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Timestamp: 2020-02-29 06:11:15+00:00

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Ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Ley 18/1989, de 25 de julio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 126736
Ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Ley 18/1989, de 25 de julio)
Publicado en: BOE Num. 178 (1989)
Norma citada en: 263 sentencias, 14 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas, 12 resoluciones administrativas
El vigente código de la circulación, aprobado por decreto de 25 de septiembre de 1934, fue un instrumento jurídico que permitió, con las necesarias adaptaciones, la ordenación del tráfico en una época carácterizada por su espectacular crecimiento, con trascendental repercusión, tanto en la circulación urbana como interurbana.
Sin embargo, la exigencia de una nueva regulación que sustituya al código de la circulación hoy en vigor, viene impuesta tanto por adaptar la norma a los principios de la vigente Constitución, como por la necesidad de disponer de un instrumento legal idóneo para afrontar la solución de la actual problemática, no contemplada, en toda su amplitud, por la anterior normativa.
El empleo de la ley de bases como instrumento normativo previsto en el artículo 82 de la Constitución para determinar los principios y criterios que han de seguirse en su posterior regulación obedece a una doble motivación: por un lado, la de revestirla del rango legal requerido por su importancia y por amparar el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración en la ordenación del tráfico. Y por otro, para permitir que el Gobierno, en el desarrollo de la misma, disponga de un instrumento normativo idóneo, como es el decreto legislativo, para adaptar la regulación objeto de esta ley de bases y con el alcance en ella previsto, a la multiplicidad de supuestos que la ordenación del tráfico comporta; la complejidad tecnica de toda regulación sobre tráfico y seguridad vial, aconseja no someter la normativa en todos sus extremos a la consideracion de las Cortes Generales, y si establecer las bases para la regulación legal en materia de tráfico, circulación de vehículos y peatones y seguridad vial.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro del Interior y previo dictamen del Consejo de Estado, apruebe, en el plazo de un año, el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con sujeción a los principios y criterios que resultan de las siguientes bases:
Establecer una regulación legal en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
BASE SEGUNDA. Competencias
Se regulará el ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, corresponden a la Administración del Estado, y se determinarán las que hayan de corresponder a las corporaciones locales.
asímismo, las competencias atribuidas a la Administración del Estado se distribuiran entre los diferentes organos de la misma.
BASE TERCERA. Consejo superior de tráfico y seguridad de la circulación vial
Para garantizar la coordinacion de las competencias de las diferentes administraciónes publicas, se creara, como organo consultivo, el consejo superior de tráfico y seguridad vial que, con participacion de representantes de las mismas y de las organizaciones profesionales, economicas y sociales mas significativas relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, informara sobre las cuestiones objeto de esta ley.
BASE CUARTA. Normas de circulación
Las normas de circulación para los vehículos, así como aquellas que por razón de seguridad vial hayan de establecerse para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, se acomodarán a las reglas de la Convención de la circulación vial, abierta a la firma en Viena el 8 de noviembre de 1968, y al Acuerdo Europeo, complementario de dicha Convención, abierto a la firma en Ginebra el 1 de mayo de 1971.
Se establecerán las medidas necesarias para evitar cualquier situación de peligro o entorpecimiento de la circulación por parte de los usuarios de la vía y se regularán los elementos de seguridad activa y pasíva, así como su régimen de utilización y los casos en que esta tendrá carácter obligatorio.
Se establecerán los derechos y obligaciones de los usuarios de las vías de utilización general.
En particular, los conductores quedarán especialmente obligados a circular de manera diligente, guardando las distancias precisas, garantizando su propia libertad de movimientos y absteniéndose de ingerir cualquier sustancia que disminuya o perturbe sus facultades, así como a someterse a las pruebas que para su detección se determinen, pudiéendose realizar, a este efecto, controles preventivos de carácter general, de acuerdo con los programas que establezca la administración.
Se regularán las condiciones técnicas y la inspección de los vehículos a motor y sus remolques, así como las actividades industriales que por su objeto afecten de manera directa a la seguridad de la circulación vial.
Las normas de circulación canalizarán el tráfico por la derecha del sentido de la marcha del conductor.
BASE QUINTA. Señalizacion
Los símbolos de señalización se acomodarán a los modelos establecidos por la Convención sobre señalizacion vial, abierta a la firma en Viena el 8 de noviembre de 1968, al Acuerdo Europeo complementario de dicha Convención, abierto a la firma en Ginebra el 1 de mayo de 1971 y a su protocolo adicional sobre marcas víarias, abierto a la firma en Ginebra el 1 de marzo de 1973.
En todo caso, el orden de prioridad entre los distintos tipos de señalizacion sera el siguiente:
Señales y ordenes de los agentes de la circulación.
Señales de balizamiento fijas o variables.
Con carácter complementario de las señales permanentes, se podrán establecer, en funcion de las circunstancias del tráfico, otros tipos de señalizacion variables y de sistemas electronicos de seguimiento y señalizacion automaticos.
BASE SEXTA. autorizaciónes administrativas
Se someterán al régimen de autorización administrativa prevía las siguientes actividades: circulación de vehículos, conducción de los mismos, reconocimientos de aptitudes psicofísicas de los aspirantes a conductores y ejercicio de la enseñanza de las normas y técnicas de conducción.
BASE SÉPTIMA. Medidas cautelares
Cuando se ponga en grave peligro la seguridad vial o se perjudique de forma tambien grave el interés público en el ámbito de las materias reguladas por esta ley, la administración competente podrá acordar, durante la tramitación del correspondiente procedimiento, mediante resolución fundada, la suspensión cautelar de las autorizaciónes administrativas previstas en la base anterior, procediéndose a la intervención de los documentos acreditativos. La suspensión del permiso de circulación podrá llevar aparejada la inmovilización o la retirada de los vehículos de la vía pública y el depósito de los mismos.
En las mismas condiciones de grave peligro para la seguridad vial y obstaculización o perturbación grave del tráfico, los agentes de la autoridad podrán acordar la inmovilización del vehículo o su retirada de la vía publica, debiendo, en tal caso, formular la correspondiente denuncia.
BASE OCTAVA. Infracciones y sanciones administrativas en materia de tráfico y seguridad de la circulación vial
Las infracciones a las normas de circulación se tipificarán de forma clara y precisa. Se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las referidas a conducción negligente o temeraria, omisión de socorro en caso de necesidad o accidente, ingestión de sustancias que perturben o disminuyan las facultades psicofísicas del conductor, tiempos de conducción, limitaciones de velocidad, prioridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido, circulación en sentido contrario al estipulado, paradas y estacionamiento en lugares peligrosos o que obstaculicen gravemente el tráfico, circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de visibilidad o produciendo deslumbramiento al resto de los usuarios de la vía, circulación sin las autorizaciones previstas en esta Ley o sin matricula o con vehículo que incumpla las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial, realización y señalización de obras en la vía sin permiso y retirada o deterioro a la señalización permanente u ocasional, y las competencias o carreras entre vehículos.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90,15 euros, las graves con multa de hasta 300,51 euros y las muy graves con multa de hasta 601,01 euros, salvo lo dispuesto en la legislación de transportes. Se podrán establecer reducciones porcentuales sobre la cuantía de las multas en los casos que se determinen.
Las infracciones a las normas reguladoras de la actividad de los centros de reconocimiento de conductores o de enseñanza, así como a las de la inspección técnica de vehículos y al régimen de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial, y la conducción sin la autorización administrativa correspondiente, serán sancionadas con multa de 90,15 a 1502,53 euros.
El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las sanciones previstas en esta Ley, atendiendo a la variación que experimenta el índice de precios al consumo.
Será responsable directo de las infracciones el autor del hecho que dé lugar a las mismas.
Se establece un especial deber de diligencia del titular del vehículo que le obligará a conocer y facilitar a la Administración todos los datos necesarios para identificar al conductor, cuando se hubiere producido una infracción, al objeto de poder dirigir contra éste el correspondiente procedimiento sancionador. El incumplimiento de este deber está sancionado como infracción grave.
Base octava, modificada en cuanto se convierten a euros las cuantías contempladas, por la Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaria, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Noviembre de 2001.
BASE NOVENA. Procedimiento sancionador
Se regularán las especialidades tendentes a garantizar la celeridad y sumariedad del mismo, sin detrimento de las garantías individuales.
Las denuncias por infracciones de las normas sobre tráfico y seguridad vial formuladas por las autoridades y sus agentes, en el ámbito de sus atribuciones respectivas, harán fe salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todas las que sean posibles sobre tales hechos.
Las infracciones prescribirán a los dos meses de su comisión. Las sanciones prescribirán al año de su firmeza.
Los procedimientos de cobro de las multas serán los establecidos en la legislación aplicable para las administraciones que los hayan impuesto.
La ley de procedimiento administrativo tendrá carácter supletorio en las materias reguladas por las bases septima, octava y novena y por el texto articulado que las desarrolle.
El Consejo de Estado dictaminara el proyecto de decreto legislativo que haya de aprobarse por el Gobierno en ejercicio de la delegación que esta ley le confiere, de conformidad con los términos establecidos en su propia ley orgánica.
La comision de Justica e Interior del Congreso de los Diputados conocerá tras su publicación, a los efectos del artículo 82.6 de la Constitución, del decreto legislativo que apruebe el Gobierno.
El pleno del Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 82.6 de la Constitución, conocerá del decreto legislativo que apruebe el Gobierno verificando la adecuación del mismo a lo dispuesto en esta ley.
Real Decreto 1280/1985, de 5 de Junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alcalà de Henares.
DECRETO 213/2003, de 23 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003.
Ley 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Orden AEC/9/2014, de 8 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

References: artículo 82
 resolución 
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 82

Real Decreto