Source: http://www.bufetevelazquez.es/los-procesos-penales/
Timestamp: 2018-04-25 12:34:57+00:00

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Los procesos penales. - BUFETE VELÁZQUEZ - ABOGADOS EN MADRID
El procedimiento de “habeas corpus” es un proceso judicial rápido y sencillo, que refleja el derecho de cualquier ciudadano a solicitar su comparecencia inmediata ante el juez.
Esta comparecencia se requiere para que, una vez expuestos sus argumentos, se pronuncie sobre si su detención o arresto y las condiciones en las que se ha desarrollado el mismo han sido o no legales.
La duración máxima de este procedimiento judicial es de 24 horas, se inicia mediante escrito y no es necesaria la intervención de abogado ni de procurador.
La tramitación de este procedimiento puede ser solicitada por el detenido, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos, o sus representantes legales, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Juez de Instrucción. Salvo en este último caso, la solicitud se hará por escrito o comparecencia en la que deberán hacerse constar:
¿Cómo se tramita el habeas corpus?
La comparecencia o escrito que da inicio al procedimiento debe presentarse ante el Juez de Instrucción del lugar en que encuentre la persona detenida, y no se conoce, el del lugar en el que se produjo la detención y, en su defecto, el del lugar en el que se tuvieron las últimas noticias del detenido.
¿Cuándo se considera que hay detención ilegal?
Son consideradas detenidas ilegalmente aquellas personas que:
Lo fuesen por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, fuera de los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades y requisitos que se exigen legalmente.
Se encuentran internadas ilícitamente en algún lugar o establecimiento.
Las que estuviesen detenidas por un plazo superior al establecido si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez del lugar más próximo a aquel en que se produjo la detención.
Los detenidos a quienes no les sean respetados los derechos que constitucionalmente se reconocen en estos casos.
Una vez promovida la solicitud de “habeas corpus”, el Juez examinará si se cumplen o no los requisitos necesarios para su tramitación, acordando o denegando, en su caso, la tramitación de la solicitud respectivamente.
El juez deberá comunicarle su decisión al Ministerio Fiscal y contra la misma no cabrá ningún tipo de recurso.
Si el juez admite a trámite la solicitud del procedimiento de “habeas corpus”, oirá la declaración de la persona privada de libertad, a su representante legal o abogado en el caso de que lo haya designado, y citará después a los agentes y autoridades que hubiesen ordenado o practicado la detención y a la persona bajo cuya custodia se encuentre el detenido. Si el juez lo considera procedente, para clarificar los hechos, podrá practicarse prueba (aportar documentos, citar a testigos… etc.)
Finalmente el Juez, en el plazo de 24 horas desde la admisión a trámite del procedimiento, dictará una resolución al respecto, en la cual podrá acordar:
¿Qué medidas puede acordar la resolución judicial de habeas corpus?
Podrán acordarse alguna de las siguientes medidas:
La puesta en libertad del detenido.
Archivar el asunto y declarar conforme la detención así como las circunstancias en que se practicó.
Que el detenido continúe en situación de privación de libertad pero en un centro distinto o bajo la custodia de distintas personas.
Que el detenido sea puesto a disposición judicial.
Si el interesado solicita la tramitación de este procedimiento de mala fe (por ejemplo, con la intención de causar un trastorno a las autoridades, sabiendo que su detención es legal… etc.), podrá ser condenado a abonar las costas del procedimiento.
¿Qué es el juicio de faltas?
El juicio de faltas es el proceso penal rápido y sencillo, sin demasiadas formalidades, que tiene por objeto el enjuiciamiento de hechos de poca gravedad que son constitutivos de una falta penal.
Es fundamentalmente un procedimiento oral que se concluye generalmente en un solo acto, esto es, en la misma vista se detallan los hechos, se celebran las pruebas y se exponen las conclusiones quedando el juicio pendiente de sentencia.
¿Cómo se tramita el juicio de faltas?
El procedimiento se inicia mediante denuncia y no es obligatoria, aunque siempre recomendable, la intervención de abogado.
Tampoco es preceptiva la representación mediante procurador. Se tramita ante los Juzgados de Instrucción y, en su defecto, en los de Paz del lugar en el que se hayan cometido los hechos constitutivos de falta.
En el juicio de faltas, junto con la acción penal podrá ejercitarse la acción civil, esto es, la petición de responsabilidad civil o la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la comisión de la falta penal.
El Ministerio Fiscal debe intervenir en estos procedimientos siempre que la falta cometida sea de las que se persiguen de oficio (por ejemplo, las lesiones) o en las que su persecución dependa de la presentación de una denuncia (por ejemplo, las amenazas); no será parte en estos procedimientos cuando las faltas sean de las que se persiguen únicamente si lo solicita el perjudicado (por ejemplo, daños contra el patrimonio).
¿Se suspende el juicio de faltas por la ausencia del inculpado?
En principio, la ausencia del inculpado no suspenderá la celebración del juicio de faltas siempre que se le haya citado debidamente.
En estos casos y dado que no comparece para oponerse a los hechos denunciados, se considerará que está conforme con los mismos y la sentencia se dictará en consecuencia.
Si, por el contrario, es el denunciante el que no comparece al juicio de faltas, se archivará el procedimiento.
¿Es recurrible la sentencia del juicio de faltas?
Sí. La sentencia que ponga fin al procedimiento puede ser recurrida interponiendo en el plazo de 5 días desde su notificación, el correspondiente recurso de apelación que deberá presentarse ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia y que será resuelto por el juzgado o tribunal superior jerárquicamente.
Así, si la sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz, el recurso será resuelto por el Juzgado de Instrucción y si fue dictada por éste, será resuelto por la Audiencia Provincial.
La sentencia que resuelva el recurso de apelación no puede recurrirse.
¿Qué es el procedimiento abreviado?
El procedimiento abreviado es el procedimiento penal por el que se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los 9 años, así como con penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración (por ejemplo, multa, inhabilitación… etc.).
¿Cómo se tramita el procedimiento abreviado?
El procedimiento se inicia a través de denuncia o querella interpuesta por un particular o bien a través de atestado policial, o diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal.
Si se inicia el procedimiento abreviado y después resulta que es otro el procedimiento que debe seguirse para juzgar los hechos (juicio de faltas, ordinario, de menores… etc.), el enjuiciamiento del delito continuará por el proceso penal que corresponda, sin que se anulen las actuaciones ni los resultados de las diligencias practicadas hasta el momento.
¿Necesita abogado el inculpado?
Sí. Desde la citación para declarar como imputado, el inculpado debe acudir asistido de Abogado.
El inculpado podrá designar libremente Abogado o que le será nombrado de oficio. Igualmente, y desde la primera comparecencia, deberá designar un domicilio a efectos de notificaciones.
¿Qué fases tiene el procedimiento abreviado?
En la tramitación del procedimiento abreviado pueden distinguirse tres fases:
1.- La fase de instrucción o diligencias previas
2.- La fase intermedia y,
3.- El juicio oral.
¿Cómo se tramita la fase de instrucción o diligencias previas?
La fase de diligencias previas se desarrolla ante el Juzgado de Instrucción del partido judicial en el que el delito se haya cometido.
Las diligencias previas se practican para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, las personas que han participado en él y el órgano que debe juzgarlo.
Su finalidad es obtener la mayor información posible para formular la acusación finalizando cuando el Juzgado de Instrucción considera que se han practicado las diligencias necesarias para ello.
En esta fase puede procurarse protección a los perjudicados por el delito, custodiar las pruebas del mismo que puedan desaparecer y sirvan para identificar al delincuente, también puede ordenarse la detención de los presuntos culpables… etc.
¿Cómo se produce la citación al inculpado?
El juez debe determinar quién es el presunto autor del hecho delictivo y citarlo para que comparezca personalmente.
En esa comparecencia, se le solicitará que designe un domicilio en España donde puedan remitírsele las notificaciones o bien que designe a una persona para que las reciba en su nombre; ello permitirá que el juicio oral pueda celebrarse en su ausencia.
¿Cómo actuará la Policía Judicial?
Si la Policía Judicial interviene en la determinación de los hechos constitutivos de delito, deberá identificar y tomar los datos de las personas que se encuentren en el lugar de los hechos y para ello podrá:
Determinar la retención de los objetos que existan en el lugar de los hechos hasta que se persone en el mismo la autoridad judicial.
En caso de que se hubiese producido la muerte de alguna persona, trasladar el cadáver .
La intervención del vehículo y la retención del permiso de conducir.
Citar a las personas que se encuentren en el lugar de los hechos para que comparezcan en ese mismo momento o dentro de las 24 horas siguientes ante la autoridad judicial competente.
¿Se puede exigir fianza al inculpado?
Sí. El Juez o Tribunal podrá determinar también que el encausado preste fianza de cualquier tipo con el fin de garantizar las responsabilidades derivadas del delito y las costas del proceso penal,
También el Juez podrá ordenar la detención, ingreso en prisión o libertad provisional.
¿Qué resoluciones puede dictar el Juez tras la investigación?
¿Se puede eludir la tramitación de las diligencias previas?
Sí, en determinados casos. Puede eludirse la tramitación de las diligencias previas acudiendo al juicio oral de manera inmediata si concurren las siguientes circunstancias:
¿Cómo se tramita la fase intermedia?
La apertura del juicio oral formulando el llamado escrito de acusación.
Este escrito debe contener expresamente la solicitud de apertura de juicio oral, quiénes son los acusados, cuáles son los hechos delictivos y que delito constituyen, cómo ha participado en ellos el acusado, si concurren o no circunstancias atenuantes o agravantes, la pena y la responsabilidad civil que se solicita, los medios de prueba y, finalmente, la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas cautelares (detención, prisión provisional, libertad condicional… etc.)
El sobreseimiento o el archivo de la causa.
En principio si esta solicitud es formulada por las partes acusadoras (Ministerio Fiscal y acusación particular), el Juez de Instrucción debe estimar la petición salvo que sea necesaria su tramitación para determinar las posibles responsabilidades civiles que se hayan podido derivar; si es sólo una de las partes la que solicita la apertura del juicio oral, el juzgado, generalmente, la acordará.
Contra la decisión del juez de acordar la apertura del juicio oral no puede interponerse ningún tipo de recurso.
Por su parte, el juez también podrá acordar el sobreseimiento de la causa cuando considere que los hechos no son constitutivos de delito o cuando estime que no existen indicios de criminalidad contra el acusado, incluso aunque hayan solicitado la apertura del juicio oral el Ministerio Fiscal y la acusación particular.
Contra esta decisión podrá interponerse recurso de apelación. Si se acuerda el sobreseimiento del procedimiento, se dejarán sin efecto las medidas cautelares que se hayan podido adoptar.
La práctica de diligencias de investigación complementarias (por ejemplo, cuando no es posible formular el escrito de acusación porque se desconocen los elementos esenciales para determinar si los hechos constituyen o no, delito o quién es el responsable del mismo)
Una vez acordada por el Juez la apertura del juicio oral, remitirá las actuaciones a la parte acusada para que presente su escrito de defensa, en el que se deberán rebatir los extremos que contenga el escrito de acusación.
¿Cómo se tramita la fase de juicio oral?
El juicio oral se celebrará ante el Juzgado correspondiente dependiendo del tipo de delito que se juzgue:
1.- Ante el Juzgado de lo Penal en el caso de aquellos delitos que pueden ser sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 años así como las faltas cometidas relacionadas con los mismos, o
2.- Ante la Audiencia Provincial para aquellos delitos sancionables con penas de prisión de 5 a 9 años así como las faltas igualmente relacionadas.
¿Es necesario abogado y procurador en el juicio oral?
Sí. Los acusados deberán comparecer a la celebración del juicio oral acompañadas de abogado y procurador, libremente nombrados o en su defecto, designados de oficio.
¿Qué es el juicio en rebeldía?
Si se desconoce el paradero de los acusados y no hubiesen designado un domicilio para las notificaciones, se procederá a su busca declarándoseles en rebeldía.
En el caso de que fuesen varios los acusados en el procedimiento y alguno de ellos no se presentase, el juez podrá ordenar continuar con la tramitación del procedimiento para los que se encuentren presentes.
¿Qué pruebas se practican en el juicio oral?
En esta fase, se practicarán las pruebas que ambas partes hayan solicitado en sus respectivos escritos de acusación y defensa.
¿Cómo concluye el procedimiento abreviado?
El procedimiento abreviado concluirá con la sentencia que se dicte tras la celebración del juicio oral.
¿Qué condena máxima permite la sentencia?
Esta no podrá condenar al acusado a una pena mayor de la que haya solicitado cualquiera de las acusaciones.
Tampoco la sentencia podrá condenar por un delito distinto al que ha sido objeto de enjuiciamiento.
Si la sentencia no establece la cuantía de la indemnización, cualquiera de las partes podrá solicitar que en la fase de ejecución se practiquen aquellas pruebas que sean necesarias para su determinación.
¿Se puede apelar la sentencia del procedimiento abreviado?
Sí. La sentencia que ponga fin al procedimiento abreviado es apelable ante la Audiencia Provincial si fue dictada por el Juez de lo Penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional si fue dictada por el Juez Central de lo Penal… etc.
¿Cómo se tramita la apelación a la sentencia?
El recurso deberá presentarse en el plazo de 10 días contados a partir de aquel en el que se produzca la notificación.
¿Qué es el recurso de anulación?
Si la sentencia ha sido dictada tras la tramitación de un procedimiento en el que no ha estado presente el inculpado, cuando se le notifique la misma podrá interponer el llamado recurso de anulación independientemente de que ya se haya presentado por alguna otra de las partes el correspondiente recuso de apelación.
¿Qué es el procedimiento abreviado acelerado?
El llamado “procedimiento abreviado acelerado” constituye una modalidad de procedimiento abreviado en la que prácticamente se elimina el proceso de instrucción pasándose rápidamente al enjuiciamiento de los hechos.
¿Qué requisitos exige el procedimiento acelerado?
Para que pueda tramitarse este proceso, es necesario que concurran las siguientes circunstancias:
Que la decisión del Juez de poner fin a la instrucción y dar traslado de las actuaciones y diligencias a las acusaciones personadas se produzca de forma inmediata, incluso en el propio servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.
Que el Ministerio Fiscal presente escrito de acusación y solicite la inmediata apertura del juicio oral y la citación de las partes para que se celebre, atendiendo a las cuestiones tales como la evidencia de los hechos constitutivos de delito, la alarma social que han producido, la detención del detenido y su puesta a disposición judicial.
Que el Juez de Instrucción estime justificada la solicitud del Ministerio Fiscal.
¿Cómo se tramita el juicio en el procedimiento acelerado?
Ante las circunstancias que posibilitan el procedimiento abreviado acelerado, la preparación del juicio oral se simplifica:
1.- El Juez de Instrucción solicitará que las partes acusadoras presenten de forma urgente el escrito de acusación y convocará a las partes para que se celebre el juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial
2.- Los escritos de acusación se remitirán a los defensores y a los terceros responsables civiles, para que éstos también puedan presentar sus respectivos escritos de defensa.
¿Qué es el procedimiento ordinario?
El procedimiento ordinario es el procedimiento penal previsto para el enjuiciamiento de aquellos delitos que pueden ser sancionados con penas privativas de libertad superiores a 9 años.
El órgano competente para la instrucción es el Juez de Instrucción y para su enjuiciamiento, generalmente, la Audiencia Provincial. Al igual que en el caso del procedimiento abreviado, en la tramitación pueden distinguirse tres fases:
1.- Fase de sumario
2.- Fase intermedia
3.- Juicio oral
¿Qué es el sumario en el procedimiento ordinario penal?
Técnicamente el sumario es el conjunto de aquellas actuaciones encaminadas a investigar los hechos delictivos y la posible responsabilidad de las personas que han intervenido en el mismo.
¿Son secretas las actuaciones del sumario?
Normalmente sí. Las actuaciones sumariales son secretas excepto para las partes personadas quienes podrán examinar las actuaciones y diligencias previas que se practiquen.
De forma excepcional el juez también podrá decretar para las partes el secreto del sumario por un plazo de un mes que podrá prorrogarse de forma motivada
¿Qué partes tiene la fase del sumario?
Legalmente en el sumario se forman cuatro ‘piezas‘ o expedientes.
a.- La pieza principal: que existe siempre y recoge todas las actuaciones.
b.- La pieza de situación personal de los imputados: recoge las medidas cautelares y de carácter personal que se adoptan contra cada uno de los imputados (la detención, la libertad provisional, la prisión… etc.)
c.- La pieza de responsabilidad civil de los imputados: recoge todas aquellas diligencias que se practiquen relacionadas con la prestación de fianzas, embargos y garantías tendentes a asegurar el abono de la indemnización por daños y perjuicios derivada del delito a la víctima (responsabilidad civil)
d.- La pieza de responsabilidad civil de terceros que deban responder conjuntamente con los autores o responsables del delito o de forma subsidiaria.
¿Cómo se tramita el sumario?
Una vez practicadas las diligencias de investigación, el juez dictará auto de procesamiento en el que se imputará formalmente a una persona la comisión o participación en unos hechos que son delictivos.
Contra este auto puede interponerse el llamado recurso de reforma.
Tras el auto de procesamiento y una vez realizadas todas las diligencias averiguatorias, el juez dictará auto de conclusión de sumario y remitirá el expediente a la Audiencia Provincial que se encargará de enjuiciar los hechos delictivos.
¿Cómo se tramita la fase intermedia en el procedimiento ordinario penal?
Esta fase se tramita ante la Audiencia Provincial correspondiente y comprende todas aquellas actuaciones que se realizan con la finalidad de confirmar o revocar el auto de conclusión del sumario para que se proceda a la apertura del juicio oral, o en su defecto, se sobresea o archive el procedimiento (por ejemplo, si se considera que los hechos no son constitutivos de delito o que de ellos no es responsable el imputado)
¿Qué efectos provoca la confirmación de la conclusión del sumario?
Si se confirma el auto de conclusión podrán plantearse nuevamente dos opciones:
El sobreseimiento o el archivo de las actuaciones que puede ser de dos tipos:
Libre: Conlleva el archivo definitivo de las actuaciones y se acuerda en aquellos casos en los que no existen indicios racionales de haberse cometido el delito, si los hechos no son constitutivos de delito o los imputados no son los responsables del mismo.
Provisional: Conlleva la suspensión del proceso y el archivo provisional de las actuaciones; se ordena en aquellos casos en los que la comisión del delito no está debidamente justificada o no existan pruebas para acusar a los imputados como autores, cómplices, encubridores… etc. También es posible que el sobreseimiento tanto libre como provisional se acuerde frente a todos o sólo alguno de los imputados en el proceso penal.
La apertura del juicio oral:
Si se acuerda la apertura del juicio oral, el expediente le será remitido al Ministerio Fiscal para que califique los hechos y la responsabilidad de los imputados en los mismos
Después se comunicarán las actuaciones a las partes para que presenten los llamados escritos de calificación.
El escrito de calificación contendrá una relación de los hechos que se recogen en el sumario así como el delito que constituyen, la participación que en los mismos haya tenido el acusado, las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes que pueden modificar la responsabilidad penal y las penas que deben ser impuestas.
En este escrito el acusador privado y el Ministerio Fiscal cuando también ejerciten la acción de responsabilidad civil derivada del delito deberán expresar además la cantidad en la que se valoran los daños y las personas que deben asumir esta deuda.
Igualmente las partes propondrán en estos escritos los medios de prueba de los que intentarán valerse en el acto del juicio para defender sus respectivas pretensiones.
¿Cómo se tramita la fase de juicio oral en el procedimiento ordinario?
El juez podrá admitir o rechazar por auto la práctica de las pruebas que se hayan propuesto en los escritos de calificación y señalará en esta misma resolución el día en el que tendrán inicio las sesiones del juicio oral que, como regla general, serán públicas.
Dentro del juicio oral pueden distinguirse también distintas fases:
• La fase probatoria: En la que se actúan las pruebas propuestas por las partes (testifical, documental, pericial… etc.)
• Las calificaciones definitivas: Una vez practicadas las pruebas, las partes podrán modificar las alegaciones que formularon en los escritos de calificación con la presentación de los escritos de conclusiones definitivas.
• En principio, el juez debe juzgar los hechos de conformidad a los escritos de calificación del delito que han presentado las partes, sin embargo, si considera que los mismos han sido calificados de forma errónea podrá sugerir una nueva calificación de los mismos y requerir a las partes que le manifiesten su parecer al respecto.
Esta facultad es conocida como ‘tesis‘ del Tribunal y no podrá utilizarse en las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte (delitos de injurias y calumnias)
• El informe oral: Las partes exponen oralmente sus conclusiones sobre todas las cuestiones que se han tratado a lo largo del procedimiento.
• El derecho a la última palabra: Terminadas las exposiciones de la acusación y la defensa, el Presidente del Tribunal concederá a los procesados la oportunidad de realizar una última manifestación antes de dejar el procedimiento ‘visto para sentencia’.
¿Cómo concluye el procedimiento penal ordinario?
Finalmente, el procedimiento penal ordinario concluirá con la sentencia contra la que podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
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¿Qué hacer en caso de ocupación ilegal de nuestra vivienda?
En los últimos años, tras la crisis económica, ha habido un aumento alarmante de los casos de ocupación ilegal de viviendas, es decir, la entrada de una o varias personas en una propiedad que no les pertenece, y sin el consentimiento de sus legítimos dueños, con el fin de habitarla.
Este tipo de ocupación se denomina usurpación y se encuentra regulada en el Código Penal, más concretamente en su artículo 245 que la define como:
Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.
El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
La forma en que se ha producido la ocupación es importante ya que, en caso de haber mediado violencia, las penas impuestas serán mayores que en los casos en los que la ocupación haya sido pacífica.
¿Qué hacer si han ocupado mi vivienda?
Debe tener presente que la Policía solo podrá intervenir si la ocupación se está produciendo en su presencia, algo bastante difícil a no ser que sean por ejemplo los propios vecinos o usted mismo quiénes alerten en el momento de estar produciéndose sobre el intento de ocupación.
En la mayoría de los casos, para cuando el propietario/s se da cuenta, la ocupación ya se ha hecho efectiva.
En estos casos se deberá conseguir una orden judicial para que se proceda al desalojo del inmueble.
Para obtener dicha orden deberemos cursar la correspondiente demanda y esperar a la celebración del juicio en el que se dice sentencia
Sabemos que la espera puede resultarle incómoda, pero es la vía legal que le ofrecerá todas las garantías para que pueda ejercitar sus derechos y hacer valer estos.
Nuestros abogados penalistas le ayudarán con su caso, en el caso de ser víctima de una ocupación ilegal. Estudiaremos su caso de forma personalizada para ofrecerle la mejor defensa legal y conseguir que el proceso sea lo más rápido y menos oneroso para usted.
No dude en contactar con nuestros abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal inmediato.
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El hurto y el robo son dos de los delitos más comunes en España. Aunque ambos son delitos y se juzgan por la vía penal, existen diferencias entre ambos que es importante conocer.
Del articulado del Código Penal podemos deducir las diferencias entre hurto y robo.
El delito de hurto viene describo en el artículo 234: “'l que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros"
Por otro lado, el delito de robo lo encontramos definido en el artículo 237: "Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren"
De la lectura de ambos se desprende por tanto que la principal diferencia es si ha existido o no violencia o intimidación a la hora de perpetrar el delito. Obviamente, en el caso de delito de robo, en el que se considera que sí la ha habido, las penas serán mayores puesto que se considera de mayor gravedad.
Además de encuadrar correctamente el tipo de delito, a la hora de solicitar las penas el Código Penal establece una serie de agravantes que pueden prolongar estas. Por ejemplo se considera un agravante cuando el robo se ha cometido en una vivienda habitada o en un edificio o local abiertos al público. En este caso concreto por ejemplo la pena puede ser de prisión y oscilará entre los dos y los cinco años.
Si se ha visto involucrado en algún delito de hurto o robo, es importante que busque cuanto antes el asesoramiento legal que necesita. Nuestros abogados de Madrid le prestarán toda la ayuda para la defensa de su caso. No dude en llamarnos para solicitar más información.
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¿Qué diferencias hay entre denuncia, querella y demanda?
En la actualidad es muy habitual escuchar los términos “demanda”, “denuncia” y “querella” siendo habitual confundir los tres cuando no se es especialista en derecho. Nuestros clientes nos preguntan a menudo acerca de las diferencias entre
Desde nuestro despacho de abogados de Madrid le explicamos las diferencias entre los tres.
Tanto la denuncia como la querella forman parte de la vía penal, aunque tienen sus diferencias.
Se interpone siempre ante la policía. Para hacerlo no es necesario conocer el nombre del denunciado, es decir, contra quién se dirige la denuncia. Por ejemplo las denuncias se presenten cuando hemos sufrido un robo o hemos sido víctimas de un acto delictivo, en el que en muchas ocasiones no conocemos la identidad del autor. A partir de nuestra denuncia se iniciarán las correspondientes actuaciones policiales, que podrán dar como resultado o no un proceso judicial. En el segundo caso el denunciante no formará parte de dicho proceso aunque sí se le informará del resultado del mismo.
La querella se presenta contra una persona que sí tenemos identificada. Por ejemplo cuando creemos ser víctimas de delitos contra el honor. En estos casos sí habrá un procedimiento judicial en el que además el querellante será parte del mismo.
Se trata de aquella actuación que se lleva a cabo por la vía Civil, diferenciándose así de las otras dos (denuncia y querella).
En las demandas es necesario que se conozca el nombre de ambas partes, tanto el demandante como el demandado, por tanto, no pueden ser de naturaleza anónima.
Si cree que sus derechos han sido violados, no dude en contactar con nuestro bufete de abogados de Madrid para solicitar asesoramiento legal acerca de la mejor forma de proceder en la defensa de sus intereses.
En nuestro despacho encontrará abogados con años de experiencia a sus espaldas que podrán ayudarle en cualquier asunto de índole legal, de forma eficaz y personalizada.
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 artículo 234
 artículo 237