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Timestamp: 2018-12-11 07:13:11+00:00

Document:
Legislación Provincial de Córdoba: Ley Número 9944
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
FUERO DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR.
MODIFICA LEYES Nº 7676 -LEY DE TRIBUNALES DE FAMILIA, Nº 9396 -ADHESIÓN A LEY NACIONAL Nº 26.061, Y Nº 9873-PRESUPUESTO AÑO 2011.
DEROGA L. Nº 9053 - PROTECCIÓN JUDICIAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.
FECHA DE SANCIÓN: 04.05.2011
PUBLICACIÓN: B.O..03.06.2011
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: ART. 119
OBSERVACIÓN: POR ART. 1° Y SIGUIENTES DE RESOLUCIÓN N° 67/18 (B.O. 19.06.18), DEL MINISTERIO DE TRABAJO, SE DISPONE LA FACULTAD AL MINISTERIO DE TRABAJO PARA REGULAR Y FISCALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN TERRITORIO PROVINCIAL. SE DISPONEN OTRAS PAUTAS Y REQUISITOS EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN : POR L. Nº 10060 (B.O. 08.06.2012), SE PROHÍBE EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL, LA INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO, REGENTEO, DE WISKERÍAS, CABARETS, CLUBES NOCTURNOS, BOITES O LOCALES DE ALTERNE, DISPONIENDO SU INMEDIATA CLAUSURA. SE CREA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
OBSERVACIÓN : POR DECRETO Nº 364/12 (B.O. 16.05.2012), SE DISPONE EN EL ÁMBITO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA, LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BAJO MODALIDAD TELEFÓNICA 0-800, GRATUITO Y PERMANENTE, DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN A DELITOS DE NARCOTRÁFICO, TRATA DE PERSONAS, O ACTOS QUE AFECTAN LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR LA PRESENTE LEY Y VINCULADOS O CONEXOS CON LOS ILÍCITOS MENCIONADOS.
OBSERVACIÓN: POR DECRETO Nº 365/12 (B.O. 16.05.2012), DE ADHESIÓN AL DECRETO NACIONAL Nº 936/11, SE PROHÍBE EN TERRITORIO PROVINCIAL, LA PUBLICIDAD , PROPAGANDA Y DIFUSIÓN DE AVISOS SOBRE SERVICIOS DE CASAS DE MASAJES, RÉLAX, AGENCIAS DE ACOMPAÑANTES Y CASOS SIMILARES.
OBSERVACIÓN ART. 31º: POR RESOLUCIÓN Nº 165/12 (B.O. 25.10.2012), PERTENECIENTE AL ORGANISMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SE CREA EL “CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ABOGADO DEL NIÑO” (LETRADO ESPECIALIZADO EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA).
TEXTO ART. 65 INCISO A): DEROGADO POR ART. 10 LEY N° 10403 (B.O. 25.11.16 (EDICIÓN EXTRAORDINARIA)
TEXTO ART. 66 INCISO A): CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 11 LEY N° 10403 (B.O. 25.11.16 (EDICIÓN EXTRAORDINARIA)
ART. 119: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART.1° LEY N° 10152 (B.O. 01.07.2013).
ANTECEDENTE ART. 119°: MODIFICADO POR ART. 1° LEY N° 10080 (B.O. 11.09.2012).
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
De los Aspectos Fundamentales
Artículo 1º.- Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles, intransigibles y tienen por objeto la “Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba”, mediante la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de sus derechos.
Artículo 2º.- Sujetos comprendidos. A los efectos de esta Ley quedan comprendidas todas las personas, niñas, niños y adolescentes hasta los dieciocho (18) años de edad.
Artículo 3º.- Interés superior. A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos en esta Ley y los que en el futuro pudieren reconocérsele. La determinación del interés superior debe respetar:
Artículo 4º.- Aplicación obligatoria. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, de las normas y medidas que se adopten en las que intervengan organismos públicos o privados, órganos legislativos, judiciales o administrativos, la familia y la sociedad civil en general, se considerará en forma primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Las normativas que regulan y/ o repercuten en el acceso y/o ejercicio de derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes deberán adecuarse al principio rector de niño sujeto activo de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional Nº 26.061, su Decreto Reglamentario Nº 415/06 y esta Ley son de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas comprendidas en la presente norma.
Los órganos administrativos locales de los municipios y comunas deben revisar y adecuar la normativa a los postulados referidos en la presente Ley.
Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos en todos los ámbitos, cualquiera sea la forma en que se manifiesten.
Artículo 5º.- Políticas Públicas integrales. El Estado Provincial adoptará las medidas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos por esta Ley, adecuando sus políticas públicas a los efectos de garantizar los principios y normas aquí contenidas.
Artículo 6º.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley y del “Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba”, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la sustituya.
Artículo 7º.- Implementación de las Políticas Públicas. La Autoridad de Aplicación será la encargada de la implementación y aplicación de las Políticas Públicas para la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en coordinación con los demás Ministerios y Secretarías de Estado, y las mismas comprenderán:
b) La gestión asociada entre los distintos organismos de gobierno -nacional, provincial, municipal o comunal- y la sociedad civil que se realicen en marcos adecuados de capacitación, fiscalización y promoción para el cumplimiento de los derechos establecidos;
e) La coordinación con las políticas implementadas en el ámbito nacional, municipal y comunal;
f) La articulación transversal de las acciones públicas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas entre Ministerios y Secretarías del Gobierno Provincial mediante la Comisión Interministerial, y
g) La promoción de la participación activa de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 8º.- Responsabilidad gubernamental. Los organismos del Estado -provincial, municipal o comunal- tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas amparadas por esta Ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
b) La exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos o de las personas jurídicas -privadas o públicas-;
Artículo 9º.- Responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.
Los progenitores tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS DE
Artículo 10.- Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión o creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, discapacidad, apariencia física o impedimento físico, de salud, de nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Artículo 11.- Principio de efectividad. Los organismos del Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico nacional, provincial, municipal y comunal.
Artículo 12.- Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida.
Artículo 13.- Derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a) La dignidad como sujetos de derecho y de apersonas en desarrollo;
c) No ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias,
explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante, y
La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de una niña, niño o adolescente -o cualquier otra violación a sus derechos-, debe comunicar dicha situación a la autoridad local de aplicación de la presente Ley.
Artículo 14.- Derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse dentro de su grupo familiar de origen y con sus vínculos afectivos y comunitarios. Sólo excepcionalmente, y para los casos en que ello sea imposible, tendrán los mismos derechos en un grupo familiar alternativo, de conformidad con la ley.
Artículo 15.- Derecho a la identidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.
Artículo 16.- Derecho a la documentación. Las niñas, niños, adolescentes y progenitores indocumentados tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el procedimiento previsto en la Ley Nacional Nº 24.540.
Artículo 17.- Derecho a la salud. Los organismos del Estado deben garantizar:
Artículo 18.- Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a:
Artículo 19.- Gratuidad de la educación. La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 20.- Prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad. Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer -por causa de embarazo, maternidad o paternidad- medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 21.- Medidas de protección a la maternidad y paternidad. Las medidas que conforman la protección integral se extenderán a los progenitores durante el embarazo, el parto y el período de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo.
Artículo 22.- Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende:
c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y -con las limitaciones de la ley en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.
Artículo 23.- Derecho al descanso, recreación, deporte y juego. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, recreación, deporte y juego. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizarles el descanso integral.
Artículo 24.- Derecho al ambiente saludable. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.
Artículo 25.- Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.
Artículo 26.- Derecho a la libre asociación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente.
Artículo 27.- Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:
a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés, y
Artículo 28.- Derecho al trabajo de los adolescentes - Protección contra la explotación laboral. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 29.- Derecho a la seguridad social. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
Artículo 30.- Garantía estatal de identificación e inscripción en el respectivo Registro. Los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento previsto en las Leyes Nacionales Nº 24.540 y Nº 26.061, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
*Artículo 31.- Garantías mínimas de procedimiento – Garantías en los procedimientos judiciales o administrativos. Los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:
Artículo 32.- Deber de comunicar. Los miembros de los establecimientos educativos y de salud -públicos o privados- y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de los derechos de las niñas, niños o adolescentes debe comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
Artículo 33.- Deber del funcionario de recepcionar denuncias. El agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta Ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En caso de que la denuncia fuera efectuada en órgano judicial, el mismo debe -sin más trámite y de manera inmediata- remitirla a la autoridad administrativa de aplicación de la presente Ley para que tome conocimiento e intervención conforme a su competencia. No obstante, cuando de la misma denuncia o de un requerimiento del ministerio pupilar resultare que se trata de un hecho que prima facie constituiría un delito de orden penal, la autoridad judicial que la receptare, además de la remisión referida precedentemente, lo derivará de manera urgente a la fiscalía de turno.
SISTEMA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
De los Organismos Intervinientes
Artículo 34.- Conformación. El Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas en el ámbito provincial, municipal o comunal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino, la Ley Nacional Nº 26.061, la presente Ley, la Constitución Provincial y el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 35.- Recursos para el logro de los objetivos. Para el logro de sus objetivos el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba contará con:
Artículo 36.- Autoridad administrativa de promoción y protección de derechos en el ámbito provincial. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente Ley, tiene a su cargo el diseño, instrumentación, ejecución, coordinación, articulación y control de políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus familias, y estará a cargo de un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
Artículo 37.- Funciones. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tiene competencia en todo lo inherente a la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la familia y, en particular, desarrollará las siguientes funciones:
o) Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del Niño –tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Córdoba- a través de la Ley Nacional Nº 26.061 y sus modificatorias;
Artículo 38.- Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba contará con la colaboración de una Comisión Interministerial integrada por miembros cuyo cargo no podrá ser inferior al de Director de Jurisdicción o nivel equivalente, a razón de uno (1) por cada ministerio y secretaría de estado perteneciente a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Provincial que estuvieren relacionados directamente con la protección de los derechos establecida en la presente Ley. Estará presidida por el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Artículo 39.- Comisión Interministerial. Funciones. La Comisión Interministerial tiene las siguientes funciones:
Artículo 40.- Autoridad administrativa de promoción y protección de derechos en el ámbito regional y local. La Autoridad de Aplicación implementará la descentralización regional en el territorio de la Provincia a los fines de la promoción, protección y restitución de derechos de las personas sujetos de esta Ley, a través de dependencias específicas creadas a esos efectos.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
Medidas y Procedimientos de Primer Nivel
Artículo 41.- Medidas de promoción de derechos y prevención de su vulneración. La Autoridad de Aplicación coordinará con las dependencias de los Estados nacional, provincial, municipal y comunal propendiendo a una institucionalidad única para la infancia, la adolescencia y la familia en la Provincia de Córdoba, coadyuvando al fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria entre los diferentes niveles de la administración pública, como así también con la sociedad civil, con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la política pública y el accionar que se impulsará desde su órbita.
Medidas y Procedimientos de Segundo Nivel
Artículo 42.- Medidas de protección de derechos. Son aquellas adoptadas y emanadas de la Autoridad de Aplicación, sus dependencias, Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o por las autoridades administrativas de promoción y protección de derechos en el ámbito de los municipios y comunas, ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de una o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, para preservar o restituir a los mismos el goce y ejercicio de los derechos amenazados o vulnerados o la reparación de las consecuencias de su vulneración.
Artículo 43.- Denuncia. La niña, niño o adolescente, la persona física o jurídica, pública o privada, gubernamental o no gubernamental que haya por cualquier medio tomado conocimiento de un hecho o acto que vulnere, impida o afecte de cualquier modo la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puede formular denuncia ante la Autoridad de Aplicación o sus dependencias, ante las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), ante los servicios locales de promoción y protección de derechos o ante cualquier agente público. Este último debe inmediatamente derivarla a la Autoridad de Aplicación, sus dependencias o a la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) que de conformidad a su competencia territorial deba intervenir.
Artículo 44.- Información. La información recepcionada en los términos del artículo 43 de esta Ley, debe ser documentada en el formulario que por vía reglamentaria se preverá, en el que deben asentarse todos los datos aportados o colectados al tiempo de la denuncia o noticia, sin incursionar en otros detalles que no se hallen especificados. Se debe derivar de modo inmediato la comunicación y de ser pertinente a la persona que haga conocer la noticia a la Autoridad de Aplicación, a sus dependencias, a la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) o a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que de conformidad a su competencia territorial corresponda intervenir. Estas deberán articular adecuadamente el abordaje de la situación con los recursos locales de promoción y protección de derechos.
Artículo 45.- Medidas a adoptar. Comprobada la amenaza o violación de derechos deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas de promoción y protección integral:
Artículo 46.- Intervención - Entrevista. La Autoridad de Aplicación, sus dependencias, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos -según corresponda-, al tomar conocimiento de una situación de vulneración de derechos dará intervención a los equipos técnicos interdisciplinarios disponibles en el ámbito territorial pertinente a los fines de relevar y diseñar la estrategia de abordaje de la misma.
Artículo 47.- Adopción de medidas de protección. La Autoridad de Aplicación, sus dependencias, las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) y los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que conforme al territorio provincial corresponda su actuación, con el informe técnico interdisciplinario adoptarán todas las medidas de protección que dispone la presente Ley, lo que debe ser debidamente documentado por los organismos intervinientes, constituyéndose así en la fundamentación necesaria ante la eventual adopción de medidas excepcionales.
Medidas y Procedimientos de Tercer Nivel
Artículo 48.- Medidas excepcionales. Son aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio.
Los equipos técnicos de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos o las organizaciones de la sociedad civil -en su caso-, y las dependencias de la Autoridad de Aplicación procederán a cumplimentar las medidas excepcionales que hubieren sido adoptadas por los organismos facultados para hacerlo.
Artículo 49.- Criterios. Las medidas establecidas en el artículo 48 de esta Ley se aplican conforme a los siguientes criterios:
Artículo 50.- Intervención administrativa. La intervención de las autoridades administrativas puede ser requerida por:
Artículo 51.- Procedencia. Los respectivos equipos técnicos intervinientes solicitarán a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a sus respectivas dependencias, a las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) o a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos la aplicación de una medida excepcional una vez que hayan determinado que se ha agotado la instrumentación de medidas de protección integral y que persista la situación de amenaza o vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 52.- Intervención de las Unidades de Desarrollo Regional y de la Autoridad de Aplicación. En la aplicación de una medida excepcional las Unidades de Desarrollo Regional (UDER) dependientes de la Autoridad de Aplicación, evaluarán la situación y la conveniencia y procedencia de la medida excepcional cuya adopción soliciten los respectivos equipos técnicos actuantes, pudiendo resolver la adopción de la medida excepcional que se solicita u otra medida que resulte más conveniente, conforme a los principios, derechos, garantías y procedimientos enunciados en la presente Ley. La medida estará acompañada de los informes de los equipos técnicos que acrediten la situación de vulneración de derechos.
Artículo 53.- Resolución. La Autoridad de Aplicación y sus dependencias autorizadas al efecto, incluidas las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), son los únicos organismos con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer fundadamente alguna medida excepcional. Las medidas excepcionales son de aplicación restrictiva.
Artículo 54.- Notificación. Adoptada una medida excepcional, la misma debe notificarse debidamente a los representantes legales, familiares o responsables de la niña, niño o adolescente.
Artículo 55.- Remisión. Las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del juez o tribunal colegiado con competencia en la materia a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional.
Etapa Jurisdiccional
Artículo 56.- Control de legalidad. Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en la materia, el Juez dará audiencia a la niña, niño o adolescente, a sus representantes y a quienes tengan interés legítimo en la cuestión con presencia del ministerio pupilar y resolverá por auto fundado y en el término de cinco (5) días sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por la Autoridad de Aplicación o sus dependencias autorizadas, ratificándolas o rechazándolas.
Artículo 57.- Resolución. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente notificará a la autoridad que solicitó el control de legalidad.
La Autoridad de Aplicación podrá, sin embargo, insistir en la medida excepcional antes dispuesta conforme nuevos informes y fundamentos que así lo exijan. En tal caso, el Tribunal o Juez lo evaluará y dispondrá -previa audiencia de los interesados- en un plazo no mayor a cinco (5) días. Cuando las circunstancias lo requieran, adoptará las medidas urgentes indispensables hasta su resolución que será recurrible para los interesados.
Artículo 58.- Objeto. A los fines de esta Ley se consideran organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia a aquellas que, con personería jurídica y en cumplimiento de su misión institucional, desarrollen programas o servicios de información, difusión, promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 59.- Obligaciones. Las organizaciones no gubernamentales deben cumplir con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales con raigambre Constitucional y Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos en los que nuestro país sea parte, y observar los siguientes principios y obligaciones:
Artículo 60.- Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetas las organizaciones no gubernamentales de niñez y adolescencia mencionadas por esta Ley, la Autoridad de Aplicación debe promover ante los organismos competentes la implementación de las medidas que correspondan.
Artículo 61.- Registro de las organizaciones. Créase en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y en forma coordinada con la Dirección de Personas Jurídicas el “Registro de las Organizaciones No Gubernamentales con Personería Jurídica” relacionadas a la niñez y adolescencia con el objeto de controlar y velar en cada departamento, por el fiel cumplimiento de los principios que establece esta Ley, con comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con miras a la creación del Registro Nacional de estas organizaciones.
Artículo 62.- Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba conocerá en los recursos extraordinarios que resultaren procedentes, según la materia de que se trate.
Artículo 63.- Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. La Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar es competente para conocer y resolver en:
a) Única instancia en los delitos atribuidos a niñas, niños o adolescentes que fueren punibles conforme a lo dispuesto por la legislación vigente;
b) La imposición de penas o medidas socio-educativas o correctivas a las niñas, niños y adolescentes cuando la declaración de responsabilidad hubiera correspondido a otro Tribunal;
c) Los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Jueces Penales Juveniles;
e) Las cuestiones de competencia que se suscitaren entre los tribunales jerárquicamente inferiores, y
Artículo 64.- Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. Los Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar son competentes para conocer y resolver en:
f) En el otorgamiento de guardas pre-adoptivas, cuyo trámite será sumario, y
*Artículo 65.- Juez Penal Juvenil. El Juez Penal Juvenil es competente para:
a) DEROGADO;
b) Disponer las medidas cautelares, de coerción y de protección, durante la actuación de la policía judicial, la investigación preparatoria fiscal y el enjuiciamiento respecto a imputados por delitos cometidos siendo menores de dieciocho (18) años de edad;
c) Resolver las oposiciones e instancias de sobreseimiento que se suscitaren durante la investigación penal preparatoria que practican los Fiscales en lo Penal Juvenil;
d) Conocer y resolver en los delitos atribuidos a niñas, niños y adolescentes que no fueren punibles por su edad de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente;
e) Juzgar las faltas cometidas por menores de dieciocho (18) años de edad, y
f) Resolver las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales en lo Penal Juvenil, Asesores y Secretarios en las causas que se suscitaren ante ellos.
*Artículo 66.- Fiscal Penal Juvenil. Corresponde al Fiscal Penal Juvenil:
a) Practicar la investigación preparatoria en los delitos de acción pública que se atribuyeren a menores de dieciocho (18) años de edad;
b) Ejercer la acción penal pública en juicios ante los Jueces y la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar;
c) Velar en general por el cumplimiento de las leyes, decretos, ordenanzas y edictos de protección de niñas, niños y adolescentes menores de edad, accionando en consecuencia, y
d) Intervenir en las cuestiones de jurisdicción y competencia concernientes a los Juzgados Penales Juveniles.
Artículo 67.- Asesor de Niñez y Juventud. Corresponde al Asesor de Niñez y Juventud:
a) Representar con carácter promiscuo a las niñas, niños y adolescentes en los casos a que se refiere la presente Ley y de conformidad a lo previsto por el artículo 59 del Código Civil;
b) Asesorar, patrocinar o representar a niñas, niños o adolescentes ante los jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar cuando el mismo lo requiriere, y ejercer la defensa de la niña, niño o adolescente imputado cuando no propusiere defensor particular o cuando el designado no aceptare el cargo, y
c) Cumplir todas las funciones que en especial le asignaren las leyes.
Artículo 68.- Competencia subsidiaria. En todos los lugares de la Provincia de Córdoba en que no hubiere Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar o, en su caso, Juzgados Penales Juveniles con competencia exclusiva, es competente el Juez de Control con excepción de los casos previstos en el artículo 64 inciso b) -violencia familiar- de la presente Ley, que está a cargo del Juez en lo Civil o de Familia en turno. En ausencia de Juez de Control será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil.
De los Trámites y Actuaciones Judiciales
Artículo 69.- Personal. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba establecerá la dotación y distribución del personal jerárquico y auxiliar de los fueros de niñez, juventud y violencia familiar y de penal juvenil. Los secretarios tendrán a su cargo el trámite de los asuntos respectivos, los actos y procedimientos que les encargare el Tribunal y las relaciones con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 70.- Recusación e inhibición. Los magistrados y funcionarios deben inhibirse y podrán ser recusados por las causales y procedimientos que contempla la Ley Nº 8123 –Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 71.- Informes periódicos. En el caso de niñas, niños o adolescentes que siendo menores de edad hubieren cometido hechos tipificados como delito penal por el ordenamiento vigente, el Juez Penal Juvenil deberá mantener contactos de manera periódica y personal con las niñas, niños y adolescentes institucionalizados, a los fines de oírlos e informarles periódicamente sobre el estado de las causas respectivas.
Artículo 72.- Equipo técnico judicial. Sin perjuicio de la intervención que compete a la Autoridad de Aplicación, los Tribunales de Niñez, Juventud y Violencia Familiar pueden disponer del auxilio de un cuerpo técnico judicial especializado cuyos informes no tendrán efectos vinculantes y su actuación debe limitarse a las cuestiones que sean de competencia del ámbito judicial conforme a la presente Ley.
Artículo 73.- Fines. La actuación del Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar tiene por objeto proveer a la competencia asignada conforme el artículo 64 de la presente Ley. Dicha actuación se cumplirá de conformidad al procedimiento regulado en esta norma legal y subsidiariamente a las de la Ley Nº 8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- en cuanto fueren pertinentes.
Artículo 74.- Actuación del Asesor de Niñez y Juventud. El Asesor de Niñez y Juventud conocerá de las situaciones mencionadas en los artículos 67 y 73 de la presente Ley. Podrá en su caso convocar a los interesados y luego de oírlos emitir las consideraciones y recomendaciones que estimare adecuadas.
Artículo 75.- Conocimiento de la niña, niño o adolescente. Avocado el Juez conforme la competencia acordada por el artículo 64 de la presente Ley, debe conocer y oír en forma directa y personal a la niña, niño o adolescente y a sus representantes legales en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
Artículo 76.- Exclusión provisoria del hogar. Cuando se produjese una situación de violencia familiar conforme lo previsto por la Ley Nº 9283 y resultase víctima de tal violencia una niña, niño o adolescente, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en virtud de las competencias que le son inherentes conforme la citada Ley, o a requerimiento de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, debe excluir provisoriamente del hogar al adulto supuesto responsable para proteger el derecho de aquél a permanecer en su medio familiar, debiendo poner en conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en relación a los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 77.- Asistencia y representación. En todas las actuaciones en las que tuviere competencia y actuare de acuerdo a la presente Ley, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar debe contar con la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, bajo pena de nulidad.
Artículo 78.- Actuación gratuita. Las actuaciones ante el fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar son gratuitas, a excepción de los honorarios que genere la actuación de profesionales requeridos en forma particular.
Artículo 79.- Carácter de las actuaciones. Las actuaciones en que intervenga la autoridad judicial, conforme a la competencia acordada por la presente Ley, serán reservadas y no podrán ser retiradas del Tribunal, salvo para la intervención del Ministerio Público Fiscal o Pupilar y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuando así corresponda según las previsiones establecidas en este plexo normativo.
Cuando fueren requeridos por otros tribunales en causas conexas se remitirán copias de las mismas.
Las partes legitimadas pueden acceder al conocimiento de dichas actuaciones.
Artículo 80.- Publicidad. Prohibición. Está prohibida toda publicidad respecto a las actuaciones en el fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, salvo expresa autorización de los magistrados.
Artículo 81.- Diligencias. Cuando se tratare de niñas, niños y adolescentes que se encontraren en las situaciones mencionadas en el artículo 64 de la presente Ley, el Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar puede practicar todas las diligencias útiles al efecto. Las partes pueden proponer todas las pruebas que hicieren a su interés.
Artículo 82.- Objeto primordial. El procedimiento penal juvenil tiene por objeto primordial la protección y asistencia integral de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando lo conducente al logro de su integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje educativo multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para el acceso al mercado laboral. Son de aplicación los artículos 79 y 80 de la presente Ley.
Artículo 83.- Casos de conexión. Las causas serán conexas en los supuestos previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 84.- Excepciones. La acumulación de las actuaciones no será dispuesta cuando determinare un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todas debe intervenir el mismo Tribunal de acuerdo con las normas precedentes.
Artículo 85.- Coparticipación o conexión con mayores. Cuando en el mismo hecho hubieren participado un mayor de dieciocho (18) años de edad y una niña, niño o adolescente, la investigación penal preparatoria estará a cargo del Fiscal de Instrucción, el que inmediatamente debe dar intervención al Juez Penal Juvenil para que proceda al resguardo y vigilancia de la niña, niño o adolescente con arreglo al artículo 67 de esta Ley, remitiéndole copia de los requerimientos y resoluciones recaídas en la causa.
Durante el proceso se reconocerán a la niña, niño o adolescente todas las garantías que le acuerda la presente Ley, debiendo intervenir el Ministerio Pupilar bajo sanción de nulidad.
Artículo 86.- Conocimiento personal. En todos los casos de su competencia el Juez Penal Juvenil debe tomar conocimiento directo y personal de la niña, niño o adolescente.
Artículo 87.- Medidas provisorias. Durante la investigación el Juez podrá disponer provisoriamente, en interés de la niña, niño o adolescente:
a) Su mantenimiento en el medio familiar o su cuidado bajo la guarda a un tercero cuando la misma dé satisfacción a los siguientes requisitos:
1) Documento de identidad;
2) Partida de matrimonio -si correspondiere- o certificado de convivencia;
3) Certificado de carencia de antecedentes penales;
4) Certificado de domicilio;
5) Certificado de trabajo;
6) Certificado de salud física y mental otorgado por un establecimiento oficial, y
7) Libreta de Familia o partidas, cuando existiere parentesco entre la niña, niño o adolescente y el solicitante, pudiendo determinar las medidas reguladas en los artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la presente Ley.
b) La sujeción de la guarda a un régimen de libertad asistida;
c) Su atención integral a través de programas, proyectos o centros de protección integral cuando la niña, niño o adolescente careciera de familia o de terceros en condiciones de cumplir eficientemente la guarda y apoyar la libertad asistida;
d) La atención de la especial problemática de salud o de adicciones que pudiere presentar, y
e) Su atención integral y excepcional en un establecimiento cuyo régimen incluya medidas que impidan la externación por su sola voluntad una vez evaluada fehacientemente la ineficacia de las alternativas previstas precedentemente. En este supuesto la niña, niño o adolescente debe permanecer bajo este régimen el menor tiempo posible, el que no podrá exceder los seis (6) meses, salvo que el Juez requiera autorización en forma fundada, remita todos los antecedentes que obraren en la causa a la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y ésta otorgue la correspondiente prórroga cuando -evaluados todos los antecedentes- la estime imprescindible para el cumplimiento de la finalidad tuitiva.
Artículo 88.- Innovación. La innovación sobre las medidas provisorias no podrá efectuarse sin previa vista al Asesor de Niñez y Juventud, salvo en los casos de suma urgencia en que debe ser notificado en forma inmediata, a los fines pertinentes.
Artículo 89.- Recursos. La imposición o innovación de medidas provisorias será apelable, sin efecto suspensivo, por el Asesor de Niñez y Juventud, el defensor de la niña, niño o adolescente y sus padres o encargados.
Artículo 90.- Medida urgente. Cuando la niña, niño o adolescente deba permanecer en condiciones que no admitan su externación será ubicado en un establecimiento idóneo para su protección y la determinación de las medidas provisorias que prevé
el artículo 87 de esta Ley.
Artículo 91.- Asistencia letrada. Defensa técnica. Los padres o encargados pueden actuar con patrocinio letrado.
Sin perjuicio de la intervención del Asesor de Niñez y Juventud, la niña, niño o adolescente no punible podrá contar con asistencia letrada particular cuando le fuere provista por sus padres, encargados o personas de su confianza.
Si la niña, niño o adolescente estuviere sometido a proceso penal, debe disponer de defensor en la forma y bajo las sanciones previstas por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Niñas, Niños y Adolescentes no Punibles
Artículo 92.- Reglas aplicables. Cuando a la niña, niño o adolescente se le atribuyeren delitos que no autorizan su sometimiento a proceso penal o faltas, el Juez Penal Juvenil procederá a la investigación del hecho con sujeción a las normas constitucionales y legales en la materia y, subsidiariamente, a la Ley Nº 8123 - Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 93.- Remisión. Cuando lo considere conveniente, y sin perjuicio de la investigación, el Juez puede de oficio o a solicitud de parte eximir a la niña, niño o adolescente de las medidas tutelares que procedieren, aún en forma provisional, remitiéndolo a servicios alternativos de protección que eviten su disposición judicial en los términos del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la presente Ley.
Artículo 94.- Medidas de coerción. Si la niña, niño o adolescente hubiere sido privado de su libertad por arresto o aprehensión, con arreglo a lo previsto por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, el Juez hará cesar esta situación de inmediato conforme a lo establecido en los artículos 87 y 90 de esta Ley.
Cuando la niña, niño o adolescente no compareciere ante el Tribunal sin grave y legítimo impedimento, se ausentare de su domicilio o del de sus guardadores o se fugare del establecimiento de internación, el Juez Penal Juvenil emplazará a los padres o encargados para que lo presenten en su sede o lo reintegren al establecimiento, según correspondiere.
Artículo 95.- Vista. Audiencia. Concluida la investigación y reunidos los estudios y peritaciones legales, el Juez correrá vista al Asesor de Niñez y Juventud interviniente. Si de la opinión de éste resultare que la niña, niño o adolescente debe ser entregado definitivamente a sus padres o encargados, el Juez así lo resolverá, archivando las actuaciones.
Si el Juez discrepare con el Asesor de Niñez y Juventud al respecto o éste estimare que corresponde disponer definitivamente de la niña, niño o adolescente, se fijará una audiencia y se citará al Asesor de Niñez y Juventud, a la niña, niño o adolescente en cuestión, a los padres o encargados y a quienes les prestan asistencia letrada de oficio o patrocinio. También podrá citarse a los profesionales que hubieren producido informes técnicos con relación al caso.
Cumplida la lectura el Juez oirá a los profesionales que hubiesen comparecido, a los padres o encargados, a sus abogados y al Asesor de Niñez y Juventud -en este orden- quienes dispondrán del tiempo que aquél prudencialmente fije para referirse al caso en sus consideraciones de hecho y de derecho.
Artículo 96.- Sentencia. Recursos. Oídos todos, el Juez pasará a deliberar y dará a conocer su resolución definitiva.
La sentencia puede ser apelada, sin efecto suspensivo, por el Asesor de Niñez y Juventud y los padres o encargados.
Menores de Edad sometidos a Proceso Penal
Artículo 97.- Reglas aplicables. Cuando correspondiere incoar proceso en contra de un menor de dieciocho (18) años de edad el Fiscal Penal Juvenil procederá con sujeción a las formas y garantías que contemplan las normas constitucionales y legales en la materia y la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- .
Practicará la investigación penal preparatoria conforme a las reglas previstas para la investigación jurisdiccional en la Ley Nº 8123 - Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, salvo las normas que a continuación se establecen.
Las medidas cautelares, de coerción y de protección serán determinadas, desde el primer momento, por el Juez Penal Juvenil.
La que autoriza el artículo 100 de esta Ley se dispondrá a solicitud del Ministerio Público Fiscal, previa vista a la defensa, en tanto las provisorias se decidirán con arreglo a lo previsto por los artículos 87 y 90 de la presente Ley.
Artículo 98.- Coparticipación o conexión con mayores. En el supuesto previsto por el artículo 83 de esta Ley, el Juez Penal Juvenil remitirá al Fiscal de Instrucción y al Tribunal de Juicio los informes y antecedentes que le fueren requeridos.
Mientras durare la investigación, el Juez Penal Juvenil puede aplicar las medidas provisorias o urgentes, o la privación cautelar de libertad cuando correspondiere y le fuere requerida por el Instructor o el Tribunal de Juicio.
Si el Tribunal de Juicio hubiere declarado la responsabilidad de la niña, niño o adolescente, el Juez debe remitir las actuaciones que obraren en su poder y los estudios y peritaciones realizados a la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar para que se pronuncie sobre la imposición de la pena o de las medidas que fueren procedentes con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 99.- Medidas de coerción. Las medidas de coerción quedarán sujetas a los requisitos, formas y garantías previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- . No regirá la prisión preventiva.
Por ningún motivo la medida de detención podrá prolongarse más de treinta (30) días. Si la detención llegare al máximo legal y el Tribunal no hubiere adoptado alguna de las medidas que autorizan los artículos 87 y 100 de esta Ley, la niña, niño o adolescente será entregado por el órgano de ejecución a sus padres con inmediata noticia a aquél a sus efectos.
Artículo 100.- Medida cautelar. La privación cautelar de libertad de una niña, niño o adolescente sometido a proceso penal sólo podrá disponerse excepcionalmente, y por auto debidamente fundado, cuando existieren elementos de convicción suficientes de su participación y fuere absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación del régimen legal aplicable al caso, siendo procedente cuando:
a) Se tratare de un hecho ilícito reprimido con pena privativa de libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años, y
b) Cuando no dándose dicho supuesto, la niña, niño o adolescente hubiere sido declarado rebelde en un proceso anterior, quebrantado el régimen de libertad asistida o abandonado el domicilio de sus padres o guardadores.
La decisión será apelable sin efecto suspensivo.
Artículo 101.- Cese. La privación cautelar de libertad cesará cuando la investigación demostrare que no hay elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación de la niña, niño o adolescente en el hecho investigado o tan pronto hubiere desaparecido la necesidad prevista en el primer párrafo del artículo anterior.
El análisis de esta situación se efectuará, de oficio, cada tres (3) meses.
Artículo 102.- Derivación. Cuando fuere privado de su libertad, la niña, niño o adolescente será derivado a un establecimiento idóneo al efecto, garantizándosele su atención educativa multidisciplinaria.
Artículo 103.- Reglas aplicables. En el juzgamiento la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio común por la Ley Nº 8123 –Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, salvo las normas específicas establecidas en el presente Capítulo.
Para el ejercicio de su competencia podrá dividirse en Salas Unipersonales, con sujeción a los artículos 34 bis y 361 de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, excepto cuando se tratare de causas por delitos cuyos máximos penales superaren los seis (6) años de prisión o reclusión, o hubiere oposición del imputado.
Artículo 104.- Debate. Además de las propias del juicio común, durante el debate se observarán las siguientes normas:
Artículo 105.- Sentencia. Declarada la responsabilidad de la niña, niño o adolescente y verificado el cumplimiento de las medidas dispuestas en el artículo 87 de esta Ley, o reunida la informativa que lo supla, la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar resolverá en audiencia, con arreglo al artículo 104 del presente plexo normativo, sobre la eventual imposición de una pena. Si al vencer el plazo máximo establecido en el artículo 87 resultare necesario prorrogarlo conforme a la legislación vigente, la Cámara -bajo sanción de nulidad- debe resolverlo fundadamente.
Artículo 106.- Recursos. En contra de la sentencia declarativa de responsabilidad, como la que dispone la pena o una medida de seguridad, procederán los recursos extraordinarios previstos en la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Mayores de Edad sometidos a Proceso Penal
Artículo 107.- Procedencia. El Fiscal Penal Juvenil practicará la investigación penal preparatoria, con arreglo a las disposiciones de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, en las causas iniciadas por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por malos tratos y por negligencia grave o continuada en perjuicio de menores de dieciocho (18) años de edad.
Artículo 108.- Juzgamiento. En el juzgamiento el Juez procederá con arreglo a lo dispuesto para el juicio correccional en la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-, con las modificaciones establecidas en esta Sección.
Artículo 109.- Procedimiento especial. El Juez fijará una audiencia a la que citará, con quince (15) días de antelación, al Fiscal, al Asesor de Niñez y Juventud, al imputado y sus defensores, como así también al querellante particular si lo hubiere, indicando que -dentro de los tres (3) primeros días del plazo de citación deberá ofrecer toda la prueba que hiciere a sus respectivos intereses.
Contra la sentencia procederán los recursos extraordinarios previstos por la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 110.- Defensa particular gratuita. A fin de posibilitar que las niñas, niños y adolescentes dispongan de defensa particular en forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial. No regirá en tales casos el Código Arancelario y habrá exención de pago de las tasas de justicia y sellados de ley.
Artículo 111.- Asesores Letrados Ad Hoc. En caso de ausencia transitoria, vacancia, impedimento del titular o cuando mediara colisión de intereses entre las partes, la asistencia jurídica como Asesores Letrados a la que se refiere la presente Ley, debe ser prestada en cada una de las jurisdicciones, en primer término, por los procuradores fiscales designados por el Poder Ejecutivo y -en su defecto- por los abogados de la matrícula inscriptos.
Artículo 112.- Leyes supletorias. En toda norma procedimental que la presente Ley no haya regulado expresamente se aplicarán en forma supletoria la Ley Nº 5350 de Procedimiento Administrativo -Texto Ordenado por Ley Nº 6658- y la Ley Nº 8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- para las cuestiones de índole proteccional y la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- para las de índole penal.
Artículo 113.- Sustitución de competencias judiciales. Los actuales Jueces de Menores en lo Prevencional y Civil se desempeñarán en adelante como Jueces de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y los Jueces de Menores en lo Correccional como Jueces Penales Juveniles, de acuerdo a lo que la presente Ley dispone al respecto.
Artículo 114.- Consejo Consultivo. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a crear un Consejo Consultivo conformado por expertos y especialistas en materia de niñez, adolescencia y familia, el que tendrá por finalidad efectuar sugerencias, analizar la implementación práctica de la presente Ley, propiciar reformas y toda acción que entienda oportuna y pertinente en relación a todo lo vinculado con la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 115.- Intangibilidad. Declárase la intangibilidad de los recursos que anualmente se asignen al financiamiento de los programas específicos, acciones y políticas para el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 116.- Identificación. La Ley Anual de Presupuesto identificará los programas, acciones y políticas mencionados en el artículo anterior, establecerá el origen de los recursos necesarios para financiarlos y los afectará específicamente.
Artículo 117.- Modificación Ley Nº 7676. Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 7676, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16.- Los Tribunales de Familia conocerán de las siguientes causas:
Artículo 118.- Convenios con municipios y comunas. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a suscribir con la Autoridad de Aplicación los convenios pertinentes a los fines de establecer y articular las políticas públicas necesarias y de implementar Servicios Locales de Promoción, Prevención y Protección de Derechos de gestión asociada, para que estos en sus localidades actúen de manera coordinada y articulada con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sus dependencias descentrtalizadas, los Consejos Locales de Infancia, como así también con los organismos gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad o localidad de que se trate.
*Artículo 119.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, salvo en lo que respecta a la organización de la Justicia Penal Juvenil que comenzará a regir cuando el Tribunal Superior de Justicia –por Acordada-considere que cuenta con los recursos edilicios, informáticos y humanos –mínimos e indispensables-para el funcionamiento del nuevo fuero.
Artículo 120.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de su entrada en vigencia.
Artículo 121.- Derogación. Deróganse la Ley Nº 9053, los artículos 2,3, 16 y 20 bis de la ley Nº 9396 y toda otra norma que se oponga a los contenidos de la presente ley, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de las Leyes Nacionales Nº 23.849 y Nº 26.061 y sus modificatorias.
Artículo 122.- Continuidad. Hasta tanto se instrumente la Cámara de Niñez, Juventud y Violencia Familiar en la Primera Circunscripción Judicial, así como los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar con competencia exclusiva y los Juzgados Penales Juveniles con competencia exclusiva en el interior provincial –con excepción de la primera circunscripción judicial-, las funciones que a aquella le asigna el artículo 63 y la competencia en materia de violencia familiar a los demás juzgados conforme a la presente Ley, continuarán siendo ejercidas por los órganos jurisdiccionales que las desempeñen al momento de la sanción de este plexo legal.
Artículo 123.- Aplicación transitoria de medidas excepcionales. Dispónese de manera transitoria y ante casos de manifiesta urgencia, para aquellos territorios rurales y/o localidades alejadas de centros urbanos que se encuentren dotados de dependencias pertenecientes al Poder Judicial y cuyos municipios de Promoción y Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes a nivel local, la aplicación por parte de la Autoridad Judicial de las medidas excepcionales reguladas en los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, y 55 de la presente Ley. En el día hábil inmediatamente posterior de disponer dicha medida, la referida autoridad deberá trasferir la causa a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley para su intervención.
Artículo 124.-Partidas presupuestarias. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar las partidas presupuestarias que requieran la aplicación de la presente Ley.
Artículo 125.- Asignación de recursos. Incorpóranse a la Ley Nº 9873 – Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2011-formando parte del Sistema de Promoción y Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los programas y sus respectivos recursos intangibles en los términos del artículo 115 de esta Ley, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro descriptivo:
Artículo 126.-Compensación de partidas. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, en los términos de la Ley Nº 9086 y su reglamentación, a compensar entre sí o a incrementar los montos asignados a cada uno de los programas enunciados en el artículo precedente, no pudiendo en ningún caso disminuir el total general asignado.
Artículo 127.- De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
BUSSO – ARIAS
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO : SCHIARETTI
DECRETO PROMULGATORIO Nº 763/2011

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

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