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Timestamp: 2020-02-26 09:52:48+00:00

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“Zonas de amortiguamiento” y algunas incertidumbres jurídicas - EL ABC RURAL
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Reflexiones en torno a la deficiente redacción de la Resolución 246/18 de la cartera agropecuaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El pasado 14 de febrero, mediante la Resolución 24/19, el Ministerio de Agroindustria bonaerense suspendió, por el término de un año, su anterior Resolución 246/18 que instauró un régimen genérico de “zonas de amortiguamiento” para el uso de agroquímicos.
Simultáneamente modificó esa resolución, ordenando, para cuando retome vigencia, una “abstención” de uso de agroquímicos en algunas zonas buffer en particular, como se verá más adelante.
A esa “abstención” le siguió una excepción: si las aplicaciones “se tuvieran que realizar por alguna razón estrictamente justificada” se exigirá su autorización documentada por ingeniero agrónomo matriculado, además de darse ciertas circunstancias según se trate de aplicaciones que incidan en actividades escolares y otras.
La Resolución 246/18 dispuso los espacios que los municipios deberán fijar como zonas de amortiguamiento: lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales.
En la superficie de esas zonas se exige que las aplicaciones cumplan algunos recaudos establecidos de modo genérico e, incluso, impreciso, por ejemplo, considerarse “las características intrínsecas del producto…ej. toxicidad y tensión al vapor”; ¿esa “toxicidad” quedará al arbitrio del aplicador o de un ingeniero agrónomo?
Respecto al profesional la resolución pareciera mandar que: primero, se encuentre presente en aplicaciones con maquinaria de arrastre en dos tipos de zonas buffer: contiguas a áreas urbanas y a zonas residenciales extraurbanas –pudiendo entenderse que esa presencia no le debe ser impuesta en el resto de las situaciones por no estar comprendidas en la excepción, así, por ejemplo, en espacios de escuelas, siendo incomprensible esa omisión-; y, segundo, “determine” (otra vaguedad) aquellos recaudos indefinidos mencionados antes (toxicidad –ya apuntado-, “regulación necesaria del equipo” y “condiciones meteorológicas”).
Confusa redacción
Un punto sensible es el de las aplicaciones en zona buffer contigua a escuelas. La resolución original las permitía fuera del horario escolar. Aquí el acto que suspendió por un año la resolución tiene apariencia de ser una medida de progresión ambiental al prescribir “abstención en forma total de aplicaciones” en zonas buffer linderas con escuelas, campos de bombeo o “baterías de pozos” públicos, y cuerpos o cursos de agua.
Pero esa progresión no es tal porque la redacción de la excepción es confusa en varios aspectos: esa abstención de fumigar cede ante una “razón estrictamente justificada” que la resolución no delimita en una definición ni en una lista taxativa de situaciones,sumada a la responsabilidad que atribuye a los ingenieros agrónomos por las consecuencias de la aplicación, sin quedar precisados los tipos y alcances de esa responsabilidad ni aclarado si ellos también tienen el deber de controlar y documentar la observancia de los requisitos de la aplicación en esos sitios especiales, por ejemplo la no presencia de personas o animales.
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