Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/social/sentencia-num-10002016-tribunal-superior-de-justicia-cataluna-seccion-1-16-02-2016
Timestamp: 2019-01-21 23:54:07+00:00

Document:
22 de enero de 2019 | 12:54
Marginal: PROV\2016\64970
Recurso de Suplicación núm. 1000/2016
CONTRATO DE TRABAJO: existencia: médico: prestación de servicios médicos en las instalación, con los medios materiales y conforme a la planificación de la empresa: concurrencia de requisitos de laboralidad. NULIDAD DE ACTUACIONES: desestimación: inexistencia de indefensión.
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa contra la sentencia de 13 de abril de 2015, dictada por el Juzgado nº1 de Terrassa, en autos promovidos sobre despido.
NIG : 08279 - 44 - 4 - 2014 - 8036829
"Que desestimando la excepción de incompetencia de la jurisdicción social y estimando parcialmente la demanda de despido interpuesta por Don Severiano debo declarar y declaro improcedente articulado sobre el mismo, con efectos de 13/07/2014, condenando a la empresa IDC SALUD SLU, a estar y pasar por la anterior declaración y a optar, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre readmitir a la actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido o a abonarle la indemnización de 18.115,44 €. Entendiéndose que, caso de no optar, procederá la readmisión, con abono, en caso de readmisión, de los salarios dejados de percibir desde el día 13/07/2014 hasta la notificación de la sentencia a razón de 36,82 euros diarios y que a día de la presente resolución asciende a 10.088,68 €."
"Primero.- La parte actora tiene las siguientes circunstancias personales y profesionales:
Quinto.- En fecha 15/01/2003 el actor y la mercantil que otrora explotaba el Hospital General de Cataluña (Catalana de Diagnóstico y Cirugía Sociedad Limitada - en adelante CDC-) subscribieron documento -documento 1 demandada que se da por reproducido- en que CDC contrataba los servicios del actor como médico especializado en oftalmología. Ambas partes calificaron el contrato como de prestación de servicio profesional, remitiéndose a la legislación civil en aquello no expresamente pactado; con duración inicial de seis meses y tácita reconducción. En cuanto a la retribución se estableció que percibiría los denominados "honorarios" por acto médico realizado, que sería del 50% de la facturación que se efectuara a las Mutualidades que se hiciera cargo de los gastos de asistencia. Se estableció una serie de estipulaciones, como un preaviso de treinta días en caso de extinción, autorización de CDC para utilizar en congresos la condición de facultativo del Hospital General de Cataluña, comunicación de ausencias, comunicación de eventuales substitutos y una cláusula de sometimiento arbitral.
Sexto.- El actor prestaba servicios martes alternos y todos los jueves en horario de tarde, condicionado a disponibilidad de quirófanos; debiendo preavisar los días que no asistiría por motivos de cursos, conferencias o vacaciones (interrogatorio actor, testifical Sra. María Consuelo , y documental actor - doc. 10 a 15- y demandada -doc. 3-).
Décimo tercero.- Intentada la conciliación administrativa previa dedujo la demanda que ha correspondido a este Juzgado (actuaciones)"
En el motivo, dividido en dos apartados, destinado a interesar la reposición de las actuaciones denuncia la recurrente la infracción por la sentencia de instancia: 1) de los artículos 87.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) y 218 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , aduciendo al efecto que el Juzgador "a quo" no ha valorado la prueba testifical practicada en el acto de juicio a su instancia sin justificación alguna, 2) artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , artículos 209 y 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635) y 120.3 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) por insuficiencia de los hechos probados y falta de motivación.
En este sentido, esta Sala comparte el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 septiembre 2005 (RJ 2005, 7299) , cuando señala que "son los Jueces y Tribunales los que han de valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, pero en ese cometido no pueden sacrificar su realización a otros intereses que, aun estando también protegidos por el ordenamiento, sean de rango inferior al derecho constatado en el citado precepto constitucional", y por ello mismo hemos dictado ya sentencias, como la núm. 3665/2005, de 26 de abril de 2005 (RTC 2006, 3665) , en las que hemos indicado que "la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que de respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que el artículo 24.1 de la Constitución (RCL 1978, 2836) proclama y garantiza; y de ahí, que cuando no exista indefensión, no proceda la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) ".
Aplicando la anterior doctrina a la nulidad aquí solicitada se puede observar que la intención de la empresa recurrente no es otra que la de reclamar que se complete la sentencia con el fin de que contenga todas aquellos hechos que a su juicio el Juzgado no tuvo en cuenta, y que según su opinión son imprescindibles para resolver la controversia y, en definitiva, su recurso, incorporando las manifestaciones que resultan de las declaraciones de los testigos aportados a su instancia, pretendiendo sustituir con ello el criterio del Juzgador "a quo" a quien corresponde su valoración, siendo así que el control jurisprudencial por la Sala viene referido a la legalidad de la producción de las pruebas, a la observancia de los principios rectores de su carga y a la valoralidad de los razonamientos pero no puede extenderse a la credibilidad de los testigos porque ésta es una cuestión directamente relacionada con la inmediación del órgano judicial. No obstante lo alegado en el motivo por el que se solicita la nulidad, en la sentencia de instancia se hace referencia a la prueba testifical practicada a instancias de la recurrente, habiéndose valorado la misma si bien no el sentido interesado que pretende extraer la recurrente de las declaraciones de los testigos propuestos, al tiempo que se da por reproducido el contrato suscrito entre las partes, sin que en el posterior motivo destinado a la revisión de los hechos probados se ponga de manifiesto el error en la apreciación de dichas prueba por el Juzgador "a quo".
Respecto a la fundamentación jurídica, como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1994 de 27 de enero (RTC 1994, 22) , "la fundamentación de las resoluciones judiciales viene exigida tanto por la necesidad de garantizar las posibilidades de su control por los Tribunales Superiores como por la de lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial que afecte a los intereses del ciudadano, así como la de demostrar el esfuerzo realizado por el juzgador para confeccionar una decisión carente de arbitrariedad. Y ello solo puede lograrse si la sentencia hace referencia a la manera a que debe inferirse de la Ley la solución judicial y expone las consideraciones que fundamentan la subsunción del derecho bajo las disposiciones legales que aplica". Pero también es conocida la jurisprudencia que ha entendido que, para cumplir el mandato contenido en la LRJS (RCL 2011, 1845) sobre la motivación de las sentencias, no es necesario que los razonamientos del juzgador de instancia hayan de ser exhaustivos y pormenorizados, ni implica que aquél deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni es exigible una pormenorizada respuesta de todas las alegaciones de las partes, sino que basta, por el contrario, que la motivación cumpla con la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, y de otro, permitir su eventual control jurisdiccional, mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Es decir, los razonamientos han de ser suficientes para justificar los motivos de la resolución judicial, en cuanto a la realidad de los hechos que plasma, que no pueden aparecer como una arbitraria, ilógica o absurda conclusión.
Así las cosas, en el caso de autos la relación fáctica establecida por el juzgador de instancia es suficiente como para fundamentar jurídicamente la resolución judicial y alcanzar el fallo en la sentencia, sin que quepa apreciar infracción del artículo 97.2 de la LRJS (RCL 2011, 1845) por el mero hecho de que el juzgador de instancia haya basado su convicción en elementos probatorios a los que haya dado mayor valor. La sentencia también ha sido suficientemente motivada, puesto que recoge los fundamentos de derecho en párrafos separados y numerados, así como las razones y fundamentos legales del fallo que ha de dictarse, con expresión de las normas jurídicas aplicables al caso. A la vista de la sentencia no hay ninguna duda de que ésta declara expresamente los hechos que estima probados, y el Juez "a quo" hace referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, fundamentando suficientemente los pronunciamientos del fallo. Por tanto, no se acredita vulneración alguna de las normas citadas, ni tampoco se acredita que se haya producido indefensión, por cuanto la actora ha tenido oportunidad de hacer las alegaciones que ha tenido por oportunas y a las que el juzgador de instancia ha respondido de forma implícita al realizar la valoración conjunta y racional de la prueba practicada.
"Sexto.- El actor prestaba servicio martes alternos y todos los jueves en horario de tarde, en virtud de pacto con la empresa, no siendo impuesto ello en ningún momento por la misma, y las horas que prestaba servicios era en virtud de una agencia médica que estaba organizada por la responsable de Agendas Médicas, Doña Fidela , bajo las indicaciones de disponibilidad del propio profesional (Documento nº 1, folios 145 a 151 de la demandada).
La programación de pacientes se lleva por un sistema informático del Hospital, por un(a) denominado sistema de módulos que coinciden con lapsos de mañana y tarde, de cada uno de los facultativos (testifical Doña. Aida )".
"Séptimo.- Si el actor se valía de otro facultativo que le sustituyeses o le complementara en la prestación de servicio, debía comunicar tal sustitución tan sólo al objeto de que el Hospital procediera a comprobar que el sustituto se encontraba en posesión de la titulación requerida y demás circunstancias que le hacen apto para prestar servicio médico en la especialidad (Documento nº 1, folio 145 a 151 de la demandada)".
"Undécimo.- El actor contaba con tarjeta de identificación -si bien aparece como profesional colaborador- instrumental y medio del Hospital, así como ropa del Hospital, sin embargo se le deducía en la facturación el 50% en concepto de mantenimiento de instalaciones, costes de reposición de instrumental y materiales, costes de personal, y del beneficio propio del Hospital (Documento nº 1, folios 147 y 148)".
"Decimocuarto.- Que en el Hospital General de Cataluña existe un portal informático Intranet en el que se hacen publicaciones propias de la organización del trabajo del Hospital, y en el que se cuenta con unos apartados privados para que cada empleado pueda consultar el estado de sus derechos laborales como nóminas o vacaciones, entre otros extremos, al que tienen acceso mediante un código personal e intransferible que se les facilita, denominado "Código Milena", y sin embargo el actor no ha tenido nunca ese "Código Milena", al no pertenecer a la plantilla de empleados del Hospital (Documento nº 5, folio 220)".
"Decimoquinto.- El actor era responsable de su actividad en las instalaciones del Hospital y de las consecuencias que pudieran derivarse de sus actuaciones médicas respecto a los pacientes atendidos en el Hospital.
Asimismo, y mientras durase la relación profesional con el Hospital, Sr. Severiano estaba obligado a tener contrata una Mutua de Accidentes Laboral que le cubriera cualquier accidente laboral (Documento nº 1, folios 145 a 151)".
La cuestión planteada consiste, pues, en analizar si concurren en el caso de autos los requisitos que el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores (RCL 1995, 997) exige para la existencia de relación laboral cuando señala que dicha norma "será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica denominada empleador o empresario". Las notas que configuran el contrato de trabajo son: a) la voluntad que ha de presumirse salvo prueba en contrario; b) la retribución, entendida en el amplio sentido en que se define el salario en el art. 26.1 del mencionado texto legal; c) la ajenidad, como cesión anticipada al empresario de los frutos y no asunción de los riesgos del proceso productivo; y d) la realización de la actividad en el ámbito de organización y dirección de otra persona, condición que no implica necesariamente, según la jurisprudencia, el sometimiento a jornada determinada o a instrucciones tan precisas que coarten la iniciativa propia, nota que resulta compatible con la inexistencia de horario fijo en determinadas actividades.
"La primera premisa doctrinal de nuestro razonamiento es la constantemente repetida en éste y en otros órdenes jurisdiccionales de que la calificación de los contratos no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto. Exponentes de esta consolidada doctrina jurisprudencial a lo largo de los años son, entre otras muchas, nuestras sentencias de 11 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 9847) y de 29 de diciembre de 1999(RJ 2000, 1427); esta última cita numerosos precedentes.
El segundo paso de la argumentación a tener en cuenta se ha de referir, en supuestos como el presente en que está en juego una calificación alternativa de contrato de trabajo o contrato de arrendamiento de servicios, a la historia de la normativa legal en la materia. Como apunta la sentencia de contraste (STS de 7 de junio de 1986[RJ 1986, 3487]), la configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil (LEG 1889, 27), no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, "al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente". En efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un "precio" o remuneración de los servicios. En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada.
(...) Tanto la dependencia como la ajenidad - es la tercera premisa del razonamiento - son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.
(...) El siguiente paso de nuestro razonamiento consiste en la proyección del anterior sistema de indicios sobre la relación de servicios médicos controvertida y en la aplicación al supuesto litigioso, en su caso, de los hechos indiciarios específicos utilizados por la jurisprudencia para la actividad profesional concreta del ejercicio de la medicina. El resultado de esta labor conduce de manera inequívoca a la calificación de dicha relación de servicios como contrato de trabajo.".
En efecto, todos los datos y circunstancias de la relación de servicios en litigio apuntan en tal dirección. Es la entidad "A., SL" y no el médico-odontólogo quien dispone de organización sanitaria propia para la prestación de los servicios. Los odontólogos están integrados en el cuadro médico de la clínica dental. El lugar, el horario, los medios e incluso, si bien indicativa y no imperativamente, el modo de trabajo han sido programados o predispuestos por "A., SL".
a) Voluntariedad, y prestación de servicios "intuitu personae", que se pone de manifiesto en el proceso de selección que han de superar para prestar servicios para la codemandada.
b) Ajenidad, por cuanto los frutos del trabajo se transfieren "ab initio" al empresario, que a su vez asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios.
c) Los trabajos se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, sin que para ello sea preciso el sometimiento a jornada laboral, aunque se obligan a prestar el servicio durante el horario de apertura al público de las clínicas "A., SL".
d) la retribución que percibe el odontólogo, está en función de un porcentaje sobre la facturación efectivamente cobrada a los clientes atendidos en las Clínicas "A., SL", deduciendo de la misma el porcentaje cobrado en concepto de gastos de trabajo de laboratorio, en sistema retributivo similar al salario a comisión.
La conclusión anterior no queda desvirtuada por las previsiones expresadas en el contrato de sustituciones o suplencias del odontólogo en las licencias y otros supuestos singulares. Como sucede también en el caso de la sentencia de contraste, e incluso con una formulación más rotunda y rigurosa que en esta última, las sustituciones o suplencias son la excepción y no la regla en la relación de servicios concertada entre el médico demandante y la entidad de asistencia sanitaria demandada, al limitarse aquéllas a los supuestos de imposibilidad o incapacidad de trabajo, con exigencia expresa de permiso de dicha entidad. Es claro que tal previsión contractual no puede impedir la calificación de laboralidad".
No está de más señalar, por último, que tanto en la profesión médica como en general en las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas ( STS de 11 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 8947) )".
De tales premisas, constata la Sala que si bien el demandante pudiera gozar de una cierta flexibilidad, fundamentalmente para fijar las fechas de vacaciones o ausentarse, para efectuar su trabajo, no es menos que el resto de las notas definitorias de su relación conducen a la calificación de la misma como laboral, de conformidad a los requisitos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores de dependencia, ajenidad y retribución que expusimos más arriba. A saber, voluntariedad en la prestación de servicios con carácter personal, ajenidad en cuanto a los frutos de trabajo que percibía el Hospital quien cobraba los actos médicos realizados por el actor a los pacientes que le suministraban, si bien abonándole posteriormente un porcentaje del precio del servicio ya establecido, todo ello, en el ámbito de la organización y dirección del Hospital en los días de la semana previamente establecidos con utilización de los medios materiales y personales de dicha entidad, y al haberlo entendido así el Magistrado "a quo", no produjo la infracción denunciada por el recurrente por lo que procede confirmar la sentencia previa la desestimación del recurso interpuesto.

References: resolución 
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1