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Timestamp: 2017-11-20 05:47:37+00:00

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diciembre | 2012 | OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS - ODH
INFORME ODH 2012
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 18 de diciembre de 2012 en NOTICIAS DE LA CIUDAD
INFORME 2012 – DERECHO A LA SALUD
El artículo 20 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud, el cual resulta ser básico y fundamental para el ejercicio de los demás derechos que esa norma consagra, debiendo en consecuencia ser garantizado por el Estado local en forma igualitaria para todos los habitantes.
La atención de la salud fue uno de los ítems más perjudicados por las políticas y decisiones de esta gestión. Mencionaremos sólo algunos de los tantos ejemplos que se sucedieron este año.
La Constitución de la CABA enfatiza que el gasto público en materia de salud resulta ser “una inversión social prioritaria”. No obstante, a pesar de la voluntad expresa de los legisladores, nacionales y locales, la Ciudad continúa con una deuda pendiente en esta materia. Ha sido deficiente en el cumplimiento de su deber de garantizar el servicio esencial y universal de salud, soslayando de esa manera a los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social.
CIERRE DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DURAND
El servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand fue cerrado en junio por falta de personal; recién luego de un mes fue reabierto sólo parcialmente. La falta de designaciones de profesionales médicos y de enfermería provocó, durante el cierre del servicio, un brote de bronquiolitis y el aumento de la mortalidad infantil en la Ciudad.
La sala de Terapia Intensiva general del Hospital Durand se inauguró en agosto de 2010, con ocho camas. Al inicio no había sido designado el personal para cubrir el área de terapia infantil. Pero los médicos del hospital denunciaron que la misma se puso en funcionamiento recién un año después (2011), con menos personal que el necesario. Cuando comenzó el brote de bronquiolitis de 2012, ante el aumento de la demanda de atención, varios médicos renunciaron por la saturación de trabajo. Sólo había tres médicos donde se necesitaban 16.
Los pacientes internados debieron ser derivados al Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, y a centros privados.
El Durand es el hospital de referencia de toda la Región Sanitaria III (que abarca las comunas 5, 6, 10, 11 y 15, según la división de la Ciudad, para organizar sus efectores de salud). Esto significa que todos los casos complejos de la zona se derivan al Durand. Notoriamente, en la Comuna 15 de esta región sanitaria la mortalidad infantil aumentó. El incremento de la mortalidad infantil, lejos de ser una cuestión azarosa, resulta una penosa muestra de la desatención que hace la gestión de la salud pública.
Uno de los problemas del sistema hospitalario es que los médicos a menudo deben esperar más de ocho meses su nombramiento para comenzar a percibir el sueldo, por otra parte mucho menor con respecto a lo ofrecido en el ámbito privado. Lo mismo sucede con la enfermería neonatal, que es muy especializada, y también con mucha demanda y mayor remuneración que en el sector público.
INCENDIO EN EL HOSPITAL ÁLVAREZ
El 10 de enero de 2012 se produjo un incendio el Pabellón D del Hospital Álvarez, donde se estaban realizando instalaciones eléctricas nuevas, para corregir el deterioro existente. El incendio se extendió a diversas áreas del establecimiento, obligando a la evacuación de pacientes a otros hospitales e impidiendo el funcionamiento de servicios como Odontología, Kinesiología, Oftalmología y Hemoterapia, que siguieron sin funcionar durante meses.
En reiteradas oportunidades los trabajadores del hospital advirtieron a las autoridades acerca de la vulnerabilidad en ese sector. No existen condiciones seguras y adecuadas para que los equipos de salud atiendan, sin que corran peligro su vida y la de los pacientes.
Se reclamó por el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que entre otras cosas obliga al empleador a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la eliminación, reducción o control de los riesgos en el trabajo, incluso el de incendio.
La implementación de programas de prevención de siniestros, además de los planes de contingencia para evacuación y la capacitación en la lucha contra incendios forman parte de los principios que esta norma exige. Pese a ello, hasta la fecha la deuda en materia de mejoramiento de condiciones y medio ambiente de trabajo y de prevención de riesgos laborales continúa siendo elevada.
Nos encontramos así frente a la paradoja de que lugares dispuestos para el cuidado de la salud pública son peligrosos. Read the rest of this entry »
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 17 de diciembre de 2012 en SALUD
Presentación este lunes 17 de diciembre, 19hs.
Auditorio UTE, Bartolomé Mitre 1984 PB
Por cuarto año consecutivo, presentamos el informe anual sobre la violación de los derechos humanos en la Ciudad.
El libro recoge las principales denuncias sobre las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo porteño en las áreas más sensibles de las políticas públicas: ad de Buenos Aires. Estarán presentes referentes de las áreas de Vivienda, Salud, Educación y Memoria para dar cuenta de esas políticas públicas en la ciudad.
Educación: subejecución presupuestaria, desmantelamiento del programa Puentes Escolares, cierre de grados, persecución política, docentes apartados, modificación de planes de estudios.
Salud: Cierre de terapia intensiva del Hospital Durand, incendio en el Hospital Álvarez, Casa Mc Donald´s en el Hospital Gutiérrez, problemas en la atención primaria de la salud, situación del Hospital Borda, falta de atención del SAME en las villas.
Vivienda: urbanización de la Villa 31, vivienda digna y acceso a la justicia, relocalizaciones en Camino de Sirga, desalojos constantes.
Trabajo: empresas recuperadas, vetos de leyes laborales, inestabilidad de empleados de la ciudad, persecución a trabajadores informales, límites al derecho a reclamo colectivo.
Espacio público: Nueva UCEP, desalojos a vendedores ambulantes y artesanos, concesión privada de espacios públicos.
Memoria: protección de testigos.
En el informe encontrará el desarrollo de cómo la gestión PRO sigue haciendo política con un claro sesgo ideológico anclado en la exclusión social en beneficio de capas medias y altas de la sociedad, desoyendo la orden constitucional de respetar los derechos básicos garantizados por nuestro ordenamiento jurídico.
El libro fue editado por la Cooperativa Eloisa Cartonera. Además, podrá descargarse su versión digital: http://www.odhbsas.wordpress.com
El Observatorio de Derechos Humanos de la Cuidad de Buenos Aires monitorea la vigencia de los DDHH y denuncia su violación. Con este informe cumple con su objetivo de actuar en pos de la vigencia de los derechos que el Estado tiene la obligación de cumplir.
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 17 de diciembre de 2012 en NOTICIAS DE LA CIUDAD
Etiquetas: el observatorio, informe anual
INFORME 2012 – MEMORIA
Nuevamente, como lo venimos haciendo en nuestros informes 2010 y 2011, debemos denunciar la acción deliberada por omisión con que el Gobierno de la Ciudad se comporta respecto de la protección de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones con personas vulnerables o en situación de riesgo.
El Gobierno de la Ciudad se niega a reglamentar la ley 2.939, que en su art. 1º “regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar”.
Con este propósito, el art. 2 de la ley obliga al gobierno porteño y “conforme lo determine la reglamentación” a garantizar:
a. El acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas instancias relacionadas con él y su correspondiente traslado articulando con otras jurisdicciones conforme la resolución 337/07-SSDH.
b. La asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar durante las audiencias mencionadas en el inciso a).
c. La derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior, derivadas del testimonio.
La propia ley, en su art. 8, establece el deber del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de reglamentarla dentro de los sesenta días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, vencido el plazo el 31 de marzo de 2009, aún no fue cumplido.
Por este motivo, la Agrupación HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo a fin de obtener la reglamentación necesaria.
En la misma presentación se solicita una medida cautelar urgente, encabezada por Carlos Pisoni, víctima, querellante y testigo en varios juicios por delitos aberrantes de lesa humanidad. En julio de 2011, la medida cautelar fue resuelta favorablemente, y la jueza a cargo, Dra. Liberatori, ordenó el cumplimiento de la ley en la persona del presentante Carlos Pisoni.
Sin embargo, y a pesar de haber quedado firme el fallo, hasta el momento no ha recibido, acompañamiento especializado, ni contención, ni asistencia psicológica, ni derivación conveniente conforme a sus necesidades. El pedido de fondo, —la reglamentación de la ley— fue resuelto posteriormente, también en forma favorable, por el juez Juan Vicente Cataldo, con fecha 24 de mayo de 2012.
En los considerandos el sentenciante claramente refuta conforme derecho todas y cada una de las negativas esgrimidas por el Gobierno de la Ciudad como sustento de su incumplimiento. Así dice en los párrafos más sobresalientes:
Que el amparo presentado para iniciar la actividad administrativa, con el objeto de hacer efectivo el goce de derechos reconocidos por las leyes “constituye elemento suficiente para la procedencia de la vía intentada, prevista justamente para situaciones en las que la acción u omisión de autoridades públicas o privadas restrinja derechos reconocidos por la Constitución local o las leyes dictadas en su consecuencia (conf. Arg. Art. 14 CCBA)”.
Ya respecto a la solicitud de fondo, considera que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por el legislador, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir a la Legislatura la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.
Al margen de que queda así claramente rebatido el argumento oficial, es de notar que, en concreto, se arguye que la reglamentación no es necesaria, pues los servicios que la ley establece se prestan por intermedio de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, conforme lo dispone la resolución Nº 208/SSDH/09. Pero es un argumento erróneo, ya que la facultad reglamentaria corresponde al titular del Poder Ejecutivo, por vía de decreto, y el requisito no puede ser suplido por un acto de inferior jerarquía emanado de un funcionario subordinado. Tampoco puede afirmarse que esta resolución haya sido dictada por delegación de competencias, pues ella no surge del acto en sí, ni existe acto administrativo previo que la disponga. De hecho, el propio Gobierno admite la inexistencia de reglamentación, con lo que no hace más que reconocer que esa resolución no tuvo como finalidad reglamentar la ley 2.939.
Más adelante, el fallo de Cataldo expresa que esa resolución, amén de ilegítima, carece de publicidad, ya que nunca fue publicada en el Boletín Oficial, por ello “quita toda base al argumento referido a la falta de requerimiento previo por parte del actor, pues no puede pretenderse que requiera la prestación de un servicio que se desconoce”.
Por último, refuta el argumento de la demandada para impedir la intervención jurisdiccional, “no existe ninguna intromisión del Poder Judicial en áreas para las que carece de competencia cuando ejerce su función constitucional de controlar los actos de gobierno según la Constitución y las leyes. El caso que nos ocupa no demanda al Poder Judicial la reglamentación que se ha omitido, sino que exige a la Administración que cumpla con el deber que le ha impuesto la ley. No hay, reitero, ninguna invasión de competencias. Y es claro que la conducta que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal”.
Y argumenta diciendo que “tal conducta omisa es ilegítima e inconstitucional, y merece sanción. De hecho la Constitución de la Ciudad da explícito sostén al principio de operatividad de los derechos, e indirectamente tiñe de ilicitud la omisión reglamentaria” (art. 10 CCABA) y que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.
Concluye que los derechos contenidos en la ley “requieren de un accionar concreto de parte de la Administración que ponga en funcionamiento los mecanismos destinados a prestar los servicios que la ley establece y difunda su existencia como modo de asegurar el acceso de todos los beneficiaros a esas prestaciones”. (Pisoni, Carlos c/GCBA s/amparo (art. 14 CCaba), Expte. 41958/0).
Con estos fundamentos, el sentenciante resuelve ordenar al Gobierno que proceda a reglamentar la ley en el plazo improrrogable de veinte días desde que quede firme la sentencia.
Si bien el fallo fue apelado, los agravios carecen de sustento legal suficiente, como afirma la fiscal de Cámara, Dra. Ugolini, en su dictamen. Asimismo, considera que la sentencia recurrida debe ser confirmada por la Cámara, la que aún no se expidió.
Por todo lo expuesto, concluimos que la negativa manifiesta y contumaz a reglamentar la ley, en la práctica deviene en un veto encubierto. El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma, en la persona del ingeniero Mauricio Macri, una vez más demuestra que no está a la altura del proceso histórico de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos. Y finalmente, que no se cumple con el mandato constitucional del art. 32 de la Constitución porteña que recepta el derecho a la memoria.
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 17 de diciembre de 2012 en JUDICIALES
INFORME 2012 – ESPACIO PÚBLICO
El Gobierno de la Ciudad, lejos de procurar y mucho menos planificar soluciones para las personas que deben pernoctar en las calles, interpreta que las aceras, veredas y plazas deben “limpiarse” de ellas, como si se tratara de eliminar un residuo social; sin duda no es ésta la preservación del espacio público que requiere de su competencia. Mucho menos la que expresa la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a partir del artículo 26.
Desde el año 2009 este Observatorio de Derechos Humanos viene alertando con respecto al afianzamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulnerabilidad social.
A través de violentos desalojos de personas en situación de calle, vendedores ambulantes, puesteros, artesanos, manteros, artistas callejeros, entre otros, el Estado local intenta ocultar planificadamente signos de pobreza en la Ciudad. En lugar de cumplir con su obligación de garantizar derechos humanos de los habitantes, tales como el derecho a la vivienda, el derecho a trabajar, a expresarse libremente y al pleno uso y goce del espacio público.
UCEP Y NUEVA UCEP
Con respecto a las personas en situación en calle, el Ejecutivo de la Ciudad implementó en su momento la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que consistía en una violenta patota de empleados dedicados a identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar a personas que moraban en la vía pública.
Ese organismo fue creado durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”, lo cual resulta sumamente objetable desde el punto de vista de la Constitución de la Ciudad, que en el artículo 13 “garantiza la libertad de los habitantes”, específicamente en el inciso 9, que plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito”.
Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de serias denuncias por parte del ODH, de la Legislatura de la Ciudad y de la Defensoría del Pueblo. En particular se alertó sobre el modus operandi de ese organismo, y en su momento se aportó como prueba un video en el cual puede verse su actuación en cinco casos testigo, la cual consistía en desalojar a quienes ocuparan espacios en plazas o calles mediante la utilización de métodos ilegales, amenazándolos para que no retornen a esos lugares.
Recordemos que para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad les proveyó a los agentes de la UCEP con vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipunzantes. Asimismo, para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operativos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad relevaran durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle.
De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes. En tal contexto se concretaron sucesos realmente inhumanos: violencia sobre menores y adultos, abusos sexuales sobre mujeres embarazadas, sustracción de medicamentos de enfermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales de personas en situación de calle.
Las denuncias concernientes al accionar de este organismo provocaron la renuncia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia.
La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos”. Actualmente el jefe de Gobierno —junto a veintinueve funcionarios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su declaración indagatoria —prestada el 1º de julio de 2011, luego de haberse ausentado tres veces a la misma— Mauricio Macri intentó deslindarse de toda responsabilidad, siendo en su momento beneficiado por la sentencia de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, subrogante del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 49, que resolvió sobreseerlo de los cargos.
No obstante, el pasado 28 de abril de 2012 —ante la apelación presentada por la querella—, la Sala I de la Cámara del Crimen resolvió revocar la sentencia de primera instancia por considerar que la misma resultaba irrazonable, y ordenó continuar la investigación penal también con respecto a las responsabilidades de Mauricio Macri.
Principalmente, la Cámara sostuvo que no podía considerarse a Macri ausente de toda responsabilidad penal, en tanto existen una serie de elementos que permiten sostener que el jefe de Gobierno no desconocía el modo en que operaba la unidad creada por él mismo.
En particular, la Sala I tuvo presente que en la investigación penal se había aportado una prueba consistente en un archivo digital donde constaría un requerimiento de actuación a la UCEP del propio Macri, respecto de un violento desalojo ocurrido en la calle Esteban De Luca, en el barrio de Parque Patricios.
Se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. En primer lugar, por crear este organismo, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009.
Con la sentencia de la Cámara que revoca el sobreseimiento, nuevamente el jefe de Gobierno porteño continúa siendo investigado por la justicia penal junto al resto de los funcionarios, en tanto se los acusa de haber utilizado el aparato estatal con fines represivos.
Desarticulada la UCEP, no por voluntad del Poder Ejecutivo de la Ciudad sino ante las denuncias de la Legislatura de la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo y del ODH que dieron lugar a la intervención judicial, el PRO continúa insistiendo en “limpiar” de pobres el espacio público de la Ciudad.
En junio de este año, el Observatorio de Derechos Humanos presentó un pedido de informes —en los términos de la ley Nº 104 de “Derecho a la Información”— al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli, y ante la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, por nuevas denuncias de agresiones a personas en situación de calle, en lo que podría considerarse la aparición de la “nueva UCEP”.
Específicamente se solicitó información respecto de un violento desalojo desarrollado el 5 de junio, a las 19:47, cuando cuatro personas identificadas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público descendieron de una camioneta dominio KIZ 585 portando cadenas y golpearon a un joven en situación de calle en la avenida Corrientes al 800, en las inmediaciones del Teatro Gran Rex.
Por su parte, el 2 de julio de este año, Alex Campbell, director de la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, suscribió una nota en respuesta al pedido de informes presentado por el ODH, admitiendo la existencia de ese “operativo” ordenado por la Dirección a su cargo.
Con una negativa genérica, entre la que se menciona que sus agentes no actuaron con violencia y que no portaron ningún tipo de armas ni tenían derecho a hacerlo, se asume que “personal de esta Dirección General realizó un operativo de rutina contra la venta ilegal en vía pública en dicho lugar, día y horario, donde se procedió a incautar mercadería ilegal que se estaba vendiendo en las inmediaciones”.
La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad reafirma su intención de continuar con políticas destinadas a “limpiar” literalmente el espacio público de personas que encuentran en él un lugar donde expresar sus derechos, sin que exista alguna motivación legal para su persecución, en tanto ello no afecte derechos individuales ni colectivos.
En cuanto a los vendedores ambulantes también llamados “manteros”, los cuales muchas veces son explotados por grandes organizaciones ilegales, desde el Ejecutivo de la Ciudad se ha alegado que ejercen una competencia desleal respecto de quienes ofrecen sus productos en negocios legalmente constituidos. Por ello recurrentemente han sido desalojados con violencia de los distintos espacios públicos.
Un caso emblemático resultó ser el de los manteros de la calle Florida; de ellos también se esgrimía el argumento de ocupar excesivamente la peatonal, entorpeciendo el tránsito de los transeúntes y causando molestias Este año fueron definitivamente desalojados a través de un operativo realizado por la Policía Metropolitana.
Esa modalidad de “limpieza” del espacio público no deja de ser una muestra más de que el Ejecutivo de la Ciudad, lejos de llevar adelante políticas públicas de inclusión social, a fin de garantizar a los habitantes de la ciudad un empleo digno, proteger su derecho a trabajar y evitar que sean explotados por organizaciones ilegales que obtienen las mercaderías de forma ilícita, opta por la expulsión violenta de estos sectores sociales menos favorecidos.
VENDEDORES AMBULANTES Y ARTESANOS
Por otra parte, también resultaron víctimas de esta limpieza del espacio público los artesanos de la calle Perú, a quienes durante todo el año se los intimó a abandonar ese espacio público, con la propuesta de trasladarlos a la plaza Roberto Arlt, donde la afluencia de público es mínima, y en consecuencia las ventas resultan muy bajas.
En junio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Patricia López Vergara dictó una medida cautelar de no innovar y los vendedores fueron habilitados a exponer sus productos en la calle Perú, e impidiendo a la Policía Metropolitana continuar con el desalojo encomendado. Por su parte, los artesanos aún mantienen su propuesta de conformar una feria de artesanías sobre la calle Perú.
Con el mismo proceder, durante noviembre de este año, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ordenó desalojar violentamente más de 25 comerciantes que tenían sus puestos de la plaza Constitución.
Repitiendo el habitual accionar del PRO, el desalojo se produjo durante el horario nocturno, interviniendo agentes de la Policía Metropolitana que cargaron en camiones de residuos los restos de los puestos arrasados previamente con grúas y amoladoras. Muchos comerciantes, al ver destruida su única fuente de trabajo, se quejaron de lo sucedido, y fue así que la Policía Metropolitana respondió efectuando detenciones bajo el cargo de “agresión a la autoridad”.
El argumento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se basa en la remodelación de la plaza y la construcción de nuevas paradas de colectivos. Pero la orden de desa¬lojo desconoce un acto administrativo de otra dependencia del mismo Gobierno —la Dirección de Tesorería — que desde el año 2004 cobró un canon mensual por los permisos provisorios otorgados a los puesteros para realizar su actividad en la plaza, legalmente amparado bajo la ley 1.166.
CONCESIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A PRIVADOS
Mientras tanto, el PRO mantiene firme su polémico proyecto de ley 1.770, que fija nuevos parámetros para los permisos de uso del espacio, otorgando a empresas privadas la concesión del mismo. Esa iniciativa es promovida por la cartera de Ambiente y Espacio Público, y por el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri.
En pocas palabras, el proyecto pretende privatizar parques y plazas, que una empresa privada lucre con venta de comidas y bebidas. A cambio se le exige un canon, que instalen baños públicos y una “estación saludable”.
Dicho proyecto de ley implicaría que el espacio público pueda ser utilizado por concesionarios privados, demostrando una clara intención de la actual gestión de privatizar los espacios públicos como plazas y parques, siguiendo con una tendencia característica de los modelos neoliberales que apunta a la desaparición del espacio público en su concepción clásica.
Sin embargo, y a pesar de estas intenciones, persiste siempre el lugar de la resistencia por parte de sus históricos ocupantes, quienes casualmente, al estar en situación de mayor vulnerabilidad social, encuentran en el espacio público un lugar donde expresar sus derechos.
Lamentablemente encontramos que la actual gestión en la Ciudad, lejos de implementar políticas activas de inclusión social, continúa insistiendo en la aplicación de mecanismos violentos para hostigar, amenazar y violar derechos. Específicamente de quienes encuentran en el espacio público un lugar para pernoctar, permanecer o conseguir el mínimo sustento para la atención de las necesidades propias y de su grupo familiar.
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 17 de diciembre de 2012 en ESPACIO PÚBLICO
INFORME 2012 – DERECHO AL TRABAJO
El derecho al trabajo se encuentra reconocido como un derecho humano en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; con jerarquía constitucional en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y en ambos sentidos en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al comienzo del art. 43 se establece que “la Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta”.
Sin embargo, y a pesar de la Recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas (R. 193, 2002), el jefe de Gobierno porteño lesionó gravemente estas normas mediante el veto a la ley 4.008 que protegía a las 29 empresas recuperadas organizadas en cooperativas, que funcionan en la ciudad y que emplean a 2.000 trabajadores.
Las empresas recuperadas nacieron como consecuencia de la crisis económica de 2001, cuando las innumerables quiebras, cierres y/o abandonos de las empresas provocaron el peor índice de desempleo sufrido en el país.
Los trabajadores, en defensa de sus derechos, tomaron el control y comenzaron a gerenciarlas exitosamente, organizándose luego en forma de coo¬pe¬rativas. Como una herramienta legal de protección, en 1999 se dictó la ley 238 que declaraba a estas empresas de utilidad pública, obligando al Estado porteño a presentarse en las quiebras respectivas, a fin de evitar el cierre y los consiguientes despidos.
El plazo de vigencia de la ley se fue extendiendo sucesivamente, hasta el año 2011, cuando mediante la ley 4.008 se prorrogaba nuevamente ese plazo hasta el 2017. Además, se ampliaba el número de cooperativas o empresas beneficiadas. La Ciudad de Buenos Aires donaba a las cooperativas los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes, y los bienes muebles existentes, que fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación.
Esta ley, que cumplía con el principio de progresividad para la ampliación de derechos, fue vetada el 16 de diciembre de 2011, mediante el decreto 672/11 haciendo uso del derecho que tiene el jefe de Gobierno de vetar las leyes sancionadas en la Legislatura, expresando sus fundamentos.
Ese decreto es meramente enunciativo, ya que no presenta justificación ni fundamentación idónea en derecho. Este veto se evidencia como un claro ejemplo del ejercicio arbitrario y abusivo del poder; asimismo, al no manifestar sus auténticos motivos, desvirtúa el principio de publicidad de los actos públicos.
VETOS DEL JEFE DE GOBIERNO
Nuevamente se viola el derecho a trabajar con los vetos que el jefe de Gobierno efectuó a las leyes protectorias de este derecho.
Ley 3.296: Síndrome de desgaste laboral crónico. Prevención, detección precoz y rehabilitación para aquellos que se desempeñan en el sistema de salud y educación.
Ley 3.651: Empleo público. Modificación, que crea la Comisión Bipartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato, para erradicar la violencia laboral y de género, y corregir las situaciones de discriminación o desigualdad.
Le 4.061: Recuperación y continuidad de Unidades Productivas MiPymes y de la economía social en riesgo, creando un fondo fiduciario de 20 millones de pesos para préstamos.
Ley 4.097: Cooperativa Cefomar. Declaración de utilidad pública. Prórroga. Empresa recuperada, que no había sido incluida en la ley 4.008.
Asimismo, los vetos parciales, al desnaturalizar las leyes, provocan el mismo efecto que los anteriores. Tales son:
Ley 3.494: Remuneraciones del personal de planta permanente o transitoria. Pago, obligatorio el último día de cada mes al igual que ambas cuotas del aguinaldo.
Ley 3.597: Proyecto de ley, Sistema de preparación para la jubilación. Brindar un servicio de asesoramiento previsional integral, abarcando los aspectos jurídicos, personales, psicológicos, familiares, económicos y de proyectos futuros.
Ley 3.721: Programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Creación.
Ley 4.110- Régimen de asignaciones familiares. Personal Administración Pública – Modificación. Se vetan los montos correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad y a las asignaciones por nacimiento de hijo con discapacidad para los años 2012 y 2013.
Fuente: CEDOM (Centro Documental de Información y Archivo Legislativo) http://www.cedom.gov.ar
EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
El segundo párrafo del art. 43 de la Constitución de la Ciudad garantiza “un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto”.
A la luz de esta garantía constitucional, los hechos ocurridos a los trabajadores del Programa Buenos Aires Presente (BAP), son una muestra de su inobservancia.
El BAP, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad social, depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Según denunciaron los representantes sindicales, la precarización laboral alcanza a 1300 trabajadores contratados y 500 tercerizados, que cobran un promedio de 2.500 pesos por mes, a lo que se les descuenta el monotributo.
Estos trabajadores comenzaron a organizarse desde julio de 2012 para exigir que se regularizaran los pagos de remuneraciones atrasadas, el pago de un plus que les debían desde 2011, que se abriera una instancia de discusión salarial y se regularizaran sus contratos de trabajo.
Por ese motivo recibieron varias amenazas, que fueron oportunamente denunciadas ante las autoridades. Pero debido a su indiferencia e inacción, el 1º de noviembre de 2012, mientras se encontraban reunidos en la sede ubicada en el Hospital Rawson, fueron violentamente abordados por un grupo de más de 30 personas armadas, que mediante coacción física les exigían el nombre y paradero de los organizadores de la protesta.
Debido a la peligrosidad del grupo y el riesgo en que pusieron a las personas y bienes, se dio intervención a la Policía Federal. Esto hizo que —según consta en la denuncia penal—el grupo se diera a la fuga en móviles del Programa de la Dirección de la Niñez del Gobierno porteño.
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad no se expidieron sobre estos hechos ni tomaron intervención en la denuncia penal radicada por los afectados.
ASAMBLEAS, MANIFESTACIONES, HUELGAS
En los últimos párrafos el art. 43 se reconoce a los trabajadores estatales el derecho de negociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las normas que los regulen.
El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales deben efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo.
Este artículo es concordante con el espíritu de la ley 23.551, cuyo título preliminar se refiere a la tutela de la libertad sindical. Asimismo, los Convenios de la OIT 87 y 98 establecen los derechos fundamentales de negociación colectiva, no discriminación, prohibición de actos de injerencia, derecho de huelga y de libre asociación.
La disposición Nº 40 del Ministerio de Modernización del GCBA, publicada el 6 de agosto en el Boletín Oficial 40/2012, titulada “Reglamentación de Asambleas de Trabajadores”, so pretexto de organización es claramente violatoria de estos derechos.
En esta disposición se limita el derecho de libertad sindical. La reglamentación determina las personas, el tiempo y el modo de realización de las asambleas, que sólo pueden ser pedidas por delegados, con antelación de tres días hábiles. Prohíbe así la participación de todo el personal, admitiendo sólo a los convocantes. La resolución deja librado a la voluntad del funcionario determinar, lugar, fecha y horario de la misma, autorizando a éste a fijarlo en cualquier tiempo fuera del horario de trabajo.
En cuanto a la jerarquía normativa y el orden de prelación, la disposición Nº 40 debió subordinarse a los cuerpos normativos referidos, pero insólitamente cita como antecedentes un decreto del Gobierno de Tierra del Fuego del año 1998 y una ordenanza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Los trabajadores, a través de su organización gremial ATE, solicitaron una medida cautelar, la que fue resuelta favorablemente por la jueza subrogante del Juzgado de Trabajo Nº 9, Lilia Funes Montes, disponiendo la suspensión de la disposición Nº 40.
En función del monitoreo del estado de los derechos humanos en la Ciudad, y puntualmente el del trabajo, debemos expresar que se observa un constante avasallamiento, en especial de los grupos informales, vulnerables o sin representatividad jurídica o sindical.
PERSECUCIÓN A LOS TRABAJADORES INFORMALES
Los desalojos de los trabajadores informales (en Plaza Constitución, Retiro, Liniers, Florida) fueron violentos, compulsivos y sorpresivos, con auxilio de la fuerza pública. Así lo explica este informe en el capítulo referido al espacio público.
El espacio público desalojado in audita parte, impidiendo que los trabajadores ejercieran su derecho de defensa, está abarcado por el espacio público que pretende concesionarse a privados, según el proyecto referido.
En el mismo orden de ideas, el caso más paradigmático se encuentra en la privatización por 15 años del tratamiento de residuos sólidos urbanos, que pone en peligro a las 12 cooperativas de recuperadores que en la actualidad trabajan en la Ciudad. Las conforman aproximadamente 5.000 cartoneros, de los cuales 3.000 se encuentran formalizados, cobran subsidio y cuentan con obra social.
La licitación que se formalizó mediante una publicación que el Gobierno de la Ciudad hizo el 24 de septiembre en el diario Clarín, bajo el título “Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos”, tiene una modalidad similar a la utilizada con la subasta del Zoológico de Buenos Aires.
Sin anuncio previo ni envío del proyecto a la Legislatura, se notificó el llamado a un Concurso Público Nacional e Internacional, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El texto del llamado a licitación especifica que “el total de Residuos Sólidos Urbanos que serán destinados al tratamiento integral y de recuperación es de 3.000 toneladas diarias”. El valor de cada pliego fue valuado en 40 mil pesos, lo que es claramente discriminatorio, y un obstáculo económico para las cooperativas del sector.
Esta lesión a los derechos humanos no sólo tiene una raíz económica, sino básicamente ideológica. Como fundamento, es oportuno transcribir el reportaje al entonces candidato y hoy jefe de Gobierno, Mauricio Macri, publicado en el diario La Nación el 27 de julio de 2002, a cargo de la periodista Alejandra Rey:
—Uno de los temas que más preocupan a los porteños es el de los cartoneros. ¿Qué propone usted al respecto?
—Un nuevo diseño ambiental. Hay crisis en el manejo final de los residuos y el cirujeo es un descontrol absoluto. Formar cooperativas no resuelve nada. Éste es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana. En otras sociedades, el tratamiento de la basura se hace en lugares cerrados, con elementos, con gente contratada ad hoc.
—Pero habla de una sociedad ideal. ¿Qué solución encuentra para la recolección informal dentro de la realidad porteña actual?
—Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle.
—Ejerciendo la ley. Están cometiendo un delito. Tenés que darles una alternativa, como contratar a unos miles para que hagan la separación de residuos dentro de los centros de procesamiento, y no en la calle.
—¿Y al que siga en la calle?
—Me lo llevo preso. Vos no podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Y además, daña la salud. Entonces, llamo a concurso a miles de personas y les doy trabajo.
Los antecedentes hacen suponer firmemente que se pretende desplazar a los cartoneros y entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios. La instalación, en octubre de este año de grandes contenedores negros en los barrios más céntricos, que les impide a los recicladores urbanos acceder a los materiales reciclables, fue sólo el primer paso.
INFORME 2012 – DERECHO A LA VIVIENDA
EL CASO DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS
“Si todos hubieran largado a cero kilómetro en materia de tierras, muy bien, pero los señores Pereyra Iraola y Menéndez Behety ya eran dueños de media Argentina cuando dijeron ‘hay que respetar la propiedad privada’”. La única propiedad privada que tiene la gente de las villas es el aire.” Padre Carlos Mugica
El PRO boicoteó el proyecto de ley que reglamentaba la urbanización de la Villa 31. Durante la segunda mitad de este año se debatió en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que regulaba la posibilidad de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis de ejercer su derecho a la vivienda digna, con criterio de radicación, dentro de los límites del propio barrio, en consonancia con lo establecido en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la propia ley 3.343 de urbanización de la Villa 31. A pesar de contar con los votos para su aprobación en el recinto, el proyecto nunca llegó al mismo, por el manejo arbitrario de las comisiones que impusieron los legisladores oficialistas.
La presentación, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Andía, contemplaba un dictamen consensuado y emitido por la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa —órgano derivado de la ley 3.343—, integrada por diferentes áreas de los gobiernos de la Ciudad y la Nación, Defensoría del Pueblo, diputados de ambas jurisdicciones y delegados de la Villa 31 y 31 bis.
El mismo regulaba “el proceso de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mugica”, tal como reza el artículo 1º del proyecto. Asimismo, delimitaba el polígono a urbanizar, incluyendo al barrio San Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la ley 3.343; se aprobaba el anteproyecto urbano definitivo, describiendo las diferentes acciones a realizar en el trazado del barrio, tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de viviendas; establecía la necesidad de relocalización —dentro del perímetro del barrio— de aquellas viviendas que se encontraran en sectores destinados a otros fines; definía el diseño, adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fijaba un porcentaje del presupuesto general de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar; refería al dominio de inmuebles, entre otras disposiciones.
Vecinos y organizaciones barriales nucleados en la Mesa de Urbanización y Radicación Padre Carlos Mugica militaron la sanción del proyecto de ley que garantizaba el derecho a la vivienda digna en las propias tierras de Retiro. El sacrificio militante de este colectivo logró ir sumando la voluntad política de los diferentes sectores de la oposición, en un arco plural que incluyó al FPV, FAP, Proyecto Sur, CC y UCR, entre otros. En este sentido, lograron aunar la voluntad de 31 legisladores, es decir, la mayoría necesaria para convertir en ley la propuesta, quienes suscribieron un documento de compromiso político de votar por la afirmativa.
Sin embargo, a pesar del amplio consenso logrado y de que el dictamen en el cual se basó la ley había sido suscripto por el propio macrismo, esta fuerza obstaculizó el tratamiento del proyecto, no permitiendo que sea votado ni siquiera en la Comisión de Vivienda, presidida por la diputada del PRO Lidia Saya. Cambiando fechas, aplazando reuniones convocadas para el tratamiento del expediente 1614/11 que contenía el proyecto, planteando argucias, amenazando con impulsar un propio proyecto en el que se habilitaría el pago de un subsidio al vecino que optara por el desalojo —situación prohibida por la ley 3.343—, el PRO negó la posibilidad democrática de votar el proyecto durante el presente año legislativo, lo que hubiese garantizado el derecho a la vivienda digna para los habitantes de las villas 31 y 31 bis. Ante esta vulneración, el proyecto de ley pierde estado parlamentario a fin del período de sesiones del presente año.
De esta forma, el partido gobernante continúa negando la letra y espíritu de la Constitución que exige la urbanización de las villas, así como el derecho a la vivienda digna de los habitantes de la Ciudad. Lejos de ello, no urbaniza las villas, prácticamente no construye viviendas sociales, no regula los alquileres ni los inmuebles ociosos, incrementa la política de desalojos, entre otras acciones u omisiones que desoyen la manda constitucional, cual si no existiese una obligación del Estado.
EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó en los últimos cuatro años diversas sentencias que avanzaron sobre cuestiones nunca antes abordadas: el derecho a una vivienda digna y el derecho al medio ambiente y sus consecuencias sobre la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos).
En estas sentencias se establecieron objetivos generales muy difíciles de alcanzar. Algunos de ellos están vinculados a los aspectos habitacionales de las personas que residen a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo, y otros respecto de los estándares mínimos de exigibilidad del derecho a la vivienda.
En materia social, la falta de voluntad de la administración de la Ciudad de Buenos Aires para satisfacer las demandas de la población en cuanto al acceso a derechos, trajo aparejada gran visibilidad para la justicia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Empero, las personas que se acercaron a los estrados de la justicia local en busca de protección de sus derechos —que constituyen únicamente una pequeña porción de quienes lo necesitarían, en virtud de las barreras clásicas de acceso a la justicia— acceden generalmente a una respuesta que, en el mejor de los casos, resulta paliativa de la urgencia, más no reivindicatoria de sus derechos, ni una solución definitiva a la vulneración de derechos fundamentales de la que son víctimas.
Al tradicional escenario del reclamo callejero, se ha sumado el judicial. Estos escenarios distintos en donde se despliegan los conflictos están determinando el abordaje de los mismos. Imponiendo reglas inherentes, que serán planteadas de diferentes maneras según los actores involucrados, los operadores judiciales intervinientes, el tema propuesto, y así obtendrán resultados que nunca son matemáticos.
Sin embargo, estos resultados constatables no han eliminado el rol que tiene el derecho, y en particular el litigio en materia de derechos sociales. Sumándole la dimensión alcanzada en la práctica, fácilmente equiparable a lo político en acto, pero con la legitimidad y el respaldo de ser letra escrita en la normativa de mayor jerarquía local y nacional, lo que constituye el derecho en acto.
La falta de abordaje político institucional y la consecuente no resolución de los conflictos con múltiples actores dio lugar a dos fenómenos diferentes: por un lado, la judicialización de los más diversos conflictos, por el otro, la indefensión de los afectados que enfrentan severas obstrucciones para la obtención de justicia, aun cuando acceden a los estrados judiciales.
El hecho concreto de la conformación de grupos más o menos organizados para intentar paliar las difíciles condiciones de vida comienzan a inscribirse en una dinámica de relaciones sociales y políticas que canalizan exigencias de reconocimiento de sus derechos, como así también de sus realidades diversas, que no admiten propuestas convencionales, reclamando un abordaje particular y complejo.
Estos grupos se han manifestado, y han transformado la historia del conflicto y el litigio por derechos sociales local. Da cuenta de ello la frondosa jurisprudencia generada en los tribunales locales, que han resuelto cuestiones de lo más novedosas, que anteriormente no llegaban a los juzgados.
LAS RELOCALIZACIONES NECESARIAS PARA LIBERAR EL CAMINO DE SIRGA
El fallo de la Corte Suprema sobre el tratamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo dejó en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, hoy investigado, los procesos de relocalización de las personas que habitan sobre la vera del Riachuelo.
El magistrado de Quilmes instó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, y a los 14 intendentes de la cuenca del Matanza a liberar el camino de sirga antes del 1º de julio de 2011. A partir de ese momento, tanto los municipios, la Capital y ACUMAR (Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo) han ido acordando con el juez la extensión de los plazos.
Según estimaciones calculadas por los censos realizados por ACUMAR —el Gobierno de la Ciudad no realizó aún los propios en su totalidad— se trata de alrededor de 2.500 familias las que deberán ser relocalizadas para dar cumplimiento a la orden judicial. En febrero de 2011, una resolución del juez Armella intimaba al jefe de Gobierno porteño a erradicar “total y definitivamente” las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo, dentro del territorio porteño, en un “improrrogable” plazo de diez días, y en caso de incumplimiento, expresa textualmente, “los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere”. Por esos días el Ejecutivo de la Ciudad presentó al juez un programa de relocalización que tendía a dar cumplimiento, en plazos más amplios, a la resolución mencionada. Read the rest of this entry »
Publicado por OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires en 17 de diciembre de 2012 en VIVIENDA

References: artículo 20
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 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 13
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 artículo 1
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