Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2014/2014426QPC.htm
Timestamp: 2020-08-09 00:22:19+00:00

Document:
Sentencia n° 2014-426 QPC de 14 de Noviembre de 2014 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2014-426 QPC de 14 de Noviembre de 2…
Sentencia n° 2014-426 QPC de 14 de Noviembre de 2014
Sr. Alain L. [Derecho a retener obras de arte propuestas para la exportación]
El Consejo Constitucional ha sido requerido el 8 de septiembre de 2014 por el Consejo de Estado (decisión del Consejo de Estado n° 381813, de 8 de septiembre de 2014) en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por el Sr. Alain L., relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución del artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941 relativa a la exportación de obras de arte.
Vista la ley n° 2595, de 23 de junio de 1941, relativa a la exportación de obras de arte;
Vista la ley n° 92-1477, de 31 de diciembre de 1992, sobre productos sometidos a ciertas restricciones de circulación y sobre complementariedad entre los servicios de policía, de gendarmería y de aduanas;
Vistas las alegaciones realizadas en nombre del demandante por el letrado Sr. Lionel Levain, abogado del colegio de París, registradas el 30 de septiembre de 2014;
Vistas las alegaciones del Primer Ministro, registradas el 30 de septiembre de 2014;
Habiendo sido oídos en audiencia pública el 4 de noviembre de 2014 el letrado Sr. Levain, en nombre del demandante, y el Sr. Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;
Considerando que, en virtud del artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941, relativa a la exportación de obras de arte:
«El Estado tiene derecho a retener los objetos propuestos para la exportación, al precio fijado por el exportador, por su propia cuenta o por cuenta de un departamento, de un municipio o de una entidad pública.
Este derecho podrá ejercerse durante un periodo de seis meses»;
Considerando que, según el demandante, las disposiciones impugnadas, que permiten al Estado retener ciertas obras de arte en beneficio de colecciones públicas, vulneran el derecho de propiedad; que éste alega en particular que estas disposiciones no prevén una justa y previa indemnización al propietario de la obra así expropiada;
Considerando que en virtud del artículo 17 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de él, salvo cuando así lo exija de manera evidente la necesidad pública, legalmente constatada, y con la condición de una justa y previa indemnización»; que, a fin de cumplir con estas exigencias, la ley sólo puede autorizar que una persona sea privada de su propiedad en virtud de una necesidad pública legalmente constatada;
Considerando que la ley de 23 de junio de 1941 ha regulado la exportación de las obras, a las que resultaba aplicable hasta su derogación por la ley de 31 de diciembre de 1992, antes citada; que tenía por objeto prohibir la salida del territorio, sin control, de objetos que presentasen un interés nacional histórico o artístico; que, en virtud del artículo 1 de la ley de 23 de junio de 1941, la exportación de tales objetos requiere la expedición de una autorización del Secretario de Estado para la Educación Nacional y la Juventud, el cual debe pronunciarse en el plazo de un mes, a contar desde la declaración realizada en la aduana por el propietario que pretenda exportar estos objetos; que este régimen de autorización resulta aplicable a los objetos de mobiliario anteriores a 1830, a las obras de pintores, grabadores, dibujantes, escultores y decoradores anteriores al 1 de enero de 1900, así como a los objetos provenientes de excavaciones arqueológicas practicadas en Francia o en Argelia;
Considerando que las disposiciones impugnadas del artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941 instauran, en beneficio del Estado, un derecho a «retener» los objetos cuya autorización de exportación haya sido rechazada en aplicación del artículo 1; que este derecho puede ser ejercido durante un período de seis meses desde la solicitud de la autorización para la exportación sin que el propietario manifieste intención alguna de enajenarlos; que, por tanto, esta apropiación de bienes muebles por parte de una persona pública supone una privación del derecho de propiedad en el sentido del artículo 17 de la Declaración de 1789;
Considerando que la posibilidad de rechazar la autorización de exportación asegura ya la realización del objetivo de interés general de mantener en el territorio nacional los objetos que presenten un interés nacional histórico o artístico; que la privación de la propiedad permitida por las disposiciones impugnadas, entonces en vigor, no es necesaria para lograr tal objetivo; que, al prever la adquisición forzada de estos bienes por parte de una persona pública, una vez que la salida del territorio nacional ya ha sido rechazada, el legislador ha instaurado una forma de privación de la propiedad sin haber establecido cuáles son los criterios que determinan la existencia de una necesidad pública; que, por consiguiente, las disposiciones impugnadas no responden a un motivo de necesidad pública;
Considerando, como resultado de lo precedente, que la privación del derecho de propiedad permitida por las disposiciones impugnadas incumple las exigencias del artículo 17 de la Declaración de 1789; que, por consiguiente, el artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941 debe ser declarado contrario a la Constitución;
Considerando que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941 surte efecto a partir de la fecha de publicación de la presente decisión; que puede ser invocada en todas las causas que estén abiertas y no juzgadas definitivamente en la fecha de la publicación de la presente decisión,
Artículo 1.- Las disposiciones del artículo 2 de la ley de 23 de junio de 1941, relativa a la exportación de obras de arte son contrarias a la Constitución.
Artículo 2.- La declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 surte efecto a partir de la publicación de la presente decisión en las condiciones fijadas en el considerando 9.
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 13 de noviembre de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, el Sr. Jacques BARROT, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL y la Sra. Nicole MAESTRACCI.

References: artículo 61
 artículo 2
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 artículo 17
 artículo 1
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Artículo 1
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