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Timestamp: 2020-01-21 10:49:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 69, de 15/03/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 69
Sesión plenaria núm. 65
celebrada el jueves, 15 de marzo de 2001
- Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales («BOE» núm. 42, de 17 de febrero de 2001).
(Número de expediente 130/000013.) . . . (Página 3391)
- Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad («BOE» núm. 54, de 3 de marzo de 2001) (Corrección de error: «BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 2001). (Número de expediente 130/000014.) . . . (Página 3399)
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 80, de 1 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/ 000055.) . . . (Página 3417)
- Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 83, de 11 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000056.) . . .
(Página 3417)
- Acuerdo entre España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la realización de actividades relacionadas con instalaciones del sistema internacional de vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, comprendidas las actividades posteriores a la homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 85, de 15 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000057.) . . .
- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de Bolivia modificando el Convenio de doble nacionalidad de 12 de octubre de 1961, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2000. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 92, de 11 de enero de 2001.
(Número de expediente 110/000058.) . . . (Página 3417)
- Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 93, de 11 de enero de 2001. (Número de expediente 110/000059.) . . . (Página 3417)
- Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 22.ª reunión del Comité Coordinador del CODEX para Europa (Madrid, 3 a 6 de octubre de 2000), hecho en Roma el 22 de agosto de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 100, de 26 de enero de 2001. (Número de expediente 110/ 000060.) . . . (Página 3418)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicios o especiales, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 101, de 26 de enero de 2001. (Número de expediente 110/000061.) . . . (Página 3418)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus consecuencias, hecho en Madrid el 14 de junio de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 102, de 26 de enero de 2001. (Número de expediente 110/000062.) . . . (Página 3418)
- Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 103, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/000063.) . . . (Página 3418)
- Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 104, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/ 000064.) . . . (Página 3419)
- Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho «ad referendum» en La Haya el 26 de marzo de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 106, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/000065.) . . . (Página 3419)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 22-1, de 11 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000022.) . . . (Página 3419)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 3391)
Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales . . . (Página 3391)
Defiende el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Explica que el Gobierno ha aprobado este real decreto con el objetivo principal de agilizar los trámites parlamentarios aplicables en la correcta gestión ambiental de las harinas de origen animal, generadas como consecuencia de las medidas de lucha adoptadas en el seno de la Unión Europea para combatir y erradicar las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. Por lo tanto, es necesario modificar la Ley de residuos de 1998 mediante este real decreto-ley teniendo en cuenta los motivos de extraordinaria y urgente necesidad derivados de la inmediatez con la que la Unión Europea ha establecido estas medidas. Explica el contenido del real decreto-ley, manifestando que el mismo se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno y por las comunidades autónomas, y pide el voto favorable de la Cámara a su convalidación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentariode Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Martí i Galbís, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales, se aprueba por 272 votos a favor y 13 abstenciones.
A continuación se somete a votación la tramitación del Real Decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que es aprobada por 118 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad . . . (Página 3399)
Defiende el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Explica los motivos que ha tenido el Gobierno para aprobar el Real Decreto-ley que hoy tiene el honor de presentar ante la Cámara para su convalidación y el contenido del mismo, no sin antes dirigirse a los verdaderos destinatarios de esta reforma, que son todos los potenciales trabajadores que se verán beneficiados por la misma, es decir, los 800.000 trabajadores que se verán beneficiados durante el primer año; las 225.000 mujeres desempleadas entre 16 y 45 años; las 150.000 de éstas que contarán con un contrato a tiempo completo y las 75.000 que lo harán con contrato a tiempo parcial; los 100.000 parados mayores de 45 años; las 125.000 personas que llevan más de seis meses desempleadas; las 215.000 personas con contratos temporales que pueden ver transformados sus contratos en indefinidos; los 35.000 trabajadores o trabajadoras que se acogerán a bonificaciones por baja de maternidad; los 70.000 trabajadores que se beneficiarán de las bonificaciones llamadas de coste cero, ya sean los causantes de la baja o sustituyentes; y en generala todos los trabajadores, hombres y mujeres, que de cualquier otra forma se verán beneficiados por las diferentes medidas de mejora de las relaciones laborales que introduce esta reforma.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto- ley interviene el señor Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal, y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 5/2001, del 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad, se aprueba la convalidación por 175 votos a favor y 133 en contra.
A continuación, se somete a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, que se aprueba por 309 votos a favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 3417)
Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 1999 . . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 307 votos a favor.
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998 . . . (Página 3417)
Acuerdo entre España y la Comisión preparatoria de la organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares sobre la realización de actividades relacionadas con instalaciones del sistema internacional de vigilancia del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, comprendidas las actividades posteriores a la homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre de 2000 . . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 306 votos a favor.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Bolivia modificando el convenio de doble nacionalidad de 12 de octubre de 1961, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2000 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 304 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000 . . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 22.ª reunión del Comité coordinador del CODEX para Europa (Madrid, 3 a 6 de octubre de 2000), hecho en Roma el 22 de agosto de 2000 . . . (Página 3418)
Sometido a votación, se aprueba por 303 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicios especiales, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000 . . .
(Página 3418)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus consecuencias, hecho en Madrid el 14 de junio de 2000 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor.
Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnorough el 27 de julio de 2000 . . . (Página 3418)
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 . . . (Página 3419)
Sometida a votación, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho «ad referendum» en La Haya el 26 de marzo de 1999 . . .
(Página 3419)
Sometido a votación, se aprueba por 302 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje . . . (Página 3419)
Sometido directamente a votación el proyecto de ley, se aprueba por 172 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.
- REAL DECRETO-LEY 4/2001, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE EL RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVAAPLICABLE A LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE HARINAS DE ORIGEN ANIMALPROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE DESPOJOS Y CADÁVERES DE ANIMALES. (Número de expediente 130/000013)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretosleyes. En primer lugar, Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Gobierno ha aprobado este real decreto con el objetivo principal de agilizar los trámites administrativos aplicables en la correcta gestión ambiental de las harinas de origen animal; harinas generadas como consecuencia de las medidas de lucha adoptadas en el seno de la Unión Europea para combatir y erradicar las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. En consecuencia, debemos modificar la Ley de residuos de 1998 mediante este real decreto-ley teniendo en cuenta los motivos de extraordinaria y urgente necesidad derivados de la inmediatez con que la Unión Europea ha establecido estas medidas.
Tal y como se expresa en la propia exposición de motivos del real decreto-ley, alguna de estas medidas, como la prohibición de utilizar las harinas cárnicas en la alimentación de determinados animales de producción y la retirada de la cadena alimentaria de los materiales especificados de riesgo, los conocidos MER, para proceder a su destrucción controlada, ha provocado entre otras consecuencias la generación de una cantidad ingente de productos, las harinas de origen animal, que hasta ahora no tenían la consideración de residuos en la medida que eran utilizadas de forma ordinaria para la alimentación de determinados animales. Sin embargo, recientemente se han convertido en un residuo, debido a la obligación que tienen sus titulares de desprenderse de ellas, lo que obliga a las administraciones públicas a adoptar medidas que garanticen su correcta gestión ambiental.
Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán exclusivamente a las harinas de origen animal
que tienen la consideración de residuos no peligrosos, bien porque proceden de la transformación de residuos de animales calificados como MER pero que han sido sometidos al proceso de descontaminación con la adecuada presión, temperatura y tiempo de residencia que garantiza la total inactivación del prión causante de la enfermedad, o bien porque son el resultado de la transformación de despojos y cadáveres de animales que nunca estuvieron contaminados.
Este real decreto ha sido elaborado a petición unánime de las comunidades autónomas, con quienes se ha consensuado su contenido.
Las mismas expresaron su conformidad en la reunión conjunta de la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y la de medio ambiente, celebrada el pasado día 1 de febrero, y formularon algunas observaciones puntuales que fueron incorporadas en su totalidad al texto definitivamente aprobado por el Gobierno.
En cuanto al contenido, se adoptan una serie de medidas que pueden agruparse en dos grandes bloques. En el primer bloque se sitúan las medidas que se establecen para ser aplicadas con carácter básico en todo el territorio del Estado, por tanto no precisan de actuación normativa de las comunidades autónomas. La primera de estas medidas es la modificación de la Ley de residuos de 1998, para eximir de autorización administrativa, exigida con carácter general en su artículo 13.1, a las actividades de valorización energética de harinas de origen animal cuando éstas se utilicen como combustibles alternativos en hornos de industrias cementeras, de productos cerámicos o en centrales térmicas; ello cuando dichas actividades se lleven a cabo cumpliendo determinados requisitos ambientales de protección del ambiente atmosférico y sin perjudicar el medio ambiente ni la salud de las personas ni ocasionar ruidos, olores ni riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.
Igualmente, las harinas que se valoricen de esta forma no podrán superar una cantidad máxima establecida también en el propio real decretoley. Se establecen así los tipos y cantidades de residuos y las condiciones y requisitos ambientales que deben cumplirse para que la actividad pueda quedar dispensada de autorización. En todo caso, las anteriores medidas se establecen sin perjuicio de la competencia de las comunidades autónomas para dictar normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, incluida la exigencia de autorización administrativa para llevar a cabo estas actividades de valorización energética de harinas de origen animal si así lo estiman conveniente. En segundo lugar, las anteriores actuaciones implican en la práctica que las instalaciones de incineración usarán las harinas de origen animal como sustitutivos en un determinado porcentaje del combustible convencional.
En el artículo 2 del real decreto se establece que si las mencionadas actividades de valorización energética de estas harinas de origen animal se llevan a cabo en instalaciones ya existentes y que por tanto ya cuentan con la preceptiva licencia de actividad, no se habrá producido una modificación sustancial de la instalación y consecuentemente no se exigirá una nueva licencia de actividad ni una modificación de la ley existente, sino que será suficiente con una comunicación a la autoridad competente.
En esta regulación se han tenido en cuenta las previsiones de la directiva 61 de 1996, de la Unión Europea, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, la IPPC, que contiene el régimen comunitario aplicable a las autorizaciones ambientales en general y en la que únicamente se exige una mera comunicación a la autoridad competente cuando las modificaciones introducidas en la instalación no sean sustanciales.
El segundo gran bloque de medidas del real decreto se establecen para ser aplicadas sólo si así lo estiman las comunidades autónomas. En la disposición adicional segunda se permite que las comunidades autónomas puedan extender la exención de la misma autorización a las actividades de valorización energética de harinas animales en hornos distintos de los de industrias cementeras y cerámicas y centrales térmicas y a las actividades de valorización de las grasas extraídas en el proceso de transformación de las harinas, todo ello siempre que dicten normas generales en las que fijen los requisitos ambientales, las cantidades máximas de residuos y las condiciones bajo las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización, tal como obliga la normativa comunitaria y como se regula en este real decreto-ley para ser aplicado en todo el territorio del Estado. En relación con lo anterior, se atiende la petición efectuada por varias comunidades autónomas. Si la exención de autorización no se ha establecido con carácter general y para ser aplicada en todo el territorio del Estado, ello se ha debido únicamente a que las comunidades autónomas no han aportado los requisitos técnicos de carácter ambiental que hubieran hecho posible la aplicación de la exención con carácter general, tal como exige la normativa comunitaria.
Se ha previsto la posibilidad de que la medida pueda ser adoptada por las comunidades autónomas que lo estimen conveniente, ya que en caso contrario no podrían hacerlo debido a que dichas administraciones sólo pueden dictar normas adicionales que amplíen el nivel de protección de la legislación básica, mientras que en estos casos si no se hubiese adoptado esa previsión del real decreto-ley se produciría una disminución del nivel básico de protección establecido con carácter general en la Ley de residuos.
Consecuentemente y como resumen de la presentación del real decreto- ley cuya convalidación solicito a esta Cámara, quiero concluir afirmando que el mismo se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno y por las comunidades autónomas para la
erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. La finalidad directa es agilizar los trámites de intervención administrativa aplicables en la valorización energética de las harinas de origen animal; al mismo tiempo se garantiza el estricto cumplimiento de las exigencias ambientales derivadas de la correcta protección de medio ambiente y de la salud de las personas.
Esta misma semana, también, hemos cerrado otros acuerdos importantes en este sentido con las comunidades autónomas en la Conferencia sectorial de medio ambiente que se celebró hace dos días exactamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra del decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
Intervengo para pronunciarme en nombre del Bloque Nacionalista Galego sobre la convalidación de este real decreto-ley 4/2001, y haciendo algunos comentarios es necesario decir que a raíz de la aparición de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina el Gobierno adoptó medidas para el control y erradicación de la misma, entre ellas la prohibición de utilizar harinas de carne y hueso en la alimentación animal y separar los denominados MER para destruirlos, evitando así su paso a la cadena alimentaria. Conviene decir que esta crisis estuvo presidida por un continuo replanteamiento de las medidas necesarias a adoptar con retoques permanentes a medidas ya puestas en práctica, ahondado en este sentido en un clima de descrédito y falta de confianza hacia las autoridades competentes por parte de los ciudadanos, y que también contribuyó a agravar las consecuencias de la crisis incidiendo especialmente en los principales afectados, fundamentalmente los productores de carne de vacuno. En ese sentido, podemos ver cómo inicialmente se adopta la obligación absoluta e imperativa de enterrar cadáveres de animales, cosa que fue atenuada al descubrirse que muchas administraciones autonómicas no eran capaces de atender a su cumplimiento.
En estos momentos, una vez demostrada la falta de previsión del Gobierno en esta materia, tanto del Gobierno central como de los autonómicos, para planificar de antemano y gestionar acorde con esa planificación previa, la crisis de la EEB se empiezan a adoptar medidas algo más serias que pueden servir para paliar a corto y medio plazo los problemas más graves referidos a la destrucción de harinas cárnicas, MER y cadáveres de animales. En esta línea, el presente real decreto- ley permite la incineración de residuos cárnicos por parte de industrias que incluyen procesos de combustión a temperaturas elevadas, como cementeras, centrales térmicas, cerámicas o altos hornos. Ante la magnitud del problema de eliminación de estos residuos y a falta de otras alternativas, creemos que es una solución razonable en estos momentos.
No debemos olvidar que esta situación actual está en parte provocada o viene condicionada por esa falta de previsión del Gobierno en torno a la destrucción de los MER, puesto que aunque la crisis estalla en noviembre hay decisiones comunitarias conocidas desde finales de julio de 2000, que eran obligatorias poner en marcha a partir de 1.º de octubre de 2000. Es esa falta de previsión del Gobierno en torno a la eliminación y destrucción de los MER impuesta por Unión Europea, sin realizar ese plan coordinado con las comunidades autónomas para llevar a cabo esta tarea, lo que obliga a tomar ahora esta decisión, que es la menos mala pero que no deberá ser definitiva sino que se deberán explorar en el futuro otras vías para que se sigan destruyendo los residuos cárnicos en vez de convertirlos en subproductos de alimentación animal, pero con los controles públicos necesarios. Quizá el peor aspecto de este real decreto-ley es precisamente la reducción de controles administrativos y ambientales sobre el tratamiento de estos residuos, que nosotros no creemos que puedan considerarse totalmente inocuos para el medio ambiente.
En cualquier caso, señora presidenta, vamos a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley en razón de las exposiciones que el propio señor ministro de Medio Ambiente ha realizado, que están contenidas también en el preámbulo de exposición de motivos de este real decreto-ley; razones fundamentales, que una vez aprobado el pasado año el decreto 1911 que impone una serie de condicionamientos técnicos de temperatura, de presión y de tiempo de tratamiento de los materiales de riesgo y decomisos de mataderos o de industrias cárnicas de origen animal, se cumplen unos primeros requisitos de control sanitarios respondiendo a las directivas que hay de la Unión Europea.
En España tenemos que cumplir nuestra propia legislación de la Ley de residuos, a la que ahora me referiré, y las directivas de la Unión Europea. En el real decreto-ley oportunamente se ha introducido por el Gobierno una exigencia de notificación de las comunidadesautónomas cuyas competencias se respetan y que nosotros apoyamos, para que en uso de las facultades
que les da el decreto-ley que vamos a convalidar tienen que comunicar al Ministerio de Medio Ambiente las actuaciones administrativas tomadas en la revalorización energética, para que el Ministerio de Medio Ambiente lo comunique a su vez a la Unión Europea, y que en la Unión Europea haya un control o registro de que España está cumpliendo las directivas exactamente en su letra y en su espíritu.
¿Qué viene a significar este real decreto-ley en revalorización energética? Que era necesaria una modificación administrativa, como bien ha señalado el señor ministro, de la Ley 10/1998, de residuos, para que si no hay capacidad suficiente de instalaciones de destrucción de estos materiales de riesgo y decomisos, una vez que se ha cumplido la primera fase de transformación en harinas cárnicas, las centrales cementeras, las que emplean cualquier otro proceso de un combustible nuevo, vamos a llamarle así, y en sectores de cerámica también, puedan emplear estos subproductos que son verdaderamente materia orgánica carbonizable que entre en los hornos de las cementeras o fábricas de vitrificación y de cerámica, se comporte como un combustible sin afectar a la salud humana por un lado en eliminación de residuos tóxicos, vía aérea y chimenea, o contaminación en este terreno, y que al mismo tiempo permita a la industria cementera, sobre todo a la que es más delicada de vitrificación y de productos de cerámica, no tener un deterioro en la calidad de sus productos Por tanto, se cumplen dos garantías, una sanitaria, de cara a la salud pública; se cubre una garantía de protección medioambiental de aspectos sanitarios y se cumple también lo menos que se podría reconocer a cualquier industria que se ve obligada a utilizar este combustible y es que no afecte a la calidad de sus productos por ser un combustible heterogéneo y distinto del habitual para producir bien la calidad del clínker del cemento bien para producir los tostados socarrat, como llaman en el sector valenciano, de toda esa vitrificación y de cerámica, que tiene que emplear un determinado tipo de combustible para que no le afecten. Se salvaguardan las garantías de las comunidades autónomas en cuanto a su carácter administrativo y se da un sentido de principio de seguridad jurídica, que creo importante resaltar aquí, cuando en la disposición final primera, en habilitación de competencias, tema importante para producir una armonía entre competencias de las comunidades autónomas y del Gobierno central, se reconoce el carácter de legislación básica en la protección del medio ambiente. Creo que es un recurso que era imprescindible figurase en la ley para que tuviera el carácter de normativa básica, dado que lo que en verdad comporta jurídicamente este real decreto-ley es la modificación del artículo 13.1 de la Ley de residuos, la número 10/1998.
Las exigencias de especial urgencia son obvias por la propia psicosis que ha generado en el consumidor el tema de la encefalopatía espongiforme bovina. Se cumple aquí lo que mi grupo y este portavoz siempre han indicado al señor ministro de Agricultura y a la señora ministra de Sanidad acerca de un comportamiento estricto de la normativa de la Unión Europea, que sea clara, transparente y comunicable para que no tengamos ninguna reprobación de las actuaciones administrativas españolas, bien del Gobierno central o bien de las comunidades autónomas, ante la Unión Europea.
Por estas razones y por un principio de seguridad jurídica del sector y del medio ambiente, mi grupo, señora presidenta, va a prestar su voto favorable a la convalidación de este imprescindible y urgente real decreto-ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones. ¿Grupo Parlamentario Vasco (PNV)? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida lamentablemente no va a poder votar afirmativamente el texto del real decreto que usted nos ha presentado aquí en estos momentos, y desde luego solicita a la Cámara su tramitación como proyecto de ley.
Señorías, este Real Decreto realmente viene a intentar solucionar una crisis de confianza pública que se ha abierto en la sociedad ante las medidas que se han venido adoptando por parte de los ministerios afectados en el tema del mal de las vacas locas o el tratamiento que desde el Gobierno se ha estado dando a esta problemática. Esa crisis ha llevado a que en estos momentos, ante la apariencia de soluciones porque no hay otras alternativas posibles, se estén adoptando medidas que van a hacer que nos encontremos ante una situación que posiblemente en estos momentos genere más confianza en la opinión pública pero que después nos puede traer no solamente problemas medioambientales, sino también problemas de salud para las personas.
Creemos, señor ministro, que en estos momentos, y también en base a lo que ustedes están defendiendo en algunas otras ocasiones, no hay necesidad urgente para un real decreto-ley que a nosotros nos parece que en realidad no está muy bien pensado o muy matizado, y que desde luego carece de los suficientes informes técnicos y científicos para poder aplicar con garantía las medidas que en él se nos plantean, además de algo que a nosotros nos parece que no es aceptable, y es que se hayan podido suprimir la autorización administrativa que deben conceder las comunidades autónomas a las gestoras de residuos, la obligación de obtener la licencia municipal de actividad concedida por los ayuntamientos y algo que nos parece muy grave, la evaluación
de impacto ambiental previa al inicio de la actividad, al desclasificar, como han hecho ustedes, los residuos como peligrosos.
Todo esto que ustedes están haciendo, además ha ido acompañándose de órdenes ministeriales por las que se han estado autorizando, y se ha comentado ya anteriormente, el enterramiento de cadáveres animales y materiales especificados de riesgo en vertederos, su quema en incineradoras en supuestos excepcionales, que en la práctica son muy amplios, o planteando la lejanía de plantas de tratamiento de materiales especificados de riesgo, el difícil acceso a los animales muertos, o la desproporción en su número. Las comunidades autónomas podrían autorizar la inhumación en vertederos controlados o en cualquier otro lugar, así como la incineración directa en instalaciones autorizadas.
Señorías, esto ha venido a abrir un amplio abanico de posibilidades y ninguna ha tenido detrás de ella un serio o riguroso estudio que nos permita poder asegurar que no se está llevando a cabo una actuación que en poco tiempo nos puede llevar también ante otro problema y quizá de una resolución mucho más difícil.
De todas formas, señorías, con todo lo que parece que se está generando en nuestro país en estos momentos, como la tendencia se sigue manteniendo a transformar todos los animales sacrificados e incluso los MER en harinas cárnicas, tal y como por otro lado se ha venido haciendo hasta la fecha para descontaminar los residuos cárnicos o para facilitar su manipulación posterior, nos estamos encontrando con que el material final resultante de residuos, en la mayor parte de los casos es el mismo. La única distinción es que al prohibirse, al menos temporalmente, la comercialización de las harinas cárnicas para alimentación animal, el volumen total de este nuevo residuo se está estimando en 1,5 millones de toneladas aproximadamente en los próximos meses.
Nosotros necesitamos tres claves para que se puedan interpretar estas actuaciones que tendrían ustedes que haber despejado antes de traer aquí este real decreto o antes de traer en un proyecto de ley una modificación de la Ley de residuos. Tendríamos que despejar primero, señor ministro, si se está hablando o no de un residuo peligroso; no se puede actuar de esta manera. Segundo, si ustedes están diciendo que el residuo no es peligroso, pero después sí puede resultar peligroso -y se lo explicaré, no se preocupe; si es admisible o no la incineración de las harinas cárnicas, qué perjuicios se pueden producir, qué informes, qué estudios les están avalando a ustedes en este sentido. Y, tercero, si hay otras alternativa, señor ministro.
Nosotros sí creemos que las hay y por eso queremos que se tramite como proyecto de ley para planteárselas a ustedes e intentar que por una vez y en materia de medido ambiente busquemos otras alternativas que no sean la de incinerar o la de una vez más abrir una puerta que difícilmente se pueda cerrar después, introduciendo aquí a un determinado tipo de industrias que nos pueden servir como vertederos controlados para la incineración, sin necesidad de generar nuevas incineradoras, señor ministro.
Por tanto, primera cuestión, según ustedes y este real decreto, nos encontramos ante una harinas transformadas en las que se ha inactivado el prión causante de la enfermedad. Eso es lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente y este real decreto; pero señor ministro, hay referencias de bastantes organismos internacionales e incluso de instituciones de nuestro Estado, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Instituto Nacional de Salud Ambiental Carlos III, y la Generalitat de Catalunya que ponen en cuestión que la esterilización a las temperaturas de 133 grados centígrados destruya realmente los priones más resistentes, y por otro lado la generación de todo un nuevo flujo de residuos que creemos debería también ir acompañado de una calificación de ese residuo; se produce no solamente el residuo de las harinas y de los animales, sino que hay otro tipo de flujos de residuos que tampoco se ha caracterizado de si es peligroso o no. Por tanto, señoría, sería necesario que ustedes, aplicando el principio de precaución a ese tratamiento preventivo, ya que estamos hablando de temas muy graves y en nuestro país todavía no hay urgencia porque no se ha producido contagio a ninguna persona, estamos hablando sólo y exclusivamente de un tratamiento preventivo, tenemos que aplicar también el principio de precaución a ese tratamiento preventivo, y desde luego llevar a la práctica y tener claro de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un residuo peligroso o no? Señor ministro, ¿estamos seguros de que con el tratamiento que se está haciendo estamos acabando realmente con los priones que pueden transmitir la enfermedad? ¿O tenemos que hacer caso a instituciones tan fiables como la Organización Mundial de la Salud o el Instituto Nacional de Salud Ambiental Carlos III, que nos están diciendo que podemos estar equivocándonos y que no se tienen todas las informaciones necesarias como para asegurar que a esas temperaturas se ha acabado con los priones tóxicos? Señor ministro, apliquemos el principio de precaución y no corramos tanto en un tema, el de las harinas, que si las almacenamos en buenas condiciones no tenemos prisa por incinerarlas (no hace falta que las quemen ustedes pasado mañana, háganlo como deben hacerlo, con una calificación del residuo), no vayamos a quemar un residuo peligroso como si fuera no peligroso. Señor ministro, esto es lo primero que tendría que hacer este real decreto y no abrir la puerta, declarar que no es peligroso y permitir que el tratamiento se haga a través de algo que a nosotros nos parece que nos deja en una situación muy peligrosa.
Señor ministro, en el Ministerio de Agricultura de Dinamarca se está señalando que el incremento de emisiones de dioxinas es hasta 16 veces mayor como consecuenciade la incineración de residuos cárnicos.
tanto, señor ministro, nosotros creemos que no es la mejor solución, que estamos corriendo un grave riesgo ahora sólo y exclusivamente con la quema de las harinas o de los residuos cárnicos, y estamos abriendo la puerta a la industria cementera para que después se nos pueda convertir en la gran incineradora del Estado español. Señor ministro, la incineración no es la mejor forma de eliminar los residuos, la incineración no es la solución al problema de los residuos. Desde luego, a las cementeras les puede venir muy bien, pero ni a la salud de los ciudadanos españoles ni a su calidad de vida, ni siquiera a la salud medioambiental, les viene bien que la incineración sea la solución a los residuos de este país, y no solamente los urbanos porque se puede abrir la puerta a la incineración de otro tipo de residuos. Recuerde que no hace mucho han intentado quemar los residuos de neumáticos estando los ciudadanos en los lugares donde están instaladas las cementeras; de la misma manera hay contestación social y ciudadana para que en las cementeras se quemen, como este real decreto-ley permite, los residuos cárnicos o las harinas de animales.
Señorías, creemos que esta no es la mejor forma de dar solución a un problema con el que además han estado mareando la perdiz durante mucho tiempo. Creemos que ahora deprisa y corriendo no se puede intentar solucionar así, sin los informes que nosotros creemos que son los necesarios para garantizar que la salud de las personas y el medio ambiente no corran riesgos. Hay demasiados indicadores de que con estas soluciones estamos corriendo riesgos graves. Por tanto, señoría, nosotros le pedimos que tramite este real decreto como proyecto de ley, porque desde luego que lo retirara en este momento para cambiarlo sabemos que es realmente imposible, ya que no nos va a hacer caso.
Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quisiera anunciar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 4/2001, voto favorable que se sustenta en algunas razones y argumentaciones que muy brevemente, casi telegráficamente, paso a concretar ahora mismo.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario entiende, y por consiguiente valora positivamente, que la elaboración de esta norma sea fruto del consenso entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, consenso que tuvo lugar y que se concretó en la pasada conferencia sectorial mixta de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, celebrada el pasado 1 de febrero, tal y como ha dicho antes el señor ministro de Medio Ambiente. Este consenso se produce no solamente por la bondad y la oportunidad de las medidas que contiene el real decreto-ley, sino también por el hecho de que se haya contemplado la posibilidad de que puedan establecerse medidas adicionales por parte de las comunidades autónomas, así como la regulación administrativa de otras actividades de valorización energética de residuos de origen animal no peligrosos.
En segundo lugar, entendemos que la promulgación de esta normativa permite plantear una alternativa de valorización de las harinas de origen animal, ya que con las medidas aplicadas hasta el momento sólo se consideraba la opción de destinarlas a un depósito controlado, con lo que se ampliará en el futuro este margen de intervención y se disminuyen los impactos medioambientales en relación con los que se pueden derivar de los residuos almacenados exclusivamente en depósitos controlados.
En tercer lugar, con este real decreto-ley se abre la puerta a la consideración de esos materiales que ya tienen inactivado el prión causante de la enfermedad como combustible sustitutivo del que utilizan habitualmente las industrias cementeras de productos cerámicos o centrales térmicas, obteniendo de este modo -como ha dicho anteriormente el señor ministro y algunos portavoces- un mejor rendimiento ambiental del combustible tradicionalmente empleado en este tipo de actividades.
En cuarto lugar, creemos que debe destacarse -entre otras argumentaciones a las que no me voy a referir para no ser reiterativo- el planteamiento regulador del real decreto-ley por lo que se refiere a las condiciones administrativas en el sentido de que esta valorización en instalaciones existentes, que cuentan con la preceptiva licencia de actividad, no requerirá de una nueva autorización. Con esta medida creemos que se avanza hacia una mayor agilización del proceso administrativo, con el objeto de que estas actividades puedan utilizar estas harinas como combustible.
Para finalizar, quiero reiterar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la convalidación de este real decreto-ley, a la espera -y me dirijo al señor ministro- de que en colaboración con las comunidades autónomas se finalice en un futuro próximo la elaboración de ese mapa de situación de las infraestructuras destinadas al tratamiento, eliminación y transformación de harinas de origen animal, mapa que para su implantación futura deberá contar -esperamos- con la correspondiente financiación a cargo principalmente de los Presupuestos Generales del Estado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Morlán. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, señorías, el Grupo Socialista va a votar a favor de la convalidación de este real decretoley; sin embargo, me va permitir que le haga algunas consideraciones.
Este real decreto-ley viene aquí de la forma que viene, con el carácter de urgencia con el que ustedes lo plantean, como consecuencia de la poca actividad que ha habido hasta ahora por parte de su ministerio para afrontar este problema y para poner encima de la mesa las posibles soluciones que debieran ser asumidas por el Ministerio y por el conjunto del Gobierno para hacer frente a la gestión de las harinas cárnicas. Este real decreto permite una flexibilización muy grande para el tratamiento de este tipo de residuos al posibilitar que la coincineración en instalaciones de valorización energética, como son las cementeras, los hornos cerámicos o las centrales térmicas, se pueda llevar a cabo. Pero a mi grupo se le plantea una duda. ¿Es posible que haya otras alternativas? ¿No se ha limitado demasiado el real decreto al uso de determinadas instalaciones cuando puede haber otras alternativas que nos permitan la eliminación o el almacenamiento para una posterior eliminación? A veces, en las decisiones que se toman respecto a este proceso de coincineración no están bien medidas las consecuencias que puede traer la misma para la emisión de dioxinas o de CO2 y podemos tener fenómenos de contaminación que son claramente lesivos para nuestro entorno. En este real decreto que ustedes presentan con carácter de urgencia, visto en sí mismo, aislándolo un poco de todo el proceso (porque ya digo que ha sido bastante atípico el proceso que han llevado en la gestión de este problema), sí es necesaria la urgencia porque alguna medida hay que adoptar, pero tenían que haber sido ustedes más valientes y haber puesto encima de la mesa otras alternativas que también están contempladas en las directivas europeas. Sin embargo, me preocupa una cosa, señor ministro, y por eso vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley. Ustedes plantean la modificación de la Ley de residuos con un real decreto- ley en el que, dándole el carácter de excepcionalidad, proponen una flexibilización administrativa que puede provocar, al quedar incorporada a la Ley de residuos, que sea utilizada para otro tipo de gestión de residuos que no debieran tener esa consideración. Para nosotros este real decreto es excepcional, de acuerdo, pero tiene que ser temporal. No puede ser que las medidas que plantea este real decreto se establezcan como permanentes en la Ley de residuos y que no hayan sido ustedes capaces, no hayan querido o no hayan podido -no lo sé, pero tenían que haberlo hecho- establecer una temporalidad en la ejecución del real decreto. Todo el mundo entendería perfectamente -las comunidades autónomas, los afectados, los ganaderos, las cementeras, las centrales térmicas- que esta norma que está hecha para una circunstancia excepcional tuviera una duración determinada (seis meses, un año, dos años) y que pudiera acudirse a una prórroga de esa excepcionalidad porque las condiciones que ha motivado la presentación de esta norma se siguen manteniendo. Señor ministro, creo sinceramente que debieran pensarlo y aceptar la fórmula que proponemos: tramitarlo como proyecto de ley. Nosotros sólo vamos a presentar esta propuesta de enmienda de que se establezca una duración de la norma con posibles prórrogas en función de que siga existiendo el problema. De esa manera evitaríamos muchas susceptibilidades que se pueden plantear, muchas dudas que se pueden generar, e incorporar algo a la Ley de residuos que nosotros no queremos que se incorpore.
Este real decreto tampoco establece un plan de seguimiento y control específico para este tipo de residuos. Es cierto que aquí existe una competencia de las comunidades autónomas, que a través de sus servicios veterinarios pueden llevar este tipo de seguimiento, pero también es cierto que en la configuración de la norma tendría que establecerse este seguimiento y control porque, al fin y al cabo, ustedes frente a la Unión Europea tienen la responsabilidad de decir que las normas en España se cumplen y están siendo contempladas de acuerdo con las previsiones de la normativa comunitaria.
En la exposición de motivos y en el artículo 2 ustedes hacen también un ejercicio curioso. Argumentan que no se produce una modificación sustancial de las instalaciones y hacen referencia a que esa modificación sustancial es un concepto que viene incorporado en la Directiva de IPPC que no han traspuesto todavía. El Estado español está sancionado porque ha pasado el plazo de trasposición de esa directiva. Me parece muy bien que utilicen esta terminología de la Unión Europea en el real decreto, pero me parecería mejor que incorporaran el conjunto de la norma, con lo que evitaríamos cualquier tipo de interpretación a la hora de llevar a cabo el desarrollo de un plan de estas características como el que se plantea en este real decreto-ley.
El real decreto-ley no se vincula a un plan nacional para estos residuos, cuya tendencia, por lo que estamos observando, lejos de disminuir va a aumentar. Es otro aspecto criticable de este real decreto-ley. Las leyes pueden ser genéricas o pueden tener un aspecto reglamentario algo más preciso cuando se trata de ser aplicadas en momentos de urgencia, como puede ser éste. Ustedes tenían que haber elaborado un real decreto algo más reglamentario en algunas de sus apreciaciones con la finalidad de que en el ámbito de sus competencias,
no en el de las comunidades autónomas, hubieran perfilado de manera más precisa qué tipo de decisiones eran las que había que acometer y ejecutar en el desarrollo de este real decreto para hacer frente a este régimen de intervención administrativa que ustedes flexibilizan.
Hay otra cuestión que también me gustaría poner de manifiesto. Como al resto de operaciones de valorización, se deberían aplicar las condiciones y requisitos establecidos en el Real Decreto 1217/1997, sobre incineración de residuos peligrosos. Este real decreto debía haberlo contemplado porque es la norma que asegura un mayor control sobre las emisiones de las instalaciones de valorización de residuos.
Señor ministro, desde nuestro punto de vista -y ya le he dicho que vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto, aunque también vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley a los efectos que le he comentado-, es un real decreto-ley que nos parece muy bien que haya sido consensuado con las comunidades autónomas porque es un problema importante para el conjunto del Estado y en el que las comunidades autónomas tienen competencia para llevar a cabo sus propias iniciativas, por lo que nos parece muy bien que se haya producido esa coordinación entre todos, pero me da la impresión, señor ministro, de que falla por lo que le he dicho, por la excepcionalidad, que debe ser temporal, no permanente, la ley no se debe modificar con carácter permanente en esa dirección, y porque esta actuación debiera estar articulada en un plan del que usted ha presentado aquí un bosquejo solamente de dos folios, que es el futuro plan de eliminación de los MER y otros residuos animales. Yo creo que ustedes debieran dar algún paso más para poner encima de la mesa el conjunto del plan, articularlo con este real decreto y posibilitar que cualquier tratamiento que se haga de estas harinas no produzca deterioros en el medio ambiente. Analice bien estas alternativas, vea si éstas son las más adecuadas o si hay otras que pueden afrontar perfectamente el tratamiento de estos residuos con mayor seguridad y mayor garantía. Espero que no tengamos ninguna sorpresa, señor ministro, y que luego no tengamos que lamentar las actuaciones que aquí hoy todos apoyamos y que van a desarrollar las comunidades autónomas porque no hemos sido suficientemente previsores. Por eso le pedimos que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley.
Acepte nuestras sugerencias que van en el camino positivo de no estar sometidos, desde luego en nuestro caso concreto, a una excepcionalidad permanente como parece deducirse, y lleven a cabo un control y un seguimiento muy estricto del desarrollo de este real decreto porque estamos jugando con el medio ambiente, señor ministro, y eso usted y yo, nosotros no debemos permitirlo con la finalidad de evitar riesgos que en este momento son innecesarios y que debieran ser perfectamente previsibles por la Administración.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.
Señorías, con brevedad quiero indicar que el Grupo Parlamentario Popular apoyará la convalidación del real decreto que hoy estamos debatiendo por entender que la modificación de la Ley de residuos que en él se propone agilizará la resolución de los problemas creados por la generación de una cantidad ingente de productos, las harinas de origen animal, que hasta ahora no tenían la consideración de residuos. Para estas harinas animales la opción de la valorización energética, con las limitaciones que se establecen en el real decreto, es la adecuada; por supuesto, mejor que la del depósito en vertedero. Hay que recordar que el límite de emisiones establecido en España para la incineración de residuos sólidos urbanos es de 0,1 nanogramos, el mismo que para la incineración de residuos tóxicos.
Nuestro grupo parlamentario siempre ha defendido la inocuidad de la valorización energética con las innovaciones tecnológicas actuales.
Recuerden, señorías, que la incineración que se produce en las cementeras tiene lugar entre 1.200 y 2.000 grados centígrados, de modo que no existe riesgo ambiental alguno al alcanzarse temperaturas superiores a los 800 grados, temperaturas a las que las dioxinas y furanos se descomponen. Por otro lado, como la gestión de recursos es competencia de las comunidades autónomas y entidades locales -algo que en múltiples ocasiones parecen olvidar los portavoces de algunos grupos parlamentarios-, este real decreto es especialmente adecuado al ser el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas. La exención de las autorizaciones administrativas para la valorización energética de las harinas transformadas de despojos y cadáveres animales, mediante su utilización como combustible en hornos de fábricas de cemento, de productos cerámicos y en centrales térmicas, agilizará el proceso y a corto plazo solucionará el problema creado por la encefalopatía espongiforme bovina, que tantas veces se ha debatido en esta Cámara.
En múltiples ocasiones hemos hablado aquí de residuos, señorías, y en todas ellas nuestro grupo parlamentario ha destacada que por primera vez se ha conseguido tener en España un marco jurídico completo y coherente para su tratamiento. No olvidemos, además, que para poder utilizar los 500.000 millones de los fondos de cohesión -tramos autonómico y local- que ha conseguido el Gobierno de España en el período 2000-2006
es preciso que las peticiones provengan de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que deben ser peticiones para las infraestructuras que se contemplan en el Plan nacional de residuos; para todas las infraestructuras. Recuerden que el señor ministro nos indicaba en el debate anterior que de las peticiones que han llegado de las comunidades autónomas y entidades locales, pocas, muy pocas son para incineradoras, y éstas sí están contempladas en el Plan nacional de residuos urbanos que deberá cumplirse en su integridad.
Se ha dicho aquí que la incineración no es la solución al problema de los residuos. Por supuesto que no es la solución. Hay que reducir el volumen de residuos, hay que reutilizar y hay que reciclar. Pese a todo ello siempre quedará una fracción final más o menos grande, de mayor o menor volumen, que hay que eliminar, y para ello tenemos dos opciones: incineración o vertedero. Creo, señorías, que tienen que reflexionar ustedes seriamente sobre los problemas que presentan los vertederos. El real decreto que modifica la Ley de residuos es muy concreto, ya que especifica claramente que se refiere a la valorización energética de las harinas transformadas de origen animal; no creemos, por tanto, que pueda aplicarse a otro tipo de residuos.
Termino, señorías, reiterando el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación del real decreto.
(Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 272; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el referido decreto-ley.
Señorías, sometemos a votación, a continuación, que el real decreto- ley convalidado sea tramitado como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 118; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMADEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DE EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD. (Número de expediente 130/000014)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad.
Para la presentación del Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate y la presentación del siguiente decreto-ley. Ruego a SS.SS. que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, diligentemente y en silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la presentación ante esta Cámara para su convalidación del Real Decreto 5/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Como decía, en esta presentación del Real Decreto de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad quiero dirigirme, naturalmente, a SS.SS. a fin de darles a conocer los motivos que nos han llevado a su aprobación y a su contenido, pero más allá me gustaría dirigir estas palabras a los verdaderos destinatarios de esta reforma, a todos los potenciales trabajadores que se verán beneficiados por la misma; me estoy refiriendo a esos 800.000 trabajadores que se verán beneficiados por la reforma durante el primer año; a 225.000 mujeres desempleadas entre 16 y 45 años; a las 150.000 de éstas que contarán con un contrato a tiempo completo y a las 75.000 que lo harán con contrato a tiempo parcial; a 100.000 parados mayores de 45 años; a 125.000 personas que llevan más de seis meses desempleadas; a 215.000 personas con contratos temporales que pueden ver transformados sus contratos en indefinidos; a 35.000 trabajadores o trabajadoras que se acogerán a bonificaciones por baja de maternidad; a 70.000 trabajadores que se beneficiarán de las bonificaciones llamadas de coste cero, ya sean los causantes de la baja o sustituyentes; y en general a todos los trabajadores,
hombres y mujeres, que de cualquier otra forma se verán beneficiados por las diferentes medidas de mejora de las relaciones laborales que introduce esta reforma.
La reforma laboral de 1997, sustentada en el diálogo y en el acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales, ha manifestado a lo largo de estos casi cuatro años una gran capacidad para contribuir a la creación de empleo. Las medidas que entonces se tomaron a modo de ensayo para intentar corregir una situación que era alarmante, tanto en términos de desempleo como en el alto nivel de inestabilidad con el que se afrontaban las nuevas contrataciones, han dado buenos resultados, como se puede comprobar en la evolución del empleo desde entonces: casi dos millones de puestos de trabajo creados, algo más de un millón menos de desempleados y una tasa de paro que se ha reducido en 7,3 puntos.
De los dos millones de nuevos empleos recogidos en la encuesta de población activa, el 78 por ciento han sido indefinidos, resultando, en gran medida, de los más de cuatro millones de contratos estables formalizados desde la aprobación de 1997 de la nueva normativa, acompañada también a lo largo de todos estos años por un amplio sistema de incentivos en forma de menores costes de Seguridad Social para los contratos que se suscribían con vocación de permanencia.
Desde el Gobierno creemos, y lo comparten también los interlocutores sociales, que la reforma de entonces estuvo bien orientada, aun admitiendo que para la solución de los problemas existe siempre un ritmo mayor, y cuando los problemas son tan serios como los que tradicionalmente arrastra el mercado de trabajo español se necesita bastante tiempo para encauzarlos.
La reforma que hoy presentamos ante la Cámara para su convalidación pretende no sólo dar continuidad a aquellas medidas que en 1997 se tomaron con carácter temporal y cuya vigencia, como saben SS.SS., finalizaba el próximo 17 de mayo, sino que además intenta profundizar en la adecuación y en la adaptación de las estructuras laborales a momentos y necesidades que están experimentando importantes cambios.
Se trata de dar un paso más en la permanente adaptación requerida por una economía y en unos sistemas productivos cada vez más complejos. Y se trata también de recorrer nuevas etapas hacia ese objetivo, que espero que todos compartamos, de integración social, a través del trabajo, del conjunto de la población española.
Tengo que decir que el Gobierno hubiese deseado que esta reforma fuera fruto del consenso, al igual que lo fue la de 1997. Habíamos puesto todos muchas esperanzas en ello y creo que nadie nos podrá negar que hemos sido extremadamente respetuosos con un proceso de diálogo que ha durado nueve meses y que hemos seguido con la máxima atención, ofreciendo en todo momento nuestra colaboración. Nos hemos mantenido al margen, según se nos había solicitado, a pesar de que creíamos más conveniente que la reforma se hubiera articulado ya a finales del año 2000, porque permitía así un mejor encaje presupuestario, pero hemos preferido esperar y agotar los plazos que los propios interlocutores sociales libremente -subrayo el término libremente- se habían dado y que, como SS.SS. saben, terminaba a finales del mes de febrero. Lamentablemente el acuerdo no se ha producido y así informaron de ello al Gobierno los propios interlocutores. Por ello, hemos considerado que había llegado el momento de afrontar las nuevas modificaciones desde la responsabilidad y el papel que nos confiere el ser Gobierno de la nación y, como tal, promover aquellas medidas que consideremos más idóneas para el bien general, coherentes con nuestros compromisos electorales y de Gobierno, y tomando como punto de partida la situación a la que se había llegado en un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales, aun cuando no se hubiese conseguido el acuerdo.
La fórmula del decreto-ley respondió también a la urgencia en llevar a cabo las medidas necesarias. No obstante, vaya por delante que nada más lejos de nuestro ánimo que sustraer al Parlamento un debate que estimamos muy importante y abierto a propuestas. Por ello, les anuncio ya que nos proponemos su tramitación como proyecto de ley y en ese proceso esperamos recoger diferentes aportaciones que contribuyan a hacer más eficiente, más justo y más participativo el marco de relaciones laborales; eso sí, pedimos que se busque el consenso social y que no sean simples reiteraciones de las posiciones de parte. Sin embargo, hemos considerado necesario utilizar esta posibilidad de urgencia recogida en la Constitución española porque estimamos que la tramitación directa como proyecto de ley sería perjudicial para el mantenimiento del ritmo de la creación de empleo.
Ya ha habido una espera de más de nueve meses y SS.SS. saben muy bien que la sociedad productiva soporta mal la incertidumbre. Pero es que, además, dado que alguna de las medidas implantadas en 1997 finalizaban, como he dicho, el próximo mes de mayo, se hubiera producido un período de vacío o de laguna normativa entre la finalización de unas y el comienzo de la vigencia de otras, que hubiese distorsionado el mercado de trabajo y paralizado posibles contrataciones a la espera de nuevas medidas.
Centrándome ya en los objetivos y contenidos del real decreto-ley, creo fundamental señalar que hemos partido de una total coincidencia con organizaciones sindicales y empresariales en el diagnóstico de los problemas que resultan más relevantes y más acuciantes para el mercado de trabajo. Desde ese análisis, hemos intentado trasladar a la normativa conceptos y propuestas de ambas partes, configurando una reforma que perfectamente podría haber sido fruto del acuerdo y lo hemos hecho intentando mantener un equilibrio entre las posturas de ambos, siempre con el referente puesto en lo que creemos más eficaz para la sociedad en su conjunto. La norma tiene unos objetivos muy claros y
definidos, todos ellos de una gran trascendencia para el empleo. En primer lugar, el fomento de la contratación indefinida y la limitación de la contratación temporal abusiva. Hacia ese objetivo confluyen la mayor parte de las medidas tomadas, y lo hacen desde dos vertientes ya contempladas en la reforma de 1997, pero asumidas con mayor profundidad en ésta, promoviendo, de una parte, la contratación indefinida y estableciendo nuevas limitaciones, por otra, a la contratación temporal. Así, en el primer ámbito se ha optado por dar continuidad al contrato de fomento de empleo indefinido, instaurado en 1997, ampliando el espectro de colectivos beneficiarios del mismo y sin establecer un límite temporal definido para esta medida. Me permito recordar, como señala el propio real decreto, que mientras persistan las actuales circunstancias del mercado de trabajo y en ausencia de pacto, se hace necesaria la existencia de la norma, lo cual creo que expresa también nuestra disponibilidad a escuchar y a recibir propuestas de acuerdo y a seguir permanentemente evaluando cuál es la situación de nuestro mercado laboral.
Se ha aprobado para este año un nuevo programa de bonificaciones, dirigido casi en su totalidad a primar la contratación indefinida de los colectivos con mayores dificultades de acceder al mercado de trabajo, y lo hace reduciendo durante un período de tiempo los costes laborales de dichos grupos. Podríamos decir que ya la mayor parte de los desempleados que sean contratados de forma indefinida van a ser susceptibles de aplicación de alguna reducción de cotizaciones, aunque éstas se modulan cuantitativamente en función de la mayor o menor dificultad de integración de cada grupo. En ciertos casos la posibilidad que se ofrece es la conversión -la conversión es siempre deseable- de temporal a estable, pero sin llegar a incentivar este tránsito si se trata de los grupos con menor necesidad de impulso, a fin de concentrar los esfuerzos en las poblaciones más difíciles. Si excluimos a los discapacitados y a determinados grupos con riesgo de exclusión laboral más acentuado, las mujeres son, con diferencia, las más beneficiadas por el nuevo sistema de incentivos, con aplicación de bonificaciones a cualquier edad y con bonificaciones siempre más elevadas que las de los varones en aquellos casos en que ambas se encuentren en el campo de acción de las mismas. En segundo lugar, lo serían los varones mayores de 45 años. Se mantienen además los incentivos para la primera contratación por parte de los trabajadores autónomos y se vuelve a primar la transformación de contratos temporales en indefinidos, presente en las medidas de 1997 y limitada en el programa del año 2000 a los contratos formativos, de relevo y de sustitución por jubilación.
Junto a estas medidas de promoción directa del empleo, especialmente el empleo indefinido, se establecen otras, como he dicho, que pretenden actuar de freno a la excesiva contratación temporal que todavía se sigue produciendo. Cabe recordar que se ha producido una reducción importante, que se ha roto con una tendencia, la tendencia que yo creo que movió a la acción en el año 1997 se ha reducido prácticamente en 5 puntos la temporalidad española. España es uno de los pocos países que ha logrado avances en esa materia en estos últimos años junto a Dinamarca e Irlanda, pero pensamos que también es necesario seguir avanzando en esa línea.En ese evitar la contratación temporal excesiva y abusiva se establece una indemnización de 8 días por año trabajado, aplicable a la extinción de los contratos temporales, con la única excepción de la interinidad, de formativos e inserción. También destacaría las modificaciones introducidas en el contrato eventual, cuya duración máxima se reduce de 13 meses y medio a 12; se dota de mayor capacidad a la negociación colectiva para prevenir abusos en la utilización sucesiva de contratos temporales; se produce una equiparación expresa de derechos entre los trabajadores contratados temporalmente con los que están de forma indefinida y se establece la obligación del empresario de informar a sus trabajadores temporales de las oportunidades de empleo indefinido que se produzcan en la empresa.
Otra de las grandes prioridades es, sin duda alguna, la integración laboral de la mujer. Como tantas veces se ha repetido, no es igual la situación de partida, no es igual la posibilidad de acceso, ni es igual la posibilidad de permanencia de las mujeres en nuestro mercado laboral. Esta es una prioridad, por otra parte, y coincide plenamente con las directrices que nos marca la Unión Europea y los planes de acción para el empleo en estos últimos años.
El decreto-ley contiene medidas muy importantes en ese sentido. La ampliación al colectivo de mujeres que se contraten en profesiones de baja presencia femenina -desgraciadamente, un largo catálogo-, la posibilidad de suscribir el contrato de fomento de empleo indefinido y el amplio sistema de bonificaciones -que, como ya he dicho, prima a las mujeres- son dos claros ejemplos de ello. Pero además hay dos medidas sobre las que quiero llamar específicamente la atención por la contribución especial que pretenden tener en ese handicap que las mujeres tienen actualmente para ser contratadas en circunstancias en las que la posibilidad o la ya realidad de la maternidad se encuentra presente. Una es el establecimiento de una bonificación plena, del cien por cien, en las cuotas de Seguridad Social durante el primer año del contrato para aquellas mujeres que se contraten de forma indefinida en los dos años siguientes a haber sido madres y que sean paradas de larga duración. La otra se refiere a la eliminación del cien por cien de la cotización por parte del empresario a la Seguridad Social por las trabajadoras o trabajadores que se encuentren en permiso por maternidad, adopción o acogimiento siempre que se haya contratado a un interino como sustituto, además de la bonificacióndel cien por cien en el contrato del propio interino
en virtud de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar.
Destaco esta novedad que evita que pueda entenderse que persiste o pervive, cuando se produce una sustitución por maternidad, cualquier coste asociado a una ausencia. Tanto la persona sustituida como la persona sustituyente tendrían dicha bonificación.
Se potencia el contrato a tiempo parcial. El objetivo es dotar a este contrato de una presencia y de una calidad comparable a la que tiene en el resto de la Unión Europea. Bien que me hubiese gustado hablar de unas cifras de mayor peso después de la reforma realizada el año 1998, no ha sido así. La última encuesta de población activa nos habla de un estancamiento, cuando no de un leve retroceso, de la presencia de este contrato que se configura, indudablemente, como la mejor alternativa de flexibilidad a la temporalidad excesiva que, como antes señalaba, caracteriza también a nuestro mercado de trabajo. Desgraciadamente podríamos hablar con precisión de excesos de temporalidad y de defecto de utilización de fórmulas alternativas.
Pues bien, la voluntad estaba presente ya en la reforma del año 1998, pero esperemos que sea posible esta vez un contrato de calidad comparable tanto en protección como en fórmulas de gestión al modelo mayoritario en Europa y, por tanto, con esa mayor facilidad de aplicación dado que la compleja regulación anterior le ha restado posibilidades de aceptación por parte de nuestras empresas. Ello se acompaña, en el caso de que estos contratos se concierten por tiempo indefinido, con la aplicación, en líneas generales, del amplio sistema de incentivos previsto para los de tiempo completo. Repito y subrayo que se trata fundamentalmente no solamente de preservar lo que fue la necesaria corrección de la protección social de este contrato realizada el año 1998. Sirva como ejemplo que hasta aquellas fechas la hora trabajada en un contrato a tiempo parcial tenía menor valor relativo y absoluto que la hora trabajada a tiempo completo a la hora de producir una carrera de cotización. Naturalmente se han preservado estas mejores condiciones de protección social para el trabajador.
También se establecen en el propio real decreto garantías de que no se va a generar fraude, manteniendo el 77 por ciento como listón, por encima del cual se obliga, como debe ser, a una contratación completa, pero creemos que el equilibrio final es un equilibrio entre una gran protección social privilegiada, como debe ser, para compensar lo que sin duda ninguna es mayor dificultad de acceso a los períodos de carencia y a los períodos que dan derecho a ciertas prestaciones, pero con una formulación en su gestión, como les decía antes, comparable a la que ha permitido una mayor presencia de este contrato en la Unión Europea. En consecuencia, se ha tratado de conseguir este contrato, como les decía, de calidad comparable tanto en protección como en gestión al modelo mayoritario de Europa y con mayor facilidad de aplicación.
Otro aspecto, al menos para mí muy importante -nunca se me olvida que actuamos desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, es la atención a los colectivos con mayor dificultad, es ese segundo apellido, que es tratar con mayor intensidad y mejor, por qué no decirlo, a quien tiene mayores dificultades. Pues bien, se trata de instrumentar nuevas vías de integración laboral para colectivos con dificultades muy serias en este sentido. Una de ellas es la regulación de un nuevo contrato de inserción, como cauce para la contratación pública de demandantes de empleo, con la doble finalidad de realizar actividades de interés general y mejorar al tiempo su cualificación y nivel de ocupación. Quede claro -y así lo dice el texto- que estamos abiertos también a que puedan lograrse unas mejores relaciones tendentes a precisar ese tipo de trabajo que no tiene naturaleza mercantil, que no tiene naturaleza lucrativa, que es el que se realiza con fines de claro interés social por parte de la mayoría de las administraciones públicas -y a ese ámbito se circunscribe- y que nada, insisto, tiene que ver con lo que son actividades ordinarias de las administraciones ni con lo que serían actividades mercantiles. A ese campo es al que se dirige, en coherencia también con lo establecido en los planes de acción para el empleo y en lo que se ha dado en llamar las políticas de Luxemburgo.
Otra medida es la eliminación de límite de edad en los contratos para la formación cuando se concierten con inmigrantes, desempleados con más de tres años en esta situación, personas en situación de exclusión social y beneficiarios de los programas de escuelastaller, casas de oficios y talleres de empleo. El objetivo de esta medida no es otro que el de dotar a la población inmigrante con dificultad, con desempleo, con dificultades derivadas bien de su falta de cualificación profesional, bien de otras circunstancias que hagan objetivamente difícil su integración en el mercado laboral, de los mismos instrumentos y con las mismas garantías que tienen los ciudadanos nacionales. Cualquier otra lectura se aleja no sólo del espíritu, sino del sentido de esta norma. La edad de 21 años, que es el límite que se acepta, puede tener pleno sentido, y lo mantiene en España puesto que tenemos escolarización obligatoria hasta los 16 años, en un país que mantiene un régimen de transparencia en las cualificaciones profesionales, pero no me parecería justo excluir a los trabajadores inmigrantes por un simple condicionante de edad de un beneficio, como es la posibilidad de integración laboral, por el mismo cauce que están utilizando los ciudadanos nacionales. Insisto en que se podrán hacer otras lecturas, como ejercicio académico o como ejercicio político, pero creo que estarían sustancialmente alejadas del ánimo del Gobierno y de la propia letra de este real decreto.
La norma avanza en el reforzamiento de las garantías en los supuestos de subcontratación. Sin duda ninguna, es una materia que también fue abordada en las propias
mesas de diálogo social, determinando de forma más adecuada las responsabilidades tanto de contratistas como de subcontratistas a efectos salariales, a efectos de Seguridad Social y, especialmente, a los efectos de prevención de riesgos laborales. Se establece la obligación para los empleadores de informar a los trabajadores de las empresas subcontratadas sobre la empresa principal y se establece también la obligación de que el comité de empresa de la empresa principal conozca todos los contratos y subcontratos efectuados con el fin, precisamente, de organizar mejor y de manera más efectiva la prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, se ha optado también por la derogación, que como saben es una idea compartida en las mesas de diálogo social y expresada en el Pacto de Toledo, para adecuar la redacción -un tanto infortunada- del Estatuto, cuando hablaba de que las jubilaciones forzosas eran un instrumento de formulación de empleo. Pueden servir para otras cosas, pero ese no es el concepto ni es la forma en la que se expresa el propio Pacto de Toledo, para posibilitar los avances que a través del diálogo social puedan tener aportaciones.
Permítame, finalmente, señora presidenta, que subraye el hecho de que -como, sin duda, saben SS.SS.- son muchas las materias que en nuestra sociedad pueden y deben ser objeto de diálogo social. No olvidemos nunca que el diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, sin duda ninguna, útil -como se ha demostrado- para la sociedad española en los últimos años, pero no es un fin en sí mismo.
Desgraciadamente, cuando el diálogo se estanca, cuando el diálogo se bloquea, los problemas no se detienen y los objetivos de la sociedad española son en este momento seguir ofreciendo esa magnífica relación de transformación de crecimiento económico en crecimiento del empleo.
Eso requiere una permanente observación y una permanente actuación y adaptación de todos los instrumentos que hagan más eficiente, que hagan mejor la capacidad de la economía española no solamente de crecer, que ya sería esa primera obligación de generar riqueza, sino de saberla traducir también eficientemente a dos de los grandes productos que nos demanda la sociedad: un mejor empleo y una mejor protección social. Eso requiere adaptaciones, eso requiere esfuerzos, eso requiere diálogo y eso requiere, naturalmente, la acción del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sevilla. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Señor Llamazares, según la previsión del Reglamento no hay más que un solo turno en contra y un solo turno a favor en este tipo de debates.
La tradición parlamentaria es que, cuando hay más de una petición de un turno en contra, haga uso del mismo el grupo mayoritario de los que lo solicitan.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aparicio, felicidades porque dado que su grupo parece premiar con fuertes aplausos a los que abandonan la carrera sucesoria, el que hoy no le hayan aplaudido tanto significa que aún tiene posibilidades. (Rumores.) Señor ministro, el Grupo Socialista va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley porque cree que este Parlamento no puede contribuir, en época de bonanza, al desánimo que se ha instalado entre tantos jóvenes, mujeres, parados de larga duración y otros colectivos ante la realidad de un mercado laboral hostil a sus necesidades y del que sólo pueden esperar trabajos eventuales, mal remunerados y sin derechos colectivos. Lo que ustedes traen hoy aquí ahonda en una estrategia de precarización del mercado laboral y apuesta por un modelo basado en el progresivo deterioro de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. No es verdad que la precariedad, los bajos sueldos y la desprotección social sea el único camino posible de competitividad en un mundo globalizado.
Por ello, no es verdad que su reforma del mercado laboral sea la única manera de crear más y mejor empleo.
Votaremos en contra por razones de fondo y por razones de forma. Lo que ustedes traen hoy a la Cámara es una prueba de un fracaso, de su fracaso. En primer lugar, porque ustedes han presionado para evitar el acuerdo y, en segundo lugar, porque las normas que han regulado y hoy traen aquí no han sido consultadas con los interlocutores sociales.
Convendrá conmigo en que la consecución de acuerdos sociales sobre asuntos importantes durante la pasada legislatura fue presentado por el Gobierno como uno de sus mayores éxitos. Tan es así que en su programa electoral dicen -cito y doy ocasión para el aplauso-: Para nosotros -es decir, para ustedes-, el diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales es la mejor vía para la modernización de las relaciones laborales. Fin de cita.
Tan es así que en su discurso de investidura el hoy presidente del Gobierno dijo -cito-: Sólo las reformas ampliamente compartidas, con sólido respaldo de una opinión pública y con la colaboración de las instituciones y agentes sociales, son fecundas y tienen éxito. Fin de la cita.
De acuerdo con ello, este decreto-ley no es la mejor vía para modificar las relaciones laborales y éste en concreto no va a ser fecundo ni va a tener éxito, dado que no cuenta con sólido respaldo ni de la opinión pública ni de los sindicatos. O no se creían entonces las bondades que predicaban respecto a los acuerdos o lo de hoy es un fracaso que debe asumir el Gobierno,
salvo que lo que fue bueno cuando no contaban con mayoría absoluta deje de serlo cuando pueden aplicar el rodillo parlamentario.
Además, señor ministro, por primera vez en la democracia traen a la Cámara unas medidas de reforma del mercado laboral que los interlocutores sociales han conocido por el BOE; a lo mejor igual que usted. No se han preocupado ni de cubrir las formas, no han hecho ni la apariencia de mediación ni, como digo, siquiera la de información previa a los interlocutores sociales, aquellos con quienes tanto les gustaba hacerse fotos cuando no tenían mayoría absoluta.
Si las formas son esenciales en democracia, ustedes están demostrando con la mayoría absoluta unas formas poco democráticas. Porque, además, ¿de dónde vienen las prisas? ¿No va todo tan bien? La urgencia de hacerlo, y de manera unilateral, sólo encontraría explicación en una preocupante ralentización en el ritmo de creación de empleo. ¿Es así? ¿Van peor las cosas de lo que ustedes dicen y por eso hacen falta medidas urgentes, tomadas manu militari? En todo caso, es un fracaso del Gobierno que van a pagar los trabajadores, cuya perspectiva de encontrar un empleo estable de calidad no se ve mejorada después de la aprobación de este decreto. Porque, además, ustedes no han aprobado una reforma; han aprobado lo que parece ser la primera parte de una reforma, según declaraba el vicepresidente Rato. El Gobierno hace como que legisla, pero lo hace de manera incompleta; legisla, pero no todo, y lo que legisla lo hace de forma apresurada e incluso chapucera. En este decreto-ley no se introducen mecanismos que permitan reducir eficazmente la injustificada temporalidad de nuestro mercado laboral ni se facilita la incorporación al mercado laboral en las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres. Por tanto, no ayuda a resolver ninguno de los dos principales problemas que tenemos.
Señor ministro, ustedes han dedicado una gran cantidad de recursos públicos para reducir la tasa de temporalidad, la más alta de Europa, y han fracasado en esa tarea. Ahora, por un lado, siguen manteniendo ese gasto público para reducirla y, por otro, abren la mano a nuevas formas de temporalidad, porque resulta curioso que para reducir esa elevada e injustificada temporalidad a ustedes sólo se les ocurra poner una indemnización simbólica y, sobre todo, inventarse nuevos contratos temporales, especialmente el de formación y el de inserción. O sea, que para reducir la temporalidad se crean nuevos contratos temporales y precarios. Sorprendente. Precarios como el nuevo contrato de inserción, del que se desconoce su duración, retribución, jornada y resto de condiciones de trabajo, o como la nueva regulación del contrato de formación que ve cómo se desnaturaliza su carácter formativo mediante su generalización a otros colectivos, que verán ahora como sus posibilidades de contratación son sólo en condiciones precarias, es decir, salario mínimo y sin derecho al desempleo.Este nuevo contrato de formación sí es un auténtico contrato basura en el cual, al incluir a los inmigrantes, o bien incurren en una contradicción con la Ley de extranjería o bien están preparando el camino para la segmentación xenófoba de nuestro mercado laboral. No sé si son conscientes del calado social de esta medida y de la irresponsabilidad que significa el tratamiento que le dan.
Por otro lado y para incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral, no se les ocurre ninguna novedad, salvo que lo hagan en condiciones peores que los hombres, con un coste del despido más barato. (Aplausos.) Con este decreto, entre dos personas de igual edad, grado de formación, tiempo de permanencia en el paro, puesto de trabajo e incluso igual salario, una, la mujer, estará más desprotegida que el hombre al tener un coste de despido menor. No dudo que semejante discriminación contra las mujeres será debidamente criticada y votada en contra por las diputadas de su grupo que tanta sensibilidad feminista han mostrado en ocasiones recientes (Aplausos.) La reforma del contrato a tiempo parcial sería el paradigma de su actuación. Vuelven atrás respecto a un acuerdo que ustedes alcanzaron con los sindicatos y lo hacen empeorando todavía más la inseguridad de los trabajadores acogidos al mismo. Si su anterior regulación de dicho contrato no permitió el desarrollo en España de esta fórmula de contratación, la actual propuesta sólo lo hará en la medida en que lo desvirtúe y precarice, al desnaturalizar el concepto de horas complementarias e impedir la conciliación de la vida familiar y laboral.
Señor ministro, el avance de la reforma que ustedes han aprobado puede valorarse no sólo por lo que contiene, sino por lo que deja de contener. Aquí no hay ninguna medida para reducir la temporalidad en las administraciones públicas; nada eficaz sobre los riesgos que conlleva la subcontratación; nada que evite desde un punto de vista normativo los abusos e incluso los fraudes que se están dando en la contratación temporal. Apuntan mal los problemas existentes y los resuelven todavía peor.
Con este decreto-ley ustedes se han situado en el lado de aquellos que apuestan por un modelo económico de competitividad basado en salarios bajos y condiciones laborales precarias, un modelo en el que los derechos colectivos y la propia negociación van perdiendo terreno a favor de las relaciones individuales entre desiguales. Eso es lo que consagra lo ya visto de su reforma y lo que apuntan para el futuro respecto a la revisión de la negociación colectiva. Los socialistas solicitamos su tramitación como proyecto de ley para que los ciudadanos puedan conocer mediante nuestras enmiendas que hay otra manera de abordar los problemas reales de nuestro mercado laboral y que son posibles otras soluciones más integradoras. Con nuestras enmiendas demostraremos que existe una alternativa
mejor para facilitar de verdad la creación de más empleo y de mejor calidad mediante reformas en el modelo de relaciones laborales.
Demostraremos que hay un camino de esperanza para mucha gente que se debate entre el paro y la precariedad y que el deterioro de la realidad laboral no es nada que exija la modernidad o la globalización sin opciones políticas de gobiernos conservadores como el suyo. Cuando el coste social de la acción de un gobierno supera al beneficio específico que aporta su gestión se aproxima el tiempo de cambio, y el suyo lo hace de forma acelerada. Esa es la única esperanza que hoy tienen millones de trabajadores y empresarios, como veremos en los próximos meses sin duda.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sevilla. ¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
En el inicio de las negociaciones sobre el mercado laboral, el Gobierno, los empresarios y los sindicatos coincidieron en que el principal problema a resolver era la alta tasa de temporalidad en el Estado, más del doble de la registrada en la Unión Europea; provocando un importante problema social y siendo el principal responsable de la fuerte tasa de siniestralidad laboral, era imprescindible buscar medidas para solucionarlo. El desarrollo de las negociaciones ha supuesto la ruptura del espíritu que propició los acuerdos de 1997 y 1998 y el incumplimiento de las promesas del presidente del Gobierno en el discurso de investidura de continuar por la senda del acuerdo con los interlocutores sociales. De este modo, las principales razones de nuestra oposición a este real decreto son las siguientes.
Primero, la indemnización de ocho días por año trabajado -supone una medida de 88 pesetas por día- no es un motivo que desincentive el uso de estos contratos, ni retribuye la precariedad del trabajador; por tanto, no soluciona el principal problema de este tipo de contratación, que no es otro que su menor coste respecto a los contratos indefinidos. Tampoco parece efectiva la reducción de la duración máxima de los contratos temporales de trece y medio a doce meses cuando sólo el 0,19 por ciento de esos contratos supera esa duración.
Segundo, la reforma del contrato a tiempo parcial deja sin efecto el acuerdo de noviembre de 1998 entre Gobierno y sindicatos, con la única pretensión de satisfacer la demanda empresarial de una flexibilidad absoluta en la distribución de la jornada laboral.
Tercero, en cuanto a otra de las propuestas incluidas, como es el aumento de los colectivos que pueden ser contratados mediante el contrato indefinido de fomento del empleo, pactado en 1997, es una propuesta empresarial para ampliarlo a todo el colectivo de mujeres mediante la inclusión de las mujeres desempleadas en sectores con bajo nivel de representación, que al no estar vinculado con la limitación al abuso de la contratación temporal, no tendrá gran eficacia y sólo supondrá la rebaja de sus derechos laborales.
Cuarto, tampoco consideramos positivo que las bonificaciones a los contratos indefinidos a una amplia gama de colectivos se hagan mediante reducciones en la cuota de la Seguridad Social, con lo que supone de merma en sus ingresos. Entendemos desde Chunta Aragonesista que debería realizarse mediante partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado.
Por todas estas cuestiones, consideramos que el Gobierno debe asumir su responsabilidad en el fracaso del diálogo social y aprovechar el trámite parlamentario para lograr un acuerdo lo más amplio posible, introduciendo las modificaciones precisas para solucionar las deficiencias de este decreto-ley.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
Señoras y señores diputados, señor ministro, usted ha empezado su intervención hablando de los beneficios que van a experimentar centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Si esto que usted dice fuera cierto, en este país hay gente que se ha vuelto loca. ¿Usted cree de verdad que si esto fuera así los sindicatos estarían hoy confrontados con su reforma? ¿Cree usted de verdad que si esto fuera así, el señor Ybarra o importantes representantes de los grandes empresarios darían el sí entusiasta que están dando a su reforma, señor ministro? Usted tiene necesidad, señor ministro, de venir aquí y empezar diciendo que esto beneficia a trabajadores y trabajadoras porque esto no es así. La suya es una reforma hecha a imagen y semejanza de las demandas de la gran patronal de este país; no es una reforma, como ya se ha dicho antes y yo voy a insistir, que haga frente al principal problema del mercado laboral, es decir, al principal problema de los trabajadores y trabajadoras, que es la temporalidad, y por esa razón desde Iniciativa per Catalunya-Verds votaremos en contra de este real decreto-ley.
Permítame que señale cuatro elementos de la situación laboral, económica y social de este país. Esta es una reforma que disminuye los costes laborales. Los empresarios siguen diciendo que hay que continuar disminuyéndolos. El lunes, la oficina de Eurostat ha sacado una estadística sobre los costes laborales en Europa: los de España son la mitad de los de Alemania. Los costes
laborales de la zona euro están situados en 22 euros por hora; los de España en 15 euros por hora. Es falso que los costes laborales estén hoy en el centro de los problemas de competitividad y de productividad de las empresas españolas. Además, ¿es que estamos en una situación en la que los empresarios no obtienen beneficios? Pues bien, hace diez días hemos conocido que las 35 primeras sociedades que cotizan en Bolsa han experimentado un incremento de beneficios del 25 por ciento y que eso en el año 2000 suma más de dos billones de pesetas.
Habla usted al mismo tiempo de la urgencia que reclama la sociedad para que ustedes legislen unilateralmente. ¿Dónde está esa urgencia de cara a la siniestralidad laboral, señor ministro? En el año 2000 hubo 1.133 muertos, prácticamente un millón de siniestros y ustedes, hace muy pocas semanas, votaron en contra de una iniciativa legislativa popular en la que los sindicatos habían recogido más de medio millón de firmas, y hoy siguen sin haber tomado ninguna medida.
Yendo al hecho que nos ocupa hoy -se ha dicho antes-...
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego vaya concluyendo ya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo inmediatamente, señora presidenta.
Gracias. ...ustedes, con su reforma, desnaturalizan el contrato de formación como vía de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo; ustedes, en el contrato a tiempo parcial, se retrotraen más allá de 1998, y en el tema de la temporalidad, señor ministro, toman medidas ridículas y demagógicas. ¿Cree usted que es de recibo decir que van a indemnizar con 88 pesetas día los contratos temporales? Señor ministro, usted sabe mejor que yo que hay muchos contratos temporales de cuatro, cinco o seis días, que van a tener una indemnización de 300 ó 400 pesetas. Usted sabe perfectamente que en el año 2000 la duración media de los contratos temporales es exactamente de 113 días, que a 88 pesetas son 9.944 pesetas.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que dé por concluida su intervención. Está sobrepasando en mucho las intervenciones del Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, son medidas demagógicas. Por tanto, retiren este decreto, abran el diálogo social y sitúen como urgente aquello que es urgente: reducir la temporalidad y acabar con la siniestralidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
Esquerra Republicana de Catalunya votará en contra de este decreto- ley y requerimos al Gobierno y al grupo mayoritario la sensibilidad para que se tramite como proyecto de ley, básicamente porque con las reformas sucesivas que se han llevado a cabo en 1994, en 1996 y en este caso en 2001, va apareciendo claramente encima de la mesa cuál es el modelo de relaciones laborales del Partido Popular, y el modelo es el británico, que se sustenta en dos pilares: desregularización laboral y lo que podríamos llamar la singularización de la negociación colectiva, que preconiza que esta se lleve a cabo en el campo espacial de cada empresa para alcanzar dos objetivos, en primer lugar, excluir de la negociación colectiva a importantes núcleos de trabajadores que están en situación de precariedad en ámbitos en los que es muy difícil la presencia sindical -temporalidad o pequeñas empresas- y, en segundo lugar, acabar con el modelo sindical actual.
Esta propuesta de individualización de la negociación colectiva es lo que ya pide a voces la CEOE.
Entrando en la propuesta del decreto-ley votaremos en contra básicamente porque en los contratos de formación se resucita el contrato basura con la ampliación de los contratos de formación a una serie de colectivos que nada tienen que ver, con la introducción de un contrato con ínfima retribución, por debajo muchas veces del salario mínimo interprofesional, con la eliminación de la prestación de desempleo o la reducción de la cotización a cargo del empresario.
Por otro lado, con la desregularización del contrato a tiempo parcial, la diferencia con el contrato a tiempo completo será la de una menor retribución y la eliminación de la mayoría de los derechos laborales. Así, podría denominarse a ese contrato laboral como contrato de plena disponibilidad del trabajador hacia el empresario.
Hay un absoluto cinismo en la justificación del contrato cuando desde el Gobierno se afirma que servirá para que las mujeres y jóvenes puedan compatibilizar trabajo con otras ocupaciones. Haré el esfuerzo de llamar a las cosas por su nombre: el resultado será la ampliación de supuestos de precarización de mano de obra. Otro punto por el cual votamos en contra es la introducción de una nueva causa de despido, que afectará a una parte de trabajadores de las empresas contratistas de obras de las administraciones. También lo haremos porque, mediante el contrato de fomento para la contratación indefinida, se conseguirá una ampliación de nuevos colectivos de trabajadores de la modalidad de despido improcedente con indemnizaciones de 30 días por año trabajado. Se añade también una modalidad de contrato temporal llamado contrato de inserción como si no existieran ya suficientes.
En definitiva, el Gobierno del PP seguirá utilizando o manipulando las macrocifras de empleo con el amparo de los creadores de opinión económica y seguirá sin
debatir en profundidad los problemas de seguridad laboral y de la lucha contra la precarización y la temporalidad. Lo que antes se llamaba el ejército de reserva industrial, es decir, la tasa de paro estructural que genera el sistema económico, que obligaba a prestaciones sociales del Estado de bienestar, ahora lo utilizaremos de mano de obra barata, porque el actual Estado de modelo neoliberal se ahorra prestaciones por desempleo y otros tipos de prestaciones sociales. En una palabra: más carne de cañón para su modelo económico. Votaremos en contra y requerimos que este decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley.
Gracias señora presidenta, señoras y señores diputados.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
Nuestro voto será en contra porque la valoración que tenemos del real decreto-ley es negativa, tanto por la forma como por el fondo de sus contenidos. Desde el punto de vista de la forma, ya se ha dicho aquí, no nos parece oportuna la utilización de un método excepcional, el real decreto-ley, que sólo está previsto para casos de especial urgencia. No puedo extenderme, pero es obvio que ninguna de las medias adoptadas justifica la misma. Además, creemos que en esta reforma laboral el Gobierno, claramente, se ha plegado a las posiciones de una de las partes de la mesa negociadora -no tengo que decir cuál, pero es evidente-. Por tanto, coloca en un lugar muy delicado la negociación colectiva, ya que, una parte, en sintonía con el Gobierno, puede estar tentada lógicamente de no realizar ninguna concesión en su negociación sabiendo que, al final, sus puntos de vista recibirán la fuerza normativa. Supone una vulneración de la negociación colectiva y del modelo fijado en el Estatuto de los Trabajadores.
No podemos entrar en las medidas contenidas en el real decreto-ley en este breve tiempo, por lo cual rogaríamos que fuera tramitado como proyecto de ley. En todo caso, una de las principales críticas que podemos hacer es la discriminación que resulta entre los distintos colectivos según el contrato de trabajo que tengan, y esta discriminación afecta especialmente a las mujeres en materia de indemnización por despido. Ello reincide desgraciadamente en la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo.
Podríamos hablar también de algunas cuestiones que suscitan incertidumbre, en la medida en que, desde el punto de vista técnico, hay cosas que no aparecen bien explicitadas -no se sabe si la reforma del contrato a tiempo parcial será aplicable o no al contrato de relevo- y también hacemos una valoración negativa sobre la derogación de la disposición sobre el limite máximo de la edad de trabajar y sobre otra serie de cuestiones. Por tanto, creemos que sería muy oportuno y conveniente que esta Cámara pudiera plantear propuestas positivas a la hora de articular una norma sobre la materia. Además, creemos que hay que reivindicar aquí una competencia que figura en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que el Gobierno asume íntegramente, la competencia en materia laboral, cuya transferencia solicitamos, una vez más, 21 años después de la aprobación del estatuto.
Lo que nos preocupa, además de la normativa concreta, son las reformas que ha prometido el Gobierno en algunas de sus declaraciones, y en concreto -no voy a citar todas ellas- nos preocupa una sustancialmente, que es la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Se pretende prohibir que si hay convenios sectoriales de ámbito estatal, se pueda negociar en el ámbito sectorial territorial. Creemos que no sería acertado, ni conveniente, ni positivo para el mejor objetivo que pretende tener este tipo de normas.
Por último, por parte del Grupo Mixto, señor Aymerich.
Señor ministro, acaban ustedes de asestar un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores y a la cohesión social, en nombre de un dogmatismo ideológico desmentido, como veremos por los hechos, tanto en el Estado como en Galicia.
Dicen ustedes que la flexibilización del mercado de trabajo y la moderación salarial -mejor se diga precarización del mercado de trabajo y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores- son necesarias para crear empleo. Le diré que en Galicia en estos últimos años -años marcados, como ya se dijo, desde el año 1984 por sucesivas reformas laborales regresivas y por una continuada bajada del poder adquisitivo de los salarios- experimentamos, con un Gobierno del Partido Popular tanto en Galicia como en el Estado, un aumento de la eventualidad: de 33,94 por ciento de eventuales en el último trimestre de 1997 tenemos ahora un 35,20 por ciento -mayor eventualidad de la que, como ustedes saben, resulta también una mayor siniestralidad laboral-; asimismo experimentamos una peor calidad del empleo juvenil -el 63 por ciento de los trabajadores gallegos menores de 30 años tienen un contrato eventual-. En Galicia, con unos indicadores sociales y económicos inferiores al conjunto estatal y al conjunto europeo, incluso perdiendo posiciones, el empleo no sólo no crece sino que disminuye, y la tasa de paro es por primera vez -también otro mérito que les podemos achacar a ustedes tanto en Galicia como
en el Estado- superior a la media estatal. En consecuencia, señores del Gobierno, no hablen de efectos globalmente positivos de la reforma de 1997, porque esto está desmentido no sólo por la experiencia cotidiana de muchos ciudadanos, sino también por los datos sacados de los propios institutos oficiales de estadística. En mi país sus medidas sólo supusieron menos ingresos y más paro para la mayoría de la sociedad.
Sobre las medidas concretas que se contienen en este Real Decreto-ley 5/2001 no voy a hablar, porque ya lo hicieron otros portavoces, de que desnaturalizan ustedes el contrato de aprendizaje al incluir colectivos con independencia de su edad o de su experiencia profesional, recordando que en este contrato el salario puede ser inferior hasta en un 70 por ciento al salario mínimo interprofesional y que los trabajadores con estos contratos de aprendizaje no tienen derecho a la cobertura de contingencias, como por ejemplo la prestación por desempleo. Eliminan los límites específicos para el trabajo a tiempo parcial. Consideran -coinciden con el Círculo de Empresarios- que la única forma de dar trabajo a las mujeres es precarizarlas. Abaratan la indemnización por el despido improcedente.
Por cierto, ¿en qué ayuda esto a crear empleo, como no sea empleo especulativo creado por aquellos empresarios, que más que empresarios son patrones cazadores de subvenciones? En cuanto a los incentivos, ¿a qué viene la exclusión, a través de las ayudas, de los sectores del transporte, la pesca y la agricultura? Contésteme, por favor. Estaríamos, en primer lugar, no ante ayudas sino, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante medidas generales de las que se pueden beneficiar automáticamente todas las empresas que cumplan ciertos requisitos y sin que en su reconocimiento intervenga ninguna potestad discrecional. En segundo lugar, aun tratándose de ayudas, lo único que establece el reglamento 69, del año 2001, es que las ayudas otorgadas en estos sectores, pesca, agricultura y transportes, no se acojan al régimen de exención del procedimiento previsto en el artículo 88.3 del Tratado, pero no, lo cual es algo muy diferente, que no se puedan conceder ayudas en esos sectores. Por tanto, este Real Decreto-ley, y así lo recogen hoy en la prensa gallega los armadores, parece hecho a la medida de Galicia pero al revés: ni agricultura ni pesca...
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Acabo en seguida, señora presidenta. ...en Galicia, por si no nos llegaba con Cañete, nos aparece ahora usted también, señor Aparicio.
En cuanto al contrato temporal, figura el reconocimiento de una indemnización irrisoria, de ocho días por año trabajado, ridícula, si es que se llega a aplicar, porque ya se encargarán ustedes de dinamitar la negociación colectiva y permitir al empresario hacer que el trabajador renuncie, incluso, a esta indemnización. Por tanto, señores del Partido Popular, esta es su verdadera cara. Con mayoría absoluta de nada les sirve el pacto social que tanto les ayudó a conseguirla y optan abiertamente por legislar a favor de los intereses de los patronos. Y digo de los patronos y no de los verdaderos empresarios que, como los armadores gallegos, también son víctimas de su política. Frente a un Gobierno así sólo queda el camino de la movilización; el mismo camino que, a pesar de las regulaciones de empleo que ustedes aprueban y de los medios de comunicación que ustedes controlan, están siguiendo desde hace más de cinco semanas en Madrid los trabajadores de Sintel.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra la señora Julios. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señorías, señor ministro, quisiera, en primer lugar, manifestar la posición de nuestro grupo en el sentido de que lamentamos que, a diferencia de la reforma laboral anterior, este debate se dé sin el previo acuerdo de los interlocutores sociales. Nosotros entendemos que si bien las medidas adoptadas en este real decreto, en mayor o menor medida, favorecen ciertos aspectos como, por ejemplo, la estabilidad en el empleo o la necesidad de luchar contra ciertos tipos de contratos de precariedad, el debate va a estar situado, por un lado, en que hay que retomar el diálogo social con los interlocutores y, por otro, en que hay que saber si estas medidas van a ser suficientes para mejorar realmente la situación del empleo. En este sentido se han producido diferentes declaraciones de los sindicatos y esto nos preocupa. Dicho de otra forma, nos gustaría saber si la situación económica actual no nos permitiría hacer apuestas más decididas para seguir avanzando en las estrategias de las reformas laborales para que estas vayan por delante de los acontecimientos. Para que esta situación se dé son necesarias algunas condiciones, en primer lugar, agilidad en la regulación laboral y dinamismo en el diagnóstico de los problemas que influyen de forma negativa en la evolución presente y futura del empleo, que permitan rápidamente dar respuesta a estos problemas. En segundo lugar, creemos que es necesaria una mayor agilidad para dar continuidad y reforzar aquellos factores y medidas que han demostrado ser positivas en la creación del empleo.
Es necesario actuar activamente creando condiciones idóneas para el desarrollo del pleno empleo en una sociedad basada en el conocimiento y en la prevencióndel desempleo, en la línea de las directrices de las políticas
de empleo recogidas en las conclusiones de la cumbre de Lisboa y en la revisión del proceso de Luxemburgo, para llegar al objetivo del pleno empleo en esta década. Para ello es condición imprescindible crear condiciones de estabilidad y contar con un clima social, económico y político lo suficientemente estable como para que favorezca una buena evolución del empleo. Son necesarios, lógicamente, los pactos, los consensos y el diálogo con los interlocutores sociales, con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas. Usted sabe, señor ministro -por supuesto mejor que yo-, que en el mundo de las normas reguladoras del trabajo es un aval que estas emanen del diálogo y del consenso, y no sólo en un sentido puntual sino a modo de un ejercicio de diálogo constante si queremos que tengan realmente un carácter dinámico.
Nosotros apoyamos que se tramite este real decreto como un proyecto de ley ordinaria que, en el transcurso del trámite parlamentario y en el debate de las enmiendas que se puedan presentar a la Cámara, permita mantener la voluntad que usted ha manifestado de diálogo para retomar el acuerdo con los sectores implicados. También creemos positivo lo que hemos leído en la prensa, en concreto la postura de un sindicato que entiende que el diálogo social no ha terminado y que hay que avanzar en ese sentido. Es una responsabilidad, en primer lugar, del Gobierno, pero también de todos los grupos que estamos en esta Cámara, de los sindicatos, de los empresarios y de las comunidades autónomas. Por lo expuesto, el sentido de nuestro voto va ser de apoyo a la convalidación, pero entendiendo que se tramite como proyecto de ley ordinaria y se permita retomar el consenso. Por ello, quisiera matizar algunas de las aportaciones que va a hacer nuestro grupo en el transcurso del debate, en la línea de potenciar modelos y formas de contratación que se adapten más al mercado de trabajo y que den respuesta a necesidades que están surgiendo ante los nuevos modelos de organización social y familiar que están en constante cambio en estos momentos. Hay que profundizar en los contratos estables, bien a tiempo completo o a tiempo parcial, profundizar en contratos de empresas de inserción social, profundizar en el ámbito de la economía social, en el ámbito de las posibilidades de crear empleo que tiene el llamado tercer sector, favorecer el desarrollo de cooperativas que dinamicen este sector, profundizar en el marco de la microempresa y en el ámbito de los contratos de lanzamiento de nuevas actividades y mejorar las condiciones y las posibilidades de los trabajadores autónomos. Algunos de los ámbitos mencionados podrían facilitar la creación de empleo joven y de empleo femenino de forma directa, pero también de forma indirecta, ya que ayudarían a cubrir necesidades, a generar nuevas alternativas y sistemas que den respuesta a la necesidad de cuidados de la también cada vez mayor población dependiente o población de la tercera edad.
Señor ministro, algo muy importante para el desarrollo de las políticas de empleo va a ser el consenso, cuyo debate ha de llevarse paralelamente a éste que es el de la revisión del Pacto de Toledo o el pacto de las pensiones. Son astillas de un mismo palo y ejes fundamentales del Estado de bienestar. Hoy no es este el debate, pero sí quisiéramos conocer cuáles son las previsiones de su departamento y del Gobierno en cuanto a los tiempos que se tienen previstos para afrontar este tema.
Por último, situándonos en Canarias y haciendo una valoración positiva de los desarrollos que se han dado respecto al PIEC, Plan integral de empleo en Canarias, quisiéramos resaltar que las peculiaridades de la situación de Canarias siguen persistiendo en tres aspectos. Uno, el crecimiento demográfico, que hace necesario un esfuerzo constante para ir absorbiendo a la población juvenil que se incorpora al mercado laboral. En esta década, la población en edad de trabajar de más de 16 años ha crecido en torno a un 4,3 por ciento.
En Canarias, por las peculiares características de nuestra pirámide de población, representa casi un 11,4 por ciento, lo que nos obliga a priorizar respuestas específicas ante la mayor presión que ejerce sobre nuestro mercado laboral el gran peso de la búsqueda del primer empleo. También es necesario ir absorbiendo a la población femenina que se incorpora al mercado laboral. En esta última década, la incorporación de la mujer en España ha crecido un 5 por ciento y en Canarias un 13 por ciento.
El segundo aspecto que quisiéramos resaltar en cuanto a las peculiaridades de Canarias es el gran impacto que tiene en nuestra comunidad el fenómeno de la inmigración. Me refiero a la procedente de Europa, y dentro de ella a España, y a la procedente de América.
Canarias es la segunda comunidad española con mayor densidad de inmigrantes, un 4,2 por ciento, frente al 1,8 que es la media de España. A su vez, estamos situados en el lugar más alto del porcentaje de inmigrantes que ocupan empleo en nuestra tierra, un 5,2 por ciento.
Como tercer punto sólo quería mencionar las dificultades de un punto de partida en cuanto a niveles de educación y formación malos históricamente, con lo cual la dificultad para retomarlo y generar empleo se añade a lo que he comentado anteriormente. Estas circunstancias hacen que, a pesar de los esfuerzos que reconocemos se están realizando, continuemos teniendo una tasa de paro en Canarias de un 5,9 por encima de Europa, la Europa de los Quince, y una tasa de empleo de un 15,2 puntos por debajo de la media de Europa. Para nosotros la vigencia del actual PIEC, el Plan integral de empleo para Canarias, es importantísima. Sabe S.S. que termina en este año 2001 y nos gustaría conocer cuál es la posición de su departamento ante la necesidad de reeditarlo. Antes del verano deberíamos tener concretado un nuevo PIEC que abarque hasta el 2007 y que nos permita acercarnos
también en Canarias a las tasas de actividad marcadas en la cumbre de Lisboa. Es necesario reflexionar sobre la experiencia del plan que acaba de concluir, reforzar los aspectos que hayan resultado más efectivos y avanzar hacia políticas activas de generación de empleo que el desarrollo del presente y futuro mercado laboral en Canarias nos ofrece y nos permite. Estamos de acuerdo con el desarrollo de medidas que permitan ir potenciando cada vez más las políticas activas frente a las pasivas.
Para concluir, señor ministro, esperamos que el proceso parlamentario se abra para la tramitación como proyecto de ley ordinario, aunque éste nunca podrá suplir la ausencia de consenso entre los interlocutores sociales y, por tanto, se aproveche también este período de discusión en el Parlamento para intentar conseguir un pacto social con los interlocutores sociales.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, señor Azpiazu.
Señor ministro, señoras y señores diputados, desde el Grupo Vasco en el Congreso consideramos que el real decreto-ley por el que el Gobierno impone una tímida y parcial reforma laboral pone en evidencia, una vez más, la prepotencia con la que actúa y la desconsideración y falta de respeto a los auténticos protagonistas, que son los trabajadores y los empresarios. La utilización del decreto-ley que tanto gusta al Gobierno hurta el debate político en un tema de mucha enjundia, al que los diferentes grupos de esta Cámara tendrían mucho que aportar, dado que el tema es de gran envergadura política y social. Tampoco se ha contado con la opinión de las comunidades autónomas competentes en la ejecución de muchos de los aspectos a los que se refiere la supuesta reforma, mostrando también de esta manera la prepotencia y suficiencia del Gobierno. La reforma del mercado de trabajo es la gran reforma pendiente que este real decreto no aborda en su globalidad. La reforma en profundidad y en su integridad del mercado de trabajo es absolutamente necesaria, pero con acuerdo de las partes. Un acuerdo siempre es mejor que una imposición.
Ya en junio del pasado año, en la Comisión de Economía y Hacienda, con motivo de la comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Economía, nuestro grupo señalaba que el sistema actual se basa en un statu quo de mantenedor de una determinada rigidez laboral a cambio de un uso desaforado y con fraude de ley de los contratos temporales. Les decía que compramos el pan a diario pero que el dependiente o la dependienta cambian con una frecuencia asombrosa. El puesto de trabajo permanece y las personas cambian. Es posible que esta temporalidad concentrada en el trabajo menos cualificado no tenga grandes efectos sobre el aprendizaje y el conocimiento, pero impide desarrollar un proyecto de vida. Creo sinceramente que no se puede seguir haciendo la vista gorda ante el uso inadecuado de los contratos temporales. El Gobierno, en lugar de interpretar la reforma laboral como pieza clave para el desarrollo económico y social en el futuro, impide que se terminen los trabajos de negociación de los agentes económicos y utiliza el decreto-ley para imponer sus criterios que, lógicamente, coinciden más con los de unos que con los de otros.
La reforma no resuelve el problema de la precariedad laboral en sus distintas vertientes. Nuestro grupo cree que es necesario reabrir la negociación o, al menos, tramitar el decreto-ley como proyecto de ley, de manera que podamos aportar nuestras ideas en relación con la reforma del mercado laboral. Entre tanto, nuestro grupo va a situarse en contra de esta convalidación, a la espera de seguir trabajando en este asunto.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en contra del decreto que, de forma irónica, se denomina para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Le agradezco al señor ministro la deferencia que ha tenido con esta Cámara presentando la cara amable del decreto ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Partido Popular ha actuado en relación con la reforma del mercado laboral, en términos clásicos, como Jano: con una cara amable -la del ministro de Trabajo, que ha presentado hoy el decreto ante esta Cámara- y con otra mucho menos amable, que ha sido la que ha roto la negociación.
La cara menos amable del Partido Popular es la que está implicada y tiene la principal responsabilidad en la ruptura de la negociación entre empresarios y sindicatos. El Gobierno no puede presentarse hoy aquí pretendiendo la continuidad entre este decreto y las reformas del mercado laboral de los años 1997 y 1998; no es verdad que actúe de igual manera ahora que entonces. El Gobierno explicará sus razones; tendrán quizá que ver con el cambio en la mayoría absoluta o con el cambio del ciclo económico, pero su actuación ha sido bien diferente. En el año 1997 y 1998, el Partido Popular consideró la negociación y el acuerdo un éxito para los sindicatos y los empresarios y un éxito para el Gobierno. Este año, el Partido Popular y el Gobierno han intervenido en el fracaso de la negociación y son al menos corresponsables del fracaso; aunque nosotros
pensamos que, más que corresponsables, son los principales responsables del fracaso de la negociación.
En la negociación, ustedes han animado a una parte frente a la otra.
Les han transmitido a los empresarios que, resolvieran lo que resolvieran, al final tendrían el respaldo del Gobierno con un decreto que les iba a beneficiar fundamentalmente a ellos y, en mucha menor medida, a los trabajadores. ¿Para qué se iban a molestar los empresarios que negociaban con los sindicatos en obtener un acuerdo que iba a significar avances pero también contrapartidas, si ustedes les garantizaban un acuerdo prácticamente sin contrapartidas? Señor ministro, a pesar de su intervención de hoy aquí intentando convencer a los trabajadores de que este decreto mejora sus condiciones o relacionándolo con beneficios de decretos anteriores, lo cierto es que su contenido tiene más que ver con el interés de los empresarios que con el de los trabajadores. Han entrado ustedes en la negociación como elefante en cacharrería y han beneficiado fundamentalmente los intereses más duros de los empresarios.
Ninguna de las medidas de este real decreto avala lo que usted ha dicho. En esta materia seguimos también a los clásicos: por una parte, el señor ministro representa el punto de vista de que el decreto y la realidad son cosas bien diferentes, es decir, el lenguaje y la realidad no tienen nada que ver -y aquí recuperamos la mejor tradición de los cínicos clásicos-; y por otro lado, nos encontramos con la cara menos amable del Gobierno, que nos dice -y ayer nos lo dijo de forma mucho más dura- que los sindicatos y las fuerzas de izquierda estamos implicados en una convocatoria de huelga general para un año antes de las elecciones generales. Como vemos, hay dos posiciones bien distintas en el Gobierno que han actuado en la negociación y que han impregnado el decreto que hoy se nos presenta aquí.
Señor ministro, este decreto no intenta abordar el problema de la precariedad en el empleo. No puede abordar el problema del empleo porque pensamos que las reformas laborales normalmente afectan de forma muy relativa al empleo. Lo ha demostrado el período de crecimiento de los años ochenta, lo ha demostrado el período de crecimiento de los años noventa. El gran peligro es que esos períodos de crecimiento han provocado después la destrucción de la mitad de los empleos creados. Ese es el gran peligro que existe en nuestro país. Y ese peligro se conjura mediante medidas en relación a la calidad del empleo, pero este decreto, señor ministro, no tiene nada que ver con la mejora de la calidad en el empleo. Díganos usted dónde están las medidas que mejoran la calidad, que evitan la precariedad y que evitan la rotatividad de los empleos en España, que son nuestros grandes lastres, ya que triplicamos la media comunitaria.
Por el contrario, señor ministro, ustedes, para los trabajadores, tienen solamente la parte estrecha del embudo, la parte ancha para los empresarios. Para los trabajadores la única medida relevante -y tenemos que decir pírrica medida, ritual únicamente- es que ahora los contratos temporales tendrán una duración de doce meses y tendrán además una indemnización de ocho días por año. En definitiva, teniendo en cuenta cómo son los contratos temporales en nuestro país, afectarán poco más o menos sus medidas al 0,2 por ciento y lo harán en unas 9.000 pesetas anuales o en unas 88 pesetas diarias, con lo cual la disuasión de la utilización abusiva del contrato temporal y de la rotatitividad no va a tener ningún efecto en las medidas que ustedes presentan hoy aquí.
Pero lo que sí va a tener efecto es aquello que va a hacer más precario y más flexible el empleo de los jóvenes, de las mujeres, de los parados de larga duración y de los inmigrantes en nuestro país.
Las medidas que ustedes adoptan con el contrato de inserción, con el contrato de formación y con el contrato a tiempo parcial convierten el contrato de inserción en algo que está por detrás de los contratos de inserción de los municipios y de las comunidades autónomas, que en la mayor parte de los casos en estos momentos tienen salarios de convenio y tienen garantías mucho mayores que las que ustedes plantean en su real decreto.
El contrato de formación, señorías, lo convierten en un contrato basura porque ya no es un contrato de formación dirigido a jóvenes que quieren cualificarse para entrar al mercado de trabajo, no, en este caso va a afectar a otros muchos colectivos, con lo cual un contrato que es muy barato y que no tiene derecho al desempleo se va a convertir en el contrato basura tan deseado por parte de diversos gobiernos en nuestro país y va a entrar precisamente por aquellos que dicen que están preocupados por la precariedad, aunque la van a aumentar y van a generalizar este contrato basura a colectivos muy importantes de nuestro país.
Por otra parte, está el contrato a tiempo parcial. Las modificaciones que ustedes introducen convierten el contrato a tiempo parcial en un contrato de plena disponibilidad y a la carta. La garantía que había sobre los horarios, sobre la fijación futura de ampliaciones de horario, las garantías que había entre empresarios y trabajadores se han ido deteriorando, se han retirado de esta reforma inesperadamente, nadie lo preveía, porque rompe además un acuerdo entre ustedes y los sindicatos firmado en 1998, y convierte, como digo, el contrato a tiempo parcial no en algo que mejora de alguna forma la compatibilidad entre la familia y el trabajo o entre el estudio y el trabajo, que debería ser el objetivo de un contrato a tiempo parcial, no, deteriora las condiciones del contrato a tiempo parcial, en particular para los jóvenes y para las mujeres en España, con lo cual, a pesar de todos los discursos que ha hecho usted, la precariedad, la flexibilidad y la rotatividad aumentan conestas medidas.
Señorías, no sabemos muy bien qué votar -y nos lo tememos- con respecto a la conversión de este decreto en proyecto de ley, porque nosotros deseamos que esta Cámara participe, queremos que la Cámara participe, pero mucho nos tememos que nos pase como con los reales decretos de liberalizaciones y privatizaciones, y es que no vamos a participar. Y cuando venga el decreto del Senado no lo va a conocer ni usted; cuando venga el decreto del Senado probablemente tenga muchos más capítulos de los que tiene hoy y tenga además capítulos muy peligrosos.
Este proyecto de ley no es un mensaje pacífico ante esta Cámara, es un mensaje a los sindicatos para que se atengan a las consecuencias; es un mensaje para los sindicatos al que ustedes ya han dado contenido: han dicho que en estos momentos la cuestión está encima de la mesa, cuando no se ha iniciado siquiera la negociación de los convenios colectivos; que está encima de la mesa la protección al desempleo y que está también encima de la mesa la cuestión de las pensiones. Ustedes pueden legislar de nuevo, de forma unilateral y arbitraria ante esta Cámara y por ese procedimiento del proyecto de ley que viene modificado del Senado, para de alguna manera chantajear la negociación que puede abrirse con los sindicatos o, finalmente, para decidir de parte, como han hecho en el caso de la reforma del mercado laboral, en contra de los sindicatos y a favor de los empresarios, yo diría de los empresarios que creen que la productividad de este país y de sus empresas se va a realizar y se va a incrementar en base a bajos salarios -los salarios temporales tienen el 50 por ciento del salario medio del país-, en base al deterioro de las relaciones laborales. Nosotros pensamos que esos no son empresarios de futuro para este país, que son empresarios que pertenecen claramente al pasado. Con estas medidas y con las que anuncia para el futuro el Gobierno y el Partido Popular se alinean con estos empresarios.
Señor ministro, creemos que estas medidas, si continúan así a través de este real decreto y si se introducen también por el Senado en el proyecto de ley, van a requerir una fuerte contestación política y social y la van a tener, porque ustedes están provocando esa contestación política y social. Más les valdría, señor ministro, dedicarse a solucionar problemas importantes como el de Sintel, que hace mucho tiempo que tiene trabajadores acampados en la Castellana, y no dedicarse a interferir en la negociación entre empresarios y trabajadores.
No auguramos nada nuevo ni nada bueno a este real decreto ni para solucionar los problemas de la precariedad y de la rotatividad del empleo en nuestro país ni tampoco para recuperar el diálogo social que ha quebrado el Gobierno y que tiene la obligación de recomponer.
Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario. Votaremos en contra del real decreto y no sabemos muy bien qué hacer con respecto al proyecto de ley, quizá votemos a favor, pero con la idea de que va a llegar un proyecto de ley bien distinto cuando vuelva del Senado y no más satisfactorio que este real decreto que hoy se impone a los trabajadores y a este Parlamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, señorías, con el inicio de la tramitación parlamentaria de este real decreto-ley, hoy el Parlamento recupera su iniciativa política en el ámbito laboral.
En este sentido, nuestro grupo también entiende la necesidad de que el real decreto tenga una tramitación como proyecto de ley, precisamente para dar contenido a esa iniciativa parlamentaria que decía que recuperamos. Hoy esta es la principal noticia en esta cuestión. Después de que en la pasada legislatura el Gobierno, con el apoyo del conjunto de la Cámara, pudiese desarrollar una política en el ámbito laboral y social fundamentada en los éxitos del diálogo social, en esta legislatura iniciamos esta política desde el fracaso, al menos parcial, del diálogo social.
Convergència i Unió, y creo que el conjunto de grupos de la Cámara, a lo largo de estos meses hemos seguido con especial atención este proceso y todos hubiésemos deseado que el proceso de diálogo entre sindicatos y empresarios iniciado hace unos cuantos meses llegase a buen puerto. Eso no ha sido posible. Seguramente el planteamiento crítico lo hacemos recordando los éxitos de la pasada legislatura, muy especialmente el éxito de la reforma de 1997.
La reforma de 1997 fue positiva por su contenido, por su aplicación concreta en la realidad de nuestro mercado laboral, por la creación de empleo a lo largo de estos años, por la mejora, quizá con timidez, de la calidad del mismo y por la existencia de un acuerdo. Este acuerdo del año 1997 y los que le siguieron ha permitido un buen clima social en el conjunto de España, un proceso de moderación salarial que ha contribuido decisivamente al crecimiento económico.
Además, las reformas que se pusieron en marcha en 1997 desde ese acuerdo social daban a las mismas la credibilidad que permitía su duración en el tiempo y su efectiva aplicación.
Recordando el proceso de reforma, es evidente que el de 1997 ha sido especialmente positivo. Es más, nuestro grupo en su día valoró positivamente que en la última Ley de acompañamiento el Gobierno renunciarse a plantear algunas de estas reformas y que diese un margen de tiempo a los agentes sociales. Llegados a las fechas de finales de febrero, y ante la situación de falta de acuerdo entre los agentes sociales, el Gobierno optó por legislar. Si en 1997 o en 1998 todos nos atribuíamos el éxito de esos acuerdos, y muy especialmente el
Gobierno, es evidente que hoy todos, los agentes sociales, los grupos políticos y también el Gobierno, debemos asumir nuestras responsabilidades en ausencia de acuerdo. Todos somos responsables de no haber llegado finalmente al acuerdo que sindicatos y patronales tenían que haber alcanzado, especialmente los agentes sociales, pero también el Gobierno. Quizás había más margen para el acuerdo, para la negociación, pero también es cierto que condicionaban los plazos legales.
Nosotros entendemos que el Gobierno haya optado por presentar hoy este real decreto a la Cámara para iniciar su convalidación, pero también nos parece que este trámite parlamentario puede ser una buena oportunidad para intentar recuperar el consenso social en esta materia. Y la posición de Convergència i Unió en el trámite parlamentario que ahora vamos a iniciar es facilitar el punto de encuentro entre las posiciones sindicales y las posiciones empresariales. Además, es responsabilidad de los grupos políticos, en este contexto de recuperación de la capacidad política del Parlamento en esta materia, lanzar propuestas que sirvan para avanzar en la mejora del mercado de trabajo, en la mayor capacidad de creación de empleo, en la mejor calidad del mismo y en un acercamiento de las posiciones. Esta va a ser la posición que Convergència i Unió defenderá en el trámite parlamentario. Nos parece que aún existe margen para el diálogo social, y existe en las otras mesas, en las que están funcionando, más estrictamente en el ámbito de la política laboral. Recordemos que el valor del diálogo social, el valor del entendimiento entre empresarios y sindicatos va mucho más allá de la eficacia estricta de la norma, sirve para que el conjunto del clima social y político en España nos permita avanzar hacia los grandes objetivos que nos demanda hoy la sociedad y, por tanto, la introducción de la crispación en esta materia no va a ser buena para nadie, ni para las empresas ni para los trabajadores ni para las familias. La responsabilidad de ser capaces en este trámite de recuperar ese consenso es de todos los grupos políticos, pero también de los agentes sociales.
La reforma en términos generales -y nuestro grupo discrepa en buena parte de las intervenciones de los grupos de la oposición- no se aleja en esencia de la reforma de 1997, y la línea que apunta en términos generales es positiva, manteniendo la lógica, que ya empezaba a plantear la etapa del Gobierno Socialista, de la reforma abierta en el ámbito del mercado de trabajo, una reforma paulatina hacia una dirección muy concreta que, por otro lado, es la que, poco o mucho, hoy nos marca el conjunto de medidas que se deben impulsar desde la Unión Europea. La continuación y ampliación del contrato de fomento del empleo de 199, la introducción por primera vez de limitaciones a la contratación temporal, el incremento sustancial de las políticas de bonificación al empleo, y especialmente en el ámbito de las mujeres, sí como la flexibilización del contrato a tiempo parcial nos parece que son líneas que forman parte de la filosofía de los acuerdos de 1997 y un mínimo seguimiento riguroso de lo que ha sido hasta ahora el diálogo entre agentes sociales nos indica que el Gobierno no se aleja de esos contenidos.
También es cierto que la reforma introduce algunas modificaciones no planteadas en el seno del diálogo social y ahí mi grupo va a pedir en el trámite parlamentario prudencia y reflexión. La ampliación de colectivos de contrato y de formación debe ser objeto de una muy serena reflexión por parte del Gobierno y de los grupos de la Cámara.
Una precipitación en esa ampliación de colectivos susceptibles de beneficiarse de ese contrato puede terminar provocando efectos negativos que a mi grupo le parece que ni al Gobierno ni a nuestra sociedad le interesa. Ahí nosotros vamos a plantear una reflexión muy prudente. Además, esa definición del contrato de inserción seguramente en el trámite parlamentario va a necesitar de algunas sustanciales mejoras. En esta materia, por tanto, nosotros nos planteamos una necesaria reflexión.
Señorías, hoy en España el debate sobre esta materia debemos ser capaces de plantearlo en relación con cuatro grandes objetivos: el aumento de la tasa de empleo, especialmente entre las mujeres y recordando cuáles son las líneas de la cumbre extraordinaria de Lisboa, que indicaban que el porcentaje deseable de la tasa de desempleo de los Estados miembros debería ser del 70 por ciento de la población en edad de trabajar, y España está lejos de ese objetivo.
Este es el primer gran objetivo de cualquier política laboral en este ámbito. El segundo, es avanzar en la reducción de la tasa de desempleo. Ésta continúa siendo una de las principales obsesiones de cualquier actuación pública en esta materia, y especialmente en aquellos sectores de mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, hay que recordar que la mitad de todos los parados en España lo son de larga duración, que la tasa de desempleo femenino duplica la tasa de desempleo masculina y que la tasa de desempleo de los jóvenes es muy superior a la de los adultos, en el caso de los jóvenes el 28 por ciento y en el caso de los adultos el 12 por ciento. El tercer gran objetivo de cualquier política laboral debe ser potenciar la estabilidad en el empleo y la reducción de la tasa de temporalidad. Es evidente que ahí las cifras españolas son especialmente negativas y, por tanto, en ese objetivo, a pesar de que en los últimos meses y a raíz de la reforma del año 1997 hemos empezado a mejorar, nos queda mucho terreno por recorrer.
Finalmente, la reducción de los índices elevados de siniestralidad laboral, incorporando la seguridad y la salud en el trabajo como un elemento de excelencia y calidad de vida. Este es el cuarto gran objetivo de cualquier política española en este ámbito.
Mi grupo entiende que a estos cuatro objetivos deben ir encaminadas las enmiendas que aporte el trámite parlamentario. En este sentido, quizá la reforma que el Gobierno nos propone podría haber sido más
valiente en determinadas cuestiones. Seguramente es el momento de plantear también, por qué no, una reducción amplia y generalizada de las cotizaciones sociales a la contratación indefinida, a la contratación ya realizada. Nos parece, en primer lugar, que sería bueno que el Parlamento en el momento en que siguen abiertas las demás mesas lanzase el mensaje a los agentes sociales de que es el momento de ir hacia una reducción de cuotas para la contratación indefinida, para los contratos nuevos y para los contratos ya realizados. En segundo lugar debe ser necesario un incremento de los mecanismos de indemnización de la contratación temporal, que es una propuesta del Gobierno bien orientada y quizás haya margen para avanzar desde el acuerdo con los agentes sociales. En este sentido, pasar la indemnización de 8 a 12 días nos parece más que razonable.
En tercer lugar seguramente es el momento de ampliar algunas de las bonificaciones a la contratación de mujeres. A pesar de que reconocemos que el Gobierno ahí ha realizado un esfuerzo muy importante, creemos que existe margen para ser más ambiciosos en esa tarea. En cuarto lugar nos parece que en el ámbito de la contratación a tiempo parcial existen posibilidades para avanzar hacia una mejor protección social de ese tipo de contratación. En quinto lugar esta reforma debe de suponer un incremento de las posibilidades de creación de empleo del tercer sector, vinculándose a los nuevos yacimientos de empleo. Ahí también existe un importante margen para recorrer. En último lugar, el trámite parlamentario de esta reforma tiene que ser aprovechado para plantear propuestas nuevas en el ámbito de la salud laboral, en el ámbito de los riesgos laborales y en el ámbito de la siniestralidad laboral. También sería bueno que el Parlamento lanzase mensajes a los agentes sociales en esta materia.
Por tanto, mejora de la estabilidad, mejores mecanismos para disuadir la temporalidad, ampliación de bonificaciones de las mujeres, mejora de la protección social de los contratos a tiempo parcial, reforzar la capacidad del tercer sector, mejorar la lucha contra la siniestralidad laboral son los seis ejes sobre los que Convergència i Unió piensa plantear sus enmiendas en el trámite parlamentario, desde la lógica de que el Parlamento es el punto de encuentro entre los agentes sociales y de la prudencia ante las modificaciones que se introducen en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la inserción.
Los objetivos que España tiene en esta materia, por otro lado, vienen muy marcados por las propias recomendaciones de la Comisión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le rogaría fuese terminando.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señor presidente.
Las recomendaciones del Consejo de 19 de enero insisten en los cinco grandes objetivos que España tiene que marcarse -la modernización de los servicios públicos de empleo, la mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una estrategia coherente en materia de formación continua, la colaboración con los interlocutores sociales para adaptar las relaciones laborales en la lógica de la flexibilidad y la seguridad y el establecimiento de mecanismos incentivadores en el ámbito de las prestaciones de la fiscalidad- y que son los grandes ejes de la política española.
Nos parece que la reforma que el Gobierno plantea responde a este mandato de la Unión Europea. Hoy la obligación del Parlamento es mejorar sustancialmente la propuesta del Gobierno en aquello que sea posible, constituyendo el ámbito parlamentario el lugar de discusión para el encuentro entre los agentes sociales. Por parte de Convergència i Unió nuestros esfuerzos serán absolutos en estas dos líneas.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
Señor ministro, dividiré mi intervención en dos fases, una de orden formal y otra de orden material. En la primera he de decirle que si hoy no estuviéramos debatiendo la convalidación de este real decreto, este diputado estaría criticando la inacción del Gobierno y estoy convencido de que toda la Cámara estaría criticando la pasividad, la falta de liderazgo, la inactividad de un gobierno que, ante un resultado lamentablemente frustrado, ante un fracaso del diálogo social no hubiera acometido las necesarias reformas para no perder los impulsos de la creación de empleo y el correspondiente aumento de nuestra riqueza, de nuestro PIB y de nuestra economía. Por tanto, en este sentido, el real decreto que convalidamos es oportuno.
El 28 de febrero fue el plazo prorrogado que se dieron los interlocutores sociales para intentar llegar a un acuerdo tras casi nueve meses de diálogo y lamentablemente éste no se ha producido.
Todos lo hubiéramos deseado y todos lo hemos apoyado porque nos parece que el diálogo, que fundamentalmente es un instrumento, es válido, conveniente y deseable cuando lleva a un buen fin sobre todo en una materia social como la que nos ocupa. Pero, como he dicho, el Gobierno tiene que gobernar y esta Cámara, que, por cierto, también representa a la soberanía del pueblo, tiene capacidad, obligación incluso, para actuar y debatir sobre una materia tan importante como es la necesaria reforma del mercado laboral por todos pedida ante la necesidad de actualizar y modernizar la reforma de 1997 que tan buenos frutos dio y a los cuales no me voy a referir porque esta
mañana ya lo hizo en su presentación el señor ministro al hablar tanto de los colectivos afectados como de los resultados positivos de la reforma de 1997. También he de recordar que el 16 de mayo era el último día de vigencia de la reforma de 1997 y que, por tanto, estábamos obligados, y el Gobierno lo estaba en primer término, a actuar. El único instrumento jurídico-político del que disponía era un real decreto-ley, porque un proyecto de ley, por el procedimiento y el trámite parlamentario, no hubiera tenido la posibilidad de subsanar esta pérdida de vigencia de la reforma de 1997.
En cuanto al fondo del asunto, he de decir que muchas de las intervenciones que se han escuchado aquí han hablado de su discrepancia y de su voto en contra del real decreto. Salvo alguna honrosa excepción, yo no he oído los argumentos de fondo. Se ha dicho con carácter genérico que no se va a fomentar la contratación indefinida, que se va a ir a mayor nivel de precariedad, que la mujer no va a resultar inserta con un mayor nivel de empleabilidad en nuestro mercado de trabajo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Pero no se ha dicho por qué, ni con qué mecanismos, fórmulas, soluciones e instrumentos se le quiere dotar para que esto no fuera así. Hasta la fecha prácticamente no se ha oído ninguna disonancia clara -hoy ha habido alguna- con relación al texto del real decreto que vamos a convalidar. Esto obedece en buena medida a que la mayor parte del real decreto ha sido sensible y ha recogido las aproximaciones que a lo largo de estos casi nueve meses han ido teniendo los sindicatos y los empresarios, pese a que no lo han traducido en el deseable acuerdo.
Para el Partido Popular la clave de esta reforma, como lo han sido las anteriores, no sólo en materia social, sino de toda la acción económica del Gobierno Popular, es ir hacia la creación de empleo, hacia una progresiva creación de empleo con carácter indefinido, con carácter estable e ir, por tanto, a una lucha contra la precariedad.
En ese sentido, el real decreto plantea una aproximación entre dos figuras claramente divorciadas. En nuestra legislación hemos tenido un contrato indefinido cuya extinción suponía una indemnización de 45 días por año de servicio hasta la reforma de 1997, en que se incluyeron determinados colectivos con 33 días. Había colectivos, que eran los que estaban con contratos temporales, que carecían de todo tipo de indemnización a su extinción o finalización, colectivos de los que por cierto, con reiteración, se ha venido en decir que eran los contratos que había logrado el Gobierno Popular para las mujeres.
Si esto es cierto, que no lo es del todo aunque sí en parte, habría que convenir por quien lo dice, con la misma lógica, en que por lo menos algo se les mejora desde el momento en que ahora se les provoca una tutela indemnizatoria de 8 días. El real decreto intenta abrir el contrato a tiempo parcial a lo que es el contrato a tiempo parcial en la Unión Europea, porque los estándares de contratación parcial son claramente insuficientes con relación a los países de nuestro entorno y nos parece que es una figura que debe tener más juego y cabida en nuestro mercado de trabajo.
Se ha criticado algo que a nosotros nos parece de interés, que es la política que plantea el real decreto en cuanto a la integración de colectivos con dificultades, contrato en formación y el contrato de inserción. El contrato en formación, que se ha ampliado a diversos colectivos -parados de larga duración de más de tres años, parados en exclusión social, inmigrantes en sus dos primeros años de permiso de trabajo- pretende dar la posibilidad a aquellos que vengan a nuestro país, que provienen la mayoría de ellos de situaciones sociales deterioradas en países que no tienen los estándares de servicios que tiene España y que no tienen los sistemas educativos y formativos que tiene el nuestro, de que tengan una oportunidad para que se logre un incremento en el valor añadido de su formación y puedan insertarse posteriormente de una mejor forma en el mercado laboral y también se puedan integrar mejor socialmente en España. Esto es algo positivo y yo así lo destaco. Cuando se habla críticamente del contrato de inserción, y lo digo de antemano, no tengo ningún problema en anticipar que estamos dispuestos a escuchar enmiendas técnicas, por ejemplo, al artículo 3.2 del real decreto, porque creemos que cabe un juego con el objetivo que plantea el Gobierno, que mejoren la redacción y, por tanto, la operatividad de lo que ahí se plantea.
Hay otro elemento nuclear de la reforma, que son las bonificaciones a la contratación. Aquí me detendré previamente un momento en algunas de las críticas que se han vertido hoy aquí. Se dice que no se incorpora a la mujer igual que al hombre. No, es verdad que no. Se incorpora más. Hay una discriminación positiva, como no podría ser de otra forma, en todas las bonificaciones que plantea el Gobierno. ¿Por qué? Porque evidentemente el lastre que arrastramos en España, no de hoy sino de hace mucho tiempo, está evidenciando la realidad objetiva de que la mujer, paradójicamente en España, se encuentra con un menor nivel de empleo y también, dicho sea de paso, en una situación paradójica, nos encontramos con unos bajísimos niveles de natalidad y de maternidad. El Gobierno presentó una ley de conciliación de la vida laboral y familiar, el Gobierno popular propuso un coste cero, que ahora es coste cero/cien en sustituta y sustituida, y ahora plantea en las bonificaciones un tema que a mí me parece nuclear y que lo puedo calificar de estrella, porque es imprescindible en esta adecuación de la conciliación de la vida laboral y familiar y de la discriminación positiva a favor de la mujer para que se integre de verdad en nuestro mercado de trabajo. Las desempleadas que hayan sido madres y sean contratadas en los dos años posteriores a su maternidad supondrán un año de bonificación total de los costos de Seguridad Social para el
empresario. A mí me parece que es un elemento dinámico, un elemento de interés, un elemento que intenta favorecer este camino ya emprendido, y en el que hay continuar, del empleo de la mujer.
Muy significativo también me parece, y no se ha puesto de relieve, la importancia que tienen las bonificaciones a los colectivos mayores.
Tenemos un mercado laboral que ha tendido a la expulsión prematura de nuestros mayores -entre comillas- porque hoy en día no se puede considerar mayor a una persona de 55 ó 60 años y se les está viendo en el mercado como un sector con poco atractivo de empleabilidad. Hay unas bonificaciones del 50 por ciento para el hombre y del 60 por ciento para la mujer durante el primer año para los mayores de 55 años y del 45 y 55 por ciento respectivamente para el resto del contrato.Por lo tanto, son medidas que al mejorar y aumentar las bonificaciones que existen para parados de larga duración e incapacitados van a favorecer el mantenimiento en el mercado laboral de personas con plena capacidad, con plena experiencia y con plena necesidad, así como la incorporación simultánea de la mujer a nuestro mercado de trabajo.
He de decir también que a veces parece que hay una amnesia cuasi colectiva en las intervenciones que tienen lugar en la Cámara. La radiografía de nuestro mercado de trabajo en el año 1996, ¿recuerdan que reflejaba un 40 por ciento de desempleo juvenil?, ¿recuerdan que las mujeres tenían una tasa de desempleo siete puntos superior a la actual?, ¿recuerdan que había un contrato de formación basura para ingenieros? Hay que recordar, porque los hechos, según aquel viejo aforismo de dame los hechos y te daré el derecho, sitúan en sus justas coordenadas y en la objetividad los debates. Y no hablaré más de ello, aunque podría.
El Gobierno lo ha dicho, y parece que no ha de taparse, porque muchos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra han pedido que se tramite como proyecto de ley -yo lo había leído en la prensa, lo dije también y hoy lo ha anunciado el ministro- y evidentemente se va a tramitar, como no puede ser de otra forma, un real decreto-ley de esta envergadura como proyecto de esta ley. Esta Cámara, que parece que a veces hace ausencia de su capacidad de representación y del mandato que tiene del pueblo al cual representa, debatirá, perfeccionará, escuchará, mejorará e intentará conocer aquellos denominados proyectos alternativos que se deben de fundar en enmiendas que se dice que se van a plantear, pero cuyo contenido material desde luego este diputado no ha escuchado a lo largo de toda esta mañana.
Señor presidente, tenemos sensibilidad, dentro de este trámite de debate como proyecto de ley, para que si se produce algún nivel de acuerdo, algún nivel de consenso entre los interlocutores sociales, sea debatido y si es posible, y hay buena voluntad y sensibilidad para ello, incorporado al real decreto-ley. Ante quienes dicen que el grifo está cerrado y la movilización y el hacha de guerra son los instrumentos, decimos que todavía se debe y se puede ahondar entre todos para recuperar en lo posible, si es que ello lo es, si es que hay voluntad para ello, ese diálogo social al que ha aludido.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya.
El señor AZPIROZ VILLAR: Termino enseguida.
No creemos, señora presidenta, que esta reforma sea ni de empresarios ni de sindicatos. La vocación y la voluntad de esta reforma es que sea una reforma de la sociedad y, más particularmente, que sea una reforma de la situación de los parados, de las mujeres, de los discapacitados para que todos ellos dejen de estar parados, tengan un contrato estable, tengan un futuro y una incardinación de verdad en nuestra sociedad como hasta el momento ha venido resultando con la política social y laboral del Gobierno.
Estamos convencidos de que este será el éxito de nuestra sociedad, será el éxito del Gobierno Aznar y será el éxito del Partido Popular, y quiero y les emplazo a que sea el éxito de todos los grupos parlamentarios, a que en el debate planteen ideas, a que debatamos, a que profundicemos, a que veamos mecanismos y procuremos no hacer demagogia, sino un proyecto para toda la sociedad española.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiroz. (Pausa.) Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 5/2001, del 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 175; en contra, 133.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda convalidado el real decreto-ley de referencia.
A continuación sometemos a votación la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como proyecto de ley el real decreto-ley convalidado.
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
Señorías, ¿hay algún grupo que desee intervenir en alguno de los puntos de este epígrafe? (Pausa.) Entonces sometemos a votación sucesivamente los distintos puntos.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, HECHO EN NUEVA YORK EL 6 DE OCTUBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000055)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda aprobado el referido protocolo. (Aplausos.)
- CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, HECHO EN AARHUS (DINAMARCA) EL 25 DE JUNIO DE 1998. (Número de expediente 110/000056)
La señora PRESIDENTA: Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES SOBRE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA DELTRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES, COMPRENDIDAS LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA HOMOLOGACIÓN YPROTOCOLO, HECHO EN VIENA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000057.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre España y la Comisión preparatoria de la organización del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares sobre la realización de actividades relacionadas con instalaciones del sistema internacional de vigilancia del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, comprendidas las actividades posteriores a la homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.
- PROTOCOLO ADICIONALENTRE ELREINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 12 DE OCTUBRE DE 1961, HECHO EN MADRID EL 18 DE OCTUBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000058)
La señora PRESIDENTA: Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de Bolivia modificando el Convenio de doble nacionalidad de 12 de octubre de 1961.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido protocolo.
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIACIVILYMERCANTIL, HECHO EN MADRID EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000059)
La señora PRESIDENTA: Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competenciajudicial, reconocimiento y ejecución de sentencias
en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido tratado.
- CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARALAAGRICULTURAY LAALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 22ª REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CODEX PARA EUROPA (MADRID, 3 A 6 DE OCTUBRE DE 2000), HECHO EN ROMA EL 22 DE AGOSTO DE 2000. (Número de expediente 110/000060)
La señora PRESIDENTA: Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación con respecto a la vigesimosegunda reunión del Comité Coordinador del Codex para Europa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 303; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido convenio.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA DE PERÚ SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIOS ESPECIALES, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000061)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicios especiales.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑAY EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES Y ASISTENCIA MUTUA EN LA MITIGACIÓN DE SUS CONSECUENCIAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE 2000. (Número de expediente 110/000062)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus consecuencias.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido acuerdo.
- ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE SUECIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, RELATIVO A LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA, HECHO EN FARNBOROUGH EL 27 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000063)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA OBTENCIÓN
DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000064)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la referida declaración.
- SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, HECHO AD REFERENDUM EN LA HAYA EL 26 DE MARZO DE 1999. (Número de expediente 110/000065)
La señora PRESIDENTA: Segundo protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho ad referendum en La Haya el 26 de marzo de 1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 302; en contra, uno; abstenciones, 2.
DICTÁMANES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARAATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/ 000022)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
El dictamen de la Comisión no trae ninguna enmienda mantenida. ¿Hay algún grupo que desee fijar posición? (Pausa.) Vamos a pasar a la votación del dictamen de la Comisión sobre el referido proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 172; en contra, 127; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido proyecto de ley.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 13
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 13
 real decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 84
 artículo 88
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 3