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Timestamp: 2019-10-19 13:00:07+00:00

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﻿ SENTENCIA SP16933-2016/47.732 DE NOVIEMBRE 23 DE 2016
SENTENCIA SP16933-2016 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:IMPOSIBILIDAD DE EJERCER CONTROL MATERIAL DE LA ADECUACIÓN TÍPICA DEFINIDA EN LOS PREACUERDOS POR PARTE DE LOS JUECES DE CONOCIMIENTO. SE ACLARA QUE PRODUCIDA LA ACUSACIÓN POR PARTE DEL ENTE INVESTIGADOR O MATERIALIZADO EL ACUERDO ENTRE LAS PARTES –FISCAL Y PROCESADO-, EL JUEZ, POR MÁS QUE SU CRITERIO LE INDIQUE QUE CIERTA ADECUACIÓN TÍPICA ES LA QUE MEJOR SE CORRESPONDE CON LOS SUPUESTOS FÁCTICOS IMPUTADOS, NO PUEDE TENER NINGUNA INJERENCIA EN ELLA, SIN CONTRARIAR EL PRINCIPIO ADVERSARIAL Y LA IMPARCIALIDAD QUE LE DEMANDA EL EJERCICIO DEL CARGO, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL DISTANCIAMIENTO ENTRE LO FÁCTICO Y LO JURÍDICO SEA TAL QUE RAYE CON LA ILICITUD, LO MANIFIESTAMENTE ILEGAL O TRASGRESOR DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES MÍNIMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUEZ, FACULTADES DEL JUEZ, JUEZ DE CONOCIMIENTO, JUEZ PENAL, PREACUERDO, ACTUACIÓN DEL JUEZ, APROBACIÓN DEL PREACUERDO, TIPIFICACIÓN DEL DELITO
Sentencia SP16933-2016 de noviembre 23 de 2016
SP16933-2016
Radicación 47.732
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por el defensor de J.M.O.S. contra la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX, que confirmó la proferida el 13 de agosto de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de dicha ciudad, mediante la cual lo condenó, a título de autor, del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, agravado.
Es cierto como lo advera el delegado de la Fiscalía que, improbado el primer preacuerdo celebrado por las partes —procesado y Fiscalía— en las dos instancias de decisión, no habría posibilidad de discutir la actuación subsiguiente y, por ende, las sentencias de primer y segundo grado dictadas conforme al segundo de los preacuerdos, no solo porque el postulado de no retractación que rige los mecanismos de terminación anticipada del proceso lo impediría, sino debido a que por virtud del principio de preclusión de los actos procesales, una vez superadas las etapas y oportunidades delimitadas en el ordenamiento jurídico, es inviable devolver la actuación a esa misma instancia del diligenciamiento, resguardando, de este modo, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y los postulados de igualdad de armas, lealtad y seguridad jurídica.
En efecto, según el axioma de preclusión o preclusividad, «el proceso se desarrolla en una secuencia de actos procesales que deben ejecutarse dentro del plazo precisamente señalado para ellos, y que por consiguiente, al expirar el término contemplado para la específica actividad de dichos sujetos, no puede ya realizarse porque su oportunidad ha precluido. Vale decir, la preclusión traduce la clausura de un determinado tracto procesal y cierra la posibilidad de ejercer un determinado derecho, y también la de cumplir una específica carga procesal que debió colmarse en un lapso preestablecido» (CSJ AP, sep. 8/98, rad. 14.357).
No obstante, como bien lo recordó la señora Procuradora, el alcance de tales axiomas de naturaleza adjetiva no es categórico. En verdad, existen ciertos casos en que, tanto el principio de no retractación como el de preclusividad admiten cierta flexibilidad en procura de salvaguardar prerrogativas fundamentales de carácter sustancial.
Es así que, tratándose de virtuales vicios del consentimiento o de interpretaciones de los funcionarios judiciales lesivas del carácter autónomo de la imputación, resulta imperativo dar curso, como en este caso, a la demanda de casación formulada contra una sentencia que avaló un acuerdo diverso al inicialmente sometido a aprobación de la judicatura.
Tal como con acierto lo identificó la delegada del Ministerio Público, pese a que son tres los cargos formulados por la defensa, uno por la ruta de la nulidad y los restantes por la de la violación directa de la ley sustancial, son dos las cuestiones jurídicas básicas a dilucidar en el caso de la especie, las cuales serán examinadas de manera conjunta, dada su estrecha conexidad temática.
Primero, si el juez cognoscente puede, válidamente, inmiscuirse en la adecuación típica definida por la Fiscalía y plasmada en un preacuerdo con el procesado en el que se degrada la conducta inicialmente imputada —ya sea porque se selecciona un tipo penal que recoge la cuestión fáctica de una manera más benigna al procesado, se elimina una circunstancia de agravación (genérica o específica), se varía el grado de participación, entre otros posibles supuestos— y, segundo, si procede la aplicación del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el canon 57 de la Ley 1453 de 2011 en los casos en los que, habiendo sido el imputado capturado en flagrancia, la negociación versa sobre los términos de la imputación, conforme al precepto 350 del Estatuto Adjetivo Penal.
Ambos cuestionamientos encuentran respuesta en los pronunciamientos más recientes de la Corte, como pasa a verse.
3.1. Imposibilidad de ejercer control material de la adecuación típica definida en los preacuerdos por parte de los jueces de conocimiento.
Es de este modo como, en la Sentencia SP9853-2014 se recordó que dado que en el régimen de la Ley 906 de 2004, el juez carece de iniciativa probatoria le está vedado el control material de la acusación, pues lo contrario, «comprometería al juez con el programa metodológico, y por sobre todo, con la iniciativa y responsabilidad de la Fiscalía en el quehacer propio de un sistema con tendencia acusatoria, pues desborda sus posibilidades, usurpando el papel del fiscal, funcionario llamado a organizar el trabajo probatorio y argumentativo de cara al juicio, a quien constitucionalmente se le ha asignado el ejercicio de la acción penal.»
En la providencia mencionada la Corte añadió:
Respecto de la ausencia de control material de la acusación, ya la Sala se ha ocupado en extenso. Sentó el criterio según el cual de acuerdo con lo ordenado en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal de 2004, solo el fiscal está autorizado para realizar la “tipificación circunstanciada” de los hechos:
La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el art. 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio sí sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio. (Ver CSJ, jul. 15/2008, rad. 29994, tesis reiterada en AP, ago. 14/2013, rad. 41375, entre otras providencias).
En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto, jul. 15/2008, radicado 29.994).
No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación, sino igual la de los delitos y de las penas, en el entendido de que esta estructura un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de resultar manifiesto que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, el juez se encuentra habilitado para intervenir, pues en tal supuesto la admisión de responsabilidad se torna en simplemente formal, frente a esa trasgresión de derechos y garantías superiores (sents. jul. 15/2008 y jul. 8/2009, radicados 28.872 y 31.280, en su orden).
3.3.1. En estas condiciones, ha de entenderse que el control material de la acusación, bien sea por el trámite ordinario o por la terminación anticipada de la actuación, es incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en un modelo acusatorio. Aun cuando existen disposiciones de la Ley 906 de 2004, que consagran su función a la consecución de la justicia y la verdad como normas rectoras(30), estos principios operan dentro de la mecánica del sistema y no dan aval para adjuntarle postulados ajenos a su naturaleza intrínseca. Así, el horizonte al que ha de estar dirigida la hermenéutica” (resaltado fuera del texto original).
De manera que no cabe duda que el control material de la acusación realizado por los juzgadores, se convirtió en una irregularidad sustancial que afectó gravemente el debido proceso, por cuanto impidió la terminación anticipada del proceso, presupuesto operativo del sistema adversarial, de imprescindible acatamiento para el éxito del ejercicio del ius puniendi en dicho modelo procesal (resaltados originales).
Más adelante, en otro pronunciamiento, la Sala reiteró (CSJ SP931-2016(31)):
Similar postura se acogió, recientemente, en la Sentencia CSJ SP14191-2016(32), la cual se transcribe, en extenso, debido a que recoge un importante recuento jurisprudencial en el que se examinan las diversas modalidades de control judicial de la acusación y se escoge, finalmente, la misma que viene de reseñarse:
Los rasgos esenciales del principio acusatorio corresponden al ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez, la delimitación del proceso en fases de investigación y juzgamiento, conferida a organismos diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador, y la relativa vinculación del tribunal a las pretensiones de las partes(33).
En consonancia con estas máximas, tanto la activación como el impulso de la pretensión punitiva estatal, por disposición constitucional y legal, pertenecen exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, en quien recae el deber de acusar ante los jueces de conocimiento (C.P., art. 250.4 y estatuto procesal, arts. 336 y 339, inc. 2º).
Este acto de acusación, integrado por el escrito respectivo y la formulación oral de los cargos, ha sido entendido por la Sala como un ejercicio de imputación fáctico-jurídica, donde el Estado fija los contornos de la pretensión punitiva y delimita los referentes en torno de los cuales se adelantará la discusión sobre la responsabilidad penal del procesado (CSJ, AP4219-2016, jun. 29/2016, casación 45819).
El deber de acusar de la fiscalía también se expresa en la facultad de celebrar con el imputado o acusado preacuerdos y negociaciones orientados a que se anticipe la sentencia condenatoria, labor en la que el fiscal debe necesariamente gozar de un margen racional de maniobra, con el fin de que pueda adelantar su tarea de forma efectiva, en el entendido, además, que se trata de una forma de composición del conflicto, como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades (CSJ AP2370-2014, mayo 7/2014, Segunda Instancia 43.523).
«[…] la confección del escrito de acusación es un acto de parte, de la Fiscalía General de la Nación, que, como se ve, está reglado, entre otros, por los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, acto que por su naturaleza, aunque reglado, no tiene control judicial, tal como sucede en otros procesos adversariales.
«En el proceso penal colombiano no se previó que la acusación tuviera controles, distintos a los que se plantean en la audiencia de formulación de la acusación, que como se dijo, están dirigidos al saneamiento del juicio —solo a la verificación de la existencia de unos contenidos—, pero de ninguna manera a discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial, o sus aspectos de fondo.
«[…] Permitir que el juez intervenga en la definición del nomen iuris de la acusación, sería autorizar que el juez no solo interfiera en el ejercicio de la acción penal que como sujeto soberano ostenta la Fiscalía General de la Nación, lo cual desdibujaría en manera grave la imparcialidad del juez; sino que además equivaldría a señalar que el juez dirige la actividad de la fiscalía porque le marca el derrotero que debe seguir en el juicio; lo cual daría al traste con la principal característica del principio acusatorio propio de la reforma que nuestro país ha querido implementar, como es la diferenciación de funciones entre la fiscalía (función requirente), y el juez (función jurisdiccional), en el proceso penal”.
Esta postura fue reiterada en la sentencia de Casación 38256, de fecha 21 de marzo de 2012, (…).
En la decisión de segunda instancia de 14 de agosto de 2013 (rad. 41375), dentro de esta misma tendencia interpretativa, la Sala expuso,
«En estas condiciones, ha de entenderse que el control material de la acusación, bien sea por el trámite ordinario o por la terminación anticipada de la actuación, es incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en un modelo acusatorio. Aun cuando existen disposiciones de la Ley 906 de 2004, que consagran su función a la consecución de la justicia y la verdad como normas rectoras, estos principios operan dentro de la mecánica del sistema y no dan aval para adjuntarle postulados ajenos a su naturaleza intrínseca. Así, el horizonte al que ha de estar dirigida la hermenéutica de esa codificación debe ser la de articular un método que no genere incompatibilidades conceptuales a la hora de su aplicación, a partir de una fundamentación integral y con perspectiva sistemática…».
La segunda postura, que propende por un control material más o menos amplio de la acusación y los acuerdos en temas como tipicidad, legalidad y el debido proceso, se apoya en la sentencia de la Corte Constitucional C-1260 de 2005, que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004(34), “en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”.
“En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la facultad del fiscal de IMPUTAR la(s) conducta(s) en el preacuerdo al que se refiere el artículo 350 de la Ley 906, siempre y cuando se adelante esa labor de manera consecuente con los principios de legalidad penal, tipicidad plena o taxatividad, pues en últimas “a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”.
«[…] Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá —el fiscal— de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena y podrá —la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas— mesurar el costo/beneficio del preacuerdo.
«Todo ello dentro de la legalidad, dentro de los márgenes de razonabilidad jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de regalías que desnaturalicen o desacrediten la función de administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y el derecho de las víctimas a conocer la verdad» (resaltados y las cursivas pertenecen al texto original).
«Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con la simple revisión formal. No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y debido proceso.»
«Con base en la jurisprudencia citada, se debe concluir que por regla general el juez no puede hacer control material a la acusación del fiscal en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, pero, excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garantías fundamentales de las partes o intervinientes».
«En el proceso adversarial, por regla general el juez de conocimiento no pude controlar materialmente la acusación del fiscal, “pero excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garantías fundamentales de las partes o intervinientes (CSJ, SP9853, jul. 16/2014, rad. 40871).»
También se repitió en la Sentencia CSJ SP13939-2014, de 15 de octubre de 2014, casación 42184, donde además se hicieron precisiones sobre la necesidad de que la intervención excepcional del juez obedezca realmente a violaciones objetivas y palpables, que no dejen duda sobre la real afectación de un derecho fundamental,
«En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la intervención del juez, que opera excepcionalísima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se verifique algún vicio en el consentimiento o afectación del derecho de defensa, o cuando el fiscal pasa por alto los límites reseñados en los puntos anteriores o los consignados en la ley —como en los casos en que se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a algún subrogado—.
«De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluación de aprobación o improbación del preacuerdo puede pasar por auscultar que todas las partes e intervinientes se sientan satisfechos con el mismo, ni a partir de verificaciones eminentemente subjetivas acerca del valor justicia y su materialización en el caso concreto, pues, sobra referir, precisamente la razón de ser del preacuerdo estriba en las renuncias mutuas de quienes lo signan e indispensablemente ello representa sacrificios más o menos tolerables del valor justicia, pero también de los principios de contradicción, doble instancia y el derecho de defensa, conforme lo establecido en el literal k) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004.»
«Finalmente, en el fallo de casación CSJ 16 julio 2014, radicación 40871, la Corte, luego de hacer un recorrido por su propia línea jurisprudencial(35), concluyó que “por regla general el juez no puede hacer control material a la acusación del fiscal en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, pero, excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera y arbitraria comprometan las garantías fundamentales de las partes o intervinientes”».
Recapitulando, se tiene entonces que el criterio jurisprudencial que la Sala acoge actualmente en esta materia, y que hoy se reitera, reconoce que el juez, por regla general, no puede hacer control material de la acusación o de los acuerdos en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004, y que solo le es permitido realizarlo, de manera excepcional, cuando objetivamente advierta afectaciones manifiestas y groseras de los derechos fundamentales (resaltados originales).
De igual manera, como lo reseñó el demandante, en pasada oportunidad, la Corte, en sede de tutela, conoció de similar caso al que hoy ocupa la atención de la Corte, ocasión en la que, tras reiterar la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en la materia, ratificó la imposibilidad de inmiscuirse indebidamente en la calificación jurídica determinada por el órgano de persecución penal en los preacuerdos. Así se pronunció (STP1132-2014(36)):
La Fiscalía 1 Especializada de XXX decidió en virtud del preacuerdo celebrado con la defensa y como única rebaja compensatoria, eliminar el agravante del delito enrostrado, esto es, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Así las cosas, y con fundamento en la jurisprudencia expuesta en el primer acápite, la Sala considera que tal postura representa una ostensible vía de hecho en la actuación, afectante de la garantía fundamental del debido proceso por desconocimiento de los límites de competencia que le correspondía respetar al Tribunal Superior de XXX frente a la acusación.
Si en el proceso de formación del conocimiento, fácticamente deviene en un despropósito por confusa, contradictoria, manifiestamente improcedente, que implique en la práctica, en términos de racionalidad y razonabilidad, que no existe, es decir, que enerva cualquier probabilidad de agotar un juicio por tratarse de un absurdo, en eventos enmarcados en lo insólito e inaudito, puede excepcionalmente el juez requerir su aclaración formal a unos lineamientos que habiliten su comprensión. Pero esto, se resalta, solo ante un escenario que conjure la finalidad del juicio por la presencia de aspectos objetivos que conlleven a que sea inútil su realización. En otras palabras, si es diáfano que la acusación es su punto de partida, demarcando el ámbito en el que se ha de desarrollar, de ser esta ininteligible e improcedente, ningún sentido tendría debatir circunstancias que no cuentan con la capacidad de ser asimiladas por los convocados a su discusión(37). También la dinámica del sistema colapsaría, si se somete la administración de justicia a un desgaste por controversias inanes debido a su ostensible inviabilidad.
Esta perspectiva, desde luego, no aplica para inmiscuirse en la calificación jurídica de los hechos efectuada por la Fiscalía, titular de la acción penal, pues, ya se anotó, el modelo procesal adoptado por la Ley 906 de 2004, no prevé control judicial a la acusación y la lógica del sistema funciona en el antagonismo ante un tercero imparcial(38).
Adicionalmente y confrontando la postura de la Sala de Casación Penal de esta corporación con los argumentos que tuvo la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX para anular la actuación a partir de la verificación del preacuerdo, no cabe duda que la fiscalía fue despojada de sus funciones.
Bajo este panorama, fácilmente se concluye que el tribunal incurrió en un defecto procedimental que se erige en una violación al debido proceso por dar un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia(39) al:
(i) Apartarse de uno los presupuestos esenciales del sistema acusatorio(40) al anular la actuación de la fiscalía para en su lugar indicarle como debe realizar la imputación.
De modo que, son estas las razones por las cuales la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso en cabeza del accionante, y en consecuencia, dejará sin efectos el auto del 25 de septiembre de 2013, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX.
Bajo este entendido, se ordenará al tribunal que en el término de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera la sentencia que en derecho corresponda, limitando su estudio al tema propuesto en la apelación interpuesta por el Ministerio Público frente al fallo condenatorio proferido contra el actor el 11 de abril de 2013, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de XXX.
Como bien queda claro en el rastreo jurisprudencial aquí citado, producida la acusación por parte del ente investigador o materializado el acuerdo entre las partes —fiscal y procesado—, el juez, por más que su criterio le indique que cierta adecuación típica es la que mejor se corresponde con los supuestos fácticos imputados, no puede tener ninguna injerencia en ella, sin contrariar el principio adversarial y la imparcialidad que le demanda el ejercicio del cargo, salvo en aquellos casos en que el distanciamiento entre lo fáctico y lo jurídico sea tal que raye con la ilicitud, lo manifiestamente ilegal o trasgresor de las garantías fundamentales mínimas.
3.2. Inaplicación del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 a los preacuerdos de que trata el canon 350 ejusdem.
Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, los preacuerdos entre la Fiscalía y el procesado tienen por propósito humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso.
Para alcanzar esas finalidades existen varias modalidades de preacuerdo que permiten terminar anticipadamente el proceso.
El más básico y que encuentra su símil en el allanamiento a cargos —salvo porque este es de carácter unilateral— consiste en la aceptación pura y simple de los cargos formulados al acusado, que en contraprestación recibe una rebaja de una proporción fija en «la pena imponible» (arts. 293 y 351, inc. primero).
Los demás implican negociaciones sobre i) «los hechos imputados y sus consecuencias» (art. 351) o ii) «los términos de la imputación» (art. 350, inciso primero), la eliminación de «alguna causal de agravación punitiva» o de «algún cargo específico» (art. 350, inciso segundo, numeral primero) o la tipificación de la conducta «de una forma específica con miras a disminuir la pena» (art. 350, inciso segundo, numeral segundo).
Precisamente, en relación con este último tipo de preacuerdos —los enunciados en el numeral ii)— es que deviene improcedente la aplicación del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el precepto 57 de la Ley 1453 de 2011, según el cual «la persona que incurra en las causales anteriores [es decir, las que configuran situaciones de flagrancia] sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004».
Sobre el particular, en pasada oportunidad, la Corte sostuvo (CSJ SP-2168-2016(41)):
Tal entendimiento es equivocado y si bien en algunas decisiones de tutela adoptadas por esta corporación(42), se ha llegado a similar conclusión, consistente en que en casos de flagrancia la mengua a convenir no puede ser superior a la contemplada en la última norma citada, es esta la oportunidad para hacer las precisiones correspondientes.
Así se desprende con nitidez de la sentencia adoptada en sede de control abstracto por la Corte Constitucional CC C-645 de 2012, en la que se declaró exequible el parágrafo del artículo 57 de la ley indicada «en el entendido de que la disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos.»
Entonces, hay que tener en cuenta que todo dependerá de lo que las partes acuerden, pues –se insiste- una cosa es que convengan disminución en la cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participación imputado y no se podrá pactar una disminución distinta a la del parágrafo del artículo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Y, otra desemejante es si, como acaeció en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el título de la participación, en cuanto la pena será la prevista para el cómplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el límite de rebaja por razón de la captura en flagrancia.
Lo anterior significa que, pese a que el imputado haya sido capturado en flagrancia, si éste celebra con la Fiscalía un preacuerdo de la naturaleza recién mencionada —no sobre los hechos imputados y sus consecuencias—, sino sobre los términos de la imputación, no está sometido al referido descuento de una cuarta parte sobre el porcentaje autorizado por la ley, según se trate de cada una de las fases en que puede llegarse al acuerdo, sino a la rebaja que resulte de la negociación de dicha imputación jurídica, en cualquiera de sus vertientes —la eliminación de «alguna causal de agravación punitiva» o de «algún cargo específico» (art. 350, inc. segundo, num. primero), la tipificación de la conducta «de una forma específica con miras a disminuir la pena» (art. 350, inc. segundo, num. segundo)—.
Claramente, el resultado será una nueva estructura típica más benigna al acusado con la consecuente aminoración punitiva que aquella representa, en la que no cabe ningún discernimiento del juzgador enderezado a establecer si esa deducción de la pena encuentra su equivalente en la rebaja de la cuarta parte del descuento autorizado en la ley, según la etapa en que se celebre el preacuerdo.
En efecto, razón le asiste a la señora Procuradora cuando afirma que el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004 no aplica respecto de los preacuerdos que tienen por objeto una depreciación en la adecuación típica de la conducta, en tanto las rebajas resultantes no están en sí mismas sometidas a la aplicación de proporciones legales sino a los quantum de cada tipo penal en particular una vez determinado con todas sus circunstancias.
En el asunto examinado se tiene que, luego de que el 28 de septiembre de 2013 la Fiscalía 52 Seccional le formulara imputación a J.M.O.S. por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado, descrito en los artículos 376 y 384.3 del Código Penal(43), el 19 de noviembre siguiente las partes celebraron un preacuerdo en el que el imputado aceptaba su responsabilidad, a título de autor, en el delito endilgado, a cambio de que se sustrajera la circunstancia específica de agravación, consagrada en el artículo 384.3 ejusdem, constituyendo esa la única rebaja compensatoria por el convenio.
Ahora, atendiendo factores tales como la gravedad de la conducta, el daño real y potencial creado, la considerable cantidad de sustancia estupefacientes incautada, la intensidad del dolo, dada la forma en que aquella venía camuflada y la necesidad y función de la pena, se señaló que el procesado aceptaba, en definitiva, las penas de 12 años de prisión y 4.810 salarios mínimos legales mensuales vigentes(44) —sanciones ubicadas dentro del primer cuarto de movilidad—.
El siguiente, en lo pertinente, es el texto del preacuerdo:
De acuerdo con la naturaleza de la conducta investigada, resulta procedente reconocer la REBAJA DE PENA que establece el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, que para el caso, atendidas las circunstancias en que se registran los hechos, la forma como se logró vincular al imputado al proceso, su colaboración al momento de su captura, el momento procesal en que se está celebrando este preacuerdo, el cual surge por iniciativa del imputado y la defensa, justo después de celebrarse la audiencia de formulación de imputación de cargos y antes de presentarse el escrito de acusación, además de obtener una pronta y efectiva administración de justicia; frente a la anterior aceptación de cargos efectuada por el imputado a cambio de que la Fiscalía ELIMINE LA CAUSAL DE AGRAVACIÓN PUNITIVA prevista por el Nº 3 del artículo 384 del Código Penal, y como ocurre un cambio favorable para el imputado con relación a la pena a imponer, esto constituirá la ÚNICA REBAJA compensatoria por este acuerdo. En ese entendido, las penas se deberán determinar partiendo de la señalada en el inciso 1º artículo 376 del Código Penal, que establece: PENA DE PRISIÓN MÍNIMA de 128 meses o 10 años 8 meses. PENA DE PRISIÓN MÁXIMA de 360 meses o 30 años: como PENA DE MULTA MÍNINA (sic) de 1.334 SMLMV y PENA DE MULTA MÁXIMA de 50.000 SMLMV.
Teniendo en cuenta los fundamentos para la individualización de la pena que regula el artículo 61 del Código Penal y como quiera que hasta este momento procesal, respecto del imputado sólo re (sic) registran CIRCUNSTANCIAS DE MENOR PUNIBILIDAD, tal como lo regula el Nº 1º del artículo 55 C.P., como lo es la carencia de antecedentes penales, y no advirtiéndose CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD conforme al artículo 58 C.P., debemos indicar que la pena se debe determinar dentro del primer cuarto mínimo, que se comprende entre 128 meses a 186 meses de prisión, y de 1.334 SMLMV a 13.500,5 SMLMV de multa, específicamente, y observando aspectos como la gravedad de la conducta, el daño real y potencial causado, la naturaleza de las causales de agravación, en especial la considerable cantidad de sustancia estupefacientes (sic) que venía siendo transportada por el imputado, la misma intensidad del dolo, la forma como venía camuflada la sustancia, la necesidad de pena y su función en este caso concreto, se tasa la pena, y se acuerda y fija que el imputado J.M.O.S., ACEPTA en definitiva la PENA DE PRISIÓN en CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) MESES o lo que es igual a DOCE (12) años de prisión, y como PENA DE MULTA se fija en CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ (4.810) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a la ocurrencia de los hechos.
No se desconoce que la vinculación del imputado a este caso obedeció a una captura calificada en situación de flagrancia, por ello, en este caso resultaría procedente tener en cuenta lo regulado por la ley (sic) 1453 del 24 de junio de 2011 —Ley de seguridad ciudadana—, que en su artículo 57 adicionó el parágrafo único al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, donde se refiere el reconocimiento de 1/4 parte del beneficio del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, norma que regula la aceptación de cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación; en ese entendido, y como quiera que el imputado resultó beneficiado con la eliminación de la causal de agravación de la conducta penal consagrada en el artículo 384 Nº 3 del Código Penal, éste beneficio se constituyó como única rebaja compensatoria por este preacuerdo, resultando inaplicable cualquier otro descuento o beneficio a su favor (CPP, arts. 350 y 351).
Para efectos del presente preacuerdo, se ha pactado, dentro del marco de la legalidad y sin el desconocimiento de las garantías fundamentales, y teniendo en cuenta los criterios para la determinación de pena del artículo 60 y 61 del Código Penal, estableciéndose que se trata de una conducta atentatoria contra la SALUD PÚBLICA, en modalidad CONSUMADA, a título de DOLO, y de igual forma la REDUCCIÓN DE PENA establecida por el artículo 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, establecida como ÚNICA REBAJA compensatoria, en atención a que se trata de la celebración de un preacuerdo por posterioridad a la formulación de imputación y antes de la presentación del escrito de acusación. De la misma manera, se consideraron las CIRCUNSTANCIAS DE MENOR PUNIBILIDAD artículo 55 C.P.; y las de las (sic) CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD del artículo 58 C.P.
Respecto de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, como lo es la suspensión condicional de la ejecución de la pena (C.P., art. 63), al igual que la prisión domiciliaria, como sustitutiva de la prisión (C.P., art. 38), y de todos aquellos aspectos relevantes en la sentencia que se llegue a imponer, de acuerdo al poder discrecional, dentro del marco de la legalidad, quedarán bajo el criterio y razonabilidad del juez de conocimiento al momento de aprobar el presente preacuerdo y emitir la correspondiente sentencia definitiva, temas de los que se efectuará su respectiva evaluación por parte de la Fiscalía y la Defensa, en el preciso momento que se de aplicación a lo establecido en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, en especial se tratará sobre la gravedad y modalidad de la conductas (sic) penal aceptada, la pena de prisión a imponer antes preacordada y el arraigo registrado por el imputado(45) (resaltados originales).
Este preacuerdo, sin embargo, fue improbado por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de XXX el 9 de diciembre de 2013, en la medida que, a su juicio, dada la situación de flagrancia, dicho pacto vulneraba el principio de legalidad porque la única rebaja posible era la descrita en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el 57 de la Ley 1453 de 2011(46) y el derecho a la igualdad respecto de las personas con las personas no capturadas en flagrancia.
Así, partió por recordar que la Corte —sentencia del 11 de julio de 2012— ya había precisado que en casos de aceptación de cargos, el imputado únicamente tendría derecho a una rebaja de un cuarto del beneficio previsto en el artículo 351 de la Ley 906, luego de lo cual, destacó que el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 moduló el monto de la rebaja de pena a que tenían derecho las personas capturadas en flagrancia y que se hubiesen allanado a cargos en la audiencia de imputación, por lo que esa disposición no desconoció los institutos de allanamiento a cargos y preacuerdos y negociaciones.
De esta manera, consideró que, distinto a lo expuesto por el defensor, dicha norma «no vulnera el principio de igualdad, en lo atinente a los beneficios punitivos consignados en la Ley 906 de 2004 frente a los institutos en precedencia enunciados y para aquellos sujetos que no fueron aprehendidos en flagrancia, pues en torno a ese tema no se puede predicar que en ambas circunstancias las personas se encuentran en igualdad de condiciones, pues no es lo mismo haber sido capturado en flagrancia que ser ajeno a tal situación, por cuanto en el primero de los supuestos, surge con mayor nitidez el compromiso penal por esa particularidad, concluyéndose que el desgate del Estado, en orden a investigar la infracción a la ley, es mucho menor cuando media flagrancia que cuando está ausente esa evidencia probatoria; de ahí que no resultaría equilibrado otorgar el mismo beneficio punitivo si el allanamiento a cargos o el acuerdo lo realiza un imputado descubierto en flagrante delito que cuando la aceptación de culpabilidad tiene lugar sin que exista una situación de tanto compromiso probatorio.»
Añadió que, dicho precepto acogió la hermenéutica de la Sala en el sentido que la rebaja punitiva para las personas en situación de flagrancia, no podía alcanzar el 50% y que, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 348 ejusdem, el fiscal está obligado a observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.
En ese orden, se refirió a la Directiva 1 de 2006 en la que se establece que la finalidad de los preacuerdos y negociaciones, será el de lograr una justicia material y efectiva, y que ese instrumento, no podrá utilizarse sólo para resolver casos, acelerar la justicia, descongestionar los despacho judiciales, ni como una forma de conciliación o mediación y que cuando se negocien rebajas de pena, el cálculo de esta, como fruto de la negociación, podrá tener en cuenta factores como la oportunidad del acuerdo y la colaboración para definir el caso, directrices que, a juicio del juzgador no se acataron en el caso concreto.
Claro, no es que por parte del suscrito juez se afirme que los casos de flagrancia estén excluidos de los preacuerdos, lo que se debe tener en cuenta, es que con ellos no se quebrante el debido proceso, el cual cobija el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que en un caso como el presente, donde el imputado fuera de aceptar los cargos por fuera de la diligencia de imputación, resulte beneficiado con un descuento igual al que tendría sino hubiera sido capturado en flagrancia.
Es que resulta inadmisible que una persona que es capturada en situación de flagrancia portando más de de (sic) 5 kilos, por dar un ejemplo lleve 6 kilos, se le formule la imputación, y de inmediato acepte su responsabilidad, únicamente se le rebaje el 12.5% y otra que no se allanó a esa imputación, le encuentren 614 kilos, y a cabio (sic) de nada llegue a un preacuerdo con la Fiscalía 3 meses después, y por efectos de quitarle el agravante, resulte premiada con una rebaja de aproximadamente el 50% que es lo que implica en este caso condenarla sin dicho agravante. Considera este juzgado, que ello no aprestigia la justicia, por el contrario, la desprestigia, resulta cuestionada por la sociedad, a más de que resulta una grave injusticia y rompe con el principio de igualdad ante la ley de personas capturadas en igualdad de circunstancias.
El mensaje que se envía a la sociedad, es: Si es capturado en situación de flagrancia, no se allane en la imputación, y luego preacuerde con la Fiscalía sin dar nada a cambio, que le resulta más benéfico.
La Corte Constitucional en Sentencia C-516 de 2007, a propósito del tema de los preacuerdos, sostuvo que el control que ejerce el funcionario de conocimiento es de carácter eminentemente judicial:
Y no creemos que con estos preacuerdos, se logre la eficacia del ejercicio de la justicia, pues de acuerdo a la ponderación efectuada sobre quien se allana a cargos y quien no lo hace en las mismas circunstancias, y luego sin más logra un preacuerdo con la Fiscalía, no se estaría haciendo una adecuada justicia, yendo en contravía de las pautas del Fiscal General de la Nación, y de la política criminal del estado (sic), siendo una de ellas, el que las personas capturadas en flagrancia, reciban un descuento punitivo inferior al (sic) que no es capturada en tales circunstancias.
Finalmente, debe recordarse lo que en esa ocasión señaló la Sala Penal del Tribunal de XXX, y es que los descuentos de pena que impliquen los preacuerdos, no pueden resultar superiores al descuento que la ley otorga por aceptación de cargos, dependiendo el momento procesal, es decir, que en este caso, el descuento de pena por el preacuerdo no podría ser superior al 12.5%, que es el equivalente a un cuarto del beneficio, y así lo advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 36.507 del 24 de agosto de 2011 con ponencia del doctor J.E.S.S., al decir que:
“Al contrario, la Sala no puede dejar de destacar que la situación de aquél y de quienes suscribieron el “preacuerdo” con la Fiscalía, resultó ampliamente favorecida con una terminación negociada que raya en el desconocimiento de las formas propias del juicio en esa materia, pues al ocurrir dicho pacto después de presentado el escrito de acusación, lo convenido por las partes acusadora y acusada en ningún caso podía ser superior o significar un descuento mayor a la tercera parte de la pena (L. 906/2004, art. 352) que podía imponerles el juez de conocimiento con sujeción a la calificación jurídica de las conductas y a su libertad reglada en la dosificación de la sanción(47).
Recurrida esta decisión por el ente acusador y la defensa fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX en auto de 15 de enero de 2014(48) al considerar que, respecto de las personas capturadas en flagrancia, la única rebaja viable es la de la cuarta parte del beneficio a que alude el artículo 351, teniendo en cuenta que el parágrafo 301 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011 emplea la expresión «sólo»(49) y, en ese orden, la rebaja en la proporción señalada es lo único procedente frente a la aceptación de cargos del capturado en flagrancia y no otro tipo de beneficios como la eliminación de causales de agravación.
Para el efecto, tras expresar que «existe norma expresa que por vía de especialidad, regula lo atinente a los preacuerdos que celebren los capturados en flagrancia y de ahí que sea dicho precepto el aplicable con referencia a la norma general del 351 y no ésta directamente»(50), y aludir al alcance del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal y de la Directiva 1 del 28 de septiembre de 2006 de la Fiscalía General de la Nación, estimó que el artículo 351 «está sujeto no sólo a la limitante del artículo 301, así no lo señale expresamente, sino también a factores tales como la oportunidad del acuerdo, la colaboración para definir el caso, la materialización de una justicia efectiva y el aprestigiamiento de la misma»(51).
De ese modo, habida cuenta que, el acuerdo se adoptó un par de meses después de que el encartado no se allanó a los cargos de la imputación que se le formuló, con ocasión de la captura en flagrancia de que fue objeto y, tampoco medió colaboración alguna con la justicia, el ad quem estimó que «la figura que surge de la situación fáctica no es directamente la establecida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal sino aquella establecida en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, la cual establece los casos de captura en flagrancia»(52).
Para la Sala, no es posible, en principio, confundir las rebajas punitivas que consagran los artículos 301 y 351 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente, pues ellas derivan de situaciones fácticas diversas como son las del capturado en flagrancia y de quien no lo es.
Es necesario diferenciar la situación fáctica del caso para dar aplicabilidad correcta a cada uno de los presupuestos legales citados.
En este sentido, las rebajas por aceptación de cargos de quien es capturado en flagrancia puede llegar a ser diferente de quien no fue capturado en flagrancia hipótesis esta última en que la persona puede realizar preacuerdos con la Fiscalía con el fin de obtener beneficios a cambio de declararse culpable, obviamente previo el cumplimiento de algunos requisitos, descuentos que dependerán de la etapa procesal en la cual se realice la negociación.
La razón de las diferencias en las eventuales rebajas punitivas, entre los dos instrumentos obedece a que en el caso de las capturas en flagrancia el procedimiento se maneja de una forma diferente, puesto que en este caso contra la persona ya existe material probatorio, que de ir a juicio, podría demostrar la responsabilidad del capturado sin necesidad de su correspondiente aceptación, puesto que debe entenderse la flagrancia como una forma de evidencia procesal, debido a que la persona que realiza una conducta considerada ilícita es sorprendida, verbigracia, al momento de realización de la conducta o momentos después, lo cual refleja una de las características propias de esta figura procesal.
De ahí, que tratándose de una persona que fue sorprendida y capturada al momento de ejecutar una conducta punible, no represente para ella, al momento de realizar un preacuerdo con la Fiscalía un descuento mayor al establecido en el parágrafo del artículo 301, el cual con plena claridad establece que “La persona que incurre en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Razón por la cual, si una persona capturada en flagrancia no acepta los cargos en la audiencia de imputación y luego de ella decide aceptar los cargos a cambio de un acuerdo con la Fiscalía para disminuir la pena, ésta no podrá ser mayor a ¼ parte del beneficio consagrado en el 351, esto es, del 50%, así que solo tendrá ¼ del 50% del beneficio.
En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 11 de julio de 2012, M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO:
Así las cosas, lo que quiso el legislador con la modificación introducida al artículo 301, con el parágrafo, fue la de regular el descuento punitivo en los casos de aceptación de cargos o preacuerdos y negociaciones en casos de captura en flagrancia, teniendo en cuenta que si bien el espíritu del legislador fue establecer una figura que permitiera la terminación anticipada de los procesos, ello no puede llevar al absurdo de otorgar descuentos en iguales proporciones a personas que se encuentran en diversas situaciones y que por ende su compromiso y colaboración con la justicia es así mismo desigual.
La persona capturada en flagrancia mal puede pretender, posteriormente y sin cambio de las circunstancias, preacordar rebajas punitivas mayores a las que consagra el parágrafo del artículo 301. El beneficio, como lo dice la Jurisprudencia citada de la Corte Suprema de Justicia, tampoco puede ser de iguales proporciones cómo quiera que los presupuestos de hecho son diferentes respecto de quien no fue capturado en flagrancia, razón de ser lo contemplado con la introducción del parágrafo del artículo 301.
Efectivamente, consagra dicho parágrafo, que la rebaja en aceptación de cargos o preacuerdos y negociaciones que realice el imputado capturado en situación de flagrancia sólo podrá ser de ¼ parte de la establecida en el 351, es decir, de ¼ del 50%, atendiendo, a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y coherencia con la aplicación de la norma, pues de lo contrario, todas las personas capturadas en flagrancia, no aceptarían cargos en la audiencia de imputación y esperarían a celebrar un preacuerdo en una etapa posterior para obtener una rebaja mayor a la que obtendría de aceptar los cargos en dicha audiencia como lo admite la defensa está sucediendo en el Distrito.
En ese orden de ideas, en el caso concreto, se observa que la formulación de imputación en contra de J.M.O. se realiza el 28 de septiembre de 20132(sic), ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Teruel, Huila, sin que el imputado hubiere aceptado los cargos y luego dos meses después el 14 de noviembre de 2013, el delegado de la Fiscalía presenta acta de preacuerdo.
En el preacuerdo el procesado acepta los cargos formulados por la Fiscalía, bajo el entendido que la Fiscalía le solicitaría al juez de conocimiento, que al momento de imponer la sanción que corresponda, le imponga una pena de 144 meses de prisión al suprimirle la agravante prevista en el numeral tercero del artículo 384 del Código Penal, descuento que equivale cerca al 50% de que trata el inciso primero del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que se produce de manera posterior a la audiencia de imputación.
Sin embargo, el juez segundo penal del circuito especializado, no imparte aprobación al mismo, haciendo la salvedad que se estaba enviando un mensaje equivocado a la sociedad al admitir que una persona que no se allano (sic)a los cargos en la audiencia de formulación de imputación, capturada con casi una tonelada de cocaína reciba un descuento del 50% que es lo que casi representa la supresión de la agravante y una persona que en dicha audiencia y con una cantidad de 6 kilos, por ejemplo, acepte cargos solo reciba una rebaja del 12.5%, pues no es eso lo que ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sus pronunciamientos y menos aún lo establecido por el Fiscal General de la nación en sus directrices.
Se encuentra, entonces, claro para esta Sala, que la decisión tomada por el Juez de instancia se encuentra ajustada al procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004 para el caso de celebración de preacuerdos y negociaciones en los casos de captura en flagrancia, tal y como aquí sucede(53).
Ambas decisiones fueron cuestionadas en sede de tutela, pero la Sala de Casación Penal (CSJ SPT-5616-2014(54)) argumentó que la acción constitucional era improcedente habida cuenta que se trataba de un proceso en curso en el que «la parte actora deberá ejercer todas las facultades que le otorga la codificación procesal penal vigente», además que no advirtió la inminencia de un daño irreversible.
Ante tal circunstancia y teniendo en consideración que el procesado tenía la firme intención de aceptar su responsabilidad en los hechos endilgados, el 21 de marzo de ese año suscribió con el ente acusador un nuevo preacuerdo en el que aquél se declaró responsable en los términos de la imputación inicial, es decir, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado, conforme a los artículos 376 y 384.3 del Código Penal, a cambio de lo cual solo recibiría una rebaja de la cuarta parte de la mitad de la pena(55), preacuerdo aprobado el 13 de agosto siguiente por el juez cognoscente(56).
Como era de esperarse el juez de conocimiento condenó a J.M.O.S., en calidad de autor del referido injusto, a las penas principales de doscientos veinticuatro (224) meses de prisión, multa en cuantía de dos mil trescientos treinta y cuatro (2334) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a la privativa de la libertad.
Esta decisión fue confirmada, en su integridad, por el tribunal el 5 de noviembre de 2015(57), oportunidad en la que reiteró, en su integridad, las razones que lo llevaron a ratificar la improbación del primer preacuerdo.
Evidentemente, la no aprobación del preacuerdo del 19 de noviembre de 2013, en el que la Fiscalía excluyó la circunstancia de agravación específica descrita en el artículo 384.3 del Código Penal comportó una irrupción arbitraria de los falladores en el ámbito de discrecionalidad del ente investigador haciendo un control material indebido sobre el nomen iuris determinado por el órgano de persecución penal que no solo obligó a las partes a llegar a un acuerdo acorde con la teoría del caso de los juzgadores sino que conminó al encartado a admitir, en un segundo preacuerdo, la concesión de una escasa rebaja del 12.5% de la pena, dada la situación de flagrancia en que fue capturado el inculpado, que también deviene ilegal, dada la naturaleza del preacuerdo inicial —sobre los términos de la imputación, concretamente la eliminación de una agravante—, que impedía la aplicación del parágrafo del artículo 301 del Código Penal, adicionado por el canon 57 de la Ley 1453 de 2011.
En efecto, en pasada oportunidad, ante un caso similar la Corte fue del criterio que (SP-9853-2014(58)):
Y de manera más reciente, reiteró (CSJ SP14191-2016(59)):
Esta solución resulta compatible con la jurisprudencia desarrollada por la Sala frente a casos similares, en los que ha acudido a la fórmula de reconocer la rebaja de pena correspondiente, cuando, como ocurrió en este caso, el derecho que le asiste al procesado de acogerse a la figura de la sentencia anticipada y a obtener rebajas de pena u otros beneficios por dicho motivo, se frustra por actuaciones imputables a los funcionarios judiciales (CSJ SP, abr. 10/2003, cas. 16528, entre otras).
Así las cosas, para restablecer las garantías vulneradas, la Corte casará el fallo impugnado, pero no declarará la nulidad de lo actuado, sino que le impartirá aprobación al primer preacuerdo, atenderá los términos de ese convenio e impondrá la pena de conformidad.
La eliminación del agravante consagrado en el artículo 384.3 del Código Penal, relativo a la cantidad de estupefaciente incautado, contrario a lo considerado por las instancias, no se ofrece lesivo de las garantías fundamentales debidas a las partes e intervinientes, en la medida que su exclusión, no impide la adecuación de los hechos en la descripción típica básica del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en su modalidad de transportar, pues ninguno de los elementos normativos, característicos de la conducta contra la salud pública, sufre alguna alteración como para que pudiera ser inviable su imputación.
En efecto, se advierte que, pese a la exclusión del aludido agravante, el comportamiento desplegado por O.S., consistente en transportar por el río XXX, a bordo de una embarcación, una alta cantidad de sustancia estupefaciente —cocaína—, sigue estando tipificado en el tipo básico de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Del mismo modo, se observa que dicho preacuerdo se suscribió en una fase temprana del diligenciamiento, un poco después de la audiencia de formulación de imputación, luego, la eliminación de la referida circunstancia intensificadora, en ese preciso instante procesal no se ofrece necesariamente desproporcionado o lesivo del principio de legalidad del delito.
Igualmente, si se observa la manifestación hecha por el procesado ante el juez cognoscente durante la audiencia de verificación del primer preacuerdo, en el sentido que lo pactado con el delegado de la Fiscalía fue libre, voluntario y debidamente informado y asesorado por su defensor, queda a salvo cualquier incertidumbre sobre la existencia de algún vicio del consentimiento.
En ese orden, no existiendo ninguna limitante para tener por aprobado dicho acuerdo, la Sala es del criterio que J.M.O.S. debe ser condenado, a título de autor, del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, descrito en el artículo 376 del Código Penal, en los términos del preacuerdo del 19 de noviembre de 2013, reconocimiento que, en principio, conduciría a imponer las penas principales de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y cuatro mil ochocientos diez (4.810) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, así como la accesoria por igual término de la sanción privativa de la libertad, porque así lo pactaron las partes.
No obstante, habida cuenta que la pena de multa impuesta a O.S. en la sentencia impugnada es inferior a la que se había acordado en un principio, y el recurrente en casación es único —la defensa en representación del acusado—, en salvaguarda del principio de no reformatio in pejus, la Corte optará por seleccionar aquella: dos mil trescientos treinta y cuatro (2.334) salarios mínimos legales mensuales vigentes y no la definida en el primer preacuerdo, equivalente a cuatro mil ochocientos diez (4.810) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo, como quiera que, aún con la rebaja sustancial de pena que la aprobación del primer preacuerdo le irroga al procesado, siguen sin satisfacerse los presupuestos objetivos para que el encartado tenga derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena o a la prisión domiciliaria, porque la sanción privativa de la libertad impuesta es de 144 meses y la pena mínima prevista en la ley para el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es de 128 meses, no le pueden ser concedidos, habida cuenta que son superiores a 4 y 8 años(60), respectivamente.
1. Casar la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de XXX, que confirmó la proferida el 13 de agosto de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de dicha ciudad y en su lugar, aprobar el preacuerdo celebrado por la Fiscalía con el imputado J.M.O.S. el 19 de noviembre de 2013.
2. En cumplimiento del referido preacuerdo aprobado por la Sala, condenar a J.M.O.S., a título de autor, del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, descrito en el artículo 376 del Código Penal, a las penas principales de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y dos mil trescientos treinta y cuatro (2.334) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y a la accesoria por igual término de la sanción privativa de la libertad.
3. Negar a J.M.O.S., la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
4. Comunicar esta determinación a las autoridades indicadas en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, a lo cual se procederá por el Tribunal Superior.
5. Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al tribunal de origen.
Modificación Parcial al voto
Comparto la decisión de la Sala mayoritaria en cuanto hay mérito para condenar al procesado, pero es necesario seguir haciendo de mi parte precisiones en los casos en que la Sala de Casación Penal aprueba un preacuerdo, pues lo hace con base en marco teórico que no comparto, como lo he explicado en los radicados 46684, 44562.
1(sic). Propósito.
En los preacuerdos la sanción y solamente ésta, se puede obtener a través i) de una rebaja en un monto determinado de la pena prevista para el delito, ii) en la cantidad que represente el pacto de no tener en cuenta para la fijación de la sanción lo que represente una agravante o cargo específico (degradación) o para esos mimos propósitos el guarismo de sanción al que equivalga una tipicidad relacionada de reproche punitivo menor (readecuación), sin que ninguno de los supuestos anteriores implique alteración de la responsabilidad por el ilícito cometido, iii) en la porción que fije la pretensión punitiva de la fiscalía, como en la culpabilidad preacordada, iv) o sin beneficio por mandato legal, como cuando se admite el negocio después de iniciado el juicio oral o el ordenamiento prohíbe descuentos dada la naturaleza de la conducta ilícita.
Ninguno de los fines señalados apunta a que con los preacuerdos se renuncia a la responsabilidad del inculpado por el delito cometido, esto último resulta incompatible con la enunciación que el legislador hace en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, allí solamente se tolera por su naturaleza la modificación de la pena, la que se puede obtener a través de instrumentos o procedimientos como la fijación de un monto, la degradación, la readecuación, o la culpabilidad preacordada, ectra.
3.3. La verdad, la justicia y la reparación de los perjuicios ocasionados a la víctima son para ésta derechos constitucionales de los que emergen garantías en el proceso penal.
El agravio a las víctimas se advierte con facilidad si se tiene en cuenta que los perjuicios y la reparación deben corresponder a la responsabilidad penal declarada por el juez en la respectiva sentencia, decisión o declaración ésta que en un proceso de jurisdicción civil no se puede desconocer.
“Y más recientemente, en sentencia 164 de 14 de octubre de 2004, expediente 7637, dijo la corporación: ‘para justificar las razones de tal influencia o interdependencia, ha puntualizado la Corte que los pronunciamientos penales …, de suerte que, una vez sea decidido, en forma definitiva, un preciso punto por el juez penal, no es dable a otro, aunque sea de distinta especialidad, abordarlo de nuevo, pues se encuentra cobijado por la autoridad de la cosa juzgada, postulado que, ‘amén de precaver decisiones incoherentes y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que los asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la sindéresis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es única, ‘y no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario’ (cas. civ. ago. 29/79. Cfme. cas. civ., oct. 12/99, exp. 5253)”.
La solución de los conflictos sociales conforme al artículo 348 del Código de Procedimiento Penal deben respetar los marcos de legalidad y las garantías fundamentales.
“No debe olvidarse, en efecto, que en virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer claramente en que (sic) circunstancias una conducta resulta punible (…). No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de derecho (C.P., art. 113)”.
El deber a que se alude en el párrafo anterior es labor fiscal, que debe realizar y acatar en todas las modalidades de preacuerdos, de ahí que ante la identidad de tarea a cumplir por aquél en los pactos con fines de terminación anticipada del proceso por esa vía, resulte una ratio decidendi lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1260 de 2005.
Pero también la modificación de la responsabilidad penal a través de los preacuerdos puede facilitar el otorgamiento de beneficios indebidos por estar prohibíos por la ley o la Carta Política, afectándose la legalidad y la exclusión de doble beneficios. Ejemplo de estas situaciones se presentan cuando se eliminan agravantes o cargos o se hacen readecuaciones típicas que conllevan superar el factor objetivo para el otorgamiento de un subrogado, sustituto o imposición de una pena especial.
“(…) que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente.
Así, en un concurso delictivo, no puede eximirse de responsabilidad al procesado por uno de los delitos, ese no es el entendimiento que debe darse a la expresión eliminación de un cargo (CPP, art. 350, num. 1º), lo viable es dejar de imponer la sanción por una ilicitud, que no puede ser la del delito base o de mayor gravedad, para no incurrir en impunidad o desprestigio de la administración de justicia.
Al generar el delito acción penal y civil y abarcando ésta última los derechos a la verdad, reparación y justicia de las víctimas, habría una afectación a los derechos y garantías constitucionales de éstos si la Fiscalía y los jueces autorizan literalmente la eliminación de un cargo específico comprendiendo la responsabilidad y la pena.
En sentencias C-037 de 1996 y SU-047 de 1999 la Corte Constitucional declaró sobre el carácter vinculante del precedente que corresponde a la ratio decidendi y el decisun, siendo solamente criterio auxiliar no obligatorio de la actividad judicial los conceptos que corresponden a un obiter dictum, esto es, los dichos de paso sin relación directa con las razones con base en las cuales se resuelve el problema jurídico.
“la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida que se proyectan más allá del caso concreto, tienen fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional”
“(…) una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga”.
En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 2º, del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, que dispone que “Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”, en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente (fuera de texto el resaltado).
“Quinto. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados, la expresión “Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”, contenida en el numeral 2º del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”.
Por ende los derechos de las víctimas (verdad, justicia y reparación) no se afectan cuando en cualquiera de las modalidades de preacuerdos se mantiene la responsabilidad conforme al delito cometido y lo único que se modifica es la pena, esta última mutación es la que corresponde exclusivamente a razones de política criminal, a las rebajas o beneficios por justicia premial.
La rebaja, por límites legales, será hasta del 50% si el convenio se realiza entre la formulación de imputación y antes de la presentación del escrito de acusación (CPP, art. 350-1 y 351-1); de la tercera parte si es posterior a la presentación del escrito de acusación y hasta antes del inicio del juicio oral (art. 352 ídem), o de la sexta parte si es en el juicio oral, pacto éste que debe ser expresado cuando se conceda la palabra al procesado para que se declare inocente o culpable (art. 358 ibídem).
Así las cosas, la aceptación de responsabilidad es presupuesto del beneficio que puede otorgarse, esto es, que sin declararse culpable del delito(s) atribuido por la Fiscalía en la imputación o acusación no se puede obtener el premio, éste está en el monto de sanción que corresponda a una causal de agravación punitiva, o algún “cargo específico”.
Registrada la situación en los términos explicados en el párrafo anterior, en el preacuerdo debe consignarse luego el beneficio, la disminución de la pena calculada en los términos ya indicados para cuando se acude a alguno de los supuestos del numeral 1ª del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal.
En párrafos anteriores se han ofrecido las razones por las que no hay lugar a modificar la estricta tipicidad que corresponde a los hechos juzgados en los preacuerdos, por tanto el beneficio que resulta del negocio jurídico en la modalidad de eliminación de una agravante no conlleva la modificación de la responsabilidad penal y representa exclusamente la deducción de lo que equivale punitivamente en la tasación de la pena los conceptos referidos de eliminar una agravante o cargo especifico.
La circunstancia que facilita la degradación punitiva equivale a una fracción de la sanción por una circunstancia fáctica, personal, modal, de tiempo, lugar o cantidad, grado de participación o forma de culpabilidad que incide en la pena, tal sería el caso en el que al responsable por un hurto agravado se le responsabiliza de éste pero se le impone la pena de un hurto simple, o al autor culpable se le sanciona con la pena del cómplice, o al que ejecuta conducta dolosa se le tasa la prisión y las penas accesorias conforme a la modalidad culposa, cuando la naturaleza del reato típicamente lo admite, entre otras eventualidades.
El legislador limitó los beneficios en los preacuerdos, otorgando el derecho a ellos si se celebran en determinado momento procesal, no fueron previstos si el negocio jurídico se realiza con posterioridad al inicio del juicio oral pero antes de la presentación del caso en el juicio oral y también los excluyó para determinadas conductas punibles por su gravedad o la condición de la víctima (minoría de edad o feminicidio).
De no estar excluido los sustitutos o subrogados, se rigen por los requisitos relacionados con factores objetivos y subjetivos, estos últimos se apreciaran conforme a lo demostrado en el proceso y los primeros (los factores objetivos) dependen del marco de punibilidad aplicado para individualizar la pena en el caso concreto y la sanción impuesta, siendo entonces estos criterios los que han de tenerse en cuenta para conceder o negar el sustituto penal.
Los supuestos para la definición de los subrogados, cuando no se trata de exclusiones o prohibiciones, se circunscribe no a la responsabilidad declarada sino sobre la pena impuesta y el marco de punibilidad de donde se deriva ésta, de ahí depende normativamente el requisito objetivo de aquellos, el marco de punibilidad no es el del tipo penal que se tuvo en cuenta para definir la responsabilidad sino el que resulta de la punibilidad negociada para el caso concreto y la sanción impuesta.
30 ART. 5º—“Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”.
31 Radicado 43.356.
32 Radicado 45.594.
33 ASENCIO MELLADO, José María. Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: Trivium, págs. 17-18.
34 El inciso segundo y su numeral segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, dicen textualmente: ART. 350.—[…] El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.
35 CSJ AP, 15 de julio de 2008, radicación 29994; CSJ AP, 14 de agosto de 2013, radicación 41375; CSJ SP, 21 de marzo 2012, radicación 38256; CSJ SP, 6 de febrero 2013, radicación 39892 y CSJ AP, 16 de octubre de 2013, radicación 39886.
36 Radicado 71.128.
37 En ese sentido puede confrontarse en lo pertinente, radicación 34022, sentencia de 8 de junio de 2011, radicación 40739, auto de 6 de marzo de 2013.
38 Radicado 41.375 del 14 de agosto de 2013.
39 T-996 de 2003 y T-579 de 2006.
40 Delimitación de funciones entre el juzgador y el fiscal.
41 Radicado 45.736.
42 STP17226-2014, STP3646-2015 y STP10043-2015, radicados 76549, 78742 y 80476.
43 Cfr. folios 11-14 de la carpeta 1.
44 Cfr. folios 1-8, cuaderno 2.
45 Cfr. folios 5-6 ibídem.
46 Cfr. folios 19-28 ibídem.
47 Cfr. folios 25-27 ibídem.
48 Cfr. folios 10-24 ibídem. Se destaca que, contra la decisión del tribunal, J.M.O.S. formuló acción de tutela que fue declarada improcedente mediante Sentencia STP5616-2014, en tanto consideró que se trataba de un proceso en curso y que tampoco se probó un daño irreversible o un perjuicio capaz de lesionar los derechos del accionante. Cfr. folios 42-52, cuaderno 4.
49 Cfr. folio 15, cuaderno 3.
50 Cfr. folio 16 ibíd.
51 Cfr. folio 17 ibíd.
52 Cfr. folio 18 ibíd.
53 Cfr. folios 18-23 ibíd.
54 Radicado 73.396.
55 Cfr. folios 1-8, cuaderno 4.
56 Cfr. folios 72-76 ibíd.
57 Cfr. folios 10-29, cuaderno 6.
58 Radicado 40.871.
59 Radicado 45.594.
60 Conforme a los artículos 38B y 63 —modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014— aplicables al caso por ser más favorables que los cánones 38 y 63 originales de la Ley 599 de 2000 —vigentes al tiempo de los hechos—.

References: artículo 301
 artículo 443
 artículo 29
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 8
 artículo 301
 artículo 348
 artículo 301
 artículo 351
 artículo 57
 artículo 301
 artículo 301
 artículo 384
 artículo 350
 artículo 384
 artículo 376
 artículo 61
 artículo 55
 artículo 58
 artículo 57
 artículo 301
 artículo 351
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 artículo 60
 artículo 350
 artículo 55
 artículo 58
 artículo 447
 artículo 301
 artículo 351
 artículo 57
 artículo 348
 artículo 351
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 artículo 351
 artículo 301
 artículo 351
 artículo 301
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 artículo 351
 artículo 301
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 artículo 301
 artículo 384
 artículo 351
 artículo 384
 artículo 301
 artículo 384
 artículo 376
 artículo 376
 artículo 166
 artículo 348
 artículo 348
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 350
 artículo 29