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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Septiembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31735346
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 27 de Septiembre de 2005
Fecha de Resolución: 27 de Septiembre de 2005
RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS ROJAS TAYLOR Y JOSE CEDEÑO, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO
El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia Nº14 P.I. calendada 30 de julio de 2004, condenó a L.C.R.T. y a J.E.C.B., a la pena principal de 20 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por ser autores del delito de homicidio doloso agravado, cometido en perjuicio de H.E.M.R..
Contra esa medida judicial, el licenciado D.M., actuando en su condición de defensor de oficio de Rojas Taylor y el licenciado G.F., quien ejerce la representación oficiosa de C.B., formalizaron sendos recursos de apelación.
RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA
DEFENSA DEL IMPUTADO ROJAS TAYLOR
El defensor técnico de Rojas Taylor se muestra disconforme con la medida judicial impugnada, por considerar que a favor del sentenciado "cabe la aplicación de la circunstancia de atenuación contemplada en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal...toda vez que desde el primer momento que el mismo es detenido y entrevistado por las autoridades...confesó su participación y explicó de manera detallada cómo se llevó a cabo el hecho punible, quienes participaron" (fs.1,192-1,193).
En otro planteamiento, que guarda relación con los factores que se deben atender en materia de fijación de penas, la defensa oficiosa del imputado R.T. expresa que "también debe tomarse en cuenta la conducta del agente anterior y posterior al hecho punible, y en ese sentido mi patrocinado...no posee antecedentes penales...tiene una personalidad tipo promedio, no presenta dependencia química a alcohol ni droga...no evidencia alteración psicopatológica ni trastorno de personalidad...Del mismo modo, tratándose de un delito Contra la Vida e Integridad Personal, debe tenerse en cuenta el medio hostil o las peculiares condiciones del ambiente en el cual ha vivido y crecido nuestro patrocinado" (fs.1,193-1,194).
DEFENSA DEL IMPUTADO CEDEÑO BARRÍA
El defensor de oficio del sentenciado C.B. plantea, en primer término, que "nuestro representado debe ser condenado por el delito de ROBO, más no así por el delito de Homicidio, en viortud (sic) que en efecto su acción típica, antijurídica y culpable iba encaminada a ejecutar el robo del vehículo del ofendido, y si se aprecia dentro de las sumarias es el señor L.C.R.T., quien establece en su primera indagatoria que él es quien le dispara al occiso" (f.1,197).
De otra parte, el defensor técnico del imputado sostiene que "En el evento que no se aprobase nuestra consideración respecto al ánimo que llevó a nuestro Representado sólo a robar, queremos que se considere su conducta ubicandola (sic) como un cómplice secundario, en virtud que su participación no era primordial, podría haber sido ejecutada por cualquiera que supiera manejar, pues su participación...era la de conducir el vehículo despojado, ya que su función como conductor no era trascendental" (f.1,198).
La defensa del condenado C.B. también se muestra disconforme con la aplicación de la agravante específica del delito de homicidio relativa a la premeditación, pues "nuestro Patrocinado jamás pensó, ni premeditó el homicidio, ya que ni siquiera tenía en su poder arma alguna y...la premeditación requiere designio formado con anticipación de cometer un hecho delictuoso...designio que no se aprecia en la actuación de nuestro Representado quien sólo se limitó a conducir el vehículo...por lo que se le debe juzgar o aplicar la figura del homicidio simple con el grado de participación secundaria" (f.1,199).
De igual manera, se censura "la agravante de Motivo fútil, toda vez que este debe ser probado, en relación a nuestro Patrocinado, quien no fue la persona que disparase, ya él tenía el control del vehículo, y reiteramos no tenía arma consigo", además que está "demostrado en el expediente que lo que origina el hecho, lo es el objetivo de despojar al hoy occiso del vehículo que conducía, lo que deja en claro que hay un motivo distinto al fútil" (fs.1,200-1,201).
Finalmente, el defensor técnico del sentenciado C.B. solicita la aplicación de la atenuante común relativa a la confesión, "ya que desde que es capturado confiesa su delito...fue la confesión de los hechos lo que aclaró este delito en cuanto a la autoría y en cuanto a los detalles" (f.1,203).
TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO
Los escritos de apelación formalizados por los defensores de oficio de los sentenciados, fueron corridos en traslado a la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, agencia de instrucción que consideró improcedentes los reclamos presentados y solicitó la confirmación de la medida judicial apelada, toda vez que, "nos encontramos ante un Homicidio Doloso Agravado, cuyo accionar delictivo fue premeditado y ejecutado para cometer otro hecho punible"; que L.C.R.T. "pertenece a una pandilla delincuencial, que realizó el hecho por encargo de un tercero, lo que demuestra el grado de peligrosidad del procesado"; que la confesión de J.E.C.B. "no fue espontánea, ni oportuna; pues su vinculación surge a raíz de un informe policial"; que los procesados "se bajaron en los alrededores de un local comercial ubicado en Cerro Viento, con la finalidad de esperar que llegara un vehículo con las características previamente acordadas...esperaron con paciencia, tiempo suficiente para reflexionar, pero no lo hicieron y llegado el momento, para lograr el robo, le quitaron la vida a un ser humano"; que el "señor MARISCAL al constituirse en un obstáculo para que se llevaran su vehículo, fue asesinado, circunstancia que enmarca el hecho en el numeral 2 y 5, artículo 132 del Código Penal"; y que "la conducta de J.E.C.B., lejos de ser un robo, su actuar se enmarca dentro de los parámetros de la participación criminal y conforme al acuerdo previo y su colaboración en la ejecución del ilícito" (fs.1,208-1,209).
Conocidos los aspectos medulares formulados por los defensores de oficio de los sentenciados y cumplida la formalidad de ley, de traslado de los libelos de apelación a la contraparte, procede la Sala Penal a determinar la procedencia de las censuras propuestas, de conformidad con la regla procesal consignada en el artículo 2424 del Código Judicial, la cual únicamente le otorga competencia al tribunal de alzada, para pronunciarse sobre los puntos de la resolución objetados por los apelantes.
En atención a ese parámetro procesal, la labor judicial de esta Superioridad inicia resaltando que la presente encuesta penal guarda relación con el homicidio de H.E.M.R., hecho de sangre ocurrido en horas de la noche del 4 de junio de 2002, en las proximidades de la Lavandería El Cruce Nº4, ubicada en la Urbanización Cerro Viento, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá, a consecuencia de un disparo por arma de fuego recibido en la región lumbar, realizado por varios sujetos que luego de agredirlo, se apropiaron del automóvil en que se transportaba.
Las consideraciones médicas consignadas en el protocolo de necropsia, revelan que la víctima "recibió un disparo por la parte posterior de la arteria y que al penetrar en abdomen perfora la arteria aorta produciendo una gran hemorragia que fue la causa directa de la muerte" (f.506).
Resulta importante anotar, que los imputados Rojas Taylor y C.B., renunciaron a su derecho de ser juzgados por un tribunal de jurados de conciencia (fs.1,146-1,147), por lo que su situación penal fue definida de acuerdo a las reglas ordinarias del juicio en derecho.
El defensor de oficio del sentenciado Rojas Taylor, censura dos puntos concretos de la sentencia condenatoria. El primero, consiste en el reconocimiento de la circunstancia de atenuación común consagrada en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal y el segundo, apela a la consideración de la conducta del imputado anterior y posterior al hecho punible y a las peculiares condiciones del ambiente, "en el cual ha vivido y crecido nuestro patrocinado" (f.1,194), a objeto que se le imponga una reprensión punitiva menos severa.
Con relación al primer reclamo planteado, se resalta que se trata de una petición improcedente en este momento procesal, pues la jurisprudencia nacional ha sentado, en reiterados criterios judiciales, que el reconocimiento de la circunstancia de atenuación establecida en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal, está librada al criterio o facultad discrecional del juzgador, lo que es indicativo que no constituye un elemento atenuante de obligatoria aplicación, al momento de definir la situación penal del sujeto activo (Cfr. Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 12 de agosto de 2004).
En cuanto a la segunda censura esbozada, cabe señalar que concierne al reconocimiento de los factores objetivos y subjetivos del delito, que describe el artículo 56 del Código Penal y que deben ser considerados por el tribunal de la causa, al momento de aplicar la pena base al procesado.
A propósito de los reparos que se dirigen contra el "quantum" de la pena de prisión asignada, esta Superioridad ha sostenido que "para que el método de tasación de la pena, se entienda correcta y jurídicamente satisfecho, el juzgador de la causa debe acatar, estrictamente, los factores legales enumerados en el artículo 56 del Código Penal, y en base a ello, escoger la pena aplicable al caso, la cual se debe encontrar, dentro de los límites de sanción, que la legislación señala para la conducta penal infringida por el sujeto activo (Cfr. Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 25 de septiembre de 2002).
En el negocio penal que ahora se examina, se constata que el imputado R.T. fue sentenciado a cumplir la pena principal de 20 años de prisión, tras determinarse que su actuar delictivo se encuadraba en los numerales 2 y 5 del artículo 132 del Código Penal, que agravan la conducta homicida, cuando sea premeditada (numeral 2) y cuando se ejecute para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible, aún cuando éste último no se realice (numeral 5).
Asimismo, se resalta que la sanción punitiva impuesta al procesado, se encuentra dentro del intervalo penal establecido en la disposición legal vulnerada, que establece para sus infractores una pena que oscila de 12 a 20 años de prisión; y que previo a la fijación de esa sanción, el Tribunal "A-Quo" consideró los parámetros que señala el artículo 56 del Código Penal (f.1,183), haciendo especial énfasis en que Rojas Taylor y C.B., cometieron el hecho siguiendo instrucciones de una tercera persona, quien les encomendó apropiarse de un vehículo tipo camioneta de doble tracción; que el hecho se produjo en un local comercial; que esperaron la oportunidad para llevar a cabo el ilícito y estaban preparados para vencer cualquier obstáculo (f.1,184); y que los imputados "pertenecen a bandas de delincuentes, además su conducta demuestra que son personas que a cambio de dinero realizan cualquier actividad ilícita, sin importar las consecuencias de las mismas, lo que demuestra la peligrosidad de los mismos, además hay que tener en cuenta las normas que hacen referencia a la protección de las víctimas, ya que el afectado no constituía peligro en ese instante, por lo que no había necesidad de asesinarlo" (f.1,186).
El escenario fáctico y jurídico expuesto, revela que contra el método de tasación de la pena base, no existen reparos que formular, pues el juzgador de instancia consideró las situaciones objetivas y subjetivas que rodearon la comisión del hecho de sangre y la reprensión punitiva aplicada al imputado Rojas Taylor, corresponde al tramo penal señalado para castigar a los infractores del artículo 132 del Código Penal.
Como quiera que han resultado improcedentes las dos censuras planteadas por la defensa oficiosa del sentenciado R.T., lo que procede en derecho es declarar infundado el recurso de apelación promovido por esta parte procesal.
En el memorial de apelación propuesto por la defensa técnica del imputado C.B., se presentan cinco puntos discordantes con el fallo impugnado. Estos son: 1. que C.B. sólo es responsable del delito de robo de automóvil y no de homicidio; 2. que de acreditarse que C.B. se encuentra incurso en responsabilidad en el delito de homicidio, su conducta sea ubicada como cómplice secundario; 3. que el homicidio no fue premeditado; 4. que el homicidio no se ejecutó por motivo fútil; y 5. que se le reconozca la atenuante común concerniente a la confesión.
A efectos de determinar la viabilidad de los reparos propuestos por el defensor de oficio del procesado C.B., la Sala pasa, en primer término, a considerar si el imputado es culpable o no de participar en el acto homicida cometido en detrimento de H.E.M.R. y de ser así, definir cuál fue su grado de intervención criminal en el hecho.
La consulta de la resolución judicial atacada, pone de relieve que C.B. fue encontrado culpable de participar en el homicidio de H.E.M.R., en calidad de autor.
En el expediente consta la declaración indagatoria del imputado L.C.R.T., quien relató que "NENIN...me dijo que si me quería ganar cien dólares...me explicó que quería un carro grande 4x4...nos fuimos a buscar a un amigo al que conozco con el apodo de Panadero...Cuando nos encontramos con PANADERO, LENIN me entregó un arma de fuego...De allí como yo jugaba fútbol, por allá por C.V. yo me daba cuenta, que mucha gente llegaba a esa lavandería y dejaba los carros andando...llegó un hombre en una Montero...PANADERO se subió en el asiento del chofer y yo me subí en el asiento de atrás..el señor dueño del carro salió...abrió la puerta del chofer y comenzó a forcejear con PANADERO y yo saque el revólver...y se salió un tiro" (Resalta la Sala) (fs.209-210).
El imputado J.E.C.B., al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, sostuvo que "me monte al carro y es allí cuando escucho un disparo, por lo que eche para atrás, es allí cuando el señor que conozco por el apodo de "GOYO"...abrió la puerta trasera lado del conductor y se monto (sic), yo emprendí la marcha a toda velocidad y abandonamos el carro en San Pedro" (f.214) y que "Es cierto que el hoy occiso me abrió la puerta...pero "GOYO" todavía no se había montado. Yo escuhe (sic) la detonación y la misma fue fuera del carro" (f.215).
En el cuaderno penal también se consulta la declaración de G.A.P.B., testigo presencial del hecho, quien explicó que "pude ver que el vehículo M. tenía puesta las luces de reversa...comencé a tocar la bocina ya que me podría dar un golpe...del vehículo que salía de reversa, había una puerta abierta...pude ver a un sujeto que trataba de entrar al auto, en ese momento escuché un disparo" (Resalta la Sala) (f.79).
Asimismo, consta la versión del testigo J.M.R.M., quien afirmó que "un carro NISSAN SENTRA, color BEIGE, con vidrios oscuros, se bajan dos jóvenes...Al bajarnos de los carros, notamos que el señor de la Montero, también hacía lo mismo de (sic) nosotros, es decir dejar los carros encendidos...de los dos jóvenes, uno se queda detrás del carro del dueño de la lavandería...otro joven se introduce a la puerta de adelante del pasajero de la camioneta M., sale el señor de la lavandería, como a preguntar qué hacía dentro de su carro...el joven que está dentro del carro lo empuja hacia fuera, acercándose el que estaba detrás del panel y es el que le efectúa dos disparos a quemarropa. Entonces lo empujan hacia la calle y cae boca abajo donde están los teléfonos públicos" (Resalta la Sala) (fs.85-86).
La valoración conjunta de las piezas probatorias citadas, pone de relieve que J.E.C.B., conocido por el apodo de "P.", junto con L.C.R.T., a requerimiento de una tercera persona, que con posterioridad fue identificada como U.M. (a) "Nenín", consintieron cometer un delito de robo de auto, para lo cual se hicieron de un arma de fuego a fin de facilitar su ejecución, cuyo porte fue asignado a R.T.. Seguidamente, emprenden camino hacia uno de los centros comerciales ubicado en la Urbanización Cerro Viento, por tener referencias que en ese lugar los clientes mantienen los autos encendidos, mientras realizan sus respectivos encargos. Ya en el sitio, identifican el vehículo objeto del apoderamiento ilícito y se posicionan estratégicamente, de manera que C.B. procedió a subirse al auto para conducirlo y R.T. se ubicó en la parte posterior de un automóvil contiguo, para garantizar la consecución del propósito criminal. El acto ejecutado por los imputados ocasionó la reacción de la víctima, quien intentó detener a C.B. mientras movilizaba el auto; sin embargo, éste neutralizó el acto de defensa del ofendido, con forcejeos y empujones, momento que aprovechó Rojas Taylor para propinarle el disparo con arma de fuego.
A juicio de esta Corporación de Justicia, el escenario delictivo descrito pone de relieve que si bien no resulta correcto enmarcar el proceder delictivo del imputado C.B., en calidad de autor del delito de homicidio, como lo hizo el Tribunal "A-Quo", pues en el presente caso, el imputado R.T. tiene admitida la autoría material del disparo que cegó la vida de la víctima, lo que desvanece un posible concurso eventual de autores en el hecho de sangre que se examina, lo cierto es que su conducta sí evidencia un grado de participación criminal en el delito de homicidio, específicamente, en condición de cómplice primario, fundamentalmente, porque: 1. tomó parte en la realización del hecho punible; 2. consintió ejecutar el robo del vehículo, con el empleo de un arma de fuego, situación que llevaba implícita la intención de utilizarla para facilitar o consumar el hecho, como en efecto aconteció; y 3. prestó un auxilio al autor en la ejecución de la conducta, pues fue quien neutralizó a la víctima y disminuyó su capacidad de defensa, lo que aprovechó el autor material para asestar la herida fatal.
Criterios jurisprudenciales emitidos por esta Superioridad, han sostenido que "el concepto de participación criminal alcanza a todas aquellas personas que sin ser autores del delito, auxilian, colaboran o ayudan en cualquier forma a la realización del hecho punible, con voluntad de cooperar y mediante una aportación causal al éxito delictivo, ya sea antes, durante o después de consumado el ilícito. Las conductas de colaboración pueden ser de comisión o de omisión, la sola presencia plurisubjetiva de los agresores en el escenario del crimen, cumple un propósito de intimidación, de amenaza y de vis compulsiva, sin que para alcanzar el calificativo de partícipe criminal se requiera que todos, simultáneamente, aprieten el gatillo del arma de fuego para producir la destrucción de la vida humana" (Resalta la Sala) (Registro Judicial de mayo de 1993, pág.221).
En el presente caso, no cabe duda que el imputado C.B. aportó una actividad de colaboración para facilitar la ejecución del acto homicida y dicho comportamiento se encuadra perfectamente, en el artículo 39 del Código Penal que señala que "Son cómplices primarios los que tomen parte en la realización del hecho o presten al autor o autores un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse".
Siendo esa la realidad procesal que se desprende de autos, lo que procede en derecho es reformar la calificación del grado de participación delictiva establecida por el juzgador de instancia al proceder de C.B., lo que conlleva necesariamente considerar también el tema de la sanción penal que, en virtud de este reconocimiento, le es aplicable. No obstante, esta situación procesal se atenderá, una vez sean resueltas todas las censuras formuladas por la defensa técnica del imputado.
Prosiguiendo con el examen del recurso de apelación presentado en favor del imputado C.B., se pasa a determinar si el homicidio fue ejecutado con premeditación y por motivo fútil, que son los dos elementos calificadores del delito de homicidio que censura la defensa del sentenciado.
En tal empeño, se advierte que de las dos circunstancias agravantes desaprobadas por el recurrente, la Sala incursionará únicamente en el análisis de procedencia de la que concierne a la "premeditación", toda vez que, el fallo de segunda instancia impugnado ubicó la conducta delictiva del procesado C.B. en los numerales 2 y 5 del artículo 132 del Código Penal (fs.1,185-1,186), lo que es indicativo que su responsabilidad punitiva resultó comprometida por ejecutar el homicidio "con premeditación" y "para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible", por lo que no tiene asidero jurídico plantear ni adentrarse en un examen legal, sobre la correcta aplicación del elemento calificador de "motivo fútil", consagrado en el numeral 3 de esa misma disposición penal.
A propósito de la premeditación, la doctrina jurisprudencial ha explicado que "sobreviene cuando el agente ejecuta la conducta homicida voluntariamente, precedido de una deliberación o resolución previa. El actuar del sujeto activo se caracteriza por el propósito firme, reflexivo y bien meditado de ejecutar la prohibición penal, que persiste durante el tiempo que sea necesario hasta realizar el último acto que procura el resultado criminal" (Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio de 2002).
Las particularidades en que ocurrió la comisión del presente suceso criminal, no indican que la presencia de los sentenciados en el lugar de los hechos fue circunstancial, ni que el acto homicida se materializó de forma instantánea, producto de una acción repentina e impulsiva de los imputados. Por el contrario, resultan hechos comprobados en autos, que la conducta ilícita desplegada por los sindicados fue reflexiva, calculada y meditada, ya que, con antelación al desenlace fatal, se reúnen para idear la comisión de un delito contra la propiedad, para lo cual consienten emplear un arma de fuego, lo que implicó enseguida su disposición de utilizarla; escogen un lugar específico para consumar el delito y preparan la escena, tomando posiciones diferentes: uno para conducir el auto y otro próximo al vehículo para repeler cualquier acto que impidiera llevar adelante su ilícita intención. Aunado a esto, se debe considerar que la idea delictual se mantuvo persistente durante un lapso de tiempo considerable, hasta su ejecución y que el acto homicida se perpetró con frialdad de ánimo, cuando el occiso se encontraba forcejeando con C.B., de espaldas a su agresor y sin que representase en ese momento, ningún peligro para los victimarios.
Por consiguiente, la Sala colige que resulta correcto el encuadramiento penal efectuado por el Tribunal de instancia, al ubicar el proceder ilícito del imputado C.B., en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, pues existió un concierto previo para ejecutar la prohibición penal.
Otra de las censuras planteadas por el defensor de oficio del sentenciado C.B., consiste en el reconocimiento de la circunstancia de atenuación común consistente en la confesión. Sobre este particular aspecto, cabe destacar que para que la confesión opere como elemento modificativo de la responsabilidad penal, la ley exige que debe ser espontánea y oportuna. La jurisprudencia nacional, enseña que "La espontaneidad significa que es un impulso voluntario, sincero, propio, libre, sin presiones, que surge de manera natural, producto de un acto eminentemente volitivo: la oportunidad representa una coincidencia temporal con su requerimiento o aparición" (Registro Judicial, enero de 1992, pág.29).
La confrontación del marco teórico jurisprudencial resaltado, con las declaraciones que ofreció C.B. en el proceso, evidencia que no existió una confesión ni espontánea ni oportuna, puesto que el imputado no acudió voluntariamente ante las autoridades a brindar su relato de los hechos, sino que fue conducido por agentes policivos, luego que se recibiera un llamado anónimo que alertara a las autoridades sobre la participación criminal de este sujeto en el crimen de M.R.. Además, se comprueba que C.B. varió, sin que mediara justificación razonada, su versión inicial de los hechos, ya que luego de admitir en su primera comparecencia al proceso, que tomó parte en la realización del ilícito, con posterioridad, en la diligencia de reconstrucción de los hechos, se negó a participar, alegando que "en realidad nunca he estado en este lugar" (f.794).
Por culminado el estudio de viabilidad de los reclamos formulados por el defensor técnico de C.B., se concluye que sólo prosperó el relativo al grado de participación criminal del imputado en el acto homicida, siendo adecuado su proceder en la figura de la complicidad primaria.
Ahora bien, cabe destacar que tal reconocimiento trae como resultado la consecuente labor judicial de determinar la sanción penal principal que le resulta aplicable, pues hay que tener presente, que la pena que le impuso el Tribunal "A-Quo", le fue adjudicada en calidad de autor.
Siendo contestes con esa realidad, debe tomarse en cuenta que según el primer párrafo artículo 61 del Código Penal: "Los autores, cómplices primarios e instigadores, serán sancionados con la pena que la ley señala al hecho punible" (Resalta la Sala). La correcta interpretación de esta norma, indica que los sujetos activos que se encuentren dentro de alguno de los grados de participación criminal señalados, deben ser sancionados de acuerdo al intervalo asignado en la norma penal infringida. A propósito de este tema, la jurisprudencia ha aclarado que "ello no significa...que es igual su responsabilidad a la del autor; sino que serán sancionados con igual pena a la prevista al delito o tipo penal en el que toman parte o auxilian; es decir, que se les debe aplicar la pena abstracta impuesta por el legislador al momento de crear el tipo penal respectivo" (Cfr. Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 15 de enero de 1999).
Así las cosas, esta Corporación de Justicia atiende que la norma penal conculcada por el imputado J.E.C.B., es el artículo 132 del Código Penal, que establece para sus infractores una sanción penal que oscila de 12 a 20 años de prisión. En consideración que el proceder delictivo del procesado se ubica en dos circunstancias de agravación específica del delito de homicidio, contempladas en los numerales 2 y 5 del citado artículo 132 y atendiendo los factores que para la fijación de la pena, describe el artículo 56 de la misma excerta legal, como lo son: 1. que C.B. al momento de incurrir en la infracción penal contaba con diecinueve años de edad y su nivel de escolaridad llegó hasta primer año de educación secundaria (f.213); 2. que no registra antecedentes penales (f.526); 3. que pertenece a bandas delincuenciales que operan en el sector de Panamá Viejo (fs.708-709); 4. que desde que era menor de edad se dedica al hurto de automóviles, según lo admitió en el acto de audiencia oral (f.1,170); 5. que el hecho de sangre ocurrió en horas de la noche, en las inmediaciones de un local comercial de la Urbanización Cerro Viento; 6. que la víctima fue sorprendida por sus agresores y ultimada por disparo recibido en su parte posterior, mientras forcejaba con uno de los asaltantes; y 7. que en la ejecución del acto homicida intervinieron dos sujetos; la Sala estima prudente fijar la pena base en veinte (20) años de prisión, que es la pena líquida a imponer, porque del examen del recurso de apelación, no resulta acreditada la concurrencia de ninguna circunstancia modificativa de responsabilidad penal.
En cuanto a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, la Sala considera correcto fijarla por igual período de la pena principal, una vez sea cumplida ésta.
Por las consideraciones que se dejan expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la Sentencia Nº14 P.I. de 30 de julio de 2004, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, únicamente en el sentido de CONDENAR a J.E.C.B., a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, una vez cumplida la principal, por ser responsable, en grado de cómplice primario, del delito de homicidio doloso agravado, cometido en perjuicio de H.E.M.R., y la CONFIRMA en todo lo demás.
GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES
MARIANO HERRERA (Secretario)

References: artículo 66
 artículo 132
 artículo 2424
 resolución 
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 132
 artículo 56
 artículo 132
 resolución 
 artículo 39
 artículo 132
 resolución 
 artículo 132
 artículo 61
 artículo 132
 artículo 132
 artículo 56