Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321028.html
Timestamp: 2019-04-24 18:16:57+00:00

Document:
as201321028
Auto Supremo: 28/2013
Expediente: T-42-12-S.
Partes: Mario Velásquez, Enrique Aramayo Velásquez y Miguel Videz Añazgo c/ Rubén Darío Zegarra Hernández, Candelaria María Morales Cuellar y presuntos propietarios.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 908 a 913, interpuestos por Rubén Darío Zegarra Hernández, contra el Auto de Vista Nº 139/2012, cursante de fs. 898 a 903, emitido el 14 de septiembre de 2012 por la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Violencia Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario sobre usucapión seguido por Mario Velásquez, Enrique Aramayo Velásquez y Miguel Videz Añazgo contra el recurrente y Candelaria María Morales Cuellar y presuntos propietarios; la respuesta de fs. 919 a 923; la concesión cursante de fs. 924 y vlta.; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Sexto en lo Civil de la ciudad de Tarija, el 11 de mayo de 2012 pronunció la Sentencia cursante de fs. 857 a 867, declarando improbada la demanda principal de usucapión extraordinaria, asimismo declaró probada la demanda reconvencional de reconocimiento de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y restitución de bien inmueble interpuesta por el codemandado Rubén Darío Zegarra Hernández. Consiguientemente dispuso que los actores principales, en el plazo de sesenta días de ejecutoria del fallo, procedan a la entrega del bien inmueble, descrito en la parte resolutiva de la Sentencia, a favor de su legítimo propietario bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento. Finalmente, teniendo en cuenta que sobre el inmueble objeto de la reivindicación dispuesta, los demandantes principales edificaron construcciones, dispuso que éstas sean respetadas y se permita el retiro de los materiales y que en caso de que el propietario decida quedarse con éstas deberá cancelar el valor a quienes demuestren que realizaron las erogaciones conforme a los arts. 127 al 130 del Código Civil.
Contra esa Sentencia, los demandantes principales interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Familiar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 139/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, cursante de fs. 898 a 903, revocando totalmente la Sentencia apelada y declarando en consecuencia probada la demanda principal e improbada la demanda reconvencional. Como emergencia de ello declaró adquirido por usucapión decenal a favor de los actores Mario Velásquez, Enrique Aramayo Velásquez y Miguel Vides Añazgo, el derecho de propiedad del inmueble de 51.874,70 m.² de superficie, ubicado en la zona de San Mateo de la ciudad de Tarija, con las siguientes dimensiones y colindancias: Al Norte con la propiedad de la familia Ávila con tres cotas parciales, la primera de 1.084,64 m, la segunda con 46,27m., y la tercera con 90,71m.; al sud con predios del Vivero Municipal de la H. Alcaldía Municipal de Tarija y con el Alfredo Subia, con dos cotas parciales, la primera de 96,62 m., y la segunda con 336,34 m.; al Este con la propiedad de Luciano Mamani Véliz con una cota de 116,81 m.; y al Oeste con el Camino a San Mateo Sella con tres cotas parciales, la primera de 67,78 m., la segunda con 116,14 m., y la tercera con 17,82 m. Dispuso que en ejecución de Sentencia se expida la correspondiente ejecutorial de ley para la inscripción del derecho propietario ante la Oficina de Registro de Derechos Reales, consignado todos los datos que conforme a ley se exija. Igualmente ordenó que en ejecución se proceda a la cancelación de la Matrícula computarizada Nº 6.01.1.01.0007389 Asiento A-1 de fecha 18 de noviembre de 1988 y del Registro Catastral Nº 15-43-3-0-0, con los siguientes límites y colindancias: Al Norte con la propiedad de la Familia de Alberto Moreno con 410m., al Sud con los lotes Nº 1,2,3,4 y 5 de los herederos de Elida Moreno, Lidia Mealla de Farfán, Norah Maella de Diez de Medina, Yolanda Mealla de Castellanos y Wilma Mealla de Jordán Pando; al Este con las propiedades de Julia M. de Mealla y; al Oeste con el camino antiguo a Tomatitas; con una superficie de 27.675 m.², a tal efecto dispuso se expida la correspondiente ejecutorial.
Contra esa Resolución de alzada el demandado Rubén Darío Zegarra Hernández interpuso recurso de casación en el fondo.
El recurrente acusó:
1.- Que, el Auto de Vista recurrido contiene una incorrecta aplicación del art. 138 del Código Civil, en virtud a que no se tomó en cuenta la falta de posesión y el tiempo de diez años, requisitos que no fueron cumplidos por los demandantes, aspecto que habría sido analizado y valorado correctamente por el Juez A quo. Al respecto señaló que conforme se demostró a través de la inspección judicial, cuyas actas cursan de fs. 732 a 733 y a fs. 755 y vlta., los demandantes no ejercieron posesión por el tiempo previsto por ley, no habiendo demostrado el momento a partir del cual hicieron actos de uso y disfrute del inmueble en litigio. En ese mismo sentido acusó la violación de los arts. 135 y 87 del Código Civil, manifestando al respecto que la posesión violenta o clandestina no funda la usucapión y que para que exista posesión deben concurrir dos elementos como son el corpus y el ánimus, y que la falta de uno de ellos determina la inexistencia de la posesión.
2.- Que, el Tribunal de alzada no realizó una correcta aplicación del art. 88-III del Código Civil, toda vez que se demostró que los actores no cuentan con título sobre el inmueble; por otro lado sostuvo que, conforme lo estableció la Sentencia, los actos ejercidos por los demandantes, mediante los cuales impidieron que el demandado pudiese realizar el loteamiento y urbanización de su terreno, demostrarían privación del derecho a ejercitar libremente la posesión del propietario, lo que constituiría despojo y eyección de la posesión. De igual manera sostuvo que a tiempo de apelar de la Sentencia los actores confesaron que sufren intentos de avasallamiento de los terrenos que pretenden usucapir, reconociendo en consecuencia que la posesión que alegan no fuera pacífica, razón por la que debería aplicarse el art. 139 del Código Civil en relación con el art. 93 del Adjetivo de la materia.
3.- Que, no se pronunció sobre prueba documental ofrecida y presentada dentro del término probatorio referida a denuncias de construcciones clandestinas, cursantes de fs. 374 a 389, además de tres cartas notariadas dirigidas por su persona a los actores y a inquilinos, cursantes de fs. 390 a 392 vlta., habiendo el Tribunal de alzada guardado absoluto silencio al respecto. Refirió que no se valoró la prueba cursante de fs. 358 a 373 que demuestra que está en litigio tanto la posesión como la propiedad, al respecto señaló que los apelantes realizaron actos de simulación al no manifestar que sobre el inmueble que pretenden usucapir existieron actos de violencia que destruyen el argumento de que la posesión fue pacífica.
4.- Que, existe error respecto a la ubicación de los predios, indicando que los actores pretenden la propiedad del inmueble sobre la base de títulos ejecutoriales expedidos a favor de sus padres emitidos por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, sobre terrenos de pastoreo en San Mateo (área rural), en tanto el inmueble que el demandado pretende reivindicar se encontraría ubicado en área urbana cuyo antecedente dominial provendría de la sucesión Moreno-Brown.
5.- Que, no se aplicó la jurisprudencia referida a la procedencia de la acción reivindicatoria.
6.- Que, se violó el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los arts. 88 y 138 del Código Civil, porque el Tribunal de alzada habría aplicado indebidamente dichas normas, sin contener la debida fundamentación, resultando por ello aplicable lo previsto por el art. 410 de la Constitución Política del Estado y lo establecido por las Sentencias Constitucionales Nº 577/2004-R de 15 de abril de 2004 y 1365/2005-R de 31 de octubre de 2005, que exigen la debida motivación y fundamentación en las resoluciones judiciales.
7.- Que, los actores indebidamente sustentan su demanda alegando posesión por más de cuarenta años sobre el inmueble alegando Derechos de personas que no intervinieron en el proceso como los padres de los actores, pretendiendo valerse esos Derechos, sin tener en cuenta que la posesión y el tiempo de ésta debió ser considerada intuito personae y, que debió aplicarse lo dispuesto por el art. 1568 del Código Civil.
8.- la violación del principio de congruencia por haberse pronunciado el Tribunal de alzada sobre un aspecto no planteado en la apelación.
9.- Invocó criterios doctrinales y jurisprudenciales referidos a la acción de reivindicación, concluyendo en la supuesta violación de los arts. 143 y 1454 del Código Civil.
10.- Que, no se tomó en cuenta que de los tres actores únicamente dos interpusieron recurso de apelación, consiguientemente la Sentencia habría quedado ejecutoriada respecto al demandante Mario Velásquez quien consintió de manera voluntaria el fallo al no haber apelado del mismo.
11.- Que, indebidamente en el Auto de Vista recurrido se consideró como apelantes a los tres actores.
12.- Que, en el fallo recurrido no se tomó en cuenta a la codemandada Candelaria María Morales Cuellar.
13.- Que, a fs. 891, se notificó con la radicatoria omitiendo mencionar el nombre de una de las vocales de la Sala, provocando con ello indefensión a las partes.
15.- Que, en consideración al tiempo de posesión que alegan los actores, debieron fundar su demanda en la normativa civil abrogada conforme dispone el art. 1568 del Código Civil.
Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se revoque totalmente la demanda de usucapión y se declare probada la demanda reconvencional de reconocimiento de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y restitución de bien inmueble.
Por determinación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; en ese sentido corresponde a éste Tribunal realizar las siguientes consideraciones:
La usucapión es considerada como una forma originaria de adquirir la propiedad en virtud a la posesión ejercida durante el tiempo y condiciones previstas por ley.
La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto: adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido.
En consideración al efecto extintivo que genera la usucapión, en forma uniforme y reiterada, siguiendo a su vez el criterio asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, se estableció que en una demanda de usucapión el legitimado pasivo es siempre el titular del inmueble que se pretende usucapir, es decir la persona o personas que figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del bien inmueble que se pretende usucapir, toda vez que es él o son ellos quienes se verían afectados con la resolución que declare probada la usucapión, perdiendo, en consecuencia, su derecho propietario a favor del usucapiente.
En otras palabras, la demanda de usucapión debe dirigirse contra quien figure como propietario en el Registro de Derechos Reales –o contra sus herederos-, pues, están en juego razones de orden público por tratarse de un modo excepcional de adquirir la propiedad que correlativamente apareja la extinción para su anterior titular, en virtud del principio de exclusividad que reviste el derecho real de propiedad. Requisito que tiene como fundamento la garantía del derecho de defensa de los titulares del inmueble que se pretende usucapir, cuya finalidad además de asegurar el respeto del derecho de defensa a través de la conformación del legítimo contradictor, es la de asegurar la primacía de los principios de seguridad jurídica y de eficiencia, pues se pretende claridad y certeza en la titularidad del derecho que se pretende obtener mediante la usucapión.
Al respecto, la Jurisprudencia comparada, por ejemplo la sentada por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia opina que: “ al actor en este proceso, también le es exigible una actitud diligente y honrada. Ciertamente, la parte interesada en iniciar el proceso de pertenencia (usucapión) debe suministrar toda la información que esté a su alcance y se requiera para lograr la verdadera identificación del inmueble materia del litigio, de manera que permita ubicar el respectivo folio de matrícula del bien con la historia jurídica del mismo, así como la identificación de las personas que puedan ser titulares de Derechos sobre el mismo bien”.
Para promover una demanda de usucapión, además de los requisitos comunes a toda demanda, previstos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, debe acreditarse la titularidad de dominio del demandado e individualizarse con exactitud el bien inmueble que se pretende usucapir, determinando con precisión su ubicación, superficie, medidas y linderos, de modo que no haya dificultad alguna para determinar con certeza el objeto del juicio de usucapión y así poder establecer su vinculación con la titularidad del demandado.
Cuando el inmueble que se pretende usucapir pertenece a más de un titular, el actor deberá determinar de forma precisa ese aspecto identificando a los titulares de los inmuebles que se verían afectados y si dicha afectación corresponde a todo el inmueble o únicamente a una fracción del mismo, en éste último caso deberá además precisar la fracción que pretende usucapir sobre la que alega haber ejercido posesión.
En ese contexto, al margen de los requisitos generales previstos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, cuando se interpone demanda de usucapión, es deber del demandante identificar al titular del inmueble que se pretende usucapir, a efectos de que contra él –o en su caso contra de sus herederos- se produzca válidamente el efecto extintivo de la usucapión; por otro lado deberá identificar con absoluta claridad y precisión el inmueble a usucapir.
A efectos de determinar la titularidad del demandado, el actor deberá presentar los correspondientes informes o certificaciones de la Oficina de Registro de Derechos Reales, que acrediten ese aspecto y el correspondiente antecedente dominial, salvo el caso previsto en el art. 26 del Decreto Supremo Nº 27957 de 24 de diciembre 2004, en cuyo caso, con el fin de legitimar su derecho de propiedad, los interesados pueden acudir a la vía judicial a efecto de adquirir la propiedad por usucapión, dirigiendo su pretensión en contra de personas que creyeren tener derecho sobre el inmueble.
La extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, generó lineamientos jurisprudenciales con el afán de garantizar que los fallos emitidos por los Tribunales de instancia otorguen seguridad jurídica a los litigantes y a terceros, en ese sentido desarrolló los efectos extintivos y adquisitivos emergentes de una demanda de usucapión decenal, criterio que, como se señaló anteriormente, es compartido por éste Tribunal Supremo; al efecto se tiene por ejemplo el Auto Supremo Nº 262 de 25 de Agosto 2011 que señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá validamente ese doble efecto. El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión. Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción. No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas, pues, la usucapión, opera como un modo de adquirir la propiedad respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que ya recae un anterior derecho de propiedad …”.
El requisito de contar con los antecedentes de dominio en procesos de usucapión, no es nuevo en nuestro sistema procesal, pues, mediante circular de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 105/1994 y 035/1995, se orientó la forma de tramitar las pretensiones de usucapión, en ese sentido, la primera de la circulares describía que la competencia para el conocimiento de esos juicios resulta ser del Juez de Partido en materia Civil, y la segunda exigía que antes de la admisión de una demanda de usucapión, se debe exigir se adjunte el certificado de Derechos Reales que identifique al titular del predio a ser usucapido y su partida en el registro, también exigía (entre otros requisitos) adjuntar la certificación del catastro municipal, con el fin de establecer al titular del predio, las características del mismo, su uso de suelo, y su ubicación, con el fin de no emitir equivocaciones respecto a la titularidad del predio a ser usucapido y del uso de suelo.
Como se podrá apreciar, los efectos de la usucapión decenal (extintivo para el anterior propietario y adquisitivo para el usucapiente), ya fueron desarrollados por la Corte Suprema de Justicia, quien identificó los requisitos que debieran observarse por el operador de primera instancia con el objeto de otorgar seguridad al usucapiente y al verdadero titular del inmueble, circulares que eran conocidas y por lo mismo exigibles al momento en que los actores Mario Velásquez, Enrique Aramayo Velásquez y Miguel Videz Añasgo, interpusieron la demanda de fs. 7 a 8, en fecha 6 de noviembre de 2008, sin cumplir tales requisitos, alegando que hace más de cuarenta años, habrían tomado posesión de un inmueble ubicado en el Cantón San Mateo de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija, el cual inicialmente perteneció a la hacienda de Pedro Avila y posteriormente fue sometido a proceso de afectación agraria que dio como resultado la emisión de la Resolución Suprema Nº 90977, dotando de áreas individuales a 18 colonos y manteniendo un área colectiva de pastoreo, respecto a la que no se habrían extendido los respectivos títulos ejecutoriales, que sin embargo, con el transcurso del tiempo, cada colono habría tomado posesión de una alícuota parte, en cuyo mérito sostienen haber continuado la posesión de sus padres, pretendiendo por ello se les reconozca, por usucapión, el derecho propietario sobre un inmueble inicialmente de 53.712, 48 m.², dirigiendo su pretensión en contra de Rubén Darío Segarra, por ser él quien habría sustanciado un proceso de adquirir la posesión que le fue negado.
La demanda, así argumentada, fue observada por Auto de 8 de noviembre de 2008, de fs. 10, habiendo el Juez A quo dispuesto que los actores acompañen el certificado de propiedad de Derechos Reales que acredite la titularidad del demandado Rubén Darío Segarra respecto del inmueble a usucapir, así como se aclare las colindancias del inmueble.
Cumpliendo aquella determinación, los actores por memorial de fs. 73 a 74, aclaran las colindancias y linderos del inmueble que pretenden usucapir y, adjuntan documental que acreditaría el derecho de propiedad del demandado Rubén Darío Segarra Hernandez, aclarando, sin embargo, que los actores no reconocían tal condición, pues, reiterando los antecedentes del proceso agrario, dan a entender que el terreno que pretenden usucapir se encontraría comprendido dentro del área colectiva de pastoreo de 72.3518 Has., reconocida mediante Resolución Suprema Nº 90977, área que, con el pasar de los años, los hijos y nietos de los colonos ocuparon pacíficamente en proporción a las alícuotas que les correspondía, razón por la que demandan a presuntos propietarios por desconocer quien ostentaría la titularidad del derecho propietario.
Por informe de fs. 77 a 79, elevado por el Técnico de Áreas Fiscales del entonces Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija, de fecha 12 de diciembre de 2008, se informa que el terreno que se pretende usucapir se encontraría en sobreposición con el vivero municipal, constituyendo en consecuencia propiedad municipal; también existiría sobre posición con la poligonal a nombre de Candelaria María Morales Cuellar y con la poligonal presentada por Rubén Darío Segarra.
En virtud a ese informe, por Auto de fecha 22 de diciembre 2008, el Juez A quo rechazó la demanda por considerar que el inmueble que se pretende usucapir se encontraría en propiedad municipal; determinación que fue revocada por Auto de Vista de fecha 1 de abril 2009, cursante de fs. 99 a 101, disponiendo que se averigüe en Derechos Reales a nombre de quien estaría registrado el inmueble objeto del proceso y se amplíe la demanda contra personas que tengan registrado su derecho, contra la H. Alcaldía, contra la Sra. Candelaria María Morales Cuellar y contra personas que se creyeren con derecho en el inmueble.
En cumplimiento a aquella determinación, los actores, por memorial de fs. 123 a 124, adjuntan certificación de Derechos Reales cursante a fs. 121 y vlta., en la que, en lo sobresaliente, se advierte que el demandado Rubén Darío Segarra no tendría registrado ningún Derecho Propietario en la Oficina de Derechos Reales, en la zona de San Mateo –lugar donde los demandantes localizan el inmueble objeto de la litis-. En mérito a ello modifican su demanda aclarando que el inmueble a usucapir tendría una superficie de 51.874,70 m.², ubicados en la circunscripción del Cantón San Mateo, Provincia Cercado del Departamento de Tarija, estableciendo sus colindancias, y ampliando la demanda en contra de Candelaria María Morales Cuellar, retirando la misma en contra de Rubén Darío Segarra, al no tener derecho de propiedad sobre el inmueble, según la certificación de Derechos Reales.
Por Auto de fs. 219, de fecha 16 de marzo 2010 el Juez de la causa admite la demanda y corre traslado con la misma a Candelaria María Morales Cuellar, Presuntos propietarios y a la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija y posteriormente de oficio el Juez integra a la litis en condición de demandado a Rubén Darío Segarra.
Ahora bien de los antecedentes ampliamente expuestos, se evidencia que los actores a tiempo de deducir la demanda de usucapión y sus posteriores aclaraciones y modificaciones no establecieron con precisión la titularidad del bien inmueble que pretenden usucapir, no habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por Auto de Vista de fs. 99 a 101 que dispuso la averiguación en Derechos Reales sobre la titularidad del inmueble y la ampliación de la demanda en contra de quien tendría registrado su derecho de propiedad.
Los actores demandan la usucapión de 51.874,70 m.², sin establecer si dicha superficie se encuentra o no registrada en Derechos Reales, cuál su antecedente dominial, quién el titular o titulares del total o de fracciones del inmueble que se verían afectados con la usucapión demandada.
Como se señaló anteriormente, cuando se demanda la usucapión de un bien inmueble, es deber del actor acreditar el antecedente dominial del inmueble que se pretende usucapir a fin de que se conozca con certeza quien es el titular que se verá afectado con la extinción de su derecho de propiedad a favor del demandante y, únicamente en el supuesto caso en que el inmueble no cuente con antecedente dominial, se podría, a efectos de regularizar el derecho de propiedad, demandar la usucapión en contra de presuntos propietarios, siempre que la inexistencia del antecedente dominial se encuentra debidamente acreditada.
En el caso que se analiza, la titularidad del bien inmueble a usucapir no fue acreditada a tiempo de interponer la demanda, tampoco se acreditó que el predio a usucapir no cuente con antecedente dominial inscrito en Derechos Reales, lo que evidencia que los actores no cumplieron el requisito de admisión referido a la identificación y determinación precisa de la legitimación pasiva, es decir del titular que se vería afectado con el efecto extintivo de la usucapión demandada, situación que tuvo trascendencia, como se explicará más adelante, en la emisión del Auto de Vista recurrido que revocó la Sentencia y declaró probada la demanda sin determinar de forma clara y precisa la identidad del titular que se vería afectado con la usucapión declarada a favor de los actores.
Por otro lado, si bien cursa en obrados Certificación de Derechos Reales en sentido de que el Demandado Rubén Darío Segarra Hernández, no tuviera registrado derecho de propiedad en el área de San Mateo, esa certificación sin embargo no es suficiente para acreditar el antecedente dominial del predio; al margen de ello, no es menos evidente que cursan certificaciones emitidas por la H. Alcaldía Municipal que refieren que la superficie que los actores pretenden usucapir se sobrepondría a la propiedad de Rubén Darío Segarra Hernández y de Candelaría María Morales Cuellar; razón por la que los actores debieron precisar con exactitud la fracción de terreno que poseen y que pretenden usucapir y que se encontraría presumiblemente afectando la propiedad de Rubén Darío Segarra Hernández, de la misma manera debieron hacerlo respecto a la fracción que afectaría el derecho de Candelaría María Morales Cuellar, a fin de que pueda vincularse con exactitud y precisión la superficie de terreno que se pretende usucapir con la propiedad de los demandados.
En ese mismo sentido corresponde precisar que si en criterio de los actores el inmueble a usucapir se encontraría comprendido en la superficie de terreno que, como consecuencia de la Resolución Suprema Nº 90977 de 29 de marzo de 1960, fue dotada como área colectiva de pastoreo y respecto a la cual no se extendió el respectivo título ejecutorial, y que no obstante ello los distintos beneficiarios y luego sus desentiendes tomaron posesión de determinadas extensiones, según la alícuota que les correspondía; les incumbía demostrar que efectivamente el inmueble en cuestión se encuentra comprendido dentro de esa superficie y que la titularidad del mismo corresponde en la actualidad efectivamente a los colonos dotados, quienes se encontrarían legitimados pasivamente, toda vez que su derecho de propiedad se extinguiría a favor de los usucapientes.
Ahora bien, si al demandante se le exige precisión a tiempo de interponer la demanda, de igual forma al juzgador le es exigible dicha claridad a tiempo de dictar resolución, de tal forma que, cuando se acoja favorablemente una demanda de usucapión se individualice con precisión el inmueble o fracción del inmueble cuya usucapión se declara, determinándolo con exactitud en cuanto a su ubicación, superficie, medidas y linderos; precisión que debe evidenciarse también respecto a la identificación del propietario afectado con la pérdida de titularidad sobre el inmueble o sobre fracción del mismo.
Dichas exigencias encuentran sustento legal en la previsión del art. 192 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, que determina que la parte resolutiva de la Sentencia debe contener decisiones claras, positivas y precisas sobre lo demandado, más aún si tomamos en cuenta que por determinación del art. 1540 num. 13) del Código Civil, las Sentencias pasadas en Autoridad de cosa juzgada que reconocen la constitución, transferencia, modificación o extinción de Derechos Reales, son títulos que deben inscribirse en el Registro de Derechos Reales; en ese mismo sentido dispone el art. 4 del Decreto Supremo Nº 27957 de 24 de diciembre 2004 que prevé: “ (Actos sujetos a registro) Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1º, 7º, 8º y 9º de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y en concordancia con los artículos 1538,1540 y 1541 del Código Civil, se inscribirán en los registros respectivos, no sólo los actos y contratos especificados en ellos, sino también todos aquellos relativos a Derechos Reales, cuya seguridad y publicidad convenga a los interesados, siempre que se cumplan los requisitos legales”. Constituyendo requisito de fondo, según la previsión del art. 6-I del mencionado Decreto Supremo, la individualización de los bienes sujetos a inscripción, con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, límites, superficie, planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintamente.
Establecido lo anterior, de la revisión de obrados se establece que el Auto de Vista Nº 139/2012, de fs. 898 a 903, que revocó la Sentencia y declaró probada la demanda de usucapión cursante de fs. 7 a 8 ampliada y aclarada de fs. 73 a 74 y de fs. 123 a 124 de obrados, no reúne la claridad y precisión que dicho fallo debe tener, toda vez que declara adquirido por usucapión decenal a favor de los demandantes el derecho de propiedad de un inmueble de 51.874,70 m.2 de superficie, ubicado en la zona San Mateo, describiendo sus dimensiones y colindancias, ordenando en consecuencia que en ejecución de Sentencia se proceda a la cancelación de la Matrícula computarizada Nº 6.01.1.01.0007389 Asiento A-1 de fecha 18 de noviembre de 1988 y del Registro Catastral Nº 15-43-3-0-0, con los siguientes límites y colindancias: Al Norte con la propiedad de la Familia de Alberto Moreno con 410m., al Sud con los lotes Nº 1,2,3,4 y 5 de los herederos de Elida Moreno, Lidia Mealla de Farfán, Norah Maella de Diez de Medina, Yolanda Mealla de Castellanos y Wilma Mealla de Jordán Pando; al Este con las propiedades de Julia M. de Mealla y; al Oeste con el camino antiguo a Tomatitas; con una superficie de 27.675 m.², a tal efecto dispuso se expida la correspondiente ejecutorial.
De la parte dispositiva del referido Auto de Vista, se infiere, aunque dicha resolución no lo menciona expresamente, que al declarar probada la demanda de usucapión se extinguió el derecho propietario que el demandado Rubén Darío Zegarra Hernández tenía registrado bajo la Matrícula computarizada Nº 6.01.1.01.0007389 Asiento A-1 de fecha 18 de noviembre de 1988, sobre un inmueble de 27.675 m.²; sin embargo de la lectura del mencionado Auto de Vista se evidencia que el Tribunal de alzada no solo reconoció el derecho de propiedad por usucapión a favor de los demandantes respecto a esa superficie, sino que lo hizo respecto a un inmueble de 51.874,70 m.², sin especificar ni fundamentar respecto a la persona sobre la que operaría el efecto extintivo sobre los restantes 24.199,70 m.², generando así incertidumbre en relación a la persona que se vería afectada con la extinción de su derecho propietario a favor de los demandantes.
Por otro lado, de la fundamentación contenida en Auto de Vista recurrido se advierte que el Tribunal de alzada no fundamentó nada en absoluto respecto a la vinculación que tendría el bien inmueble, cuya posesión alegan los demandantes, con la titularidad de los demandados, no existiendo ningún fundamento expuesto al respecto que permita establecer con precisión que el bien inmueble a usucapir corresponde y se vincula con el inmueble de propiedad de quienes fueron demandados; dicho de otra forma el Tribunal de alzada no estableció, de manera fundamentada, que el inmueble usucapido a favor de los actores correspondería en todo o en parte al o los inmuebles de titularidad de los demandados.
Lo manifestado precedentemente, acarrea la nulidad del Auto de Vista por conllevar en su determinación, afectación del derecho a la defensa, toda vez que, respecto a la superficie de 24.199,70 m.², cuya propiedad se reconoce por usucapión a favor de los actores, no estableció quien fuera el titular que se vería afectado con la extinción de su derecho propietario; por otro lado contiene afectación del debido proceso por no contar con la debida fundamentación que permita establecer con precisión la vinculación existente entre el inmueble cuya propiedad se otorga por usucapión a favor de los actores y el inmueble cuya titularidad correspondería al demandado Rubén Darío Zegarra Hernández.
No obstante lo manifestado, como se relacionó anteriormente, el vicio advertido en el Auto de Vista recurrido, se origina en la interposición misma de la demanda, la cual no reúne el requisito de especificidad que debe contener respecto a la identificación del titular del derecho que se pretende usucapir –antecedente dominial-, o en su caso, en sentido negativo, acreditar que respecto al bien inmueble objeto del litigio no existiría antecedente dominial alguno, para efectos de instaurar válidamente el proceso. Exigencia, que se materializa a través de la presentación ab initio de la correspondiente certificación de Derechos Reales, con lo que se persigue definir de entrada quienes deben ser los sujetos procesales con aptitud o legitimación para ser demandados, pues, si lo que se pretende es ganar por prescripción adquisitiva –usucapión- Derechos ajenos, resulta absolutamente lógico y razonable, que desde el inicio mismo del proceso quede establecido y determinado quien se verá afectado con dicha pretensión, garantizándoles por todos los medios que dicha afectación –efecto extintivo de su derecho- operará previo un debido proceso en el que su derecho a la defensa sea respetado.
Finalmente, corresponde precisar que conforme señaló el Auto Supremo Nº 199 de 17 de abril 2007, “De acuerdo a la doctrina, las notificaciones permiten esencialmente la intervención de la parte interesada con el objeto de llegar a obtener justicia y permitir la defensa en juicio. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos, son actos de comunicación, establecidos por las leyes procesales para garantizar a los litigantes o a aquellos que deban o puedan serlo, la defensa de sus Derechos e intereses legítimos, de modo que, mediante la puesta en su conocimiento del acto o resolución que los provoca, tengan la posibilidad de disponer lo conveniente para defender en el proceso los Derechos e intereses cuestionados y su falta coloca al interesado en indefensión que es lesiva al derecho fundamental de ejercer el legítimo derecho a la defensa”. En ese marco y conforme el entendimiento desarrollado por la extinta Corte Suprema de Justicia, compartido por éste Tribunal Supremo, al citado con la demanda mediante edictos que no comparece al proceso y a quien se le nombró defensor de oficio, debe notificarse con la Sentencia en la misma forma en que fue citado con la demanda; es decir mediante edictos, no bastando la notificación con el fallo de primera instancia practicada al designado defensor de oficio.
En ese sentido de la revisión de obrados se advierte que emitida la Sentencia de primera instancia, los presuntos propietarios a quienes se demandó, fueron notificados con el fallo únicamente en la persona de su defensor de oficio, conforme sale de la diligencia de fs. 881, no cursando en obrados, ninguna constancia que demuestre que los presuntos propietarios hubiesen sido notificados con la Sentencia mediante edictos, como en derecho correspondía, lo que constituye también afectación del debido proceso.
Por las razones expuestas, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 inc. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art.42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2.010 y en aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 219, y dispone que el Juez A quo, antes de admitir la demanda de usucapión, ordene que la parte demandante acompañe certificado de la Oficina de Registro de Derechos Reales, certificación del catastro municipal, en los que conste las personas que figuren como titulares del derecho de propiedad del inmueble que se pretende usucapir, debiendo dirigir la demanda en contra de ellos o de sus herederos; alternativamente, en caso de así corresponder, acrediten la inexistencia de antecedente dominial del inmueble que pretenden usucapir, dirigiendo en éste caso la demanda en contra de todas aquellas personas que creyeren tener derecho sobre el inmueble; finalmente ordene que los actores precisen con la debida claridad el bien inmueble objeto de la usucapión, con la expresión de su ubicación, colindancias y linderos, y en caso de que el inmueble a usucapir pertenezca a más de un titular, determinen con claridad la fracción del inmueble de los demandados que se vería afectada con la pretensión demandada.
Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido por los de instancia.
Mgda. Relator: Dra. Rita Susana Nava Duran

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