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Timestamp: 2018-04-24 08:49:38+00:00

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Baraldini salió de la cárcel y ya está en su casa
Este jueves llegó la pulsera electrónica. A las 14.30 horas dejó la Colonia Penal 4 y el represor se fue a la casa de su hija, en arresto domiciliario. Está acusado de 214 crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal Oral Federal confirmó a El Diario que este jueves el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Baraldini, dejó la cárcel y pasó a cumplir arresto domiciliario en la casa de su hija, Sandra, en Santa Rosa. Le colocaron una pulsera electrónica, para vilgar que cumpla la medida.
El TOF había admitido en la semana er un recurso de casación presentado por las querellas en el juicio de la Subzona 14 II contra el arresto domiciliario otorgado por los mismos miembros del organismo al exjefe de la Policía de La Pampa en la última dictadura Luis Baraldini. El beneficio, a pesar de la interpretación que hacían los abogados del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, no se suspendió.
Baraldini estaba esperando que llegue la pulsera electrónica para dejar la cárcel e irse a la casa de una hija. Llegó este jueves. De todos modos, el recurso de las querellas será analizado por la Cámara de Casación, que eventualmente podría expedirse y revertir el beneficio. El pasado 22 de septiembre el TOF otorgó el arresto domiciliario a Baraldini porque tiene más de 70 años. Dispuso que le coloquen una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento.
El represor está acusado por 214 delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en La Pampa en el juicio de la subzona 14 II. Está siendo juzgado por asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas de 214 víctimas en el juicio de la Subzona 14 II. Los jueces impusieron como condición del arresto domiciliario que Baraldini debe permanecer en la vivienda de su hija, Sandra, garante del arresto domiciliario, y utilizar una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento de la medida.
La resolución lleva la firma del presidente del tribunal, Marcos Aguerrido, y el juez José Mario Tripputi. El juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia porque consideró que no está firme el fallo de Casación que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario porque tiene más de 70 años.
Baraldini, de 79 años, salió de prisión a partir del arribo del dispositivo electrónico que envió el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mientras tanto, el segundo juicio a los represores pampeanos continuará y se prevé que concluirá a mediados del año próximo.
El TOF y la Cámara de Bahía Blanca habían rechazado a fines del año pasado el pedido de arresto domiciliario. Pero el pasado 28 de junio la Sala III de la Cámara de Casación Penal firmó la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló esa decisión. El fiscal general de esa Cámara, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento. Sin embargo, el pasado 13 de septiembre los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques lo declararon inadmisible y le pidieron al TOF que “dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a las consideraciones efectuadas”.
Ante ese panorama, el TOF sacó la resolución otorgando finalmente el arresto domiciliario. Los jueces Aguerrido y Tripputi interpretaron que no tenían posibilidad de hacer otra cosa. Sin embargo, el juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia, al entender que todavía queda la posibilidad de elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia para intentar invalidar el beneficio a Baraldini.
Baraldini fue indagado en el juicio el psado 14 de setiembre.“La Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos, estoy orgulloso de ellos”, reivindicó a sus compañeros de causa.Había evitado el primer juicio, el de 2010, prófugo en Bolivia. Allí fue capturado en vísperas de la Navidad de 2011.
“En los cuatro años de jefe, nadie, ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez. Y el Superior Tribunal y los jueces funcionaban”, declaró, suelto de cuerpo, en la indagatoria. Reconoció que había detenidos en la comisaría, bajo la Subzona 14, pero alegó que desconocía “cuánto tiempo” estaban allí. “Nunca nadie absolutamente hizo una denuncia”, insistió. “Pasaron los años y ahí surgió gente que dijo que había sufrido apremios”, rememoró, respecto a la época de la recuperación de la democracia.
“Yo tenía todas las seguridades para que eso no ocurra. Había médicos que revisaban diariamente a los detenidos, hay planillas diarias que me llegaban. Nunca nadie me dijo ’tengo una cicatriz que me hizo un agente o alguien de la Policía’. Y yo recorría, y recorría bastante, y la Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos. Ellos se ponían los borceguíes y arriesgaban la vida por los pampeanos. Yo me sentía reconfortado por eso. Estoy orgulloso de ellos”, enfatizó.
“Yo tenía una obligación moral con todos los pampeanos”, afirmó, y recordó que tuvo un hijo en suelo pampeano y su suegro era de esta provincia. “No hubo ni un desaparecido, ni un atentado explosivo, ni un contrabando de bebés como había en otras provincias. La Pampa era una provincia tranquila”, completó.
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El Tribunal Oral Federal ordenó la liberación de los expolícias Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, quienes se encontraban en calidad de procesados por delitos de lesa humanidad. ¿La razón? El vencimiento de los plazos de las prisiones preventivas (un año y seis meses de prórroga) así que, según el Juzgado, ya no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.
Estos cinco exfuncionarios eran imputados por la causa Subzona 14 II, por la que fueron privados de libertad 18 funcionarios entre militares y policías, ocho de ellos condenados a penas de entre 8 y 20 años de prisión por unos 30 casos de secuestros y torturas.
Otros gozan de prisión domiciliaria y aún falta por conocer la suerte del exjefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini, quien se fugó en una oportunidad siendo recapturado en Bolivia a finales del año 2011.
Cabe destacar que todos ellos son acusados de cometer delitos de lesa humanidad y genocidio contra al menos unas 300 personas, en el marco de la represión ilegal acontecida entre los años 1975 y 1983. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por el referido delito en la Unidad Penal 4.
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Continúa la impunidad : El TOF de La Pampa concedió la libertad a cinco represores
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa le otorgó la libertad a cinco represores pampeanos a la espera del juicio oral y público que se prevé, se realizará en la segunda mitad de 2016, informaron fuentes judiciales. Los beneficiados por el fallo de los jueces fueron los ex policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía provincial, mientras que los otros cuatro fueron parte del staff de la Seccional Primera, en cuya planta alta funcionó el mayor centro clandestino de detención y torturas de la provincia durante la dictadura militar.
La decisión fue tomada por el tribunal conformado por Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia de Neuquén y Alejandro Silva de Río Negro, ya que venció el plazo de la prisión preventiva. Los cinco estaban detenidos desde 2012 y permanecían alojados en el pabellón especial para condenados y procesados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penal 4. En total, son 18 los represores pampeanos que afrontarán el juicio por los delitos de secuestro, tortura, asociación ilícita y genocidio. El pedido de libertad lo hizo el defensor oficial Carlos Riela, y el fiscal Juan José Baric se opuso a la excarcelación. En ese sentido, los magistrados consideraron que se vencieron los plazos legales para mantener a una persona con prisión preventiva -un año y seis meses de prórroga-, por lo cual no podían permanecer en esa condición sin juicio oral.
El único titular del TOF pampeano es Aguerrido, ya que los otros dos integrantes titulares, José Triputti, y Pablo Díaz Lacava, fueran recusados en su momento. Ambos tienen relación con una de las víctimas, el ex juez piquense Miguel De Marco.
Los acusados están procesados por unos 240 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar en La Pampa. En septiembre pasado, la jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, elevó a juicio oral y público la denominada causa Subzona 14 II, luego de más de cuatro años de investigación.
Silvestre firmó el decreto en la segunda parte de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia entre 1975 y 1983. Es la segunda parte de la investigación luego del histórico juicio realizado en 2010 contra nueve de los principales represores.
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Dos genocidas a casa por navidad
Los dos condenados por delitos de lesa humanidad volvieron a su domicilio, ya que presentaron una apelación en rechazo a la disposición de la Cámara de Casación que determinó quitarles el beneficio de la prisión domiciliaria.
Gracias a un paso burocrático, los represores Roberto Fiorucci y Omar Aguilera podrán pasar las fiestas en su casa, ya que presentaron una apelación que, al menos hasta que se resuelva, les permite postergar la decisión de regresar a la prisión.
Los abogados defensores presentaron un recurso extraordinario y hasta que se define darle curso o no, los condenados podrán estar en sus casas.
Aguilera y Fiorucci están en su domicilio desde el miércoles pasado.
Antes, a raíz de que la Cámara de Casación modificó una decisión anterior, los dos condenados a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad fueron regresados a la Unidad 4. Esa decisión se conoció en medio de los episodios de fugas de represores.
Aguilera y Fiorucci fueron condenados en el primer juicio que se hizo en La Pampa para esclarecer lo ocurrido en la Subzona 14 durante la última dictadura. Además, están procesados en la causa Subzona 14 II, que actualmente está en etapa de instrucción.
La decisión de la prisión domiciliaria la había tomado el mismo organismo, pero de modo provisorio, y en una votación dividida (2 a 1). Cuando fue repuesto el tribunal original, cambió la resolución.
Aguilera reside en una casa de la calle Allan Kardec casi Independencia. Fiorucci registró su domicilio en la calle Buenos Aires de Santa Rosa.
En septiembre del año 2011 Hugo Marenchino también obtuvo ese beneficio. Pero a los cuatro meses tuvo que volver a la Colonia Penal.
Las condenas a Aguilera y Fiorucci fueron dejadas firmes por la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de la causa Nº 13.667, la Corte avaló lo actuado por el Tribunal Federal Oral de nuestra provincia, que concretó las históricas condenas el 16 de noviembre del año 2010.
Ese juicio, que derivó en el inicio de nuevas investigaciones que a su vez tendrán como consecuencia otro trámite del mismo tipo, permitió las condenas de Néstor Omar Greppi (20 años de prisión), Omar Aguilera (20 años), Roberto Fiorucci (20 años), Athos Reta (12 años), Oscar Yorio (12 años), Néstor Bonifacio Cenizo (14 años), Carlos Reinhart (20 años), Hugo Marenchino (8 años) y el fallecido Roberto Constantino (20 años: en este último caso, la Corte no intervino).
La Corte desestimó el recurso de queja presentado por los condenados. Intervinieron Ricardo Lorenzetti, María Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay, quienes ni siquiera dieron lugar al análisis de la causa. Eugenio Zaffaroni opinó que se le debía dar una vista previa a la Procuración General.
En todos los casos, los condenados fueron considerados responsables de delitos de lesa humanidad, por tratarse de perseguidos políticos. También el Tribunal consideró el agravante de que las detenciones ilegales -una de las figuras que se imputaron a los acusados- duraron más de 30 días.
A Omar Aguilera lo condenaron a 20 años por privación ilegal agravada en 18 hechos con uso de violencia y amenazas (de los cuales ocho son agravados por una duración mayor de 30 días) y siete hechos de aplicación de tormentos psíquicos y físicos (agravados por ser las víctimas perseguidos políticos).
Igual pena, 20 años, recibió el comisario inspector Roberto Fiorucci por los delitos de privación ilegal agravada en 24 hechos con uso de violencia y amenazas (12 hechos agravados doblemente por la duración mayor a 30 días de la detención ilegal) y 13 hechos de aplicación de tormentos.
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Indagarían a Espinal, el capellán represor, pero sin detenerlo
El sacerdote fue capellán del Ejército en el Regimiento de Toay entre el ‘74 y el ‘82. Aseveró que no recordaba nada de su paso por nuestra provincia. Pero se admitió “amigo” del genocida Ramón Camps, que ejercía en la Subzona 14.
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Piden la detención de un ex capellán del Ejército en La Pampa
Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975, declaró en un juicio oral que el entonces capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros. Lo reconoció por la foto de un libro periodístico.
El fiscal Juan José Baric pidió la detención e indagatoria de Alberto Espinal, un sacerdote que ofició como capellán en el regimiento de la ciudad pampeana de Toay entre 1974 y 1982, en el marco de la investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que lleva a cabo el juzgado federal de Santa Rosa.
Barlic formalizó la presentación la semana pasada ante el juez federal subrogante José Charlín, quien en las próximas horas deberá resolver sobre el pedido. El fiscal general de Santa Rosa basó su decisión en testimonios de víctimas del terrorismo de Estado que durante el proceso de juicio oral por delitos de lesa humanidad públicamente conocido como la causa “Subzona 14”, que tuvo lugar en La Pampa en 2010, involucraron a Espinal.
El principal relato fue el de la presa política Ana María Martínez Roca, detenida ilegalmente en 1975 y quien en aquel juicio oral contó a la Justicia por primera vez los tormentos sufridos. La mujer, quien aseguró reconocer a Espinal cuando vio la foto del libro El Informe 14, de los periodistas Norberto Asquini y Juan Carlos Pumilla, declaró ante el Tribunal Oral Federal pampeano que el capellán la interrogó sobre su vinculación con Montoneros.
“Esto es muy duro para mí. Cuando estaba así –en referencia a su condición de detención clandestina– me fue a ver el cura Espinal. Lo único que quería era saber si era de Montoneros o andaba en algo peligroso, y si sabía de las cosas que hacía (entonces su compañero, el historiador Hugo) Chumbita. Incluso, ese cura alguna vez fue a la casa de mi madre (cuando ella ya había sido liberada y estaba en La Plata) para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos. Yo soy cristiana, pero percibí todo. No fueron visitas de cortesía. Me interrogó”, testimonió en agosto de 2010 Martínez Roca. En 1975, la mujer fue secuestrada y trasladada desde Buenos Aires a la seccional Primera de Santa Rosa y allí torturada. “Nunca digas lo que viste, si no te vamos a ir a buscar y te vamos a matar”, declaró que le había advertido Baraldini, entonces jefe de Policía, ante la Justicia en el mismo juicio en el que había involucrado al capellán.
Espinal aparece en la portada de El Informe 14 junto a los represores Luis Baraldini –sentenciado en el juicio en el que declaró la mujer–, Ramón Camps y el obispo Adolfo Arana. Según informó un diario local, el capellán negó saber acerca de secuestros, detenciones ilegales, torturas y desapariciones durante su paso por La Pampa entre 1974 y 1982: “No tenía idea de lo que pasaba. Yo era capellán de soldados”, se excusó.
En esa entrevista telefónica realizada por Asquini en marzo de 2012 y que ayer difundió el medio gráfico pampeano El Diario, Espinal detalló también cuándo y en dónde ofreció sus servicios parroquiales. Mencionó su paso por la capellanía de Toay “hasta que comenzó lo de Malvinas” e informó que regresó tras cuatro años de trabajar en Córdoba. Luego de un año de sacerdocio en General Acha, lo trasladaron a un colegio de La Plata. Por último, ante la consulta del periodista sobre quién era el jefe militar cuando ofició como capellán del Ejército pampeano, Espinal mencionó que el cargo lo ocupaba “el amigo Camps”, en referencia al genocida Ramón Camps.
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Rechazado el recurso de excarcelación al genocida Baraldini
El coronel (R) Luis Enrique Baraldini fue ADEMÁS, luego un jefe carapintada
La Corte Suprema rechazó un recurso para excarcelar al ex jefe de la policía de La Pampa
La Corte Suprema de Justicia la Nación rechazó un recurso contra la resolución que se opuso a la excarcelación de un ex jefe de policía de La Pampa procesado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.El pedido de excarcelación del coronel (R) Luis Enrique Braldini también había sido rechazado en todas las instancias previas. Tanto el juez federal de Bahía Blanca Pedro Zabala como las cámaras federales de esa localidad y de Casación Penal consideraron que, en libertad, Baraldini podría eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.
A Baraldini, que fue jefe de la policia pampeana hasta 1979, se le atribuye haber sido en el jefe de la denominada Subzona 14 II, y por lo tanto tener responsabilidad directa en centenares de casos de detenciones ilegales y aplicación de tormentos.
Según constancias de la causa, en la Subzona 14 II funcionaban como centros clandestinos de detención y torturas en la ciudad de Santa Rosa tanto la seccional 1ª de la policía pampeana como la Brigada de Investigaciones.
Baraldini se había ocultado en Santa Cruz, Bolivia, dónde regenteaba una academia de equitación y conspiraba contra el gobierno del presidente Evo Morales. Fue extraditado a fines de 2011.
El fallo de la Corte que rechazó el recurso extraordinario fue firmado por Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
El juez Zabala firmó el procesamiento de Baraldini por secuestros y torturas
El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, firmó ayer -tal como se preveía- el procesamiento al ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini.
El responsable de la Subzona 14, que funcionó en nuestra provincia en esa época, fue procesado por secuestros y torturas: se lo acusa de haber cometido 350 violaciones a los Derechos Humanos.
Los argumentos formales utilizados para su procesamiento se conocerán en las próximas horas: el juez Zabala prefirió no hacerlos públicos hasta que se difundan a través del Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Sí se supo que se trata de una resolución muy extensa y meticulosa, que no sólo tiene en cuenta el accionar en sí de Baraldini, sino el contexto de la situación, que tuvo su influencia en la condena a los otros integrantes del grupo de tareas, en el año 2010.
Baraldini no estuvo sentado en el banquillo, en esa ocasión, porque estaba prófugo, pero cayó el 24 de diciembre del año pasado, en Bolivia, cuando intentó falsear su identidad.
Baraldini había solicitado su excarcelación, basándose en la “presunción de inocencia” que tienen todos los ciudadanos hasta antes de ser juzgados y condenados. Pero Zabala se la rechazó, con varias fundamentaciones.
El ex jefe de la Policía pampeana permaneció durante ocho años en calidad de prófugo. Fue trasladado de Bolivia a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Pidió que lo dejen detenido en la Colonia Penal 4. Quiere estar cerca de sus familiares -su hija Sandra vive en la capital pampeana- y tener a mano a su abogado.
Permanece alojado en el Pabellón 2 Bajo junto a los otros miembros del comando Subzona 14 condenados por la Justicia en 2010. Fueron condenados a 20 años de prisión el ex capitán Néstor Greppi y los ex comisarios Roberto Constantino (fallecido), Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart; a 14 años, el oficial Néstor Cenizo; a 12, los ex comisarios Oscar Yorio y Athos Reta; y a 8 años, Hugo Marenchino, quien recuperó su libertad condicional este año.
No fue condenado por estar ausente en el juicio el ex coronel Fabio Iriart, por estar enfermo.
A partir de que el procesamiento de Baraldini quede firme, el ex militar se había negado antes a declarar en indagatoria. Será juzgado junto al resto de los represores condenados en el primer debate y a los nuevos imputados en el segundo juicio a los responsables de la represión en La Pampa durante la última dictadura militar.
Será investigado por los 28 casos de tortura y por los secuestros ilegales que se ventilaron en el primer juicio contra los represores pampeanos, en el segundo semestre de 2010. También se le sumarán los hechos que se investigan en el segundo juicio, más de 300 casos.
Respecto de la causa Subzona 14 II, el Juzgado Federal lleva tomada la mitad de las testimoniales previstas. Es improbable que se llegue a juicio durante el año que viene. Después de que finalice la lista de testigos, el Juzgado tendrá que indagar a los imputados y, luego, resolver su situación legal (si son procesados o no).
A partir de ese momento, los imputados podrán presentar apelaciones en la Cámara de Bahía Blanca. Los tiempos dependerán desde ese momento de la mayor o menor diligencia de ese tribunal hasta agotar la resolución de las apelaciones.
Recién cuando los procesamientos queden firmes, el Juzgado podrá requerir el juicio y el TOF fijará la fecha de las audiencias.
Los operadores judiciales estiman que, con mucha suerte, se podría presentar la elevación a juicio a fines del año próximo, y recién en 2014 se llegaría a realizar el debate.
Publicado por Casapueblos - AEDD en 8:09 No hay comentarios:
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