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Escrito el Miércoles, 30 Diciembre 2015 00:40 en El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) ¡Deja el primer comentario!	Visto 1046 veces
La titularidad de las competencias de gestión de los tributos locales
1.5. La titularidad de las competencias de gestión de los tributos locales
La LHL ha atribuido a los entes locales la titularidad de todos los tributos que se regulan en la misma, a excepción de dos competencias que la Administración del Estado ha reservado para sí misma:
La gestión y la inspección catastral dentro del IBI.
La gestión y la inspección censal dentro del IAE.
Pero, dada su heterogeneidad, la idea de atribuir las competencias de gestión de sus propios tributos a los entes locales puede provocar serios problemas en el caso de entes poco dotados personal y materialmente. Es por esto por lo que el legislador ha debido salir al paso regulando dos mecanismos que tratan de superar este problema:
Delegación de competencias (artículo 7 de la LHL). Mediante esta figura, los entes locales pueden ceder las facultades inherentes a la gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto de sus tributos propios, salvo en las competencias que el Estado se reserva para sí mismo en el IBI y en el IAE, como del resto de los ingresos de Derecho público de carácter no tributario. La delegación puede hacerse tanto de uno como de todos los ingresos de Derecho público y tanto de una como de todas las facultades inherentes a cada uno de ellos.
El órgano en que un ente local puede delegar sus competencias en materia tributaria puede ser otro ente local en cuyo ámbito territorial esté integrado, o bien la comunidad autónoma a la que pertenece, pero no en el Estado.
Las entidades que hayan asumido competencias por delegación de una entidad local podrán ejercer tales facultades delegadas en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.
.:: Ejemplo ::.
Si el ayuntamiento de Hortigüela (Burgos) ha delegado la competencia de inspección del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en la Diputación Provincial de Burgos, ésta podrá ejercer la competencia delegada cuando actúe en toda la provincia y no sólo en el ámbito territorial del municipio en cuestión.
Cuestión de vital importancia es la de la revisión de los actos dictados en delegación de competencias, la regla en esta materia es la de que la impugnación de los actos dictados en delegación de competencias se hará conforme al procedimiento que le resulte aplicable al ente gestor y no al delegante.
Colaboración entre Administraciones tributarias (artículo 8 de la LHL). Se puede llevar a cabo mediante las más variadas fórmulas, como intercambio de información, prestación de mutua asistencia e intercambio de datos y antecedentes, comunicación de hechos con trascendencia tributaria, elaboración de planes de inspección conjunta…
La colaboración, al igual que la delegación, se puede llevar a cabo en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de Derecho público propios de las entidades locales.
No obstante, y a diferencia del instrumento de la delegación de competencias, el de colaboración permite un margen de actuación más amplio, dado que la colaboración se extiende a todos los entes posibles, incluso a la Administración estatal y a cualquier ente local o autonómico, aunque no se halle en el ámbito territorial del ente que desea establecer acuerdos de colaboración.
Es más, las entidades que hayan establecido fórmulas de colaboración con otras entidades podrán desarrollar éstas incluso fuera de su ámbito territorial e incluso en el ámbito territorial de otras entidades no colaboradoras.
Dada la existencia de un acuerdo de intercomunicación de hechos con trascendencia tributaria entre el ayuntamiento de Carreño (Asturias) y la comunidad autónoma a la que pertenece y entre esta última y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la comunidad autónoma asturiana podrá suministrar información al ayuntamiento en cuestión sobre el acaecimiento del fallecimiento de D. Pedro F., residente en León y que tenía su casa de vacaciones en la localidad asturiana, lo cual le será útil de cara a la exacción del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Tal información ha sido obtenida gracias al acuerdo que tienen suscrito ambas comunidades autónomas y, en concreto, gracias a la tributación por el impuesto sobre sucesiones que los herederos del citado causante han formalizado ante la oficina liquidadora correspondiente de la comunidad autónoma castellano-leonesa.
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Los recursos tributarios de las entidades locales. Enumeración
1.3. Los recursos tributarios de las entidades locales. Enumeración
El artículo 2 de la LHL señala que la hacienda de las entidades locales estará constituida por una serie de recursos, de entre los que nos interesan:
Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
Los percibidos en concepto de precios públicos. No tienen la categoría de tributos, pero integran parte de la materia imponible que hasta ahora integraban las tasas.
No obstante, la LHL no considera titulares a todos los entes locales de estos recursos tributarios. Así, se pueden clasificar en:
Tributos de todas las entidades locales: las tasas, las contribuciones esenciales y los precios públicos.
Tributos de determinados tipos de entidad local: impuestos (municipios) y recargos sobre impuestos (provincias en el impuesto de actividades económicas –IAE– y áreas metropolitanas en el impuesto sobre bienes inmuebles –IBI–).
A su vez, los tributos locales se pueden clasificar en:
Tributos obligatorios: el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tributos potestativos: las tasas, las contribuciones especiales, el impuesto sobre incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
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El artículo 149.1.18 a) de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Ello supone que, en tanto Administración pública que es, las bases del régimen jurídico de la Administración local, incluidas las bases de las haciendas locales, son competencia exclusiva del Estado.
La proyección legal de este principio constitucional se ha materializado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y, en concreto, en lo que respecta a las Haciendas locales, en el Título VIII de la citada norma (artículos 105 a 116), así como en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (LHL).
Toda esta regulación general se hace sin perjuicio del respeto debido a los regímenes forales del País Vasco y de Navarra y a las situaciones especiales al respecto de Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla y Madrid y Barcelona, así como a los compromisos adquiridos mediante la firma de convenios internacionales en la materia.
Complementan esta regulación básica del Estado en materia de haciendas locales las ordenanzas de imposición y ordenación de tributos locales que en su caso dicten las correspondientes entidades locales.
Además, resultan aplicables en esta materia las normas de gestión tributaria dictadas por el Estado (Ley General Tributaria, Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de Inspección de los Tributos...).
1.2. El poder tributario derivado de las entidades locales
Las entidades locales son titulares de lo que se conoce como un poder tributario derivado, el cual deriva del principio de reserva de ley en materia tributaria, recogido en el artículo 31.3 de la Constitución, de tal modo que la creación de los tributos locales, así como la regulación de todos sus elementos esenciales sólo podrá hacerse por ley, y esa ley es la estatal, dado que es en el Estado en el que recae la potestad originaria para establecer tributos mediante esa categoría de norma jurídica.
En definitiva, se pretende que sean los propios entes locales los que asuman la responsabilidad junto con el Estado al respecto de la elaboración de normas en materia tributaria local, pero sus competencias se limitan extraordinariamente. Consecuencia de todo ello es que:
La regulación básica en materia de haciendas locales sea competencia exclusiva del Estado.
Las entidades locales vienen obligadas a exigir los tributos que la ley estatal determine como de exacción obligatoria.
Mediante ordenanza, que tiene el rango de reglamento, y con los límites que la ley estatal establezca, las entidades locales en esos tributos de exacción obligatoria podrán graduar el volumen de recursos que deseen obtener procedente de los mismos.
También mediante ordenanza, las entidades locales podrán exigir con total libertad los tributos cuya exacción establezca la ley estatal con carácter potestativo, aunque deberán ajustar su poder de imposición a las normas establecidas en la citada ley estatal, la cual deberá regular la totalidad de los elementos esenciales del tributo de que se trate.
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se configura en la LHL como un impuesto de exacción obligatoria para los municipios, no podrá optarse por su imposición. No obstante, el ayuntamiento en cuestión podrá hacer uso de la habilitación que en esa norma se le hace en orden a fijar con un límite máximo la cuota tributaria del impuesto.
Así, al tratarse de un impuesto obligatorio, no es necesaria la aprobación de una ordenanza municipal en orden a su imposición; el ayuntamiento se regiría por la normativa básica del Estado en la materia (artículos 93 a 100 de la LHL), la cual sí será necesaria si se decide incrementar la cuota tributaria.
El principio de reserva de ley estatal en materia tributaria también alcanza a los beneficios fiscales aplicables en materia tributaria local. Así, el artículo 9 de la LHL establece que:
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley (incluidas las Leyes de Presupuestos Generales del Estado) o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. Son los beneficios fiscales obligatorios.
No obstante, las leyes que no sean la propia LHL (ni tampoco los tratados internacionales), por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de compensación que procedan. También es cierto que esta norma suele quedar en papel mojado, ya que esas leyes a las que se refiere suelen establecer fórmulas del tipo de “dicho beneficio no dará lugar a la compensación del artículo 9.2 de la LHL”. Asimismo, tras la reforma operada en la LHL por la Ley 51/2002, la compensación ha quedado limitada a los supuestos que ya la tenía reconocida antes de su entrada en vigor.
Sólo podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. Son los beneficios fiscales potestativos.
De este modo se conjuga el principio de reserva de ley, al estar regulados los aspectos básicos del beneficio en la norma con rango legal y la potestad reglamentaria de las entidades locales, ya que la ordenanza correspondiente determinará la aplicabilidad del beneficio y concretará esos aspectos básicos del mismo.
En este caso, no caben fórmulas de compensación a favor de los entes locales que permitan la aplicación del beneficio en cuestión, dado que su aplicación no les viene impuesta por la norma, sino que deriva de su propia voluntad.
Otro límite con el que se encuentran las entidades locales a la hora de establecer su normativa propia respecto de los tributos locales es el que suponen los principios de territorialidad y de residencia efectiva, de tal manera que no podrán gravar hechos o situaciones que se manifiesten fuera de su territorio, o gravarlos de tal manera que con ello se vea afectada la libre circulación de personas, mercancías, servicios o capitales.
Viernes, 25 Diciembre 2015 10:08
Novedades tributarias para 2016	Destacado
Publicado en Información tributaria
Lunes, 21 Abril 2014 16:57
Obligados a presentar declaración de IRPF 2013
Los obligados a presentar declaración tienen a su disposición la Guía y el Manual de Renta 2013, así como el programa PADRE, instrumentos que les facilitarán la cumplimentación de la declaración.
Publicado en Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas
Domingo, 16 Marzo 2014 19:46
Limitación de pagos en efectivo	Destacado
Domingo, 02 Marzo 2014 07:44
Domingo, 12 Enero 2014 09:44
Ampliación del plazo para optar por el régimen especial del criterio de caja	Destacado
La Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre (BOE de 30 de diciembre) amplía el plazo para poder optar por el régimen especial del criterio de caja para el año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo, y que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo hubieran podido hacer durante el mes de diciembre de 2013, puedan optar durante el primer trimestre de 2014.
Domingo, 20 Octubre 2013 17:27
Novedades tributarias introducidas por la ley 14/2013	Destacado
NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 14/2013, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES
El artículo 27 de la Ley 14/2013 introduce las siguientes modificaciones en el IRPF:
Se suprime la exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
Se suprime la letra d) del apartado 4 del artículo 33 y la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley del Impuesto. Ambas normas establecían la exención de determinadas ganancias patrimoniales generadas en la transmisión de acciones y participaciones en empresas de nueva o reciente creación en los términos y condiciones de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley.
No obstante, los contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones adquiridas con anterioridad al 29 de septiembre de 2013 (entrada en vigor de la Ley 14/2013), podrán aplicar la exención prevista en la disposición adicional trigésima cuarta en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012.
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References: artículo 2
 artículo 149
 artículo 31
 artículo 9
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 33