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BOE.es - Documento BOE-A-2015-7502
Documento BOE-A-2015-7502
Pleno. Sentencia 109/2015, de 28 de mayo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1457-2014. Planteada por la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: constitucionalidad del precepto sobre actualización y revalorización de pensiones (STC 49/2015). Voto particular.
«BOE» núm. 159, de 4 de julio de 2015, páginas 55680 a 55690 (11 págs.)
BOE-A-2015-7502
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1457-2014, promovida por la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra el art. 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, por posible vulneración de los arts. 9.3 y 33 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, el Abogado del Estado y el Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Ha sido Ponente el Presidente, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El 11 de marzo de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio de la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento ordinario núm. 435-2013, Auto de 6 de febrero de 2014, en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación el art. 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social, por posible vulneración de los arts. 9.3 y 33 CE.
a) Varios pensionistas interpusieron demanda ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en reclamación de actualización de la pensión solicitando que se declarase el derecho a percibir la paga única compensatoria a que se refiere el apartado 1.2 del art. 48 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), derivada de la diferencia que resulta entre el índice en función del cual se calculó dicha revalorización, que fue del 1 por 100 y el índice de precios al consumo acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, que fue del 2,9 por 100, en la parte proporcional correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2012, ambos inclusive. Asimismo, solicitaban que se declarase el derecho a que la revalorización de la pensión en 2013 se efectúe sobre la cuantía de la pensión a 1 de enero de 2012, actualizada con la diferencia que resulta entre el índice en función del cual se calculó la revalorización en aquella fecha, que fue del 1 por 100, y el índice de precios al consumo acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, que fue del 2,9 por 100.
b) El Juzgado de lo Social núm. 1 de Burgos dictó Sentencia el 1 de octubre de 2013 estimando en parte la demanda, declarando «el derecho de todos los demandantes a que se considere como pensión del año 2012 la señalada en el apartado segundo del relato histórico de la presente incrementada en un 2,9 por 100 y que la misma sirva de base para el incremento acordado en el año 2013» y el «derecho de los actores a percibir las diferencias correspondientes al año 2012 que son la diferencia entre el 1 por 100 aplicado y el 2,9 por 100 debido». Se condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar a los demandantes que se citan el pago de determinadas cantidades que se especifican en el fallo de la Sentencia.
3. Por Auto de 6 de febrero de 2014 la Sala de lo Social con sede en Burgos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad y del análisis de su contenido interesa destacar los siguientes puntos:
Sentado lo anterior, el órgano judicial señala que el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad es si la supresión de la paga compensatoria que dispone el art. 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012 «vulnera un derecho causado, consolidado y devengado, conforme al art. 50 de la CE, afectando de forma retroactiva a derechos adquiridos y con la vulneración del art. 9.3 CE, que prohíbe la retroactividad de las disposiciones procesales (sic) restrictivas de los derechos fundamentales».
Si «[e]l artículo 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012 que deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los términos previstos en el apartado 1.2 del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social y en el párrafo 2 del punto 1 del artículo 27 de la Ley de Clases Pasivas y como quiera que el Real Decreto entró en vigor 1-12-2012, una vez transcurrido el periodo previsto en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social para llevar a cabo la aplicación de la anualidad (nov-2011-nov 2012) y que la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ninguna previsión realiza para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, vulnera:
5. El Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite la cuestión mediante providencia de 8 de abril de 2014; reservar para sí su conocimiento; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes; comunicar la resolución a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), permaneciese suspendido el proceso hasta que este Tribunal resolviese efectivamente la cuestión; y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
6. Mediante escrito registrado el 23 de abril de 2014, el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa para que se diera por personada a la Cámara y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
7. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 23 de abril de 2014 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social se personó en nombre del Instituto Nacional de la Seguridad Social y por medio de otrosí solicitó que, a los efectos de representación y defensa del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se designase indistintamente a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social destinados en el Servicio Jurídico delegado central en dicho Instituto.
8. Por diligencia de ordenación de 24 de abril de 2014 se acordó tener por personado y parte al Letrado de la Administración de la Seguridad Social y conforme establece el art. 37.2 LOTC, se le concedió un plazo de quince días para que formulase las alegaciones que estimase convenientes.
9. El Abogado del Estado se personó, mediante escrito de alegaciones registrado en el Tribunal el 7 de mayo de 2014, interesando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación:
Afirma que la actualización de las pensiones conforme al índice de precios al consumo (IPC) del año en curso, no constituye un derecho consolidado integrado en el patrimonio del pensionista, muy al contrario, constituye, a su juicio, una mera expectativa de derecho y, como mucho, un derecho condicionado a la fijación de su contenido por la Ley de presupuestos generales del año siguiente si existe diferencia entre el IPC previsto y el acumulado a noviembre del ejercicio económico correspondiente. El art. 48.1.2 LGSS no establece una actualización automática de las pensiones sino que lo somete a un presupuesto, que exista una diferencia entre el IPC previsto en la actualización del año correspondiente recogida en la Ley general de presupuestos de dicho año y el IPC acumulado a un mes concreto, noviembre del ejercicio en curso.
10. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones ante este Tribunal con fecha 23 de mayo de 2014, interesando la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
El Fiscal General del Estado señala que no puede compartir lo dicho por el Tribunal Superior de Justicia en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de que en el caso que nos ocupa es obvia la vulneración por parte del Decreto-ley de la retroactividad, puesto que esta afirmación la hace respecto a las dos reglas que contiene el art. 2 de la norma: la primera, relativa a la suspensión para el ejercicio 2013 de la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios al consumo y, la segunda, relativa a la actualización de las pensiones en los términos previstos en el art. 48.1.2 LGSS. Parte el Fiscal General de la distinta índole de ambas retroacciones, la primera sería de las denominadas impropias, ya que la suspensión busca causar el efecto de que las pensiones del año 2013 no se incrementen más del 1 por 100, (excepcionalmente el 2 por 100), pero aunque lo relaciona con un hecho actual, cual es la fijación del aumento del IPC en 2,9 por 100, lo realiza antes de que se haya consolidado la situación, ya que lo hace el 30 de noviembre. A su juicio en este supuesto el Gobierno se ha limitado a tomar una de esas decisiones incluidas en la posibilidad de dictar normas que modifiquen la política fiscal o económica, conveniente para solventar la grave crisis económica. Por eso aunque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cuestiona esta suspensión como infractora de la constitución, no puede compartir ese cuestionamiento. Sin embargo, afirma que cosa distinta es la decisión de suspender la aplicación de la paga única que debería realizarse antes del l de abril de 2013, paga que se determina con arreglo al aumento del índice de precios comprendido entre los días 1 de diciembre de 2011 y 30 de noviembre de 2012, pues al entrar en vigor el Real Decreto-ley el 1 de diciembre de 2012, está incurriendo, a su juicio, en un supuesto de retroactividad auténtica, al vincular efectos a un hecho ya consumado y consolidado.
11. El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó su escrito de alegaciones el 26 de mayo de 2014.
12. Por providencia de 26 mayo de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
Dada en Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1457-2014, y al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos
Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil quince.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.
DICTADA en la Cuestión 1457/2014 (Ref. BOE-A-2014-4061).

References: artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 48
 resolución