Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20150304/modificacion-de-la-ley-canaria-de-la-prestacion-de-insercion/
Timestamp: 2019-03-19 02:03:56+00:00

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Modificación de la Ley canaria de la prestación de inserción | Lexur Editorial
Modificación de la Ley canaria de la prestación de inserción
Además, y como ya se hiciera referencia, la actual situación económica ha provocado que la población a la que iba dirigida este recurso haya sufrido un cambio en el perfil del demandante, no sólo por el aumento de forma exponencial, sino también en su estructura sociológica. Así, esta ley que nació para atender a personas en claro riesgo de exclusión social y como recurso orientado a cubrir necesidades básicas mientras recorrían un itinerario formativo conducente a la inclusión social, da entrada a nuevos perceptores que acceden a ella no por encontrarse estrictamente en una situación de exclusión, sino simplemente porque han perdido su empleo y agotado todas las prestaciones y subsidios.
Asimismo para su diagnóstico y tratamiento social adecuado se tendrá en cuenta otras dimensiones vitales como la vivienda, salud, formación, relaciones sociales y participación social.»
«Artículo 2. Alcance.
3. Reglamentariamente se establecerán las circunstancias que, por razones de edad, salud o cualquier otra problemática específica, permitan exonerar de la obligación de realizar las actividades de inserción.»
Tres. El artículo 4 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 4. Unidad de convivencia.
2. Igualmente podrán formar otra unidad de convivencia independiente, a los efectos de lo previsto en esta ley, las personas que, estando emparentadas con quienes residan en su misma vivienda o espacio habitacional según las relaciones establecidas en el apartado anterior, tengan a su cargo hijos o hijas menores de edad, o tutelados o en régimen de acogimiento familiar, o tengan a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 % o personas dependientes reconocidas, grados III y II.
La situación sobrevenida podrá afectar tanto a la unidad de convivencia en su conjunto, como en particular a la propia persona solicitante, causante de un perjuicio económico grave que pueda dificultar o impedir la continuación de su residencia en la vivienda habitual. Las concretas circunstancias de situaciones sobrevenidas serán definidas reglamentariamente.»
Cuatro. Se modifica el artículo 7, cuya redacción queda en los siguientes términos:
«Artículo 7. Requisitos de la solicitud de la ayuda.
1.º) Estar empadronadas y residir legalmente, con una antelación mínima de un año a la fecha de la solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Quedan exentos de cumplir este requisito:
2.º) Carecer de recursos económicos suficientes. Se reunirá este requisito:
3.º) Estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, salvo aquellos miembros de la unidad de convivencia que se encuentren imposibilitados según la normativa vigente en materia de empleo, o escolarizados en estudios reglados.
4.º) No residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia de sus usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.5 de la presente ley.
a) Ser menor de veinticinco años y tener a su cargo hijos o hijas menores de edad, menores de edad tutelados o en régimen de acogimiento familiar, o tener a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 % o personas dependientes reconocidas de grado III y II, siempre que convivan de manera efectiva con la unidad de convivencia. Asimismo, se tendrán en cuenta los casos de menores de veinticinco años sin hijos que estuvieron en situación o en riesgo de exclusión social de conformidad con el artículo 1.
d) Tener una discapacidad igual o superior al 33 %, ser mayor de dieciocho años, o de dieciséis años estando emancipado, y no tener derecho reconocido a pensión pública o cualquier otra ayuda económica asimilada.
3. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la ayuda aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos enunciados, concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad, las cuales serán reglamentariamente determinadas. La resolución por la que se conceda la ayuda deberá, en estos casos, estar suficientemente motivada.»
«Artículo 8. Determinación de recursos.
h) El resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social hasta el límite de la cuantía de ayuda económica básica que correspondería a la unidad de convivencia.»
Seis. Se modifica el artículo 10, que queda con esta redacción:
«Artículo 10. Devengo y pago.
2. Su pago se efectuará por mensualidades vencidas.»
Siete. Se modifica el artículo 11, que queda con esta redacción:
«Artículo 11. Iniciación del procedimiento.
3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se determinen en las normas de desarrollo de la presente ley. Asimismo, las personas solicitantes podrán acompañar cuanta documentación estimen conveniente para precisar o completar los datos de la solicitud, la cual deberá ser admitida y tenida en cuenta por el órgano al que se dirijan.»
Ocho. Se modifica el apartado 6 del artículo 12 y se le añade un nuevo apartado 7 en los siguientes términos:
Regirá este plazo aun cuando el procedimiento hubiese quedado interrumpido por causa imputable al solicitante, en cuyo caso, se enviará con el expediente el documento acreditativo de la advertencia a la persona interesada efectuada por la administración municipal de que transcurridos un plazo máximo de quince días desde su paralización se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se entenderá por causa imputable al solicitante el retraso en la expedición de certificados por administraciones públicas u organismos que resulten necesarios para acreditar cualquier extremo del procedimiento, y ello siempre y cuando el solicitante acredite haber cursado la solicitud del mismo o la cita previa para darle curso a la misma.
7. La recepción, valoración y resolución del procedimiento para la obtención de la Prestación Canaria de Inserción se realizará a través de una aplicación informática que permita a los ayuntamientos y al centro directivo competente en su tramitación la gestión electrónica compartida de los expedientes.»
Nueve. Se modifica el artículo 13, que queda como sigue:
«Artículo 13. Valoración y resolución del expediente.
4. En todo caso, la resolución estimatoria, expresa o presunta conllevará, entre otros extremos, la obligación de desarrollar las actividades de inserción acordadas con los beneficiarios de la ayuda económica básica.»
Diez. Se da nueva redacción al artículo 16, que queda como sigue:
«Artículo 16. Duración.
El derecho a la percepción de la ayuda económica básica tendrá una duración de doce mensualidades, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas en la presente ley y en sus normas de desarrollo, o de la renovación, en su caso.»
Once. Se modifica el artículo 19, que pasa a tener esta redacción:
«Artículo 19. Silencio administrativo de los procedimientos de modificación y renovación.
Una vez transcurrido el plazo máximo del procedimiento para su resolución y notificación, se entenderán estimadas las solicitudes de modificación y renovación, salvo que impliquen aumento del importe de las prestaciones, circunstancia que tendrá la consideración de razón imperiosa de interés general por razón de cumplir los objetivos de la política social de la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Doce. Se suprime el apartado c) del artículo 20.
Trece. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Artículo 22. Extinción.
d) Renuncia por parte del titular a la prestación o por traslado de domicilio fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que pueda producirse la modificación prevista en el artículo 17.2 y tampoco cuando sea causa de suspensión.»
Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda con la siguiente redacción:
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud de reanudación en el centro directivo competente en materia de servicios sociales, se dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la misma. Este plazo quedará interrumpido en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.
La ayuda económica básica por reanudación se devengará desde la fecha de su solicitud.»
Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 24, que queda con la siguiente redacción:
«3. A estos procedimientos de reintegro no les será de aplicación el cálculo del interés de demora cuando la persona requerida se halle dentro del ámbito de aplicación de esta ley.»
Dieciséis. Se modifica el apartado f) del artículo 30, que queda con la siguiente redacción:
«f) Inscribirse como demandantes de empleo o como demandantes de mejora del que tuvieran, si tienen edad legal para trabajar, y mantener dicha condición mientras se perciba la ayuda económica básica.»
Diecisiete. Se modifica la redacción de la letra i) del artículo 32, quedando como sigue:
«i) No reintegrar la ayuda económica básica indebidamente percibida.»
Dieciocho. Se modifica la redacción del artículo 40, que queda como sigue:
«Artículo 40. Comisión técnica de coordinación.
A fin de coordinar las acciones de los órganos de las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de políticas sociales, creará una comisión técnica de coordinación de la que formarán parte profesionales de las consejerías que tengan atribuciones en materia de empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales, así como una representación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma. La composición y funciones de esta comisión se determinarán reglamentariamente.»
Diecinueve. El artículo 41 queda redactado como sigue:
«Artículo 41. Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa.
4. Cuando lo considere necesario, el Gobierno podrá solicitar a la Federación Canaria de Municipios un informe sobre la situación de tramitación y aplicación de la Prestación Canaria de Inserción por parte de los ayuntamientos. Asimismo, los ayuntamientos podrán remitir informes al Gobierno sobre situaciones estructurales o coyunturales en relación con la aplicación de la Prestación Canaria de Inserción en su ámbito territorial.»
Veinte. El artículo 42 pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 42. Financiación.
– Para el criterio c), el diez por ciento como máximo, en forma directamente proporcional al número de resoluciones aprobadas en cada municipio.»
Veintiuno. Se incorpora un nuevo artículo 43 con la siguiente redacción:
«Artículo 43. Convenios.
El Gobierno de Canarias podrá suscribir convenios con otras entidades públicas o privadas con el objeto de completar sus actuaciones en los itinerarios formativos, así como en la inserción efectiva de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción.»
Veintidós. Se incorpora un nuevo artículo 44 con la siguiente redacción:
«Artículo 44. Ampliación de créditos.
Al objeto de garantizar la cobertura suficiente de la prestación económica, los créditos serán ampliables de acuerdo con lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.»
Disposición transitoria primera. Solicitudes presentadas en los ayuntamientos.
Disposición transitoria segunda. Prestaciones económicas reconocidas.
Disposición final primera. Publicación de tablas orientativas de los importes de la PCI.
El Gobierno de Canarias, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuación, así como la modificación o, en su caso, sustitución del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción («BOC» número 116, de 12 de junio de 2007), a las modificaciones introducidas en la presente ley.
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References: artículo 4
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 1
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 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 71
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 artículo 13
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 artículo 16
 artículo 19
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 artículo 20
 artículo 22
 artículo 17
 artículo 23
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 artículo 42
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 artículo 24
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 44