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Timestamp: 2019-08-21 04:45:14+00:00

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Actualizacion Normativa al 06 de Agosto de 2018 | Bolivie | Budget
Cartilla Nº 175 De Novedades Legales
Titre original : Actualizacion Normativa al 06 de Agosto de 2018
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SILEG CORPORATIVO - ACTUALIZACIÓN NORMAS QUE SE INCORPORAN A LAS BASES DE DATOS AL 06 DE AGOSTO DE 2018
DECLARA EL 15 DE MARZO DE CADA AÑO, COMO “DÍA
NACIONAL DEL TRABAJADOR EN ASEO URBANO Y RELLENO SANITARIO.
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE
DE BOLIVIA A LA “BASÍLICA MENOR DE SAN FRANCISCO”,
COMO TEMPLO MAYOR DE LOS ANDES, EL CENTRO
CULTURAL “MUSEO SAN FRANCISCO" Y EL "CONVENTO
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL DE
BOLIVIA, AL “RITUAL DE LOS YARITUSES”, DEL
MUNICIPIO DE SAN JAVIER.
AUTORIZA AL SERVICIO PLURINACIONAL DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA EL INCREMENTO DE LA SUBPARTIDA DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA.
AUTORIZA AL INSTITUTO
OCUPACIONAL - INSO, EL INCREMENTO DE LAS
SUBPARTIDAS DE CONSULTORÍAS.
MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N 0986.
APRUEBA: EL INCREMENTO SALARIAL PARA LA GESTIÓN 2018 PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS EN LAS CUALES EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO TENGA
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA MAYORITARIA
3616 12/07/2018
3617 12/07/2018
3618 12/07/2018
3619 12/07/2018
3620 18/07/2018
AUTORIZA AL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL - TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EL INCREMENTO DE LAS PARTIDAS DE CONSULTORÍAS.
3621 18/07/2018
DIFIERE LAS ALÍCUOTAS DEL GRAVAMEN ARANCELARIO A LA IMPORTACIÓN DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO.
3622 24/07/2018
3623 25/07/2018
AUTORIZA LA EXENCIÓN DEL PAGO TOTAL DE LOS TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN A LA DONACIÓN DE MERCANCÍAS A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD.
3624 25/07/2018
DECLARA DE PRIORIDAD E INTERÉS NACIONAL LA REALIZACIÓN DEL “VIII CONGRESO MUNDIAL SOBRE CAMÉLIDOS BOLIVIA 2018”.
3625 25/07/2018
AUTORIZA A LA ADUANA NACIONAL, LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE UNA FRACCIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE SU PRIORIDAD, A LA AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO – AISEM.
3626 25/07/2018
MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N 1980, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N 3514.
3627 25/07/2018
MODIFICA EL DS N 3227, OTORGANDO EL CARÁCTER CORPORATIVO A LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB.
3628 25-07-2018
3629 25-07-2018
3630 27-07-2018
3631 01-08-2018
DECLARA DE INTERES DEL NIVAL CENTRAL DEL ESTADO EL EQUIPAMINIENTO COMO COMPONENTE DE LA INFRASTRUCTURA HOSPITALARIA DE TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y AUTORIZA A LA AGENCIA DE INFRACESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MEDICO – AISEM LA CONTRATACION DERICTA DE BIENES Y SERVICIO PARA EL EQUIPAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA INSFRASTRUCTURA HOSPITALARIA DE TRECE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS DE SEGURO Y TERCER NIVEL.
AUTORIZA LA COMPRA DE VEHICULOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO.
AUTORIZA AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICOS Y VIVIENDA, EL INCREMENTO DE LA SUBPARTIDA DE AUDITORIA EXTERNAS.
CREA LA ADMINISTRACION DE TERMINAL TERRESTRE
LEVANTA DE MANERA EXCEPCIONAL LA PROHIBICION DEL ARTÍCULO 5 DEL DS N EN LOS POLIGONOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA Y PARTYE DE IXAMAS DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
ESTABLECE UN SISTEMA DE CONTROL DENTRO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE CONSTRIBUIRÁ A EVITAR EL CONTRABANDO DE PRODUCCION AGROIPECUARIA.
ESTABLECE EL APORTE
CONTRATACIÓN DIRECTA A LA ENTIDAD PUBLICA DESCONCENTRADA UNIDAD EJECUTORA DE POZOS – UE-POZOS.
POSIBILITA EL ACCESO DEL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO – SOCIEDAD ANONIMA MIXTA – BDP – S.A.M. A LOS FONDOS DE GANADERIA DE CREDITO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO.
PROMUEVE LA ACTIVIDADES ACONOMICAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS COMUNITARIAS – OECOM-S
REALIZA MODIFICACIONES AL REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N 25870.
AUTORIZA AL INSTITUTO NACIONAL DE INMOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL – INIAF, INCREMENTAR LA SUBPARTIDA DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA.
MODIFICA EL PARRAGRAFO I DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DEL DECRETO SUPREMO N3468.
LEY Nº 1077 LEY DE 11 DE JULIO DE 2018
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CIONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ARTICULO UNICO. Se declara el 15 de marzo de cada año, como “Día Nacional de la trabajadora y el trabajador en aseo Urbano y Relleno Sanitario”, en reconocimiento a
la sacrificada labor de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos que se dedican a este noble y respeto oficio.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, Margarita del C. Fernández Claure, Alicia Canqui Condori.
LEY Nº 1078 LEY DE 11 DE JULIO DE 2018
ARTICULO 1. Declarase Patrimonio Cultural material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia a:
a) La “Basílica Menor de San Francisco”, Templo Mayor de Los Andes;
c) El Convento de San Francisco”;
ARTICULO 2. El Organo Ejecutivo a atravesé del Ministerio de Cultura y Turismo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamento de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco de sus competencias, podrán implementar planes y programas de promoción, conservación y protección de la “Basílica Menor de San Francisco” – templo Mayor de los Andes, del Centro Cultural “Museo San Francisco”, y del “Convento de San Francisco”.
LEY Nº 1079 LEY DE 11 DE JULIO DE 2018
ARTICULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado plurinacional de
Bolivia, al “Ritual de los Yarituses”, del Municipio de San Javier, Provincia Ñuflo de
Chávez del Departamento de santa cruz; expresada atreves de su indumentaria, música danza, coreografía y vestuario.
ARTICULO 2. El Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, en el marco de sus competencias establecidas en
la normativa vigente, podrán formular política de promoción y conservación del “ritual de Los Yarituses”.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
LEY Nº 1080
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PRURINACIONAL
LEY DE CIUDADANIA DIGITAL
ARTICULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la ciudadanía digital en el Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTICULO 2. (ALCANCE). La presente Ley es aplicable para todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, y las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, en todos los Órganos y niveles de gobierno. Su implementación será paulatina conforme a la capacidad institucional de las mismas.
ARTICULO 3. (MARCO CONSTITUCIONAL). La presente Ley se enmarca en los Artículos 21 numeral 6, 24, 103 Parágrafo II, y en la competencia exclusiva establecida en el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado.
ARTICULO 4. (CIUDADANIA DIGITAL).
I. La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso
de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con
las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado.
ARTICULO 5. (EJERCICIO DE LA CIUDADANIA DIGITAL).
I. Las bolivianas y los bolivianos, extranjeros residentes en Bolivia, mayores de dieciocho (18) años de edad, y aquellos menores de edad conforme a la capacidad que les reconozca el ordenamiento jurídico, mediante el registro ante las entidades responsables, deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales solo podrán ser administradas por el interesado.
II. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC, desarrollará los lineamientos técnicos del registro para el acceso a la ciudadanía digital.
III. Las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos, deberán compartir datos e información que generen en el marco de la ciudadanía digital a los
fines establecidos en la presente Ley y en observancia a su normativa específica, a través de mecanismos de interoperabilidad.
ARTICULO 6. (GESTIONES DIGITALES). La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, de manera Segura, confiable e ininterrumpida, las siguientes
b) Acceder a servicios de la administración pública y privada que presten
c) Formar parte de espacios de participación y control social, y acceder a la
información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas materias;
ARTICULO 7. (PAGO DE TRAMITES O SERVICIOS). En el caso de los trámites o servicios que tengan un costo, los pagos podrán realizarse a través de medios digitales.
ARTICULO 8. (VALIDEZ JURIDICA).
II. Los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital, o firmados
digitalmente, deben ser aceptados o procesados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones, deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma.
IV. Sin perjuicio de lo establecido en normativa específica, las instituciones públicas y
privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, podrán realizar
notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el documento se tendrá por notificado el momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado.
ARTICULO 9. (RESPONSABILIDAD). Las y los administrados son responsables del uso y manejo de sus credenciales para el ejercicio de la ciudadanía digital.
ARTICULO 10. (IMPLEMENTACION). La AGETIC establecerá y dirigirá los lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital, en tal sentido:
1. Las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos delegados por el Estado, tienen la obligación de generar condiciones y herramientas para el acceso a
ciudadanía debiendo adaptar sus procesos y procedimientos a los lineamientos y estándares técnicos establecidos por la AGETIC, en el marco de la presente Ley.
ARTICULO 11. (PROHIBICIONES Y SANCIONES). El uso indebido, suplantación, alteración, modificación o venta de credenciales, datos o información, serán sancionados conforme a normativa vigente.
(PROTECCION
II. El incumplimiento de la anterior previsión, será sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos delegados por del Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma.
UNICA. La implementación de ciudadanía digital en las instituciones públicas, será financiada al interior de su presupuesto institucional y no comprometerá recursos adicionales al Tesoro General de la Nación — TGN.
Estado, generarán
mecanismos que garanticen la implementación práctica y el acceso a la ciudadanía digital, en el plazo máximo de un (1) año a partir que la AGETIC publique los
lineamientos y estándares técnicos a ser adoptados para la implementación de ciudadanía digital.
Remítase al Organo Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, Erwin Rivero Ziegler, Sebastián Teixeira Rojas, Raúl Rocha Ayala.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de julio del año
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana PradoNoya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño.
DECRETO SUPREMO Nº 3609 DE 4 DE JULIO DE 2018
Que el Parágrafo II del Artículo 121 de la Constitución Política del Estado, señala que la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 321 del Texto Constitucional, determina que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.
Administración Presupuestaria, establece que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus
Que el Artículo 2 de la Ley N O 464, de 19 de diciembre de 2013, señala que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, encargado de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 2 del Decreto Supremo N O 2094, de 27 de agosto de 2014, determinan que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, tendrá presencia en todo el territorio boliviano, con domicilio legal en la ciudad de La
Paz como sede principal; y que las oficinas de Coordinación Departamental, con sedes en las capitales de Departamentos y sus representaciones en los asientos judiciales de las provincias con mayor carga procesal serán implementados de manera gradual.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, que reglamenta la aplicación de la Ley N O 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, determina que en el marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la inscripción y/o incremento de las partidas de gasto 25200 "Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones", 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables" y 46000 "Estudios y Proyectos para Inversión", con recursos de financiamiento externo de crédito, donación, y su contraparte nacional establecidos en los convenios específicos, no amerita Decreto Supremo. Para las demás fuentes de financiamiento el incremento de estas partidas deberá aprobarse mediante Decreto Supremo.
Que el Artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3448, establece que la definición de las remuneraciones de los consultores individuales de línea, debe estar establecida en función a la escala salarial; para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad, elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la Unidad Jurídica y con Visto Bueno (Vo.Bo.) de la Máxima Autoridad Ejecutiva — MAE.
Que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, requiere contratar consultores individuales de línea, a fin de proporcionar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a las víctimas de escasos recursos.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima el incremento de la sub-partida de Consultores Individuales de Línea para proporcionar asistencia jurídica en el área penal psicológica y social a las víctimas de escasos recursos.
ARTICULO 2.- (CONSULTORIAS). Se autoriza al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, incrementar en la gestión 2018, la sub-partida 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs. 275.044 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS), financiado con fuente 41 "Transferencias TCJN" y organismo 111 "Tesoro General de la Nación", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la sub-partida 26990 "Otros", para la apertura de las Coordinaciones Departamentales en Potosí y Tarija, y el fortalecimiento de las de Chuquisaca, Oruro y Cochabamba, mismas que brindarán asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a las víctimas de escasos-recursos.
de Justicia y Transparencia
Institucional, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3610 DE 4 DE JULIO DE 2018
Que los numerales 1 y 5 del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona con discapacidad goza del derecho a ser protegido por su familia y por el Estado; y al desarrollo de sus potencialidades individuales.
Que el inciso a) del Artículo 3 de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo" abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas, ratificada y aprobada por Ley Nº 4024, de 15 de abril de 2009, determina como principio el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; asimismo, el numeral I del Artículo 4 de la Convención, establece que los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
Que el Artículo 12 de la Convención, señala que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y para asegurar el ejercicio de este derecho, deben adoptar medidas de apoyo pertinentes y salvaguardias adecuadas y efectivas.
Que el inciso a) del Artículo 2 de la Ley Nº 223, de 2 de marzo de 2012, General para Personas con Discapacidad, establece como fin de la citada Ley promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.
Que el Artículo 12 del Decreto Supremo N O 3437, de 20 de diciembre de 2017, que
reglamenta la Ley N O 977, de 26 de septiembre de 2017, de Inserción Laboral y de
Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, tuvo diversas interpretaciones
que dificultaron el cobro del bono mensual a personas mayores de edad con
discapacidad intelectual y mental o psíquica grave y muy grave, por lo que es necesario aprobar un Decreto Supremo que aclare la normativa referida.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo, tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N O 3437, de 20 de diciembre de 2017.
ARTICULO 2.- (MODIFICACION). Se modifica el Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 12.- (REQUISITOS COMUNES PARA EL COBRO DEL BONO MENSUAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE). Para el cobro del bono mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave, los gobiernos autónomos municipales verificarán que la
beneficiaria o beneficiario se encuentre habilitada en la plataforma “EUSTAOUIO – MENDEZ” hasta el día 20 del mes anterior. La beneficiaria o beneficiario presentará
a) Carnet de discapacidad vigente hasta el último dia hábil del mes precedente a cumplir los sesenta (60) años;
b)Cédula de identidad vigente”.
ARTICULO 3.- (INCORPORACION).
I. Se incorpora el Artículo 13 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017. Con el siguiente texto:
“ARTICULO 13.- (REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS PADRES O MADRES, GUARDADORAS O GUARDADORES Y TUTORAS O TUTORES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE). En caso de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del bono mensual, los gobiernos autónomos municipales solicitarán a la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor, adicionalmente a los requisitos establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, los siguientes documentos:
a) Certificado de nacimiento original que acredite ser padre o madre de la niña, niño y adolescente; u,
b) Original o copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento como
guardadora, guardador, tutora o tutor”.
II. Se incorpora el Artículo 14 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 14.- (REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MENTAL O PSIQUICA GRAVE YMUYGRAVE).
I. Las personas mayores de edad con discapacidad intelectual y mental o psíquica grave y muy grave, podrán cobrar por sí mismas el bono mensual, presentando los requisitos establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo.
II. Las personas mayores de edad con discapacidad intelectual y mental o psíquica grave y muy grave, presentando los requisitos establecidos en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, de manera optativa podrán cobrar el bono mensual con apoyo de:
a) Su cónyuge, madre, padre, hermano, hermana, abuela, abuelo, hijas, hijos, nietas, nietos, yerno, nuera, suegra o suegro;
b) Personal autorizado de instituciones públicas de protección a las personas con discapacidad;
c) Personal autorizado de albergues, centros de acogida o centros de salud mental, acreditados conforme a normativa vigente, al que asisten o en el que residen, según corresponda.
Las personas y personal referido en los incisos a), b) y c) del presente Parágrafo deberán ser identificados con el documento que corresponda, quedando constancia del acompañante.
III. En caso de personas mayores de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica grave y muy grave, que no puedan efectuar el cobro del bono mensual por sí mismas. lo hará la madre o el padre a cargo, solicitando adicionalmente a los requisitos mencionados en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, el certificado de nacimiento original del beneficiario.
IV. En caso que la persona mayor de edad con discapacidad intelectual, mental o psíquica grave y muy grave cuente con tutor o tutora, este último presentará adicionalmente a los requisitos mencionados en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, la resolución judicial de nombramiento en original o fotocopia legalizada.”
III. Se incorpora el Artículo 15 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 15.- (REGISTRO DE INFORMACION). Realizada la presentación y verificación de los documentos descritos en los Artículos 13 y 14, los gobiernos autónomos municipales registrarán la información de la madre, el padre, guardadora, guardador, tutora o tutor en la plataforma "EUSTAQUIO MOTO – MENDEZ”.
IV. Se incorpora el Artículo 16 en el Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 16.- (PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES). Los gobiernos autónomos municipales podrán definir los procedimientos necesarios en el marco de sus competencias y la normativa vigente para asegurar el pago efectivo a las personas con discapacidad que no puedan movilizarse, que se encuentren en albergues, centros de acogida, situación de calle u otros.”
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- se deroga la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Supremo Nº 3437, de 20 de diciembre de 2017.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3611 DE 4 DE JULIO DE 2018
Que los numerales 2, 4 y 6 del Artículo 316 de la Constitución Política del Estado, determinan como funciones del Estado, dirigir la economía y regular conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; participar directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control oligopólico de la economía; y promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población.
Que la Ley Nº 232, de 9 de abril de 2012, del Fondo para la Revolución Industrial Productiva — FINPRO, establece los mecanismos de financiamiento y asignación de sus recursos para emprendimientos productivos.
Que el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 1367, de 3 de octubre de 2012, que reglamenta la Ley Nº 232, dispone que una vez que los emprendimientos productivos cuenten con la homologación respectiva por parte del Comité, la asignación de recursos deberá ser aprobada mediante Decreto Supremo, a ser tramitado de acuerdo a normativa vigente. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 7 del citado Decreto Supremo, establece que cada Decreto Supremo incorporará el plazo, taza de interés, forma de pago que se aplicará al financiamiento de cada emprendimiento.
Que el Decreto Supremo Nº
de 18 de septiembre
de 2013, autoriza la
asignación de recursos, estableciendo las condiciones del préstamo de recursos financiados por el FINPRO, a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas SEDEM, para la Empresa Pública Productiva Cementos de
Bolivia — ECEBOL, para la implementación, operación y puesta en marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de Oruro”.
Que es necesario modificar las condiciones de préstamo de recursos financiados por el FINPRO, a favor del SEDEM, para la ECEBOL, para la implementación,
operación y puesta en marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de
Oruro”.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N O 1734, de 18 de septiembre de 2013.
ARTICULO 2.- (MODIFICACION). Se modifica el Parágrafo I del Altículo 3 del Decreto Supremo Nº 1734, de 18 de septiembre de 2013, con el siguiente texto:
“I. El contrato de préstamo deberá establecer un plazo de veinte (20) años con cinco (5) años de gracia a capital.”
DISPOSICION FINAL UNICA.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, se autoriza al Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta — BDP - S.A.M. y entidades involucradas, realizar las modificaciones necesarias al Contrato de Préstamo suscrito con el SEDEM, con recursos del Fideicomiso del FINPRO, para la implementación, operación y puesta en marcha de la "Planta de Cemento en el Departamento de Oruro”.
DECRETO SUPREMO Nº 3613 DE 11 DE JULIO DE 2018
Que el numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 46 de la Constitucional Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o
salario justo, equitativo existencia digna.
y satisfactorio, que
Que el Articulo 5 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, determine que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
Que el Parágrafo II del Artículo 5 de Ley Nº 856, de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado Gestión 2017, vigente por el inciso r) de la Disposición Final Carta de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, dispone que las entidades públicas
podrán contratar de forma excepcional
y con carácter temporal Consultores
Individuales de Línea, previa justificación, para el desarrollo de funciones sustantivas o programas específicos.
Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supre3mo Nº 26119, señala que el INSO, como Institución Publica Descentralizada, que asume funciones operativas especializadas delegadas por el Ministerio de Salud y Previsión Social, actual Ministerio de Salud, en el marco de la estructura del Poder Ejecutivo, actual Organo Ejecutivo.
Que el Articulo 3 del Decreto Supremo Nº 20119, señala que el INSO, como Institución Publica descentralizada, tiene la competencia de normar las actividades de salud ocupacional y de ambiente de trabajo, con la atribución general de controlar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, en el marco de la normativa vigente.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, establece que en marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la inscripción y/o incremento de las partidas de gasto “25200 Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables” y 46000 "Estudios -y Proyectos para Inversión” con recursos de financiamiento externo de crédito, donación, y su contraparte nacional establecidos en los convenios específicos, no amerita Decreto Supremo. Para las demás fuentes de financiamiento el incremento de estas partidas deberá aprobarse mediante Decreto Supremo.
Que el Artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3448, determina que la definición de las remuneraciones de los consultores individuales de línea, debe estar establecida en función a la escala salarial; para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad, elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la Unidad Jurídica y con Visto Bueno (Vo.Bo.) de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE.
Que el INSO, Institución Pública Descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Salud, requiere contratar consultores para realizar actividades sustantivas en materia de Salud Ocupacional a nivel nacional.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Instituto Nacional de Salud Ocupacional — INSO, el incremento de las sub-partidas de consultorías para realizar actividades sustantivas en materia de Salud Ocupacional a nivel nacional.
ARTICULO 2.- (CONSULTORIAS). Se autoriza al INSO, incrementar en la gestión 2018, las subpartidas:
a) 25210 “Consultorías por Producto” en Bs. 33.000.- (TREINTA Y TRES MIL 00/100 BOLIVIANOS);
b) 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs. 328.504.- (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00/100 BOLIVIANOS).
El incremento de las subpartidas señaladas precedentemente, será financiado con Fuente 20 "Recursos Específicos" y Organismo 230 "Otros Recursos Específicos", a través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 26990 "Otros", para realizar actividades sustantivas en materia de Salud Ocupacional a nivel nacional.
FDO. EVO MORALES AYMA, Femando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3614 DE 11 DE JULIO DE 2018
Que los Parágrafos I
19 de la Constitución Política
disponen que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; y el Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.
Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural.
Que el Decreto Supremo Nº 0986, de 21 de septiembre de 2011, crea la Agencia
Estatal de Vivienda — AEVIVIENDA, como entidad encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Parágrafo II del Artículo 34 de la Ley Nº 342, de 5 de febrero de 2013, establece que el Estado diseñará políticas de acceso a la vivienda y vivienda social para las jóvenes y los jóvenes de menores ingresos económicos; grupos vulnerables, matrimonios jóvenes, uniones libres o de hecho, padres y madres solteras.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 0986, de 21 de septiembre de 2011.
ARTICULO 2.- (MODIFICACION). Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 0986, de 21 de septiembre de 201 1, con el siguiente texto:
“I. Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte
patronal público y privado para vivienda, serán depositados en el Fideicomiso a constituirse en el Banco Unión S.A. y estarán destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda de la AEVIVIENDA y sus costos de operación y administración. Las soluciones habitacionales producto de estos programas y/o proyectos podrán ser
otorgadas, dotadas y/o transferidas bajo las modalidades de subsidio, crédito o mixto,
prevenía y venta al contado. Las modalidades de preventa y venta al contado podrán aplicarse únicamente en programas y/o proyectos de soluciones habitacionales en
áreas urbanas.”
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, la AEVIVIENDA y el Fiduciario suscribirán la adenda al Contrato del Fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo Nº 0986, en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles, a partir de su publicación.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- La AEVIVIENDA, en su calidad de Fideicomitente, instruirá al Fiduciario realizar la venta al contado de parqueo a los beneficiarios de las soluciones habitacionales, siempre y cuando el parqueo se encuentre en el mismo lugar físico de la solución habitacional.
DECRETO SUPREMO Nº 3615 DE 11 DE JULIO DE 2018
Que los Parágrafos I y VII del Artículo 17 de la Ley Nº 614, de 3 de diciembre de 2014, del Presupuesto General del Estado Gestión 2015, vigentes por el inciso n) de la Disposición Final Cuarta de la Ley N O 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, señalan que la remuneración máxima en el sector público, no podrá ser igual ni superior a la establecida para el Presidente del Estado Plurinacional. Se exceptúa a los servidores públicos que prestan servicios
en el exterior del país; y las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas — EPNE, excepcionalmente, en casos de personal especializado en áreas estratégicas, podrán incorporar en sus Escalas Salariales, niveles de remuneraciones mayores al establecido para el Presidente del Estado Plurinacional, debiendo ser aprobadas expresamente mediante Decreto Supremo.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 13 de la Ley Nº 975, de 13 de septiembre de 2017, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2017, vigente por el inciso s) de la Disposición Final Cuarta de la Ley Nº 1006, señalan que el incremento salarial de las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta - S.A.M., Sociedad Anónima — S.A. o Sociedad de Responsabilidad Limitada — S.R.L., en las que el Estado posea participación accionaria, será aprobado mediante Decreto Supremo específico; y los requisitos y parámetros para el mencionado incremento, serán reglamentados por el Organo Ejecutivo considerando su naturaleza jurídica.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2348, de I de mayo de 2015, establece que el incremento salarial para las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, será autorizado mediante Decreto Supremo expreso; asimismo, el Artículo 3 del citado Decreto Supremo, señala que el porcentaje de incremento salarial no podrá ser superior al incremento salarial aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta y
disponibilidad financiera de cada empresa.
Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2348, señala que para ser beneficiarias del incremento salarial, las Empresas Públicas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos
tres (3) años; b) Haber generado utilidad operativa en la gestión anterior; y c) El incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio; no debiendo implicar ajuste en los precios de los productos o servicios prestados ni uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital del Tesoro General de la Nación — TGN u otros recursos de carácter no recurrente.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, establecen que las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta — S.A.M., Sociedad Anónima — S.A. o Sociedad de Responsabilidad
Limitada — S.R.L., en las que el Estado posea participación accionaria, para beneficiarse del incremento salarial deberán presentar a su Ministerio Responsable del Sector, la solicitud de incremento salarial acompañada de la autorización de su Máxima Instancia Resolutiva, Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo de dos gestiones anteriores, dictamen de auditoría externa y otra información que considere pertinente; asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para tres (3) años;
b) Presentar utilidad en la pasada gestión; y c) El incremento salarial deberá ser
financiado con ingresos generados en la operación del giro del negocio, por lo que no
debe implicar ajuste en los precios se los productos o servicios prestados, uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de capital u otros recursos no recurrentes.
Que el inciso b) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3545, de I de mayo de 2018, aprueba el incremento salarial de hasta el cinco punto cinco por ciento (5.5%), para las entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Organo Ejecutivo del nivel central del Estado.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, en el marco de la normativa vigente, aprobar:
a) El incremento salarial para la gestión 2018 para las Empresas Públicas y las
empresas en las cuales el nivel central del Estado tenga participación accionaria mayoritaria;
b) La escala salarial para el Personal Especializado de la Empresa Pública Nacional
Estratégica Boliviana de Aviación BOA.
ARTICULO 2.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS). Se aprueba el incremento salarial de hasta:
a) Cinco coma cinco por ciento (5,5%) para las servidoras y los servidores públicos de
la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia — ASP-B;
b) Cuatro coma tres por ciento (4,3%) inversamente proporcional para las servidoras y
los servidores públicos de Depósitos Aduaneros Bolivianos - DAB.
ARTICULO 3.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICION DEL MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA).
a) Cinco por ciento (5%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa
Minera Huanuni;
b) Cinco coma cuarenta y nueve por
ciento (5,49%) para las trabajadoras y los
trabajadores de la Administración Central de la Corporación Minera de Bolivia –
COMIBOL;
c) tres coma seis por ciento (3,6%) para las trabajadoras y los trabajadores de la
Empresa Minera Colquiri;
b) Cinco coma cuarenta y nueve por ciento (5,49%) para las trabajadoras y los
trabajadores de la Empresa Minera Corocoro;
e) Tres por
ciento (3%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa
Metalúrgica Vinto.
ARTICULO 4.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGIAS).
a) La Empresa Nacional de Electricidad — ENDE Matriz, que será aplicado a partir del
nivel 5 hasta el nivel 19 de la escala salarial vigente;
b) Las Empresas Filiales y Subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE
Corporación, al salario básico y de acuerdo a su escala salarial vigente.
ARTICULO 5.- (INCREMENTO SALARIAL Y ESCALA SALARIAL DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EMPRESAS BAJO TUICION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA).
a) El personal permanente de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción
Conservación de Infraestructura Civil — EBC;
b) Las trabajadoras y los trabajadores de la Agencia Boliviana Espacial — ABE;
c) Las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por Cable
“Mi Teleférico”.
II. Se aprueba el incremento salarial de hasta el tres por ciento (3%) aplicado de forma inversamente proporcional para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación — BOA, precautelando que no se genere superposición de niveles, ni sobrepase el dos coma dos por ciento (2,2%) de incremento total a la escala salarial vigente.
III. Se aprueba la escala salarial para el Personal Especializado de la Empresa Pública
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación — BOA, correspondiente a la gerencia general y al personal con certificación de piloto de línea aérea, de acuerdo a lo siguiente:
DE REMUNERACION MENSUAL POR
CARGO (BS).
Gerente General 1 22.367 Gerente de Operaciones 1 36.360 Piloto Comandante Instructor de Aeronave Lar o Alcance 7 36.360 Jefe Tripulantes/Jefe Instrucción 2 32.825 Piloto Comandante de Aeronave Largo Alcance 22 32.825
Piloto Comandante Instructor de Aeronave Mediano Alcance 15 32.825 Director de Calidad y Seguridad/Jefe Seguridad de Vuelo 2 28.534 Piloto Comandante de Aeronave Mediano Alcance 44 28.534 Piloto Comandante Instructor de Aeronave Corto Alcance / Jefe de Línea Aeronave Corto Alcance 5 23.230 Piloto Comandante Aeronave Corto Alcance 12 20.907 TOTAL 111
ARTICULO 6.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICION DEL MINISTERIO DE COMUNICACION). Se aprueba el incremento salarial de hasta el cinco coma cinco por ciento (5,5%) para las servidoras y los servidores públicos de la Empresa Estatal de Televisión denominada “BOLIVIA TV”.
ARTICULO 7.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICION DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS). Se aprueba el incremento salarial de hasta:
ciento (4%)
en la escala vigente del personal
Administrativo Operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB Casa Matriz, precautelando que no se genere superposición de niveles salariales;
b) Cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores cuyo haber básico sea
igual o menor a Bs. 20.050 (VEINTE MIL CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) en la
escala vigente del personal de YPFB Andina S.A., YPFB CHACO S.A., YPFB REFINACION S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB TRANSIERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIANO S.A., YPFB Logística S.A., AIR BP BOLIVIA S.A. y COMPAÑIA ELECTRICA CENTRAL BULO BULO S.A., precautelando que no se genere superposición de niveles salariales.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- se deroga el Parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3261, de 26 de julio de 2017.
a) Serán financiados con recursos específicos de cada empresa, según corresponda;
b) Se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018, se exceptúa de la
retroactividad a la escala salarial del Personal Especializado de la Empresa Pública
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BOA.
II. La aplicación de los incrementos salariales establecidos en el presente Decreto Supremo, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de cada empresa.
III. La escala salarial del Personal Especializado de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación — BOA aprobada en el presente Decreto Supremo, será financiada con recursos específicos de la empresa y deberá ser implementada bajo responsabilidad de su MAE.
I. Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo las Empresas Públicas deberán
remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sus escalas salariales modificadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto Supremo, para su correspondiente aprobación.
DISPOSICION FINAL TERCERA.-
I. Se exceptúa de la aplicación del Artículo 46 del Decreto Supremo N O 3448, de 3 de enero de 2018, a las empresas públicas con participación accionaria mayoritaria de las
entidades territoriales autónomas. El incremento salarial para dichas empresas, deberá tomar en cuenta su disponibilidad y sostenibilidad financiera, el límite máximo establecido en el Decreto Supremo de incremento salarial anual, emitido por el nivel central del Estado y será aprobado por la entidad territorial autónoma que tenga mayoría accionaria en la empresa pública.
II. El incremento salarial de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS S.A., en tanto adopte su tipología definitiva, será aprobado por su directorio.
El incremento salarial, deberá tomar en cuenta su disponibilidad y sostenibilidad
financiera y el límite máximo establecido en el Decreto Supremo del incremento salarial anual, emitido por el nivel central del Estado.
I. La aplicación del incremento salarial retroactivo al 1 de enero de 2018, deberá ser
efectivizada hasta el 31 de agosto de la presente gestión, debiendo realizar los aportes
a los entes gestores de seguridad social de corto y largo plazo de acuerdo a normativa vigente.
III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá establecer el plazo para la presentación de la planilla retroactiva del incremento salarial, a cuyo vencimiento aplicará las multas que pudieren corresponder de acuerdo a normativa vigente.
FDO. EVO MORALES AYMA, Femando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado
Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3620 DE 18 DE JULIO DE 2018
EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA CONSIDERAND O:
Que el Parágrafo II del Artículo 205 de la Constitución Política del Estado, señala que la jurisdicción, competencias y atribuciones del Organo Electoral y de sus diferentes niveles se definen, en la Constitución y la Ley.
Que el numeral I del Artículo 30 de la Ley Nº 018, de 16 de junio de 2010, del Organo Electoral Plurinacional, dispone que el Tribunal Supremo Electoral, con sujeción a las normas vigentes, tiene la atribución de administrar sus recursos humanos, materiales y
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, que reglamenta la aplicación de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, determina que en el marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la inscripción y/o incremento de las partidas de gasto 25200 "Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones",
25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables" y
46000 "Estudios y Proyectos para Inversión", con recursos de financiamiento externo
Que el Artículo 16 del Decreto Supremo N O 3448, establece que la definición de las remuneraciones de los consultores individuales de línea, debe estar establecida en función a la escala salarial; para lo cual, las unidades administrativas de cada entidad, elaborarán el cuadro de equivalencia de funciones que será avalado por la Unidad Jurídica y con Visto Bueno (Vo.Bo.) de la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE.
Que el Organo Electoral Plurinacional Tribunal Supremo Electoral, requiere contratar
Consultorías por Producto y Consultores Individuales de Línea para coadyuvar con el cumplimiento de sus objetivos institucionales en la presente gestión.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Organo Electoral Plurinacional - Tribunal Supremo Electoral el incremento de las partidas de consultorías para coadyuvar con el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
ARTICULO 2.- (CONSULTORIAS). Se autoriza al Organo Electoral Plurinacional - Tribunal Supremo Electoral incrementar, en la gestión 2018, las subpartidas:
a) 25210 “Consultorías por Producto” en Bs. 135.890 (CIENTO TREINTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 BOLIVIANOS);
b) 25220 "Consultores Individuales de Línea" en Bs2.687.809 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00/1 OO BOLIVIANOS).
El incremento de las subpartidas señaladas precedentemente, será financiado con
Fuente 20 "Recursos Específicos" y Organismo 230 "Otros Recursos Específicos", a
través de un traspaso presupuestario intrainstitucional afectando la subpartida 57100 "Incremento de Caja y Bancos", para dar continuidad a las actividades programadas por las Unidades Organizacionales del Organo Electoral Plurinacional y coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia; y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela MINISTRO DE ENERGÍAS E INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta MINISTRO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Wilma Alanoca Mamani, Tito Rolando Montaño Rivera MINISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACIÓN.
DECRETO SUPREMO Nº 3621 DE 18 DE JULIO DE 2018
Que mediante Decisión Nº
Comunidad Andina, se deja sin efecto la adopción del Arancel Externo Común hasta
que se asegure la flexibilidad de arancelarios comunes.
Miembro en la aplicación de niveles
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, y el Artículo 7 de la Ley. Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, disponen que el Poder Ejecutivo actual Organo Ejecutivo podrá establecer mediante Decreto Supremo la alícuota del Gravamen Arancelario, aplicable a la importación de mercancías.
Que el Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007 y sus modificaciones establecen una nueva estructura arancelaria con alícuotas de cero por. ciento (0%), cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%), quince por ciento (15%), veinte por ciento (20%), treinta por ciento (30%) y cuarenta por ciento (40%) para el pago del Gravamen Arancelario.
Que existe la necesidad de implementar medidas arancelarias temporales, a través del diferimiento del Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) a la importación de trigo y harina de trigo.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto diferir las alícuotas del Gravamen Arancelario a la importación de trigo y harina de trigo.
ARTICULO 2.- (ALICUOTA DE GRAVAMEN ARANCELARIO). Se difiere temporalmente a cero por, ciento (0%) el Gravamen Arancelario hasta el 31 de diciembre de 2018, para las mercancías identificadas en las sub-partidas arancelarias que en Anexo adjunto forman parte del presente Decreto Supremo.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Las modificaciones de las alícuotas del Gravamen Arancelario, establecidas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, entrarán en vigencia al vencimiento de los tres (3) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
DISPOSICION FINAL UNICA.- se modifica el inciso b) del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 3615, de 11 de julio de 2018, con el siguiente texto:
“b) Cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores cuyo haber básico sea
igual 0 menor Bs. 24.251 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS) en la escala salarial vigente del personal de YPFB Andina S.A. YPFB CHACO S.A., YPFB REFINACION S.A., YPFB TRANSPORTE S.A., YPFB TRANS/ERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIAIVO SA., YPFB Logística S.A., AIR BP BOLIVIA S.A. y COMPAÑIA ELECTRICA CENTRAL BULO BULO S.A., precautelando
que no se genere superposición de niveles salariales.”
FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela MINISTRO DE ENERGIAS E INTERINO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta MINISTRO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Wilma Alanoca Mamani, Tito Rolando Montaño Rivera MINISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACION.
DECRETO SUPREMO Nº 3623 DE 252 DE JULIO DE 2018
Que el numeral I del Parágrafo I del Artículo 6
de la Ley Nº 2492, de 2 de 2003,
Código Tributario Boliviano, señala que sólo la Ley puede crear, suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto.
Que el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 2492, sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 de la Ley Nº 617, de 17 de diciembre de 2014, Tratamiento Tributario Aplicable a los Convenios, Acuerdos y Otros Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que las donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o aquellas importadas recursos provenientes de cooperación financiera no reembolsable o de donación, exentas del pago total de los tributos aduaneros de importación.
Que los Parágrafos II y III del Artículo 4 de la Ley Nº 617, establecen mercancías señaladas en el Parágrafo I de la citada Ley, podrán ser transferidas gratuito, con la
exención total del pago de tributos aduaneros de importación y del a las transacciones, a los destinatarios finales de proyectos y/o programas, públicas, entidades territoriales, descentralizadas o autónomas; organizaciones productivas, organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales, sin lucro; y para el cumplimiento de los Parágrafos I y II del mencionado exenciones y las transferencias se autorizarán mediante Decreto Supremo.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2308, de 25 de 2015, que reglamenta la Ley Nº 617, determina que la autorización de exención del tributos aduaneros a las mercancías donadas en especie, y aquellas adquiridas extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsable, realizará a través de un Decreto Supremo mensual en el que se consolidarán las de exención que sean presentadas por las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias donaciones hasta el día quince (15) de cada mes. Excepcionalmente, se podrá emitir un Decreto Supremo; cuando la exención tributaria tenga carácter de urgencia y atención inmediata.
Que el Ministerio de Salud presentó solicitud de exención tributaria de a la donación de medicamentos; cumpliendo con la presentación de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente. Por lo que es necesario emitir un Supremo, que autorice la exención del pago total de tributos de importación de la donación mencionada.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud.
ARTICULO 2.- (AUTORIZACION DE EXENCION AL MINISTERIO DE SALUD). Se autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un (1) envío de medicamentos Egaten TAB de 250 mg., donación realizada por la Organización Panamericana de Salud — Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con Parte de Recepción Nº 211 2016 342830 — 001-12800675 a favor del Ministerio de Salud, para el Programa Nacional de Zoonosis Ofidios y Animales Ponzoñosos.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3625
DE 25 DE JULIO DE 2018
Que el numeral II del Parágrafo II del Artículo 298 del Texto Constitucional, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado.
Que el Decreto Supremo Nº 3293, de 24 de agosto de 2017, crea la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico — AISEM, con la finalidad de ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de Institutos de Cuarto Nivel de Salud, en el marco de las competencias otorgadas al Ministerio de Salud.
Que con la finalidad de contar con predios para la construcción con su equipamiento del Hospital Pediátrico de Tercer Nivel en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, es necesaria la aprobación del presente Decreto Supremo.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar a la Aduana Nacional, la transferencia a título gratuito de una fracción del bien inmueble de su propiedad, a – IX Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AISEM, para la construcción con su equipamiento de un Establecimiento de Salud Hospitalario Pediátrico de Tercer Nivel en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz.
ARTICULO 2.- (AUTORIZACION A LA ADUANA NACIONAL). se autoriza a la Aduana Nacional, la transferencia a título gratuito de una superficie de tres coma dos (3,2) Hectáreas de las cuarenta y cuatro (44) hectáreas del bien inmueble de su propiedad, ubicado sobre la Avenida 6 de marzo, Zona Villa Bolívar en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz, inscritas en Derechos Reales con el Folio Real Nº 2.01.4.01.0059952, a favor de la AISEM, destinado a la construcción con su equipamiento de un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario Pediátrico de Tercer Nivel.
DISPOSICIIN ADICIONAL UNICA.- La aplicación del presente Decreto Supremo, no implicará recursos adicionales al Tesoro General de la Nación TGN.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia, en un plazo de hasta sesenta (60) días hábiles, para que la Aduana Nacional realice las gestiones administrativas internas relacionadas con la suscripción de la minuta de transferencia de la fracción del bien inmueble.
DISPOSICION FINAL UNICA.- se incorpora en el Plan de Desarrollo e Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, el proyecto de construcción con su equipamiento de un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario Pediátrico de Tercer Nivel en el Municipio de El Alto del Departamento de La Paz.
DECRETO SUPREMO Nº 3627 De 25 de julio de 2018
Que el Parágrafo I del Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado, asumirá el control y la dirección, sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.
Que los Parágrafos I, II y III del Artículo Un de la Ley Nº 928, de 27 de abril de 2017, crea la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos -YLB, bajo tuición del Ministerio de Energías, en sustitución de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos; responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de
recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización; y desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación cien por ciento (100%) estatal para la producción y comercialización de: Cloruro de Litio, Sulfato de Litio, Hidróxido de Litio y. Carbonato de Litio, Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica. Procesos posteriores de semi- industrialización, industrialización y procesamiento de residuos, se podrán realizar mediante contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras, manteniendo la participación mayoritaria, del Estado.
Que la Ley Nº 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública, establece el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas, estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado.
Que el Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, reglamenta los aspectos relativos al funcionamiento de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos — YLB, en su etapa de implementación, en la forma y alcances establecidos por Ley Nº 928, de 27 de abril de 2017 y demás normativa vigente.
ARTICULO (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, otorgando el carácter Corporativo a la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB.
ARTICULO 2.- (MODIFICACION).
I. Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 2.- (NA TURALEZA).
I. YLB es una Empresa Pública Nacional Estratégica de carácter Corporativo, con personería jurídica propia, de duración indefinida, autonomía de gestión de administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio que pertenece en un cien por ciento (100%) al nivel central del Estado, bajo tuición del Ministerio de Energías.
II. Se modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 3.- (ESTRUCTURA). Para el cumplimiento de sus, objetivos, funciones y atribuciones, YLB estará constituida por una estructura organizacional conformada por un Directorio, una Presidencia Ejecutiva, Gerencias de Área y Órganos Operativos y Administrativos necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades v el logro de sus objetivos empresariales de gestión, que será aprobada por el Directorio.
III. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 3227, de 28 de junio de 2017, con el siguiente texto:
“ARTICULO 5.- (PRESIDENTE EJECUTIVO).
I. La Presidenta o el Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YLB, quien desempeña, sus funciones en exclusiva y a tiempo completo, y tiene como atribuciones establecer y conducir la ejecución de las ter políticas, planes programas, provectos y normativa interna para el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA.- se modifican los Parágrafos II y III del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 26688, de 5 de julio de 2002, complementado y modificado por los Decretos Supremos Nº 0224, de 24 de julio de 2009; Nº 0800, de 23 de febrero de 2011; Nº 1306, de 1 de agosto de 2012; Nº 1972, de 9 de abril de 2014; Nº 1979, del 16 de abril de 2014; Nº 2005, de 21 de mayo de 2014; Nº 2030, de 11 de junio de 2014; Dio Nº 2209, de 10 de diciembre de 2014; Nº 2328, de 15 de abril de 2015, y Nº 2803, de 15 de junio de 2016, con el siguiente texto:
“II. Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, a la el Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos — EBIH; al Servicio Nacional Textil SENATEX; a la Empresa Azucarera San Buenaventura — EASBA: a la Empresa Estatal “YACANA” a la Empresa Estatal “Boliviana de Turismo a la Corporación Minera
de Bolivia COMIBOL v a sus empresas filiales y subsidiarias: a la Administración de
Servicios Portuarios — Bolivia — ASP-B: al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDENI: a la Empresa Nacional de Electricidad Matriz — ENDE; a la Empresa estatal de Televisión denominada “BOLIVIA al Ministerio de Culturas y
Turismo: al Ministerio de Comunicación y a la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos YLB, realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras V servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la entidad.
III. En la contratación de los bienes y servicios especializados y la contratación directa señalada en el Parágrafo precedente, las entidades públicas, YPFB, EBIH; SENATEX; EASBA: YACAIVA; Boliviana de Turismo: COMIBOL y sus empresas filiales subsidiarias; ASP-B: SEDENI: ENDE: BOLIVIA TV; Ministerio de Culturas y Turismo: el Ministerio de Comunicación y YLB podrán adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- El Gerente Ejecutivo de YLB ejercerá las funciones de Presidente Ejecutivo de YLB, en tanto se designe al Presidente Ejecutivo de YLB.
I. Se autoriza a Y LB incrementar la sub-partida 46110 “Consultoría por Producto para
Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado” en un monto de hasta Bs 0
1.000.000,00 (VEINTIUN. MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), para la realización de los estudios de constitución de una empresa mixta a cargo de Y LB en el marco de la normativa vigente.
II. El incremento de la sub-partida señalada en el Parágrafo precedente, será
financiado con fuente 92 “Préstamos de Recursos Específicos” y Organismo 230 “Otros Recursos Específicos a través de un traspaso presupuestario intra-institucional afectando otras partidas de gasto.”
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez,
Carlos Gustavo Romero Bonifaz Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION
SOCIAL E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Rodolfo
Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yáñez, Roberto Iván Aguilar
Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López
Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3631
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y- sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades,
Que la Meta 2 del numeral 3.1. del Pilar 3 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado por Ley Nº 786, de 9 de marzo de 2016, señala como uno de sus resultados, la construcción de cuatro (4) Institutos de 4to. Nivel de Salud, la construcción y ampliación de doce (12) hospitales de 3er. Nivel y la construcción, ampliación y equipamiento de treinta y un (31) hospitales de 2do. Nivel.
Que en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, es necesario declarar de interés del nivel central del Estado el equipamiento como parte de la infraestructura hospitalaria y autorizar las contrataciones directas para el equipamiento de los trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel.
a) Declarar de interés del nivel central del Estado el como componente de la
infraestructura hospitalaria de trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel, que forman parte del Plan de Desarrollo Económico y Social
2016-2020 en el M arco del Desarrollo Integral para Vivir Bien;
b) Autorizar a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AISEM
la contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento como componente de la infraestructura hospitalaria de trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios
ARTICULO 2.- (DECLARATORIA DE INTERES DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO). Se declara de interés del nivel central del Estado el equipamiento como componente de la infraestructura hospitalaria de trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios de Segundo y Tercer Nivel de acuerdo al siguiente detalle:
a) Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Culpina del Departamento de Chuquisaca;
b) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
San Buenaventura del Departamento de La Paz;
c) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el
Achacachi del Departamento de La Paz;
d) Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Sacaba del Departamento de Cochabamba;
e) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Punata del Departamento de Cochabamba;
f) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Capinota del Departamento de Cochabamba;
g) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Aiquile del Departamento de Cochabamba;
h) Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Entre Ríos del Departamento de Cochabamba;
i) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de
Colcha “K” del Departamento de Potosí;
j) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Riberalta del Departamento del Beni;
k) Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Oncológico)
en el Municipio de Tarija del Departamento de Tarija;
l) Un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Gran Chaco) en el Municipio de Yacuiba del Departamento de Tarija;
m) Un (1) Establecimiento de Salud Hospitalario de Tercer Nivel (Hospital Cobija) en el
Municipio de Cobija del Departamento de Pando.
ARTICULO 3.- (CONTRATACION DIRECTA).
I. Se autoriza de manera excepcional a la AISEM la contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento como componente de la infraestructura hospitalaria de los trece (13) Establecimientos de Salud Hospitalarios establecidos en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
II. El procedimiento para la contratación directa de bienes y servicios, será reglamentado por la AISEM mediante Resolución expresa.
son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante.
IV. Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) se solicitará al proveedor el Certificado de Registro Unico de Proveedores del Estado — R UPE, para la formalización de la contratación, según lo establecido en la reglamentación.
V. Una vez realizadas las contrataciones directas, la AISEM deberá:
a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del Estado;
b) Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el Sistema de Contrataciones Estatales — SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).
DISPOSICION ADICIONAL UNICA.- La aplicación del presente Decreto Supremo no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación — TGN.
DISPOSICION FINAL UNICA.- se incorpora en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, el proyecto de construcción con su equipamiento de un (l) Establecimiento de Salud Hospitalario de Segundo Nivel en el Municipio de Entre Ríos del Departamento de Cochabamba.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López, MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez , Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO N 3632 DE 1 AGOSTO DE 2018
Que el Artículo 39 de la Ley Nº 913, de 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, dispone que el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas — CONALTID desarrolla sus funciones a través de la Secretaria de Coordinación bajo dependencia del Ministerio de Gobierno. Tiene por objeto coordinar y gestionar el funcionamiento interno del CONALTID, así como con otras instancias involucradas en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
Que el Artículo 44 de la Ley Nº 913, establece que la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — DG-FELCN, deberá contar con medios de apoyo tecnológicos y logísticos necesarios, para el desarrollo de sus funciones en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
Que el inciso d) del Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de .febrero de 2009, Organización del Organo Ejecutivo, establece como atribución del Ministro de Gobierno, el formular, dirigir, coordinar y administrar políticas en el ámbito de defensa social y lucha contra el narcotráfico, que comprenderá asimismo el régimen de sustancias controladas y bienes incautados.
Que el Parágrafo I del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 0283, de 2 de septiembre de 2009, modificado por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2063, de
23 de julio de 2014, señala que independientemente de la fuente de financiamiento, la
compra de vehículos debe ser autorizada mediante Decreto Supremo expreso.
Que el Convenio de Financiación Nº DCI-ALA/2014/025-027, de 5 de junio de 2015, suscrito entre la Dirección para América Latina y el Caribe de la Unión Europea y los Ministerios de Planificación del Desarrollo y Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, establece ocho (8) indicadores de los cuales el primero (l) es “Incremento de las capacidades operativas e institucionales de las entidades públicas que actúan en las políticas y Reducción de la Oferta” y tercero (3) “Incremento de las capacidades organizacionales y técnicas de las organizaciones sociales e instituciones públicas
para el autocontrol comunitario a la estabilización y reducción de los cultivos de coca",
en el marco de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (ELCN y RCEC 2011 — 2015) y de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca (ELCN y CCEC
Que la Cláusula Segunda del Convenio Subsidiario de Donación DGGFE011/2015, de
23 de septiembre de 2015, emergente del Convenio de Financiación principal y con
destino a la implementación del mismo al interior del Estado Boliviano, se define que el
Ejecutor del Programa CONALTID DCI-ALA/2014/025-027 es el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaria de Coordinación del CONALTID.
Que el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaria de Coordinación del CONALTID, a solicitud del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, requiere la adquisición de cincuenta y cinco (55) vehículos para la Dirección DG- FELCN y el Comando Estratégico Operacional “Teniente Gironda”, destinados a la interdicción de tráfico ilícito de sustancias controladas y erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la compra de vehículos al Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaria de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas CONALTID.
ARTICULO 2.- (AUTORIZACION). se autoriza para la presente gestión al Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaria de Coordinación del CONALTID, en el marco del "Programa de Apoyo al Plan de Acción para Implementar la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y la Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca", la compra de:
a) Veinticinco (25) vagonetas 4x4, tipo estándar destinadas a la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — DG-FELCN, para uso operativo
en el control, seguimiento, vigilancia y
persecución en operativos de interdicción al
b) Veintisiete (27) camionetas 4x4, cabina simple, tipo estándar y tres (3) camionetas 4x4, cabina doble, tipo estándar, para uso exclusivo del Comando Estratégico Operacional "Teniente Gironda", para la erradicación, racionalización de la hoja de coca en las zonas productoras de los Yungas y Apolo del Departamento de La Paz, y el trópico de Cochabamba.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar NaN arroA/1iranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez , Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3633 DE 1 DE AGOSTO DE 2018
EVO MORALES AYM PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Que el Parágrafo I del Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades
públicas se rige por su presupuesto.
Que el Parágrafo I del Artículo ll de la Ley Nº 396, de 26 de agosto de 2013, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado — PGE — 2013, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignar hasta Bs. 453.415.653,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a objeto de financiar el proyecto "Ciudad UNASUR", Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas — UNASUR, ubicado en el Municipio de San Benito del Departamento de Cochabamba.
Que el Parágrafo II del Artículo ll de la Ley Nº 396, establece que el Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, es responsable del uso
recursos, así como de la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto "Ciudad UNASUR".
Que el Artículo 9 de la Ley Nº 840, de 27 de septiembre de 2016, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2016, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignar recursos del Tesoro General de la Nación - TGN de hasta Bs. 51.569.539,69 (CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 69/100 BOLIVIANOS), al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, adicionales a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nº 396, para la construcción del Proyecto "Ciudad UNASUR", Sede del Parlamento de la UNASUR, ubicado en el Municipio de San Benito del Departamento de Cochabamba.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, que reglamenta la aplicación de la Ley Nº 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 2018, determina que en el marco de sus competencias, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la inscripción y/o incremento de las partidas
de gasto 25200 “Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”,
25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables” y
46000 "Estudios y Proyectos para Inversión”, con recursos de financiamiento externo
Que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, requiere realizar la contratación de firmas auditoras externas para realizar el cierre del proyecto “Construcción del Proyecto Ciudad UNASUR, Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas — UNASUR, ubicado en el Municipio de San Benito del Departamento de Cochabamba”.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el incremento de la subpartida de Auditorías Externas para realizar el cierre del proyecto de Construcción de Ciudad UNASUR, San Benito Cochabamba.
ARTIOCULO 2.- (AUDITORIAS EXTERNAS). se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, incrementar en la gestión 201 8, la subpartida 25230
“Auditorías Externas" en Bs. 918.505 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCO 00/100 BOLIVIANOS), financiado con fuente y organismo 10 -
111 “Tesoro General de la Nación”, a través de un traspaso presupuestario
intrainstitucional afectando la subpartida 42230 “Otras Construcciones y Mejoras de
Bienes Públicos de Dominio Privado", para efectuar el cierre del proyecto
"Construcción del Proyecto Ciudad UNASUR,
Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas — UNASUR, ubicado en el Municipio de San Benito del Departamento de Cochabamba”.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Obras Públicas,' Servicios y Vivienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
FDO. EVO MORALES AYMA, Femando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez
Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa
Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez,
Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani,
Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3634
DE M1 DE AGOSTO DE 2018
Que el numeral 32 del Parágrafo II del Artículo 298 del Texto Constitucional, establece
como competencia exclusiva del nivel central del Estado, el transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz.
ARTICULO 2.- (CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA). se crea la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz como una Institución Pública Desconcentrada de derecho público, con independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo dependencia directa del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y dependencia funcional del Viceministerio de Transportes.
ARTICULO 3.- (SEDE). La Administradora de Terminal Terrestre Santa cruz, tiene como sede la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
ARTICULO 4.- (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA).
I. La Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz está a cargo de un (a) Director
(a) General Ejecutivo (a), designada (o) mediante Resolución Ministerial por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
ARTICULO 5.- (FUENTES DE FINANCIAMIENTO). La Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz, financiará sus operaciones con las siguientes fuentes:
b) Créditos y donaciones, conforme a la normativa vigente.
ARTICULO 6.- (FUNCIONES). Las funciones de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz, son las siguientes:
a) Prestar el servicio público de terminal terrestre de pasajeros y carga
interdepartamental e internacional;
b) Planificar, controlar y mejorar en la Terminal Terrestre de Santa Cruz los servicios
que demanden los operadores de transporte terrestre interdepartamental e internacional, en beneficio de los usuarios.
ARTICULO 7.- (TASA DE REGULACION). La Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz pagará a la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes — ATT anualmente, hasta el 30 de enero de cada gestión, una Tasa de Regulación igual al cero coma ocho por ciento (0,8%) de sus ingresos brutos de la gestión anterior expuestos en los registros de ejecución presupuestaria de ingresos procesados mediante el Sistema de Gestión Pública — SIGEP, a ser presentados a la Entidad Regulatoria.
ARTICULO 8.- (REGIMEN LABORAL). El personal Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz se sujetará a lo previsto por la Ley NO 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público.
I. Se autoriza a los Ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación del Desarrollo y a la Empresa Nacional de
Ferrocarriles — ENFE, realizar las modificaciones presupuestarias y contables necesarias para el cumplimiento del presente Decreto Supremo.
II. Los saldos presupuestarios y saldos de libreta no ejecutados por la ENFE - Terminal
Bimodal Santa Cruz, serán transferidos al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- En conformidad al principio de continuidad (prestar el servicio de forma permanente, regular y continuo) establecido en la Ley Nº 165, de 16 de agosto de 2011, General de Transporte, la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz en un plazo de hasta ciento veinte (120) días calendario deberá contar con la autorización de la Autoridad Regulatoria para prestar el servicio de Terminal Terrestre, en el marco de la normativa vigente.
I. Con el fin de preservar la continuidad de los servicios de transporte, aquellos
contratos de arrendamiento, suscritos por la ENFE - Terminal Bimodal Santa Cruz, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 y en caso de incumplimiento la
ejecución de las garantías estará a cargo de ENFE, cuyos importes recuperados serán transferidos al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz.
I. En tanto se cumpla la inventariación de los activos de la ENFE, prevista en la Disposición Final Cuarta de la Ley NO 165, se establece que:
a) Los bienes muebles que forman parte de la ENFE - Terminal Bimodal Santa Cruz,
serán utilizados por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz, para lo cual se suscribirán actas de
entrega y recepción que establezcan el estado de los mismos;
b) Se autoriza al Presidente de la ENFE, otorgar en comodato el predio registrado bajo
la matricula computarizada Nº 7.01.1.99.0001484, a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz por un plazo de cuarenta (40) años, mismo que podrá ser ampliado por un periodo similar, cuyas condiciones y entrega del bien, serán establecidas en el
c) Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la
Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz suscribir contratos de arrendamiento en los predios del bien inmueble establecido en el inciso b) precedente.
III. El pago de beneficios sociales será cancelado por el Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora de Terminal Terrestre
Cruz, en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente y con todas las formalidades de Ley.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- La documentación financiera, archivo institucional físico y otros, que se encuentran en la ENFE - Terminal Bimodal Santa Cruz, una vez notariados quedarán en custodia de la ENFE.
a) Al periodo de intervención efectuado por la ex Superintendencia de Transportes y por la ATT a la Administración de la Terminal Bimodal de Santa Cruz;
b) Al periodo de administración efectuado por la ENFE a la Administración de la Terminal Bimodal de Santa Cruz.
DISPOSICION FINAL CUARTA.- El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora de Terminal Terrestre Santa Cruz administrará la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
DISPOSICION FINAL QUINTA.- La implementación del presente Decreto Supremo no representará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación — TGN.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE GOBIERNO, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez , Roberto Is án Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3635 DE 2 DE AGOSTO DE 2018
Que el Parágrafo I del Artículo 395 de la Constitución Política del Estado, determina que las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.
Que los numerales l , 2 y 5 del Artículo 18 de la Ley Nº 1715, de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, establecen como atribuciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras; proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales; y determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general.
Que el numeral 2 del Artículo 16 de Ley Nº 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, señala que el Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante el aspecto principal de planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes de la Madre Tierra de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida, las tendencias del cambio climático y los escenarios deseados por la población en el marco del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
Que el Decreto Supremo N O 23022, de 23 de diciembre de 1991, crea la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde, ubicada en la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Que el Artículo Quinto del Decreto Supremo N O 23022, determina que queda prohibida toda otorgación o concesión de tierras con fines agropecuarios o colonización, en las áreas clasificadas en el citado Decreto Supremo.
Que el Artículo I del Decreto Supremo Nº 25675, de 11 de febrero de 2000, levanta la prohibición del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 23022, en aquellas tierras comprendidas en los polígonos 2, 4 y 5 del área de saneamiento simple (SAN-SIM) que el Instituto Nacional de Reforma Agraria ejecuta, en cuyo mérito se respetará derechos y asentamientos humanos y se habilitará la ejecución de otros procedimientos previstos en la Ley Nº 1715.
Que analizadas las características geográficas del área, la situación socioeconómica de la zona, y el crecimiento y desarrollo de las poblaciones rurales, es necesario modificar el alcance de la prohibición contenida en el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 23022, considerando que este aspecto no afectará la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde.
ARTICULO 1.- (OBJETO). Tiene por objeto levantar de manera excepcional la prohibición del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 23022, de 23 de diciembre de 1991, en los polígonos l, 2 y 3 del municipio de San entura y parte de Ixiamas de la Provincia
Abel Iturralde del Departamento de La Paz.
ARTICULO 2.- (HABILITACION DE POLIGONOS). se levanta de manera excepcional la prohibición establecida en el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 23022, en los polígonos 1, 2 y 3 con una superficie de 60.527 Has. (SESENTA MIL QUINIENTAS VEINTISIETE HECTAREAS), de acuerdo a las coordenadas y Plano Georeferenciado establecidos en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
ARTICULO 3.- (EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS). Los procedimientos a ser ejecutados, para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, se sujetarán a lo previsto en la Ley Nº 1715, de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria modificada por la Ley Nº 3545, de 28 de noviembre de 2006, Modificación de la Ley Nº 1715 Reconducción de la Reforma Agraria y el Decreto Supremo Nº 29215, de 2 de agosto de 2007.
ARTICULO 4.- (DESARROLLO DE ACTIVIDADES). Al interior de las áreas identificadas en los polígonos 1, 2 y 3, se desarrollarán actividades forestales y agrosilvopastoriles conforme a los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado
DECRETO SUPREMO Nº 3636 ADE 2 DE AGOSTO DE 2018
Que el Parágrafo I del Artículo 20 de la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, establece que el pueblo boliviano a través de las instancias de planificación participativa, definirá su propio sistema alimentario desde el ámbito de la producción, transformación, comercialización y consumo responsable, determinando niveles de autosuficiencia en coherencia a la
gestión adecuada de las bondades de la Madre Tierra para alcanzar la soberanía alimentaria.
Que el Parágrafo III del Artículo 27 de la Ley Nº 338, de 26 de enero de 2013, de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, establece que a través del Registro Unico se procederá a la acreditación de los sujetos de la agricultura familiar sustentable del área rural del país por rubros y de acuerdo al nivel de desarrollo de los mismos en el proceso productivo. Adicionalmente, este generará y sistematizará información productiva rural según el calendario agrícola, difundirá los productos y servicios de los sujetos de la agricultura familiar sustentable, cuantificará su aporte al desarrollo económico local y nacional, el aporte económico de la mujer y la juventud rural, los volúmenes y diversificación productiva, entre otros.
Que la Ley Nº 1053, de 25 de abril de 2018, de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, tiene como objeto fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional y acción para la lucha contra el contrabando.
El Parágrafo II del Artículo 5 de la Ley Nº 1053, establece que la mercancía y los instrumentos intervenidos en flagrancia deberán ser depositados de forma inmediata en recintos aduaneros o instalaciones autorizadas por la Aduana Nacional.
Que se ha determinado un incremento del volumen de internación ilegal de productos agropecuarios similares a los producidos en territorio nacional, constituyéndose como amenaza para el sector, asimismo, un riesgo sanitario y fitosanitario, en este sentido, el Gobierno Nacional ha definido una política económica y social para enfrentar esta situación.
EN CONSEJOS DE MINISTROS,
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el sistema de control dentro el territorio nacional, que contribuirá a evitar el contrabando de producción agropecuaria.
ARTICULO 2.- (SISTEMA DE CONTROL).
I. Los datos e información del Registro Unico de la Agricultura Familiar Sustentable RUNAF, del Observatorio Agroambiental Productivo, se constituyen en la fuente única y oficial que acredita ante la Aduana Nacional y otras entidades competentes del Estado de lucha contra el contrabando que los productos sujetos a control, son de producción nacional.
II. La aplicación del presente Decreto Supremo, se priorizará dentro de la franja fronteriza, municipios y territorios colindantes.
ARTICULO 3.- (VERIFICACION). Los datos e información contenidos en el RUNAF, estarán disponibles para su verificación mediante la plataforma de interoperabilidad del Estado, por cualquier entidad pública de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
ARTICULO 4.- (LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO). El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en el marco de sus atribuciones queda encargado de coordinar y articular con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana a través del Ministerio de Gobierno, Aduana Nacional y Ministerio Público, las tareas destinadas a la interdicción y detención del contrabando de productos agropecuarios en el territorio nacional.
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- En el plazo de noventa (90) días, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras actualizará el reglamento del RUNAF.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
DECRETO SUPREMO Nº 3637 DED 2 DE AGOSTO DE 2018
Que el Artículo 307 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propias de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos.
Que el numeral I del Artículo 407 del Texto Constitucional, señala que son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.
junio de 2011,
Productiva Comunitaria Agropecuaria, reconoce la capacidad de gestión territorial de las comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y sus estructuras orgánicas territoriales con responsabilidad, compromiso y respeto mutuo para implementar las fases de producción,
transformación, y financiamiento de la actividad agropecuaria comercialización y forestal para lograr la soberanía alimentaria y la generación de excedentes económicos.
Que el Decreto Supremo Nº 2852, de 2 de agosto de 2016, crea el Programa
Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas “Nuestro Pozo”, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria; y crea la entidad pública desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozos — UE-Pozos.
Que es necesario contribuir a la obtención de resultados previstos tanto en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 como en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, logrando con ello la soberanía alimentaria y productiva para el Vivir Bien.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el aporte local y autorizar la contratación directa a la Entidad Pública Desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozos — UE-Pozos, así como, modificar el Decreto Supremo N O 2852, de 2 de agosto de 2016.
ARTICULO 2.- (COFINANCIAMIENTOS LOCALES).
I. La Entidad Pública Desconcentrada Unidad Ejecutora de Pozos UE-Pozos, al momento de ejecutar proyectos de construcción, rehabilitación de pozos, supervisión, seguimiento, monitoreo y logística necesaria desde su fase inicial hasta el almacenamiento para la distribución del agua, según corresponda, deberá cumplir las especificaciones técnicas mínimas de acuerdo a normativa vigente y se regirá bajo las siguientes estructuras de cofinanciamiento:
a) Cuando el proyecto sea ejecutado con contraparte de los gobiernos autónomos
departamentales y regionales, el cofinanciamiento local será de un mínimo de cincuenta por ciento (50&);
b) Cuando el proyecto sea ejecutado con contraparte de los gobiernos autónomos
municipales el cofinanciamiento local será:
POBLACION NIVEL CENTRAL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL Hasta 9.999 habitantes Hasta 70% Mínimo 30% De 10.000 hasta 19.999 habitantes Hasta 60% Mínimo 40% De 20.000 a más habitantes Hasta 50% Mínimo 50%
C) Cuando el proyecto sea ejecutado con contraparte de los gobiernos autónomos
indígenas originarios campesinos el cofinanciamiento local mínimo será del diez por
ciento (10%);
d)Cuando el programa o proyecto sea ejecutado con contraparte de los beneficiarios de Ayllus, Capitanías, Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, Sindicatos Agrarios, Territorios Indígena Originarios Campesinos u otras formas propias de organización social comunitaria establecidas en base al territorio y reconocidas por su organización matriz, el cofinanciamiento local será:
CATEGORIA POBLACIONAL/OECOM's NIVEL CENTRAL COFINANCIAMIENTO
Población de 1001 a 2000 habitantes Hasta 80% Mínimo 20% Población menor a 1000 habitantes Hasta 90% Mínimo 10%
Aplicable únicamente cuando los beneficiarios registren asignación de recursos menores a Bs. 30.000.- (TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) O no se encuentren considerados en el Plan Operativo Anual de parte de las entidades territoriales autónomas.
II. Para la ejecución de lo dispuesto en los incisos a), b) y c) del Parágrafo precedente del presente Artículo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras suscribirá Convenios Intergubernativos de cofinanciamiento, estableciendo obligatoriamente el débito automático para la ejecución de los recursos comprometidos.
III. Para la ejecución de lo dispuesto en el inciso d) del Parágrafo I del presente Artículo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras suscribirá Convenios Interinstitucionales de cofinanciamiento, estableciendo los mecanismos que aseguren los recursos comprometidos.
I. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la Entidad Pública Desconcentrada UE-Pozos la contratación directa de obras, destinadas a construcción y rehabilitación de pozos.
II. El procedimiento para la contratación directa de obras será aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante Resolución expresa.
III. Para contrataciones mayores a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, solicitará al proveedor el Certificado del Registro Unico de Proveedores del Estado — RUPE, para la formalización de la contratación, según lo establecido en la Reglamentación del RUPE.
IV. Una vez formalizadas las contrataciones directas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de la Entidad Pública Desconcentrada UE-Pozos deberá:
a) Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo a la normativa;
b) Registrar la contratación directa de obras en el Sistema de Contrataciones Estatales SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs. 20.000 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).
V. Las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo desde su inicio hasta su conclusión, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad contratante.
ARTICULO 4.- (MODIFICACIONES). Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 2852, de 2 de agosto de 2016, con el siguiente texto:
autoriza al Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, realizar
Convenios la transferencia a título gratuito de las infraestructuras de captación de
aguas subterráneas con sus equipamientos incorporados, del Programa Nacional de
Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas “Nuestro Pozo”, de la siguiente
a) Los proyectos cofinanciados por efecto de Convenios Intergubernativos a favor de las entidades territoriales autónomas suscribientes;
b) Los proyectos cofinanciados por efecto de Convenios Interinstitucionales con las OECOM's a favor de los gobiernos autónomos municipales en los que sean parte de su jurisdicción territorial.”
DECRETO SUPREMO Nº 3638 DE 2 DE AGOSTO DE 2018
Que los Parágrafos I y II del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado, establecen que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa; y a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.
Que el Artículo 336 del Texto Constitucional, determina que el Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento.
Que el Parágrafo I del Artículo 4 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, dispone que los servicios financieros deban cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población.
Que los incisos a) y b) del Parágrafo II del Artículo 4 de la Ley Nº 393, señalan que el Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en la citada
Ley, deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan con los objetivos, entre otros, promover el desarrollo integral para el vivir bien; y facilitar el acceso universal a todos sus servicios.
Que el Artículo 97 de la Ley Nº 393, establece que el crédito dirigido al sector productivo con destino a la inversión, deberá contemplar un periodo de gracia en su estructura de reembolso, el cual se establecerá mediante regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
Que el Parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 393, determina que las garantías aceptables para financiar actividades productivas rurales y no rurales, deberán incluir alternativas de aseguramiento no convencionales propias de estas actividades. Entre otros, los tipos de garantía no convencionales aceptables son: fondos de garantía, seguro agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales, maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos o documentos de compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la exportación, avales o certificaciones de los organismos comunitarios u organizaciones territoriales, productos almacenados en recintos propios o alquilados, garantías de semovientes, la propiedad intelectual registrada y otras alternativas no convencionales que tienen carácter de garantía.
Que el Parágrafo I del Artículo 115 de la Ley Nº 393, dispone que las entidades de intermediación financiera, destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades, a ser definido mediante Decreto Supremo, para fines de cumplimiento de su función social, sin perjuicio de los programas que las propias entidades financieras ejecuten.
Que el Artículo 182 de la Ley Nº 393, señala que el Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta — BI)P - S.A.M. con la finalidad de orientar y canalizar de manera óptima y oportuna los recursos y esfuerzos para el otorgamiento de manera directa o indirecta de servicios financieros y no financieros a los diferentes actores del sector productivo y del sector de comercio y servicios complementarios a la producción en el país, coordinará y articulará la gestión, promoción, coordinación y colocación de financiamiento para el desarrollo productivo en todo el territorio nacional, pudiendo interactuar con otras entidades, instituciones, reparticiones e instancias tanto del sector público como del privado en el país, a fin de lograr mayores impactos sociales y mejores resultados económicos.
Que el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2136, de 9 de octubre de 2014, establece que cada una de las entidades de intermediación financiera alcanzadas por el citado Decreto Supremo, deberán destinar el seis por ciento (6%) del monto de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2014, para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo.
Que el Decreto Supremo N O 2614, de 2 de diciembre de 2015, determina el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 201 5 de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme que deberá ser destinado a los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo que estarán bajo administración de cada uno de ellos.
Que dada la finalidad con la que fueron constituidos los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, es necesario permitir el acceso del BDP — S.A.M. a los Fondos de Garantía de Crédito para el Sector Productivo, a efectos de respaldar las operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a OECOM, de
productores de una propiedad comunitaria o colectiva y micro, pequeños y medianos productores, como una medida de profundización de la inclusión financiera.
a) Posibilitar el acceso del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta
— BDP — S.A.M. a los Fondos de Garantía de Crédito para el Sector Productivo,
administrados por los Bancos Múltiples y Pymes, a efectos de respaldar las operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM, de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a OECOM, de productores de una propiedad comunitaria o colectiva y micro, pequeños y medianos productores, mediante la modificación de los Decretos Supremos Nº 2136, de 9 de octubre de 2014 y Nº 2614, de 2 de diciembre de 2015;
b) Establecer que la producción de los productores de OE.COM o de propiedades
comunitarias o colectivas constituirá un tipo de garantía no convencional;
c) Establecer que las operaciones de crédito de los productores de OECOM o de
propiedades comunitarias destinadas a inversión deberán contemplar dentro de su estructura de plazo periodos de gracia para el reembolso del capital.
I. Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2614, de 2 de diciembre de 2015 y el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 2136, de 9 de octubre de 2014 modificado por la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo Nº 2614, con el siguiente texto:
“ARTICULO 5.- (CARACTERISTICAS DE LOS FONDOS DE GARANTIA).
I. Los Fondos de Garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de crédito de Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a las mismas, conforme el Decreto Supremo N O 2849, de 2 de agosto de 2016 y de productores de una propiedad comunitaria o colectiva.
II. Los Fondos de Garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de microcrédito y crédito Pyme destinados al sector productivo para capital de operaciones y/o capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo y producción intelectual según definiciones y normativa emitida por ASFI, otorgadas por la misma entidad bancaria administradora de un Fondo de Garantía o de otros Bancos Múltiples o Bancos Pyme, así como para operaciones de crédito del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta — BDP - S.A.M o de cualquier otro actor autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial. También podrán garantizar operaciones de crédito para fines productivos otorgadas a cooperativas de producción.
III. Los recursos de los Fondos de Garantía constituyen un patrimonio autónomo,
independiente del patrimonio de los Bancos Múltiples y Bancos Pyme, debiendo por
ello ser administrados y contabilizados en forma separada.
IV. La administración de los Fondos de Garantía estará a cargo de la entidad
bancaria aportante de los recursos, pudiendo delegar la administración a otra entidad
regulada por la Ley Nº 393, o por la Ley Nº 1834, de 31 de marzo de 1998, del
Mercado de Valores, previa no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas
II. Se modifica el inciso a) del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 2614, de 2 de diciembre de 2015 y el inciso a) del Artículo IO del Decreto Supremo Nº 2136, de 9 de octubre de 2014, con el siguiente texto:
“a) Otorgar garantías a simple requerimiento para operaciones de crédito de OECOM, de productores agropecuarios y forestales que pertenezcan a las mismas y de productores de una propiedad comunitaria o colectiva; así como para los créditos destinados al sector productivo, aprobados y desembolsados por una entidad bancaria, incluido el BDP - S.A. M., también podrán otorgar garantías para créditos destinados al sector productivo concedidos por otros actores que sean autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial.”
ARTICULO 3.- (GARANTIA NO CONVENCIONAL). Se establece que las
operaciones de crédito de productores de OECOM o de propiedades comunitarias o colectivas podrán ser garantizadas con la producción de los productores, conforme al Artículo 99 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 201 3, de Servicios Financieros.
ARTICULO 4.- (PERIODO DE GRACIA). Las operaciones de crédito, de productores de OECOM o de propiedades comunitarias o colectivas, destinadas a capital de inversión deberán contemplar dentro de su estructura de plazo, periodos de gracia para el reembolso del capital, de acuerdo al rubro y ciclo productivo.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero — ASFI en el plazo de treinta (30) días de la publicación del presente Decreto Supremo deberá incluir, en la reglamentación que norma las garantías no convencionales establecidas en el Artículo 99 de la Ley Nº 393, la producción de productores de OECOM o de propiedades comunitarias o colectivas, incorporándola como otro activo sujeto a ser considerado garantía no convencional.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández; Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
Que el Parágrafo ll del Artículo 306 de la Constitución Política del Estado, dispone que la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
Que el Artículo 2 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo — OIT aprobada por la Ley Nº 1257, de ll de julio de 1991, señala que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
Que el Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada y modificada por las Leyes Nº 3760, de 7 de noviembre de 2007 y N O 3897, de 26 de junio de 2008, señala que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Asimismo, el Numeral 2 del Artículo 33 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
Productiva Comunitaria Agropecuaria, reconoce a las comunidades indígena originario
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, como Organizaciones
Económicas Comunitarias — OECOM, constituidas en el núcleo orgánico, productivo,
social y cultural para el vivir bien.
Que el Artículo 9 de la Ley Nº 144, reconoce la capacidad de gestión territorial de las comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y
compromiso y respeto mutuo para implementar las fases de producción, transformación, comercialización y financiamiento de la actividad agropecuaria y forestal para lograr la soberanía alimentaria y la generación de excedentes económicos.
Que el Artículo 36 de la Ley Nº 144, dispone que la estructura organizativa de base para la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria se asienta en las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, que a partir de la citada Ley son reconocidas en OECOM's, las mismas que se regirán por sus usos y procedimientos propios de toma de decisiones, consensos, resolución de conflictos, gestión integral del territorio, uso y acceso a los recursos naturales en base a su estructura orgánica propia.
Que el Parágrafo III del Artículo 38 de la Ley Nº 144, señala que las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno que tengan entre sus atribuciones la atención al sector agropecuario; podrán considerar como entes ejecutores a las OECOM's con personería jurídica, a efectos de la ejecución directa de proyectos de inversión en el sector agropecuario financiados con recursos externos de donación o crédito, contemplando esquemas de control social que garanticen el destino de los recursos a la ejecución del proyecto, sin perjuicio de los sistemas de control gubernamental.
Que el numeral I del Artículo IO de la Ley Nº 300, de 15 de octubre de 2012, de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, determina que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de crear las condiciones para garanti7ar el sostenimiento del propio Estado en todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley Nº 03 1, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", la Ley Nº 071, de 21 de diciembre de 2010, de Derechos de la Madre Tierra y la citada Ley.
Que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 338, de 26 de enero de 2013, de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias — OECAS y de OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, determina que el Organo Ejecutivo a través de los ministerios correspondientes, mediante un proceso participativo, reglamentará el proceso de reconocimiento de las OECOM.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover las actividades económicas y productivas de las Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM's.
ARTICULO 2.- (FINALIDAD).- La finalidad de la presente norma, es promover el acceso de las OECOM's al mercado y a las compras estatales, en el marco de la economía comunitaria y la agricultura familiar sustentable, para su fortalecimiento y desarrollo conforme a mandato constitucional.
ARTICULO 3.- (ARTICULACION). Para efectos de la aplicación del presente Decreto Supremo, el nivel central y las entidades territoriales autónomas, articularán y coordinarán de manera efectiva las actividades de promoción y desarrollo de las OECOM's en el marco de sus atribuciones y competencias.
CAPITULO II CERTIFICACIÓN SENASAG SELLO SOCIAL BOLIVIANO Y PREFERENCIA EN COMPRAS PRIVADAS
ARTICULO 4.- (CERTIFICACION DEL SENASAG). El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria — SENASAG adecuará los reglamentos que correspondan, sanitario o fitosanitario, de acuerdo a las características y naturaleza comunitaria de la agricultura familiar sustentable expresadas en las OECOM's, con el objetivo de facilitar la certificación de la condición sanitaria y fitosanitaria de la producción primaria y transformación; y el registro sanitario de los productos de las OECOM's en el acceso a compras estatales y mercado nacional.
ARTICULO 5.- (PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION). El sello Social Boliviano se constituye en el instrumento de promoción de la comercialización de la producción de las OECOM's, para ello las instancias del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas promoverán espacios de difusión en medios de comunicación e información, en el marco de sus atribuciones y competencias.
ARTICULO 6.- (PREFERENCIA EN COMPRAS PRIVADAS).
I. Los centros de comercialización, entre sus productos ofertados, deberán privilegiar con al menos diez por ciento (10%) de productos provenientes de las OECOM's preferentemente con Sello Social Boliviano, de acuerdo a reglamentación emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
III. Los centros de comercialización privados deberán ubicar los productos provenientes de las OECOM's, en un lugar preferente, visible y con señalización clara.
CAPITULO III ASISTENCIA TECNICA, MERCADOS Y PRECIOS DE COMERCIALIZACION
ARTICULO 7.- (ASISTENCIA TECNICA Y MERCADOS). El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, fortalecerán las capacidades de producción, aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los bosques para promover la actividad productiva de las OECOM's, con asistencia técnica, acceso a mercados internos y externos y turismo comunitario.
ARTICULO 8.- (INFORMACION DE PRECIOS). El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, establecerán un sistema de información de precios de comercialización de los productos de las OECOM's, para su correspondiente difusión a través de medios de comunicación e información.
ARTICULO 9.- (PRODUCCION ECOLOGICA). El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras deberá promover y ejecutar programas, proyectos y acciones orientadas al desarrollo de la producción ecológica con las OECOM's y de fortalecimiento de aquellas organizaciones cuya actividad productiva sea ecológica.
ARTICULO 10.- (APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD). El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otras Entidades según sus atribuciones, deberán promover y ejecutar programas, proyectos y acciones orientadas al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el bosque para el desarrollo de las OECOM's.
ARTICULO 11.- (CONSEJO DE COORDINACION SECTORIAL). Los Consejos de coordinación sectorial, multinivel y comunitaria, establecidos en la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y la Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y normativa vigente relacionada a la temática, deberán proponer, promover y evaluar planes, programas y proyectos ante el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas incorporando acciones para el desarrollo de las OECOM's.
ARTICULO 12.- (PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO).
I. El nivel central del Estado, en el marco de sus atribuciones, deberá incorporar a las OECOM's, en sus políticas, planes y acciones de fortalecimiento, protección y
promoción productiva.
II. Las entidades territoriales autónomas y las OECOM's, de manera coordinada podrán diseñar, desarrollar y ejecutar políticas, planes y acciones de fortalecimiento de protección y promoción productiva para las OECOM's.
I. Se modifica el Artículo I del Decreto Supremo Nº 2294, de 18 de marzo de 2015,
modificado por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2471, de 2 de
agosto de 2015, con el siguiente texto:
“ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer y regular la contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales provistos por proveedores no comerciales y organizaciones económicas comunitarias — OECOM's
para las entidades públicas, a fin de fomentar el desarrollo de la economía social v comunitaria y a los pequeños productores comunitarios campesinos individuales.”
II. Se incorpora el inciso c) en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2294, de 18 de marzo de 2015, modificado por el Parágrafo ll del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2471, de 2 de agosto de 2015, con el siguiente texto:
“c) A las entidades del nivel central del Estado y a las entidades territoriales
autónomas realizar la Contratación Directa de Bienes y Servicios Generales hasta Bs. 1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS) de las Organizaciones Económicas Comunitarias — OECOM's.”
III. Se modifica el inciso d) del Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2294, de 18 de marzo de 2015, con el siguiente texto:
“d) Documentos establecidos en el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2849, de 2 de agosto de 2016, en el caso de Organizaciones Económicas Comunitarias - OECOM's.”
IV. Se incorpora el inciso e) en el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 2294, de 18 de marzo de 2015, con el siguiente texto:
“e) Número de Identificación Tributaria, salvo lo dispuesto en la Disposición Adicional
Unica del presente Decreto Supremo.”
V. Se incorpora el inciso g) en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2849, de 2 de agosto de 2016, con el siguiente texto:
VI. Se modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2849, de 2 de agosto de 2016, con el siguiente texto:
ARTICULO 3.- (DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS COMUNITARIAS - OECOM's). Para la acreditación de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, para ejercer derechos y obligaciones como OECOM's, deberán presentar los siguientes documentos:
a) Certificación de pertenencia de su instancia orgánica de acuerdo a sus normas Y'
procedimientos propios o personalidad jurídica de la comunidad indígena originario
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas;
c) Poder amplio y suficiente otorgado por la organización social comunitario, al o los
representantes para el desarrollo de actividades económicas comunitarias o de manera excepcional podrán presentar el acta o resolución de la OECOM en la cual establezca su representante legal, que será determinada de acuerdo a las formas v procedimientos propios.
VII. Se incorpora la Disposición Adicional Cuarta en el Decreto Supremo Nº 2849, de 2 de agosto de 2016, con el siguiente texto:
DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Observatorio Agroambiental y Productivo — OAP es la instancia autorizada
para el Registro de las OECOM's, mediante el Registro Unico de la Agricultura Familiar Sustentable — RUNAE”
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- El SENASAG, en un plazo de noventa (90) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, elaborará la reglamentación según el Artículo 4 de la presente norma.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, desarrollará el sistema del RUNAF y manejo de base de datos de las OECOM's, en el plazo de noventa (90) días calendario, en el marco de los lineamiento y políticas de Tecnologías y Desburocratización definidos por la AGETIC.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA.- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en un plazo de sesenta (60) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo adecuará su reglamento específico para el RUNAF.
DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA.- El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en un plazo de sesenta (60) días calendario reglamentará lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 6 del presente Decreto Supremo a través de una Resolución Ministerial.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto.
DISPOSICION FINAL PRIMERA.- El Instituto Nacional de Estadísticas - INE elaborará estadísticas de las OEC()M's con el objetivo de identificar y observar su desarrollo para la implementación de políticas públicas orientadas a las mismas, en coordinación y cooperación con el OAP dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
I. Las instancias competentes en el marco de la Ley Nº 338, de 26 de enero de 2013 preverán los recursos para el cumplimiento de la presente norma.
II. La aplicación del presente Decreto Supremo no comprometerá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación — TGN.
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, C arlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro 'Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo
Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Is án Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
DECRETO SUPREMO Nº 3640 DE 10 DE AGOSTO DE 2018
Constitucional, determinan que es competencia privativa del nivel central del Estado el régimen aduanero y de comercio exterior.
Que el Artículo 111 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Décima Cuarta de la Ley Nº 317, de 1 1 de diciembre de 2012 y la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 975, de 13 de septiembre de 2017, señala la denuncia y distribución de mercancías decomisadas por contravenciones y delitos flagrantes de contrabando de importación y exportación.
Que el Parágrafo I del Artículo 1 92 de la Ley Nº 2492, modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 615, de 15 de diciembre de 2014 y la Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 975, dispone la adjudicación de mercancías decomisadas por ilícito de contrabando, al Ministerio de la Presidencia.
Que el Artículo 155 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, modificado por el Parágrafo V del Artículo 3 de la Ley Nº 615 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley Nº 975, establece que las mercancías abandonadas de forma voluntaria o de hecho cuyo propietario no haya solicitado el levante de las mismas con posterioridad a la notificación de la declaración de abandono, conforme a los plazos establecidos para este efecto, serán adjudicadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación, y los gastos concernientes a los servicios de almacenaje.
Que el Artículo 4 de la Ley Nº 615, modificado por la Disposición Adicional Octava de la Ley Nº 975, señala el procedimiento para la adjudicación, entrega y destrucción de las mercancías.
dispone que la Aduana Nacional
autorizará, con carácter transitorio, el almacenamiento de mercancías bajo vigilancia aduanera, fuera de los depósitos de aduana, cuando las mismas
requieran tratamiento especial y estarán sujetas a garantías económicas suficientes constituidas por los sujetos pasivos.
Que en virtud a las competencias privativas del nivel central del Estado, se hace necesario establecer modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo un procedimiento ágil y expedito para la disposición de mercancías comisadas y abandonadas, así como establecer un procedimiento para el incentivo a la denuncia.
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto realizar
modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000.
I. Se modifica los Parágrafos IV y V del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 5870, de ll de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“IV. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la
Autorización Previa, dará lugar al comiso v otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente.
V. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del abandono con resolución firmes o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente bajo responsabilidad funcionaria y a título gratuito, deberá emitir un certificado equivalente a la Autorización Previa en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles administrativos, computables a partir de fecha de la solicitud.
Ante el incumplimiento del plazo para la emisión del certificado equivalente a la Autorización Previa, la administración aduanera podrá destruir las mercancías o entregar las mismas a la autoridad competente, según corresponda; a efectos de que se proceda conforme a la normativa en vigencia.
II. Se modifica el Parágrafo VI del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“VI. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o subasta, producto del
abandono con resolución firme o decomisadas por ilícito de contrabando, la autoridad competente responsable de la emisión de la Certificación deberá emitir la misma en los plazos conforme a Ley.
Ante el incumplimiento del plazo para la emisión de la Certificación, la administración aduanera podrá destruir las mercancías o entregar las mismas a la autoridad competente, según corresponda: a efectos de que se proceda conforme a la normativa en vigencia.”
III. Se modifica el párrafo primero del inciso b) del Artículo 154 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de ll de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“b) Depósito Transitorio: Son depósitos autorizados por la administración aduanera, previa constitución de garantía, para el almacenamiento de
mercancías por el plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario.”
Se modifica el Artículo 157 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el
“ARTICULO 157 (ADJUDICACION YSUBASTA DE MERCANCIAS).
I. La administración aduanera en coordinación con el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona Franca, en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, siguientes a la fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria, comunicación al Fiscal o a la Autoridad Jurisdiccional en los casos de ilícito de contrabando, según corresponda, o vencido el plazo para efectuar el levante de abandono de mercancías, realizará un inventario de mercancías sujetas a adjudicación.
II. El inventario de mercancías sujetas a adjudicación, será puesto a conocimiento del Ministerio de la Presidencia, a través del sistema informático habilitado al afecto, a fin de que dicha Cartera de Estado, dentro los siguientes cinco (5) días hábiles administrativos posteriores a la publicación del inventario en el sistema, seleccione las mercancías.
III. Las mercancías seleccionadas por el Ministerio de la Presidencia, serán adjudicadas por la Administración Aduanera en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo establecido en el Parágrafo anterior, a fin de que dicha Cartera de Estado proceda a recoger las mercancías adjudicadas, dentro de los plazos señalados por Ley.
IV. Las mercancías no seleccionadas v aquellas que no sean recogidas por el Ministerio de la Presidencia en los plazos establecidos por Lev, serán dispuestas por la Aduana Nacional en Subasta Pública o destrucción, según corresponda.
La Aduana Nacional emitirá convocatoria de los procesos de subasta que desarrollará durante la gestión, precisando los periodos de vigencia de estos, así como el cronograma de recepción de ofertas dentro de cada proceso y otros aspectos que considere necesarios.
La formalización de ofertas y las actuaciones administrativas relacionadas a la adjudicación de mercancías subastadas podrán realizarse a través de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos habilitados por la Aduana Nacional, que tendrán plena validez a efectos de su notificación, cómputo de plazos, adjudicación y demás actuaciones realizadas.
V. Las mercancías adjudicadas en el segundo proceso de subasta, que no sean recogidas por los beneficiarios de las mismas, en los plazos establecidos al efecto, serán destruidas por la Aduana Nacional.
VI. Los alimentos consignados en los Parágrafos II, III y IV del Artículo 192 de la
Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,
adjudicados conforme a los plazos establecidos en la Ley, excluyéndose del procedimiento establecido en el presente Artículo; no obstante, en caso de no
ser recogidos en los plazos señalados por Ley se procederá a su destrucción. “
ARTICULO 3.- (INCORPORACION). Se incorpora el Artículo 157 Bis en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:
“ARTICULO 157 Bis (DESTRUCCION DE MERCANCIAS).
I. La administración aduanera y el Concesionario de Depósito Aduanero o Zona
Franca, a tiempo de verificar físicamente el estado y/o condiciones de la mercancía comisada o abandonada, identificará aquellas prohibidas por disposiciones legales o que no sean aptas para su uso o consumo, a efectos de que se proceda a su destrucción, sin perjuicio del estado del proceso penal, judicial o administrativo a que hubiera lugar, previa comunicación al Fiscal o Autoridad Jurisdiccional o entregadas a la Autoridad Competente en los casos que corresponda.
II. Las mercancías que incumplan las previsiones establecidas en los Artículos 118 y 119 y aquellas provenientes del proceso de adjudicación o subasta conforme al Artículo 157 del presente Reglamento, deberán ser destruidas por la Aduana Nacional, en un plazo no mayor a dos (2) meses.
III. La destrucción de mercancías podrá realizarse a través de recicladores, operadores autorizados u otras entidades que garanticen la gestión ambiental segura y la trazabilidad hasta su disposición final, conforme normativa vigente, debiendo suscribirse actas que manifiesten la gestión realizada.
I. En los casos de denuncia por ilícito de contrabando, la Aduana Nacional velará que la identidad del denunciante individual sea confidencial, debiendo adoptar las medidas correspondientes para mantenerla en reserva. En el caso de que el denunciante sea una comunidad o pueblo, no será necesaria dicha reserva.
II. El plazo para que la administración aduanera emita la Declaración de Mercancías de Importación o autorización de pago en efectivo, en razón al incentivo de la denuncia, será de quince (15) días hábiles computables a partir de la emisión del Acta de Intervención, salvo que la mercancía requiera certificación para el despacho aduanero, en cuyo caso el plazo se computará a
partir de la recepción de dicho documento por la administración aduanera.
III. El denunciante que sea beneficiado con mercancía como incentivo a la denuncia, deberá retirar la misma del depósito aduanero correspondiente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de su notificación con la Declaración de Mercancías de Importación.
de que el incentivo
consista en un
monto de dinero en efectivo,
denunciante deberá efectuar su cobro dentro del plazo de quince (15) días
hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de notificado con la autorización de pago.
IV. Cuando el incentivo a la denuncia consista en la entrega de mercancía y ésta no sea recogida por el denunciante dentro del plazo establecido al efecto, se anulará la Declaración de Mercancías de Importación en sistema informático de la Aduana Nacional, debiendo someterse al procedimiento de disposición de mercancías decomisadas conforme a la normativa vigente.
En caso de que el incentivo consista en la entrega de un monto de dinero y el denunciante no haga efectivo su cobro en el plazo establecido al efecto, perderá dicho beneficio, consolidándose a favor de la Aduana Nacional.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- se modifica el Parágrafo 111 del Artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos — ICE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2756, de 4 de mayo de 2016, con el siguiente texto:
“III. No está permitida la transferencia, cesión. endoso, venta o cualquier otra
forma de enajenación de la propiedad, de vehículos automotores y motocicletas en depósitos aduaneros y zonas francas.
a) Las transferencias de vehículos a favor de las Misiones Diplomáticas, Oficinas
Consulares, Misiones Permanentes, Organismos Internacionales, Gubernamentales, Intergubernamentales, Multilaterales, Regionales y Subregionales,
b) Las transferencias realizadas en la Zona Franca Comercial e Industrial de
Cobija, de acuerdo a normativa específica,
c) La transferencia en depósitos transitorios efectuada entre personas jurídicas
que cuenten con el Número de Identificación Tributaria y documentación idónea que acredite la actividad de compra y venta de vehículos.
Para tal efecto el consignatario que transfiera el vehículo, deberá solicitar la autorización de transferencia a la administración de aduana correspondiente, adjuntando el Número de Identificación Tributaria y la documentación del comprador, que acredite que la actividad que realiza corresponde a la compra y/o venta de vehículos.
Producida la aceptación por parte de la administración de aduana, el comprador deberá presentar la declaración de mercancías de importación y realizar el pago de los tributos aduaneros dentro del plazo establecido para depósito transitorio.
La no presentación de la declaración de mercancías de importación dentro del plazo establecido para depósito transitorio, dará lugar a la anulación automática
de la autorización y la ejecución de la garantía constituida al efecto, de la
mercancía no nacionalizada.”
I. La modificación establecida en el Parágrafo III del Artículo 2 del presente Decreto Supremo, entrará en vigencia al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos de su publicación.
II. Al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos de la publicación del presente Decreto Supremo, los Depósitos Transitorios que a la fecha se encuentren constituidos, podrán solicitar a la Aduana Nacional, la ampliación del plazo de depósito por hasta sesenta (60) días calendario adicionales al periodo inicial.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- La Aduana Nacional en un plazo de hasta sesenta (60) días calendario computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, deberá emitir la reglamentación operativa correspondiente y realizará las adecuaciones informáticas necesarias para su cumplimiento.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA.- Las mercancías comisadas 0 abandonadas existentes en recintos aduaneros o en zonas francas, serán dispuestas mediante adjudicación, subasta o destrucción conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.
- Artículo 63 del Decreto Supremo Nº 273 IO, de 9 de enero de 2004; - Disposición Final Unica del Decreto Supremo Nº 1487, de 6 de febrero de

References: ARTÍCULO 5
 Artículo 298
 Artículo 121
 Artículo 321
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 16
 Artículo 70
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 12
 Artículo 2
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 12
 resolución 
 Artículo 14
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 12
 Artículo 12
 resolución 
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 316
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 46
 Artículo 5
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 16
 Artículo 34
 Artículo 12
 Artículo 17
 Artículo 13
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 46
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 46
 Artículo 205
 Artículo 30
 Artículo 4
 Artículo 16
 Decisión Nº

 Artículo 26
 Artículo 7
 Artículo 2
 Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 298
 Artículo 351
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 4
 Artículo 37
 Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 39
 Artículo 44
 Artículo 34
 Artículo 12
 Artículo 2
 Artículo 321
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 4
 Artículo 298
 Resolución 
 Artículo 395
 Artículo 18
 Artículo 16
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 20
 Artículo 27
 Artículo 5
 Artículo 307
 Artículo 407
 Resolución 
 Artículo 8
 Artículo 330
 Artículo 336
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 97
 Artículo 99
 Artículo 115
 Artículo 182
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 5
 Resolución 
 Artículo 10
 Resolución 
 Artículo 99
 Artículo 99
 Artículo 306
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 33
 Artículo 9
 Artículo 36
 resolución 
 Artículo 38
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 3
 resolución 
 Artículo 4
 Artículo 6
 Resolución 
 Artículo 111
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 155
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 118
 resolución 
 Artículo 119
 resolución 
 Artículo 154
 Artículo 157
 Resolución 
 Artículo 192
 Artículo 157
 Artículo 157
 Artículo 9
 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 63