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Timestamp: 2020-02-25 17:27:08+00:00

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La democracia en Venezuela XII: La democracia liberal llega con armas (1945-1948) | Proyecto Base
by Rafael Arraiz Lucca | Sep 27, 2019
El tema de la sucesión presidencial comenzó a latir en el ambiente a medida que se acercaba el fin del período constitucional de Isaías Medina Angarita, en 1946. Y a juzgar por las intervenciones de Arturo Uslar Pietri en las asambleas del PDV (Partido Democrático Venezolano), un sector del llamado medinismo se inclinaba por la reforma electoral para tener comicios directos, pero el sector militar no, y fue éste el que se impuso. Relató el propio Uslar en entrevista recogida por mí (Arturo Uslar Pietri: ajuste de cuentas), que el Presidente Medina le dijo que él se debía al Ejército y éste no quería que se diese el último paso hacia la democratización. De tal modo que Medina escogió al Embajador de Venezuela en Washington, Diógenes Escalante, para que le sucediera en el cargo. Escalante era tachirense, con lo que se cumplía con el gentilicio dominante en las Fuerzas Armadas de entonces, y era civil, lo que constituía un reconocimiento a ese mundo que reclamaba mayor participación. Así fue cómo, en principio, el tema de la sucesión presidencial estaba resuelto por parte de Medina Angarita. Aún más, reveló Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, política y petróleo que él y Raúl Leoni viajaron discretamente a Washington a parlamentar con Escalante, y éste se comprometió a impulsar la reforma electoral para cuando se venciera su período presidencial, o incluso antes, a mitad de período, con lo que los dirigentes de AD regresaron al país con un acuerdo verbal y el compromiso de apoyar su candidatura. Entonces, el azar intervino, y el doctor Escalante perdió súbitamente sus facultades mentales en agosto de 1945.
Antes de este acuerdo verbal entre Escalante y Betancourt-Leoni, una logia militar llamada Unión Militar Patriótica, encabezada por el joven oficial Marcos Pérez Jiménez, venía trabajando subrepticiamente para derrocar al gobierno de Medina. Sus razones eran más militares que políticas, y se fundamentaban en el resquemor que sentían estos jóvenes oficiales hacia sus superiores, ya que estos estaban formados dentro de la modernidad profesional, mientras sus superiores eran todavía herederos del sistema anterior. Además, los sueldos de los militares eran extremadamente bajos, lo que se sumaba al descontento castrense.
Esta logia se desactivó cuando se llegó al acuerdo secreto entre Escalante y Betancourt-Leoni. Por otra parte, el descontento del ex presidente Eleazar López Contreras y sus seguidores era absoluto, ya que el general quería regresar al poder y Medina pensaba que no era conveniente. Este descontento era de tal naturaleza que López Contreras y Medina Angarita ni siquiera se hablaban, y tampoco aceptaban intermediarios de buena fe que compusieran un acuerdo.
Todo lo anterior indica que convivían en el país tres proyectos de poder. Medina Angarita con su candidato Diógenes Escalante, apoyado por AD, sobre la base de un acuerdo de democratización electoral; el ex presidente López Contreras y sus deseos de regresar a la Presidencia de la República, y la logia de jóvenes militares que también buscaba el mando. La enfermedad de Escalante descompuso el cuadro, ya que al proponer Medina Angarita a su Ministro de Agricultura y Cría, el doctor Ángel Biaggini, en sustitución de Escalante, este no recibió el apoyo de AD, ya que no había acuerdo verbal con él, y por otra parte se activó la logia militar de nuevo, manifestando que buscarían el poder al margen de la candidatura de Biaggini. Esta vez AD optó por acompañar a los jóvenes militares y tuvo lugar el Golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. Los conjurados contaban con un significativo apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, pero si Medina Angarita hubiera querido resistir tenía con que hacerlo. Incluso la Policía de Caracas le era fiel, pero optó por entregarse, para evitar un derramamiento de sangre. Fue encarcelado, al igual que el ex Presidente López Contreras, y otros altos funcionarios de su gobierno. A los pocos días fueron todos aventados al exilio.
En los primeros momentos se pensó que habían sido el ex presidente López Contreras y sus seguidores dentro de las Fuerzas Armadas quienes dieron el golpe, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que fueron otros actores. Un pacto entre la joven logia militar y Acción Democrática, que condujo a la constitución de una Junta Revolucionaria de Gobierno el 19 de octubre, integrada por siete miembros y presidida por Rómulo Betancourt. Los miembros eran Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios por AD, el mayor Carlos Delgado-Chalbaud y el capitán Mario Vargas, por parte de las Fuerzas Armadas, y el médico Edmundo Fernández, quien sirvió de enlace entre estos dos grupos.
Se necesitaron tres años para que las diferencias entre AD y los militares de la fórmula que dio el Golpe de Estado, se hicieran notorias. Cuando otro Golpe de Estado derrocó al Presidente Rómulo Gallegos en noviembre de 1948, y el mismo fue comandado por Carlos Delgado-Chalbaud, se hizo evidente para todos que el proyecto de AD y de los militares no era el mismo.
Después de la redacción del Acta Constitutiva de la Junta Revolucionaria de Gobierno y de su firma, el 19 de octubre, el gobierno provisional dirigió un comunicado escrito a la nación. En este texto quedó claro que el propósito principal del gobierno sería convocar a unas elecciones universales, directas y secretas, previa redacción de una nueva Constitución Nacional. Luego, en el primer decreto de la Junta, en Gaceta Oficial del 23 de octubre, esta se compromete a dictar un Decreto-Ley para convocar a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Después, el presidente de la Junta, Rómulo Betancourt, nombra su Gabinete Ejecutivo.
El Decreto número 9 es particularmente significativo, ya que los miembros de la Junta se inhabilitan para presentarse como candidatos en las próximas elecciones. Este decreto le dio mucha fuerza moral a la Junta, ya que quedaban libres de toda sospecha de estar actuando en provecho de sus propias intenciones presidenciales. Luego, en el Decreto 52 del 17 de noviembre, se crea un Comisión Preparatoria de los Estatutos Electorales, que permita elegir a los diputados a una Asamblea Nacional Constituyente. Además, se le asigna a la Comisión la tarea de redactar un proyecto de Constitución Nacional para ser presentado a la Asamblea a elegir. Como Presidente de esta Comisión se designó a Andrés Eloy Blanco.
En el Decreto número 64 se crea el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, ente que tuvo la tarea de juzgar los casos sustanciados en contra de funcionarios de los gobiernos anteriores. Con este Jurado se implementó una persecución política en contra de altos funcionarios del gobierno de Medina, de López y de Gómez. A muchos de ellos les fueron congeladas las cuentas bancarias y confiscadas las casas, mientras sobrevivían en el exilio. Este capítulo de la llamada “Revolución de octubre” es visto, con razón, como una expresión retaliativa. Formó parte de la justificación histórica que la Junta quiso darle a su carácter “revolucionario”. Dicho de otro modo, una de las causas principales que justificaban el golpe civil militar fue la de sustituir a un conjunto de “gobiernos corruptos”, de modo que perseguir judicialmente a quienes ellos creían que habían incurrido en esas prácticas, era lo más lógico. Años después, muchos de los integrantes de la Junta se arrepintieron de estos excesos, sobre todo de los cometidos en contra de personas de probada honorabilidad.
Entre los primeros decretos el gobierno legisló en torno a dos temas que les eran fundamentales: la Educación y el movimiento sindical. En cuanto a lo primero era evidente que se buscaba su democratización y masificación, y en cuanto a lo segundo, pues nada más elocuente que el nombramiento de Raúl Leoni como Ministro del Trabajo, quien se asignó la tarea de constituir desde ese despacho a centenares de sindicatos y trece Federaciones sindicales, durante los tres años en que AD detentó el poder. Estas dos áreas, Educación y Trabajo, junto con la de Petróleo e Industria, fueron las más sensibles al nuevo proyecto político que se instrumentaba, proyecto que ampliaba el conjunto de tareas del Estado.
El 28 de marzo de 1946 fue publicado en Gaceta Oficial el Estatuto Electoral para la elección de los Representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, y los comicios tuvieron lugar el 27 de octubre. Fueron los primeros que se dieron con el sufragio universal: votaron hombres y mujeres mayores de dieciocho años. Acción Democrática obtuvo el 78,43% de los votos, COPEI el 13,22%, URD el 4,26%, y el PCV el 3,62%.
Así como AD se constituyó en 1941, y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) fue legalizado en 1945, con la reforma constitucional durante el gobierno de Medina Angarita, COPEI y URD eran agrupaciones recientes. COPEI (Comité Organizador de la Política Electoral Independiente) se creó el 13 de enero de 1946, agrupando a quienes cerraron filas en la UNE, entonces estudiantes de colegios católicos, encabezados por Rafael Caldera, mientras URD (Unión Republicana Democrática) se funda el 17 de febrero de 1946, capitaneada en un principio por otros, y muy pronto por Jóvito Villalba. Estos fueron los partidos concurrentes a la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló el 17 de diciembre de 1946, con Andrés Eloy Blanco en la Presidencia. Una vez en funciones, envestida de la soberanía popular, la Asamblea procedió a ratificar a la Junta Revolucionaria de Gobierno.
La Asamblea designó una Comisión redactora de la nueva carta magna, que tomara como base los trabajos preliminares de la anterior Comisión. Esta nueva Comisión estuvo integrada por los diputados Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor, Lorenzo Fernández, Miguel Ángel Landáez, José Rafael Pulido Méndez, Edecio La Riva Araujo, José Desiderio Gómez Mora, Cecilio Terife, Jesús Enrique Lossada, Luis Eduardo Vera, Martín Pérez Guevara, Elbano Provenzali Heredia, Panchita Soublette Saluzzo, Mercedes Carvajal de Arocha, Luis Augusto Dubuc, Simón Gómez Malaret, Octavio Andrade Delgado, Ramón Quijada, Alcides Rondón, César Morales Carrero e Isaura Saavedra, y comenzó a trabajar el 30 de enero de 1947. La carta magna se sancionó el 5 de julio de 1947, quedando derogada la Constitución Nacional de 1936, que había sido modificada en 1945. Los debates para la redacción de la nueva constitución duraron seis meses, y se transmitieron por radio, con el beneplácito de la población.
Esta Constitución consagra el principio político que venía desarrollándose, el de mayor actuación del Estado en los asuntos públicos. En el fondo, la carta magna le atribuyó mayores responsabilidades al Estado en su tarea de constructor de un “Estado de Bienestar”, de acuerdo con las tesis keynesianas imperantes en el mundo occidental en aquella etapa posterior al crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. Consagró las elecciones universales, directas y secretas, y eliminó las indirectas para todo cargo de elección popular. Así, incorporó a la mujer a la vida política en igualdad de condiciones. Mantuvo el período presidencial de cinco años, sin reelección. Luego veremos como, sobre la base del nuevo cuerpo constitucional, se convoca a elecciones presidenciales y parlamentarias.
Elección directa de Gobernadores y Alcaldes: ¿por qué no se asumió?
Veamos ahora un aspecto medular de las discusiones, con base en el Diario de Debates. Nos referimos al del alcance de la elección directa, si ésta incluía además del Presidente de la República y los diputados y Senadores, a los Gobernadores y Alcaldes. La lectura que hicimos del Diario de Debates estuvo constreñida a este tema, por lo demás, extensamente tratado y, sin duda, entre los puntos más álgidos de la discusión constituyentista. Fue un punto, además, que permitió el afloramiento de discusiones doctrinarias de gran peso sobre la naturaleza del Estado que se estaba construyendo.
En el Proyecto presentado en el artículo 113, se lee: “El Gobernador durará en sus funciones cuatro años, y será elegido por votación directa y secreta, de acuerdo con la ley.” Como podemos recordar, el proyecto de otorgarles a los votantes de los estados la posibilidad de elegir a su autoridad principal, figura en los documentos programáticos del PDN (Partido Democrático Nacional) de 1936 y 1939 y, luego, en el acta levantada con base en la Asamblea Constitutiva del partido Acción Democrática, el 11 de mayo de 1941, donde proclaman desde el primer párrafo el “sufragio efectivo, universal y directo para la provisión de los cargos representativos de la voluntad popular.” De tal modo que no puede extrañarnos que en el Proyecto presentado estuviese la propuesta. No obstante, en el Diario de Debates, en la sesión del 24 de marzo de 1947, hallamos una intervención del diputado Rafael Caldera en la que hace mención al asunto, deslizando que lo pautado en el Proyecto no es seguro que sea lo que se apruebe finalmente.
De inmediato, el diputado Aquiles Oraá, de Acción Democrática, propone la nueva redacción del artículo y lee la nueva propuesta: “El Gobernador es de libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110.” Luego, lee el referido artículo 110, que se refiere a la aprobación de la gestión del Gobernador por parte de la Asamblea Legislativa estadal. Después, intenta dar una explicación acerca de la propuesta. Afirma que no será el Presidente de la República el que escoja solo al Gobernador de cualquier estado, sino que lo hará en Consejo de Ministros, lo que a todas luces revela cierta “mala conciencia” con el tema porque todos sabemos que la designación en Consejo de Ministros no le resta la impronta personal a la decisión y mucho menos la hace más democrática, sabemos que si se quiere democrática, entonces, ahora y siempre, la única forma es consultando a los electores, tarea que se está dejando de lado con la nueva redacción.
Luego, pide la palabra el diputado Fernando Branger y afirma: “Realmente estoy asombrado con la proposición que se acaba de hacer en esta Cámara. Más de un siglo, mucho más, ha esperado el pueblo de Venezuela para tener oportunidad de elegir a los hombres que han gobernado…Francamente, es algo contradictorio eso de que el pueblo está preparado para una cosa pero no está preparado para otra. El pueblo entero de Venezuela, de todos los partidos, el pueblo independiente que no pertenece a ningún partido, esos cientos de miles de personas que dieron sus votos, esos quieren que los Presidentes de los Estados sean electos en forma directa.”
De inmediato, pide la palabra el diputado José Desiderio Gómez Mora y abona más argumentos de peso a lo ya dicho por el diputado Branger. Afirma: “En una de las sesiones pasadas, la mayoría parlamentaria dio su voto porque se acogiese entre los postulados de la forma de gobierno la forma Federal y hoy, cuando queremos atribuir al Presidente de la República la facultad de nombrar y remover a los Presidentes de Estado, estamos estrangulando al federalismo…El diputado Aquiles Oraá manifestó que con la elección popular de los Presidentes de Estado se corría el riesgo de que muchas veces el pueblo fuera tras un caudillo o tras un candidato equis que después defraudara las esperanzas del pueblo. Yo quisiera manifestarle al representante Oraá que esas son consecuencias inevitables de todo principio democrático, de todo sistema democrático que se base fundamentalmente en la soberanía popular; es el pueblo, soberano absoluto, el que debe correr con la contingencia de sus propios yerros, y no el Presidente de la República el que, acogotando la expresión de la soberanía popular, trate de imponerle en un momento dado a un Estado un Presidente que no marche, que no esté de acuerdo, que no haya sido producto fiel de una gesta eleccionaria.”
Como vemos, si lo dicho por el diputado Branger tenía peso, lo expresado por Gómez Mora todavía más. Veamos ahora qué respondió el diputado Luis Lander, de Acción Democrática. Recordemos que el tema es espinoso, ya que se trata de una bandera que esta organización levantó durante años y ahora la está bajando del asta y guardando. Dice Lander: “Estudiando detenidamente la cuestión de los Poderes Ejecutivos en todos los Estados, hemos llegado a la conclusión de que se corre el riesgo de anarquizar la política del país entregando la elección en la forma que se pretende, haciéndola por votación directa…fundamental no es para nuestro pueblo la simple elección de un Mandatario Regional. Fundamental es para nuestro pueblo el que pueda tener mejores condiciones de vida…”
Los argumentos de Lander son extraños. Aluden a la propuesta como algo ajeno a su partido, como si la Comisión Redactora del Proyecto Constitucional no la integrase AD, como si esa bandera no fuese de su partido desde los albores de 1936. Por otra parte, Lander no es un diputado de segundo orden en AD, se trata de un actor principal, lo que nos lleva a pensar que se trata de una decisión tomada en los niveles más altos de la organización política.
Veamos ahora lo que señala el diputado del Partido Comunista de Venezuela, Gustavo Machado. Afirma: “Grave responsabilidad asume el partido Acción Democrática con esta proposición. Es una grave responsabilidad, que no puede ser defendida con ningún argumento ni con ninguna tesis. Todo el programa, toda la trayectoria, toda la vida de Acción Democrática hacía suponer que en esta Constitución se iba a consagrar la elección directa de Presidentes de Estado o Gobernadores y también la elección directa de Alcaldes Municipales. En la ocasión en que yo propuse, hace dos sesiones, la elección directa de Alcaldes, fue negada por la mayoría, y entonces ya podía suponer yo cuál iba a ser la suerte de la elección directa de los Presidentes de Estado o Gobernadores. Pero se dan argumentos que son puros sofismas, y en realidad se hace esto para ocultar cuál es la circunstancia transitoria, la razón política… se trata realmente del gravísimo problema que constituiría la elección de un Presidente del Estado Táchira y de un Presidente del Estado Mérida, el primero un hombre de López Contreras, y el segundo un hombre de los Parra. Ese es el grave problema ante el cual Acción Democrática, en lugar de afrontarlo con sentido doctrinario y de principios, retrocede y viene aquí con argumentos que no son argumentos válidos, políticos ni doctrinarios.”
Por primera vez se consigna en el debate una razón casuística que, la verdad, debe formar parte de la razón global. No sabemos cuánto peso tuvo en las razones que AD consideró para modificar una bandera de tanta importancia en su vida como organización, tal y como lo señala Machado. A la intervención de Machado le sigue la del diputado Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella, se declara centro-federalista y alude al Libertador, señalando las prevenciones que éste tuvo en relación con el federalismo. La intervención es más confusa que cristalina. Es decir, no añade nada nuevo salvo la invocación bolivariana y abona la impresión, eso sí, de que el tema es espinoso y complejo.
La intervención del diputado Martín Pérez Guevara es sumamente ponderada, y toma en cuenta las aristas doctrinales de Derecho Constitucional que ofrece el tema. Propone que dada su importancia se postergue para ser analizado en profundidad. Aclara que respalda la proposición federal y llama a la reflexión a AD. Le responde el diputado Lander, advirtiendo que la proposición conduciría a un debate demasiado largo. En la diatriba interviene el diputado Elbano Provenzali Heredia, respaldando la proposición de Pérez Guevara que señala que, dada la importancia del tema, se designe una Comisión Especial y, además, afirma que como miembro de la Comisión Redactora del Proyecto, él suscribe la tesis de la elección directa de gobernadores.
Pide la palabra el diputado Rafael Caldera y va al fondo de la doctrina constitucional, señalando: “Esta inconsecuencia es lo que no me explico: expresar como principio de un programa político, como lo hace acción Democrática, que se defenderá el sistema federal (y tengo el texto del programa impreso en 1941), decir que se defiende la “efectividad del régimen federativo”, aceptar la inclusión de toda la terminología y de todas las definiciones de principios conforme al régimen federal, y venir a establecer una institución que es neta y sencillamente centralista, es algo que verdaderamente no entiendo.”
Como vemos, otro miembro de la oposición coloca el acento en la contradicción en que incurre el partido de gobierno. Cabe preguntarse: ¿si la oposición está de acuerdo con la elección directa de Gobernadores y Alcaldes y AD en sus programas también, por qué no se aprobó el artículo? No hay duda de que en el camino AD cambió de parecer, abandonó una bandera sustancial y optó por el centralismo-presidencialista. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no dio el paso si la oposición no adversaba la propuesta? Sigamos buscando respuestas al calor del debate parlamentario, ya que el punto es medular, sin la menor duda.
A Caldera le responde el diputado Domingo Alberto Rangel con una intervención extensísima, que ocupa muchas páginas. De ella, lo neurálgico es la confesión de los motivos que condujeron a AD a recoger su bandera. Dice Rangel: “Pues bien, si nosotros instauramos el sistema de la elección popular de los Presidentes de Estado, el país puede correr el riesgo, y efectivamente lo corre en estos momentos, de que el Poder Ejecutivo se disperse y se fraccione, de que el Presidente de la República perteneciente a un partido político sea enemigo político del Presidente de un Estado determinado, o bien que el Presidente de un Estado, electo por el voto popular, profese ideas y principios distintos de los que profesa el Presidente de la República…Si un afiliado a ese partido político llegara a triunfar en unas elecciones para Gobernador del Estado, yo casi aseguraría que ese señor, que ese ciudadano pondría al servicio de la conspiración todo el aparato administrativo del Estado.”
Al final de aquella dilatada sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del 18 de junio de 1947, se llegó a una suerte de solución, si se quiere, salomónica, ya que dada la importancia del tema se remite la decisión a un plebiscito. Reza el artículo 127 propuesto por la Comisión redactora: “Un plebiscito nacional que se realizará transcurridos dos años, contados desde la fecha de la promulgación de esta Constitución y en la oportunidad que fije el Congreso Nacional, decidirá si los Gobernadores de los Estados serán de libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros o si deberán ser electos por voto universal, directo y secreto. La fórmula favorecida por esta consulta se considerará incorporada al texto de esta Constitución. Entre tanto se realiza el plebiscito, los Gobernadores serán de la libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de esta Constitución.”
Finalmente, en el texto de la Constitución Nacional de 1947 este artículo 127 pasó a formar parte de las Disposiciones Transitorias, siendo la Séptima y conservando su redacción original. Como sabemos, los hechos políticos que se desencadenaron a partir del 24 de noviembre de 1948, dejaron en suspenso las Disposiciones Transitorias. Me he detenido en este punto porque considero que es una coyuntura central de nuestra vida democrática. Es evidente que si se hubiera escogido la fórmula federal el país hubiera tomado orto rumbo, pero Acción Democrática, entonces, no lo permitió. Una flagrante contradicción, solo explicable por la coyuntura histórica, como apuntó Machado.
El 29 de mayo de 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), que sustituía a la Junta de Fomento de la Producción Nacional, creada por Medina Angarita en 1944. La CVF vino a instrumentar en Venezuela lo que después la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) denominó “Industrialización por Sustitución de Importaciones”. En otras palabras, Venezuela requería diversificar su economía, que ya para entonces era mayoritariamente petrolera, y para hacerlo la CVF establecería los mecanismos de otorgamiento de créditos a empresarios privados que quisieran desarrollar la “agricultura, cría, industria y minería” en el país, mientras el Estado se reservaba “la promoción de empresas de utilidad pública, cuyo volumen o características no sean posibles o halagadoras para el inversionista particular.”
Esta política de Industrialización por Sustitución de Importaciones tuvo vigencia en Venezuela, con distintos grados de intensidad, hasta 1989, cuando todo el esquema arancelario y de subsidios, protector de la industria nacional, se levantó en aras del libre mercado. Es de señalar que Venezuela creó la CVF antes de que la CEPAL diseñara esta política para América Latina. Y esto ocurrió sobre la base del proyecto de la Junta Revolucionaria de otorgarle mayores asignaciones al Estado y, muy particularmente, a la tarea de promover el desarrollo económico general a través de un sistema crediticio, y unas barreras arancelarias para los productos importados. Fundamentalmente, fue una política para industrializar el país.
Los comicios tuvieron lugar el 14 de diciembre de 1947, y resultó electo el maestro Rómulo Gallegos, candidato de AD, con el 74,47 % de los votos, en segundo lugar llegó Rafael Caldera con 22,40% y en tercer lugar Gustavo Machado con 3,12 % de los sufragios. Era la primera vez en toda nuestra historia republicana que tenían lugar unas elecciones universales para elegir Presidente de la República. No fueron las primeras elecciones directas, ya que ellas tuvieron lugar en abril de 1860, cuando se eligió a Manuel Felipe de Tovar.
Con la elección de Gallegos, el maestro de muchos integrantes de la Generación del 28, los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno cumplían el Decreto que ellos mismos habían redactado, y que les impedía presentarse como candidatos en esta contienda. Además, en el mismo acto se eligieron diputados y senadores del Congreso Nacional, así como concejales y diputados de las Asambleas Legislativas estatales. Por primera vez en muchos años, el Presidente de la República gozaba de una legitimidad absoluta: lo había elegido el apoyo mayoritario del pueblo.
La toma de posesión de la Presidencia de la República por parte de Rómulo Gallegos, el 15 de febrero de 1948, constituyó un acontecimiento cultural de gran importancia. El escritor Juan Liscano organizó en el Nuevo Circo de Caracas un Festival Folklórico, en el que logró reunir diversas agrupaciones musicales de todo el país, y por primera vez en su historia las expresiones culturales, vinculadas con las distintas regiones de la geografía nacional, se dieron cita en un solo lugar. Esto trajo como consecuencia que cultores de distintos instrumentos, que jamás se habían visto ni escuchado, coincidieran en un mismo tiempo y espacio.
En lo sustancial del proyecto político de AD, el gobierno de Gallegos continuó con sus pautas fundamentales, pero la base de sustentación militar fue resquebrajándose, cosa que Gallegos no contemplaba, ya que su Ministro de la Defensa, Carlos Delgado-Chalbaud, era tenido por el propio Gallegos como “un hijo”. Esta relación casi filial se había trabado en el exilio en España, donde el joven Delgado-Chalbaud y el maestro Gallegos compartían penurias y habitación. De modo que la confianza del Presidente en su Ministro de la Defensa era total, al punto que durante el único viaje que realizó en funciones a los Estados Unidos, en julio de 1948, dejó encargado de la Presidencia de la República a Delgado Chalbaud y no a Eligio Anzola Anzola, quien se desempeñaba como Ministro de Relaciones Interiores. Estos hechos hablan de la legitimidad con que Gallegos se conducía: era el primer Presidente electo en sufragios universales de nuestra historia, y con el porcentaje más alto que se haya dado, todavía, entre nosotros. No pensaba que fuese posible que semejante legitimidad pudiese ser vulnerada por las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente el maestro se equivocaba.
El sector determinante de los militares, que calladamente adversaba a Betancourt, fue articulándose en contra del propio Betancourt y del gobierno de Gallegos. Mientras tanto, el ex presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, seguía con atención el proceso político, a la par que participaba en Bogotá en la creación de la OEA. Las molestias en el sector de la población afecta a algunos de los presidentes de la hegemonía militar tachirense seguían en aumento, y se canalizaron a través de un error que venía cometiendo tanto el gobierno de Betancourt como el de Gallegos: el de gobernar con la sola gente de su partido, dejando de lado a otros sectores nacionales. La acusación de sectarismo fue tomando cuerpo día a día. Ella venía a contribuir con el proyecto militarista en el seno de las Fuerzas Armadas, proyecto capitaneado por Marcos Pérez Jiménez, y seguido con enormes dudas por parte de Delgado- Chalbaud, quien terminó saliendo de la escena dos años después.
En pocas palabras: el maestro Gallegos no consideró pertinente mantener vigilia sobre el sector castrense, ya que su legitimidad estaba blindada, mientras un grupo preponderante de los militares quería detentar el poder directamente, desconociendo el resultado de la elección democrática. Todo indica que de ese grupo no formaba parte el Ministro de la Defensa Delgado-Chalbaud, pero terminó aviniéndose con él, y encabezando el Golpe de Estado militar. Se lanzaba por la borda el primer ensayo democrático venezolano. El 24 de noviembre de 1948 es hecho preso el Presidente Gallegos, el 5 de diciembre se le expulsa del país junto a su familia. Lo sustituye una Junta Militar de Gobierno, integrada por Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Carlos Delgado-Chalbaud, quien la presidía.
Como vemos, el ensayo democrático venezolano comenzó por la vía del golpe militar y concluyó por el mismo conducto. No obstante, lo alcanzado en el Trienio en varios aspectos se mantuvo en lo sucesivo. La política de la ISI siguió su curso durante la dictadura militar y luego durante el período democrático. El movimiento sindical fue perseguido durante la década militar, pero sus bases sobrevivieron y regresaron con bríos con el regreso de la democracia el 23 de enero de 1958. La política petrolera si tuvo cambios, ya que Pérez Jiménez, afortunadamente, sí otorgó nuevas concesiones petroleras. También hubo cambios en cuanto a la democratización de la educación, tendencia que durante la dictadura militar dejó de tener fuerza. La incorporación de la mujer como sujeto político se consolidó desde entonces, así como las elecciones directas y secretas, que hasta nuestros días se mantienen.
Imposible no advertir un avance muy significativo para el proyecto democrático nacional en estos tres años de 1945 a 1948. Negarlo es ceguera o mezquindad. Otra cosa son los errores cometidos en el ejercicio del gobierno y, por supuesto, la no asunción del federalismo en la Constitución de 1947: una deuda pendiente con la democracia que vino a saldarse en 1989, muchos años después.
ARRÁIZ LUCCA, Rafael (2001). Arturo Uslar Pietri: ajuste de cuentas.
Caracas, Los Libros de El Nacional.
BETANCOURT, Rómulo (2013). Venezuela, política y petróleo. Caracas,

References: artículo 113
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 127
 artículo 124
 artículo 127