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Timestamp: 2019-01-21 07:18:36+00:00

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[XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado - Simulador de Política Española
[XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado
por Eduardo Quiroga el Dom 26 Nov 2017 - 12:46
- XIV Legislatura -
Composición de la Mesa del Senado
Presidencia: Pio García Escudero (PP)
Vicepresidencia Primera: Sebastián González Vázquez (PP)
Vicepresidencia Segunda: María Dolores Etxano Varela (PNV)
Secretaría Primera: Luis Crisol (C's)
Secretaría Segunda: Pedro María Sanz (PP)
Secretaría Tercera: Mª Adelaida Pedrosa (PP)
Secretaría Cuarta: Juan Carlos José Raffo Camarillo (PSOE)
Elegida durante la Sesión Constitutiva de la XIV Legislatura.
Re: [XIV Legislatura] Composición de la Mesa del Senado
por Zeo Borras el Mar 12 Dic 2017 - 18:53
La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Compromis, que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.
El artículo 6 de la Constitución Española establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Estas altas funciones justifican que el desenvolvimiento de la actividad de los partidos políticos esté rodeada de abundantes garantías en nuestro ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, los escándalos públicos derivados del descubrimiento de numerosos casos de financiación ilegal están llevando al descrédito de nuestro sistema representativo y amenazan con socavar la solidez de nuestra Democracia. En esta situación, y sin olvidar el carácter fragmentario y el principio de intervención mínima que le son característicos, es imprescindible el recurso a la técnica penal para cortar de raíz un problema que ha adquirido dimensiones preocupantes, especialmente cuando se constata la existencia de redes organizadas desde el seno de un partido político y en las que aparecen implicados sus cargos públicos y orgánicos.
El título XIII bis del libro II del Código Penal, introducido por el artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de 31 de marzo), introduce unos novedosos artículos 304 bis y 304 ter que inciden en la problemática aquí abordada. El artículo 304 bis permite la disolución o suspensión de actividades de aquellos partidos que reciban donaciones o aportaciones con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Por su parte, el artículo 304 ter castiga al que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley, si bien la previsión legal no alcanza en este supuesto a conferir a Jueces y Tribunales la potestad para decretar también la disolución o suspensión de actividades del partido político que eventualmente pudiese haber promovido tal conducta o haberse beneficiado de ella.
Existe, pues, un vacío legal que permite la continuidad de aquellas organizaciones políticas que probadamente se hubieren beneficiado de la actividad de estructuras montadas en su seno al objeto de procurarles financiación por vías ilegales, aunque se castiga a las personas que integrasen dichas estructuras y más gravemente a quienes las dirigiesen. Tal situación supone un déficit en la tutela penal a la que tiene derecho la ciudadanía para salvaguardarse de aquellas actuaciones que en materia de financiación ilegal de los partidos políticos resultan más perjudiciales para la salud democrática de nuestro Estado, a saber, aquellas no cometidas por individuos aislados sino por redes organizadas por los propios partidos como fuente continuada de ingresos que les permite desplegar un nivel de actividad por encima de sus posibilidades y adquirir así ilícitamente una posición de clara ventaja sobre las formaciones políticas que ajustan su financiación a los parámetros legales.
Por todo lo mencionado anteriormente, se aprueba la siguiente ley.
Artículo único. Modificación del artículo 304 ter de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Se añade un apartado 4 al artículo 304 ter de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que queda redactado como sigue:
"4. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos, se le impondrá la pena de multa de uno a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33."
por Zeo Borras el Lun 25 Dic 2017 - 17:47
La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA NULIDAD DE TODOS LOS JUICIOS Y TRIBUNALES DE GUERRA DEL FRANQUISMO
Las consecuencias de la Guerra Civil Española y posteriormente de la Dictadura Franquista siguen vigentes incluso a día de hoy, las heridas causadas por estos dos desastres en la historia de España deben ser cerradas cuanto antes, es una vergüenza que en pleno siglo XXI en un estado europeo como España sigan vigentes los juicios y tribunales de guerra fascistas, es por ello que Unitat Nacional presenta esta proposición de ley:
TÍTULO I: DE LOS FINES
a) Poner fin a cualquiera que sea el legado fascista en todo el Estado Español.
b) Cerrar las heridas que la Guerra Civil y el Franquismo causó en un gran número de personas, tanto españolas como extranjeras.
c) Abrir todas las fosas comunes para dar una sepultura digna a todas las víctimas de la guerra y la dictadura.
TÍTULO II: DE LOS JUICIOS Y TRIBUNALES DE GUERRA FRANQUISTAS
Quedan ilegalizados todos los juicios y tribunales de guerra efectuados por el franquismo en el periodo 1936-1977.
TÍTULO III: DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA
Todos los cuerpos de españoles fallecidos en el exterior durante la Segunda Guerra Mundial deberán ser repatriados para darles sepultura en España.
Se deberán abrir con la mayor antelación posible la totalidad de las fosas comunes de la guerra y el franquismo que aún existan en el estado Español.
Esta ley entrará en vigor 1 mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
Íñigo Errejón Galván [/size]
Portavoz del GP Unidos Podemos[/center]
por Roger Hernández el Dom 28 Ene 2018 - 23:15
El Grupo Parlamentario Socialista (42) quedará compuesto de la siguiente manera:
Presidente: Óscar López Ágeda (senador designado por las Cortes de Castilla y León)
Portavoz: María Luisa Carcedo Robles (senadora designada por la Junta General del Principado de Asturias)
Portavoz Adjunto: Francisco Menacho Villalba (senador designado por el Parlamento de Andalucía)
por Zeo Borras el Lun 29 Ene 2018 - 15:58
La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Gobierno de España que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.
PROYECTO DE LEY DE PROHIBICIÓN DE LAS PUERTAS GIRATORIAS
La regeneración política de España necesita atajar inmediata y necesariamente, la supresión de uno de los, sin duda, grandes males que hemos vivido en nuestra cuarentañera democracia: las llamadas "puertas giratorias". Este hecho, no deja de ser sin duda, un claro y gran reflejo del clientelismo y de prácticas poco limpias que ensucian nuestra vocación de servicio público, y que han hecho que la sociedad haya cogido inquina hacia la clase política y hacia nosotros como representantes. Esta práctica, llamada "puerta giratoria" consiste en aquel proceso por el cual un político, tras abandonar su vida política, es enchufado en una gran empresa de un sector económico estratégico que no concuerda con la trayectoria profesional desarrollada anteriormente por el político en cuestión. Ello da síntomas de que pudiese estar ocurriendo un pago de favores políticos que pervierten el fin último de la política, que es el de trabajar únicamente al servicio de la ciudadanía.
Pudiera ser entendible que un político, tras su marcha del sector público, se reenganche en la vida profesional privada en un puesto similar al que tenía anteriormente y dentro de un sector económico semejante. Eso no constituiría una puerta giratoria porque vuelve al sector del que salió, y en el que se profesionalizó antes de su entrada en la vida política.
A través de esta Ley se pretende poner fin a las puertas giratorias a través de una serie de incompatibilidades de carácter temporal, a fin de impedir la práctica anteriormente descrita respetando, al mismo tiempo, el derecho del político a tener una vida profesional fuera de la política.
TÍTULO II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente.
CRISTÓBAL RICARDO MONTERO ROMERO
por Zeo Borras el Lun 29 Ene 2018 - 15:59
La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Grupo Parlamentario de Compromis que fue aprobada por la cámara baja por mayoría.
# PROPOSICIÓN DE LEY POR LA CUAL SE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LIBROS EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el programa de gratuidad de libros de texto dirigido al alumnado que curse la enseñanza obligatoria en los centros docentes del Estado sostenidos con fondos públicos.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada caso se trate.
1. Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos y alumnas que cursen la enseñanza obligatoria en los centros docentes del Estado sostenidos con fondos públicos.
2. El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro docente en el que el alumno o alumna vaya a cursar las enseñanzas, en el momento de formalizar la inscripción en las mismas.
2. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la presente Ley.
3. Los centros incorporarán en su Reglamento de Organización y Funcionamiento las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que corresponderían en caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios.
a) Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro, al que hace referencia el artículo 10 de la presente Ley, debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto.
2. Antes del 15 de julio de cada año los centros grabarán en el sistema de gestión la relación de alumnos y alumnas inscritos en cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria en los que corresponda la dotación de libros de texto, así como la de aquellos que no desean ser incluidos en el programa de gratuidad.
3. En las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de las Comunidades Autónomas en materia de educación, se realizará un seguimiento del proceso de grabación de los datos a que se refiere el apartado anterior, velando por el cumplimiento del plazo establecido. Asimismo, se prestará el oportuno apoyo técnico a los centros que, por cualquier circunstancia no imputable a los mismos, no pudieran disponer de acceso al programa de gestión.
4. Una vez finalizado el plazo a que se refiere el apartado y siempre antes del 20 de julio, las Delegaciones Provinciales comunicarán a la Secretaria autonómica correspondiente la finalización del proceso de grabación y las incidencias detectadas en el mismo.
3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de gestión las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior del alumnado inscrito en algún curso.
6. El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente de la que dependa el centro, para su revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposición.
7. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Secretaría autonómica correspondiente la cual comunicará a los centros la conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer.
3. Los centros asumen el compromiso de gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su finalidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas y los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente a la que pertenezcan los citados centros.
4. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras en el programa de gratuidad de los libros de texto, correspondiéndoles las obligaciones que se recogen en los artículos 10, 11 y 12 de la presente Ley.
a) Los Directores y Directoras de los centros docentes entregarán a los representantes legales del alumnado beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros.
b) Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno o de la alumna el "recibí" en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la factura para su posterior reintegro.
c) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas, a nombre de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente, figurando entre paréntesis el nombre del centro docente y el del alumno o alumna, acompañándolas de los respectivos Cheque-Libros debidamente cumplimentados y sellados. Si el número de cheque- libros en un establecimiento fuese superior a diez, se podrá presentar en el centro una única factura por el importe total, adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el importe que corresponde a cada uno.
a) Los Directores y Directoras de los centros docentes, una vez autorizada por la Secretaría Autonómica competente la reposición de los libros de texto y con anterioridad al comienzo del curso escolar, procederán a comprar los correspondientes libros de texto.
b) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas a nombre de la Consejería de la Comunidad Autónoma competente figurando entre paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas.
1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en la presente Orden figurará aparte en una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un registro de gastos.
2. La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del curso correspondiente, mediante la aprobación por el Consejo Escolar de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto.
4. Los justificantes originales y demás documentación original de carácter económico del gasto realizado se custodiarán por los centros, quedando a disposición de las instituciones competentes.
1. La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible con la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier otra Entidad Pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, autonómicos o internacionales, deberá ser comunicada a la Administración educativa, de inmediato y por escrito.
Artículo 14. Gestión y supervisión del programa de gratuidad en el Estado.
1. Para el seguimiento, valoración y evaluación del desarrollo del Programa de Gratuidad, se constituirá una Comisión Estatal de Seguimiento, presidida por el Secretario de Estado competente, o persona en quien delegue, y compuesta por:
- La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Ministerio de Cultura.
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa del Ministerio de Cultura.
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado del Ministerio de Cultura.
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Dirección General de Planificación y Centros del Ministerio de Cultura.
- Un funcionario o funcionaria con rango de Jefe de Servicio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura.
- Un inspector o inspectora de la Inspección Central del Ministerio de Cultura.
- Los Jefes y Jefas de Servicio de Ordenación Educativa de las Comunidades autónomas.
- Tres representantes de las Organizaciones de Editores y Libreros de España.
2. Con objeto de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres, se actuará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007.
3. La Comisión Estatal de Seguimiento podrá funcionar en pleno o en Comisión Permanente.
5. La Comisión Permanente tendrá la composición y atribuciones que determine el pleno, existiendo representación de todos los grupos presentes en la Comisión Estatal de Seguimiento, y se reunirá cuantas veces sean necesarias para realizar las funciones que le sean delegadas por el mismo en el ámbito de sus competencias.
6. En todo lo no previsto expresamente en esta Ley la Comisión Estatal de Seguimiento se regirá por las normas reguladoras de los órganos colegiados, establecidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La implantación del programa de gratuidad de libros de texto para la Educación Obligatoria estará concluida en el curso 2018/2019.
1. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como tal, que esté cursando la enseñanza básica en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria o Educación Secundaria y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la dotación anual que se determine para la adquisición de dicho material.
Si a lo largo del curso escolar se produce la incorporación de alumnado a un centro docente que suponga la necesidad de adquisición de nuevos libros de texto, se abonará a los centros las cantidades que correspondan para la compra de los mismos. Los pagos se realizarán, previa solicitud del centro dirigida al titular de la Consejería competente en la Comunidades Autónomas. Junto con la solicitud, el centro acompañará la justificación del gasto y la documentación acreditativa de que el alumno o alumna ha formalizado la inscripción en el centro.
5. Las condiciones de conservación y utilización de los materiales por parte del alumnado serán las recogidas en el artículo 4 de la presente Ley.
6. La dotación de materiales curriculares nuevos a los centros, así como la reposición de los mismos, se realizará en los mismos plazos y con el mismo procedimiento establecido para los libros de texto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley. Asimismo, la transferencia del importe de los materiales curriculares a los centros docentes se realizará tal como establece el artículo 9 de esta Ley.
7. Para la adquisición de los nuevos materiales curriculares, así como para la reposición de los mismos, los centros seguirán el procedimiento establecido en el artículo 11 de la presente Ley.
8. La justificación de las cantidades recibidas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la presente Ley.
9. Los aspectos recogidos en los artículos 5, 13, 14 y 15 y en las disposiciones adicionales segunda y tercera de la presente Ley serán, asimismo, de aplicación en el supuesto regulado en la presente Disposición Adicional.
En el caso de que un centro docente sostenido con fondos públicos opte por utilizar materiales de elaboración propia para el desarrollo del curriculum presentará su proyecto de trabajo de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Consejería autonómica competente en materia de Educación.
El alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial sostenidos con fondos públicos que esté cursando el período de formación básica de carácter obligatorio queda incluido en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
Los centros privados concertados adecuarán el contenido de la presente Ley a su organización y competencias de sus órganos de gobierno, en consideración a la legislación específica que los regula.
1. Con objeto de informar al alumnado que participe en el programa de gratuidad de libros de texto, se autoriza a aquellas librerías o establecimientos comerciales que colaboren con el Ministerio de Educación admitiendo la tramitación de los Cheque-Libros como forma de pago de los libros de texto, a exponer en lugar visible la aceptación de esta forma de pago incluyendo, al menos, el siguiente texto: "Aceptamos como forma de pago para la adquisición de libros de texto el Cheque-Libros emitido por el Ministerio de Educación.
2. Las Delegaciones Autonómicas de Educación atenderán cualquier consulta que pudiera plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere la presente Ley, arbitrarán las medidas necesarias para difundir toda la información pertinente entre los centros docentes afectados e informarán y asesorarán a los centros educativos sobre las estrategias para la mejor gestión y supervisión de los libros de texto.
4. Los Directores y Directoras de los centros docentes dispondrán lo necesario para que la presente Ley sea conocida por todos los sectores de la comunidad educativa del centro. Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.
Se autoriza al Gobierno de España a desarrollar la presente Ley mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
por Zeo Borras el Miér 21 Feb 2018 - 20:17
Proposición de Ley de Modificación de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades, para aumentar el tipo de gravamen de determinadas operaciones.
Se modifica el articulo 29 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, quedando establecido de la siguiente forma:
1. El tipo general de gravamen para los contribuyentes de este Impuesto será el 35 por ciento.
No obstante, las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo del 20 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior.
2. Tributarán al 25 por ciento las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general.
Las cooperativas de crédito y cajas rurales tributarán al tipo general, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 35 por ciento.
3. Tributarán al cero por ciento las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
4. Tributarán al tipo del 5 por ciento:
a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número de
accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4.
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que se
refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto.
Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
5. Tributarán al tipo del cinco por ciento los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
6. Tributarán al tipo del 33 por ciento las entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
A las entidades que desarrollen exclusivamente la actividad de almacenamiento de hidrocarburos propiedad de terceros no les resultará aplicable el régimen especial establecido en el Capítulo IX del Título VII de esta Ley y tributarán al tipo del 30 por ciento.
por Jesús Aguilar el Lun 9 Abr 2018 - 21:33
La Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, envía la propuesta del Gobierno De España que fue aprobada por la cámara baja por mayoría
por Jesús Aguilar el Miér 18 Abr 2018 - 18:58
por Teresa Aguirre el Mar 8 Mayo 2018 - 20:43
por Jesús Aguilar el Dom 10 Jun 2018 - 21:21
Presidenta del Grupo Parlamentario Socialista

References: artículo 6
 artículo 304
 artículo 5
 artículo 304
 artículo 304
 artículo 304
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 33
 artículo 10

Artículo 14
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 Real Decreto 
in fine
 artículo 9
 Real Decreto