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Timestamp: 2019-03-23 18:22:21+00:00

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apelación a S.Corte de la demanda por infracciones ambientales el valle mesopotámico Pinazo-Burgueño
Ya en Suprema Corte causa I -71193 desde Octubre del 2010, sin necesidad de plantear recurso de queja, la propia H. Cámara lo elevó.
Francisco Javier de Amorrortu, por mi propio derecho, con domicilio legal en calle 48 Nº 877 PB OF 7 de La Plata, conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. Mario Augusto Capparelli, abogado inscripto a T IV f 108 (C.A.S.I.) Legajo N° 13.605, en autos caratulados "DE AMORRORTU FRANCISCO JAVIER C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS AS S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" n° 10662" a V.E. digo:
I - Interpone recurso de inaplicabilidad de ley
III - Gratuidad del trámite
IV - Requisitos de admisibilidad- Sentencia Definitiva
V - Plazo y formalidades del art.279
VI - Motivo del reclamo judicial - Objeto del proceso
VII - La sentencia de primera instancia
VIII - La sentencia de segunda instancia
IX - Responsables de proveer la protección del ambiente
X - Jurisprudencia de Corte Suprema
Síntesis . Petitorio
I . INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Conforme lo dispone el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, vengo en tiempo y forma a interponer recurso de inaplicabilidad de ley contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, de fecha 16 de junio de 2009 que ratifica la sentencia de primera instancia, declara abstracta la cuestión planteada .
Si bien en el cap.III desarrollaremos la respectiva crítica, vaya esta síntesis para comprender desde el comienzo cual es nuestro reproche al respecto: se dice que la cuestion ha devenido abstracta por cuanto el acto administrativo no se completó, pero la realidad es que si lo hizo, el ambiente ha sido dañado, etc. O sea, eleva al rango de "suprema legalidad" meras disquisiciones formales, en desmedro de los principios ambientales que constituyen el plexo juridico de esta demanda.
II . MANTIENE DOMICILIO
A los efectos de este recurso mantengo el domicilio en la calle 48 nº 877 Planta Baja of 7 de La Plata.
La Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que en los casos de acciones judiciales dirigidas a la protección del medio ambiente, no corresponde el reclamo del pago previo de tasas, costos y costas. Dicho precedente lo citamos para fundar esta petición.
"La Plata, 2 de noviembre de 2005. AUTOS Y VISTOS:... El art. 32 de la ley general 25.675, al tiempo que establece que la jurisdicción en materia ambiental: '... será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia', precisa que '... [el] acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie'. La referida norma, cierto es, no desvirtúa los poderes normativos y jurisdiccionales que, en su calidad de entes políticos autónomos, las provincias se han reservado en el pacto constituyente (arg. arts. 75 inc. 12, 121, 122, 123 y concs. C.N.). Antes bien, tal como lo impone el texto constitucional en que el legislador fundamentó la determinación normativa bajo examen (art. 41, C.N.), se ha resguardado la intervención de la jurisdicción local en temas ambientales no interjurisdiccionales, al poner en cabeza de los tribunales ordinarios la aplicación de la ley 25.675... De todos modos, el alto interés institucional, social y, por tanto, jurídico, comprometido en la especie (art. 41, en conc. art. 28, Const. Pcial.), exige dar una respuesta que sin mengua del reconocimiento estructural de las potestades locales, resguarde, en todo su posible aprovechamiento, las garantías que la normativa ambiental aspira a implementar efectivamente, en modo uniforme e igualitario para todo el país (art. 3 ley 25.675).... Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto invocado, ... una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen ambiental, tal cual surge, además, de la letra del citado art. 32 de la ley 25.675. En consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados judiciales competentes solo en sus instancias ordinarias...". (Ac. 93.412. Granda Aníbal y Ots. c. Edelap S.A. s. Amparo).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Giroldi" JA 1995-III-571 dijo que al otorgarse jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos en las condiciones de su vigencia, quiso poner de manifiesto que era tal como la misma regía a nivel supranacional y teniendo en cuenta la aplicación que hacían los Tribunales internacionales competentes.
Así en el caso "Cantos" ( ver en www.corteideh.orga.cr) se analizó los alcances del acceso a la jurisdicción, y recordando lo dispuesto por el art. 8 del Pacto de San José, resulta contraria a dicha norma todo impedimento patrimonial que lo dificulte y que no estuviera justificado por razonables necesidades de la propia administración de justicia. Mencionó al acceso a la justicia como un derecho humano por excelencia.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia ha resuelto que "Tratándose de la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, no es exigible el deposito previo del art. 280 del CPCC". (fallo Granda citado más arriba)
Resulta fácilmente parangonable esa situación con la de autos, toda vez que el art 32 de la ley 25.675 dice "el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie".
IV . REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD- SENTENCIA DEFINITIVA
La sentencia emanada de la EXCMA CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA, es definitiva (art 278 del CPCC), porque declarando abstracta la cuestión, sin considerar los hechos que albergó la crecida demanda mostrando con imágenes; evaluando con criterios de hidrología urbana amasados en los mismos estudios de las crecidas del doble valle de inundación Pinazo-Burgueño que ya seis meses antes habían sido presentados en la causa B 67491 en la Suprema Corte, probando los agravios al ambiente y a las personas incautas que logren ser atrapadas por estos mercaderes; ignorando, entre otros, los reclamos de impugnación a la resolución 354 de la AdA; sin considerar la necesidad de abrir el proceso a más pruebas de las numerosas presentadas, en los hechos significó el menosprecio por la manda constitucional que a partir del art 41 va quedando plasmada en presupuestos mínimos que dan soporte a especificidades legales provinciales en materia de hidrología URBANA, destino y ocupación de suelos, de las que ya podíamos sentirnos orgullosos, aunque diste mucho y en muchos, la comprensión cabal de ellas.
Para analizar la cuestión debemos reiterar que el objeto de este proceso es despertar a hidrología URBANA, -no confundir con hidráulica que siempre hace de verduga de Natura-, para desde ella considerar:
d) Los agravios quen pesan en la falta de determinación de cota de arranque de obra permanente según lo exige el art 4º a los municipios
g) Los agravios que pesan en las corridas de caudales planteadas para eventos muy por debajo de los criterios que fundan hidrología urbana.. Y que en este caso muy en particular en Suprema Corte sabrán apreciar pues a escasos metros de estas áreas está planteada la causa B67491 en la Secretaría de Demandas Originarias, con rigores hidrológicos ligeramente menores esta última, pues se encuentra aguas arriba.
El acta del preacuerdo tan mentado para fundar abstracción cayó por su propio peso de dislates y me apliqué a su impugnacíon cuando esta causa un 28/12/05 comenzó. Quien tenga la paciencia de recorrer mis escritos advertirá que jamás lograría concentrar el esfuerzo de 13 años de trabajo y más de 20.000 folios de presentaciones administrativas y judiciales en estas muy precisas materias, para reducirlas a la frivolidad de un documento anticipador de laxitudes, desde hace 15 años reiteradas.
Al desprecio a ese esfuerzo bien me cabe considerarlo, cuanto menos, abstracto. Y a la expresión del Dr. De Santis: 2. "Adelanto que la impugnacion no es de recibo", apunto los 9 agravios arriba reiterados, sobre los que siguen pesando solicitud de impugnación en unos y mirada a abusos, errores, faltas y veladuras en áreas técnicas y legales, con estrecha competencia y sin competencia ligada alguna, en decisiones administrativas.
Y a su expresión: "aspectos de hidrología urbana con lugar preciso de afectación en la esfera de derechos del actor, en situación exclusiva, ni concurrente … el caso no ofrece a un acto denegatorio como tampoco a uno que decidiendo sobre la materia que ventila la jurisdicción, pueda tener incidencia directa en la situación particular del demandante", recuerdo las obligaciones y derechos que el art 41 de la CC y la ley General del Ambiente plantea entre sus Presupuestos Mínimos a este actor y a cualquier otro ciudadano que tenga conciencia de la gravedad de estos agravios, reflejados en la Constitución Nacional, repito, en la Constitución Provincial, en los Presupuestos Mínimos de la ley Gral del Ambiente 29675, en las leyes prov 11723, 10907, 12704, 6253, 6254, 8912, sin olvidar la ley nac 25688 de presupuestos mínimos sobre Régimen Ambiental de Aguas.
Como prueba de mi Amor por estas materias que no buscan otro lucro que, ya casi septuagenario, sentirme útil y devolver algo de lo recibido, le acerco al Dr De Santis un regalo por separado que no conforma prueba de nada más que de ese Amor: una brevísima "Historia de entreveros alrededor de las líneas de ribera" que ojalá le ayude entrado en años, a disfrutar de estas materias.
Ver estos textos por http://www.delriolujan.com.ar/hidrolinea.html
Velando tantas impugnaciones, la consecuencia del fallo recurrido es dejar en estado de indefensión al ambiente en si mismo y a un conjunto indefinido de personas con derechos indefinidos, difusos, los cuales no han sido tenidos en cuenta por los jueces de grado.
El paradigma ambiental, mencionado por Ricardo Lorenzetti (Teoría de la Decisión Judicial, editorial Rubinzal Culzoni 2006, Págs. 425 y siguientes) nos pone en contacto con la realidad del bien jurídico protegido:
"surge una concepción amplia del ambiente, como macrobien y como microbien: el primero es constituido por el medioambiente global y "microbienes", que son sus partes, las atmósfera, las aguas, la fauna, la flora, la biodiversidad, el paisaje".
¿A qué apunta esta introducción?: pues a considerar que la intervención y rol del Juzgador es más amplia que en un proceso individual así como también es imprescindible la participación ciudadana en la formación de las decisiones públicas.
Este enfoque lleva a tornar inaplicables la jurisprudencia anterior a la vigencia de la cláusula ambiental (arts 41/3 de la Constitución Nacional) en cuanto consideraba requisito de admisibilidad el no poder promover una nueva acción judicial, circunstancia que no se da aquí, pues el daño ya se ha consumado. Empero, y esto es fundamental, en materia ambiental EL TIEMPO es un valor asociado a la salud del ambiente y de los seres humanos por lo cual un pleito posterior sería una mera ficción inepta para solucionar el daño ya acaecido. La justicia no debe ni puede llegar tarde. En ninguna causa, desde ya, pero fundamentalmente en las "ambientales"
De todos modos, cumpliendo exigencias procesales, dejo planteado el caso federal ante una posible decisión adversa, en mérito a claras normas constitucionales, en especial a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitucional Nacional. De tal manera hago expresa reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cuestión federal se relaciona con el fondo del recurso porque la sentencia recurrida viola abiertamente los artículos 31 y 41 de la Constitución Nacional; por violarse normas de carácter nacional arts 4º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21 de la ley 25675, frente a disposiciones locales art. 18 y 39 de la ley 11723, art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.
Y así, para el caso de una eventual decisión contraria a la admisibilidad del recurso, por estimar inconstitucional cualquier legislación o doctrina legal que impida a V.E. pronunciarse expresamente sobre los aspectos constitucionales (doct.CSJN, caso "Di Mascio" Fallos 311:2478), solicito decisión expresa sobre la cuestión federal .
V . PLAZO Y FORMALIDADES DEL ART. 279. MONTO INDETERMINADO
La sentencia de fecha 31 de Agosto del 2010 nos ha sido notificada el día 6 de Septiembre del 2010. Por lo tanto el presente recurso -se deduce en tiempo y forma.
Se funda el mismo en que: La sentencia ha violado los artículos 31 y 41 de la Constitución Nacional, la ley nacional 25675, arts. 4º, 8º, 11 a 13 y 19 a 21, art 39 de la ley prov 11723, art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912.
En orden al requisito referido al valor del litigio, el presente es de monto indeterminado pues se trata de imponer a la demandada que cumpla con imperativos de la legislación ambiental, sin ningún reclamo patrimonial.
VI . MOTIVO DEL RECLAMO JUDICIAL - OBJETO DEL PROCESO
Se promovió demanda y formalizó la denuncia de daño ambiental , solicitando en el escrito inicial y en sus ampliaciones, lo que sintetizado en la apelación a la Excma Cámara, cabe recordar:
Respuesta al argumento del art 87 de la ley 7647/70, f 11
2) Caída del preacuerdo e impugnación formal de la Res 354 de la ADA, f 15
3) ineludible consideración de la nulidad expresamente solicitada, f 16
4) Al fondo de la cuestión que apunta la Jueza Logar, f 17
5) Derecho o interés del actor, f 20
6) Antecedentes de los aprecios de la Jueza Logar: a) f 22; b) f 26; c) f 33
7) Pormenores alrededor del barrio proyectado, f 34
8) Puente de cruce sobre los arroyos, f 40
9) Despertar a hidrología URBANA, f 43
10) Conclusión que rescato de estos agravios, f 52
No sólo le hemos proporcionado a la Jueza Logar los hechos, sino que abrimos una causa 9961 anterior a esta para pedir documentación de estos entuertos. Nos fue negada por "confidencial". Ignora la Jueza Logar que no hay tal confidencialidad en temas ambientales. En el interín nos enteramos del mamarracho del preacuerdo y abrimos otra causa por ello: la 10662. Aquí los dislates excedían con creces los temas hidrológicos de mi especialidad y justificaban otros enfoques legales mientras seguíamos esperando nos dieran vistas al primer contencioso. Un año había pasado cuando nos alcanzó la sentencia del primero y por no advertir que la jueza Logar le había impreso carácter sumarísimo, tras 48 hs hábiles perdimos la oportunidad de apelación. Miles de kilómetros de viajes a La Plata. Más de un centenar de folios obran en la causa, tan sólo para pedir vistas a unos expedientes. Y la paradoja de esta decisión vino en la causa 100662, cuyo puntapié inicial lo dio la propia Jueza Logar pidiendo ella misma los mismos expedientes que en la causa anterior nos habían sido negados por "confidenciales". Decisión de su propia conciencia, tal vez advirtiendo por tan reiterados reclamos, la profundidad del daño ambiental que los mismos implicaban.
La provisoriedad alegada de ciertos trámites, no alcanza para tapar la magnitud del descalabro ambiental cuyo escenario esta causa ha planteado con todo tipo de la más inusual y específica información; legal y técnica.
b).-de no mediar la Res 354 de la AdA con constitución administrativa final y definitiva, que en esta misma causa fuera solicitada su oportuna impugnación. Ver f 76, f 102, f 124vta; y a f 76vta, el primer párrafo aparece marcado por el juzgado allí donde dice: "oportunamente solicito se tenga por formalmente impugnado y se declare la nulidad de la Resolución 354/06 de la A.d.A.".
c).-De no mediar todo el trabajo recorrido en estos 5 años y la gran cantidad de documentación solicitada por propia iniciativa de la Jueza Logar a la AdA para dar comienzo a la causa; la misma documentación que previamente en la causa paralela 9961 en este mismo juzgado había sido declarada "confidencial" y por ello no me dieron acceso a vistas. Esfuerzo que prueba en sí mismo que había motivos sobrados para considerar el art 86 y olvidar el 87.
d).-por la propia confesión de la Jueza Logar al final del 5º párrafo del punto III de su sentencia donde expresa: "por lo que dicho Acuerdo Preliminar no resuelve el fondo de la cuestión"; revela que todos estos esfuerzos estaban repletos de razones fácticas tan definitivas como erradas;
e).- tales como los reiterados errados proyectos de los puentes "aprobados";
f).-la confesión de los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límitres y Restricciones de la AdA señalando un día 4/10/04, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, que "no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 franja a ceder en los valles de inundación)". Esta es la línea que la AdA aún tiene pendiente de demarcación. La que marcaron no sirve para NADA.
g).-Tampoco habían cumplimentado los retiros inexcusables mínimos de 100 m que exige el dec 11368/61 reglamentario de la ley 6253 en sus arts 2º y 5º.
h).-Tampoco había determinado el municipio la cota de arranque de obra permanente que le exige esta misma reglamentación en su art 4º.
i).-Tampoco habían sido inscriptas en los Planes Reguladores Municipales las "excepciones" que con carácter de "necesidad imprescindible" les exige el art 3º y que habrían permitido los trabajos de "saneamiento" con rellenos.
Todo este listado denunciado está dicho y reiterado en la causa tantas veces como nadie puede imaginar. Y hacer un mapa de estas reiteraciones merecería alcanzar estos escritos en formato digital, para que cualquier estudioso que se entregue a ella utilice del programa Word el recurso "buscar". Y todos ellos, menos el acta de preacuerdo poniendo al rojo vivo los principios de precaución y prevención, refieren de actos resolutorios tan finales como errados.
3) Así fue que en oportunidad que siguió al rechazo de la excepción opuesta por Fiscalía (a partir de fs.120) hube de HACER SABER e IMPUGNÉ LAS DEMARCACIONES APROBADAS por la RESOLUCIÓN 354 de la A.d.A., (ver fs 76, 76 vta, 90, 102 y 124) cuya misma solicitud, argumentos legales y técnicos hidrológicos, han sido en este fallo, al mismo tiempo que reconocidos en los párrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º mencionados en el punto 1º del Resulta introductorio, simultáneamente despreciados por la Jueza Logar en su fallo; siendo que ellos dan la pista para sustanciar el fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestión no es entonces el acta de preacuerdo, sino todo lo que alrededor de ella se ventila en esta causa; con parentescos primarios directos con la causa 822/04, Manfein S.A. contra la Dirección de Hidráulica en este mismo juzgado CA Nº2 de La Plata y con parentescos primarios directos con su contrapartida causa 03/04, Dirección de Hidráulica contra Manfein S.A en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de San Isidro a cargo del Dr Servín, con fallo que ordenó demoler los terraplenes que aquí mismo en este proyecto de inmediatos vecinos se proponen reproducir; y con parentescos primarios directos con la que se ventila desde el año 2003 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial causa B 67491, Barrio Los Sauces c/ la Dirección de Hidráulica. Todas estas causas tienen el mismo fondo de la cuestión que menciona la Jueza Logar; alrededor del cual la Fiscalía de Estado viene probando desde hace 11 años en el exp 5100-15940/99 de mi autoría, su irresponsable laxitud de criterios sobre estos mismos temas; y no precisamente con la excusa del art 87.
Este barrio Los Sauces de tan sólo 18,5 hectáreas, es el único que se me escapó de la defensa que vengo haciendo en todos los frentes imaginables, del doble valle mesopotámico a lo largo de 13,5 años. Estos trabajos están publicados en el sitio http://www.valledesantiago.com.ar Sin embargo, el haberse escapado de mis muy tempranas advertencias no les ha traído ningún favor. Vivir en un fondo de cañada que ha conocido 2,75 mts de anegamiento no favorece ningún sueño. Y la causa B67491 está aquí para ilustrar esas debilidades que nunca encontrarán remedio. Al igual que mi alma 13 años luchando para defender paleocauces que sean útiles a preservar franjas de transición y expansión de la Vida urbana sin destino habitacional.
Situaciones de zozobra que todos los vecinos del Maldonado, del Vega y de tantos otros paleocauces reconocen en la ciudad de Buenos Aires y ahora, tras mentir y ocultar aseguran que prendiendo velas a una Walkiria tunelera que le recorta decuplicados cientos de millones al Fisco, conseguirán proteger las brutas inversiones inmobiliarias del duo Caputto-Macri en la J.B.Justo. Sólo conseguirán sumar infernales inversiones, tan inútiles como todo lo que muere en negociados. Ver http://www.arroyomaldonado.com.ar y muy recientes conferencias en el Centro Arg. de Ingenieros sobre inundaciones en la ciudad de Bs As organizadas por la Fundación Ciudad, cuyos balances se publican en http://www.alestuariodelplata.com.ar/inundabaires2.html descubriendo usos y costumbres entretejidas de tres sucesivos Jefes de Gobierno porteño ocultando durante 6 años la publicación de la preciosa información hidrológica realizada por un grupo de consultoras lideradas por la británica Hallcrow, mostrando los mapas de riesgo de inundación de cada una de las manzanas de la ciudad. A este punto de encuentro común de las avestruces pampeanas apuntan los Planes Hidráulicos, que con estos soportes éticos no alcanzan destino.
Si no sinceramos estas cuestiones, la expresión de la Jueza Logar apuntando "al fondo de la cuestión", no nos conducirá a ningún lado. Ni siquiera sabremos o intuiremos, a qué lado apuntar.
Los fondos de la cuestión están en los fondos de cañada y en las cegueras de nuestros promocionados mercaderes haciendo siempre sus mejores negocios con los peores suelos. Ver http://www.pilarsinplan.com.ar http://www.escobarsinplan.com.ar http://www.tigresinplan.com.ar http://www.lineaderiberaurbana.com.ar http://www.humedal.com.ar http://www.delriolujan.com.ar/incorte.html y 4 html siguientes.
Entender "que la vía judicial es prematura, dado que todavía no se culminó con el procedimiento que resuelva el conflicto que se ventila en el expediente 2435-3970/04 y en consecuencia, la pretensión no se dirige contra un acto definitivo ni asimilable a tal, a la vez que el expediente se encuentra en pleno trámite y cualquier vulneración a los derechos que alegue el actor resulta meramente conjetural" es sólo conducente a los escenarios arriba planteados y bien negatorio de los principios de prevención y precaución tan elementales en derecho ambiental.
5) Los aprecios de la demandada en cuanto a que "el demandante no manifiesta la afectación en concreto de ningún derecho o interés a su parte a consecuencia del acta de acuerdo preliminar que impugna" amén de a todas luces superlativamente ridículos, adolecen de falta primaria de reconocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano y del propio Estado que se desprenden de los Art 2º, 3º, 6º, 7º y 8º de la ley 11723, entre otros; que muy bien la demandada y la Jueza Logar deberían sincerar para no ningunear perseverantes y desinteresados esfuerzos ciudadanos por los años que vengo bregando en todas las áreas administrativas imaginables, incluida la Fiscalía.
La impugnación formal que hube de hacer de esa Res 354 de la ADA en esta causa 10662, apuntando a aspectos técnicos y legales muy concretos de estas invasiones del doble valle de inundación, en áreas aún más bajas que las de su inmediato vecino barrio Los Sauces, venía nutrida de la experiencia acumulada en los descalabros que se siguen ventilando en la causa B 67491/03 en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial, a pesar de haberlos prevenido personalmente 1 año antes de de ponerse el primer ladrillo y 7 años antes de que se abriera la causa, en la cual las Excelencias Ministeriales acordaron formal aprecio a mi participación. Ver Reg.Nº 574/08 de la SCBA por
http://valledesantiago.com.ar/linea22.html http://valledesantiago.com.ar/linea22b.html http://valledesantiago.com.ar/linea22c.html
Ver asimismo críticos desarrollos técnicos de códigos y leyes que apuntan especificidades de hidrología urbana en una demanda de inconstitucionalidad
Ver asimismo los estudios de línea de ribera urbana desarrollados en el sitio http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11a.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11b.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11d.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11l.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11m.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11n.html http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11n.html
Ver interminables Cartas Documento, siempre anticipando a funcionarios, empresarios y escribanos las faltas que se disponían a cometer y no obstante cometían: http://www.valledesantiago.com.ar/Santiago_Apendice_3_ne.pdf
a) Este enfoque resulta equivocado, dado que en la formalización de la demanda, ya desde la primera línea identifico con puntual claridad lo solicitado, ésto es: "tomar vistas de los estudios hidrológicos".
Al no hacer en su sentencia siquiera mención de lo solicitado, ésto es: a los estudios hidrológicos; es de ella, la abstracción.
El rechazo de este actuante a lo ofrecido por la A.d.A. respondía simplemente a que no correspondía a lo solicitado. Y lo solicitado era, repito, tomar vistas de los estudios hidrológicos y no de raquíticos informes de impacto ambiental. Tan raquíticos, que posteriormente los empresarios se dieron a presentar uno nuevo. Tan fácil de comprobar como simple prueba de la ligereza de esta Fiscalía y de aquella sentencia calcada a medida de intereses particulares.
La Jueza Logar está finalmente con su sentencia respaldando el criterio de la Fiscalía; ésto es: considerar "confidenciales" los estudios hidrológicos solicitados; que ella ni siquiera menciona en su sentencia.
Cuando el peticionante lee esa sorpresiva aclaración de Oroquieta, -que le había sido negada durante meses-, de inmediato se presenta en la Ada para tomar esas puntuales y muy reiteradas solicitudes de vistas de los estudios hidrológicos.
De aquí, mi solicitud inmediata posterior, a la jueza Logar, para que se ocupara su Juzgado de secuestrar la información solicitada; porque ese comportamiento de Oroquieta equivalía para el peticionante, a una burla que se le hacía en su cara y no estaba dispuesto a ponerla en oficios que a cambio recibían respuestas ridículas y claramente burlonas.
Causa en la que años más tarde y ya bien tarde, el propio Presidente de la Suprema Corte Dr. Negri invita por cédula a este actuante, para que diera opinión -e impugnara, como fue el caso-, sobre el proyecto hidrológico que decían haber presentado los peritos de parte contratados por los demandantes propietarios del barrio Los Sauces que nunca finalmente logró acreditar siquiera el carácter de "proyecto", sino de simple tapón para demorar.
Línea cuya incumbencia, por art 20 del dichoso código de aguas Ley 12257/98, le cabe a terceros que pueden, con carácter vinculante, impugnar esas demarcaciones de líneas de ribera.
Estudios que siempre responden a modelaciones matemáticas; que sosteniendo una realidad virtual intentan aproximación a los testimonios concretos y a las informaciones meteorológicas que acompañan los criterios hidrogeológicos; para así, a poco, ir armonizándose con las diferencias que pudieran surgir de los testimonios que hubieran impugnado esas demarcaciones; que repito, nunca se hicieron. Ver el Capítulo "Repaso que conduce a impugnar las demarcaciones" en los folios 78 y 92
Y vuelvo a repetir, habiendo el actuante en varias oportunidades solicitado se le notificara en la oportunidad de que esas demarcaciones fueran a ser efectivizadas in situ, y concretadas por las personas responsables del ejecutivo, y no por un agrimensor del propietario del predio; jamás se le respondió, así como jamás se demarcó. Ver Capítulo "Ha llegado el momento" a fs 93 de las 7 oportunidades, incluso por carta documento, en que pedí ser parte de esas demarcaciones y nunca se me notificó.
Demarcaciones que ni siquiera sabrían cómo hacer porque carecen de los elementales criterios legales y de todo trabajo de hidrología en la zona para así efectivizar estas demarcaciones. Ni serio, ni ligero. Nada en absoluto.
Esto es lo "confidencial" y el motivo por el cual dan gato por liebre.
Y parte de la trascendencia de ese error fue la confesión misma que aparece acreditada en el expediente 2200-9666/99, y que hoy obra en la causa 10662 en el mismo Juzgado N°2 atendido por la misma jueza Logar y por su misma asistente Dra. Beatriz Susana Revello, en donde aparece bien clarito todo el estudio hidrológico -el de ese barrio Los Sauces, denunciado hasta el hartazgo.
Estudios hidrológicos que el propio actuante se ocupó de multiplicar en decenas de expedientes para mostrar esos errores y comportamientos que son de nunca acabar. Documentos que por supuesto, la Corte conoció exclusivamente por mis perseverantes esfuerzos a través del exp. 2400-1904/96 hoy en la Corte, y no por los de otros.
¿¡Cómo cabría entonces hoy imaginar que esa actitud espontánea e inevitable de parte del ministro de Obras Públicas, fuera hoy, repito, después de diez años de perseguir a los mismos funcionarios, las mismas faltas y a los promotores de los mismos barrios, fueran hoy, vuelvo a repetir, esos accesos a tomar vistas de los estudios hidrológicos de los vecinos inmediatos de Los Sauces, negables?!!!
Dolor interior que en cambio, sí alcanzó al entonces Director Técnico Provincial Ing Pedro Agavios, que a poco de advertir su error y su firma en él y tras una crisis con el director provincial H.P.Amicarelli, renunció después de décadas de carrera.
No hubo en cambio, renuncia de parte de este último; a quien le tocó en suerte seguir mintiendo algo más de un año entero en esta tramitación del barrio Los Sauces -ver exp 2406-3807/96-, aun después del reconocimiento bien expresado por Agavios, de este bruto error.
Así, estimar que los predios linderos tienen los mismos vicios de criterio, es algo demasiado elemental que no se logrará ocultar con esta sentencia acreditando "confidencialidad" a esos mamarrachos administrativos.
Y por ello cabe advertir, de cuántas formas lo sigo haciendo en mis extensísimas páginas www.valledesantiago.com.ar www.delriolujan.com.ar www.lineaderiberaurbana.com.ar www.alestuariodelplata.com.ar entre otras, refiriendo todas las extensiones imaginables que caben a este tema puntual de las líneas de ribera, sus demarcaciones y respetos en áreas comprometidas a creación o ampliación de núcleos urbanos.
A estos dislates propuestos se sumó otro reclamo judicial por vecinos de Ayres del Pilar.
Ver por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11i.html y apelación por http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11j.html Vecinos que no veían con buenos ojos un camino de comunicación a otro barrio cerrado que les pasaría por frente de sus narices en áreas que ni siquiera eran propias de la entidad de gestión comunitaria de Ayres del Pilar, sino del emprendedor que las tenía propuestas para vender e instalar viviendas. La contaminación visual de una vivienda de lujo no aparece comparable a un camino por el que transitarían unos cuantos miles de vehículos diarios a un barrio cerrado de aprox 800 viviendas, cuyas tierras estaban localizadas en un municipio que tampoco era el de ellos y al que por ceguera de unos cuantos socios que recibirían de premio unas canchitas de futbol, hoy ven amenazados sus sueños de vivir en Naturaleza y lejos del ruido.
Para bendecir estos privados acuerdos se le ocurrió al letrado Mateo Corvo Dolcet dar intervención al Estado Provincial que así participó en esa desopilante acta de preacuerdo. Recuerdo que este letrado solicitó durante 18 meses mi asesoramiento para que ese camino de enlace entre barrios diferentes no pasara enfrente de su casa. Cuando logró evitar este despropósito no tuvo ningún empacho en ponerse a negociar con los emprendedores para proponerles creatividad desde su particular integridad.
Las relaciones que acuso entre Corvo y este que suscribe aparecen en http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/Querido%20Mateo%20qs.pdf
Tan concretas fueron estas muestras de solidaridad hacia este pobre vecino que habría de sufrir las consecuencias del trazado de la bendita calle de acceso al otro barrio, que el expediente de la AdA 3970 que aparece una y otra vez mentado en esta causa, es el hermano menor del exp 3969 que fueran ambos presentados el mismo día por este actor, para ayudar al vecino que un día se dio vuelta y se transformó en gestor del más loco descalabro al que hube de responder con la demanda 10662 aquí en cuestión. Por supuesto que estos detalles no son el fondo de la cuestión; pero cómo nos ahorraríamos estos comentarios si con este impulso logramos por selección, enfocar el fondo de la cuestión.
Una de estas materias que en el punto 8 veremos, eran los dos puentes que habían sido aprobados en el 2000; y que por mis esfuerzos en la administración en el 2004 sus aprobaciones cayeron, sin necesidad de solicitar intervención a la Justicia. Poner "puentes" en el buscador del Word y se verá cuántas veces aparece este tema.
Alcanzo para ello la versión digital de esta apelación, por el sitio http://www.lineaderiberaurbana.com.ar/linea11q.html
Y si no pareciera ésto cierto, pregunten al Dr José Luis Martiarena, de la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, cuántos esfuerzos tienen entre manos y dando vueltas en sus cabezas, para conciliar los estudios hidrológicos que fueron propuestos por los demandantes se realizaran para asistir la causa B67491, y que finalmente terminaron siendo costeados y presentados por este mismo actuante que hoy suscribe esta apelación; como única variable para zanjar la cuestión.
Por ello, repito, si la Jueza Logar con original y oportunísimo criterio dió el paso de mezclar en su conciencia, causas y solicitudes perfectamente emparentadas, ¿cómo haría para sostener la coherencia de su sentencia en la causa 9961, solicitando en la causa 10662 que trata de un preacuerdo que no tiene constitución final -y de hecho hoy devino abstracto-, un informe para darle el puntapié inicial, que ella estimó en su fallo anterior "confidencial"?!; sabiendo el día que firmó aquella sentencia de la causa 9961, que de antemano había comprendido que tales estudios hidrológicos eran esenciales, insustituíbles, y por cierto, nada secretos.
Su e-mail : ...... a través de él podrán informarse de la veracidad y seriedad de sus avales y criterios.
A este puente calculado con recurrencias de 100 años y con una tolerancia adicional en más de 1 metro sobre la máxima estimada, no sólo el agua le pasó por encima en la lluvia del 31/5/85, sino que le arrancó de cuajo todo su tableestacado de hormigón. 2,5 metros por encima de la máxima estimada por la Dirección de Hidráulica. ¡GENIOS! ¡Ignoran ésto, a pesar de mil veces denunciado! E insisten en que esos puentes están bien.
El propio ingeniero informante del Depto de Planeamiento Hídrico de la DIPSyOH del MIVySP, en el 2° párrafo de su parágrafo a), refiriéndose a los puentes calculados para lluvias con recurrencia 10 años), señala: "que para crecidas extraordinarias, es posible que las obras (como en cualquier región) sean superadas y salgan de servicio".
Pero lo que no señala es que el puente de entrada a los barrios Los Sauces y Los Pilares fue calculado por ellos y el 6/11/96 voló todo su tableestacado antes incluso de que le asentaran su viga de cruce. Y que sus fotos mostrando estos descalabros fueron robadas dos veces del exp 2400-1904/96. En la segunda oportunidad lo fueron de la oficina de la propia consultora técnica adscripta a Fiscalía de Estado.
9) Despertar a hidrología URBANA merced al art 59. Reseña Legislativa y Jurisprudencial alrededor del Código Civil y otros cuerpos legales nacionales y provinciales que reclaman aprecios de hidrología.
De la falta de respetos por parte de los municipios a sus responsabilidades hidrológicas: 1) determinación de la cota de arranque de obra permanente; 2) determinación del carácter de "necesidad imprescindible" de las excepciones; 3) propuesta de cómo se habrán de "sanear" esas excepciones; 4) inscripción de ambas decisiones en los Planes reguladores municipales respectivos PRM.
Un año más tarde los Ings. Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y Restricciones de la AdA, a f 4 del exp 2436-3797/04, líneas 15 a 17, un día 4/10/04 dicen que "no existen constancias de verificación de que las Resoluciones Hidráulicas de Sol de Matheu hubieran cumplimentado los recaudos legales que surgen de la Ley 8912 y de la Ley 10128/83 (Art.59 que refiere de la franja que corresponde ceder a los núcleos urbanos en los valles de inundación, hasta 50 mts más allá de la línea de ribera de creciente máxima)"
Ese art 18 habla de línea de ribera de creciente media ordinaria a determinar con apoyo en recurrencias de tan sólo 5 años; y así redactado para dar soporte legal a las obranzas del plan maestro, terminó conformando la tapa de su ataud. Las 2,5 millones de hectáreas de la pampa deprimida que proponía escurrir en dos meses, pasaban completas al dominio público de aplicar esa norma. Tal la desubicación en materia hidrológica cuantitativa de un funcionario que generó en su larga gestión, la actual desestructuración de la Dir. de Hidráulica Provincial y sus hijuelas, primero el Orab, luego la AdA.
La ley 6253 en su art 5° dice: Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máximas inundaciones en las "zonas de conservación de los desagües naturales", donde total o parcialmente se haya subdividido la tierra, en lotes urbanos, y hasta tanto se habiliten obras que aseguren las mínimas condiciones de seguridad y sanidad.
En su decreto reglamentario 11368, art 2° dice: Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parcelas, cuya superficie supere las diez (10) hectáreas no será necesario prever, en éstas, la zona de "Conservación de los desagües naturales" debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos de subdivisión que no se podrá levantar edificación estable en una franja de cien (100) metros de ancho como mínimo, hacia ambos lados de borde superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o laguna.
En su art 3° dice: En los casos previstos en el artículo 4º de la Ley 6253, los interesados deberán presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regulador" del municipio respectivo. Cuando sea necesaria la ejecución de obras, a efectos de asegurar las condiciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica).
Lo establecido en el Plan Regulador municipal respectivo deberá incluir la forma en que se propone "sanear". Ver inc c) del art 3° de la ley 6254: Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes reguladores que resuelvan los problemas sanitarios contemplados con la presente ley.
La competencia del Ejecutivo Provincial pasa por considerar la seriedad de esos proyectos y controlar sus obranzas; pero toda la "iniciativa" es municipal y en NADA, provincial. Un proyecto de saneamiento no puede ventilarse en la AdA sin antes contar con la propuesta de cómo "sanear" que les apunta el municipio y la cota de arranque de obra permanente propuesta por el municipio. Tarea esta última en la que el ejecutivo provincial puede colaborar sin por ello restar a la responsabilidad primaria municipal.
El rigor de esta ley que hace ya 50 años acercaba pautas de hidrología URBANA aparece reflejado en su art 2°: Créanse "Zonas de conservación de los desagües naturales" que tendrán un ancho mínimo de cincuenta (50) metros a cada lado de los ríos, arroyos y canales, y de cien (100) metros en todo el perímetro de las lagunas. En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las mismas.
La expresión "extraordinaria" apunta la prevención antes que a la dominialidad. La expresión "normal u ordinaria" apunta a la dominialidad.
Respecto a las prohibiciones de cambios de destino parcelario rural a urbano los arts 1° y 2° de la ley 6254 dicen claramente: Art 1°.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y barrio parque, en todas las áreas que tengan una cota inferior a + 3,75 I. G. M
Art 2°: Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos con lotes de no menos de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya superficie no sea inferior a 12 Has.
De esta manera, las excepciones no vulneran el criterio rural de la ley 8912 que funda sus reales en la medida mínima de una (1) hectárea. Subdividir la tierra en parcelas de una hectárea no conforma "núcleo urbano".
Los "excesos" legales con un mínimo de sinceridad interior siempre encuentran correlato en nuestros propios excesos.
ARTICULO 59° de la Ley 8912 (T.O.1987) Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo. Tendrá un ancho de cincuenta (50 m) metros a contar de la línea de máxima creciente en el caso de cursos de agua y de cien (100 m) metros medidos desde el borde en el caso de espejos de agua. El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la Dirección Provincial de Hidráulica.
Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el predio motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de delimitar el dominio estatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Paraná se regirá por normas específicas. Estas expresiones finales aparecen impugnadas en la causa 70751 en SC
Allí donde la ley 6253 hablaba de "crecidas extraordinarias, esta habla de "máxima creciente"; apuntando ambas, reitero, a mirada preventiva y no a dominialidad. Esta mirada preventiva encuentra sus pautas de criterio en hidrología URBANA apoyados en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.
La primera instancia es la que ya nos acerca la ley 6254 prohibiendo los fraccionamientos menores a una (1) Hectárea en estas áreas fragilísimas, de manera de conservar la categoría "rural" de la parcela y de esta forma no quedar atrapados en el art 59 de la 8912.
No confundir con maximum flumen o "las más altas aguas en su estado normal" de Justiniano y Velez Sarfield o "las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias" de Borda.
Cuando la jurisprudencia apunta a crecidas, los términos "normal u ordinario" apuntan a la materia dominial y los "extraordinarios o máximos", a la prevención, mirando el interés general por encima del particular.
Lo "extraordinario" en hidrología URBANA está fundado en recurrencias mínimas de 100 a 500 años.
"Las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias" de Borda, no son, ni remotamente, útiles en estas áreas, a mortales que quieran imaginar a sus viviendas a salvo de toda inundación. Art 5°, ley 6254. Ni son dables de modelar cuantitativamente en planicies extremas; aunque por pendientes mucho mayores sí lo serían en su lar familiar de San Bartolo en Alpacorral.
Volvemos a repetir: lo normal u ordinario apunta a la dominialidad; lo máximo o extraordinario, a prevención. Desde el momento que ambas leyes mentan "crecidas extraordinarias" y "máximas crecientes", apuntan a prevención; apuntan a hidrología URBANA; apuntan a rec. mínimas de 100 a 500 años.
Por esta razón los artículos del Código Civil 2340 modificado por sugerencia de Borda que nos habla de las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias; y 2577 haciendo incapié en las más altas aguas en su estado normal -"maximum flumen" de Justiniano, siendo por completo ajenos a los recaudos mínimos de cualquier nivel de prevención en otras tierras que no contaran con las pendientes mínimas que registran en sus lugares de origen (Borda en Alpacorral y Justiniano en las llanuras del Lacio), son inútiles de toda inutilidad para poner freno a los desbordes de asentar humanos en lugares imposibles. Lugares que en nuestras pampas chatas abundan por doquier.
Volviendo a los respetos al art 101 del dec regl 1359 que dice : "Se entenderán por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos sin fijar, terrenos bajo cota o inundables, carencia de agua potable o posible contaminación de napas y cualquier otra situación asimilable".
Muchos olvidan que "el Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades en las áreas comprendidas en el artículo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inundación a las nuevas construcciones". Este es el piso que debe acariciar la palabra "extraordinario" y los parámetros hidrológicos que le dan sustento. Por ello, amén de inconstitucional proponer ridículas recurrencias, el término "extraordinario" reclama precisa apoyatura técnico jurídica para constituir su razón normativa o de esencia, su razón fáctica o de existencia y su razón de verdad o justicia.
Por ello agradecemos que sea la propia Jueza Logar la que advierta la importancia de alcanzar a acariciar "el fondo de la cuestión", para así recordarnos al cuidado de los hábitats humanos y sus soportes ambientales.
Alimentados estos vicios de la falta de ejercicio de competencia ligada que cabe a los jueces administrativos precisando alcances jurisdiccionales y jurisprudenciales, los funcionarios administrativos de la provincia de Buenos Aires aprendieron a vivir "cada uno en su propio recinto sólidamente empalizado, desviando encuestas que sólo eran útiles a los propios encuestados".
Así da cuenta el Dr. Guillermo J. Cano, en su "Estudio de línea de ribera", T II, Pág.74, de la total ausencia de intercambio de información y de coordinación entre los diversos organismos de la Provincia de Buenos Aires.
Retomo y concluyo el PUNTO VI que dejé en la Pág 10
Detener las obras como finalidad esencial y tutelar del ambiente fue la finalidad central de nuestra acción, en tanto y en cuanto no se cumplieran las disposiciones obligatorias y de orden público, sobre el particular.
Por mis denuncias sobre las insuficiencias de los puentes ya cayeron dos veces en diez años las autorizaciones de sus obranzas.
Por mis reiteradas solicitudes para participar como testigo de las demarcaciones de línea de ribera fui esquivado de ellas. Que por ello y por la inutilidad de lo demarcado hube de impugnar la Res 354 de la AdA en esta causa.
En la ampliación de la demanda se incluyó como objeto de impugnación esta Resolución 354, que por ello sorprende nunca fuera apreciada.
Las violaciones a los art 59 de la ley 8912, art 3º y 5º del decreto 11368/61, art 4º de la ley 6253, art3º inc c de la ley 6254 y art 101 de los dec 1359 y 1549, reglamentarios de la ley 8912, nunca fueron consideradas a pesar de tantas veces reiteradas
La sentencia recaída en primera instancia, emanada del Juzgado Contencioso Administrativo Nª 2 de La Plata de fecha 5 de Mayo de 2010, resolvió:
FALLO:1°) Hacer lugar a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la demandada y declarar la inadmisibilidad de la pretensión deducida por el señor De Amorrortu Francisco Javier, por las razones expuestas ut supra (arts. 35 inc. 1°, ap. "i", 36 inc. 2°, ap. "c" y concs., C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101). 2°) Imponer las costas en el orden causado (art. 51, C.C.A., ley 12.008, texto según ley 13.101).3°) Regular los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora, doctor Ignacio Sancho Arabehety, en la suma de pesos mil ($ 1.000), y doctor Mario Augusto Capparelli, en la suma de pesos novecientos ($ 900), cantidades a las que deberán adicionarse el 10 % (arts. 12, inc. "a" y 16, ley 6716; 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 44 y 51 del decreto-ley 8904/77).Regístrese y notifíquese. Fdo. Ana Cristina Logar. Jueza."
Haciendo incapié en que: tal como ha quedado delimitada la cuestión litigiosa, el thema decidendum se centra en decidir si el Acta de Preacuerdo Interministerial, impugnada en autos, cumplimenta con el requisito de admisibilidad contemplado en el artículo 14 inc. 1°, apartado a) del Código Contencioso Administrativo, la sentencia de Primera Instancia no hizo entonces lugar a ninguno de los agravios aquí planteados, que reiterados tantas veces, consideré provecho en el escrito de la apelación a la Excma Cámara para comenzar a verificarlos.
Como se dijo, lleva fecha 31 de Agosto de 2010 y emana de la EXCMA CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA.
Por dicha resolución , se decidió: Rechazar el recurso de apelacion de la parte actora y confirmar el pronunciamiento atacado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (conf. arts. 14 inc. 1° ap. a), 31, 55 inc. 2° ap. a), 56, 58, 59 y cones., CCA).
Registrese, notifiquese y oficiese, devolviendo la causa al juzgado de origen, por Secretaria. Registrado bajo el Nº 930 (I)
¿Cual es la grave consecuencia de esta resolución?
Por lo pronto, vulnera sin alternativas, ni considerar la seriedad, coherencia y perseverancia de tantos desinteresados esfuerzos, los derechos y obligaciones ciudadanas de proteccion del medioambiente.
Al otorgar una relevancia desmesurada, arbitraria, antojadiza, única y excluyente a un simple preacuerdo, ignorando todo lo estudiado, fotografiado, editado, publicado y perseguido durante años en esta causa, instala un caprichoso, harto peligroso y antijurídico precedente, vulnerador de precisas cláusulas ambientales constitucionales .
Cláusulas precisas que sólo en algunos pocos casos y en muy estrecho grado se abren a la competencia ligada de personas de derecho público en administración; y es aquí y en ellas, en sus desbordes, veladuras, errores o incumplimientos en los aprecios a estos bienes difusos, donde cabe la aplicada y esforzada discrecionalidad de los jueces para juzgar esos abusos.
Calificar mis años de trabajo en estas precisas materias y en estas precisas demandas como abstracción, es agravio menor, que aún así no se merecen estas leyes que desde hidrología urbana rigen nuestros marcos de protección ambiental y piden nuestra mayor colaboración.
Si alguien imagina encontrar abstracción descalificadora en el trabajo reflejado en esta causa, tal vez esté descubriendo su enorme desinterés en estas materias. Por otra parte, toda mi energía de estos años se ha nutrido de estas negaciones y desde ellas seguiré luchando. Estas negaciones, tantas veces subrayadas con la palabra "abstracción" me han abierto a la novedad de un reconocimiento hermenéutico que enriquece sus atracciones mucho más allá de lo habitual.
La mutación de los alcances en todos los lenguajes, reconoce en sus orígenes las constituciones fundadoras del habla camino hacia el lenguaje. Eso registra la raíz como expresión de una necesidad, espontánea en su configuración y manifiesta en una simple pulsión interjeccional o en un simple onomatopeya. Sus devenires y hasta pasatiempos impensados, son mucho más fugaces que su originalidad.
Adjetivo y sustantivo, reconocen filiación al verbo abstraer; y ambos, a la raíz indoeuropea *tragh- tirar, arrastrar, mover. Irlandés antiguo, traig : pie; bretón troad: pie; galés traëd: pie; troi: girar, volver; servio traziti: buscar. Latín traho, tirar hacia sí, arrastrar. De esta misma raíz: traer, extraer, contraer, sustraer, atraer, distraer, retraer. En campos poéticos, lo "abstracto" en el arte permite expresar lo indecible sin abismar.
IX . RESPONSABLES DE PROVEER LA PROTECCION DEL AMBIENTE
La particularidad que tiene la novedad de haber irrumpido en nuestra Constitución la cláusula ambiental, reside en establecer un campo de responsabilidad y atribución de culpas, con la consiguiente obligación de resarcir.
Así, la CN establece como obligación de todo habitante el de preservar el medio ambiente y en cabeza de TODA AUTORIDAD la de proveer a la protección de ese derecho. Adviértase que no se especifica quién es la AUTORIDAD.
Por lo tanto todo funcionario de cualquiera de los tres poderes reviste tal carecer. Y proveer no implica sólo vigilar, sino que significa actuar, tomar medidas no tratándose de una actitud pasiva sino activa.
Medidas que no se logran con acciones "ex post" sino "ex ante."
El Estado debe dar satisfacción a la comunidad. Si del derrotero procesal, hace que este expediente transite por diversos juzgados, cámaras y Cortes, mientras que la obra se continúa y marcha rauda hacia su polucionante conclusión, ¿que ocurrirá si al llegar el veredicto de culpabilidad y orden cesatoria de contaminación, la actividad de remediación resulte o bien costosísima o hasta imposible inclusive?
X . JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA NACION:
El caso que actualmente nuestro Tribunal Superior Nacional está tramitando, relativo a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, bastamente conocida por el apellido que encabeza los legitimados activos, marca un rumbo en materia de los numerosos caminos por los cuales han de transitar las acciones ambientales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptó la competencia originaria para la acción colectiva, y dividió la misma para las acciones de cesación de contaminación y remediación y por la vía rápida del amparo "para la tutela del bien colectivo, que por su naturaleza jurídica es de uso común y tutelado de una manera no disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento" ( ver considerando 6º voto de la mayoría Petracchi Nolasco, Maqueda Lorenzetti y Argibay) y remitió a las instancias inferiores el tratamiento de los resarcimientos individuales solicitados por numerosos vecinos.
Estableció reglas u ordenes procesales acorde con la naturaleza de las pretensiones, toda vez que el amparo ambiental no se encuentra reglamentado y las disposiciones de las leyes procesales rigen residualmente en tanto no se opongan a las características del bien tutelado, al paradigma ambiental y a la razón de ser del remedio mas rápido y efectivo.
En el considerando 2º mencionando al caso Colalillo, ( la verdad objetiva) dice "Ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el Tribunal al señalar, con énfasis y reiteración, que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines, para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el tramita de la causa y con esa intervención, superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría (Fallos 326:1512 y sus citas)"
de temas básicos que cuentan con disposiciones administrativas tan finales como perfectamente erradas o inexistentes; y que nunca merecieron la atención de la Jueza Logar, ni de la Excama Cámara, a pesar de aparecer nuestros reclamos en expresiones multiplicadas y perfectamente enmarcadas en sus soportes legales y técnicos para asistir el fondo de la cuestión:
b) Los agravios que pesan en la ausencia de las cesiones exigidas por el art 59 de la ley 8912 y recordadas a los emprendedores por los Ing Licursi y Gamino de la Jefatura de Límites y restricciones de la AdA
T IV f 108 (C.A.S.I.)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 41
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 14
 resolución