Source: http://quadrelli.blogspot.com/2009_04_28_archive.html
Timestamp: 2014-07-31 11:28:03+00:00

Document:
Estudio Jurídico Quadrelli: 04/28/09
Inmueble adquirido mediante Crédito Hipotecario. Desapoderamiento. Oponibilidad del Beneficio a los Créditos por Impuestos que gravan el Bien
EXCLUSIÓN DEL DESAPODERAMIENTO DEL INMUEBLE ADQUIRIDO MEDIANTE PRÉSTAMO OTORGADO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL - OPONIBILIDAD DEL BENEFICIO A LOS CREDITOS POR IMPUESTOS O TASAS QUE GRAVEN EL BIEN.- Sumario: La adquisición de un inmueble mediante préstamo otorgado por el Banco Hipotecario Nacional, inscripto con cláusula de inembargabilidad, conforme régimen de la ley 22232 totalmente cancelado, si continúa siendo el único bien (con destino a vivienda) que posee el deudor fallido, se encuentra totalmente excluido del desapoderamiento, al encuadrar el mismo en lo normado en el art. 108, inc. 7mo. de la LCyQ. Protección que se extiende, incluso, respecto de las obligaciones fiscales que lo gravan.- 1) Inembargabilidad e Inejecutabilidad derivada del art. 35 Ley 22232 - Situación de los créditos por obligaciones fiscales ante la Ley 14394 (Bien de Familia): Si la única vivienda del deudor fallido, ha sido adquirida a través de un crédito otorgado por el Banco Hipotecario Nacional, el inmueble goza de los beneficios de inembargabilidad e inejecutabilidad consagrados por el art. 35 de la ley 22.232 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional).- Dicha norma expresamente dispone que "No podrá trabarse embargo sobre los inmuebles gravados a favor del banco por préstamos otorgados para única vivienda propia, hasta los montos que determine la reglamentación que dicte el banco mientras éstas mantengan su categoría originaria y aquellos conserven tal destino y no podrán ser ejecutados, ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a excepción de los que se constituyan con motivo de crédito provenientes de su construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación. Los Registros de la Propiedad tomarán nota de dichas circunstancias al margen de la anotación de dominio".- Esta situación de inejecutabilidad e inembargabilidad, a estar al criterio de la CSJN, se mantiene no obstante la cancelación de la hipoteca constituida en favor del Banco, puesto que la protección no solo tutela a la entidad, sino también al adquirente.- Ahora bien, prescindiendo de la claridad del texto legal transcripto, los tribunales suelen sostener la procedencia del desapoderamiento y posterior liquidación del bien, respecto de determinados créditos (impuestos y tasas que gravan directamente al inmueble), haciendo aplicación analógica del art. 38 de la Ley 14.394 de Bien de Familia.- En tales casos se verificaría un supuesto de inoponibilidad relativa del beneficio del art. 35 de la Ley 22.322, conformándose con el producido de su liquidación, una "masa separada" de la cual cobrará solo el crédito o créditos a los cuales la ley le brinde esa prerrogativa.- Según la analogía efectuada por los tribunales con la ley 14.394, el crédito respecto del cual la protección es inoperante, debe ser: a) o bien anterior a la "inscripción" del bien (art. 38 1a. parte a contrario); o b) independientemente de su ubicación temporal, que se trate de un crédito que, por su naturaleza, torne inoponible el beneficio del art. 35 L 22.232 ("impuesto o tasa que grave directamente el inmueble", art. 38 L 14394).- Generalmente, el primer caso no será aplicable a los supuestos en análisis, siendo válido exclusivamente para el "bien de familia", puesto que la "inscripción" o mejor dicho, la asentación del beneficio nace con el mismo inmueble, porque tanto el terreno en el cual se construye, como el edificio propiamente, hayan sido adquiridos directamente del Banco Hipotecario, pareciendo difícil la existencia de deuda de causa anterior .- Por eso, el caso en estudio se circunscribe exclusivamente a la segunda hipótesis, es decir, a controvertir la afirmación que la protección cede solo ante determinados créditos cuya causa los exceptúa de la cláusula de inembargabilidad e inejecutabilidad del art. 35 L. 22232, con fundamento en la especial naturaleza de determinadas acreencias que consisten en "obligaciones fiscales que directamente gravan dicho bien" (arg. art. 38 L. 14394).- 2) Inadecuada utilización del recurso hermenéutico (art. 16 CC.) - Cuestión regida por el art. 35 C.O.B.H.N.: Conforme anticipa el título del acápite, el recurso analógico utilizado, a nuestro entender, constituye una desviación hermenéutica, en tanto el art. 38 de la L. 14.394 es inaplicable ante la existencia de una norma específica de derecho positivo: el art. 35 Ley 22232, que delinea perfectamente la figura.- Ello por cuanto, la analogía constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre cuando en el ordenamiento jurídico no se halla una norma aplicable al caso o, a estar a los términos del art. 16 del CC., cuando la cuestión no pueda resolverse "ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley...".- Así, diverso es el supuesto en análisis, donde el texto expreso del art. 35 L. 22232 (las palabras de la ley) es suficientemente claro en orden a la amplitud y condiciones del beneficio y el espíritu de tal norma, no admite interpretaciones que contraríen sus fines tuitivos.- En efecto, como anticipara, los magistrados analizan y recogen la tesis de inoponibilidad de los beneficios de la inejecutabilidad prevista en el art. 35 L. 22232, a partir de la regla establecida en el art. 38 de la Ley 14394, en tanto esta última excepciona a "las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble" .- Sin embargo, atento a la prioridad de la norma legal específica por encima de la analógica, la solución correcta debe deducirse del art. 35 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, ya transcripta, en tanto ésta NO DISCRIMINA -en orden a la inejecutabilidad e inembargabilidad- crédito alguno.- No es otra la inteligencia que cabe atribuir a las expresiones: "No podrá trabarse embargo..." y "...no podrán ser ejecutados...", a diferencia de la previsión del art. 38 L. 14394 (mucho menos amplio), en tanto distingue aquellas obligaciones "anteriores a la constitución" y acreencias por su naturaleza exceptuadas de la inembargabilidad e inejecutabilidad ("impuestos o tasas que graven directamente el inmueble").- Por su parte, no pueden incluirse las acreencias correspondientes a los organismos fiscales en la 2da. parte del artículo 35 COBHN ("... ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a excepción de los que se constituyan con motivo de crédito provenientes de su construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación...), por cuanto al prohibir la constitución de derechos reales, a excepción de los constituidos por construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación, se está refiriendo exclusivamente a tales derechos (enumerados taxativamente en el art. 2503 CC) y no a créditos por impuestos, que NO SON DERECHOS REALES y solo gozan de privilegio.- Por el contrario, para la solución del caso, solo cabe recurrir a los términos expresos del artículo, en tanto declara inembargable e inejecutable a los inmuebles gravados a favor del Banco por préstamos otorgados para la única vivienda propia, hasta el monto que determine la reglamentación, debiendo tomar nota los Registros de dicha circunstancia.- Solo de esta manera, es posible conservar el criterio elaborado por el Máximo Tribunal Nacional, que afirma que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, el propósito en sus términos debe buscarse no en significaciones obscuras o abstractas, sino en el sentido más obvio al entendimiento común; y cuando la ley no formula distinción, ello tampoco le es permitido al intérprete conforme al conocido brocardio "donde la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros". Del Voto de la Mayoría. CITAS JURISPRUDENCIALES: CSJN, Fallos 299:167; 284:293; 283:111; 315:2999.; C.S.J. NRO. 669 AÑO 1995, 25/09/96; MAG. VOTANTES: IRIBARREN - ALVAREZ - BARRAGUIRRE - FALISTOCCO - ULLA).- Cabe acotar que la reglamentación que alude la norma, no ha sido dictada, pero ello no empece el respeto que merece el espíritu de la norma, que "responde un notorio objetivo social en el que está comprometido el orden público"(Conf. CSJN, Rev. La Ley t. 107, p. 657), por lo que la inembargabilidad e inejecutabilidad rige, cualquiera sea el monto del préstamo, siempre que se trate de la única vivienda propia.- En cuanto a la anotación marginal en el registro, no obstante que normalmente se encontrará cumplida, la Corte ha sostenido que su falta no perjudica al interesado (Conf. Rev. LL, t. 154, p. 360).- Entonces vemos que del análisis del artículo y en interpretación en la cual coinciden la totalidad de la jurisprudencia citada, la viabilidad del beneficio está condicionada únicamente a que el inmueble mantenga su categoria originaria y conserve su destino.- Entiéndese, entonces, con relación al texto legal aplicable, que la inembargabilidad e inejecutabilidad está condicionada solo a dos requisitos objetivos, a saber: a) que el inmueble mantenga su categoría originaria, es decir que la inembargabilidad e inejecutabilidad se pierde si el destino de vivienda se cambia por otro (por ej., pasa a ser un establecimiento comercial) y b) que el préstamo haya sido con el objeto específico de la construcción. Lógicamente, el beneficio se perdería si el dinero no se utilizara para la construcción de la vivienda.- Solo de no mantenerse la primera condición, cedería el derecho del deudor fallido y se habilitaría la liquidación del inmueble.- De ahí también que "incumbe a quien pretende ejecutarlo la demostración de que las condiciones que originariamente justificaron el beneficio han dejado de tener vigencia" (conf. CSJN, 3-3-92, autos "GIUSTI JUVENCIO C/ SERENI, JORGE", LL, 1992-C-67).- En este marco, no puede admitirse que se pueda llevar adelante de la liquidación del bien, contradiciendo el texto legal específico, para satisfacer obligaciones no expresamente exceptuadas, cuando es pacífica doctrina y jurisprudencia en entender que aquel beneficio no admite restricciones temporales, es decir que se mantiene aún después de cancelado el crédito.- En este último aspecto de orden temporal, ha entendido la CSJN, a partir del caso "JARALAMBIDES", que: "...esta solución concuerda con las funciones de fomento de la vivienda familiar atribuidas a la función del Banco y con el espíritu de normas análogas, como las que regulan el llamado "bien de familia" (arts. 34 y siguientes, Ley 14.394) que hallan su soporte constitucional en artículo nuevo de la Constitución Nacional, en cuanto tiende al afianzamiento de la vivienda, fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar y de la ayuda estatal... Que aún cabe agregar que la inteligencia de la norma propuesta por el recurrente, de acuerdo a la cual el beneficio de la inembargabilidad se extingue juntamente con el pago total de la deuda, importaría aceptar que aquél ha sido instituido en el solo interés del Banco, pese a que éste es suficientemente asegurado por el crédito hipotecario" (Confrontar CSJN, octubre 30-986 "JARALAMBIDES, Teofilo c/ PEREYRA ROCHA de JARALAMBIDES", LL, T. 1987-A, pág. 495).- El decisorio citado, fundado en el dictamen del procurador fiscal, recoge innumerables precedentes emanados del propio órgano de justicia, al decir: "En efecto, ya en el caso publicado en Fallos: T. 262, p. 143, este tribunal sostuvo que el art. 20 del dec.-ley 13.128/57 (antecedente del art. 35, ley 22.232), en cuanto excluye de embargo y ejecución a los inmuebles adquiridos con préstamo del Banco oficial, destinados a vivienda propia, y mientras mantengan su categoría originaria, reconoce como "ratio legis"al notorio objetivo social del afianzamiento de la vivienda de ese carácter, fruto del esfuerzo de los componentes del grupo familiar y de la ayuda social por vía estatal (Fallos: t. 256 p. 572, t. 257, p. 182 -Rep. La Ley, t. XXV, p. 628, sum 59-), régimen cuya notoria importancia y trascendencia, más allá de los intereses particulares en juego, fue resaltado por V.E. en Fallos: T. 295, p. 608, cons. 12) (Rev. La Ley, t. 1977-A, p. 404).-" (conf. autos cit., pag. 495). En el mismo sentido, se ha expedido nuestro Máximo Tribunal Provincial en autos "VILLAR, Carlos A. c/ MAXUEL, Williams s/ Ejecutivo", 31-3-92 (ED Tomo 148, pág. 552 - JA Tomo 1993-I, Pág. 291 - DJBA Tomo 143, pág. 267) y autos "VILLAR, Carlos A. c/ CURIESES, Héctor y ot. s/ Cobro Ejecutivo. Incidente de levantamiento de embargo", 10-12-92, concluyendo que: "La exclusión del desapoderamiento de los inmuebles que estuvieran hipotecados a favor del Banco Hipotecario Nacional no admite restricciones temporales" (Confr. SC Buenos Aires, agosto de 15-995, autos "PERIS, GUSTAVO Y PERIS, RAFAEL", LLBA, 1995, pág. 1025).- Esto es así porque la protección tiene en miras el interés social de conservación de la vivienda y no el del organismo que otorga el crédito.- Y específicamente en terreno falencial, se ha intepretado de esta forma en autos "ALTOS PROPIEDADES S/ QUIEBRA", tanto en primera como en segunda instancia. En efecto, del dictamen del Fiscal de Cámara se extrae la correcta aplicación de la normativa propia del régimen de inejecutabilidad previsto por el art. 35 Ley 22.232.- En el caso citado, la jueza de primera instancia había hecho lugar a la exclusión del activo falencial de un inmueble hipotecado por el Banco Hipotecario Nacional, ello por cuanto subsistía el requisito relativo a que el titular de dominio del bien mantuviera el destino de vivienda.- El dictamen del Fiscal de Cámara, indica que la magistrado "señaló que la legislación especifica establece la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble hipotecado a favor de la referida institución bancaria oficial y que el fundamento de esta prohibición es proteger de terceros acreedores tanto al dueño del bien cuanto al Banco..".- Y dictamina, ante apelación deducida por el síndico que el recurso no puede prosperar por cuanto: "La argumentación desplegada por el apelante reposa en una base equivocada. En efecto, existen dos cuestiones distintas que el funcionario confunde: una de ellas se refiere a la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles gravados a favor del Banco Hipotecario mientras mantengan su categoria originaria de única vivienda propia y conserven tal destino (ley 22232: 35, reformada por ley 24143). La situación así contemplada -que es la del sub lite- coloca al inmueble fuera del desapoderamiento propio de la quiebra (cfr. art. 108 inc. 2 y 7 ley 24522). La otra cuestión -invocada por el síndico- se refiere a los supuestos en que procede la ejecutabilidad del inmueble: en tal supuesto (art. 38 ley 22232), se torna operativa la regla del derecho de preferencia para realizar la subasta. Pero resulta claro, a mi juicio, que esta hipótesis solo se configura cuando no se dan los requisitos o condiciones previstas en el art. 35 de esa ley, es decir, cuando el inmueble no esta destinado a vivienda única." (Conf. CCom: A (JARAZO VEIRAS - PEIRANO - MIGUEZ DE CANTORE) - 08/10/97; ALTOS PROPIEDADES S/ QUIEBRA.; DJ-1998-2, pág. 359/60).- Y no obstante los argumentos normativos expuestos, se aduna que, conforme la modalidad de su adquisición (y ya entrando en el espíritu de la ley), el beneficio consagrado por la ley 22.232, es superior al que corresponde reconocer al bien de familia creado por ley 14.394.- En efecto, normalmente se destaca la asimilación en cuanto a sus efectos del beneficio del art. 35 L. 22.232, a la protección brindada por ley 14394 al Bien de Familia.- Pero esta analogía, es aplicable solo parcialmente y en cuanto comulgan en los fines tuitivos que inspiran ambas reglamentaciones, puesto no debe obstaculizar la visualización de la real esencia del instituto creado por ley 22.232, que lleva a brindar una tutela aún superior a la que corresponde otorgar a aquél.- Porque tal tipo de vivienda es fruto no solo del esfuerzo de los componentes del grupo familiar (como también puede serlo el bien de familia), sino fundamentalmente de la ayuda social del Estado con sustento constitucional en el art. 14 bis de la Ley Suprema, que brinda un régimen particularmente especial para aquellos sectores económicamente menos favorecidos.- Y existe un interés legítimo de tutelar este esfuerzo conjunto del estado y de los particulares que adquieren o constituyen viviendas bajo el régimen de la ley 22232, en forma aún superior al brindado por la Ley 14.394 que no presenta esta génesis coparticipativa.- Así, no corresponde minimizar la diferente amplitud que el legislador ha previsto para uno y otro instituto, concibiendo una protección más amplia en nuestro caso que la que corresponde al bien de familia y por lo tanto, manteniendo el inmueble fuera del desapoderamiento aún respecto de los créditos fiscales.- Las razones fundantes de la diversidad de tratamiento, lejos de ser ociosas, inundan la totalidad del plexo normativo, puesto que el principio que reconoce que el patrimonio del deudor es garantía de los acreedores no es absoluto. Es más, solo así se comprende desde el ámbito falencial la exclusión de ciertos bienes del deudor del poder de agresión de algunos créditos (bienes inembargables en general) o desde la órbita civil, de instituciones tales como la atenuación de indemnizaciones por motivos de equidad del 1069 CC, etc., entre otros.- Estos, reiteramos, encuentran su fundamento en razones de orden social y de interés de la comunidad, similares a los que inspiran el art. 35 de la ley 22.232., y que se relacionan a aquellos elementos imprescindibles para la vida decorosa y digna de la persona humana.- Este valor no se encuentra afectado por los objetivos de las normas concursales, tal como lo demuestra la redacción del art. 108 de la LCyQ. y se presenta como una invalorable pauta que el intérprete debe tener en cuenta al aplicar el derecho.- Derecho a su vez tutelado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y 36 inc. 7mo. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.- La Excma. Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial Mar del Plata, jamás ha desconocido el alto contenido social que impone la tutela de la vivienda única asiento del hogar conyugal, a estar a sus innumerables precedentes y en tanto se mantenga esta condición (Conf. autos "Aren, Adelia Amelia c/ Urretavizcaya, Manuel s/ Usucapión", CC0102 MP 86229 RSI -137-93 I 9-3-93; ídem "Arrascaeta, Eduardo Raúl c/ Damiano de Roldán, María Cristina s/ Ejecución de honorarios en autos "Martínez Construcciones c/ Damiano de Roldan s/ Ejecución", CC0102 MP 93202 RSI-174-95 I 16-3-95; "Cruz, Alberto Francisco y otro c/Gari, Eduardo Raúl s/Acción de Repetición por Evicción", Expte. 101.442, 10/7/97, registrado bajo el Nro. 673/R, entre otros).- La situación denunciada no muta por tratarse de una ejecución colectiva, toda vez que se ha sostenido que "la inejecutabilidad creada por la ley 22.232 no cesa en caso de concurso, por lo que la vivienda no debe ser liquidada en la quiebra en favor de la masa de acreedores, desde que la ley 19551 (hoy 24522) no ha modificado el régimen especial" (conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA en "Régimen jurídico de las viviendas adquiridas con intervención del Banco Hipotecario Nacional", en Protección Jurídica de la Vivienda Familiar, Edit. Hammurabi, pag. 171).- Y porque no corresponde colocar a ninguno de los créditos fiscales, que en juicio individual no podrían agredir el bien, en mejor situación solo por encontrarnos en un proceso falencial.- Como conclusión de lo hasta aquí expuesto, entendiendo que las normas analógicas deben ceder ante la existencia de normas legales específicas, que lejos de subvertir garantías constituciones ni reglas extrapositivas (por el contrario, las afirman), los créditos por impuestos o tasas que gravan el bien, no se encuentran autorizados a prescindir de la prohibición de ejecutabilidad del bien, por lo que corresponde afirmar la exclusión general del desapoderamiento del inmueble constitutivo de la vivienda del deudor y su familia (arts. 35 L. 22232, 108 inc. 7 LCyQ.).- Esto sin omitir que, la inoponibilidad del beneficio es de interpretación restrictiva, toda vez que se encuentra en juego la debida tutela del derecho a la vivienda, no pudiendo extenderse ilimitadamente la potestad de prescindir de la cláusula de inembargabilidad del art. 35 L 22232 a toda acreencia, no expresamente exceptuada.- EN CONCRETO, conforme la especial naturaleza del crédito otorgado por el BANCO HIPOTECARIO NACIONAL para obtener la vivienda, y teniendo en cuenta que la normativa constitucional impone la protección a la vivienda única, como la protección del sustento que toda persona necesita para satisfacer sus necesidades primarias, deviene por tanto inembargable e inejecutable el inmueble adquirido en estas condiciones, en tanto no conforma prenda común de crédito, ello a pesar de que el mismo se encuentre cancelado antes de declaración de quiebra por estar bajo la protección del art. 35 Ley 22232, institución que es de orden público, que se impone sobre toda otra norma aplicable solo por analogía, conforme la proyección social que contiene (arts. 14 bis CN; 36 inc. 7º CPBA; 16 C.C., art. 35 Ley 22.232; art. 108, inc. 7º Ley 24.522).- Fuente: Estudio Jurídico Salthu Link: http://www.estudiojuridicomdp.com.ar/page.php?idpage=124 Publicado por
Tu Opinión ? "Grassano, Roberto Enrique c/ Quintana, Juan Carlos Roque y Otros s/ Demanda". Inembargabilidad. Extemporaneidad del Planteo. Rechazo
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Tu Opinión ? “BBVA Banco Francés S.A. c/ Aguirre s/ Ejecución Hipotecaria". Inembargabilidad. Doctrina de los Actos Propios. Orden Público
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Tu Opinión ? “Ángel, Esteban c. Moyano, Martín s/ Cobro Ejecutivo”. Inembargabilidad. Inconstitucionalidad
NEUQUEN, 8 de marzo de 2007 Y VISTOS: En acuerdo estos autos caratulados "ANGEL ESTEBAN CONTRA MOYANO MARTIN S/COBRO EJECUTIVO" (EXP Nº 225318/99) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº2 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Enrique Raúl VIDELA SANCHEZ con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO de GIORGETTI, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo: I.- El demandado con sentencia firme de ejecución deduce apelación contra la interlocutoria de fs.271/273 que rechaza el pedido de levantamiento del embargo trabado sobre los derechos y acciones de que es titular en virtud de un boleto de compraventa celebrado con la Municipalidad de Cipolletti en 1970, pendiente de escrituración, y ordena la prosecución de la subasta.- Al fundar el recurso, a fs.280/283, sostiene que la resolución trasgredió el principio de congruencia al decidir “extra petita”, ante la falta de oposición de la contraria al pedido de levantamiento del embargo, y decidir de oficio la transformación en embargo de derechos y acciones.- Controvierte en el segundo agravio el criterio conforme el cual el a quo considera que el bien embargado encuadra en la comprensión del art.2336 cód.civ., sosteniendo que se trata de una vivienda única afectada a habitación familiar y, por ende, se encuentra fuera del comercio.- Señala los “tres pilares” de su postura: a)las limitaciones contenidas en el boleto de compraventa (cl.4ª., 5ª, 10ª y 16ª.), que lo declara inembargable; b)el derecho de su parte es compartido con su cónyuge e hijo discapacitado; c)la inembargabilidad de ciertos bienes ha sido calificada por la doctrina legal, en protección de los derechos mínimos y esenciales del individuo, como lo es la vivienda familiar única.- Invoca la protección constitucional del bien de familia (art.14 CN), reforzada por las normas internacionales a que ha adherido la Nación, cuyas previsiones favorables al derecho invocado transcribe.- El tercer agravio, también referido a la infracción al principio de congruencia, ataca la decisión oficiosa de modificar las condiciones de la subasta, estableciendo que la misma se lleve a cabo “sin base y al mejor postor”, sin que resulte aplicable al caso el principio “iura curia novit”.- Corrido traslado de los agravios, los mismos son respondidos por la ejecutante a fs.286 y vta.- II.- Entrando a considerar los agravios planteados, descarto de plano la imputación de infracción al principio de congruencia que se invoca como principal descalificación del pronunciamiento recurrido, toda vez que el juez de grado ha obrado dentro del margen de discrecionalidad que le otorga el art.511, adecuando la ejecución a la naturaleza del bien a subastar, al constatar que conforme las condiciones de dominio- no se trata de la propiedad del inmueble sino de los derechos y acciones en cabeza del ejecutado.- Ello no obstante, es menester analizar si los mentados “derechos y acciones” referidos a la vivienda familiar son embargables y si reúnen las condiciones de certeza que la doctrina jurisprudencial ha exigido para habilitar la subasta de bienes que no son cosas (derechos y acciones).- En torno a la primer cuestión, ha de tenerse presente que la inembargabilidad, como excepción al principio general del patrimonio como prenda común de los acreedores, está supeditada a las leyes de fondo y excluida del derecho local.- Así ha dicho la Corte Suprema: “Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución de Córdoba y la ley local 8067 -inembargabilidad de la vivienda única-, pues determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles no- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, por lo que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución.” Banco del Suquía S.A. c/Juan Carlos Tomassini s/P.V.E.apelación. Tº325 Fº428 Ref.: Embargo. Vivienda única. Leyes comunes. Provincias. Nación. Facultades delegadas. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López, Vázquez. 19/03/2002. Bien sabido es que la Carta Orgánica del BHN consagra la inembargabilidad de las viviendas familiares adquiridas con su financiación, aún después de saldada la deuda, lo que se ha extendido, v.gr., a las financiadas por el Banco de la Nación: “La regla general que establece la inejecutabilidad e inembargabilidad de los inmuebles gravados con hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina por préstamos conferidos para la adquisición de vivienda única, cede cuando el inmueble pierde esta categoría original, pues tal circunstancia hace cesar la aludida restricción, al no cumplir ya el bien los fines que justificaron el otorgamiento del beneficio.” Autos: LOCARD SRL C/IVIGLIA ZULMA S/EJEC. (ED 7.9.98 48777). 24/04/1997. En igual sentido: Ccco02 Co 1460 I. 30/05/1996. Juez: Smaldone. Fortunato Sarli C/Olga Elena Baldi y Otro S/Ejecutivo. Mag. Votantes: Smaldone - Rodriguez Moreni.- Pese a lo cual se ha resuelto que la extensión analógica no cabe en el caso de viviendas financiadas por el FONAVI, aun mediando, a nuestro juicio, identidad de situación fáctica y derecho tutelado subyacente: “La inembargabilidad e inejecutabilidad de que gozan los inmuebles comprados con fondos prestados por el Banco Hipotecario Nacional -conforme ley 22232: 35- no es extensible a un inmueble adquirido bajo el régimen del fondo nacional de la vivienda (FO.NA.VI.), ya que la ley 21581 -que menciona la inscripción de dominio y el testimonio notarial- no contiene disposición análoga que restrinja la enajenabilidad de los inmuebles.” Autos: PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/FINES DETERMINADOS C/PENZ MARIELA LUJAN Y OTROS S/EJEC. PRENDARIA. (LL 27.6.00 Fused 100.464) - Mag.: RAMIREZ - ARECHA - GUERRERO - 24/02/2000. Nos parece más atinada, y ajustada al paradigma constitucional de igualdad ante la ley (art.16 CN), la interpretación teleológica que aplica el principio general de derecho “ubi eadem ratio, eadem jus”, y razona: “El régimen de inembargabilidad establecido por la ley 22232: 35 (to doc.540/93), aplicable a los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario resulta extensible a los bancos provinciales, oficiales o mixtos que realicen similares operaciones, por remisión de la ley 15283: 1, pues aunque esta norma sólo alude a los privilegios y ejecución especial, sin hacer mención explícita de la inembargabilidad establecida por la primera norma mencionada, esta consecuencia no parece extraña a la finalidad que orientó el dictado de aquella, por lo que cabe presumir que la voluntad del legislador se orientó en ese sentido, ya que no se justifica que frente a situaciones similares, respecto de las cuales se ha unificado el régimen normativo de ejecución, se prive al adquirente del bien del mismo beneficio establecido en el orden nacional, tratándose de préstamos de igual naturaleza (fomento) y siendo los mutuantes entidades bancarias oficiales o mixtas de las provincias.” Autos: MARTINO MIRTA C/RENVERSADE JORGE RUBEN S/EJEC.- Mag.: MONTI - CAVIGLIONE FRAGA - DI TELLA - 23/10/2001. Ello es así por cuanto: “El legislador ha omitido deliberadamente enunciar en forma casuística en el art. 219 del CPCCN la totalidad de los bienes exceptuados del embargo, constituyendo el precepto una previsión que va más allá de la específica situación que regula puesto que conforma un criterio estándar jurídico a modo de un concepto válvula, que permite al intérprete una prudente y adecuada compaginación de su contenido acorde con las valoraciones y necesidades vivientes al momento de efectivizar su aplicación (Cámara Apel. Civil y Comercial Lomas de Zamora Sala II JL año I ntion 15, pág. 210 ntion 2580). En tal sentido, las excepciones al principio de inembargabilidad deben estar fundadas en razones de humanidad, y asistencia y cohesión familiar, así como en la moral y las buenas costumbres. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).” Autos: Balbuena Julio c/Asoc. Consejo Administrativo Ortodoxo y otros s/despido. Art. 219 del CPCCN. Magistrados: Guibourg. Porta. Eiras. Sala III.- 28/05/2001 - Exp.nº 82240/01 Sent.nº82240 Tipo de sentencia: definitiva. Concluyo, pues, en que la inembar-gabilidad que -para casos análogos- prevé la Carta Orgánica del BHN -devenido en banco comercial tras su privatización-, es susceptible de aplicación analógica, por no haber sido concebida a favor del banco acreedor, sino para atender situaciones que comprometen el derecho a la vivienda digna, con miras a la protección del ciudadano de modestos recursos y su núcleo familiar.- Objeciones atinentes a la subasta de los derechos y acciones en el caso concreto: Siguiendo con el razonamiento precedente, ha de compartirse que: “Aun cuando se pretenda el remate de los derechos y acciones del demandado con relación a un inmueble, y no del inmueble como tal, resulta aplicable, extensivamente, la norma de la ley 22232: 35 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional) que veda el embargo sobre los inmuebles gravados a favor del banco por préstamos otorgados para vivienda única propia. Ello en tanto concurren idénticas razones de política legislativa (tutela de la modesta vivienda familiar) y por mediar un obstáculo insalvable para la adquisición de los derechos por un tercero: el carácter "intuite personae" de los derechos a obtener la compraventa e hipoteca en tanto ella sólo se formalizan con personas que reúnan determinada situación económica y laboral, la que fundamenta las especialmente benignas condiciones de las operaciones subsidiadas en parte con fondos públicos, que no cabe extender a cualquier tercero adquirente en la subasta.” Autos: ORTEGA BRAULIO C/ BARBIERI JOSE.- Mag.: JARAZO VEIRAS - VIALE 31/07/1985. En cuanto a las condiciones que habilitan en general la subasta de derechos y acciones, bien precisa la jurisprudencia que: “Si bien los derechos y acciones integran indiscutiblemente el patrimonio del deudor, prenda común de sus acreedores, y son susceptibles, en principio, de ejecución forzosa, ello lo es a condición de que sean, por naturaleza jurídica, realizables en el acto, es decir que deben ser de tal naturaleza que ninguna dificultad presenten para su exigibilidad o para que se hagan efectivos entregándose dinero en razón de los mismos; ello es posible cuando el derecho es perfectamente definido, claro y preciso como obligación transmisible, circunstancia que no se comprueba ante bienes relictos en estado de indivisión.” Cc0000 Do 75972 Rsd-95-1 S. 05/04/2001. Juez: Portis (sd). Fernandez, Yolanda C/Barbaro, Elías S/Daños y Perjuicios. Mag. Votantes: Portis - Gómez Ilari Eyherabide.- En el caso que aquí nos ocupa, resulta claro -a mi juicio- que los derechos y acciones en cuestión no reúnen las condiciones expuestas en la jurisprudencia citada.- Ello es así, habida cuenta que el contrato en que se fundan los derechos y acciones que se pretenden embargar debe calificarse como “intuito personae”, previéndose el destino que deberá darse al inmueble (cl.4ª., fs.108), su carácter de intransferible (cl.5ª.), obligación de ocupación permanente (cl.7ª.) y pacto comisorio expreso para el caso de incumplimiento de las obligaciones antedichas (cl.12ª), obligación de inscribirlo como “bien de familia” tras la escrituración (cl.16ª), todo lo cual relativiza notoriamente la disponibilidad voluntaria o forzosa de los derechos del deudor a la propiedad del inmueble (arts.1444, 1327 y ctes.del cód.civ.), por tratarse de derechos cuya disponibilidad ha sido expresamente restringida en su fuente, excluyéndoselo relativamente del comercio (arg.art.2336 cód.civ.).- Si bien la Municipalidad de Cipolletti -titular del dominio sobre el inmueble- ha expresado no tener “objeciones jurídico formales” respecto del embargo trabado en autos (fs.51), de ello no se desprende abdicación del derecho a oponerse a la transferencia del bien por vía de ejecución forzada, en vista de lo manifestado a fs.129 en el sentido que “no se han modificado las condiciones del mismo, y las restricciones y/o condiciones impuestas al comprador son las mismas que se especifican en las distintas cláusulas del acuerdo.”.- Es dable concluir, pues, en que la Municipalidad otorgante podría negarse a transferir el dominio del bien al comprador en la subasta, quien se encontraría constreñido por las restricciones oponibles al deudor (arg.art.1196 cód.civ.), respecto de quien la venta fue convenida en atención a sus condiciones personales o “intuito personae” no invocables por quien resultare adquirente en la subasta y no reuniese las condiciones para el otorgamiento de la vivienda construida con fines sociales trascendentes.- Concluyo, pues, en que dadas las condiciones de la compraventa y las características del bien objeto del contrato, el embargo sobre los derechos y acciones del comprador no reúne las calidades de liquidez y certeza necesarias para habilitar la subasta, por lo que propongo al Acuerdo que se haga lugar a la apelación del demandado, ordenando el levantamiento del embargo trabado y dejando sin efecto la subasta de los derechos y acciones, todo con costas en el orden causado por tratarse de una cuestión dudosa de derecho y la razonable convicción del acreedor en torno a la posibilidad de ejecutar los derechos comprendidos (art.68 2ª.parte del cód.proc.).- Así lo voto.- El Dr. Enrique VIDELA SANCHEZ dijo: Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.- Por lo expuesto: SE RESUELVE: 1.- Modificar la resolución obrante a fs.271/273, disponiendo, en la instancia de grado, el levantamiento del embargo trabado y se deje sin efecto la subasta de los derechos y acciones.- 2.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado por tratarse de una cuestión dudosa de derecho y la razonable convicción del acreedor en torno a la posibilidad de ejecutar los derechos comprendidos (art.68 2ª.parte del cód.proc.).- 3.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello.- 4.- Regístrese, notifíquese y, oportuna-mente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.- Dr.Enrique VIDELA SANCHEZ Dr. Lorenzo W. GARCIA JUEZ JUEZ Dra.Mónica MORALEJO SECRETARIA REGISTRADO AL Nº 56 Tº I Fº 112/116 Protocolo de INTERLOCUTORIAS -S A L A I- Año 2007 Dra.Mónica MORALEJO SECRETARIA Publicado por
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Tu Opinión ? Ley 24.855 sobre Desarrollo Regional y Generación de Empleo. Privatización del Banco Hipotecario Nacional
DESARROLLO REGIONAL Y GENERACION DE EMPLEO LEY 24.855 Naturaleza y Objeto. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Privatización del Banco Hipotecario Nacional. Banco de la Nación Argentina. Disposiciones Complementarias. Sancionada: Julio 2 de 1997. Promulgada Parcialmente: Julio 22 de 1997. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de Ley: LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y GENERACION DE EMPLEO CAPITULO I Naturaleza y Objeto ARTICULO 1º — Establécese un programa de alcance nacional, cuyos objetivos básicos son: a) Generar la infraestructura económica y social necesaria y prioritaria para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial, a través de la financiación de obras públicas nacionales y provinciales que tiendan a mejorar la eficiencia de la producción nacional, la preservación del medio ambiente, el bienestar general y la utilización de mano de obra intensiva: b) Disminuir los desequilibrios socioeconómicos produciendo un alto impacto en los niveles de empleo y en la distribución del ingreso: c) Mejorar las oportunidades y condiciones de acceso a la vivienda en los sectores de ingresos medios y medios bajos de la población, con el desarrollo del mercado hipotecario y fomentando el ingreso al mismo de capitales nacionales e internacionales. ARTICULO 2º — Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 1º de la presente, se dispone la creación de un fondo fiduciario destinado a: financiar la realización de obras de infraestructura económica y social, contraer empréstitos para el cumplimiento de los fines previstos en el capítulo 11 de la presente ley, la creación en el ámbito del Banco Hipotecario Nacional de una reserva especial destinada a constituir una línea de créditos que financie hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de las viviendas, la capitalización del Banco de la Nación Argentina y la modificación de su Carta Orgánica. CAPITULO II Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional ARTICULO 3º — Créase el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. ARTICULO 4º — El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, en adelante "el fondo", tendrá por objeto asistir a las provincias y al Estado nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El fondo tendrá carácter extrapresupuestario. ARTICULO 5º — El fondo funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y su administración será ejercida por un consejo de administración compuesto por siete (7) miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dos de los cuales serán nominados por la asamblea de gobernadores del Consejo Federal de Inversiones, aplicándose igual procedimiento cuando se produzca vacancia o renovación de los mismos. La reglamentación determinará las incompatibilidades y requisitos de antecedentes e idoneidad que deberán satisfacer los miembros del consejo de administración. ARTICULO 6º — El fiduciario del fondo será el Banco de la Nación Argentina, quien administrará el fondo de acuerdo a las instrucciones otorgadas por el consejo de administración. El fiduciario podrá actuar por cuenta y orden de las jurisdicciones que lo soliciten. ARTICULO 7º — El patrimonio del fondo estará integrado por: a) Las acciones del Banco Hipotecario S.A. y el producido de su venta, con excepción de aquellas acciones que conserve el Estado nacional, de acuerdo a lo que dispone el Capítulo III, a lo que determina el artículo 35 de esta ley, y las acciones destinadas al Programa de Propiedad Participada; b) Los recursos que le asignen el Estado nacional, las provincias y los organismos internacionales; c) El producido de los empréstitos que contraiga, los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran, y d) La renta y los frutos de sus activos, con excepción de lo previsto en el artículo 36 de la presente ley. ARTICULO 8º — El patrimonio del fondo se destinará a la financiación de obras de infraestructura económica y social, nacionales y provinciales. Del total del patrimonio del fondo se deducirá la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) que se aplicará a la constitución de una cartera de crédito adicional, reservada a la demanda de las provincias de menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo. De los fondos resultantes, se destinarán cincuenta por ciento (50 %) a la financiación de proyectos propuestos por la Nación y el porcentaje restante a proyectos propuestos por las provincias. A su vez, el financiamiento correspondiente a las provincias, se asignará conforme a los índices de los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme a las disposiciones vigentes. Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional del año 1997 para incorporar los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y los gastos destinados a las obras no incluidas en dicho presupuesto. ARTICULO 9º — Las operatorias que realice el fondo deberán ajustarse a las siguientes condiciones generales: a) Los cupos de participación constituirán créditos disponibles para la ejecución de las obras financiables por el fondo dentro del marco determinado por la presente ley; b) Las jurisdicciones recibirán los fondos en forma inmediata y automática, conforme al avance de obras expedido por las mismas, sin perjuicio de los derechos del fondo a hacer valer las ulteriores responsabilidades que pudieren corresponder a cada jurisdicción: c) En cada jurisdicción los fondos recibidos integrarán una cuenta especial, la cual no formará parte del Fondo Unificado Nacional o provincial, ni de ningún otro mecanismo similar vigente o a crearse en el futuro, guardando total autonomía operativa y funcional. d) Forma parte de la presente el anexo I donde se discriminan con carácter indicativo los tipos de obras de infraestructura consideradas necesarias y prioritarias para la integración territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial a los fines de ser financiados por el fondo. ARTICULO 10. — Los recursos del fondo que temporariamente no se hallaren asignados a los fines previstos en el artículo precedente podrán ser invertidos en títulos o valores públicos, tanto de origen nacional como provinciales, previamente calificados. ARTICULO 11. — Los términos y condiciones de los préstamos que otorgue el fondo deberán asegurar el cumplimiento de los fines previstos en esta ley, el recupero del capital y sus intereses. Las condiciones generales serán establecidas en el decreto reglamentario y la tasa de referencia será la tasa Libor. La tasa podrá ser reducida en aquellos proyectos que ocupen mano de obra intensiva. Las provincias podrán adherir al fondo y celebrar convenios, en los que detallarán el listado y cronograma de ejecución de las obras a financiar total o parcialmente por el fondo. Las transferencias de los créditos a las jurisdicciones se harán en forma automática para su administración delegada por las provincias, las que garantizarán con su coparticipación federal de impuestos el cumplimiento del plan de inversiones, el cronograma de obras, y la devolución de los créditos y sus intereses. ARTICULO 12. — Exímese al fondo y al fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, invitándose a las provincias a adherir con la eximición de sus impuestos que se establece en el presente artículo. ARTICULO 13. — Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Operaciones de Constitución, Aplicación y Liquidación del Fondo Fiduciario, la que estará integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados de la Nación. Esta comisión producirá informes trimestrales y memoria anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. ARTICULO 14. — En todo aquello que no se encuentre modificado por la presente será de aplicación lo dispuesto en la ley 24.441. CAPITULO III Privatización del Banco Hipotecario Nacional ARTICULO 15. — Declárase al Banco Hipotecario Nacional "sujeto a privatización" en los términos de la ley 23.696. ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo nacional procederá a transformar al Banco Hipotecario Nacional en Banco Hipotecario S.A., quien continuará con los derechos y obligaciones de su predecesor, salvo lo expresamente derogado por la presente norma. No serán de aplicación las normas de la ley 11.867. ARTICULO 17. — El Banco Hipotecario S.A. deberá atender, en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional y por el plazo de diez (10) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, las siguientes actividades: a) Financiar la construcción y adquisición de viviendas en el país, por sí o a través de terceros, asegurando una armónica distribución regional del crédito, de modo tal de hacer accesible el mismo a los diversos sectores de la comunidad. b) Mantener líneas de crédito destinadas a la financiación de la construcción de viviendas en pequeñas localidades, destinando anualmente a estas operaciones no menos del diez por ciento (10 %) del total de créditos que otorgue para la construcción, debiendo contemplar una equitativa distribución geográfica. c) Preservar la constitución del fondo especial previsto en el artículo 13º de la ley 24.143 en los términos en el establecidos. Para el cumplimiento de estas obligaciones, la sociedad podrá mantener en sus actuales términos y condiciones la actividad permitida al Banco Hipotecario Nacional por el artículo 24, inciso 1), de su Carta Orgánica, y por la ley 24.626. Vencido el plazo establecido en el presente artículo, o con anterioridad si así lo dispusiera su directorio, deberá, para continuar con dicha actividad constituir o participar de una sociedad, sujeta a la legislación vigente en la materia, que tenga por objeto el otorgamiento de seguros. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el estatuto de la sociedad, la obligación de cumplimiento de otras actividades que actualmente realiza el Banco Hipotecario Nacional. La sociedad mantendrá, por el plazo de diez (10) años, la denominación "Banco Hipotecario S.A.". ARTICULO 18. — El capital del Banco Hipotecario S.A. estará representado por acciones de las siguientes clases: a) Clase A: las acciones de propiedad del Estado nacional. b) Clase B: las acciones correspondientes al Programa de Propiedad participada a implementar, en las condiciones que determine la reglamentación. Estas acciones no podrán representar mas del cinco por ciento (5 %) del capital social. Una vez pagado el precio de las mismas en el marco del Programa de Propiedad Participada, serán de libre transferencia. En el caso de producirse transferencias a titulares que no fuesen sujeto del programa referido, las acciones se convertirán automáticamente en acciones clase D: c) Clase C: las acciones destinadas a ser adquiridas inicialmente por personas jurídicas cuyo objeto fuera el desarrollo de actividades vinculadas a la construcción de viviendas o a la actividad inmobiliaria. Estas acciones no podrán representar más del cinco por ciento (5 %) del capital social y serán de libre transferencia. En el caso de producirse transferencias a titulares que no fuesen sujeto del programa referido, las acciones se convertirán automáticamente en acciones clase D. d) Clase D: las acciones transferidas en dominio perfecto al capital privado. Cada persona física o jurídica que pertenezca a un mismo grupo económico no podrá ser propietaria de más del cinco por ciento (5 %) del capital social. ARTICULO 19. — A los fines de cumplir con la privatización dispuesta en la presente ley, se procederá a la venta de las acciones destinadas a las clases C y D mediante su oferta pública en bolsa y mercados de valores nacionales e internacionales. ARTICULO 20. — Las acciones clase A se convertirán automáticamente en acciones clase C o D, según fuere el caso cuando su titularidad fuere transferida a adquirentes privados. El Estado nacional deberá conservar la propiedad de como mínimo una acción de clase A. La venta de las acciones del Banco Hipotecario S.A. estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional. Mientras las acciones del Banco Hipotecario Nacional, se encuentren integrando el patrimonio del Fondo Fiduciario, la totalidad de los derechos políticos emergentes de las mismas corresponderán al Estado nacional. ARTICULO 21. — El Estatuto del Banco Hipotecario S.A. deberá prever que: a) Las decisiones que a continuación se expresan, solo podrán adoptarse con el voto afirmativo de las acciones en poder del Estado nacional cualquiera fuera su participación: I) la fusión y escisión de la sociedad: II) la modificación del objeto social; III) la transferencia del domicilio social al extranjero; IV) la disolución de la sociedad. b) el derecho del Estado nacional a aprobar los estados contables anuales, mientras mantenga la mayoría del capital social; c) El derecho del Estado nacional, mientras conserve al menos una acción, de nombrar dos (2) directores y un (1) síndico; d) Cuando los accionistas de la clase D hayan adquirido la propiedad de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del capital de la sociedad, su asamblea podrá ejercer el derecho a elegir la mayoría de los integrantes del órgano de administración de la sociedad. Mientras que las acciones clase A representen mas del cuarenta y dos por ciento (42 %) del capital social, los accionistas de clase D, tendrán tres (3) votos por acción; e) El derecho de la asamblea de accionistas de la clase C a elegir un (1) integrante del órgano de administración de la sociedad mientras esa clase represente más de un tres por ciento (3 %) del capital de la sociedad; f) El derecho de la asamblea de accionistas de la clase B a elegir un (1) integrante del órgano de administración de la sociedad, mientras esa clase represente más del dos por ciento (2 %) del capital de la sociedad. ARTICULO 22. — Al personal del Banco Hipotecario S.A. le serán de aplicación las normas que se encuentren vigentes de la convención colectiva de trabajo 18/75 y las normas que en el futuro la modifiquen. ARTICULO 23. — Al Banco Hipotecario S.A. no le será aplicable ninguna legislación administrativa, actual o futura, que reglamente la administración, gestión o control de las empresas en que el Estado nacional tenga participación. Mientras mantenga el Estado nacional la mayoría del capital social le serán aplicables las disposiciones de control de la ley 24.156. La sociedad queda autorizada para actuar como banco comercial y estará sometida al régimen de la ley 21.526, sus modificatorias y complementarias. Su objeto social deberá contemplar fundamentalmente la atención de necesidades en materia de vivienda. ARTICULO 24. — El Estado nacional se reserva el dominio de: a) El inmueble en que se ubica la sede central del Banco Hipotecario Nacional sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) Los inmuebles comprendidos en el convenio suscrito el 1 de Julio de 1993 entre el Banco Hipotecario Nacional y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como asimismo los derechos y obligaciones que surgen del citado convenio. c) Los inmuebles afectados al Programa Arraigo: d) Las acciones representativas del capital del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., propiedad del Banco Hipotecario Nacional; e) Los créditos del Banco Hipotecario Nacional contra el ex Banco Nacional de Desarrollo. Las transferencias previstas en este artículo así como todas las que fueren necesarias para la determinación del patrimonio del Banco Hipotecario S.A. por parte del Poder Ejecutivo nacional estarán exentas del pago de cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución en orden nacional. El Estado nacional se hará cargo del pago de cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que fuere aplicable a ella en orden provincial o municipal. ARTICULO 25. — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá a) Los términos, condiciones y oportunidad de la venta de las acciones al capital privado, la que deberá evitar que un adquirente alcance una porción dominante del Banco Hipotecario S.A que pueda resultar perjudicial para el interés general. La venta podrá realizarse en una o más operaciones y, en cada una de ellas, podrán fijarse porcentajes máximos para ser adquirido por inversores. Un porcentaje del capital deberá reservarse para ser adquirido por personas físicas con domicilio en el país; b) Los activos y pasivos que asumirá el Estado nacional a fin de facilitar la transferencia. Si el Estado nacional asumiera cartera crediticia, respecto de ésta gozará de las facultades y privilegios contemplados en el capítulo VIII de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional. c) La atención del Fondo de Complemento Móvil del Banco Hipotecario Nacional y los derechos y obligaciones que de este surjan. ARTICULO 26. — Transfiérase al "fondo" la deuda que el Banco Hipotecario Nacional tiene con el Banco Central de la República Argentina. Las condiciones de la transferencia serán determinadas por el Poder Ejecutivo nacional en términos similares a las vigentes para dicho crédito. ARTICULO 27. — Por un monto equivalente a la deuda transferida conforme el artículo anterior, con más los montos generados por los instrumentos financieros derivados de su aplicación, el Banco Hipotecario S.A. deberá constituir una reserva especial destinada a la instrumentación de una línea de créditos individuales para la adquisición o construcción de nuevas viviendas que sean financiadas por importes que alcancen hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su respectivo valor, a la reestructuración de su cartera minorista y al cumplimiento de los requerimientos técnicos del Banco Central de la República Argentina. ARTICULO 28. — Derógase la ley 24.143, con excepción de las obligaciones y de las exenciones contenidas en los siguientes artículos: a) El artículo 3º, hasta la fecha de la constitución de la sociedad Banco Hipotecario S.A. continuando vigente para las operaciones de crédito concretadas hasta ese momento: b) El artículo 13 y el artículo 17, los que continuarán vigentes para las operaciones realizadas y las que se realicen en el Banco Hipotecario S.A. y el Banco de la Nación Argentina dentro del plazo de diez (10) años a partir de la vigencia de esta ley. Derógase la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, según texto ordenado por Decreto 540 del 26 de marzo de 1993, con excepción de las facultades y privilegios contenidos en los artículos 24 inciso 1), 33, 34, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 45, 47 a 49, 51, 54 y 56, los que continuarán vigentes para las operaciones concretadas y que se concreten dentro del plazo de diez (10) años a partir de la vigencia de esta ley. ARTICULO 29. — Deróganse todas las disposiciones que ordenen al Banco Hipotecario Nacional avalar o afianzar obligaciones. ARTICULO 30. — La administración del Banco Hipotecario S.A. se regirá de acuerdo a lo normado en el capitulo IV de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional hasta la aprobación del estatuto de la sociedad. ARTICULO 31. — La comisión bicameral creada por el artículo 13 deberá verificar que las transferencias accionarias cumplan con lo previsto en esta ley y subsidiariamente con lo prescripto en la ley 23.696. ARTICULO 32. — La Sindicatura General de la Nación realizará la tasación del Banco Hipotecario Nacional prevista en el artículo 19 de la ley 23.696, pudiendo a tal efecto recurrir al asesoramiento profesional y técnico, nacional o extranjero de reconocida trayectoria. Los gastos que demande la presente tasación estarán a cargo del Banco Hipotecario S.A. CAPITULO IV Banco de la Nación Argentina ARTICULO 33. — Incorpórase en el artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina (ley 21.799. y sus modificatorias) el siguiente inciso: h) Otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, ARTICULO 34. — El Banco de la Nación Argentina creará un área de crédito hipotecario destinado a operar un programa especial para el financiamiento de la vivienda familiar única. El Banco concentrará su operatoria al financiamiento de viviendas populares. ARTICULO 35. — Como aporte de capital al Banco de la Nación Argentina para generar la cartera de créditos habilitados por el inciso h) del artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, reformado por el artículo 33 de esta ley, se transferirán cien millones de pesos ($ 100.000.000) del producido de la venta de las acciones del Banco Hipotecario Nacional, y la renta neta de los bienes que integran el Fondo, hasta alcanzar en total la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000). El aporte de capital dispuesto en este artículo más los instrumentos financieros derivados del incremento del patrimonio neto del Banco de la Nación Argentina, serán aplicados a los fines dispuestos en los artículos 33 y 34 de esta ley. ARTICULO 36. — El diez por ciento (10 %) de los intereses que generen los recursos del fondo, se capitalizarán en una cuenta especial del Banco de la Nación Argentina para la atención de un fondo de garantías de créditos para viviendas únicas, permanentes y no suntuarias, destinadas a personas de ingresos bajos y medios bajos, pudiendo aplicarse también como subsidios a las tasas de interés de créditos para las viviendas populares destinadas a los sectores de bajos ingresos. ARTICULO 37. — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a utilizar las acciones del Banco Hipotecario S.A., hasta tanto sean colocadas conforme se establece en la presente ley, como garantía de las operaciones financieras, que efectúe el Estado nacional o el fondo, cuyo único destino sea la integración del patrimonio del fondo. CAPITULO V Disposiciones Complementarias ARTICULO 38. — A partir de la sanción de la presente ley, los beneficiarios de los préstamos individuales provenientes de las operatorias globales HN 700 (Reactivación variante II), HN 670, HE 311, sus suboperatorias derivadas, sus iguales o equivalentes, originados con anterioridad al 1/4/91, tendrán derecho a requerir el recálculo de deuda a la fecha de la sanción de esta ley, a fin de que el mismo no supere el valor venal de la vivienda financiada por el Banco Hipotecario Nacional y de acuerdo al siguiente procedimiento: a) El valor venal de la vivienda será determinado por el Banco Hipotecario S.A., y en caso de corresponder se detraerá de dicho valor, el correspondiente a ampliaciones y mejoras incorporadas a la vivienda originalmente financiada y realizadas a costa del beneficiario del crédito, como también el del terreno, si hubiere sido aportado por el mismo. b) Al nuevo valor así determinado, se le deducirán las amortizaciones y otros aportes ya efectuados por los adjudicatarios y, en su caso, se les adicionarán los intereses derivados de refinanciaciones por mora y de solicitudes de adecuaciones de cuota. c) Los nuevos saldos de deuda emergentes del recálculo establecido en la presente ley, serán cancelados con la aplicación de una tasa de interés que no podrá ser superior al nueve por ciento (9%) anual. d) Ante discrepancias debidamente fundadas de la determinación del valor venal de la vivienda, el beneficiario del préstamo cuya deuda sea motivo del recálculo autorizado en este artículo, podrá requerir al Banco Hipotecario S.A. una nueva determinación, pudiendo solicitar que la misma sea realizada por el Banco de la Nación Argentina y/o los colegios profesionales vinculados a la construcción en cada jurisdicción en un plazo que resulte no mayor a sesenta (60) días. e) El Banco Hipotecario S.A. implementará un régimen de cancelación anticipada de los préstamos hipotecarios. El monto a cancelar será equivalente a lo adeudado en concepto de capital al momento de la cancelación. Asimismo, podrá implementar, mediante resolución fundada, un régimen de bonificación especial sobre los créditos otorgados con anterioridad a la sanción de la presente ley. f) La tasa de interés punitorio que el Banco Hipotecario S.A. aplique a los créditos hipotecarios contemplados en esta ley, no será mayor a la tasa de referencia establecida en el inciso c) de este artículo. Los intereses punitorios se aplicarán sobre el capital adeudado. g) Los gastos administrativos, los de escritura traslativa de dominio, los de escritura de constitución de hipoteca, y por todo otro concepto, originados por operaciones anteriores al 1/4/1991, no podrán superar, a partir de la vigencia de la presente ley, el cuatro por ciento (4 %) del saldo de recálculo establecido en este artículo. ARTICULO 39. — Realizados los procedimientos contemplados en el artículo anterior, facúltase al Banco Hipotecario S.A., a adecuar la cuotas y los plazos resultantes, a efectos de que la cuota mensual por todo concepto, no exceda el veinticinco por ciento (25 %) de los ingresos del grupo familiar. ARTICULO 40. — El valor de las primas de seguros de incendio y de vida, no deberán exceder a los valores de mercado ni ser calculadas sobre un monto superior al del valor del bien asegurado o del saldo de la deuda, en cada caso. ARTICULO 41. — Los beneficiarios de los préstamos globales, tendrán un plazo de ciento veinte (120) días una vez notificados los derechos concedidos en esta ley a partir de la sanción de la misma, para realizar la presentación a que se refiere el artículo 38. Asimismo, el Banco Hipotecario S.A. dispondrá de igual término para resolver la determinación solicitada. ARTICULO 42. — Los beneficiarios de los préstamos individuales comprendidos en las operatorias del artículo 38 de la presente ley, podrán solicitar al Banco Hipotecario S.A. la puesta al cobro de la tasa de interés de referencia establecida para el préstamo en sustitución de la capitalización vigente, manteniendo las demás condiciones del préstamo. ARTICULO 43. — Facúltase al Banco Hipotecario S.A. a aplicar esta ley, mediante resolución fundada, a otras operatorias no contempladas en la presente. ARTICULO 44. — El Banco Hipotecario S.A. suspenderá por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta ley las intimaciones de escrituras y las ejecuciones de propiedades adquiridas como única vivienda con créditos otorgados bajo las operatorias contempladas en el artículo 38 y a los efectos de esta ley. ARTICULO 45. — El Poder Ejecutivo garantizará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación de recursos para la financiación de proyectos propuestos por dicha jurisdicción en un porcentaje no inferior al seis por ciento (6 %) de la masa de recursos que le correspondiere a la Nación conforme al artículo 8º de esta ley. ARTICULO 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. —REGISTRADA BAJO EL Nº 24.855— ALBERTO R PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi. ANEXO PROYECTO DE LEY LEY DE DESARROLLO REGIONAL Y GENERACION DE EMPLEO (PRIVATIZACION BANCO HIPOTECARIO NACIONAL) Listado indicativo del tipo de obras a ejecutar prioritariamente con recursos del: Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Redes viales que vinculen las zonas de producción con la red troncal o hacia los países Integrantes del Mercosur. También las que vinculen puntos de importancia turística nacional o internacional. Obras viales en los corredores de interconexión bioceánica. Pasos fronterizos de vinculación con países limítrofes. Construcción o mejora de instalaciones portuarias que tengan por objeto la modernización del sistema, aumentar la capacidad de transporte marítimo o fluvial y reducir costos operativos. Construcción o mejora de la infraestructura hídrica. Obras de infraestructura para el control de inundaciones; presas hidráulicas con o sin generación de energía eléctrica. Construcción o mejora de la infraestructura vial provincial (incluyendo las obras de arte necesarias); vías de comunicación rápida (autopistas); puentes carreteros, ferroviarios o de uso mixto de vinculación entre Ciudades, Regiones o de conexión internacional. Obras de generación y transporte de energía eléctrica. Provisión de energía eléctrica a zonas rurales. Obras destinadas a facilitar la explotación de los recursos mineros, vías de acceso y conexión con la red vial o ferroviaria. Construcción de acueductos. Construcción o mejora de los sistemas de riego y drenaje. Obras de infraestructura básica que tengan como objetivo evitar incendios en bosques, montes o pastizales. Construcción, mejoramiento o adecuación de la infraestructura ferroviaria. Obras que contemplen la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y sanitaria. Obras de infraestructura para saneamiento urbano (provisión de agua potable, desagües cloacales o pluviales). Obras de infraestructura que posibiliten la radicación de importantes emprendimientos industriales. Publicado por
Tu Opinión ? Ley 22.232 (ordenado por Decreto 540/1993) de Aprobación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional

References: artículo 35
 resolución 
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 artículo 1
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 33
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 artículo 38
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 artículo 38
 artículo 8