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STC 79/1984, 12 de Julio de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034619
STC 79/1984, 12 de Julio de 1984
Fecha de Resolución: 12 de Julio de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 485/1983
En el recurso de amparo núm. 485/1983, promovido por el Procurador de los Tribunales don Ricardo D. M., que actúa en nombre y representación de doña María C. M. M., asistido por el Letrado don Alberto S., contra resolución de la Dirección General del INSALUD de 10 de marzo de 1981.
Han sido parte en el asunto el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, así como el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), y en su nombre y representación el Procurador don Julio P. A.; y ha sido Ponente el Magistrado don Francisco T. y V., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Doña María C. M. M. interpone recurso de amparo contra la notificación de la resolución expresa de la Dirección General del INSALUD de 10 de marzo de 1981, confirmatoria, tras la previa reclamación de la interesada, de otra resolución del Director Provincial del INSALUD en Cuenca por la que éste procedió a dar el cese a la hoy recurrente en la plaza de médico de ambulatorio de Cuenca, especialidad de traumatología.
El 12 de junio de 1981, dentro del plazo de los dos meses, la interesada interpuso la correspondiente demanda contra el INSALUD ante la Magistratura de Trabajo núm. 16 de las de Madrid, que, por Sentencia de 22 de octubre de 1981, resolvió aquélla desestimando la pretensión de la actora. En el fallo el Magistrado declaró que «sin entrar a conocer el fondo del asunto» debía estimar la excepción de caducidad alegada por la parte demandada. Preparado e interpuesto recurso de casación por doña María C. M. M. ante la Sala Sexta del Tribunal Supremo, recayó sobre él Sentencia de 9 de junio de 1983, por la que la Sala lo desestimaba.
3. La Sección Tercera, por providencia de 23 de noviembre, acordó admitir a trámite el recurso y dirigirse al Excmo. Sr M. S. y C. interesándole el envío del expediente en el que se produjo la resolución impugnada, así como también dirigirse a la Magistratura de Trabajo núm. 16 de las de Madrid, interesando de ella la remisión de las actuaciones con inclusión tanto de su Sentencia como de la pronunciada por la Sala Sexta del Tribunal Supremo y el emplazamiento de cuantos hubieren sido parte en aquel procedimiento para que comparecieran ante este Tribunal en el presente recurso de amparo. Comparecieron dentro de plazo el Abogado del Estado y el INSALUD debidamente representado. La Sección por providencia de 21 de marzo de 1984, acordó acusar recibo del expediente y de las actuaciones; tener por personado al Abogado del Estado en representación de la Administración y al representante procesal del INSALUD; y dar vista de las actuaciones para alegaciones dentro de un plazo común de veinte días.
El representante procesal del INSALUD, en un escrito también muy sucinto pide la desestimación del amparo porque tanto ante Magistratura como ante el Tribunal Supremo la recurrente ejerció su derecho a promover la actividad jurisdiccional y a obtener una Sentencia, con lo cual, y dado que también pudo defender y de hecho defendió su pretensión, es claro para él que se respetaron a doña Carmen M. sus derechos reconocidos en el art. 24 de la Constitución.
1. La representación procesal de la recurrente en amparo redactó la demanda en términos tales que planteaban alguna duda en punto tan trascendental como el de la determinación de cuál era el acto contra el que se pedía amparo, si la resolución de la Dirección General del INSALUD de 10 de marzo de 1981, o más bien la notificación de la misma, o todavía más precisamente la «advertencia» en ella contenida respecto al plazo para «demandar ante la Magistratura de Trabajo», o si, por el contrario, el objeto del recurso eran las Sentencias pronunciadas sucesivamente por la Magistratura de Trabajo y por la Sala Sexta del Tribunal Supremo citadas por sus fechas en los antecedentes. La Sección Tercera en la providencia de 19 de octubre de 1983, optó, en virtud de una interpretación pro actione, por entender que se hallaba ante un recurso de los situados en el art. 44 de la LOTC y no encontrando en principio satisfecho el requisito del 44.1 c), lo propuso a las partes como posible motivo de inadmisibilidad del recurso en conexión con el 50.1 b), también de la LOTC. Como se ha hecho constar en el antecedente 2, la recurrente eludió alegar directamente sobre el motivo mencionado afirmando que su recurso no se dirigía contra violaciones que tuvieran su origen en actos de los órganos del Poder Judicial, sino que era la resolución de la Dirección del INSALUD la causante directa de la violación de sus derechos recogidos en el art. 24 de la Constitución. Hecha esta precisión por la demandante, en cierto modo abandonando la vía que la Sección Tercera le había abierto en su providencia, el recurso queda situado en los regulados por el art. 43 de la LOTC. Desde el punto de vista de tal precepto no hay duda de que la recurrente ha agotado la vía judicial procedente de la que habla el art. 43.1, in fine, pues tras el acto de la Administración supuestamente vulnerador del art. 24 de la C.E. acudió a Magistratura y después (no, por cierto, sin alguna vacilación, pues en principio optó por la vía del recurso de suplicación ante el T.C.T.) agotó los recursos judiciales impugnando la Sentencia de Magistratura de 22 de octubre de 1981 en casación ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, la Sección admitió el recurso y reclamó las actuaciones judiciales. Ahora bien: el examen de éstas pone de manifiesto que si es cierto que la recurrente agotó la vía judicial, también lo es que ni la Magistratura ni la Sala Sexta del Tribunal Supremo tuvieron ocasión de pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos recogidos en el art. 24 de la C.E., puesto que ni ante una ni ante la otra la hoy recurrente en amparo suscitó el problema de sus derechos fundamentales, esto es, no pidió la tutela de los mismos a la que están obligados los Jueces y Tribunales por el art. 53.2 de la Constitución. Este Tribunal ha sostenido, entre otras resoluciones en el reciente de 13 de junio de 1984 (RA. 230/1984) que para cumplir con el requisito del art. 43.1 de la LOTC no basta con recorrer toda la cadena de fases procesales subsiguientes a la resolución administrativa, sino que es necesario plantear en aquéllas como tema central la violación de los derechos fundamentales. En el caso que nos ocupa, la recurrente no mencionó en su demanda ante Magistratura ninguna vulneración de ningún derecho fundamental, ni directa ni indirectamente, ni aludiendo al derecho ni mencionando el precepto, pues acotó su demanda al ámbito de sus «derechos» laborales. Después, ni en su escrito de 21 de mayo de 1982 de presentación del recurso de casación, ni en el posterior de formalización aludió ni directa ni tangencialmente a problemas o derechos fundamentales, antes bien, los dos primeros motivos de casación se basaban en supuesta infracción de los núms. 1 y 3 del art. 152 de la L.P.L. y el último en la del núm. 1 del art. 167 de la misma Ley. Sólo en relación con este último precepto la recurrente aludió a que la Administración al fijarle en la advertencia contenida en la resolución de la Dirección General del INSALUD un plazo de dos meses para demandar cometió un error imputable a negligencia de la Administración. Quizá si la vía elegida por la recurrente hubiera sido la de impugnar las resoluciones judiciales como causantes directas y originarias de la supuesta violación, la Sección y ahora la Sala hubieran podido entender cumplido el requisito de admisibilidad del 44.1 c) de la LOTC si se hubiera demostrado que tal alusión implicaba el planteamiento del amparo judicial del derecho a no sufrir indefensión. Elegida, sin embargo, por la recurrente la vía del art. 43 es más difícil entender cumplido el requisito del sometimiento de la posible vulneración al examen de los órganos judiciales, pues tal planteamiento debió haberse producido ya al acudir la recurrente ante Magistratura, lo que es evidente, ante el examen de las correspondientes actuaciones, que no hizo.
2. Depurando expresiones no siempre precisas ni siempre coincidentes entre sí, es claro que el acto de la Administración supuestamente productor de indefensión no fue, según la recurrente, la resolución de la Dirección General del INSALUD, ni la notificación de aquélla, sino la advertencia contenida al final de la resolución informando a la interesada del plazo de que disponía para demandar. El precepto citado, esto es, el art. 145 de la L.P.A. dispone a tal efecto un plazo para demandar de dos meses, salvo cuando la acción sea de despido, supuesto para el que prevé un plazo de quince días, ahora ampliado a veinte por el art. 59.3 de la L.E.T. La recurrente considera que tal advertencia fue errónea. Sin embargo, bien pudo suceder que la indicación de dos meses reflejara conscientemente el criterio de la Dirección General del INSALUD en orden a que la acción ejercitable por la interesada contra su resolución no era una acción por despido. Dicho de otro modo, el INSALUD calificó tácitamente como «procedimiento sobre derechos» la ulterior vía laboral, por entender que la no presentación por doña Carmen M. del título de especialista en Traumatología cuya acreditación era indispensable para la adjudicación de la plaza de especialista a la que aquélla había concursado, justificaba el cese de la hoy recurrente en la plaza del ambulatorio de Cuenca, sin que ni la recurrente en la vía de reclamación administrativa, ni el INSALUD al resolver su reclamación emplearan en ningún momento la expresión «despido». Es más, ante Magistratura la demanda de doña Carmen M. se califica como «procedimiento sobre derechos» y no como demanda por despido, término que tampoco aparece ni una sola vez en el texto de la demanda. Si el INSALUD, como parece, no identificó el cese contenido en su resolución con un despido, la advertencia sobre los dos meses para demandar no es errónea ni por sí misma lesiva de ningún derecho fundamental. Sólo después, la representación del INSALUD en el proceso laboral interpuso la excepción de caducidad de la acción, que sólo entonces se califica de despido. Alegada esta excepción y acogida por el Magistrado en su Sentencia podría discutirse si ahí puede tener «su origen inmediato y directo» (art. 44.1 de la LOTC) alguna violación de los derechos del art. 24 de la Constitución, pero como la recurrente alegó en el trámite abierto de acuerdo con el art. 50 que no recurre «contra una violación que tuviera su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial», no podemos ni sustituir su pretensión de amparo por otra distinta de la que ella ha interpuesto, ni cambiar el objeto de su recurso que es, según la demandante, la resolución del INSALUD, ni abrir vías que la representación. de la recurrente cerró en forma tajante al reiterar, en su escrito de alegaciones en el trámite del art. 52 de la LOTC, «que sin lugar a dudas y tal como hemos venido reiterando en nuestros escritos de demanda de amparo y alegaciones de fecha 29 de octubre de 1983 la causante directa de la violación del derecho fundamental constitucionalizado en el art. 24.1 es la notificación de la mencionada resolución administrativa...». Así planteado, el recurso no puede prosperar.
Denegar el amparo solicitado por doña María C. M. M..
ATC 383/1988, 24 de Marzo de 1988
STSJ Galicia 1685/2013, 15 de Marzo de 2013

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