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Timestamp: 2018-09-24 03:21:59+00:00

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TÍTULO I. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO
No se encontró disposición al respecto.
TÍTULO II. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y LA JURISDICCIÓN.
DESOBEDIENCIA (ARTÍCULO 134)
Dictamen No. 300. Acuerdo No. 9 de 10 de enero de 1989. Determinación. Antecedentes.
El delito de desobediencia, permite castigar al funcionario judicial o administrativo, que no dé cumplimiento a resolución firme u orden dictada por el Tribunal o autoridad competente y revestida de las formalidades legales, sin tener que poner en conocimiento del superior jerárquico a que esté subordinado dicho funcionario, el incumplimiento de la resolución u orden.
Se trata de un delito especial, cuyo antecedente en el CP de 1979 se encuentra en el artículo 144, que contenía una formulación distinta, y consistía en la negativa al cumplimiento de sentencia, resolución u orden de la “autoridad jerárquica superior”; es decir, el sujeto desobedecía la decisión de su superior en grado. Sobre esta conceptuación recayó el Dictamen No. 137 de 16 de febrero de 1982 y el Acuerdo No. 79 de 10 de junio de 1986 –ambos sin vigencia–. La redacción actual, evita los problemas de la anterior, ya que el tipo no limita la desobediencia a la decisión del superior en grado. Sobre el concepto de funcionario judicial, puede resultar útil, como antecedente, lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1909, donde bajo la denominación general de Funcionarios del Orden Judicial, quedaban comprendidos los Magistrados del Tribunal Supremo y Audiencias; los Jueces –cualquiera que fuera su denominación o clase– y sus suplentes respectivos. Siguiendo esta interpretación, sólo los Jueces son funcionarios judiciales.
Determinación. Secreto bancario. Acuerdo No. 10 de 19 de febrero de 1991.
Los directores de las agencias bancarias, están obligados a suministrar a los Tribunales, la información que estos reclamen sobre el monto de cuentas u operaciones bancarias, con independencia del tipo de proceso –civil o penal-; y de negarse a ofrecer los datos solicitados, incurrirán en el delito de desobediencia.
ATENTADO (ARTÍCULO 142)
Sujeto pasivo. Vigilante nocturno. Dictamen No. 282. Acuerdo No. 126 de 8 de diciembre de 1987.
Los vigilantes nocturnos –cuerpo especial creado por la Resolución No. 25 de 9 de junio de 1987 del Ministro del Interior– son sujetos pasivos de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, por tener idénticas funciones y carácter que los auxiliares de los agentes de la autoridad.
Determinación. Diferencia con el robo con violencia (artículo 327.2a). Dictamen No. 391. Acuerdo No. 331 de 28 de diciembre de 1999.
En caso que la víctima objeto de una sustracción de bienes, transcurrido un tiempo, encuentre al autor del hecho con el bien desapoderado, y éste le impida mediante la violencia o amenaza, recuperar lo que le pertenece, incurre en el delito de atentado, de la modalidad del apartado 2 del artículo 142; pues la víctima en ese momento, estaba contribuyendo a la aplicación de las leyes; y por tanto, pasa a ser un agente pasivo de este delito.
Si la violencia o amenaza de inminente violencia, para retener lo sustraído, se emplea inmediatamente después de cometido el hecho, entonces se está en presencia del delito de robo con violencia, previsto en el apartado 2, inciso a, del artículo 327. El Dictamen es parco en su explicación, y me surge la duda siguiente: ¿Para la integración del citado delito de atentado, basta con que la víctima se limite a intentar recuperar, o recuperar, el bien que le fue sustraído; o es necesario un propósito ulterior, el de someter al malhechor a la persecución penal para que responda de sus actos? Me inclino por la segunda interpretación, de acuerdo con el Título y delito, aunque el Dictamen no hace distinción.
La comentada modalidad del delito de atentado, no estaba comprendida en el Código de 1979, ni en la versión original del Código en uso, fue fruto de una modificación legislativa en 1994.
RESISTENCIA (ARTÍCULO 143)
DESACATO (ARTÍCULO 144)
Sujeto pasivo. Inspectores de las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo y Salud Pública. Dictamen No. 218. Acuerdo No. 42 de 19 de marzo de 1985.
Los inspectores de las Direcciones Municipales de Arquitectura y Urbanismo y los inspectores de vectores de las de Salud Pública, debidamente identificados como tales, y en el ejercicio de las actividades propias de su cargo –en calidad de agentes o auxiliares de funcionario público– al ser objeto de amenazas, calumnias, difamación, insultos, injurias o de cualquier modo de ultraje u ofensa, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, son sujetos pasivos del delito de desacato.
Para la integración de este delito, constituye un requisito indispensable, “el propósito despectivo”; si este no existe, no hay desacato, aun cuando las frases proferidas, o escritas, vistas objetivamente, estén comprendidas en alguna de las acciones típicas descritas; lo antes afirmado, hace inadmisible la “excepción de verdad”, que aparecía en el derogado Código de Defensa Social.
Sujeto pasivo Presidente del Consejo Popular. Dictamen No. 365. Acuerdo No. 47 de 13 de septiembre de 1995.
El Presidente del Consejo Popular, reúne los requisitos que exige el artículo 173, por tanto, se trata de un funcionario público; sujeto pasivo del delito de desacato.
Ver, bajo este propio delito, los comentarios al Dictamen No. 218 –“propósito despectivo”–.
DENEGACIÓN DE AUXILIO (ARTÍCULO 145)
Ejemplos de comisión. Dictamen No. 171. Acuerdo No. 173 de 22 de noviembre de 1983.
El delito de denegación de auxilio, de la modalidad descrita en el inciso a) del apartado primero del artículo 161 del CP de 1979 –hoy comprendido en el artículo 145 con distinta formulación– presenta como supuesto de comisión, la resistencia por parte de un funcionario público a prestar ayuda, cooperación o auxilio a un Tribunal o a otro funcionario público para la ejecución de un acto de su competencia, como sería, por ejemplo, la negativa de una persona a exhibir los objetos y documentos que tenga en su poder, y que guarden relación con la comprobación de un hecho delictivo, a que se refiere el artículo 230 de la LPP, o la cooperación que pide un agente de la Policía a otro para detener a un delincuente.
De la forma que aparece redactado el delito en la Ley actual, en los señalados ejemplos, para su integración se requiere –además– que la omisión haya causado “grave perjuicio para el interés nacional o daño grave para una persona”.
DESOBEDIENCIA (ARTÍCULO 147)
Determinación. Suspensión de obra nueva. Dictamen No. 157. Acuerdo No. 33 de 1ro de marzo de 1983.
El incumplimiento de la orden dada por funcionarios competentes, en el caso a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 417 de la LPCAL –Suspensión de obra nueva–, reúne todos los elementos típicos del delito de desobediencia del artículo 147 –artículo 159 en el CP de 1979–; porque de modo manifiesto incumple un mandato legal, aquel que fue apercibido de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir al ordenarse la paralización de la obra.
¿Constituye un requisito para la persecución del invocado delito, que el presunto responsable haya sido apercibido de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir por incumplir el mandato del Tribunal; o basta el mero incumplimiento, aun cuando no haya sido apercibido?
Determinación. Incumplimiento de sentencia civil. Dictamen No. 164. Acuerdo No. 117 de 19 de julio de 1983.
La negativa a dar cumplimiento a una sentencia civil, sin más, no integra el delito de desobediencia, ya que el proceso civil –artículo 473 y siguientes– establece los mecanismos adecuados para dar cumplida solución a los problemas emergentes que puedan surgir en vía de ejecución; y sólo podrá promoverse una acción penal cuando el obligado a cumplir una sentencia civil, ejecute actos previstos, como delito para impedir dicha ejecución.
La consulta parte del supuesto, de que por sentencia firme en un proceso ordinario, se dispuso que la persona que posee un bien lo entregue a otra, y después de requerido en forma legal dándole un plazo para su cumplimiento, éste se niegue a entregar lo que está obligado.
En la consulta se hace alusión a un Acuerdo del CGTSP –cuya real existencia he verificado–, el No. 105 de 3 de marzo de 1975, el que en su apartado 5 (inciso a) afirma: “es absolutamente ilegal decretar una sanción penal por el incumplimiento de una obligación civil y administrativa”.
Determinación. Incumplimiento de sentencia civil .Dictamen No. 204. Acuerdo No. 159 de 25 de octubre de 1984.
La mera negativa del demandado a cumplir la sentencia recaída en un proceso civil, no constituye delito, porque en esa esfera del derecho se regula el procedimiento para la ejecución forzosa de la sentencia; y el actor viene obligado a utilizar esa vía a fin de ejecutar la declaración judicial; en consecuencia, sólo si el ejecutado comete alguno de los delitos previstos en el Código Penal, es que surge la acción penal para perseguir al autor de ese hecho.
Reitera el criterio emitido en el Dictamen No. 164 de 1983 (ver en este delito).
Determinación. Ocupación ilegal de tierras o viviendas.Dictamen No. 359. Acuerdo No. 16 de 4 de abril de 1995. Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995.
El delito de desobediencia puede ser cometido en el momento de la ejecución de la resolución administrativa, que dispone la extracción de quien ha ocupado ilegalmente una vivienda o un terreno, si el infractor se niega a cumplir, o no cumple, las órdenes o disposiciones de los funcionarios o agentes de la autoridad que participan en el referido acto –impartidas a los fines perseguidos– siempre que la conducta del sujeto activo no llegue a configurar otro delito de mayor gravedad. De igual forma, aquel que –persistiendo en su propósito– reitera su introducción de manera ilícita, en la misma u otra vivienda o local, de los que fue extraído, muestra inequívocamente su ánimo y decisión de incumplir las disposiciones de las autoridades y funcionarios, y configura –con dicho comportamiento– el delito de desobediencia, previsto y reprimido en el artículo 147.
No es posible la comprensión del Dictamen No. 359, sin la lectura del Acuerdo aclaratorio No. 37 de 7 de agosto de 1995. En el apartado 5 del Dictamen se afirma “Tomando en consideración que ambos procedimientos y regulaciones de carácter administrativo, contemplan además, la forma de ejecutar y hacer efectiva sus propias resoluciones, cuando los sujetos se nieguen a cumplir lo dispuesto, tampoco se corporificará el delito de desobediencia que recoge el artículo 147, del Código Penal vigente, sin que lo anterior obste para que los Tribunales competentes, conozcan de posibles delitos incluyendo el de desobediencia mencionado, que se cometan en el acto de ejecutar esas resoluciones”
Prima facie, parece contradictorio lo que se afirma en el Dictamen con lo transcripto anteriormente del Acuerdo aclaratorio, pero no es así. Interpreto, tomando como base las disposiciones análogas emitidas sobre esta materia, que ante el requerimiento por funcionarios de las direcciones del Ministerio de la Agricultura o de la Vivienda –en los niveles correspondientes– para abandonar la tierra o vivienda ocupada ilegalmente, la simple negativa, no constituye el invocado delito. Hay normas que regulan la ejecución forzosa, para llevar a vías de hecho el cumplimiento de las resoluciones de los citados Organismos de la Administración del Estado.
Determinación. Incumplimiento de sentencia civil. Dictamen No. 368. Acuerdo No. 17 de 28 de marzo de 1996.
La “ocultación o desaparición intencional” de determinado bien, por parte del obligado a entregarlo, para eludir el requerimiento judicial que lo conmina a ello, difiere de la conducta que se manifiesta cuando el sujeto, simplemente se niega teniendo el bien en su poder, que es a la que se contrae el Dictamen No. 164, al expresar “que la mera negativa a cumplir lo dispuesto en una sentencia civil no integra el delito de desobediencia”, ya que la Ley procesal posibilita los medios para lograr su efectiva ocupación; por tanto, el hecho de la “ocultación o intencional desaparición”, es un supuesto diferente a la simple negativa a cumplir el mandato judicial, incurriendo aquí su comisor en el delito de desobediencia. En el supuesto que el sujeto poseyera los bienes, previa diligencia de exhibición y depósito por disposición del Tribunal, el delito sería otro.
En caso de tener los bienes en depósito, el Dictamen no expresa qué delito comete ¿Acaso es el de apropiación indebida de ser bienes ajenos?
EJERCICIO ARBITRARIO DE DERECHOS (ARTÍCULO 159)
Determinación. Conflicto entre padres. Guarda y cuidado no regulada. Dictamen No. 48. Acuerdo No. 543 de 27 de diciembre de 1978.
En tanto no exista decisión judicial expresa, atribuyendo a uno de los padres la guarda y cuidado de los hijos habidos en matrimonio formalizado o no, ha de entenderse a ambos con igual derecho e idéntico deber, a mantener los mismos bajo su protección y abrigo en el ejercicio de la patria potestad, en los términos a que se contrae el artículo 85 del Código de Familia; y por tanto, el mero acto de uno u otro de llevarlos consigo, no puede estimarse que constituya el delito de ejercicio arbitrario de derechos, ni otro alguno, sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad penal que pueda derivarse de la realización de actos penales de otra clase, que pudieran llegar a cometerse para mantener o adquirir la citada guarda y cuidado.
Determinación. Disposición sobre bienes de comunidad matrimonial no liquidada. Dictamen No. 180. Acuerdo No. 15 de 31 de enero de 1984.
Si un ex cónyuge de matrimonio disuelto legalmente, sin liquidar la comunidad matrimonial de bienes, y antes del año de extinción de dicho vínculo, se persona en el otrora domicilio común, y contra la voluntad del otro ex cónyuge que tiene la posesión de los bienes en ese momento, se lleva determinados artículos que cree le pertenecen; así también en caso de matrimonio no formalizado; no comete el delito de ejercicio arbitrario de derechos; pues es reiterada la doctrina, de que las partes están obligadas a ejercitar las acciones establecidas en la ley para las reclamaciones que se consideren con derecho, y no otras distintas. En consecuencia, en los aludidos supuestos, el ordenamiento jurídico franquea especialmente la acción para obtener la división de la cosa común en el procedimiento de divorcio o división de bienes, y no se debe proceder por la vía penal, a no ser que se hayan cometido hechos que por sus características de abuso de fuerza, violencia u otros revelen peligrosidad social y siempre que reúnan todos los elementos de un tipo delictivo.
Empleo de fuerza. Acuerdo No. 106 de 16 de febrero de 1977.
Incurre en el delito de ejercicio arbitrario de derechos, aquel que para el efectivo cumplimiento de una sentencia dictada en un proceso administrativo, por la que se declara ocupante ilegal a un sujeto, en vez de acudir a la vía de ejecución que establece la ley, pone los muebles de dicho ocupante en la vía pública.
Aun cuando el Acuerdo se adoptó imperando el CDS, resulta de utilidad en el conocimiento de casos análogos.
ENCUBRIMIENTO (ARTÍCULO 160)
Conexidad procesal. Dictamen No. 345. Acuerdo No. 31 de 2 de junio de 1993.
El delito de encubrimiento se encuentra íntimamente relacionado con el delito encubierto; su naturaleza es la de ayudar al culpable a eludir la investigación, por tanto, esta figura aparece estrechamente vinculada con el delito originario, estando comprendida en el supuesto de conexidad del artículo 13, apartado 4, de la LPP; aunque no es de descartar que algún supuesto de este tipo penal, no llegue a conformar la conexidad ya descrita, y sea procedente su conocimiento independiente.
La LPP en sus artículos 108 y 379, establece una regla, y esta consiste “en que cada delito será objeto de un expediente separado, excepto el caso de los delitos conexos, que se conocerán en un solo expediente”. Las causales de conexidad están previstas en el artículo 13 de la LPP, no hay otras; de manera que aunque dos o más delitos parezcan relacionados o vinculados, y se considere que deban ser instruidos conjuntamente en un mismo expediente, si no están comprendidos en las referidas causales de conexidad, han de investigarse en expedientes separados.
Basta el examen de un grupo de causas donde se juzgan pluralidad de delitos, para darnos cuenta, que esta es una de las infracciones procesales en que se incurre con mayor frecuencia, con los inconvenientes que trae a la Administración de justicia.
Hace ya algunos años –década de 1980-, el Tribunal Supremo editó un documento titulado “Las pruebas en los delitos contra la economía nacional y el delito de malversación” –documento de gran valía, lamentablemente en el olvido-, en el que se recomendó a los Instructores, Fiscales y Jueces “Erradicar la nociva práctica de investigar varios delitos en una misma causa sin razón alguna de conexidad o con una arbitraria razón de esta, y cumplir rigurosamente lo dispuesto al respecto en el artículo 108, último párrafo, de la LPP”. En particular se indica al Tribunal “No tolerar el incumplimiento del artículo 108 […]”.
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE DENUNCIAR (ARTÍCULO 161)
El delito de incumplimiento del deber de denunciar, puede resultar conexo con el delito no denunciado, si este incumplimiento se realiza con la finalidad de procurar la impunidad del hecho antecedente, cosa que no sucede en todos los casos; por tanto, de no estar presente dicho propósito, se conocerá en expediente aparte.
Ver comentarios al delito de Encubrimiento (artículo 160).
EVASIÓN DE PRESOS O DETENIDOS (ARTÍCULO 163)
Determinación. Sancionado que no regresa vencido el tiempo del permiso de salida. Dictamen No. 295. Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988.
El sancionado a privación de libertad efectiva, o a trabajo correccional con internamiento, que luego de disfrutar del permiso de salida del centro de extinción de la sanción, no se presenta en el mismo en la fecha indicada, no comete el delito de evasión de presos o detenidos. En el caso del sancionado a privación de libertad efectiva, constituye una infracción del Reglamento Penitenciario, que debe ser reprimida administrativamente; en el del sancionado a trabajo correccional con internamiento, puede motivar la revocación de dicha sanción.
Determinación. Sancionado a prisión efectiva o trabajo correccional con internamiento, que abandona o se ausenta del centro donde extingue sanción o trabaja. Dictamen No. 326. Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de 1991.
Comete el delito de evasión de presos, el sancionado a privación de libertad efectiva o a trabajo correccional con internamiento, que se evada o ausente sin autorización legal, del centro de reclusión o de trabajo, con independencia de la medida disciplinaria que se le pudiera imponer en el primer supuesto; y la revocación de la sanción subsidiaria en el otro.
En cuanto al caso del sancionado a trabajo correccional con internamiento, sostengo que las conductas objeto de la consulta, sólo pueden motivar la revocación de dicha sanción, pero no constituyen el delito de evasión de presos o detenidos; ya que el sancionado a trabajo correccional con internamiento, no tiene la condición de preso o detenido; de todas formas el Dictamen resulta vinculante.
Determinación. Sancionados a trabajo correccional con internamiento, que se evaden de los centros de cumplimiento o lugares de labor. Dictamen No. 327. Acuerdo No. 1 de 22 de enero de 1992.
Reitera lo dispuesto en los antes señalados Dictámenes Nos. 295 y 326, que aparecen bajo este propio delito.
Determinación. Agravación extraordinaria de la sanción (artículo 54. 4). Dictamen No. 398. Acuerdo No. 38 de 28 de marzo de 2001.
La agravación extraordinaria de la sanción, constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. En el delito de evasión de presos o detenidos (artículo 163), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54, porque dicho delito sólo se comete, hallándose su autor extinguiendo una sanción o medida de seguridad, o estando sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, lo que constituye un presupuesto para la integración del referido tipo penal (ver artículo 47.2).
AYUDA A LA EVASIÓN DE PRESOS O DETENIDOS E INFIDELIDAD EN SU CUSTODIA. (ARTÍCULO 164)
La agravación extraordinaria de la sanción, constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. En el delito de ayuda a la evasión de presos o detenidos (artículo 164), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54.
DESÓRDENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS O CENTROS DE REEDUCACIÓN. (ARTÍCULOS 165 Y 166)
La agravación extraordinaria de la sanción constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.
En los delitos de desórdenes en establecimientos penitenciarios o centros de reeducación (artículos 165 y 166), no es posible apreciar la regla de agravación extraordinaria de la sanción del apartado 4 del artículo 54, porque dichos delitos sólo se cometen, hallándose su autor extinguiendo una sanción o medida de seguridad, o estando sujeto a una medida cautelar de prisión provisional, lo que constituye un presupuesto para la integración de los referidos tipos penales (ver artículo 47.2).
INCUMPLIMIENTO DE SANCIONES ACCESORIAS Y DE MEDIDAS DE SEGURIDAD NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. (ARTÍCULO 167)
Competencia territorial. Acuerdo No. 604 de 27 de octubre de 1976.
Corresponde el conocimiento del delito de incumplimiento de medida de seguridad, al Tribunal del territorio donde se quebrantó la medida, que puede ser o no el que la impuso.
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE CONTRAVENCIONES (ARTÍCULO 170)
Modo de conocimiento por el Tribunal. Instrucción No. 126 de 12 de abril de 1988.
El delito, en cuestión, sólo se corporifica, frente a aquellos sujetos que se niegan a abonar la multa y carecen de recursos para materializarla por la vía administrativa; ya que este tipo penal, no pretende resolver las insuficiencias administrativas en el cobro de las multas de esta naturaleza, para lo cual existe un procedimiento legal –Decreto-ley No. 99 de 25 de diciembre de 1987-.
El Tribunal competente, es el del domicilio del acusado; y la denuncia se formula directamente ante el mismo por funcionarios de la Oficina de cobro, asentándose en el Cuaderno de diligencias sin radicar. Para abrir a juicio el Tribunal verificará, si consta de las actuaciones que se han llevado a cabo todas las diligencias para su cobro por las vías establecidas, en caso negativo, devolverá el asunto a dicha Oficina, apoyado en el artículo 360 de la LPP. De contar con los elementos suficientes para proceder, señalará el juicio.
Curioso resulta, como regla, la ausencia de intervención policial; ya que es la Oficina de cobro de multas la que presenta directamente la denuncia al Tribunal, incluso, tampoco pasan las actuaciones por la Fiscalía, lo que se aparta del proceder legal. Es de notar que en las actuaciones remitidas al Tribunal, no aparece ningún dato relacionado con la conducta del acusado.
Delito continuado. Conexidad procesal.Dictamen No. 303. Acuerdo No. 24 de 14 de marzo de 1989.
El delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones –previsto en el artículo 170– no puede calificarse en forma de delito continuado, por su especial naturaleza.
En verdad, no encuentro razón dogmática alguna, para impedir la continuidad en el caso consultado; no obstante, en el propio Dictamen se establece que se podrán conocer en un mismo expediente –causa y juicio–, las diversas denuncias que sobre este delito se formulen contra un mismo acusado, por guardar relación de conexidad, según el artículo 13 (apartado 5) de la LPP.
Posibles sanciones. Dictamen No. 305. Acuerdo No. 43 de 11 de julio de 1989.
Cuando en el apartado 2 del artículo 170 se establece que el Tribunal, “puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional con internamiento”, ello constituye un llamado de alerta para que los Tribunales impongan esta clase de sanción, lo que no impide, en su caso, la adopción de otras posibles, de acuerdo con la ley.
La fórmula legislativa constituye una rareza, afortunadamente aclarada por el Dictamen, ya que al reprimirse el invocado delito exclusivamente con sanción de privación de libertad, que discurre de uno a seis meses, en principio, es posible la sustitución de esta sanción por cualquiera de las autorizadas en el Código –trabajo correccional con internamiento o sin este, o limitación de libertad–, o su remisión condicional.
Es comprensible y racional la explicación del Dictamen, pues se pretende evitar que la sanción penal, se convierta en un despropósito punitivo, que en vez de fortalecer el ideal por el que fue creado el tipo penal –eficacia del sistema contravencional– lo debilite, al preferir los ciudadanos el juzgamiento por las consecuencias esperadas, antes que hacer efectiva la multa.
Determinación. Abono de la multa antes de dictar sentencia. Dictamen No. 311. Acuerdo No. 28 de 30 de mayo de 1990.
En el apartado 3 del artículo 170 se expresa: “Si antes de dictarse sentencia, el acusado satisface las obligaciones derivadas de dicha resolución, se archivarán las actuaciones”. Lo expuesto no faculta al Tribunal, para recibir directamente el importe de multas de esta naturaleza; ni para suspender el inicio de las sesiones del juicio oral, o una vez comenzado este, con esa finalidad –pago de la multa-. El juicio oral, esta guiado por los principios de concentración y continuidad, y en el caso del procedimiento ante los Tribunales Municipales –artículo 374 de la LPP–, se desarrolla ininterrumpidamente, sólo retirándose el Tribunal por el tiempo indispensable para acordar la sentencia, realizado lo cual, se reanuda el acto y pronuncia la acordada.
Es muy útil la aclaración, pues si bien en el delito se expresa, que si la obligación se cumple antes de dictarse sentencia se archivan las actuaciones, una vez iniciado el juicio oral, este acto se desarrolla sin solución de continuidad; quiere esto decir, que el juicio discurre de manera continua, y no existe fórmula legal para decretar su suspensión a los efectos de satisfacer la obligación que dio origen al mismo.
Determinación. Impago de multas procesales. Dictamen No. 334. Acuerdo No. 35 de 29 de julio de 1992.
Las multas impuestas con el carácter de corrección disciplinaria –artículo 98 de la LPP–, o procesales –artículo 173 de la LPP-, no pueden equipararse a las multas derivadas de contravención o sanción penal; por tanto, su impago no tipifica el delito de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones –artículo 170-, ni tampoco se puede proceder a su cobro como si fuera una sanción penal –artículo 35. 5–; de manera que el Tribunal debe asegurarse que se hayan adoptado todas las diligencias de apremio de bienes, para que se declare realmente la insolvencia de la persona multada.
Lamentablemente, constituye un serio problema la inejecución de las citadas multas, lo que –sin duda– debilita la seriedad y respeto que se debe mostrar hacia esa clase de decisiones.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA (ARTÍCULO 173)
Concepto de funcionario público a los efectos del delito de malversación (sin vigencia). Instrucción No. 55 de 19 de noviembre de 1975.
Ver en delito de Malversación (artículo 336). Sólo tiene un valor histórico.
Presidente del Consejo Popular. Dictamen No. 365. Acuerdo No. 47 de 13 de septiembre de 1995.
El Presidente del Consejo Popular, reúne todos los requisitos que, al respecto, exige el artículo 173 para ser considerado funcionario público.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 144
 resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 142
 artículo 327
 artículo 173
 artículo 161
 artículo 145
 artículo 230
 artículo 417
 artículo 147
 resolución 
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 85
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 54
 artículo 47
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 47
 artículo 360
 artículo 170
 artículo 13
 artículo 170
 artículo 170
 artículo 173