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Timestamp: 2018-02-25 17:43:27+00:00

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Sentencia Civil Nº 311/2012, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 48/2012, 06-06-2012 | Iberley
Sentencia Civil Nº 311/2012, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7, Rec 48/2012 de 06 de Junio de 2012
Sentencia Civil Nº 224/2015, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 302/2015, 10-09-2015
Órden: Civil Fecha: 10/09/2015 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Cerdan Villalba, Maria Pilar Eugenia Num. Sentencia: 224/2015 Num. Recurso: 302/2015
Sentencia Civil Nº 113/2014, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 58/2014, 26-03-2014
Órden: Civil Fecha: 26/03/2014 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Cerdan Villalba, Maria Pilar Eugenia Num. Sentencia: 113/2014 Num. Recurso: 58/2014
Sentencia Civil Nº 494/2013, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 189/2013, 06-11-2013
Órden: Civil Fecha: 06/11/2013 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Cerdan Villalba, Maria Pilar Eugenia Num. Sentencia: 494/2013 Num. Recurso: 189/2013
Sentencia Civil Nº 1072/2004, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 3042/1998, 17-11-2004
Órden: Civil Fecha: 17/11/2004 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Ferrandiz Gabriel, Jose Ramon Num. Sentencia: 1072/2004 Num. Recurso: 3042/1998
Sentencia Civil Nº 113/2014, AP - Girona, Sec. 1, Rec 110/2014, 02-04-2014
Órden: Civil Fecha: 02/04/2014 Tribunal: Ap - Girona Ponente: Soler Navarro, Maria Isabel Num. Sentencia: 113/2014 Num. Recurso: 110/2014
La regulación de las reglas de interpretación de los contratos se encuentran recogidas en el Capítulo IV, del Título II, que llevo por rúbrica "De los contratos", del Libro cuarto del Código Civil y, concretamente, en los Art. 1281-1289 ,Cód...
NOTA: Demanda por incumplimiento del contrato por interpretación errónea de una de las cláusulas contractuales AL JUZGADO QUE POR TURNO CORRESPONDA Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representació...
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 24/09/2009
Núm. Resolución: V2140-09
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 13/04/2011
Núm. Resolución: 00/808/2011
Resolución Vinculante de DGT, V2229-09, 06-10-2009
Núm. Resolución: V2229-09
Ponente: Cerdan Villalba, Maria Pilar Eugenia
Núm. Sentencia: 311/2012
Núm. Recurso: 48/2012
Núm. Cendoj: 46250370072012100178
Rollo nº 000048/2012
Dª PILAR CERDÁN VILLALBA
En la Ciudad de Valencia, a seis de junio de dos mil doce.
Vistos, ante la Sección Séptima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia en grado de apelación, los autos de Juicio Ordinario - 001495/2010, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 20 DE VALENCIA, entre partes; de una como demandante - apelante/s ERA INTEGRAL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL, dirigido por el/la letrado/a D/Dª. MIGUEL ANGEL TORRES DELMONTE y representado por el/la Procurador/a D/Dª ANA MARTINEZ GRADOLI, y de otra como demandada - apelado/s CELARTIA EUROPE S.L, dirigido por el/la letrado/a D/Dª. JUAN MANUEL DE GRACIA TONDA y representado por el/la Procurador/a D/Dª RAMON ANTONIO BIFORCOS SANCHO.
Es Ponente el/la Ilmo/a. Sr./Sra. Magistrado/a D/Dª. PILAR CERDÁN VILLALBA.
PRIMERO.- En dichos autos, por el Ilmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 20 DE VALENCIA, con fecha 30 de septiembre de 2011, se dictó la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Dª Ana Martínez Gradolí en nombre y representación de la mercantil Era Integral Soluciones Tecnológicas SL contra Celartia Europe SL sobre resolución del contrato "acuerdo marco de colaboración" de fecha 23 de febrero de 2009 y consecuencias anejas, como la aplicación de la cláusula penal prevista en la cláusula 2.2 del contrato determinante de la condena a la demandada al abono de la cantidad de 15000 euros más los intereses legales desde el 10 de marzo de 2010,fecha de la publicación en el DOCV de la concesión de la subvención otorgada por el IMPIVA en su Programa de apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas INNOEMPRESA en el ejercicio 2009,debo absolver y absuelvo a la demandada Celartia Europe SL de todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación, y previo emplazamiento de las partes se remitieron los autos a esta Audiencia, en donde comparecieron las partes personadas. Se ha tramitado el recurso, acordándose el día 04/06/2012 para Votación y Fallo, en que ha tenido lugar.
PRIMERO.- El presente recurso se formula por la parte demandante contra la sentencia citada que desestimó su demanda de juicio ordinario sobre resolución de contrato y reclamación 15.000 euros, más intereses legales desde el 10-3-2010, y se funda en que dicha resolución se ha de recovar por incurrir en una indebida valoración de las pruebas e interpretación de tal contrato que une a las partes por lo siguiente :1)Su parte ha cumplido con el citado contrato suscrito con un tercero a favor de la demandada haciendo los trámites necesarios para se le concediera la subvención gestionada por el IMPIVA y ,por el contrario ésta no ha cumplido con la obligación que le incumbía según él de participar activamente con las acciones necesarias al efecto de modo que por su inactividad, no aportando ningún justificante de pago/gasto, esa concesión fue revocada; 2)Por ese cumplimiento suyo e incumplimiento de contrario y sin pedir que se aplique lo pactado de que se le contrate para hacer el proyecto de adjudicarse la subvención o de la cláusula penal por no haberlo hecho, tiene derecho con una interpretación contractual para que aquel cumplimiento no quede al arbitrio de la demandada ,a ser remunerada por ésta por el servicio prestado e indemnizada por los daños y perjuicios todo lo cual ,producida esa adjudicación de tal subvención ,cifra por analogía con esa cláusula pero aminorada, no en el 50% del importe de la solicitud de aquella subvención convenido ,si no en el 50% de lo concedido por ella que son esos 15.000 euros que reclama en la demanda.
La demandada se opuso al recurso, en esencia, por los Fundamentos contrarios y por los propios y similares a los de la sentencia .
SEGUNDO.- Esta Sala sólo da por reproducida la Fundamentación Jurídica de la sentencia de instancia en lo que no se oponga a lo que se expondrá a continuación , previa revisión de las actuaciones y pruebas y de su valoración a la luz de las normas y doctrina aplicables en relación con los motivos del recurso y ,según el art.465 .4 de la LEC sólo sobre lo expresamente atacado en ellos y que no sea novedoso en relación con lo dicho en la instancia en aplicación del principio "pendiente apellatione nihil innovetur"
1) Como normas y doctrina aplicables cabe citar las siguientes:
- Sobre la carga probatoria ,ésta la fija el Art.217 de la LEC que, en su apartado 1.prevé que cuando al tiempo de dictar sentencia u otra resolución, el Tribunal considere dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente ,o las del demandado o reconvenido ,según corresponda a unos u a otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. Su apartado 2, impone al actor la prueba de la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención, y a los demandados en éstas la de los que impidan extingan o enerven la eficacia de los primeros. Por último su apartado 6 fija una excepción a las reglas generales que establece en los anteriores en el sentido de que éstas, no impiden que el Tribunal, tenga en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio.
-En lo que afecta a la valoración de las pruebas, es reiterada doctrina la de que el criterio de los tribunales de primer grado debe, por regla general, prevalecer, pero no es menos cierto que el expresado criterio, en principio prevalente, debe rectificarse en la segunda instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del órgano de la primera ,todo ello según reiterada jurisprudencia .
Se debe reseñar que la Sentencia T.S. de 18 de octubre de 2007 que señala que si la parte recurrente pretende sustituir la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de apelación por la suya propia, según reiterada doctrina jurisprudencial, de ociosa cita, tal pretensión es inadecuada dada la naturaleza extraordinaria de la casación, pues volver sobre el "factum" de una sentencia para lograr su modificación, salvo circunstancias singulares no concurrentes en este caso, transformaría este recurso en una tercera instancia.
-Por lo que se refiere a la opción de cumplimiento o resolución de los contratos que da el art.1124 del CC en relación con su art.1101 ,reiterada jurisprudencia viene exigiendo la prueba de los siguientes requisitos: a) La existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes lo concertaron; b) La reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo, así como su exigibilidad; c) Que el demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían en el sentido de que se pruebe que el contrato no se había celebrado sin la parte inválida que ha motivos aquel o que se frustre el propósito práctico o fin jurídico de las partes al suscribirlo; d) Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta de éste que, de un modo indubitado, absoluto, definitorio e irreparable lo origine, actividad que, entre otros medios probatorios puede acreditarse por la prolongada pasividad del deudor frente a los requerimientos de la otra parte contratante; e)Que quien ejercita esta acción no haya incumplido las obligaciones que le concernían, salvo si ello ocurriera como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste es lo que motiva el derecho de resolución de su adversario y le libera de su compromiso (Sentencias del Alto Tribunal en la Sentencia de 30 de marzo de 1992 -con cita de otras anteriores y de 21 de marzo de 1994 ).
Dentro de este apartado cabe citar el art.1256 del CC según el cual no puede dejarse al arbitrio de una de las partes ni la validez ni el cumplimiento de un contrato.
-En lo que atañe a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la anterior resolución ,la doctrina señala en especial en relación con éstos que ha de concurrir verosimilitud suficiente para poder ser reputados como muy probables, en la mayor aproximación a su certeza efectiva y, en todo caso, es preciso que se haya practicado prueba suficiente por la actora según el Art.217 de la LEC , respecto a la relación de causalidad entre el evento y las consecuencias negativas derivadas del mismo, con relación a la pérdida de provecho económico y su cuantía conforme a los arts.1101 y 1106 del CC .
Dentro de este apartado ,el art.1103 prevé que los Tribunales puedan moderar la responsabilidad que proceda de negligencia y, cuando esta indemnización esté fijada por una cláusula penal, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1154 del mismo CC , el juez también moderará equitativamente (es decir, en equidad) la pena cuando la obligación principal hubiere sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.
-Por último, respecto a la interpretación de los contratos la doctrina jurisprudencial más general ha señalado que las normas o reglas de interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1281 a 1289 del Código Civil , constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales, tiene rango preferencial y prioritario la correspondiente al párrafo primero del artículo 1281 del mismo texto legal , de tal manera de que si la claridad de los términos de un contrato no dejan dudas sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entre en juego las restantes reglas de los artículos siguientes, que vienen a funcionar con carácter subsidiario, respecto a la que preconiza la interpretación literal "( Sentencias de 24 de mayo de 1991 y 1 de julio de 199) Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2003 . En igual sentido las Sentencias de 18 de julio de 2002 , 13 de diciembre de 2001 , 12 de julio de 2001 , 11 de julio de 2000 , 24 de junio de 1999 , 18 de mayo de 1998 , 4 de diciembre de 1997 , 2 de septiembre de 1996 , 28 de julio de 1995 , 2 de julio de 1993 y 10 de mayo de 1991 .
Entre estas normas subsidiarias hemos de reseñar el art.1285 del CC según el cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a las dudosas en sentido que resulte del conjunto de todas.
Por otro lado, la misma interpretación de los contratos ,al igual que la valoración de la prueba, es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer al menos que se demuestre que es ilógico o absurdo ( Sentencias de 16 de marzo y 23 de mayo de 1983 ) o se impugne por la vía adecuada el error sufrido, hoy solo por error de derecho, con cita de la norma de hermenéutica que se considere infringida, suprimido el error de hecho por Ley 10/1992, pero sin que pueda pretenderse sustituir con el criterio del recurrente la interpretación realizada por el órgano jurisdiccional ( Sentencias de 30 de octubre y 10 y 22 de noviembre de 1982 , 4 de mayo de 1984 , 26 de septiembre de 1985 y 28 de febrero de 1986 , entre otras muchas). (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1997 )......En materia de interpretación negocial a los Tribunales de apelación les asiste plenas facultades sobre los elementos fácticos y actuaciones de prueba de las que disponen en el ámbito de los procesos que enjuician, función juzgadora que sólo es revisable casacionalmente cuando de la misma se desprenden conclusiones que pugnan con la más elemental lógica, racionalidad, proporcionalidad de las cosas, supongan perpetración de ilegalidades o lleguen a intentar hacer de la arbitrariedad, el abuso o la ignorancia profesional, justicia decisoria de las contiendas litigiosas ( Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1993 ).".Además, la regla que rige las normas sobre interpretación se aplica también en la fijación del tipo contractual realmente querido por las partes, puesto que "los contratos son los que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes" ( sentencia de 14 de mayo de 2001 ), de modo que "la calificación de los contratos constituye función propia de los juzgadores de instancia, que ha de ser mantenida en casación, salvo que sea arbitraria, absurda o ilegal" ( sentencia de 11 de diciembre de 2002 . En definitiva, la identificación se hace por los tribunales sobre la base del contenido pactado, es decir, de lo deberes y obligaciones asumidos por cada una de las partes. Ahora bien, con ser esto todo esto cierto no podemos olvidar que el artículo 1.281, párrafo segundo, del Código Civil , según el cual "si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas", que refleja el criterio espiritualista que rige nuestro derecho de la contratación. Esta doctrina la resume la STS de 19 septiembre de 2000 al decir que "Tan sólo si las palabras resultan contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre su mera literalidad, consigna el art. 1281,2, añadiendo el siguiente precepto, art. 1282, que resulta complementario del art. 1281,2 como ha recogido la sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 1983 , que para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenerse a los actos de éstos coetáneos y posteriores. Pero tal investigación de la voluntad, de la intención de las partes, tan sólo cabe, de conformidad al art. 1281,2, si parecieren contrarias a tal intención las palabras expresadas, como señalan al respecto, entre otras muchas, las sentencias de 30 de marzo , 17 de julio y 28 de diciembre de 1982 . Finalmente, el art. 1283, que también se reputa infringido con los otros artículos precedentes, supone, como ya destacó la añeja sentencia de 9 de abril de 1947 , una de las reglas de interpretación de los contratos para fijar el sentido y alcance de las declaraciones de voluntad contenidas en ellos, pero como destacó la sentencia de 30 de noviembre de 1962 , no contiene canon o principio sobre valoración de la prueba impuesto al juzgador y que éste deba acatar en contra de su propio y personal criterio.".
2) Aplicada esta doctrina al caso se entiende que la juez de instancia no ha aplicado debidamente las normas sobre la carga de la prueba, ni ha valorado e interpretado debidamente las practicadas y el contrato y, por tanto no ha aplicado correctamente los arts.,217 de la LEC , 1101 , 1124 y 1281 del CC , ello por las consideraciones que exponemos seguidamente .
A)Así, de las pruebas y actuaciones resulta que :que las partes ,si bien una de las contratantes era una tercera que lo hizo a favor de la actora, suscribieron un acuerdo marco de colaboración el 23-2-09 (documento 1 de la demanda),cuyo objeto era la colaboración por ambas en el desarrollo del proyecto, ayudas y subvenciones para el desarrollo de innovación para el programa Innoempresas del IMPIVA ,entre otros ,habiéndose obligado a participar activamente en cuantas acciones fueran necesarias para conseguir la financiación de los proyectos e iniciativas comunes, destacando, entre otras, subvenciones y ayudas de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales; que en tal contrato se convino(c.2º.2.2 y 2.3) que en el supuesto de que las ayudas y subvenciones objeto del mismo fueran concedidas la demandada ésta se comprometía a contratar a la actora para el establecimiento, desarrollo y puesta en marcha del proyecto, y en caso contrario , debía abonar a la primera los servicios prestados e indemnizarla con el 50% del importe económico objeto de la solicitud y ,para el mismo supuesto de esa concesión dicha actora se comprometía a prestar sus servicios profesionales a dicha demandada para ese establecimiento, desarrollo y puesta en marcha del proyecto, y ,en caso contrario ,debía abonar a ésta los servicios prestados e indemnizarla con el 50% del importe económico objeto de la solicitud; la actora hizo la solicitud y gestiones necesarias, documentación, redacción de proyectos y memorias técnicas (documentos 1, 2 y 3 de la demanda) para que se le otorgaran a la demandada una serie de ayudas del IMPIVA por importe de 70.430 euros; que dichas ayudas fueron concedidas, el 24-2- 2010 por importe de 15.000 euros y se revocaron por falta de aportación por la demandada de justificante de pago/gasto; que según se adujo en la contestación a la demanda nada se debía por este contrato a la actora porque esa falta de aportación de los anteriores justificantes se debió al acuerdo entre las partes de su resolución de mutuo acuerdo mediante pago por ella de una factura de 5000 euros por el cual quedaban zanjadas sus consecuencias, lo que la sentencia de instancia rechazó sin que ello se reproduzca en la oposición al recurso; en la misma contestación también se adujo que de entender que se adeudaba algo por el mismo contrato la cláusula penal en le convenida se ha de moderar .
B) Valorando ya la anterior resultancia se entiende lo siguiente:
--Con estos antecedentes y estando al primer fuero interpretativo de referido contrato y partiendo de que el mismo parte de la colaboración entre ambas partes en su ejecución, su tenor es claro, y sólo regula como contraprestación a favor de la actora en caso de concesión de las ayudas el ser contratada por la demandada para la ejecución del proyecto y como penalización si esa contratación no tiene lugar abonarle los servicios prestados e indemnizarla en el 50% del importe económico objeto de la solicitud de esas ayudas.
-Según ello no regula este contrato los efectos de su incumplimiento esa obligación de colaboración activa por una de las partes fuera de lo expuesto, lo cual nos ha de llevar por aplicación del art.1285 del CC a interpretar sus cláusulas las unas por las otras atribuyendo a las dudosas en sentido que resulte del conjunto de todas.
-Sobre el incumplimiento de esta concreta obligación de colaboración activa, en los hechos de la contestación a la demanda que son los fijan junto a los de ésta los términos de la litis ( arts.410 a 412 de la LEC ) y en esta alzada la demandada lo admitió en el sentido de que ,concedida la subvención ella se mostró pasiva y no aportó los justificantes de pagos/gastos motivo por el que la misma se revocó y no fue adjudicada finalmente, si bien adujo como motivo de ello una resolución consensuada del contrato con la actora y zanjada con el pago de 5000 euros, lo que hemos de dar como no probada como dice la sentencia acatada en este extremo .
-Partiendo pues de que hubo un incumplimiento no consensuado y sí consistente en la no colaboración de la demandada aportando los documentos necesarios para que la subvención fuera adjudicada con su consecuente revocación ,a este incumplimiento se le ha de dar en una interpretación conjunta del contrato un efecto similar al de sus condiciones .2º.2.2 y 2.3 porque ,en su virtud no producida esa adjudicación por la pasividad de dicha demandada ,por ésta, se elude la obligación convenida de contratar a la actora sólo prevista para el caso de que esa adjudicación se produjera dejando tal contrato a su arbitrio en contra del art.1256 del CC .
-La consecuencia de todo lo precedente es que ,si bien expresamente no pactado y partiendo de que según ello lo procedente sería esa contratación ,conforme a esa interpretación conjunta y, en todo caso ,conforme a la doctrina expuesta sobre la resolución de los contratos y en aplicación del art.1124 del CC ,es procedente acordar esa resolución del de autos por incumplimiento de la demandada con indemnización de daños y perjuicios ,conforme a los arts.1101 y ss del mismo CC que en este recurso se pide que se regulen de modo analógico por la citada cláusula penal, abono de los servicios prestados y 50% del importe económico objeto de la solicitud de esas ayudas, moderada de los 35.215 euros que sería éste a 15.000 euros moderación que de modo subsidiario también instó la demandada.
-Sin embargo esta indemnización ,como se admite en mismo recurso, sólo es aplicable de modo analógico y en consecuencia se ha de probar por su solicitante conforme al art.217 de la LEC lo que sólo ha realizado la misma en base a esa analogía y a una moderación que ella misma postula criterio que, si bien este Tribunal estima procedente, ,ya que la no contratación de la actora de la que deriva la cláusula penal para el caso de que la ayuda se adjudicara deriva a su vez de que la demandada ha incumplido con esa obligación de colaborar en esta adjudicación actuando en contra del citado art.1256 del CC , no lo estima bastante como para dar por adverada la suma de 15.000 euros en que se cifra aquella moderación.
-Bajo la anterior premisa y carga de la prueba y según el art.1103 del CC ,esta moderación equitativa y acorde con el libre arbitrio judicial y a falta de pruebas concretas de los daños y perjuicios por la demandante y del coste de sus servicios por la solicitud de la subvención con la tramitación y memoria que hizo al efecto, y cuya prestación efectiva no niega la demandada , se fija en la suma de 5000 euros en que prudencialmente se calcula este coste como único perjuicio adverado suma que a su vez es coincidente con la que la última admitió como liquidadora de la relación contractual en la instancia y a la que se le condena, más los intereses legales desde la interposición de la demanda ( arts.1101 y 1108 del CC )y no desde el 10-3-2010 en que se publicó en el DOGV la aprobación de la subvención como se pide en ésta pues la mora se fija desde este momento y en relación con este perjuicio ajeno a esta publicación.
TERCERO.- Por todo lo expuesto se estima en parte el recurso y la demanda y, en relación con las costas al estimarse en parte la demanda y el recurso no cabe hacer expresa imposición de las de ninguna de las instancias ,conforme al art.394 y 398 de la LEC .
Que con estimación parcial del recurso de apelación formulado por la representación de ERA INTEGRAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.L, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2011 ,dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 20 de Valencia .debemos revocarla y la revocamos y, en su lugar dictar otra por la que ,estimando en parte la demanda :1)Se declara la resolución del contrato de 23-2-2009 concertado entre las partes por incumplimiento de la demandada ;2)Se condena a la demandada al pago de la suma de 5000 euros, mas los interese legales desde su interposición ; 3) No cabe hacer expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias.
Contra esta resolución no cabe recurso salvo el de casación por interés casacional conforme a los arts.477.2.3 º y 477 de la LEC en su redacción por la Ley 37/2011, y extraordinario por infracción procesal.
PUBLICACION.- Doy fé: la anterior resolución, ha sido leída y publicada por el Iltmo/a. Sr/a, Magistrado/a Ponente, estando celebrando audiencia pública, la Sección Séptima de la Iltma. Audiencia Provincial en el día de la fecha. Valencia, a seis de junio de dos mil doce.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1281
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
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 resolución