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Timestamp: 2017-02-19 11:44:15+00:00

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Consideraciones sobre comentarios de CAESI Consideraciones sobre comentarios de CAESI (Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación)
relación a la resolución 1207/2012
(Actualización de cursos de Capacitación para Vigiladores de la Provincia de
Buenos Aires) en el Sitio Web de CAESI
se publica el siguiente texto que informa sobre la solicitud de Prórroga
respecto a su aplicación debido a que la
misma se hace operativa a partir del 01-01-2013.
virtud de lo expresado en este texto, me permito realizar las siguientes
norma en su aplicación inicial es generadora de todo tipo de conflictos y esta
resolución no es la excepción; basta recordar que la ley 12.297 es del año 1999
y comenzó a aplicarse limitadamente hacia el año 2004. Una solicitud de
prórroga es perfectamente atendible por la Autoridad de Aplicación, en virtud
de la necesidad de adecuación operativa de las organizaciones que deben cumplir
con la misma. Ahora bien, se justifica la solicitud de la misma por haber sido
“inconsulta” y aquí me permito recordar que la Seguridad Privada es una
actividad “subsidiaria, complementaria y dependiente de la seguridad pública”(
Art 1 de la ley 12.297) lo que habilita al Estado implementar las
políticas que considere necesarias para atender las necesidades de prestación de
estos servicios, reservándose la posibilidad de realizar las consultas si
resultara necesario.
texto afirma que la medida “afecta directamente a las empresas y a los
trabajadores de seguridad privada”. En este sentido no habría objeción alguna, dado
que cualquier resolución establecida por el Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Provincia, en relación con la seguridad privada, afectará a las empresas
de seguridad y a los trabajadores en todo sentido, pero parecería que lo
expresado está en clave de una afectación perjudicial hacia estas partes.
llamativo, que una medida que se relaciona con la “capacitación” es
considerada, a juicio de la Cámara Empresaria de la actividad como “innecesaria
al momento”. Dentro de las exigencias legales y de aptitud se
encuentran los requisitos de capacitación establecidos en el artículo 18 de la
ley 12.297, según el cual los prestadores de servicio de seguridad privada
deberán contar con adecuada formación y actualización profesional
especializada, conforme a los planes de estudio que deberá diseñar la Autoridad
de Aplicación. También agrega este artículo que “los prestadores del servicio de seguridad privada están obligados a
establecer y arbitrar los medios administrativos y técnicos necesarios para
entrenar a sus miembros en función de adecuar su desempeño profesional a los
principios de legalidad, gradualidad y razonabilidad establecidos en el
artículo 3º de la presente Ley, así como también a los principios básicos de
actuación establecidos en el artículo mencionado”. Es más el Art. 18 del
decreto reglamentario de la Ley (1897/2002) establece que “la Autoridad de
Aplicación en todos los casos retendrá como competencias indelegables” entre
otros aspectos “la instrumentación de
los cursos de actualización profesional y perfeccionamiento”. · También
se cuestiona que los cursos deban ser realizados en “Institutos más abiertos y
no direccionados y habilitados por la autoridad competente”. En la resolución
no se verifica ninguna limitación a institutos habilitados. Sí, es de tener en
cuenta que los centros de capacitación habilitados acompañan la reglas del mercado y es por
ello que en ciudades y localidades donde el número de vigiladores en acotado
la capacitación inicial y la actualización resulta en muchos casos una tarea
seguridad en la Provincia de Buenos Aires es responsabilidad indelegable del
Estado y la seguridad privada se aborda bajo un perfil de complementariedad y
subordinación respecto de la seguridad pública. Esta forma e intervención
estatal “autoriza” a los particulares a complementar su protección a través de
organizaciones especializadas que prestan servicios de “prevención” los cuales
están intervenidos jurídicamente por el Estado. En lo
personal, considero que lo subrayado en el texto resulta cuanto menos teñido de
un sesgo sectorial que no privilegia el mejor desarrollo de la actividad. El punto
central de esta desarrollo es preguntase hasta donde es posible determinar que
la resolución implementada por el Estado es “innecesaria”, y cuáles son los
fundamentos que se invocan para tal afirmación. Está
claro, como marcaba anteriormente, que los inconvenientes que se plantean a la
hora de implementar esta resolución (costos, operatividad, etc.) afectarán el
desarrollo de la acción empresaria, pero también me tomo la licencia de
recordar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la actualización es anual,
de 45 horas e implican costos. La actualización de contenidos en
la Provincia de Buenos Aires establecido por la resolución 1207 es de 18 o 19
hs. cada dos años. La mayoría de Empresas nucleadas a CAESI se encuentra
habilitadas en C.A.B.A. y en la
Provincia de Buenos Aires con lo cual se marca un contrasentido en esta
Actualización de cursos para vigiladoeres Pcia. Bs. As.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires promulgó la Resolución 1207/2012 que establece la actualización profesional
obligatoria, bienal para todo el personal de servicios de seguridad privada que se desempeñen en su territorio.
A partir del 01-01-2013 todas la renovaciones de habilitación- o nuesvas habilitaciones- , en que la fecha de emisión de los certificados emitidos con anterioridad superen los dos años, deberán contar con el certificado de actualización. Durante el 2013 se habilitarán aquellos diplomas que se hubieran emitido desde el 01-09-2010.
a) Ética Profesional. b) Nociones Legales.
c) Técnica de los Procedimientos.
e) Practica de Tiro (para los vigiladores con arma). Carga horaria: 18 horas (Para vigiladores sin arma)
Carga horaria: 19 horas (Para vigiladores con arma).
www.quantconsultora.com
Nueva Escala salarial Vigiladores Argentinos
Reglamentación martes, 12 de junio de 2012
Dicen que la provincia es pionera en la región
Es por la unificación del uniforme color marrón para todas las empresas de seguridad por igual. La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina también apoyó la iniciativa de incluir a los “patovicas” en la reglamentación. Por Gustavo Martínez. gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com
“La provincia de San Juan se posiciona como referente, por ser la primera en la región en reglamentar la unificación de los uniformes”. Con esa frase, el delegado Regional por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Juan Manuel Vega, dio su apoyo a la decisión del gobierno de la provincia de reglamentar el negocio de la seguridad privada a seis años de haber sido aprobada la ley que durante estos años estuvo sin reglamentar y generó un descontrol en ese rubro. En la reglamentación que decretó el gobierno provincial se determinó, entre otros puntos, que todos los vigilantes tengan un mismo uniforme color marrón. Y lo único que se diferenciará entre las empresas será el logo, que irá en el brazo izquierdo. Sobre la regulación del negocio, la UPSRA elaboró un comunicado para dar su apoyo a la decisión del gobierno provincial, al informar que “celebramos la firma del decreto 649/12 que al reglamentar la presente ley -7.775- jerarquiza nuestra actividad profesionalizando las tareas de nuestros compañeros”.Hoy en día en la provincia se estima oficialmente que hay más vigilantes pagos que policías, la fuerza de seguridad pública que cuenta con 3.500 hombres. La falta de regulación había provocado que muchas empresas de seguridad tuvieran a sus empleados en negro y sin seguros, generando además una competencia desleal con las que están en regla.“Está muy bien la reglamentación que ha hecho el gobierno porque va a terminar con el trabajo informal. En la provincia son muy pocas las empresas de vigilancia que reúnen todos los requisitos y pagan los sueldos que rige el convenio. Además, el trabajo en negro representa un peligro para el mismo cliente, quien deberá responder ante algún accidente laboral, por ejemplo”, explicó el ex comisario Raúl Morán, dueño de la agencia El Guardián, la más importante de la provincia. En ese mismo sentido, la UPSRA informó que “suma herramientas a nuestra tarea diaria contra la explotación de vigilantes informales y pone reglas claras para evitar la actual deslealtad comercial que existe entre las empresas de la actividad”.Otro de los puntos que regula la nueva reglamentación es la inclusión de los guardias de boliches, restaurantes o locales bailables, conocidos como “patovicas”. La UPSRA aplaudió esa regulación al sostener que “éstos en su gran mayoría trabajan de manera informal o como monotributistas y carecen de seguros o protección alguna sobre su persona. Lo que también es preocupante para este sector es estar actualmente fuera del alcance de las normativas laborales vigentes”.
En siete años creció más de un 30 % la demanda de empleados de seguridad privada en el país Según un informe realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 111 mil empleados trabajan en las empresas de seguridad. A lo largo de siete años la cantidad guardias de seguridad se incrementó un 31%. El 70% de la demanda del servicio se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La seguridad privada en el país sigue creciendo día a día. Según datos oficiales existen más de 1.400 empresas que cuentan con 111 mil empleados, prácticamente el doble de personal que posee la Policía bonaerense. Los datos surgieron de un estudio realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dentro del marco de un proyecto respaldado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)En el trabajo, al que tuvo acceso Online-911, se señala que entre el año 2003 y 2010 la cantidad de personas ocupadas en tareas de seguridad privada se habría incrementado un 31%. Y también que sólo en el año 2009 la Administración Pública Nacional habría efectuado contrataciones de servicios de vigilancia por el valor de $ 429 millones (aproximadamente U$ 107 millones).Diego Fleitas, director de Asociación para Políticas Públicas (APP) fue quien realizó este trabajo, con la colaboración de María Victoria Quevedo, licenciada en Ciencias políticas e investigadora de APP, en el que se da cuenta del crecimiento a nivel país y a nivel mundial de la gran preocupación por la seguridad y el crecimiento exponencial de la seguridad privada.“En Sud África, Filipinas, Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Alemania la seguridad privada supera a las policías (OECD, 20007) y en Latinoamérica habría 2,5 millones de agentes privados (Arias, 2009). En el caso de la Argentina ha ocurrido un fenómeno similar, por lo que en el año 2010 de acuerdo a cifras oficiales había 1.434 empresas de seguridad privada con 111 mil empleados (Ministerio de Trabajo, 2011). Esto ocurre en un contexto de aumento de hechos delictivos y de violencia que comenzó en la década 90, lo cual está acompañado por un incremento de tráfico y consumo de drogas, y de la violencia asociada a ello. Así, en el año 2009 el 77% de la población consideraba a la delincuencia el principal problema del país”, se señala en el informe. El trabajo, presentado recientemente, analiza el fenómeno de la industria de la seguridad privada como una parte del sector de seguridad y los problemas de definición de esta actividad, proponiendo que tanto a efectos del análisis como de la regulación se deben tener también en cuenta los “servicios adicionales” que prestan las policías, y las actividades de seguridad internos que desarrollan las empresas, ya que además de tener algún carácter privado también tienen efectos o externalidades sobre la seguridad general.“La relación entre las empresas de seguridad con la policía resulta particularmente importante y problemática al mismo tiempo, ya que es la institución con la que por antonomasia deben coordinar sus actividades, en algunos casos es su organismo de monitoreo sino de regulación”, explica Fleitas en el informe, en el que dice que “sin embargo tienden a existir una larga serie de zonas grises, relaciones complejas y conflicto de intereses que desdibujan dicha relación. Por ejemplo, es común que los gerentes o agentes de seguridad privada sean agentes retirados de policías o fuerzas de seguridad, e incluso en ocasiones también en actividad. A su vez, las policías suelen vender en forma más o menos orgánica servicios “adicionales” y privados de seguridad, compitiendo en forma directa con las empresas “puramente” privadas”.A mediados de la década del 90 comenzó un importante incremento de hechos delictivos y de violencia. Entre el 2006 y el 2009 los homicidios se incrementaron un 12%; lo cual en parte podría explicarse por el incremento de los homicidios en ocasión de robo y por enfrentamientos por el control del narcotráfico y de barrios carenciados. Así en total, entre 1997 y el 2009 se habrían producido 40.318 homicidios y la cifra de 2.912 casos del 2009 equivale a una tasa de 7 homicidios cada 100.000 habitantes.Dicho aumento del incremento del delito ha estado también acompañado por una mayor preocupación de la sociedad por el problema de la seguridad, de forma tal que en los años 2008 y 2009 para la opinión pública la delincuencia se convirtió en el principal problema del país.Otro dato relevante que se menciona en el trabajo es que el 70% de la demanda del servicio de seguridad privada se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores (Gran Buenos Aires) mientras que las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba concentran el 15% de la porción restanteFleitas concluye que en el trabajo que “ante esta realidad, que puede agravarse ante el creciente incremento de la violencia y el crimen en Argentina, resulta imperioso poder desarrollar capacidades institucionales, y los mecanismos de regulación, monitoreo y coordinación de formal tal que por un lado se eviten o minimicen los problemas asociados a la seguridad privada, y que al mismo tiempo ésta puede ser un factor que contribuya al fortalecimiento del bienestar y seguridad pública general”.
La Compañía de Seguridad Privada G4S ha sido contratada para
diseñar, construir y gestionar una comisaría de policía de Lincolnshire, en lo
que sería uno de los contratos de tercerización más radicales visto hasta ahora
En el marco del 200 millones de libras a 10 años el acuerdo firmado miércoles,
más de 540 funcionarios de la policía civil se unirá a la compañía, que
ofrecerá una amplia gama de medios y servicios de back-office. Esto significa que casi la mitad de la fuerza de 900
trabajadores civiles serán transferidos a G4S como resultado de la operación.
La nueva estación de policía, sobre la base de un diseño de
centro y periferia, con 30 celdas de detención y un bloque de oficinas de dos
plantas, albergará hasta 120 hombres de personal operativo. Los
agentes de policía implicados siguen siendo empleados de las fuerzas
G4S proporcionará a la policía de Lincolnshire una amplia gama
de servicios de apoyo, incluidas las células de funcionamiento, la
administración de pruebas de drogas, las licencias de armas de fuego, recursos
humanos, sistemas informáticos y la gestión de la flota de la fuerza del
vehículos. Asimismo, se establecerá un centro de servicios compartidos que le
permitirá ofrecer su experiencia en recursos humanos, nómina y las finanzas a
La autoridad policial de Lincolnshire se enfrenta a una recorte
de EUR 19.7m en su financiación durante los próximos cuatro años. G4S
asegura un ahorro de más de 28m libras en los próximos 10 años como resultado
El Jefe de la policía de Lincolnshire, Barry Young, dijo:
"Al hacerse cargo de una amplia gama de funciones de apoyo, G4S contribuirá
al objetivo de la fuerza de ser capaz de poner el 97% de su nómina en primera
línea a partir del mes de abril. "Fundamentalmente, la nueva asociación
estratégica también ofrecerá la inversión en infraestructura importante que
pueda compensar las reducciones presupuestarias solicitadas por el gobierno.
Creo que estamos liderando el camino."
Kim Challis, director general del grupo de G4S gobierno y la subcontratación,
dijo que el acuerdo fue el primero de su tipo en Gran Bretaña. "Estamos
encantados de tener la oportunidad de poner en práctica muchas innovaciones,
tales como las suites de custodia Bridewell”', la primera de las cuales se
completará dentro de un año “. "Esta nueva estación de policía será la
primera demostración tangible de los beneficios que esta alianza traerá a
Lincolnshire. Esto pondrá a Lincolnshire en el corazón de la futura policía de
Gran Bretaña, generando un ingreso adicional importante, así como la creación de nuevos puestos de
trabajo. "
Sin embargo, la Federación de Policía ha aumentado la
preocupación sobre el acuerdo señalando que el personal de la fuerza policial
tienen un sentido consagrado de la función pública, mientras que los empleados
privados no. "Nuestra preocupación es la resistencia de las compañías que
hacen esto", dijo Simon Reed, vicepresidente de la organización. "Cuando
tenemos una emergencia nacional o acontecimientos imprevistos, serán capaces de
llevar a su personal a trabajar largas horas, sin importar lo que dicen sus
contratos?."
Quant SRL (2012). Plantilla Fantástico, S.A.. Con la tecnología de Blogger.

References: resolución 

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 resolución 
 artículo 18

artículo 3
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