delitos que indica. S.J.L. del Crimen. María Delfina Garay Garay, dueña de casa, con domicilio en Población Cruz Roja N° 34, Pudeto bajo, Ancud, Oreste Mora Avendaño, técnico agrícola, con domicilio en Caupolicán N° 820, Ancud, Miriam Arismendi Añazco, dueña de casa, con domicilio en La Isla, Fresia, a US con respeto decimos: Que en conformidad a lo que dispone…el Código de Procedimiento Penal…y del Código Penal, venimos en interponer querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables a cualquier título, por los delitos de homicidio calificado cometidos en contra de nuestros familiares José Cárcamo Garay, Francisco Avendaño Bórquez, Oscar Arismendi Medina, respectivamente y en el mismo orden de la comparecencia, de acuerdo a la relación de hechos que se mencionará. Todas las víctimas, junto a otras personas, fueron detenidas el día 19 de septiembre del año 1973, como consecuencia del golpe militar producido en los días previos. La detención la practicaron civiles armados, conjuntamente con personal uniformado, al parecer perteneciente a Carabineros, Ejército y Fuerza Aérea, quienes en un número aproximado a los 200 efectivos, procedieron a allanar el denominado Fundo El Toro, ubicado a unos 13 kilómetros de la localidad de Fresia, y detener a las víctimas. De acuerdo a las versiones de los testigos presenciales de estos hechos, en el allanamiento no se incautó material de guerra u otros similares, contrariamente a lo que con posterioridad se señaló a través de la prensa. Los detenidos, fueron conducidos desde el Fundo El Toro referido, al regimiento Sangra de la ciudad de Puerto Montt, lugar en el cual fueron sometidos a intensos y brutales interrogatorios, por parte de efectivos civiles, al parecer pertenecientes a algún organismo de inteligencia. Conforme los antecedentes reunidos, se ha podido establecer que durante la detención, las víctimas fueron sometidos a brutales torturas, cuyas huellas y rastros pudieron ser apreciados por algunas personas que tuvieron contacto con los detenidos, durante su privación de libertad. Entre estos testigos de las torturas y malos tratos sufridos, se cuentan algunos familiares de los detenidos a quienes se les permitió visitarlos, como también otras personas que se encontraban privados de libertad en las mismas circunstancias. De este grupo de detenidos, a 2 de ellos se les permitió tener visitas de familiares; uno de estos, es José Cárcamo Garay, que fue visitado por una prima, quien tuvo con él en las horas previas a su muerte, pudiendo constatar que éste se encontraba esposado y físicamente destruido, al punto que prácticamente no podía caminar ni hablar. Otro detenido que fue visitado por su madre, es Francisco Avendaño Bórquez, quién también se encontraba en las mismas condiciones físicas descritas anteriormente. Se dispone de antecedentes que indican que los detenidos fueron visitados, en los momentos previos a su fusilamiento, por Monseñor Jorge Hourton, a la fecha Obispo de la Diócesis. Las víctimas, junto a otras personas privadas de libertad en similares circunstancias, fueron sometidos a un Consejo de Guerra, que se habría celebrado con fecha 9 de Octubre de 1973…de la Fiscalía Militar de Puerto Montt, actuando como Tribunal en tiempo de guerra, acusados de infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos, no obstante la ya anotada circunstancia, de no haberse encontrado en el allanamiento practicado al Fundo El Toro, ninguna arma o especie de aquellas que contempla la ley referida. Como consecuencia de la celebración del mencionado Consejo de Guerra, se habría condenado a la pena de muerte a las víctimas, la que habría sido confirmada por el Jefe Militar de la Zona en la época, Comandante de la Fach Sergio Leigh Guzmán. Según dan cuenta los certificados de defunción respectivos, el cumplimiento de la pena capital se habría producido el día 19 de octubre de 1973 en la madrugada, y los restos de las víctimas enterrados en una fosa común de un cementerio ubicado en Puerto Montt Alto. Luego de tres meses fueron entregados los cadáveres a sus familiares. Por los antecedentes de que se dispone, en los hechos los ejecutados carecieron de una defensa real y efectiva, por cuanto no obstante de asumir al patrocinio de los reos el abogado Sr. Hugo Ocampo Paniagua, a éste profesional ni siquiera se le permitió entrevistarse con sus defendidos, lo cual podrá dar una dimensión de las posibilidades efectivas y reales, más allá del cumplimiento aparente en lo formal, que los condenados tuvieron de disponer de asesoría letrada, obligación legal y derecho irrenunciable de todo procesado. En otro orden de consideraciones, es necesario tener presente que los condenados a la pena de muerte, fueron acusados de delitos que nunca cometieron, de lo que dan fe de los innumerables testigos de aquellas personas que se encontraban presente al momento de la detención, y que acreditan de un modo irrefutable, que en el Fundo El Toro donde fueron detenidos, y lugar que fue minuciosamente allanado por un gran contingente militar, el armamento de guerra que posteriormente de un modo falso y malicioso, se hizo aparecer, con el inequívoco propósito de configurar una prueba falsa, y obtener de ese modo la dictación de una severa condena. De estas circunstancias se podrá obtener el testimonio de los referidos testigos, entre los cuales se cuentan algunas personas que fueron procesadas y condenadas por el mismo Consejo de Guerra, a penas que no fueron de muerte, y que hoy constituyen el testimonio de estos horrorosos hechos. Sostenemos en consecuencia, que aun cuando en la apariencia, la muerte de las víctimas reviste las características del cumplimiento de una sentencia emanada de un Tribunal, en los hechos no corresponde a la realidad, ya sea por la graves irregularidades procesales de dicho proceso, o por la absoluta falsedad de los cargos formulados a los procesados, todo lo cual constituye claramente el delito de homicidio calificado, ante la inexistencia de una causal de justificación legal, para la acción típica de dar muerte a otro. La condición de militantes de izquierda que la totalidad de las víctimas tenía a la fecha de su homicidio, nos indica claramente los móviles que los hechores, para terminar con la vida de estos chilenos, teniendo presente las circunstancias políticas que el país vivía en esos momentos. Es necesario tener presente además, para una mejor comprensión de los hechos, que sucesos similares a los descritos, ocurridos a lo largo del país, correspondiendo esos meses a un siniestro período, de un virtual exterminio masivo de personas que en razón de sus posiciones políticas e ideológicas, se encontraban en una clara posición de opositores al nuevo régimen militar instaurado el 11 de Septiembre de 1973. En otras palabras, en el período en que ocurren los hechos, existe una acción planificada y concertada, tendiente a sembrar un clima de terror mediante la eliminación física de cientos de personas a lo largo del país; en efecto, similares hechos, encubiertos bajo las falsas apariencias de tribunales militares, la ley de fuga, falsos enfrentamientos y otros argumentos análogos, se producen también en Pisagua, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, San Felipe, Santiago, Cauquenes, Valdivia, Osorno, Concepción y otros lugares y localidades más pequeñas. Al recurrir a la Justicia, lo hacemos con la esperanza que estos graves hechos puedan ser aclarados, no sólo por la tranquilidad que los familiares de las víctimas deseamos, sino que también movidos por un imperativo ético, en razón de la necesaria aclaración de estos crímenes, para lograr una convivencia en paz en Chile, la que sólo se podrá lograr sobre la base de la verdad y la justicia. Por Tanto, en mérito de lo señalado, documentos que se acompañan y disposiciones legales invocadas. Rogamos a US. se sirva tener por interpuesta querella criminal por el delito de homicidio calificado, en contra de todos quienes resulten responsables a cualquier título que sea, ordenando la investigación de estos hechos, encargando reos, acusando y en definitiva condenando a quienes proceda, sin perjuicio de la acción civil que se deducirá en el momento oportuno, con costas…Sírvase US. Decretar por ahora, las siguientes diligencias. 1. Decretar la ratificación de esta querella. 2. Oficiar al Registro Civil a fin de que remita copia autorizada de las inscripciones de defunción de las víctimas.3. Citar a declarar al abogado Señor Hugo Ocampo Paniagua…quien tuvo la defensa de las víctimas ante el Consejo de Guerra que los condenó, quién resulta un testigo vital en la investigación, a fin de determinar las condiciones en que dicho Tribunal funcionó…Sírvase tener presente que designamos abogado patrocinante y conferimos poder a don Gabriel Ascencio Mansilla…quien firma aceptando…”
En pleno gobierno militar se iniciaban gestiones jurídicas en la ciudad de Ancud por los familiares de los asesinados y clarificar lo sucedido tras años de sufrimientos y el deseo de verdad y justicia. El diario “La Cuarta” del 25.5.87 indicaba: “Piden reabrir sumario por fusilados en el sur. La reapertura del proceso por las personas fusiladas en el fundo El Toro de la comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, dieron a conocer aquí los familiares de las víctimas para aclarar la situación en que murieron Jorge Arismendi, 49 años de edad; José Barría, 24 años, ambos campesinos; José Mario Cárcamo Garay, 27 años, técnico agrícola, de Ancud; Mario Torres, de 26 años, profesor de Educación Física; Francisco Avendaño Bórquez, 20 años, profesor normalista que se encontraba ejerciendo en Puerto Varas y natural de Quellón. El último fusilado por los militares fue el ingeniero agrónomo Jorge Klener Felmer. Todas estas personas fueron detenidas el 27 de septiembre de 1973 y, luego de un acelerado proceso de 15 días, fueron condenados a muerte, acusados de portar armas y explosivos. Tal acusación es negada rotundamente por los familiares, quienes se quejan de que sus parientes no contaron con la debida defensa. Expresan los familiares de los fusilados que estas órdenes las dio el jefe de plaza de la zona, general de aviación Sergio Leigh Gúzman( hermano del ex miembro de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea). Las ejecuciones se llevaron a cabo el 19 de octubre y se publicaron en un bando el mes de octubre de 1973. Indican, además, los familiares que los cuerpos les fueron entregados en urnas selladas y sin certificados de defunción, por lo que solicitarán la reapertura del caso…” Esta misma información se repite en el diario “La Tercera” del 25.5.87, con el título “En fundo en Llanquihue Piden reabrir caso de los fusilados”. Por su parte el diario “El Mercurio” del 27.05. 1987, de reconocido respaldo al gobierno militar paradojalmente reafirmaba la noticia mencionando: “Pedirán nuevo proceso por muertes en X región. Petición será hecha por familiares de 14 personas. La reapertura de los procesos por el fusilamiento de seis personas y la muerte de otras ocho en octubre de 1973, en la provincia de Llanquihue, formalizarán los familiares de esas 14 personas a través de la Comisión de Derechos Humanos del Obispado de Ancud. Así lo dio a conocer anoche a “El Mercurio” el abogado de la diócesis local, Gabriel Ascencio Mansilla, señalando que los hechos se registraron el 19 de octubre de 1973, después que esas personas, entre las que había campesinos y profesionales que habían sido detenidas el 27 de septiembre del mismo año, fueron condenadas a muerte por un consejo de guerra, tomando en cuenta el dictamen del fiscal militar Alberto Ebensperguer. El abogado Ascencio añadió que en estos momentos se estudian los antecedentes para después iniciar las acciones legales pertinentes, ya que, dijo, “no está aún todo claro, pues hemos recibido la petición de asesoría de parte de familiares de seis de las víctimas que fueron fusiladas, en circunstancias que otras ocho fueron muertas según las informaciones preliminares que conozco, después de contactarnos con los familiares de ellas. Estas dijeron que habían sido informadas por las autoridades de ese tiempo de que estas últimas ocho personas habían intentado fugarse, desconociéndose aún sus identidades”. El asesor jurídico del Obispado de Ancud señaló más adelante que en unas tres semanas más se reunirá en Ancud, con los familiares de los fusilados en octubre de 1973, para conocer mayores antecedentes…Las ejecuciones, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el abogado, se llevaron a efecto… siendo jefe de la zona en estado de emergencia Sergio Leigh Guzmán.” Al respecto la revista “La Época” de 28.05.1987, publicación de oposición al régimen militar titulaba: “Familiares de fusilados en fundo El Toro pedirán apertura de proceso aclaratorio. Los familiares de las cinco personas fusiladas el 19 de octubre de 1973 en el fundo El Toro… estudian la apertura de un proceso para aclarar la situación acerca de la muerte de sus parientes. El anuncio fue formulado en Ancud, donde la Iglesia Católica mantiene un organismo jurídico de defensa de los derechos humanos. Tal mecanismo no existe en Puerto Montt, capital de la provincia de Llanquihue y asiento de la jefatura de plaza que se responsabilizó de estos procesos. Al dar a conocer la información, los familiares recordaron que luego de los ajusticiamientos les entregaron los cuerpos en urnas selladas y sin los correspondientes certificados de defunción… Todas estas personas fueron detenidas el 27 de septiembre de 1973 y fusiladas luego de un proceso en que se les culpó de portar armas y explosivos. Así lo estableció en la época un bando suscrito por el entonces jefe de plaza, general de Aviación Sergio Leigh Guzmán. Tal acusación es negada por los familiares, quienes sostienen que sus parientes no contaron con la defensa a que tiene derecho todo acusado. El fiscal que dictó las sentencias de muerte para estas personas era Alberto Ebensperger. Los familiares informaron que pedirán la reapertura de este caso para que los militares respondan por estos fusilamientos. ..”.
Es destacado puntualizar que las gestiones jurídicas y de derechos humanos se concentraban en la ciudad de Ancud donde el Obispado tenía una oficina especial sobre estos casos y cumplió un rol fundamental durante esos años en toda la región. El Obispo de Chiloé era Juan Luis Isern de Arce, destacado defensor y promotor de los derechos humanos. Ante la evidencia a nivel nacional de la enorme cantidad de asesinatos cometidos por la dictadura y la propuesta de los afectados de aclarar lo ocurrido en los diversos lugares del país, se constituyó en esta región así como en otras la relevante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la Décima Región, quienes junto a los abogados iniciaron la presentación de querellas para determinar culpables, Así, en la misma revista “La Época” del 30. Julio.1987 se lee: “Piden aclarar muerte de seis presuntos fusilados… Acciones judiciales tendientes a aclarar la muerte de seis personas fusiladas el 19 de octubre de 1973 en el fundo “El Toro”, decidió iniciar la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la Décima Región. En una reunión, efectuada en Ancud, a la que asistieron la mayoría de los familiares afectados, se acordó presentar una querella en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La información fue dada a conocer por Hugo Cárcamo, hermano de José Cárcamo, uno de los fusilados”. De esta manera se inició formalmente la tramitación jurídica, un paso importante en el lento proceso que implicaba saber la verdad y luego exigir justicia, gestiones en plena dictadura con toda la dificultad que significaba y los cómplices que ocultaban información con la ley del silencio.
Con ocasión del aniversario de la muerte de los fusilados y recordar este trágico hecho en medio de la amnesia política del país y promover la búsqueda de la verdad y justicia, la revista “Punto Final” en su edición N° 224 del 22. Octubre.1990, publicó: “Octubre: La muerte está de aniversario. Sergio Leigh Guzman: culpable en Puerto Montt. Un poco más al sur, en el fundo El Toro, en la provincia de Llanquihue, personal de la Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros y civiles armados, detuvieron a nueve personas. Seis de ellas fueron fusiladas por un dictamen del Consejo de Guerra ratificado por el jefe de zona, Sergio Leigh Guzmán,…A los ajusticiados los acusaron de traición a la patria por organizar resistencia armada en la zona. Sin embargo, cuando se allanó el fundo El Toro, sólo encontraron dos armas cortas. La sentencia se llevó a cabo el 9 de octubre del 73 en la base aérea El Tepual, a nueve kilómetros de Puerto Montt. Los cuerpos fueron arrojados a una fosa común en el cementerio de Puerto Montt Alto y sólo tres meses más tarde los entregaron a los familiares en urnas cerradas. Familiares que lograron ver a las víctimas antes del fusilamiento dicen que los presos estaban engrillados y que no podían caminar producto de las torturas. Los fusilados ese día fueron Mario Torres Velásquez, José Cárcamo Garay, José Felmer Klenner, Francisco Avendaño Bórquez, Oscar Arismendi y Antonio Barría Barría…”. Traición a la patria, Concejos de guerra, torturas, fusilamiento, fosa común, conceptos que se fueron haciendo cotidianos en Chile, donde la indolencia ante estos hechos también era parte de la fisonomía comunitaria, incluso ante la absoluta pasividad y negación de estos luctuosos sucesos por la FFAA.
Producto de las evidencias de violaciones a los derechos humanos que se generalizaban y se difundían, de la presión política nacional e internacional, de la apertura política que se estaba produciendo, de las propuestas para una reconciliación, se constituyó la prestigiosa y digna “Comisión de Verdad y Reconciliación” que comenzó a investigar y analizar los numerosos casos, uno de ellos el ocurrido en el Fundo “El Toro”. Tuvieron acceso a la copia del proceso y a la sentencia del Consejo de guerra, donde concluyeron que efectivamente hubo violación a los derechos humanos, sin ecuanimidad ni imparcialidad en el proceso, sin defensa justa, y todo lo que implicó negativamente a los afectados. En el diario “La Nación” del martes 5 de marzo de 1991, se publicó el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, en lo concerniente a la provincia de Llanquihue, se lee: “El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutados por sentencia del Consejo de Guerra Rol N° 11.73 de la Fiscalía Militar en Tiempo de Guerra, acusados de intentar asaltar la Tenencia de Carabineros de Fresia y asaltar el 12 de septiembre de 1973 el Reten de Carabineros de Neltume (los nombres son mencionados en párrafos anteriores) .
Esta Comisión tuvo acceso al proceso, luego de haberlo solicitado a las autoridades de la Fuerza Aérea pertinentes. Además se contó con copia de la sentencia de dicho Consejo de Guerra, obtenida de otra fuente, la cual contiene un resumen del proceso, en sus considerandos y parte resolutiva. Tras analizarlo, en conjunto con otra serie de antecedentes y testimonios recibidos, la Comisión ha llegado a la convicción que los ejecutados fueron víctimas de una violación de los derechos humanos cometida por agentes del Estado, en especial al derecho a la vida y al justo proceso. Avalan esa convicción los antecedentes comunes a todos los juicios de guerra del período, antecedentes que se han expuesto en la parte general del Informe y las siguientes consideraciones específicas: El abogado defensor de los reos testimonió que en su concepto no pudo desarrollar una defensa adecuada, ya que no contó con tiempo para ello y no pudo entrevistarse con los reos. El delito por el cual fueron en definitiva condenados a muerte es el del artículo 248 N° 2 del Código de Justicia Militar, que sanciona al que, en caso de guerra y con el propósito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, cometiere una acción u omisión que no esté comprendida en los artículos precedentes ni constituya otro delito expresamente penado por las leyes.
Este delito es de competencia militar propia y solo puede ser cometido por militares, en situación de guerra externa y cometido con el objeto de favorecer al enemigo o perjudicar a las tropas chilenas, por lo cual el tribunal no resultaba competente para juzgar civiles, máxime cuando no existía guerra externa. Del estudio del proceso se determina que algunos de los reos no estaban en conocimiento de las supuestas actividades ilícitas que se les imputaron. Es más, indican en la causa que estaban en el lugar por razones de su seguridad personal, en razón de sus militancias políticas. En la sentencia tenida a la vista no existe ninguna referencia a medios probatorios distintos a las meras confesiones de los reos, tales como careos, pericias y documentos, algunas de las cuales se obtuvieron, pero no se ponderaron. Se aplicaron dos agravantes a los reos, la de haber cometido el delito con ocasión de una conmoción popular, circunstancia que se acreditó en el proceso dada la pública notoriedad y dada la situación por la que atraviesa la República; y la de ejecutar el delito con desprecio o en ofensa de la autoridad pública, toda vez que el desobedecimiento de los Bandos de la Junta Militar de Gobierno y de la Jefatura de Zona en Estado Emergencia de Llanquihue y Chiloé significa justamente un desprecio reiterado, una burla y un desdén a las autoridades que los dictaron. Sin embargo, no se ponderó ninguna atenuante a los reos, rechazándose lo alegado por la defensa en el sentido que favorecía a los defendidos la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, expresándose textualmente en el fallo que no se encuentra acreditada en autos y demás porque del propio contexto de la defensa de los reos se desprende que venían formando un grupo armado desde junio de 1973 hasta la fecha de su detención, como lo reconoce la propia defensa, y en consecuencia se encontraban delinquiendo en forma reiterada, lo que obsta a toda buena conducta anterior. Los condenados estuvieron en régimen de incomunicación, y no pudieron entrevistarse con el abogado. Finalmente, los malos tratos a los prisioneros invalidan cualquier confesión que éstos hubieren podido prestar en ella, en cuanto privan de libertad y voluntariedad a sus declaraciones…”. Sin duda, un Informe que claramente da a conocer la verdad de lo ocurrido y limita todo tipo de comentarios ante el hecho nefasto realizado sin remordimientos por los captores y ejecutadores. En este mismo aspecto el Diario “El Sur” de Concepción, fechado el 6. marzo.1991, mencionaba: “A raíz del Mensaje Presidencial e Informe Rettig. Alegría, esperanza y dolor entre familias de víctimas”. Expectantes primero y, la mayoría, tranquilos después de haber escuchado el mensaje del Presidente de la República, hubo puntos en común entre las opiniones recogidas por El Sur. Alegría, esperanza y dolor fueron las palabras y las sensaciones que se expresaron ayer entre los familiares de víctimas de los derechos humanos de la zona. Esposas y otros parientes de detenidos desaparecidos y fusilados en la noche del lunes estuvieron atentos escuchando el mensaje del presidente de la República, Patricio Aylwin… Ramón Bórquez Márquez, primo hermano de Francisco Avendaño Bórquez , ejecutado hace poco más de 17 años en Puerto Montt, también señaló que veía abrirse “un camino de esperanzas para los familiares de los afectados, para quienes necesitamos justicia, para que se conozca la verdad de fondo, definitiva”.
Desde el Informe Rettig en 1991 hasta el 2019, transcurrieron 28 años sin el juicio y condena a los culpables aunque se sabía de lo ocurrido en el Fundo “El Toro” y estaba fehacientemente comprobado en el ámbito de los derechos humanos y jurídicos. Así, el 27 de Enero de 2019 se publicó una noticia en el Diario “La Estrella” de Chiloé indicando que el Oficial de carabineros (R) René Villarroel junto al excarabinero Carlos Tapia fueron condenados por el crimen de exdiputado del Partido Socialista por la zona de Llanquihue el 2 de diciembre de 1973 Don Luis Espinoza. Son sentenciados a 18 años de presidio por dicho asesinato. El Oficial(R) conocido como “Juan Metralla”, es condenado por el delito de homicidio calificado, en el cruce de Frutillar, y de otros crímenes, además de cómplice, autor de allanamientos y detenciones como el suceso del Fundo “El Toro” que provocó daño a tantas personas y que tuvo como corolario los fusilamientos mencionados. Después de 45 años se hace justicia y también se aclaró lo ocurrido con el asesinato de Francisco Avendaño. Sin embargo, todavía no se logra la verdad y la justicia, no se conoce quienes fueron los oficiales ni los militares encargados del apresamiento y fusilamiento, ellos tampoco revelan lo ocurrido y cargan en sus conciencias el hecho, no existe plenamente un real compromiso de la sociedad por reconocer y lamentar lo ocurrido, y la amnesia política, la intolerancia e indolencia de una gran parte del país enseñorea. Hace 46 años que asesinaron a “Pancho” Avendaño, el joven profesor normalista mártir que estaría hoy seguramente junto a sus colegas luchando por las reivindicaciones y dignidad del magisterio. Su fulgor y memoria deben estar siempre presentes entre los profesores y luchadores sociales. En su muerte, al igual como los antiguos guerreros germánicos de los Anillos de los Nibelungos suelen cabalgar en un Walhalla, permitiendo que sus antiguos y nuevos seguidores los invoquen cuando sea necesario revivir sus ideas, él será inspiración para los nuevos líderes que asegurarán al pueblo que es heredero de sus palabras y pensamiento, entonces como si su muerte hubiese sido un mal sueño, volverá a estas tierras insulares hablando a través de ellos.

References: artículo 248
 resolución 
 artículo 248
 artículo 418
 artículo 195
 artículo 248