Source: https://environment.elibrary.imf.org/view/IMF011/00318-9781557758453/00318-9781557758453/ch06.xml?rskey=Oh9Rzq&result=6&highlight=true
Timestamp: 2019-12-06 05:54:44+00:00

Document:
Capítulo 6. Operaciones financieras y respaldo a los países miembros : Informe Anual 2000 : Por una economía mundial para todos:
Liquidez del FMI
Servicios financieros y mecanismos especiales
Ingresos, cargos y distribución de la carga
Avance en el marco de la estrategia de cooperación reforzada
Cuestiones relacionadas con el respaldo del FMI a los países miembros
Examen de los servicios financieros del FMI
Fortalecimiento de las salvaguardias y medidas en caso de declaración de datos inexactos
Medidas correctivas para casos de declaración de datos inexactos
Anexo: Datos/documentos que se solicitarán a los bancos centrales de los países miembros conforme a la política de evaluación de salvaguardias
Cuestiones relativas al diseño de los programas: Estrategia de objetivos explícitos de inflación y la condicionalidad
Cuotas en el FMI en relación con el comercio mundial 1
Coeficiente de liquidez del FMI y recursos utilizables
El FMI es una institución basada en la colaboración mutua—en ciertos aspectos semejante a una cooperativa de crédito—en cuyo contexto los países miembros otorgan asistencia financiera temporal a otros países miembros que experimenten dificultades para pagar la importación de bienes y servicios, atender el servicio de la deuda externa, o ambas cosas. Como contrapartida, el país que recibe asistencia se compromete a aplicar reformas de política económica encaminadas a corregir los problemas que suscitan sus dificultades de balanza de pagos. La asistencia financiera temporal del FMI ofrece a los países miembros la “oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional”1.
Comúnmente, el FMI presta asistencia financiera a los países miembros mediante acuerdos de derecho de giro o acuerdos ampliados (véase el recuadro 6.1). En el ejercicio 2000, el FMI aprobó 11 nuevos acuerdos de derecho de giro y 4 nuevos acuerdos ampliados a favor de sus países miembros. Incluido el aumento de los recursos de varios acuerdos en vigor, el total de nuevos compromisos del FMI en el marco de los acuerdos de derecho de giro y los acuerdos ampliados ascendió a DEG 22.300 millones2. El FMI también aprobó 10 nuevos acuerdos en el marco del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) a favor de países de bajo ingreso debidamente habilitados, para los que se comprometió un total de DEG 600 millones. En el marco de los servicios y políticas especiales se comprometieron asimismo otros DEG 600 millones. (En el cuadro 6.1 figura la asistencia financiera aprobada en el ejercicio 2000, desglosada por países.)
Cuadro 6.1Asistencia financiera del FMI aprobada en el ejercicio 2000(millones de DEG)
Tipo de asistencia financiera
Albania Segundo acuerdo anual del SCLP y aumento de los recursos 14-VI-99 9,7
Argelia SFCC 26-V-99 223,5
Argentina Acuerdo trienal de derecho de giro 10-III-00 5.398,6
Bolivia Segundo acuerdo anual del SCLP 7-II-00 46,1
Bosnia y Herzegovina Aumento de los recursos del acuerdo de derecho de giro 28-VI-99 16,9
Aumento de los recursos del acuerdo de derecho de giro 30-III-00 16,9
Burkina Faso SCLP trienal 10-IX-99 39,1
Cabo Verde Aumento de los recursos del acuerdo de derecho de giro 24-V-99 0,4
Camboya SCLP trienal 22-X-99 58,5
Camerún Tercer acuerdo anual del SCLP 7-IX-99 54,0
Chad SCLP trienal 7-I-00 36,4
Colombia Acuerdo ampliado trienal 20-XII-99 1.957,0
Djibouti SCLP trienal 18-X-99 19,1
Ecuador Acuerdo de derecho de giro a un año 19-IV-00 226,7
Estonia Acuerdo de derecho de giro a 18 meses 1-III-00 29,3
Gambia Segundo acuerdo anual del SCLP 19-XI-99 8,6
Georgia Aumento de los recursos y prórroga del SCLP 23-VII-99 5,6
Ghana SCLP trienal 3-V-99 155,0
Guinea Tercer acuerdo anual del SCLP 21-XII-99 23,6
Guinea-Bissau Asistencia de emergencia para situaciones de posguerra 14-IX-99 2,1
Asistencia de emergencia para situaciones de posguerra 7-I-00 1,4
Indonesia Acuerdo ampliado trienal 4-II-00 3.638,0
Kazajstán Acuerdo ampliado trienal 13-XII-99 329,1
Letonia Acuerdo de derecho de giro a 16 meses 10-XII-99 33,0
Lituania Acuerdo de derecho de giro a 15 meses 8-III-00 61,8
Macedonia, ex Rep. Yug. de SFCC 4-VIII-99 13,8
Madagascar Segundo acuerdo anual del SCLP y prórroga 23-VII-99 27,2
Malí SCLP trienal 6-VIII-99 46,7
Mauritania SCLP trienal 21-VII-99 42,5
México Acuerdo de derecho de giro a 17 meses 7-VII-99 3.103,0
Mongolia Segundo acuerdo anual del SCLP 16-VI-99 14,8
Mozambique SCLP trienal 28-VI-99 58,8
Aumento de los recursos del SCLP trienal 27-III-00 28,4
Nicaragua Segundo acuerdo anual del SCLP 16-IX-99 33,6
Papua Nueva Guinea Acuerdo de derecho de giro a 14 meses 29-III-00 85,5
Perú Acuerdo ampliado trienal 24-VI-99 383,0
República Kirguisa Segundo acuerdo anual del SCLP 9-II-00 21,5
Rumania Acuerdo de derecho de giro a 10 meses 5-VIII-99 400,0
Rusia Acuerdo de derecho de giro a 17 meses 28-VII-99 3.300,0
Rwanda Segundo acuerdo anual del SCLP 19-XI-99 23,8
Santo Tomé y Príncipe SCLP trienal 28-IV-00 6,7
Senegal Segundo acuerdo anual del SCLP 12-VII-99 35,7
Sierra Leona Asistencia de emergencia para situaciones de posguerra 17-XII-99 15,6
Tanzania SCLP trienal 31-III-00 135,0
Tayikistán Segundo acuerdo anual del SCLP 2-VII-99 30,0
Turquía Asistencia de emergencia 13-X-99 361,5
Acuerdo trienal de derecho de giro 22-XII-99 2.892,0
Uganda Tercer acuerdo anual del SCLP 10-XII-99 26,8
Ucrania Aumento de los recursos del acuerdo ampliado trienal 27-V-99 274,4
Zimbabwe Acuerdo de derecho de giro a 14 meses 2-VIII-99 141,4
1 En los casos en que se amplió el monto de los acuerdos, sólo se indica el monto del aumento.
Los giros de los países miembros contra la Cuenta de Recursos Generales del FMI ascendieron a DEG 6.400 millones en el ejercicio 2000, en tanto que se desembolsaron DEG 500 millones por concepto de préstamos en el marco del SCLP. El crédito neto del FMI pendiente de rembolso había disminuido a DEG 50.400 millones al cierre del ejercicio 2000, pues se recibió un gran volumen de rembolsos programados y de rembolsos anticipados correspondientes a créditos otorgados a los países miembros en años anteriores en el marco de varios acuerdos financieros de gran cuantía.
Al cierre del ejercicio 2000, los directores ejecutivos del FMI y el Banco Mundial habían decidido suministrar asistencia a nueve países que alcanzaron el punto de decisión a tenor de la iniciativa para los países pobres muy endeudados (iniciativa para los PPME); el FMI había comprometido DEG 467 millones a favor de estos países, cinco de los cuales habían recibido donaciones por un total de DEG 213 millones.
En un plano más general, en el ejercicio 2000, el Directorio Ejecutivo inició un examen integral de los servicios y la política de préstamo del FMI para determinar si aún son necesarios y si su diseño es apropiado; como resultado de este examen, se suprimieron cuatro servicios financieros. Además, en respuesta a informes sobre declaración de datos inexactos y uso indebido del financiamiento del FMI, el Directorio adoptó medidas encaminadas a:
Reforzar las salvaguardias en relación con el uso del financiamiento de la institución por los países miembros.
Hacer frente a los casos de declaración de datos inexactos al FMI por los países miembros.
Considerar la forma de ayudar a los países miembros a establecer prácticas sólidas de gestión de las reservas de divisas.
Asimismo, el Directorio analizó diversas cuestiones relacionadas con el diseño de los programas, entre las que se destacan las consecuencias que tiene en la condicionalidad del FMI la aplicación por los países de estrategias de objetivos explícitos de inflación.
En el marco de la undécima revisión general de cuotas, el 30 de enero de 1998 la Junta de Gobernadores aprobó un aumento que eleva el total de las cuotas del FMI de DEG 146.000 millones a DEG 212.000 millones. El 22 de enero de 1999 entró en vigor el aumento de cuotas en el marco de la undécima revisión al determinar el FMI que se había cumplido el requisito de participación pertinente (al 23 de diciembre de 1997 se habían recibido aceptaciones de un número de países miembros cuyas cuotas representaban más del 85% del total de las cuotas). En el gráfico 6.1 se ilustra la magnitud del total de cuotas del FMI en relación con el comercio mundial en el período 1946-98.
Gráfico 6.1Cuotas en el FMI en relación con el comercio mundial1
1El comercio mundial se define por el promedio de la exportación y la importación. Los datos de 1946 se refieren a las cuotas en el FMI fijadas en 1945 y al comercio mundial en 1946. Los demás datos anuales se refieren a los años en que la Junta de Gobernadores adoptó resoluciones de aumento de las cuotas en virtud de revisiones generales. La primera resolución de aumento general de las cuotas para todos los países miembros, y de aumentos especiales para algunos países, se adoptó en 1959.
Al 30 de abril de 2000, 172 países miembros, que concentraban el 99% del total de las cuotas en el marco de la undécima revisión, habían aceptado y pagado el aumento de su cuota, como consecuencia de lo cual el total de las cuotas ascendía a DEG 210.250 millones3. Cuatro países miembros habilitados para aceptar el aumento de cuota propuesto no lo habían hecho, en tanto que seis países miembros no estaban habilitados para aceptar el aumento propuesto debido a que registraban atrasos frente a la Cuenta de Recursos Generales del FMI. El 13 de julio de 2000, el Directorio Ejecutivo decidió prorrogar hasta el 31 de enero de 2001 los plazos para aceptar y pagar los aumentos de cuota en el marco de la undécima revisión. En el cuadro II.16 se presentan las cuotas de los países miembros al 30 de abril de 2000.
En junio de 1999, el Directorio Ejecutivo decidió crear un panel de expertos externos que se ocuparía de examinar las fórmulas utilizadas como guía para distribuir el aumento de las cuotas resultante de las revisiones generales y para determinar las cuotas iniciales de los nuevos países miembros4. Se establecieron para este panel las siguientes funciones:
Examinar las fórmulas utilizadas en el cálculo de las cuotas y su aplicación, y evaluar si eran adecuadas como medio para determinar las cuotas calculadas de los países miembros en el FMI de modo tal que reflejen de manera razonable la situación relativa de cada país en la economía mundial y su necesidad de recursos financieros del FMI y aportaciones a éste; en el examen debían tenerse en cuenta los cambios en el funcionamiento de la economía mundial y el sistema financiero internacional como resultado de la creciente mundialización de los mercados.
Proponer los cambios pertinentes en las variables utilizadas en las fórmulas y en su especificación.
Analizar otras cuestiones directamente relacionadas con las fórmulas de cálculo de las cuotas.
El informe del panel de expertos se presentó a la gerencia y al Directorio Ejecutivo el 1 de mayo de 2000. La consideración por el Directorio de este informe y de los comentarios anexos formulados por el personal del FMI está prevista para agosto de 2000.
Tras el crecimiento de los recursos del FMI como resultado del aumento de las cuotas de los países miembros en virtud de la undécima revisión general, la posición de recursos de la institución continuó consolidándose a lo largo del ejercicio 2000. Esta mejora se produjo en un contexto económico y financiero mundial más favorable y de restablecimiento de la confianza de los inversionistas en muchas economías de mercado emergente.
La demanda de recursos del FMI disminuyó en comparación con los niveles extraordinariamente altos del ejercicio 1999; por su parte, los rembolsos aumentaron mucho debido a que la economía se recuperó con mayor rapidez que la prevista en unos pocos países que tenían acuerdos de gran cuantía con el FMI. Brasil, Corea, México y Rusia, que durante las crisis financieras anteriores habían girado grandes sumas, rembolsaron en conjunto DEG 19.600 millones en el ejercicio 2000. Aprovechando una fuerte mejora de su balanza de pagos, Corea efectuó rembolsos anticipados por DEG 4.700 millones y canceló así a mediados de septiembre de 1999 el saldo del crédito que había obtenido en el marco del servicio de complementación de reservas (SCR). De la misma manera, hacia principios de 2000, Brasil rembolsó anticipadamente DEG 3.300 millones y canceló el saldo de su crédito en el marco del SCR.
Los recursos líquidos del FMI comprenden las monedas utilizables y las tenencias de DEG de la Cuenta de Recursos Generales. Las monedas utilizables, que constituyen el principal componente de los recursos líquidos, son monedas de países miembros cuya situación en materia de balanza de pagos y reservas se considera suficientemente firme como para justificar su inclusión en el plan trimestral de transacciones financieras (véase el recuadro 6.2).
A lo largo del ejercicio 2000 los recursos utilizables del FMI crecieron de manera continua debido a que los rembolsos fueron mayores que los nuevos giros, se incluyeron más países miembros en el plan de transacciones financieras durante el curso del ejercicio y durante ese período se recibieron algunos pagos por aumento de cuota en el marco de la undécima revisión.
Al 30 de abril de 2000, los recursos utilizables del FMI ascendían a DEG 108.200 millones, lo que representa un aumento de DEG 24.500 millones con respecto a un año antes. El consiguiente aumento del volumen de recursos netos utilizables no comprometidos (recursos utilizables, menos recursos comprometidos en virtud de acuerdos en vigor que previsiblemente podrían utilizarse, y menos saldos para operaciones en monedas utilizables) no fue tan pronunciado—DEG 74.800 millones al 30 de abril de 2000 frente a DEG 56.700 millones un año antes—debido a que, en el curso del ejercicio 2000, aumentó el número de acuerdos en vigor y, por consiguiente, los saldos no utilizados de recursos comprometidos también fueron mayores.
Al 30 de abril de 2000, los pasivos líquidos del FMI ascendían a un total de DEG 48.800 millones, en comparación con DEG 63.600 millones un año antes. La proporción entre los recursos utilizables netos no comprometidos del FMI y el pasivo líquido de la institución—el “coeficiente de liquidez”—aumentó de 89,2% el 30 de abril de 1999 al 153,1% el 30 de abril de 2000, con lo cual volvió a ubicarse en los niveles que registraba al desencadenarse la crisis en Asia (véase el gráfico 6. 2).
Gráfico 6.2Coeficiente de liquidez del FMI y recursos utilizables
De conformidad con el Convenio Constitutivo, el FMI tiene la facultad de obtener préstamos para complementar los recursos que los países miembros aportan mediante la suscripción de cuotas. Hasta la fecha, sólo se han obtenido préstamos de fuentes oficiales (por ejemplo, de gobiernos y bancos centrales), pero también puede recurrirse a empréstitos de fuentes privadas. El FMI dispone de dos conjuntos de acuerdos de crédito—los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP) y los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP)—que tienen por objeto poner a disposición de la institución recursos suplementarios cuando sean necesarios para prevenir o contrarrestar el menoscabo del sistema monetario internacional. El total agregado de recursos a disposición del FMI en el marco de los NAP y los AGP asciende a un total de DEG 34.000 millones.
Los NAP son un conjunto de acuerdos de crédito entre el FMI y 25 países miembros e instituciones. Estos acuerdos entraron en vigor en 1998 y son el primer y principal mecanismo al que se recurrirá a menos que un participante en los AGP (todos los participantes en los AGP participan también en los NAP) solicite el uso de recursos del FMI, en cuyo caso puede formularse una propuesta de petición de fondos en el marco de cualquiera de los dos mecanismos. Los NAP se activaron por primera vez en diciembre de 1998 para ayudar a financiar un acuerdo de derecho de giro a favor de Brasil. Estos préstamos se rembolsaron en marzo de 1999, al aumentar los recursos del FMI como resultado del pago de cuotas en el marco de la undécima revisión. En el cuadro 6.2 se presenta el monto de los acuerdos de crédito de los participantes en los NAP.
Cuadro 6.2Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP)(millones de DEG)
Japón 3.557
Recuadro 6.1Mecanismos y servicios financieros del FMI
El FMI proporciona asistencia financiera a los países miembros en el marco de diversos mecanismos y servicios financieros, cuyas condiciones reflejan la naturaleza del problema de balanza de pagos por el que atraviesa el país prestatario.
Servicios financieros ordinarios
El crédito del FMI está sujeto a diferentes condiciones, dependiendo de que se otorgue en el primer “tramo” (o segmento) de crédito, equivalente al 25% de la cuota del país, o en los tramos superiores de crédito (todo segmento por encima del 25% de la cuota). Para realizar giros en el primer tramo de crédito, los países deben demostrar que están haciendo esfuerzos razonables por superar sus dificultades de balanza de pagos. Los giros en los tramos superiores de crédito se efectúan en plazos (“escalonados”) y los recursos correspondientes se liberan cuando se cumplen los criterios de ejecución establecidos. Por lo general, estos giros están vinculados a acuerdos de derecho de giro o acuerdos ampliados.
Los acuerdos de derecho de giro tienen por objeto hacer frente a problemas de balanza de pagos a corto plazo de carácter temporal o cíclico, y están sujetos a un plazo de rembolso de 3¼ a 5 años. Normalmente, los giros se efectúan trimestralmente y los recursos se liberan a medida que los prestatarios cumplen determinados criterios de ejecución cuantitativos—que, en general, se refieren al crédito bancario, el endeudamiento del gobierno o del sector público, las restricciones comerciales y de pagos y el nivel de las reservas internacionales—y, con cierta frecuencia, criterios de ejecución de carácter estructural. Mediante la aplicación de esos criterios, el país miembro y el FMI pueden evaluar el progreso logrado en el marco del programa elaborado por el país. Lo habitual es que los acuerdos de derecho de giro abarquen un período de 12 a 18 meses (aunque pueden llegar, como máximo, a tres años).
La asistencia financiera proporcionada por medio de los acuerdos ampliados, en el marco del servicio ampliado del FMI (SAF), se orienta a los países con dificultades de balanza de pagos atribuibles principalmente a problemas estructurales. El plazo de rembolso es más prolongado, de 4½ a 10 años, debido a la necesidad de reformas que pueden requerir más tiempo para ejecutarlas y surtir efecto. El país que solicita un acuerdo ampliado debe presentar una descripción de los objetivos y medidas de política para el período del acuerdo, que normalmente es de tres años pero puede prorrogarse por un cuarto año, así como una exposición anual pormenorizada de las medidas que aplicará en los 12 meses siguientes. En lo que respecta al escalonamiento de los giros y los criterios de ejecución se aplican las mismas normas que a los acuerdos de derecho de giro, aunque puede convenirse un escalonamiento semestral.
Los acuerdos de carácter precautorio tienen por objeto prestar asistencia a los países miembros interesados en reforzar la confianza en su gestión económica. En el marco de un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo ampliado al que se da el carácter de acuerdo precautorio, el país conviene en cumplir las condiciones que se aplican al uso de recursos del FMI en ese marco, pero manifiesta su intención de no efectuar giros. Esta manifestación de intención no es jurídicamente vinculante; por consiguiente, al igual que en un acuerdo que previsiblemente utilice el país, la aprobación de un acuerdo precautorio representa el aval del FMI a las medidas de política del país de conformidad con las normas aplicables al tipo específico de acuerdo de que se trate.
Mecanismos y servicios financieros especiales
El servicio de complementación de reservas (SCR) se creó en 1997 para complementar los recursos que se facilitan en el marco de acuerdos de derecho de giro y acuerdos ampliados a fin de otorgar asistencia financiera a países que experimenten dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a una necesidad de financiamiento a corto plazo en gran escala, resultante de una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados, como ocurrió en las crisis financieras mexicana y asiática en los años noventa. Puede utilizarse el SCR cuando se prevea razonablemente que mediante la aplicación de medidas de ajuste enérgicas, y con el financiamiento adecuado, el país miembro logrará corregir las dificultades de balanza de pagos en un corto período. El acceso en el marco del SCR no está sujeto a los límites ordinarios, sino que se basa en las necesidades de financiamiento del país miembro, su capacidad de rembolso, la solidez de su programa y el historial del país en lo que respecta al uso de recursos del FMI y la cooperación con la institución. El financiamiento se compromete por un plazo máximo de un año; los países tienen la obligación de rembolsar los recursos en el plazo de 2 años a 2½ años a contar de la fecha de cada giro, pero se espera que efectúen los rembolsos en el plazo de 1 año a 1½ años. En el marco de este servicio, durante el primer año se paga una sobretasa de 300 centésimas de punto porcentual sobre la tasa de cargos ordinaria aplicable a los demás préstamos del FMI; posteriormente esta sobretasa aumenta 50 centésimas cada seis meses hasta llegar a 500 centésimas de punto porcentual.
La línea de crédito contingente (LCC) se creó en 1999. Como en el caso del SCR, la LCC tiene por objeto proporcionar financiamiento a corto plazo para ayudar a los países miembros a superar dificultades excepcionales de balanza de pagos provocadas por una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados. Una diferencia clave entre los dos mecanismos es que el SCR está orientado a los países miembros que ya se encuentran en medio de una crisis, mientras que la LCC constituye una medida preventiva destinada únicamente a aquellos países que se sientan vulnerables al contagio pero que no se vean confrontados con una crisis en el momento en que se comprometen los recursos. Además, los criterios de habilitación limitan la posibilidad de utilizar la LCC a los países miembros que están aplicando medidas de política cuyo efecto no se juzgue conducente a la utilización de recursos del FMI, que presenten resultados económicos (y avances en la adhesión a normas pertinentes aceptadas a escala internacional) que hayan merecido una evaluación positiva del FMI en la última consulta del Artículo IV y en ocasiones posteriores, y que mantengan relaciones constructivas con los acreedores del sector privado con miras a facilitar la adecuada participación de este sector. Los recursos comprometidos en el marco de una LCC pueden activarse únicamente si el Directorio Ejecutivo determina que las necesidades excepcionales de financiamiento para la balanza de pagos que experimenta el país miembro son atribuibles al contagio, es decir, a circunstancias que se encuentran en gran medida fuera del control del país y que se deben principalmente a hechos adversos ocurridos en los mercados internacionales de capital a consecuencia de una evolución en otros países. El plazo de rembolso y la tasa de cargos que se aplican al financiamiento en el marco de la LCC son los mismos que en el SCR.
Mediante el servicio de financiamiento compensatorio (SFC), antes denominado servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC), se proporciona financiamiento oportuno a los países miembros que se vean ante una insuficiencia temporal de ingresos de exportación o un aumento excesivo del costo de la importación de cereales atribuible en gran medida a factores que escapan al control del país. En enero de 2000, el Directorio Ejecutivo decidió suprimir el componente del SFCC relativo al financiamiento para contingencias debido a que rara vez se había utilizado (véase la explicación que se ofrece en este capítulo).
El FMI también suministra asistencia de emergencia a los países miembros confrontados con dificultades de financiamiento de la balanza de pagos provocadas por catástrofes naturales. La asistencia se proporciona a través de compras directas, que generalmente se limitan al 25% de la cuota, a condición de que el país esté cooperando con el FMI para dar solución a sus problemas de balanza de pagos. En la mayoría de los casos, tras otorgar la asistencia de emergencia, se ha establecido un acuerdo con el FMI en el marco de alguno de los servicios financieros ordinarios de la institución. En 1995, se amplió el alcance de la asistencia de emergencia a situaciones de posguerra claramente definidas. Esta asistencia puede prestarse: cuando la capacidad institucional y administrativa de un país miembro se haya visto alterada como consecuencia de un conflicto, pero el país tenga aún la capacidad suficiente para planificar y ejecutar la política económica y las autoridades demuestren una firme resolución en este sentido, cuando exista una necesidad apremiante de balanza de pagos y cuando el FMI pueda desempeñar una función catalizadora de fuentes oficiales de financiamiento como parte de un esfuerzo internacional concertado para resolver la situación de posguerra. Las autoridades deben manifestar su intención de acogerse en un plazo relativamente breve a un acuerdo de derecho de giro, un acuerdo ampliado o un acuerdo en el marco del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza.
El mecanismo de financiamiento de emergencia consiste en una serie de procedimientos que permiten al Directorio Ejecutivo aprobar rápidamente la concesión de respaldo financiero a un país miembro confrontado con una crisis de la balanza de pagos que requiera una respuesta inmediata del FMI. Este mecanismo se estableció en septiembre de 1995, y se utilizó en 1997 para Filipinas, Tailandia, Indonesia y Corea, y en 1998 para Rusia.
Servicio de financiamiento concesionario
El 22 de noviembre de 1999, el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) (el servicio de financiamiento concesionario del FMI por medio del cual se ofrece asistencia a los países pobres afectados por problemas persistentes de balanza de pagos) pasó a denominarse servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) y se orientó de manera más explícita a la lucha contra la pobreza (véase el capítulo 5). Se espera que los programas respaldados por el SCLP se basen en estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, formuladas con la participación de la sociedad civil y las instituciones de desarrollo. Esta estrategia, que debe exponerse en un documento de estrategia de lucha contra la pobreza preparado por el país prestatario en cooperación con el Banco Mundial y el FMI, debe describir los objetivos y las medidas macroeconómicas y estructurales del programa trienal para el que se otorgará respaldo en el marco del SCLP, así como las pertinentes necesidades de financiamiento externo y las principales fuentes de financiamiento. Los préstamos en el marco del SCLP están sujetos a una tasa de interés de 0,5% anual y son rembolsables en un plazo de 10 años, con un período de gracia de 5½ años para los rembolsos de principal.
En la hoja informativa titulada “How We Lend”, publicada en el sitio del Fondo Monetario Internacional en Internet, se presentan explicaciones sobre las cuotas del FMI y otras fuentes de financiamiento, la liquidez del FMI y el procedimiento de compra y recompra.
En el marco de los AGP, 11 participantes (países industriales o sus bancos centrales) han convenido en proporcionar recursos al FMI en determinadas circunstancias. Los AGP se activaron en 1998 por primera vez después de 20 años para financiar un aumento de los recursos del acuerdo ampliado a favor de Rusia. Estos giros se rembolsaron cuando el FMI recibió el grueso del pago de cuotas en el marco de la undécima revisión. En el cuadro 6.3 se presenta el monto de los acuerdos de crédito de los participantes en los AGP y del acuerdo paralelo con Arabia Saudita.
Cuadro 6.3Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP)(millones de DEG)
En el ejercicio 2000, los giros (compras) de los países miembros con cargo a la Cuenta de Recursos Generales (CRG), excluidos los giros en el tramo de reserva5, ascendieron a DEG 6.300 millones, cifra muy inferior a los DEG 21.400 millones girados en el ejercicio 1999 (véase el cuadro II.7). De estos giros, DEG 4.100 millones correspondieron a acuerdos de derecho de giro (en comparación con DEG 12.600 millones en el ejercicio 1999), DEG 1.600 millones a acuerdos ampliados (DEG 5.900 millones en el ejercicio 1999), DEG 200 millones a compras en el marco del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (DEG 2.600 millones en el ejercicio 1999) y DEG 400 millones a financiamiento de emergencia (DEG 200 millones en el ejercicio 1999) para asistir a países que habían sufrido catástrofes naturales o que se encontraban en una situación de posguerra. En el ejercicio 2000, las mayores compras de recursos del FMI fueron realizadas por México y Brasil (que giraron DEG 1.900 millones y DEG 800 millones, respectivamente, en el marco de acuerdos de derecho de giro) e Indonesia, que giró DEG 900 millones en el marco de un acuerdo ampliado. (En el cuadro 6.4 se presentan las condiciones generales de la asistencia financiera del FMI a los países miembros.)
Cuadro 6.4Condiciones generales de la asistencia financiera del FMI
Servicio o política de crédito1
Tramos de crédito, asistencia de emergencia, servicio de financiamiento compensatorio (SFC) Tasa básica2 3¼-5 8 (trimestral)
Servicio ampliado del FMI (SAF) Tasa básica2 4½-10 12 (semestral)
Servicio de complementación de reservas (SCR) Tasa básica más sobretasa3 2-2½4 2
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) 0,5% anual 5½-10 10 (semestral)
Comisión de giro5 0,5%
Comisión por inmovilización de fondos6 0,25%
1 El servicio de financiamiento de existencias reguladoras y el componente de financiamiento para contingencias del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC) fueron suprimidos por decisión del Directorio Ejecutivo el 15 de febrero de 2000. Posteriormente, el 13 de abril de 2000, el Directorio decidió derogar las normas sobre respaldo del FMI para operaciones de reducción del saldo y el servicio de la deuda y para fondos de estabilización cambiaría.
2 La tasa de cargos básica se fija como proporción de la tasa de interés semanal del DEG y se aplica al saldo diario de todos los giros contra la CRG pendientes de recompra durante cada trimestre financiero del FMI; a esta tasa se suma una sobretasa sobre el crédito pendiente de rembolso en el marco del SCR.
3 La sobretasa es de 300 centésimas de punto porcentual durante el primer año siguiente a la aprobación del financiamiento en el marco del SCR, y aumenta 50 centésimas de punto porcentual al final del primer año y de cada semestre posterior hasta llegar a 500 centésimas de punto porcentual.
4 Se espera que las recompras se efectúen en el plazo de 1–1½ años a partir de una compra; sin embargo, a solicitud del país miembro, el FMI puede decidir que se prorrogue hasta un máximo de un año el plazo de la expectativa de recompra. La recompra debe efectuarse obligatoriamente en el plazo de 2–2½ años a partir de la compra.
5 Se cobra una comisión de giro por única vez sobre cada giro contra los recursos del FMI en la CRG, salvo los giros en el tramo de reserva, en el momento de la transacción.
6 Se cobra una comisión inicial por inmovilización de fondos sobre la suma que puede girarse durante cada período (anual) en el marco de un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo ampliado. No obstante, la comisión se rembolsa proporcionalmente a medida que se efectúan los giros posteriores en el marco del acuerdo.
En el ejercicio 2000, los rembolsos (recompras) en la CRG ascendieron a un total de DEG 23.000 millones, en comparación con DEG 10.500 millones en el ejercicio 1999 (véase el cuadro II.8), total en el que se incluyen rembolsos programados y rembolsos anticipados en el marco del SCR efectuados por Brasil (DEG 6.500 millones), Corea (DEG 5.500 millones) y Rusia (DEG 3.200 millones).
Considerando tanto los giros como los rembolsos, el crédito neto del FMI pendiente de rembolso en la CRG disminuyó DEG 16.700 millones en el ejercicio 2000, es decir, de DEG 60.700 millones al 30 de abril de 1999 a DEG 44.000 millones al 30 de abril de 2000. Si se incluyen los préstamos netos en el marco del SRAE/SCLP (véase más adelante), el crédito total neto del FMI pendiente de rembolso se redujo DEG 16.800 millones, o sea, de DEG 67.200 millones a DEG 50.400 millones al 30 de abril de 2000.
En el ejercicio 2000, se comprometieron recursos del FMI en el marco de acuerdos de derecho de giro y acuerdos ampliados por DEG 22.300 millones. Se aprobaron 11 nuevos acuerdos de derecho de giro; incluido el aumento de recursos para los acuerdos de derecho de giro en vigor a favor de Bosnia y Herzegovina y de Cabo Verde, el total de recursos comprometidos ascendió a DEG 15.700 millones (véase el cuadro II.1). Las mayores sumas comprometidas en el marco de acuerdos de derecho de giro correspondieron a Argentina (DEG 5.400 millones), México (DEG 3.100 millones), Rusia (DEG 3.300 millones) y Turquía (DEG 2.900 millones). Al 30 de abril de 2000, 16 países miembros mantenían acuerdos de derecho de giro con el FMI, para los que se había comprometido un total de DEG 45.600 millones, de los cuales no se habían utilizado DEG 17, 400 millones (véanse los cuadros II.2 y II.3).
En el ejercicio 2000, se aprobaron cuatro nuevos acuerdos ampliados y se incrementaron los recursos del acuerdo ampliado en vigor a favor de Ucrania, con lo cual el total de recursos comprometidos se elevó a DEG 6.600 millones. Los mayores montos comprometidos en el marco de acuerdos ampliados correspondieron a Indonesia (DEG 3.600 millones) y Colombia (DEG 2.000 millones). Al 30 de abril de 2000, 11 países miembros mantenían acuerdos ampliados, para los que se habían comprometido recursos por un total de DEG 9.800 millones, de los cuales no se habían utilizado DEG 8.200 millones (véase el cuadro II.4).
En enero de 2000, el Directorio Ejecutivo examinó el servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias (SFCC) y el servicio de financiamiento de existencias reguladoras del FMI. Los directores convinieron en suprimir este último servicio debido a que no ha sido utilizado en 16 años, las existencias reguladoras no han demostrado ser útiles para alcanzar sus objetivos, ya no hay ningún convenio de productos básicos vigente que cumpla los requisitos para activar ese servicio, y los demás servicios financieros del FMI son suficientes para lograr las finalidades que podría cumplir el servicio de financiamiento de existencias reguladoras.
Con respecto al componente de financiamiento para contingencias del SFCC, los directores indicaron que, si bien la idea en que se basa este mecanismo tiene cierto mérito—ayudar a los países a mantener el rumbo de los programas de ajuste si hay que hacer frente a circunstancias inesperadas que afecten negativamente a la cuenta corriente—se ha utilizado muy rara vez, y nunca en los últimos ocho años. La mayor parte de los directores se mostró partidaria de mantener un componente de financiamiento compensatorio del SFCC simplificado—por medio del cual se proporcione financiamiento oportuno a los países miembros que se vean ante una insuficiencia temporal de ingresos de exportación o un costo excesivo de la importación de cereales por razones que en gran parte escapen a su control—por lo menos hasta que se realice un análisis más amplio de todos los servicios financieros del FMI. Sin embargo, se manifestaron a favor de limitar el componente compensatorio a los casos en que esté en vigor un acuerdo sujeto a la condicionalidad de los tramos superiores de crédito—con límites de acceso simplificados y escalonamiento de los giros—o a los casos en que la situación de balanza de pagos del país miembro sea satisfactoria salvo por la insuficiencia temporal de exportaciones o el exceso en el costo de la importación de cereales.
En el ejercicio 2000, Argelia y la ex República Yugoslava de Macedonia efectuaron giros por un total de DEG 237,3 millones en el marco del SFCC. El FMI también proporcionó asistencia de emergencia para situaciones de posguerra (por un total de DEG 19,1 millones) a favor de Guinea-Bissau y Sierra Leona, y asistencia de emergencia para catástrofes naturales por valor de DEG 361,5 millones a Turquía.
Otro servicio especial—el relacionado con posibles problemas informáticos debido al paso al año 2000—caducó en marzo de 2000 sin que fuera utilizado (véase el recuadro 6.3).
El FMI proporciona financiamiento en condiciones concesionarias a los países miembros de bajo ingreso en el marco del SCLP, que remplazó al SRAE y tiene por objetivo explícito la reducción de la pobreza. Actualmente están habilitados para utilizar este servicio financiero 80 países miembros del FMI (véase el capítulo 5).
En el ejercicio 2000, el Directorio Ejecutivo aprobó 10 nuevos acuerdos en el marco del SCLP, para los que se comprometió un total de DEG 600 millones, a favor de Burkina Faso, Camboya, Chad, Djibouti, Ghana, Malí, Mauritania, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Tanzania; asimismo se aumentaron en un total de DEG 44 millones los recursos de los acuerdos a favor de Albania, Georgia y Mozambique (véase el cuadro II.1). Al 30 de abril de 2000, el FMI respaldaba los programas de reforma de 31 países miembros con acuerdos en el marco del SCLP, para los que se había comprometido un total de DEG 3.500 millones, de los cuales no se habían utilizado DEG 2.000 millones (véase el cuadro II.5). En el ejercicio 2000, se efectuaron desembolsos por un total de DEG 500 millones, en comparación con un total de DEG 800 millones en el ejercicio 1999.
El SCLP no se financia con los recursos del FMI provenientes de las cuotas. La Cuenta Fiduciaria del SCLP, administrada por el FMI, se financia en su mayor parte con préstamos y aportaciones para donaciones de una amplia gama de países miembros del FMI. Esta Cuenta Fiduciaria obtiene recursos en préstamo a tasas de interés del mercado—de bancos centrales, gobiernos e instituciones gubernamentales—y, a su vez, otorga préstamos a los países habilitados para utilizar el SCLP. Esta Cuenta Fiduciaria recibe aportaciones para subvencionar la tasa de interés de los préstamos del SCLP y mantiene una Cuenta de Reservas (que garantiza los créditos de los acreedores contra la Cuenta Fiduciaria) para el caso de que los prestatarios del SCLP incurran en falta de pago.
En agosto de 1999, el Directorio Ejecutivo elevó de DEG 11.000 millones a DEG 11.500 millones el límite de crédito que puede obtener la Cuenta de Préstamos de la Cuenta Fiduciaria del SCLP para poder hacer frente a la demanda eventual de recursos en este servicio financiero. Al 30 de abril de 2000, el total de préstamos comprometidos efectivamente a favor de la Cuenta Fiduciaria del SCLP ascendía a DEG 10.900 millones. En el ejercicio 2000, se concluyeron nuevos acuerdos de obtención de préstamos con Bélgica (DEG 200 millones), Canadá (DEG 200 millones), España (DEG 125 millones), Francia (DEG 350 millones), Italia (DEG 250 millones) y Países Bajos (DEG 250 millones). En mayo de 2000 entró en vigor un acuerdo de obtención de préstamo con Dinamarca (DEG 100 millones) y, en junio de 2000, entró en vigor un acuerdo con Alemania (DEG 350 millones). El período para formular compromisos de préstamo de la Cuenta Fiduciaria del SCLP a favor de países miembros habilitados se extiende hasta el 31 de diciembre de 2001, y los desembolsos podrán efectuarse hasta el final de 2003.
Las aportaciones para la Cuenta de Subvención permiten otorgar préstamos con cargo a la Cuenta Fiduciaria del SCLP a una tasa de interés muy concesionaria (actualmente del 0,5% anual). El valor total de las aportaciones bilaterales para subvenciones se estima en DEG 3.400 millones. Además, a principios de 1994, se transfirieron DEG 400 millones de la Cuenta Especial de Desembolsos (CED) a la Cuenta de Subvención. El valor de esta aportación del FMI, incluidos los intereses que devengará, se calcula en DEG 600 millones.
Los recursos de la Cuenta de Subvención ascendían a DEG 1.700 millones al 30 de abril de 2000. En el ejercicio 2000, se efectuaron pagos de intereses a los prestamistas por valor de DEG 201 millones; de esta suma, DEG 28 millones se financiaron con los intereses pagados por los prestatarios de la Cuenta Fiduciaria del SCLP, y el resto—DEG 173 millones—con recursos de la Cuenta de Subvención.
Véase en el apéndice II (cuadros II.5 y II.10) la información detallada sobre los acuerdos en el marco del SCLP, y sobre los empréstitos y aportaciones para subvención de la Cuenta Fiduciaria del SCLP.
En el ejercicio 2000 se reforzó considerablemente la iniciativa para los países pobres muy endeudados, emprendida por el FMI y el Banco Mundial en 1996, para ampliar, acelerar y profundizar el alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados de todo el mundo (véase el capítulo 5). El FMI proporciona asistencia a los PPME en forma de donaciones que se utilizan para pagar parte del servicio de la deuda del país en cuestión frente al FMI.
Al 30 de abril de 2000, los directorios ejecutivos del FMI y el Banco Mundial habían decidido prestar asistencia a nueve países que habían alcanzado el punto de decisión en el marco de dicha iniciativa (Bolivia, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guyana, Malí, Mauritania, Mozambique, Tanzania y Uganda); el FMI había comprometido DEG 467 millones a favor de estos países, y cinco países (Bolivia, Guyana, Mozambique, Tanzania y Uganda) habían recibido asistencia en forma de donaciones del FMI por un total de DEG 213 millones.
Se estima que el costo total de la participación del FMI en la iniciativa reforzada para los PPME y del mantenimiento de los préstamos concesionarios en el marco del SCLP asciende a $3.500 millones (en valor neto actualizado (VNA) al final de 1998); alrededor de dos tercios de este total corresponden a dicha iniciativa. Se prevé financiar este costo con las aportaciones comprometidas por los países miembros de $1.400 millones (en VNA al final de 1998) y aportaciones del FMI por $2.100 millones (en VNA al final de 1998). En diciembre de 1999, el Directorio Ejecutivo adoptó las decisiones necesarias para llevar adelante el financiamiento de estas iniciativas; a saber, decidió clausurar la segunda Cuenta Especial para Contingencias (CEC-2) (véase más adelante) y realizar ventas directas de oro por un máximo de 14 millones de onzas (véase el recuadro 6.4).
Se ha avanzado considerablemente en la obtención del financiamiento necesario. Un total de 93 países miembros han prometido aportaciones para el Fondo Fiduciario SCLP-PPME, varios de ellos mediante la donación de todo o parte de su saldo en la CEC-2. Al 30 de abril de 2000, alrededor del 60% de las aportaciones prometidas ya se había recibido o se estaba recibiendo conforme a un calendario acordado (véase el cuadro II.11). En lo que respecta al FMI, la mayor parte de su aportación se financiará con la renta de la inversión de las utilidades generadas por las ventas directas de 12,9 millones de onzas de oro, ventas que quedaron concluidas a principios de abril de 2000. El FMI también proporcionará $500 millones provenientes de otras fuentes, de los cuales ya se ha aportado alrededor del 45% al Fondo Fiduciario SCLP-PPME. Al 30 de abril de 2000, los recursos disponibles en dicho Fondo Fiduciario ascendían a DEG 511 millones (véase el recuadro 6.5).
Recuadro 6.2Plan de transacciones financieras
El Directorio Ejecutivo especifica en un plan de transacciones financieras (anteriormente denominado “presupuesto de operaciones”) las cantidades de monedas y de DEG que los países miembros utilizarán en los nuevos giros y rembolsos durante sucesivos períodos trimestrales. En esencia, la utilización de la moneda de un país miembro en un nuevo préstamo concedido por el FMI supone la transferencia de divisas del país cuya moneda se utiliza (el acreedor) al país prestatario, y da lugar a un aumento equivalente del saldo acreedor del país en el FMI. Análogamente, cuando los países prestatarios efectúan rembolsos al FMI en monedas, el país acreedor recibe divisas y, como contrapartida, se reducen sus créditos contra el FMI. Estas cantidades se controlan cuidadosamente de modo que los saldos acreedores en el FMI de los países que ponen su moneda a disposición para que otros países la utilicen se mantengan en líneas generales en la misma proporción con respecto a la cuota, que es la medida clave de los derechos y obligaciones de cada país miembro en el FMI.
Recientemente, el FMI ha comenzado a publicar los resultados del plan de transacciones financieras. Los datos sobre las cantidades de recursos proporcionadas por los países miembros para financiar las transacciones de la institución se publican en el sitio del FMI en Internet una vez concluido cada plan trimestral, junto con una nota explicativa a modo de guía para los lectores no familiarizados con la estructura y la terminología financiera específica del FMI.
Al comienzo de cada ejercicio, el FMI establece la tasa de cargos aplicable al uso de sus recursos a fin de lograr el monto de ingreso neto fijado como meta, el cual se suma a las reservas de la institución. Para determinar la cantidad de ingreso que se sumará a las reservas, el Directorio Ejecutivo se guía por dos principios: los saldos precautorios deben cubrir íntegramente el crédito pendiente de rembolso por los países miembros que registran atrasos persistentes ante el FMI, y dichos saldos deben incluir un margen que cubra el riesgo relacionado con el crédito pendiente de rembolso por otros países que mantienen una situación al día.
Recuadro 6.3Servicio temporal de financiamiento para el problema informático del año 2000
Como el resto del mundo, el FMI se vio ante un problema singular en el ejercicio 2000: cuando terminara el año 1999, ¿interpretarían los ordenadores que la expresión “00” se refería al año 1900 o al 2000? El FMI tomó las precauciones necesarias para que sus propios sistemas estuvieran adaptados al “efecto 2000” y procuró crear en los países miembros conciencia de los riesgos de que fallaran los sistemas y de la importancia de establecer planes de contingencia frente a los problemas clave.
En septiembre de 1999, el Directorio Ejecutivo aprobó la creación de un servicio temporal de financiamiento para el problema informático del año 2000. En el marco de este servicio, el FMI otorgaría financiamiento a corto plazo a los países que se vieran ante dificultades de balanza de pagos resultantes de fallas concretas o eventuales de los sistemas informáticos relacionadas con el efecto 2000. El país prestatario debía estar cooperando con el FMI y estar tratando de resolver las fallas causantes de las dificultades de balanza de pagos, en la medida en que estuvieran bajo su control. Asimismo, el país debía estar aplicando una política en general sólida (que, en su caso, incluyera medidas para resolver las demás causas de las dificultades de balanza de pagos) y estar utilizando adecuadamente sus reservas y las demás fuentes de financiamiento externo disponibles para resolver dichas dificultades.
En definitiva, ningún país miembro utilizó el servicio de financiamiento para el problema informático del año 2000, que caducó el 31 de marzo de 2000.
La tasa de cargos básica se fija como proporción de la tasa de interés del DEG y se ajusta conforme al mecanismo de distribución de la carga, que se describe más adelante. Además, el FMI cobra una sobretasa por el uso de recursos en el marco del SCR y la línea de crédito contingente (LCC) (véase el cuadro 6.4). El FMI paga una remuneración a los países miembros sobre su saldo remunerado en el tramo de reserva, que en promedio equivale al 88% de su saldo total en el tramo de reserva. La tasa de remuneración se ha fijado en el 100% de la tasa de interés del DEG y también se ajusta conforme al mecanismo de distribución de la carga.
Desde 1986, el Directorio Ejecutivo ha aplicado mecanismos de distribución de la carga para fortalecer la situación financiera del FMI frente a las consecuencias de las obligaciones en mora y para distribuir la carga financiera de estas obligaciones entre los países deudores y acreedores:
El Directorio ha ajustado las tasas de cargos y de remuneración para generar sumas equivalentes a los cargos adeudados por los países miembros que registran atrasos persistentes. Cuando se liquidan los cargos diferidos que dieron lugar a estos ajustes por distribución de la carga, se rembolsa una suma equivalente a los países miembros que pagaron cargos adicionales o recibieron una remuneración reducida.
Desde el ejercicio 1989 hasta el ejercicio 2000 inclusive, con el objeto de fortalecer la situación financiera del FMI se ha sumado anualmente a la primera Cuenta Especial para Contingencias (CEC-1) una suma equivalente al 5% de las reservas del FMI al comienzo del ejercicio. En el ejercicio 2001 se sumará a la CEC-1 el equivalente del 3,3% de las reservas del FMI al comienzo del ejercicio.
De 1990 a 1997 inclusive, los países miembros deudores y acreedores aportaron DEG 1.000 millones a la segunda Cuenta Especial para Contingencias (CEC-2) con objeto de proporcionar la liquidez necesaria para efectuar desembolsos con cargo a la CRG a los países miembros que habían acumulado atrasos persistentes frente al FMI—una vez concluido un programa de acumulación de derechos6 y liquidados los atrasos—y de resguardar la situación financiera del FMI frente a los riesgos vinculados a estos desembolsos. Posteriormente, al objeto de facilitar la consecución del plan de financiamiento para mantener el SCLP y la iniciativa para la PPME, la CEC-2 se clausuró en 1999, y el saldo existente se distribuyó a los países que habían efectuado aportaciones.
En abril de 1999, la tasa de cargos básica para el ejercicio 2000 se fijó en el 113,7% de la tasa de interés del DEG a fin de alcanzar una meta de ingreso neto de DEG 128 millones, o el 5% de las reservas del FMI al iniciarse el ejercicio; asimismo, se decidió que se asignaría a la CEC-1 el 5% de las reservas. Todo ingreso que superara esa meta, excluido el ingreso generado por el SCR, el servicio de financiamiento para el problema informático del 2000 o la LCC, se utilizaría para reducir retroactivamente la tasa de cargos. En efecto, la meta de ingreso neto se redujo a DEG 101 millones en diciembre de 1999, oportunidad en que el Directorio Ejecutivo decidió que el FMI absorbería los efectos que tuviera en el ingreso la aceptación de oro en pago de obligaciones financieras ante la institución.
Como resultado de los cargos adeudados por los países miembros que registran atrasos persistentes y de los recursos asignados a la CEC-1, en el ejercicio 2000 la tasa de cargos básica se ajustó 16 centésimas de punto porcentual y la tasa de remuneración 17 centésimas de punto porcentual. Durante el ejercicio, las tasas de cargos y de remuneración ajustadas se situaron en un promedio del 4,33% y del 3,50%, respectivamente.
En el ejercicio 2000, excluido el efecto de la adopción de la norma internacional de contabilidad 19 (IAS 19), el ingreso neto del FMI ascendió a un total de DEG 271 millones. De esta suma, el ingreso generado por el SCR, deducidos los gastos anuales de administración de la Cuenta Fiduciaria del SCLP, fue de DEG 167 millones. En el ejercicio 2000 no se rembolsaron a la CRG los gastos de administración de dicha Cuenta Fiduciaria; en lugar de ese rembolso se transfirió una suma equivalente al Fondo Fiduciario SCLP-PPME, a través de la CED. Los ingresos generados por las demás fuentes ascendieron a DEG 104 millones. Al cierre del ejercicio, DEG 3 millones de estos ingresos—el excedente con respecto al ingreso neto fijado como meta—se rembolsaron a los países miembros que habían pagado cargos, con lo cual la tasa de cargos del ejercicio 2000 se redujo retroactivamente al 113,5% de la tasa de interés del DEG.
Después de reducir retroactivamente la tasa de cargos, se asignaron a las reservas del FMI DEG 268 millones: DEG 167 millones, generados por el SCR, a la reserva general y DEG 101 millones, generados por otras fuentes, a la reserva especial. Además, al adoptarse la norma IAS 19 para las prestaciones al personal se generó por única vez una ganancia contable de DEG 268 millones que se asignó a la reserva especial (véase el recuadro 6.6). El total de reservas aumentó de DEG 2.600 millones al 30 de abril de 1999 a DEG 3.100 millones al 30 de abril de 2000.
Al 30 de abril de 2000, los saldos precautorios (es decir, las reservas, menos la ganancia contable generada por la aplicación de la IAS-19, más el saldo de la CEC-1) ascendían a un total de DEG 4.000 millones, frente a un total de DEG 3.600 millones al 30 de abril de 1999. Estos saldos equivalían al 409% del crédito con cargo a la CRG pendiente de rembolso por países que registraban atrasos de seis meses o más en sus pagos al FMI, y al 9,0% del total del crédito con cargo a la CRG pendiente de rembolso.
En abril de 2000, el Directorio Ejecutivo decidió fijar en DEG 48 millones la meta de ingreso neto del ejercicio 2001 (excluido el ingreso generado por el SCR y la LCC)—teniendo en cuenta la necesidad de compensar la pérdida de ingresos resultante de la venta directa de oro—y generar DEG 94 millones para la CEC-1 mediante la distribución de la carga. La tasa de cargos básica para el ejercicio 2001 se fijó en el 115,9% de la tasa de interés del DEG. Asimismo, el Directorio prorrogó la aplicación del mecanismo de distribución de la carga en relación con los cargos diferidos y decidió que no se rembolsarían a la CRG los gastos de administración de la Cuenta Fiduciaria del SCLP en los ejercicios 2001 a 2004, y que se destinaría al Fondo Fiduciario SCLP-PPME una suma equivalente a esos gastos. Por último, el Directorio decidió que el ingreso neto generado por el SCR y la LCC en el ejercicio 2001, después de cubrir los gastos de administración de la Cuenta Fiduciaria del SCLP, se asignará al cierre del ejercicio a la reserva general.
Recuadro 6.4Las ventas directas de oro del FMI ayudan a financiar la iniciativa para los PPME
Para financiar en parte su aportación a la iniciativa para los PPME, a lo largo de un período de cuatro meses durante el ejercicio 2000, el FMI realizó una serie de ventas directas de oro a dos países miembros, por medio de las cuales se obtuvieron utilidades correspondientes a la diferencia entre el valor del oro al precio de mercado y el precio oficial del oro en los balances del FMI.
En el período diciembre de 1999-abril de 2000, el FMI vendió un total de 12,944 millones de onzas de oro fino a Brasil y México al precio vigente en el mercado el día de la transacción. El monto total de las ventas ascendió al equivalente de DEG 2.700 millones ($3.700 millones). Tras cada venta, el FMI aceptó inmediatamente la devolución del oro al mismo precio en pago de las obligaciones financieras de dichos países miembros ante el FMI. Como efecto neto de estas transacciones, las tenencias físicas de oro del FMI no se modificaron, pero el oro aceptado en devolución se revaloró a los precios de mercado de las transacciones. El oro no pasó al mercado y, por consiguiente, no se modificó el volumen de la oferta y demanda en el mercado.
De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Constitutivo, se asignó a la Cuenta de Recursos Generales el equivalente del producto de las ventas calculado a DEG 35 la onza de oro fino. El excedente (un total de DEG 2.200 millones, o $3.000 millones, deducido el costo de las transacciones) se mantiene en la Cuenta Especial de Desembolsos y se invierte (véase el recuadro 6.5 relativo a la reciente modificación de la estrategia de inversiones del FMI). La renta de estas inversiones, que se transferirá al Fondo Fiduciario SCLP-PPME a medida que se necesite, se utilizará exclusivamente para ayudar a financiar la aportación del FMI a la iniciativa para los PPME. Hasta la fecha, el Directorio Ejecutivo ha autorizado la transferencia de nueve catorceavos de la renta de la inversión al Fondo Fiduciario SCLP-PPME; para transferir el resto se requiere una nueva decisión del Directorio.
Como resultado de las ventas de oro se reduce la liquidez del FMI, así como su ingreso neto. En lo que respecta al ejercicio 2000, el Directorio decidió que el FMI absorbería la pérdida de ingresos netos mediante una reducción de la acumulación de reservas; posteriormente adoptó una decisión sobre la forma en que se consideraría la pérdida de ingresos en el ejercicio 2001 (véase el texto de este capítulo).
El total de obligaciones financieras en mora ante el FMI aumentó ligeramente en el ejercicio 2000 y, al 30 de abril de 2000, ascendía a DEG 2.320 millones, en comparación con DEG 2.300 millones un año antes7. En todos estos casos, al 30 de abril de 2000, se trataba de atrasos de carácter persistente, es decir, de una duración de seis meses o más. No hubo nuevos casos de atrasos persistentes en el ejercicio 2000, ni se liquidaron los atrasos en ninguno de los casos ya existentes, con lo cual el número de países miembros con atrasos persistentes frente al FMI se mantuvo en siete. En el cuadro 6.5 se presentan datos sobre los atrasos en los pagos al FMI, desglosados por país, tipo y duración.
Cuadro 6.5Obligaciones en mora ante el FMI de países con atrasos de seis meses o más, desglosadas por tipo y duración; al 30 de abril de 2000(millones de DEG)
(incl. SAE)
de DEG
Afganistán, Estado Islámico del 4,8 — 4,8 — 1,1 1,2 1,2 1,3
Congo, República Democrática del 378,6 367,1 11,5 — 19,2 27,8 34,9 296,7
Sudán 1.126,6 1.048,9 — 77,7 19,6 22,9 25,1 1.059,0
Yugoslavia, República Federativa de (Serbia/Montenegro) 96,3 75,3 21,0 — 5,0 5,5 5,5 80,3
Recuadro 6.5Inversión de los recursos de la CED, el SCLP y el SCLP-PPME
Los recursos que se mantienen en la Cuenta Especial de Desembolsos (CED), en la Cuenta de Reserva y la Cuenta de Subvención de la Cuenta Fiduciaria del SCLP y en el Fondo Fiduciario SCLP-PPME son la fuente principal de financiamiento de los préstamos del FMI en el marco del SCLP y de la aportación de la institución a la iniciativa para los PPME. Estos recursos se invierten y se complementan con la renta de las inversiones.
En marzo de 2000, el FMI adoptó una nueva estrategia de inversión por medio de la cual se espera que con el tiempo aumente la renta de la inversión y se limiten también los riesgos. De esta manera se reforzará la protección otorgada a los prestamistas de recursos destinados a la Cuenta Fiduciaria del SCLP, se generarán mayores recursos para subvencionar los préstamos del SCLP y las operaciones en el marco del SCLP y la iniciativa para los PPME en el período de transición, y se ampliará el volumen de autofinanciamiento del SCLP.
La modificación de la estrategia de inversión fue especialmente oportuna dado el gran aumento de los recursos que pueden invertirse, entre los que se incluyen los recursos derivados de las ventas directas de oro y de la clausura de la segunda Cuenta Especial para Contingencias para respaldar las operaciones del SCLP y la iniciativa para los PPME en el período de transición. Estos recursos llegarán a un nivel máximo de alrededor de DEG 10.000 millones en 2003, y disminuirán paulatinamente a partir de ese año.
En el pasado se han realizado inversiones en depósitos a corto plazo denominados en DEG en el Banco de Pagos Internacionales. En el marco de la nueva estrategia, se prolongará el vencimiento de las inversiones mediante la transferencia de parte de los recursos a carteras integradas principalmente por bonos emitidos por los gobiernos de los países cuyas monedas forman parte de la cesta del DEG y por instrumentos a plazo medio emitidos por el Banco de Pagos Internacionales.
Las obligaciones financieras en mora seguían concentrándose en cuatro países miembros—Liberia, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán—que acumulaban el 94% del total de obligaciones en mora frente al FMI al 30 de abril de 2000. A esa fecha, estos cuatro países miembros estaban inhabilitados, en virtud del Artículo XXVI, Sección 2 a), para utilizar los recursos generales del FMI. Además, estaban en vigor declaraciones de no cooperación, que constituyen un paso ulterior en la estrategia de cooperación reforzada frente a los atrasos (véase más adelante), con respecto a la República Democrática del Congo (declaración emitida el 14 de febrero de 1992) y Liberia (emitida el 30 de marzo de 1990); en lo que respecta a Sudán, la declaración de no cooperación emitida el 14 de septiembre de 1990 se levantó el 27 de agosto de 1999. Se suspendieron los derechos de voto de la República Democrática del Congo y de Sudán (con efecto el 2 de junio de 1994 y el 9 de agosto de 1993, respectivamente). Asimismo, estaba pendiente una queja contra Sudán (formulada el 8 de abril de 1994), en virtud de la cual se planteó su separación obligatoria del FMI.
La estrategia de cooperación reforzada para las obligaciones financieras en mora frente al FMI se adoptó en 1990. La prevención de nuevos atrasos es la primera línea de defensa en el marco de dicha estrategia. Entre las medidas preventivas se incluyen la supervisión por el FMI de la política económica de los países miembros, la condicionalidad aplicable al uso de recursos del FMI, la asistencia técnica de la institución en respaldo de los planes de ajuste y reforma de los países miembros, y la garantía de que se proporcionará a estos países el financiamiento suficiente para la balanza de pagos en el marco de programas respaldados por el FMI.
El componente de la estrategia relativo a la intensificación de la colaboración constituye un marco para que los países que registran atrasos y muestren una actitud de cooperación establezcan un historial satisfactorio en la ejecución de las medidas de política y el cumplimiento de sus pagos al FMI y, a su vez, obtengan respaldo financiero bilateral y multilateral para sus planes de ajuste y liquiden sus atrasos ante el FMI y otros acreedores. La intensificación de la colaboración ha permitido normalizar las relaciones entre el FMI y la mayor parte de los países miembros que registraban atrasos persistentes en el momento en que se estableció la estrategia de cooperación reforzada.
El enfoque de los derechos, establecido en 1990, permite a los países miembros que reúnan las condiciones pertinentes (exclusivamente los 11 países que registraban atrasos persistentes frente al FMI al final de 1989) sentar un historial satisfactorio en la ejecución de las medidas de política y el cumplimiento de los pagos, como base para la acumulación de “derechos” a desembolsos futuros en el marco de un ulterior acuerdo del FMI, una vez concluido el programa de acumulación de derechos y liquidados los atrasos frente a la institución. Debido a los riesgos que planteaban los desembolsos de gran cuantía a países miembros que registraban atrasos persistentes, se creó la segunda Cuenta Especial para Contingencias (CEC-2) como medida precautoria y fuente de liquidez adicional para financiar la utilización de derechos en el marco de acuerdos con cargo a la CRG. De la misma manera, el FMI se comprometió a movilizar hasta 3 millones de onzas de oro en relación con la utilización de derechos en el marco de acuerdos al amparo del SCLP, en caso de que los recursos disponibles para atender las obligaciones de la Cuenta Fiduciaria del SCLP resultaran insuficientes.
En reuniones celebradas a finales de agosto y a principios de diciembre de 1999, el Directorio Ejecutivo consideró la propuesta de clausurar anticipadamente la CEC-2 a fin de completar el financiamiento necesario para mantener el SCLP y la iniciativa para los PPME. El Directorio acordó que, en las circunstancias previsibles, los demás saldos precautorios del FMI representan una protección suficiente frente a los riesgos vinculados con los desembolsos pendientes y futuros, relacionados con el enfoque de los derechos, y que la clausura de la CEC-2 no impediría mantener el enfoque de los derechos. Posteriormente, el Directorio decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2000 el plazo para recurrir al enfoque de los derechos.
El último elemento de la estrategia es el plan de medidas correctivas que se aplican a los países miembros que tienen obligaciones en mora y que no cooperan activamente con el FMI para hallar una solución a sus problemas de atrasos. Este plan sirve de guía para que el Directorio Ejecutivo considere medidas correctivas de creciente intensidad, aunque la aplicación de cada medida está determinada por las circunstancias específicas del país en cuestión. En los casos de Afghanistán, Iraq, República Democrática del Congo y Somalia—países con respecto a los cuales, debido a conflictos civiles, a la carencia de un gobierno eficaz o a la aplicación de sanciones internacionales, el FMI no pudo determinar si estaban cooperando—se ha aplazado o suspendido la aplicación de medidas correctivas hasta que pueda llegarse a una determinación al respecto.
En julio de 1999, el Directorio Ejecutivo decidió establecer pautas claras con respecto a la atenuación de ciertas medidas correctivas a fin de dar a los países con atrasos persistentes mayores incentivos para cooperar con el FMI, teniendo en mira el objetivo último de lograr que los países liquiden íntegramente los atrasos y recobren el acceso a los recursos de la institución. Las medidas básicas en este proceso de atenuación serían la determinación por el Directorio de que el país ha comenzado a cooperar para resolver sus problemas de atrasos, la fijación de un período de evaluación durante el cual se esperaría una intensificación de la cooperación, y el levantamiento escalonado de la declaración de no cooperación y, en su caso, de la suspensión de los derechos de voto y otros derechos conexos en el FMI. Poco después de establecido este proceso, se aplicó por primera vez en agosto de 1999 en el caso de Sudán.
El Directorio Ejecutivo examinó en varias ocasiones durante el ejercicio 2000 las obligaciones en mora de los países miembros frente al FMI. En lo que respecta a Liberia, consideró las obligaciones en mora en tres ocasiones y decidió posponer la adopción de nuevas medidas correctivas ante el compromiso de las autoridades de mejorar la aplicación de las medidas de política. En febrero de 2000, tras la formulación de un nuevo programa supervisado por el personal del FMI, los directores decidieron dar a las autoridades el tiempo necesario para llevar a la práctica este programa e instaron a Liberia a seguir reforzando su cooperación con el FMI.
En el ejercicio 2000, no se celebró ninguna reunión para tratar la decisión de suspender los derechos de voto y otros derechos conexos de la República Democrática del Congo. En agosto de 1999, mejoraron las perspectivas de pacificación en el país al firmarse un acuerdo de paz entre los países intervinientes en el conflicto militar iniciado en agosto de 1998. Tras cesar las hostilidades, un equipo del FMI viajó al Congo en febrero de 2000 para evaluar la situación económica y analizar con las autoridades su disposición a cooperar nuevamente con el FMI. El próximo examen de los atrasos del Congo en los pagos al FMI se realizará antes del 10 de junio de 2000.
Recuadro 6.6Estados financieros del FMI y auditoría externa
Los estados financieros del FMI correspondientes al ejercicio 2000 se ajustan estrictamente a las normas internacionales de contabilidad aprobadas por la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, y se han revisado para asegurar que sean más completos y transparentes.
Los estados financieros son verificados por un despacho de auditores externos de conformidad con las normas internacionales de contabilidad. En el ejercicio 2000 se modificaron los mecanismos de auditoría externa transfiriendo la responsabilidad oficial del Comité de Auditoría Externa a un despacho de auditoría externa, bajo la supervisión de dicho Comité. El Directorio Ejecutivo selecciona el despacho de auditoría externa en consulta con el Comité.
En diciembre de 1999, el FMI designó a Pricewaterhouse-Coopers para ocuparse de la auditoría externa por un período de cinco años a partir del ejercicio 2000 y, al mismo tiempo, nombró a los tres miembros del Comité de Auditoría Externa: K.N. Memani, de India, presidente y socio gestor en el país de S.R. Batliboi & Co., firma integrante de Ernst & Young International; Giorgio Loli, de Italia, profesor de contabilidad de la Universidad Bocconi de Milán y ex socio gestor de KPMG, Italia, y Juan Humud Giacaman, de Chile, presidente de Ernst & Young Chile.
El Directorio examinó en dos ocasiones los atrasos de Sudán, país que ha acumulado los atrasos ante el FMI más persistentes y de mayor volumen. En agosto de 1999, considerando que Sudán había mejorado su cooperación con el FMI en lo que respecta a las medidas de política y los pagos a la institución, el Directorio decidió levantar la declaración de no cooperación con respecto a este país, que estaba en vigor desde 1990, y considerar el levantamiento de la suspensión de los derechos de voto y otros derechos conexos de Sudán en el FMI si el país seguía reforzando su cooperación en los 12 meses siguientes. En febrero de 2000, el Directorio decidió que no presentaría a la Junta de Gobernadores una recomendación de separación obligatoria, teniendo en cuenta los pagos realizados por Sudán al FMI y los resultados en general satisfactorios obtenidos por el país en el marco de los programas supervisados’por el personal del FMI en 1998 y 1999.
El DEG es un activo internacional de reserva creado por el FMI en virtud de la primera enmienda de su Convenio Constitutivo para complementar los demás activos de reserva. Las asignaciones de DEG, efectuadas por primera vez en enero de 1970, ascienden actualmente a un total de DEG 21.400 millones. La mayor parte de los DEG se encuentran en poder de los países miembros del FMI—todos los cuales participan en el Departamento de DEG—y el resto se halla en la Cuenta de Recursos Generales y en manos de las entidades autorizadas por el FMI como tenedores de DEG. Aunque los tenedores autorizados no reciben asignaciones de DEG, pueden adquirirlos y utilizarlos en operaciones y transacciones con participantes en el Departamento de DEG y con otros tenedores autorizados en las mismas condiciones que los participantes. En el ejercicio 2000 el número de tenedores autorizados se mantuvo en quince8.
El DEG es la unidad de cuenta de las operaciones y transacciones del FMI. También se utiliza como unidad de cuenta, o como base de una unidad de cuenta, en varios otros organismos internacionales y regionales, así como en convenciones internacionales. Asimismo, el DEG se ha utilizado, con alcance muy limitado, en varios instrumentos financieros creados al margen del FMI por el sector privado (DEG privados). Al cierre del ejercicio 2000, cuatro países miembros mantenían un régimen de vinculación del tipo de cambio con el DEG.
A fin de que los participantes en el Departamento de DEG reciban una proporción equitativa de asignaciones acumulativas de DEG, en septiembre de 1997 la Junta de Gobernadores adoptó una resolución en la que se propone una cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del FMI. La enmienda propuesta, una vez aprobada, autorizará a efectuar una asignación especial, de carácter excepcional, de DEG 21.400 millones, con lo que la proporción entre las asignaciones acumulativas de DEG de todos los participantes y su cuota en el marco de la novena revisión general se elevaría a un coeficiente de referencia común de 29,32%. En el cuadro II.12 se indica la cantidad de DEG que los actuales participantes tendrán derecho a recibir por medio de la asignación especial. La enmienda propuesta también prevé que los futuros participantes reciban una asignación especial en la fecha de su participación o en la fecha de entrada en vigor de la cuarta enmienda, si esta última fecha fuera posterior. La enmienda entrará en vigor cuando haya sido ratificada por las tres quintas partes de los países miembros que reúnan el 85% del número total de votos. Al cierre del ejercicio 2000, habían ratificado la enmienda propuesta 79 países miembros a los que corresponde el 50,2% del número total de votos. La enmienda no menoscabará la facultad actual del FMI de asignar DEG en caso de que se determine la existencia de una necesidad global a largo plazo de complementar las reservas.
La valoración del DEG se determina utilizando una cesta de monedas cuya composición se revisa cada cinco años. Desde 1981 dicha cesta ha estado integrada por las monedas de cinco países—Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido—pues en los sucesivos exámenes quinquenales se determinó que a estos cinco países correspondía la mayor exportación de bienes y servicios. En los exámenes quinquenales también se especifica la ponderación inicial de cada moneda en la cesta, en función de su importancia relativa en el comercio y las reservas internacionales, teniendo en cuenta el valor de la exportación de bienes y servicios del país emisor y el saldo de esas monedas que los países miembros del FMI mantienen en calidad de reservas9.
Con la introducción del euro el 1 de enero de 1999, se remplazaron las cantidades de francos franceses y marcos alemanes que componían la cesta de DEG por su equivalente en euros, tomando como base los tipos de conversión fijos entre el euro y el franco francés y el marco alemán anunciados por el Consejo de la Unión Europea el 31 de diciembre de 1998. En el cuadro 6.6 se presenta el cálculo del valor del DEG correspondiente al último día (hábil) del ejercicio 2000.
Cuadro 6.6Valoración del DEG(al 28 de abril de 2000)
Dólar de EE.UU. 0,5821 1,00000 0,582100
Euro (Alemania) 0,2280 0,90620 0,206614
Euro (Francia) 0,1239 0,90620 0,112278
Libra esterlina 0,1050 1,56810 0,164651
Yen japonés 27,2000 107,27000 0,253566
DEG 1 = $1,31921
$1 = DEG 0,758030
1 Tipos de cambio frente al dólar de EE.UU. por unidad monetaria salvo en el caso del yen japonés, en que se refiere a unidades monetarias por dólar de EE.UU.
Desde 1983, la tasa de interés del DEG se ha calculado semanalmente como el promedio ponderado de las tasas de interés de determinados instrumentos a corto plazo de los cinco países cuyas monedas componen la cesta de valoración. Estos instrumentos financieros se examinan cada cinco años para verificar que sean representativos de los instrumentos de que disponen efectivamente los inversionistas en una moneda y vencimiento determinados, que las tasas de interés de estos instrumentos sean sensibles a las variaciones de las condiciones básicas del crédito en los respectivos mercados y que las características de riesgo sean semejantes a las del DEG, que es un instrumento oficial. Desde 1991, las tasas de interés y los instrumentos financieros son el rendimiento de mercado de las letras del Tesoro a tres meses de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, la tasa de los depósitos interbancarios a tres meses de Alemania y la tasa de los certificados de depósito a tres meses de Japón. A partir del 1 de enero de 1999, los instrumentos alemanes y franceses se expresan en euros. El próximo examen de la cesta de valoración y la cesta de cálculo de la tasa de interés del DEG tendrá lugar antes del 31 de diciembre de 2000, y los cambios, en su caso, entrarán en vigor el 1 de enero de 2001.
Tras alcanzar en el ejercicio 1999 un máximo de DEG 49.100 millones—en gran parte debido al pago del aumento de cuotas en el marco de la undécima revisión—el total de transferencias de DEG realizadas por los participantes, la CRG y los tenedores autorizados disminuyó a DEG 22.900 millones en el ejercicio 2000. Esta reducción de las transferencias se debió a la disminución del pago de cuotas y a los retrasos durante el ejercicio 2000 en una serie de desembolsos de gran cuantía en el marco de acuerdos con los países miembros. En el cuadro 6.7 se presentan datos resumidos sobre las transferencias de DEG (véase también el cuadro II.13).
Cuadro 6.7Transferencias de DEG(millones de DEG)
Transferencias entre participantes y tenedores autorizados Transacciones por acuerdo 5.019 5.056 3.122 8.987 8.931 7.411 8.567 13.817 6.639
Transacciones por designación — — — — — — — — —
Operaciones con tenedores autorizados 240 5.610 406 124 1.951 88 86 4.577 293
Operaciones relacionadas con el FMI 149 94 436 301 704 606 901 756 684
Intereses netos sobre DEG 441 337 121 174 319 268 284 289 214
Recompras 1.838 583 642 1.181 5.572 4.364 2.918 4.761 3.826
Cargos 1.883 1.798 1.425 1.386 1.985 1.616 1.877 2.806 2.600
Pago de cuotas 11 12.643 71 24 70 — — 8.644 528
Intereses percibidos sobre las tenencias de la Cuenta de
Recursos Generales 57 128 336 262 53 51 44 35 138
Contribuciones 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Compras 1.881 5.769 2.676 5.970 6.460 4.060 4.243 9.522 3.592
Rembolsos de empréstitos del FMI 500 350 300 862 — — — 1.429 —
Intereses de los empréstitos del FMI 77 92 162 97 — — — 46 18
A cambio de monedas de otros países miembros
Adquisiciones para pagar cargos 253 699 166 99 49 224 20 545 1.577
Adquisiciones para pagar cuotas — — — — — — — — —
Reconstitución de las tenencias — — — — — — — — —
Remuneración 1.009 922 958 815 1.092 1.055 1.220 1.826 1.747
Otros 89 73 108 51 259 27 90 74 1.007
Total de transferencias 13.450 34.157 10.933 20.336 27.448 19.773 20.256 49.130 22.867
Tenencias de la Cuenta de Recursos Generales, final de período 680 7.930 6.038 1.001 825 1.494 764 3.572 2.724
Las transacciones de DEG se ven facilitadas por los acuerdos celebrados con 12 países miembros que están dispuestos a comprar o vender DEG a cambio de una o más monedas de libre uso siempre y cuando sus tenencias de DEG se mantengan dentro de ciertos límites. Estos acuerdos han contribuido a asegurar la liquidez del sistema de DEG sin que fuera necesario recurrir al mecanismo de designación (en virtud del cual los participantes cuya situación de balanza de pagos y reservas se considera suficientemente firme pueden estar obligados, en caso de ser designados por el FMI a tal efecto, a proporcionar monedas de libre uso a cambio de DEG hasta las cantidades especificadas). En el ejercicio 2000, se realizaron transacciones al amparo de estos acuerdos por un total de DEG 6.600 millones, cifra que incluye ventas por DEG 3.900 millones y compras por DEG 2.700 millones.
Las transferencias de DEG entre participantes y tenedores autorizados disminuyeron de DEG 19.400 millones en el ejercicio 1999 a DEG 7.800 millones en el ejercicio 2000, principalmente debido a que se efectuó un volumen mucho menor de transacciones mediante acuerdo y a que los países recurrieron en menor medida al servicio de préstamos de DEG rembolsables el mismo día para pagar esa parte del aumento de su cuota en el marco de la undécima revisión que es pagadera en activos de reserva.
Las transferencias de DEG de los participantes a la CRG disminuyeron a DEG 7.100 millones en el ejercicio 2000—en comparación con DEG 16.200 millones en el ejercicio 1999—debido a que se redujo el pago de cuotas, descendió el uso de DEG para rembolsar el crédito del FMI y disminuyeron los cargos. Como resultado de la gran acumulación de DEG en la CRG durante la primera parte del ejercicio, aumentaron los intereses recibidos por la CRG sobre sus tenencias de DEG.
Los giros contra el FMI en DEG ascendieron a DEG 3.600 millones en el ejercicio 2000 y representaron la principal categoría de transferencias de recursos de la CRG, seguidos de los pagos de remuneración, por valor de DEG 1.700 millones, efectuados a países miembros con saldo acreedor. Se efectuaron otras transferencias en relación con la clausura de la CEC-2 en diciembre de 1999, que dio lugar a la distribución a los participantes de DEG 1.000 millones, para lo cual se utilizaron recursos de la CRG.
Se ha fijado como meta mantener las tenencias de DEG del FMI en la CRG dentro de la gama de DEG 1.000 millones a DEG 1.500 millones. Al cierre del ejercicio 2000, estas tenencias habían disminuido a DEG 2.700 millones, frente a un nivel de DEG 3.600 millones un año antes. En consonancia, las tenencias de DEG de los participantes habían aumentado a DEG 18.100 millones al cierre del ejercicio 2000, en comparación con DEG 17.400 millones un año antes.
Las tenencias de DEG de los países industriales en relación con sus asignaciones acumulativas netas aumentaron del 94,6% al 95,0% entre el 30 de abril de 1999 y el mismo día y mes de 2000. Las tenencias de los demás países aumentaron al 62,5% de sus asignaciones acumulativas netas (52,5% un año antes), principalmente como resultado de la distribución del saldo de la CEC-2 (véase el cuadro II.14). Las tenencias de DEG de los tenedores autorizados aumentaron en el ejercicio 2000, sobre todo debido a que el FMI invirtió los recursos del servicio de ajuste estructural (SAE) y el SCLP en DEG oficiales que se encuentran en poder del Banco de Pagos Internacionales.
En marzo de 2000, el Directorio Ejecutivo inició un examen general de los servicios de financiamiento del FMI a la luz de la evolución de la economía mundial. El tema se trató de manera preliminar y como parte del debate más amplio sobre la reforma del sistema financiero mundial (véase el capítulo 4).
En cuanto a la eliminación de servicios que no se utilizan o que ya no satisfacen las necesidades de los países miembros, los directores estuvieron de acuerdo en que podían derogarse los mecanismos del fondo de estabilización cambiaria y el respaldo del FMI a las operaciones de reducción del saldo y el servicio de la deuda10. Con esta derogación se elevaba a cuatro—incluidos el servicio de financiamiento de existencias reguladoras y el componente de financiamiento para contingencias del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias suprimido en enero de 2000—el número de servicios eliminados. Al mismo tiempo, los directores ejecutivos consideraron que era apropiado mantener los mecanismos del primer tramo de crédito y de la asistencia de emergencia para catástrofes naturales y situaciones de posguerra.
En lo que respecta al servicio de financiamiento compensatorio (SFC), los directores manifestaron las mismas opiniones que en enero de 2000 (véase lo explicado en la sección anterior “Servicios financieros y mecanismos especiales”). La mayor parte de los directores se mostró partidaria de establecer un SFC simplificado, de acuerdo con los lincamientos discutidos en enero, por un período de dos años, tras el cual volvería a examinarse el servicio—incluido el componente de financiamiento de la importación de cereales—a la luz de la experiencia recogida y de la evolución de los demás servicios financieros.
Al considerar la función financiera del FMI en un sentido más amplio, los directores ejecutivos destacaron en particular que en los últimos años el financiamiento de la institución se ha centrado principalmente en los países afectados por las crisis de los mercados financieros y, en menor grado, en las economías en transición. Los directores hicieron hincapié en que la globalización de los mercados de capital plantea importantes cuestiones relacionadas con el papel del FMI. Reconocieron que el financiamiento en gran escala que la institución proporcionó durante las crisis de confianza que afectaron en los últimos años a los mercados de capitales podría llevar aparejado un componente de riesgo moral, y recalcaron la importancia que revisten los esfuerzos por neutralizar ese efecto. Recordaron que el SCR fue creado en 1997 en respuesta a la singular naturaleza de estas nuevas crisis—principalmente, el hecho de que las situaciones pueden sufrir giros relativamente rápidos—y que en su diseño habían influido en gran medida las inquietudes acerca del riesgo moral. En estas consideraciones se basan los plazos de vencimiento más cortos y las tasas de cargos más altas que se aplican al SCR. Este servicio financiero parece haber demostrado su utilidad, y la expectativa de que los países miembros puedan efectuar recompras con relativa rapidez ha sido fundada. Aunque no se propuso modificar el SCR en esa oportunidad, se planteó la posibilidad de reconsiderar estas cuestiones más adelante.
Los directores ejecutivos destacaron la importancia de seguir procurando fortalecer las normas del FMI en materia de prevención de crisis, entre otras formas adaptando el diseño de los servicios con el fin de estimular el esfuerzo de los países miembros en ese campo. Se planteó la posibilidad de remplazar la LCC por acuerdos precautorios de gran cuantía. Muchos directores, sin embargo, observaron que el hecho de que la LCC constituyera un servicio independiente ha introducido mayor flexibilidad, en particular en lo que respecta a los vencimientos y los cargos, y que el papel que cumple la LCC como señal sería difícil de reproducir en el contexto de un acuerdo de carácter precautorio. En consecuencia, la mayor parte de los directores se manifestó a favor de seguir experimentando con el diseño de la LCC.
Muchos directores fueron partidarios de considerar varias sugerencias para adaptar el diseño de la LCC—en particular, reducir la sobretasa aplicable al uso de los recursos de la LCC, rebajar la comisión por compromiso de recursos y dar al FMI menor discrecionalidad en la activación de la LCC—para incentivar a los países miembros a utilizarlas en vez de depender del acceso al SCR cuando ya se ha desencadenado una crisis. Unos pocos directores advirtieron del peligro de un debilitamiento de la condicionalidad de la LCC. Otros pocos sugirieron que para modificar la LCC, y posiblemente el SCR, se debería esperar hasta que se avance en la cuestión relativa a la participación del sector privado en la resolución de las crisis.
Muchos directores ejecutivos estimaron conveniente permitir que los acuerdos precautorios sean de mayor volumen que en el pasado, incluso mientras se sigue experimentando con el diseño de la LCC. No obstante, concordaron en que el acceso en el caso de los acuerdos precautorios debería seguir siendo, en promedio, relativamente reducido, y que el acceso más elevado se limitaría a unos pocos casos.
Se expresaron diversos puntos de vista con respecto a la utilización de recursos del FMI por los países miembros que tienen acceso a los mercados de capital. Los directores ejecutivos reconocieron que, de acuerdo con el Convenio Constitutivo, estos países, al igual que todos los demás, pueden aducir que enfrentan una necesidad de balanza de pagos que justifica el uso de recursos del FMI. Al mismo tiempo, observaron que el FMI cuenta con mecanismos por medio de los cuales puede limitar el acceso de los países a los recursos e influir sobre los incentivos que perciban los países para utilizar recursos de la institución. La mayor parte de los directores, sin embargo, consideró que el acceso a los recursos del FMI por los países miembros con acceso a los mercados de capital no constituye un motivo de inquietud y opinó que ese acceso no desalienta ni remplaza el acceso a los mercados de capital, sino que en algunos casos, evidentemente, el financiamiento del FMI complementa el acceso a los mercados porque ayuda a catalizar el financiamiento privado.
No obstante, varios otros directores ejecutivos expresaron inquietud por la posibilidad de que algunos países miembros recurran en exceso a la asistencia financiera del FMI en vez de buscar financiamiento en el mercado. Estos directores destacaron que el apoyo financiero del FMI debe estar a disposición de los países miembros cuando éstos lo soliciten para respaldar sus planes de ajuste, con lo cual se evita un ajuste “excesivo”, pero advirtieron de la posibilidad de que los países utilicen los recursos del FMI sólo para reducir el costo de su endeudamiento. Consideraron que los países deberían esforzarse por satisfacer sus propias necesidades de financiamiento, y destacaron que la estructura de los servicios financieros del FMI constituye un elemento clave que determina en qué medida la institución contribuye al funcionamiento de la disciplina del mercado y respalda a los países en su interacción con los mercados de capital.
Unos pocos directores ejecutivos sostuvieron que, dado que la tasa de cargos constituye un incentivo clave para determinar si los países miembros harán uso de los recursos del FMI, y por cuánto tiempo, debería elevarse la tasa de cargos aplicable al uso de recursos en los tramos de crédito, en el marco del servicio ampliado del FMI (SAF), o en ambos casos. Sin embargo, algunos directores sostuvieron que podría justificarse un componente de “subvención” en la tasa de cargos teniendo en cuenta las externalidades positivas que genera en la economía mundial la aplicación de una política económica más sólida. Unos cuantos directores indicaron, además, que el uso de recursos de la institución supone otros “costos” que la tasa de cargos no refleja, y destacaron la naturaleza cooperativa del FMI. En definitiva, los directores expresaron su deseo de seguir considerando el tema de la tasa de cargos, y la posible diferenciación de los cargos aplicables a los distintos servicios financieros.
El Directorio Ejecutivo debatió cuáles debían ser los plazos de vencimiento máximos ofrecidos por el FMI, en consonancia con el carácter rotatorio de los recursos de la institución y la evolución de las necesidades de los países miembros. Estuvieron de acuerdo en que los recursos del FMI debían utilizarse para resolver problemas temporales de balanza de pagos, pero que podría haber divergencias al interpretar cuándo una necesidad es “temporal”. La mayor parte de los directores sostuvo que, dentro de este marco, el servicio ampliado del FMI sigue desempeñando un papel importante y debe mantenerse. Destacaron que la resolución de ciertos problemas de balanza de pagos requiere mucho tiempo y mencionaron, en ese sentido, la situación de las economías en transición con limitado acceso a los mercados de capital y de algunos de los países miembros de bajo ingreso que no están habilitados para recibir ayuda en el marco del SCLP. En este contexto, muchos de estos directores opinaron que el plazo de vencimiento de 10 años vigente para el servicio ampliado sigue siendo apropiado. Sin embargo, varios otros directores cuestionaron la congruencia de los vencimientos a 10 años con la naturaleza rotatoria de los servicios del FMI, y el grado en que la institución debía facilitar financiamiento para reformas estructurales. Observaron que la principal responsabilidad en este ámbito debía continuar recayendo en el Banco Mundial y otras instituciones de desarrollo. Algunos directores también opinaron que la distinción entre los acuerdos ampliados y los acuerdos de derecho de giro se ha tornado menos clara, ya que en muchos acuerdos de derecho de giro se incluyen actualmente importantes reformas estructurales, y se han vuelto más comunes los acuerdos de derecho de giro multianuales. Unos pocos directores plantearon que sería más eficaz para resolver problemas de largo plazo en la balanza de pagos aplicar acuerdos de derecho de giro sucesivos. Los directores convinieron en que es importante asegurar que el acceso al servicio ampliado del FMI sólo se otorga en circunstancias en que se prevea que las dificultades de balanza de pagos serán de largo plazo, y cuando se esté aplicando un programa de reforma estructural de amplio alcance. Unos cuantos directores indicaron que deberían suprimirse los acuerdos ampliados de carácter precautorio, ya que es improbable que una necesidad potencial de financiamiento para la balanza de pagos tenga carácter prolongado. Se convino en que el debate debía continuarse a la luz de las numerosas ideas presentadas para modificar las condiciones del servicio ampliado.
Los directores ejecutivos tomaron nota de que el tema de adaptar los vencimientos, tanto en los tramos de crédito como en el servicio ampliado, revestiría menos urgencia si el FMI tuviera una política de recompras (rembolso) anticipadas con un funcionamiento adecuado. Muchos directores estimaron que hacía falta perfeccionar la política de recompras, aunque reconocieron la dificultad de hacerlo.
Pese a reconocer que pocos países miembros utilizan los recursos del FMI año tras año, unos cuantos directores expresaron inquietud acerca de los repetidos acuerdos celebrados por el FMI con un número relativamente grande de países miembros. En particular, los directores ejecutivos expresaron su inquietud por la cantidad de casos en que los acuerdos se desvían de sus metas, y consideraron que esta cuestión merece investigarse con más detenimiento. Muchos directores estimaron que el FMI podría efectuar un examen más riguroso de los programas de los países cuando se han celebrado acuerdos sucesivos y analizar, entre otros aspectos, el grado en que la capacidad de ejecución ha limitado los resultados. Algunos directores también destacaron la necesidad de concentrar las medidas de política al principio del período del programa y el financiamiento al final de dicho período en los casos en que los programas previos respaldados por el FMI no hayan sido eficaces o no hayan alcanzado los objetivos.
En su exposición sumaria, el presidente interino destacó que el Directorio Ejecutivo había logrado comprender mejor y reducir las diferencias de puntos de vista sobre muchos aspectos. El tema de la “simplificación” de los servicios financieros del FMI no suscitó mayor polémica. En cuanto a aspectos más fundamentales, hubo amplio consenso en que el SCR constituye un importante mecanismo, y que es preciso mantener los esfuerzos por limitar el riesgo moral y lograr que el sector privado participe en la resolución de las crisis. El Directorio Ejecutivo acordó asimismo que debía reconsiderarse el diseño de la LCC, al objeto de fortalecer su posible contribución en la prevención de las crisis. Se expresaron diversas opiniones sobre el servicio ampliado del FMI, y se llegó al acuerdo de que sólo se debe dar acceso a este servicio cuando se prevea que las dificultades de balanza de pagos tendrán carácter prolongado y en aquellos casos en que el contenido de reformas estructurales sea sustancial. La impresión general fue que los acuerdos de derecho de giro en los tramos de crédito seguirán siendo el principal instrumento del FMI, pero muchos directores ejecutivos consideraron que hace falta evitar el uso excesivo de recursos del FMI, sobre todo en el caso de los países que tienen acceso continuo a los mercados de capital. También se expresó interés en que el FMI redoblase los esfuerzos para evitar que se aprueben acuerdos sucesivos a favor de un determinado país y para realizar un mejor seguimiento de la evolución económica en los países una vez terminados los programas que respalda.
El Directorio Ejecutivo solicitó al personal que le presentara propuestas específicas para seguir tratando esta cuestión en el ejercicio 2001.
Ante varios incidentes de declaración de datos inexactos e imputaciones de uso indebido de recursos del FMI, en el ejercicio 2000 se decidió reconsiderar si los actuales procedimientos de la institución para proteger sus recursos eran adecuados. Aunque estos incidentes han sido raros, el FMI estima que revisten suma gravedad, ya que representan un quebrantamiento de la confianza por parte de determinados países miembros y podrían poner en entredicho la credibilidad y reputación de la institución como administrador cuidadoso y prudente de los recursos que se le han encomendado y como fuente de asistencia financiera y asesoramiento sobre medidas de política a los países miembros, lo cual, a su vez, podría menoscabar la capacidad del FMI para operar con eficacia a más largo plazo.
Recuadro 6.7Gestión de las reservas de divisas
En un seminario del Directorio Ejecutivo realizado en noviembre de 1999, los directores analizaron la importancia de la aplicación de buenas prácticas de gestión de las reservas para la labor que se está desarrollando en el seno del FMI sobre la forma de reforzar las salvaguardias en relación con el uso de recursos financieros de la institución. Este análisis, como señalaron muchos directores, fue un intercambio preliminar de opiniones sobre una serie de temas complejos.
Los directores ejecutivos subrayaron que la solidez de los programas respaldados por el FMI y la condición de acreedor privilegiado que corresponde a la institución siguen siendo la primera línea de defensa para salvaguardar los recursos de la institución y prevenir las crisis. Al mismo tiempo, el FMI debe determinar de qué manera y en qué medida los recientes acontecimientos justifican un mayor esfuerzo por mejorar la gestión y la transparencia en el área de la gestión de las reservas y, posiblemente, en el ámbito más general de la utilización de recursos públicos. Si bien los casos de malversación intencional de recursos del FMI parecen haber sido escasos, la gestión inadecuada de las reservas de divisas podría haber sido más frecuente, lo cual afecta a la evaluación que hace el FMI del saldo de las cuentas externas y de la política del país en este terreno y, en consecuencia, a las salvaguardias que protegen los recursos de la institución. Ante estos casos, se ha planteado cómo asegurar que los recursos del FMI se utilizan para los fines previstos, y que los países miembros notifican con exactitud la situación real de sus reservas de divisas.
Hubo amplio acuerdo entre los directores ejecutivos en que el personal del FMI debería tratar de identificar las prácticas adecuadas de gestión de las reservas que gocen de aceptación general, así como mecanismos de auditoría y control de esas prácticas, entre otras formas promoviendo una mayor transparencia en las operaciones de divisas y en las tenencias de reservas de los países miembros. Para realizar esta labor, el personal recurriría, en la mayor medida posible, a la información sobre las prácticas de los países miembros recogida durante las consultas del Artículo IV y a los datos aportados por otros organismos, incluidos el Banco Mundial y el Foro sobre Estabilidad Financiera. Sin embargo, los directores, reconociendo la necesidad de contar con información completa y coherente, solicitaron al personal del FMI que realizara una encuesta sobre las prácticas de gestión de riesgos y de control y transparencia seguidas en varios países en relación con las operaciones del banco central y la gestión de las reservas de divisas. Al respecto, los directores solicitaron al personal que procurara reducir al mínimo la carga sobre las autoridades de los países y sobre los recursos de personal, y recalcaron que la participación en la encuesta debía ser voluntaria.
El tema central del documento preparado por el personal sobre la gestión de las reservas puede tener repercusiones en la supervisión que ejerce el FMI. Los directores ejecutivos expresaron diversos puntos de vista sobre las ventajas de incluir en el proceso de supervisión una evaluación de los mecanismos de control y gestión de riesgos establecidos para salvaguardar la integridad de las operaciones de gestión de las divisas y las reservas, y respaldaron la transparencia en la declaración de datos sobre reservas. Señalaron que se consideraría que la observancia por un país miembro de los códigos de transparencia preparados por el FMI y de las NEDD—complementada con normas de contabilidad apropiadas—contribuye al buen gobierno y, más específicamente, a las buenas prácticas de gestión de las reservas. Los directores señalaron también que las prácticas inadecuadas de gestión de las reservas podrían afectar la protección de los recursos del FMI, tanto en lo que respecta a la imagen de integridad y credibilidad de sus operaciones como a los riesgos financieros a que podría verse expuesta la institución. Hicieron hincapié en que la gestión adecuada de las reservas es, de hecho, una condición previa para salvaguardar el uso de los recursos del FMI.
En septiembre de 1999, el Comité Provisional encomendó al FMI que examinara sus procedimientos y controles a fin de determinar la manera de reforzar las salvaguardias relativas al uso de recursos. Colaboró en este examen un panel de destacados expertos externos, que presentaron al Directorio Ejecutivo una evaluación independiente de las propuestas del personal del FMI. En octubre de 1999, el Directorio Ejecutivo también inició separadamente un examen del marco jurídico, la política y los procedimientos del FMI en relación con la declaración de datos inexactos.
A principios de 2000, el Directorio Ejecutivo celebró deliberaciones sobre ambas cuestiones: la declaración de datos inexactos y las salvaguardias. Los directores destacaron que el hecho de contar con información fiable es esencial para todos los aspectos de la labor del FMI—incluidos la supervisión, el financiamiento y la asistencia técnica—y que es particularmente importante para garantizar que los recursos de la institución se destinan a los fines para los que han sido asignados.
Las salvaguardias que se toman actualmente en relación con la fiabilidad de la información se basan en el diseño y el seguimiento de los programas y en la condicionalidad, disponibilidad de asistencia técnica e iniciativas relacionadas con la transparencia y la gestión de gobierno; entre éstas cabe mencionar el establecimiento y el control de la observancia de los códigos y normas sobre divulgación de datos, transparencia fiscal y transparencia de la política monetaria y la política financiera (véase, por ejemplo, el recuadro 6.7 sobre gestión de las reservas de divisas). El FMI cuenta asimismo con procedimientos de carácter jurídico para tratar de resolver los casos de declaración de datos inexactos que se planteen.
No obstante, los directores ejecutivos consideraron que era conveniente y apropiado fortalecer las salvaguardias que han de tomarse en los países miembros. El Directorio convino en aplicar un enfoque multifacético para fortalecer las salvaguardias en relación con el uso de recursos del FMI. Un elemento clave de las salvaguardias en el ámbito de los países miembros es que los bancos centrales publiquen estados financieros anuales, verificados por auditores independientes según las normas aceptadas internacionalmente. Los países miembros que cuenten con acuerdos en vigor, y desembolsos previstos que estén sujetos a revisión del programa, a partir de septiembre de 2000 tendrán que facilitar al FMI la documentación prevista en los apartados 1 a 3 que figuran en el anexo (véase más adelante). El personal del FMI examinará estos documentos para evaluar si los mecanismos de auditoría externa son adecuados y presentará al Directorio sus conclusiones y, si fuera el caso, recomendaciones para mejorar el sistema.
La institución también comenzará a aplicar un método en dos etapas para evaluar las salvaguardias en el caso de los países a favor de los cuales la institución apruebe acuerdos, a fin de determinar si los sistemas de control, contabilidad, declaración de datos y auditoría aplicados en los bancos centrales son adecuados para controlar y vigilar los recursos que se les han confiado, incluidos los recursos que proporcione el FMI en el marco de los acuerdos financieros. En la primera etapa, se pedirá al banco central que proporcione información y documentación acerca de sus procedimientos de control interno y de auditoría externa (véase el anexo más adelante). Si se determina que estos procedimientos son adecuados, el FMI considerará finalizada la evaluación de las salvaguardias. En otros casos, habrá una segunda etapa de evaluación in situ, y en ella el equipo evaluador estará encabezado por funcionarios del FMI e incluirá expertos de bancos centrales, organismos multilaterales y empresas privadas de contabilidad. A continuación, el equipo evaluador propondrá medidas orientadas a remediar toda deficiencia que se haya identificado en los procedimientos internos.
También habrá que realizar evaluaciones de las salvaguardias y los procedimientos transitorios, a título experimental, en el caso de todos los países a favor de los cuales el FMI apruebe nuevos acuerdos después de mediados de 2000. La experiencia que se derive de estas evaluaciones se analizará, en un período de 12 a 18 meses, con la participación del mismo grupo de expertos externos que examinó las propuestas iniciales del personal del FMI.
Lo acontecido en el ejercicio 2000 también puso de manifiesto la necesidad de asegurar que el marco normativo del FMI permite hacer frente debidamente a los casos de declaración de datos inexactos que puedan plantearse. Los pilares básicos del marco normativo con que cuenta actualmente la institución para resolver estos casos son el Convenio Constitutivo y las directrices sobre declaración de datos inexactos y medidas correctivas relativas a los recursos generales de la institución, que datan de 1984, a las que se suman directrices similares aprobadas en 1998 en relación con el SCLP. El Convenio Constitutivo estipula que los países miembros tienen la obligación de proporcionar al FMI la información que éste necesite para su labor, y especifica ciertos mecanismos jurídicos—como la declaración de inhabilitación temporal para usar recursos del FMI—que pueden aplicarse si un país no cumple con esta obligación. Las directrices establecen que si el Directorio ha aprobado el uso de recursos del FMI para un país fundando esa decisión en datos que resultan ser incorrectos, se prevé que dicho país rembolse con prontitud a la institución los recursos pertinentes.
El Directorio Ejecutivo convino en ampliar la aplicación de estos instrumentos cuando se detecten casos de declaración de datos inexactos. Específicamente, reforzará las directrices aplicándolas a las acciones previas y a otros datos esenciales, extendiendo el plazo de dos años y aplicándolas a las compras directas. El personal presentará al Directorio propuestas concretas y detalladas para poner en práctica esta ampliación. Asimismo, el Directorio decidió que se dará a conocer la información apropiada sobre cada caso de declaración de datos inexactos, después de haber llegado a una determinación y previa revisión del texto correspondiente.
Se están perfeccionando los procedimientos que aplica el FMI para la recopilación y uso de la información económica y financiera que proporcionan los países miembros. En general, estos procedimientos han sido uno de los puntos fuertes de la institución, ya que el proceso de recopilación de información para realizar una evaluación global de la situación económica ofrece la oportunidad de cotejar, cuestionar y ajustar los datos recibidos originalmente. El personal del FMI está tomando medidas para perfeccionar estos procedimientos y seguirá esforzándose por garantizar que la información en que se fundan las decisiones de la institución sea lo más precisa posible.
El Directorio convino en que, hasta ahora, el FMI ha podido depender primordialmente de la confianza en la disposición de los países miembros a facilitar la información necesaria y utilizar los recursos del FMI para los fines previstos. Aunque debería ser posible seguir operando sobre la base de ese criterio, algunos casos recientes de declaración de datos inexactos habían puesto de relieve que es menester fortalecer los procedimientos de la institución. En la reacción del FMI ante estos casos y los de uso indebido de sus recursos se combinan tres elementos:
Fortalecimiento de las salvaguardias en el ámbito de los países miembros.
Aplicación más amplia de los procedimientos jurídicos disponibles.
Fortalecimiento de los procedimientos aplicables a la gestión de los datos en el FMI.
Ninguno de estos elementos es necesariamente suficiente en sí mismo para impedir que haya casos de declaración de datos inexactos, sobre todo si es deliberada, pero la combinación de las medidas que se tomarán en estos tres frentes, según lo acordado en el Directorio Ejecutivo, constituye una forma constructiva de encarar el problema y reducir las posibilidades de que surjan otras situaciones de ese tipo.
Copia de los estados financieros certificados por auditores (o sin certificación, si no se realiza auditoría) de los últimos tres años, junto con los informes de auditoría pertinentes.
Copia de todas las cartas de los auditores externos en relación con la auditoría de los estados financieros de los últimos tres años.
Copia de todos los informes de auditoría (incluidos los acuerdos con respecto a los procedimientos) presentados por los auditores externos durante los tres últimos años.
Descripción de la estructura de la dirección del banco central, incluida la estructura jerárquica.
Descripción de la estructura orgánica y jerárquica del departamento de auditoría interna, que incluya datos detallados sobre los altos cargos del departamento y datos resumidos sobre los recursos de personal (experiencia y calificaciones).
Resumen de los controles internos de alto nivel vigentes para los departamentos de banca, contabilidad y divisas del banco central.
Relación de todos los informes preparados por el departamento de auditoría interna en los últimos tres años y una descripción resumida de las conclusiones. De ser posible, copia de los informes sobre controles operativos y financieros durante el mismo período.
Denominación jurídica completa de todas las filiales del banco central y descripción de sus actividades y de la naturaleza de sus relaciones con el banco central. Se facilitará una lista de todos los bancos corresponsales.
Relación de todas las cuentas de los organismos gubernamentales en el banco central.
Copia de la legislación vigente que rige el banco central.
El Directorio Ejecutivo celebró una reunión en enero de 2000 para analizar las repercusiones de las estrategias de objetivos explícitos de inflación en la condicionalidad del FMI11. Los directores observaron que, dado el consenso cada vez mayor en que la estabilidad de precios debe ser el objetivo principal de la política monetaria, se ha ido difundiendo la aplicación de estrategias de objetivos explícitos de inflación como marco para la política monetaria, normalmente en el contexto de regímenes de tipos de cambio flexibles. Por lo general, cuando se adopta una estrategia de este tipo, la discrecionalidad de las autoridades monetarias está limitada por el anuncio de una meta explícita de inflación y por el considerable grado de transparencia del vínculo entre las medidas de política monetaria y la consecución del objetivo de inflación.
Los directores ejecutivos opinaron que no existen obstáculos básicos para aplicar una política monetaria centrada en objetivos explícitos de inflación en el contexto de un programa respaldado por el FMI, y consideraron que ambos persiguen metas que en general se complementan. Concretamente, en el caso de Brasil, el FMI ya había aprobado un programa con algunas modificaciones en la condicionalidad tradicional, habida cuenta de que las autoridades habían adoptado una estrategia de ese tipo.
Para ser eficaces, las estrategias de objetivos explícitos de inflación requieren que el banco central sea independiente y que se den otras características institucionales propicias, que no dominen las circunstancias fiscales, que se comprenda razonablemente bien el proceso inflacionario y que exista un grado considerable de flexibilidad cambiaría. Aunque en el documento preparado por el personal del FMI no se analizó con qué frecuencia pueden darse estas condiciones en las economías de mercado emergente, unos cuantos directores estimaron esencial examinar en cada caso concreto si se reúnen estas condiciones antes de determinar la conveniencia de efectuar el seguimiento de los programas sobre la base de exámenes de la política monetaria, según lo propuesto por el personal de la institución. Según este enfoque, la política monetaria sería objeto de exámenes periódicos centrados en los resultados recientes en materia de inflación y en indicadores de la repercusión de la política monetaria en la inflación futura.
En general, los directores observaron que las estrategias de objetivos explícitos de inflación pueden tener cabida en la estructura tradicional de la condicionalidad del FMI, que incluye la fijación de un nivel mínimo para las reservas internacionales netas y un límite máximo para los activos internos netos. Aunque esta estructura se centra principalmente en salvaguardar los recursos del FMI y evitar la aplicación de una política monetaria demasiado acomodaticia que ponga en peligro la estabilidad macroeconómica, los directores ejecutivos opinaron que también podría cumplir esos fines cuando se apliquen estrategias basadas en objetivos de inflación. Sin embargo, unos cuantos directores opinaron que en algunas circunstancias puede haber incoherencia entre la fijación de límites máximos para los activos internos netos y la fijación de objetivos de inflación y, por consiguiente, puede suscitarse confusión en cuanto a las prioridades de la política monetaria del país. En general, se reconoció que debe tenerse muy presente esta posibilidad y que debería dejarse en claro a los ojos del público la relación entre los topes fijados para los activos internos netos y los objetivos de inflación, que son la guía básica de la política monetaria.
Al mismo tiempo, los directores ejecutivos observaron que una mayor adaptación de la condicionalidad a estas estrategias de política monetaria podría dar mayor credibilidad a los objetivos de inflación y reforzar la eficacia de la política monetaria. Esta mayor congruencia es especialmente conveniente debido a la creciente transparencia del FMI y al mayor grado de transparencia que exige la estrategia de objetivos de inflación en el proceso decisorio del banco central.
Al analizar la aplicación de la condicionalidad sobre la base de exámenes de la política monetaria, los directores subrayaron la importancia de que haya un amplio acuerdo previo entre el FMI y el gobierno del país en relación con la adopción de medidas monetarias oportunas si la inflación se desviara del curso trazado. Los exámenes se realizarían trimestralmente, o con mayor frecuencia de ser necesario. Si no hubiera problemas de especial importancia, podría proponerse que estos exámenes quedaran concluidos tácitamente una vez vencido el plazo fijado. Al mismo tiempo, los directores ejecutivos hicieron hincapié en que la responsabilidad básica por la gestión diaria de la política monetaria debe seguir recayendo en los gobiernos, y que el FMI no debe tratar de realizar un microcontrol de la ejecución de la política monetaria.
Los directores ejecutivos destacaron que es indispensable salvaguardar los recursos del FMI, independientemente del marco de política monetaria que se aplique. Continuará siendo esencial establecer un límite mínimo para las reservas internacionales netas, tanto si la condicionalidad se basa en exámenes o en los mecanismos tradicionales. Los directores convinieron en que, en los casos en que sea necesario establecer para las reservas internacionales netas un nivel mínimo que prevea un margen considerable para intervenciones no programadas, debería preverse algún mecanismo que limite la esterilización. Este mecanismo podría entrañar una función de reacción de la política monetaria (la forma en que el banco central ajustase las tasas de interés ante el peligro de que no se cumpla el objetivo fijado) frente a pérdidas de reservas no programadas, o sencillamente podría consistir en el tope tradicional fijado para los activos internos netos. En cada caso habría que establecer un mecanismo específico.
Para los países que apliquen estrategias de política monetaria basadas en objetivos explícitos de inflación, el enfoque consistente en basar la condicionalidad en exámenes presenta ventajas y desventajas. Por lo tanto, la mayor parte de los directores se mostró dispuesta a respaldar la propuesta del personal del FMI de que se establezca la opción de aplicar este enfoque en el caso de los países que han adoptado para su política monetaria una estrategia de esa naturaleza. La decisión de aplicar este enfoque debe adoptarse teniendo en cuenta las circunstancias económicas del país. Por consiguiente, los directores ejecutivos estimaron que la forma de aplicar la condicionalidad en materia de política monetaria debería decidirse en consulta con los gobiernos y atendiendo a las particularidades de cada caso.
Los directores reconocieron que tanto la adopción de una estrategia basada en objetivos de inflación como la aplicación de la condicionalidad mediante un enfoque basado en exámenes de la política monetaria plantean problemas prácticos. Consideraron que el personal del FMI debe actuar con cautela, y recomendaron analizar con mayor detenimiento las cuestiones generales relacionadas con este último enfoque, entre ellas el papel de los indicadores corrientes de la política monetaria frente al de los indicadores adelantados, la forma de hacer frente a las probables limitaciones de datos, la preparación de pronósticos para la inflación y otras cuestiones similares. Sin embargo, los directores ejecutivos coincidieron en que, al negociar los programas, debería permitirse que los funcionarios de la institución adopten, con carácter experimental, el enfoque basado en exámenes en lo que respecta a la condicionalidad en materia de política monetaria. Hará falta volver a evaluar este enfoque, quizás una vez transcurrido aproximadamente un año.
1Artículo I V) del Convenio Constitutivo del FMI.
2Al 30 de abril de 2000, DEG 1 = $1,31921.
3En el ejercicio 2000, el número de países miembros del FMI se mantuvo en 182. La República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro) aún no ha concluido las formalidades necesarias para adquirir la calidad de miembro del FMI por sucesión después del desmembramiento de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. El 13 de diciembre de 1999, el Directorio Ejecutivo decidió otorgar a este país hasta el 14 de junio de 2000 para concluir dichas formalidades; el 13 de junio de 2000 ese plazo se prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2000. Cuando queden concluidas estas formalidades, el número de países del FMI ascenderá a 183.
4El panel de expertos estuvo presidido por el profesor Richard Cooper, de la Universidad de Harvard. Y fueron sus miembros Joseph L. S. Abbey, Centro de Análisis Económico, Accra, Ghana; Montek Singh Ahluwalia, miembro de la Comisión de Planificación. India; Muhammad Al-Jasser, vicegobernador del Instituto Monetario de Arabia Saudita; profesor Horst Siebert, presidente del Instituto de Economía Mundial, Kiel, Alemania; Gyorgy Suranyi, presidente del Banco Nacional de Hungría; Makoto Utsumi, Universidad de Keio, Japón, y Roberto Zahler, ex presidente del Banco Central de Chile.
5En el ejercicio 2000, 11 países miembros efectuaron giros en el tramo de reserva—que no constituyen uso de crédito del FMI sino uso por los países de sus propios activos relacionados con el FMI—por un total de DEG 66,4 millones, mientras que en el ejercicio anterior 93 países miembros efectuaron giros por valor de DEG 2.700 millones. En ambos ejercicios, la mayor parte fueron giros contra las posiciones en el tramo de reserva de los países creadas como resultado del pago del aumento de cuotas en el marco de la undécima revisión general.
6Véase información actualizada sobre el enfoque de los derechos en la sección referente al avance en el marco de la estrategia de cooperación reforzada.
7En los datos de esta sección se incluyen las obligaciones financieras en mora de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia/Montenegro), país que aún no ha concluido las formalidades necesarias para adquirir la calidad de país miembro del FMI por sucesión.
8Los tenedores autorizados de DEG son: Asociación Internacional de Fomento, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Central del Caribe Oriental, Banco Central de los Estados de África Occidental, Banco de Desarrollo de África Oriental, Banco de los Estados de África Central, Banco de Pagos Internacionales, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Islámico de Desarrollo, Banco Nórdico de Inversiones, Fondo Africano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fondo Latinoamericano de Reservas y Fondo Monetario Árabe.
9En la fecha en que la decisión entra en vigor se fijan las cantidades específicas de cada moneda según dichas ponderaciones. Si bien estas cantidades de monedas se mantienen invariables durante el siguiente período quinquenal, las ponderaciones concretas de las respectivas monedas en el valor del DEG cambian diariamente como resultado de la variación de los tipos de cambio.
10Mediante el respaldo proporcionado por el FMI para operaciones de reducción del saldo y el servicio de la deuda frente a los bancos comerciales se financió parte del costo inicial de estas operaciones, a fin de ayudar a los países miembros a llegar a un acuerdo con los bancos comerciales acreedores. Los recursos consignados (25% del acceso en el marco de los acuerdos del FMI) y los recursos complementarios (hasta el 30% de la cuota) podían utilizarse para instrumentos relacionados con la reducción del saldo de la deuda o del servicio de la deuda. Los recursos consignados y los recursos complementarios podían entregarse una vez que el país miembro hubiera llegado a un acuerdo con los bancos comerciales acreedores.
11La condicionalidad se refiere a los compromisos explícitos que los países miembros asumen de aplicar medidas correctivas de política económica como contrapartida del respaldo financiero del FMI. Estos compromisos garantizan que el país miembro está aplicando medidas que mejorarán o eliminarán los problemas de balanza de pagos y que los rembolsos se efectuarán puntualmente al FMI para que los limitados recursos de la institución puedan prestarse a otros países que los necesitan para financiar su balanza de pagos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución