Source: http://proteccionmaternidad.blogspot.com/2010/10/
Timestamp: 2018-07-17 21:31:22+00:00

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Etiquetas: "notificación del estado de embarazo", Corte Constitucional, Periodo de Prueba, Sentencia
Publicadas por ElAlispruz a la/s 11:14 a. m. 0 comentarios
Hay que mirar dos supuestos, si es antes de la terminación de la labor o después.
Al momento de la terminación de la obra o labor contratada:
Esto en estricto sentido no se trata de un despido sino que es una forma de extinción del contrato de trabajo que se encuentra en el artículo 61 del CST y es absolutamente lícita. Por lo tanto puede desvincularse a una trabajadora en embarazo por terminación de la obra o labor contratada.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es la teoría de la causa o motivo que induce al acto o contrato. ¿Qué quiere decir esto? La razón es simple "el porqué se contrató una persona". Los empleadores pueden tener muchas razones como -apoyo a la gestión de sistemas- que si uno mira es permanente o -recolección de banano en el periodo de cosecha- es una labor que no siempre se realiza y por lo tanto es por duración de la obra o labor. Saber si la obra es permanente o transitoria nos dará la distinción de si se trata o no de un contrato por duración de la obra o labor. Este criterio obedece más a la primacía de la realidad que mirar el texto del contrato, lo que no quiere decir que si el empleador contrató para un periodo mayor (a término indefinido por ejemplo) se vaya a dejar de tomar en cuenta esta realidad. En una ponencia titulada "Responsabilidad Social en la Vinculación de Empleo" con la colaboración del Semillero Interdisciplinario en RSE (Especialmente Juliana Benrey, Adriana Sánchez, Luisa Patiño y Diana María Gómez) y como parte de un proyecto desarrollado por el mismo que presenté en el II Simposio de Estudiantes para Estudiantes de la Universidad del Rosario sostuve lo siguiente:
La determinación de la obra o labor para la cual se contrata es fundamental ya que es la materia del contrato y de ella se desprenderá su duración. Es claro que la obra o labor que se ejecutará debe ser temporal, ya que de lo contrario degeneraría en otro tipo de contrato. No es necesario que el empleador determine específicamente las funciones que desarrollará el trabajador, ya que en virtud del ius variandi o poder subordinante las funciones asignadas al trabajador pueden cambiar[1].
De lo anterior claramente se deriva que la duración de este tipo de contrato es incierta ya que tanto la obra como la naturaleza de la labor son las que determinan la duración. Por esta misma razón no es un contrato prorrogable, pues el único contrato que se puede prorrogar es el contrato a término fijo.
Es decir, el contrato de obra o labor está medido por la naturaleza de la labor para la cual es contratada la persona. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de la recolección de banano de la finca tal, la duración está determinada por lo que se demoran usualmente en recoger el banano y ¿cuántos días? Ni idea. Es una medición del tiempo que hemos perdido, por ejemplo, nuestros antepasados medían las distancias con "tabacos" lo que se demoraba una persona en fumarse un tabaco.Es así que un verdadero de contrato de obra es el que se mide por la naturaleza de la labor, es decir, que tiene un plazo pero que es indeterminado.
Ahora cuando se contrata así tanto el empleador como el empleado saben de antemano la duración sometido a un plazo indeterminado. El trabajador sabe que después de terminada esa obra terminará el contrato y el empleador sabe que no se termina el contrato hasta que no se acabe la obra. Esto lo saben independientemente de lo que pase.
Que el despido sea una consecuencia del embarazo, porque a pesar de la expiración del plazo pactado, subsisten las causas del mismo y el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones laborales por parte de la trabajadora. GUÍA DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD: REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA COMO MECANISMO DE REINTEGRO EN CASO DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD
Es así como esa "subregla" se puede interpretar a contrario sensu si no subsisten las causas, esto es la desvinculación es por la terminación de la obra que fue la que motivó el contrato por lo tanto si no subsisten las causas, mal podría decirse que hay posibilidad u obligación de continuar la relación laboral.
A) Antes de la terminación de la obra o labor contratada.
Como vimos en el punto anterior el criterio para aplicar el fuero de maternidad tienen que subsistir las causas que dieron origen al acto o contrato. Como el plazo indeterminado pactado no se ha terminado puede decirse que las causas subsisten es así como se aplican las normas del fuero de maternidad. Si la cosecha no ha terminado y la mujer queda en embarazo en ese momento no puede despedírsele si no es con justa causa. Es así como aplicaríamos los supuestos que se explican AQUÍ.
Por eso si se despide sin justa causa sin haber terminado la obra o labor contratada la mujer tendrá derecho a:
Indemnización por despido sin justa causa: el periodo que faltara para la terminación de la obra pero como mínimo 15 días. Esto no presenta el mayor misterio, bien podría tomarse la fecha del despido y la fecha de la terminación. Pero si la obra no ha terminado puede probarse ésta mediante peritos.
B) A la terminación de la obra o labor contratada.
La mujer estaba embarazada, se había notificado, no se había despedido pero TERMINA LA COSECHA DE BANANO. ¿Puede desvincularse? La respuesta es sí. Primero que todo porque no se trata de un despido strictu sensu sino que conforme al literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo se denomina "por terminación de la obra o labor contratada". Adicionalmente si uno lee a plenitud el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo se habla de prohibición de despido que es lo que en términos del literal h) del artículo 61 se denomina "terminación unilateral". El fundamento normativo es bastante claro y no requiere de mayores esfuerzos interpretativos.
Esta solución aclaro es una solución en justicia no la solución deseable porque si doy la solución deseable caería en la falacia del nirvana o de la solución perfecta, que no existe. Sin embargo, en aras de evitar conflictos y de existir la posibilidad que la persona trabaje en otra clase de labores es preferible la novación del contrato y ordenar un cargo estable. Sin embargo, eso no es obligatorio y dependerá de la valoración especial del rendimiento de la trabajadora, la posibilidad de la empresa, la aptitud para un cargo diferente, entre otras.
¿Hay que acudir a la Inspección de Trabajo? Me parece un trámite innecesario y que puede complicar las cosas. El artículo 239 exige la autorización para despido, no para la terminación de la obra o labor contratada. En todo caso podría ser una alternativa que podría ahorrar líos posteriores... o aumentar el que ya tiene.
C) Analogía con el Contrato de Aprendizaje.
Podríamos decir que en las causas del contrato de aprendizaje hay cierta similitud con el contrato de obra, salvo en la posibilidad de prorrogarlo. Digamos que no tanto en la duración de la obra como en la causa que da origen. Además, el contrato de aprendizaje se encuentra regulado con un tope máximo en la Ley. Es así como en el caso de la terminación del plazo pactado en el contrato de aprendizaje puede afirmarse lo mismo que para el contrato de obra obra o labor. Algunos dirán, "las causas si subsisten porque hay aprendices permanentes en un área" lo que pasa es que la causa es la solidaridad y la permanencia en el área es para que el empleador pueda cumplir con la cuota de aprendices y que haya una adecuada rotación para un mayor alcance de beneficiarios.
D) Otra propuesta.
Si el contrato de obra o labor, o el contrato de aprendizaje terminaron y la madre no ha dado a luz, una alternativa es afiliarla como beneficiaria al sistema de seguridad social hasta que nazca el bebé para que al menos tenga los beneficios médicos mientras nace el bebé. Esto es una propuesta extra-jurídica pero puede ser prudente dados los alcances cada vez más amplios que da la Corte Constitucional en tutelas a la protección a la maternidad. En todo caso como el afiliar a una persona dentro de una empresa puede ser riesgoso para generación de relación laboral esto debe seguirse con sumo cuidado por parte de un abogado conocedor del tema.
Publicadas por ElAlispruz a la/s 10:48 a. m. 1 comentarios
Etiquetas: Consecuencias del Despido, desvinculación, embarazo, fuero de maternidad., Por duración de la obra o labor
al tener mi bebe y solicitar mi incapacidad la eps me dice que no me la paga debido a que no complete las semanas cotizadas en este caso tengo 35 semanas cotizadas y mi embarazo fue de 38, quisiera saber que debo hacer para que me pagen ya sea la eps o la empresa mi sueldo.
Se analizaron varios supuestos y en todos se concluye que existe derecho a solicitar el pago completo de la licencia de maternidad. Si se da el supuesto de Mora Patronal puede cobrarse por vía de tutela bien sea al empleador o a la EPS, en todo caso ha de verificarse la mora. Si por cuestiones externas a la voluntad de la mujer me parece viable aplicar la subregla establecida por la Corte Constitucional. Como esta circunstancia es de origen jurisprudencial eventualmente podrían no triunfar las pretensiones que considero derechos.
Aunque en apariencia el caso se ve sencillo, y creo que lo es, me parece prudente verificar varios detalles. Pues es curioso el número de semanas cotizadas. Lo primero que hay que verificar es ¿por qué no se encuentran cotizadas esas semanas? ¿Ingreso posterior al embarazo? ¿Mora del empleador en el pago de las cotizaciones? Es así como lo primero que debería hacer una persona es verificar ¿por qué no se han cotizado esas semanas?
En Sentencia C-177/1998 la Corte Constitucional trata efectivamente el tema de la mora patronal en el pago de las obligaciones a la EPS, considera en primer lugar que, dependiendo del caso concreto la responsabilidad bien sea en el empleador o en la EPS:
Ahora bien, la jurisprudencia es unánime en relación con la imposibilidad de que la responsabilidad por el no pago de los aportes patronales recaiga sobre el trabajador, pues esto "implicaría trasladar al trabajador, activo o retirado, sin razón jurídica atendible, las nocivas consecuencias de la negligencia e irresponsabilidad patronal"[1]. Por consiguiente, si el empleador no efectúa oportunamente las transferencias de los aportes obrero- patronales en materia de salud, que efectivamente fueron deducidos de los salarios, las consecuencias jurídicas de su incumplimiento no pueden afectar el derecho del trabajador a la salud.[2], más aún cuando "la omisión del empleador es incompatible con la confianza depositada por el trabajador", por ende el principio de la buena fe (C.P. art. 83), resultaría de ese modo quebrantado"[3].
¿Qué debe hacerse en tal caso? Simplemente tutelar, bien sea a la EPS o al empleador. En el caso inicialmente planteado creo que, en caso de mora patronal, por 3 semanas, correspondería tutelar a la EPS. Mientras que la EPS cuenta con mecanismos especiales para cobrar la mora, la empleada cuenta con la acción de tutela para hacer efectivo su derecho. Por otro lado manda el Decreto 806 de 1998:
¿Cuál de las dos vías seguimos entonces? Lo que sostiene la Corte Constitucional sumado a la norma contenida en el Decreto 806 de 1998 es que puede adelantarse directamente contra cualquiera de los dos. Yo me iría contra la EPS.
Ingreso posterior al inicio del embarazo.
Si esas 3 semanas que faltan por cotizar se originan en el ingreso posterior a trabajar, hay un decreto que sumado con las interpretaciones de alguna jurisprudencia constitucional le dan el absoluto derecho a esta persona afiliada al sistema de seguridad social de gozar de la licencia. El Decreto 806 de 1998 manda:
¿Implica eso que si el embarazo es prematuro se tendrá que haber cotizado menos tiempo que si el embarazo es normal o inclusive se demora un poco más? Esos posibles supuestos demuestran que la aplicación del artículo 63 puede llevar a circunstancias inequitativas que violarían la integralidad y la solidaridad del sistema. Por eso, la Corte Constitucional -acertada pero financieramente perdida- ha generado algunas subreglas para lograr que una mujer que no haya cotizado la totalidad del embarazo logre acceder al pago de la licencia. En Sentencia T-475/2009 reiterando jurisprudencia anterior se establece una subregla especial:
"si faltaron por cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud menos dos meses del período de gestación, se ordena el pago de la licencia de maternidad completa, si faltaron por cotizar mas de dos meses del período de gestación se ordena el pago de la licencia de maternidad de manera proporcional al tiempo que efectivamente se cotizó."
Esto en caso de violación al mínimo vital. Sin embargo, independientemente si en el caso concreto se vulnera o no el mínimo vital, la falta de cotización de 3 semanas que aduce la EPS no es más que un criterio de legalismo arbitrario que no cumple el fundamento central de la norma y que por otra parte desconoce el principio de protección a la maternidad que se encuentra reconocido en la Constitución Colombiana de 1991. Es así como en el caso concreto no se reconoce lo que le pertenece a una persona, por tal motivo me parece viable que se siga la vía de la acción de tutela.
- Verificar si hay mora patronal, revisando el pago continuo y a tiempo de las cotizaciones. Si se verifica que se cotizó por estas 38 semanas o más enviar copia a la EPS de los recibos y proceder a cobrar la licencia.
-Si hay mora patronal puede elegirse tutelar a la EPS (que cuenta con los mecanismos para cobrar C-177/98) o al empleador (C-177/98 y Art 80 del Decreto 806/98)
- En cualquier caso puede tutelarse a la EPS aplicando la subregla de la Sentencia T-475/2009 que como faltaron menos de 10 semanas y se juega a un criterio arbitrario se pague la totalidad de la licencia de maternidad.
Publicadas por ElAlispruz a la/s 10:52 a. m. 0 comentarios
Etiquetas: ACCIÓN DE TUTELA, EPS, licencia de maternidad, MORA PATRONAL, Seguridad Social, tiempo de cotización, Tutela
Fuente: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-543-10.htm
[10] Tal es el caso, añade la interviniente, de la disposición prevista en el artículo 43 superior encaminada a proscribir cualquier suerte de trato discriminatorio injustificado en contra de las mujeres, lo mismo que el precepto contemplado en el artículo 40 de la Carta Política “que ordena garantizar a la mujer una ‘adecuada y efectiva participación’ en los niveles decisorios de la administración pública, norma que ha dado lugar a la expedición de la Ley 581 de 2000, conocida como la ‘Ley de Cuotas’, típica medida de acción afirmativa orientada a dar cifras concretas a la participación femenina en los comandos del Estado”. Situación que, recuerda, ha sido“aceptada sin dubitación por la Corte Constitucional, que la ha descrito en múltiples ocasiones”. A renglón seguido, cita la sentencia C-371 de 2000 a la que hace referencia la sentencia C-667 de 2006.
[32] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-796 de 2004. A partir de la prevalencia de los derechos de la infancia y adolescencia se extrajo el principio consignado en el artículo 8º de la Ley 1098 de 2006 como “‘el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea’ de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, los cuales son universales, prevalentes e interdependientes”. La Corte Constitucional ha caracterizado el interés superior de la niñez en tanto un asunto real, esto es, que: (i) “se relaciona con las particulares necesidades del [infante] y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (ii) se enlaza con la independencia de los infantes respecto del “criterio arbitrario” de las demás personas y se vincula, por consiguiente, con una protección que no depende, ni puede depender, de la “voluntad o capricho de los padres”, pues busca garantizar la vigencia de “intereses jurídicamente autónomos”; (iii) es, adicionalmente, un concepto relacional, toda vez que “la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guidado por la protección de los derechos del [infante]; (iv) comprende asegurar un interés jurídico supremo, es decir, “el desarrollo integral y sano de la personalidad del [infante]”.Corte Constitucional. Sentencias C-273 de 2003 y la T-408 de 1995.
[33] En aquella ocasión le correspondió a la Sala Plena pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, con las modificaciones introducidas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. La disposición acusada era del siguiente tenor: “Artículo 127. Abandono. El que abandone a un menor de doce (12) años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte”. En opinión de los demandantes “la jurisprudencia constitucional y los tratados de derechos humanos entienden por niño todo menor de 18 años, de manera que la norma acusada, al no extender el delito de abandono a los adolescentes, establece un trato discriminatorio no justificado para ese grupo, en materia de protección y, al mismo tiempo, desconoce el carácter fundamental y prevalente de sus derechos, pues la medida ignora que las personas entre los 12 y 18 años no poseen las condiciones legales, mentales y físicas para valerse por sí mismas y para proveerse todo aquello que a su edad requieran, viéndose afectado el desarrollo armónico e integral, en caso de no recibir el apoyo requerido por parte de quienes están obligados a ello”.La Corte se preguntó en esa ocasión si el Congreso de la República había desbordado su margen de configuración al introducir una limitación de edad en relación con el reconocimiento de la condición de víctimas del derecho de abandono, extendiendo esta condición a los menores de 12 años. En otras palabras, se interrogó la Corporación si el legislador había incurrido en un trato discriminatorio en perjuicio del grupo de niños y de niñas mayores de 12 años y menores de 18 –esto es, en perjuicio de las y de los adolescentes–. Entre los temas abordados por la Corte, ocupó un lugar especial “la protección especial de que son titulares lo menores de edad” así como el margen y alcances de dicha protección. A propósito de lo anterior, debe mencionarse que el Magistrado Ponente de la presente sentencia salvó su voto en aquella ocasión. Pese a que estuvo de acuerdo con que el término niñez abarcaba también a las y a los adolescentes hasta los dieciocho años de edad, encontró que el legislador podía trazar algunas distinciones en diferentes campos y estimó que uno de ellos precisamente hacía relación con la determinación de quiénes son víctimas del delito de abandono. Sobre el particular, consideró que resultaba ajustado a la Constitución establecer que las víctimas de este delito se encontraban dentro del grupo de niños y de niñas menores de 12 años, teniendo en cuenta que el bien jurídico tutelado con el delito de abandono de menores es la vida y la integridad personal asociada a la capacidad del menor de valerse por si mismo, cuestión predicable de menores de doce años y no, por ejemplo, de un adulto menor. El salvamento de voto destacó cómo el legislador está plenamente legitimado para diseñar los tipos penales en la forma que considere más conveniente para la política criminal del Estado y señaló que no observaba que el aparte de la norma demandada contradijera los límites constitucionales. Resaltó que no toda diferencia en los ámbitos de salvaguardia de grupos específicos de menores constituían actos de discriminación. Mencionó que incluso en varios Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos se admitían diferenciaciones y acentuó que la protección de los niños y adolescentes cambia y se matiza en cada circunstancia particular de acuerdo con la realidad física, social y cultural del ámbito de aplicación. Concluyó que “las personas mayores de doce años son capaces de ejercer sus ciclos vitales sin intervención de terceros”. Por lo anterior el segmento acusado debía ser declarado ajustado a la Carta Política.
[68] Cfr. Los retos de la adolescencia. Extractado por Pilles Breton a partir del documento Parenting the adopted adolescent de Nacional Adoption Information en:www.posadopción.org.
Publicadas por ElAlispruz a la/s 4:58 p. m. 0 comentarios
Etiquetas: Adopción, C-543 de 2010, Corte Constitucional, descanso remunerado, licencia de maternidad, Madre Adoptante, Mauricio González Cuervo, Sentencia

References: artículo 61
 artículo 61
 artículo 239
 artículo 61
 artículo 239
 artículo 63
 artículo 43
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 127
 artículo 14