Source: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2003sp/cap.1.htm
Timestamp: 2017-10-17 13:05:48+00:00

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Venezuela 2003 - Capítulo I
166. Si bien en todo proceso constituyente se suele adoptar este régimen de transición, la CIDH observa con preocupación que en el caso de Venezuela este régimen avanzó más allá de la normal y debida temporalidad, e incluyó directrices de contenido legislativo que escapan a la naturaleza de un régimen transitorio. En efecto, al momento de redacción del presente informe, este régimen ha superado su condición de transitoriedad, ya que lleva más de tres años en vigencia y ha determinado la existencia de una normativa que regula variados aspectos de la institucionalidad venezolana.
167. En virtud de lo regulado en el mencionado régimen de transición, se estableció una "Comisión de Reestructuración del Poder Judicial" que ejercería las atribuciones anteriormente conferidas a la Comisión de Emergencia Judicial, cuya tarea principal sería la de regularizar la situación de los jueces titulares y provisionales, llamando a un concurso para la provisión definitiva de los cargos. En efecto, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial tenía la atribución de dirigir, ejecutar y supervisar todas las actividades relativas a la evaluación de los jueces y funcionarios del Poder Judicial y a los concursos de oposición para el ingreso y el ascenso en la carrera judicial, hasta tanto el Tribunal Supremo de Justicia organice la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, órgano previsto constitucionalmente para el gobierno y administración del Poder Judicial.[93]
(...)[109]
219. En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión expresa preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por la Corte y las medidas cautelares de la Comisión. El cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de los habitantes de Venezuela.
[87] Audiencia General ante la CIDH: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Escrito presentado por Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos, “El Desdibujamiento Institucional del Estado de Derecho y de la Democracia”, 27 de febrero de 2003.
[88] Se informó que entre los pronunciamientos más polémicos que emitió dicha Corte se encuentran los que favorecieron a los militares disidentes y a los trabajadores petroleros que respaldaron el paro cívico y el que prohibió el ejercicio de los médicos cubanos sin reválida.
[89] Asamblea Nacional Constituyente, Decreto de Reorganización de todos los Órganos del Poder Público, 12 de agosto de 1999.
[90] Asamblea Nacional Constituyente, Decreto de Reorganización del Poder Judicial, 19 de agosto de 1999. El artículo 3 de dicho decreto establece que: "corresponderá a la Comisión de Emergencia Judicial:
1. Proponer a la Asamblea Nacional Constituyente las medidas necesarias para la reorganización del Poder Judicial, y ejecutar las que sean aprobadas por aquélla, de conformidad con su Estatuto de Funcionamiento.
2. Elaborar el presupuesto para la Emergencia Judicial con fuentes de financiamiento del Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura y presentarlo a la Asamblea Nacional Constituyente para su consideración.
3. Seguir y evaluar el funcionamiento y desempeño del Consejo de la Judicatura e informar periódicamente a la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente.
4. Dar instrucciones al Consejo de la Judicatura para la ejecución de sus decisiones.
5. Conforme a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión para la Emergencia Judicial se encargará de:
a) Elaborar el Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces, organizar el proceso de selección de los jueces mediante concursos públicos de oposición para todos los tribunales y circuitos judiciales y seleccionar los jurados correspondientes.
b) Reorganizar las jurisdicciones, circunscripciones, circuitos judiciales y tribunales del país.
c) Crear el servicio Voluntario de Defensa Pública.
d) Dar seguimiento, evaluar y controlar la implantación del Código Orgánico Procesal Penal, el régimen de transición y la elaboración de propuestas para la mejora del Código.
e) Diseñar e implementar una campaña informativa y educativa sobre los alcances del Código Orgánico Procesal Penal.
f) Revisar exhaustivamente los convenios multilaterales para la modernización del Poder Judicial, ejecutados o en ejecución por parte del Consejo de la Judicatura.
g) Los demás actividades que le asigne la Asamblea Nacional Constituyente".
[91] Asamblea Nacional Constituyente, Decreto mediante el cual se adoptan las medidas necesarias para la reorganización del poder judicial y del sistema penitenciario. G.O. N° 36.805 del 11-10-99.
[92] Ver Asamblea Nacional Constituyente, "Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público", 22 de diciembre de 1999, gaceta oficial N° 36.859.
[93] El artículo 21 del decreto de Transición del Poder Público establece que:
El Consejo de la Judicatura, sus salas y dependencias administrativas pasarán a conformar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, adscrita al Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela. Mientras el Tribunal supremo de Justicia no organice la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, las competencias de gobierno y administración, de inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas, así como las competencias que la actual legislación le otorga al Consejo de la Judicatura en sus salas Plena y Administrativa, serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
[94] Como lo señalara la Coordinadora de la Comisión de Evaluación y Concursos, la Señora Nancy Rodríguez el 6 de abril de 2002.
[95] Como se estableciera anteriormente el Presidente de la Comisión de Reestructuración informó en julio de 2002 que de 1.772 jueces, 1.331 son provisorios, lo cual corresponde aproximadamente a un 75,11% del total de los jueces del país, sin contabilizar las designaciones temporales.
[96] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 264 y disposición transitoria 4 (5).
[97] CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, Informe Anual 1999, Cap. II, párr. 255.
[98] Corte IDH., Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998, párrafo 173. Ver también Caso Loayza Tamayo, Sentencia del 27 de noviembre de 1998, párrafo 170.
[99] COFAVIC, Comunicado Público: COFAVIC rechaza la impunidad que ha rodeado a los sucesos de Abril, 10 de abril de 2003.
[100] COFAVIC/Venezuela: Democracia y Derechos Humanos. Informe Semestral (Septiembre 2002 a febrero 2003).
[101] Véanse al respecto las consideraciones de la Comisión en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, ob. cit., cap. V., párr. 16.
[102] COFAVIC/Venezuela, Informe sobre casos de Ejecuciones Parapoliciales y otras Violaciones a los Derechos Humanos
[103] COFAVIC, "La Democracia en Venezuela esta Seriamente Amenazada", período: septiembre 2002 a febrero 2003, pág. 11.
[104] Corte IDH., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4, párr. 166, 172, 176 y 177.
[105] El texto completo de la sentencia puede ser consultado en la publicación oficial de la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: www.tsj.gov.ve
[106] En la parte pertinente del citado fallo, el Tribunal expresa lo siguiente:
[107] Cfr. Corte IDH, caso Loaza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Párr. 79, 80 y 81.
[108] Corte IDH, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana, Medidas Provisionales, Caso Marta Colomina y Liliana Velásquez respecto de Venezuela, 30 de julio de 2003. Dicha medida fue ratificada por la Corte Interamericana mediante Resolución del 8 de septiembre de 2003.
[109] Corte IDH, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003, Luisiana Ríos y Otros vs Venezuela; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003, Luis Uscátegui vs Venezuela y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003, Liliana Ortega y Otros vs Venezuela.
[110] CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, 1999, Cap. V, párr. 16.
[111] Con posterioridad a la elaboración del presente informe la CIDH fue informada que en el caso del Caracazo el Estado ha aprobado un presupuesto especial destinado al pago de las reparaciones pecuniarias establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana referida al mencionado caso.

References: artículo 3
 artículo 21
 artículo 267
 artículo 264
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