Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r4-ib-l8-1995.t2.html
Timestamp: 2017-02-23 17:04:59+00:00

Document:
Ley 8/1995, de 30 de marzo, por la que se atribuyen competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, y se regula el procedimiento de tramitación de expedientes y el régimen de infracciones y sanciones. TITULO II. Del procedimiento para la tramitación de los expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y parques acuáticos (Vigente hasta el 29 de Octubre de 2006).
Ley 8/1995, de 30 de marzo, por la que se atribuyen competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, y se regula el procedimiento de tramitación de expedientes y el régimen de infracciones y sanciones (Vigente hasta el 29 de Octubre de 2006).
Publicado en BOIB núm. 50 de 22 de Abril de 1995 y BOE núm. 119 de 19 de Mayo de 1995
Vigencia desde 01 de Enero de 1996. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2005 hasta 29 de Octubre de 2006
TITULO IIDel procedimiento para la tramitación de los expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y parques acuáticos
CAPITULO PRIMERODisposiciones generales sobre el procedimiento
SECCION 1Tipos de actividades
Nomenclátor de las actividades sujetas a calificación Las actividades consideradas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y los parques acuáticos se ajustarán a las normas previstas en esta ley, independientemente de que estén incluidas o no en el nomenclátor que, en su desarrollo, será aprobado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma y no tendrá carácter limitativo. El nomenclátor tendrá como objetivo fundamental:
1. La fijación del número material de actividades, por lo cual procurará seguir la Clasificación Nacional de Actividades Económicas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, mediante el Decreto 2518/1974, de 9 de agosto.
2. La señalización de una calificación adecuada, atendiendo a las condiciones desarrolladas en cada caso, así como las características peculiares de las instalaciones usadas y su carga térmica.
3. La determinación de las calificaciones, atendiendo al motivo o motivos simultáneos causantes de la molestia, nocividad, insalubridad y/o peligrosidad.
Las condiciones establecidas en el nomenclátor serán exigidas sin perjuicio de las previsiones contenidas en la normativa autonómica o estatal, o que se establezcan en un futuro respecto de las actividades clasificadas.
Título II derogado por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 16/2006, 17 octubre, de Régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears («B.O.I.B.» 28 octubre).
Actividades excluidas de calificación En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares quedan excluidas de calificación las actividades relacionadas en el anexo I de la presente ley. El otorgamiento de la licencia municipal de instalación de las actividades excluidas se realizará de conformidad con el artículo 23 de esta ley.
SECCION 2Disposiciones comunes
Obligatoriedad de licencias Para poder ejercer cualesquiera de las actividades sujetas a la presente ley será necesario obtener del respectivo ayuntamiento la licencia de instalación y la licencia de apertura y funcionamiento correspondiente, de acuerdo con el procedimiento aplicable, todo ello sin perjuicio de la intervención que las leyes y reglamentos otorguen en esta materia a otros organismos, cuya autorización será requisito previo para el otorgamiento de la licencia municipal de apertura y funcionamiento. En ningún caso podrán otorgarse licencias municipales provisionales ni de instalación, ni de apertura y funcionamiento.
Concordancia de licencias municipales de instalación y de obras 1. Cuando se trate de un edificio o de una construcción para un uso específico y determinado no podrá concederse la licencia de obras sin que se haya otorgado previamente la licencia municipal de instalación.
2. Cuando se trate de un edificio de viviendas con aparcamientos y locales susceptibles de usos diversos indeterminados, no será necesario el otorgamiento previo de la licencia municipal de instalación para poder conceder la licencia de obras.
Constitución de una fianza En el caso de actividades clasificadas cuyo funcionamiento pueda comportar riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente en general, el ayuntamiento, el consejo insular o la Consellería de Gobernación podrá exigir al promotor la constitución ante el ayuntamiento de una fianza o la contratación de un seguro que garantice la reparación de los posibles daños a las personas o al medio ambiente.
Revisión de las medidas correctoras Las medidas correctoras podrán ser revisadas en función de la normativa reguladora del medio ambiente en cada momento, incluida la de la Unión Europea, y deberán adaptarse a las innovaciones aportadas por el progreso científico y técnico, sin perjuicio de la necesidad de revisiones periódicas, cuando se encuentren prescritas de esta manera en la normativa aplicable.
Solicitud de licencias 1. La persona física o jurídica que pretende la instalación de una actividad dosificada deberá solicitar del ayuntamiento respectivo las licencias correspondientes.
2. La solicitud se formalizará mediante instancia a la que se acompañarán, al menos, tres ejemplares del proyecto técnico de la actividad, suscrito por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que incluirá, como mínimo, la memoria descriptiva que detallará las características de la actividad, su posible incidencia en la generación de molestias, insalubridad, nocividad y peligrosidad, así como de los sistemas correctores que se proponen, con justificación de su grado de eficacia y garantía de seguridad, asimismo, se aportará la documentación gráfica necesaria al efecto y el presupuesto de las instalaciones.
3. Toda solicitud deberá presentar un plazo para iniciar las instalaciones y otro para finalizarlas. Este último no será superior a veinticuatro meses, el ayuntamiento podrá conceder una ampliación de los plazos siempre que no superen su mitad y no resulten perjudicados los derechos de tercero.
4. Una vez presentado ante el ayuntamiento el proyecto técnico, adquiere el carácter de documento oficial, y de la exactitud y de la veracidad de los datos técnicos en él consignados responde su redactor, a todos los efectos.
5. Las actividades que estén obligadas, de acuerdo con la normativa vigente, a la previa realización de un estudio de impacto ambiental, deberán adjuntarlo a la solicitud de licencia de actividad. En este supuesto no podrá tramitarse la licencia municipal de instalación hasta que no se disponga del dictamen del Comité de Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
6. Los colegios profesionales que tengan encomendado el visado de los proyectos técnicos, si observan algún incumplimiento de la normativa aplicable, lo pondrán en conocimiento del ayuntamiento mediante la denegación del visado.
Rectificación de la solicitud Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la normativa aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, rectifique las carencias o presente los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámites.
Incumplimiento del planeamiento o de la normativa municipal El alcalde o, en su caso, el órgano municipal competente, deberá denegar la solicitud, en el plazo de quince días, cuando ésta no se ajuste a las normas establecidas en el instrumento municipal de planeamiento general o en el resto de normas de competencia municipal, de conformidad con los Informes técnico y jurídico correspondientes. La denegación de la solicitud será motivada.
SECCION 3Procedimiento de las actividades excluidas y de las temporales
Procedimiento de las actividades excluidas de calificación Cuando se trate de las actividades señaladas en el artículo 15 de esta ley, los ayuntamientos resolverán sobre el otorgamiento de la licencia de instalación, previo informe técnico, sobre el cumplimiento de la normativa aplicable así como de la eficacia de los sistemas correctores que se proponen, y jurídico, sobre la legislación aplicable y la adecuación de la solicitud a la misma. Si un ayuntamiento precisara de asistencia técnica, la requerirá del consejo insular.
Licencias de circos, ferias e instalaciones temporales 1. Los circos, las ferias, los chiringuitos de playa desmontables, los quioscos-bares y otras instalaciones similares de carácter temporal deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene necesarias para los espectadores o usuarios y para los que ejecuten el espectáculo o la actividad recreativa.
2. Cuando se trate de las instalaciones señaladas en el apartado anterior, los ayuntamientos, previo informe técnico y jurídico, resolverán sobre el otorgamiento de la licencia de las mismas. La tramitación de estos expedientes tendrá carácter preferente a los efectos de que se resuelva en el plazo más breve posible.
Si un ayuntamiento precisara de asistencia técnica, la requerirá del consejo insular.
3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma reglamentará las condiciones mínimas de seguridad y los requisitos para la tramitación de las actividades temporales.
SECCION 4Procedimiento aplicable a las actividades sujetas a calificación
Informe municipal e información pública 1. Si la solicitud de licencia se ajusta a las normas y a los planes municipales continuará el procedimiento. Los técnicos municipales emitirán informe en un plazo no superior a los quince días sobre las características de la actividad, su grado de peligrosidad, de nocividad, de insalubridad o de molestia y el resto de circunstancias que se consideren convenientes.
2. Al mismo tiempo, el expediente se someterá a un período de información pública por un plazo de diez días para que las personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades vecinales y las que estén interesadas formulen las observaciones que crean pertinentes. La apertura del período de información pública se anunciará, al menos, en un diario de la isla y se hará saber mediante un cartel visible colocado en el lugar donde se pretenda realizar la actividad.
Remisión del expediente 1. Agotado el período de información pública, las alegaciones presentadas se añadirán al expediente que será remitido, en el plazo máximo de quince días, al consejo insular correspondiente, acompañado de informe municipal motivado.
2. Cuando se trate de una actividad cuya calificación esté reservada al Gobierno de la Comunidad Autónoma, según el artículo 6 de la presente ley, el expediente será remitido a la Consellería de Gobernación.
3. Si un ayuntamiento no remitiese el expediente en el plazo señalado, será de aplicación lo que dispone el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El interesado podrá acreditar la solicitud y el transcurso de los plazos fijados para que el consejo insular o, en su caso, la Consellería de Gobernación, recaben de la entidad local la remisión del expediente, en un plazo máximo de diez días, a contar desde el requerimiento.
Calificación e informe de la actividad El consejo insular o la Consellería de Gobernación procederán a calificar la actividad de acuerdo con la normativa aplicable y, en su caso, examinarán la garantía y eficacia de los sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad.
Las resoluciones del consejo insular o de la Consellería de Gobernación serán vinculantes para la autoridad municipal en el caso de que impliquen la denegación de la licencia o determinen la imposición de medidas correctoras y se otorgará, previamente, el trámite de audiencia al interesado que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Estas resoluciones analizarán los aspectos y repercusiones medioambientales de la actividad y, particularmente, los siguientes extremos:
1. Calificación de la actividad en función de sus características potenciales, de acuerdo con la normativa básica estatal y la que apruebe el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
2. Aceptación o denegación de las medidas correctoras y de seguridad propuestas que anulen o reduzcan los efectos perniciosos o de riesgo para lo cual se tendrá en cuenta el emplazamiento de la actividad, el impacto medioambiental en el entorno, los usos de la edificación confrontante y los efectos aditivos que pueda producir.
Dictámenes adicionales El consejo insular podrá recabar de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Administración General del Estado y de técnicos especialistas en la materia, los informes o dictámenes que se consideren necesarios para la obtención de una resolución adecuada.
Remisión del informe y la calificación El consejo insular o la Consellería de Gobernación calificará la actividad y remitirá la correspondiente resolución al ayuntamiento para que, de acuerdo con sus determinaciones, otorgue o deniegue la licencia de instalación solicitada.
SECCION 5Licencia de instalación
Condiciones de la licencia municipal de instalación El ayuntamiento, en la resolución del otorgamiento de la licencia municipal de instalación de actividades sujetas a calificación, de las actividades excluidas, de las instalaciones temporales y de los parques acuáticos hará constar, entre otras condiciones:
1. Que no se podrá comenzar la actividad sin que se haya concedido la licencia municipal de apertura y funcionamiento.
2. Que el interesado, una vez finalizada la ejecución de las instalaciones, deberá solicitar del ayuntamiento la licencia de apertura y funcionamiento. A estos efectos, a la solicitud se acompañará una certificación del técnico director de las instalaciones, con visado del colegio profesional correspondiente, acreditativa de su conformidad con la licencia municipal de instalación, así como de la eficacia de las medidas correctoras.
Pruebas de funcionamiento En el supuesto de que se impongan en la licencia municipal de instalación determinadas medidas correctoras y se deban realizar pruebas para verificar el adecuado funcionamiento de máquinas e instalaciones, el interesado deberá comunicarlo al ayuntamiento con, al menos, cinco días de antelación, y explicará la duración de las pruebas y las medidas adecuadas que garanticen que estas pruebas no afecten al medio ambiente ni supongan ningún riesgo para las personas ni para los bienes. El ayuntamiento resolverá sobre la práctica de las pruebas que se realizarán en presencia de los técnicos del ayuntamiento o, en su caso, del consejo insular.
Comprobación Como garantía del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras podrán realizarse por los técnicos municipales competentes visitas de comprobación, que consistirán en verificar si las instalaciones se ajustan al proyecto técnico presentado y si se han adoptado todas las medidas correctoras impuestas en la licencia municipal de instalación. Del resultado de la comprobación se entregará un acta, por duplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá al interesado y el otro se incorporará al expediente municipal.
Si un ayuntamiento precisase de asistencia técnica, la requerirá del consejo insular.
Meritación de tasas La inspección de comprobación producirá el derecho a meritar la tasa que corresponda según la ordenanza municipal, y cuando intervengan técnicos designados por el consejo insular, a petición del ayuntamiento, la corporación insular podrá recabar el abono de las tasas que se determinen en la ordenanza fiscal.
SECCION 6Licencia de apertura y funcionamiento
Licencia municipal de apertura y funcionamiento 1. El alcalde o, en su caso, el órgano municipal competente otorgará la licencia de apertura y funcionamiento una vez examinada la certificación del técnico director, acreditativa de que, a pesar de que las instalaciones no se ajusten exactamente al proyecto técnico, las variaciones introducidas son accesorias y se han ejecutado todas las medidas correctoras.
2. El alcalde o, en su caso, el órgano municipal competente podrá otorgar un plazo máximo de tres meses, para que el promotor rectifique todas las deficiencias detectadas, continuando la tramitación conforme a derecho, con la advertencia de que si así no lo hiciera se producirá la caducidad del procedimiento y se archivará sin más trámite, con notificación al interesado.
Denegación de la licencia municipal de apertura y funcionamiento El alcalde o, en su caso, el órgano municipal competente denegará la licencia de apertura y funcionamiento en los siguientes casos:
1. Si se comprobase que las obras o instalaciones realizadas cambian sensiblemente de las que figuran en el proyecto técnico. En este caso, el interesado deberá tramitar un nuevo proyecto de instalación.
2. Si se comprobase que no se han ejecutado todas las medidas correctoras impuestas en la licencia municipal de instalación.
CAPITULO IIDelegación a los ayuntamientos o mancomunidades
Disposición general Los consejos insulares podrán delegar en los ayuntamientos o mancomunidades, en el ámbito de su respectiva demarcación territorial, la potestad ejecutiva de emisión de informes y calificaciones previas al otorgamiento de la licencia municipal de instalación de actividades clasificadas y parques acuáticos.
Dotación de medios personales y materiales La dotación mínima de medios personales y materiales que deben disponer los ayuntamientos o las mancomunidades para poder solicitar la delegación, será la siguiente:
1. Medios personales:
a) Un técnico de grado superior.
b) Un técnico de grado medio.
La titulación de los técnicos deberá estar directamente relacionada con las actividades sobre las cuales se pretenda la delegación.
2. Medios materiales:
a) Un sonómetro para medición de ruidos en dBA.
b) Un equipo portátil de medición de gases.
c) Un explosímetro.
Solicitud de delegación Los ayuntamientos o las mancomunidades que reúnan las características del artículo anterior y que estén interesados en la delegación de potestades, deberán solicitarlo del consejo insular respectivo, mediante escrito al cual acompañarán:
1. Certificación del acuerdo adoptado por el pleno de la entidad local donde se haga constar la petición de delegación y que se cuenta con el personal técnico que corresponde y con los medio adecuados para cumplir las funciones objeto de la delegación.
2. Relación del personal técnico certificada por el secretario de la corporación, comprensiva de nombres y apellidos del personal que debe ejercer las tareas técnicas adecuadas, con indicación de su vinculación estatutaria o laboral con la entidad local y la titulación profesional que posea.
3. Relación certificada por el secretario de la corporación donde se expresen los medios materiales de que se dispone para el cumplimiento de las funciones cuya delegación se solicita.
Regulación de la delegación 1. El pleno del consejo insular respectivo resolverá la solicitud de delegación, ésta no supondrá ninguna carga económica para los consejos insulares. El acuerdo de delegación expresará el contenido y los límites de la misma y se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
2. Las resoluciones administrativas que adopten los ayuntamientos o las mancomunidades por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el consejo insular delegante.
3. La delegación será revocable en cualquier momento mediante acuerdo del pleno del consejo insular y, en particular, cuando las entidades locales actúen con negligencia en el ejercicio de las potestades delegadas.
4. Las entidades locales delegadas deberán remitir al consejo insular delegante, en el plazo de diez días posteriores a la adopción de la resolución final, copia del expediente técnico y administrativo tramitado en el ejercicio de las potestades delegadas.
5. Los consejos insulares ejercerán las facultades de vigilancia y de inspección sobre las potestades delegadas. Con esta finalidad podrán recabar la información que consideren pertinente en las entidades locales delegadas.
CAPITULO IIIDe los plazos para resolver y de los efectos de la falta de resolución expresa
Resolución de las actividades excluidas de calificación En las actividades excluidas, el plazo máximo para resolver las solicitudes de licencia municipal de instalación será de dos meses, a contar desde la presentación del expediente completo en el registro municipal.
La falta de resolución expresa tendrá efectos estimatorios y será de aplicación lo que disponen los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, respecto de los actos presuntos, con independencia de la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración municipal.
Resolución de la licencia de instalación temporal En los casos de actividades temporales, el plazo máximo para resolver sobre las solicitudes de licencia municipal de instalación será de quince días, a contar desde la presentación del expediente completo en el registro municipal.
Resolución de la calificación En el procedimiento ordinario el plazo máximo para que el consejo insular, el ayuntamiento o mancomunidad delegada o la Consellería de Gobernación califique e informe la actividad será de tres meses, a contar desde la fecha de presentación completa del expediente en el registro de entrada de la entidad pública.
La falta de una resolución expresa tendrá efectos estimatorios y será de aplicación lo que disponen los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, respecto de los actos presuntos, con independencia de la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas.
Resolución de la licencia municipal de instalación En el procedimiento ordinario, el plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva sobre la solicitud de licencia de instalación será de quince días, a contar desde la entrega de la calificación y del informe.
La falta de una resolución expresa tendrá efectos estimatorios y será de aplicación lo que disponen los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, respecto de los actos presuntos, con independencia de la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración municipal.
Resolución de la licencia municipal de apertura y funcionamiento El plazo máximo para que el ayuntamiento resuelva sobre la solicitud de licencia de apertura y funcionamiento será de quince días, a contar desde la presentación, en el registro municipal, de la certificación del técnico director a que hace referencia el artículo 30.2 de esta ley.

References: artículo 23
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 83
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 artículo 30