Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22780
Timestamp: 2020-07-07 19:02:29+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 26/2012
SENTENCIA 26/2012, de 1 de marzo
(BOE núm. 75, de 28 de marzo de 2012)
ECLI:ES:TC:2012:26
El art. 35.2 regula un concepto de “venta a pérdida” de modo distinto a como lo hace la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, lo que supone la infracción del art. 149.1.6 CE (STC 228/1993) pues se trata de una medida normativa que tiene por objeto evitar abusos de un tipo de ofertas destinadas a conseguir la atracción de los consumidores con el consiguiente desequilibrio de la paritaria concurrencia de comerciantes en el mercado.
3. Mediante providencia de 8 de mayo de 2001, la Sección Cuarta del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de las Illes Balears, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. También acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia de la ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso —27 de septiembre de 2001— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, y, finalmente, ordenó publicar la incoación del recurso y la suspensión efectuada en el “Boletín Oficial del Estado” y en el de Illes Balears.
Señala inicialmente que los motivos de la impugnación se centran en la vulneración de las competencias del Estado en materia de legislación civil y mercantil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Frente a ello, el Presidente del Parlamento balear alega que la Ley 11/2001 constituye una manifestación de la competencia propia y exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de comercio interior, título competencial que tiene tanto límites explícitos, así la política general de precios, la libre circulación de bienes y la legislación sobre defensa de la competencia, como implícitos, derivados éstos últimos de títulos competenciales estatales de carácter horizontal o de contenido jurídico, como la legislación civil y mercantil, sin que tales límites gocen de entidad suficiente para declarar inconstitucionales los preceptos impugnados.
3. Entrando ya en el examen del fondo del asunto, y tratándose de una disputa de carácter competencial, procede comenzar con el encuadramiento competencial de las cuestiones discutidas en el presente recurso. Así, sin perjuicio de que su análisis concreto requiera mayores precisiones, resulta que las mismas hacen referencia a cuestiones incluidas en el ámbito propio del comercio interior o la defensa de los consumidores y usuarios. Respecto de estas materias, la delimitación competencial que deberemos tener en cuenta a la hora de resolver las cuestiones planteadas en el presente recurso es la que resulta de la lectura conjunta de los arts. 30.42 y 30.47 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada a los mismos por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, conforme a los cuales y en los términos en ellos previstos, la Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas tanto en materia de comercio interior “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38 , 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”, como de defensa de los consumidores y usuarios “en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”. Así, conforme a su propio tenor, dicha asunción competencial “no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias” (STC 77/2004, de 29 de abril, FJ 3 y las allí citadas). Por ello, y como ya establecimos en la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 2, respecto a la asunción autonómica de la competencia en materia de comercio interior, resulta que las competencias autonómicas no pueden dejar de atemperarse, de acuerdo a lo previsto en el propio Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, a la disciplina establecida por el Estado en el ejercicio de sus competencias propias, lo que significa que las competencias asumidas por las Illes Balears han de respetar las competencias del Estado relacionadas en el art. 149.1 CE en especial aquellas explícitamente mencionadas por el texto estatutario en relación con las competencias autonómicas en materia de defensa de los consumidores y usuarios y de comercio interior pues sólo entonces será dable reconocer que la autonómica se ha actualizado en el respeto a su marco delimitador propio, constitucional y estatutario, cuestión ésta que deberemos determinar en relación a cada uno de los preceptos objeto del presente proceso al examinar su relación con las competencias estatales que se entienden vulneradas como son, especialmente, las derivadas del art. 149.1.6 y 13 CE.
4. Señalado lo anterior podemos ya comenzar el enjuiciamiento del art. 4.2, primero de los preceptos impugnados en el presente recurso, el cual dispone:
“Artículo 4. Actividad comercial al detalle
2. También se entiende por actividad comercial al detalle la oferta a los usuarios de servicios financieros, de obsequios o regalos como pago de intereses, y de financiación para la adquisición de un bien o de un producto concreto puesto a disposición del consumidor por la misma entidad financiera.”
El conflicto respecto de este precepto se centra en determinar si, como sostiene el Abogado del Estado, el mismo amplía el concepto de actividad comercial al detalle que establece la legislación estatal básica o si, por el contrario, la Comunidad Autónoma ha desarrollado la normativa en esta materia respetando la legislación mercantil básica. Como se desprende de su tenor literal, el art. 4.2 incluye en la actividad comercial al detalle, definida en el apartado 1 de este mismo precepto, los obsequios y regalos que se ofertan por las entidades de crédito a los usuarios de sus servicios financieros y la financiación para la adquisición de un bien o producto que la propia entidad financiera pone a disposición del cliente. Por tanto, el precepto impugnado responde a la finalidad de precisar o especificar el previamente definido concepto de actividad comercial al detalle, del mismo modo que lo hace el art. 1.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, el cual, dictado al amparo de las competencias estatales ex art. 149.1.6 y 8 CE, según proclama su disposición final única, establece que “se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”. Sin embargo, aun cuando ambas normas persiguen determinar los supuestos a los que resulta de aplicación la normativa en materia de comercio, son patentes las diferencias contenidas en una y otra definición en cuanto que la autonómica incluye en su seno aspectos no contemplados en la definición estatal.
Partiendo de las anteriores premisas es preciso reconocer que la norma básica estatal, la Ley 7/1996, define el comercio minorista, que se identifica con el que la ley autonómica denomina “al detalle”, como una actividad exclusivamente definida por la venta de artículos a destinatarios finales. Esta definición, en un sentido objetivo, como una actividad que reviste determinadas características y no otras en el ámbito de la distribución de bienes en el mercado es propia de la legislación mercantil. De ello se desprende que si el Estado posee competencia exclusiva en esa materia (ex art. 149.1.6 CE), el legislador autonómico, aun cuando su competencia en materia de “comercio interior” del art. 30.42 de su Estatuto de Autonomía incluya la relativa a las “condiciones para ejercer la actividad comercial”, no puede entrar a regular tales condiciones de forma que con ello invada ámbitos de la actividad mercantil que corresponden al Estado, el cual ha establecido una configuración jurídica negocial que determina que actividades como las previstas en el impugnado art. 4.2 queden fuera de la misma.
“Artículo 14. Contención de la superficie de venta de los establecimientos comerciales
e) 1300 m2, en el municipio de Palma.”
Ya hemos señalado tanto que el precepto ha sido derogado sin que, pese a ello, el recurso haya perdido su objeto en este punto como que, en la medida en que el Abogado del Estado reprocha, en primer lugar, al precepto impugnado la vulneración de las bases estatales, está planteando un problema de inconstitucionalidad mediata o indirecta de modo que, conforme al criterio que ya hemos expuesto anteriormente, deberemos tomar en consideración la normativa básica en vigor en el momento de dictar la presente Sentencia. En el presente caso supone que debamos tomar en consideración no solamente el art. 5 de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, mencionado por el Abogado del Estado, sino muy especialmente, atendiendo al tenor del precepto cuestionado, el vigente art. 6 de la Ley 7/1996 en la redacción dada al mismo por el art. Único.2 de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, cuyo carácter básico ex art. 149.1.13 CE se proclama en su disposición final única y que dispone:
“Artículo 6. Instalación de establecimientos comerciales.
4. En todo caso corresponde a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales a que se refiere el apartado dos de este artículo, y determinar la autoridad autonómica o local competente para resolver las solicitudes de autorización. Dicho procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la instalación de establecimientos comerciales. Sin perjuicio de la regulación que al respecto aprueben las Comunidades Autónomas, las solicitudes presentadas deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, y como efecto de la falta de resolución expresa, se establecerá el silencio positivo con excepción de los supuestos que recoge el artículo 6 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. No se podrá supeditar el otorgamiento de la autorización a la intervención directa o indirecta de los competidores en el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones, incluso en órganos consultivos, sin perjuicio de los cauces que se establezcan para la consulta al público en general. Las autorizaciones son libremente transmisibles por su titular. No obstante, la transmisión deberá ser comunicada a la administración concedente a los solos efectos de su conocimiento.”
En cuanto que regulación de los regímenes de autorización aplicables a una actividad de servicios como el comercio, habremos de tener en cuenta también lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Esta norma tiene como fin —según se indica en su preámbulo— impulsar la mejora de la regulación del sector servicios, reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas al ejercicio de una actividad de servicios; a tal efecto la Ley 17/2009 (que tiene carácter básico conforme a su disposición final primera) establece como régimen general el de la libertad de acceso a las actividades de servicios incluidos en su ámbito de aplicación y su libre ejercicio en todo el territorio español por prestadores de servicios establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y regula como excepcionales los supuestos que permiten imponer restricciones a estas actividades sea en forma de exigencia de autorización, sea en forma de requisitos para el acceso a la actividad. Por lo que hace a lo primero el art. 5 dispone que la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que concurran las condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad que el propio precepto define, las cuales habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. En cuanto a lo segundo a los efectos del presente proceso interesa destacar el art. 11 a), según el cual: “La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá supeditar dicho acceso o ejercicio a: a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia mínima entre prestadores. Los fines económicos, como el de garantizar la viabilidad económica de determinados prestadores, no podrán invocarse como justificación de restricciones cuantitativas o territoriales.”
El debate procesal en este caso se centra en determinar si la norma autonómica vulnera la normativa básica estatal en materia de horarios comerciales constituida, en el momento de interponerse el recurso, por el art. 43 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, o si, por el contrario, la regulación estatal que se propone como parámetro indirecto de constitucionalidad no tiene realmente el predicado carácter básico. Respecto del deslinde competencial en la materia, ya hemos indicado que el art. 30.42 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, dispone que la Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas en materia de comercio interior “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”, competencia autonómica exclusiva que incluye la “[r]egulación de los calendarios y horarios comerciales con respeto al principio de unidad de mercado”. Lo anterior implica que, como recuerda la STC 140/2011, de 14 de septiembre, “ubicada la regulación de los horarios comerciales en la materia de comercio interior (por todas, STC 254/2004, de 22 de diciembre, FJ 7), la competencia asumida por las Illes Balears ha de respetar las competencias del Estado relacionadas en el art. 149.1 CE en especial aquellas explícitamente mencionadas por el texto estatutario en relación con la genérica competencia autonómica en materia de comercio interior. En el caso que nos ocupa, ello se traduce en el ejercicio de la competencia autonómica en el marco de los principios básicos que el Estado haya establecido al amparo de su competencia sobre las ‘bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica’ del art. 149.1.13 CE (en tal sentido, STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 68).”
“Artículo 18. Horarios en días laborales
2. El horario diario no podrá exceder de 12 horas.”
Conforme venimos exponiendo, el parámetro de control del precepto trascrito sería el art. 3 de la Ley 1/2004, relativo al horario global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad. Dicho precepto impide que el horario global pueda restringirse durante el conjunto de días laborables de la semana a menos de 72 horas indicando, además, en su apartado 2 que “el horario de apertura y cierre dentro de los días laborables de la semana será libremente decidido por cada comerciante, respetando siempre el límite máximo del horario global que, en su caso, se establezca por la Comunidad Autónoma”.
Conforme al criterio que hemos indicado en el fundamento jurídico 2 c) debemos ahora determinar si el citado precepto estatal respeta efectivamente la doble dimensión (formal y material) consustancial a la noción de “bases”. Respecto del cumplimiento del requisito formal éste es evidente, pues se trata de un precepto incluido en una ley formal aprobada por las Cortes Generales y cuya condición básica está expresamente proclamada por su disposición final primera. Por lo que se refiere a la verificación del carácter materialmente básico del precepto estatal, respecto del mismo ya hemos dicho que “la Ley estatal 1/2004 establece un régimen mínimo de regulación en materia de horarios comerciales dentro del cual las Comunidades Autónomas pueden optar por grados superiores de liberalización. Así tiene en su conjunto por finalidad la fijación de las bases de la regulación de los horarios comerciales, aspecto éste particularmente relevante en la ordenación de la actividad comercial minorista, rama o sector de la economía nacional respecto a la cual el Estado puede, conforme a nuestra doctrina, establecer medidas básicas en cuanto lo requiera la adecuada ordenación de la actividad económica” (STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 5). Asimismo, en la STC 140/2011, FJ 4, señalamos, en relación con la Ley 1/2004 que “hemos de considerar que la exposición de motivos de la Ley 1/2004 señala que con la misma se pretende, inter alia, promover unas adecuadas condiciones de competencia en el sector, contribuir a mejorar la eficiencia en la distribución comercial minorista [y] lograr un adecuado nivel de oferta para los consumidores, objetivos todos ellos a los que atiende la competencia estatal del art. 149.1.13 CE.”
Establecido en la forma expuesta el carácter básico de la norma estatal podemos enjuiciar el precepto impugnado, empezando por su apartado primero. Confrontado con el art. 3 de la Ley estatal 1/2004 no existe contradicción entre ellos ya que la base estatal habilita a las Comunidades Autónomas para establecer un horario global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables de la semana impidiendo que dicho horario global no se restrinja a menos de 72 horas, mínimo éste fijado por la base estatal que es respetado por el precepto autonómico, el cual, tras reconocer la posibilidad de que cada comerciante determine el horario de apertura y cierre de sus establecimientos comerciales, fija el límite máximo del horario global de apertura de los establecimientos comerciales precisamente en esas 72 horas a las que hace referencia la normativa básica estatal. En definitiva, por el juego coincidente de la base estatal (“límite mínimo global”), dictada con posterioridad a la norma autonómica, y de ésta, norma de desarrollo, que fija el máximo en 72 horas, la libertad del comerciante a que se refiere el apartado 2 de la norma básica estatal ha de funcionar dentro de esas 72 horas. Por ello, en tanto que el art. 18.1 de la Ley 11/2001 respeta el mínimo fijado por la Ley 1/2004 no contraviene lo dispuesto por la normativa básica estatal, y es conforme con el orden constitucional de distribución de competencias.
“Artículo 20. Actividad en domingos y festivos
2. El consejero titular de la materia de comercio es el órgano competente para autorizar anualmente, mediante orden, la actividad comercial en domingos y festivos, previa audiencia de las asociaciones de comerciantes, de consumidores y de usuarios y sindicales legalmente reconocidas.”
La norma estatal que operaría en este caso como parámetro de constitucionalidad sería de nuevo la Ley 1/2004 que dispone, esta vez en su art. 4, que “el número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de doce”, pudiendo dicho número ser modificado “por las Comunidades Autónomas en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de ocho el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada”. Habiendo afirmado ya en el fundamento jurídico precedente el carácter formalmente básico de la ley estatal, desde una perspectiva material la conclusión relativa a su art. 4 es la misma. Teniendo presentes los objetivos que persigue la regulación estatal en materia de horarios comerciales, relacionados con la necesidad de “promover unas adecuadas condiciones de competencia en el sector, contribuir a mejorar la eficiencia en la distribución comercial minorista [y] lograr un adecuado nivel de oferta para los consumidores” es de apreciar que tales circunstancias determinan el carácter materialmente básico de la norma estatal, en la medida en que tal decisión no es indiferente, en cuanto estímulo a la demanda privada de bienes de consumo y al empleo en dicho sector comercial, lo que justifica que puede ser adoptada por el Estado en atención a su incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general y la comercial en particular.
La regulación de los días de apertura en domingos y festivos respeta los anteriores criterios pues la norma estatal se formula de tal modo que otorga un amplio margen de decisión a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias en materia de horarios comerciales ya que ésta ha de establecer, respetando el mínimo de festivos en los que es posible la apertura según la norma estatal, su número y determinación concreta. De esta manera la base estatal “no agota toda la normación ni monopoliza toda actuación pública posible sobre la materia” de suerte que la Comunidad Autónoma “disfruta de un margen de desarrollo de la normativa básica para el establecimiento de una política propia en la materia en el marco definido por la base estatal” (STC 88/2010, FJ 5).
Sentado pues el carácter básico de la norma estatal, el concreto análisis de la impugnación planteada en relación con la redacción inicial del art. 20 de la Ley 11/2001 ha de partir del reiterado criterio mantenido por este Tribunal y en virtud del cual “en la labor hermenéutica de los preceptos legales resulta obligado apurar todas las posibilidades de interpretación de conformidad con la Constitución y apreciar la invalidez sólo de aquellos cuya incompatibilidad con la Norma suprema ‘resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación’” (STC 133/2006, de 27 de abril, FJ 14). Esta interpretación resulta posible en este caso dado que la contradicción entre los preceptos estatales y el cuestionado art. 20 de la Ley 11/2001 no resulta insalvable y, en consecuencia, este último puede ser interpretado de modo conforme con el orden constitucional de distribución de competencias. Así, podemos entender que la norma autonómica no excluía que los domingos y festivos pudieran ser días hábiles para el ejercicio de la actividad comercial, pues tal es lo que resulta de su apartado segundo, sino que se limitaba a prever que su determinación se encontraría sometida a una autorización expresa que correspondía otorgar al Consejero titular de la materia de comercio, autorización autonómica para la determinación de los festivos de apertura que viene también exigida por la base estatal (art. 4, apartados 2 y 5 in fine). Dicho de otro modo, la norma autonómica prevé una regla general de no apertura en domingos y festivos que admite una excepción clara para cuya articulación se prevé la autorización expresa del Gobierno de las Illes Balears, autorización que, en la práctica, puede permitir la apertura en domingos y festivos en el marco establecido por la ley estatal básica, haciéndose de este modo compatibles la previsión autonómica y la estatal. En suma, por lo expuesto, el art. 20 de la Ley 11/2001, en su redacción impugnada, no resultaba contrario a la norma básica estatal, por lo que no incurría en la vulneración competencial denunciada por el Abogado del Estado, siempre y cuando se respete el mínimo de ocho días establecido por las bases.
“Artículo 21. Supuestos excluidos del horario general
b) A los establecimientos comerciales situados en zonas de gran afluencia turística, de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo. En todo caso, los grandes establecimientos comerciales sólo podrán abrir los domingos y festivos hasta las 16.00 horas.”
“Artículo 22. Determinación de zonas de gran afluencia turística
1. Los ayuntamientos, a través de exposición motivada, adoptada por acuerdo plenario, podrán proponer a la consejería competente en materia de comercio las partes del territorio municipal que pueden considerarse zonas de gran afluencia turística, a los efectos de exclusión de la limitación de horarios de esta Ley. Dicha exclusión no afectará a las 12 horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el punto 2 del artículo 18 de esta Ley.”
En este caso el reproche al precepto autonómico reside, de nuevo, en la falta de respeto a la normativa estatal básica que prevé limitaciones horarias especiales para los establecimientos situados en zonas de gran afluencia turística. Aquí, la norma básica que, en su caso, ha de operar como parámetro de constitucionalidad de las autonómicas impugnadas es el art. 5 de la Ley 1/2004 que, al referirse a los establecimientos con régimen especial de horarios, dispone, en su apartado primero, que los ubicados en zonas de gran afluencia turística “tendrán plena libertad para determinar los días y horas que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional”, mientras que según su apartado 5 “[l]a determinación de zonas turísticas a las que se refiere el punto 1 de este artículo, así como los períodos a que se circunscribe la aplicación de la libertad de apertura en las mismas, corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial.”
“Artículo 27. Venta de saldos
a) En las Illes Balears quedan prohibidos los establecimientos comerciales dedicados de forma exclusiva a la venta de saldos.”
En este caso se imputa al precepto invadir la competencia estatal en materia de libre concurrencia en el mercado al prohibir taxativamente la dedicación en exclusiva de un establecimiento comercial a la venta de saldos. Conforme al criterio ya expuesto, para resolver acerca del respeto de la norma autonómica al sistema constitucional de reparto de competencias, debemos tener presente la delimitación competencial que resulta de lo dispuesto en el art. 30.42 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero según el cual la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en relación con la “ordenación de la actividad comercial” y con la determinación de las “modalidades de venta, sin perjuicio de la legislación mercantil” así como respecto a “promoción de la competencia en el ámbito autonómico, sin perjuicio de la legislación estatal y europea”, previsiones todas ellas enmarcadas en la general relativa a la competencia autonómica exclusiva en materia de comercio interior, “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 artículo 149 de la Constitución” así como la relativa a defensa de los consumidores y de los usuarios, “en el marco de las bases y la ordenación de la actividad económica general y en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”, competencias todas ellas, cuyo carácter exclusivo se entiende “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución” según el inciso inicial del art. 30 del texto estatutario.
También en pronunciamientos anteriores hemos diferenciado las medidas cuyo fundamento estriba en la defensa de la competencia de aquellas otras que persiguen la protección de los consumidores y usuarios, aspectos ambos relacionados con la ordenación del comercio. Así en la STC 228/1993, de 9 de julio, FJ 5, señalamos la necesidad de atender al objetivo predominante del precepto en función de si el mismo incide en el plano de la situación de las empresas en su actuación en el mercado en relación con otras empresas o si incide más bien en la actuación de la empresa frente a los consumidores. Con arreglo a tal criterio diferenciamos entre defensa de la competencia entendida como “la regulación de la situación recíproca de las Empresas productoras o distribuidoras en el mercado, en el plano horizontal, en cuanto que los sujetos a considerar, es decir las Empresas, compiten en una situación que se quiere de igualdad en el mercado”, añadiendo que la defensa de los consumidores “hace referencia a una situación distinta, en tanto que el consumidor aparece como destinatario de unos productos ofrecidos por las Empresas, productos cuyas condiciones de oferta se pretende regular protegiendo como indica el artículo 51 CE.”. Así, hemos precisado que cuando dicha reglamentación afecta al régimen de competencia entre los ofertantes, y aspira a prevenir o evitar el excesivo recurso a este tipo de ventas, las normas correspondientes no tienen otro encaje competencial que el de la propia defensa de la competencia [SSTC 88/1986, de 1 de julio, FJ 8 d); 148/1992, de 16 de octubre, FJ 2; y 228/1993, de 9 de julio, FJ 6]. Esta última materia no está expresamente atribuida al Estado por la Constitución pero su relevancia para la libertad de empresa en el marco de la economía y unidad de mercado han llevado a este Tribunal a reconocer que la competencia estatal de bases y ordenación de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) se proyecta sobre ella (por todas, STC 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) de forma que, en tanto que nos hallamos ante un elemento definitorio del mercado, corresponde al Estado ex art. 149.1.13 CE no sólo la normación, sino todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito nacional.
La conclusión anteriormente alcanzada no se ve enervada por el hecho de que, como ya hemos señalado, la Comunidad Autónoma ostente competencias en materia de promoción de la competencia en el ámbito autonómico. Como fácilmente se desprende del tenor de la disposición enjuiciada, la misma no persigue mejorar o incrementar las condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial sino, al impedir la existencia de un formato comercial específico, limitar el libre ejercicio de la actividad mercantil en el ámbito del comercio. Además, conforme al propio Estatuto de Autonomía, la citada competencia se ejerce sin perjuicio de la legislación estatal y europea y se enmarca en la más genérica relativa a la competencia autonómica exclusiva en materia de comercio interior, “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del artículo 149 de la Constitución”, precepto este último salvaguardado expresamente por el texto estatutario y en el que encuentran amparo las decisiones que, por su carácter conformador del mercado, en este caso de la distribución comercial, han de ser adoptadas por el Estado en uso de las competencias normativas que le corresponden ex art. 149.1.13 CE.
“Artículo 28. Limitación de ventas
Se prohíbe la actividad de promoción de ventas, en cualquiera de sus manifestaciones, dos meses antes de las dos temporadas anuales autorizadas para la venta en rebajas, con la excepción de aquellos establecimientos que tradicionalmente no se acogen a las temporadas de rebajas.”
Teniendo en cuenta que, respecto de este precepto el conflicto competencial gira en torno a si la regulación autonómica incide o no en la concurrencia de comerciantes en el mercado, inscribiéndose materialmente en la “defensa de la competencia” cuya regulación correspondería en exclusiva al Estado, no podemos olvidar que, por lo que hace a las normas que, como la transcrita, limitan el libre ejercicio de la actividad mercantil a través del establecimiento de un marco temporal imperativo para el desarrollo de específicas modalidades de ventas, ya hemos dicho en varios pronunciamientos que deben considerarse integradas en las normas que velan por la defensa de la competencia (por todas, STC 106/2009, de 4 de mayo, FJ 2). Esta doctrina, contenida ya en las SSTC 88/1986, de 1 de julio, FJ 8 e), y 148/1992, de 16 de octubre, FJ 2, ha sido desarrollada en las SSTC 228/1993, de 9 de julio, FJ 6, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 9, para fundamentar la inconstitucionalidad de diversas normas de las Leyes reguladoras del comercio en Galicia y Navarra que, como en el presente supuesto, contenían límites temporales a determinadas modalidades de ventas.
12. El siguiente precepto impugnado es el art 35.2, el cual al regular la denominada venta a pérdidas, previamente prohibidas por el apartado primero del mismo precepto en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, dispone:
“Artículo 35. Concepto y características.
2. Se considerará que existe venta a pérdidas cuando el precio de venta sea inferior al precio de adquisición del producto, más el coste del flete, más la parte alícuota del gasto general del establecimiento, más el beneficio comercial.”
Es claro que, como afirma el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones respecto de la normativa entonces vigente, el precepto impugnado establece un concepto de lo que denomina venta a pérdidas que se separa sustancialmente del establecido en el art. 14 de la Ley de ordenación del comercio minorista, cuyo apartado 2 dispone que “se considerará que existe venta con pérdida, cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados, en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación”. De acuerdo con la disposición final única, este art. 14 de la Ley 7/1996 se ampara en la competencia exclusiva del Estado para regular el Derecho mercantil de la competencia (art. 149.1.6 CE).
Ciertamente la prohibición de la práctica comercial consistente en la venta con pérdida no es ajena a la protección de los consumidores, a los que de este modo se garantizaría el ya aludido nivel adecuado de los comerciantes que les ofrecieran sus productos. Sin embargo lo anterior pone ya de manifiesto que no se trata de una medida de carácter administrativo tendente a la protección del consumidor sino que lo perseguido con la interdicción de este práctica es garantizar la competencia libre y leal entre comerciantes, esto es, persigue la ordenación de la concurrencia de los comerciantes en el mercado, evitando, por un lado, prácticas susceptibles de poner en peligro su normal funcionamiento mediante el recurso a este tipo de ventas, y por otro, la alteración de un aspecto tan importante de las relaciones mercantiles como es el precio de los productos que se ofertan. Ambos extremos determinan que su definición corresponda al Estado y la consiguiente inconstitucionalidad y nulidad del precepto autonómico.
13. El último precepto objeto del presente recurso es el art 54.1, impugnado por omitir la reincidencia como elemento de graduación de las sanciones previstas en la Ley 11/2001. Para el Abogado del Estado dicha omisión suponía una reducción del rigor en la aplicación de las sanciones, vedado por la doctrina constitucional, así como una vulneración de las competencias estatales a cuyo amparo se ha establecido el régimen sancionador en materia de comercio. En respuesta a tal alegación no cabe sino recordar que la misma encuentra respuesta en la doctrina que este Tribunal ha establecido, entre otras, en la STC 157/2004, de 21 de septiembre, (FJ 16) en la que tras afirmar el carácter básico de la regulación de la reincidencia contenida en el art. 67 de la Ley 7/1996 ex arts. 149.1.1 y 18 CE señalamos:
“la norma básica estatal contenida en el art. 69.1 de la Ley 7/1996 se limita a prescribir que las sanciones se graduarán teniendo en cuenta, entre otros elementos, el de la ‘reincidencia’, sin ninguna otra concreción, salvo asegurar que la sanción impuesta con arreglo a dichos elementos no supere determinados porcentajes de la facturación de los comerciantes (art. 69.2).
Pues bien, partiendo del principio funcional propio de la normativa básica, podemos fácilmente advertir que el legislador básico ha querido, simplemente, garantizar que en todo el territorio nacional resulten sancionados con mayor intensidad quienes hayan reincidido en la comisión de alguna infracción que aquellos que no lo han hecho, sin imponer a las Comunidades Autónomas ninguna modalidad técnica en cuanto a la concreción de la sanción que de ello debe seguirse, salvo el aludido tope regulado en el art. 69.2 de la Ley 7/1996. Ello quiere decir que las Comunidades Autónomas pueden optar, en el libre ejercicio de sus competencias, entre diversas técnicas para dar cumplimiento al mandato básico. Es claro que una de esas técnicas puede ser la aplicación al reincidente de multas más elevadas dentro de los parámetros correspondientes a cada tipo de infracción según su mayor o menor gravedad. Pero nada impide, y desde luego no lo hace el art. 69.1 de la Ley 7/1996, que la Comunidad Foral de Navarra decida que en su territorio la ponderación de la reincidencia en la comisión de infracciones se realice a través de la propia tipificación de éstas, configurando un tipo específico del modo en que se realiza por los arts. 69.3 l) y 69.4 e) de la Ley Foral 17/2001.”
b) Declarar que la redacción inicial de los arts. 14.1; 21.1 b), en cuanto incluía el inciso “En todo caso, los grandes establecimientos comerciales sólo podrán abrir los domingos y festivos hasta las 16.00 horas” y 22 en cuanto incluía el inciso “Dicha exclusión no afectará a las 12 horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el punto 2 del artículo 18 de esta Ley”, resultaban contrarios al orden constitucional de distribución de competencias.
Número y fecha BOE [Núm, 75 ] 28/03/2012
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 5061-2001
Fecha de resolución 01/03/2012
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
Competencias sobre igualdad básica, legislación civil y mercantil, ordenación general de la economía y bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas; comercio interior y defensa de los consumidores y usuarios: nulidad de los preceptos legales autonómicos que contravienen la normativa básica en la definición del comercio minorista, la fijación del límite diario de horarios comerciales y la regulación de determinados tipos de venta; inconstitucionalidad de aquellos otros preceptos legales que limitan la apertura de nuevos establecimientos comerciales y excluyen la aplicación del régimen general de horarios comerciales a las zonas de gran afluencia turística.
Se discute la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 11/2001, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, que definen el concepto de comercio minorista, someten a autorización la apertura de nuevos establecimientos comerciales, establecen el régimen de horarios comerciales y regulan determinados tipos de venta, como la venta de saldos, la promocional y la venta a pérdidas. Se cuestiona además la conformidad de la norma autonómica al régimen sancionador estatal en relación con la omisión de la reincidencia como elemento de graduación de las sanciones.
La Sentencia estima el recurso en su mayor parte. Declara inconstitucional la definición de comercio minorista de la ley autonómica –más amplia de la establecida por la legislación básica estatal– porque al incidir en la regulación de la actividad mercantil, vulnera la competencia exclusiva del Estado en este ámbito. La Sentencia declara asimismo inconstitucionales los preceptos que prohíben la dedicación en exclusiva a la venta de saldos, la promoción de venta en determinados periodos del año y la venta a pérdidas –cuya definición difiere de la establecida por la legislación básica estatal. Toda vez que la norma no regula la materia de la defensa de los consumidores, sino la defensa de la libre concurrencia entre los comerciantes, se incardina en la competencia sobre ordenación general de la economía, de titularidad estatal. La Sentencia declara además la inconstitucionalidad de los preceptos que establecen un límite máximo de horas diarias para la apertura de los establecimientos comerciales y el régimen de horarios de los establecimientos situados en zonas de gran afluencia turística: éstos contradicen el principio de libertad de horarios establecido por la normativa básica en la materia –la Ley 1/2004–, contraviniendo el orden constitucional de distribución de competencias. Asimismo, el precepto que limita la instalación de nuevos establecimientos comerciales en función de su superficie, sometiéndola a autorización, es inconstitucional por contravenir el principio de libertad de acceso a las actividades de servicios establecido por la normativa básica –en este caso la Ley 17/2009.
Por el contrario, respetan la normativa básica en la materia los preceptos que limitan el horario semanal de apertura de los establecimientos comerciales y restringen la posibilidad de apertura en festivos. La Sentencia desestima el recurso, por último, en relación con la omisión de la reincidencia como elemento de graduación de las sanciones previstas en la Ley 11/2001: el legislador autonómico, dentro de los márgenes permitidos por la norma básica estatal en la materia, ha configurado tipos específicos de infracción que la contemplan, cumpliendo así con el mandato básico de sancionar más severamente a quienes reinciden en la comisión de alguna infracción.
El art. 4.2 de la Ley autonómica, en cuanto incluye en su seno aspectos no contemplados en la definición estatal, debe declararse inconstitucional y nulo ya que el legislador autonómico, aun cuando su competencia en materia de comercio interior incluya la relativa a las condiciones para ejercer la actividad comercial, no puede entrar a regular tales condiciones al invadir ámbitos de la actividad mercantil que corresponden al Estado ex art. 149.1.6 CE [FJ 4].
El art. 14.1 de la Ley autonómica es incompatible con la norma básica estatal sobrevenida y vulnera el art. 149.1.13 CE en la medida en que introduce limitaciones en la implantación de establecimientos comerciales imposibilitando autorizar la instalación de determinados establecimientos en función de su tamaño cuando este dato se pone en relación con el número de habitantes de la población en la que pretendieran ubicarse [FJ 5].
El art. 18.1 de la Ley autonómica no contraviene lo dispuesto por la normativa básica estatal, ya que ésta habilita a las Comunidades Autónomas para establecer un horario global en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables de la semana impidiendo que dicho horario global se restrinja a menos de 72 horas, mínimo que es respetado por el precepto autonómico [FJ 7].
El art.18.2 de la Ley autonómica, que fija un límite diario al horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, al disponer que el mismo no podrá exceder de 12 horas, es inconstitucional y nulo en cuanto, frente a la libertad otorgada por la base estatal, impone límites al horario diario de apertura de dichos establecimientos [FJ 7].
Doctrina sobre regulación básica en materia de horarios comerciales (SSTC 225/1993, 88/2010) [FJ 7].
El art. 20 de la Ley autonómica no resulta contrario a la norma básica estatal ya que prevé una regla general de no apertura en domingos y festivos que admite una excepción para cuya articulación se prevé la autorización expresa del Gobierno de las Illes Balears que, en la práctica, puede permitir la apertura en domingos y festivos en el marco establecido por la ley estatal básica, haciéndose de este modo compatibles la previsión autonómica y la estatal, siempre que se respete el límite mínimo de ocho días de apertura autorizada en domingos y festivos establecido por las bases [FJ 8].
Los incisos cuestionados de los arts. 21.1 b) y 22 de la Ley autonómica establecen restricciones al régimen de libertad de horarios proclamado por la normativa básica estatal, lo cual supone un exceso del legislador autonómico en el ejercicio de su competencia estatutaria en materia de comercio interior que ha de conllevar la declaración de inconstitucionalidad de ambos incisos por contravenir el orden constitucional de distribución de competencias [FJ 9].
El art. 27 a) de la Ley autonómica es inconstitucional y nulo en cuanto que prohíbe la dedicación en exclusiva de un establecimiento comercial a la venta de saldos lo que afecta al régimen de competencia entre los ofertantes y aspira a evitar la existencia de un formato comercial determinado, no teniendo otro encaje competencial que el de la propia defensa de la competencia que corresponde al Estado ex art. 149.1.13 CE [FJ 10].
El art. 28 de la Ley autonómica es inconstitucional y nulo por invadir las competencias que corresponden al Estado ya que, en la medida en que limitan el libre ejercicio de la actividad mercantil a través del establecimiento de un marco temporal imperativo para el desarrollo de específicas modalidades de ventas que afecta a la relación horizontal entre las empresas en una economía de libre mercado y no a la situación del consumidor como destinatario de los productos producidos por las mismas, su aprobación corresponde al Estado en virtud del art. 149.1.13 CE [FJ 11].
El art. 35.2 de la Ley autonómica es inconstitucional y nulo dado que la prohibición de la práctica comercial consistente en la venta con pérdida no es una medida de carácter administrativo tendente a la protección del consumidor sino que persigue la ordenación de la concurrencia de los comerciantes en el mercado, lo que determina que su definición corresponda al Estado [FJ 12].
Desde la perspectiva de la competencia estatal sobre legislación mercantil –ex art. 149.1.6 CE–, es posible considerar que la prohibición general de las ventas a pérdida, en cuanto afecta a uno de los elementos de las relaciones contractuales de los particulares, incide en la regulación mercantil de las transacciones comerciales con el consiguiente encaje en las competencias estatales en la materia [FJ 12].
El art. 54.1 de la Ley autonómica, no vulneraba las competencias estatales porque no ha omitido la valoración de la reincidencia en la graduación de las sanciones, sino que lo ha hecho dentro de los márgenes permitidos por la norma básica estatal a través de la configuración de tipos específicos de infracción que contemplan la reincidencia [FJ 13].
El legislador básico ha querido garantizar que en todo el territorio nacional resulten sancionados con mayor intensidad quienes hayan reincidido en la comisión de alguna infracción que aquellos que no lo han hecho, sin imponer a las Comunidades Autónomas ninguna modalidad técnica en cuanto a la concreción de la sanción que de ello debe seguirse, por lo que estas pueden optar, en el libre ejercicio de sus competencias, entre diversas técnicas para dar cumplimiento al mandato básico [FJ 13].
El encuadre competencias de las cuestiones discutidas en el presente recurso se enmarca en los ámbitos del comercio interior y la defensa de los consumidores y usuarios sobre los que la Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas ex. arts. 30.40 y 30.47 EAIB sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11 y 149.1.13 CE, en el primer caso, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11, 149.1.13 y 149.1.16 CE, en el segundo [FJ 3].
Las competencias autonómicas no pueden dejar de atemperarse, de acuerdo a lo previsto en el propio Estatuto de Autonomía, a la disciplina establecida por el Estado en el ejercicio de sus competencias propias, lo que significa que las competencias asumidas por las Illes Balears han de respetar las competencias del Estado relacionadas en el art. 149.1 CE, en especial aquellas explícitamente mencionadas por el texto estatutario (STC 140/2011) [FJ 3].
Doctrina sobre la incidencia de las modificaciones normativas en lo que respecta a la pervivencia o pérdida sobrevenida del objeto del recurso de inconstitucionalidad (STC 18/2011) [FJ 2].
Artículo 4.2 (anula)
Artículo 14.1 (declara inconstitucional)
Artículo 18.2 (anula)
Artículo 21.1 b) inciso 2 (declara inconstitucional)
Artículo 22.1 in fine
Artículo 27 a) (anula)
Artículo 35.2 (anula)
Artículo 38, ff. 3, 6, 10, 12
Artículo 51, f. 10
Artículo 131, ff. 3, 6, 10, 12
Artículo 149.1, ff. 3, 6, 10
Artículo 149.1.1, ff. 1, 2, 13
Artículo 149.1.6, ff. 1, 3, 4, 10, 12
Artículo 149.1.11, ff. 3, 4, 6, 10, 12
Artículo 149.1.13, ff. 1, 3, 5 a 7, 9 a 12
Artículo 149.1.16, ff. 3, 10, 12
Artículo 149.1.18, ff. 1, 13
Artículo 30 (redactado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero), f. 10
Artículo 30.42 (redactado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero), ff. 3, 4, 6, 10, 11
Artículo 30.47 (redactado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero), ff. 3, 12
Artículo 28.1 b), f. 4
Artículo 131.3 c), f. 2
Artículo 6 (redactado por la Ley 1/2010, de 1 de marzo), f. 5
Artículo 28, f. 10
Artículo 29, f. 10
Artículo 67, f. 13
En general (redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2009, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 4.2, ff. 1, 4, 8
Artículo 14 (redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2009, de 16 de diciembre), f. 2
Artículo 14.1, ff. 1, 2, 4, 5
Artículo 18, ff. 1, 6, 7
Artículo 18.2, ff. 7, 9
Artículo 20, ff. 1, 6, 8
Artículo 20 (redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre), f. 2
Artículo 21.1 b), ff. 6, 9
Artículo 21.1 b) inciso 2, ff. 1, 2
Artículo 21.1 b) inciso 2 (derogado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2009, de 16 de diciembre), ff. 1, 2
Artículo 22, ff. 6, 9
Artículo 22.1 in fine, ff. 1, 2
Artículo 22.1 in fine (derogado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2009, de 16 de diciembre), ff. 1, 2
Artículo 27 a), ff. 1, 10
Artículo 28, ff. 1, 11
Artículo 35.2, ff. 1, 12
Artículo 49 s), f. 13
Artículo 50 d), f. 13
Artículo 54.1, ff. 1, 2, 13
Artículo 54.1 (redactado por la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2004, de 23 de diciembre), f. 2
Artículo 69.3 l), f. 13
Artículo 69.4 e), f. 13
Artículo 5.1, f. 9
Artículo 5.5, f. 9
Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2004, de 23 de diciembre. Medidas tributarias, administrativas y de función pública
Ley del Parlamento de las Illes Balears 25/2006, de 27 de diciembre. Medidas tributarias y administrativas
En general, ff. 2 a 4, 6, 10
Artículo 5 c), f. 5
Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2009, de 16 de diciembre. Reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 3, 10 a 12
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 4, 10, 11, 12
Competencias en materia de comercio interiorCompetencias en materia de comercio interior, ff. 3, 4, 6, 7, 9, 10
Competencias en materia de defensa de la competenciaCompetencias en materia de defensa de la competencia, ff. 10 a 12
Competencias en materia de defensa de los consumidoresCompetencias en materia de defensa de los consumidores, ff. 3, 10 a 12
Competencias en materia de horarios comercialesCompetencias en materia de horarios comerciales, ff. 2, 6 a 9
Competencias en materia de legislación mercantilCompetencias en materia de legislación mercantil, ff. 4, 10, 12
Libertad de horariosLibertad de horarios, ff. 7, 9
Comercio minoristaComercio minorista, ff. 4, 7
Defensa de la competenciaDefensa de la competencia, ff. 10 a 12
Horarios comercialesHorarios comerciales, ff. 6 a 9
Legislación mercantilLegislación mercantil, ff. 4, 10, 12
Libertad de establecimientoLibertad de establecimiento, f. 5
Reincidencia en la comisión de infracciones administrativasReincidencia en la comisión de infracciones administrativas, f. 13
Ventas a pérdidaVentas a pérdida, f. 12
Ventas de promociónVentas de promoción, f. 11
Ventas de saldosVentas de saldos, f. 10
Ventas especialesVentas especiales, ff. 10, 11, 12
Zonas turísticasZonas turísticas, f. 9
Illes BalearsIlles Balears, ff. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

References: artículo 149
 artículo 149
 resolución 
 artículo 6
 artículo 149
in fine
 artículo 18
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 51
 artículo 149
 artículo 14
 artículo 18
 resolución 

Artículo 4

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 22
in fine

Artículo 27

Artículo 35

Artículo 38

Artículo 51

Artículo 131

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 30

Artículo 30

Artículo 30

Artículo 28

Artículo 131

Artículo 6

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 67

Artículo 4

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 22
in fine

Artículo 22
in fine

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 35

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 69

Artículo 69

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5