Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200021&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-02-18 02:02:49+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122002000200021
REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL ERROR JUDICIAL EN CHILE A PROPÓSITO DE LA SOLUCIÓN AMISTOSA ANTE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LLAMADO CASO DEL PUENTE "LA CALCHONA"
No se crea, sin embargo, que esta situación facilitó el reconocimiento de la responsabilidad frente a las deficiencias judiciales de este orden. Por el contrario, como todo poder tiende a expandirse y es, por definición, reacio a autolimitarse, ha costado mucho que el Poder Judicial lo haga y que reconozca como principio general que los errores judiciales que causan perjuicio deben indemnizarse.
Por esta razón, en esta materia ha sido necesario preguntarse, como algunos lo han dicho gráficamente, Quis custodiet pisos custodes?5, es decir, cómo establecer un mecanismo que permita hacer efectiva la responsabilidad de los propios jueces, que son precisamente los que tienen la misión de pronunciarse sobre la juridicidad de la conducta de todos las demás personas, incluyendo los demás funcionarios y organismos públicos.
La respuesta no es fácil porque históricamente, en todos los países, los propios jueces, por razones perfectamente comprensibles, han sido muy reacios a admitir su propia responsabilidad o la de sus colegas, permitiendo que el afectado por un error judicial obtenga la reparación de los daños sufridos.
Por esa razón, se ha llegado al reconocimiento de este derecho a obtener tal indemnización como un derecho fundamental, consagrado en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Por ende, para sus países signatarios, como acontece con los de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye un deber reconocer en su legislación interna el derecho a reparación de los afectados por los errores judiciales.
Entre éstos se halla nuestro país, que como suscriptor de la CADH, se encuentra obligado a contemplar el derecho a indemnización de todos los perjudicados por un error judicial, con el contenido mínimo que establece el ya referido art. 10 de la CADH.
2. Antecedentes sobre el reconocimiento del derecho a la reparación del error judicial en Chile
Estando claro que el tema de la reparación del error judicial se ha transformado en un tema de responsabilidad estatal, en un Estado fuerte como en general ha sido el chileno, que ha desempeñado un rol articulador de toda la sociedad nacional, uno de las grandes insuficiencias de todo el ordenamiento jurídico a lo largo de nuestra historia, ha sido el de la responsabilidad del Estado.
Ni siquiera a estas alturas, cuando en el Derecho Comparado se trata de un tema superado, se acepta pacíficamente el deber del Estado de responder por la actividad administrativa que causa daño a los particulares. Todavía algunos preconizan la irresponsabilidad del Fisco en esta materia, fundado en que los tribunales ordinarios no podrían juzgar a esta persona jurídica pública en virtud del principio de separación de poderes, por lo que para establecer tal responsabilidad se requeriría de tribunales especiales, los que al no haber sido creados por el propio Estado, en definitiva lo eximirían de responsabilidad. Se trata de un argumento sencillamente inaceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que nunca se ha cuestionado el derecho del mismo Fisco a comparecer como demandante en contra de los mismos particulares que supuestamente no pueden accionar contra él, en toda clase de materias. Afortunadamente, después de la modificación al art. 38 inc. 2 a la Constitución en el año 19896, paulatinamente esta doctrina ha ido perdiendo terreno y con ello se ha ido mitigando esta especie de inmunidad que se había autoconferido históricamente la Administración Pública nacional, que había sido aceptada sin reparos durante mucho tiempo por los tribunales ordinarios. En el fondo, lo que se está terminando por aceptar es que si no se han establecido tales tribunales especiales, entonces debe regir la regla general y subsidiaria que hace competente a los tribunales ordinarios.
Con este panorama, no fue extraño que antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1925, las dos tentativas para hacer responsable al Fisco por errores judiciales fueran completamente rechazadas7.
Luego, en la Constitución de 1925, en lo que en principio pudo haber constituido un gran avance en el tema de la responsabilidad del Estado, se consagró un precepto que establecía que "Todo individuo a favor de quien se dictare sentencia absolutoria o se sobreseyere definitivamente tendrá derecho a indemnización, en la forma que determine la ley, por los perjuicios efectivos o meramente morales que hubiere sufrido injustamente". Lamentablemente, se trató de una norma que ni en su génesis ni en su aplicación dispuso de un respaldo doctrinario y jurisprudencial, por que lo que en definitiva, nunca se la aplicó y quedó como una más de las supuestas normas doctrinarias que habría contemplado la citada Constitución, tal como la que establecía los tribunales contencioso-administrativos.
Por eso que durante la vigencia de este precepto constitucional nunca se intentó dictar esa ley, ni los particulares afectados intentaron demandar en algún caso concreto la indemnización de algún error judicial, precisamente porque se consideraba indispensable la promulgación de la ley a la cual se remitía el art. 20 de la señalada Carta Constitucional.
Después de la crisis institucional de 1973, comenzó la redacción de una nueva Constitución, tarea encomendada a la denominada Comisión Constituyente, que en 19758 inició el estudio de una nueva norma sobre reparación del error judicial, para reemplazar al citado precepto de la Ley Fundamental anterior.
Fue así que como resultado de una amplio debate entre los integrantes de esa Comisión, que abarcó varias sesiones y que se consigna en más de 120 páginas de sus Actas, se redactó el precepto que aparece actualmente en el art. 19 Nº 7, letra i) de la Constitución vigente. En su redacción, por una parte se pretendió adoptar las medidas para evitar que dejara de aplicarse por la falta de una ley que desarrollara la norma constitucional, aunque por la otra no dejaron de manifestarse ciertas aprehensiones en orden a hacer un reconocimiento demasiado amplio de la garantía, sin perjuicio de que tampoco se estableció una norma tan restringida como se creyó con posterioridad por la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina.
Cabe hacer presente que la redacción de la norma constitucional quedó finiquitada por dicha Comisión el 27 de mayo de 1975, sin que haya vuelto a ser modificada hasta ahora. Entró en vigencia en el año 1976, formando parte de los derechos y garantías enunciados en la llamada "Acta Constitucional" Nº 3 (DL 1552, de 13 de septiembre de 1976), período durante el cual nunca hubo ningún intento por lograr su aplicación.
Luego, fue incluida en la Constitución de 1980, que entró a regir el 11 de marzo de 1981, en su actual ubicación, es decir, dentro de los derechos fundamentales, como letra i) del art. 19 Nº 7, que asegura a todas las personas su libertad personal y seguridad individual.
3. Contenido de la actual norma constitucional sobre reparación del error judicial
Las consideraciones que según sus propios redactores tuvieron en cuenta al elaborar la norma constitucional vigente, fueron las siguientes:
a) Corregir la deficiencias que la doctrina había achacado al anterior art. 20 de la Constitución de 1925, que según los escasos autores que se refirieron al tema, fueron los que habían terminado por hacerla inoperante, tales como no decir expresamente que el Estado era el responsable, aclarando que lo era tanto de los perjuicios morales como patrimoniales, en lugar de decir "efectivos", como lo hacía el antiguo precepto constitucional.
b) Para evitar una proliferación de demandas infundadas en contra del Fisco por parte de todos los imputados finalmente absueltos, se ideó la intervención de dos tribunales diferentes. En primer lugar, la Corte Suprema, que debe calificar la decisión judicial cuestionada como "injustificadamente errónea o arbitraria".
Para emitir su pronunciamiento, el máximo tribunal debe tener en cuenta los antecedentes proporcionados por el recurrente y el expediente en el cual se pronunció la decisión cuestionada.
Una vez que el máximo tribunal ha emitido este pronunciamiento favorable, el particular afectado puede demandar al Fisco. Caso contrario, si la Corte Suprema considera que no ha habido resolución errónea o arbitraria, no se puede accionar civilmente contra el Estado.
c) Se estableció expresamente que no todos los actos judiciales susceptibles de ser calificados como erróneos o arbitrarios, darían origen a la indemnización estatal.
Se limitó a procesos de carácter penal y de ningún otro tipo, considerando la mayor gravedad intrínseca de los perjuicios que esta clase de juicios ocasionan al afectado. Luego, se limitaron las resoluciones judiciales susceptibles de dar origen a esta responsabilidad, excluyéndose expresamente a la detención9 y, en general, a los primeros actos del procedimiento penal.
No obstante no se redujo sólo a la condena, sino que en uno de los mayores avances que registra el precepto constitucional chileno, se amplió el derecho a obtener indemnización a la persona sometida a proceso errónea o arbitrariamente, y no sólo al condenado como acontece generalmente en el Derecho Comparado10.
Para ello se tuvo en cuenta que el sometimiento a proceso, por definición implica una imputación por parte del Juez del Crimen11, que es el mismo que debe pronunciar la sentencia definitiva, y que trae aparejada automáticamente la restricción de importantes derechos personales para el afectado, dentro del propio proceso, entre los cuales se encuentra la prisión preventiva, salvo que se le conceda la "libertad provisional", y fuera de él, tales como la privación de sus derechos ciudadanos.
Teniendo en cuenta estos efectos, con justa razón se consideró que la resolución que encarga reo, constituía una decisión estatal de tal gravedad, que si podía ser calificada de errónea o arbitraria, necesariamente obligaba al Estado a reparar los perjuicios causados12.
Mucho menos controvertida se presentaba la situación cuando la persona había sido condenada por una sentencia judicial, cualquiera que esta fuera, de primera o segunda instancia o que resolviera algún recurso, cuando, finalmente, en el mismo proceso a través de los recursos o fuera de él mediante una acción judicial extraordinaria, que podía ser la Revisión, era dejada sin efecto.
Desde luego, la condena errónea o arbitraria puede producirse en cualquier tipo de proceso penal y no sólo en el ordinario por crimen o simple delito. Se trata de resoluciones completamente separadas, de modo que es perfectamente posible que el procedimiento en que se haya producido la condena injusta no contemple el sometimiento a proceso, lo que en ningún caso excluye el derecho a obtener la indemnización estatal. Por lo tanto, hay derecho a obtener la reparación en un procedimiento penal por delitos de la Ley de Alcoholes, por ejemplo, que no contemplan el sometimiento a proceso y cualquier otro similar.
d) El tema más controvertido fue el de decidir si todo sometimiento a proceso o condena errónea debía dar origen a indemnización, o si se iba a exigir que se acreditaran ciertas circunstancias.
Después de mucho discutir, se llegó a la conclusión que la reparación pública iba a ser procedente en dos supuestos diferentes:
i) Cuando la resolución judicial cuestionada fuera producto de un error, acogiendo de ese modo la "doctrina del error judicial", que hace procedente la indemnización siempre y cuando se trate de una resolución dictada en un proceso penal, de buena fe, pero que posteriormente se descubre que no debió haberse pronunciado si se hubieran sopesado debidamente los antecedentes fácticos y jurídicos, vale decir, el afectado no debió ser sometido a proceso o condenado según se establece en virtud de una apreciación posterior, general, acerca de todo el proceso y no de la consideración aislada de haberse reunido los requisitos formales para dictar la respectiva resolución.
Cabe hacer presente que el error es una conclusión o un juicio equivocado o falso, que es lo que se exige por ende por el precepto constitucional para acceder a la indemnización, pero excluye la mala fe, el dolo e incluso la negligencia inexcusable, que en estricto rigor no son errores sino derechamente conductas adoptadas con plena representación de sus consecuencias, a pesar de lo cual se llevan adelante, razón por la que dan origen a otro tipo de responsabilidad, generalmente penal. Para tal efecto, el Código Penal tipifica diversas conductas de los jueces que constituyen el delito de prevaricación.
ii) Cuando dicha decisión jurisdiccional fuera consecuencia de una arbitrariedad, dejándose expresa constancia que se entendía por tal, la resolución judicial carente de justicia o razón, y que, por ende, proviniendo de un tribunal generalmente debería traer aparejada la responsabilidad penal del autor.
En las Actas de la Comisión redactora del precepto se dejó muy claramente establecido que se trataba de un supuesto completamente diferente al anterior.
No podía ser de otra manera si se considera que en el fondo el "error" y la "arbitrariedad" son excluyentes, de manera que aparecen separados por la conjunción disyuntiva "o". La indemnización se puede demandar por error judicial o por arbitrariedad judicial, siendo los presupuestos de la conducta que se exige al juez que pronuncia la decisión impugnada, diferentes en cada uno de ellos.
e) Luego, el mecanismo ideado por el Constituyente contempla una segunda etapa, en la cual en un proceso sumario, se determinará el monto de la reparación.
Cabe hacer presente que en este juicio sumario, no se podrá debatir sobre la procedencia de la obligación del Estado, sino que únicamente se discutirá sobre la cantidad a la que debe ascender la indemnización estatal. Incluso, la norma constitucional añade que en este procedimiento la prueba se apreciará en conciencia.
f) Para evitar que se entendiera que la vigencia de la norma constitucional quedaba sujeta a la promulgación de una ley, es decir, para que quedara claro que se trataba de un precepto autosuficiente, se dejó expresa constancia en las Actas que su vigencia era inmediata y que no requería de una ley para desarrollarlo.
g) En este mismo contexto, se dejó expresamente establecido que la Corte Suprema podía dictar un Auto Acordado para fijar el procedimiento para tramitar las solicitudes de que se declarara que el sometimiento a proceso o una sentencia condenatoria eran injustificadamente erróneos o arbitrarios, al cual ya nos hemos referido.
h) En el caso que se hubiera pagado alguna indemnización, el Estado tiene derecho a repetir en contra del funcionario, sólo en el evento que se establezca su responsabilidad penal, de carácter personal, en el juicio correspondiente de ese orden, siempre de acuerdo a las reglas generales.
En cambio, en el caso que el auto de procesamiento o la condena proviniesen sólo del error, el Fisco no tiene derecho a dirigirse contra el magistrado que pronunció la resolución, precisamente porque no existe norma legal que lo autorice. La reparación del error judicial es una obligación del Estado, tal cual lo dispone el precepto constitucional y lo dejaron establecido sus autores.
4. Actual insuficiencia de la norma constitucional sobre reparación del error judicial
Con el texto señalado, la norma del art. 19 Nº 7, letra i) de la Ley Fundamental como hemos dicho, ha estado vigente desde 1976 hasta la fecha, pero lo cierto es que no ha logrado una aplicación que pueda considerarse satisfactoria.
Desde luego, han sido muy pocos los casos en que efectivamente se ha logrado obtener indemnización por aplicación de ese precepto -no más de cuatro según nuestras noticias-, a pesar de que las solicitudes presentadas han sido bastantes, pudiendo ascender en un cálculo muy preliminar a alrededor de un centenar.
Las razones que se podrían invocar para justificar esta escasez de casos acogidos, pueden ser muchas, pero me parece que finalmente pueden ser reconducidas al clásico problema que presenta la indemnización estatal en esta materia. Se trata de la dificultad para que sus propios integrantes admitan públicamente que el sistema judicial ha cometido un error o una arbitrariedad, que haya causado perjuicios indebidos, los que deben ser reparados por el erario público.
A esta dificultad en el último tiempo se ha venido a agregar otra que consiste en la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, que ha establecido un procedimiento acusatorio, que ha terminado por dejar completamente caduco el anterior procedimiento inquisitivo consagrado en el Código de Procedimiento Penal, en base al cual se redactó la norma que comentamos.
De ambas razones, conviene referirse por separado:
a) Interpretación excesivamente restrictiva del precepto constitucional
Formalmente lo que ha sucedido es que se han elevado notoriamente las exigencias para declarar que una resolución ha sido "injustificadamente errónea o arbitraria".
Principalmente debido a la tenaz y lógica defensa del Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado, especialmente en los primeros casos en que se demandó la declaración de que el procesamiento o la condena eran injustificadamente erróneas o arbitrarias, hacia 198413, se impuso una interpretación del precepto constitucional, que se mantiene hasta el día de hoy y que ha limitado la posibilidad de obtener esa declaración.
Consiste en considerar que las exigencias constitucionales de que se debe tratar de una sentencia o resolución "injustificadamente erróneas o arbitrarias" son una sola y que, por lo tanto, se requiere que reúna ambas calidades.
Por razones inexplicables siempre se ha discurrido en los diversos fallos de la Corte Suprema y lo que es peor en las presentaciones de los abogados de los peticionarios, que para que pueda accederse a la indemnización estatal, las resoluciones judiciales deben ser "injustificadamente erróneas y arbitrarias", contener un "error injustificado o arbitrario", de "errónea e injustificada arbitrariedad", de "resolución "injustificada, errónea y arbitraria", de actuar judicial "erróneo, injusto y arbitrario", etc., combinando de manera absolutamente descuidada los términos normativos y, en definitiva, elevando sus requisitos subjetivos, en clara infracción a los términos literales de la Ley Fundamental y a la propia historia de su establecimiento, a la cual nos hemos referido.
El resultado ha sido facilitar el rechazo a las presentaciones, sobre la base de que prácticamente en todas las resoluciones sometidas a consideración del Supremo Tribunal, éste considera que no logran reunir esos calificativos y, por ende, se desechan fácilmente.
b) Obsolescencia de la norma constitucional como consecuencia de la Reforma Procesal Penal
Una segunda dificultad grave para la vigencia de la norma constitucional, que se ha venido a añadir a contar del 16 de diciembre del año 2000, ha sido la entrada en vigor de un nuevo sistema de justicia penal, que ha venido a dejar obsoletos algunos términos empleados por el Constituyente.
En efecto, se ha dictado un nuevo Código Procesal Penal, una Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, reformas al Código Orgánico de Tribunales entre otros cuerpos legales, que han permitido establecer a contar de esa fecha un procedimiento penal de tipo acusatorio, completamente nuevo, que ha reemplazado totalmente al anterior, caracterizado además porque la obligación de investigar y de acusar se entrega al Ministerio Público.
No obstante, esa entrada en vigencia ha sido paulatina, habiendo comenzado en sólo dos regiones del país en la fecha señalada, extendiéndose a otras tres, entre ellas la Séptima Región, a contar del 16 de octubre de 2001, estando programada que el 16 de diciembre de 2003 lo haga en todas las regiones, menos en la Metropolitana y, finalmente un año después, el 2004, en esta última.
Mientras tanto, la norma constitucional en comento, deberá ser aplicada para ambos sistemas de justicia, en circunstancias que fue hecha teniendo en cuenta el procedimiento penal anterior. En consecuencia, en algún momento deberá ser modificado, para hacerlo plenamente concordante con el nuevo sistema de justicia penal.
Entre los conceptos que han dejado de tener vigencia, se encuentra uno de los pilares de la norma, quizás el más importante, que es conceder indemnización a favor del "sometido a proceso", ya que en el nuevo Código Procesal Penal, no existe tal resolución ni otra de carácter judicial que tenga exactamente el mismo sentido.
Esto obligará a reformar la norma constitucional, lo que, sin embargo, deberá hacerse respetando los derechos y garantías constitucionales y los contenidos en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
V. APLICACIÓN EN ESTE CASO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL ERROR JUDICIAL
Con este restringido panorama de reconocimiento del derecho a la reparación del error judicial, no fue de extrañar que a Juan Manuel Contreras San Martín, Víctor Eduardo Osses Conejeros y José Alfredo Soto Ruz, no se les concediera el derecho a obtener una reparación por parte del Estado de Chile, por los perjuicios sufridos por su procesamiento, condena de primera instancia y más de cinco años sometidos a prisión preventiva, de acuerdo al art. 19 Nº 7, letra i) de la Constitución vigente.
En efecto, señalan los recurrentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que haciendo uso de este derecho, solicitaron a la Corte Suprema la declaración de que la sentencia de primera instancia que los condenó, fue injustificadamente errónea o arbitraria.
Concretamente, el 18 de junio de 1995, después de haber sido absueltos por la Corte de Apelaciones de Talca por sentencia de 19 de enero de 1995 y consecuentemente de haber recuperado su libertad, pidieron tal declaración al Supremo Tribunal.
De acuerdo al procedimiento vigente para tramitar esta petición ante el máximo tribunal, establecido por el Auto Acordado de 10 de abril de 1996, de la solicitud que correspondió conocer a la Sala Penal, se dio traslado al Fisco y se pidió informe al Fiscal de la Corte Suprema.
Este último, en uno de los pocos casos en que así ha sucedido, informó favorablemente la petición y opinó que se debería considerar que la sentencia condenatoria fue errónea y por ende que se hacía procedente otorgarles la indemnización.
Por supuesto que el Fisco se opuso, como lo ha hecho en absolutamente todos los casos, con el clásico argumento de que el fallo condenatorio no podía ser considerado erróneo en grado de arbitrario e injustificado, pues había sido pronunciado cumpliendo con todas las exigencias legales, según la apreciación que el tribunal de primera instancia había hecho de la prueba acumulada hasta ese momento, sin perjuicio de la validez de la sentencia absolutoria de segunda instancia.
En definitiva, la petición fue rechazada por los mismos argumentos que se han utilizado en todos los casos, salvo los poquísimos en que ha sido acogida, es decir, se consideró que el error no fue injustificado y arbitrario, estimando una vez más, que se trata de una única hipótesis.
Luego, añadió la Corte Suprema que, en el fondo, la sentencia absolutoria de segunda instancia no estableció la inocencia de los condenados, sino la falta de pruebas suficientes para condenarlos, por lo que tampoco desde ese punto de vista procedía repararlos, ni siquiera considerando los más de cinco años que estuvieron presos, luego de haberse establecido que toda la prueba de cargo derivaba de una confesión obtenida bajo apremios ilegítimos.
Frente a esta negativa resolución, los afectados recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los resultados ya conocidos, es decir, una contundente declaración de admisibilidad de la petición, una propuesta de solución amistosa por parte del Estado de Chile, representado por el Gobierno, aceptada por la defensa, consistente en una pensión vitalicia, un curso de capacitación laboral y un acto público de desagravio.
Es decir, en último término, la reparación la vinieron a conseguir por la vía del sistema Interamericano de Derecho Humanos, en lo que debería constituir un llamado de atención acerca de la necesidad de respetar los estándares internacionales establecidos en esta materia, tanto al establecer la normativa que reconozca este derecho como en su aplicación práctica.
En este sentido, el mismo Estado de Chile con ocasión de este caso, ha adquirido un compromiso internacional, por cuanto informó estar proponiendo reformas legislativas para mejorar la regulación del derecho, refiriéndose al proyecto de ley para regular los procedimientos para tramitar las acciones constitucionales.
Recordemos que estos últimos procedimientos, ante el vacío legislativo, se encuentran actualmente reglamentados por Autos Acordados de la Corte Suprema, a pesar de que se refieren a materias tan trascendentes como son las acciones constitucionales de protección, de amparo y de reparación del error judicial14.
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL ERROR JUDICIAL
A modo de conclusión de lo dicho y de la experiencia que arroja la tramitación de este caso, es evidente que en algún momento tendrá que modificarse el precepto del art. 19 Nº 7, letra i) de la Carta Constitucional, adecuando la normativa a la Reforma Procesal Penal y a la propia Constitución, además de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Sobre esa base, consideramos que esta regulación debiera incluir:
a) Un precepto constitucional que derechamente hiciera procedente la reparación del error judicial a cargo del Estado, cuando se acuse o condene a persona que posteriormente sea declarada inocente, por una sentencia posterior pronunciada en el mismo juicio o en otro diferente. Deberá aclararse que no se requiere dolo o arbitrariedad del juez o funcionario respectivo y que no existirá derecho del Estado a repetir en su contra, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa.
b) El mismo precepto constitucional debiera establecer la indemnización estatal en el caso que una persona sea acusada o condenada, y después reconocida su inocencia, por acto doloso o arbitrario de los jueces o funcionarios públicos correspondientes, sin perjuicio de su responsabilidad penal si cabe y del derecho del Fisco a repetir en su contra, de acuerdo a las reglas generales.
c) El precepto deberá incluir necesariamente como susceptible de indemnizar la acusación errónea o arbitraria, considerándola equivalente al actual procesamiento, por cuanto al estar en nuestro país reconocido el derecho a indemnización por error judicial del procesado, de acuerdo al art. 29 letra b) de la CADH, no se podrá ya limitar este derecho y restringirlo sólo a los condenados como establece el art. 10 de la misma CADH.
d) La tramitación de esta acción constitucional de reparación por error judicial, al igual que las demás que reconoce la actual Ley Fundamental, deberán ser reglamentadas por el legislador, contemplando un procedimiento expedito, oral y público, que se resuelva en una audiencia, como el que se ha establecido en materia penal, incluyendo el conocimiento de los recursos.
Sugerimos que este nuevo procedimiento sea de competencia de una Corte de Apelaciones, que no sea aquella que haya intervenido en el caso que da origen a la demanda o en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el tribunal inferior que lo haya hecho. Esta decisión de la Corte de Apelaciones declarará si hubo o no un error judicial o una arbitrariedad en la acusación o condena del imputado recurrente y, en caso positivo, en una nueva audiencia, fijará el monto de los perjuicios de acuerdo a los antecedentes que proporcionen las partes.
* Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca.
1 Este Auto Acordado, en su parte sustancial, entregó el conocimiento de estas solicitudes a la Sala Penal de la Corte Suprema, viniendo a reemplazar el procedimiento establecido por el Auto Acordado de 3 de agosto de 1983, que asignaba su conocimiento al Tribunal Pleno.
2 La situación ha venido a cambiar hace poco con el Código Procesal Penal, que establece un procedimiento reconociéndose que el imputado tiene, entre otros, derecho a guardar silencio, a requerir la asistencia de un abogado desde el momento de su detención, y a que si consiente en prestar declaración ante la Policía, para que tales declaraciones tengan valor, a que se realicen en presencia de un letrado, etc.
3 Hemos estudiado extensamente el tema en Carocca Pérez, Alex, La reparación de los errores judiciales, Memoria de Prueba, Universidad Católica de Valparaíso, 1985, 346 pp. [ Links ]
4 Que fue específicamente el sentido de la Ley que marcó un hito en la materia, que fue la ley francesa de 1895, que introdujo una modificación al Código de Procedimiento Penal
5 Famoso dilema que planteara ya Platón y que recogió cáusticamente Juvenal en una de sus sátiras, tal cual recuerda entre nosotros Soto Kloss, Eduardo, "Responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional", en Revista Chilena de Derecho, N 1, 1983, p. 46. [ Links ]
6 Que dispone actualmente "Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño", que fue establecido por la Ley Nº 18.825, de 17 de agosto de 1989, Ley de Reforma Constitucional. Con anterioridad disponía que la responsabilidad se podía demandar ante los Tribunales Administrativos que estableciera la ley.
7 Se trata de los casos "Aubert con Fisco" (RDJ, Tomo XII, Corte Suprema, casación fondo, 29 de septiembre de 1914, p. 410) y "Quezada con Fisco" (Memoria del Consejo de Defensa Fiscal, 1914, Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de septiembre de 1914, p. 602).
8 En la sesión 106, de 13 de marzo de 1975, estando la Comisión integrada a esa época por don Enrique Ortúzar Escobar, don Alejandro Silva Bascuñán, don Enrique Evans de la Cuadra, don Jaime Guzmán Errázuriz, don Sergio Diez Urzúa, don Jorge Ovalle Quiroz y don Gustavo Lorca Rojas.
9 Sobre las razones para la exclusión de la detención de los supuestos indemnizables, Vid. Carocca, Reparación de los errores judiciales, cit., pp. 155 y ss.
10 Vid. Al respecto, ampliamente, Carocca, Reparación de los errores judiciales, cit., pp. 170 y ss.
11 Recordemos que el Código de Procedimiento Penal, lo establecía el art. 274 CPP, en los siguientes términos: "Después que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso, si de los antecedentes resultare: 1 Que está justificada la existencia del delito que se investiga, y 2 Que aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor"
12 Vid. in extenso, incluyendo legislación extranjera y loa antecedentes tenidos en cuenta por los redactores de la norma constitucional nacional, en Carocca, La reparación de los errores judiciales, cit., pp. 175 y ss.
13 El primer caso en que efectivamente se hizo uso del precepto constitucional, fue el llamado caso del profesor Stephens, a quien como jurado en un conocido concurso de televisión de la época, se le acusó de haber dado conocimiento previo de las preguntas a algunos participantes y aunque fue sometido a proceso, finalmente fue absuelto. La sentencia fue publicada en Gaceta Jurídica Nº 43, año 1984. No obstante, existe un caso anterior, "Rodríguez con Fisco", terminado en 1983, aunque se demandó sin haber impetrado el pronunciamiento previo de la Corte Suprema, razón por la que fue rechazado. La sentencia está publicada en Boletín de Derecho Público, Nº 19, 1983, pp. 11 y ss.
14 Entendemos que este Proyecto es el que fue elaborado por un grupo de Profesores de Derecho Constitucional, encabezados por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, don Humberto Nogueira, contando con la destacada participación entre otros, de los profesores Emilio Pffefer, Emilio Zúñiga, José Luis Cea Egaña, entre otros, con el apoyo en los aspectos procesales del profesor Alex Carocca Pérez, que fue hecho llegar al Ministerio de Justicia y a diversos parlamentarios, siendo presentado por el Diputado don Gutenberg Martínez, en la Cámara de Diputados, donde se encuentra actualmente.

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