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Timestamp: 2017-05-24 06:58:56+00:00

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Nº 4 REVISTA DIGITAL DE LA REI EN PARLAMENTOS by Fundación CEDDET - issuu
Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos enParlamentosEntrevistas:
Mª Del Carmen Alanís. Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación - México
Antonio Martín Valverde. Presidente de la Junta Electoral Central - EspañaEstudios:
ESPAÑA. Siete anotaciones críticas sobre el parlamentarismo español
Por Jose Luis Cascajo CastroPanorámicas:
Argentina, Bolivia, España, México y PerúNuestros Parlamentos:
México1 er SemestreActividades de la REI en Parlamentos
Actividades de la Fundación Manuel Giménez Abad
N ú m e r o42
Revista co-editada por la
y la Fundación CEDDET
Fundación Manuel Giménez AbadEquipo Coordinador de la REI
en Parlamentos:
JOSÉ MARÍA CODES
Coordinador temático Congreso de los
de América LatinaSumario
EDITORIAL3ENTREVISTAS
Mª DEL CARMEN ALANÍS
Presidenta del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (México)4ANTONIO MARTÍN VALVERDE
(España)12ESTUDIOS
ESPAÑA: Siete anotaciones críticas
sobre el parlamentarismo español
Jose Luis Cascajo Castro15PANORAMICAS
Argentina. Debilidades del sistema
electoral vigente en la República Argentina
Guillermo Fernández Pego. Miembro de la REI19Argentina. ¿Es razonable prohibir
encuestas y sondeos electorales?
Ricardo Porto. Miembro de la REI22Bolivia. Hacia un nuevo régimen
electoral en el marco de la
Germán Marcelo Peralta García.
Miembro de la REI26ESTHER GONZÁLEZ-LLANOS
Coordinadora técnicaEspaña. Régimen electoral y
Juan Antonio Martínez Corral29ENCARNA DÍAZ
Coordinadora del Área ParlamentariaMéxico. Control de constitucionalidad
y leyes electorales
Alfonso Herrera36Perú. Influencia del sistema electoral
en el sistema de partidos y en el Congreso
Milagros Campos. Miembro de la REI41MILAGROS CAMPOS
de América LatinaFundación CEDDET
Gerente del Programa“Red de Expertos”Fundación MANUEL
Secretario GeneralNUESTROS PARLAMENTOS
México: El pluralismo político en el
Gastón Enríquez Fuentes45Acceso a la REIACTIVIDADES DE LA REI EN PARLAMENTOS47www.ceddet.orgFUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD51EVENTOS Y CONVOCATORIAS52Contactar
redes@ceddet.orgLa presente publicación pertenece a la REI en Parlamentos está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y
comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier notificación o consulta escriba a redes@ceddet.org.
La REI en Parlamentos y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autores en los distintos
artículos.Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos
Número 4. 1er Semestre 20093Editorial
Profesor de Derecho Constitucional UNED.
Fundación Manuel Giménez Abados resulta grato presentar el nuevo número
de la revista digital de expertos iberoamericanos en parlamentos, que en esta ocasión se ha
centrado de manera principal en una de las cuestiones más determinantes de un régimen democrático:
el sistema electoral. Una materia compleja que
abarca una buena relación de aspectos; desde la
determinación de la circunscripción al número de
escaños a asignar a la misma pasando por la fórmula electoral elegida. Ninguno de estos aspectos
resulta indiferente al acto de traducción de votos
en escaños y suscita por ello enconados y polémicos debates en sede política, en absoluto inocentes.
Dedicamos así las secciones Encuestas y Panorámicas de este número a abordar esta materia.
La primera de las encuestas contestada por
María del Carmen Alanís, Presidenta del Tribunal
(México) nos permite ver con detalle la evolución
normativa y práctica del dinámico sistema electoral mexicano a lo largo de los años; la segunda de
ellas a cargo de Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral Central (España) se
adentra en las funciones de la Administración
Electoral y los instrumentos que permiten su funcionamiento armónico. Como en los anteriores
números las encuestas han sido preparadas por
nuestro habitual colaborador Joaquín Brage, Juez
y Profesor de Derecho Constitucional experto en
el constitucionalismo iberoamericano.
Las panorámicas, en número de seis, abordan
una amplia relación de países: Argentina (con dos
panorámicas de corte y temática diversa), Bolivia,
España, México y Perú. Los autores: Milagros
Campos, Guillermo Fernández Pego, Alfonso
Herrera, Juan Antonio Martínez Corral, Germán
Marcelo Peralta García y Ricardo Porto. Como en
otros números, a lo enriquecedor de la experiencia de los diferentes países abordados se une la
diversidad de sus autores: letrados, docentes, abogados, etc. hecho que permite una visión más
completa y amplia del fenómeno abordado.NLa sección Nuestros Parlamentos se centra esta
vez en México con el objeto de analizar el pluralismo político en su Parlamento, artículo a cargo
de Gastón Enríquez Fuentes, quien a su condición
de docente añade una perspectiva práctica como
Para el Estudio principal de este número
hemos podido contar con José Luis Cascajo Castro, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca, que se adentra de forma crítica, en un trabajo que apreciará sin duda
el lector, en el parlamentarismo y específicamente en el parlamentarismo “a la española”; un sistema que como indica el autor resulta ciertamente mejorable.
Destacar por último que para el próximo
número de la revista, donde contaremos con las
encuestas del Presidente de la Asamblea de Costa Rica, Francisco Antonio Pacheco, y la Presidenta de la Asamblea de Galicia, en España, Pilar
Rojo Noguera, recogeremos en la sección panorámicas, debidamente modificados y reelaborados como artículos, algunos de los trabajos del
seminario “Modernización del Parlamento y profesionalización de la Administración Parlamentaria” que fue coordinado por la Letrada de las Cortes Generales Piedad García Escudero. El Estudio
del número (abordando idéntica temática)
corresponderá a Carlos Gutiérrez, Secretario
General Adjunto del Congreso de los Diputados
Confiando nuevamente que la revista resulte
de interés al lector, aprovechamos estas misma
líneas para agradecer la colaboración de Mariana
Szefner a lo largo de los números anteriores como
coordinadora del Área Parlamentaria, por un trabajo desempeñado con entusiasmo y generosidad,
pues sin duda deben atribuirse a ella los aciertos
de la revista; también aprovechamos para dar la
bienvenida a Encarnación Díaz que sustituye a
Mariana en estas lides y que ha contribuido de
forma decisiva en este mismo número.4REI en ParlamentosEntrevista
Judicial de la Federación (México)Por Joaquín Brage. Profesor de Derecho Constitucional y JuezEl sistema electoral mexicano es bastante
complejo. Centrándonos en la esfera
federal, ¿cuáles serían los rasgos más
importantes de ese sistema (administración y proceso electoral, circunscripciones, sufragio, escrutinio, fórmula electoral y grado de proporcionalidad, etc)?
En efecto, a lo largo de las últimas
décadas, el sistema electoral mexicano se
ha vuelto muy robusto. Existen normas,
reglamentos y lineamientos para casi
cualquier procedimiento electoral, a
efecto de hacerlos verificables y generar
certeza entre los actores políticos.
Hay elementos de la evolución política de México que explican ese nivel de
complejidad. Habría que recordar, por
ejemplo, que la Revolución Mexicana de
1910 tuvo entre sus principales “motivaciones” la no reelección de gobernantes.
Esa tradición subsiste cien años después.
En la actualidad ningún cargo de elección popular permite la reelección (en el
caso de los poderes Legislativo Federal y
de los estados federados, la reelección es
posible, siempre y cuando no sea para el
periodo inmediato).
Otro componente que explica la complejidad del sistema electoral mexicano
es su tránsito tardío y gradual hacia lademocracia. Si bien en el país se han llevado a cabo elecciones periódicas e ininterrumpidas desde la instauración del
México postrevolucionario (1934), lo
cierto es que fue casi medio siglo más
tarde que los partidos de oposición
pudieron acceder a los gobiernos de los
estados (1989) y de la federación (2000).
En la actualidad, el espectro político
es multicolor. Ningún partido tiene
mayoría absoluta en cualquiera de las
dos cámaras del Congreso; las gubernaturas de los estados están a cargo de ejecutivos emanados de las tres principales
fuerzas políticas, y existe un alto grado
de competitividad en torno al Poder Ejecutivo del país.
Esta evolución - que por cierto ocurre
casi una década después que la mayor
parte de las democracias latinoamericanas - no ocurrió en un instante único. Las
normas que hoy rigen las contiendas
electorales del país fueron conseguidas a
partir de múltiples reformas electorales
(1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996,
2003, 2005 y 2007). En cada una de éstas
se fueron resolviendo problemas suscitados en elecciones previas y demandas
democráticas de los actores políticos y
ciudadanos.ENTREVISTA: Dª. Mª Del Carmen AlanísFinalmente, habría que contextualizar al sistema electoral mexicano actual, a partir de una historia de mutua desconfianza entre los actores políticos. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, en México durante décadas hubo
un código de comportamiento político ha sido relativamente laxo, lo que - en no pocas ocasiones - se
tradujo en ventajas indebidas para alguno de los
contendientes. Las instituciones electorales del
presente son, en buena medida, diseñadas para
constreñir las posibilidades de actuación indebida
por parte de los actores involucrados.
Antes de entrar en materia respecto a las
características del sistema electoral en el plano
federal, vale la pena mencionar que las elecciones
en los estados se rigen por normas locales (constituciones y leyes electorales locales), de manera
que existen instituciones electorales (administrativas y jurisdiccionales) en cada una de las 32
entidades federativas del país. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora principios democráticos que deben formar parte de las normas estatales.
En el plano federal, se eligen los siguientes
puestos de elección popular: - Presidente de la
República. Es electo cada seis años, por el voto
directo de los ciudadanos, bajo el principio de
mayoría relativa. No existe segunda vuelta. - 500
diputados. La Cámara baja se renueva, en su totalidad, cada tres años. 300 diputados son electos
bajo el principio de mayoría relativa (uno por cada
uno de los distritos en que se divide el país) y 200
por el de representación proporcional. La geografía electoral del país es actualizada periódicamente para que los distritos tengan tamaños poblacionales homogéneos. -128 senadores. La Cámara
alta se renueva, en su totalidad, cada seis años. En
cada entidad federativa se eligen tres senadores
por el principio de mayoría relativa (dos para el
partido que obtenga mayoría, uno para la primera
minoría). El cuarto escaño se asigna por el principio de representación proporcional, bajo una fórmula de proporcionalidad pura (cociente natural y
resto mayor).
En México, es potestad exclusiva de los partidos políticos proponer candidatos para las elecciones populares.
El voto es obligatorio en México para todos
aquellos ciudadanos (nacionales mexicanos conmás de 18 años cumplidos y un modo honesto de
vivir), aunque no existe sanción alguna a quien
incumple esa obligación, de manera que la imperfección de la norma se ha traducido en que más
bien, el voto sea un acto voluntario de los ciudadanos.
La organización de las elecciones está a cargo
de un organismo autónomo de los poderes de la
Unión, el Instituto Federal Electoral (IFE). A su vez,
esta institución tiene a su cargo el registro de
electores, la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos políticos y la administración de
los tiempos del Estado en radio y televisión, entre
otras. Los consejeros que toman las decisiones
fundamentales en esa materia son designados por
el Congreso de la Unión, de entre ciudadanos sin
militancia política alguna. Los partidos políticos
con registro nacional tienen participación en los
órganos decisorios del Instituto, pero sus representantes no tienen derecho al voto.
La impartición de justicia electoral, por su parte, está a cargo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF). La creciente
complejidad de las elecciones en México hizo
necesaria la creación de una jurisdicción especializada, al interior del Poder Judicial, que resolviera las disputas entre los actores políticos de una
contienda y tutelara los derechos político electorales de los ciudadanos.
El Tribunal se conforma por una Sala Superior
y cinco salas regionales (una para cada una de las
circunscripciones electorales en que se divide el
país). Los magistrados que integran cada una de
las salas son electos por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de
Al TEPJF le corresponde hacer el cómputo final
de la elección de Presidente y su calificación. Además, la Constitución le otorga una serie de atribuciones que lo convierten en instancia límite en
materia comicial, a saber: resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones; las impugnaciones de actos y resoluciones
del IFE; las impugnaciones de actos y resoluciones
definitivos y firmes de autoridades administrativas electorales y de tribunales electorales de las
entidades federativas, que sean determinantes
para el desarrollo de la elección correspondiente o
de los resultados de la misma, y las impugnacio-56REI en Parlamentosnes de actos y resoluciones que violen los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de afiliación libre y pacífica para tomar
parte en los asuntos políticos del país, entre otras.
El Tribunal Electoral tiene facultades de control
constitucional y puede declarar la nulidad de una
En casi todos los países resurge de vez en cuando
un cierto debate en la opinión pública y/o en la
doctrina sobre la necesidad de cambiar ciertos
aspectos del régimen electoral, aunque ello difícilmente fructifica debido a la tendencia a perdurar
de todo sistema electoral (la “ley de la inercia”),
que en realidad obedece a buenas razones (no es
positiva la inestabilidad, ni los cambios experimentales que fácilmente pueden ser “a peor”, en este
campo tan sensible en que se definen las “reglas
de juego” de la democracia), pero también a otras
menos buenas (los intereses de los partidos que
resultan “beneficiados” con el sistema vigente).
¿Ese debate existe o ha existido en México y sobre
qué aspectos en concreto, y se ha plasmado en
algún caso en reformas legales en los últimos
La “ley de inercia” ha dejado de aplicar en
México en las últimas décadas. Por el contrario,
hay quienes afirman que el proceso de democratización en México se explica precisamente por las
reformas electorales de las últimas tres décadas.
En México, reformas electorales registradas
desde 1977 han sentado las condiciones para una
sustantiva transformación de la vida política
nacional. De la composición unipartidaria de las
cámaras al pluralismo político; de la organización
gubernamental de las elecciones a la ciudadanización de los procesos comiciales; de la calificación
parlamentaria de la elección presidencial, a la
declaración de validez jurisdiccional; del voto
constreñido a quienes viven en su distrito a la
ampliación de derechos para los ciudadanos que
viven en el extranjero, y de la resolución política
de conflictos electorales hacia la consolidación de
un tribunal constitucional especializado en materia electoral adscrito al Poder Judicial.
Más aún. La jurisprudencia electoral ha mantenido cierto dinamismo en las reglas del juego
democrático, pues los juzgadores deben resolver
casos concretos que en ocasiones no están sufi-ENTREVISTA: Dª. Mª Del Carmen Alaníscientemente previstos en la legislación. Así, antes
de la siguiente reforma legal, las sentencias deben
hacerse cargo de situaciones no previstas suficientemente en la legislación. A través de la interpretación de los preceptos formales, generan
insumos que, a la postre, pueden servir del fuente
al Legislador para los cambios en la legislación
A continuación se señalan los rasgos principales de las modificaciones recientes.- 1977: Se institucionaliza el sistema de partidos; Se sientan las
bases para un sistema electoral mixto (100 diputados plurinominales). -1986: Se crea por primera
vez un Tribunal en materia electoral; Se conforma
el sistema electoral mixto en cámara de diputados
y cámara de senadores; Se crea la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal. - 1993: Se
modifica el sistema de calificación de elecciones;
El Tribunal Federal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional; Se sientan las bases para configurar un sistema de medios de impugnación; 1994: Se modifica el carácter y las atribuciones de
los integrantes del Consejo General. - 1996: Se da
completa autonomía al Instituto Federal Electoral;
Se establece un nuevo proceso de financiamiento
a partidos políticos; Se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. A esta Institución se le dotó de nuevas atribuciones, se fortaleció su estructura orgánica y capacidad resolutiva; Fortalecimiento del sistema de medios de
impugnación; Modificación del mecanismo a través del cual se lleva a cabo la calificación de la
elección de Presidente de la República; Ratificación de la competencia del Tribunal Electoral, para
resolver en forma definitiva e inatacable, las
impugnaciones que se presenten en materia electoral federal; Ampliación sustancial de la jurisdicción del Tribunal; Modificación al sistema de elección de los Magistrados Electorales de las Salas
Superior y Regionales. - 2003: Es la reforma en la
que se establecen las cuotas de género para los
partidos políticos; - 2005: Se regula el voto de los
mexicanos en el extranjero.- 2007: Se modifica el
régimen de partidos, lo relativo a su financiamiento y fiscalización; - Hay importantes reformas en
cuanto a propaganda electoral y medios de comunicación electrónica; - Se establecen nuevas
características y atribuciones para la autoridad
administrativa electoral; - En cuanto a la justiciaENTREVISTA: Dª. Mª Del Carmen Alaníselectoral federal, se establece que:- El Tribunal
funcionará de manera permanente, tanto en su
Sala Superior como en sus salas regionales; - La
Sala Superior y las regionales sólo podrán declarar
la nulidad de una elección por causales expresamente establecidas en las leyes; - Los ciudadanos
que impugnen la decisión interna de un partido
deberán agotar las instancias de ese instituto
político antes de acudir al Tribunal.
¿Cómo se organiza la Administración Electoral y
cuál es el sistema de garantías y revisión independiente que existe en México, en particular en lo
que se refiere al control de la constitucionalidad de
la ley electoral? Y en este entramado, ¿qué posición ocupa el Tribunal Federal Electoral que usted
Como se mencionó anteriormente, en México
la administración y la jurisdicción electorales son
competencias de distintas instituciones.
Administración Electoral: A nivel federal, la
administración electoral se organiza a través del
Instituto Federal Electoral, el cual es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta institución electoral tiene las
responsabilidades de contribuir al desarrollo de la
vida democrática; preservar el fortalecimiento del
régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales; velar por la autenticidad y efectividaddel sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica democrática.
Entre las principales funciones del IFE se
encuentran: la actualización permanente del
padrón electoral; el registro de partidos políticos,
sus plataformas y candidatos; el otorgamiento de
las prerrogativas de los partidos políticos (tanto
de financiamiento como de acceso a medios); la
organización de la jornada electoral; el cómputo
de las votaciones; la capacitación electoral y la
educación cívica. Una nueva atribución otorgada
al Instituto en la pasada reforma electoral (2007 2008) es la administración exclusiva del tiempo
que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a sus propios fines, otras autoridades
electorales y a los partidos políticos.
El IFE esta integrado por órganos centrales y
Sus principales órganos centrales son el Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos. Consejo General.- Es el órgano superior
de dirección del IFE. Es responsable de velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales en materia electoral. Está integrado
por un consejero presidente (dura en su cargo 6
años, con posibilidad de reelección una sola vez),
8 consejeros electorales (duran en su cargo 9
años), consejeros del poder legislativo (un consejero por cada grupo parlamentario de alguna de
las dos Cámaras), un representante de cada parti-78REI en Parlamentosdo político nacional con registro y el Secretario
Ejecutivo, quien funge como Secretario del Consejo. Sólo el consejero presidente y los consejeros
electorales tienen derecho a voto en las sesiones
del Consejo. Junta General Ejecutiva.- Está integrada por el presidente del Consejo General, el
Secretario Ejecutivo y los directores ejecutivos las
áreas que conforman al Instituto a nivel central
(Registro Federal de Electores; Prerrogativas y
Partidos Políticos; Organización Electoral; Servicio
Profesional Electoral; Capacitación Electoral y
Educación Cívica, y Administración. La Junta tiene
a su cargo, entre muchas otras, proponer las políticas y programas generales del IFE; fijar los procedimientos administrativos, y supervisar el cumplimiento de los programas del registro federal de
electores, capacitación electoral y educación cívica, así como de las normas aplicables a los partidos políticos nacionales. Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos.- Es el
órgano técnico del Consejo General, que tiene a su
cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto al origen
y monto de los recursos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su destino
y aplicación. Tiene autonomía de gestión.
En cuanto corresponde a los órganos desconcentrados, en cada una de las entidades federativas del país, el IFE tiene una delegación integrada
por la junta local ejecutiva, un vocal ejecutivo y
un consejo local. Esta estructura se replica en
cada uno de los 300 distritos electorales uninominales. De esta forma, el IFE cuenta con 32 oficinas
locales (uno por cada entidad federativa) y 300
Durante los procesos electorales federales, se
integran consejos en cada una de los 332 órganos
desconcentrados. Cada uno de éstos se conforma
por el titular de la Junta correspondiente (quien
preside el Consejo), seis consejeros (ciudadanos
sin vinculación partidista), representantes de los
partidos políticos nacionales y los vocales de cada
una de las áreas del Instituto. Sólo los consejeros
(incluido el Presidente) tienen derecho a votar en
Sistema de medios de impugnación y control
constitucional: En materia electoral, la Constitución ordena el establecimiento de un sistema de
medios de impugnación, cuyos propósitos son darENTREVISTA: Dª Mª del Carmen Alanísdefinitividad a las distintas etapas del proceso
electoral y garantizar que los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio
de constitucionalidad y legalidad.
El Tribunal Electoral conoce únicamente de
aquellos medios de impugnación que las partes
legitimadas presenten en los plazos y términos
que señala la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, a saber: Juicio de Inconformidad. Resuelve las impugnaciones
sobre las elecciones de Presidente, diputados
federales y senadores. Recurso de Apelación. Respecto de las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal (Instituto
Federal Electoral) Juicio de Revisión Constitucional. Para las impugnaciones de actos y resoluciones, definitivos y firmes, de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las
impugnaciones en los procesos electorales de las
entidades federativas. Juicio para la Protección de
Se refiere a las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales
de los ciudadanos de votar y ser votado en las
elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Juicio Laboral. Para
resolver los conflictos o diferencias laborales
entre el Tribunal y sus servidores, así como los
conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus
Es de destacar que en los últimos años, el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano (juicio ciudadano) ha
adquirido una importancia singular. Cada vez con
mayor frecuencia, los individuos recurren a la
autoridad jurisdiccional federal, cuando consideran que las autoridades o sus partidos violaron
alguno de sus derechos político-electorales.
Del total de asuntos resueltos por la actual
integración (7,629), el 78% fueron juicios ciudadanos, el 12% juicios de revisión constitucional, el
5% recursos de apelación y el 5% restante se distribuye entre todos los otros medios de impugnación.
Durante casi una década existió cierto debate
respecto a las facultades del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación para declarar laENTREVISTA: Dª. Mª Del Carmen Alanísinconstitucionalidad de una ley. Mientras algunos
consideraban que era una atribución reservada
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
otros señalaban que - en materia comicial - el Tribunal Electoral tenía facultades de control constitucional.
Ese debate quedó resuelto en noviembre del
2007, cuando el Legislador reconoció que: “ […]las
salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no
aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad
se limitarán al caso concreto sobre el que verse el
juicio. En tales casos la Sala Superior informará a
[…]”.Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (art. 99)
En materia de financiación de los partidos políticos
y las campañas electorales, ¿qué tipo de regulación tiene México y cómo viene funcionando en la
práctica en los últimos años?
En cuanto al financiamiento el sistema mexicano tiene una estructura mixta, es decir considera tanto financiamiento público como privado
(aportado por militantes, simpatizantes y actividades de autofinanciamiento).
• Financiamiento Público: Prevalece sobre los
otros tipos de financiamiento. La fórmula para
determinar su monto consiste en multiplicar el
número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por el 65% del salario mínimo. El 30%
ese total se entrega en forma igualitaria a los partidos y el 70% se distribuye según la votación
obtenida en la elección anterior.
Adicionalmente, en los años de elecciones
federales, se entrega un monto para gastos de
campaña equivalente a un porcentaje (50% en
año de elección presidencial; 30% en año de elección intermedia) del monto de financiamiento
público ordinario.
• Financiamiento privado: Está conformado
por a) las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de los afiliados de los partidos, por las
aportaciones de sus organizaciones sociales y por
las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas;
b) las aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, hechas a los partidos políticos en forma9Ningún partido político puede recibir
aportaciones de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al
10% del monto establecido como
tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior.libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país; c) los
ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, y d) los rendimienbtos
financieros por fondos y fideicomisos.
Ningún partido político puede recibir aportaciones de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al 10% del monto establecido como
tope de gastos para la campaña presidencial
En efecto, no sólo se regulan las fuentes de
financiamiento a los Institutos Políticos, sino que
también se fijan topes de gasto en las campañas,
a efecto de preservar - en alguna medida - la
equidad de las contiendas.
Los topes que fija la Ley son:
• Para la elección de Presidente, el equivalente al 20% del financiamiento público para todos
los partidos en el año de la elección presidencial.
• Para la elección de diputados de mayoría
relativa, lo que resulte de dividir el tope de gasto
de campaña establecido para la elección presidencial entre 300.
• Para senadores de mayoría, lo que resulte de
multiplicar el tope de gasto de campaña para
diputados de mayoría, por la cantidad de distritos
que comprenda la entidad.
¿Qué experiencias de voto electrónico ha habido
en su país y qué futuro augura a ese tipo de sufragio a medio y largo plazo, en qué ámbitos podría
tener una aplicación más inmediata?
En caso de México, el mayor avance se ha
observado a nivel local. El Distrito Federal y los
estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Chihuahua, Estado de México, Baja California,10REI en ParlamentosJalisco, Chiapas y Puebla han trabajado en el diseño, desarrollo e implementación de un modelo de
urna electrónica, con el fin de ser utilizada en sus
respectivas jornadas electorales.
En el plano federal, se han mantenido algunos
proyectos de investigación a cargo del Instituto
El caso del Distrito Federal: El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ha sido uno de los
mayores impulsores del uso de urna electrónica.
Este organismo ha llevado a cabo dos pruebas
piloto durante los procesos electorales de 2003 y
2006. En la primera vez utilizó urnas prestadas
por el Tribunal Electoral de Brasil y en la segunda,
urnas diseñadas, desarrolladas y elaboradas por
instituciones académicas y de investigación en
México. Ambos ejercicios alcanzaron buenos
resultados, de manera que se tienen las condiciones para mantener la investigación en la materia.
La prueba piloto de 2003, tuvo como objetivo
conocer la opinión de los electores precisamente
respecto al tema del uso de la urna electrónica. Se
instalaron 120 urnas electrónicas en igual número de casillas electorales. Se tuvo una participaron
de poco más de 23 mil personas.
En el ejercicio de 2006 se instalaron 40 urnas
electrónicas en igual número de distritos electorales. Esta vez, en la prueba fueron puestos a consulta reactivos sobre valores cívicos y democráticos. En la consulta participaron poco más de
5,800 personas. El 98% de los participantes consideró que su uso es fácil y no representa mayor
problema para la emisión del sufragio.
Esta entidad federativa fue la primera entidad
en el país (2005) en adecuar su legislación para
usar unas electrónicas en una elección constitucional.
En aquel año, las urnas se utilizaron en 31 casillas en las principales ciudades del estado. Posteriormente, en 2008 se instalaron 100 urnas en los
20 distritos electorales locales de la entidad.
Como en el caso del Distrito Federal, las pruebas presentaron resultados favorables, por lo que
se tiene previsto expandir los ejercicios en las
Es evidente que el uso de urnas electrónicas
supone algunas ventajas respecto a la urna tradi-ENTREVISTA: Dª Mª del Carmen Alaníscional, a saber: Facilita el escrutinio y se suprimen
errores en el recuento de boletas; Reduce los litigios que se producen por errores humanos en el
conteo; Representa ahorros en materiales electorales que luego se deben destruir; Simplifica los
procedimientos de apertura y cierre de casilla,
porque se omite la revisión de la documentación
electoral y el llenado de las actas se realiza a través del sistema evitando errores humanos; Elimina el uso físico de boletas y actas electorales.
No obstante estas ventajas aparentes, el voto
electrónico puede traer consigo algunas desventajas en términos de credibilidad en los procesos
electorales. En una democracia en evolución como
la mexicana, el costo de un escrutinio cuestionado es demasiado alto.
En efecto, el sistema de votación en México
está construido sobre la base de que sean los propios ciudadanos quienes reciban y cuenten los
votos emitidos por sus vecinos. Ello puede traer
problemas en el cómputo de sufragios y requiere
de una amplia movilización de gente los días de
jornada electoral (costos), pero es - sin duda - la
mejor garantía respecto a la imparcialidad de
quienes reciben la votación.
En ese sentido, es posible que - independientemente del perfeccionamiento tecnológico de las
urnas - el voto electrónico sea factible sólo en el
mediano plazo. En tanto se consolida la confianza
ciudadana en las instituciones electorales, se forman los cuadros partidistas capaces de verificar
los sistemas de cómputo y se rediseñan los procedimientos para la emisión, escrutinio y cómputo
del voto, los riesgos del voto electrónico son inaccesibles para una democracia en evolución.
De ahí que conviene seguir avanzando a pasos
firmes en la tecnología de las urnas electrónicas y
en el diseño de posibles marcos regulatorios para
su utilización. Pero es necesario dar una serie de
pasos previos a su implementación formal en
El número de mexicanos en el exterior, especialmente en EE.UU., es enorme. ¿Existe en la actualidad un procedimiento de participación electoral
previsto para los mexicanos en el extranjero y con
qué garantías, y qué valoración le merece?
En efecto, la comunidad de mexicanos residiendo fuera del territorio nacional es muy gran-ENTREVISTA: Dª. Mª Del Carmen Alanísde: más de doce millones. La mayor parte de éstos
(98%) viven en Estados Unidos y el 2% restante se
dispersa en países de los cinco continentes.
No obstante el tamaño de la diáspora y el creciente reclamo de los migrantes por participar en
los asuntos políticos del país, fue hasta el año
2005 que se lograron los acuerdos congresionales
necesarios para alcanzar una regulación sobre el
Aspectos como el status migratorio irregular de
buena parte de los migrantes, la desconfianza
entre los actores políticos, la imposibilidad de
aplicar la ley electoral fuera del territorio, los
patrones de concentración y dispersión de los
migrantes, entre otras, fueron elementos que durante más de una década - dificultaron idear
una fórmula de consenso.
Finalmente, en el 2005 se consiguieron los
principales acuerdos, buscando los siguientes
– Que el voto en el extranjero sea tan seguro y
confiable como el que se emite en territorio
– Que las estructuras consulares no participen
en ningún tramo de la organización o administración electoral;
– Prohibir a los partidos y candidatos el uso de
recursos y los actos proselitistas fuera del territorio nacional;
– Brindar oportunidades iguales a los mexicanos residiendo en cualquier lugar del mundo, y
Garantizar la confidencialidad de los datos personales de los electores en el extranjero.
En ese sentido, el Legislador optó por una fórmula que resultó muy rígida, pero que posibilitó
que la primera experiencia de voto en el extranjero (elección presidencial de 2006) fuera incuestionada. Los lineamientos principales de esta fórmula son: Sólo pueden votar aquellos ciudadanos
mexicanos que tengan Credencial par Votar (sólo
se expide en territorio nacional) y que soliciten su
inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, por correo certificado
(costo al votante = 12 dólares americanos, emitiendo la solicitud desde EEUU); La autoridad
electoral envía la boleta a los domicilios en el
extranjero de los ciudadanos registrados en dicho
Listado, quienes emiten su sufragio y nuevamente
envían por correo certificado (esta vez con portepagado por el IFE) su voto a la Ciudad de México;
Los votos son contados en la Ciudad de México, al
mismo tiempo que los votos emitidos en el territorio nacional.
En efecto, al igual que el modelo español de
voto extraterritorial, el mexicano requiere la emisión de voto por correo. Pero a diferencia de éste,
el proceso de inscripción en el Listado Nominal es
complejo y requiere que se tenga en el extranjero
una identificación electoral que no se puede obtener fuera del territorio.
En ese sentido, no es de sorprender que los
niveles de participación alcanzados en la elección
extraterritorial del 2006 hayan sido escasos.
40,000 ciudadanos residentes en 80 países del
mundo fueron inscritos al Listado Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero; 32,632
cumplieron en tiempo y forma con los requisitos
para la emisión del voto, de manera que sus sufragios fueron contabilizados.
Aun cuando fue escasa la participación, el voto
extraterritorial en México reviste una importancia
política trascendental. El reconocimiento del
derecho al ejercicio del voto refrendó la ciudadanía de aquellos millones de migrantes que antes
estaban imposibilitados a participar en las decisiones político electorales del país.
Se trata posiblemente de la expansión de derechos político electorales más importante que ha
tenido México, desde que en los años cincuenta se
reconoció el derecho al voto de la mujer.
Es claro que la fórmula tiene que ser mejorada
para mejorar los niveles de participación. Debe
repensarse el mecanismo de inscripción en el Listado Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero, pues al requerir una Credencial que
sólo se expide en México, se reduce el universo
potencial de votantes dramáticamente.
Adicionalmente, es menester considerar la
posibilidad de flexibilizar la prohibición de actos
proselitistas en el extranjero, pues es conocido
que el mejor estímulo para la participación electoral es que los ciudadanos cobren interés en la
discusión política que atañe a cada proceso electoral. En la medida en que los migrantes se involucren en ese debate, mayor será su propensión a
participar electoralmente desde el lugar en el que
viven y - con ello - más incluyente serán los procesos electorales en México.1112REI en ParlamentosEntrevista
Presidente de la Junta Electoral Central (España)Joaquín Brage, Profesor de Derecho Constitucional y Juez.Sr. Presidente, ¿podría, en primer lugar,
explicar grosso modo a los lectores cuáles son los principios vertebradores del
sistema electoral en España y, más en
particular, cuál es, en este contexto, el
papel que toca jugar a la Junta Electoral
Por su composición y por las normas
que rigen su funcionamiento, la Junta
Electoral Central es una Administración
independiente, encargada, como los restantes órganos de la Administración
Electoral, de garantizar el “principio de
igualdad” en las elecciones y la “transparencia y objetividad del proceso electoral”. Las atribuciones de la Junta Electoral Central son muy numerosas e importantes. Se puede decir, en síntesis, que la
Junta Electoral Central es: 1) árbitro en
última instancia de las competiciones
electorales, que resuelve con arreglo a
derecho las controversias entre las formaciones políticas contendientes, y que
ejerce la potestad disciplinaria sobre
todas las personas que intervienen en el
proceso electoral; y 2) órgano superior de
la Administración Electoral, que dirige y
supervisa la actuación de la Oficina del
Censo Electoral, que unifica los criterios
interpretativos de las juntas electorales
territoriales (de comunidad autónoma,provinciales y de zona) y que vela por el
cumplimiento de las normas relativas al
la Junta Electoral Central es la de dar unidad a todo el sistema de Administración
Electoral. ¿Cómo opera esto, a través de
qué cauces? ¿Se da en lo esencial una
continuidad en las directrices e interpretación de la legislación electoral por las
sucesivas Juntas Electorales Centrales?
¿Existe alguna publicación que reúna o,
mejor aún, sistematice toda la doctrina
sentada por la Junta Electoral Central a lo
largo de los años?
Los instrumentos para que el conjunto de la Administración Electoral funcione de manera armónica son los cuatro
siguientes: 1) la competencia para cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las juntas electorales territoriales; 2) la resolución, también con
carácter vinculante, de las consultas
planteadas por las juntas electorales; 3)
la revocación, de oficio o a instancia de
parte, de las decisiones de las restantes
juntas electorales que se opongan a la
interpretación de la normativa electoral
realizada por la Junta Electoral Central;
y 4) la respuesta a las consultas de lasENTREVISTA: D. Antonio Martín Valverdeformaciones políticas sobre “cuestiones de carácter general”.
Efectivamente, ha existido y existe continuidad
en la interpretación de la legislación electoral por
parte de las juntas electorales centrales que se
han sucedido en las distintas legislaturas (la composición de la Junta actual corresponde a la IX
Legislatura). Se puede decir que la Junta presta
gran atención a sus propios precedentes, aunque
éstos no sean vinculantes. Una muy buena fuente
de conocimiento tanto de la doctrina de la Junta
Electoral Central como de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la materia, es el “Código
Electoral” de Arnaldo y Delgado-Iribarren (6ª edición, 2008), configurado como Comentario a la
legislación electoral, básica y complementaria.
¿Qué posible intervención tiene el Tribunal Constitucional respecto de la Junta Electoral Central y a
través de qué cauces? ¿Podría destacar algunas
sentencias particularmente relevantes del Tribunal
Constitucional con relación al procedimiento electoral y con respecto a la actuación de las Juntas
La posición singular de la Administración Electoral dentro del conjunto de las Administraciones
Públicas ha sido destacada en varias sentencias
del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, por citar
sentencias relativamente recientes, en STC
83/2003 y 26/2004.
Nuestro sistema de escrutinio del voto es bastante
rápido y eficiente. De todas formas, ¿le parece que
sería posible perfeccionarlo algo más y cómo?
La aplicación de las “nuevas” (aunque ya no
tan nuevas) tecnologías de la información y la
comunicación podría, sin duda, simplificar y facilitar las distintas operaciones de las mesas electorales. Pero esta aplicación ha de ser muy prudente. Téngase en cuenta que, en el momento crucial
del procedimiento electoral que es la votación, las
“terminales” de la Administración Electoral son las
mesas electorales, cuyos miembros se designan
por sorteo y no necesariamente cuentan con preparación específica para el manejo de los instrumentos informáticos. Y no se olvide tampoco que
todo el procedimiento electoral está inspirado en
el principio de publicidad, que, como ha dicho
hace unos meses el Tribunal Constitucional ale-Reunión de la Junta Electoral Central.mán (STC Al. 3-3-2009), puede resultar incompatible con determinadas aplicaciones del llamado
“voto electrónico”.
Las experiencias de voto electrónico en España
son muy limitadas; aun en una situación ideal de
perfecto funcionamiento técnico, presentan riesgos e inconvenientes no desdeñables. ¿Qué valoración le merecen y qué campo de aplicación,
siquiera accesorio o complementario, cree que
podría tener en el futuro más inmediato una tecnología de este tipo en el ámbito electoral y con qué
garantías y límites?
En las próximas elecciones al Parlamento Europeo se va a poner en práctica una experiencia
piloto en tres capitales de provincia (Lérida, Pontevedra y Salamanca) sobre aplicación de tecnología informática en determinadas operaciones
electorales (confección de listas y actas, cómputo
o recuento de votos, identificación electrónica,
etc.). Los límites de esta experiencia son, obviamente, las normas del procedimiento electoral
vigente. Habrá que estar atentos al resultado y a
las enseñanzas de este interesante experimento
denominado “colegio administrado electrónicamente”.
Con relación al voto de los emigrantes, se ha planteado la posibilidad de crear una circunscripción
electoral única para dicho voto, reforma constitucional que incluía en su programa electoral de 2008
el actual partido en el Gobierno. ¿Qué le parece1314REI en Parlamentosesta opción y qué ventajas y desventajas cree que
tendría? Parece, por otro lado, que el voto de los
ciudadanos españoles residentes en el exterior es
un aspecto de nuestro sistema electoral bastante
mejorable (también el partido en el Gobierno llevaba en su programa electoral la promesa de aumentar las garantías en ese ámbito para evitar el fraude), ¿qué mejoras le parece a Vd. que sería apropiado introducir o deberían estudiarse?
Para garantizar el ejercicio personal del derecho de voto por parte de los españoles con residencia permanente en el extranjero (los llamados
en terminología legal “residentes ausentes”) la
Junta Electoral Central ha dictado este año la Instrucción 1/2009 y la Instrucción 2/2009 (que
refunde y completa la anterior), encaminadas a
verificar la identidad del elector en el voto por
correo; la aplicación de sus disposiciones en las
elecciones autonómicas de 1 de marzo pasado ha
sido, al parecer, satisfactoria. Habrá que esperar al
segundo test de esta Instrucción, que son las elecciones del 7 de junio al Parlamento Europeo.
El “voto en urna” de los españoles en la emigración, como procedimiento normal de votación, es una opción contemplada en la Ley de
ciudadanía española en el exterior; y probablemente será considerada en la reforma actual-mente en curso de la Ley Orgánica de Régimen
La circunscripción electoral única para el voto
de los emigrantes es una hipótesis cuyas ventajas y
desventajas habrá que ponderar. Habrá que ver si
ello comporta la vinculación del voto en el exterior
a un determinado tipo de elecciones: las de ámbito general. Habrá que ver también, supongo, si el
origen histórico y la distribución geográfica de la
emigración española son mínimamente homogéneos para justificar una circunscripción única.
En cualquier caso, el voto de los “residentes
ausentes” (un millón y cuarto de personas, en
números redondos) es uno de los principales puntos a considerar en una eventual reforma de la
legislación electoral; con serenidad y amplitud de
miras, pero también sin demagogia.
No pocas voces consideran que la “jornada de
reflexión” no cumple una función útil o que, por lo
menos, es algo que hoy en día ha quedado completamente desfasado. ¿Considera que habría que
reflexionar seriamente sobre su supresión en
No me parece urgente la supresión de la “jornada de reflexión”, y tampoco me parece vital su
mantenimiento.REI en Parlamentos
Universidad de Salamanca. EspañaSiete anotaciones
críticas sobre el
Como diría un clásico, si no se tiene una fe ideal en el valor de
la discusión pública y en el principio de publicidad como instrumento de control, el PARLAMENTARISMO deviene incomprensible.
En el caso español, la experiencia habida en las ocho legislaturas anteriores pone de relieve la conveniencia de mejorar las
carencias más notorias, que han obstaculizado una acabada
comprensión del sistema parlamentario. Esta tarea no exige, en
mi opinión, la inútil búsqueda de un núcleo irreductible de esta
forma de gobierno, como se intentó a comienzos de los años 80.
Basta con recordar que el principio de responsabilidad política del
Gobierno no puede ser, en modo alguno, banalizado. Y se incurre
en ello, cuando la relación política de confianza del gobierno de
turno sólo encuentra límites o bien en la responsabilidad penal,
que obviamente es de otra naturaleza, o bien en el veredicto de
las urnas. Entre estos dos supuestos extremos hay todo un campo de verificación del citado principio, menos traumático y más
particular, para que el Parlamento actúe siempre como límite y1ESTUDIOSEspaña1516REI en Parlamentos
monista .control del Gobierno. Por eso no
es de recibo, una idea de responsabilidad política que ha
hecho de la depuración de responsabilidades penales su obligado presupuesto.
Al margen de lo descrito en
los textos normativo al uso
sobre esta materia, lo cierto es
que no se acaba de entender el
Parlamentarismo sin ayuda de
las llamadas convenciones constitucionales, y otras fuentes propias del Derecho Parlamentario.
La propia práctica de los órganos
implicados en la vida política, así
como de los actores más importantes del reparto , es decir, los
partidos políticos, son factores
esenciales que estructuran nuestra parlamentaria forma de
gobierno. En consecuencia, las
categorías propias de la dogmática del Derecho Parlamentario
ceden siempre ante el principio2de efectividad que impone el
Estado de Partidos.
La otra variable capital que
termina por configurar lo que
podríamos llamar el Parlamentarismo “ a la española” es, sin
duda alguna, la ocasión electoral, auténtico “punctum temporis” de la democracia en vigor.
Durante estos treinta años el sistema electoral , aún con su débil
traducción del principio de proporcionalidad (circunscripción
electoral provincial, tamaño
realmente reducido del Congreso
de los Diputados, lista cerrada en
las candidaturas electorales y
sistema D´Hondt para el reparto
de restos), ha ido posibilitando la
formación de mayorías que, de
forma casi general, han agotado
el plazo de la legislatura, y por
tanto han proporcionado un alto
grado de estabilidad al sistema.
Se ha podido así hablar, en nuestro caso, de un ParlamentarismooA partir de la legislatura que
se inicia en 1982 con la abrumadora victoria del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), el
binomio que forman el Gobierno
con el Grupo mayoritario que le
apoya, opera como un factor
configurador del tipo de Parlamentarismo establecido. Los prejuicios del período constituyente
que habían temido en exceso
una debilidad congénita del sistema no se verificaron y tanto
empeño por adoptar todas las
técnicas posibles del parlamentarismo racionalizado (cuestión
de confianza, voto constructivo
de censura, y facultad presidencial de disolución de las Cámaras) demostró exiguo rendimiento e incluso, a veces, tuvo efectos perversos . El relevo en la
Presidencia del Gobierno no ha
sido una operación fácil en ninguna de las cinco ocasiones en
que se ha producido. Se acusaba
un claro déficit institucional y
sobraba un alto nivel de personalismo.
Es evidente que esta forma
de ocupar las instituciones no se
produjo sin coste alguno. El
caso español manifiesta una
interesada tendencia a confundir estabilidad gubernamental
con estabilidad del sistema político. Y pone de manifiesto también una devaluación institucional de la función parlamentaria
de control. De modo que estando así las cosas, el resultado no
podría ser otro que el blindaje
parlamentario del criterio de la
mayoría. Otros fenómenos parlamentarios que pueden asociarse a esta forma de entender
las reglas del juego, son el poder3D. José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados.estabilizadoESTUDIOS: España
de los Grupos Parlamentarios y
su reflejo en la propia composición personal de la clase parlamentaria. Todo ello, claro está,
con el compromiso, siempre
incumplido, de intentar mejorar
el reglamento parlamentario.
La crónica parlamentaria de
esos años destaca una lectura del principio mayoritario,
insensible al necesario espacio
para las minorías, que termina
por devaluar el papel del Parlamento hasta una posición
subalterna, no muy respetuosa
con el originario diseño constitucional. Los efectos negativos
colaterales de esta situación, no
se hicieron esperar. El llamado
“Parlamento de papel” puso de
relieve la anormal presencia de
la escena política. Se facilitó el
camino hacia una indeseable
“judicialización” de la política. Y
la Oposición política no acertó a
entender el rol que se le asigna
en el sistema y por tanto también siguió equivocándose en la
dinámica política, abusando
hasta extremos poco recomendables del instrumento procesal
del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Visto este último rasgo
en perspectiva, es decir, el papel
de la oposición, diríase que
representa una notoria y constante disfunción de nuestra forma de gobierno parlamentario.
Desde los postulados clásicos
del Parlamentarismo se sabe que
un gobierno de mayoría absoluta puede abordar el cambio y las
transformaciones de grandes
sectores del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo no es
tan ortodoxo que se acerque a
las fronteras del territorio pro-4Debate del Estado de la Nación 2009. Comparecencia del Presidente del
Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.pio de las mutaciones constitucionales, cambiando, por ejemplo, la forma de nombramiento
de miembros de órganos constitucionales , como ocurrió con el
Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, se produjo un
consentido, aunque legítimo,
protagonismo del Gobierno en el
campo legislativo, con la colaboración de una jurisprudencia
constitucional bastante condescendiente, en términos generales. No es de extrañar pues, que
algún comentarista de la época
llegara a identificar ciertas dosis
de cesarismo presidencialista,
bien evidentes entre los pliegues
Parece admitirse, por lo general, que todo Parlamentarismo es consustancial a una cierta
idea de igual condición (par conditio) entre la pluralidad de los
órganos constitucionales. Se5produce así entre ellos una independencia recíproca y a la vez
una condición de equilibrio que
garantiza, de modo efectivo, el
rol que a cada órgano le viene
atribuido. De forma que ningún
órgano tiene el monopolio del
“sentido de Estado”, categoría de
imposible definición, ni hay tampoco un único portavoz del
“interés general”. Sobre este
entendimiento del organigrama
del Estado se asienta el constitucionalismo cooperativo actual, y
una buena práctica del mejor
En el caso español el poder
ejecutivo ha resultado, demasiadas veces, excluyente respecto a
otros poderes e instituciones del
Estado. Por otra parte, el funcionamiento del sistema horizontal
de controles no ha sido el que
hubiera sido deseable. Se da la
paradoja de que esta carencia ha
sido cubierta con creces por el1718REI en ParlamentosViista general del Hemiciclo del Congreso de los Diputados. España.control que supone nuestra vertical distribución territorial del
poder político, y su traducción
en términos de grupos parlamentarios. Se sabe que nuestro
sistema de partidos presenta una
clara tendencia bipartidista, con
dos grandes opciones de gobierno, acompañándose ocasionalmente de formaciones políticas
de corte nacionalista, que actúan a veces de partido bisagra,
ante la ausencia de un tercer
partido, de centro, de alcance
nacional. Se explica de este
modo que la propia configuración del tipo de mayoría parlamentaria, salida de las urnas,
haya repercutido en el proceso
basculante y aún abierto de la
definición territorial de la forma
de Estado. Entre nosotros los
partidos han tendido a verse más
como sub-elementos del aparato
del Estado que como parte constitutiva de la sociedad civil. Y
manifiestan una patente incomprensión tanto de sus límites
jurídicos , como sobre todo, delos funcionales e institucionales.
El libro del Profesor García Pelayo sobre el Estado de Partidos
representa , en este sentido, una
amarga pero lúcida queja sobre
esta prepotencia.
En los países que no poseen
una larga tradición democrática como es el nuestro, se
tiende a confundir el Gobierno
con el Estado, identificando la
autoridad en sentido amplio con
la autoridad gubernativa. Además los representantes de la
soberanía popular parecen tener
dificultades para asumir que
frente a cualquier otro órgano
del Estado, la suya es la autoridad primera, como se desprende
del propio principio representativo-democrático. Probablemente la figura del mandato
representativo y su verificación
empírica se ha convertido en el
mejor ejemplo de la distancia
que media entre el Derecho Parlamentario y el Estado de partidos. Si su primer sentido sólo6pudo ser defender al electo
frente a los partidos, hoy, tras
no pocos episodios de transfuguismo político, parece necesitar algún tipo de corrección. De
modo que el mandato representativo debería operar sólo cuando la Cámara parlamentaria
está constituida y el Gobierno
formado. Sólo a partir de ese
momento el cargo de Diputado
adquiere autonomía y ya no
puede ser revocado. Tampoco
cabe la menor duda que mejoraría nuestro Parlamentarismo, si
se asientan las costumbres de
una buena interlocución democrática. Es decir, si aumenta el
respeto a las convicciones políticas del adversario, la lealtad
con las decisiones de la mayoría,
la apertura a la argumentación
política y el reconocimiento sin
reservas de las reglas de juego.
Finalmente la crónica parlamentaria manifiesta, en
demasiadas ocasiones, la inutilidad de las labores de control, que
cabe entender como una función
ubicua, una perspectiva, y no tanto como una competencia. En
nuestro caso se han desarrollado
nuevas técnicas, como son las
preguntas al Gobierno con respuesta oral en el Pleno de la
Cámara. Se ha comprobado también el error que supone cambiar
preguntas incisivas por peticiones
de información. Se empieza a ver
la deriva “presidencialista” que
adquiere el debate sobre el estado
de la Nación y se reconoce el
pobre saldo que arrojan las Comisiones de investigación. En suma,
parece claro que el Parlamentarismo a la española es, además
del nuestro, es decir del que partimos, también es manifiestamente mejorable.7REI en ParlamentosDebilidades del Sistema
electoral vigente en la
Republica ArgentinaCon el fin de alcanzar una más justa y exacta representación popular, Argentina ha implementado diversos sistemas electorales que, como es sabido, cabe definir como los
procedimientos que se aplican en una organización política
para designar a los gobernantes y establecer los mecanismos
que normalizan el acceso a los órganos de poder del Estado.
Con relación al sistema electoral vigente cabe señalar
como primera providencia que el poder legislativo luego de
varios cambios ha elaborado un sistema electoral que se basa
hoy en tres normas fundamentales, a saber: ley 19.945 conocida como Código Electoral Nacional, que establece el régimen general y las distintas formas para las elecciones siempre a nivel Federal; ley 23298 o Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, que establece la forma en que deberán organizarse
las agrupaciones políticas y los regimenes de elecciones
internas y demás normas del sistemas de partidos; y la
reciente ley 25600 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que establece las formas en la que los partidos políticos
recibirán los aportes y realizarán sus gastos.I.Veamos sumariamente sus elementos más destacados
antes de abordar las críticas y deficiencias del sistema.
La Cámara Nacional Electoral es la máxima instancia judicial en materia electoral, siendo sus principales funciones
controlar el cumplimiento de las leyes antes mencionadas
como órgano de revisión judicial; elaborar el Registro Nacional de Electores; y designar una Junta Electoral Nacional por
distrito (provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
con la antelación necesaria a fin de que queden integradas
sesenta días antes de la elección. Finalmente, es la encargada del control de constitucionalidad del proceso electoral.II.19PANORÁMICASArgentinaGUILLERMO FERNÁNDEZ PEGO
Abogado. Facultad de
Derecho. UBA.
Miembro de la REI.20ARGENTINAREI en ParlamentosEl sistema establece como base
el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, de primer grado
para las elecciones de legisladores
nacionales, es decir diputados y
senadores, y de Presidente y Vicepresidente de la Nación.
En el caso de los diputados
nacionales, que representan al
pueblo, se aplica el sistema de
distritos plurinominales: cada una
de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se
consideran como un solo distrito.
El número de diputados a elegir
respeta proporcionalmente el
número de habitantes, el que solo
puede variar según el censo
poblacional realizado.
Por otra parte, respecto del
escrutinio de votos, el Código
Nacional Electoral consagra el
sistema D'Hont y la Representación Proporcional por Lista para
los comicios de la mencionada
categoría no participando en la
asignación de cargos las listas que
no hayan alcanzado un mínimo
del tres por ciento del padrón
electoral del distrito.
En el caso de la elección para
senadores nacionales se aplica
también el sistema de distritos
plurinominales. Estos son elegidos
directamente por el pueblo de
cada distrito, solo que no representan al pueblo, sino que representan a los partidos políticos de
las diferentes provincias. De las
tres bancas en juego, dos son
cubiertas por los candidatos del
partido político que obtenga
mayor número de votos, y la restante por el candidato del partido
político que le siga en cantidad de
Desde 1991 rige la ley 24.012 conocida también como "ley de
cupos" o "ley de cuotas por géne-ro"-, que obliga a los partidos
políticos a incluir en sus listas un
mínimo del treinta por ciento de
mujeres entre sus candidatos en
lugares con posibilidades de
resultar electas. Esta ley rige para
cargos nacionales (originalmente
sólo se aplicó para diputados
nacionales, pero a partir del año
2001 también se empleó para la
categoría de senadores nacionales), hecho que ha modificado la
garantizando el acceso y la participación de la mujer en el debate
de la Nación son elegidos en forma directa por los ciudadanos, a
cuyo efecto todo el territorio de la
Nación Argentina conformará un
único distrito. Serán elegidos los
integrantes de la fórmula que
obtengan más del 45% de los
votos válidamente emitidos o, en
su defecto, que obtengan al
menos el 40% de esos votos, con
una diferencia de más del diez por
ciento sobre la fórmula que la siga
en números de votos. Si no se
alcanzan esas mayorías, se realizará una segunda elección con la
participación de las dos fórmulas
más votadas en el curso de la primera.PANORÁMICAS:Debilidades del sistema electoral vigente...Tras este esquemático
apunte hay que señalar
que la evaluación institucional de
la representación política en la
Argentina tiende a destacar distintos problemas: la desproporción distributiva de los escaños en
la Cámara de Diputados, las renovaciones intermedias de las
Cámaras, la falta de participación
del elector en la confección de las
listas y la distancia entre electores y elegidos producida por las
denominadas "listas sábanas", en
las que elector se ve obligado a
elegir candidatos desconocidos.
Un aspecto negativo de la
lista es que, en su mayoría, son
listas cerradas y los votantes no
tienen capacidad para determinar
quien será el representante de su
partido, además de aparecer,
generalmente, insensibles a los
cambios ocurridos en el entorno.
La sociedad argentina reclama
cambios en el funcionamiento del
sistema electoral y político que
conlleve un mayor control sobre
los actores. No obstante, si bien la
reforma electoral no es el remedio
para todos los males que aquejan
al sistema político argentino, es
un eje clave de la reforma política
junto con la búsqueda de transformaciones en el sistema de partidos. En Argentina hay 691 partidos pero sólo dos de ellos poseen
representación en todo el país:
650 distritales y 41 partidos
nacionales, que solo son reconocidos como tales, cuando tienen
representación en al menos 5 distritos o más. De todos ellos, sólo
192 partidos distritales y 7 nacionales logran cumplir con los
requisitos establecidos por la ley
electoral. A nivel nacional, se tra-III.ta del Partido Justicialista, la
Unión Cívica Radical, el Frente
Grande, el Partido Socialista,
Desarrollo (MID), Recrear y Afirmación para una Republica Igualitaria (ARI). Sólo el PJ y la UCR
mantienen representación en los
24 distritos con más del mínimo
de 4 por mil de afiliados aunque,
vale aclarar, resulta muy notoria
la pérdida de afiliaciones en el
transcurrir del tiempo ("Informe:
Partidos políticos: afiliados y
representatividad", realizado por
la Cámara Nacional Electoral,
organismo judicial argentino que
preside la Unión Interamericana
de Organismos Electorales).
Lograr una mejor representatividad de los ciudadanos implicará
redefinir el tamaño de los distritos
sobre la base del censo general de
población. Esta es una tarea pendiente si se quiere mejorar la calidad de la representación y, en
particular, atender a los potenciales problemas de gobernabilidad
que pueden originarse en un sistema presidencialista en el que la
victoria de una fórmula presidencial se decide en los distritos más
grandes tras la supresión de la
elección indirecta vigente hasta
Concluyendo, es importante
destacar que un gobierno efectivo
depende no solo de quienes están
en el poder sino, además, de quienes están representados en el parlamento pero no forman parte del
gobierno. El sistema electoral
debe ayudar a asegurar la presencia de una oposición parlamentaria viable, que pueda evaluar críticamente la legislación, salvaguardar los derechos de las minorías y
representar efectivamente los
intereses de sus electores.ARGENTINA2122REI en ParlamentosPANORÁMICASArgentina¿Es razonable prohibir
as encuestas de opinión y las proyecciones sobre el
resultado de los comicios se han convertido, en los
últimos tiempos, en actores centrales del universo político, y
en particular de las campañas electorales.
Los partidos políticos y sus candidatos ajustan y moldean
su estrategia proselitista teniendo presente los datos proporcionados por los profesionales de este tipo de empresas de
investigación. Sin embargo, la creciente importancia de las
encuestas ha venido acompañada por un intenso debate en
torno a diferentes aspectos de las mismas. Una cuestión sustancial de las encuestas es que no sólo miden la opinión
pública, sino que pueden llegar a moldearla.
En ese orden de ideas, diversas legislaciones en materia
electoral han limitado la difusión de las encuestas antes,
durante, e incluso, después de los comicios.
Las restricciones previas a las elecciones y las impuestas
mientras se desarrolla el comicio, muestran fundamentos
jurídicos atendibles. Por su parte, la prohibición de los denominados “bocas de urna”, una suerte de resultado electoral
informal, emitido inmediatamente después de finalizado el
acto electoral, parece un exceso reglamentario con fuertes
objeciones normativas.LRICARDO PORTO
de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad
de Expresión del Senado de la
Miembro de la REI.LA OPINIÓN PÚBLICA CONSULTADA Y MANIPULADA
Rodotá nos recuerda que “...al padre de las encuestas,
George Gallup, lo había motivado en los inicios una intención
muy diferente: obrar de manera tal que en la nación en su
totalidad pudiera funcionar el modelo de democracia directa
que, en la tradición estadounidense, está ligado a la experiencia de los town meetings, (asambleas abiertas) de Nueva
Inglaterra. Pero esta hipótesis, referida a una realidad que
estaba profundamente vertebrada por la lógica representativa, revestía de inmediato un significado polémico. Precisamente, Gallup sostenía en forma explícita que la mayoría dePANORÁMICAS:¿Es razonable prohibir encuestas y sondeos electorales?la opinión pública y no la parlamentaria, debía ser considerada
como the ultimate tribunal (tribunal de última instancia) para las
cuestiones políticas y sociales”
(Rodotá, Stéfano; “Tecnopolítica La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación”).
Una primera cuestión está
referida a la representatividad de
las encuestas; pues se ha señalado que el reducido número de la
muestra de consultados afecta la
consistencia de las encuestas y
Este aspecto es también abordado por Rodotá, quien señala
que “En los Estados Unidos, los
profesionales del sector sostienen
que una muestra de mil personas
está ya en condiciones de suministrar respuestas que se alejan
solamente 3-4 % de las que se
obtendrían con una consulta de
todo el electorado, como por
ejemplo la propia elección del
presidente de los Estados Unidos”.
No obstante, el autor luego
agrega que de esa manera se llega a un máximo de artificiosidad
en la individualización del soberano, resuelta integralmente en una
construcción estadística y demoscópica.
Sartori va más allá de cuestionar la representatividad de las
encuestas, para objetar la forma
en que son instrumentadas.
“....tenemos el problema de la fácil
manipulación de los sondeos (así
como de su institucionalización,
que es el referendum). Preguntar
si se debe permitir el aborto, o
bien si se debe proteger el derecho a la vida, es preguntar las dos
caras de una misma pregunta; de
una pregunta sobre un problema
que se entiende mejor que
muchos otros. Y sin embargo ladiferente formulación de la pregunta puede cambiar la respuesta
de un 20 por ciento de los interpelados. Durante el caso Watergate, en 1973, se efectuaron en
un solo mes siete sondeos que
preguntaban si el presidente
Nixon debía dimitir o ser procesado. Pues bien, la proporción de
respuestas afirmativas variaba
desde un mínimo del 10 a un
máximo del 53 por ciento. Y estas
diferencias se debían casi exclusivamente a variaciones en la formulación de las preguntas” (Sartori, Giovanni; “Homo videns - La
sociedad teledirigida”).
En la misma orientación, Sartori refiere que en las elecciones
de 1988, un sondeo de Roper ubicaba al candidato demócrata
Dukakis 12 puntos debajo de
Bush, mientras que si se le mencionaba al encuestado en primer
lugar a Bush, la diferencia se
reducía a 4 puntos.
En Sartori se advierte una
objeción que no se limita solamente a señalar supuestos defectos por parte de los encuestadores, sino que cuestiona a los propios encuestados, expresando que
los profesionales del oficio saben,
en el fondo, que la gran mayoría
de los interpelados no sabe casi
nada de las cuestiones sobre las
que se les preguntan. “Cuando se
produjo la segunda votación de la
Comisión Bicameral para las
reformas constitucionales apareció un sondeo del CIRM que daba
como resultado que el 51 por
ciento de los italianos estaba a
favor de la elección de una asamblea constituyente y solo el 22 por
ciento era favorable a la Bicameral. El mismo día -15 de enero de
1997- Indro Montanelli comenta-ARGENTINA23ba irónicamente en Il Corriere
della Sera que para muchos italianos bicameral era probablemente una habitación con dos
camas”.
Más allá de la honestidad
intelectual del gran maestro italiano, algunos, cuestionablemente, se apoyan en este tipo de
datos para articular discursos elitistas, que conducen a formas
restrictivas de la democracia.
Rodotá destaca la múltiple
importancia de las encuestas en
los procesos políticos, señalando
que “En definitiva, las encuestas
pueden convertirse, por una parte, no en el medio para la verificación de la opinión, sino para su
modificación o formación y, por la
otra, en un instrumento capaz de
otorgar un fuerte poder constructivo precisamente a las referencias con las cuales la opinión
pública es convocada luego a
Quienes, por el contrario, realizan una valoración positiva de
las encuestas de opinión, afirman
que las mismas, cada vez más
sofisticadas técnica y profesionalmente, proporcionan al ciudadano la mayor cantidad y calidad
de información para decidir algo
tan importante como el voto. En
una democracia madura, sostienen, conocer la tendencia del
electorado es un elemento decisivo para orientar la propia decisión.
Badeni, en ese orden de ideas,
pone en duda la posibilidad que
las encuestas puedan incidir en la
determinación política de los
electores. “Se parte de una hipótesis muchas veces sostenida,
según la cual las encuestas influyen en el comportamiento de los
ciudadanos. El argumento tiene24ARGENTINAcierta cuota de razonabilidad,
pero es una hipótesis; pues hasta
ahora no se ha demostrado científicamente que las encuestas
influyan sobre la capacidad de
decisión de los electores. No hay
ninguna prueba científica sobre el
particular. Al contrario, hemos
tenido ciertas experiencias que
nos han revelado que las encuestas no han tenido un reflejo fiel
en el seno de las urnas” (Badeni,
Gregorio; “El Derecho Electoral
Activo y la Reforma Política”).
En Argentina, el Código Electoral Nacional, en relación a las
actividades de publicación y difusión de encuestas, los prohíbe
desde cuarenta y ocho horas
antes de la iniciación del comicio
y hasta el cierre del mismo.
Respecto de la publicación de
proyecciones sobre el resultado
de la elección, la prohíbe durante
la realización del comicio y hasta
tres horas después de su cierre.
Concordantemente, la Ley 268,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 5º establece que,
“Desde las cuarenta y ocho
(48) horas anteriores a la iniciación del comicio y hasta tres (3)
horas después de su finalización,
queda prohibida la difusión,
publicación, comentarios o referencias, por cualquier medio, de
los resultados de encuestas electorales”.
Así las cosas, cabe apreciar
tres supuestos de limitación a las
encuestas: antes de los comicios
(48hs.); durante el desarrollo de
los mismos y luego de finalizado
el acto electoral (3hs. después delREI en Parlamentoscierre). En este último caso, se
refiere a las denominadas bocas
de urna; es decir las proyecciones
sobre el resultado de la elección.
Las restricciones impuestas a
la difusión de encuestas y proyecciones electorales en forma previa
a los comicios han sido establecidas en países como Uruguay, Brasil, México, Francia, Italia y Rusia,
etc. Los plazos suelen variar entre
2 y 15 días antes del acto electoral.
La fundamentación para este
tipo de limitaciones reside en la
intención de evitar la manipulación del electorado, mediante la
publicación de sondeos electorales que puedan ser distorsionados
maliciosamente por los partidos
La normativa citada, y dispuesta en la Argentina, en el orden
nacional y local, aún sin decirlo,
pareciera pretender crear un clima de tranquilidad previa al acto
electoral, para que el elector, fuera de toda influencia y presión, en
silencio y en la soledad de su conciencia, decida su voto.
Se ha afirmado que las limitadas restricciones impuestas aparecen, a priori como razonables y,
podría decirse, que no afectarían
Sin embargo, otras corrientes
de opinión sostienen que la prohibición de la difusión de encuestas
marcha a contramano de las crecientes exigencias sociales de
transparencia en materia electoral, siendo que este tipo de información es la más objetiva, puesto
que las brindadas por los partidos
políticos tienen toda la subjetividad imaginable. Por ello, ratifican
que la publicación de encuestas
hasta el mismo momento del
comicio es el mejor resguardopara el ciudadano a la hora de
decidir su voto, y critican la idea
de mejorar la calidad de institucional a través del retaceo de
Creen, así, que esta norma viola la libertad de expresión y el
derecho a recibir información,
garantizados por el texto constitucional.
Por otra parte, añaden que la
mayoría de las democracias consolidadas han resistido la presión
reguladora y ofrecen un amplio
margen de libertad a la difusión
de sondeos electorales.
En segundo lugar, importa
considerar el restante supuesto de
la limitación para la difusión de
encuestas, que es el contemplado
en el inciso h del artículo 71 de la
Ley 25.610: “Publicar o difundir
encuestas y proyecciones sobre el
resultado de la elección durante
En este caso, el objetivo de la
norma es diferente al supuesto
anterior. En el inciso h, el fin perseguido por la norma pareciera
ser doble. Por un lado, impedir la
posible manipulación de los electores durante el desarrollo del
comicio, como consecuencia de
recibir informaciones tendenciosas, o, directamente falsas, sobre
Por otro lado, la norma procura evitar la definición de las elecciones por anticipado, merced a la
difusión de los boca de urna, que
señalan quien ha resultado ganador y con que porcentaje; una vez
finalizado el comicio, y, desde luego, con gran anticipación a las
Desde luego, es una verdad de
perogrullo que el resultado electoral está dado exclusivamentePANORÁMICAS:¿Es razonable prohibir encuestas y sondeos electorales?por el cómputo oficial de votos y
no por encuestas, y que han existido no pocos casos de ganadores
según los sondeos postelectorales,
que luego no fueron tales, una vez
realizado el escrutinio definitivo.
que se recuerden en este sentido,
fue el protagonizado por distintosmedios de comunicación de los
EE.UU. que, sobre la base de sondeos realizados a boca de urna,
dieron por ganador de las reñidas
elecciones presidenciales de 2000
al candidato demócrata Al Gore,
frente al republicano George W.
Bush. En Argentina también hubo
algunos errores de este tipo, aunque de menor envergadura.
Por cierto, paralelamente a esta
equivocación de las encuestas y
proyecciones electorales, se cuentan también importantes aciertos.
Efectivamente son innumerables
los casos en donde las encuestas
de boca de urna han adelantado,
con reducidos márgenes de error,
cuestiones fácticas, importa considerar el tema desde el punto de
vista de la teoría del derecho de la
En ese orden, la prohibición de
la difusión de encuestas y sondeos electorales durante el desarrollo del comicio aparece totalmente justificada; como una forma de
asegurar el correcto desarrollo del
mismo; sin influencias tendenciosas para el elector.
Distinto es el caso de la prohibición de los bocas de urna; una
vez concluida la elección.
En este último caso, la prohibición establecida parecería procurar el establecimiento de un
ámbito de prudencia y cautela
frente al acto electoral. Que sean
las urnas y no los medios quienes
definen la contienda electoral,
sería el objetivo final de la norma.
Ciertamente, la mesura y la
rigurosidad en el análisis de los
comicios es un elemento de sustancial importancia y no dudamos
que debiera ser el temperamento
que defina la conducta y el dis-ARGENTINA25curso de los medios frente a un
acontecimiento de tamaña magnitud como lo es una elección.
No obstante, cabe preguntarse si la prudencia puede ser
impuesta coactivamente sin
lesionar el principio de la libertad
de expresión. Sobre el particular,
cabe volver a recordar aquella
máxima jurisprudencial que afirma que si bien la mesura es
deseable, su imposición por vía
legal suele conducir a situaciones de censura.
Así, quienes rechazan esta
norma, creen que con esta ley no
solo se restringe indebidamente
la libertad de expresión, sino que
la difusión de los resultados electorales es una de las barreras más
claras y contundentes frente al
fraude electoral, la manipulación
informativa de los resultados, el
carácter tendencioso de la comunicación oficial por parte de los
poderes públicos y las crecientes
deficiencias de los escrutinios
provisorios. Según esta corriente
de opinión, las encuestas en boca
de urna constituyen un instrumento útil para el control democrático.
En otro orden, entienden que
este tipo de limitación priva a los
información valiosa para sus
comentarios electorales, afectando de este modo el derecho de la
sociedad a recibir información.
estimamos que la limitación a las
encuestas en forma previa a los
comicios y durante el desarrollo
de los mismos encuentra fundamentos jurídicos; mientras que la
restricción del denominado boca
de urna, una vez finalizado el
acto electoral, presenta serias y
fundadas objeciones.26REI en ParlamentosPANORÁMICASBoliviaHacia un nuevo régimen
Constitución de 2009a Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia,
aprobada mediante referéndum en enero de 2009,
supera los criterios conservadores que primaron en la mayor
parte de la historia republicana del país, ampliando los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de todos los
habitantes y enfatizando los mismos para las mujeres y los
pueblos indígenas en el marco de la construcción de un Estado Autonómico Plurinacional. En este contexto, más allá del
concepto clásico de ciudadanía, si entendemos a la misma
como el conjunto de relaciones continuamente negociadas
entre individuos y colectividades en ámbitos específicos y
ante las diferentes instancias estatales, comprenderemos que
el camino emprendido por las mujeres y los pueblos indígenas a lo largo de los ciento ochenta y cuatro años desde la
fundación de Bolivia tiene un hito trascendental en este nuevo marco constitucional.
Así, el sufragio censitario y el sufragio capacitario limitaron sustancialmente la participación política de las mujeres y
de los pueblos indígenas hasta mediados del siglo XX, donde
se impuso el sufragio universal. Aún así, las mujeres fueron
discriminadas en las listas de los partidos políticos como candidatas hasta 1997, año en el cual se estableció una cuota
mínima de 30% de participación obligatoria de las mujeres en
las listas de candidatos. Hoy, la Carta Magna dispone en sus
artículos 11.I, 26.I, 147.I y, 210.II que la participación será
equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y
mujeres, lo cual implica el 50% para cada género y la alternancia en las listas de candidatos a cargos electivos, esto es
una mujer titular y un hombre suplente, un hombre titular y
una mujer suplente y así sucesivamente incluso, se infiere,
para los cargos en los órganos ejecutivo, judicial y electoral,
así como otras instituciones de los niveles autonómicos
departamental, regional, municipal e indígena originario
campesino.LGERMÁN MARCELO PERALTA GARCÍA
Licenciado en Ciencias Políticas de
Andrés y Secretario Técnico de la
Comisión de Política Social de la
Bolivia. Miembro de la REI.PANORÁMICAS:Hacia un nuevo régimen electoral en el marco...La república que en sus inicios
constituyó un orden político-institucional sin los indios, en su
proceso de consolidación enfrentó
cientos de levantamientos indígenas que reivindicaban su derecho
a la propiedad de la tierra, de
autogobernarse de acuerdo a sus
usos y costumbres y de participar
políticamente en la constitución
de los poderes públicos, siendo
casi siempre excluidos por la fuerza de las normas y/o por la violencia física. En este contexto, en la
Estado los treinta y seis pueblos
indígenas transversalizan todo el
andamiaje político-institucional y
su participación es central en la
Consecuentemente se establece que, para el caso de los pueblos
indígena originario campesinos,
se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades
territoriales. Los artículos 11.II.3,26.II.3 y 4, 210.III, y 211.I y II disponen que, donde se practique la
democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán
según normas y procedimientos
propios, supervisados por el Órgano Electoral y; que la elección,
designación y nominación directa
naciones y pueblos indígena originario campesinos, se realizará de
acuerdo con sus normas y procedimientos propios.
El Órgano Legislativo en la
nueva estructura estatal se denomina Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma que es bicameral compuesta por 130 diputados y 36 senadores. En cada
Departamento la mitad de los
diputados son elegidos mediante
mediante el sistema de mayoría y,
la otra mitad mediante circunscripciones
mediante el sistema de representación proporcional de las listas
encabezadas por los candidatos a
Presidente, Vicepresidente y
Senadores de la República (este
“sistema mixto” es una adapta-BOLIVIA27ción del sistema electoral alemán). Aunque la Constitución no
establece si la fórmula de asignación de escaños será por divisores
o cocientes en el sistema proporcional, por lo general los regímenes electorales previos establecieron la fórmula d´Hondt, que
utiliza como divisores la serie de
números naturales 1, 2, 3, 4, 5, y
sucesivamente. El sistema proporcional vale también para
determinar los cuatro senadores
El artículo 146.V de la Constitución Política del Estado manda
que la distribución del total de
escaños para diputados entre los
Departamentos se determinará
por el Órgano Electoral en base al
uno de ellos, de acuerdo al último
Censo Nacional, de acuerdo a Ley.
de ampliar la participación electoral y política de los indígenas
en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el espíritu de garantizar la representación de éstas
minorías, el artículo 146. VII del
nuevo texto constitucional ordena la creación de circunscripciones especiales indígena originario
campesinas en las áreas rurales
de cada Departamento, instruyendo al Órgano Electoral determinar las circunscripciones especiales que forman parte del total
de diputaciones asignadas a cada
Departamento. Luego, el artículo
147.II dispone que en la elección
de asambleístas se garantizará la
participación proporcional de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos. Aunque Bolivia siempre ha tenido un sistema
de proporcionalidad imperfecta,
ésta disposición a favor de las
minorías puede acentuarla y dis-28BOLIVIAtorsionarla aún más, sólo el tiempo nos dirá cuáles son las consecuencias políticas de ésta disposición que ignora el principio de
igualdad electoral (un hombre, un
voto, un valor).
De acuerdo a la norma constitucional el Presidente y Vicepresidente serán elegidos por sufragio
universal, obligatorio, directo,
libre y secreto, siendo proclamados como tales aquella candidatura que haya reunido la mayoría
absoluta de votos válidos o, que
haya obtenido un mínimo del
cuarenta por ciento de los votos
válidos, con una diferencia de al
menos diez por ciento en relación
con la segunda candidatura. Se
prevé el ballotage entre las dos
candidaturas que hayan alcanzado las mayores votaciones en el
lapso de los siguientes dos meses,
siendo elegida la candidatura que
haya obtenido mayoría simple.
Se establece el instituto de
revocatoria de mandato para el
Presidente del Estado y, consecuentemente, para los asambleístas del Órgano Legislativo. El término para llevar adelante nuevas
elecciones nacionales es de tres
También se establece que las
Magistradas y los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, del
Tribunal Agroambiental, los
Magistratura y, del Tribunal Constitucional Plurinacional sean elegidos mediante sufragio universal
por mayoría simple de votos, de
una lista preseleccionada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional y llevada a cabo por el Órgano Electoral, quién es el único
responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos, quienes no pueden perte-REI en Parlamentosnecer a ninguna organización
política. Se debe hacer notar que,
en la elección de las Magistradas
y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se deben
observar la composición de representantes del sistema ordinario y
del sistema indígena originario
campesino de justicia.
El artículo 209 dispone que la
representación política a los cargos
públicos electos, con excepción de
los cargos elegibles del Órgano
Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán postulados
a través de: 1) las organizaciones
originario campesinos, 2) de las
agrupaciones ciudadanas y, 3) de
La introducción de cuatro tipos
de autonomías territoriales, con
capacidades legislativa y ejecutiva brinda una nueva dimensión en
la necesaria descentralización
estatal boliviana. Así, se crean las
autonomías departamentales, las
autonomías regionales, las autonomías municipales y, las autonomías indígena originaria campesina. En todas ellas debe elegirse a
las autoridades ejecutivas y legislativas mediante sufragio universal, las mismas que deberán lle-varse a cabo a través del Órgano
Electoral y mediante un régimen
electoral específico que aún debe
considerarse y aprobarse por el
Órgano Legislativo Plurinacional.
Finalmente, el artículo 27 de la
Constitución reconoce el derecho
de las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior a participar
y Vicepresidencia del Estado, disponiendo que el derecho sea ejercido a través del registro y empadronamiento realizado por el
Órgano Electoral. En ese sentido
en fecha 11 de febrero de 2009 se
ha promulgado el Decreto Supremo Nº 0003 que viabiliza dicho
precepto constitucional y que
constituye la primera disposición
del nuevo régimen electoral boliviano.
Este es el marco de referencia
obligada que brinda la actual
para que se empiece a configurar
un nuevo régimen electoral en un
contexto de ampliación de la
democracia, de mayores niveles
de descentralización política y
administrativa y, de amplia inclusión social de los pueblos indígenas y las mujeres en todo el ámbito político.REI en ParlamentosRégimen Electoral y
Estado AutonómicoINTRODUCCIÓN: UN COMPLEJO ENTRAMADO
DE SISTEMAS ELECTORALES.
El ordenamiento jurídico español, tanto en general como,
en particular, en materia de régimen electoral, es un ordenamiento ciertamente complejo. Para aliviar la carga de lamento que tal aseveración contiene, podría decirse que esto suele ser así en los Estados compuestos, como lo es el Estado
Autonómico diseñado en la Constitución de 1978 y construido mediante el desarrollo legislativo de la misma.
Tal desenlace podría parecer el fruto de un propósito
común consciente y determinado. Pero no es del todo así.
Nuestro régimen electoral está diseminado en diversos preceptos de la Constitución (arts. 66 a 71, 140, 141 y 152) y en
una Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)
aprobada por las Cortes Generales en el año 1985, que ha
sido objeto de diez reformas puntuales desde su aprobación,
mediante las cuales, sin embargo, no se han modificado los
aspectos esenciales del sistema electoral. Existen, además,
diecisiete Estatutos de Autonomía que pueden contener preceptos en materia electoral y dieciséis leyes electorales aprobadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas (Cataluña no ha aprobado una Ley Electoral específica), cuyo contenido -dentro de un intenso marco constitucional, tendente a garantizar una mínima homogeneidad
en torno al núcleo central y los principios estructurales del
ordenamiento electoral- puede ser y de hecho es diverso,
aunque menos de lo posible, en cuanto a los elementos sustanciales o secundarios del sistema electoral.
Esta profusión legislativa -a la que se habrían de añadir las
correspondientes normas reglamentarias de desarrollo y las
Instrucciones dadas en su ámbito de competencia por la Junta Electoral Central y por las Juntas Electorales de cada
Comunidad Autónoma- trata de establecer las reglas jurídicas que han de aplicarse, de una u otra forma, en las elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado, en las eleccio-PANORÁMICASEspañaJUAN ANTONIO MARTÍNEZ CORRAL
Valencianas2930ESPAÑAREI en Parlamentosnes a las diecisiete Asambleas
Legislativas de las Comunidades
Autónomas y las dos ciudades
autónomas (Ceuta y Melilla), en la
elección de los 50 Diputados y
Diputadas del Parlamento Europeo que representan al Estado
Español, en los 8.112 Municipios y
siete Cabildos Insulares y para la
formación de las cuarenta y una
Diputaciones Provinciales y tres
Consejos Insulares. El hecho de
que, de las diecisiete Comunidades Autónomas, seis sean uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La
Rioja, Madrid, Murcia y Navarra),
once sean pluriprovinciales y dos
de estas últimas conjuguen el
carácter pluriprovincial con una
estructura territorial insular
(Canarias y las Islas Baleares),
explica el caleidoscópico resultado, variopinto en cualquier caso,
de este paisaje electoral.
El dibujo actual de este Estado
no estaba predeterminado en el
texto constitucional, más bien ha
sido el resultado de la utilización
concreta de las distintas vías de
posible acceso a la autonomía
previstas en la Constitución, de la
aplicación del principio dispositivo para la atribución competencial contenida en los Estatutos de
las Comunidades Autónomas, de
la generalización -fruto de los
Pactos Autonómicos de 1981 y de
la acción del Tribunal Constitucional (Vid. Ángel Garrorena Morales: Tribunal Constitucional y sistema electoral de las Comunidades Autónomas. Una desafortunada jurisprudencia. REDC, nº 85,
2008)- de la organización institucional inicialmente reservada a
las denominadas nacionalidades
históricas por el art. 152 de la
Constitución y de una innegable
tendencia al mimetismo, en elejercicio de la potestad de autoorganización de las Comunidades
Autónomas, respecto del sistema
institucional y de gobierno previstos en la Constitución para el propio Estado.
Lo arriesgado y excepcional del
complejo régimen jurídico y del
mapa institucional que se ha
construido es haber logrado que
pueda ser calificado como característico de un Estado compuesto
y no como la articulación ejemplar de un Estado descompuesto.
Es cierto que la estructura y la
ordenación de los Estados compuestos presenta un mayor grado
de homogeneidad de lo que, a
priori, pudiera esperarse. A ella ha
contribuido, en nuestro país, la
intensa y no siempre acertada
acción del Tribunal Constitucional
a lo largo de sus más de veinticinco años de existencia. Por otra
parte, en España el art. 152. 1 de
la Constitución ha servido de guía
y de límite a la libertad de autoorganización de las Comunidades
Autónomas, definiendo, en torno
al sistema parlamentario, con
mayores o menores dosis de parlamentarismo racionalizado, los
elementos esenciales de la forma
de gobierno autonómica: una
Asamblea Legislativa elegida por
sufragio universal, que a su vez
elige de entre sus miembros al
Presidente del Gobierno, el cual
designa a su Gobierno y responde
políticamente de su gestión ante
aquella. Esta configuración institucional conecta los elementos
definitorios de la forma de gobierno y los del sistema electoral, de
forma tan intensa que el desarrollo de algunos de los elementos
característicos del sistema de
gobierno parlamentario constituyen al mismo tiempo mecanismosPANORÁMICAS:Régimen Electoral y Estado Autonómicodeterminantes o propiciadores del
inicio de los procesos electorales:
el cumplimiento infructuoso del
plazo legalmente establecido para
obtener la investidura del Presidente del Gobierno, la pérdida de
una cuestión de confianza o el
ejercicio por el Presidente del
Gobierno de la potestad de disolución del Parlamento.
Por otra parte, resulta curioso
que los dos elementos básicos de
nuestro ordenamiento electoral
que inciden más directamente en
existente en España -las candidaturas cerradas y bloqueadas en
y la regla D´Hont para la adjudicación de escaños- se aplican a
todas las elecciones políticas (salvo las excepciones del Senado, las
Diputaciones Provinciales y los
municipios de 100 a 250 habitantes) incluidas las elecciones autonómicas, en este caso, por mor de
una decisión de los legisladores
autonómicos, que podían haber
tomado otra opción, al estar sólo
condicionados, algunos de ellos,
por la exigencia constitucional de
adoptar un sistema proporcional
(art. 152. 1 CE).
Esta variopinta realidad electoral a la que antes hacíamos
referencia presenta elementos tan
singulares como el art. 42 de la
LOREG, precepto que ha de dedicar tres apartados diferentes a
regular los requisitos generales de
las convocatorias de elecciones a
las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, segúnla convocatoria se realice por un
Presidente del Gobierno autonómico haciendo uso o no de la
facultad de disolución anticipada
del Parlamento que tenga reconocida o, finalmente, por un Presidente de Gobierno autonómico
que ni siquiera tenga reconocida
Lo que no dice el precepto es
que pueden darse dos supuestos
más de convocatoria electoral que
no tiene en principio que ver
directamente con la asignación o
no de la referida potestad de disolución; en primer lugar, aquellos
casos en que la disolución del Parlamento se produzca ope legis
porque ningún candidato propuesto logre la investidura en el
plazo de dos meses desde la primera votación (esto no ocurre en
todas las Comunidades Autónomas, puesto que en Andalucía, en
Aragón, en las Islas Baleares, en
Castilla-La Mancha y en Navarra
se prevé que transcurrido el referido plazo de dos meses se proceda a la investidura del candidato
del partido con mayor número de
escaños); en segundo lugar, cuando la convocatoria se produzca
como consecuencia de una decisión judicial de declarar la nulidad
de la elección, por apreciar la
concurrencia de irregularidades
invalidantes, conforme a lo previsto en el art. 113. 2 de la LOREG,
supuesto en el que la convocatoria de elecciones lo es como consecuencia o en ejecución de una
Inicialmente sólo una minoría
(las que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de
la Constitución, es decir, País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía)
preveían que el Presidente delESPAÑA31Gobierno pudiera decretar la
disolución anticipada de la
correspondiente Asamblea Legislativa antes de finalizar la Legislatura. Ello abocaba cada cuatro
años a las restantes Comunidades
Autónomas a la realización de
procesos electorales paralelos,
coincidentes con la convocatoria
de las elecciones locales y, en
algún caso, con las elecciones al,
Parlamento Europeo. Tal carencia
comportaba para la mayoría de
las Comunidades la configuración
de sistemas parlamentarios de
baja intensidad política, justificada en el propósito de propiciar
periodos de estabilidad gubernamental y parlamentaria. Posteriormente, mediante sucesivos
procedimientos de reforma de los
Estatutos de Autonomía, desarrollados entre los años 1997 y
1999, se introdujo una posibilidad
de disolución anticipada limitada
en diversas Comunidades Autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura, Navarra,
Madrid, Murcia y La Rioja). Esta
limitación tenía diferentes manifestaciones: no se podía decretar
en el primer periodo de sesiones,
ni cuando faltase menos de un
año para la terminación natural
de la legislatura, ni en caso de
tramitación de una moción de
censura, ni antes de que hubiera
trascurrido un año desde la anterior disolución anticipada, ni
mientras se encontrase convocado un proceso electoral estatal.
Recientemente, tras la reforma de
sus Estatutos de Autonomía, la
Comunidad Valenciana, las Islas
Baleares, y Aragón se han incorporado al grupo de Comunidades
Autónomas que asignan al Presidente del Gobierno autónomo la32ESPAÑApotestad plena de disolución del
LA DIMENSIÓN Y LA
Una de las importantes decisiones que corresponde adoptar a
cada Comunidad Autónoma, en
ejercicio de su competencia para
la configuración de sus instituciones de autogobierno, es determinar la dimensión de su Parlamento, esto es, el número de
Diputados y Diputadas que han
de integrarlo. Tal cuestión no es
baladí e incide directamente
sobre la aplicación y los efectos
del concreto régimen electoral
decida establecer. Se ha señalado
que el tamaño de la Cámara está
decisión que se adopte sobre el
tipo de unidad electoral por el
que se opte; la opción por un distrito uninominal favorece un
tamaño considerable de las
Asambleas, a fin de que exista
una baja ratio diputado/electores;
sin embargo, la representación
proporcional exige la existencia
de distritos electorales amplios
para poder generar una proporcionalidad real significativa, lo
cual es compatible con un tamaño moderado de la Asamblea, que
se obtiene limitando el número de
y en las correspondientes leyes
electorales autonómicas -donde
las hay- se incluyen los preceptos
Legislativas. En este aspecto, las
diversas opciones tomadas por el
legislador autonómico han sido
agrupadas en cuatro bloquesREI en Parlamentos(Juan Carlos Gavara de Cara,
Diversidad y homogeneidad de los
regímenes electorales del Estado
Autonómico): establecer un
número fijo de parlamentarios fijo
en cada circunscripción electoral,
opción tomada por algunas de las
Comunidades Autónomas uniprovinciales, pero no por todas,
número fijo que suele ser distinto
para cada circunscripción en las
Comunidades pluriprovinciales;
establecer un número fijo mínimo
inicial diputados por circunscripción y asignar el resto en proporción a la población, siguiendo un
procedimiento semejante al previsto en el artículo 162.3 de la
LOREG; asignar un mínimo inicialde escaños por circunscripción y
otro más por cada 45.000 habitantes o fracción de población
superior a 22.500 habitantes
(Castilla y León); atribuir un diputado por cada 50.000 habitantes o
fracción superior a 25.000 habitantes (Madrid).
dimensión y diferente representatividad de los distintos Parlamentos Autonómicos, así como sobre
la incidencia de estos aspectos del
régimen electoral sobre la mayor
o menor fragmentación de la
obtenida por los grupos políticos,
puede verse en el siguiente cuadro comparativo:Población de
Ratio de % de Dipu- Número de
derecho del Número de
tadas o
Grupos ParEstado o la Diputados/as
Senadoras lamentarios
Congreso46.157.8223501/131.87935,716Senado46.157.8222541/181.72328,356Andalucía8.202.2201091/75.24939,453Aragón1.326.918671/19.80437,315Asturias1.080.138451/24.00337,783Canarias2.075.968601/34.59940,003Cantabria582.138391/14.92643´593Castilla-la
Mancha2.043.100471/43.47051,062Castilla-León2.557.330831/30.81143,373Cataluña7.364.0781351/54.54835,556Comunidad
Valenciana5.029.601991/50.80444,443Extremadura1.097.744651/16.88840,002Galicia2.784.169751/37.12233,333Islas Baleares1.072.844591/18.18349,155La Rioja317.501331/9.62139,393Madrid6.271.6381201/52.26352,503Murcia1.426.109451/31.69137,783Navarra620.377501/12.40738,004País Vasco2.157.112751/28.76153,336PANORÁMICAS:Régimen Electoral y Estado AutonómicoLA APLICACIÓN DE SISTEMAS
PROPORCIONAL QUE
ASEGUREN LA REPRESENTACIÓN DE LAS DIVERSAS ZONAS
En la legislación electoral
española cohabitan los sistemas
de representación directa, ya sean
de carácter proporcional (elecciones al Congreso de los Diputados,
elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos) o
de carácter mayoritario (elecciones al Senado), con los sistemas
de elección por sufragio indirecto
(provisión de las Diputaciones
Provinciales y Senadores designados por las Asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas).
El artículo 152.1 de la CE, en
consonancia con las fórmulas
electorales dominantes en las
democracias europeas, exige que
los regímenes electorales autonómicos apliquen un sistema de
representación proporcional y,
paralelamente, que aseguren la
representación de las diversas
zonas del territorio de cada
Comunidad Autónoma. La diversidad de matices en las fórmulas de
articulación de la proporcionalidad y la delimitación de las circunscripciones electorales pone
de manifiesto la variada gama de
opciones disponible para cumplir
el mandato constitucional contenido en el art. 152. 1 CE, el cual,
por otra parte, se ha generalizado
-por vía estatutaria o por la ley
electoral correspondiente y con la
bendición del Tribunal Constitucional- a todas las Comunidades
señalado reiteradamente que la
proporcionalidad, más que unaexigencia que aboque a aplicar
una fórmula que la asegure con
exactitud matemática, es un criterio tendencial. Los Estatutos de
Autonomía o las leyes electorales
autonómicas establecen la fórmula electoral para la asignación de
escaños a las circunscripciones,
reiterando claramente el método
regulado por el art. 162. 3 de la
LOREG. Además, suelen introducir
variantes y recortes que inciden
sobre el carácter estricto de la
representación proporcional: fijar
un número mínimo y un número
máximo de diputados a elegir en
total, establecer la igualdad de
representantes en cada territorio
con independencia de su población, atribuir un número mínimo
inicial de escaños a cada una de
las circunscripciones -curiosamente, este número varía en
todas las Comunidades donde
está previsto- y el resto en proporción a la población sin que la
proporción supere un determinado límite (la relación de uno a
tres, en la Comunidad Valenciana;
que una circunscripción tenga
más del doble de representación
que otra, en Andalucía o que la
diferencia entre circunscripciones
pueda superar la relación de uno a
2'75, en Aragón). Además de todo
lo anterior, sobre la proporcionalidad en la representación territorial, inciden las características
concretas de la fórmula matemática elegida por el legislador autonómico para la atribución de
escaños en función de los votos
De los regímenes electorales
autonómicos españoles podría
decirse, en este aspecto concreto,
que el confesado y generalizado
propósito de evitar la excesiva
fragmentación parlamentaria yESPAÑA33favorecer la formación de mayorías se ha articulado en demérito
del principio de igualdad de voto.
Este demérito sólo ha tenido consecuencias jurídicas en casos
concretos -atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucionalen la medida en que se haya
podido acreditar que la acción del
legislador ha producido una
manifiesta y arbitraria desproporción en el ejercicio del derecho de
sufragio entre los ciudadanos;
esta constatación legitimaría la
intervención del propio Tribunal
para corregir la apreciación del
legislador autonómico, al cual
corresponde la competencia para
concretar el sistema proporcional
y definir los aspectos conexos al
mismo, como pueden ser el
número de escaños asignados a
Por otra parte, los sistemas
electorales autonómicos tienen
competencia para adoptar la
importantísima decisión de delimitar las circunscripciones electorales, lo cual les permite determinar alternativa o acumulativamente el número de representantes a elegir que se asigna a cada
una de ellas, el número de electores a los que se ha de representar
y los límites geográficos de la circunscripción. La mayoría de los
Estatutos de Autonomía optan, al
determinar la circunscripción
electoral, por la provincia. Excepcionalmente la circunscripción se
delimita teniendo en cuenta el
territorio histórico o la isla.. Esta
opción mayoritariamente provincial apuesta por una institución
de gran arraigo histórico, que en
principio la aleja de estrategias
partidistas concretas.
En ningún Estatuto de Autonomía o ley electoral autonómica34ESPAÑAse prevé la posibilidad de modificar mediante una disposición de
rango inferior los límites geográficos de las circunscripciones o el
las mismas. Ello no obstante, en
la Comunidad Valenciana la concreción -para cada elección a Les
Corts- de este número de escaños
por circunscripción es realizada
por el Decreto de disolución de
Les Corts y convocatoria de elecciones, aplicando los criterios
establecidos en la Ley Electoral
Resta por hacer una sencilla
referencia a la fórmula electoral
para la distribución de escaños en
función de los votos obtenidos en
las elecciones autonómicas. La
competencia para esta determinación corresponde al legislador
autonómico, con la limitación
contenida en el art. 152. 1 CE de
que se aplique un sistema de
representación proporcional. La
concreción de la fórmula electoral se ha realizado, efectivamente, en las dieciséis leyes electorales autonómicas. Estas, dentro de
la variadísima gama de fórmulas
electorales de carácter proporcional, han optado generalizadamente por el sistema D'Hondt,
reproduciendo prácticamente el
escaños previsto en el art. 163 de
la LOREG. Por otra parte, a pesar
de que no existe ninguna limitación constitucional para que las
Comunidades Autónomas articulen el voto sobre la base de listas
abiertas, lo cierto es que en todos
los regímenes electorales autonómicos se utiliza el sistema de listas cerradas y bloqueadas, es
decir, el elector debe votar la lista
que se le presenta y los escañosREI en Parlamentosse deben atribuir en el orden en
que aparecen los candidatos.
LA APLICACIÓN DE BARRERAS
MÍNIMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS.
Como complemento y, en cierto modo, como un elemento
corrector de la proporcionalidad
de las fórmulas electorales antes
mencionadas, todas las leyes electorales autonómicas exigen la
superación de barreras mínimas
de representación para poder participar en la asignación de los
escaños. La finalidad de instaurar
estas barreras es introducir un
elemento corrector del sistema
electoral proporcional, para evitar
que se fraccione excesivamente el
Parlamento y favorecer la formación de mayorías parlamentarias y
gobiernos estables.
Esta exigencia es usual en los
procesos electorales de las democracias europeas, ya se aplique en
Estados que optan por la delimitación de múltiples circunscripciones (Bulgaria, Croacia, Estonia,
España, Letonia, Noruega, Polonia,
República Checa, Rumanía, Montenegro) o en Estados con circunscripción nacional (Alemania,
Albania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Lituania. Países Bajos y Suecia). Por lo general, allí donde se
establece una barrera mínima
electoral, esta suele situarse entre
el 3 y el 5% de los votos. Un
supuesto excepcional, por la
dimensión de la barrera y su complejidad, es el de la República
Checa, en el que la barrera es del
cinco por ciento de los votos si se
predica de un solo partido, del
diez por ciento si se predica de
una coalición electoral de dos
partidos, se eleva al quince por
ciento si la coalición es de tres yllega al veinte por ciento si a coalición lo es de cuatro o más partidos políticos.
La articulación concreta
de dichas barreras es una muestra
bien ilustrativa de las peculiaridades que pueden presentarse en los
diferentes regímenes electorales
autonómicos de nuestro país. Un
buen ejemplo de ello es el sistema
electoral de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece
una triple vía para el acceso al
proceso de asignación de escaños;
en primer lugar, tener la condición
de candidatura de partido o coalición que haya obtenido el mayor
número de votos válidos de la circunscripción; en segundo lugar,
haber superado el 30% de los
votos válidos en la circunscripción
y finalmente haber superado el
6% de los votos válidos emitidos
en la totalidad de la Comunidad
Esta limitada diversidad de los
regímenes electorales autonómi-PANORÁMICAS:Régimen Electoral y Estado Autonómicocos se aprecia también en la regulación de los elementos concretos
que se han de articular para la
aplicación de una barrera mínima.
Existe, en primer lugar, una diferencia en torno a la norma que
contiene la aplicación de la barrera mínima: en unas Comunidades
Autónomas se establece en el
articulado del Estatuto de Autonomía, pero mayoritariamente se
regula mediante la correspondiente ley electoral autonómica.
No existe unanimidad acerca de
qué votos han de computarse para
la determinación de la barrera
mínima: la opción mayoritaria es
computar los votos válidos emitidos, incluyendo también los votos
en blanco; singularmente, la Ley
Electoral valenciana computa
todos los votos emitidos, incluyendo por tanto los votos en blanco y los votos nulos. Tampoco
existe unanimidad con respecto al
porcentaje concreto utilizado
para la aplicación de la barrera:
un 3% o un 5%. En general, la
barrera se aplica sobre los votos
emitidos en cada circunscripción,
aunque en algún caso se aplica
sobre los votos emitidos en toda
la Comunidad Autónoma, circunstancia que se da comprensiblemente en Comunidades Autónomas uniprovinciales con una única circunscripción o con varias
circunscripciones, pero también
en alguna Comunidad Autónoma
pluriprovincial. Finalmente, existe
un caso realmente excepcional
como es el de la Comunidad Autónoma de Canarias, mencionado
Para ilustrar el efecto que la
aplicación de las distintas barreras mínimas en las elecciones
autonómicas produce en la composición de los Parlamentos Auto-nómicos puede verse el cuadro
anteriormente incorporado a este
trabajo. En él puede apreciarse
que en las actuales Legislaturas
de los diecisiete Parlamentos
Autonómicos de nuestro país, en
diez de ellos existen tres grupos
parlamentarios, en dos Parlamentos sólo existen dos grupos parlamentarios, en uno se han constituido cuatro grupos parlamentarios, en dos Parlamentos existen
cinco grupos parlamentarios y en
dos Parlamentos se alcanza la
excepcional cifra de seis grupos
Es momento de acabar esta
aproximación descriptiva de los
de nuestro país. España parece
inmersa desde hace un tiempo en
la preocupación y la reflexión
acerca de la necesidad y alcance
de una reforma en profundidad de
la LOREG. Como bien se ha puesto de manifiesto por la doctrina,
existe una tendencia de las formaciones políticas mayoritarias a
inmovilizar, más que a estabilizar,
la normativa electoral, de forma
que el siempre ardoroso debate
sobre la reforma electoral se traduce raramente, salvo en circunstancias extraordinarias, en cambios sustanciales.
Es, tal vez, buen momento de
preguntarse ¿qué es un buen
sistema electoral? Se ha dicho
que esta pregunta tiene una respuesta sencilla: aquel que legitima, el sistema político de un
país por ser suficientemente
representativo, generar gobiernos estables y hacerlo mediante
que, al menos, en sus aspectos
centrales, no resultan controvertidos. Veremos cómo nos va
en esta ocasión.ESPAÑA3536REI en ParlamentosPANORÁMICASMéxicoALFONSO HERRERA GARCÍA
Constitucional por la UNAM
(México)Control de Constitucionalidad y
EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL
El pasado 5 de febrero, la Constitución federal mexicana
cumplió 92 años de vigencia. Sin embargo, su texto ha sufrido 488 reformas desde su promulgación en 1917. Más allá de
la valoración que merezca este alto número de modificaciones, la gran mayoría de las realizadas en los últimos treinta
años han sido necesarias para fundamentar la transición
democrática del país. Precisamente por razones democráticas, dentro de esas reformas son destacables las que de modo
paulatino han articulado las bases del vigente sistema jurídico-electoral. Este sistema cuenta en la actualidad con un
órgano jurisdiccional especializado en la materia: el Tribunal
En el marco de esas transformaciones, reviste interés el
tratamiento jurídico que ha tenido la regulación del control
de constitucionalidad de las leyes electorales. A este respecto, el protagonismo institucional ha sido compartido. Al lado
del papel central que ha jugado el poder reformador de la
Constitución, también la Suprema Corte de Justicia (máximo
tribunal del país) y el propio Tribunal Electoral, han tenido un
rol no desdeñable a la hora de explicar la construcción normativa del sistema en vigor.
La más reciente reforma de la Constitución en el ámbito
del control de constitucionalidad de leyes electorales (publicada en el Diario Oficial del 13 de noviembre de 2007) es de
algún modo consecuencia de los criterios interpretativos
opuestos que sostuvieron la Suprema Corte y el Tribunal Electoral en torno a los alcances de ese control. Con dicha reforma, el órgano reformador ha terminado por aclarar en el texto de la Constitución que el Tribunal Electoral es copartícipe
del control de constitucionalidad de estas leyes en supuestos
de aplicación concreta.
Para comprender las principales razones de esa reforma, es
preciso considerar los antecedentes de la interesante dialéctica institucional que le precedió.PANORÁMICAS:Control de Constitucionalidad y Leyes ElectoralesORIGEN Y VICISITUDES DE UNA
REGULACIÓN INCOMPRENDIDA
Tradicionalmente, la Constitución, y con ella la legislación procesal del amparo (hasta diciembre
de 1994, el único medio efectivo
de control de constitucionalidad
en el Derecho mexicano), ha
impedido la procedencia de este
recurso no sólo frente a leyes, sino
también frente a cualquier actuación de los órganos electorales. El
fundamento de esa improcedencia siempre ha sido una concepción restringida de los derechos
políticos en la jurisprudencia de la
Suprema Corte: los derechos políticos no son “garantías individuales”, y en cuanto ello es así, no son
susceptibles de tutela judicial en
vía de amparo [vid. por todas, su
tesis: P. LX/2008].
Pero la gestación del control de
electorales fue posible gracias a la
apertura de una vía distinta. La
explicación histórica de ese control está ligada a otra trascendente reforma para la construcción
de la democracia constitucional:
la del 31 de diciembre de 1994.
Con ella se introdujeron en el artí-culo 105.II de la Constitución las
inconstitucionalidad”. Mediante
estas acciones, la Suprema Corte
decide sobre la constitucionalidad
abstracta de una norma de carácter general (leyes o tratados). En
un primer momento, sin embargo,
se dispuso expresamente que
tales acciones no fueran procedentes en la materia electoral.
Las modificaciones constitucionales operadas por la reforma
del 22 de agosto de 1996 supusieron otro paso significativo hacia
político, esta vez en la línea de
consolidar el sistema de elecciones. En el contexto de esta profunda reforma, conocida en la
opinión pública como “reforma
política”, para lo que aquí interesa incorporó dos significativas
novedades. La primera fue la eliminación de la improcedencia de
las acciones de inconstitucionalidad frente a leyes electorales, con
lo cual la norma constitucional de
1994 que lo impedía tuvo en la
práctica una vigencia materialmente transitoria. La segunda fue
el reconocimiento de legitimaciónMÉXICO37procesal activa a los partidos
políticos nacionales para impugnar leyes electorales (federales y
de los estados), y también a los
partidos políticos con registro en
los estados federados para
impugnar leyes emitidas por los
órganos legislativos de tales estados.
Así, sobre la base lógica de una
democracia representativa, desde
1996 las acciones de inconstitucionalidad pueden interponerse
por determinados sujetos a efecto
de proponer a la Corte el control
abstracto de las leyes electorales.
Los sujetos con legitimación procesal para interponerlas, desde
ese momento fueron, y en la
actualidad continúan siendo,
además de las mencionadas dirigencias de los partidos políticos
registrados, el grupo de legisladores que alcance un consenso de al
menos el 33% del órgano parlamentario al que pertenecen (sea
federal o de los estados), y el procurador (fiscal) general de la
Desde entonces, el sistema de
control de constitucionalidad de
las leyes electorales se consideraba articulado por una doble vía.
La Suprema Corte tenía la competencia para resolver las acciones de inconstitucionalidad en
perspectiva abstracta. Por su parte, el Tribunal Electoral se había
considerado competente para
inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución en los casos
concretos sometidos a su jurisdicción. Ésta era la interpretación
que el Tribunal Electoral había
asumido sin demasiadas dudas en
varios asuntos de su competencia, al grado en que hizo efectivo
ese control concreto en más de
una treintena de casos.38MÉXICOSin embargo, en el verano de
2002, la Suprema Corte, por unanimidad de nueve votos de sus
miembros presentes en la sesión
(de los once que la integran),
resolvió la controvertida “contradicción de tesis 2/2000”. Esta
decisión desdibujó esa idea inicial
de distribución del trabajo jurisdiccional en la materia electoral.
La Corte estaba llamada a resolver
la discrepancia interpretativa
entre un criterio de su pleno y
otro del Tribunal Electoral en torno al problema del sistema de
representación en la elección de
los miembros de los congresos
estatales. En uso de sus atribuciones para resolver esa clase de
contradicciones, la Corte decidió
que una interpretación sistemática de la Constitución (en concreto, de sus artículos 94, 99 y 105)
conducía a la siguiente conclusión: la función de resolver sobre
(incluidas las electorales) era una
atribución que únicamente
correspondía al pleno de la propia
Corte. Al Tribunal Electoral sólo
competía el análisis de actos o
resoluciones electorales, encontrándose sustraído de su competencia, no obstante, el control de
las leyes en apoyo de las cuales
tales actos o resoluciones pudieran producirse. A juicio de la Corte, si de la Constitución cabía
inferir que este Tribunal podía
interpretar la propia Constitución,
de ello no se seguía que ostentara
atribuciones para el control de la
constitucionalidad de disposiciones jurídicas. En consecuencia,
dijo la Corte, la discrepancia
interpretativa que se había planteado era algo así como un “falso
problema”: siendo el Tribunal
Electoral incompetente para con-REI en Parlamentostrolar las leyes ni siquiera era posible entrar a estudiar el fondo de la
presunta “contradicción” por provenir de una atribución inexistente [tesis: P./J. 23, 24, 25 y
26/2002].
Para un sector mayoritario de
la doctrina, no sin razón, esta
decisión de la Corte se sustentaba
en una posible interpretación contra constitutionem que, por este
motivo, no tardó en ser blanco de
numerosas críticas. Uno de los
más importantes argumentos en
su contra fue la aplicación mecánica que se daba a un tradicional
precedente de muy dudosa aplicación al caso: la prohibición del
control difuso de constitucionalidad de las leyes [por todas, tesis:
P./J. 74/99]. Sobre la base de este
criterio, la Corte inhibió la participación del Tribunal Electoral en la
función de control de regularidad
de leyes de cuya aplicación, sin
embargo, podía depender la realización de sus funciones como tribunal especializado en su materia.
En opinión de la crítica mayoritaria, con la que debe estarse de
acuerdo, el precedente invocado
por la Corte poco se compadecía
de un texto constitucional quehabía sido renovado desde agosto
de 1996, habiéndose confiado una
jurisdicción especializada al Tribunal Electoral con un propósito
difícilmente contestable: que este
tribunal fuera la máxima instancia
interpretativa en su ámbito. En
este sentido, era patente que la
decisión de la Corte dejaba de dar
cuenta de otros preceptos constitucionales cuya sola literalidad
demeritaba visiblemente la fortaleza argumentativa de su tesis. Tal
era el caso, por ejemplo, del artículo 41.IV según el cual: “Para
garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los
actos y resoluciones electorales, se
establecerá un sistema de medios
de impugnación [que] dará definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales”. Tampoco
justificaba satisfactoriamente el
cabal contenido del propio artículo 99, que por ejemplo en su fracción III disponía que diversas
impugnaciones ante el Tribunal
Electoral tuvieran por objeto el
análisis de posibles violaciones a
“normas constitucionales o legales”. Disposición que conectaba,
por ejemplo, con su párrafo 5º
(actual párrafo 7º) en donde sePANORÁMICAS:Control de Constitucionalidad y Leyes Electoralespreveía la posibilidad misma de
contradicción de tesis entre el Tribunal Electoral y la Corte en torno a la “interpretación de un precepto de la Constitución”.
Sobre la base de preceptos
constitucionales como los citados,
cuyo análisis fue inexplicablemente omitido, no sólo cabía considerar que el Tribunal Electoral
era, en efecto, un “tribunal de cierre” en la aplicación de la normativa electoral, con todas sus consecuencias que ese status jurídico
implicaba. A partir de la decisión
de la Corte, resultaba difícilmente
comprensible cómo ese título institucional podría ser cumplido sin
que el Tribunal Electoral pudiera
realizar exámenes de constitucionalidad de normas cuya aplicación inevitablemente condujera a
un resultado inconstitucional.
Esta apreciación se fortalece al
advertir que ni en la materia electoral ni en otras se contemplaba
en la Constitución algún mecanismo procesal de consulta previa
norma ante la Corte, con el cual
pudiera considerarse cumplida la
eventual necesidad de disipar
alguna duda de constitucionalidad sobre el material normativo
aplicable en la materia electoral.
En definitiva, con el forzado
criterio de la Corte se abría una
laguna indeseable de inmunidad
normativa: la imposibilidad de
impugnar leyes de dudosa constitucionalidad ante el Tribunal Electoral. Y agravaba aún más sus
consecuencias negativas el significativo hecho de que los ciudadanos, que gozan de legitimación
para solicitar la protección de sus
derechos político-electorales ante
este Tribunal, perdían la posibilidad de beneficiarse de una tutelafrente a una ley de discutible
constitucionalidad (artículo 99.V).
En este sentido, el criterio también redundaba en un retroceso
desde la perspectiva de la protección de estos derechos, que habían alcanzado tal garantía con la
reforma de 1996. La única vía
para examinar la constitucionalidad de las leyes electorales que
iba a permanecer abierta era la
vía abstracta a través de las mencionadas acciones de inconstitucionalidad, competencia exclusiva
de la Corte. Vía que, por lo demás,
debía hacerse efectiva dentro del
plazo de 30 días siguientes a la
publicación de la ley, al término
del cual ninguna impugnación
sería jurídicamente sustentable
[art. 105-II § 2º de la Constitución].
LA ADICIÓN CONSTITUCIONAL
DE 2007 Y EL MODELO
GENERAL DEL CONTROL DE
El episodio de incertidumbre
jurídica creado por la interpretación de la Corte ha finalizado con
la reforma a la Constitución de 13
de noviembre de 2007. Con ella, el
poder reformador introdujo en el
artículo 99 (párrafo 6º), sin duda
con este antecedente a la vista, el
siguiente contundente precepto:
“Sin perjuicio de lo dispuesto por
el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia
electoral contrarias a la presente
Constitución. Las resoluciones
que se dicten en el ejercicio de
esta facultad se limitarán al caso
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior
informará a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación”.MÉXICO3940MÉXICO¿Cuáles son las consecuencias
jurídicas que se desprenden de
esta adición constitucional? La
claridad meridiana del texto no
deja mucho lugar a la elucubración: con ella se supera la jurisprudencia de la Corte en torno a
los alcances del control de constitucionalidad de las leyes electorales. Las consecuencias inmediatas
de la norma constitucional son las
de devolver al Tribunal Electoral
sus atribuciones de control de
leyes ilegítimamente aplicadas a
los casos concretos de los que
conoce. Así, los efectos del eventual control negativo que despliegue el Tribunal se reducirán a la
inaplicación casuística de la ley.
Con posterioridad a la reforma,
esto es lo que ha hecho su Sala
Superior en cinco ocasiones: dos
en juicios de revisión constitucional [expedientes: 494/2007 y su
acumulado 496/2007; y 105/2008
y su acumulado 107/2008], dos en
derechos político-electorales de
[expedientes:
512/2008 y 2766/2008], y una en
un recurso de apelación [expediente: 239/2008].
Que la disposición constitucional ordene a la Sala Superior
informar a la Suprema Corte las
decisiones en que actualice ese
control sólo tiene explicación a
efecto de que la Corte se mantenga informada de la jurisprudencia
electoral surgida de esos supuestos. Por lo demás, esa disposición
complementa el marco normativo
existente de cooperación jurisprudencial entre la Corte y el Tribunal
Electoral. Ya desde noviembre de
1996 se prevé que la Corte pueda
solicitar la opinión de la Sala
Superior del Tribunal en torno al
control de una ley electoral que seREI en Parlamentosimpugna en vía de acción de
inconstitucionalidad (art. 68 de la
Ley reglamentaria del artículo 105
En cualquier caso, a propósito
de la adición constitucional de
2007, me interesa destacar una
consideración conclusiva que me
parece de la mayor relevancia. Con
esta adición, se confirma un
importante elemento de difusión
de la justicia constitucional en
México; difusión que es, sin
embargo, de no fácil comprensión
incluso entre los especialistas. La
inaplicación de leyes por el Tribunal Electoral es consecuencia de
un control de constitucionalidad
que no necesariamente comporta
la invalidez de estas leyes. Pues
bien, cuando ha sido procedente,
algo no muy distinto a esta función también cumple, y por mucho
tiempo ha cumplido, el tradicional
juicio de amparo cuando sentencias de tribunales federales limitan los efectos de una ley al caso
concreto para la tutela de ciertos
derechos. De esta manera, es comprensible que la declaración general de inconstitucionalidad sea
sólo un paso que cabe dar en
supuestos de verdadera excepción,
siempre que esta declaración sea
entendida como presupuesto de la
máxima sanción que puede sufrir
una ley: su expulsión del ordenamiento jurídico. No es lo mismo
inaplicar una ley que invalidarla.
En mi opinión, esta reforma
debe mover a la reflexión para
cuestionarse si el juicio de amparo
frente a leyes sirve efectivamente
para expulsar las leyes del ordenamiento jurídico, o para tutelar
derechos frente a ellas. Si estamos
de acuerdo en que es esta última
su ínsita función (como pensaba
Mariano Otero) ella puede seguirsiendo cumplida con sentencias de
amparo con efectos particulares,
exclusivamente aplicables al caso.
Es claro que para llegar a esta
conclusión debe convenirse en que
la “declaración de inconstitucionalidad con efectos particulares”
es un equivalente a la inaplicación
de una ley a casos concretos. Son
los precedentes los que, con vocación de obligatoriedad general,
suplen los vicios de inconstitucionalidad de una ley cuya aplicación
en ciertas circunstancias fácticas y
jurídicas resultó contraria a la
Constitución. Por razones como
éstas, la inaplicación de leyes a
casos concretos debe ir acompañada del funcionamiento adecuado de un sistema de precedentes
que den la mayor claridad posible
a la ratio decidendi de las sentencias. Las vulneraciones concretas
que produce una ley no necesariamente comportan su invalidez
Con todo, me parece que la
reforma del control de constitucionalidad electoral de 2007 complementa correctamente el modelo integral de la justicia constitucional con que actualmente cuenta el país. Quizá haya sido su asistemática y episódica construcción
la que ha impedido reparar suficientemente en la evaluación de
conjunto de este modelo. Pero esta
reforma brinda una nueva oportunidad para pensar en el mejor
engranaje del modelo al menos en
una fundamental dirección: la de
evitar indeseables confusiones
operativas en detrimento de las
garantías que, a juzgar por el estadio actual de su infraestructura y
recursos institucionales, la democracia constitucional mexicana ya
debería estar en condiciones de
ofrecer a todos sus ciudadanos.REI en ParlamentosInfluencia del Sistema
Electoral en el Sistema de
Partidos y en el Congreso
a Constitución peruana de 1993 establece la representación proporcional en las elecciones pluripersonales y asimismo la simultaneidad entre las elecciones para el
Ejecutivo y los representantes al Poder Legislativo.
Esta coincidencia en la fecha y duración del mandato de
las elecciones del Presidente y congresistas trae como consecuencia un cierto efecto de arrastre de la votación presidencial sobre la elección parlamentaria.
Entre la doctrina Nohlen señala que ésta es una forma que
permite conocer cómo les va a los partidos en la misma votación, mientras que Mainwaring y Scully señalan que la diferencia existente entre voto parlamentario y presidencial
muestra la identificación con el partido.
Teóricamente la simultaneidad puede contemplarse también como una herramienta de gobernabilidad democrática;
existen mayores posibilidades que el Ejecutivo tenga mayoría
en el Congreso con elecciones simultáneas.
En nuestro país, sin embargo, la práctica nos muestra que
no se ha producido este efecto pues ni el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), ni el de Alan García (2006-2011)
obtuvieron mayoría en las urnas. En ambos casos los partidos
políticos con representación parlamentaria fueron más de
una decena. Si las elecciones se realizaran a mitad de período presidencial es probable que la fragmentación fuera todavía mayor. Una diferencia: mientras que en la elección presidencial se exige mayoría absoluta, siendo necesario, en caso
que ninguno de los candidatos la alcance, el balotaje, el Congreso queda conformado en la votación realizada en la primera vuelta.
Una reciente modificación constitucional, en estudio en la
Comisión de Constitución y Reglamento, plantea que la elección parlamentaria se realice en la fecha probable de la
segunda vuelta. El efecto probable de esta modificación será
la concentración del voto en los dos partidos que disputan la
elección presidencial.PANORÁMICASPerúLMILAGROS CAMPOS
Congreso de la República del
Perú. Miembro de la REI.4142PERÚCon la reforma a la Ley
Orgánica de Elecciones del 2000,
la elección se realiza en veinticinco circunscripciones, de las cuáles
sólo una es uninominal y siendo
la mayoría de las plurinominales
de pequeño tamaño (únicamente
hay dos medianas y una grande).
A estos efectos se utiliza la delimitación política administrativa
Tal vez uno de las características más importantes de nuestro
sistema electoral parlamentario
es el de las propias listas. En efecto, un tema particularmente relevante en la relación entre los grupos de parlamentarios electos y
los partidos políticos es que las
listas de candidatos son inscritas
por los partidos políticos, que disponen de una cuota del veinte por
ciento de invitados, es decir, no
La elección se realiza por lista
cerrada y voto preferencial opcional, sistema introducido para la
Asamblea Constituyente convo-REI en Parlamentoscada por el gobierno militar y que
se ha utilizado en cada elección,
con excepción de 1980; en la
práctica nunca ha alcanzado el
cincuenta por ciento (en las elecciones de 2006 fue utilizado por
un tercio de los electores).
La forma de las candidaturas y
la votación afectan la relación
entre el elector y el candidato,
entre los candidatos y su partido
así como la posibilidad de los partidos de planear la composición
de sus grupos políticos en el Parlamento. Es evidente que el voto
preferencial permite una relación
más intensa del elector con el
candidato que con el partido, más
aún cuando no existe un sistema
de partidos institucionalizado; el
representante una vez elegido,
también sentirá mayor independencia frente al partido, que en
una lista cerrada porque los votos
preferenciales lo llevaron al escaño. Finalmente, el partido se debilita al no ser posible planificar su
gestión, previendo en las listasespecialistas en áreas diversas,
pues los representantes elegidos
no son el resultado de la planificación sino del voto preferencial.
Explica Tuesta que “las candidaturas individuales fomentan en
cierta forma la independencia del
candidato frente al partido. En el
caso de las listas de partidos,
según sea su forma, puede fortalecerse (lista cerrada y bloqueada)
o debilitarse (lista cerrada y no
bloqueada, lista abierta) la dependencia del candidato frente a su
partido; además en el caso de las
listas cerradas y bloqueadas, el
candidato está atado a la nominación del partido pero no así en
el caso de las listas cerradas y no
bloqueadas y de las listas abiertas”.
Mucho se ha debatido sobre la
conveniencia de mantener o no el
voto preferencial en el Perú. Tiene
defensores y detractores. Su eliminación fue recomendada por el
Grupo de Gobernabilidad del
Acuerdo Nacional durante el añoPANORÁMICAS:Influencia del Sistema Electoral en el Sistema...2005 como una de las propuestas
para la estabilidad del Congreso
de la República y el fortalecimiento de los partidos.
A la fecha existen dos proyectos de ley que proponen su eliminación, presentados por los grupos parlamentarios de Unidad
Nacional y la Célula Parlamentaria Aprista. Durante el debate
suspendido para su eliminación, el
31 de mayo de 2007, Javier Bedoya, Vicepresidente del Partido
Popular Cristiano expresó que: “Si
bien el voto preferencial permite
personalizar la decisión del ciudadano, pone más énfasis en el candidato que en el partido. Así, se
debilita a los partidos y se concede más independencia al parlamentario ya electo para actuar
individualmente. La actuación
individual es negativa en el funcionamiento de los poderes públicos, porque libra el manejo del
poder y de las decisiones políticas
a las vicisitudes e ideas de cada
sujeto individual, en lugar de las
ideas propias del partido o colectividad”.
Citando a Haya de la Torre en
el discurso pronunciado al asumir
Constituyente en 1978, añade:
“Cuando el 18 de junio, más de
cuatro millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina
democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió sin ruido ni
sangre una auténtica revolución:
El pueblo recuperó el ejercicio de
una soberanía que le fuera negada a lo largo de diez años y
demostró madurez, responsabilidad y alto espíritu cívico. Superando gallardamente los escollos
de una legislación electoral,
enmarañada con la introducción
del absurdo voto preferencial, elpueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos. Clara visión de Haya de la
Torre al señalar en una sola expresión que este enmarañado sistema del voto preferencial no solamente atenta contra la voluntad
del elector, sino fundamentalmente contra la solidez de los
partidos políticos”. Antes del voto
preferencial, cuando los partidos
presentaban listas cerradas y bloqueadas, no existió el transfugismo en el país, salvo muy contadas
excepciones. Es, entonces, un sistema perverso contra los partidos,
que debilita a los partidos y, por
ende, debilita la democracia. Esto
ha originado en gran parte el descrédito del sistema democrático y
de la institución parlamentaria.
Por estas consideraciones, creemos que el voto preferencial debe
Algunos de los problemas nos
muestran que debilita a los partidos políticos pues restringe considerablemente la posibilidad del
partido de planificar la composición del grupos parlamentario y
planificar su gestión.
Hay autores que consideran
que el voto preferencial resulta
hoy inconveniente pues la Ley de
Partidos Políticos establece elecciones internas previas a la conformación de las listas. Así lo
había expresado Pease, “si se
aceptan las primarias para el parlamento ya no es preciso el voto
preferencial”. De tal opinión fue
Martha Chávez, candidata presidencial, quien expreso que: “este
Congreso no ha eliminado el voto
preferencial. Debió hacerlo simultáneamente con la aprobación de
la Ley de Partidos Políticos del año
2003. El voto preferencial genera
canibalismo y ya no tiene sentidoPERÚ4344PERÚcuando hay normas legales que
aseguran determinados procedimientos para la elección de los
candidatos”. Si bien puede lograr
una relación más intensa del
elector con el candidato que con
el partido y quiebra el monopolio
del partido en la selección de
candidatos, puede afectar la disciplina partidaria. En tal sentido,
hay un daño potencial al sistema
de partidos pues el representante
una vez elegido, sentirá mayor
independencia frente al partido,
que en una lista cerrada porque
sus votos preferenciales lo llevaron al escaño.
Blanco muestra escepticismo
respecto de los resultados del
voto preferencial. Señala que en
diversos países, como Italia, donde el sistema funcionó durante
décadas, ni de lejos mejoró la
libertad del elector, bien porque
sus posibilidades no fueron utilizadas, bien porque lo fueron solo
para favorecer redes de voto
clientelar. Expresa que la solución
relación con los partidos no pasa
por reformar el sistema electoral
para fortalecer a sus candidatos
electorales y debilitar a las organizaciones.
Un tema sobre el que hace falta mayores estudios en el Perú es
la influencia del voto preferencial
expresada en los votos. John
Carey explica que el voto preferencial tiene efectos postelectorales entre los miembros de una
bancada: “Así, por ejemplo, los
partidos en Brasil y Perú - donde
los legisladores deben competir
contra su propios copartidarios
por votos preferenciales personales para ser elegidos, tienden a ser
menos unidos que los de Argenti-REI en Parlamentosna, Costa Rica, y Nicaragua, donde no existe el voto preferente”.
Para Mendoza el voto preferencial debilita a los partidos políticos pues desincentiva el control
sobre sus integrantes. Explica que
“la disciplina es un compromiso
eventual, sujeto a los azares de la
necesidad de reposicionamiento
individual en el escenario político.
Los líderes se desvinculan fácilmente de la estructura nacional
formada de cara a una elección y
asumen un discurso propio, disidente o acaso tránsfuga”. Los
diputados que dominan a sus
votantes son más independientes
del partido, pues si cambian departido, sus votantes cambiarán
con ellos. Estos diputados desarrollan la habilidad para darse el
crédito de las obras públicas que
consiguen. Si bien los argumentos
señalados son contundentes, no
hay estudios en el Perú que evidencien la tendencia descrita.
A manera de conclusión, podemos señalar que si bien muchos
de los problemas del funcionamiento de la democracia en América Latina tienen causa en las
condiciones socio económicas y
cultura política de cada país, lo
cierto es que otros pueden aliviarse con reformas estructurales
como las del sistema electoral.México: El Pluralismo Político
en el Parlamento Mexicano
GASTÓN JULIÁN ENRIQUEZ FUENTES
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la
Asesor de la Junta de Coordinación Política de la LX
Legislatura del Senado de la RepúblicaDesde las postrimerías del siglo pasado el sistema político mexicano ha tenido
una serie de modificaciones que nos permiten hablar, con toda propiedad, de un
relanzamiento de las relaciones entre los poderes constitucionales en México. Concretamente, en el año 1997 el partido político (PRI) que hasta entonces había
detentado el poder presidencial y la hegemonía al interior del Congreso de la Unión
-Cámaras de Diputados y de Senadores en su conjunto- por más de siete décadas
perdió por vez primera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A partir de
ese año, en México, la modificación de las relaciones Gobierno-Congreso advirtieron serias inconsistencias en una ingeniería constitucional cuyos contornos delineaban las reglas del juego político para un único participante. Pero, fue a partir del
año 2000 -fecha en la que gana la Presidencia de la República el histórico partido
político de oposición (PAN)- cuando la relaciones entre esos dos poderes evidenciaron una falta de cultura de raigambre democrática en la que el pluralismo fuese el eje transversal de éstas y la dialéctica gobierno-oposición al interior del Congreso posibilitara alcanzar acuerdos y garantizar los compromisos adquiridos. Las
LVII y LVIII Legislaturas del Congreso de la Unión (2000-2006) estuvieron marcadas por el constante desencuentro entre las fuerzas políticas de oposición y las del
partido gobernante. Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones presidenciales del 2006 -en las que, por cierto, también se renovaban ambas Cámaras- la convivencia institucional entre los poderes constitucionales y, concretamente, entre los principales actores políticos se tensaron aún más ante un resultado
electoral altamente cuestionado por uno de los principales partidos de oposición,
el PRD. Esto último propició que tan sólo cinco meses después de la toma de posesión del Presidente de la República se aprobara por la totalidad de los partidos políticos la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de Abril del 2007, en la que establecían las bases o los mecanismos
principales para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de Reforma del Estado mexicano. Con la expedición de esta LeyNUESTROS PARLAMENTOSREI en Parlamentos45NUESTROS PARLAMENTOS46REI en Parlamentos
para la Reforma del Estado, el Congreso
mexicano trazó una hoja de ruta por la que
ineludiblemente habrían de transitar los principales compromisos y acuerdos a fin de facilitar la gobernabilidad del país. De forma por
demás curiosa, los momentos más convulsos y
de absoluta polarización política fueron el
detonante para que los principales líderes de
las fuerzas políticas con representación en el
Congreso de la Unión concretaran una serie
de pactos que habrían de derivar en las reformas legales que demandaba la nueva edición
de las relaciones Congreso-Gobierno. En tal
virtud, la “paradoja de la reforma constitucional”, de la que habla Zagrebelsky y que
sería aquella necesidad de la mayor integración política posible para lograr una reforma
que tiene como finalidad paliar precisamente
una desintegración política, se desvanecía por
completo del escenario político, incluso hasta
para los agoreros más obstinados de la pertinencia de la Reforma del Estado. Dentro del
marco de la Ley para la Reforma del Estado en
México, los partidos políticos realizaron una
serie de propuestas de reforma constitucional
que modificarían de manera sustancial el funcionamiento actual del sistema constitucional
mexicano; baste con señalar la introducción
de la figura del Jefe de Gabinete con el objetivo de alcanzar consensos en un Gobierno de
mayoría dividida o la moción de censura para
los Ministros del Presidente. Pero, sin demérito de los grandes temas programados para
debatir durante el tiempo que tendría vigencia la citada Ley -los cuales algunos de concretaron y otros no-, lo cierto es que lo más
encomiable de dicha Ley fue el compromiso y
la disposición de todos los actores políticos
para destrabar las negociaciones de una
agenda de reformas legales que simplemente
se avizoraba imposible. Por ello, es absolutamente cierto que, en la actualidad, las relaciones de las fuerzas políticas en el seno del Par-lamento mexicano han cambiado. El pluralismo político ya no es un elemento más de la
retórica oficialista. La materialización del
reconocimiento y la garantía del pluralismo
político en México ha permitido que en el Parlamento se logren acuerdos derivados del
consenso con todas las fuerzas políticas de
manera clara y transparente. Incluso, el Parlamento, a fin de lograr reformas de la mayor
envergadura y repercusión económica y
social, ha consensuado con la propia sociedad
civil en aras de alcanzar la mayor legitimidad
posible. Por ejemplo, con motivo de la reforma
en materia energética, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República convocó a la realización de cincuenta foros conformados por políticos, intelectuales, expertos, académicos y demás miembros de la
sociedad civil, con la clara intención de lograr
la mejor reforma legal posible para el sector
energético, pero también con el ánimo de
conseguir el mayor respaldo posible en una
ejercicio parlamentario por demás polémico.
Esta práctica parlamentaria sin precedentes
en México, se volverá a repetir durante los dos
primeros meses del 2009, con motivo del análisis de la reforma legal que requiere el sistema financiero mexicano de cara a la crisis
económica mundial. Por último, se puede concluir afirmando que la actividad realizada
actualmente por el Parlamento mexicano dista mucho de aquella realizada hasta mediados
de los 90's del siglo pasado. El Parlamento
mexicano ha dejado de ser la caja de resonancia del Gobierno en turno para convertirse en
el espacio en el que se habrán de dirimir las
diferencias y alcanzar los acuerdos. Por ello,
guardando las proporciones, se puede considerar que esa dialéctica gobierno-oposición
que termina por legitimar todo sistema político comenzó a cobrar verdaderamente una
vigencia hasta hace apenas unos cuantos
meses.REIen ParlamentosNOVEDADES PROGRAMA “REDES DE EXPERTOS”Nueva Red CEDDET, renovada Red de
Expertos Iberoamericanos en ParlamentosLa Fundación CEDDET desde el año 2005 promueve redes de conocimiento, utilizando
como soporte las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)
una nueva Red Transversal a la que se invitará a participar4748REIActividadesen Parlamentos
SIGUIENTES:no sólo a los miembros de las actuales 14 redes en funcionamiento sino
también a todos los antiguos participantes del programa de formación de
CEDDET. Esta Red Transversal se erigirá como un nexo de unión entre los
antiguos alumnos de los cursos - contará con un directorio de 10.000 participantes- y en ella tendrán lugar
actividades de carácter transversal
que puedan ser de interés para todas
las personas que trabajan en la gestión de las administraciones públicas
miembros, que llevan tiempo demandando nuevas funcionalidades y eluso de herramientas más colaborativas. Este nuevo entorno, basado en
consulta o sugerencia.• Directorio de participantes, que permitirá la localización de los miembros de las
encuestas.REIActividadesen Parlamentos49Actividades destacadas de la REI en ParlamentosCon el objetivo de abrir
debate y la reflexión a
partir de las experiencias de expertos
en el ámbito parlamentario así como
para enriquecer la actividad de discusión especializada en foros se han
realizado varios foros de experto y
temáticos a lo largo del primer
semestre 2009: “Ética, corrupción y
gobernanza" moderado por por D.
Pablo García Mexía, Letrado de las
Cortes Generales. España; y “La inderogabilidad singular de las normas
que rigen los Parlamentos” coordinado por D. Federico Guillermo Malavassi, Ex diputado, abogado experto
en Derecho Constitucional y Parlamentario. Costa Rica. Próximamente
se publicarán los relatorios de los
mismos. En el segundo semestre de
2009 se desarrollará en la REI el foro
de experto: “Control del Parlamentoal Gobierno: modelos comparados”
por D. Jordi Xuclà i Costa, Diputado
CIU. España. El equipo coordinador
queda a la espera de recibir propuestas de temas y expertos por parte de
los miembros de la REI para incorporar nuevos foros próximamente.
Los coordinadores temáticos de
América Latina y España, con el mismo afán de intercambio han coordinado foros con las siguientes temáticas: “La Ley y la Globalización".
Moderado por Dª. Milena Soto, Coordinadora de la REI. Costa Rica. “La
facultad del Poder Ejecutivo de dictar
normas con rango de ley: regulación
comparada y problemas constitucionales”; coordinado por D. Jose María
Codes, Coordinador de la REI, España.
Próximamente se desarrollarán en la
REI los foros: “Comisiones investigadoras”. Moderado por Dª. Milagros
Campos, Coordinadora de la REI. CosREI EN PARLAMENTOS POR PAÍSESta Rica y “Jurisprudencia sobre el
procedimiento legislativo” por D. José
A lo largo del primer semestre se
ha realizado el curso corto de actualización: “Documentación jurídica en
Internet: fuentes para el estudio del
Derecho Comparado y las Organizaciones Internacionales”, en junio,
impartido por Inmaculada Moreno,
Archivera bibliotecaria de las Cortes
Generales, desarrollado con gran éxito e interés por parte de los participantes. Durante el segundo semestre
de 2009 se impartirán los cursos cortos de actualización: “La Responsabilidad del Estado Legislador” impartido
por Sylvia Martí, Letrada de las Cortes Generales; “La Ley de Presupuestos I por Tatiana Recoder, Letrada de
la Asamblea de Madrid y “Las Organizaciones Políticas Supranacionales y
Nuevos Retos para los Parlamentos50REIActividadesNacionales dirigido por D. Manuel
Delgado-Iribarren, Letrado de las
Cortes Generales. Los cuales esperamos sean de gran interés y gocen de
alta participación por parte de los
miembros de la REI.
Con motivo del seminario “Funcionarios Jurídicos Legislativos y Técnica
Legislativa” realizado en el mes de
mayo en Madrid, los participantes al
mismo han tenido la oportunidad de
desarrollar una experiencia de red,
actividad pionera en la REI en Parlamentos: el desarrollo de un trabajo
colaborativo dirigido por Dª Piedad
García Escudero, Letrada de las Cortes Generales y directora del seminario y coordinada por Dª Milena Soto y
José María Codes, coordinadores de
la REI.
“Modernización del Parlamento y
profesionalización de la Administración Parlamentaria” ha sido el tema
en torno al cual los participantes al
seminario han investigado, compartido, dialogado y finalmente expuesto
sus conclusiones en el seminario con
una alta calidad y excelentes resultados. Algunos de estos trabajos serán
publicados en la próxima revista digital de la REI que centrará su temática en torno a la modernización y profesionalización de la Administración
Desde el Equipo coordinador deseamos transmitirles nuestro interés en
consolidar la experiencia de trabajo
en red que apoyado en las nuevas
tecnologías nos abre y permite otorgar y aumentar la calidad de nuestros
trabajos conjuntos, animándoles en
todo momento a presentar propuestas e iniciativas para la mejora y enriquecimiento del área Parlamentaria a
través de la Red de Expertos Iberoamericanos en Parlamentos.en ParlamentosNUEVO EQUIPO COORDINADOR
DE LA REI EN PARLAMENTOS
Las actividades de la REI en PARLAMENTOS son coordinadas por
profesionales pertenecientes a distintas instituciones.
Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de
correo de la REI; nuestro objetivo es contar con sus aportaciones,
sugerencias, comentarios...JOSÉ MARÍA CODES CALATRAVA
Diputados de EspañaMILENA SOTO
Coordinadora temática de América LatinaMILAGROS CAMPOS
de América LatinaCRISTINA BALARI
Gerente. Programa “Red de Expertos”.
FUNDACIÓN CEDDETENCARNA DÍAZ
Coordinadora Área Parlamentaria.
FUNDACIÓN CEDDETESTHER GONZÁLEZ-LLANOS
FUNDACIÓN CEDDDETActividades de la FundaciónManuel Giménez Abad51Programación
2009oda la información de los
• Jornada sobre “Demografía y
siguientes eventos y Ordenación Territorial”, en colaboradocumentos asociados ción con la Diputación Provincial de
pueden consultarse en la página Teruel.
www.fundacionmgimenezabad.es OCTUBRETAGOSTO
• 18, 19, 20 y 21 de agosto: I Curso de Derecho Parlamentario comparado México-España, en el Senado
mexicano, en desarrollo del Convenio
suscrito con esta institución, con la
colaboración del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de
México y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de México y el Congreso
de los Diputados.DICIEMBRE• 10 y 11 de diciembre: Seminario
Internacional: “El Poder Legislativo en
América Latina en perspectiva comparada: desempeño y líneas de investigación”, en colaboración con la
• 7 de octubre: Jornada sobre Universidad de Salamanca y el Banco
“Estado Autonómico y Régimen Interamericano de Desarrollo.
Local”, en colaboración el Ayunta• 14 de diciembre: Jornada sobre
miento de Zaragoza.
Viejo y Nuevo Parlamento en Iberoa• 26 y 27 de octubre: Seminario mérica.
Internacional sobre “El nuevo modelo
de financiación autonómica”, en
colaboración con el Foro de las Federaciones, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Gobierno
de Aragón.• 28 ó 29 de octubre: Jornada en
• 24, 25 y 26 de agosto: II Jorna- el Parlamento de Navarra, en desadas sobre “Descentralización y Dere- rrollo del Convenio suscrito con esta
chos Humanos”, en Barranquilla institución.
(Colombia), organizadas en colaboración con el Departamento del Atlán- NOVIEMBRE
tico y la Universidad del Atlántico.
• 9 y 10 de noviembre: Jornada
sobre “Memoria, Derecho y Terrorismo”, en colaboración con la Funda• Del 18 al 20 de septiembre: Cur- ción Víctimas del Terrorismo.
so de verano: “El Estado autonómico
tras las reformas estatutarias y la
• 25 y 26 de noviembre: Jornadas
intervención del Tribunal Constitucio- sobre “Una visión contemporánea de
nal”, organizadas por la Universidad la Democracia directa”, en colaboraAutónoma de Madrid con la colabora- ción con la Dirección General de Parción de la Fundación, en la Residencia ticipación Ciudadana del Gobierno
la cristalera de la UAM de Madrid.
Aragón52REI en PARLAMENTOSEVENTOS Y
Del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2009. Madrid y
Seminario presencial “Parlamento
y estructura territorial”
El Congreso de los Diputados la
AECID y la Fundación CEDDET han
concedido 10 becas para asistir al
seminario del curso 2ª edición que
va a celebrarse en Madrid y Zaragoza con la colaboración de la
Fundación Gimenez Abad, del 28
de septiembre al 2 de octubre. Este
seminario está dirigido por el
director del mismo curso D. Jorge
Villarino, Letrado de las Cortes
Generales. Asesor Jurídico Parlamentario en el Senado de España.Del 14 de septiembre al 8 de
Curso: “Funcionarios Jurídicos
Legislativos” 10ª Ed.
Dirgido por: Dª Piedad GarcíaEscudero. Letrada de las Cortes
Generales.Del 16 al 20 de octubre de
Seminario presencial “Los servicios
documentales de los Parlamentos:
nuevas necesidades y propuestas
la AECID y la Fundación CEDDET
han concedido 10 becas para asistir al seminario del curso on line:
Los servicios documentales de los
parlamentos 6ª edición que va a
celebrarse en Madrid del 16 al 20
de noviembre. El seminario estará
dirigido por Dª Rosa Grau, Archivera-Bibliotecaria de las Cortes
Generales.Del 12 de octubre al 15 de
Curso “Los sistemas de información de los Parlamentos y sus
recursos documentales: organización y funcionamiento”. Dª Rosa
Grau, Archivera-Bibliotecaria de
las Cortes Generales.Del 14 de septiembre al 25 de
Curso: “Gestión de los procesos
electorales” 4ª ed.
Cuya dirección corre a Cargo de
D. Manuel Delgado-Iribarren.
CURSOS NUEVOS. ITINEARIO D:
“Servicios Documentales”.Del 9 de noviembre al 13 de
Curso “Las fuentes de la documentación jurídica en línea: principal
Herramienta del Legislador” Dirigido por: Dª Rosa Grau, Archivera-Bibliotecaria de las Cortes
Generales.FUNDACIÓN CEDDET
Legislador” 3ªed. Impartido por
Sylvia Marti, Letrada de las Cortes
La Ley de Presupuestos (3ªed).
Impartido por Tatiana Recoder,
Letrada de la Asamblea de Madrid.
Supranacionales y Nuevos Retos
para los Parlamentos Nacionales
(2ªed). Impartido por Manuel Delgado-Iribarren, Letrado de las
VISITEN LA WEB DE CEDDET:
www.ceddet.orgREI en Parlamentos27 - 30 de octubre de 2009
CLAD sobre la Reforma del Estado y
El CLAD y el Gobierno Federal
de Brasil, a través del Ministerio
Gestión (MP), conjuntamente con
la Gobernación del Estado de
Bahía, tienen el placer de anunciar
la celebración del "XIV Congreso
Internacional del CLAD sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública" que se llevará a
cabo en Salvador de Bahía, Brasil,
del 27 al 30 de octubre de 2009.
Áreas temáticas a tratar son:
1. Capacidades para gobernar el
futuro a través del proceso de formación de las políticas públicas.
2. Enfoque interdisciplinario y
coordinación intersectorial en la
gestión de una administración
pública compleja.
3. En búsqueda de la excelencia en
la administración pública mediante la gestión de la calidad y de una
gestión para resultados de desarrollo.
4. Hacia el mérito profesional y la
flexibilidad de gestión en los siste-mas de función pública/servicio
5. Una formación de directivos y
el éxito de la acción de gobierno.
6. Valores, normas e instrumentos
de la ética pública para garantizar
el buen gobierno en Iberoamérica.
7. Gobierno electrónico para la
participación popular y la gestión
8. Perspectivas, desafíos e innovaciones en la gestión pública.
Fundación CEDDET participará
en el Congreso del CLAD con la
coordinación del panel “La formación online como instrumento de
Pública latinoamericana” en el
área temática “Una formación de
directivos y funcionarios públicos
que persiga el éxito de la acción
de gobierno”, cuyo objetivo principal es debatir y analizar cómo la
Administración Pública latinoamericana enfrenta la formación
continua de sus empleados públicos desde el ámbito de las TIC´s.53Números anteriores
2º Semestre 2008Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos
en Parlamentos1er Semestre 2009
www.fundacionmgimenezabad.esSi usted no es miembro de la REI y está interesado en recibir los próximos números de esta
Revista, notifíquelo a redes@ceddet.orgPublicación elaborada con el patrocinio de:All pages:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354InfoSaveLikeShareDownloadMoreNº 4 REVISTA DIGITAL DE LA REI EN PARLAMENTOS Published on Jul 30, 2009 El Congreso de los Diputados de España y la Fundación CEDDET presentan la 4ª edición de la Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en...See Moreredesdeexpertos_ceddetFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 71
 artículo 146
 artículo 146
 artículo
147
 artículo 209
 artículo 27
 artículo 151
 artículo 162
 artículo 152
 artículo 41
 artículo 99

artículo 99
 artículo 105
 artículo 105