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Document:
Fallos.: Barros, Juan C. y otro c. Consejo Nacional de Educación y otra
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Barros, Juan C. y otro c. Consejo Nacional de Educación y otra
Published by Ramiro on Wednesday, August 16, 2006 at 3:24 PM.
1° Instancia. - Buenos Aires, octubre 18 de 1977.
Considerando: 1º) Que a fs. 6/14 se presenta Juan Carlos Barros, en representación de sus hijos Pablo Alejandro y Hugo Marcelo interponiendo Acción de Amparo contra el Consejo Nacional de Educación y la Dirección de la Escuela Nº 1 Profesor José Onaindia, para que se deje sin efecto el acto por el que se separara a los menores del establecimiento educacional en el que cursaban el 2º grado y el 1er. grado inferior respectivamente.
7º) Así las cosas, conviene de entrada señalar que este Juzgado tiene dicho "... que la libertad de conciencia y la libertad de culto, son dos aspectos que conforman la libertad religiosa..., la libertad de conciencia se refiere a la facultad de una persona de pensar libremente, conforme una determinada religión y ser respetado por los demás... radica en el fuero íntimo..."; y la "libertad de culto... penetra ya en el público, en cuanto ejercicio ostensible y social" (Conf. Bidart Campos, "Tratado de Derecho Constitucional", T. II, p. 21) (in re: "Watch Tower Bible and Tract Society (Testigos de Jehová) c. Est. Nac. s/ amparo", sent. del 22 de febrero de 1977, que tramitara por ante la Secretaría Nº 5).
En el mismo fallo, se dijo: "Sin duda, hablar de libertad religiosa como derecho, implica eliminar lo que toca a la relación humano-divina y estudia el tópico a la luz del derecho vigente en nuestro país".
En torno al tema, aparece ilustrativo el art. 67, inc. 16 de la Carta Fundamental, en cuanto faculta al Congreso a proveer lo conducente "... al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria".
Si bien la Constitución no hace concreta referencia a la libertad de conciencia, sino a la de culto, es evidente que el Estado carece de jurisdicción para adentrarse en el fuero íntimo de la persona, allanando su libertad espiritual... (conf. Bidart Campos, G. J., "La Constitución Argentina", pág. 36, edición 1966). De tal suerte que, aparece plasmada también esta libertad, con la limitación que sobre el tópico, prevé el art. 19 in fine, de la Carta Fundamental.
10) En claro pues, la existencia de derechos civiles no absolutos, con su relatividad justificada en aras de la no destrucción del orden social; y toda vez que la actora, solicita, se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo Nacional de Educación por la cual se separó a Pablo Alejandro y Hugo Marcelo Barros de la Escuela Primaria Nº 1, conviene pues transcribirla. La misma fue dictada el 27 de febrero de 1967, en el expediente 1670-1967 y dice así: "Resolución de Carácter General Nº 4, VISTO: que la nacionalidad tiene como una de sus más claras formas de expresión, los símbolos patrios, así como la recordación de los próceres y de las fechas que han marcado etapas definitorias en la marcha del país, ... Que ha sido tradición en la escuela argentina, desde los albores de la patria el festejar debidamente las fechas de la nacionalidad, el reverenciar sus símbolos y recordar a los próceres. Esta tradición honrosa ha continuado ininterrumpidamente a través de los años formando sucesivas generaciones de argentinos con sentido claro de patria, ... Que teniendo en cuenta las disposiciones legales que rigen la materia y las circunstancias antes expuestas se considera necesario normar con carácter general la obligación que tiene todo alumno que se educa en la escuela pública de reverenciar acabadamente los símbolos, próceres y fechas de la nacionalidad y poner de relieve la responsabilidad del personal directivo y docente en el cumplimiento de esta obligación enmarcada en las prescripciones del artículo 5º de la ley 14.473 (Estatuto del Docente), EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en sesión de la fecha, RESUELVE: 1º) ESTABLECER que los alumnos que se educan en la escuela pública argentina oficial y privada, deberán en forma obligatoria reverenciar los símbolos patrios, próceres y fechas de la nacionalidad. 2º) EL CUMPLIMIENTO de lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser fiscalizado bajo la directa responsabilidad del personal directivo y docente dentro de las obligaciones que le impone el artículo 5º de la ley 14.473 (Estatuto del Docente). 3º) EL ALUMNO que reiteradamente se negare al cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º será separado del establecimiento al que concurre. INSERTESE en el Boletín del Consejo Nacional de Educación y comuníquese por resolución de carácter general y archívese".
12) En lo que a este tópico se refiere, vale la pena recordar lo dicho por el juzgado en la causa a que ya se ha hecho mención ("Watch Tower Bible and Tract Society (Test. de Jehová) c. Est. Nac.; s/ amparo"). Así en los últimos párrafos del considerando Nº 30 de dicho fallo, se dijo: "Con referencia a los problemas de esta índole planteados en establecimientos educacionales, -también encuentran remedio en el plano administrativo-, a través de la aplicación de los reglamentos pertinentes. Es decir que si la conducta del alumno, excede el marco de las disposiciones reglamentarias en vigencia, el correctivo aplicado será de tipo disciplinario, no implicando ello -prima facie- la privación de un derecho sino el castigo de una falta".
13) A su vez, en el considerando 31 se expresó que: "... no queda duda que en nuestro país no se instruye a los estudiantes en la veneración religiosa de los símbolos patrios, como parecería indicar la opinión vertida..." por la actora a fs. 4/12 vta., así como las declaraciones de fs. 90 y vta., 108/109 y 110 vta.; al explicar que el izar y arriar la Bandera constituyen un rito que hace lo que se iza y arría sea considerado como sagrado (ver fs. 9 vta. y 10 de estos autos). La actora explica que "los Testigos de Jehová" adoran a Dios el creador de todas las cosas y que sólo a El sirven. "No adoramos ni damos culto en ceremonias que tiendan a honrar, venerar o reverenciar a la creación de El o a lo que los hombres crearon".
El considerando 31 que se viene transcribiendo, continúa mediante afirmar que "El juicio transcripto, indica indudablemente una asimilación, de los planos divino y humano, que trasciende el marco del respeto debido a los citados símbolos y, habilita a la autoridad pertinente a su corrección, en tanto entre en colisión con el derecho vigente. Valga la insistencia, existe en el planteo formulado por la actora, una evidente confusión entre las exteriorizaciones propias de un credo religioso y su compatibilización, con el orden jurídico".
16) Así, a fs. 41 la Directora de la escuela Lila María Krieger de Saucede manifiesta que frente a la actitud de los alumnos Barros, las maestras buscaron comunicarse con sus padres, citándolos varias veces, aunque "la mamá concurrió una sola vez por el menor y el padre varias veces por los dos chicos". Agrega que "como en la escuela el medio de premiar a los chicos por su comportamiento es el hecho de izar la bandera y los chicos tienen muy buen comportamiento era muy a menudo que se les hiciera arriar la bandera e izarla, y ellos decían que no podían ir, y ante la insistencia de la maestra lloraban, hasta que el menor dijo que no podía ir porque era, no recuerda bien, hijo o testigo de Jehová, entonces comenzaron a observar que en el momento de la canción patria y en la semana de mayo no se pusieron escarapela -del 18 al 23-, y decían que se les había perdido y la madre no les compraba otra y siempre era la misma contestación. El 27 de mayo, día del Patrono de la Escuela, no cantaron el Himno Nacional y ahí fue que citó al padre o a la madre..." y agrega que "le comentó al padre y en presencia de las docentes que firman el informe que ella no tenía nada contra los chicos, pero que la Escuela tenía normas que se deben cumplir, si está de acuerdo que los chicos cumplan con esas normas de respeto a los símbolos nacionales podían quedarse en el colegio, y el padre le contestó que no, fundamentando que no podían enseñar a sus hijos algo que luego tenían que transgredir en la escuela, porque era una mentira y él seguía las enseñanzas de Jesús".
17) Por otra parte, el padre de los menores Alejandro y Hugo Marcelo Barros declara a fs. 36/37: "que enseña a sus hijos que es adoración participar izando o arriando la bandera, por ejemplo en los actos públicos. Que sólo se debe adorar a Dios". "Aclara que cuando les explica a sus hijos que deben abstenerse de hacer algo, como arriar la bandera, les hace ver que eso desagrada a Dios, a quien únicamente deben rendir culto, y que no se trata de una cuestión personal". Asimismo, y preguntado respecto a la diferencia que a su criterio existe entre homenaje y adoración dice: "que considera que se rinde homenaje a la bandera, respetándola en el corazón. Adoración significaría participar en un acto patrio, por ejemplo cantar el himno o arriar la bandera. Permanecer durante la ceremonia no sería adoración. Un desfile militar no es un acto de culto, siempre que no tenga que participar el declarante, obligadamente".
19) De tal suerte, argumentos como los que esgrime la parte actora, que indican una evidente confusión entre lo que implica venerar, respetar, adorar en lo que respecta a los planos divino y humano, trae como consecuencia en este supuesto, que el Tribunal se aparte, con motivo de lo dicho en el considerando anterior, de la solución alcanzada en el caso "Porco" del 3 de agosto de 1977.
2° Instancia. - Buenos Aires, 20 de diciembre de 1977.
I. Que el señor juez a quo a fs. 50/56 desestima la acción de amparo iniciada por Juan Carlos Barros, en representación de sus hijos Pablo Alejandro y Hugo Marcelo, contra el Consejo Nacional de Educación y la Dirección de la Escuela Nº 1, tendiente a lograr se deje sin efecto la disposición por la que se los separa del establecimiento educacional, en el que cursaban el segundo y el primer grado inferior, respectivamente. Funda su decisión en que el Consejo Nacional de Educación al dictar la res. núm. 4, actuó en pleno ejercicio de las funciones que le competen en virtud del poder de policía que ejerce en ese ámbito. Destaca, además, que a diferencia de lo que ocurría en el caso "Porco", en el sub judice se encuentra acreditada la negativa reiterada que exige el art. 3º de dicha resolución.
III. Que de los antecedentes obrantes en autos, se desprende que los niños nombrados quedaron separados el 9 de junio de 1977 de la Escuela Nº 1 profesor José Onaindía, sita en la calle Rafaela Nº 5159 de esta ciudad, luego de que se le leyera a su padre la Circular General Nº 4 del Consejo Nacional de Educación, en cuya virtud y, además, en cumplimiento del dec. 1867/76, se adoptare la medida segregativa (acta de fs. 4). Quiere decir entonces que la cuestión planteada guarda ceñida analogía con lo que esta Sala contemplara en su sentencia del 27 de septiembre ppdo. in re: "Porco".
Por tanto, a mérito de aquellos fundamentos y de los concordantes de la sentencia de fs. 50/56, se la confirma en cuanto fue materia de recurso.
El doctor Azcona no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).- Valerio R. Pico.- Teobaldo A. Esteves.
II. La temprana edad de los actores, nacidos el 18 de julio de 1969 y el 9 de febrero de 1971, respectivamente, pone de relieve una situación particularísima que merece contemplarse en primer término.
Si los padres tienen el derecho innegable de atraer a sus hijos al culto que profesan estando ello amparado en el amplio concepto de la libertad de culto consagrada por la Constitución Nacional, manteniéndose el Ministerio Pupilar al margen de toda ingerencia cuando el culto de que se trate no fuera contrario a la moral o a las buenas costumbres, ni llamado como Ministerio de menores a cumplir con sus funciones tuitivas en circunstancias muy especiales, la cuestión, repito, sería ajena a toda intervención de nuestra parte.
Pero ya no lo sería en el supuesto que a los menores por el ejercicio de ese culto pudiera menoscabárseles viéndose privados de recibir la enseñanza gratuita que con carácter de obligatoria imponen las leyes de la Nación.
Tal ha sido el caso en estudio según se desprende de los antecedentes expuestos y debe quedar en claro que si sólo corresponde respetar la inspiración religiosa admitiendo hasta la espontaneidad de los menores, fe nacida o fomentada en el seno de la familia, es decir, lo que concierne al fuero interno del individuo, sagrado e inviolable conforme al art. 19 de la Constitución Nacional, cuando la exteriorización de ese culto puede lesionar otros valores también contemplados por la ley fundamental, dicha colisión de intereses debe ser salvada para que en todos los casos se haga valer la supremacía de la Constitución (art. 31 íd.).
La intervención del Ministerio de menores fluye ineludible en este caso en atención a que en el criterio sostenido por el padre como representante necesario al fundamentar el recurso de amparo se contienen razones que a todas luces están en pugna con el bien entendido interés de sus hijos: defendiendo esencialmente la plenitud de sus propias convicciones religiosas ha llevado a los niños a una situación antirreglamentaria en la escuela provocando su separación de ésta.
Además esos hechos motivos del recurso, están revelando que los menores pueden quedar privados en la actualidad de toda instrucción dado que el escollo que se ha opuesto a su permanencia en el establecimiento de que fueron separados ha de representarse en todos los demás ubicados en el territorio de la República en los cuales rige el mismo calendario escolar la celebración de los actos patrióticos materias de objeción por los Testigos de Jehová.
Dentro de los deberes que nacen del vínculo de padres a hijos los más elementales de manutención, educación y vestido, figuran en el mismo rango y con todo lo respetable que pueda parecer la práctica del culto de la secta a que he hecho referencia, ésta le ha sido impuesta por el padre a los menores, sus hijos hasta sus últimas consecuencias, al extremo de crearse el conflicto en estudio.
Es, pues, de rigor aplicar el art. 59 del Cód. Civil que sintetiza todo lo concerniente al Ministerio de menores en cuanto a su función de ser parte legítima y esencial en todo asunto judicial en que los incapaces demanden o sean demandados o en que se traten de las personas o bienes de ellos. Como señala Llambías, "se trata de una previsión amplia que determina la necesidad de intervención del Ministerio de menores, en todo asunto en el que deba concurrir con su opinión y para controlar la actuación de quienes tienen el manejo de las cosas de los incapaces". (Tratado de Derecho Civil, Parte General, T. I, pág. 424).
Afirmada la procedencia de mi intervención en las razones que quedan expresadas, vuelvo a referirme a que nos encontramos frente a un caso muy especial: dos menores impúberes cuyas facultades de comprensión no pueden haberse aún desarrollado a un nivel que nos brindara la posibilidad de hacerles descartar razonadamente la existencia de un conflicto de valores que la interpretación indudablemente dogmática de la secta mencionada tiene planteado en este y en otros casos que han sido de pública notoriedad.
Toda vez que los niños de ninguna manera debe hacérseles objeto de presiones que sumándose a las que actualmente sufren en su propio medio pueden desorientarlos en medio de un problema creado entre la familia y la escuela, preconizo acoger el recurso de amparo pero en virtud de otras consideraciones sustancialmente distintas a las que el recurrente propugna. Advierto al Alto Tribunal de S. E. que ejerzo la acción que me compete como responsable de la representación promiscua de los actores en la primera oportunidad en que se me ha oído en estas actuaciones.
III. Correlacionados los arts. 5° y 14 de la Constitución surge junto al "derecho de aprender" el deber del Estado de asegurar la "educación primaria". Si esto último parece vincularse a la "garantía federal" no cabe duda que la educación con el carácter de gratuita se extenderá a todo el territorio nacional en una adecuada interpretación de los textos constitucionales.
Derechos los señalados "de aprender", de recibir la "educación primaria" que se hacen efectivos por la Nación, o las Provincias en sus respectivas jurisdicciones y que se pueden gozar "conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio".
Precisamente la de educación común, Nº 1420, ha dispuesto en correspondencia a la Constitución que la enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Por lo tanto si conforme al principio de la supremacía de la Constitución las autoridades de cada provincia (y las de la Nación) están obligadas a conformarse a aquélla y "a las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso" ningún órgano del Estado puede adoptar medidas que violen ese amplio concepto privando a cualquier habitante de la República de alguno de esos derechos.
En este caso, la decisión de separar de la Escuela Nº 1 del Consejo Escolar Nº 3, a mis representados, de que da cuenta el acta de fs. 4 de junio 9 de 1977 debe ser declarada inconstitucional.
Aunque parezca impropio de esta instancia pero por tratarse de mi primera intervención en la causa, me permito solicitar que al adoptarse las medidas conducentes a reincorporar a los niños a la escuela, se exhorte a sus padres para que insistan ante los menores que deben observar el más profundo respeto a los símbolos patrios y la mayor compostura en los actos celebratorios de tales efemérides. Ello sin perjuicio de que no se ve como conveniente se les exija -por ahora- una participación activa en los mismos. Defensoría Oficial. Mayo 16 de 1978.- Horacio S. Méndez Carreras.
Motiva este dictamen el recurso extraordinario interpuesto a fs. 72/79 contra el fallo de la Cámara Federal de la Capital -sala I, en lo Contenciosoadmi-nistrativo- que, al confirmar el de primera instancia, desestimó el amparo promovido por el Carlos Barros en representación de sus hijos Pablo A. y Hugo M. Barros contra el acto que dispuso la separación de estos últimos como alumnos de la Escuela Profesor M. Onaindía.
La parte actora cuestiona la constitucionalidad de la res. gral. núm. 4 del Consejo Nacional de Educación que sirvió de fundamento a la medida de la que se agravia.
En tal sentido y desde el punto de vista de su apreciación subjetiva, pretende la demandante que los actos obligatorios de reverencia a los símbolos patrios poseen la misma naturaleza que los actos del culto a la divinidad y es por tal razón que alega que el cumplimiento de tales obligaciones, impuesto por la autoridad escolar, violenta su conciencia y contraría la garantía constitucional de profesar libremente su culto.
El punto decisivo a resolver radica, pues, en determinar si las obligaciones escolares en cuestión participan de la naturaleza de un culto religioso como pretenden los actores, o se encuentran comprendidas en un plano distinto, de mera reverencia y respeto a los símbolos de la nacionalidad, sin confusión con el plano religioso, como lo han sostenido los magistrados de las instancias intervinientes.
Cabe agregar a lo dicho que, según doctrina reiterada de V. E., el amparo no es, como principio, la vía adecuada para impugnar la validez de normas de carácter general, salvo hipótesis de inconstitu-cionalidad palmaria y manifiesta, extremo éste que, a mi juicio, no resulta acreditado en la especie.
En tales condiciones, estimo que corresponde declarar improcedente el remedio federal intentado. - Buenos Aires, 15 de agosto de 1978.- Elías P. Guastavino.
Considerando: 1°) Que la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal, sala I, en lo Contenciosoadministrativo, confirmatoria de la de primera instancia, desestimó la acción de amparo incoada por Juan Carlos Barros, en nombre y representación de sus hijos menores Pablo A. y Hugo M., quienes fueron separados de la Escuela Nº 1, "Profesor José Onaindía", por decisión de las autoridades respectivas, de fecha 9 de junio de 1977, con arreglo a lo dispuesto por la res. gral. núm. 4 del Consejo Nacional de Educación y por el dec. 1867/76, por negarse a reverenciar los símbolos patrios.
3°) Que la citada res. gral. núm. 4 estableció que "los alumnos que se educan en la escuela pública argentina oficial y privada, deberán en forma obligatoria reverenciar los símbolos patrios, próceres y fechas de nacionalidad" (art. 1°), y que quien reiteradamente se negare a ello "será separado del establecimiento al que concurre" (art. 2°).
5°) Que en virtud de haberse planteado la inconstitucionalidad de tal decisión (fs. 97 y vta.), fundada en que de esa manera se afecta el derecho de aprender y de recibir educación primaria, corresponde analizar en primer lugar la viabilidad de su debate en la instancia elegida. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene decidido que "siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo" (Fallos: 280:288 y sus citas).
Por ello, y oído el señor Procurador General, se revoca la sentencia de fs. 67/68 y se hace lugar al amparo interpuesto. Costas por su orden.- Adolfo R. Gabrielli.- Abelardo F. Rossi.- Pedro J. Frías.- Emilio M. Daireaux.

References: in fine
 resolución 
 artículo 5
 artículo 1
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