Source: https://tc.vlex.es/vid/lotc-sstc-cee-321-117-fa-15355481
Timestamp: 2019-09-18 13:36:19+00:00

Document:
STC 137/1995, 25 de Septiembre de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 15355481
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.034/1993
1. No es exigible la invocación de un derecho fundamental cuando su vulneración aún no se ha producido, y ello de acuerdo con el tenor literal del art. 44.1 c) LOTC y con la finalidad de dicha exigencia, que no es otra sino la de posibilitar el restablecimiento del derecho constitucional transgredido dentro de la propia jurisdicción ordinaria. 2. Según consagrada jurisprudencia de este Tribunal, el recurrente de amparo no está obligado a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación existentes en el ordenamiento, bastando con aquellos que normalmente puedan ser considerados como procedentes de acuerdo con la legislación procesal, sin necesidad de complejos análisis jurídicos (SSTC 114/1986, 48/1989, 50/1990, 172/1991, 142/1992, entre otras). 3. En el supuesto de hecho que dio lugar a la resolución judicial impugnada no nos encontramos ante una situación intracomunitaria relativa a una actividad del nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro que justifique la aplicación de la Normativa Comunitaria, dado que el recurrente es un nacional español que ha ejercido habitualmente la Odontología en nuestro país, intentando justificar la licitud de su actividad con un título obtenido en España, el de Licenciado en Medicina y Cirugía. Nos hallaríamos, pues, ante lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas denomina «situaciones puramente internas», exentas por completo de la intervención del ordenamiento de la CEE. La situación del recurrente no rebasa, pues, los límites del ordenamiento jurídico interno, de cuya razonada y fundamentada interpretación deduce el Tribunal Supremo «que las normas administrativas vigentes en la materia siempre han exigido y exigen la titularidad de Odontólogo o de Médico Estomatólogo para las operaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades de la boca y dientes (...), de modo que los que simplemente tienen el título de Licenciado en Medicina y Cirugía no se encuentran habilitados para tales menesteres», calificando y castigando consecuentemente la conducta del recurrente como un delito de usurpación de funciones, previsto y penado en el art. 321 C.P. Ningún reproche merece, desde la óptica del principio de legalidad, la integración e interpretación que del art. 321 C.P. realizó el Tribunal Supremo en la Sentencia recurrida, al tratarse de una interpretación lógica, minuciosa y suficientemente fundada, sin que se aprecie en ella la incorporación de algún elemento que no estuviera previamente contenido en la norma y que convirtiera la decisión judicial en una aplicación analógica «in malam partem» del tipo penal. Constatados estos extremos, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos que llevan a su conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 C.E., corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios, sin que este Tribunal pueda sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, 89/1983, 105/1983, 111/1993, entre otras muchas). 4. Por lo demás tanto la Normativa comunitaria (Directiva 78/686/CEE) como el Real Decreto 675/1992, de 19 de junio, pone de manifiesto que quien ha obtenido en un país miembro de la CEE una titulación similar a la que posee el actor, de Licenciado en Medicina, no puede ejercer en nuestro país la actividad de prevención, diagnóstico y tratamiento de anomalías y enfermedades de los dientes, boca, maxilares y tejidos anejos, propia de un Odontólogo; por lo que no concurre el presupuesto para que pudiera producirse la situación fáctica de desigualdad denunciada por el solicitante de amparo, haciendo ello innecesaria cualquier otra consideración acerca de los requisitos normativos que deben concurrir en una situación real de discriminación para que ésta posea trascendencia constitucional.
En el recurso de amparo núm. 1.034/93, interpuesto por don Norberto M. M. representado por el Procurador don Felipe Ramos Arroyo y bajo dirección del Letrado don Eugenio Gay Montalvo, contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recaída en recurso de casación 3.561/90. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, representado por el Procurador don Alejandro González Salinas y bajo la dirección del Letrado don Antonio Gorrita Torres. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 5 de abril de 1993, el Procurador don Felipe Ramos Arroyo, en nombre y representación de don Norberto M. M. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 5 de febrero de 1993, recaída en el recurso de casación 3.561/90.
b) El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Hospitalet instruyó diligencias previas con el núm. 1.092/89 contra el recurrente y, una vez conclusas, las remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona que, con fecha 16 de mayo de 1990, dictó Sentencia en la que absolvía al Sr M. M. del delito de usurpación de funciones por el que venía siendo acusado.
Añade el demandante que el art. 19 de dicha Normativa, referido a Italia, tiene un contenido idéntico al transcrito 19 bis, de tal manera que «un nacional español que está en posesión del título que le permite el acceso y ejercicio de la profesión de Médico en Italia, y que cumple con los requisitos del art. 19 de la Directiva 78/686, puede beneficiarse de la libre circulación comunitaria y ejercer de Odontólogo en España, mientras que un nacional español, que está en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía (equivalente al italiano), y que cumple con las condiciones del art. 19 bis de la Directiva, no podría ejercer como Odontólogo en España», lo que el recurrente considera una evidente discriminación contraria al art. 14 C.E.
8. El 27 de julio de 1994 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del recurrente. En él, además de reproducir los argumentos esgrimidos en la demanda de amparo, el actor hace hincapié en que ya antes de la adhesión de España a la Comunidad Europea los Licenciados en Medicina y Cirugía estaban habilitados para ejercer todas las actividades del campo de la Odontología, fueran o no Especialistas en Estomatología, reconociéndolo así la propia Ley 10/1986, de 17 de marzo, por la que se crea la carrera y licenciatura de Odontología, separándola de la de Medicina, y reconociendo el derecho de los Médicos que hubieran practicado la Odontología a seguir ejerciendo tal actividad. Esta posibilidad vendría reconocida por la Normativa Comunitaria reiteradamente citada. Además adjunta el actor, para adverar tales afirmaciones, la carta de la Comisión de las Comunidades Europeas remitida en respuesta a la consulta del Colegio Oficial de Médicos en la cual expresamente se afirma que, como se deduce del mencionado art. 19 bis, «estos médicos no tienen que estar en posesión del título de Médico Especialista en Estomatología», concluyendo que «el art. 19 bis se introdujo en la Directiva 78/686/CEE porque, antes de la adhesión a la CEE, en España no existía la profesión de Odontólogo y tampoco existían estudios conducentes a la obtención del título de Licenciado en Odontología».
9. La representación del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña presenta sus alegaciones el 27 de julio de 1994. Comienza el escrito poniendo de manifiesto la posible concurrencia de dos motivos de inadmisión de la demanda. En primer lugar, el recurrente en ningún momento del proceso penal aludió a la vulneración de precepto constitucional alguno, por lo que no concurriría el requisito de la invocación en el proceso judicial del derecho fundamental vulnerado. Por otra parte, el Sr M. tampoco habría agotado los recursos utilizables dentro de la vía judicial, en concreto, el recurso de revisión contra la Sentencia impugnada, sobre la base de lo establecido en el art. 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Crim.).
Continúa ofreciendo una pormenorizada descripción del desarrollo legal de la Onto-estomatología en España, con el fin de probar que en nuestro país, desde el siglo pasado, los médicos nunca han podido ejercer la Odontología si no disponían de la titulación de especialista, en contra de lo que afirma el recurrente. Asimismo, se citan varias Sentencias del Tribunal Supremo en las que se argumenta la condena de quienes, como el actor, ejercían ilícitamente la profesión de Estomatólogo.
Sobre la presunta vulneración del apartado 1. del art. 25 C.E. se alega que el Sr M. fundamenta su demanda en la inaplicación por el Tribunal Supremo de un precepto, el art. 19 bis de la mencionada Directiva, en el que en modo alguno su conducta sería subsumible, dado que ni acredita haber ejercido la Odontología de forma lícita, ni haber estudiado los tres años a los que hace referencia dicho artículo.
10. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado en este Tribunal el 12 de septiembre de 1994, interesa la desestimación del amparo. Por lo que se refiere al primer motivo del recurso, comienza poniendo de manifiesto que al respecto el actor realiza unas alegaciones nuevas que no hizo en su escrito de impugnación del recurso de casación. En cuanto al fondo de la cuestión, el Ministerio Público contradice la interpretación que de la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 675/1992 hace el recurrente, según la cual se autoriza a los Médicos españoles a ejercer como Odontólogos únicamente con el Título de Medicina y tres años de ejercicio dentro de esta especialidad, «ya que esta Disposición se refiere al ejercicio lícito de la Odontología, y, en España, antes de la creación del Título de Licenciado en Odontología (1986) y después de 1948, para poder ejercerla eran necesarios nueve años de Médico Estomatólogo. O sea, no era lícito el ejercicio de la Odontología sólo con el título de Médico», lo que queda patente en el Preámbulo del Real Decreto 970/1986, de 11 de abril, y así lo puso de relieve este Tribunal en su STC 221/1988.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 5 de febrero de 1993, por la que se estimaba el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia absolutoria de instancia y se condenaba al recurrente como autor de un delito de usurpación de funciones, previsto y penado en el art. 321 C.P., al considerar probado y subsumible en dicho tipo delictivo que el actor, en posesión del título de Medicina y Cirugía, al menos desde el año 1986 tenía instalada una consulta donde realizaba actividades de diagnóstico y tratamiento de patologías bucales, para lo que procedió en distintas ocasiones a la extracción de piezas dentarias. Resolución judicial a la que el recurrente imputa una doble lesión constitucional: la del principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.)y la del principio de igualdad (art. 14 C.E.).
Por lo que respecta a la causa de inadmisión prevista en el art. 44.1 a) LOTC, tampoco puede coincidirse con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña cuando su representación procesal afirma que el recurrente no agotó todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, al no haber formulado recurso de revisión contra la Sentencia impugnada en amparo. En contra de lo que alega esta parte, la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia del Tribunal Supremo no es ni mucho menos evidente en este caso, por lo que ha de reputarse cumplido el cuestionado requisito de admisibilidad, ya que, según consagrada jurisprudencia de este Tribunal, el recurrente no está obligado a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación existentes en el ordenamiento, bastando con aquellos que normalmente puedan ser considerados como procedentes de acuerdo con la legislación procesal, sin necesidad de complejos análisis jurídicos (SSTC 114/1986, 48/1989, 50/1990, 172/1991, 142/1992, entre otras).
A) Para probar la carencia de fundamento de la queja transcrita no resulta necesario un pormenorizado análisis de la compleja argumentación utilizada por el actor, sino que basta subrayar algo que se evidencia con su simple lectura: la inconsistencia del presupuesto sobre el que se sustenta su construcción argumental. El actor denuncia la inaplicación de una normativa, la Directiva 78/686/CEE, que en modo alguno le es aplicable, pues ésta versa sobre el reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de Odontólogo, conteniendo una serie de medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios; derechos éstos pertenecientes al estatuto jurídico del ciudadano comunitario (arts. 8.2 y 8.A.1 del Tratado constitutivo de la CEE modificado por el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992) y que el recurrente nunca ha pretendido ejercer.
En el supuesto de hecho que dio lugar a la resolución judicial impugnada no nos encontramos, en efecto, ante una situación intracomunitaria relativa a una actividad del nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro que justifique la aplicación de la Normativa Comunitaria, dado que el recurrente es un nacional español que ha ejercido habitualmente la Odontología en nuestro país, intentando justificar la licitud de su actividad con un título obtenido en España, el de Licenciado en Medicina y Cirugía. Nos hallaríamos, pues, ante lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas denomina «situaciones puramente internas», exentas por completo de la intervención del ordenamiento de la CEE.
De ahí que resulte igualmente inaplicable al presente recurso de amparo la jurisprudencia del T.J.C.E. que el actor cita en apoyo de sus pretensiones. Tanto la Sentencia J. Knoors, de 7 de febrero de 1979 (asunto núm. 115/78), como la Sentencia Broekmeulen, de 6 de octubre de 1981 (asunto núm. 246/80), consagran la obligación de los Estados miembros de reconocer el beneficio de las Disposiciones del Derecho Comunitario a aquellos de sus nacionales que, haciendo uso de las facilidades existentes en materia de circulación y de establecimiento, han adquirido las cualificaciones profesionales contempladas por una Directiva en otro Estado miembro, lo que no es el caso del actor.
La situación del recurrente no rebasa, pues, los límites del ordenamiento jurídico interno, de cuya razonada y fundamentada interpretación deduce el Tribunal Supremo, siguiendo una consolidada línea jurisprudencial de su Sala Segunda, «que las normas administrativas vigentes en la materia siempre han exigido y exigen la titularidad de Odontólogo o de Médico Estomatólogo para las operaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades de la boca y dientes (...), de modo que los que simplemente tienen el título de Licenciado en Medicina y Cirugía no se encuentran habilitados para tales menesteres», calificando y castigando consecuentemente la conducta del recurrente como un delito de usurpación de funciones, previsto y penado en el art. 321 C.P. Ningún reproche merece, desde la óptica del principio de legalidad, la integración e interpretación que del art. 321 C.P. realizó el Tribunal Supremo en la Sentencia recurrida, al tratarse de una interpretación lógica, minuciosa y suficientemente fundada, sin que se aprecie en ella la incorporación de algún elemento que no estuviera previamente contenido en la norma y que convirtiera la decisión judicial en una aplicación analógica in malam partem del tipo penal. Constatados estos extremos, baste recordar que, según reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la legislación vigente, subsumiendo en las normas los hechos que llevan a su conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 C.E., corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios, sin que este Tribunal pueda sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, 89/1983, 105/1983, 111/1993, entre otras muchas).
Además de estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía correspondiente a estudios comenzados antes del 1 de enero de 1986, de haber ejercido con carácter principal en el campo de la Odontología durante tres años consecutivos en el curso de los cinco últimos y la obtención de la acreditación de tales extremos expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, tanto la Directiva 78/686/CEE como el Real Decreto 675/1992 exigen que dicho ejercicio durante esos tres años haya tenido lugar, además de con carácter principal, lícitamente. Lo cual, como pusieron de manifiesto el Ministerio Fiscal y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña en sus escritos de alegaciones, en modo alguno es el caso del solicitante de amparo. Como hemos tenido ocasión de comprobar, según la constante línea jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, suscrita razonadamente en la Sentencia impugnada, tan sólo quienes están en posesión del Título de Odontólogo o de Médico Estomatólogo, y no los simples Licenciados en Medicina y Cirugía, pueden dedicarse lícitamente al ejercicio profesional de las actividades incluidas en dichas especialidades. A ello cabe añadir que este Tribunal, si bien en sendas declaraciones de obiter dicta, ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, en el sentido de reconocer que mientras en España no existía la titulación en Odontología -desde 1948 a 1986- a las personas que realizaban sus estudios en nuestro país se les exigía para ejercer la profesión curativa de la boca el título de Licenciado en Medicina más el de Especialista en Estomatología (STC 221/1988, fundamento jurídico 3., y ATC 420/1985, fundamento jurídico 2.).
En virtud de lo expuesto ha de concluirse que ninguna vulneración del principio de legalidad penal cabe imputar al Tribunal Supremo al condenar al recurrente, como autor responsable de un delito del art. 321 C.P., por haberse dedicado al diagnóstico y tratamiento de patologías bucales estando en posesión solamente del título de Licenciado en Medicina.
Por lo que a Italia respecta, y dado que el recurrente hace una especial referencia a este país, baste señalar que si bien es cierto que las actividades odontológicas eran ejercidas allí exclusivamente por Médicos, aunque carecieran de especialización en la materia, la Directiva 78/686/CEE, de 25 de julio, tuvo por objeto, entre otros, «obligar a Italia a crear una nueva categoría de profesionales facultados para ejercer las facultades odontológicas con un título distinto del de Médico», categoría que, según la mencionada Directiva, debía responder a los criterios en ella establecidos, por lo que se concedía a Italia un plazo supletorio para que pudiera cumplir tales medidas. Y como también establecen los considerandos finales y el art. 19 de la Directiva 78/686/CEE, sólo a partir de que Italia cumpla las mencionadas exigencias los Estados miembros reconocerán, a los efectos del ejercicio de la Odontología, los diplomas, títulos y certificados expedidos en este país.
Denegar el amparo solicitado por don Norberto M. M.
STSJ Galicia 1414/2015, 5 de Marzo de 2015
STSJ Andalucía 541/2013, 13 de Marzo de 2013

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto