Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1276
Timestamp: 2020-06-05 10:44:40+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 70/1989
SENTENCIA 70/1989, de 20 de abril
ECLI:ES:TC:1989:70
En el recurso de amparo núm. 925/87, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Celso Marcos Fortín, en nombre y representación de don Alfonso Palomero García, don Carlos Romero Diéguez y don Armando Ballesteros López, que interviene en su propio nombre y derecho y en representación de la comunidad hereditaria constituida al fallecimiento de don Anselmo Ballesteros Rueda, contra la Sentencia núm. 337, de 6 de junio de 1987, dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid en la apelación núm. 288/1986 y confirmatoria de la adoptada, con fecha 20 de septiembre de 1985, por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Salamanca en los autos núm. 345/1985. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Procurador de los Tribunales don Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre y representación de don Luis Rodríguez Sánchez, siendo Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, quien expresa el parecer de la Sala.
A) Don Alfonso Palomero tenía arrendado un piso en el núm. 20 de la calle Toro, de Salamanca; inmueble en el que los señores Romero y Ballesteros eran arrendatarios de sendos locales comerciales, que destinaban a joyería y droguería, respectivamente. El propietario de dicho inmueble, don Luis Rodríguez Sánchez, obtuvo del Gobierno Civil de Salamanca autorización para proceder a su demolición; autorización frente a la que se alzaron, primero en vía administrativa y luego en vía contenciosa, los solicitantes de amparo. Interesada la suspensión de la ejecutividad del acto de autorización referido, fue acordado, con la condición de prestar caución por un importe de 100.000 pesetas, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, mediante Auto de 7 de marzo de 1985, atendiendo a que con tal suspensión no padecería el interés público y, en cambio, «los daños y trastornos que comporta un cambio de hogar merecen el calificativo de difícilmente reparables».
B) Mediante escrito con fecha de emisión 29 de mayo de 1985, don Luis Rodríguez Sánchez presentó contra los aquí actores demanda de juicio especial de la Ley de Arrendamientos Urbanos, interesando la resolución de los respectivos contratos de arrendamiento con base en la causa resolutoria del art. 114.11 de dicha Ley y aportando la autorización gubernativa para la demolición del inmueble antes citada. En su oposición a esta demanda, por escrito emitido el 24 de junio siguiente, hicieron constar los actores la pendencia del proceso contencioso-administrativo instado contra el auto autorizatorio del Gobernador civil y la suspensión del mismo decretada por la Audiencia Territorial, alegando al propósito la excepción dilatoria 5ª del art. 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 117.5 de la Constitución. Sobre estas específicas alegaciones, la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Salamanca, que estimó la demanda y declaró resueltos los contratos de arrendamiento, condenando a los arrendatarios a desalojar los locales y vivienda que venían ocupando, se pronunció así: a) la excepción de litispendencia del art. 533 5ª de la L.E.C. no puede tenerse en cuenta, «ya que la jurisdicción contenciosa en torno al acto gubernativo nada tiene que ver con el carácter civil de la acción ejercitada por el demandante en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos, sin que ambas jurisdicciones se interfieran estableciendo precisamente dicha distinción jurídica el art. 79.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos cuando prescribe que la autorización dada por el Gobernador civil no prejuzga la procedencia o no de la acción de desahucio, constituyendo únicamente dicha autorización un acto administrativo previo al ejercicio de la acción derivada de la Ley de Arrendamientos Urbanos; b) la alegación «de la existencia de una dualidad jurisdicción a la que se opone el art. 117.5 de la Constitución Española, es preciso desestimarla, ya que la vía contenciosa ejercitada por los demandados en nada afecta a la vía civil, dado que los hechos en que se basa la demanda han de ser valorados con plena independencia por el Juez civil, conforme prescribe el art. 79.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos».
6. El 7 de octubre dictó la Sección Segunda providencia acordando: a) tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Bonifacio Fraile Sánchez, en nombre y representación de don Luis Rodríguez Sánchez; b) acusar recibo de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales antes mencionados; c) dar vista de dichas actuaciones a la parte recurrente, Ministerio Fiscal y parte demandada a fin de que en el plazo de veinte días que determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes.
9. La representación de don Luis Rodríguez Sánchez, en escrito registrado en este Tribunal el 4 de noviembre, interesó la denegación del amparo solicitado y el recibimiento del recurso a prueba. Sus extensas alegaciones pueden sintetizarse como sigue:
10. Mediante providencia de 21 de noviembre de 1988, la Sección acordó requerir a la representación del demandado, don Luis Rodríguez Sánchez, a fin de que, en el plazo de seis días, manifestase los medios de prueba de que intentara valerse en el presente recurso. De esta providencia, así como del escrito de dicha representación manifestando su renuncia a la proposición de prueba, se dio traslado, además de al Ministerio Fiscal, a la parte actora, quien ni en su escrito de alegaciones de 2 de noviembre de 1987 ni en los trámites posteriores de este proceso reiteró la petición de recibimiento a prueba formulada en la demanda.
Type and record number Recurso de amparo 925-1987
Contra Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, confirmatoria de la dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Salamanca, en autos sobre resolución de contratos de arrendamiento.
Es, sin duda, criticable la posibilidad de que se produzcan sobre los mismos intereses Sentencias en cierta medida contradictorias a causa de una determinada interpretación judicial de un sistema legal que establece la concurrencia de dos órdenes jurisdiccionales distintos, como sucede en el caso de autos, en el que un mismo acto administrativo es enjuiciado por la jurisdicción contencioso- administrativa, a la que corresponde revisar su legalidad conforme al Derecho administrativo, y es tomado en consideración por la civil con competencia para determinar sus efectos desde la perspectiva del Derecho arrendaticio urbano, pero el hecho de que la Sentencia pronunciada en esta última vía no haya tenido en cuenta la decisión producida en la primera de ellas no viola el derecho a la tutela judicial efectiva. No existiendo norma legal que establezca relación de litisdependencia entre dichas jurisdicciones, corresponde a cada una de ellas, en efecto, en el ejercicio independiente de la potestad que les confiere el art. 117.3 C.E. decidir si se han cumplido o no los presupuestos de las pretensiones que ante ellas se ejerciten. [F.J. 4]
Artículo 79.1, f. 1
Artículo 81.5, f. 4
Resolución fundada en DerechoResolución fundada en Derecho, ff. 1, 2, 3, 4
Resoluciones judiciales contradictoriasResoluciones judiciales contradictorias, ff. 1, 2, 3, 4
Contrato de arrendamientoContrato de arrendamiento, f. 4
Resolución de contrato de arrendamientoResolución de contrato de arrendamiento, ff. 1, 2, 3, 4
Resolución de contrato previa autorización de demolición del edificioResolución de contrato previa autorización de demolición del edificio, f. 3
Concurrencia de órdenes jurisdiccionalesConcurrencia de órdenes jurisdiccionales, f. 4
Órdenes civil y contencioso-administrativoÓrdenes civil y contencioso-administrativo, f. 4
Valoración diversa de unos mismos hechosValoración diversa de unos mismos hechos, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 

Artículo 79

Artículo 81

Resolución 

Resolución 

Resolución