Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20027832
Timestamp: 2019-09-20 07:31:21+00:00

Document:
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020027832CC-SENTENCIAC467200915/07/2009CC-SENTENCIA_C_467__2009_15/07/2009200278322009Sentencia C-467/09 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA- Configuración Referencia: expediente D-7460 Actor: Diego Alberto Zuleta García.
Diego Alberto Zuleta García.CONSTITUCIONALIDADMauricio González CuervoDemanda de inconstitucionalidad: contra el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".D7460Identificadores20020027833true44611Versión original20027833Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad: contra el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
Demanda de inconstitucionalidad: contra el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
El ciudadano Diego Alberto Zuleta García demandó la inconstitucionalidad del numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", por considerar que la disposición acusada es ajeno al principio de tipicidad en materia disciplinaria y por ende contrario al artículo 29 de la Carta. El texto demandado (subrayado) es el siguiente:
35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. (Nota: La expresión resaltada en el numeral anterior, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-328 de 2003)".
El inciso acusado otorga al operador disciplinario una amplia discrecionalidad para decidir si determinado comportamiento constituye un acto inmoral o no, lesionando el principio de legalidad, reconocido en los artículos 6º y 29 de la Carta y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en prevención de la arbitrariedad. Dicho principio es una garantía de la seguridad jurídica en tanto que permite a las personas determinar hasta donde va la protección jurídica relacionada con sus actos. Por lo tanto, "si bien la dogmática del derecho disciplinario permite la existencia de "números apertus" en las faltas disciplinarias, dicha tipicidad no puede desconocer el principio de "nullun crimen, nulla poena sine lege", que se erige como una garantía de la persona frente al poder punitivo del Estado". La indeterminación de la norma es tan ostensible, que no permite precisar la clase de actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres, con desconocimiento el principio de legalidad. Para sustentar esta afirmación cita la sentencia C-653 de 2001 en lo referente a la taxatividad de las conductas reprochables y la sentencia C-431 de 2004 que declaró inexequible el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003 que consagraba como falta grave "ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar".
Por último, afirma que la Corte Constitucional ha señalado que los regímenes disciplinarios no pueden elevar a la categoría de falta disciplinaria cualquier clase de comportamiento, sino exclusivamente aquellos que afectan la función pública que compete a los servidores del Estado, ya que otra interpretación conduciría a desconocer la cláusula general de libertad por la que opta la Carta. Por lo tanto, debe observarsemutatis mutandi en la definición de los tipos, los principios de legalidad, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, responsabilidad y proporcionalidad que son límites a la función disciplinaria de acuerdo al artículo 29 superior.
-. La Corte ha precisado que el derecho disciplinario pretende garantizar "la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo" (Sentencia C-341 de 1996), obligación que se vincula de modo inseparable al artículo 209 superior, porque sin un sistema punitivo dirigido a castigar la conducta se los servidores públicos, sería inadmisible que el Estado pudiese evaluar el cumplimiento de los principios de "igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad" a que se refiere la norma constitucional enunciada. Así, el inciso 9º acusado no puede ser inconstitucional, por cuanto la moral es un concepto reconocido en la Carta, que debe entenderse sobre la base de los deberes mínimos impuestos al ciudadano por el solo hecho de vivir en comunidad.
-. El artículo 29 de la Constitución Política exige que todos los procesos administrativos sancionatorios estén sujetos al principio de legalidad, según el cual, corresponde al Legislador determinar con precisión cuáles son las conductas reprochables que pueden ser castigadas por la Administración y así mismo cuáles son las sanciones que pueden ser impuestas en ejercicio de la potestad sancionadora. Para que este fin pueda alcanzarse, la ley debe señalar objetivamente cuáles conductas pueden ser objeto de reproche, sin que sea permitido que dicha determinación obedezca a conceptos jurídicos indeterminados de naturaleza subjetiva como "la moral o las buenas costumbres", que pueden variar de acuerdo con el criterio de cada operador jurídico, lo que atenta contra los principios de la legalidad y el derecho a la igualdad.
-. Existen varios antecedentes en los cuáles la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de normas jurídicas por ser violatorias del principio de legalidad, así: (i) en la sentencia C-431 de 2004 se declaró la inexequibilidad del numeral 1º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, reglamento disciplinario para las Fuerzas Militares, que consagraba como falta gravísima el "ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar", por las razones de indeterminación expuestas; (ii) en la sentencia C-570 de 2004 se declaró la inexequibilidad del literal e) del artículo 32 de la Ley 842 de 2003, que consagraba como prohibición general para los profesionales de la ingeniería el "ejecutar en el lugar donde ejerzan su profesión, actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres…", bajo las mismas consideraciones.
-. El principio de legalidad, que forma parte del debido proceso, se halla consagrado en varias normas constitucionales, principalmente en los artículos 6 y 29 que establecen que los servidores públicos no pueden ser juzgados "sino conforme a las leyes preexistentes" y que "sólo son responsables por infringir la constitución y la ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". Así mismo, acerca de la regulación de las atribuciones de los funcionarios públicos, los artículos 122 y 123, inciso 2, determinan que estos "ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento" y que "no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Por último, en cuanto a la responsabilidad de los empleados públicos, el artículo 124 superior establece que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos.
Se plantea si el numeral 9 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único-, que establece como causal de sanción disciplinaria el que se ejecuten por parte de los servidores públicos, en el lugar de trabajo, "actos que atenten contra la moral y buenas costumbres", desconoce los principios de legalidad y tipicidad que forman parte del debido proceso administrativo (CP 6 y 29) al imponer un tipo disciplinario ambiguo e indeterminado, que facilita la arbitrariedad, desconoce la taxatividad que es exigible a la acción punitiva del Estado y controvierte la necesaria conexión funcional entre las actividades que realiza el servidor público y las facultades o funciones que le son asignadas.
3.1. El artículo 243 de la Carta dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional[2], esto es, "adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo"[3]. Así, la cosa juzgada constitucional tiene como propósito, (i) salvaguardar la supremacía normativa de la Carta y (ii) garantizar a su vez, la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues "obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez constitucional en oportunidad diferente y de manera distinta"[4].
3.2. Como regla general, la Corte ha establecido que sus sentencias hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta[5], salvo que en la providencia correspondiente se haya limitado el alcance del control abstracto[6] de constitucionalidad. La cosa juzgada absoluta[7], indica, en los mismos términos descritos por el artículo 243 superior, que la norma estudiada en su momento no puede ser objeto de un nuevo pronunciamiento constitucional por considerarse "exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto de la Carta"[8]. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido excepciones al valor absoluto de la cosa juzgada constitucional, con base en lo expresado en la sentencia C-337 de 2007[9]: "La Corte Constitucional (…) puede determinar claramente los efectos de sus propios fallos[10] para asegurar la efectividad de los derechos constitucionales. La Corte, en consecuencia, puede limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional de sus providencias, con el propósito de promover tanto el acceso efectivo de los ciudadanos a la administración de justicia (Art. 229 C.P) y la interposición de las acciones públicas en defensa de la Constitución (Art. 40-6 C.P), como la seguridad jurídica, que exige decisiones judiciales definitivas y ciertas[11]. De este modo, si la Corte Constitucional no ha delimitado el alcance de la cosa juzgada en una sentencia de control de constitucionalidad, debe entenderse que ésta fue absoluta de acuerdo con el mandato consagrado en el artículo 243 de la Carta[12].
3.3. La demanda presentada por el señor Diego Alberto Zuleta García contra el inciso 9 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, fue admitida sobre la base de la inexistencia de cosa juzgada constitucional sobre la norma acusada, al momento de la admisión. No obstante, en el transcurso del proceso constitucional, esta Corporación profirió la sentencia C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa) dirigida igualmente contra el inciso 9 del artículo 35 del Código Disciplinario Único, en la que debió definir si el legislador desconoció la garantía de la tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al establecer un tipo sancionatorio de carácter indeterminado, concretamente, al prescribir como prohibición para todo servidor público, "ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres". En esta sentencia reciente, la Corte recordó que, si bien es cierto que en el sistema jurídico existen un sinnúmero de disposiciones normativas que contemplan conceptos jurídicos indeterminados, en ocasiones con un alto grado de vaguedad y ambigüedad, no siempre este tipo de expresiones son aceptadas constitucionalmente. La jurisprudencia ha determinado algunos de los casos en que el legislador debe abstenerse de emplear palabras y conceptos que por su grado de indeterminación pueden comprometer el ejercicio o el goce de derechos constitucionales. Tal es el caso de limitaciones que afecten las libertades de expresión, sindical o de ejercer una profesión u oficio, comprometiendo a la vez, la autonomía personal y el libre desarrollo de las personas.
3.5. En consecuencia, el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 fue excluido del ordenamiento jurídico por la Corte en sentencia C-350 de 2009, por vulnerar los principios de legalidad y tipicidad establecidos en el artículo 29 de la Constitución, tras decidir:declarar INEXEQUIBLE el numeral 9 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, "por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Único". En suma, ha operado en este caso el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, por lo que esta Corporación se estará a lo resuelto en la referida sentencia C-350 de 2009.
Estarse a lo resuelto ... (numeral 9 ) Artículo 35 LEY_734_2002_05/02/2002
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Unico".
El motivo por el cual hemos suscrito con aclaración de voto la decisión consistente en "Estarse a lo Resuelto en la sentencia C-350 de 2009, que declaró inexequible el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002" no es otro que el de dejar expresamente sentado que, en su oportunidad, no compartimos la decisión adoptada en la sentencia C-350 de 2009 que excluyó del ordenamiento jurídico disciplinario (Ley 734 de 2002) como conducta prohibida a los servidores públicos, la ejecución en el lugar de trabajo de actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres, en el entendido de que estos conceptos bien pueden referirse a comportamientos altamente reprochables, bajo criterios claramente identificables, que, objetivamente justifican su desaprobación, según quedó explicado en el salvamento de voto respectivo.
[5]Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6]Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]Sentencia C- 774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

References: artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
e contrario
 artículo 29
 artículo 59
 artículo 29
 artículo 209
 artículo 29
 artículo 59
 artículo 32
 artículo 124
 artículo 35
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 29
 artículo 35
 Artículo 35
 artículo 35
 artículo 35