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Timestamp: 2020-02-16 18:48:20+00:00

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﻿ SENTENCIA C-660 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996
SENTENCIA C-660 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS CONDICIONALES, ES EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 1135 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA, TESTADOR, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO CIVIL
Sentencia C-660 de noviembre 128 de 1996
ES EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 1135 DEL CÓDIGO CIVIL
EXTRACTOS: «Norma acusada. El artículo 1135 del Código Civil Colombiano establece lo siguiente:
ART. 1135.—La condición de casarse o no casarse con una persona determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.
2. Marco teórico y planteamiento del problema jurídico.
El derecho hereditario básicamente da respuesta a la siguiente pregunta: ¿en cabeza de quién han de quedar los bienes de una persona cuando ésta fallece? ¿qué ha de hacerse con ellos? Para responderla, son tres las líneas de argumentación que ha adoptado la tradición jurídica. Una recoge las tendencias individualistas que hallan sustento en los derechos del de cujus a la propiedad y la autonomía de la voluntad; según esa línea de pensamiento, se debe permitir al causante resolver el problema a través de la libre disposición de sus bienes, mediante el acto jurídico solemne de otorgar testamento. Otra, de corte socialista, busca que los bienes regresen a la sociedad, por ser ella quien concede los derechos de propiedad, y por ser éste un mecanismo que, además, permite redistribuir la riqueza. La última línea de argumentación considera que se ha de proteger a la institución de la familia, al considerarla el núcleo básico de la sociedad; en consecuencia, se afirma que es la ley la que ha de determinar qué familiares, en qué proporción y en qué orden, han de heredar.
El artículo 1135 del Código Civil, materia de acusación, contempla dos de las posibles condiciones a las cuales puede someterse la asignación testamentaria: la de casarse o no con una persona determinada, y la de abrazar un determinado estado o profesión. Como ya se expresó, el actor considera que esta disposición viola la Constitución, pues la concesión de tales facultades al testador impide al asignatario ejercer a cabalidad su libertad para elegir estado civil y profesión u oficio, además de establecer un trato discriminatorio.
El argumento del demandante, lleva a esta corporación a resolver, en primer lugar, el siguiente problema jurídico:
¿Cuando el testador somete una asignación al cumplimiento de una condición en los términos del artículo 1135, viola la libertad de elegir estado civil o de escoger profesión u oficio al beneficiario?
Y en segundo lugar, a determinar si la norma acusada consagra un tratamiento discriminatorio que atente contra el derecho fundamental a la igualdad.
3. Los derechos del testador.
Si bien es cierto que las facultades con que cuenta el testador para condicionar una asignación en los términos del artículo 1135 del Código Civil, son otorgadas por el legislador, éste lo hace con fundamento en dos garantías constitucionales conferidas a toda persona: el derecho a la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. El primero de ellos está claramente consagrado en el artículo 58 del estatuto superior, como uno de los derechos económicos, sociales y culturales consignado en el capítulo segundo de la Carta Política, el cual se encuentra claramente restringido por la utilidad pública y el interés social.
“ART. 58.—Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. (...)” (Constitución Política de Colombia).
En esta disposición no se consagra la noción clásica de propiedad según la cual ésta sólo beneficia el interés privado del titular del derecho, pues el constituyente del 91 le otorgó a tal garantía una clara función social y ecológica(1). Sin embargo, estos elementos que la constituyen y delimitan, no impiden en modo alguno que se protejan los intereses legítimos del propietario; la posibilidad de contar con un patrimonio es indispensable para que las personas se provean sus medios de existencia, además de ser necesaria para que los particulares puedan ejercer una actividad económica y desarrollen la iniciativa privada. Las leyes civiles y comerciales son las que regulan en forma específica el derecho a la propiedad privada.
(1) En varios fallos esta corporación se ha referido a esta noción de propiedad, estableciendo su naturaleza y límites; entre ellos pueden citarse las sentencias C-216, C-245 y C-295 de 1993 y la C-428 de 1994.
Uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad es que el propietario tiene la facultad de disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro de los límites señalados en el artículo 58 antes transcrito. En consecuencia, bien puede éste vender, donar, o realizar cualquier otro acto traslaticio de dominio que la ley permita. Dentro de esta gama de posibilidades, el legislador considera que, con ocasión de la muerte, el propietario puede decidir el destino de sus bienes; obviamente según las reglas sucesorales señaladas por él. Así pues, puede decirse que la Constitución define el derecho de propiedad en concordancia con los postulados del Estado social de derecho, autorizando al legislador para que lo concrete y regule; y a su vez el legislador, en ejercicio de tal atribución constitucional, concede a las personas, bajo ciertos supuestos legales, la posibilidad de decidir a quién, y en que términos, dejará sus bienes. De aquí se deriva la autorización del legislador de permitir que el testador someta a condición ciertas asignaciones.
La segunda garantía constitucional en la cual se fundamentan las facultades del testador es la autonomía privada de la voluntad y aunque no existe una norma en la Constitución que la contemple en forma específica, ella se deduce de los artículos 13 y 16(1), que consagran la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, respectivamente, los que sirven de sustento para afirmar que se ha de reconocer a las personas la posibilidad de que obren según su voluntad, siempre y cuando no atenten contra el orden jurídico y los derechos de los demás. Adicionalmente, se encuentra una serie de normas constitucionales garantes de ciertos derechos, cuyo ejercicio supone la autonomía de la voluntad; tal es el caso del derecho a la personalidad jurídica (art. 14), el derecho a asociarse (art. 38), a celebrar el contrato de matrimonio (art. 42) y los lineamientos de tipo económico que traza el artículo 333.
(1) A este respecto ver lo dicho por esta corporación en: Sentencia de la Corte Constitucional T-338 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
3.1. La autonomía de la voluntad en materia hereditaria.
La ley permite que la voluntad del de cujus se manifieste a través del testamento, es decir, en un acto jurídico unilateral solemne, mediante el cual se determina la forma en que se han de repartir los bienes que se dejan al morir. Recuérdese que la facultad del testador para disponer de sus bienes no es ilimitada pues, para que el testamento sea válido, deben respetarse los órdenes sucesorales establecidos en la ley. De tal forma que, sobre la mitad de los bienes, en el campo de las legítimas, su facultad se limita prácticamente a reiterar lo dispuesto en la ley. Ya en la cuarta de mejoras su competencia se amplía, puesto que puede decidir a cuál, o cuáles de los descendientes les mejorará su asignación, ofreciéndoles una mayor expectativa patrimonial. Por último, es sobre la cuarta parte restante de los bienes, llamada cuarta de libre disposición, sobre la que el testador puede ejercer de manera plena su autonomía de la voluntad.
Ahora bien: teniendo en cuenta que las asignaciones que pertenecen a esta última porción no son forzosas, se explica por qué, como se dijo antes, pueden estar sujetas a condición. La facultad que otorga la ley civil al testador de someter a condición las asignaciones, es un claro reconocimiento de la autonomía de la voluntad, lo que le permite realizar algunos actos que únicamente produzcan efectos en los eventos que él así lo desee. En el caso de este tipo de asignaciones, el testador manifiesta la voluntad de que alguien sea heredero o legatario siempre y cuando se cumpla la condición impuesta. Puede entonces concluirse, que el legislador limita la autonomía de la voluntad del testador, de tal manera que sólo le es posible establecer condiciones para la cuarta de mejoras y la de libre disposición.
Esclarecido el ámbito en que puede manifestarse abiertamente la voluntad del de cujus, es necesario determinar cuáles son los límites propios de dicha autonomía, pues su ejercicio no responde a un poder omnímodo.
3.2. Límites a la autonomía de la voluntad.
Para algunos de los filósofos del siglo XVIII como Kant, Hobbes y Rousseau, autores de teorías políticas que fundan gran parte del derecho occidental contemporáneo, la voluntad es la principal fuente de las obligaciones ya sea que se manifieste directamente, a través de acuerdos suscritos por los particulares, o indirectamente, a través de la ley en forma de voluntad general. El razonamiento presupone que los hombres son iguales, de tal forma que si dos personas consienten en algo sin presión alguna, lo único que los determina es el libre ejercicio de su voluntad; la única causa de prometer algo es que así se quiere. A su vez, estos argumentos sirven para trazar los lineamientos básicos de la actividad estatal; por un lado queda claro que es necesario garantizar las condiciones ideales para posibilitar los acuerdos entre particulares, esto es, impedir que alguien sea sometido mediante la fuerza a contratar, a consentir; pero, por otro lado, también se deduce que dentro de las funciones estatales no está la de intervenir en la órbita de los particulares, pues si garantizando la libertad de las partes se mantiene la equidad, mal haría el Estado en alterarla al entrometerse.
Esta tesis fue posteriormente replanteada por teorías socialistas que objetan la supuesta igualdad entre los ciudadanos, para así llegar a concluir que el hecho de que ambas partes suscriban el pacto libremente, no es garantía de justicia. Afirman que no hay razón para pensar que la intromisión del Estado sea lesiva, pues no existe en realidad equidad alguna que proteger; es más, la voluntad no es capaz de obligar por sí sola, es necesaria la intervención de la sociedad. En consecuencia, se ha aceptado el establecimiento de límites a la autonomía de la voluntad. Esta tendencia orientada a reducir el voluntarismo que inspiraba al derecho, pese a que logró varios de sus objetivos, no llegó nunca a suprimir el papel preponderante que ocupa la voluntad en el ámbito jurídico, en especial en el área del derecho privado.
En el Código Civil Colombiano de 1887 se consagraron tanto la visión voluntarista imperante, como los límites a la autonomía de la voluntad que por entonces se aceptaban: el orden público y las buenas costumbres; prueba de ello son, entre otros, los artículos 16, 1151, 1518, 1524 y 1532. Se puede decir, entonces, que la institución mencionada, aunque limitada, adquirió un lugar preponderante y fundamental dentro del sistema.
Sin embargo, el derecho, en cuanto fenómeno social, no es susceptible de sustraerse a los cambios. Los nuevos rumbos de la historia, junto a las teorías contemporáneas, lograron que se redujera el ámbito concedido al libre ejercicio de la voluntad. En primer lugar, los límites impuestos a dicha autonomía se incrementaron al incluir dentro de la noción de orden público, no sólo la esfera política, sino también la económica y los derechos humanos. En segundo lugar el auge del derecho comercial y las nuevas formas para negociar, le restaron la importancia que antaño tenía. La complejidad de los negocios que se realizan ha incrementado la celebración de contratos “tipo” o de contratos de adhesión, en los cuales el papel que juega el operador jurídico queda limitado a aceptar o rechazar unas cláusulas previamente redactadas por otro.
En conclusión, mal puede considerarse a la autonomía de la voluntad como un poder omnímodo en cabeza de los particulares; los múltiples límites que se le imponen, la reducen a un simple ejercicio de potestades reglamentarias que el legislador otorga a los ciudadanos"(2).
(2) Al respecto puede verse: Corte Constitucional. Sentencia T-338 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
4. Las libertades del asignatario.
Tal como lo señala el demandante, el ordenamiento constitucional colombiano contempla los derechos a elegir libremente profesión u oficio, y a conformar o no pareja. La primera de estas garantías está consagrada de forma explícita en el artículo 26 de la Carta Política, además de encontrar fundamento también en los artículos 16 y 17 superiores, respecto a lo cual existe un precedente en la jurisprudencia de esta corporación(4). Este derecho permite a las personas que sean ellas, según sus intereses y aptitudes, las que decidan cuál es la actividad a la que se han de dedicar.
(4) “Los artículos 16 y 17 de la C.N., prevén el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática, se deduce la libertad de trabajo, en concordancia con lo previsto en el art. 26 del mismo estatuto superior”. Sentencia de la Corte Constitucional T-014 de 1992, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
Las limitantes que se imponen a esta garantía se originan en razones de interés público, por lo cual la Constitución permite a la ley exigir títulos de idoneidad, y a las autoridades inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones y restringir el libre ejercicio de aquellas ocupaciones, artes y oficios que impliquen un riesgo social. De donde se concluye que no le es permitido a un particular, por intereses meramente privados, limitar el ejercicio de este derecho a otra persona.
Por su parte, la libertad para contraer matrimonio o conformar una familia halla sustento en la consagración constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16)(5), y en la inequívoca reiteración contenida en el inciso primero del artículo 42 de la Constitución:
(5) “El derecho al libre desarrollo de la personalidad también es conocido como derecho a la autonomía personal. Es un derecho de carácter genérico y omnicomprensivo cuya finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y es deber de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (C.P., art. 95.1)”. Sentencia de la Corte Constitucional T-542 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
“ART. 42.—La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (...)” (negrillas fuera del texto).
El derecho a casarse o a constituir pareja, en los términos del artículo 42 del estatuto superior, implica garantizar el derecho a la libertad. La posibilidad de elegir el estado civil es un acto que presupone un individuo libre, pues en ejercicio de tal facultad es que puede conformarse una familia, núcleo fundamental de la sociedad.
Las garantías que se han comentado son dos expresiones de un mismo derecho: la libertad. Y si bien se trata de dos elecciones distintas en ambas situaciones se contempla la posibilidad que tiene toda persona de obrar libremente. Sin embargo, según lo expresado por el demandante, al tener que cumplir con la condición estipulada para poder recibir los bienes adjudicados por el de cujus, esta clase de asignatarios ven reducidas las posibilidades de su libre elección en dichos casos. Por tanto, procede determinar si el legislador está permitiendo al testador limitar indebidamente las libertades comentadas, cuando lo faculta para someter las asignaciones correspondientes a la cuarta de libre disposición a las condiciones señaladas en el artículo 1135 del Código Civil, objeto de acusación.
5. Valoración de los cargos.
5.1. La libertad.
Como se ha anotado, el actor argumenta que la norma acusada viola los artículos 13, 16 y 26 del estatuto superior, puesto que autoriza a los particulares a restringir el ámbito de la libertad de las personas beneficiadas por una asignación condicionada. Es pues necesario, tratar de establecer lo que implica coartar el derecho a la libertad, para saber si, en efecto, en este caso se violan o no los mandatos constitucionales.
Para que una condición testamentaria imposibilite jurídicamente a un individuo a optar por cierta acción, se requiere que en virtud de la ley constituya una obligación o una prohibición; mientras ello no suceda no pasa de ser una mera sugerencia. Como es sabido, la condición no es ninguna de las dos cosas, el asignatario ni tiene el deber de cumplirla ni está impedido de realizarla; únicamente determina el estado de cosas que ha de ocurrir para que puedan surgir ciertos efectos jurídicos. Por lo tanto, si el asignatario desea que tales efectos se produzcan, lógicamente tendrá que intentar cumplir la condición estipulada; pero nunca se le impondrá como una obligación. Así, el ámbito de la autonomía personal del heredero o legatario condicionales, en nada se restringe con la aplicación del artículo 1135 del Código Civil; antes bien, la expectativa condicionada a recibir este derecho, suma a una de las opciones que tiene su destinatario, la posibilidad de un incremento patrimonial.
5.2. La posibilidad de incidir en la voluntad del asignatario.
Una vez otorgado el testamento, las decisiones de contraer matrimonio o formar pareja y de escoger profesión u oficio, siguen siendo válidas si y sólo si se adoptan libremente; el testador en ningún momento tiene la facultad de elegir por el asignatario. Sin embargo, podría objetarse que al momento de tomar estas decisiones la libertad del asignatario se ve afectada, por cuanto el testador está facultado para alterar significativamente las condiciones bajo las cuales decide aquél. En otras palabras, el de cujus puede inducir o persuadir al asignatario de tomar cierto camino en su elección, al generarle la expectativa patrimonial antes mencionada.
Surge entonces la pregunta: ¿es legítimo, de acuerdo con la Constitución, que el testador altere las condiciones en que el asignatario toma tales decisiones, en ejercicio de su libertad? Para resolver este interrogante, debe tenerse en cuenta que la facultad que el legislador le otorga al testador para condicionar ciertas asignaciones no es ilimitada. Por el contrario, como se dijo antes (3.2), los límites a la autonomía de la voluntad se han ido acrecentando dentro del sistema cada día más, reduciendo así el ámbito en el cual ésta se puede ejercer. De tal forma que si sólo es dado condicionar las asignaciones que forman parte de la cuarta de mejoras como de la de libre disposición, y que dichas condiciones a su vez se han de dar dentro de los límites propios de la autonomía de la voluntad, es necesario concluir que las situaciones en las que le será legítimo ejercer “presiones” al testador, son residuales; todos los eventos en que una condición de esta clase afecta a la familia, al orden público o a las buenas costumbres, han sido excluidos por el legislador.
En este orden de ideas, la facultad que concede el legislador al testador en el precepto que es objeto de demanda, de establecer condiciones, es legítima a la luz de la Constitución.
5.3. Barreras al libre desarrollo de la personalidad.
5.4. La igualdad.
Una vez resuelto el problema jurídico planteado inicialmente relativo a determinar si el artículo 1135 del Código Civil atenta contra la libertad de opción del destinatario y, demostrado que no, debe la Corte establecer ahora, si dicha norma contempla un trato discriminatorio que vulnere el derecho a la igualdad.
Para que este derecho constitucional regulado en el artículo 13 resulte lesionado se requiere de la existencia de un trato diferencial ilegítimo o injustificado. Entonces, como primera medida, hay que determinar cuál sería el trato desigual, para luego definir si es o no legítimo. El demandante parte del supuesto de que la norma acusada permite al testador, a través de asignaciones testamentarias condicionales, restringir la libertad de los herederos o legatarios, por ello considera que éstos reciben un trato discriminatorio con respecto al resto de personas a quienes no se les limita el ejercicio de su libertad, concluyendo que el artículo demandado contempla un trato diferencial injustificado y, por tanto, inequitativo. El argumento es erróneo, ya que parte de una afirmación falsa, pues no es cierto que las asignaciones testamentarias condicionales limiten la libertad, como se ha sostenido a lo largo de este proveído. En otras palabras, si funda el actor la acusación de desigualdad, en que la norma demandada les limita a unas personas la libertad y a otras no, y es claro que el artículo 1135 demandado, no impone tal límite, es necesario concluir que no se presenta ningún trato diferente que pueda ser acusado de injustificado.
Sin embargo, podría objetarse que sí existe una violación a la igualdad con respecto a aquellos asignatarios cuya expectativa patrimonial no se encuentra sometida a ninguna condición, ya no por limitarles a unos su libertad, sino por imponerles mayores cargas para obtener el beneficio pecuniario que esperan. La jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que no todo trato diferencial constituye una violación a la igualdad; es posible que éste sea legítimo a la luz de la Constitución si se presentan algunos de los siguientes elementos:
“(...) la existencia de supuestos de hechos diversos; que la finalidad de la norma sea legítima desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; que la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad y eficacia interna; y, finalmente, que el trato diferente sea proporcionado con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican” (sent. C-445/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero)(6).
(6) Puede hallarse una exposición del test de igualdad en la sentencia T-230 de 1994. Sobre el tema también es posible consultar las sentencias C-221 de 1992 y C-013 y C-530 de 1993.
Entonces, para establecer si la norma acusada viola o no el principio a la igualdad, es necesario señalar que las asignaciones sometidas a condición deben confrontarse, por un lado, con aquellas asignaciones que son de carácter forzoso y, por otro, con las de la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras no sometidas a condición.
En el primer caso es legítimo establecer un trato diferencial, pues se está frente a supuestos de hecho diferentes, por cuanto la situación de uno de los asignatarios encuentra su fundamento en la ley: el testador al designarlo como tal lo único que hace es obedecer al legislador. La otra clase de asignatario lo es en virtud de la voluntad del testador. En el segundo caso también es legítimo el trato diferencial, por cuanto el fundamento de la norma consiste en hacer valer ciertos preceptos y valores constitucionales. En efecto, el legislador autoriza al testador, en razón de su derecho a la propiedad y de su autonomía privada de la voluntad, para que disponga de la cuarta de libre disposición como le parezca, en consecuencia, debe decidir a quién le corresponde esa parte de sus bienes y en qué términos tal persona ha de heredar. Y lo mismo sucede con la cuarta de mejoras en relación con los descendientes. Así las cosas, la razón por la cual se trata de manera diferente dos asignaciones que hacen parte de la misma cuarta de la masa herencial, cuando una se somete a condición y la otra no, es el ejercicio de los derechos arriba indicados, lo cual es, a juicio de esta Corte, razonable y justificado.
5.5. La autonomía de la voluntad como fundamento de la expectativa del asignatario.
La demanda parece construida sobre argum1entos encontrados. Por un lado, es claro que el demandante se opone a que la ley conceda un espacio “tan amplio” al testador para que ejerza su voluntad de manera autónoma, pues ello comporta la violación de la libertad del asignatario condicional. Pero por otro lado, es evidente que lo que busca el actor es defender las meras expectativas patrimoniales que los asignatarios condicionales tienen, cuando éstas tienen por fundamento, exclusivamente, la misma facultad del testador para ejercer su voluntad, a diferencia de las asignaciones forzosas que hallan sustento en la ley. De manera que si al testador se le negara la posibilidad de someter, por ejemplo, cierto legado a condición, simplemente podría optar por no concederlo y nombrar a otra persona como legataria.
Es curioso y no muy consistente, que alguien beneficiado exclusivamente por la autonomía privada del testador, la cuestione, es decir, que pretenda defender una mera expectativa patrimonial atacando la causa de la misma.
En este orden de ideas, concluye la Corte que el testador puede disponer de la cuarta de libre disposición como a bien tenga, de manera que la imposición de una condición, mediante la cual le exija al presunto beneficiario casarse o no con determinada persona, o abrazar un determinado estado o profesión, no lesiona las libertades del asignatario ni viola el derecho a la igualdad. Y lo mismo sucede con la cuarta de mejoras en relación con los descendientes. Entender lo contrario, implicaría desconocer las restringidas facultades y derechos de las que goza el de cujus, en desarrollo de su derecho de propiedad y de su autonomía de la voluntad.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 1135 del Código Civil.
Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».
(Sentencia C-660 de noviembre 128 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

References: ARTÍCULO 1135
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