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Timestamp: 2019-07-21 07:11:41+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 24
SITUACIÓN DE LAS MICRO, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESA. PROYECTOS DE ACUERDOS.
INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
INTERVENCIÓN : Sergio Bobadilla Munoz
Sesión 24ª, en miércoles 9 de mayo de 2007
(Especial, de 18.31 a 21.08 horas)
Presidencia del señor Walker Prieto, don Patricio,
V.-	OBJETO DE LA SESION
-	Situación de las micros, medianas y pequeñas empresas. Proyectos de acuerdo	9
-	Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho de los siguientes proyectos:
1.	Modifica la ley N° 18.700. Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (boletín N° 3936-06)	47
2.	Establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares. (boletín N° 4975-14)	47
3.	Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje, que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país. (boletín N° 4237-04) (S)	47
4.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Helmut Frenz. (boletín N° 4493-07) (S)	50
5.	Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, iniciado en moción, que permite el uso del nombre abreviado de las regiones, sin derogar sus denominaciones legales. (boletín N° 4938-06)	50
-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de las causas que se indican, en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
6.	Rol N° 773-07-INA, recaído en los artículos 1° de la ley N° 17.235, y los artículos N° 3,4,5,7,10,12 y 16 de la ley N° 17.235; artículo 2° de la ley N° 20.033, y artículo 2° de la ley N° 17.235, modificado por la ley N° 20.033, y que dicen relación con reclamo de avalúo ante el Tribunal Tributario de Santiago. (Oficio N° 1009)	53
7.	Rol N° 774-07-INA, sobre diferentes preceptos legales y resolución que ordena dar traslado, Rol 1920-2006-AD. (Oficio N° 1013)	54
-	Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que acordó reinstalar el Grupo Interparlamentario Chileno-Jordano, con el objeto de que los señores Diputados que lo deseen puedan inscribirse para su constitución.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
-Asistieron, además, los ministros de Economía, señor Alejandro Ferreiro; de Hacienda, señor Andrés Velasco, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Juan Antonio Viera-Gallo.
-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, y Alejandro Navarro.-
-Se abrió la sesión a las 18.31 horas.
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor WALKER (presidente).- el señor prosecretario va a dar lectura a la cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (prosecretario) da lectura a la cuenta.
Esta sesión, convocada a petición escrita de 48 diputadas y diputados, tiene por objeto “analizar la grave situación que afecta a la micro, pequeña y mediana empresas, así como la infinidad de propuestas que irían en su beneficio, que han surgido de los gremios que las agrupan, de los partidos políticos, parlamentarios, dirigentes empresariales, autoridades de gobierno, centros de estudio y otros”.
Han sido citados los ministros de economía, fomento y reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro Yazigi, y de hacienda, señor Andrés Velasco Brañes.
El tiempo previo de 15 minutos, establecido en el artículo 74 del reglamento, corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Solicito el asentimiento de los señores diputados para que, cuando llegue el ministro, ingrese a la Sala la subsecretaria de Economía, señora Ana María Correa.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los 48 diputados que firmaron la presentación para pedir esta sesión especial.
También agradezco la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, don Juan Antonio Viera-Gallo. Espero que en un rato más lleguen los otros ministros invitados.
Durante las últimas semanas hemos visto un interesante debate en torno a las micro, pequeña y mediana empresas. Con motivo del paquete de medidas, denominado Chile Invierte, en particular con la tramitación del proyecto de ley sobre la depreciación acelerada y su rechazo en el Senado, la problemática de la mipyme, su incidencia en la economía y las consecuencias políticas y sociales de su estancamiento y desarrollo son temas que van más allá de lo meramente económico.
Estamos frente a una cuestión de orden político y de la mayor envergadura. Y lo transformó y colocó en la coyuntura política la decisión de tres senadores del pacto de Gobierno, que primero condicionaron su apoyo al proyecto de depreciación acelerada en el sentido de tomar medidas sustantivas para apoyar a las mipyme y que ante su insuficiencia, en definitiva, votaron en contra de la postura del Gobierno.
La Derecha, que en la Cámara apoyó el proyecto en forma unánime y con entusiasmo, en el Senado ve una oportunidad política y lo vota en contra. Se sumó a la posición de los senadores Adolfo Zaldívar, Carlos Ominami y Nelson Ávila y exigió medidas pro pymes.
Se abre un gran debate en el país, en el cual gremios de pequeños empresarios, parlamentarios, partidos políticos, Gobierno y también gremios de la gran empresa formulan sus planteamientos. Hasta algunos medios de comunicación, además de cubrir periodísticamente las propuestas, se embarcan con editoriales o artículos de opinión en el tema.
Sin duda, corresponde a la Cámara, donde se encarna la soberanía popular, hacer el debate, fijar su posición para que las autoridades que han anunciado nuevas medidas para este sector conozcan en profundidad la opinión de los representantes del pueblo.
Estoy convencido de que lo que aquí se discuta, sobre todo de lo que, en definitiva, proponga el Gobierno y de lo que hagamos depende en gran parte el Chile que queremos construir. Repito, estamos frente a un problema esencialmente político. Por ende, nos corresponde asumir nuestra responsabilidad.
Los parlamentarios somos testigos privilegiados de lo que ocurre, pues a menudo recorremos el país, vemos su transformación y la gente nos cuenta sus alegrías y penurias. Hemos visto cambiar durante los últimos años la matriz socioeconómica chilena al extinguirse miles y miles de pequeñas empresas, que ahogadas en sus deudas financieras, tributarias o previsionales, desaparecen.
Vemos surgir con fuerza a algunos pocos controladores de cada uno de los mercados. Hemos asistido a una brutal concentración hecha a costa de la desaparición de pequeños y medianos empresarios. Eso ocurre en cada una de nuestras ciudades.
Para algunos es un problema inevitable; en el fondo, no es un problema. Nos dicen que es así, que son los signos de los tiempos, que es la globalización, que es el mercado el que hace desaparecer a los ineficientes, a los débiles, a los pasados de moda, a los que no son capaces de renovarse.
Honestamente, y sin ser estatista, no me convencen esos argumentos. Si uno escarba un poco, recuerda y profundiza, puede señalar que las decisiones o indecisiones de las autoridades durante los últimos años han llevado a las pymes a su actual estado.
Me rebelo al ver cómo estamos construyendo este país. Por ejemplo, llega un gran supermercado a una ciudad, que previamente absorbe a los supermercadistas regionales, pues si no les venden, los “matan”; luego comienza la muerte comercial de los supermercadistas pequeños y se sigue con los minimarkets.
Alguien se pregunta ¿cómo compiten? Uno consigue plata al 4 ó 5 por ciento anual y el pequeño, para subsistir, al 40 por ciento anual. Unos consiguen las mercaderías más baratas por los descuentos que les hacen las grandes empresas, las grandes marcas, por los volúmenes que adquieren, y los otros, muchas veces, pagan precios más altos que los que ofrecen en las estanterías de los grandes supermercadistas. A unos, los proveedores les venden más caro; algunos pequeños empresarios necesitan pagar al contado, mientras que muchas veces los grandes se dan autocréditos para pagar.
¿Es eso acaso libre competencia? ¿Existe igualdad de condiciones? ¿Ha operado allí libremente el mercado? Creo que no. Es exactamente lo contrario. El mercado no opera así. No hay una cancha pareja. Eso se llama abuso de posición dominante. De esa manera, con la cancha dispareja, cualquiera puede crecer.
Pero, en verdad, gran parte de eso es historia. Han desaparecido varios. Primero las farmacias, los almacenes, los talleres de confección, las zapaterías, las ferias, las tiendas, las ferreterías, en fin. Primero en las grandes ciudades, después en las medianas y por último en las chicas.
Vemos que aparece un Chile distinto, diferente, en el que la clase media y los emprendedores pequeños y medianos van desapareciendo. ¿Es acaso la mano invisible que provoca esto? Estoy convencido de que no es así. Esto lo generó y lo seguirá generando una serie de medidas económicas erradas e injustas, cuyos responsables son claros y precisos.
Frente a la denominada crisis asiática no operó el mercado. Fue el Banco Central el que, en febrero de 1998, tomó una decisión y subió la tasa de instancia al 14 por ciento. Insisto, allí no operó el mercado. Esa decisión, y lo he dicho muchas veces, fue letal para decenas de miles de pequeños empresarios, los que, en definitiva, con créditos de corto plazo, líneas de crédito o sobregiro, los vieron subir cinco, seis o siete veces y pagaron intereses del 40 ó 50 por ciento anual.
No hay negocio lícito que resista esas tasas.
Desde entonces, se genera un deterioro cada vez mayor, y este sector de la economía pierde, sostenida y sucesivamente, participación en los mercados y se agudizan las falencias y el sobreendeudamiento.
El crecimiento económico cayó desde 1998, de una tasa de 7.6, promedio en los últimos doce años, a 2.6, promedio en el período 1999-2003.
Con la bonanza del cobre, la tasa subió un poquito. De 2004 a 2006, el crecimiento bordeó el 3.7 por ciento, considerando 1999-2006.
Algunos economistas calculan las pérdidas por la falta de crecimiento en 50 mil millones de dólares.
Ha declinado brutalmente la participación de las pymes. Los créditos, que antes eran de un 36 por ciento en relación con el año 2000, a junio de 2006, llegan apenas a 18 por ciento.
A mi juicio, mientras no se recupere la calidad de sujeto de crédito de la pyme, ésta no recibirá créditos de la cuantía, plazos y costos que requiere una empresa normal para desarrollarse, y mientras no se produzca el acceso normal a los créditos, no se podrá lograr ni la reincorporación de la pyme en la economía ni tampoco la tasa de crecimiento que el país espera.
La intensidad de la desigualdad social y la falta de crecimiento económico obedecen al mismo problema, y éste no se resuelve transfiriendo recursos del Estado a las grandes empresas, como lo hace el proyecto de depreciación acelerada, sino normalizando la deuda de la pyme y haciendo que el Estado lidere un proceso vigoroso que la apoye.
Hace algunos días, el ministro de Hacienda decía que el mercado opera para los grandes y para los chicos. Según leí, se reunió con grandes empresarios y algunos de ellos le desearon larga vida. Pero creo que el mercado debe operar para grandes y chicos, y también le deseo, sinceramente, larga vida.
Si uno se fija, no hay sector importante de la economía de nuestro país que no haya recibido la ayuda del Estado. Claramente, son los sectores más dinámicos. La minería siempre recibió una gran ayuda del Estado. Por ejemplo, a través del decreto ley 600, la invariabilidad tributaria, la depreciación acelerada, la ausencia de pago de royalty. La ayuda del Estado ha permitido dinamizar a este sector que hoy lidera el crecimiento.
El sector bancario también ha recibido ayuda del Estado. En 1983, la reprogramación de la cartera vencida y el plazo de 40 años para salir de su situación adversa. ¡Ésa fue la ayuda del Estado!
Hoy, ese sector crece y durante los últimos cinco o seis años ha tenido utilidades del 20 por ciento sobre patrimonio anual y ha duplicado o triplicado su patrimonio, mientras las pymes morían.
El sector eléctrico y las telecomunicaciones también han recibido una gran ayuda del Estado en su oportunidad. ¿Cuál fue esa gran ayuda? Por cierto, las privatizaciones, que se hicieron a un precio inferior al de mercado, como lo dio a conocer una comisión investigadora de la Cámara y que presidió el colega Carlos Montes.
El sector forestal se benefició a través del decreto ley Nº 701. ¡Muy bien! ¡Que se desarrolle el sector forestal!
Los medios de comunicaciones. Algunos también han recibido ayuda importante del Estado. Y aquí le contesto a dos, en particular a uno que hace algunos días, en un editorial, dijo que los que proponíamos la reprogramación a la que me referiré en pocos minutos, éramos estatistas o cometíamos un error bastante grande: sin la ayuda del Estado y del Banco del Estado, en determinado momento, en las postrimerías de la dictadura, habrían desaparecido esos medios de comunicación.
En definitiva, diversos sectores dinámicos de la economía han recibido importante ayuda del Estado, directa o indirecta. Con la pyme ha ocurrido lo contrario. La decisión del Estado, a través del Banco Central, la perjudica, la posterga y la deja en una situación de desmedro respecto de la gran empresa.
Por eso, es fundamental la reprogramación de toda la deuda bancaria de la mediana y pequeña empresa, la que incluye créditos bancarios, comerciales, de consumo, hipotecarios, etcétera. ¿Por qué estoy tan convencido de esto? Porque las reprogramaciones que ha propuesto el Gobierno, a través del ministro de Economía, presente en la Sala, y sus antecesores, busca reprogramar sólo la pyme viable para el banco, en los términos de hoy, de corto plazo. Nosotros queremos una reprogramación masiva que dé vida nuevamente a decenas de miles de pequeños y medianos empresarios que, como consecuencia de la decisión que se tomó en 1998, se extinguieron, y hoy están en la línea de flotación, pagando grandes intereses.
Ésa es la diferencia, y por eso pongo énfasis en esta medida, que no tiene que ver con lo que ha propuesto antes o propondrá el Ejecutivo. A nuestro juicio, es una medida de justicia, que tiene que ver, por lo demás, y ésta es la cuestión de orden político que hay de fondo, con la sociedad que queramos construir.
Por lo menos, quienes sustentamos esta propuesta aspiramos a que en nuestro país coexistan pequeños, medianos y grandes empresarios. La reprogramación masiva es una medida reparadora mínima, que les permitirá nuevamente emprender, seguramente en otro negocio; no en el mismo.
También la condonación del capital, multas e intereses de la deuda tributaria morosa de aquellas decenas de miles de empresas que ya no pagaron y que el fisco no recuperará nunca esa plata; la puesta al día de las cotizaciones previsionales; la tributación en base al retiro para la pequeña y mediana empresa, etcétera.
Quiero terminar mis palabras afirmando que se requiere una decisión política, que conlleva una decisión pública; de lo público, no de lo privado. La economía no tiene leyes naturales. Las leyes las hacemos las personas. Lo afirmo sin miedo. Si es necesario revisar el modelo, hagámoslo.
Insisto: el problema es político. Mi propuesta no añora la intervención del Estado, pero hace justicia a un sector que se vio perjudicado por las decisiones estatales. En definitiva, es una medida de justicia para que coexistan y puedan competir en igualdad de condiciones, pequeños, medianos y grandes, y así construir un Chile que respete la iniciativa y el emprendimiento individual, pero no de unos pocos, sino de muchos; de todos los capaces.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
Señor Presidente, en verdad, no recuerdo que los grandes empresarios hayan estado en mejor situación que durante los últimos dos años de gobierno de la Concertación y, al revés, los pequeños empresarios en tan malas condiciones.
En los últimos ocho años, gobiernos que dicen defender la igualdad han hecho engrosar las arcas de los grandes empresarios, en desmedro de los pequeños y medianos empresarios.
A lo indicado, se suma el problema derivado del precio del dólar, en cuya baja incide el elevado precio del cobre, ante lo cual nada se puede hacer.
El país se transformó en exportador, y hoy la gran mayoría de pequeños empresarios son exportadores o sustituyen exportaciones. Por lo tanto, con el actual precio del dólar, se encuentran en la bancarrota. ¡Qué pequeño agricultor no mira al cielo y clama por un descenso en el precio del cobre! ¡Qué cosa más insólita: No obstante que el cobre, supuestamente, entrega bienestar a mucha gente, otra pide que su precio se reduzca a fin de posibilitar que el valor del dólar se eleve!
Como si todo eso fuera poco, a pesar de las dificultades que están viviendo los pequeños y medianos empresarios, el Gobierno, a través del ministro de Economía, decidió aplicar a partir del próximo año un impuesto adicional a los pequeños agricultores, expresado por medio del cambio de los horarios punta que se cobran en las tarifas eléctricas. En mi opinión, de aquí a la quebrada del ají se trata de un impuesto que se aplicará a los pequeños productores agrícolas.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal Allende.
Señor Presidente, parece obvio reconocer que existen grandes, medianas y pequeñas empresas, así como empresas no familiares y familiares. No obstante, pese a sus diferencias y particularidades, a todas se aplican las mismas obligaciones.
Por esa razón, cobra gran relevancia contar con un estatuto de las pymes, con reglas y exigencias ad hoc a su realidad.
¡Qué duda cabe que uno de los grandes problemas que enfrentan pymes y mipymes dice relación con el financiamiento y que necesitan contar con una línea de crédito Corfo para financiar inversiones por 300 millones de dólares, repartidos entre pequeñas, medianas y microempresas. Ése sería un gran avance.
Igual importancia cobran el Fondo de Garantía para Inversiones, Fogain, por una cantidad de unos 30 millones de dólares, que permitirá financiar hasta 300 millones de dólares en créditos para maquinarias y equipos pyme, y el Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario, Fogape, que generará potenciales créditos por 1.200 millones de dólares.
Otras variables importantes dicen relación con el emprendimiento, la innovación y la capacitación, aspectos que, sin duda, requieren un enfoque que fortalezca las capacidades de gestión en fomento productivo a nivel local. Además, es necesario revisar el funcionamiento del sistema de acceso a la capacitación de las empresas más pequeñas.
A su vez, una Fiscalía Nacional Económica con atribuciones y personal suficientes para identificar abusos entre poderes compradores y proveedores, permitirá la existencia de una relación más horizontal y menos abusiva entre grandes y pequeñas empresas.
No obstante el significativo avance experimentado en la materia, se necesita un nuevo estatuto que recoja la diversidad que existe dentro de las pymes y las mipymes, más allá de su tamaño y de sus niveles de transacción. Muchas regulaciones existentes fueron diseñadas para las grandes empresas y, en el camino, adaptadas para las pymes y mipymes.
Ojalá que en la agenda propuesta hace algún tiempo por el Ejecutivo, cuya concreción esperamos a la brevedad, se revisen aspectos tales como la deuda de las pymes, un nuevo impulso al proyecto de ley de tribunales tributarios y reforma al sistema de notarios y conservadores, medidas para mejorar el financiamiento de las pymes y propuestas de innovación, emprendimiento y capacitación, y de mejoramiento de acceso a mercados, porque es indispensable en este mundo globalizado.
También se debe considerar la diversidad de las pymes. Ello obliga a ampliar la visión, más allá de los requerimientos transversales que impactan a la mayor parte del sector.
Dentro de esa heterogeneidad, también es necesario tener presente la situación de pymes y mipymes campesinas o agrícolas, cuyas necesidades cruzan el resto de las demandas particulares. Además de acceso a crédito en condiciones especiales, ellas requieren planes intensivos en capacitación, solución al problema de propiedad de la tierra, incorporación a los circuitos de comercialización y ser consideradas como sujetos de programas de desarrollo y productivos que actúen de manera integral, no separada, como ocurre hoy.
Para que el país logre ser una potencia agroalimentaria, se deben generar las condiciones adecuadas para que las familias dejen de emigrar del campo a la ciudad. Asimismo, es necesario incentivar la llegada de jóvenes a los sectores rurales, porque hoy sólo permanecen en el campo las personas más ancianas. Eso se puede lograr mediante proyectos productivos viables. Finalmente, se deben canalizar en forma integral los instrumentos de fomento, que hoy operan de manera compartimentada desde los diferentes ministerios y servicios públicos relacionados con la materia. Por un lado, por ejemplo, están los que entrega la Corfo, y por otro, los del Indap, los de los Ministerios de Agricultura y de Bienes Nacionales, los del Fosis, y otros. ¿Existe coordinación entre ellos para acudir en ayuda del agro y de la pyme y mipyme? A nuestro juicio, son casilleros que se golpean, pero que no entregan una respuesta concreta.
Necesitamos tener autoridades firmes y coordinadas para posibilitar el desarrollo agrícola de pequeños y mediamos campesinos.
Espero y confío que el proyecto sobre las pequeñas y medianas empresas incluya un capítulo especial para pymes y mipymes campesinas y que, además, considere el planteamiento formulado por quien habla a fin de potenciar a las pequeñas y medianas empresas, pues, de lo contrario, seguirán desapareciendo.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, en la prensa de hoy en la mañana aparece el estudio del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Pyme, en el cual se plantea que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas está centrado en su relación con las grandes empresas, al momento de venderles sus productos. Por lo tanto, no se trata del tradicional problema financiero.
Asimismo, en un diario de la tarde de hoy, se informa que una gran empresa decidió disminuir, de sesenta a treinta días, el plazo de pago a sus proveedores, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Al respecto, cabe recordar que, en general, las grandes empresas pagan a sesenta, noventa y ciento veinte días.
Deseo ser bien preciso en el planteamiento que, por intermedio del señor Presidente, voy a formular al ministro de Economía.
Hoy, cuando un pequeño o mediano empresario vende sus productos a una gran empresa, por ejemplo, botones o melones, recibe su factura, y el día 12 del mes siguiente -a los treinta días, más o menos- debe integrar el 19 por ciento del IVA en el Servicio de Tesorerías. La gran empresa, en cambio, retiene el IVA y lo entera recién cuando paga la factura al proveedor, es decir, a los sesenta, noventa o ciento veinte días.
Entiendo que se trata de un negocio entre privados y, por lo tanto, no es posible su regulación. Sin embargo, existen bastantes negocios entre privados, regulados por el Estado. Por ejemplo, nadie puede importar azúcar si no se supera el valor de la banda de precios; nadie puede importar trigo o harinas que también tienen precios mínimos establecidos por el Estado, o ningún pequeño agricultor puede vender ganado en una feria ganadera sin que el IVA le sea retenido y quien entera el valor del IVA a la Tesorería es, en este caso, la feria ganadera.
No sé si es posible utilizar un sistema parecido. Hay dos alternativas: una, que la gran empresa que compra al pequeño empresario le pague inmediatamente el IVA y, la otra, simplemente, que se ha usado desde hace ya más de veinte años, es una resolución de la Tesorería o del Servicio de Impuestos Internos, para que la gran empresa que compra le retenga el IVA y lo pague posteriormente a la Tesorería, con cargo, por supuesto, al proveedor.
Eso ayudaría bastante. Hoy, la gente que vende su producto, inmediatamente debe juntar la platita correspondiente al 19 por ciento y entregarla a la Tesorería; sin embargo, la gran empresa se queda con el crédito fiscal durante el plazo de pago definido, de sesenta, noventa o ciento veinte días. Lo utilizan y el pequeño empresario, con esto, se siente perjudicado, porque debe contar con el dinero correspondiente de inmediato.
Ése es un asunto que no le irroga ningún gasto al Estado. Obviamente, como otras que he explicado, es una regulación, pero perfectamente bien podría ayudar a solucionar el problema financiero inmediato que tienen muchas pequeñas y medianas empresas.
Señor Presidente, me gustaría, si es posible, tener una respuesta del señor ministro de Economía.
Tiene la palabra el honorable diputado Juan Carlos Latorre.
Señor Presidente, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha mostrado un compromiso muy activo para enfrentar el desafío del crecimiento económico. Primero fue el plan Chile Compite y luego el plan Chile Invierte, ambos ricos en propuestas e iniciativas para apoyar esta tarea.
Creemos que ha llegado el momento de un plan Chile Promipymes. En caso contrario, no será posible ganar el desafío del crecimiento económico con equidad. No hay política pública pragmática, realista, dirigida a las mipymes si no parte reconociendo su especificidad y diversidad. No es lo mismo una política de apoyo a las grandes empresas que otra dirigida a las mipymes. Las primeras necesitan más mercado; las segundas, más Estado. No es lo mismo pequeñas empresas agrícolas que otras manufactureras. Las primeras ven en los tratados de libre comercio muchas oportunidades; las segundas, más amenazas. No es lo mismo mipymes de la Octava Región que de la Primera Región. Mientras en la Octava Región el 30 por ciento pertenece al sector comercio, por mayor y menor, y el 18 por ciento al sector agrícola, silvicultura y pesca, en la Primera Región, el 62 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente, corresponden a esos sectores.
Entonces, queda claro que el centralismo agobiante es una mala receta para las mipymes. Por eso, la Democracia Cristiana, en su Consejo Nacional, ha resuelto insistir en los siguientes seis ejes de desarrollo para las mipymes:
En primer lugar, realizar una profunda reingeniería tanto a los programas e instrumentos como a las instituciones públicas que trabajan con las mipymes. Es insostenible que haya más de 125 instrumentos distintos y más de 25 instituciones públicas de apoyo a las mipymes. Aquí, de seguro, hay despilfarro, falta de eficiencia, duplicación de esfuerzos, en fin. Necesitamos emprender una modificación profunda de nuestra institucionalidad pública con una sola autoridad nacional que coordine y ordene los esfuerzos y las ofertas públicas de apoyo a las pymes. Esto se contempla en uno de los proyectos de acuerdo que apoyamos.
En segundo lugar, llevar a cabo políticas de protección a los pequeños empresarios frente a los abusos de los grandes. Al respecto, hay una serie de propuestas planteadas por la Conupia, sobre las cuales no me quiero extender, pero que hemos apoyado entusiastamente.
En tercer lugar, es necesario revitalizar el subsidio a las transacciones que favorecen a los microempresarios; plantear la meta de apoyo a la bancarización de trescientos mil microempresarios informales en tres años, cuyo costo para el fisco será del orden de 30 millones de dólares, acompañado de una campaña informativa y la creación de un fondo especial de garantías como complemento.
En cuarto lugar, proponemos la generación de nuevos mecanismos para aliviar la mochila del endeudamiento de las mipymes. En este campo, se debe actuar, por lo menos, en tres frentes.
Primero, crear mecanismos para facilitar el acceso a financiamiento de las deudas previsionales atrasadas y contemplar algunas fórmulas que permitan la eliminación de multas a los que renegocien estos pasivos.
Segundo, alargar el plazo. Eventualmente, estudiar la condonación para los pequeños empresarios que deseen renegociar sus deudas tributarias. Dicha renegociación debe considerar la eventual condonación, obviamente, de multas y castigos acumulados durante el período de morosidad.
Tercero, creemos que el endeudamiento debe ser abordado a través del saneamiento de los antecedentes comerciales y jurídicos que impiden a los pequeños empresarios retomar sus emprendimientos o aprovechar las nuevas oportunidades que se están generando en el ámbito público y privado.
En general, dos son los ejes adicionales que nos preocupan y que proponemos como parte de la solución a los problemas de las mipymes.
En quinto lugar, incrementar los recursos disponibles dirigidos a apoyar el acceso al financiamiento.
Por último, instalar un plan nacional de apoyo al capital humano de las mipymes a través de certificar competencias laborales, formación y asistencia técnica, rediseño completo de la política de promoción de la organización de los trabajadores, etcétera.
Estos planteamientos son los que, formalmente, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana ha aprobado y que, a través de mi intervención, pongo a disposición de mis colegas diputadas y diputados, y como propuesta al Gobierno.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el honorable diputado señor Enrique Estay.
Señor Presidente, hace pocos días me correspondió acompañar a la señora Presidenta de la República a un encuentro con micro, pequeños y medianos emprendedores en la ciudad de Lautaro. Quienes allí estuvimos, escuchamos el testimonio de dos pequeños empresarios que, con gran esfuerzo, han conseguido destacar en sus proyectos de trabajo, como es el caso de don Juan Antinao Cumillir, un lautarino que, junto a su mujer y dos hijos, son un real ejemplo de familia y de movilidad social. Don Juan tiene en su casa un taller de muebles antiguos, de madera reciclada, y da trabajo, además, a otras dos personas.
Ejemplos como el de don Juan, de Lautaro, nos dan una alegría tremenda, sobre todo porque llevan una esperanza a miles de pymes que, a lo largo del país, sueñan con romper el círculo de la impotencia que les produce no alcanzar los objetivos de sus proyectos. Nos gustaría que en Lautaro, en Victoria, en Curacautín, en todo el país, hubiese decenas o cientos de casos como el de don Juan. Lamentablemente, como bien sabemos, se trata de casos aislados y excepcionales, simplemente, porque hasta este momento no ha existido una política clara del gobierno de la Concertación que incluya medidas concretas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, tales como pagar impuestos sólo por las utilidades retiradas y no por las reinvertidas, la derogación de la ley de timbres y estampillas, flexibilidad laboral, reprogramación de las deudas tributarias y previsionales, en cuanto a plazos, tasas de interés y multas.
Sabemos que la Corfo -lo conversaba con la directora de la Novena Región hace apenas quince días- mantiene una serie de programas de asistencia a las pymes, pero la verdad es que esta información, aunque se encuentra disponible, no es del dominio común. Falta, en este sentido, una difusión masiva de estos mecanismos. El caso que citaba de don Juan Antinao no es un ejemplo de lo bien que ha funcionado el programa de la Concertación para las pymes, sino, simplemente, consecuencia del sacrificio de veinte años de privaciones y esfuerzos de una persona que, junto a su mujer, sólo hace un año pudo calificar al programa de fortalecimiento de la microempresa, para poder adquirir una cepilladora eléctrica.
Nos alegramos y felicitamos a quienes, al igual que don Juan, han podido emprender un sueño, pero estos casos son los menos, porque los más, la inmensa mayoría de los micro y pequeños empresarios sufren el endeudamiento, los juicios ejecutivos y los embargos de sus bienes; sufren el alza de la luz; sufren la persecución de los inspectores del Trabajo y de Impuestos Internos; sufren el estrés y se enferman. Para qué seguir; pero así y todo, continúan trabajando y, lo más importante, dando empleo al 67 por ciento de nuestra fuerza laboral.
Pueda ser que, así como lo anunció la Presidenta esta semana en la ciudad de Lautaro, venga en su discurso del próximo 21 de mayo un paquete de medidas serias y efectivas que descompriman la crisis por la que atraviesan miles de emprendedores junto a sus familias, que en regiones o en distritos, como el que represento, es patética. Es lo que le ocurre al dueño de la panadería Olimpia, de Victoria, que para reprogramar una deuda tributaria, y teniendo toda la voluntad de pagar, se le exige el pago previo del 30 por ciento.
Perdóneme, señor Presidente, pero llamo a la Presidenta a regionalizar su propuesta. Ha de entenderse, de una vez, que las respuestas diseñadas para Santiago no necesariamente sirven para las provincias y comunas más distantes, donde no existe internet ni cajero automático de banco.
Quiera Dios que la Presidenta se acuerde de ese Chile, en pro de las miles y miles de pymes.
Señor Presidente, ante un tema tan trascendente para la economía nacional y las fuentes laborales, un mínimo de objetividad exige reconocer al Gobierno y a este Congreso las distintas iniciativas que en los últimos años y en el último tiempo se han impulsado para mejorar la situación de las micro, pequeña y mediana empresas. La creación de la Comisión especial de la Pequeña y Mediana Empresa en esta Cámara es el reflejo de la importancia que los diputados le estamos dando a este sector, tan importante para la economía nacional y para las fuentes de trabajo.
Dado lo extenso del tema y por razones de tiempo, sólo voy a reforzar algunos aspectos del proyecto de acuerdo que hemos presentado.
Es cierto que hemos avanzado en la dirección correcta, pero también es cierto que faltan cosas por hacer. Al respecto, quiero expresar mi reconocimiento a los ministros que nos acompañan en la Sala, por la disposición que han tenido para acoger las propuestas de los diputados, que sólo apuntan al crecimiento de Chile y a generar más fuentes de empleo.
El diputado Álvarez-Salamanca recién citaba el informe semestral que realiza el Centro de investigación de políticas públicas para la pyme y que el día de ayer se dio a conocer públicamente. De acuerdo con sus conclusiones, el principal problema para el sector son las condiciones que les imponen los grandes clientes. Así lo manifestó el 37 por ciento de los encuestados, de un universo de más de 600 pequeñas y medianas empresas. Señalan que esa mala relación radica en la asimetría de poderes entre los grandes retails, que han concentrado la mayor parte de la oferta, y los pequeños productores, que tienen como único mercado las grandes tiendas. Eso se transforma en competencia desleal, porque -como decía el diputado Álvarez-Salamanca- se quedan con el IVA, financian su IVA, ya que lo declaran como crédito fiscal; utilizan el capital de los pequeños para financiar su propio capital de trabajo. Estamos en el peor de los mundos, porque los pequeños están financiando a los grandes. Felizmente, gracias a este Congreso y a este Gobierno, tenemos la Fiscalía Nacional Económica y los Tribunales de la Libre Competencia. Gracias a estas dos entidades, D & S (Líder) y sus proveedores firmaron un convenio, que establece normas mínimas de decencia en los contratos: igualdad de condiciones, respeto del pago a los 30 días, contratación de reposición voluntaria y libre para los proveedores. En definitiva, que una compraventa no se convierta en consignación. Las condiciones abusivas terminan con el avenimiento impulsado por la Fiscalía Nacional Económica, entre D & S y sus proveedores. Y si esto ha sido bueno para los proveedores y para D & S, ¿por qué no va a ser bueno también para el resto de la economía, y para el resto de los proveedores y para el resto de las grandes tiendas?
Por eso, le digo al diputado señor Álvarez-Salamanca que hemos avanzado. Hoy se dio cuenta en la Sala de un proyecto que apunta al principal problema de las pymes, como es la relación de mercado con sus compradores, y que está patrocinado por los diputados Bobadilla, Chahuán, González, Insunza, Lorenzini, Montes, Ortiz, Urrutia, la diputada señora Pacheco y el diputado que habla. Diputados de todas las bancadas hemos consensuado la presentación de un proyecto de ley que establece un marco legal para los avenimientos, como el alcanzado entre D & S y sus proveedores.
En síntesis, el proyecto pretende que en las licitaciones públicas que hace el Estado no se condicione la compra a empresas que no posean deudas en el boletín comercial, porque las pymes no están pidiendo crédito al Estado, sino que están pidiendo trabajo. Del mismo modo, que se elimine el requisito de no registrar deudas en el boletín comercial para ser contratista de algún ministerio. No estamos ayudando a las personas que tienen problemas cuando les cortamos la posibilidad de trabajar; si no piden crédito, no les pidamos el informe de limpieza de antecedentes comerciales.
Por último, invito al Gobierno a rediseñar los programas de apoyo a las mipymes, los cuales se encuentran repartidos en 8 ministerios, 30 instituciones y 150 instrumentos; refocalizar la franquicia Sence hacia las mipymes y realizar programas de capacitación con correlato en el mercado, ya que hoy se capacita de acuerdo con la oferta de las empresas capacitadoras y no conforme a las necesidades reales de las empresas capacitadas.
Asimismo, estamos solicitando al Gobierno que patrocine y le dé urgencia al proyecto de ley que regula la relación entre los pequeños y medianos proveedores y las grandes tiendas.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
Señor Presidente, esta semana ocurrió un hecho insólito: el Gobierno, por primera vez, apoya a bancos que tienen grandes utilidades, y lo hace a través del Transantiago. Es sorprendente, porque no existe la misma atención, no existe la misma voluntad del Estado para apoyar a las pymes que están en dificultades.
Hoy, nuestro tema son las pequeñas y medianas empresas. Todos hablan de las pymes, sobre todo los candidatos en sus discursos y los gobiernos de la Concertación lo han hecho desde sus comienzos. Es evidente que todo ha quedado en palabras, en análisis, en explicaciones, pero no en soluciones concretas para este importante sector de la economía nacional.
Recuerdo que en su primer discurso ante el Congreso, la Presidenta Bachelet reconoció que existen 627 mil pequeñas y medianas empresas, que emplean al 70 por ciento de la fuerza laboral, pero agregó que sólo generan 17 por ciento de las ventas y menos de 2 por ciento de las exportaciones. Expresó que estos indicadores son muy inferiores a los de los países desarrollados y, por ello, abro comillas: “Reitera un vez más, el compromiso de su Gobierno para apoyar el crecimiento y modernización de las pymes…” Poco ha pasado.
Por su parte, en 2003, el entonces Presidente Lagos, en otro 21 de mayo, reconoce la importancia y el potencial económico y social de las pequeñas empresas. Es más, las definió como componentes estratégicos de su agenda de gobierno. Al parecer, se le perdió esa agenda o las pymes quedaron muy abajo en su lista, detrás de Ferrocarriles, del Transantiago o de la reforma penal juvenil.
¿Que nos dice la realidad actual? Hace poco menos de un mes, el ministro de Hacienda, tras defender en el Senado el proyecto de depreciación acelerada, sufrió una de las derrotas políticas más importantes que un ministro de la Concertación ha tenido desde 1990 a la fecha.
¿Cuál fue la causa de esa derrota? La falta de soluciones concretas de los gobiernos de la Concertación en favor de los micro, pequeños y medianos empresarios del país, a quienes se decía que serían favorecidos por ese proyecto.
Ese hecho marcó un antes y un después para las pymes. La Alianza por Chile fue capaz de llamar la atención del Ejecutivo, sobre todo ante la opinión publica, ya que hemos puesto en la agenda pública la situación que las afecta, pero no para lamentar o denunciar, sino para obligar de una vez por todas al Gobierno que aborde este tema de verdad, con seriedad y no con promesas que luego se olvidan. Las hemos puesto como una prioridad política nacional, y sé que en conjunto con algunos parlamentarios de la Concertación lograremos soluciones concretas.
Aquí quiero detenerme un momento para reflexionar acerca del proyecto relacionado con la depreciación.
Es cierto que las empresas más grandes se ven favorecidas con la postergación del pago de un impuesto, lo que puede significar mayor inversión y crecimiento. Pero ¿para qué sirve esto a una pyme tipo, que hoy son la mayoría, a esas 627 mil de que hablaba la Presidenta, que tienen deudas previsionales, de impuestos y, por ende, bancarias, lo que significa que las puertas de los créditos están cerradas para ellas? ¿Creen ustedes que esas empresas han comprado o comprarán bienes que pueden ser objeto de depreciación acelerada, en circunstancias de que, a lo más, acceden a maquinarias usadas cuya depreciación no genera un gran impacto?
Por eso, es importante que el Ejecutivo envíe al Parlamento proyectos que de verdad las favorezcan, como postergaciones de sus deudas tributarias y previsionales, condonaciones de multas, disminución de los trámites para iniciar actividades, apertura al crédito.
En esto, el Banco del Estado debiera retomar el rol para el que fue creado y dejar de ser un banco más que compite con la banca privada, pero que sirve para apitutar en su directorio y cargos relevantes a los amigos de quienes gobiernan.
Sus dirigentes han dicho reiteradamente que uno de los más grandes problemas de las pymes, sino el más grande, es que diariamente deben enfrentar la falta de confianza económica, que se traduce en que nadie les otorga crédito.
En Osorno, la zona que represento en el Parlamento, existen más de cien pymes que se organizaron para trabajar en conjunto y salir adelante, pero no lo pueden hacer por sí solas, ya que necesitan de un gobierno que les entregue herramientas básicas para su desarrollo y de un Banco del Estado que crea en ellos, porque si el banco de todos los chilenos no cumple un rol clave en el desarrollo de la pymes, ¿cómo vamos a esperar que lo haga la banca privada?
Tal como lo han dicho los dirigentes de las pymes en Osorno y en todo el país, lo que ellos necesitan para mejorar su funcionamiento, crecer y generar mayores oportunidades de empleo es capital de trabajo. Aquí no basta con tener buenas intenciones y ganas de salir adelante, se necesita que el gobierno y particularmente el Banco del Estado, hagan su aporte.
Espero que en esta sesión y en las que se traten los proyectos que esperamos sean enviados a la brevedad por el Ejecutivo, aportemos ideas para ayudar a las pymes y para entregarles una luz de esperanza de que el Congreso se preocupa por ellas.
Sin embargo, quiero decirles a los dueños de pymes que nos pueden estar viendo por el canal de la Cámara que ninguna propuesta que podamos sugerir tiene un sustento real si no es patrocinada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que el Congreso no tiene iniciativa en materias que comprometan, de una u otra forma, recursos del Estado. Sí, señor Presidente, las iniciativas que pueden significar un verdadero apoyo a ese sector de la economía, por ley, deben ser remitidas al Congreso Nacional por el Ejecutivo, ya que no tenemos ninguna posibilidad legal de legislar por propia iniciativa en esas materias.
Debemos sincerar este tema, porque no podemos seguir cargando culpas ajenas. Digámoslo fuerte y claro: debe terminar esta casi rutinaria estrategia de los gobiernos de la Concertación que utilizan a las pymes solamente como una bandera electoral y después nada hacen para ayudarlas. La falta de soluciones para ellas no es culpa de este Congreso Nacional, sino de quien tiene la potestad legal para remitir iniciativas de su competencia.
¿Será necesario recordar una vez más la importancia que las pymes tienen en Chile? ¿Será necesario recordar la dramática situación económica por la que atraviesan y el estado bastante deficitario en que se encuentra este importante sector? Estoy seguro de que no es necesario hacerlo, pero debo recordar una vez más que, a pesar de todos estos factores, no han tenido la atención que requieren para convertirse también en un verdadero motor del desarrollo nacional. Muy por el contrario, la realidad es otra; están excluidas hasta el momento de cualquier proyecto del Ejecutivo. En verdad, han sido excluidas de proyectos, reuniones, desayunos, análisis etcétera, etcétera, etcétera. Y la asistencia a La Moneda de quienes las representan, lo que ocurrió hace pocos días, se transformó en un suceso nacional por lo increíble y casi inédito del hecho mencionado. De lo único que no han estado excluidas es de otorgarles un estatuto de fomento, de apoyo, de garantías de buenas prácticas comerciales.
El Gobierno debe, de una vez por todas, escuchar a las pymes, enviar al Congreso los proyectos pertinentes y dictar todos los decretos que sean necesarios para sacarlas de su lamentable estado actual.
Para terminar, hago un llamado a que todos aportemos nuestras ideas en apoyo a las pymes, ya que por nuestro trabajo en terreno sabemos cuales son sus problemas. Generemos un gran proyecto de acuerdo y esperemos esta vez que los ministros de Hacienda y de Economía escuchen la voz del Congreso y que la soberbia no les nuble la razón, ya que, de lo contrario, seguirán sufriendo derrotas políticas que a ellos en nada afectan, salvo en su orgullo personal, pero que perjudican a uno de los motores fundamentales de la economía nacional: las pymes.
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
Señor Presidente, hemos sido convocados a esta sesión especial para hablar acerca de las micro, pequeñas y medianas empresas; pero hemos abordado temas que nada tienen que ver con esa materia, como -y me obligan a incursionar en el tema- el proyecto de depreciación acelerada que se rechazó en el Senado, el cual nada tiene que ver con el de las pymes. Por consiguiente, no es conveniente mezclar peras con manzanas.
¿Por qué se rechazó el proyecto de depreciación acelerada, que beneficiaba fundamentalmente a la mediana y a la gran empresa? Lisa y llanamente, porque la Derecha no le dio su respaldo en el Senado; la oposición no respaldó el proyecto. Debemos dejar eso absolutamente claro.
Los jefes de bancada de los partidos de la Concertación, de la Democracia Cristiana, del PS, del PPD y del Partido Radical, hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas con los ministros secretario general de la Presidencia, de Economía y de Hacienda. Hemos llegado a puntos de encuentro muy valiosos, que se finiquitaron con los representantes de las pymes a nivel nacional hace sólo algunos días, en una sesión especial de trabajo realizada en el Congreso.
La Presidenta de la República hará un anuncio muy importante referido a esta y a otras materias el 21 de mayo próximo, puesto que nos parece del todo importante, como lo han manifestado los ministros de las carteras mencionadas, abordar el tema con la seriedad y la profundidad que corresponde.
El mundo de las pymes es tremendamente diverso; no sólo en las ciudades, sino también en el mundo rural, en la pequeña y mediana agricultura, por lo que debemos ser claros y precisos al decir en qué consistirá esta mano que les dará el Estado, ya que atraviesan por dificultades tremendas, como el no pago de impuestos y de deudas previsionales, para lo cual se les dará la posibilidad de renegociarlas a largo plazo. Pero no sólo eso, sino que recibirán una inyección económica para que puedan sobrevivir, desarrollarse y remontar vuelo propio.
Me alegro de la celebración de esta sesión especial, pero el tema no es para manosearlo, sino para enfrentarlo con la seriedad que corresponde. Así lo hará la Presidenta de la República, de acuerdo con el estudio realizado por las distintas carteras que he mencionado.
Por lo tanto, debemos tener un poco de paciencia y esperar el planteamiento que hará la Primera Mandataria al país el 21 de mayo próximo.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
Señor Presidente, efectivamente la discusión del proyecto sobre depreciación acelerada puso en el tapete potenciar un programa en favor de las pymes, las que, como señalaba uno de sus dirigentes, está en boca de todos, pero en manos de nadie.
El acceso a créditos, el impulso a la asociatividad en un mundo globalizado que les permita competir, una tributación especial, entre otras materias, son soluciones a la problemática que viven día a día las pequeñas y medianas empresas.
Se nos ha convocado a esta sesión especial precisamente para analizar la grave situación que afecta a las micro, pequeña y mediana empresas, así como la infinidad de propuestas que irían en su beneficio y que han surgido de distintos sectores, incluyendo a los parlamentarios.
Sesiones como ésta se han efectuado en otras ocasiones. En la Cámara contamos con una Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa que se ha reactivado en diversos períodos.
En la actualidad, desde todos los sectores surge el clamor de que se adopten urgentes medidas a favor de un postergado sector tan importante para nuestro país, integrado por más de 700 mil empresas y que constituyen alrededor del 80 por ciento de la fuente laboral del país.
Por ello, se habla de que debe existir una agenda pro pymes, un estatuto, y se propone una serie de otros elementos de acción similar.
Sin embargo, estando plenamente de acuerdo con tales medidas, considero que debe existir una política de Estado permanente respecto de ese sector productivo, de modo que no estemos constantemente implementando medidas de parche para solucionar sus problemas, las que pueden tener un efecto positivo, pero limitado en el tiempo, porque después se repite la misma problemática. Más aún, las últimas medidas anunciadas respecto del acceso al crédito terminaron en letra muerta, y muchas pymes tuvieron que cerrar sus puertas.
Para ese propósito, la semana pasada diez parlamentarios de la Alianza presentamos una moción de reforma constitucional, que tiene por objeto modificar el número 22º del artículo 19 de la Carta Fundamental, para establecer como obligación del Estado promover el efectivo desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa. Para dicho efecto se debe promulgar una ley que defina expresamente las empresas que integran ese sector, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo medidas y acciones de carácter permanente que se deben adoptar a favor de ellas, sin que esa iniciativa signifique “dar rienda suelta a la demagogia”, como lo ha sostenido recientemente el Presidente del Senado en su columna institucional semanal, que parece desconocer la realidad que viven miles de pequeños y medianos empresarios.
Creemos que esa medida es parte de una política verdaderamente propositiva.
Quiero decir que no sólo es necesario avanzar en una consagración constitucional del principio de que el Estado debe necesariamente proteger a la pequeña y mediana empresa, sino también hacer realidad el acceso a créditos y a la asociatividad en un mundo globalizado.
Pedimos encarecidamente al Gobierno una política de Estado para solventar a la pequeña y mediana empresa, que no haya más demagogia ni anuncios que, en definitiva, no se transforman en políticas reales y efectivas para ese sector empresarial.
Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda.
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al diputado señor Mulet por esta iniciativa que, sin duda, es muy necesaria para discutir lo que significa la pequeña y mediana empresa.
Me habría gustado que estuviera presente el ministro de Hacienda, pero a través del ministro señor Viera-Gallo, le digo, por su intermedio, señor Presidente, que durante los cinco o seis años en que he estado en este hemiciclo, he peleado en múltiples oportunidades por la reprogramación de la deuda agrícola de la pequeña y mediana empresa y por todo lo que tiene que ver con la agricultura, desde el predio hasta su organización, de la pequeña y mediana empresa.
No suelo hacer esto, pero por primera vez en cinco o seis años tengo que agradecer al Gobierno, al ministro de Agricultura. Algunos aquí me miran extrañados, porque no lo pueden creer, pero quiero contarles lo que está pasando en el sector agrícola, porque me gustaría que eso también pasara en la pequeña y mediana empresa de los sectores urbanos.
Se reprogramó la deuda agrícola del Indap a diez años. Se condonaron las multas e intereses. Todo aquel abono que se hizo a la deuda se descuenta del capital original, lo que significa -eso es lo que nadie puede creer- que ya no se paga en unidades de fomento, sino en pesos, y sólo al 4 por ciento de interés anual.
Esas son las medidas que se deben adoptar cuando hay voluntad política de un gobierno, señor ministro ; esas son las medidas que se necesitan hoy, después de cinco años de estar peleando para lograr ese tipo de renegociación. Ahora se logró.
Por eso, alego contra el ministro de Hacienda -lo hago pública y privadamente-, pero también soy capaz de agradecer al Gobierno y a los ministros de Hacienda y de Agricultura, pública y privadamente, y decirles que cuando existe voluntad política, es posible hacer esto.
Señor Presidente, por su intermedio le digo al señor ministro de Economía que se necesitan seis medidas más, porque no se trata sólo de sacarle la mochila a la gente, sino de implementar un sistema productivo completo, para lo cual se necesitan, a lo menos, dichas medidas, las que están en un documento que esperamos entregar hoy a los ministros. Además, tiene que existir capital de trabajo, capacitación, transferencia de tecnología e innovación, inversiones -y no tengamos miedo a la palabra subsidio- y un capital de riesgo, no como el que aprobamos hace un mes, con una institucionalidad para los grandes, sino también para la pequeña y mediana empresa. También necesitamos plazo para solucionar lo que tiene que ver con cotizaciones previsionales y tributarias.
Señor ministro, me pongo de pie para dar las gracias, pero también para decir que es posible hacer esto sólo con voluntad política, y espero que el 21 de mayo la Presidenta la tenga con la pequeña y mediana empresa urbana al igual como la tuvo con los pequeños y medianos agricultores.
Tiene la palabra el honorable diputado Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.-
Señor Presidente, no me sorprende la ausencia del ministro de Hacienda en la Sala, porque ha quedado demostrado una vez más que está preocupado de las grandes empresas y no de las pymes, motivo de nuestra sesión y discusión de hoy.
El país es testigo de los muchos discursos y declaraciones de buenas intenciones relacionadas con las pymes; pero, en la práctica, se traducen en nada, porque estamos conscientes de que no son prioridad para el Gobierno de la Concertación, y hemos tenido que llegar a esta sesión especial para analizar la grave situación por la que están pasando en estos días.
Todo el mundo sabe lo que las afecta y cuáles son sus problemas. Incluso, muchos conocen las soluciones, pero falta la voluntad política y sobran las presiones para adoptar las soluciones que den un respiro a este importante sector de nuestra economía.
La Concertación tiene una deuda con estos miles de chilenos emprendedores, con sus familias y con todo el país, pues con la sola lógica electoral no son capaces de aprobar leyes que permitan encontrar las soluciones reales a los problemas que afectan a las pequeñas y medianas empresas.
Al parecer no sólo al ministro de Hacienda no le interesa lo que sucede con las pymes, sino también al ministro Viera-Gallo, que está leyendo el diario en lugar de poner atención a lo que estamos expresando.
Ya no basta con hermosos discursos para la galería, no basta con buenas intenciones y sonrisas para las fotos, ya no bastan los cortes de cintas y los abrazos para las encuestas. Necesitamos medidas concretas que saquen de una vez por todas a las pymes del pozo en que se encuentran; de lo contrario tendremos que esperar mucho tiempo para que miles de chilenos tengan una oportunidad de trabajo, pues todos estamos conscientes de que generan el 80 por ciento del empleo en el país.
Es de toda justicia no sólo por estas empresas, sino por el país, la aplicación de un paquete de medidas que vaya en ayuda de las pymes, pero un paquete de medidas efectivo y no efectista. Solicitamos medidas serias que apunten a aliviar la crisis por la que atraviesa este sector, pues de no ser así, la Concertación será cómplice, una vez más, de la destrucción económica de nuestro querido país.
Lamentablemente para este sector, en el corto plazo el país no tendrá elecciones, pues por lo menos en esos períodos son consideradas en los programas de Gobierno con grandes anuncios y promesas, las cuales quedan debidamente guardadas hasta que se necesiten otra vez; es decir, hasta la próxima elección.
El país merece un poco de seriedad de parte de nuestras autoridades. Ya ha transcurrido más de un año del actual Gobierno y las únicas medidas propuestas a favor de este sector fueron consensuadas entre las grandes empresas y el Gobierno, sin considerar a los pequeños empresarios. ¿Qué pasó? No fueron aprobadas, y no por un capricho político de algún sector, como lo han querido hacer ver nuestras autoridades, sino como consecuencia de un descontento social generalizado de los que no tienen voz, de los que no aparecen en los desayunos con el ministro de Hacienda, de los que no aparecen en las portadas de los medios de comunicación al lado de la Presidenta de la República.
Nuestra postura ha sido clara y transparente frente al país y no cambiará hasta que las pequeñas y medianas empresas tengan soluciones de fondo a sus problemas y no sólo discursos para la galería.
El Comité Radical Social Demócrata cedió dos minutos de su tiempo, y el Comité Independiente, un minuto y medio al honorable diputado señor Eduardo Saffirio.
Señor Presidente, agradezco la gentileza del partido Radical Social Demócrata, en especial del diputado Meza que, una vez más, ha tenido un gesto concertacionista generoso y del diputado Esteban Valenzuela, jefe del comité Independiente, de cederme unos minutos de su tiempo.
Esta sesión especial es extremadamente útil para demostrar que en el Senado la Derecha, con sus votos, intentó sacar provecho político a una situación coyuntural con la bandera de las pymes.
Señor Presidente, los diputados de Derecha, están demostrando que detrás de su retórica pro pyme lo único que les interesa es criticar a la Concertación.
Realizan un discurso pro pyme y presentan un proyecto de acuerdo que plantea tres medidas, dos de las cuales favorecen a los grandes empresarios y otra a la banca, mediante el cual los beneficios tributarios de la depreciación acelerada parecen juegos de niños al lado de lo que ganarían las grandes empresas.
¿Qué pasa si terminamos con el impuesto a las utilidades reinvertidas? Se favorecerá a las grandes empresas, que son las que más invierten, y no a los pequeños y medianos empresarios.
¿Qué pasa si terminamos con el impuesto de timbres y estampillas? Se favorecerá a los que más se endeudan, que son las grandes empresas. Es decir, tras una retórica pro pyme se presentan medidas que, como siempre -porque han vuelto al redil-, favorecen a los grandes empresarios.
¿Qué pasa si eliminamos la tasa máxima convencional? A las pequeñas y medianas empresas que tienen acceso al crédito les subirán los cobros por parte de la banca, en circunstancias de que hay otras medidas como los subsidios del Estado a la bancarización que conseguirían el mismo efecto, pero favoreciendo a los pequeños empresarios y no a la banca.
Hay silencio absoluto sobre dos temas que aparecen señalados en un documento de la organización gremial de las pymes. Ante la pregunta de cuáles son sus principales problemas, el 32 por ciento de los pequeños empresarios y el 36 por ciento de los medianos dicen que son las condiciones impuestas por los grandes clientes.
¿La Derecha está disponible a apoyar un proyecto que fije un plazo máximo a los proveedores, como existe en la legislación mexicana, para defender a los pequeños empresarios que son esquilmados en las condiciones de pago y en los plazos por los grandes empresarios? Eso no está en el proyecto de acuerdo.
¿La Derecha está disponible para enfrentar el tema de la concentración económica, por ejemplo, otorgando mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica? ¿Por qué la UDI votó en contra en la Cámara de Diputados y en el Senado nuestra moción que, incluso, firmó el diputado Galilea, para crear la ley que sanciona la competencia desleal?
La discusión ha sido muy buena para dejar claro que detrás de una retórica propyme, y aprovechando las divisiones en la Concertación, lo único que le interesa a la Derecha es sacar ventajas políticas. Utilizando una retórica a favor de las pequeñas empresas se plantean medidas que, por acción u omisión, sólo favorecen a las grandes empresas.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, en noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados realizó una jornada temática en la que participaron diputados de todas las bancadas, representantes del Gobierno, de centros de estudios, y dirigentes de todos los gremios de las pequeñas y medianas empresas.
En esa oportunidad, en las conclusiones se señaló: “Se requiere una política de Estado global, integral, coherente para las empresas de menor tamaño. Esta debería considerar al sector como clave, como motor de la economía y darle prioridad de forma que facilite su desarrollo. Esto requiere también de una legislación que distinga los distintos tipos de empresas. Una legislación genérica para todas las empresas del país termina discriminando a las micro y pequeñas empresas y aplicando normas que favorecen a las grandes. Es necesario un estatuto especial, una normativa que legisle no como privilegio, sino como una necesidad el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.”
La anterior es una opinión unánime de la Comisión Pyme, donde están representados todos los partidos políticos y las instancias de Gobierno que participaron en esa jornada temática. Quiero recordar que allí intervino el ministro de Economía, aquí presente, quien enfatizó con mucha fuerza la necesidad de crear un estatuto pro pyme. Hoy, podemos decir en la Sala que si hay este consenso en el diagnóstico y en la necesidad de una política especial para las empresas de menor tamaño en Chile, existe el acuerdo político para un proyecto país que abra las puertas a una gran política pro pyme. Pienso que ese debería ser el primer sentido de acuerdo de esta Cámara de Diputados.
El segundo gran sentido está en la necesidad de implementar medidas de corto plazo, en las cuales hemos trabajado de muy buena manera y en forma consensuada y transversal en la Comisión Especial de la Pequeña y la Mediana Empresa, y también lo hemos hecho en una Comisión Tripartita con los ministros de Hacienda y de Economía.
Dentro de esas medidas están, sin duda, la reprogramación de la deuda tributaria, el financiamiento para reprogramar la deuda previsional; mejores condiciones para el acceso al crédito; mejores condiciones para el acceso al mercado; mejores condiciones para el acceso al Sistema Chile Compra y, por cierto, la implementación de medidas para resolver el problema central de las pymes que hoy un centro de estudios hizo presente: que las pequeñas y medianas empresas tienen que enfrentar “las condiciones impuestas por los grandes clientes”.
Esa cancha dispareja entre las pequeñas y las grandes empresas sólo el Estado la puede emparejar a través de una política pública que hoy tenemos el deber de echar a andar, logrando los consensos necesarios de manera tal que, ni la Alianza por Chile ni la Concertación se lo atribuyan como un logro de unos o de otros, sino que sea una política que beneficie a Chile, que cree un nuevo motor de la economía y que haga de la micro y la pequeña empresa el otro motor que la economía chilena requiere.
Estoy seguro de que, tanto quienes estamos en esta Sala como quienes conforman la micro y la pequeña empresa, todos estamos de acuerdo en que se precisa una mayor redistribución del ingreso, más empleo y una economía inclusiva, que le dé espacios a todos. Eso es lo que tenemos que lograr hoy; ese es el espacio político en el cual tenemos que tomar los acuerdos, y el Gobierno debe recoger nuestras proposiciones y transformarlas en una propuesta que realmente haga mérito a los grandes consensos que estoy seguro vamos a lograr, porque hemos visto un espíritu de mayor confianza, de acercamiento y de diálogo que se ha dado entre los sectores de la micro y la pequeña empresa, los sectores de Gobierno y el Congreso Nacional.
Por último, hemos propuesto un proyecto de acuerdo que nos haga consecuentes con esta línea de trabajo, de manera de crear una Comisión Permanente de la Pequeña y Mediana Empresa en la Cámara de Diputados para tratar las políticas de largo plazo que Chile requiere.
Tiene la palabra el señor José Antonio Viera-Gallo, ministro secretario general de la Presidencia.
Señor Presidente, el Gobierno valora enormemente esta sesión y el trabajo realizado por la Comisión Especial de la Pequeña y la Mediana Empresa. Asimismo, nos alegraría mucho si se aprobara el proyecto de acuerdo para crear una Comisión Permanente sobre la materia.
He escuchado con mucha atención todas las intervenciones y, aun cuando algunas tienen un tono crítico natural de quienes conforman las bancadas de la Oposición, siempre hay algo constructivo que se puede tomar en cuenta.
Quiero simbolizar mi agradecimiento en la diputada señora Alejandra Sepúlveda que, a mi juicio, ha hecho un discurso muy elocuente, concreto y constructivo, que creo interpreta a toda esta Corporación.
Desgraciadamente, debido a compromisos contraídos con anterioridad, tendré que retirarme antes del término de la sesión, pero se quedaràn los dos ministros que, junto con la Presidenta de la República, deben tomar las decisiones trascendentales sobre la materia.
No obstante, quiero pedir disculpas al diputado señor Bobadilla, y decirle que aún puedo leer y escuchar, pero tal vez me equivoco. Por eso le pido disculpas.
Hoy, en el diario “El Mercurio” se publica un informe sobre los principales problemas que aquejan a las pymes, donde hay una frase que es muy importante que todos tomemos en cuenta, y a lo cual se refirió hace un rato el diputado Saffirio.
El informe, hecho por el Centro de Investigación de Políticas Públicas sobre Pequeña y Mediana Empresa, señala que el endeudamiento y el acceso al crédito dejaron de ser los principales problemas que enfrentan las pymes. Su mayor dificultad se da en la relación tan desigual e injusta que existe con las grandes empresas. Esto lo dice el presidente de Conupia, don Iván Vuskovic, quien coincide en que es necesario centrarse en los problemas que enfrenta la pyme en el mercado. “Nosotros ya nos dimos cuenta de que no tenemos que pelear por los que están endeudados; es un tema, lo tenemos presente, pero no es el más importante; mucho más importante es por qué la gente no logra vender; porque además si logran vender, todos los demás problemas se despejan.”.
Esa misma idea la expresé esta mañana en una columna del diario “La Tercera”, la cual recomendaría leer a los diputados que tienen paciencia. Pienso que es muy importante poner a las pymes en condiciones de competir, para lo cual el Gobierno recogerá todas las inquietudes que se han señalado en el transcurso del debate y a las cuales se referirán los señores ministros en el momento que estimen oportuno.
Tiene la palabra el honorable diputado Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, no está de más resaltar el hecho de estar reunidos para analizar un tema que tiene una importancia extraordinaria tanto desde un punto de vista económico como de la estabilidad social y política que el país requiere.
La micro y pequeña empresa es, sin duda, un instrumento extraordinario para la generación de empleo. Eso no está en discusión. En todos los discursos sobre la materia se tendrá que reconocer esta situación que, en el fondo, es el rol fundamental que cumplen en la estructura productiva nacional las pequeñas empresas.
Las grandes empresas generan la riqueza nacional, no obstante ello produce, por una parte, una concentración de la riqueza y, por otra, una menor o nula generación de empleo.
Por lo tanto, en esta discusión es fundamental considerar aquellos aspectos que tienden a fortalecer a las personas con capacidad para emprender y para crear, pero que no cuentan con los recursos ni con el apoyo necesario para entrar en el mercado.
Quienes hemos trabajado cerca de los micro y pequeños empresarios y conocemos como funcionan, sabemos cuáles son los problemas fundamentales que deben sortear, como la limitante para acceder al crédito, porque para ellos es más caro por los montos y por los plazos que requieren; los aspectos tributarios, donde también existe una competencia desleal con los importadores en cuanto a los impuestos que pueden descontar. Creo que los pequeños y microempresarios preferirían ver a los organismos del Estado como facilitadores de su gestión y no como fiscalizadores, con todo el peso y la carga de la estructura jurídica del Estado que los aplasta y les impide crecer, y si no son heroicos para enfrentarlos, tienen que desarrollar sus actividades, prácticamente, en la informalidad. Es una realidad que conocemos porque la hemos vivido.
Creo que es básico considerar en el estatuto jurídico que debemos estudiar -esperamos que cuente con el máximo apoyo para lograr su concreción- la implementación de políticas públicas que tiendan a compensar los desequilibrios que genera el mercado entre las grandes y las pequeñas empresas.
Como decía, tuve la posibilidad de trabajar en forma cercana con los microempresarios y, como le consta al diputado Aguiló, en los discursos inaugurales de la feria-exposición de la micro y pequeña empresa que se realizó en Talca, planteamos la necesidad de crear un estatuto jurídico que responda a los requerimientos y a las necesidades de los micro y pequeños empresarios. Por eso, apoyaremos en forma entusiasta las medidas que se propongan y que estén orientadas a resolver sus problemas.
Tiene la palabra al honorable diputado Mario Venegas.
Señor Presidente, soy miembro de la Comisión Especial de la Pequeña y la Mediana Empresa y luché para estar en ella. Pero soy partidario de que exista una comisión permanente, no una especial, como en otros casos, en que debemos bregar, año tras año, para que se conformen. Soy uno de los que está en la lucha en favor de las pymes.
¿Por qué he adoptado esta postura? En estos días, gracias a publicaciones de prensa y a diversas conversaciones que he sostenido, he llegado a la conclusión de que, de pronto, pareciera que el hecho de apoyar a las pymes significa estar en contra de determinadas autoridades e, incluso, ser desleal con el Gobierno. Yo creo que en estoy hay una cuestión de principios. La razón de ser de la Concertación, de esta alianza política, fue luchar por los que más necesitan, y las que hoy necesitan más apoyo son, precisamente, las pymes.
Pero también hay evidencias empíricas. Provengo de la provincia de Malleco, Novena Región, y allí algunas pequeñas empresas han debido cerrar sus puertas porque quebraron. Quiero entregar sólo un dato: la población de una de las comunas de esa provincia disminuyó en 16,5 por ciento, entre los dos últimos censos. Una de las causas de este fenómeno fue que la gente emigró porque que no tenía oportunidades laborales. Lamentablemente, a la provincia no llegan grandes inversiones de empresas manufactureras; sólo invierten allí las que pertenecen al ámbito silvoagropecuario.
Entonces, hay un imperativo de la realidad que debemos representar para señalar este hecho; no es algo antojadizo o arbitrario. El año pasado realizamos un seminario -ya se refirió a él el diputado González -, en el cual los representantes del sector señalaron un conjunto de materias que ya han sido dadas a conocer a las autoridades. El ministro de Economía participó en el cierre de dicho seminario.
De manera que lo que estamos haciendo es, ni más ni menos, que interpretar a las organizaciones. Si creemos en la participación y en la democracia tendremos que coincidir en que los que más entienden los problemas que los aquejan son, precisamente, los representantes de la pequeña y la mediana empresa. No lo decimos nosotros.
La pregunta que cabe hacerse por estos días es, ¿acaso significa estar en contra de las grandes empresas el hecho de plantear esto? En mi caso personal, no es así. ¿Es estar en contra del proyecto de depreciación acelerada que, gracias a Dios, ha generado todo este espacio de discusión? Tampoco es así, porque lo que todos queremos es el crecimiento económico de nuestro país. Otra cosa es aceptar que ese proyecto en particular significa apoyar a la pequeña y a la mediana empresa.
Por eso, nosotros hemos estado en esta posición, es decir, junto con la adopción de medidas que contribuyan al crecimiento de nuestro país, de apoyar a las grandes empresas, también se debe implementar un paquete de medidas que apoyen de manera concreta a la pequeña y a la mediana empresa.
Tiene la palabra el honorable diputado Julio Dittborn.
Señor Presidente, en realidad, pensaba hacer un discurso más bien propositivo, pero uno no puede dejar de referirse a temas políticos, después de escuchar intervenciones como la del diputado Saffirio que, además, rayan en lo inexacto.
Digo esto porque el diputado criticó a los diputados de la UDI porque incorporamos en nuestro proyecto de acuerdo la medida tributaria que consiste en postergar el pago del impuesto a la renta de las pymes hasta que distribuyan sus utilidades. Pero, resulta que ésta también es una medida que propone la Democracia Cristiana en su proyecto de acuerdo. De manera que el diputado Saffirio debería leerlo antes de criticar otros.
Quiero iniciar mi intervención con una frase: “Los empresarios aman a Lagos.” ¿Quién dijo esto, durante el Gobierno del Presidente Lagos? ¿Las pymes? No, don Hernán Sommerville Senn, presidente de la Asociación de Bancos. Ésa es una realidad. ¡A las grandes empresas les ha ido muy bien, han ganado mucho dinero con los gobiernos de la Concertación! Si lo han hecho en buena lid, no tengo inconveniente en aceptarlo; pero lo que sí hay que reconocer es que a las pymes no les ha ido bien durante los gobiernos de la Concertación. Ésa es otra realidad. Basta con ir a una feria o hablar con representantes de las pymes del transporte, que hoy ven con pavor cómo aumenta el precio de los combustibles y deben pagar, aproximadamente, la mitad del precio en impuestos. También les han subido el impuesto de timbres y estampillas, que en los últimos 17 años se ha duplicado, bajando muy levemente en el último tiempo. El impuesto específico a los combustibles se ha doblado; hoy por cada litro de bencina, un taxista, un colectivero o un fletero debe pagar, aproximadamente, 250 pesos por concepto de impuesto específico a los combustibles, en circunstancias de que hace 17 años sólo pagaba cien pesos.
Por otra parte, han subido las tasas de interés -como se recordaba- en algunos períodos, lo que hizo quebrar a muchas pymes. Para qué hablar del dólar, que hoy está a 517 pesos, lo que hace que a todas las pymes les resulte prácticamente imposible competir. De hecho, Chile ha bajado de ubicación en el último índice de competitividad, fundamentalmente, debido a la baja del precio del dólar, que ha hecho a nuestro país menos competitivo para las pymes, que son las que más contratan.
De manera que estamos ante un escenario que durante los gobiernos de la Concertación ha sido muy desfavorable para los pequeños y medianos empresarios. La verdad es que no hay ni que decir esto, porque basta contactarse con ellos y preguntárselo para que lo digan abiertamente.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí va mi discurso original, que apunta a formular algunas propuestas. Yo le propondría al Gobierno algunas ideas: primero, no ser tacaño en la reprogramación de deudas tributarias. Se les ha dado tres años, con un pago al contado de 30 por ciento. El fisco nunca va a recuperar esos tributos. Sean generosos, den diez años, sin pago al contado, como lo hicieron con el Indap. Sean generosos, porque si no, esa plata nunca va a llegar a las arcas fiscales.
Segunda idea: cuando una pyme no puede pagar una deuda pública, ¿saben cuánto le cobra el Estado a un deudor de tributos, IVA, contribuciones, etcétera? Por supuesto, le cobra en unidades de fomento, más del 1,5 por ciento mensual de intereses, lo que llega a una cifra cercana al 20 por ciento anual.
Si un banco privado le cobrara a un cliente en unidades de fomento más 1,5 por ciento de interés mensual, en esta Corporación lo habrían destrozado. Pues bien, eso es lo que cobra el fisco a las pymes que se atrasan en el pago de sus tributos. Es cierto que condonan parte de esos intereses en forma casi automática, pero si condonan los intereses, ¿por qué no los bajan?
En tercer lugar, la Presidenta Bachelet, el 21 de mayo pasado en el Salón de Honor del Congreso Nacional, prometió una reforma integral a notarios y conservadores, para bajar los costos de sus servicios. Asimismo, acortar los plazos. ¿Qué se ha hecho en este año? ¡Cero!. No se ha hecho nada. Es probable que el 21 de mayo próximo se prometa de nuevo lo mismo.
Se nos ha prometido hasta el cansancio un depósito de garantía, para que las pymes tengan sus garantías en una institución al margen de los bancos y puedan cambiarse de bancos con facilidad, para que el sistema bancario compita.
¿Qué se ha hecho al respecto? ¡Cero! No se ha hecho nada.
Hoy, las grandes empresas de camiones pueden recuperar el impuesto específico a los combustibles. ¡Sí señor, pueden recuperar el impuesto al diésel! ¿Qué han hecho para que los taxistas, colectiveros, fleteros, recuperen ese impuesto, tal como hacen las grandes empresas de camiones y las industrias, que también pueden recuperar el impuesto al diésel porque lo cargan al IVA? ¡Nada! No les interesa.
Está claro, dejen de tener doble discurso. Con las empresas grandes se entienden bien: depreciación acelerada potente. A las empresas medianas y pequeñas, nada. Ésa es la verdad.
Tiene la palabra el diputado Raúl Súnico.
Señor Presidente, no se puede decir que durante este poco más de un año de gobierno de la Presidenta Bachelet, tanto los parlamentarios de la Concertación como el Gobierno no hemos hecho nada por las pymes.
Con el objeto de llevar adelante la agenda pro pyme, en el Congreso hemos aprobado un conjunto de iniciativas: la ley N° 20.130, que reduce el impuesto de timbres y estampillas y exime a los refinanciamientos; la ley N° 20.170, de simplificación tributaria para las pymes; la ley N° 20.171, que aumenta el crédito por inversión del activo fijo; el proyecto de ley de sociedades de garantías recíprocas, el proyecto de ley de mercado de capitales II, que abre a la industria del capital de riesgo; el proyecto de fortalecimiento del Fogape y de aumento de su capital; el proyecto de ley sobre tribunales tributarios, el proyecto de fortalecimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; proyectos sobre ferias libres, ampliación del plazo para el pago de impuestos mensuales, reprogramación de deudas tributarias vigentes, cuya amplitud se puede discutir y seguramente deberemos ver entre las próximas medidas; reducción gradual del costo de aclaración en el boletín comercial, cuadruplicación de los recursos del programa de capital Semilla. Es decir, hay un conjunto de iniciativas que se ha desarrollado durante este poco más de un año de Gobierno, por lo cual no se puede decir que no ha existido de parte del Gobierno de la Concertación y de sus parlamentarios preocupación por abordar el problema de las pymes.
Sin duda, se requieren muchos más componentes de una política pública en materia de fortalecimiento de las pymes. Es clave exigir que en el más breve plazo contemos con un estatuto que apunte a desarrollar un marco normativo para las empresas de menor tamaño, consistente con su capacidad para enfrentar las regulaciones que muchas veces han sido diseñadas para las grandes empresas, a fin de evitar que situaciones de exceso de carga regulatoria anulen los beneficios de las políticas públicas de fomento productivo del Gobierno y lleven a las pymes a optar por la informalidad.
Se debe emprender un proceso mucho más profundo de reprogramación tributaria. La exigencia de un pie muy alto les impide reprogramar. Se necesitan plazos mayores y menos pie para que puedan optar a una reprogramación real.
Debemos enfrentar el endeudamiento previsional moroso, para lo cual hay que generar líneas de crédito, ya sea por el Banco del Estado u otro mecanismo que permita que los trabajadores recuperen los recursos que se les adeudan en el sistema previsional.
Necesitamos un nuevo impulso al proyecto de ley de tribunales tributarios y a la reforma al sistema de notarios y conservadores.
Requerimos de parte de la Corfo el desarrollo de mayores líneas de crédito para las mipymes. Una línea de financiamiento del Banco del Estado por un plazo mayor a diez años, que permita que la gente acceda a financiamiento para mejorar el funcionamiento de las pequeñas empresas.
Fortalecer el Fogain, aumentar el Fogape, proyecto que ya está en discusión en el Senado; promover instrumentos para el desarrollo del mercado de sociedades de garantías recíprocas. Es urgente avanzar en materia de capital de riesgo, en el marco de la autorización que otorgamos en la discusión del proyecto de mercado de capitales II. Se debe revisar el acceso a la capacitación para las empresas de menor tamaño.
En cuanto a las propuestas de mejoramiento del acceso al mercado, es clave el desarrollo de los programas de la Corfo para desarrollo de proveedores; el fortalecimiento institucional de la Fiscalía Nacional Económica, aumentando significativamente su dotación de personal y fortaleciendo sus atribuciones, de modo de favorecer la detección e investigación de abusos de posición dominante entre los grandes poderes compradores y los proveedores.
Por último, quiero plantear que en esta discusión sobre las pymes se requiere instalar el concepto de comercio justo.
Tal como opera en Europa, es muy importante que contemos con una política de comercio justo. ¿Qué significa esto? Que el que está en condición de poder y cambia las condiciones del contrato a la baja en hasta el 15 por ciento de un año para otro, el producto o servicio tendrá la categoría de estar operando bajo un comercio justo. El que está en condiciones de poder no realiza operaciones que lo favorezcan deslealmente respecto del pequeño, entendiendo lo anterior como los descuentos por cantidad o volumen en hasta un 20 por ciento -el porcentaje de la propuesta se puede discutir-, la compra cae dentro de lo que hemos definido como comercio justo.
El Gobierno ha establecido un mecanismo de pago a las pymes con plazos definidos. Quisiéramos contar con una legislación que permita que los grandes empresarios tengan plazos de pago a sus proveedores pequeños y medianos. Temas como lo que pasó en la Forestal Arauco, como la muerte de ese trabajador hace pocos días, tiene que ver con la relación de presión que ejerce la gran empresa sobre la pequeña empresa, y ésta, a su vez, sobre los trabajadores.
Debemos resolver esta situación de manera urgente, para generar relaciones más justas entre los pequeños y los grandes empresarios.
Tiene la palabra el diputado Jorge Insunza.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una corrección a lo planteado por el diputado Dittborn, en el sentido de que el diputado Saffirio tenía toda la razón, porque el proyecto de acuerdo que está presentando la Derecha indica literalmente eliminar el impuesto a las utilidades reinvertidas, y no hace diferencia entre las grandes, pequeñas y microempresas.
La propuesta sobre la eliminación del impuesto de timbres y estampillas se hace a secas. Tampoco distingue entre pequeña, grande o mediana empresa.
Eso revela que la Derecha quiere pasar de contrabando, con cargo a una retórica pro pyme, medidas que van única y exclusivamente a favor de las grandes empresas.
En segundo lugar, hay un conjunto de medidas de financiamiento que necesitan las empresas pequeñas y medianas, pero, al mismo tiempo, no podemos engañarnos y buscar sólo ese tipo de medidas sin resolver los problemas estructurales que enfrentan, como su acceso al mercado y a los instrumentos de fomento productivo.
La Derecha, en su proyecto de acuerdo, no plantea medida alguna que apunte a resolver el problema de acceso al mercado de las pymes ni a los factores que determinan el poder dominante de las grandes empresas, materia que ha sido planteado como uno de los puntos esenciales para las pymes.
Ahora, voy a detenerme en un tercer factor: el desarrollo productivo. A mi juicio, en esa materia debiéramos buscar un consenso nacional para simplificar, mejorar y potenciar los instrumentos del país. Nos engañaríamos si no aceptamos que muchas pequeñas empresas van a quebrar, a desaparecer del mercado si no tienen mejor acceso a las capacidades de desarrollo productivo. Ello por las necesidades de competitividad global que las impactarán de todas maneras, por la necesidad de innovación y de renovación de sus productos para mantener y preservar su posición en algunos mercados y también para mejorar su capacidad de reinvención frente al fracaso y a los riesgos de ver desaparecer sus mercados en el corto plazo.
Sabemos que todas esas condiciones son factores objetivos. No podemos engañarnos al pensar que serán resueltas por cualquier medida que tome el Estado.
Por eso, es tan necesario el fomento productivo. Al respecto, primero, debemos evaluar y simplificar los actuales instrumentos disponibles. Segundo, definir los nichos que deseamos potenciar, los sectores productivos con gran capacidad de crecimiento y penetración de mercado para luego fortalecerlos y tomar medidas en ese sentido.
Todo esto requiere fortalecer o reinventar el papel de la Corfo, a fin de que también pueda ser un instrumento útil a las pequeñas y medianas empresas en mayor medida de lo que hoy está logrando.
Señor Presidente, a todo este negro diagnóstico que viven las pymes, y en ausencia de políticas públicas que las protejan, fortalezcan y promuevan, quiero decir que el Transantiago ha causado estragos en el comercio detallista.
Las ventas han disminuido hasta en 40 por ciento, por ejemplo, en Patronato, en la Vega, en el sector de Independencia, dedicado a la venta de telas; en la Estación Central, etcétera. Ello, porque el diseño e implementación de este desastre no consideró ni las necesidades de las personas ni el impacto que causaría en muchas pymes. Estas últimas, hoy enfrentan el cierre de locales, con la consiguiente cesantía de miles de familias.
Además, con las enormes dificultades que implica el emprendimiento, con la gran cantidad de trabas que los gobiernos de la Concertación no han tenido la voluntad de subsanar, el futuro de las pymes y el consiguiente crecimiento económico se ve muy poco auspicioso.
Cuando las promesas incumplidas se eternizan, se convierten en mentiras. Eso ha hecho la Concertación con las pymes: les ha mentido. Un ejemplo, entre muchos otros, es que la señora Presidenta de la República se comprometió el 21 de mayo pasado a reformar el sistema de notarios, lo que no cumplió. ¿Promesa chica o mediana? Creemos que es grande.
Señor Presidente, en este año dos meses, algunos sectores interesados han diseñado toda una campaña para dar la imagen de que la Presidenta Michelle Bachelet prácticamente es indolente ante la situación de las pymes.
Al respecto, sólo quiero citar tres leyes promulgadas en este período que favorecen a las pymes: La ley N° 20.130, sobre reducción del impuesto de timbres y estampillas y exención a los refinanciamientos; ley N° 20.170, sobre simplificación tributaria, que favorece alrededor de 500 mil personas; ley N° 20.171, sobre aumento del crédito por inversión en activo fijo, iniciativa que incrementó en 50 por ciento el crédito que reciben las empresas cuando invierten y elevó su tope en un 25 por ciento.
Además, el Ejecutivo ha promovido una serie de medidas administrativas, entre ellas destaco la ampliación del plazo para el pago de impuestos mensuales y la reprogramación de deudas tributarias de las pymes. En verdad, el plazo es poco y la reprogramación es hasta cinco millones, pero tengo fe en que los anuncios de la Presidenta cambiarán sustancialmente el tema.
Para el futuro, se prevé una línea de financiamiento para pymes a través de la Corfo. Se establecerán nuevas líneas de financiamiento de largo plazo para inversión de las pymes hasta por 200 millones de dólares durante el primer año.
Por último, me referiré a un proyecto que tiene que ver con el Dicom. Deberíamos pedir urgencia para esa iniciativa, a fin de resolver el problema que enfrentan los empresarios de las pymes. Asimismo, la reducción gradual del costo de aclaración en el Boletín Comercial.
En definitiva, se está avanzando en la materia.
Por último, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
Señor Presidente, me sorprendió escuchar a algunos señores diputados y ver como si la boca no perteneciera al mismo cuerpo. Al respecto, pregunto ¿quién gobierna desde hace más de tres lustros? Es evidente que no es la Alianza por Chile.
Se ha criticado el proyecto de acuerdo que presentó nuestra bancada, pero creo que faltó realizar un operativo de lentes, porque no se ha leído con acuciosidad. Ahí se habla sólo a favor de las pymes, no hay una sola palabra a favor de las grandes empresas.
El diputado Julio Dittborn dijo que los empresarios amaban a Lagos. A mi juicio, ellos también están muy cómodos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Se nos ha criticado porque en las medidas pro emprendimiento que planteamos pudiera favorecerse también a las grandes empresas. Pero, ¿cómo limitar el emprendimiento? Esto es como si al disparar una escopeta uno quisiera matar sólo a los pájaros grandes, en circunstancias que cae de todo. Obviamente, en estas medidas pueden haber ciertos elementos que favorezcan a algunas empresas grandes.
Sin embargo, lo peor de todo para la pequeña empresa es precisamente lo que no se hace. ¿Dónde se expresa que se favorecerá el acceso al crédito o al emprendimiento, con el término de una burocracia excesiva que limita con sus regulaciones? ¿Dónde se plantea disminuir los impuestos que se han subido una y otra vez? No olvidemos el IVA. ¿Dónde figura la flexibilidad o la voluntad de poder avanzar hacia una agenda pro pyme?
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes.
El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente, al igual que el ministro secretario general de la Presidencia -con seguridad, también lo hará el ministro de Economía -, valoro esta invitación, porque es una oportunidad para conversar, discutir y poner ideas sobre la mesa.
Ciertamente, valoro las ideas y los aportes que se han formulado.
Señor Presidente, por su intermedio, mi reconocimiento a la diputada Sepúlveda. Creo que es importante el consenso cuando las cosas se hacen bien. Por eso, muchas gracias.
¿Por qué me parece tan importante este diálogo, este debate? Precisamente, porque el de las pequeñas y medianas empresas no es un tema de ayer ni de hoy, sino de los gobiernos de la Concertación. Los diputados presentes y el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ciertamente, venimos trabajando en él desde hace mucho tiempo.
El ministro de Economía, encargado directamente de las pequeñas y medianas empresas, sin duda, hará un recuento más detallado de las medidas adoptadas. Sin embargo, quiero enfatizar dos puntos, que me parece que constituyen un marco importante para continuar con este diálogo.
Primero. Los ciclos económicos afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que tienen mayores fluctuaciones en venta, las mayores fluctuaciones en empleo y las mayores dificultades para el acceso al crédito con el fin de moderar los efectos de los ciclos.
En las últimas dos décadas, la economía chilena ha tenido un éxito inusitado, inusual entre los países en desarrollo, entre los países emergentes, en la moderación de estas fluctuaciones.
Tenemos una economía estable, en la cual hay un horizonte de planificación, de inversiones, de tiempo. La gente puede tener una buena idea y llevarla a la práctica luego de buscar financiamiento. Ese horizonte, hace 15, 20 ó 25 años, sencillamente, no existía.
¿Cuál es la manifestación más concreta de la mejoría sistemática de la creciente estabilidad en ese entorno económico? La cifras de crecimiento y de consumo, que benefician especialmente a las empresas de menor tamaño.
¿Qué se ha informado por parte del INE y del Banco Central? Tenemos una economía que está creciendo a tasas elevadas, que está adquiriendo una velocidad de crucero, en la que el crecimiento de 5.7 por ciento que habíamos predicho para este año, tiene altísimas probabilidades de concretarse.
En ese entorno, ¿qué ocurre? Que el consumo está creciendo en un 10 por ciento. Es una buena noticia para los hogares, porque significa capacidad para comprar. Al mismo tiempo, es una buena noticia para las empresas que proveen a los consumidores, a las proveedoras de miles de productos que los consumidores demandan. El grueso de esas empresas son pequeñas y medianas.
En materia de entorno económico, de estabilidad y de crecimiento tenemos buenas noticias, las que se reflejan en un crecimiento en el empleo, lo que también tiene mucho que ver con la pyme.
Más de alguna vez hemos dicho, y lo hemos dicho porque es cierto, que las pymes crean más del 70 por ciento, hasta el 80 por ciento según algunas mediciones, del empleo.
Pues bien, ¿qué esta ocurriendo hoy? El empleo formal, el empleo asalariado, con contrato, con beneficios, está creciendo a más del 4 por ciento al año. Esto significa que en cualquier mes hay más de 200 mil empleos nuevos, que el año pasado, en el mismo mes, no estaban.
Si el 80 por ciento son de la pyme, como se suele decir, y con base, estamos hablando de 150 ó 160 mil empleos nuevos que están creando las pequeñas y medianas empresas. Ahora, ellas sólo pueden estar en condiciones de crear nuevos empleos si se están expandiendo, si están creciendo con condiciones de invertir.
Eso no significa, de ningún modo, un llamado a la complacencia; no significa, de ningún modo, un llamado a cruzarse de brazos. Hay mucho por hacer y el Gobierno está trabajando en eso. Se está trabajando en una agenda pro pyme, a la que se referirá el ministro de Economía con más detalles.
¿Cuál es la labor principal? Varios diputados -destaco al diputado Saffirio, al diputado Insunza- la han mencionado. La labor principal es la de allanarle el camino a la pyme. La labor principal es emparejar la cancha.
En una economía de mercado, el mercado debe funcionar para todos: grandes, medianos y chicos, para que éstos puedan competir porque las reglas son parejas.
Eso significa -uno la ve en los países desarrollados- una política muy activa pro competencia, una política muy activa antimonopolios, una política muy activa para emparejar la cancha.
Precisamente, hay un proyecto de ley en el Congreso para avanzar en ese sentido, a fin de fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, para dotar de más atribuciones al Tribunal de la Libre Competencia; de más profesionales y de mayor capacidad al Tribunal de la Libre Competencia.
No es el único, pero destaco ese ejemplo de las políticas para emparejar la cancha, con el fin de que la competencia sea para unos y para otros, porque no hay mejor incentivo a la inversión, a la creatividad, al mejoramiento de los proyectos, que la competencia; pero, cuando la competencia afecta a unos y deja a otros intocados, el sistema no funciona bien.
Por eso, emparejar la cancha en materia de acceso al mercado, emparejar la cancha en materia de acceso al crédito y emparejar la cancha en cuanto a reglas de competencia, es absolutamente crucial.
En política pro pyme, ésa debe ser -y en el caso del Gobierno lo es- una idea absolutamente capital. Por eso, celebro que en más de una ocasión se haya enfatizado.
Vuelvo a la idea central. La agenda que menciono se viene desarrollando hace años. El ministro de Economía entregará mayores detalles; pero esta agenda persigue avanzar en crecimiento, avanzar en equidad y avanzar en esos agentes tan importantes del crecimiento y la equidad como son las pequeñas empresas.
Por eso, reitero, valoro este debate y hago presente que seguiremos trabajando en todo aquello que sea pertinente a ellas.
Destaco un punto muy importante, que son las políticas de productividad y las políticas de innovación. Queremos políticas que permitan que el día de mañana las microempresas sean pequeñas empresas; las pequeñas sean medianas y las medianas -¿por qué no?- sean grandes.
Para eso necesitamos políticas de crédito, políticas de competencia y políticas -y éstas son muy importantes- de innovación, que logren lo que es central: que las buenas ideas, que están en todas las personas, de todos los estratos sociales, de Santiago y de regiones, se puedan llevar a la práctica; cuenten con financiamiento, se transformen en emprendimiento del empleo y nos permitan a todos progresar.
En esa labor estamos. El debate de la Cámara es importante en ella y vamos seguir trabajando.
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alejandro Ferreiro Yazigi.
El señor FERREIRO (ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, reitero la valoración expresada por los ministros que me antecedieron en el uso de la palabra, respecto de la oportunidad que significa este debate y la expectativa existente en el Gobierno en el sentido de que las expresiones de voluntad política y de creatividad en el planteamiento de propuestas contribuyan a la conformación de una política de Estado robusta y contundente, que continúe lo ya realizado en favor del emprendimiento de las empresas de menor tamaño.
Sin embargo, el debate requiere la mayor responsabilidad de todos los actores en relación con algunos aspectos fundamentales.
En primer lugar, se debe establecer dónde están hoy las pequeñas y medianas empresas y cuál es su situación real.
En segundo lugar, ver qué hemos hecho durante este tiempo, porque a partir de lo hecho se puede visualizar lo que falta por avanzar.
En tercer lugar, plantear cómo debe construirse la metodología de trabajo y cuáles deben ser los principales contenidos en relación con los aspectos aún pendientes, en los cuales queremos reforzar nuestro trabajo en los próximos días.
Hoy, las pymes están insertas en una economía que crece a tasas proyectadas para este año del orden del 6 por ciento. Ellas están insertas en un escenario en el cual la tasa de desempleo es la más baja de los últimos ocho años. Como se sabe, la pyme genera cerca del 80 por ciento del empleo. Por lo tanto, dicho antecedente revela que, en promedio, en volúmenes agregados, la pyme está contratando y, por tanto, a nivel agregado, exhibe una situación de razonable salud.
Hoy, la pyme muestra los menores niveles de retraso en el pago de la deuda previsional de los últimos diez años. Por lo tanto, en ese aspecto la situación no es tan acuciante como se sugiere en algunos discursos.
El planteamiento respecto del endeudamiento se ve corroborado por la encuesta y el trabajo del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Pyme, como reconocen los dirigentes de la pequeña y mediana empresa. En consecuencia, el endeudamiento no es lo que más apremia a la pyme, sino el acceso al mercado. Por eso es importante focalizar buena parte de los esfuerzos de políticas públicas donde los representantes de las pequeñas y medianas empresas dicen que está el principal desafío.
Dicho desafío se aborda fundamentalmente a través del fortalecimiento de la institucionalidad de la libre competencia. Esperamos que, al momento de votar, los que han planteado discursos en favor de la pyme manifiesten consecuencia política en relación con su disposición, a fin de resolver el principal problema que aqueja a la pequeña y mediana empresa, y no como ha ocurrido hasta ahora en el proyecto sobre la libre competencia.
En cualquier política relativa a la pyme, es necesario tener presente el problema de la competencia. En la competencia leal, no todos ganarán; algunos perderán. Por tanto, si se evalúa la pertinencia y calidad de las políticas públicas sólo mirando a los que no han podido prevalecer en un mercado competitivo, nunca se podrá establecer una buena política en favor del emprendimiento. Por lo tanto, se debe garantizar que ganen los más meritorios, los que hacen mejor su trabajo, los que emprenden de mejor manera y los que tienen buenas ideas, y que no exista una suerte de cancha rayada de antemano, en función del tamaño, respecto de quiénes prevalecen y quiénes pierden. La cancha pareja permite tener ganadores que merezcan ganar, perdedores que merezcan perder y, finalmente, consumidores que aprovechen y se beneficien de un escenario en que siempre se estimula mejor calidad y mejores precios.
¿Qué hemos hecho? Una política contundente, pero que todavía presenta aspectos pendientes.
Hemos avanzado en un conjunto de materias. Sin perjuicio de que algunos diputados y el ministro de Hacienda se pronunciaron al respecto, voy a reiterar algunos aspectos fundamentales de la política de Gobierno.
Reducción del impuesto de timbres y estampillas, eliminación del impuesto a la reprogramación de deudas, lo que permite mayor movilidad en el acceso al crédito cuando se trata de negociar con la banca; pago a proveedores en un máximo de treinta días, definido por la Presidenta de la República como obligación para los organismos públicos; simplificación tributaria; ley que regula la competencia desleal, a propósito de una moción llevada adelante, entre otros, por el diputado señor Saffirio; constitución de un sistema maestro de fomento productivo que permita al Gobierno conocer exactamente quiénes son los pequeños y medianos empresarios beneficiarios de políticas de fomento; constitución de un observatorio de la pyme al interior del Ministerio de Economía; cambio en la fecha de pago del IVA, para permitir que no se concentre en torno de los días 10 y 12 de cada mes, sino el día 20, cuestión pedida y valorada por la pequeña y mediana empresa; ampliación y fortalecimiento del Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa, mecanismo que expande el acceso al crédito y que, cuando se despache la iniciativa que se encuentra tramitando en el Congreso Nacional, verá incrementado en hasta 30 millones de dólares y, finalmente, en hasta 600 millones de dólares el monto que puede apalancar para esos efectos; iniciativa aprobada por el Congreso Nacional y a punto de ser publicada en el Diario Oficial como ley de la República, que habilita la constitución de las sociedades de garantía recíproca, la cual permitirá bajar el riesgo de los deudores, optimizar el uso de las garantías y favorecer el acceso al crédito en mejores condiciones. Más crédito, menos tasa, más emprendimiento que se puede financiar.
Asimismo, podemos destacar las siguientes iniciativas: licitación de recursos para el financiamiento de la mype durante 2006, por cerca de 19 mil millones de pesos. La última licitación se colocó a una tasa de 9 por ciento, versus la de 14 por ciento que existía con anterioridad.
El proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica y establece sistemas para mejorar la capacidad de identificar y sancionar a quienes atenten contra la libre competencia es absolutamente fundamental. Nos comprometemos, tras recoger los planteamientos que se entreguen a nivel político y gremial, a presentar las indicaciones necesarias para fortalecerlo, de manera que sea un instrumento más robusto en defensa de la libre competencia y que, de esa forma, se evite el abuso de la posición dominante, que hoy las pymes esgrimen como el principal desafío para competir y contar con una razonable participación en el mercado.
El proyecto de ley sobre ferias libres, aprobado en la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara, se encuentra pendiente en la Comisión de Gobierno Interior.
La iniciativa sobre tribunales tributarios también está a la espera de su aprobación por el Congreso Nacional.
La Ficha Estadística Codificada Uniforme, Fecu, para la pyme, será provista por el Servicio de Impuestos Internos en el contexto de la plataforma del proyecto de simplificación tributaria.
Permítaseme decir algunas palabras en relación con Chilecompra. Se trata de un poder comprador transparente y objetivo a través del cual se canalizan transacciones por 3.600 millones de dólares al año. Las micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes, son proveedoras de Chilecompra, esto es, venden al Estado cerca del 52 por ciento del total de lo que éste compra, y participan en el mercado abierto distinto de las compras públicas, en cerca del 20 por ciento de las ventas. Cuando ellas venden al Estado, multiplican por dos y medio su participación.
En primer lugar, eso significa que el Estado aporta, a través de un sistema de compras objetivo y transparente en que se iguala la cancha, a un incremento muy significativo del mercado al cual acceden las pymes, del orden de los 1.800 millones de dólares al año.
En segundo lugar, la pyme demuestra que cuando las condiciones de competencia son objetivas, transparentes y claras, puede ser competitiva. Es una lección en el marco del diseño de políticas públicas que deseamos impulsar.
Otra iniciativa importante dice relación con el estatuto para la pequeña y mediana empresa, cuestión fundamental respecto de la cual tenemos pleno acuerdo a niveles político y gremial. Por lo tanto, esperamos presentar durante el segundo semestre la respectiva iniciativa al Congreso Nacional.
Es necesario igualar la cancha. Cuando la carga regulatoria es formalmente pareja, pero se aplica a empresas de tamaño diferente, resulta excesivamente gravosa para la pequeña empresa y holgada para la grande. La igualdad de trato nominal redunda en desigualdad efectiva, lo que significa una cancha dispareja para el emprendimiento, cuestión que queremos corregir. En ese sentido, esperamos contar con el impulso y el apoyo del Congreso Nacional -no tengo duda alguna al respecto-, que se ha mostrado muy favorable a la iniciativa.
¿Cómo queremos seguir trabajando en adelante? Lo hemos hecho de un modo participativo. Hemos estado en diálogo permanente con representantes de los gremios y recogido sus inquietudes. En los próximos días, presentaremos un conjunto de medidas que, me atrevo a decirlo casi con certeza, satisfarán, si no la totalidad, buena parte de los aspectos significativos de la demanda de los gremios. De esa forma, estaremos dando satisfacción a las sentidas expectativas de la pequeña y mediana empresa en cuanto a responder al petitorio planteado.
Lo hemos hecho de modo participativo, también compartiendo visiones con sectores políticos, en la expectativa de una política de Estado; no de una política circunstancial que se presta para transformarse en arma arrojadiza en un debate político que a veces esconde otros propósitos y lo que nos importa. Nos importan las pymes, porque están en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, porque uno de los cuatro pilares fundamentales es consolidar una política de Estado para ellas, sobre la base de lo avanzado, que es mucho, y sobre la base de lo que queda por avanzar, que también es mucho.
Para lo anterior, hemos contado con la disposición y colaboración de este Congreso. Para lo que viene también esperamos contar, con toda certeza -estamos seguros de que así será-, con la misma colaboración y entusiasmo que se ha expresado en esta Sala.
Se han presentado cinco proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al primero de ellos.
Previamente, me permito informar a la Sala que se encuentran pareados los diputados señores León y Álvarez-Salamanca
Proyecto de acuerdo N° 342, suscrito por los señores Tuma, González, Insunza, Paredes, Accorsi, Ceroni, Ascencio, Súnico y Quintana; por la señora Pacheco, doña Clemira; y los señores Meza, Aedo y Pérez, don José, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que adopte las siguientes medidas, entre otras, para ir en apoyo de las Mipymes:
1. Renegociar las deudas tributarias: sin pago mínimo, en el plazo de tres a cinco años, con condonación del 100% de multas e intereses sobre la deuda tributaria.
2. Renegociar la Deuda Previsional: condonación del 100% de las multas y modificación de ley sobre Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), para que pueda garantizar créditos destinados a ponerse al día en las deudas previsionales.
3. Ampliar el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape):
3.1. Triplicar el monto del Fogape de lo dispuesto en el plan Chile Compite.
3.2. Permitir el acceso de deudores en Dicom, al objeto de contraer deudas que solucionen su situación de morosidad.
3.3. Precisar los plazos y los costos del Fondo de Garantías Para Inversiones (Fogain), contenido en el plan Chile Invierte, de manera tal que no se traslape con el Fogape.
4. Hacer presente el trámite de urgencia al proyecto de ley que Crea una Central de Garantías para la Mipyme.
5. Excepcionar la recaudación del IVA: A las empresas con menos de tres mil unidades tributarias mensuales de ventas anuales, por las ventas realizadas a grandes contribuyentes, la cual se traspasará a éstos.
6. Excepcionar de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM): A las empresas con menos de tres mil unidades tributarias mensuales de ventas al año (incluso a aquellas con contabilidad simplificada). Esto reduce las presiones de caja de las empresas de menor tamaño.
7. Establecer patente única territorial: Tipo de patente única de actividades para el establecimiento de microempresas comerciales, con la excepción de alcoholes. Tal medida facilita la competencia frente a los supermercados.
8. Establecer patente municipal: En el período de hasta un año, después de iniciadas las actividades, para que sea requisito obtener patente municipal. Facilitar aún más la constitución de las microempresas familiares, reduciendo a la mitad el costo de los aranceles de trámite cero ante la Seremi de Salud, sin hacer exigible la obtención de giro para el uso del hogar como lugar de trabajo.
9. Regular la libre competencia:
9.1. Fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica.
9.2. Compras Mayoristas: Establecer una diferencia máxima del 15% en los precios por economías de escala entre compradores de distintos tamaños, en bienes y servicios de consumo esencial.
10. Cierre de Empresas: Generar un procedimiento simplificado de término de giro cuando las empresas presenten seis o más meses sin movimiento, sujeto a la condición de estar al día en obligaciones tributarias y previsionales.
11. Compras Públicas:
11.1. Ajustar la normativa a fin de volverla accesible a las Mipes. Determinar que hasta el 20% de las compras municipales podrá ser arbitrado por los municipios a favor de los proveedores minoritarios.
11.2. Establecer que el 20% de los contratos marco sean adquiridos a las Mipymes.
11.3. No condicionar la compra a empresas que no tengan deudas en el boletín comercial, ya que estas empresas no están solicitando créditos sino trabajo.
11.4. Eliminar el requisito de no registrar deudas en el boletín comercial para ser contratista de algún ministerio.
12. Fortalecer la Previsión:
12.1. Extender los beneficios para los trabajadores independientes, contenida en la Reforma Previsional, a las micro y pequeñas empresas.
12.2. Incorporar a los socios de las Mipes a los beneficios de la ley sobre Accidentes del Trabajo.
13. Aplicar tasas graduales de disminución del impuesto de timbres y estampillas a las empresas de menor tamaño, eliminando íntegramente a aquellos con ventas anuales no superiores a diez mil unidades de fomento.
Igualmente, generar tarifas diferenciadas para costos del Conservador de Bienes Raíces, Notarios, Diario Oficial, para formalización de las Mipes.
14. Modificar las condiciones de los créditos a largo plazo (doscientos millones de dólares del plan Chile Invierte) para las Pymes.
a) Aplicar a empresas elegibles con ventas anuales no superiores a veinte mil unidades de fomento.
b) Bajar el techo máximo de doscientos millones a cincuenta millones por cada crédito.
c) Incrementar el plazo a cinco años.
d) Exigir requisitos de flujos y calidad del proyecto, modificando los criterios tradicionales de los bancos para elegirlos.
15. Establecer un sistema nuevo de reprogramación para los créditos obtenidos con garantías Corfo y Fogape, que tuvieron su origen en la llamada crisis asiática.
16. Instalar una Mesa de Trabajo compuesta por representantes de los gremios representativos de las Mipymes, de los legisladores y del gobierno, para trabajar en el Estatuto para la Micro y Pequeña Empresa, que establezca una carga regulativa y una normativa adecuada a su realidad, al objeto de desarrollar sus potencialidades y su competitividad como motor estratégico de la economía y del desarrollo social. Este trabajo deberá convertirse en Mensaje y ser presentado al Congreso Nacional a más tardar en diciembre 2007.
17. Eliminar, en lo posible, todo tipo de trámites burocráticos para su constitución, durante el primer año de entrada en operaciones de la empresa.
18. Hacer presente el trámite de urgencia al proyecto que crea los Tribunales Tributarios.
19. Hacer presente el trámite de urgencia al proyecto que establece normas que protegen a los proveedores frente a posición dominante del “retail” (boletín N.° 5034-03).
20. Rediseñar los programas del Estado para apoyo de las Mipymes, los cuales se encuentran repartidos en ocho ministerios, treinta instituciones y ciento cincuenta instrumentos, a fin de concentrarlos y evitar su dispersión, que impide el conocimiento por parte de sus destinatarios.
21. Refocalizar la franquicia Sence hacia las mipymes, ya que, al día de hoy, el 80% de los recursos lo emplea sólo el 20% de los trabajadores que labora en las grandes empresas.
22. Realizar programas de capacitación con correlato en el mercado, puesto que actualmente se capacita según la oferta de las empresas capacitadoras y no conforme a las necesidades reales de las empresas capacitadas y las oportunidades del mercado”.
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobarlo por unanimidad?
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 10 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Dittborn Cordua Julio; Hernández Hernández Javier; Lobos Krause Juan; Paya Mira Darío; Turres Figueroa Marisol.
Proyecto de acuerdo N° 343, suscrito por los señores Bobadilla, Kast, Hernández, Isasi, doña Marta; Masferrer, García, Moreira, Palma, Vargas y Salaberry, que en su parte resolutiva dice:
1. Representar al Gobierno de la Presidenta Bachelet nuestro más absoluto compromiso con cualquier iniciativa legal que vaya en un apoyo real y útil a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
2. Establecer los siguientes mecanismos de apoyo a las pymes:
a. Eliminar burocracias: incorporar a la legislación el concepto de “cero trámites” durante los primeros nueve meses de operación para aquellas empresas sin historia.
b. Posibilidad de reprogramar créditos a mayores plazos y menores tasas.
c. Reducir los canales de fomento e instaurar metodologías de evaluación de gestión.
d. Capacitación a desempleados.
e. Eliminar la tasa máxima convencional para personas jurídicas.
f. Eliminar el impuesto a las utilidades reinvertidas.
g. Creación de un sistema complementario con garantía estatal parcial.
h. Eliminación del Impuesto de Timbres y Estampillas.
3. Que, declaramos nuevamente que la Alianza por Chile está y estará siempre con este sector de la economía nacional y reclamamos un apoyo urgente a las pymes por parte del Gobierno ya que sin duda son uno de los principales motores de nuestra economía”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 2 abstenciones.
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
Espinosa Monardes Marcos; Quintana Leal Jaime.
Proyecto de acuerdo N° 345, suscrito por los señores Súnico, Ortiz, Rossi, González, Tuma; por las señoras Allende, doña Isabel y Pascal, doña Denise; por los señores Silber, Latorre, Aguiló; la señora Pacheco, doña Clemira, y los señores Quintana, Insunza, Ojeda, Leal, Jaramillo, Aedo y Burgos, que en su parte resolutiva dice:
Poner en conocimiento del ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción lo siguiente:
1. La situación de las Pymes demanda medidas urgentes.
2. Las medidas requeridas nada tienen que ver con “asistencialismos”. Éstas deben corregir el trato desigual que las Pymes sufren por parte de las grandes empresas. Deben apoyarlas, también, en el acceso al crédito, a la capacitación y a la asistencia técnica.
3. Las medidas que, hasta el momento, el Gobierno ha impulsado deben tener un nuevo impulso. Por ello, cabe manifestar el firme compromiso con un plan pro pymes, que incluya especialmente las siguientes:
Normativas, entre las cuales se incluya el Estatuto Pymes, un nuevo impulso al proyecto de ley sobre Tribunales Tributarios y la reforma al sistema de Notarios y Conservadores.
Sobre endeudamiento, que incluyan nuevas facilidades para la reprogramación de la deuda tributaria morosa, con un plazo de reprogramación de hasta treinta y seis meses, con condonación de multas e intereses y aumento de límite de deuda susceptible de reprogramar, así como alternativas de financiamiento del endeudamiento previsional moroso.
Para mejorar el financiamiento de las Pymes, que incluyan aun un mayor protagonismo de la Corfo y del BancoEstado en el crédito a favor de ellas, así como un impulso al uso de los fondos garantizados por el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) y del Fondo de Garantías Para Inversiones (Fogain),
De innovación, emprendimiento y capacitación, que busquen promover el fortalecimiento de las capacidades de gestión en fomento productivo, el acceso a la capacitación, así como la difusión y la transferencia de innovaciones.
De mejoramiento del acceso a mercados y de poder de negociación de las Pymes, que promuevan el desarrollo de proveedores, potencien a las autoridades encargadas de la detección e investigación de abusos de posición dominante entre los grandes poderes compradores y sus proveedores. En especial, la proposición de normas que sancionen la imposición de condiciones de contratación, que extiendan arbitrariamente los plazos de pago o prohíban el “factoring””.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 8 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Dittborn Cordua Julio; Estay Peñaloza Enrique; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
Proyecto de acuerdo N° 346, suscrito por los señores Quintana, González, Meza, Rossi, Urrutia, Mulet, Bobadilla, Díaz, don Eduardo; Súnico y Verdugo, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento que agilice la tramitación del proyecto de reforma del Reglamento, que otorga carácter permanente a la actual Comisión Especial sobre Pequeñas y Medianas Empresas”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Becker Alvear Germán; Palma Flores Osvaldo.
-Se abstuvo el diputado señor Arenas Hödar Gonzalo.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/
-Se levantó la sesión a las 21.08 horas.
1.	Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (boletín Nº 3936-06).
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2.	Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares. (boletín Nº 4975-14).
3.	Oficio del Senado.
“Valparaíso, 9 de mayo de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
“Artículo 1º.- Los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287, sus modificaciones y reglamentos, y los deudores del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley Nº 20.027 y su reglamento, que a contar de la fecha de vigencia de la presente ley se incorporen a prestar servicios remunerados en las municipalidades, corporaciones y fundaciones municipales, o asociaciones municipales, correspondientes a comunas con menores niveles de desarrollo del país, definidas como tales conforme a lo que disponga el reglamento, excluyéndose las comunas de la Región Metropolitana y las capitales regionales, podrán acceder a los beneficios que se establecen en el artículo 2º, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.
Podrán acceder, además, a los beneficios de esta ley, en las mismas condiciones, los médicos cirujanos y cirujanos dentistas, deudores de los créditos señalados en el inciso precedente, que hayan obtenido una especialidad y que se desempeñen en dichas comunas en establecimientos dependientes de los Servicios de Salud.
Asimismo, podrán acceder a los beneficios establecidos en el artículo 2°, aquellos deudores que, cumpliendo los requisitos que señala esta ley, se incorporen a prestar servicios remunerados en corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que presten funciones de apoyo a los municipios de las comunas referidas en el inciso primero, en los ámbitos social o productivo, conforme a lo que disponga el reglamento.
Artículo 2º.- Los deudores del crédito solidario universitario y los deudores del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley Nº 20.027, que presten servicios remunerados conforme los requisitos que señala la presente ley y su reglamento, podrán acceder a los beneficios que se indican a continuación:
a)	Por cada año de servicio prestado, con un máximo de tres años, podrán acceder a un beneficio de un monto equivalente al valor de la cuota anual del crédito que le correspondería pagar durante dicho año, o a un monto equivalente a la cantidad pagada de su crédito en el año calendario anterior, según corresponda. Con todo, el beneficio a que se refiere esta letra, tendrá un tope anual de dieciséis unidades tributarias mensuales del mes de diciembre de cada año.
b)	Por el tercer año de servicio prestado de manera ininterrumpida, podrán acceder a un beneficio adicional por un monto equivalente a tres veces el valor de la cuota anual del crédito que le correspondería pagar durante dicho año o a tres veces la cantidad pagada de su crédito durante el año calendario anterior, según corresponda. Con todo, el beneficio a que se refiere esta letra, tendrá un tope de cuarenta y ocho unidades tributarias mensuales del mes de diciembre del mismo año.
Para los efectos señalados en este artículo, las cantidades pagadas del crédito comprenderán las cantidades correspondientes al servicio de deuda pactado, excluido cualquier pago extraordinario.
Artículo 3º.- Para acceder a los beneficios a que se refiere el artículo 2º, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.	Haber obtenido un título de una carrera, programa o especialidad impartido por una institución de educación superior, autónoma y reconocida oficialmente por el Estado.
2.	Ser deudor del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287, sus modificaciones y reglamentos, o del crédito para estudios de educación superior a que se refiere la ley Nº 20.027 y su reglamento.
3.	Encontrarse al día en el pago de las obligaciones derivadas de los créditos a que se refiere el numeral anterior al momento de postular al beneficio y durante todo el período en que se presten los servicios, conforme a lo dispuesto en esta ley.
4.	Efectuar la prestación de servicios remunerados en alguna de las municipalidades, corporaciones y fundaciones municipales, asociaciones municipales o establecimientos dependientes de los Servicios de Salud, según el caso, o en corporaciones, fundaciones u organizaciones no gubernamentales que presten funciones de apoyo a los municipios en los ámbitos social o productivo, en comunas con menores niveles de desarrollo del país, excluyéndose las comunas de la Región Metropolitana y las capitales regionales, las que serán determinadas conforme a lo que disponga el reglamento, el que, en todo caso, deberá dar preferencia a aquellas comunas que tengan una población de menos de treinta mil habitantes. En el caso de profesionales que ejerzan labores en dos o más municipalidades o en una asociación de éstas, se entenderá cumplido este requisito si a lo menos 22 horas semanales de trabajo se desarrollan en un municipio que reúna las condiciones señaladas.
Corresponderá al Ministerio del Interior, a través de las Intendencias Regionales respectivas, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, conforme lo que disponga el reglamento.
Artículo 4º.- El Servicio de Tesorerías efectuará el pago de los beneficios que establece la presente ley, una vez que se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos para acceder a ellos. El reglamento fijará las normas necesarias con arreglo a las cuales deberá aplicarse lo dispuesto en este artículo.
Artículo 5°.- La Ley de Presupuestos respectiva determinará el número máximo de beneficiarios por año. De acuerdo a lo que establezca el reglamento, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, se determinará anualmente el número de beneficiarios por Región, el que, en todo caso, deberá ser proporcional al número de comunas elegibles.
Con todo, el número de beneficiarios por Región no podrá ser superior al 15% del número total de beneficiarios por año.
Articulo 6º.- Un reglamento expedido mediante decreto supremo del Ministerio del Interior, el que deberá además llevar la firma de los Ministros de Educación y de Hacienda, establecerá la forma, condiciones y procedimientos de acreditación de los requisitos a que se refiere el artículo 3°, así como los demás mecanismos, procedimientos y normas necesarias para los efectos de acceder, otorgar y hacer efectivos los beneficios a que se refiere esta ley.
El citado reglamento deberá dictarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.
Artículo 7º.- El mayor gasto que importe la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los recursos que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos.
Artículo 8º.- Lo dispuesto en la presente ley se aplicará a contar del 1° de enero de 2007, y tendrá una vigencia de cinco años a contar de esta fecha.”.
4.	Oficio del Senado.
“Valparaíso, 8 de mayo de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Helmut Erich Walter Thiel Frenz.”.
5.	Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que permite el uso del nombre abreviado de las regiones, sin derogar sus denominaciones legales. (boletín Nº 4938-06)
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, y que tiene su origen en una moción patrocinada por la señora Goic (doña Carolina ) y por los señores Bauer , De Urresti , Duarte , Escobar , Farías, Ojeda , Rojas , Valenzuela y Ward.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de esta iniciativa, lo siguiente:
1)	Que la idea matriz del proyecto en informe es permitir un uso flexible de los nombres de las regiones.
2)	Que el artículo único de que consta la iniciativa legal es de quórum orgánico constitucional, de acuerdo al artículo 110 inciso segundo de la Carta Fundamental.
3)	Que el proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4)	Que la iniciativa que se propone fue aprobada, en general, por 9 votos a favor y dos abstenciones. Concurrieron con su voto afirmativo la señora Pascal , doña Denise , y los señores Bauer , Becker , De Urresti , Duarte , Farías, Ojeda , Valenzuela y Ward. Se abstuvieron los señores Egaña y Estay.
5)	Que se designó Diputado informante al señor Valenzuela, don Esteban.
A)	De hecho. La Moción.
Al decir de los autores de la moción, habiendo transcurridos treinta y dos años desde que se creó la actual división político-administrativa en regiones, provincias y comunas, aún se halla extendida la práctica de referirse a las primeras por su número, y no por el nombre propio que poseen. Ello, a su juicio, menoscaba la identidad regional y, además, constituye un factor que juega en contra de la promoción turística-cultural del país. Por otra parte, está comprobado que los escolares desconocen muchas veces el nombre de cada una de las regiones y, por ende, no distinguen los elementos geográficos, históricos o étnicos que nutren la historia de cada una de ellas. Tal vez la única excepción a esta tendencia lo constituye la Región Metropolitana, que sí es ampliamente reconocida por su nombre.
Sin perjuicio de las consideraciones arriba anotadas, los autores de la moción destacan que, con la creación de las nuevas regiones de Arica-Parinacota y de Los Ríos, que tienen asignados los números XV y XIV, respectivamente, se produce una evidente discontinuidad en la numeración correlativa de las regiones en sentido norte-sur. De esta manera, ha quedado desvirtuado, en la práctica, el procedimiento (originalmente lógico) de ligar números con espacios territoriales concatenados en sentido longitudinal.
Por otro lado, reconocen que el escaso uso que se da a los nombres de las regiones obedece a que, en algunos casos, se trata de denominaciones extensas, que pueden prestarse a confusiones. De ahí que se autorice el uso simplificado del nombre de éstas, sin alterar, naturalmente, la denominación completa que señala la ley para cada caso.
B)	De Derecho.
El artículo 110 de la Carta Fundamental expresa, en su inciso segundo, que la creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas es materia de ley orgánica constitucional.
Por otra parte, el decreto ley N° 575, de 1974, estableció en su artículo 1° la división del país en las regiones que indica, para efectos del gobierno y la administración del Estado. A su vez, el decreto ley N° 2339, de 1978, confirió -también en el artículo 1°- una denominación a las distintas regiones, la que consiste, además de un número romano (que ya estaba consagrado en el texto legal antes aludido) un nombre propio.
III. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL.
El proyecto en informe apunta a simplificar la denominación de las regiones, lo que se traduce en permitir el uso del nombre abreviado de éstas, que corresponde al comúnmente utilizado.
IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
Por nueve votos a favor y dos abstenciones la Comisión aprobó la idea de legislar sobre el tópico, compartiendo los fundamentos de la moción enunciada. Concurrieron a dicho acuerdo los señores diputados que se individualizan en la suma.
La Comisión dio el siguiente tratamiento al articulado de la iniciativa legal en informe.
Éste, en síntesis, prohíbe, a contar de la fecha que especifica, referirse por su número a las regiones, a través de los medios de comunicación.
Este artículo estipula que las regiones del país podrán nombrarse por su denominación oficial completa, o utilizando las palabras que señala para cada una de aquéllas.
En virtud de una indicación sustitutiva del texto original, suscrita por los mismos señores diputados (as) que dieron su aprobación en general al proyecto, se refundieron los dos artículos en uno solo.
La norma de reemplazo, que estipula que, a contar del 1° de enero de 2008, las regiones podrán designarse oficialmente (sea en comunicados, publicaciones, etc.) por su nombre legal íntegro, o bien por uno de uso común abreviado que se propone para cada caso, fue aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones.
Según se explicó, la reformulación de la iniciativa legal en los términos señalados se ajusta mejor a lo que debe ser un proceso de gradual identidad de los ciudadanos con la región donde habitan, particularmente en lo que se refiere a la denominación de la misma, que debería tender a ser el nombre propio y no el número que tiene asignado. Se argumentó, también, que es un hecho evidente que algunas regiones -particularmente las de O’Higgins y de Aisén- tienen nombres muy extensos, lo que determina que la población opte por referirse a ellas por su número. En consideración a lo anterior, el texto propositivo ofrece la alternativa de utilizar, con la misma validez oficial, una denominación abreviada para cada región, lo que redundará además en una mejor difusión turística y cultural, al permitir que sean asociadas a una o dos palabras de fácil recuerdo. A este respecto, se acotó que varias campañas de divulgación de las regiones como destino turístico han visto coartadas sus posibilidades de éxito por la falta de flexibilidad del ordenamiento jurídico sobre la materia.
VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
No hay indicaciones que se encuentren en la hipótesis de marras.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer el Diputado Informante , la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda a la Sala la aprobación del siguiente
“Artículo único.- A contar del 1° de enero de 2008, las regiones del país podrán denominarse a través de los medios de comunicación, publicaciones e informes oficiales, por su nombre legal completo, o por aquél que corresponda a su uso común abreviado, entendiendo por éste el que se señala a continuación, ordenadas las regiones de norte a sur: de Arica, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aisén y de Magallanes.”.
Sala de la Comisión, a 11 de abril de 2007.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión celebrada el 10 del mes en curso, con la asistencia de los señores Duarte, don Gonzalo ( Presidente ); Bauer, don Eugenio ; Becker, don Germán ; De Urresti, don Alfonso ; Egaña, don Andrés ; Estay, don Enrique ; Farías, don Ramón ; señora Isasi , doña Marta; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Tohá, doña Carolina ; Valenzuela, don Esteban ; y Ward, don Felipe.
?Santiago, 26 de abril de 2007
Oficio Nº 1009
Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la causa Rol Nº 773-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley Nº 17.235 y los artículos Nº 3º, 4º, 5º, 7º, 10, 12 y 16 de la ley Nº 17.235; artículo 2º de la ley Nº 20.033 y artículo 2º de la ley Nº 17.235, modificado por la ley Nº 20.033, que dicen relación con el reclamo de avalúo deducido ante el Tribunal Tributario de Santiago Oriente , Rol Nº 11.181-2007.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
Oficio Nº 1013
Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la causa Rol Nº 774-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diferentes preceptos legales, su declaración de admisibilidad y la resolución que ordena dar traslado para los fines que indica, que inciden en la causa antecedentes de Pleno Rol 1920-2006-AD.

References: artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 74
 resolución 
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 3

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 resolución