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Timestamp: 2019-01-22 14:07:47+00:00

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El debate jurídico de la deuda y el sistema financiero
Por Ignacio Molinari (*)
La aplicación del derecho en el ámbito internacional ha sido siempre extremadamente conflictiva y en cuestiones de contenido público como es el pago de la deuda externa, más aún, casi ilusoria.
Más allá de la posición que cualquier persona sostenga en relación al pago de la deuda, nadie puede dejar de reconocer que el debate teórico jurídico alrededor del tema, siempre terminará tarde o temprano, le guste o no a los países deudores, en dirección favorable a los intereses del sistema financiero.
Los antiguos principios de autodeterminación de los pueblos, el rol tradicional de los Estados y el histórico principio del derecho internacional público “par in parem non habet imperium” (el igual no ejerce autoridad sobre el igual), han ido perdiendo fuerza de aplicación y vigencia en todas las cuestiones relacionadas a las deudas públicas, sobretodo desde la aplicación del Plan Brady y la consecuente renuncia a las inmunidades soberanas.
Aún así cuando se clama por estos derechos, la moderna creación de la llamada tesis de la “exención condicional” ha limitado más aún la inmunidad de los Estados soberanos, quienes solamente pueden argumentar su protección en los poco comunes actos que efectúe como poder público (iure imperii) y no en aquellos mucho más frecuentes actos que son considerados como de actuación particular (iure gestionis).
Una de las pocas nociones sobrevivientes al principio de inmunidad de los Estados, es el llamado principio del “comity”. El mismo, según el caso Hilton, es considerado como una “cortesía” que una nación realiza a los actos de otra, si esos actos son consistentes con sus leyes.
Sin embargo, al momento de exigir su aplicación real, el comity también ha sido desechado por los Tribunales ante la última e impecable defensa de toda resolución en la materia: el argumento del sostenimiento del sistema financiero internacional y la salud de la economía mundial.
En el caso Allied Bank se vio reflejado con toda claridad lo que, en mayor o menor medida, sucede en todos los asuntos donde las razones jurídicas intentan interponerse a la realidad económica financiera.
Si bien primera y segunda instancia apoyaron los argumentos de Costa Rica, el fallo no tardó en difundir la preocupación en los principales mercados del mundo, haciendo temblar la comunidad financiera de Nueva York. Un informe del Financial Times en Londres anunció que Nueva York dejaba de ser segura para los convenios de préstamos. Y pronto empezaron a llegar documentos solicitando reconsideración y hasta el mismo presidente de los Estados Unidos en 1984, envío una carta al Tribunal como “amicus curiae” donde reclamó el cumplimiento de los convenios de préstamos internacionales.
En muchos otros casos como Pravin (Perú), Elliot (Perú), EM Ltd (Argentina), etc, sucedió algo muy similar. Finalmente las razones jurídicas siempre cedieron ante el último argumento que justificó la procedencia de los reclamos debido a que en caso contrario se reduciría considerablemente el atractivo de Nueva York como centro financiero internacional, cuestión primordial en la política exterior de los Estados Unidos.
La aplicación del derecho en el país ha corrido exactamente con la misma suerte que en el extranjero, realizando una evolución de adaptación, aunque con algunas rebeldías temporales, a los intereses del sistema financiero internacional.
Por ejemplo, la Argentina ha contado a través de su historia con un grupo de leyes que establecían la ilegalidad de las deudas contraídas mediante dolo y otros vicios. Entre ellas, la ley 224 de 1859, la 73 de 1863, la ley 23.954 que rechazaba las cuentas del gobierno militar, y más recientemente el artículo 66 de la ley 24.156 y el artículo 5 de la ley 24.629.
Sin embargo, dicha legislación siempre significó una seria preocupación para la defensa de los fundamentos económicos financieros, y el país invariablemente ha acatado las reformas necesarias para mantener su status. Y es por eso que en el 2002, bajo la actual gobierno, mediante el artículo 56 de la ley 25565 se suprimió el régimen de nulidades y se sujetó la responsabilidad de los funcionarios a exclusivo arbitrio del Ejecutivo.
Varios otros fueron los intentos de aplicación del derecho en el país. Se puede mencionar la resolución de la Procuración General de la Nación, en oportunidad de resolver las causas de la reprogramación del los Bonods, la renombrada resolución del Juez Ballestero por la denuncia de Olmos, la denuncia por la implementación del “Plan Brady” ante el Juzgado Federal Nº 8, la causa seguida por el “Megacanje” en el Juzgado Federal Nº 2, etc.
Sin embargo, detrás de cada intento esta siempre la sensación final de impotencia. Es claro hasta el momento que todo esfuerzo de elaboración teórica jurídica, en las pautas de juego establecidas, esta destinado a ser acomodado o encajonado en algún despacho que reciba las ordenes irrefrenables del sistema financiero.
Hoy en día, las razones jurídicas tal vez tengan un nuevo elemento que enfrentar, como la suba de tasa norteamericana. Y aunque los principios se encuentren en todos los libros de derecho internacional público, y aunque el Papa Juan Pablo II se canse de decir que la economía de mercado no puede desenvolverse sin un sólido contexto jurídico, nadie a esta altura, puede negar que la aplicación del derecho depende de los intereses de la plaza financiera de Nueva York. Si las cosas están bien o mal de esta manera, cada uno sabrá.
(*) Abogado (UBA). Master en derecho internacional empresario con distinción (LLM). "University of Aberdeen", Aberdeen. Escocia
Profesor en el curso "Sociedades civiles y comerciales". Cátedra Ricardo Nissen, Eduardo M. Favier Dubois (h) UBA Derecho 2003
Ignaciomolinari@hotmail.com

References: resolución 
 artículo 66
 artículo 5
 artículo 56
 resolución 
 resolución