Source: https://odont.info/versin-pblica-del-acuerdo-piftext270217119.html?page=99
Timestamp: 2020-07-03 14:41:52+00:00

Document:
) Violación a derechos procesales
Página 99/1247
1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 1247
21) Violación a derechos procesales
Manifestaciones de Telcel y Telmex-Telnor y AMX
Consideran que el Oficio de Inicio constituye una resolución provisional, que no expresan hechos que Telcel pudiera responder y por lo tanto hace nugatorios sus derechos procesales.
Señalan que el Oficio de Inicio constituye una resolución que expresa, con resultandos, considerandos y puntos resolutivos, una decisión orientada del IFT consistente en mantener la imputación unilateral a Telcel, Telmex, Tenor y AMX de pertenencia a un GIE que tendría el carácter de AEP al cual podrían imponérsele nuevas medidas regulatorias o modificar las anteriores, y en la que se decide sobre los pretendidos resultados de un análisis de competencia sobre esas medidas en que no fueron escuchados.
Continúan señalando que el procedimiento que nos ocupa es improcedente y el Oficio de Inicio inválido, porque se ha violado en perjuicio de las manifestantes lo dispuesto en la fracción V del artículo 28 constitucional que establece que las leyes y, por lo tanto, la autoridad que pretenda aplicarlas (en el caso, el IFT), habrán de garantizar la separación entre una etapa de investigación y la resolución de ellos.
Manifiestan que en la etapa de investigación y de resolución del procedimiento como el que nos ocupa, el principio que rige para la Dirección General y la UPR -como el área de investigación y sustanciación- no puede constituirse al mismo tiempo como resolutora, aunque sea provisional o inicial, menos aún como un área superior al Pleno, ni de facto ni de iure. Con lo cual se hace nugatoria la posibilidad de una efectiva y verdadera defensa de las manifestantes, violándose los principios de certeza, de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia.
Consideran que una verdadera defensa frente a una autoridad imparcial y objetiva es inconcebible, al someterse a Telcel, Telmex, Tenor, América Móvil y demás emplazados a la decisión de una autoridad que ya se pronunció como juez y parte. La misma autoridad oficiante es quien obtuvo elementos y quien ya resolvió sobre parte de la materia del procedimiento, pues las actuaciones practicadas en la etapa de investigación del procedimiento, resultan ilegales y contrarias al debido proceso legal y de la garantía de audiencia de mi mandante, porque no se le da derecho a defenderse sino hasta que el Oficio de Inicio en que ello se dictamina, evalúa y determina (por la misma autoridad que "investigó"), sin esperar a que efectivamente las manifestantes se pronunciaran al respecto ni sobre la supuesta investigación.
Manifiestan que los servidores públicos que integran el IFT tienen las obligaciones constitucionales de evitar que los derechos fundamentales de las personas sean transgredidos, y en aras de mantener a la Constitución como una norma fundamental, es decir, tienen la obligación de no aplicar leyes, reglamentos o estatutos orgánicos que estén en contra de la Constitución, de los Tratados y Convenciones Internacionales, y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculante, cuando la interpretación conforme -en sentido amplio o estricto- no fuera posible. En ese sentido, consideran que las autoridades del IFT se encontraban obligadas a velar por los derechos fundamentales y, por ello, optar por la interpretación del Estatuto Orgánico que respetará el contenido de la norma fundamental y, en su caso, dejar de aplicar el mencionado Estatuto Orgánico, cuando menos para ciertos efectos respecto de la autoridad investigadora y resolutora, así como las etapas respectivas, tal y como establece el artículo 28, fracción V, de la Constitución.
Consideran que el procedimiento es improcedente y carece de sustento porque la Dirección General no cumplió con la previsión de resolver en mayor beneficio a las manifestantes, al iniciar y sustanciar este procedimiento como consecuencia de una consulta pública inconducente e infundada, así como de una opinión emitida en indefensión del afectado, y por ende con una deficiente investigación, para resolver de plano y declarar que ha lugar a modificar o adicionar las medidas de preponderancia en perjuicio, entre otros, de América Móvil, Telmex, Telnor y Telcel. Ello resulta, desde luego, una consecuencia antijurídica de la aplicación del Estatuto Orgánico, en notable perjuicio de las manifestantes y de sus derechos fundamentales de legalidad, certeza, de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia.
En ese sentido, consideran que el Oficio de Inicio es infundado, pues es evidente la carencia de sustento fáctico y probatorio en que se incurre en el inicio de procedimiento para alcanzar las conclusiones que en él se imputan, aunque sea provisionalmente, pues la base del procedimiento está compuesta de meras opiniones de parte interesada, afirmaciones y conclusiones no soportadas que carecen de toda demostración o presunción fáctica y fehaciente, lo que es insostenible, pues no parten de una investigación y análisis basado en información, documentación ni elemento probatorio alguno que demuestre objetivamente los hechos e imputaciones que se hacen respecto de Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil y demás personas emplazadas o mencionadas en el Oficio de Inicio.
Señalan que el procedimiento que nos ocupa es improcedente y carece de sustento, pues el Oficio es ilegal, por ser violatorio de lo dispuesto en los artículos 1º, 6, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución, 59 de la LFPA y de los derechos fundamentales y las garantías de seguridad jurídica, audiencia, legalidad, en virtud de que en el Oficio de Inicio se brinda un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos su notificación para que las personas emplazadas al procedimientos manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezca los elementos de prueba que estimen pertinentes, sin que ello se trate en realidad de un oficio sino una verdadera resolución, aunque quiera llamársele provisional. Es decir, a través del Oficio de Inicio, se pretende dar garantía de audiencia a Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil y demás personas emplazadas, sin embargo, de una simple lectura del mismo, se advierte que se está en presencia de una resolución en donde se hacen consideraciones y determinaciones en relación al comportamiento de dichas personas morales.
Continúan señalando que si bien es cierto que en el Oficio de Inicio el Director General aduce estar brindado audiencia a las manifestantes, lo cierto es que a través de dicho Oficio de Inicio se está emplazando al procedimiento de actos previos llevados a cabo sin su presencia o participación (una consulta, una opinión, etc.), esto es, se está ofreciendo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas siendo que, prácticamente, se está resolviendo la litis ya que la manera en la que el Director General está instalando el procedimiento, implica un prejuzgamiento hacia las manifestantes, pues en el mismo acto pretende insistir en que hay un GIE que puede ser un solo agente económico, que éste es preponderante y busca establecer las modificaciones a medidas impuestas previamente e inclusive adicionar otras, so pretexto de procurar la competencia y la libre concurrencia en este sector, en realidad atendiendo sólo las pretensiones de algunos competidores plasmadas en la llamada consulta pública y con base en una opinión emitida sin audiencia.
Consideran que el procedimiento que se resuelve es improcedente porque transgrede los previsto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto, al pretender reiterar la declaración al AEP y llevar a cabo la modificación e inclusive la imposición de nuevas medidas al mismo tiempo, todo ello de forma simultánea y en un solo procedimiento, haciendo nugatorio su derecho de defensa toda vez que el Director General no respetó el derecho de todo gobernado a ser considerada inocente hasta en tanto se pruebe lo contrario, pues las manifestantes tenían derecho a no ser consideradas o reiteradas como parte del GIE, ya que tenían derecho a intervenir en los actos previos a que se emitiera un oficio con presunciones o conclusiones que le son perjudiciales.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución