Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A017-06.htm
Timestamp: 2017-11-24 03:45:15+00:00

Document:
A017-06
Auto 017/06
NULIDAD DE PROCESOS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Oportunidad para solicitarla
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Violación alegada tiene que ser significativa y trascendental
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Aplicación/NULIDAD DE PROCESOS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No prosperidad por la falta de nombramiento de conjuez
Las normas procedimentales, según jurisprudencia de esta Corte, se deben leer a la luz del principio de instrumentalidad de las formas. Es decir que su respeto es predicable en cuanto cumple un fin. Considerando lo anterior, se observa que la pluralidad, discusión y equilibrio no se desconocen indefectiblemente por el mero hecho de que haya sólo ocho magistrados por no haberse nombrado un conjuez. De otra manera, no estaría previsto en el Reglamento Interno, Acuerdo 05 de 1992, en su artículo 5º, literal m, que la Sala plena puede “Conceder licencia no remunerada a los Magistrados Titulares y Auxiliares y a los empleados que hayan sido nombrados por la Corte, en los términos de la ley”. Obsérvese cómo si en realidad la voluntad del legislador hubiera sido conservar en todo momento el número de 9 magistrados éste habría previsto en el Decreto 2067 que también en caso de licencia se podría nombrar conjuez, competencia que no existe. El solicitante señala que si bien se permiten las ausencias, tal permiso no se da durante todo el proceso de deliberación. Es de observar que las ausencias se permiten incluso en el momento mismo en que votan los magistrados, cima de toda discusión. Así las cosas, no es predicable la estricta presencia de los nueve magistrados, como lo sugiere el actor.
CONJUEZ EN PROCESOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Casos en que procede nombramiento
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Aprobación por mayoría absoluta
PUBLICIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Antes de notificación
PUBLICIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia antes de que se conozcan aclaraciones y salvamentos de voto/LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Facultad de la Corte Constitucional para disponer lo relativo a la publicidad de la parte resolutiva y considerandos de la sentencia
El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la decisión no podía ser publicada sin la correspondiente sentencia. Recuerda el solicitante que el artículo 16 establece que “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados de la Corte.” El actor insiste en que se deberán divulgar las sentencias en su integridad y no por partes. Finaliza indicando que lo único que permite el artículo 56 de la Ley Estatutaria es publicar los salvamentos y aclaraciones si los reglamentos lo disponen expresamente. La Corte estima que el artículo 56 LEAJ sí hace referencia a la facultad de la Corte Constitucional para disponer lo relativo a la publicidad de la parte resolutiva y los considerandos de las sentencia y, en esa medida, sí deroga lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067. En efecto, el artículo 56 inicia diciendo: “El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados”(subrayas y resaltados ajenos al texto). Al disponer que se determinará la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, dentro del concepto forma caben circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, la LEAJ sí previó un cambio de las condiciones de publicidad de las sentencias y no sólo de salvamentos y aclaraciones.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Término de notificación
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inobservancia del plazo de notificación no constituye causal de nulidad
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Aplicación
SALVAMENTO Y ACLARACION DE VOTO EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Término
La Corte Constitucional, en su Reglamento Interno, artículo 34, numeral 9, mediante Acuerdo 01/95, señaló que el plazo para consignar los salvamentos y aclaraciones de voto era de cinco días contados a partir del conocimiento del texto definitivo del proyecto aprobado. Así las cosas, es claro que la sentencia no debe conocerse de manera paralela con los salvamentos.
PROYECTO DE SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Discusión
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia C-1300 de 2005, expediente D-5807
El día nueve (09) de diciembre de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió sobre la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, por medio de la sentencia C-1300 de 2005.
El Presidente de esta Corporación dio a conocer la decisión en rueda de prensa del día nueve (09) de diciembre de 2005.
Mediante escrito del 12 de enero de 2006, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano solicitó se declare nulo el proceso D-5807 y que, por tanto, las demandas originales sean enviadas al despacho del Presidente de la Corporación para que efectúe el reparto para reiniciar el proceso.
A continuación se expondrán las causales alegadas y las razones que las soportan:
1. Falta de nombramiento de conjuez
Al encontrarse impedido el doctor Jaime Córdoba Triviño, indica el demandante, era obligatorio nombrar conjuez para tomar la decisión con nueve magistrados. Afirma el actor que los artículos 27 y 29 del Decreto 2067 establecen el deber de nombrar un conjuez en caso de aceptación de una recusación o manifestación de un impedimento. Agrega que la Ley estatutaria establece, en su artículo 40, que la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados. El actor alega que sólo así se garantiza la pluralidad en las discusiones de la Corte.
2. Publicidad de la decisión antes de notificar la sentencia definitiva
El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la decisión no podía ser publicada sin la correspondiente sentencia. Recuerda el actor que el artículo 16 establece que “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados de la Corte.”
El actor indica que el artículo 56 de la Ley Estatutaria, contrario a lo señalado por la Corte en el Auto 152B/03, sólo autoriza a las altas cortes a incluir en su reglamento un término para consignar salvamentos y aclaraciones que sean hechos después de notificar la Sentencia. En esa medida, considera que sólo se ha afectado la validez del artículo 16 en los siguientes apartes: “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte. (…)”
Con base en lo anterior, el actor insiste en que se deberán divulgar las sentencias en su integridad y no por partes. Finaliza indicando que lo único que permite el artículo 56 de la Ley Estatutaria es publicar los salvamentos y aclaraciones si los reglamentos lo disponen.
3. Falta de notificación de la sentencia dentro de los seis días siguientes a la decisión
Indica el actor que, según el artículo 16 del Decreto 2067, la Sentencia se notificará “dentro de los seis días siguientes a la decisión”. Indica que la decisión se tomó el 7 de diciembre de 2005 y de esta fecha al día en el cual inició la vacancia judicial habían transcurrido más de siete días sin que se hubiera notificado el fallo. Por tanto, se desconoció el debido proceso.
4. No inclusión de los salvamentos y aclaraciones en la sentencia
Si bien el actor reconoce que la Ley estatutaria permitió a la Sala Plena derogar la norma vigente sobre la divulgación de la sentencia sin salvamentos y aclaraciones, lo cual permitiría pensar que la publicidad de éstos podría darse en otro momento, tal autorización no ha sido ejercida. En consecuencia, señala el actor, sigue vigente el deber de incluir las aclaraciones y salvamentos, debidamente suscritos, al momento de comunicar la parte resolutiva (artículo 16, Decreto 2067).
5. No seguimiento de las reglas establecidas para la deliberación
Según el artículo 34, numeral 1º, del Reglamento Interno, “el autor del proyecto por discutirse lo leerá”; acorde con el actor, el Magistrado ponente ya debe llevar redactado el proyecto a Sala para su deliberación y éste se somete a discusión y votación. En caso de que no se apruebe se reparte a otro magistrado. Si los magistrados hubieran llevado el proyecto redactado, indica el ciudadano, sólo habría faltado la firma y no se habría tomado tanto tiempo la notificación efectiva del fallo. En esa medida, argumenta el peticionario, se deduce que el proyecto no fue discutido sino lo que se discutió fue un comunicado de prensa.
Según lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067, “la nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”.
No habiendo sido aún notificada la Sentencia, el actor se encuentra en término para solicitar la nulidad del proceso de la referencia.
En la presente ocasión, la Corte debe determinar si (i) no haberse nombrado un conjuez en reemplazo del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, (ii) haberse dado a conocer la decisión de la Corte antes de notificada la Sentencia, (iii) no haberse notificado la Sentencia dentro de los seis días hábiles siguientes a la aprobación de la Sentencia C-1300/05, (iv) no haberse incluido en la Sentencia los salvamentos y aclaraciones de voto y, (v) según señala el actor, no haberse consignado el proyecto antes de tomar la decisión, constituyen irregularidades que deriven en la nulidad de todo el proceso surtido en el caso D-5807.
C. Excepcionalidad de la declaratoria de nulidad en los procesos de la Corte Constitucional
De manera reiterada, esta Corporación ha sostenido que la nulidad de sentencias proferidas por la Corte, o de los procesos previos a éstas, tiene carácter excepcional. El mantenimiento de la seguridad jurídica hace que sólo por una “palmaria e indudable transgresión a las prescripciones del Estatuto Fundamental”[1] se puede declarar la nulidad.
El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 señala que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que la Sala Plena de la Corte anule el proceso. Tal vulneración del derecho consagrado en el artículo 29 constitucional debe ser, según jurisprudencia de la Corte, un desconocimiento significativo y trascendental[2] de lo dispuesto en las disposiciones que rigen el procedimiento de la Corporación. Para que un desconocimiento pueda ser calificado como significativo, ha dicho la Sala Plena, debe tener unas repercusiones sustanciales[3], so pena de su fracaso.
D. Análisis de los cargos presentados para solicitar la nulidad del procedimiento adelantado en el proceso D-5807
1. Presunta nulidad por falta de nombramiento de conjuez
1.1. El ciudadano Otálora Lozano señala que se vulneró el debido proceso al no nombrar un conjuez en reemplazo del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, a quien se le aceptó el impedimento manifestado para conocer el proceso de la referencia. Con esto, señala, se desconocieron los artículo 27 y 29 del Decreto 2067 de 1991 que fijan el deber de nombrar conjuez al aceptarse una recusación o una manifestación de impedimento. Además, indica, sólo con los nueve magistrados que integran la Corporación se garantiza la pluralidad y la discusión efectiva.
1.2. En primer lugar, las normas procedimentales, según jurisprudencia de esta Corte, se deben leer a la luz del principio de instrumentalidad de las formas -principio que es claro desarrollo de la disposición constitucional de prevalencia de la sustancialidad sobre las formas (artículo 228)-. Es decir que su respeto es predicable en cuanto cumple un fin. Considerando lo anterior, se observa que la pluralidad, discusión y equilibrio –fines señalados como desconocidos por el actor al no haberse nombrado conjuez, según lo indican los artículo 27 y 29 del Decreto 2067- no se desconocen indefectiblemente por el mero hecho de que haya sólo ocho magistrados por no haberse nombrado un conjuez.
De otra manera, no estaría previsto en el Reglamento Interno, Acuerdo 05 de 1992, en su artículo 5º, literal m, que la Sala plena puede “Conceder licencia no remunerada a los Magistrados Titulares y Auxiliares y a los empleados que hayan sido nombrados por la Corte, en los términos de la ley”. Obsérvese cómo si en realidad la voluntad del legislador hubiera sido conservar en todo momento el número de 9 magistrados éste habría previsto en el Decreto 2067 que también en caso de licencia se podría nombrar conjuez, competencia que no existe.
El solicitante señala que si bien se permiten las ausencias, tal permiso no se da durante todo el proceso de deliberación. Es de observar que las ausencias se permiten incluso en el momento mismo en que votan los magistrados, cima de toda discusión. Así las cosas, no es predicable la estricta presencia de los nueve magistrados, como lo sugiere el actor.
Es claro que la finalidad del nombramiento de conjuez es, en primer lugar, dirimir los empates que se presenten, tanto así que, en el artículo 48, numeral 5 del Reglamento Interno se dispone que en caso de que exista empate para decidir sobre un recurso de súplica se llamará a un conjuez.
De igual manera, otra de las finalidades esenciales del nombramiento de conjuez es completar el número de magistrados cuando no haya quórum (artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia). Así lo afirmó la Corte en la Sentencia SU-047/99, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, en los siguientes términos: “Cabe anotar que el presente fallo se adopta por la mayoría de la Corporación, la cual está conformada por 5 de 7 Magistrados que, para este asunto, integran legalmente la Corte Constitucional, como quiera que así lo autoriza el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, o ley estatutaria de la administración de justicia. En efecto, esa disposición preceptúa que sólo en caso de que la aceptación de impedimentos o recusaciones disminuya la pluralidad mínima que exige la ley para adoptar una decisión en las Corporaciones judiciales, deberá recurrirse a la designación de conjueces, pues en caso contrario, la sentencia podrá adoptarse por la mayoría, sin que sea absolutamente necesario convocar a un conjuez.” (subrayas ajenas al texto)
De manera minuciosa y contundente, el Auto A-062/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, donde se analizaba la validez de la sentencia C-642 de 2000 decidida por cuatro votos contra tres, señaló que para que sea válido un fallo debe contar con la mitad más uno de los votos de los miembros de la Corporación, es decir, con cinco votos. Se señaló en esa ocasión:
“El artículo 14 del Decreto 2067 de 1991 dispuso que las decisiones sobre la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional debían ser adoptadas "por la mayoría de los miembros" de la misma, y que los considerandos de la sentencia podían ser aprobados "por la mayoría de los asistentes".
Surge de lo anterior que las providencias proferidas con una mayoría inferior son nulas, y así debe declararlo el Pleno de la Corporación.”
Además, el parágrafo del artículo 14 del Decreto 2067 señala que “las decisiones sobre la parte resolutiva de la sentencia deberán ser adoptadas por la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional”; mayoría para cuya conformación, según el parágrafo del mismo artículo, no se requiere la presencia de los nueve magistrados. En efecto, señala el parágrafo “Se entiende por mayoría cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de magistrados que integran la Corte o de los asistentes a la correspondiente sesión, según el caso.”
Por los argumentos antes expuestos no prospera la nulidad del procedimiento por la falta de nombramiento de conjuez.
2. Presunta vulneración del debido proceso por publicar la decisión antes de haber notificado la sentencia
2.1. El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la decisión no podía ser publicada sin la correspondiente sentencia. Recuerda el solicitante que el artículo 16 establece que “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados de la Corte.”
2.2. En Auto 152B/03, la Corte estableció que lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067 había sido derogado en lo relativo a la imposibilidad de hacer pública la decisión de la sentencia antes de que se conocieran los aclaraciones y los salvamentos de voto debidamente suscritos. En el Auto en el cual, al igual que en la presente ocasión se resolvía de una nulidad presentada contra un proceso en el cual se había dado a conocer la decisión antes que el fallo fuera firmado y notificado, se señaló:
“La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (LEAJ), en su artículo 56, autoriza a las altas Cortes a reglamentar la forma de expedición y firma de las sentencias. El texto es del siguiente tenor:
8.- La conclusión anterior encuentra un sustento adicional en la declaratoria de inexequibilidad de un aparte del artículo 64 de la LEAJ que establecía que el contenido y alcance de las decisiones podía ser informado una vez concluyera el proceso mediante decisión ejecutoriada. Consideró entonces este Tribunal que la expresión “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”[4] vulneraba la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.). Además de ser una excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). Anotó la Corte que es
“constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.”[5]
Por tanto, los jueces están autorizados a divulgar la decisión a la opinión pública. No se presentó entonces irregularidad alguna en la forma en que la Corte publicitó el fallo, pues ello está permitido por las normas existentes en la materia. Cabe reiterar en este punto que la sentencia es adoptada al momento de realizar la votación, cosa distinta es que surta efectos a partir del día siguiente a su expedición, como esta Corte ya lo ha anotado en otras ocasiones[6].”
El mencionado Auto guardó coherencia con su precedente Sentencia C-551/03 en la cual se indicó:
“260- Con todo, algunos podrían objetar que no es posible que la Corte comunique la parte resolutiva de esta sentencia, al día siguiente de ser adoptada, por cuanto posiblemente para ese momento el texto de la decisión no estaría aún firmado, ni los salvamentos y aclaraciones depositados, y el artículo 16 del decreto 2067 de 1991 establece que en los procesos de control constitucional “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el secretario de la Corte.” Sin embargo, esa objeción no es de recibo, pues esa norma se entiende derogada por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Así, el primero señala que corresponde a los reglamentos de las altas cortes “incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia.” Esto significa que la publicidad de la sentencia no está condicionada al depósito de los salvamentos o aclaraciones, y que en ese aspecto fue derogado el artículo 16 del decreto 2067 de 1991. Por su parte, el artículo 64 del proyecto de ley estatutaria de Administración de Justicia indicaba que por “razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”.
Este análisis muestra que, conforme a la ley estatutaria de Administración de Justicia, la Corte Constitucional puede comunicar –que no notificar formalmente- sus fallos, y en especial su parte resolutiva, así el texto definitivo de la sentencia no se encuentre finiquitado. No existe entonces objeción a que la Corte ordene la comunicación de la parte resolutiva de la presente sentencia, al día siguiente de ser adoptada la decisión. Y en el presente caso, esa comunicación es necesaria, a fin de que el Presidente pueda fijar la fecha de realización del referendo, pues el artículo 34 de la LEMP establece que una vez expedido el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno, mediante decreto, determinará esa fecha “en el término de ocho días”. Por consiguiente, una vez adoptado el fallo, la Corte tenía el deber de comunicarlo al Presidente, para lo de su competencia.” (subrayas ajenas al texto)
2.3. El actor indica que el artículo 56 de la Ley Estatutaria, contrario a lo señalado por la Corte en el Auto 152B/03, sólo autoriza a las altas cortes a incluir en su reglamento un término para consignar salvamentos y aclaraciones que sean hechos después de notificar la Sentencia. En esa medida, considera que únicamente se ha afectado la validez del artículo 16 en los apartes subrayados: “la parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte. (…)”
Con base en lo anterior, el actor insiste en que se deberán divulgar las sentencias en su integridad y no por partes. Finaliza indicando que lo único que permite el artículo 56 de la Ley Estatutaria es publicar los salvamentos y aclaraciones si los reglamentos lo disponen expresamente.
2.4. La Corte estima que el artículo 56 LEAJ sí hace referencia a la facultad de la Corte Constitucional para disponer lo relativo a la publicidad de la parte resolutiva y los considerandos de las sentencia y, en esa medida, sí deroga lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2067. En efecto, el artículo 56 inicia diciendo: “El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados”(subrayas y resaltados ajenos al texto). Al disponer que se determinará la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, dentro del concepto forma caben circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por tanto, la LEAJ sí previó un cambio de las condiciones de publicidad de las sentencias y no sólo de salvamentos y aclaraciones.
Además, así no se haya expedido una nueva regulación, el Decreto Ley 2067 ya no está en capacidad de regular lo que la Ley Estatutaria delegó expresamente al reglamento interno de la Corte Constitucional[7], pues se estaría atendiendo una disposición de jerarquía diferente a la indicada y despojando de competencias al órgano que el mismo legislador dispuso despojándose él de la facultad de regular la materia.
En atención a los argumentos antes expuestos, el cargo no prospera.
3. Presunta vulneración al debido proceso por falta de notificación de la Sentencia dentro de los seis días siguientes a la decisión de la Corte
3.1. El actor señala que, según lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 2067, la Sentencia se notificará “dentro de los seis días siguientes a la decisión”. Indica que la decisión se tomó el 7 de diciembre de 2005 y de esta fecha al día en el cual inició la vacancia judicial habían transcurrido más de siete días sin que se hubiera notificado el fallo. Por tanto, se desconoció el debido proceso.
3.2. En lo relativo al deber de notificar la sentencia en el término estricto de seis días, según lo señala el artículo 16, la Corte, en Auto A-165/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett[8] se indicó: “si bien es cierto [que pasaron más de seis días entre la fecha en que se adoptó la decisión y la fijación del edicto para dar a conocer finalmente la totalidad de la decisión], no lo es menos que (…), [el art. 16] ha sido derogada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en el punto aludido por el ciudadano. Además, sobre el término de seis días establecido por la norma, encuentra la Corte que la finalidad de la notificación por edicto es distinta a la de la comunicación y la inobservancia del plazo para que la decisión sea notificada no constituye una causal de nulidad, pues no afecta el debido proceso, y los ciudadanos no demuestran, ni siquiera de manera mínima, que sí lo sea.
Reitera la Corte entonces, que en virtud de la estabilidad de los fallos de este Tribunal y del carácter excepcional de la nulidad de los mismos, el incumplimiento alegado debe ser claro y ostentar una entidad tal que indudablemente afecte el derecho al debido proceso de manera ostensible e intolerable. Ello obviamente no ocurre en este caso, pues las supuestas violaciones no vician la publicidad del fallo.”
Siguiendo el precedente, la Sala Plena encuentra que el cargo propuesto no prospera.
4. Presunto desconocimiento del debido proceso por no haberse publicado la sentencia incluyendo salvamentos y aclaraciones de voto
4.1. Si bien el actor reconoce que la Ley estatutaria permitió a la Sala Plena derogar la norma vigente sobre la divulgación de la sentencia sin salvamentos y aclaraciones, lo cual permitiría pensar que la publicidad de éstos podría darse en otro momento, afirma que tal autorización no ha sido ejercida. En consecuencia, señala el solicitante, sigue vigente el deber de incluir las aclaraciones y salvamentos debidamente suscritos al momento de comunicar la parte resolutiva (artículo 16, Decreto 2067).
4.2. La Corte reitera que, según jurisprudencia de la Corte (Auto A-152B/03), el artículo 16 del Decreto 2067 en la obligación que el actor reclama como incumplida, fue derogado por la Ley Estatutaria. Además, es de anotar que cuando una norma se deroga y quien tiene facultad para expedirla no la ejerce no revive la disposición derogada, como lo sugiere el solicitante.
A lo anterior se agrega que la Corte Constitucional, en su Reglamento Interno, artículo 34, numeral 9, mediante Acuerdo 01/95, señaló que el plazo para consignar los salvamentos y aclaraciones de voto era de cinco días contados a partir del conocimiento del texto definitivo del proyecto aprobado. Así las cosas, es claro que la sentencia no debe conocerse de manera paralela con los salvamentos.
En esta medida, el hecho alegado no genera la nulidad del proceso.
5. Presunta vulneración del debido proceso en virtud de que la discusión del proyecto no siguió las reglas establecidas para la deliberación (leer el proyecto antes de su discusión)
5.1. Indica el actor que según el artículo 34, numeral 1º, del Reglamento Interno, “el autor del proyecto por discutirse lo leerá”; según el actor, el Magistrado ponente ya debe llevar redactado el proyecto a Sala para su deliberación y éste se somete a discusión y votación. En caso de que no se apruebe se reparte a otro magistrado. Si los magistrados hubieran llevado el proyecto redactado, indica el ciudadano, sólo habría faltado la firma y no se habría tomado tanto tiempo la notificación efectiva del fallo. En esa medida, argumenta el peticionario, se deduce que el proyecto no fue discutido sino lo que se discutió fue un comunicado de prensa.
5.2. La Corte encuentra que los magistrados que llevan su proyecto efectivamente escrito a Sala pueden cambiar de parecer a través del debate con sus pares y que, si así se presentan los hechos, los ponentes conservarán su calidad de tal pero deberán elaborar el escrito con base en los fundamentos de Sala. Únicamente cuando el ponente no cambie de parecer frente a su proyecto inicial se pasará al siguiente Magistrado para que éste elabore el nuevo texto. En efecto, el artículo 9º del artículo 34 del Reglamento Interno señala: “Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de votos, el negocio pasará al Magistrado que corresponda, que designe el Presidente entre el grupo de Magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto en el que se exponga la tesis de la mayoría, si el Magistrado ponente original no acepta hacerlo.” (subrayas ajenas al texto).
En consecuencia, la causal alegada tampoco genera nulidad del proceso.
Primero.- DENEGAR la solicitud de nulidad presentada por el ciudadano Guillermo Otálora Lozano contra el procedimiento adelantado en el proceso D-5807.
[1] Ver Auto A-013/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Tal providencia ha sido reiterada, entre otros autos en el A-001/01, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y A-165/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[2] Ver Auto A-165/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[4] Ver sentencia C-037 de 1996.
[6] Ver sentencia C-327 de 2003.
[7] Ver Auto A-156/03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[8] Auto que analizó la solicitud de nulidad de la Sentencia C-551/03

References: artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 34
 artículo 122
 artículo 40
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 48
 artículo 54
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 64
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 64
 artículo 34
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 56
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 34