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﻿ LEY DE MONTES 10/2006
LEY DE MONTES 10/2006
Creado: 03 Noviembre 2008 | Última actualización: 09 Febrero 2016 | Escrito por P.Retiro | Imprimir	| Correo electrónico	| Visto: 11359
JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 102 de 29/4/2006)
Bien es sabido que el cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, pascícola, industrial o urbanizable se ha tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico ocasionado por el incendio. En muchas ocasiones, el cambio de uso no se promovía de forma inmediata tras el siniestro, sino sólo tras repetidos incendios de ese terreno forestal, que quedaba, de esta manera, en una situación de casi total degradación vegetal que dificultaba la posibilidad de rechazar justificada y motivadamente las peticiones de cambio de uso forestal. Y ello en la medida en que estos terrenos, en un corto plazo, ya no podrían alcanzar el potencial forestal arbolado que poseían antes del incendio.
Además, con el propósito de garantizar la correcta adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, se procede a modificar diversos artículos. En este sentido, se modifica el artículo 7, para mejorar la delimitación de las funciones de competencia estatal.
Es bien sabido que el legislador ha hecho, hasta el presente momento, un esfuerzo importante para garantizar el derecho-deber al medio ambiente. Sin embargo, el carácter de interés colectivo que se predica del medio ambiente y sus limitados sistemas de protección, ciertamente lejos de los sistemas de protección que poseen los intereses jurídicos individuales, implica una especial dificultad a la hora de defenderlo o bien de exigir su respeto. A ello obedece, en esencia, el que se atribuya al Ministerio Fiscal la defensa de ese interés colectivo que es el medio ambiente y también que esta institución preste una atención específica a la defensa de este bien jurídico.
Esta ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras j) y k) al artículo 3, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«j) Principio o enfoque de precaución, en virtud de la cual cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
k) Adaptación de los montes al Cambio Climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.»
Tres. Se añade una nueva letra e) al apartado 1 del artículo 5, que queda redactada de la siguiente forma:
«e) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.»
Cinco. Los párrafos c) y g) del apartado 2 del artículo 7 quedan redactados en los siguientes términos:
«El establecimiento de las directrices comunes para la normalización de los medios materiales y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, para la cobertura de los montes contra incendios.»
«g) La elaboración de directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento de montes.»
Seis. El apartado 3 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Corresponde, asimismo, a la Administración General del Estado el ejercicio de aquellas otras competencias que le confiere la legislación y, en particular:
a) La coordinación de la llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como la del Registro de montes protectores y montes con otras figuras de especial protección.
b) La colaboración en el diseño de las redes, la recopilación y comunicación a los órganos comunitarios de los datos obtenidos por las comunidades autónomas en su ámbito territorial, procedentes de las parcelas de las redes europeas para el seguimiento de las interacciones del monte con el medio ambiente.»
Siete. Se adiciona un apartado 3 al artículo 10, con la siguiente redacción:
«3. Tanto el Comité Forestal como el Consejo Nacional del Bosque deberán mantener reuniones con carácter semestral.»
Ocho. Se añade un artículo 12 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 12 bis. Montes protectores y montes con otras figuras de especial protección.
Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en protectores y montes con otras figuras de especial protección, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV bis de esta ley.»
Nueve. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública.
c) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.»
Diez. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La titularidad que en el catálogo se asigne a un monte sólo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Once. El apartado 4 del artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:
«4. Cuando un monte catalogado se halle afectado por un expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer.
Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el Consejo de Ministros, oída la comunidad autónoma afectada.»
Doce. El apartado 1 del artículo 20 queda modificado en los siguientes términos:
«1. Los titulares de los montes demaniales, junto con la Administración gestora en los montes catalogados, investigarán la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren necesarios.»
Trece. El apartado 7 del artículo 21 queda redactado como sigue:
«7. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real.»
Catorce. Se añade un capítulo IV bis al título II, con la siguiente redacción:
Artículo 24 bis. Declaración de otras figuras de especial protección de montes.
3. A través del Fondo para el patrimonio natural se fomentará la elaboración de proyectos de ordenación o planes dasocráticos.»
Quince. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:
«b) De montes declarados protectores y con otras figuras de especial protección conforme a los artículos 24 y 24 bis.»
Dieciséis. 1. Se añaden tres letras nuevas i), j) y k) al apartado 1 del artículo 28, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«i) La diversidad biológica de los montes de España.
j) Estado de protección y conservación de los principales ecosistemas forestales españoles y efectos del cambio climático en los mismos.
k) La percepción social de los montes.»
2. Se adiciona un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 28 con la siguiente redacción:
«Toda la información recogida en los inventarios, así como el contenido que integra la Estadística forestal española tendrá carácter público, siendo aplicable la normativa de acceso a la información medioambiental.»
Diecisiete. 1. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado como sigue:
«2. El Ministerio de Medio Ambiente, oídos los ministerios afectados, elaborará la Estrategia forestal española, con la participación de las comunidades autónomas y con el informe de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y del Consejo Nacional de Bosques y previo informe favorable de la conferencia sectorial. El Consejo de Ministros aprobará la Estrategia forestal española, mediante acuerdo.»
2. El apartado 3 del artículo 29 queda modificado en los siguientes términos:
«3. Cuando las circunstancias lo aconsejen, y en cualquier caso antes de cada revisión del Plan forestal español, la Estrategia forestal española será revisada a propuesta de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza o del Consejo Nacional de Bosques. La revisión se tramitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.»
Dieciocho. El apartado 2 del artículo 30 queda redactado del siguiente modo:
«2. El Ministerio de Medio Ambiente elaborará el Plan forestal español con la participación de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los planes forestales de aquéllas y con los informes de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y del Consejo Nacional de Bosques y previo informe favorable de la Conferencia Sectorial. El Consejo de Ministros elaborará el Plan forestal español mediante acuerdo.»
Diecinueve. El artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de montes.
2. El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Bosques, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, aprobará las directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento de montes, en relación con los siguientes aspectos:
3. Corresponde a las comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes.»
Veinte. 1. Los apartados 2 y 4 del artículo 33 quedan redactados del siguiente modo:
«2. Los montes públicos y privados deberán contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente.
4. El contenido mínimo de los proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos se determinará en las directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de montes establecidas en el artículo 32 de esta ley. La elaboración de estos instrumentos deberá ser dirigida y supervisada por profesionales con titulación forestal universitaria y deberá tener como referencia, en su caso, el PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte.»
2. Se suprime el apartado 5 del artículo 33.
Veintiuno. El artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 34. Gestión de montes catalogados, montes protectores y montes con otras figuras de especial protección.
1. Los montes protectores, así como los montes catalogados que reúnan las características enumeradas en los artículos 13.b) y 24.1, se gestionarán con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, se evitará, en su caso, la fragmentación ecológica de los montes y se aplicarán métodos silvícolas que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte.
2. Los montes con otras figuras de especial protección, así como los montes catalogados que reúnan las características enumeradas en el artículo 24 bis.1, se gestionarán para garantizar su mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, para la restauración de los valores que motivaron dicha declaración.
3. La gestión de los montes protectores o con otras figuras de especial protección que no dispongan de proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático se ajustará al instrumento de planificación vigente en la zona. Si tampoco existiera este instrumento, los aprovechamientos que se quieran realizar en estos montes deberán atenerse a lo establecido en el artículo 37 y, en todo caso, siempre asegurando la conservación de los valores que determinaron su declaración.
4. La gestión de los montes con otras figuras de especial protección incluidos en zonas de alto riesgo de incendio forestal se ajustará a lo establecido en el artículo 48.
5. En los instrumentos de gestión de estos montes se incluirán, en su caso, medidas concretas a fin de establecer corredores biológicos entre estos montes y otros de similar catalogación, o entre estos montes y otros espacios naturales protegidos o de interés, a través de ríos, cañadas y otras vías de comunicación natural, con el fin de evitar el aislamiento de sus poblaciones, y de fomentar el trasiego de especies y la diversidad genética.»
Veintidós. El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 35. Certificación forestal.
Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de los sistemas de certificación, garantizando que el proceso de certificación forestal sea voluntario, transparente y no discriminatorio, así como velarán por que los sistemas de certificación forestal establezcan requisitos en relación con los criterios ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional.»
Veintitrés. Se añade un artículo 35 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 35.bis Compra responsable de productos forestales.
En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques certificados.
Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de divulgación.»
Veinticuatro. El párrafo b) del artículo 37 queda redactado en los siguientes términos:
«b) En caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa.»
Veinticinco. El apartado 1 del artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con las comunidades autónomas, la elaboración y aprobación del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. La aplicación y seguimiento del Programa corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación.»
Veintiséis. El apartado 3 del artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Asimismo, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, la elaboración y aprobación del Plan Nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-forestal. La aplicación y seguimiento del plan corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y a las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación.»
Veintisiete. El apartado 1 del artículo 46 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Para facilitar la colaboración entre los dispositivos de extinción de incendios forestales, de forma que sea posible la asistencia recíproca de las Administraciones competentes y la utilización conjunta de los medios personales y materiales, la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, a propuesta de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, asistida por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, establecerá las directrices comunes para la formación, preparación y equipamiento del personal y para la normalización de los medios materiales.»
Veintiocho. Los apartados 1 y 3 del artículo 47 quedan redactados en los siguientes términos:
«1. El director o responsable técnico de las tareas de extinción tiene la condición de agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios respectivos, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para actuar en la extinción, según el plan de operación del director técnico.
3. La Administración responsable de la extinción adoptará las medidas oportunas para garantizar la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.»
Veintinueve. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 48 queda modificado en los siguientes términos:
«3. Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de Defensa que, además de todo aquello que establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar, como mínimo.»
Treinta. El apartado 2 del artículo 49 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Se promoverá el desarrollo y puesta en marcha del seguro de incendios forestales en el marco de lo previsto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados. Los propietarios que suscriban el seguro tendrán prioridad para acogerse a las subvenciones previstas en el artículo 64 de esta ley, cuando estas se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.»
Treinta y uno. El título del artículo 50 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados.»
Treinta y dos. El apartado 1 del artículo 50 queda redactado en los siguientes términos:
3.º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de abandono.»
Treinta y tres. Se añade un nuevo Capítulo V al Título IV con la siguiente redacción:
Treinta y cuatro. El artículo 58 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 58. Extensión, policía y guardería forestal.
Treinta y cinco. Los apartados 1 y 3 del artículo 63 quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se aplicarán a montes ordenados tanto de titularidad privada como de entidades locales. Los montes protectores, los montes con otras figuras de especial protección y los catalogados y, en particular, aquellos en espacios naturales protegidos o en la Red Natura 2000 tendrán preferencia en el otorgamiento de estos incentivos.»
«3. En el acceso a las subvenciones para la prevención contra incendios forestales, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tendrán prioridad los montes que se encuentren ubicados en una zona de alto riesgo de incendio con un plan de defensa contra incendios vigente, de acuerdo con el artículo 48.»
Treinta y seis. El apartado 2 del artículo 77 queda redactado en los siguientes términos:
«2. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de esta ley se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por reparación las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así como los perjuicios causados.»
Treinta y siete. 1. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la disposición adicional segunda del siguiente tenor:
«Lo dispuesto en el artículo 58.3 no será de aplicación en estos territorios.»
2. El apartado 3 de la disposición adicional segunda queda redactado en los siguientes términos:
«3. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las normas específicas aplicables a los montes afectados al ejercicio de competencias estatales o adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado.»
Treinta y ocho. Se añade una disposición adicional nueva con la siguiente redacción:
«El Gobierno remitirá en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley una propuesta de Ley reguladora del Estatuto de la Propiedad Forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas, según sus respectivos Estatutos, en esta materia.»
Treinta y nueve. La disposición final tercera queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición final tercera. Habilitación normativa.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley.»
1. Se crea el Fondo para el patrimonio natural, con objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar a la gestión forestal sostenible, a la prevención estratégica de incendios forestales y a la protección de espacios forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del Estado. Dicho fondo podrá financiar acciones de naturaleza plurianual y actuará como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial. El fondo se dotará con las partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, incluidas las dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos financieros comunitarios destinados a los mismos fines y con otras fuentes de financiación que puedan establecerse en el futuro.
a) Promover, a través de los incentivos adecuados, la inversión, gestión y ordenación forestal, en particular, la elaboración de proyectos de ordenación de montes o de planes dasocráticos.
b) Apoyar las acciones de prevención de incendios forestales.
c) Instituir mecanismos financieros destinados a hacer viables los modelos de gestión para una silvicultura sostenible.
d) Financiar acciones específicas de investigación aplicada, demostración y experimentación.
e) Valorizar y promover las funciones ecológicas, sociales y culturales de los espacios forestales y apoyar los servicios ambientales y de conservación de recursos naturales.
f) El incentivo a la agrupación de la propiedad forestal para el desarrollo de explotaciones forestales conjuntas, que favorezcan la gestión forestal sostenible.
g) La promoción del uso y el apoyo a la producción y comercialización de productos forestales procedentes de bosques certificados.
i) Otros objetivos complementarios de los anteriores, vinculados a la gestión forestal sostenible, que se determinen reglamentariamente.
3. La gestión de las subvenciones que se otorguen con cargo al fondo corresponde a las comunidades autónomas.
4. Por real decreto se regulará el funcionamiento del Fondo para el patrimonio natural, que garantizará la participación de las comunidades autónomas.
Quedan derogados los apartados 1.a) y 2.h) del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Uno. El párrafo segundo del artículo 18.1 queda redactado en los siguientes términos:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales existirán Secciones contra la Violencia sobre la Mujer y Secciones de Medio Ambiente especializadas en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales. A estas secciones serán adscritos fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, y tendrán preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias.»
Dos. Se añade un artículo 18 quinquies, con la siguiente redacción:
«Artículo 18. quinquies.
2. Para su adecuada actuación se le adscribirá una Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los efectivos necesarios del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencias medioambientales, de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igualmente, podrán adscribirse los profesionales y expertos técnicos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. La Fiscalía podrá recabar el auxilio de los agentes forestales o ambientales de las administraciones públicas correspondientes, dentro de las funciones que estos colectivos tienen legalmente encomendadas.»
1. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y tiene, por tanto, carácter básico, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Tienen carácter básico, por dictarse al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, los apartados once, trece y veintiséis del artículo único, que modifican los artículos 18.4, 21.7 y 47.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
3. El apartado quince del artículo único, que modifica el artículo 25.1.b) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
4. La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
5. La disposición final primera se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución.
DEROGA el art. 7.2.h) y 1.a) y el 21.2, MODIFICA determinados preceptos y AÑADE los arts. 12 bis, 35 bis, un capítulo IV bis al título II, un capítulo V al título IV y una nueva disposición adicional a la LEY 43/2003, de 21 de noviembre (Ref. 2003/21339)
MODIFICA el art. 18.1 y AÑADE el 18 quinquies a la LEY 50/1981, de 30 de diciembre (Ref. 1982/837)
RECURSO 8020/2006, promovido contra los arts. 50.1 y 54 bis de la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, en la redacción dada por el art. único.32 y 33 (Ref. 2006/17574)
RECURSO 7837/2006, promovido contra los arts. 50.1 y 54 bis de la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, en la redacción dada por el art. único.32 y 33 (Ref. 2006/17573)
Entrada en vigor el 30 de abril de 2006.
Suplemento en Lengua Catalana y en Lengua Gallega el 1 de mayo de 2006.
POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE

References: artículo 7
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 250
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 21
 resolución 

Artículo 24
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 24
 artículo 37
 artículo 48
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 64
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 58
 artículo 63
 artículo 48
 artículo 77
 artículo 58
 real decreto 
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 25
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149