Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9410
Timestamp: 2019-07-22 23:12:16+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-982137-2002
Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato de interventoría debido a que durante su ejecución se fijan nuevos topes para sueldos y viáticos, cuando el acto administrativo no hace obligatorio el pago del tope máximo, sino reglan el máximo a reconocer
TAD-CUN-SIII-982137-2002
SOCIEDAD ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES LIMITADA “ARQCIVILES LTDA.” VS. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
El noviembre 29 de 1994, la SOCIEDAD ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES LIMITADA “ARQCIVILES LTDA y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA celebraron un contrato de interventoría, cuyo objeto era el estudio, diseños e interventorías para los trabajos de pavimentación de la carretera UBATE - CARMEN DE CARUPA. Las partes acordaron que las tarifas del personal, los viáticos y costos directos se regirían de acuerdo con las tarifas fijadas en la resolución No 002333 del 7 de julio de 1994 del Ministerio de Transporte. La resolución 002525 de mayo 4 de 1995 (derogatoria de la No. 002323 de julio 7 de 1994) inicialmente consagró que se aplicaba a los contratos celebrados antes de su vigencia. Sin embargo, mediante resolución 002800 de mayo 11 de 1995, aclaró que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1995. Lo anterior, con el fin de hacer operante sus nuevos topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría. La SOCIEDAD ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES LIMITADA “ARQCIVILES LTDA le señaló al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA que se rompió el equilibrio económico, por cuanto si bien le contrato se suscribió durante la vigencia de la resolución número 002333 de 7 de julio de 1994, por la cual se establecieron los topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría, el mismo se ejecutó durante la vigencia de la resolución número 002525 de 4 de mayo de 1995 que derogó la número 02333 de 1994, estableciendo un presupuesto de sueldos y viáticos superior al de la fecha de suscripción del contrato.
¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico de un contrato de interventoría, cuando al celebrarse el contrató se pactó que al contratista se le pagaría conforme a una resolución que fijaba los topes para sueldos y viáticos, pero al iniciarse ejecución del contrato salió una nueva resolución que elevó dichos topes?
Circunstancias que pueden afectar la ecuación económica del contrato. «(…) La ecuación económica – financiera del contrato puede verse afectada, por las siguientes causas fundamentales: -Por causas imputables a la administración pública, como sujeto contractual; cuando nocumple en la forma debida sus obligaciones contractuales. -Por causas imputables al Estado y cuyos efectos inciden en el contrato estatal; que comúnmente se conoce como la teoría del “ Hecho del Príncipe”. -Por causas no imputables al Estado, que son externas al contrato, pero que alteran la economía del mismo; comúnmente conocida como la teoría de la “imprevisión. (…)»
«(…) La finalidad de la norma administrativa en cuestión (resolución número 002525 de mayo 4 de 1995) es hacer operante sus nuevos topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría, a contratos que si bien fueron celebrados con anterioridad, se ejecutan durante su propia vigencia; sin embargo no puede perderse de vista que estos actos administrativos no hacen obligatorio el pago del tope máximo, sino reglan el máximo a reconocer en los contratos de consultoría. Independientemente de profesar una determinada postura frente al contenido de la teoría del hecho del príncipe (si comprende una conducta o decisión imputable a la autoridad pública que celebro el contrato; o entenderla en forma amplia como toda intervención de los poderes públicos que tenga por resultado afectar las condiciones contractuales), lo cierto es que dada la naturaleza y finalidad de estos actos administrativos expedidos por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, los mismos per se tampoco alteran el valor del objeto del contrato; por cuanto no afecta, no rompe la ecuación económica y por consiguiente no hay fundamento para su restablecimiento.
Quiere significar en primer lugar la sala, que la revisión de sueldos y costos para el contrato de consultoría, contenida en la nueva resolución, no constituye un hecho del príncipe a efectos del caso concreto, habida cuenta que sus nuevos topes máximos no tienen la naturaleza de obligatorios para las partes contratantes y en consecuencia no alcanza a modificar las reglas contractuales en esta materia.
En este orden de ideas la noción de rompimiento del equilibrio económico en el presente caso no puede operar per se, es decir que aún aceptando en gracia de discusión la aplicación de los efectos jurídicos de la nueva resolución, al contrato celebrado entre las partes y que esa aplicación conlleva a un rompe del equilibrio económico, con fundamento en la noción del hecho del príncipe; no esta demostrado que la equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos del contrato se haya roto; habida cuenta que en ningún momento la parte demandante ha demostrado que su patrimonio económico se afecto al haber cancelado unos mayores valores, a causa de aplicar retroactivamente las sumas contenidas en la resolución 002525 de mayo 4 de 1995.
Tampoco es de recibo para la prosperidad de las pretensiones acudir a la noción de imprevisión; por cuanto la situación se encontraba dentro de la esfera de la previsión por parte del contratista, habida cuenta que esta situación estaba expresamente consagrada en los artículos quinto y séptimo de la resolución 2323 de julio 7 de 1994; sin embargo acepto contratar bajo los parámetros económicos establecidos, sin hacer mención o condición a la retroactividad; todo sin desconocer que a nivel de política salarial, lo salarios en forma general se actualizan para cada anualidad. (…)»
Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato de interventoría, cuando al celebrarse el contrató se pactó que al contratista se le pagaría conforme a una resolución que fijaba los topes para sueldos y viáticos, pero al iniciarse ejecución del contrato salió una nueva resolución que elevó dichos topes, porque:
La finalidad de la nueva norma administrativa en cuestión es hacer operante sus nuevos topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de consultoría.
Estos actos administrativos no hacen obligatorio el pago del tope máximo, sino reglan el máximo a reconocer en los contratos de consultoría. Por tanto, dada la naturaleza y finalidad de estos actos administrativos expedidos por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, los mismos no alteran el valor del objeto del contrato y por consiguiente no rompen la ecuación económica.
Los ajustes a los sueldos y costos para los contratos de consultoría, contenida en la nueva resolución, no constituyen un hecho del príncipe, habida cuenta que sus nuevos topes máximos no tienen la naturaleza de obligatorios para las partes contratantes y, en consecuencia, no alcanza a modificar las reglas contractuales en esta materia.
No existe prueba alguna respecto a cuáles fueron los valores cancelados por el contratista y que haya efectivamente cancelado unos mayores valores al personal, con fundamento en la nueva resolución.
La situación se encontraba dentro de la esfera de la previsión por parte del contratista, habida cuenta que esta situación estaba expresamente consagrada en los artículos quinto y séptimo de la resolución 2323 de julio 7 de 1994; sin embargo aceptó contratar bajo los parámetros económicos establecidos.
PRIMERO.- Nieguénse las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.-Sin condena en costas.
Ley 80 de 1993. Artículos 4, 14 y 27.
Ficha: Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato de interventoría..
Una entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico de un contrato de interventoría..

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