Source: http://cenidh.tripod.com/RightFrame1.htm
Timestamp: 2017-07-27 14:45:07+00:00

Document:
Los indicadore socioeconómicos
reflejan que la mayoría de los nicaraguenses viven en situación de pobreza, con niveles de vida inadecuados que en los últimos años se han venidoprofundizan-do como consecuencia de la aplicación de políticas neolibe-rales que restringen los gastos sociales y excluyen a importan-tes sectores de la población. A esto debemos agregar la creciente corrupción gubernamental, que como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, constituye una fuente directa de violación a los Derechos Económicos y Sociales y al Derecho al Desarrollo de los pueblos.
Por ello, el CENIDH ha brindado particular importancia al tema de la corrupción administrativa en sus diferentes expresiones, puesto que muchos de los recursos que el Estado percibe a través de sus ingresos ordinarios o bien a través de la cooperación externa, no son utilizados para superar las causas que originan la pobreza, sino para el enriquecimiento de los sectores gobernantes y de pequeños grupos económicos. Este contexto de corrupción - con sus obvios efectos negativos- resulta determinante para el efectivo ejercicio de los derechos económicos y sociales del pueblo nicaraguense, de ahí que este apartado tenga como punto de partida lo relativo a la fiscalización de los bienes y recursos del Estado. 2.1	Fiscalización de los bienes y recursos del Estado
En 1998, el Poder Ejecutivo -y en particular, el Presidente de la República, impulsó, de forma persistente, acciones destinadas a descalificar la labor que la Contraloría General de la República (CGR) desarrolla para defender los bienes del Estado y luchar conra la corrupción administrativa. La sociedad nicaragüense asistió a lo largo del año a una prolongada crisis institucional entre el Ejecutivo y la Contraloría, que alcanzaba mayores niveles de agresividad de parte del Ejecutivo en la medida en que las resoluciones emitidas por la CGR señalaban responsabilidad en actos de corrupción de funcionarios allegados al Presidente de la República Arnoldo Alemán. El primero de los capítulos de esta crisis se dio en torno al veto presidencial al artículo 18 de la Ley de Presupuesto General de la República, que le confería atribuciones a la CGR para conocer cómo ejecutaban el presupuesto los diferentes entes estatales. El Presidente de la República argumentó que la Contraloría sólo podía revisar esa ejecución al final del año. El Contralor señaló que era necesario conocer durante todo el proceso la ejecución para así poder evaluar cómo se iba desarrollando. Expresó también, que si la Asamblea Nacional aprobaba el veto presidencial recurriría por inconstitucionalidad. Finalmente, Ejecutivo y CGR acordaron mantener la competencia fiscalizadora que la Constitución otorga a la CGR, sin que cada Ministerio tuviese la obligación formal de presentar trimestralmente la ejecución de su presupuesto.
Numerosas fueron las denuncias de corrupción gubernamental que se presentaron en el transcurso del año, reiteradamente denunciada por los medios de comunicación. Esto llevó a la Contraloría a iniciar investigaciones, y en algunas de ellas a emitir resoluciones. Destacaron por su trascendencia tres casos: los que involucraron a la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS) y a la Empresa Nicaragüense de Energía (ENEL), mereciendo mención especial el sonado caso «narcojet». En estos tres casos, el Presidente de la República cuestionó pública y abiertamente las resoluciones de la Contraloría, y se negó a aplicar las sanciones administrativas establecidas en esas resoluciones, orientando a los funcionarios involucrados a interponer Recursos de Amparo ante los tribunales de justicia. En consecuencia, la Procuraduría General de la República -dependiente de la Presidencia-, no accionó judicialmente contra los funcionarios señalados con presunciones de responsabilidad penal o civil en las resoluciones de la Contraloría, a excepción de lo ocurrido en el polémico caso del «narcojet». "La Contraloría General de la República ordenó anular la contratación hecha por la estatal Empresa Nicaragüense de Energía (ENEL), para comprar 50 megavatios de energía a la empresa privada Centrans-Enron. En la venta a ENEL Centrans compitió con la empresa AMFELS, de capital de Singapur, instalada en Nicaragua desde hace unos años. Sin ajustarse a la previa recomendación de la Contraloría, ni siquiera a las condiciones establecidas en su propia licitación -que Centrans no cumplía-, y a pesar de lo más costoso de su oferta y de sus riesgos ecológicos, ENEL decidió favorecer a Centrans, empresa estadounidense-guatemalteca que tiene su sede en Gran Caimán, lo que causó una polémica pública y dio pie para suponer los poco transparentes intereses que altos funcionarios de ENEL y del Poder Ejecutivo tienen con esta empresa, en la que participa un cuñado del Presidente Alemán".
El caso de ENABAS fue el que más claramente evidenció la voluntad del Ejecutivo de confrontar y deslegitimar a la Contraloría. En el mes de enero, la empresa estatal ENABAS decidió importar 6 mil toneladas de arroz (con un costo estimado de 4,072.500.00 de dólares), alegando escasez de este grano en el país. El contrato para esa importación y la introducción del arroz se hizo pese a que la CGR había negado la autorización de contratación directa para su compra, lo que provocó que la Contraloría realizara una auditoría. El Presidente de la República respondió responsabilizando al Contralor Jarquín en caso de darse un alza o una escasez de arroz en el país. La auditoría de la CGR sobre el caso determinó que el Director Ejecutivo de ENABAS y pariente político del Presidente Alemán, José Marenco Cardenal, había incumplido con las obligaciones propias de su cargo y había incurrido en abuso de autoridad por auspiciar irregularidades en el proceso de importación. La CGR ordenó aplicarle sanciones administrativas al Director de ENABAS. El funcionario, en abierto y público desacato, se negó a cumplir lo resuelto por la CGR, contando incluso con el aval de la Junta Directiva de ENABAS, que emitió una resolución en la que sus miembros -atribuyéndose funciones de tribunal de justicia-, decidieron no acatar lo ordenado por la Contraloría, señalando que ellos no habían encontrado ninguna evidencia de irregularidades en la actuación de Marenco.
Ante el nuevo desacato colectivo, que implicó, además, extralimitación de facultades legales, la CGR, después de analizar el caso, emitió una nueva resolución, estableciendo responsabilidades administrativas contra los directivos de ENABAS y una multa de 6 meses de salario a Marenco Cardenal, poniendo el caso en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia. Al ser notificado de esta resolución el Presidente de la República para que aplicara las sanciones correspondientes, el Vicepresidente de la República, Enrique Bolaños -que estaba en ese momento como Presidente en funciones- desestimó las facultades de la CGR para imponer sanciones y señaló la posibilidad de que los funcionarios involucrados recurrieran de amparo, dejando entrever que el Ejecutivo no les iba a aplicar ninguna sanción, como de hecho ocurrió.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió el Recurso de Amparo interpuesto por Marenco Cardenal y dio lugar a la suspensión de lo resuelto por la CGR en su contra, aunque no así a lo resuelto respecto a la Junta Directiva de ENABAS. En esos días, sumándose a la anarquía institucional e ilegalidad que reflejaba esta cadena de hechos, la Procuraduría General de la República, en campos pagados en los periódicos, señaló que, aunque la CGR tenía facultades para investigar y auditoriar a las instituciones estatales, la resolución contra el Director Ejecutivo de ENABAS no era válida. La Procuraduría cuestionaba que a los directivos de ENABAS se les hubiera sancionado, ya que no se les habrían respetado las garantías del debido proceso, destacando que, en vista de lo resuelto por el tribunal de justicia, esperaría su fallo. Con una celeridad atípica la Corte Suprema de Justicia a inicios de noviembre declaró con lugar el Recurso interpuesto por el Ingeniero Marenco. En sus considerandos la Corte señaló que la Contraloría al dictar resoluciones que establecen responsabilidades administrativas y sanciones aunque no privativas de libertad, son sanciones que pueden afectar la reputación de las personas, que la Contraloría tiene facultades para dictar normas dentro del concepto de su propia legalidad e imponer sanciones contra hechos consumados, pero que en el caso la contratación directa no se llevó a efecto nunca pues la solicitud fue abandonada y perdió ENABAS interés. Asimismo, la CSJ consideró que la Contraloría debía circunscribirse a proteger a la administración pública, sus finanzas y aplicar controles, recoger pruebas y canalizarlas debidamente dentro de los parámetros legales. El caso ENABAS resulta emblemático para analizar la naturaleza de la voluntad política del Presidente de la República para combatir la corrupción en las estructuras y entre los funcionarios de su gobierno. El caso permitió también ver con claridad cómo las diferentes instancias estatales involucradas en el caso siguieron la consigna emanada del Ejecutivo, consistente en su esencia en promover la impunidad. En ese sentido la resolución de la CSJ representa un aliciente para la corrupción, erosionó la institucionalidad jurídica de la Contraloría y denotó la fragilidad del sistema judicial nicaragüense para enfrentar los abusos del poder. Valiéndose de la precitada resolución, el Ingeniero Marenco acusó por Injurias y Calumnias al Ingeniero Agustín Jarquín en el Juzgado Segundo Local del Crimen de Managua. El Contralor remitió comunicación a la judicial manifestándole que las resoluciones del caso las había emitido en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, por lo que se abstuvo de comparecer ante el juzgado tomando en cuenta su carácter de funcionario público. Finalmente, la Juez se excusó de continuar conociendo el caso declarando no ser la autoridad competente para ello, argumentando lo dispuesto en el arto. 156 Cn (establece la obligación de la CGR de hacer públicos los resultados de sus investigaciones) y el artículo 156 del Código Penal (que señala que no es Injuria la critica a las actuaciones de los funcionarios públicos).
A mediados del año, ante la presión de la opinión pública que, recibiendo información de los medios de comunicación, descubría a diario actos de corrupción en las instancias gubernamentales, el Ejecutivo intensificó su ofensiva, también en los medios, criticando la labor de la Contraloría. La descalificó por estar actuando con parcialidad y con lentitud, especialmente en las investigaciones y auditorías sobre denuncias hechas contra funcionarios del gobierno de Violeta Chamorro. Fue en ese capítulo del conflicto, cuando el propio Presidente Alemán calificó de «corrupto» al gobierno anterior y afirmó, textualmente, que en su gobierno sólo se cometían «pequeñas raterías». Las declaraciones descalificadoras contra la CGR por parte del Ejecutivo se incrementaron cuando la Contraloría publicó un estudio sobre las actividades del Banco Central en los primeros años del gobierno Chamorro. Un funcionario técnico de la CGR, al presentar el estudio, afirmó con cierta superficialidad que durante el período 1990-92 se habían «esfumado» del Banco Central de Nicaragua 500 millones de dólares procedentes de la cooperación externa. Rápidamente, el Contralor reconoció el error cometido al haber utilizado esta palabra. El incidente semántico fue aprovechado por el Ejecutivo para responsabilizar a la CGR por el «enorme daño» causado a la imagen del país ante la comunidad internacional y para insistir que fue en los tiempos del gobierno Chamorro cuando ocurrían irregularidades. La Contraloría dio inicio, a partir de ese momento, a una serie de auditorías para determinar en que se usó esa cantidad de dinero en ese período. Los conflictos no cesaron. A mediados de julio, y luego de varios meses de confrontación pública y de varias solicitudes infructuosas del Contralor Jarquín al Presidente de la República para entrevistarse con él con el fin de limar asperezas, se produjo el encuentro. En él, el Presidente se comprometió a respaldar financieramente desde el Ejecutivo la ejecución de auditorías especiales en el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), en la agencia de cobranzas del mismo, llamada COBANICSA, en el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria y en el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Este compromiso duró poco, y se fue a pique tras los sucesos del polémico caso del «narcojet». En el mes de abril, los medios de comunicación social dieron a conocer la presencia en Nicaragua de un «avión presidencial», supuestamente robado en la Florida e introducido al país tras una serie de irregularidades que implicaban a altos funcionarios de diversas dependencias del Estado. Una inspección realizada al avión "Lear Jet 35A", por un técnico de la policía antidrogas de El Salvador -posteriormente asesinado, en circunstancias nunca aclaradas- comprobó la presencia de partículas de cocaína en el interior del mismo, de ahí el nombre dada a la aeronave y al caso mismo: «narcojet». Como consecuencia de las investigaciones judiciales en torno al avión fueron encarcelados algunos funcionarios de Aeronáutica Civil. El de mayor rango, su Director, Mario Rivas Montealegre, vinculado familiarmente al Presidente Alemán. A finales de agosto, la Contraloría hizo público su informe sobre el caso. En él aparecieron señalados ocho funcionarios con presunciones de responsabilidad penal, además de Rivas Montealegre. Entre ellos, la CGR mencionó al Viceministro de Construcción y Transporte, Pablo Hurtado, y al Director General de Aduanas, Marco Aurelio Sánchez. Al hacerse público el informe, el Presidente de la República expresó públicamente que no consideraba válidas las conclusiones del informe de la CGR y que no solicitaría a la Asamblea Nacional más presupuesto para las labores de este ente fiscalizador
A inicios de septiembre, el Presidente de la República anunció a la opinión pública que podría acusar al Contralor Agustín Jarquín por presuntos delitos de fraude y peculado, aduciendo para ello transferencias por 5.9 millones de córdobas que algunas instituciones del Estado habían realizado a la Contraloría en los últimos meses de 1996 para la ejecución de diversas auditorías. El Contralor Jarquín Anaya respondió señalando que todas esas transferencias habían sido debidamente soportadas y auditadas, pero anunció que si iban adelante las acusaciones anunciadas -que consideraba injustificadas- estaba dispuesto a renunciar a su inmunidad para aclarar todo ante los tribunales.
Finalmente, el 18 de septiembre, el Procurador General de la República, Julio Centeno Gómez, anunció que la denuncia contra el Contralor no la interpondría el Poder Ejecutivo ante las instancias judiciales, tal como lo habían anunciado en diferentes momentos algunos funcionarios públicos y el propio Presidente de la República, sino que la remitiría a la Asamblea Nacional, considerando que ésta era la instancia que tiene poder tanto para nombrar como para destituir al Contralor. Fue evidente que lo que se iniciaba era un juicio político del Ejecutivo contra el Contralor, con el objeto de apartarlo de su cargo, o al menos de poner en duda su probidad y así descalificar su actuación y hasta su propio liderazgo dentro de la sociedad. En su escrito acusatorio, el Procurador General de la República, consideraba que, en el caso de las transferencias, la Contraloría había incurrido en actos de corrupción, entre los que mencionaba: «abuso de confianza, lucro, desvío de fondos, infidelidad en el ejercicio del cargo y, tráfico de influencias». Por ello, la Procuraduría pasó el caso a la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, para que con las pruebas que presentaba el Ejecutivo, el plenario de la Asamblea Nacional decidiera sobre la suerte del Contralor de la República.
A finales del mes de octubre, sólo unos días antes de que ocurriera la tragedia ocasionada por el paso del huracán Mitch, el Contralor compareció ante la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, a la que presentó un documento señalando que la entrega de recursos adicionales a la Contraloría -las polémicas transferencias- se había dado de forma pública, institucional, con legalidad y debidamente registrada e informada. Expresaba también que la Asamblea Nacional no tenía facultades jurisdiccionales para dirimir controversias que se pudieran suscitar entre poderes y órganos del Estado que no guardan relación de subordinación jerárquica entre sí, como era el caso. De ahí que solicitó a los diputados desestimar la queja, señalando que, en caso de no hacerlo, se abriese un período de prueba. En esta comparecencia no se le permitió al Contralor estar acompañado ni de la Subcontralora ni de sus asesores legales, lo que fue un componente más del «juicio político». En un comunicado, el CENIDH destacó que esta arbitrariedad representó una violación al derecho a la defensa del Contralor, y demandó respeto de las garantías del debido proceso administrativo en el desarrollo de la investigación. Al cierre de este informe el Procurador General se presentó a la Asamblea Nacional para reunirse con el Diputado liberal Luis Urbina, quien fungia como Presidente de la Comisión Anticorrrupción, a quien le presentó los alegatos conclusivos sobre el caso, demandándole se le aplicaran las sanciones civiles, penales y morales que correspondan al Contralor Jarquín, ya que, según él, había confesado lo de las transferencias. Asimismo, criticó a la Ing. Agustín Jarquín, Contralor de la República. Comisión por haber actuado con excesiva cortesía. Por su parte, el Contralor Jarquín reaccionó manifestando que dicha acción no era más que una conspiración contra la Contraloría, dirigida a disminuir su actividad fiscalizadora, cuando el país necesitaba de un manejo más transparente, incluso, desde la misma elaboración del presupuesto de 1999 al que se le debían eliminar las discrecionalidades.
Ing. Agustín Jarquin Anaya
Lo solicitado por el Procurador Centeno excede sus facultades legales y representa un irrespeto al Poder Judicial, a quien la Constitución le ha conferido con exclusividad la facultad jurisdiccional. Asimismo, presagia que el Ejecutivo en este próximo año mantendrá su reiterada política de confrontación institucional y descalificación de la Contraloría, lo que en el contexto post-Mitch conlleva una señal negativa que puede poner en riesgo la cooperación internacional para la reconstrucción del país. El CENIDH realizó una permanente labor de vigilancia y denuncia nacional e internacional, sobre este conjunto de hechos, aquí sintentizados, y que culminaron en esta maniobra política con cobertura jurídica aún no resuelta. A petición del CENIDH, la Red Nicaragua Network y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) emitieron sendos comunicados publicados en El Nuevo Diario, en los que señalaban que el juicio incoado contra el Contralor Jarquín carecía de sustento moral, por cuanto buscaba sancionar con la destitución a un funcionario público que había rescatado la verdadera función fiscalizadora de la Contraloría. Le hacían un llamado al gobierno para que colaborara con la Contraloría General de la República en su lucha por lograr un transparente uso de los recursos del Estado, y para que cesara en su campaña de deslegitimación contra esta institución. Cabe destacar que con excepción de su participación en este primer capítulo del juicio político contra el Contralor Agustín Jarquín y del caso de ENABAS -donde emitió un dictamen favorable a José Marenco Cardenal, sin conocer el criterio técnico de la CGR sobre el asunto-, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional se mantuvo inoperante durante todo el año. Una muestra de la corrupción que dominó la escena durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro fue la publicación hecha por El Nuevo Diario de Managua de la lista de los clientes morosos que llevaron a la quiebra al Banco Nacional de Desarrollo (BANADES). En esa lista aparecían nombres de más de un centenar de personas naturales y jurídicas vinculadas al poder político y económico durante su administración. También aparecían en la lista funcionarios del gobierno sandinista y del actual gobierno liberal. Funcionarios gubernamentales confirmaron la autenticidad del listado, señalando que algunos de los créditos -incluso créditos millonarios- fueron otorgados con una simple firma, otros con garantías falsas, otros en base a hipotecas que no estaban inscritas o a prendas inexistentes. La lista y los procedimientos revelaron la forma dolosa en que actuaron las administraciones del BANADES durante el gobierno de doña Violeta de Chamorro. Según declaraciones del actual Presidente del Banco Central, Noel Ramírez, los morosos debían al BANADES alrededor de 120 millones de dólares, de los cuales sólo se podrían recuperar unos 35 millones. La publicación de la lista abrió un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo y la Contraloría, ya que la Procuraduría General de la República manifestó que no podía accionar judicialmente contra los morosos si no existía una auditoría de la CGR sobre el particular, pretendiendo trasladar la responsabilidad por lo ocurrido al ente fiscalizador cuando, en realidad, para proceder al cobro judicial no se requiere necesariamente de la intervención de la Contraloría. A criterio del CENIDH, con la publicación de la lista de morosos en el caso BANADES quedaron al descubierto varias situaciones: el tráfico de influencias, una de las formas de corrupción más características del gobierno de doña Violeta de Chamorro; el abuso de recursos económicos públicos que produjo la descapitalización del banco y la sumisión del gobierno al cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional: el Estado debe ser un facilitador que se dedique a fortalecer la banca privada. Todo lo que ocurrió perjudicó gravemente a la mayoría de los productores del país, pequeños y medianos empresarios agropecuarios. Entre los muchos casos denunciados en los medios de comunicación, mencionamos la investigación de malversación de fondos en varios centros penales del país -la Filial del CENIDH en Chontales contribuyó a hacer público el caso en esa región y a que se realizara una auditoría externa-, que dejó como resultado la destitución de varios funcionarios del Sistema Penitenciario; y la denuncia hecha en contra funcionarios del Ministerio de Educación por la pérdida de 250 mil textos escolares, lo que dio inicio a una investigación judicial.
En diciembre en ocasión de su visita a Washington, el Presidente Arnoldo Alemán solicitó al Presidente William Clinton su cooperación para la creación de un " organismo autónomo o agencia del sector privado, para la inspección, supervisión y control del proceso de reconstrucción nacional", petición que comprendía la contratación de los servicios de una firma de auditoría internacional que se encargaría de garantizar la transparencia de los fondos que la cooperación externa facilitara al país. Aún cuando inicialmente la Contraloría manifestó satisfacción por la propuesta, días después el Contralor Agustín Jarquín envió una comunicación al Presidente Alemán reiterándole su beneplácito, pero recordándole que la misma debía llevarse a cabo y desarrollarse en correspondencia con el marco jurídico del país. A criterio del CENIDH dicha propuesta no representó ninguna novedad en la actuación del Presidente que desde siempre ha pretendido crear instancias paralelas a la Contraloría. De ahí que independientemente del contexto en que esta iniciativa u otra de igual naturaleza se plantee o del visto bueno que los gobernantes o cualquier sector pueda brindarle, la misma está obligada a respetar la institucionalidad de la Contraloría, pues por mandato constitucional es el órgano rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Un día antes de vencer el período legislativo, el Contralor Jarquín presentó el Informe de su gestión, destacando que en 1997 se realizaron 132 auditorías y exámenes (57 hechas por la CGR y 75 por firmas privadas). Se efectuaron 33 Auditorías especiales (originadas por de-nuncias) y 12 auditorías presupuestarias. De las 57 auditorías realizadas por la Contraloría, 49 produjeron algún tipo de responsabilidad en 133 funcionarios públicos (26 fueron por responsabilidades administrativas, 15 por responsabilidades civiles y 8 por presunciones de responsabilidad penal). Los montos de recursos recuperados al Estado por el accionar de la CGR fue en 1997 de US$5.4 millones de dólares y para 1998 preliminarmente se estiman C$ 1.5 millones de córdobas y US$ 28 mil dólares. El Presidente de la República se ha dado a la tarea de deslegitimar la función fiscalizadora del Contralor de la República Agustín Jarquín y que el propósito de esa estrategia es ocultar o desviar la atención de la opinión pública y de otros sectores de los múltiples casos de corrupción que se dan en las más altas instancias de las instituciones de gobierno y que demuestran que un alto grado de corrupción -y no las «pequeñas raterías» que el propio presidente reconoció- se ha institucionalizado ya en el gobierno liberal. 2.2	Derechos Laborales
El Ministerio del Trabajo (MITRAB) no es excepción en el afán del actual gobierno por esconder y manipular las cifras que perjudican su imagen, en este caso las relacionadas a la situación laboral del país y en particular las que reflejan las luchas de los trabajadores y los daños ocasionados a su integridad física y su nivel de vida. En este ocultamiento se incluye, por ejemplo, un subregistro en el número de huelgas y en el número de accidentes de trabajo. Se evidencia manipulación de las cifras y la intención de «conciliación» en cada una de las instancias de tramitación administrativa entre los trabajadores y los empleadores para que lleguen a acuerdos en torno a la solución de los conflictos laborales, acuerdos que generalmente resultan ser desfavorables para los trabajadores.
El MITRAB informó que, hasta el mes de junio, se inscribieron 66 sindicatos con 2,996 afiliados. El mayor número de afiliados corresponde a Managua y a Chinandega. El 67% pertenece al sector servicios y el 23% al sector industrial. El 56% trabaja en instancias estatales y el 44% en empresas privadas. De los 66 sindicatos, 43 (65%) no pertenece a ninguna central sindical.
De los sindicatos antiguos se actualizaron 279 Juntas Directivas Sindicales que representan a 19,913 trabajadores y se reestructuraron 46 con 2,852 trabajadores para un total de 325. De estos sindicatos, 266 pertenecen al sector servicios, 298 están ubicados en el área urbana y 238 pertenecen a instituciones estatales.
De los 325 sindicatos actualizados o reestructurados, 71 pertenecen a la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), 64 a la CST, 28 a la Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS) y 63 no pertenecen a ninguna central sindical. De los 391 sindicatos que existían en el país en junio de 1998, 106 no estaban afiliados a ninguna central sindical, cifra que prueba con claridad la desconfianza de los trabajadores. en centrales sindicales que tradicionalmente han respondido a los intereses de los partidos políticos y no a los de los trabajadores. El CENIDH ha constatado casos en los que, por preferencias políticas, el MITRAB favorece la creación e inscripción de sindicatos o de directivas sindicales de determinada tendencia y niega la inscripción a otras. El caso más relevante es el de la Confederación General de Trabajadores Independiente CGT(i), cuyo Secretario General, Julio Paladino, electo en 1994, recurrió de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MITRAB porque otorgó el documento de representación (personalidad jurídica) de la Confederación a otras personas. Cuatro años después, el 9 de enero de 1998, con evidente retardación de justicia, la Corte declaró con lugar el amparo y ordenó al MITRAB que inscribiera y entregara la personalidad jurídica a Paladino. Sin embargo, el MITRAB no cumplió la orden, por lo que, a petición de Paladino, la Corte requirió primeramente al Ministro del Trabajo y después al Presidente de la República, hasta que logró que el 8 de julio le entregaran la representación. A pesar de esto, el sector de la central sindical aliado del gobierno realizó un ilegal Congreso -no fue convocado por la Directiva reconocida por la Corte- y el MITRAB inscribió a la directiva «electa» el 16 de agosto, y le reconoció la representación el 23 de septiembre. Con este procedimiento, el MITRAB no sólo continuó violentando el derecho de asociación y autonomía sindical, sino que sus funcionarios llegaron al extremo de incurrir en el delito de desacato a la autoridad. Ante hechos de esta naturaleza, la apatía de los sindicatos de base para afiliarse a las centrales sindicales no sólo se explica por la desconfianza que tienen a que se politicen partidariamente, obedece también al justificado temor a ser reprimidos por el MITRAB, como «opositores» al gobierno.
Los índices de desempleo en Nicaragua continuaron teniendo un nivel dramático, aunque el gobierno trata de minimizar las cifras cuando en el informe del Banco Central se lee que el desempleo abierto es de 13.2% y el subempleo de 10.9%, totalizando una tasa de desocupación de 24.1%. Los centros de investigaciones económicas independientes consideran que el desempleo a nivel nacional supera el 50%, siendo las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur las más afectadas por el desempleo donde sobrepasa el 80% de la PEA. Una encuesta realizada en el mes de septiembre por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) reflejó que el 53.8% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el desempleo. La misma encuesta informó que un 29.9% de los nicaragüenses ha pensado en emigrar, de ellos el 51.6% en busca de empleo y el 32.5% en busca de oportunidades. Año tras año se reducen las plazas -al menos en el sector estatal-. En 1998, las organizaciones sindicales estimaron que debido a la implementación de la Ley de Organización de Ministerios de Estado -que redujo y unificó diversas dependencias ministeriales- y a la reforma del sector salud, más de 3,000 trabajadores perdieron su empleo, y aunque se les ofreció apoyo gubernamental para que establecieran microempresas, todo quedó en promesas. A la gran cantidad de desempleados hay que sumar la gran cantidad de campesinos que perdieron todo su capital de trabajo -en algunos casos hasta las tierras donde trabajaban- a causa del huracán Mitch. Sólo en el sector del tabaco se calcula que quedarán temporalmente en el desempleo unas 5 mil personas. El gobierno ofreció 10 mil empleos temporales a los damnificados en limpieza de calles y caminos, con un salario de 100 córdobas semanales, iniciativa que fue cuestionada por el CENIDH ya que, con anterioridad, el gobierno no cumplió con su responsabilidad de asistir a los damnificados y les propuso trabajar a cambio de los alimentos que estaban llegando como donación de la comunidad internacional. En el informe del Banco Central, el gobierno afirma que en 1997 se habían generado en el país 66 mil nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) reportó el ingreso de solamente 13,569 nuevos asegurados. Esta contradicción en las cifras podría explicarse, en parte, sabiendo que la mayoría de nuevos empleos se abrieron sólo temporalmente en los sectores construcción, agricultura y zona franca. Sin embargo, como la diferencia es tan grande, queda la incógnita de si es que los empleadores no están asegurando a sus trabajadores, o si es que el gobierno pretende engañar a la opinión pública. En cualquier caso, el CENIDH ve con preocupación que la proclamada recuperación económica del país no ha logrado dismunuir el desempleo, que el modelo económico no está creando suficientes empleos ni logra reducir la pobreza, ya que la recuperación favorece desmedidamente al sector financiero y a determinados rubros del sector exportador, que tienen poco impacto en el incremento de empleos que el país necesita.
En este contexto, el CENIDH prevé que en 1999 se incremente el flujo de nicaragüenses migrantes hacia Costa Rica, país con el que, en el mes de junio se presentaron tensiones fronterizas que amenazaron la estadía de los 300 mil nicaragüenses que allí trabajan. Igual aumento de la migración podría dirigirse hacia los Estados Unidos, donde la Ley Nácara ha dado estabilidad migratoria a más de 150 mil nacionales. Tras el paso del huracán Mitch, el gobierno norteamericano se comprometió a no iniciar nuevas deportaciones. Los anunciados planes gubernamentales de exportar mano de obra -5 mil trabajadores a Taiwan- no fueron concretados. El MITRAB divulgó ampliamente esta iniciativa a comienzos de año, e invirtió en ella recursos humanos y materiales. Los candidatos a esos puestos de trabajo gastaron dinero en el proceso de selección y trámites de viaje, pero finalmente quedaron frustrados. Esto sucedió por la falta de planificación de fuerza de trabajo de las empresas taiwanesas que eran contraparte del MITRAB. Algunos analistas independientes opinaron que la crisis económica asiática había incidido en la no contratación de nuestros trabajadores. En el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1998 se calcula que un 38% de la población total de Nicaragua constituye la población económicamente activa (PEA). El Informe destaca la acelerada participación de las mujeres en el mercado laboral, donde son el 51%, cifra superior a la media centroamericana. No sucede así en las instituciones estatales, donde sólo el 11% del total de los funcionarios de gobierno son mujeres, cifra muy por debajo de la media centroamericana.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) informó en el mes de octubre que el 68% de la PEA menor de 25 años carece de instrucción formal o sólo tiene completado algún grado de la primaria. Esto incide en que muchos jóvenes -ellos y ellas- sólo encuentren trabajo en empleos mal pagados, de poca productividad y en el sector informal de la economía, siendo las más afectadas las mujeres, que ocupan los puestos de más baja calificación y de menores niveles de ingresos. Dos compañías consultoras propusieron a mediados de noviembre ante la Asamblea Nacional la creación de 100 mil pequeñas y medianas empresas juveniles PYMEJ, que garantizarían empleo a 281 mil jóvenes para los que prevén capacitación, organización empresarial y financiamiento. El proyecto tiene un costo superior a los 100 millones de dólares.
Hasta el mes de junio el MITRAB reportó haber recibido 29 solicitudes de suspensión temporal de labores, que afectaban a 1,672 trabajadores, estando 11 (38%) en el departamento de Estelí, 7 (24%) en Managua y 6 (21%) en Nueva Segovia. El 99% de los trabajadores suspendidos laboraba para la empresa privada. De las 29 solicitudes de suspensión, 22 (76%) fueron autorizadas por resolución del MITRAB y sólo 30 de los 1,672 no fueron suspendidos, quedando así en el desempleo 1,642 trabajadores. En igual período, los empleadores solicitaron al MITRAB autorización para el despido de 718 trabajadores. De ellos, 308 (43%) en Managua y 260 (36%) en Estelí.
La suspensión de labores más dramática fue la realizada por las empresas Greenstone y Solcarsa (ahora PRADA) en las Minas de Bonanza y Rosita respectivamente, ambas en la Costa Atlántica. Dichas suspensiones generaron mucha inestabilidad social en esos municipios que sobreviven alrededor de actividades relacionadas a dichas empresas, una minera y la otra maderera. Salarios y canasta básica
Según el acuerdo suscrito el 30 de septiembre de 1997 entre trabajadores, empresarios privados y el gobierno, el salario mínimo debía ser revisado cada 6 meses. Correspondía esta revisión en el mes de junio de 1998. Sin embargo, los sindicatos no desarrollaron ninguna acción destinada a lograr la revisión, mientras que el gobierno y los empleadores privados, con el pretexto de las dificultades económicas, y después con el de los daños provocados por el huracán Mitch, no demostraron ninguna intención de abordar la revisión. En el mes de julio, el MITRAB reportó que los salarios básicos promedio en córdobas eran éstos: sector agropecuario; 480; minas y canteras: 1,860; manufactureras (química, cuero, calzado, etc.): 2,370; electricidad y agua: 1,920; construcción: 1,880; comercio-restaurantes y hoteles: 2,490; transporte, almacenamiento y comu-nicaciones: 2,450; bancos y empresas de seguros: 5,140; alcaldías-seguridad social: 2,040, instituciones del Estado como salud, educación y gobernación: 1,080. Los incrementos salariales a policías, maestros y trabajadores de la salud fueron insuficientes, no lográndose mejorar sustancialmente su bajo poder adquisitivo.
Evidentemente, al informar sobre promedios de salarios, el MITRAB pretende mejorar las cifras. Para ello suma los jugosos salarios de los altos funcionarios de las empresas privadas y de las instituciones del Estado con los muy bajos salarios de los funcionarios o trabajadores de menor nivel. Pero la realidad es otra: la mayoría de los trabajadores devengan salarios con los que no adquieren el 100% de la canasta básica de 53 productos básicos, que a diario incrementan sus precios. Las diferencias salariales entre altos funcionarios y empleados de menor nivel son abismales. El Presidente del Banco Central gana 120 mil córdobas mensuales, cantidad que equivale al salario de 240 maestros de primaria. El Ministro de Salud gana 60 mil córdobas mensuales, lo que equivale al salario de 120 auxiliares de enfermería.
En su Informe Anual de 1997, el Banco Central de Nicaragua informa que el salario real tuvo un aumento de 3.2%. La cifra contrasta con la información que brinda el PNUD, que también en su Informe anual afirma que un 43.8% de la población nicaragüense sobrevive con menos de un dólar al día y, por eso, se la considera viviendo en extrema pobreza. Según el investigador Oscar René Vargas, en el período de gobierno de Violeta de Chamorro el poder adquisitivo del salario de los trabajadores respecto de la canasta básica se reducía cada año en un 5.3%. En los dos años del actual gobierno se ha reducido anualmente en un 8%. El costo promedio de la canasta básica en el mes de octubre era según el FIDEG, 1,825 córdobas, siendo más cara en Managua, ciudad seguida de Matagalpa, León y Juigalpa.
Según el MITRAB, los trabajadores introdujeron hasta el mes de junio 33 pliegos de peticiones, que cubrían a 9,093 (47%) trabajadores de un total de 19,432. Un 55% de los pliegos petitorios demandaban mejores condiciones de trabajo y 24% la prórroga de los convenios colectivos. 28 (85%) de esos pliegos fueron interpuestos en Managua y 3 (9%) en Estelí. El 82% provinieron del sector servicios y 15% del sector industral. El 64% de los pliegos venían de instituciones del Estado y el 88% correspondían al área urbana. En total, se negociaron 24 convenios colectivos -incluyendo los renegociados-, que beneficiaron a 36,404 trabajadores. 9 de los convenios renegociados favorecen a 32,404 trabajadores de los servicios públicos. En 1998 se suscribieron menos convenios colectivos en favor de los trabajadores del campo.
En 1998 se suspendió la vigencia de la mayoría de las cláusulas del convenio colectivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). En consecuencia, a los trabajadores de esta empresa no se les están facilitando los productos de la canasta básica, se les clausuraron los comedores y se les suspendieron las tarifas diferenciadas por servicios eléctricos, asistencia médica, etc. En el caso de los trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) su convenio colectivo ha estado sin vigencia prácticamente durante 18 meses, tiempo en el cual se estuvo negociando un nuevo convenio. A pesar de que nuestra legislación establece que el convenio que no es denunciado antes de su vencimiento se prorroga automáticamente, el MITRAB es responsable de esta irregularidad, ya que no hace cumplir los términos que exige el Código del Trabajo.
Las cifras de las inspectorías departamentales indican que hasta el mes de junio se habían producido 4 huelgas a nivel nacional, (2 en León, 1 en Granada y 1 en las RAAS), en las que participaron 1,193 trabajadores de un total de 1,564, lo que hace un total de 76% participantes. Dos de estas huelgas ocurrieron en el sector agropecuario y dos en el sector construcción. Las cuatro ocurrieron en empresas privadas de la zona rural. Estas huelgas, aun cuando cumplieran con los requisitos formales, fueron declaradas ilegales, como es habitual.
Hubo huelgas de gran beligerancia y significado social, ético y político que no fueron registradas por las inspectorías del Trabajo. Destacamos la huelga que por más de cuatro meses desarrollaron los aproximadamente 5 mil médicos del sector público, agrupados en el Movimiento Médico Pro-Salario, que demandaban un incremento salarial del 1,000%. Por su ejemplaridad y por su civismo, la huelga médica contribuyó a despertar conciencia entre las organizaciones de trabajadores, que en general llevan años desorganizadas y sin expectativas.
Durante el transcurso de la huelga, que acaparó la atención de la opinión pública, los dirigentes de los médicos y funcionarios del gobierno sostuvieron numerosos e infructuosos en-cuentros. El Ministerio de Salud desplegó una costosa campaña publicitaria des-prestigiando la lucha de los médicos, y contrató nuevo personal para presionarlos a reintegrarse a su trabajo. Pese a todo tipo de estrategias, los médicos se mantuvieron firmes en su justo reclamo. La huelga contribuyó también a dejar claro, tanto al movimiento médico como al resto de organizaciones sindicales, que el gobierno no apostaba por una solución, sino por el desgaste de los huelguistas. Una característica de la huelga médica fue su contenido claramente reivindicativo. Los dirigentes gremiales tomaron distancia de cualquier sector político. Fue destacada la elevada participación de mujeres médicas en las marchas, mítines, tranques de carreteras, etc. que acompañaron la huelga. El CENIDH hace un reconocimiento muy especial a las 19 maestras del Instituto Nacional de Masaya que, por haberse solidarizado con los médicos en huelga, fueron despedidas de su trabajo. El Tribunal de Apelaciones de Masaya ordenó el reintegro de estas maestras, pero éste no se produjo. El CENIDH exige el cumplimiento de la sentencia.
Después de masivas detenciones, de una Médicos en huelga de hambre prolongada huelga de hambre, de decenas de heridos Médicos en huelga de hambre en disturbios callejeros -lo que fue constatado in situ por el CENIDH-, acciones en las que participaron médicos, estudiantes universitarios y pobladores que apoyaban la huelga, el gobierno cedió, pero sólo incrementó los salarios de los médicos en un 100%. No obstante, el Ministerio de Salud en ocasión del Huracán MITCH remitió cartas de movilización a las zonas de desastre a algunos médicos y con el argumento que no habían acatado esas orientaciones, solicitó la autorización de despido al MITRAB y este autorizó a mediados del mes de diciembre el despido de 23 médicos, «casualmente» 13 de estos fueron los principales líderes de la protesta médica. Uno de los sindicalistas despedidos fue el Dr. Gustavo Porras Cortés, quien es Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Salud FETSALUD y Coordinador General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la organización sindical más fuerte del país.
Otra huelga muy beligerante y sin precedentes fue la que realizaron en dos ocasiones este año el 100% de los 1,800 trabajadores de la empresa maquiladora Chentex, en reclamo por el despido de 90 trabajadores que habían promovido la organización de un sindicato en la empresa. Se confirmó extraoficialmente que «funcionarios» del MITRAB habían pasado a la empresa la lista de trabajadores sindicalizados para que fueran despedidos. El CENIDH fue informado de que cuatro ex-inspectores de la oficina del MITRAB en la Zona Franca fueron contratados por empresas de la Zona. El CENIDH estuvo presente en las negociaciones que, apresuradamente, propició el Inspector General del Trabajo, quien asumió en la práctica la representación de los empleadores, llegando al extremo de pretender sorprender a los dirigentes sindicales para que firmaran un documento en el que admitían que la huelga era «ilegal». En 1998 reinó un ambiente de inestabilidad laboral en la empresa de telecomunicaciones ENITEL, a la vez que se negociaba un convenio colectivo, el gobierno convocaba nuevamente a licitar la venta de la empresa. En el mes de octubre, las negociaciones del convenio se estancaron en cuatro cláusulas relativas a: la estabilidad laboral, el ámbito de aplicación del convenio, el salario y la permanencia sindical. El sindicato pretendió presionar a la empresa para finalizar la negociación, convocando a una huelga que duró unas pocas horas, pero Dr. Gustavo Porras, Secretario General de FETSALUD, despedido en diciembre. la empresa solicitó al MITRAB la declaratoria de ilegalidad de la misma con el fin de poder despedir a los trabajadores, como este procedimiento no le sería efectivo, solicitó al MITRAB autorización individual para el despido de 379 trabajadores acusándolos de haber cometido «actos de violencia», -de hecho, la empresa les suspendió los contratos de trabajo-, incluso a 55 dirigentes sindicales, produciéndose una contienda legal ante las inspectorías departamentales del trabajo. Dr. Gustavo Porras
El 12 de noviembre, la Inspectoría correspondiente de Managua, dictó una resolución autorizando los despidos de los siete principales dirigentes de la Federación Enrique Schmidt de ENITEL, incluyendo a su Secretario General Mario Malespín, responsabilizándolos por presuntos hechos delictivos que, en cualquier caso, sólo pueden ser calificados por los tribunales judiciales. Se criminalizaron de esa forma las relaciones laborales en la empresa de telecomunicaciones. El CENIDH exigió al MITRAB el reintegro de los sindicalistas y el respeto al fuero sindical. La dirigencia sindical valoró que, ante la inminente privatización de esta empresa estatal, el gobierno pretendía dejarla «limpia» de los trabajadores más beligerantes en la defensa de sus derechos. El 16 de noviembre, el Ministro del Trabajo Wilfredo Navarro sorprendió a los nicaragüenses al anunciar en tono prepotente y revanchista que las inspectorías departamentales del MITRAB autorizarían los despidos de más de 300 trabajadores de ENITEL, incluyendo a 15 dirigentes sindicales, y excluyendo los casos de los trabajadores de la empresa en Chontales y en Boaco. Según Navarro, esta disposición se hacía al haber sido mal interpuestas las solicitudes, lo que mostraba que el MITRAB actuaba profesionalmente y que no iba a autorizar despidos masivos. Sin embargo, el divulgador de ENITEL afirmó que la empresa interpuso debidamente las peticiones, pero que en esos departamentos no había inspector del Trabajo. Sin embargo, como ya habían sido nombrados, presentarían nuevamente las solicitudes de despidos.
El 25 de noviembre fueron publicadas en un diario nacional declaraciones dadas por el Ministro del Trabajo en las que acusaba por amenazas de muerte contra su persona y su familia y terrorismo a los dirigentes de la Federación de ENITEL, en respuesta los sindicalistas lo acusaron el 4 de diciembre por Injurias y Calumnias, proceso que al cierre de este informe no se había empezado a tramitar.
Hasta el mes de junio, y de acuerdo a información oficial del MITRAB, las Inspectorías del Trabajo habían recibido un total de 5,208 demandas individuales, de las que 1,439 (28%) exigían liquidación final, 1,149 (22%) salarios y 707 (14%) prestaciones sociales. De las 5,208 demandas, 1,592 (33%) fueron interpuestas en Managua, 474 (10%) en León y 321 (7%) en Estelí. Un 49% (2,358) provenía del sector servicios, 1,100 (23%) del sector industrial y 687 (14%) del sector agropecuario. 4,473 (94%) provenía de la empresa privada y el 75% de zonas urbanas. De las 5,208 demandas, 2,018 (42%) fueron solucionadas por acuerdos ante el MITRAB, 1,704 (36%) por acuerdos de pago, 1,530 casos (32%) fueron remitidos a los juzgados del trabajo y en 900 (19%) hubo desistimiento de los trabajadores.
La oficina de abogados de los trabajadores atendió hasta el mes de junio 296 casos, mediando en 168 y llevando 128 a juicios, de los que sólo 7 habían sido fallados por los jueces. El 97% de los casos provino del sector privado, lo que indica que cuando se trata de trabajadores de instituciones estatales esta oficina no les atiende. Como ejemplos, podemos señalar dos casos de Inspectores del Trabajo de la Primera Región que el CENIDH está tramitando, en los que, a pesar de existir sentencias firmes de los Tribunales de Máxima Instancia en lo Laboral, que fallan en contra del MITRAB, éste se niega a cumplir con lo sentenciado. Se sienta así un precedente muy negativo, ya que si las mismas autoridades laborales incumplen con la legislación laboral, no pueden exigir a los particulares el cumplimiento de las mismas. Zonas Francas
En las empresas maquiladoras de la Zona Franca, el 80% de trabajadores son mujeres. Por la alta concentración de personas que se da en las instalaciones de estas empresas, éstas se han convertido en centros donde los trabajadores debaten sobre sus propias condiciones laborales, sobre la explotación a la que se les somete y sobre la violación a sus derechos laborales y humanos. La ONG Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas «María Elena Cuadra» se ha destacado en el trabajo de concientización entre las trabajadoras, logrando desarrollar importantes actividades de capacitación y promocionando la participación de las mujeres en la lucha sindical en defensa de sus derechos y en la búsqueda de posiciones de liderazgo. Fue por la presión de este movimiento que el 23 de enero el Ministro del Trabajo firmó una resolución ministerial acerca del trabajo de las mujeres en las empresas de la Zona Franca. Trabajadores de la Zona Franca en paro de labores
La resolución en realidad no les reconoce nuevos derechos, y sólo retoma algunos artículos del Código del Trabajo, que ya las protegían. La aprobación de tal resolución podría interpretarse como una aceptación de que se violentan los derechos laborales de las mujeres en la Zona Franca, y podría servir de instrumento de presión en favor de las mismas. El CENIDH considera que -en relación a años anteriores- en 1998 hubo mayor estabilidad sociolaboral en la Zona Franca. Sólo conocimos de la huelga de Chentex y de paros de pocas horas en algunas líneas Trabajadores de la Zona Franca en paro de labores de ensamblaje, en esta misma empresa y en algunas otras. Sin embargo, y a pesar de la resolución del MITRAB, se mantienen con mucha frecuencia los despidos de trabajadoras embarazadas, autorizados por la Inspectoría del Trabajo, y ya se volvió rutina que estas empresas paguen en cuotas la indemnización por años de servicio a las trabajadoras despedidas o que renuncian.
Se calcula que en Nicaragua operan 30 maquiladoras: 23 en Managua, 1 en León, 1 en Granada y varias procesadoras de tabaco en Estelí. Laboran en total en estas empresas más de 20 mil trabajadores, cifra que se incrementará en el futuro con la apertura de Zonas Francas en Chinandega, Corinto y Los Brasiles, lugares elegidos por su accesibilidad y cercanía a puertos para la exportación de la producción. El gobierno esperaba que en 1998 el volumen de exportación de las empresas maquiladoras significara más de 200 millones de dólares.
Al cierre de este informe existían en las maquiladoras 8 sindicatos, 3 de ellos afiliados a la Central de Trabajadores de Nicaragua autónoma (en las empresas Chentex, Nieh Sing y Shi Sing), 4 afiliados a la Federación Textil de la CST (en las empresas Chentex, Fortex, Jem III y un sindicato de hecho en ECCO), y 1 sindicato afiliado a la CAUS en la empresa Fortex. En dos de estas empresas se suscribieron convenios colectivos y se está negociando uno en la Nieh Sing. Los últimos sindicatos que fueron reprimidos y desaparecidos de estas empresas, fueron los de la Cupido Foundation y el de la empresa Mil Colores.
El salario mínimo en las empresas de la Zona Franca es de 700 córdobas, a lo que se suma el incentivo por antigüedad y por producción. Los trabajadores que laboran 32 horas extras quincenales llegan a ganar 2,600 córdobas mensuales, con lo que logran adquirir más del 100% de la canasta básica.
Los sindicalistas consideran que el trabajo de la oficina de la Inspectoría del Trabajo en la Zona Franca ha mejorado, aunque existen cuestionamientos sobre la actitud de la funcionaria Martha Sánchez, quien ha manifestado que no quiere saber nada de sindicatos.
Situación laboral en empresas del Area Propiedad de los Trabajadores (APT)
Líderes sindicales informaron al CENIDH que en el sector industrial sólo quedan ya 20 empresas en las que los trabajadores tienen acciones o son sus dueños. Entre ellas, la DELMOR, ENASAL, Hielera POLAR, varias minas e ingenios azucareros y Laboratorios SOLKA. Desde el comienzo de esta innovadora experiencia, los trabajadores del sector industrial han perdido más de 30 de estas empresas del APT por diferentes causas. Entre ellas, por no tener acceso a créditos ni de la banca privada ni de la banca estatal, que aducen el hecho de que no estén aún legalizadas. A este obstáculo se suma un elemento que, indiscutiblemente, es responsabilidad de los sindicatos: el aprovechamiento personal que varios sindicalistas han hecho de los beneficios de estas empresas. Respecto a las del sector industrial, las empresas del sector agropecuario están en mejores condiciones, pero en ambos sectores predomina la apatía de los trabajadores ante el hecho de que ser «propietarios» no les significa ningún beneficio concreto. Esto les lleva a vender sus acciones, momento que esperan «dirigentes» sindicales y dirigentes sandinistas para hacerse con la propiedad de las empresas. Es evidente que no existe voluntad política por parte del gobierno, ni por parte del partido FSLN para resolver el problema de las empresas propiedad de los trabajadores. Los funcionarios de la Corporación de Administración del Sector Público (CORNAP) prefieren «negociar» la legalización de dichas empresas con ex-ministros sandinistas que militan en el FSLN y que son quienes en la práctica han «comprado» algunas de estas valiosas empresas. En casos de empresas del agro, la CORNAP se ha negado a recibir las cancelaciones del costo de las empresas para no verse obligada a entregarles las escrituras. Por esta razón, la Contraloría General de la República recomendó a la CORNAP en el mes de octubre el cumplimiento de los Acuerdos de Concertación de 1992 que dieron origen a esta experiencia e implican el cobro y la entrega legal de estas propiedades a los trabajadores.
Un ejemplo es el caso de la empresa CARTONICA, que ha estado siendo acechada por el gobierno y bloqueada económicamente por «empresarios» malintencionados por 6 años en los que ha sido administrada por los trabajadores, quienes pretenden adquirir un 100% de las acciones, pero no han logrado un acuerdo definitivo con la CORNAP. En esta situación, la empresa tenía posibilidades de sobrevivir económicamente hasta fines de 1998. Los sectores políticos dominantes han aprovechado las dificultades legales y económicas creadas por el propio gobierno para calificar a los trabajadores que son hoy accionistas de empresas como incapaces, presentándose ellos, los empresarios, como los capaces, y de esta forma comprar tan valiosas empresas a precios irrisorios. Otro ejemplo del comportamiento poco ético con que el gobierno del Presidente Alemán ha abordado el problema de la propiedad de los trabajadores es el de la empresa Laboratorios SOLKA, sometida a un constante y bien estudiado boicot económico por parte de las instituciones estatales. Aduanas le retiene ilegalmente materia prima a SOLKA, y no cumple con la sentencia del Tribunal de Apelaciones que le ordena entregar esa materia prma. El Ministerio de Salud le impide licitar, aduciendo que no le han entregado la materia prima y no podría cumplir sus compromisos. La familia Sólorzano, que reclama esta propiedad -confiscada en los años 80-, alentada por el gobierno y por el propio Presidente de la República, ha instrumentalizado al Poder Judicial logrando sentencias en contra de los trabajadores y del gerente general de la empresa. En su oportunidad, el CENIDH cuestionó el proceso de privatización de las 351 empresas del Estado, porque de él se beneficiaron principalmente un grupo de altos funcionarios del gobierno de Violeta de Chamorro, y de dirigentes del FSLN que, aunque públicamente dicen defender los intereses de los trabajadores, en la realidad han contribuido a la quiebra de estas empresas y a la división de los sindicatos, con el objeto de apropiarse de las mismas. En el sector bananero, debido a contradicciones políticas los dirigentes sindicales propiciaron la existencia de cinco sociedades de trabajadores, todas dueñas del 25% de la empresa exportadora del producto. En el mes de diciembre entregaron utilidades anuales diferenciadas por empresa, que oscilaron entre 90 y 250 dólares. La empresa que entregó menos utilidades fue TRABANIC, siendo cuestionada públicamente su Junta Directiva por supuestos actos de corrupción. El CENIDH está tramitando dos denuncias en contra de ex-sindicalistas ahora empresarios, tanto en el ingenio Javier Guerra de Nandaime como en los Supermercados de Nicaragua, SA., SUNICSA, casos en los que 90 y 45 trabajadores respectivamente fueron despedidos. Los trabajadores solicitaron la mediación del CENIDH y en ambos casos sólo recibimos explicaciones socioeconómicas e incluso políticas de los empleadores sandinistas, que no aceptaron nuestra mediación, hecho que contrasta con la actitud de muchos empresarios tradicionales - considerados por algunos sindicatos como «antiobreros»- que sí han aceptado la mediación del CENIDH y que mediante ella han llegado a acuerdos satisfactorios para las partes en conflicto. En el caso de SUNICSA, los trabajadores de acuerdo a los Estatutos de la Sociedad nombraron a la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH como su arbitro en búsqueda de un arreglo extrajudicial, pero el empleador cuestionado no nombró al suyo, por lo que hasta el cierre de este informe no había acuerdo.
Accidentes de trabajo El registro de accidentes laborales del MITRAB reportó, hasta el mes de junio, que entre 58,251 trabajadores expuestos hubo 2,932 accidentados. De ellos, 2,471 leves, 428 graves, 11 muy graves y 22 mortales. Esto muestra que se incrementó la proporción. Trabajador de SUNICSA denunció abusos de parte del ex-sindicalista, Luis Pavón. de accidentes con respecto a igual período en 1997, pasando de 10 en ese año a 22 en 1998, lo que significa un aumento de accidentados del 120%. La mayoría de los accidentes mortales ocurrieron en empresas manufactureras, de la construcción y de la electricidad. En 1998 el sector de la electricidad se ubicó a la cabeza de los accidentes mortales, hasta que ocurrió el accidente en el Ingenio San Antonio.
En el total de 2,932 accidentados, 2,225 (76%) fueron hombres y 707 (24%) mujeres. Estos accidentes provocaron la pérdida de aproximadamente 14,028 días-hombre, lo que equivale a 4.8 días-hombre perdidos en cada accidente, cifra superior al promedio de 1997, que fue de 346.
El área corporal más afectada fue la de los miembros superiores en 47% de los accidentes. En el 25% se afectaron los miembros inferiores. El 44% de trabajadores eran operarios de máquinas y el 19% trabajadores de la construcción, mineros y de la rama metalmecánica. La empresa que más accidente de trabajo reportó fue el Ingenio San Antonio, propiedad de la empresa Sugar States Limited con 347 leves, 34 graves y 1 muerto, seguida por la embotelladora Milca con 109 y las textileras Rocedes y Nien Hsing Internacional.
Adicionalmente, el 26 de diciembre se produjo en el Ingenio San Antonio, el accidente laboral más grave del año al resultar con quemaduras en segundo y tercer grado en más del 90% de sus cuerpos 11 trabajadores de mantenimiento del área industrial. El hecho ocurrió cuando una válvula de fabricación Inglesa marca Crane de ocho pulgadas de diámetro no cerró por completo, -aunque externamente así lo parecía-, y salió el jugo de caña hirviente a 90 grados centígrados bañando a los trabajadores, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital del Ingenio y luego a otro de la capital, pero lamentablemente todos fallecieron en un lapso de 5 días, el último falleció el 31 de diciembre. Trabajador de SUNICSA denunció abusos de parte del ex-sindicalista, Luis Pavón.
La empresa dijo estar en disposición de indemnizar a los familiares de los fallecidos con beneficios mayores a los reconocidos en el Convenio Colectivo, anunciando el 8 de enero de 1,999 que les entregaría a cada familia una casa valorada en 9 mil dólares, 25 mil córdobas para gastos de funeral, seguro de vida colectivo de 12 mil córdobas, pago de salarios por un año y pago de estudios de bachillerato a los hijos de las víctimas. Es criticable la posición del Ministerio del Trabajo de querer exonerar de responsabilidad al Ingenio, llegando a ofrecer respaldó a una eventual demanda a la compañía fabricante de la válvula por ser la presunta responsable del accidente.
2.3	Derecho a la Salud
Desde hace varios años se viene dando un claro retroceso en los logros que se alcanzaron en la salud de la población durante la década de los 80. 1998 se puede catalogar como el año más negativo en los últimos 8 años para la salud de los nicaragüenses. Los altos niveles de desempleo y de pobreza - 73% de la población vive en la pobreza y de ellos, 50% en la extrema pobreza -, que traen consigo desnutrición e insalubridad, la falta de atención preventiva para combatir las epidemias, el constante deterioro del medio ambiente y la crisis en el sistema de salud pública - que en muchos casos no garantiza siquiera la atención básica - son algunas de las causas fundamentales de la negativa situación que en materia de salud sufre la población nicaragüense. Basta mencionar que el gasto per cápita en salud ha disminuido de 35 dólares en 1990 a 14 dólares en 1998, un 60% de reducción en ocho años.
Las cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) indican mejoría en los principales indicadores de salud, y hasta se enorgullecen las autoridades por los "logros alcanzados", valorados principalmente en base a los casos que se atienden y que se registran. Pero en un país donde en el sistema nacional de estadísticas vitales existe un subregistro de más del 50% y en donde sólo un tercio de la población tiene acceso a los servicios de salud y el número tiende a disminuir, ¿cuántos casos quedan sin tenerse en cuenta? ¿Cuántas personas se enferman y hasta se mueren sin que nadie lo sepa, sin recibir ninguna atención?
En el programa de ajuste estructural, el gobierno se ha comprometido con los organismos financieros internacionales a reducir permanentemente el gasto público. No se reducen los sueldos de los altos funcionarios sino los gastos sociales. Además, los organismos internacionales han invertido millones de dólares en financiar estudios sobre los cambios Tarifas de servicios de salud en el hospital de Mina Rosita necesarios en el sistema de salud, y las investigaciones conducen siempre a recomendar la privatización de estos servicios. El presupuesto que se destina a la salud pública se reduce cada vez más, en relación con las crecientes necesidades que debe cubrir. Además, se distribuye y se administra incorrectamente, según han reconocido las propias autoridades del MINSA. Para 1998 se aprobaron 903.379,848 córdobas, pero desde el mes de agosto el MINSA anunció que esperaba cerrar el año con un déficit de 53 millones. A principios de año se produjo una huelga de los médicos del sector público, que demandaban un aumento significativo de sus ridículos salarios. La huelga se prolongó durante cuatro meses. El gobierno respondió con acciones represivas, con una amplia campaña de propaganda para descalificar a los médicos y responsabilizarlos de las pérdidas en vidas humanas que ocasionara la huelga, y contrató los servicios de las ilegales Empresas Médicas Previsionales y de otras clínicas privadas para atender la salud de la población. El objetivo oficial pareció ser, en todo momento, más que garantizar la salud de la población, desacreditar al movimiento médico. Durante el prolongado conflicto, los funcionarios del MINSA mantuvieron en todo momento una posición intransigente.
El conflicto evidenció, entre otras cosas, la insensibilidad gubernamental para garantizar el derecho a la salud de los sectores más pobres del país y la crisis en que se encuentra el sistema de salud pública, frente a la que el gobierno sólo ofrece una salida: la privatización. En realidad, los más beneficiados con la huelga fueron los empresarios privados de la salud, que fueron contratados por el gobierno para prestar servicios. Aunque la Constitución establece que todos los nicaragüenses tienen todos derecho por igual a la salud, en la práctica este derecho no se respeta. No existe equidad en el acceso a los servicios de salud. En esto influyen tanto la ubicación geográfica, como la pobreza o la mala distribución y la deficiente administración de los recursos. En general, la población rural y la población pobre reciben menos atención y peor atención. La población de las Regiones Autónomas del Atlántico recibe menos atención que la del Pacífico. Esto se refleja, por ejemplo, en la Encuesta de Demografía y Salud ENDESA 98, que revela que el porcentaje de mujeres atendidas por un médico durante el embarazo y el parto es menor en estas regiones. En el país, solamente el 56.9% de las mujeres embarazadas fueron atendidas por un médico durante su embarazo y sólo el 61% al momento del parto. En la RAAN, fueron sólo el 24% las que recibieron atención durante el embarazo y 32.5% en el parto. En la RAAS, fueron atendidas en el embarazo el 34.6% y en el parto el 41.1%. En la inmunización de los niños de 12 a 23 meses también se pueden observar las diferencias: el 72.4% de los niños del Pacífico está inmunizado con todas las vacunas, mientras que en la RAAN lo está sólo el 44.5% y en la RAAS el 61%. La mortalidad materna y la mortalidad infantil y la desnutrición son también más agudas en las Regiones Autónomas. No existe ninguna señal del gobierno que indique la voluntad de mejorar la situación de abandono y desamparo que prevalece en la Costa Atlántica. A principios de 1998, el Ministerio de Salud anunció que durante el año se implementaría un nuevo sistema, al que llamó de "recuperación de costos", por el cual se cobraría a los pacientes por el servicio recibido, según su capacidad de pago, la que se determinaría después de hacer un análisis socioeconómico de la situación de cada paciente. El principio que orienta esta modalidad es que desde que un paciente es atendido en emergencias, debe saber "lo que el MINSA invierte por su salud". La modalidad revela el concepto que de la función pública de servicio social se pretende imponer: el servicio de salud es considerado como un producto más del mercado y, como cualquier otra empresa productiva, el Ministerio de Salud tiene que recuperar lo que gasta, poniéndole un precio. Por otra parte, la atención a través de las Empresas Médicas Previsionales (EMP) queda al margen de todo control, regulación o supervisión del Ministerio de Salud. Por cada persona adscrita, las EMP reciben 113 córdobas mensual-mente, vaya o no la persona a recibir atención, por lo que muchas de estas EMP funcionan como negocios con altos márgenes de ganancia. Sin que existan leyes o disposiciones, a la población se le está cobrando, inconstitucionalmente, hasta por usar un servicio higiénico en un hospital. En visita hecha por el CENIDH a la Mina Rosita, en el mes de febrero, se pudo constatar que el MINSA le cobra a la población por todos los servicios: una constancia médica cuesta 2 córdobas, un dictamen médico 15, un subsidio 5, un certificado de nacimiento 5, un control de citas 5, etc. Tarifas de servicios de salud en el hospital de Mina Rosita.
Existen denuncias de cobros hasta para hacer una cita para una consulta externa. En el hospital Manolo Morales de Managua se cobraron 10 córdobas sólo por la cita. Algunas de las tarifas por los servicios en este hospital son éstas: atención en emergencia 10 córdobas, hospitalización 300, operación 300. Se cobra también en este centro asistencial por la papelería que se usa en cada paciente. Aunque el gobierno afirma no estar cobrando obligatoriamente a los usuarios por los servicios de salud que se le prestan en los centros públicos, la realidad es otra. No son excepción los casos en que personas seriamente enfermas y que ya en el quirófano necesitaron una laparoscopía, ésta no se les hizo e incluso fueron regresados a sus casas por no haber podido pagar los mil córdobas que cuesta este servicio en el hospital. Otras personas que han ingresado a la emergencia del hospital no han sido atendidas por no tener cómo pagar por la consulta. Se ha hecho habitual que diversos programas radiales o televisivos o espacios en los diarios publiquen solicitudes de personas de escasos recursos que piden a los nicaragüenses más pudientes que les ayuden a costearse unos exámenes o a comprar alguna medicina cara o a hacerse algún tratamiento médico. Los precios de las medicinas son muy elevados y van en aumento. A los medicamentos importados, que son la mayoría, se les subieron los precios hasta en 11.42 %. Muchos renuncian a curarse u optan por comprar las medicinas en el "mercado negro", donde se venden de contrabando 5-30% más baratas y se corren algunos riesgos para la salud, ya que muchos de los medicamentos que se venden por esa vía o son falsificados o ya están vencidos. Se venden sin tener registro sanitario y sin las especificaciones de ley. A mediados de 1998 hubo un caso de falsificación de un medicamento delicado del laboratorio RIESTRA S.A.
Uno de los más serios problemas de salud pública en el país es el del incremento del número de farmacias ilegales, que no se registran ni tienen un regente, por lo que no existe ningún tipo de control sobre los medicamentos que venden. A pesar de que en el mes de junio se publicó la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias, no se conocieron mayores repercusiones positivas para el control de la fabricación y venta de medicamentos. Nicaragua mantiene un cuadro epidemiológico caótico. Es el cuarto país con mayor incidencia de dengue hemorrágico en América, según investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las principales causas son: falta de agua potable, urbanización desorganizada y proliferación de la basura. Además del dengue, la población es afectada frecuentemente por la malaria, el cólera y las enfermedades diarreicas, todas enfermedades prevenibles estrechamente relacionadas con la pobreza, ya que se dan fundamentalmente por el deterioro o la no existencia de las mínimas condiciones higiénicas. Las autoridades argumentan con frecuencia que es la falta de recursos lo que impide el control de estas epidemias. En lugares como Matagalpa, San Rafael del Sur o San Pablo existen grandes problemas por la carencia de agua potable. Las personas almacenan agua en barriles o en pilas, que se convierten en criaderos de zancudos y otros vectores de enfermedades. Otros no tienen más alternativa que abastecerse de fuentes contaminadas. Una de las zonas con mayor índice de contaminación del agua es la RAAS: en Bluefields solamente el 8% de la población es abastecida con agua potable y el 98.33% de los pozos están contaminados con residuos de heces fecales.
En las zonas cafetaleras del país son comunes los brotes de diarrea por el uso de las aguas de los ríos, contaminadas con la pulpa del café. Un caso grave se dio en Matagalpa, donde las cuencas del río Molino Norte, principal fuente de abastecimiento de la planta procesadora de agua potable, fueron contaminadas, obligando a la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa a suspender el servicio. A raíz de esta situación los hospitales y centros de salud reportaron un aumento en las enfermedades diarreicas agudas.
El problema de la basura es también serio y se agrava con la proliferación de asentamientos espontáneos. La basura es lanzada a lugares no autorizados sin ningún control, y gran cantidad queda a diario sin recoger. Según datos de la Alcaldía de Managua, en la capital sólo se recolecta el 80% de la basura que se produce. Según datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del MINSA, desde el 1 de enero hasta el 12 de diciembre de 1998 se reportaron 13,308 casos de dengue, 417 casos de dengue hemorrágico, 1,126 casos de cólera, 28, 929 casos de malaria, 1, 035, 138 casos de enfermedades respiratorias y 212, 465 casos de enfermedades diarreicas. Estas cifras han sido cuestionadas en varias ocasiones por médicos y epidemiólogos del país, que han acusado al MINSA de ocultar las verdaderas cifras, que son más altas. Hay que tener en cuenta que son muchos los casos que no se registran, porque son atendidos en consulta privada o porque no reciben ninguna atención. Las consecuencias del huracán Mitch en la salud de la población fueron graves y agravarán más esta situación. La Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Minsa reportó que hasta el 8 de noviembre se habían presentado 99 casos de cólera, 19,309 de enfermedades respiratorias, 198 de dengue, 261 de malaria y 11,224 de enfermedades diarreicas. Otras enfermedades que se presentan, causadas por el hacinamiento en los refugios de los damnificados, son: conjuntivitis, micosis y escabiasis, sumando en total estas tres enfermedades 14,577 casos. La crisis económica, la falta de oportunidades, de educación y de atención sanitaria adecuada han tenido efectos en la salud mental de la población, también muy deteriorada. Resulta alarmante el creciente número de suicidios, que año con año van en aumento, sin que las autoridades logren hacer alguna propuesta responsable. En 1996, el promedio fue de 14.6 por mes, en 1997 fue de 27.4 por mes, y en 1998 pasó de 30 por mes. Otro problema lo genera la venta sin control de plaguicidas y de sustancias tóxicas. En 1997 fue aprobada por la Asamblea Nacional la "Ley básica para la regulación de plaguicidas y otras sustancias tóxicas", pero en todo el año 1998 no fue reglamentada. Cualquiera puede adquirir estas sustancias, que los suicidas usan con frecuencia. Después de Guatemala, Nicaragua ocupa el segundo lugar en Centroamérica en número de suicidios. Los lugares con más altos índices son el departamento de Chinandega, seguido del de Managua. La mayoría de los que se suicidan son jóvenes. A pesar de que desde finales de 1996 está aprobada y publicada la "Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA", la situación de las personas que son portadoras del virus o conviven ya con la enfermedad, ha cambiado muy poco. Siguen siendo rechazadas y mayori-tariamente no se tratan sus casos con la confidencialidad a la que tienen derecho. En muchas ocasiones, hasta en los medios escritos se publica el nombre, la dirección y otros datos de la persona, la que de esta manera queda condenada a sufrir el rechazo social. Prácticamente todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los enfermos de SIDA la realizan organismos no gubernamen-tales, habiendo en las instancias públicas escasa preocupación ante esta realidad. Otro aspecto a señalar es que el gobierno, con un sistema de educación muy conservador, influenciado por el sector más tradicional de la iglesia católica, está imposibilitando una de las más importantes labores de prevención en salud, respecto a las enfermedades de transmisión sexual: la educación sexual en el sistema de educación. No es política del Ministerio de Educación impartirla, y tampoco se permite esta educación a los organismos públicos que atienden a niños, jóvenes y adolescentes.
A lo largo de los últimos años, el Ministerio de Educación (MED) ha pretendido resolver tres grandes problemas proponiéndose tres grandes objetivos: el administrativo, con la autonomía escolar, que traspasa los costos de la educación a las familias nicaragüenses, obviando que la Constitución de la República establece que la educación es obligatoria y gratuita; el curricular, con la reforma pedagógica, en la que falta una visión integral de los subsistemas y hay una escasa calidad en la educación para el desarrollo personal y para el desarrollo del país; y el moral y ético, con la llamada educación en valores, teñida de una ideología religiosa-católica-escolástica, que se propone profesionalizar a maestros empíricos de primaria como «educadores con vocación cristiana», obviando que la Constitución de Nicaragua establece que el Estado es laico y que la educación pública debe ser laica. Situación educativa
En Nicaragua, unos 400 mil niños y niñas en edad pre-escolar no ingresan en ese nivel educativo. Y unos 200 mil -que representan el 25% de todos los que debieran asistir al subsistema de primaria- no van a la escuela. De los que asisten a la primaria, sólo un 36% de los que inician el primer grado finalizan la primaria, siendo la deserción escolar de un 20% y el nivel de repitencia de un 40%. El MED ha tratado de encubrir el alto índice de repitencia estableciendo la promoción automática de grado, entre los alumnos de primero a cuarto grado de primaria. Unos 300 mil jóvenes en edad de secundaria no asisten a la escuela, cantidad que representa aproximadamente un 40% de la población en esa edad escolar. Más de 580 mil jóvenes entre los 14 y 24 años no estudian ni trabajan. En total, a los centros escolares asiste solamente 1 millón 200 mil niños y niñas, elevándose cada año los niveles de analfabetismo. El gobierno de Nicaragua invierte 56 dólares anuales en la educación de cada alumno. Honduras y El Salvador invierten 150, y en otros países de América Latina la inversión es hasta de 250 per cápita. Obtener información actualizada en las instancias gubernamentales sobre la situación educativa del país, es prácticamente imposible. De ahí que especialistas al elaborar sus análisis sobre el tema educativo encuentren obstáculos para acceder a esta información. Actualmente, en todos los subsistemas educativos se captan recursos extra-presupuestarios, sea con dinero que aportan los padres de familia, sea con algún hablatón para recaudar fondos o con donaciones internacionales tanto de materiales y útiles educativos como de instalaciones escolares. Resulta desconocido el uso y orientación que se da a la captación de recursos extra y se desconoce cuánto se destina a administración y cuánto a la docencia. La Contraloría General de la República anunció en 1998 un minucioso estudio para precisar deficiencias administrativas y para evaluar el uso que se da a los recursos en el MED. También busca evaluar las posibles deficiencias académicas, pues existe preocupación por el descenso en la calidad de los educandos que egresan del sistema educativo nacional. También existe un gran deterioro y crisis en muchos colegios públicos, la mayoría de Managua, donde la infraestructura es muy deficiente. Gran parte de los alumnos no tienen ni en qué escribir, no hay pupitres, y los padres no pueden aportar a mejorar la situación por la difícil situación económica en que vive la mayoría de la población en los barrios donde estan estas deterioradas escuelas. Según el Ministro José Antonio Alvarado resultaron dañadas por el paso del huracán Mitch, 323 escuelas y 80 mil pupitres, cuyos trabajos de construcción y reparación anunció se realizarían en coordinación con el Fondo de Inversión Social de Emergencia . El MED también adolece de información y de estadísticas actualizada, no sólo en relación a su propia capacidad instalada, al número de alumnos etc., sino en relación a las nóminas, lo que impide conocer el total de recursos humanos con que cuenta esta institución, que tiene, además, atrasos contables.
Según la Contraloría General de la República, existe falta de seguridad en el manejo de las nóminas y en relación a los cheques fiscales. Las firmas que aparecen en la nómina fiscal del MED no coinciden con las que aparecen en los expedientes de personal. Otras firmas ni siquiera se pudieron verificar porque los expedientes no contienen ni un solo documento. Otra anomalía, segun la CGR, es la existencia de empleados con dos plazas en el mismo o en distinto centro, sin existir autorización o nombramiento en su expediente. Las bajas, nuevos ingresos o traslados de personal no son reportados oportunamente al Ministerio de Finanzas. Alfabetización y educación básica de adultos
La campaña de alfabetización realizada por el gobierno sandinista en 1980 se descontinuó en los años 90, cuando el analfabetismo alcanzó el 30% según datos oficiales. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial citado por el Dr. Oscar René Vargas en su libro "Pobreza en Nicaragua, un abismo que se agranda"; esta institución calcula que la tasa de analfabetismo alcanza el 34 por ciento a nivel nacional y el 46 por ciento en las áreas rurales.
Se calcula que en Nicaragua existe más de un millón de personas analfabetas. Los esfuerzos del MED para enfrentar este problema han sido muy escasos y, en la práctica, se han entendido y manejado más como una forma de «caridad» que como una repuesta social y de responsabilidad pública.
El Ministerio de Educación abarca a una población global de 34,140 personas en los planes de Alfabetización y Educación Básica de Adultos, que son atendidos por 1,707 docentes a nivel nacional, con un promedio de 20 educandos por docente. El programa cuenta con el apoyo de la Unión Europea y de los gobiernos de España y Taiwan.
ONGs como el Centro Educativo Maura Clark en Ciudad Sandino, y el organismo Carlos Fonseca Amador en San Francisco Libre, han hecho grandes esfuerzos desde la sociedad civil para desterrar el analfabetismo en las zonas a donde llegan con su actividad.
En su programa de Educación de Adultos, el MED tiene como objetivo para el período 1998-2000 el disminuir los índices de analfabetismo entre la población mayor de 15 años en 14 departamentos de Nicaragua. Además, se compromete a garantizar que los adultos alfabetizados puedan continuar sus estudios de educación básica y recibir capacitación en oficios productivos.
Los alcances de este programa son limitados. En Chinandega hay más de 40 mil personas analfabetas y, con la participación de 177 facilitadores del MED, se espera alfabetizar sólo a 2,640, los que, en un período de tres años estarían recibiendo su diploma de estudios primarios en la modalidad de primaria acelerada. La pregunta acuciante es sobre las otras 38 mil personas analfabetas a las que no llegará este programa. Las autoridades del MED y los funcionarios de la Unión Europea se encuentran diseñando un programa específico para la alfabetización en la Costa Atlántica, que se pondría en marcha en 1999.
Los procesos de descentralización y autonomía escolar que ha impulsado desde hace unos ocho años el MED, con financiamiento del Banco Mundial, son parte de las reformas educativas que se han venido implementando en Nicaragua.
El Banco Mundial, y el MED como su contraparte nacional, priorizan la autonomía escolar, en la que muchas familias realizan aportes económicos para garantizar la educación de sus hijos, los que, sin esos aportes quedarían prácticamente al margen del sistema de educación pública. Traspasando responsabilidades a las familias y a la comunidad, se reduce la responsabilidad del Estado en la educación pública, garantizada de forma gratuita en la Constitución de Nicaragua (artículos 116, 117, 118 y 119). En 1998, un 85% de los centros de secundaria de todo el país y un 30% de los de primaria ya estaban incluidos dentro de la autonomía escolar.
La autonomía escolar tiene un alto costo social, que no se agota en la dificultad que experimentan muchas familias para dar su aporte económico a la escuela de sus hijos. La equidad en el servicio público y las diferencias de todo tipo que se crean entre los colegios autónomos -que resultan mejor atendidos- y los que siguen siendo centralizados -que están casi en total abandono- consolidan formas de exclusión y no colaboran a fomentar la equidad y la participación equitativa que es esencial a un sistema democrático.
Con la autonomía escolar, aplicada de una forma vertical en un país con tan graves desigualdades, el Ministerio de Educación no sólo está violando la Constitución -que establece la gratuidad de la educación- sino que está condenando a la marginación a un amplio sector del pueblo de Nicaragua, y atentando contra el desarrollo personal de estos niños y jóvenes, y también contra el desarrollo nacional. En el mes de diciembre el anterior Ministro de Educación, Dr. Humberto Belli denunció públicamente al actual Ministro, Doctor José Antonio Alvarado de pretender realizar cambios que implicarían un retroceso y politizarían el proceso de autonomía escolar que desde años atrás se viene impulsando en el país. De lo anterior el Dr. Belli puso como ejemplo el cambio que se operaría en la designación de los Directores de los centros autónomos, los que pasarían a ser nombrados por el Ministerio de ternas presentadas por la Comunidad educativa (anteriormente el Ministerio proponía una terna de candidatos y se elegía al que resultaba ganador de un proceso eleccionario), lo que afirmaba podría dar origen a nombramientos por lealtades políticas y no por capacidades profesionales. A juicio del Ministro Alvarado los cambios propuestos resultaban más democratizadores para el proceso de autonomía, ya que según él los directores saldrían de la base. Agregando que existían una serie de normativas sobre la autonomía que nadie cumplía y otras que nadie entendía, por lo que realizarían un análisis de fondo. Finalmente, el Dr. Humberto Belli terminó renunciando a su cargo de Ministro de Familia y prevaleció en las instancias gubernamentales la tesis del Ministro Alvarado, que contó incluso con el apoyo tácito del Cardenal Miguel Obando. En el fondo el conflicto entre los Ministros Belli y Alvarado no representó ningún cambio sustancial en lo que respecta a la política gubernamental de privatización de la educación. Más allá del debate que ambos sostuvieron en los medios de comunicación, la comunidad educativa nacional se mantuvo ajena al mismo, con excepción de algunos directores de centros autónomos que manifestaron su "respaldo al Ministro Alvarado" en los cambios propuestos.
Propuestas para una Ley General de Educación
Dos iniciativas para una Ley General de Educación han venido siendo debatidas desde hace un tiempo en el país, más sobre todo a nivel de «expertos» que de docentes, y sin suficiente participación y conocimiento de la sociedad.
Una Ley de Educación debe de equilibrar en sus propuestas las necesidades socioeconómicas y políticas de un país tan subdesarrollado como Nicaragua y los nuevos desafíos que imponen los cambios globales que está viviendo nuestro planeta.
Los dos Proyectos de Ley -el presentado por el Ministerio de Educación y el que presentó la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN)- han despertado grandes polémicas. La propuesta oficial tiende a reducir la educación pública a la educación primaria y secundaria, obviando el subsistema de Educación Superior. Por otra parte, la propuesta gubernamental busca «legalizar» la privatización de la educación que el MED viene implantando por la vía de la autonomía escolar. En esa tendencia a que el Estado se deshaga de su responsabilidad en la educación de sus ciudadanos, el MED no proporciona tampoco bases y orientaciones pedagógicas sustanciales del proceso de enseñanza-aprendizaje que compromete a maestros, alumnos y a la comunidad.
Según el Coordinador General del PREAL-UNESCO en Nicaragua, Dr. Juan Bautista Arríen, los dos anteproyectos deben abrir nuevas rutas para que la educación avance con una visión estratégica de futuro, teniendo en cuenta los nuevos paradigmas de la sociedad global: una sociedad del conocimiento, donde el capital dominante será el capital de la inteligencia. Esta perspectiva no está incluida de forma sustancial en ninguno de los dos anteproyectos de Ley.
Uno de los grandes problemas que encuentra la reforma educativa que el Banco Mundial promueve en Nicaragua a través del MED, es el inexistente sistema educativo del país. Por esto, es prioritario encontrar una fórmula adecuada para vincular y armonizar los diferentes subsistemas educativos y orientarlos para que puedan respondar a la realidad de Nicaragua y a sus desafíos socioeconómicos. Hasta el momento, falta una visión integral, ya que cada subsistema educativo está desarrollando por separdo sus propias reformas. Las universidades elaboran planes por su lado, el subsistema de enseñanza técnica que representa el INATEC por otro lado, mientras el MED sigue su propio camino. La tendencia en el Banco Mundial para países tan subdesarrollados como Nicaragua es la insistencia en la educación primaria como base del desarrollo. Esto no permite entender el proceso educativo como un todo armó-nico, en el que un subsistema sin el otro resulta infuncional. Sin una buena educación primaria y secundaria no pueden existir buenos técnicos ni universitarios y sin una buena educación técnica no habrá trabajadorescalificados. Sólo con educación primaria no se ha desarrollado ningún país. De acuerdo a expertos en formación básica, uno de los problemas que enfrentan hoy nuestros adolescentes es que los programas de estudio que reciben son tan insuficientes que no les permiten, al egresar de la secundaria, obtener un empleo. Uno de los graves errores ha sido el concebir la educación secundaria simplemente como una etapa pre-universitaria. Otro, el no programar los estudios según la realidad de la oferta laboral. Cada año las universidades estatales ofrecen menos cupos en algunas carreras.
Otro problema frecuente es que, una vez iniciada la carrera profesional, los jóvenes no pueden concluirla por causas económicas. Otros salen de la secundaria pública y ni siquiera logran pasar el examen de admisión universitaria por falta de una mínima formación. Por ésto y otras razones, se hace urgente en Nicaragua una creativa transformación curricular.
En 1998 egresaron de todas las secundarias del país, tanto públicas como privadas, 28 mil bachilleres. De ellos, 12 mil optaron a las diversas universidades que hoy existen en Nicaragua. La Universidad Autónoma de Nicaragua ha ido descentralizando la prestación de sus servicios educativos con diferentes modalidades, no sólo con las carreras de nivel técnico superior que desde hace muchos años venía ofreciendo, sino expandiendo las licenciaturas en la Región de Chontales en las carreras de Pedagogía, Español y Administración de la Educación. En 1998 se colocó en Juigalpa la primera piedra de lo que será el Centro Universitario Regional de Chontales (CURCH).
Cada día, las universidades resultan más exigentes en sus condiciones, ya que los cupos para algunas carreras son cada vez más limitados, y aunque han proliferado toda clase de universidades privadas, éstas parecen guiarse solamente por lo que les orienta el poderoso «mercado» y aceptan a cualquiera que pueda pagar aunque no tenga méritos académicos, mientras se niega el acceso a los más valiosos intelectualmente si no pueden pagar. Problemas sociales a partir del problema educativo
Además de todos estos problemas educativos, existe una aguda problemática laboral en el terreno educativo. Sería de gran utilidad realizar un diagnóstico de las necesidades de las empresas educativas, tanto privadas como estatales, para que todos los recursos calificados puedan ser ubicables en el mejor lugar, según las necesidades individuales y las del país. Es necesario saber cuántos técnicos y cuántos profesionales -en cada uno de sus perfiles- necesita Nicaragua para evitar que se desperdicien las costosas inversiones en el área educativa que en algún momento se han realizado. De nada serviría que las universidades estén graduando médicos, arquitectos o agrónomos, si el mercado laboral se encuentra saturado de estas profesiones y demanda otras. Ningún país ha conseguido un verdadero desarrollo económico, social y cultural sin atender a su población, sin fomentar capital humano. La mayor brecha que hoy separa a pobres y a ricos es la brecha de la información, de la inteligencia. Los indicadores de capacidad científica y de desarrollo tecnológico en el capital humano de cada nación son los que decidirán el futuro. Mientras el Ministerio de Educación contribuya a ahondar esta brecha estableciendo desigualdades e inequidades en el sistema de educación pública no habrá esperanzas de futuro. 2.5	Derecho a la Seguridad Social En 1998, el sistema de Seguridad Social de Nicaragua no experimentó mayores transformaciones. Entraron en vigencia algunas disposiciones legales que conceden beneficios a los jubilados y otras que ordenan la revalorización de las pensiones para determinados sectores de pensionados. Estas disposiciones no fueron totalmente acatadas por las instituciones estatales que debían darle cumplimiento, y el aumento de las pensiones -en algunos casos hasta en un 100%- significaron una escasa mejoría, ya que continuaron siendo irrisorias ante el alto costo de la vida. El gobierno continúa adelante con la privatización del sistema de seguridad social, prolongando los contratos con las ilegales Empresas Médicas Previsionales y desarrollando una amplia campaña dirigida a reformar todo el sistema. Para ello, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció que está trabajando en un anteproyecto de reforma y ejecución de la Ley de Fondos de Pensiones, que debe aprobarse en 1999 y para el que el financiamiento estaría asegurado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En reiteradas ocasiones a lo largo del año, el Director del INSS, Martín Aguado, declaró que el mecanismo de reparto simple diseñado para el sistema de pensiones estaba en crisis, que era evidente su fracaso y que era necesario sustituirlo por el mecanismo de ahorro o de cuenta individual, que sería manejado por lo que se llamarían Sociedades Administradoras de Pensiones. El experto en seguridad social, Manuel Ruiz, expresó que el argumento esgrimido por el INSS para impulsar su privatización era falso, asegurando que el sistema que el INSS ha manejado desde su creación en 1957 ha sido un sistema financiero de primas escalonadas para el régimen de pensiones. Agregó que lo que el gobierno pretende es «darle un zarpazo» a los asegurados, derogando la Ley de Seguridad Social, con el fin de hacer desaparecer las reservas técnicas del INSS -que representan un monto de más de 1 mil 500 millones de córdobas- para entregarlas a empresas privadas y así liquidar la institución estatal de seguridad social. Esto tendría efectos devastadores entre los actuales y futuros afiliados del INSS. Ruiz señaló que las reformas anunciadas se inclinan hacia un sistema por cuentas de ahorro individual o hacia un sistema privado sustitutivo, en el que el sistema público se extingue y se reemplaza por el privado. El nuevo sistema se llama de Capitalización Mixta, y es el implementado en Chile. Ruiz carac-terizó este sistema como «insolidario», porque no existen en él cuotas por parte del empleador, porque en las empresas administradoras no están representadas los cotizantes y porque no existe disponibilidad de los fondos de ahorro. Según Ruiz, en este sistema sólo pueden aspirar a pensiones suficientes aquellos trabajadores que tengan excelentes salarios dolarizados y un empleo estable.
A criterio del CENIDH, la privatización de la seguridad social más que beneficiar a los asegurados, representará un negocio lucrativo para un sector económico del país y podría dar lugar a un gran tráfico de influencias. Esta percepción empieza a confirmarse teniendo en cuenta cómo el INSS ha manejado todo lo relativo a las Empresas Médicas Previsionales.
Persiste la ilegalidad en estas Empresas Médicas Previsionales, ya que continúa sin aprobarse una normativa que regule su organización y su funcionamiento, hecho que no ha sido obstáculo para que, entre 1993 y 1998 el INSS haya autorizado y contratado a 32 de estas Empresas. De ellas, 30 son privadas y sólo 2 son públicas.
Las EMP continuaron "beneficiándose" de la privatización de la seguridad social de los asegurados al transferirles el INSS 575 millones 726 mil 326 córdobas (entre noviembre de 1993 y septiembre 1998). El negocio resultó aún más lucrativo en 1998 año por causa de la huelga médica, que duró más de cuatro meses, y que llevó al gobierno a concentrar durante ese tiempo la atención a la población en las EMP, por cuyos servicios se pagaron más de 30 millones de córdobas según publicó el 24 de diciembre el Diario La Prensa.
A mediados de septiembre, el Gerente de Salud Previsional, Pedro Quintanilla, anunció que estaban estudiando la posibilidad de aumentar la retribución mensual de 113 córdobas per cápita que el seguro social paga a las EMP por los servicios contratados. Cabe señalar que la calidad de la atención médica en las EMP no es suficientemente supervisada por las autoridades de salud, lo que ha provocado hasta algunas muertes por negligencia médica. En estas empresas, el asegurado se encuentra también desprotegido en sus derechos, ya que si la patronal no está al día en sus cotizaciones no se le brinda ninguna atención, y cuando se le atiende no existe suficiente oferta de medicamentos. Diversos medios de comunicación social denunciaron que la intención del INSS es centralizar los servicios de riesgos laborales en tres EMP: Salud Integral, Policlínica Oriental y El Jazmín, ésta última contratada por influencia directa del Secretario General del INSS, Antonio Alemán Lacayo -hermano del Presidente de la República-, suprimiendo para ello un contrato que ya tenía con el Hospital Aldo Chavarria, que atendía a trabajadores de 47 empresas. La Contraloría General de la República denunció la contratación unilateral de esta empresa y señaló al Director del INSS que la contratación de EMP no tenía aún sustentación legal, iniciando la CGR una investigación sobre el tema. Es innegable que en el sistema de seguridad social existen desigualdades que deben ser superadas. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Seguridad Social las aseguradas no tienen derecho a tener beneficiarios de su cotización, mientras que los cotizantes varones sí pueden tenerlos: su esposa o su compañera. También existe inequidad en caso del fallecimiento de la asegurada -salvo que el marido sea mayor de 70 años o discapacitado de cualquier edad- o en los períodos de incapacidad temporal. También, respecto al período post-natal -llamado subsidio por maternidad-, que es cubierto parcialmente en relación al salario usualmente devengado, ya que el subsidio es equivalente al 60% de la remuneración semanal. Todas estas situaciones violentan el principio de igualdad ante la ley y representan una evidente discriminación hacia las mujeres trabajadoras.
A inicios de 1998, el INSS persistió en su negativa de acatar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia que le ordenó aplicar la Ley 160, Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. Para presionar por su cumplimiento, el CENIDH remitió una denuncia a Nicaragua Network Education Fund, que a su vez envió una comunicación al Presidente de la República demandándole que ordenara al titular del INSS el acatamiento de lo resuelto por el máximo tribunal de justicia.
En abril, después de que la Corte Suprema de Justicia enviara un requerimiento al Director del INSS, recordándole que bajo apercibimientos legales debía cumplir lo ordenado, el INSS anunció que comenzaría a pagar las pensiones de 13,974 de los 23,153 jubilados, procediendo a la reducción de los aranceles por servicios básicos, a la exoneración de impuestos y a realizar un incremento de hasta 500 córdobas en el monto de las pensiones de quienes recibían mucho menos de lo establecido por la Ley, reconociendo que el pago debía ser retroactivo. Además, anunció que se crearía un fondo revolvente de 6 millones de córdobas para conceder adelantos a los jubilados por un monto de 1,500 córdobas sin interés durante un año.
Las empresas públicas de energía, agua potable y telecomunicaciones anunciaron que revisarían sus listas de usuarios y aplicarían las rebajas establecidas en la Ley que beneficia a los jubilados. Por disposición de esta Ley, la Empresa Nicaragüense de Energía debe aplicar a los jubilados el 50% de rebaja en el servicio de luz y la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones el 20% de rebaja en el servicio telefónico. Pese al anunciado cumplimiento de la disposición legal, en la realidad se continúa incumpliendo lo ordenado por el máximo tribunal de justicia del país, pues a excepción del aumento de las pensiones de menor cuantía, las empresas de servicio público, ENEL e INAA, y también el MINSA, no aplicaron las rebajas establecidas. En los hospitales, a los pensionados se les siguen cobrando los medicamentos y los exámenes. En cumplimiento de lo resuelto en octubre de 1997 por la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución ministerial 157, y como resultado de negociaciones entre el INSS y la Organización de Revolucionarios Discapacitados (ORD) y entre el INSS y representantes de los mineros jubilados, el INSS se comprometió a pagar las pensiones de los discapacitados de guerra y las de los mineros jubilados, por un monto aproximado de un millón de córdobas mensuales. Esta disposición beneficiaría a 4,292 ex-mineros y a 4,305 discapacitados de guerra, quienes durante años habían sido despojados del 80% del monto de las pensiones que les correspondían. La pensión básica por incapacidad para los mineros jubilados aumentó de 250 a 500 córdobas. A los que tienen incapacidad parcial se les entregarán pensiones de acuerdo a su incapacidad, sobre la base de 500 córdobas más las asignaciones a sus familiares. En el caso de muerte de los ex-combatientes, se anunció que se les entregarían mensualmente 250 córdobas a la viuda e igual cantidad a la madre. La pensión de vejez para los ex-combatientes será de 500 córdobas y recibirán retroactivamente los seis meses de pensiones que se les acumularon desde que la Corte se pronunció sobre el recurso de amparo. Pese a esta "revalorización" de algunas pensiones, tan modestos aumentos no significaron una mejoría sustantiva en el nivel de vida de los pensionados, si se tiene en cuenta el continuo incremento del precio de los productos básicos. En estas negociaciones se contempló la condonación de la deuda que tenía la ORD con el INSS respecto a la cotización patronal de la fabrica de sillas de ruedas y de zapatos ortopédicos y se acordó que las nuevas cuentas se empezarían a pagar a partir de abril 98, reactivando el INSS las compras de estos productos, supendidas desde 1993. Evelio Jarquín Sáenz, representante de la ORD en este proceso, manifestó que impulsarían juicios simultáneos en todo el país, si no se les cancelaban retroactivamente los montos de pensiones que les adeudan desde el 9 de septiembre de 1992 y que representan un monto de unos 300 millones de córdobas, después de 69 meses de incumplimiento. Se comunicó en esta ocasión que a los ex-mineros se les adeudaban 103 millones de córdobas. En noviembre, el Coordinador de la ORD, Juan Alonso Gaitán Urbina, señaló que hasta esa fecha lo convenido sobre las pensiones se había cumplido en un 75% y que continuaban presentándose problemas para que el INSS cumpliera a cabalidad todo lo acordado. No obstante, no se conoció de ningún juicio o acción de protesta de los afectados para responder a este incumplimiento. Según el Coordinador de la ORD, al no ser cotizantes, los discapacitados pasarían a ser atendidos por el Ministerio de la Familia, lo que implicaría perder una serie de derechos adquiridos dentro del régimen de seguridad social. A criterio del CENIDH, todos estos incumplimientos, sumados a la política gubernamental de privatización de la seguridad social, generan un ambiente generalizado de incertidumbre y de violación a los derechos humanos de los beneficiarios de la seguridad social, que ven transformado en mercancía de la que obtener lucro lo que es un derecho y un espacio social donde debe predominar la solidaridad. 2.6	Derecho a la Propiedad
En cada uno de nuestros informes anuales destaca el tema de la propiedad, que ha sido y continúa siendo un tema conflictivo y pendiente de soluciones definitivas. Tanto en el gobierno de doña Violeta de Chamorro como en el actual gobierno liberal, se aprobaron leyes destinadas a ponerle un «punto final» a los múltiples problemas de propiedad. Ocho años después de aprobadas las leyes 85, 86 y 88, que al término del gobierno del FSLN en 1990, -al margen de los abusos cometidos al amparo de las mismas-, buscaron asegurar la propiedad de miles de nicaragüenses beneficiados con la reforma agraria y con reformas urbanas, el problema sigue vigente y predomina entre los beneficiarios la incertidumbre y la inseguridad. La actual y vigente Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Rural, Ley 278 de noviembre de 1997, resultado de acuerdos políticos entre liberales y sandinistas, que pretendió superar los graves conflictos que persisten, establece, de previo, un trámite de conciliación, tarea que corresponde a la Oficina de Mediación, que está bajo la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y crea también Tribunales Arbitrales. Un año después de promulgada la Ley 278, ninguno de estos nuevos instrumentos ha empezado a funcionar. La Oficina de Titulación Urbana (OTU) -con el apoyo del BID, del PNUD y del gobierno de Japón- está impulsando un Proyecto de Catastro, Titulación y Registro para los beneficiarios de la Ley 86 a nivel nacional. Según datos oficiales proporcionados por la Directora General de la OTU, Hortensia Aldana, al 29 de octubre de 1998 habían sido elaboradas 15,207 escrituras de desmembración y otorgamiento de títulos de dominio, que benefician a igual número de familias de 41 barrios de Managua. En otros 32 barrios de la capital se estaba realizando el proceso de transferencia a favor del Estado, según lo establece la misma Ley, para luego elaborar unas 10 mil escrituras más, siempre a favor de beneficiarios de la Ley 86. La misma fuente oficial sostiene que en 13 municipios de las ciudades de León y Chinandega se realizarán en 1999 trabajos topográficos en 32 mil lotes, con miras a su legalización. El déficit habitacional constituye uno de los principales problemas sociales. El Dr. Oscar –René Vargas en su libro "Pobreza en Nicaragua: Un abismo que se agranda", citando el documento Hogares y Familias en Nicaragua. Visión Socio-demográfica (publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en conjunto con UNICEF), señala que " el 71 por ciento de las viviendas del país tienen piso de tierra. Por otro lado, se estima que el 60 por ciento de la población habita en condiciones de hacinamiento. Asimismo, el Dr. Vargas afirma que "Tomando en cuenta las cuatro variables principales (demanda anual de nuevas viviendas, déficit habitacional del año de 1993, crecimiento vegetativo de la población total nicaraguense y el ritmo anual de construcción de viviendas) se puede calcular que el déficit habitacional puede estar alrededor de 649 mil viviendas para el año 2000. Esto significaría que cerca de 3.9 millones de personas (el 84 por ciento de la población total) no tendrán viviendas adecuadas cuando comience el nuevo milenio." Lo anterior refleja que a pesar del esfuerzo realizado por la OTU, los problemas habitacionales y conflictos por la propiedad siguen siendo agudos en el país. Entre estos últimos, destacan los relativos a propiedad agraria y los referidos a las empresas que en el proceso de Concertación que tuvo lugar durante el gobierno Chamorro fueron entregadas como propiedades a los trabajadores. La urgencia de resolver de forma definitiva los problemas de propiedad se hace aún mayor tras el devastador paso por el país del huracán Mitch, evento dramático que demanda aún de mayor seguridad y de nuevas oportunidades para un importante sector de la población rural de Nicaragua. En 1998 se cuestionó públicamente y en diveresas ocasiones y foros el tráfico de influencias que imperó como modalidad de corrupción administrativa durante el proceso de privatización que tuvo lugar en el gobierno de doña Violeta de Chamorro, a través de la Corporación Nacional de la Administración Pública (CORNAP). Se denunció que la venta de determinadas propiedades estatales se realizó de forma ilícita y poco transparente para beneficiar a un sector privilegiado de allegados del gobierno, que adquirieron muy valiosas propiedades a precios irrisorios.
De esas empresas -primero confiscadas en los 80 y después privatizadas en los 90- no pocas siguen siendo reclamadas hoy por sus antiguos propietarios, muchos de ellos convertidos en ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos mantiene año tras año presión sobre el gobierno de Nicaragua para que resuelva los casos de sus «ciudadanos» y condiciona a la solución de este problema los aportes financieros que da a Nicaraua. A lo largo de 1998, el CENIDH ha conocido de judiciales que no han observado la vigencia de la nueva Ley de la Propiedad, y que han dado curso a demandas interpuestas por los antiguos propietarios. En muchos casos, donde los jueces civiles han paralizado las diligencias o procesos incoados, cumpliendo las disposiciones legales y las orientaciones de la Corte Suprema de Justicia, los reclamantes han utilizado la vía penal, acusando y denunciando a los actuales poseedores y beneficiarios legítimos señalándolos de usurpación del dominio privado y de otros delitos, los que según los procedimientos penales no cabe mientras exista litigio o discusión sobre el fondo del asunto (posesión y dominio en lo civil). Como consecuencia, una vez en la cárcel, los beneficiarios de las propiedades son desalojados por la fuerza con la participación de particulares pagados o con el acompañamiento de autoridades y agentes policiales que, a sabiendas de la naturaleza del conflicto y de la incompetencia e ilegitimidad de estas actuaciones, las consienten y respaldan, incluso reprimiendo con violencia a quienes son despojados de sus propiedades.
Presentamos, a manera de ilustración, varios casos:
1 - Cooperativas "Rafaela Herrera" y "Joaquín Mejía" de las Fincas "El Ensayo" y "Filadelfia" (El Realejo, Departamento de Chinandega) Las propiedades tienen más de 700 manzanas de tierra y están en posesión de cooperativas compuestas por 73 familias, en su mayoría de retirados del Ejército y de la Resistencia, que fueron beneficiados con una asignación de tierras, como parte de los acuerdos adoptados en el marco de la desmovilización. La propiedad es reclamada por la familia de Enrique Mántica, quien también alega ser beneficiaria de Reforma Agraria. No obstante, la Oficina de Ordena- miento Territorial (OOT) resolvió que ellos «no son sujetos de Reforma Agraria, en tanto no son campesinosque justifiquen y acrediten tal condición», Desalojo de campesinos de la Finca "El Ensayo" resolución que fue confirmada en Apelación. A pesar de ésto, la familia Mántica viene realizando desde hace cinco años acciones de presión y de represión con el objeto de apropiarse de estas tierras. Al menos en cinco ocasiones han ordenado el desalojo de los cooperativistas, quemando sus humildes ranchos y sus cultivos, acción criminal que se atribuye a Enrique Mantica, sin que las autoridades competentes hayan investigado nunca a ningún responsable por estos hechos. En todas esas acciones, más de 100 cooperativistas y familiares han sido detenidos injustamente.
Desalojo de campesinos de la Finca "El Ensayo"
En una clara evidencia de parcialidad en favor de una familia con gran poder económico e influencia, en el primer semestre de 1998, y a través de una simple denuncia ante la Policía Nacional de Chinandega, se realizó -una vez más- la captura de por lo menos 30 campesinos de la propiedad en conflicto. 14 de ellos fueron procesados y condenados por la Jueza Local del Crimen de El Realejo, por ser presuntos usurpadores de la propiedad. Esas mismas autoridades -que conocen de los daños que la familia Mántica ha causado a los campesinos- no escatimaron en esta ocasión ningún esfuerzo para llevar adelante un operativo policial, que fue financiado por el presunto ofendido, Enrique Mántica, violentándose de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley. Como en muchos otros casos denunciados por el CENIDH, se repitió la práctica de que «el que paga manda». 2 - Cooperativas «Juan Castro», «Luis García» y «San Antonio» (San Francisco Libre, Departamento de Managua)
Las tierras que ocupan los socios de las tres cooperativas, con una extensión de más de 75 manzanas, mantienen un conflicto de posesión por cuanto se trata de una propiedad ubicada en zonas costeras del Lago de Managua, las que, según la Alcaldía del Municipio de San Francisco Libre, son tierras ejidales y por tanto, son reivindicadas como tierras de dominio público-nacional. La Alcaldía entregó en arriendo esta propiedad a las cooperativas, que también fueron adjudicadas a otras personas. Entre ellas, a Simeón Rizo, allegado al gobierno liberal. Utilizando la fuerza policial y una acción judicial, Rizo logró que se detuviera, procesara y condenara a 45 socios de la cooperativa, generándose una situación similar a la vivida por los cooperativistas de El Ensayo y Filadelfia. Por gestiones del CENIDH, el Juez de Distrito de Tipitapa, revocó la sentencia condenatoria, absolviendo a los 45 procesados injustamente, después de que 8 de ellos pasaran más de dos meses en la cárcel, lo que constituyó una clara violación de sus derechos. 3 - Finca «Río Grande» (El Jicaral, Departamento de León)
Durante varios meses de 1998 se desarrolló un intenso conflicto por esta propiedad, de más de 1,500 manzanas, disputada por varias familias y por una empresa arrocera representada por Ezzio Parapini, que alega tener derechos sobre la propiedad por una transacción que hiciera con la CORNAP, desconociéndose en esta transacción que la finca era propiedad de otros particulares. Entre ellos, la famiia Orozco Membreño, herederos en virtud de sucesión consecutiva desde hace muchos años. Al no poder vencer en juicio por la vía civil, el representante de la arrocera optó por acusar penalmente a cuatro miembros de la familia Orozco, y al igual que en los otros conflictos expuestos, la Jueza de El Jicaral los procesó y condenó por el delito de usurpación del dominio privado, a pesar de haber una litis en la vía civil donde se discute el fondo del asunto. Al actuar de esta manera, las autoridades desconocieron los derechos que asisten a quienes ocupan la propiedad y las disposiciones legales, que no permiten que tengan lugar este tipo de acciones penales.
4 - Cooperativa «Roberto Viales», Comunidad El Diamante, (Isletas, Departamento de Granada)
El padre y tres hijos de la familia Román Plata, socios de la Cooperativa Roberto Viales, fueron procesados y condenados por la Jueza II del Distrito del Crimen de Managua, por los delitos de usurpación de dominio y falsificación de documento público, hecho seriamente criticado debido a que la propiedad está en Granada y precisamente en el Juzgado de Distrito Civil de esa ciudad estaba discutiéndose el fondo del asunto. Está también en disputa la Hacienda San Roberto, de 500 manzanas de tierra, expropiada mediante un decreto de marzo de 1980 a José Marenco Cardenal, y asignada a la cooperativa. A pesar de ésto, la propiedad es reivindicada por Marenco Cardenal, actual Presidente de la CORNAP y pariente del Presidente de la República, quien consiguió encarcelar a los beneficiarios de la Reforma Agraria.
Cabe destacar que la Jueza II del Distrito del Crimen -durante meses de gestión que hiciera la defensa y el CENIDH- no accedió a poner en libertad a Román Jarquín -padre del resto de los detenidos- a pesar de tener más de 70 años de edad. Esta actuación dejó en evidencia la falta de consideración de la jueza a las razones humanitarias invocadas en el caso, además del desconocimiento de que la causa de fondo se radica en otra ciudad.
El desconocimiento de las transformaciones ocurridas en el país en relación a la propiedad agraria por parte de terratenientes y de las mismas autoridades gubernamentales, que asumen acuerdos de devolución o de entrega de tierras sobre las que hay reclamos de antiguos propietarios o de nuevos demandantes o sobre tierras ya legalizadas por los gobiernos anteriores a favor de cooperativas, empresas de trabajadores o productores individuales, ha originado decenas de conflictos de propiedad e incluso enfrentamientos armados, como el acontecido en la Finca Las Plazuelas, Municipio de Acoyapa, Departamento de Chontales.
En esta finca, en agosto, trabajadores y colonos de la Empresa Agropecuaria Carlos Roberto Huembes escenificaron un trágico enfrentamiento a pedradas, palos y disparos con demandantes de tierras, que eran ex-militares sandinistas, ex-miembros de la Resistencia y colonos. El pleito por la propiedad en disputa dejó como resultado cuatro muertos, seis heridos y varios lesionados. La autoridades gubernamentales no dejaron de tener responsabilidad en estos sangrientos hechos. El CENIDH constató que en 1992 la Empresa había sido concedida por la CORNAP a los trabajadores, mediante un contrato de arriendo con opción a compra que incluye la Finca Las Plazuelas. Sin embargo, altos funcionarios del INRA y su Viceministro, Nardo Sequeira, en abierto desconocimiento a la legalidad y al derecho de la Empresa a la propiedad, prometieron irresponsablemente a 286 demandantes de tierra las mismas propiedades que por derecho posee la empresa. A partir del mes de mayo de 1997, los demandantes de tierras comenzaron a presionar al gobierno para que les cumpliera lo prometido. En diversas ocasiones, los funcionarios del INRA reiteraron esas promesas, llegando al extremo de generar falsas expectativas e ilusionar a los campesinos con la idea de que les sería entregada la propiedad, lo que era imposible por estar ya en manos de los trabajadores de la Empresa Carlos Roberto Huembes.

References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 156
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución