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Timestamp: 2019-01-23 12:15:58+00:00

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﻿ AUTO 2013-01043 DE JUNIO 25 DE 2014
AUTO 2013-01043 DE 25 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PROCESO EJECUTIVO – SENTENCIA PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE ACCIONES EJECUTIVAS QUE TENGAN POR FUNDAMENTO EL COBRO DE CONDENAS IMPUESTAS POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES DABLE SU RECHAZO CON FUNDAMENTO EN JUICIOS DE VALOR QUE PUEDAN CONSTITUIRSE EN VERDADERO PREJUZGAMIENTO SOBRE LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA, PUES, DE UNA PARTE, LA LEY TAN SÓLO EXIGE QUE SE ACOMPAÑE EL LIBELO CON EL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN TÍTULO EJECUTIVO Y, DE OTRA, QUE EL MANDAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ LIBRARSE EN LA FORMA PEDIDA POR EL ACTOR, SI FUERE PROCEDENTE O, DADO EL CASO, EN LA QUE EL OPERADOR JUDICIAL CONSIDERE LEGAL, ACORDE CON LAS CIRCUNSTANCIAS PLANTEADAS, PUES CUALQUIER REPARO SOBRE LAS SUMAS O CONCEPTOS RECLAMADOS DEBERÁN SER OBJETO DE DEBATE DENTRO DEL TRÁMITE PROCESAL MEDIANTE LA FORMULACIÓN, POR EL DEMANDADO, DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA AUTORIZADOS POR EL LEGISLADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONARIO JUDICIAL, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RECHAZO DE LA DEMANDA, DEMANDA EJECUTIVA, MANDAMIENTO DE PAGO
Auto 2013-01043 de junio 25 de 2014
Radicación: 68001-23-33-000-2013-01043-01(1739-14)
Actor: Hair Alberto Ossa Arias
Demandado: Departamento de Santander - Contraloría General de Santander.
Autoridades Seccionales / Apelación auto / Acción Ejecutiva Singular
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto que denegó el mandamiento de pago solicitado, previas las siguientes consideraciones:
En ejercicio de la acción ejecutiva prevista por el capítulo II del título XXVII del Código de Procedimiento Civil, el ciudadano HAIR ALBERTO OSSA ARIAS, por conducto de apoderado judicial, solicitó mandamiento de pago por sumas determinadas de dinero(1) en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, al considerar que no había dado cabal cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(2), en trámite de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por HAIR ALBERTO OSSA ARIAS, condenando a los entes accionados al pago de todos los haberes laborales, debidamente indexados, por razón de la nulidad del acto administrativo de desvinculación del cargo que ocupaba.
Fue proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 12 de diciembre de 2013(3), por el cual denegó el mandamiento de pago solicitado, al considerar que no se daban las condiciones previstas en la ley para su procedencia.
En efecto, sin considerar la necesidad de requerir al actor para corregir imprecisiones o deficiencias en su demanda, el a quo, argumentando que el actor no había aportado las pruebas necesarias para dar claridad a su reclamación, rechazó in limine las pretensiones afirmando que, “…cuando la sentencia contiene obligaciones dinerarias no cuantificadas, esto es, aquellas que no están expresadas en cifras de dinero sino que su liquidación se realiza con base en los parámetros que fija la sentencia, es necesario que al momento de librar mandamiento ejecutivo la obligación a recaudar esté plenamente especificada, determinada y cuantificada en cifras numéricas. Sólo en estos términos puede considerarse que el título base de recaudo es expreso y claro, elementos sin los cuales la obligación no prestará mérito ejecutivo…”.
III. Los argumentos de la apelación
Mediante escrito presentado dentro de la oportunidad debida(4), el mandatario judicial del demandante se alzó en apelación contra la providencia mencionada, para reclamar su revocación y, en su lugar, el mandamiento de pago en los términos solicitados o, en subsidio, la inadmisión de la demanda para darle oportunidad de corregir o complementar su demanda a fin de dar claridad y concreción a sus aspiraciones, afirmando que, de ser cierto que el título ejecutivo que sirve de base a su demanda resulta ineficaz o insuficiente, ello sería responsabilidad atribuible al mismo funcionario judicial que profirió la sentencia condenatoria, “…sin que deban trasladársele las consecuencias de ello ahora al usuario del servicio de administración de justicia de modo que el propio tribunal es el llamado a complementar el título para su ejecutividad”.
Afirmó que, en acatamiento a lo previsto por el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por estarse reclamando sumas de dinero por concepto de indemnización, compensación o pago de frutos, realizó la estimación razonada de sus pretensiones bajo la gravedad del juramento, por lo que, sumado al hecho de que en el expediente obran suficientes elementos de juicio para dar fundamento a las sumas de dinero que allí se mencionan, el a quo ha debido proceder a librar mandamiento de pago en la forma solicitada o, en su defecto, en la que según su parecer en la que hubiere considerado legal, en acatamiento a lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 497 del Código de Procedimiento Civil.
Allegó con su escrito impugnatorio nuevos elementos probatorios para dar soporte a sus pretensiones, afirmando que, en caso de presentarse controversia sobre el quantum o monto de las reclamaciones, ello será objeto de la sentencia frente a las excepciones que eventualmente pueda plantear la parte demandada y su liquidación podrá ser controvertida en la forma regulada por el artículo 521 ibídem.
Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, ya que se trata de una de las providencias enlistadas en el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(5), formulada dentro de la oportunidad prevista por el artículo 213 ibídem, con la debida sustentación. Además, es la Sala competente para desatar el recurso, por aplicación del inciso segundo del artículo 146 A del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010.
Además, se precisa que para el caso en ciernes la normatividad aplicable es el Decreto 1 de 1984, ya que, no obstante haberse presentado la solicitud mandamiento de pago en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por expresa disposición de su artículo 308(6) y en interpretación del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, la solicitud de cumplimiento de la condena se tramita ante el juez de la causa mediante “…proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente…”, por lo que se colige que es un trámite adicional que surge a continuación de la sentencia.
De conformidad con lo previsto por el inciso final del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por esta jurisdicción, se aplicará la regulación correspondiente al proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el capítulo II del título XXVII del Código de Procedimiento Civil.
A voces del artículo 497 del estatuto adjetivo civil, que concierne al mandamiento ejecutivo en las acciones de mayor cuantía, presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el “…juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquel considere legal…” (resaltado fuera de texto).
La norma citada en precedencia es clara cuando ordena al funcionario judicial librar mandamiento ejecutivo en la forma pedida por el demandante, si se acompañan los documentos que constituyen el título ejecutivo y fuere procedente su reclamación o, en caso dado, en la forma en que considere legal.
Para la Sala no existen hesitación alguna en que el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de marzo de 2008, declarado en firme por esta corporación mediante providencia del 15 de octubre de 2008 por la improcedencia de la apelación(7), dentro del proceso ordinario radicado a la partida 68001231500020000116201 (1861-2008) a instancia de HAIR ALBERTO OSSA ARIAS contra la DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, constituye título ejecutivo, pues así lo certifica el Secretario de dicho tribunal en la constancia respectiva visible al folio 38 vuelto y expresamente lo consagra el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
Resulta válida la pretensión del demandante de reclamar por vía de la acción ejecutiva el cabal cumplimiento del fallo proferido por esta jurisdicción, cuando considere que la entidad pública a quien se impuso la condena no la ha cumplido o lo hizo en forma incompleta, como al parecer se ha presentado en este caso, no hallándose facultado legalmente el operador judicial para inhibir su trámite por considerar ab initio, sin que se realice el estudio jurídico correspondiente, que lo pretendido excede de lo ordenado en el fallo, o que no cuenta con los suficientes elementos de juicio, pues tal apreciación será el objeto de debate que precisamente debe darse si la parte obligada controvierte las pretensiones en ejercicio de los medios de defensa otorgados por el legislador, bien por vía de reposición o mediante la formulación de las excepciones pertinentes.
Debe quedar diáfano que, en tratándose de acciones ejecutivas que tengan por fundamento el cobro de condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es dable su rechazo con fundamento en juicios de valor que puedan constituirse en verdadero prejuzgamiento sobre las súplicas de la demanda, pues, de una parte, la ley tan sólo exige que se acompañe el libelo con el documento o documentos que constituyen título ejecutivo y, de otra, que el mandamiento respectivo deberá librarse en la forma pedida por el actor, si fuere procedente o, dado el caso, en la que el operador judicial considere legal, acorde con las circunstancias planteadas, pues cualquier reparo sobre las sumas o conceptos reclamados deberán ser objeto de debate dentro del trámite procesal mediante la formulación, por el demandado, de los recursos y medios de defensa autorizados por el legislador.
Vistas así las cosas, fuerza concluir que le asiste la razón al impugnante, ya que, con grado de certeza, la demanda no ha debido ser rechazada por el a quo bajo el argumento de la inexistencia del mérito ejecutivo de la sentencia de primera instancia allegada como soporte, pues, independientemente de las sumas de dinero que el actor estime se le adeudan, lo cierto e indiscutible es que el fundamento de su reclamación es el eventual incumplimiento de la decisión judicial que impuso condena a cargo de las entidades accionadas, por lo que será en el seno del proceso ejecutivo en donde válidamente puedan discutirse los valores adeudados, para decidir, en definitiva, el monto concreto que salga a deber, si a ello hubiere lugar. Además, por expresa disposición contenida en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, al acreedor tan sólo le asiste la obligación de “…solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requerirá formular demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla…” (resaltado fuera de texto).
La providencia atacada será revocada para disponer, en su lugar, que el tribunal de origen realice el estudio detallado sobre el cumplimiento de los demás requisitos formales exigidos por la ley para la demanda ejecutiva y, de hallarla ajustada, proceda a su admisión librando el correspondiente mandamiento de pago, dada su competencia para conocer del asunto por expresa disposición legal, como atrás se precisó.
1. REVOCAR el auto calendado doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por el cual se abstuvo de librar el mandamiento ejecutivo solicitado por HAIR ALBERTO OSSA ARIAS en contra de la DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, por lo expuesto en la motivación anterior.
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, con apego a los lineamientos trazados por el título XXVII del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del inciso final del artículo 87 del Decreto 1 de 1984.
DEVUÉLVASE el expediente a su lugar de origen.
1 $ 62.256.042 por saldo adeudado del restablecimiento del derecho ordenado en la sentencia y sus correspondientes intereses comerciales; sumas por determinar por concepto de salarios y demás prestaciones sociales desde el 14 de febrero de 2011 hasta el día del reintegro al cargo, acorde con la sentencia, con sus respectivos intereses comerciales y $ 304.807.616 por concepto de indemnización compensatoria por el no reintegro al cargo (fls. 1 y 2 del presente cdno.).
2 Copia de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de marzo de 2008, declarada en firme por esta corporación mediante providencia del 15 de octubre de 2008, con las correspondientes constancias de ejecutoria y de ser las primeras que prestan mérito ejecutivo, visibles a folios 10 a 38 del presente cuaderno.
3 Folios 64 y 65 id.
4 Folios 67 a 70.
5 El auto que deniega el mandamiento de pago solicitado, por analogía, comprende el rechazo de la demanda formulada para reclamar el cumplimiento de fallos condenatorios proferidos por la jurisdicción.
6 Artículo 308 Ley 1437 de 2011: “el presente código comenzará a regir el dos (2) de julio de 2012. Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (resaltado fuera de texto).
7 Folios 10 a 28 del presente cuaderno.

References: artículo 211
 artículo 497
 artículo 521
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 146
 artículo 61
 artículo 308
 artículo 335
 artículo 87
 artículo 497
 artículo 488
 artículo 335
 artículo 87
 Artículo 308