Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831057.html
Timestamp: 2019-09-15 20:11:57+00:00

Document:
se201831057
Expediente : 179/2016
Demandante : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana
Resolución Impugnada: R.J. Nº 0518/2016 de 17 de mayo.
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 20 a 24, interpuesta por la Gerente Regional de la Aduana a través de sus representantes, Jorge Fidel Romano Peredo y Luis Carlos Paz Rojas, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0518/2016 de 17 de mayo, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, Daney David Valdivia Coria, respuesta a la demanda de fs. 49 a 60; réplica de fs. 78 a 79; dúplica de fs. 82 a 85 vta., los antecedentes del proceso y de la emisión de la resolución impugnada.
Primero.- Existiría una interpretación sesgada del art. 168 de la Ley 2492, porque esta norma no determinaría que se debe hacer conocer la sanción al sumariado para que este adecúe su defensa a tal hecho. El art. 168 concluye que la Autoridad competente de la Administración Tributaria instruirá “mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención”. La AISC. AN-GRCGR-ULECR- Nº 11/2015 cumple a cabalidad con esta disposición dictada al amparo del art. 284 del DS 25870, porque contiene fundamentos de hecho, subsunción al derecho, calificando la conducta contraventora y sanción respectiva, y es la AGIT la que en su num. xi, de su fundamentación técnico-jurídica, aduce la lógica sobre la aplicación de la hipótesis jurídica que deviene en la sanción.
Por tanto, éste argumento no tiene basamento y más bien demuestra la debilidad de la resoluciones impugnatorias, ya que en el marco del positivismo jurídico la Aduana Nacional no ésta incumpliendo la norma y la aplica en su justo sentido.
Segundo.- La anulación dispuesta de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-Nº 046/2015, por vulneración del art. 36 de la Ley 2341, no es evidente porque en ningún momento la actuación de la Aduana Nacional ha prescindido de la normativa que le ampara ni vulneró el ordenamiento jurídico. Se otorgaron los plazos procesales, se garantizó la defensa material de las partes, realizando un debido proceso hasta llegar a la emisión de la resolución sancionatoria. El acto administrativo se presume totalmente legítimo y legal al tenor del art. 65 de la Ley 2492.
Tercero.- La AGIT considera falta de tipicidad en el procedimiento sancionador, lo cual no es evidente. El art. 186 de la Ley 1990 contempla un conjunto de hechos considerados como contravenciones aduaneras, entre ellas el inciso h) referido a las contravenciones a esta ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. Para el caso, luego de un procedimiento administrativo sancionatorio frente a un hecho totalmente verificado como fue la importación de mercadería prohibida por el operador René Pimentel Maldonado, se inició el sumario a la ADA W.L Obando Ltda., por su participación plena en tal acto y subsumiendo en la ley, ya que permitió que su comitente importara mercancía prohibida por el art. 117 del DS 25870, además no prestó asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculadas a esta. Por tanto como no cumplió con sus específicas funciones, se adscribió al inc. h) del art. 186 de la Ley 1990.
Cuarto.- La AGIT, consideró que la sanción de suspensión de actividades no se encuentra reglamentada y bajo esa interpretación, esta norma estaría latente o en suspenso, mientras la Aduana Nacional no proceda con determinar la clasificación de sanciones. Al respecto indica que, el art. 187 de la Ley 1990, modificada por la Disposición Final Octava de la Ley 2492, establece la sanción a imponerse frente a una contravención aduanera y en el inc. b) fija los parámetros mínimo 10 días y máximo 90 días. Entonces ese sería el rango sobre el que el art. 67 del DS 25870 dispone que la Administración Aduanera efectuará su reglamentación, lo que no inhibe que la norma pueda ser ejecutada, por cuanto la sanción aplicada en el caso concreto fue la mínima 10 días de suspensión de actividades, que no está fuera del marco legal, posiblemente una sanción de 11 o más días podría calificarse como discrecional, pero no es el caso, al disponer la ley un mínimo mientras no existan agravantes.
En ese sentido el 29 de octubre de 2015, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes dictó la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA-ODE-TR LP 142/2015, que declaró, fundado la reclamación administrativa presentada por Guillermo Eloy Humerez Oviedo contra BoA, en consecuencia instruye reembolse el equipaje extraviado propiedad del usuario por un monto equivalente a 1000 DEGs, equivalentes a Bs9.557,01, debiendo remitir constancia de las acciones en efectuadas en el plazo de 10 días, finalmente instruye, el cumplimiento estricto del inc. a) del art. 133 de la Ley General de Transporte Nº 165.

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