Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421342.html
Timestamp: 2019-03-20 07:14:51+00:00

Document:
A S - 342
Auto Supremo:342/2014
Sucre:27 de junio 2014
Expediente:LP-32-14-S.
Partes: Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero.c/ Marcela
Irene OrozaGarrón de Zabala y otros.
Proceso:Mejor Derecho, desocupación y entrega de bien inmueble.
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 660 a 663, fs. 674 a 675 vta., fs. 679 a 684 vta.,correlativamente interpuestos por:Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero, el primero, Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala, el segundo y el tercero interpuesto por María Isabel Oroza Garrón de Villalobos por si y en representación de Carlos Gabriel, Teresa Amalia y Mario Alberto Oroza Garrón; todos en contra del Auto de Vista Nº 201/2013 de fecha 23 de septiembre 2013, cursante de fs. 647a649 vta., emitido por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Mejor Derecho, desocupación y entrega de bien inmueble más pago de daños y perjuicios, seguido por Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero contra Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala y otros; la concesión de fs. 699, los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez Onceavo de Partido en lo Civil de La Paz, el 30 de abril 2004, pronunció Sentencia, cursante de fs. 282 a 287, declarando probada en parte la demanda de fs. 39 – 41 en cuanto al mejor derecho de propiedad que les asiste a Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero sobre la casa No 5225 de la Av. Hernando Siles zona de Obrajes de la ciudad de La Paz, también declaró improbada lo referente a la petición de daños y perjuicios por que no se justificaron; con referencia a las demandas reconvencionales el Juez A quo declaró improbadas las mismas y en su mérito dispuso que los demandados al tercer día de la ejecutoria de la Sentencia entreguen a sus propietarios la integridad del referido inmueble – casa – bajo conminatoria prevista en el art. 33 parag. II de la Ley 1760 de abreviación Procesal Civil.
Resolución que fue apelada por María Isabel Oroza de Villalobos, Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala, adherida al recurso de apelación por María Isabel Oroza Garrón de Villalobos en representación de sus hermanos Carlos Gabriel y Mario Alberto y Teresa Amalia Oroza Garrón, en cuyo mérito la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 8 de marzo 2006 emitió el Auto de Vista de fs. 344 a 345 vta., resolución que fue recurrida en casación por los actores motivo por el cual se dictó el Auto Supremo Nº 201 de fecha 14 de junio de 2010 que anulo el Auto de Vista de fs. 344 a 345 vta.
Cumplido con la determinación del Auto Supremo, nuevamente el Tribunal Ad quem emite resolución anulando obrados hasta fs. 280 inclusivedisponiendo que el Juez A quo dicte nueva Sentencia, resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Ángel Huanca Linares, apoderado de los esposos Guillermo Rivero Mendoza y Sara Virginia Larrea de Rivero, lo que derivó en la emisión del Auto Supremo No. 181 de fecha 30 de abril de 2013 emitida por la Sala Liquidadora que anulo nuevamente el Auto de Vista.
Ahora en fecha 23 de septiembre de 2013 en cumplimiento del Auto Supremo de la Sala liquidadora se emitió el Auto de Vista No. 201/2013 el cual revocó en parte la Sentencia Nº 196/2004 de 30 de abril de 2004, en consecuencia se declaró improbada la demanda principal y se confirmó todo lo dispuesto en la Sentencia con referencia a la demanda reconvencional.
Resolución de segunda instancia, que fue recurrida en casación por Guillermo Rivero Mendoza y Sra., Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala y María Isabel Oroza Garrón de Villalobos por si y en representación de sus hermanos Carlos Gabriel, Teresa Amalia y Mario Alberto Oroza Garrón, los mismos que se analizan.
Recurso de Casación de Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero:
Indican que las pretensiones señaladas en su demanda principal son tres, extremo que se halla respaldado por el contenido del art. 328 del Código de Procedimiento Civil.
Señalan que la Sentencia al definir el litigio declarando probada en parte la demanda engloba las tres pretensiones que plantearon, entendiéndose que la Sentencia dispuso la viabilidad de la demanda en cuanto a la desocupación y entrega del bien inmueble.
Por dicho motivo acusan al Auto de Vista de incongruencia, mencionando que solo realizan un resumen lacónico de los antecedentes, hacen mención de lo normado en el art. 1545 del Código Civil indicando que se reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble, aspecto que en la demanda no se señaló, no correspondiendo a sus pretensiones tampoco al caso en concreto concluyendo que la sola cita y explicaciones de normas contenidas en los códigos, sin subsumir su aplicación al caso en concreto incumple el deber de fundamentación de las resoluciones.
En otro punto acusan la falta de pertinencia del Auto De Vista, indicando que la resolución de segunda instancia se circunscribe a una simple relación de los hechos contenidos en el expediente pero no contiene un análisis hermenéutico y pormenorizado de los agravios inferidos menos analiza y valora la prueba, tampoco se efectúa una justificación jurídica coherente para llegar a conclusiones lógicas.
Mencionan también que el Tribunal de Alzada reconoce el derecho propietario que les ampara en el bien inmueble y en forma incoherente y vulnerando el principio de legalidad, en la parte final del punto 4 determinan: “por lo que correspondía a las partes actoras para hacer valer sus derechos solicitar mediante otra pretensión y no mediante una demanda de mejor derecho propietario y como consecuencia de esa pretensión la desocupación y entrega del inmueble ya que estas peticiones no se adecúan al caso de autos…” (sic), fundamentación que no llegan a comprender los recurrentes, acusando de inconsistencia legal del Auto de Vista por falta de fundamentación, ser contradictorias en sus considerandos y falto de sindéresis jurídica, toda vez que en lademanda existe tres pretensiones el mejor derecho propietario y la desocupación y entrega del bien inmueble los cuales fueron plenamente probados en el juicio por ello el Juez declaró probada el mejor derecho propietario y dispuesto la entrega del bien demandado.
Por dicho motivo, y en base a los argumentos de hecho y de derecho que preceden solicitan que sea admitido su recurso de casación en el fondo y en estricta aplicación de su derecho propietario se Case el Auto de Vista de fecha 23 de septiembre de 2013, manteniendo subsistente la Sentencia dictada por el Juez A quo de fecha 30 de abril de 2004.
Recurso de Casación de Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala:
Acusan la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 452, 554 – 1), 547 y 1328 todos del Código Civil, al indicar que la norma sustantiva no es de aplicación al presente caso de Autos y que la anulabilidad se encuentra probada tanto literal como testifical, incurriéndose en errónea aplicación del art. 1328 – I) del sustantivo civil.
En otro punto acusa la apreciación errónea de hecho y de derecho de la prueba testifical y la confesión provocada así como de la documental cursante de fs. 133 – 135 por las cuales se establece que la demandada se encontraba en la ciudad de La Paz, motivo por el cual era imposible que este en dos lugares al mismo tiempo (Santa Cruz – La Paz), otorgando su consentimiento. Probándose así la anulabilidad demanda.
Termina peticionando que se Case en parte el Auto de Vista y autos complementarios y pronunciándose en el fondo, se declare probada la demanda reconvencional por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 452, 554 -1) 547 y 1328 – I) del Código Civil, basándose erróneamente que laprueba testifical no es admisible para acreditar la existencia ni la extinción de una obligación, cuando en el presente proceso no se demandó o reconvino sobre la existencia o no de una obligación, sino el mejor derecho propietario, la anulabilidad y nulidad de una transferencia.
Recurso de casación de María Isabel Oroza Garrón de Villalobos por si y en representación de Carlos Gabriel, Teresa Amalia y Mario Alberto Oroza Garrón:
Acusa la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 454, 554 – 1) 547 y 1328 – I) todos del Código Civil indicando que no existió consentimiento en el contrato, aspecto demostrado por las declaraciones testificales de fs. 203, 207, 208, 209, 213, confesión provocada de fs. 187, 188, 189 y 190, 191, por el informe de fs. 136, 142, 143, 144, 146 – 148.
Se apoya en lo normado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado que establece los principios fundamentales para la administración de justicia ordinaria y entre los cuales se encuentra la verdad material.
En otro punto los recurrentes vuelven a indicar apreciación errónea de hecho y de derecho de la prueba testifical, la confesión provocada, informes literales y la prueba pericial de fs. 551 – 644, aspectos que vulneran el principio de verdad material reconocida por la Constitución Política del Estado.
Por todo lo expuesto en el recurso de casación solicitan que se Case en parte el Auto de Vista y autos complementarios y pronunciándose sobre el fondo del recurso se declare probada la demanda reconvencional por violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los arts. 452, 554 1), 547 y 1328 1) del Código Civil.
Recurso de Casación de Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala y de María Isabel Oroza Garrón de Villalobos por si y en representación de Carlos Gabriel, Teresa Amalia y Mario Alberto Oroza Garrón:
De lo argumentado en ambos recursos de casación, las recurrentes hacen referencia a la interpretación errónea de los arts. 452, 547, 554 núm. 1) y 1328 num 1) del Código Civil, también acusan error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba testifical, documental, confesión provocada e informe pericial, por dicho motivo y en consideración a los argumentos vertidos en ambos recursos se debe indicar lo siguiente:
Que, la pretensión de las recurrentes, fue la nulidad sustentada en la no participación en el contrato, así se tiene de la demanda reconvencional que cursan de fs. 53 a 54 y de 55 a 57 vta.; ahora conforme al recurso de casación interpuesto en la litis, todos los argumentos están encaminados a objetar que en fecha 26 de abril de 2001 la parte recurrente no se encontraba en la ciudad de Santa Cruz, aspecto que a criterio de las recurrentes se encontraría probado por las declaraciones testificales, prueba documental y confesión provocada, al ser así lo argumentado en casación, se tiene quelas declaraciones testificales de fs. 207 a 209, las documentales de fs. 133 a 135 que probarían que el 26 de abril de 2001 se encontraba en la ciudad de La Paz, no son suficientes para demostrar la falta de consentimiento demandado por las recurrentes, toda vez que las documentales y declaraciones testificales descritas, solo hacen referencia a la fecha cuándo se protocolizó la minuta de transferencia del bien inmueble y no así a la fecha de suscripción de la minuta que se efectuó en una fecha muy diferente (11 de abril de 2001). Conforme se tiene de la misma Escritura Pública.
Siendo así la consideración de las declaraciones testificales de fs. 207 a 209, las documentales de fs. 133 a 135 y la confesión provocada de la parte demandante que cursa de fs. 188 a 191, que a criterio de las recurrentes de manera unánime e irrefutable prueban que el 26 de abril de 2001 se encontraba en la ciudad de La Paz, no son idóneos para probar la falta de consentimiento en la Escritura Pública, máxime si dicha prueba testifical es inadmisible para demostrar la existencia o no del consentimiento materializado en la Escritura Pública Nº 327/01, concerniente a la compra y venta de un bien inmueble, aquiescencia de los vendedores que se encuentra plasmado en el contenido de dicha documental que se impone a la prueba testifical, conforme norma e indica el art. 1328 del Código Civil que establece en su numeral segundo: “Tampoco se admite en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, a tiempo o después que ellos se otorgaron…”
Además, se debe señalar que al ser el consentimiento el acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo punto, este se formaliza desde el instante mismo del acuerdo de voluntades, estén o no estén presentes los contratantes, en ese entendido, la presencia o no a un acto formal como lo es la asistencia a la notaría de fe pública, como en el caso de Autos, no prueba que en el contrato de compra y venta existiere falta de consentimiento en consideración a que dicho acto sólo es la objetivización, materialización del acuerdo de voluntades acaecido con anterioridad a dicho acto material, o sea, en la firma de la minuta que en el caso de autos se realizó el 11 de abril de 2001, 15 días antes a la protocolización de dicho acuerdo.
Por otro lado resulta necesario resaltar la prueba cursante de fs. 85 a 86 vta., consistente en una Escritura Pública Aclarativa de superficie, suscrito entre los demandados y los demandantes de fecha 14 de mayo de 2001, en donde ambas partes en litigio aclararon la superficie del bien inmueble objeto de la litis de una superficie de 1.200 mts2, a una superficie disponible de 1.157 mts2 conforme se desprende de la cláusula segunda del indicado documento, el cual fue firmado y rubricado en signo de conformidad por Guillermo Rivera Mendoza, Sara Virginia Larrea de Rivero (demandantes) y por Teresa Amalia Oroza Garrón, Marcela Irene Oroza de Zavala, María Isabel Oroza Garrón de Villalobos, Mario Alberto Oroza Garrón (demandados), documento que de manera inobjetable establece que los demandados “…procedieron a transferir dicho inmueble de 1.200 mts2., a favor de los esposos GUILERMO RIVERO MENDOZA, con C.I Nº 231414-LP, y SARA VIRGINIA LARREA DE RIVERO con C.I Nº 247074-LP. Aclarándose que a la fecha es de pleno conocimiento que el inmueble descrito en el documento principal es de 1.157 mts2., (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS) dando plena conformidad y aceptación con lo estipulado enel presente documento, no teniendo ningún reclamo en lo posterior, aclarándose además que el citado instrumento se encuentra en trámite para su registro pertinente por ante las oficinas de Derechos Reales.” (sic), prueba que demuestra y avala la transferencia efectuada por las recurrentes.
Por lo cual, aun presumiendo que la recurrente se encontraba en la ciudad de La Paz y no en Santa Cruz en fecha 26 de abril de 2001, como manifiestan los testigos y hacen alusión las pruebas documentales, estás no llegan a desvirtuar el consentimiento a la venta efectuada por la recurrente, reconfirmada por la Escritura Pública Nº 367/01 de fecha 14 de mayo de 2001.
Finalmente, respecto al informe pericial de fs. 551 a 644, documental presentada por la parte demandada, de la revisión de obrados se advierte que no fue admitida por el Tribunal de segunda instancia conforme se tiene de la providencia de fecha 11 de septiembre de 2013 cursante a fs. 646, por dicho motivo en el Auto de Vista de fecha 23 de septiembre de 2013 dicha documental no fue considerada, por lo cual hacer mayor referencia y consideración a la misma no compete a esta instancia de casación.
Por lo expuesto, concluiremos que los argumentos vertidos por las recurrentes en ambos recursos de casación, no resultan fundados, motivo por el cual se debe aplicar lo dispuesto en los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
Resulta necesario aclarar lo establecido en el recurso de casación en el fondo presentado por los recurrentes, si bien, el argumento empleado para impugnar el Auto de Vista emitido en la litis se encuentran algunas consideraciones de índole formal, como por ejemplo la incongruencia del Auto de Vista, la falta de fundamentación y la pertinencia de la resolución de segunda instancia; los actores, además hacen alusión a la existencia de otras pretensiones en la demanda principal que fueron acogidas favorablemente por el Juez A quo al momento de emitir la Sentencia en obrados, por dicho motivo se deberá analizar la veracidad de lo argumentado en el fondo por los recurrentes, en ese entendido tenemos:
En la demanda de fs. 39 a 41 se puede extractar que Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero son propietarios de un bien inmueble por compra venta protocolizada en fecha 26 de abril de 2001, mediante Testimonio Nº 327/2001, suscrito por Teresa Amalia Oroza Garrón, Marcela Oroza Garrón de Zabala, Carlos Gabriel Oroza Garrón, María Isabel Oroza Garrón de Villalobos y Mario Alberto Oroza Garrón, quienes transfirieron el bien inmueble ubicado en la ciudad de La Paz, zona de obrajes, calle 6 y 7 de la Avenida Hernando Siles Nº 5225 y Avenida 14 de septiembre, con una superficie de 1200 m2., inmueble que se encuentra registrado en DD.RR. a nombre de los actores bajo la matricula computarizada Nº 2.01.0.99.0013278 de fecha 19 de junio de 2001.
En base a su derecho de propiedad descrito supra, mencionan que pese de haberse introducido una fecha de entrega y desocupación del inmueble objeto de la presente demanda y dada la relación existente con los vendedores, se convino en que los demandados entreguen en el lapso de tres meses computados desde la firma del documento y al haber transcurrido más de un año y no hacerse efectiva la entrega y desocupación, demanda el mejor derecho de propiedad, desocupación y entrega del inmueble descrito supra, solicitando que sea admitida sus pretensiones, las mismas que por providencia de fecha 30 de julio de 2002 fue admitida conforme se tiene a fs. 41 vta. Corrido en traslado a la parte demandada, está reconvino por la anulabilidad y nulidad del documento de transferencia, situación que origino que el Juez de la causa califique el proceso en fecha 1 de abril de 2003 (fs. 130 a 131), donde entre los puntos de hecho a aprobar para la parte actora se encuentra, “4.- Que, los vendedores no cumplieron con su obligación de entregar el inmueble a los compradores. (…) 8.- Demostrar que los vendedores fueron conminados para la entrega del inmueble y no lo hicieron…”, o sea, demostrar la desocupación y posterior entrega del bien inmueble que fue peticionado en la demanda principal.
Establecido los puntos de hecho a probar para ambas partes, las mismas ofrecieron sus pruebas de las cuales, la Sentencia conforme lo establece el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, fueron examinadas y valoradas, concluyéndose en esa resolución judicial que por Escritura Pública Nº 874/99 de 13 de agosto de 1999 el Banco Bisa S.A., otorgó un préstamo de dinero por la suma de $us 375.000.- a favor de los actores con la garantía hipotecaria del inmueble objeto de la litis. También se hace mención que por Escritura Pública Nº 327/2001 de 26 de abril de 2001 se efectúa la transferencia del bien inmueble por la suma libremente convenida y pactada de Bs.- 2.300.000.- (Dos Millones Trescientos Mil 00/100). Por Escritura Pública Nº 367/01 de 14 de mayo de 2001cursante de fs. 85 a 86 los hermanos demandados, aclaran que el inmueble vendido a Guillermo Rivero y Sarah Larrea de Rivero de acuerdo a certificación emitida por la H. Alcaldía Municipal de La Paz cuenta con una superficie de 1.157 mts2, venta y aclaración de superficie que se registra en la misma matrícula real que cursa a fs. 87 de obrados, finalmente cursa la Escritura Pública Nº 358/01 de 16 de mayo de 2001 por la cual los deudores y compradores del referidoinmueble, pagan la deuda contraída del Banco Bisa S.A. y obtienen la cancelación y liberación que pesaba sobre el indicado inmueble.
En base a dichas pruebas el A quo concluye que se dio cumplimiento a lo normado en el art. 452 del Código Civil, por ende afirma que existe consentimiento de las partes firmantes, y al contar el Derecho propietario de la parte actora con la publicidad que le otorga el Registro en Derechos Reales, conforme lo norma el art. 1538 del sustantivo civil, surte sus efectos contra terceros y conforme a lo dispuesto en el art. 105 del mismo cuerpo legal, los actores pueden ejercitar su derecho a usar, gozar y disponer el bien inmueble, motivo por el cual al estar justificado el derecho de los actores y no existir prueba en contrario idónea que demuestre los extremos reconvenidos por los demandados, el Juez A quo declara probada en parte la demanda de fs. 39 -41 en cuanto al mejor derecho de propiedad que les asiste a Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero, disponiéndose que los demandados al tercer día de la ejecutoria de la Sentencia, entreguen a sus propietarios la integridad del referido bien inmueble, declarando improbada las demandas reconvencionales de anulabilidad de fs. 53 y de nulidad de fs. 55.
Resolución que fue apelada por la parte interesada, motivo por el cual el Tribunal Ad quem, luego de una serie de nulidades procesales, que dilataron el presente proceso, dictó el Auto de Vista de fecha 23 de septiembre de 2013, resolución que revocó en parte la Sentencia Nº 196/2004 de 30 de abril de 2004, en consecuencia declaró improbada la demanda principal y se confirmó todo lo demás dispuesto en la Sentencia, resolución que baso su determinación en la consideración de que el mejor derecho de propiedad se encuentra referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad de un mismo inmueble, aspecto que en el caso de autos no acontece, motivo por el cual concluyó que la demanda de mejor derecho de propiedad y como consecuencia de esa pretensión la desocupación y entrega del inmueble, no era la vía para hacer valer sus derechos alegados por los actores.
En ese entendido, de lo descrito se puede deducir que la lógica jurídica del Tribunal Ad quem fue la no procedencia de la desocupación y entrega del bien inmueble en base a la pretensión del mejor derecho de propiedad demandado por los recurrentes, criterio que resulta restrictivo y formal, toda vez que la demanda cursante en obrados no solo estaba dirigida al reconocimiento del mejor derecho de propiedad, sino en especial a la desocupación y entrega del bien inmueble que adquirieron los actores, motivo por cual y en apoyo de lo establecido en la Constitución Política del Estado en su art. 115 parágrafo II que a la letra dice: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, conviene hacer las siguientes consideraciones:
La mayoría de las codificaciones latinoamericanas, reconocen la pluralidad de pretensiones en una misma demanda o proceso, siempre que no sean contradictorias, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Por dicho motivo nuestra legislación también reconoce dicho derecho en el art. 328 del Código de Procedimiento Civil, referente a la pluralidad de peticiones, normativa que establece que: “En una demanda podrán plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a la competencia del mismo juez.”
En ese entendido, se tiene de la revisión de la demanda principal, que los recurrentes demandaron el mejor derecho Propietario, la desocupación y entrega de bien inmueble más el pago de daños y perjuicios, tres pretensiones que fueron acogidas por el juez A quo al momento de admitir la demanda y trabar la relación jurídico procesal, fijando los puntos de hecho a probar sobre las tres peticiones descritas, motivo por el cual el desarrollo de proceso se circunscribió a demostrar por un lado el mejor derecho, la desocupación, entrega del bien inmueble y finalmente el pago de daños y perjuicios entre otros de la demanda reconvencional; si bien la demanda de mejor derecho de propiedad no era la vía para pretender reclamar la desocupación y entrega del bien inmueble, como lo estableció el Ad quem al efectuar la consideración del art. 1545 del Código Civil; sin embargo a ello ésta resolución (Auto de Vista), no toma en cuenta lo establecido en el art. 328 del Código de Procedimiento Civil, y conforme lo indicado se tiene que los actores demandaron el Mejor derecho Propietario, la desocupación y entrega de bien inmueble más el pago de daños y perjuicios que conforme a los antecedentes facticos descritos en la demanda principal los recurrentes solicitaron principalmente la desocupación y entrega del bien inmueble y no así el mejor derecho de propiedad que en los hechos ya lo cuentan y se encuentra rotundamente probado en la litis.
Al ser así, la fundamentación efectuada por el Ad quem y la conclusión a la que llega, vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes, quienes se encuentran en proceso desde el año 2002, más de diez años que no encuentran una decisión judicial que ponga fin al debate acaecido en la litis, y de la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada (Auto de Vista) se advierte que no define nada y deja en “tablas” a las partes contendientes, vulnerando así una de las peticiones de la parte actora, claramente establecida en la demanda principal que si bien fue argumentada en una norma jurídica que no guarda correspondencia con su pretensión, craso error que no puede ser motivo para que en la presente contienda judicial se dicte una Resolución injusta alejada de la finalidad concreta del proceso, es por eso y a fin de evitarse la consumación de perjuicios a las partes, en tiempo y dinero, el Juez en su calidad de intérprete de la ley cuenta con la potestad de aplicar al caso en concreto, el derecho que corresponde a las partes, independientemente de las impericias que incurrieron los actores al momento de exponer sus pretensiones, por dicho motivo en materia procesal rigen los principios jurídicos de "editio actionis" y "iuria novit curia", en función a los cuales no es requisito indispensable que las partes tengan necesariamente que utilizar el tecnicismo jurídico, bastando la claridad en la exposición de los hechos, en base a los cuales el Juez debe aplicar el derecho. Al respecto el tratadista Hugo Alsina indica: "No significa obligación de indicar por su nombre técnico la acción que se deduce (editio actionis) ni si quiera la de citar las disposiciones legales en que se funda la pretensión, pues la primera resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el actor (iuria novit curia), de modo que el silencio o el error de éste no tiene ninguna consecuencia jurídica"
Por dicho motivo, en la litis al ser una de las pretensiones de los recurrentes la desocupación y entrega del bien inmueble, (petitum), el Juez A quo de alguna manera acogió correctamente una de las pretensiones discutidas en la litis, si bien no es procedente la declaración de mejor derecho de propiedad, pero en base a los hechos facticos descritos en la demanda, la segunda pretensión de los actores, los documentos que respaldan su derecho propietario los cuales demuestran fehacientemente que adquirieron el bien inmueble ubicado en la ciudad de La Paz, zona de obrajes, calle 6 y 7 de la Avenida Hernando Siles Nº 5225 y Avenida 14 de septiembre, con una superficie de 1200 m2., inmueble que se encuentra registrado en DD.RR. a nombre de los actores bajo la matricula computarizada Nº 2.01.0.99.0013278 de fecha 19 de junio de 2001, les corresponde otorgarles favorablemente la desocupación y entrega de dicho bien inmueble, toda vez que los demandados no demostraron que la venta realizada en la litis sea ineficaz y de manera contraria mediante prueba idónea los actores ahora recurrentes demostraron el derecho que cuentan, por lo cual en función al principio de iuranovit curia el juzgador tenía la libertad para dar el encuadre de derecho pertinente conforme a los hechos descritos y probados en la litis.
Por lo cual concluiremos indicando que el Tribunal Ad quem en la resolución de segunda instancia infraccionó el debido proceso y la tutela judicial efectiva, emitiendo una resolución injusta alejada de la finalidad concreta del proceso, vulnerando los hechos expuesto por la parte actora, los mismos que se subsumen al acogimiento de la desocupación y entrega de bien inmueble de su propiedad.
Por dicho motivo y conforme a los argumentos expuestos por los recurrentes, y al ser evidentes las infracciones acusadas, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 41 y 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 -2) y 4), 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Marcela Irene Oroza Garrón de Zavala y de María Isabel Oroza Garrón de Villalobos por si y en representación de Carlos Gabriel, Teresa Amalia y Mario Alberto Oroza Garrón y en virtud del recurso de casación en el fondo presentado por Guillermo Rivero Mendoza y Sarah Virginia Larrea de Rivero, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 201/2013 de fecha 23 de septiembre 2013, cursante de fs. 647 a 649 vta., emitido por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y deliberando en el fondo declara Probada la demanda de Desocupación y entrega de bien inmueble, disponiendo que los demandados desocupen y entreguen el Bien inmueble objeto de la presente causa alos actores a tercer día de su legal notificación, bajo prevención de ley; así mismo, mantiene todo lo demás dispuesto.

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