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Timestamp: 2018-07-15 19:20:18+00:00

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Sale de la cárcel...
Sale de la cárcel y vuelve a matar
20 Reunión - 14 Sesión ordinaria – 14 de noviembre de 2012
REGIMEN COMPLEMENTARIO DE REINSERCIÓN PARA CONDENADOS POR DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – De acuerdo a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.660, de ejecución de pena privativa de la libertad, estableciendo un régimen complementario de reinserción para condenados por delitos contra la integridad sexual. Es necesario dejar constancia que se encuentran presentes en la sala los padres de Soledad Bargna, víctima de uno de estos delitos. Sra. Presidente (Rojkes de Alperovich). – En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. – Se práctica la votación. Sr. Sanz. – ¿Estamos votando la habilitación del tratamiento sobre tablas? Sr. Secretario (Estrada). – Sí. Sra. Presidente (Rojkes de Alperovich). – Aprobado. En consideración. Tiene la palabra el señor senador Guastavino. Sr. Guastavino. – Señora presidenta: como bien decía el secretario aquí, a mi derecha, están presentes los padres de Soledad: Guillermo Bargna y su esposa, María Victoria Gil. Están presentes porque tienen mucho que ver con este proyecto de ley que estamos tratando hoy en el Senado. Es un proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados y que modifica la ley 24.660, de ejecución penal privativa de la libertad, en lo que se refiere a los condenados por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, estupro, abuso sexual seguido de muerte y corrupción de menores.
El proyecto que estamos tratando establece, en primer lugar, un régimen complementario de reinserción. Crea un equipo de profesionales especializados en la asistencia de estos condenados. El tratamiento de estos condenados –dice el proyecto– no cesa una vez que la persona egresa de la cárcel sino que existe la posibilidad, en caso de ser necesario, de que continúe en un centro sanitario. Con esta modificación lo que se propone es que, antes de conceder algún tipo de beneficio como salidas transitorias, libertades condicionales, prisión discontinua, libertad asistida, etcétera, se requiera de manera previa un informe del equipo interdisciplinario que crea la ley. Asimismo, el juez deberá tomar conocimiento directo del condenado. Además, también deberá 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 23
notificar y escuchar a las víctimas acerca de esta posibilidad de otorgar la salida transitoria, la libertad asistida o la libertad condicional al condenado por estos delitos. En cuarto lugar, en caso de ser concedido alguno de los beneficios antes enunciados, se exigirá también –entre otras cosas– la colocación de un dispositivo electrónico de control.
Lamentablemente, señora presidenta, señores senadores, nosotros hoy no vamos a poder aprobar este proyecto de ley que cuenta con la sanción de Diputados. Esto obedece al hecho de que hemos encontrado un grave error que no podemos subsanar y, por lo tanto, tenemos que realizar una modificación. Sin lugar a dudas este error cometido por Diputados tiene que ser absolutamente involuntario; pero en su dictamen, en los artículos 2º, 3º, 5º, 7º y 8º de la Ley de Ejecución Penal –que son los que se refieren a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión discontinua y libertad asistida–, han incluido a los condenados por el artículo 124 del Código Penal: es decir, por delitos de violación seguida de muerte. De hecho, ellos tienen una prohibición expresa en el artículo 14 del Código Penal a tal efecto. De acuerdo con ese artículo justamente, quienes han sido condenados por violación seguida de muerte, no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de beneficios.
También, en la propia 24.660, el artículo 56 bis establece la prohibición expresa para que estos condenados puedan tener la posibilidad de gozar de los beneficios de este tipo de libertades. Por lo tanto, nosotros tuvimos que excluir del proyecto que viene aprobado de la Cámara baja esto que se les pasó por alto. Tuvimos que quitar la posibilidad de otorgar estos beneficios a quienes han sido condenados según los preceptos del artículo 124 del Código Penal. Esperemos que con esta aprobación, que seguramente tendremos hoy, Diputados pueda tratar la iniciativa rápidamente para que antes de fin de año finalmente tengamos esta ley.
Lamentablemente, señora presidenta, señores senadores, cuando llega este tipo de proyectos de ley, cuando nos ha tocado analizar en este Senado este tipo de iniciativas, nos vimos en la necesidad de derogar figuras arcaicas del Código Penal tales como la del avenimiento. Hace poco tiempo también hemos incorporado la figura del femicidio. Al respecto, creo que hoy Diputados va a insistir en su sanción y no en lo que nosotros aprobamos aquí. Nuestra sanción incluyó modificaciones que, en definitiva, fueron producto de las consultas no solamente a gente especializada en el tema sino también a ONGs y a sectores importantes de la sociedad. Todo ellos aportaron elementos que nos llevaron a producir estas modificaciones en el entendimiento de que era la mejor norma que podíamos aprobar.
Lamentablemente, todos estos análisis y reformas siempre, de alguna manera, fueron anticipados por situaciones trágicas y dolorosas: el avenimiento, por la muerte de Carla Figueroa cuando la ―Justicia‖ –entre comillas– la convenció de que lo mejor para ella era perdonar a su violador y casarse con él. Esto culminó con lo que ya sabemos: la muerte trágica en manos de quien había sido liberado y perdonado.
El tema del femicidio ha venido precedido por un análisis que daba cuenta de la innumerable cantidad de muertes de mujeres por la sola condición de su género.
En este caso, con la presencia de los padres de Soledad, este proyecto y su modificación también vienen precedidos por el hecho lamentable, doloroso y trágico que significó lo acontecido en 2009 –más precisamente el 22 de mayo–, cuando una joven de diecinueve años era asesinada a puñaladas por negarse a ser violada. Este energúmeno, este asesino –y esto es lo paradójico–, tenía una condena previa de doce años de cárcel por violar a una nena de quince años y estaba gozando del beneficio de estas salidas transitorias. Soledad luchó fuertemente para evitar la violación; pero su vida terminó de una forma que realmente generó mucho dolor. Esto motivó a los padres, 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 24
haciendo muestra de una fuerza moral admirable, a que sin revanchismo comenzaran a trabajar. Junto con otras personas crearon una ONG que se llama Construyendo Justicia y se pusieron a trabajar fuertemente, a investigar y analizar la situación del servicio penitenciario. Todas estas cuestiones, obviamente, han promovido este proyecto de ley y también otro que ya hemos aprobado aquí, que hoy debería ser tratado en Diputados y que tiene que ver con el Registro Nacional de Violadores.
Cuando uno analiza y escucha a los padres y a quienes informan se da cuenta de que, naturalmente, hay situaciones que no sólo son paradójicas sino inentendibles. Al asesino de Soledad, Pablo Díaz –que, como dije, había sido condenado también por la violación de una niña de quince años– se le había otorgado esta libertad condicional sin que hubiera detrás ningún tipo de informe que lo habilitara al efecto. El juez determinó otorgarle la libertad y estas son las consecuencias. Paradójicamente vivía a tres cuadras del domicilio de la chica que él había violado. Imaginemos una situación de esta naturaleza en la que una niña que se encuentra frente a frente, en su propio vecindario, con quien la violó, delito por el que había sido condenado.
Esta situación nos trae nuevamente, como en el análisis de otros proyectos de ley, a los personajes protagonistas de estas historias trágicas, que son los jueces.
Nosotros siempre decimos que más allá de las reformas que pudiéramos hacer a la legislación vigente para dar una respuesta legislativa, no es suficiente en la medida en que la justicia, a través de los jueces, no actúe de la manera que debe actuar y que todo el mundo le reclama.
Por eso hoy estamos tratando este proyecto, que naturalmente será aprobado y devuelto a la Cámara de Diputados con las modificaciones que he planteado y que hemos analizado en la comisión.
Considero oportuno hacer nuevamente la reflexión sobre los jueces. Axel López fue quien le otorgó la libertad condicional a Pablo Díaz. También este juez Axel otorgó la libertad a Cabeza, el asesino de Tatiana, quien venía de una condena por violación en tres oportunidades.
Uno dice que nosotros desde la política, los que ocupamos cargos electivos, cargos legislativos, cuando hacemos las cosas mal tenemos, sin lugar a dudas, la condena y el castigo de la gente cuando nos sometemos a la voluntad popular. Los jueces pareciera que pueden tomar decisiones de esta naturaleza, con consecuencias trágicas y dolorosas, pero siguen andando por la vida sin dar ningún tipo de explicaciones y sin que el Poder Judicial siquiera tenga una reflexión ante este tipo de situaciones.
Con estos argumentos y fundamentos propiciamos que hoy aprobemos el proyecto de ley en consideración sancionado por la Cámara de Diputados, con las modificaciones que he manifestado.
Antes de terminar señalo que hemos advertido que hay un error involuntario en el dictamen que hemos firmado. Se debe modificar una palabra en el artículo 8°, en el párrafo que dice: En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión el juez deberá tomar conocimiento directo del imputado. Donde dice ―imputado‖ debe decir ―condenado‖.
Con las modificaciones que he propuesto oportunamente y con la que acabo de señalar recién, solicito que se vote el proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: considero que desde la política hay que hacerse cargo de algo sobre lo que no hay que dar muchas vueltas, esto es, que desde hace mucho tiempo en materia de legislación penal vamos detrás de los hechos. En materia de legislación 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 25
penal –es un cargo al conjunto de la institucionalidad argentina, de la que somos partes– lamentablemente estamos yendo detrás de los hechos. Pero no se trata de cualquier tipo de hechos sino que son hechos dolorosos, tristes y que movilizan a la institucionalidad en materia de legislación penal, que siempre la han movilizado hacia el mejor sentido.
Hubo una época en la que, por efecto de un episodio doloroso, como fue el secuestro y muerte de Axel Blumberg, la legislación penal se movió en un sentido que, a juicio de muchos de nosotros, no iba a traer consecuencias beneficiosas para el sistema. Creo que después de algunos años podemos hacer algunas autocríticas. No trajo esas consecuencias. Solo eran aumentos de pena y una introducción en el Código Penal de una suerte de mirada dura que no trajo ninguna otra cosa más que lesionar el sistema en su conjunto.
Quiero decir hoy con todo respeto –no quiero que nos echemos culpas; ustedes saben que soy de los que siempre trata de privilegiar la institucionalidad del Senado y del Congreso– que hoy estamos tratando esta iniciativa también movidos por la inercia de un hecho doloroso, como el del Chaco, pero este expediente está hace un año en esta Cámara. Tenemos que hacernos cargo de que deberíamos haberlo tratado antes de ese episodio.
El proyecto en sí es beneficioso, a diferencia de otros en los que hemos tratado de darle respuesta a esa realidad dolorosa, endureciendo penas. En este caso inteligentemente lo que se está proporcionando es una mirada hacia todo el proceso de ejecución de la pena que en el caso particular de los delitos vinculados a la integridad sexual deben tener un tratamiento diferencial. Este proyecto está incorporando ese tratamiento diferencial al proceso de decisión judicial que es, en definitiva, en nuestro esquema jurídico la última ratio. Siempre hay un juez, una persona, al final del camino que le pone al proceso su discrecionalidad, su inteligencia, su mirada, su sensibilidad, su emocionalidad, su conocimiento, etcétera. O sea que siempre hay una persona de carne y hueso que al final del camino es la que tiene que aplicar estas cosas. Pero en este caso en particular lo que se está introduciendo es que todas las cualidades personales de esa persona estén acotadas, limitadas o tengan márgenes para que el proceso no dependa sólo de esas condiciones, sino que en el caso de tomar decisiones vinculadas a condenados por delitos de integridad sexual existan otras personas, otras instituciones, otros procedimientos, que ayuden a tomar la mejor decisión. De esto se trata este proyecto de ley.
Pero quiero detenerme un poco en el tema de la aplicación porque, seguramente, habrá otros senadores que van a hablar de esta cuestión y yo no quiero perderme la oportunidad de hacerlo.
Hay dos grandes temas en materia de ejecución penal en la Argentina que nosotros tenemos que abordar: uno de ellos, que venimos soslayando o discutiendo desde sus contornos pero nunca yendo en profundidad, es el del perfil de los jueces en la Argentina, que tendremos que discutirlo. En este caso, se trata del perfil de los jueces penales en la Argentina. Porque si yo tuviera que encontrar ejes transversales sobre el perfil de los jueces en general, involucrando a los civiles, comerciales, tributarios, administrativos, penales, laborales, etcétera, podría encontrarlos: que sean buenas personas, que tengan cualidades éticas y morales, que tengan conocimientos y, como decía Couture, ―que sean caballeros y, si saben de Derecho, mejor‖.
Pero si tengo que encontrar algún perfil específicamente vinculado a los jueces penales hoy, en la Argentina, debemos darnos algún debate alrededor de eso. Porque han ocurrido cosas en los últimos años: hay corrientes de pensamiento que nutren a esas camadas de abogados y de jueces penales que hoy tienen grandes responsabilidades en la Argentina. Hay doctrinarios, juristas, profesores, filósofos del Derecho, que también 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 26
tienen una influencia muy notoria en esta materia, como los hay en otras ramas del Derecho. Lo que pasa es que en el Derecho Penal esto se manifiesta de una manera mucho más patente, y hoy tenemos en nuestro país conjueces sólidos en la teoría en materia de derecho penal; más aún, yo diría que son muy sólidos en la teoría y que les permite sortear todos los requisitos institucionales que nosotros mismos hemos establecido en las leyes para llegar a ser jueces y que tienen que ver con sus conocimientos teóricos: exámenes, concurso de antecedentes, evaluación de todo su currículum y de su carrera judicial o, los que vienen de la calle, de su carrera profesional. En verdad, todos ellos logran resultados muy alentadores y satisfactorios en materia de cumplimiento de los requisitos teóricos; son jueces muy sólidos en la teoría, pero tengo la impresión de que muchos de ellos están absolutamente divorciados de la realidad. Y nosotros queremos para nuestro país jueces que sean sólidos en la teoría pero que tengan apego a la realidad; como se dice vulgarmente, los ―pies sobre la tierra‖. No es bueno un juez que sepa mucho de doctrina, de jurisprudencia y de la teoría pero que no esté consustanciado con la realidad de la Argentina del aquí y del ahora.
A ello se le agrega un rasgo que no todos tienen, pero sí algunos de ellos: el juez del que ha hablado recién el señor senador preopinante y que estoy seguro de que les trae mucho dolor y pesar a la familia Bargna y a otras familias le agrega a esto algún condimento especial. Son magistrados que se transforman ya no en conocedores y sabedores de la teoría sino en fundamentalistas fanáticos de la teoría. Tan fundamentalistas fanáticos que en sus sentencias, en lugar de dictar Justicia, se dedican a satisfacer su ego y su vanidad académica; inclusive, lidiando con todas las demás partes del proceso: o sea, no sólo con las partes en sí sino también con técnicos que desde otras ramas –por ejemplo, desde lo científico– aportan o tratan de aportar al conocimiento para que ese juez tenga al final del camino la posibilidad de tomar la mejor decisión. Esto es lo que ocurrió en el caso del Chaco: este juez, en ese caso, peleó, discutió o confrontó no con las partes o con la verdad sino con los psicólogos y con los especialistas que le acercaban dictámenes sugiriéndole que no liberara a esa persona.
Lo cierto es que los jueces, con ese rasgo de fundamentalismo y de fanatismo acerca de su condición de garantistas que mencioné –porque de eso estamos hablando–, terminaron confrontando con los psicólogos, con los siquiatras, con los psicopedagogos, con los terapeutas –con absolutamente todos los profesionales–, pero también con las partes y con la realidad, con la verdad. Esto es lo que pasa. De esto hay que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo todos porque esto forma parte de un sistema que deberemos discutir en algún momento. Y en algún momento –esto lo digo con respeto; ya me lo han escuchado mencionar varias veces y no es una cuestión personal– el mentor de todos estos jueces, quien desde la Corte Suprema sigue defendiendo a partir de le teoría –cosa que me parece bien– sus posiciones garantistas, tendrá también que mandar un mensaje concreto. Porque ese mentor hoy es un miembro de la Corte Suprema de Justicia y, a la teoría, hay que ponerle un poco de realidad; hay que ajustarla a realidad. De lo contrario, en nuestras Facultades se seguirá enseñando el Derecho Penal de las garantías; pero en la calle existirá otra realidad porque, además de las garantías –que obviamente deben existir porque vivimos en un Estado de Derecho–hay que ponerle a las cosas el condimento de la realidad.
La segunda cuestión que creo que también hay que discutir al analizar una norma de este tipo es que, además del tema de los jueces, nos enfrentamos a un sistema que está en crisis: al sistema represivo legal. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 27
Cuando uno se para frente a la cuestión del delito en el marco del Derecho Penal puede hacerlo desde la prevención –no estamos hablando hoy de esto; el día que lo hagamos podremos analizar qué está fallando y tendremos una larga jornada para discutir– o desde el final del camino: esto es, desde el sistema represivo legal. O sea, cuando ya se cometió el delito y empieza a funcionar la parte final del sistema institucional: la ley, el juzgamiento, la condena, la ejecución de la pena y la reinserción.
En todo ese camino estamos en crisis, en una profunda crisis. Y, para que todos sepamos de qué estamos hablando, quiero decir que hoy seguramente vamos a sancionar este proyecto de ley; que este se enviará a la Cámara de Diputados; que esta lo va a transformar en ley la semana que viene, porque las cosas que estamos introduciendo son absolutamente razonables; pero no debemos creer que vamos a modificar el sistema. En todo caso, vamos a ofrecer paliativos o ayudas a un sistema que está profundamente enfermo de raíz. Entonces, si no lo abordamos, en algún momento vamos a tener problemas.
Nosotros estamos aquí hablando de salidas transitorias, de beneficios especiales, de salidas asistidas, de libertad asistida, etcétera: o sea, de personas que van a salir en libertad después de haber estado en el sistema penitenciario. Entonces, si no discutimos cómo está funcionando hoy el sistema penitenciario en nuestro país nos vamos a quedar huérfanos o rengos en el análisis final. ¿Por qué? Porque esas personas, por más que nosotros hoy establezcamos en esta norma con mayor dureza y racionalidad esquemas para que su salida sea algo diferente a la mera discrecionalidad de un juez, han pasado por los sistemas penitenciarios que los condena a ser peores que cuando entraron; y nos tenemos que hacer cargo de esto. Más aún, a las personas que vienen con una carga psicológica o especial de su propia personalidad vinculada a los delitos sexuales, en el sistema penitenciario les agregan las otras cargas que no tienen que ver con esa defección o esa especificidad de su personalidad. Porque ahí convienen con otras realidades que también están en crisis.
Entonces, creo que debemos hacer funcionar esto de otra manera, porque si la ley es dura pero la condena es blanda, no funciona; si la condena es dura pero la ejecución es mala, no funciona; si al ley, la condena y la ejecución son buenas pero el sistema penitenciario no reinserta y no resocializa, tampoco es bueno.
Insisto en que no estoy echando culpas coyunturales, temporales al gobierno. Esto es un problema de un sistema que ha colapsado después de muchos años. El señor Barra lo sabe mejor que todos nosotros, porque lo ha estudiado en los últimos tiempos.
Digo esto para que no nos vayamos con la confianza o la tranquilidad de que con esto vamos a resolver el problema. Acá hay un divorcio entre la teoría y la realidad y mientras nosotros no lo abordemos el conjunto, sobre todo lo del sistema penitenciario que hoy, lejos de resocializar o reinsertar, devuelve a la gente peor que cuando entró –esto hay que aceptarlo–, no vamos a poder resolverlo.
Voy al punto del proyecto. Pregunto esto al presidente de la comisión, porque no lo sé. Ayer no he tenido la oportunidad de ver si se corrigió el tema de la palabra querellante. El presidente me hace señas indicando que sí. Es una de las cosas que ayer hemos mencionado en la comisión.
La otra cuestión, no para incorporar al proyecto pero sí para dejarla como una asignatura pendiente, es que debemos crear una oficina de seguimiento dentro del Ministerio de Justicia. Probablemente ahora se quiera incorporar esto en el debate en Diputados.
La Oficina de Seguimiento y Asistencia de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual dentro del Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con los 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 28
equipos interdisciplinarios. Más que una oficina es un espacio para poder hacer el seguimiento de este tipo de delitos.
Por otro lado, hace más de 20 años que está sancionada la ley 24.050 que estableció, en el artículo 29, la creación del cargo de secretario de Juzgados de Ejecución dentro de las penitenciarías. Estamos en falta con esto. Deberíamos hacer un esfuerzo para que se pudiera aplicar. Porque con las herramientas que hoy estamos votando en beneficio de los jueces de ejecución penal, más el tema de las secretarías en las penitenciarías, creo que más que una ayuda y un paliativo sería un paso enorme adelante en la lucha contra este tipo de consecuencias.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: como bien dijo el senador Sanz, este tema ingresó en el Senado el 15 de septiembre de 2011. En octubre lo tratamos en el ámbito de la Comisión de Justicia. En ese momento estuvieron presentes el señor Guillermo Luis Bargna y la señora María Victoria Gil en su calidad de fundadores de la organización Construyendo Justicia. Nos acompañó también la doctora Lucila Larrandart, que es titular del Departamento de Derecho penal de la UBA. Se emitió dictamen favorable, el cual perdió estado parlamentario al haber sufrido cambio de Cámara. Ha pasado más de un año y recién lo estamos tratando ante la amenaza de la caducidad del proyecto.
Quiero rescatar aquí la necesidad de dar una respuesta en estos temas tan difíciles en la sociedad. Y con esta respuesta tan elaborada y tan empujada por la organización Construyendo Justicia lo que estamos diciendo es: nos pusimos de acuerdo finalmente en que en determinado tipo de delito, para conceder estos beneficios el juez debe tener una actitud mucho más rigurosa, y en tres sentidos.
En primer lugar, decimos que el juez tiene que conocer al condenado personalmente y no conocer solamente su expediente. El juez tendrá la responsabilidad de resolver con el auxilio de un equipo interdisciplinario. Finalmente, esa libertad tendrá que ser acompañada de algún funcionario o con este tipo de seguimientos electrónicos.
Aquí recuerdo lo que planteó en su momento, en el ámbito de la Comisión, la doctora Larrandart, quien señaló que esto tiene que ser aplicado en el ámbito de las provincias, porque son delitos comunes; la jurisdicción es ordinaria. Entonces, si no va a acompañado de los recursos y de la voluntad política necesarios, quedará en la letra muerta de la ley. O si no, generará algunas diferencias, de modo que el condenado que tiene recursos y pueda pagar los elementos necesarios o al funcionario que lo acompañe, tendrá la salida. Por lo tanto, aquí hay que tener muy en claro que somos las provincias las que vamos a tener que aplicar estas medidas y que es necesario ver qué pasa con los recursos y que haya decisión política en este sentido.
Quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con que se excluya el artículo 124, como lo ha resuelto la Comisión. El artículo 124 del Código Penal contempla el caso de violación seguida de muerte; y en estos casos de violación seguida de muerte, no puede haber ningún tipo de beneficio. En eso me parece que estamos avanzando en restricciones absolutamente razonables.
No hay consenso a nivel mundial de que existan tratamientos terapéuticos exitosos para la recuperación de este tipo de delincuentes sexuales. Quiero señalar también otra cosa, porque como lo dijo el senador Sanz, desde un sector de la Academia se nos acusa de populismo punitivo cada vez que avanzamos en este tipo de normas, se nos acusa de ser movidos por la agenda mediática. Y quiero aquí rescatar la función de los medios de comunicación, que visibilizan estos hechos dramáticos, terribles, lo que permite que haya fuerza suficiente para avanzar en las correcciones legislativas necesarias. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 29
El último tema es que, lamentablemente, no hay en la Argentina estadísticas confiables. Esta es una tarea pendiente también. Tenemos que dotarnos de estadísticas confiables. Hay que ver de qué modo se puede coordinar toda la información para que podamos basarnos en estadísticas confiables. Hemos encontrado algunas estadísticas de otras partes del mundo. Así, en Canadá, Karl Hanson, Andrew Harris y sus colaboradores han hecho estudios sobre reincidencia de delincuentes sexuales. Según ellos, del total de los delincuentes no sexuales, un 50 por ciento es reincidente. De los delincuentes sexuales, el 36.9 por ciento serían reincidentes. Es una tasa alta.
Hay otra investigación de 2009 sobre delitos sexuales y reincidencia del Departamento de Justicia de Cataluña. Según lo que ellos estudiaron –y aclaro que en el primer mundo–, la reincidencia respecto de delitos sexuales sería de un 13,7 por ciento. Pero aun siendo tan bajo –reitero que eso sucede en el primer mundo; en la Argentina, no tenemos estadísticas sexuales–, alcanzaría para decir que, como hay una suficiente tasa de reincidencia, es necesario avanzar en criterios más rigurosos.
Los legisladores tenemos que actuar equilibradamente entre las demandas de la sociedad, que son muy fuertes cada vez que se conocen este tipo de delitos –la ciudadanía, a veces, pide linchamiento y vemos situaciones de mucha violencia–, y los académicos, quienes están ahí entre almohadones y cuestionan cualquier tipo de castigo, están en contra de las penas. Entonces, con esta sanción, le estamos diciendo a la ciudadanía que aun los condenados por delitos sexuales tienen garantías constitucionales, y las estamos reconociendo en este proyecto.
Estos requisitos más rigurosos son para el juez, pero siempre el condenado tendrá derecho a ser escuchado y a producir pruebas. Y a los que pertenecen al sector de la Academia les decimos que no podemos legislar dándole la espalda a la realidad, a las mínimas pautas que hacen a la convivencia social.
La familia de Tatiana, lamentablemente, ha estado en medio de estos dos fuegos: por un lado, los familiares de las víctimas −de los que sufren−, quienes pedían la destitución del juez por haber otorgado esta libertad; y por el otro lado, todo ese cúmulo de jueces, de abogados, de académicos, que dicen que el juez actuó dentro del cumplimiento de la ley.
Nuevamente, hoy estamos los legisladores entre los que sufren y los que enseñan. Nosotros damos las respuestas legislativas, y esta es una respuesta absolutamente razonable.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). − Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. − Señora presidenta: quiero expresar el total apoyo del Movimiento Popular Neuquino a este proyecto de ley. Se trata de una iniciativa mediante la cual tal vez recién estemos comenzando a darles alguna respuesta a los familiares de las víctimas que tanto han bregado para lograr este resultado, aunque todos sabemos que las profundas huellas del dolor las tendrán por toda la vida.
Considero que las consecuencias gravísimas del otorgamiento de salidas transitorias o de la libertad condicional a estos sujetos aberrantes que tienen una estructura psicológica absolutamente patológica están a la vista. En ese sentido, la senadora Escudero acaba de expresar que los datos arrojan un 36 por ciento de reincidencia. Nosotros no tenemos estadísticas claras, tal como también manifestó la senadora, pero es de conocimiento público lo que sucede habitualmente con este tipo de sujetos. Lamentablemente, muchas veces, estos sujetos son dejados en libertad −como también expresó el senador Sanz− con una ligereza argumental que nos tiene que preocupar y que, en algunos casos, hasta nos asombra, como en el último hecho por todos conocido. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 30
Espero que lo más rápidamente posible este proyecto sea convertido en ley por la Cámara de Diputados, a la que la iniciativa volverá con estas modificaciones que se han planteado; algunas son de fondo, y otras, de redacción o de técnica legislativa. Asimismo, quisiera dejar sentada mi posición en cuanto a peticionar a la Cámara de Diputados para que, lo antes posible, trate el tema de relacionado con el registro de los violadores, pues es una cuestión que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Creo que sería un aporte más para el control y la identificación de estos sujetos, para la determinación del entorno, el ADN, etcétera. Como dije, pienso que sería un aporte muy valioso para mitigar este tipo de delitos.
Si bien estas iniciativas serán aprobadas tardíamente –como ya lo han dicho senadores preopinantes–, creo que hoy, todos nosotros, una vez aprobado este proyecto y devuelto en revisión a la Cámara de Diputados, saldremos con el corazón satisfecho por esta sanción y por poner en marcha una de las tantas cosas que tenemos que instrumentar.
Comparto totalmente lo expresado por el senador Sanz, pues conozco muy de cerca las enormes falencias que tiene nuestro sistema penitenciario. Sé que es una tarea de largo aliento, de largo plazo, y considero que todos nos tenemos que comprometer a impulsar o propiciar los cambios necesarios para mejorar ese sistema.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). − Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: este proyecto en el que estamos avanzando tiene un objetivo claro, que es evitar la reincidencia en los delitos que atentan contra la integridad sexual.
Tal como lo explicó el miembro informante, se apela a formar una comisión interdisciplinaria que pueda coadyuvar con la que actúa en el marco del sistema penitenciario. Esto resulta muy positivo porque, en primer lugar, la República Argentina lidera las encuestas de psicólogos, siendo solamente superada en el mundo por Dinamarca. Esto quiere decir que contamos con personas capacitadas, habilitadas con títulos suficientes, para poder realizar toda esta clase de seguimientos y estudios de aquellos que delinquen en este tipo de acciones contra la integridad sexual.
Desde ese punto de vista, contamos con todos los elementos necesarios para llevar adelante esta tarea. Pero también sería muy bueno que estos equipos queden fuera de la esfera del Servicio Penitenciario Nacional, ya que lamentablemente, muchas veces, hemos visto que este tipo de dictámenes son objetos de intercambios corruptos para que estos sujetos consigan la libertad. Asimismo, como bien se ha dicho aquí, son sujetos que, en realidad, son difíciles de recuperar, lo que hace necesario un seguimiento de por vida.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Perdón, la señora senadora Di Perna le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: más allá de estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí respecto del proyecto en general, a lo largo de mi carrera profesional como pediatra, he tenido la oportunidad de examinar a algunos niños víctimas de violación, y puedo decir que en este terrible delito, el límite con la muerte constituye una línea muy finita. Es decir, en todos los actos de violación, la posibilidad de la muerte de la víctima, sobre todo si es un niño, está presente.
Más allá de que este proyecto de ley sea un avance, considero que todavía hay asignaturas pendientes y una de ellas tiene que ver con darnos un fuerte debate respecto 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 31
del indulto. En ese sentido, hace años, en mi provincia, un gobernador dejó en libertad a un violador que se trasladó a otra provincia y violó nuevamente y asesinó a una nena en Bahía Blanca. Estas cuestiones ocurren, por lo que también hay que trabajar con respecto al tema del indulto en este tipo de delitos. Gracias, senadora.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir también que no es tarifado el egreso. O sea, en esto tenemos que interpelar al Poder Judicial, porque no es que cumplen los dos tercios de la condena y ya por eso tienen que salir, sino que el magistrado, al momento de resolver, debe tener la seguridad de que esa persona se encuentra psiquiátricamente equilibrada o contenida para poder, de a poco, reinsertarse en la sociedad. O sea, es responsabilidad del Poder Judicial.
Además, respecto de la libertad condicional, debemos tener en cuenta que no es lo mismo dársela a un autor de una acción violatoria contra el derecho de la propiedad que al autor de un delito contra la integridad sexual, porque la psicología de ese sujeto es totalmente distinta.
Asimismo, adhiero a lo que se ha dicho aquí: el senador Sanz nombró a un miembro de la Corte Suprema y la senadora Escudero nombró a la Academia. Yo lo voy a decir con nombre y apellido: se trata del juez Zaffaroni, que tiene una acabada trayectoria en el Derecho Penal. Él es muy seguido por las jóvenes y no tan jóvenes generaciones de operadores del Derecho, llámense estos jueces, llámense fiscales, llámense abogados penalistas, que nos han llevado en esta última década, o más allá de esta última década, a tener todo este tipo de consecuencias que antes no conocíamos en la República Argentina. Entonces, cuando ocurren este tipo de delitos, también tenemos que empezar no solamente a mirar a la víctima, sino también al victimario. Y ocupémonos de él, que será el verdadero peligro para la sociedad.
Hemos tomado conocimiento, en forma pública y en algunos artículos que salen en las revistas especializadas, de que el juez Zaffaroni está liderando en la Comisión de Reforma del Código Penal una posición para eliminar el instituto de la reincidencia. Consideran que la reincidencia es inconstitucional, porque sería juzgar dos veces el mismo delito y no podría ser tenida en cuenta en una segunda comisión de delito. Sin embargo, el concepto de reincidencia es tenido en cuenta en todos los sistemas penales del mundo. Entonces, adhiero a los senadores preopinantes, que han hecho un fuerte llamado al Poder Judicial, que es en realidad el que aplica el Derecho, para que lo aplique de conformidad con las situaciones y con lo que se necesita; no solamente de acuerdo con lo que dice la Academia.
Ahora bien, no quiero castigar al sector sin reclamar una política de Estado. La verdad es que estuvimos mirando las estadísticas que está dando la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, ésta ha dicho que en 2010, el fuero de Ejecución comenzó con 50 mil expedientes en trámite, que a lo largo del año se sumaron 7 mil trámites más y que en doce meses –solamente hay dos jueces–, resolvieron 7 mil trámites y 679 libertades condicionales; 46 fueron rechazadas y quedaron 50 mil pendientes de resolución. De estos dos jueces que han sido mencionados por el miembro informante de la Comisión, Axel López y Marcelo Peluzzi, dependen 3 mil condenados por la Justicia de la Capital, que están en las cárceles federales de todo el país.
Entonces, ¿la doctrina es responsable? Sí. ¿El exceso de garantismo es responsable? Sí. Pero también, desde el Congreso de la Nación, tenemos que asumir una política de Estado en cuanto a dar las herramientas necesarias que le hacen falta a la República Argentina; ya sea un equipo interdisciplinario, más juzgados, personal, etcétera. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 32
Yo no quiero marginar de este análisis un tema que estamos trayendo recurrentemente –por lo menos, yo lo hago– y que no podemos dejar al margen del análisis de la criminalidad en la Argentina, como es el flagelo de la drogadicción en nuestros jóvenes.
Sr. Fuentes. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Senadora: me quedó flotando la idea en torno a que no estaba claro el hecho de si ahora tomamos conocimiento de contradicciones de orden procesal y legal o tomamos conocimiento sobre la existencia de delitos sexuales. Me refiero a cuando usted dijo que ahora estamos tomando conocimiento de algo que antes no sucedía.
La extensión de los derechos y la lucha por la igualdad de género han hecho que se haya ido tomando conocimiento de delitos sexuales que durante mucho tiempo fueron ocutados culturalmente por la sociedad, ya sea en el seno de las familias, de las escuelas o de las parroquias. Antes, se convivía con ellos y la hipocresía social no se daba por aludida. Creo que en la medida en que avanza la lucha por la igualdad de género y, sobre todo, las luchas de las mujeres, esos delitos van tomando estado social. Porque no solamente es el Estado; es la sociedad en la que se desarrollan esos delitos. Esa es la aclaración que le pedía.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La aclaración la hacía con relación a la evolución que ha tenido la jurisprudencia respecto de estos delitos. Hoy, la teoría garantista del Derecho Penal –cuando cualquiera de los dos sectores se va hacia los extremos, ya es patología– está debatiendo o planteándose si vamos a sacar la reincidencia del Código Penal. A eso me estoy refiriendo. Hace quince años, no estábamos pensando ni debatiendo esto. Sí comparto con usted que antes, el delito sexual era ocultado por las familias, porque era vergonzante; por supuesto que sí. Lo que digo también es que tomemos conciencia de la realidad. Hay 3 mil condenados y 36 cárceles federales del país a disposición de estos dos jueces.
Además, y termino, está el flagelo de la drogadicción. Es preocupante la drogadicción en los jóvenes. Estamos escuchando cómo avanza sobre los niños; porque no solo avanza el paco, también lo hace la cocaína, y sabemos que es un gran desinhibidor de conductas. Entonces, cuando nos preguntamos por qué matan si ya violaron; o yéndonos al ámbito de los delitos contra la propiedad nos preguntamos por qué matan si ya robaron el auto, las joyas y lo tenían atado; por qué se dio vuelta y lo acribillaron, es porque la Argentina dejó de ser un país de paso para ser un país de destino de la droga. Por lo tanto, nuevamente, nos tenemos que abocar a trabajar para que en forma conjunta podamos luchar contra este gravísimo flagelo que tiene una incidencia importantísima en el tema criminal.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Pichetto. – Antes del cierre, señora presidenta, habían pedido la palabra los señores senadores Barrionuevo y Fernández.
Sr. Juez. – Todavía no estoy en el uso de la palabra. De los cuatro, voy a ser el único que va a hablar sobre este tema.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senador juez, si usted va a cerrar por su bloque, entonces, le damos la palabra al señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: con relación a lo expresado por la senadora Di Perna, más allá de que es un problema gravísimo, quiero hacerle la aclaración de que 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 33
nosotros no estaríamos en condiciones de regular el indulto, porque es una facultad constitucional tanto de la Nación como de las provincias. No podemos tocar eso.
Por otro lado, quería referirme a otra cosa, retomando las palabras del senador Sanz, en el sentido de acercar la teoría a los pies sobre la tierra. Lo más valioso que tiene el proyecto de ley que estamos considerando es que el órgano interdisciplinario que incorpora la iniciativa es un órgano que depende del Juzgado de Ejecución Penal.
¿Por qué es importante esto? Porque en los organismos técnicos criminológicos del Consejo Correccional del establecimiento –y yo me imagino que es por la convivencia que tiene el personal profesional en el trato continuo con el interno–, tienen la tendencia de ser benévolos –por así decirlo– con las situaciones que tienen que ver con el comportamiento del reo cuando hacen los informes o al emitir la opinión, por ejemplo, al momento de resolver la libertad condicional o al momento de las amnistías, o las conmutaciones de penas o los indultos, que normalmente se dan a fin de año. Entonces, el hecho de que este órgano interdisciplinario esta vez dependa del juzgado de ejecución es una cosa importante al momento de los hechos. He podido comprobar la tendencia, en la cantidad de oportunidades en las que me tocó actuar por distintas funciones que no vienen al caso recordar en el análisis de legajos de los internos, que vienen acompañados por el informe de los profesionales.
Entonces, quería destacar y señalar especialmente la importancia que tiene esa prohibición legal en esta norma.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en primer lugar, expreso mi reconocimiento y respeto a la familia aquí presente, por cómo han convertido su enorme dolor en militancia para un llamamiento a la justicia a partir del conocimiento del error, de las faltas, de las falencias que nos implican y nos llevan a cada uno, desde el lugar que nos toca de responsabilidad y compromiso, a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.
Hoy mencionaba el senador miembro informante las leyes que hemos aprobado, como decían otros senadores, quizá por detrás de los hechos y muchas de ellas con nombres: Carla Figueroa, Soledad, Tatiana y Sofía Viale, víctima hace pocos días de un hecho aberrante en la provincia de La Pampa. Esta jovencita fue violada y muerta por quien tenía libertad asistida y que solo vivía a unas pocas cuadras. La violó y la enterró y se pudo descubrir el hecho porque estuvo a punto de matar a otra niña.
Con todo el dolor y consternación que significa para todos, desde nuestro lugar, nos hacemos cargo desde nuestra tarea legislativa, con una visión amplia, con un mensaje y trabajo esperanzadores.
Hace unos días leíamos alguien que decía: falló el Estado, y entendiendo que cuando se dice eso el Estado somos todos. Por lo tanto, todos tenemos que hacernos cargo, reconocer los errores, y a partir de allí, y solo desde allí, comenzar a trabajar para mejorar el sistema penitenciario, fundamentalmente en este caso, en coincidencia con las necesidades de la sociedad.
Por eso considero importante hoy este paso que damos para mejorar esta ley en busca de justicia, en busca de que no haya más casos como los de Sofía, Tatiana y Soledad.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: este tipo de decisiones que va a tomar esta Cámara, que por supuesto voy a acompañar gustoso, son absolutamente insuficientes. Quizá por el conocimiento que uno adquirió por formar parte de un ministerio, en el que por un lado le tocó manejar las fuerzas de seguridad y por otro lado el Servicio Penitenciario, hay cosas para evaluar de todos los casos. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 34
Dentro de este mismo marco también hay que incluir un tercer elemento, que es la Justicia en sí misma. La explicación del senador Sanz es para suscribirla con las dos manos. Ahora bien, esa expresión es incompleta. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de conductas reprochadas que son consideradas prácticamente nimias por los tres segmentos. Los tres consideran que es un delito insuficiente, que no tiene envergadura y que no es importante. Entonces, me costó a mí —pido disculpas por la autorreferencia— enormes rabietas cuando nos enfrentábamos a una situación delicada y uno se encontraba con la carátula policial que decía ―intento de robo‖, no ―intento de violación‖ o ―violación‖. O, por otro lado, cuando uno planteó un proyecto que después esta Cámara sancionó, por lo que hemos presentado una nota junto a los senadores Corregido y Pichetto para ver si conseguimos que la Cámara de Diputados trate el registro de ADN de violadores con condena firme, los que supuestamente son los ―garantistas‖ —como decía el señor senador Sanz— nos dicen que estigmatizamos a las personas. Las pibas se pueden morir, no estigmaticemos a los que las matan; así pareciera ser la cosa.
Entonces, en el marco de ese concepto global de lo que sería el garantismo, para mí no es otra cosa que ajustarse a derecho; no sé hacer otra cosa; no sé qué es el garantismo porque, si no, entramos en la lógica de Epiménides el Cretense, que era un filósofo profeta del siglo VI a.c, que decía ―todos los cretenses son mentirosos‖. Si lo que él decía era verdad, entonces su tesis no se cumplía, porque él no era mentiroso, por lo cual por lo menos había uno que no mentía; y si lo que él decía era mentira, no todos los cretenses eran mentirosos. Acá pasa lo mismo: cuando hablamos del concepto de garantismo pareciera que todos están imbuidos de una profunda vocación de defender al que está imputado o, a lo mejor, condenado por un hecho de estas características, donde en la enorme mayoría de los casos se trata de reincidentes.
Es cierto que contamos con estadísticas, pero no necesitamos de ellas para saber exactamente a dónde estamos yendo. Porque las conclusiones a las que arriba una sociedad de las características de la argentina son penosas cada vez que nos toca ver ese tema. Nos toca por los cuatro costados analizar esa situación. Cuando nos ponemos en serio con trabajadores o personas que fueron víctimas de situaciones similares a analizar casos parecidos, uno se encuentra con que siempre se replican más o menos de la misma manera. Entonces, no es importante la estadística; lo que importa es la conclusión a partir de seguir profundizando en estos temas. Por eso digo que lo que vamos a votar es muy importante y necesario, pero no suficiente. Requiere de incentivos de este tema para llegar al fondo.
Nosotros hemos logrado algo en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Policía Federal, porque ya cuando se denuncia en una comisaría no es el policía, ni varón ni mujer, el que toma esa denuncia por violación o por intento de violación; es una brigada aparte, que nada tiene que ver con ella. Es la que va a escuchar a la víctima, la que va a contener a la víctima, la que le va a enseñar a guardar la prueba y la que va a tratar de sostenerla en uno de los momentos más jodidos desde el punto de vista de su vida, sin recurrir a su morbo para saber qué fue lo que pasó.
Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo es algo muy importante. Estamos en un camino correcto, que es necesario pero no suficiente.
Sr. Presidente (Morales).- Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez.- Voy a ser muy breve, señor presidente, porque no pensaba hacer uso de la palabra.
Cuando los debates se despersonalizan, se despartidizan, se vuelven muy ricos. Este es un debate muy rico. Y es cierto lo que han dicho algunos senadores: 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 35
probablemente, nos estemos convirtiendo en el 107, esos servicios de emergencia que siempre llegan cuando el accidente ya se produjo.
Ahora bien, sin pretender agregar algo muy inteligente a lo planteado acá, yo quiero aportar simplemente un dato de la realidad. Lo que planteó el señor senador Sanz es muy claro: con esto, seguramente, vamos a contribuir a alguna tranquilidad de conciencia y vamos a mejorar y poner algunos requisitos administrativos a determinadas conductas, particularmente las que tienen que ver con la integridad sexual en este régimen complementario. Pero la verdad, dicho esto con la mano en el corazón, es que la ley 24.660 le otorga al magistrado, al juez de control de ejecución de la pena, todas las facultades, todas las prerrogativas, todos los derechos de poder actuar, investigar, preguntar, requerir, indagar, constatar, ver al preso, entrevistarlo, etcétera; o sea, tiene que seguir la ejecución penal.
Con todo respeto pregunto si con esto vamos a resolver este problema. No lo vamos a resolver. Con esto no vamos a resolver el problema. Por Dios, lo digo con todo respeto hacia la familia y hacia los que padecen todos los días este tipo de situaciones. ¿Vamos a resolver el problema con esto? No, no lo vamos a resolver. Es un paliativo, nada más. Lo vamos a resolver el día que tengamos jueces penales que se preocupen por estas situaciones. Y lo digo por cada una de las provincias de las que venimos: cuesta horrores llevar a un fiscal y que actúe en un distrito. El juez de ejecución penal tiene que estar en el establecimiento penitenciario. Sin embargo, le pregunto a los senadores de las provincias, ¿quién de nosotros se anima a poner a Su Señoría en un establecimiento penitenciario para que sea su lugar de actuación? ¡No! ¡Su Señoría no puede estar ahí! Los eximimos del impuesto a las ganancias, les damos sueldos maravillosos, toda la vida un laburo pago –es el sueño de un monarca–; pero no los podemos tocar. Entonces, no van los fiscales a los distritos y los jueces no pueden salir porque están en el Palacio de Justicia. Esta es la realidad. Y lo que dijo el senador Sanz es cierto: probablemente podremos discutir el criterio garantista, pero el garantismo no es para el delincuente contumaz, sino para el ciudadano común. Que después haya un montón de pícaros para los que es mucho más fácil estar en la Facultad de Derecho que meterse en los establecimientos penitenciarios o en el medio de los barrios donde se produce el delito, por supuesto. Siempre es más cómodo estar en el mármol de Obispo Trejo –donde funciona la Facultad de Derecho– que ir a los lugares en donde se produce el delito. Es más cómodo interpretar el garantismo a partir de ahí, y no darse cuenta de que el garantismo es una garantía para el ciudadano común y no para el delincuente o el reincidente.
Pero es cierto que algunos abusan escribiendo sobre estas cuestiones y otros abusan copiando acerca de estas cuestiones. Pero esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es la que planteó el senador Sanz con mucha inteligencia, y se refiere a qué nivel de jueces penales necesitamos. ¿Se necesita la misma calidad para un juez penal que para uno civil o para un juez de quiebras? ¡No! No es lo mismo. Este es el problema. Después, podemos discutir todo lo demás.
Como dijo con mucha claridad alguna senadora preopinante, podemos discutir sobre el sistema penitenciario si la plata alcanza, si los recursos están y todo eso, pero lo primero que debemos decir con claridad es que este hecho se podría haber evitado, aún como está redactada la norma en vigencia. Este hecho se podría haber evitado. Pero necesitamos que los jueces quieran laburar.
Pertenezco a la provincia de Córdoba, cuna de la oralidad penal, y puedo decir que la oralidad no garantiza el seguimiento de la ejecución penal del juez. Para nada. Los tipos se desentienden después de la condena. Es más, muchos se desentienden en el momento del proceso. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 36
Entonces, quiero decir para no enviar falsas señales a la sociedad, que probablemente podamos dormir un poco más tranquilos esta noche, pero que no nos debemos engañar: si no hacemos un esfuerzo increíble para seleccionar magistrados en materia penal en un tema tan jodido, jueces que tengan ganas de meter los pies en el barro, de meterse en el pabellón a escuchar, a estar y a entrevistarse con los detenidos, este problema no lo vamos a resolver. Porque no se resuelve con mayores instrumentos legales que los que tenemos.
Entonces, por supuesto que desde el bloque del Frente Amplio Progresista vamos a acompañar esta iniciativa. Por supuesto. ¿Cómo no la vamos a acompañar? Pero no nos dejemos engañar. No vamos a resolver el problema de la reincidencia, de los delitos contra la integridad sexual y su reinserción social si no somos capaces de tener una mirada más general, mucho más comprometida y mucho más cercana a la realidad, porque las cárceles no son sanas y limpias como dice la Constitución. Esta es una gran mentira. Entonces, o modificamos la Constitución, o cambiamos la realidad. Alguna vez, alguna de las dos cosas vamos a tener que hacer para salir de esta hipocresía absoluta. Y vamos a tener que trabajar en serio en cada una de las provincias –estamos hablando del sistema penal federal– porque todos conocemos su situación. Luego podremos discutir seguramente el tema de la tortura en las cárceles, pero este es otro tema.
Debemos ser capaces de seleccionar magistrados comprometidos, porque qué mayor garantía podemos darle a los ciudadanos. No podemos tener punteros políticos, que pasan por los Consejos de la Magistratura de las provincias y se van acomodando. Esto lo veo en mi provincia y lo conozco. Hace tiempo me he retirado de la profesión, debido a mi actividad política, pero cuando vuelvo a Tribunales a veces digo: ―Este tipo no puede ser juez.‖ No puede ser juez porque lo conozco de pinche y porque tiene los zapatos lustrosos. Y un juez penal tiene que andar en alpargatas; tiene que saber de qué se trata cada situación; tiene que conocer y estar con la víctima; tiene que ―calentarse‖ con la Policía; tiene que convivir con el sistema. En cambio, ese tipo vestido con un traje Armani, no puede ser juez en mi provincia. Claro: es un puntero político. El tipo siempre ha librado oficios interesantes, resoluciones muy rápidas y muy prontas para el poder político, en todos los gobiernos.
Entonces, quiero decir con todo respeto, sabiendo que hoy aquí se encuentra la familia de una de las tantas víctimas de este tema, que como decía el senador Sanz hace mucho tiempo, uno va sentir que algo hemos hecho al sancionar este proyecto. Pero hemos hecho muy poco.
La ley está; los jueces no la quieren ver, no quieren actuar, no se quieren mover, les resultan más cómodos los sillones de sus despachos que ver cómo este tema se puede llevar adelante.
Comparto los argumentos del miembro informante. Hay algunas correcciones que se han hecho con mucha inteligencia y seguramente Diputados deberá plasmarlas, porque tienen una pésima técnica legislativa. En los próximos 20 días seguramente tendremos una ley. Pero no vamos a resolver el problema de fondo en la medida en que el compromiso de toda la dirigencia política de este país no esté orientado, cuando seleccionemos magistrados en materia penal en nuestras provincias y en el sistema federal, a dejar de buscar punteros políticos sumamente pícaros para estar en los claustros universitarios y tratar de encontrar tipos comprometidos con la persecución penal.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Verna. – ¿Me permite una interrupción, señor presidente? 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 37
Sr. Presidente (Morales). – Senador Rodríguez Saá: el senador Verna le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Morales). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: quiero anticipar que voy a votar afirmativamente el proyecto que tenemos en consideración.
Lamento que la demora del Senado haya hecho que se llegara tarde para el caso de Sofía Viale, que tenía 12 años, vecina de mi ciudad, quien fue asesinada por un violador. De la misma manera que llegó tarde la derogación del avenimiento cuando mataron a Carla Figueroa.
Por eso coincido con lo que dijo el senador por Mendoza acerca de que vamos detrás de los hechos. Pero voy más allá de eso. Él habló de la preocupación por el sistema judicial y del cumplimiento carcelario. En mi provincia hay presos, algunos de ellos por delitos sexuales, en las comisarías. Y eso hace que la responsabilidad se extienda a todos los estamentos políticos.
Creo que debemos dotar a quienes deben aplicar las condenas de los elementos suficientes para que esto se pueda cumplir de acuerdo a lo que dice la ley penal.
Como dije la otra vez, voy a votar con esperanza pero no con mucha fe. Y espero que Diputados sancione rápidamente esta ley, así como también el registro de antecedentes de violadores –el registro de ADN–, porque son proyectos en los que hemos venido insistiendo. También hemos pedido al presidente de este cuerpo que notifique a la Cámara de Diputados y hasta ahora no lo hemos conseguido.
Quería dejar sentada esta posición, porque los casos de Carla Figueroa y Sofía Viale son una demostración cabal de que vamos legislando por detrás de las necesidades.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nuestro bloque se ha expresado a través de la brillante presentación de la senadora Escudero, de la senadora Negre de Alonso y de la senadora Di Perna, por Chubut. Vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. Pero quiero manifestar una mirada diferente de la que se ha hecho en términos generales como asumiendo una responsabilidad colectiva con lo que pasa. No me siento parte de una responsabilidad colectiva. Creo que cada uno debe asumir la responsabilidad propia.
¿Por qué estamos en esta situación? Porque el sistema penitenciario no funciona adecuadamente. La Constitución dice en su artículo 18, como acaba de señalar el senador por Córdoba, que las cárceles de la Nación deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. No creo que haya que modificar la Carta Magna. Lo que hay que hacer es cumplir con ella. Muchos males nos ahorraríamos los argentinos si las cárceles fueran, como manda la Constitución, sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos.
Pero de esto hay responsables. No se trata de una responsabilidad colectiva en la que todos tengamos la culpa de que no haya cárceles sanas y limpias. No. Cada uno de los gobiernos provinciales y nacionales que se han sucedido en todas estas épocas tienen, cada uno, una responsabilidad concreta en no abocarse a la solución de tan grave problema.
Creo que el tema de la inseguridad, del que se habla como si fuese ―una sensación‖ no es tal cosa. El tema de la inseguridad es un grave problema que tenemos los argentinos, y que requiere de un tratamiento serio y profundo por todos los involucrados en las áreas nacionales, provinciales y municipales. Estas últimas también pueden colaborar, porque colaboran cuando ponen luz y condiciones dignas de vida. 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 38
Los errores de la Justicia son los errores de cada uno de los jueces. Es responsabilidad de ellos que han sido designados. Ellos tienen la responsabilidad.
Fíjese que vamos a dictar una ley que, como ha sido muy bien señalado acá, va a exigir una actitud rigurosa de los jueces; las medidas que ordenen las tendrán que llevar a cabo con asesoramiento y acompañamiento. Se le exige al juez que tenga un conocimiento personal con el condenado a quien le van a dar algún beneficio, para obligarlo a que, por lo menos, tenga que estar cinco o diez minutos con esa persona a quien le tiene que dar un beneficio, para que sea absolutamente responsable.
Tenemos que dictar una ley para que lo haga. Pero todos sabemos que los jueces tienen en todo el ordenamiento procesal de todas las provincias argentinas y de la Nación, lo que se llaman ―medidas para mejor proveer‖. Cualquier juez pudo hacer todas estas cosas sin ley. Pueden hacer todas estas cosas sin la ley.
La ventaja –y por eso estamos de acuerdo en que se dicte la ley: porque ahora van a estar obligados a hacerlo– es que ante su negativa de hacerlo o ante su falta de visión de hacerlo –para ser suave en el calificativo–, ahora, cuando sea ley este proyecto que estamos tratando hoy, van a tener la obligación de hacerlo. Y seguramente vamos a mejorar un poco la situación. No vamos a solucionar los problemas, pero vamos a evitar algunos males. Dios quiera que sirva para evitar muchísimos males.
La impunidad es otro flagelo. Se ha luchado en la Argentina de estos tiempos, en forma muy positiva a favor de terminar con la impunidad. Pero cuando nosotros vemos casos como el de Candela, vemos que hay tremendas complicidades, tremendas maniobras para oscurecer el tema que, al final, termina en impunidad. O tal vez, en que actores secundarios del hecho sean los que paguen los platos rotos y nunca sepamos la verdad profunda. Y, quizá, sin que sean reincidentes por haber sido condenados, sean reincidentes desde la impunidad, que aún es peor, y sean delincuentes seriales, que algún día descubriremos y no sé si podremos ligarlos con el primer delito.
Hay que saber que lo que estamos tratando son delitos aberrantes. Son aberrantes. Arruinan la vida de un joven o de una joven, de una mujer. ¡Le arruinan la vida para siempre! Entonces, estamos ante cosas muy graves.
Por último, como se ha tocado el tema de la academia, voy a decir –para la academia– que los procesados y los condenados deben tener todas las garantías. Todos estamos de acuerdo. Todas las garantías. Las tienen por nuestra Constitución y nuestras leyes. ¡Pero también tienen que tener presente que los ciudadanos sanos y honestos que convivimos en esta sociedad también tenemos derecho a tener todas las garantías, que no las tenemos y queremos tenerlas! Por eso, nosotros luchamos para cambiar muchas cosas de esta sociedad.
Para finalizar, vamos a votar positivamente esta iniciativa, y nos congratulamos de sancionar hoy este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Morales). − Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Marino.− ¿Me permite una interrupción, senador Petcoff Naidenoff?
Sr. Petcoff Naidenoff.− Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Morales). − Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. − Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra. Pero debido a lo que ha sucedido en mi provincia, La Pampa, no puedo dejar de referirme a este tema.
En La Pampa, se produjo un hecho muy triste y lamentablemente como lo son estos delitos. Me había exigido no hablar con los periodistas de mi provincia; en realidad, no hablé con nadie por respeto, justamente, a los padres de Sofía Viale y a los padres que hoy se encuentran aquí, pues se trata de dolores del alma que no se curan. En consecuencia, lo peor que podemos hacer desde la política es, justamente, hacer política 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 39
con estas cuestiones. Por ese motivo, celebro este debate y adelanto que acompañaremos, por supuesto, el proyecto.
Me siento parte de esta responsabilidad, y creo que todos tenemos responsabilidades ante este tipo de hechos. En ese sentido, me voy a permitir coincidir con el senador Rodríguez Saá, en cuanto a que algunos tienen más responsabilidades aún. Recuerdo que cuando era chico −hace ya varios años de esto−, siempre se decía que no había leyes en la Argentina. Pero una vez alguien me dijo que leyes había, que lo que había que tratar era de hacerlas cumplir. Y para eso está la gente que imparte justicia. No pensaba hablar del tema, reitero, pero lo voy a hacer porque seguramente en un mes voy a dar mi parecer sobre todo esto. Por ende, pediré permiso para insertar.
En cuanto al caso de Sofía Viale, hay muchas Sofías caminando en la provincia de La Pampa; esa es la realidad. Quien asesinó a Sofía Viale, quien la violó, ultrajó, golpeó, asfixió y mató, vivía a 150 metros de su casa; esa la realidad. Pero lo más triste de todo esto es que el señor Janssen −digo "señor" porque uno es educado para hablar− tenía cinco causas por violación. Entonces −y traigo a colación lo expresado por el senador Sanz−, más allá de la formación, de la doctrina, de la capacidad que puedan tener nuestros jueces, ¿dónde está el sentido común? Acá hay que hablar de la justicia, de los fiscales, de la Policía y del ministro de Gobierno de la provincia de La Pampa. Esa es la realidad. Porque si había un violador o un abusador a 150 metros de la casa de Sofía...
Con relación al caso de Sofía, tengo detallado, día por día, cómo fueron sucediéndose los hechos hasta la triste noticia. ¿Saben cómo se descubre? De casualidad. Porque este terrible delincuente pensaba consumar otro hecho más, y lo consumó: violó a otra chica de catorce años. Y no solo la violó, sino que también le cortó una oreja. Pero la chica pudo escaparse y contar en su casa lo que le había sucedido. Entonces, el padre reaccionó como cualquier padre −sobre todo los que tenemos hijas sabemos que reaccionaríamos de esa manera− y a patadas tiró abajo la puerta de la casa del violador. Pero cuando la Policía entró a la casa para detener al padre por abuso de autoridad y usurpación de domicilio, se da cuenta de que algo pasaba. Debajo de la cama matrimonial de ese delincuente estaba el carrito que Sofía utilizaba todos los días para salir a vender pan. A partir de ese momento comenzó la investigación en serio y se descubrió que estaba enterrada. También se descubrió otra cosa: había otro pozo más grande, donde iba a enterrar a la otra chica, de 14 años, que violó Janssen.
En cuanto al hecho de General Pico, no vivo en esa ciudad, pero tengo amigos allí. Por lo tanto, puedo decir que es una ciudad consternada, con pánico. He escuchado a algunas madres, a las que les hacían notas en televisión, que decían "Y bueno, acompañamos a nuestras hijas hasta cuando van a hacer educación física a los colegios" o "Tratamos de ir nosotros a hacer los mandados". Esa es la situación que se vive en La Pampa, esta es la realidad.
Pero esto es responsabilidad del gobernador, y no digo esto como una chicana política. Es responsabilidad del gobernador porque lo primero que dijo fue "Yo respaldo a mi ministro de Gobierno y a mi cúpula policial". Entonces, ¿nadie se hace responsable? Yo me hago responsable de lo que me toca. Es más, cuando en su momento se discutió la ley de delitos sexuales, quizás fui demasiado vehemente y lo que dije colisiona con algunas leyes, pero yo creo que los violadores no pueden gozar el beneficio de la excarcelación. Hemos consultado a muchos profesionales y nos han dicho que son reincidentes: que ni siquiera pasa por una cuestión sexual sino por una psicológica. Algunos hasta nos explicaron que, ante una castración química, utilizan otros métodos para violar. Entonces, cuando esa manifestación de General Pico fue a 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 40
Santa Rosa a entregar un petitorio al gobernador lo primero que éste dijo fue que respaldaba a su ministro de gobierno y a su cúpula policial. En definitiva, tenemos una chiquita violada y muerta, otra a punto de morir, y cinco casos de violación cometidas por un delincuente que vivía a 150 metros de la casa de Sofía Viale. Al respecto, la fuerza especial de la provincia de La Pampa –que trabaja con canes– había demarcado cuál era la zona donde podía haber rastros de Sofía porque lógicamente los perros habían olfateado dónde podía llegar a estar.
Estas son las cosas que nos pasan; y me hago cargo de lo que me toca. Hoy me termino de enterar de que le robaron al jefe de la policía de la provincia. La ola de inseguridad en La Pampa realmente es alarmante: que cada uno se haga cargo de la responsabilidad que le toca.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: voy a ser muy breve porque me parece que el debate ha sido muy rico y con mucho respeto. La verdad es que tratar la modificación de la Ley 24.660 con la presencia de una mamá y un papá que han perdido a su hija amerita quizá no solamente respeto sino también mucho sentido común a la hora de calificar o expresar determinadas situaciones.
Ya lo expresó el senador Rodríguez Saá: no es un proyecto de ley que pretenda cercenar derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto de los delitos cometidos contra la integridad sexual sino que, justamente, se pretende garantizar derechos con una mirada integral y, fundamentalmente, terminar con ciertos criterios de discrecionalidad de los que hoy gozan los jueces de la Argentina para otorgar estos beneficios de libertad condicional y salidas transitorias; o respecto de los supuestos de prisión domiciliaria para aquellas personas que han sido condenadas, justamente, por este tipo de delitos.
A todos nos queda un sabor amargo, pero hay que asumir las propias responsabilidades. Así lo dijo con mucha claridad el senador Sanz; también que cada Poder asuma las que les corresponde.
Tenemos que asumir que en septiembre de 2011 este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y que recién hoy lo estamos abordando. Lamentablemente se necesitó un nuevo hecho que conmocionó al país para que nos recuerde que existen estos proyectos, desempolvarlos y lograr su tratamiento definitivo.
Por otra parte, las particularidades del proyecto fueron muy bien expresadas por los miembros informantes y por cada uno de mis pares. En definitiva, respecto de estas discusiones que se han dado sobre el garantismo que hoy impera en la Argentina, me parece que no se trata de ―garantismo, si‖ o ―garantismo, no‖ porque la garantía es para todos. Sin embargo, desde el sentido común debemos tener presente que en estas horas se está discutiendo en el país la reforma del Código Penal. Entonces, en función de todo lo que se ha dicho en este recinto, sería muy grato y conveniente para la salud de la Justicia y de las instituciones que cuando se discuta este Código Penal se tenga presente no la realidad de la academia sino el sentido común de los hechos cotidianos de la realidad.
Sr. Presidente (Morales). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ser muy breve.
El Código que se está comenzando a discutir cuenta con la participación de un jurista y diputado nacional importante de la UCR como es el doctor Gil Lavedra.
– Ocupa la Presidencia la señora presidente provisional del H. Senado, senadora Rojkes de Alperovich.
Sr. Pichetto. – Me parece que es un debate que está abierto. Lógicamente, será una tarea respecto de la cual el Congreso va a tener que expedirse. Vamos a tener que 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 41
trabajar, como lo estamos haciendo, respecto del Código Civil, donde seguramente va a haber algunas modificaciones a la propuesta de la comisión de juristas. Yo digo que vayamos paso a paso. No nos adelantemos ni tampoco hagamos premoniciones de hechos que a lo mejor no van a ocurrir.
Me parece que el instituto de la reincidencia está muy consolidado en materia penal como para que se atrevan a tocarlo. De todas maneras, quiero hacer algunas reflexiones breves. En primer lugar, quiero hablar de la universidad argentina y decir lo que veo, lo que pienso y lo que siento respecto de la formación de los abogados en nuestro país. Siento que en los últimos treinta años esta formación se ha devaluado de manera extraordinaria; también, que ha habido una proliferación de facultades privadas y públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¡Se estudia Derecho hasta por correspondencia! Hay algunas Facultades truchas en la Argentina. Tenemos que liquidar definitivamente esto de que den diplomas de abogado por computadora. ¡Se forman verdaderos ignorantes y analfabetos del Derecho! Entonces, primer proceso: la decadencia de la universidad pública y privada en la formación de los abogados argentinos. Salen muy malos abogados.
No nos hagamos el harakiri por la autocrítica, pero veamos lo siguiente. En base a una iniciativa presentada en el año 98, algunos diputados elaboraron un proyecto que ver con el registro de ADN de quienes cometieron delitos de carácter sexual. Por ahí están las madres del dolor transitando, haciendo marchas a lo largo y ancho del país. Es algo que va a servir para la investigación, para la prevención de este tipo de hechos y para llegar a tiempo. Reitero: se trata de tener un registro de ADN.
Hay un sector que dice que estamos en la doble persecución penal. Yo no opino de esa manera, especialmente en este tipo de delitos. Indudablemente, los Estados modernos tienen instrumentos de investigación mucho más incorporados al proceso de la informática que permiten definir perfiles y establecer la obligación de un domicilio para tenerlos identificados.
Volvamos a lo acontecido en La Pampa. La verdad es que, hablando de la policía de General Pico, eran más inteligentes sus perros que los agentes que estaban investigando el lugar.
Considero que también hay que revisar el proceso de integración de los cuerpos policiales y cómo se trata el tema de las mujeres. Como lo dijo el senador Fernández, cómo se trata o atiende una desaparición. Muchas veces, en el mostrador de la Comisaría no se da ninguna importancia a una denuncia y le dicen al familiar que hay que esperar 48 horas. Esto lo vemos. Entonces: formación de policías, formación de abogados, elementos para la investigación y prevención en este tipo de delitos tan delicados, tan sensibles. Un hecho como este puede provocar una conmoción ciudadana extraordinaria. Esto no es nuevo. Ya en la década del 80, en la provincia de Buenos Aires, el caso de Nair Mustafá hizo que se prendiera fuego Tres Arroyos. Ustedes recuerdan: era gobernador Antonio Cafiero. ¿Por qué? Porque la gente tiene una gran sensibilidad frente a este tipo de hechos.
Respecto de este tipo de sujetos que violan y matan, nosotros tenemos que generar instrumentos para tratar de cerrarles la puerta, para que la pena sea efectiva, para que la prisión perpetua sea perpetua: que se cumpla, que no se acorte. ¿Por qué? Porque son peligrosos y, en general, reincidentes.
Por lo tanto, reitero algo que dijo el senador Verna: es una tarea que este Senado no ha cumplido. Muchas cosas no las hacemos bien. Estamos en falta. Pero hay algunas otras cosas que hemos hecho bien. El registro de ADN lo hemos votado. Esperemos que la Cámara de Diputados acompañe esta medida porque es un instrumento para la investigación policial. El objetivo es que la información esté centralizada, que podamos 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 42
tener datos precisos, que la policía sepa de qué se trata. Cuando hay un violador en el barrio, en la zona, lo primero que hay que hacer ante la desaparición de una piba es ir a buscarlo. Por lo menos, preventivamente hay que ir a buscarlo, investigarlo y ver dónde estuvo.
Estados Unidos tiene un antecedente que se llama ―Ley Megan‖. Una chiquita que vivía en un barrio residencial desapareció y, luego de tres días, la encontraron de noche tirada en una plaza: había sido violada y asesinada. Esto determinó una conmoción nacional en ese país durante la presidencia de Bill Clinton. Se envía al Congreso la Ley Clinton o Ley Megan, que es el derecho de la comunidad a saber, a conocer, a tener información de que en el barrio vive un violador. De hecho, el asesino era un vecino que vivía enfrente. Tomó del brazo a la pibita, la violó y la mató.
Lógicamente, es muy difícil en el momento actual tratar una ley como esta. Ahí entran a jugar todos estos esquemas de la doble persecución. Yo creo que habría que hacerlo en este tipo de delitos.
No hay que confundir lo que son las garantías propias de un proceso judicial, incluso en este tipo de delitos especiales, con lo que es el resguardo por parte del Estado: la prevención frente a este tipo de personajes que, cuando quedan libres, nuevamente ponen en riesgo la vida de chicos o mujeres.
El pedido es a la Cámara de Diputados para que trate el proyecto de ley por el que se crea el Registro de ADN. Hay mujeres, que son madres, cuyas hijas han sido violadas y asesinadas: por ejemplo, recordemos el caso de Lucía Yaconis. Esperemos que el Congreso pueda cumplir con la comunidad. De hecho, hoy estamos dando un paso más: le cerramos la puerta a este tipo de delincuentes y de delitos.
Después habrá que trabajar mucho en la formación policial en las provincias. El problema de la policía no es sólo de La Pampa: también es problema de la provincia de Río Negro y de tantas otras. Es una policía mediocre, con malos salarios y sin formación. Sus agentes se forman en tres meses. La policía rionegrina forma gente en tres meses, transcurridos los cuales ya le dan un arma. Después ocurren hechos como el de Bariloche, donde mataron a cuatro muchachos: disparan y hacen cualquiera. Lo pongo como un ejemplo de lo que ocurrió en mi provincia.
La torpeza, la estupidez, la incapacidad de investigar un hecho forma parte de las cosas que tenemos que corregir. Debemos dar a este tema una mayor importancia y otorgar a la Argentina los instrumentos que tienen los países modernos, los países desarrollados; con amplias garantías. Estados Unidos es un país que tiene un proceso de garantías que nadie va a discutir. Tiene sistemas carcelarios también donde se garantizan los derechos. Ahora vamos a votar una ley que tiene que ver con eso: con el tema de un Comité Nacional abocado al tema de la tortura y de todo lo que significa el control sobre la mecánica penitenciaria, provincial y nacional. Creo que en estos temas estamos muy atrasados. Hoy, la tecnología, la informática, la posibilidad de tener a todos identificados en ese registro sobre este tipo de delitos puede permitir la identificación, la prevención, el cuidado y evitar hechos trágicos como el que ha ocurrido.
A la familia Bargna la acompañamos en el dolor y quiero decir algo personal que a lo mejor expresa la voluntad de muchos integrantes de mi bloque. El juez Axel López no tiene que seguir siendo juez en la Argentina y espero que nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura hagan lo que tengan que hacer. La otra vez zafó por una cuestión de presunciones, de que había hecho lo correcto: esta vez no. Es la segunda vez. Tiene en su conciencia la violación y el asesinato de dos mujeres. No sé cómo se puede vivir así, pero me parece que en el plano institucional el Consejo de la 14 de noviembre de 2012 Sesión ordinaria Pág. 43
Magistratura –que es el órgano que tiene que juzgar a los jueces– debe actuar con mucha dureza con este personaje. No quiero hacer ninguna otra calificación más. Creo que estamos dando un paso más adelante en un delito muy sensible, complejo, difícil y doloroso, porque termina muchas veces trágicamente. El Senado va a votar el proyecto y esperamos que la Cámara de Diputados lo pueda tratar antes de que termine el año parlamentario. Sra. Escudero. – Que se vote en una sola votación. Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Primero, se va a votar si se autorizan las inserciones. – Se practica la votación.
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Aprobadas.1 Se a va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto de ley en consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 64 votos por la afirmativa. Unanimidad. Se ha superado ampliamente la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
– El resultado de la votación surge del Acta N°….1
Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.1
– Varios señoras y señores senadores se acercan y saludan a los padres de Soledad Bargna.

References: artículo 124
 artículo 14
 artículo 56
 artículo 124
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 18
 artículo 81