Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2016/01/
Timestamp: 2017-06-28 12:28:19+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: enero 2016
Aramayo anuncia huelga y exige que se investigue a Achacollo
El exdirector ejecutivo del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (ex Fondioc), Marco Antonio Aramayo, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, anunció que iniciará la medida extrema de la huelga de hambre, además, pidió que el Ministerio Público investigue a la exministra Nemesia Achacollo y a los dirigentes implicados en las irregularidades de esa entidad.
Según el exfuncionario no precisó desde cuándo iniciará el ayuno, pero lanzó el anuncio después que le negaron la libertad y ratificaron su detención preventiva por tercera vez, en la audiencia que se realizó el viernes sobre uno de los 60 procesos en su contra.
“Me estoy despidiendo de mi familia, para empezar una huelga de hambre hasta morir”, advirtió Aramayo, quien dijo que asumirá la medida en contra de la injusticia y la obstaculización para que asuma su defensa.
Además, por la “acumulación de los 200 casos en uno solo” y para que el Ministerio Público convoque a declarar a Achacollo y sus cinco directorios (2010-2015), exigió el exfuncionario.
El exdirigente campesino Aramayo y la exdirectora ejecutiva Elvira Parra se encuentran con detención preventiva desde el año pasado, acusados por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros presuntos delitos. No obstante, a las denuncias a la fecha, la Fiscalía no ha llamado a declarar a la exministra, según ANF.
El fiscal anticorrupción, Ángelo Saravia, respecto del caso del Fondioc, dijo que brindará información, además de desconocer sobre la situación de la exministra Achacollo, respondiendo así a la consulta realizada por EL DIARIO.
Sin embargo, el fiscal Gregorio Blanco, quien también apoya con las investigaciones en el Fondo Indígena, anunció la realización de inspecciones oculares a dos proyectos desarrollados con recursos del Fondioc, en Sud Yungas y en la provincia Larecaja, trabajo que servirá para determinar el presunto daño económico al Estado, elemento que servirá para buscar a los posibles autores del hecho y la imputación correspondiente.
Denuncian que despilfarro pasa los Bs 1.250 millones
Se despilfarró del Fondo Indígena Bs 1.258.871. Es lo que afirma el cientista político e investigador Diego Ayo, en el libro "La verdad sobre el Fondo Indígena".
"El Gobierno de Evo Morales ha reconocido algunos hechos, pero al mismo tiempo ha intentado minimizar el tamaño y la gravedad de lo sucedido", afirmó Ayo.
Como el hecho de que las pérdidas alcanzan a solo $us 2 millones, referente a algunos proyectos fantasmas. Indicó que el mandatario intenta disminuir la gravedad de un delito quien teme que el mismo lo salpique. El analista para realizar el libro se basó en las denuncias presentadas por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe y su abogado Eduardo León.
Sin embargo, el autor aclara que de acuerdo a la investigación realizada, el 67.5% de los proyectos tienen irregularidades. Además sostiene, que el 94,2% del dinero desembolsado por el Fondo (Bs 685.866.306 o $us 99.545.182) se haya transferido a cuentas privadas.
Capacitación política. Asimismo, se devela en "La verdad sobre el Fondo Indígena", que el 30% de los recursos se destinó a la realización de talleres y seminarios de capacitación política, destinados a fortalecer la imagen del presidente Evo Morales. Con el agravante de la falta de claridad sobre los participantes, tópicos desarrollados y resultados logrados en los llamados proyectos sin información.
"Por eso se sacó de en medio a las ONG y a los municipios, que eran las instituciones naturales para llevar a cabo la obra del Fondo", sostiene en su resumen ejecutivo.
¿Sirvió para 'comprar' apoyos?. El diputado de UD, José Carlos Gutiérrez, comentó que los recursos del ex Fondioc en realidad fueron utilizados para comprar dirigencia al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En especial a los integrantes de las llamadas trillizas de oro, como ser la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), La Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", (Csmcb - BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csiob). Según la obra, los sectores mencionados son beneficiados con el 70% de los proyectos del ex Fondo Indígena. "Estos recursos sirvieron para corromper gente y hacerlos cómplices para tenerlos atados de manos", remarcó el legislador Gutiérrez.
Responsabilizan a los ministros. Asimismo, opositores coinciden que los verdaderos autores intelectuales han sido los ministros que formaron parte del cuestionado Fondo Indígena. Tal es el caso del titular de Economía, Luis Arce; el de la presidencia, Juan Ramón Quintana y la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Las denuncias fueron hechas en su momento por el diputado Quispe, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, el diputado Gutiérrez y la disidente y activista del No, Rebeca Delgado.
Denuncia contra un senador. Según Erbol, en la presentación del libro en la sede de Gobierno, Eduardo León, abogado de Quispe, denunció que el senador del MAS, Jorge Choque, recibió recursos del ex Fondioc aparentemente con dos carnets distintos y en una sola cuenta bancaria. Según los datos presentados por León, el senador Choque recibió al menos ocho proyectos del Fondo Indígena a la cuenta 1520106177 del Banco Nacional de Bolivia. Para siete de estos proyectos, se registró con el C.I. 6840176 LP y para el restante su cédula figura como 6530464 Cochabamba.
Exdirigente campesino
Caso Ex Fondioc se tornó un show político
Corrupción. El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y exmiembro del Directorio del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Joel Guarachi, observó que este caso se volvió un show político, perjudicando a las investigaciones para esclarecer los supuestos actos de corrupción en esa instancia, por el que se estima un daño millonario a las arcas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Pidió a la Justicia que no se preste, a su entender, a un “juego” que distorsionó el caso Fondo Indígena, con miras a conseguir o restar votos; a uno y otro, en el Referendo Constitucional del 21 de febrero de este año. Dijo que se saca información a medias y amañada y que solo hace daño al proceso de investigación y ratificó que Damián Condori, es un “perseguido político”. /Erbol
Caso Fondioc Ratifican detención de Melva Hurtado
La Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó ratificar, en instancia de apelación, la detención preventiva de la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, acusada de irregularidades en el ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc).
La información fue proporcionada por el abogado acusador, Eduardo León, quien, sin embargo, advirtió que la decisión del Tribunal allana la posibilidad de que pronto Hurtado sea liberada.
Explicó que la última decisión judicial valida que Hurtado tiene domicilio en la propia sede de la Cidob y que solo faltaría que acredite un trabajo para salir de la cárcel de mujeres de Miraflores.
León cuestionó que se valide este domicilio, puesto que no se puede aceptar a una persona radicar en el inmueble en que están los documentos sobre su acusación.
Hurtado está acusada de recibir dinero del Fondioc para 13 proyectos observados.
El abogado anunció que presentará un amparo para este domicilio de Hurtado sea invalidado.
Escándalo de corrupción Diputada pide a Achacollo asumir responsabilidad por ex Fondioc
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz, pidió a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, asumir su responsabilidad en el caso del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), considerado por la oposición política, como el mayor escándalo de corrupción denunciado en la actual gestión de gobierno.
“Tiene que asumir su responsabilidad, y eso no quiere decir que todos los del MAS somos corruptos, tampoco los dirigentes no son corruptos, habrá y esos tienen que asumir su responsabilidad”, declaró ayer la diputada que también está implicada en recibir 361.115 bolivianos de las mismas cuentas.
El caso Fondioc implicó, además de Achacollo, a prominentes líderes de organizaciones sociales vinculadas al MAS, de los cuales ninguno fue citado por la Fiscalía pese a la solicitud del principal denunciante, el diputado opositor Rafael Quispe de la bancada de Unidad Demócrata.
QUIEREN CAREO ARAMAYO- ACHACOLLO
El jueves, el exdirector ejecutivo, Marco Antonio Aramayo, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro, solicitó un careo con la exministra, donde ambos puedan presentar sus descargos y pruebas ante el Ministerio Publico.
Similar acto jurídico podría solicitar para que sean citados el actual director del Fondo, Eugenio Rojas, y los ministros César Cocarico, Luis Arce y Juan Ramón Quintana que habrían tenido conocimiento de las irregularidades denunciadas.
Aramayo insistió en que la exministra autorizó desembolsos de dinero para 1.110 proyectos, recursos que, según las denuncias de Quispe, fueron a parar a cuentas particulares de dirigentes y líderes indígenas de movimientos sociales que sustentan el gobierno de Evo Morales.
Eduardo León, abogado del diputado de oposición Rafael Quispe, denunció el jueves que el senador del MAS, Jorge Choque Salomé, recibió recursos del ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (ex Fondioc) aparentemente con dos cédulas distintas y en una sola cuenta bancaria.
“¿Qué nos puede decir el senador Jorge Choque Salomé que para obtener los recursos de este Fondo Indígena utilizó dos números de cédula de identidad? ¿Eso no es corrupción?”, aseveró. Erbol intentó contactarse con el legislador masista, quien cuenta con una detención domiciliara con salida laboral por su aparente participación en actos de corrupción en el liquidado Fondo Indígena, pero no contestó a su teléfono móvil.
León hizo esta denuncia durante la presentación del libro “La Verdad Sobre el Fondo Indígena” de la Fundación Pazos Kanki,
Según los datos presentados por León, el senador Choque recibió al menos ocho proyectos del Fondo Indígena a la cuenta 1520106177 del Banco Nacional de Bolivia. Para siete de estos proyectos, se registró con el carnet 6840176 LP y para el restante su número de cédula figura como 6530464 CBB.
Hurtado y Aramayo seguirán detenidos
La presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, y el exdirector del liquidado Fondo Indígena (Fondioc), Marco Aramayo, deberán seguir detenidos, después de obtener resultados adversos en sus respectivas audiencias judiciales.
La Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz rechazó ayer la apelación de Hurtado y le ratificó la detención preventiva.
La información la dio el abogado acusador Eduardo León, quien, sin embargo, advirtió que la decisión abre la posibilidad de que pronto Hurtado sea liberada.
Explicó que la última decisión judicial valida que Hurtado tiene domicilio en la Cidob y que sólo faltaría que acredite un trabajo para salir de la cárcel de mujeres de Miraflores.
León cuestionó que se valide este domicilio, ya que no se puede aceptar a una persona radicar en el inmueble en que están los documentos sobre su acusación.
En tanto, el juez Anticorrupción del Beni determinó la tercera detención preventiva para Aramayo en el penal de San Pedro de esa ciudad, porque, según la autoridad, existen riesgos de fuga, debido a que el acusado tiene varias acusaciones e imputaciones en contra.
“(El juez) ha resuelto la detención preventiva del señor Marco Aramayo en el penal de San Pedro. Con esto son tres detenciones preventivas por el mismo hecho, por el mismo caso del Fondo Indígena y bajo los mismo supuestos que hay riesgo procesal”, señaló a ANF Héctor Castellón, abogado de Aramayo.
En 2015, un juzgado de La Paz determinó la detención de Aramayo en San Pedro, por estar implicado en el caso Fondioc; la segunda fue dictada el 13 de enero por un juzgado de Pando; y la de ayer es la tercera detención determinada por un juez Anticorrupción de Beni.
En tanto, la diputada del MAS Concepción Ortiz pidió a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo asumir responsabilidad en el caso del Fondo Indígena.
“Tiene que asumir su responsabilidad, y eso no quiere decir que todos los del MAS somos corruptos, tampoco los dirigentes. Habrá y ésos tienen que asumir su responsabilidad”, declaró ayer la diputada, que también está implicada por recibir 361.115 bolivianos de las mismas cuentas.
Jóvenes denuncian presunta estafa por becas en ex Fondioc
Se tiene información de que solo viajaron dos, que aceptaron pagar con sus propios recursos los gastos de traslado y estadía.
Catorce jóvenes indígenas que debían ser becados a Rusia para cursar carreras universitarias denunciaron que presuntamente fueron estafados por autoridades del Fondo Indígena en la gestión 2012. Casi todos ellos vieron frustrados sus sueños académicos y los que lograron viajar solventan sus gastos con recursos propios.
Bajo el rótulo “Denuncia de estafa”, nueve de ellos enviaron una carta en 2012 al presidente Evo Morales en la que se lee: “No es posible que la institución que representa a los indígenas juegue con los sueños, sentimientos y el futuro de nosotros los jóvenes, nos sentimos engañados utilizados por quienes dirigen esta institución”.
El plan de becas es uno de los 30 considerados como “proyectos fantasmas” del Fondioc, informó Tatiana Lara, responsable de comunicación de la oficina de la intervención del Fondo, que dirige Larisa Fuentes. Lara explicó que el proyecto se denominó “Capacitación de Recursos Humanos Técnicos Productivos” y que está siendo investigado por el Ministerio Público.
En mayo de 2011, Parra envió una nota a los ejecutivos de las entidades que integran el Fondo Indígena confirmando que Rusia entregaría 18 becas anuales a esas organizaciones. También informa que los cursos de idioma ruso empezarían en junio de ese año y que inmediatamente después de que los estudiantes los completaran partirían a ese país.“(La embajada rusa) propone la posibilidad de que en junio (2012) se empiece las clases de ruso y tengan la preparación del idioma, así como la preparatoria durante ocho meses en Bolivia, luego del cual estarían viajando a Rusia para directamente empezar las clases de las carreras que elijan”, afirma la nota.
El acuerdo consistía en que el Gobierno de Rusia se comprometía a facilitar la postulación de los seleccionados y la organización de los cursos del idioma ruso, mientras los costos de traslado, estadía, seguro de salud y otros debían ser pagados por el Fondioc, pero este incumplió su parte. De todos los postulantes, 29 fueron rechazados porque no cumplían con los requisitos, 14 aceptados.
Rusia exigía que cada estudiante disponga de por lo menos 250 dólares al mes para cubrir sus gastos, además de un pago de 250 dólares al año para el seguro de salud. Las universidades, al ser estatales, no tenían costo.
ANF intentó una explicación de las partes aludidas, pero Parra se encuentra con detención preventiva por hechos irregulares en el Fondo Indígena y Daniel Zapata está prófugo de la justicia.
Este medio se comunicó con el director del nuevo Fondo Indígena, Eugenio Rojas, quien derivó el tema a su asesora general, Beatriz Zapata. Esta señaló que la asesora legal del proyecto era Julia Ramos, actualmente detenida, y que el programa está intervenido. No pudo dar más información.
Debido al incumplimiento del Fondioc, de los 14 seleccionados por la Embajada de Rusia, se tiene información de que solo viajaron dos porque aceptaron solventar con recursos propios los gastos de estadía y traslado.
Tras interesarse del acuerdo con Rusia, las entidades que conforman el Fondioc lanzaron convocatorias entre sus afiliados. “La Cidob convocó a los estudiantes de las diferentes regionales a postular (…) para la admisión a las universidades de Rusia bajo la modalidad de becas auspiciado por el Fondioc”, asegura una nota de septiembre de 2012 firmada por dirigentes de la Cidob y enviada a Daniel Zapata, exdirector del Fondo Indígena.
Sin embargo, los firmantes agregan: “Nos hemos visto sorprendidos sobre la negativa del cumplimiento de lo ofertado por la institución que usted dirige (Fondioc)”.
En septiembre de 2012, la Embajada de Rusia emitió un comunicado en el que informa que 14 jóvenes indígenas habían sido beneficiados con las becas.
El comunicado establece que los postulantes fueron aceptados para cursar estas carreras: petróleo y gas general, tecnología de producción, psicología y medicina (Universidad Estatal de Vorónezh de Tecnología e Ingeniería); estudios extranjeros y cultura física (Universidad Estatal Politécnica de San Petersburgo); farmacia, economía y arquitectura, jurisprudencia (Universidad Amistad de Los Pueblos); ingeniería y sociológica (Universidad Estatal Técnica de Rostov del Don); y artes escénicas (Universidad Estatal de San Petersburgo de Cultura y Arte). ANF mantiene en reserva los nombres de los beneficiados a pedido de éstos.
“No hemos recibido absolutamente ningún recurso, hasta donde tengo entendido ninguno recibió nada”, dijo la madre de uno de los afectados, que pidió que no sea revelada su identidad para evitar represalias en su contra.
“No se ha recibido ninguna respuesta, no hay nada, nadie se pronuncia. Los jóvenes han tenido la valentía de escribir y entregar sus denuncia en 2012, en forma de cartas al presidente Morales y otras”, agregó la madre. “Pero no han obtenido nada”.
Caso Fondo Indígena Aramayo: Hubo presión para desembolso de dinero
MARCO ANTONIO ARAMAYO, EXDIRECTIVO DEL FONDIOC.
El Ministerio de Economía y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que depende del Ministerio de la Presidencia, presionaron al Fondo Indígena a desembolsar Bs 17 millones con fines electorales.
El exdirector del liquidado Fondioc, Marco Aramayo, indicó a ANF que “el Ministerio de Economía y la UPRE presionaron al Fondo Indígena para que el Fondo transfiera recursos para la construcción de dos mercados en El Alto (...) para preparar el año electoral 2014”.
El exdirector explicó que en diciembre de 2013 prácticamente lo “obligaron” para que transfiera “recursos del Fondo Indígena a la UPRE la suma de Bs 17 millones”, para la ejecución de dos proyectos para El Alto, vía transferencia público-privada; la contraparte iba a ser desembolsada por el programa Bolivia Cambia con un monto de Bs 3 millones.
Esta actividad era parte de la etapa preparatoria de la campaña electoral en la urbe alteña para las elecciones nacionales de 2014, en las que Evo Morales buscaba la reelección. El liquidado Fondo Indígena está en medio de una fuerte polémica por los supuestos actos de corrupción que generó.
El 6 de diciembre de 2013, autoridades del Ministerio de Economía, la UPRE y representantes del Fondioc entablaron una reunión para autorizar esta transferencia y analizaron todos los procesos a seguir para el registro presupuestario.
“Para lo cual es necesario: Convenio Fondo Indígena-UPRE previa autorización del directorio. Al ser un traspaso interinstitucional es necesario cumplir los requisitos establecidos en el DS 29881 con estos documentos el Ministerio de Economía asignará los recursos de contraparte de la UPRE (3 millones), a través del Programa Bolivia Cambia”, señala el acta de reunión exhibida por Aramayo.
Para este cometido, el Fondioc y la Upre debían coordinar los procedimientos de estos desembolsos.
Aramayo alegó que se “negó a realizar esa transferencia” porque el Fondo Indígena fue creado con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, por ello se evitó que se cometa esta irregularidad con recursos del Fondioc.
“Pese a la presión política, yo como director me negué rotundamente a transferir esos recursos (y por eso) fui tildado de derechista e infiltrado en ese momento”, mencionó.
En 2014 el ABNB compró un software por Bs 556.800 y en septiembre de 2015 se denunció una serie de irregularidades en la adquisición, desde entonces la Unidad de Transparencia del Ministerio de Culturas y Turismo se encuentra investigando las denuncias.
En los primeros días de febrero se podrán conocer los resultados de la investigación realizada sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de un software por más de medio millón de bolivianos para el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB).
“Estamos esperando que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Culturas y Turismo entregue su informe en los próximos 15 días”, informó Homero Carvalho, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, durante las reuniones de evaluación anual de la gestión 2015, que sostuvieron los altos representantes de esta entidad en Sucre.
Aunque las denuncias de irregularidades salieron a la luz a finales de septiembre y de acuerdo con Carvalho la investigación inició inmediatamente, los resultados de las pesquisas realizadas por la Unidad de Transparencia se hacen esperar; ya a finales de noviembre el Presidente de la Fundación anunció que el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora debía realizarse antes de concluir la gestión 2015.
En diciembre de 2014 el ABNB realizó la compra del software Alfresco por Bs 556.800. De acuerdo con las denuncias el proceso de adquisición, según muestra el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) que se encuentra en línea, no tuvo los respaldos necesarios para justificar el monto acordado, como tampoco se demostró la legalidad de la empresa que ofrece estos servicios en el territorio nacional, pero además se presume que hubo un caso de incumplimiento de contrato y negligencia de los responsables directos, ya que el software no se encuentra en funcionamiento hasta la fecha, a pesar de que en las cláusulas de compra se estipula un monto que fue cancelado, para la implementación del sistema informático y la capacitación del personal del ABNB.
Santos Ramírez recibe sentencia adicional
El Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz dictó sentencia condenatoria contra el expresidente de YPFB, Santos Ramírez, por la adquisición irregular de un medidor volumétrico para la Planta de Almacenaje de Bermejo. La sentencia implica un año de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
Tras el proceso de investigación, dijo una nota de prensa de ese Ministerio, se confirmó que Ramírez suscribió el contrato de adquisición e instalación del medidor volumétrico, pero ello no sucedió.
El Ministerio de Transparencia presentó esa denuncia en 2009. Tras el proceso de investigación, dijo una nota de prensa de ese Ministerio, se confirmó que Ramírez suscribió el contrato de adquisición e instalación del medidor volumétrico, pero ello no sucedió.
Las irregularidades de este proceso de contratación provocaron un daño económico al Estado de Bs 177.000, monto que fue entregado en su totalidad a la empresa adjudicada, pese a que no hizo la obra.
Santos Ramírez fue condenado en 2009 a 12 años de cárcel por la adjudicación de obras a la empresa Catler Uniservice por la construcción de una planta separadora de líquidos. Su sentencia debía concluir en 2021 antes de que se conozca este último fallo.
﻿Incidentes y falta de seguimiento alargan los procesos por años Tweet
Las carpetas, unas sobre otras, se acumulan sobre los estantes y mesas de las oficinas de Asesoría Legal de la Gobernación de Cochabamba y de la Alcaldía Municipal, desde donde se inician y se sostienen los procesos penales en contra de exautoridades.
Sin embargo, muchos de los juicios se alargan más allá de los tiempos establecidos por la presentación de incidentes, por parte de los abogados de los acusados y la falta de seguimiento de las mismas reparticiones públicas.
Las denominadas chicanas en la justicia son las que obstaculizan el desarrollo normal de los procesos, que en muy pocos casos han llegado a tener sentencias.
La mayoría de las querellas se estancan por más de siete años y pasan de gestión en gestión, sin lograr mayores avances.
En el caso de la Gobernación de Cochabamba existen 18 procesos en contra de Manfred Reyes Villa, muchos de los cuales no tienen sentencia, se paralizaron y están a la espera de fechas para audiencias, desde hace más de dos años.
En la Alcaldía de Cochabamba, la situación es similar. Existe, por ejemplo, un proceso en contra de Humberto Coronel Rivas, exalcalde de la Llajta, quien falleció el año pasado.
Según el asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, estos procesos se demoran por la recurrente presentación de incidentes por parte de los querellados, que acuden a una serie de recursos para alargar los plazos procesales.
Cuando un caso tiene más de un imputado, el tiempo para llegar a la etapa del juicio es más largo porque los acusados presentan sus incidentes.
Los imputados presentan al juez memoriales y objetan la querella u otros aspectos del proceso con los cuales no están de acuerdo con el fin de ganar más tiempo.
En Cochabamba existe solamente un Juzgado Anticorrupción, a la cabeza de la jueza Sara Céspedes.
La autoridad jurisdiccional informó que solamente son tres los procesos que maneja esta sala por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que rige desde el año 2010.
Céspedes señaló que un caso es contra Gonzalo Terceros, otro implica a Manfred Reyes Villa y un tercero toma en cuenta a Edwin Castellanos por el puente hundido. Estos son los únicos contra exautoridades que ingresaron a su juzgado por delitos que tienen que ver con la función pública.
“Los casos que atiendo son a partir de la promulgación de la Ley 004 y desde esa fecha solamente se han recibido tres”, dijo.
El resto de los procesos habría ingresado a otros juzgados antes de 2010.
Según la Ley 586 de Descongestionamiento y Obstaculización del Sistema Procesal Penal, el proceso no debe durar más de seis meses en la etapa de investigación, situación que según Céspedes se está cumpliendo por lo menos en su Juzgado.
Indicó que una vez terminada esta etapa, los procesos pasan a manos de los juzgados de sentencia.
La autoridad jurisdiccional cuestionó la falta de seguimiento por parte de las gestiones municipales y la Gobernación a los casos denunciados en contra de las exautoridades.
Retomar los casos es para las nuevas gestiones muy costoso tanto en tiempo y dinero.
“Mientras más se extienda el proceso más costoso será para las propias instituciones”, afirmó.
El asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, reconoció que es difícil hacer seguimiento a cada una de las causas.
“El año pasado nos han dejado alrededor de 412 causas, un solo abogado en materia penal manejaba 200 y otro jurista cerca de 160. Entonces es realmente difícil realizar un seguimiento efectivo a los procesos y despachar de manera rápida los recursos e incidentes”.
Pese a reconocer esta situación, Coca pidió a las autoridades celeridad en los procesos y una reforma en el sistema judicial para dar una atención especial a estos casos, que también traen consigo daños económicos que deben ser reparados a las instituciones públicas.
Exalcaldes del MAS Castellanos y Vargas son procesados por Leyes Tweet
El primer día de trabajo de la nueva gestión municipal del partido Movimiento Demócrata Social (Demócratas), el 1 de junio de 2015, esperó al asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, con un legajo de documentos en su escritorio.
Seis carpetas contenían documentación de la entrega de motorizados, que días antes había realizado el exalcalde y exconcejal Armando Vargas a la Policía Nacional.
Según Coca, la exautoridad incumplió la Ley Municipal 027, elaborada por él mismo cuando era concejal, y que puntualiza que los contratos de enajenación deben ser aprobados por el Concejo Municipal.
No obstante, sin permiso del Órgano Deliberante Vargas suscribió contratos de enajenación de equipamiento a favor de la Policía. En el paquete había motocicletas, 15 camionetas, ambulancias, llantas, escritorios y chalecos, entre otros materiales, para la institución.
Esta situación derivó en el inició de un proceso por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes e incumplimiento de deberes, sancionada con hasta 10 años de cárcel.
Otro proceso se inició contra el exalcalde Edwin Castellanos por el hundimiento del puente Independencia por varios delitos, entre ellos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El proceso contra Armando Vargas se encuentra, actualmente, en la etapa de imputación. El Ministerio Público pidió la detención preventiva del acusado.
Según la explicación de Coca, esta situación ha generado un problema en el ámbito municipal, ya que la Policía comenzó a pedir recursos para mantener a los motorizados.
“Nosotros no estamos en contra de entregar bienes a la Policía, pero debemos cumplir con lo que dice la Ley de Seguridad Ciudadana. Tenemos que hacer un mantenimiento y ¿cómo lo hacemos si esa entrega no fue aprobada por el Concejo Municipal, que ahora debe disponer recursos?”.
Según el abogado, el daño económico ocasionado a la Alcaldía de Cochabamba por este caso es de 800 mil bolivianos.
En su defensa, Vargas dijo que el proceso es una injusticia, no tiene “pies ni cabeza” y él tiene derecho a defenderse en libertad.
Afirmó que estudió a detalle la Ley 027 y la Ley de Seguridad Ciudadana, y quienes se equivocan son los abogados municipales y lo demostrará en el transcurso del proceso.
“La ley dice que no se puede hacer la enajenación cuando son bienes inmuebles, pero cuando es equipamiento el trato no es el mismo”.
EL PUENTE HUNDIDO
El segundo proceso contra una exautoridad del Movimiento Al Socialismo (MAS), que ocupó el cargo de alcalde, recayó sobre Edwin Castellanos.
El 22 de octubre de 2015, el hundimiento del puente situado en la avenida Independencia y 6 de Agosto, que tenía diez meses de funcionamiento, puso en la mira a Castellanos, quien fungía como la máxima autoridad ejecutiva de esa gestión.
Por razones que aún se investigan, la plataforma superior del puente comenzó a ceder, lo que ocasionó daños en la obra que costó aproximadamente 13 millones de bolivianos.
El asesor legal de la actual gestión municipal, Sergio Coca, manifestó que este proceso está en la etapa de ampliación de la denuncia, ya que en un inicio eran cinco los implicados y ahora hay más.
Los delitos por los cuales se acusa a Castellanos son: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Un informe de auditoría interna de la Alcaldía recomienda también, en sus disposiciones finales, procesar a Castellanos por el delito de uso indebido de influencias, porque cuando él fue alcalde firmó el contrato de Nelson Vega para que éste diseñe el proyecto del puente que se hundió. Posteriormente le pidieron que se haga cargo, con otro contrato, de la supervisión de la misma obra.
“De alguna manera, al ser alcalde Castellanos, él ha podido influir en la contratación de una persona para que haga el proyecto a diseño final y para la contratación de la misma como supervisión de la obra.
El tema todavía está siendo analizado por asesoría jurídica”.
El proceso continúa en la etapa de investigación y se espera la presentación de un informe por parte del Ministerio Público para fin de mes.
Al respecto, el exalcalde no quiso referirse con detalle al tema y simplemente pidió que la investigación continúe.
En una primera instancia, el pasado 23 de octubre, el Alcalde había manifestado tener “la conciencia tranquila” y argumentó que manejó de manera transparente su gestión municipal.
Coronel Rivas, el alcalde que se libró de un proceso con su muerte
﻿Hay tres querellas contra Manfred ﻿Manfred Reyes Villa tiene, como exalcalde (foto) tres procesos pendientes en la Alcaldía de Cochabamba: por los terrenos donde se construyó la infraestructura de una universidad privada, por el pago para una expropiación en la zona norte y por la falta de seguimiento en la cancelación de alquileres de mingitorios en la ciudad.
A Manfred Reyes Villa le apremian 18 procesos por obras de su gestión Tweet
El exprefecto llegó a acumular hasta 23 denuncias en su contra. Sin embargo, cinco no prosperaron. La mayoría de los casos está paralizada y tiene una data de seis años.
Tiene tres sentencias: la primera por el proyecto alternativo El Sillar, la segunda por la ruta Cochabamba-La Paz, y la tercera por la construcción de 140 atajados en Anzaldo.
Manfred Reyes Villa (1955) es la exautoridad con más juicios en Cochabamba desde el año 2009, gestión en la que se postuló por segunda vez a la Presidencia y perdió frente a Evo Morales. Reyes Villa es un militar retirado, exalcalde (1993-2000) y exprefecto de Cochabamba (2006-2008). Es fundador del partido Nueva Fuerza Republicana. Lo que él llama “persecución política”, le ha costado 18 procesos en su contra, de los 23 que le iniciaron. Cinco de ellos fueron rechazados.
El pasado 19 de enero, un tribunal boliviano lo condenó a cinco años de prisión por corrupción.
El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, según EFE, indicó en un comunicado que un tribunal de sentencia firmó la condena por el delito de conducta antieconómica y ordenó que sea cumplida en una cárcel de esa ciudad.
Según la fuente, Reyes Villa es responsable de proyectos de riego "que no reunieron los requisitos técnicos y fueron ejecutados con serias deficiencias", causando al Estado un daño de alrededor de 8.4 millones de dólares.
Al respecto, Reyes Villa afirmó el jueves 21 de enero, vía skype, que lo están juzgando por hacer campaña política en el exterior por el NO a la modificación de la Constitución Política del Estado.
“Mis obras están ahí. Si a mí me dieron cinco años por haber hecho obras, a Evo Morales deberían darle cadena perpetua por el caso del Fondo Indígena y las obras Evo Cumple que se están cayendo”.
La mayor parte de las denuncias se interpusieron días después de que Reyes Villa saliera del país, en diciembre de 2009, con rumbo a Estados Unidos tras perder el referendo revocatorio.
Una de las querellas fue iniciada contra Reyes Villa por el camino Vinto-Sacambaya, ruta que pretendía unir de manera alternativa a Cochabamba con La Paz, en menor tiempo.
Por esta obra, en la que se hizo un cambio en el proyecto, se lo acusa por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y malversación de fondos. El proceso está con imputación formal acusatoria y a la espera de un sorteo.
Un distrito policial en Tiquipaya le mereció otra denuncia. Este proyecto debía ser implementado en Sacaba, pero se lo hizo en otro municipio.
El representante político del exprefecto, Mauricio Muñoz, manifestó que ya se tiene acusación formal por este caso en el que se acusa a Reyes Villa por conducta antieconómica, malversación, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
En el proceso por la construcción de la represa Kecoma, en el que Reyes Villa firmó contratos, está acusado por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, debido a que no se cumplieron los plazos en la entrega de la obra.
La adquisición de maquinaria pesada, vehículos livianos y de lujo en 2006 fue uno de los casos más sonados en el departamento. Los delitos por los que se lo juzga son negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El caso está con acusación formal a la espera de que se adhiera a la acusación fiscal.
Reyes Villa tiene una sentencia de un año por el puente Sacambaya, por incumplimiento de deberes.
El pavimento Lacma -Santiváñez también le mereció otro juicio penal por el retraso que hubo en la entrega de la obra. El delito es incumplimiento de deberes.
También se lo acusó por haber determinado de manera incorrecta el proyecto del surtidor situado en la laguna Alalay.
Otro proceso es por anomalías en la construcción de la obra de microrriego Berenguela-Huaylla Ciénega, que está con imputación formal.
Por recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos se le inició un proceso. En su gestión, del 21 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2007 se presentaron diferencias significativas en las cuentas. La querella está en etapa de investigación.
En el caso del diseño alternativo del tramo El Sillar, Reyes Villa fue sentenciado con una condena de cinco años. En este proyecto hubo irregularidades en la implementación del diseño.
Otro proceso hace referencia a la entrega de las instalaciones de la Unidad de Bomberos.
﻿3 Sentencias Manfred Reyes Villa tiene tres sentencias: por el proyecto alternativo El Sillar, el camino Cochabamba-La Paz y por 140 atajados en Anzaldo.
﻿5 Procesos rechazados En contra de la exautoridad se iniciaron 22 procesos, pero cinco de ellos fueron rechazados por el Ministerio Público.
Irregularidades en salud y gastos del IDH cercan a Gonzalo Terceros
Para la Cumbre Sudamericana de Naciones, que se realizó en diciembre de 2006 en la Llajta, la Alcaldía Municipal de Cochabamba utilizó dinero de distintas partidas, motivo por el que se denunció al exalcalde Gonzalo Terceros (2006-2010).Los delitos que pesan sobre Terceros son incumplimiento de deberes y malversación de fondos, además de falsedad ideológica, malversación y conducta antieconómica. Por este caso se lo acusa de haber malversado al menos seis millones de bolivianos en la organización de este evento, realizado en la Llajta.
La construcción del mercado Santa Bárbara, al sur de la ciudad, también derivó en un juicio contra el exalcalde, que se inició en 2008, cuando él aún ocupaba la silla edil.
Como resultado de esta querella, Terceros tiene una sentencia de tres años, dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia el 2 de diciembre de 2013. Sin embargo, apeló esta determinación y actualmente está a la espera de una resolución de Sucre.
La creación, aparentemente ilegal, de la Dirección Municipal de Salud (Dimusa) en la gestión de Gonzalo Terceros, derivó en la apertura de otros dos procesos en su contra.
Los delitos por los que se le acusa son malversación, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
La querella está dividida en dos denuncias, una que se encuentra en la etapa preliminar, y la segunda está más avanzada. Cada una tiene fiscales diferentes, según informó la abogada de la Alcaldía de Cochabamba, Darynka Salguero.
El proceso contra Gonzalo Terceros está a la espera de una resolución conclusiva para que luego pueda pasar a la etapa de juicio oral. Aunque podría haber una salida alternativa al juicio oral.
Terceros fue también denunciado por haber dispuesto los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en actividades que están al margen de la normativa.
“Fue querellado por los delitos de malversación en las escuelas saludables y en la limpieza de áreas verdes del hospital Viedma”, puntualizó el asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca, quien dio a conocer que dicho proceso comenzó en la gestión de Edwin
La querella está en la etapa de acusación y a la espera del juicio oral.
El 31 de diciembre de 2015, la actual gestión municipal formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por el caso del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel, cuya construcción fue impulsada en la gestión de Terceros y se quedó en obra gruesa.
Los delitos por los que se le acusa son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a las leyes. Una de las principales observaciones apunta al helipuerto de la obra, que en un principio no formaba parte del proyecto y requiere ser demolido.
La toma de declaraciones a los acusados empezó la semana pasada, entre los que también están exfuncionarios. Para febrero está prevista la inspección ocular al lugar.
Respecto a esta denuncia, el exalcalde Gonzalo Terceros dijo que él cumplió con todos los plazos para la adjudicación de la obra gruesa y fina.
Según la Alcaldía Municipal, por este último caso existe un daño económico calculado en 147.000 bolivianos.
Un informe de auditoría interna, realizada el año pasado, recomienda también iniciar un proceso contra el exalcalde Edwin Castellanos (2010-2015) por no haber hecho un seguimiento a la obra del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel y por no haber agilizado su conclusión.
Sin embargo, la dirección de Asesoría Legal del municipio todavía analiza el caso.
﻿Hay cinco procesos en su contra ﻿Gonzalo Terceros es, como exalcalde, quien tiene más procesos penales en su contra. Son cinco por los casos Dimusa, uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, construcción del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel y gastos de la Cumbre Sudamericana 2006, por el que tiene una sentencia de tres años.
﻿Recibió sentencia de tres años por un caso
﻿Por el caso del mercado Santa Bárbara, el proceso ya se ventiló en un juicio oral y el exalcalde Gonzalo Terceros tiene una sentencia de tres años de cárcel.
Sin embargo, la determinación, que no fue aceptada por la exautoridad, está en etapa de apelación a la espera de una respuesta en Sucre.
Un exprefecto y cuatro exalcaldes enfrentan 23 procesos en la Llajta
Cinco exautoridades de Cochabamba son procesadas por actos asumidos en sus gestiones. Entre todas suman 23 juicios que se ventilan actualmente en los estrados judiciales, en la vía penal.
El exprefecto Manfred Reyes Villa y los exalcaldes Gonzalo Terceros, Edwin Castellanos, Armando Vargas y Humberto Coronel Rivas tienen procesos activos en juzgados penales, de sentencia y anticorrupción de Cochabamba.
El asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, informó que en el caso de Humberto Coronel Rivas no han sido notificados con la extinción del proceso, pese a que éste falleció el 3 de junio de 2015.
El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 27, establece que una de las causales para la extinción de la acción penal es la muerte del imputado.
ÚNICO PROCESADO
En la Gobernación de Cochabamba hay actualmente 17 procesos penales activos contra el exprefecto Manfred Reyes Villa.
El director jurídico de la Gobernación, Rodrigo Quinteros, informó que el exprefecto (2006-2008) es la única exautoridad de esta institución que está siendo procesada.
El funcionario reconoció que hubo denuncias contra otros exgobernadores, que sucedieron a Reyes Villa, pero ninguna prosperó ni se activó en instancias judiciales.
CUATRO EN LA ALCALDÍA
En la Alcaldía de Cochabamba son cuatro las exautoridades que son juzgadas por distintos delitos.
Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad entre 1993 y 2000 aparece también en esta lista de los procesados, junto a Gonzalo Terceros (2006-2010), Edwin Castellanos (2010-2015) y Armando Vargas, alcalde interino de enero a mayo de 2015.
La deficiente ejecución de obras es el principal argumento por el que se inicia procesos contra las exautoridades. Firmas de contratos y retrasos en las adjudicaciones pusieron en el banquillo de los acusados a quienes en algún momento ocuparon la silla edil en Cercado.
La aprobación de documentación para gastos, entregas de recursos y equipamiento resultaron ser un dolor de cabeza para los exalcaldes, que en todos los casos fueron juzgados al dejar el cargo en manos de los opositores.
Según la jueza anticorrupción Sara Céspedes, estos funcionarios tenían, en cierta forma, desconocimiento de las normativas que regían en las instituciones públicas.
“El desconocimiento del manejo de la administración pública es lo que ha hecho que estos procesos lleguen hasta los juzgados”, manifestó.
De acuerdo con esta jueza, muchas de las autoridades firman papeles y emiten autorizaciones sin prever las consecuencias de sus actos.
Y aunque la lista de los procesados es aún más amplia cuando se refiere a exdirectores, exsupervisores y exempleados del municipio, quien asume la responsabilidad, en la mayor parte de los casos, es el alcalde.
El delito de incumplimiento de deberes es el más recurrente en las querellas presentadas por las direcciones de Asesoría Jurídica de la Gobernación y de la Alcaldía.
Según el artículo 154 del Código Penal, el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, es sancionado con privación de libertad de hasta cuatro años. La pena se agrava en un tercio si se ocasiona un daño económico al Estado.
CONTRARIAS A LA LEY
Otro de los delitos más frecuentes es el de resoluciones contrarias a la ley, que según Céspedes también demuestra la falta de experiencia de algunas autoridades en el manejo de las instituciones públicas.
El artículo 153 del Código Penal señala que la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución Política del Estado o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.
En caso de que el delito ocasione un daño económico al Estado, la pena será agravada en un tercio.
Investigan a Director de Digcoin por transportar coca sin permiso
El jefe de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), Ricardo Paniagua, fue aprehendido el viernes por la noche en el peaje de la autopista La Paz-El Alto por llevar 18 bolsas de hoja de coca en un vehículo oficial del Estado, sin el permiso correspondiente.
Paniagua iba acompañado del chofer y funcionario de la misma institución, Óscar Valderrama.
Un dispositivo de control de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) arrestó a la autoridad que se dirigía desde La Paz a Cochabamba y que argumentó que “había olvidado la hoja de ruta”, indicó este sábado el director de la Felcc de La Paz, Gary Omonte.
La fiscala de turno, Leonor Meneses, determinó la aprehensión de Paniagua por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado. “Este sábado a las 8:45 comenzó la investigación para averiguar si realmente existiera esa hoja de ruta”, informó Omonte.
En caso contrario se pondrá en conocimiento de la autoridad jurisdiccional para llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares.
No es la primera vez que un director de Digcoin es detenido por acciones irregulares. En 2013, el entonces jefe de Digcoin, Luis Cutipa, fue acusado por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, de haber realizado presuntamente cobros irregulares en la renovación de licencias de comercialización de coca y por el desvío de al menos 45 mil toneladas de la hoja por un valor de 18 millones de bolivianos. Fue enviado a la cárcel, pero luego quedó libre. (ANF)
A los técnicos del Fondioc Exlíder de colonos admite padrinazgos
El exsecretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Ever Choquehuanca, admitió en 2013, durante una reunión de directorio del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), que apadrinó a técnicos que entorpecieron el trabajo de esa institución. La confesión está documentada en un acta notariada al que accedió Erbol y está certificada por el abogado Juan Yujra Mamani, notario de fe pública de Primera Clase No 4 de Cobija. Situación. En el documento del 11 y 12 de abril de ese año, Choquehuanca, excandidato a la alcaldía de Caranavi de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), reconoció el padrinazgo a técnicos y pidió que estos sean evaluados. "Es cierto que se ha mandado a nuestros técnicos, sin embargo, ellos mismos nos perjudican ya que nosotros mismos somos sus padrinos, hermanos tenemos que ver eso, que no perjudiquen al Fondo Indígena, tiene que haber evaluación al cuerpo técnico para no aplazarnos", indicó el exdirigente colonizador (intercultural), según el acta. Liderazgo. De acuerdo con el acta notariada, la reunión, que se desarrolló en Cobija, Pando, fue presidida por la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Y también participaron representantes de otros ministerios, junto a dos representantes de las ocho organizaciones miembros del directorio.
En la oportunidad, Achacollo admitió que las organizaciones tenían a sus propios técnicos en el Fondioc y que las observaciones que tenían debían ser resueltas internamente.
Oposición dice que al Presidente se le olvidó hablar de corrupción
En el sexto aniversario del “Estado Plurinacional”, la oposición coincidió ayer que al presidente Evo Morales olvidó mencionar en su Informe de 10 años de Gobierno, ofrecido a la Asamblea Legislativa, sobre los hechos de corrupción perpetrados en su administración, así como de la deteriorada calidad democrática. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, cuestionó que en la evaluación de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) no se diera respuesta a cómo está en la actualidad la calidad de la democracia, así como otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la institucionalidad del Estado, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CEP) y la independencia de los poderes.
“Quisiéramos saber cómo era hace diez años el Fondo Indígena y saber cuánto nos roban ahora (…). Este tipo de datos no nos muestran, ya que lo único que se muestra es un discurso eminentemente electoral, porque va dirigido a los objetivos del 21 de febrero”, aseveró, al referirse al Referéndum para la modificación de la CPE que habilitaría al Presidente y al Vicepresidente a buscar una tercera reelección.
Por su parte, la diputada Jimena Costa (UD), quien abandonó la sesión legislativa antes de que concluyera el mensaje, lamentó que el Presidente en su informe del “país de las maravillas”, haya omitido aclarar el destino de 456 millones de dólares del Fondioc o de los 435 millones del programa Evo Cumple. “El discurso del Estado Plurinacional se ha convertido en una campaña electoral a semanas del referéndum, donde las encuestas señalan que ganará el No”, dijo.
En criterio de la parlamentaria, al Primer Mandatario también se le olvidó hablar sobre la calidad de la democracia en el país. “La pregunta es que si tenemos elecciones transparentes con un Órgano Electoral independiente, es un tema que no se toca (…), hay que preguntar si no se obliga a la autocensura a los medios de comunicación con persecución y auditorías; estos son temas que hacen a la calidad de la democracia, pero sólo se limitó a hablar de los procesos electorales”, expresó.
El jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Diputados, Helmuth Salinas, dijo que si algo hay que rescatar del informe de gestión son las políticas de inclusión social a favor de sectores que fueron excluidos, así como las carreteras de integración regional, pero que, en definitiva, lo negativo del Gobierno de Evo Morales fue la abierta persecución política a los opositores y la subordinación de la justicia al poder político.
En tanto, el senador del Partido Demócrata Cristiana (PDC) Víctor Hugo Zamora, señaló que los logros citados en el discurso presidencial no son tales debido a que la caída en los precios del gas afectarán más allá de lo admitido y que los logros de inclusión social se circunscribieron solamente al entorno “masista”.
El legislador comento que fue un discurso muy largo con un análisis comparativo de lo que actualmente ocurre y lo que pasó anteriormente. Dijo que este mensaje ratifica el hecho de que se vivió la mayor bonanza económica en la historia de país, ocasionada por el alza de los precios del gas y la sobreexplotación de los pozos descubiertos en anteriores gestiones.
Afirmó también que la “inclusión social” denominada como uno de sus grandes logros, sólo alcanzó a los sectores del MAS y no así a los grupos indígenas a los que debió mejorar sus magras condiciones de vida, inserción al mercado laboral y la realidad laboral del país.
Investigan manejo de Bs 150 millones de Fondioc destinados a Cochabamba Tweet
El asambleísta departamental de Demócratas, Mario Orellana Mamani, informó que 79 proyectos con un presupuesto de 150 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), reemplazado en agosto de 2015 por una nueva entidad ante indicios de un daño económico de 102 millones de bolivianos, fueron destinados a Cochabamba hasta el año pasado.
El representante manifestó que tras la detención del presidente de la bancada del MAS en la asamblea, Henry Vásquez, hace dos semanas por su presunta implicación en la administración de los proyectos “fantasma” del Fondioc, cuando ocupa el cargo de presidente de la Comisión Administrativa de la institución, inició una investigación.
Dijo que su propósito es establecer el estado de los 79 proyectos destinados a Cochabamba con un presupuesto inicial de 150 millones de bolivianos. Aseveró que su objetivo es contar con una lista de todos los proyectos del Fondioc destinados al departamento.
“El informe de la Interventora habla de 79 proyectos que han beneficiado a diferentes sectores del departamento”, dijo. Explicó que ahora la bancada “trabaja en identificar cuáles son esos proyectos, quiénes los manejaban, cuántos están concluidos, cuántos están a medias y qué proyectos son fantasma o no existe para saber el daño económico”. El informe será presentado la próxima semana con el detalle de cada proyecto, que debía beneficiar a los pueblos indígenas, originarios y campesinos.
Se estima que casi un 40 por ciento de los recursos se destinaron a proyectos productivos en el trópico de Cochabamba.
Tras las denuncias de proyectos “fantasma” en el Fondioc, el Gobierno creó una nueva institución mediante el Decreto Supremo 2493. La Fiscalía procesa más de 60 denuncias relacionadas con el uso de los recursos del desaparecido fondo. La nueva entidad debe ejecutar al menos 216 proyectos pendientes. a la/s
Potosi Un implicado en red de corrupción va a prisión
Un implicado en la supuesta red de corrupción denunciado por el asambleísta José Luis Gamarra fue privado de libertad en el recinto penitenciario de Cantumarca.
El fiscal departamental de Potosí, Fidel Castro, afirmó que se halló indicios de responsabilidad contra un exfuncionario por el presunto cobro de dineros bajo el compromiso de otorgar puestos de trabajo.
“La apreciación de los fiscales anticorrupción ha llegado a la conclusión de que esta persona presuntamente, a nombre de otros, realizaba cobros de dinero para acceder a un cargo público”, afirmó.
Sin embargo, el fiscal prefirió no dar el nombre y apellido del exfuncionario detenido preventivamente. A la fecha, la Fiscalía continúa recibiendo algunas declaraciones de algunas personas respecto al hecho denunciado pero, a la vez, existe la posibilidad de ampliar la pesquisa contra otros.
Al respecto, el asambleísta por el Potosí-MOP, José Luis Gamarra, afirmó que el ingeniero agrónomo, que fungía como asesor político de un asambleísta, Osmar A. T. continúa detenido en la cárcel.
Afirmó que el Ministerio Público realiza la ampliación correspondiente en base a la declaración del ahora imputado por delitos de corrupción que es sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El asambleísta dijo tener una nómina de otras personas que presuntamente participaron de esta supuesta red de corrupción. “Tengo la lista en mano, tengo los documentos firmados por asambleístas”, afirmó Gamarra.
Además dijo estar dispuesto a demostrar que “sí existe corrupción en la Gobernación del Departamento de Potosí, existe corrupción en la Asamblea Departamental de Potosí”.
“Ratifico mi posición”, aseveró en tono fuerte y desafiante a los medios de comunicación.
Gamarra denunció que es víctima de un “corralito político” de parte de políticos ligados al MAS.
Afirmó que actualmente tiene siete procesos en su contra de los cuales, según él, tres fueron rechazados. Entre los procesos está el del gobernador y secretario general de la Gobernación, además del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
“Pretenden acorralarme con estas demandas que me hicieron pero, de la misma manera quiero decirles, no me intimidan. Tengo todo la documentación necesaria y se presentará a la instancia pertinente”, dijo.
NOMBRES Y APELLIDOS están en la nómina que maneja el asambleísta Gamarra contra quienes se ampliaría la investigación.
La conciliación "Yo no tengo nada que conciliar con el señor gobernador (Juan Carlos Cejas) y tengo la documentación necesaria para confrontarme, no solamente a él, si no a otros". Así respondió ante la pregunta formulada del por qué no se presentó a la audiencia que fue citada por la denuncia de Cejas en al juzgado.
Gamarra afirmó que será el Ministerio Público el que defina las responsabilidades de quienes están implicados.
En 2013, Achacollo tenía técnicos para el control de los proyectos
En agosto de 2013, el directorio del Fondo Indígena aprobó la contratación de cinco profesionales para el control y seguimiento de proyectos. Estos técnicos dependían de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
"Se aprueba la contratación de cinco personas profesionales que dependerán del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para llevar adelante el seguimiento y control a los proyectos realizados por el Fondo Indígena”, señala la resolución de directorio que fue aprobada en reunión que se realizó en Cobija, Pando, el 28 de agosto de 2013.
En la resolución figura la firma de los representantes de las organizaciones sociales, miembros del directorio y la rúbrica de la exministra Achacollo.
El abogado de Achacollo, Édgar Soliz, explicó que se hizo esta contratación de técnicos porque en agosto de 2013 el directorio ya conocía de las irregularidades del Fondo Indígena y que fue posterior a los informes que solicitó a los exdirectores Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Aramayo.
"Seguramente ha existido la resolución ésa, pero es de agosto de 2013, posterior al famoso video del informe y posterior a las solicitudes que realizó Achacollo a los exdirectores ejecutivos. Seguramente esa resolución, esa contratación de personal, está vinculada a que no se otorgó la documentación”, explicó el abogado defensor de la exministra.
La decisión de contratar profesionales para el control de los proyectos se dio un mes antes de que Marco Antonio Aramayo asumiera el cargo (en septiembre de 2013) como director ejecutivo del Fondo Indígena.
Asimismo, siete meses antes (febrero de 2014) de que Aramayo informara al directorio sobre la quiebra de la entidad indígena, porque arrastraba una deuda de más de 577 millones de bolivianos.
El directorio también resolvió, en agosto de 2013, cambiar los nombres de los proyectos que fueron aprobados en la gestión 2010-2011, que fueron presentados al Fondo Indígena con el aval de las organizaciones.
En esa oportunidad también instruyeron al entonces director del Fondo Indígena, Daniel Zapata, que cerrara los proyectos de la gestión 2010 y 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, resuelven como directorio la organización de una comisión técnica para trabajar la propuesta de modificación del decreto de creación del Fondo para "poder disponer los fondos acumulados de las gestiones 2005 al 2010”.
También decidieron dar un plazo de 30 días para regularizar los 1.123 "proyectos abandonados” de la gestión 2010 y 2011. Si no eran regularizados, automáticamente quedarían depurados.
En la reunión también participaron representantes de los ministerios de Economía y de Planificación, según la resolución.
Dirigentes Según la resolución, en la reunión de directorio participaron los dirigentes campesinos Damián Condori y Rodolfo Machaca; de los Interculturales Ever Choquehuanca y Jhonny Maraza; de la APG Faustino Flores; del Conamaq, Cristóbal Huanca y Hugo Quispe. En representación de las Bartolinas estuvo Juanita Ancieta y Felipa Huanca; de la CIDOB Melva Hurtado y Lucio Ayala. En representación del CEPSC Rosendo Alpire y del CPEM-B, Bertha Bejarano.
Ministerios Economía fue representado por Rubén Ticona y Planificación por Mario Mendoza.
Achacollo involucra a diputado Quispe
Édgar Soliz, abogado de la exministra Nemesia Achacollo, acusó al diputado Rafael Quispe y su esposa, Rociyo Patty, de beneficiarse con recursos destinados a proyectos observados del Fondo Indígena, mientras eran dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
"(Quispe) se beneficia conjuntamente con su esposa Rociyo Verónica Patty de Quispe de recursos destinados a los proyectos aprobados del Conamaq, como ser pasajes, hospedaje y alimentación, por las reuniones y encuentros que ellos mismos convocan”, señala la denuncia.
Quispe es uno de los principales acusadores en el caso de corrupción en el Fondioc,
Tarija Diputado y asambleísta acusados por cobrar Bs 7 millones a obreras Tweet
Un diputado opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una asambleísta departamental del oficialismo están en la mira de la Gobernación y serán denunciados por supuestos cobros irregulares a las trabajadoras del Plan de Empleo Urgente Productivo, que llegaron a sumar cerca de 7 millones de bolivianos.
La Gobernación, a través de la Secretaría de Justicia y la Dirección de Transparencia, anunció ayer en conferencia de prensa que formalizarán una denuncia penal contra el diputado Norman Lazarte y la asambleísta Marina Hoyos. La denuncia irá también contra otra ex dirigente del PEUP, pero en Bermejo, Simona Espada.
El director de Transparencia de la Gobernación, Waldo Tarifa, informó que estas personas, cuando fungían como dirigentes, cobraban desde cien bolivianos hasta quinientos bolivianos a cada obrera. “Dinero que en caso del señor Lazarte era depositado en la cooperativa Catedral a no nombre Yesica Dominga Portal Villarroel, esposa del denunciado”, dijo.
En el caso de la asambleísta Hoyos, el director de Transparencia explicó que los cobros realizados por esta persona fueron depositados en la cuenta personal de la ex dirigente, habilitadas en el banco FIE.
El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, estimó que los cobros que realizaron estas personas entre el 2013 y 2015 a más de tres mil obreras por cada temporada a nivel departamental, llegó a sumar durante esta temporada en sus cuentas personales cerca de 7 millones de bolivianos.
“Haciendo un cálculo simple, si fuesen tres mil trabajadores que hacen un aporte entre comillas de manera obligatoria de 100 bolivianos al mes a favor de alguien, en una cuenta de un familiar o de un dirigente, en sólo dos años estamos hablando de más de 7 millones de bolivianos que aprobaron los trabajadores”, aseguró García.
Ante estas supuestas irregularidades, que fueron tipificadas como estafa, en la Gobernación explicaron que están en la obligación de formalizar una denuncia contra los ex dirigentes del PEUP y la actual dirigente de Bermejo.
Ante estas acusaciones, el diputado Norman Lazarte calificó las denuncias de políticas y desmintió categóricamente que su persona haya cobrado recursos económicos a los trabajadores para su beneficio. Aseguró que en ningún momento su esposa o algún miembro de su familia recibieron dinero alguno en cuentas personales.
El parlamentario dijo que la denuncia es una reacción ante las manifestaciones de las trabajadoras del PEUP en contra de la Gobernación. Señaló que con esto buscan desmovilizar al sector del PEUP.
Por esto, la autoridad nacional instó al Gobernador y a sus secretarios a “ponerse a trabajar y resolver los problemas que enfrenta el departamento y dejar de lado la persecución política”.
De la misma manera, la ex ejecutiva del PEUP y actual asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marina Hoyos, dijo que como dirigentes no realizaron cobros a los trabajadores del sector, por lo que manifestó que desde su calidad de funcionaria pública coadyuvará en las investigaciones.
La dirigente vinculada al PEUP de Bermejo reconoció que hubo aportes, pero dijo que éstos eran de 6 bolivianos a la organización por cada temporada. Afirmó que esos recursos son utilizados para los viáticos de los dirigentes que van a la capital y aseguró que en ningún momento cobraron los montos a los que hace mención la Gobernación.
Trabajadores del PEUP ingresan en vigilia
Miles de trabajadores del PEUP que quedaron desempleados el 31 de diciembre de la pasada gestión se encuentran movilizados y en vigilia exigiendo a la Gobernación reactivar los programas productivos del PEUP. De no ser escuchados, advierten que las medidas de presión continuarán en la ciudad de Tarija, con el cierre del edificio de la administración central, refirió la dirigente María Tapia.
Chuquisaca Investigan sobre caso de funcionarios "fantasmas"
En la gestión pasada, en la Alcaldía de Sucre aparentemente existían varios funcionarios "fantasmas” que cobraban sueldos superiores a Bs 3.000 y que supuestamente trabajan en dependencias como el Centro Municipal Zoonosis, pero que en realidad no existían. El Alcalde señaló que inició procesos a los funcionarios involucrados y actuará con firmeza ante hechos de corrupción.
“Lo que se ha conocido es el trabajo que se llevó adelante entre el Ejecutivo y el Legislativo, hubo reuniones y flujos de información oficiales, documentados, los mismos que han merecido una respuesta, en el caso del Ejecutivo de inicio de procesos a cuanto funcionario esté vinculado ante una supuesta anormalidad, o sea ellos tienen todavía en el proceso el derecho a su defensa y a su descargo”, manifestó el Alcalde.
Arciénega aseguró que en esta gestión no permitirá que se cometan hechos de corrupción desde dentro o fuera de la Alcaldía.
Video Fondo Indígena – Vicepresidente García Linera pidió al Fondo Indígena que aprueben más proyectos Tweet
El vicepresidente Álvaro García Linera exigió en noviembre de 2014 al entonces director del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Marco Aramayo, que se aprueben y se sigan aprobando más proyectos de esta entidad estatal, según un video al que accedió Erbol. Entonces, García participó de la entrega de vacas a familias de una comunidad del municipio Patacamaya de La Paz, como parte de un proyecto del Fondo Indígena. En el video, el vicepresidente se dirige al exdirector de la liquidada entidad estatal, Marco Antonio Aramayo, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro por supuesto incumplimiento de deberes.
“Entonces mi hermano Fondo Indígena, vez a la gente (del Altiplano), también vez en el Oriente, acelera, proyectos no te faltan, lo que te falta es capacidad ejecutiva, tienes plata, tienes proyectos, tienes apoyo ¿Qué falta? Que tú y tus funcionarios actúen rápido, rápido, cada día un proyecto, aprobar, aprobar, que te falte plata, si te falta plata pedile al Presidente, pero te está sobrando plata, te está sobrando plata”, señaló García.
El segundo mandatario explicó a los presentes que el exFondioc contaba con suficiente presupuesto para avanzar, sin embargo, dijo que no estaba cumpliendo con su inversión y responsabilizó de ello a los funcionario que trabajan en esa institución. Reconoció también que no era culpa de Aramayo porque recién asumió el cargo. “Antes de entregar las vaquitas, tengo quejas, tengo reclamos y voy a decir con cariño, primero a mi hermano Fondo Indígena (el entonces director Marco Aramayo), recién ha entrado no, no estoy criticando, pero fondo indígena para entregar plata a todas las comunidades tiene más de mil quinientos millones (de bolivianos), (pero) apenas hemos gastado doscientos, sobra todavía mil trecientos”, indicó.
Reconoció que había fallas por la falta de celeridad, pero dejó en claro que no era culpa del Primer Mandatario, ni de Felipa Huanca, la excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz. “Proyecto, proyecto, proyecto como cerro está acumulado pero no ejecuta, no está cumpliendo (el Fondioc), luego nos reclaman a nosotros por eso te estoy hablando delante de mis hermanos, luego dicen presidente Evo (Morales) ¡No! Fondo Indígena no controla el presidente Evo, no controlamos, si el presidente Evo controla Fondo Indígena como cohete al cielo haría funcionar, pero como no controlamos, entonces como tortuga estamos avanzando”, aseveró.
En un informe de gestión de septiembre de 2013, Aramayo dio a conocer al Directorio presidido por la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, que el Fondo Indígena tenía sólo la capacidad de ejecutar entre 80 a 100 proyectos productivos por año. Pero, entre 2010 a 2011, informó que se aprobaron 3.462 proyectos de los cuales 1.228 eran irregularidades.
Asimismo, el exdirector del Fondioc pidió en esa reunión que no se aprueben más proyectos porque los anteriores no se podían cerrar y había una deuda de 310 millones de bolivianos.
Fondo Indigena,
Pese a peticiones de exministra Suxo: Achacollo rehuyó informar estado de proyectos
Ya en 2014, la entonces ministra de Transparencia, Nardy Suxo, solicitó a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, información sobre estado de proyectos denunciados como irregulares en reiteradas ocasiones y las acciones legales que se asumió antes estas irregularidades.
ANF accedió a las solicitudes de informe que realizo el Ministerio de Transparencia donde indica que en abril de 2014, Suxo pidió a Achacollo informar los antecedentes de 12 proyectos que según varias denuncias tenían observaciones sobre su ejecución en diferentes comunidades, irregularidades en el desembolso de recursos, deficiencias en el control y monitoreo de las obras.
En julio de la misma gestión, el Ministerio de Transparencia nuevamente insta a Achacollo indicar las acciones asumidas ante las irregularidades en el Fondo Indígena, sin embargo, la aludida no emite un informe detallado que permita transparentar la gestión pública.
Posteriormente en octubre, Suxo reiteró a la autoridad del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras remitir la información específica requerida por el Ministerio Transparencia para tener certeza del uso adecuado de los recursos del Estado. "Reitero respetuosamente a su autoridad (): informe sobre las acciones asumidas por su Dirección Jurídica", señala parte de la solicitud.
Ante esta petición, el exdirector del liquidado Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, señaló que Achacollo no dio la información de los 153 proyectos observados del Fondo Indígena en septiembre de 2013 para que el Ministerio de Transparencia también investigue esas obras. (ANF)
ExFondioc: envían a la cárcel a 3 personas
El Ministerio Público determinó ayer la detención preventiva de tres comunarios implicados en el caso del Fondo Indígena. Entretanto, la audiencia del cuarto implicado, Carlos Callizaya, será hoy.
Los dirigentes de las subcentrales de Patacamaya, Collana y Cohani, Bernardo Carguani, Quintín Susara, Roly Córdova, respectivamente, fueron acusados de haber dirigido los proyectos “fantasmas” que manejó el senador del oficialismo Jorge Choque en el caso de Fondo Indígena. La Fiscalía condujo a estos supuestos implicados al penal de San Pedro.
El fiscal Angelo Saravia informó sobre la determinación que se tomó y también confirmó que del cuarto implicado, de nombre Carlos Callizaya, su audiencia será hoy.
Los cuatro comunarios fueron aprehendidos el 14 de enero por una supuesta relación con proyectos fantasma que manejó el senador Choque, quien es investigado por haber recibido 6 millones de bolivianos del liquidado Fondo Indígena para proyectos de forraje. Aparentemente los detenidos cobraron en su condición de dirigentes.
Defienden a Achacollo; Liquidadora desmiente
Durante las gestiones 2011 y 2012 el directorio del Fondo Indígena, presidido por la exministra Nemesia Achacollo, no presentó a la Contraloría General del Estado sus estados financieros pese a la disposición del Decreto Supremo 28571, dijo el abogado de la exministra.
“Fue que ella solicitó la información y ahí pidió que emita una auditoría (al Contralor)”, declaró el abogado Edgar Soliz en una rueda de prensa.
El mencionado decreto señala en el Artículo 14 que “al cierre de la gestión fiscal el Director Ejecutivo presentará al Directorio un informe sobre las operaciones realizadas por el fondo indígena, incluyendo estados financieros debidamente auditados por una firma de auditoría externa. Dicho informe aprobado por el Directorio será remitido, hasta el 31 de marzo de cada año, al Ministerio de Hacienda y al Contralor General de la República”.
Contradictoriamente, la liquidadora de la entidad, Larisa Fuentes, en una petición de informe que prestó a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, el 18 de noviembre de 2014, informó que sí se presentaron los estados financieros en base a auditorías con base en supuesta a información falsa. “Se han presentado los estados financieros de acuerdo a lo que dicen las normas, se han auditado, ha sido una auditoría externa”, afirmó Fuentes y añadió que en su caso tuvo que aprobar los estados financieros de la pasada gestión. “Yo sabía que estaban mal, yo mandé con observaciones”, dijo esa vez.
Nemesia Achacollo: “Estoy presta para ir a declarar; estoy en el norte haciendo campaña”
La exministra de Desarrollo Rural y Tierra y expresidenta del Fondo Indígena respondió sobre las acusaciones referidas al Fondo Indígena.
_¿Cómo observa este proceso de investigación?
Desde la cárcel están hablando de pruebas, pero lo único que puedo decir es que todas las acciones que se han hecho en el ministerio (de Desarrollo Rural) las hemos dado a conocer.
Yo me ratifico en el informe que hicimos en la Asamblea Legislativa, además en todas las entrevistas que he dado, he manifestado que estoy presta para ir a declarar. Estoy en Santa Cruz, estoy en el norte, haciendo campaña. Estoy presta para cualquier convocatoria que haga la Fiscalía.
_¿No ha pensado presentarse a declarar sin que la citen?
Yo he sido parte denunciante de estos casos de corrupción en el Fondo Indígena. Yo los hice conocer y tengo documentos para presentar en su momento. Nosotros no hemos callado.
_El exdirector del Fondioc dice que usted se enteró en 2013 y la denuncia fue hecha a fines de 2014, ¿Por qué se esperó tanto tiempo?
La propuesta de modificación (del manejo del Fondioc) la presentamos en 2011, para cambiar el manejo del fondo, donde los miembros del directorio eran juez y parte. Él ha sido director ejecutivo nombrado por las organizaciones y era la máxima autoridad ejecutora. Que no eche la culpa a otros.
_¿Afecta a la campaña, cómo lo vive usted?
Yo no tengo problemas, voy a los eventos, voy aclarando cómo ha sido el manejo del Fondo Indígena.
_¿Habló con el presidente del tema?
Achacollo rechaza video sobre el Fondo Indígena
Edgar Soliz, abogado de Nemesia Achacacollo, ex Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, dijo este lunes que su cliente rechazó el video que presentó el exdirector ejecutivo del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, en el que informa sobre una quiebra de esa entidad.
Según Soliz, su defendida sostiene que el video no es completo. ​
​"Hemos percibido con un poco de incredulidad el video", manifestó y dijo que el video original dura 4 horas y sólo se presentaron 30 minutos "para desvirtuar", explicó Soliz en conferencia de prensa según la agencia estatal ABI.
Según Soliz, hay otra parte del video - que no se muestra- en la que la exministra "exige uno por uno informes y dice que les va iniciar una acción penal a cada uno de los beneficiarios de los proyectos porque no han presentado sus descargos", sustentó.
Lee más: Achacollo estaba enterada de corrupción, según video
El jurista explicó que, por la negativa de los ex directores a brindar esos informes, Achacollo pidió al Contralor General del Estado, Gabriel Herbas, que investigue esa entidad. "La señora Acahollo le pide a Herbas que le envíe las recomendaciones vía Ministerio le pide que cumple las recomendaciones", señaló Soliz.
Achacollo pidió informes en 12 oportunidades a Aramayo; más de cuatro veces a la ex directora Elvira Parra, y en seis oportunidades al ex director Daniel Zapata, según manifestó el abogado.
En febrero del año pasado, el Contralor General del Estado reveló que, después de la primera fase de auditoría, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados.
Por otra parte, el abogado de la exministra Achacollo aseguró que su cliente está dispuesta a declarar o presentar descargos a requerimiento de las autoridades judiciales.
Ministra de Transparencia acusa a Aramayo de haber obstaculizado la investigación
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, señaló que fue Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien no permitió realizar una investigación oportuna a las irregularidades cometidas en esa institución por lo que restó credibilidad a sus últimas declaraciones.
"Fue Aramayo que no nos permitió realizar nuestro trabajo", dijo Valdivia, a quien acusó de haber negado el acceso a la información.
"Inmediatamente me comuniqué, de inicio me negó y me dijo que necesitaba la autorización de las organizaciones sociales, una actitud irresponsable", agregó la autoridad de Transparencia.
En días pasados, Aramayo aseguró que en septiembre de 2013 alertó a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que había 1.228 proyectos irregulares de un total de 3.462 obras productivas, proyectos fantasmas y mal manejo de los recursos económicos en el Fondo Indígena.
Las declaraciones, fueron respondidas por el primer Mandatario, Evo Morales, quien acusó a Aramayo de ser "doblemente delincuente" porque no hizo una denuncia en su momento, en relación a esos hechos de corrupción y malversación de recursos del Fondo Indígena.
Este lunes, Valdivia, también refiriéndose a las declaraciones de Aramayo, restó credibilidad a cualquier tipo de sindicación proveniente del ex director. "Viniendo de quien viene y a estas alturas lleguen declaraciones! (...) en su momento toda autoridad tiene responsabilidad de denunciar estos hechos. No estamos de acuerdo que se pretenda mediatizar el tema", dijo.
"Para nosotros, como lo dijo nuestro presidente (Morales), el tema del Fondo Indígena es un tema cerrado y hemos hecho lo que teníamos que hacer", sostuvo.
Aramayo actualmente se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro, por un supuesto incumplimiento de deberes.
La Contraloría General del Estado, el mes de febrero del 2015, concluyó en un informe que 153 proyectos no habían sido concluidos pese a que recibieron financiamiento para su ejecución. Entonces, la entidad detectó un presunto daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos. Para la interventora al ex Fondo Indígena, Larisa Fuentes, el daño asciende a más de 102 millones por 30 proyectos "fantasma".
El Fondioc podía supervisar sólo 5% de los proyectos que aprobó
El abogado del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, Héctor Castellón, aseguró ayer que, según su defendido, aquella entidad tenía la capacidad para realizar el seguimiento de sólo 80 proyectos por año y que, sin embargo, entre 2010 y 2011 aprobó 3.460 proyectos.
Esto quiere decir que con todo su personal, según Castellón, de 39 personas, sólo podía supervisar 160 proyectos del total de propuestas (4,6%) que fueron viabilizadas para supuestamente beneficiar a las comunidades indígenas.
Héctor Castellón fue entrevistado este domingo en el programa Hagamos Democracia, de la Red ERBOL, en el que criticó al Ministerio Público por su accionar en el proceso de investigación de los hechos de corrupción en el Fondo Indígena.
Aseveró que "el Ministerio Público no tiene la capacidad investigativa que el fiscal general (Ramiro Guerrero) ha dicho que tiene y hemos demostrado que esa supuesta estrategia simplemente consiste en atosigar al señor Marco Antonio Aramayo con una excesiva cantidad de audiencias”.
El martes de la pasada semana, el abogado Castellón mostró documentos en los que se fijaban tres audiencias para Aramayo, a la misma hora y en dos lugares diferentes. Esto, según Castellón, demuestra que el Ministerio Público "está mintiendo al país porque no tiene estrategia, que el Ministerio público está tratando de entrar al juego del Fondo Indígena para distraer la atención del público, como lo hemos venido denunciando, pero no piensa investigar”.
Asimismo, informó que hasta la fecha Marco Antonio Aramayo asistió, hasta noviembre del año pasado, a 36 audiencias para realizar sus declaraciones informativas por los 36 casos activados, de los 69 que fueron observados hasta ese mes por el caso del Fondo Indígena. Añadió que ahora hay más procesos: según él, son al rededor de 75.
Ayer por la tarde se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra los tres de los cuatro últimos detenidos por la supuesta malversación de fondos dentro del caso en cuestión. Se determinó la detención preventiva de Carlos Callizaya, Roly Gabriel Córdova y Quintín Susara.
Carlos Callizaya derivó toda la responsabilidad al senador masista Jorge Choque y declaró que él lo contactó para encontrarse a solas y le pidió que firme un documento que avalaba el proyecto de entrega de semilla certificada y forraje para comunidades de la provincia Aroma, a las cuales él representaba, pero que no recibió dinero alguno.
Callizaya y los otros detenidos son dirigentes de los municipios de Collana y Ayo Ayo, de la provincia Aroma de La Paz.
Ministerio de Justicia Vía WhatsApp llegan 1.700 denuncias Tweet
El WhatsApp del Ministerio de Justicia reportó hasta la fecha 1.700 denuncias de corrupción en el Órgano Judicial, informó ayer la titular de esa cartera de Estado, Virginia Velasco. La línea habilitada es 69709686.
Piden no tener temor a denunciar. Informó que en esas denuncias, que enviaron las personas a ese sistema digital, se remitieron las pruebas de cargo de varios casos contra jueces, fiscales y secretarias de juzgados.
Por lo que exhortó a los litigantes bolivianos dejar atrás del miedo y denunciar a los malos funcionarios judiciales que son la causa de la crisis judicial. "Para neutralizar la crisis judicial que se ahondó con el caso del video extorsión, los ministerios de Gobierno y Justicia encararan las auditorías jurídicas para desbaratar los consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías manipuladores de normas legales", advirtió.
Abogado de Aramayo dice que las pruebas están en Fondioc
El abogado del exdirector ejecutivo del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, Héctor Castellón, cuestionó la labor de los fiscales que investigan las irregularidades en el Fondo, que extrañamente no hallan pruebas fehacientes contra varios de los miembros del directorio sobre los hechos de corrupción y de que estos tenían conocimiento de los manejos.
El abogado, en entrevista con Erbol, mencionó como ejemplo de la existencia de esas pruebas, de que varios miembros del directorio tenían conocimiento de las irregularidades en el fondo, son el video y las actas de las reuniones que develó su cliente.
Agregó que esas pruebas que la Fiscalía dice no encontrar, están o debieran estar en el mismo Fondo, porque se grababan y elaboraban actas de todas las reuniones y éstas luego eran notariadas. A través de estos documentos dijo que se puede establecer quiénes participaron de las reuniones, lo que se informaba y firmó en cada una de ellas.
Aramayo detenido de forma preventiva desde abril de 2015 en la cárcel de San Pedro de La Paz por supuesto incumplimiento de deberes, envió una carta abierta al presidente Evo Morales, luego de que el Mandatario minimizara las denuncias de las irregularidades en la institución y la complicidad de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo. Aramayo demandó a Morales convocar a los 60 miembros del directorio 2010-2015 para que confronten a Achacollo.
Castellón ratificó estas denuncias de Aramayo y lamentó que la supuesta estrategia que señala tener el fiscal general Ramiro Guerrero para esclarecer lo sucedido en el Fondioc e identificar a los responsables, “consiste simplemente atocigar a Aramayo con una excesiva cantidad de audiencias y más denuncias en su contra, las que suman 60 a la fecha, todas por el mismo caso”.
El abogado recordó que la pasada semana demostraron que el mismo día y la hora, Aramayo tenía fijadas tres audiencias en dos lugares diferentes.
Achacollo niega acusaciones
La exministra de Desarrollo Rural y Tierra y expresidenta del Fondo Indígena, Nemesia Achacollo, en entrevista publicada ayer en El Deber, reiteró que está “presta para ir a declarar” cuando la la Fiscalía la convoque y rechazó las declaraciones que en los últimos días efectuaron varios de los detenidos por las irregularidades en el Fondo Indígena.
“Desde la cárcel están hablando de pruebas, pero lo único que puedo decir es que todas las acciones que se han hecho en el ministerio (de Desarrollo Rural) las hemos dado a conocer. Yo me ratifico en el informe que hicimos en la Asamblea Legislativa” dijo.
La exministra, que dijo que se encuentra haciendo campaña por el referendo en el norte cruceño, precisó que es denunciante de los casos de corrupción y que no calló sobre las irregularidades que detectó en el Fondo.
Con relación a las acusaciones de Aramayo, Achacollo remarcó que él fue director Ejecutivo nombrado por las organizaciones y era la máxima autoridad ejecutora, por tanto “que no eche la culpa a otros”.
Cuatro dirigentes campesinos de la provincia Aroma (La Paz) fueron detenidos en días pasados, por su presunta implicación en el caso del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino.
Bernardo Carguani Pairo, Quintín Susara Quispe, Óscar Gabriel Córdova y Carlos Callizaya Condori son los cuatro aprehendidos, que fueron trasladados desde la provincia Aroma hasta la sede de gobierno. A los cuatro se les sindica de los delitos de incumplimiento de contratos, enriquecimiento ilícito a particulares con afectación al Estado.
Caso terrorismo debiera prescribir por ser un proceso sembrado de irregularidades
El caso terrorismo está plagado de irregularidades porque muchos de los indicios fueron sembrados en contra de personas “cívicas” que no comulgaron contra el actual gobierno y, por todo ello, este proceso debería prescribir, fueron las expresiones que dio a conocer la diputada por Unidad Demócrata, Norma Piérola, en una entrevista que concedió a EL DIARIO.
Fue clara y tajante al mencionar que los únicos responsables de este caso de terrorismo son el actual vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada y todos los que transitaron por el Ministerio de Gobierno y la conformación del Gabinete Jurídico. “Si hubo terrorismo, pero terrorismo de Estado sembrado por la gente del MAS”, dijo.
Piérola afirmó que las personas que perdieron la vida el 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas, el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, fue por “orden del presidente Evo Morales” y confirmada la tarde de ese mismo día cuando arribó a Venezuela.
En dicho operativo fueron arrestados el húngaro Elód Tóásó y el boliviano Mario Tadic.
Piérola coincidió con las declaraciones que brindó el exfiscal del caso Terrorismo I, Marcelo Sosa, cuando desde Brasil afirmó que el caso fue “sembrado” y que como representante del Ministerio Público fue presionado para realizar la investigación y le ordenaron iniciar juicios a las personas que le indicaban.
Por todos estos y otros antecedentes, y el hecho de que cuando ocurrió el hecho no estaba contemplado como delito “el separatismo”, que recién se legisla el año 2010, entonces no había delito que pudieron haber cometido, las personas a quienes se los acusó.
Asimismo, calificó de doloso el procedimiento abreviado al que se sometieron cinco acusados en este caso, porque en su criterio este procedimiento legal está destinado a delitos de bagatela y no a procesos que tiene hasta 25 años de condena.
En su criterio, por todos los antecedentes y lo ocurrido con Alejandro Melgar, a quien la justicia uruguaya dejó en libertad, el proceso que se ventila en la ciudad de Santa Cruz debiera prescribir.
“Considero que todas las personas que siguen siendo perseguidas con este proceso debiera haber acabado. Si hubiera administradores de justicia idóneos que respondan a las leyes y no al patrón que los ha designado, debiera ser declarado extinguido y pedir el retorno de todas las personas perseguidas”, afirmó.
En octubre de 2012, empezó el juicio oral con una lista de 39 implicados. Solo 22 iniciaron el proceso. Los otros 17 fueron declarados en rebeldía al huir del país. El juicio comenzó en Tarija, pero se trasladó a Santa Cruz.
JUICIO DEBE SEGUIR
Al respecto, el fiscal de Distrito de La Paz, Marelo Rollano, dijo que bajo ningún fundamento “pensar siquiera que este caso debiera cerrarse, de ninguna manera”, afirmó.
En su criterio, el proceso “está vigente” porque está en una etapa procesal a cargo de un Tribunal de Sentencia que está llevando a cabo el desarrollo del juicio oral, en mérito a la acusación formulada por el Ministerio Público, por la existencia de delitos de orden público y la identificación de los responsables o “probablemente son autores de ese hecho”.
En ese contexto, afirmó que muchos de los acusados tienen sentencia condenatoria, producto de la realización de peticiones y salidas alternativas como son los procedimientos abreviados.
“Entonces lo que resta es concluir esa etapa procesal en relación a quienes, actualmente, siguen en la condición de acusado”, manifestó.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, pidió que se avance más acelerado en el caso de supuesto terrorismo que investiga una comisión de fiscales y restó importancia a la liberación en Uruguay de uno de los implicados en el caso, Alejandro Melgar, después de haber permanecido detenido durante casi cuatro años a pedido del Gobierno boliviano.
El tribunal uruguayo ordenó la liberación del acusado bajo fianza con libertad irrestricta al fundamentar que se violaron sus derechos. A mediados de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó el pedido para extraditar a Melgar a Bolivia, por considerar que no existen garantías de un debido proceso en el sistema judicial boliviano.
Diputado sugiere conformar Comisión Mixta para esclarecer caso del Fondioc
l diputado Horacio Pope, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dejó en claro que si el oficialismo quiere mostrar una real predisposición para esclarecer las irregularidades producidas en el ex Fondo Indígena, debe acceder a la conformación de una Comisión Mixta en la Asamblea Legislativa, con la finalidad de establecer responsabilidades de autoridades vinculadas en casos de corrupción, la misma que estaría conformada por miembros del oficialismo y la oposición.
El legislador lamentó que hasta el momento las investigaciones estén inconclusas y que, por esa razón, no hay confianza en la labor que efectúa el Ministerio Público, porque a diario se observa cómo el Gobierno intenta justificar y ayudar a altas autoridades comprometidas con este tema, como ocurre con la exministra Nemesia Achacollo, quien aún no fue citada a declarar.
Explicó que, según la lista que tiene en su poder, figuran más de un millar de proyectos, sin embargo, mencionó que en la nómina del exadministrador Marco Antonio Aramayo se citan más de 3 mil proyectos y que ambas nóminas presentan diferentes estudios.
Citó, como ejemplo, el caso de Damián Condori, quien es procesado porque habría recibido alrededor de 590 mil bolivianos, recurso que está dispuesto a devolver porque no habría efectuado ningún proyecto. No obstante, en las listas en su poder, se detallan con códigos dos proyectos a su nombre, uno de 800 mil bolivianos y otro más de 300 mil bolivianos.
“Aquello significa que tanto la Contraloría General como la Interventora en el caso no están haciendo una labor amplia sino que cada uno aparece con datos que no tienen relación, por lo que entiende que hay muchas más cosas que no han salido a luz, quedando muchos cabos sueltos”, dijo.
Acotó que en Chuquisaca, su grupo de trabajo recibe regularmente denuncias sobre supuestas malversaciones con dinero del ex Fondo indígena, por ejemplo, dijo que en Camargo varios dirigentes informaron sobre un sobreprecio en la compra del inmueble de la federación de campesinos de Nor y Sud Cinti, con la participación de la actual diputada de la región y el actual Alcalde de Camargo, denuncias que no se mencionan en ninguna lista.
Concluyó afirmando que no todo ha salido a luz pública debido a que los informes de la Interventora y los de la Contraloría son insuficientes, e incluso en la misma página del ex Fondioc aparecen otros datos. Sin embargo, aclaró que estos informes no son contradictorios entres sí, pero sí son insuficientes, por lo que queda mucho por investigar sobre las irregularidades cometidas en el ex Fondo Indígena.
Sostuvo que cada denuncia presentada por su equipo de trabajo, se la realiza solamente como un acto testimonial, porque no hay fe en el Ministerio Público. Se ve a diario, dijo, cómo el Ministerio Publico y el Gobierno hacen amagues para salvar a altas autoridades comprometidas con este tema, como Nemesia Achacollo, quien, por lo menos, debió haber sido citada a declarar, porque la exautoridad mucho tiene que decir.
A su juicio, si estas autoridades no son convocadas a declarar hasta el 21 de febrero, con seguridad que más adelante intentarán desvincularlas del caso.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 154
 artículo 153
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 14