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Timestamp: 2019-12-16 06:13:11+00:00

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Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. TÍTULO VII. Intervención en el uso del suelo (Vigente hasta el 22 de Julio de 2010).
Uso del suelo no urbanizable común
Régimen general de uso del suelo no urbanizable común
1. Se consideran usos adscritos al sector primario los siguientes:
Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en una única parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de viviendas en la misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la propiedad horizontal, ordinaria o tumbada, o se tratara de una copropiedad con adscripción de uso.
1. Las actividades indicadas sólo podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable cuando la ordenación territorial y urbanística lo permita debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo no urbanizable.
1. Las actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios sólo podrán llevarse a cabo en suelo no urbanizable cuando los planes urbanísticos o territoriales con capacidad para ordenar usos en suelo no urbanizable común, en virtud de su respectiva legislación, regularán conforme a lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley del Suelo No Urbanizable, la excepcional implantación, debiéndose, además, acreditar debidamente su necesidad de emplazamiento en las siguientes razones recurrentes:
b) Que su normativa reguladora exija su alejamiento del núcleo de población. Letra b) del número 1 del artículo 452 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Los acabados finales de los establecimientos de restauración y hosteleros serán los propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona donde se vayan a implantar, o sean compatibles con la misma, teniendo en cuenta su adecuación paisajística a la misma. Su implantación sólo será posible cuando se acredite que diste más de cinco kilómetros de suelo vacante clasificado como urbano o urbanizable con calificación apta para estos usos y concurren las demás circunstancias previstas en el artículo 27.2 a) de la Ley del Suelo no Urbanizable y que no propicien, por sus características y emplazamiento, la formación de núcleos de población o de características urbanas.
1. En suelo no urbanizable común y tratándose de instalaciones destinadas a usos deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento su implantación sólo será posible cuando no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de cualesquiera de los valores objeto de protección en un espacio natural, así como cambios en la cubierta vegetal, erosión o pérdida de calidad de suelo, afección a zonas húmedas y ecosistemas acuáticos o aguas subterráneas.
1. Los equipamientos colectivos expresados sólo podrán implantarse en suelo no urbanizable común cuando la ordenación territorial y urbanística no los prohíba, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en ese suelo.
1. Los depósitos de materiales o de residuos, sólo podrán realizarse en suelo no urbanizable común cuando la ordenación territorial y urbanística lo permita, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo no urbanizable.
1. Las estaciones de suministro de carburantes y los servicios integrados en áreas de servicio de carreteras cuando no estén expresamente previstas en el planeamiento o la ordenación de la vía sólo podrán implantarse en suelo no urbanizable común cuando la ordenación territorial y urbanística lo permita, debiendo acreditar su necesidad de emplazamiento en suelo no urbanizable.
El interesado deberá formular la solicitud ante la Conselleria competente en materia de territorio, acompañado de memoria y planos de información y ordenación, debiendo cumplir los requisitos siguientes:
1. En la memoria se deberá justificar que la obra o actividad que se pretenda implantar, constituye un uso autorizable, según la zonificación efectuada.
En aquellos municipios carentes de zonificación deberá igualmente justificarse que la actuación resulta compatible con el emplazamiento propuesto.
La Conselleria someterá simultáneamente el expediente a:
c) Audiencia con notificación expresa a los titulares regístrales de bienes y derechos afectados por la actuación y de las fincas colindantes para que puedan alegar, reclamar o sugerir lo que estimen oportuno en el plazo de veinte días hábiles. Letra c) del artículo 459 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. El procedimiento de declaración de interés comunitario deberá resolverse y notificarse al interesado en el plazo máximo de seis meses por la Conselleria competente en materia de territorio.
1. La Declaración de Interés Urbanístico favorable será vinculante para el Ayuntamiento en cuanto a los extremos contenidos en la misma, incorporándose a la licencia como condiciones mínimas de la misma, pero el Ayuntamiento podrá denegar la licencia o imponer condiciones o medidas correctoras por otras causas legales de competencia municipal o por causa de la denegación de las solicitudes de autorizaciones y concesiones preceptivas de otras Administraciones Públicas.
Cuando sea precisa para la legitimación de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable promovidos por particulares, la declaración de interés comunitario deberá:
Artículo 463 derogado por la disposición derogatoria única.2.c) del DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 28 mayo («D.O.C.V.» 31 mayo). Se reitera la derogación por la disposición derogatoria única.2.c) de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 12/2010, 21 julio, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo («D.O.C.V.» 22 julio).Vigencia: 31 mayo 2010
Uso del suelo urbanizable sin programación
1. Sin ampliación de la superficie, en las construcciones legalmente consolidadas se podrán realizar obras de reparación o reforma que exija la conservación y su disfrute, según el uso que les sea propio y no estén prohibidas por los Planes, ni obstaculicen la ejecución de obras públicas previstas. En dichas construcciones no se podrán autorizar, con carácter definitivo, nuevas actividades, salvo las funcionalmente vinculadas a servicios públicos o al destino agrario específico de la naturaleza de cada finca concreta. No obstante las reformas de industrias ya existentes y legalmente implantadas, podrán autorizarse dentro de los límites y con los procedimientos de la Ley del Suelo No Urbanizable y, en su caso, con aplicación de lo previsto en la disposición transitoria quinta de esa ley.
1. A los efectos de este Reglamento, tienen la consideración de licencias urbanísticas, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo y en concreto las siguientes:
1. Salvo en los supuestos legales de innecesariedad de la licencia, toda segregación o división de fincas estará sujeta a la previa obtención de licencia de parcelación.
1. Toda transformación del suelo, subsuelo y vuelo, y en particular los procesos de gestión urbanística necesarios para dotar a una parcela de la condición de solar, requerirán de previa licencia de urbanización otorgada por el Municipio correspondiente, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas exigibles por la legislación sectorial que les afecte. Ello no obstante, no se exigirá la licencia cuando la actuación haya sido previamente autorizada como consecuencia de la aprobación de un proyecto de urbanización o de obra pública.
1. La ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de edificios o instalaciones requerirá de previa licencia de edificación otorgada por el Municipio correspondiente.
1. La licencia de ocupación es una modalidad de las licencias urbanísticas, que se exigirá por los Ayuntamientos para la primera utilización de los edificios y la modificación de su uso, tanto cuando se destinen a vivienda, como cuando no sea necesario el correspondiente instrumento de intervención ambiental, ni la correspondiente autorización de inicio o licencia de apertura, en su caso. También se exigirá para la ocupación en caso de segundas o posteriores transmisiones, cuando así lo exija la legislación de ordenación de la calidad de la edificación.
1. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de otras actuaciones urbanísticas estables las que no implican ni urbanización ni edificación pero tienen carácter permanente o duración indeterminada, tales como:
1. Con carácter excepcional, se puede otorgar licencia para el desarrollo en suelo urbanizable sin programación, de usos u obras provisionales no previstos en el plan, en los términos fijados en las Leyes y en este Reglamento.
La ejecución de obras de demolición de edificios o instalaciones requerirá de previa licencia de demolición otorgada por el Ayuntamiento correspondiente que deberá proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Los Municipios podrán establecer licencias para finalidades diferentes de las anteriores, de conformidad con la Legislación de Régimen Local.
1. Las licencias reguladas en este Reglamento son independientes por lo que su otorgamiento no lleva aparejado el otorgamiento de las demás licencias o títulos jurídicos habilitantes exigidos por la normativa sectorial.
Disposiciones generales aplicables a las licencias
1. El otorgamiento de licencia urbanística, además de los efectos previstos en la legislación del Estado en cuanto a su exigibilidad para la autorización e inscripción de escrituras de declaración de obra nueva, legitima a su solicitante para realizar los actos de transformación, uso del suelo y de edificación autorizados por la misma, en las condiciones señaladas en la normativa urbanística, en las demás normas aplicables y en la propia licencia.
1. Las entidades prestadoras de los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios urbanos no pueden:
1. En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a pie de obra de una copia compulsada de la resolución expresa del otorgamiento de la licencia.
1. Las licencias urbanísticas son transmisibles, pero para que la transmisión surta plenos efectos deberá ser comunicada por escrito a la Administración actuante. Sin perjuicio de la validez de la transmisión cuando la enajenación sea conforme a Derecho, el incumplimiento de esa obligación determinará la responsabilidad solidaria del anterior y el nuevo titular. El incumplimiento de esa obligación de comunicar no es causa de caducidad de la licencia.
1. Las licencias de edificación tendrán vigencia durante el plazo fijado en la resolución de otorgamiento, que no podrá ser inferior al establecido en la Ley. En el caso de las licencias de ocupación deberá procederse a la renovación de cualesquiera circunstancias establecidas en la Ley.
1. No obstante la obtención de la licencia de urbanización, edificación o demolición, a efecto de dejar constancia de la fecha de comienzo de las obras, antes de iniciar la ejecución será exigible la previa comunicación a la Administración actuante con una antelación mínima de 15 días.
Disposiciones particulares sobre algunas licencias
1. Pueden otorgarse licencias de primera ocupación o utilización limitadas a las fases de las construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Tendrán la consideración de usos y obras provisionales los siguientes:
Procedimiento ordinario de otorgamiento o denegación de las licencias
1. El procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo común y a las reglas particulares prevista en la legislación urbanística autonómica y en este Reglamento.
1. Para solicitar el otorgamiento de una licencia es necesario acreditar el visado colegial del proyecto.
a) El reconocimiento de firma y la habilitación profesional del técnico autor del proyecto. Letra a) del número 5 del artículo 484 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
c) El contenido formal y la integridad documental del proyecto. Letra c) del número 5 del artículo 484 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
El Ayuntamiento puede regular modelos normalizados de solicitud de licencia urbanística para simplificar la tramitación del procedimiento y facilitar a los interesados la aportación de los datos y la documentación requerida. Esos modelos deben:
1. Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al menos, del correspondiente proyecto básico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución. De esa documentación deberá acompañarse un ejemplar pudiendo el Ayuntamiento, si fuere necesario, solicitar más ejemplares.
7. Las correspondientes autorizaciones de inicio o licencia de apertura, en su caso, deberán acompañarse de la siguiente documentación: Párrafo primero del número 7 del artículo 486 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
a) Un certificado final de obra. Letra a) del número 8 del artículo 486 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Si la documentación presentada está incompleta o presenta deficiencias formales, debe requerirse, por una sola vez, al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, con advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado. La Administración no podrá solicitar nuevas correcciones de deficiencias u omisiones que no estuvieran contempladas en el primer requerimiento.
1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales deben emitir informe en el plazo máximo de 20 días hábiles, pronunciándose sobre la conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables. Transcurrido ese plazo deberá continuarse la tramitación del procedimiento.
1. La resolución que de forma expresa ponga fin al procedimiento deberá ser dictada y notificada dentro del plazo legalmente establecido.
En la resolución por la que se otorgue licencia urbanística, el Ayuntamiento puede imponer al solicitante el cumplimiento de condiciones derivadas de la normativa urbanística. Esas condiciones:
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución comienza a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro municipal, siempre que la solicitud se acompañe de todos los documentos exigidos, y se interrumpe en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo, incluidos los siguientes:
El Ayuntamiento puede acordar, en el instrumento de planeamiento general, o bien mediante Ordenanza, que se sustancie un procedimiento abreviado en el que, respetando las reglas del procedimiento ordinario, se reduzcan a la mitad los plazos para el otorgamiento de todas o algunas de las siguientes licencias urbanísticas:
b) Las licencias de edificación, cuando el proyecto técnico haya sido o deba ser sometido al sistema de control o verificación regulado por la Generalitat. Letra b) del artículo 492 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
c) Las licencias de obras que por razón de su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica deban ser consideradas obra menor. Tendrán la consideración de obra menor las de modificación de la disposición interior de los edificios, sin que de lugar a modificación de uso. Letra c) del artículo 492 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Procedimiento para la licencia de usos y obras provisionales
1. Para otorgar las licencias de usos y obras provisionales, se aplicará el procedimiento ordinario, con las siguientes particularidades:
Garantía del cumplimiento del deber de edificar y rehabilitar
1. La Administración debe velar por el efectivo cumplimiento del deber de edificar y rehabilitar en los términos exigidos por la Ley, y habilitados por el otorgamiento de la licencia.
1. El plazo de un año para edificar los solares resultantes de la reparcelación se podrá ampliar hasta un máximo de cuatro años más en el acuerdo por el que se recepcionen definitivamente las obras de urbanización, de forma expresamente justificada.
1. Cuando se incumplan las obligaciones y deberes urbanísticos exigidos por las Leyes y los instrumentos de planeamiento urbanístico, o cuando el propietario lo solicite voluntariamente, el Ayuntamiento debe iniciar el procedimiento para incluir el inmueble en la Sección 7ª de Solares y Edificios a Rehabilitar del Registro Municipal de Urbanismo.
1. Una vez practicada la inscripción en la Sección de Solares y Edificios a Rehabilitar del Registro Municipal de Urbanismo se podrán presentar Programas en los términos previstos en la Ley Urbanística Valenciana.
Garantía del cumplimiento del deber de conservación de inmuebles e instalaciones
Los propietarios de terrenos, edificaciones e instalaciones deben mantenerlos en condiciones adecuadas para el ornato público y el decoro, así como para la seguridad y salubridad de las personas, la seguridad de las cosas y la conservación del patrimonio inmobiliario y el paisaje urbano o natural, tal y como señala el artículo 206 de la Ley Urbanística Valenciana.
En caso de incumplimiento de la obligación referida en el artículo anterior, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, puede dictar las órdenes de ejecución precisas para obligar a los propietarios de bienes inmuebles a cumplir los deberes urbanísticos, pudiendo exigirles la realización de las obras y trabajos necesarios para adaptar los bienes inmuebles a las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables, tales como: Párrafo primero del artículo 499 redactado por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
Las órdenes de ejecución deben detallar con la mayor precisión posible las obras y demás actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones citadas en el artículo anterior y subsanar las deficiencias advertidas, así como su presupuesto estimado y el plazo para cumplirlas, en atención a su entidad y complejidad. No obstante, cuando se ordene la ejecución de obras u otras medidas recomendadas en los certificados de inspección técnica de construcciones o en sus informes anexos, las órdenes pueden remitirse a lo dispuesto en esos informes.
1. Las órdenes de ejecución deben dictarse previa audiencia a los propietarios afectados e informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como del órgano competente en materia de patrimonio cultural cuando se afecte a un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración.
1. El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento al interesado. Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria.
Límites del deber de conservar las edificaciones. Declaración de ruina
1. Se entiende por ruina inminente de un inmueble una situación de deterioro físico del mismo tal que suponga un riesgo actual y real para las personas o las cosas, o que ponga en peligro la integridad de un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declaración. En tal caso, el órgano municipal competente puede, previo informe técnico:
1. El procedimiento de declaración de ruina puede iniciarse de oficio por el Ayuntamiento, mediante acuerdo del órgano municipal competente.
c) Describir y valorar las obras necesarias para mantener o reponer las condiciones de seguridad y estabilidad señaladas en el artículo 208 de la Ley Urbanística Valenciana, justificando que su coste excede del límite del deber legal de conservación definido en dicho artículo. Letra c) del número 2 del artículo 505 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Una vez iniciado el procedimiento de declaración de ruina, debe darse audiencia a los propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, poniéndoles de manifiesto la documentación incorporada al expediente y dándoles traslado de copia literal y completa de los informes técnicos obrantes en él, para que, dentro de un plazo de 15 días, puedan alegar y presentar los documentos, justificaciones y medios de prueba que estimen pertinentes.
La resolución que ponga fin al procedimiento debe optar entre:
5. Cuando la resolución implique la declaración de ruina total o parcial, el Ayuntamiento deberá remitirla al Registro de la Propiedad con la finalidad de que se haga constar mediante el asiento correspondiente.
1. La declaración de ruina produce los efectos previstos en el artículo 210 de la Ley Urbanística Valenciana.
1. En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el Ayuntamiento puede proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las medidas dispuestas en la declaración a costa del obligado, o bien resolver la sujeción del inmueble al régimen de venta forzosa, previa inscripción en la Sección de Solares y Edificios a Rehabilitar del Registro Municipal de Urbanismo.
1. Como encarnación del pasado, el patrimonio arquitectónico constituye un elemento indispensable para el equilibrio y la plenitud del hombre. Es un capital espiritual, cultural y social, que posee un valor educativo relevante y favorece el equilibrio armónico de la sociedad.
b) Proteger el paisaje urbano contra la degradación resultante de la instalación de soportes, cables eléctricos o telefónicos, antenas de televisión y signos publicitarios, carteles, letreros comerciales y medios de propaganda en general, cuando no armonicen adecuadamente con el entorno. Letra b) del número 3 del artículo 510 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Tendrá preferencia la conservación y rehabilitación de bienes incluidos en el Catálogo, y de inmuebles inscritos en el Registro Municipal de Urbanismo en la Sección de Edificios a Rehabilitar.
1. Las limitaciones al uso y cesión de los inmuebles conservados o rehabilitados con ayudas públicas podrán desplazarse y sustituirse, en caso de que el beneficiario de la subvención alcance un convenio con la administración que la otorgó para la explotación conjunta del inmueble. A los efectos de lo establecido en este Reglamento, ese convenio tendrá carácter urbanístico.
1. Las Administraciones públicas deben velar por el adecuado cumplimiento de la normativa urbanística mediante la actividad administrativa de protección de la legalidad, que comprende las siguientes competencias:
La inspección urbanística tiene por objeto la vigilancia, investigación y comprobación del efectivo cumplimiento y observancia de la legislación urbanística y de los planes, programas y normas urbanísticas, y además:
Ostentan, la competencia en materia de inspección urbanística, las Entidades Locales conforme a la legislación de régimen local y la Administración Autonómica que debe ejercer la inspección urbanística en cuanto afecte a la defensa del orden jurídico de interés supramunicipal. Del resultado de la inspección debe informarse a los Ayuntamientos afectados, a efecto del ejercicio de sus respectivas competencias.
1. El personal encargado de la inspección urbanística tiene la condición de agente de la autoridad, y como tal puede recabar, en el ejercicio de sus funciones, cuanta información, documentación y ayuda material precise para el adecuado cumplimiento de sus cometidos, de todas las personas relacionadas con cualquier actuación urbanística, que estarán obligadas a prestar la colaboración requerida. La información puede requerirse tanto a las empresas suministradoras de servicios previstas en el artículo 199 de la Ley Urbanística Valenciana, como a las Administraciones públicas y demás entidades con competencia sobre la actuación urbanística de que se trate o relacionadas con la misma, incluidos los Colegios Profesionales.
Entre otras, son funciones de la inspección urbanística, las siguientes:
1. Las actas y diligencias que se extiendan en el ejercicio de las funciones de inspección urbanística tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de la existencia de los hechos personal y directamente constatados que motiven su formalización, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.
e) Las fotografías de la actuación urbanística, que se incorporarán al expediente de que se trate, extendiéndose en el reverso diligencia para dejar constancia de la fecha y persona que las captó. La obligación de incorporar las fotografías podrá dispensarse siempre que en el acta se motiven las razones que justifican la dispensa por resultar inútil o impertinente la realización de fotografías. Letra e) del número 4 del artículo 518 redactada por el artículo 5 del D [COMUNIDAD VALENCIANA] 36/2007, 13 abril, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística («D.O.C.V.» 17 abril).Vigencia: 18 abril 2007
1. Las diligencias que se extiendan como consecuencia de una actuación inspectora para hacer constar hechos o circunstancias conocidos en el curso de un procedimiento deben incorporarse de inmediato al expediente que documente el procedimiento.
1. Las Administraciones Públicas deberán colaborar con la inspección y facilitar la información de que dispongan. A tal efecto, los servicios de inspección podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios precisen para el ejercicio de sus funciones.
Protección y restauración de la legalidad urbanística
La protección y restauración de la legalidad urbanística vulnerada se regirá por lo dispuesto en la Ley. Si como consecuencia del requerimiento de legalización, el interesado solicita licencia urbanística o la autorización administrativa que proceda, se seguirán los trámites ordinarios del procedimiento para su otorgamiento o denegación.
Antes de iniciar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística, la Administración puede realizar las actuaciones previas que resulten oportunas o convenientes para aclarar los hechos y determinar los presuntos responsables. El desarrollo de esas actuaciones previas no interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas que se hayan podido cometer.
1. El órgano competente debe incoar el procedimiento de protección de legalidad urbanística si tiene conocimiento de cualquier acción u omisión que presuntamente se realice sin observar la normativa urbanística, o vulnerándola. El incumplimiento de ese deber es título de imputación de responsabilidad a las autoridades o funcionarios que permanezcan inactivos.
1. La Administración autonómica deberá adoptar las pertinentes medidas de protección y restauración de la legalidad cuando se trate de actos de transformación, de uso y de edificación del suelo, subsuelo y vuelo que vulneren la normativa urbanística y afecten al orden jurídico de interés supramunicipal, en especial en cuanto a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y a las parcelaciones urbanísticas y demás usos del suelo no urbanizable prohibidos o sujetos a autorización, cuando constituya infracción grave o muy grave. A estos efectos, cuando la Conselleria competente en materia de territorio tenga conocimiento de que se ha realizado algún acto de uso o edificación en suelo no urbanizable que pudiera ser constitutivo de infracción grave o muy grave, esté o no sujeto a Declaración de Interés Comunitario, requerirá al Ayuntamiento para que le informe en el plazo máximo de 10 días respecto a la existencia o no de licencia municipal.
1. Cuando en suelo no urbanizable se trate de actuaciones sujetas a Declaración de Interés Comunitario, en los términos previstos en los artículos 223 y 224.1 de la Ley Urbanística Valenciana se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de dos meses solicite la Declaración de Interés Comunitario ante la Consellería competente.
1. Cuando se incoe un procedimiento de protección de la legalidad en relación a actos urbanísticos carentes de licencia que estén en curso de ejecución, se ordenará sin necesidad de audiencia previa su inmediata suspensión y la paralización de las obras, procediéndose en los términos previstos en el artículo 221 de la Ley Urbanística Valenciana. En la notificación de la orden de suspensión se informará al interesado del efecto suspensivo del plazo de prescripción previsto en el artículo 238.4 de la Ley Urbanística Valenciana, y se le requerirá para que solicite licencia en el plazo de dos meses. Esa orden de suspensión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad para su constancia mediante nota marginal.
Cuando se incoe un procedimiento de protección de la legalidad en relación a actuaciones urbanísticas disconformes con la licencia otorgada, se podrán adoptar las medidas cautelares previstas en el artículo anterior. La orden de suspensión se notificará a los interesados previstos en el artículo 221.3 de la Ley Urbanística Valenciana.
1. El incumplimiento de las órdenes de suspensión previstas en los artículos precedentes dará lugar a la ejecución subsidiaria por la Administración urbanística actuante o a la imposición de multas coercitivas.
Mientras que el interesado no ejecute plenamente la orden de restauración de la legalidad urbanística:
1. El órgano actuante puede suspender la ejecución de la orden de restauración hasta la firmeza de la resolución en vía administrativa.
1. El mero transcurso del plazo de cuatro años al que se refiere el artículo 224.1 de la Ley Urbanística Valenciana, no conllevará la legalización de las obras y construcciones ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista la vulneración del ordenación jurídico no podrán llevarse a cabo obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido.
Infracciones urbanísticas y procedimiento sancionador
1. La responsabilidad de las infracciones urbanísticas se imputa a las personas que las cometan.
1. La muerte de la persona física que cometió la infracción extingue su responsabilidad, sin perjuicio de que la Administración imponga a sus sucesores o herederos las medidas de restauración de la legalidad y de reposición de la realidad física que procedan. Cuando los sucesores o herederos se hubieren beneficiado o lucrado como consecuencia de la infracción, la Administración puede exigirles la restitución del beneficio ilícito obtenido.
La tramitación del procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o en la norma que lo sustituya.
En defecto de pago voluntario, para el cobro y ejecución de las multas impuestas como sanción por infracciones urbanísticas debe aplicarse el procedimiento administrativo de apremio.
1. Al iniciar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística previsto en los artículos 221 al 228 de la Ley Urbanística Valenciana, la Administración urbanística actuante comunicará al interesado que el inicio del tal procedimiento interrumpe el plazo de prescripción de las eventuales infracciones urbanísticas que se hubieran podido cometer.
Administraciones competentes en materia de disciplina urbanística
1. En los términos establecidos en la legislación de régimen local y sin perjuicio de la eventual delegación de competencias, el Alcalde será el órgano competente para adoptar las resoluciones previstas en los artículos 221, 223 y 224 de la Ley Urbanística Valenciana.
1. Cuando la Administración autonómica sea competente para tramitar el procedimiento de protección de la legalidad urbanística conforme a lo establecido en el artículo 255 de la Ley Urbanística Valenciana, también lo será para tramitar el procedimiento sancionador que hubiera que iniciar por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 251.5 de la Ley Urbanística Valenciana.

References: artículo 452
 artículo 5
 artículo 27
 artículo 459
 artículo 5

Artículo 463
 resolución 
 resolución 
 artículo 484
 artículo 5
 artículo 484
 artículo 5
 artículo 486
 artículo 5
 artículo 486
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 492
 artículo 5
 artículo 492
 artículo 5
 artículo 206
 artículo 499
 artículo 5
 artículo 208
 artículo 505
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 210
 artículo 510
 artículo 5
 artículo 199
 artículo 518
 artículo 5
 artículo 221
 artículo 238
 artículo 221
 resolución 
 artículo 224
 Real Decreto 
 artículo 255
 artículo 251