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Timestamp: 2018-08-17 07:45:21+00:00

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﻿ SENTENCIA C-228 DE MARZO 5 DE 2008
SENTENCIA C-228 DE 05 DE MARZO DE 2008
CONTENIDO:ESPACIOS PARA MENSAJES DE GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. EL DEBIDO PROCESO EN LA PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES Y DECISIONES JUDICIALES. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA PARTÍCULA "O" CONTENIDA EN EL INCISO 1 Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN DEMANDADA DEL ARTÍCULO 102 DE LA LEY 1098 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia C-228 de marzo 5 de 2008
Sentencia C-228 de 2008
Ref.: Expedientes D-6834 y D-6852 (acumulados)
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 48 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 100 (parcial), 102 (parcial), 111, 120 (parcial), 129, 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006.
EXTRACTOS: «LEY 1098 DE 2006
ART. 102.—Citaciones y notificaciones. La citación ordenada en la providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal, siempre que se conozca la identidad y la dirección de las personas que deban ser citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación se realizará mediante publicación en una página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, o por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.
Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaria y será reportado a las centrales de riesgo.
ART. 131.—Acumulación de procesos de alimentos. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios”.
Consideraciones preliminares. Declaración de inhibición respecto de la demanda contra el segmento normativo “de la solicitud” contenido en el artículo 100, inciso 3º, y contra los artículos 111, 129, 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006. Existencia de cosa juzgada constitucional acerca del artículo 48, inciso 2º, de la misma ley.
2. Plantean los demandantes que el segmento normativo “de la solicitud” contenido en el artículo 100, inciso 3º, de la Ley 1098 de 2006 es contrario a la Constitución porque el traslado a las partes allí previsto debe referirse a las decisiones adoptadas por el funcionario competente y no a la solicitud con la cual se inicia la actuación.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que señala los requisitos formales de las demandas de inconstitucionalidad contra las normas legales, la Corte Constitucional ha indicado que en las mismas se deben expresar las razones por las cuales se presenta oposición entre la norma legal demandada y los preceptos constitucionales, de modo que esta corporación pueda determinar si existe conformidad o inconformidad entre aquella y estos y consecuentemente adoptar su decisión.
3. Así mismo, los demandantes afirman que los artículos 111, 129, 130 y 131 de la Ley 1098 de 2006 establecen un procedimiento para ordenar la prestación de alimentos y que, de otro lado, mantiene su vigencia el procedimiento establecido con el mismo objeto en el Decreto-Ley 2737 de 1989 (Código del Menor), conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de dicha ley, por lo cual aquellas disposiciones son contrarias a los derechos al debido proceso y de defensa, en conexidad con los principios de neutralidad procesal y de universalidad de los procedimientos, según los cuales el legislador debe abstenerse, en cuanto sea posible, de multiplicar el número de juicios y procedimientos y solo debe hacerlo cuando se justifique según los criterios de razonabilidad y proporcionabilidad, por exigirlo la seguridad jurídica.
Relativamente a este cargo debe señalarse que no está dirigido contra las disposiciones demandadas, que establecen un procedimiento para ordenar la prestación de alimentos, sino contra el artículo 217 de la misma ley, que mantiene la vigencia del procedimiento establecido en el Decreto-Ley 2737 de 1989 (Código del Menor) y que no fue señalado en la demanda. En consecuencia, por ausencia de cargos contra aquellas normas, la Corte se declarará inhibida para decidir de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
4. Así mismo, esta corporación, mediante la Sentencia C-061 de 2008 (1) resolvió declarar inexequible el artículo 48, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, por lo cual en relación con este aparte normativo se ordenará estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
i) Si el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006 viola los artículos 121 y 122 de la Constitución al disponer que el coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá la función de hacer el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por los defensores o los comisarios de familia, sin existir dicho cargo en la planta de personal del instituto.
ii) Si el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 viola el principio del juez natural (C.P., art. 29) y el artículo 116 de la Constitución al atribuir competencia subsidiaria a los inspectores de policía para conocer de los asuntos a cargo de los defensores o comisarios de familia, en ausencia de estos.
iii) Si los artículos 100 y 120 de la Ley 1098 de 2006 quebrantan los derechos de defensa (C.P., art. 29) y de impugnación (C.P., art. 31) al no consagrar el recurso de apelación contra la decisión del defensor de familia, del juez de familia y del juez municipal.
iv) Si el artículo 100, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006 quebranta el derecho de defensa (C.P., art. 29) de los interesados en la actuación, al disponer la pérdida de competencia del defensor de familia y el envío del expediente al juez de familia para que de oficio adelante aquella, en caso de que el primero no resuelva la solicitud o el recurso de reposición en los términos señalados.
v) Si el artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, al establecer la citación de los interesados en la actuación mediante publicación en una página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso de desconocerse su identidad o su dirección, vulnera los derechos de defensa (C.P., art. 29) e igualdad (C.P., art. 13) de los mismos.
En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención americana de derechos humanos, suscrita en San José, Costa Rica, en 1969 y aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, contempla que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (se resalta).
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (se resalta).
2. Esas medidas de .protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.
7. En concordancia con las normas citadas del derecho internacional, la Constitución Política de 1991 consagró la protección especial de los niños, al disponer en su artículo 44 que son derechos fundamentales de los mismos la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
En relación con la protección constitucional a los adolescentes, la Corte ha considerado que ellos están comprendidos en el concepto de “niños” de que trata el artículo 44 de la Constitución y por tanto gozan de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado y son titulares de los derechos fundamentales en él consagrados, que prevalecen sobre los derechos de los demás. En este sentido ha señalado que la distinción constitucional entre niños y adolescentes no tiene como finalidad otorgar a estos últimos distinta protección, sino otorgarles participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que les conciernen, teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo. Sobre el particular ha expresado:
“(...) El concepto de adolescente no se encuentra claramente definido. En los debates de la comisión quinta de la Asamblea Nacional Constituyente se discutió sobre la necesidad de señalar el límite de edad para efectos de la protección contenida en el artículo 44 superior, lo cual finalmente no fue objeto de consideración alguna, apareciendo simplemente breves alusiones al tema, existiendo una serie de variables que dificultan tal delimitación. En este sentido, se expresó:
“¿Quién es joven en el mundo? Joven es aquel niño pasado de 10 años, según dicen algunos países hasta que otros, en su extremo, dicen que joven es aquel que, no pasando los 40 años, se conserva aún soltero; extremos en donde es difícil ubicarnos, pero nosotros decimos simplemente que jóvenes son todos los que están sometidos a la protección y formación moral, física, psicológica, intelectual, sexual y social por parte del Estado y la sociedad” (2) .
“(...) la Corte, con un gran sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser humano menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los derechos del niño (...).
“Con base en lo anterior, esta corporación ha sostenido que “en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, “menores” (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)” (3) . En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los “niños” ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años” (4)(5) .
Por su parte, la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, de la que forman parte las normas demandadas, establece en su artículo 3º, no demandado, lo siguiente:
“Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil (6) , se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”.
Cargo contra el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006
8. Consideran los demandantes que el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006 viola los artículos 121 y 122 de la Constitución, al disponer que el coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá la función de hacer el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por los defensores o los comisarios de familia, sin existir dicho cargo en la planta de personal del instituto.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 122 ibídem establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
Estas disposiciones concuerdan con lo preceptuado en el artículo 6º de la Constitución, según el cual los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Se observa que en esta norma el legislador, en desarrollo de su atribución de regular el ejercicio de las funciones públicas (C.P., art. 150, num. 23), asigna expresa o explícitamente una competencia a un cargo de la mencionada entidad, con lo cual claramente cumple el citado principio constitucional de legalidad de la función pública.
En este sentido deben tenerse en cuenta en particular los artículos 150, numeral 7º, de la Constitución, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; el artículo 189, numeral 14, según el cual corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos, y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, que dispone que el Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la misma ley de manera global; en todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas.
Cargo contra el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006
9. Plantean los demandantes que el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 viola el principio del juez natural (C.P., art. 29) y el artículo 116 de la Constitución al atribuir competencia subsidiaria a los inspectores de policía para conocer de los asuntos a cargo de los defensores o comisarios de familia, en ausencia de estos.
Como es manifiesto, las funciones administrativas que ejerce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con el contenido de las leyes 75 de 1968 (7) y 7ª de 1979 (8) y las disposiciones complementarias, son totalmente extrañas al principio del juez natural, por lo cual el cargo resulta sin fundamento. En consecuencia, el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006 será declarado exequible por este cargo.
Cargos contra los artículos 100 y 120 de la Ley 1098 de 2006
10. Expresan los demandantes que los artículos 100 y 120 de la Ley 1098 de 2006 quebrantan los derechos de defensa (C.P., art. 29) y de impugnación (C.P., art. 31) al no consagrar el recurso de apelación contra la decisión del defensor de familia, del juez de familia y del juez municipal.
El artículo 29 de la Constitución consagra el principio del debido proceso, uno de cuyos principales elementos es el derecho de defensa, esto es, el derecho a formular peticiones, pedir o aportar pruebas, controvertir las pruebas que pidan o aporten las otras partes del proceso, impugnar las decisiones y presentar alegaciones.
Por su parte, el artículo 31 ibídem establece que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
Así mismo, con referencia a la segunda instancia en materia judicial, en virtud de apelación o consulta de las sentencias, ha expresado que la Constitución solo exige en forma obligatoria la impugnación ante el superior respecto de las sentencias de tutela (C.P., art. 86) y en relación con las sentencias de condena en materia penal (C.P., art. 29), y que además el citado artículo 31 superior autoriza al legislador para establecer excepciones, por lo cual en los demás casos el mismo puede establecer o no la segunda instancia, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, con los límites constitucionales indicados.
De otro lado, la ausencia de previsión de dicha segunda instancia en relación con las decisiones de los defensores de familia se justifica por la misma urgencia indicada y porque el artículo 100 demandado contempla que resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para que homologue el fallo, si dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad. En esta forma, se establece un control judicial de legalidad de las decisiones administrativas en esa materia, que ostensiblemente amplía la protección especial de los niños, niñas y adolescentes.
Por estas razones, el cargo resulta infundado y la Corte declarará exequibles las expresiones acusadas de los artículos 100 y 120 de la Ley 1098 de 2006, por dichos cargos.
Cargo contra el artículo 100, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006
11. Manifiestan los demandantes que el artículo 100, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006 quebranta el derecho de defensa (C.P., art. 29) de los interesados en la actuación, al disponer la pérdida de competencia del defensor de familia y el envío del expediente al juez de familia para que de oficio adelante aquella, en caso de que el primero no resuelva la solicitud o el recurso de reposición en los términos señalados.
El aparte demandado estatuye que la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Agrega que vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo.
Según lo dispuesto en el artículo 29 superior, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y una de sus características es que no tenga dilaciones injustificadas.
Por consiguiente, dicha expresión no vulnera el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución y será declarada exequible, por el cargo planteado.
Cargo contra el artículo 102 de la Ley 1098 de 2006
12. Manifiestan los demandantes que el artículo 102 de la Ley 1098 de 2006, al establecer la citación de los interesados en la actuación administrativa mediante publicación en una página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso de desconocerse su identidad o su dirección, vulnera los derechos de defensa (C.P., art. 29) e igualdad (C.P., art. 13) de los mismos.
Uno de los elementos del debido proceso es la publicidad de las actuaciones y decisiones, que permite su conocimiento por las partes e interesados en el proceso o actuación, lo cual es condición indispensable para que puedan ejercer el derecho de defensa. Ello explica que el artículo 209 de la Constitución lo contemple como uno de los principios que deben regir la función administrativa, junto con la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad.
Aunque el servicio de internet no es el único medio previsto por la norma demandada para la mencionada citación, pues en ella se establece que dicha citación podrá hacerse alternativamente mediante transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible, el cual, de acuerdo con el desarrollo actual de las comunicaciones, puede ser la radio, la televisión o la prensa escrita, se observa que, por tratarse de una alternativa librada al arbitrio de la autoridad administrativa, existe la posibilidad de que esta disponga la citación en el servicio de internet en casos en los que este medio no garantiza el ejercicio del derecho de defensa, desconociendo así mismo las condiciones socioeconómicas desiguales de tales interesados y la imposibilidad de gran parte de ellos de acceder al servicio de internet.
Por estas razones, la Corte considera que para garantizar los derechos de defensa e igualdad de los interesados en la actuación administrativa, la citación de estos deberá realizarse mediante publicación en una página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, y por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.
En consecuencia, hará integración normativa de la partícula “o” contenida en el inciso 1º del artículo 102 de la Ley 1098 de 2006 a continuación de la expresión demandada, la cual no fue objeto de la demanda, la declarará inexequible y declarará exequible en forma condicionada la expresión demandada, por los cargos formulados y en los términos indicados.
1. DECLARARSE INHIBIDA para tomar decisión de mérito en relación con el segmento normativo “de la solicitud” contenido en el artículo 100, inciso 3º, de la Ley 1098 de 2006 y contra los artículos 111, 129, 130 y 131 de la misma ley.
2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-061 de 2008 dictada por esta corporación, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 48, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006.
3. DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones demandadas contenidas en los artículos 96, 98, 100 y 120 de la Ley 1098 de 2006.
4. DECLARAR INEXEQUIBLE la partícula “o” contenida en el inciso 1º del artículo 102 de la Ley 1098 de 2006 a continuación de la expresión demandada, y DECLARAR EXEQUIBLE en forma condicionada, por los cargos examinados, la expresión demandada, en el entendido de que cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación deberá realizarse mediante publicación en una página de internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, y por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.
(1) M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Aclaración de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández.
(2) Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, transcripción de sesiones, Presidencia de la República, plenaria, junio 10 de 1991, pág. 68.
(4) Ver también sentencias T-415 y T-727 de 1998, M.P. Alejandro Martínez.
(5) Sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(6) Según lo previsto en el artículo 34 del Código Civil, “llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el que no ha cumplido catorce años; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”.
(7) Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
(8) Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

References: ARTÍCULO 102
 artículo 100
 artículo 48
 artículo 100
 artículo 2
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 48
 artículo 96
 artículo 98
 artículo 116
 artículo 100
 artículo 102
 artículo 19
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 121
 artículo 122
 artículo 6
 artículo 189
 artículo 115
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 116
 artículo 98
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 209
 artículo 102
 artículo 100
 artículo 48
 artículo 102
 artículo 34