Source: http://www.slideshare.net/taniacmonrroy/cons1993-16280264
Timestamp: 2016-02-14 02:40:59+00:00

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1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ P R E Á M B U L OEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, INVOCANDO A DIOSTODOPODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO PERUANO YRECORDANDO EL SACRIFICIO DE TODAS LAS GENERACIONES QUE NOSHAN PRECEDIDO EN NUESTRA PATRIA, HA RESUELTO DAR LA SIGUIENTECONSTITUCION: TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONAArtículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son elfin supremo de la sociedad y del Estado.Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
2 El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
313. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.16. A la propiedad y a la herencia.17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República.22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.23. A la legítima defensa.24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe. b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.
4 c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo noexcluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga oque se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía delpueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana degobierno. CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOSArtículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, aladolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Tambiénprotegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimoscomo institutos naturales y fundamentales de la sociedad.La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución sonreguladas por la ley.
5Artículo 5°.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimentomatrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienessujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.Artículo 6°.- La política nacional de población tiene como objetivo difundir ypromover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de lasfamilias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura losprogramas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios,que no afecten la vida o la salud.Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda menciónsobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en losregistros civiles y en cualquier otro documento de identidad.Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del mediofamiliar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción ydefensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de unadeficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimenlegal de protección, atención, readaptación y seguridad.Artículo 8°.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo,regula el uso de los tóxicos sociales.Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivonorma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla enforma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a losservicios de salud.Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de todapersona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias queprecise la ley y para la elevación de su calidad de vida.Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y apensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismosu eficaz funcionamiento.La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenesde pensiones a cargo del Estado.(*)(*) Párrafo agregado mediante la Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembrede 2004.Artículo 12°.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles.Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.Artículo 13°.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de lapersona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Lospadres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escogerlos centros de educación y de participar en el proceso educativo.
6Artículo 14°.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y lapráctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física yel deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechoshumanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. Laeducación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principiosconstitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en laeducación y en la formación moral y cultural.Artículo 15°.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La leyestablece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centroeducativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedadprocuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promociónpermanentes.El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como albuen trato psicológico y físico.Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducirinstituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.Artículo 16°.- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales delos planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de loscentros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación.Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educaciónadecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales ofísicas.Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios delPresupuesto de la República.Artículo 17°.- La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En lasinstituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas elEstado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos quemantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursoseconómicos necesarios para cubrir los costos de educación.Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor dequienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar laeducación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y lacooperativa.
7El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población losrequiera.El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta laeducación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.Promueve la integración nacional.Artículo 18°.- La educación universitaria tiene como fines la formaciónprofesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigacióncientífica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza laintolerancia.Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fijalas condiciones para autorizar su funcionamiento.La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participanen ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno,académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por suspropios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.Artículo 19°.- Las universidades, institutos superiores y demás centroseducativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan deinafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes,actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia dearanceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectaciónpara determinados bienes.Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración ybeneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley.La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan lasmencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que debencumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismosbeneficios.Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley seancalificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a larenta.Artículo 20°.- Los colegios profesionales son instituciones autónomas conpersonalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación esobligatoria.Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos ytestimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, yprovisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de laNación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública.Están protegidos por el Estado.
8La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, laparticipación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión delmismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladadofuera del territorio nacional.Artículo 22°.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar socialy un medio de realización de la persona.Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atenciónprioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edady al impedido que trabajan.El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especialmediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para eltrabajo.Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechosconstitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa ysuficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tieneprioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador.Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de lasorganizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.Artículo 25°.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarentay ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas oatípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puedesuperar dicho máximo.Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Sudisfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio.Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despidoarbitrario.
9Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociacióncolectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar enlas utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERESArtículo 30°.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para elejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral.Artículo 31°. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicosmediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridadesy demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos yde elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones yprocedimientos determinados por ley orgánica.Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de sujurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de suparticipación.Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para elejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente.El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Esfacultativo después de esa edad.La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante losprocesos electorales y de participación ciudadana.Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de susderechos.(*)(*) Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguientetexto:“Artículo 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción orevocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a susrepresentantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos eindirectos de su participación.Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad.Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.”
10Artículo 32°. - Pueden ser sometidas a referéndum: 1. La reforma total o parcial de la Constitución; 2. La aprobación de normas con rango de ley; 3. Las ordenanzas municipales; y 4. Las materias relativas al proceso de descentralización.No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechosfundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal,ni los tratados internacionales en vigor.Artículo 33°.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por resolución judicial de interdicción. 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacionaltienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. Nopueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidariaso manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a lasituación de retiro, de acuerdo a ley.(*)Artículo 35°.- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o através de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas,conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación dela voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concedepersonalidad jurídica.La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático delos partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursoseconómicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social depropiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.Artículo 36°.- El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación delasilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega alasilado al país cuyo gobierno lo persigue.Artículo 37°.- La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previoinforme de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y segúnel principio de reciprocidad.(*) Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto:“Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen nipueden crearse otras inhabilitaciones.”
11No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin deperseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o porhechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio niel terrorismo.Artículo 38°.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de protegerlos intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitucióny el ordenamiento jurídico de la Nación. CAPÍTULO IV DE LA FUNCIÓN PÚBLICAArtículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio dela Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio ala Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado,miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, losmagistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igualcategoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, deacuerdo a ley.Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidosen dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o deconfianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de unempleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por funcióndocente.No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas delEstado o de sociedades de economía mixta.Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, portodo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos queseñala la ley, en razón de sus cargos.Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o queadministran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éstedeben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de suscargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación serealiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denunciade terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, asícomo el plazo de su inhabilitación para la función pública.El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra elpatrimonio del Estado.
12Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de losservidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado conpoder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, asícomo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. TÍTULO II DEL ESTADO Y LA NACIÓN CAPÍTULO I DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIOArtículo 43°.- La República del Perú es democrática, social, independiente ysoberana.El Estado es uno e indivisible.Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según elprincipio de la separación de poderes.Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberaníanacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a lapoblación de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar generalque se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de laNación.Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras ypromover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo yla cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.Artículo 45°.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lohacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyesestablecen.Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de lapoblación puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión osedición.Artículo 46°.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienesasumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del ordenconstitucional.Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.Artículo 47°.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de losProcuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago degastos judiciales.
13Artículo 48°.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas dondepredominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguasaborígenes, según la ley.Artículo 49°.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capitalhistórica es la ciudad del Cusco.Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo,blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley.Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estadoreconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica,cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboracióncon ellas.Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre lasnormas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial parala vigencia de toda norma del Estado.Artículo 52°.- Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de laRepública. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos,inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad.Son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización opor opción, siempre que tengan residencia en el Perú.Artículo 53°.- La ley regula las formas en que se adquiere o recupera lanacionalidad.La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridadperuana.Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende elsuelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre.El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, asícomo su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinasmedidas desde las líneas de base que establece la ley.En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio delas libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con lostratados ratificados por el Estado.El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre suterritorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuiciode las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y conlos tratados ratificados por el Estado.
14 CAPÍTULO II DE LOS TRATADOSArtículo 55°.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte delderecho nacional.Artículo 56°.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de suratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre lassiguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado.También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modificano suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y losque requieren medidas legislativas para su ejecución.Artículo 57°.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados oadherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materiasno contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe dar cuentaal Congreso.Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por elmismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de serratificado por el Presidente de la República.La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargode dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación delCongreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste. TÍTULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALESArtículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social demercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúaprincipalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación,seguridad, servicios públicos e infraestructura.Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad detrabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estaslibertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. ElEstado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquierdesigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas susmodalidades.
15Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacionalse sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamenteactividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o demanifiesta conveniencia nacional.La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.Artículo 61°.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate todapráctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicaciónsocial; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con lalibertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad,monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni departiculares.Artículo 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactarválidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términoscontractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones decualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo sesolucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protecciónprevistos en el contrato o contemplados en la ley.Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgarseguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de laprotección a que se refiere el párrafo precedente.Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismascondiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias queperjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptarmedidas análogas.En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjerosdomiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y órganosjurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática.Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácterfinanciero.El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter lascontroversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtudde tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional ointernacional, en la forma en que lo disponga la ley.Artículo 64°.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de monedaextranjera.
16Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Paratal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que seencuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por lasalud y la seguridad de la población. CAPÍTULO II DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALESArtículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimoniode la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento aparticulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dichanorma legal.Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve eluso sostenible de sus recursos naturales.Artículo 68°.- El Estado está obligado a promover la conservación de ladiversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.Artículo 69°.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía conuna legislación adecuada. CAPÍTULO III DE LA PROPIEDADArtículo 70°.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Seejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadiepuede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridadnacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo deindemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que elEstado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.Artículo 71°.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturaleso jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en casoalguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática.Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros nopueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas,combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente nien sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho asíadquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada pordecreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.Artículo 72°.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecertemporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición,posesión, explotación y transferencia de determinados bienes.
17Artículo 73°.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley,para su aprovechamiento económico. CAPÍTULO IV DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTALArtículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece unaexoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegaciónde facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decretosupremo.Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar ysuprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, ycon los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, deberespetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de losderechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácterconfiscatorio.Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normassobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen apartir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que estableceel presente artículo.(*)Artículo 75°.- El Estado sólo garantiza el pago de la deuda pública contraída porgobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley.Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se apruebanconforme a ley.Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursosy bienes propios, sin requerir autorización legal.Artículo 76°.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondoso recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública,así como también la adquisición o la enajenación de bienes.La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala laLey de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece elprocedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.(*) Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley odecreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediantedecreto supremo.Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de sujurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios dereserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tenerefecto confiscatorio.Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen apartir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normassobre materia tributaria.No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.”
18Artículo 77°.- La administración económica y financiera del Estado se rige por elpresupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuestodel sector público contiene dos secciones: gobierno central e instanciasdescentralizadas.El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación yejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicasy de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones,conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos yrentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales encada zona en calidad de canon.(*)Artículo 78°.- El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Leyde Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y deequilibrio financiero.El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado.Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de laNación no se contabilizan como ingreso fiscal.No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente.No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deudapública.Artículo 79°.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crearni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo porsolicitud del Poder Ejecutivo.En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios oexoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas.Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puedeestablecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para unadeterminada zona del país.Artículo 80°.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno delCongreso de la República, el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta lospliegos de egresos de su sector; previamente sustentan los resultados y metas de(*) Artículo modificado por Ley Nº 26472, publicada el 13 de Junio de 1995. Antes de la reforma, este artículo tuvo elsiguiente texto:“Artículo 77°.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba elCongreso.La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios deeficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley. recibir una participación adecuada del impuesto a la rentapercibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.”
19la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances en la ejecución delpresupuesto del año fiscal correspondiente. El Presidente de la Corte Suprema,el Fiscal de la Nación y el Presidente del Jurado Nacional de Eleccionessustentan los pliegos correspondientes a cada institución.Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hastael treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgadopor decreto legislativo.Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas setramitan ante el Congreso de la República tal como la Ley de Presupuesto.Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisión Permanente. Paraaprobarlos, se requiere los votos de los tres quintos del número legal de susmiembros.(*)Artículo 81°.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe deauditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidentede la República al Congreso de la República en un plazo que vence el quince deagosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisiónrevisora hasta el quince de octubre. El Congreso de la República se pronunciaen un plazo que vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento delCongreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de lacomisión revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decretolegislativo que contiene la Cuenta General de la República.(*)Artículo 82°.- La Contraloría General de la República es una entidaddescentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su leyorgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa lalegalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de ladeuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del PoderEjecutivo, por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.(*) Artículo modificado por Ley N° 29401, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 80°.- El Ministro de Economía y Finanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cadaministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. El Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y elPresidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución.Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra en vigenciael Proyecto de éste, que es promulgado por decreto legislativo.Los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso tal como la Ley dePresupuesto. Durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos, se requiere losvotos de los tres quintos del número legal de sus miembros.”(*) Artículo modificado por Ley N° 29401, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 81°.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, esremitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente alde ejecución del presupuesto.La Cuenta General es examinada y dictaminada por una Comisión Revisora dentro de los noventa días siguientes a supresentación. El Congreso se pronuncia en un plazo de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazoseñalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativoque contiene la Cuenta General.”
20 CAPÍTULO V DE LA MONEDA Y LA BANCAArtículo 83°.- La ley determina el sistema monetario de la República. La emisiónde billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermediodel Banco Central de Reserva del Perú.Artículo 84°.- El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tieneautonomía dentro del marco de su Ley Orgánica.La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Susfunciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrarlas reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su leyorgánica.El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzasnacionales, bajo responsabilidad de su Directorio.El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, enel mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro dellímite que señala su Ley Orgánica.Artículo 85°.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios decrédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservasinternacionales.Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o conveniossupera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, con cargo de darcuenta al Congreso.Artículo 86°.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. ElPoder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica aéste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de susmiembros.Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional quecorresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interésparticular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso deremoción, los nuevos directores completan el correspondiente períodoconstitucional.Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece lasobligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, asícomo el modo y los alcances de dicha garantía.La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondosde Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, deadministración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos delpúblico y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares,determine la ley.
21La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondientea su período constitucional. El Congreso lo ratifica.(*) CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVASArtículo 88°.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza elderecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquieraotra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierrasegún las peculiaridades de cada zona.Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado parasu adjudicación en venta.Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legaly son personas jurídicas.Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libredisposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro delmarco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvoen el caso de abandono previsto en el artículo anterior.El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas yNativas. TÍTULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CAPÍTULO I PODER LEGISLATIVOArtículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cualconsta de cámara única.El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República seelige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizadoconforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden(*) Artículo modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo elsiguiente texto:“Artículo 87°.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas quereciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás quereciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca y Seguros por el plazo correspondiente a su períodoconstitucional. El Congreso lo ratifica.”
22integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentespueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, habercumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.(*)NOTA: En la Ley N° 29402, publicada el 8 de setiembre de 2009, que modifica esteartículo, se incorporan las siguientes disposiciones transitorias:DISPOSICIÓN TRANSITORIA ESPECIALTercera.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) distribuye los escaños en cantidad decuatro para Lima Provincias sin afectar la distribución nacional existente y los seisescaños restantes conforme a ley.DISPOSICIÓN TRANSITORIAÚnica.- La presente reforma constitucional entra en vigencia para el proceso electoral delaño 2011.Artículo 91°.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si nohan renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección: 1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y 5. Los demás casos que la Constitución prevé.(*)(*) Artículo modificado por Ley N° 29402, publicada el 8 de setiembre de 2009. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única.El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un procesoelectoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar las listas de candidatos acongresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación a Congreso.Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derechode sufragio.”(*) Artículo modificado por Ley Nº 28607, publicada el 4 de octubre de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvoel siguiente texto:“Artículo 91°.- No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo seis meses antes de la elección:1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades regionales.2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria. Y* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Numeral modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la reforma, este numeral tuvo el siguiente texto: “3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Y” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad.”
23Artículo 92°.- La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibidodesempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante lashoras de funcionamiento del Congreso.El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otrafunción pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previaautorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácterinternacional.La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente,apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario omiembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras,de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestanservicios públicos.La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que,durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así comoen empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones.(*)Artículo 93°.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos amandato imperativo ni a interpelación.No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por lasopiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de laComisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de habercesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestosa disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de lasveinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y elenjuiciamiento.Artículo 94°.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza deley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demáscomisiones; establece la organización y las atribuciones de los gruposparlamentarios; gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra yremueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que lescorresponden de acuerdo a ley.Artículo 95°.- El mandato legislativo es irrenunciable.Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y queimplican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días delegislatura.(*) Último párrafo del artículo 92°, modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de lamodificación, este párrafo tuvo el siguiente texto:“La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista,obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por laSuperintendencia de Banca y Seguros.”
24Artículo 96°.- Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros deEstado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Centralde Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadasde Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a lasinstituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.(*)El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. Lafalta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.Artículo 97°.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asuntode interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante lascomisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios quese observan en el procedimiento judicial.Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquierinformación, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de lareserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Susconclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.Artículo 98°.- El Presidente de la República está obligado a poner a disposicióndel Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quedemande el Presidente del Congreso.Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el recinto delCongreso sino con autorización de su propio Presidente.Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso:al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros deEstado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del ConsejoNacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscalessupremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de laConstitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones yhasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.Artículo 100°.- Corresponde al Congreso, sin participación de la ComisiónPermanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para elejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sinperjuicio de cualquiera otra responsabilidad.El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y conasistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno delCongreso.En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Naciónformula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El VocalSupremo Penal abre la instrucción correspondiente.(*) Primer párrafo del artículo 96°, modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de lamodificación, este párrafo tuvo el siguiente texto:“Cualquier representante a Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al ContralorGeneral, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos locales y a lasinstituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.”
25La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechospolíticos.Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no puedenexceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.Artículo 101°.- Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso sonelegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantesde cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del númerototal de congresistas.Son atribuciones de la Comisión Permanente: 1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.(*) 3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso parlamentario. 4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. 5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso.Artículo 102°.- Son atribuciones del Congreso: 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución. 6. Ejercer el derecho de amnistía. 7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo.(*) Numeral modificado por Ley Nº 28484, publicada el 5 de abril de 2005. Antes de la modificación, este numeraltuvo el siguiente texto:“2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y Seguros.”
26 8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. 9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. CAPÍTULO II DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVAArtículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige lanaturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. Laley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relacionesy situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo,en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se derogasólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara suinconstitucionalidad.La Constitución no ampara el abuso del derecho.(*)Artículo 104°.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad delegislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazodeterminado establecidos en la ley autoritativa.No pueden delegarse las materias que son indelegables a la ComisiónPermanente.Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación,publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanentede cada decreto legislativo.Artículo 105°.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sidopreviamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepciónseñalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso losproyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.Artículo 106°.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y elfuncionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así comotambién las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en laConstitución.(*) Artículo sustituido por Ley Nº 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de ladiferencia de personas.Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.La Constitución no ampara el abuso del derecho.”
27Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para suaprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del númerolegal de miembros del Congreso. CAPÍTULO III DE LA FORMACIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYESArtículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho ainiciativa en la formación de leyes.También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otrospoderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los GobiernosRegionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lotienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.(*)Artículo 108°.- La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía alPresidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quincedías. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulgael Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda.Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo ouna parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en elmencionado término de quince días.Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto demás de la mitad del número legal de miembros del Congreso.Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en eldiario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigenciaen todo o en parte. CAPÍTULO IV PODER EJECUTIVOArtículo 110°.- El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica ala Nación.Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano pornacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de lapostulación y gozar del derecho de sufragio.Artículo 111°.- El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Eselegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciadoso en blanco no se computan.(*) Artículo modificado por Ley Nº 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes.También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las institucionespúblicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derechode iniciativa conforme a ley.”
28Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a unasegunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de loscómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altasmayorías relativas.Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, conlos mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.Artículo 112°.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reeleccióninmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.(*)Artículo 113°.- La Presidencia de la República vaca por: 1. Muerte del Presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117º de la Constitución.Artículo 114°.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: 1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o 2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117º de la Constitución.Artículo 115°.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de laRepública, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto deéste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidentedel Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congresoconvoca de inmediato a elecciones.Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el PrimerVicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace elSegundo Vicepresidente.Artículo 116°.- El Presidente de la República presta juramento de ley y asume elcargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.Artículo 117°.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante superíodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales,parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en loscasos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o(*) Artículo modificado por Ley Nº 27365, publicada el 5 de noviembre de 2000. Antes de la reforma, este artículotuvo el siguiente texto:“Artículo 112°.- El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de inmediato para unperíodo adicional. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujetoa las mismas condiciones.”
29funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos delsistema electoral.Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. 2. Representar al Estado, dentro y fuera de la República. 3. Dirigir la política general del Gobierno. 4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. 5. Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. 7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. 8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. 9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. 11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados. 12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso. 13. Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones. 14. Presidir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado.
30 16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. 17. Administrar la hacienda pública. 18. Negociar los empréstitos. 19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. 20. Regular las tarifas arancelarias. 21. Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. 22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros. 23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. Y 24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. CAPÍTULO V DEL CONSEJO DE MINISTROSArtículo 119°.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadasal Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a lacartera a su cargo.Artículo 120°.- Son nulos los actos del Presidente de la República que carecende refrendación ministerial.Artículo 121°.- Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La leydetermina su organización y funciones.El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de laRepública presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste asus sesiones.Artículo 122°.- El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente delConsejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo,respectivamente, del Presidente del Consejo.Artículo 123°.- Al Presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministrosin cartera, le corresponde: 1. Ser, después del Presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno.
31 2. Coordinar las funciones de los demás ministros. 3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley.Artículo 124°.- Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano pornacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad.Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden serministros.Artículo 125°.- Son atribuciones del Consejo de Ministros: 1. Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al Congreso. 2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. 3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y 4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.Artículo 126°.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el votoaprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejerceractividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas niasociaciones privadas.Artículo 127°.- No hay ministros interinos. El Presidente de la República puedeencomendar a un ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otrapor impedimento del que la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse pormás de treinta días ni trasmitirse a otros ministros.Artículo 128°.- Los ministros son individualmente responsables por sus propiosactos y por los actos presidenciales que refrendan.Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos oviolatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de laRepública o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser querenuncien inmediatamente.Artículo 129°.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separadopueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con lasmismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no soncongresistas.
32Concurren también cuando son invitados para informar. El Presidente delConsejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a lassesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. CAPÍTULO VI DE LAS RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVOArtículo 130°.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, elPresidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demásministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principalesmedidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca alegislatura extraordinaria.Artículo 131°.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o decualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos.La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos delquince por ciento del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiereel voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se efectúaindefectiblemente en la siguiente sesión.El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación.Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión nidespués del décimo.Artículo 132°.- El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejode Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o elrechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativaministerial.Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera delos ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento delnúmero legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo díanatural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de lamitad del número legal de miembros del Congreso.El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horassiguientes.La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvoque haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.Artículo 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear anteel Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si laconfianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removidopor el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.
33Artículo 134°.- El Presidente de la República está facultado para disolver elCongreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos deMinistros.El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para unnuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro mesesde la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoralpreexistente.No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disueltoel Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual nopuede ser disuelta.No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.Artículo 135°.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo deMinistros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidentedel Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivodurante el interregno parlamentario.En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, delos que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve alCongreso, una vez que éste se instale.Artículo 136°.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado,el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, ydestituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede sernombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial.El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida laComisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto. CAPÍTULO VII RÉGIMEN DE EXCEPCIÓNArtículo 137°.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo deMinistros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, oen parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, losestados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
34 El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. 2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. CAPÍTULO VIII PODER JUDICIALArtículo 138°.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejercepor el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a laConstitución y a las leyes.En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y unanorma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legalsobre toda otra norma de rango inferior.Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.
35 Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.6. La pluralidad de la instancia.7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.12. El principio de no ser condenado en ausencia.13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.

References: in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 92
 resolución 
 artículo 96
 artículo 117
 artículo 117
 artículo 134
 artículo 2
 resolución