Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S46-04.html
Timestamp: 2018-02-21 11:21:19+00:00

Document:
Luis Prado Alava v. Peru, Caso 12.180, Informe No. 46/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 678 (2004).
INFORME N° 46/04[1]
26. El artículo 46 de Convención Americana señala
36. La Comisión observa, que la decisión judicial que alega el peticionario como no cumplida o no respetada en el efecto de “cosa juzgada”, en sus dos instancias, únicamente dispuso la nulidad de la Resolución Sub Directorial Nº 051-85-SD-DEN-AH-DOC de 12 de noviembre de 1985, bajo los argumentos de la incompetencia de la autoridad que la expidió, la Segunda División de Denuncias del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Lima y además por indebida notificación de dicha resolución al demandante.[15]
37. En igual forma, que no obstante que el Primer Juzgado de Maynas en la ciudad de Iquitos, accedió mediante resolución Nº 2 de 20 de septiembre de 1993, a ordenar la reposición del señor Luis Prado Alava y la liquidación de sus haberes prestacionales dejados de percibir durante el lapso que estuvo separado del cargo, también es cierto que el mismo juzgado, por resolución Nº 3 de 24 de septiembre de 1993, dispuso la nulidad de la anterior resolución y ordenó la remisión del proceso a la instancia equivalente del Fuero Privativo del Trabajo, la Sala Laboral Mixta de la Corte Superior de Loreto, para que allí se adoptara la resolución correspondiente, lo que en efecto ocurrió.[16] En definitiva, la Comisión considera que el peticionario no aportó elementos de convicción suficientes que tiendan a caracterizar una eventual violación del artículo 25 de la Convención por incumplimiento de una sentencia judicial.
38. A mayor abundamiento, la CIDH toma en cuenta, que por la inconformidad del peticionario con estas decisiones en su contra, ejerció la acción de amparo ante la Corte Superior de Lima en primera instancia,[17] la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia[18] y el Tribunal Constitucional en recurso extraordinario,[19] que si bien le fue adversa, al disponer la improcedencia del amparo solicitado, fueron tramitadas en acción regular y ajustada al debido proceso, lo cual no garantiza un resultado favorable al accionante y exime a la CIDH de revisar dichas sentencias,[20] como quiera que observaron un normal procedimiento.
39. En lo que respecta al trámite en la vía gubernativa, la CIDH encuentra que no se vulneró el derecho al debido proceso del señor Luis Prado Alava, protegido por el artículo 8(1) de la Convención Americana. Por el contrario, presentó sus reclamos, estos fueron atendidos a través de los procedimientos establecidos regularmente por la legislación peruana y tuvo oportunidad de impugnarlos en su momento.
40. Al efecto la CIDH, ha sostenido desde su principal pronunciamiento en este tema que
La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta. La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber competido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.[21]
43. Asimismo, de la información aportada por las partes, la CIDH observa que los hechos alegados en que se funda la denuncia del peticionario, no tiende a caracterizar violación a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana para proseguir con el trámite y buscar una decisión de fondo. Las decisiones de los tribunales internos poseen la fundamentación necesaria para que el peticionario hubiese conocido las razones por las cuales el Estado negó sus pretensiones y el debido proceso, como ya se anotó, estuvo presente en dichas actuaciones. Tampoco encuentra la Comisión, que se hubiera producido otro tipo de decisiones de fondo de carácter inamovible y declaratorias de derechos en forma definitiva que el Estado se negara a aplicar.
44. Por lo anterior, la Comisión considera que no tiene competencia para resolver el asunto de fondo y por lo tanto, se inhibe de analizarlo debido a que los hechos no caracterizan una violación a los derechos consagrados en la Convención Americana.
[18] Sentencia de 26 de abril de 1996.
[19] Sentencia de 11 de junio de 1998.
[21] CIDH. Informe Nº 39/96, Caso 11.673, (Marzioni- Argentina), 15 de octubre de 1996.
[22] CIDH Informe Nº 55/97, Noviembre 18 de 1997. Juan Carlos Abella. Caso 11.137. Argentina. Párrafo 85.

References: artículo 46
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 8