Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4607
Timestamp: 2019-02-16 22:14:03+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2003-4607
Documento BOE-A-2003-4607
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2003, páginas 8988 a 9009 (22 págs.)
BOE-A-2003-4607
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2003/01/30/2
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución es uno de los problemas más complejos a los que se viene enfrentando la Comunidad Autónoma de Canarias desde su constitución. El innegable esfuerzo realizado hasta ahora, en especial con la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, y los tres Planes de Vivienda aprobados a su amparo (1988-1991, 1992-1995, 1996-1999), no pueden ocultar el déficit que existe de viviendas accesibles por las familias canarias de rentas bajas y medias.
La experiencia acumulada en estos años permite resumir en tres los escollos principales que dificultan, si no impiden, la solución del problema de vivienda en Canarias: La limitación de los recursos económicos disponibles, la escasez de suelo apto para la edificación y la complejidad y lentitud en la tramitación de los proyectos y promociones de viviendas sujetas a un régimen de protección pública. Los recursos públicos disponibles seguirán siendo limitados; las políticas de ajuste del gasto público, consecuencia de nuestra incorporación a la Unión Europea, lo imponen. Sin embargo, tras más de una década de tipos de interés altos, en los últimos años se ha producido una reducción drástica de los intereses de los préstamos hipotecarios, seguida de un fuerte incremento de la demanda de viviendas protegidas, que debe ser atendido por los poderes públicos canarios mediante la adopción de medidas jurídicas y económicas que den un nuevo impulso a la política autonómica de vivienda, abordando soluciones para cada uno de los problemas expuestos.
Este es el sentido de la presente Ley: Reordenar la intervención de las administraciones públicas en materia de vivienda, en especial en la promoción, financiación y reglamentación de las viviendas sujetas a un régimen de protección público, mediante un cambio de los modos y formas tradicionales de actuación pública en esta materia, estableciéndose, con carácter transitorio, la aplicación supletoria de las denominadas Normas Básicas de la edificación –NBE– a que se refiere la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, sin perjuicio, de que otra norma con rango de ley establezca en el futuro, dentro del ámbito de Canarias de los preceptos competencia autonómica las normas técnicas aplicables a la construcción de viviendas.
La Ley encomienda la gestión de las competencias ejecutivas en materia de vivienda a una nueva entidad pública, el Instituto Canario de la Vivienda, organismo autónomo del Gobierno de Canarias, y en cuyo consejo de administración participan los cabildos insulares; regulando su estatuto jurídico básico. Se abordan con este modo de gestión dos problemas principales: El primero, la coordinación de las funciones que la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas de Canarias otorga a los cabildos insulares y las que corresponden a la comunidad autónoma mediante procesos de desconcentración o mediante convenios interadministrativos; y el segundo, la sujeción del Instituto a un régimen jurídico singular, conforme al cual, se pretende agilizar y simplificar la gestión, sin menoscabo de las garantías que deben asegurar el buen uso de los fondos públicos, ni del derecho de los ciudadanos de acceder a esos fondos y a las viviendas protegidas.
No se trata de un intento de huir del derecho administrativo, tan sólo de utilizar de entre los instrumentos que ofrece ese ordenamiento aquéllos que permiten una gestión más rápida y eficiente. De otra parte, junto a los representantes autonómicos e insulares, en el máximo órgano de dirección del Instituto se prevé la incorporación de cuatro representantes de los municipios canarios de los cuáles al menos dos han de ser de municipios mayores de 100.000 habitantes. Esta representación supone el reconocimiento del papel fundamental que en la política de vivienda corresponde a estas entidades locales, que se viene materializando con la cesión de suelo para la promoción pública de viviendas, la adscripción en los instrumentos de planeamiento generales de suelo residencial para la construcción de viviendas protegidas, y en la participación en los procedimientos de adjudicación de las viviendas. Esta incorporación no supone que las competencias municipales pasen a ser gestionadas por el Instituto, únicamente, el reconocimiento de la tarea que vienen desempeñando en el marco de las previsiones de los artículos 25.2 d) y 28 de la Ley de Bases de Régimen Local.
La Ley aborda, a continuación, el problema de la escasez de suelo aprovechando un instrumento que viene siendo utilizado por otras Comunidades Autónomas y que recoge el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias: La afectación directa de suelo a la construcción de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento. En concreto, la Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación, a los que corresponde la determinación de los usos globales del territorio insular, y en su caso también a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios en los que es prioritaria, incluso perentoria, la construcción de viviendas protegidas y, por tanto, en las que debe centrarse el esfuerzo público, sin perjuicio de las actuaciones que fueran necesarias en municipios de otra naturaleza. La consecuencia básica de esa determinación es la obligación de que los instrumentos de planeamiento general de esos municipios destinen, al menos, el 20 por 100 del suelo urbanizable de uso residencial y del suelo urbano afectado por operaciones de reforma interior, a esa clase de uso residencial, sin que, se pueda destinar a este uso más del 50 por 100 del aprovechamiento del ámbito o sector en concordancia con lo establecido en el artículo 32.2.A.8 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. Para la cobertura de ese estándar urbanístico la Ley admite la afectación expresa de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados a éste. Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta medida y evitar la inactividad de los propietarios afectados, se declara causa de expropiación el incumplimiento del deber de edificación en los plazos que se señalen. Finalmente, se establece el deber de los promotores turísticos de colaborar en la construcción de viviendas protegidas para la población de servicios.
En atención a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias para fijar las normas sustantivas de las viviendas sujetas a protección pública, la Ley establece el régimen básico de esas viviendas, a las que se denomina viviendas protegidas. Se trata de un régimen común para todas las clases de viviendas que se definen en esta norma, sin perjuicio de las especialidades que se establecen para cada una de ellas. Los cambios más importantes que se introducen son: 1) en cuanto a las viviendas protegidas de promoción privada, y asimiladas, su régimen jurídico tiende a equipararse con el de las viviendas libres, reduciéndose la intervención, control y limitaciones administrativas a lo indispensable para garantizar el adecuado destino y empleo de los fondos públicos; y 2) una nueva modalidad de financiación, el subsidio de préstamos no cualificados, habida cuenta que los tipos de interés de los préstamos hipotecarios se encuentran en un nivel que permite a los adquirentes obtener en el mercado libre préstamos hipotecarios de iguales condiciones que los cualificados. En cuanto a los derechos de opción de compra, tanteo y retracto, la Ley establece la caducidad de estos derechos cuando transcurran más de tres meses desde la adopción de la decisión sin que se haya pagado el precio.
Se define el Plan de Vivienda como el instrumento que ordena y coordina todas las acciones públicas en materia de fomento del suelo protegido y la vivienda, estableciendo que en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma se habiliten los créditos suficientes para dar cobertura a su contenido y objetivos. La obligación de dotar presupuestariamente el Plan, a través del Fondo Canario de la Vivienda, es el contrapeso obligado de la imposición de un estándar urbanístico que obliga tanto a los municipios, como a los propietarios y promotores privados. Con ello se pretende, además, dotar de recursos la política autonómica de vivienda, tradicionalmente limitada.
Finalmente, siguiendo la estela de otras Comunidades Autónomas, la Ley actualiza y acomoda a los principios del ordenamiento jurídico vigente, el régimen de la potestad de desahucio y el de la potestad sancionadora en materia de vivienda y, en particular, en viviendas protegidas, así como el procedimiento para su ejercicio.
La presente Ley tiene por objeto regular las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, previsto por el artículo 47 de la Constitución, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
La intervención en materia de vivienda se regirá por los siguientes principios:
a) Promover y fomentar el acceso de los ciudadanos canarios a una vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de menos recursos.
c) Garantizar la seguridad, habitabilidad y calidad de las viviendas en las islas.
e) Acercar la gestión pública en materia de vivienda a los ciudadanos, con especial atención al hecho insular.
De la Organización Administrativa en Materia de Vivienda
De las Administraciones Públicas competentes
Artículo 3. Ejercicio de las competencias.
Las competencias en materia de vivienda serán ejercidas por:
d) El Instituto Canario de la Vivienda.
e) Los Consorcios Insulares de Vivienda.
De las competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Artículo 4. Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
a) La potestad reglamentaria en materia de viviendas protegidas, en particular la regulación de los requisitos objetivos y subjetivos para acceder a las ayudas públicas, las clases de ayudas públicas y las limitaciones de uso, destino y disposición que sean precisas.
Asimismo le corresponde la potestad reglamentaria en materia de vivienda, en particular el desarrollo de la legislación autonómica y estatal sobre edificación, seguridad, higiene, habitabilidad, diseño y calidad de las mismas, así como en materia de protección del consumidor y usuario de las viviendas.
f) La aprobación del Plan Canario de Vivienda, así como la aprobación definitiva de los programas de vivienda.
g) La potestad expropiatoria para la ejecución de los Planes de Vivienda.
h) Cuantas otras competencias no hayan sido atribuidas a otras administraciones públicas.
De las competencias de los Cabildos Insulares y Ayuntamientos
Artículo 5. Competencias de los cabildos insulares.
1. Los cabildos insulares, en los términos de la legislación autonómica, son titulares de las siguientes competencias:
a) Policía de vivienda.
b) Conservación y administración del parque público de viviendas de ámbito insular.
c) Coordinar la intervención municipal en la gestión del parque público de vivienda.
2. Las competencias enunciadas en las letras a) y b) del apartado anterior serán ejercidas por el Instituto Canario de la Vivienda cuando así se convenga entre el propio Instituto y el cabildo correspondiente.
3. Asimismo, previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, los cabildos insulares podrán asumir la ejecución del Plan de Vivienda en su isla respectiva, así como cuantos otros asuntos acuerden con el Instituto Canario de la Vivienda, directamente o, en su caso, a través del Consorcio Insular de Vivienda al que se refiere el artículo 3 e) de esta Ley.
Artículo 6. Competencias de los ayuntamientos.
1. Los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son titulares de las siguientes competencias:
a) Control sanitario de viviendas.
b) Promoción y gestión de viviendas.
c) Gestión, administración y conservación del parque público de viviendas de titularidad municipal.
2. Previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda, o con el Cabildo Insular correspondiente, en su caso, los ayuntamientos y sus entidades instrumentales podrán asumir la gestión, administración y conservación del parque público de viviendas que no sea de su titularidad, radicado en su término municipal.
3. Los ayuntamientos controlarán las condiciones de habitabilidad de las viviendas y su adecuación a la normativa reglamentaria que con tal fin establecerá el Gobierno de Canarias, otorgando la correspondiente cédula.
Del Instituto Canario de la Vivienda
Artículo 7. Del Instituto Canario de la Vivienda.
1. Para la gestión de las competencias en materia de vivienda atribuidas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los cabildos insulares se crea el Instituto Canario de la Vivienda como organismo autónomo de la Comunidad. El Instituto podrá, asimismo, asumir mediante convenio la gestión de las competencias de los cabildos insulares en materia de vivienda.
2. El Instituto Canario de la Vivienda tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio propio y autonomía funcional, para el ejercicio de sus competencias.
c) Elaborar el anteproyecto de Plan de Viviendas de Canarias y los proyectos de programas que lo desarrollen.
l) Cualquier otra función ejecutiva que, en materia de vivienda, le encomiende el Gobierno de Canarias.
Artículo 9. Modos de gestión.
El Instituto Canario de la Vivienda podrá ejercer sus competencias y funciones por cualquiera de los modos de gestión, directa o indirecta, admitidos en Derecho.
Artículo 10. Oficinas de Vivienda.
En las islas donde no exista un Consorcio Insular de Vivienda, se constituirá una Oficina Insular de Vivienda, dependiente funcionalmente del Instituto Canario de la Vivienda, e integrada orgánicamente en cada cabildo insular, con funciones de ventanilla única en las relaciones de los ciudadanos con aquél.
1. El Instituto Canario de la Vivienda se estructura en los siguientes órganos básicos:
2. La estructura orgánica del Instituto Canario de la Vivienda se desarrollará en sus estatutos.
1. El Consejo de Dirección es el órgano de gobierno, dirección y gestión del Instituto con las más amplias facultades.
2. Este órgano está formado por:
a) El Presidente, que lo será el Consejero del Gobierno competente en materia de vivienda. La sustitución del Presidente, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, se regulará en los estatutos del Instituto.
b) El Vicepresidente, que será nombrado por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
Ocho nombrados por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
Un representante de cada uno de los cabildos insulares, designados por cada corporación.
Cuatro, en representación de los ayuntamientos, nombrados por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la asociación más representativa de los municipios canarios, de los cuáles dos corresponderán a municipios con población superior a cien mil habitantes.
3. El Consejo de Dirección funcionará en Pleno y a través de una Comisión Ejecutiva. El Pleno del Consejo de Dirección se compone de los miembros descritos en el apartado anterior, y la Comisión Ejecutiva de los siguientes:
d) Dos de los representantes del Gobierno de Canarias, designados por el Gobierno de entre sus representantes en el Pleno del Consejo de Dirección.
e) Tres de los representantes de los cabildos insulares, elegidos por los vocales representantes de los cabildos insulares en el Pleno del Consejo de Dirección.
f) Dos de los representantes de los ayuntamientos, elegidos por los vocales representantes de la asociación más representativa de los municipios canarios en el Pleno del Consejo de Dirección, uno de los cuáles, al menos, será de los municipios de más de cien mil habitantes.
4. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la mitad de los votos en el Consejo de Dirección, correspondiendo al Presidente dirimir con su voto los empates que se produzcan.
5. Los estatutos fijarán los mecanismos que permitan la participación de los promotores y de los consumidores y usuarios de viviendas protegidas, en la deliberación de los asuntos que puedan afectarles, con voz y sin voto.
Artículo 13. Funciones del Consejo de Dirección.
1. Corresponden al Consejo de Dirección las funciones que se establezcan en los estatutos del Instituto.
2. El Consejo de Dirección ajustará su funcionamiento a las normas sobre órganos colegiados de la legislación de procedimiento administrativo común.
3. Los actos del Consejo de Dirección ponen fin a la vía administrativa.
4. El Consejo de Dirección es el órgano de contratación del Instituto.
5. Corresponderá al Consejo de Dirección la revisión de oficio de los actos nulos, la declaración de lesividad de los actos anulables y la resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que pudieran formularse.
El Presidente ostentará la representación oficial del Instituto y cuantas facultades le sean atribuidas por los Estatutos.
Artículo 15. El Director.
1. El Director será nombrado y cesado por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda.
2. El Director ejercerá la gestión ordinaria del Instituto y las tareas ejecutivas y las funciones de gestión y representación en la forma que se determine en los estatutos.
El Secretario será designado por el Consejo de Dirección a propuesta del Presidente. Asistirá técnicamente a los demás órganos del Instituto, además de la realización de las restantes tareas que le asignen los estatutos.
Artículo 17. Facultades y beneficios.
1. El Instituto tiene plena capacidad para adquirir, poseer, reivindicar y enajenar toda clase de bienes, obligarse, celebrar contratos, ejercitar acciones y excepciones, interponer recursos, siempre que tales actos se realicen para el cumplimiento de los fines que constituyen su objeto.
2. En el ejercicio de sus funciones, el Instituto goza de los beneficios, exenciones y franquicias de cualquier naturaleza que la legislación atribuya a las administraciones públicas de Canarias.
3. El Instituto Canario de la Vivienda tiene la condición de beneficiario a efectos de expropiación forzosa cuando sea preciso para el cumplimiento de sus fines, tramitando a tal efecto los correspondientes expedientes.
1. Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Canario de la Vivienda tendrá un patrimonio propio formado por todos aquellos bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y del que forman parte los que le atribuya la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. A los efectos de lo previsto en el número anterior, todas las viviendas protegidas, con todos sus elementos anexos como locales y garajes, así como todos los inmuebles destinados a ese uso, de titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se atribuyen al Instituto, pasando a integrarse en su patrimonio propio.
3. El Instituto Canario de la Vivienda dispondrá libremente de los bienes que, de conformidad con el punto anterior, se integren en su patrimonio. En particular, y a través de los órganos que determinen sus Estatutos, le corresponden todas las facultades de administración y gestión de esos bienes, así como las de gravamen, cesión y enajenación, siendo de su competencia la declaración de alienabilidad, previa a su venta o cesión gratuita.
En materia de gravamen, cesión y enajenación de las viviendas protegidas y de sus anejos, de los locales, edificaciones y equipamiento complementarios de las mismas, y de los demás elementos destinados a la construcción de viviendas protegidas, el Instituto Canario de la Vivienda se acomodará a los principios de la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiéndose regular reglamentariamente el procedimiento a seguir. En todo caso, cuando el valor fijado por tasación pericial del inmueble supere 3.005.060,52 euros, la enajenación deberá ser autorizada, previamente, por el Gobierno de Canarias.
En el caso de enajenaciones gratuitas se aplicarán las mismas reglas del párrafo anterior, correspondiendo la competencia al Instituto, sin que sea necesaria una ley de autorización. En estos casos, el Instituto dará cuenta de la enajenación al Parlamento, a través del Gobierno de Canarias. No obstante, en el caso de cesión gratuita de suelo a empresas vinculadas o dependientes del Instituto bastará con el acuerdo de su máximo órgano de gobierno.
4. Los Estatutos determinarán las reglas de disposición, gravamen y enajenación de los bienes muebles del Instituto y los órganos competentes en cada caso.
5. El Instituto dispondrá de bienes cedidos por las administraciones públicas canarias en los términos que en cada caso se convengan.
6. El Instituto formará y mantendrá actualizado un inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos o cedidos, con excepción de los de carácter fungible. El inventario se revisará, en su caso, anualmente, con referencia al 31 de diciembre y se someterá a aprobación del Consejo de Dirección. El inventario de bienes se remitirá anualmente a la Consejería competente en materia de patrimonio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los efectos de su incorporación formal al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
7. Los medios económicos con los que cuenta el Instituto son los siguientes:
a) Los bienes y valores que integren su patrimonio, junto con los productos y rentas que obtenga del mismo.
b) Los bienes cedidos por cualquier Administración Pública.
c) Las consignaciones específicas que tuviere asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y especialmente la dotación del Fondo Canario de Vivienda.
e) Los préstamos u otras formas de endeudamiento para la realización de su actividad, dentro de los límites que establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
g) Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda recibir, incluidos los intereses de las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y de los suministros complementarios a las mismas.
Artículo 19. Régimen presupuestario, financiero y de control.
1. El régimen económico-financiero del Instituto se acomodará al que corresponde a los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las singularidades recogidas en esta Ley.
2. El Instituto Canario de la Vivienda estará sujeto al régimen de contabilidad pública aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Los presupuestos del Instituto serán elaborados por su Consejo de Dirección y elevados al Consejero competente en materia de vivienda, que los remitirá al competente en materia de hacienda para su elevación al Gobierno, e incluido dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. La intervención y control financiero del Instituto corresponde a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, directamente o a través de la designación de una intervención delegada.
5. En lo que se refiere a la gestión del Fondo Canario de la Vivienda, la función de intervención y control financiero se ajustará al régimen de fiscalización previa limitada y fiscalización plena posterior. La fiscalización previa limitada se ceñirá a comprobar los siguientes extremos:
a) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pretende contraer.
Artículo 20. Personal.
1. Los medios personales del Instituto están formados por:
a) El personal propio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) El personal propio del Instituto, en régimen laboral, en su caso.
2. El Instituto Canario de la Vivienda elaborará su relación de puestos de trabajo que será aprobada por el Gobierno a propuesta conjunta de los consejeros competentes en materia de función pública y de hacienda a iniciativa del propio Instituto.
3. Las Oficinas Insulares de Vivienda se dotarán con personal propio que le adscriba el cabildo insular correspondiente y, en su caso, el Instituto.
1. En el ejercicio de potestades administrativas, el Instituto se sujeta a la legislación de procedimiento administrativo común.
2. En materia de contratación de bienes y servicios, el Instituto queda sujeto a la legislación de contratos de las administraciones públicas en los mismos términos que las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las administraciones públicas territoriales.
3. El Instituto se regirá por normas jurídico-administrativas en las relaciones con los promotores, constructores, adquirentes, arrendatarios o usuarios de viviendas, cuando traigan causa del ejercicio de sus competencias.
4. Corresponde al Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias la asistencia jurídica del Instituto y su representación y defensa en juicio.
5. La relación del Instituto Canario de la Vivienda con el Gobierno de Canarias se canalizará a través de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de vivienda.
El Instituto Canario de la Vivienda tendrá su sede en el lugar que lo tenga la Consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de vivienda.
Artículo 23. Estatutos.
1. Los estatutos del Instituto Canario de la Vivienda regularán su organización, funcionamiento y régimen jurídico, y serán aprobados por el Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de vivienda, previa aprobación provisional por el Consejo de Dirección.
2. El Instituto se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en sus Estatutos.
Artículo 24. La Comisión de Vivienda.
1. Como órgano de participación y consulta se constituirá la Comisión de Vivienda para el ejercicio de las siguientes tareas:
a) Promover y canalizar iniciativas y estudios sobre la situación de la vivienda en Canarias, en particular el chabolismo, la infravivienda y los problemas de la autoconstrucción.
b) Informar el proyecto de Plan de Vivienda y los proyectos de programas de vivienda.
c) Informar sobre las prioridades de actuación, así como sobre los criterios de selección y adjudicación de viviendas con protección pública.
d) Informar sobre la adjudicación de las promociones públicas de viviendas.
e) Informar sobre todas aquellas materias que los distintos órganos del Instituto sometan a su consideración.
2. La Comisión de Vivienda está formada por un máximo de treinta miembros en representación de las administraciones públicas canarias, de los Colegios Profesionales, de los promotores y constructores de viviendas, de los consumidores y usuarios, dos representantes de los sindicatos más representativos, y de otros agentes sociales que desarrollen actividades vinculadas con la vivienda, que serán designados en la forma que reglamentariamente se determine. Será su Presidente el Director del Instituto y su Secretario el que lo sea del Consejo de Dirección.
De los Consorcios Insulares de Vivienda
Artículo 25. Consorcios Insulares de Vivienda.
1. Para el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 5, así como las que por delegación o convenio les sean atribuidas por el Instituto Canario de la Vivienda, los cabildos insulares junto con, al menos, el 50 por 100 de los ayuntamientos de la isla, podrán constituir un Consorcio Insular de Vivienda con personalidad jurídica propia, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
2. Los estatutos de los consorcios establecerán las particularidades de su régimen funcional y financiero y en sus órganos de decisión estarán representadas todas las entidades consorciadas. A estos efectos se estructurará en los siguientes órganos:
A) El Presidente que será el del cabildo.
B) El Consejo de Dirección, integrado por:
Un representante por cada uno de los ayuntamientos consorciados.
Cuatro representantes del Cabildo Insular, designados por el pleno que ostentarán un voto ponderado equivalente al 50 por 100 de los votos del Consejo, ostentando el presidente el voto de calidad.
El Director del Consorcio que, con competencias ejecutivas para la gestión ordinaria, sea designado por el Consejo a propuesta del presidente, y el Secretario del cabildo, que lo será también del Consorcio, ambos con voz y sin voto.
3. Los consorcios contarán con el personal que les adscriban las administraciones consorciadas y, en su caso, el Instituto Canario de la Vivienda.
Artículo 26. De los municipios de preferente localización de viviendas protegidas.
Artículo 27. De la afectación de suelo en el planeamiento municipal.
1. En los municipios declarados de preferente localización de viviendas protegidas, los planes generales habrán de destinar a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública como mínimo el 20 por 100 del total del suelo residencial útil, sea urbano inmerso en operaciones de reforma interior que deban ser ejecutadas mediante unidades de actuación, siempre que sea técnicamente posible, o sea suelo urbanizable.
3. La determinación ordenada por el anterior número se establecerá en suelo urbanizable por un período de cuatro años, prorrogables por una sola vez por otros dos años por el ayuntamiento competente a petición del Instituto Canario de Vivienda de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, computándose la iniciación de los plazos, a partir de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, de su modificación o revisión.
Cuando se trate de suelo urbano los plazos serán la mitad de los señalados para el suelo urbanizable.
El fomento público del suelo destinado a viviendas protegidas tiene por objeto facilitar e impulsar la urbanización y, en su caso, la adquisición de suelo para destinarlo a aquél uso, ya sea por parte de las administraciones públicas competentes, ya sea por promotores privados.
Artículo 29. Actuaciones protegibles.
Artículo 30. Modalidades de financiación.
Artículo 31. Relaciones interadministrativas.
Artículo 33. Superficie.
Artículo 35. Calidad.
Artículo 36. Precio de venta y renta.
Artículo 37. Requisitos de acceso.
Artículo 38. Financiación.
Artículo 39. Limitaciones a la capacidad de disponer.
Artículo 40. Contenido obligatorio de los contratos.
Artículo 41. Efectos por incumplimiento.
Sección 1.ª De promoción pública
Artículo 43. Objetivos.
Artículo 44. Modalidades.
Artículo 45. Parque público de viviendas.
Artículo 47. Criterios de adjudicación.
Artículo 48. Modos de acceso.
4. El Gobierno de Canarias con relación a las viviendas de promoción pública y a las de régimen especial en alquiler, que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores, podrá establecer subvenciones o ayudas a la adquisición y arrendamiento de las mismas, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios. En ningún caso, la cantidad mensual a abonar en concepto de alquiler de la vivienda podrá exceder del 12 por 100 de los ingresos mensuales de la unidad familiar. En atención a las circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios, en especial en caso de desempleo, la Administración Pública competente podrá conceder bonificaciones al pago de la renta e, incluso, autorizar la interrupción del pago de la misma, en las condiciones y con las garantías que se fijen reglamentariamente.
Artículo 49. Duración del régimen legal de protección.
Artículo 50. Conservación y administración.
Sección 2.ª De promoción privada
Artículo 52. Beneficiarios.
1. Los adquirentes que reúnan los requisitos de capacidad económica que se establezcan, previo reconocimiento por la Administración Pública competente, podrán acceder, dentro de las disponibilidades presupuestarias, a la financiación cualificada. Asimismo, y en los casos que se determinen, podrán acceder a la financiación cualificada los arrendatarios o promotores para uso propio, salvo que estos últimos se acojan al régimen de autoconstrucción al que se refiere la Sección 3.ª del presente capítulo.
Artículo 53. Modos de acceso.
Artículo 54. Transmisión.
Sin perjuicio de que el régimen de protección se extienda a lo que establezcan las legislaciones estatal y autonómica, las viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento podrán ser transmitidas a los arrendatarios o a terceros que cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley, una vez transcurrido el plazo de cinco años en régimen de arrendamiento y amortizado, en su caso, el préstamo hipotecario correspondiente, en los términos en que se disponga reglamentariamente.
Sección 3.ª De la autoconstrucción
Artículo 56. Requisitos.
Sección 4.ª De otras viviendas protegidas
Artículo 57. Clases, régimen jurídico y financiación.
Sección 1.ª De la adquisición protegida de viviendas
Sección 2.ª De la rehabilitación de viviendas y otros edificios
Artículo 62. Fines.
Artículo 63. Requisitos.
Artículo 64. Derecho de adquisición preferente.
1. Estarán sujetos a los derechos de tanteo y retracto en favor del Instituto Canario de la Vivienda, o en su caso, de la entidad pública promotora, las segundas o posteriores transmisiones onerosas de las viviendas protegidas y sus anejos, cuando el conjunto de las ayudas otorgadas por las administraciones públicas haya sido igual o superior al 15 por 100 del precio de la vivienda al tiempo de su adquisición.
Artículo 66. Precio de venta.
Artículo 67. Caducidad del ejercicio de los derechos de adquisición preferente y de tanteo y retracto.
Artículo 68. Causas.
Artículo 69. Procedimiento.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en artículo 68.1 a) se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10 por 100 sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.
Expirado dicho plazo sin que se hubiere abonado en su totalidad la cantidad adeudada, se dictará resolución de desahucio que se notificará al interesado concediéndole un nuevo plazo de quince días para que haga efectivo el pago y el recargo aplicable, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario.
En el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desahucio por falta de pago contra un mismo adjudicatario en un período de tres años consecutivos, en la última resolución que se dicte no cabrá la enervación de un nuevo lanzamiento mediante el abono de la deuda contraída, ejecutándose el mismo en todo caso.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por quince días, el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución.
Artículo 70. Suspensión del procedimiento.
Artículo 71. Precinto cautelar.
Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1 c), el órgano competente para resolver podrá acordar el precinto cautelar de la vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
Artículo 72. Competencia.
Artículo 73. Objeto.
Artículo 74. Contenido.
Artículo 75. Procedimiento y aprobación del Plan de Vivienda.
Artículo 76. De los programas de vivienda.
A los efectos de esta Ley se entiende por vivienda libre toda edificación destinada a morada o habitación, permanente o por temporada, promovida por persona física o jurídica, pública o privada, que no esté acogida a los regímenes de protección pública de la vivienda y cumpla los requisitos que exija la normativa vigente. Las administraciones públicas canarias velarán para que la vivienda libre reúna los requisitos de habitabilidad, calidad y seguridad legalmente exigibles.
Artículo 78. Regulación.
f) Uso, conservación y rehabilitación adecuados.
Artículo 79. Ubicación de las viviendas.
Artículo 80. Cédula de habitabilidad.
Para que una edificación pueda ser considerada como vivienda libre será imprescindible disponer de la cédula de habitabilidad expedida por el ayuntamiento competente. Reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos necesarios para su obtención.
Artículo 81. Finalidad.
c) El cumplimiento de las normas necesarias para la obtención de la cédula de habitabilidad.
2. A tal efecto se tipifican las conductas constitutivas de infracción, se regula un sistema de sanciones y se establecen los elementos esenciales del procedimiento para su exigibilidad, con sujeción a los principios sobre la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de la legislación sobre procedimiento administrativo común.
c) Ocupar las viviendas antes de obtener la cédula de habitabilidad o la calificación definitiva sin la preceptiva autorización administrativa.
d) No hacer constar el número de la cédula de habitabilidad o la calificación definitiva en los contratos de suministro de los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas.
c) La inexactitud intencionada en los documentos y certificaciones expedidos por los promotores o por la dirección facultativa de las obras.
d) La falta de obtención de la cédula de habitabilidad, imputable al promotor, a partir de la certificación final de la obra, mediando sobre la vivienda derecho de tercero.
e) Incumplir las resoluciones sobre la realización de obras destinadas a conseguir las condiciones de habitabilidad.
f) Ejecutar obras o realizar actividades que provoquen la pérdida del nivel de habitabilidad de una vivienda o de las colindantes a la misma.
g) Suministrar los servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones a viviendas que no dispongan previamente de la preceptiva cédula de habitabilidad en vigor, o de la calificación definitiva como vivienda protegida.
h) Arrendar viviendas que no reúnan las condiciones de habitabilidad exigidas por la normativa vigente.
i) Incumplir los principios de veracidad y objetividad, así como la inducción a la confusión en la publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de viviendas.
j) Incumplir los requisitos necesarios para recibir cantidades a cuenta y de todos aquellos que se exijan previamente a la venta o el arrendamiento de viviendas en proyecto, en construcción o finalizadas.
k) No incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cuantas cláusulas sean obligatorias legal o reglamentariamente.
l) Incluir en los contratos de compraventa o arrendamiento cláusulas que tengan la consideración de abusivas por la legislación vigente.
m) Celebrar contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas sin cumplir los requisitos de formalización obligatorios.
n) La negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de la Administración competente.
ñ) No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual o permanente de su propietario o arrendatario, sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa de desocupación.
o) Alterar el régimen de uso y destino de la vivienda establecido en la calificación definitiva sin obtener la previa autorización administrativa.
p) Incumplir las obligaciones de gestión, administración, mantenimiento y conservación de las viviendas protegidas, así como de las zonas y elementos comunes anejos a las mismas.
q) Realizar obras tanto en las viviendas protegidas como en las zonas y elementos comunes sin haber obtenido previamente las preceptivas autorizaciones administrativas.
r) Incumplir la obligación de ocupar la vivienda protegida en los plazos establecidos reglamentariamente.
s) Incumplir los plazos para la venta o arrendamiento impuestos a los promotores por la normativa vigente.
t) Incumplir los requisitos a los que están obligados los promotores en la publicidad de las ventas o arrendamientos de las viviendas protegidas.
u) Causar daños graves en las viviendas o sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias que sean de titularidad pública.
v) Falsear los requisitos, documentación y datos exigibles para acceder a las viviendas protegidas, así como para obtener la financiación, beneficios, ayudas o subvenciones establecidas por la normativa vigente.
w) Transmitir una vivienda protegida a terceros sin cumplir con los requisitos exigidos ni contar con la previa autorización administrativa.
x) Utilizar más de una vivienda protegida cualquiera que sea su título, salvo lo dispuesto en favor de familias numerosas.
y) Ocupar una vivienda protegida sin título legal para ello.
z) La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a los requisitos de habitabilidad de las viviendas o a los elementos de terminación o acabado de las obras, y que se manifiesten dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de la cédula de habitabilidad o calificación definitiva.
b) La negligencia de los promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras que diese lugar a vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales de la edificación, que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio y se manifiesten dentro de los cinco años siguientes al otorgamiento de la cédula de habitabilidad o calificación definitiva.
1. Sólo podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones a que se refiere la presente Ley las personas físicas o jurídicas que resulten ser responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.
2. Cuando una infracción se impute a una persona jurídica, podrán considerarse responsables, además, a las personas físicas integrantes de sus órganos rectores o de dirección que hubiesen autorizado o consentido la comisión de la infracción.
3. La responsabilidad de los distintos agentes de la edificación se exigirá de acuerdo con el reparto de competencias realizado por la legislación sobre ordenación de la edificación.
Artículo 86. Locales y edificaciones complementarias.
Artículo 87. Sanciones pecuniarias.
Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con multa en las siguientes cuantías:
Independientemente de las sanciones previstas en el artículo anterior, los responsables de infracciones graves o muy graves podrán ser sancionados, además, con:
a) La descalificación de la vivienda protegida, con pérdida de los beneficios o ayudas concedidas cualquiera que fuese su denominación.
b) La pérdida de la calificación de suelo protegido, con los mismos efectos que el apartado anterior.
c) Inhabilitación temporal de hasta dos años por infracciones graves o hasta cinco por infracciones muy graves, para intervenir en la formación de proyectos o en la construcción de viviendas protegidas en calidad de promotores, constructores, colaboradores, técnicos o encargados de obras. Para imponer esta sanción será necesario dar audiencia al colegio profesional u organismo representativo.
Artículo 89. Graduación de las sanciones.
Artículo 90. Medidas complementarias.
1. La comisión de infracciones graves o muy graves en materia de viviendas de protección oficial podrá dar lugar, independientemente de las sanciones que correspondan, al desahucio, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad o la pérdida del derecho de uso, de conformidad con la legislación vigente.
2. La comisión de una infracción grave o muy grave podrá originar la revocación de la cédula de habitabilidad, cuando la infracción haya determinado una pérdida en las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por la legislación.
3. El órgano competente para sancionar, en la resolución de los expedientes sancionadores, podrá exigir al infractor el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
En este caso, la ejecución en plazo de las obras podrá dar lugar a la condonación parcial de la sanción hasta un máximo del 50 por 100 de su cuantía.
4. Cuando la comisión de una infracción hubiera ocasionado daños y perjuicios a la Administración Pública, en la resolución del procedimiento sancionador se podrá exigir su indemnización cuando su cuantía haya quedado determinada en el procedimiento. Si esto último no fuera posible, se instruirá un procedimiento complementario cuya resolución será ejecutiva.
Artículo 91. Publicidad de sanciones y medidas complementarias.
Las sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las medidas complementarias previstas en este Capítulo podrán ser objeto de publicación en el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vivienda previsto en la presente Ley, se ajustará a las prescripciones de la legislación general sobre ejercicio de la potestad sancionadora, con las particularidades previstas en los artículos siguientes.
2. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia por los mismos hechos tipificados como infracciones en materia de vivienda, suspenderá en todo caso los expedientes sancionadores que se hubieran incoado o las resoluciones que se hubieren acordado cualquiera que hubiese sido su sanción.
4. Con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador, podrá el órgano competente abrir un periodo de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la procedencia de iniciar el procedimiento.
Artículo 93. Medidas de carácter provisional y cautelares.
e) Prestación de fianzas en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 94. Plazo de resolución.
El plazo de resolución de los procedimientos sancionadores a que se refiere la presente Ley será de seis meses a partir de la fecha del acuerdo de iniciación del expediente o de dos meses en los procedimientos simplificados por infracciones leves.
Artículo 95. Competencia.
a) El Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el Consejo de Dirección del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones muy graves.
b) El Director del Instituto Canario de la Vivienda o, en su caso, el presidente del Consorcio Insular de Vivienda, en las sanciones impuestas por infracciones leves y graves.
2. El órgano competente para la imposición de las multas lo será también para la imposición de las sanciones accesorias previstas en el artículo 88 de esta Ley.
Artículo 96. Ejecutividad.
Artículo 97. Vía de apremio.
Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, cuando, previo apercibimiento, el interesado no satisfaga el importe de las sanciones impuestas, no abone las indemnizaciones que pudieran acordarse al amparo del artículo 90.4, o no reintegre a la Administración las cantidades indebidamente percibidas, en el plazo de quince días siguientes a su requerimiento.
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento, cuando no se hubieren ejecutado las obras dentro de los plazos a que se refiere el artículo 90.3 c) de la Ley.
1. Cuando la resolución hubiere acordado la ejecución de obras podrán imponerse multas coercitivas, previo apercibimiento, a partir del décimo día del vencimiento del plazo establecido en el artículo 90.3 c) en cuantía de sesenta euros diarios.
3. En caso de impago, el importe de estas multas será exigido por la vía de apremio a que se refiere el artículo 97 de la presente Ley.
Artículo 100. Prescripción.
Las leves a los seis meses,
Las graves a los tres años y
2. Las sanciones tipificadas en la presente Ley prescribirán:
Las leves al año,
Las graves a los dos años y
3. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse, se interrumpirán y reanudarán según lo dispuesto en la legislación estatal general sobre ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 101. Caducidad.
1. Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sancionador sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.
2. Se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, cuando haya transcurrido el plazo de resolución previsto en el artículo 94 sin que la misma haya sido notificada al interesado.
3. A los únicos efectos de su conocimiento, el acuerdo que declare el archivo de las actuaciones por caducidad del procedimiento se notificará al interesado.
Disposición adicional primera. De las empresas públicas en materia de vivienda.
Disposición adicional segunda. De la financiación de las actuaciones reguladas en esta Ley.
Disposición adicional tercera. Del ámbito de aplicación de los derechos y potestades que se reconocen a la Administración en materia de vivienda.
1. Los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, la potestad de desahucio administrativo y la potestad sancionadora, reguladas en la presente Ley, son de aplicación a cuantas viviendas estén sujetas a un régimen de protección pública, sean viviendas protegidas o viviendas sujetas a la legislación de viviendas de protección oficial, cualquiera que haya sido el momento de su calificación, siempre que concurran los presupuestos que esta Ley exige en cada caso para su ejercicio.
Disposición adicional cuarta. Del órgano competente de la Administración autonómica para la transmisión de suelo.
En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al titular del departamento competente en materia de vivienda, el ejercicio de la competencia a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.
Disposición adicional quinta. De las delegaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Disposición adicional sexta. De la aportación de suelo urbanizado por los ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública y su contribución en la financiación de las mismas.
Disposición adicional séptima. De la amortización de la deuda existente sobre bienes atribuidos al Instituto Canario de la Vivienda.
Disposición adicional octava. De los pisos tutelados.
Disposición adicional novena. Contribución de los promotores turísticos a la construcción de viviendas protegidas.
Disposición adicional décima. De la constitución y los estatutos del Instituto Canario de la Vivienda.
Disposición adicional undécima. Reconstrucción de viviendas por afección de infraestructuras.
1. Las edificaciones existentes que constituyan residencia permanente y las instalaciones anexas destinadas a las actividades de sus moradores, ubicadas en cualquier clase de suelo, no comprendidas en las categorías de protección ambiental previstas en el artículo 55 a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que fuere preciso demoler total o parcialmente, con motivo de la ejecución de una obra o servicio público, declarado de interés general, podrán ser sustituidas mediante la reconstrucción de otras similares emplazadas en el mismo ámbito territorial, siempre que la sustitución se incluya en el proyecto definitivo aprobado por el órgano de la administración competente, y se cumplan los siguientes requisitos:
El volumen de la nueva construcción no sobrepase al que sustituye.
El uso al que se destine tenga la misma naturaleza que el de la sustituida.
Su emplazamiento se lleve a cabo en el lugar más próximo posible al ocupado originariamente, sin perjuicio de las limitaciones a la propiedad establecidas por la legislación sectorial que le resulte de aplicación.
Que la construcción que se pretenda sustituir, no estuviera afectada por orden de demolición o por expediente sancionador como consecuencia de infracción contra la ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística, mientras no haya recaído resolución definitiva.
Disposición adicional duodécima. Modificación del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
A) Serán preceptivas las disposiciones de directa aplicación del planeamiento territorial, salvo que en el mismo se establezca un específico régimen transitorio. A tal efecto, será nula cualquier disposición del planeamiento urbanístico que contravenga determinaciones de directa aplicación del planeamiento territorial que le resulte jerárquicamente aplicable.
B) Los suelos reclasificados como suelo rústico por los planes insulares en aplicación del apartado 19.b de este texto refundido, deberán clasificarse como suelo rústico de protección territorial, salvo que incluyan valores naturales, culturales o económicos susceptibles de ser protegidos mediante otra categoría de suelo rústico.
C) A los suelos clasificados como urbanizables en áreas en las que el planeamiento territorial o la actual normativa no admita este tipo de clasificación se aplicarán los siguientes criterios:
1.º Suelo urbanizable no programado o apto para urbanizar sin contar con plan parcial aprobado, se reclasificarán como Suelo Rústico de Protección Territorial o, en su caso, la más adecuada dentro del suelo rústico a sus valores naturales, culturales o económicos.
2.º Suelo urbanizable programado sin plan parcial aprobado, que respete las condiciones de continuidad y proporcionalidad establecidas en el artículo 52 del presente texto refundido, se aplicarán criterios distintos según el sector esté o no dentro del plazo programado por el Plan General. A tal efecto estará “en plazo” si a la aprobación definitiva del planeamiento territorial no hubiera finalizado el cuatrienio de programación al cual se asignara su ejecución. Identificada su situación, se aplicarán las siguientes normas:
a) Sectores “en plazo”: Se mantendrá la vigencia de la clasificación de suelo en tanto no finalice el cuatrienio al cual están asignados y, por tanto, durante tal plazo podrán formularse y aprobarse planes parciales de acuerdo a lo dispuesto por el planeamiento general, siempre que cumpla las normas del vigente texto refundido y, en su caso, del planeamiento territorial sobre ordenación de nuevas áreas urbanas que les fueran de aplicación.
b) Sectores “en plazo” que incumplan las condiciones del artículo 52 de este texto refundido, y sectores “fuera de plazo”: Se reclasifican como suelo rústico de protección territorial o, en su caso, otra categoría de suelo rústico más acorde a sus valores naturales, culturales o económicos, en tanto no se adapte el planeamiento general y se le otorgue la clasificación más adecuada a sus características.
3.º Estas medidas no afectan a los suelos urbanizables o aptos para urbanizar que cuenten con plan parcial en vigor.
D) El planeamiento urbanístico o, en su caso, de los Espacios Naturales, no podrá permitir la implantación de usos que estén expresamente prohibidos por el planeamiento territorial en el área de aplicación. En tal sentido, no se admitirá el uso extractivo fuera de aquellas áreas que el planeamiento territorial habilite a tal fin.»
Disposición adicional decimotercera. Desarrollo reglamentario del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
Disposición transitoria segunda. Viviendas calificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Disposición transitoria tercera. Aplicación de normativa estatal.
Disposición transitoria cuarta. Requisitos básicos de la edificación y calidad de las viviendas.
Disposición transitoria quinta. De la afectación de suelo a la construcción de viviendas protegidas.
En tanto sean aprobados los Planes Insulares de Ordenación, o adaptados los vigentes a las previsiones de esta Ley sobre afectación de suelo urbanizable y urbano a la construcción de viviendas protegidas, el Plan de Vivienda determinará los municipios de localización preferente de esa clase de viviendas, debiendo dichos municipios modificar su planeamiento para cumplir con las determinaciones ordenadas por el artículo 27 de esta Ley.
Disposición transitoria sexta. Ejercicio de competencias de los cabildos por el Instituto Canario de la Vivienda.
Queda derogada la Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, el Decreto 64/1988, de 12 de abril, sobre traspasos de funciones y servicios en materia de vivienda, y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
1. El Gobierno, oído el Instituto Canario de la Vivienda, a propuesta del Consejero competente por razón de la materia, dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta Ley.
3. Se faculta al Gobierno para ampliar los extremos a los que debe ceñirse la fiscalización previa limitada prevista en el artículo 19.5 y para modificar el porcentaje máximo de los ingresos de la unidad familiar que pueden fijarse como renta a abonar por los arrendatarios de viviendas de promoción pública o de régimen especial en alquiler que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores.
4. Se faculta al Gobierno para modificar las cuantías de las sanciones previstas en esta Ley, en atención al índice de precios al consumo en el conjunto nacional. Igualmente para actualizar la cuantía de las multas coercitivas.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2003.–El Presidente, Román Rodríguez Rodríguez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 27, de 10 de febrero de 2003)
Fecha de disposición: 30/01/2003
Fecha de publicación: 06/03/2003
Entrada en vigor: 10 de marzo de 2003.
Publicada en el BOC núm. 27, de 10 de febrero de 2003.
SE AÑADE la disposición adicional 19, por Ley 7/2018, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-860).
SE MODIFICA el art. 57, por Ley 4/2018, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-2019-283).
SE DECLARA, en el Recurso 1824/2015, la constitucionalidad, interpretado conforme al fj5.a) del art. 1.2; la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 8.n) y 18.8, en la redacción dada por la Ley 2/2014, de 20 de junio, y la desestimación de todo lo demás, por Sentencia 43/2018, de 26 de abril (Ref. BOE-A-2018-7139).
SE MODIFICA el art. 47, por Ley 3/2016, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-6861).
SE AÑADE la disposición adicional 18, por Ley 11/2015, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-1607).
SE DECLARA en el recurso 1824/2015, el mantenimiento de la suspensión de vigencia de los preceptos indicados, en la redacción dada por el art. 1 de la ley 2/2014, por Auto de 21 de julio de 2015 (Ref. BOE-A-2015-8431).
Recurso 1824/2015 planteado en relación con determinados preceptos, en la redacción dada por la Ley 2/2014, de 20 de junio, con suspensión, desde 17 de abril de 2015, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados y, desde el 27 de marzo de 2015, para las partes legitimadas (Ref. BOE-A-2015-4157).
determinados preceptos y SE AÑADE los títulos IX y X, los arts. 2 bis, 32 bis, 77 bis y las disposiciones adicionales 16 y 17, por Ley 2/2014, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2014-7325).
el art. 47 y disposición adicional 4 y SE AÑADE la disposición adicional 15, por Ley 4/2012, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2012-9282).
art. 27.1, por Ley 6/2009, de 6 de mayo (Ref. BOE-A-2009-9047).
el art. 39 y SE AÑADE una disposición adicional 14, por Ley 6/2006, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2006-14968).
arts. 13, 14, 27, 54 y 69 y la disposición transitoria quinta, por Ley 1/2006, de 7 de febrero (Ref. BOE-A-2006-8645).
el art. 27, por Ley 19/2003, de 14 de abril (Ref. BOE-A-2003-13621).
Ley 11/1989, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1989-21044).
Decreto 6/1988, de 12 de abril (BOCA del 23 de mayo).
MODIFICA la disposición transitoria 2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (Ref. BOC-j-2000-90006).

References: artículo 12
 artículo 47
 artículo 32
 artículo 47

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 13
 resolución 

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 5

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 75

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 68
 resolución 
 resolución 

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 68
 resolución 

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 89

Artículo 90
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 91

Artículo 93

Artículo 94
 resolución 

Artículo 95
 artículo 88

Artículo 96

Artículo 97
 artículo 90
 artículo 90
 resolución 
 artículo 90
 artículo 97

Artículo 100

Artículo 101
 resolución 
 artículo 94
 artículo 31
 artículo 55
 resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 27
 artículo 19