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Timestamp: 2020-03-28 15:04:18+00:00

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Publicado en BOB núm. 119 de 22 de Junio de 2018
Disposición Adicional Única Adaptación a Estructura Orgánica
Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 60/2011, de 22 de marzo, se reguló la ayuda especial para la inclusión social, definida como una ayuda económica destinada a dar cobertura a tanto a los gastos asociados a la cobertura de las necesidades básicas de las personas destinatarias, como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral.
Posteriormente, el citado decreto foral fue modificado en virtud de Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 207/2011, de 13 de diciembre, a fin de adecuar sus disposiciones a las modificaciones aprobadas en la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos.
Tanto la experiencia acumulada en la gestión de la ayuda especial para la inclusión social como la aprobación posterior de normativa de especial relevancia y aplicación directa en lo que a la gestión de servicios sociales respecta, hacen necesaria una modificación de la normativa reguladora de la referida ayuda.
En idéntico sentido, es necesario adaptar la normativa reguladora de la ayuda a las modificaciones orgánicas aprobadas en virtud del Decreto Foral del Diputado General 94/2015, de 2 de julio, modificado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2015, de 9 de diciembre, por el que se constituye el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.
Así, mediante la presente modificación se adecuará la regulación de la ayuda a la referida estructura orgánica, de forma que todas las menciones que el decreto regulador realiza al Departamento de Acción Social deberán realizarse al departamento competente en materia de inclusión social.
En relación con lo anterior, conforme se justificará en párrafos posteriores, la gestión de la ayuda ha puesto de manifiesto la existencia de procesos especializados de inclusión que precisan de un refuerzo de índole económico a fin de que los mismos puedan tener garantía de éxito, y que en la actualidad no pueden acceder a la cobertura provista por la ayuda especial para la inclusión social.
Asimismo, la entrada en vigor del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, trajo consigo la regulación del procedimiento básico de intervención, en el ámbito de atención secundaria, con las personas usuarias, conforme a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 del citado decreto.
El decreto en cuestión se aprobó en cumplimiento del mandato contenido en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que atribuye a las diputaciones forales la provisión y prestación de los servicios sociales de atención secundaria, que atenderán las necesidades derivadas de las situaciones de exclusión, entre otras contingencias.
Dichos artículos establecen la figura de la profesional de referencia y del plan de atención personalizada como elementos vertebradores de los procesos de intervención con las personas usuarias de los servicios sociales; en el primer caso, por tratarse de la figura encargada de la coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación de la intervención con las personas usuarias y, en lo que respecta al plan de atención personalizada, como instrumento con base en el cual se articula la citada intervención, y en que se detallan los servicios, prestaciones y ayudas a los que la persona usuaria puede acceder dentro de su proceso.
Por otra parte, en relación con la regulación de los servicios vinculados a procesos de inclusión social de las personas usuarias, el referido Decreto 185/2015 establece una serie de principios fundamentales, tales como la gratuidad de las prestaciones técnicas que en los mismos se proveen, no pudiendo establecerse copago alguno por las mismas.
Así, resulta necesario modificar puntualmente la ayuda especial para la inclusión social a fin de adaptar su regulación a los preceptos del Decreto 185/2015, de forma que, sin modificar el ámbito subjetivo de la ayuda, en el caso de personas atendidas en la dirección competente en materia de inclusión social dicha ayuda se vincule al procedimiento básico de intervención con personas que lleven a cabo un proceso de atención secundaria, tendente a su inclusión social, con las figuras de la profesional de referencia y del plan de atención personalizada como elementos fundamentales sobre los que pivota dicho proceso.
Por otro lado, mediante esta modificación se busca asimismo agilizar la tramitación de la ayuda, de forma que las solicitudes de renovación de las mismas puedan presentarse directamente ante el servicio o sección de la Dirección General de Inclusión Social que tenga atribuida su tramitación.
De esta forma, como se ha tenido ocasión de señalar en el apartado III anterior, el ejercicio de las competencias que tanto la Ley 12/2008 como el Decreto 185/2015 atribuyen a la Diputación Foral de Bizkaia en materia de inclusión social hace necesario, en ocasiones, que los procesos de atención especializada se vean acompañados de un apoyo económico que permita, a priori, unas mayores garantías de éxito en los citados procesos.
Adicionalmente, y en relación con lo señalado en el apartado anterior, la experiencia acumulada en la gestión de la presente ayuda y en la coordinación y supervisión, a través de la figura de la profesional de referencia, de los procesos de inclusión han puesto de manifiesto la necesidad de proveer de apoyos económicos, en supuesto excepcionales y de especial necesidad, a aquellas personas usuarias que, no cumpliendo con uno de los requisitos para el acceso a la ayuda ni a otras prestaciones económicas, deban contar con unas mínimas garantías para completar con éxito su proceso de inclusión, fundamentalmente en los casos de tránsito a vida autónoma y retorno al medio comunitario.
Se trata, no obstante, de un supuesto excepcional y que, lejos de dar pie a la existencia de un margen de discrecionalidad en la concesión de la ayuda, ha de estar adecuadamente fundamentado, por parte de la profesional de referencia, en las necesidades de inclusión de la persona usuaria y recogido expresamente en su plan de atención personalizada y, en su caso, plan individualizado de atención, visado por la citada profesional de referencia.
En síntesis, las modificaciones puntuales propuestas tienen por objeto:
1. La adaptación de la regulación de la ayuda a las modificaciones organizativas en materia de inclusión social, en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. La vinculación efectiva de la ayuda especial, en los casos de personas atendidas en la dirección competente en materia de inclusión social, con los procesos de atención secundaria en dicha materia, conforme al procedimiento básico de intervención detallado en los artículos 19 y 20 del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, regulador de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, fundamentalmente en lo que respecta a la figura de la profesional de referencia y al plan de atención personalizada.
3. En consonancia con lo anterior, la adaptación de la ayuda a las necesidades específicas que, con carácter excepcional, puedan presentar determinadas personas usuarias en su proceso especializado de inclusión social.
En su virtud, a iniciativa de la Diputada Foral del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 19 de junio de 2018,
Modificación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 60/2011, de 22 de marzo, regulador de la ayuda especial para la inclusión social.
Uno: Modificar el apartado 4.º del artículo 4, quedando redactado del siguiente modo:
«En el caso de personas atendidas por la dirección competente en materia de inclusión social, la concesión de la ayuda especial para la inclusión social está vinculada a la suscripción por parte de la persona beneficiaria de un plan de atención personalizada en que se prescriba la ayuda como prestación adecuada para su proceso de inclusión, conjuntamente con los objetivos de dicho proceso y las obligaciones asumidas por la persona beneficiaria. Dicho plan de atención personalizada deberá ser visado por la profesional de referencia de atención secundaria, coordinadora del proceso de inclusión.
En su caso, la persona beneficiaria deberá contar con un plan individualizado de atención vinculado a alguno de los servicios o programas de atención secundaria, en materia de inclusión social.»
Dos: Modificar el artículo 6, quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 6 Requisitos para la percepción de la ayuda
1. Podrán acceder a la ayuda especial para la inclusión social las personas mayores de 18 años que reúnan los siguientes requisitos, en el momento de la solicitud:
a) No tener derecho a la Renta de Garantía de Ingresos en cualquiera de sus modalidades por no cumplir el requisito de edad mínima.
b) Constituir una unidad de convivencia como mínimo con 12 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, excepto en los casos de aquellas personas que dejen de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad.
c) Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en un municipio del Territorio Histórico de Bizkaia con una antigüedad mínima de 30 meses, inmediatamente anteriores y continuados, a la fecha de solicitud.
Quedarán exceptuadas del cumplimiento de dicho plazo las siguientes personas:
Personas que, como máximo, con 18 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, dejen de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad. En este supuesto, el tiempo de empadronamiento y residencia efectiva en un municipio del Territorio Histórico de Bizkaia será de seis meses.
d) No disponer de recursos suficientes, considerándose que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1) Disponer de unos ingresos o rendimientos mensuales computables inferiores a la cuantía mensual de esta ayuda que pudiera corresponder en función del número de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.
2) No disponer de ningún bien inmueble.
3) Disponer de dinero, títulos, valores, vehículos y en general cualquier otro bien mueble de los referidos en la sección 4.ª del capítulo III del Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos, por una cuantía máxima equivalente a seis mensualidades de la Ayuda Especial para la Inclusión Social que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.
La determinación de los ingresos o rendimientos y del patrimonio obedecerá a lo establecido en las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del capítulo III del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos.
e) Tener firmado un plan individualizado de atención o un plan de atención personalizada, de conformidad con lo señalado en el artículo.
f) No tener extinguida o suspendida, total o parcialmente, la Renta de Garantía de Ingresos u otra prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisión de infracciones.
g) Estar inscrita en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
2. La percepción efectiva de la ayuda especial para la inclusión social será incompatible con la estancia en centros y servicios residenciales, de carácter temporal o definitivo, para la atención a personas usuarias de servicios sociales.
No obstante lo anterior, en caso de personas atendidaes en centros y servicios residenciales gestionados por la Dirección General de Inclusión Social y de cara a facilitar el proceso de salida de dichos centros y servicios y tránsito hacia vida autónoma, podrá solicitarse la ayuda con dos meses de antelación a la fecha prevista de salida.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4, en el caso de personas atendidas en servicios de la dirección competente en materia de inclusión social, cuando sea necesario para la consecución de los objetivos del proceso de inclusión recogidos en el plan de atención personalizada y así se prescriba por la profesional de referencia coordinadora de dicho proceso, mediante acuerdo de la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión podrá exceptuarse a la persona del cumplimiento de uno de los requisitos detallados en el apartado 1 anterior.
4. En todo caso, las ayudas reguladas en el presente decreto foral, tendrán como límite las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en el presente decreto foral.»
Tres: Modificar el apartado 2.º del artículo 7, mediante la adición de un párrafo adicional, de forma que quede redactado de la forma siguiente:
«2. En el supuesto de que una misma vivienda o un mismo alojamiento fuera compartido por dos o más unidades de convivencia, el número máximo de Renta de Garantía de Ingresos y de Ayuda Especial a la Inclusión concesible en dicha vivienda o alojamiento será de dos, concediéndose a quienes lo hubieran solicitado en primer lugar.
En consecuencia, no se podrá conceder la ayuda que regula el presente decreto foral a las personas solicitantes que residan en una vivienda o alojamiento donde hubiera bien dos Renta de Garantía de Ingresos, bien dos Ayuda Especial a la Inclusión, o bien una Renta de Garantía de Ingresos y una Ayuda Especial a la Inclusión.
Se exceptúa de lo señalado en los párrafos anteriores a aquellas personas que se encuentren en el supuesto regulado en el artículo 4.4.»
Cuatro: Modificar el apartado f) del artículo 8, quedando redactado del siguiente modo:
«f) Comunicar al servicio de la dirección competente en materia de inclusión social a que corresponda la tramitación de la ayuda, los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos:
1) Cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular.
2) Modificación de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación.
3) Cualquier modificación que afecte a la composición de la unidad de convivencia.
4) Cualquier otra situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.»
Cinco: Modificar el apartado 2.º del artículo 10, quedando redactado como sigue:
«2. En los casos de personas atendidas en recursos vinculados a la dirección general competente en materia de inclusión social, la solicitud inicial y las posteriores solicitudes de renovación serán tramitadas por las personas profesionales de referencia de secundaria directamente ante el Servicio para la Inclusión.»
Seis: Modificar los apartados 2.º y 3.º del artículo 11, quedando redactado como sigue:
«2. Las solicitudes de renovación de la ayuda deberán remitirse a la unidad administrativa de la dirección general competente en materia de inclusión social que tenga atribuida su tramitación.»
Siete: Modificar el apartado 1.º del artículo 12, quedando redactado como sigue:
«1. La/el diputada/o foral titular del departamento competente en materia de inclusión social es el órgano responsable de resolver las solicitudes para el reconocimiento de la percepción de la ayuda o su desestimación.
Si en el caso de transcurrir seis meses desde la fecha de presentación no constara resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.»
Ocho: Modificar el apartado 3.º del artículo 14, quedando redactado del siguiente modo:
«3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la Diputación Foral podrá acordar el pago de la prestación a persona distinta del titular en los siguientes supuestos:
a) Declaración legal de incapacidad de la persona titular.
b) Incumplimiento por la persona titular de la obligación de aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó.
c) Acuerdo entre la persona titular y la entidad gestora de su proceso de inclusión, autorizado por la profesional de referencia y reflejado adecuadamente en su plan de atención personalizada o, en su caso, plan individualizado de atención.
Asimismo, en el caso de las personas a que hace referencia el artículo 4.4, cuando se justifique la necesidad de hacer frente a pagos acumulados, tales como fianzas, matrículas u otros gastos vinculados al proceso de inclusión de la persona usuaria, podrá autorizarse el pago de una mensualidad de la ayuda, no computable a efectos de la duración del período de cobro de la misma.
En todo caso, dicho pago deberá reflejarse en el plan de atención personalizada de la persona usuaria y ser autorizado por la Comisión Técnica Asesora del Servicio para la Inclusión.»
Todas las menciones que el Decreto 60/2011 contempla en relación con el Departamento de Acción Social, se entenderán realizadas al departamento competente en materia de inclusión social.

References: artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 resolución 
 artículo 14
 artículo 4