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Timestamp: 2017-03-25 10:44:33+00:00

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Diseño Justicia de Paz 2.qxp
SISTEMA DE JUSTICIA DE PAZ EN
PERÚ, LA LEY Y SU APLICACIÓN
Abog. Miguel Ángel Falla Rosado
Santo Toribio de Mogrovejo. Perú
“La justicia de paz integra el Poder Judicial (de Perú) y ocupa casi el 73% del
número total de jueces, los magistrados profesionales sólo ocupan el 27% de
este universo”1
La justicia de paz es ancestral en el país, sus miembros ascienden a un total de
5363 jueces2, tienen una enorme aceptación entre la población sobre todo la de
escasos recursos, que es la mayoría y necesita hacer realidad el acceso a la justicia para solucionar sus problemas.
En el Perú, la mayoría de conflictos que llegan al Poder Judicial no son resueltos
por magistrados formados en derecho, sino por campesinos o vecinos elegidos
por los ciudadanos tomando en cuenta sus cualidades personales.
En nuestro país, la justicia de paz se mantiene especialmente en las zonas rurales, y las dos terceras partes de los jueces de paz se encuentran en la región
andina. El resto se divide en una proporción similar, entre la costa y la región
amazónica. Remarcar estas disimilitudes es muy importante pues la Justicia de
Paz reproduce la heterogeneidad y las diferencias culturales entre peruanos. En
tal sentido podemos decir, que generalmente los jueces de paz de la sierra viven
en un marcado aislamiento. Muchos tienen un nivel educativo muy bajo y resuelven el conflicto en el idioma de las partes, quechua o aymara. A diferencia con
los jueces de paz de la costa, quienes tienen un nivel de instrucción superior y
están en contacto cercano con las leyes y el Poder Judicial3
El Juez de Paz es un vecino honorable de la comunidad que se ha ganado el
aprecio y respeto de sus vecinos por su espíritu de servicio. Sabe que no va a
ganar dinero como Juez de Paz, pero quiere ayudar a que los vecinos puedan
vivir en paz y a resolver sus problemas cotidianos. Esto quiere decir que tiene
una doble responsabilidad: ante el Poder Judicial y ante sus vecinos, que lo han
El Juez de Paz no es la única autoridad dentro de la comunidad. Hay agentes
municipales, tenientes gobernadores, presidentes de la comunidad, Policía
Nacional del Perú, líderes religiosos, maestros, dirigentes, ronderos, etc. Esto
quiere decir que el juez de paz en el Perú forma parte de un conjunto de autoridades en el interior de una comunidad, que administra justicia o que resuelve
conflictos. Las autoridades de una comunidad deben aprender a trabajar conjuntamente y evitar enfrentarse.4
El mandato que los jueces de paz provengan de elección popular (art. 152º de la
Constitución) debe leerse como el desarrollo del reconocimiento constitucional
que la potestad de administrar justicia emana del pueblo (art. 138° de la misma
Constitución). Por ello, los ciudadanos deben tomar conciencia que sus obligaciones no terminan con la elección, sino también les corresponde ejercer el control. Al mismo tiempo, la capacidad del Juez de Paz para resolver conflictos
según su propio parecer permite que, con frecuencia, el criterio de la población
a la cual pertenece el juez de paz prime por encima del criterio legal.
A pesar de su importancia a nivel nacional y su aceptación por la ciudadanía, la
justicia de paz tiene una grave falta de atención por parte del estado y del propio Poder Judicial. Los Jueces de Paz, en su mayoría, no reciben ningún apoyo
logístico ni en infraestructura, tampoco han recibido capacitación relacionada
con el rol que desempeñan, lo que determina que en esta tarea intervengan
Recién el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución administrativa N° 150-2004-CE- PJ de fecha 12.08.2004, ha creado la Unidad Orgánica
denominada “Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz” (ONAJUP) a fin de
desarrollar estrategias conducentes a favorecer el área de acceso a la justicia
de paz y para tal efecto, se ha diseñado el Plan de capacitación y formación continua 2006-2011, considerando de prioridad e interés nacional articular de manera integral la justicia de paz con el sistema de justicia ordinaria, desarrollando un
programa nacional de capacitación, teniendo en cuenta la necesidad de brindar
de manera orgánica la capacitación de los jueces de paz en todo el país, canalizando adecuadamente el intercambio de experiencias de justicia comunal y los
aportes que puedan realizar como operadores de justicia a fin de garantizar el
diseño de propuestas que respondan a la realidad particular de cada comunidad;
sin embargo, esto se reduce a la designación de un miembro del Consejo
Ejecutivo y un grupo pequeño de personas trabajando este tema. De igual forma
en cada sede de Corte se ha creado las Oficinas Distritales de Apoyo a la
Justicia de Paz (ODAJUP), encargándose a una sola persona esta labor.
GÉNESIS DE LA JUSTICIA DE PAZ EN PERÚ
La justicia de paz llega al Perú con los españoles en 1,535. Los españoles realizaron un diseño de la justicia cuyo sustento normativo se encontraba en normas jurídicas especiales, denominadas Derecho Indiano, cuando existían situaciones no previstas en él se recurría supletoriamente al Derecho Castellano,
pero como la realidad de las colonias era diferente a la de la metrópoli se elaboró un ordenamiento legislativo denominado Recopilación de Leyes de los Reinos
de Indias la justicia se reducía a dirimir conflictos de los particulares entre sí y
de éstos con el estado, pero siempre en nombre del rey y podría llegarse en
grado de apelaciones sucesivas hasta el rey a través del Consejo de Indias.
Siguiendo a Marianella Ledesma Narváez5, se puede establecer que los españoles introdujeron la justicia de paz a través de la llamada justicia municipal, cuyos
miembros eran elegidos por el pueblo, siendo los alcaldes quiénes impartían justicia directamente, sus fallos eran revisados por un tribunal conformado por dos
regidores de su municipio, los que determinaban si lo resuelto por el alcalde quedaba firme o podía ser apelado ante la Real Audiencia (Superior Tribunal de las
Indias), esta justicia municipal tuvo una fuerte influencia de los cambios realizados en la Constitución de Cádiz de 1,812.
La justicia de paz fue orientada preferentemente a lograr un acuerdo entre las
partes, ejercida por los alcaldes y constituía un acto obligatorio anterior a la
demanda, tal obligación encontraba su razón de ser en la Constitución de Cádiz,
que señalaba que para demandar negocios civiles o injurias debería presentarse
ante el alcalde para la conciliación.
Después de la independencia, se promulgó en 1,822, el Reglamento Provisional
para los Tribunales de Justicia, donde no se consideró la actividad conciliatoria
de los alcaldes, sino que éstos junto a los gobernadores y tenientes gobernadores ejercían jurisdicción en sus respectivos distritos, en tanto se nombren jueces
Al dictarse la Constitución de 1,823, se establece en la república que el alcalde
ejerza funciones de juez de paz en su respectiva población, ampliándose esta
facultad a sus regidores en poblaciones numerosas.
Pero es recién en la Constitución de 1,826, que se ubica a los jueces de paz
como parte de la administración de justicia, carta magna donde se reafirma la
actuación de los jueces de paz en cada pueblo, quiénes debían practicar las conciliaciones previa a cada demanda, lo que fue ratificado en la Constitución de
Las constituciones de 1,836 y 1,839, no regulan la actividad conciliatoria del juez
de paz y sólo le asignan competencia en procesos de menor cuantía; sin embargo los Reglamentos de Jueces de Paz de los años de 1,834, 1839 y 1854 (vigente a la fecha) recogen esta institución.
Dado que el nacimiento de la justicia de paz se realizó dentro del seno del poder
municipal, ha sido un tanto difícil logar su separación definitiva, la Ley Orgánica
de Municipalidades de 1834, consideraba a los alcaldes y regidores de las capitales de departamentos y de provincias como sus jueces de paz.
Dentro del Poder Judicial siempre se libró una lucha constante para lograr su
independencia, en los Reglamento de Jueces de Paz de 1,839 y en el 1,854, se
señaló que los jueces de paz eran independientes a los subprefectos y gobernadores, dependiendo sólo de los jueces de primera instancia. Los estatutos
judiciales de los años de 1,911, 1963 y 1993, norman la actividad de los jueces
de paz, junto a su reglamento de 1,854.
A partir de la Ley del cuatro de diciembre de 1900, se dispuso que cada corte
superior designe a los jueces de paz de su jurisdicción. El criterio para la designación debía basarse en las ternas propuestas por las autoridades locales, lo
cual implicaba que el cargo fuera asumido por el hacendado o por una persona
de su entorno más cercano. Con este sistema de designación, el juez actuaba
de acuerdo con sus propios intereses o condicionado a los de las personas que
le habían propuesto.
La vinculación de justicia de paz al poder económico se quebró con la reforma
agraria, que implicó la disolución de las haciendas y la entrega de las tierras a
las comunidades campesinas. El Juez de Paz es en la actualidad una figura
mucho más horizontal, ya que normalmente quien asume este cargo es un vecino más de la comunidad. En este nuevo período las autoridades locales continuaron elaborando ternas de candidatos, que proponían a las cortes superiores
para su designación, pero normalmente estas ternas no representaban a grupos
de poder económico sino simplemente reflejaban la capacidad de las personas
elegidas para desempeñar el cargo. En tanto, en las comunidades campesinas
y nativas las tradiciones locales se manifestaban en la elección de de los jueces
de paz mediante asambleas, como los demás cargos al interior de la comunidad.
DISEÑO DEL PODER JUDICIAL PERUANO
El diseño constitucional que se ha realizado del Poder Judicial peruano, tanto
nuestra carta magna, como en su ley orgánica es de la siguiente forma:
Corte Suprema de Justicia: En el ámbito judicial, la Corte Suprema es el órgano de mayor importancia pues su pronunciamiento orienta y defiende la actividad judicial en todo el país. Su sede se encuentra en Lima.
La Corte Suprema peruana está integrada por:
El Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. (OCMA)
Los Vocales de las Salas especializadas permanentes y transitorias. Las salas
supremas están constituidas por cinco vocales
Cortes Superiores de Justicia: En el Perú existen 28 Cortes Superiores, que
coinciden casi con la división política de los 24 departamentos. Estos 28 lugares
son denominados “Distritos Judiciales”, conformados por Salas que también pueden tener carácter especializado o mixto. Mayormente, resuelven en segunda
instancia los casos iniciados en los juzgados especializados y mixtos. Existen
algunos procesos en los que las Salas actúan como primera instancia. Cada sala
se conforma con tres jueces denominados “Vocales Superiores”.
Juzgados Especializados y Mixtos: Funcionan en las capitales de provincias.
Los juzgados especializados atienden de manera excluyente los casos civiles, o
casos penales, o casos de familia, o casos laborales. Los juzgados mixtos son
los que atienden más de una de estas especialidades a la vez. Los juzgados forman parte de una Corte Superior de Justicia.
Juzgados de Paz Letrados: También resuelven asuntos civiles, laborales según
la cuantía y todo tipo de procesos de alimentos; así mismo conocen de las faltas.
Por otro lado, se encargan de autorizar algunos trámites, como por ejemplo los
procesos de inscripción y rectificación de partidas de nacimiento, entre otros procesos no contenciosos.
Juzgados de Paz: Están a cargo de vecinos que tienen prestigio en su comunidad y no necesariamente son abogados. Buscan esencialmente que las partes
lleguen a un acuerdo sobre el conflicto que sostienen, utilizando su sentido de
Es un convenio adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, en su Septuagésima reunión y entró en
vigor el 5 de setiembre de 1991, conforme lo establece su artículo 38º.
Este convenio fue plasmado teniendo en consideración las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales; así como los términos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y
Políticos y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención
Se ha tenido en cuenta la evolución del derecho internacional y los cambios que
se han producido en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas la
regiones del mundo, además de reconocer su derecho a asumir el control de sus
propias instituciones, forma de vida, desarrollo económico, fortalecer sus identidades, lengua, religiones; buscando que esos pueblos puedan gozar de los
derechos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los
estados, recordando su particular aporte de los pueblos indígenas y tribales a la
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales, se suscribió el presente convenio.
Tratándose que el Perú es un país pluricultural ha ratificado este instrumento
mediante Resolución Legislativa Nº 26253, publicada en El Peruano con fecha
5 de diciembre de 1993.
Este instrumento internacional consta de las siguientes partes:
Parte I Política general
Parte II Tierras
Parte III Contratación y condiciones de empleos
Parte IV Formación profesional, artesanía e Industrias rurales
Parte V Seguridad Social y salud
Parte VI Educación y medios de comunicación
Parte VII Contactos y cooperación a través de fronteras
Parte VIII Administración
Parte IX Disposiciones Generales
Parte X Disposiciones finales
Para el tema materia de investigación nos interesa analizar los artículos 8° al
11°, que están referidos a la aplicación de la legislación nacional a los pueblos
materia del convenio, debiendo tomarse en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario; se respetará sus métodos (siempre y cuando no colisionen con los derechos fundamentales y con los reconocidos por el derecho
internacional); para la represión de los delitos, las autoridades y tribunales que
se pronuncien sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres
La vigencia de este convenio ha sido respetada por la justicia de paz, la cual tiene
en cuenta las costumbres de los pueblos al momento de administrar justicia, respetando la identidad de sus habitantes, será por ello que es más aceptada porque la sienten suya.
La justicia de paz tiene su base en nuestra Ley Fundamental en los siguientes
Art. 2.17° Participación en política
El derecho de participación ciudadana constituye un derecho fundamental, es un
derecho de los individuos frente al estado. Toda democracia debe asumir la responsabilidad que sus ciudadanos intervengan en los distintos ámbitos de la esfera pública, pues ello es una manifestación de la dignidad humana y es una garantía indispensable de la realización de otros derechos.
En el ámbito político faculta a las personas para intervenir en la formación de la
voluntad estatal y en los órganos e instituciones del Estado, lo que comprende el
derecho a elegir y ser elegido, como a recurrir a mecanismos de participación ciudadana de remoción y revocación de autoridades, iniciativa legislativa y referéndum.
El proceso de participación política no sólo se plasma en la elección de los representantes del poder legislativo y del presidente de la república (ejecutivo), sino
en el caso de los miembros del Poder Judicial, sólo se produce con los jueces de
paz, es esta una de las razones por las que tienen un alto nivel de aceptación,
pues los ciudadanos los sienten designados por su propia voluntad.
Art. 31°- Participación en asuntos públicos y derecho al voto.
En virtud del derecho de sufragio, “el ciudadano participa en la fijación de la política estatal, bien sea eligiendo a quienes deben ocupar determinados roles o cargos concernientes al gobierno (en el presente caso jueces de paz), o bien para
decidir sobre las cuestiones que se le someten (referéndum), o que el decide corporativamente con otros ciudadanos (remoción o revocación de autoridades)6.
En el caso de la Justicia de Paz, los ciudadanos deben elegir a los jueces de su
comunidad, encontrando una legitimidad de origen en su nombramiento.
Art. 44°.- Vigencia de los derechos fundamentales en el Perú
El Perú es un estado social, democrático y derecho y para ser considerado como
tal tiene que respetar los derechos fundamentales, debe asumir la obligación de
promover el respeto y vigencia de los derechos fundamentales a través de las
condiciones más adecuadas, pues al tener estos derechos una doble dimensión:
una subjetiva, por la cual constituyen derechos subjetivos de las personas; y,
otra objetiva, por la que el estado debe observar determinados valores superiores e informar todo el ordenamiento jurídico.
Entre los deberes primordiales del estado se encuentran el de garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos, dentro de tal catálogo podemos
encontrar a todos los que promuevan el acceso a la justicia, una respuesta adecuada y oportuna a la necesidad del ciudadano (tutela judicial efectiva y debido
proceso) y la justicia de paz reúne estos requisitos.
Art. 138°. La potestad de administrar justicia emana del pueblo
En el primer párrafo de este artículo se establece que la potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la constitución y las leyes, lo que representan perfectamente los jueces de paz en el Perú, que son elegidos de forma democrática en su comunidad.
Art. 139.1°.- Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional
Este artículo en sus diferentes incisos establece los principios y derechos de la
función jurisdiccional, en este primer inciso establece el unidad y exclusividad de
la misma, entendida como estructura orgánica y jerarquizada del Poder Judicial
con competencia sobre todo el territorio de la república, las Cortes Superiores
en los respectivos distritos judiciales, los Juzgados de Primera Instancia
(Especializados o Mixtos), en las capitales de las provincias, los Juzgados de
Paz Letrados con competencia en los distritos y los Jueces de Paz, pilar de la
justicia básica y primer peldaño de administración de justicia, que desarrollan su
actividad en los poblados que establece la Corte Suprema de Justicia.
Art. 139.3°.- Debido proceso y tutela jurisdiccional
En el primer párrafo encontramos la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional y tal como señala el maestro Juan Monroy Gálvez “…se trata de
dos categorías distintas, aunque entre ellas existe una relación de inclusión (una
está comprendida dentro de la otra)”7, encontrándose al debido proceso como
derecho continente, donde se encuentran cierto número de derechos fundamentales, entre los que se encuentra el ser emplazado por juez competente, probar
sus afirmaciones, de impugnar las resoluciones, contradecir en plazo razonable,
entre otros. En lo que respecta a la tutela jurisdiccional se hace referencia a una
situación jurídica de protección que el estado asegura a todo sujeto de derecho
con prescindencia de si participa o no en un proceso. Los jueces de paz por un
lado aseguran un debido proceso cuando observan todos los derechos fundamentales que garantizan la participación con garantías de un ciudadano y ejercen tutela judicial efectiva cuando posibilitan que los pobladores de los pueblos
más alejados del país puedan gozar de protección judicial que permita el acceso
a la justicia y resuelva la demanda de justicia.
Art. 139.8°.- Principio de no dejar de administrar justicia ante vacío de la ley
Los sistemas jurídicos ante el vacío o la deficiencia de la ley han creado reglas
de integración, por las cuales se acude cuando no hay norma aplicable a un caso
concreto o cuando y las reglas de interpretación con la finalidad atribuir significado a las normas que aparecen oscuras o dudosas.
Los jueces de paz no sólo tienen la obligación de administrar justicia que les
impone la ley, sino el deber frente a su comunidad de resolver el conflicto generalmente a través de la búsqueda de un acuerdo, sino también aplicando las normas del derecho consuetudinario.
Art. 139.16°.- El principio de gratuidad de la administración de justicia
La gratuidad de la administración de justicia, tal como lo señala Marcial Rubio8,
“…es más bien una garantía de carácter general que no necesariamente se condice con la realidad. Es sabido que para algunos trámites judiciales la ley manda
cumplir con el pago de aranceles judiciales y otros desembolsos obligatorios”. Es
decir, que en la justicia formal necesariamente tienen que realizarse algunos
pagos, salvo que se haya declarado el auxilio judicial, sin embargo la justicia de
paz es esencialmente gratuita, debiendo cancelarse sólo las diligencias fuera del
Art. 139.17°.- La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados
El tema central que subyace a este artículo es la legitimidad del Poder Judicial,
pues debemos tener en cuenta que este desarrollo del poder en la rama judicial
puede resolver pretensiones jurídicas aplicando, interpretando o creando derecho, puede ir incluso mas allá o, hasta en contra de lo establecido, o decidido
por otros poderes del estado, a pesar de que estos detentan una mayor representatividad democrática. Entonces lo que se busca con la participación ciudadana en el ingreso y salida de de los magistrados tiene como propósito legitimar
En el caso de los magistrados profesionales esta participación se produce con
la presencia de representantes de la sociedad civil (representantes de universidades, nacionales y privadas, de los colegios de abogados, de otros colegios
profesionales) en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad en
Perú que selecciona y nombra magistrados; además con la posibilidad del ejercicio de tachas y denuncias a los candidatos a ser magistrados, y, en el caso de
los magistrados se plasma en las quejas y denuncias que se puedan interponer
tanto en los respectivos órganos de control como en el Ministerio Público e incluso en el Consejo Nacional de la Magistratura.
De lo señalado se puede establecer que la legitimidad de origen que tienen los
magistrados profesionales no es muy sólida y deben reafirmarla a través de la
llamada legitimidad de ejercicio, sustentada en su saber y capacidad para discernir y resolver correctamente un conflicto jurídico planteado.
Caso contrario ocurre, como ya hemos visto, con los jueces de paz, quiénes
ejercen un poder obtenido de su elección popular, pero el mismo que puede ser
revocado cuando sus actuaciones no solucionan el conflicto llegando a un
acuerdo o lo resuelven en equidad.
Art- 143º.- Organización del Poder Judicial
Se refiere al diseño constitucional del ejercicio del poder del estado a través del
judicial, este artículo se refiere a sus órganos los cuales los separa correctamente, en órganos jurisdiccionales y administrativos; es decir, realiza una separación
interna funcional entre labor jurisdiccional y gobierno del Poder Judicial, por un
lado la función jurisdiccional se realiza hacia fuera, comporta imponer jurisdicción al dictar el derecho y ejecutarlo; y, por otro la función de gobierno es hacia
adentro, significa administración y organización de la institución.
Por otro lado, es pertinente indicar que a nivel político, en el ejercicio del legislativo, la expresión de uno de los congresistas o de un grupo de congresistas,
no es suficiente para aprobar una ley, sino cuando se tiene la mayoría necesaria,
de igual forma que en el ejecutivo no se pueden emitir resoluciones únicamente
suscritas por el presidente de la república o por sus ministros en forma separada. Sin embargo, en el Poder Judicial, cada órgano que lo integra es titular de
toda la función jurisdiccional; es decir, por si mismo, y sin concurso de otros órganos está facultado para imponer jurisdicción, es suficiente la resolución de un
solo órgano de los cientos que integran el Poder Judicial para que se “diga” y se
ejecute el derecho.
Cuando este artículo señala que el Poder Judicial está integrado por órganos
jurisdiccionales señalando a la Corte Suprema de Justicia y por los juzgados que
determine la ley orgánica, entre estos últimos se encuentran los jueces de paz en
la base de la pirámide jurídica, desdeñada muchas veces por los jueces profesionales y por los propios investigadores y abogados, quiénes han llegado al extremo de indicar que no son parte del poder judicial peruano, cuando la verdad es
que no forman parte de la carrera judicial.
Art. 149°.- Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas
Este artículo consagra el derecho de las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las rondas campesinas para ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio aplicando el derecho consuetudinario,
reconociendo de esta forma al pluralismo jurídico existente en nuestro medio, en
el que el derecho de las comunidades constituye una especie de subsistemas
En el Perú, por un lado existe un derecho oficial, formal de carácter occidental,
de raíces romano germánicas. Aún así su aplicación no es homogénea, al lado o
la margen de ese derecho, conviven, en diversas zonas del país, otros derechos
de distintas naturaleza, compuestas por normas de origen estatal, (vigentes o
que han perdido su vigencia pero que son funcionales o que han perdido su
vigencia pero son funcionales o se aplican por la costumbre o por imposición de
las autoridades); estatales recreadas, reformadas o reinterpretadas a partir de la
propia realidad y necesidades locales; costumbres locales (no necesariamente
de larga data) adoptadas expresamente por el grupo; impuestas directamente o
indirectamente por los sectores dominantes; convicciones e ideas vigentes en el
entorno; el sentido común y el criterio de los encargados de resolver los conflictos.
Este derecho no estatal (autónomo, derivado o reinterpretado) en diversos caso,
inclusive, es no solo tolerado o respetado sino también aplicado por autoridades
estatales como los jueces de paz, las autoridades políticas o la policía, quienes
hasta resuelven los conflictos de su respectiva jurisdicción para los cuales legalmente no tienen competencia.
El derecho consuetudinario tiene en el Perú una especial importancia como
fuente de derecho, cuya trascendencia no se limita a las comunidades de la
selva, a las comunidades campesinas, o a los pueblos jóvenes. (agrupaciones
marginales de las ciudades, constituidas generalmente por invasiones, formadas
en su gran mayoría por migrantes). Es necesario señalar que no todos los casos
sometidos a la justicia no formal, o popular, se resuelve conforme a la costumbre. No todo derecho extra legal es derecho consuetudinario. De hecho tampoco existe un derecho consuetudinario peruano, sino varios, lo que se corresponde a nuestra naturaleza pluricultural.9
En lo que respecta a las rondas campesinas, es necesario señalar, que son
organizaciones populares de un origen más reciente (1977), nacen en
Cuyumalca, Cajamarca (departamento del norte de la sierra peruana), como una
forma de autoprotección, contra el abigeato (robo de ganado) y el robo en general y posteriormente fueron creadas en diversas regiones del país principalmente en la sierra.
Sus funciones que paulatinamente se han ido ampliando con el correr del tiempo están referidas a diversos aspectos de la actividad local, entre ellos resolver
casos sobre abigeatos, administrar justicia, pero también otros tipos de problemas entre los pobladores (familia, tierras, incumplimiento de contratos, etc),
gozando de una mayor autoridad y respeto que las autoridades estatales. El
derecho aplicado se basa en las normas locales, la tradición, etc.
En lo que respecta a las comunidades nativas, entre los grupos más grandes se
encuentran los campas, los aguarunas y los cocamillas, siendo un total de 63
grupos étnicos, en los cuales el estado no ha logrado llegar hacia ellos hacerles
conocer el derecho oficial, principalmente ocupan tierras del estado, sin título
alguno y la transfieren según sus propios procedimientos, cazan y pescan sin
licencia, tienen sus propias normas familiares y sucesorias, no es cierto que
vivan en anarquía, sino que sus leyes y costumbres son diferentes a las nuestras.
La aplicación del derecho consuetudinario tiene una limitante que es la no viola-
ción de los derechos fundamentales de la persona, debiendo la jurisprudencia
determinar los límites efectivos de la aplicación del derecho consuetudinario.
Por último, es pertinente señalar que el artículo indica que se debe establecer
una necesaria coordinación entre esta jurisdicción especial con los juzgados de
paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
Art. 152°.- Los jueces de paz provienen de elección popular
Siguiendo a Javier de Belaúnde López de Romaña10, que este artículo tiene 3
temas de importancia: El reconocimiento constitucional de la justicia de paz, la
determinación que los jueces de paz son elegidos mediante elección popular y la
posibilidad que la ley extienda la elección popular a los jueces de primera instancia.
En lo que respecta al primer tema, la justicia de paz ha estado presente en todas
las constituciones, desde la primera de 1823 hasta la última de 1933, inspiradas
las de la época independentista en la Constitución de Cádiz de 1812, donde se
señalaba que el alcalde debía de oficiar de conciliador antes de presentarse una
demanda judicial, posteriormente figura (como ya lo hemos señalado) por el juez
Es por ello que este artículo se inserta en una tradición de reconocimiento constitucional de la justicia de paz, incorporando como un nuevo elemento la elección
popular de estos jueces.
En cuanto justo a esta elección, ha tenido su génesis en una propuesta de modificación del estatuto judicial del año de 1,985 que no prosperó y en el anteproyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso Constituyente
que redactó la Constitución de 1,993.
En lo que se refiere al tercer tema, la posibilidad de elección popular de los jueces de primera instancia, es bastante difícil que se llegue a concretar en el Perú
por una serie de problemas, entre ellos la posibilidad de la vinculación política
partidaria de los candidatos.
La Justicia de paz tiene su marco normativo principalmente en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en su reglamento, así como otras normas conexas que serán
analizadas, estas últimas, al momento de desarrollar sus competencias
Es el estatuto judicial peruano, promulgado por el Decreto Legislativo 767,
donde la justicia de paz encuentra su desarrollo constitucional en diversos artículos, ha sufrido algunas modificaciones, pero se concentró en el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobado por el D.S. Nº 01793-JUS), posteriormente durante la intervención del Poder Judicial por Fujimori
se suspendieron y modificaron diversos artículos, que al retornar a la vida democrática ha retomado vigencia.
En la ley podemos encontrar diversos artículos que tienen relación con la justicia; en primer término encontramos que realiza un desarrollo constitucional de
los arts. 138º y 139º de la Ley Fundamental cuando establece que la potestad
de administrar justicia emana del pueblo (art. 1º), garantizando la autonomía de
este poder del estado (art. 2º) y considerando dentro de su estructura a los jueces de paz (art. 28.5º); posteriormente señala que el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial define anualmente la política de desarrollo de la justicia de paz,
siendo suprimidos o creados los nuevos órganos jurisdiccionales a propuesta
del Consejo Ejecutivo Distrital (art. 61º); asimismo se señala el tiempo que desarrollará su función el juez de paz (art. 62º) y que es el Poder Judicial el que le
proveerá de útiles y las municipalidades y la colectividad los locales (Art. 63º).
Por otro lado, se señala que este juez es esencialmente conciliador (Art. 64º),
indicando más adelante los procesos que conoce de no prosperar la conciliación
(Art. 65º); describe como se debe sentar acta de los acuerdos logrados por el
juez de paz y que no es necesario motivar jurídicamente la sentencia, sino
según su leal saber y entender, debiendo preservar los valores que la constitución consagra y respetar la cultura y las costumbres del lugar (Art. 66º); establece las prohibiciones de intervención (Art. 67º) y la competencia notarial (art.68º);
por último la gratuidad de las diligencias en su despacho (Art. 70º) y la designación por el Juez Decano de su testigo actuario (Art. 71º).
La justicia de paz está normada por el Reglamento de los Jueces de Paz, conforme hemos señalado, data del 20 de mayo de 1854, norma que se encuentra
vigente en parte.
a. En lo concerniente a la materia de familia:
Los Alimentos.-Siempre que el vínculo de entroncamiento esté acreditado de
manera indubitable; esto quiere decir que tenga prueba de que la persona que
citará es el padre y en caso de ser casados, que exista prueba de matrimonio.
Cuando no esté acreditada la relación de parentesco el que debe conocer es el
Tanto el artículo 65° de la Ley Orgánica del Poder Judicial como los artículos
547° del Código Procesal Civil y 96° del Código de los Niños y los Adolescentes
(modificado por la Ley N° 28439) facultan a los Jueces de paz para conocer los
procesos de alimentos en los cuales sea indubitable el vínculo familiar.
En el caso de Violencia familiar, asume funciones sólo cuando no exista juez de
paz letrado. (Ley N° 26260 y su reglamento aprobado por D.S. 002-98-JUS). 11
Sumarias intervenciones de menores de edad que han cometido acto antisocial, para dictar medidas provisionales y urgentes sobre tenencia o guarda del
menor en caso de abandono o peligro moral. Concluida su intervención el Juez
de paz remite lo actuado al Juez de Familia o Mixto según sea el caso.
b. En relación a la materia civil:
Los Jueces de paz conocen de Desahucios y aviso de despedida (artículo 65°
de la Ley Orgánica del Poder Judicial); lo cual tiene concordancia con el tercer
párrafo del art. 547° del Código Procesal Civil: La competencia es exclusiva del
Juzgado de paz letrado según la cuantía hasta 5 URP por merced conductiva (S/.
345 X 5 = S/.1,725.00).
Pago de Dinero: Cuando el monto o valor de lo reclamado no exceda de 10
URP. (S/. 3,450.00)
Interdictos de retener y recobrar. Respecto de bienes muebles (art. 65.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, art.. 921° del Código Civil y 597 y ss. del
Código Procesal Civil.)
c. En materia penal:
A la fecha conforme a la ley N° 27939 la competencia de faltas (conductas ilícitas menos graves que los delitos) corresponde a los jueces de Paz Letrado lo que
genera excesiva carga procesal, que de rebote en vía apelación aumenta la
carga procesal de los jueces penales.
Las faltas se producen contra la persona, contra el patrimonio, contra las buenas costumbres, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad.
La segunda disposición final de la Ley citada, señala que excepcionalmente en
los lugares donde no exista juez de paz letrado, el procedimiento será realizado
por el juez de paz.
En realidad, la distinción entre falta o delito, o la competencia civil por las cuantías, representan una escasa preocupación tanto para el poblador que acude al
Juzgado “para que se le haga justicia”, como para el Juez de Paz. Pero en medio
de ello están las prohibiciones impuestas por Ley (en caso que una de las partes reclame, quien sale perdiendo es el Juez de Paz) lo que coloca a este servidor entre las formalidades legales que poco conoce y las exigencias de justicia
rápida y eficaz de la población.12
Diligencias especiales:
Levantamiento de cadáver. Actualmente en el art. 239° del Código de
Procedimientos Penales (ley 25825 de Dic. 1992) y art. 195.3 del nuevo Código
Procesal Penal (Dec. Leg. 957 del 29.07-2004) han previsto que el Fiscal
Provincial Penal de turno delegue el levantamiento del cadáver en su adjunto,
en la policía o en el juez de paz.
d. Funciones notariales:
En lugares cuya sede se encuentre a más de 10 km. de distancia del lugar de
residencia de un notario público o donde por vacaciones no lo hubiera o se
ausente más de 10 días.
Registrar escrituras imperfectas como por ejemplo contratos de compra venta.
Protestar por ejemplo: letras de cambios
Legalizar firmas de documentos.
e. Otras funciones:
Realizar exhortos (art.156° de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
Certificado de ser vecino del lugar
Certificados de trabajos independientes
Declaraciones Juradas sobre convivencia, ingresos económicos o de hechos que
les consta como testigos
Declaraciones de bienes que no tienen factura
Apertura de libros de actas.
En el art. 29° del Código Procesal Constitucional le otorga competencia a los jueces de paz de verificar y ordenar medidas inmediatas para hacer cesar la afectación de derechos constitucionales, en los lugares de difícil acceso.
Desde mi experiencia personal13, los jueces de paz desde tiempo atrás, si bien
eran designados por la Sala Plena de las Cortes Superiores de Justicia de sus
respectivos distritos, el procedimiento analizar una terna propuesta por las autoridades o por las comunidades, generalmente esta última provenía de una asamblea realizada con todos los pobladores (acompañaban muchas veces sus
actas), donde el ciudadano que obtenía la mayor votación la encabezaba y
seguían los que habían obtenido las siguientes votaciones, es decir, que la
Constitución de 1,993, vino a plasmar una realidad y una aspiración que los pueblos del Perú ya la habían ejercido.
En el año de 1,988 la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial (órgano que había
reemplazado al Consejo Ejecutivo durante la intervención de Fujimori al Poder
Judicial) dictó dos Resoluciones Administrativas 844 y 1063, que disponían la
realización del proceso de elecciones mediante asambleas públicas, disponiendo que las distintas cortes superiores realicen el proceso eleccionario pero no
asignaba ningún recurso por parte del estado para esta supervisión,
La Ley 27539, fue la primera norma que reguló la elección de jueces de paz, fue
promulgada el 25 de octubre del 2,001, su reglamento fue aprobado a fines del
2,002. Esta ley, entre otras cosas tenía como finalidad la regulación de la elección de los jueces de paz, como desarrollo del artículo 152º de la Constitución
pudiendo ser reelegido, el periodo era de 3 años y establecía que el cargo era
El 23 de julio del 2003, se promulgó la Ley 28035, que postergó las elecciones
de los jueces de paz para el mes de octubre del 2004, la razón fue que se carecía de información técnica para llevar a cabo dicho proceso eleccionario, además se incorporó para la destitución un proceso de revocación tan largo y tortuoso como para elegirlo, asimismo se eliminó la remuneración para los jueces
Posteriormente el Congreso de la República Peruana aprobó la Ley 28545, siendo promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo con fecha 16 de mayo del
2,005, la misma que deroga las anteriores leyes y mejora la regulación de la
elección popular de los jueces de paz.
Esta norma no hace más que reconocer el derecho de la población a elegir
democráticamente a sus jueces de paz, superando las leyes anteriormente
señaladas, donde conforme lo hemos indicado se establecía la participación de
los órganos electorales, además del enorme gasto en recursos económicos,
sino también de lo extenso de los procesos que podrían haber durado, teniendo
en consideración que previamente era necesario iniciar un proceso de demarcación territorial de cada juzgado de paz, así como un empadronamiento poblacional.
Esta ley nos marca una pauta de mejora al acceso de justicia, pues se favorece
a miles de ciudadanos que dependen de los juzgados de paz, establece en primer término que estos jueces acceden al cargo por elección directa y democrática, siendo una norma de desarrollo constitucional del artículo 152º de la
Constitución, nos encontramos pues que cada caserío, comunidad que puede
ser campesina o nativa, ronda campesina, o pequeña ciudad, realiza la elección
siguiendo sus usos y costumbres, a través de una asamblea o reunión de todos
Excepcionalmente y sólo en aquellas circunscripciones donde existan juzgados
de paz con población numerosa y la demarcación de dichos juzgados coincida
con la del distrito u otras razones lo justifiquen, se convocará la intervención de
los órganos electorales, lo cual será determinado por la Sala Plena (reunión de
todos los vocales superiores) de cada Corte Superior de Justicia.
Se ha dejado de lado algunos requisitos formales que exigía la anterior normativa como la constancia o certificado de trabajo, a pesar de que los postulantes
son generalmente pequeños agricultores y artesanos, además de un certificado
de antecedentes penales, lo implicaba un trámite ante la Corte Superior de
Justicia y gasto por el servicio administrativo.
Esta nueva ley modifica esta situación y señala que el postulante a Juez de paz
debe acreditar residencia por más de tres años consecutivos en la circunscripción a la que postula, saber leer y escribir, tener ocupación conocida, no estar
incurso en alguna incompatibilidad establecida por la ley, tener dominio, además
del idioma castellano, del quechua, aymara o lengua de predominio en el lugar
donde se ejerza el cargo y tener conducta intachable y reconocimiento de su
Reglamento de la ley 28545
Tiene por finalidad establecer el proceso de elección directa y democrática de los
jueces de paz, constituye su marco normativo general, considerando la diversidad neocultural de nuestro país.
Establece tres modalidades de elección: ordinaria (en las comunidades, centros
poblados, rurales o urbanos en los que el proceso puede realizarse directamente); especial (en las comunidades campesinas o nativas constituidas y reconocidas, la elección será según sus usos y costumbres, no se aplica el reglamento);
excepcional (se requiere el concurso de organismos electorales, el Poder
Judicial determinará en que lugares se produce, no siendo aplicable el presente
reglamento), y complementaria (la designación la realiza el Poder Judicial cuando no se ha producido con los procedimientos eleccionarios anteriores).
El proceso ordinario durará dos meses, comprende la elección de un juez titular
y dos accesitarios, estos últimos asumirán funciones por el titular en caso de inhibición, recusación cuando se dudara de su imparcialidad, cuando se delegue
alguna diligencia fuera del despacho o cuando se produzca la ausencia del titular por más de tres días; los elegidos tendrán un periodo de dos años (pudiendo
ser reelegido) y quedan obligados a participar en un programa de inducción previo a asumir el cargo; así como a residir de manera permanente en la jurisdicción
del juzgado donde fueron elegidos, salvo motivos justificados y con autorización
del Presidente de la Corte.
Son órganos responsables del proceso: la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia
de Paz (ONAJUP); los Consejos Ejecutivos Distritales de cada Corte o en caso
de no existir las Salas Plenas; el Presidente de la Corte Superior de Justicia; el
jefe o responsable de la Oficina Descentralizada de Apoyo a la Justicia de Paz
(ODAJUP); el Juez Decano; el Alcalde, presidente de la Comunidad o agente
municipal; y la Comisión Especial Electoral.
Los requisitos mínimos para el postulante para ser juez de paz son los siguientes: ser peruano de nacimiento y mayor de veinticinco años; residir por más de
tres en la circunscripción donde postula; saber leer y escribir; no tener ninguna
incompatibilidad establecida por ley; tener ocupación conocida; tener dominio
del quechua, aymara o lengua que predomine donde va a ejercer el cargo; y
tener conducta intachable y reconocimiento de su comunidad. Pero los postulantes sólo deberán presentar declaraciones juradas de sus datos personales, de
su documento de identidad, de no tener incompatibilidad, de tener dominio de
otras lenguas predominantes, carecer de antecedentes, tener trabajo conocido,
saber leer y escribir entre otros; constancia de residencia y compromiso de residir en la jurisdicción del juzgado.
La asamblea eleccionaria será convocada por el alcalde, el presidente de la
comunidad o al agente municipal del centro poblado, donde se nombrará una
Comisión Electoral Especial (de tres o cinco miembros), los cuales tendrán dos
meses para llevar el proceso eleccionario, con un plazo ampliatorio de quince
días. La asamblea eleccionaria contará con la presencia del juez decano o su
representante en calidad de veedor.
En caso no se pueda llevar a cabo o no se llegue a elegir a los jueces de paz
mediante el procedimiento ordinario, se recurrirá al proceso complementario o
LAS CONCILIACIONES EN LOS JUZGADOS DE PAZ
Los Jueces de paz suelen procurar que las partes en un conflicto lleguen a un
consenso, esto es, que se pongan de acuerdo sobre una solución que sea aceptada por las partes. Sin embargo, en casos que la conciliación no sea posible,
también pueden sentenciar.
Es necesario recalcar (como ya lo hemos señalado anteriormente) que el juez
de paz peruano no resuelve conforme a derecho necesariamente, sino, conforme, y así lo dice la legislación, a su leal saber y entender. Es lo que se entiende doctrinariamente como resolver de acuerdo con la equidad. Esto no quiere
decir que resuelva de manera ilegal o inconstitucional. En el Perú la Constitución
ha recogido el pluralismo jurídico, y desde esa perspectiva el juez de paz, si bien
resuelve conforme a equidad, a los usos y costumbres de la comunidad, debe
conservar el límite de los derechos fundamentales de las personas. 14
Por su parte, la Ley de Conciliación Nº 26287, subraya la importancia de la
misma declarando en el artículo 1° de interés nacional la institucionalización y
desarrollo de la conciliación como mecanismo de alternativo de solución de conflictos. Así la conciliación es entendida como un acto jurídico extrajudicial por
medio del cual las partes buscan solucionar su conflicto de intereses con la
ayuda de un tercero. Este conciliador es, de acuerdo a dicha Ley, aparte de los
representantes de los Centros de Conciliación, el juez de paz letrado o a falta de
éste el juez de paz.
Es necesario indicar que la Ley Orgánica del Poder judicial es sumamente escueta al referirse a la conciliación que ha de llevarse a cabo ante los jueces legos.
Apenas contiene un puñado de disposiciones específicas – algunas de las cuales operan a manera de principios estructurales – además de una remisión al
“reglamento correspondiente” que han entenderse como una alusión al
Reglamento de jueces de paz de 1854, en tanto no sea sustituido por una nueva
normatividad (arts. 64 y 66 segundo párrafo), los cuales a la letra dicen:
Artículo 64 de la LOPJ.- Función conciliadora del Juez de Paz.
El Juez de Paz, esencialmente es Juez de Conciliación. Consecuentemente está
facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la
conciliación, pero le está prohibido imponer un acuerdo.
Artículo 66 de la LOPJ.- Juzgados de Paz. Sustanciación de los procesos.
Los Jueces de Paz levantan acta de la conciliación propuesta y de los acuerdos
adoptados, firmando los concurrentes después del Juez.
En la sustentación y resolución de procesos se sujetan a las normas establecidas en el reglamento correspondiente. La sentencia la pronuncia según su leal
saber y entender, debidamente motivada, no siendo obligatorio fundamentarla
A su vez el art. 65 procede a la enumeración taxativa de las materias en las cuales puede conocer y por lo tanto expedir sentencia para poner fin al conflicto, a
lo cual añade un dispositivo de prohibición tajante (art. 67) para el ejercicio de
ambas facultades, tanto la de la conciliación como la del fallo, siendo estas
materias las siguientes:
Validez del vínculo matrimonial, es decir, no puede divorciar ni declarar la separación de cuerpos entre cónyuges.
Nulidad y anulabilidad de actos jurídicos o contratos.
Distribución de herencias y problemas sobre testamentos.
Aquellos que expresamente señala la ley, como los delitos.
En consecuencia, es posible entender que los jueces de paz están autorizados
para actuar como conciliadores en todos los casos cuya naturaleza acepta una
solución mediante el avenimiento de las partes, mientras que puedan intervenir
como órganos de decisión jurisdiccional solo en un estrecho número de cuestiones severamente acotadas por la Ley (juicio verbal con estación procesal conciliativa). En ambos supuestos existe un campo reservado en exclusiva a la justicia profesional, cuyos límites constituyen barreras infranqueables erigidas por la
ley frente a la jurisdicción de paz.
Por su parte, el Reglamento de Jueces de paz regula pormenorizadamente la
mecánica conciliatoria, garantizado, en primer término, la oralidad de las actuaciones, la flexibilidad del procedimiento y la amplitud y confiabilidad del debate,
pues los comparecientes, quienes pueden acudir en compañía de mediadores,
deben exponer “de palabra” la demanda y la contestación, luego del cual el juez,
oídas las indicaciones de los mediadores en su caso, propondrá “cuantos
medios de avenimiento estén a su alcance” con el propósito de que las partes
solucionen “amistosamente” el diferendo. No obstante, las normas del
Reglamento de jueces de paz que estipulaban la escrituración del convenio
cuando éste se produjera, mas no la anotación de las alternativas planteadas
durante la discusión en caso de no lograrse el arreglo, han de entenderse derogadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que “ordena levantar acta de la
conciliación propuesta y de los acuerdos adoptados”.
En síntesis, puede decirse que el paradigma de conciliación consagrado como
norma general para la jurisdicción lega por la Ley Orgánica del Poder Judicial y
el reglamento de los jueces de paz ha de reputarse adecuado, pues contempla
precisamente un proceso informal y flexible en el cual los magistrados asisten a
las partes (quienes participan por propia voluntad) en la búsqueda de una solución mutuamente satisfactoria al conflicto. La facultad de presentar varias fórmulas conciliativas, la eventual presencia de “mediadores” designados por los jus105
ticiables, el clima “amistoso” en el que se produce el debate, así como la incidencia de los patrones culturales y consuetudinarios de la localidad en la gestación
de una solución consensual, constituyen elementos determinantes para permitir
legalmente el desarrollo de un óptimo proceso de conciliación.
1 Informe de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS.
Publicación de la Comisión Andina de Juristas Lima 2004.
2 Cantidad actualizada hasta diciembre del 2,006- Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
3 Manual del Sistema de Justicia. Justicia de Paz. Consorcio Justicia Viva (Instituto de Defensa legal,
Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú, Jueces para la Justicia y la Democracia).
Justicia de Paz. Lima, octubre del 2003.
4 Al respecto, David Lobatón del Instituto de Defensa Legal (IDELE) señala que “Es muy conocido que el
juez de paz, junto con el policía, el gobernador, el alcalde, el presidente de la comunidad campesina o indígena, resuelve conflictos con cierta frecuencia, y esto es una suerte de cosmovisión o de universo en el
cual el poblador o el usuario del servicio recurre casi indistintamente a cualquiera de esas autoridades
comunales, evidentemente con algunos acentos o con algunas preferencias. En ese sentido, la justicia de
paz forma parte del Poder Judicial del Estado, pero a la vez también forma parte de la sociedad, por lo que
otra de sus virtudes es que se trata de una suerte de bisagra entre el Estado y la sociedad; en ocasiones
hemos constatado que en algunas comunidades la presencia del Estado se reduce a un discreto y modesto escudo del juez de paz en un maltrecho local”
5 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. “La Justicia de Paz en Lima”. Fondo Editorial de la Universidad Inca
Gracilazo de la Vega. Lima 2,002, Págs. 5 y 6.
6 MESIAS RAMIREZ, Carlos, citado en “La Constitución comentada. Artículo por artículo. Obra ColectivaTomo I. Gaceta Jurídica. Congreso de la República. Págs 31.
7 MONROY GALVEZ, Juan. “La Constitución comentada. Artículo por artículo”. Ob. Citada págs. 497.
8 RUBIO CORREA, Marcial.”La Constitución de 1993. Análisis comparado”- Editora RAO-Lima, julio de
1999- Págs 658.
9 Tomado del comentario al art. 139º de la Constitución por Ronald Cárdenas Krenz. “Constitución
Comentada. Artículo por artículo.” Obra citada. Págs. 710 y 711.
10 Comentario al art. 152º de la Constitución. Javier de Belaúnde López de Romaña. “Constitución
Comentada. Artículo por artículo”. Obra citada. Pàgs. 733 á 739.
11 En cuanto a la violencia familiar, que es materia de conciliación, el Reglamento de la Ley de Conciliación
establece en el artículo 10° que es posible sólo conciliar sobre motivos o factores que generen la violencia, no siendo posible conciliar respecto de la intensidad de la misma.
12 HANS JÜRGEN BRANDT, en cuanto a las competencias de los jueces de paz recomienda que se siga el
ejemplo de la justicia de paz venezolana que no hace distinción entre causas civiles y penales.
Textualmente ha señalado que “Concuerdo con la recomendación de la comisión presidida por Mario
Alzamora Valdés que elaboró un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial en el año 1986, que sugiere
que el juez debería ser competente para proceder en conciliaciones y transacciones de indemnizaciones
por daños y perjuicios de naturaleza penal siempre y cuando las infracciones sean tipificadas como faltas o delitos de difamación, calumnia o injuria”.
13 El autor laboró desde 1,983, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, departamento ubicado en
la Costa Norte del Perú, primero como auxiliar jurisdiccional y después como juez de paz letrado y juez
especializado penal, hasta el año de 2,004, habiendo trabajado junto a una comisión de vocales en el proceso de selección previa a la sala plena y después como encargado de la capacitación de los jueces de
Flumen usat
Abog. Miguel Ángel Falla Rosado Profesor Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Perú “La justicia de paz integra el Poder Judicial (de Perú) y ocupa casi el 73% del número total de jueces, los magistrados profesionales sólo ocupan el 27% de 83 Diseño Justicia de Paz 2.qxp 16/08/2007 17:17 Página 83 Published on issuu

References: resolución 
 artículo 38
 Resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 1

Artículo 64

Artículo 66
 resolución 
 artículo 10