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TRIBUNAL DE CUENTAS, IMPUGNACION, OMISION DE RENDIR CUENTAS | Estudio Longhi & Cia.
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TRIBUNAL DE CUENTAS, IMPUGNACION, OMISION DE RENDIR CUENTAS
abril 4, 2011 Sebastián D. Longhi	Deja un comentario Go to comments
CAUSA Nº 10598 CCALP “HOURCOURIPE ANA MARIA C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS S/ IMPUGNACION CONTRA RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (392)”
CAUSA 10598 TRIBUNAL DE CUENTAS.DOC
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “HOURCOURIPE ANA MARIA C/ HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS S/ IMPUGNACION CONTRA RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (392)”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -2118-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Daniel Spacarotel y Gustavo Juan De Santis.
1.- Contra la sentencia que hace lugar a la demanda e impone las costas en el orden causado (conf. fs. 85/93), se alza la parte demandada e interpone recurso de apelación (fs. 97/101).
2.- Sustanciada la impugnación (fs. 108/110), remitidas las actuaciones al Tribunal, declarada la admisibilidad de la impugnación (conf. res. de esta Cámara de fs. 113) y hallándose la causa en estado de ser resuelta, en segunda instancia, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso de apelación deducido? En su caso: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I.- La juez de primera instancia dicta sentencia por la que decide hacer lugar a la pretensión anulatoria deducida por la Sra. Ana María Hourcouripe, anulando el artículo noveno de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas de fecha 3 de octubre de 2001, y los artículos cuarto y quinto de la resolución de fecha 28 de septiembre de 2004 (arts. 12 inc. 1°, 50 inc. 2°, 77 inc. 1° y concs., C.C.A.; 5, 18 y concs., ley 10.869; 384, 474 y cocns., C.P.C.C.).
Expuestas las pretensiones de las partes, la magistrada de grado circunscribe el thema decidendum a determinar si las resoluciones impugnadas, en cuanto mantuvieron el cargo pecuniario aplicado a la actora en el expediente n° 136/98, correspondiente a la rendición de cuentas del Ministerio de Salud, Ejercicio 1998, se encuentran o no ajustadas derecho.
Tras un pormenorizado análisis de las constancias obrantes en el expediente administrativo a la luz de la normativa aplicable (v. gr. ordenamiento organizativo estructural del Ministerio de Salud aprobado por resolución del Consejo Asesor de la Reforma de Estado n° 64/95; arts. 159 Const. Prov.; 5, 18 y concs., Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas n° 10.869; decreto 1844/94), la a-quo concluye que la actora, en cuanto Jefe del Departamento de Tesorería de la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud de la Provincia, a la fecha de la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 1998, fue sancionada por el H.T.C. con la imposición de un cargo pecuniario, con fundamento en la omisión de un deber –rendición de cuentas- que no era de su incumbencia.
Para así decidir, pone de relieve que el Honorable Tribunal de Cuentas siguiendo el dictamen efectuado por el Contador Relator en el expediente nº 136/98, desaprobó mediante el dictado de sus resoluciones de fecha 3 de octubre de 2001 (artículo 9°) y 28 de septiembre de 2004 (artículos 4° y 5°), los egresos de fondos detallados a fojas 841 del mismo y en consecuencia, impuso a la actora un cargo pecuniario por la suma de $29.123.431,77, conformado por un faltante de documentación y un saldo final sin verificar.
Sentado ello, y sobre la base de lo dispuesto por los artículos 5 y 18 de la ley 10.869, la estructura orgánico funcional del Ministerio de Salud aprobada por decreto 1844/94 y las consideraciones formuladas con relación al circuito interno habitual en la Administración Pública por el perito Contador de la Asesoría Pericial La Plata (v. fs. 54/58), la magistrada de grado señala que si bien la actora como Jefe del Departamento de Tesorería tenía a su cargo el deber de llevar el Libro Contable Anual con el Registro de Movimientos de Fondos y Valores -responsabilidad que, destaca, compartía con el Director de Contabilidad y Servicios Auxiliares-, no puede concluirse que además tuviera a su cargo la tarea de rendición de cuentas documentada y comprobable a la Contaduría General de la Provincia. Tarea que, por otra parte, señala, le estaba asignada al Departamento de Rendición de Cuentas de la Dirección de Contabilidad.
Por las consideraciones expuestas, la a-quo afirma que la demandante fue sancionada con un cargo pecuniario basado en la omisión de tareas ajenas a su incumbencia, y en consecuencia, resuelve hacer lugar a la pretensión deducida, anulando el artículo noveno de la resolución del H.T.C. de fecha 3 de octubre de 2001, y los artículos cuarto y quinto de la resolución de fecha 28 de septiembre de 2004.
II.- La parte demandada apela el pronunciamiento y sostiene que la decisión debe ser revocada, expresando los agravios que siguen a continuación (fs. 97/101).
En primer lugar alude que el decisorio recurrido se funda en un procedimiento irregular que le ha impedido ejercer válidamente su derecho de defensa. En particular, señala que la a-quo omitió darle traslado de la pericia contable obrante a fojas 54/58, así como del despacho que dispone los autos para sentencia (fs. 83), violentando en ambos casos lo dispuesto por el art. 27 de la ley 7543/69.
En segundo lugar, y en lo que al fondo de la cuestión respecta, la recurrente se agravia por cuanto la sentencia de grado, prescindiendo de las constancias de la causa y de la normativa aplicable al caso, declara la irresponsabilidad de la demandante anulando el cargo pecuniario impuesto; y en tal entendimiento señala: a) que la a-quo desconoce lo establecido por los artículos 64 y 65 del decreto ley 7764/71 y actual 114 de la ley 13.767, que de manera expresa responsabilizan a la actora como administradora de fondos públicos, cuyo faltante no pudo ser documentalmente justificado; b) que el decisorio de grado desinterpreta lo dispuesto por los artículo 5 y 18 de la ley 10.869 así como la pericia contable aludida, cuyas conclusiones no obstante responsabilizar a otros funcionarios, no liberan a la actora por el incumplimiento de los deberes a su cargo.
III. En primer término, cabe diferenciar el pronunciamiento sobre la cuestión referida a las supuestas irregularidades procesales anteriores al fallo; de aquélla vinculada a la cuestión de fondo.
Con relación a la cuestión de forma plateada, adelanto mi opinión en el sentido adverso a la apelación de la parte demandada.
El apelante sostiene que las irregularidades cometidas por la a-quo en el desarrollo del proceso han vulnerado el debido ejercicio de su derecho de defensa e información. Puntualmente se agravia por la falta de notificación del dictamen de la prueba pericial contable (fs. 54/58) y de la providencia que dispone el llamamiento de “autos para sentencia” (fs. 84).
Al respecto, procede destacar que en contra de lo expresado por la recurrente, de las constancias de la causa surge debidamente notificada al domicilio constituido por la demandada la providencia que dispone el llamamiento de “autos para sentencia” con fecha 8 de octubre de 2010 (v. fs. 80/80vta y 81).
En consecuencia, la censura intentada en tal sentido carece de recibo. Pues, tal como enseñan Morello, Sosa, Berizonce en su Código comentado, es efecto de ese llamamiento (una vez consentido) el saneamiento de todos los vicios de actividad anteriores, providencia que hace así de compuerta tras la cual todos los eventuales defectos o vicios de actividad anteriores pierden virtualidad. Que tal sanatoria o convalidación reposa en dos de los principios básicos que campean en esta materia: el carácter relativo de las nulidades procesales y la necesidad de que éstas sean argüidas indefectiblemente en la misma instancia en que se hubieren producido (conf. “Códigos procesales…”, T. V.B, comentario al art. 482; S.C.B.A., causa C 99748, sent. del 9-XII-2010, del voto del Dr. Pettigiani).
En efecto, el llamamiento de “autos para sentencia” implica no sólo la clausura de todo debate y actividad probatoria frente al inminente dictado de la sentencia, sino que advierte a ambas partes a fin que deduzcan, previo a su consentimiento, las nulidades que estimen corresponder. En consecuencia, consentido y por lo tanto firme dicho llamado, queda concluida la instancia de la causa y cerrada la discusión. En tales condiciones, y ante el señalado efecto saneatorio genérico y preclusivo, procede desestimar el planteo nulitivo que en esta instancia la recurrente persigue (doct. art. 482 del C.P.C.C; 60 C.C.A.).
Sin perjuicio de tales conclusiones y, a mayor abundamiento, el defecto del debido proceso carece de consistencia al advertirse que, fojas 73/74 le fue notificado que tenía a su disposición el expediente por el plazo respectivo para ejercer el derecho de alegar, atribución que ejerció a fojas 79, certificándose ello por la actuaria a fojas 80.
Carecen pues de consistencia los agravios expresados en esa dirección, los que corresponde desestimar.
2. En cuanto al fondo del asunto, adelanto mi voto en el mismo sentido, propiciando la confirmación del fallo atacado.
Liminarmente cabe considerar que la Constitución Provincial faculta al Tribunal de Cuentas a inspeccionar las rentas públicas provinciales y revisar las cuentas de inversión, disponiendo su aprobación o desaprobación, y en este último caso, a “indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos” (art. 159, 2ª parte del inc. 1º). Al respecto, el Máximo Tribunal provincial ha sostenido que: “El mencionado Tribunal tiene la atribución de pronunciar el fallo definitivo y, obviamente, determinar el monto del perjuicio, pues de otro modo no se comprende cuál sería el alcance de este fallo ni cuál sería la intervención de aquel organismo en el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Tal conclusión, además, halla sustento en la señalada atribución del Tribunal de Cuentas referente al examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas y, en la determinación de los funcionarios responsables. En suma, para el adecuado ejercicio de control de la hacienda pública, el legislador ha establecido la facultad del Tribunal de Cuentas de sancionar a los empleados y funcionarios alcanzados en el fallo, sin que tal fallo pueda considerarse contrario al texto constitucional sino que, por el contrario, coadyuva al cumplimiento de las atribuciones del Tribunal de Cuentas” (S.C.B.A., causa B 50.066 “De Luca”, sent. del 16-III-99; en sent. conc. mi voto en C.C.A.L.P. causa nº 9971 “Sorrentino”, sent. del 21-12-2010).
Sentado ello, asiste razón a la magistrada de grado cuando centra la materia de controversia del sub-lite en determinar si la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas de fecha 3 de octubre de 2001, y su confirmatoria de fecha 28 de septiembre de 2004 -en cuanto mantuvieron el cargo pecuniario aplicado a la actora en el expediente n° 136/98-, se encuentran o no ajustadas derecho.
En el caso, a través de las resoluciones impugnadas, el H.T.C. responsabilizó a la actora en su calidad de Jefe del Departamento de Tesorería con motivo de las diferencias detectadas entre los egresos y la documentación rendida (v. fs. 841 exte. adm.), y por consiguiente le impuso un cargo pecuniario por la suma de $29.097.807,05, con motivo de las irregularidades –faltante de documentación ($25.791.568,25) y un saldo final sin verificar ($ 3.306.238,80)- constatadas en la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 1998 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (cfr. res .H.T.C. del 28-09-2004).
En primer lugar, corresponde precisar que la particular naturaleza del servicio prestado por la actora en cuanto Jefe del Departamento de Tesorería, le imponía el estricto cumplimiento de las funciones asignadas, en el tiempo y forma expresamente regulados (doct. S.C.B.A. causa B. 58.704 “E. L.C.”, sent. 23-VI-2008).
Al respecto, la jueza de grado se encarga de deslindar en el decisorio atacado, siguiendo doctrina del Máximo Tribunal provincial (causa B. 51.136, “Mendez“, sent. del 23-XII-1997, entre otras) y de acuerdo al ordenamiento organizativo estructural del Ministerio de Salud (aprobado por Res. del Consejo Asesor de la Reforma del Estado n° 64/95) y a la estructura orgánica aprobada por decreto 1844/94, las funciones y deberes asignados tanto al Departamento de Tesorería -a cuyo cargo se encontraba la actora- como a la Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares, para concluir luego que es a esta última dependencia a la que cabe efectuar la rendición de cuentas documentada y comprobable a la Contaduría General de la Provincia, estando en cabeza de la actora la responsabilidad de llevar el Libro Contable Anual con el registro de movimiento de fondos y valores, y el debido control de los ingresos y egresos.
En efecto, si bien asiste razón a la apelante cuando con cita en los artículos 64 y 65 del decreto ley 7764/71 insiste sobre la obligación genérica de rendir cuentas que existe en cabeza de todo agente que perciba fondos, dinero, valores u otros bienes o pertenencias del estado, no debe perderse de vista, en consonancia con lo precedentemente expresado, que el artículo 66 del mismo cuerpo legal (actual 116, ley 13.767) dispone: La rendición de cuentas deberá presentarse ante la Contaduría General de la Provincia en el tiempo, lugar y forma que su titular determine, en concordancia con lo que al efecto disponga el Tribunal de Cuentas.
De lo hasta aquí expuesto se colige que, amén de la responsabilidad que producto del incumplimiento de las obligaciones a su cargo pudieran caberle a la actora por el deficiente control y registro de los ingresos y egresos -en cuanto titular directa del Departamento de Tesorería ministerial comprometido en el faltante de documentación y saldo final sin verificar-, la circunstancia de no hallarse formalmente obligada a la rendición de cuentas documentada y comprobable a la Contaduría General de la Provincia según la normativa aplicable, resulta decisivo para resolver la contienda.
Pues, de las particulares circunstancias de la causa surge que de existir una responsabilidad en cabeza de la demandante, ésta no ha sido debidamente analizada de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas que el sub-lite presenta.
De un lado, en tanto el plexo normativo específico llama puntualmente a cumplir la rendición de cuentas a otros funcionarios de la estructura orgánica, tal como desarrolla la jueza de grado (cfr. arts. 5 y 18, ley 10.869, decreto 1844/94, res. 64/95, fs. 23 y 89 exp. adm. cit. y dictamen pericial); del otro, en cuanto aún integrando esa preceptiva con la más amplia que invoca la demandada (esp. arts. 64 y 65 decreto ley 7764/71 y sus reformas), las observaciones que plantea la recurrente no demuestran error en el juzgamiento.
Sobre la base jurídica del pronunciamiento vale resaltar que la inteligencia que provee la magistrada, en cuanto al alcance comprensivo de los arts. 5 y 18 de la ley 10.869 del sub-lite, resulta inobjetable e inatendible, por ende, la réplica que al respecto intenta la demandada (punto 4 de la expresión de agravios).
Al quedar desligados de responsabilidad los titulares de la función que motiva la imputación, el alcance de ella en el modo decidido por el Tribunal de Cuentas deviene irrazonable, tanto por no surgir de modo expreso y directo en cabeza de la accionante el deber que se dice omitido, como por no desprenderse de manera fehaciente la efectiva configuración del perjuicio debido a la faltante de dinero antes que a fallas habidas de carácter técnico contable por un monto desmesurado en comparación a la situación patrimonial de la actora.
Desde tal perspectiva, este primer elemento es un dato contundente del exceso con que se le atribuye de manera exclusiva la responsabilidad administrativa con la imposición de un cargo pecuniario por la elevada suma de $29.097.807,05 (cfr. monto ajustado por res. del 28-09-04).
En tal entendimiento, observo que la situación de alcanzada de la actora encuentra serios déficits. En efecto, de las constancias de la causa -y sin que esto implique una resolución acerca de la responsabilidad de aquellos funcionarios que no han intervenido en autos-, no puede omitirse la existencia de otros sujetos obligados por las normas, que han quedado fuera de los términos de la resolución del Honorable Tribunal de Cuentas; con el agravamiento que se imputa en cabeza de la actora una responsabilidad solidaria de aquéllos y por un monto sumamente abultado en relación al estado patrimonial que ésta ostenta en su situación de jubilada.
A mayor abundamiento cabe señalar, como un segundo elemento de convicción –también destacado por la jueza de grado en el decisorio atacado– las dudas que aparejan los antecedentes de hecho en los que se basa la imputación del cargo en cuanto no ha quedado fehacientemente acreditado en sede administrativa el motivo de la falta de respaldo que pueda ser imputable a la actora. En tal sentido, resulta aplicable al sub lite la doctrina judicial que requiere para la aplicación de las sanciones pecuniarias de naturaleza resarcitoria o reparatoria del perjuicio (como el cargo pecuniario impuesto en autos), no ya la presunción de un perjuicio, sino la certeza del detrimento patrimonial sufrido por el Fisco y la causal del mismo debidamente explicitada (conf. doct. S.C.B.A. causas B. 55.953, “Lozano“, sent. del 7-II-2001; B. 61.817, “Gómez“, sent. del 8-II-2006; en sent. conc. C.C.A.L.P. causas nº 9745 “Lencinas”, sent. del 23-12-2011 y nº 9971 “Sorrentino”, cit.).
Asimismo, es conveniente precisar que no resulta aplicable al sub-júdice lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en un caso de aristas similares al de marras, donde si bien la Corte local confirmó el cargo impuesto a la actora –de monto elevado, aunque sustancialmente menor al de autos ($220.665,45)- en cuanto Jefa de Tesorería del Ministerio de Salud provincial, la responsabilidad pecuniaria discutida se fundamentó en los artículos 21 y 24 del decreto ley 7764/1971 y se confirmó de acuerdo a las siguientes bases, ausentes en el sub-lite, a saber: a) “La propia actora ha reconocido no haber dado “estricto cumplimiento a las normativas legales que regían su conducta administrativa”; b) “…la sentencia del Tribunal de Cuentas del 27VIII1997 resulta ajustada a derecho toda vez que los considerandos analizan puntualmente la prueba colectada durante el sumario de responsabilidad patrimonial sustanciado contra la Señora E.(…)”; c) “la administración ha fundado adecuadamente la sanción pecuniaria de acuerdo a la falta cometida, sin que -en adición- la accionante haya discutido la magnitud o características del cargo pecuniario decidido en su contra, y ha subsumido los hechos en la normativa aplicable…” (S.C.B.A. causa B. 58.704 “E. L.C.”, sent. 23-VI-2008).
Tal contexto de razones y circunstancias evidencian que, el del caso, no exhibe la certeza que pueda concurrir en cabeza de la actora la imputación de una responsabilidad plana como la resuelta por el organismo de control.
Las breves alegaciones que el recurso contiene (esp. Tópicos 2, 3 y 4) no logran desvirtuar el examen que la sentencia desarrolla de los aspectos que definen la controversia.
En estas condiciones y con las salvedades expuestas, se comparte en lo sustancial el decisorio impugnado. En consecuencia, procede rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado, con costas de la instancia en el orden causado (arts. 51, 55, 58, 59 y conc., ley 12.008).
A la misma cuestión planteada, el Dr. Spacarotel adhiere a los fundamentos y solución propuesta por la Dra. Milanta y emite su voto en idéntico sentido.
No comparto el criterio que sostiene el primer voto.
La materia sujeta a controversia, vista desde lo colectado en la causa y lo producido en sede del Organismo Provincial de Control, muestra a las decisiones administrativas impugnadas (fs. 5/14) sin carencias de legalidad, en cuanto impusieran cargo deudor a la demandante (arts. Séptimo y noveno, res. 03.10.01 y art. 4 res. 28.09.04).
En efecto, de un lado, informo esa conclusión en el deber de rendir cuentas documentada que recae sobre toda persona que administre dinero del estado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64 de la ley de contabilidad (decreto ley 7764/71).
Esa expresa disposición, integrada al bloque de legalidad al tiempo de los sucesos que ventila el caso, coloca en la obligación de sufragio consecuente a la actora, en tanto sus incumbencias funcionales como Jefa del Departamento de Tesorería, que no han merecido polémica en la causa, fuerzan esa derivación.
Y, ello así, más allá de todo itinerario jerárquico, pues está claro que la delimitación de las atribuciones impuestas por el respectivo organigrama de su dependencia no puede prevalecer sobre el texto legal.
Desde otro ángulo de apreciación, veo en la disposición legal una extensión que no queda acotada por la simple carga de rendir cuentas ante el órgano de control, sea este interno (Contaduría General) ó externo (Tribunal de Cuentas), sino de justificar las erogaciones que se autoricen con la respectiva documentación respaldatoria que les den sustento.
Es ésta la obligación sustantiva de todo aquél que maneje fondos públicos, y que no sólo se revela desde el citado texto legal, sino también desde la obligación republicana de responsabilidad por el ejercicio de la función pública, pilar indubitado del sistema constitucional local (conf. art. 1 CPBA).
En ese contexto se reporta la imputación que le fuera efectuada a la parte actora, pues su núcleo se ofrece en las diferencias entre los montos erogados por su conducto y el faltante instrumental para justificar su correcta imputación a inversiones documentadas (ver informe de relatoría de fs.831/831 vta. expediente de rendición de cuentas agregado).
Esa diferencia entre el total administrado y de él los egresos no rendidos, constituye un perjuicio fiscal que no sólo excede del acotado marco que propone la sentencia apelada sino también de toda situación de índole técnico- contable como lo intenta predicar la parte actora.
Tampoco ella ha sufragado esa carga probatoria que desmienta las conclusiones del Organismo de Control.
No aporta en esa dirección la prueba pericial rendida en el proceso, que no revela ni la procedencia de la construcción de demanda, ni la presencia documental de los egresos no justificados.
Esto último, además, por un monto más que relevante que descarta todo error excusable ($ 25.791.568,25; ver fs. 13/14).
Ese contorno, que es determinante para la definición del objeto de controversia, muestra a la conducta administrativa arreglada estrictamente a la ley aplicable (conf. art. 64 y disposiciones concordantes decreto ley cit.).
En ese marco, advierto error de juzgamiento.
Inclino mi juicio pues hacia la revocación del fallo apelado y la procedencia del recurso de apelación de la demandada.
Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, revocar la sentencia atacada y rechazar la pretensión administrativa promovida, con costas de la instancia en el orden causado (arts. 12, 51, 55, 56, 58 y ccs. ley 12.008, t. seg. ley 13.101).
Por los fundamentos de la mayoría expuestos en el Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de grado en cuanto ha sido motivo de agravio (arts. 159, Const. Prov.; 116 y concs. ley 13.767; 5 y 18, ley 10.869; 12 inc. 1°, 50 inc. 2°, 55, 56, 58, y concs., C.P.C.A.).
Costas de la instancia en el orden causado (arts. 51, ley 12.008 –t.o. ley 13.101-).
Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. José Ignacio Eseyza, en la suma de PESOS MIL CIENTO SETENTA ($1.170,00), monto al que se deberá adicionar el 10% (arts. 10, 15, 31, 54, 57 y concs., dec-ley 8904/77; 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.).
Firmado: Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A. M. Milanta. Jueza. Gustavo Daniel Spacarotel Juez. Mónica M. Dragonetti. Secretaria. Registrado bajo el nº 83 (S).
MODELO DE CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL POR DESPIDO, EXCEPCION DE INCOMPETENCIA Y LITISPENDENCIA, CITACION DE TERCERO. Obligación del fiador arts. 1622 y 1582bis del Código Civil. MATERIA: COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
e contrario
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 resolución 
 artículo 64