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Timestamp: 2018-11-20 00:23:58+00:00

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﻿ Sentencia 2004-06649 de octubre 12 de 2011
SENTENCIA 2004-06649 DE 12 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:PENSION DE VEJEZ. SI EL EMPLEADO CONSOLIDO SUS DERECHOS PENSIÓNALES ATENDIENDO LA POSIBILIDAD DE DIFERIR EL GOCE DE SU PENSIÓN Y ACCEDER A LA RE LIQUIDACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993, ES INDUDABLE QUE POR EFECTO DEL DERECHO DE TRANSICIÓN PODRÁ QUEDARSE CON EL EMPLEO PARA REAJUSTAR EL DERECHO PENSIONAL MAS ALLÁ DE LA FECHA QUE LE NOTIFICO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, Y NO PODRÁ SER OBLIGADO A RETIRARSE POR EL SOLO HECHO DE HABERSE EXPEDIDO A SU FAVOR RESOLUCIÓN DE JUBILACIÓN SI NO HA LLEGADO A LA EDAD DE RETIRO FORZOSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, PENSIÓN DE VEJEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS
Sentencia 2004-06649 de octubre 12 de 2011
Rad.: 25000 23 25 000 2004 06649 01(0258-09)
Actor: Alfonso Quijano Estévez
El asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución 0324 del 26 de abril de 2004, expedida por la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia—, mediante la cual se dio por terminada la relación legal y reglamentaria que ostentaba el señor Alfonso Quijano Estévez con dicha entidad, a partir del 3 de mayo de 2004, por habérsele reconocido la pensión de jubilación.
Se encuentra probado en el plenario que el actor prestó sus servicios a la Superintendencia Bancaria durante más de 36 años —desde el 13 de noviembre de 1968 hasta el 2 de mayo de 2004— y que nació el 20 de abril de 1943.
Por haber reunido los requisitos de edad y tiempo de servicio, la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, mediante Resolución 419 del 7 de octubre de 2002, le reconoció la pensión de vejez, la cual se empezaría a pagar una vez acreditara su retiro definitivo del servicio.
Por medio del acto acusado, Resolución 324 del 26 de abril de 2004, el Superintendente Bancario dispuso el retiro del servicio del actor por habérsele reconocido la pensión de vejez, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
Respecto de la causal de retiro establecida en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, esta Sección en sentencia del 27 de octubre de 2005(1) consideró que corresponde a la libertad de configuración del legislador fijar las causales de retiro del servicio, respecto de las cuales la Carta no le establece ninguna cortapisa, sino que, por el contrario, lo faculta para regularlas. Que en tal medida, el hecho de que el legislador hubiese consagrado una modalidad determinada de retiro del servicio, la de “Retiro con derecho a pensión de jubilación” que, según la sentencia de constitucionalidad de la Corte(2), debe respetar el elemento de voluntariedad, no inhibe su facultad para establecer una nueva causal de retiro o de cesación definitiva de las funciones, el retiro del servicio por voluntad de la administración, cuando el servidor público cumple los requisitos de pensión de jubilación.
Concluyó en aquella oportunidad la Sala, que la causal de retiro establecida en la Ley 797 era también aplicable a los servidores judiciales pertenecientes al régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues esta norma, en su inciso segundo, previó que a las personas que cumplan las condiciones del régimen de transición se les aplicaría el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en cuanto a la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, pero las demás condiciones y requisitos aplicables para acceder a la pensión de vejez se regiría por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993.
La anterior posición de la Sala fue rectificada en reciente oportunidad, mediante sentencia del 4 de agosto de 2010(3), respecto de la aplicación del parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 frente al derecho pensional consolidado con anterioridad a su entrada en vigencia (ene. 29/2003) bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En esta ocasión la Sección Segunda concluyó que si el empleado consolidó sus derechos atendiendo la posibilidad de diferir el goce de su pensión y acceder a la reliquidación del monto de pensión prevista en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, es indiscutible que por efecto del derecho a la transición: i) podrá quedarse en el empleo para reajustar su derecho pensional mas allá de la fecha en que se le notificó el acto administrativo que reconoce su derecho a la pensión de jubilación, y ii) no podrá ser obligado a retirarse por el solo hecho de haberse expedido a su favor resolución de jubilación si no ha llegado a la edad de retiro forzoso, toda vez que el derecho a la transición y la concreción del derecho pensional a la luz del mismo, le preservan y habilitan la posibilidad de reliquidar el valor de su pensión en los eventos allí determinados.
Razonó así la Sala:
Es claro que en esta hipótesis resulta impropio hablar de expectativas, pues la transición es el efecto de la existencia de un derecho cuya oponibilidad encuentra su origen en supuestos de orden normativo y material, y desde luego en la previsión jurídica estipulada por el propio ordenamiento, tanto así que el Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo desarrollan, no podría extenderse más allá del 31 de diciembre de 2010, para mostrar con claridad que incluyendo a las propias reformas constitucionales, el constituyente en su capacidad de reforma ha de preservar situaciones consolidadas.
Ahora, el principio de conservación de la norma más favorable y la condición más beneficiosa en el ámbito laboral, que hace parte de los principios fundamentales del derecho del trabajo (C.P., art. 53), establece que una nueva norma de carácter laboral o pensional no puede disminuir las condiciones favorables existentes y concretadas al abrigo de un ordenamiento anterior, las que, en la medida en que benefician al trabajador, deben ser reconocidas y respetadas por las leyes posteriores. Así, aquellas personas que cumplen las condiciones para eventualmente beneficiarse de un régimen de transición pueden confiar legítimamente en que dicho régimen sea conservado para regular los diversos aspectos de su situación particular, incluso si todavía no han cumplido las condiciones para acceder a la pensión misma, pues si en general es problemática constitucionalmente cualquier modificación regresiva de las regulaciones pensionales por virtud del principio de progresividad, con mayor razón son cuestionables constitucionalmente las modificaciones abruptas a un status legalmente reconocido, en desmedro de las razones sustanciales que justifican la configuración de un régimen de transición(4).
Ahora, el tiempo de servicio y la edad para alcanzar el status pensional pleno, es parte singular de lo previsto en el artículo 36 inciso 2º de la Ley 100 de 1993; ya lo era en la Ley 33 de 1985 que en el parágrafo 2º de su artículo 1º excluyó de su contenido regulador en materia pensional, a quienes a la fecha de expedición de la misma habían cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicios, y a su vez, la Ley 797 de 2003 que estableció un sistema de transición por este factor que luego fuera declarado inexequible(5). La jurisprudencia ha reconocido régimen de transición en razón de la edad con aplicación de la Ley 6º de 1945 en función de las situaciones jurídicas consolidadas a la luz del Decreto 3135 de 1968, cuyos preceptos fueron afectados por su derogatoria en virtud de la Ley 33 de 1985, y además en atención a que el Decreto 3135 tenía aplicabilidad a empleados del orden nacional y no territorial.
Esta Sala ya se había pronunciado sobre el punto en sentencia de 4 de septiembre de 2003(6), cuando observó el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que por supuesto remite en tiempo de servicio, edad y monto al régimen anterior, más en lo atinente a la liquidación optó por lo establecido en el inciso 3º ibídem por encontrar que dicho procedimiento resulta más beneficioso de aquel que emergía del régimen anterior, por lo que es evidente, que la jurisprudencia de esta corporación no discute la posibilidad de atenuar el principio de inescindibilidad de regímenes en función de razones de favorabilidad específica, al fin y al cabo la fuente del principio en mención es la misma, es decir las condiciones más beneficiosas para el titular de los derechos laborales. Claro que se trata de una flexibilidad sujeta a la aplicabilidad concurrente de las normas que constituyen o crean la circunstancia de favorabilidad, de tal modo que la inescindibilidad opera de manera plena si esta hipótesis no tiene lugar, es decir, es jurídicamente inadmisible que so pretexto de la atenuación de este principio, expuesto en función de la favorabilidad, se llegue al extremo de mezclar regímenes especiales con regímenes genéricos, cuestión que por la mera razón lógica de la estructura del régimen jurídico es inadmisible. En conclusión, la figura expuesta es un elemento más para reconocer el alcance y contenido del derecho pensional a la transición como una prerrogativa autónoma, cuya naturaleza jurídica participa de la jerarquía constitucional atribuida a la seguridad social”.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, se procede a examinar el caso concreto.
Consta en el plenario que el actor consolidó su status pensional el 20 de abril de 1998 (fl. 8); y que continuó laborando hasta la fecha en que fue retirado del servicio por medio del acto acusado.
De otra parte, no es materia de discusión que el actor se encontraba amparado por el régimen de transición y consolidó su derecho pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, su retiro del servicio —que involucra la posibilidad de mejoramiento del derecho pensional a partir de los sueldos devengados con posterioridad—, válidamente se encuentra regido por lo dispuesto en el artículo 150 de dicho ordenamiento, norma más favorable en la materia dentro de los dos sistemas generales que concurren, que dispone para el caso concreto que “los funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución”, precisando además en su parágrafo único, que “no podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el solo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso”.
Significa lo anterior, que el derecho consolidado por el señor Quijano Estévez supone, además de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo referente a edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, que se favorezca de las condiciones previstas en el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, acerca de la posibilidad de permanecer en el servicio y de mejorar el quantum pensional que le asiste, por aplicación del principio de favorabilidad que emana del contenido del artículo 53 de la Carta Política.
Procede, entonces, revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, por cuanto se debió preservar y amparar el derecho del actor a permanecer en el servicio hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los 65 años de edad.
Aunque la consecuencia jurídica inmediata de la nulidad del acto demandado es el reintegro al cargo desempeñado en la entidad demandada, como quiera que en la actualidad el actor cuenta con 68 años de edad, circunstancia que limita la posibilidad del desempeño de un cargo público, lo que torna imposible el restablecimiento deprecado, se impone ordenar el reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales dejados de percibir desde el momento de su retiro del servicio hasta la fecha en que cumplió los 65 años, cuando legalmente procedía su desvinculación.
La entidad descontará el valor percibido por el actor por concepto de pensión de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social durante el mismo lapso, ordenándose su reintegro a la mencionada entidad de previsión en aras de salvaguardar los recursos públicos implicados.
Asimismo, se ordenará a la demandada, efectuar los aportes a pensión dejados de cotizar durante el lapso enunciado, descontando de las sumas adeudadas al actor el porcentaje que de ello le corresponda a este, a fin de que pueda efectuarse la reliquidación pensional respectiva por la Caja de Previsión.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional comenzando por la que debió devengar el actor en el momento del retiro, y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos. Los intereses se reconocerán en los términos previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008), que denegó las pretensiones de la demanda promovida por Alfonso Quijano Estévez contra la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia—.
1. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 0324 del 26 de abril de 2004, expedida por la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia—, mediante la cual se retiró del servicio al señor Alfonso Quijano Estévez, a partir del 3 de mayo de 2004.
2. DECLÁRASE que el señor Alfonso Quijano Estévez, tenía derecho a permanecer en el cargo de asesor código 1020 grado 10, de dicha entidad hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta el cumplimiento de los 65 años de edad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia— a reconocer y pagar al señor Alfonso Quijano Estévez los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue retirado del servicio por medio de la resolución anulada, hasta el 20 de abril de 2008, fecha en la que cumplió la edad de retiro forzoso, de cuyo monto se descontarán la mesadas percibidas por concepto de pensión de jubilación durante el mismo lapso, sumas que serán reintegradas a la Caja Nacional de Previsión Social.
4. Las sumas que resulten de la condena serán actualizadas por la entidad, aplicando para ello la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia.
6. DECLÁRASE para todos los efectos que no existió solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte del señor Alfonso Quijano Estévez, hasta la fecha en que debió efectuarse legalmente su retiro.
(1) Radicado 4773-03. Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamente, actor: Celina Moreno Moreno.
(2) Sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Vladimiro Naranjo.
(3) Rad. 2533-07. Consejero ponente Gustavo Gómez Aranguren. Actor Alfonso Quijano Estévez.
(4) Salvamento de voto. SC- 754 de 2004. Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
(5) Ley 797 de 2003. ART. 18.—Modifica el inciso segundo, se modifica el inciso quinto y se adiciona el parágrafo 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Inexequible. Corte Constitucional. Sentencia C-1056 de 2003.
(6) Expediente 3636-02.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 artículo 9
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 artículo 36
 artículo 9
 artículo 150
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 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
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 artículo 53
 artículo 177
 artículo 60
 Resolución 
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 artículo 36