Source: http://www.libertadidioma.com/2012/20120308.htm
Timestamp: 2018-07-17 04:00:30+00:00

Document:
Recortes de Prensa Jueves 8 Marzo 2012
Emilio J. González Libertad Digital 8 Marzo 2012
Fernando González Estrella Digital 8 Marzo 2012
El tinglado ruinoso de las autonomías amenaza con derrumbarse sobre nuestras cabezas y esa es ahora la pregunta: ¿Qué hacemos con ellas? Al estado de las autonomías se le llamó “café para todos” en la etapa constituyente. Fue entonces una solución inteligente encaminada a disolver en un océano de descentralización administrativa el ácido de las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes. En aquellos tiempos aún se miraba con el rabillo del ojo a los generales franquistas con mando en plaza y encajar el federalismo republicano en la nueva constitución resultaba ser un gravísimo problema. Y así fue como se acoplaron los estatutos de las llamadas comunidades históricas, las célebres nacionalidades del título octavo, en el puzle del nuevo mapa de España.
Se establecieron dos mecanismos distintos, el primero de ellos destinado a Cataluña, las Vascongadas y Galicia, al que se denominó vía rápida, y el segundo para todas las demás. Cuando todo parecía bien cosido y el traje le sentaba muy bien al muñeco, se descosió por Andalucía. La UCD de Adolfo Suárez, tuvo que incluir a la región sureña en el club de las elegidas, aunque algunas provincias orientales no querían saber nada del centralismo sevillano. Cuadrar el círculo no era nada sencillo. Tuvieron que añadir el histórico Reino de León a Castilla La Vieja, desgajando Santander, que siempre fue el puerto de Castilla. Como los leoneses no tragaban, y con razón, al invento se le bautizó con el apañadito nombre de Castilla y León (no olvidar nunca, por favor, la conjunción y). Más complejo fue cerrar el reparto territorial en el centro peninsular. Madrid era la cuestión. Donde se colocara la capital y su zona metropolitana no volvería a crecer la hierba autonómica. Convirtieron a Madrid en Comunidad de Madrid, y todo arreglado. Con todo lo que quedaba alrededor de Castilla La Nueva y una porción del Reino de Murcia estaba servido el pastel. El truco consistió en juntar La Mancha de don Quijote, la Alcarria de don Camilo José Cela y las tierras levantinas de Albacete, con sus tamborradas y sus fiestas de moros y cristianos. El apelativo no presentaba complicaciones: Castilla-La Mancha (no se olviden, por favor, del poner siempre el guión). ¡Oiga que en Almansa se habla catalán! Y en Requena hablan castellano, y hemos incluido a la ciudad en la Comunidad de Valencia.
Ya saben todos ustedes cómo terminó la historia que les cuento, incluso se enseña en las escuelas. A partir de todo aquello ha llegado el presente que tanto nos preocupa. Es cierto que se aproximó a los ciudadanos el gobierno de los asuntos más cercanos y cotidianos, pero también es verdad que se disparató todo el proceso. El amejoramiento igualitarista de los estatutos y la transferencia de competencias fundamentales a cada una de las regiones, ha provocado una selva de normativas legales y unos costos inasumibles por un estado debilitado por la crisis económica. Mientras hubo fondos suficientes todos aplaudimos las iniciativas de los gobiernos autonómicos: más y más infraestructuras y autovías comarcales, hospitales por aquí y por allá, universidades y campus en cada pueblo, ciudades de las artes y las ciencias, orquestas sinfónicas por doquier, servicios sociales variopintos y entidades públicas infinitas. Quince autonomías más las ciudades de Ceuta y Melilla, miles de parlamentarios y centenares de consejerías y delegados provinciales, y cargos públicos incontables; todo ello superpuesto sobre las plataformas institucionales, nacionales, provinciales y locales.
Cada presupuesto era superior al anterior mientras descendían los ingresos y se congelaban los impuestos. Cuando Bruselas mandó parar, el gobierno de Zapatero pisó el freno, pero las locomotoras autonómicas llevaban una velocidad de crucero y cuando quisieron aminorarla en la caja no había más que deuda pública y facturas sin pagar. Ha manifestado el Presidente de Cantabria que no le gusta administrar la miseria y que le gustaría devolver al Estado la responsabilidad de gestionar la sanidad pública. Otros presidentes se preguntan, y lo sé de buena tinta, cómo van a reducir el déficit hasta la cifra impuesta por el gobierno central de Mariano Rajoy. Se imaginan rodeados por votantes iracundos en manifestaciones permanentes, indignados por las prestaciones sociales que tuvieron y ahora no tendrán. Es preciso racionalizar el sistema o replantearnos seriamente si tiene ya algún futuro. Lo peor de todo esto es que, después de levantar entre todos el entramado autonómico, los nacionalistas vascos y catalanes siguen incómodos en la casa común que se levantó para ellos. Toda una paradoja.?
Julia Navarro Estrella Digital 8 Marzo 2012
Rosa Díez no es muy popular entre sus colegas del Congreso. No lo es porque en sus intervenciones suele poner el dedo en las llagas que a todos duelen. La portavoz de Unión, Progreso y Democracia irrita por igual a socialistas que a populares, y no digamos a los partidos nacionalistas. De manera que en la sesión de control del Gobierno hubo murmullos cuando Díez reclamó al presidente Rajoy que hay que refundar el Estado y acabar con las "duplicidades" en la Administración, que no podemos tener "diecisiete" de todo, que tal y como está concebido a día de hoy el Estado es económicamente inasumible, y que, por tanto, es hora de que asuma competencias y responsabilidades traspasadas.
Mariano Rajoy respondió a Rosa Díez con gesto serio. Seguramente porque en algunas cosas está más de acuerdo con ella de lo que está dispuesto a reconocer. De manera que el presidente "toreó" de salón diciendo que su Gobierno ya ha adoptado medidas para cambiar las cosas, y que entre sus planes inmediatos está el de acabar con las duplicidades. Pero más allá del "tú a tú" entre Rajoy y Díez en la sesión de control, lo cierto es que la portavoz de UPyD está llevando al Parlamento el sentir de la calle, algo en lo que no siempre afinan los políticos.
En estos momentos la "calle" reclama austeridad a las Administraciones. La calle está harta del despilfarro y la corrupción. La calle quiere ver a los políticos apretarse el cinturón y renunciar a algunas prerrogativas que pueden considerarse privilegios. Por ejemplo, UPyD también ha planteado que no cobren "dietas" los parlamentarios que viven en Madrid, a lo que se ha respondido con enfado por parte del resto de los grupos diciendo que eso es demagogia y que de renunciar a cobrar esas dietas nada de nada. Naturalmente, la "calle" se alinea con Rosa Díez en asuntos como este.
Yo creo que UPyD se está haciendo un hueco en la política española a fuerza de mimetizarse con la "calle". Escuchando a Rosa Díez uno cree estar escuchando al vecino del quinto, al parroquiano del bar de la esquina, a la panadera, al aparcacoches, o a una lejana tía. Por eso es por lo que Rosa Díez y quienes la acompañan en UPyD ponen tan nerviosos al resto de los grupos parlamentarios y yo diría que más que a ningún otro grupo al socialista. Sus excompañeros la miran de mala manera, y a duras penas ocultan su irritación. Demagoga es lo más suave que dicen de ella. Pero Rosa Díez está acostumbrada a nadar contra corriente y ha cogido la directa y no hay quien la pare, de manera que UPyD va a más.
En cuanto al guante que lanzó al presidente Rajoy conminándole a "refundar" el Estado, lleva su parte de razón. El Estado autonómico hay que reinventarlo sencillamente porque es muy caro y no nos lo podemos permitir. Las verdades del barquero son las que más molestan. Y eso es lo que hace Díez.
Alfonso de la Vega Periodista Digital 8 Marzo 2012
La diputada de UPyD Rosa Díez ha manifestado en el Congreso que es preciso refundar el Estado autonómico que despilfarra 24.000 millones de euros al año. Rajoy ha contestado que se van a intentar evitar algunas duplicidades y solapamientos.
Es decir, calafatear las diecisiete pateras ruinosas para tratar de llevar a los españoles sin empleo, sin esperanza, sin casa, sin libertades públicas reales y algunos ya sin decoro ni vergüenza hasta la otra orilla de la crisis en medio del oleaje.
El drama para los del PP y los oficialistas bien pensantes en general que disfrutan del actual estado de cosas, es que la gravedad de la crisis ya es tal y el futuro aún más negro que no podemos permitirnos un Estado que no sólo amenaza la continuidad histórica de la nación española.
Que es ineficiente, caro, injusto, ruinoso, generador de corrupción porque significa la corrupción misma, lujosa peana de una casta parásita, egoísta e insoportable que cada vez es más incapaz de disimular sus actividades estrafalarias, onerosas cuando no delictivas en medio de la creciente miseria generalizada que contribuye de modo decisivo a generar en la sociedad.
Aquí está el dilema: Hay que elegir entre conservar el Estado autonómico o los derechos civiles y económicos de la gente común, lo que se pueda salvar del incipiente Estado de Bienestar.
Algún lector pensará, "hoy éste se está pasando varias autonomías. No hay para tanto". Yo creo que sí, leamos el DOGA del viernes 2 de marzo pasado. La Ley 1/ 2012 de 29 de febrero de medidas temporales en determinadas materias de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia supone la confesión de lo que, florituras aparte, en verdad se está dilucidando: la conservación de los derechos laborales de los trabajadores o el mantenimiento de una costosa e inepta estructura política que cabalga a los lomos de la gente común picando espuelas en sus riñones.
Veamos un ejemplo: después de una florida prosa retórica sofista para poner en suerte la bicha se afirma en el artículo segundo que salvo en determinados casos de enfermedad profesional u hospitalización entre otros, si un currante enferma por primera vez en ese año se le concede la gracia de pagarle la mitad del sueldo durante los tres primeros días de la enfermedad.
Si por segunda, el cuarenta por ciento, si por tercera, se puede morir de hambre si quiere, porque la Xunta no se dignará pagarle ni un euro. No obstante, si el pobrecito enfermo logra sobrevivir los tres días no debe preocuparse: la Xunta en un acto de piadosa magnanimidad tiene a bien pagarle tres cuartas partes de su sueldo.
A partir del vigésimo segundo día le da por imposible, pero le paga. Y aunque esto no lo dice el DOGA, con cargo al fondo de reptiles sus servicios técnicos le harán vudú hasta su total liquidación, porque esclavos tan blandengues no interesan al Partido ni a la Administración de la cosa galleguista.
De modo que, amigo lector, ¿quién es el que exagera?
Rosa Díez se está convirtiendo en el paño de lágrimas de una sociedad estafada y saqueada por los políticos del establishment partitocrático que quieren conservar lo suyo a costa de lo nuestro. Pero, ¿quién exorcizará al energúmeno?
http://alfonsodelavega.com/?p=6134
Un Estado que funcione, un país que trabaje: ¿y recortando autonomías?
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 8 Marzo 2012
Rosa Díez ha puesto las cosas de manera que Mariano Rajoy ha tenido que darle la razón. Puestos a recortar, empecemos por un carísimo, ineficaz y anticuado Estado de las Autonomías.
Uno puede estar más o menos de acuerdo con cómo ve las cosas la líder de Unión Progreso y Democracia, UPYD, Rosa Díez; pero es difícil negar su habilidad para percibir las opiniones de fondo de las clases medias y populares de toda España, y para expresarlas allí donde otros representantes políticos prefieren callar. Díez acaba de participar en la sesión de control al Gobierno en las Cortes, donde ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acometa una refundación del Estado para afrontar la crisis "social, política y económica" por la que atraviesa España. De lo que se trata es de orientar los recortes de gasto a las muy abundantes partidas de gasto inútil, especialmente concentrado en gasto de las Comunidades Autónomas y de los entes locales. No en vano con unos y con otros se está entrevistando estos días Cristóbal Montoro, parece que sin excesivas contemplaciones a menos que cumplan lo que de ellos se espera.
Además de deudas y dinero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha surgido algo que ya es muy difícil de negar: la gente normal, con muy mala opinión de los políticos, la tiene en general aún peor de las Comunidades Autónomas. Treinta y cinco años después del inicio de lo que en 1977 llamaron "proceso autonómico", muchas cosas han cambiado. Al Estado le han salido diecisiete órganos periféricos, muchos de ellos elefantiásicos, pero no por ello los servicios esenciales –los de verdad esenciales- están más garantizados ni mejor prestados. A cambio, tres millones de funcionarios, cientos de miles de políticos (éstos, en general, sin titulación ni oposición que demuestre nada) y muchas, muchas empresas amigas viven de lo que los españoles pagan a Hacienda. Perdón, a las Haciendas, porque cada región entendió esto de la autonomía como el derecho a convertirse en un miniestado. Y de esto, que hace unos años sólo hablaban algunos y con discreción, se debate abiertamente en las calles y plazas de España.
Yo no soy socialista, al menos no en el sentido en que lo es Rosa Díez, y no me siento llamado a votarla, "ven y cuéntalo". Reconozco sin embargo que tiene razón en lo que dice, y que además acierta al decirlo cuando está desapareciendo el pudor antiautonómico; y no soy sólo yo el que lo reconoce, ya que básicamente acaba de hacerlo el Presidente del Gobierno de la Nación (porque seguimos siendo mayoría, y no pequeña, los que creemos que aquí hay una sola nación y por ende ha de haber un solo Estado y un solo Gobierno). Sería absurdo seguir recortando hasta el tuétano los Presupuestos de una Administración central a la que se ha privado de casi todas sus funciones, mientras se dejaba a las Administraciones regionales y municipales derrochar un dinero que no se recauda en una serie de actividades perfectamente prescindibles.
Conviene que la izquierda recuerde, a la hora de los recortes, que su bandera histórica fue la de la igualdad; igualdad de derechos, de libertades, y también de obligaciones. En tres décadas de orgía autonómica se han confundido derechos y dispendio, de manera que los estudiantes se ofenden al hablarse de becas según notas y los trabajadores de estipendio según el esfuerzo… que fueron precisamente peticiones de una izquierda algo menos corrupta de la que padecemos.
Si queremos hablar de demagogia, es el momento de hacerlo. Porque demagogia es equiparar el derroche autonómico y la identidad de las regiones de España. Todos los españoles tienen derecho a una educación y una sanidad que funcionen. Precisamente por eso a nadie se le han de caer los anillos si el funcionamiento eficaz en tiempos duros como estos implica que una sola Administración haya de coordinar los recursos disponibles, impidiendo privilegios, desmanes y bobadas de distinto pelaje. Porque es posible proporcionar unos servicios básicos de calidad mayor a la actual y de coste menor, siempre que estemos dispuestos a recortar gastos inútiles. Gastos a menudo derivados de los sobresueldos de unos, de los sueldos innecesarios de otros y, sobre todo, del derroche que nace de la imposición de prejuicios ideológicos nacionalistas o socialistas en la gestión de lo público. Cosa que, por cierto, sucede también allí donde la Administración es de centroderecha, y que debe llevar a recortes sin escrúpulo ni piedad.
Esta bandera política es perfectamente asumible por una mayoría de los españoles, una mayoría que además no es ni de un lado ni de otro, sino que piensa en el bien común y en el futuro de sus hijos y del país. Esta bandera es una que el PP no puede dejar en ningún caso en manos de Rosa Díez, que no deja de ser su opositora. Y si se han de enfadar los nacionalistas, será buena señal, y ya se les pasará. Si es que sobreviven sin dinero público, claro.
La España de Rosa Díez, España más lógica
Pedro de Hoyos Periodista Digital 8 Marzo 2012
Pide Rosa Díez refundar España porque no podemos tener 17 “de todo”. Y tiene buena razón. Somos un país pendular y del centralismo franquista hemos pasado a diecisiete gobiernillos diferentes, con sus diecisiete parlamentillos, sus diecisiete sistemas de Educación y sus diecisiete sistemas sanitarios. Ah, sus correspondientes ministrillos.
No se puede gobernar un país en el que cada región tiene sus propias embajadas en el extranjero, en el que los gobiernos regionales disputen permanentemente con el gobierno central, en el que cada región vea en las demás y en el Estado un adversario del que defenderse.
No se trata sólo de ahorrar en estos atribulados tiempos, con lo importante que es, sino de aplicar la lógica. Quizá las estrecheces actuales permitan que la lógica llegue más cerca de quienes tienen que tomar las decisiones. No es cuestión sólo de ahorrar dinero en Enseñanza sino de impedir que los alumnos de cada región tengan planes de estudio diferentes o con denominaciones diferentes. La Historia ha de ser la misma, la Geografía y las matemáticas no pueden depender del lugar de la geografía española en el que hayamos acomodado las posaderas familiares. Que enfermos de una región tengan problemas para ser atendidos en la de al lado, que los opositores de Castilla no puedan examinarse en el País Vasco o en Galicia o Cataluña son graves anomalías que se deben solucionar urgentemente.
Y de manera clara también asiste la razón a la política vasca cuando habla de reducir la Administración, unificando pueblos, provincias y autonomías. ¿Desde cuándo la Rioja, que hasta hace bien poco se creía cuna del castellano, no es Castilla? ¿Si Madrid no es Castilla qué diantre es? ¿Si Cuenca o Toledo no son Castilla es porque son…? Conozco demasiados pueblos pequeños, pueblos de cincuenta habitantes, provincias sin más futuro que la desertización… ¿A qué esperamos, a que no quede nadie que pueda oponerse a la unión? ¿Tanto cuesta recordar que las provincias son un invento artificial, postizo y, en términos históricos, un invento reciente?
Maite Nolla Libertad Digital 8 Marzo 2012
El jefe de Opinión de Libertad Digital, mi querido Víctor Gago, no me corregirá si digo que ayer comentábamos que debíamos prepararnos para lo peor. Y no sólo porque las presiones hayan sido las habituales en el ambiente contaminado y liberticida que nos toca vivir, sino porque hay que ser justos y decir que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia habitan, junto a jueces fácilmente adaptables al medio ambiente nacionalista -como en el resto de juzgados y tribunales de Cataluña-, otros con un afán de notoriedad tal, que en muchos casos les ha llevado a dictar sentencias que se mueven en la paralegalidad; quiero decir que alguien puede pensar que se atribuyen las funciones del legislador, eso sí, sin pasar por las urnas.
Es cierto que las presiones han sido enormes, a sabiendas de que si en algún lugar podían surtir efecto era en este Tribunal y en esta Sala. Pero también es cierto que estamos ante un Tribunal muy inestable, jurídicamente hablando, que no es la primera vez que por innovar o por otros motivos –dejémoslo así-, se sale de lo que debería ser la normalidad jurídica. Por ejemplo, una de las firmantes del Auto, la magistrada aragonesa María José Moseñe, fue la que confirmó la sanción al señor Nevot por rotular en castellano; meses más tarde el Constitucional dijo que eso era ilegal. Por supuesto, ella no fue sancionada por dictar su sentencia en castellano y es que los reglamentos impositivos, como ya les dije una vez, están sólo para multar al populacho. Otro ejemplo, es el voto particular, que lo podrían haber firmado Oriol Pujol o Quico Homs, o los dos juntos; por nacionalista, quiero decir. Algo así como el impresentable alegato que hizo Eugeni Gay en la sentencia del Estatuto.
Por fortuna, en este caso, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra, y esperemos que allí no se olviden de que los señores magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les llevan la contraria y se la llevan a sí mismos.
Políticamente, la resolución deja a todos contentos, menos a los recurrentes y a Ciudadanos. Especialmente satisfechos deben estar en el PP, y no es ironía. El PP se agarra a lo mínimo y recuerda que el castellano debe ser lengua vehicular…para el que lo pida. Y digo que están satisfechos, porque una resolución favorable a la Constitución hubiera puesto en peligro su nuevo estatus de no-apestados. De hecho, Alicia Sánchez-Camacho, que habitualmente manifiesta cierto desparrame verbal, ayer desapareció del mapa. Y no olviden que el sistema de inmersión fue defendido en campaña por el actual ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, que supongo que estará hoy muy contento.
Además, no podemos pasar por alto que esta resolución mantiene intacta la buena relación de Rajoy con CiU, en Cataluña y en eso que aquí llamamos "Madrid", y evita el enfrentamiento que una resolución en otros términos hubiera provocado. Habiendo avisado el gobierno de Mas de que no pensaba cumplir esta resolución, tanto el Gobierno como la Fiscalía se hubieran encontrado ante un problema de primer nivel. Lo que es un trabajo desagradable: requerimientos, imputaciones por desobediencia, y otras formas coactivas de hacer cumplir la Ley. Y la Sala les ha ahorrado todo eso. Así, como habrán podido leer ustedes, la respuesta del Gobierno y del PP al Auto en cuestión es una nueva "apuesta por el bilingüismo integrador"; mucho más cómodo. Nada por aquí y menos por allá. Aunque, de todas formas, les animo a que intenten explicarlo.
La Sra. Nolla es comentarista político de esRadio y La Gaceta. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.
Camacho y la “magnífica” instrucción del 11-M
EDITORIAL Libertad Digital 8 Marzo 2012
La decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de investigar los restos de uno de los focos que estalló en los atentados del 11-M, descubiertos por Libertaddigital, parece que está poniendo algo nerviosos a no pocos dirigentes políticos. Quizá la más patética reacción de cuantas ha habido a esta noticia haya sido la del ex ministro del Interior y actual diputado socialista Antonio Camacho, quien ha criticado que se “reabra” la causa del 11-M sobre la base de que su instrucción fue “magnífica”.
Para empezar, las diligencias que ha ordenado el Fiscal General del Estado respecto al vagón encontrado en un almacén de la empresa Tafesa, y que este miércoles ha empezado a ser precintado por la policía, van dirigidas, por el momento, a averiguar si son prueba de la comisión de un delito de obstrucción a la Justicia, que, en todo caso, se habría producido con posterioridad al 11 de marzo de 2004.
Cosa distinta, aunque lógica y directamente relacionada, es la instrucción de la causa del 11M; bochornosa por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque algo tan esencial como la pericial de explosivos sólo pudo llevarse a cabo con 23 míseros fragmentos, previamente lavados, además, con acetona. Por mucho que los peritos pidieran expresamente más muestras para analizar, la respuesta fue siempre la de que todos los vagones afectados habían sido fundidos, algo que, ya de por sí, contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como el propio reglamento de los Tedax.
Lo cierto, sin embargo, es que, según la declaración de la dirección de Tafesa, tanto la Policía, como Renfe como el juez instructor, sabían de la existencia de estos restos del vagón explosionado, que, de haber sido analizados, hubieran podido ser determinantes para averiguar qué es lo que explosionó en el 11-M. En su defecto, y en el de las toneladas de muestras destruidas, la pésima instrucción del juez del Olmo hizo de la famosa mochila de Vallecas la principal prueba del caso, a pesar de que esta no había aparecido en los trenes del 11-M, sino en una comisaría 18 horas después del atentado. Para colmo, esta mochila llevaba metralla, pero en los cuerpos de las 192 víctimas mortales del 11-M no aparecieron no clavos ni tornillos, ni ningún tipo de metralla de origen terrorista, tal y como dictaminaron las autopsias. No acaba aquí, sin embargo, lo que el ex ministro califica de “magnífica” instrucción.
A punto de cumplirse los ocho años del atentado, no se sabe quienes son los autores intelectuales del atentado y sólo se ha identificado a uno de los 12 colocadores de las bombas, Jamal Zougam; las declaraciones de los testigos oculares que señalaron a Zougam se produjeron con posterioridad a que los medios de comunicación dieran a conocer su rostro como presunto implicado y solo después de ser beneficiadas por el Estado en condición de víctimas; la instrucción dio credibilidad a unos documentos que han resultado ser falsos en relación al origen del teléfono encontrado en la mochila de Vallecas que condijo a su detención; se falseó la hora de entrada en comisaría de otra de las pruebas de cargo como fue la furgoneta de Alcalá; y así podríamos seguir enumerando muchas más “irregularidades” en lo que el ex ministro del Interior tiene la desfachatez de calificar de “magnífica instrucción”.
El Editorial La Razón 8 Marzo 2012
La izquierda está inmersa en una inquietante dinámica. Confunde legitimidades para desestabilizar al Gobierno y, de paso, al país. Su apuesta por llevar la oposición a la calle lo es también por desnaturalizar el Parlamento, en el que es minoría. La consejera andaluza de Economía amenazó el martes con movilizaciones si el Gobierno mantenía el objetivo de déficit público durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El chantaje y la algarada son recursos que retratan al PSOE, como lo hace su apoyo a la manifestación del 11-M contra el criterio de la mayoría de las víctimas. E irá a más. Los sindicatos anunciaron una comparecencia para tratar este viernes la convocatoria de una huelga general el 29 de marzo y aprovecharon su manifiesto sobre la convocatoria del 11 de marzo para arremeter contra el PP y los medios de comunicación, a los que acusan de haber puesto en marcha «el ventilador de la calumnia y la difamación contra el movimiento sindical». Se apuesta a cuanto peor, mejor, sin que ni los cinco millones de parados ni el país sean una prioridad. Oposición destructiva y no constructiva. Con la izquierda en la calle, el Ejecutivo hace lo que debe: gobernar.
El ministro Cristóbal Montoro sumó ayer a los ayuntamientos al objetivo de déficit para 2012 con la cifra del 0,3% del PIB y les detalló el plan para que los municipios comiencen el 1 de mayo a pagar a los proveedores unos 18.000 millones de euros en facturas pendientes.
También ayer Mariano Rajoy reconoció en el Congreso que existen «excesivas duplicidades» en las administraciones y «sobran» organismos autónomos, entes y empresas públicas. La reorganización del Estado, con una redefinición competencial, será el próximo capítulo en la agenda reformista y sobran razones para ello. La España descentralizada es hoy una estructura poco eficiente, menos racional y financieramente inviable. El impacto económico de este desbarajuste entre administraciones no es menor.
Existen estudios que apuntan que las duplicidades entre organismos nacionales, regionales y locales pueden suponer un sobrecoste de 32.000 millones de euros. Además, en esa reorganización garantizar la unidad de mercado será otro elemento de relevancia como dinamizador de la actividad. Las insólitas trabas existentes hoy en España, la multitud de procedimientos y normativas distintas e incluso enfrentadas en las regiones, lastran las capacidades del país y disuaden a la inversión. Atajar esta anomalía nos parece imprescindible. Queda claro, por tanto, que el Gobierno gobierna y que la oposición, impotente y sin argumentos defendibles, ha supeditado el deber de controlar al Ejecutivo a calentar la calle. Y eso que su radicalización es castigada en las encuestas y desautorizada por la opinión pública.
¿Por qué siguen intentando silenciarnos?
Ángeles Pedraza Libertad Digital 8 Marzo 2012
Han pasado ya muchos años desde que las víctimas alzamos la voz y nuestro mensaje reclamando verdad, memoria, dignidad y justicia en la lucha contra el terrorismo empezó a calar en la sociedad. Sin embargo, y especialmente en los últimos meses, cada vez son más los comentarios dedicados a restar protagonismo a las víctimas en un hipotético final del terrorismo de ETA.
Estimada señora Gabriela Bravo: las víctimas tenemos todo el derecho del mundo a opinar y a ser informadas en todo lo que tiene que ver con la derrota del terrorismo en España. Y lo tenemos porque ha sido a nuestros familiares a los que han matado. En total son 829 razones por las que podemos opinar sobre la derrota total de los asesinos. Sin contar los miles de heridos que ha dejado a su paso la lacra terrorista.
No se puede olvidar que ha sido la labor –y la voz- de las víctimas del terrorismo el principal dique de contención contra los terroristas a lo largo de los años. Por ejemplo, fue el intenso trabajo y presión de la AVT la que consiguió que, en 1999, se aprobara la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Además, hemos sido implacables en la persecución contra toda la trama política de ETA. La voz de las víctimas siempre ha estado presente y ha sido un referente en la política antiterrorista que ha resultado ser más efectiva para conseguir acercar a ETA hasta su derrota definitiva.
No van a silenciar ni a la AVT ni al colectivo de víctimas del terrorismo. No vamos a dejar de insistir, las veces que haga falta, en un final que suponga la desaparición definitiva y la derrota total de ETA. Esto supone que los terroristas entreguen todas sus armas, se pongan a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento de los más de 300 casos sin resolver y pidan perdón a las miles de familias que han destrozado con sus bombas y pistolas.
Un final sin impunidad. Una derrota en la que los asesinos cumplan íntegramente sus condenas. Y esto no es porque las víctimas tengan sed de venganza. Pedimos justicia.
No puede haber un final impune. Jamás. Ni impunidad política ni penal ni histórica. No se puede permitir que exista un final en el que la última palabra sea escrita por ETA y sus secuaces. Y por eso, señora Bravo, es importante la voz de las víctimas. Porque la memoria es fundamental para que triunfe la democracia sobre el terror. Y sólo triunfará si son las víctimas las que ponen la rúbrica a estos más de cincuenta años de crímenes terroristas.
Caer en este final trampa que propone ETA y sus amigos sólo sería un ataque contra la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia que reclaman las víctimas del terrorismo. Un final inaceptable que supondría un duro golpe a la historia de la democracia española. Las víctimas merecen ese final con vencedores y vencidos por el que llevan tantos años luchando.
Así que, estimada señora Bravo, las víctimas del terrorismo no van a callarse. Nunca. Seguiremos hablando en los foros que sean necesarios para conseguir que la derrota del terrorismo y sus secuaces sea real y no exista ni un solo ápice de impunidad.
La Sra. Pedraza es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Sígala en Twitter: @apedraza_avt
Límites indispensables
César VIDAL La Razón 8 Marzo 2012
La Historia de las religiones es, como todas, la que se desprende del estudio riguroso de sus fuentes. Al respecto, la del Islam no plantea ninguna diferencia. Por ejemplo, en la sura cuarta, aleya treinta y cuatro del Corán se afirma taxativamente acerca de las esposas: «Y en cuanto a aquellas que temáis que os desobedezcan, advertidlas, alejaos de ellas en vuestros lechos y golpeadlas. Si entonces os obedecen, no sigáis buscando otro camino contra ellas, porque Allah es ciertamente alto y grande». El texto, que el Islam considera inspirado divinamente, ha dado lugar a comportamientos muy concretos en las sociedades sometidas a la sharia o ley islámica. Los viajeros occidentales podían sentirse horrorizados por su ejecución, pero, en cualquier caso, nada podían hacer contra la ley del país. El problema se ha convertido en ineludible cuando los que profesan semejantes principios han comenzado a asentarse de manera numerosa en Occidente.
Hace tan sólo unas horas, los Mozos de Escuadra acusaban al imán de Tarrasa, Abdeslam L. de instar a los fieles de su mezquita a «corregir» mediante la violencia física y psíquica lo que consideran «conductas desviadas» de sus mujeres. Las predicaciones eran pronunciadas ante millar y medio de musulmanes en la reunión de los viernes. Los hechos recuerdan el tristísimo caso del imán de Fuengirola que llegó incluso a redactar un manual donde explicaba cómo había que golpear a las mujeres señalando, por ejemplo, que se trataba fundamentalmente de humillarlas a fin de enseñarles cuál era su lugar. Me consta que algunas personas pensarán que citar a estos ministros de culto ante un juez es contrario a la libertad de religión.
Me permito disentir. Personalmente, no considero ninguna libertad por encima de la relacionada con la conciencia y comprendo, precisamente por ello, que se halle protegida por los ordenamientos democráticos. Sin embargo, esa libertad de culto tiene limitaciones indispensables. Así, nunca podría tolerarse, al amparo de ella, la práctica de sacrificios humanos como los realizados en las religiones precolombinas. Incluso el Tribunal Constitucional ha establecido esos límites, por ejemplo, al impedir que unos Testigos de Jehová priven de una transfusión de sangre a sus hijos. Precisamente por que los límites resultan tan obvios resulta absolutamente intolerable que determinadas conductas como el maltrato femenino se pretendan proteger so capa de libertad religiosa. Si, efectivamente, el imán de Tarrasa predica la bondad de acciones como el golpear a las esposas resulta más que deseable que sea condenado por la ley y, acto seguido, deportado de España. Y es que o la justicia española actúa de manera terminante respetando los límites indispensables de la libertad de culto o, pasando por alto estas acciones, tan sólo habrá abierto el camino a la barbarie generalizada el día de mañana.
Rajoy y el reto autonómico
Editorial ABC 8 Marzo 2012
EL presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó ayer, en la sesión de control parlamentario, la intención del Ejecutivo de revisar los problemas que presenta el desarrollo autonómico del Estado, en cuanto a la duplicidad de competencias con la Administración Central y la creación desmesurada de empresas y organismos públicos. Aunque Rajoy centró la atención de su intervención, en respuesta a la pregunta de la líder de UPyD, Rosa Díez, en la unidad de mercado, no dejó de citar otros ámbitos en los que el principio de organización autonómica necesita profundas reformas estructurales, como justicia, turismo o energía. Rajoy asume así la evidencia de que el Estado autonómico debe ser revisado no solo en su régimen de financiación, sino también en su estructura organizativa. Esto no significa que la idea misma de administración autonómica deba ser derogada o cuestionada. La moderación que marca el Gobierno de Rajoy no conducirá las reformas por estas propuestas extremas. Pero es evidente que el concepto de autonomía, como criterio de descentralización de competencias, ha mutado en una fragmentación política desproporcionada, que no es lo que la Constitución prevé. De hecho, la Constitución no impone la creación de comunidades autónomas. La situación actual, en la que el Estado es un campo de conflictos entre las instituciones centrales y las comunidades autónomas, no es un escenario constitucionalmente aceptable.
Por eso es necesario que el Gobierno transforme en acciones políticas y legislativas concretas el diagnóstico expuesto ayer por Mariano Rajoy, que, además, es compartido por la mayoría de los ciudadanos. El interés de la sociedad es recibir unos servicios públicos eficaces y gestionados con eficiencia, no es el de participar en disputas competenciales. También desea que los problemas comunes a todos los españoles reciban soluciones comunes, basadas en la igualdad y la solidaridad. El sentido nacional de las políticas que se esperan del Gobierno es ahora más necesario que nunca. Ahora bien, la transformación que precisa el Estado autonómico, en el sentido expuesto, con toda prudencia, por Mariano Rajoy, exige determinación en los medios y en los objetivos; y una clara voluntad de no ceder a las intimidaciones de los nacionalismos. Los recursos legislativos para políticas de convergencia, como las leyes básicas o las de armonización competencial, se basan en complicados equilibrios constitucionales, pero son los que la Constitución pone a disposición de las instituciones nacionales —el Gobierno central y las Cortes Generales— para asegurar el funcionamiento del Estado. Los beneficios de una acertada legislación que cohesione España son mucho más altos que los costes del debate político —en el que no faltarán oportunistas— que exigirá el saneamiento inaplazable del Estado autonómico.
Déficit público y reformas institucionales
JAVIER TAJADURA TEJADA http://www.diariovasco.com 8 Marzo 2012
La publicación de las cifras oficiales del déficit público ha confirmado los peores augurios. El Gobierno ha tenido que reconocer ante la Unión Europea el grave incumplimiento de los acuerdos pactados con las instituciones europeas (8,5 % de déficit frente al 6). Y dada la situación real de las cuentas públicas, ha fijado para el año en curso un déficit del 5,8 %, muy superior al 4, 4 acordado con Bruselas. Ahora bien, el Gobierno mantiene su compromiso de cumplir con el objetivo final de limitar el déficit al 3% en 2013.
En los próximos días comprobaremos cómo afecta todo esto a la credibilidad del país. El Gobierno debe convencer a las instituciones europeas y a nuestros acreedores de que, a pesar de los incumplimientos pasados, España está decidida a sanear sus cuentas, tanto a través de duros ajustes presupuestarios como de reformas estructurales. Las reformas financiera y laboral se sitúan en esa senda. La proyectada Ley Orgánica de Estabilidad también. Pero todas ellas resultan claramente insuficientes si no vienen acompañadas de una reforma profunda de la estructura institucional del Estado.
La estructura actual es claramente disfuncional, ineficiente, y genera unos costes crecientes e insostenibles. Sin una reforma estructural de nuestro sistema institucional, sobre todo de los niveles local y autonómico, resultará imposible controlar el déficit y superar la crisis. A nivel local es imprescindible racionalizar el mapa municipal a través de fusiones. Grecia redujo a un tercio el número de ayuntamientos y Dinamarca a un décimo. Otros países han abordado también reducciones significativas. En nuestro caso, existe además otro escalón administrativo que puede y debe ser suprimido: las diputaciones provinciales.
En todo caso, es en el ámbito autonómico donde resulta más urgente acabar con la inflación institucional. Las comunidades autónomas, en su pretensión de configurarse como una suerte de miniestados, han reproducido a escala regional el sistema institucional del poder central. Todas las instituciones se han multiplicado así por diecisiete: Consejos Consultivos, Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Institutos varios y miles de empresas y sociedades públicas. Ello explica que solo la Comunidad de Madrid haya cumplido con el límite de déficit, y que diez comunidades hayan duplicado el tope marcado. Resulta muy reveladora la reciente intervención del exlehendakari Carlos Garaikoetxea en la Comisión de duplicidades del Parlamento Vasco, donde se mostró «horripilado por el crecimiento desmesurado y elefantiásico» de las administraciones del País Vasco.
Aunque el verdadero ahorro debe producirse suprimiendo instituciones regionales y locales, también a nivel nacional la experiencia ha demostrado la inutilidad de algunas instituciones, como el Senado, y la inconveniencia de otras, como el Consejo General del Poder Judicial, por sus perversos efectos sobre la imagen de independencia de los jueces. Aunque su coste sea escaso, por razones simbólicas y pedagógicas debieran ser suprimidas.
Junto a todas estas instituciones tan superfluas como costosas se echa en falta la existencia de un órgano independiente que vele por el cumplimiento de la estabilidad fiscal. La credibilidad de España ha sufrido un duro golpe no solo por el incumplimiento del déficit, sino por la sensación de descontrol de las cuentas de las comunidades autónomas. La desconfianza aumenta ante el hecho de que varias comunidades (Navarra, Andalucía, La Rioja, Castilla y León, e incluso Valencia) han puesto en duda las cifras de la contabilidad nacional; esto es, discrepan del déficit que les imputa el Gobierno de la Nación.
Estas controversias erosionan aún más la confianza en nuestro país. Pueden y deben ser evitadas mediante la creación de un órgano similar a los que con tan buenos resultados se ha establecido en Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca o Reino Unido: los Consejos de Estabilidad. Se trata de instituciones independientes (tanto de la Administración central como de las autonómicas) integradas por expertos a las que se les encomienda la supervisión de todos los presupuestos públicos.
Entre las razones que justifican la creación de este órgano cabe señalar básicamente dos. La primera, la necesidad de reforzar la credibilidad del compromiso constitucional con la limitación del déficit. Al tratarse de una institución cuya composición no depende de mayorías políticas coyunturales, sino que está integrada por expertos independientes, el ejercicio de la función de control presupuestario se verifica con criterios puramente técnicos (de legalidad, que diríamos en Derecho) y no políticos o de oportunidad. Este tipo de supervisión reforzaría la credibilidad del compromiso del Estado con el respeto de los límites establecidos en la Constitución y en el Derecho de la Unión.
La segunda razón que justifica su creación es la conveniencia de que todas las administraciones públicas (la central como las de las comunidades autónomas) sean controladas por una autoridad independiente y no vinculada como tal ni al poder central ni a los poderes territoriales. Y que precisamente por esa desvinculación solo tenga como objetivo el cumplimiento de las reglas presupuestarias y no la satisfacción de intereses partidistas o electorales.
La reforma de la estructura del Estado es la gran asignatura pendiente, no ya del Gobierno, sino de la sociedad española en su conjunto. Sin un gran pacto de Estado para racionalizar nuestro diseño institucional, nuestro objetivo de consolidación fiscal será difícilmente alcanzable; y el riesgo de intervención, con el consiguiente empobrecimiento general de la población, mayor.
Díez: “Es hora de refundar el Estado”
Agencias / Redacción www.vozbcn.com 8 Marzo 2012
Hay que refundar el Estado porque España no se puede permitir tener “17 de todo”. Esa ha sido la propuesta de Rosa Díez (UPyD) a Mariano Rajoy (PP), presidente del Gobierno, durante la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso. Rajoy, por su parte, ha aceptado que Díez tiene “razón” al hablar de las “excesivas” duplicidades de las administraciones públicas.
La congresista y portavoz de UPyD ha reclamado al presidente del Gobierno que acometa una “refundación” del Estado para afrontar las tres crisis “social, política y económica” en la que está inmiscuida toda la nación. Rajoy, en su respuesta, ha recordado el “amplio paquete de reformas estructurales” que está poniendo en marcha su Gobierno y ha adelantado que la “política reformista” del PP se prolongará durante toda la legislatura, hasta 2015.
Díez: “No tenemos que hacerlo porque nadie nos lo mande”
Díez, durante su intervención, ha hecho referencia a los datos de pobreza y exclusión social en España, las cifras de déficit público y el número de jóvenes sin “expectativas”, entre otros, para defender que el modelo de Estado autonómico, tal y como se está aplicando, es “inviable”, desde el punto de vista político, e “insostenible”, desde el punto de vista económico.
Así, desde UPyD se ha recordado al Gobierno que el Estado está lleno de “duplicidades y solapamientos”, y que la crisis ha destapado que el Estado está “vaciado de contenido y de competencias”, ahora “imprescindibles”, para “afrontar en condiciones de éxito” la crisis y “garantizar la iguladad y la cohesión de todos los españoles”.
Ante esta situación, la congresista ha exigido al PP que tiene la “obligación” de “refundar el Estado” porque:
“España no puede permitirse tener 17 de todo, como usted bien sabe. No podemos permitirnos 17 sistemas educativos, 17 sistemas sanitarios, 17 de todo. No podemos permitirnos esta situación y esta realidad de duplicidades y de despilfarro entre el conjunto de las administraciones que lastran nuestras posibilidades para resolver los problemas económicos y políticos”.
Y le ha pedido a Rajoy, finalmente, que no siga la misma senda que puso en práctica el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que negó la crisis económica, y afronte “la crisis política” antes de que den “instrucciones” a España desde fuera, en referencia a la Unión Europea y los mandatos políticos de la canciller alemana, Angela Merkel. “No tenemos que hacerlo porque nadie nos lo mande, tenemos que hacerlo porque España lo necesita. Es la hora de refundar el Estado”, ha añadido.
Rajoy: “Unidad de mercado”
Por su parte, el presidente del Gobierno ha admitido que Díez tiene ”razón” al hablar de las “excesivas” duplicidades que hay en las administración públicas. Ha insistido en que “sobran” organismos autónomos, entes y empresas públicas y ha avanzado que en breve presentará un informe al Consejo de Ministros para suprimir algunos de ellos.
Y ha indicado que está trabajando con las CCAA para hacer que se controle el déficit, “respetando su autonomía”, y ha recordado que el Gobierno “pronto” hablará también de “unidad de mercado y duplicidades” con los gobiernos autonómicos.
Entre las reformas que ha anunciado el Gobierno y que ya han empezado a tramitarse, a partir de la iniciativa de los ministerios, están la de la modificación de la ley de educación y la formación profesional, la reforma de la política energética, la aprobación de un plan integral de turismo, la reforma de la Justicia y, entre otras, la aprobación de una ley de emprendedores; al margen de las medidas de carácter económico y del sistema financiero.
Sometido a una gran "presión política"
Francisco Caja: "Insólito que un tribunal inferior enmiende la plana al Supremo"
Libertad Digital 8 Marzo 2012
El tribunal, "en una decisión insólita, enmienda la plana al Tribunal Supremo", ha dicho Caja. Para el presidente de Convivencia Cívica Catalana, esto significa de facto que, del mismo modo que en Cataluña hay una independencia en Educación, ahora también queda demostrado que Cataluña es independiente a nivel "judicial".
Caja ha valorado la puerta que el tribunal abre para que las familias que lo soliciten puedan escolarizar a sus hijos en castellano. El presidente de CCC ha recordado que estas tres familias que lo solicitaron, han tenido que esperar "seis años" para ver su derecho reconocido. "¿Y ahora qué van a hacer?", se ha preguntado. "¿Van a separar a estos escolares del resto como si estuvieran contaminados?", se ha cuestionado Caja.
Aún así se ha mostrado optimista. "Se ha perdido una batalla, pero la guerra". Convivencia Cívica Catalana recurrirá al Tribunal Supremo.
Francisco Caja. Presidente de Convivencia Cívica Catalana
el castellano no será vehicular
El TSJC da la razón a la Generalidad y avala la inmersión lingüística
El TSJC falla en contra del TS. Eso sí, reconoce el derecho a las familias a solicitar educación en castellano a través de la vía judicial.
Olivia Moya Libertad Digital 8 Marzo 2012
Casi tres horas más tarde de lo previsto, el Pleno de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido su auto sobre el recurso interpuesto por la Generalidad, que defiende la imposición lingüística en las escuelas.
El gobierno de Artur Mas interpuso este recurso contra el utimátum que dio el propio TSJC instando a la Administración a que en el plazo de dos meses implantara el castellano como lengua vehicular en los colegios para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que así lo establecen.
Ahora, el mismo tribunal da la razón a la Generalidad que alegaba en su recurso que con su actuación para garantizar el conocimiento de ambas lenguas oficiales a los escolares está "debidamente ejecutada" la sentencia del Supremo y cumplida la legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). El Departamento de Educación argumentó también que el fallo del Supremo, dictado a instancias de tres familias que exigían ser escolarizadas en castellano (representadas por Convivencia Cívica Catalana), afecta exclusivamente a esos alumnos, a los que ya se ofreció atención lingüística personalizada. Y que así ocurre cada vez que una familia lo solicita.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado así el sistema de imposición lingüística en catalán con excepciones para aquellas familias que quieran que sus hijos estudien en castellano. En cambio, el TS instaba a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Por tanto, el alto tribunal catalán "mantiene el modelo que se está llevando a cabo", según un comunicado de la institución.
El TSJC, en su auto, acusa a las familias demandantes (representadas por Convivencia Cívica Catalana), de sacar de contexto la sentencia del TS en lo referente a que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña:
"Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, que podría ir más allá de lo que, en respeto al principio de congruencia, podía haber llegado a decidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro, y superior Tribunal.
Tan sólo el propio Tribunal Supremo, hubiera podido en su momento, vía aclaración de sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase; y aún podrá hacerlo al conocer, en su caso, de los pronunciamientos que en esta pieza de ejecución se formulen. Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña"
Tal y como avanzó Libertad Digital, el auto cuenta con un voto particular. Pero éste es aún más favorable a las tesis de la Generalidad.
En declaraciones a los medios, el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha explicado que el TSJC ve válido el modelo, y ha avanzado que la atención lingüística individualizada sólo se ejecutará para los padres que han reclamado y que lo hagan a partir de ahora. Ha avanzado que presentarán recurso contra esta decisión en el plazo establecido, diez días
El TSJC ratifica el fin de la inmersión lingüística escolar obligatoria en catalán
Redacción www.vozbcn.com 8 Marzo 2012
El TSJC considera ‘descontextualizado’ aplicar el bilingüismo a todo el sistema
El auto de la sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de reposición de la Generalidad contra la ejecución de diversas sentencias del Tribunal Supremo que ordenaban la reintroducción del castellano como lengua vehicular del sistema educativo autonómico junto al catalán.
Según el TSJC, ‘pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, que podría ir más allá de lo que, en respeto al principio de congruencia, podía haber llegado a decidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro, y superior, Tribunal’.
El TSJC dice que solo el Supremo puede interpretar las sentencias
El TSJC ha estimado que ‘tan sólo el propio Tribunal Supremo, hubiera podido en su momento, vía aclaración de sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase; y aún podrá hacerlo al conocer, en su caso, de los pronunciamientos que en esta pieza de ejecución se formulen. Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña’.
Y ha concluido que ‘debe mantenerse el auto recurrido en cuanto se refiere a la obligación que tiene la Administración demandada de adoptar las medidas que menciona dicho auto en relación a la enseñanza que se imparte a los hijos del recurrente, reconociéndose en tal sentido su situación jurídica individualizada, y ello por no aparecer acreditado que esa Administración haya ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo’, mientras que ha considerado que ‘procede dejar sin efecto el auto en cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña’.
Los demandantes recurrirán al Tribunal Supremo
El abogado de las familias demandantes, Ángel Escolano, ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que tiene un plazo de diez días, por considerar que el Alto Tribunal dejó muy claro que el bilingüismo debía extenderse a todo el sistema educativo autonómico.
Además, ha lamentado que el TSJC no haya aclarado cuál es el procedimiento para que las familias que lo deseen puedan hacer efectivo el derecho a que sus hijos reciban la educación en castellano y catalán. Escolano se ha mostrado convencido de que el Supremo les dará la razón.
Las sentencias son muy claras
Entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, el Tribunal Supremo emitió cinco sentencias en las que ordenaba a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’, y especificaba que el castellano debía ser ‘reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.
En septiembre pasado, el TSJC dio un plazo de dos meses a la Generalidad para aplicar el bilingüismo escolar en cumplimiento de estas sentencias; plazo que posteriormente fue suspendido para resolver el recurso interpuesto por la Consejería de Enseñanza y que ha sido resuelto este jueves.
Santiago González El Mundo 8 Marzo 2012
Hoy, como saben, en el Parlamento Vasco se va a tratar una propuesta del lehendakari que, en esencia trata de acomodar la reivindicación abertzale de la mesa política al estado actual del arte. No prefiguremos la propuesta de López, pero tal vez sea bueno recordar de dónde se viene. El pacto suscrito por PSE y PP para la constitución de este Gobierno en abril de 2009, decía lo siguiente, en relación con el terrorismo.
Un modelo periclitado
Editorial www.gaceta.es 8 Marzo 2012
Por algo se empieza: suprimir duplicidades.
La doble crisis que sufre España –institucional y económica– ha llevado a replantearse una reforma ineludible: la del diseño del Estado de las Autonomías. Si grave era el chantaje filosecesionista que planteaban reformas como la del Estatut, insostenible resulta el lastre de déficit autonómico que lleva al Estado al abismo económico. El hecho de que el endeudamiento sea estructural y no coyuntural hace urgente una revisión a fondo del modelo, con el caballo de batalla de las competencias en primer término.
Cuando se diseñó el modelo territorial en la Constitución se pretendía dar respuesta a una demanda –de las nacionalidades históricas– integrándolas en un modelo de Estado fuerte pero descentralizado que asegurara la libertad e igualdad de los ciudadanos residiesen donde residiesen. Pero la presión de los nacionalismos, la voracidad de presidentes convertidos en una suerte de virreyes y la debilidad de un Estado central que no supo corregir los desequilibrios mediante la Alta Inspección del Estado hicieron que el modelo derivara hacia un régimen cuasiconfederal, poco acorde con la Constitución, lesivo para la libertad y económicamente ruinoso.
Treinta años después parece oportuno abrir un debate que incluya un rediseño racional del territorio y un redimensionamiento de funciones y competencias. Respecto a lo primero no tiene por qué ser tabú suprimir diputaciones o incluso volver a configurar el mapa autonómico haciendo desaparecer algunas comunidades uniprovinciales. Respecto a la fijación de competencias parece oportuno trazar la línea roja de las que son indelegables por parte del Estado central: política exterior, Administración de Justicia, Hacienda Pública, Seguridad Social y armonización del sistema educativo. Porque tenemos 17 Españitas y cada una de ellas multiplicada por dos debido a las duplicidades, cuyo coste ronda los 25.000 millones de euros, una cifra, por cierto, cercana a la que en 2011 se desvió el déficit público con respecto al objetivo marcado por Bruselas. Ese catálogo de duplicidades –que Rajoy se comprometió ayer a reducir– es largo y kafkiano. Desde la ristra de empresas públicas –4.000 creadas en los últimos 10 años–, hasta órganos consultivos, universidades públicas –medio centenar–, teles regionales –alguna comunidad acumula hasta tres canales–, defensores del pueblo, embajadas en el extranjero y hasta observatorios de las cosas más peregrinas. Los solapamientos llegan al colmo cuando en algunas autonomías algunos órganos se replican a sí mismos.
Esa suma de gastos e ineficacias exige tijera cuanto antes. No es una idea nueva ni una quimera iconoclasta. Lo reclamó en su día el Consejo de Estado ante la amenaza centrífuga que representaba el Estatut, cuando en su informe de 2006 pidió fijar el techo de competencias. Lo analizó con singular lucidez el informe Everis denunciando “la inseguridad jurídica que dan 17 parlamentos legislando diarreicamente”. E incluso lo expusieron los presidentes del Gobierno, González y Aznar. Pero nadie le ha puesto el cascabel al gato: los dos grandes partidos, PP y PSOE, porque están cautivos de sus hipotecas electorales; y los nacionalistas... por definición. El problema es que el modelo es sencillamente insostenible. UpyD y el PP dieron ayer el primer paso para suprimir duplicidades. Esperemos que no sea el último y que se den otros para una reforma racional del sistema, porque este modelo está periclitado.
Por el forro de la toga
Jaime gonzález ABC 8 Marzo 2012
Curiosa manera la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de lavarse las manos: por una parte, reclama a la Generalitat que atienda el deseo de las tres familias que reclamaron escolarizar a sus hijos en castellano; por otra, el tribunal se pasa sutilmente por el forro de la toga la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba al castellano "lengua vehícular, junto al catalán, en la enseñanza".
El argumento del TSJC tiene guasa, pues reprocha al Supremo no haber resuelto el embrollo por la vía de una aclaración de sentencia. Dicho de otro modo: que si el Supremo no se aclara, no nos vamos a aclarar nosotros, habrán pensado sus señorías.
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deja las cosas en un limbo que beneficia a la Generalitat. Su proyecto de inmersión lingüística seguirá adelante, colocando al catalán varios peldaños por encima del castellano, esa lengua que, según la Constitución, todos los españoles tienen "derecho a usar" y el "deber de conocer".
En Cataluña, la Constitución debe ser papel mojado, porque los magistrados se han puesto de canto, como si el mandato de la Carta Magna no fuera con ellos. A partir de ahora, las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano tendrán que reclamarlo por escrito y adentrarse en las turbulentas aguas de la burocracia judicial. Un proceso kafkiano en un país donde es radicalmente falso que todos los españoles tengan los mismo derechos y obligaciones. Al menos, en Cataluña, no.
¿Edukación públika de kalidad? ¿y socialista?… ¡Imposible!
Teresa Puerto Minuto Digital 8 Marzo 2012
Los ROBolucionarios de la KALEBARRAKA valenciana exhiben estos días, en sus algaradas teledirigidas, unos cartelones pidiendo “queremos educación pública y de calidad”. Recriminando “unos (INEXISTENTES) recortes” por parte de la Consellería de Educación como los únicos responsables del “quality problem” edukativo en Valencia….
El irresponsable “ministro reformero” socialista José Mª Maravall nos importó de U.K. ese mismo modelo en 1983 a sabiendas que era un modelo educativo-basura y con conocimiento pleno de la brutal caida de niveles cognitivos que las primeras evaluaciones, a principios de los años 1980s, habían ya demostrado. La consecuencia inmediata aquí, al igual que en U.K. , fue la generalización de la “mediocridad” más superficial en las aulas y la instauración de una escuela plana , vivero de gandules hooliganizados, y emanada de los postulados dogmáticos de una izquierda que se creía poseedora del DOGMA y que, tras fracasar en lo económico y en lo politico , ha fracasado también de manera estrepitosa en lo cultural y educativo.
Fue ante el Parlamento Británico(12/02/01) cuando el entonces Primer Ministro Tony Blair denunció públicamente: “Los socialistas hemos fracasado, nuestra Reforma educativa comprensiva (ESO) ha sido un fracaso. Nuestro “experimento educativo” de los últimos 35 años ha sido un desastre: los días de los “bog standards” ( niveles-basura) de la escuela ESO-comprensiva se han acabado. ” (“The Daily Telegraph”, “Daily Mail”, 13/02/01) .
Y , tras reconocer que la filosofía marxista que había animado la reforma socialista desde los años 1960s habia tirado por la borda un montón de chavales jóvenes que, en porcentajes del 40%, eran incapaces de alcanzar los niveles mínimos en Matemáticas, Lengua Inglesa y Ciencias, Blair anunció a continuación el lanzamiento inmediato de una CONTRARREFORMA RADICAL de la escuela británica : en su centro estaría el reconocimiento de la “EXCELENCIA ACADÉMICA” Y EN LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS POR SUS “CAPACIDADES” INNATAS Y SU DISPONIBILIDAD AL ESFUERZO….
Pero esa izquierda decente NO EXISTE en España . Aquí la tenemos de pancartera ROBOlucionaria , ansiosa de “llenar las calles de Valencia “de sangre y fuego”…
El TSJ de Cataluña dictamina que la educación debe ser en castellano cuando la familia lo pida
El pleno de la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado hoy el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela, pero pide al Govern que garantice la atención personalizada de los alumnos que pidan ser escolarizados en castellano.
Barcelona - Efe La Razón 8 Marzo 2012
La decisión del pleno del TSJC cuenta con el voto particular de la magistrada Núria Clèries, partidaria de que el recurso interpuesto por la Generalitat sea admitido en su totalidad y se mantenga el modelo de inmersión lingüística también en las clases donde estudian los hijos de las familias recurrentes, sin reconocerles situación jurídica individualizada".
Clèries recalca que el propio Supremo señala en su fallo que tanto el castellano como el catalán deberían ser vehiculares si el Gobierno de la Generalitat creyera "que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido", lo que en su opinión todavía no se ha logrado.
El letrado de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, que representa a las familias que exigieron la escolarización en castellano, ha anunciado hoy que recurrirá el auto del pleno del TSJC, lo que dará al Supremo la oportunidad de pronunciarse de nuevo sobre si la Generalitat cumple su sentencia.
ANÁLISIS: ¿Actitud golpista y antidemocrática?
Francisco Caja La Razón 8 Marzo 2012
l ¿Por qué los padres han tenido que recurrir a la Justicia para que el castellano sea lengua vehicular?
–La inmensa mayoría de los ciudadanos en Cataluña, según las encuestas más solventes, quieren que sus hijos reciban una educación bilingüe, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional garantiza. Pese a ello, la Generalidad ha impuesto desde hace muchos años un modelo lingüístico escolar monolingüe, el llamado de inmersión, exclusivamente en catalán, con la complicidad activa o pasiva de los sucesivos gobiernos de la nación, que han cedido al chantaje de los nacionalistas. Ante esta situación, a los ciudadanos no nos queda otro remedio que acudir a los tribunales en amparo de nuestros derechos.
l ¿Qué está decidiendo en definitiva el TSJC?
–Se encarga de la ejecución de las cinco sentencias ya firmes del Tribunal Supremo que ordenan a la Generalitat de Cataluña reintroducir el castellano como lengua vehicular en las escuelas. El TSJC dictó un auto de ejecución de esas sentencias en el que daba un plazo de dos meses para cumplir esas sentencias, contra el que la Generalitat interpuso un último recurso que el propio TSJC debe ahora dirimir. Lo que no puede pronunciarse en ningún caso el TSJC es sobre los términos del fallo del Tribunal Supremo, sólo supervisar su ejecución.
l ¿Cree que la Generalitat acatará el fallo?
– Es una regla elemental del Estado de Derecho que el poder político, en este caso la Generalitat, acate las decisiones firmes de los tribunales. Y son estos los que interpretan en todo caso las leyes y no el poder político. La Generalitat debe acatar, por tanto, esas sentencias y cesar en su actitud antidemocrática y golpista.
Los abogados recurrirán ante el Supremo
Cataluña tendrá que enseñar en español a quienes lo pidan
Gaceta.es 8 Marzo 2012
La sala Contencioso-Administrativa de Cataluña ha fallado a favor de las familias que quieran que sus hijos estudien en español, pero salva el modelo de inmersión lingüística.
El TSJC salva el modelo de inmersión lingüística catalán salvo en casos particulares. De esta forma, habrá una clara segregación en las clases de los colegios públicos. Aquellos alumnos que aprendan en español y aquellos que sólo aprendan en catalán.
De esta forma, sólo reconoce el derecho a que el español sea lengua vehicular a los hijos de las familias que presentaron el recurso en el Tribunal Supremo.
Según el auto de los magistrados, en el que se estima parcialmente el recurso de la Generalitat, "no se puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular a raíz de una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Supremo" sobre la petición de estas tres familias.
El auto será recurrido
Por este motivo, el abogado de Convivencia Cívica Catalana y que representa a las familias, Ángel Escolano, ha valorado negativamente el auto. Asimismo, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.
De esta forma, los catalanistas podrán señalar con el dedo a aquellos alumnos que quieran aprender español en la escuela. Así, la doctrina de los jueces no avala la del Constitucional ni la del Tribunal Supremo, que piden que el español sea vehicular, independientemente de quien lo demande.
En el fallo, que cuenta con un voto particular, el TSJC ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Generalitat hace cerca de seis meses contra el ultimátum que el alto tribunal le dio para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas.
El ultimátum del TSJC, que estaba suspendido a la espera de la resolución del recurso interpuesto por la Generalitat, daba dos meses al departamento de Educación para implantar el castellano como lengua vehicular en las aulas en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que así lo establecían.
No obstante, los jueces mantienen que la sección que dictó el ultimátum no puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Catalunya, a partir de una "lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Tribunal Supremo".
Según el auto, un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular en la educación que podría ir más allá de lo que ha resuelto el Tribunal Supremo "es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro tribunal, y superior". "Tan sólo el propio Tribunal Supremo habría podido en su momento mediante una aclaración de sentencia haber precisado el contenido de esa frase (...) Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta sala del TSJC". De esta forma, el auto sí puede ser recurrido.
En su resolución, el TSJC deja sin efecto el ultimátum que la sección quinta de la sala contenciosa dio a la Generalitat para implantar el español como lengua vehicular en las aulas, pero advierte de que el Departamento de Educación "no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo" que le obliga a garantizar la escolarización en español de las familias que recurrieron.
Llanos de Luna, a favor de una integración bilingüe
La delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, apunta que no se puede pronunciar al respecto porque desconoce el texto de los jueces. No obstante, se ha mostrado a favor, en el programa 'Dando Caña', de Intereconomia TV, de un "bilingüismo integrador", en el que no haya segregación en las clases.
Artur Mas: "Estamos donde estábamos"
"Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí", ha asegurado el presidente catalán, Artur Mas, en declaraciones a los periodistas tras participar en el acto del Gobierno autonómico con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
Sí que ha indicado el presidente que la Generalitat está dispuesta a "afinar" el modelo lingüístico para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), aunque ha señalado que lo que hacen los jueces es ratificar las excepciones que prevé la ley vigente.
Recurso de casación, en 10 días
En declaraciones a los medios, el abogado de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ha explicado este jueves que el TSJC ve válido el modelo, y ha avanzado que la atención lingüística individualizada sólo se ejecutará para los padres que han reclamado y que lo hagan a partir de ahora.
Ha avanzado que en adelante tienen diez días para interponer un recurso de casación contra esta resolución, que recurrió la Generalitat después de que el Tribunal Supremo (TS) diera la razón a las familias que reclamaban que el español sea lengua vehicular en la educación de sus hijos. Además, ha añadido que recurrirá ante el Supremo el auto del TSJC.
El TSJC protege con tibieza que se enseñe en castellano en Cataluña
JANOT GUIL / BARCELONA. El alto tribunal evita resolver el conflicto por la inmersión lingüística y garantiza la educación en castellano solo a los padres que lo soliciten a la Administración
El alto tribunal no cuestiona solo reconoce el derecho a tener una educación en castellano a aquellas familias que lo demanden ante la administración
JANOT GUIL / BARCELONA ABC 8 Marzo 2012
El pleno de la sala de los contencioso administrativo del Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de la Generalitat contra la exigencia de aplicar el castellano como lengua vehicular.
El TSJC considera en su interlocutoria que no se puede "hacer un pronunciamiento general "sobre el uso del castellano en la escuela a raíz de una "lectura descontextualizada y literal del fallo del Supremo" y que "solo el propio Tribunal Supremo hubiera podido, en su momento a través de una aclaración de sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase".
En su auto, el TSJC deja sin efecto el ultimátum que la sección quinta de la sala contenciosa dio a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las aulas, pero advierte de que el departamento de Educación "no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo" respecto a garantizar la escolarización en castellano de las tres familias que recurrieron.
El abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha anunciado que recurrirá la sentencia porque entiende que el auto contradice los anteriores fallos del Tribunal Supremo, que consideraban insuficiente la atención individualizada como garante de un bilingüismo de facto en las aulas.
El auto chapuza del TSJC: avala la imposición lingüística y permite las 'rarezas' del castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da el visto bueno al modelo impositivo nacionalista y trata al castellano como una excepción
Agencias www.lavozlibre.com 8 Marzo 2012
Madrid.- Con un día de retraso y tres horas después de las 11.00 de la mañana -la hora a la que fijaron el anuncio de su sentencia después del aplazamiento de ayer- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha pronunciado sobre el recurso que interpuso la Generalitat al auto de este mismo tribunal que obligaba al gobierno catalán a equiparar el castellano y el catalán en un plazo máximo de dos meses. Pese a lo que se ha hecho esperar, el auto no ha podido ser más ambiguo.
Y es que, el pleno de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC ha avalado el modelo catalán de imposición lingüística con una resolución en la que a la vez también aprueba que se estudie en castellano si las familias lo requieren. Es decir, se trata de un auto en el que se da la razón a las dos partes y que sólo enmaraña más la situación, pues sólo se reconocen los derechos de las tres familias que, auspiciadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC), presentaron la denuncia.
El abogado de CCC, Ángel Escolano, ha explicado que el TSJC ve válido el modelo, y ha avanzado que la atención lingüística individualizada sólo se ejecutará para los padres que han reclamado y que lo hagan a partir de ahora. Escolano ha avanzado que en adelante tienen diez días para interponer un recurso de casación contra esta resolución, que recurrió la Generalitat de Cataluña después de que el Tribunal Supremo (TS) diera la razón a las familias que reclamaban que el castellano sea lengua vehicular en la educación de sus hijos.
"Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí", ha asegurado el presidente catalán, Artur Mas, en declaraciones a los periodistas tras participar en el acto de su Ejecutivo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. Mas ha segurado que está dispuesto a "afinar" el modelo lingüístico para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque ha indicado que lo que hacen los jueces es ratificar las excepciones que prevé la ley vigente.
La Justicia catalana ratifica que el catalán es lengua vehicular
www.lavozlibre.com 8 Marzo 2012
El Tribunal superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resulto avalar el catalán como lengua vehicular en las escuelas de Catalunya pero abre la puerta a atender a excepciones para aquellas familias que soliciten el castellano como lengua vehicular en la formación escolar de sus hijos. | Camacho ha pedido que se cumpla la sentencia del Constitucional.
De esta forma, la sentencia avala el modelo catalán pero introduce el reconocimiento del derecho a que el castellano pueda ser también la lengua vehicular en la enseñanza.
Cataluña mantendrá el modelo de inmersión lingüística, según ha avanzado este jueves el presidente de la Generalitat, Artur Mas. “Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí”, ha asegurado Mas, en declaraciones a los periodistas tras participar en el acto del Gobierno catalán con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
Sí que ha indicado el presidente que la Generalitat está dispuesta a “afinar” el modelo lingüístico para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque ha indicado que lo que hacen los jueces es ratificar las excepciones que prevé la ley vigente.
A falta de conocer la totalidad del fallo, el presidente catalán ha asegurado que ahora debe leer “la letra pequeña”, que espera que siga respetando el modelo lingüístico actual.
“Debemos mantener la convicción y el compromiso en el modelo que ha funcionado en Cataluña en los últimos 30 años”, ha añadido Mas, que ha lamentado que, de no existir la inmersión lingüística, el catalán quedaría relegado a una minoría.
Según el presidente de la Generalitat, “si no se hablara catalán en las escuelas acabaría siendo desconocido, algo que no sería bueno para el conjunto de la sociedad”.
Ha defendido que haya padres que hablen castellano con sus hijos, pero “la escuela debe procurar cuidar el catalán debido a su débil posición”.
El Govern «presiona» a los magistrados del TSJC para que avalen la inmersión lingüística
J. Planes La Razón 8 Marzo 2012
Barcelona- La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, convocó ayer por la tarde a todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciutadans, para mostrar su consenso alrededor de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, y también para intentar presionar a los 24 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Estos jueces se reunieron para deliberar sobre la discriminación del castellano en las aulas, pero su decisión final se postergó hasta hoy.
Los magistrados tienen pendiente emitir su fallo sobre el recurso presentado por la Generalitat en septiembre, el cual defendía seguir con la inmersión lingüística en las escuelas y de paso seguir desobedeciendo las sentencias judiciales que obligan al Govern a dejar de discriminar al castellano en la enseñanza. No se llegó a ninguna conclusión entre los magistrados y en teoría hoy debería comunicarse el fallo, según fuentes judiciales.
Después de la reunión con los partidos, Rigau convocó una rueda de Prensa, que no llegó ni a los diez minutos de duración, y se limitó a decir que era «optimista» de cara al fallo del TSJC, pero que quería esperar hasta hoy para ofrecer una valoración definitiva. La consejera insistió en mostrar su «respeto» ante esta inminente decisión judicial, pero cabe recordar que, en septiembre, cuando el TSJC dio un plazo de dos meses para convertir al castellano en lengua vehicular en los colegios, Rigau tardó pocas horas en comunicar que creía en el modelo de inmersión lingüística, y que, por lo tanto, no pensaba acatar la sentencia.
Los partidos convocados mostraron su apoyo al Govern, incluyendo al diputado del PSC Daniel Font, quien aseguró que el Tribunal Supremo (TS) «no tiene competencias para modificar las leyes del Parlament». Las otras formaciones que refrendaron la política lingüística de la Generalitat fueron ERC e ICV. No obstante, y antes de su comparecencia ante los medios, Rigau explicó a LA RAZÓN que «para defender nuestra política nos basaremos en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) –que está recurrida por el PP y pendiente de resolución–, y además soy optimista». «Si no va bien, recurriremos al Constitucional», añadió.
Un complejo asunto judicial que no puede hacer olvidar que el TSJC está deliberando basándose en varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) que obligan a la Generalitat a equiparar catalán y castellano en las escuelas. Los gobiernos catalanes de los últimos 30 años, tanto los de CiU como los del tripartito, han defendido que el catalán sea la única lengua vehicular en la escuela.
PERO SALVA EL MODELO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
El TSJC obliga a la Generalitat a impartir la educación en castellano para quien lo pida
Agencias El Confidencial 8 Marzo 2012
El pleno de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC ha avalado el modelo catalán de inmersión lingüística con una resolución en la que también defiende la atención lingüística individualizada para las familias que lo soliciten, dando la razón a los demandandes.
Ha avanzado que en adelante tienen diez días para interponer un recurso de casación contra esta resolución, que recurrió la Generalitat después de que el Tribunal Supremo (TS) diera la razón a las familias que reclamaban que el castellano sea lengua vehicular en la educación de sus hijos
La Generalitat "afinará" el modelo lingüístico
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha avanzado que Cataluña mantendrá el modelo de inmersión lingüística. "Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí", ha asegurado Mas, en declaraciones a los periodistas tras participar en el acto del Gobierno catalán con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
A falta de conocer la totalidad del fallo, el presidente catalán ha asegurado que ahora debe leer "la letra pequeña", que espera que siga respetando el modelo lingüístico actual. "Debemos mantener la convicción y el compromiso en el modelo que ha funcionado en Cataluña en los últimos 30 años", ha añadido Mas, que ha lamentado que, de no existir la inmersión lingüística, el catalán quedaría relegado a una minoría.
Según el presidente de la Generalitat, "si no se hablara catalán en las escuelas acabaría siendo desconocido, algo que no sería bueno para el conjunto de la sociedad". Ha defendido que haya padres que hablen castellano con sus hijos, pero "la escuela debe procurar cuidar el catalán debido a su débil posición".
El Gobierno acatará la sentencia
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado que el Gobierno acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña, "guste más o menos".
Así ha respondido al portavoz de la Entesa Catalana en esta comisión, Carlos Martí, que le ha pedido una valoración del fallo. Aunque en ese momento el ministro no tenía conocimiento de la resolución judicial, ha señalado que, "como no puede ser de otra manera", el Ejecutivo la "acatará".
Wert ha asegurado que tiene que leer el contenido de la sentencia para valorarlo debidamente, pero ha señalado también que se trata de una fallo de carácter "incidental"
Limita las subvenciones a las organizaciones que tengan al menos un rótulo en esta lengua
La Generalitat sólo ayuda a los pobres si se usa el catalán
Joan Planes La Razón 8 Marzo 2012
BARCELONA- La última edición del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc), editado el viernes 2 de marzo, incluyó una partida de cinco millones de euros por parte de la consejería de Bienestar Social y Familia para subvencionar a las entidades que promuevan la lucha contra la pobreza. Hasta aquí, todo normal.
Pero estas ayudas tienen letra pequeña y la mayor de ellas es que para poder acceder a estas subvenciones se tienen que cumplir requisitos lingüísticos, entre otras cosas. El parte del Dogc indica claramente que para conseguir este dinero se tienen que cumplir los artículos 32, 33 y 36 de la Ley de Política Lingüística de la Generalitat de 1998, una normativa que actualizó la de 1983 y que puso al día las aspiraciones lingüísticas de la mayoría de partidos catalanes.
Estos artículos de la polémica normativa indican que todo comercio o establecimiento en Cataluña tiene que rotular, como mínimo, en catalán. Por lo tanto, las entidades que ayudan a una pobreza cada vez más creciente en Cataluña sólo podrán obtener dinero si tienen alguno de los rótulos de sus respectivas sedes en catalán.
«Se tienen que cumplir los requisitos de los (citados) artículos en el local, la sala, el establecimiento o el centro de trabajo donde se preste la actividad objeto de la subvención, así como en la rotulación, en los avisos y en la documentación dirigidos al público como mínimo cuando estén vinculados al objeto de la ayuda».
De esta manera, además de pedir a estas entidades que tengan su sede social en Cataluña, lo que es más comprensible, se les exige que deben priorizar la presencia del catalán en sus locales sobre cualquier otra lengua. Una vez más, una decisión de la Generalitat choca de lleno contra la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán. Este fallo señaló que el Govern «debe mantener un equilibrio inexcusable» entre el castellano y el catalán, además de recordar que «en ningún caso se puede dar un trato privilegiado a ninguna de las dos lenguas, por lo que el catalán no puede tener un trato preferente por parte de la administración de esta comunidad autónoma».
Esta Ley de Política Lingüística siempre ha estado vigente en Cataluña y siempre ha sido motivo de polémica. Ha sido adoptada tanto por los gobiernos nacionalistas de CiU como en los siete años de tripartito, básicamente por imposición de ERC.
Además, la progresión de las multas por no rotular en catalán ha sufrido un crecimiento espectacular en siete años. Mientras en 2004 se sancionó a un total de 22 comercios o establecimientos –en los años anteriores esta normativa prácticamente no se aplicaba nunca–, en 2005 las multas ya fueron 119. En 2008 fueron 209, en 2009, 151; en 2010, 205, mientras que el año pasado se produjeron un total de 226 sanciones, por un valor de 126.000 euros.
En todos estos años, han sido bastantes los comerciantes y particulares que se han quejado a LA RAZÓN de esta situación, y sus testimonios han aparecido en estas páginas. a falta de saber el número de sanciones de 2012, de cuyas cifras aún no hay indicio alguno, la sensación es que el número de multas lingüísticas no descenderá. De momento, las entidades que ayuden a la pobreza ya saben lo que tienen que hacer para obtener dinero.
- En Cataluña existe desde hace 30 años la inmersión lingüística.
- Significa en la práctica que no se puede escolarizar a ningún niño en castellano, aunque sí en idiomas extranjeros. Es la queja de los padres que han llevado sus casos a la Justicia.
- El castellano está relegado a dos horas semanales, igual que el inglés.
- La otra norma lingüística importante es la Ley de Política Lingüística, la considerada madre de todas las leyes polémicas.
- Renovada en 1998, establece que se puede multar a los establecimientos y comercios que no tengan al menos algún cartel en catalán.
Partidos pro inmersión y Govern hacen frente común ante el fallo lingüístico
La consejera Rigau subraya la necesidad de mantener el modelo y afirma que la lengua es un «tema de país»
E. ARMORA / barcelona ABC 8 Marzo 2012
La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, se ha reunido esta tarde con representantes todos los partidos políticos, excepto PPC y C's, que no han sido convocados, para hacer frente común ante el inmimente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat (TSJC), que mañana se hará público y podría modificar el actual modelo lingüístico en las escuela catalana instaurando el castellano como lengua vehicular.
Según indicaron a ABC fuentes de la citada consejería, la reunión fue convocada hace unos días con objeto de valorar el fallo del alto tribunal, que finalmente, se ha pospuesto hasta mañana. Al encuentro han asistido Dolors Camats (ICV-EUiA), Uriel Bertran (SI), Daniel Font (PSC), Neus Munté (CiU) y Anna Simó (ERC), quienes han coincidido con la consejera en la necesidad de blindar el actual modelo de lengua en los colegios. En declaraciones a los medios, Rigau ha señalado la importancia de preservar el actual modelo lingüístico porque "es un tema de país" al que, según ha dicho, "el Govern da máxima importancia".
En el encuentro Rigau y los portavoces de los partidos proinmersión han analizado el capítulo segundo de la Ley de Educación Catalana (LEC), que regula el régimen lingüístico en el sistema educativo. Partidos y Govern han ratificado su consenso sobre un modelo que consideran "de éxito" y "perfectamente vigente". Por su parte, Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha advertido de que el auto que emitirá el TSJC es "muy claro", por lo que "Cataluña tendrá que incorporar el castellano como lengua vehicular en las aulas, junto al catalán".
En declaraciones a los medios, el abogado de CCC, Oscar Escolano, ha augurado que el fallo no tiene que ser otro que ratificar la ejecución de la causa que hay en marcha, ya que, según apunta, el TSJC no puede revisar lo que ha fallado el Tribunal Supremo. "Sería un contrasentido jurídico".
Galicia Bilingüe denuncia el adoctrinamiento del 'Correlingua 2012'
Miles de escolares participarán en una carrera a favor del idioma gallego en la que se leerá un manifiesto que contiene expresiones como "preferimos a una persona del Bierzo que hable el idioma, a una de aquí que no lo hable"
GB www.lavozlibre.com 8 Marzo 2012
Vigo.- Una carrera en la que participan miles de escolares, politizada sin el conocimiento de los padres. la asociación pro libertad de lengua, Galicia Bilingüe, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo gallego el manifiesto que se leerá en el 'Correlingua 2012' y que contiene expresiones como: “Preferimos a una persona del Bierzo que hable el idioma, a una de aquí que no lo hable”.
El manifiesto presentado por el curso de 4º ESO del Colegio Pontecesures ha resultado ganador de la presente edición del 'Correlingua', una actividad organizada por la Mesa por la Normalización Lingüística, el sindicato nacionalista CIG y los Equipos de Normalización Lingüística. En ella participan, en horas de clase, miles de escolares de Primaria y Secundaria de Galicia. Galicia Bilingüe tuvo conocimiento del contenido del manifiesto que se leerá ante los alumnos en la edición 2012, de manera casual, buscando en internet el nombre del firmante de un comentario publicado en Twitter el jueves, 1 de marzo, en el que se decía:
"Correlingua nos censura por culpa de Galicia Bilingüe. Gloria Lago merece ser colgada en la Plaza del Obradoiro".
Galicia Bilingüe ha presentado una denuncia en el registro de la Xunta y queja ante el Valedor do Pobo (defensor del Pueblo de Galicia). Recientemente, tras una denuncia recibida por el Valedor, Educación instó a una editorial a modificar el contenido de un libro de texto por no incluir que el castellano también es lengua oficial cuando se citaba un artículo del Estatuto de Autonomía. Galicia Bilingüe considera que este caso es más grave, ya que se transmiten valores contrarios al espíritu y la letra del Estatuto, que en su título preliminar establece que: “gozan condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Galicia”. Es decir, lo que en toda democracia significa pertenecer a una comunidad política, sin entrar en consideraciones de raza, lengua o religión. Asimismo, el artículo 4 establece que nadie será discriminado por razón de lengua.
En lo que atañe a la Xunta de Galicia, la asociación pro libertad de elección de lengua espera que se tomen medidas al respecto ya que el adoctrinamiento en la enseñanza, no sólo es perjudicial para los escolares y para una convivencia respetuosa, sino por ser contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS); además de que así lo había prometido el Presidente Feijoo, de quien es de esperar que mantenga un criterio común y coherente con el del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de su propio partido, que se ha mostrado dispuesto a ponerle coto al este tipo de prácticas.
En la web del 'Correlingua' se define esta actividad como una carrera lúdico-educativa de carácter “nacional”, que reivindica el derecho a crecer en gallego y a ejercer de forma efectiva como gallegos y gallegas a través del idioma. "Por lo visto, para los organizadores, no se puede ejercer como gallego si se habla en español y esa es la idea que pretenden transmitirles a los alumnos en general y a los participantes en particular, cuando la lengua de muchos de ellos, además, es ésta", aseguran desde Galicia Bilingüe.
Al 'Correlingua', en el que suele utilizarse simbología nacionalista, algo que vulnera la neutralidad ideológica exigida en las actividades escolares, los alumnos acuden tras haber firmado sus padres un permiso en el que se les dice que sus hijos participarán en una carrera lúdico-educativa; es decir, una mañana sin clases y de fiesta, pero la mayoría de padres no conocen las consignas que sus hijos habrán de corear, ni el contenido del manifiesto. En todo caso, es obligación de los poderes públicos el proteger a los niños y jóvenes de este tipo de prácticas. Esta edición del Correlingua está patrocinada por los Ayuntamientos de Santiago, Pontevedra, Vigo, y Lugo.
Galicia / POLÉMICA LINGÜÍSTICA
«Preferimos a uno del Bierzo que hable el idioma a uno de aquí que no lo hable»
El manifiesto ganador de la edición del concurso «Correlingua» de este año incluye frases del tipo «No se es más gallego por vivir en Coruña si después se habla el idioma de Castilla»La asociación Galicia Bilingüe ha denunciado el caso ante el Valedor y ante la Xunta
P. A. RODRÍGUEZ / SANTIAGO ABC Galicia 8 Marzo 2012
El «Correlingua» es una iniciativa promovida por la Mesa por la Normalización Lingüística y el sindicato CIG que, según reza su página web oficial, engloba «las diversas carreras en favor del idioma (gallego) que se convocan en el país». En esta actividad, cuyo acto central tiene lugar en los principales núcleos urbanos gallegos cada mes de mayo, participan un gran número de centros educativos, la mayoría de ellos públicos. «Llevan a los niños de los colegios e institutos y les proponen pasar un día libre, sin clase, para ir corriendo por la calle con distintivos. Al final celebran un acto que se supone que es para fomentar el gallego», comenta la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago.
En ese momento, y como colofón de la jornada, se procede a la lectura del manifiesto ganador de un concurso dirigido a los alumnos de Enseñanza Secundaria y en el que actúa como jurado el organismo dirigido por Carlos Callón. El texto seleccionado este año para ser leído ante miles de estudiantes de toda Galicia incluye frases del tipo «Preferimos a una persona del Bierzo que hable el idioma a uno de aquí que no lo hable», «No se es más gallego por vivir en Coruña si después se habla el idioma de Castilla», «Buscamos que las fronteras de Galicia las ponga el gallego» o «Todos vosotros, los que subís fotos reivindicativas al Tuenti, ni os enterasteis del cierre de Galicia Hoxe».
Pero no es la primera vez que algo así ocurre. En la edición del pasado año, sin ir más lejos, los estudiantes representaban una obra de teatro en la que «el malo» era precisamente el único personaje que hablaba castellano, explica Lago.
Desde Galicia Bilingüe pidieron ayer al Valedor y al Defensor del Pueblo que tomen cartas en un asunto que —consideran— va en contra de lo que estipula el Estatuto de Autonomía. «No nos parece una forma normal de promocionar un idioma y, además, es contrario a un Estatuto que establece que en la Comunidad gallega hay dos lenguas oficiales». «No se puede menospreciar a ningún niño porque hable español», critican.
Pero hay más. El manifiesto ganador de este año procede del CPI de Pontecesures y está firmado por un grupo de estudiantes de 4º de la ESO. «Llegamos a este texto buscando el nombre del firmante de un comentario publicado en Twitter en el que se decía Correlingua nos censura por culpa de Galicia Bilingüe. Gloria Lago merece ser colgada en la Plaza del Obradoiro», detalló la propia Lago en una conversación con ABC. Ante lo que añadió: «Dios mío, qué le habrán contado a este chico de 15 años para que me tenga tanta manía».
El «Correlingua» es una actividad con algunos puntos de conexión con la «Korrika» a favor del euskera que desde hace casi veinte años se celebra en el País Vasco aunque, en este último caso, la iniciativa parte de la coordinadora de enseñanza para adultos, AEK. En el caso gallego, la iniciativa promovida por la Mesa por la Normalización Lingüística ha llegado a reunir a cerca de 40.000 estudiantes de toda Galicia. Son los propios centros los que deciden si se apuntan a la actividad o no y los padres los que deben dar su consentimiento para que sus hijos participen en la carrera y en las actividades paralelas que se desarrollan durante meses, aunque desde Galicia Bilingüe establecen matices.
«Un padre me comentaba que a ver quién es el que le dice a su hijo que tiene que quedarse en clase en vez de salir a pasar el día y a correr por las calles», ejemplifica Lago. Además, la asociación también denuncia que el consentimiento se basa en un escrito en el que se les dice a los padres que los niños participarán en una carrera lúdico-educativa. «La mayoría de los padres no conocen las consignas que sus hijos habrán de corear», censuran.
Simbología nacionalista
En el escrito que hoy mismo Galicia Bilingüe remitirá al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se detalla que la carrera promovida por la Mesa utiliza simbología y lemas habituales del BNG. Una acción que vulnera la neutralidad ideológica exigida en todas las actividades de naturaleza escolar.
Nueva agresión a la cooficialidad de los idiomas
Galicia Bilingüe denuncia ante la Xunta y el Valedor el adoctrinamiento a escolares del Correlingua 2012
Javier González Méndez, Periodista Digital 8 Marzo 2012
“Gloria Lago merece ser colgada en la Plaza del Obradoiro” Ésta declaración de intenciones dirigida a la Presidenta de Galicia Bilingüe, aparecía en twitter el pasado 1 de marzo, firmada por un alumno de 4º de ESO del Colegio Público Integrado de Pontecesures, en la provincia de Pontevedra.
Una vez localizado al autor adolescente de semejante comentario, que aparecía firmando otros escritos de marcado sesgo ideológico en el blog de Lengua gallega del propio centro escolar, Galicia Bilingüe siguió tirando del hilo hasta llegar a la página web de Correlingua, en la que se proclamaba vencedor de la edición de 2012 a un manifiesto enviado precisamente por el curso del CPI de Pontecesures al que pertenece el autor de la constructiva frase con la que se inicia esta información.
Correlingua es una actividad organizada por la Mesa pola Normalización lingüística, el sindicato nacionalista CIG y los Equipos de Normalización. Se desarrolla en horas de clase y participan en ella miles de escolares de Primaria y Secundaria de Galicia.
Entre diversos manifiestos en defensa de la lengua gallega, Correlingua ha distinguido entre todos ellos el de esos chicos de 4º de ESO del CPI de Pontecesures que, entre otras muestras de “tolerancia” y “convivencia” del bilingüismo consagrado por el Estatuto de Autonomía de Galicia, reproducía expresiones como estas:
“Buscamos que las fronteras en Galiza las ponga el gallego”. “No se es más gallego por vivir en Coruña si después se habla el idioma de Castilla". “Preferimos a una persona del Bierzo que hable el idioma, a una persona de aquí que no lo hable”
Para Galicia Bilingüe resulta evidente el mensaje que los responsables de Correlingua han permitido transmitir a través de éste manifiesto: no son gallegos o no merecen serlo quienes no hablen gallego. Es un flagrante atentado al espíritu del estatuto de Galicia, con el agravante de que se permite, se promueve e incluso se premia en el ámbito de una actividad dirigida a los escolares, que forman el colectivo más vulnerable e indefenso de la sociedad.
Analizada la gravedad del contenido del manifiesto, Galicia Bilingüe ha presentado ya la correspondiente denuncia en el registro de la Xunta de Galicia y una queja ante el Valedor do Pobo. Ésta asociación, que lleva años defendiendo la convivencia en equidad entre los dos idiomas oficiales de Galicia, reproduce en un comunicado que aparece en su página web:
“El adoctrinamiento en la enseñanza, no sólo resulta perjudicial para los escolares y para una convivencia respetuosa, sino que contradice a la doctrina de Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”
GB recuerda además al Presidente de la Xunta sus compromisos en defensa de la libertad de lengua y le invita a mantener un criterio común y coherente con el Ministro de Educación, J.I. Wert, compañero de partido político, que se ha mostrado decidido a ponerle coto a éste tipo de prácticas.
La guerra idiomática de Galicia le permitiría a Valle Inclán escribir otro de sus magistrales esperpentos. En un país virtual, como ése en el que habitan minorías fanáticas que sólo le conceden la condición de gallego al que hable la lengua autóctona, un sordomudo, por ejemplo, no podría aspirar jamás a ser gallego. Salvo que aprendiese un lenguaje de signos gallego, naturalmente.
Una cosa si queda clara en ésta Galicia bilingüe: la estupidez respeta la cooficialidad de los dos idiomas. Aquí, lo mismo escuchas gilipolleces en español que en el gallego más purista.
Pedro Sanz da una lección al nacionalismo de mente estrecha
Antonio Martín Beaumont www.elsemanaldigital.com 8 Marzo 2012
Al ver a Pedro Sanz estampar su firma junto a la de Joé Manuel García-Margallo en un convenio bilateral entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Gobierno de La Rioja se me vino a la cabeza la archifamosa frase de Neil Amstrong: "Un pequeño paso para el hombre...".
El Ejecutivo que preside Sanz se convirtió este martes en el primero en recoger el guante lanzado por Mariano Rajoy para que las oficinas de las comunidades autónomas en el extranjero se integren en las llamadas misiones diplomáticas del Gobierno central con el fin de ahorrar costes y evitar duplicidades.
Llama poderosamente la atención que haya tenido que ser La Rioja, que junto con Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha es la región que menos embajadas tiene repartidas por el mundo, la que enseñe el camino a otras como Cataluña, que roza el medio centenar.
Habrá quien intente quitar mérito al Gobierno de Pedro Sanz argumentando que la suya es una comunidad muy pequeña en comparación con las de Artur Mas, Alberto Fabra y José Antonio Griñán -las tres que lideran el ranking de oficinas en el extranjero-, pero no nos olvidemos de que, con sus vinos, la Denominación de Origen Rioja hace patria por el mundo como pocos otros sellos de calidad españoles. Así que su mérito es doble.
Claro que al Ejecutivo riojano no le importa que identifiquen su producto con la "marca España", sino todo lo contrario. Y digo esto porque ustedes saben tan bien como yo que la proliferación de embajadas autonómicas trasciende, en algunos casos, más allá de los fines puramente comerciales a lo político. A esa obsesión de algunos por desvincularse de todo lo que tenga tintes rojigualdas.
No hay más que ver la airada reacción que tuvieron los nacionalistas cuando el martes el diputado del PP Carlos Floriano subió a la tribuna del Congreso para defender la creación de un Plan General de Marca España. Les confieso que sentí vergüenza ajena cuando escuché a Alfred Bosch, de ERC, proponer a los populares que utilicen como imagen "un toro con cuernos" o "el brazo incorrupto de Santa Teresa". Hasta un "sombrero mexicano" llegó a sugerir. Y yo que pensé que sólo los yanquis confundían España con México... qué equivocado estaba.
En cualquier caso, tiene gracia que Esquerra dé lecciones, teniendo en cuenta que fue precisamente Josep Luis Carod Rovira -presidente del partido independentista entre 2004 y 2008- el que siendo vicepresidente del Govern tripartito catalán hizo proliferar las embajadas catalanas como setas. Y, de paso, colocó a su hermano al frente de la de París.

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 artículo 4