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Timestamp: 2019-05-24 17:42:32+00:00

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C-91 de 2014
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020004695CC-SENTENCIAC91201419/02/2014CC-SENTENCIA_C_91__2014_19/02/2014200046952014Sentencia C-091/14 EXTRADICION- Concepto de la Corte Suprema de Justicia PRINCIPIO PRO ACTIONE- Aplicación DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Admisión no obliga a la Corte a proferir sentencia de fondo DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Deber de atender posición de ciudadano que alcanza a generar en el juez constitucional al menos una mínima duda sobre pertinencia de su solicitud DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Impone al demandante una mayor carga argumentativa CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Supuesto debe derivarse del contenido normativo demandado INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA POR OMISION LEGISLATIVA- Ineptitud sustantiva por incumplimiento de requisitos de suficiencia y especificidad Referencia: Expediente D-9708
Pedro Nolasco Vallejo ReyesCONSTITUCIONALIDADGabriel Eduardo Mendoza MarteloDemanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".D9708Identificadores20020004696true15189Versión original20004696Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Pedro Nolasco Vallejo Reyes demandó los artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Además, invitó al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal -ICDP-, al Instituto Colombiano de Criminología y Derecho Procesal -ICCDP- y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Atlántico, Antioquia, Norte, Externado de Colombia, Andes, del Sinú y Libre, para que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitu cional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
"ARTÍCULO 501. CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá su concepto.
El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales".
El demandante estima que la disposición objeto de censura constitucional, contenida la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", contraviene lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.
Sostiene que el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 desconoce el derecho al debido proceso, concretamente la garantía que tiene toda persona a un proceso sin dilaciones injustificadas. En el casosub examine, la circunstancia de no establecer un término para emitir el concepto implica, según el actor, un procedimiento dilatorio.
Por último, indica que discrepa de los cargos formulados porquei) el precepto censurado no exonera a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de su deber de resolver los asuntos administrativos de las personas solicitadas u ofrecidas en extradición, dentro de un plazo razonable, ii) una eventual dilación injustificada en la emisión del concepto previo de extradición por parte de la Corporación, debe ser analizada ante el juez constitucional en cada caso y, iii) los jueces de la república, incluida la Corte Suprema de Justicia, tienen la obligación de dar trámite en estricto orden a los diferentes asuntos que sean de su conocimiento.
El ciudadano Pedro Nolasco Vallejo Reyes, en demanda presentada ante esta Corte, cuestionó la constitucionalidad del artículo 501 y de algunos apartes de los artículos 506 y 509 de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Mediante Auto fechado el 9 de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador resolvió rechazar la demanda en lo referente a los artículos 506 y 509, por haber operado, respecto de ellos, la cosa juzgada constitucional[3] y la inadmitió en lo relacionado con el artículo 501, debido al incumplimiento de los requisitos de certeza, pertinencia y especificidad de las acusaciones.
Por Auto del 28 de agosto de 2013, la Sala Plena de la Corporación despachó de manera desfavorable el recurso de súplica que el actor interpuso para oponerse al rechazo de la demanda[4] y, dado que en su oportunidad también presentó escrito para subsanarla, el Magistrado Sustanciador la admitió tratándose del artículo 501 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con el cual, en caso de extradición, "vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto" y "el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al Gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales".
El reparo planteado por el actor hace énfasis en el derecho a "un debido proceso público sin dilaciones injustificadas" que, a su juicio, resulta vulnerado, "pues al no señalársele un término específico a la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala penal, para que emita su concepto favorable o desfavorable a la extradición, se configura abiertamente un procedimiento dilatorio" y apunta que, en la práctica, la Corte tarda entre seis meses y un año "en emitir dicho concepto", porque "en realidad, la normativa no le exige un término máximo para hacerlo".
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación insiste en que el libelista "no presenta un cargo de inconstitucionalidad real contra la disposición acusada" y afirma que las razones del demandante no son ciertas, porque "la proposición acusada obedece a una interpretación subjetiva del accionante, que no se deduce razonablemente de una lectura conjunta de los artículos 159 y 501 del Código Penal", ni específicas, ya que "no se formuló un cargo concreto de constitucionalidad", es decir, no se demostró la existencia de una oposición objetiva y verificable entre la ley y la Constitución, precisamente a causa de que "el contenido legal que el accionante confronta con el texto constitucional no existe, sino que es producto de su interpretación subjetiva".
Es importante destacar lo anterior, porque, con frecuencia, se sostiene que la admisión de la demanda prácticamente obliga a la Corte a proferir sentencia de fondo y, además, porque en ocasiones la decisión de admitir es objeto de reproche, como el que en esta oportunidad se formula en el concepto del Procurador, al manifestar que a "esta Vista Fiscal le llama la atención que en auto del 30 de julio de 2013, el Magistrado Sustanciador haya resuelto admitir la demanda", argumentando "únicamente" que la existencia de una duda mínima era suficiente para impartirle trámite a la demanda.
El desacuerdo manifestado por esa "jefatura" aparece en la última parte del concepto y esa conclusión final está precedida de amplias consideraciones que la Corte tendrá en cuenta, sin perder de vista que, ante todo, debe atender la posición del ciudadano que, al ejercer el derecho a "interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley", contemplado en el artículo 40-6 de la Carta, alcanza a generar en el juez constitucional al menos una mínima duda sobre la pertinencia de su solicitud.
Conforme ha sido expuesto, la censura del ciudadano demandante contra la constitucionalidad del artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, versa sobre la ausencia de un término para que la Corte Suprema de Justicia emita concepto acerca de la extradición y como es el mismo actor quien considera que esa circunstancia configura una "omisión" que le otorga a la Corte Suprema "la posibilidad de pronunciarse de manera indeterminada", el análisis se efectuará con base en esa apreciación.
Según el actor, la previsión de un término para que la Corte Suprema de Justicia emita concepto sobre la extradición es el ingrediente que falta para que el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal resulte acorde con el artículo 29 de la Constitución. Sobre el particular, lo primero que observa la Corte es que el segundo inciso del precepto acusado, de acuerdo con cuyas voces, "el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno, pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales", nada tiene que ver con la inconformidad del demandante, pues se refiere a un concepto ya producido por la Corte Suprema de Justicia y tiene por sujeto al gobierno, encargado de decidir acerca de la extradición, según las pautas contempladas en la disposición citada.
El ámbito de la acusación se circunscribe, entonces, al primer inciso del artículo 501 de la Ley 906 de 2004 que, precisamente, regula lo atinente a la rendición del concepto, al indicar que "vencido el término anterior", la Corte Suprema de Justicia lo emitirá y no habiendo ninguna otra expresión, la parquedad del texto advierte, sin resquicio para las dudas, que allí no se encuentra fijado ningún término destinado a que la Corte produzca el concepto que de ella se exige.
Considerado así el asunto no cabría vacilación alguna acerca de la falta de un término y correspondería entrar a analizar si ese silencio del legislador es contrario a la Carta, habida cuenta de que no toda omisión legislativa de carácter relativo comporta, por su sola existencia, inconstitucionalidad. Sin embargo, antes de emprender tal cometido resulta obligado considerar la remisión que la disposición censurada efectúa al vencimiento del "término anterior", habida cuenta de que esa referencia inscribe la corta regulación del inciso demandado en un contexto normativo más amplio.
En estas condiciones, el término a cuyo vencimiento se refiere el precepto demandado ha de estar contenido en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal que, siendo el inmediatamente anterior, regula el trámite de la extradición ante la Corte Suprema e indica que, recibido el respectivo expediente, "se dará traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias" y, una vez vencido, "se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto", de manera que "practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5) días para alegar".
Es indudable que el término a cuyo vencimiento alude el artículo 501 es este último de cinco días, pero antes de apresurar conclusiones respecto de la solicitud del demandante, es menester poner de presente que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, se agregó un primer parágrafo al artículo 500 de la Ley 906 de 2004, parágrafo de acuerdo con el cual "la persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para hacerlo".
Claramente se observa que la anterior posibilidad, denominada "extradición simplificada", comporta la previsión de un término para que la Corte Suprema de Justicia emita su concepto y es evidente que sin ese término el propósito de simplificar el trámite sería inane, ya que la renuncia a los traslados para solicitud y prácticas de pruebas, así como al término de cinco (5) días para alegar no significa cosa distinta a que lo único que resta es el concepto de la Corte Suprema de Justicia, que deberá emitirse "siempre y cuando se cumplan los presupuestos para hacerlo".
La anterior conclusión erosiona el alegato del demandante en la presente causa, pues demuestra fehacientemente que la lectura aislada del artículo 501 del Código de Procedimiento Penal no basta en este caso para predicar la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo, toda vez que el término que el demandante extraña en el precepto demandado aparece previsto en otra disposición para los supuestos de extradición simplificada y también en relación con el "trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000"[5], si se tiene en cuenta que, conforme al parágrafo 2, igualmente adicionado por el artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, "esta misma facultad opera" respecto de ese trámite.
Empero, a lo largo de la actuación procesal surtida a propósito de la demanda se han esgrimido varias posiciones sobre este aspecto. Así, ya en el Auto de 12 de junio de 2013, mediante el cual se inadmitió la demanda en relación con el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, el Magistrado Sustanciador le advirtió al actor que habría sido necesario que explicara por qué, "de no existir en realidad el término que echa de menos", no cabría interpretar que, después de vencido el de cinco días para alegar, el legislador haya querido que el concepto de la Corte Suprema de Justicia "fuera de adopción inmediata, como sería de suponer, pues si no se descarta esa opción hermenéutica, la misma estaría llamada a prevalecer, caso en el cual habría que justificar el por qué sería inconstitucional que, surtido un específico trámite, un asunto deba resolverse de manera inmediata".
Además, en la misma providencia fue puesto de manifiesto que "el término que se reclama" podría estar "en la normatividad general aplicable" y, específicamente, en el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con el cual "el funcionario judicial señalará el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco (5) días", hipótesis interpretativa que comparte el procurador general de la Nación, al sostener que "el artículo 501 demandado, como afirma el accionante, no establece de manera explícita un término para decidir", por lo que "recurriendo al artículo 159, se concluye que la Corte Suprema de Justicia deberá señalar el término respectivo para proferir su concepto sin que éste pueda ser mayor a cinco días".
Especial relevancia adquieren las precedentes consideraciones en el caso que ahora se analiza, pues, conforme ha sido expuesto, en el auto inadmisorio de la demanda al actor le fueron puestas de presente las posibles interpretaciones, bajo la advertencia de que la adecuada formulación del cargo exigía "descartar" las opciones hermenéuticas conducentes a resultados contrarios a su alegato, motivo por el cual, tratándose del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, en el auto citado se le indicó que el término reclamado "podría" estar "en la normatividad general aplicable".
Así las cosas, la decisión sobre la ineptitud de la demanda no puede basarse en asumir, como lo hace el procurador, que el referido artículo 159 "suple la aparente deficiencia denunciada por el actor", ya que si el asunto planteado, más que un problema de constitucionalidad, envuelve uno de aplicación, mal haría esta Corporación si procediera a sustituir a la Corte Suprema y definiera la alternativa de conformidad con la cual debería ser aplicado el precepto y menos aún si, conforme se viene de afirmar, el llamado a desvirtuar la hipótesis que le fue puesta de manifiesto es el actor.
En las anotadas condiciones no queda opción distinta a volver al escrito de subsanación de la demanda para verificar el sentido de la corrección y allí se encuentra que, respecto de la mención del artículo 159 del Código de Procedimiento Penal en el auto inadmisorio, el demandante se limitó a afirmar que, "en realidad, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se encuentra muy lejos de cumplir dicho término, pues por más que existan razones justificables a dicha demora, no es razonable el término que esta alta corte se tarda en emitir dicho concepto, pues tal como ya se mencionó en la práctica tardan entre seis (6) meses y hasta un (1) año en emitir dicho concepto, y es que en realidad la normatividad no le exige un término razonable para hacerlo".
La insistencia del demandante en su criterio no está fundada en razones jurídicas atendibles que conduzcan a desvirtuar la referencia al artículo 159 de la Ley 906 de 2004, puesto que a la hipótesis que, de confirmarse, desvirtuaría su criterio, simplemente opone una mención a la "realidad", lo que, pese a constituir una apreciación respetable, carece de la capacidad para desencadenar el juicio de inconstitucionalidad solicitado, pues la "práctica" denunciada no es argumento que descarte la posible inexistencia del aducido silencio legislativo de carácter parcial ni, por lo tanto, cumple el efecto de demostrar que el legislador, al expedir el artículo 501 del Código de Procedimiento Penal, incurrió en una omisión relativa.
Inhibida Artículo 501 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 501 LEY_906_2004_31/08/2004
[5]Código de Procedimiento Penal

References: artículo 242
 artículo 29
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 artículo 40
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 artículo 29
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 artículo 70
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 artículo 159
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 Artículo 501
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