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presentación audiencia pública de gas by asantagati - PDF Archive
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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA “APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE
ADECUACIÓN SEMESTRAL”, RESOLUCIONES ENARGAS N° I- 4357/17 Y N° I-
Lic. Adriana Santagati
Bahía Blanca, Noviembre 2017
Los defensores patagónicos defendemos los derechos de las personas que habitan
una región escasamente poblada, con una densidad poblacional global de 10.2 hab./km2
según datos del INDEC. Puntualmente la provincia de Río Negro posee 3.1 hab./km2 ( es la
quinta menos poblada del país), Neuquén 5.9 hab./km2 y Chubut 2.3 hab./km2.
Estos no son datos al azar ni casuales. Lo que sí existe es causalidad. La topografía
del territorio, las condiciones ambientales y climatológicas por sobre todo y las posibilidades
que ofrece para el desarrollo de las actividades económicas y productivas, determinan una
distribución territorial desequilibrada tanto en la distribución de la población como en su
La Constitución Nacional en su art. 421, establece el derecho de los usuarios a la
protección de sus intereses económicos, a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno.
Por su parte, la ley Nº 24.0762, dispone el marco regulatorio del transporte y
distribución del gas natural -servicio público nacional- y fija como uno de sus objetivos, la
protección “adecuada” del derecho de los consumidores y la aplicación de tarifas
“justas” y “razonables”.3 Asimismo, establece que los servicios prestados por los
distribuidores serán ofrecidos a tarifas que aseguren “el mínimo costo” para aquellos
(usuarios)4.
A su vez, la ley Nº 25.5615 prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2019 por Ley Nº
27345 declaró la emergencia pública y, entre otros aspectos, autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos celebrados por la Administración bajo normas de derecho
CN. Art. 42°: Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria
Ley Nº 24.076. Gas natural. Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado. Transición. Disposiciones Transitorias
y Complementarias. Sancionada: Mayo 20 de 1992. Promulgada Parcialmente: Junio 9 de 1992 / http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/04999/475/texact.htm
Art. 2°. “Fíjense los siguientes objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural. Los mismos serán ejecutados y controlados por el
Ente Nacional Regulador del Gas que se crea por el artículo 50 de la presente ley: a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; b) Promover la
competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; c) Propender a una mejor operación,
confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural; d) Regular las
actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la
presente ley; e) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural; f) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la
adecuada protección del medio ambiente; g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en
países con similar dotación de recursos y condiciones.”
Enero de 2002, Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.
público, indicando que en los acuerdos de servicios públicos, se debe tomar en consideración
“el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.6 De igual manera, dicha norma
faculta al PEN a regular “los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger
los derechos de los usuarios y consumidores, de una eventual distorsión de los mercados o
de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica” 7.
La CSJN por su parte, en la causa caratulada &quot;Centro de Estudios para la Promoción
de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo&quot; 8,
determinó y concluyó en su fallo, entre otros aspectos, lo siguiente:
que en la cuestión debatida, se está en presencia de un derecho humano.9
que atañe al Congreso de la Nación la adopción de las pautas propias de la política
tributaria federal, al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de la política energética, que
abarca la fijación de las tarifas del servicio público y al Poder Judicial, el control de la
razonabilidad de tales decisiones.10
que se encuentra en cabeza del Poder Judicial, el ejercicio del control jurisdiccional de
la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas.11
que el Estado debe tener una especial prudencia y rigor a la hora de determinar el
valor de las tarifas, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y
razonabilidad, evitando de tal forma, restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los
derechos de los usuarios.12
que todo reajuste tarifario debe incorporar como condición de validez jurídica, el
criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad13.
que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los
servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados
por la decisión tarifaria, con el objeto de evitar la aplicación de una tarifa elevada y
FLP 8399/2016/CS1.
Fallo N° 145, 18-8-2016, página 11. “Como concordemente subrayó el Tribunal es bien sabido que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que,
en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano”.
&quot;confiscatoria”, que afecte irrazonable y excesivamente los ingresos de un grupo
La proporcionalidad como principio, supone el ejercicio razonable del poder político
en tanto eficaz para la realización de las exigencias del bien común, integrando y respetando
los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el texto constitucional argentino, esto
resulta manifestado por las exigencias del art 28 de la C.N. Desde perspectiva constitucional,
este principio pretende resguardar las libertades fundamentales atendiendo a que la
intervención pública sea idónea, indispensable y proporcionada. Esto es, que el medio
sea adecuado al fin, resulte el más moderado dentro de aquellos igualmente eficaces y
respeto el contenido esencial de los derechos involucrados14. Por su parte, el concepto de
razonabilidad o razonable proviene del latín rationabilis, que significa arreglado, justo,
conforme a razón, mientras que la Real Academia Española, establece que la razón es la
facultad de discurrir. Por lo tanto, la noción de razonabilidad refiere a todo aquello que nuestra
sana facultad de discurrir nos indica que es justo. Bidart Campos15 expresa que el principio de
razonabilidad —derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra Carta Magna— importa, dentro de
nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el
ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón,
un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley —y a los actos estatales de ella
derivados inmediata o mediatamente— un contenido razonable, justo, valioso, de modo que
alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley
prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido. 16
En octubre de 2016, el ENARGAS emitió la Resolución Nº 4047/2016, mediante la cual
fijó topes al incremento tarifario de las facturas, determinándose que el monto total -impuestos
incluidos- de éstas, no podrá superar el 300% para los usuarios R1, R21, R22 y R23, el 350%
para los usuarios R31 R32 y R33 y el 400% para la categoría R34 17.
El principio de proporcionalidad como regla fundamental de la política criminal por GUILLERMO JORGE YACOBUCCI, 2004 www.saij.jus.gov.ar / Id
SAIJ: DACF040067
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf040067
BIDART CAMPOS, Germán, Derecho Constitucional, Ediar, t.II, ps. 118/119.
EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y SU REGULACIÓN EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA CONTITUCIONAL Por
Patricio Alejandro Maraniello. Profesor de grado y posgrado de la UBA. Profesor de Doctorado de la Universidad del Salvador. Profesor Titular de la Universidad de
Concepción del Uruguay. Profesor Asociado en la UCES. Profesor de la Escuela Judicial de la Magistratura y de la Asociación d e Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Nación. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. / http://patriciomaraniello.com.ar/home/wpcontent/uploads/2015/01/Principio-de-razonabilidad-en-los-tratados-internacionales-.pdf
http://www.camuzzigas.com/nuevos-cuadros-tarifarios.php
Costo de vida, inflación y aumentos salariales.
Resulta imprescindible a los fines de establecer nuevos cuadros tarifarios de servicios
públicos, considerar la variación de valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la
situación inflacionaria y el aumento en general de los salarios. En este orden de ideas,
podemos afirmar que el IPC tiene en cuenta dos factores primordiales para su configuración:
uno de ellos es el costo de la canasta familiar básica (bienes y servicios) y el otro, los precios
de dichos bienes y servicios. El porcentaje de la diferencia resultante entre el costo final de un
mes a otro representa la inflación, siendo una de sus principales consecuencias el
encarecimiento del costo de vida.
Cuando los precios crecen de forma excesiva en un corto período de tiempo y los
salarios no llegan a ajustarse, los consumidores se ven acorralados a adquirir sólo productos,
servicios y, en definitiva, bienes de primera necesidad.18
La inflación oficial relativa al año 2016 fue del 36% 19, mientras que para otros superó el
40%, siendo sus principales causas justamente, las subas registradas en los sectores
Vivienda y Servicios Básicos, -que avanzó por encima de 70% por el impacto de las tarifas20.
En cuanto al presente año (2017), el IPC21Congreso, que difunden legisladores en base a
estudios privados y mediciones de provincias, exhibe un incremento promedio de 1,6% en los
precios minoristas de septiembre, con lo que el acumulado de nueve meses
(enero/septiembre) llega al 17,5 por ciento22.
En cuanto al promedio de los aumentos salariales pactados para los diferentes
sectores que integran la economía, éste se ubica en un 21%, incremento -que en varios
https://igdigital.com/2017/04/inflacion-argentina-2017-guia-definitiva-actualizada-mes-por-mes/
http://www.ambito.com/871329-la-inflacion-oficial-de-2016-fue-36-dato-clave-para-paritarias
https://www.infobae.com/economia/2017/01/10/ipc-congreso-la-inflacion-supero-el-40-en-2016-y-fue-la-mas-alta-en-14-anos/: “El índice de precios al
consumidor que informan los legisladores de la oposición arrojó una suba anual del 40,3% para 2016, &quot;la más alta en 14 años&quot;, según informó el equipo económico del
Frente Renovador-UNA, encabezado por el diputado Marco Lavagna.”
Índice precios consumidor.
https://www.infobae.com/economia/2017/10/11/ipc-congreso-la-inflacion-de-2017-ya-supero-la-meta-del-bcra/
casos- recién se verán reflejados en forma total a partir del año próximo (2018 / suba
escalonada)23.
La Resolución Nº 74-E/2017 emitida por el Ministerio de Energía y Minería, la cual
determina nuevos precios en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) para el gas
natural, en sus considerandos indica en forma clara y precisa que el “precio propuesto debe
ser compatible tanto con el momento en que se realizan las paritarias que definen los
salarios de los trabajadores argentinos”, respetándose “el criterio de progresividad y
razonabilidad de los incrementos y evitando que los usuarios caigan en una situación
de imposibilidad de acceso a los servicios de energía”, remarcando “el cumplimiento de
los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la fijación
de tarifas, en particular, los de progresividad, razonabilidad y previsibilidad” 24. De igual
manera, determina la implementación gradual, progresiva y escalonada de los incrementos
tarifarios conforme a la siguiente progresión: un 30% del incremento a partir de 1º de abril de
2017, un 40% a partir del 1 de diciembre de 2017 y un 30% a partir del 1 de abril de 2018.25
Acorde con ello, la resolución I Nº 4357 emitida por el ENARGAS, aprueba los
aumentos correspondientes al primer escalón de la segmentación del ajuste tarifario,
conforme las previsiones de la Resolución antes citada (MINEM N° 74/17).
El ENARGAS, de acuerdo a la normativa que rige su actuación26, tiene como uno de
sus objetivos principales proteger “adecuadamente los derechos de los consumidores”.
Dicha misión, a tenor de los antecedentes y experiencia constatada por la Defensoría del
Pueblo de Río Negrol, resulta incumplida, por cuanto la entidad reiteradamente informa a los
usuarios ante la recepción de reclamos y/o consultas sobre la facturación actual aplicada
(costos/aumentos), su incompetencia o negativa de resolver sus peticiones, extremo que
debe ser corregido y normalizado en forma urgente.
Uthgra 24%: http://www.cdormarcosfelice.com.ar/gastronomicos-nuevo-acuerdo-y-nuevas-escalas-salariales-2017-con-aumento-del-24-desde-agosto-en-doscuotas-y-sumas-no-remunerativas-desde-junio-cct-n-38904/
UATRE 22%: http://www.ignacioonline.com.ar/2017/10/paritaria-uatre-2017-aumento-del-22-porciento-para-peones-rurales-cnta.html
Comercio 20%: http://convenioscolectivo.com.ar/empleados-comercio-acuerdo-salarial-2016-2017-cuando-cobro/
Ley Nº 24.076, entre otras.
A modo de graficar y demostrar en forma objetiva el aumento de tarifas llevado a cabo
durante este último año y medio, en la localidad de San Carlos de Bariloche, el valor del cargo
fijo durante el mes de enero de 2016 ascendía a $ 16,40 mientras que el valor por m3 de
consumo de gas fue de $ 0,276 para un usuario categoría R3-2 (Resol. I-2407 y Nº 3355). Los
mismos conceptos, han pasado en el mes de julio de 2017 a $ 79,37 (cargo fijo), mientras que
el valor de consumo por m3 ascendió a $ 1,399 (resol Nº I-2407, Nº 4047 y Nº 4357). Ello,
representa un aumento del 483% y 506%, respectivamente. 27 Por su parte, el aumento
escalonado previsto por la Resol. Nº 74-E/2017 emitida por el Ministerio de Energía y Minería,
establece en un periodo de tan solo un año (abril 2017 / abril 2018), un porcentaje de aumento
total del 100% de las tarifas.
Expuesto todo lo anterior, podemos afirmar las siguientes conclusiones preliminares:
La ecuación costo de vida, aumentos salariales, índice de inflación y aumento tarifario
del servicio público de gas, a tenor de los preceptos de progresividad, razonabilidad y
proporcionalidad establecidos por la CSJN, resulta desmedida, ilógica e irrazonable. Esto es
así, porque el cuadro tarifario bajo análisis prevé un aumento del 100% del costo del servicio
en tan sólo el término de un año, plazo en el cual el incremento salarial en el mejor de los
casos ascenderá sólo al 20% y la inflación general resultará cercana al 40%. Y si a ello,
agregamos que no sólo el servicio público de gas registra aumentos, sino también el resto de
los servicios básicos (luz, agua, etc.), impuestos, tributos y tasas provinciales como
municipales (impuesto inmobiliario, automotor, etc.), resulta acertado concluir, que tanto el
plazo de un año como los porcentajes citados, conculcan con creces los principios jurídicos
analizados y dejan de lado, la protección debida, justa, adecuada, previsible y razonable de
En igual sentido, los topes establecidos por la Res. Nº 4047/2016, del 300% y 400%, al
monto de facturación final de los usuarios, tampoco resultan ser una medida razonable, pues
dichos topes en sí mimos configuran valores que en nada contribuyen a la protección y
resguardado final del costo que deben asumir los usuarios del sistema monopólico existente,
debiendo ser aquellos reducido al mínimo razonable.
Camuzzi Gas del Sur, cuenta Nº 8402/0-1602-0001929/1.
Por último, en total coincidencia con lo afirmado por la CSJN, no resulta viable,
coherente y lógico que la falta de ajuste de las tarifas de los servicios públicos, atraso
resultante y derivado de décadas de inacción estatal y empresarial, deba ser -en tan
sólo un año- regularizado, poniendo en cabeza de los usuarios la asunción del costo de
nuevas tarifas a todas luces desproporcionadas con la realidad económica. Esto es así,
porque el estado dispone de otros medios y mecanismos para llevar a cabo un proceso
gradual y previsible de actualización de los costos que irroga la subsistencia del sistema
energético nacional, brindando de tal forma una protección justa y razonable a las economías
familiares integrantes de dicho sistema.
- Situación de la Provincia de Chubut
De los quince departamentos que tiene la Provincia de Chubut sobre su superficie terrestre,
sólo 4 superan el promedio de densidad demográfica. Los otros 11 están entre 0,1 y 1,3
habitantes por kilómetro cuadrado. De 0,1 hay cuatro departamentos (Telsen, Paso de Indios,
Mártires y Gan Gan).
La provincia tiene 224.686 kilómetros cuadrados (tercera del país) y una población de 509.108
habitantes (decimoctava del país), según censo de 2010.
Situación de la Provincia de Río Negro
Al encuadre normativo previamente descripto así como a los pilares estructurales
consagrados por nuestro máximo tribunal debemos añadir las particularidades geográficas y
demográficas que hacen a la Provincia de Río Negro y, especialmente, a un fragmento
territorial caracterizado por diversos factores objetivos que repercuten directamente en la
forma de vida de sus habitantes.
En tal sentido, es útil señalar que dicha Provincia posee:
✓ 20,3 millones de hectáreas (cuarta provincia en dimensión)
✓ 87,2% superficie rural
✓ 12,8 % superficie urbana
✓ 633.374 habitantes : 3,1 hab/km² (quinta menos poblada del país)
✓ Solo cuatro localidades poseen más de 40.000 habitantes
La Provincia de Río Negro posee un territorio constituido por diferentes regiones con
características disímiles entre sí: cordillera andina, valle, costa atlántica y estepa.
Centrando el estudio en la Región Sur, podemos sostener que ésta abarca el corazón y gran
vacío de la Provincia por distintas razones:
- Ocupa el 56% del territorio provincial. Sin embargo, vive únicamente el 3,5% de la
- Todos los departamentos que la integran poseen una densidad poblacional inferior a 1
hab/km². Piénsese que, por ejemplo, el partido de Bahía Blanca alberga 131,1 hab/km².
- Las localidades de mayor relevancia superan escasamente los mil habitantes y ninguna
excede los diez mil. Únicamente Valcheta, Los Menucos e Ing. Jacobacci poseen 4.000,
5.000 y 6.000 habitantes, respectivamente.
- Todas las localidades se extienden sobre un sistema lineal de más de 480 km de
prolongación , con distancias entre sí que promedian los 50 km.
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References: Artículo 42
 artículo 50
 Resolución 
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