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Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 18/2015, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS SUELOS CONTAMINADOS (BOJA 38 DE 25 DE FEBRERO)
Es en la Ley 10/1998, de 21 de abril ( RCL 1998, 1028 ) , de Residuos, en la que por primera vez se define el término «suelo contaminado» y se regula el marco de actuaciones sobre el particular en su Título V.
Tanto en la definición de suelo contaminado, como en el contenido del Título V de la citada Ley, se hacía referencia a la necesidad de que el Gobierno de la Nación desarrollara los aspectos necesarios para la puesta en práctica de dicho Título. La promulgación del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, ha venido a cubrir aspectos fundamentales en esta problemática, como son la determinación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo, el contenido del Informe Preliminar de Situación, los criterios para la declaración de suelo contaminado, el procedimiento de cálculo de Niveles Genéricos de Referencia o el procedimiento básico para la evaluación de riesgos, entre otros.
La Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , de Residuos y suelos contaminados, transpone al derecho interno la Directiva 2008/98/CE ( LCEur 2008, 1895 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. La citada ley mantiene el régimen jurídico que regula los suelos contaminados matizando cuestiones como la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos. Asimismo, regula las obligaciones de información de los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los titulares de los suelos contaminados y crea el inventario estatal de suelos contaminados.
Tras la publicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacía necesaria la promulgación de una norma autonómica que definiera en detalle diversos aspectos procedimentales y técnicos, a fin de mejorar la gestión y control de la calidad de los suelos.
Posteriormente, la Ley 5/2010, de 11 de junio ( LAN 2010, 265 ) , de Autonomía Local de Andalucía, introduce nuevas atribuciones competenciales a los Ayuntamientos andaluces, como son la declaración y delimitación de los suelos contaminados, así como la aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal. Por otra parte, el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre ( RCL 2013, 1877 ) , de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece el ejercicio por parte de las Entidades Locales de las competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la mencionada Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Dichas competencias se ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799 y 1372) , reguladora de las Bases de Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos del citado Decreto-Ley.
En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta las exigencias de la Ley 27/2006, de 18 de julio ( RCL 2006, 1442 ) , por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; así como los principios generales de funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía establecidos en el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre ( LAN 2007, 480 ) , de la Administración de la Junta de Andalucía; en particular los principios de eficacia, eficiencia y control de los resultados, racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos y buena administración en su relación con la ciudadanía. Asimismo, se atiende a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y del Decreto 183/2003, de 24 de junio ( LAN 2003, 379 ) , por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos, habilitándose un sistema de tramitación telemática obligatorio para algunos de los trámites contemplados en este Reglamento, por estar dirigida esta norma a sectores de actividad que cuentan con medios suficientes para su utilización. Se han considerado las exigencias de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre ( LAN 2007, 561 ) , para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre (LAN 2006, 504), del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con la habilitación conferida en la Disposición final segunda de la Ley 7/2007, de 9 de julio, tras informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de enero de 2015, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados
Disposición adicional primera. Traspaso de expedientes de competencia municipal en materia de suelos contaminados
Disposición adicional segunda. Adaptación de ordenanzas municipales
Disposición adicional tercera. Programa andaluz de suelos contaminados
Disposición adicional quinta. Coordinación con los requisitos de la Ley 16/2002, de 1 de julio ( RCL 2002, 1664 ) , de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
2. El órgano competente en materia de suelos podrá considerar la documentación derivada del cumplimiento de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio ( RCL 2013, 882 ) , a los efectos que estime oportunos, cuando tenga constancia de ella, en los procedimientos regulados por este Decreto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición transitoria primera. Ordenanzas municipales
Disposición transitoria segunda. Tramitación telemática
Disposición final primera. Procedimientos que resolverá la Administración autonómica
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a excepción del artículo 40 del Reglamento, que entrará en vigor cuando se produzca el desarrollo reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto en la salud, recogido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre ( LAN 2011, 579 ) , de Salud Pública de Andalucía.
Este Reglamento tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados, así como a los suelos potencialmente contaminados, ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo del Capítulo IV del Título IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) y de la legislación básica estatal en la materia.
1. Este Reglamento será de aplicación a los suelos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre los que se haya desarrollado o desarrolle una actividad potencialmente contaminante del suelo, regulados en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , o norma que lo sustituya, así como aquellos suelos que pudieran haber sido afectados indirectamente por el desarrollo de dicha actividad.
a) Actividades potencialmente contaminantes del suelo: aquellas actividades de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, se puede contaminar el suelo. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de tales las incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , con sus equivalencias de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, contenida en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril ( RCL 2007, 848 ) . Así mismo, se consideran actividades potencialmente contaminantes del suelo las incluidas en algunos de los supuestos del artículo 3.2 del citado Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, o norma que lo sustituya.
– Instalaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 21/1992, de 16 de julio ( RCL 1992, 1640 ) , de Industria.
– Existencia de depósitos subterráneos de combustibles u otras sustancias peligrosas.
– Inexistencia de pavimentación o mal estado de la solera en las zonas de almacenamiento de sustancias o residuos peligrosos.
– Otras circunstancias, tales como gestión inadecuada de residuos peligrosos, existencia de derrames o fugas, pruebas de estanqueidad de tanques desfavorables, u otras circunstancias de las que razonablemente se pueda deducir que se haya podido afectar al suelo, contaminándolo.
q) Residuo peligroso: residuo que presenta una o varios de las características peligrosas enumeradas en el Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) y aquel que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.
Artículo 4. Competencias de la Consejería competente en materia de medio ambiente
b) La planificación, inscripción, mantenimiento y actualización del Inventario andaluz de suelos contaminados, definido en el artículo 93.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , así como la dirección y supervisión de las actuaciones derivadas de la información contenida en el mismo. A dicho efecto este Inventario se incorporará al Repositorio Único de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
e) La planificación del Registro andaluz de actuaciones voluntarias de recuperación de suelos, definido en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , así como la dirección y supervisión de las actuaciones derivadas de la información contenida en el mismo.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , la Dirección General competente en materia de suelos contaminados podrá avocar para sí la instrucción y resolución de cualquier procedimiento cuyo conocimiento corresponda a la Delegación Territorial cuando su especial incidencia ambiental, su magnitud o sus posibles afecciones lo hagan conveniente. Dicha decisión, que corresponderá a la persona titular de la mencionada Dirección General, deberá ser motivada y notificada a todos los interesados.
Artículo 6. Sujetos obligados al estudio y descontaminación de un suelo
a) A partir de la evaluación del informe histórico de situación presentado por la persona física o jurídica propietaria del terreno con motivo de la propuesta de un cambio de uso del suelo o implantación de una nueva actividad en un suelo que haya soportado una actividad potencialmente contaminante, según establece el artículo 91 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) .
b) A partir de la evaluación del informe histórico de situación presentado por la persona física o jurídica titular de la actividad, cuando se produce el cese de la misma, según establece el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) .
3. El Ayuntamiento o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente, notificará el acuerdo de iniciación a los posibles causantes de la potencial contaminación, al propietario o propietarios registrales del suelo y a su poseedor o poseedores en caso de que no sean los mismos, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
4. El análisis de riesgos sólo será necesario en aquellos casos en los que se superen los niveles genéricos de referencia para algún contaminante. Los niveles genéricos de referencia serán los contemplados en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , o normativa que lo modifique, para elementos orgánicos. Para elementos traza, serán aplicables los recogidos en el Anexo IV de este Reglamento.
Artículo 9. Condiciones a cumplir para la realización del estudio de calidad del suelo
Artículo 10. Contenido mínimo de los estudios de caracterización
Artículo 11. Contenido mínimo de los análisis de riesgos
Conforme a lo dispuesto en el Anexo VIII del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , el análisis de riesgos deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:
Artículo 12. Fase de Instrucción
Artículo 13. Registro de la Propiedad
1. Iniciado el procedimiento de declaración del suelo como contaminado, de conformidad con el artículo 8.2 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , a requerimiento del Ayuntamiento o, en su caso, del órgano autonómico correspondiente, el Registro de la Propiedad expedirá certificación de dominio y cargas de la finca o fincas registrales dentro de las cuales se halle el suelo que se vaya a declarar como contaminado. El Registrador o la Registradora de la Propiedad hará constar la expedición de dicha certificación por nota extendida al margen de la última inscripción de dominio, expresando la iniciación del procedimiento y el hecho de haber sido expedida la certificación.
Artículo 14. Resolución por la que se declara un suelo como contaminado
Artículo 15. Contenido de la resolución por la que se declara un suelo como contaminado
1. La resolución por la que se declare un suelo como contaminado contendrá, como mínimo, las determinaciones recogidas en el artículo 93.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) . Así mismo, deberá contener los datos relacionados en el artículo 46.4.a y 46.4.b.
2. En caso de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , se podrá repercutir el coste de las actuaciones que se lleven a cabo para la recuperación del suelo declarado como contaminado, al causante o causantes de la contaminación.
Artículo 16. Anotación en los inventarios locales de suelos contaminados
Artículo 17. Afección al medio hídrico
Artículo 18. Efectos de la declaración de un suelo como contaminado
2. Si la solicitud de inicio no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
Artículo 22. Condiciones para la realización del proyecto de descontaminación
1. En cumplimiento del artículo 7.3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , deberán emplearse las mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso, empleando con carácter prioritario las técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y eliminación de residuos.
3. En aquellos casos en los que justificadamente el suelo contaminado sea trasladado a vertedero, el transporte se realizará conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) . No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el destino final de dichos materiales podrá ser un vaso de vertido de residuos no peligrosos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los Anexos I , II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre ( RCL 2002, 280 ) , por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Sección 2. Finalización
Artículo 23. Resolución de aprobación del proyecto de descontaminación
Artículo 24. Contenido de la resolución por la que se aprueba el proyecto de descontaminación
1. La resolución, además de tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 58.2 y 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , en el supuesto de ser estimatoria, recogerá el contenido relacionado en el artículo 46.4.c.
Esta obligación se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , referida a la coordinación de garantías financieras.
Artículo 25. Anotación en los inventarios locales de suelos contaminados
Artículo 26. Afección al medio hídrico
Artículo 27. Programa de control y seguimiento
Artículo 28. Procedimiento simplificado
2. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 , de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
Artículo 31. Documentación
Artículo 32. Resolución de desclasificación de un suelo como contaminado
Artículo 33. Contenido de la resolución por la que se desclasifica un suelo como contaminado
Artículo 34. Afección al medio hídrico
Artículo 35. Anotación en los inventarios locales
Artículo 36. Efectos de la desclasificación de un suelo como contaminado
1. Una vez firme la resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , el Ayuntamiento o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente, solicitará la cancelación de la notan de suelo contaminado al Registrador de la Propiedad, en virtud de certificación administrativa en la que se haga inserción literal de la resolución administrativa de desclasificación del suelo, con expresión de su firmeza en vía administrativa, y en la que se haga constar que el expediente ha sido notificado a todos los titulares registrales.
La cancelación de la notan podrá ser solicitada por la persona física o jurídica obligada a la descontaminación o propietaria de los terrenos, en virtud de certificación administrativa expedida por el órgano competente, en la que se incorpore la resolución administrativa de desclasificación del suelo.
2. En caso de que la resolución de desclasificación del suelo como contaminado incluya algún tipo de condicionado sobre los terrenos, dicho condicionado se hará constar expresamente en la certificación que deba ser expedida para la cancelación de la notapor el Registrador en la hoja registral de la finca, con motivo del asiento de cancelación de la calificación del suelo como contaminado.
Artículo 37. Aprobación del proyecto de recuperación voluntaria de un suelo
b) En caso de actuaciones voluntarias no se exigirá el establecimiento de garantías financieras para la recuperación, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1925 ) .
Artículo 38. Anotación en el Registro andaluz de actuaciones voluntaria de recuperación de suelos
Artículo 39. Traslado a la Administración Hidráulica
Artículo 40. Traslado a la Consejería competente en materia de salud
En caso de que se hayan detectado riesgos para la salud humana procedentes de la exposición al suelo afectado, el órgano competente en la instrucción del procedimiento lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de salud, según lo establecido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre ( LAN 2011, 579 ) , de Salud Pública de Andalucía.
Artículo 41. Traslado a la Consejería competente en materia de minas
El órgano competente en la instrucción del procedimiento, dará traslado a la Consejería competente en materia de minas en aquellos casos en los que se desarrollen o hayan desarrollado actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Minas ( RCL 1973, 1366 ) , requiriendo informe preceptivo sobre aquellos aspectos de su competencia.
Artículo 42. Evacuación de informes preceptivos
Los informes preceptivos citados deberán emitirse en el plazo de un mes. Transcurridos el plazo establecido sin haberse recibido los mismos, de conformidad con el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos en caso de que el informe sea determinante para la resolución del procedimiento. El contenido de los informes deberá ser tenido en cuenta si es recibido previamente a la emisión de la propuesta de resolución.
Artículo 43. Dictamen preliminar
Artículo 44. Trámite de audiencia
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , instruido el procedimiento y con carácter previo a la emisión de la propuesta de resolución, el órgano competente en la instrucción del procedimiento lo pondrá de manifiesto a las personas o entidades interesadas para que aleguen o presenten los documentos o justificaciones pertinentes durante un plazo máximo de quince días.
Artículo 45. Inventario andaluz de suelos potencialmente contaminados
Una vez finalizada la operación, el registro telemático emitirá automáticamente un justificante de la inscripción en el inventario, de acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Este justificante incluirá los datos aportados por el titular de la actividad, la valoración del riesgo potencial de la misma y la periodicidad con la que se deben actualizar los datos del inventario.
2.º Código de la Lista Europea de Residuos según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero ( RCL 2002, 514 y 736) , por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
3.º Codificación según Real Decreto 833/1988, de 20 de julio ( RCL 1988, 1659 ) , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 ( RCL 1986, 1586 ) , básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y Real Decreto 952/1997, de 20 de junio ( RCL 1997, 1729 ) , que modifica el anterior.
6. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá comprobar la veracidad de los datos contenidos en el Inventario de suelos potencialmente contaminados, en el ejercicio de su función de vigilancia, inspección y control, según lo establecido en el artículo 128 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) .
Artículo 46. Inventario andaluz de suelos contaminados
Artículo 47. Inventarios municipales de suelos contaminados
Artículo 48. Integración de los inventarios en la Red de Información Ambiental de Andalucía
Los datos contenidos de los inventarios descritos en los artículos 45 y 46, se consideran información ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , por lo que dichos inventarios se integrarán en el Repositorio Único de la Red de Información Ambiental de Andalucía, ajustándose a las normas y protocolos establecidos en la misma. Esta información se ajustará a lo establecido en el artículo 3.1.g) del Decreto 347/2011, de 22 de noviembre ( LAN 2011, 523 ) , por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental.
Artículo 49. Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía
2. La información de los inventarios y registros que se utilice en la confección de estadísticas oficiales quedará sometida a la preservación del secreto estadístico en los términos establecidos en los artículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre ( LAN 1989, 353 ) , de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La Red de Información Ambiental de Andalucía garantizará el acceso a los datos de estos inventarios y registros mediante la prestación de los servicios contemplados en el artículo 11 de la Ley 14/2010, de 5 de julio ( RCL 2010, 1809 ) , sobre las Infraestructuras y los servicios de información geográfica en España y los establecidos por el Decreto 141/2006, de 18 de julio ( LAN 2006, 409 ) , por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, referidos a la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, cumpliendo lo establecido en los artículos 18 y 19 del Decreto 347/2011, de 22 de noviembre ( LAN 2011, 523 ) .
Artículo 50. Registro andaluz de actuaciones voluntarias de recuperación de suelos
1. Se crea el Registro andaluz de actuaciones voluntarias de recuperación de suelos en virtud del artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) .
Artículo 51. Programa andaluz de suelos contaminados
Artículo 52. Programas municipales de suelos contaminados
Artículo 53. Documentos reconocidos en materia de suelos contaminados
Artículo 54. Registro andaluz de documentos reconocidos en materia de suelos contaminados
Artículo 55. Planeamientos y desarrollos urbanísticos sometidos a procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 )
Artículo 56. Nueva actividad potencialmente contaminante del suelo
4. Igualmente, las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, deberán cumplir lo establecido en relación con los suelos en el artículo primero apartado 8 de la Ley 5/2013, de 11 de junio ( RCL 2013, 882 ) , por la que se modifica la Ley 16/2002 de 1 de julio ( RCL 2002, 1664 ) , de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , de residuos y suelos contaminados.
Artículo 57. Actividades en funcionamiento
Artículo 58. Cese de actividades
Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo que cesen su actividad deberán comunicar la baja al Inventario de suelos potencialmente contaminados de Andalucía, de forma previa a la clausura de la actividad, y presentar un informe histórico de situación ante el órgano competente, según establece el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , con el contenido mínimo establecido en el Anexo II de este Reglamento.
Artículo 59. Actividades exentas
1. Están exentos de las obligaciones descritas en este capítulo los titulares de las actividades consideradas como potencialmente contaminantes del suelo, según lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , que no cuenten con instalaciones o que realicen su actividad empresarial trasladándose puntualmente a instalaciones ajenas, durante un tiempo máximo de seis meses, en virtud de cualquier título que le habilite para el desarrollo de la actividad.
Artículo 60. Obligaciones registrales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , las personas físicas o jurídicas propietarias de las fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes del suelo estarán obligadas, con motivo de su transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota"">Artículo 61. Cambio de uso o actividad
1. Las personas físicas o jurídicas propietarias de suelos que hayan soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, en los que se promueva un cambio de uso o la implantación de una nueva actividad, deberán presentar ante la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente correspondiente un informe histórico de situación, según establece el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , con el contenido mínimo establecido en el Anexo II, de forma previa a la solicitud de licencia o cualquier otro instrumento previo al inicio de la actividad.
Artículo 62. Casos de actuación
Artículo 63. Procedimiento de actuación
1. La persona física o jurídica titular de la actividad causante de la afección al suelo comunicará de forma inmediata el suceso acontecido a la autoridad competente en materia de Protección Civil, según lo establecido en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre ( LAN 2002, 532 ) , de Gestión de Emergencias de Andalucía y en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero ( RCL 2014, 301 ) , por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, que activará el protocolo correspondiente.
6. En caso de ejecución total o parcial de las actuaciones por parte de la Consejería competente en materia de medio ambiente, una vez desaparecida la situación de emergencia y previa instrucción del correspondiente procedimiento, dicho organismo dictará resolución fijando el importe de los costes de las medidas ejecutadas y el obligado u obligados a satisfacerlos, lo cual será susceptible de ejecución forzosa. Los costes asumidos por la Administración autonómica podrán ser recuperados en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1925 ) .
Artículo 64. Tipificación de las situaciones de actuación
1. El órgano competente en materia de suelos contaminados realizará los estudios de calidad del suelo y, en su caso, las labores de descontaminación, en caso de que, habiéndosele requerido fehacientemente, se produzca la inactividad del causante, cuando existan indicios de riesgos para la salud humana o los ecosistemas, en los supuestos establecidos en los artículos 44 y 47 de la ley 26/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1925 ) , y en especial, en las siguientes situaciones:
2. La actuación subsidiaria se realizará a costa del obligado, procediéndose con posterioridad a exigirle el importe de los daños y perjuicios en su caso, conforme al artículo 98.3 en relación con el 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
3. Lo anteriormente establecido se entiende sin perjuicio de las medidas provisionales y la ejecución subsidiaria de actuaciones acordada con motivo de infracciones administrativas, una vez iniciado el expediente sancionador o antes de la iniciación del expediente, en los términos y con el alcance legalmente establecido en el Capítulo II del Título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , y el Capítulo IV del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) .
Artículo 65. Inspección, vigilancia y control
1. Corresponde a las delegaciones territoriales de la Consejería competente en materia de medio ambiente la planificación y coordinación de la vigilancia, inspección y control en materia de suelos, según lo establecido en el Decreto 142/2013, de 1 de octubre ( LAN 2013, 288 y 310) , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 130 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas que realicen tareas de vigilancia, inspección y control a las que se refiere el artículo anterior, que tengan la condición de personas funcionarias de la administración de la Junta de Andalucía, al servicio de la Consejería competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las actuaciones que, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, pueda llevar a cabo personal de otras Consejerías o de otras administraciones públicas. A tal efecto, la Consejería competente en materia de medio ambiente expedirá la correspondiente acreditación identificativa a su personal funcionario inspector. Las actas e informes que el personal inspector extienda en el ejercicio de estas funciones gozarán de la presunción de veracidad de los hechos que en los mismos se constaten, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar las personas o entidades interesadas.
5. Si del contenido del acta se desprende la existencia de indicios de infracción de los preceptos de la normativa vigente en materia de suelos, se incoará por la Administración competente el oportuno expediente sancionador, que se instruirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
Artículo 66. Régimen sancionador
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento será sancionado conforme a lo dispuesto en la Sección 5ª del Capítulo III del Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , sin perjuicio de las disposiciones comunes establecidas en la Sección 9.ª de dicho Capítulo, así como en el Capítulo II del Título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) y en el resto de normativa que resulte de aplicación.
Artículo 68. Tipificación y sanción de infracciones muy graves
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) y en el artículo 143 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , son infracciones muy graves, y se sancionarán con multa desde 300.508 hasta 1.202.025 euros:
Artículo 69. Tipificación y sanción de infracciones graves
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , y en el artículo 144 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , constituyen infracciones graves, y se sancionarán con multa desde 6.012 hasta 300.507 euros:
Artículo 70. Tipificación y sanción de infracciones leves
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio ( RCL 2011, 1487 ) , y en el artículo 145 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) , son infracciones leves, y se sancionarán con multa de hasta 6.011 euros:
Artículo 71. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora
1. Son órganos competentes para la imposición de sanciones, según lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/2007, de 9 de julio ( LAN 2007, 326 ) :
– Referencia catastral de la parcela o parcelas que componen el emplazamiento, identificando con claridad los datos del propietario de cada una.
– Nota simple del Registro de la Propiedad de la parcela o parcelas que componen el emplazamiento.
– Coordenadas del punto central del emplazamiento. Las coordenadas se expresarán según la norma técnica cartográfica de Andalucía vigente sobre modelo geodésico de referencia.
– Existencia o no de captaciones de aguas subterráneas.
– Descripción de los procesos realizados en el emplazamiento.
– Relación de materias consumidas de carácter peligroso y descripción del almacenamiento de las mismas.
– Relación de productos intermedios o finales de carácter peligroso y descripción del almacenamiento de los mismos.
– Relación de residuos peligrosos generados y descripción del almacenamiento de los mismos.
– Superficie aproximada ocupada por los mismos.
– Existencia o no de pavimentación y cubierta.
– Existencia o no de red de drenaje y de algún sistema de evacuación en caso de fugas.
– Tipo de almacenamiento: en superficie (bidones, recipientes, etc), depósitos en superficie (tanques aéreos) o depósitos subterráneos.
– Principales reformas o ampliaciones llevadas a cabo.
– Existencia de fugas o derrames con delimitación de las zonas afectadas.
– Denuncias o quejas ambientales realizadas por terceros o por la Administración.
– Existencia de algún estudio previo de suelos o aguas subterráneas realizado en el emplazamiento.
– Mapa topográfico a escala 1:10.000 o similar con delimitación del perímetro de las instalaciones, así como indicación del sentido del flujo de las aguas subterráneas.
– Ortofotografía digital con delimitación del perímetro de las instalaciones. Se debe utilizar la versión más reciente disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía o la Infraestructura de Datos Espaciales de España.
– Plano detallado de las antiguas instalaciones, donde se indique con claridad la situación de las áreas de proceso y zonas de almacenamiento de materias, productos y residuos, así como la situación de las captaciones de aguas subterráneas si existieran. En dicho plano, también se delimitarán, de existir varias, las diferentes parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad.
– Estudio histórico del emplazamiento. Análisis cronológico de ortofotografías del emplazamiento y recopilación de fotografías aéreas de vuelos de archivo comprendidas entre el año 1956 y la actualidad.
– Razón social y domicilio completo de la persona física o jurídica que realiza el estudio, así como información de contacto de la persona responsable de la emisión del informe.
– Razón social y domicilio completo de la persona física o jurídica que encarga el informe, así como información de contacto de la persona responsable.
– Identificación del ámbito reglamentario de la inspección.
– Motivo de la realización del informe: clausura de la actividad, cambio de uso, requerimiento de la Administración, etc.
– Identificación de las personas físicas o jurídicas titulares de la actividad desarrollada en el emplazamiento.
– Identificación de las personas físicas o jurídicas propietarias actuales de la parcela o parcelas incluidas en la superficie del emplazamiento, aportando como anexo certificado literal de las mismas en el Registro de la Propiedad.
– Identificación de las personas físicas o jurídicas titulares de derechos y/o obligaciones sobre los terrenos.
– Identificación, en la medida de lo posible, de las personas físicas o jurídicas titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo que han concurrido históricamente en el emplazamiento.
– Procesos industriales llevados a cabo en el emplazamiento.
– Materias primas, productos y residuos generados, detallando su composición química cuando se utilicen nombres de agrupaciones de sustancias o nombres comerciales.
– Descripción y ubicación de almacenamientos en superficie, depósitos aéreos y depósitos subterráneos, así como tuberías de distribución de dichas materias, productos y residuos.
– Ubicación conocida o supuesta de estructuras subterráneas.
– Redes de drenaje y saneamiento dispuestas en cada zona, así como sistemas de tratamiento de aguas industriales y punto de vertido.
– Plano de las instalaciones con identificación de las actividades desarrolladas en cada zona.
– Diferenciación, clasificación y estimación de superficies de las diferentes zonas del emplazamiento, diferenciando aquellas zonas con riesgo de afección mínimo (oficinas, etc.), de aquellas otras en las que sí existe un cierto riesgo de afección, diferenciando en este caso si procede de fuentes conocidas e identificadas en apartados anteriores, o son zonas con riesgo de afección difusa.
– En la medida en que puedan conocerse, procesos industriales llevados a cabo históricamente en el emplazamiento, con indicación de sus períodos de duración.
– Indicación, si los hubiera, de accidentes o derrames ocurridos durante la actividad y su ubicación.
– Plano de los usos actuales del suelo del emplazamiento, de las parcelas colindantes y de las proximidades, con indicación de los instrumentos del planeamiento urbanístico vigentes de aplicación. Así como, en su caso, de los usos propuestos en los instrumentos de planeamiento urbanístico en tramitación.
– Existencia de núcleos de población, asentamientos o viviendas aisladas cercanas al emplazamiento.
– Contexto geológico de la zona, con indicación del dominio geotectónico al que pertenece. Geología local del emplazamiento.
– Hidrología superficial y subterránea de la zona, con indicación a su posible inclusión en alguna unidad hidrogeológica y sistema acuífero.
– Indicación, si las hubiera, de zonas de protección, con indicación de sus principales valores ecológicos.
– Indicación, si las hubiera, de captaciones de aguas subterráneas próximas y su finalidad.
– Fechas de los trabajos de campo.
– Malla de puntos de muestreo de suelos y aguas (si procede) finalmente realizada, con indicación de las coordenadas de los puntos, tomadas en campo. Las coordenadas se expresarán según la norma técnica cartográfica de Andalucía vigente sobre modelo geodésico de referencia.
– Justificación técnica de la disposición y la densidad de los puntos de muestreo seleccionados, en relación con las fuentes conocidas de posible afección, y la delimitación en superficie y profundidad de la misma. En caso de que los volúmenes de suelos o aguas subterráneas con concentraciones superiores a los niveles de referencia normativos, induzcan a pensar que existe afección a terrenos colindantes, se realizará una investigación de la extensión de la contaminación en las parcelas afectadas, habiéndose notificado previamente a los propietarios de las mismas por parte de la Administración.
– Métodos y herramienta de perforación empleados, características de la perforación y profundidad alcanzada en cada punto, uso o no de agua.
– Equipos empleados en la perforación y la toma de muestras.
– Número de muestras tomadas en cada perfil e intervalo de profundidad de donde proceden.
– Codificación, fecha y hora de toma de las muestras recogidas y de envío y recepción por el laboratorio, con indicación del procedimiento seguido para la conservación de las mismas durante ese intervalo.
– Contextualización de cada punto de muestreo empleado mediante reportaje fotográfico.
– Perfil litológico de los sondeos/catas realizados en el emplazamiento, indicando las medidas in situ realizadas e incluyendo reportaje fotográfico de las columnas testigo recuperadas en los sondeos mecánicos y de las paredes de las catas realizadas.
– Clasificación textural de los materiales detríticos identificados en los perfiles de los sondeos, en base a ensayos granulométricos realizados sobre algunas de las muestras tomadas de esos horizontes.
– Piezómetros instalados y características constructivas de los mismos, método de desarrollo ejecutado, volúmenes extraídos, tiempo empleado y criterio de finalización, con indicación, si procede, de las medidas in situ que correspondan.
– Niveles piezométricos medidos y estimación del mapa de isopiezas por algún método de interpolación estadísticamente válido.
– Estimación del grosor aparente y real de fase libre sobrenadante en caso de detectarse su presencia en algunos de los piezómetros existentes.
– Subcontrataciones realizadas sobre actividades auxiliares de la inspección (sondeos, ensayos de laboratorio, topografía...).
– Controles de calidad del muestreo realizados y resultados obtenidos.
– Se aportarán como anexo registros de la cadena de custodia de las muestras, incluyendo codificación, botellería, preservación, temperaturas de conservación, envío y recepción por el laboratorio, etc.
– Parámetros analíticos determinados en las diferentes muestras tomadas, con su justificación técnica.
– Laboratorio/s empleado/s en la realización de los ensayos, con indicación de su/s certificado/s de acreditación.
– Resultados analíticos obtenidos en las muestras de suelo, para cada punto y profundidad muestreados, representados de forma tabular.
– Métodos analíticos empleados.
– Adecuación del rango de ensayo acreditado a los valores límite normativos.
– Se adjuntarán como anexo los informes de ensayo emitidos por el laboratorio.
– De haberse realizado, ensayos «in situ» ejecutados por la persona física o jurídica que realiza los trabajos de caracterización.
– Si existe normalidad en la distribución de los resultados obtenidos: mapas de niveles estimados de isoconcentración, calculados mediante algún método de interpolación estadísticamente aceptado, entre los valores de concentración de los diferentes puntos de la malla de muestreo. Indicar los puntos originales de medidas reales junto a esa interpolación.
– Parámetros analíticos determinados en las diferentes muestras tomadas, y los métodos analíticos empleados, con su justificación técnica.
– Laboratorio/s empleado/s en la realización de los ensayos con indicación de su/s certificado/s de acreditación.
– Resultados analíticos obtenidos en las muestras de agua subterránea, para cada punto y profundidad muestreados (si procede), representados de forma tabular.
– Se adjuntarán como anexo, los informes de ensayo emitidos por el laboratorio.
– Si existe normalidad en la distribución de los resultados obtenidos: mapas de niveles estimados de isoconcentración, calculados mediante algún método de interpolación estadísticamente aceptado, entre los valores de concentración de los diferentes puntos de la malla de muestreo.
– Niveles normativos de comparación aplicables.
– Comparación de los resultados obtenidos con los valores límite aplicables, teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados, de forma que se puedan diferenciar de manera sencilla los resultados no conformes.
– En base a dicha comparación, si procede, estimación de la superficie y volumen de suelos que superan valores límite. Planos de ubicación de los mismos.
– Niveles normativos de comparación aplicables, o en su defecto, justificación de otros niveles orientativos seleccionados para la comparación.
– Comparación de los resultados obtenidos con los valores de referencia aplicables, teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados, de forma que se puedan diferenciar de manera sencilla los resultados no conformes.
– En base a dicha comparación, si procede, estimación de la superficie y volumen de aguas contaminadas. Planos de ubicación de la pluma contaminada.
Si de los resultados analíticos se desprendiera que se superan 100 veces los Niveles genéricos de referencia (NGRs) del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , para algún parámetro y el titular decidiera no presentar análisis de riesgos, el informe de caracterización deberá recoger la acotación en superficie y profundidad de la afección, incluyendo las coordenadas que acoten la zona. Las coordenadas se expresarán según la norma técnica cartográfica de Andalucía vigente sobre modelo geodésico de referencia.
– Objeto y justificación del informe, firmado y realizado por técnico competente.
– Persona física o jurídica que encarga el estudio.
– Identificación de las personas físicas o jurídicas titulares/propietarios del emplazamiento y posibles afectados:
– De utilizar programas informáticos en la valoración de riesgos, identificación de los programas empleados y referencias acerca del reconocimiento de la validez de los mismos por instituciones técnicas, científicas o académicas de reconocida solvencia.
– Establecimiento de escenarios y justificación de los mismos.
– Elección justificada de las concentraciones características de los contaminantes presentes en cada escenario (percentil 95, máximo).
– Vías de exposición consideradas, entre las siguientes.
– Usos estudiados (presentes o futuros).
– Receptores considerados.
– Parámetros físico-químicos y toxicológicos empleados y sus fuentes.
– Parámetros descriptivos del medio físico y su origen.
– Parámetros de exposición.
– Modelos de transporte de contaminantes empleados.
– Riesgos existentes por cada contaminante estudiado, vía de exposición y receptor potencial.
– Valores objetivo de descontaminación por cada contaminante estudiado.
– Riesgos existentes por efectos acumulados de los diferentes contaminantes por vía de exposición.
– Valores objetivo finales de descontaminación al considerar los riesgos acumulados.
– Acotación y cubicación de suelos y aguas (si procede) que superan los valores objetivo de descontaminación. Se indicarán las coordenadas que definen las diferentes zonas afectadas. Las coordenadas se expresarán según la norma técnica cartográfica de Andalucía vigente sobre modelo geodésico de referencia.
– Análisis de incertidumbres de la valoración de riesgos realizada.
– Anexo: Delimitación cartográfica de los diferentes escenarios considerados.
– Anexo: Cartografía de suelos y aguas (si procede) que superan los valores objetivo de descontaminación.
– Anexo: Registros completos del análisis llevado a cabo, incluyendo cálculos cuando éstos no hayan sido realizados por ningún programa informático.
– Interpretación de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos.
– Razón social y domicilio completo de la entidad persona física o jurídica que realiza el estudio, así como información de contacto de la persona física o jurídica responsable de la emisión del informe.
– Razón social y domicilio completo de la entidad persona física o jurídica que encarga el informe, así como información de contacto de la persona física o jurídica responsable.
– Identificación, ubicación y delimitación sobre plano de la instalación, de las áreas identificadas como contaminadas en la etapa de caracterización y en su caso análisis de riesgos.
– Profundidades estimadas de cada una de las áreas contaminadas.
– Valores objetivos de descontaminación en cada área.
– Parámetros analíticos que superan valores objetivos de descontaminación en cada una de las áreas identificadas, con sus valores máximos de concentración obtenidos en la etapa de caracterización.
– Identificación, ubicación y delimitación estimada sobre plano de la instalación, de las áreas donde se haya detectado durante la caracterización la presencia de contaminación en fase libre sobre el nivel freático.
– Breve descripción de las técnicas de recuperación incluidas en el plan de trabajos de descontaminación para cada área identificada como contaminada.
– Delimitación sobre plano de las zonas de acopios de materiales excavados llevadas a cabo, así como las zonas de instalación de plantas móviles de tratamiento.
– Ubicación y delimitación de terrenos o acopios del propio emplazamiento empleados para la cubrición de huecos de excavación.
– Justificación técnica de la disposición y la densidad de los puntos de muestreo seleccionados, en relación con las áreas y espesores de suelos contaminados identificados.
– Descripción de la evolución temporal de la geometría de los frentes de excavación, si existen varias etapas de muestreo y avance o afinamiento de dicha excavación.
– Delimitación e identificación sobre plano de las diferentes tongadas de suelo excavado y tratado en plantas móviles, y su correspondencia con las muestras de control que han servido para su certificación.
– Codificación, fecha y hora de toma de las muestras recogidas y de envío y recepción por el laboratorio, con indicación del procedimiento seguido para su conservación durante ese intervalo.
– Subcontrataciones realizadas sobre actividades auxiliares de la inspección (sondeos, ensayos de laboratorio, topografía, etc).
– Se aportará como anexo registros de la cadena de custodia de las muestras, incluyendo codificación, botellería, preservación, temperaturas de conservación, envío y recepción por el laboratorio, etc.
– De haberse realizado, ensayos «in situ» ejecutados por la entidad colaboradora de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
– Resultados analíticos obtenidos en las muestras de agua, para cada punto y profundidad muestreados (si procede), representados de forma tabular.
– Niveles normativos de comparación aplicables (valores objetivo de la descontaminación).
– Posibles actuaciones posteriores que se hayan podido llevar a cabo ante esos resultados no conformes, y nueva comparación en caso de disponer de nuevos puntos de muestreo y/o resultados analíticos.
INDUSTRIAL (mg/kg peso seco)
URBANO (mg/kg peso seco)
OTROS USOS (mg/kg peso seco)
Antimonio 4700b 470 90
Arsénico cancerígeno 40 36a 36a
Bario 10000d 10000d 10000d
Berilio no cancerígeno 1450d 145 145 c
Cadmio 750b 75 25
Cobalto 250b 25 24a
Cobre 10000d 3130 595
Cromo III 10000d 20a 20a
Cromo VI cancerígeno 100 10000d 10000d
Estaño 10000d 10000d 10000d
Mercurio (elemental) 15 6 6c
Mercurio (inorgánico) 250b 25 25c
Molibdeno 3900b 390 115
Níquel 10000b 1530 1530c
Plomo 2750b 275 275
Selenio 3900b 390 370
Talio 2,3b 0,23 0,23c
Vanadio 3650b 365 50
Zinc 10000d 10000d 10000d
a.– Ajuste a VR90 para el metal considerando el Estudio de elementos traza en suelos de Andalucía, realizado por las Universidades de Granada, de Sevilla y de Huelva, a instancias de la Consejería de Medio Ambiente.
b.– Criterio de contigüidad, según el cual, el nivel de referencia para uso urbano del suelo no podrá ser mayor de 10 veces el nivel de referencia para otros usos del suelo, y el nivel de referencia para un uso industrial del suelo no podrá ser mayor de 10 veces el nivel de referencia de un uso urbano del suelo.
c.– En caso que el Nivel Genérico de Referencia (NGR) para uso «urbano» sea inferior al de «otros usos», se igualan ambos.
d.– Criterio de reducción, según el cual, se adopta como nivel genérico de referencia 100 mg/kg en aquellos casos en los que el valor calculado supere esta cantidad. Sin embargo, el valor de 100 mg/kg peso seco descrito en el R.D. 9/2005, de 14 de enero ( RCL 2005, 112 ) , se establece como criterio de reducción para las sustancias de síntesis. No se considera aplicable este valor a los metales. Para este estudio se ha empleado el valor de 10.000 mg/kg peso seco (=1% p/p del metal en suelo).

References: Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 40
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 

Artículo 4
 artículo 93
 artículo 38
 artículo 14
 resolución 

Artículo 6
 artículo 91
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 Real Decreto 

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 8
 Real Decreto 

Artículo 14
 Resolución 

Artículo 15
 resolución 
 resolución 
 artículo 93
 artículo 46
 artículo 36

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 resolución 
 artículo 42

Artículo 22
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 23
 Resolución 

Artículo 24
 resolución 
 artículo 46

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 resolución 
 artículo 42

Artículo 31

Artículo 32
 Resolución 

Artículo 33
 resolución 

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 8
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 83
 resolución 

Artículo 43

Artículo 44
 artículo 84

Artículo 45
 artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 128

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 5
 artículo 3

Artículo 49
 artículo 11

Artículo 50
 artículo 38

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 3
 Real Decreto 

Artículo 59
 Real Decreto 

Artículo 60
 artículo 33
 artículo 91

Artículo 62

Artículo 63
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 48

Artículo 64
 artículo 98

Artículo 65
 artículo 130

Artículo 66

Artículo 68
 artículo 46
 artículo 143

Artículo 69
 artículo 46
 artículo 144

Artículo 70
 artículo 46
 artículo 145

Artículo 71
 artículo 159
 Real Decreto