Source: https://www.slideshare.net/Nicoagus/iniciativa-que-reforma-diversas-disp-cppultima-version
Timestamp: 2017-09-25 13:03:43+00:00

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1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSASDISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LALEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; DE LA LEYFEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, Y DE LA LEY QUE ESTABLECE LASNORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, ACARGO DE LA DIP. LAURA ELENA ESTRADA RODRÍGUEZ DEL GRUPOPARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL.La que suscribe, diputada federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de laUnión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción I delartículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a laconsideración del pleno de esta Honorable Asamblea el presente proyecto de decreto altenor de la siguiente: Exposición de MotivosEn México, los derechos fundamentales de las personas a las que se les imputa algúndelito así como a las que son víctimas de los mismos, surgen a la vida jurídica con lasreformas de 1993 y del 2000, mismas que reconocen de manera plena el momentoprocedimental en el que las garantías que dicho artículo consagra, deben observarse.Al respecto, menciona el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela: “Detrás de las más hondas transformaciones sociales, económicas y políticas quehan operado en la historia, se descubre sin un acucioso análisis los acontecimientos queles han determinado, el anhelo persistente e insatisfecho de la humanidad, consistente enlograr un verdadero ambiente de igualdad, como supuesto imprescindible de la justicia”1Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres, a laesfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso ala riqueza, a los cargos de toma de decisiones, a los empleos remunerados y por supuesto al acceso a la justicia, en igualdad a los Hombres; condición que generalmentedesencadena un trato injusto y discriminatorio para las mujeres mexicanas.Acorde a esta realidad, y firme en un sentido de justicia y congruencia con quienesrepresento, presento este proyecto de decreto, con la finalidad de visibilizar ladesigualdad que sufren hoy en día las mujeres que se encuentran privadas de su libertad,1 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, Décimo Tercera Edición Actualizada,Editorial Porrúa, Pp. 343. 1
2. en todo el país, con el fin de responder a las necesidades de aquellas que se encuentranen una situación de vulnerabilidad mayor.El acceso a la justicia, es un derecho contemplado en nuestra Carta Magna, sin embargo,la situación de las mujeres que se encuentran recluidas, por haber cometido un delito,refleja una de las realidades sociales que hoy veo con mayor preocupación y con lanecesidad de sacar a la luz pública debido al abandono, desigualdad y a la ausencia delreconocimiento, ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en estacondición.El Diagnóstico que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado enenero de 2007 sobre el “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en lasAméricas2”, señala que hay cinco problemas en particular en el acceso a la justicia de lasmujeres privadas de su libertad: los vacíos e irregularidades en la investigación,deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de los mecanismospreventivos de protección, barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder ainstancias judiciales.En cuanto a las víctimas de los delitos en el análisis, la Comisión hace referencia a losobstáculos que éstas presentan en general, afirmando que el foco de la problemática dela criminalidad se ha dirigido al autor del delito y ha ocultado el abandono de que ha sidoobjeto la víctima como afectada directa y su entorno social. Destaca que se trata a lasvíctimas sin respeto y no se les informa acerca del proceso, aunado a lo anterior seencuentra el desconocimiento de las víctimas de sus derechos fundamentales.En el caso de las mujeres infractoras, la Comisión considera que la discriminacióncomienza a evidenciarse desde el momento en que son detenidas, ésta continúa porparte de las personas que administran justicia, quienes en consecuencia de susocialización y el desconocimiento de las condiciones de género de una infractora,contribuyen a que las mujeres permanezcan más tiempo en reclusión que los hombres, alimponerles penas mayores aún cuando se trata de un mismo delito.De acuerdo con lo que establece el “Diagnóstico sobre incidencia de los delitos cometidospor las mujeres privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas”, que elaboró elCentro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de laCámara de Diputados; las mujeres como víctimas del delito, como sobrevivientes delmismo o como infractoras, padecen la misma situación en lo que refiere aldesconocimiento de sus derechos, carencia de servicios adecuados y gratuitos,vejaciones, trato discriminatorio, entre otras.La perspectiva de género, permite identificar la situación de las mujeres respecto a loshombres por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Juzgar con2 http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 2
3. perspectiva de género supone incorporar a la realidad que se juzga, elementos deanálisis, interpretación, y valoración jurídica en conformidad con el ordenamiento nacionale internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta losprincipios de no discriminación e igualdad sustantiva contemplada en el artículo 1º de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, elgénero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, lareligión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contrala dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades delas personas”.Asimismo, el artículo 20 del mismo ordenamiento legal, establece los principios que seseguirán en todo proceso penal así como el reconocimiento de los derechos de lasvíctimas y de las personas imputadas. Ergo, el derecho a la justicia es uno de losderechos humanos más invocados y desarrollados en los diferentes sistemas deprotección nacionales e internacionales.Es entonces cuando los artículos 8° y 25 numeral 13 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos y sus correlativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos4 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 5 establecen losiguiente: Art.8 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentrode un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquieracusación penal formulada contra ella, para la determinación de sus derechos yobligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Art. 25 I. “Toda Persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otrorecurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos queviolen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presenteConvención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en elejercicio de sus funciones oficiales”.Artículos que establecen el ejercicio de la garantía para el acceso a la justicia que todopersona tiene derecho y, las garantías judiciales o de debido proceso que deben estarpresentes en todo acto o proceso en el que se puedan ver afectados los derechos de laspersonas.3 Véase http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html4 Véase http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm5 Véase http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 3
4. Asimismo, los numerales 2 al 5 del mismo artículo 8, desglosan las garantías de debidoproceso que deben asegurarse a cualquier persona que enfrente una acusación penal,bajo el principio de igualdad.Resultan también aplicables el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6, laDeclaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana paraPrevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención del Belém DoPará), en sus artículos 4°, 6° y 7°, entre otras disposiciones ratificadas por el EstadoMexicano.Para que estos elementos se institucionalicen en los procesos de impartición de justicia anivel nacional, es indispensable que las autoridades que participan en él, reconozcan lascondiciones que discriminan a las mujeres e impiden el acceso y garantía de susderechos, así como observan y atiendan las lagunas que se encuentran inmersas en lalegislación penal.Asimismo, es indispensable puntualizar que los factores que inciden para que las mujeresintervengan en cierto tipo de delitos, se ven acompañados de la violencia de génerocomo un nexo causal del hecho delictivo. Ya que la presencia de ésta en la vida de lasmujeres que enfrentan una acusación penal es frecuente y está íntimamente ligada alhecho delictivo que se le imputa.Estos factores por los que las mujeres reaccionan frecuentemente cometiendo un delito,al desafiar los roles que les son socialmente asignados o al actuar cuando se encuentranen extremo peligro, estado de necesidad e incluso en defensa propia, no son observadosy analizados por las autoridades que imparten justicia.La incidencia delictiva, se ve determinada a partir del número de delitos que se cometenen un país. Según el diagnóstico sobre la incidencia de delitos cometidos por mujeresprivadas de su libertad, del CEAMEG establece: que en el año 2007, los países en elmundo con mayor población penitenciaria, fueron Estados Unidos de América, China,Federación Rusa, Brasil India, México, Tailandia, Sudáfrica, Irán y Ucrania. Cabe destacarque México ocupa la 5 posición con 217 457 personas privadas de su libertad. Alrespecto, del total de las personas recluidas, la criminalidad femenina representa siempreporcentajes más bajos respecto del porcentaje de la población masculina. Por ejemplo enMéxico al año 2003, el número total de hombres recluidos ascendía a 172,567, elporcentaje es de 95.5%, mientras que las mujeres eran un total de 8654 que seencontraban recluidas, es decir, el 4.5% de la población total.Para el año 2007, las sentencias condenatoria y absolutoria dictadas a mujeres yhombres, según los tipos de delitos se reflejaba: para los hombres, en promedio, a 86 decada 100 se les dicta una sentencia condenatoria y a las mujeres, 83 de cada 100. En6 Véase http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm 4
5. tanto que para la sentencia absolutoria 14 de cada 100 hombres son absueltos de sucondena y en el caso de las mujeres 17 de cada 100.Sin embargo, la mayoría de las mujeres que permanecen en reclusión, lo están, entremuchas otras razones, por una nula o mala defensa jurídica de sus casos, aspecto que seprofundiza por no contar con los recursos económicos para sostener los gastos de sudefensa, y la evidente falta de mecanismos judiciales idóneos en la normatividad penalmexicana que les permita acceder a la justicia penal.Por otro lado, es importante puntualizar que el objeto de la Ley General para la Igualdadentre Mujeres y Hombres, es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, asícomo proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Naciónhacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,promoviendo el empoderamiento de las mujeres7, ordenamiento que establece regirsebajo los principios de la igualdad, la no discriminación y la equidad, además que alude a laincorporación de la perspectiva de género.Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,publicada el 1° de febrero de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, es creadaobedeciendo a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una realperspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad atodas las mujeres de este país, sin ser exclusiva de una localidad, sino aplicable en todoel territorio nacional y obligatoria para los tres niveles de gobierno; por esta razón seestablece en la presente iniciativa la supletoriedad de la legislación, cuando el juzgador loconsidere necesario para la interpretación de la perspectiva de género y la evaluación deriesgo en la que se encuentren las mujeres.En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,contempla que la perspectiva de género, debe ser entendida como una visión científica,analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que eliminen causas de opresión degénero como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en elgénero, promoviendo en todo momento la igualdad entre los géneros a través de laequidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuyendo a construir una sociedaden donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos yoportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política ysocial en los ámbitos de toma de decisiones.Es decir, deberán tomarse en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas yculturales que mantienen a la mujer en una situación de desventaja y subordinación enrelación con el hombre.7 Artículo 1 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, [en línea],http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGIMH.doc, consultado en 24-05-2010. 5
6. En este orden de ideas, el 11 de marzo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de laFederación el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre deViolencia, con el objeto de reglamentar las disposiciones de la mencionada Ley Generalen lo relativo al Poder Ejecutivo Federal, así como las bases de coordinación entre éste,las entidades federativas y los municipios, que sean necesarias para su ejecución.Tal y como es posible apreciar, en México se han llevado a cabo acciones para poderlograr un estado de igualdad de género en los distintos ámbitos del derecho, al gradoincluso que en el plan nacional de desarrollo 2007-2012, su Eje 3 contempla la igualdadde oportunidades y concretamente en su punto 3.5, hace referencia a la necesidad depromover acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como unaauténtica cultura de la igualdad argumentando que por tal motivo incorpora la perspectivade género de manera transversal en cada uno de los ejes que los conforman8.De lo anterior se pone de manifiesto que en su objetivo 16 contempla “Eliminar cualquierdiscriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para quelas mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”.Por su parte el 11 de marzo de 2008 se publicó el Reglamento de la Ley General deAcceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual se desarrollan, entre otrostemas, el procedimiento para la atención de solicitudes de alerta de violencia de género yse establecen las atribuciones de la SEGOB y otras autoridades en la materia.9Así también, en 2009 se trabajó en forma conjunta con las tres instancias del PoderJudicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de laJudicatura Federal y Tribunal Electoral), derivado de lo cual se creó una ComisiónInterinstitucional de Equidad de Género y una Coordinación General del Programa deEquidad de Género que asesora el trabajo que realizan las tres instancias.10No obstante, en las últimas décadas, la tasa de delincuencia femenina en México hatenido un crecimiento considerable.11 La mayoría de las mujeres que se encuentran enprisión pertenecen a sectores sociales desfavorecidos que permanecen encarceladas pordelitos que son comunes a personas que han padecido maltrato, carecen de poder y hansido violentadas la mayor parte de sus vidas. En la actualidad, las mujeres se han visto8 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, [consultado en línea],http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/igualdad-entre-mujeres-y-hombres.html9 Segundo Informe de Ejecución 2008, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, [consultado en línea],http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/SegundoInformeEjecucion/3_5.pdf10 Tercer Informe de Ejecución 2009, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, [consultado en línea],http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/TercerInformeEjecucion/3_5.pdf11 Martínez Lanz, Patricia; Carabaza, Rodrigo; Hernández, Andrea, “Factores de riesgo predisponentes a ladelincuencia en una población penal femenina” en Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 13, núm. 2,julio – diciembre, 2008, México, Universidad Veracruzana, p. 302. 6
7. involucradas en nuevas conductas delictivas, como asalto a bancos, secuestro, extorsióny delitos contra la salud.12Factores importantes que tienen probabilidad de poner en marcha los mecanismos queorillan a un individuo a ser delincuente son su baja posición en el sistema de clasessociales, deficiencias educativas, pobreza, ambiente familiar inadecuado o perturbado,residencia en un mal vecindario y pertenencia a una familia numerosa. Así, los factoresadversos tienden a presentarse en conjunto y a actuar recíprocamente, hasta el punto decrear una situación que puede inducir a un individuo a cometer conductas ilícitas.13Asimismo, la prisión puede reflejar un ejercicio del sistema que se transforma en unafunción marginalizante ya que ahí se encuentran las mujeres más pobres y de menor niveleducativo. La discriminación de la mujer en prisión es doble: en primer lugar sufre comomujer y en segundo como delincuente por pertenecer no sólo a un grupo desfavorecido entodos los aspectos sociales, sino también al grupo que ha violado la clásica imagen de lamujer impuesta por la sociedad, que por ello debe ser recriminada severamente,olvidando la violencia y los abusos que ha sufrido.14Entre las mujeres en reclusión hay un alto nivel de abandono (60%) por parte defamiliares y amigos; estas mujeres, así, carecen por lo general de apoyo social, con elconsecuente impacto que esto tiene sobre su bienestar físico y emocional. El ingreso esentonces conflictivo y angustiante tanto por la situación del delito como por el rompimientodel núcleo familiar, y además por el lugar donde debe vivir, esto es, el dormitorio en el quese le aloja.15Por otra parte, en México contamos con un proceso penal que, en la práctica, se lleva acabo alejado de los principios del sistema acusatorio, es decir, con ausencia del principiode igualdad entre las partes en donde los casos se resuelven sin tomar en cuenta laperspectiva de género.Cierto es que la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 instaura un sistemaprocesal penal acusatorio que, en palabras de Ferrajoli,16 es una contienda entre igualesiniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba enfrentada a la defensaen un juicio contradictorio, oral, público y resuelta por el Juez según su libre convicción.Para el citado jurista17 la obtención de la verdad, en el sistema acusatorio, se lleva a cabomediante un proceso cognoscitivo a través del conocimiento empírico de las hipótesisacusatorias, por cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga de laprueba para el acusador, el principio in dubio pro reo, la publicidad del procedimiento12 Idem.13 Idem.14 Idem.15 Ibidem, p. 308.16 Ferrajoli, Luigui, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2005, p. 564.17 Ibidem, p. 541. 7
8. probatorio, el principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación dela acusación.Sin embargo, es imperiosa la necesidad de que los procedimientos penales se lleven acabo tomando en consideración la perspectiva de género a efecto de lograr un efectivoequilibrio entre los hombres y las mujeres y con ello lograr una resolución de los casosjusta y acorde con las circunstancias por las que se cometió el delito.En este sentido, debemos asumir el compromiso de proponer e impulsar reformas legalesque conviertan a nuestro sistema de justicia penal justo en donde la perspectiva degénero sea tomada en cuenta en el desarrollo de la averiguación previa, en el juicio, en laejecución de sentencias, así como en el ámbito de la defensoría de oficio.Por lo anterior, la presente iniciativa, tiene como finalidad atenuar la problemática descrita,y establecer en la legislación penal los mecanismos jurídicos antidiscriminatorios, queincluya en todo momento del proceso penal, la perspectiva de género, con la finalidad deque las autoridades que administren la justicia, reconozcan en todo momento el derechode las mujeres, a que les sea administrada la justicia, con apego a sus garantíasfundamentales.Por tal motivo se propone la incorporación de la perspectiva de género como figurajurídica inmersa en la legislación procesal penal, que deberán atender las autoridades aquienes les compete la resolución de estos conflictos, dicha figura tendrá por objetoestablecer que la comisión de un delito, estuvo motivada por cualquier acción u omisión,basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,económico o sexual.En este tenor, se establece que, el juez que conozca del proceso deberá tomar en cuentalos antecedentes de violencia, y en su caso, considerarlos como atenuantes para lasentencia.Las resoluciones, sean autos o sentencias, deberán incluir el análisis de la perspectiva degénero, a efecto de evitar que sea vea vulnerado el principio de imparcialidad de la leypenal previsto en la fracción II del artículo 17 de nuestra Constitución en donde se señalaque:“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estaránexpeditos para expedirla en los plazos y en los términos que fijen las leyes, emitiendo susresoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”Aunque el artículo constitucional, es una expresión formal de que la ConstituciónMexicana garantiza a las mujeres el acceso a la justicia, sólo está escrito en la ley, peroen la praxis, en diversas ocasiones, no se le da el cumplimiento debido, ya que no tieneaplicación general, en virtud de que si la persona que opera la justicia no toma en cuenta 8
9. que en la práctica debe observar la perspectiva de género que rodea el caso concreto eignora el principio de no discriminación por cuestiones de género, entonces los casos demujeres que tengan en sus manos los resolverá bajo parámetros tradicionalmentemasculinos con lo que estará profundizando la desigualdad en la aplicación de la ley entrehombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.Recordemos, que la administración de justicia debe ser imparcial, lo que quiere decir queno debe actuar conforme a intereses específicos o privados a efecto de evitardiscriminaciones arbitrarias, por ello es importante establecer que el principio deimparcialidad de la ley deriva del principio de igualdad, plasmado en el Art. 4 de laConstitución y que obliga al servidor público encargado de la administración de justicia aactuar de manera neutral e imparcial. Por tal motivo, se propone, que al momento deintegrar la averiguación previa, el Ministerio Público evite emitir aseveraciones odescalificaciones, derivadas de patrones socioculturales que discriminen a la víctima o asus familiares.De acuerdo con el diagnóstico regional, elaborado por la Relatoría sobre derechos de lasmujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado “Acceso a laJusticia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”18, publicado en 2007, losprincipales obstáculos que enfrentan las mujeres en el campo de la administración dejusticia, se enfocan a los vacíos e irregularidades en la investigación, deficiencias en eljuzgamiento y sanción, la falta de efectividad de los mecanismos preventivos deprotección…Por esta razón, y con el objeto de fortalecer la protección de víctimas quesufren violencia; la iniciativa propone que las autoridades encargadas de practicardiligencias de averiguación previa, puedan establecer la evaluación del riesgo de lasvíctimas o de sus familiares en la medidas cautelares, para lo cual faculta al MinisterioPúblico, para otorgar las órdenes de protección, descritas en el capítulo VI de la Ley deAcceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.En tal virtud, esta iniciativa propone también reformas al Código Federal deProcedimientos Penales a efecto de que la perspectiva de género se tome en cuenta, porlas autoridades competentes, durante el desarrollo de la averiguación previa, así comodurante todo el proceso penal.18 Op. cit. Pág. 17-19 Suárez Cabrera Julia Marcela, Acceso a la Justicia Penal para las Mujeres, Construcciónde un marco conceptual metodológico, operativo, para un sistema de evaluación y seguimiento de lainstitucionalización de la perspectiva de Género Publicado por el CEAMEG. 9
10. Además, se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública, esto a efecto de que los Ministerios Públicos tomen en cuenta la perspectivade género en el momento de llevar a cabo sus actos de investigación o bien, durante eldesarrollo del proceso.Sumado a lo anterior se proponen reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública paraque los abogados defensores hagan valer la perspectiva de género ante la autoridadministerial o judicial. Por otra parte, se proponen reformas a la Ley que Establece laNormas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para que el tratamientoimpuesto a los internos se efectúe con base en perspectiva de género.En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta HonorableCámara de Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma yadiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la LeyOrgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de la DefensoríaPública, y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social deSentenciados, en los términos del siguiente: DECRETOPRIMERO: Se reforman la fracción II del artículo 2º, el artículo 95 fracción V, seadiciona un capítulo XI Bis, al Titulo Primero; se reforma el primer párrafo yadiciona un segundo, recorriéndose los subsecuentes, del artículo 123; se reformanlos artículos 133 y 293 todos del Código Federal de Procedimientos Penales, paraquedar como sigue:Artículo 2o.- ……I.- …II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación delcuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, la reparación del daño y, ensu caso, la perspectiva de género;III.- al XI …Artículo 95.- Las sentencias contendrán:I.- al IV.-… 10
11. V.- Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia y, ensu caso, la perspectiva de género;VI.-… CAPÍTULO XI BIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNEROArtículo 102 Bis.- A efecto de contar con un debido proceso que logre el equilibrioentre los hombres y mujeres, tanto el Ministerio Público como los Jueces, de oficio,en todas sus resoluciones deberán realizar el análisis de perspectiva de género, elcual tendrá por objeto establecer que la comisión de un delito, estuvo motivada porcualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimientopsicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.Artículo 102 Ter.- Cuando el Juez decrete la sujeción a proceso o la formal prisión,admitirá, desahogará y valorará las pruebas que se ofrezcan tendientes a acreditarlas circunstancias de perspectiva de género.Si de las actuaciones del procedimiento se desprende la existencia de lascircunstancias de perspectiva de género, el Juez ordenará el desahogo de laspruebas para mejor proveer.Artículo 102 Quáter.- Al momento de individualizar las sanciones, deberán fundar ymotivar el análisis de perspectiva de género, y tomar en cuenta los antecedentes deviolencia. Cuando así proceda, considerarlos como atenuantes para la sentencia.Artículo 102 Quintus.- La defensa durante el procedimiento, promoverá elofrecimiento y desahogo de pruebas, que permitan acreditar la existencia de lascircunstancias de perspectiva de género.Art 123.- Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionariosencargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tenganconocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio,dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad yauxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios,huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productosdel delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo,evitar emitir aseveraciones derivadas de patrones socioculturales que discrimineno descalifiquen a la víctima o a sus familiares y, en general, impedir que se dificulte la 11
12. averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en loscasos de delito flagrante y su registro inmediato.El Ministerio Público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en suauxilio diligencias de averiguación previa, establecerán la evaluación del riesgo delas víctimas o de sus familiares en la medidas cautelares que en su caso procedan.……Artículo 133.- …………Las resoluciones del Procurador General de la República, deberán contener:I.- y II …III.- Las nuevas consideraciones que se realicen del estudio de la averiguación,incluyendo, en su caso, el análisis de perspectiva de género, así como la respuesta alos planteamientos hechos en el escrito de inconformidad debidamente fundadas ymotivadas; yIV.-…Artículo 293.- En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar enproposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar laaplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño yperjuicio, y citar las leyes, tratados y convenciones internacionales suscritos por elEstado Mexicano y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberáncontener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer laresponsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta paraindividualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará lasreglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas medidas.SEGUNDO: Se reforma el inciso f) del apartado A y el inciso h) del apartado B de lafracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública, para quedar como sigue:Artículo 4.- …I. … 12
13. A) …a) al e) …f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probableresponsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y,cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización uorden correspondientes para su obtención. En su caso, deberá contener el análisis deperspectiva de género, a efecto de acreditar las circunstancias que hayan motivadola comisión del delito;g) al w) ………B) …a) al g) …h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos, en su caso,realizar la promociones que sean pertinentes a efecto de que sea acreditada yvalorada la perspectiva de género y las demás atribuciones que le señalen las normasaplicables.C) …a) al l) …II. …:a) al d) …III. al IX. …TERCERO. Se reforma la fracción II de la Ley Federal de Defensoría Pública, paraquedar como sigue:Artículo 6. … I. … II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer 13
14. acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos, acreditarán la perspectiva de género y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa; III. a la VII. …CUARTO. Se reforma el párrafo primero del artículo 6° de la Ley que Establece lasNormas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar comosigue:Artículo 6o.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias ydisciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas suscircunstancias personales, la perspectiva de género, sus usos y costumbres tratándosede internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedancompurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último,con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos querequieran medidas especiales de seguridad.………I. al VI. ………a) y b)……I. y II. …… 14
15. TRANSITORIOÚnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DiarioOficial de la Federación. Palacio, Legislativo de San Lázaro a 26 de enero del 2011. Dip. Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica). 15
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References: artículo 1
 artículo 20
 artículo 8
 Artículo 1
in dubio
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 95
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 6