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Timestamp: 2020-08-10 18:47:01+00:00

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OPINIONES DE FUNCIONARIOS Archives - Blog de Servicio Público: Una función vital
«Hace ya más de 30 años, al final de mi formación universitaria, tomé una decisión de la que nunca me he arrepentido. Decidí hacerme funcionario público. Alternativas no me faltaban. Había completado un destacado expediente académico, la propia universidad pretendía que me consagrase a la investigación académica, y diversas grandes empresas me ofrecieron formar parte de sus equipos, incluyendo máster y otras formaciones adicionales.
Y fue precisamente en una reunión con un alto directivo de una de esas empresas, en la que se suponía que iba a firmar un primer contrato, cuando, a la luz de la conversación, amable, cordial, casi de padre a hijo, ambos llegamos a la conclusión de que lo que debería hacer era otra cosa.»
El pasado 7 de octubre de 2015 se presentó el «Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad«, elaborado en colaboración de la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), FSC-Inserta y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el apoyo del Fondo Social Europeo.
Con motivo de esta presentación, el directo del INAP, Manuel Arenilla, ha contestado en una entrevista de la publicación semanal de CERMI, que se está planteando en un marco futuro, seleccionar de manera diferente a las personas que accedan al empleo público. Ahora «están basadas en un conocimiento memorístico, y esto supone una barrera, no solo para personas con discapacidad, especialmente cuando es intelectual, sino para otro tipo de personas. Para ello el Libro Blanco propone combinar las pruebas basadas en el conocimiento, con otras que evalúan las competencias profesionales, en este tipo de práctica se basa el éxito en países como Reino Unido y Alemania, y es algo que también ha propuesto la OCDE en un libro que acaba de presentar sobre cómo mejorar las competencias profesionales en España para conseguir empleos de más calidad.» (Aquí puedes leer la entrevista completa).
OEP 2016: Autorización para incluir plazas en todos los sectores
El Congreso de los Diputados ha recibido el 4 de agosto de 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, donde en el artículo 20 autoriza una Oferta de Empleo Público para la Administración del Estado en todos los sectores.
En los sectores prioritarios la tasa de reposición será del 100% y en el resto de sectores del 50%.
Puedes ampliar la información en la siguiente noticia: OEP 2016: Se autoriza incluir plazas en TODOS los sectores.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa (esta Asociación ha conseguido la nulidad de las OEP´s de 2007 y 2011 del Gobierno de Aragón al ser contrarias a derecho por no la omisión de plazas vacantes y cubiertas por interinos –ver más información-) se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo para solicitarle la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre de 2013), atendiendo con ello la misión constitucional que se le atribuye en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta Asociación, como ya puso de manifiesto al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales durante la tramitación del Proyecto de Ley, entiende que el citado precepto lesiona el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española y regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.
No es posible, a juicio de esta Asociación, que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado incluyan en su articulado previsiones directamente contrarias a los preceptos constitucionales –con lesión clara del contenido esencial de un derecho fundamental como es el de acceso a la función pública- y no resulta tampoco admisible que, como resultado de tales previsiones que entienden antijurídicas, se produzca el incremento progresivo de las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones Públicas, resultado que permite constatar la inidoneidad de las previsiones de las Leyes de Presupuestos del Estado, pues éstas no limitan su incidencia al volumen de las plantillas de las Administraciones Públicas, sino que están debilitando de manera indebida la profesionalidad de la función pública y comprometiendo gravemente el estatuto propio de los servidores públicos, al impedir para una gran parte de ellos la garantía de la inamovilidad que se corresponde con el deber constitucional de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Por dicho motivo, esta Asociación ha solicitado a la titular de la institución del Defensor del Pueblo que, en ejercicio de su misión constitucional, promueva ante el Tribunal Constitucional un recurso tendente a invalidar el contenido del artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales, por resultar contrario a la ordenación constitucional de la función pública.
Igualmente, desde esta Asociación se dirigirán al Justicia de Aragón y al resto de los Defensores del Pueblo autonómicos para que, a la vista de las razones expresadas sobre la improcedencia de las tasas de reposición de efectivos, puedan respaldar ante el Defensor del Pueblo la petición formulada por esta Asociación o, en su caso, instar del Gobierno o Parlamento de su respectiva Comunidad Autónoma la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al afectar a la ordenación propia de su función pública y cercenar el derecho fundamental de acceso a la misma, haciendo uso de la legitimación que les reconoce el artículo 162 de la Constitución Española.
Respeto al derecho de acceso a la función pública municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza
Recientemente la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha pedido al Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, una actuación respetuosa con la legalidad de la función pública, y que se proceda a la aprobación de la correspondiente Oferta de Empleo Público, con inclusión en la misma de la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por interinos.
Esta petición se debe a las recientes declaraciones efectuadas por Belloch, en las que se pretende asegurar la continuidad de los funcionarios interinos de la plantilla municipal, en detrimento del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, como exige el artículo 23.2 de la Constitución Española.
En el siguiente enlace puedes leer el texto completo de esta noticia.
>> Petición a Belloch sobre el respeto del derecho de acceso a la función pública municipal
La Comisión Europea reconoce el derecho a la percepción de los trienios del personal interino desde el año 2001
Según ha informado el sindicato UGT, la Comisión Europea ha decidido sancionar a España por negarse a pagar los trienios del personal funcionario interino de todo el estado español con fecha de julio de 2001.
En el siguiente enlace puedes leer la misiva que ha remitido la Secretaría de estado de Administraciones Públicas a las Comunidades Autónomas, en este caso, a la Comunidad Autónoma Valenciana.
La Xunta anuncia una ley que abre las puertas a las privatizaciones en la Administración Autonómica
Según recoge el sindicato CIG, el jueves 4 de abril de 2013, después del Consejo de la Xunta, se anunció el anteproyecto de ley de racionalización del sector público autonómico, como complemento necesario de la ley de Presupuestos Generales para llevar a cabo una política de privatización de los servicios públicos.
Según este sindicato, la intención es sustituir a los empleados públicos por empresas privadas, ya que al no tener más personal (no va a haber oferta de empleo público, ni poder contratar personal a través de las listas de contratación) y con las amortizaciones de plazas vacantes, derivará en que la Xunta va a dejar muchos servicios al mínimo y muchos no se van a poder prestar con sus propios recursos. Puedes ampliar esta noticia aquí.
Reacciones de los sindicatos al número de plazas ofertadas en la OEP 2013 para la Administración de Justicia
El Ministerio de Justicia comunicó inicialmente a los sindicatos que habían sido autorizadas 1000 plazas en la OEP de 2013 para la Administración de Justica; finalmente, el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo de 2013, solo autorizó 300 plazas, dejando fuera a los cuerpos de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal.
En los siguientes enlaces puedes ver las reacciones de los sindicatos a la OEP finalmente aprobada:
>> CSI-F
>> CCOO
>> Sindicato de Secretarios Judiciales
>> STAJ

References: artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 162
 artículo 23