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Timestamp: 2019-12-12 14:18:37+00:00

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22. La transacción - Derecho UNED
22. La transacción
1.2 Presupuestos de la transacción
1.3 Características propias del contrato
2 La capacidad en la transacción
3 Objeto de la transacción
4 Naturaleza jurídica de la transacción
5 Efectos de la transacción
5.1 La excepción de cosa juzgada
5.2 Retroactividad de la transacción
5.3 La aplicabilidad del artículo 1124 CC
6 La transacción judicial
6.1 La transacción judicial bajo el imperio de la LEC de 1881
6.2 La transacción judicial en la vigente LEC
7 Causas de ineficacia del contrato de transacción
7.1 El error en la transacción
7.2 El dolo en la transacción
El debate sobre la naturaleza jurídica de la transacción se centra en determinar si la transacción se limita a declarar (tesis declarativa) una situación jurídica preexistente o si presupone una transmisión de derechos, y por tanto, altera, varía o modifica la relación jurídica (tesis traslativa):
La tesis traslativa, entronca con la tradición romanista y nuestro Derecho histórico, el cual contemplaba la transacción como una auténtica subespecie de enajenación. La transacción sería la nueva fuente de la relación jurídica definitiva establecida por las partes, pudiendo servir como “ justo título” para usucapir la propiedad y demás derechos reales.
La tesis declarativa, se apoya en la relativa asimilación que el artículo 1.816 establece entre la transacción y la sentencia, al preceptuar que "la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada...". De esta forma, la transacción se limitaría a esclarecer la inicial incertidumbre y fijar los términos de la situación jurídica en cuestión, sin llegar a crear una nueva y distinta respecto de la preexistente.
En la práctica es admisible tanto un efecto declarativo como traslativo de la transacción, variando según el caso contemplado.
La naturaleza contractual de la transacción implica la necesidad de distinguir un doble orden de efectos: inter partes y para con los terceros.
El artículo 1.816 dispone que "la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial".
Ello quiere decir que cuando las partes dan por resuelta definitivamente la cuestión, quedando obligados, consiguientemente, a no volver a plantear de nuevo la cuestión controvertida, si alguno de los transigentes acude a los tribunales buscando un pronunciamiento más favorable, le podrá ser opuesta la denominada “exceptio rei per transactionem finitae” siempre y cuando concurran los presupuestos del artículo 1.252 en la , litis, y no proceda la impugnación de la transacción.
Por ello, la jurisprudencia es especialmente rigurosa ante el intento de los transigentes de replantear (judicialmente) el conflicto superado mediante el acuerdo transaccional.
Retroactividad de la transacción
En términos generales, debe defenderse que, entre las partes, la transacción tiene efectos retroactivos respecto de los derechos y obligaciones de los transigentes. Sin embargo, no existe precepto alguno en el Código que permita sustentar dicha opinión. Lo normal (y prudente) será que los propios transigentes se pronuncien sobre el particular en el contrato de transacción.
La aplicabilidad del artículo 1124 CC
Una vez establecidos los derechos y obligaciones de las partes a través del contrato de transacción seguirá siendo posible accionar judicialmente ante el incumplimiento de la contraparte.
La opinión contraria, sin embargo, también ha sido defendida, y el artículo 1.816 impediría que, por incumplimiento de una de las partes, puede volver a plantearse de nuevo la controversia, siendo posible únicamente la facultad de exigir el cumplimiento forzoso.
Semejante línea de pensamiento se basa, en el fondo, en la equiparación entre sentencia y transacción y en el dato indiscutible de que las sentencias no son anulables ni revocables por ser o haber sido incumplidas. Más, dado que en forma alguna puede predicarse una equiparación entre transacción y sentencia, y que de otra parte, que en absoluto reclamar la resolución contractual por incumplimiento equivale al renacimiento de la “controversia pre-transaccional” lo más seguro es predicar la general aplicabilidad del artículo 1.124 a los , supuestos de transacción.
La transacción judicial bajo el imperio de la LEC de 1881
El concepto de transacción judicial no se encuentra definido ni en el Código Civil ni en el resto de normas de nuestro ordenamiento. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria entiende que la transacción es siempre extrajudicial en cuanto a su origen, pero se denomina “ judicial” cuando la transacción se incorpora a un proceso judicial al que se pone fin o cuando se celebra ante el órgano jurisdiccional para prevenir un proceso.
Ahora bien, la necesaria aprobación judicial no supone que el Juez entre a valorar el contenido de la transacción, el fondo del asunto, sino que debe limitarse al examen de la concurrencia o no de los requisitos legales para llevar a cabo la transacción.
La transacción judicial en la vigente LEC
La nueva LEC tiene la pretensión de reforzar la eficacia extintiva del proceso y de ahí que existan reiterados preceptos en los que la nueva ley habla de “ acuerdos homologados” de semejante naturaleza. Se trata de un acuerdo transaccional con eficacia ejecutiva, por tanto, será título de ejecución siempre que haya sido aprobado u homologado judicialmente.
Causas de ineficacia del contrato de transacción
La transacción, en cuanto contrato que es, queda sometida a las reglas generales en materia de ineficacia contractual. Será nula cuando no se observen los requisitos exigidos por el artículo 1.261; así como cuando el objeto del contrato sea alguno de los contemplados en los artículos 1.813 y 1.814.
El error en la transacción
Según el artículo 1.817 "la transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1.265 (será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo) de este Código. Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenzado” .
El error en la transacción, precisiones a partir de la distinción entre:
La irrelevancia general del error que recae sobre la circunstancia controvertida, pues la transacción persigue eliminar la incertidumbre (error in caput controversum).
La posible relevancia del error que recae sobre alguna circunstancia que afecta directamente a la situación litigiosa (error in caput non controversum), pues afecta a una circunstancia que las partes consideran como base firme, indiscutible, y en cambio es objeto de error.
El Código Civil contempla dos especialidades en materia de error de hecho:
Artículo 1.817.1. Falsedad de documento. Se exige una relación esencial con la controversia transigida, la ignorancia en el que alega la falsedad documental o la sentencia que la declara. No se admite impugnación cuando el objeto de la transacción fuera de falsedad o no de los documentos.
Artículo 1.819: Ignorancia de la inexistencia de incertidumbre por haber recaído sentencia firme. "Si estando decidido un pleito por sentencia firme, se celebrare la transacción sobre él por ignorar la existencia de sentencia firme alguna de las partes interesadas, podrá ésta pedir que se rescinda la transacción. La ignorancia de una sentencia que pueda revocarse no es causa para atacar la transacción".
El dolo en la transacción
Se plantean diversas cuestiones:
Según el artículo 1.818 "el descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anular o rescindir la transacción si no ha habido mala fe". Son esenciales tanto la mala fe como el carácter decisivo de los documentos ocultados para que proceda no la rescisión, sino la anulabilidad.
El dolo en el artículo 1.819 se refiere a la ocultación o falta de información al otro transigente respecto de la existencia de una sentencia firme resolviendo la cuestión objeto de transacción.
La denominada "litis temeraria" cuando una de las partes mantiene conscientemente en la controversia, pretensiones infundadas legalmente para obtener ventajas en una futura transacción, con la esperanza de que la otra parte llegaría a aceptar el mecanismo transaccional por temor al litigio.

References: artículo 1124
 artículo 1
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 resolución 
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