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Timestamp: 2019-10-20 13:51:29+00:00

Document:
STS 774/2018, 10 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 725976093
Número de Recurso: 4775/2016
Número de Resolución: 774/2018
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. La infracción apreciada se limita al trato desigual debido a la condición de no residente y que es la diferencia de trato que supone la aplicación de los criterios de conexión establecidos por la norma estatal, proscrita por el derecho europeo, la causante directa del daño, cuya indemnización reclama la recurrente. La reparación no supone la exoneración del pago del impuesto, sino que se limita al reintegro de la diferencia que produciría en la liquidación practicada la aplicación de las reducciones correspondientes a la Comunidad de que se trate. Se estima en parte el contencioso administrativo.
Sentencia núm. 774/2018
Número del procedimiento: 4775/2016
Fecha de Votación y Fallo: 09/05/2018
REC.ORDINARIO(c/a) núm.: 4775/2016
Esta Sala ha visto el presente recurso contencioso-administrativo número 4775/2016, formulado por la Procuradora Dña. María Aránzazu López Orejas, en nombre y representación de Doña Brigida , bajo la dirección letrada de Doña Virginia Sánchez Bailén, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de abril de 2016, por el que se resuelven las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; habiendo sido parte recurrida la Administración General del Estado, debidamente representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
La representación procesal de Doña Brigida presentó, ante esta Sala tercera del Tribunal Supremo, escrito iniciador de recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de abril de 2016, por el que se resuelven las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador -y es desestimada la solicitud con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de Septiembre de 2014 (Asunto C-127/12 )- en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La expresada resolución acordaba:
1.° DESESTIMAR las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas por quienes se citan en los Anexos I y II.
2.° INADMITIR, por extemporáneas, las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formuladas por quienes se citan en el Anexo III.
Admitido a trámite el recurso por resolución de uno de septiembre de dos mil dieciséis y, tras recibir el expediente administrativo, se concedió plazo para deducir demanda.
La recurrente presentó el correspondiente escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitaba a la Sala una sentencia «por la que estimando íntegramente la demanda:
- Se anule por ser contrario a Derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de Abril de 2016 dictado en el procedimiento REF. HA/A/016426/15, que desestima la solicitud de mi mandante de indemnización por responsabilidad del Estado legislador.
- Se declare la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de Doña Brigida a ser indemnizada en la cantidad de SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON UN CENTIMO DE EURO (7.118,01 €), más los intereses legales que procedan, condenándose a la Administración demandada al pago de ambos conceptos.
- Se impongan las costas a la Administración demandada, ...»
Por su parte, la Administración del Estado recurrida interesaba, en su escrito contestación que &lt;&lt;DESESTIME el re¬curso contencioso-administrativo interpuesto. Con costas. [...] Que, en opinión de esta parte, la cuantía de este proceso es de 7.152,57 euros. [...] que se emplace a la Comunidad Autónoma de Valencia para que, en su caso, pueda per¬sonarse como parte codemandada ...&gt;&gt;
Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete se concedió trámite de conclusiones, «habiendo transcurrido con exceso el plazo concedido a la Comunidad Autónoma de Valencia, sin que ésta se haya personado, no estimándose necesaria la celebración de vista pública y no habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba».
Las partes formularon sus conclusiones; la recurrente, para solicitar se dicte &lt;&lt;sentencia conforme al suplico de nuestra demanda&gt;&gt; y la recurrida &lt;&lt;para resolver este proceso por sentencia que, tal como se pidió al contestar la demanda, lo desestime&gt;&gt;.
Tramitado el recurso, se fijó para su deliberación, votación y fallo, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, fecha en la que se celebró con observancia de las formalidades legales esenciales.
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo número 4775/2016 por doña Brigida contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 22 de abril de 2016, por el que se acordó desestimar la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la recurrente.
A la vista del objeto del recurso, las pretensiones y alegaciones de las partes, es necesario comenzar por señalar que esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo ha dictado ya la sentencia 1566/2017, de 17 de octubre , en el procedimiento contencioso-administrativo 6/2017, en el que se suscitaba una cuestión de fondo en todo punto idéntica a la que se plantea en los presentes autos. Todo ello obliga a reproducir los argumentos que se exponen en dicha sentencia para la estimación del presente recurso. En este sentido hemos declarado:
Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso administrativo el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, desestimatorio de la solicitud indemnizatoria formulada por la aquí recurrente... en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del abono del impuesto de sucesiones como heredera de su (esposo) --madre--, en aplicación de una normativa declarada contraria al derecho de la Unión Europea por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014.
En la sentencia de mención se decide en recurso por incumplimiento, interpuesto por la Comisión Europea
«1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste. 2) Desestimar el recurso en todo lo demás».
Por consiguiente, debe apreciarse que la legislación estatal discutida constituye una restricción prohibida por el artículo 40 del Acuerdo EEE
A la vista de las alegaciones efectuadas por la recurrente en la solicitud de reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por la vulneración del Derecho de la Unión, ya hemos dicho en la sentencia de referencia:
SEGUNDO.- Un orden lógico jurídico de enjuiciamiento exige examinar en primer lugar la cuestión invocada por la Abogacía Estado en su escrito de contestación a la demanda y relativa a la necesidad de que sea emplazada la Comunidad Autónoma de (Valencia) Madrid.
La circunstancia de que las Comunidades Autónomas..., al amparo del artículo 48 de la citada Ley 22/2009 (antes artículo 40 de la Ley 21/2001 ), hayan asumido competencia normativas sobre reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente y deducciones y bonificaciones de la cuota, no permite considerar que la diferencia de trato que contempla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga origen en la normativa autonómica y, en consecuencia, imputable a la Administración de (Valencia) la Comunidad de Madrid.
OCTAVO.- Respecto a la quinta y última razón expuesta en la resolución recurrida para denegar la indemnización (fundamento de derecho octavo), relativa a que estamos ante un supuesto de culpa concurrente con las Comunidades Autónomas, reiteremos para su rechazo lo ya dicho al tratar la irregular constitución de la relación procesal invocada por el Abogado del Estado».
Por lo que se refiere a la alegación del Abogado del Estado respecto del importe del daño reclamado, al no solicitarse la diferencia entre la cuota ingresada y la que resultaría de aplicarse las reducciones autonómicas de la base imponible, sino que se ejercita la pretensión de resarcimiento del importe total de lo ingresado en su día por el impuesto, es claro que la infracción apreciada se limita al trato desigual debido a la condición de no residente y que es la diferencia de trato que supone la aplicación de los criterios de conexión establecidos por la norma estatal, proscrita por el derecho europeo, la causante directa del daño, cuya indemnización reclama la recurrente; de manera que la reparación no supone la exoneración del pago del impuesto, sino que se limita al reintegro de la diferencia que produciría en la liquidación practicada la aplicación de las reducciones correspondientes a la Comunidad de que se trate.
Así lo venimos declarando en los distintos recursos ya resueltos por la Sala, en el sentido de que lo procedente es la devolución de lo indebidamente ingresado en aplicación de la normativa estatal más los intereses, en atención a lo que le correspondería ingresar en aplicación de la normativa autonómica. En consecuencia, ha de estimarse la alegación del Abogado del Estado en este concreto aspecto, en cuanto que en la reclamación se solicita el reintegro de la cantidad total ingresada en virtud de la autoliquidación inicial.
Ejercida en el plazo la acción de responsabilidad patrimonial y acreditada, conforme a lo hasta aquí expuesto, la concurrencia de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para apreciar la responsabilidad patrimonial por violación del derecho comunitario por un Estado miembro, procede la estimación del recurso contencioso administrativo, salvo en la cuantía de la indemnización y, con revocación de la resolución impugnada, por contraria a derecho, condenamos a la Administración demandada a que abone a la recurrente la diferencia entre la cuota autoliquidada por el impuesto de sucesiones y la que resultaría por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Valencia vigente al momento del devengo del impuesto, con los intereses legales, desde la reclamación a la Administración.
Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de por Doña Brigida contra la resolución del Consejo de Ministros de 22 de abril de 2016.
Condenar a la Administración demanda al pago de la cantidad resultante de restar de lo abonado por el impuesto de sucesiones lo que debiera de abonarse en aplicación de la normativa autonómica de Valencia al tiempo del devengo del impuesto, más los intereses legales, desde la reclamación a la Administración.
Jose Juan Suay Rincon, César Tolosa Tribiño.
SAP Madrid 491/2009, 2 de Noviembre de 2009

References: resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 48
 artículo 40
 resolución 
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