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Timestamp: 2019-03-19 14:49:42+00:00

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Luchas de los sectores LGBTI en Pasto, Nariño en el posconflicto | La Manzana de la Discordia
Luchas de los sectores LGBTI en Pasto, Nariño en el posconflicto
Scarlet Sotomayor Tacuri Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Bogotá sur, Colombia
Anderson Javier Quintero Gaitán Consejo Noruego para Refugiados, Bogotá, Colombia.
DOI: https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v12i2.6231
La categorización de víctima constituye una estrategia de participación política de los sectores LGBTI de la ciudad de Pasto. El fin de esta autodefinición es continuar la lucha por la ciudadanía plena y su reconocimiento en el departamento de Nariño, Colombia. Este colectivo es heterogéneo y tiene dificultades a la hora de construir una identidad colectiva que permita su consolidación. Sin embargo, durante los dieciséis años que lleva funcionando se ha fortalecido, mediante las luchas constantes de activistas y las transformaciones constitucionales.
Se tienen en cuenta los debates feministas y de los estudios de género sobre víctimas y ciudadanía, planteándolas como definiciones opuestas; no significa que sean en sí mismas un antagonismo, sino una estrategia de movilización política en el marco de la Ley 1448 de 2011 y en los acuerdos de paz realizados entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- durante los últimos cuatro años. Esto ha permitido la visibilización de sus problemáticas, a nivel social y cultural en las zonas rurales, donde se recrudece el conflicto y, en la zona urbana donde los estereotipos y estigmas son parte de la cotidianidad y se reproducen para discriminar a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.
Scarlet Sotomayor Tacuri, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Bogotá sur, Colombia
Maestra en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Quito, Ecuador); antropóloga; co-investigadora en la consultoría por convenio entre la Universidad Icesi, Fundación Gases de Occidente y el Centro de Capacitación Don Bosco; asistente de investigación para proyecto de Colciencias Modelo de atención primaria en salud diferencial para municipios con alta dispersión rural del litoral Pacífico. Correo electrónico: scarletsotomayor@hotmail.com.
Anderson Javier Quintero Gaitán, Consejo Noruego para Refugiados, Bogotá, Colombia.
Máster en Relaciones Internacionales con énfasis en Derechos Humanos (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Quito, Ecuador); co-investigador en la consultoría por convenio entre la Universidad Icesi, Fundación Gases de Occidente y el Centro de Capacitación Don Bosco. Delegado por Artesanías de Colombia para participar en el foro: ´Productos maderables no renovables de Corpochivor en Chivor-Boyacá´. Correo electrónico: anja_quga@hotmail.com.
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SOTOMAYOR TACURI, Scarlet; QUINTERO GAITÁN, Anderson Javier. Luchas de los sectores LGBTI en Pasto, Nariño en el posconflicto. La Manzana de la Discordia, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 61-77, feb. 2018. ISSN 2500-6738. Disponible en: <http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/6231>. Fecha de acceso: 19 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v12i2.6231.
Movimiento LGBTI, Víctima, Ciudadanía, Acuerdos de paz, Posconflicto
El Departamento de Nariño, ubicado al suroccidente del país, limita con el departamento del Cauca al norte, con el departamento de Putumayo al oriente, y al sur con Ecuador. La relación con este último pasa por el intercambio comercial y cultural (especialmente alimentos y artesanías), creando cierta familiaridad entre otros municipios vecinos. Es una región bastante rica, tanto en biodiversidad como a nivel cultural, pues gran parte de la población se reconoce indígena, campesina y afrodescendiente. A nivel económico, tiene altos índices de pobreza (sobre todo en las zonas rurales) y la exclusión social se incrementa con el olvido del Estado colombiano.
Respecto al ámbito productivo, “la economía se basa principalmente en el monocultivo de la palma africana, para la producción de agro combustibles, y la minería con la explotación de oro, níquel, platino y materiales de construcción” (Verdad Abierta, 2011). Sin embargo, debido a la escasa participación del Estado colombiano, la economía ilegal proveniente del narcotráfico recrudece el conflicto en zonas donde bandas criminales y, anterior a los acuerdos de paz, guerrillas controlan y administran la vida de las personas.
En ese sentido, durante los noventa, los cultivos ilícitos y el desplazamiento de los grupos armados hacia el occidente del país, como resultado imprevisto del Plan Colombia, implementado por el ex presidente Andrés Pastrana (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2011, pp. 21-22) durante su mandato (1998-2002) pues provocó el asentamiento del frente 63 Arturo Medina de las FARC en la zona. Para el año 2009, se organiza el frente Comuneros del Sur del ELN. En ese contexto, Nariño se convierte en uno de los cinco departamentos con mayor número de víctimas del conflicto, que tiene alrededor de 1.660.087 personas, de las cuales el 51,84% habitó en la parte rural y más de 7.300 personas fueron desplazadas durante el 2013 (Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, 2015, p. 34).
En este contexto donde el desplazamiento forzado es un punto crucial, Pasto1 como su capital es una de las principales receptoras de personas desplazadas en esta parte del país2, puesto que, al ser la cabecera urbana, aparentemente, hay oportunidades para escapar de esa violencia y asentarse en un nuevo lugar. Esto no implica que se esté exento de otras batallas, en las que la desigualdad socioeconómica, cultural, étnica y etaria plantean barreras importantes entre unos y otras.
Dentro del contexto sociocultural de Pasto existe un panorama religioso importante, pues es considerada la ‘Ciudad teológica de Colombia’ debido a la celebración de la Semana Santa3, el onomástico de la ciudad4 y otras festividades religiosas que son conocidas a nivel nacional por su atractivo turístico. En ese sentido, se convierte en una ciudad interesante en la medida en que confluye lo cultural y simbólico de la religiosidad con los discursos de una ciudadanía plena que exige el movimiento LGBTI.
A nivel local, hay adelantos en cuanto a derechos de los grupos LGBTI. Surge la política pública orientada a las diversidades sexuales e identidades de género a partir de la expedición de la Ordenanza 008 de mayo de 2015 (Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, 2015) y la creación de un Plan de Desarrollo Municipal bajo el Acuerdo 012 del 2016 (Alcaldía Municipal de Pasto, 2016). Todos estos avances no habrían sido posibles de no ser por la construcción de una agenda política por parte del movimiento LGBTI de Pasto.
Como una consecuencia de las luchas por la ciudadanía plena de personas LGBTI han surgido distintas organizaciones que hacen parte del movimiento, así como también diversas militancias por parte de activistas independientes que creen en la construcción de dicha ciudadanía. Varias de ellas aún funcionaban en el momento en que se llevó a cabo el trabajo de campo; mientras que otras, con el pasar del tiempo se han disuelto. Entre estas organizaciones permanecen vigentes: Fundación Diversidad, Corporación Ágora Club con Ágora Joven, Asociación de Mujeres que Aman a Mujeres Emancipadas (ÁMAME), Corporación Irisar, Conbocas, ´U´ sin Indiferencia, Paz y Diversidad, Fraternidad LGBTI, Género Trans del Sur, Amistad Diversa, Némesis, Caracolas de Paz; Misión San Sebastián, Musas y Diosas, Red Trans Colombia y Polo de Rosa.
Esto no significa que todas trabajen en la construcción de una ciudadanía desde la categoría de víctima, sino que parten de distintos espacios (culturales, participativos, sociales, económico-comerciales) para visibilizar las problemáticas que viven en sus cotidianidades y encontrar alternativas encaminadas a que la municipalidad garantice sus derechos. Cada uno cuenta con un énfasis específico y a veces, hasta centrado en una u otra población. Tal es el caso de U sin Indiferencia que es una iniciativa de jóvenes estudiantes de la Universidad de Nariño, cuyo objetivo es
Sensibilizar a la comunidad universitaria, buscar la inclusión y uno de los avances más significativos fue que…aunque inicialmente las actividades siempre las hacíamos por iniciativa del colectivo, el año pasado por iniciativa de una dependencia de la universidad que es Bienestar se hizo un convenio con el Ministerio de Educación. [A partir de] […] proyecciones de películas, cine-foros […] actividades culturales, actividades académicas, hicimos un foro donde invitamos a diferentes líderes de aquí de la ciudad (Entrevista #4, 06 de mayo de 2015).
Estas acciones muestran el interés por dar a conocer sus luchas y resistencias a los cánones religiosos y conservadores de la ciudad en espacios culturales y académicos dentro de la institución. Otro ejemplo claro de algunas acciones por parte de activistas independientes es el de esta mujer bisexual, que nos relató su proceso que pasa por lo político-administrativo y lo cultural-deportivo dentro de los sectores LGBTI:
[…] Me acuerdo cuando yo inicié en los encuentros. Una vez me dijeron “Hola, yo soy poeta”. Yo los escuché no más y se me quedó eso grabado. Luego otra persona y otra persona. Hasta que le dije a una amiga “Hola, hay hartas personas LGBT que escriben, ¿no será de organizarles algo?”. Y claro el primer encuentro fue súper chiquitico, pero súper exitoso. Y te lo digo chiquitico porque lo hicimos en un café-bar que tenía capacidad para unas 30 personas y no te miento, había 60. […] Entonces mira que la cosa fue creciendo; de un encuentro pequeñito, [fueron] dos veces en un café-bar, el cuarto ya fue en el Aleph Teatro, como 120 personas; después lo hicimos en Casa Teatro La Guagua que fue el quinto, [al que asistieron] funcionarios de la Alcaldía como espectadores.
Por ejemplo, yo organicé durante dos años los partidos de microfútbol en mi cancha, de ahí de mi manzana iban trans y lesbianas y gays y yo nunca le restringí ni su manera de ser ni nada ante los vecinos eso se volvió una cosa bacanísima. Cada 15 días los vecinos eran todos en las azoteas viéndonos jugar y […] una vez fueron unas trans así trasvestidas; yo sufrí, porque yo dije ahorita salen esos vecinos y dicen “¿Aquí qué es lo que pasa?”, y nunca sucedió nada. Entonces es también ir haciendo de la ciudad inclusiva así (Entrevista #2, 23 de abril de 2015).
Así las cosas, el objetivo de este artículo es mostrar cómo la categorización de víctima constituye una estrategia de participación política del movimiento LGBTI de Pasto. El propósito de autodefinirse de esta manera es continuar con la lucha por una ciudadanía plena y su reconocimiento en el departamento de Nariño. Una ciudadanía que podría concebirse como ‘ideal’ según T.H. Marshall y Bottomore para poder calcular el éxito de las acciones del movimiento y de las aspiraciones del mismo (Marshall y Bottomore, 2007, p. 37).
De acuerdo con este objetivo, hay cuatro puntos en los que nos gustaría enfatizar: el primero alude al cómo se percibe el conflicto, a través de entrevistas y el trabajo de campo realizado durante la asistencia a algunos talleres para víctimas LGBTI del conflicto armado en varias ocasiones durante el 2014 y 2015. Uno de los elementos fue la exposición de distintos actos violentos que viven las personas LGBTI en ese contexto y la revictimización por parte de los funcionarios públicos que los atienden.
El segundo sugiere la discusión teórica entre feministas y otros teóricos de las diversidades sexuales sobre la definición de víctima y que ha sido contrapuesta con el concepto de ciudadanía. En todo caso, este pequeño apartado busca mostrar la importancia de retomar estas discusiones para responder a la pregunta ¿Cuál es el significado de posicionarse o auto-reconocerse como víctima del conflicto armado colombiano para el movimiento LGBTI de Pasto?
El tercer punto, es adentrarse en la autodefinición de víctima desde el enfoque de género propuesto en los acuerdos de paz que el gobierno colombiano firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, cuyo fin es visibilizar las necesidades y problemáticas de las mujeres y la población LGBTI en el marco del conflicto. Sin embargo, la polarización del país apabulló el acuerdo para reformularlo y así evitar la divulgación de la “ideología de género” como el mal mayor para la sociedad colombiana5.
Finalmente, terminaremos con una reflexión sobre lo que queda por hacer al lado de los alcances de las luchas históricas y continuas del movimiento LGBTI en la ciudad, que buscan la construcción de una ciudadanía plena en cada uno accionar cultural y político con base en la coyuntura sociopolítica del país.
Víctimas LGBTI: Alargando la lista de violencias
Para entender la manera en que se alarga la lista de violencia que han tenido los sectores LGBTI en el país, y específicamente en la ciudad de Pasto, es necesario identificar dos líneas de uso de la categoría víctima. La primera alude a cómo lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales viven-experimentan en sus realidades la violencia estructural (Galtung, 2003) y heteronormativa6. Esta violencia que se traduce en múltiples actos violentos se hace presente en distintos ámbitos: familiar, laboral, escolar, espacios públicos y comunitarios. Cuando hablamos con varios representantes del movimiento LGBTI, uno de ellos comentó que:
[…] En el contexto de familia, mis papás no saben. [Son] temas que no se hablan. Mi mamá es homofóbica, y así hay casos incluso más difíciles. Hay chicos y chicas que saben [sobre sus derechos y hablan sobre sus] preferencias sexuales. Es una forma de aceptarse, apropiarse y empoderarse de su diversidad sexual. [En sus familias les obligan a salir, les dicen] “Te vas de la casa inmediatamente” […]. Toca aceptar que ser una mariposa libre no es decir salir del clóset, porque la familia muchas veces es el enemigo más grande que tiene la persona que se quiere liberar (Entrevista #3, 06 de mayo de 2015).
Otro caso de discriminación en espacios que comparten con la familia y sus amistades es el de esta activista que nos relató su historia:
Mi hermano es como muy amargo. Él me ve [después de llegar] de la universidad y […] me mira, no dice nada. Ya muy a regañadientes, porque ya no sabe qué hacer, me hace como la conversa. Pero cuando no estoy visibilizada, cuando están mis papás, él sí es como más abierto y me habla más, pero cuando me ve de esta manera, llego a la casa y siento como ese rechazo, pero pues igual no me dice nada. […] Y con mi hermana es más duro. Es conservadora y es muy homofóbica. Fue horrible cuando me vio, dijo “¡Uy no, qué asco!” Y se fue (Entrevista #1, 27 de marzo de 2015).
En otras palabras, muchos de los discursos legitimadores de violencias están basados en preceptos religiosos e ideológicos, que marcan pautas de comportamiento, cómo llevar el cuerpo, qué colores vestir, qué roles de género cumplir. Quienes estén por fuera de ese orden administrativo de los cuerpos (Foucault, 2007), como es el caso de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales son estigmatizados a través del lenguaje con términos como “marica”, “afeminado”, “arepera”, “roscón”, “cacorro”, “loca”, “mani-quebrado”, “volteado”, “enfermo” (Figueroa y Lasso, 2008). Y con otras violencias psicológicas, físicas, emocionales y económicas. En ese sentido,
La sociedad en sus diferentes espacios es generadora de violencia. El gobierno es generador de conflicto por sus políticas y la forma en cómo asume sus políticas no para solucionar nuestras necesidades del país; las iglesias, todas las concepciones religiosas con su discurso homofóbico, misógino que muchas veces desde los púlpitos se le imparte a la sociedad (Participante #3, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
De esta manera, muchas veces y en distintos escenarios se justifica la violencia por no seguir un patrón heteronormativo, que no necesariamente incluye su disrupción, lo que termina en discriminación, exclusión y marginación de la población LGBTI, convirtiéndola en víctima de la violencia estructural que marca parámetros-condiciones para ser-existir-vivir en el mundo. Así pues, dentro del conflicto armado colombiano, las violencias suelen ser más fuertes y marcadas. Por esa razón quisimos retomar la experiencia de una activista:
[…] Salgo a Popayán y luego nos vamos a trabajar a Neiva; y en Neiva la guerrilla nos saca, de La Plata Huila nos sacó y de un pueblito llamado Gallego. Nos dieron cinco minutos para salir con otras tres mujeres trans que íbamos a ejercer el trabajo sexual (Participante #4, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
Además, se inscriben en los cuerpos de lesbianas, gays, bisexuales y trans de formas diferenciadas, convirtiéndolas en víctimas dobles: de la violencia estructural, que a su vez legitima las cometidas en el marco del conflicto. Una activista trans lo explica así:
[La violencia] sí nos golpea de forma diferente. Además, la forma de violentar los cuerpos en los hombres trans, miramos que han sido víctimas de violencia sexual. O sea, no es lo mismo un chico gay, por ejemplo. A un chico gay más fácil lo desplazan o incluso lo matan que violarlo sexualmente. A un hombre trans sí, porque el hecho de que tenga vagina ya lo hace más vulnerable y lo hace incluso más apetecible para los grupos armados; y dejan huellas más marcadas para la población. Y a las mujeres trans, el tema de que, si nos empalan, de que si cuando las asesinan les cortan los senos en cruz, le sacan las prótesis y los golpes van muy marcados a donde nosotras nos hacemos las reasignaciones. Por ejemplo, vemos que la mayoría de denuncias que hay en este departamento por golpizas dadas por las fuerzas armadas, las han golpeado en los glúteos donde se hacen cirugías, en los senos que es donde se ponen prótesis; en la cara, porque de alguna manera representa lo que uno tanto cuida que es esa feminidad (Participante #1, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
Esto significa que el conflicto no está desligado de las violencias que lo anteceden en la vida cotidiana de lesbianas, gays, trans e intersexuales; ya que, en muchos casos, son el elemento generador (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 27). Así como éste hay muchos otros ejemplos que el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica ha recogido en su documento Aniquilando la diferencia (2015), en el que establece dicha relación y muestra de qué manera en ambos contextos se retroalimentan-confluyen, dando como resultado hechos victimizantes que pasan por “violaciones correctivas” a mujeres lesbianas, las ya descritas líneas atrás, desapariciones, secuestros, homicidios, entre otras.
Otro ejemplo claro de este continuum de violencias en el marco del conflicto armado en Colombia se da en diferentes instituciones públicas del país. Una de ellas aparece en las oficinas de Atención a las Víctimas, cuyos funcionarios responden desde el imaginario y tratan de forma despectiva a las mujeres trans, desconociendo su identidad de género:
[…] Aquí ha habido mucha discriminación, por ejemplo, a las trans. […] Sobre todo son [las] instituciones públicas. El problema es la falta de conocimiento [lo que se traduce en] las burlas hacia las personas trans, principiando porque no las tratan acorde a su identidad de género (Participante #2, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
De igual manera, los actores armados (FARC, Ejército de Liberación Nacional -ELN-, Bandas Criminales -BACRIM- y el Ejército Nacional) ejercen un control y organización de la población. Recogiendo las distintas experiencias y participando del taller de conflicto armado dirigido por la Defensoría del Pueblo de Bogotá, encontramos que:
El estado, el gobierno, es generador de violencia horrible en sus instituciones, en todo, en todo. Las fuerzas armadas, tanto ilegales, como legales; a veces las legales han ejercido más presión, más violación de Derechos Humanos a nosotros, principalmente a nosotros la población LGBTI que los ilegales, porque a veces los ilegales han puesto unas normas de convivencia si se puede decir -ellos han vivido en paz-, pero acá los actores legales no. En la ciudad, en el campo, en donde sea son violadores de Derechos Humanos (Participante #4, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
En el caso de los hombres trans, una de las vulneraciones a sus derechos está relacionada con las batidas a jóvenes para que presenten (obligatoriamente) servicio militar, tal como una activista comentó en el taller de conflicto armado:
[…] Hay un problema muy grave con el tema de la identificación en hombres trans, porque ya lo han vivido varios chicos aquí en el departamento. Por escritura pública cambiaron su nombre, entonces pues ya no se llama María, sino que se llama Mario… pero el sexo sigue apareciendo femenino. Cuando a usted lo ven en la calle, a usted no le preguntan “¿Usted tiene pene o vagina?” No, simplemente si se tiene una apariencia masculina, súbase al camión. Y cuando le dicen “No, yo no tengo por qué subirme al camión, porque soy un hombre trans”, entonces les entra el morbo de qué es un hombre trans. Muchas veces piensan que es una mujer trans y a nosotras nos dan más duro. [Por ejemplo, nos dicen] “No, maricón que no sé qué y no sé cuántas”; […] y cuando entran a explicar entonces [les han dicho] “A ver, muéstreme las tetas, bájese el pantalón a ver yo veo que tiene usted ahí”. Ese es el lenguaje que usan los militares en Colombia (Participante #2, Taller de conflicto armado 21 de octubre de 2014).
Estos actores armados instauran las normativas a partir de la represión y la violencia teniendo en cuenta un “dominio territorial, [que] les permite regular las relaciones entre los pobladores, así como las actividades políticas, económicas y sociales. En otros, los lugares son usados como corredores o zonas de tránsito, descanso y operaciones militares esporádicas” (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2011, p. 24).
¿Víctima o ciudadana/o? Estrategia de movilización y participación política del movimiento LGBTI en el marco de la Ley de víctimas y restitución de tierras
Los debates que desde el feminismo y los estudios de género han teorizado sobre la noción de víctima y de ciudadanía, las plantean como definiciones opuestas. Esto no significa que dicha autodefinición sea en sí misma un antagonismo, por el contrario, se considera como una estrategia de movilización política que ha permitido la visibilización de problemáticas sociales y culturales de diferentes movimientos-sectores-poblaciones.
Así pues, el interés en este apartado no es realizar una genealogía de la categoría víctima y remontarnos al periodo de la posguerra, donde toma fuerza el término (Hartog, 2012) o de analizar el recorrido de esta categoría dentro de la Justicia Transicional; a pesar de que hay una relación estrecha entre ambas a partir de los cambios institucionales y la inclusión de los crímenes de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial (López, 2017), el asunto sobre el cual discutiremos es el lugar de esta categoría en las luchas del movimiento LGBTI en la ciudad.
Sin embargo, vale la pena tener en cuenta la proveniencia del término para entender los cambios que ha tenido y cómo llega a ser una categoría relevante en Pasto para el movimiento LGBTI. En principio, el uso de esta categoría no le pertenece al movimiento, sino que aparece en las religiones antiguas en el contexto de sacrificio dirigido a una divinidad. Luego, cambia con el tiempo donde este carácter sagrado de la categoría se traslada a la noción de patria por la que es legítimo-honorífico sacrificarse. Esta instauración de una religión civil por la nación desaparece después de la Segunda Guerra Mundial (Hartog, 2012, pp. 12-13).
Acto seguido, la categoría víctima tiene mayor visibilidad a través del trauma como una condición indispensable. Así pues, hay un paso del Derecho penal al Derecho civil donde se prioriza la reparación o indemnización, legitimados a través del uso de conceptos como memoria, crimen de lesa humanidad, trauma (Hartog, 2012, p. 17). A partir de ese momento, esta categoría ha sido heredada de diferentes organizaciones, colectivas y movimientos que han vivido algún tipo de violencia(s) (como los grupos que han vivido la guerra, (Martínez y Silva, 2012) feministas y de mujeres (Navia, 2011), que han buscado visibilizar sus problemáticas y experiencias como formas de lucha y resistencia.
Sin embargo, con la construcción de políticas públicas dirigidas a las víctimas para apoyar sus procesos de reparación, se han desarrollado dos puntos de vista distintos y contrapuestos entre sí. Por un lado, están quienes consideran la importancia de esta categoría en las políticas públicas para el reconocimiento de violación de derechos, el fracaso de políticas estatales para la protección de los mismos (Díaz, 2003) y la necesidad de reparación; mientras que por otro lado, hay quienes afirman que solo sirve para crear jerarquías entre mujeres (Osborne, 2009) y reduce a la persona a un ente beneficiario de políticas públicas, negando su dimensión política (Rodigou, López, Ceccoli, Puche y Aimar, 2011) para el caso de distintos países en los que existe violencia de género.
En ese sentido, para algunas autoras la categoría de víctima es apropiada para hablar de una reparación en el marco del posconflicto. Navia establece, desde la experiencia nariñense, que “el nombrarse víctima significa la posibilidad de reconocimiento y dignificación [de la persona que ha sido maltratada por el conflicto] ya que [al autodefinirse a sí misma como víctima, aparece como alguien que existe y que vive, pues] lo que no se nombra no existe o difícilmente se reconoce” (Navia, 2011, p. 17).
Para esta autora, la importancia de definirse como víctima tiene que ver con un reconocimiento por parte del Estado, con la dignificación de la persona o personas que se han visto afectadas dentro del conflicto, porque este auto-reconocimiento tiene un contenido político, en el que el sujeto es el protagonista (Navia, 2011, p. 70) de un proceso de reconciliación y restauración del tejido social; a partir de la “elaboración de memoria, convirtiéndose en sujetos históricos y agentes activos de su propio cambio” (Martínez y Silva, 2012, p. 147).
Así mismo, hay autoras que muestran la importancia de la reparación para las víctimas, tomando a esta última como una figura importante debido a la visibilización producida sobre lo ocurrido y permitiría reconocer el sufrimiento vivido por una o varias personas (Tovar, 2014, p. 87) a partir de normas y leyes que los reconocen. En Colombia, esta definición se cumpliría parcialmente, debido al reconocimiento de las víctimas del conflicto.
Pero, aún hay resistencias a la hora de defender dicha categoría, ya que a veces, termina siendo el resultado de una taxonomía perversa diferenciada por diversas dicotomías (bueno-malo, pobre-rico, para legitimar-para ocultar, para reparar-para olvidar) (López, 2017, p. 28). Por esta razón, hay quienes defienden que la categoría víctima da un estatus negativo a la persona que ha vivido algún tipo de violencia, impidiendo considerarla como un sujeto político, que tiene la libertad de participar y ejercer demandas por sus derechos.
Existen autores que plantean la revictimización como una forma de invisibilizar a la población LGBTI, en especial a las mujeres y hombres trans, junto con sus problemáticas y necesidades. Los reduce a sujetos de intervención estatal y sin posibilidad de agencia. El ejemplo que muestra esta relación que revictimiza a las personas LGBTI lo describe una activista:
[…] Cuando usted va y mira una aplicación de la política pública [como] vivienda gratuita, [dicen] “Vamos a priorizar el 80% de las viviendas en Pasto, que van a ser para víctimas y desplazados”. Quienes entran primero [son] los adultos mayores, luego las madres cabezas de familia, familias que tengan discapacidad, familias que tengan niños y niñas, personas que tengan enfermedades terminales y, por último, los maricas. Y si vamos a ir, ya no entramos, porque nosotros pertenecemos a los sectores LGBTI (lesbianas-gays-bisexuales-trans-intersexuales); pero para las entidades todos caemos en el mismo costal que es el costal de los maricas. Así como en el formato hay una casillita para LGBTI, para ellos solo hay maricas. Entonces, nosotras somos los últimos en aplicar a esos beneficios y nunca llegamos a obtenerlos (Participante #1, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
En otras palabras, la categoría víctima implicaría una hipervictimización (Osborne, 2009, p. 87) y/o revictimización del sujeto, convirtiéndolos en sujetos apolíticos sin ninguna capacidad de incidencia en la sociedad que intentan transformar. Al priorizar a una parte de la población víctima siguiendo los enfoques diferenciales, estas visibilidades niegan la existencia de víctimas con otras problemáticas (Jiménez, Bello, Meertens, Osorio, y Venegas, 2008, p. 10), sus realidades desde sus voces quedan silenciadas u opacadas por un concepto que universaliza y que, en lugar de incluir, excluye. Esto solo posibilita la impunidad y la exaltación de los actos realizados por los victimarios (Jiménez et al., 2008, p. 252) en lugar de ayudar en el proceso de dignificación y de reconocimiento de los derechos de quienes son definidos como tal.
Otros aportes de los feminismos en contra de la categoría de víctima parten de la idea de que ésta pertenece a la rama de la criminología, ya que implica unas relaciones de poder entre el/los agresor/es y la persona agredida, y que a su vez, impiden visibilizar “posibilidades de agencia y transformación” (Montenegro y Piper, 2009, p. 56); y por ende, acentúa la pasividad o vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia, justificando el desconocimiento acerca del derecho de las mujeres a la ciudadanía.
En ese orden de ideas, la categoría víctima para el caso de la violencia de género en las leyes integrales aplicadas contra la misma, implicaría una ubicación de la violencia en el ámbito privado, reproduciendo estereotipos como el de mujeres indecisas, contradictorias, marginadas y mentirosas (Rodigou et al., 2011, p. 5). En otros casos, algunas autoras afirman de la necesidad del ‘sobreviviente’ (Díaz, 2003; García, 2012; Hoyle, 2011, p. 148) como término para referirse a quienes han sido violentadas durante el conflicto armado.
En otras palabras, la victimización o victimhood (Truñó, 2010, p. 30), impide que se construyan sujetos responsables de sí mismos en el marco de la violencia de género, perspectiva desde la que muchas feministas han debatido el término. Ya en el marco de las luchas de la población LGBTI para la defensa-protección-demanda de derechos, esta noción reafirmaría el estigma individual y desempoderaría al colectivo (Pecheny, 2009, p. 11) que podría estarse conformando para luchar por la garantía y el respeto a sus derechos como colombianas y colombianos.
Según Pecheny, se habla de un proceso de despolitización (2009, p. 13) de los sujetos para el caso de las personas LGBTI, las mujeres y hombres que han vivido situaciones violentas en diferentes contextos. Esto lesiona los avances en cuanto a un pensamiento colectivo estructurado y estratégico (Pecheny, 2009, p. 12) que van en pro de las políticas de la sexualidad que buscan ser inclusivas, respetando a los ciudadanos (as) y sus Derechos Humanos.
De alguna u otra manera, la victimización significa una afirmación de las y los sujetos como personas débiles e incapaces de salir adelante sin la mano del Estado al ser víctimas de injusticias. Esto niega las posibilidades de actuación política, de participación dentro de los procesos que harían parte de la reconstrucción del tejido social; en otras palabras, se niega la posibilidad de ser sujetos de derechos (Pecheny, 2009, p. 11).
Con todas estas definiciones negativas sobre la categoría de víctima, la definición de ciudadanía tiene que ver con la organización social para la exigibilidad de derechos como ciudadanas y ciudadanos y, de paso, mirar a las personas afectadas como constructores de paz y no como víctimas (Ahmed Ali, 2007, p. 67) que requieren del poder asistencialista estatal o no gubernamental.
De ahí que ciertos autores tengan una visión optimista de “apoyar a las mujeres [y sectores LGBTI] como actoras [y actores] sociales en el ejercicio cotidiano de su ciudadanía, para que a través de sus demandas alcancen la igualdad de género” (Meertens, Barraza, Sánchez, Quintero, y Ordóñez, 2009, p. 13). De esta manera también se lograría poner en práctica el enfoque diferencial para lograr la equidad entre personas afectadas en el marco del conflicto armado en Colombia.
En ese sentido, la ciudadanía es entendida como “un status que implica un conjunto de derechos y responsabilidades vinculados con la pertenencia a una comunidad política” (Moreno, 2006, p. 121), a una colectividad que se mueve por la obtención de unos derechos y su correspondiente garantía. Es el resultado de unas luchas de poder por accesos y hace referencia a “quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes” (Jelin, 1997, p. 194). Por tanto, la ciudadanía implica una pugna entre la igualdad y la diferencia en la que el resultado de la misma define ciudadanía como “[…] un principio articulador que afecta a las diferentes posiciones de sujeto del agente social al tiempo que permite una pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la libertad individual” (Mouffe, 1999, p. 120).
Aparentemente, víctima y ciudadana/o suenan a categorías analíticas distintas para hablar del movimiento LGBTI en Pasto, pero es importante defender la idea que definirse como víctima implica una estrategia de voz e inclusión política. Desde esta estrategia, la participación va adquiriendo resultados y efectos a largo plazo para la construcción de una ciudadanía más justa y, por tanto, más plena, en la que se incluya a las personas LGBTI y se deje de discriminar por razón de su orientación sexual o identidad de género no normativas. En palabras de Montenegro y Piper:
La categoría de víctima está en constante construcción y reconstrucción a través del debate abierto sobre quién debe ser considerado como tal y quién no, lo cual tiene tanto consecuencias en los recursos destinados para la reparación como en la configuración de agentes sociales relevantes para tener voz en las demandas hacia el Estado y la dirección de los procesos de reconciliación nacional (Montenegro y Piper, 2009, p. 48).
Así mismo, se debe tener en cuenta que la noción de víctima y ciudadanía están sometidas a posiciones e intereses de agentes sociales-políticos (López, 2017, p. 29) concretos que afirman una construcción de civilidad donde el testimonio cuenta con implicaciones políticas-sociales-culturales. Lo que supondría una coexistencia de ambos conceptos para entender las maneras en que funcionan los mecanismos de participación política para la población LGBTI. Algunos accionares que muestran esta movilización y participación política activa de diversas personalidades están:
La Red Nacional de Mujeres Trans, que fue formular un documento para iniciar el tema de ley de identidad de género. Creo que, en Argentina, España y no recuerdo en qué otros países de habla hispana, ya se reconoce en el documento una T, una X, una W o lo que sea pero que se nos reconozca como algo diferente a lo que está estatuido como normal sea sexo masculino y femenino […]
De hecho este departamento, para mí es un orgullo decirlo, [porque] ya hemos logrado que a dos chicos trans se les haga la masculinización del tórax sin acudir a tutela que yo creo que eso ya es mucho cuento… porque a nivel nacional compañeros y compañeras habían logrado eso había sido por medio de tutelas y de desacatos y de un poco de acciones legales y de más… y aquí sí se nota el trabajo que se ha hecho ya de ir avanzando… de incidencia puesto que tenemos dos chicos… uno fue hace… más o menos 15 días y el otro fue anteayer [5 de mayo de 2015] (Participante #1, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
Así mismo han aparecido distintos rostros como el de Cristina González, activista y defensora de Derechos Humanos de la población LGBTI en Colombia, cuyo accionar no solo pasa por su auto-reconocimiento como víctima (Cuartas, 2016) sino por un quehacer político que ha venido construyendo desde el 2010 (Bermúdez Liévano, 2015) y que ha sentado antecedentes para la visibilización de las problemáticas de la población en la ciudad de Pasto y en todo el Departamento de Nariño. Y quien finalmente se convirtió en integrante de la Mesa Nacional de víctimas (Unidad de Víctimas, s.f.; Zambrano, 2015). De esta manera se sienta “un precedente en el caso de vulneración de derechos de las minorías sexuales al interior del conflicto armado” (Velandia, 2014).
La categoría víctima, el enfoque de género
Lo anterior significaría que la categoría víctima se sitúa entre la ciudadanía y la exclusión al interior de un marco de violencias estructural y (re)producidas por el conflicto armado donde existen historias de resistencia y lucha por los derechos de la población LGBTI. En palabras de Elsa Muñiz:
[…] Desde el activismo se proponen programas y acciones para políticas específicas e iniciativas de ley para las que, finalmente, es necesario recurrir a las diversas instancias gubernamentales de distinto nivel y enfrentar aparatos burocráticos, insensibles, neoconservadores y corruptos […]. El Estado y sus dependencias de gobierno se constituyen no solo en los interlocutores sino en los territorios desde los cuales se toman decisiones y se operativizan dichas políticas públicas (Muñiz, 2011, p. 106).
Esto ha significado avances en dos cuestiones importantes para el movimiento. Por un lado, se ha avanzado en torno al reconocimiento de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en las leyes 1448 de 2011, también conocida como la Ley de víctimas y de restitución de tierras (Congreso de la República de Colombia, 2011), y la 1592 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012), aparecen otras dinámicas de inclusión y reconocimiento de derechos de distintas poblaciones vulnerables en el marco del conflicto armado colombiano:
Artículo 3. La ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 5ª, que tiene que ver con el enfoque diferencial. El principio reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad […] (Congreso de la República de Colombia, 2012).
Adicionalmente, se reconocen expresamente como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente, pareja del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad […] (Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 9)7.
El principio de enfoque diferencial propende por la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad (Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 19)8.
Artículo 6. Igualdad. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, […] (Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 21)9.
Estas leyes han servido para visibilizar los procesos de participación política y ciudadana de la población LGBTI. La ciudad de Pasto es un ejemplo de lo que ha venido sucediendo en el país en cuanto a la implementación de las mismas a pesar de lo incipientes que resultan las investigaciones sobre las diversidades sexuales, puesto que: 1) la información es mínima debido a que lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales no se reconocen abiertamente como grupos afectados por la discriminación y las violencias de parte de los distintos actores armados; 2) el género se ha entendido básicamente como sinónimo de mujer y/o mujeres (biológicas), evadiendo toda la discusión sobre el género como una categoría de análisis histórico, social, político, económico y cultural (Scott, 1990).
Y, por otro lado, los nuevos retos en el marco del posconflicto en el que el Gobierno Nacional y las FARC pactaron cese bilateral y la dejación de armas mediante un acuerdo de paz, denominado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que fue firmado el 24 de agosto del 2016. La construcción de este acuerdo demoró seis años, alrededor de dos meses para su difusión y su previa aprobación mediante una consulta popular.
Los delegados para su construcción fueron algunos dirigentes e ideólogos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo -FARC-EP y un equipo negociador del gobierno nacional designado por el presidente Juan Manuel Santos. Durante el proceso, diversas naciones se comprometieron con el mismo. Entre ellas están Cuba y Noruega como países garantes, y Venezuela junto con Chile como países acompañantes.
En el proceso de la construcción de la paz, las FARC se acogieron a las leyes constitucionales estipuladas en los artículos 2210, 9411 y 9512 como preámbulo para la construcción del documento final. Ambas partes adquirieron unos compromisos con la vinculación de las personas afectadas por el conflicto armado y buscar que “el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno” (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 3). Ante este panorama, el gobierno empezó a trabajar en la reparación integral de las víctimas, en las que se incluye la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.
Según lo mencionado en el acuerdo, el objetivo es proteger
[…] El derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Alto Comisionado para la Paz, 2016).
La propuesta con el acuerdo de paz es implementar varias perspectivas: de derechos, diferencial, con enfoque de género y territorial para promover una inclusión de toda la sociedad civil en la nueva visión que se quiere de país, lo que, a su vez, implica tener en cuenta las particularidades, necesidades y características de los territorios (Alto Comisionado para la Paz, 2016, pp. 4-9).
En cuanto a los derechos de la población LGBTI, las partes que firmaron el acuerdo colocaron en la mesa temas importantes para su respectivo debate; puesto que, aunque no se conocieron todas las posturas sobre las víctimas de esta población durante el conflicto armado, sí se dejó claro que: primero, las FARC renuncian a hacer hostigamientos hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales una vez aprobado el acuerdo y la dejación de armas; segundo, el gobierno colombiano estableció el compromiso de apoyar de manera técnica y legal para la elaboración de proyectos de ley que garanticen los derechos de participación ciudadana mediante voceros y voceras de organizaciones y movimientos sociales [pero prioritariamente a la población con mayor vulnerabilidad entre ellos, mujeres, personas en condición de discapacidad, pertenencia étnica, jóvenes, LGBTI].
Un ejemplo es la construcción e implementación de un Plan Nacional de Salud Rural, el cual trata de acercar de forma efectiva y eficaz los servicios de salud, vivienda y agua potable para la población vulnerable, entre ellos las personas LGBTI (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 21). Otro ejemplo dentro de este acuerdo es la inclusión en el Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia de esta población con el fin de promover la no estigmatización debido a su orientación sexual o su identidad de género, como medida de promoción de valores democráticos y fortalecer dicho ejercicio (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 47).
Lo anterior demuestra que un punto importante dentro de los acuerdos -aunque a veces invisibilizado por la fórmula mujer/mujeres=género-, es la no discriminación de la comunidad LGBTI, a partir de elementos que pasan por una educación inclusiva y la aplicación de protocolos de género basados en el conocimiento de funcionarios públicos sobre violencia y justicia de género junto con medidas de atención psicosocial pertinentes para cada caso (Alto Comisionado para la Paz, 2016, pp. 78-83).
Se trata de la búsqueda por mejorar el acceso a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 37). Es decir, el acuerdo en sí busca brindar otro escenario de participación política para la población LGBTI. Tarea que en Pasto, la capital del departamento, ha sido importante desde su ejercicio de visibilización y movilización política-cultural, que a su vez, ha sido referente para procesos en otras regiones del país (Participante #4, Taller de conflicto armado, 07 y 08 de mayo de 2015). Esto significa que la categoría de víctima también funciona como referente de participación política dentro de esa noción de vulnerabilidad propuesta por el Alto Comisionado (2016), ya que permite la (re) construcción de un sujeto político apto para lograr una estabilidad social-política-cultural de paz en Colombia.
Sin embargo, con la coyuntura política de reconocimiento de las víctimas LGBTI en el marco del conflicto armado, hubo un rechazo directo hacia el enfoque de género a través de la difamación del mismo con la denominación “ideología de género”. Esta última, producto de imaginarios infundados por actores políticos con fuertes tendencias religiosas y conservadoras; cuyo resultado fue que en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, la opción “No” ganara con el 50,2% de los votantes a partir del escrutinio del 99,98% de las mesas de votación (Registraduría Nacional, 2016).
Los principales opositores del plebiscito fueron partidos políticos como el Centro Democrático, con su vocero el senador Álvaro Uribe, y algunos representantes destacados como Fernando Londoño y José Obdulio Gaviria, entre otros, quienes difundieron mensajes publicitarios para promover el voto por el “No”, que enfatizaban en posibles cambios constitucionales importantes e indignación social sobre delitos de las FARC (Semana, 2012a), la posible expropiación de tierras, alza de impuestos para remesas de más de un millón de pesos dirigidas a ex combatientes de la guerrilla de las FARC, y la “ideología de género” (Viveros y Rodríguez, 2017)).
Para esa gran unión de grupos conservadores, de extrema derecha y religiosos, la ideología de género dentro de los acuerdos, “vulnera algunos principios de los evangélicos" (Semana, 2012a), y proporciona “interpretaciones inequívocas respecto al concepto de la familia redactado con claridad en el artículo 42 de la Constitución Política” (Semana, 2012b). Estos argumentos se repiten en otra coyuntura política que polarizó al país, las cartillas que fueron resultado de la sentencia T-478 del 2015 que trata de la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, con el objetivo de “revisar de manera extensiva e integral los manuales de convivencia del país y así, para garantizar la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes generando un ambiente de convivencia, un ambiente de paz” (Gallo, 2016). Para ello, el Ministerio de Educación recibió la ayuda de organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-.
Sin embargo, con el panorama un poco gris ocasionado por estos acontecimientos, los colectivos LGBTI se pronunciaron permanentemente a través de las redes sociales junto con colectivos feministas y de mujeres para protestar por estas afirmaciones que recorrieron y dividieron al país.
El movimiento en Pasto, no fue la excepción a esta acción que busca equidad, garantía de derechos, acceso a los mismos y la construcción de una paz duradera. Sus acciones para visibilizarse, incluyeron participar en marchas y plantones en Bogotá o la propia ciudad, para exigir el respeto y la implementación del enfoque de género en los acuerdos, así como también publicar notas en redes sociales sobre la injusticia, el irrespeto y la necesidad de un enfoque de género transversal.
Un ejemplo de esa movilización fue la propuesta elaborada por la sociedad civil y colectivos locales que se denominó: ´Memoria Colectiva y Reconocimiento con Población LGBTI construyendo Paz Territorial´ (Organización Internacional para las Migraciones Colombia, 2016) realizada el 26 y 27 de octubre del 2016 (Unidad para las Víctimas, 2016) que buscó, por medio de las artes visuales, escénicas y el encuentro, dialogar con la gente, mostrar una realidad de la población LGBTI en el conflicto armado, no para victimizar sino para reconstruir la memoria colectiva. Además de esas propuestas, se han creado otros espacios de socialización sobre el tema en el municipio en lugares como la Universidad de Nariño y cine-foros en varios lugares de la ciudad.
Este artículo es apenas una muestra de que una ciudad intermedia como Pasto, siendo la capital del Departamento de Nariño, ha jugado un papel fundamental a la hora de crear precedentes en las luchas del movimiento LGBTI a nivel nacional. En primer lugar, el movimiento LGBTI de la ciudad es diverso, heterogéneo, con múltiples intereses políticos; lo que ha consolidado estrategias de movilización y visibilización diversas y en ocasiones, aparentemente en pugna. Éstas han configurado las formas de visibilizar y exigir la defensa y la garantía de sus derechos como ciudadanas y ciudadanos.
De igual manera, Pasto ha sido una de las primeras ciudades en las que se aprobaron talleres y otros eventos para población LGBTI en el marco del conflicto armado (Taller sobre conflicto armado y población LGBTI, 07 y 08 de mayo de 2015)13 y sus dinámicas se reconocen a lo largo del territorio nacional a partir de su trabajo directo con otras organizaciones como Santamaría Fundación, Caribe Afirmativo y Colombia Diversa entre las más conocidas.
En segundo lugar, es pertinente señalar que las violencias de las cuales son víctimas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales provienen de dos contextos que coexisten entre sí en el país. Por un lado, la violencia estructural que se basa en la discriminación, violencia, marginación de la población en el hogar, centros educativos (básica, media y superior), y otros espacios públicos. Por otro lado, está la violencia en el marco del conflicto que se ve nutrida por la violencia estructural que vive la población en esos otros espacios. Esta violencia se inscribe de formas distintas en los cuerpos de los sectores LGBTI, característica que no es tenida en cuenta al momento del registro de datos y la reparación a las víctimas.
En tercer lugar, hay que recordar que el movimiento LGBTI de Pasto frente a otros movimientos sociales no tiene/comparte un territorio específico, por lo que habría que tener en cuenta la construcción histórica y social (Rivera y Hernández, s.f., pp. 1-2) junto con las dinámicas internas de cada uno con sus propias especificidades en cuanto a la construcción de la identidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Lo que complejiza el trabajo de activistas y organizaciones, ya que, al tener una amplia diversidad de perspectivas, en ciertas coyunturas les vinculan y en otras, les separa.
De ahí que la categoría víctima, para algunos activistas, sea una estrategia política que está en constante construcción y deconstrucción, a partir de la cual se ha posibilitado la participación de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales de la ciudad de Pasto. Este es un paso importante dentro de la constitución de una ciudadanía plena, donde los derechos de todas y todos sean respetados y garantizados en mayor medida y que se presenten soluciones en cuanto al acceso a los servicios de justicia, salud, educación, vivienda dignos.
Estas participaciones no solo se ven en espacios como la Mesa de Víctimas, también se perciben en los procesos políticos que se conocen de funcionarios públicos y la inestabilidad política que sobrevino en el país después del triunfo del “No” en el Plebiscito el pasado 2 de octubre de 2016. Estos logros son significativos e implican más estrategias que no logramos retomar aquí, pero que vale la pena destacarlos, pues todos ellos deben beneficiar una causa justa y digna de reconocer: la ciudadanía plena de la población LGBTI.
En ese camino al reconocimiento de derechos y su participación, la Alcaldía Municipal de Pasto, mediante el plan de desarrollo -PND- (2016-2019), en el artículo 9, tiene como propósito la disminución de las brechas de género a partir del enfoque de género dirigido a mujeres y población LGBTI. Así mismo, el documento menciona en el artículo 10, la incorporación de dicho enfoque (Alcaldía Municipal de Pasto, 2016). Bajo esa mirada, las políticas públicas que se han instaurado en diferentes ciudades del país son ejes fundamentales en esa construcción de una ciudadanía plena que, aunque por momentos suena a una ciudadanía formal, intenta visibilizar y promover transformaciones desde lo legal para llegar a lo cotidiano, al diario vivir de las personas en cuanto a lo cultural y lúdico.
Así las cosas, aún queda mucho por hacer en materia de implementación el enfoque diferencial y de género en la Ley 1448 de 2011 y la posible transformación de los acuerdos de paz en cuanto a la práctica de los diferentes funcionarios encargados de su puesta en marcha. Según informes como Cuando la guerra se va la vida toma su lugar, 2013-2014 (Colombia Diversa, 2015) y Situación de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en el Caribe colombiano 2014 (Corporación Caribe Afirmativo, 2015), desde el 2014 las amenazas a la población LGBTI aumentaron en un 50% y fueron recurrentes en lugares con presencia de actores armados. Para el 2015 hubo 110 asesinatos en Colombia a esta población y se denunciaron 47 amenazas.
En esa lógica, vale la pena seguirle la pista a lo que está sucediendo con la renegociación de los acuerdos y la no mención de las personas LGBTI en ellos, situación relacionada principalmente con los discursos de dirigentes políticos conservadores con ideologías políticas de derecha y ultraderecha que se oponen a que los movimientos LGBTI del país sean parte de esa construcción de paz que se quiere acordar con la guerrilla de las FARC.
Por tanto, esta lucha es de largo aliento y requiere de mayor participación por quienes se reconocen como víctimas, como de quienes han visto y vivido el conflicto de cerca. Este punto es crucial, pues se trata de continuar en esa construcción de dicha categoría con posibilidad de agencia social y política, de participación e interés por las problemáticas sociales, comunitarias, políticas, económicas de todas y todos. Puesto que, como lo expresó una activista en el taller de conflicto armado con la Defensoría del Pueblo:
El tema de la ley de víctimas tiene muchas falencias. La primera es el tema de la toma de declaraciones que, desafortunadamente, casi todo lo que en este país sucede y cada que salen cosas, les echan más actividades a las defensorías, a las personerías y a los que no tienen recursos. En un municipio, un personero tiene más de 1030 funciones ¡Un personero! Si acaso tiene un secretario. De ahí que la toma de declaraciones ya viene con falencias. Y segundo es que la Unidad de Víctimas, quien hace la investigación de si entra o no al RUT de víctimas. [Esa tarea] lo hacen desde el escritorio y por internet, no es de que van al territorio y ven que en tal parte fue que lo amarraron a un árbol y que lo violaron. Eso cogen y por internet miran si el Ministerio de Defensa tiene registros de que si hubo allá alguna cosa, si la Fiscalía tiene denuncias de que si hubo allá alguna cosa. Y si hay cosas compatibles y se cruzan, entonces entra al sistema, si no llórelo porque no van a hacer (Participante #1, Taller de conflicto armado 07 y 08 de mayo de 2015).
Finalmente, vale la pena resaltar que la existencia de políticas públicas que buscan defender los derechos de poblaciones vulnerables, no significa que éstas se conviertan en la última palabra para la protección de esos derechos. Aún hay mucho camino por recorrer en torno a la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado y sus repercusiones que han incidido en todos los niveles culturales-sociales-simbólicos-ideológicos-políticos-económicos de la población en Colombia.
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1 Esta ciudad está conformada por 17 corregimientos o pequeños pueblos: Buesaquillo, Cabrera, Catambuco, El Encano, Genoy, Gualmatán, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obonuco, Santa Bárbara, San Fernando, El Socorro, Jongovito y Jamondino.
2 Según datos de Unidad de Víctimas, entre 2012 y 2015 fueron 9,734 personas las que se desplazaron a la ciudad tras ser víctimas del conflicto armado en comparación con Bogotá, Popayán y Cali (Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, s.f., p. 8).
3 Esta celebración no se reduce a ciudades como Pasto o Popayán (en el sur), sino que hace parte de la costumbre de todo el país. Esta conmemoración es mucho más marcada en estas urbes debido a su establecimiento como atractivo turístico que viene celebrándose desde la época colonial. Así mismo, se muestra como “una expresión religiosa de la cultura local y, por lo tanto, hace parte de la tradición e identidad del hombre y la mujer pastusa” (Arteaga Montes, 2011, p. 255).
4 Fiesta celebrada el 24 de junio en conmemoración al patrono de la ciudad, San Juan Bautista, la cual fue otorgada por el rey Felipe II el 17 de junio de 1559.
5 La ideología de género puede ser definida como una construcción conceptual sesgada del enfoque de género, que consiste en la inclusión-respeto-garantía de derechos para las mujeres y sectores LGBTI en el país. Aparece con tres sucesos importantes a lo largo de los últimos tres años, el primero es el suicidio de Sergio Urrego en 2014 (Contagio Radio, 2017) y la posterior sentencia de la T-478 de 2015 (Corte Constitucional, 2015a), que ordenó al Ministerio de Educación que revisara los manuales de convivencia del país y hacer efectiva la Ley 1620 de 2013 (Ministerio de Educación Nacional, 2013), la cual enfatiza la protección y el libre desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia. El segundo, con los acuerdos de paz de La Habana, evento coyuntural que desató una oleada de críticas al documento firmado. El tercer momento está relacionado con dar marcha atrás en los derechos adjudicados a las parejas del mismo sexo en cuanto a la adopción (sentencia C-683 de 2015) (Corte Constitucional, 2015b), cuyo avance empezó con la sentencia T-276 de 2012 (Corte Constitucional, 2012) para el caso de adopción individual y continuó con la sentencia C-071 de 2015 (Corte Constitucional, 2015c) que trata de adopción cuando son hijos biológicos de uno(a) de ellos(as).
6 Es un concepto muy utilizado entre las discusiones existentes sobre diversidades sexuales e identidades de género, una definición interesante es la propuesta por Michael Warner que afirma que la heteronormatividad es un “conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano” (Warner, 1993, p. xxi).
10 Define a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
11 La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre Derechos Humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
12 Afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz.
13 Este taller fue impartido por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Bogotá en los días 07 y 08 de mayo de 2015 en Pasto en el hotel Xilon. El objetivo del taller fue conocer qué situaciones de violencia y/o hechos victimizantes han sufrido jóvenes y adultos de la población LGBTI en el departamento.

References: Artículo 3
 artículo 5

Artículo 6
 artículo 42
 artículo 9
 artículo 10