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Timestamp: 2018-10-22 06:03:28+00:00

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Sinopsis artículo 25 - Constitución Española
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Sinopsis artículo 25
Concordancias: Artículos 9.3, 53.1, 81.1, 117.1.
Los contenidos de los apartados 1 y 3 del precepto tienen abundantes precedentes en nuestra historia constitucional mientras que el apartado 2 es de impronta modernísima. Ya la Constitución de 1837 establecía en su artículo 9 que:
"Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por Juez o Tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban".
En el proceso de elaboración parlamentaria del precepto, tanto los textos históricos como los documentos internacionales fueron tenidos en cuenta. Respecto del apartado primero, la modificación más relevante del anteproyecto fue la sustitución de la expresión "ordenamiento jurídico vigente" por la que la postre prevaleció de "legislación vigente" más ajustada al contenido del principio de legalidad. Asimismo fue suprimida una frase que reproducía el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 15.2 del Pacto Internacional, sin que la supresión tenga otro efecto que obligar a deducir de la fórmula expresa la consecuencia de que está prohibida la imposición de penas mayores a las previstas en el momento de la comisión del acto o omisión punible.
Los debates en torno al apartado 2 fueron intensos y hubo muchas variaciones. Incluso se debatió la introducción de un derecho a la sexualidad de los condenados, pero al fin se diluyó en la mención al desarrollo integral de la personalidad.
El contenido del artículo 25 se desglosa en: la proclamación del principio de legalidad, mandatos al legislador para orientar la regulación de la relación de sujeción especial penitenciaria, y la prohibición a la Administración civil de imponer sanciones que impliquen privación de libertad. En puridad, sólo los apartados 1 y 3 generan por sí mismos derechos amparables, mientras que el apartado 2 contiene en realidad principios orientadores de la legislación penitenciaria.
A la garantía formal explicada -reserva de ley- hay que añadir, como contenidos de este derecho fundamental, una garantía material que se manifiesta en la triple exigencia de lex scripta, lex previa y lex certa. La primera, reproducida los artículos 1.1 y 2.1 del Código Penal atañe a los actos y omisiones sancionables y a las sanciones mismas que su comisión acarrea a los autores, y tiene como consecuencia fundamenta que la costumbre no puede ser fuente de derecho penal (SSTC 42/1987, 60/2000, 113/2003 y 24/2004).
La segunda -lex previa- exige que los actos y omisiones estén sancionados según la legislación vigente en el momento de su comisión, es decir, se prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, concretando, con rango de derecho fundamental, el principio ya sentado en el artículo 9.3 CE (SSTC 3/1988, 20/2003, 82/2006).. A sensu contrario el artículo 2.2 del Código Penal prevé la retroactividad de las disposiciones favorables aunque ya se haya dictado sentencia firme y el reo esté cumpliendo condena. En este mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, SSTC 99/2000 y 75/2002, según la cual la retroactividad de la ley penal favorable se deduce del artículo 9.3 de la Constitución, careciendo por ello de rango de derecho fundamental. De lo anterior se infiere también que a nadie se puede imponer sanción mayor a la prevista en la legislación vigente en el momento de cometer el hecho punible.
El principio de taxatividad conduciría derechamente a considerar inconstitucionales las leyes penales en blanco, aquellas que se remiten en un reglamento administrativo para completar su supuesto de hecho. Se infringiría no sólo el artículo 25.1 CE sino los artículos 9.3, 53.1 y 81.1 CE. El Tribunal Constitucional ha acotado el margen de este tipo de normas penales en las SSTC 127/1990, de 5 de julio y 120/1998, de 15 de junio, y SSTC 34 y 82/2005 y 283/2006.
En íntima conexión con el apartado 1 del artículo 25, el apartado 3 prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. El Tribunal Constitucional se ha planteado la expulsión de los extranjeros (STC 115/1987, de 7 de julio), y sobre todo la legitimidad constitucional de las sanciones disciplinarias administrativas que, en el ámbito castrense, pueden suponer privación de libertad (Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y SSTC 21/1981, de 15 de junio y 31/1985, de 5 de marzo). La excepción militar a la regla inveterada de que la privación de libertad sólo puede acordarse judicialmente no excluye desde luego el posterior control judicial de la medida administrativa.
No existe, pues, un derecho a la reeducación o a la reinserción social, pues tanto una como otra son objetivos, metas a alcanzar con la ejecución de la pena. Tampoco se deriva a favor del reo derecho alguno a la proporcionalidad de las penas, proporcionalidad que corresponde valorar al legislador (STC 136/1999, de 20 de julio).
La prohibición de trabajos forzados concretaría la proscripción de trato inhumano o degradante prevista en el artículo 15 CE y enlazaría con el recordatorio, acaso superfluo, de que el condenado goza de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución "a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria". Como es obvio, la estancia en prisión supone para quienes la sufren una radical limitación de su libertad y la exigencia de someterse al régimen carcelario que por sí mismo entraña sacrificios de sus derechos. Ello no obstante, y dado el carácter educativo con vistas a la reinserción que han de tener las penas, debe la Administración respetar los derechos y no imponer a los internos más sacrificios que los que la ordenada vida en prisión requiere. En este terreno es donde el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en relación a varios derechos fundamentales concretos. Ha partido siempre de la relación de especial sujeción penitenciaria para verificar si ésta consentía o requería las limitaciones denunciadas en los casos concretos. Así se ha referido al derecho de comunicación escrita y oral (STC 73/1983, de 30 de julio), al derecho a la intimidad (SSTC 57/1994, de 30 de julio, y 89/1987, de 3 de junio) y al derecho al secreto de las comunicaciones de los internos (STC 175/1997, de 27 de octubre); ha excluido la existencia del derecho a las comunicaciones íntimas (STC 89/1987, de 3 de junio), y considerado legítima la alimentación intravenosa de presos en huelga de hambre, justificándola en la obligación de la Administración penitenciaria de velar por la vida, integridad y salud de los internos (artículo 3.4 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria); y a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución, ha entendido que las celdas de los reclusos en los centros penitenciarios no tendrán la consideración de domicilio (STC 11/2006).
En relación con el derecho al trabajo remunerado, es obvio que éste no puede ofrecerse a todos los internos sino en la medida en que los recursos financieros lo consientan, pero es exigible que el reparto del trabajo disponible se haga de forma no arbitraria y según prevé al reglamento penitenciario (SSTC 179/1989, de 2 de noviembre y 17/1993, de 18 de enero).
Entre la bibliografía básica sobre el contenido del presente artículo recordar los trabajos de Huerta, Lamarca o Nieto.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 15
 artículo 18