Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/05/08/legitimacion-de-asociacion-de-consumidores-para-reclamar-a-empresa-de-telefonia-que-reintegre-sumas-percibidas-indebidamente/
Timestamp: 2019-10-17 21:04:59+00:00

Document:
Legitimación de asociación de consumidores para reclamar a empresa de telefonía que reintegre sumas percibidas indebidamente – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. – ley 24240 y otro s/ amparo proceso sumarísimo
Cita: MJ-JU-M-84742-AR | MJJ84742 | MJJ84742
La Corte reconoce legitimación a una asociación de consumidores para demandar a una empresa de telefonía, a fin de obtener el reintegro de conceptos ilegítimamente percibidos de sus usuarios.
1.-Corresponde reconocer la legitimación procesal de una asociación de consumidores para reclamar el reintegro de las sumas percibidas por una empresa de telecomunicaciones a sus usuarios por conceptos ilegítimos – Tasa de Control, Fiscalización y Verificación y Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal- toda vez que dicha imposición configura un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos y su pretensión está concentrada en los efectos comunes para todos los sujetos afectados, en tanto la conducta cuestionada afectaría por igual a todos los usuarios del servicio de telefonía móvil prestado por la demandada.
2.-Es procedente el reclamo de la asociación de consumidores pues se enmarca dentro de su objeto estatutario, en tanto ésta declara entre sus propósitos difundir y defender los derechos de los usuarios y consumidores que resultan del art. 42 de la CN., promoviendo la protección de su salud, seguridad e intereses económicos de los mismos y a un información adecuada y veraz… -cfr. Art. 2° del estatuto-.
3.-Si no se reconociera la legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, pues no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda, puesto que la escasa significación económica de las sumas en cuestión, individualmente consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable
4.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia, pues la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los usuarios de cualquier producto o servicio, y con ello omitió considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá de manera distinta en sus integrantes (del voto del Dr. Petracchi por su fundamento en el precedente ‘PADEC’ al que remite).
5.-La circunstancia de que existan consumidores o usuarios que, eventualmente, no tengan interés en formar parte de la acción, no resulta un impedimento para otorgar legitimación a las asociaciones para defender los intereses del resto (Del voto del Dr. Petracchi por su fundamento en el precedente ‘PADEC’ al que remite).
5.-En principio, debe reconocerse legitimación activa a los sujetos mencionados en el art. 43, segundo párr. , de la CN. cuando alguno de ellos ha presentado una acción contra lesiones a los bienes especialmente presupuestos en la misma cláusula, los cuales son: ausencia de toda forma de discriminación, el ambiente sano, la competencia económica y la posición del usuario o el consumidor (del voto de la Dra. Argibay por su fundamento en el precedente ‘PADEC’).
6.-La legitimación activa de la asociación de consumidores surge directamente del art. 55 de la ley 24240, más allá del régimen constitucional de la acción de amparo en relación con este tipo de derechos, para promover el dictado de una sentencia con efectos sobre todo un grupo de personas que no son parte en el juicio (del voto de la Dra. Argibay por su fundamento en el precedente ‘PADEC’).
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó la demanda deducida por la Unión de Usuarios y Consumidores contra Telefónica Comunicaciones Personales S.A., con el objeto, en cuanto resulta pertinente -yen los términos del escrito de inicio-, de que se ordene a dicha prestataria: el cese de la imposición a los usuarios del servicio del pago de la “Tasa de control, fiscalización y verificación y del “Aporte al fondo fiduciario del servicio universal” y, asimismo, el reintegro de las sumas percibidas por tales conceptos, más intereses (v. fs. 2 Y345/350).
Para así decidir, el tribunal sostuvo que la legitimación de la personas indicadas en el artículo 43 de la Constitución Nacional se hallaba limitada a los supuestos en que se encuentren comprometidos derechos de incidencia colectiva, más no derechos subjetivos, individuales, divisibles y disponibles por los ciudadanos, usuarios o consumidores, como, afirmó, es el caso de autos.
En este punto, los magistrados resaltaron que como consecuencia del desistimiento de la acción deducida contra el Estado Nacional por la parte actora, con motivo del dictado de la Resolución de la Secretaría de Comunicaciones N° 279/01 (B.O.10/08/01), que ordenó a todas las compañías prestadoras de telefonía móvil el cese en la práctica de individualizar en la facturación a sus clientes los importes correspondientes a la Tasa de Verificación y Aporte al Fondo del Servicio Universal, la pretensión quedó reducida a la restitución -a un número determinado de usuarios- de las sumas facturadas en concepto de la “Tasa de control, fiscalización y verificación”.
Los jueces entendieron que de los artículos 52, 55 Y 56, inciso e), de la Ley N° 24.240, surge que la legitimación para reclamar es sólo de su titular y sólo cuando se afecten derechos colectivos o difusos, que -a su juicio- no es el supuesto de autos, podrían accionar judicialmente las asociaciones de consumidores o usuarios legalmente inscriptas.
Contra dicho pronunciamiento, Unión de Usuarios y Consumidores dedujo recurso extraordinario, que fue concedido (fs. 354/373 y 389). En ajustada síntesis, sostiene que existe cuestión federal, en tanto se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas constitucionales (en particular, el arto 43 C.N.).
En particular, aduce que la Cámara para rechazar la legitimación colectiva de la parte actora, se sustentó en que la legitimación reconocida en la Ley N° 24.240 debe entenderse vinculada a la categoría de “derechos de incidencia colectiva” reconocidos en la Constitución Nacional en relación con la tutela del amparo colectivo (art.43, C.N.), omitiendo toda consideración a los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional, cuya vulneración motiva el caso de autos.
Argumenta que la divisibilidad y la patrimonialidad no impiden ni obstaculizan, la configuración de los derechos de incidencia colectiva -individuales homogéneos- pues esta categoría involucra también intereses patrimoniales, en particular relativos a relaciones de consumo, y en la medida en que se manifiesten en situaciones de homogeneidad frente a una causa común de afectación y se verifiquen dificultades de defensa y protección en términos individuales, especialmente relativas al eficaz acceso a la justicia. Afirma que todo ello se encuentra configurado en el sub lite, donde la imposición ilegítima a los usuarios de la “Tasa de Control, Verificación y Fiscalización” y el “Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” que constituían tributos a cargo de la prestataria, equivalen al 1,5% de la facturación, y, en consecuencia, los costos de tiempo, recurso, información y gestión de un reclamo, son diametralmente mayores que la significación individual del reintegro.
Además, la recurrente señala que la tutela colectiva de los derechos de los usuarios y consumidores está reconocida expresamente por el artículo 43 de la Constitución Nacional, sin restricción alguna vinculada con la patrimonialidad o la divisibilidad de tales derechos, sin perjuicio que la presente acción, aclara, fue promovida en los términos de los artículos 52 y 55 de la Ley N° 24.240 (no se trata de una acción de amparo colectivo). En este sentido, afirma, se ha expedido el Máximo Tribunal, contrariamente a lo expuesto por la alzada (cita, entre otros, el voto del ministro doctor Juan Carlos Maqueda en Fallos 330:2800 ).
Desde otro lado, alega que la interpretación efectuada por la Cámara anula la actuación futura de la Unión de Usuarios y Consumidores, ya que su objeto es la defensa de los derechos de los usuarios.
En primer lugar, y habidacuenta que las cuestiones materia de recurso, en orden a la interpretación de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional en relación con la legitimación de las asociaciones de consumidores en acciones como la aquí entablada en los términos de la Ley N° 24.240, resultan sustancialmente análogas a las estudiadas por esta Procuración General con fecha 30 de marzo de 2009, en la causa “Padec c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales” (S.C. P. 361; L. XLIII), compartiendo los fundamentos del Máximo Tribunal en el precedente de Fallos 332:111 “Halabi” , me remito a sus términos y conclusiones, en razón de brevedad.
Entonces, subyacen los aspectos que hacen al fondo del asunto, vinculados con la procedencia -o no- de la pretensión de la asociación actora, que no han sido tratados por la alzada, dada la resolución que adoptó en orden a la legitimación activa, más allá de la referencia que a fojas 350 efectuó el tribunal respecto del alcance del objeto de la demanda (que no se ajusta estrictamente a lo pretendido por la Unión de Usuarios y Consumidores, conforme surge de fs. 316, 357). Considero que ello es así, desde que tal mención no posee habilidad para limitar la pretensión, sino que formó parte de una exposición de hechos en el marco de la fundamentación del rechazo de la legitimación de la actora.
Por las consideraciones que anteceden, soy de opinión de que corresponde revocar la sentencia apelada y devolver los autos al tribunal de origen, para que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento respecto del fondo del asunto.
Vistos los autos: “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. – ley 24.240 y otro s/ ampo proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2°, C.P.C.y C.)”.
1°) Que la asociación civil “Unión de Usuarios y Consumidores” promovió demanda en los términos del art. 53 de la ley 24.240 contra Telefónica Comunicaciones Personales S.A., con el fin de que cese su conducta de imponer a los usuarios de sus servicios el pago de la “Tasa de Control, Fiscalización y Verificación” (la “tasa”) y del “Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” (el “aporte”), y a restituirles las sumas ilegítimamente percibidas por tales conceptos durante el período comprendido entre ello de enero de 2001 y la fecha en que se produjera el efectivo cese del obrar cuestionado. si bien la acción también fue dirigida contra el Estado Nacional, a fin de que se lo obligara a cumplir con su deber de controlar la actividad empresaria de la prestadora del servicio de telefonía móvil, posteriormente la asociación desistió de tal pretensión, en el entendimiento de que había desaparecido la situación que la motivaba, pues, al dictar la resolución 279/01 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación -por la que se intimó a todas las prestadoras de telefonía móvil a cesar en la práctica de individualizar los importes correspondientes a la “tasa” y el “aporte” en la facturación a sus clientes-, la administración había ejercido en forma adecuada su deber de contralor.
2°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la asociación no se encontraba legitimada para deducir una acción colectiva como la intentada en autos y, en consecuencia, revocó la sentencia de la jueza de primera instancia, por la que se había hecho lugar a la demanda y ordenado a Telefónica Comunicaciones Personales S.A.que se abstuviera de facturar a sus clientes cualquier suma que implicara el traslado de la “tasa” y del “aporte”, y que devolviera los importes que había cobrado en tales conceptos.
Para decidir de ese modo, el a quo sostuvo que la ampliación del universo de sujetos legitimados para accionar por la vía del amparo, tradicionalmente circunscripto a los titulares de un derecho subjetivo individual, operada en la reforma constitucional de 1994, había sido establecida como medio para la protección de los derechos de incidencia colectiva, y no para permitir un reemplazo de los particulares en la defensa de sus derechos patrimoniales. En ese sentido, afirmó que la legitimación de las personas indicadas en el arto 43 de la Constitución Nacional, entre las que se menciona a las asociaciones que propendan a la protección de los consumidores, se encontraba limitada a los supuestos en los que se encontraran comprometidos derechos de incidencia colectiva, pero no derechos subjetivos, individuales o exclusivos de los usuarios o consumidores. Añadió que del juego armónico de los arts. 52, 55 Y 56 de la ley 24.240 surgía que en caso de lesión directa a un derecho subjetivo individual, solo su titular tenía legitimación procesal. Para efectuar un reclamo judicial. En consecuencia, concluyó que, con el desistimiento de la demanda respecto del Estado Nacional, el planteo incoado en autos había quedado circunscripto a-la restitución, a un número determinado de usuarios, de las sumas facturadas en concepto de “tasa”, de manera que el obj eto de la pretensión concernía a un derecho de carácter patrimonial, subjetivo, individual, divisible y disponible únicamente por su titular (fs. 345/35 O vta.).
3°) Que contra esa decisión, la actora interpuso el recurso extraordinario federal de fs. 354/373 vta., que fue concedido a fs.389, por encontrarse cuestionada la interpretación del arto 43 de la Constitución Nacional.
4°) Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte son sustancialmente análogas a las examinadas en la causa P.361.XLIII, “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, fallada el 21 de agosto de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde, en lo pertinente, remitir en razón de brevedad.
5°) Que ello es así pues el derecho cuya protección procura la actora en el sub examine es de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, y se encuentran cumplidos los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por esta Corte en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111).
En efecto, en el sub lite existe un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos: la imposición por parte de Telefónica Comunicaciones Personales S.A. de la “Tasa de Control, Fiscalización y Verificación” y del “Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal” a sus usuarios.
Además, la pretensión de la actora está concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase de los sujetos afectados, en tanto la conducta cuestionada afectaría por igual a todos los usuarios del servicio de telefonía móvil prestado por la demandada.
Asimismo, de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, pues no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda.
Ello es así puesto que la escasa significación económica de las sumas en cuestión, individualmente consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable. Así lo demuestran las constancias de fs.44/45, de las que surge que, en el caso del usuario allí individualizado, las sumas abonadas en concepto de “tasa” fueron de $ 0,96 Y $ 1,48, para los meses de enero y marzo de 2001.
Por otra parte, el reclamo deducido en autos se enmarca dentro del objeto estatutario de la asociación actora, en tanto ésta declara entre sus propósitos “difundir y defender los derechos de los usuarios y consumidores que resultan del artículo 42 de la Constitución Nacional, promoviendo la protección de su salud, seguridad e intereses económicos de los mismos y a una información adecuada y veraz .,” obrante a fs. 31) (cfr. arto 2° del estatuto, Por todo lo expuesto, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI – CARLOS S. FAYT – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – ENRIQUE S. PETRACCH I – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY –
Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte resultan sustancialmente análogas a las examinadas en la causa P.361.XLIII. “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, fallada el 21 de agosto de 2013 -voto del suscripto-, a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir en razón de brevedad.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE S. PETRACCHI
Que las cuestiones traídas a conocimiento de esta Corte resultan sustancialmente análogas a las examinadas en la causa P.361.XLIII. “PADEC c/ Swiss Medical S .A. si nulidad de cláusulas contractuales”, fallada el 21 de agosto de 2013 -voto de la suscripta-, a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, corresponde remitir en razón de brevedad.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Notifíquese y oportunamente, devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY
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