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Timestamp: 2017-03-25 04:13:47+00:00

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Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. TÍTULO III. Identificación y autenticación.
Publicado en BOE núm. 278 de 18 de Noviembre de 2009
Vigencia desde 19 de Noviembre de 2009. Esta revisión vigente desde 02 de Octubre de 2016
CAPÍTULO IIdentificación y autenticación en el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes
Firma electrónica de los ciudadanos
Artículo 10 derogado por la letra g) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).Vigencia: 2 octubre 2016
Otros sistemas de firma electrónica 1. La admisión de otros sistemas de firma electrónica a la que se refiere el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, deberán aprobarse mediante orden ministerial, o resolución del titular en el caso de los organismos públicos, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica.
Véase Res. 17 noviembre 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria («B.O.E.» 29 noviembre).
Disposiciones comunes al régimen de uso de la firma electrónica 1. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.
Habilitación para la representación de terceros
Artículo 13 derogado por la letra g) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).Vigencia: 2 octubre 2016
Régimen de la representación habilitada ante la Administración
Artículo 14 derogado por la letra g) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).Vigencia: 2 octubre 2016
Registro electrónico de apoderamientos para actuar ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes
Artículo 15 derogado por Letra g) del número 2 de la disposición derogatoria única de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).
La disposición final séptima de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, en consecuencia se mantendrán en vigor los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) de la disposición derogatoria relativos a las materias mencionadas.Vigencia: 2 octubre 2016
Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público
Artículo 16 derogado por la letra g) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 2 octubre).Vigencia: 2 octubre 2016
CAPÍTULO IIIdentificación y autenticación de sedes electrónicas y de las comunicaciones que realicen los órganos de la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla
Identificación de sedes electrónicas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes 1. Las sedes electrónicas se identificarán mediante sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente. Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto.
Certificados de sede electrónica de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes 1. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán, al menos, los siguientes contenidos:
Sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico 1. La creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica correspondiente y en la que deberá constar:
Véase Res. 4 febrero 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación y por la que se crean sellos electrónicos del organismo («B.O.E.» 12 febrero).
Sistemas de código seguro de verificación 1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Véase la Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, por la que se regulan las actuaciones administrativas automatizadas del ámbito de competencias de la Inspección General así como el uso del sistema de código seguro de verificación («B.O.E.» 15 abril).
Firma electrónica mediante medios de autenticación personal El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes:
Características de los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados al personal de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos 1. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados específicamente a sus empleados por la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen o para relacionarse con las Administraciones públicas cuando éstas lo admitan.
Número 4 del artículo 22 introducido por el apartado tres del artículo único del R.D. 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el R.D. 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos («B.O.E.» 18 julio; Corrección de errores «B.O.E.» 10 septiembre).Vigencia: 19 julio 2015
CAPÍTULO IIIDisposiciones comunes a la identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad
Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación 1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos deberán cumplir las obligaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como las condiciones generales adicionales a que se refiere el apartado 3.
Política de firma electrónica y de certificados 1. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos está constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación.
Plataformas de verificación de certificados y sistema nacional de verificación 1. El Ministerio de la Presidencia gestionará una plataforma de verificación del estado de revocación de los certificados admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Esta plataforma permitirá verificar el estado de revocación y el contenido de los certificados y prestará el servicio de forma libre y gratuita a todas las Administraciones públicas, españolas o europeas.

References: Artículo 10
 artículo 13
 resolución 

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 resolución 
 artículo 22
 artículo 21