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Timestamp: 2020-01-21 02:21:37+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 312, de 30/12/2005
158/000021 Solicitud de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la emisión de un informe que analice la devolución del patrimonio sindical acumulado, así como la devolución del llamado patrimonio histórico de los bienes pertenecientes a las organizaciones sindicales incautados en el año 1939 ... (Página 3)
292/000015 Convocatoria, de 18 de octubre de 2005, de becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.
Concesión de las becas ... (Página 5)
292/000016 Convocatoria, de 18 de octubre de 2005, de becas para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento. Concesión de las becas ... (Página 6)
292/000017 Convocatoria, de 18 de octubre de 2005, de becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento. Concesión de las becas ... (Página 7)
130/000026 Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua. Convalidación ... (Página 8)
162/000422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre adhesión al manifiesto en defensa de la Constitución suscrito por destacados protagonistas del proceso constituyente ... (Página 12)
162/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la "Y" vasca ... (Página 13)
162/000424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de la empresa Sanmina-SCI y sus efectos en el empleo y en el desarrollo industrial de la provincia de Toledo ... (Página 14)
173/000107 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares ... (Página 15)
173/000108 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad ... (Página 17)
173/000109 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara ... (Página 18)
245/000003 Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 22 de diciembre de 2005, en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, presentada por el Consejo General del Poder Judicial y referida al año 2004 ... (Página 19)
158/000021
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para la emisión de un informe que analice la devolución del patrimonio sindical acumulado, así como la devolución del llamado patrimonio histórico de los bienes pertenecientes a las organizaciones sindicales incautados en el año 1939.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, solicita la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para la emisión de un informe que analice la devolución del patrimonio sindical acumulado, así como la devolución del llamado patrimonio histórico de los bienes pertenecientes a las organizaciones sindicales incautados en el año 1939.
Según lo manifestado por el Ministro Caldera en el debate en el Congreso de la convalidación del Decreto-Ley 13/2005, "desde el 14 de enero de 1986 fecha de entrada en vigor de la Ley 4/1986 se han reintegrado a las organizaciones sindicales poseedora de patrimonio histórico 577 bienes inmuebles reclamados. Estas devoluciones se han ido haciendo por los sucesivos gobiernos (...). Transcurridos casi 20 años quedan 4.000 expedientes que afectan a inmuebles, cuentas financieras y bienes de distinta naturaleza y ante una norma que no sirve a los objetivos marcados".
En dicho debate la mayoría de los Grupos Parlamentarios intervinientes manifestaron expresamente su falta de acuerdo con el procedimiento utilizado, por su arbitrariedad, falta de claridad y transparencia. El representante del BNG manifestó que existía "falta de criterio y transparencia del Gobierno a la hora de la devolución, teniendo en cuenta que actualmente existe para devolver tanto patrimonio sindical histórico como patrimonio sindical acumulado (...) hay que discutir cuando menos que parte de ese patrimonio histórico puede estar dentro del criterio de patrimonio acumulado (...) En consecuencia mucho patrimonio que podría ser entendido como histórico es patrimonio acumulado (...) En la actualidad, hay un importante patrimonio sindical que continua en manos de la Administración, una parte del cual es histórico y otra acumulado.
Es indiscutible que el reparto de éste último tiene que tener en cuenta a las distintas centrales sindicales, de acuerdo con la representación que tiene cada una en el mundo laboral (...)".
Como puso de manifiesto el representante del BNG, la Administración General tiene un importante patrimonio sindical que continua en sus manos. Siendo un hecho relevante el que en el mes de enero de 2006 se cumplirían mas de veinte años, desde que se promulgó la Ley 4/1986 de cesión bienes del patrimonio sindical acumulado, en la que aquellos bienes cuya titularidad es difícil de acreditar por vía judicial pasarían necesariamente al Patrimonio del Estado. Esta puede ser una de las causas por las que el Gobierno no aceptara tramitar el Decreto-Ley como proyecto de ley ya que el mismo no sería posible debatirlo en este periodo de sesiones con la secuela de la necesidad de modificar los requisitos establecidos en la disposición adicional cuarta
Ley 4/1986 al haber sido denegada por el Tribunal Supremo la recuperación o la reparación económica de varios bienes inmuebles por no cumplir con los requisitos legales exigidos. Como así lo expresó el Ministro Caldera en la defensa de la convalidación al expresar que existían al menos 11 sentencias del Tribunal Supremo. Nuevamente nos topamos con un silencio y con la falta de transparencia que tanto reclamaba este Gobierno en la oposición, y de la que tan poco uso hace ahora.
La convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, el pasado 24 de noviembre ha abierto una sombra de opacidad en relación con el uso que se realiza respecto al dinero de los contribuyentes, así como el uso fraudulento de un procedimiento legislativo regulado en el artículo 86 de la Constitución Española. La opacidad y falta de transparencia por parte del ejecutivo se ha evidenciado aún más cuando el contenido de dicho Decreto-ley no ha sido tramitado como proyecto de ley como así se había solicitado por el Grupo Parlamentario popular, alegando el principio de transparencia y regeneración política que tanto ha pregonado el Partido Socialista en su programa electoral. La convalidación por la Cámara de dicho Decreto-Ley ha podido incluso vulnerar otros derechos constitucionales contenidos en el Título I de la Constitución Española como el derecho de libertad sindical consagrado en el artículo 28 de la CE o el derecho contenido en el artículo 14 de la CE como es el de la "no-discriminación" al establecer unos requisitos determinados y dirigidos expresamente a favorecer a un determinado sindicato en detrimento de aquellos otros sindicatos que también se vieron privados de sus bienes.
La convalidación de dicho Decreto-Ley ha puesto en evidencia además el uso torticero que realiza el gobierno del interés particular a un determinado Sindicato -como así lo expresaron alguno de los Grupos Parlamentarios durante el debate de convalidación- en detrimento del interés general desvirtuando con ello el sentido de una reparación histórica cuya legitimidad siempre hemos defendido. El cambio legislativo supone un cambio de las condiciones establecidas en la Ley 4/1986 de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado -sin la seguridad jurídica necesaria- teniendo en cuenta que en la memoria económica que acompaña al Decreto-Ley no se hace una relación detallada -como hubiera sido lo correcto- de los bienes inmuebles afectados por esta nueva reparación económica sino un número determinado de bienes inmuebles que son valorados en una cantidad económica. Es necesario resaltar que era esencial esa relación detallada de los bienes inmuebles para evitar posibles casos de doble venta o reparación económica como así parece haber sucedido en relación con ciertos inmuebles sitos en diferentes localidades respecto de los cuales habrían cobrado en el año 1986 la UGT y en el año 2000 el PSOE. Los inmuebles afectados están situados en Torrevieja, Garrucha (Almería), Bodonal de la Sierra, Herencia, la Mata, Madrid, entre otros...). La existencia de esa doble venta o doble reparación ha sido puesto ya de manifiesto por el propio Tribunal Supremo, en varias de sus sentencias al reconocer que sedes que estaban siendo reclamadas por el PSOE ya habían sido pagadas al cien por cien a la UGT.
Otro hecho que llama poderosamente la atención es la coincidencia de la valoración económica que se hace por parte del Gobierno con el vencimiento del crédito que un determinado sindicato tiene concedido por el ICO, como consecuencia de la mala gestión (por llamarlo de cierta forma) de la denominada PSV. Hay que tener en cuenta además que el informe de valoración de Richard Ellis, S.A. hacía una relación de los inmuebles que habían sido arrebatados a la UGT y a la CNT -entre otros- como consecuencia de la incautación realizada en el año 1939. El conjunto de bienes totalizaba un valor de mercado en esos momentos de 42 millones de euros. En el año 1986 como consecuencia de la negociación UGT recibió 24 millones de euros. ¿Por qué se ha aplicado para la valoración de los bienes inmuebles tasados en 1986 aplicando la revalorización de IPC hasta el día de la compensación? ¿Por qué no se ha aplicado el criterio de precio de mercado como se hizo en, la Ley 43/1998 de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes incautados? Nada se sabe.
Porque en la memoria económica adjuntada no se hace una relación detallada de los inmuebles ni de su ubicación concreta ni de cuáles son los bienes objeto de reparación o restitución. La opacidad y la falta de transparencia es absoluta.
Por todo ello y de conformidad con todo lo expuesto, solicitamos la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la emisión de un informe que analice la titularidad del patrimonio sindical tanto el acumulado como el denominado patrimonio histórico de las organizaciones sindicales y el proceso de devolución por los sucesivos Gobiernos del Estado, con el fin de que se corrijan aquellos defectos que hayan podido existir durante el proceso de restitución y cuyas conclusiones se apliquen para la devolución del patrimonio histórico pendiente de recuperación por las organizaciones sindicales, todo ello sobre la base de las siguientes
Reglas de organización y funcionamiento para esta comisión
1. Analizar la titularidad del patrimonio acumulado y el patrimonio histórico pertenecientes a las organizaciones sindicales y que fueron objeto de incautación en el año 1939.
2. Estudiar y realizar un análisis del proceso de devolución tanto del patrimonio acumulado como el patrimonio histórico pertenecientes a las organizaciones
sindicales y que fueron objeto de incautación en el año 1939 desde la instauración de la democracia por los sucesivos gobiernos desde el año 1977 hasta el año 2005.
3. Una vez realizado el análisis y el estudio referidos determinar los efectos que puedan afectar a las organizaciones sindicales, dar traslado del mismo al Gobierno a los efectos oportunos, y a los Agentes Sociales.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de cien diputados, dos representantes de cada uno de los Grupos parlamentarios con más de diez diputados, y un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes.
C) Adopción de acuerdos
D) Plazo para la realización de los trabajos de la subcomisión
La Subcomisión deberá concluir su trabajo dentro de los dos próximos períodos de sesiones. El mencionado informe, una vez aprobado por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
E) De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
- La información y documentación que en relación con los estudios que están en poder de las Administraciones Públicas, así como de las entidades privadas que han participado en los sucesivos procesos de valoración inmobiliaria entre ellas el informe elaborado por Richards Ellis, S.A., en el año 1986.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades funcionarios públicos, interlocutores sociales, y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
292/000015
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por delegación del Excmo. Sr.
Presidente del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG del acuerdo de 20 de diciembre de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se conceden las becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONCEDEN LAS BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA MESA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2005
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 20 de diciembre ha acordado, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, conceder las doce becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005 (publicado en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 281, de 26 de octubre de 2005) a las siguientes personas:
- Malagón Sánchez-Pastor, Estefanía.
- Pablo Lobo, Carlos de.
- Cortijo Álvaro, Eduardo.
- Cobos Córdoba, Lourdes.
- Galán Sánchez, Jesús Manuel.
- Sacristán Romero, Francisco.
- Cano García, Susana.
- Ráez Cano, José Manuel.
- Casado García, Natalia.
- Abía García, Stella.
- Neila Barba, Aránzazu.
- Rioja Cipriain, Iranzu.
Por otra parte, la Mesa acordó designar como suplentes a las siguientes personas por el orden que se cita a continuación:
- García Segovia, Gema.
- Rodríguez García, Nerea.
- Montero Díaz, Ana Belén.
- Salas García, Bárbara.
- Hernández Martín, Alicia.
- Martín Gavilán, Carlos.
- Molinero Bel, Sara.
- Torrecilla González, María Ángeles.
- González García, Natalia.
- Blázquez Herrero, Gema.
- Lavado Suárez, Laura.
- Durand Baquerizo, Pablo.
- Fraguas Ruiz, Diana.
- Sáez Jiménez, María.
- Rodríguez Carballido, María Teresa.
- Partido Caballero, Paloma.
- Pais García, Ana Isabel.
- Mangas Pozo, Diana.
- Mateos Cabero, Ana Teresa.
- Martín Martín, José Oliver.
- Bueno Rodríguez, Ana María.
- Cedenilla Paredes, María.
- Recio Martínez, Esther.
- Martínez Ramos, Celia.
- Prieto Martín, Tais.
- Mayoral Sánchez, Florencio.
- Benayas García, Irene.
- Queipo Oller, Laura.
- López Espinosa, Mónica.
- Rodríguez Cazallas, Manuela.
- Villadiego Silvia, Manuel Alberto.
- Casañas González, Patricia.
- Ramírez Conde, Maria Esther.
- Jiménez Martínez, María del Carmen.
- Paniagua González, Noelia.
- Sutil Pellitero, Beatriz.
- Honrado Pinilla, Alberto.
- Dávila Espinosa, Vanesa.
- Gómez Fernandez, Eva María.
- Centeno Cueva, Raquel.
- Maseda Agüero, Irene.
- García Rodríguez, Isaac.
- Corrales Pulido, Rosa María.
- Molinero Vázquez, Gonzalo.
- Alcántara Castilla, Laura.
- López Pestaña, Rodrigo José.
- Vilela Fraile, Ignacio.
- Sanguino Extremera, Nuria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2005.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
292/000016
Presidente del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG del acuerdo de 20 de diciembre de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se conceden las becas para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005.
ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONCEDEN LAS BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON LAS CORTES GENERALES O EL PARLAMENTO, CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA MESA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2005
Comunico a V.I., a los efectos oportunos, que la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 20 de diciembre de 2005, acordó, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, conceder las ocho becas para realizar tesis doctorales y hasta cuatro prórrogas de la convocatoria anterior, relacionadas con las Cortes Generales o con el Parlamento, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm.
281, de 26 de octubre de 2005, a las siguientes personas:
- Mercedes García Montero:
La función legislativa en España y América Latina. Un análisis sobre el peso del Parlamento en la actividad legislativa (1990-2004).
- Patricia Rita Marenghi:
Los diputados frente a la encrucijada de la representación política: Argentina, Chile, España, México y Uruguay en perspectiva comparada.
- Aránzazu Novales Alquezar:
Las obligaciones personales que nacen del matrimonio a través de los Códigos Civiles, doctrina científica y jurisprudencia de los países de Civil Law Tradition influidos por el Derecho canónico.
- Beatriz Sánchez Hita:
La obra periodística de Juan Antonio Olavarrieta/José Joaquín de Clararrosa: "Semanario Crítico" (1791), "Diario de Cádiz" (1796) y el "Diario Gaditano" (1820-1822).
- Javier López Alós:
El pensamiento reaccionario español en la época de las Cortes de Cádiz.
- Francisco Sacristán Romero:
Causas y efectos jurídicos de la conciliación de la vida familiar y laboral en los derechos de la mujer.
- Tomás Javier Aliste Santos:
El deber de motivar las resoluciones judiciales establecido por el legislador español. Análisis de su aplicación forense por los jueces y tribunales.
- Ascensión Martín Huertas:
El contenido esencial del Derecho de asociación. Estudio de los debates constitucionales y parlamentarios relativos a esta cuestión.
- Julia Solla Sastre:
Del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes. Una historia de la responsabilidad: las relaciones entre el Legislativo y el Judicial en el Constitucionalismo español (1810-89).
- Alberto Carrio Sampedro:
Teoría de la Legislación y concepto de validez jurídica.
- Diana Repeto García:
Cortes. Prensa. Educación. En el laberinto gaditano, 1810-1814.
- Gema Sánchez Medero:
Liderazgo, representación parlamentaria y estructura de partido (Análisis de las interacciones): PP y PSOE (1989-2004).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 diciembre de 2005.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.
292/000017
Presidente del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG del acuerdo de 20 de diciembre de 2005, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la que se conceden las becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005.
ACUERDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONCEDEN LAS BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO, CONVOCADAS POR ACUERDO DE LA MESA DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2005
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 20 de diciembre de 2005, y de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado constituido al efecto, ha acordado conceder las cuatro becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional relacionados con el Parlamento, convocadas por acuerdo de la Mesa del día 18 de octubre de 2005 (publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 281, de 26 de octubre de 2005) a las siguientes personas:
- Don Miguel Ángel López González, que se acogió al turno reservado en la Base Primera de la convocatoria.
- Doña Natalia Ruiz Córdoba.
- Doña Itziar Rufo López.
- Don Pablo González Pérez-Crespo.
Por otra parte, y de conformidad asimismo con la propuesta del Jurado, la Mesa acordó, para el caso de renuncia de los anteriores, a los siguientes suplentes, por este orden:
1. Doña Iria González Panizo.
2. Doña Rebeca Fernández Alonso.
3. Don José Julio de la Fuente Blanco.
4. Doña Laura Alonso Colmenares.
5. Doña Diana del Amo Iribarren.
6. Doña Vanesa Carabante Romero.
130/000026
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
REAL DECRETO-LEY 15/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REGULACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE DERECHOS AL APROVECHAMIENTO DE AGUA
En cuanto a las cuencas receptoras -fundamentalmente, la cuenca del Segura-, se plantean dos tipos de necesidades: en primer lugar, la urgencia en aliviar el estrés hídrico de determinados cultivos leñosos, en concreto los cítricos, cuya necesidad de agua es crucial en este preciso momento por razones biológicas, necesidad que se ve agravada ante el insuficiente aporte de agua en el año hidrológico pasado, y que no podrá ser remediada acudiendo a los recursos ordinarios que provienen
de la cabecera del Tajo a través del acueducto Tajo-Segura. Pero a este primer elemento, vinculado al regadío, se une otra insuficiencia en un uso de todavía mayor importancia: el abastecimiento de poblaciones; en concreto, el área de la mancomunidad de municipios servidos mediante los recursos del Taibilla, cuya situación presenta unos perfiles tan ajustados que hace imprescindible contar con una mínima reserva de agua ante la eventualidad de que las precipitaciones en el inicio del invierno se reduzcan nuevamente, lo cual entra dentro de lo previsible.
El proyecto de Real Decreto-ley tiene por objeto regular determinados aspectos relacionados con las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua, con el fin de promover y facilitar la realización de las mismas. Se incardina la norma en el conjunto de medidas destinadas a combatir la intensa sequía que hemos venido padeciendo durante el anterior año hidrológico, y cuyos efectos, a pesar de las precipitaciones de las últimas semanas, se mantienen con extrema gravedad.
Esencialmente, se trata de dos medidas concretas cuyo contenido y alcance se exponen a continuación.
La redacción del citado artículo determina la posibilidad de otorgar los contratos de cesión a los "concesionarios y otros titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas". El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, dictado en desarrollo de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, ciñe, en su artículo 343.2, a "los concesionarios de aguas superficiales y subterráneas y a los titulares de aprovechamientos temporales de aguas privadas inscritos en el Registro de Aguas conforme a las disposiciones transitorias segunda y tercera del texto refundido de la Ley de Aguas" la posibilidad de celebrar dichos contratos. Por lo tanto, y dado que los títulos que poseen los usuarios de las zonas regables de iniciativa pública no pueden encuadrarse estrictamente -ya que se trata de un título administrativo "sui generis" derivado de la legislación sobre reforma y desarrollo agrario- en ninguna de las dos categorías que menciona el Reglamento, es necesario especificar el ámbito de aplicación del artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Aguas con el fin de habilitar a dichos titulares para ser parte en los contratos de cesión, tanto en calidad de cedentes como de cesionarios.
La segunda medida está contenida en el artículo 3 del proyecto, que establece que las infraestructuras de conexión intercuencas entre el embalse del Negratín y el de Cuevas del Almanzora, así como el acueducto Tajo-Segura, podrán ser utilizadas para las transacciones reguladas en los artículos 67 a 70 del texto refundido de la Ley de Aguas.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 2005, dispongo:
1. Las infraestructuras de conexión intercuencas existentes entre el embalse del Negratín y el de Cuevas del Almanzora, así como el acueducto Tajo-Segura, podrán ser utilizadas para los contratos de cesión de derechos regulados en los artículos 67 a 70 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. La utilización de las infraestructuras para estas transacciones se subordina a los fines prioritarios fijados en las respectivas normas reguladoras de las transferencias.
Disposición adicional primera. Otros derechos de aprovechamiento de agua derivados de leyes especiales.
1. Se considerarán incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de este real decreto-ley los derechos al aprovechamiento de agua que pudieran derivarse de los volúmenes señalados en la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de explotación del acueducto Tajo-Segura, con sujeción a los términos, condiciones y limitaciones establecidos en dicha norma y en las restantes disposiciones reguladoras del trasvase y, en particular, a los acuerdos que adopte la Comisión Central de Explotación del acueducto y, en su caso, el Consejo de Ministros, respecto de las decisiones concretas de trasvase.
2. Se considerarán asimismo incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de este real decreto-ley los derechos al aprovechamiento de agua derivados de la Ley de 27 de abril de 1946, por la que se reorganiza la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en los términos y condiciones establecidos en dicha norma y en la restante legislación aplicable.
Disposición adicional segunda. Declaración de urgente necesidad de ocupación.
Disposición adicional tercera. Cómputo de los volúmenes objeto de transacción a las cuencas receptoras del acueducto Tajo-Segura.
Disposición adicional cuarta. Autorización de las transacciones intercuencas.
Las transacciones que impliquen la utilización de infraestructuras de conexión intercuencas deberán ser autorizadas por la Dirección General del Agua, previo informe de los organismos de cuenca afectados y de las
restantes entidades que deban informar de acuerdo con el artículo 68.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Asimismo, en el plazo previsto en el citado artículo, la Dirección General del Agua podrá ejercer el derecho de adquisición preferente regulado en el artículo 68.3.
Disposición final segunda. Suspensión temporal de eficacia.
El presente real decreto-ley estará en vigor desde el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" hasta el 30 de noviembre de 2006.
Ampliación y mejora del abastecimiento a la Mancomunidad del Girasol-Anillo Perimetral de Tarancón.
Desalación y obras complementarias para el poniente Almeriense.
Desalobradora de Adra (Almería).
Interconexión Carboneras-Cuevas del Almanzora. Conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería). (Conexión Presa Cuevas del Almanzora-Poniente Almeriense, Sector Norte.)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000422
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre adhesión al manifiesto en defensa de la Constitución suscrito por destacados protagonistas del proceso constituyente, para su debate en Pleno.
El pasado 5 de diciembre del presente año, víspera del Día de la Constitución, el Presidente del Congreso de los Diputados y del Senado durante la Legislatura Constituyente, junto con otras personalidades, entre las que se contaban destacados Diputados y Senadores de dicha legislatura, hicieron público un "Manifiesto en defensa de la Constitución española", con el siguiente texto:
"Los redactores y primeros firmantes de este escrito, Fernando Álvarez de Miranda y Torres y Antonio Fontán Pérez, tuvimos el honor, por elección de nuestros compañeros parlamentarios, de presidir el Con-greso de los Diputados y el Senado en la Legislatura Constituyente (1977-1979). Por nuestra función nos correspondió la honra de refrendar en nombre de las Cortes, la firma de S. M. el Rey al pie del Texto Constitucional, en la histórica y solemne sesión conjunta de las dos Cámaras del 29 de diciembre de 1978.
En las presentes circunstancias hemos pensado que era deber nuestro, de antiguos políticos constituyentes, trasladar a la sociedad española nuestra preocupación ante la presentación al Parlamento de un proyecto de Estatuto de Cataluña, que está dando lugar a una manifiesta inquietud social. Por eso sometemos a la consideración pública las siguientes consideraciones, invitando a la suscripción de este documento.
La aprobación por la inmensa mayoría del pueblo español de la Constitución de 1978 ha sido el acontecimiento político más trascendente y prometedor de los últimos doscientos años de nuestra historia. A su amparo y en aplicación de sus preceptos España es desde hace más de veinticinco años una sociedad democrática en la que se vive en un régimen de libertades públicas y personales y de promoción y respeto de los derechos humanos.
La Constitución, justamente llamada de la concordia, se estableció con el apoyo de los diversos partidos democráticos y de las varias ideologías y sensibilidades a veces dramáticamente enfrentadas en tiempos anteriores.
Ha dado lugar a una renovación y modernización política que ha situado a nuestra nación en el grupo de cabeza de las de nuestro entorno cultural, y ha permitido superar conflictos que antes no habían sido constructivamente encauzados.
Con ella, nuestra patria, en un régimen de monarquía parlamentaria, ha conocido alternancias políticas en el ejercicio del poder y se ha reorganizado pacíficamente la estructura misma del Estado. Ha sido posible una ordenada distribución del poder político entre el Gobierno y el Parlamento nacionales y las Comunidades territoriales, tanto las de antiguas vocación y experiencia de autonomía como aquellas otras que, siempre sobre fundamentos históricos y culturales, se han creado en otros pueblos de España. Unidad política sin uniformismos, solidaridad sin privilegios, diversidad sin imposiciones.
Junto a la Constitución, los Estatutos de Autonomía aceptados y vividos por toda la sociedad española al amparo de los principios constitucionales han demostrado ser un instrumento de cohesión nacional y de progreso.
Como toda obra humana, la Constitución puede ser enmendada, perfeccionada y actualizada, ajustándola a las exigencias de los tiempos y a las conveniencias del progreso. Así podrá, y deberá, hacerse cuando la necesidad política y los intereses nacionales lo demanden y por los mismos cauces y modos de entendimiento, tolerancia y consenso de los partidos y de las nacionalidades y regiones que condujeron a su nacimiento.
Por eso produce alarma en el cuerpo social la presentación al Congreso de los Diputados del llamado
nuevo Estatuto de Cataluña, que en muchos de sus extremos es manifiestamente anticonstitucional, y cuya aprobación supondría avalar un intento subrepticio de reforma de la Constitución.
Los parlamentarios nacionales se enfrentan con una grave responsabilidad de alcance histórico. Un sector importante de la sociedad española tiene el derecho de llamar su atención sobre ello y exigirles que actúen y resuelvan de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución que están comprometidos a respetar y cumplir.
Ante esta inquietante situación, unas docenas de antiguos políticos y personas de relevancia de los años de la transición han considerado que era deber suyo dirigirse a los diputados y senadores de las Cortes Generales y a la opinión pública en general con estas consideraciones sobre la gravedad y los riesgos de la situación que se ha planteado."
El Manifiesto se encuentra abierto a la adhesión de cuantos ciudadanos deseen firmarlo y ha recibido ya en este momento más de 8.000 adhesiones.
El Grupo Parlamentario Popular considera que, dada la relevancia de las personalidades que han hecho público este Manifiesto, es oportuno que el Congreso de los Diputados se adhiera solemnemente a él. Es oportuno que, en recuerdo de los hombres y mujeres que hicieron posible el modélico proceso constituyente, muchos de los cuales se encuentran entre los firmantes de este manifiesto, esta Cámara reafirme su rotundo compromiso con la Constitución española y con su plena vigencia.
"El Congreso de los Diputados se adhiere al Manifiesto en defensa de la Constitución suscrito, como primeros firmantes, por el Presidente del Congreso de los Diputados y del Senado de la Legislatura Constituyente, y reafirma de este modo su rotundo compromiso con la Constitución española y con su plena vigencia."
162/000423
El Grupo Popular del Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la Y vasca, para su debate en Pleno.
El día 12 de diciembre de 2005 el Gobierno de la nación y el de la Comunidad Autónoma del País Vasco han formalizado un convenio de cooperación en cuya virtud el Gobierno vasco asumirá la ejecución del tramo guipuzcoano del tren de alta velocidad, descontando del cupo contributivo las cantidades invertidas en dicha infraestructura estatal.
La disposición adicional quinta del vigente Convenio Económico entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado establece que "el Estado y la Comunidad Foral podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en Navarra, a en otros territorios, cuando la naturaleza o características de las mismas aconseje este tipo de financiación".
La construcción del tren de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona estaba prevista en el acuerdo de colaboración suscrito el 17 de diciembre de 2002 entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra. La ejecución de las obras debía realizarse en el horizonte temporal 2007-2010. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 no contemplan cantidad alguna que permita afrontar esta magna obra de infraestructura en los plazos señalados y ni siquiera se prevé cantidad alguna en los años 2007, 2008 y 2009.
El Gobierno de Navarra ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo semejante al alcanzado entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco para anticipar la ejecución de una obra de interés general, tanto para Navarra como para el conjunto de España, utilizando para ello una fórmula similar a la del País Vasco, utilizando para ello el cauce establecido en la disposición adicional quinta del Convenio Económico, con la previsión de que las inversiones realizadas por el Gobierno de la Comunidad Foral para la ejecución del tramo navarro (Tudela-Pamplona y conexión con la Y vasca) sea deducible de la aportación a las cargas generales del Estado por tratarse de una infraestructura de la exclusiva competencia estatal.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que convenga con la Comunidad Foral de Navarra, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del vigente Convenio Económico, la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la Y vasca, asumiendo
Navarra la ejecución del tramo navarro deduciendo las cantidades invertidas en la misma de la aportación a las cargas generales del Estado."
162/000424
El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la empresa SANMINA-SCI y sus efectos en el empleo y en el desarrollo industrial de la provincia de Toledo, para su debate en Pleno.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la empresa Sanmina-SCI y sus efectos en el empleo y en el desarrollo industrial de la provincia de Toledo, para su debate en Pleno.
Hace algo más de un mes, los ciudadanos de Toledo conocieron la intención de la empresa multinacional estadounidense Sanmina-SCI de cerrar su fábrica ubicada en el Polígono Industrial de esa ciudad. El cierre de esta factoría supondría la eliminación de 383 puestos de trabajo directos, con una antigüedad de alrededor de 30 años, y de otros 100 indirectos.
Las justificaciones que alega la compañía para proceder al cierre de la empresa son: la caída de los precios y el incremento de la competencia con otros países, las enormes dificultades del sector de componentes electrónicos y la finalización en junio de 2006 del contrato que tiene con Alcatel, fecha que plantean como tope para el cierre de la factoría.
En este punto es conveniente recordar que en el año 2002 Alcatel vendió esta factoría a sus actuales propietarios, de multinacional a multinacional, estando trabajando por contrato desde entonces para otras empresas como la propia Alcatel, Bombardier y Hewlett-Packard, entre otras, siendo Alcatel su cliente principal para el que destinan el 80 % de su producción.
Ante este anuncio, una vez más, salta a la palestra el problema de las deslocalizaciones industriales y el terrible efecto que sobre los trabajadores y sus familias tiene.
Para los ciudadanos de Toledo, la planta de producción de Sanmina-SIC es todo un símbolo. A principios de los años setenta su instalación en el Polígono de Toledo supuso el punto de arranque para el desarrollo de este importante barrio de la ciudad. En aquellos momentos la compañía Standard se convirtió en un extraordinario acicate para la implantación de los sindicatos y del movimiento ciudadano en Toledo.
Desde la apertura de la fábrica a la actualidad, sus trabajadores se han enfrentado a numerosas procesos de reconversión, cambios de titularidad y reducción de plantillas. Sus movilizaciones siempre han sido asumidas y apoyadas por los habitantes de su ciudad, ya que siempre han sentido que esta empresa era algo fundamental para el desarrollo económico y social de ésta. A pesar de estos procesos, que han supuesto una reducción progresiva del número de trabajadores en plantilla, esta lucha ha conseguido mantener en Toledo y en Castilla-La Mancha una industria puntera en el sector de las telecomunicaciones y de la alta tecnología en una región con un tejido industrial débil y con pocas industrias en el sector tecnológico, que ha servido para acoger en estos últimos años a los jóvenes formados en el campo de la electrónica.
La plantilla actual de Sanmina-SCI es una mezcla de trabajadores de la plantilla de Torrejón de Ardoz y Villaverde, que se trasladaron a Toledo cuando Alcatel cerró allí, de Ericsson cuando esta firma cerró (también en Madrid) y de trabajadores de la factoría que abrió en Toledo hace 35 años.
Conocido el anuncio de cierre, que según la empresa será progresivo y empezaría el próximo mes de enero, los representantes de los trabajadores han comenzado a movilizarse al considerar que las intenciones de la empresa son trasladar sus instalaciones a otras países, donde los costes productivos son menores, y por entender que existe un margen suficiente para el desarrollo de medidas de viabilidad que garanticen la permanencia en Toledo de esta importante empresa, cuya producción de componentes electrónicos tiene como clientes a importantes marcas del sector ya referidas anteriormente, ya que los resultados económicos obtenidos por la empresa en el último ejercicio económico se han cerrado con saldo favorable.
En estos momentos hay una negociación para renovar el contrato entre Sanmina y Alcatel, pero de momento no cuentan con la factoría de Toledo puesto que la multinacional estadounidense plantea deslocalizar su producción a países de bajo coste como Hungría, Tailandia o China, donde Sanmina tiene también fábricas.
Por todo ello, se viene a presentar la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que:
1. No se proceda al cierre de la factoría de componentes electrónicos que la empresa multinacional Sanmina-SCI posee en la actualidad en el Polígono industrial de Santa María de Benquerencia en la ciudad de Toledo. Para ello se debería:
- Mantener las conversaciones precisas con las partes afectadas -empresa, trabajadores y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha- con el fin de favorecer el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo de la empresa Sanmina-SCI en la provincia de Toledo.
- Potenciar el diálogo social entre la dirección de la empresa Sanmina-SCI y los representantes de los trabajadores, de forma que se asegure una información transparente sobre las medidas precisas para afrontar la viabilidad de la empresa y el mantenimiento del empleo.
- Apoyar el futuro empresarial de la empresa Sanmina-SCI en la provincia de Toledo, que ha de pasar por un plan de inversiones que asegure un volumen de producción suficiente para alcanzar unos objetivos claros de viabilidad económica y financiera para los próximos años.
2. En el caso de que estas medidas no obtuvieran el objetivo perseguido en el punto anterior, se debería:-
- Favorecer un acuerdo con otras empresas del ramo, que garantice el mantenimiento de los empleos amenazados y de la producción de componentes electrónicos en Toledo, en un sector con un presente y un futuro claro y determinante para el impulso de las políticas de I+D+i en nuestro país.
De no prosperar este acuerdo, recolocar a los trabajadores afectados en los diferentes sectores estratégicos en los que tiene presencia la Administración del Estado.
- Considerar la reversión o compensación de los beneficios fiscales, subvenciones o utilización de suelo público que esta empresa haya obtenido por parte de cualquier Administración Pública.
3. En colaboración con la Administración autonómica y local competentes:
- Se busque una solución a este conflicto laboral y se apoye a los trabajadores en todas cuantas acciones, dentro de la legalidad vigente, quieran realizar en defensa de su puesto de trabajo.
- Se evite cualquier acción especulativa sobre los terrenos de la actual factoría.
- Que se establezcan convenios de colaboración para coordinar actuaciones en materia industrial orientadas a reforzar el tejido productivo de esta zona.
4. Se elabore un estudio por medio de observatorios sectoriales para identificar y evaluar los problemas estructurales de competitividad específicos del sector de componentes electrónicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.-Gaspar Llamazares Trigo y Joan Herrera Torres, Portavoces del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
173/000107
AUTOR: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las decisiones que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2005.--P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación
Urgente sobre las decisiones a adoptar por el Gobierno para garantizar el suministro eléctrico, en las mismas condiciones de calidad y precio, tanto en el archipiélago canario como en el resto de los territorios extrapeninsulares.
Durante los días 28 y 29 de noviembre, Canarias sufrió el azote de la denominada tormenta tropical Delta, con vientos huracanados, produciendo importantes daños en el litoral, puertos, aeropuertos, infraestructuras, agricultura y, especialmente, en la red de transporte eléctrico, provocando apagones que, en algunos lugares, duraron más de cuatro días, circunstancia esta última que ha causado inquietud y rechazo social y que merecen el análisis del estado del sector eléctrico canario y la adopción de una serie de medidas encaminadas a evitar que la situación vivida vuelva a repetirse.
Así, el artículo 12 de la Ley estatal 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, establecía que los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares serían objeto de una regulación singular, que atendería a las especificidades de su ubicación territorial, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas.
Esa regulación se justificaba por las especiales condiciones de los sistemas insulares eléctricos -su aislamiento y reducido tamaño- y con ella se trataba de establecer unas condiciones de operación que permitieran la introducción de un cierto nivel de competencia en el sector eléctrico insular, especialmente en la generación, y poder disfrutar en el Archipiélago de los beneficios del mercado liberalizado que había introducido la Ley 54/1997 en el resto del Estado.
Desde noviembre de 1997, fecha en que se publicó la Ley, hasta diciembre de 2003 no se llevó a efecto el desarrollo de este artículo 12, fecha en que se dictó el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre.
No obstante, la publicación del Real Decreto no dejó resuelto definitivamente el marco normativo, porque el Reglamento aprobado venía, por un lado, a fijar el marco general técnico-financiero para las empresas que interviniesen en estos sistemas, pero dejando que su concreción se realizase mediante unas órdenes ministeriales que deberían publicarse posteriormente y, por otro lado, designaba como operador del sistema eléctrico canario a Red Eléctrica de España (REE), como organismo independiente encargado de velar por la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte, pero sin definir los procedimientos de operación que debería aplicar en su gestión del sistema.
Hasta la fecha, ni se han dictado las órdenes ministeriales, ni REE ha podido empezar, en la práctica, a funcionar como operador del sistema.
Esta ausencia de desarrollo del Reglamento ha venido a poner en evidencia las carencias del sistema eléctrico canario, aislado y frágil, agravadas por un funcionamiento del mercado en régimen de monopolio, pese a que la liberalización del mercado ya es una realidad en el territorio peninsular desde 1997.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
a) Con relación al marco normativo general.
A culminar el proceso de liberalización del sector eléctrico en la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la aprobación urgente de las órdenes ministeriales de desarrollo del Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE), en concreto:
1. Orden Ministerial por la que se aprueba el procedimiento de cálculo y liquidación de la energía en los SEIE.
2. Orden Ministerial por la que se aprueba el procedimiento de reparto de la garantía de potencia a nivel horario y se establece el cálculo de la potencia disponible.
b) Con relación a la mejora efectiva de los sistemas eléctricos en Canarias y su repercusión económica.
A obligar a las empresas transportistas que operen en Canarias a disponer en cada isla de unos "stocks" mínimos de materiales definido reglamentariamente. Esta obligatoriedad debe ser reconocida como un coste adicional de la actividad de transporte en Canarias, con la consiguiente modificación puntual del Real Decreto de SEIE, cuyo artículo 12 equipara el transporte en los SEIE con el del resto del Estado.
c) Con relación a la ruptura del monopolio de hecho existente en el sector eléctrico en Canarias.
1. A adoptar medidas para propiciar la adquisición por Red Eléctrica de España de las redes de transporte de electricidad en Canarias, al igual que ha sucedido en el resto del Estado.
2. A promover la apertura de los mercados de los SEIE a nuevos generadores, impidiendo la posición monopolística del operador vigente, mediante los instrumentos legales oportunos que, por un lado, obliguen a la enajenación de parte de los activos de generación existentes y, por otro, faciliten que las inversiones en las nuevas centrales de generación sean acometidas por operadores distintos al actual.
d) Con relación a la distribución de competencias.
A desistir de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, con la finalidad de clarificar el marco competencial en la materia a favor de la Comunidad Autónoma, dadas sus especificidades derivadas de su lejanía e insularidad que inciden de manera determinante en el modelo eléctrico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.-Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
173/000108
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la implantación de los servicios ferroviarios regionales de alta velocidad.
El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar los servicios regionales de alta velocidad en las líneas ferroviarias de Alta Velocidad, iniciando este tipo de servicio en la línea Madrid--Lleida-Barcelona-Frontera francesa a medida que finalicen las obras de los distintos tramos. El Gobierno presentará, en el plazo máximo de seis meses, un Plan de implantación de los servicios regionales de alta velocidad que incluya:
a) Un calendario para la entrada en funcionamiento de los distintos trayectos de regionales de alta velocidad, las características iniciales de cada trayecto (frecuencia, tipo y número de trenes, precios...) en función de la demanda previsible inicial y la ubicación de los núcleos operativos de las redes de regionales de media distancia en alta velocidad, estableciendo provisionalmente Zaragoza como base de lanzaderas para prestar este servicio hacia Calatayud, Huesca y Lleida en la línea Madrid-Zaragoza-Lleida.
b) Las previsiones de compra del material móvil necesario para este tipo de servicio a corto y medio plazo.
c) La consideración de estos servicios como regionales de media distancia en la definición de las tarifas y abonos que permita un precio final asequible, especialmente para ser utilizado de forma diaria.
d) El inicio del servicio de regionales de alta velocidad entre Lleida y Tarragona (Perafort) a finales del año 2006, plazo previsto para la entrada en servicio AVE Lleida-Tarragona (Perafort), al mismo tiempo que se refuerzan y mejoran los actuales servicios ferroviarios de las comarcas de Tarragona.
e) La previsión para la implantación de un servicio regional de alta velocidad en Catalunya, con base operativa en Barcelona, que permita unir las capitales catalanas, más otras ciudades, con frecuencias muy altas de trenes, que sitúen Tarragona y Girona a 30 minutos de Barcelona y Lleida a alrededor de 50 minutos.
f) El inicio de los trayectos Zaragoza-Calatayud, Zaragoza-Huesca y Zaragoza-LLeida antes de finales del año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000109
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el balance de la gestión del incendio de Guadalajara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente relativa al balance de la gestión del incendio de Guadalajara.
Transcurridos cinco meses desde la tragedia humana, la catástrofe ecológica y la ruina económica para la zona, que supuso el incendio iniciado el pasado 16 de julio en Guadalajara como consecuencia de la descoordinación, los errores cometidos y la falta de atención y de medios adecuados; después de rechazar por dos veces la constitución de una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que aclarara los hechos y permitiera depurar responsabilidades después de aprobar unas conclusiones escritas de antemano en las Cortes de Castilla-La Mancha, en agosto, de manera precipitada y habiendo vetado a comparecientes, testigos y documentos vitales para la investigación; después de que la Ministra de Medio Ambiente reconociera durante la Interpelación que hubo fallos por parte del Gobierno, y después de la huelga de hambre y la manifestación multitudinaria de apoyo a las víctimas y sus familias y de protesta contra el Gobierno convocada por los afectados, que claman justicia y que con desolación e indignación han visto que no se daba respuesta a sus justas demandas para conocer la verdad sobre una catástrofe que era evitable, para que se cumplan las actuaciones comprometidas por el Gobierno, y para que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir sus compromisos en orden a:
1. Establecer un nuevo plan de prevención y lucha contra incendios, que incluya nuevos y modernos medios de extinción, trabajos de silvicultura y cuidados preventivos de los montes, nuevos protocolos de coordinación con las Comunidades Autónomas y entre los distintos Departamentos del Gobierno, y un nuevo sistema de alerta preventiva permanente ante incendios.
2. Impulsar las investigaciones precisas que permitan conocer la verdad de los hechos, con el testimonio de testigos, de responsables y de las personas que participaron en las labores de extinción, para reparar el daño moral de los afectados y de las familias de las víctimas mortales.
3. Equiparar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos en el incendio de Guadalajara, a las que percibe el resto de personal dependiente de la Administración fallecido en el cumplimiento de su deber.
4. Eximir de cargas fiscales los ingresos como consecuencia del fallecimiento de sus seres queridos, a las familias de los fallecidos en el incendio de Guadalajara, equiparándose en este sentido a las víctimas del terrorismo.
5. Redactar y desarrollar un Plan de Restauración Medioambiental de la zona arrasada por el incendio, que garantice el desarrollo sostenible de la misma.
6. Desarrollar nuevas Redes de Telecomunicaciones en la zona, y entre ellas de telefonía móvil, radio, televisión y ADSL.
7. Impulsar el desarrollo turístico de la zona, con la construcción, entre otras infraestructuras, de un Parador Nacional de Turismo en Molina de Aragón como capital de la Comarca del Alto Tajo.
8. Convertir la N-211 en Autovía, para mejorar la conexión entre el levante español y la zona centro y norte de España, y para impulsar económicamente la zona arrasada por el incendio.
9. Incrementar los medios técnicos y humanos en la provincia de Guadalajara para la lucha contra los incendios forestales.
10. Establecer un plan de medidas de impulso económico, de facilitación para el establecimiento de nuevas empresas y de incentivación de la creación de empleo en la zona y, dentro del mismo, la creación de una planta de biomasa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
245/000003
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 22 de diciembre de 2005, en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, presentada por el Consejo General del Poder Judicial y referida al año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2005.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RESOLUCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA CÁMARA EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2005, EN RELACIÓN CON LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, REFERIDA AL AÑO 2004, PRESENTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial al cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados con relación a la Memoria de ejercicios anteriores.
2.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a atender las recomendaciones elevadas por el Defensor del Pueblo con relación al estado, funcionamiento y actividad del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondientes a ejercicios anteriores.
3.ª El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Consejo General del Poder Judicial para que ejerza una función moderadora y arbitral, integradora de todas las sensibilidades del Consejo con el objeto de facilitar el cogobierno del órgano.
4.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a ajustarse a las funciones que tiene legalmente atribuidas y a no auto llamarse para informar sobre materias que no son de su competencia con el objeto de influir de forma partidista en el debate político.
5.ª El Congreso de los Diputados traslada al Consejo General del Poder Judicial la conveniencia de que las sucesivas comparecencias del Presidente para la presentación de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial se celebren de forma inmediata a la apertura del correspondiente año judicial.
6.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que en colaboración con el Gobierno y las Comunidades Autónomas profundicen en el objetivo de mejora y modernización de la Administración de Justicia, promoviendo el establecimiento de comisiones de trabajo en las que estén representadas las Administraciones Públicas con competencias transferidas en materia de Justicia.
7.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que colabore en el desarrollo de las iniciativas y actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, de forma que estos derechos se configuren como pieza central de la reforma de la Justicia en el Estado español.
8.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que incremente la formación especializada en las áreas de contenido multidisciplinar, como son las de Derecho de Familia, Derecho de Menores y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
9.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a la regulación del control jurisdiccional de las situaciones de los extranjeros internos en centro de detención por expedientes administrativos
de expulsión y que en este momento carecen de control jurisdiccional adecuado.
10.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incrementar los medios para la formación inicial y continua, a garantizar una mayor pluralidad y a revisar los propios criterios de formación en el sentido de profundizar no solo en materias estrictamente jurídicas sino también en el estudio de los fenómenos sociales que dan lugar a los ataques de bienes jurídicos protegidos en nuestro ordenamiento.
11.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a colaborar en materia de formación inicial y continua con el Ministerio Fiscal, estableciendo criterios comunes de formación en la Carrera Judicial y Fiscal, dando cumplimiento a lo acordado en la Proposición no de Ley aprobada el 21 de septiembre de 2004 por el Congreso de los Diputados.
12 .ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a garantizar que la formación comprenda el conocimiento y el uso de las lenguas oficiales y el Derecho propio de las distintas Comunidades Autónomas, dando cumplimiento a lo acordado en la Proposición no de Ley aprobada el 21 de septiembre de 2004 por el Congreso de los Diputados.
13.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que el sistema retributivo de módulos tenga en cuenta la especificidad de aquellas jurisdicciones en las que los conocimientos multidisciplinares son importantes para resolver.
14.ª El Congreso de los Diputados reitera al Consejo General del Poder Judicial el acuerdo adoptado por esta Cámara instándole a cumplir el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referido al ejercicio de las competencias otorgadas al Consejo y se abstenga de instrumentalizar políticamente sus funciones y de interferir en la potestad legislativa que ejercen las Cortes Generales.
15.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a cumplir las Resoluciones aprobadas por esta Cámara realizando los estudios e informes solicitados en las resoluciones referidas al año 2003, así como reflejando en la Memoria de 2005 cuantos datos segregados y específicos fueron solicitados en las mencionadas resoluciones.
16.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a velar por el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en las propuestas de nombramientos para cargos judiciales y Magistrados del Tribunal Supremo.
17.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a desarrollar una política de formación basada en los criterios de pluralismo, calidad y eficiencia que abarque especialmente el campo de las nuevas tecnologías y, entre otras materias, muy especialmente las previsiones de formación especializada establecidas al efecto en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y, asimismo, una formación especializada dirigida a los Magistrados que deben actuar como presidentes de Tribunales del Jurado.
18.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a limitar su actividad a las funciones de inspección, nombramientos, selección, formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados, y demás competencias que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, absteniéndose de instrumentar políticamente sus funciones mediante valoraciones políticas e ideológicas, de manera que no se obstaculice la función legislativa.
19.ª El Congreso de los Diputados reitera al Consejo General del Poder Judicial la necesidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias que favorezcan la igualdad de género en los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales y en los nombramientos para la provisión de plazas, de tal manera que la presencia de mujeres sea proporcional como mínimo a la presencia de mujeres en la carrera judicial.
20.ª El Congreso de los Diputados, en el ámbito de la utilización en la Administración de Justicia de las lenguas oficiales y propias de las Comunidades Autónomas, insta al Consejo General del Poder Judicial a cumplir plenamente las previsiones normativas y reitera las resoluciones aprobadas a tal efecto por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 2 de diciembre de 2004, en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, referida al año 2003.
21.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incluir, en sus futuras memorias, un apartado relativo a las relaciones institucionales entre el Consejo y las Cortes Generales, tal como realizó en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia referida al año 2001.
22.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a incluir, en sus futuras memorias, una mención expresa de aquellas propuestas de resolución aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados relativas a la tramitación de las correspondientes memorias y el curso que les haya dado el Consejo General del Poder Judicial.
23.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a abstenerse de verter manifestaciones u opiniones en relación a asuntos que no conciernan directamente a las competencias y actividades propias que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial confieren al órgano de gobierno del Poder Judicial.
24.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a mostrar el máximo celo en el ejercicio de la competencia constitucional atribuida como órgano de gobierno del Poder Judicial. Por
ello, observa la necesidad de que el Consejo se abstenga en el futuro de realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales que sean susceptibles de contener juicios de oportunidad política y que no sean expresamente preceptivos por el ordenamiento jurídico o no hayan sido previamente requeridos por parte de los órganos competentes.
25.ª El Congreso de los Diputados reitera al Consejo General del Poder Judicial las resoluciones adoptadas y aprobadas por el Pleno de la Cámara, en su sesión del día 2 de diciembre de 2004, en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, referida al año 2003, presentada por el Consejo del Poder Judicial.
26.ª El Congreso de los Diputados, valorando positivamente que se registren las medidas propuestas y adoptadas por los órganos con competencia en la materia, solicita al Consejo General del Poder Judicial que emprenda las acciones que considere oportunas a fin de rectificar los posibles desajustes en el trato dispensado a los usuarios de la Administración de Justicia, de conformidad con las quejas y las reclamaciones formuladas por los mismos según se recoge en el correspondiente apartado de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia referida al año 2004.
27.ª El Congreso de los Diputados, considerando la necesidad de profundizar en las medidas de impulso de la formación continua de Jueces y Magistrados, insta al Consejo del Poder Judicial a realizar un esfuerzo a fin de mejorar la adecuación de la oferta formativa propuesta por el mismo Consejo a las necesidades e intereses mostrados por los miembros de la Carrera judicial.
28.ª El Congreso de los Diputados, ante la calificación como "relevante" contenida en la Memoria, insta al Consejo General del Poder Judicial a realizar un informe sobre la evolución de la aplicación de la prisión provisional en los procedimientos penales en los últimos tres años.
30.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a realizar un informe en relación a la duración media de los procedimientos ordinarios y monitorios en el orden jurisdiccional civil, reiterando, asimismo, el mandato contenido en la resolución núm. 41, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en relación con la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, referida al año 2003.
31.ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a enviar a la Cámara informes periódicos sobre la actuación de los nuevos Juzgados Mercantiles desde su entrada en funcionamiento, así como un estudio sobre las demás medidas a adoptar en materia de planta judicial y de formación para garantizar el adecuado funcionamiento de la jurisdicción especializada, en base a criterios de eficacia y eficiencia.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 28
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 97
 Real Decreto 
 artículo 343
sui generis
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 184
 artículo 12
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 97
 resolución 
 resolución