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Timestamp: 2020-07-13 17:12:36+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 687/02 de Corte Constitucional, 27 de Agosto de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618893
Sentencia de Constitucionalidad nº 687/02 de Corte Constitucional, 27 de Agosto de 2002
Fecha de Resolución: 27 de Agosto de 2002
Ley 716 de 2001. Art. 19. Saneamiento de la informacion contable en el sector publico. Habeas data. Reporte a bancos de datos. Alivio por pago dentro del año siguiente. Caducidad inmediata de la informacion negativa historica. Reserva de ley estatutaria. Inexequible.
Sentencia citada en: 50 sentencias, 6 artículos doctrinales
Sentencia C-687/02
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Examen previo de cargo por violación de reserva de ley estatutaria
LEY ESTATUTARIA-Especialidad
La Carta consagró la existencia de las leyes estatutarias para regular ciertas materias que el Constituyente consideró de especial importancia en nuestra sociedad. Esta figura legislativa tiene una especial jerarquía y una particular distinción dentro del ordenamiento jurídico, por lo cual la misma Constitución estableció que para su promulgación, debe seguirse un trámite más exigente que el contemplado para otro tipo de leyes, de tal forma que sólo podrán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, en una sola legislatura, y deberán ser objeto de una revisión automática de constitucionalidad por parte de esta Corte.
LEY ESTATUTARIA-Materias
LEY ESTATUTARIA-Interpretación restrictiva en relación con las materias
La Corte ha aclarado que no todas las normas que tienen alguna relación con las materias arriba enunciadas deben seguir el trámite de una ley estatutaria. Debido a que las regulaciones que componen el sistema jurídico establecen muchas veces un vínculo con alguna de esas materias, resulta necesario interpretar restrictivamente el mandato constitucional, para evitar eliminar la competencia general otorgada por la misma Carta al legislador ordinario en el artículo 150 superior.
LEY ESTATUTARIA-Criterios básicos de determinación/LEY ESTATUTARIA-Función doble
En sentencia de esta Corporación, se sistematizó los criterios básicos por medio de los cuales puede determinarse si una norma está sometida a reserva de ley estatutaria. Tal situación ocurre cuando (i) el asunto trata de un derecho fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza, (ii) cuando por medio de la norma está regulándose y complementándose un derecho fundamental, (iii) cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y estructurales mínimos de los derechos fundamentales, y (iv) cuando la normatividad tiene una pretensión de regular integralmente el derecho fundamental. La existencia de las leyes estatutarias tiene una función doble, identificada especialmente por medio de los criterios (ii) y (iii). Por un lado, la de permitir que el legislador integre, perfeccione, regule y complemente normas sobre derechos fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute. Y por otro, la de establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de proporcionalidad, pueda establecer el legislador.
LEY ESTATUTARIA-Otros aspectos a considerar ante desconocimiento de reserva
Por la especial importancia que tienen las leyes estatutarias dentro del ordenamiento, es necesario que el análisis sobre un cargo que reproche el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, cuide también por lo menos tres aspectos fundamentales. Primero, evite que en la determinación del alcance material de la ley estatutaria, sea vaciada la competencia del legislador ordinario. Segundo, impida que en busca del mantenimiento de la anterior competencia constitucional ordinaria del legislativo, sea eliminado el contenido material y el ámbito propio de las leyes estatutarias. Y tercero, prevenga que una interpretación sobre el contenido de las leyes estatutarias les otorgue una competencia tal en materia de regulación de derechos fundamentales, que les permita afectar sus contenidos conceptuales básicos, sin un adecuado juicio de proporcionalidad previo.
LEY ESTATUTARIA-Determinación de violación de reserva
Para poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un derecho fundamental. Será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, limites o condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si éstas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable.
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Implicaciones directas en la estructura básica del derecho
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Caducidad del dato financiero
HABEAS DATA-Definición/HABEAS DATA-Carácter fundamental/HABEAS DATA-Interrelación
Como ha señalado esta Corporación, el derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las bases de datos.
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Regulación de caducidad del dato financiero es un elemento básico
DERECHO A SISTEMATIZAR Y CIRCULAR DATOS-Carácter fundamental
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Término de caducidad implica una restricción objeto de reserva
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Término de caducidad implica una restricción a informar y ser informado
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Deber de establecer término de caducidad del dato financiero
LEY ESTATUTARIA DE HABEAS DATA-Desconocimiento de reserva en caducidad del dato financiero
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE HABEAS DATA-Mantenimiento en caducidad del dato financiero
Referencia: expediente D-3916
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 716 de 2001 "por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan en materia tributaria otras disposiciones"
Demandante: J.C.B.
Bogotá, D.C. veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.C.B. demandó el artículo 19 de la ley 716 de 2001. Cumplidos los trámites procesales y legales propios del proceso de constitucionalidad, la Corte Constitucional, oído el concepto del señor P. General de la Nación, procede a decidir acerca de la demanda de referencia.
A continuación se transcribe la norma demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 44.661 del 29 de diciembre de 2001:
"LEY 716 DE 2001
"ARTICULO 19. Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente.
La defensoría del pueblo velará por el cumplimiento de esta norma."
El demandante indica que la norma vulnera los artículos 2, 13 y 152 de la Constitución. Estima que la disposición acusada, restringe el derecho que tienen todas las personas de informar y recibir información imparcial y veraz. Por tanto, considera que la caducidad inmediata de los datos negativos históricos prevista en la norma restringe ese derecho constitucional. Argumenta que la norma induce a que la información de los bancos de datos tenga un carácter parcial e incompleto, de forma tal que genera riesgos mayores en las operaciones crediticias de las entidades financieras.
Concluye que el artículo 19 de la ley 716 de 2001, al regular el derecho fundamental del habeas data, desconoce los mandatos constitucionales y provoca por tanto "una ruptura en la armonía normativa que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico". Finaliza diciendo que mientras el Congreso no expida una ley estatutaria que reglamente todos los aspectos atinentes al derecho fundamental al habeas data, no puede regularse por medio de leyes ordinarias lo relacionado con las facultades otorgadas a todas las personas en el artículo 15 superior.
El ciudadano C.J.G.R., actuando en su propio nombre, interviene en el proceso. Solicita que se revise la ley 716 de 2001, por cuanto estima que su tenor literal vulnera el derecho a la igualdad. Señala que esa regulación excluye de las bases de datos, por medio de la caducidad inmediata de la información negativa histórica, a los usuarios que durante el año siguiente a la vigencia de esa ley estén al día en las obligaciones por medio de las cuales fueron reportados a los bancos de datos, sin importar el monto de la obligación o si el pago se produce judicial o extrajudicialmente. Pero indica que no prevé que quienes pagaron antes de la vigencia de dicha ley, como sucede en su caso, sean también excluidos, con lo cual según su opinión, es vulnerado flagrantemente el derecho fundamental a la igualdad.
El P. General de la Nación E.M.V., mediante concepto 2853, recibido el día 16 de abril de 2002, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 19 de la ley 716 de 2001.
La Vista Fiscal comienza por precisar que la Corte Constitucional, en las sentencias C-384 de 2000 y C-729 de 2000, realizó un estudio sobre el artículo 114 de la ley 510 de 1999, que tienen el mismo contenido normativo del artículo 19 de la ley 716 de 2001. Indica que en ese momento, la Corte declaró la inconstitucionalidad del mismo, pero el procurador considera que esas sentencias no constituyen un precedente, por cuanto en dichos fallos no fue analizado el contenido del derecho fundamental al habeas data que había de ser regulado por la ley.
El P. considera al respecto que el contenido normativo expuesto en la norma, no requiere ser fijado por medio de una ley estatutaria. Según manifiesta, el carácter jerárquico de las leyes estatutarias está encaminado a regular restricciones, límites, excepciones y prohibiciones de los derechos fundamentales, y no sobre el ejercicio pleno del mismo.
Considera la Vista Fiscal que la norma en ningún momento realiza alguna de las anteriores acciones, sino que por el contrario consagra una garantía sobre el derecho al habeas data. Según su parecer, mientras el legislador no reglamente de manera general o específica el alcance de los derechos fundamentales, a través de una ley estatutaria, "las normas que de alguna manera inciden en ese derecho pero que no lo limitan, restrinjan excepciones o prohíban, sino que , por el contrario, favorecen su libre ejercicio o evitan su desconocimiento, como lo es el precepto analizado, no se pueden sacrificar en aras de interpretaciones que tienden a conservar el contenido en el literal a) del artículo 152 de la Constitución".
De otro lado, el P. precisa que la norma acusada hace alusión exclusivamente a las personas obligadas con las entidades públicas. Según su criterio, el beneficio allí consagrado debe ser ampliado a todos los individuos que estén en la misma situación frente a entidades privadas, por lo cual estima que el contenido normativo de la disposición debe ser ampliado a esos aspectos a través de la figura de la constitucionalidad condicionada de la norma.
Por dirigirse la demanda contra normas contenidas en una ley de la República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.
Sostiene el accionante que el artículo acusado vulnera el derecho a recibir información imparcial y veraz. Justifica su posición afirmando que la caducidad inmediata de la información negativa histórica consagrada en la norma, restringe excesivamente la efectividad de ese derecho. Adicionalmente argumenta que tal disposición debió haber sido proferida a través de una ley estatutaria y no por medio de una ley ordinaria.
El P. afirma por el contrario que la norma debe ser declarada exequible, porque considera que para regular ese aspecto no es necesario que el Congreso expida una ley estatutaria. Según su parecer, la norma no establece una restricción, un límite o una excepción a un derecho fundamental, sino que por el contrario la estipulación consagra una garantía adicional al derecho de habeas data, que puede entonces ser establecida por medio de una ley ordinaria. Adicionalmente, uno de los intervinientes asegura que el alcance de la disposición debe ser ampliado, pues de lo contrario vulneraría el derecho a la igualdad al discriminar injustificadamente a los deudores que han pagado antes de lo previsto en la norma.
Conforme a lo anterior, la demanda y las intervenciones plantean tanto problemas de competencia (violación de la reserva de ley estatutaria) como acusaciones por el contenido normativo de la disposición (violación de la igualdad y del derecho a la información). Ahora bien, es natural que la Corte comience por examinar los cargos por competencia, pues si éstos resultan acertados, la disposición acusada deberá ser retirada del ordenamiento, sin que sea necesario que esta Corporación examine las otras acusaciones. En efecto, en un caso semejante, esta Corte había señalado que por razones procedimentales, es necesario examinar "previamente el cargo referido a la violación de la reserva de ley estatutaria, pues, de prosperar, la disposición sería inconstitucional y carecería de objeto el examen de los restantes cargos. Sentencia C-384 de 2000, MP V.N.M., Fundamento 26." Procede entonces esta Corporación a establecer si hubo o no violación de la reserva de ley estatutaria, para lo cual comenzará por recordar brevemente el alcance de esta reserva, para luego examinar si la materia regulada por la disposición podía realizarse a través de leyes ordinarias, o si por el contrario necesariamente requería de una ley estatutaria.
La Carta consagró la existencia de las leyes estatutarias para regular ciertas materias que el Constituyente consideró de especial importancia en nuestra sociedad (CP art. 152). Esta figura legislativa tiene una especial jerarquía y una particular distinción dentro del ordenamiento jurídico, por lo cual la misma Constitución estableció que para su promulgación, debe seguirse un trámite más exigente que el contemplado para otro tipo de leyes, de tal forma que sólo podrán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, en una sola legislatura, y deberán ser objeto de una revisión automática de constitucionalidad por parte de esta Corte (CP art. 153).
El artículo 152 superior señala que dentro de las materias que deben ser objeto de ley estatutaria están las que tienen relación con la administración de justicia, con los derechos y deberes fundamentales de las personas y los recursos para su protección, con la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y con los estados de excepción. Una ley ordinaria que no respete tal mandato constitucional es claramente inexequible, porque desconoce una regla constitutiva que asigna competencias al legislador, y en consecuencia debe ser retirada del ordenamiento.
Por tal razón, la Corte ha visto la necesidad de dilucidar en su jurisprudencia, cuál es el alcance que tiene el artículo 152 literal a) de la Carta. Así, la sentencia C-646 de 2001, M.P.M.J.C., sistematizó los criterios básicos por medio de los cuales puede determinarse si una norma está sometida a reserva de ley estatutaria. De acuerdo con esa jurisprudencia y con los precedentes constitucionales anteriores a ésta Entre otras, pueden consultarse las siguientes sentencias: C-567 de 1997, C - 384 de 2000, C - 670 de 2001 , puede concluirse que tal situación ocurre cuando (i) el asunto trata de un derecho fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza, (ii) cuando por medio de la norma está regulándose y complementándose un derecho fundamental, (iii) cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y estructurales mínimos de los derechos fundamentales, y (iv) cuando la normatividad tiene una pretensión de regular integralmente el derecho fundamental.
Con base en los anteriores supuestos, para poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un derecho fundamental. Será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, limites o condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si éstas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable. Por ello, procede la Corte a estudiar si la regulación acusada regulación afecta los elementos conceptuales y estructurales mínimos de algunos derechos fundamentales, para lo cual tendrá en cuenta dos precedentes en donde esta Corporación ya se pronunció sobre temas semejantes.
Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de analizar una regulación con un contenido normativo muy similar al acusado en el presente caso. Así, la sentencia C-384 de 2000, MP V.N.M., estudio la constitucionalidad del artículo 114 de la ley 510 de 1999 y decidió que tal disposición era inexequible porque debía haberse promulgado a través de una ley estatutaria. El citado artículo disponía:
P.. Las personas que dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de esta norma." (subraya la Corte)
Como puede observarse y como lo mencionó la Corte en esa sentencia, el artículo regulaba aspectos relacionados directamente con elementos conceptuales del derecho fundamental al habeas data consagrado en el artículo 15 de la Carta. En efecto, la disposición reglamentaba la facultad que tiene toda persona para conocer, rectificar y actualizar informaciones que han sido recogidas sobre sí en las bases de datos. La disposición acusada también regulaba aspectos relacionados con el suministro de datos, indicaba cuáles podían ser recogidos y transmitidos, señalaba condiciones bajo las cuales el titular de la información podía tener acceso a ésta y daba facultades a la Superintendencia Bancaria para fijar límites o pautas respecto de los datos que podían ser registrados y cedidos.
"Todo lo anterior afecta sin lugar a dudas el derecho fundamental en referencia en lo más propio de su núcleo fundamental, pues "(l)os datos personales que se recogen, el tipo de tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación, son aspectos de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la autodeterminación informativa." (Sentencia C-567 de 1997, M.P.E.C.M.. Por ello, la reserva de ley estatutaria sobre este punto es la garantía más importante en la protección de ese derecho fundamental. Así las cosas, la Corte encuentra que las disposiciones contenidas en la norma reprochada, no podían adoptarse sino mediante el trámite propio de una ley de esa naturaleza" Sentencia C - 384 de 2000
Los argumentos anteriores parecen ser suficientes para que en el presente caso sea declarado inexequible el artículo 19 de la ley 716 de 2001, que tiene un contenido normativo similar al del parágrafo del artículo declarado inexequible en la sentencia C-384 de 2000, precisamente por violar la reserva de ley estatutaria. Sin embargo, el P. argumenta que las motivaciones por medio de las cuales fue declarado inconstitucional el artículo 114 de la ley 510 de 1999 no constituyen un precedente relevante que deba ser aplicado en el presente caso, por tratarse de un tema parcialmente diverso. Según su parecer, la sentencia C-384 de 2000 no analizó específicamente si el contenido normativo del parágrafo del artículo 114 de la ley 510 de 1999, que establecía la caducidad del dato financiero, debía ser regulado a través de una ley estatutaria. Por tal razón, estima que en el análisis del artículo acusado en la presente demanda no puede aplicarse la doctrina desarrollada en esa sentencia. Entra pues la Corte a estudiar esa objeción del Ministerio Público.
La Corte no comparte la tesis de la Vista Fiscal acerca de que la sentencia C-384 de 2000 no abordó el análisis del parágrafo del artículo 114 de la ley 510 de 1999, y por ende no estudió si la consagración de una caducidad del dato financiero requiere ley estatutaria. Una lectura de esa sentencia muestra que la Corte expuso argumentos que tenían como base para la declaración de inexequibilidad del artículo 114 de la ley 510 de 1999, el contenido normativo del parágrafo incluido en esa disposición. El que dicho parágrafo también fuera declarado inconstitucional no obedeció únicamente a una integración de su contenido normativo con el conjunto del artículo, sino que adicionalmente y tal y como fue señalado arriba, su inexequibilidad devino porque éste también regulaba directamente la estructura conceptual básica del derecho fundamental al habeas data. Al respecto, la Corte afirmó:
El anterior contenido regulante, tiene implicaciones directas con el núcleo esencial del derecho de habeas data, pues involucra de lleno la facultad de las personas para "conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos". (subraya la Sala). (fundamentos 28 y 29)
Pero eso no es todo. La doctrina sobre la necesidad de una ley estatutaria para fijar la caducidad del dato financiero no fue una innovación de la sentencia C-384 de 2000 pues ya había sido formulado con anterioridad por esta Corte. En efecto, las sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, ambas MP J.A.M., establecieron un término razonable de caducidad del dato financiero, con el fin de proteger el derecho al olvido, frente a eventuales abusos del poder informático. Sin embargo, esas sentencias precisaron con claridad que en principio correspondía al Congreso, por medio de una ley estatutaria, fijar ese término de caducidad, y que la Corte abordaba directamente el tema únicamente debido a la inactividad legislativa. Dijeron al respecto esas sentencias, en la consideración novena:
La anterior doctrina sobre la reserva de ley estatutaria en materia de caducidad del dato financiero fue reafirmada por esta Corporación con posterioridad, en la sentencia C-729 de 2000, MP, V.N.M.. En esta nueva sentencia, la Corte estudió si el artículo 110 de la ley 510 de 1999 debía haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, o si por el contrario ese contenido normativo podía haber sido promulgado a través de una ley ordinaria. La norma acusada en esa ocasión, disponía entre otras cosas que quienes tuvieran una deuda que no superara los 100 salarios mínimos legales vigentes y pagaran durante los seis meses siguientes, tendrían el derecho a la recalificación inmediata de su deuda. De igual forma, la disposición consagraba que aquellos reincidentes en la mora, perderían el derecho a tal recalificación. Y por último, el articulo 110 de la ley 510 de 1999 establecía que quienes tuvieran una deuda en mora superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o quienes tuvieran una deuda en mora inferior a los 100 salarios pero que no cancelaron antes de los seis meses siguientes, no tendrían tampoco derecho a la recalificación.
La Corte, luego de transcribir los apartes pertinentes de la sentencia C-384 de 2000, reiteró que ese artículo estaba determinando el alcance del derecho al habeas data por medio del establecimiento de términos de caducidad del dato financiero, pues claramente la norma reguló la facultad de las personas para actualizar sus informaciones contenidas en las base de datos. Dijo entonces esta Corporación:
"Como se desprende de la anterior jurisprudencia, cuando se establecen reglas atinentes a los alcances, o a las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, el legislador está sometido a la llamada reserva de ley estatutaria, en la medida en que ella constituye una garantía constitucional a favor de los ciudadanos. En particular, refiriéndose al habeas data, cuando se regulen las facultades de los particulares de conocer, actualizar o rectificar informaciones que sobre ellos se encuentren en cualquier base de datos, el trámite correspondiente a tal regulación es el de las leyes estatutarias.
Por otra parte, la jurisprudencia, si bien ha establecido que no siempre que una ley se refiere a un derecho fundamental lo está regulando, también ha dicho que la atribución de los alcances de un derecho determinado, la fijación de unas condiciones o la imposición de restricciones para su ejercicio, implican una labor de regulación. Sentencia C-729 de 2000, MP V.N.M., fundamento 3."
De acuerdo con esos precedentes, es claro que si una norma fija pautas y establece supuestos fácticos para la caducidad de los datos de las personas, está reglamentando el contenido conceptual básico del derecho al habeas data, pues por este camino es alterada la forma como distintas personas pueden actualizar y rectificar sus informaciones. Existen entonces precedentes claros, según los cuales, una disposición que establezca un límite de caducidad para los datos negativos de las personas, está regulando contenidos estructurales de un derecho fundamental, y por tanto debe ser adoptada a través de una ley estatutaria.
Con todo podría afirmarse, como parece también hacerlo el Ministerio Público, que la Corte debería modificar la doctrina contenida en esos precedentes, pues el establecimiento de una caducidad para el dato financiero no implica una restricción, limitación o condicionamiento sobre el derecho fundamental al habeas data, sino que por el contrario, significa una garantía suplementaria respecto de su ejercicio, por lo que no debería requerir un trámite de ley estatutaria. Entra pues la Corte a examinar esta segunda objeción del P..
Como reiteradamente ha señalado esta Corporación Véase, entre otras, las sentencias C - 384 de 2000 y C - 729 de 2000, el derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las bases de datos. El artículo 15 superior lo consagra como un derecho fundamental, que a su vez tiene una estrecha interrelación con los derechos a la autodeterminación, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad. Es pues claro que el hábeas data es un derecho fundamental, y que entonces, de acuerdo a lo que ha venido exponiéndose en esta sentencia, una norma que afecte sus elementos conceptuales básicos debe tener la jerarquía de ley estatutaria. Por consiguiente, el problema que surge es si el establecimiento de la caducidad del dato financiero regula los elementos conceptuales y estructurales mínimos de ese derecho fundamental.
Para la Corte, la respuesta al anterior interrogante es claramente afirmativa, al menos por las siguientes tres razones: De un lado, y como lo señalaron las sentencias C-384 de 2000 y C-729 de 2000, la consagración de un término de caducidad del dato financiero regula estructuralmente el hábeas data en materia financiera, pues establece las condiciones de tiempo en que las personas pueden exigir que sea removida una información negativa, que figura en una determinada base de datos. Y es obvio que ese elemento es básico en la determinación del alcance concreto del hábeas data, puesto que condiciona el éxito de la posibilidad de que una persona modifique la información contenida en una base de datos.
De otro lado, el propio artículo 15, al regular el habeas data y el derecho a la intimidad, ampara también, dentro de determinados límites, el derecho de las personas a estructurar bases de datos, pues no sólo prevé precisamente que el hábeas data es un mecanismo para rectificar el contenido de dichas bases, sino que además esa disposición establece literalmente que "en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución". Esto significa que existe un derecho a recolectar, sistematizar y circular datos, que además se encuentra profundamente ligado a la libertad de toda persona de informar y recibir información veraz e imparcial (CP art. 20). El derecho a sistematizar y circular datos es entonces fundamental, no sólo por su consagración expresa en el artículo 15 superior sino además por su relación inescindible con la libertad de información, que es uno de los derechos más importantes en una democracia, tal y como esta Corte lo ha destacado en numerosas oportunidades, al señalar que es una libertad preferente en nuestro orden constitucional Ver, entre otras, las sentencias C-010 de 2000, fundamento 3, y T-066 de 1998.. Ahora bien, la consagración de un término de caducidad, a partir del cual las entidades financieras no pueden circular determinados datos sobre los eventuales deudores, implica obviamente una restricción al derecho a la circulación de datos, reconocido por la Carta. Y esta restricción, al estar asociada al derecho fundamental a recolectar, tratar y circular datos, requiere una ley estatutaria.
18- Finalmente, y directamente ligado a lo anterior, la consagración de un término de caducidad implica una restricción al derecho a informar y a ser informado, que es un derecho fundamental (CP art. 20). Además, esta limitación opera en el campo financiero, que es una actividad de interés general, como expresamente lo señala el artículo 335 de la Constitución. Ahora bien, la información veraz en materia financiera protege la estabilidad del sector, pues el otorgamiento de créditos es una actividad que implica riesgos, y por ello es legítimo que las entidades financieras busquen conocer el comportamiento pasado de los aspirantes a préstamos Al respecto, ver sentencia SU-082 de 1995, Consideración Séptima. Esto no significa que la existencia de un término de caducidad sea en si mismo inconstitucional, pues encuentra amplio sustento en el derecho al olvido, o el derecho a la caducidad negativa del dato financiero, que es a su vez una expresión del derecho a la intimidad y del lugar prevalente de la dignidad humana en el ordenamiento constitucional (CP arts 1º, 5 y 15). Y es que las personas requieren una protección frente al poder informático, y uno de los elementos de esa protección es el derecho a que ciertas informaciones negativas deban ser olvidadas y no puedan circular en bases de datos después de un determinado tiempo. Por ello la Corte, desde las sentencias T-414 de 1992, T-486 de 1992 y T-577 de 1992 reconoció el derecho al olvido de los datos negativos, derecho que ha sido mantenido invariablemente por esta Corporación. Ha dicho esta Corporación desde sus primeras sentencias que las "informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido" Sentencia T-414 de 1992, MP C.A.B., Consideración D-5.. Por consiguiente, no sólo puede el legislador sino que debe establecer un término de caducidad del dato financiero. Sin embargo, ese término de caducidad debe armonizar la protección de la intimidad, la dignidad y el buen nombre de las personas con la protección del derecho a la información y la estabilidad del sector financiero. Por ello esta Corte ha señalado al respecto:
"Lo anterior hace necesario establecer un equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, que permita la libertad y la dignidad de las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial.
Este equilibrio es tanto más importante cuando se trata de una actividad como la financiera, la cual por concernir al manejo del ahorro de la comunidad, cuyo cuidado depende de la ortodoxia y prudencia con que procedan las entidades del sector, requiere un acervo adecuado de información en materia de evaluación de riesgo. Aquí no huelga recordar que el constituyente calificó a la actividad financiera como de interés público en el artículo 335 de la Carta" Sentencia T-486 de 1992, MP A.M.C.. En el mismo sentido, ver sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995..
19 Conforme a todo lo anterior, la Corte reitera la doctrina establecida en las sentencias C-384 de 2000 y C-729 de 2000, y reafirma que el establecimiento de un término de caducidad del dato financiero requiere una ley estatutaria. En consecuencia, esta Corporación concluye que la disposición acusada, por no seguir este camino, debe ser declarada inexequible, por contrariar el mandato contenido en el artículo 152 literal a) de la Carta.
El examen precedente ha permitido concluir que el Legislador desconoció la reserva de ley estatutaria al tramitar el artículo demandado, y por ello dicha disposición deberá ser retirada del ordenamiento. Ahora bien, la Corte no puede dejar de constatar que ésta es la tercera ocasión en que normas semejantes han sido declaradas inexequibles, por la misma razón: violación de la reserva de ley estatutaria. Y tampoco puede la Corte dejar de lado que, a pesar de su importancia, no existe una regulación estatutaria del derecho al hábeas data, por lo que esta Corporación exhorta al Congreso para que, por medio de la correspondiente ley estatutaria, aborde este tema, que interesa a miles de colombianos.
Por último, la Corte precisa que al ser retirada del ordenamiento la disposición acusada exclusivamente por razones de competencia (violación de la reserva de ley estatutaria), resulta inocuo que esta Corporación entre a examinar los otros cargos formulados por el demandante o por el interviniente. Esto significa que, al no existir una regulación legislativa sobre el tema, se mantiene la doctrina constitucional desarrollada por esta Corte en anteriores oportunidades, y en especial en las sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, en virtud de la cual, mientras el legislador estatutario no aborde el tema, y con el fin de proteger el derecho constitucional al olvido, sigue operando un término razonable de caducidad directamente derivado de los principios y valores constitucionales. Dijo entonces al respecto esta Corporación:
"Como se ha visto, el deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien.
Hay que aclarar que el dato en este caso es público, porque la prescripción debe ser declarada por sentencia o providencia judicial que tenga la fuerza de ésta."
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 19 de la ley 716 de 2001 "por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan en materia tributaria otras disposiciones"
Salvamento de voto a la Sentencia C-687/02
HABEAS DATA-No regulación de núcleo esencial (Salvamento de voto)
HABEAS DATA-Medida adoptada para acceso al crédito que no tiene carácter estatutario (Salvamento de voto)
El artículo 19 de la citada Ley 716 de 2001 estableció un término de "caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente" para aquellas personas que dentro del año siguiente a la vigencia de esa ley se pusieren al día en obligaciones por las cuales "hubieren sido reportadas a los bancos de datos", norma esta de cuyo cumplimiento se asignó al Defensor del Pueblo la especial función de vigilancia para velar por el mismo.
En la sentencia de la cual discrepamos, el argumento central para declarar la inexequibilidad de la disposición legal aludida, consiste en que por tratarse de una norma que se refiere al "habeas data" su trámite debería haberse realizado con sujeción a lo previsto por el artículo 153 de la Constitución, por tratarse de un asunto cuyo trámite requiere la expedición de una ley estatutaria conforme al artículo 152 de la Carta.
Es claro para los suscritos magistrados que la regulación respecto de los "derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección", por expreso mandato del artículo 152 literal a) de la Constitución sólo puede realizarse por el Congreso de la República y mediante ley estatutaria.
De esta suerte, cuando se trate de expedir una normatividad que pretenda la regulación del derecho que según el artículo 15 de la Carta "todas las personas tienen" "a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre", así como al de "conocer , actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas", en cuanto se trata de protección a derechos fundamentales, debería ser objeto de ley estatutaria, en cuanto se refiera al denominado "núcleo esencial" del derecho en cuestión.
En este caso no es aplicable, a nuestro juicio lo dispuesto en el artículo 152 literal a) de la Constitución Política, por cuanto el propósito y el contenido mismo del artículo 19 de la Ley 716 de 2001 no fue en manera alguna el de regular ni el derecho a la intimidad de las personas, ni tampoco el derecho a que ellas conozcan, actualicen o rectifiquen la información existente en bancos de datos de entidades públicas o privadas.
En efecto, de la simple lectura de la norma mencionada surge, con meridiana claridad, que lo que el legislador ordinario dispuso fue "la caducidad inmediata de la información negativa histórica" con respecto a aquellas personas que, atrasadas en el pago de una obligación la hubieren cancelado o la cancelaren dentro del año siguiente a la vigencia de la Ley 716 de 2001. Y, conforme a los antecedentes legislativos de dicha Ley esa decisión del legislador se adoptó por él ante la necesidad apremiante de reactivar las posibilidades de adquirir crédito en las instituciones financieras por personas que en razón de la crisis económica que ha venido soportando el país no pudieron cumplir en tiempo con sus obligaciones. Así, en efecto aparece de los antecedentes mismos de la Ley 716 de 2001, pues en la Sesión Plenaria del Senado de la República de 14 de diciembre de 2001, en la cual se consideró el proyecto de Ley No. 85 de 2000 -Cámara 147 de 2001- "que culminó con la expedición de la Ley 716 de 2001", el Senador V.R.B. manifestó que por la iniciativa de los Ministros de Agricultura y Hacienda se propuso adicionar ese proyecto de ley con un artículo para regular la caducidad de la información negativa en los bancos de datos para quienes se pusieran al día con obligaciones atrasadas, para reactivar el crédito y la economía, especialmente en el sector agrario.
A.B.S.J.A.R.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 31645 de 15 de Marzo de 2011

References: artículo 150
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 114
 artículo 19
 artículo 152
 artículo 241
 artículo 152
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 artículo 114
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 artículo 19
 artículo 114
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 artículo 114
 artículo 110
 artículo 15
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 artículo 335
 artículo 335
 artículo 152
 artículo 19
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 artículo 153
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 15
 artículo 152
 artículo 19