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Timestamp: 2020-07-07 07:30:52+00:00

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“Estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la ‘cultura de la muerte’ y la ‘cultura de la vida’. Estamos no sólo ‘ante’, sino necesariamente ‘en medio’ de este conflicto: todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida.”[1]
Desde el punto de vista legislativo, en Argentina existe una clara protección a la vida naciente. En la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22), se encuentran incorporados como normas de máxima jerarquía, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país y en todos ellos se encuentra garantizado el derecho a la vida de la persona por nacer. Permítaseme citar un solo caso, el de la Convención de ONU sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 1 dispone que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, y Argentina al momento de su ratificación, aclaró expresamente que a los efectos del artículo 1, debe entenderse por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años.
Asimismo en el año 2015, se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que en su art. 19 dice: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción” y en su art. 51: “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”.
La situación fáctica
Lo cierto es que más allá de lo que nos dice la ley, los promotores del aborto permanentemente están desplegando estrategias que les permitan llevar adelante su cometido de acabar con vidas en gestación.
Entre algunos de los casos más impactantes por su crueldad y falta de sustento legal, podemos mencionar:
- Caso “Paz” (dic/18): En los primeros días del mes de diciembre de 2018, un grupo de médicos denunció que en el Hospital Masvernat de la localidad de Concordia (provincia de Entre Ríos) se practicó un aborto de una bebé (Paz) de cinco semanas de gestación, a una menor de 13 años. Según fuentes periodísticas la bebé agonizó durante 10 horas en una bandeja de hospital, y por el hecho se registró un aumento inmediato en el listado de objetores de conciencia de los agentes de salud. Se iniciaron actuaciones judiciales y desde las autoridades gubernamentales intentaron amparar el hecho en un supuesto protocolo administrativo de “interrupción legal de embarazo (ILE)”.
- Caso “Esperanza” (enero/19): En la provincia de Jujuy, en el Hospital Quintana, se practicó una cesárea a una menor de 12 años, provocando el nacimiento prematuro de la bebé “Esperanza” de 24 semanas de gestación, la cual con apenas 703 gramos de peso (≈ 1.55 libras), no logró sobrevivir. El caso fue judicializado y hasta el propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se comprometió con la eliminación de la bebé. Los médicos del Quintana se habían declarado objetores en el caso. El Dr. Gustavo Briones, jefe del servicio de obstetricia, quien entendía que el embarazo debía continuar, renunció a su cargo.
- Caso “Faustina” (febrero/19): Es el caso de una cesárea practicada a una menor de 11 años, en el Hospital Perón en la provincia de Tucumán, con un embarazo de 21 semanas. La recién nacida (Faustina), con un peso de 660 gramos (≈ 1.45 libras) y muy pocas probabilidades de vida, luego de agonizar en la sala de UTI [unidad de tratamientos intensivos] falleció a los pocos días. La causa fue judicializada, y la práctica fue llevada a cabo por médicos ajenos al Hospital tucumano, ya que todo el personal de planta se manifestó objetor.
En el ámbito de las políticas públicas encontramos medidas tales como el aumento de elaboración y distribución de misoprostol [una prostaglandina, es decir, un potente fármaco que causa fuertes contracciones uterinas que expulsan prematuramente al bebé por nacer] para los abortos provocados, según lo ha declarado el actual titular del Ministerio de Salud nacional, Ginés González García.[2]
Otro tema para tener en cuenta lo configura el empeño del Poder Ejecutivo nacional por imponer protocolos de aborto que, desconociendo el orden jurídico argentino, buscan obligar a todo el personal de salud a realizar las prácticas en cualquier circunstancia. Unos días antes de finalizar el mandato presidencial de Mauricio Macri, su Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, dictó una resolución[3] que aprobaba una versión actualizada del protocolo de “interrupción legal de embarazos” (ILE). Ante las críticas recibidas, al día siguiente el presidente Macri dictó un decreto derogando la Resolución del Secretario de Salud[4], lo cual motivó la renuncia de Rubinstein. Tras la asunción del presidente Alberto Fernández ocurrida el 10 de diciembre de 2019, su Ministro de Salud, Ginés González García, en la primera resolución que adoptó el día 12 de diciembre de 2019[5], reestableció el derogado protocolo del secretario Rubinstein, con algunas leves variantes.
El nuevo proyecto de ley de aborto
El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, ya manifestó su voluntad de llevar al Congreso un nuevo proyecto de ley de aborto, y su intención de que esta vez sea aprobado. Así lo sostuvo durante su campaña, y lo reiteró en el discurso de apertura de las sesiones legislativas de 2020. Todo indicaba que en la primera quincena de marzo, el proyecto presidencial iba a estar ingresado para su tratamiento. Sin embargo, la crisis mundial causada por la enfermedad del covid-19, de la cual Argentina no es ajena, hasta el momento ha imposibilitado que se cumpliera lo anunciado, y el proyecto aún no ha sido presentado.
En recientes declaraciones el presidente Alberto Fernández, ratificó su deseo de legalizar la práctica del aborto, e hizo saber que, si bien ahora existen otras urgencias derivadas de la pandemia por el coronavirus, ya tiene el proyecto listo y el mismo será enviado al Congreso cuando el cuerpo legislativo esté en condiciones de tratarlo.[6]
1. EV, 28. Disponible en: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html#-S.
2. Ver nota Infobae del 17 de diciembre de 2019. “Ginés González García adelantó que se va a estimular la producción estatal de misoprostol”. https://www.infobae.com/politica/2019/12/17/gines-gonzalez-garcia-adelanto-que-se-va-a-estimular-la-produccion-estatal-de-misoprostol/
3. Resolución 3158/19 del 20 de noviembre de 2019.
4. Decreto 785/19 del 21 de noviembre de 2019.
5. Resolución 1/2019 del 12 de diciembre de 2019.
6. Ver Parlamentario.com, 6 de mayo de 2020, “Alberto Fernández y el aborto: La ley está lista”, https://www.parlamentario.com/2020/05/06/alberto-fernandez-y-el-aborto-la-ley-esta-lista/.

References: artículo 1
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 Resolución 
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