Source: https://qartopoderclorinda.blogspot.com/2016/09/
Timestamp: 2018-11-16 06:03:31+00:00

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QARTO PODER CLORINDA: septiembre 2016
PARTE DE PRENSA PARTIDO JUSTICIALISTA - SALUTACIÓN
Deslumbrante desfile de carrozas en el marco de los festejos por el día de Clorinda.
Estuvieron presentes en esta ocasión tan significativa, acompañando el evento organizado por el sector educativo, el Diputado Provincial Don Juan Domingo Caballero, Concejales del Honorable Concejo Deliberante pertenecientes al Bloque Justicialista Frente para la Victoria , El Diputado Provincial Mandato Cumplido Lic. Manuel Negretti, Fuerzas de Seguridad, medios de comunicación , familiares de los alumnos, invitados especiales y comunidad en general .
Se refirió además a la amplia colaboración recibida de la Unidad Regional Tres, en la persona del Señor Jefe de dicha Unidad Policial, Crio. Gral. Eduardo Orozco, quien aportó la presencia de agentes de policía para el control vehicular y resguardo de la seguridad pública, a quienes agradeció públicamente. Del mismo modo, expresó su gratitud por el apoyo recibido desde el Ministerio de Cultura y Educación para concretar el evento que contó con la participación de más de dos mil alumnos de los diferentes niveles y modalidades del sistema, hizo referencia y agradeció la colaboración y acompañamiento del Senador Nacional Don José Miguel Ángel Mayans, al Diputado Provincial Don Juan Domingo Caballero, a los Concejales del Bloque Frente para la Victoria, Autoridades, invitados especiales, a los directivos de las escuelas participantes , a los alumnos y familiares ,así como a los medios de comunicación presentes.
El gobierno inaugurará imponente sede y polideportivo del club Argentino del Norte
Para las 20,45 de este miércoles se anticipa el inicio del acto de inauguración de la imponente sede y polideportivo del club Argentinos del Norte de la ciudad de Clorinda. Se anticipa la presencia del Senador Nacional Jose Miguel Angel Mayans y el gobernador Gildo Insfran, quien tiempo atrás anunciara la ejecución de esta obra que incluye gimnasio totalmente equipado y vestuarios adecuados a los más altos estándares, además de otros conforts que la sitúan como un escenario de los mejores.
Gabriel Cabañas, presidente de la institución, dijo que la emoción personal también es la misma que en la “gran familia” del club y de los clorindenses en general, ya que la ciudad incorpora una infraestructura de lujo y que permitirá ampliar el desarrollo de actividades no solo deportivas, sino de otras características y que tienen que ver con la vida social de la comunidad.
Esta moderna sede social del Club Argentinos del Norte se encuentra sobre la calle Moreno, entre Italia y 12 de octubre, e incluye un imponente polideportivo cubierto, cuyas características en cuanto a medidas, iluminación y equipamiento, hacen que sea apto para partidos federados con televisación en HD.
Demoran a jóvenes con droga en Clorinda
Hallaron entre sus pertenencias elementos de fumata y una sustancia de color marrón.
Tres personas demoradas y el secuestro de cocaína fue el resultado de un nuevo procedimiento realizado por policías del Departamento Informaciones Policiales en la Ciudad de Clorinda.
El caso se registró cuando una comisión policial realizaba recorridas por distintos sectores de la ciudad, lográndose interceptar a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad.
Por razones de seguridad, se procedió a realizar el cacheo preventivo en las prendas de vestir de los mismos, hallándose elementos de fumata (pipa de fabricación casera) y una sustancia de color marrón.
El juez de turno Dr. Raúl Mauriño, informado de la situación dispuso que las comprobaciones químicas las realice el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y posteriormente se constituyó al lugar donde supervisó las actuaciones policiales. El resultado de las reactivos químicos dio positivo ante la presencia del clorhidrato de cocaína.
Los jóvenes y los elementos incautados fueron trasladados hasta la sede policial iniciándose las diligencias relacionadas al caso, dándose intervención a la justicia, en tanto los menores fueron entregados a sus padres según lo establecen las normativas vigentes.
“Mi meta en la vida es ser jugador profesional”
El juvenil Boruch Skierkier contó sus objetivos y detalles de su vida en general
Su nombre es poco común y eso se debe a que su padre le puso el mismo nombre que tenía su abuelo, quien nació en Polonia. Boruch Skierkier es de Clorinda, pero vive en la capital provincial hace bastante tiempo debido a que se entrena mañana y tarde para llegar a su máximo anhelo: “Mi meta en la vida es vivir del tenis, quiero ser profesional y jugar en el cuadro principal de Roland Garros. Otro sueño que tengo es estar entre los 50 mejores del mundo”, resaltó Skierkier. Por otra parte, mencionó que de que no concretar estos deseos le gustaría estudiar economía.
En cuanto a su juego, el clorindense es zurdo, juega bien desde el fondo de la cancha y su mejor golpe es el drive. “Es una pequeña ventaja en el tenis porque puedo encontrar fácil el revés de mis rivales ya que suele ser el peor golpe de todos”, señaló a La Mañana
Skierkier, quien consideró que debe mejorar tanto el saque como la volea.
“De chiquito entrenaba con Laura Bernal; ella me enseñó a jugar hasta los 14 años, después Yayo y Emiliano (los hermanos Massa) me ayudaron mucho para que pueda cumplir las metas que tenía, como clasificar a una gira europea, terminar número 1 de Sudamérica en la Gira COSAT; confiaron en mí y fueron importantes los dos para seguir creciendo”, añadió.
Sobre sus referentes, el joven Skierkier tiene de “ídolo” al exnúmero 1 del mundo, el español Rafael Nadal. “Tiene un poder mental que me gusta mucho. Es de todos, el que mejor actitud tiene, nunca da una pelota por perdida y lucha todos los partidos punto por punto y para míes un ejemplo”, explicó y agregó: “Es zurdo como yo y ojalá algún día gane todo lo que ganó él”.
Al tratarse de un adolescente aún, el tenista no tiene tiempo libre y por ende no lleva una vida tradicional como otro muchacho. Asimismo, manifestó que también tuvo que dejar el colegio para poder practicar doble turno, pero que el estudio no lo dejó de lado sino que rinde las materias en forma libre.
“Estoy poco tiempo en mi casa y constantemente estoy viajando, por lo que se torna complicado pero cuando estoy libre aprovecho el tiempo para estar con la familia y amigos”, dijo.
Dejaron al borde de la muerte a un cadete en un colegio militar
"Hasta ahora el parte es puede ser que viva, que muera o que quede con secuelas", agregó el hombre en diálogo con un medio radial. Según dijo, la tortura que le aplicaron a Nicolás consiste en tirarle la ropa interior hacia arriba y lastimarle los testículos. "Es uno de los requisitos que debe cumplir para pertenecer a la elite. Yo me enteré ayer", añadió Roberto.
Desde el Ejército expresaron "su firme condena a este hecho de violencia y, como muestra de ello, ha iniciado con la mayor celeridad posible las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes, y permanece junto a Nicolás y su familia proporcionando todo el apoyo y contención que merecen en este momento".
El estudio está basado en una encuesta realizada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Fundación UADE a jóvenes de 17 a 30 años
Según el sondeo que abarcó 1161 casos, el alcohol es la sustancia más consumida. Un 89% de los jóvenes ha tomado alcohol en la vida: 80% en el último año y 59,5 % en el último mes. Uno de cada cuatro jóvenes refiere que se emborracha casi todos los fines de semana.
En cuanto al tabaco, el 50% de los jóvenes reconoce haber fumado en la vida: 33,5% en el año y 15% en los últimos 30 días.
En tercer lugar de consumo, se ubica la marihuana: 42,5% reconoce haber fumado cannabis en la vida: 17,8% en el último año y 7,8% declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días.
Otras sustancias ilegales que consumieron son Éxtasis, LSD, cocaína. Un 23% probó: un 10,8% en el último año y 3,5% en el último mes. La segunda sustancia más consumida es el éxtasis con una prevalencia de 11%; el LSD con un 10,5%; tranquilizantes sin receta 7% y Cocaína 3%.
Si consideramos todos los tipos de sustancias ilegales incluyendo cannabis en su conjunto, obtenemos una prevalencia de vida del 65% en los jóvenes. Por lo tanto, 6 de cada diez jóvenes probaron alguna vez en la vida alguna droga "ilegal".
►El estudio muestra que el tabaco y alcohol son las sustancias legales más consumidas entre los adolescentes. En el caso de las sustancias ilegales, la de mayor consumo es el cannabis siendo los motivos de consumo más evidenciados la diversión y la experimentación. Se detecta una baja percepción de riesgo y la sensación de estar informados de manera suficiente lo cual indica una negación de los riesgos, naturalizando el consumo y dificultando las estrategias de prevención.
►La marihuana es la droga a la que los adolescentes sienten que tienen más acceso: siete de cada diez consideran que les sería fácil acceder a la misma en caso de quererlo. La cocaína se encuentra en segundo lugar de disponibilidad, un 30% declara que le sería fácil conseguirla.
►La mitad se declara en contra de la legalización de la marihuana, y casi un tercio declara estar a favor (28%).
►Respecto de la edad promedio del inicio de consumo de sustancias: el alcohol a los 15 años; para el tabaco a los 16 años; para el cannabis y psicofármacos 18 años; para el éxtasis, LSD, y cocaína 19 años. Sin embargo, se han encontrado casos con edad de inicio menor: 14 años para el alcohol, tabaco a los 15 años y cannabis a los 17 años.
►6 de cada 10 personas cercanas consumen cannabis y 7 de cada 10 consume tabaco. Mientras que 5 de cada 10 jóvenes percibe como riesgoso el consumo de tabaco, solo 4 de cada 10 jóvenes percibe a la marihuana como una sustancia que es de riesgo.
►De los que consumen marihuana el 9 % está contemplando dejar, pero de los que no consumen el 19 % está considerando hacerlo.
►7 de cada 10 declaran que la información sobre los riesgos y efectos del consumo de sustancias es suficiente.
Los trabajadores exigieron, además de la derogación de la Ley 1.638, mejoras salariales y reivindicaciones laborales
Los gremios de trabajadores estatales y docentes concretaron este martes la jornada de paro y movilización en protesta por la reapertura de paritarias, reincorporación de los despedidos en las distintas reparticiones públicas y contra la ley de reforma jubilatoria, ocasión en la que cada sector incluyó pedidos de reivindicaciones particulares.
Participaron de la marcha la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Formosa, y Docentes Autoconvocados y Voz Docente. Los gremios se concentraron desde las 9 en la plaza San Martín junto con las demás organizaciones y desde allí se desplazaron por la avenida 25 de Mayo hacia la Legislatura provincial y a Casa de Gobierno.
“Necesitamos una mesa de diálogo”
El secretario general de ATE Formosa, Néstor Vázquez, señaló que el acatamiento de la medida de fuerza fue dispar: “En el interior el acatamiento es importante en algunos sectores y en la capital también. En términos generales, dispar; calculo que se llegará al 50 ó 60%”.
Con respecto a las reivindicaciones, Vázquez sostuvo: “A nivel de los municipios, pedimos la equiparación salarial al salario mínimo, porque nos parece extremadamente bajo un salario de $ 2.800 – $ 3.000; y eso no alcanza para el mes. A nivel provincial, la derogación de la ley de reforma jubilatoria, una mesa de diálogo que nos permita discutir salario y condiciones de trabajo. A nivel nacional, el cese de los despidos y la reincorporación de los compañeros despedidos y la apertura de las paritarias, teniendo en cuenta la devaluación y la inflación; hubo un desfasaje con respecto al salario”, explicó.
Sobre el panorama hasta fin de año, aseguró: “En este camino vamos mal, creo que no hay perspectivas positivas. Ojalá este Gobierno cambie de
mirada, porque las políticas económicas que lleva adelante llegan tan lejos que empobrecen cada día a más gente. Tenemos la obligación de decir que hay que participar, ya no alcanza con culpar a los demás, hay que salir, hay que poner los pies en la calle, hay que protestar con todo respeto y en paz.
Creo que la masividad puede modificar las cosas”, agregó.
“A pesar de las pálidas, hay docentes dispuestos a denunciar la corrupción, a resistir en las aulas”
La secretaria general de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, se mostró conforme con el acatamiento del paro, que consideró del 80% y del 90% ó 100%, registrados en algunos sectores.
“Los reclamos son los mismos que la Nación, sólo que ellos dicen reapertura y nosotros decimos apertura de la paritaria; también estamos en contra de la reforma jubilatoria y tenemos la presentación de inconstitucionalidad en marcha”, explicó Patiño.
“Sentimos el agobio por las deudas, porque uno trabaja y no alcanza. Y nos dicen que la inflación es cero y desde la boleta de servicios ya hay aumento. En ese sentido, estamos preocupados y entendemos que debe forzarse la reapertura de la paritaria nacional y lograr la apertura de la provincial, comprometer a la Nación para que gire los fondos y se blanqueen nuestros sueldos y así también pagar jubilaciones”, añadió.
Finalmente, celebró que “a pesar de las pálidas, hay docentes dispuestos a denunciar la corrupción, a resistir en las aulas, a tratar de enseñar mejor y el día del paro, a pesar del calor, venir a marchar para decir que esto debe mejorar”.
“Rechazamos la reforma jubilatoria y exigimos paritarias de una vez por todas”
El referente del Partido Obrero, Fabián Servín, planteó que el paro es una medida de fuerza en reclamo a nivel nacional por la reapertura de paritarias, eliminación del Impuesto a las Ganancias y otra serie de pedidos, “totalmente necesarios que reivindiquen las condiciones de vida de los trabajadores”.
A nivel local, Servín indicó: “En la provincia, tenemos algunas cuestiones centrales, que se fueron agudizando: rechazar la reforma jubilatoria porque entendemos que perjudica a los trabajadores, es una ley nefasta; también exigimos que de una vez por todas, haya paritarias; en la provincia los trabajadores estatales no tienen la posibilidad de discutir sus cuestiones laborales con la patronal, que es el Estado. Son los ejes centrales que nos convocan”.
“Además, reclamamos a las centrales obreras no solamente paros aislados sino un plan de lucha que enfrente esta política de ajuste y surgido de un congreso de base de todos los trabajadores para discutir no sólo la cuestión de las paritarias sino un plan económico que tenga a los trabajadores como eje central”, agregó el representante obrero.
“Son momentos de transición importantísimos, el programa del Gobierno lo tenemos muy claro, es un programa de ajuste. El problema es qué hacemos los trabajadores para enfrentar esta situación”.
“Formosa es la única provincia que no discute salarios”
El secretario general del gremio Voz Docente, Carlos Toloza, comunicó que el paro docente en Formosa tuvo un alto acatamiento, que ponderó en más del 90% en todos los niveles y modalidades en la provincia.
“Voz Docente plantea reclamos tanto al Gobierno nacional como al provincial. 'Aquí no hacemos distingos político-partidarios: los docentes estamos mal, hemos perdido poder adquisitivo y la espera para el nuevo sueldo será todavía de 6 meses, demasiado tiempo para aguantar con los sueldos ya devaluados”, señaló Toloza.
“A Macri le pedimos la apertura de la paritaria nacional docente para acordar una recomposición salarial de emergencia y a Insfrán que llame a paritaria docente provincial, para que discutamos nuestros sueldos y las condiciones laborales y previsionales, ya que es una deuda de la democracia formoseña con nosotros: no puede ser que el gobernador decida por sí solo, una vez al año, con cuánto dinero nuestras familias van a comer, estudiar, curarse y recrearse. Formosa es la única provincia que no discute salarios, hay un unicato que se adueñó de nuestras vidas, que decide por todos nosotros”, consideró.
Además agregó que se pide una recomposición salarial de emergencia, un plus salarial puente hasta abril de 2017. “Pedimos la eliminación de las sumas fijas y negras de los sueldos, el pago real y efectivo del 82% a nuestros jubilados y no el 60%, como se viene haciendo, toda vez que las sumas en negro no entran en el cálculo del haber jubilatorio”, enfatizó.
Los bancos no atenderán al público entre las 10 y las 12 del mediodía
La protesta de La Bancaria se concretará en la jornada de este miércoles y se replicará también este jueves en todas las entidades bancarias del país
En la jornada de este miércoles comienza en todo el país un plan de lucha de la Asociación Bancaria, que tiene como principal bandera el pedido de reapertura de paritarias. No habrá atención al público entre las 10 y las 12 horas, tanto este miércoles como este jueves, ya que los empleados concretarán una asamblea.
César Cerdán, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Formosa, en diálogo con La Mañana confirmó el inicio de un plan de lucha a nivel nacional que llevará adelante la entidad desde la jornada de este miércoles. “Miércoles y jueves desarrollaremos asambleas con horario de inicio y de conclusión. No serán asambleas permanentes, pero la medida incluye cese de actividades durante las dos últimas horas de atención al público, es decir entre las 10 y las 12”, dijo el dirigente de La Bancaria.
“Habrá reuniones en todos los bancos, donde se explicará a los trabajadores la situación que tienen las Cámaras Empresarias con la Asociación Bancaria que no quieren abrir paritarias y que siguen despidiendo gente”, detalló.
“El reclamo de apertura de paritaria -explicó- se funda en que al momento de firmarse la paritaria vigente en marzo de este año, se dijo y se dejó escrito y establecido con las cuatro Cámaras Empresariales que agrupan a los diferentes bancos del país que si la inflación superaba el 33%, cualquiera de las dos partes podía reclamar la apertura”.
Es más, en horas de la tarde de ayer, en la sede sindical, se congregaron los delegados de todos los bancos de la provincia a fin de recibir la información de los reclamos que enarbola en este momento La Bancaria y que, a partir de este miércoles, compartirán con sus compañeros de trabajo durante las asambleas.
Otra puerta se cerró ante las pretensiones de la DAIA de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La Sala I de la Cámara Federal sostuvo que no hay ningún dato ni prueba nueva capaz de justificar la apertura del expediente. La dirigencia judía había presentado la grabación de una conversación entre el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, y Timerman con el objetivo de acusar al ex funcionario de favorecer a Irán. Pero según el tribunal no hay “siquiera viso de ilegalidad en sus expresiones” e incluso –dice el fallo– fue sacado de contexto cuando intentaba explicar que la única forma de lograr la indagatoria de los iraníes, era a través de un convenio con su país. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler dijeron que tampoco cambia nada que haya quedado firme la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, que nunca entró en vigencia ni es la “canalización de un acto criminal”. El fallo es un respaldo a lo resuelto por el juez Daniel Rafecas, y advierte también que existe “una maniobra” para lograr que la denuncia de Nisman tenga otra suerte a través del juzgado de Claudio Bonadio “que no puede ser tolerada”.La Cámara llegó a la conclusión de que los argumentos que la DAIA intentó presentar como novedosos, no lo son. Al no haber caso que abrir, rechazó también la pretensión de la entidad de convertirse en querellante. En su voto, Ballestero pide que no distraigan con “contiendas marginales” la búsqueda de verdad y de justicia para los familiares de las víctimas del atentado “que aguardan desde hace más de dos décadas”. “Veo que se asiste a un panorama de disputas satelitales, donde se cuestionan los motivos de tal o cual decisión política o judicial”, dice. En ese mismo sentido, tanto él como su colega Freiler, cuestionan el intento por duplicar esta causa que no prosperó, en un juzgado más proclive a darle aire. Se refieren a la denuncia por traición a la patria que recibió Bonadio, donde fue presentada incluso la misma grabación.Cuando Rafecas, hace un año y medio, desestimó la denuncia de Nisman, explicó que no había ningún delito. El Memorándum nunca se implementó, porque Irán tampoco lo convalidó en su parlamento, ni existió la Comisión de la Verdad que iba a intervenir si se lograban las indagatorias de los iraníes acusados del atentado. Nisman decía que el pacto era para beneficiar a los iraníes y que se harían caer las circulares rojas de Interpol que mantienen vigente su orden de captura internacional, pero tampoco nada de eso ocurrió ni se demostró que fuera a suceder. El juez tampoco halló pruebas en la parva de escuchas telefónicas entregadas por Nisman como supuesta muestra de la negociación del acuerdo con Irán. Como todo esto fue confirmado por la Cámara Federal y la de Casación, la DAIA decidió volver a la carga con dos argumentos nuevos. El nuevo rechazo de Rafecas fue disparador de una solicitada que pedía su destitución impulsada por la dirigencia de la comunidad judía, empresarios, periodistas y directivos del diario La Nación. Era un intento, además, de presionar a la Cámara, que debía pronunciarse ante la apelación.Los camaristas decidieron analizar el contenido de la conversación presentada como supuesta prueba. Fue un diálogo telefónico privado, grabado en forma subrepticia, aunque no se sabe quién lo registró. La DAIA lo usa para alegar que Timerman daba por cierta la autoría de Irán en el ataque terrorista. La Cámara recuerda que la postura de Argentina, hacia adentro y hacia afuera del país, era la de acusar al régimen de Teherán desde que el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas internacionales.La Cámara dice que el de la DAIA es un razonamiento equivocado y que las afirmaciones del ex canciller están descontextualizadas. Hay que leer al menos las frases completas. Borger y Timerman coincidían en la culpabilidad de Irán, pero el primero decía al segundo que no podía negociar con ellos. Entonces Timerman le contestaba: “¿Cómo querés que los traiga?” (a los iraníes, detenidos, a declarar). Y luego le advertía: “No me pongas en carga a mí como diciendo ´éste negocia con Irán que son una manga de mentirosos´. Bueno, decime con quién querés que negocie (…) vos decís todo eso, está bien, yo coincido con vos, son todo lo que vos decís ¿Tenés otro para negociar? (…) si yo digo ´tiene razón, son todos una manga de mentirosos, no hagamos nada, ¿qué seguimos reclamando? Es lo que no entiendo….”.Ballestero señala que eso que para la DAIA “teñiría todas las negociaciones emprendidas, no fue más que un recurso argumentativo frente la polémica entablada”. Borger –que al declarar reconoció que en esa charla se reprodujeron coloquialmente las posiciones que casa uno tenía en público– además, no le propone alternativa alguna en la charla para traer a los sospechosos y lograr que la investigación sobre el atentado avance.El fiscal Gerardo Pollicita había tomado la frase que habla de los iraníes como “una manga de mentirosos” para exacerbar su acusación y decir que si Timerman sabía que mentían la negociación no era legítima. Pero dice Ballestero: “Cuando las palabras del ex funcionario son colocadas en contexto y reconocidas como lo que son, esto es, un giro dialéctico en pos de demostrar el acierto de la postura que se defiende, no es posible encontrar seriamente ni un indicio de un obrar delictual”. Freiler remata que la grabación “carece de todo valor como elemento probatorio pues no aporta ningún dato relevante para la pesquisa” ni “siquiera un indicio”.El otro punto en que intentó apoyarse la DAIA fue que quedó firme, judicialmente, la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum. Ballestero dice que eso no cambia nada porque, de hecho, cuando analizó la denuncia de Nisman por primera vez él ya consideraba inconstitucional el Memorándum. Recuerda que él fue uno de los que firmó esa decisión, pero “que haya sido inconstitucional” no implica que haya sido la “canalización de un acto criminal”. Recordó que ni siquiera Nisman, que cuestionaba la constitucionalidad, planteó en su momento que tuviera rasgos delictuales. Y reflota un párrafo del fallo en que rechazó investigar la denuncia de encubrimiento: “El Memorándum de entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión par quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las víctimas a de la voladura a la amia hay un abismo”.Ambos camaristas cuestionaron al fiscal de Cámara Germán Moldes ya que en su presentación en lugar de enfocarse en la discusión sobre si había razones para reabrir la causa se fue por las ramas. Intentó pedir la nulidad del primer fallo de los camaristas e introdujo la idea de que la calificación quizá pueda no ser encubrimiento sino, por ejemplo, traición a la patria, la misma que intenta impulsar Bonadio. Moldes, dice el fallo, “mostró desprecio por las formas procesales sustanciales cuyo respeto paradójicamente demanda”. Los camaristas piden poner atención en la causa que tiene Bonadio. El voto de Freiler señala que “hay un intento de sustraer la pesquisa de manos de su juez natural en el afán de que con un magistrado diferente la denuncia tenga otra suerte”. Y que “dicha maniobra no puede ser tolerada”.Cuando la DAIA apele, la causa irá a la Sala I de la Cámara de Casación Penal, ahora integrada por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
OPINION Por Raúl Kollmann
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal sale al cruce de lo que verdaderamente está detrás de los acusadores: imputar a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por supuestamente pactar con el terrorismo. Eso es lo que quieren ver en la tapa de los diarios nacionales e internacionales. Se trata de sumar una acusación más contra lo que el establishment internacional llama “los gobiernos populistas”.Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, los camaristas, describen la maniobra. Dicen que se partió de denominar a los hechos “encubrimiento” pero que la pretensión ha llegado a “una absurda adecuación de conductas a calificaciones como traición a la patria, que la doctrina unánime presupone en una situación de guerra internacional”. Nada menos que “traición a la patria”, el delito que usaban las monarquías contra cualquier rebeldía.El propio juez Daniel Rafecas y los camaristas que fallaron ayer parecen asombrarse con la tormenta desatada por un Memorandum que nunca entró en vigencia y que fue votado en las dos cámaras del Congreso Nacional. No se produjo ninguna transacción de petróleo iraní por granos argentinos, no se le pidió al juez a cargo de la causa del atentado que cambie ninguna acusación, ni se levantaron las órdenes de captura contra los sospechosos buscados por la justicia. Timerman probó, con documentación, que fue la Argentina la que le advirtió a Interpol que sólo el juez tenía la facultad de bajar las alertas rojas en las órdenes de captura y el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, sostuvo que la denuncia de Alberto Nisman era falsa. Aún así, el terremoto provocó, por primera vez en 33 años de democracia, una solicitada pidiendo la remoción de un magistrado, el doctor Rafecas, cuyo fallo fue confirmado por la Cámara hace un año y ahora vuelve a ser confirmado.El insólito vendaval –con el protagonismo más o menos escondido de la administración Macri– tiene un trasfondo nítido: darle un escarmiento a cualquier gobierno que se salga de la horma marcada por la derecha de Estados Unidos y la derecha de Israel. Con Irán no se puede negociar, ni siquiera hablar.CFK-Timerman pretendieron romper la parálisis del caso AMIA yendo al frente, intentando que los sospechosos declaren ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y confrontando a los funcionarios iraníes con las pruebas acumuladas por Nisman. Era romper el corset, impedir que la causa del atentado quedara atrapada en la interminable madeja de la geopolítica de una parte de los poderosos del mundo. El propio Barack Obama buscó caminos alternativos al bombardeo de Teherán y terminó firmando su Memorándum con Irán: el acuerdo de desarme nuclear que también rubricaron Rusia, China, el Reino Unido, Alemania y Francia.Pero ni aún con eso hubo brazos cruzados en estas playas. Grandes empresarios, grupos mediáticos, la dirigencia de la comunidad judía y los servicios de inteligencia –que juegan su propio juego bélico– operaron allá y con los Stiuso de acá, para poner a caminar el aparato judicial. Se buscó sancionar al gobierno que, acertando o equivocándose, intentó un camino distinto en AMIA. La persecución incluyó el armado de una causa paralela a través de Claudio Bonadio, como ayer denunció en su fallo la Sala I, apuntando al delito de traición a la patria. O utilizando llamadas telefónicas grabadas ilegalmente, como también dejaron entrever los camaristas.Se trató, y se trata, de una especie de guerra siniestra en la cual no se busca esclarecer el atentado, algo que también señalaron Ballestero y Freiler con todas las letras. Los camaristas mencionan que se repiten los mismos argumentos un año después, “se pone el acento en las fronteras del caso, en lugar de concentrarse en la búsqueda del castigo de los responsables del máximo atentado terrorista del que nuestro país tenga memoria”. El mejor ejemplo a esa falta de búsqueda de la verdad es que hoy están siendo juzgados por encubrimiento los amigos de los acusadores, el ex juez, los fiscales, los policías, los ex jefes de la SIDE y el ex titular de la DAIA, imputados por haber frustrado la investigación del atentado. Y tampoco se escucha a los acusadores pronunciando algún elogio, aunque sea chiquito, para el nuevo equipo de fiscales de la Unidad AMIA que, 22 años después, con unos pocos meses de trabajo, le puso nombre y apellido al muerto 85 del atentado, Augusto Daniel Jesús, al que Nisman había desechado aduciendo que era un obrero boliviano.El fallo de ayer desnuda la única intención de los denunciantes: castigar a la ex presidenta y al ex canciller por haber buscado un camino distinto al señalado en algunas oficinas de Washington o Jerusalén.
Hugo Vaca Narvaja, juez federal de Córdoba, concedió una cautelar a Apyme y ordenó refacturar el gas entre abril y septiembre con el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo. La medida tiene alcance nacional. Será apelada por el Gobierno. Las pymes que hacen un uso intensivo del gas esperaban con ansiedad un fallo que las salvara del tarifazo durante el invierno.
Otro revés judicial para el Gobierno. El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja recogió el guante de lo que la Corte Suprema de Justicia había dejado sin incluir cuando le puso freno al tarifazo para los usuarios residenciales, e incluyó en su cautelar a las pequeñas y medianas empresas. En una resolución que se conoció ayer, el juez hizo lugar al amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y amplió el beneficio para las medianas empresas de todo el país, además de los cuentapropistas, productores agrarios, prestatarios de servicios (taxistas y remiseros) y demás monotributistas que habían quedado fuera de la resolución del 18 de agosto, cuando la Corte amparó a los usuarios de gas residenciales del aumentazo decretado por el gobierno de Mauricio Macri.“Esta es la primera medida cautelar en ese sentido en todo el territorio nacional”, le dijo a Página/12 el abogado y ex juez Miguel Rodríguez Villafañe, quien junto a Eduardo Fernández, titular nacional de Apyme, presentaron el recurso de amparo que –por sorteo– recayó en el Juzgado Federal N° 3 que preside Vaca Narvaja.El juez estimó que en veinte días resolverá sobre el fondo de la cuestión. Es decir, sobre la nulidad, pedida por Apyme, de las resoluciones del Ministerio de Energía que ordenan el tarifazo. Por lo pronto, ordenó retrotraer las tarifas del servicio de gas “con anterioridad al 31 de marzo de 2016”, y ordenó al Enargas que “proceda a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha (27 de septiembre)”. El juez también dejó en claro que “las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con falta de pago”.Vaca Narvaja englobó a los beneficiarios de lo que llamó “derechos que atañen a las pequeñas y medianas empresas, derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”, y consideró “razonable la realización de un solo proceso con efectos expansivos para toda la categoría”. Según la resolución del juez, “en caso contrario estaríamos impulsando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a concurrir a la justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados federales de la Nación”.“Estamos muy satisfechos. El juez no sólo admitió nuestra cautelar sino que cuando recibió los informes desde el gobierno nacional, nuestras razones estaban tan bien fundadas que siguieron prevaleciendo”, celebró Rodríguez Villafañe. “El fallo de fondo será en veinte días, y sabemos que algunos de nuestros argumentos también podrían ser tomados como fundamentos. No porque seamos infalibles, sino que nos asisten razones poderosas contra el tarifazo: además del aumento privativo para los trabajadores hemos hecho hincapié en la violación flagrante de la Ley de Etica Pública, la 25.188, cuyas incompatibilidades cumple una por una el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Es tal el incumplimiento de la habilitación para su función que podría incurrir, si la justicia se atiene a derecho, en que sus medidas resulten nulas de nulidad absoluta desde que asumió hasta ahora en lo que a gas y petróleo se refiere”, evaluó.De acuerdo al artículo 17 de esa ley, el ministro no cumple con los requisitos para haber dictado estas resoluciones, ya que “fue parte de una petrolera, Shell, y tenía acciones hasta hace pocos días en que tuvo que venderlas. Con él se cumple el famoso principio jurídico del producto del árbol envenenado”, arguyó el abogado amparista. Para el titular de Apyme, Eduardo Fernández, el amparo aceptado por el juez “es una luz de esperanza para todo el sector. Nos da aire para seguir. Ojalá que podamos profundizar en todo esto que hemos iniciado”.En tanto, el abogado Rodríguez Villafañe le salió al cruce a “los perfiles que algunos medios oficialistas hicieron del juez” Vaca Narvaja: “No se puede creer lo que hacen. Miguel Hugo Vaca Narvaja fue nombrado por concurso por el Consejo de la Magistratura y por la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) como ha ocurrido antes con otros jueces y presidentes de la Nación. No se puede seguir haciendo esta barbaridad: cuestionarlo por razones políticas cuando está resolviendo a derecho. Nadie sale a decir si a (Claudio) Bonadío lo nombraron por una servilleta... ¡Por favor, seamos serios!”, se quejó.–Una de las preguntas que se hacen en las calles es si esta medida, además de las pequeñas empresas, incluye a trabajadores como taxistas y remiseros, por ejemplo.–Sí, por supuesto. Esto los engloba. Ellos pedirán a los estacioneros la devolución por el tarifazo que les cobraron de más. La distribuidora de gas tendrá que acreditarle lo que les cobraron de más. Es una maquinaria que deberá ponerse en marcha: los distribuidores y los estacioneros deberán acreditarle, con los tíckets, lo abonado de más. Y eso abarca a los comerciantes, industriales, empresas agropecuarias, comercios y demás. Para nosotros, los de Apyme; para los monotributistas y cuentapropistas, esta presentación que ha sido avalada por el juez es oxígeno. Y esto se ha logrado desde el interior federal. Es una medida que tiene presencia de todo el país. Acuérdese de que en las audiencias de hace poco más de una semana, además de lo irregular de las convocatorias, de la falta de información, sólo estuvieron presentes ocho provincias.–Se espera que el Estado apele.–Sí, pero consideramos que la construcción de nuestro amparo está sujeta a derecho y muy bien fundamentada. No sólo nos hemos apoyado en lo irracional de los tarifazos y el hecho de que son impagables y pueden llevar a la quiebra a las pequeñas empresas y trabajadores cuentapropistas, sino que es claro que estas medidas no respetan el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece, tal como se hizo eco el fallo del juez Vaca Narvaja, que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a condiciones de trato equitativo y digno, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios”, entre otros derechos. En cuanto al artículo 75, la Constitución dice que se debe garantizar el progreso económico, pero con Justicia Social.Consultado por Página/12, Vaca Narvaja dijo “lo que se hizo es atenernos a la letra de lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia en materia de usuarios residenciales en su resolución (del 18 de agosto de 2016). Son los mismos principios, pero aplicados al colectivo representado por Apyme”.Nada más ni nada menos que el sector de trabajadores que había quedado fuera del paraguas protector de la justicia.
LAS CLAVES DEL AMPARO OTORGADO POR LA JUSTICIA FEDERAL
La medida cautelar abunda en las razones que justifican la acción colectiva en favor de pymes, clubes de barrio, cooperativas y hasta unidades económicas individuales, en el daño común que las afecta por el tarifazo al gas y el porqué de su alcance a todo el país. Profesionales, remiseros y cuentapropistas también quedaron abarcados por este fallo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había excluido a los usuarios no residenciales, en general, de su resolución del 18 de agosto pasado, en la que ordenaba la “nulidad” de los aumentos de gas hasta tanto se diera lugar a la correspondiente audiencia pública, argumentando que la demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad “sólo estaba circunscripta al colectivo de los usuarios residenciales”. En su resolución de ayer, el juez Vaca Narvaja consideró, respecto de la demanda presentada por Apyme, “razonable” la representación colectiva “en defensa de los derechos e intereses del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines”.“Atañen a las pequeñas y medianas empresas derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, al invocar como hecho único el aumento excesivo y desproporcionado de la tarifa de gas, que provocarían una lesión económica a todos y a cada uno de ellos”, apunta la resolución. “Siendo identificable una homogeneidad fáctica y normativa que desembocan en un evento perjudicial para sus economías, considero razonable la realización de un solo proceso con efectos expansivos para toda la categoría”, define más adelante.
Ese efecto expansivo al que alude el juez implica que su sentencia es válida para todos los usuarios de la categoría implicada en la denuncia. Pero, además, por ser ésta la primera causa colectiva aceptada por un juez federal, y quedar inscripta como tal ante la Corte Suprema, el alance de la sentencia es de carácter nacional. Así lo explicó el propio magistrado en una entrevista posterior (“Secreto de sumario”, Radio del Plata), basándose en la Acordada número 32 de la Corte Suprema, del año 2014.La Resolución de la Corte del 18 de agosto había establecido que “la audiencia pública como procedimiento previo” a la definición de un nuevo esquema tarifario resulta obligatoria, “un requisito esencial para la adopción de de decisiones en materia de tarifas, resultando claro que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería no han respetado el derecho a participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública previa”. En consecuencia, Vaca Narvaja consideró prima facie que “los integrantes del colectivo conformado en los presentes autos tendrían el mismo derecho”.
ATE, Ctera y la Federación Nacional Docente cumplieron la medida de fuerza con alto acatamiento. Hubo dos manifestaciones centrales en Capital, frente al Congreso y el Ministerio de Educación, además de actos y movilizaciones en varias provincias. “El atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo”, denunciaron los trabajadores estatales.
Docentes y estatales coincidieron ayer en un paro nacional que tuvo como reclamo central la reapertura de paritarias. “Hemos perdido poder adquisitivo producto de la inflación. Los salarios bajan y el Gobierno sigue atendiendo únicamente a los más ricos”, describió el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien resaltó que el acatamiento fue “unánime” entre los docentes. El secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, celebró la “unidad” entre los gremios (en su mayoría, de ambas CTA, y en menor medida de la CGT) y el “carácter federal” de la medida de fuerza, que abarcó varias ciudades del interior del país y tuvo como epicentro dos actos en Capital Federal, uno frente al Congreso y otro en las puertas del Ministerio de Educación.ATE, la Ctera, y la Federación Nacional Docente garantizaron el grueso del paro en casi todo el país. La huelga se sintió con fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde también pararon los judiciales y los médicos del Cicop, gremio que viene de realizar un paro de 48 horas hace dos semanas. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) paró en Santa Fe y Entre Ríos, y sumó su columna en el acto frente al Congreso. Hubo movilizaciones, actos públicos y radios abiertas en las capitales de Río Negro, Chubut, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba y Entre Ríos.“El atraso de los salarios frente a la inflación es gravísimo. En el caso de los estatales, el paro es tanto contra el gobierno nacional como contra las gobernaciones y los municipios, que deben reabrir la negociación salarial y reincorporar a los despedidos”, sostuvo Godoy. Para el secretario general de ATE, la medida de fuerza de ayer “mostró que hay una voluntad creciente de organización de los trabajadores” y dejó como balance “que puede haber unidad en la acción entre los gremios”.Entre los docentes, “el reclamo fue unánime”, aseguró a Página/12 el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien calculó un acatamiento del 90 por ciento en todo el país y de un 93 por ciento en la provincia de Buenos Aires. “El Gobierno está incumpliendo un acuerdo paritario”, sostuvo en relación con la cláusula de monitoreo de la inflación, firmada durante las negociaciones previas al inicio de las clases, y a la que apelan los docentes para exigirles a las autoridades que se sienten a dialogar.Otro reclamo de los docentes tiene que ver con la “inversión necesaria para la escuela pública: exigen que el presupuesto educativo llegue al 10 por ciento del PBI. Los maestros rechazan la política educativa de Cambiemos en su totalidad: “Quieren imponernos peores condiciones de trabajo, flexibilización laboral, bajos salarios y, así, ir generando las condiciones para la privatización”, aseguró Baradel. Con la consigna de la defensa de la educación pública, preparan una “marcha federal docente”, en la que buscarán confluir en Plaza de Mayo con los estudiantes, los no docentes y toda la comunidad educativa.Los estatales fueron uno de los sectores más golpeados: cerraron un aumento del 27 por ciento en tres cuotas, a lo que hay que sumarle más de 30 mil despidos que se produjeron en el Poder Ejecutivo nacional y en las provincias.Ayer, los unió a los maestros un reclamo común: la reincorporación de los 200 despedidos de hace un mes en el Ministerio de Educación y el refinanciamiento de los programas socioeducativos, vaciados de personal y cuyos presupuestos fueron subejecutados. “Rechazamos los despidos en Educación, que afectan áreas clave para sostener las políticas públicas, pero también acompañamos el reclamo de los docentes por la reapertura de paritarias, como exigimos los estatales y como exigen todos los trabajadores”, indicó a este diario el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.La medida de fuerza “fue la continuidad de un camino que estamos recorriendo en conjunto gremios de la CGT y la CTA y que creemos debe decantar en un paro general”, agregó Baradel. “Esperamos que la CGT defina el paro –agregó Catalano– para sumarnos desde todos los sectores.”
La conflictividad laboral tuvo un fuerte aumento en el inicio del segundo semestre. Impulsada por los pedidos de reapertura de las negociaciones paritarias, en el mes de agosto hubo un 77 por ciento más de protestas que en julio. Los trabajadores del Estado fueron el principal motor de esta intensificación de los reclamos, mientras que entre los privados, los de la industria realizaron el 80 por ciento de los reclamos del sector.Prácticamente todos los salarios acordados en las paritarias quedaron a esta altura del año por debajo de la suba de los precios: la inflación interanual del Congreso, por ejemplo, fue estimada en el 43,5 por ciento de agosto a agosto. Producto de esta situación, durante el mes que pasó y continuando una tendencia que venía desde julio, más de la mitad de los conflictos se produjeron en reclamo por aumentos de salarios (58 por ciento). Al mismo tiempo los despidos y suspensiones no se han frenado, y fueron la razón del 22 por ciento de las medidas de fuerza. En proporciones menores, le siguieron reclamos por condiciones de trabajo (12 por ciento) y por persecuciones políticas y sindicales (4 por ciento).Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su nuevo informe sobre conflictividad laboral y social. La investigación del organismo que dirige Hernán Letcher fue realizada por Leandro G. Bargero, Marcela De Felipe, Julia Strada, Gabriela Benaghi y Mauro Rojas.Los investigadores observaron que en agosto, los reclamos de paritarias o por cuestiones salariales fueron más significativos en el ámbito público respecto del privado, ya que representaron poco más del 75 por ciento, de los 102 conflictos registrados. En cambio, esta relación se invierte al considerar los conflictos originados por despidos y suspensiones, que en agosto fueron 38, los que representan el 73,7 por ciento de las medidas en el sector privado.A su vez, los trabajadores del sector privado siguen afectados por atrasos en el cobro de sus sueldos, lo cual habla de las dificultades en la cadena de pagos de la actividad económica. Siempre hablando de los conflictos ocurridos en las empresas y referidos a temas salariales, un 50 por ciento de los casos fueron en demanda de mejoras, y un 40 por ciento para que los sueldos se paguen a término.Un dato a tener presente es que la conflictividad no depende solamente del grado de afectación que sufra un sector de trabajadores, sino de su posibilidad de organizarse y dar una respuesta colectiva. En este sentido, el informe pone como ejemplo el caso de los trabajadores de la construcción, que son el gremio más afectado por la pérdida de empleos con el parate de la obra pública y privada, a pesar de lo que sólo protagonizaron el 7 por ciento de las protestas por despidos.En cuanto a las zonas donde se están viendo la mayor cantidad de protestas laborales, la provincia de Buenos Aires encabezó el rating, concentrando el 21 por ciento del total, seguida de la ciudad de Buenos Aires (12,5 por ciento). En lo geográfico, un dato llamativo es el alto número de conflictos laborales en las provincias de la Patagonia, impulsadas por los gremios estatales y petroleros.El CEPA diferenció en su relevamiento los conflictos específicamente laborales de los sociales. El criterio de diferenciación seguido fue que los primeros corresponden estrictamente al ámbito del mercado de trabajo llamado “formal”. En este sentido, los investigadores registraron un número mucho mayor de conflictos laborales que sociales (71,6 contra 28,4 por ciento), pero también una tendencia al aumento de estos últimos. Los detonantes de las manifestaciones sociales fueron las políticas de ajuste (los tarifazos y la caída en los ingresos de los trabajadores informales), y la falta de trabajo.Los hechos de conflictividad social más significativos del mes fueron para los investigadores los ruidazos contra el aumento de las tarifas y la movilización de San Cayetano a la Plaza de Mayo “llevada a cabo por la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, ATE, CTA y la Alameda, que buscó visibilizar la grave situación que atraviesan los sectores populares”.El informe apunta que este escenario de creciente conflictividad de los trabajadores debe completarse incluyendo en la imagen las protestas de los productores tamberos y frutihortícolas, que repartieron de manera gratuita leche, frutas y verduras en la Plaza de Mayo para dar a conocer las situaciones de crisis que atraviesan.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), distribuyó el EIL con una caída del 0,9 por ciento en lo que va del año
El empleo privado registrado arrojó en agosto una merma del 0,7 por ciento frente al mismo período del año pasado y la caída llega hasta un 0,9 por ciento desde diciembre. Los datos publicados por el Ministerio de Trabajo indican que la construcción y la industria manufacturera son los sectores con las caídas más significativas entre los asalariados formales. Sin contemplar el impacto del escenario recesivo sobre los trabajadores más desprotegidos, las bajas relevadas por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) llegan al 9,6 por ciento para la construcción y el 3,6 por ciento en la industria. Las cifras exhiben el impacto que tiene la reducción de la obra pública, la minimización del rol contracíclico del Estado, los menores niveles de consumo, la retracción en la inversión privada, la caída de las ventas externas hacia Brasil y la apertura comercial.Los últimos datos del Indec indicaron que la desocupación trepó del 6,6 al 9,3 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y 2016. Los indicadores anticipados respecto al universo formal como el relevamiento del Ministerio de Trabajo y los registros del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) permiten afirmar que el mundo laboral no forma parte de los promocionados “brotes verdes”. “Estamos llegando al fondo de un pozo y si no hay nuevas medidas de ajuste la caída no debería profundizarse. Los niveles de empleo van a permanecer estancados. Ante el fracaso del shock inversor la única posibilidad para comenzar a revertir la fuerte destrucción de empleo concentrada en la construcción y la industria es a través de la mejora en los salarios reales que permitan dinamizar la actividad y el consumo privado pero igualmente hablamos de cambios marginales después de observar la destrucción de 134 mil puestos de trabajo registrados desde que asumieron las nuevas autoridades”, explicó Ariel Lieutier, investigador del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.De acuerdo al informe difundido por la cartera laboral, la tasa de despidos (incluye las desvinculaciones de personal por despidos sin causa, fin de periìodo de prueba y finalizacioìn de obras) en agosto de 2016 fue del 0,8 por ciento, un dato dentro de los paraìmetros relevados en los uìltimos cuatro anÞos. “La situación laboral no muestra mejoras y se siguen perdiendo empleos en muchas actividades. A la destrucción de puestos de trabajo hay que sumarle la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Hay sectores sindicales que se mueven y exigen mejoras y hay otros que todavía deben negociar la segunda parte de su paritaria pero la CGT puso el freno de mano y busca acordar paliativos con el Gobierno para evitar un paro”, indicó la abogada laboralista y ex secretaria de Trabajo, Noemí Rial.“El Gobierno está muy preocupado por identificar brotes verdes que den muestras de un cambio en el ciclo económico pero no debe olvidarse que esas incipientes y aisladas mejoras deben regarse dotando al salario de mayor capacidad de compra”, enfatizó el economista del ITE al referirse a las demandas de algunos sindicatos por reabrir paritarias u obtener recomposiciones extraordinarias para amortiguar el impacto de la aceleración inflacionaria.Los datos de la EIL, una encuesta mensual sobre 2834 empresas que se elabora desde 1996, evidencian el impacto del escenario recesivo sobre el empleo en la construcción. En la comparación interanual la caída de agosto llega al 9,6 por ciento. La información correspondientes a julio reveló la destrucción de 59.868 puestos de trabajo formales en relación con el mismo mes del año anterior.Si la parálisis de la obra pública y la inversión privada explican la contracción del empleo en la construcción, el retroceso en las industrias manufactureras responde a tres factores: la menor demanda interna producto de la pérdida en la capacidad de compra, el retroceso en las exportaciones hacia Brasil y la apertura comercial. “La crisis del empleo comienza a tomar un carácter federal, ya que los sectores afectados por la entrada de productos del exterior tienen una fuerte presencia a lo largo y a lo ancho del país”, advirtió la economista Paula Español. En ese sentido, los EIL mostró en agosto una caiìda en el nivel de empleo en los aglomerados urbanos maìs grandes (Gran Buenos Aires, Gran Coìrdoba, Gran Mendoza y Gran Rosario). Por su parte, se relevaron variaciones mensuales positivas en Gran Tucumaìn, Gran Paranaì, Gran Santa Fe, Gran Bahiìa Blanca y Gran Jujuy.A la hora explicar el pobre dinamismo del mercado laboral en la cartera que encabeza Jorge Triaca argumentan que no existe un salto en los despidos. Desde su perspectiva, la denominada “tasa de salida” (proporción de desvinculaciones de personal respecto del total de la dotacioìn) está en línea con otros episodios recesivos. En cambio lo que se observa, argumentan en Trabajo, es una escueta “tasa de entrada” (incorporaciones de personal respecto del total de la dotacioìn). Así, la contracción del empleo privado la explicaría la resistencia de los empleadores a contratar y mantener aquellos puestos con alto nivel de rotación antes que la decisión de reducir sus plantillas.
El Indec informó que el empleo industrial retrocedió 1,7 por ciento en el segundo trimestre respecto a igual período del año pasado. El salario de los trabajadores registrados del sector está perdiendo casi 15 puntos reales. Inicio de un ciclo de desindustrialización. En el acumulado del año, la plantilla de obreros del sector manufacturero registra una merma del 1,4 por ciento.
El empleo industrial cayó 1,7 por ciento en el segundo trimestre frente al mismo período del año pasado, de modo que profundizó la baja que se verificó durante los primeros tres meses del año, informó ayer el Indec. En el acumulado del año, la plantilla de obreros del sector manufacturero registra una merma del 1,4 por ciento. El deterioro de las condiciones laborales se completa con la caída del salario real. Según el organismo oficial, el aumento salarial de los trabajadores registrados fue del 30,9 por ciento en junio en la comparación anual. Para el mismo período, el “IPC-Congreso” acumula un alza del 45,3 por ciento. La diferencia equivale al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.El aumento del desempleo industrial se verifica en un contexto de caída del 3,3 por ciento de la actividad manufacturera en el primer semestre, lo que completa un cuadro inequívoco de desindustrialización durante el comienzo de la gestión de Cambiemos. Un par de factores lo explican. En primer lugar está la retracción del consumo popular a raíz del retraso del salario real y los despidos en el sector público y privado. Además, la apertura de importaciones afectó a industriales locales y las altas tasas de interés desincentivaron la inversión productiva. En tercer lugar, el aumento tarifario generó una suba de los costos que por lo general no pudo ser trasladada a precios en la misma medida, con la consiguiente caída del margen de rentabilidad. El cuarto factor está asociado a la crisis de Brasil, que complica la salida exportadora y presiona en el mercado local con precios de importación de remate. El resultado es un deterioro de las condiciones de trabajo dado por la caída del poder adquisitivo de los obreros de todos los sectores industriales, la reducción de las horas trabajadas y de los obreros ocupados.En promedio, el empleo industrial en los segundos tres meses bajó 1,7 por ciento frente al mismo período del año pasado. El peor resultado fue para el sector de maquinaria y equipo, con una merma de personal del 7,1 por ciento, seguido por producción de madera (-5,4), fabricación de autos, remolques y semirremolques (-4,9), equipos, aparatos de radio y televisión y comunicaciones (-4,6), edición e impresión (-3,8), metales comunes (-3,3) e insumos de la construcción (-3,0). También cayó el nivel de empleo en el sector de fabricación de papel, prendas de vestir y otros textiles, cuero y marroquinería, metalmecánica y maquinaria y equipo, muebles y colchones y alimentos y bebidas. De los 22 sectores de la manufactura sólo sustancias químicas y caucho y plástico registraron mejoras de empleo, del 2,2 y 1,6, respectivamente.La política de reducción de la plantilla de personal y de la cantidad de horas trabajadas se desplegó a través de varias medidas, como la suspensión de personal, adelanto de vacaciones, recorte de horas extra, retiro voluntario, jubilación anticipada y despidos.En cuanto a las horas trabajadas, la reducción promedio de la industria fue del 1,6 por ciento. Los casos más negativos se verificaron en el sector de madera, con una caída del 10,2 por ciento; en automotor (-6,4) y en textiles (-5,5 por ciento). En cambio, hubo una suba del 6 por ciento en el rubro de fabricación de equipos y comunicaciones.En la comparación frente al primer trimestre la cantidad de obreros ocupados bajó 0,7 por ciento en promedio. Todos los sectores registran mermas salvo tabaco, textiles, producción de madera, sustancias químicas y equipo de transporte. La situación es distinta en relación a la cantidad de horas trabajadas, que crece en todos los rubros entre el segundo y el primer trimestre. En muchos casos ese movimiento es consecuencia del efecto estacional, ya que las empresas suelen aprovechar el verano para realizar paradas técnicas.En cuanto a la evolución salarial, los trabajadores de todos los sectores industriales perdieron poder adquisitivo en la comparación entre junio de este año y el mismo mes del 2015. El promedio refleja un aumento del 30,9 por ciento frente a una inflación en el período del 45 por ciento. Los obreros con mayor retraso salarial son los del sector de prendas de vestir (con un incremento de sueldos del 23,6 por ciento), seguidos por fabricación de metales comunes (23,8), fabricación de autos (24,0), productos de madera (24,8) y marroquinería y calzado (25,6). El sector que más cerca quedó de la inflación fue instrumentos médicos (42,3).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 42
 artículo 75
 resolución 
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 Resolución