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Timestamp: 2017-12-13 09:06:03+00:00

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Sentencia T.S.J. Aragón 424/2007, de 2 de mayo. Despido. Prescripción de la falta. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Aragón 424/2007, de 2 de mayo
Despido. Prescripción de la falta. Desestimación. Inicio del expediente sancionador cuando la empresa tiene conocimiento exacto y cabal de la falta. Despido procedente. Incumplimiento reiterado e injustificado del horario.
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Adolfo, contra DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, MINISTERIO DEL INTERIOR, ORGANISMO AUTONOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL EMPLEO, sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Zaragoza, de fecha 30 de enero de 2007, siendo el fallo del tenor literal siguiente:
"Que desestimando la demanda la promovida por Adolfo contra DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, MINISTERIO DEL INTERIOR, ORGANISMO AUTONOMO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL EMPLEO, incluida la excepción de prescripción debo declarar y declaro la procedencia del despido operado por la demandada en 31-10-2006 y debo confirmar y confirmo la extinción de la relación laboral operada por el despido sin indemnización ni salarios de tramitación".
"Primero. El actor, Don Adolfo, cuyas circunstancias personales constan en autos, ha estado al servicio del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, Centro Penitenciario de Daroca, desde el 1-7-1992 hasta el 30-7-1995 con contrato de trabajo de Fomento de Empleo; desde el 11-10-1995 hasta el 31-1-2005 con contrato de trabajo temporal y desde el 1-2-2005 hasta el 19 de abril de 2006 como personal fijo. El actor en esta última fecha fue objeto de suspensión provisional de empleo en relación a expediente disciplinario NUM000 incoado en 29-3-2006, permaneciendo en dicha situación hasta el 31-10-2006 fecha en que fue despedido en virtud de resolución recaída en expediente disciplinario número NUM001. La categoría profesional es la de técnico de actividades técnicas de mantenimiento y oficios y el salario acreditado por el actor es el de 1.785,52 euros mensuales, con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias.
Segundo. El demandante ha venido estando sujeto por razón del desempeño de las funciones de su categoría profesional a jornada partida ascendiendo el total semanal a 35 horas, al descontarse dos horas y media de la establecida con carácter genérico (37,5 horas) y ello por razón del tiempo empleado en desplazamientos. El actor acredita complemento de jornada partida según resolución de 23-11-1995 (171 expediente advo.) con aceptación de horario detallado que consta suscrito por el actor en 11-10-1995 (f.172 del expediente). El horario de talleres se inicia a las 8,15 horas por la mañana (hasta las 12,30) y a las 15,15 horas por la tarde (hasta las 19,15 horas). Se da por reproducida la circular de fecha 27-4-1993 del Director General de Administración Penitenciaria dirigida a todos los centros penitenciarios (folio 174 de autos).
Tercero. En fecha 24-1-2006 por la Directora General de Instituciones Penitenciaras se ordenó al centro penitenciario de Daroca la apertura de información reservada relativa a información facilitada por Trabajo Penitenciario y Formación sobre posibles irregularidades en la gestión de talleres del centro penitenciario de Daroca.
Cuarto. En 20-2-2006, por el coordinador de producción del Centro penitenciario de Daroca, Sr. Germán, se presentó ante la Dirección General de Instituciones Penitenciaras Centro Penitenciario de Daroca, informe sobre "reiterados incumplimientos laborales del actor" y problemas surgidos como consecuencia de reiteradas denuncias de los internos del centro ocupados en talleres relativas a falta de remuneración de parte de sus producciones, dirigidas todas ellas hacia la persona del actor y por extensión hacia la persona de un interno del centro Ernesto que ocupaba un puesto de encargado de talleres. En el informe se detallaron las medidas adoptadas tendentes a garantizar una mayor transparencia en la determinación de la retribución de los internos con detalle y resumen de las adoptadas así como la reacción del actor a las referidas que igualmente detallo y entre las que señaló "incumplimiento sistemático de la jornada de trabajo. Desde la llegada a este Centro de quien suscribe, se observa que D. Adolfo no cumple la jornada de trabajo establecida, por lo que se decide hacer un seguimiento personal que arroja como resultado un manifiesto incumplimiento de la jornada laboral con evasión de los sistemas de control horario establecidos al efecto. Se adjunta de forma detallada el horario cumplido por D Adolfo durante los últimos meses. En definitiva, teniendo en cuanta todo lo anteriormente expuesto, desde esta coordinación se hace constar que D. Adolfo, incumple reiteradamente la jornada laboral establecida así como las funciones propias de su puesto de trabajo, despreocupándose de la buena marcha del proceso productivo generando deliberadamente situaciones de conflicto entre los internos trabajadores y los funcionarios del departamento de talleres siendo su presencia en los talleres de este centro contraproducente en todos los sentidos y susceptible de provocar un daño irreparable en la institución". Se da por reproducido en su integridad el informe remitido. El seguimiento y control de las actividades del actor informadas por parte del coordinador, se principió en noviembre de 2005.
Quinto. La información reservada ordenada instruir se incoó bajo número 8/2006 por Decreto del instructor de 22-2-2006 acordando la práctica de diversas diligencias y entre ellas las declaraciones de los funcionarios y personas que procedieran que se dieron en fechas 22 y 23 de febrero de 2006 con resultado que consta en autos.
Sexto. Desde enero de 2006 el coordinador de producción, continuando con el seguimiento efectuado al trabajador y para comprobar con exactitud la duración de su presencia en los talleres, encomendó a los funcionarios el control de sus entradas y salidas de los talleres y que le avisaran de su presencia o ausencia en cada ocasión. Tras dación de cuenta de los funcionarios, personalmente en cada ocasión, salvo períodos de permisos, el citado coordinador comprobó cada dato ofrecido que se traslado a los cuadros horarios que constan en el expediente administrativo.
Séptimo. Ante el cariz que tomaba la situación, y en evitación de mayores problemas y riesgos, incluso personales del actor, se decidió por la Dirección de Centro desde mediados de enero y hasta tanto se resolviera la investigación, fijar un horario de trabajo al demandante de forma que su presencia en los talleres estuviera en toda ocasión acompañada de un funcionario. A tal fin y para facilitar el cumplimiento de tal condición se le fijó como horario general el de 7,30 a 15 horas supeditado al cumplimiento de la jornada semanal, disponiendo el coordinador una rueda de funcionarios para que en toda ocasión estuviera presente un funcionario al tiempo que el actor.
Octavo. La decisión sobre la fijación del nuevo horario ya referido fue adoptada por la dirección y comunicada verbalmente al actor quien tuvo cabal conocimiento y a quien en reiteradas ocasiones se le había advertido en relación a sus obligaciones en materia de cumplimiento de horario y jornada de trabajo. La fijación del horario señalado se llevó al libro de servicios en el que el actor está relacionado con el número 82.
Noveno. A la vista del seguimiento, declaraciones y documentación aportada, por resolución de 28-3-2006 por el instructor designado se acordó tras exposición el resultado de la investigación efectuada, proponer la incoación de sendos expedientes de corrección disciplinaria contra el actor en su calidad de contratado laboral por: "1. Posible conducta delictiva derivada de su actuación profesional en la gestión de la producción de talleres del centro penitenciario de Daroca con traslado de las actuaciones a la Fiscalía correspondiente. Y, 2. E1 reiterado incumplimiento de la jornada laboral durante los meses de enero, febrero y marzo de año en curso. Igualmente, se propone valorar la procedencia de acordar la suspensión provisional de funciones del referido trabajador, a fin de garantizar la eficacia de los expediente".
Décimo. La Dirección General de Instituciones Penitenciaras acordó mediante resolución de 19-4-2006 incoar al actor sendos expedientes disciplinarios, correspondiendo al vinculado a la imputación de incumplimiento generalizado y reiterado de horario del trabajador asignado durante el primer trimestre del año 2006, el numero 2006/09 así como proceder al nombramiento de instructor y secretario. Se da por reproducida la resolución dictada.
Undécimo. En el expediente numero 9/2006 se practicaron las diligencias que constan documentadas en autos y se dan por reproducidas.
Duodécimo. El control general de cumplimiento de horario y jornada en el centro se efectúa mediante libro de servicios que es firmado por el personal y mediante hoja de marcaje horario. E1 actor (relacionado con el número 82) no ha firmado en el libro de servicio durante del período comprendido desde el día 17 de enero (tras vacaciones) al 30-3-2006. En relación al expresado demandante y durante idéntico período, meses de enero (desde el día 17) febrero y marzo (hasta el día 30), las hojas de marcaje horario son las obrantes a los folios 50, 51 y 52 de autos (ó 89, 90 y 91 de expediente administrativo). En los mencionados marcajes no se han recogido todas las salidas y entradas del actor del establecimiento.
Decimotercero. La efectiva prestación de servicios por parte del actor en igual período es coincidente con el contenido en el cuadro horario detallado por semanas a los folios 18 a 24 del expediente administrativo que se dan por reproducidos. Los servicios asignados al actor en igual período son los que constan en autos, folios 67, 92 104 y 120 del expediente.
Decimocuarto. E1 actor en el período objeto de imputación, no ha seguido horario de trabajo concreto alguno ni ha cumplido jornada semanal mínima de 35 horas semanales en ninguna ocasión. El actor en el período ya referido no ha estado en ninguna ocasión presente en su puesto de trabajo al inicio de la jornada del taller en horario de tarde (15,15 horas). El actor ha librado todos los viernes de igual período.
Decimoquinto. E1 demandante procedió a cursar denuncia penal en 29-5-2006 contra funcionarios de la cárcel de Daroca en concreto contra el coordinador de producción del centro Sr. Germán y otros funcionarios que habían sido interrogados en los expedientes disciplinarios incoados al demandante, así Sr. Luis, administrador del centro y Sr. Fidel, por presunto delito de amenazas coacciones e injurias. Se da por reproducido el texto de la denuncia cursada (f. 169 de autos). Seguido juicio de faltas, por sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción de Daroca de fecha 20-10-2006 se absolvió a los expresados. Se da por reproducida la sentencia dictada obrante en autos.
Decimosexto. Deducido pliego de cargos en expediente disciplinario 9/2006 y evacuado el mismo en los términos que son de ver en autos se dictó resolución de 19-9-2006 por la que se declaró al actor como autor de una falta muy grave relativa a incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al mes o durante mas de veinte al trimestre tipificada como falta muy grave por el Convenio Colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado con imposición de la sanción de despido con efectos de 31-10-2006.
Decimoséptimo. Deducida reclamación previa fue desestimada por lo que se formuló demanda".
Primero.-Por el cauce procesal previsto en el apdo. b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, T.R. de 7 de abril de 1995, pretende el recurso la modificación de los Hechos Probados Segundo y Séptimo de la Sentencia, con apoyo probatorio en las declaraciones obrantes en los documentos de autos que señala.
Los documentos en los que la parte recurrente funda esta pretensión revisora impiden la estimación de la misma, pues no son aptos para evidenciar el error de hecho en el recurso extraordinario de suplicación, ya que pertenecen a la categoría de lo que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha denominado prueba testifical documentada (sentencias de 21-7-86, 2-10-89, 24-2-1992, 17-6-1996 y 3-2-2006), al no tratarse de auténtica prueba documental sino de declaraciones cuya vía de acceso propia al pleito es la prueba testifical, ineficaz a efectos de revisión fáctica en suplicación.
Segundo.-Por igual vía procesal se interesa la revisión del Hecho Octavo, proponiendo texto en su lugar, sin señalar la prueba pericial o documental concreta que acredite el error notorio en la apreciación probatoria del juzgador que avale la revisión pretendida.
La jurisprudencia (STS de 4 de octubre de 1995, 21 de diciembre de 1998, 24 de mayo y 12 de junio de 2000, y 12 de mayo de 2003) tiene declarado, en relación tanto con la suplicación como con la casación, que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.
En consecuencia, no prospera la revisión del Hecho Octavo, pues ni se concreta la prueba documental que evidencie el error fáctico de la sentencia ni el texto propuesto se limita a referir Hechos sino consideraciones jurídicas, como es el cumplimiento de obligaciones.
Por idéntica razón se rechaza la revisión de los Hechos Duodécimo y Décimotercero, ya que los textos propuestos para sustituir a los de la sentencia no contienen afirmaciones meramente fácticas sino valoraciones y conclusiones, resultado de argumentaciones del recurrente y no hechos claramente evidenciados por los documentos que se citan en el Motivo.
Finalmente, la revisión del Hecho Decimocuarto se apoya en unos documentos que carecen de fuerza probatoria suficiente para demostrar, por sí solos, error en la apreciación que la juzgadora plasma en el mencionado Hecho, pues su contenido ha sido valorado en la sentencia, en su Fundamento Jurídico Cuarto, en relación con las restantes pruebas practicadas en el juicio sobre el cumplimiento del horario de trabajo por el demandante, sin que la conclusión de la juzgadora pueda ser sustituida por la que la parte extrae del conjunto de la misma prueba.
El Tribunal Constitucional, en Sentencia 81/88 de 28 de abril, señala que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta". Es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras, STS 17 de diciembre de 1990) la de que es al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio éste que el de los medios de prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el art. 97.2 de la LPL.
Se desestiman, en consecuencia, los Motivos de revisión fáctica formulados en el recurso.
Tercero.-Al amparo del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, T.R. de 7 de abril de 1995, se motiva el recurso en la infracción del art. 83, pfo. 2.º del Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración del Estado, de 16-11-1998, sobre prescripción: "Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado que pueda instruirse en su caso. En cualquier caso, desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientad".
Cuarto.-La sanción de despido impugnada en la demanda que encabeza este litigio fue impuesta al demandante por Resolución de 19-9-2006, por incumplimiento injustificado del horario durante más de diez ocasiones al mes o más de veinte al trimestre, calificado como falta muy grave en el Convenio colectivo de aplicación, y referido al primer trimestre del año 2006.
El seguimiento concreto de la conducta del demandante en talleres se venía haciendo desde noviembre de 2005; en el curso y a resultas de este seguimiento, a mediados de enero del 2006, la Dirección fijó al actor un horario de 7'30 a 15 horas (hechos séptimo y octavo), pues el coordinador de producción del centro señaló, entre otras cosas, un incumplimiento sistemático de la jornada de trabajo por parte del ahora demandante.
El expediente núm. 9/2006, que terminó con la Resolución sancionadora de despido, fue formalmente incoado el 19-4-2006, en virtud de propuesta de 28-3-2006, efectuada tras una información reservada ordenada el 24-1-2006 sobre posibles irregularidades en la gestión de talleres del centro, incoada el 22-2-2006 con el núm. 8/2006.
Así pues, existe un seguimiento de la actividad laboral del actor desde noviembre de 2005, una información reservada sobre la gestión de los talleres desde febrero de 2006, y, a raíz de su resultado, se incoa expediente por incumplimiento de horario el 19 de abril en virtud de propuesta al efecto de 28 de marzo. No podía haberse iniciado antes, este expediente relativo al cumplimiento del horario, ya que su objeto era comprobar el que se había fijado al actor desde mediados de enero.
No hay por tanto, información preliminar acerca de una posible falta por incumplimiento del horario, sino que, tras investigar el conjunto de irregularidades detectadas en la gestión de los talleres, se fija y concreta al actor un horario en enero y dos meses después se incoa el expediente por causa de su incumplimiento. El procedimiento disciplinario seguido por la falta objeto de expediente ha sido tramitado pues desde el 28 de marzo, cuando la empresa tuvo cabal conocimiento de su comisión, puesto que previamente existió una investigación genérica de las irregularidades advertidas en Talleres, no referida directamente al horario sino de mayor amplitud.
Es conocido el criterio jurisprudencial (SsTS de 18-12-00, 27-11-01 y 25-7-2002) de que el plazo de prescripción de las faltas empieza a contar no desde la fecha en que el empresario tuvo un conocimiento parcial o indiciario de los hechos constitutivos de las faltas cometidas, sino desde aquélla en que adquirió "conocimiento cabal, pleno y exacto"de los mismos, conocimiento que corresponde a los órganos dotados de potestad inspectora y sancionadora." Este criterio, aunque en el Motivo la prescripción alegada se refiere al plazo previsto en el Convenio para la tramitación del expediente disciplinario, es aplicable análogamente en cuanto que, la que el recurrente denomina, información preliminar no existe como tal, referida a la falta objeto del expediente, sino que se practicaron averiguaciones sobre el modo en que se estaban gestionando los talleres del Centro, encaminadas a detectar posibles faltas, y es en el curso de esa investigación cuando se fija un horario preciso al demandante, se controla y, como resultado, se incoa directamente el expediente, sin información preliminar, siendo en definitiva el día que se ha de tener en cuenta como de inicio de las actuaciones disciplinarias respecto a la falta sancionada, el 28 de marzo de 2006, con lo que, tal como afirma la sentencia impugnada, desde esa fecha hasta el 19 de septiembre siguiente, en que se impone la sanción, no transcurrieron más de los seis meses establecidos en el Convenio.
Se desestima, en consecuencia, el Motivo.
Quinto.-Considera también el recurrente infringidos por la sentencia el art. 80.c.6 y 81.6.c del mismo Convenio Colectivo, por no haber quedado debidamente acreditada la falta atribuida al trabajador y ser improcedente, por lo tanto, la sanción de despido impuesta.
Según estos preceptos, es falta muy grave el incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al mes, o durante más de veinte al trimestre, y las faltas muy graves pueden sancionarse con despido.
Conforme al Hecho probado Decimocuarto de la sentencia impugnada, en frase que completa y resume lo que más ampliamente se expone en los Hechos 12.º y 13.º anteriores, y expresa la convicción probatoria que la juzgadora ha extraído del conjunto de la prueba practicada, especialmente el libro de servicio, las hojas de marcaje horario y la testifical practicada, el demandante, en el período de 17-1-2006 a 30-3-2006, "no ha seguido horario de trabajo concreto alguno ni ha cumplido la jornada semanal mínima de 35 horas en ninguna ocasión".
A ello se añade en el Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia, con claras afirmaciones fácticas, que "el demandante no ha cumplido con el horario de 7'30 a 15 horas", o que "semanalmente ha venido haciendo prácticamente una media cercana a la mitad, o incluso menos, de la jornada exigible", y que "la total anarquía (con ocultación de los marcajes de la realidad horaria atendida) ha sido la pauta de comportamiento del actor..".
Todo lo cual ha sido detalladamente razonado en la sentencia, con indicación precisa de las múltiples pruebas practicadas en el juicio que apoyan las expuestas afirmaciones, lo que no deja duda alguna acerca del efectivo y probado incumplimiento injustificado del horario de trabajo por el demandante, no sólo durante más de diez ocasiones al mes, o durante más de veinte al trimestre, cual exige el Convenio para legitimar la sanción de despido, sino de forma habitual y continuada, lo que constituye el incumplimiento grave y culpable que requiere el art. 54 del ET para justificar el despido.
Por lo que la Sentencia no infringe las normas denunciadas, sino que las aplica correctamente, y se desestiman, en consecuencia, los Motivos del recurso relativos al fondo del asunto.
Desestimamos el Recurso de Suplicación núm. 295 de 2007, ya identificado antes, y, en consecuencia, confirmamos la Sentencia recurrida.

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