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Timestamp: 2017-09-19 12:09:25+00:00

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El Eje Del Desarrollo Politico ``Pao
Cargado por omar00lindolfo
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MISIÓN SUCRE - ALDEA: JOSÉ ESTEBAN
RUÍZ GUEVARA BARINAS – ESTADO – BARINAS
BACHILLERES: Del Rosso Anna. C.I.17.169.434 Fernández Noreiba. C.I. 19.071.071 Moncada Nacy. C.I. 4.261.035 Medina Omar. C.I. 19.192.433 Terán Laura. C.I. 16.190.301
BARINAS, OCTUBRE 2013.
INDICE Introducción Desarrollo Replanteamiento de un modelo alternativo para el siglo XXI: 1.4.- El Eje de Desarrollo Político: El Derecho a la Participación Ciudadana. 1.5.- El Eje de Desarrollo Político Territorio: El Principio de la Descentralización y Principio de la Desconcentración Territorial y Funcional; Derechos Ambientales.
INTRODUCCION Mediante la evolución de la democracia venezolana se han originado grandes avances entre ellos la democracia participativa y protagónica, tomando en cuenta que la democracia de la cuarta República solo planteaba la democracia Representiva donde, el pueblo ejercía la democracia mediante el voto para elegir a quien los iban a representar en los diferentes curules existentes en la época. Ahora bien es la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en el año 1998, lo que origina una nueva visión de democracia y se plantea la democracia participativa protagónica revolucionaria, totalmente novedosa en la cual se visualiza al pueblo como protagonista de su propio destino, y donde ejerce la democracia de forma directa. Cabe mencionar, que luego que el pueblo aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mediante una constituyente en el año (1999) han sido innumerables los avances y logros que se han dado en
la sociedad venezolana, y en el 2001 es creada por el presidente Chávez las 7 líneas estratégicas para el desarrollo de la Patria durante su primer periodo de gobierno 2001-2007. Con este modelo de desarrollo de los ejes económicos, culturales, políticos, ambientales, sociales se dio inicio a la planificación de una gestión óptima en beneficio del pueblo, se incrementaron las misiones sociales educativas, y a partir del 2007 nace lo que hoy conocemos como el Proyecto Nacional 2013. Ahora bien el enfoque planteado para la democracia protagónica revolucionaria de este plan socialista es la expresión genuina y autentica de la verdadera democracia. Donde los espacios públicos y privados se consideran complementarios y no separados y contrapuestos como él la ideología liberal. Simón Bolívar Primer Plan Socialista de la Nación 2007-
1.4.- EL EJE DEL DESARROLLO POLITICO: EL DERECHO A LA PARTICIPACION PROTAGONICA. EJE DE DESARROLLO POLÍTICO: A partir de 1999 comienza en Venezuela un proceso de cambios orientado a la construcción de un Estado Socialista. En ese orden de ideas, se diseñaron las líneas generales que definen el desarrollo político, social y económico del país. Estas estrategias están contenidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) para el período 2007-2013. Estas directrices están divididas en siete (7) enfoques en donde queda manifiesto el principio humanista y socialista que enrumbará a la Nación durante el septenio: 1. La ética socialista 2. la suprema felicidad social 3. La democracia protagónica revolucionaria 4. El modelo productivo socialista 5. La nueva geopolítica nacional 6. Venezuela Potencia Energética Mundial 7. La Nueva Política Internacional. Todos con sus objetivos, estrategias y políticas, a desarrollar por el Presidente Comandante Hugo Rafael Chávez frías, conjuntamente con las la Instituciones y el pueblo organizado.
El fin último es la refundación de la nación basado en cambios éticos, morales y políticos inspirados en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanísticas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. La creación de una Patria Nueva encierra una relación dialéctica entre el viejo sistema (el Capitalismo) y sus principios liberales que no han terminado de fenecer, basado en el individualismo, egoísmo en la codicia personal, el beneficio para una minoría y en el afán de lucro desmedido y; el nuevo sistema (el Socialismo), que está naciendo y cuyos valores éticos se basan en la solidaridad humana, la realización colectiva de los ciudadanos y ciudadanas y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales del hombre y la mujer. La consideración de una ética socialista como precepto fundamental del Proyecto Nacional Simón Bolívar, revela la conciencia de la existencia de un Estado signado por la injusticia, la impunidad y la corrupción que debe ser superado cualitativamente y sustituido en todos los órdenes de la vida. Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta política es la creación del Poder Popular. Esta concepción está fundamentada en el poder constituyente bajo la premisa revolucionaria de que la soberanía reside en el pueblo pero a diferencia del modelo liberal burgués, éste se mantiene vivo y es la base de todo en tanto descansa en el pueblo organizado en sus comunidades, puestos de trabajo y centros de estudios. Este Poder Popular, bajo los principios de participación y protagonismo democrático, busca lograr que los ciudadanos y ciudadanas intervengan en todos los procesos de toma de decisiones. Es importante destacar, que los antecedentes históricos de este sistema político se encuentran en la Comuna de y París y cuba, no obstante, es inédito la combinación de la democracia directa (autogobierno) e indirecta.
El novedoso sistema trata abolir la figura de la representación política y prevé varios estamentos de participación. Uno de los más importantes lo conforman los Consejos Comunales, donde se fusiona la democracia directa con la delegación o vocería que representan la voz de la comunidad. Es obligado aclarar, que los voceros y voceras actúan sólo como puentes entre las comunidades y los órganos del Poder Constituido, en tanto no reciben de sus electores y electoras un mandato libre sino pautas; aunque tampoco reciben un mandato imperativo. Al igual que con los Poderes Constituidos, la pluralidad político-ideológico, símbolo y valor de la democracia, está garantizada a través de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, instancia primaria para el ejercicio del poder, de la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el órgano (Consejo Comunal). Cabe destacar, que este cambio de enfoque revolucionario en
contraposición a la visión capitalista está orientado a construir una comuna, no individuos aislados y egoístas para producir una voluntad general, en el sentido de un poder de todos y todas y para todos y todas, guiados por los principios de igualdad y libertad. BASE LEGAL: La encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 62 al 74. Capítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular Sección Primera: De los Derechos Políticos
Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Artículo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.
Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización,
funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización. Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas.
Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa,
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Sección Segunda: Del Referendo Popular Artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten. Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras
inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. Artículo 73. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. Artículo 74. Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos e
inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales. No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia. EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: La Constitución Bolivariana es un instrumento para esta transformación. El salto adelante nos obliga a realizar cambios profundos, los cuales pasan por la creación o adecuación de una nueva institucionalidad. Estos cambios exigen la postura de un nuevo ejercicio de ciudadanía, enmarcada en la participación protagónica. PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: Es un principio entendido como derecho y deber sociopolítico, que establece una interrelación entre seres humanos para favorecer su desarrollo
integral, mediante una actividad y capacidad para intervenir en los asuntos públicos, los cuales están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este derecho y deber exige que la ciudadanía se involucre permanentemente de manera profunda, amplia y organizada, alrededor de todo lo que por hecho y derecho les pertenece en los órdenes: social, político, cultural, territorial, ético, económico y productivo. Según (Iván Cañas, 2002). La participación protagónica está orientada a ocupar y consolidar espacios legítimos y formales de intercambio, comunicación y expresión de la ciudadanía con los órganos del Poder Público, para gobernar y compartir responsabilidades, en la gestión pública local. De esta manera “se plantea una redistribución del poder como propiedad colectiva, que pertenece a todas y todos, y que se ejerce a través de las diferentes instancias y mecanismos institucionales y comunitarios”. MEDIOS DE PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: Está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 70. Es decir, establece con rango constitucional el derecho a la participación protagónica, las asambleas ciudadanas vinculantes, las cooperativas, las comunas y otras formas de cogestión de lo político. Tales como: EN LO POLÍTICO:  Elección de cargos público.  El referendo.  La consulta popular.  La revocatoria del mandato.
 La iniciativa legislativa constitucional y constituyente.  La asamblea de ciudadanos y ciudadanas, entre ortos. EN LO SOCIAL:  Las instancias de atención ciudadana.  La autogestión y cogestión.  Las cooperativas.  Las cajas de ahorro.  Las empresas comunitarias.  Otras formas asociativas de solidaridad y cooperación. DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA A LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER POPULAR: Es un proceso que se nutre de dos vertientes, de dos fuerzas políticas en pleno desarrollo. Por un lado, las luchas y las experiencias organizativas del pueblo y, por el otro, una nueva institucionalidad. Es necesario entonces, precisar el nexo
orgánico entre estas dos fuerzas políticas. El Método Invedecor nos sugiere un camino para desarrollar este nexo.  Invedecor es una estrategia metodológica que permite la articulación y la Democracia participativa y protagónica:
 La Autogestión y Cogestión.  Las cooperativas.  Las Cajas de Ahorro SOCIOPOLÍTICO SOCIOECONÓMICO: Estos son sólo algunos espacios que el nuevo Estado de justicia y derecho social brinda al ciudadano y ciudadana, para la participación protagónica. Destacamos particularmente LAS MISIONES, LAS INSTANCIAS DEL PODER MORAL Y LOS MINISTERIOS como espacios que constituyen aportes concretos del proceso bolivariano.  Empresa de Producción Social (EPS).  Cooperativas.  Cajas de ahorros.  Mutuales.  Otras formas asociativas. Todas estas actividades se desarrollan en espacios como: pequeñas y medianas empresas, núcleos de desarrollo endógeno o construcción de cadenas productivas.  Participación en la formación de las leyes a través de las iniciativas legislativas y constituyentes.  Participación en la elección de los jueces.
 Poder Ciudadano Local. La transferencia de servicios a las comunidades organizadas en materia de: salud, educación, cultura, deportes, vivienda, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras, prestación de servicios públicos Establecido en la Constitución Bolivariana en el Art.184. Capítulo IV Del Poder Público Municipal Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad. 2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación. 6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales. 7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
EN EL PODER PÚBLICO NACIONAL:  La participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos en la formulación, toma de decisiones, planificación, elaboración de
presupuestos, ejecución, control y evaluación de los proyectos de salud, educación, cultura, trabajo, vivienda, ambiente y ordenación del territorio.  Las contralorías socio-comunitarias que regularán la ejecución de los programas nacionales de acuerdo a los sectores.  Participación de la comunidad organizada en el Consejo Federal de Gobierno, del cual depende el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), destinado al financiamiento de obras públicas y a la promoción del desarrollo equilibrado de las regiones. (Art 62, 184 de la Constitución Bolivariana).
Capítulo IV De los Derechos Políticos y del Referendo Popular Sección Primera: De los Derechos Políticos Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Capítulo IV Del Poder Público Municipal Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad. 2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de
inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación. 6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales. 7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
EN EL PODER PÚBLICO ESTADAL:  Participación de la comunidad organizada en el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas encargado de formular los planes, la inversión social y coordinar diferentes instancias de gobierno y sociedad de los estados. (Art. 166 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
Capítulo III Del Poder Público Estadal Artículo 166. En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios; y una representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas donde las hubiere. El mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley.  Evaluación del informe anual de las gobernaciones de cada Estado .  Evaluación permanente de la gestión pública de la gobernación. EN EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL:  El municipio incorporará a la ciudadanía en los ámbitos de su competencia en el proceso de formulación, definición, ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados (Art. 168 CRBV). Capítulo IV Del Poder Público Municipal Artículo 168. Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende: 1. La elección de sus autoridades. 2. La gestión de las materias de su competencia. 3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley.  La creación de parroquias será por la iniciativa ciudadana y comunitaria.  El Consejo Local de Planificación Pública, a los fines de articular las estrategias de desarrollo local (Art. 182 CRBV). Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.  Transferencia en forma abierta y flexible de la descentralización de competencias y programas hacia las comunidades organizadas con capacidad para su ejecución (Art.184 CRBV). Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: 1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán
cooperación y corresponsabilidad. 2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación. 6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales. 7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.
DEMOCRACIA PROTAGONICA: Integración de cuatro procesos: investigación, educación, comunicación y organización que se alinean para afectar y transformar formas de dominación impuestas por el capital. La organización, uno de los procesos de Invedecor, forma parte de los objetivos Estratégicos planteados por el presidente Hugo Chávez para el salto adelante. Las expresiones del Poder Popular y la nueva institucionalidad, son espacios que deben desarrollarse bajo los preceptos de una nueva cultura política que sea el marco para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. ESTOS PRECEPTOS SON:  Delegación Funcional.  Rotación de Cargos.  Libre Juego de Tendencias.  Revocatoria del Mandato.  Rendición de Cuentas.  Democratización del Saber.  Elección Directa de Cargos.  Contraloría Social, entre otras. Estos preceptos de la democracia participativa y protagónica deben ejercerse desde el Poder Popular constituyente para cristalizar en una nueva institucionalidad, la cual deberá construirse en un proceso de desburocratización,
democratización de sus procesos y recursos, achatamiento de las estructuras y humanización de su propio desarrollo. Según (Iván Cañas, 2002). El pueblo venezolano debe asumir que sólo se consolida el Poder Popular en la apropiación de los...“espacios legítimos y formales de intercambio, comunicación y expresión de la ciudadanía con los órganos del Poder Público, para gobernar y compartir responsabilidades en la gestión pública local. De esta manera, se plantea una redistribución del poder como propiedad colectiva, que pertenece a todas y todos y que se ejerce a través de las diferentes instancias y mecanismos institucionales y comunitarios”. Nos apoyamos en las palabras del sociólogo Iván Cañas, para decir que pueblo y gobierno avanzan hacia un Estado de justicia y derecho social, desmontando la hegemonía o la capacidad de dominación de los sectores minoritarios, capitalistas y dominantes, por una nueva hegemonía del Poder Popular y una nueva institucionalidad democrática de todos y todas. A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES, CIUDADANOS Y CIUDADANAS A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN:  La formulación de planes, programas y proyectos sociales y económicos, a ser incorporados en los planes de inversión ante las autoridades estadales, municipales, parroquiales e instancias de decisión.  La elaboración y distribución del presupuesto municipal, estadal y nacional.  La ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.
1.5._EJE DE DESARROLLO POLÍTICO, TERRITORIO: EL PRINCIPIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y PRINCIPIO DE LA DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL Y FUNCIONAL; LOS DERECHOS AMBIENTALES. Vamos hacer una retrospectiva acerca de la descentralización en Venezuela y sus principios, para luego entrar un poco en materia: Venezuela desde 1810, período cuando comienzan los movimientos de independencia y hasta 1830, fecha en la que se separa de “Colombia la Grande”, se debatió entre el Federalismo y el Centralismo, éste último concepto fue el que prevaleció y se fortaleció a medida que los distintos caudillos y gobernantes de turno, concentraban la acción de gobernar a Venezuela, siendo Juan Vicente Gómez y bajo la férrea dictadura que implantó desde 1908, cuando toma el poder y hasta 1935 cuando muere, quién logra la consolidació n de la “Unidad Nacional”, con la instauración de un Estado sostenido indefectiblemente con la mano fuerte del ejército, que le permitió derrotar a los caudillos, no sólo nacionales, sino también los locales. Ese proceso centralizador logra la unidad nacional, pero en el último cuarto del siglo XX, la centralización comenzaba a dar señales que era un modelo desgastado, con visos de obsolescencia que había convertido al Estado en un ente ineficiente, incapaz, paternalista, monopolista, corrupto y burocrático. Con la promulgación de la Constitución Venezolana en 1961, se consagra el sistema centralista, pero previó también que se desarrollase un sistema político basado en el principio de la descentralización, con este incipiente y tímido postulado constitucional, y el desgaste del centralismo como forma de gobierno, se crea en 1985, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), cuyos lineamientos fundamentales se basaban en la descentralización para reformarlo y modernizarlo.
Esto trae como consecuencia, la aprobación de la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estados (13-04-1989) y la reforma parcial de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (15-06-1989), con lo cual se le otorgaba autonomía a estas entidades locales, en la toma de decisiones en forma directa e inmediata sobre asuntos de interés de las comunidades a las cuales representaban. La descentralización podríamos expresar que consiste, en la transferencia de funciones y la correspondiente facultad de decisión en lo político, económico y administrativo, del centro a la periferia o viceversa, buscando el desarrollo homogéneo de las regiones, orientado a eliminar las desigualdades y desequilibrios existentes en Venezuela, persiguiendo en primer lugar, el acercamiento del poder al ciudadano, en segundo lugar, el fortalecimiento de las autonomías regionales y locales y en tercer lugar, la consolidación de un proyecto nacional de gobierno, dirigido a fortalecer el país, bajo un régimen participativo y democrático, rompiendo con la tradición centralista, para que permita la transformación global del Estado, con una visión estratégica de un Estado moderno y progresista. Con la descentralización, se le permite al ciudadano, participar en forma directa en las decisiones que son de su interés y el de su comunidad, es decir, se persigue que el pueblo participe en la implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado. El artículo 158 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V.), establece: “La descentralización, como Política Nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”. Este artículo formula que la descentralización tiene como función primordial y fundamental, la profundización de la democracia, y para lograr este objetivo que
atiende a una Política Nacional, es a través de la participación activa y protagónica de la población. Como por ejemplo: La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública (art. 62 CRBV), el derecho al sufragio (art. 63 CRBV), los referendos populares (art. 71 CRBV y siguientes), las asambleas de ciudadanos, los cabildos abiertos, la cogestión, la autogestión, cooperativismo y demás formas asociativas (art.70 CRBV), las contralorías sociales (art. 62 y 143 CRBV), la creación de los consejos locales de planificación pública (art. 182 CRBV) y otras maneras de participación de la ciudadanía (consejos comunales, gobiernos comunitarios, etc.). Esto nos induce a afirmar que la figura de la descentralización, constituye la piedra angular de la consolidación de la democracia como principio rector del sistema de gobierno en Venezuela, basado esencialmente en el protagonismo del pueblo y no en el principio de la representatividad que consagraba la derogada Constitución de 1961. La descentralización es un proceso, que busca transferir funciones y competencias, gradualmente y según su complejidad, a los gobiernos regionales creados PRINCIPIOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN:  Es permanente: Constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto.  Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual por etapas, previendo la adecuada asignación de
competencias y la transferencia de recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales; promueve la integración regional y la constitución de macro regiones. Exige una constante sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y objetivos, así como de los medios e instrumentos para su consolidación.  Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado.  Es democrática: Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno.  Es integral: Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades, mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo integral del país.  Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.
Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad.
LA DESCENTRALIZACIÓN: Es fundamentalmente una transferencia de competencias. TIPOS DE DESCENTRALIZACION 1. Descentralización Territorial: El órgano descentralizado es creado por ley, tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio y sus autoridades son elegidas por votación popular. Este tipo de descentralización no existe en Venezuela, como ya se ha dicho, aquí lo que existe es el Municipio que es una figura muy parecida a la descentralización territorial. 2. Descentralización Funcional: El órgano descentralizado es creado por ley, tiene patrimonio propio, pero sus autoridades no son elegidas por votación popular. DESCONCENTRACIÓN: El órgano desconcentrado puede ser creado tanto por ley, como por un reglamento orgánico. Tiene autonomía funcional, de gestión y financiera, pero no tiene personalidad jurídica. El régimen jurídico aplicable es de derecho público, es decir, el Derecho Administrativo.  Principio de descentralización territorial
Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Con el propósito de profundizar la democracia y de incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, se podrán descentralizar competencias y servicios públicos de la República a los estados y municipios, y de los estados a los municipios, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Principio de desconcentración funcional y territorial.
Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.. Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Administración Pública se podrá adaptar su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante acto normativo de conformidad con la presente Ley. La desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los entes públicos podrá revertirse mediante la modificación o derogación del instrumento jurídico que le dio origen. Consecuencia de la descentralización y desconcentración funcional y territorial Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente, en la persona jurídica y en los funcionarios y funcionarias del ente descentralizado. La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la atribución. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el
funcionamiento del servicio público correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios y funcionarias que integren el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente. FIGURAS ORGANIZATIVAS DE DERECHO PRIVADO: El Estado las utiliza para la prestación de servicios y se rigen por el derecho común. Son instrumentos de actuación del Estado. Ejemplos:  Empresas Públicas  Empresas del estado.  Asociaciones civiles y fundaciones.  Entre otras. En estas figuras, el Estado tiene cierta categoría de participación, es decir, que generalmente, tiene una mayoría accionaria. Estas organizaciones realizan actos de comercio y, por tanto, se entiende que actúan como comerciantes. Si se presentan conflictos, éstos se conocen en jurisdicción mercantil. La República está dentro de estas organizaciones, pero se entiende que actúa la empresa, no la República y es por eso que en caso de conflicto, se demanda a la figura organizativa y no a la República. Ejemplo:  Si yo tengo un conflicto con PDVSA, demando a PDVSA, no a la República de Venezuela.
Estas figuras organizativas, no dictan actos administrativos (AA), no tienen prerrogativas de administración pública (AP), salvo que la ley se las otorgue, es decir, que en caso de conflictos, van a los tribunales en las mismas condiciones que los administrados. RETOS SOCIO AMBIENTALES EN UNA NUEVA SOCIEDAD. El modelo de desarrollo dominante en Venezuela basado en un enfoque desarrollista, extractivista, ha generado un grave proceso de deterioro ambiental en todo el territorio nacional. Esta condición se manifiesta, por una parte, en el daño al capital ambiental de la nación producto de situaciones tales como: una alta tasa de deforestación, una fuerte presión sobre la diversidad biológica, la contaminación de cuerpos de agua, aire y suelo, la pérdida de la capacidad productiva de los suelos y la disminución acelerada de los hábitats naturales. Por otra parte, el daño ambiental es una amenaza social al incidir sobre situaciones tales como:  El aumento de la vulnerabilidad de la población a enfermedades y eventos ambientales catastróficos.  La pérdida de la calidad de vida en los centros poblados, así como en un acelerado empobrecimiento económico y cultural de la población, en especial los sectores tradicionalmente excluidos. Tal situación nacida bajo el espejismo de la bonanza económica, puede actuar como un obstáculo importante al desarrollo del país, lo que obliga al Estado venezolano a establecer políticas eficaces que permitan incidir en la
transformación de los patrones sociales y culturales perversos que han generado esta situación.
En tal sentido la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela representó un cambio cualitativo importante que orientará la superación de la problemática ambiental venezolana. El texto constitucional, por primera vez en la historia del país, establece derechos ambientales explícitos y detallados para la población. En tal sentido, el Artículo 127 determina que: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”. Por otra parte, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su Artículo 107 establece que: “La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como en la educación ciudadana no formal (...)”. Este artículo formaliza la universalidad de la educación ambiental, ya que se especifica como sujeto a ser educado ambientalmente, no sólo a los participantes del sistema escolarizado, sino a todos los venezolanos de toda condición y en todas las circunstancias. Así mismo, la nueva doctrina constitucional promueve y establece la participación ciudadana como Política de Estado en todos los ámbitos sociales y en especial en el de la gestión ambiental. Estos últimos aspectos desarrollados por el texto constitucional son de gran importancia, ya que la experiencia global en relación con la conservación ambiental y los programas de desarrollo sostenible permiten valorar a la educación y la participación en relación con el ambiente como elementos fundamentales en el logro de cambios significativos en los modelos de desarrollo, los procesos de gestión pública y privada y en los valores ambientales de toda la ciudadanía.
Otro aspecto de interés en la nueva Constitución es que asume los principios del desarrollo sostenible descritos por la Agenda 21 de la cual Venezuela es signataria. En este respecto los artículos 128 y 326 establecen que las políticas de ordenamiento del territorio y los principios de seguridad de la Nación estarán orientados por los principios del desarrollo sostenible. Articulo 128 CRBV: Capítulo IX De los Derechos Ambientales Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Articulo 326 CRBV: Capítulo II De los Principios de Seguridad de la Nación Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
El mandato Constitucional exige definir políticas institucionales que establezcan pautas claras para la implementación de procesos educativos y de participación, así como la integración de un enfoque de sustentabilidad en todas las acciones que conforman la gestión ambiental de la nación.
Venezuela posee una gran variedad cultural, un extraordinario conjunto de valores fundamentales y una predominante población joven cuya inteligencia y creatividad son piezas básicas en la construcción de un mejor futuro; sus cuadros técnicos, profesionales y científicos conjuntamente con los más diversos sectores de la sociedad, configuran un inestimable potencial para la conducción de nuevos procesos económicos, sociales y culturales. Estas potencialidades se encuentran obstaculizadas por la trama de intereses imperantes y por el agotamiento del modelo político. Todo ello ha conducido al colapso del Estado, al empobrecimiento de la población y al descrédito político. Este proceso permitirá sentar las bases y lineamientos de un Estado eficiente, rector de las políticas, promotor y estimulador del desarrollo, que garantice la paz interna, la justicia social y la seguridad jurídica mediante un Poder Judicial autónomo e imparcial y un Congreso genuinamente representativo. El Estado también debe garantizar la conservación del medio ambiente y la buena gestión de los asuntos públicos, así como desarrollar mecanismos de interacción, reglamentación y mediación. Un Estado que devuelva a la sociedad formas de participación hoy confiscadas por un esquema centralizador y que disponga de una Administración Pública ágil, flexible, de cara al ciudadano, orientada hacia el logro de objetivos y no al control de procedimientos.
 http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Eje-De-DesarrolloPol%C3%ADtico-Territorio/3025109.html  http://tareasmiascom.webnode.com.ve/derechos-humanos-y-modelos-dedesarrollo/unidad-i-ii-iii-/  http://clubensayos.com/buscar/DESARROLLO%20ECO/pagina1.html
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Artículo 70
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 Artículo 166
 Artículo 168
 Artículo 182
 Artículo 184
 artículo 158

Artículo 30

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 Artículo 127
 Artículo 107
 Artículo 128
 Artículo 326