Source: http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/panaspa030929.htm
Timestamp: 2017-01-18 07:37:06+00:00

Document:
SU EXCELENCIA HARMODIO ARIAS CERJACK
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE PANAMA
Debate general del quincuagésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Nueva York, 29 de septiembre de 2003
Me complace extenderle mis más cordiales felicitaciones por su elección a la Presidencia de este período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Su designación para dirigir los debates de este foro satisface profundamente a la Delegación de Panamá, porque usted representa aquí el apego de los países en desarrollo, particularmente de los del Grupo Latinoamericano y del Caribe, al esfuerzo multilateral para procurar la paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Usted como nosotros, señor Presidente, sabe que sin estos elementos fundamentales es inútil todo intento de promover la democracia y la justicia en el mundo.
Al iniciar este nuevo período de sesiones de la Asamblea General, debemos renovar nuestro compromiso de utilizar las reglas del multilateralismo para evitar conflictos internacionales; si lo hacemos con sinceridad y desprendimiento, estaremos cumpliendo nuestra misión de hacer evolucionar al mundo pacíficamente hacia un mejor destino.
Estabilidad y seguridad, en sus más amplias acepciones, son aspiraciones básicas de toda la humanidad. Sin embargo, estos objetivos no serán alcanzables si lo que pretendemos es configurar un mundo nuevo a contrapelo de las aspiraciones de los pueblos, o a través del desarrollo sistemático de grandes alianzas militares. Es un hecho histórico que la utilización de poder militar solo trae mayores desequilibrios. La seguridad humana, que es lo que nos interesa a todos los Estados, grandes y pequeños, depende exclusivamente de nuestra entrega a la arquitectura de seguridad colectiva que hemos concentrado en las Naciones Unidas. Nuestro deber, entonces, es defender y reforzar, a toda costa, los objetivos y propósitos de nuestra Organización, y especialmente la integridad y la autoridad de nuestro sistema legal internacional. Señor Presidente:
Consecuente con esta manera de pensar, reitero hoy aquí el compromiso de Panamá tanto con el principio de autodeterminación de los pueblos, como con los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Creemos que las desavenencias que dividen nuestro mundo deben ser atendidas dentro de un programa estructurado de prevención de conflictos, y que éste debe contar con apoyo especializado para la justa y ordenada negociación pacífica de los legítimos intereses de cada Estado.
En virtud de lo anterior, apoyamos decididamente las disposiciones de la Resolución 571337 de esta Asamblea General, que señala las responsabilidades de los Estados Miembros, de esta Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del ECOSOC, del Secretario General, de las organizaciones regionales, de la sociedad civil y del sector privado en la prevención de conflictos armados. El instrumento es de tal valor, que valió la pena dedicar cinco meses a las intensas negociaciones que le precedieron.
Este año el mundo ha vivido una experiencia extraordinaria, altamente debatida, cuyos efectos están aún por descubrirse. No es aventurado afirmar que los estremecimientos registrados dentro de las Naciones Unidas, y fuera de ella, por los acontecimientos de Irak, han de repercutir en formas diversas tanto en los trabajos internos de esta Organización, como en el desarrollo de las relaciones internacionales.
Sin embargo, estamos convencidos de que las discrepancias que se dieron en el Consejo de Seguridad han demostrado precisamente que dicho órgano funcionó a cabalidad; que la diversidad de opiniones y enfoques que existen en el mundo se vertieron allí sin reservas, y que, al prevalecer al final las diferencias, se obtuvo el beneficio marginal de dejar resaltados los requerimientos de medición y control que es menester tomar en consideración en el Consejo de Seguridad.
Salvando las diferencias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha actuado con buen criterio al establecer una relación pragmática con las potencias ocupantes en Irak mediante la Resolución 1483 de 22 de mayo de 2003. En adición, nuestra Organización está demostrando que es insustituible en el campo humanitario, y pronto ha de confirmar que también lo es en las esferas políticas, diplomáticas, económicas y financieras. Nuestra tarea ahora debe ser evitar la desintegración de Irak, país que tiene profundas divisiones étnicas y religiosas y que, como es conocido de todos, arrastra una lamentable historia de estragos mutuos entre sus ciudadanos.
La repudiada matanza del 19 de agosto de 2003 en Bagdad, y ahora la de 22 de septiembre, dolorosos eventos en los cuales perdieron la vida numerosos funcionarios nacionales e internacionales de las Naciones Unidas, debe movernos a la reflexión y a la toma de medidas urgentes para resolver; en forma concertada, y a la mayor brevedad posible, la ausencia de acciones conjuntas de la comunidad internacional para la reconstrucción de Irak.
Mientras solventamos este difícil asunto, debemos tener presente a los funcionarios de las Naciones Unidas que perecieron en ese atentado terrorista. Ellos eran, sin excepción, seres humanos poseedores de grandes virtudes y cualidades humanas, jóvenes en su mayoría, y ciudadanos de la más amplia diversidad de naciones, incluyendo el Irak. Todos murieron trabajando por la paz, bajo el liderazgo preclaro del Dr. Sergio Vieira de Mello, nuestro Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Representante Especial de las Naciones Unidas en Irak.
A todos sus allegados, y a la gran familia de las Naciones Unidas, les expresamos las más sinceras condolencias de parte de Mireya Moscoso, Presidenta de Panamá, de su Gobierno y del pueblo panameño.
El momento es propicio, señor Presidente, para pedir que, dentro de las limitaciones de cada uno de nuestros Estados, aunemos esfuerzos para la reconstrucción de Irak. Mientras tanto, mirando el presente y pensando en el futuro, tenemos la obligación de analizar a fondo esta experiencia que está aún en pleno movimiento. Entre otras cosas, y por lo que hasta ahora hemos podido observar, podemos concluir que en este mundo globalizado las soluciones individualistas no son viables; y que solo las Naciones Unidas pueden jugar el papel clave en la reconciliación cultural y étnica de toda la humanidad, en el manejo de la pobreza, en la promoción de la paz y en la obtención de la seguridad mundial.
Durante la Cumbre del Milenio, Panamá pidió, entre otras cosas, que los Estados Miembros volviéramos a promover el espíritu original de la Carta de las Naciones Unidas. En virtud de esta solicitud, pretendemos que todos nos impongamos la obligación de conciliarnos con los intereses generales de la comunidad internacional, evitando así actuar en función de nuestros particulares intereses estratégicos, militares o políticos.
Hoy insistimos en plantear esta solicitud, y llamamos la atención hacia la urgente necesidad de consolidar el sistema multilateral como garantía de estabilidad y seguridad, elementos fundamentales para la convivencia pacífica. Posiblemente hoy, más que nunca, debemos abordar la inexorable tarea de reformar nuestra Organización para que la Asamblea General cumpla a cabalidad su función de principal órgano político, y el Consejo de Seguridad vea reforzada su capacidad para enfrentar los nuevos desafíos que ha traído consigo el fin de la Guerra Fría.
Para lograr este objetivo, Panamá desea hacer hincapié en el contenido de la Declaración aprobada por el Grupo de Río en su Décima-Primera Cumbre celebrada en Asunción, Paraguay, en agosto de 1997, en torno a las reformas al Consejo de Seguridad, e insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que, conforme a lo dispuesto textualmente en dicha Declaración, corrijamos los desequilibrios existentes en su composición actual, mejoremos los mecanismos de toma de decisiones y demos más transparencia a la conducción de sus trabajos.
Creemos firmemente que un elemento de extrema importancia en ésta y otras tareas que nos hemos impuesto, es el anuncio del Secretario General, Kofi Annan, de que establecerá un Consejo de Alto Nivel integrado por personalidades eminentes de todas las regiones del mundo.
También nos anima el deseo, de que la Asamblea General sirva de foro para la búsqueda de una solución al problema existente entre la República Popular de China y Taiwán. Como recordó Panamá en ocasión anterior, la situación de Taiwán es un evento cronológico dejado en el espacio, protegido y desprotegido a la vez. Recientemente, por los imperativos de la lucha para detener la epidemia del SARS, la Organización Mundial de la Salud prestó ayuda directa y efectiva a Taiwán, sin que por ello se vieran vulnerados o debilitados los elementos fundamentales de los planteamientos de las partes en esta controversia. Por ello consideramos que el sistema de las Naciones Unidas podría ayudar en diversas formas a que la República Popular de China y Taiwán resuelvan su disputa en forma armoniosa, como hermanos que son, mientras nosotros cumplimos nuestros más caros objetivos de atender, sin excepción, las necesidades sociales de la humanidad.
En julio de este año se celebró aquí la Primera Reunión Bienal para evaluar la implantación del Plan de Acción adoptado en el 2001 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.
En el transcurso de la Conferencia del año 2001 a que hacemos referencia, la Delegación de Panamá puntualizó, entre otras cosas, que se adhería a los enfoques presentados por numerosos participantes en cuanto a la necesidad de:
eliminar la cultura de la violencia;
ampliar el campo de acción en materia de desarme, de mantenimiento o consolidación de la paz, y de lucha contra las grandes organizaciones criminales;
establecer buenos controles para intermediarios;
diseñar marcajes, registros confiables y buenos mecanismos de rastreo de armas;
reforzar el intercambio de información a niveles regionales, y
establecer un mecanismo de seguimiento subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estamos aún a cierta distancia de alcanzar estos objetivos tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, pero estimamos que la Reunión Bienal que acabamos de celebrar ha inyectado nuevo vigor a los esfuerzos que debemos desplegar todos para cumplir nuestros compromisos.
Señor Presidente, reiteramos nuestra posición, presentada ante la Conferencia aludida, de que los propósitos y el código de conducta señalados a los Estados Miembros en los dos primeros artículos de la Carta de las Naciones Unidas deben apuntalarse como pasos indispensables para procurar la paz y la comprensión entre las naciones del mundo.
Insistimos, además, en plantear aquí que el trasiego masivo encubierto de armas pequeñas y ligeras, que alimenta los conflictos internos, las dictaduras, los movimientos guerrilleros y el terrorismo internacional, deben ser atajados mediante una íntima colaboración internacional. Con igual firmeza, sin duda, deben ser perseguidas las redes de traficantes de drogas y diamantes que se valen de empresas y bancos fantasmas, que se sustentan en la corrupción de funcionarios públicos, y que son sempiternos promovedores de la destrucción de nuestras sociedades.
Nos complace anunciar aquí nuestra adhesión al planteamiento hecho en la Reunión Bienal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos por el distinguido Representante Permanente de Costa Rica, en el sentido de que el Plan de Acción no debe ignorar las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario Internacional cometidas por aquellos Estados que se dedican a este innoble comercio.
En efecto, señor Presidente, el informe de la Subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos, en su quincuagésima-cuarta sesión, es claro en destacar el impacto indiscutible que en éstas áreas tiene la disponibilidad y mal uso de estas armas. Además, coincidimos con las conclusiones del tercer informe sobre armas pequeñas preparado por el Instituto de Postgrado de Estudios Internacionales de Ginebra, en el sentido de que ello puede impactar directamente en las posibilidades de desarrollo de nuestros países no solo por el terror que infunden en la población, sino también por las muertes y lesiones causadas, por la creación de focos de refugiados, y por el consiguiente colapso de servicios esenciales.
En seguimiento a la Cumbre de Monterrey, los países del Sur seguimos reclamando la creación de un sistema financiero más justo y eficiente, la eliminación de las inequidades de la globalización y de la financiación para el desarrollo, y el aumento de los precios deprimidos de nuestras materias primas y demás productos de exportación. Igualmente, como hemos expuesto en ocasiones anteriores, sigue siendo imperativa la concertación de mecanismos adecuados para evitar las crisis financieras y para encontrar, conforme a la Resolución A157/240 (2003), una solución a las impagables deudas externas.
Es importante hacer un público reconocimiento, en este tema, a la extraordinaria conducción del ECOSOC por su Presidente, el Embajador Gert Rosenthal, de Guatemala. Gracias a su dedicación y esfuerzo, hemos avanzado notablemente en la aplicación y seguimiento de las decisiones relativas a financiación para el desarrollo, todo lo cual es parte de su incesante búsqueda de mayor coherencia, coordinación y cooperación para el Consenso de Monterrey. Su labor nos obliga a todos por igual, y lo felicitamos por ella.
Ahora tenemos por delante el Diálogo de Alto Nivel Sobre Financiación para el Desarrollo que se celebrará en esta ciudad los días 29 y 30 de octubre de 2003.
Es apremiante que aprovechemos la oportunidad para imprimirle mayor dinámica a este segmento de nuestra actividad, y para repasar los avances registrados en materia de apoyo de la Secretaría conforme a la Resolución 571273 de la Asamblea General.
Durante la segunda reunión del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, celebrada del 16 al 27 de junio de este año, se decidió crear un grupo de trabajo para preparar y presentar un proyecto de texto que será negociado entre los Estados Miembros y los observadores acreditados.
La posición de Panamá está representada en la Declaración de Quito de 11 de abril de 2003, que en resumen insta a promover y proteger los derechos y la dignidad de los 600 millones de personas con discapacidad en el mundo, la gran mayoría de ellas abrumadas por la pobreza y la incomprensión. La Convención Internacional que buscamos, como bien apunta la Declaración de Quito, debe reflejar la "universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos y el principio de no-discriminación". Estos conceptos están ampliamente contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos relacionados.
Es oportuno hacer aquí algunos señalamientos en torno a la persistente y aún creciente epidemia del VIH / SIDA en el mundo.
Es el caso, señor Presidente, que también los países de América Latina y el Caribe confrontan una grave situación en este campo. Con la finalidad de abordar el tema, el 11 de junio pasado la Organización Panamericana de Salud (OPS), reunida en Washington, D.C., destacó el hecho de que el impacto demográfico y social del VIH / SIDA en nuestra región está minando la realización de los proyectos de desarrollo.
Por esta razón apelamos al sistema de las Naciones Unidas para que ponga recursos adecuados a disposición de la América Latina y del Caribe para la prevención de este mal. Como es de conocimiento general, nuestra región tiene cerca de 2.5 millones de personas padeciendo de esta terrible enfermedad.
Es evidente que la presencia moral y técnica de las Naciones Unidas en los procesos de erradicación de intolerancias de índole política, racial o religiosa, y en apoyo de negociaciones de pacificación, reunificación, autodeterminación o reconstrucción que deseen iniciar otros pueblos organizados, es indispensable para lograr para ellos el disfrute de los beneficios del desarrollo.
Dicho lo anterior, exhorto a nuestra Organización a que encuentre vías expeditas para que los conductores del llamado "Road Map", diseñado para la solución del conflicto entre Palestina e Israel, comprometan la cooperación activa de los países de la región, del gobierno de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina, para eliminar el escepticismo que existe respecto de la posibilidad de ver pronto a los dos pueblos viviendo en paz, con fronteras seguras, como dos Estados soberanos.
Para llevar a feliz término este impostergable proyecto, se requiere la permanente participación de todos los vecinos de esa región, demostrando en conjunto su voluntad de convertirse en garantes de la estabilidad y la seguridad de los pueblos palestino e israelí, y en guardianes del estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Quisiéramos concluir esta intervención con una breve referencia a la Corte Penal Internacional. Con la elección de sus Magistrados y el Fiscal, la Corte está consolidada. Reconocemos, empero, la intranquilidad que han despertado, particularmente entre los Estados Partes del Estatuto de Roma, tanto la Resolución 1487 (2003) del Consejo de Seguridad, mediante la cual se prorrogó por un año la N°1422 (2002) sobre inmunidades en casos relacionados con operaciones de mantenimiento de la paz, como los Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA) concertados separadamente por un número plural de países, basándose en las disposiciones del Artículo 98 del Estatuto.
Panamá, que apoya decididamente a la Corte Penal Internacional, cree que estos acuerdos pragmáticos responden a una situación de índole transitoria que no puede ni debe menoscabar los propósitos y objetivos del Estatuto de Roma. Los Estados Partes no podremos jamás rehuir las obligaciones que nos imponen nuestras jurisdicciones nacionales en materia de crímenes de guerra; por ello, estamos convencidos de que las preocupaciones y suspicacias políticas de hoy se irán eliminando conforme se demuestre que quienes cometen crímenes monstruosos contra la humanidad no podrán jamás ser amparados por Estado alguno, ni protegidos por sueños de impunidad. El Estado que interprete esto en forma diferente estará nadando en dirección contraria a los avances del género humano y del Derecho Internacional.
Muchas gracias, señor Presidente. New York, 29 de septiembre de 2003.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 98