Source: https://derecholocal.es/consulta/limites-a-la-revision-de-oficio-de-actos-administrativos-puede-utilizarse-la-accion-de-nulidad-si-no-se-ejercio-la-posibilidad-de-recurrir-en-plazo
Timestamp: 2020-08-15 20:16:14+00:00

Document:
Límites a la revisión de oficio de actos administrativos. ¿Puede utilizarse la acción de nulidad si no se ejerció la posibilidad de recurrir en plazo? - El Derecho Local
Límites a la revisión de oficio de actos administrativos. ¿Puede utilizarse la acción de nulidad si no se ejerció la posibilidad de recurrir en plazo?
El Ayuntamiento firmó en su día un convenio urbanístico con un particular sobre reclasificación de terrenos. El promotor entregó al Ayuntamiento la cantidad de 108.729€ en concepto de donación para fines municipales y el compromiso de ceder una parcela, donde el Ayuntamiento ya había instalado una báscula municipal. Igualmente, entregó un aval de 120.000€ y una cantidad cercana a 249.000€ en concepto de porcentaje del aprovechamiento de cesión obligatoria.
Transcurridos diez años y sin mediar responsabilidad del particular, se resolvió el convenio de mutuo acuerdo y se acordó literalmente lo siguiente, en base a un informe del entonces Secretario municipal:
“Condiciones a favor del Ayuntamiento:
1. Elevación a escritura pública a favor del Ayuntamiento de la cesión libre y gratuita de la propiedad de los terrenos donde se ubica la báscula municipal con una extensión de (...) m2.
2. No se exigirá la devolución de la cantidad de 108.729€ que constituía el 30 por cien del compromiso de donación objeto de convenio.
Condiciones a favor de los comparecientes:
1. Devolución del aval bancario por importe de 120.000€ que se depositó para garantizar el cumplimiento del convenio de reclasificación del sector.
2 Devolución de las cantidades entregadas en concepto de adquisición del 10 por cien del aprovechamiento de cesión obligatoria y por importe de 248.893€. Solicitan la devolución de estas cantidades en cuatro anualidades.”
El acuerdo plenario de resolución del convenio es del año 2014 y no fue recurrido por el promotor.
Ahora el promotor ha formulado ante el Ayuntamiento un escrito de nulidad del acuerdo de no devolución de la cantidad de 108.729€ que se entregó en concepto de donación, y la revocación o pago de la parcela cedida para la báscula municipal, por carecer dichas entregas de título legítimo. Es decir, argumenta que se resolvió el convenio sin incumplimiento del promotor, que el acuerdo se dictó en abuso de poder por cuanto se exigió la cesión de la parcela sin título y la no entrega de los 108.729€.
Estamos valorando el tema y creemos que en parte tiene razón, porque no hay título alguno y no hay contraprestación, por lo que es posible que adolezca de nulidad.
¿Consideran que hay causa de nulidad del acuerdo municipal, en base a un informe de Secretaría que condiciona la resolución del convenio a la entrega de una parcela de más de 6.000 m2 y no pide el reintegro de 108.729€, sin mediar incumplimiento del promotor y siendo de mutuo acuerdo la resolución del convenio?
¿Entienden que el procedimiento escogido por el promotor es el correcto o no?
En primer lugar, si partimos del concepto de “convenio urbanístico”, hemos de tener en cuenta que éste surge como un acuerdo entre partes, mediante el cual, como bien se señala en la consulta, implica una contraprestación, de forma que el particular se compromete a una actuación a cambio de que el Ayuntamiento realice los trámites precisos para impulsar la modificación de planeamiento y posterior gestión urbanística.
Partiendo de dicha premisa, resulta claro que si una de las partes no cumple con lo pactado, no puede hablarse de una posible resolución de mutuo acuerdo, ya que el propio texto del convenio urbanístico debía recoger los plazos de actuación y duración del mismo, de forma que si el ciudadano cumplió con su parte, pero el Ayuntamiento no, habrá que estar a si nos encontramos ante un supuesto en el que la Administración, ante el incumplimiento de los plazos del convenio, debía resolver el convenio devolviendo las cantidades pactadas y, en su caso, indemnizar a la otra parte por el incumplimiento de los términos del convenio.
En ese sentido, insistimos en que para hablar de resolución de mutuo acuerdo no puede darse, en nuestra opinión, otra causa que determine un incumplimiento de una de las partes, ya que, para que se dé el mutuo acuerdo, las partes deben encontrarse en una igualdad de plano que impida alegar que debía haberse optado por la resolución por incumplimiento de una de las partes del convenio.
Ahora bien, a pesar de que ésa sería la solución o situación fáctica lógica, vemos que, según los datos puestos a nuestra disposición en la consulta, el Ayuntamiento optó por resolver de “mutuo acuerdo” el convenio no cumplido, sin que el ciudadano recurriera dicho acto administrativo de resolución, de forma que nos encontramos ante un acto firme y consentido por las partes.
A tal efecto y como se señala en el planteamiento de la consulta, parece que el ciudadano, años después, pretende optar por ejercer la acción de nulidad y así dejar sin efecto el citado acuerdo.
En ese sentido, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que ya el art. 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, establecía que “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”, previsión que, a fecha de hoy, mantiene el art. 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.
Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico se mantiene un criterio restrictivo tanto en la aplicación de los supuestos de nulidad de pleno derecho como en su declaración, ya que es un cauce de impugnación para el que se recomienda la máxima prudencia, por cuanto la no sujeción a plazo para utilizar dicho cauce, a diferencia de lo previsto para el régimen general de revisión de actos administrativos a través de los recursos, supone un claro riesgo para la estabilidad o seguridad jurídica.
De hecho, el Dictamen 282/2016, de 28 de julio, del Consejo Consultivo de Castilla y León, parte de que nuestra jurisprudencia señala que la posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la extraordinaria vía que recoge la LPACAP (la revisión de oficio), no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el momento oportuno. Así, en el extracto doctrinal sobre “Límites a la revisión de oficio: aplicación del artículo 106 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre” se manifiesta lo siguiente:
Por tanto, si bien es cierto que entendemos que la actuación municipal fue más que discutible por los términos en los que se llevó a cabo la resolución del convenio, no es menos cierto que si el particular no recurrió dicho acto administrativo no puede pretender utilizar la acción de nulidad como una vía alternativa para atacar el citado acuerdo.
1ª. Para hablar de resolución de mutuo acuerdo no puede darse, en nuestra opinión, otra causa que determine un incumplimiento de una de las partes, ya que, para que se dé el mutuo acuerdo, las partes deben encontrarse en una igualdad de plano que impida alegar que debía haberse optado por la resolución por incumplimiento de una de las partes del convenio.
2ª. Partiendo de los datos aportados por la entidad consultante, la resolución del convenio en los términos planteados es discutible, si bien ha devenido un acto firme y consentido por las partes.
3ª. La posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la extraordinaria vía que recoge la LPACAP (la revisión de oficio), no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el momento oportuno, por lo que el particular no podría ejercer la misma en los términos planteados en el supuesto.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución