Source: https://es.scribd.com/doc/13397194/Principio-de-la-Cosa-Juzgada
Timestamp: 2016-02-07 11:12:41+00:00

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Art. 1350.- La presunción legal, es la que se atribuye por una ley especial a ciertos actos o hechos, tales como: 1o. los actos que la ley declara nulos, por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones, atendida a su propia cualidad; 2o. los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de ciertas circunstancias determinadas; 3o. la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada; 4o. la fuerza que la ley da a la confesión de la parte o a su juramento.
Art. 1352.- La presunción legal dispensa de toda prueba a aquel en provecho del cual existe. No se admite ninguna prueba contra la presunción de la ley, cuando sobre el fundamento de esta presunción anula ciertos actos o deniega la acción judicial, a menos que me reserve la prueba en contrario, y salvo lo que se dirá respecto al juramento y confesión judiciales.
LA COSA JUZGADA, LÍMITE DEL AMPARO CONSTITUCIONAL.Entre quienes sustentan la tesis negativa a la procedencia del Amparo Constitucional contra sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada, una importante corriente de pensamiento, proveniente especialmente del ámbito jurisdiccional ordinario, invoca como fundamento de su posición la cosa juzgada; lo que significa que este instituto procesal es el límite a los alcances del Amparo Constitucional. Ello obliga a referirse, así sea de manera resumida, a la cosa juzgada respecto a su concepto, naturaleza jurídica, así como la concepción moderna respecto a ella. De manera general se puede señalar que, la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla, lo que significa que aquella le otorga la calidad especial de la inmutabilidad y la definitividad a ésta. Como señala el profesor Eduardo J. Couture, la autoridad de la cosa juzgada es, pues, calidad, atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter definitivo. Es inimpugnable, en cuanto la Ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia. Habrá de recordar que los romanos establecieron la distinción entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La primera significa la imposibilidad de anular la sentencia por medio de los recursos, ya porque la última instancia ha dicho la última palabra, ya porque ha transcurrido el tiempo para interponerlos o porque se ha desistido o renunciado a ellos. En cambio la
segunda significa que el fallo contenido en la sentencia es de tal suerte decisiva, que excluye totalmente cualquier nuevo examen del negocio y cualquier resolución nueva distinta sobre la misma relación jurídica, frente a los que han sido partes, sea por el mismo tribunal que dictó la primera, o por otro diferente; de manera que el fallo recaído no puede ser examinado en su exactitud de fondo por otro tribunal. La cosa juzgada es un instituto del Derecho Procesal, establecido como resguardo de la seguridad jurídica; pues se entiende que sin él la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales y se generaría la inseguridad en los fenómenos jurídicos. Sin embargo, cabe advertir que algunos sectores del ámbito jurídico, especialmente del procesal, han llevado a extremos y exageraciones el valor de la autoridad de la cosa juzgada, en ese orden, como señala Couture, es famoso el dístico de Scaccia, cuando señala que: "la cosa juzgada hace de lo blanco, negro; origina y crea las cosas; transforma lo cuadrado en redondo; altera los lazos de la sangre y cambia lo falso en verdadero". Frente a esa posición exaltada, los sectores moderados consideran que la necesidad de la firmeza de un fallo judicial que conlleva la autoridad de la cosa juzgada debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad; pues, como señala Couture, la razón natural aconseja que el escrúpulo de verdad sea más fuerte que el escrúpulo de certeza, y que siempre, en presencia de una nueva prueba o de un nuevo hecho fundamental antes desconocido, pudiera recorrerse de nuevo el camino andado para restablecer el imperio de la justicia. En consecuencia, la cosa juzgada no debe, ni puede ser tomada como un dogma, sino como un instituto procesal cuya finalidad es la de otorgar el sello de firmeza y certidumbre a un fallo judicial en resguardo de la seguridad jurídica, en la medida en que dicha decisión judicial sea el resultado de un
proceso justo, desarrollado con resguardo y respeto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las partes que intervienen en él. Es importante tener presente que siendo un instituto procesal la cosa juzgada, como límite de lo inimpugnable e inmutable, puede ser objeto de cambios o modificaciones introducidas por la Ley, la que podrá adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada avanza o retrocede en su materialización. Entonces, si la Ley puede cambiar el momento en que se opera la cosa juzgada, ya sea acortando o ampliando, con mayor razón podrá hacerlo la Constitución como la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, creando mecanismos o vías jurisdiccionales para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, frente a los actos o resoluciones de las autoridades judiciales que los lesionen dentro la tramitación de un proceso; lo que importará una postergación del momento en que debe operarse la cosa juzgada, pero no su eliminación, como sostienen quienes sustentan la tesis negativa de la procedencia del Amparo Constitucional contra decisiones judiciales, porque siempre habrá un límite al litigio; y en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan un fin y se pronuncie la última palabra, pero en el marco del respeto absoluto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. JURISPRUDENCIA.1.- La sentencia que otorga la pensión no adquiere la autoridad de la cosa juzgada. Los padres pueden solicitar del tribunal la modificación de la pensión en caso de que ocurra un cambio en sus condiciones económicas. (S. C. J., 28 enero 1987, B. J. 914, pág. 49)
2.- Carácter de esa sentencia. Recursos. La sentencia de adjudicación por causa de un embargo inmobiliario, cuando no estatuye sobre un incidente, no es una verdadera sentencia, es un proceso verbal, y constituye, más bien, un acto judicial y no una sentencia propiamente dicha, pues no resuelve una cuestión litigioso, y no tiene la autoridad de la cosa juzgada, por lo que no puede ser impugnada por los recursos ordinarios, pero procede ser impugnada por una acción principal en nulidad, cuando esta tenga por causa maniobras que tiendan a comprometer la sinceridad de la adjudicación. (S. C. J., 15 marzo 1985, B. J. 892, pág. 720) 3.- Las resoluciones emanadas del Control de Alquileres de Casas y Desahucios no contienen autoridad de la cosa juzgada, pero crean derechos y obligaciones que deben ser observados por las partes. (S. C. J., 29 julio 1988, B. J. 932, pág. 1010) 4.- La revisión es obligatoria y de orden público; se impone aún en ausencia de apelación, o de desistimiento de las partes que figuraron en el juicio original. Facultad del Tribunal Superior de Tierras de confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada por la jurisdicción original y no se viola el principio de la autoridad de 1 cosa juzgada. (S. C. J., 27 julio 1988, B. J. Pág. 1325) 5.- La aprobación de un estado de costas y honorarios sólo adquiere la autoridad de la cosa juzgada cuando se hace contencioso y es fallado definitivamente o cuando el mismo es ejecutado. (B. J. 878, 13 ENERO 1984, pág. 55) 6.- Considerando, que de conformidad con lo que establece el artículo 45 de la Ley No. 834 de 1978: “Las inadmisibilidades pueden ser propuestas en todo estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a los que se hayan abstenido, con intención dilatoria, de invocarlos con anterioridad”; Considerando, que de la economía de las disposiciones de
dicho texto legal se desprende que los medios de inadmisión pueden ser propuestos en todo estado de causa, lo que supone que pueden plantearse aún después que el fondo del asunto haya sido sustanciado, sobre todo cuando se carece de derecho para ejercer la acción de que se trate, es decir, por falta de calidad o de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada; que, el hecho de que se haya procedido a instruir el fondo del asunto, no puede implicar en modo alguno una renuncia de quien tiene el derecho de proponer la inadmisión fundamentado en uno de los medios señalados, ni impide tampoco al juez acogerlos si resultan fundados y pertinentes, porque así se lo impone el artículo 46 de la misma ley; que por lo expuesto el sexto medio del recurso, carece también de fundamento y debe ser desestimado (Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, 2 de febrero del 2000; B. J. 1071. Págs. 527-528). 7.- Asimismo juzgamos que el principio que prohíbe al juez de los referimiento conocer del fondo del asunto principal se ve atenuado primero, cuando al juez de los referimientos se le coloca en la necesidad de apreciar la magnitud de un daño o una turbación ilícita, y segundo, por el nuevo principio consagrado en el artículo 104 de la Ley No. 834, de 1978, según el cual la ordenanza de referimiento no tiene, en cuanto a lo principal, la autoridad de la cosa juzgada, lo que no significa que el auto dictado en referimiento no puede causar en hecho perjuicio a una de las partes si no que ese auto tiene un carácter puramente provisional, que no impide al juez del fondo proveer como fuere procedente (Cámara Civil, 20 de septiembre del 2000; B. J. 1078. Pág. 150). 8.- Considerando, que, en efecto, como sostiene la Corte a-qua en su fallo y como ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia, para que la excepción de cosa juzgada pueda ser válidamente opuesta, no es necesario que la nueva acción contenga los términos y motivos precisos e idénticos a los incursos en la acción ya juzgada irrevocablemente, basta que lo haya sido virtual y necesariamente, resultando dicho principio aplicable a todo lo que los jueces
hayan decidido implícita, pero básicamente, al emitir su sentencia; que en la presente especie resulta plausible el criterio expuesto en el fallo impugnado, en el sentido de que procede retener el principio de cosa juzgada en razón de la identidad de la calidad de los contratantes y del título jurídico en virtud del cual se produjeron las acciones judiciales en cuestión, cuyos antecedentes coinciden y fueron los tomados en cuenta por los jueces para dirimir el asunto, contenidos tácitamente en el dispositivo de la decisión intervenida en el caso, como lo fue obvia y especialmente la certeza avalada por el silencio de los litigantes, particularmente de la parte demandante, de que el instrumento contractual en controversia era regular y válido en su formación, sin contaminación alguna del consentimiento o de la voluntad de los contratantes; Sentencia destacada del año 2006, Cámara Civil de la SCJ; 9.- Considerando, que en el actual ordenamiento jurídico procesal dominicano no es permisible que el juez de los referimientos disponga de forma inmediata medidas urgentes y provisionales para luego revisarlas en una nueva audiencia denominada “el fondo del referimiento”, ya que, en primer término, el referido juez desde su origen en el país de su creación, se caracteriza por la rapidez procesal y provisionalidad de sus decisiones y en segundo término, porque el único “referimiento al fondo” designado como tal por la doctrina y la práctica, es el de las instancias interpuestas en la forma de referimiento pero que tienden a obtener una decisión sobre lo principal, distinta a aquellas que tienen carácter meramente provisional, de todo lo cual resulta que cuando el juez de los referimientos adopta una decisión sur le champ provisional en condiciones de rapidez, acogiendo o rechazando la medida solicitada, esa decisión, que no tiene autoridad de cosa juzgada en cuanto a lo principal, no puede ya, como se ha dicho anteriormente, ser modificada ni renovada por el mismo juez, salvo nuevas circunstancias; que, en el caso ocurrente, y según se aprecia del ordinal segundo de la ordenanza del 28 de agosto del 1996 precedentemente transcrita, el Presidente del Tribunal a-quo, antes de ser dictada la sentencia
hoy impugnada, había resuelto el asunto de la demanda en referimiento, ordenando “la detención y/o suspensión de la ejecución de la sentencia No. 99-96, dictada por…”; que, al ser dicha decisión una sentencia definitiva en cuanto a lo provisional, el sustituto del Presidente del Tribunal a-quo, como juez de referimiento, ya se encontraba desapoderado del asunto, y no podía volver a conocerlo y disponer en una segunda sentencia, como erróneamente lo hizo, “desestimando la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia”; que, en consecuencia, la ordenanza impugnada debe ser casada sin envío, por no quedar nada por juzgar, y por éste motivo de puro derecho que suple de oficio la Suprema Corte de Justicia; Referimiento. Ordenanza. Sentencia del 21 de diciembre de 2005. 10.- Considerando, que, como se ha dicho anteriormente, la revisión civil es un recurso extraordinario mediante el cual se impugna una sentencia dictada en única o en última instancia, a fin de hacerla retractar, sobre el fundamento de que el tribunal ha incurrido en errores o se han cometido irregularidades que no le son imputables; que, en ese tenor, si bien es cierto que dicho recurso constituye una limitante a la autoridad de cosa juzgada incursa en una sentencia obtenida injustamente y viciada de errores, no menos cierto es que por tener tal limitación un carácter excepcional, ese recurso sólo puede ser empleado como medio de impugnación de ciertas sentencias, en los plazos y formas taxativamente determinados por la ley; Sentencia Civil del 10 de enero de 2007, SCJ EL PRINCIPIO DE SANEAMIENTO Consiste en que las situaciones o actuaciones afectadas de nulidad sean susceptibles de ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establece. La nulidad es una sanción que la norma prevé para determinadas situaciones o actuaciones irregulares y cuando con ellas se viola el derecho de defensa de una
de las partes. Pero la nulidad no siempre se impone, pues es viable que la parte afectada como consecuencia de ella la convalide, esto es, que mediante cierta conducta no se aplique esa sanción y, por ende, la actuación sea válida, que es lo que se denomina saneamiento. La tendencia actual es la de consagrar en la norma positiva el mayor número de nulidades susceptibles de saneamiento. Por ejemplo, si el demandado ha sido indebidamente citado o emplazado y éste no lo alega en la primera actuación que realice, tal irregularidad queda convalidada. Aunque entre nosotros, no este consagrada en forma explicita el principio de Saneamientos, en la parte in fine del artículo 37 de la Ley No. 834 del 15/07/1978 se consagra en forma expresa, al señalar que: “La nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aún cuanto se trate de una formalidad substancial o de orden público”. Este principio nos indica que aun cuando la nulidad sea de orden público o sustancial el acto no deberá ser declarado nulo, en razón del principio del saneamiento, que implícitamente queda consagrado en mentado articulo, en ese contexto el máximo tribunal ha razonado, que para la admisión de la declaratoria de una se-dicente nulidad es preciso que el acto no cumpla con el voto de la ley, es decir no llegue a su destinatario, o que produzca un agravio, es decir que coloque a quien promueva la nulidad en estado de indefensión, en caso contrario por aplicación del principio de saneamiento y de las disposiciones del articulo 37 parte in fine de la indicada Ley no procede la nulidad del acto, tanto es así que la tendencia moderna del derecho, es a la eliminación de formulas mágico-sacramentales, que desvía en la ultima ratio del derecho, que es hacer justicia, e inclinarnos hacia una justicia sustantiva; CONSIDERANDO: Que en el estado actual del derecho dominicano, que se inclina cada vez más hacia el imperio de una justicia sustantiva y a la mayor eliminación posible de los formalismos excesivos, la máxima “ No hay nulidad
sin agravios” se ha convertido en una regla jurídica, que, en consecuencia, ningún acto de procedimiento, en virtud de esa regla, debe ser declarado nulo si reúne sustancialmente las condiciones necesarias para su objeto, si llega realmente a la persona a defensa; que, por efecto de esa regla, cuando un acto procesal sea declarado nulo por vicio de forma que haya causado agravios al derecho de defensa, estos agravios deben, para que se justifique el pronunciamiento de la nulidad, ser alegados por la parte perjudicada y expuestos en sus sentencias con los debidos motivos por los jueces. B.J. No. 674, enero de 1967, Pág. 79. CONSIDERANDO: Que ha sido un principio básico de la jurisprudencia dominicana que las nulidades deben producir un agravio y colocarlo a quien la promueve en un estado de indefensión, tal como lo consigna el B. J. 1083 Pág. 118-123 Sentencia Civil de fecha 21/02/2001, SCJ, la sanción de nulidad de los actos de procedimientos ha sido establecida para los casos en que la omisión o irregularidad impida al acto llegar oportunamente a su destinatario y cause lesión al derecho de defensa; CONSIDERANDO: Que la nulidad de un acto de procedimiento sólo debe ser pronunciada cuando la formalidad omitida ha perjudicado el ejercicio del derecho de la defensa (Ver, Sentencia 2 de agosto del año 1972, B. J. 741, Págs. 1905-1906).
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References: resolución 
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 104
in fine
 artículo 37
in fine