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Timestamp: 2020-02-23 22:03:02+00:00

Document:
EXP. JGE/QPAN/JL/CHIS/657/2006
acumulada la JGE/QPAN/CG/001/2007
CG703/2008
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS”, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE JGE/QPAN/JL/CHIS/657/2006 Y SU ACUMULADA JGE/QPAN/CG/001/2007.
I. Con fecha tres de julio de dos mil seis, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio IFE/JLE/VS/438/06, suscrito por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Chiapas, mediante el cual remitió escrito de veintiocho de junio del mismo año, firmado por el Licenciado Ruperto Hernández Pereyra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el órgano electoral de referencia, en el cual hace del conocimiento de esta autoridad, hechos que considera constituyen presuntas violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hace consistir primordialmente en lo siguiente:
1.- Los ayuntamientos Municipales, que presiden los CC. Roger Andrés Robles Cruz, José Guadalupe Arismendiz Álvarez, Oscar Serra Cantoral, Justo Tomas Hernández Herrera y Martha Castellanos Pérez, mismos que contendieron encabezando el Partido de la Revolución Democrática y/o Partido del Trabajo contendiendo en las pasadas elecciones municipales llevadas a cabo el 3 de octubre del 2004, lo que originó que el Instituto Estatal electoral, del Estado de Chiapas, le extendiera la constancia de mayoría y validez, con el cual dicha administración inició su labor, en términos de la normatividad vigente, por tal razón estrecha es la relación partidista que guardan con el actual candidato a la Presidencia de la República y Gobernador del Estado respectivamente, de la coalición denominada “Por el Bien de Todos”, que conforman los partidos PRD, PT y Convergencia a nivel federal el C. Andrés Manuel López Obrador y a nivel estatal el C. Juan José Sabines Guerrero candidato a Gobernador del Estado o sea los mismos partidos que a los presidentes municipales actuales lo postularon como candidato y obtuvieron el triunfo en las elecciones municipales pasadas, partidos o alianzas que están en franca campaña electoral con el objeto de obtener un posicionamiento en electorado del Estado de Chiapas.
2.- A principios del presente mes circuló desde volantes de invitación y perifoneo, donde se daba a conocer que el candidato Andrés Manuel López Obrador y Juan José Sabines Guerrero, acudirían al parque central de esta cabecera municipal el 9 de junio, cuyo objeto era hacer proselitismo político, resultando que con fecha 8 de junio del año en curso, en el Ayuntamiento municipal de Pichucalco, Chiapas, precisamente en las afueras del mismo por la tarde y noche según manifestación de diversas personas se empezó a notar el despliegue de movimientos de personas en torno al edificio que ocupa dicho Ayuntamiento ubicando lámparas sobre la parte de enfrente, así como también pudieron observar la colocación de gallardetes y pasacalles en las principales avenidas de esta cabecera municipal. En el mismo sentido para el día 9 de junio del año en curso a eso de las 9 de la mañana los CC. Fredy Velasco Gutiérrez y Cesar Quevedo Arias, se dieron a la tarea de observar todo el movimiento que personal del ayuntamiento de Pichucalco realizaban, entre ello lo siguiente:
a) Observaron quienes coordinaron la colocación de lámparas y las mantas donde aparece el rostro del candidato Andrés Manuel López Obrador candidato a Presidente de la República de la alianza “Por el Bien de Todos” de aproximadamente de 6x6 metros y del Senador y Diputado Federal, de aproximadamente de 2x5 metros, fueron, así como la instalación del templete lo realizaron los CC. José Fernando López González, (Oficial Mayor del Ayuntamiento de Pichucalco), José Reymundo Cano Rodríguez (sic), (Secretario Particular del Presidente Municipal de Pichucalco Chiapas), Roque Raúl Ríos Alfaro, (Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Pichucalco), José Ariel Requena Meza, (Subdirector de Obras Públicas, del ayuntamiento de Pichucalco, desde luego en coordinación con el residente Municipal el C. Roger Andrés Robles Cruz;
b) Observaron que la servidor público de nombre Alejandra Bustamante Morales, coordinadora de atención social, se encontraba en el evento coordinando la lesita (sic) del evento junto con el oficial mayor de nombre José Fernando López González;
c) Observaron que la Servidor Público de nombre Yolanda Villareal Romero, Agente Municipal de la Ranchería Mariano Matamoros, quien percibe un sueldo como tal en el Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, quien movilizó personas trayéndolas a esta cabecera municipal para estar presente en el evento programado;
d) Observaron que la servidor público de nombre Virginia Mayo Morales, directora del Instituto de Desarrollo Humano, quien percibe un sueldo del Ayuntamiento Municipal, conjuntamente con Sara Hernández Mena y Elsa Cristina Díaz González quienes se encontraban el día de los hechos coordinando el evento específicamente a los adultos mayores que pertenecen a la casa de Día del IDH y la última coordina los programas del IDH;
e) Observaron que el servidor público de nombre Orencio Hernández Sánchez, actual coordinador de Agentes Municipales quien percibe un sueldo por parte del Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, se encontraba el día del evento, precisamente coordinada a todos los agentes municipales, a efecto de que asistieran al evento del día 9 de junio de año en curso;
f) Observaron la instalación de la manta donde aparece el rostro y nombre del candidato a gobernador “Por el Bien de Todos” Juan José Sabines Guerrero, precisamente en la arte de enfrente de la presidencia municipal, o sea lo que es el balcón de la presidencia municipal;
g) Observaron que el servidor público de nombre José Atila Bustamante Olan, quien es chofer de Obras Públicas Municipales, se encontraba realizando el reparto de las pelotas que se encontraban en el interior del camión tipo volteo, con placas de circulación 9-CNA-786, al servicio del ayuntamiento;
h) Observaron que al servidor público de nombre Ana Bertha Balboa Rojas, actual servidor público en su carácter de delegada del Servicio Estatal de empleo de Gobierno del Estado de Chiapas con residencia en las oficinas de esta cabecera municipal, quien se encontraba en el evento partidista;
i) Observaron que del poste de luz de Comisión Federal de Electricidad, conectaron cables, a efecto de extraer luz para realizar el evento partidista;
j) Observaron que los servidores públicos de nombres CC. Roger Andrés Robles Cruz, José Guadalupe Arismendiz Álvarez, Oscar Serra Cantoral, Justo Tomas Hernández Herrera y Martha Castellanos Pérez, todos en su calidad de presidentes municipales estuvieron en el evento partidista celebrado el día 9 de junio del año en curso, el cual se desarrolló entre las 15:00 horas y 18:00 horas, los cuales portaban un gafetes (sic) distintivo del evento, mismos que estuvieron con los candidatos a Presidente de la República, al senado desde luego vieron al candidato a Gobernador del Estado Juan José Sabines Guerrero y líderes políticos, entre ellos Amadeo Espinosa que es del Partido del Trabajo y Plácido Morales Vásquez, líder del PRD en el Estado de Chiapas.
3.- El hecho de haber acudido a la reunión pública los servidores públicos ya referidos violentan el acuerdo de neutralidad previsto en el acuerdo CG39/2006 de fecha 19 de febrero del 2006, el cual resulta ser obligatorio para el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006.
Lo permisible para los presidentes municipales y los demás servidores públicos se encuentra plasmado en las diferentes leyes, reglamentos, para los primeros principalmente en la Ley Orgánica Municipal en el artículo 42 y demás, lo que desde luego debe ser acorde con el acuerdo de neutralidad. Al ser considerados como servidores públicos los tanto (sic) presidentes municipales como subordinados, es procedente solicitar la investigación de los actos que se les reprocha, para que la autoridad judicial determine si la conducta es constitutiva de delito, amén de que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, prevé en el artículo 2 que son servidores públicos toda persona que desempeñe un cargo un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, etc. Violentando en consecuencia lo preceptuado por el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
4.- Los servidores públicos enumerados, presumiblemente se encuentran desviando recursos para la campaña tanto federal como estatal y a favor de la coalición “Por el Bien de Todos”, esto en razón a que el haber realizado el evento con la mano de obra de los trabajadores en horario de labores, que lo fue parte del día 8 de junio y todo el día 9 de junio, tiempo en el cual se elaboró el templete donde dieron sus discursos los candidatos, se instalaron lámparas, colocaron la propaganda electoral, como son lonas y gallardetes, además de lo anterior el Presidente Municipal de Pichucalco, el C. Roger Andrés Robles Cruz, permitió la colocación de lonas que fueron adheridas a lo que es el balcón de la presidencia municipal, lugar público y prohibido para dicha acción, la presunción de haber utilizado recursos públicos los diferentes presidentes municipales al haber realizado la movilización de ciudadanos para acudir al evento masivo que se realizó en dicho municipio de Pichucalco, el haber utilizado los camiones propiedad del Ayuntamiento para el traslado de la gente, así como el gasto de la gasolina de cada uno de los camiones, el haber percibido el sueldo del día 9 de junio precisamente cuando acudieron al acto político, todo desde luego a favor de la alianza que hoy se denuncia, por la filiación partidista de cada uno de los presidentes y por quedar demostrado fehacientemente el portar camisas de color amarilla, gafetes distintivos el día de los hechos étc….”
II. Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil seis, se tuvo por recibido en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito señalado en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número de expediente JGE/QPAN/JL/CHIS/657/2006.
III. Con fecha ocho de enero del año dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito de queja, signado por el entonces Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hace del conocimiento de esta autoridad, hechos que considera constituyen presuntas violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hace consistir primordialmente en lo siguiente:
1.- Con fecha del viernes 9 de junio de 2006 a las 15:00 hrs, se llevó a cabo un mitin político a favor del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos” a la Presidencia de la República, en la Calle de 5 de Mayo, esq. Constitución y Morelos en Pichucalco, Chiapas, esto se ubica a las afueras del Palacio Municipal de la ciudad citada. Con motivo de dicho evento político, se colocó la propaganda del candidato a la presidencia de la Coalición “Por el Bien de Todos” en el edificio público municipal, además de que se encontraban como organizadores al Presidente Municipal de Pichucalco, Sr. Roger Andrés Cruz y del Alcalde del Municipio de Teapa, Tabasco, Sr. Rafael Abner Balboa Sánchez, todos emanados del Partido de la Revolución Democrática, líder de la coalición señalada.
2. Para corroborar estos hechos, en el video que se adjunta al presente escrito, se aprecian imágenes de tales servidores públicos. En primer término se aprecia al Presidente Municipal de Pichucalco, Sr. Roger Andrés Robles Cruz, así como diversos funcionarios del ayuntamiento, el citado gobernante es quien viste una camisa negra y una gorra gris. Como se aprecia en las imágenes, más que un observador, su papel fue de organizador, ya que se muestra que está girando órdenes para llevar a cabo dicho evento propagandístico, asimismo porta un gafete como parte del staff de dicho acto de campaña, la presente imagen corre alrededor del minuto dos con cuarenta segundos del video que se presenta como prueba.
3. En el desarrollo de la grabación visual, aproximadamente en el minuto tres con cuarenta y tres minutos, se observa el arribo al evento político del Candidato a la presidencia de la Coalición “Por el Bien de Todos”, al Presidente Municipal de Teapa, Sr. Rafael Abner Balboa Sánchez, perteneciente a la entidad federativa de Tabasco, acompañado del Síndico de su Municipio. Puede identificarse ciertamente por medio de su vestimenta, camisa azul a rayas y un pantalón color café claro. Acto seguido a su arribo se dedicó a saludar a los organizadores del evento y miembros del staff operativo del mismo. De igual forma, en la parte final del video, se logra percibir como el Presidente Municipal de Teapa, abandona el lugar del mitin en una camioneta color arena, saludando a todo asistente que se encontraba en su paso.
Es de subrayar que tanto el Presidente Municipal de Teapa, Tabasco, como el de Pichucalco, Chiapas, dejaron de cumplir sus funciones como servidores públicos, ausentándose del despacho que su mandato para ir a promover la figura pública del candidato a la Presidencia de la Coalición, más evidente no pudo haber sido captado su respaldo, ni tampoco, evidente puede ser la violación a las normas electorales, sin hacer referencia a las responsabilidades administrativas y penales en que el apoyo franco y abierto en el ejercicio de su función, pueda encuadrar su conducta.
4. En el minuto cinco con cuarenta segundos, se aprecia la llegada del candidato a la presidencia por parte de la Coalición “Por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, lo que confirma que se llevó a cabo el acto de campaña, en el día y lugar que se indica en el cuerpo de este escrito, dando lugar a las violaciones de la normatividad electoral y de los acuerdos que emite el consejo General del Instituto Federal Electoral, específicamente el identificado como CG39/2006 dictado por el órgano máximo, en el cual se emitieron Reglas de Neutralidad.
5. En el mismo video también se aprecia a cuatro sujetos colocando en la parte del balcón del edificio municipal, una manta con la imagen del Candidato al Gobierno de Chiapas, Juan Sabines y se muestra el apoyo por parte de una organización denominada “La Red de Unidad Ciudadana y Trabajadores de la Educación de Chiapas Rucytech”, lo que confirma la omisión de parte del Presidente Municipal de Pichucalco, en la observancia de comicios electorales justos y equitativos.
En conclusión se establece, que los Alcaldes de los Municipios de Teapa, Tabasco, el Sr. Rafael Abner Balboa Sánchez y del Municipio de Pichucalco, Chiapas, el Sr. Roger Andrés Robles Cruz, asistieron y coadyuvaron a la realización de un mitin a favor del candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos”, a la Presidencia, además de que se colocó propaganda a favor de candidatos de la Coalición denunciada en el inmueble del Palacio Municipal de Pichucalco, Chiapas.
De lo anterior podemos establecer que las disposiciones que se están violando son las siguientes:
PRIMERO: De conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006, en la parte que nos interesa estipula:
Por su parte, existen disposiciones de orden legal que claramente prohíben la aceptación de cualquier apoyo en materia de financiamiento, ya sea en especie o en efectivo, de los gobiernos federal, estatal o municipal a las campañas políticas, y en general, al desarrollo de las actividades ordinarias de los partidos políticos y coaliciones.
Artículo 49. (Se transcribe).
El artículo citado corresponde al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, evidencia que la indebida participación de funcionarios públicos sobre todo mediante el apoyo logístico y de uso del edificio público como es la Presidencia Municipal a su cargo, representa una aportación en especie distinta a las autorizadas por el mismo ordenamiento en el artículo 183 y que consiste en solamente la permisión para uso de locales públicos a los partidos. De lo visible en la grabación que se anexa, también se desprende que la entonces coalición aceptó abiertamente tal apoyo, así como la participación activa de los funcionarios, no sólo del lugar sino de municipios vecinos de la misma extracción.
Por todo ello, se considera que se actualiza una infracción a normas legales y a los Acuerdos aprobados por el Consejo General de este Instituto, y por tanto debe imponérsele una sanción a los integrantes de la otrora coalición.
El cumplimiento a los principios de legalidad, equidad y certeza dentro de los procesos electorales, implican la correcta actuación de los participantes de la contienda electoral, incluyendo a los funcionarios públicos los cuales debieron sujetarse tanto a lo jurídicamente establecido como al Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG39/2006, mismo que encuentra su razón de ser en la complementación de la sustentación jurídica de los actos propios de los partidos políticos.
En ese tenor, se demuestra con la prueba técnica que se ofrece, que el c. Roger Andrés Cruz y del Alcalde del Municipio de Teapa, Tabasco, C Rafael Abner Balboa Sánchez violaron normas de carácter electoral al realizar acciones tendientes a la obtención del voto a favor del candidato de la coalición denunciada a la Presidencia, y de la asistencia, organización y participación en días hábiles a cualquier evento de campaña, destinando recursos públicos, materiales y humanos para su realización.
Los alcaldes de los municipios referidos, al incurrir en las conductas anteriormente descritas, violentan lo establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que se actualiza la necesidad de imponer a los partidos integrantes de dicha coalición, una de las sanciones establecidas en el artículo 269 fracción 2, incisos a) y b) que a la letra dicen:
Por ello y en concordancia con lo anteriormente expuesto, es necesario hacer hincapié que la Coalición “Por el Bien de Todos”, o bien los partidos que la integraron, debe responder a las actuaciones de sus servidores públicos que dieron apoyo logístico, material y hasta de infraestructura, para la realización de dicho mitin político.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis relevantes y dictado sentencias en las que se ha señalado que los funcionarios de alta investidura tienen limitadas las libertades de expresión y asociación durante las campañas, en virtud de que por sus atribuciones de mando, liderazgo político en la comunidad, pudiesen romper, con los principios democráticos vinculados al ejercicio libre, auténtico, efectivo y pacífico del sufragio en condiciones de igualdad. Así se ha mencionado en la Tesis Relevante S3EL 027/2004 de la Sala Superior del propio Tribunal Electoral, que cita lo siguiente:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN AL GOBERNADOR DE HACER MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CONTRA DE UN CANDIDATO (Legislación de Colima).- (Se transcribe).
Como se asienta en la jurisprudencia del máximo tribunal electoral, es menester que la sola presencia de los servidores públicos municipales en un evento que se llevó a cabo en días y horas hábiles para el ejercicio de su función pública, no solo fue violatoria de un Acuerdo del consejo General del Instituto Federal Electoral, sino que tiene un carácter de fincar responsabilidades al actuar de una manera facciosa a favor de las fuerzas políticas que postulan a un candidato a la Presidencia de la República.
SEGUNDO: Como se aprecia en la secuencia del video, el desarrollo del evento de campaña se realiza en las afueras del Palacio Municipal, donde incluso se coloca propaganda electoral de la infraestructura del inmueble público, con una manta de grandes proporciones con la figura de quien fuera el candidato a la presidencia de la República postulado por la Coalición “Por el Bien de Todos” y que al termino del evento se postró otra manta con la imagen del candidato a gobernador por la entidad, el Sr. Juan Sabines perteneciente a la misma fuerza política que integra la Coalición denunciada.
Con esta conducta en particular también se violan disposiciones del ordenamiento electoral federal, particularmente lo señalado en el inciso e), párrafo 1 del artículo 189 del código Federal de Procedimientos Electorales que literalmente expresan:
Artículo 189.- (Se transcribe).
No resulta por demás necesario apuntar que el Palacio Municipal de Pichucalco reviste el carácter de edificio público destinado a un servicio público y que por ende se utiliza para dicho fin, lo anterior se refuerza con lo estipulado en la Ley General de Bienes Nacionales, principalmente en la fracción IV del artículo 59, que a la letra dice:
Artículo 59.- (Se transcribe).
Bajo este orden de ideas, resulta evidente la actitud ligera que tuvo el Alcalde de Pichucalco, ya que se pone de manifiesto que infringió las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al dejar colocar en su presencia y por tanto, con su consentimiento, propaganda electoral a favor de los candidatos federales y locales de la Coalición “Por el Bien de Todos”.
Como ha quedado establecido en la jurisprudencia del máximo Tribunal en Materia Electoral y en el Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título quinto del Libro Quinto del COFIPE, el video que acompaña la presente queja como prueba técnica no puede dejarse de valorar, ya que nos muestra de manera fehaciente a los funcionarios públicos mencionados en un mitin político en días y horas hábiles, por ello consideramos que conforme a derecho reviste las características de un medio de convicción de amplio alcance jurídico, de acuerdo a la relación que en consecuencia este órgano electoral realice como investigación, atendiendo a lo siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENE REGULACIÓN ESPECÍFICA.- (Se transcribe).
Por lo anterior, ineludiblemente esta representación concibe acreditada la infracción a los preceptos legales y a los Acuerdos del Consejo General de este instituto antes señalados, ya que resulta evidente la conculcación al principio de legalidad electoral, en base a las circunstancias que afectan los principios rectores del proceso electoral en esa entidad; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 del Código de la materia, en atención a los hechos y consideraciones de derecho antes vertidos, acudo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral a solicitar que realice las investigaciones correspondientes, que le son concedidas por la normatividad interna y reconocidas ampliamente en la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto refiere que:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORES Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.- (Se transcribe).
TERCERO.- En relación con lo antes dicho, es de destacarse la responsabilidad que tenemos los partidos políticos en el cumplimiento y acatamiento de los mandatos legales y de carácter administrativo establecidos para regular la participación de agentes externos a la contienda electoral que, por su naturaleza, funcionarios públicos, pueden llegar a influir de manera importante en un proceso electoral.
Es por ello que tanto la legislación como los criterios emitidos por los órganos encargados de desarrollar adecuadamente las lecciones y vigilar el cumplimiento de las normas electorales que las regulan, han determinado que los partidos políticos son responsables, a manera de garantes, de la correcta actuación, en relación con lo anterior de funcionarios públicos e incluso de terceros particulares, cuando las acciones realizadas por éstos, se lleve a cabo como parte de las actividades de los partidos y les genere un beneficio.
Así, el propio Acuerdo por el que se emitieron las Reglas de Neutralidad a los servidores públicos, reconoció que no sólo éstos pueden ser sujetos activos de una conducta indebida, sino que también los partidos políticos deben asumirse como tales cuando aquella les genere un beneficio directo y, sobre todo, aceptado.
De ahí que el Punto Tercero de dicho Acuerdo señala expresamente lo siguiente:
TERCERO.- (Se transcribe).
La razón fundamental para la inclusión de esta disposición en el Acuerdo es justamente que, dada la limitación de la ley electoral para sancionar de manera directa a los funcionarios públicos, o como se dijo, a cualquier tercero, que intervenga de manera inadecuada en el desarrollo de un proceso electoral, es indispensable que aquellos institutos políticos de quienes emana el cargo que ostentan, o bien a quienes son atribuibles las actividades en las que se participa indebidamente, respondan a la autoridad electoral por los actos de terceros que les han generado un beneficio.
En consecuencia, es muy clara la intención subyacente en la redacción del apartado transcrito, cuando identifica específicamente cuáles conductas pueden ser sujetas de tener relación de participación directa con los partidos políticos o coaliciones, dejando así garantizada también la posibilidad de que el actuar de los funcionarios escape al alcance de la voluntad de los partidos, pero sin por ello ser omisos en la investigación y sanción de aquellas conductas que afecten el desarrollo de los procesos electorales.
En virtud de todo lo anterior, es que a juicio del suscrito, la participación de manera activa de servidores públicos emanados del Partido de la Revolución Democrática en un acto político a favor del candidato a la Presidencia de la República de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, misma que liderea, debe tener implicaciones a los integrantes de ésta de carácter sancionatorio, pues independientemente de las responsabilidades de otra índole a que puedan sujetarse los propios funcionarios, es claro que su partición produjo beneficios de carácter económico y político a la entonces coalición y que éstos fueron abiertamente consentidos, ya que no solo existió tolerancia sino que incluso pudieran haber sido inducidos, pues es claro que en ningún momento se aprecia una actitud de negación a la actuación y participación activa en el evento.”
IV. Por acuerdo de fecha quince de enero del año dos mil siete, se tuvo por recibido en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito señalado en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número de expediente JGE/QPAN/CG/001/2007.
V. A efecto de sustanciar el presente procedimiento, esta autoridad electoral llevó a cabo diversas diligencias con el objeto de esclarecer los hechos que se sometieron a su competencia, respecto de la probable responsabilidad de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”.
VI. Mediante proveído de fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, emitido por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario General del Consejo del Instituto Federal Electoral, se decretó la acumulación del expediente JGE/QPAN/CG/001/2007 al JGE/QPAN/JL/CHIS/657/2006, en virtud de que se trata de hechos que se encuentran vinculados entre sí y a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias.
VII. Con fecha diez de diciembre de dos mil ocho, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el escrito signado por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, fechado el nueve anterior, a través del cual manifiesta su voluntad de desistirse de las quejas presentadas en contra de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”, que han quedado relacionadas en los resultandos I y II, de la presente resolución. Al respecto, se tiene por reconocida la personería del ciudadano Roberto Gil Zuarth, toda vez que en los archivos de este Instituto obra el escrito de fecha doce de diciembre de dos mil siete, en donde se advierte que fue nombrado con ese carácter por el Partido Acción Nacional, motivo por el cual, se le otorgaron facultades para promover cualquier tipo de actuación, es por ello, que se encuentra legitimado para presentar el desistimiento que nos ocupa.
VIII. Mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil ocho, y en virtud del escrito de desistimiento presentado por el representante propietario del Partido Acción Nacional, toda vez que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 17, párrafo 1, inciso c), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente proponiendo el sobreseimiento del asunto.
IX. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 363, párrafos 2, inciso c), y 3; en relación con el 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, por lo que:
2.- Que en términos de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, y que entró en vigor a partir del día quince del mismo mes y año; la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum (que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización), lo procedente es resolver el presente asunto en términos de la legislación aplicable al momento en que presuntamente acontecieron los hechos denunciados, criterio que ha sido sostenido por el citado órgano jurisdiccional en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-207/2008 y SUP-RAP-210/2008 y su acumulada SUP-RAP-211/2008.
3.- Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 19, párrafo 1 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deberán ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En ese sentido, esta autoridad considera que la presente queja debe sobreseerse, en virtud de los motivos y fundamentos jurídicos que se exponen a continuación:
En el escrito de queja que nos ocupa, el Partido Acción Nacional denunció supuestas irregularidades que imputa a la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”.
Posteriormente, a través del escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, el instituto político quejoso manifestó su voluntad de desistirse de la queja antes referida.
Al respecto, el artículo 17, párrafo 1, inciso c), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
1. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho escrito se presente antes de la aprobación del dictamen por parte de la Junta, y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.”
Respecto a los alcances del dispositivo antes transcrito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-003/2002, en la sesión pública celebrada el siete de mayo de dos mil dos, sostuvo que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento de una queja o denuncia, por no existir afectación alguna al interés público, al ejercicio de las funciones que le corresponden y los principios que la rigen, lo que ha de prevalecer bajo cualquier otro interés; o bien, si el procedimiento ha de proseguir su curso, dada la gravedad de los hechos denunciados o el avance de la investigación, que de admitir el desistimiento de la queja, pudieran verse vulnerados los principios rectores de la función electoral o la transparencia del actuar de la autoridad administrativa y el propio de los partidos políticos involucrados.
También apuntó que debía tenerse presente que el amplio espectro de actividades en que participan los partidos políticos, inmersos dentro de la dinámica de la sociedad, los hace susceptibles de la imputación de hechos que si bien pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, no alcancen a producir la afectación del interés colectivo, ni la transparencia con que deben conducir sus actividades, sino que tan sólo trasciendan, finalmente, sobre un interés particular del propio denunciante, en cuyo supuesto, no podría sostenerse la existencia de una acción pública para su tutela, que produjera sobre la autoridad electoral el inexcusable imperativo de proseguir con su actividad investigadora; o bien, que no existiendo un interés manifiesto, el continuar con un procedimiento, obstaculizara o menoscabara el ejercicio de las demás funciones que tiene asignadas este Instituto Federal Electoral.
En el presente caso, es preciso señalar que el Partido Acción Nacional denunció que el día viernes nueve de junio de dos mil seis, se llevó a cabo un mitin político a favor del C. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato de la Coalición “Por el Bien de Todos” a la Presidencia de la República, en la Calle de 5 de Mayo, esquina Constitución y Morelos en Pichucalco, Chiapas, afuera del Palacio Municipal de tal ciudad, lugar donde se colocó propaganda del candidato a la presidencia de la Coalición denunciada, mismo que es un edificio público, aunado a que como organizadores se encontraban tanto el Presidente Municipal de Pichucalco, C. Roger Andrés Cruz y el Alcalde del Municipio de Teapa, Tabasco, C. Rafael Abner Balboa Sánchez, entre otros funcionarios adscritos a los respectivos Ayuntamientos Municipales.
Al respecto, se considera que si bien tales hechos en caso de acreditarse pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, lo cierto es que los mismos no alcanzan a producir una afectación al interés público o colectivo, pues aun en ese supuesto la contienda electoral no podría haberse visto afectada de manera importante por estos sucesos, en virtud de que si bien se pudiera tener por acreditada la vulneración a la legislación comicial federal, de conformidad con el ámbito de validez personal del acuerdo que presuntamente fue vulnerado, el mismo no resulta aplicable a los funcionarios públicos que laboran en los Ayuntamientos Municipales de Pichucalco, Chiapas y Teapa, Tabasco, distintos a los Presidentes Municipales, por no encuadrarse el encargo que desempeñan, dentro de los que son susceptibles de cometer infracciones a este. Máxime que obra en autos, acta circunstanciada, practicada por personal de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se hace constar que la propaganda que fue colocada para la realización del citado mitin, consistente en dos mantas, lo fue mediante autorización.
En ese sentido, la conducta denunciada no trastoca el sufragio universal, libre, secreto y directo, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral.
A mayor abundamiento, cabe señalar que el ejercicio de la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley electoral y de desplegar el procedimiento relativo se inicia una vez que el Instituto Federal Electoral toma conocimiento de hechos que lleguen a constituir una infracción y puede válidamente concluir cuando el denunciante presenta un escrito de desistimiento.
Lo anterior es parte del principio dispositivo que como ha sostenido la Sala Superior en el expediente identificado con el número SUP-RAP-050/2001, otorga a los interesados la posibilidad de iniciar la instancia, de determinar los hechos que serán objeto del recurso y de disponer de la facultad de desistir.
Dicho principio fue reconocido por el legislador federal, quien en la reciente reforma electoral introdujo en el inciso c) del párrafo 2 del artículo 363 del nuevo Código comicial la posibilidad del desistimiento, figura no contemplada anteriormente, ya que como en la propia exposición de motivos de dicha norma se señala:
“Desde su promulgación en 1990, [la ley electoral que estuvo vigente hasta enero de este año] ha carecido de normas que regulen con la debida suficiencia los procedimientos para sancionar a los sujetos que incurren en conductas prohibidas por la Constitución y la propia ley. La ausencia ha sido suplida, parcialmente, por las tesis y jurisprudencia del Tribunal Electoral o por reglamentos administrativos aprobados por el Consejo General del IFE. […] tanto el Tribunal como el Consejo General han venido actuando para suplir la deficiencia del Congreso, asumiendo de facto facultades reservadas al Poder Legislativo de la Unión”.
De este modo el reconocimiento de la procedencia del desistimiento es un presupuesto del legislador que necesariamente debe de surtir efectos como una forma de darle curso al procedimiento sancionador, si bien no para concluirlo de manera automática, dado que la autoridad electoral administrativa debe apreciar y calificar en cada caso particular si es de admitirlo o no, valorando entre otros aspectos la gravedad de los hechos imputados y que de ello no se desprenda afectación alguna a los principios rectores de la materia electoral, en los términos del artículo que se transcribe a continuación:
c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.”
Ahora bien, respecto de los alcances del dispositivo en comento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó en su resolución SUP-RAP-100/2008 que:
“[…] el amplio espectro de actividades en que participan los partidos políticos, inmersos dentro de la dinámica de la sociedad, los hace susceptibles de la imputación de hechos que si bien pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, no alcancen a producir la afectación del Interés colectivo, ni la transparencia con que deben conducir sus actividades, sino que tan solo trasciendan, finalmente, sobre un interés particular del propio denunciante, en cuyo supuesto, no podría sostenerse la existencia de una acción pública para su tutela, que produjera sobre la autoridad el inexcusable imperativo de proseguir con su actividad investigadora; o bien que, no existiendo un interés manifiesto, el proseguir con un procedimiento, obstaculizara o menoscabara el ejercicio de la función primordial de la autoridad administrativa, de organizar las elecciones federales.”
Por lo que se refiere al principio de legalidad consistente en que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, éste encuentra su plena realización con el actuar de esta autoridad administrativa, que en caso concreto se apega estrictamente a la figura que el legislador creó, procediendo a su aplicación una vez que se han cerciorado que se colmaron ciertos supuestos.
Por su parte, los principios rectores de la materia electoral no deben de entenderse aisladamente ni como un fin en sí mismos, sino que deben estar encaminados a dar cauce legal y legítimo a las diferencias que naturalmente surgen durante los procesos electorales, de manera tal que se eviten conflictos sociales y se fortalezcan las reglas de respeto, tolerancia y de la convivencia democrática entre los actores políticos, asegurando con ello un adecuado funcionamiento del gobierno y de las instituciones derivadas de un proceso ajustado a los principios básicos de las elecciones.
Ahora bien, si el quejoso acudió por sí mismo a promover el desistimiento de la queja que dio origen al presente procedimiento administrativo, esta autoridad carece del impuso procesal necesario para continuar con su estudio bajo el criterio de idoneidad, que la máxima autoridad jurisdiccional ha establecido como referente en la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 51-52, Sala Superior, tesis S3ELJ 62/2002.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 235-236.”
De esta forma, y toda vez que del análisis del contenido del escrito de queja que dio inicio al presente procedimiento administrativo sancionador, esta autoridad advierte que los hechos que el quejoso imputó a la otrora Coalición denunciada, de ninguna manera pudieran considerarse como graves, ni que con ellos se vulneren los principios rectores de la función electoral, por lo que debe admitirse el desistimiento formulado por el denunciante; en consecuencia, se sobresee la queja que nos ocupa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 1, inciso c) del Reglamento invocado.
4.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 366, párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:
PRIMERO.- Se sobresee la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 45

Artículo 49
 artículo 183
 artículo 38
 artículo 269
 artículo 189

Artículo 189
 artículo 59

Artículo 59
 artículo 40
 artículo 17
 resolución 
 artículo 363
 artículo 19
 artículo 17
e contrario
e contrario
 artículo 363
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 17