Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/447
Timestamp: 2019-04-20 02:48:37+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 67/1985
SENTENCIA 67/1985, de 24 de mayo
ECLI:ES:TC:1985:67
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 364/1983, formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núm. 14.615, seguido a instancia de don Germán Rodríguez Conchado y otros, contra acuerdos del Consejo Superior de Deportes, en los que se incluían informes desfavorables y se desestimaba la solicitud de creación de la Federación de Fútbol-Sala. Han sido parte el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Por Auto de 6 de mayo de 1983, que tuvo entrada en este Tribunal el día 25 siguiente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 12.1, párrafo 2.°, 14.3 y 15 de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte, por su posible contradicción con los arts. 22, 53. 1 y 81.1 de la Constitución Española. La cuestión se suscita como consecuencia del recurso contencioso-administrativo núm. 14.615, tramitado por la vía de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, planteado por don Germán Rodríguez Conchado y otros, contra acuerdos del Consejo Superior de Deportes en los que se incluían informes desfavorables y se desestimaba la creación de la Federación de Fútbol-Sala.
El Tribunal no puede compartir la tesis expuesta. El artículo 35.1 de la LOTC establece que cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal, y añade en su número 2 que antes de adoptar mediante Auto su decisión definitiva, oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de formularla. De dicho precepto se deduce con claridad que la providencia por la que el órgano judicial decide oír a las partes y al Ministerio Fiscal refleja una estimación inicial acerca de que la norma pueda ser contraria a la Constitución. Las partes y el Ministerio Fiscal en sus escritos de alegaciones pueden poner de manifiesto que la posible contradicción se da no sólo en relación con el precepto o preceptos constitucionales mencionados en la providencia, sino también en relación a otros, máxime teniendo en cuenta que la cuestión puede suscitarse no sólo de oficio sino también a instancia de parte, lo que puede dar lugar a que el órgano judicial al adoptar su decisión definitiva pueda delimitar la cuestión teniendo en cuenta las alegaciones formuladas.
En relación con este punto, no cabe duda de que el Tribunal puede efectuar este control, dado que puede rechazar la cuestión en trámite de admisión cuando la estime notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC). Ahora bien, el Tribunal no puede sustituir al órgano judicial en el razonamiento jurídico que ha de fundamentar su decisión, para determinar en qué medida depende el fallo de la validez de la norma cuestionada, aunque pueda examinar la exactitud del juicio de relevancia. En el presente caso, el órgano judicial ha especificado y justificado de forma razonada en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma, por lo que el Tribunal entiende que debe proceder a considerar la cuestión planteada.
La constitucionalidad de los mencionados preceptos se suscita tanto por razón de su contenido -posible contradicción con el art. 22 de la Constitución-, como por estar incluidos en una Ley ordinaria -y no en una de carácter orgánica-, lo que puede suponer una vulneración del art. 81 en conexión con el 22 y 53.1 de la propia Norma Fundamental.
De acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución, las normas relativas al derecho de asociación han de ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Este criterio interpretativo permite afirmar que el derecho de asociación comprende tanto la libertad positiva de asociación como la negativa de no asociarse; en efecto, el art. 20.2 de la mencionada Declaración Universal establece que «nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación», mientras que la libertad positiva se encuentra reconocida, dentro de ciertos límites, por el art. 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por el art. 11 del Convenio de Roma. El Tribunal ha tenido ya ocasión de referirse a este contenido de la libertad de asociación, en relación al cual ha declarado que «el derecho de asociación, reconocido por nuestra Constitución en su art. 22.1 comprende no sólo en su forma positiva el derecho de asociarse, sino también en su faceta negativa, el derecho de no asociarse (Sentencia 5/1981, de 13 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero, fundamento jurídico 19).
5. El Auto por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad considera también que los arts. 12.1 (párrafo 2.°), 14.3 y 15 de la Ley 13/1980 pueden ser inconstitucionales en la medida en que deberían haberse incluido en una Ley orgánica -y no en una Ley ordinaria-, por imponerlo así el art. 81.1 (en conexión con el 53.1 de la Constitución), que establece que son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho a la asociación reconocido en el art. 22 de la propia Norma Fundamental.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 364-1983
Fecha de resolución 24/05/1985
En relación con los arts. 12.1, párrafo 2º., 14.3 y 15 de la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte
Del art. 35.1 de la LOTC se deduce con claridad que la providencia por la que el órgano judicial decide oír a las partes y al Ministerio Fiscal refleja una estimación inicial acerca de que la norma pueda ser contraria a la Constitución. Las partes y el Ministerio Fiscal en sus escritos de alegaciones pueden poner de manifiesto que la posible contradicción se da no sólo en relación con el precepto o preceptos constitucionales mencionados en la providencia, sino también en relación a otros, máxime teniendo en cuenta que la cuestión puede suscitarse no sólo de oficio, sino también a instancia de parte, lo que puede dar lugar a que el órgano judicial, al adoptar su decisión definitiva, pueda delimitar la cuestión teniendo en cuenta las alegaciones formuladas.
De acuerdo con el art. 35.1 de la LOTC, el órgano judicial ha de plantear la cuestión cuando considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso, y de cuya validez depende el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. Por tanto, la disconformidad con la Constitución estimada por el Juez no comprende sólo el contenido material de la norma, sino toda vulneración de la Constitución que pueda dar lugar a su invalidez. Y dado que la regulación por ley ordinaria de materias reservadas a la Ley Orgánica por el art. 81 de la C.E. puede dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley, de acuerdo con el art. 28.2 de la LOTC, hemos de concluir que este aspecto formal puede ser objeto de la cuestión de inconstitucionalidad.
Este Tribunal puede efectuar el control del juicio de relevancia formulado por el órgano judicial, dado que puede rechazar la cuestión en tramite de admisión cuando la estime notoriamente infundada (art. 37.1 de la LOTC). Ahora bien, no puede el Tribunal sustituir al órgano judicial en el razonamiento jurídico que ha de fundamentar su decisión, para determinar en qué medida depende el fallo de la validez de la norma cuestionada, aunque pueda examinar la exactitud del juicio de relevancia.
De acuerdo con el art. 10.2 de la C.E., las normas relativas al derecho de asociación han de ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Este criterio interpretativo permite afirmar que el derecho de asociación comprende tanto la libertad positiva de asociación como la negativa de no asociarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20.2 de la mencionada Declaración Universal, en el art. 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 11 del Convenio de Roma.
Uno de los problemas que se plantea en el Estado social y democrático de Derecho es determinar en qué medida el Estado puede organizar su intervención en los diversos sectores de la vida social a través de la regulación de asociaciones privadas a las que se confiere el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo relativas a todo un sector. La utilización generalizada de esta vía respondería a unos principios de carácter corporativo incompatibles con el Estado social y democrático de Derecho, lo que no excluye la posibilidad de que se utilice excepcionalmente, siempre que se justifique su procedencia en cada caso por razones acreditativas de que constituye una medida necesaria para la consecución de fines públicos, y con los límites necesarios para que ello no suponga una asunción (ni incidencia contraria a la Constitución) de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El respeto al contenido esencial del derecho de asociación exige que se respete la libertad negativa -libertad de no asociarse-, pues una asociación coactiva y obligatoria no sería una verdadera asociación. Y asimismo exige respeto a la libertad positiva de crear otras asociaciones con fines privados. También es de aplicación lo dispuesto en el art. 22.4 de la C.E., en orden a que las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
Concebida la asociación de configuración legal dentro de estos límites, se trataría de una asociación distinta de la prevista en el art. 22 de la C.E., que no comprende el derecho de constituir asociaciones para el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo relativas a un sector de la vida social. La peculiaridad de estas asociaciones, dado su objeto, puede dar lugar a que el legislador regule su constitución exigiendo los requisitos que estime pertinentes, dentro de los límites indicados.
El art. 22 de la Constitución contiene una garantía que podríamos denominar común; es decir, el derecho de asociación que regula el artículo mencionado se refiere a un género -la asociación- dentro del que caben modalidades específicas. Por ello, debe señalarse que la reserva de la Ley Orgánica en el art. 81.1 de la C.E. en orden a las leyes relativas «al desarrollo de los derechos fundamentales» se refiere en este caso a la Ley que desarrolle el derecho fundamental de asociación en cuanto tal, pero no excluye la posibilidad de que las leyes ordinarias incidan en la regulación de tipos específicos de asociaciones, siempre que respeten el desarrollo efectuado en la Ley Orgánica.
Cuando el Estado utiliza la vía asociativa para atribuir a un determinado tipo de asociaciones el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo en un determinado sector de la vida social, puede limitar el número de asociaciones a las que atribuye el ejercicio de tales funciones, pues corresponde al Estado organizar tal ejercicio de la forma más conveniente para la consecución del interés general. Ello no es contrario al derecho de asociación, pues no forma parte del contenido de tal derecho el de constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo.
Artículo 12.1 párrafo 2
Artículo 22, ff. 1 a 5
Artículo 22.3, ff. 1, 3
Artículo 53.1, ff. 1 a 3, 5
Artículo 81, ff. 1, 2, 5
Artículo 81.1, f. 1, 3, 5
Artículo 12.1.2, ff. 1 a 3 a 5
Artículo 14.3, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 15, ff. 1, 2, 4, 5
Contenido del derecho de asociaciónContenido del derecho de asociación, f. 3
Derecho de asociaciónDerecho de asociación, ff. 3, 4, 5
Asociaciones de adscripción obligatoriaAsociaciones de adscripción obligatoria, ff. 3, 4
Asociaciones deportivasAsociaciones deportivas, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Federaciones deportivasFederaciones deportivas, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Reserva de ley orgánicaReserva de ley orgánica, ff. 3, 5

References: artículo 35
 resolución 
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Artículo 12

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 53

Artículo 81

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