Source: https://auditoriaciudadana.net/2013/04/26/algunas-pistas-juridicas-para-calificar-una-deuda-publica-de-ilegitima/
Timestamp: 2020-06-02 20:55:05+00:00

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﻿ Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima | Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ga('send', 'pageview');
Es necesario que la ciudadanía se implique en la elaboración de estos criterios en el marco de una auditoría ciudadana de la deuda. Con este fin, puede apoyarse sobre numerosos textos jurídicos y políticos que vinculan a los Estados: Carta de las Naciones Unidas de 1945, Convenios de Viena de 1969 y 1986 sobre el derecho de los tratados, Pactos de 1966 sobre los derechos humanos, resoluciones de las Naciones Unidas y del Parlamento europeo, Constituciones nacionales, legislaciones civiles y comerciales, principios generales de derecho internacional (equidad, buena fe, abuso de derecho, enriquecimiento sin causa, etc.), el “jus cogens”, doctrinas de derecho como la de la deuda odiosa, etc.
El objetivo para los pueblos es demostrar, apoyándose sobre estos textos jurídicos y políticos, que numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o que no han beneficiado a la población. Tal como lo recuerdan los ejemplos ecuatoriano y noruego, la ausencia de beneficio para la población constituye el criterio determinante para calificar una deuda de “ilegítima”. En efecto, la obligación de reembolsar una deuda pública no es absoluta y solo sirve en el caso de “deudas contraídas por el interés general de la colectividad”. |3| El respecto de esta condición figura así mismo en los principios rectores relativos a la deuda y a los derechos humanos. |4| Por consiguiente, son “ilegítimas” todas las deudas públicas contraídas en contra del interés de la ciudadanía en beneficio del famoso 1%. En ese mismo sentido se pronuncia la doctrina de la deuda odiosa según la cual “las deudas de Estado deben ser contraídas, y los fondos resultantes utilizados para las necesidades y el interés del Estado” |5|; Estado cuya primera obligación es respetar, proteger y promover los derechos humanos. |6|
Esta definición de la deuda odiosa, aunque restrictiva, |7| puede ser aplicada a numerosas deudas. Nos referimos por ejemplo a las deudas contraídas por los regímenes dictatoriales del Sur con la complicidad de los acreedores como es el caso de las deudas contraídas por los regímenes de Ben Ali en Túnez y de Moubarak en Egipto. Estas deudas son, además, calificadas como “odiosas” por unas resoluciones parlamentarias adoptadas en 2011 y 2012. |8| En esta subcategoría se encuentran también las deudas contraídas en Europa bajo el régimen de los coroneles en Grecia, de Salazar en Portugal, de Franco en España. Para valorar la naturaleza dictatorial de un régimen, se debe observar los resultados obtenidos en las elecciones, ver los informes sobre el proceso electoral, sobre la situación de los derechos humanos en el país, etc.
La Carta de las NNUU y el “jus cogens” permiten también fundamentar la anulación de toda la deuda de un régimen despótico. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 |9| prevé la nulidad de actos contrarios al “jus cogens” recogiendo, entre otras, las normas siguientes: prohibición de llevar a cabo guerras de agresión, prohibición de practicar tortura, prohibición de cometer crímenes contra la humanidad y derecho de los pueblos a la autodeterminación. Sin lugar a duda los regímenes dictatoriales infringen por lo menos un de las normas del “jus cogens” que también se contempla en la Carta de las NNUU: el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Sobra con probar que los acreedores sabían que, en el momento del préstamo, el régimen prestatario violaba el “jus cogens”. Los acreedores de los regímenes dictatoriales violan también el “jus cogens” y no pueden reclamar el reembolso de sus préstamos, independientemente del destino real de los fondos prestados o de la intención real de los acreedores de violar estas normas imperativas del derecho internacional.
En consecuencia, son nulas todas las deudas contraídas por los regímenes de apartheid en África del Sur y en Israel. Recordemos al respecto que la ONU, mediante una resolución adoptada en 1964, había pedido a sus agencias especializadas, entre las cuales el Banco Mundial, el cese del apoyo financiero a África del Sur. Pero el Banco Mundial no aplicó dicha resolución y siguió prestando al régimen del apartheid, en el mayor desprecio por el derecho internacional. En el caso de Israel, cabe subrayar la responsabilidad de los bancos tales como Dexia que vuelven cómplices de un crimen contra la humanidad financiando la implantación de colonias en territorio palestino.
Cabe recordar que el Banco Mundial está directamente implicado en ciertas deudas coloniales, ya que en los años 1950 y 60, otorgó préstamos a potencias coloniales para proyectos que permitían a las metrópolis maximizar la explotación de sus colonias. Así mismo subrayamos que las deudas contraídas con el Banco Mundial por las autoridades belgas, inglesas y francesas para sus colonias fueron posteriormente transferidas a los países que accedían a su independencia, sin su consentimiento. Por otra parte, el mismo Banco Mundial se negó a aplicar una resolución adoptada en 1965 por la ONU que le ordenaba dejar de apoyar a Portugal mientras éste no renunciara a su política colonial. |10|
Así como los gobiernos del Sur aplican desde los años 1980 los programas de ajustes estructurales dictados por el Banco mundial y el Fondo monetario internacional (FMI), los Estados europeos que han pasado bajo la tutela de la Troika (Unión europea, Banco central europeo y FMI) se ven privados de su derecho a la autodeterminación. La deuda contraída por estos gobiernos bajo dominación extranjera es ilegítima ya que los pueblos no pueden disponer de sí mismos. En efecto, se antepone el interés de los acreedores al de la ciudadanía a la vez que se vulneran las reglas más elementales de todo Estado democrático.
También se puede citar el derecho francés que fija los límites de la competencia de una colectividad local. La circular del 15 septiembre 1992 relativa a los contratos de cobertura de los tipos de interés ofrecidos a las colectividades y a los establecimientos públicos locales, estipula, en efecto, que “las colectividades locales solo pueden actuar legalmente por motivos de interés general presentando un carácter local.” Esta obligación excluye, por supuesto, los préstamos llamados ’tóxicos’ basados en la especulación. Las colectividades locales que habían contraído este tipo de préstamo no tenían competencia para hacerlo. Las deudas resultantes son por lo tanto nulas.
c) Las deudas contraídas en el marco de planes de ajuste estructural (PAS) acordados por los Estados del Sur con las Instituciones financieras internacionales (IFI) y de memorándums cerrados entre los Estados europeos y la “Troika”.
La Troika en Europa y las IFIs (Banco mundial y FMI) en el Sur violan de manera flagrante las reglas elementales de un Estado democrático. Los parlamentarios nacionales no participan en la elaboración de acuerdos “negociados” entre los gobiernos y sus acreedores. Su ratificación en la debida forma por el Parlamento ni siquiera ocurre a veces; como por ejemplo en Grecia, cuando se acordó el programa de austeridad con la Troika en 2010 sin que el Parlamento lo hubiese ratificado, tratándose de una obligación de la Constitución griega |11|. En cuanto al dialogo de las autoridades de las IFI con la “sociedad civil” de los países llamados “en desarrollo”, éste solo es ficticio.
Desde que estalló la crisis financiera en 2008, los Estados del Norte han rescatado a los bancos en varias ocasiones. Estos rescates repetidos toma principalmente dos formas: recapitalización y otorgamiento de garantías del Estado. La lógica de la garantía es la siguiente: si el banco no consigue pagar a sus acreedores, entonces los poderes públicos (en definitiva los contribuyentes) intervienen financieramente, lo que ocasiona un aumento de la deuda pública. El caso de Dexia es una perfecta ilustración del tema. En octubre 2011, tres Estados (Bélgica, Francia y Luxemburgo) se comprometieron a garantizar los empréstitos de Dexia SA hasta 90 000 millones de euros. A demás de resultar peligrosa económicamente y socialmente, la garantía otorgada por el Estado belga es ilegal. En efecto, ha sido emitida por simple decreto real procedente de una sesión de gobierno para asuntos corrientes y sin que éste se haya tomado la molestia de consultar al Parlamento federal. Sin embargo los temas presupuestarios son competencia del poder legislativo según la Constitución. Además, la sección legislativa del Consejo de Estado no ha sido consultada aún cuando se trata de una condición imprescindible bajo pena de nulidad del acto. En cuanto a la garantía otorgada por el Estado francés, aunque en apariencia legal porque el Parlamento francés votó una ley, es igualmente ilegítima.
La ilegitimidad de la garantía del Estado belga ha sido desarrollada en la petición de anulación presentada ante el Consejo de Estado por tres asociaciones (CADTM Bélgica, ATTAC Lieja y ATTAC Bruselas 2) apoyadas por dos diputadas ecologistas. En el momento en que escribimos estas líneas, el asunto permanece todavía sin resolver. |12| Este combate jurídico se enmarca de manera más amplia en la lucha política por la anulación de la deuda pública ilegítima, principalmente aquella que procede del rescate de los bancos.
El dolo podría ser invocado por los Estados y también por las colectividades locales y los establecimientos públicos contra bancos como Dexia. En algunos casos, Dexia habría dado conscientemente informaciones exageradamente optimistas, incluso erróneas, garantizando una casi-ausencia de riesgo. Dexia, igual que otros bancos, no ha cumplido con su obligación de información aún cuando las colectividades locales no estaban equipadas para valorar los riesgos que corrían. En ausencia de información clara y detallada sobre el contenido de los contratos, se puede considerar que el consentimiento de las colectividades no ha sido válidamente dado e invocar el dolo de estos bancos, causa de nulidad |13|. En diciembre 2012, Dexia contaba solo en Francia con por lo menos 57 denuncias de los municipios perjudicados por los préstamos tóxicos del banco.
Se puede citar el ejemplo de contratos entre Grecia y la transnacional Siemens, acusada – tanto por la justicia alemana como por la griega – de haber pagado comisiones y otros sobornos al personal político, militar y administrativo griego por un importe aproximado de mil millones de euros. |14|
Recordemos que los Estados tienen la obligación de respetar los textos internacionales que protegen los derechos humanos y que esta obligación de respetar, proteger y promover los DDHH prevalece sobre cualquier otro acuerdo. Entre los textos que protegen los DDHH y reafirman la soberanía de los Estados, se encuentra: la Carta de las NNUU, los Pactos de 1966 sobre DDHH, el “jus cogens”, la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986, la resolución del Consejo de los DDHH de la ONU del 18 julio 2012 |15|.
Con el fin de apoyar nuestra argumentación sobre el carácter ilegítimo de esta deuda, se puede citar también el proyecto de artículo sobre la sucesión en materia de deudas del Estado que se hizo para la Convención de Viena de 1983, formulada por el portavoz especial Mohamed Bedjaoui:“Desde el punto de vista de la comunidad internacional, se podría entender que es odiosa toda deuda que se contrae para fines no conformes al derecho internacional contemporáneo, y más particularmente a los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas” |16| Recordemos que entre estos principios, se encuentra el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos (artículo 1-2 de la Carta de la ONU). También encontramos, en los artículos 55 y 56, las obligaciones de los miembros de la ONU: “niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”.
El artículo 26 de la Carta impone a los Estados que reglamenten el comercio de armamento y que solo dediquen un mínimo de sus recursos al campo militar. A pesar de ello, se observa que los gastos militares, a nivel mundial, aumentan de año en año. En 2011, estos gastos alcanzan los 1 740 000 millones de dólares, cuando el programa alimentario mundial (PAM) de las NNUU solo recogió 3 500 millones de dólares en 2010. |17| Los Estados tienen, sin embargo, la obligación, según el artículo 1-3 de la Carta, de “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religion”.
La ayuda ligada se desarrolló primero entre los Estados del Norte con los del Sur. Ante una recesión generalizada y un desempleo masivo a partir de la mitad de los años 1970, los países ricos decidieron repartir poder adquisitivo entre los países del Sur, con el fin de incitarlos a comprar mercancías producidas por el Norte, otorgándole préstamos de Estado a Estado, a menudo en forma de créditos para la importación: esto es la ayuda ligada. La ayuda ligada se traduce sobre todo para el país “beneficiario” por un sobrecoste notable de los servicios o bienes adquiridos. Según un estudio del Banco mundial, en el periodo de 1962-1987, los países africanos han pagados sus importaciones de productos siderúrgicos más caras que los países industrializados (hasta un 23% en el caso de importaciones procedentes de Francia |18|). La ayuda ligada también se practica entre los países del Norte. Así, en plena crisis a principios de 2010, bajo la presión de las autoridades francesas y alemanas que querían garantizar sus exportaciones de armas, el gobierno griego recurrió a numerosos préstamos para financiar la compra de material militar a Francia y a Alemania.
e) los intereses reclamados por los bancos que han recibido fondos prestados del Banco Central Europeo (BCE).
Exigiendo tipos de interés elevados a los Estados cuando estos bancos reciben fondos del BCE solo al 0,75% o al 1%, se enriquecen de manera indebida. Se puede hablar aquí de un enriquecimiento sin causa. Desde el derecho romano, la obligación de no enriquecerse injustamente en perjuicio ajeno, es recogida de manera más o menos expresa en numerosas legislaciones. Las consecuencias conllevan la posibilidad, para la víctima del empobrecimiento, de conseguir del que se ha enriquecido injustamente a sus expensas, la restitución de lo que le ha sido sustraído injustamente, dentro de los límites del enriquecimiento procurado. |19| También se puede considerar que todos los intereses pagados por los Estados a los bancos son ilegítimos en la medida en que sería lógico que los bancos centrales (BCE o Banco nacional) prestaran directamente a los Estados a interés 0, o en todo caso a tipo de interés muy bajo.
También se puede hablar aquí de enriquecimiento sin causa en la medida en que los PED han reembolsado varias veces sus deudas a los acreedores extranjeros. En efecto, la transferencia neta de la deuda pública externa (diferencia entre los importes recibidos en forma de nuevos préstamos y el total de los reembolsos) es ampliamente negativa entre 1985 y 2010. Ésta asciende a 530.000 millones de dólares. |20|
|1| En 2006, Noruega ha anulado unilateralmente y sin condiciones, sus derechos de crédito sobre cinco países (Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú, y Sierra Leone), reconociendo su parte de responsabilidad en estos endeudamientos calificados de “ilegítimos”. Bajo la presión de los movimientos sociales, Ecuador, a iniciativa del presidente Rafael Correa, realizó una auditoría integral de la deuda pública con representantes del Estado, de movimientos sociales y de redes internacionales trabajando sobre el tema de la deuda como el CADTM. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador decidió suspender el pago de la deuda constituida de títulos de la deuda que vencían unos en 2012, otros en 2030. Finalmente, el gobierno salió vencedor de una prueba de fuerza con los banqueros norteamericanos detentadores de los títulos de la deuda ecuatoriana. Compró por menos de un millardo de dólares títulos que valían 3,2 millardos de dólares. El tesoro público ecuatoriano ha economizado así alrededor de 7 mil millones de dolares.
|2| Leer Stéphanie Jacquemont, « Que retenir du rapport de l’expert de l’ONU sur la dette et les droits humains »
|3| David Ruzié, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.
|4| Párrafo 23 de los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, Anexo al informe del Experto independiente Cephas Lumina del 10 de abril de 2012 (A/HCR/20/23).
|6| Leer Renaud Vivien, « Suspendre le remboursement de la dette pour protéger les droits de la population »
|7| Leer la posición del CADTM sobre la deuda odiosa, “La actualidad de la doctrina de la deuda odiosa”, 2008, http://cadtm.org/La-actualidad-de-la-doctrina-de-la
|8| Resolución de julio de 2011 adoptada por el Senado belga y resolución del Parlamento europeo de mayo de 2012sobre la Estrategia de comercio e inversión para el Mediterráneo Meridional tras las revoluciones de la «primavera árabe».
|9| Artículo 53: « Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internalcional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter ».
|10| Leer la posición del CADTM sobre la deuda odiosa, “La actualidad de la doctrina de la deuda odiosa”, 2008, http://cadtm.org/La-actualidad-de-la-doctrina-de-la
|11| Leer George Katrougalos, “The Greek Debt, under the light of Constitutional and International Law“.
|12| Leer el resumen de los argumentos jurídicos: http://cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente
|13| Leer Patrick Saurin, « France : les dettes publiques locales, un enjeu citoyen essentiel ».
|14| Leer el capítulo 5 del libro La deuda o la vida, La dette ou la vie, Edición Icaria, 2011, http://cadtm.org/La-deuda-o-la-vida.
|15| Resolución 20/10 del 18 de julio de 2012 (A/HCR/RES/20/10), http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/10
|16| Mohammed Bedjaoui, «Noveno informe sobre la sucesión en las materias aparte de los tratados», A/CN.4/301 y Add. 1, p. 73.
|17| http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-deuda-2012
|18| Marc Raffinot, La dette des tiers mondes, 1993, Collection Repères.
|19| Monique Picard Weil, « Du droit de refuser d’honorer certaines dettes extérieures. Essai d’inventaire », in XIIe congreso de la AIJD, agosto de 1984.
|20| http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-d…
← 985 millones de Intereses ilegítimos en la Deuda de la DGA (2002/2013) Auditoria ciutadana per la transparència econòmica →

References: artículo 53
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 53
 Resolución