Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=6&_es=0
Timestamp: 2020-01-28 03:43:24+00:00

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Mostrando únicamente secciÃ³n 6
6.1. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal por la desapariciÃ³n de una persona
En el Caso Velásquez Rodríguez, la desaparición de Manfredo Velásquez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención. El solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artículo. Aun cuando no ha sido demostrado de modo directo que Manfredo Velásquez fue torturado físicamente, la mera circunstancia de que su secuestro y cautiverio hayan quedado a cargo de autoridades que comprobadamente sometían a los detenidos a vejámenes, crueldades y torturas representa la inobservancia, por parte de Honduras, del deber que le impone el artículo 1.1, en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. En efecto, la garantía de la integridad física de toda persona y de que todo aquél que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos. La Corte declara que Honduras ha violado en perjuicio de Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. nota 1
En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Antes de ser desaparecidas, durante veintidós meses, las víctimas fueron mantenidos en incomunicación y sometidas a graves condiciones de detención, intensos interrogatorios y brutales torturas, entre las que destacan la aplicación de latigazos con el llamado ?teyuruguay? y la denominada ?pileteada?. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable por la tortura de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, lo que constituye una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. nota 2
Caso VelÃ¡squez RodrÃ­guez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 4
6.2. ViolaciÃ³n del derecho consagrado a la integridad personal de vÃ­ctima y/o familiares por la gravedad del sufrimiento causado por las masacres y demÃ¡s actos realizados con ocasiÃ³n de las incursiones de grupos paramilitares que actÃºan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado
6.3. ViolaciÃ³n de la integridad personal por torturas y otros actos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes
En el Caso Loayza Tamayo, la señora María Elena Loayza Tamayo fue detenida por autoridades de policía cuando existía en el Perú, un estado de emergencia y de suspensión de las garantías. Estuvo retenida administrativamente, incomunicada y no tuvo derecho de interponer alguna acción de garantía para defender su libertad personal. Fue exhibida públicamente a través de medios de comunicación con un traje a rayas como terrorista, sin haber sido procesada ni condenada. Durante la época de su detención, existió en el Perú una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las investigaciones por delitos de traición a la patria y terrorismo. La señora Loayza Tamayo fue procesada por el delito de traición a la patria por el fuero militar y permaneció detenida hasta su absolución. Luego fue procesada y condenada por la justicia ordinaria a una pena privativa de la libertad de 20 años. En ambos casos, fue juzgada por ?jueces sin rostro? y la calificación legal del ilícito fue efectuada por las autoridades militares. En el fuero militar existió una práctica que dificultó el derecho de los procesados por traición a la patria de escoger su abogado defensor; durante el proceso de instrucción de la señora Loayza Tamayo en el fuero militar no procedía ningún tipo de libertad y durante el proceso ante el fuero civil por terrorismo, pudo escoger su abogado, pero se le obstaculizó el acceso al expediente y el derecho a ejercer la defensa en forma amplia y libre. La señora Loayza Tamayo ha estado privada de libertad por más de 4 años. Actualmente permanece en una celda muy reducida, sin ventilación ni luz natural, con media hora de sol al día, con aislamiento celular continuo y con un régimen de visitas muy restringido, situación que fue objeto de medidas provisionales ante esta Corte. nota 1
Sobre la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención), la Corte considera que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada caso. Aún en ausencia de lesiones, los sufrimientos físicos y morales, con turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima. Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida. Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por la conducta de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona. Hechos como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de actos violentos, las restricciones al régimen de visitas, constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención. La Corte declara entonces la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención. nota 2
En el Caso Suárez Rosero, la Corte reiteró que la incomunicación es una medida excepcional para asegurar los resultados de una investigación y sólo puede aplicarse si es decretada de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, en el sentido que le atribuye el artículo 30 de la Convención. En este caso, dichas condiciones están previstas en la Constitución del Ecuador, al disponer que el detenido no puede ser incomunicado por más de 24 horas. Este precepto es aplicable en virtud de la referencia al derecho interno del artículo 7.2 de la Convención. Una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. El aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación, le permite a la Corte concluir que el señor Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando se ha demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna. La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de buscar un abogado y no poder comunicarse con su familia. Durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y recibió golpes y amenazas durante su detención. Estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el señor Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante. Por lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención. nota 3
En el Caso Castillo Petruzzi y otros, el ciudadano chileno Castillo Petruzzi estuvo incomunicado en poder de la autoridad administrativa, durante 36 días, hasta ser puesto a disposición judicial. Los señores Pincheira Sáez, Astorga Valdez y Mellado Saavedra, estuvieron 37 días en las mismas condiciones. Esto sumado al hecho de que las personas eran presentadas a las diligencias de declaración ante las autoridades judiciales -vendadas o encapuchadas, ?amarrocadas? o ?engrilletadas?- constituye una violación al artículo 5.2 de la Convención. Además, los señores mencionados fueron condenados a cadena perpetua, por habérseles encontrado culpables del delito de traición a la patria. La sentencia de primera instancia establece como condiciones de reclusión, el aislamiento celular y continuo durante el primer año de la detención y luego con trabajo obligatorio, pena que deberán cumplir las supuestas víctimas en celdas unipersonales. La Corte reitera su jurisprudencia sobre el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva como tratos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. En este caso, la Corte considera que las condiciones de detención impuestas a las víctimas como consecuencia de la aplicación de los Decretos-Leyes por parte de los tribunales militares, constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención. Se estableció que, en la práctica, algunas de dichas condiciones, como el aislamiento en celdas unipersonales, variaron a partir de determinado momento. Sin embargo, dicha variación no conduce a modificar la conclusión anterior de la Corte. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5 de la Convención. nota 4
En el Caso Cantoral Benavides, el señor Cantoral Benavides fue mantenido en condiciones de incomunicación durante los primeros ocho días de su detención cuando en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana. En cuanto a las condiciones de reclusión, la Corte ha dado por probado que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento, hacinado con otros presos en una celda pequeña, sin ventilación ni luz natural, y con un régimen de visitas muy restringido. Además, cuando aún no había sido procesado ni condenado, el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con ropas infamantes, como autor del delito de traición a la patria. Finalmente, el señor Cantoral Benavides fue varias ocasiones golpeado y agredido físicamente en varias ocasiones y esto le produjo intensos dolores corporales y sufrimientos emocionales. De acuerdo con las circunstancias del caso y el contexto en que se produjeron los hechos, estima la Corte, sin lugar a duda razonable, que parte de los actos de agresión examinados pueden ser calificados como torturas, físicas y psíquicas. Dichos actos fueron preparados e infligidos deliberadamente contra el señor Cantoral Benavides con un doble propósito. En la fase previa a la condena, para suprimir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En la etapa posterior a la condena, para someterlo a modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma. Por lo expuesto, concluye la Corte que el Estado violó, en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, el derecho a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de la Convención). nota 5
Esta jurisprudencia es reiterada en el Caso Tibi cuyos hechos se exponen a continuación. El 27 de septiembre de 1995 el señor Daniel Tibi, francés, fue detenido en la ciudad de Quito. La detención fue efectuada por agentes de la INTERPOL, sin orden judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un coacusado, quien posteriormente se retractó y dijo que la declaración había sido provocada violentamente. El señor Tibi no estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención. Cuando se realizó su arresto, los policías no le comunicaron los cargos en su contra. Al momento de la detención del señor Tibi, fueron incautadas sus pertenencias y no se le permitió comunicación con ningún familiar ni con su consulado. Posteriormente, se expidió la orden judicial en sus contra. En la audiencia preprocesal no se le hizo el interrogatorio en presencia de juez o de defensa. Se indicó que el señor Tibi era proveedor de clorhidrato de cocaína a minoristas, para que fuera expendida a consumidores. El señor Tibi estuvo sin defensa letrada durante un mes, pese a que en el auto cabeza de proceso se le había designado un defensor de oficio, hecho que él ignoraba, a quien nunca tuvo oportunidad de conocer. El 21 de enero de 1998, el señor Tibi fue liberado y viajó a París. Desde 1996, el señor Tibi interpuso dos recursos de amparo judicial, que mientras el primero fue negado sin razón aparente, el segundo no había sido resuelto para la expedición de la sentencia de la Corte. nota 6
En el Caso de la Cruz Flores, el 27 de marzo de 1990 la señora María Teresa De La Cruz Flores fue detenida y procesada por el delito de terrorismo en la modalidad de asociación ilícita. A partir de su detención, la señora De La Cruz Flores estuvo en el Penal Castro Castro por cuatro meses, al cabo de los cuales se le concedió la ?libertad incondicional? el 26 de julio de 1990, en aplicación del artículo 201 del Código de Procedimientos Penales. Por hechos no relacionados con la primera detención, la señora De La Cruz Flores fue privada de libertad nuevamente el 27 de marzo de 1996, sin que se le presentara en ese momento una orden judicial para tal efecto. Del contenido de un atestado policial y de las declaraciones de dos personas, la Dincote consideró que se encontraba ?plenamente identificada? la presunta víctima y su vinculación con la organización Sendero Luminoso, en la cual realizaba diversas actividades médicas, incluidas la conducción de cirugías y la provisión de medicamentos; así como estar imbuida de los conocimientos doctrinarios e ideológicos del Partido y tener un nivel elevado en la referida organización. La señora de la Cruz nunca fue informada de estas pruebas por las que no pudo controvertirlas. El proceso seguido contra la señora De La Cruz Flores por la segunda detención fue llevado ante un tribunal del fuero ordinario ?sin rostro?. Después de recibir dictámenes periciales a favor de la señora de la Cruz, el 21 de noviembre de 1996 la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia condenatoria contra la señora De La Cruz Flores y otros, condenándola a 20 años de prisión por terrorismo, en aplicación del artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475. Igualmente, el 4 de marzo de 1999 la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia, condenando a la señora María Teresa De La Cruz Flores a 10 años de prisión por el delito de terrorismo en la modalidad de asociación ilícita, tipificado en el Código Penal, a raíz de la primera detención de la señora de la Cruz. Esta última se declaró nula por ser un juicio penal retrospectivo. En el 2003 la sentencia por su segunda detención fue declarada nula, sin embargo, la señora de la Cruz permaneció detenida en calidad de procesada. Finalmente en el 2004 fue liberada. Durante su detención, la señora De La Cruz Flores sufrió diversos padecimientos físicos, por los cuales recibió tratamiento médico inadecuado. nota 7
La jurisprudencia anterior es reiterada en este caso, esto es, el aislamiento constituye un trato cruel e inhumano que viola el artículo 5 de la Convención. Esto se reitera en el Caso Lori Berenson Mejía. nota 8
En el Caso Maritza Urrutia, después de dejar a su hijo en la escuela, Maritza Urrutia Sánchez fue secuestrada por tres hombres armados vestidos de civil. Una vez capturada, fue encapuchada y trasladada a las instalaciones del centro de detención clandestino del Ejército de Guatemala denominado ?La Isla?, donde permaneció en cautiverio durante ocho días. En esos actos participaron por lo menos ocho especialistas del Ejército y dos oficiales, todos miembros de la Inteligencia del Ejército guatemalteco. Durante los ocho días en que estuvo detenida, permaneció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Durante los interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a miembros de su familia si no colaboraba. Además fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); en esta declaración, justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización, agradeció a todas las personas que la habían ayudado a lograrlo e instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. El 30 de julio de 1992 Maritza Urrutia fue liberada y forzada a declarar en comunicación de prensa y ante la justicia la verdad del video en el que aceptaba su vinculación con el grupo guerrillero solicitando una amnistía fundamentada en el Decreto 32-88 del Congreso de la República. La juez que oyó su declaración, en ningún momento le preguntó sobre lo que le había sucedido. El 23 de julio de 1992, se presentó la denuncia sobre la desaparición de la señora Urrutia ante la instancia penal respectiva. Sin embargo después de procedimientos que redundaron en la dilación del proceso, desde el 19 de junio de 1995 hasta la fecha de la sentencia de la Corte IDH, el expediente del caso se encontraba en manos del Ministerio Público, sin que se haya dicho nada al respecto. nota 9
La Corte reitera que la incomunicación a la que es sometida la víctima durante la detención, más aún si ésta es ilegal, constituye un trato cruel e inhumano. Igualmente se reitera que los actos preparados e infligidos deliberadamente para anular la personalidad y desmoralizar a la víctima son una forma de tortura, como ya se había concluido en el Caso Bámaca Velásquez. nota 10
En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte señala que el Estado Hondureño violó el artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez, ya que en las condiciones en que fueron encontrados sus restos mortales permiten inferir que éste fue objeto de severas torturas por parte de sus captores. Sobre el particular, el Tribunal destaca que, en la noche del 11 de julio de 1992 antes de ser aprehendido por los militares el señor Juan Humberto Sánchez se encontraba en condiciones físicas normales y el Estado no presentó ninguna explicación con respecto a la muerte de la víctima.. Lo anterior, unido a que la Corte ha entendido por probado que durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, en Honduras existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares y que el señor Juan Humberto Sánchez fue retenido por las mismas para esa época, permite concluir que se configuró la violación del artículo 5 de la Convención Americana. nota 11
En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. Dentro de los actos de tortura, el señor Bernabé Baldeón García fue atado con alambres y colgado boca abajo de una viga para luego ser azotado y sumergido en cilindros de agua. Por lo anterior, y tomando en consideración el allanamiento del Estado, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Bernabé Baldeón García. nota 12
En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En el presente caso, la Corte consideró que por las circunstancias en que fueron detenidas y trasladadas a un lugar indefinido antes de ser ejecutadas o desaparecidas, las presuntas víctimas fueron colocadas en una situación de vulnerabilidad y desprotección que afectaba su integridad física, psíquica y moral. Ciertamente no existe prueba de los actos específicos a que fueron sometidas cada una de esas personas antes de ser ejecutadas o desaparecidas. No obstante, el propio modus operandi de los hechos del caso en el contexto de ese tipo de prácticas sistemáticas, sumado a las faltas a los deberes de investigación, permiten inferir que esas personas experimentaron profundos sentimientos de miedo, angustia e indefensión. En la menos grave de las situaciones, fueron sometidos a actos crueles, inhumanos o degradantes al presenciar los actos perpetrados contra otras personas, su ocultamiento o sus ejecuciones, lo cual les hizo prever su fatal destino. De tal manera, que por los actos contrarios a la integridad personal de las 10 víctimas ejecutadas o desaparecidas, la Corte declaró que el Estado es responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en perjuicio de las víctimas. nota 13
En el Caso Bueno Alves, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión de rescisión de un contrato inmobiliario, el señor Bueno Alves y su abogado, el señor Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos y la oficina profesional de éste fue allanada. Todas estas acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina. En la madrugada del día 6 del abril de 1988, en una oficina del Departamento Central de Policía, el señor Bueno Alves fue golpeado en los oídos y en el estómago, insultado en razón de su nacionalidad uruguaya y privado de su medicación para la úlcera, por agentes policiales, mientras se encontraba detenido bajo su custodia, con el fin de que confesara en contra de quien era su abogado, el señor Pérez Galindo, quien también se encontraba detenido. Dicho trato, le produjo un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio, así como severos padecimientos psicológicos. Con base en la denuncia de torturas realizada el 8 de abril de 1988, se inició el procedimiento judicial No. 24.079, que culminó el 15 de abril de 1997, por insuficiencia probatoria, sin que se hubiese identificado y sancionado a los responsables de las torturas.
Para la Corte, para definir lo que a la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana debe entenderse como ?tortura?, debe tomarse en cuenta la definición que al respecto hace la primera parte del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. En razón de lo expuesto, la Corte entendió que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito. En el caso concreto, la Corte señaló que los hechos confesados por el estado y probados constituyen tortura, debido a que reúnen los presupuestos enunciados. En efecto, a) fueron deliberadamente infligidos en contra de la víctima y no producto de una conducta imprudente, accidente o caso fortuito; b) los maltratos tuvieron como finalidad específica forzar la confesión del señor Bueno Alves; y c) la víctima padeció maltratos durante los actos de violencia a que fue sometida y tuvo consecuencias en su integridad física y emocional, que impiden a la víctima desarrollar sus actividades cotidianas y requiere tratamiento. Por todo lo anterior, y tomando en consideración la confesión del Estado, la Corte consideró que los hechos constituyeron tortura en perjuicio del señor Bueno Alves, lo que implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la persona mencionada. Adicionalmente, de conformidad con un peritaje psicológico efectuado por orden del Presidente de la Corte, en el que se concluyó que la ausencia de respuesta por parte del sistema judicial argentino afectó en forma grave al señor Bueno Alves, la Corte declaró que el estado violó el derecho contemplado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la víctima. nota 14
Caso Loayza Tamayo Vs. PerÃº. Serie C. No. 33 .
Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Caso BÃ¡maca VelÃ¡squez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
Para ver los hechos del Caso La Cantuta Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 162
6.4. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal por torturas a las que fue sometido persona privada ilegalmente de su libertad y maltratos fÃ­sicos y severos sufrimientos morales: amenazas de causar daÃ±os al padre de la vÃ­ctima
6.5. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal de persona privada de la libertad, trato digno y trato inhumano: condiciones inadecuadas de privaciÃ³n de la libertad; inseguridad y amenazas contra la vÃ­ctima, ausencia de polÃ­tica estatal en centros penitenciarios
En el Caso Yvon Neptune, al señor Yvon Neptuen, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del ex presidente Jean Bertrand Aristrid, entre el 2002 hasta marzo de 2004, se le dictó una orden de arresto, en marzo de 2004, expedida por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia, como "inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004".
Estos hecho habían ocurrido en un contexto en Haití de polarización y violencia política, inseguridad pública, deficiencias institucionales, protestas, represiones y enfrentamientos entre los opositores del Presidente Aristide, que pedían su dimisión y sectores de la Policía Nacional, que culminaron con la salida del país del ex presidente a la República Central Africana y el establecimiento de un gobierno de transición
Se probó que, entre el 27 de junio de 2004 y el 10 de marzo de 2005, periodo en que estuvo detenido en la Penitenciaría Nacional, permaneció en "una celda individual de cemento de 4,5 metros por 2,5 metros, sin ventanas, oscura, mal ventilada y particularmente sucia; las paredes estaban manchadas de desechos humanos y aparecían insectos y animales por las noches". Durante la mayor parte del día tenía acceso a servicios higiénicos, en la noche usaban un balde. De acuerdo con su declaración, delante suyo, los detenidos fueron "violentamente golpeados por miembros de la policía o guardias de la cárcel". La comida limitada, no era ni nutritiva ni higiénicamente preparada; el agua estaba contaminada y por temor al envenenamiento solamente comía y bebía agua que su familia le proporcionaba. También tenía temor a agresiones físicas ?acoso y ataques de otros reclusos-, por lo que no abandonaba su celda.
Fue sujeto de amenazas de muerte y contra su integridad física y de intento de asesinato por haber sido miembro del anterior gobierno. Luego de un incidente, varias personas armadas ingresan a la penitenciaría, propician la fuga de muchos reclusos y lo obligan a abandonar la penitenciaria a la que regresa una vez es liberado por su captores y se le brinda acompañamiento para el regreso, fue sometido a peores condiciones de detención- insultos y amenazas por los guardias, celda aislada y menos protegida. Como forma de protesta inició una huelga de hambre y tal situación y la falta de atención y asistencia médica hizo crítico su estado de salud, hasta tal punto que una vez liberado por motivos humanitarios, tuvo que ser hospitalizado.
Quedo probado dentro del proceso que el contexto de la situación carcelaria haitiana, mientras permaneció privado de la libertad el señor Neptune, se caracterizó por "graves deficiencias de las condiciones carcelarias y de falta de seguridad en prácticamente todos los centros de detención del país", relacionados con situaciones como "extremo hacinamiento, falta de camas, celdas mal ventiladas e insalubres, escasas instalaciones higiénicas, deficiente alimentación, escasez de agua potable, carencia de atención médica y graves riesgos sanitarios, de enfermedades y infecciones bacterianas".
La Corte encontró violados el derecho a la integridad personal, en su contenido general ?artículo 5.1. de la Convención Americana sobre derechos humanos-, el derecho a un trato digno de las personas privadas de la libertad y la prohibición de trato inhumano, ?artículo 5.2 d la Convención en relación con los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos, por las inadecuadas condiciones en las que permaneció detenida la víctima en los lugares en los que estuvo privado de su libertad, por la situación de inseguridad, las amenazas de que fue objeto por parte de guardias y reclusos, la ausencia de una política del Estado dirigida a prevenir la violencia en los centros penitenciarios y de medidas para protegerle su integridad personal.
Señaló la Corte, que las situaciones a las que se refiere son "las condiciones antihigiénicas e insalubres de la celda del señor Neptune, la falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y las restricciones de movimiento por temor a agresiones físicas que tuvo que enfrentar...". nota 1
Caso Yvon Neptune Vs. HaitÃ­. Sentencia Serie C. No. nota
6.6. VulneraciÃ³n de la integridad por tratos crueles e inhumanos a los jÃ³venes durante la retenciÃ³n
En el Caso de Los Niños de la Calle la Corte consideró demostrado que la integridad personal de los jóvenes fue vulnerada y que ellos fueron víctimas de graves maltratos y de torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del Estado, antes de sufrir la muerte. Los jóvenes fueron retenidos clandestinamente por sus captores durante varias horas que transcurrieron en medio de dos circunstancias de extrema violencia: la aprehensión forzada y la muerte por impactos de arma de fuego en estado de indefensión, que se han declarado probadas. Es razonable inferir, que el trato que recibieron durante esas horas fue agresivo en extremo. Crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, en algunas circunstancias, tratamiento inhumano. Una persona ilegalmente detenida, se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como la integridad física y ser tratada con dignidad. La Corte estima que los malos tratos y torturas fueron practicados por las mismas personas que secuestraron y dieron muerte a los 4 jóvenes. Al haber establecido que los responsables de estas últimas conductas eran miembros de la Policía Nacional se concluye que los autores de los malos tratos y torturas producidos en el lapso que medió entre la captura y la muerte, fueron agentes del Estado. Se presume responsable al Estado por los malos tratos que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades son incapaces de demostrar que estos agentes no incurrieron en tales conductas. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los derechos a la integridad personal (artículo 5.1 y 5.2 de la Convención), en conexión con el deber general de respeto y garantía (artículo 1.1), en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval. nota 1
En el Caso Bulacio, la Corte señala que la golpiza propiciada por los agentes de policía y la sumisión a malos tratos por parte del mismo de los que fue víctima el joven de 17 años durante su detención, configuran una violación al derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5. nota 2
En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, dos de ellas menores de edad, fueron colectivamente detenidas, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Durante su detención, fueron golpeadas con pistolas en la cabeza y con sillas, acusadas de ?ladrón? y estuvieron aisladas y amarradas. Cumpliendo las amenazas que les hicieron los agentes estatales, fueron asesinados con armas de fuego y armas blancas. Los cadáveres encontrados tenían moretones y marcas de tortura, incluso, uno de los cuerpos fue encontrado con signos de haber sido objeto de violencia sexual. Las anteriores consideraciones llevaron a la Corte a concluir que, por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención y protección del derecho a la integridad personal y por la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se violaron los artículos 5.1 y 5.2 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez. nota 3
Caso de los NiÃ±os de la Calle (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 63 . Reiterado en el Caso de los Hermanos GÃ³mez Paquiyauri Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 110 .
6.7. ViolaciÃ³n de la integridad personal de un menor al no ser separado de los adultos al momento de su detenciÃ³n y su permanencia en las celdas
En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Entre las víctimas se encuentran Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad. De conformidad con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, los menores no fueron separados de los adultos al momento de su detención y su permanencia en la celdas de la policía, lo que los expuso a circunstancias perjudiciales, ni se adoptaron medidas para que los niños tuvieran contacto con sus familiares o que un juez de menores revisara la legalidad de su detención. Los hechos del presente caso ocurrieron en razón de la condición de personas en situación de riesgo social que tenían las víctimas, lo que demuestra que el Estado no les proporcionó un ambiente que les protegiera de la violencia y del abuso, y no permitió su acceso a servicios y bienes esenciales, de una forma tal que esa falta privó definitivamente a los menores su posibilidad de emanciparse, desarrollarse y de tornarse adultos que pudieran determinar su propio futuro. Por lo anterior, la Corte estimó que el Estado violó el artículo 5.5 de la Convención, en conexión con el artículo 19 de ese instrumento, ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los menores Marco Antonio Servellón García y Rony Alexis Betancourth Vásquez. nota 1
6.8. ViolaciÃ³n de la integridad personal por la aplicaciÃ³n de penas corporales como la flagelaciÃ³n, las cuales constituyen una forma de tortura y una pena cruel, inhumana y degradante
En el Caso Caesar, el señor Winston Caesar fue condenado por el Estado de Trinidad y Tobago por el delito de intento de violación y fue sentenciado a 20 años de cárcel con trabajos forzados y a recibir 15 latigazos con el ?gato de nueve colas?. Recurrida la sentencia, la Court of Appeal de Trinidad y Tobago, aparentemente sin fundamentación confirmó su condena y su sentencia. Consultado un asesor sobre la viabilidad de apelar el caso ante el Privy Council, éste indicó que difícilmente tendría éxito. Durante su detención, el señor Caesar estuvo encarcelado junto a cuatro o cinco hombres y durmió en el suelo. La celda era pequeña, calurosa, sin ventilación y equipada con un balde en vez de servicios sanitarios. Desde su encarcelamiento, el señor Caesar también padeció serios problemas de salud. Pese a que fue examinado por personal médico en varias ocasiones, el tratamiento médico del señor Caesar fue inadecuado y sus condiciones de salud se deterioraron con el paso del tiempo.
Transcurridos 23 meses de la confirmación definitiva de la condena, el señor Caesar fue sometido a 15 azotes con el ?gato de nueve colas?. Este instrumento está diseñado para provocar contusiones y laceraciones en la piel del sujeto a quien se le aplica, con la finalidad de causarle grave sufrimiento físico y psíquico. Después de la ejecución de la pena corporal, el condenado permaneció dos meses en la enfermería y no recibió ningún tratamiento médico por la flagelación, salvo analgésicos orales. Como consecuencia de la pena corporal, el señor Caesar padeció síntomas de depresión y ansiedad aguda de tal gravedad, suficientes para diagnosticarle, al menos, un trastorno de adaptación. En Trinidad y Tobago, las normas que autorizan la imposición de penas corporales están contenidas en dos leyes, una de las cuales es la Ley de Penas Corporales para Delincuentes Mayores de 18 años). Esta ley prevé la aplicación de penas corporales para ciertos delitos a través de latigazos con una vara de tamarindo u objetos similares, y flagelación con un objeto denominado ?gato de nueve colas?, además de cualquier otra pena que le sea aplicable.
En el presente caso, la Corte estimó que el ?gato de nueve colas?, aplicado en Trinidad y Tobago para la ejecución de penas corporales de flagelación, constituye un instrumento utilizado para infligir una forma de castigo cruel, inhumana y degradante. De esta forma, la pena corporal por flagelación, debe ser considerada como una forma de tortura y, en consecuencia, una violación per se del derecho de cualquier persona sometida a la misma a que se respete su integridad física, psíquica y mental. Por lo tanto, la Corte la declaró contraria al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 1
Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia Serie C No. 123
6.9. ViolaciÃ³n de la integridad personal por condiciones de la detenciÃ³n de personas sindicadas y condenadas a pena de muerte
6.10. Vulnera el derecho a la integridad personal el acto de introducir a una persona en la maletera de un vehÃ­culo oficial
En el Caso Castillo Páez, en cuanto a la violación del Derecho a la Integridad Personal (artículo 5), la Corte da por probado que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial. Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. nota 1
Lo anterior es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. nota 2
6.11. ViolaciÃ³n de la convenciÃ³n interamericana para prevenir y sancionar la tortura por incumplimiento del deber del estado de investigar este delito
En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte se refirió al derecho a la integridad (artículo 5 de la Convención) y a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la tortura (artículo 1) y, de tomar las medidas efectivas para ello como consagrar la tortura como delito con sanciones severas y tomar medidas para prevenir y sancionar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 6); el derecho de la víctima a una investigación imparcial y el deber del Estado de investigar de oficio (artículo 8). En el caso de las víctimas que fueron privadas del derecho a la vida, con excepción del caso del señor Chinchilla, las autopsias revelaron la presencia de signos de tortura, la cual es imputable al Estado por la misma razón que le es imputable su muerte. Para ocasionar la muerte se infligió a las víctimas heridas que aumentaron su sufrimiento, y este fue un patrón en la mayoría de los homicidios relacionados con el presente caso. Respecto de las otras víctimas que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, la Corte constata que en el caso de los señores Vásquez y Angárita Ramírez, el médico forense encontró heridas, excoriaciones y contusiones que evidencian un trato cruel, inhumano o degradante mientras estuvieron detenidos. En consecuencia, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención y las obligaciones dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales; Julián Salomón Gómez Ayala; William Otilio González Rivera; Pablo Corado Barrientos; Manuel de Jesús González López; Augusto Angárita Ramírez y Oscar Vásquez. nota 1
En el Caso de Los Niños de la Calle, la Corte encuentra probado que las autoridades guatemaltecas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una investigación penal sobre la presunta comisión del delito de tortura y tampoco lo investigaron en la práctica, a pesar de que, al indagar por los homicidios, se recogió evidencia sobre tratamientos crueles y torturas a las víctimas. El artículo 8 de la Convención contra la Tortura consagra en forma expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente, y la Corte ha sostenido que en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. El Estado no actuó con arreglo a esas previsiones. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de los cuatro jóvenes. nota 2
En el Caso Cantoral Benavides, la Corte determinó que las autoridades administrativas y judiciales peruanas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una investigación penal en torno a la presunta comisión del delito de tortura, a pesar de que existían evidencias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sobre torturas cometidas en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides. Adicionalmente, dado que se encontró que el Estado peruano sometió la víctima a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, resulta claro que dicho Estado no previno eficazmente tales actos y que, al no realizar una investigación al respecto, omitió sancionar a los responsables de los mismos. En consecuencia, declara la Corte que el Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. nota 3
En el Caso Bámaca Velásquez, la Corte considera demostrado que la víctima fue sometida a tortura durante el tiempo que duró su reclusión clandestina en instalaciones militares. Por ende, resulta claro que el Estado no previno eficazmente tales actos y que, al no realizar una investigación al respecto, omitió sancionar a los responsables de los mismos. El artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura consagra en forma expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente. El Estado, sin embargo, no actuó en el presente caso con arreglo a esas previsiones. También se constató que, a pesar de los numerosos procesos iniciados para dar con el paradero de Bámaca Velásquez, los mismos demostraron ser inefectivos. La comprobada negación de la protección judicial determinó también que el Estado no previniera e investigara eficazmente las torturas a las que la víctima estaba siendo sometida. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado incumplió, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, la obligación de prevenir y sancionar la tortura en los términos de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. nota 4
En el Caso Gutiérrez Soler, ninguna persona ha sido sancionada por las torturas infligidas al señor Wilson Gutiérrez Soler. La Corte expresó que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Además, dicha actuación está regulada, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente. Por lo anterior, la Corte observó que Colombia no actuó con arreglo a esas previsiones, por tanto, el Tribunal consideró que dicha conducta constituye incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la obligación de prevenir y sancionar la tortura en el ámbito interno. nota 5
Caso de los NiÃ±os de la Calle (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 63 .
6.12. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal y de las obligaciones internacionales del estado relacionadas con la prevenciÃ³n y sanciÃ³n de la tortura ?convenciÃ³n interamericana- y falta de investigaciÃ³n de oficio minuciosa y diligentes: obstaculizaciÃ³n en la obtenciÃ³n de la prueba, ausencia de rÃ¡pida obtenciÃ³n de la prueba y de medidas para su conservaciÃ³n.
6.13. La ausencia de pruebas sobre la prÃ¡ctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes impide concluir violaciÃ³n a la integridad personal
En el Caso Gangaram Panday, en cuanto a las presuntas torturas de que fuera objeto el señor Asok Gangaram Panday, durante el tiempo de su detención por la Policía Militar, la Corte considera de acuerdo con los testimonios y los dictámenes médico legales, que no surgen de su evaluación indicios concluyentes ni convincentes que le permitan determinar la veracidad de la denuncia según la cual el señor Asok Gangaram Panday fue objeto de torturas durante su detención por la Policía Militar de Suriname. Así las cosas, no puede concluir la Corte que en este caso se está en presencia de una violación del artículo 5.2 de la Convención sobre el derecho a la integridad personal. Y así lo declara. nota 1
En el Caso Neira Alegría y otros, la Corte considera que el Gobierno no ha infringido el artículo 5 de la Convención, que se refiere a que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No está demostrado que las tres personas hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidas en el Penal. Tampoco existe prueba de que se hubiese privado a dichas personas de las garantías judiciales (artículo 8 de la Convención), durante los procesos que se siguieron en su contra. nota 2
La Corte considera que en el Caso Cesti Hurtado, no fue demostrado que el trato recibido por este señor en el curso de su detención haya sido inadecuado y por lo tanto desestima la pretensión sobre la violación del Estado a los derechos establecidos en el artículo 5.2 de la Convención. nota 3
En el Caso Durand y Ugarte, para la Corte, no está demostrado que los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiera lesionado su dignidad por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidas en el penal. Resulta claro que hubo un uso excesivo de la fuerza para sofocar el motín, lo que constituye vulneración del principio de proporcionalidad que debe existir entre la situación que se trata de resolver y los medios que para ello se utilizan. Sin embargo, de esta desproporción no se puede inferir que se hubiese practicado tortura o trato cruel, inhumano o degradante, conceptos que poseen contenido jurídico propio y que no se deducen en forma necesaria y automática de la privación arbitraria de la vida, aún en circunstancias agravantes como las presentes. En consecuencia, esta Corte considera que no se ha comprobado que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el artículo 5.2 de la Convención Americana. nota 4
6.14. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal y presunciÃ³n razonable de sufrimiento de las vÃ­ctimas: temor producido antes de su fallecimiento por el peligro real e inminente de su muerte
Por consiguiente, considerando las conclusiones de las instituciones oficiales que han conocido sobre los hechos del presente caso, la Corte no encuentra elementos suficientes para arribar a una conclusión distinta a la responsabilidad de agentes estatales por los hechos contra Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz .
La Corte estableció la violación del derecho a la integridad personal ?artículo 5º de la Convención, en relación con los deberes de respeto y de garantía de los derechos humanos -artículo 1.1 de la Convención Americana-, en tanto que es razonable presumir que las víctimas sufrieron un temor profundo frente al peligro real e inminente de su muerte, como efectivamente sucedió. nota 1
Caso Cantoral HuamanÃ­ y GarcÃ­a Santa Cruz Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 167 .
6.15. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal de los familiares por la desapariciÃ³n forzada de la vÃ­ctima
En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Los hechos del presente caso permiten concluir que la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas, consecuencia de la desaparición forzada, se ha visto agravada por las situaciones y circunstancias, vividas por algunos de ellos, antes, durante y con posterioridad a dicha desaparición. Muchas de estas situaciones y sus efectos, comprendidas integralmente ante la complejidad de la desaparición forzada, subsisten mientras persistan algunos de los factores verificados. Los familiares presentan secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por los referidos hechos, que continúan manifestándose, y los hechos han impactado sus relaciones sociales y laborales y alterado la dinámica de sus familias. Por lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. nota 1
En el caso Heliodoro Portugal, la Corte encontró violado el derecho a la integridad personal ?integridad psíquica y moral, artículo 5.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos-, en relación con el deber de respeto y garantía de los derechos humanos, de los familiares de la persona desaparecida, por los sufrimientos, angustias y por los sentimientos de inseguridad, frustación e impotencia, producido por 1- el estrecho vinculo de los familiares; 2- los esfuerzos que ellos realizaron en la búsqueda de justicia para establecer el paradero y las circunstancias de la desaparición; 3- la inactividad demostrada de parte de las autoridades estatales y 4- la falta de efectividad de las medidas adoptadas por tales autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. nota 2
Caso Heliodoro Portugal Vs. PanamÃ¡. Sentencia Serie C. No. 186
6.16. VulneraciÃ³n de la integridad moral de los familiares por la desapariciÃ³n forzada acompaÃ±ada del ocultamiento de los restos de la vÃ­ctima
6.17. VulneraciÃ³n de la integridad fÃ­sica y psicolÃ³gica de los familiares por falta de investigaciÃ³n de las autoridades respecto de la desapariciÃ³n de las vÃ­ctimas
6.18. VulneraciÃ³n de la integridad moral por trato inhumano a los familiares en relaciÃ³n con la desapariciÃ³n de sus hijos
6.19. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares de las vÃ­ctimas por el temor fundado de que fueran expulsadas del estado del cual eran nacionales, en razÃ³n de la falta de las actas de nacimiento de sus hijos
6.20. VulneraciÃ³n de la integridad personal de los familiares por tratos crueles, inhumanos o degradantes y muerte sufridos por la vÃ­ctima, con discapacidad mental, en centro de atenciÃ³n psiquiÃ¡trico
6.21. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal por la aflicciÃ³n de los familiares de las vÃ­ctimas relacionadas con sus muertes: situaciones
El mencionado Informe estableció que se encontraron ?elementos razonables suficientes? sobre la existencia del ya mencionado grupo paramilitar, el apoyo brindado por un grupo de miembros de la policía peruana y estableció que ?existen elementos que permiten suponer razonablemente que personas a quienes se atribuye pertenencia al citado Comando, han sido responsables [...del] asesinato del líder sindical Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García...?.
La Corte concluyó la existencia de violación del derecho a la integridad personal -artículo 5º de la Convención-, en relación con el deber de respeto de los derechos humanos, en perjuicio de los familiares de las víctimas muertas, por la aflicción que les fue producida, en relación: 1- la incertidumbre y ausencia de información que rodearon las muertes violentas; 2- el carácter difamatorio que se intentó dar a las muertes de las víctimas; 3- con las amenazas sufridas y sentimientos de temor de los familiares relacionados con la investigación una de las muertes, que conllevó la incomunicación familiar para su protección; 4- por la falta de avance en las investigaciones en 18 años y no haber despejado ninguna hipótesis sobre como sucedieron los hechos, 5- la frustración e impotencia generada por la pérdida de la necropsia original y 6- la ansiedad y angustia causada por la necesidad de realizar una nueva exhumación de los cuerpos, para practicar otra necropsia. nota 1
6.22. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares de la vÃ­ctima por haber padecido temor constante, angustia y separaciÃ³n familiar como consecuencia de las denuncias interpuestas por la tortura sufrida por la vÃ­ctima
6.23. VulneraciÃ³n de la integridad fÃ­sica y psicolÃ³gica de los familiares por la tortura y muerte de la vÃ­ctima y la falta de investigaciÃ³n de los hechos
En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y detuvieron ilegal y arbitrariamente al señor Bernabé Baldeón García. Durante su detención, fue torturado y asesinado en la madrugada del 26 de septiembre de 1990, y su cadáver fue enterrado ese mismo día. Las torturas sufridas por la víctima, el entierro de forma inmediata, así como la obstrucción a los esfuerzos de los familiares por conocer la verdad de los hechos, hicieron concluir a la Corte que los familiares de la víctima han padecido grandes sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales en detrimento de su integridad psíquica y moral. Por lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el Estado violó, en perjuicio de los familiares de la víctima, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma. nota 1
En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. Durante la detención y desaparición de las víctimas, los familiares emprendieron su búsqueda en distintas instituciones, en las cuales las autoridades negaron que las víctimas hubieran estado detenidas. Al ser descubiertas las fosas clandestinas, algunos de los familiares estuvieron presentes durante las exhumaciones y ayudaron a la realización de las mismas. Los restos de algunas de las víctimas les fueron entregados ?en cajas de cartón de leche? por las autoridades. Luego de la desaparición de las víctimas, algunos de sus familiares dejaron de realizar las actividades que hacían hasta entonces. Incluso, dos familiares de una víctima vivieron en exilio. Varios familiares de las víctimas han sufrido amenazas en la búsqueda de sus seres queridos y por las diligencias que han realizado en búsqueda de justicia. A partir de la desaparición de las víctimas, sus familiares han sufrido estigmatización, al ser catalogados como ?terroristas?. La demora de las investigaciones, por demás incompletas e inefectivas para la sanción de todos los responsables de los hechos ha exacerbado los sentimientos de impotencia en los familiares, y por otro lado, puesto que los restos de ocho de las 10 víctimas mencionadas aún se encuentran desaparecidas, sus familiares no han contado con la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos. Al respecto, la Corte reiteró que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos. La Corte consideró que la violación de la integridad personal de los familiares de las víctimas, como consecuencia de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las mismas, se ha configurado por las situaciones y circunstancias vividas por algunos de ellos, durante y con posterioridad a dicha desaparición, así como por el contexto general en que ocurrieron los hechos. Los familiares presentan secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por los referidos hechos, que continúan manifestándose, y los hechos han impactado sus relaciones sociales y laborales y alterado la dinámica de sus familias. Por lo anteriormente expuesto, la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas. nota 2
En el Caso Escué Zapata, el 1de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata. Tiempo después se encontró su cuerpo sin vida, con signos de maltrato. La madre, esposa, hija y hermano de la vícitma, estaban en la casa durante la requisa efectuada por los agentes del Estado, siendo testigos de la detención y de maltratos sufridos por la víctima. La compañera de la víctima imploraba a los militares que no lo detuvieran. Asimismo, fueron los familiares quienes minutos después encontraron el cuerpo del señor Escué Zapata. Además, la demora en la investigación, acusación y sanción de los responsables también causó afectaciones psíquicas y morales a los familiares de la víctima. Además, la Corte consideró que la demora de 4 años en la entrega de los restos mortales de la víctima a sus familiares, contada desde la exhumación de los restos con fines investigativos hasta la devolución, también ocasionó un perjuicio emocional a los mismos. En vista de lo anterior y teniendo presente la confesión del Estado, la Corte estimó que los familiares de la víctima, son víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 3
6.24. VulneraciÃ³n de la integridad personal por el sufrimiento emocional, psicolÃ³gico, espiritual y econÃ³mico producido como consecuencia del incumplimiento por el estado de la obligaciÃ³n de investigar
6.25. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal: sentimiento de angustia e impotencia de los padres del occiso por incompleta investigaciÃ³n de los hechos
Caso GarcÃ­a Prieto y otros Vs. El Salvador. Sentencia Serie C. No. 168
6.26. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares por tortura de la vÃ­ctima y denegaciÃ³n de justicia
6.27. ViolaciÃ³n de la integridad moral de los familiares de la vÃ­ctima por amenazas sufridas desde el inicio de la investigaciÃ³n de la muerte de la vÃ­ctima
En el Caso Myrna Mack Chang, la Corte señala la violación de la integridad personal de los familiares inmediatos de la víctima por causa de las amenazas y hostigamientos sufridos por éstos desde el inicio de la investigación de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang. nota 1
6.28. ViolaciÃ³n de la integridad personal como consecuencia del trato dado a los cuerpos de las vÃ­ctimas
En el Caso 19 Comerciantes la Corte señala que el brutal trato dado a los cuerpos de las víctima una vez fueron ejecutadas permite inferir que las víctimas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos mientras estuvieron con vida. nota 1
6.29. ViolaciÃ³n de la integridad personal por las condiciones en que son mantenidos los internos
6.30. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal, por el desconocimiento de los deberes de regular y fiscalizar la atenciÃ³n mÃ©dica de salud, los cuales constituyen deberes especiales derivados de la obligaciÃ³n de garantizar los derechos consagrados en la convenciÃ³n
En el Caso Ximenes Lopes, el señor DamiÃ£o Ximenes Lopes, persona con discapacidad mental, fue internado el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, centro de atención psiquiátrica privado. El 4 de octubre de 1999, aproximadamente a las 9:00 a.m., la madre de la víctima llegó a visitarlo a la Casa de Reposo Guararapes y lo encontró sangrando, con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad para respirar, agonizante, y gritando y pidiendo auxilio a la policía. El señor Ximenes Lopes seguía sujeto con las manos hacia atrás, medida de contención física que le había sido aplicada desde la noche anterior, por lo cual presentaba excoriaciones y heridas, y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. Con posterioridad a ese encuentro, el señor DamiÃ£o Ximenes Lopes recibió un baño y aún con las manos atadas, se cayó de la cama. La víctima permaneció en el suelo, fue medicado sin práctica de ningún examen y posteriormente falleció a las 11:30 a.m sin la presencia o supervisión de médico alguno. La Corte señaló que de la obligación general de garantía de los derechos a la vida y a la integridad física, nacen deberes especiales de protección y prevención, los cuales, en el presente caso, se traducen en deberes de cuidar y de regular. Los cuidados de que son titulares todas las personas que se encuentran recibiendo atención médica, alcanzan su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental, dada su particular vulnerabilidad cuando se encuentran en instituciones psiquiátricas. El deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicio de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, abarca tanto a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud. En particular, respecto de las instituciones que prestan servicio público de salud, tal y como lo hacía la Casa de Reposo Guararapes, el Estado no sólo debe regularlas y fiscalizarlas, sino que además tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas. La Corte tuvo por establecido que en la Casa de Reposo Guararapes existía un contexto de violencia en contra de las personas ahí internadas, quienes estaban bajo la amenaza constante de ser agredidas directamente por los funcionarios del hospital, o bien de que éstos no impidiesen las agresiones entre los pacientes, ya que era frecuente que los empleados no tuviesen entrenamiento para trabajar con personas con discapacidades mentales. Las precarias condiciones de mantenimiento, conservación e higiene, así como de la atención médica, junto con las condiciones de violencia, constituían una afrenta a la dignidad de las personas ahí internadas. La Corte consideró que las precarias condiciones de funcionamiento de la Casa de Reposo Guararapes, tanto en cuanto las condiciones generales del lugar como la atención médica, se distanciaban de forma significativa a las adecuadas para ofrecer un tratamiento de salud digno, particularmente en razón de que afectaban a personas con una gran vulnerabilidad por su discapacidad mental. Asimismo, consideró que la medida de sujeción física a que fue sometida la presunta víctima no satisface la necesidad de proveer al paciente un tratamiento digno, ni la protección de su integridad psíquica, física o moral. Por lo anterior, la Corte concluyó que, por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención y protección, en relación con los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por el señor DamiÃ£o Ximenes Lopes, el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor DamiÃ£o Ximenes Lopes. nota 1
6.31. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares por detenciÃ³n ilegal, tortura y ejecuciÃ³n extrajudicial de las vÃ­ctimas
6.32. VulneraciÃ³n del derecho a la integridad de los internos como consecuencia del uso ilegÃ­timo de la fuerza, con gran intensidad, por agentes estatales, que implicÃ³ la tortura y la afectaciÃ³n de las condiciones de detenciÃ³n en que son mantenidos
6.33. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares de las vÃ­ctimas por detenciÃ³n ilegal y arbitraria de la vÃ­ctima
Caso Tibi Vs. Ecuador y Caso de la Cruz Flores Vs. PerÃº. Sentencias Serie C. No. 114 y 115 respectivamente.
6.34. ViolaciÃ³n de la integridad personal de los familiares por malos tratos y omisiones de informaciÃ³n por parte de las autoridades frente a la tortura, ejecuciÃ³n extrajudicial y por las condiciones sufridas por las vÃ­ctimas durante la detenciÃ³n
6.35. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal de una persona luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
En el Caso Escué Zapata, el 1 de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué Zapata, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, detuvieron al señor Escué Zapata. Mientras estuvo en custodia de los agentes, la víctima fue golpeada mientras era acusada de ser guerrillero y presionada a confesar dicha condición y la supuesta posesión de armas. Asimismo, fue llevada hacia las montañas y momentos antes de su ejecución se le pidió que corriera, a lo que la víctima contestó que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutada, lo que en efecto ocurrió inmediatamente después. De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras la víctima era detenida, ésta también padeció el sufrimiento de caminar por algún tiempo sin saber su destino y el desenlace de la operación militar, intimidada por un grupo de militares armados y bajo el miedo de ser privada de su vida. Asimismo, el cuerpo del señor Escué Zapata fue encontrado con signos de haber sido físicamente maltratado, presentando fracturas en los miembros inferiores, golpes en todo el cuerpo y el rostro destrozado. Consecuentemente, la Corte consideró que los maltratos y lesiones que el señor Escué Zapata sufrió implicaron una violación por parte del Estado al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Adicionalmente, la Corte consideró, para los efectos de la determinación de la violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente el derecho a la integridad personal, por la vía de una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido. nota 1
6.36. ViolaciÃ³n de la integridad personal de la vÃ­ctima y familiares por las condiciones sufridas durante la detenciÃ³n
En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido en forma ilegal el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE por encontrarse en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. De acuerdo a la legislación aplicable en ese momento, durante el primer año de detención se le impuso al señor Wilson García Asto un régimen de aislamiento celular, con media hora de salida al patio y con un régimen de visitas restringido a familiares directos. Además, a pesar de sus problemas de próstata el señor Wilson García Asto no recibió la atención médica adecuada y oportuna en los centros penitenciarios de Yanamayo y Challapalca, lo cual ha tenido consecuencias desfavorables en su estado de salud actual. Por lo anterior, la Corte concluyó que las condiciones de detención impuestas al señor Wilson García Asto, así como la incomunicación, el régimen de aislamiento celular y la restricción de visitas de sus familiares constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes que resultaron en la vulneración de su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, y tomando en consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por parte del Estado, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson García Asto. De otra parte, los familiares del señor Wilson García Asto han padecido grandes sufrimientos y constantes preocupaciones como consecuencia de las condiciones carcelarias degradantes e inhumanas en las que se encontraba la presunta víctima, el aislamiento al que estaba sometido, la lejanía y las dificultades de acceso a los diferentes penales en que se encontraba, los cuales constituyeron una vulneración de la integridad psíquica y moral de éstos. En consecuencia, y tomando en consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por parte del Estado, la Corte consideró que el Perú es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la víctima.
En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido ilegalmente y por la mera sospecha, el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. Durante su detención soportó la incomunicación, el régimen de aislamiento celular y la restricción de visitas de sus familiares los cuales constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes que resultaron en la vulneración de su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, y tomando en consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por parte del Estado, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas. De otra parte, a raíz de su detención, su familia ha sufrido problemas de salud física, psicológica y emocional. Por lo anterior, la Corte concluye que las condiciones de detención impuestas al señor Urcesino Ramírez Rojas, la incomunicación, el régimen de aislamiento celular y la restricción de visitas de sus familiares, así como los tratos humillantes que recibía su familia al visitarle, constituyeron una vulneración de la integridad psíquica y moral de éstos. En consecuencia, tomando en consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por parte del Estado, la Corte consideró que el Perú es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la víctima. nota 1
6.37. ViolaciÃ³n de la integridad personal por suministro de atenciÃ³n mÃ©dica inadecuada durante la detenciÃ³n
6.38. ViolaciÃ³n del derecho a la integridad personal y trato cruel: lectura y notificaciÃ³n de las Ã³rdenes de ejecuciÃ³n al condenado a muerte, estando pendientes de resolver recursos internos o peticiones en el sistema interamericano de protecciÃ³n de los derechos humanos
En el Caso Boyce y otros, los señores Lennox Boyce, y Jeffrey Joseph; Frederick Atkins y Michael Huggins fueron sentenciados y condenados por los delitos de homicidio, a la pena de muerte mediante la horca, en juicios y sentencias diferentes, con fundamento en la Ley de Delitos contra las Personas de 1994 de Barbados, que en su artículo 2, decía la cual: ?[c]ualquier persona condenada por homicidio será sentenciada a, y sufrirá, la muerte?.
De conformidad con lo señalado por la Corte, el Estado leyó a los condenados a muerte, en dos ocasiones diferentes, las órdenes de ejecución, en las que se les notificaba que ?serían ejecutadas por medio de la horca en un plazo de siete días, contado a partir de tales notificaciones.? Supuestamente la primera notificación ocurrió cuando sus apelaciones ?a nivel interno aún se encontraban pendiente de resolución?.
La Corte consideró que constituye un trato cruel violatorio del derecho a la integridad personal -artículo 5º de la Convención, en relación con la obligación de respetar y garantizar este derecho ?artículo 1.1. Convención-, la notificación y lectura de órdenes de ejecución a las víctimas condenadas a muerte ?mientras se encontraban pendiente de resolución sus apelaciones a nivel interno y su petición ante el sistema interamericano.? nota 1

References: artículo 5
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 artículo 30
 artículo 7
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 artículo 8
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 resolución