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Timestamp: 2019-08-18 09:31:02+00:00

Document:
Registro Oficial. 25 de FEBRERO del 2003
\n MES DE FEBRERO DEL 2003 \n
Martes, 25 de febrero del 2003 - R. O. No. 29
\n FUNCION\n LEGISLATIVA
24-021 Proyecto de Ley Interpretativa\n de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones
100 Nómbrase a la señora Ivonne\n Juez de Baki, representante permanente del Presidente de la República,\n ante el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)
118 Derógase el Decreto\n Nº 63 de 27 de enero de 2003, y nómbrase a la señora\n Isabel Noboa Pontón, delegada permanente del Presidente\n de la República ante el Consejo Nacional de Competitividad
CONSEJO\n NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS:
2003-01	Expídese el Instructivo\n sobre administración y uso de internet
- Lista de personas naturales\n y jurídicas que han incumplido contratos con el Estado, que han sido\n declaradas como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar\n en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos
DEFENSORIA\n DEL PUEBLO:
002-D-DP-2003 Expídese el Reglamento\n de trámite de quejas, recursos constitucionales y demandas\n de inconstitucionalidad de competencia
SECRETARIA\n TECNICA DEL FRENTE SOCIAL:
16-STFS-02 Encárgase al Sistema\n Integrado de indi-cadores Sociales del Ecuador (SIISE) y al Sistema\n de Identificación y Selección de Beneficiarios\n (SELBEN) el diseño metodológico, aplicación,\n procesamiento, sistematización y demás procesos\n técnicos necesarios para la ejecución de la Encuesta\n Nacional de Desarrollo Social
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL
\n Y MERCANTIL:
262-2002	Hólger René Cordero Orellana\n y otra en contra de Elsa Luzmila Ledesma Rodríguez y otra
264-2002\n Carlos Alberto\n Pauta Corres y otra en contra del licenciado Leonardo Imalcela\n Imalcela y otro
265-2002	Ingeniero Mauro Patricio Montesdeoca\n Neumane en contra del Centro de Rehabilitación de Manabí\n (CRM)
266-2002\n Carmen Jacqueline\n Almeida Rodríguez en contra de Jorge Washington Almeida\n Toscano
267-2002\n Jacqueline Aráuz\n Barrezueta de Palacios en contra de Rodrigo Francisco Burgos\n Pazmiño y otro
\n PRIMERA SALA
617-2002-RA\n Confirmase la\n resolución subida en grado y deniégase la acción\n de amparo propuesta por el doctor Armando Franklin Saltos Muñoz
734-2002-RA Revócase la resolución\n venida en gra-do e inadmítese la acción de amparo\n constitucional propuesta por el señor Daniel Rivadeneira\n Avila
750-2002-RA Revócase la resolución\n venida en gra-do y niégase la acción de amparo\n propuesta por el doctor César Arturo Terán Lavayen
762-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Bélgica Zulema Lópe
774-2002-RA Revócase la resolución\n venida en gra-do y admítese la acción de amparo\n formulada por Segundo Daniel Rodríguez Pinos
004-03-HC\n Revócase\n la resolución venida en gra-do y concédese el hábeas\n corpus solicitado por el señor Basilio Sasnalema Tene
019-2003-RA Revócase la resolución\n venida en gra-do y recházase la acción de amparo\n planteada por el señor Ingeniero Nelson Washington Armas\n Cabrera, por Improcedente
- Cantón Portoviejo: Que regula la determinación,\n administración y recaudación del Impuesto a los\n predios urbanos\n \n
NOMBRE:\n "LEY INTERPRETATIVA DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL\n DE TELECOMUNICACIO-NES".
CODIGO:\n 24-021.
AUSPICIO:\n H. JORGE MONTERO RODRIGUEZ.
INGRESO:\n 06-02-2003.
COMISION:\n DE LO CIVIL Y PENAL.
\n ENVIO A
\n COMISION:	11-02-2003.
A criterio del Procurador General del Estado, existe un vacío\n legal en la facultad de la Contraloría General para fiscalizar\n Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., ya que ni en la Ley Reformatoria\n a la Ley Especial de Telecomunicaciones, ni en los estatutos\n de creación de las dos empresas se ha establecido en forma\n expresa si su finalidad es social o pública o por el contrario\n si tiene fines de lucro.
Es indispensable que el Congreso Nacional armonice con los\n preceptos constitucionales, las disposiciones relativas al control\n y auditoria en el sector público y privado que maneje\n recursos públicos.
El artículo 130 de la Constitución Política\n de la República en su numeral 5, determina que el Congreso\n Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones:\n "Expedir, Reformar y derogar leyes e interpretarlas con\n carácter generalmente obligatorio".
En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra a) del artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior\n e Inversiones (COMEXI),
ARTICULO PRIMERO.- Nómbrase a la señora\n IVONNE JUEZ DE BAKI, representante permanente del Presidente\n de la República, ante el Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones (COMEXI).
ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de febrero de 2003.
En ejercicio de la facultad que le confiere el literal a)\n del artículo primero del Decreto Ejecutivo 1666, publicado\n en el Registro Oficial No. 370 de 17 de julio de 2001,
ARTICULO PRIMERO.- Derógase el Decreto No. 63 de 27\n de enero de 2003, en virtud del cual se nombraba como delegada\n permanente del Presidente de la República ante el Consejo\n Nacional de Competitividad a la señora Ivonne de Baki,\n Ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca\n y Competitividad.
ARTICULO SEGUNDO.- Nómbrase a la señora Isabel\n Noboa Pontón, delegada permanente del Presidente de la\n República ante el Consejo Nacional de Competitividad.\n
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de febrero de 2003.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.-) Patricio Acosta\n Jara, Secretario General de la Administración Pública.
Nº 2003-01
EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL\n DE RECURSOS HIDRICOS
Que, es necesario ingresar al campo moderno de la información\n y comunicación a nivel universal, a efecto de ampliar\n y fortalecer los conocimientos técnicos que permitan el\n desarrollo institucional;
Que, dentro de la Carta de Cooperación suscrita entre\n el Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH y el Proyecto\n Sistemas de Información y Censo Agropecuario - SICA, se\n permite el acceso a la conectividad de internet a la Secretaría\n General, Consejo Consultivo y sus agencias de aguas;
Que, es necesario se observen estrictamente las normas del\n Código de Etica de Administración y de uso de internet;
Que, el Art. 10, literal c) del Reglamento Orgánico\n Funcional del CNRH, dispone que el Secretario General podrá\n dictar normas técnicas administrativas y financieras,\n necesarias para el funcionamiento de la institución; y,
En uso de las atribuciones jurídicas,
Expedir el presente Instructivo sobre administración\n y uso de internet del CNRH.
DE LA ETICA INTERNA
Art. 1.- Los usuarios finales son responsables de garantizar\n que la información a la que accedan cumpla con los objetivos\n que requieran los recursos hídricos, motivo de la Carta\n de Cooperación Institucional para los que fue creada la\n conectividad a la red.
Art. 2.- Las cuentas de los usuarios finales en la Secretaria\n General, Consejo Consultivo y agencias de aguas, no deberán\n ser utilizadas con objetivos de índole personal, reservando\n su utilización al acceso a información sobre la\n gestión de los recursos hídricos u otras actividades\n que pueden ayudar a su mejoramiento.
Art. 3.- Los usuarios finales son responsables de sus cuentas\n y deben garantizar que éstas no sean utilizadas por terceras\n personas, en caso de detectarse cualquier tipo de violación\n en este sentido, deberá ser informada a la administración\n de la red con la mayor brevedad posible.
Art. 4.- La Administración Central de la Red (ACR)\n se reserva la facultad de motivar las sanciones respectivas a\n los usuarios finales de la Secretaria General, Consejo Consultivo\n y de las agencias de aguas que incumplan las disposiciones del\n presente instructivo.
DE LA ADMINISTRACION DE INTERNET
Art. 5.- Los nodos que confirman la conectividad a internet\n quedan sujetos a las regulaciones y reglamentos establecidos\n en la Carta de Cooperación CNRH - SICA.
Art. 6.- La ACR será la encargada de administrar las\n direcciones y dominios que formen las cuentas y, notificar y\n remitir de ser requerido un reporte de uso de las mismas.
Art. 7.- El CNRH deberá remitir al Administrador de\n la Red, el listado del personal responsable de las cuentas de\n conectividad a internet con sus respectivos password y dominios.\n
Art. 8.- Los usuarios finales que violen el presente instructivo,\n quedarán sujetos a las sanciones que podrán comprender\n entre la limitación temporal de los servicios hasta la\n cancelación definitiva de los mismos. Para u, cual la\n ACR notificará al responsable de la cuenta de acceso a\n internet, sobre su uso indebido, indicando fecha, hora y nombre\n de la página en cuestión en dos oportunidades,\n de ser reincidente se sujetará a la sanción correspondiente.
DEL USO DE INTERNET
Art. 9.- Las cuentas de internet y su conectividad en lo posible\n se crearán en función de las necesidades de la\n institución.
Art. 10.- Cada usuario es responsable por la información\n que se maneja desde su cuenta de correo.
Art. 11.- Como parte del uso de internet, cada usuario deberá\n conocer los deberes y derechos que le corresponden a su cuenta,\n así como el conocimiento de la política y los procedimientos\n que rigen el funcionamiento de este servicio.
Art. 12.- El encargado de la cuenta de internet en la Secretaría\n General, Consejo Consultivo y agencias de aguas (responsable\n de la cuenta) tiene la obligación de controlar periódicamente\n las políticas y procedimientos, así como regular\n y aprobar el uso a sus usuarios.
Art. 13.- Los usuarios finales que violen el presente instructivo,\n quedarán sujetos a sanciones administrativas, establecidas\n en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así\n como la limitación temporal hasta la cancelación\n definitiva de los servicios de la cuenta de internet.
El presente instructivo entrará en vigencia a partir\n de su suscripción sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a\n los once días del mes de febrero de dos mil tres.
f.) Ing. Oscar Cevallos Andrade, Secretario General del CNRH.
Secretaria General CNRH.
Certifico que es fiel copia del original, que reposa en los\n archivos de la institución.
Quito, 11 de febrero de 2003.
f.) Ilegible, Responsable de Documentación y Archivo.
Oficio Nº 05734 SGEN.D
Sección:	SECRETARIA GENERAL
Asunto:	Nómina de contratistas\n incumplidos
Quito, a 13 de febrero de 2003
\n Jorge Arturo Morejón Martínez
\n Ciudad
De conformidad con lo prescrito en el artículo 138\n del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública,\n agradeceré a usted disponer se publique en un ejemplar\n del Registro Oficial la lista de personas naturales y jurídicas\n que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.
Personas Naturales	Entidad
Arq. Cornelio Montesinos Ministerio del Ambiente-
\n Calderón	Programa de Manejo
\n 0101 05394-0	Ambiental, Islas Galápagos
Víctor Oswaldo Quinte Municipio de Salcedo
\n Paladines
\n 060317529-0
Jorge Javier Quinte Paladines Municipio de Salcedo
\n 060317341-0
Karla Victoria Quinte	Municipio de Salcedo
\n 060340272-8
Carlos Benjamín Febres Ministerio de Obras Públicas
\n Cordero Rosales
\n 090431651-0
Wilson Valenzuela Guerrero	Municipio de San Francisco
\n 120049755.7	de Puebloviejo
Tomás Cevallos Vaca	Municipio de San Francisco
\n 120138777-9	de Puebloviejo
Ing. Patricio Miranda Cabrera Municipio del Distrito
\n 170595314-7	Metropolitano de Quito
Arq. Silverio Antonio Durán Municipio del Distrito
\n Almeida	Metropolitano de Quito
Ing. Luis Felipe Mejía Román Petroproducción
\n 170180214-0
Andrés Mariano Acosta Peralta	Mnisterio de Economía\n y
\n 091659094-6	Finanzas
Carlos E. Acosta Peralta	Ministerio de Economía y
\n 090907478-3	Finanzas
Abel Carvajal Alvarez	Ministerio de Economía y
\n 091557302-6	Finanzas
Luis Fernando Solís Escobar	Banco del Estado
Marco Antonio Avalos	Dirección de Aviación Civil
\n Cascante170311871-9
María Teresa Puente Páez	Dirección de\n Aviación Civil
\n 17022 1241-4
Deyanira Freya Gómez Salazar	Dirección de Aviación\n Civil
\n 170536827-0
Edison Ruales Figueroa	Dirección de Aviación\n Civil
\n 170441778-9
Gloria Eulalia Ruales Figueroa	Dirección de Aviación\n Civil
\n 170735907-9
María Eulalia Figueroa Dirección de Aviación\n Civil
\n Alvarado
\n 040019015-3
Arq. Johnny Maldonado	Fondo de Inversión Social de
\n Holguín Emergencia, FISE
\n 090720940-7
Personas Jurídicas	Entidad
Stockton Resources Limitad Ministerio de Obras Públicas\n Exp. 101249-1
Unión Provincial de	PRODEPINE-Regional
\n Cooperativas y Comunas del Sierra Sur
\n Cañar UPCCC
Unión Parroquial de	PRODEPINE-Regional
\n Organizaciones Indígenas de Sierra Sur
\n Socarte UPOIS
Empresa Impresores Gráficos	Banco del Estado
JEMACARGO S.A. Servicios	Dirección de Aviación\n Civil de Promoción Logística
\n Exp. 88940-00
\n Turismo	Eficiente Dirección de Aviación Civil
\n PROACTIVE Tours Cía. Ltda.
\n Exp. 88531-00
D'Alembert Vera Páez	Ministerio de Desarrollo
\n 0901 53718-3	Urbano y Vivienda
Ing. Celso Salinas Molina Municipio de Naranjito
Enrique Alberto Gortaire Dirección de Aviación\n Civil
\n Arboleda
\n 170998599-6
Arq. Guido Alfonso Garate Fondo de Inversión Social\n de
\n Andrade	Emergencia, FISE
Ing. Freddy Humberto Zuleta	Fondo de Inversión Social\n de
\n Chica	Emergencia, FISE
\n 080044394-7
\n Por el Contralor General del Estado
f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General\n de la Contraloría (E).
No. 002-D-DP-2003
Dr. Claudio Mueckay Arcos
\n DEFENSOR DEL PUEBLO
Que, mediante Resolución No. 012, emitida el 12 de\n noviembre de 1998 y publicado en el Registro Oficial No. 72,\n del 23 de noviembre de 1998, se expidió el Reglamento\n de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas\n de Inconstitucionalidad de competencia del Defensor del Pueblo;
Que, como fruto de la experiencia recogida por los funcionarios\n de la institución, es necesario actualizar y ampliar la\n reglamentación interna sobre el trámite de Quejas,\n de los Recursos Constitucionales y de las Demandas de Inconstitucionalidad,\n que de acuerdo con la Constitución y la ley, compete conocer,\n plantear o resolver al Defensor del Pueblo; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución\n Política de la República y la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo,
EXPEDIR EL REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS, RECURSOS CONSTITUCIONALES\n Y DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE COMPETENCIA DEL DEFENSOR\n DEL PUEBLO.
DE LAS QUEJAS
Art. 1.- Régimen.- El trámite de las\n quejas sujetas a conocimiento y resolución del Defensor\n del Pueblo, está sujeto a las disposiciones de la Constitución\n Política de la República, la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo y el presente reglamento.
Art. 2.- Legitimación para presentar quejas.-\n Cualquier persona, en forma individual o colectiva, por sí\n o por interpuesta persona, que invoque un interés legítimo,\n puede plantear su queja, verbal o escrita, ante el Defensor del\n Pueblo.
Los niños, las niñas y los adolescentes, así\n como las personas con discapacidad física y/o mental,\n personas extranjeras en situación de legalidad o ilegalidad\n o cualquier otra persona en situación similar pueden presentar\n su queja en procura de protección de sus derechos.
Art. 3.- Competencia.- Son competentes para recibir\n quejas, el Defensor del Pueblo y a nombre de éste, los\n adjuntos Primero y Segundo, los comisionados provinciales. Los\n directores nacionales que sean miembros del Consejo Tutelar de\n los Derechos Humanos y el Director de Quejas. Las quejas podrán\n presentarse en cualquier lugar, día y hora, independientemente\n de la competencia. El funcionario que reciba una queja está\n obligado a tomar las medidas urgentes que fueren del caso y para\n las cuales esté facultado, para posteriormente, si fuere\n necesario, direccionar la queja al funcionario competente.
Art. 4.- Forma de presentación.- Las quejas\n que se presenten ante el Defensor del Pueblo son informales,\n gratuitas y no requieren el patrocinio de un profesional del\n derecho. Deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.	Nombres y apellidos, número de documento de identidad\n de la persona que presenta la queja o de aquella a nombre de\n quien se presenta la misma. En caso de que una persona comparezca\n en representación de una comunidad, organización\n o grupo de personas, se acompañará la constancia\n escrita de la delegación correspondiente;
b.	Identificación de los presuntos autores o participes\n del hecho que se denuncie, o de las personas o funcionarios,\n entidades o instituciones que puedan aportar datos respecto de\n la circunstancia de su realización, así como los\n domicilios, lugares o señas para su ubicación
c.	Relación de las circunstancias en las cuales se\n produjo la violación o la existencia del peligro de ella,\n con determinación del lugar, fecha, hora, autoridad o\n persona particular y cualquier otro indicio que permita identificar\n al responsable;
d.	Determinación, en lo posible, del derecho cuya tutela\n se reclama;
e.	La medida de solución o reparación que pretenda\n el quejoso; y,
f.	Los indicios, documentos, testimonios o elementos adicionales\n que fundamenten la queja.
El quejoso proporcionará otros datos que sirvan para\n viabilizar el trámite.
Art. 5.- Quejas escrita.- Las quejas escrita pueden\n presentarse directamente en las oficinas correspondientes de\n la Defensoría del Pueblo o ser remitidas por correo, fax\n o correo electrónico, o cualquier otro medio, previa verificación\n de la queja.
Art. 6.- Quejas verbales.- El contenido de las quejas\n verbales podrán ser presentadas en el formato correspondiente.\n Toda queja deberá ser suscrito por la persona o personas\n que la presenten. En caso de que la persona sea analfabeta o\n se encuentre imposibilitada de firmar, bastará la impresión\n de su huella digital o la firma de un testigo. De no ser posible\n ello, debe dejarse constancia de la recepción por parte\n del funcionario o funcionaria responsable de la Defensoría\n del Pueblo.
En casos de urgencia también se podrán admitir\n las quejas formuladas por teléfono. El funcionario que\n la recibe la atenderá de oficio. Si a criterio del funcionario\n de la Defensoría del Pueblo, la queja telefónica\n no tuviera la calidad de urgente, se solicitará la presentación\n personal del quejoso.
Art. 7.- Reserva de identidad.- En los casos en que\n el quejoso invocare fundados temores con respecto a los efectos\n de conocerse su identidad como denunciante, la misma será\n guardada en reserva por el funcionario que sea responsable del\n trámite y se actuará de oficio.
Art. 8.- Obligación de saneamiento de oficio.-\n Los funcionarios y las funcionarias de la Defensoría del\n Pueblo están obligados a subsanar cualquier omisión\n de los requisitos establecidos, corrección de errores\n o superación de omisiones con el fin de facilitar la recepción\n de la queja y su más pronta tramitación.
Art. 9.- Recursos y acciones que impidan daños\n y peligros graves.- En los casos de quejas sobre hechos u omisiones\n que vulneren derechos y ameriten acciones urgentes, el Defensor\n del Pueblo, de encontrarlos fundadas, promoverá o interpondrá,\n sin demora alguna, los recursos y acciones constitucionales y\n legales para impedir que continúen los daños y\n peligros inminentes.
Art. 10.- Comprobante de recepción de la queja.-\n Una vez recibida la queja escrita o verbal, el quejoso o quejosa\n recibirá un comprobante de recepción, en el cual\n debe constar un número único de trámite\n al que se le conocerá como "número de trámite\n defensorial" y que será la referencia para futuras\n actuaciones o requerimientos.
Art. 11.- Admisión de la queja.- Las quejas\n deberán ser calificadas en cuanto a su admisibilidad o\n inadmisibilidad, así como en cuanto a quienes corresponde\n su solución dentro de las veinticuatro horas siguientes\n a su recepción por el funcionario competente.
Art. 12.- Inadmisibilidad de la queja.- Las quejas\n que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo y este reglamento, no serán\n admitidas al trámite.
Las quejas podrán ser declaradas inadmisibles cuando:
a.	Sean anónimas;
b.	Revelen mala fe o carencia de pretensión y fundamentos;
c.	Irroguen inexcusable perjuicio a derechos de terceros;
d.	Cuando el pedido no sea de competencia de la Defensoría\n del Pueblo; y,
e.	Cuando se trate de quejas examinadas con anterioridad y\n el pedido no contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos.
En estos casos, se comunicará el rechazo de la queja\n mediante resolución motivada.
Tratándose de asuntos que no sean de competencia del\n Defensor del Pueblo, se le informará al interesado sobre\n las acciones o recursos que puede ejercitar para hacer valer\n sus derechos ante las dependencias responsables.
Art. 13.- Vigilancia del debido proceso.- Cuando la\n queja se trate de una cuestión o asunto sometido a resolución\n judicial o administrativa, el Defensor del Pueblo asumirá\n o delegará la vigilancia del debido proceso, sin perjuicio\n de que para este efecto realice las acciones e interponga los\n recursos contemplados en la Constitución y la ley.
Art. 14.- Notificación de la queja.- Por cualquier\n medio que permita dejar constancia de este acto, se notificará\n a los presuntos responsables de las acciones u omisiones materia\n de la queja, para que contesten en un plazo de ocho días,\n prorrogables por ocho días más, a petición\n fundamentada de parte y sin perjuicio de lo contemplado en el\n artículo 160 de la Ley Orgánica de la Defensoría\n del Pueblo; la falta de contestación será tomada\n como aceptación de la queja, debiéndose en todo\n caso investigar sobre sus fundamentos. En la notificación\n debe informarse que para contestar la queja no se necesita el\n patrocinio de un profesional del derecho.
Art. 15.- Prescripción del derecho a reclamar\n la tutela.- El derecho a reclamar la tutela de la Defensoría\n del Pueblo prescribe, en principio, en el plazo de un año\n transcurrido a partir de los acontecimientos que dieron lugar\n a la reclamación. No obstante, en casos de inequidad o\n injusticia manifiesta, el Defensor del Pueblo podrá disponer\n que la reclamación sea considerada a pesar del plazo establecido.
Art. 16.- Investigación de la queja.- En caso\n de que la queja sea admitida, de inmediato se procederá\n a iniciar la investigación de los hechos denunciados.
Para este efecto, se procederá a solicitar la información\n de las autoridades, funcionarios o servidores involucrados y\n se notificará a los presuntos responsables de los hechos\n denunciados, quienes de conformidad con el artículo 19\n de la LODP, tienen un plazo de ocho días para contestar.\n Este plazo puede ser prorrogado por un periodo igual, a pedido\n de parte y en el caso de que el pedido se considere atendible.
La falta de contestación será tomada como aceptación\n de la queja y/o confirmación de los hechos, materia de\n la reclamación.
Las facultades de investigación del Defensor del Pueblo\n se extienden a las actividades de cualquier autoridad, funcionario,\n empleado público o personas naturales o jurídicas\n relacionadas con los casos que se investiguen.
Sin perjuicio de los informes que se soliciten, el Defensor\n del Pueblo podrá convocar audiencias públicas para\n que las partes involucradas formulen las alegaciones que consideren\n pertinentes con el objeto de promover y acordar la solución\n de la queja sometida a su consideración. De sus deliberaciones\n y resoluciones se dejará constancia resumida en acta escrita\n firmada por el funcionario que convoque la audiencia y por el\n servidor público de la Defensoría que actúe\n como Secretario. Los titulares de las funciones del Estado y\n de los organismos de control previstos en la Constitución\n Política de la República; los ministros de Estado,\n los alcaldes y prefectos y los diputados solamente presentarán\n los informes por escrito que se les solicite, pero podrán\n hacerse representar en estas audiencias por las personas que\n expresamente deleguen por escrito.
Art. 17.- Medios de prueba.- El Defensor del Pueblo\n podrá valerse de cualquier medio de prueba admisible en\n derecho para sustentar sus conclusiones.
Art. 18.- Pedido de información.- De conformidad\n con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Defensoría\n del Pueblo, las autoridades públicas y las personas particulares\n están obligadas a suministrar la información que\n le sea requerida por el Defensor del Pueblo, en las investigaciones\n que tramite.
Este deber de suministrar información se extiende inclusive\n a información que por ley debe mantenerse en reserva;\n tal información le será proporcionada a la Defensoría\n del Pueblo por quien la posea, quedando la institución\n obligada a mantener dicha reserva.
La información que el Defensor del Pueblo requiera\n le será suministrada por el funcionario respectivo en\n un plazo máximo de ocho días y sólo podrá\n extenderse si se justifica ante el Defensor fehacientemente la\n necesidad de un plazo mayor.
Se entenderá como desacato por parte de las personas\n y funcionarios obligados, a colaborar con el Defensor, según\n la ley, cuando no lo hiciere en forma oportuna u obstaculizare\n las investigaciones o el acceso a la información.
Art. 19.- Relación de las investigaciones defensoriales\n con los casos de delito.- Ante tos indicios o evidencia de delito,\n el Defensor del Pueblo y los demás funcionados competentes,\n remitirán su investigación al Ministerio Público;\n sin perjuicio de que a tal solicitud adjunte sus criterios sobre\n la existencia de violación de derechos humanos.
Art. 20.- Investigación coadyuvante en materia\n de derechos humanos.- No obstante, lo dispuesto en el artículo\n anterior, el Defensor del Pueblo continuará con la investigación\n cuando se trate de actos delictivos que impliquen violación\n de derechos humanos y lo hará con el propósito\n de concluirla y coadyuvar con su informe al cumplimento de funciones\n de las autoridades jurisdiccionales, debiendo en todo momento\n excitar la observancia de los derechos humanos, vigilar el cumplimiento\n del debido proceso y salvaguardar la defensa pública de\n las personas en causas penales conforme a ley.
Art. 21.- Propuesta de mediación.- En cualquier\n momento de la investigación de la queja, la Defensoría\n del Pueblo puede proponer una mediación o conciliación.\n En caso de aceptarse y producirse ésta, se elaborará\n el acta correspondiente en la que el reclamante dejará\n constancia del reconocimiento de sus derechos, con lo que culmina\n el procedimiento de queja o denuncia y queda pendiente, de ser\n establecido, el seguimiento sobre la ejecución satisfactoria\n del acuerdo mediatorio logrado.
Art. 22.- Visitas, inspecciones y reconocimiento de\n los lugares relacionados con la queja.- En el marco de la investigación\n de la queja, el Defensor del Pueblo podrá hacer visitas,\n inspecciones o reconocimientos a los lugares, a las oficinas\n de instituciones del Estado o dependencias privadas para comprobar\n hechos y recopilar elementos de juicio que contribuyan a determinar\n la violación de un derecho.
Para tal efecto, el Defensor del Pueblo, los adjuntos y los\n funcionarios responsables que realicen las diligencias, elaborarán\n un acta en la que conste los hallazgos comprobados, la evaluación\n que pueda realizarse sobre la queja in situ, los descargos de\n los funcionarios públicos y las demás personas\n participantes, la colaboración recibida o la renuencia\n a brindarla, así como las advertencias a que hubiere lugar.
Art. 23.- Del seguimiento del trámite.- El quejoso\n tiene la obligación de dar continuidad al trámite.\n La no contestación a los requerimientos por providencia,\n en el plazo de ocho días, será entendida como aceptación\n de los fundamentos de la parte contraria y satisfacción\n de la pretensión. En tal caso, se declarará concluido\n el trámite y se ordenará el archivo de la causa.\n Las providencias defensoriales son inapelables, pero pueden ser\n reformadas de oficio o a petición de parte.
Art. 24.- Del abandono o desistimiento.- Se declarará\n el abandono de la queja cuando el actor sin causa justa no diere\n contestación a las providencias defensoriales dentro del\n plazo previsto en el artículo anterior. El quejoso tiene\n el derecho de desistir de la queja en cualquier estado del trámite,\n siempre y cuando el desistimiento no afecte el derecho de terceros\n o se oponga a acciones penales que se hayan iniciado o deban\n iniciarse. En tales casos el Defensor del Pueblo dará\n cumplimiento a la obligación de informar al Ministerio\n Público.
Art. 25.- Resolución defensorial.- Concluida\n la investigación, se emitirá resolución\n motivada sobre la queja pudiendo rechazarla o acogerla total\n o parcialmente. De acogerla y cuando a criterio del Defensor\n del Pueblo se considere que se han comprobado los fundamentos\n de la queja, determinará con precisión el derecho\n violado, la norma incumplida o el acto violatorio o abusivo de\n los derechos fundamentales que haya sido comprobado, los nombres\n de las personas responsables y las conclusiones pertinentes.\n En cuánto a esto último, el Defensor del Pueblo\n podrá:
a)	Advertir a las autoridades, funcionarios, servidores o\n ciudadanos, de las consecuencias de su conducta y excitarlos\n al cumplimiento o restitución de los derechos conculcados\n con sus acciones u omisiones;
b)	Recordar a las autoridades, funcionarios, servidores y\n ciudadanos, el cumplimiento de sus deberes conforme a la Constitución\n y la ley;
c)	Consignar los acuerdos de mediación y conciliación\n logrados, así como las modalidades de seguimiento y monitoreo\n para su cumplimento y el régimen de verificación\n correspondiente;
d)	Formular las críticas y recomendaciones a que haya\n lugar;
e)	Llevar a cabo las investigaciones adicionales que soliciten\n de otras dependencias o personas privadas para el cumplimiento\n de las resoluciones;
f.)	Formular las recomendaciones a que hubiere lugar, incluyendo,\n de ser el caso, las referidas a la aplicación de sanciones;\n
g)	Solicitar a las autoridades que corresponda la iniciación\n de las acciones administrativas, civiles, penales o constitucionales\n a las que hubiere lugar;
h)	Proponer mecanismos para subsanar o reparar el derecho\n conculcado o cuya tutela se reclama, sin perjuicio de las demás\n acciones o sanciones que la ley establezca;
i)	Censurar públicamente a los autores de conductas\n contrarias a los derechos humanos; atribución que le compete\n de forma exclusiva al Defensor del Pueblo; y,
j)	Disponer la incorporación de la queja, su resultado\n y seguimiento, de ser procedente, en el informe anual del Defensor\n del Pueblo al Congreso Nacional, así como a los informes\n de seguimiento de los órganos de protección y promoción\n de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Art. 26.- Obligación de remitir las resoluciones\n y revisión.-Toda resolución dictada por los comisionados\n provinciales, será remitida al Defensor del Pueblo, quien,\n a petición de parte presentada ante aquellos, en el plazo\n de ocho días, la revisará, pudiendo ratificarla\n o rectificarla.
Art. 27.- Doctrina para la Defensa de los Derechos\n Humanos.- Los criterios constantes en resolución definitiva\n del Defensor del Pueblo, que causen estado constituirán\n doctrina para la defensa de los derechos humanos, conforme a\n lo previsto en el artículo 8 literal k) de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo.
Art. 28.- Publicación de las resoluciones defensoriales.-\n El Defensor del Pueblo publicará en la Gaceta Defensorial,\n las resoluciones que constituyan doctrina en materia de derechos\n humanos, así como las censuras y sus pronunciamientos\n públicos, sin perjuicio de que sean publicadas en otros\n medios de comunicación social e incorporadas en el informe\n anual al Congreso.
Art. 29.- Consultas y asesoría.- Cualquier persona,\n en forma individual o colectiva, puede plantear una consulta\n ante el Defensor del Pueblo respecto de las vías legales\n que existan para la protección de sus derechos.
Art. 30.- Trámite de consulta y asesoría.-\n El funcionario competente, debe absolver la consulta indicando\n con claridad al ciudadano o ciudadana las acciones y recursos\n que sean necesarios solicitar o interponer ante autoridades o\n instituciones para la protección de los derechos del solicitante\n o la solución de la necesidad planteada.
En materia penal, después de absuelta la consulta,\n ésta será enviada a los defensores públicos,\n a fin de que se continúe con el patrocinio de la acción\n y se garantice el derecho de defensa y la tutela efectiva en\n las indagaciones previas, instrucción fiscal y etapa de\n juzgamiento.
Tratándose de personas que se encuentren en indefensión,\n la Defensoría, de ser posible, proporcionará las\n vías para concederle patrocinio profesional o solicitará\n la intervención de los defensores públicos.
DE LOS RECURSOS CONSTITUCIONALES
Art. 31.- Legitimación procesal y competencia.-\n En conformidad con la Constitución Política de\n la República y su Ley Orgánica, el Defensor del\n Pueblo, los defensores adjuntos, los directores nacionales y\n los comisionados provinciales, están facultados para promover\n o patrocinar los recursos de hábeas corpus, hábeas\n data y la acción de amparo de las personas naturales o\n jurídicas que lo requieran.
Los adjuntos y los comisionados provinciales podrán\n ejercer esta atribución dentro de la jurisdicción\n que les corresponde.
Los directores nacionales podrán ejercer esta atribución\n en cualquier lugar del país, pero únicamente respecto\n de las áreas de su competencia.
Tratándose de los recursos de hábeas corpus\n y amparo, el Defensor del Pueblo y sus representantes, podrán\n actuar de oficio.
Art. 32.- Antecedentes.- Las acciones de amparo y el\n recurso de hábeas corpus serán planteadas de oficio\n o como consecuencia de las quejas presentadas ante la Defensoría\n por la violación e inobservancia de los derechos y garantías\n constitucionales, en los siguientes casos:
A petición de parte, se podrán plantear las\n acciones de amparo, hábeas data y el recurso de hábeas\n corpus.
También, a petición de parte, el funcionario\n competente podrá comparecer ante el Juez o Tribunal para\n apoyar la pretensión del recurrente, si es que ha interpuesto\n por su cuenta uno de esos recursos.
Los adjuntos y los comisionados provinciales podrán\n promover estos recursos a iniciativa propia, cuando hubieren\n sido delegados genéricamente por el Defensor del Pueblo\n para este tipo de actuaciones.
Art. 33.- Acción de amparo.- El Defensor del\n Pueblo promoverá o patrocinará esta acción\n en los casos de indefensión o de especial relevancia colectiva\n para lograr de los jueces correspondientes la adopción\n de las medidas urgentes según el artículo 95 de\n la Constitución Política de la República.
Art. 34.- Hábeas corpus.- Podrá ser presentado\n de oficio o a solicitud de parte por el Defensor del Pueblo y\n los funcionarios delegados por él.
El Defensor del Pueblo, luego de la audiencia en la que la\n autoridad municipal ha escuchado los argumentos del detenido,\n o ha ordenado la privación de libertad, exigirá\n que resuelva considerando los presupuestos establecidos en la\n Constitución Política de la República para\n cada caso.
Art. 35.- Hábeas data.- El Defensor del Pueblo\n patrocinará esta acción a petición de parte.
Art. 36.- Apelaciones ante el Tribunal Constitucional.-\n Conforme a las atribuciones y deberes del Tribunal Constitucional,\n consagradas en el artículo 12 de la Ley de Control Constitucional,\n el Defensor del Pueblo, velará porque éste conozca\n y resuelva las resoluciones que denieguen el recurso de hábeas\n corpus, y las acciones de hábeas data y amparo, de conformidad\n con los correspondientes términos legales.
Art. 37.- Seguimiento de las apelaciones en el Tribunal\n Constitucional.- En los casos de apelación o denegatoria\n de recursos o acciones a que se refiere el artículo anterior,\n el Defensor del Pueblo, de oficio o a petición de parte,\n hará el seguimiento y vigilancia del debido proceso.
INFORME SOBRE DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Art. 38.- Competencia en materia de inconstitucionalidad.-En\n conformidad con el numeral 5) del artículo 277 de la Constitución\n Política de la República y el artículo 8,\n literal e) de la Ley Orgánica de la Defensoría\n del Pueblo, cualquier persona podrá solicitar al Defensor\n del Pueblo la emisión del informe favorable para plantear\n ante el Tribunal Constitucional la correspondiente demanda de\n inconstitucionalidad contra leyes orgánicas y ordinarias,\n decretos-leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, reglamentos\n y resoluciones emitidos por órganos de las instituciones\n del Estado y sobre los actos administrativos de toda autoridad\n pública.
Art. 39.- Procedencia de la demanda.- La demanda de\n inconstitucionalidad versará únicamente sobre uno\n solo de los asuntos a que separadamente se refieren los numerales\n 1 y 2 del Art. 276 de la Constitución, sin perjuicio que\n el peticionario pueda plantear independientemente, en base a\n dichas normas, las demandas que considere necesarias.
Art. 40.- Trámite de la solicitud de informe\n de procedibilidad.- La solicitud de informe del Defensor del\n Pueblo deberá ser anexada a la petición de demanda\n de inconstitucionalidad que será dirigida al Tribunal\n Constitucional.
Las peticiones de calificación de procedibilidad podrán\n presentarse en las provincias ante los comisionados provinciales,\n así como ante los adjuntos o los directores nacionales,\n quienes las remitirán al Defensor del Pueblo del Ecuador\n para que proceda conforme a sus atribuciones.
El Defensor del Pueblo verificará que la demanda cumpla\n los requisitos a que se refiere el artículo siguiente,\n en el caso que la demanda no cumpliere con dichos requisitos,\n se le otorgará al (los) demandante (s) un término\n improrrogable de ocho días adicionales a fin de que la\n complete; de lo contrario, ordenará su archivo.
Si la petición está completa, el Defensor del\n Pueblo emitirá, en el plazo de quince días, informe\n motivado sobre la consideración demandada por parte de\n la Defensoría del Pueblo.
Si considera que la demanda es procedente, remitirá\n lo actuado al Tribunal Constitucional con el informe correspondiente,\n en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la\n emisión del informe que declara procedente la misma.
Art. 41.- Requisitos para la procedencia de la demanda\n de inconstitucionalidad.- Para la procedencia de la demanda de\n inconstitucionalidad es necesario que ésta cumpla con\n los siguientes requisitos:
a)	Nombres y apellidos completos del demandante, con indicación\n de si comparece a título personal o en representación\n de personas jurídicas, comunidades o grupos de personas,\n en cuyo caso acompañará la autorización\n escrita para este efecto;
b)	Determinación de la entidad, dependencia y organismo\n demandado y de su representante legal, con indicación\n del lugar en donde debe ser citado;
c)	Indicación de la clase de demanda de inconstitucionalidad\n que se formula, en aplicación a lo dispuesto en los numerales\n 1 y 2 del Art. 276 de la Constitución Política\n de la República;
d)	Relación d'e las circunstancias que dan lugar a\n la demanda y señalamiento preciso de las normas constitucionales\n presuntamente violadas;
e)	Señalamiento del casillero constitucional en que\n debe ser notificado el demandante; y,
f.)	Los demás requisitos previstos en los Arts. 2 y\n 14 del Reglamento de Trámite de Expedientes del Tribunal\n Constitucional.
Art. 42.- Intervención coadyuvante del Defensor\n del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.- El Defensor del\n Pueblo podrá, de oficio o a petición de parte,\n solicitar al Tribunal Constitucional que se admita su intervención\n personal o la del funcionario designado por él, para dar\n cumplimiento a la vigilancia del debido proceso en las causas\n que amerite.
Art. 43.- Investigación de oficio.- Cuando las\n circunstancias lo ameriten, el Defensor del Pueblo puede disponer\n el inicio de una investigación de oficio sobre casos concretos\n que pongan en riesgo o atenten contra los derechos de las personas\n naturales o jurídicas.
En caso de que los adjuntos, directores nacionales o los comisionados\n provinciales estimen oportuno el inicio de una investigación\n de oficio, sustanciarán el respectivo expediente y elaborarán\n un informe, el mismo que será puesto en conocimiento del\n Defensor del Pueblo.
Art. 44.- Trámite.- Tratándose de investigaciones\n de oficio, se seguirá el mismo trámite que para\n las quejas, en cuanto sea procedente.
Art. 45.- Vigencia.- La presente resolución\n deroga todas las disposiciones anteriores que se opongan y entrará\n en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Despacho del Defensor del Pueblo, a los siete días\n del mes de enero de 2003.
f.) Dr. Claudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo.
Esta copia es igual al original que reposa en el archivo de\n esta Defensoría del Pueblo y a la cual me remito en caso\n necesario.
Lo certifico.- 24 de enero de 2003.- f.) Dr. Fausto Garcés\n Pastor, Secretario General, Defensoría del Pueblo.
No. 16-STFS-02\n
Licenciado Fausto Corral Guevara
\n SECRETARIO TECNICO DEL FRENTE SOCIAL
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 614, publicado en el Registro\n Oficial No. 134 de 3 de agosto de 2000 se constituyó el\n Frente Social. En este mismo decreto, con el propósito\n de dar viabilidad a las resoluciones adoptadas por el Consejo\n de Ministros del Frente Social y apoyar técnicamente a\n las instituciones públicas responsables de la ejecución\n de la política social, se creó la Secretaría\n Técnica del Frente Social, como una Unidad Técnica,\n desconcentrada adscrita al Ministerio de Bienestar Social:
Que con fecha 20 de marzo de 2001 se sus

References: resolución 
 resolución 
 artículo 130
 artículo 10
 artículo 138
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 160
 artículo 19
 artículo 21
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 95
 artículo 12
 artículo 277
 artículo 8