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Timestamp: 2019-11-14 08:37:23+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 619, de 19/09/2018
cve: DSCD-12-CO-619
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 619
- Relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000244) ... (Página2)
- Sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003027) ... (Página5)
- Relativa al abordaje integral de la tartamudez. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003236) ... (Página5)
- Sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003189) ... (Página12)
- Sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003333) ... (Página17)
- Sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003410) ... (Página20)
- Relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003484) ... (Página24)
- Sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003552) ... (Página9)
- Relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003576) ... (Página28)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Señorías, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Insisto que es necesario el silencio para poder afrontar el trabajo parlamentario.
Les propongo, ustedes saben que de acuerdo con el reglamento, la potencial alteración del orden del día se tiene que adoptar por unanimidad de la Comisión, les propongo alterar el orden del día para que el punto 8 del orden del día sea tratado justo después del punto 3 del orden del día. Varios portavoces de grupos son conocedores de esta propuesta. Si nadie se opone a esta alteración, la vamos a adoptar. Interpreto que se puede adoptar por unanimidad de los miembros de la Comisión.
- RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE AVISADORES SONOROS EN LOS SEMÁFOROS PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000244).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto número 1, proposición no de ley relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual. Grupo autor de la iniciativa Grupo Parlamentario Socialista. A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una del Grupo de Ciudadanos y otra del Grupo Popular.
Para defender la iniciativa, y por un plazo máximo de cinco minutos, por un periodo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el diputado Joan Ruiz.
Una de las condiciones necesarias para que todas las personas se sientan parte de la sociedad es que todas tengan los mismos deberes y los mismos derechos, que todas puedan acceder a todo lo que supone el llamado estado de bienestar, de manera que no tengamos ciudadanos de primera y de segunda, que podamos acceder a todo es lo que llamamos accesibilidad universal. Conseguirla no es fácil y más si quien gobierna no tiene la voluntad decidida de construirla y no pone además las condiciones necesarias para conservarla, conseguirla en los lugares por donde nos movemos, en nuestra casa y en sus accesos, cuando paseamos, vamos al trabajo, al colegio o a la universidad, al cine, a los lugares de ocio o a la compra, es lo básico. Para ello desde hace unos años muchos ayuntamientos se pusieron manos a la obra para acabar con las barreras que lo impedían, entre otras, el que suponía para las personas ciegas y con deficiencias visuales atravesar calles y avenidas por los lugares regulados por semáforos mediante unos mecanismos acústicos a los que hemos venido llamando avisadores sonoros. También la Administración
Central los reguló mediante una orden de 1 de febrero de 2010, que en su artículo 23.3 indica de manera muy detallada cuáles eran los semáforos que al menos tenían que tener instalados estos avisadores y que los ayuntamientos tenían hasta el 4 de diciembre de 2017 para realizar las obras necesarias.
Como consecuencia de todo ello, hoy es fácil que los haya, sobre todo en el centro de las ciudades más grandes, de manera que las personas con deficiencias en la visión, las personas ciegas acompañadas de perros guías, puedan utilizarlos autónomamente. Ahora bien, en la medida que te alejas de los centros urbanos o en la medida que transitas por poblaciones medianas o pequeñas dejas de encontrártelos.
Ya en 2010, para intentar avanzar más en el campo de la inclusión, el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, a través del Imserso suscribió un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI. Su objetivo era conseguir que los espacios urbanos de nuestros pueblos y ciudades fueran más amables, más inclusivos para las personas ciegas o con dificultades de visión, convenio gracias al cual se creó el Observatorio de la Accesibilidad Municipal para conocer mejor cuál era la situación y los avances que se habían producido hasta ese momento en esta materia, que publicó en 2011 un estudio bastante detallado, que ponía de manifiesto que en la acción de gobierno de muchos ayuntamientos se aplicaba cada vez más los criterios de accesibilidad, que los últimos años la accesibilidad había mejorado sensiblemente, pero que en las calles y plazas de nuestras ciudades era todavía fácil tropezar con muchas barreras, que en muchas ocasiones era difícil que las personas con discapacidad pudieran acceder a edificios y medios de transporte municipales, que lo mismo sucedía con muchas webs municipales y servicios que los ayuntamientos ofrecían, por lo que en el ámbito local las personas con discapacidad todavía no estaban en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos y ciudadanas y en concreto por lo que hace a los semáforos, que del total de los que el estudio evaluaba, solo un 32,4 estaban dotados de un avisador sonoro, por tanto, más de un 67% no lo tenían, con lo que las personas con discapacidad visual difícilmente podían hacer servir los pasos de peatones con semáforo, como ya he dicho, de manera autónoma y, por tanto, necesitaban de la ayuda de otras personas para hacerlo. El estudio, además, aludía a lo económicos que son dichos avisadores.
Ahora bien, como la accesibilidad universal dejó de ser en estos últimos años un criterio importante a la hora de diseñar la acción de gobierno y como la crisis económica, de la que no acabamos de salir, ha servido al gobierno del PP como excusa para hacer recortes del estado de bienestar, no tenemos tampoco datos actualizados del estudio de 2011, por lo que nos es difícil conocer con exactitud la situación actual y tener porcentajes actualizados de semáforos con avisadores, pero no creo que nos equivoquemos si afirmamos que en estos últimos años se ha roto la curva ascendente de instalación.
Como saben, el nuevo gobierno socialista tiene como uno de sus objetivos recuperar el tiempo perdido en la construcción del estado de bienestar, por lo que en su corto trayecto ya ha aprobado un real decreto con el objetivo de mejorar con requisitos exigidos en Europa la accesibilidad a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Esta iniciativa pretende seguir en ese mismo camino, promoviendo un nuevo acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, representante de las administraciones que tienen la competencia, y con las entidades más representativas del sector de la discapacidad. Nuestro objetivo es impulsar que se adopten por parte de las administraciones más directamente afectadas, los ayuntamientos, las medidas necesarias para que los semáforos que cuentan con avisadores sonoros no estén circunscritos al centro de las grandes ciudades, sino que sean un mecanismo mucho más generalizado que ayude a las personas de visión deficiente o con ceguera a desplazarse autónomamente, a disfrutar del derecho de ser más libres por las calles de nuestros pueblos y ciudades.
A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se han presentado dos enmiendas, como les he dicho.
Para defender la enmienda del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el diputado Diego Clemente, por un periodo máximo de tres minutos.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa.
La accesibilidad universal es uno de los ejes principales de la política de Ciudadanos en políticas de discapacidad, yo mismo, como persona, como técnico, soy especialmente sensible a ello. España ha incumplido los plazos acordados, como todos ustedes saben, para garantizar la accesibilidad universal en los edificios oficiales, que estaba previsto para diciembre de 2017 y como en numerosas ocasiones hemos
tratado en ello en esta Comisión. El informe sobre el que se basa la proposición no de ley data de 2011, un plazo de tiempo muy amplio, en el que el avance de la movilidad de personas con discapacidad visual ha avanzado, aunque somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer en esta materia. Consideramos preciso que se realice primeramente un informe riguroso que permita elaborar un plan con datos concretos y actuales para que se mejore la movilidad de las personas con discapacidad visual. Debemos recordar aquí también la necesidad de que la accesibilidad y la movilidad no se quede únicamente en las señales acústicas, también son precisas mejoras en el pavimento y las aceras para que tanto las personas con discapacidad visual como otras personas con limitación en la movilidad puedan tener una mayor libertad de movimiento.
Es por ello que, sin trasgredir la filosofía que pretende el grupo proponente, hemos hecho una enmienda, que esperemos sea aceptada, en la que dice literalmente, y creo que es oportuno citarla aquí para que los demás grupos tomen constancia de ella, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, elaborar junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI un nuevo informe sobre las principales barreras de movilidad en las ciudades, donde se recoja una lista de recomendaciones de actuación en los municipios de España y, dos, elaborar un plan de actuación de apoyo a la movilidad urbana para personas con discapacidad, en la que junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI se desarrollen actividades concretas para instalar avisadores sonoros en los semáforos, mejoras en el pavimento que faciliten la señalización de los pasos y reducción en los bordillos para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en todas y cada una de las ciudades de España.
La segunda y última enmienda es una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la diputada Isabel Cabezas. Tiene la palabra por tres minutos.
La señora CABEZAS REGAÑO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría.
Acabamos de escuchar la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, y que sirva sin precedentes, no podemos estar más de acuerdo con ellos en esta iniciativa, y estamos de acuerdo en la importancia de lograr una verdadera accesibilidad universal, ya que nuestro texto constitucional se fundamenta en el principio de igualdad y las normas específicas en materia de capacidad apuestan por la nueva inclusión, y en esta creencia, en la basada en la necesidad de una sociedad accesible para todos, es en la que ha venido trabajando mi partido desde hace años, desde los distintos ámbitos y desde los diferentes lugares políticos que hemos ocupado. Y en este sentido cabe destacar que durante los últimos años el gobierno del Partido Popular impulsó numerosas propuestas a favor de la accesibilidad universal, como por ejemplo la puesta en marcha del Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad, que contempla actuaciones a favor de la eliminación de obstáculos. Además, nos consta que el anterior gobierno estaba trabajando intensamente en la elaboración de un plan nacional de accesibilidad, que ahora con ustedes, el Partido Socialista al frente, no sabemos en qué situación se encuentra, y nuestro grupo parlamentario, que elaboró y apoyó iniciativas que apuestan por el avance de los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido en esta misma comisión donde hemos debatido sobre la accesibilidad a los medios de transporte o sobre la accesibilidad a los distintos bienes y servicios entre otros asuntos. Y hoy hablamos sobre los avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual y con el objetivo de hacer un entorno más accesible.
Pues bien, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, desde mi grupo parlamentario somos conscientes y sensibles a la problemática a la que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad visual a la hora de transitar por nuestras ciudades, pero entiendo que, al igual que ustedes, todos somos conocedores de las competencias de cada administración. Por eso el porqué de nuestra enmienda, porque no sirve de mucho decir qué tiene que hacer otra administración y menos sin dotar los fondos necesarios para ejecutar las medidas que se le exigen, es decir, claro que es fundamental continuar avanzando en la accesibilidad universal, pero no está de más designar qué órgano va a ser el interlocutor con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE o el CERMI, ni tampoco está de más prever una dotación presupuestaria para desarrollar el convenio al que hacen mención en su iniciativa.
Voy terminando, señorías. En temas como el de hoy, de esta tarde, en el que se trata de eliminar cualquier posible barrera al acceso de bienes y servicios siempre encontrarán al Grupo Parlamentario del Partido Popular, porque sabemos que una sociedad inclusiva es una sociedad mejor, eso sí, esperamos
que tengan en cuenta nuestra aportación y acepte el Grupo Socialista nuestra enmienda, donde instamos al Gobierno a promover desde el Real Patronato sobre Discapacidad un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y el CERMI, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que los semáforos cuenten con avisadores sonoros, contemplando para ello una dotación económica suficiente en los Presupuestos Generales del Estado.
El turno de portavoces. Ha declinado intervenir el Grupo Mixto, el Grupo Vasco el Grupo de Esquerra Republicana. Y en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la diputada Nayua Alba.
Voy a ser breve porque compartimos espíritu y contenido de esta propuesta y ya adelanto que votaremos a favor. Fíjense incluso que hemos encontrado informes posteriores al presentado en la misma en los que los datos eran aún más alarmantes. La Universidad Carlos III y el CERMI en 2013 hablaban de un 76,88% de semáforos que no cuentan con este sistema.
Sí que quería señalar una cuestión que me parece fundamental e insistir en ella, y es que, si bien compartimos lo propuesto, creemos fundamental insistir, y lo han adelantado también otros portavoces, en que no es suficiente, elementos como la tierra, el adoquinado, los cantos rodados, suponen también y aún un obstáculo para miles de personas en cientos de municipios a la hora de circular por la vía pública con normalidad, además, todavía existen miles de pasos de peatones que carecen de rebaja de paso. Creo que no hace falta recordar el artículo 9 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, donde firmándolo España se comprometió a asegurar el acceso en igualdad al entorno físico y donde además se menciona explícitamente la cuestión de las vías públicas, hace ya más de 10 años que esto se firmó y ya va siendo urgente que se traslade a nuestra legislación. Tampoco hace falta que recuerde la Ley 1/2013, el grupo proponente ya ha hablado de cómo se ha faltado a ese compromiso del 4 de diciembre de 2017, de que todos los bienes, productos, entornos, procesos y servicios debían ser accesibles para entonces, y hace un año ya que terminó el plazo.
Y solo quería recordarles que la accesibilidad universal es una cuestión de derechos humanos y que espero, por tanto, que el nuevo gobierno sepa tomársela bastante más en serio de lo que se la ha venido tomando estos últimos años el gobierno anterior, sus predecesores, y esto claro, requiere, por supuesto, de voluntad política, pero también de desarrollo legislativo y, muy importante, de compromiso económico.
Terminado el turno de portavoces, es el momento de pedir al grupo proponente y al señor Ruiz si acepta las enmiendas de los grupos de Ciudadanos y Partido Popular.
Perfecto. Están en proceso y antes de concluir la hora de la votación, que les avanzo que no será antes de las seis y cuarto, vamos a votar, se comunicará si hay acuerdo o no sobre las enmiendas al punto número 1.
- SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL TRASTORNO DE LA TARTAMUDEZ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/ 003027).
- RELATIVA AL ABORDAJE INTEGRAL DE LA TARTAMUDEZ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003236).
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo acordado, disculpen la reiteración, vamos a discutir conjuntamente el punto número 2 y 3 del orden del día, con lo cual, voy a proceder a dar la palabra al autor de la proposición no de ley número 2, que es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, después la número 3, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Le ruego al Grupo Popular que también defienda la enmienda que ha presentado a la proposición no de ley que figura como la número 2 en el orden del día, y después el resto de los grupos parlamentarios.
Así pues, para defensa de la PNL que figura como número 2, sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez, tiene la palabra la diputada Isabel Salud, por un plazo de cinco minutos.
Al final nos hemos puesto de acuerdo con la enmienda transaccional, la verdad es que nuestra proposición no de ley estaba más detallada en las conclusiones, en la parte donde se toman las decisiones, y, por tanto, se ha recogido todo y hemos coincidido.
Decir que nuestro grupo presenta esta proposición no de ley que se refiere a las medidas a tomar en relación con el trastorno de la tartamudez. La tartamudez es un trastorno de comunicación que afecta a la fluidez del habla, tiene sus comienzos en la niñez y puede durar toda la vida, está acompañada de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés y su causa es multifactorial, existen factores fisiológicos, genéticos y también sociales. Este trastorno de comunicación no está asociado a la ansiedad ni es un efecto de ello, sino al contrario, es la tartamudez la que genera la ansiedad a las personas que la sufren. Es, por otra parte, un trastorno muy estigmatizado, que se asocia a la falta de inteligencia. A la falta de habilidades, y de la que se hacen muchos chistes y muchas burlas, sin embargo, los efectos psicológicos de la tartamudez pueden ser bastante severos y llegando a ser la causa de un importante aislamiento social. Se inicia entre los 2 y los 4 años de edad y se estima que un niño o niña de cada 20 acaban tartamudeando y muchos lo superaran en la adolescencia, aunque no todos. Es motivo de acoso escolar y también motivo de burla y de ahí la importancia de diagnóstico y un tratamiento precoz, ya que con ello se puede superar el problema hasta un 80% de los casos. Afecta, según estimaciones de la Fundación Española de la Tartamudez a unas 800?000 personas y este colectivo sufre una tasa de paro superior a la media. En el ámbito laboral es el entorno en el que las personas con tartamudez experimentan más discriminación, sin embargo, es muy difícil con el baremo actual que se reconozca al menos un 33% de discapacidad y por ello no se pueden acoger a ese 2% de los puestos de trabajo en las empresas que se destinan para personas con diversidad. Tampoco la Seguridad Social cubre sus tratamientos y tienen que hacer frente las familias a unos gastos considerables. Es necesario que el diagnóstico lo haga una persona logopeda y es importante hacer la terapia a tiempo, pues puede impedir que los niños y las niñas pequeñas continúen con el trastorno toda su vida. La terapia del lenguaje es el tratamiento fundamental, pero también el apoyo psicológico para superar los problemas de inseguridad, de timidez y también de falta de autoestima. Además, la Fundación Española de Tartamudez considera que es muy importante visibilizar este problema y favorecer la toma de conciencia, así como la implicación de los poderes públicos.
Por eso hemos propuesto cinco puntos en nuestra proposición no de ley, que son los siguientes, brevemente. Primero, mejorar la formación de los pediatras y las pediatras para la introducción temprana del tratamiento. Segundo, introducción de personal profesional, de psicólogos y maestros de audición y lenguaje en los ciclos educativos. Tercero, inclusión de la tartamudez en la cartera de servicios sociales de la Seguridad Social y revisión del baremo sobre la tartamudez para la obtención de la discapacidad. Cuarto, desarrollo de planes específicos a favor de la inserción laboral y, quinto, la elaboración de un censo de personas con tartamudez.
Para defender la proposición no de ley que figura como número 3 en el punto del orden del día tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular la diputada Teresa Angulo.
Ya defiendo también conjuntamente la enmienda, ¿no? De acuerdo.
Efectivamente, la tartamudez, como ya se ha dicho aquí, es un trastorno de la comunicación que afecta a la fluidez del habla, con unos comportamientos primarios de carácter involuntario, pero que también suponen unos comportamientos secundarios no visibles para las demás personas, pero que sí que condicionan la vida de quienes la padecen, como puede ser el miedo, la ansiedad o la depresión, personas que sufren grandes dificultades sociales debido por un lado a la frustración que les provoca no poder comunicarse con fluidez y, por otro lado, por el rechazo social que en muchas ocasiones padecen desde la infancia, ya que esta comienza a manifestarse entre el segundo y cuarto año de vida. Situaciones de rechazo, burla, dificultades en las relaciones interpersonales o de pareja, falta de oportunidades en el empleo, que interactúan y que provocan problemas, como decía antes, psicológicos e incluso depresiones.
Y por ello, al ser la tartamudez de aparición temprana en la vida de una persona, entendemos que la atención de la misma también debe ser temprana e integral. Es necesario conocer más profundamente la realidad social de las personas con tartamudez y abordar esa realidad y sus necesidades de manera específica, algo que hoy hacemos aquí con el debate de estas dos proposiciones no de ley, pero quiero
recordar que también hizo ya el Gobierno del Partido Popular, pues ya en el pasado mes de marzo la directora general del Imserso firmó un protocolo general de actuación con el Consejo General de Colegios de Logopedas y con la Fundación Española de la Tartamudez para impulsar, promover y desarrollar acciones desde enfoques interdisciplinares para la prevención y el tratamiento de la tartamudez, un protocolo que recogía buenas prácticas en la atención logopédica, la integración social de estas personas y programas de formación e información orientados a la especialización en tartamudez de los profesionales de la logopedia, pero también de la educación, y todo ello como paso previo a la elaboración de una Estrategia Nacional sobre la Tartamudez en España, que dio sus primeros pasos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado mes de abril, donde a propuesta de la ministra se acordó la creación de un grupo de trabajo para elaborar dicha estrategia, al que nosotros esperamos que el actual gobierno dé continuidad y respaldo para que sea una realidad lo antes posible, pues esta estrategia servirá, como decía, para conocer mejor la situación de este colectivo y diseñar las acciones que desde los distintos ámbitos y de manera transversal sean necesarias, haciéndolo desde un abordaje más individualizado y no desde la generalidad de la discapacidad.
Pero mientras esa estrategia ve la luz, insisto, deseando que sea lo más rápido posible, se puede avanzar en muchas materias, como hoy estamos hablando aquí. Para nosotros, y es objetivo principal de nuestra PNL, en la necesidad de avanzar en la detección precoz, la atención temprana y el abordaje integral de la tartamudez, mejorando el acceso a los servicios de pediatría, psicología y logopedia incluidos en la cartera de servicios y también, y nos parece muy importante, la coordinación de esa asistencia sanitaria con el sistema educativo y los servicios sociales. Es decir, una intervención coordinada y desde los distintos ámbitos de la vida de la persona, que permitan detectarla y diagnosticarla lo antes posible, pues ese tratamiento temprano hace que sea, evidentemente, más eficaz.
Coincidimos con algunas de las propuestas del Grupo Confederal de Unidos Podemos, con quien, como mi compañera proponente de este grupo ha comentado, hemos alcanzado un acuerdo, en el sentido de que es importante que los profesionales tanto en el ámbito sanitario como en el de educación trabajen con estas personas, tengan la mejor formación posible sobre formas de detección, abordaje de la situación, tratamientos, algo que, como digo, ya se contemplaba y se empezó a trabajar en este protocolo suscrito por el Imserso. Y en la edad adulta, como a todos estos problemas vienen asociados los referidos tanto al aislamiento, las dificultades para relacionarse con los demás como para encontrar empleo, ya que en muchas ocasiones esa tartamudez los condiciona para conseguir un trabajo, aunque su formación o incluso su experiencia sea la adecuada.
Hemos de reconocer que son muchos y muy importantes los avances conseguidos en los últimos años en la integración laboral de las personas con discapacidad gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular, porque hoy en España hay ya 225?000 afiliados a la Seguridad Social con alguna discapacidad y el empleo entre las personas con discapacidad aumentaba el triple que entre la media nacional, en concreto la afiliación crecía a un ritmo del 9%.
Por eso, nosotros también desde aquí aprovechamos para instar al actual gobierno a que siga avanzando y hacerlo con medidas que den resultados positivos en este ámbito, como los logrados por el Partido Popular, y no con políticas erráticas también en materia de empleo que puedan poner en peligro todos estos avances.
En definitiva, señorías, creemos necesario seguir avanzando en este abordaje de la tartamudez desde una coordinación entre los niveles sanidades, sociales y educativos, que faciliten el acceso a todos los servicios, de tal manera que el abordaje de la tartamudez no se vea como una excepcionalidad, sino con normalidad. Y de ahí que nosotros hayamos presentado una enmienda, que agradezco al Grupo Podemos que la haya admitido. Y por una cuestión ya, señor presidente, de forma, hemos hablado las dos proponentes con el letrado que la votación también fuera una única votación y que fuera esa enmienda transaccional la que se sometiera a votación.
En turno de portavoces, tiene la palabra la palabra el señor Clemente en turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa, muchísimas gracias.
Esta no es la primera iniciativa que se debate sobre la disfemia en esta comisión, antes del verano debatimos ya una proposición no de ley del Grupo Socialista al respecto, si bien aquella tenía que ver
más con los estereotipos que los medios arrojan sobre las personas con tartamudez o disfemia, esta iniciativa viene a complementar aquella, en tanto en cuanto a que se centra más en la detección, tratamiento e inclusión social de las personas con tartamudez. También la proposición del Partido Popular, y bien como han dicho los ponentes, se va a complementar en una transaccional, así que enhorabuena al grupo que lo trae por recabar las demandas que ya tuvimos en la comparecencia con el señor sobre la disfemia.
Aunque parezca reiterativo, una de las cosas que nos pidieron recoge perfectamente las demandas que nos hicieron en aquella comparecencia los cinco puntos del Grupo Podemos, así que enhorabuena al Grupo Podemos por traerlo y utilizar su cupo para este tema, pero quiero recordar que también nos pidió que se le diera visibilidad a este asunto, con lo cual, permítanme que haré unas breves matizaciones, a riesgo de caer en plagio.
El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras, se prolongan los sonidos y se tienen interrupciones del habla, conocidas como bloqueos. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quisiera decir, pero tiene problemas para producir un flujo normal del habla. Estos trastornos del habla pueden estar acompañados de comportamientos que muestran esfuerzo, tales como el parpadeo rápido de los ojos, temblor en los labios, y esto puede influir en la calidad de vida y en las relaciones interpersonales de la persona e incluso laborales. Los síntomas del tartamudeo de cada persona pueden variar bastante a lo largo del día, en general hablar ante un grupo, hablar por teléfono puede empeorar el tartamudeo de una persona, cantar, leer o hablar al unísono puede temporalmente reducirlo.
El tartamudeo afecta a personas de todas las edades, se presenta más en los niños de 2 a 6 años de edad mientras están desarrollando sus habilidades del lenguaje. Alrededor del 5 al 10% de todos los niños tartamudearán durante alguna etapa de su vida. Los varones tienen de dos a tres veces más posibilidad de tartamudear que las niñas, a medida que crecen la cantidad de varones que continúan tartamudeando es de tres a cuatro veces mayor que la cantidad de niñas. La mayoría de los niños supera el tartamudeo al crecer, alrededor del 75% de los niños se recuperará de tartamudear, pero el 25% restante continuará haciéndolo. El tartamudeo puede convertirse en un trastorno de la comunicación que les durará toda la vida, existen varios tipos de tartamudeo, uno es el del desarrollo congénito de los niños, mientras están aprendiendo esta habilidad del habla y del lenguaje, y otro es el tartamudeo neurogénico, que puede ocurrir después de un ataque al cerebro, un trauma en la cabeza o lesión.
El tartamudeo, como hemos señalado, aparece en los primeros años de vida y es en estos cuando hay que tomar medidas para corregirlo. Es aquí cuando los centros escolares infantiles y de Primaria tienen un importante papel a la hora de detectar y poder aplicar las medidas tempranas. De ahí que vea muy correctas las medidas que plantean la proposición. Como principal tratamiento, el cual muchas veces los progenitores desconocen, encontramos estrategias de mejora de la fluidez, desarrollo de actitudes positivas sobre la comunicación, crear ambiente relajado en el hogar para que el menor hable, que los progenitores dediquen tiempo a la conversación con ellos, no interrumpir a los menores, hablar más lentamente para evitar que el menor sienta apremio en la respuesta. Y no terminar nunca las frases del menor.
Por todo esto, nuestro sentido del voto será favorable.
No se inquiete porque ha hablado de plazo, pero usted ha citado un anterior compareciente, con lo cual, simplemente es una cita. No sé exactamente en qué momento termina la cita, pero en estos tiempos de inquietud todo debe ir entrecomillado. Como diría el clásico, fin de la cita.
Y pasamos al turno del Grupo Socialista. Para la defensa de la posición del Grupo Socialista tiene la palabra la diputada Guadalupe Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias. Sin leer un texto y sin plagio lo vamos a intentar. Muchas gracias.
Efectivamente, no es la primera vez que hablamos de personas aquejadas de disfemia, ya se han aprobado otras iniciativas, como bien decían antes, la última del mes de junio, hace muy poquito tiempo, y. Efectivamente, en esta comisión ya hemos invitado en varias ocasiones a la Fundación Española de la Tartamudez y nos han traído sus propuestas y las hemos asumido de forma unánime en su mayoría. Hoy debatimos dos proposiciones no de ley acumuladas que fueron presentadas en marzo y mayo de 2018 y,
señorías, si a estas alturas no estamos de acuerdo en lo que se propone con mayor o menor intensidad en el texto de cada una de ellas, nos deberíamos replantear la calidad de nuestro trabajo.
Siendo la disfemia un trastorno de la fluidez verbal, según el Diccionario de la Real Academia de Medicina y siendo un trastorno de la comunicación, quisiera proponer a sus señorías que fuéramos muy claros en nuestra comunicación, fluidez verbal no nos falta, pero asumamos el compromiso de que nuestras palabras no son palabras huecas, quizás bien articuladas, pero a veces han sido huecas.
En esta proposición no de ley el partido proponente en este caso la propuesta del Grupo Confederal de Unidos Podemos, proponen mejorar la formación de los profesionales, algo que es obvio, para poder introducir terapias precoces en el momento de la detección, y digo parece lógico que esto se pueda proponer en la Comisión de Formación Continuada a las Profesiones Sanitarias, ya que a todos nos consta el interés de nuestras comunidades autónomas, si bien hay que decir que en unas con más intensidad que en otras.
En cuanto a la necesidad de contar con logopedas, maestros de audición y psicológicos, seguramente se podría reforzar su presencia a los centros educativos, no me cabe ninguna duda, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional así se lo deberá trasladar también a los responsables de Educación de las diferentes comunidades autónomas.
Sobre el punto 3 de la propuesta, supongo que en la redacción se ha querido proponer la introducción de la tartamudez en la cartera de servicios, bien del Sistema Nacional de Salud, así como en el Sistema de Servicios Sociales, y no en el de la Seguridad Social, por lo menos eso interpreto, para que se incorpore también a los trabajos del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, porque, efectivamente, hay casos de muy diferente intensidad y entendemos que sería bueno que se incluyeran de una forma mucho más justa.
Les recuerdo, señorías, que la Estrategia Nacional de Personas con Tartamudez se coordina en la Dirección General del Imserso, ya se ha incluido la tartamudez en varias reuniones y ya se está en contacto con las comunidades autónomas para conocer las actuaciones que se están realizando desde los sistemas sanidad y social.
En mi grupo esperamos todos que esta estrategia impulse más y mejores medidas para el abordaje integral de la tartamudez y, por supuesto, claro, compartimos la necesidad de desarrollar planes específicos de inserción laboral, donde tienen gravísimas dificultades, y claro que es necesario hacer un censo de personas con disfemia.
Nuestro grupo va a apoyar sin fisuras la iniciativa, y por eso ni siquiera ha presentado enmiendas, porque nos parece completa, y seguro que este nuevo gobierno dará cumplimiento a lo que hoy se apruebe.
Ahora sería el momento de pedir a los dos grupos proponentes si aceptan las enmiendas, pero los dos grupos proponentes han comunicado en su turno de presentación que habían llegado a una transaccional, que será circular entre todos los grupos, de hecho, todos los grupos ya la conocen, para su votación cuando se haya votado el orden del día.
- SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS SANITARIOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO O EL INGESA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003552).
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo acordado por unanimidad, pasamos al punto 8.º, alteramos, se ha alterado ya el orden del día, pasamos a lo que figura como punto 8.º, sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA. El autor es el Grupo Parlamentario Ciudadanos y para su defensa, por un plazo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Igea.
Cuando uno habla de accesibilidad en el entorno hospitalario y en los centros de salud, a veces uno se limita solo a la accesibilidad de la discapacidad física, pero si hay algo importante en este campo es que la discapacidad, que la accesibilidad no impida, como impide en el caso en el que hablamos, el
cumplimiento de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Autonomía y Derechos del Paciente y de la Ley de Cohesión del Sistema Sanidad, leyes todas ellas que indican la necesidad de un acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad y que indican también la necesidad y la obligatoriedad por parte del Estado de asegurar la autonomía, la información y la autonomía en la toma de decisiones por parte de los pacientes, autonomía en la toma de decisiones y en la información, que se ve limitada en los casos en los que no hay ayudas visuales ni auditivas para la gente que tiene una discapacidad en este entorno.
Esto ocurre en todas las comunidades autónomas, pero ocurre también en el territorio gestionado por el Estado, en el INGESA, Ceuta y Melilla y, según nos informan, el grado de deficiencia en este aspecto en los hospitales del INGESA es un grado elevado, concretamente en el hospital de Melilla nos dicen que solamente hay braille en las teclas del ascensor, lo cual impide a muchos pacientes tener acceso a una información y tener acceso también a una intimidad en la relación con los profesionales de la sanidad que asegure su autonomía.
Por todo ello hemos elaborado esta propuesta y creemos que es de interés marcar un calendario de cumplimiento, hacer un informe de cuál es la situación actual de los centros del INGESA, hacer una propuesta de actuaciones y dar cuenta del resultado de las medidas que se lleven a cabo y dar cuenta en un plazo razonable.
Se nos ha presentado una enmienda por parte del Partido Socialista Obrero Español, que quiere aumentar el tiempo de seis meses a un año, pero en la redacción de la enmienda, estamos todavía en la elaboración de una transaccional, no queda claro que se van a llevar a cabo las medidas ni que se va a dar cuenta en esta comisión. Me parece una enmienda aceptable si llegamos a una transacción, me parece optimista que va a ser el mismo gobierno dentro de un año, pero estamos dispuestos a admitirlo.
Como usted ya ha apuntado en su planteamiento inicial de la iniciativa, hay una enmienda del Grupo Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Soledad Velasco.
La señora VELASCO BAIDES: He de hacer notar que soy nueva de alguna manera.
El señor PRESIDENTE: Hoy no nos acompañan las taquígrafas, con lo cual, se está grabando esta sesión y es especialmente importante que no se pierda absolutamente nada.
La señora VELASCO BAIDES: Muchas gracias, señor presidente. Como decía, señorías, buenas tardes también.
En el Grupo Parlamentario Socialista valoramos positivamente esta PNL, como no puede ser de otra manera. Ya en el primer trimestre de este mismo año se formuló una pregunta por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad que iba en estos mismos términos, sobre grado de cumplimiento de la Ley 51/2003, de 2 de dic, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, recibiendo por parte del Gobierno en aquel momento del Partido Popular, una respuesta bastante genérica. La preocupación y la ocupación en el desarrollo de las políticas de inclusión está sobradamente demostrada por el Partido Socialista en todas las ocasiones en las que ha tenido responsabilidad de gobierno y en todos los niveles de la Administración, también cuando hemos estado en oposición. Por ello, y en aras a facilitar la realización de lo solicitado en la PNL que nos ocupa, hemos presentado una enmienda que, sin menoscabar el sentido de la misma ni la esencia de su contenido, sí establece tiempos más reales para poder llevar a cabo lo planteado. Todo el interés del Grupo Socialista se centra en que esta PNL salga adelante y además sea factible. Cuando se conoce la dinámica de la gestión pública, los trámites administrativos, los plazos y los tiempos de ejecución, convendrán conmigo que seis meses no son nada. Durante estos últimos años, siete años ya, el Gobierno del Partido Popular se ha mantenido en la más absoluta inacción en este y otros asuntos, presupuestando cantidades mínimas y que además dejaban sin ejecutar. Ahora tenemos la obligación de revertir esta forma de hacer política, el hago, pero no hago. El Grupo Parlamentario Socialista considera que es el momento de hablar, de entenderse y de acordar, con el objetivo de mejorar la vida de las
personas, todas, y en este caso las personas usuarias de los servicios de salud gestionados por el INGESA en las ciudades de Ceuta y Melilla.
En cuanto a la proposición que hemos dicho, en los términos en los que estaba el punto 3, dar cuenta, evidentemente, el punto 1.º y 2.º de nuestra enmienda respetan absolutamente la PNL presentada y en el 3 es donde se resume el punto y se pasa de seis meses a un año y, evidentemente, ya la redacción dice "dar cuenta del cumplimiento de la proposición no de ley en el plazo de un año", evidentemente, como instamos al Gobierno a hacerlo, evidentemente, como bien dice en el encabezamiento de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velasco.
Esta parte final ya parecía parte de la negociación bilateral y del convencimiento. Yo creo que tiene que transaccionar si seis meses o un año, en los tiempos actuales en política seis meses o un año, todo es una eternidad, pero espero que lleguen a un buen acuerdo.
En turno de portavoces, en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la diputada Amparo Botejara.
Nos traen una PNL con una exposición de motivos que recoge un marco legislativo generoso, incluso se pueden añadir legislaciones autonómicas y se puede configurar un abultado paquete de normas y leyes. ¿Cuál es el problema? El problema es el incumplimiento de estas y, por supuesto, desconocer en qué situación se encuentran las estructuras sanitarias actualmente. Por ello, sí que estamos de acuerdo en elaborar un registro para hacer un diagnóstico sobre la situación de un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanidad para personas con cualquier tipo de discapacidad, haciendo hincapié con las personas con discapacidad sensorial, visual, auditiva o ambas y en personas con discapacidad intelectual.
Ya se ha citado aquí algunos artículos del Real Decreto Legislativo 1/2013, que recoge los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, pero en el artículo 25.3 está contemplado cómo "en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal". O sea que un largo camino, teniendo en cuenta que las leyes de 2013, un largo camino queda todavía por recorrer. Pero da la impresión de que esta PNL, nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor, pero da la impresión de que es una más, no se acompaña de cifra ninguna, el estudio del coste es cero, ni siquiera un ejemplo por estructura sanitaria, así que vamos a votar, como he dicho, a favor, con las dudas de la utilidad de esta PNL.
Y, para finalizar, comentarle al vocal de Ciudadanos que esta PNL es una más de la que ustedes hacen, que dan vueltas por las distintas comunidades autónomas, lógicamente, eso implica menos trabajo le aconsejamos retirar algún vocablo del párrafo antepenúltimo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijación de posición tiene la palabra la diputada Carmen Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Tomo la palabra para fijar en nombre de mi grupo nuestra posición respecto a esta proposición no de ley presentada por la formación de Ciudadanos para la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanidades, una iniciativa que nos trae a la memoria reciente, la que mi grupo parlamentario también presentó en esta comisión hace escasamente siete meses, relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanidades, una PNL que se cerró en su momento con una enmienda transaccional en orden a seguir avanzando en el marco del Consejo Interterritorial de Salud en lo que hoy es planteado de manera más específica en esta proposición no de ley, una iniciativa que ya les anuncio votaremos a favor y lo haremos por responsabilidad y por el compromiso firme que siempre ha tenido este grupo parlamentario y el anterior gobierno del Partido Popular con los derechos de las personas con discapacidad, compromiso que hemos plasmado a través de diferentes iniciativas, que en
estos años hemos puesto en marcha y que desde luego nos han permitido, sin perjuicio de que queda camino por recorrer, en más derechos y, en definitiva, en más justicia social.
Quiero referirme al Plan de Acción 2014-2020 sobre Estrategia de Discapacidad, entre cuyos ejes quiero resaltar especialmente el referido a la accesibilidad. En este punto, señorías, quiero indicar que en el primer informe emitido de ese Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 ya se recoge una evidente mejoría de la accesibilidad de la atención sanitaria para las personas con discapacidad. Pero, ciertamente, los hechos demuestran que es necesario seguir avanzando en esta cuestión para evitar situaciones que se pueden producir en cualquier punto de nuestro país y situaciones como la que denuncia la presidenta de la Confederación Nacional de Sordos de España, que dice que la falta de accesibilidad a la información y a la comunicación en el ámbito sociosanitario implica serias dificultades para las personas sordas, o la que denunciaba una mujer tetrapléjica, que relataba la falta de accesibilidad que se encontró en el Servicio Andaluz de Salud al intentar hacerse una citología, una mamografía o a la hora de conocer su peso.
Ciertamente, señorías, hay que seguir trabajando para que esto no pase o pase cada vez menos y, ciertamente, hay que hacerlo de manera coordinada entre el Gobierno, entre el Ejecutivo Central, las comunidades autónomas, y, evidentemente, pasa por el ámbito del INGESA, que, como saben sus señorías, el INGESA solo se ocupa en el ámbito territorial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además del Centro de Dosimetría de Valencia. En definitiva, responsabilidades compartidas, responsabilidades compartidas en orden a esa mejora. Permítanme para ir concluyendo que refiera que el pasado año, en julio del 2017, se firmó un protocolo de actuaciones conjuntas entre INGESA e Imserso, entre cuyos objetivos está mejorar la accesibilidad de los usuarios a un sistema integrado de recursos sanidades y recursos sociales y específicamente su punto 10 refiere: "para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanidades y sociales se planificará la eliminación de las posibles barreras, ya sean físicas, de comunicación e información, así como se mejorará el transporte sanidad adoptado". Lo cual indica que el camino está, se está trabajando en ello y hay que continuarlo y mejorarlo. En ese compromiso siempre va a estar el Grupo Parlamentario Popular.
Agotado el turno de portavoces, es el momento de pedir al grupo proponente, y concretamente al señor Igea, si está en condiciones de anunciar la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista o algún tipo de transaccional entre seis meses y un año, o quizás alguna cosa distinta.
El señor IGEA ARISQUETA: Estamos todavía pendientes.
El señor PRESIDENTE: Están entre seis meses y un año. Van a culminar apropiadamente, estoy convencido.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE JUEGO QUE EL GOBIERNO AUTORIZA A LA ONCE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003189).
El señor PRESIDENTE: Retomamos el punto número 4 del orden del día, proposición no de ley sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE. El grupo proponente es el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No se han presentado enmiendas.
Para defensa de la iniciativa tiene la palabra por un plazo máximo de cinco minutos la diputada Isabel Salud.
La proposición no de ley que presenta nuestro Grupo Confederal se refiere a las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE. Ustedes saben que corresponde al Gobierno ejercer la tutela de la ONCE a través del Consejo de Protectorado, cuya presidencia recae precisamente en la ministra de Sanidad y es a ese consejo de Protectorado a quién compete las autorizaciones, modificaciones de las modalidades de juego y condiciones de comercialización
de la ONCE, correspondiendo al Consejo de Ministros la aprobación del que ha venido en denominarse Acuerdo ONCE-Gobierno.
Desde la implantación del euro la ONCE venía arrastrando unas pérdidas en su recaudación, que fueron aliviadas a través de diferentes acuerdos entre el Consejo de Protectorado y el Consejo de Ministros, acuerdos como incremento del porcentaje de premios para la ONCE, autorización de la comercialización de nuevos productos, la exención de la cuota patronal de toda la plantilla de personas con discapacidad y un largo etcétera.
Sin embargo, la continuación de las pérdidas en la recaudación y la mala situación que seguía atravesando la economía de la ONCE, justificaron el 25 de septiembre del año 2009 el acuerdo del Consejo de Ministros, mediante el que se anuló la condición histórica de que los juegos de la ONCE fueran vendidos en exclusiva por su plantilla de personas ciegas o con discapacidad, autorizando a que pudiera hacerse a través de canales externos. La autorización de venta de juegos ONCE fuera de la plantilla ha supuesto que desde el año 2010 la Dirección de la ONCE haya venido profundizando en dar sus productos de juego inicialmente a estancos, a quioscos de prensa, a gasolineras y posteriormente a supermercados, correos, etcétera. Todos estos establecimientos llamados canal físico complementario, venden juegos ONCE, sin sujeción a ninguna política de contratación de personal con discapacidad, mientras la Dirección de la ONCE va modificando la política laboral precarizando las condiciones de la plantilla de personas ciegas y discapacitadas. Ustedes comprenderán que es muy difícil para una persona ciega y con discapacidad, a quien se le exige un mínimo de productividad en su venta de juegos, que pueda competir cuando tiene a su lado un gran supermercado que vende los mismos juegos. Estamos hablando de Día, Carrefour, Correos, El Corte Inglés, gasolineras, estancos, quioscos de prensa. Esto es realmente difícil. Por tanto, nuestro grupo no pretende acabar con el canal, sino lo que pretende es proteger a la plantilla de trabajadores y sus condiciones laborales. Consideramos que el canal tiene que seguir existiendo, pero dentro de unos parámetros más razonables y compatibles con la supervivencia a largo plazo de la plantilla, que este también es el objetivo social de la ONCE, no nos olvidemos.
Por tanto, planteamos lo siguiente: en primer lugar, que la ONCE tendrá la obligación de contratar a toda persona ciega, esto parece razonable y creo que estaremos todos y todas de acuerdo; en segundo lugar, que la ONCE no podrá despedir a las personas ciegas que cumplan con el convenio actualmente vigente, por tanto, la ONCE no podrá exigir más productividad que lo que marca el convenio, creo que en esto también estaremos todos y todas de acuerdo; y, en tercer lugar, recuperar el compromiso inicial de la ONCE, y es que el canal se implante allí donde no lleguen los vendedores. También es obvio y hay muchas formas de hacer esto sin perjudicar a la plantilla y tampoco y tampoco sin perjudicar a los establecimientos externos, o sea, el canal, se puede hacer sin perjudicar a ambas partes, este es nuestro propósito último.
Para facilitar el consenso de esta comisión, si es posible, solicitamos a la Mesa el voto separado de los puntos que proponemos.
No habiéndose presentado enmiendas y siendo usted la portavoz de la iniciativa, del grupo que propone la iniciativa, evidentemente que será posible la votación separada de los tres puntos.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, miembros de la Mesa y a todos los diputados de miembros de esta Comisión de Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad.
Yo antes de entrar a valorar esta proposición no de ley que presenta Unidos Podemos, yo quiero poner en valor la magnífica labor que han hecho los últimos más de 80 años de una organización como es la ONCE, pero no ya solamente a las personas con discapacidad visual, es decir, los ciegos, sino también a otras personas con otras discapacidades que también atienden y, cómo no, a los profesionales que trabajan en esta organización.
Lógicamente, esta organización, ONCE, no ha estado de espaldas a una crisis económica y especialmente a todo lo que supone el juego y la competencia que ha surgido los últimos años, por tanto, es entendible los acuerdos en el Consejo de Ministros para habilitar, no sé cómo decirlo, para reinventarse para mantener la estructura, el empleo de toda esta organización. Y también quiero poner en valor a la ONCE en relación a la labor que hace en el tercer sector en colaboración con el CERMI y, por ejemplo,
quiero recordar que en todas las comunidades ostenta la ONCE la Secretaría General del CERMI y que cede espacios y que incluso financia a otras entidades sociales del tercer sector y, por tanto, el compromiso social de esta organización creo que está fuera de toda duda.
Yo ahora, entrando a valorar esta proposición no de ley, he de decir que entiendo que esto se debe a un conflicto laboral de la organización entre sus trabajadores con la Dirección y con sus representantes de la empresa y, por tanto, yo creo que no procede que aquí abramos un debate sobre si la situación es o no la correcta, si ha de hacerse, más allá del protectorado que, efectivamente, como bien ha dicho la portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, defendía bien, insisto, yo creo que es un conflicto laboral que no debe traerse al ámbito política y, por tanto, sobre todo, fíjese, creo que con datos y con cifras es como se ponen en valor las cuestiones. Mire, los ingresos medios de una persona con discapacidad en el tercer sector no llegan a 12?000 euros anuales, en la Fundación ONCE el sueldo medio de los profesionales de personas con discapacidad que trabajan en la Fundación ONCE duplica esa cuantía. Creo que el esfuerzo que hace esta organización es de sobremanera y no está exento, sin duda, a los riesgos de tener que llevar una cuenta de resultados y un balance como supone y que es al final habida cuenta la ONCE.
Por tanto, nosotros votaremos en contra de esta proposición no de ley.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, senyor president. Buenas tardes.
Dado que ya el grupo proponente ha comentado la votación separada de los puntos al inicio de su intervención esta parte, bueno nosotros, nuestro grupo también solicitaríamos la misma votación.
En cuanto a la posición de nuestro grupo, por eso también queríamos separar los tres puntos de la proposición no de ley, porque en cuanto al primer punto estaríamos todos de acuerdo que la ONCE tiene que velar para la contratación de todas las personas ciegas con discapacidad y por eso estaríamos todos de acuerdo en los principios originales de la ONCE, que es la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y con el objetivo de lograr una plena integración social impulsando su autonomía personal, ese es el principal objetivo de la organización de la ONCE y, por lo tanto, en eso estaríamos todos de acuerdo.
La ONCE tiene un fuerte compromiso social para con la sociedad, y así debe seguir siendo, por encima de las ayudas o la beneficencia que pueda haber. Por eso, consideramos que es importante que la ONCE siga trabajando de manera prioritaria en el apoyo a la ciudadanía, impulse políticas de igualdad y promueva una actitud ética dentro de la misma organización. Por eso, nosotros solicitábamos la votación separada, porque en el primer punto estaríamos de acuerdo y votaríamos a favor de este primer punto, pero así como en el segundo y tercer punto este grupo parlamentario se abstendría, puesto que coincidimos con lo manifestado también por el Grupo Mixto, que entendemos, sin entrar más allá a valorar otras cuestiones y sin perjuicio de que podamos colaborar o ayudar a que todo funcione un poco mejor, pero creemos también que es un tema estrictamente laboral y que deben solucionar las partes en ese sentido.
Por todo ello, este grupo parlamentario apoyaría el primer punto y se abstendría del segundo y el tercero.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Telechea.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado Diego Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Salud pública, muchas gracias.
Como ha dicho la ponente, la señora Salud, va a proponer la votación por puntos, cosa que yo veo acertada, puesto que si se votaran en bloque nuestra posición sería voto en contra.
Evidentemente, nadie discute la gran labor social que hace la ONCE y si en algún momento desde algún sector se ha intentado ver que esta proposición es un ataque a la labor de la ONCE, como ha dicho antes el compañero Íñigo Alli, evidentemente, claro que no. Aquí habla concretamente de regular un producto de juego y más concretamente del canal físico complementario. Ya he dicho antes que el canal físico complementario, lo ha dicho también el compañero, los datos no se pueden discutir, sino se analizan
simplemente, y en opinión de este diputado los datos hablan por sí solos, no veo ni una destrucción de empleo total, las ventas siguen subiendo, tienen una curva ascendente, entiendo que es una estrategia decidida por una organización en la época en que aparecen otros agentes en el juego y tienen solo el 5% del valor total. Es verdad que en el número de vendedores totales hay un descenso desde el año 2009, pero en esa curva se va recuperando. Y concretamente también se ha hecho referencia al salario medio, que es muy superior a personas fuera de esta organización más allá de que es una proposición no de ley, en esta comisión se ha dicho varias veces, creo que por el señor Olòriz, más allá de la efectividad real que tenga una proposición no de ley, se trata de fijar una posición y de comunicarlo al exterior. Este texto venía coleando hace meses, antes era muchísimo más ambicioso, pero carecía de argumentos técnicos-jurídicos que lo sustentaran.
Por puntos y permítanme, que voy a ir terminando, en el número 1, que pide literalmente: "La ONCE vendrá obligada a contratar a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello", es evidente que sin entrar, y no quisiera creerlo, el que se use el Legislativo como plataforma de rencillas sindicales, sin entrar en el fondo, lo más fácil sería alinearse con la mayoría. Veo legítima la crítica, las reivindicaciones, por muy pequeño que sea el colectivo. En esencia claro que la organización ONCE, y nadie va a cuestionar su labor social, no creo que desde el Legislativo podamos meternos en asuntos internos o que deban autorregularse como colectivo u organización, si bien el objeto principal, el de contratar la mayor ratio posible de personas invidentes o con alguna deficiencia visual, por la redacción literal no puedo tener una posición de voto favorable, aunque entiendo la preocupación del incremento de número de ventas del canal físico complementario, pero, como he dicho antes, en los datos que tiene este diputado, no creo que suponga ningún elemento perjudicial todavía para el colectivo de vendedores.
En cuanto al punto número 2, como he dicho antes, sin entrar en el fondo del asunto, nuestro voto será desfavorable, como he dicho antes, porque el Legislativo, creo humildemente, no debemos de entrar en materias que ni el Ejecutivo tiene competencias para ello, según los distintos informes jurídicos de los que disponemos.
Y, finalmente, en cuanto al punto número 3, que reza: "se recuperará el compromiso inicial de la ONCE que el canal físico complementario se implante allí, donde por circunstancias específicas no pueda haber un vendedor o vendedora de la ONCE", nuevamente, entiendo la filosofía y lo que persigue y más allá de semántica y de los datos que, como he dicho antes, no se debaten, se analizan, puedo llegar a entender, a establecer a futuro, que podría haber un porcentaje o un techo tanto en número de personas sin discapacidad, no ya en número de ventas totales, pero quiénes somos nosotros para meternos de una manera casi intervencionista en la política de estrategia de ventas mientras sigan cumpliendo la ley en porcentaje y cumplan su propio convenio. No hubiese sido yo proclive a utilizar la palabra recuperar, ¿acaso no es esa la función mayoritariamente de dar trabajo de la ONCE a personas ciegas? Esta situación aún no se da de manera global y generalizada, se trata más bien de que continúen con ese espíritu una vez, como se aprecia en estos datos, que tras la crisis y la apertura de esas plataformas de juego han aparecido, sus números han mejorado, se han ido recuperando, por lo que no puedo posicionarme a favor de este punto, pero tampoco en contra.
Para finalizar, más allá de la utilidad de esta PNL, como he dicho, creo que desde esta cámara no es el foro donde debe dirimirse el futuro estratégico de sostenimiento económico de una organización, sino de actuar si se estuviese incumpliendo la legislación y/u ordenamiento a los que se somete, y eso aún no ha sucedido.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender en turno de portavoces, tiene la palabra la diputada Marisol Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Señora Salud, yo entiendo perfectamente el interés por las relaciones laborales y por la representación sindical y las relaciones trabajadores-empresa que nos trae hoy su grupo con esta iniciativa. Mi grupo parlamentario se ha reunido en distintas ocasiones con los mismos, con el sindicato mayoritario de UGT, también con Comisiones Obreras, con este último hace escasamente dos o tres horas, pero, como ya se ha repetido aquí, parecería en cualquier caso y al entender de esta diputada, que los conflictos laborales de las empresas y de representación y capacidad de negociación de los mismos de los trabajadores en
los convenios no debería ser objeto de tratamiento en el Parlamento, sino en los correspondientes foros, pero entiendo el interés de quienes promueven y traen esta iniciativa y su contenido, así también como el de sus promotores. Y permítame que sobre la misma me ciña en el breve tiempo de que disponemos a las distintas propuestas que se realizan en la misma, solicitando del Gobierno la intervención en el interior de la ONCE en asuntos para los que no tiene competencia.
Señorías, conviene recordar que la Organización Nacional de Ciegos de España está regulada mediante real decreto como una corporación de derecho público de carácter social y base asociativa privada bajo el protectorado del Estado y este protectorado, señorías, se ejerce a través de un protectorado regulado específicamente en el artículo 8 de ese real decreto. Aquí tengo el decreto consolidado. Artículo que delimita claramente las competencias del Consejo y del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social especialmente, que es quien ejerce la presidencia del mismo y, señorías, el Gobierno carece de competencias directas en lo que respecta a las condiciones laborales de los agentes de la ONCE para poder determinar su contenido, como aquí se nos propone. En esta materia la organización se debe regir por su propio convenio colectivo vigente.
Otro tanto sucede con el canal físico complementario, ya que la ONCE, en su faceta exclusiva de operador del juego, tiene reconocida, sobre todo a través del acuerdo general, les recuerdo, señorías, vigente hasta 2021, una amplia autonomía para adaptarse a las condiciones de mercado.
Además, señorías, el canal físico complementario está admitido en cada uno de los reglamentos reguladores de las modalidades de lotería, titularidad de la ONCE, y recogido en el convenio colectivo de la organización, implementándose vía negociación colectiva diversos mecanismos de garantía y reparto para los agentes vendedores, entre otros, señorías, los previstos en el artículo 54, que prevé la participación de los trabajadores en el resultado de la venta de loterías por otros canales, canal físico complementario y otros, con la asignación de una prima semestral para los vendedores, es decir, no solo supone una merma, sino un ingreso a posteriori, o el artículo 67 del convenio, que prima la participación de resultados por el conjunto de la venta realizada, ahora sí, por el canal físico complementario, que se suma al resto de la venta para, si se alcanzan los beneficios de explotación, componer la prima de participación de todos los trabajadores de la ONCE, no solo los agentes o vendedores.
Señorías, nuestra posición ante esta iniciativa será, por tanto, desfavorable, toda vez que el grupo parlamentario al que represento y que apoya al Gobierno no puede eludir los informes jurídicos ni pedir al ejecutivo que actúe más allá de sus propias competencias y no respete la autonomía de la organización recogida en el citado real decreto, que reorganiza la Organización Nacional de Ciegos de España y el convenio colectivo, así como el acuerdo vigente entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad del futuro de la organización en este periodo 2012-2021, que es el que tiene vigencia así como la incorporación del canal físico complementario, que permite a la organización el empleo de canales físicos de ventas, formados por puntos de venta y establecimientos externos distintos a sus propios agentes y que, por tanto, no son trabajadores de la citada organización.
En el nombre del Grupo Parlamentario Popular, para concluir el turno de portavoces, tiene la palabra el diputado Alfonso Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Esta tarde estamos teniendo un debate sobre el funcionamiento de la ONCE, una entidad de carácter social con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar y de autoorganización, como bien se ha expuesto aquí por los distintos portavoces. Podemos con esta iniciativa atribuye a la ONCE pérdidas y decisiones que bajo nuestro punto de vista no son imputables al cometido de la ONCE, en el sentido de que la bajada de las ventas no se debe a una mala gestión, sino a que, como ocurre en otros operadores de juegos pasivos, la crisis económica global tuvo un efecto directo en las mismas. Sin embargo, a pesar de esta caída, la ONCE no llevó a cabo ninguna acción colectiva de destrucción de empleo, todo lo contrario, entre 2012 y 2016 creó más de 3800 puestos de trabajo fijos para agentes vendedores. Y si esto lo traducimos en ingresos, tan solo en 2017 logró llegar a los 1992 millones de euros, frente a los 13?000 millones de euros que facturó el juego online. Las ventas de la ONCE en el sector de juego en España suponen el 5% del total del mercado español. Además, en aras de mejorar sus resultados y a fin de competir con más garantía en el mercado, la ONCE en los últimos años llevó a cabo dos acciones
estratégicas, la puesta a la venta de productos activos e instantáneos y la creación de un canal físico complementario.
Estas medidas, contrariamente a lo que dicen sus señorías de Podemos, han provocado que desde 2015 las ventas globales de la ONCE crezcan anualmente y a la vez han crecido las ventas en el canal de agentes vendedores, concretamente hasta agosto de 2018 hay un crecimiento de venta global del 9,1% y en el canal de agentes vendedores un crecimiento del 7,5%, con un incremento en las medias de ventas por vendedor de un 11%.
En definitiva, el canal físico complementario no solo no está destruyendo empleo en la ONCE, sino que está provocando una solución a la continuidad para la institución en un mercado muy saturado traducido en datos, se crearon 1000 empleos fijos, en lo que va del año 2018 ya son 756 contratos indefinidos y la plantilla media de la ONCE en los últimos cuatro años se sostiene con alrededor de 19?500 vendedores. Yo creo que estos son datos objetivos que ponen en valor y vienen a contradecir todo lo que sus señorías de Podemos exponen en su PNL.
Pero, terminando ya, señorías, no solo la once ha rebatido la iniciativa, sino que también, y me imagino que usted también tendrá el escrito de los trabajadores a través de la representación mayoritaria UTA-UGT, que aglutina el 90% de la plantilla, que están sumamente preocupados con esta iniciativa, que pone en peligro la habilidad de la institución y, por tanto, la de los puestos de trabajo de la misma. Su PNL no se ajusta a la realidad y hay que ser más serio en su planteamiento y demanda, cuando al final se trata de un conflicto laboral. Y repito que UGT está en contra.
Por todo lo expuesto y yo creo que con todas las razones, nuestro voto será negativo.
Agotado el turno de portavoces, tomando nota de la petición de los grupos de votar separadamente los tres puntos, vamos a proceder a la votación separada en su momento.
- SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003333).
El señor PRESIDENTE: Ahora pasamos al punto número 5 del orden del día, proposición no de ley sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa, por un plazo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la diputada Carmen Cuello.
El Grupo Socialista trae esta iniciativa a debate hoy por justicia y por respeto a las personas con discapacidad, que llevan esperando el desarrollo de este reglamento desde que el Partido Popular entró en el Gobierno básicamente en 2012.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia de la sensibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la formación y a las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y prácticamente por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, presupone la estrategia de un diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Esta proposición vendría a dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final tercera, apartado segundo del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que dispone que el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29 y que se fijaba como último plazo el 4 de diciembre de 2017.
Cuando el Partido Popular llegó al poder en diciembre de 2011, ya estaba preparado un proyecto de ese real decreto, así como su informe de impacto económico y la memoria de análisis de impacto normativo. El trabajo lo había dejado hecho el gobierno socialista, solo había que continuarlo, sin embargo, no se hizo así. Señorías, la Oficina del Defensor del Pueblo solicitó información sobre la situación de este proyecto normativo y a instancias del CERMI, el cual en diciembre de 2017 interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad del gobierno del Partido Popular en la obligación de aprobar una normativa reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Un reglamento, señorías, que tendría que haberse aprobado mediante real decreto, que tendría que haber entrado en vigor antes del 3 de diciembre de 2015, según ordena la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, promulgada en 2013, que otorgaba un plazo de dos años para la adopción de este desarrollo reglamentario.
Señorías como ya ha comentado mi compañero, el pasado viernes, 7 de diciembre, fue aprobado por el Consejo de Ministros el Real Decreto para mejorar la accesibilidad a los sitios web y a las aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de la Unión Europea 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
Para el Grupo Socialista es importante la senda acometida por este nuevo gobierno socialista, que pone en la agenda política y prioriza las demandas de un colectivo tan importante como son las personas con discapacidad.
Y termino diciendo que a juicio del CERMI, mientras no se adopte esta norma reglamentaria no estarán garantizados los derechos de las personas con discapacidad en España en un ámbito tan crítico como es el acceso a todo tipo de bienes y servicios a disposición del público.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cuello.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra la diputada Teresa Arévalo.
Desde mi grupo hemos presentado una enmienda de adición a esta proposición no de ley del Grupo Socialista relativa al desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Con nuestra enmienda pretendemos que se garantice una vez aprobado ese reglamento, que se pueda garantizar su ejecución. Por ello aprovechamos la enmienda para instar al Gobierno también a incluir en los próximos Presupuestos Generales un fondo estatal para la consecución efectiva y real de la accesibilidad universal. Por supuesto, ese fondo estatal debe de respetar la distribución competencial.
Efectivamente, como se dice en la exposición de motivos de esta iniciativa, desde el 4 de diciembre de 2017 se está incumpliendo la Ley en relación a las condiciones de accesibilidad universal, desde Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que tanto la ausencia como las graves deficiencias de accesibilidad que siguen existiendo en base a ese incumplimiento de la ley no permiten avanzar y profundizar en la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional y que de esta manera se les siguen negando sus derechos. Esto, señorías, supone un fracaso colectivo como sociedad, imputable hasta antes de ayer al gobierno del Partido Popular, pero que hoy, si el nuevo gobierno socialista no se pone desde ya a implementar soluciones, también será responsable de esta situación pasado mañana.
Nosotras introducimos esta enmienda porque pensamos que de nada sirven las normas si no se acompañan de financiación y de compromiso presupuestario. La creación de este fondo es una medida que nosotras llevábamos en nuestro programa electoral, pero es también y sobre todo una demanda del propio movimiento social de la diversidad funcional, que lleva mucho tiempo reivindicando que solo habilitando recursos y financiación se puede cumplir con lo que dicen las normas en relación a la accesibilidad universal y garantizar así de manera efectiva y real una vida independiente y digna para este colectivo. Pero es que además cuando hablamos de accesibilidad universal lo denominamos así porque tiene como destinatario no solo al colectivo de las personas con diversidad funcional, sino a toda la mayoría social, todas en algún momento de nuestra vida necesitaremos de la concurrencia de estas condiciones.
Invito, por tanto, y ya termino, al Grupo Socialista a aceptar nuestra enmienda porque nuestras creemos que así estaremos avanzando en los derechos humanos.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado don Diego Clemente.
Todos sabemos que el gobierno del Partido Popular no tenía entre sus principales prioridades del ámbito social el cumplir con las obligaciones legales de la accesibilidad universal para las personas con discapacidad, todos conocemos cómo se ha sobrepasado el límite legal impuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Ha pasado casi un año desde que este plazo expirase y todavía queda mucho por hacer. Ciudadanos ha presentado numerosas iniciativas en esta comisión, así como en otras, véase Fomento por ejemplo, para promocionar la accesibilidad universal, sin embargo, no debemos olvidar que la accesibilidad universal también incluye la accesibilidad cognitiva. Es importante que las administraciones no olviden que las discapacidades que padecen un número importante de personas también tienen que ver con su limitación a una autonomía cognitiva.
Es el gobierno socialista el que ahora tiene la sartén por el mango o la pelota en su tejado, a quien corresponde cumplir con la ley y el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Esperemos que el gobierno, ya no solo que cumpla este plazo, sino que esta iniciativa tenga un objetivo real y no sea una mera declaración de intenciones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra el diputado Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.
En esta comisión se han planteado ya varias proposiciones sobre accesibilidad, sobre el Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, mejoras en medios de transporte, en centros y servicios sanidades y en la Biblioteca Nacional. Asimismo, nuestro grupo tiene presentada una propuesta relativa al desarrollo de un plan de accesibilidad, y ahora nos llega esta, presentada por el Grupo Socialista sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Por tanto, esta comisión está muy comprometida con la accesibilidad y espero y deseo que siga siéndolo.
El Partido Socialista puede presentar esta PNL porque en su momento el Gobierno del Partido Popular en 2013 presentó y aprobó con su mayoría absoluta el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en la que se regulan los supuestos y los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Concretamente, el artículo 22 de la Ley establece que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida, teniendo, por tanto, los poderes públicos que adoptar para ello las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal en igualdad de condiciones con las demás personas en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
Además, durante la décima legislatura, el gobierno del Partido Popular impulsó una serie de actuaciones orientadas a la promoción de la accesibilidad universal, entre las que cabe destacar el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad 2014-2016, que además de fijar la accesibilidad como un eje de actuación primordial, profundiza en ámbitos como el empleo, la igualdad, la educación y la economía. Por eso no entiendo las críticas vertidas por la portavoz socialista cuando ha sido el Partido Popular el que ha implantado esta ley. En cuanto al plazo para su desarrollo reglamentario, nos hemos topado estos años con un problema singular en nuestra historia democrática, una legislatura fallida, que
ha provocado un gobierno en funciones durante prácticamente un año, y un Congreso muy dividido, en el que ha sido muy complicado sacar adelante propuestas, una moción de censura, y ahora un nuevo gobierno, con un ínfimo apoyo de 84 diputados. De hecho, ustedes presentan esta PNL, en vez de traer su gobierno el desarrollo reglamentario, o sea que yo no sé si es que quieren darles un poco de tiempo para que puedan llevarlo a cabo y quizás, en vez de quejarse de lo que no hacen otros, pues hacerlo ustedes y ya está. Simplemente se lo digo porque sería mucho más fácil.
Pero, a pesar de ello, quiero trasladar al Grupo Socialista que apoya al Gobierno que pueden contar con el Grupo Popular para todo aquello que beneficie el futuro de España y el bienestar de los españoles, y más aún en los temas que afectan a las personas con discapacidad. Vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley y también a favor si al final aceptan la enmienda del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua. Justo la parte final de su intervención apuntaba a o que ahora yo ahora tengo que pedir, que es al grupo proponente, al Grupo Socialista y a la diputada Cuello, si está en condiciones de anunciar si acepta la enmienda del Grupo de Unidos Podemos.
La señora CUELLO PÉREZ: Sí, la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: ¿Tal cual?
La señora CUELLO PÉREZ: Tal cual.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. La aceptan. Muchas gracias.
- SOBRE EL TRATO DE LA DISCAPACIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003410).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación. El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el diputado Carmelo Romero.
Señoras y señores diputados, sin lugar a dudas, han sido muchas las veces que hemos oído que las leyes van a remolque o por detrás de la realidad social, que la ley llega cuando la realidad está demandando a gritos que haya una regulación legal. Sin embargo, hay otras veces que es al contrario, que la realidad social se muestra renuente a llevar a cabo lo que dice la normativa, y este es el caso que tratamos hoy aquí bajo mi punto de vista. Con las personas con discapacidad, aunque la normativa establece absoluta igualdad, no discriminación y trato igualitario, la realidad social es que aún tiene mucho por recorrer en este sentido, en este sentido y además hay muchísimos ámbitos de la vida.
Hoy nos vamos a centrar en lo que sucede en el ámbito de la comunicación y la discapacidad, por eso traemos esta proposición no de ley aquí.
España firmó la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, en ella el artículo octavo de esa convención nos pide a los estados que alentemos a los medios de comunicación para que difundan una imagen positiva y activa de las personas con discapacidad. Yo tengo que reconocer que se ha hecho mucho por parte de las distintas administraciones, estatal, autonómica, y también mucho por parte de las administraciones locales y también por las asociaciones del tercer sector, pero aún queda mucho por hacer, y voy a poner un ejemplo de lo que esta proposición no de ley trata de que se pueda ir corrigiendo, tampoco es mío, no quiero pecar de plagio, es de la Guía de Estilo sobre Discapacidad, que ahora voy a referirme a ella, una noticia donde sale la noticia y dice el medios de comunicación: "dos deficientes mentales vejados y prostituidos por su propia madre". Repito, "dos deficientes mentales vejados y prostituidos por su propia madre". Esta es la noticia, hay otras muchas, pero esta es una de ellas. Aquí se pone el énfasis fundamentalmente en los deficientes mentales, cuando la realidad es que la noticia es que una madre ha prostituido y vejado a sus dos hijos, sin embargo, el medio de comunicación ha hecho especial hincapié en los deficientes mentales, que, por otra parte, no sé si es la mejor manera de definirlo.
Miren ustedes, esta es la guía de la que yo les hablaba, Guía de Estilo sobre Discapacidad para profesionales de los medios de comunicación. Está publicada por el Real Patronato sobre la Discapacidad en el año 2006. Nosotros en esta proposición no de ley lo que pretendemos es fomentar el uso de esta guía, fomentar el uso de esta guía por parte de los profesionales de los medios de comunicación, yo creo que puede ser una herramienta de trabajo buena para los distintos medios de comunicación, y le pido al señor presidente que pensemos, no sé si sería conveniente editar esta guía, bien por parte de la Comisión, por parte del Congreso o por parte del Gobierno y mandársela a los distintos medios de comunicación para que la apliquen y no suceda como la noticia que he leído con anterioridad. Mandársela a los distintos medios de comunicación, a las facultades de Ciencias de la Información, a los periodistas, etcétera, etcétera. No sería malo, sería bueno. Usted, que es el que tiene el poder en esta materia, gestiónelo. Ahí le dejo la idea.
En segundo lugar, esta proposición no de ley también pretende promover que existan planes de formación específicos para esos profesionales de los medios de comunicación en materia de discapacidad, con el fin de que a través de ellos se promocione una verdadera sociedad inclusiva. Y, ojo, no estoy hablando de que haya una nueva asignatura en el contenido curricular, quizá pueda haber un tema de esta materia, tampoco sería malo que eso fuese así. Y, en tercer lugar, lo que pretendemos también con esta proposición no de ley es fomentar la inclusión de contenidos vinculados al mundo de la discapacidad y además que estos contenidos en los distintos medios, a través de programas específicos, que se fomente la normalización de la discapacidad y que estén conducidos y presentados precisamente por las personas con discapacidad.
Como ven, es una proposición no de ley, señorías, bastante amplia, en positivo y que quiere dar un paso más en ese largo y a veces muy arduo camino para lograr esa normalización de las personas con discapacidad dentro de nuestra sociedad. Yo espero, lógicamente, el voto favorable de todos los diputados.
A esta proposición no de ley por parte del Grupo En Marea, Podemos, En Comú Podem, Equo, etcétera, se ha presentado una enmienda. La enmienda tiene tres apartados, el primero es el que creo que podemos aceptar, puesto que el segundo y el tercer apartado prácticamente vienen a ser idénticos a los que nosotros hemos propuesto en la proposición no de ley.
Ya que hasta tres veces me ha insistido en la opción de publicarla, tendríamos que ver si ya tiene propiedad intelectual, siempre se puede bajar de la red, pero no tenemos que descartar esta opción, que podemos discutir fuera del turno de portavoces. Gracias, señor Romero, por la presentación de la iniciativa.
Como muy bien usted ha apuntado, con un poquito de imprecisión respecto al grupo parlamentario, pero Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Equo no está en el nombre, han presentado una enmienda y para la defensa de la misma tiene la palabra la diputada Teresa Arévalo.
A esta proposición no de ley del Grupo Popular, relativa al trato de la discapacidad en los medios de comunicación, efectivamente, hemos presentado una enmienda de modificación porque considerábamos que lo primero que hay que hacer es exigir el cumplimiento de las normas, por eso el primer punto va de que hay que garantizar que se cumpla con el Real Decreto Legislativo 1/2013 en relación a la igualdad de oportunidades y de trato para las personas con diversidad funcional en los medios de comunicación, independientemente de que estos sean públicos o privados. Mantenemos en nuestra enmienda la promoción de planes de formación en materia de diversidad funcional para los y las profesionales de los medios de comunicación y creemos que también hay que mantener la referencia que se hace a la Guía de Estilo sobre Discapacidad para profesionales de los medios de comunicación, que fue elaborada por el Patronato de la Discapacidad, porque creemos que puede ser una buena herramienta para la formación.
Es cierto que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la lucha por la igualdad y deben ser sobre todo los medios de comunicación de naturaleza pública los que dediquen espacios para visibilizar la situación de las personas con diversidad funcional en nuestro país. También consideramos importante que existan herramientas para evitar la reproducción de estereotipos y de prejuicios sobre este colectivo porque eso es una forma importante de discriminación. El abordaje de la diversidad funcional en los medios de comunicación no se puede seguir dando, por tanto, desde el modelo rehabilitador y existencialista, sino que lo que se debe fomentar y promover es el modelo social y el modelo de vida independiente.
Por mi parte nada más. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, parece que van a aceptar nuestra enmienda, por tanto, el sentido de nuestro voto será a favor.
Al final preguntaré precisamente qué puntos se aceptan.
En turno de portavoces, tiene la palabra el señor Alli, en nombre del Grupo Mixto.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, de nuevo, y buenas tardes de nuevo a todos los diputados.
Deberíamos llevar esta comisión al Pleno para que viéramos todos los políticos que somos capaces de llegar prácticamente con unanimidad en muchas cuestiones cuando hablamos de discapacidad. Ojalá contagiásemos a otras comisiones y a otros temas tanto o más relevantes como el que hoy estamos hablando.
En cualquier caso, yo ya anticipo que el Grupo Mixto votará favorablemente, Unión del Pueblo Navarro votará favorablemente a esta proposición no de ley que propone el Grupo Popular y que también va a estar enmendada a través de una transaccional por Unidos Podemos.
Siempre he reiterado, y siento ser tan repetitivo, que lo que tenemos que lograr como entes públicos, ya sea a nivel municipal, autonómico o Gobierno central, la organización central, es lograr la autonomía, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en la sociedad y, por tanto, quiero decir que es cierto que ha habido grandes avances en relación sobre todo a esa cotidianidad y hacer natural la convivencia de las personas con discapacidad en la sociedad del siglo XXI, en la que gracias a Dios hoy vivimos. Por tanto, sí que es cierto que ha habido grandes avances y que gran parte de esa responsabilidad la tienen los medios de comunicación y, por tanto, cuando hablamos de medios de comunicación tenemos que hablar de léxico y de semántica y también tenemos que hablar de corresponsabilidad, corresponsabilidad de familiares de personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad, los entes públicos, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer dos consideraciones antes de dar paso al siguiente portavoz. También tenemos una responsabilidad, 40 años después la construcción española sigue hablando en su artículo 49 de disminuidos físicos y mentales. Esto ya sé que es reiterativo, pero debiéramos decirlo cada comisión, cada intervención que hagamos en relación a las personas con discapacidad. Creo que 40 años después no tiene ningún sentido que tenga referencia a esa semántica cuando hoy ya la sociedad ha superado esos términos o los términos que decía muy bien el portavoz del Grupo Popular y hoy debiéramos hablar de personas con discapacidad con absoluta normalidad.
Y también quiero aquí hacer partícipes algo que ya saben los portavoces, que el próximo 1 de octubre vamos a organizar aquí en el Congreso un encuentro con Robert Martin, que es la primera persona con discapacidad que es miembro del Comité de Naciones Unidas, que viene desde Nueva Zelanda y que vamos a hacer un encuentro aquí en el Congreso con los diferentes grupos, están todos, lógicamente, invitados, y también haremos un encuentro con medios de comunicación para sensibilizar también a los periodistas de esta cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado Marcial Gómez.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa que pretende fomentar el uso de herramientas de estilo y la inclusión de contenidos vinculados a la discapacidad en los medios de comunicación. Compartimos, igualmente, otros objetivos que señala la iniciativa, como la promoción de formación específica a profesionales y la creación de espacios y programas específicos. Solo añadir como comentario a la exposición de motivos y a la intervención de mi compañero, el señor Romero, algunas de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad a este respecto. Sus contenidos nunca se emiten en prime time, sino en horarios marginales, la programación que incluye a persona que signa u otro sistema accesible sigue siendo escasa o se relega a canales secundario, igual ocurre con la audiodescripción, ausente en la mayor parte de la programación. Y también me gustaría referirme a esas series televisivas de gran éxito, que seguro que todos ustedes conocen, protagonizadas por personas con TEA, que, aun reconociendo que dan mucha visibilidad a la diversidad, que dan mucha
visibilidad a las capacidades diversas, también reciben ciertas críticas porque presentan una imagen ficticia, presentan una imagen bastante alejada de la realidad de la discapacidad.
Y termino con un ruego. Ya que instamos a los medios de comunicación a difundir una imagen positiva de la discapacidad, les ruego a todas sus señorías que no hagamos justamente lo contrario. Nosotros tenemos presencia en medios, cuidemos, por favor, nuestro discurso, no contribuyamos precisamente a lo contrario y desechemos expresiones como "Gobierno autista" o "autismo autoritario", que, por desgracia, se siguen oyendo en el pleno de esta cámara.
Finalmente, en turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el profesor Andrés Torres Mora.
Nuestro grupo valora muy positivamente la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular porque el lenguaje no solo sirve para describir la realidad, sino que la construye. Hacemos cosas con palabras, decía el filósofo inglés John Austin, pero no solamente las hacemos, sino que con las palabras dotamos a las cosas de valoración estética, moral, política, económica. Con el lenguaje despreciamos o apreciamos, elevamos o subordinamos, aceptamos o rechazamos, con el lenguaje describimos la realidad o la ocultamos. Con frecuencia, conquistar las palabras significa conquistar el mundo, conquistar la dignidad, conquistar la visibilidad, el reconocimiento, y perder la batalla de las palabras significa perder todo eso. Cuando perdemos las palabras perdemos todo lo demás. Hay quienes incluso de buena fe se escandalizan de que el lenguaje puedas ser objeto de atención política democrática, como si el lenguaje perteneciera al orden natural de las cosas, o mejor dicho, al orden neutral de las cosas, como si el lenguaje fuera neutro respecto a los asuntos humanos, como lo son los movimientos de los planetas. Muchas veces nos entregamos al lenguaje creyendo ingenuamente que somos nosotros quienes lo hablamos, cuando realmente es el lenguaje el que muchas veces nos habla a nosotros y que nos hace decir cosas que, si pensáramos en lo que estamos diciendo, no nos atreveríamos a decir. Pero de esa manera, inconsciente o involuntariamente vamos esparciendo, como esparcimos el virus de la gripe, pensamientos que no compartimos.
Frente a quienes dicen que no se puede intervenir en el lenguaje común, este de hoy es un buen ejemplo de cómo puede ser legítimo democráticamente intervenir sobre el lenguaje, de cómo puede ser justo tratar de poner diques para intentar encauzarlo, para evitar que se desborde y arrase la dignidad, incluso las vidas de quienes nos rodean y de nosotros mismos. Se puede tocar el lenguaje, aunque no se deba manosear. El lenguaje común es casi siempre el lenguaje del poder, lo que ocurre es que el poder cambia y no es lo mismo un poder autocrático que uno democrático, las democracias son algo más que un mecanismo contable, bajo el ideal de la democracia laten valores como la libertad o la igualdad, no es imaginable, aunque es posible una democracia indiferente a una deriva autoritaria o desigualitaria, a veces en la forma en que nos referimos a ciertos colectivos se deslizan valores que no compartimos conscientemente y conviene estar atentos. Cuando pedimos democráticamente, en este caso a los medios de comunicación, un lenguaje respetuoso e inclusivo, sea para el colectivo que sea, esa petición responde a algo más que a un imperativo ético, responde a una necesidad sistémica de la democracia, que es la igualdad de todos sus miembros. Por eso la democracia debe ocuparse democráticamente del lenguaje, para que no sea un instrumento de opresión o de marginación, sea para las personas con discapacidad o de otros sectores y colectivos sociales, que no voy a enunciar pero que todos tenemos en la cabeza. Podemos intervenir en el lenguaje, lo estamos haciendo. Lo importante es cómo intervenimos, que es democráticamente, y para qué intervenimos, que es para respetar la dignidad y la igualdad de las personas.
En ese sentido, desde luego apoyamos la enmienda de Podemos y, por supuesto, la proposición del Partido Popular, con la que estamos muy de acuerdo.
Ahora sería procedente pedir al grupo proponente, al Grupo Popular, al señor Carmelo Romero, si acepta la enmienda, pero no se lo voy a preguntar, si quiere, porque incluso nos ha hecho llegar el texto transaccional, que ya está fotocopiado y a punto de distribuir. Les tengo que decir que todos ustedes son
muy diligentes transaccionando y haciendo llegar a la Mesa en tiempo y forma los acuerdos. La vamos a fotocopiar y la van a conocer.
No quiero pasar al siguiente punto del orden del día sin hacer una breve referencia a lo que apuntaba el señor Alli. Algunos de los miembros presentes en esta sala son partidarios de la reforma constitucional que ha anunciado el presidente del Gobierno y puede ser que el Consejo de Ministros del próximo viernes apruebe una propuesta de reforma constitucional, es uno de los órganos legitimados, juntamente con las Cortes Generales y con los parlamentos autonómicos. Quiero expresar mi inclinación, y que espero que sea también compartida por los miembros de la Comisión, que si legítimamente un órgano constitucional impulsara la reforma constitucional, sería el momento y la oportunidad para modificar el artículo 49 de la Constitución, para borrar la palabra "disminuidos" y para incorporar la palabra "discapacitados" o la que nos pareciera oportuno. No les propongo un acuerdo de comisión, pero este es el miércoles antes del viernes en el que probablemente esta oportunidad se va a abrir y pasaremos del consenso en esta comisión a una oportunidad concreta y en tiempo y forma.
- RELATIVA A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003484).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 7.º, proposición no de ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente Unión del Pueblo Navarro, y para su defensa tiene la palabra el diputado Allí, Alli.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias. Le agradezco la corrección en la pronunciación de mi apellido, señor presidente.
Efectivamente, Unión del Pueblo Navarro, a través del Grupo Parlamentario Mixto, propone a esta comisión para su debate la petición, no quiero decir la exigencia, pero sí instar al Gobierno de España, al ejecutivo actual, a que desarrolle un plan educativo inclusivo para todas las personas con discapacidad. Quiero hacer referencia, y es una realidad, aunque nos duela como españoles que somos, que el Comité de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como ya saben todos ustedes, desarrolló una investigación en España para dilucidar si en nuestro país se incumplía el artículo 24 de dicha convención en relación al derecho a la inclusión, y lo cierto es que tras un exhaustivo, quiero pensar que un exhaustivo trabajo, algunas de las conclusiones fueron demoledoras, en ello se habla de una vulneración de los derechos porque había algunas personas con discapacidad que eran excluidas de la educación general.
Miren, señorías, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión de cuando hablamos de inclusión y de los pasos que vemos que tenemos que tenemos que dar, especialmente, lógicamente, a nivel educativo.
Perdón, es que es imposible centrarse.
Yo la pregunta que lanzo a los miembros de este comité es: ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la plena inclusión? El otro día publicaba la actual portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Educación, que en Navarra, en los últimos datos del último curso el 91% de los alumnos con discapacidad estaban incluidos en la educación general, cosa que es un logro, y yo me siento tremendamente orgulloso y sé que a nivel nacional hay que dar pasos para avanzar. Ahora bien, ¿por qué hay un 9% de esos alumnos que no están incluidos en la educación inclusiva, valga la redundancia? ¿Cuál es el límite? ¿Tiene que ser el 100%? ¿Y por qué esas familias no han decidido que estén en educación general? Miren, aquí quiero también romper una lanza a favor de a conveniencia de la asistencia de modelos educativos o dentro de un nuevo modelo educativo también de la educación específica, y lo diré para casos muy pragmáticos y muy concretos para que se entienda, aunque soy partidario de, efectivamente, la educación inclusiva, pero creo que son tremendamente compatibles.
Miren, los colegios de educación especial o específica dan respuesta especialmente a las personas con grandes necesidades y garantiza un curriculum adaptado y funcional que cubre todas las áreas de desarrollo de la persona, no solamente las académicas; en segundo lugar, es un entorno seguro y
de aprendizaje; en tercer lugar, es una relación con iguales que le asegura su bienestar y también es un derecho a vivir con dignidad en esos centros.
Por tanto, cuando hablamos de vulneración de derechos yo también quiero decir la siguiente cuestión: ¿Alguien ha preguntado a los alumnos dónde quieren estar? Qué pregunta. Yo creo que es un principio básico en las políticas que deben desarrollarse. ¿Alguien ha preguntado a esos alumnos en qué colegios quieren estar?
Y por eso nosotros lo que pedimos es esa conveniencia y la libertad de los padres o la participación de los padres para que puedan decidir libremente dónde consideran que deben estar sus hijos.
En ese sentido ya he entregado a la Mesa, como bien saben el presidente y el letrado, una transaccional tras las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular, en el que hemos llegado a un acuerdo y en el que espero que se sumen todas las fuerzas políticas o los grupos políticos, en el que venimos a instar al Gobierno a que desarrolle un plan nacional educativo inclusivo de todas las personas con discapacidad, en coordinación, lógicamente, con todas las comunidades autónomas y la Comunidad Foral de Navarra, en colaboración con expertos e instituciones concernidas, asegurando la participación de los padres para decidir la modalidad educativa de escolarización para lograr la calidad educativa en función de las necesidades especiales de los alumnos con discapacidad, especialmente en esos casos de grandes necesidades.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la diputada doña Teófila Martínez.
La señora MARTÍNEZ SAIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para defender la enmienda de modificación de parte del contenido de la propuesta de UPN sobre el desarrollo del plan nacional educativo e inclusivo de las personas con discapacidad. Después de leer el informe y las conclusiones del mismo y agradeciendo de antemano la oportunidad que una proposición como la del señor Alli para debatir en esta comisión sobre el futuro en nuestro país de la inclusión real de las personas con discapacidad dentro de nuestro sistema educativo, hemos creído conveniente presentar esta enmienda para plantear cuestiones que para mi grupo son de vital importancia si queremos pasar de las discusiones, a veces estériles, a procurar de verdad trabajar por solucionar los problemas.
Tengo que poner de manifiesto nuestro total acuerdo, mi total acuerdo con la intervención del señor Alli en este punto, y quiero en primer lugar dejar claro, aunque sus señorías lo conocen, que para nosotros es importante cumplir con el contenido de la Constitución y la Constitución Española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos con un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad.
La atención del alumnado con necesidades educativas especiales se realiza principalmente en centros ordinarios con objeto de favorecer la inclusión, pero hay alumnos que requieren, como bien ha dicho el señor Alli, una atención más especializada y no pueden ser atendidos en el marco de la atención a la diversidad en centros ordinarios. En el curso 2015-2016 el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado supuso un total de 206?000 personas, de las cuales 171?000 estaban integradas en centros ordinarios. Esto implica un 83% de este alumnado estuvo escolarizado en entornos inclusivos y el 17% restante lo estuvo en centros específicos de educación especial.
El informe del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad que menciona el señor Alli en su iniciativa ha propuesto también, como ha mencionado el señor Alli, en las observaciones formuladas para España eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales. Pero, señorías, el artículo 9 de nuestra Constitución señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas y solo una correcta y adecuada financiación es la que nos va a permitir hacer efectivos estos derechos de libertad e igualdad y muy especialmente en las personas con discapacidad.
Queremos dejar muy claro en esta intervención desde el Grupo Popular que es urgente que los poderes públicos doten a los centros educativos de los recursos humanos, económicos, materiales necesarios para atender al alumnado y garantizar un sistema educativo inclusivo, en que las familias
tengan especialmente de las personas con discapacidad derecho a elegir la modalidad educativa que quieren para sus hijos y para garantizar la igualdad de los alumnos y la calidad del sistema educativo.
En los dos años de trabajo de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación, creo que sus señorías, algunas de ellas han estado presentes en este pacto, siempre ha estado muy presente la inclusión como primer objetivo del pacto y todos estábamos de acuerdo.
¿Qué pasó al final? Que el partido que llevó al fracaso el Pacto Social y Político por la Educación, y que exigía una inversión del 5% del Producto Interior Bruto, un compromiso que debe recordarse que finalmente asumió el gobierno del Partido Popular y del que no hemos vuelto a oír hablar al Partido Socialista, hoy en el Gobierno, en los 100 días que lleva gobernando, debe explicar a las familias y a la comunidad educativa los recursos que piensa dotar para garantizar la igualdad de los estudiantes, o sea, la equidad sin excusas. Hay que garantizar los recursos humanos necesarios y eso requiere un aumento de los recursos económicos y principalmente para que los centros puedan atender adecuadamente la inclusión de las personas con discapacidad, y, por tanto, para que no existan más justificaciones inútiles por parte de las administraciones competentes, gobierne quien gobierne, las transferencias del Estado para la educación deben tener carácter finalista. Todos tenemos derecho a conocer cuál es el esfuerzo presupuestario de las administraciones para luego poder exigir que sean bien empleadas, especialmente para conseguir la equidad e inclusión de las personas con discapacidad, que necesitan especialmente esos recursos extraordinarios dentro del sistema educativo español.
No podemos estar más de acuerdo, como he dicho al principio, con la propuesta del señor Alli, con su explicación, y también anunciarles que estamos de acuerdo con el contenido de la enmienda transaccional que ha propuesto el grupo proponente.
Se ha presentado una segunda y última enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra la diputada Begoña Tundidor.
Es un hecho que existen determinados alumnos con características distintas, que necesitan una atención específica y que no pueden desarrollar al máximo sus capacidades en el ámbito de las medidas ordinarias. Hasta ahora en España los cambios escolares que exigen una educación inclusiva se han desarrollado de manera desigual y sin avance sostenido de los mismos. Se podría decir que la educación de los alumnos con limitaciones y dificultades en España ha pasado por momentos difíciles en los últimos años. La educación inclusiva no solo abarca a personas con necesidades educativas especiales, como discapacidades o trastornos graves, sino alumnos con integración tardía en el sistema educativo español y la consecuente dificultad con el idioma, vulnerabilidad a la exclusión social y alumnos con superdotación intelectual que necesitan de un apoyo específico.
En los últimos 40 años se ha llevado a cabo en España un proceso que ha ido desde la educación especial hasta la integración, y posteriormente hasta la inclusión, en la que todavía estamos trabajando ahora. Como señala la profesora Casanova, este proceso de cambio requiere un fuerte compromiso por parte de todos. La educación inclusiva no se da espontáneamente por el hecho de que un niño tenga acceso abierto a la escuela ordinaria, sino que esa accesibilidad debe dirigirse al aprendizaje en plenitud de derechos y de igualdad de oportunidades con el resto de sus compañeros y para lograrlo es necesario que la escuela inclusiva tenga que concretarse también en una sociedad inclusiva, que valore la diferencia como algo positivo. La crisis y los recortes del Partido Popular dilapidaron el 55% de los recursos para atención a la diversidad y han acrecentado la desigualdad educativa en la última década. Con la LOMCE como cómplice necesario, los recortes en atención a la diversidad abarcan los programas más compensadores para los alumnos con mayores dificultades. El aumento de las ratios, la eliminación de programas de formación para el profesorado, así como el papel fundamental de los profesores de apoyo, que se ha visto minado con la pérdida de 35?000 puestos de trabajo, los recortes impulsados por el Partido Popular se olvidaron, por tanto, del 38% del alumnado matriculado con la etapa obligatoria en España con necesidades específicas de apoyo educativo.
Actualmente se está trabajando para articular una serie de medidas en coordinación con las comunidades autónomas y respetando sus competencias, cuyo objetivo son: promover la sensibilización del conjunto de la sociedad hacia la inclusión educativa, facilitar una educación personalizada y de calidad para todo el alumnado, garantizar políticas y prácticas inclusivas en los centros educativos, impulsar la
colaboración entre administraciones y otras entidades, así como las políticas inclusivas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional en la línea de los objetivos de la Agenda 2030. Nuestra meta, señorías, es conseguir romper el techo de cristal de estos jóvenes y que se adapten los estudios para que puedan continuar su formación. Por eso, es importante conocer la situación actual y por eso el sentido de nuestra enmienda.
Y, para terminar, me van a permitir que lea una frase de Ignacio Calderón, que es profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga, que dice que "existen muchísimos estudios que demuestran el valor de la heterogeneidad cuando tiene cabida en el aula, porque aprendemos fundamentalmente de las diferencias, aunque hemos formado las escuelas en torno a la homogeneidad".
En turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el diputado Marcial Gómez.
Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa que tiene por objeto desarrollar un plan nacional educativo para las personas con discapacidad.
Nosotros compartimos el objetivo de que la inclusión educativa debe contemplar cada situación de modo individualizado, buscando siempre el mayor grado de inclusión, de autonomía y de desarrollo de las personas con discapacidad. También compartimos que la educación inclusiva tiene que velar siempre por el interés superior del menor, pero también por la elección de la familia.
A nosotros nos gustaría desarrollar e implementar un modelo mixto, un modelo en el que aun cuando el alumno sea diagnosticado como alumno de educación especial y, por tanto, se produzca una adaptación curricular, se mantenga integrado en centros ordinarios que tendrían secciones de educación especial, con los recursos específicos para atender adecuadamente sus dificultades y siempre realizando la mayor cantidad de integraciones que fueran posibles. Se garantiza así la integración, a la vez que una atención específica e individualizada que permita desarrollar al máximo sus capacidades. Y dentro de este modelo mixto habría que considerar la función de los centros específicos de educación especial, que nosotros mantendríamos con el fin de dar un servicio más personalizado a aquellos alumnos que por razón de sus necesidades especiales no pudiesen ser atendidos de manera eficaz y óptima en un centro ordinario. Este es el modelo que nuestro llevamos al pacto educativo, que, como todos ustedes conocen, fue abandonado por algunos grupos políticos y no llegó a buen puerto.
En cuanto a la enmienda transaccional que se nos ha facilitado, suscrita por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, simplemente decir que cuando se refiere a la participación de los padres nos hubiera gustado que fuera un poquito más valiente y que hubiera consignado de alguna manera la prioridad o la mayor importancia del criterio de los padres en cuanto a la elección. No obstante, no es motivo suficiente para cambiar el sentido del voto y votaremos a favor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcial Gómez, que ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es su grupo parlamentario.
En nombre del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la diputada Rosana Alonso.
Desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea estamos a favor, como hemos afirmado en innumerables ocasiones, de que la educación inclusiva sea ya una realidad.
Uno de los principales problemas con este tema es que a todo el mundo se le llena la boca diciendo que está a favor de la inclusión en todos los ámbitos, sin embargo es que la realidad hoy en día es que en nuestro país la educación inclusiva no existe, más allá de experiencias puntuales, y lo recalco porque, cuidado, que la inclusión no eso que algunos alumnos con diversidad estén en centros ordinarios, por los comentarios que he oído yo hoy aquí, y a ver si se adaptan a esos centros ordinarios, sino que es el centro, es el sistema el que se ha de adaptar a las características de la diversidad y la totalidad del alumnado.
Nos encontramos ahora, como ha mencionado el señor Alli, con el informe realizado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y hay quien se echa las manos a la cabeza porque las conclusiones sobre la situación de segregación en nuestro alumnado dan auténtica vergüenza. Nosotras ya solicitamos hace unos meses en la Comisión de Infancia un plan de inclusión educativa como derecho fundamental para el desarrollo de cualquier menor, tenga las características que tenga, puesto que el beneficio repercute en la totalidad de niños y niñas y, por tanto, en la sociedad futura, que no se puede concebir de otra manera que no sea inclusiva. Ahora bien, para llevar a cabo un plan de inclusión y para demostrar que en nuestro país se desarrolla una actitud de tolerancia cero ante la discriminación, no basta con repetir varias veces la palabra inclusión. Sin medidas concretas y sin inversiones una palabra resulta vacía y ese vacío está haciendo ya mucho daño actualmente. Los centros educativos ordinarios han de estar dotados de todos los recursos necesarios para atender con equidad a toda la población infantil y juvenil, poniendo los ajustes razonables para que se lleve a cabo siempre una educación inclusiva, haciendo hincapié en todos los apoyos que hagan falta a cada alumna y a la facilitación de las relaciones sociales en los entornos naturales, claro.
Todo ello requiere una serie de cuestiones, evidentemente, requiere espacios adaptados, requiere aumento de orientadores y equipos específicos de orientación, requiere mayor número de especialistas y profesional de apoyo, requiere personal sanidad en los centros educativos y también requiere de forma intensiva formación sobre la inclusión a todos los docentes, ya que es indispensable.
Las familias, por su parte, por supuesto que deben, tienen derecho y deben elegir siempre, pero es que las familias no deberían tener que elegir entre que sus hijas e hijos tengan los recursos y la atención que precisan o que tengan un espacio social rico para su desarrollo pleno. Las familias tienen que tener por derecho centros educativos inclusivos en los que esté garantizada una educación integral, plena y no segregadora ni discriminatoria.
Que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país depende de las decisiones que tomemos aquí, señorías. Las políticas y los recortes del gobierno anterior no solo frenaban los pequeños avances logrados, sino que hicieron retroceder e impidieron cualquier posibilidad de mejora. Ahora bien, el PSOE ha mantenido reiteradamente, y lo ha repetido hoy, su interés en la inclusión.
Señorías del Partido Socialista, es el momento de llevar a cabo todas las medidas que sabemos necesarias para hacer efectiva la educación inclusiva real y para dar la vuelta a posteriores informes del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.
Con su intervención ha terminado el turno de fijación de posiciones de los grupos.
Ahora debería pedir al señor Alli si acepta las enmiendas. No se lo voy a pedir porque ya nos ha informado e incluso ha hecho llegar a la Mesa una enmienda transaccional, que se hará circular entre los distintos grupos y que hace decaer las enmiendas iniciales y someteremos a votación la enmienda transaccional.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS COMUNES PARA LA VALORACIÓN DE URGENCIA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD PARA AQUELLAS PERSONAS CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003576).
El señor PRESIDENTE: Discutido ya el punto número 8 en su momento, vamos a pasar al 9.º y último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencias del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas.
El grupo autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y para su defensa tiene la palabra el portavoz en esta comisión del Grupo Popular, el diputado don Ignacio Tremiño.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. Voy a ser explicito.
Todos o la mayoría de los que estuvimos aquí fuimos testigos de la exposición que nos hizo la Fundación Luzón sobre la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. En España cada día tres personas en nuestro país son diagnosticadas de ELA hoy por hoy, tres personas al día. La expectativa media de vida de las personas con ELA es de 2 a 5 años desde el diagnóstico, es decir, dentro de las enfermedades
neurodegenerativas es de las que menos esperanza de vida tiene. Tres personas con el tiempo se quedarán sin poder hablar, se quedarán sin poder comer, sin poder moverse, sin poder respirar de forma autónoma. Esa es la realidad, la cruda realidad de la ELA.
Se calcula que hay en España cerca de 4000 enfermos de ELA. La edad media del diagnóstico está entre los 50 y 60 años, pero hay muchos casos, conozco muchos yo personalmente, varios, de personas jóvenes, hablo de personas de 20 años, de 30 años, e incluso de menos años.
El diagnóstico se tiene después de 12 o 13 meses de diferentes opiniones de médicos, de visitas, 12 meses por un calvario infinito que nunca termina y que además termina con el diagnóstico definitivo de ELA, lo que supone que durante ese tiempo no se ha podido trabajar para una recuperación y una rehabilitación para conseguir una mayor supervivencia. En el diagnóstico es fundamental la rapidez a la hora de, efectivamente, conseguir ese diagnóstico para, como digo, poder establecer un tratamiento para alargar la supervivencia lo máximo posible.
La enfermedad de la ELA no entiende de procesos administrativos, la enfermedad de la ELA no entiende de tiempos de gestión, no entiende de valoraciones, de certificados de discapacidad, de los procesos que llevan, la ELA sigue su curso, avanza rápidamente, con el final que todos conocemos. Nunca se estabiliza, sino que continúa hasta que llega la muerte.
Este verano tuve la oportunidad de estar en el Centro de Enfermedades Raras de Burgos en una jornada específica de ELA con enfermos de ELA, y ahí nos transmitieron muchas cosas, lo que se había avanzado en los últimos años en España en relación a la ELA, los avances, pero lo principal que nos manifestaron a mí y a otro compañero, Íñigo, que estaba conmigo, es querían un compromiso de los políticos para conseguir que por lo menos, entre otras cosas, en el certificado de discapacidad no ocurriera como había ocurrido allí en un caso y ocurría muy frecuentemente, que llegaba la carta con el certificado de discapacidad concedido a la persona cuando ya estaba fallecida. Esa es la realidad.
Por eso nos comprometimos a presentar una PNL en ese sentido, en acelerar lo máximo posible el certificado de discapacidad para que en los casos de ELA, de enfermedades neurodegenerativas y en ELA específicamente, porque es la que menor esperanza de vida tiene, se consiga el certificado de discapacidad y puedan tener uso a lo que ello conlleva dicho certificado.
Vamos a presentar una enmienda transaccional con el Grupo Socialista. Voy a leerla rápidamente. Quiero leerla porque sé que esta intervención la van a seguir posteriormente muchas personas con ELA y por eso quiero que sepan a lo que nos comprometemos si lo votamos todos los diputados de esta Mesa.
Nos comprometemos a concluir antes de un año la implantación de la adecuación de los nuevos baremos de discapacidad en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía de Atención a la Dependencia, nos comprometemos a adoptar las medidas oportunas para atender las peticiones de las asociaciones de enfermos de esclerosis múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas referentes a la creación de un nuevo tipo de discapacidad basado en la tipología propia de estas enfermedades. Nos comprometemos a desarrollar la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, dotándola de los medios que sean necesarios, de acuerdo con el actual marco competencial y el conjunto de actuaciones y protocolos ya puestos en marcha para las diferentes comunidades autónomas, estableciendo un calendario de revisión de cumplimiento de objetivos. Y nos comprometemos, señorías, si votamos todos a favor, en adoptar en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad el reconocimiento en el plazo de 30 días tras el diagnóstico médico confirmado de enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, especialmente de la ELA, un porcentaje mínimo provisional de discapacidad del 33%, con plenos efectos hasta la obtención del porcentaje definitivo de discapacidad al que tenga derecho la persona con esta enfermedad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tremiño como portavoz del grupo proponente de esa iniciativa, la cual, aunque usted nos ha anunciado un acuerdo, se mantiene viva una enmienda y la diputada Aurora Flórez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para defender la enmienda y fijar la posición.
Esta iniciativa, efectivamente, no es nueva, nos estamos remitiendo al año 2011, donde ya se aprobó por unanimidad en esta misma comisión la necesidad de atender las peticiones de las personas con
enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple, la ELA o todas las enfermedades neuromusculares, que son solo algunas de las 600 enfermedades de esta tipología, pero que destacan las mencionadas, por sus consecuencias, su progresión y su afectación para las personas enfermas y, por supuesto, también para sus cuidadoras, cuidadores y familiares. Pero es que también tuvimos, ha mencionado el señor Tremiño a la Fundación Luzón, tuvimos en comparecencia en el año 2015 en esta misma comisión a Neuroalianza para preguntarnos por el cumplimiento de aquella PNL, de la que ya han pasado 7 años, reiterar sus demandas. Pero es que más recientemente, el año pasado, en marzo de 2017, se han debatido dos iniciativas conjuntas al respecto con aportaciones, con un texto enriquecido por todos los grupos enmendantes y que fue apoyada por unanimidad en esta cámara.
Lo que ha leído el señor Tremiño no es otra cosa que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la que retomamos aquella proposición aprobada por unanimidad en esta misma comisión, en la que pedimos entre todos que?, una proposición no de ley que debería haber sido ejecutada, pero que, evidentemente, no lo ha sido a todas luces, y en la que pedimos que la estrategia de enfermedades neurodegenerativas que existe, que se desarrolle completamente, que se evalúe lo que está desarrollado, que se haga un informe sobre la aplicación del baremo para las personas con enfermedades neurodegenerativas, que se estudie el reconocimiento tras el diagnóstico de ese porcentaje de discapacidad mínimo del 33%, especialmente de la ELA, y que se atendiese a las necesidades de las personas que padecen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. El año pasado cuando debatíamos esta iniciativa el Partido Popular decía "bueno, señorías, todo lo que ustedes piden ya está hecho". Evidentemente, no estaba hecho, no ha sido hecho, y aquí volvemos otra vez, una vez más, a tomar el tema de las enfermedades neurodegenerativas.
El Grupo Parlamentario Socialista, como les he dicho saluda bien esta iniciativa, pero presentamos esta enmienda para recuperar este texto consensuado no ejecutado, que enriquece la proposición inicial del Partido Popular y que recoge las demandas del colectivo y también el compromiso de este gobierno de recuperación del estado de bienestar.
Este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, así como el Gobierno, apoyan la implementación de políticas que supongan una mejora en la atención de las personas que padecen enfermedades de tipo neurodegenerativas y por eso también, además de los puntos mencionados, apoyamos la finalidad del punto propuesto por el Grupo Popular de otorgar un reconocimiento de un 33% hasta que se confirme ese diagnóstico definitivo, por la gravedad, por la evolución, la progresividad de las enfermedades como es el caso de la ELA. Y, como bien se ha anunciado, apoyaremos la iniciativa.
Le agradecería mucho si nos pudiera hacer llegar el texto transaccionado, porque estamos en el último punto del orden del día y debemos hacer una pequeña comprobación y hacerlo circular entre todos los grupos.
En turno de portavoces tiene la palabra el señor Alli en nombre del Grupo Mixto.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente y con absoluta brevedad agradecer esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y transaccionada con el Grupo Socialista.
Recordar que estamos hablando de una de las enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades más duras y crueles, permítanme que lo diga de esta manera, con una esperanza de vida de entre 3 y 5 años desde el diagnóstico y que lo que hoy necesita tanto el enfermo diagnosticado o la persona que empieza a tener cierto síntomas y su entorno familiar es una ventanilla única que atiende a todas sus dolencias y, por tanto, nosotros todo lo que sea limitar el tiempo para esta valoración, nosotros votaremos favorablemente sin ninguna duda.
Y agradecer, y con esto sí que finalizo, el trabajo que hace el entorno asociativo, en este caso la Fundación Luzón, como Neuroaliaza, como otras asociaciones en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, a favor de la lucha y la sensibilización de la sociedad por esta enfermedad.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado Igea.
Lo he contado en alguna ocasión, pero creo que este es un momento para volver a contarlo. Cuando nosotros presentamos nuestra iniciativa de la Ley de derechos y garantías al final de la vida una de la primeras cosas que hicimos fue hablar con la Asociación de Pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica y yo siempre cuento que fuimos ese día como muy ilusionados pensando que les íbamos a decir que tenían opciones de elegir, de elegir cuándo se aplicaba el cuidado paliativo, cuándo se aplicaba la sedación y siempre recordaré la frase que me contestó uno de los pacientes, que es: "eso está muy bien para quien pueda elegir, pero yo no puedo elegir", porque la mayoría de ellos no tienen la capacidad de elegir si se conectan a un respirador o no, porque no les ha llegado el tiempo, porque no tienen ayudas, porque no tienen dinero y porque no tienen manera de tener un cuidador.
Les voy a dar unos datos. El 5,6%, solamente el 5,6, tiene un cuidador de manera permanente, hablamos de personas que están en una silla de ruedas la mayoría de ellos, inmovilizados, con dificultades para respirar, incluso para comer habitualmente. El 73% de ellos no tiene logopeda, el 72% de ellos que tienen disfagia no tienen asistencia nutricional, el 48% de ellos ni siquiera tiene ninguna clase de fisioterapia, dos de cada tres pacientes que no pueden hablar no disponen de comunicadores para poder comunicarse con su familia, con sus seres queridos o con los médicos, están encerrados en un cuerpo que no funciona, con una cabeza que funciona perfectamente.
Se ha comentado y se ha dicho aquí, efectivamente, que su esperanza de vida en el 50% de los casos no supera los dos años. Si tenemos en cuenta que la demora media de la dependencia en este país es alrededor de un año y medio se darán cuenta del drama que viven estas personas y estas personas necesitan, efectivamente, que nosotros nos ocupemos de ellos y que votemos a favor de esta PNL, como vamos a hacer, pero necesitan sobre todo que se tomen medidas reales, eficaces, efectivamente, que no se demoren más de 30 días, pero también que dispongan de un catálogo ortoprotésico, también que dispongan de intercomunicadores, y necesitan muchas menos PNLs que las que hemos hecho desde 2011 y mucho más cuidado y medidas reales por parte del Gobierno. Así se lo pedimos al gobierno del Partido Popular durante esta legislatura y así se lo volvemos a pedir al gobierno del Partido Socialista. Votemos esto, aprobemos esto, pero, por favor, no les olviden, no olviden a unas personas que no necesitan de nosotros solamente que les digamos, como a veces parece que se les ofrece, que pueden elegir entre vivir o morir, porque ellos, la mayoría de ellos lo que quieren no es sobrevivir a la enfermedad, es poder vivir con ella, y depende de esta cámara y de este gobierno. Por favor, no les olviden.
Finalmente, para concluir este turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos tiene la palabra la diputada Ángela Rodríguez.
Intervengo en nombre de mi grupo para trasladar nuestra posición al respecto de la proposición no de ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas que ha presentado el Grupo Popular.
La verdad es que, escuchando las intervenciones, es que es de obligada?, casi por una cuestión ética ser un poco más franca de lo que tenía pensado ser en la intervención inicialmente y también me siento como bastante tentada de recoger esta intervención del profesor Torres Mora sobre John Austin y "Cómo hacer cosas con palabras", que desde luego es un gran libro y deberíamos reflexionar muchísimo más sobre el trabajo de Austin en esta cámara y creo que sobre todo en estas comisiones, porque es escalofriante cómo hacemos cosas con palabras, cómo creamos falsos consensos en torno a ciertos temas como para que parezca que estamos haciendo un montón de cosas, y esto es especialmente terrible y escalofriante cuando nos ocupan cuestiones tan dolorosas como esta. Yo creo que hay una cosa que no podemos hacer en esta cámara, que es fingir falsos consensos, negarnos a hacer política porque lo que nos ocupa es demasiado doloroso. Precisamente porque es demasiado doloroso tenemos que hacer más política que nunca.
Y yo creo que es escandaloso que el Partido Popular hoy traiga esta iniciativa, que ya estaba registrada en numerosas ocasiones, incluso por otro partido, que ya la registró su propio grupo incluso hace siete años, cuando ha tenido siete años con un gobierno para poder hacer no solamente lo que viene en esta iniciativa, sino muchísimas cosas más.
Las enfermedades neurodegenerativas, no solamente las que se mencionan aquí, la propia exposición de motivos dice que la que más prevalencia tiene es el Alzheimer, cuántas personas en este país hay con Alzheimer, no solamente es un problema del grado de discapacidad, sino qué hacemos con la situación que tenemos actualmente con la dependencia en nuestro país, qué necesitan las personas con enfermedades neurodegenerativas. Sin que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos y creo que deberíamos de profundizar en este sentido. Hay un montón de personas que no solamente necesitan un papel con urgencia, necesitan ese papel porque ese papel y otros papeles le pueden dar capacidad para otras cosas, pero lo que desde luego no puede ser es que haya un montón de gente que no tiene ni con qué comer ni dinero en su cuenta ni una casa en la que vivir ni una persona que le cuide ni una persona que le dé un trabajo a esa persona que cuida ni ninguno de los elementos que son necesario para tener vidas mínimamente vivibles y que nos creamos que con una iniciativa de dos frases después de siete años de gobierno, cuando ustedes mismos han traído esta iniciativa, va a servir para solucionar el problema. Es escandalosamente indigno por parte de ustedes que sigan teniendo esta estrategia incluso cuando están en la oposición, que es que ahora ni siquiera tienen necesidad de parecer que parezca que hagan cosas con palabras.
Entonces, yo le pido un poco más de honestidad al Grupo Popular, una vez más, especialmente en aquellas comisiones en las que tratamos cuestiones que son particularmente dolorosas, y confío en que ahora que tenemos un gobierno socialista y creo que se ha visibilizado que hay una mayoría de fuerzas progresistas en la Cámara podamos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, porque está claro que un papelito, una PNL después de siete años para pedir otro papelito, que no cambie la vida de la gente en términos materiales, que es lo que necesitamos, lo que debería de darles es vergüenza.
Así que nada más por mi parte.
El señor PRESIDENTE: Con la intervención de la señora Rodríguez terminamos el turno de portavoces de este punto y también agotamos la discusión de los puntos del orden del día.
Con lo cual, señorías, sé que se están produciendo varias comisiones a la vez, pido a los portavoces de los grupos si están en condiciones de tener todos sus representantes. En este caso vamos a suspender la comisión por dos minutos. (Pausa).
Les comunico mientras tanto que al finalizar la votación haremos una mesa de portavoces informal, con lo cual, ruego a los portavoces de los grupos y a los miembros de la Mesa que se queden un poquito más en esta sala.
El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos en condición de proceder a las votaciones. Pasamos, pues, a las votaciones de los nueve puntos.
Ruego silencio y concentración para que nadie se despiste.
Punto número 1, proposición no de ley relativa a la instalación de avisadores sonoros en los semáforos para favorecer la movilidad de las personas con discapacidad visual. Autor Grupo Parlamentario Socialista. Se vota con la transaccional que conocen los distintos grupos.
El señor PRESIDENTE: Se adopta por unanimidad.
Punto número 2 y punto número 3, se votan conjuntamente. Para el acta voy a leer el título de las dos proposiciones no de ley.
El punto número 2 es proposición no de ley sobre medidas relacionadas con el trastorno de la tartamudez, el autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Punto número 3, proposición no de ley relativa al abordaje integral de la tartamudez. El autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Se vota con la enmienda transaccional acordada entre los grupos y que conocen los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Se adopta por unanimidad de la Comisión.
Punto número 4, proposición no de ley sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No hay enmiendas transaccionales, se vota el texto tal como se ha presentado, en su literalidad, y, tal como han pedido los grupos parlamentarios, vamos a votar separadamente los tres puntos.
Paso a someter a votación el punto número 1 de la PNL.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 25; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.
Pasamos a la votación del punto número 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 2.
Vamos a someter el punto número 3 y último de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 3.
Pasamos al punto número 5 del orden del día, proposición no de ley sobre el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la proposición con las enmiendas del Grupo de Podemos de adición.
Pasamos a la votación del punto número 6 del orden del día, proposición no de ley sobre el trato de la discapacidad en los medios de comunicación. El autor es el Grupo Parlamentario Popular. Se vota la proposición con la enmienda del Grupo de Podemos en su apartado 1, con el texto que incluye y el resto del texto inicialmente planteado.
Punto número 7, proposición no de ley relativa a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en España. Autor Grupo Parlamentario Mixto. Se vota la enmienda transaccional redactada por distintos grupos y con una adición in extremis en el último momento, que si quieren les leemos, porque tienen conocimiento Grupo Socialista. La última palabra, donde decía "discapacidad", "necesidades educativas especiales". Simplemente es la modificación respecto al texto distribuido entre los grupos. Sometemos a votación esta transaccional.
Punto número 8, proposición no de ley sobre la mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado o el INGESA. El autor es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota la proposición con una transaccional como punto 3 de la misma, que también conocen los portavoces de los distintos grupos.
Punto número 9 y último del orden del día. Proposición no de ley relativa a la adopción de criterios comunes para la valoración de urgencia del certificado de discapacidad para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y se vota la enmienda transaccional suscrita por varios grupos, que también conocen todos los grupos.
Señorías, quiero celebrar que hay mucha unanimidad en esta comisión, quiero recordar que hemos pasado más de la mitad de la legislatura y que estamos instando al Gobierno a algunas cosas que habíamos instado en el pasado, que es bueno que lo que se insta en el Gobierno se cumpla y aquí, como que ha habido cambio de gobierno, no miro a ninguna parte, y les anuncio que si la Mesa y portavoces así lo acuerda, en el mes de octubre tendremos comparecencia de la secretaría de Estado, que será un buen momento para dar cuenta de todo aquello que hemos discutido.
Y quiero terminar, y que conste en acta, agradeciendo que en esta sesión el letrado Nicolás Pérez Serrano nos haya ayudado también. Para los nuevos del lugar, yo soy medio nuevo, don Nicolás Pérez Serrano, exsecretario general del Senado y del Congreso, es un referente para nuestra casa y muchas gracias por ayudarnos y por atendernos. Un honor.

References: artículo 23
 real decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 25
 real decreto 
 artículo 8
 artículo 54
 artículo 67
 Real Decreto 
 artículo 29
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 24
 artículo 9