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DE LOS SERVICIOS AUTÓNOMOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA A LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS EN EL DECRETO DE LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - PDF
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Asunción Vidal de la Cruz
1 DE LOS SERVICIOS AUTÓNOMOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA A LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS EN EL DECRETO DE LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Profesor de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de la Universidad de Margarita Resumen: El artículo analiza a los servicios autónomos sin personalidad jurídica, hoy denominados servicios desconcentrados, de acuerdo con el Decreto Con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública del año Palabras clave: Organización administrativa. Autonomía. Servicios Autónomos sin Personalidad Jurídica. Summary: The article analyzes the autonomous services without personality, today called decentralized services, according with the Decree with Rank and Force of the Organic Law of the Public Administration Key words: Administrative organization. Autonomy. Autonomous Services without Personality. Recibido: 18 de marzo de 2013 Aceptado: 16 de abril de 2013 I. REFLEXIONES BASICAS SOBRE LA POTESTAD ORGANIZATIVA Cuando hablamos de Potestad Organizativa nos estamos un órgano dentro del Poder Público, para crear entes u órganos, 139
2 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 el esquema organizativo de un espacio de poder. La potestad organizativa constituye una de las potestades públicas administrativas que ostentan los órganos del estado; y estas consisten en aquellas facultades exorbitantes, con fuerza ordenadora y obligatoria, atribuidas constitucional y legalmente a la Administración Pública, capaces de moldear el mundo jurídico de los que el interés general. A través del ejercicio de dichas potestades la Administración Pública asume una posición de poder, de supremacía o imperium, pudiendo dirigir la voluntad de los administrados e invadir sus esferas privadas, teniendo siempre como norte la preservación del interés público; todo esto en atención del...precepto general de Derecho Público, en virtud del cual el interés público prevalece sobre el interés individual, y, siendo la Administración la tutora del primero, debe estar ubicada en una posición de tal naturaleza que le permita su satisfacción 1. Entre otras, estas potestades de la administración podrían ser, la potestad reglamentaria, la potestad sancionatoria, la potestad de autotutela, la potestad discrecional y la potestad organizativa. No obstante lo anterior, y aun cuando mencionemos en forma genérica que la potestad organizativa la ejerce la administración pública, debemos necesariamente aclarar que esta facultad se encuentra regulada y distribuida constitucionalmente, en cuyo podemos encontrar algunos aspectos que el ordinal 32 del artículo 156 constitucional le atribuye a la Asamblea Nacional 2 la facultad de legislar en materia de...organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales 1 Hildegard Rondón de Sansó, Teoría General de la Actividad Administrativa, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1981, p Esta competencia es ejercida en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 1 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 140
3 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia del Estado;.... Así mismo, el artículo 142 eiusdem, le atribuye al órgano legislativo la facultad de crear institutos autónomos, dentro del esquema de la reserva legal. Por otra parte, y ahora en el plano sublegal, el ordinal 20 del artículo 236 le asigna al Presidente de la República la competencia para...fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros,... Y es a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de La Administración Pública, en sus artículos 15 y 16, que se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar válidamente la potestad organizativa, entre los que podemos mencionar, se debe indicar el objeto y la competencia de la estructura administrativa creada, su forma organizativa y ubicación dentro del aparato del Estado, el diseño y alcance de su vínculo con el órgano de adscripción, y por último, su asignación presupuestaria para poder articularse y funcionar. Es precisamente en ejercicio de la potestad organizativa que la administración posee la facultad de crear entes u órganos, dentro de los cuales estarían los servicios autónomos (hoy desconcentrados) sin personalidad jurídica, entre otros. Y por ser una actividad propia de la administración pública, la potestad organizativa debe igualmente someterse al cumplimiento de una serie de principios, que hoy encuentran consagración legislativa en el antes citado Decreto Ley, y a alguno de los cuales nos hemos referido supra, estos son: i. La reserva legal en la asignación de la titularidad de la potestad organizativa 3, con excepción de la teoría de las potestades implícitas 4, ii. El 3 Artículo 15 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 4 Sobre el tema de las potestades implícitas se puede consultar la Sentencia Nro. 565 del 15 de abril de 2008, dictada por la Sala Constitucional deltribunal Supremo de Justicia, en el caso del recurso de interpretación del artículo constitucional, en la que afirmó:...ello es posible, sobre la 141
4 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/ ; recursos públicos 6 ; iv. El principio de simplicidad y transparencia de la organización administrativa 7 ; v. El principio de competencia 8 ; y entre otros, v. El principio de jerarquía II. BREVE RESEÑA HISTORICA SOBRE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS AUTONOMOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA EN VENEZUELA Nos enseña el profesor Peña Solís, que los antecedentes más remotos de los servicios autónomos sin personalidad jurídica en Venezuela, se pueden ubicar sobre los años 70 con los denominados Fondos del Café y del Cacao, a quienes se les atribuyó tal categoría sin fundamento legal alguno 10,y en el año de base de la doctrina de los poderes inherentes o implícitos en el ámbito de la actividad administrativa, la cual estima la Sala debe atender a la posibilidad del intérprete de las normas atributivas de competencia de revisar el espíritu de la norma atributiva, en forma tal, que permite aceptar la existencia de competencia cuando ésta sea consecuencia lógica del dispositivo legal y de la índole de la actividad principal que el órgano o ente ejerza. Los anteriores razonamientos, sólo contrarían una concepción simple del principio de legalidad, que se restrinja a la literalidad de la exigencia que éste impone respecto a la ineludible existencia de un precepto jurídico que justifique la actuación administrativa,... Ciertamente, aun cuando la competencia no esté literalmente contenida en una norma, es posible deducirla acudiendo a una interpretación finalista o sistemática de la misma, ya que si la competencia no surge en forma concreta de la disposición, en orden a materializar los fines del Estado y su cometido esencial de justicia social mediante la prestación de servicios eficientes y bienes de calidad, debe establecerse si la actuación administrativa puede derivarse como consecuencia lógica del texto de ésta. 5 Artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 6 Artículo 20, eiusdem. 7 Artículo 22, ibídem. 8 Artículo 26, ibídem. 9 Artículo 28, ibídem. 10 José Peña Solís, Manual de Derecho Administrativo, Colección Estudios Jurídicos Nro. 5, Vol. II, Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, p. 686.
5 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia 1972 se aprecia un Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional, elaborado por la Comisión Presidencial Pero el verdadero reconocimiento legislativo por primera ción de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario de 1976, en donde se menciona a los servicios autónomos sin personalidad jurídica sólo para señalar que sus ingresos se podían afectar la regulación del órgano, ya que este aspecto se encontraba regulado en el Proyecto de la Ley Orgánica de la Administración Descentralizada, en donde aparecían incluidos los servicios autónomos sin personalidad jurídica como órganos administrativos integrados en la jerarquía de un Ministerio, carentes de personalidad jurídica, pero dotados de autonomía actividad pública 11 no resultó sancionado. Esta previsión legislativa precaria se mantuvo intacta en las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, observándola hasta la reforma del 29 de junio de Es pues mediante Decreto Presidencial Nro , publi- 1996, cuando se dicta el Reglamento de los Servicios Autónomos Sin Personalidad Jurídica, a través de una norma de rango sublegal que comienza a delimitar tímidamente la estructura en diferentes casos. 11 Lo curioso y contradictorio es que se pretendió regular a los servicios autónomos sin personalidad jurídica, en una Ley cuyo título se refiere a la Administración Descentralizada, cuando los anteriores órganos son típica expresión de la Administración Central, ya que no poseen personalidad jurídica y se encuentran bajo una relación jerárquica con el Ministro al cual se encuentran adscritos. 143
6 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 Posteriormente en la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Central, publicada en la G.O , del 14 se comienza a desarrollar un conjunto de normas que le dan verdadera relevancia a estas instituciones jurídicas. Posteriormente se dicta en al año 2001, la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la G.O , del 17 de octubre de cionada Ley de Administración Central, con pequeñas particularidades. Y actualmente contamos con la vigencia del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la G.O. Nro. Extraordinario 5.890, del 31 de julio de 2008, el cual igualmente mantiene el cuerpo normativo que regula a este tipo de órganos, aunque a nuestro de autónomo por desconcentrado, por lo que pasan a llamarse Servicios Desconcentrados sin Personalidad Jurídica. III. RÉGIMEN JURIDICO ACTUAL DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA dicas organizativas carentes de personalidad jurídica propia, aunque dotados de capacidad de gestión, administrativa, pre- blica, los Gobernadores o Alcaldes, a través de un acto de rango sublegal, con el objeto de prestar un servicio que les permita generar sus propios recursos para ser reinvertidos en el mantenimiento del servicio prestado. Conocidos en diversos países como Administración, Servicios, Fondos, Patrimonios o Haciendas 144
7 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia el manejo de los fondos 12. a los servicios desconcentrados, el aspecto patrimonial, espe- ciarse y sostener económicamente la actividad prestacional que le es asignada a través del acto de creación. Estas organizaciones administrativas, antes denominadas Servicios Autónomos Sin Personalidad Jurídica, hoy bautizadas legislativamente como Servicios Desconcentrados Sin Personalidad Jurídica, diferentes a los órganos desconcentrados; ticos, los cuales pretendemos analizar a continuación. Nos toca a continuación pasearnos por los elementos que jurídica y realizar un análisis individual de cada uno de ellos para tratar de llegar a conclusiones integrales que nos permitan reconocer y manejar a esta forma de organización dentro de la administración pública. Resulta obligatorio comenzar por tratar de visualizar desde una perspectiva genérica e integral la naturaleza jurídica de los servicios desconcentrados, para entenderlos y aprovechar las bondades que ofrecen. Se trata de un organismo desconcentrado de la administración central, creado o reconocido por el titular de la potestad organizativa en el máximo nivel político territorial respectivo, con el objeto de trasladarle sólo el ejercicio de competencias con ánimo de permanen- 12 José Araujo-Juárez, Derecho Administrativo General. Administración Pública. Ediciones Paredes, Caracas, 2011, pp. 221 y
8 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 cia 13, y el cual exhibe la particularidad principal que posee capacidad de generar sus propios recursos para ser afectados a la prestación de un servicio, entendiendo servicio desde la visión más amplia, no circunscrita exclusivamente a la noción estricta de servicios públicos, ya que la creación de estos fondos en muchas ocasiones no ha tenido por objeto la prestación de un servicio propiamente dicho, sino la realización de facilita a través del establecimiento de estos fondos separados. Esta primera aproximación la podemos extraer de la simple interpretación del artículo 93 del Decreto Ley, antes artículo 92 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 13 Criterio sostenido en sentencia Nro. 1741, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, del 11 de julio de 2006, en el caso: Lotería Internacional de Margarita, expresamente señaló:...se trata entonces de un acto administrativo de efectos generales dictado en ejercicio de la potestad organizativa, pues su finalidad es la creación de un órgano nuevo dentro de la estructura estadal, así como la asignación de determinadas competencias de promoción, financiamiento y ejecución de programas sociales con fondos obtenidos de la explotación de la actividad de lotería. En efecto, el objetivo primordial del acto impugnado es la creación de un Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica, organismo éste que responde a un proceso de desconcentración administrativa; la cual es definida por la doctrina como la fórmula organizativa que consiste en trasladar la titularidad y el ejercicio de competencias, con carácter permanente, mediante un instrumento normativo, de un órgano superior a uno inferior. Igualmente, se ha señalado que en el caso de la desconcentración administrativa, ese instrumento normativo a través del cual se realice el traslado de competencia puede ser tanto de rango legal como sublegal, en este último caso, se realizaría la transferencia o traslado de competencia a través de un instrumento normativo de rango sublegal, pero la competencia a transferir siempre tiene que haber sido establecida previamente por ley al órgano que va a ser desconcentrado, ello en aplicación del principio de legalidad que rige a la competencia administrativa.(...) Aun cuando el criterio jurisprudencial citado nos sirve para ilustrar la explicación, considero que incurre en un error conceptual al indicar que el proceso de desconcentración administrativa consiste en trasladar la titularidad y el ejercicio de la competencia, cuando según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, en la desconcentración administrativa se transfiere únicamente la atribución, más no la titularidad de la competencia y es por ello que el ente mantiene la responsabilidad patrimonial derivada de los hechos ejecutados por los servicios desconcentrados. 146
9 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia Ahora bien, para entender y digerir esta gran idea principal lanzada en el párrafo anterior relativa a la naturaleza jurídica de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, pasaremos a destacar a continuación los caracteres principales que consideramos más importantes y que le aportan los insumos necesarios para su existencia, conformación y funcionamiento. El maestro patrio Jose Peña Solís 14, nos enseña que la desconcentración se trata de una fórmula organizativa que permite transferir permanentemente mediante un acto normativo la competencia de un órgano superior que la tiene previamente asignada a un órgano inferior, que puede estar ubicado en el mismo centro o nivel territorial, o en la periferia; eso si por transferirse entre órganos de la misma persona jurídica, ya que si se trata de transferencia de competencias entre órganos de personas jurídicas distintas pudiéramos estar en presencia de una forma de descentralización. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica constituyen una especial forma de organismos desconcentrados, y ello constituye una de las razones de ser de su reciente renombramiento como servicios desconcentrados. Estos órganos se encuentran regulados en el capítulo relativo a la desconcentración dentro del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (Art. 91 y siguientes), teniendo un especial protagonismo en la mencionada Ley, ya que aun cuando se le considera una forma de desconcentración, posee condiciones adicionales propias y particulares; sin embargo, también debemos tener en cuenta que al estar ubi- desconcentración, automáticamente le es aplicable los artículos 14 J. Peña Solís, Manual de Derecho Administrativo, Volumen II, cit., p
10 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/ y 32 eiusdem, relativos al principio y las consecuencias jurídicas de esta forma de transferencia de competencias. Lo que si debemos tener claro es que no todo el ejercicio de la potestad organizativa de la administración a través de la desconcentración deberá adoptar la misma forma de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, ya que ésta pudiera optar por la fórmula de crear órganos desconcentrados, adoptando ejemplo en los aspectos de la autonomía presupuestaria, admi- de la misma se deberá determinar en el acto de transferencia de competencias, y que no necesariamente será la misma para todos los casos de transferencia de competencias bajo la modalidad de desconcentración. Este traslado de competencias puede consistir en una desconcentración funcional o una desconcentración territorial, según las razones que motivan la administración para transferir o crear el nuevo órgano desconcentrado, ya sea para acercar la prestación del servicio prestado (Artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública). Resulta en consecuencia lógico concluir que los servicios desconcentrados son una forma indudable de desconcentración, porque se trata de la inyección de atribuciones a un nuevo órgano creado para ejercer esa competencia de manera exclusiva y permanente, o en la transformación de una estructura preexistente dentro de la administración, pero en ambos casos, manteniéndose dentro del mismo ente y sometido a una doble relación de jerarquía y de adscripción, con un órgano de la administración central, según lo determinado en el acto de creación. 148
11 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia La autonomía, en su sentido propio, es la facultad que tienen los órganos y entes de crear o construir su propio ordenamiento jurídico o reglamentación, esto es la facultad de autonormación y de establecer normas que vinculen su actuación a la legalidad. Sin embargo no hay duda de que a dicho concepto se le ha otorgado una dimensión, a veces, más amplia nalidad de órganos u entes, como son la autonomía de gestión fondos que recaudan. cios, originaba una conclusión errada ya que, en realidad, no se rompe con el vínculo orgánico que los une al ente del cual forman parte y dependen, el cual ejerce sobre ellos un control de tipo jerárquico, por lo que carecen de autonomía orgánica. No obstante, se podría concluir que estos gozan de una especie de autonomía funcional, que comprende la gestión adminis- menor en atención a la naturaleza del objeto para el cual se servicio, según su acto de creación. Como se desprende de la determinará el régimen jurídico de los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica, es el grado de autonomía que el acto de creación le acuerde y el ámbito de discrecionalidad que se le reconozca tácita o expresamente en sus aspectos adminis- Dentro del universo de la organización administrativa siempre se ha manejado la tesis que la autonomía tiene que ver con la personalidad jurídica, que un ente posee una verdadera autonomía siempre y cuando detente personalidad jurídica propia para obrar, para sumir derechos y obligaciones o para 149
12 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 relacionarse, por otra parte los órganos carentes de personalidad jurídica no poseen autonomía; es por ello que se sostenía que la denominación de servicio autónomos sin personalidad jurídica resultaba un tanto contradictorio. - perseguidos, por tanto podemos resumir que los Servicios Desconcentrados no poseen una verdadera autonomía, su libertad de obrar es atípica, circunscrita a los aspectos administrativos, pecta a la posibilidad de recaudar sus propios ingresos e invertirlos en el cumplimiento de las actividades del órgano para llegar a una decretada ruptura del principio de la unidad del tesoro 15 alteración del principio de universalidad del presupuesto del estado 16. En conclusión, los servicios desconcentrados comparten con los entes de la administración descentralizada su carácter autonomía patrimonial y presupuestaria y, en general, en su capacidad para dictar sus propias normas de funcionamiento y de organización, así como para ejercer las competencias que le son desconcentradas; todo esto condicionado al diseño que su creador le imprima en el acto formal que se dicte. 150 Se ha señalado que:...el dogma de la personalidad jurídica del Estado como expresión de un supuesto ente transpersonal se formó en Alemania en el XIX para encubrir, so capa del mismo, como ya notó Heller, el problema político básico de 15 Artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 16 José Araujo-Juárez, Derecho Administrativo General. Administración Pública, cit., p. 222
13 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia la titularidad de la soberanía; ni el pueblo, por razones obvias, ni al monarca, porque la confesión ya resultaba escandalosa: la soberanía, se concluyó, pertenece al Estado, entendido como un ente abstracto del cual todos los protagonistas de la vida política real serían a lo sumo simples órganos ción jurídica mediante la cual se le reconoce a una persona o ente capacidad para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad frente a sí mismo y frente a terceros. Es la aptitud del ente para ser sujeto de derechos y obligaciones, esto es, capacidad para relacionarse. En el derecho venezolano, sólo los entes poseen personalidad jurídica propia, mientras que los órganos desarrollan sus actividades bajo el manto de la personalidad jurídica del ente al cual pertenecen, y será este quien responda por aquel frente a terceros. Siendo consecuente con el planteamiento anterior, debe- administración central, los servicios desconcentrados no tienen personalidad jurídica propia, sino que obran bajo una sola y única personalidad jurídica: la personalidad de la República o del Estado, como persona federal, distinta, en el ámbito territorial, de las otras personas político-territoriales. Si se trata de un servicio desconcentrado estadal o municipal, poseerá la personalidad jurídica del Estado o del Municipio respectivo, cualquiera que sea el caso. El hecho de no poseer personalidad jurídica propia obedece a la forma de creación o transmisión de competencias adoptada, ya que por la vía de la desconcentración administrativa no se crea una persona jurídica distinta (ente) sino que se crea un órgano dentro del mismo ente, y por ende sujeto por 17 Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Volumen I, La Ley, 1era. Edición Argentina, Buenos Aires. 2006, p
14 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 una parte al denominado control jerárquico del Ministro o nar la misma estructura organizativa. Lo curioso es que aun cuando a estos servicios desconcentrados no se les dota de personalidad jurídica propia, poseen capacidad para recaudar, administrar e invertir sus ingresos en la prestación del servicio o en la ejecución de las funciones que se les transmitió, esto quiere decir que poseen facultades meter el fondo que administran en función del cumplimiento patrimonialmente frente a los particulares que lo exijan en alguna circunstancia, ya que en todo caso deberá responder el ente que lo creó o le atribuyó la competencia que ejecutan, por cuanto este último es quien posee personalidad jurídica. Por último, al no poseer personalidad jurídica propia y constituir una forma de desconcentración administrativa, debemos concluir que estos órganos pertenecen a la administración pública centralizada, en consecuencia, dentro de la estructura del estado situados en una posición de verticalidad con res- camente situado jerárquicamente por debajo del órgano al cual el acto de creación lo determina, entendiéndose por tanto, que se crea una Relación de Jerarquía con respecto a un funcionario considerado superior del servicio desconcentrado; tal situación de sujeción y control se desprende del artículo 92 y del último aparte del artículo 93, ambos del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública; y remata la norma indicando que ese control jerárquico se ejecutará de acuerdo con los lineamientos 18, prevista en el 18 Esta comisión fue creada mediante Decreto Con Rango, Valor, y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, Nro publicado en la G.O.E. Nro del 22 de junio de 2007, reformado mediante Ley dictada por la Asamblea Nacional y publicada en la G.O extraordinaria del 29 de julio de 2010, y nuevamente reformada 152
15 De los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados en el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública Alejandro Canónico Sarabia artículo 57 de la Ley de Administración Pública, cuya función es garantizar la armonización y adecuación de la actuación de los órganos y entes de la administración pública nacional 19. Uno de los aspectos más importantes y que mayor incidencia tendrá en el funcionamiento del servicio desconcentrado, es el de su patrimonio e ingresos. Al respecto establece el artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, que los servicios desconcentrados contarán con un fondo separado, pudiéndose afectar los ingresos que obtuviere directamente para el cumplimiento de los aspecto económico en un factor determinante para la existencia y caracterización de este tipo de organización administrativa, premisa esta que se desprende de una condición existencial fundamental prevista en el primer aparte del artículo 93 eiusdem, cuando exige que la actividad que se pretende desconcentrar permita la captación de ingresos; por lo tanto, resulta obligatorio que el servicio tenga capacidad de generar ingresos para su funcionamiento y mantenimiento. Se trata en consecuencia de una fórmula organizacional al que han acudido las Administraciones cuando han requerido algunas actividades y autonomía en la gestión administrativa, mediante Decreto Ley publicado en la G.O del 28 de enero de 2011, actualmente vigente. Este órgano tiene por objeto establecer las normas para la integración de los principios de rango constitucional relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la administración pública. 19 El artículo 4 de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, establece que esta comisión establecerá las líneas, políticas y planes, y coordinará y controlará que los órganos y entes de la administración pública, independientemente de su autonomía o personalidad jurídica, cumplan con las instrucciones determinadas. 153
16 Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 1/2013 actividad permitida o autorizada por la disposición contenida en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Entendiendo que este órgano generará ingresos y podrá disponer de ellos para cubrir esos ingresos se incorporen al tesoro nacional, estadal o municipal, cualquiera que sea el caso. De esta manera, y al igual que lo hizo en su oportunidad la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, la Ley, consagra una supuesta excepción al principio de unidad del Tesoro. Pero que se parece más a la alteración del principio del principio de universalidad del presupuesto público 20, ya que el titular del patrimonio sigue siendo el ente de creación, sólo que éste se encuentra fuera de la ejecución central del presupuesto y está destinado al cumplimiento de esquema presupuestarios general del respectivo ente. Estamos entonces en presencia de un Fondo Separado manejado la norma de creación. Considero un desacierto de algunos autores manifestar que de la interpretación del artículo citado claramente se desprende el carácter autónomo e independiente del patrimonio del servicio desconcentrado sin personalidad jurídica frente al Tesoro Nacional. El servicio desconcentrado no posee patrimonio propio, lo que posee es la capacidad de generar recursos y manejar un fondo separado del tesoro nacional, estadal o municipal, que se nutre de esos ingresos generados y recaudados; con posibilidad además de disposición de esos recursos la excepción al principio de la unidad de caja. Debo ser categó- no poseen patrimonio propio, ya que son un patrimonio en si mismos, y no pueden poseer patrimonio propio por care- 20 Ver numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 154

References: artículo 156
 artículo 187
 artículo 142
 artículo 236
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 26
 Artículo 28
 artículo 93
 artículo 92
 artículo 32
 Artículo 94
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 57
 artículo 94
 artículo 93
 artículo 4
 artículo 34
 artículo 34