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Timestamp: 2019-04-25 14:11:17+00:00

Document:
-. La AEAT, amén de exigirle el IRPF por ese “motivo”, le impone -¡qué menos!- la consiguiente sanción, castigo que se basa -y esto no es baladí- sobre una mera presunción legal que es la que contempla esas reglas de valoración de la transmisión. Alegado este extremo ante el TEA competente, éste -sin entrar a pronunciarse sobre ello- reprocha al reclamante que “dejó transcurrir el trámite de alegaciones sin ofrecer una justificación o explicación de su actuación. En este sentido, la resolución del TEAC RG 3649-2014, de 2/11/2017, indica que: “Como se indica en la Resolución de este TEAC de 5/3/2015: “A este respecto debe responderse que no consta en el expediente aportado que se hayan presentado alegaciones a la propuesta inspectora, momento procedimental en el que debió ponerse en conocimiento de la Inspección no sólo la interpretación alternativa, sino los motivos por los cuales se considera que la misma dispone de apoyos suficientes como para excluir la responsabilidad del obligado tributario por haber actuado de forma diferente al criterio inspector”.
-. “En esa pormenorizada regulación del procedimiento destaca, por lo que ahora interesa, el artículo 236 de la Ley General Tributaria que impide al tribunal (apartado cuarto) “denegar la práctica de pruebas cuando se refieran a hechos relevantes” y que solo le permite dejar de examinar aquéllas “que no sean pertinentes para el conocimiento de las cuestiones debatidas””.
-. “Resulta también particularmente relevante el artículo 237.1 de dicho texto legal que, en relación con la “extensión de la revisión”, dispone que “las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante””.
-. “Y el artículo 239.2 de la Ley General Tributaria señala expresamente que la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá “todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados””.
-. “Finalmente, en relación con la prueba en el procedimiento que nos ocupa, el artículo 57 del (…) reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa insiste en que el tribunal solo podrá denegar la práctica de las pruebas solicitadas o aportadas “cuando se refieran a hechos que no guarden relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas en la reclamación”, le permite ordenar “la práctica de las pruebas previamente denegadas” y le faculta para “requerir todos los informes que considere necesarios o convenientes para la resolución de la reclamación””.
b) Incluso aceptando a efectos dialécticos que la norma recogida en la ley de procedimiento administrativo es supletoriamente aplicable al procedimiento de revisión de los actos tributarios, nuestra jurisprudencia más reciente descarta una conclusión tan contundente como la expresada en la sentencia recurrida en la presente casación. Así, en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 20 de abril de 2017 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 615/2016 ) abordamos una cuestión muy similar a la que ahora nos ocupa, concretamente -según señala la propia sentencia- la de “si cabe en sede de revisión (en concreto, en recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo) admitir el cumplimiento del requerimiento que se negó en sede de gestión” (…). Lo hicimos teniendo en cuenta pronunciamientos anteriores (como los contenidos en las sentencias de 20 de junio de 2012 -casación núm. 3421/2010 – y 24 de junio de 2015 -casación núm. 1936/2013), en los que, clara y contundentemente, afirmamos lo siguiente:
“(…) Debe concluirse que no existe inconveniente alguno en que el obligado tributario, que no presentó en el procedimiento inspector determinadas pruebas que fundaban su pretensión, las presente posteriormente en vía judicial (…). (…) La doctrina del Tribunal Supremo en esta materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de gestión. (…) En cuanto al concreto problema planteado en este proceso, que no es otro que el de si, al interponerse un recurso de reposición, cabe o no practicar prueba a petición del recurrente, hay que entender que en nuestro Derecho tributario el recurso de reposición es entendido como uno de los medios de revisión en vía administrativa, como se lee en el artículo 213.1.b) de la Ley General Tributaria. Y es aquí, en relación al procedimiento de revisión, donde la Administración considera que no es posible que, en dicha fase, superada la de gestión y liquidación tributaria, se pueda dar lugar a un periodo de prueba cuando el mismo pudo llevarse a cabo con anterioridad. Tal planteamiento, sin embargo, no puede ser compartido por esta Sala que ha llegado a la conclusión de que en la revisión en vía tributaria sí es posible llevar a cabo la práctica de prueba con la aportación de documentos que acompañe el contribuyente con su escrito de interposición, pues ello entra dentro de las reglas generales que sobre prueba, regula en su conjunto la Ley General Tributaria. (…) La conclusión a la que se llega es que si en vía económico-administrativa y en vía judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente para impugnar una resolución tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse antes en el discurrir procedimental y aportarse en el primero de los medios de impugnación que pueden ejercitarse”.
-. En el tema de las habas: es un comentario esecialmente dialéctico, para evidenciar algunas de las carencias que nos acucian. Cada mañana me levanto dando gracias por la fortuna de haber nacido aquí; pero ello no quita que denuncie ciertos “tics” que, sin demasiado esfuerzo (ni coste), podríamos corregir y ser un país mucho mejor. Entre esos “tics” está una presión fiscal que no se corresponde con la calidad de nuestros servicios públicos; y un Estado (o Ayuntamiento/CCAA) que se “mete hasta la cocina” en nuestras vidas (de ahí mis menciones a los países nórdicos y a EEUU, respectivamente). Es obvio que en todas partes cuecen habas, pero eso no resta “visibilidad” a mi exposición.
-. No mezclo cosas: este “post” denuncia esa infundada argumentación de un TEA al rechazar alegaciones al no haberlas formulado en su día ante el órgano actuante. Esto no va de “el que calla otorga”, que quizá pueda servir de argumento en una discusión de barra de bar. En un Estado de Derecho a nadie se le puede sancionar por el mero hecho de haberse “callado” cuando tenía derecho a hacerlo… de eso trata este “post”: de que un TEA se saque de la manga una carta que no está en la baraja.
-. Y este “post” tampoco va de pruebas. En el relato de los hechos, podría ser mucho más prolijo pero su lectura sería mucho más espesa. ¿Pruebas? Desde un dictamen pericial relativo a la valoración de mercado de la transmisión realizada, hasta argumentos fundados que refutan la pretendida motivación de la AEAT… Todo eso, y más, está en el expediente. Pero, insisto: este “post” no trata de eso, si no de desarmar un pretendido argumento de un TEA que amenaza con cercenar la legítima capacidad de defensa de un ciudadano con un alegato tan tosco como ilegal: el no haber formulado alegaciones ante el órgano instructor de un procedimiento sancionador nunca (repito, nunca) puede impedir que esas alegaciones puedan ser atendidas y, por tanto, estimadas en una instancia ulterior.
Mil gracias, José Enrique, por tus aportaciones del todo acertadas. Me da la impresión de que esta “cruzada” de la AEAT esgrimiendo el 37.1.b) LIRPF va a tener el efecto colateral de poner este precepto en el disparadero de cuestionar su racionalidad y su ortodoxia. Ojalá no me equivoque. Demos tiempo al tiempo.
Y bien apuntado el tema del totalitarismo… De eso va esto; ¡también! Otra cosa es que el “silencio” de los “corderos” (tributarios) esté acallando lo que es ya una sensación muy generalizada de indefensión… Continuará.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 236
 artículo 237
 resolución 
 artículo 239
 resolución 
 artículo 57
 resolución 
 artículo 213
 resolución