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Timestamp: 2018-12-19 00:08:04+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-512 DE MAYO 25 DE 2004
SENTENCIA C-512 DE 25 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:INCENTIVO ECONÓMICO EN ACCIONES POPULARES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL APARTE DEMANDADO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 472 DE 1998 QUE CONSAGRA QUE "IGUALMENTE FIJARÁ EL MONTO DEL INCENTIVO PARA EL ACTOR POPULAR".
TEMAS ESPECÍFICOS:INCENTIVOS ECONÓMICOS A LA ACCIÓN POPULAR, RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A LA ACCIÓN POPULAR
Sentencia C-512 de mayo 25 de 2004
Sentencia C-512 de 2004
Ref.: Expediente D-4972
Actor: Camilo Hiroshi Emura Álvarez.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34, 39, parcial, y 40, parcial, de la Ley 472 de 1998.
Se transcribe el texto de las normas acusadas con la advertencia de que se resalta el aparte demandado. Del artículo 39 no se hace resaltado, puesto que se demanda en su integridad.
En la Sentencia C-459 de 2004, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, se declararon exequibles los artículos 38 y 40, inciso primero de la Ley 472 de 1998 (1) . La declaratoria de exequibilidad no tuvo limitación alguna en la parte resolutiva ni motiva de la mencionada sentencia, razón por la cual se surtió cosa juzgada absoluta sobre las normas acusadas.
Además, así no se hubiera presentado cosa juzgada absoluta, la Sala observa que los cargos presentados contra los artículos analizados en la sentencia en cita son iguales a los expuestos en el presente proceso. En efecto, en la demanda radicada bajo la referencia D-410 se cuestionaba la constitucionalidad de la existencia de incentivos por contrariar el principio de solidaridad consagrado en la Constitución. Por otro lado, se acusaba la diferencia de tasación del incentivo en las acciones relativas a la moralidad administrativa y aquellas tocantes con otros derechos colectivos, por contrariar el derecho a la igualdad. Por último, atacaba el inciso primero del artículo 40 por obligar a pagar el incentivo a la entidad pública beneficiada con las resultas de la acción popular, en los casos de moralidad administrativa.
En la Sentencia C-459 de 2004 se encontró que las normas acusadas se ajustaban a la Constitución, puesto que el legislador podía determinar el estímulo frente a la defensa efectiva de los derechos colectivos; además, puesto que no contraría la solidaridad la presencia del incentivo, toda vez que el actuar solidario puede ser promovido por el Estado para su efectiva plasmación. Además, con tal promoción de la acción solidaria si bien se beneficia el actor popular, la comunidad titular de los derechos colectivos también recibe los beneficios de la protección de estos.
Por otro lado, se encontró que si bien los artículos 39 y 40 de la Ley 742 de 1998 que consagran desarrollo de incentivos presentan diferencias en su regulación esto no contraría la Constitución. Sin embargo, en el caso de la acción popular por violación del derecho colectivo de la moralidad pública el monto del incentivo debe pagarlo la persona que vulneró el derecho colectivo, pues no es razonable que sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se lesionó la moralidad administrativa, toda vez que lo que se pretende proteger en esta acción popular es el patrimonio público.
El actor del presente proceso aduce los mismos cargos contra los artículos ahora demandados. En efecto, así lo resaltó el procurador general en su intervención en el presente proceso. En esta, indicó la vista fiscal que en virtud de que en el proceso D-4910 se analizaban cargos similares contra las normas demandadas, era posible que para el momento del fallo del proceso de la referencia existiera cosa juzgada, caso en el cual solicitaba a la Corte se estuviera a lo resuelto.
3. La fijación de incentivos no contraría el principio constitucional de solidaridad —reiteración de jurisprudencia—.
El actor también acusa el aparte del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que señala que el juez, al momento de proferir la sentencia dentro de una acción popular “(...) Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”. El cargo presentado contra este aparte es el relativo a la vulneración del principio de solidaridad toda vez que, según el actor, la acción de protección de los derechos colectivos no debe ser recompensada, so pena de contrariar el principio mencionado el cual, según el demandante, está relacionado con la gratuidad. Como se dijo en la Sentencia C-459 de 2004, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería:
“(...) las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos.
De otro lado es importante señalar que el actor propone en su demanda un falso dilema entre solidaridad y gratuidad, toda vez que, (...) la solidaridad es compatible con la benevolencia. Esto es, el interés público se puede materializar con el simultáneo beneficio del interés particular, ya que ninguna regla constitucional auspicia ni ampara la anulación de todo bienestar privado en la perspectiva del bienestar público”.
Así las cosas, la Corte declarará exequible el aparte demandado del artículo 34 por encontrar que al ser compatible con la solidaridad no contraría la Constitución.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-459 de 2004 con respecto a la exequibilidad de los artículos 39 y 40, inciso primero.
2. DECLARAR EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que consagra que “igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”.
(1) En esta ocasión salvó voto el magistrado Rodrigo Escobar Gil, por considerar que el reconocimiento del incentivo sí desconoce el principio constitucional de solidaridad y de pagarse convertiría las acciones populares en negocios. En lo relativo la precisión realizada relativa al sujeto que debe cancelar el incentivo, aclaró el voto el magistrado Manuel José Cepeda, por considerar que también se encuentra dentro del margen de configuración del legislador el fijar el quién debe responder por el pago de este.

References: ARTÍCULO 34
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34