Source: http://www.slideshare.net/apoderate/fallo-corteapelaciones-liceoalessandri27abril
Timestamp: 2014-10-21 18:54:59+00:00

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Mis fallos como estudiantes
Santiago, veintiséis de abril de dos mil doce. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que en estos autos Ingreso Corte N° 2678-2012, setramitan en forma acumulada dos acciones de protección, la primerainterpuesta con fecha 30 de enero del presente año, en favor de un total decatorce alumnos; y, la segunda interpuesta con fecha 2 de febrero del año encurso, a favor de dos alumnos; todos los cuales se individualizan al especificarcada recurso, ambos deducidos en contra de la Dirección del Liceo PolivalenteArturo Alessandri Palma y de su Directora Sra. Henna María Parada Cortés,por haberse sancionado a los alumnos “con la cancelación de matrícula parael año escolar 2012, en forma arbitraria e ilegal, por el Liceo PolivalenteArturo Alessandri Palma, de la comuna de Providencia, por habersevulnerado a su respecto las garantía constitucionales previstas en el artículo19 numeral 2° y 3° inciso cuarto, ambos de la Constitución Política de laRepública, …”. A fojas 1, consta la primera de las acciones de protección referidas,ingresada bajo el N° 2678-2012, deducida por las personas que se indica afavor de quienes se señalan: Manuel Renal Antequera Ahumada, apoderadodel alumno Alvaro Andrés Esquivel Antequera; Luis Ernesto Véliz García,apoderado del alumno Maximiliano José Véliz Sandoval; Marcela TroncosoPoblete, apoderada del alumno Felipe Andrés San Juan Troncoso; ClaudiaBarrientos Lagos, apoderada del alumno Daniel Iván Castañeda Barrientos;Marta Molina Hormazábal, apoderada del alumno Felipe Amigo Molina;Marianela González Espinoza, apoderada del alumno Jonathan AlejandroBustamante González; Nicolás Marambio Aravena, por sí; Marcela PatriciaPineda Gálvez, apoderada del alumno José Ignacio Pineda Ruiz de Viñaspre;Maritza Ximena Astorga Beldar, apoderada del alumno Roberto AntonioZárate Astorga; María Isabel Rodríguez Reyes, apoderada del alumno MoisésFelipe Paredes Rodríguez; Enrique Rodolfo Dayne Hidalgo, apoderado de losalumnos Oliver Frank Dayne Pino y Bastián Javier Dayne Pino; NancyFernández Meneses, apoderada del alumno José Ignacio Carrasco Fernández; 2.
y, Cecilia Vergara Gorigoitía, apoderada del alumno Diego Andrés BruceVergara. Luego, a fojas 32 rola el segundo recurso indicado, que ingresó bajo elN° 3039-2012, deducido por Carolina Andrea Vargas Calderón, apoderada delalumno Camilo Amaru Fuentes Vargas y Mario Alejandro Valdivia González,por sí. Cada uno de los recursos, fue separadamente declarado admisible,requiriéndose los informes respectivos a la recurrida, lo que consta de lasresoluciones de fojas 10 y 40 de los autos. La resolución que dispuso la acumulación de ambas acciones, se dictócon fecha 16 de marzo del presente año, acumulando al Ingreso 2678-2012, elotro Ingreso 3039-2012. El original de esta resolución, rola a fojas 31. Según consta de fojas 28 y 48, en ambos recursos se dispuso prescindirdel informe de la recurrida, sin perjuicio de lo que se resuelva al conocer elfondo y se ordenó traer los autos en relación. Luego y según consta de fojas 74 y 108 se evacuaron, de formaextemporánea, los informes requeridos respecto de los cuales la Corte dispusotenerlos presente en la vista de la causa, según resolución de fecha 3 de abrilpasado, que rola a fojas 123. En definitiva, finalmente se trajeron los autos enrelación con fecha 12 de abril, según resolución de fojas 134, llevándose aefecto la vista de la causa, con fecha 20 de abril del año en curso. SEGUNDO: Que ambos recursos son de igual contenido y señalan, entérminos generales, que los alumnos por los cuales se recurre adhirieron a losmovimientos del año 2011 participando activamente en la toma de suestablecimiento, decisión que los recurrentes, en su condición de padres oapoderados, han apoyado. Señalan que a principios de enero pasado,recibieron una comunicación en que se les informaba que por acuerdounánime del Honorable Consejo de Profesores “se aplica Manual deConvivencia”, lo que significaba que a los alumnos no se les renovaría lamatrícula para el año 2012, sin que en la nota aludida se especifique el motivoo los hechos por los que se aplica esa sanción. Agregan que poraveriguaciones realizadas, les consta que efectivamente se desarrolló elConsejo de Profesores, pero en el mismo no se deliberó ni se resolvió sanción 3.
alguna a los alumnos, sino más bien la Dirección del Liceo informó ladecisión ya adoptada por ella, consistente en la cancelación de la matrícula.Estos hechos dan cuenta de una medida de represión arbitraria e ilegal, porcuanto se aplica una sanción sin un justo proceso, dictaminada por unacomisión especial donde no se ha dado ningún presupuesto de legalidad y nose señala la norma existente que se ha infringido; tampoco se indican loshechos que fundan la medida. Señalan luego que el conflicto estudiantil delaño 2011, generó una serie de instrumentos legales que se dictaron con elobjeto que los alumnos involucrados en las demandas estudiantiles nosufrieran sanciones arbitrarias de cancelación de matrícula. Agregan que así loha dictaminado la Contraloría General de la República y lo mismo ha sidorecogido por la ley 20.553, en la que se establece que la circunstancia de nohaberse inscrito en el “Plan Salvemos el Año Escolar”, no acarrea sanciones,toda vez que la normativa que le dio forma no las contempló. Siendo así, enconcepto de los recurrentes, no tiene sustento considerar ese elemento comofundamento de la sanción aplicada. Luego reproducen en el dictamen 72.500del organismo contralor en el que se señala que el no haberse inscrito en elplan salvemos el año escolar, no lleva aparejado una sanción. Esto mismo haquedado expresamente prohibido en la ley 20.553, la que en su artículo único,párrafo final, señala que el Ministerio de Educación “velará porque no existanabusos o impedimentos arbitrarios para renovar las matrículas de losalumnos.”. Expresan que la sanción de cancelación de matrícula aplicada a losalumnos por los que se recurre, sin que exista norma o reglamento expreso,faltando un justo proceso, mas bien constituye un acto de represión por suparticipación en las movilizaciones estudiantiles, las que han sido legitimadasincluso por los poderes del Estado, a través de leyes y proyectos de leyes queintentan recoger parte del sentido de la protesta estudiantil, cual es unaeducación pública, gratuita y de calidad, lo que se ha traducido en el envío deun proyecto de ley de desmunicipalización de la educación y aumento de sufinanciamiento. Ello hace que la conducta de los alumnos esté circunscrita ala legalidad y en el estado de derecho y resulte legítima ante la comunidadnacional. Todas estas circunstancias han sido desconocidas por la autoridad 4.
del establecimiento y sin un debido proceso y en una evidente desigualdadante la ley se ha procedido a sancionar a los educandos. Sostienen que se ha vulnerado, por otro lado, el derecho de los alumnosa no ser juzgados por comisiones especiales, garantizado por el artículo 19número 3 de la carta fundamental. De lo anterior se desprende que a través deun acto arbitrario e ilegal, la recurrida actuando como tribunal unipersonal, sinconsiderar normas de debido proceso que permitieran el derecho de losrecurrentes a realizar descargos, adoptó la decisión ya referida. En síntesis, alos alumnos les fue negada la matrícula, sin argumento alguno, pues sedesconocen las causales específicas de esa sanción y al no tener claros loshechos que se les imputan, no existió la posibilidad de formular descargos y,adicionalmente, el Manual de Convivencia Escolar no señala unprocedimiento claro para los efectos de ejercer la más básica de las garantías,cual es, el derecho a formular descargos y a defenderse en el marco de undebido proceso. Todo lo anterior, a juicio de los recurrentes, configura unainfracción a la Ley 19.532 y al DFL N° 2 de 1998, que imponen a losestablecimientos educacionales la obligación de contar con un reglamento omanual de convivencia que incluya normas que garanticen un procedimientoracional y justo. Así, los alumnos fueron juzgados por comisiones especialesque resolvieron en forma breve y sumaria la negación de la matrícula, prácticaque aparece incompatible con una sociedad que se precia de respetar el estadode derecho. Indican luego que los hechos denunciados constituyen amenazas yatentados contra los derechos constitucionales de los alumnos, en primertérmino su derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que se le impone por ladirección del liceo, un régimen distinto al que se aplica a cualquier otroestudiante, en forma arbitraria y en perjuicio directo de su educación; y, ensegundo lugar, su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sinopor el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta conanterioridad a la comisión del hecho, lo que se traduce en que los alumnosfueron sancionados por la Dirección del Liceo y, en particular, por suDirectora, como partícipes de un hecho que se desconoce. Así entonces losrecurrentes indican que se han conculcado los derechos de los alumnos 5.
establecidos en los números 2 y 3 inciso 4° del artículo 19 de la ConstituciónPolítica de la República. Concluyen los recursos solicitando que éstos sean acogidos en términosde tomar las providencias que se estime oportunas para restituir el imperiodel derecho declarando que la negación de matrícula de los alumnos por losque se recurre es arbitraria e ilegal, por lo tanto nula, debiendo dejarla sinefecto y ordenado el reintegro inmediato al establecimiento educacional encuestión, ordenando así mismo que debe mantenerse la matrícula para el añoescolar 2012, todo ello con expresa condena en costas. TERCERO: Que, no obstante haberse ordenado prescindir de ellos, losinformes evacuados a fojas 74 y 108 por la recurrida, se tuvieron presente enla vista de la causa y ambos son prácticamente idénticos. Así, entonces, losinformes emitidos por la Directora del establecimiento educacional recurrida,expresan, en síntesis, que el Liceo fue fundado en 1957, es dependiente de laCorporación de Desarrollo Social de Providencia y alberga 1082 alumnos.Agrega que el 13 de junio de 2011, el liceo fue tomado por un grupominoritario de alumnos y se mantuvo por 7 meses, siendo devuelto el 13 deenero de 2012, durante ese tiempo se impidió el normal desenvolvimiento delas actividades, y con ello transgredieron groseramente la libertad deenseñanza, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, al impedir usar ygozar de las instalaciones, junto con afectar el patrimonio de la corporación aldañar su mobiliario y enseres y afectar directamente los ingresos económicosde la corporación sostenedora de del colegio, ya que se produjo una rebaja a lasubvención que se recibe del Estado, impactando directamente el patrimoniodel sostenedor en más de $ 500.000.000.- Agrega que, como es sabido, elMinisterio de Educación creó el programa “salvemos el año” que en el casodel Liceo consistía en la preparación, instrucción y desarrollo de las materiasestablecidas en los programas de estudio, para que fueron pasados bajocontrol y supervisión directo de los profesores, proceso que concluía con unacalificación de los alumnos. Dicho programa se inició en agosto por medio deInternet, para el nivel de 4° medio y finalizaba en noviembre de 2011. Lainscripción y participación en este programa era absolutamente voluntariapero quienes no participaran o no lo aprobaran, se exponían a repetir el año 6.
no como sanción sino por no reunir los requisitos necesarios para serpromovido de curso, situación que se informó a los apoderados. Señala que el Ministerio de Educación, mediante el ordinario n°02/OAC/386/2011 de 11 de julio de 2011, estableció: i).- que los colegiostienen derecho a tomar medidas disciplinarias, sólo que éstas deben hacersecon respeto a la normativa legal; ii).- se debe aplicar el protocolo habitual a lasdenuncias de medidas disciplinarias, debiendo la medida estar contemplada enel reglamento interno; y iii).- se deberá conocer y resolver caso a caso. Agregaque es necesario tener presente que la Contraloría General de la República ensu dictamen 72.500, señala que el propósito del programa es evitar que laparalización de los establecimientos, impida a sus alumnos finalizar el añoescolar; que el programa no vulneraría la Convención sobre los derechos delniño, toda vez que ella impone a los estados el deber de adoptar medidas parafomentar la asistencia regular a las escuelas. Luego agrega, que no es efectivo que la no inscripción en el plansalvemos el año escolar, acarreara una sanción sino que el alumno searriesgaba a perder el año, pero reitera, no como sanción sino comoconsecuencia de no cumplir los requisitos para ser promovido de conformidada la normativa que regula la materia. Hubo un aprendizaje en red, y éste no erael único medio para ser promovido, ya que también existía la posibilidad dedar exámenes finales. De ninguna manera la no inscripción o participaciónllevaba aparejada una sanción y menos aún era causal de cancelación de lamatrícula. Señala, más adelante, que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo sobrederechos de los estudiantes n° 12, del Manual de Convivencia del Liceo, losalumnos podrán repetir en una oportunidad en el establecimiento cuando seden los siguientes requisitos; exista vacante, comportamiento acorde con elManual, menor de 18 años al 31 de marzo del año respectivo, 95% deasistencia en el año de repitencia, 100% de asistencia del apoderado a lascitaciones o reuniones convocadas por el colegio o por el profesor jefe, y tenerel 100% del financiamiento compartido si corresponde. Luego el punto 1.c.del mismo Manuel establece que son faltas gravísimas: agredir físicamente acualquier miembro de la comunidad liceana, participar en toma del Liceo, 7.
insultar a miembros de la comunidad del Liceo o hacer gestos quemenoscaben su dignidad, insultar o agredir a cualquier funcionario otranseúnte. “Por otro lado, el punto 2.c sobre procedimiento para laaplicación de faltas gravísimas señala “El incurrir en una falta gravísima serácausal de cancelación de matrícula inmediatamente, aún si es alumno de 4° añoMedio. Los antecedentes disciplinarios del alumno serán evaluados en formaindividual, particular según cada caso. El apoderado tomara conocimiento de estamedida firmando la ficha escolar. El establecimiento no tiene obligación dereubicar a este estudiante en otra institución”.”. Por último, agrega, el número 3b) del Manual, referido a otras sanciones, indica que: “La reiteración de seis omás observaciones negativas lo hará merecedor a la condicionalidad, y al noobservar cambio positivo en su comportamiento, se procederá a revisar susituación de permanencia en el Colegio.”. Expresa a continuación la informante, que los alumnos queindividualiza, que forman parte de aquellos por los cuales se recurre, “seencuentran actualmente matriculados, razón por la cual el recurso careceráde oportunidad a su respecto”, ellos son los siguientes: Alvaro AndrésEsquivel Antequera, Maximiliano José Véliz Sandoval, Felipe Amigo Molina,Roberto Antonio Zárate Astorga, Oliver Frank Dayne Pino, Bastián JavierDayne Pino, Diego Andrés Bruce Vergara y Mario Alejandro ValdiviaGonzález. En relación con los demás estudiantes por los cuales se recurre, cuyosnombres son: Felipe Andrés San Juan Troncoso, Daniel Iván CastañedaBarrientos, Jonathan Alejandro Bustamante González, Nicolás MarambioAravena, José Ignacio Pineda Ruiz de Viñaspre, Moisés Felipe ParedesRodríguez, José Ignacio Carrasco Fernández y Camilo Amaru Fuentes Vargas;los informes señalan que con fecha 8 de noviembre de 2011,aproximadamente a las 8:00 horas, ingresaron en las dependencias de laParroquia Italiana Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Avda. BustamanteN° 180, lugar en el que se desarrollaban actividades académicas del programa“Salvemos el Año”, gritando, insultando, atemorizando y amenazando a losalumnos participantes en las clases, lanzando basura dentro del recinto y““tomándose” uno de los patios donde funciona un jardín infantil y se 8.
realizaba el velatorio de la hermana del reconocido periodista deportivoseñor Pedro Carcuro.”. Añade que el hecho fue violento verbal y sicológicamente, perturbó alos alumnos que asistían al programa. Los docentes intentaron persuadirlos aabandonar el recinto toda vez que se encontraban fuera de control y seencadenaron a los accesos, lo que impedía a los educadores abandonar el lugary a los asistentes al velatorio, acudir y retirarse del mismo. Los alumnoscortaron los teléfonos, la luz y el agua del recinto lo que perturbó, aún más, alas personas que se encontraban en su interior. Los alumnos afectaron elnormal desenvolvimiento de toda la comunidad, hecho que solo vino asolucionarse con la presencia de Carabineros. Lo anterior hizo que el párrocodejara sin efecto la autorización que había entregado al colegio para utilizarsus dependencias, provocando un daño irreparable a los alumnos queintentaban concluir con sus actividades académicas. Expresa la informanteque no es aceptable que los derechos constitucionales de la mayoría de lacomunidad educativa se vean conculcados por una minoría que intentaimponer su posición por medios violentos y alejados del ideario del colegio. Señala más adelante que al terminar el año escolar, con fecha 4 de enerode 2012, se realizó el Consejo Escolar con asistencia de la informante, losdocentes directivos, jefes de carrera, orientadora y la mayoría de los docentes,cuya labor es la de acordar las medidas disciplinarias o meritorias que seanpertinentes, respecto de aquellos alumnos que hayan incurrido en infraccionesconforme a lo dispuesto en el manual de convivencia del colegio. Al evaluar lasituación de cada uno de los recurrentes se determinó que el haber participadoen los graves hechos acaecidos el 8 de noviembre de 2011 e incurrido engraves faltas de respeto en contra del personal docente, dirección, equipos degestión, alumnos y apoderados, procedía la no renovación de la matrícula,además de no cumplir con los requisitos necesarios para poder repetir en elcolegio. Esta decisión fue debidamente notificada a los recurrentes con fecha10 de enero de 2012, oportunidad en que se les informó expresamente de suderecho a apelar. Posteriormente el día 12 de enero, los apoderadosrecurrentes ejercieron su derecho de apelación, de conformidad al debidoproceso, con excepción del alumno José Ignacio Pineda Ruiz de Viñaspre, 9.
quien se encontraba condicional y contaba con más de diez anotacionesnegativas, a pesar de haberse mantenido una reunión con su apoderado yexistiendo un compromiso del menor de mejorar su conducta. Una vezrecibida las apelaciones con fecha 13 de enero, se efectuó un consejo deapelación, analizando la situación de cada alumno decidiéndose mantener lamedida de no renovación de la matrícula atendido los graves hechos respectode los cuales formaron parte. En relación, en particular y específicamente, con el alumno por el quese recurre de nombre Camilo Amaru Fuentes Vargas, la informante expresaque éste ha mantenido una pésima conducta en el establecimiento,manteniéndose durante el 2011 con matrícula condicional, lo que está enconocimiento de su apoderada. Durante el año 2011 su conducta no mejoró,presentando al mes de abril de ese año, seis anotaciones negativas por malcomportamiento, asumiendo luego un compromiso, acompañado de suapoderado, de mantener un correcto comportamiento, ocupar un lenguajeapropiado, mantener un buen rendimiento y acatar las normas disciplinariasdel colegio. Sin perjuicio del acuerdo, mantuvo su mala conducta e inclusoconsta en su ficha un hecho de extrema gravedad que consistió en clavar unlápiz en el pecho de un compañero de curso, situación que de por sí seencuentra calificada como conducta gravísima en el manual de convivencia. Así entonces concluye en que todos y cada uno de los basamentos en losque se fundan las acciones de protección, en cuanto a que no habrían tenidooportunidad para efectuar sus descargos y haber sido juzgado por unacomisión especial, son absolutamente falsos toda vez que la no renovación dematrículas se debió únicamente a la aplicación del manual de convivencia, porlo que no existe vulneración alguna a las normas que se citan en los recursos,sin que haya existido un acto u omisión ilegal o arbitrario que justifique estaacción cautelar. Por ello pide que se rechace el recurso de protección conexpresa condena en costas. CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionalesestablecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República,constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada aamparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en 10.
esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas deresguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida,amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensablede la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es,contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre enél- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectandouna o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20del texto constitucional. SEXTO: Que como se expresa por los recurrentes en los textos de losrecursos, en ellos se reclaman como vulneradas las garantías constitucionalesde los alumnos por los cuales recurren, contenidas en los numerales 2° y 3°inciso 4°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuantopor ellas se asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, en el sentidoque ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; y, elderecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal queseñalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a laperpetración del hecho. Por ello solicitan que esta Corte, acoja los recursos entodas sus partes, declarando que la negación de matrícula de los alumnos porlos que se recurre es arbitraria e ilegal, por lo tanto nula, debiendo dejarla sinefecto y ordenado el reintegro inmediato al establecimiento educacional encuestión, ordenando así mismo que debe mantenerse la matrícula para el añoescolar 2012. Ambas garantías que se entienden vulneradas por la parterecurrente, son susceptibles de esta acción constitucional de conformidad a loexpresado en el artículo 20 de la Carta Fundamental. SÉPTIMO: Que, así entonces y respecto de la primera garantíaconstitucional que se señala por los actores como infringida, basada en elnumeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante laley, en el sentido que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecerdiferencias arbitrarias; las partes recurrentes han señalado que se atenta contraeste derecho con motivo de las situaciones denunciadas en el libelo, queconstituyen amenazas y atentados contra esta garantía, desde el momento quese les impone a los alumnos por los cuales se recurre, “por la Dirección del 11.
Liceo, un régimen distinto al que se aplica a cualquier otro estudiante, enforma arbitraria y en perjuicio directo a su educación.”. Ello se produciría en consideración a que la aplicación de las medidassancionatorias impuestas, establecen una diferencia arbitraria, ya que seaplican en un procedimiento distinto, motivado por las movilizacionesestudiantiles del año 2011, a aquel que se aplica en situaciones de normalidadescolar. Preciso es recordar, además, que la igualdad ante la ley, significa quedeben contemplarse y aplicarse las mismas normas jurídicas para todas laspersonas que se encuentren en análogas situaciones de hecho, lo que como seacreditará, no ocurre en la especie. Por ello, el principio de la igualdad debeentenderse como de igualdad ante el derecho, ante toda regla de derecho,cualquiera sea su rango. La igualdad no es sólo ante la ley, sino también antela Constitución, ante el reglamento, ante el Auto Acordado, o ante cualquieraotra norma jurídica. Desde la perspectiva de la garantía constitucional de laigualdad, en cuanto ella supone que todas las personas deben ser tratadasigualitariamente y que un trato diferenciado es concebible únicamente anterazones valederas porque de no existir éstas o no ser razonables, se está enpresencia de discriminación. Parte de las funciones y del rol que cumple un establecimientoeducacional, debe traducirse en que sus normas de convivencia tienen quedemostrar primariamente un sentido propiamente educativo y de formación,más que uno coercitivo y sancionador como, aparentemente, proclama eldocumento acompañado a fojas 67 y 88, Manual de Convivencia, respecto delcual, esta Corte no se ha podido imponer integralmente, toda vez que enambas ocasiones en que se acompaña, inexplicablemente se trata de fotocopiastotalmente incompletas y desordenadas que no permiten obtener una adecuadavisión de conjunto del aludido instrumento, lo que revela una falta deconsideración hacia este Tribunal y una dificultad para comprenderadecuadamente los fundamentos invocados en los informes, para adoptar lasmedidas en contra de los alumnos sancionados. OCTAVO: Que, la segunda garantía, señalada como infringida por losrecurrentes, es aquella descrita en el numeral 3 inciso 4° del artículo 19 de la 12.
Constitución Política de la República, consistente en el derecho a no serjuzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley yque se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración delhecho. Se sostiene que se está frente a una medida represiva arbitraria e ilegal,por cuanto se aplican sanciones sin un debido proceso y por una comisiónespecial, donde no se han respetado las mínimas normas de un procedimientojusto y no se ha señalado la o las normas preexistentes que puedan haberseinfringido. Luego de analizados los elementos acompañados a los autos por laautoridad educacional, es dable concluir que en la realidad de las cosas no seaplicó, en la especie, un procedimiento claro y preestablecido, que hubieresido conocido tanto por los alumnos, como por sus apoderados, que le hubierepermitido a los afectados, ser escuchados y hacer uso del derecho adefenderse. La aplicación de la sanción de cancelación de matrícula, tal vez lamás grave que puede aplicarse a un educando, se notifica al apoderado delalumno afectado, por una nota que señala únicamente que “por acuerdounánime del Honorable Consejo de Profesores, se aplica Manual deConvivencia. En consecuencia, a su pupilo no se le renovará matrícula parael año 2012.”. Si bien se incluye en la nota, ejemplo de la cual consta a fojas120, la posibilidad de apelar, nada se dice de la infracción efectivamentecometida, de su tipificación en el reglamento y de las formalidades con las quese adoptó el acuerdo y de aquellas con las que se resolverá la apelación, todolo cual, evidentemente, no permite un adecuado derecho a defensa. Todo lo anterior hace, que de conformidad a lo que consta en los autos,efectivamente los alumnos parezcan haber sido juzgados por una comisiónespecial, y por una decisión de la Directora del establecimiento actuandocomo tribunal unipersonal, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que,además, vulneró las normas de debido proceso que permitieran el derecho delos alumnos por los cuales se recurre, a realizar sus descargos. Resultaefectivo entonces que a los alumnos les fue negada la matrícula, sin que ellosy sus apoderados conocieran, oportunamente, las causales específicas de esasanción y los antecedentes efectivamente tenidos a la vista para adoptar tangrave determinación. Finalmente en relación con este aspecto, es necesarioindicar que en las partes del Manual de Convivencia Escolar que se tuvo a la 13.
vista, por las razones que ya se expresó, no se señala un procedimiento claropara los efectos de ejercer la más básica de las garantías, cual es, el derecho aformular descargos y a defenderse en el marco de un debido proceso. NOVENO: Que, de lo expuesto, aparece que la medida que motiva lasacciones cautelares deducidas, tiene que ver con la cancelación de la matrículacorrespondiente al año 2012, de los alumnos por los que se recurre, quieneshabrían tenido participación en diversos hechos ocurridos en el segundosemestre de 2011, con motivo de las movilizaciones estudiantiles, quedeterminaron la toma de su establecimiento educacional. Así, entonces, deacuerdo a lo hasta aquí expresado, concurren en la especie todos y cada uno delos requisitos de procedencia de la acción cautelar del artículo 20 de la CartaFundamental, lo que conducirá en último término a acogerla, por vulneraciónen grado de perturbación de las garantías de los alumnos por los cuales serecurre, contenidas en los numerales antes señalados del artículo 19 de laConstitución Política de la República, según se expresó. DÉCIMO: Que por otro lado, los fundamentos de la Dirección delEstablecimiento Educacional recurrido para argumentar en relación con lalegalidad, proporcionalidad y racionalidad de las medidas adoptadas, así comoque las sanciones fueron adoptadas en el marco de un adecuadoprocedimiento, no logran formar convicción en esta Corte de que en losprocesos que motivaron las sanciones aplicadas, se haya respetado a cabalidadel debido proceso. Se advierte que no existió una adecuada, completa ytransparente investigación de los hechos, sino simplemente una comunicaciónde una decisión ya adoptada y respecto de la cual se confiere un recurso deapelación, sin que se conozca cabalmente el procedimiento aplicado y que seaplicará a las apelaciones y los cargos específicamente formulados a losalumnos sancionados. UNDÉCIMO: Que, adicionalmente a todo lo dicho, se debe señalar quelos recursos de autos han sido interpuestos en forma inmensamentemayoritaria, en favor de menores de dieciocho años de edad, por lo quenecesariamente debe traerse a colación la “Convención Sobre los Derechos delNiño”, que en su artículo 3.1 establece: “En todas las medidas concernientes alos niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 14.
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, unaconsideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del niño”.Como es sabido, esta Convención forma parte del ordenamiento jurídiconacional, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° dela Constitución Política de la República de Chile. Este mandato de velar por elinterés superior del niño, dice relación con los conflictos que pudieranproducirse entre el niño y, entre otras, las autoridades educacionales, ya sea,que surja por las medidas materiales que ésta adopte, o por las disposicionesreglamentarias que éstas invoquen y apliquen, conflictos que, siendo dederechos, se resuelven priorizando el interés superior del niño sobre cualquierotro que pueda afectar sus derechos fundamentales. Así las cosas, si laautoridad educacional, en uso del derecho a dirigir, organizar y mantenerestablecimientos educacionales y aplicar los reglamentos en virtud al derechode educación, con dicha actividad no podrá afectar en forma alguna losderechos fundamentales de la igualdad ante la ley y el derecho del niño,presuntamente infractor, a no ser castigado mediante un juzgamiento por untribunal no establecido en conformidad a la normativa pertinente. Producto delo anterior, la autoridad educacional puede tomar medidas en relación a losmenores, pero al hacerlo deberá velar para que con ellas no se pongan enriesgo sus derechos fundamentales, por lo que las medidas que,eventualmente, adopte deberán siempre ser entendidas de manera muyrestringidas y aplicadas con absoluto apego a la ley. Del análisis de loshechos que afectan a los menores por los cuales se recurre, se desprende quela decisión de cancelarles la matrícula, no sólo va en contra del interéssuperior del niño, sino que, además, constituye por vía de arbitrariedad eilegalidad, en la vulneración del derecho de igualdad ante la ley, el que comogarantía constitucional establece el N° 2 del artículo 19° de la ConstituciónPolítica de la República, al haberlos discriminado sin razón alguna en relacióna los demás alumnos que se encontraban en la misma situación, y la autoridadeducacional recurrida se ha constituido, en un verdadero órgano jurisdiccional,al imponer una grave sanción a los menores consistente en la cancelación desus matrículas, debido a supuestas faltas disciplinarias, vulnerando el derechoque tiene toda persona a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el 15.
tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridada la perpetración de los hechos, de todo lo cual resulta que las decisiones departe de la recurrida, han sido arbitrarias e ilegales al adoptar las medidas encontra de los alumnos vulnerando de este modo las garantías ya mencionadas. DUODÉCIMO: Que en nada altera lo que hasta aquí se ha concluido,por el contrario, lo afirma aún más, el conjunto de documentos acompañadospor la recurrida en su informe, consistentes en el incompleto Manual deConvivencia, al cual ya nos referimos en el motivo séptimo del presente fallo;un Acta de fecha 4 de enero de 2012, que rola a fojas 61 y 102, aparentementede un Consejo de Profesores, convocado para tratar el tema: “Revisión deAlumnos sin matrícula para año 2012” según se señala en el mismodocumento, el que se encuentra manifiestamente incompleto y deja traslucircon su contenido y, particularmente, con la descripción del tema a tratar, deque la decisión de cancelar la matrícula a los alumnos afectados se habíaadoptado con anterioridad a la oportunidad de celebración de esta reunión, loque reafirma el irrespeto que se ha constatado por la aplicación deprocedimientos propios de un debido proceso. Por último acompaña undocumento denominado “Acta de Consejo de Apelaciones” de fecha 13 deenero de 2012, de fojas 55 y 96, al que asisten los mismos integrantes delConsejo de Profesores ya referido, en el cual consta el tratamiento de lasapelaciones deducidas por los apoderados de los alumnos afectados por lacancelación de su matrícula. En este instrumento aparecen como tratadas lagran mayoría de las apelaciones deducidas por los recurrentes, con excepciónde los casos de los alumnos Zárate Astorga, Marambio Aravena, Pineda Ruizde Viñaspre y Valdivia González, respecto de quienes prácticamente noexisten antecedentes, salvo en los casos de Marambio y Pineda, que aparecenen una declaración jurada a la que se refiere el motivo siguiente. En los casostratados, se señala la decisión de confirmar la medida de cancelación de lamatrícula, con una muy breve fundamentación, sin citar infracciones concretasy demostrables e imputando en una mayoría de casos, la participación delalumno en los hechos de la Parroquia Italiana, ya relatados. Así en estedocumento se señala que los siguientes alumnos participaron en los hechos dela Parroquia indicada: Alvaro Andrés Esquivel Antequera, Oliver Frank 16.
Dayne Pino, Felipe Andrés San Juan Troncoso, Daniel Iván CastañedaBarrientos, Jonathan Alejandro Bustamante González y Moisés Felipe ParedesRodríguez. DÉCIMO TERCERO: Que más adelante, a fojas 124 y 128, constauna “Declaración Jurada Simple”, de fecha 2 de marzo de 2012, acompañada alos autos con fecha 2 de abril de 2012, suscrita por trece “docentesdeclarantes”, relativa a los hechos acontecidos con fecha 8 de noviembre de2011, en la Parroquia Italiana. Respecto de este documento, deberá dejarseconstancia que llama la atención de esta Corte lo siguiente: i).- se dice que esuna declaración jurada, sin embargo en ningún momento consta que se otorgaen esos términos; ii).- se refiere a hechos ocurridos cuatro meses antes de suotorgamiento; iii).- sin tener relación directa con el motivo de la declaración,se incluyen los últimos tres párrafos, que al parecer sólo intentan formalizar lacancelación de la matrícula de la mayoría de los alumnos por los que serecurre, donde se describe lo realizado en el Consejo de Profesores del día 2de enero, se citan, por primera vez, los artículos del manual de convivencia enlos cuales se tipifican las “faltas gravísimas” cometidas por los alumnos, luegose describe el procedimiento de notificación de esta decisión señalando que secumple “con el procedimiento establecido en el manual de convivencia delliceo”, para finalmente señalar que el 13 de enero se constituye el consejogeneral de profesores donde “se exponen y analizan caso a caso lasapelaciones recibidas aceptando algunas de ellas por considerar pertinentelos argumentos expuestos y otras se ratifican la medida.”; iv).- estedocumento aparece otorgado el día 2 de marzo de 2012, los recursos fueroninterpuestos el 30 de enero y el 2 de febrero del mismo año y los informesfueron evacuados en forma extemporánea los días 28 y 29 de marzo; y, v).- eldocumento individualiza a los alumnos participantes en los hechos y señaladiez nombres, siete de los cuales son recurrentes en autos: José Ignacio PinedaRuiz de Viñaspre, Daniel Castañeda Barrientos, Felipe San Juan Troncoso,José Carrasco Fernández, Moisés Paredes Rodríguez, Jonathan BustamanteGonzález y Nicolás Marambio Aravena. DÉCIMO CUARTO: Que en relación al documento referido en elmotivo anterior, las observaciones reseñadas, resultan suficientes para restarle 17.
todo valor a su contenido. Sólo a mayor abundamiento, se dirá que en ellistado de alumnos participantes en los hecho sobre los cuales versa ladeclaración, no figuran los alumnos por los que se recurre Alvaro AndrésEsquivel Antequera y Oliver Frank Dayne Pino, respecto de quienes se usó elargumento de su participación en estos hechos para decidir su no renovaciónde matrícula según consta del Acta de Consejo de Apelaciones, de fojas 55 y96. DÉCIMO QUINTO: Que la Ley N° 20.553, que establece normas deexcepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales,publicada el día 28 de noviembre de 2011, señala en el inciso final de suartículo único, lo siguiente: “El Ministerio de Educación velará porque noexistan abusos o impedimentos arbitrarios para renovar las matrículas de losalumnos.". Disposición legal que dice relación directa con los hechos objetode las acciones de protección de autos y que refleja la disposición dellegislador en el sentido que si obliga al Ministerio a velar porque no existanabusos o arbitrariedades en esta materia, con mayor razón ello alcanza a losestablecimientos educacionales que, como el recurrido, es dependiente de unaCorporación de Desarrollo Social de una Municipalidad. DÉCIMO SEXTO: Que tal como se expresó en lo expositivo, losinformes de la recurrida señalan que algunos de los alumnos por los cuales serecurre “se encuentran actualmente matriculados, razón por la cual el recursocarecerá de oportunidad a su respecto”, ellos son los siguientes: AlvaroAndrés Esquivel Antequera, Maximiliano José Véliz Sandoval, Felipe AmigoMolina, Roberto Antonio Zárate Astorga, Oliver Frank Dayne Pino, BastiánJavier Dayne Pino, Diego Andrés Bruce Vergara y Mario Alejandro ValdiviaGonzález. En relación con los demás estudiantes por los cuales se recurre,cuyos nombres son: Felipe Andrés San Juan Troncoso, Daniel Iván CastañedaBarrientos, Jonathan Alejandro Bustamante González, Nicolás MarambioAravena, José Ignacio Pineda Ruiz de Viñaspre, Moisés Felipe ParedesRodríguez, José Ignacio Carrasco Fernández y Camilo Amaru Fuentes Vargas;los informes señalan que todos ellos participaron en los hechos ya tantas vecesreseñados ocurridos el 8 de noviembre de 2011 en la Parroquia Italiana. 18.
Sobre este particular, es menester hacer constar que respecto al hechode encontrarse matriculados parte de los alumnos por los cuales se recurre,según señala la informante, no existe ningún otro antecedente en los autosdistinto a esta aseveración, desprovista de todo comentario, contenida en losinformes. Luego se ignora en qué momento y bajo qué procedimiento ycondiciones se reconsideró la decisión adoptada, según se dijo, al momento derechazar las apelaciones intentadas en enero. Consultado sobre este particularel apoderado de la parte recurrida que compareció en estrados, señaló que ladecisión de rehabilitar y matricular al mencionado grupo de alumnos, seadoptó al momento de conocerse las apelaciones, lo que no resulta efectivo ala luz de la documentación que consta en autos, aún más consta en el acta delConsejo de Apelaciones, que en 6 de los 8 casos referidos, la apelación serechazó y se mantuvo la cancelación de matrícula, los dos casos restantes delos alumnos Zárate Astorga y Valdivia González, no figuran en dicha acta nien ningún otro antecedente del proceso. Aún más en 2 de los 6 casos, deEsquivel Antequera y Oliver Dayne Pino, en la apelación se les confirma ladecisión de cancelación por haber participado en los hechos de la ParroquiaItaliana, lo que contradice lo señalado en la declaración jurada referida en elmotivo décimo tercero anterior. Que en este estado de cosas, se procederá a emitir pronunciamientotambién respecto de estos 8 alumnos, respecto de los cuales la recurridaexpresa que por encontrarse matriculados el recurso carecería de oportunidada su respecto, habida consideración de la falta de claridad existente sobre elpunto y la necesidad de velar por la igualdad entre todos los recurrentes queserán beneficiados con la decisión de la presente acción cautelar. DÉCIMO SÉPTIMO: Que, considerando el carácter cautelar delarbitrio de protección y los antecedentes proporcionados por las partes, estaCorte estima que lo obrado por la recurrida, ha resultado confuso y lasmedidas aplicadas desproporcionadas, revistiendo su actuación visos deilegalidad y arbitrariedad, lo cual importa conculcar las garantías contenidasen el numeral 2 y en el inciso 4° del numeral 3 del artículo 19 de laConstitución Política de la República, lo que hace procedente acoger lasacciones deducidas como se dirá en lo resolutivo. 19.
Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales y legalescitadas y de acuerdo, además, a lo previsto en el artículo 20 de la ConstituciónPolítica de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Supremasobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGEN lasacciones cautelares deducidas en lo principal de fojas 1 y 32, por las personasque se indica a favor de quienes se señalan: Manuel Renal AntequeraAhumada, apoderado por el alumno Alvaro Andrés Esquivel Antequera; LuisErnesto Véliz García, apoderado por el alumno Maximiliano José VélizSandoval; Marcela Troncoso Poblete, apoderada por el alumno Felipe AndrésSan Juan Troncoso; Claudia Barrientos Lagos, apoderada por el alumnoDaniel Iván Castañeda Barrientos; Marta Molina Hormazábal, apoderada porel alumno Felipe Amigo Molina; Marianela González Espinoza, apoderadapor el alumno Jonathan Alejandro Bustamante González; Nicolás MarambioAravena, por sí; Marcela Patricia Pineda Gálvez, apoderada por el alumnoJosé Ignacio Pineda Ruiz de Viñaspre; Maritza Ximena Astorga Beldar,apoderada por el alumno Roberto Antonio Zárate Astorga; María IsabelRodríguez Reyes, apoderada por el alumno Moisés Felipe Paredes Rodríguez;Enrique Rodolfo Dayne Hidalgo, apoderado por los alumnos Oliver FrankDayne Pino y Bastián Javier Dayne Pino; Nancy Fernández Meneses,apoderada por el alumno José Ignacio Carrasco Fernández; Cecilia VergaraGorigoitía, apoderada por el alumno Diego Andrés Bruce Vergara; CarolinaAndrea Vargas Calderón, apoderada por el alumno Camilo Amaru FuentesVargas y Mario Alejandro Valdivia González, por sí; ambos recursosinterpuestos en contra de de la Dirección del Liceo Polivalente ArturoAlessandri Palma y de su Directora Sra. Henna María Parada Cortés; y, enconsecuencia, se declara que se deja completamente sin efecto, de inmediato,la medida de cancelación de la matrícula para el año escolar 2012 a losalumnos por los cuales se dedujeron estas acciones de protección, todos yaindividualizados, debiéndose otorgárseles la matrícula correspondiente alpresente año sin condicionamientos de ninguna naturaleza, dejando sin efecto,además, todas las medidas que puedan haberse adoptado para impedir el máspronto reintegro a las actividades académicas de los señalados alumnos,debiendo la recurrida, facilitar la reanudación inmediata de las actividades 20.
estudiantiles de estos educandos, sin que pueda adoptarse medida alguna en sucontra que pueda significar una discriminación, vulneración o amenaza a sucalidad de estudiantes del Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma, sindistinción alguna en relación a quienes sean sus compañeros de curso, nivel oestablecimiento. Se previene que la Ministra señora Ravanales estuvo por acoger elrecurso y dejar sin efecto la cancelación de la matricula de los alumnos encuyo favor se recurre teniendo únicamente presente para ello que no existeentre los antecedentes agregados a los autos alguno que de cuenta del órganocompetente ni del procedimiento de aplicación de las sanciones que endefinitiva se impusieron a los recurrentes, en términos que es posible afirmarque la recurrida al actuar como lo hizo se comportó como una comisiónespecial, prohibida por nuestro ordenamiento constitucional.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos. Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo. N° Protección: 2678 – 2012.- (Acumulado 3039-2012)Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago,presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, e integrada porla Ministra (S) señora María Eugenia Campo Alcayaga y por el abogadointegrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. English

References: artículo19
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