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Timestamp: 2018-02-21 15:23:39+00:00

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Sentencia Constitucional Nº 213/2016, TC, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 4985/2013, 15-12-2016 | Iberley
Recurso de inconstitucionalidad 4985/2013
Sentencia Constitucional Nº 213/2016, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 4985/2013 de 15 de Diciembre de 2016
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Órden: Constitucional Fecha: 31/01/2017 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 18/2017 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 4952/2016
Auto Constitucional Nº 160/2016, TC, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 2501/2016, 20-09-2016
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Auto CIVIL Nº 102/2015, AP - Barcelona, Sec. 17, Rec 870/2014, 18-03-2015
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Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 19/02/2015
Núm. Resolución: 3353
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 27/03/2017
Núm. Resolución: V0763-17
Ponente: Martinez-vares Garcia, Santiago
Núm. Sentencia: 213/2016
Núm. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 4985/2013
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 16 de agosto de 2013, se promovió recurso de inconstitucionalidad núm. 4985/2013 por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 116, de 15 de mayo de 2013). El recurso tiene por objeto, de un lado, la impugnación de la totalidad de la Ley por considerar que su tramitación parlamentaria vulnera los arts. 87.3 y 23.1 y 2 CE y, de otro, se impugnan, además, los arts. 1; 3, apartado 3 (así como las referencias e incisos de la Ley al procedimiento de ejecución o venta extrajudicial, que, de acuerdo con el escrito de interposición del recurso se contienen en los arts. 1, 2, disposición adicional cuarta, disposiciones transitorias primera, segunda y quinta; y disposición final primera); art. 7, apartados 1 y 14 (en la modificación, respectivamente, de los arts. 552.1 y 695.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil); art. 8.2 (en la modificación del art. 3.1 b) 4 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos); disposición adicional primera; y disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta.
En tal sentido, se pone de manifiesto que, habiéndose admitido la iniciativa por la Mesa e incluida en el orden del día del Pleno del Congreso del 12 de febrero de 2013 para el debate de su toma en consideración, fue aprobada por 334 votos a favor, 0 en contra y 1 sola abstención. Una vez pasado el texto a la Comisión parlamentaria de Economía y Competitividad se abrió el plazo de presentación de enmiendas, sin que se presentase ninguna enmienda a la totalidad. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas a todos y cada uno de los artículos de la iniciativa, de forma que quedaba vacía de contenido. Posteriormente, la mayoría del Grupo Popular en la Comisión, con la oposición del Grupo Socialista, decidió que la iniciativa se tramitara conjuntamente y se refundiera con el proyecto de ley, ya existente en tramitación, del que luego sería el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Se subraya que también fue rechazada por la mayoría de los miembros del Grupo Popular que componen la Mesa del Congreso de los Diputados la avocación del texto al Pleno de la Cámara y que, finalmente, el texto unificado fue aprobado por la Comisión de economía y competitividad, rechazándose la propuesta de veto presentada por diferentes grupos parlamentarios, con el único apoyo del Grupo Popular. Por su parte el Pleno del Senado aprobó la proposición de ley, texto que fue publicado en el “BOE” como Ley 1/2013, de 14 de mayo.
En cuanto a la vulneración del art. 87.3 CE, los recurrentes hacen referencia a la regulación de la iniciativa legislativa popular, en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, y en el Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD). Se hace referencia tanto a la tramitación conforme a lo establecido en relación con las proposiciones de ley como a lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley Orgánica 3/1984 (conforme a la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2006) de acuerdo con el cual “la tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras que podrán contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora”, si bien el Reglamento de la Cámara no había desarrollado dicha previsión. Se pone, además de manifiesto, que el grupo parlamentario mayoritario rechazó la solicitud de comparecencia en comisión de un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca. Las actuaciones referidas comportaron la desaparición de la iniciativa, lo que a juicio de los recurrentes, ha impedido la participación directa de la ciudadanía en el procedimiento legislativo, y ello debe conllevar la declaración de inconstitucionalidad de la propia ley (SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 5; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10, y 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 4).
En consecuencia, una distinción entre menores por razón de edad, excluyendo a la mayoría de ellos de la protección frente al lanzamiento de la vivienda familiar (art. 47 CE), sin previsión alguna de alternativa habitacional, supone una discriminación difícilmente justificable que en absoluto responde al interés de los propios menores. Por la misma razón, la inconstitucionalidad debe extenderse al art. 8.2 de la Ley 1/2013, dado que limita a la unidad familiar de que forme parte un menor de tres años la posibilidad de solicitar a las entidades financieras que suscriban el “Código de buenas prácticas” una reestructuración de la deuda hipotecaria contraída.
d) Bajo la rúbrica: “8. Inconstitucionalidad de la disposición transitoria 1 y 2 por vulneración del (sic) 9, 10, 24 y 96 de la Constitución. Vulneración de la tutela judicial efectiva y derecho a la defensa en relación con las garantías procesales ofrecidas a los consumidores frente a los profesionales bajo el principio pro consumatore que se concreta en el ordenamiento jurídico de TJE (sic) con la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a un procedimiento con todas las garantías”, se realizan dos consideraciones: en primer lugar, se afirma que no es admisible que el consumidor vea mermado su derecho a la defensa cuando, precisamente, la Directiva 93/13/CEE impone no solo el derecho a la defensa plena del consumidor en los procedimientos judiciales, sino la obligación del juzgador de garantizar los derechos de la parte débil de la relación contractual, por medio de un control jurisdiccional que vaya más allá de lo alegado por el consumidor (STJUE de 14 de marzo de 2013). Ello quiere decir que el juez nacional tiene la obligación de aplicar íntegramente el Derecho comunitario y proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional que sea contraria a aquél.
En segundo lugar, respecto a la elección de la publicación de la Ley en el “BOE” como instrumento de notificación del nuevo plazo de un mes para formular el incidente extraordinario de oposición a la ejecución, otorgado a aquellos deudores que hayan visto transcurrir el periodo de oposición, (disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013), los Diputados recurrentes afirman que el art. 9.3 CE garantiza la publicidad de las normas y la seguridad jurídica, y que la notificación por “BOE” del plazo de preclusión de un mes puede llevar a que muchos de los ejecutados en procedimientos de ejecución hipotecaria ignoren sus derechos o se vean imposibilitados de asumir en tan breve espacio de tiempo los gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales. Recuerda la doctrina y jurisprudencia relativa al carácter subsidiario de la notificación edictal y a la publicación en diarios oficiales, e indica que la notificación señalada en la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, vulnera de forma flagrante el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), el derecho a un procedimiento con todas las garantías, a la publicidad de las normas y a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). En su opinión, la vía elegida por el legislador de comunicar el plazo de preclusión para denunciar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, no solo incumple los referidos derechos constitucionales, máxime si se considera que el plazo se reduce a un mes y los consumidores afectados pueden no estar tan siquiera personados en los procedimientos de ejecución, sino que es contraria al Derecho comunitario, toda vez que “la protección de la Directiva 93/13 se opone a una normativa interna que prohíba al Juez nacional, al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o por la vía de excepción opuesta por el consumidor, una cláusula abusiva inserta en un contrato” (STJUE de 21 de noviembre de 2002).
Los recurrentes recuerdan que la norma impugnada es consecuencia de la STJUE de 14 de marzo de 2013 y recoge la modificación del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial pueda analizar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo. Sin embargo, estando dicho precepto destinado a modificar la Ley de enjuiciamiento civil, tan sólo ha añadido un segundo párrafo al art.552.1 LEC en los siguientes términos: “cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el art. 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el art. 561.1”. Sin embargo, su párrafo 2 no ha sido modificado y sigue disponiendo que “el auto que deniegue el despacho de la ejecución será directamente apelable, sustanciándose la apelación solo con el acreedor. También podrá el acreedor, a su elección, intentar recurso de reposición previo al de apelación”. En consecuencia, solo el acreedor hipotecario tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación frente al Auto que deniegue el despacho de ejecución, lo que, en cambio, no se permite al deudor ejecutado, conculcando el art. 24 CE en relación con el principio de igualdad del art. 14 CE, porque ante un mismo hecho —resolución desfavorable a los intereses de una parte—, se trata a una de ellas de forma diferente a la otra, sin que exista una finalidad constitucionalmente aceptable que justifique priorizar al acreedor sobre el deudor.
f) Por último, se impugna el apartado 3 del art. 3 de la Ley 1/2013, por el que se modifica el art. 11__h6_0131art>129 de la Ley hipotecaria (en adelante, LH), así como las referencias e incisos de la Ley al procedimiento de venta extrajudicial (que, de acuerdo con el escrito de interposición del recurso se contienen en los arts. 1, 2, disposición adicional cuarta, disposiciones transitorias primera, segunda y quinta; y disposición final primera), por vulneración de los arts. 14, 24, 51.1 y 117.3 CE.
En opinión de los recurrentes, el procedimiento de ejecución extrajudicial, conocido como “venta extrajudicial”, contraviene el monopolio de la función jurisdiccional (art. 117.3 CE), dado que implica una verdadera ejecución del bien hipotecado, cuya tramitación discurre al margen de los tribunales de justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva, ex art. 24 CE, presupone la existencia de un proceso que no se elude otorgando al ejecutado la posibilidad de acudir a un procedimiento declarativo, donde se ventilen cuestiones tan esenciales como la existencia de cláusulas abusivas [nueva redacción art. 129.2 f) LH]. Se añade que la configuración del título ejecutivo mediante una simple determinación no impugnable del saldo deudor, realizada unilateralmente por la parte acreedora, causa una grave indefensión al deudor hipotecario, que contrasta con lo dispuesto en el art. 695.2 LEC para el procedimiento judicial de ejecución donde, por el contrario, se admite una oposición basada en error en la determinación de la cantidad exigible. En consecuencia, es obvio que se produce una desigualdad injustificada a la par que arbitraria, con infracción evidente del art. 14 CE. En el mismo sentido, recordando la STJUE de 14 de marzo de 2013, se subraya que la protección a consumidores exige, para ser efectiva, que sea el juez quien aprecie de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y restablezca, si así lo considera, el desequilibrio entre el consumidor y el profesional.
2. Mediante providencia de 24 de septiembre de 2013, el Pleno acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto, de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Se dispuso, por último, publicar la formalización del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
b) En segundo término, destaca que la falta de previsión que se imputa al art. 1 de la Ley impugnada, de la presencia judicial durante el lanzamiento de los ocupantes de la vivienda ejecutada no infringe el derecho a la inviolabilidad del domicilio ( art. 18.2 CE), pues se trata ya en sí misma de la ejecución de una resolución judicial, y la protección constitucional del derecho no exige que el titular del órgano judicial vuelva a controlar, en fase de ejecución material, la misma medida que ya ha autorizado al despachar la ejecución (art. 551 LEC).
f) Para la Abogacía del Estado tampoco existe deficiencia de orden constitucional, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, por prever un plazo preclusivo de un mes desde la publicación en el “BOE” de la Ley, a fin de que, con carácter extraordinario, los deudores hipotecarios puedan oponer el abuso de las cláusulas contractuales en todos aquellos procedimientos en los que ya hubiera ya transcurrido el plazo legalmente establecido para la oposición a la ejecución. La razón es clara: se trata de una norma favorable para los ejecutados y su modo de publicidad nada tiene en común con la notificación del edicto.
h) Por último, en cuanto a la constitucionalidad del art. 3.3 de la Ley 1/2013, por el que se modifica el art. 129 LH y otras disposiciones de la Ley impugnada que hacen referencias al procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, por su supuesta vulneración de los arts. 117 y 24 CE, entiende el Abogado del Estado que tal procedimiento resulta explícitamente susceptible de fiscalización por los tribunales de justicia. Por lo demás, recuerda que con tal “venta extrajudicial” tan solo se respeta el principio de la autonomía de la voluntad y se pone en práctica una cláusula de sometimiento expreso a este tipo de procedimiento pactada libre y voluntariamente. Se subraya, además, que esta reforma viene dada por las exigencias de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril y la incorporación de la doctrina sentada en la STJUE de 14 de marzo de 2013, tratándose, en cualquier caso, de modificaciones favorables y tuitivas respecto del deudor ejecutado, no sustraídas al posible control judicial posterior, por lo que no cabe decir que sea contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, ni contravenga el art. 117 CE.
2. Es necesario comenzar valorando el alcance de las numerosas reformas legislativas sobrevenidas durante el curso del presente procedimiento que han provocado que la mayor parte de las disposiciones impugnadas no se encuentren hoy vigentes y, por ello, en su momento determinaremos la repercusión que tienen sobre una eventual desaparición, por pérdida de objeto en el recurso. En tal sentido, hay que recordar desde ahora mismo que la regla general en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad como el presente, es que la derogación de la norma impugnada extingue el objeto del recurso, si bien tampoco “cabe dar una respuesta unívoca y general a la cuestión relativa a los efectos de la modificación, derogación o pérdida de vigencia de una disposición legal, ulterior a su impugnación, sobre la eventual desaparición del objeto de los diversos procesos constitucionales … no pudiendo resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos” (recientemente recordado en la STC 94/2014, de 12 de junio, FJ 2).
Precisamente por la imposibilidad de dar una respuesta general a estos casos, hemos declarado que “en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado ‘habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ... la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)’ (STC 199/1987, FJ 3). Por ello, carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, ‘pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento ... de modo total, sin ultraactividad’ (SSTC 160/1987, FJ 6; 150/1990, FJ 8, y 385/1993, FJ 2). Por idéntica razón, para excluir ‘toda aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera conservar’, puede resultar útil —conveniente— su enjuiciamiento, aun cuando haya sido derogada (SSTC 160/1987, FJ 6, y 385/1993, FJ 2).” (STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 3).
Ahora bien, en el caso del presente recurso de inconstitucionalidad también es conveniente subrayar que el hecho de que algunos de los preceptos o disposiciones de la Ley impugnada hayan podido ser eventualmente modificados o derogados no priva del todo de objeto al presente recurso, sino que, antes al contrario, “es necesario que este Tribunal Constitucional se pronuncie, porque una parte de los motivos alegados por los Diputados recurrentes afectan al procedimiento legislativo de aprobación de la ley y a su contenido posible, por lo que la eventual derogación o modificación de alguna de las normas contenidas en esta disposición legal no incidiría en el control de los vicios de validez en que pudiera haberse incurrido al momento de su aprobación, con lo cual subsiste el interés constitucional de velar por el recto ejercicio de la potestad legislativa (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2). Ello, no obstante, sin perjuicio de que cuando se impute a preceptos concretos la violación de las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, se pueda entrar a delimitar los efectos que sobre el objeto del presente proceso constitucional pueda tener la eventual derogación o modificación de los mismos” (STC 132/2013, de 5 de junio, FJ 1). Por ello, daremos respuesta, en primer lugar a las tachas constitucionales imputadas al procedimiento parlamentario, sin perjuicio de que posteriormente se analicen las concretas vulneraciones de cada uno de los preceptos impugnados.
Los motivos de inconstitucionalidad aducidos por los recurrentes se circunscriben a la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular una vez había sido admitida a trámite y tomada en consideración. Al respecto, debemos partir de la premisa de que “la iniciativa legislativa popular es un instrumento de democracia directa cuyo ejercicio debe desarrollarse en la forma jurídicamente prevista en cada caso al ser un derecho de configuración legal” y que “la vulneración del art. 23.1 CE no se deriva de la mera existencia de irregularidades en el procedimiento de tramitación con ocasión del ejercicio de la iniciativa, sino de la presencia de una relación causal entre irregularidad procedimental y transgresión del contenido del derecho fundamental, de suerte que se haga evidente la imposibilidad de ejercicio de la iniciativa popular en virtud de obstáculos imprevisibles e insalvables” (STC 19/2015, de 16 de febrero, FJ 2). Además, pese al juicio que pudiera merecer la necesidad de que una vez ejercida la iniciativa legislativa popular, esta iniciativa estuviera vinculada a especialidades en el procedimiento legislativo determinadas por el origen de la misma, lo cierto es que, ateniéndonos a lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (Ley Orgánica de iniciativa legislativa popular) y en el art. 127 RCD, el procedimiento legislativo subsiguiente a la toma en consideración es el mismo que el de las demás proposiciones de ley. La única especialidad, prevista en la Ley Orgánica 3/1984, en su versión vigente, tras su reforma por Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, es que la persona designada por la comisión promotora será llamada a comparecer en la Comisión del Congreso de los Diputados competente por razón de la materia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular.
En efecto, la Ley Orgánica 3/1984 dispone en su art. 13.2 que, “la tramitación parlamentaria se efectuará conforme a lo que dispongan los Reglamentos de las Cámaras. En todo caso, la persona designada por la Comisión promotora será llamada a comparecer en la Comisión del Congreso de los Diputados competente por razón de la materia, con carácter previo al debate de toma en consideración por el Pleno, para que exponga los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular”. Por su parte, el art. 127 RCD determina que una vez ha verificado la Mesa del Congreso el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos se tramitará conforme a lo dispuesto en el art. 126 RCD que, tras la toma en consideración, determina que “la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que, salvo en el supuesto del artículo 125, sean admisibles enmiendas de totalidad de devolución. La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley, correspondiendo a uno de los proponentes o a un Diputado del Grupo autor de la iniciativa la presentación de la misma ante el Pleno”.
Realizadas dichas consideraciones debemos ahora analizar las vulneraciones que los recurrentes entienden se produjeron en el procedimiento legislativo para lo que hemos de partir de que, según doctrina reiterada de este Tribunal, aunque el art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) no menciona a los reglamentos parlamentarios entre aquellas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, no es dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente a la acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley, cuando esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las Cámaras. Doctrina que se ha de cohonestar con la jurisprudencia constitucional, según la cual, la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (art. 72 CE) y la propia naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración legal también obligan a otorgar a los Parlamentos y, significativamente, a sus órganos rectores, un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este Tribunal no puede desconocer [por todas, STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 5 b)]. En el ejercicio de la autonomía reglamentaria que la Constitución reserva a las Cámaras (art. 72 CE) les corresponde “una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas” (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2, y 49/2008, de 9 de abril, FJ 15), para articular las fases o procedimientos que se desarrollan en su seno (SSTC 234/2000, de 3 de octubre, FJ 12; 49/2008, de 9 de abril, FJ 15, y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6).
a) La proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, presentada como iniciativa legislativa popular, fue admitida, y tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el 12 de febrero de 2013 (“Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados” núm. B-102-2 de 15 de febrero de 2013). La Mesa de la Cámara en su reunión de 19 de febrero de 2013, acordó encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, a la Comisión de economía y competitividad, así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.5 y 93 del Reglamento, abrir el plazo de presentación de enmiendas, que se publicaron en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados” núm. B-102-4 de 2 de abril de 2013.
b) Reunida la ponencia, se publicó el Informe conjunto emitido por las ponencias sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (procedente del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre) (núm. expediente 121-000031), y la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social (núm. expediente 120-000006). El nuevo texto resultante de la unificación de las iniciativas citadas se denominó proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (núm. expediente 122-000101. Las ponencias encargadas de redactar los informes sobre las referidas iniciativas legislativas, reunidas conjuntamente, acordaron con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y el voto en contra del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD), del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista, proponer a la Comisión un texto único con el siguiente título “proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social” (“Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados” núm. B-119-1 de 22 de abril de 2013).
i) La denuncia de la vulneración de los arts. 112 y 126.5 RCD y de los arts. 23 y 87.3 CE, por la presentación por el Grupo Parlamentario Popular de enmiendas al articulado que, a juicio de los recurrentes eran una enmienda a la totalidad con texto alternativo que, en su consecuencia, privó al Pleno de su deliberación, y su ulterior aprobación que comportó la desaparición del texto, no puede prosperar, en los términos en los que está expresado en la demanda, que se vincula con la imposibilidad de los grupos de la minoría de ejercer su función. Al respecto, debemos recordar que si bien la materia y el objeto del procedimiento lo delimita el autor de la iniciativa legislativa, ello no obsta a que a través del ejercicio del derecho de enmienda los representantes de los ciudadanos puedan incidir en el texto de la iniciativa, rechazándolo (enmienda de totalidad con devolución del texto), alterándolo (enmienda de totalidad con proposición de texto alternativo) o modificándolo (enmiendas parciales de modificación, supresión o adición) (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6). A ello ha de añadirse que, como ya dijimos en la STC 129/2013, de 4 de junio, “el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (art. 1.1 CE) impone que la formación de la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes [SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 5; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 2 c), y 209/2012, 14 de noviembre, FJ 2].
La posibilidad de tramitación conjunta de dos iniciativas legislativas no está expresamente prevista en el Reglamento del Congreso de los Diputados, pero tampoco se establece su prohibición en ningún precepto del mismo. La adopción de dicha decisión de tramitación conjunta por la Mesa de la Comisión y las correspondientes ponencias ha de enmarcarse, en consecuencia, en el ámbito de la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente (art. 72 CE), ya que, como hemos señalado, en el ejercicio de la autonomía reglamentaria que la Constitución reserva a las Cámaras les corresponde una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas para articular las fases o procedimientos que se desarrollan en su seno. Asimismo, el Letrado de las Cortes Generales entiende que existe un uso parlamentario conforme al cual se adoptó la decisión de tramitación conjunta de las iniciativas. La acreditación de ese uso parlamentario de tramitación conjunta de iniciativas legislativas que coinciden temporal y materialmente en situaciones previas “es otro elemento que debe tomarse en consideración en defensa de que se está ante una interpretación y aplicación de la normativa parlamentaria que cuenta con sustento en la comunidad jurídica parlamentaria” (STC 143/2016, de 19 de septiembre, FJ 5).
Ya hemos advertido en el fundamento jurídico 2 que la mayor parte de los preceptos impugnados se encuentran derogados por las numerosas modificaciones legislativas posteriores, a las que haremos referencia a continuación, y ello priva de objeto a las impugnaciones realizadas por los Diputados recurrentes. Debemos por ello insistir en lo que atañe a los recursos de inconstitucionalidad que “la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ‘la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley’, pues si así fuera ‘no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)’, de modo que, carecería de sentido que (en un recurso abstracto, como el de inconstitucionalidad, dirigido a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico), este Tribunal se pronunciase ‘sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento … de modo total, sin ultraactividad’ (por todas, STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2)”, salvo cuando la controversia se suscite sobre el carácter orgánico de un precepto o sobre motivos competenciales.
b) Otro tanto cabe afirmar respecto al apartado 3 del art. 3, y la disposición adicional cuarta y transitorias primera, segunda y quinta y disposición final primera (en cuanto hacen referencia al procedimiento de venta extrajudicial) de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que modifican el art. 129 de la Ley hipotecaria, pues este precepto se ha visto de nuevo redactado por la disposición final tercera de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, cuya entrada en vigor data del 15 de octubre de 2015. De este modo no teniendo la impugnación naturaleza competencial, la modificación de las normas tiene un efecto extintivo del recurso de inconstitucionalidad, debiendo recordarse que “el alcance de dicha modificación resulta absolutamente irrelevante a los efectos del presente recurso” (por todas, STC 223/2012, de 29 de noviembre, FJ 3).
“Esta Ley será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.”
“La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual prevista en el artículo 3 apartado 2 será de aplicación a las hipotecas constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de diez días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.”
A fin de verificar si los recurrentes han satisfecho la diligencia procesal exigible para justificar la existencia de las infracciones constitucionales que denuncian debemos retomar el contenido del recurso en relación con esas disposiciones transitorias primera y segunda. Tal y como hemos expuesto en la letra d) del antecedente 1.B) de esta Sentencia, los recurrentes, bajo la rúbrica: “8. Inconstitucionalidad de la disposición transitoria 1 y 2 por vulneración del (sic) 9, 10, 24 y 96 de la Constitución. Vulneración de la tutela judicial efectiva y derecho a la defensa en relación con las garantías procesales ofrecidas a los consumidores frente a los profesionales bajo el principio pro consumatore que se concreta en el ordenamiento jurídico de TJE (sic) con la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho a un procedimiento con todas las garantías”, realizan dos consideraciones, que no guardan conexión alguna con el contenido de las disposiciones transitorias —anteriormente trascritas—, cuya constitucionalidad cuestionan: en primer lugar, afirman que al consumidor se le merma su derecho a la defensa, pese a que la Directiva 93/13/CEE impone el derecho a la defensa plena del consumidor en los procedimientos judiciales y la obligación del juzgador de garantizar los derechos de la parte débil de la relación contractual, siendo el derecho comunitario de obligatoria aplicación. Y en segundo lugar, efectúan consideraciones respecto a la indefensión que supone para ellos la publicación de la Ley en el “BOE” como instrumento de notificación del nuevo plazo de un mes para formular el incidente extraordinario de oposición.
7. Finalmente, debe indicarse que la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que se refiere al “régimen transitorio en los procesos de ejecución”, aparece aludida en el motivo ocho del recurso —trascrito en la letra d) del antecedente 1 B), cuya rúbrica hemos reproducido en el fundamento anterior—, en el que se argumenta sobre la inconstitucionalidad de la disposición transitoria primera y segunda. Ahora bien, la disposición transitoria cuarta, no se contempla en el suplico del recurso, ni tampoco en el listado de los artículos recurridos que preceden al suplico y en los que se concretan los preceptos impugnados. En consecuencia, no puede ser objeto de análisis alguno, al deber circunscribir nuestro enjuiciamiento “exclusivamente a los preceptos que se contienen en el suplico de la demanda”, el cual “es la parte decisiva para reconocer y concretar el objeto de todo recurso” (por todas, STC 184/2016, de 3 de noviembre, FJ 2, y las que en el mismo se citan).
1º Declarar que ha perdido objeto la impugnación de los arts. 1, apartados 1, 2 y 3; art. 3, apartado 3 (así como las referencias e incisos en la Ley al procedimiento de ejecución o venta extrajudicial); art. 7, apartados 1 y 14; art. 8 apartado 2; y disposición adicional primera de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Fecha de entrada en vigor: 15/05/2013
Ley Orgánica 3/1984 de 26 de Mar (Reguladora de la iniciativa legislativa popular) VIGENTE
Fecha de entrada en vigor: 16/04/1984
RD-Ley 6/2012 de 9 de Mar (Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos) VIGENTE
Fecha de entrada en vigor: 11/03/2012
ANEXO. Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
D.F. 3ª. Desarrollo reglamentario de la ejecución extrajudicial.
D.F. 1ª. Modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
Ley Orgánica 3/2015 de 30 de Mar (Control de la actividad de los Partidos Políticos) VIGENTE
D.F. 9ª. Haciendas Forales.
D.F. 8ª. Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas.
D.F. 7ª. Aforamientos.
D.F. 6ª. Rango de ley ordinaria.
D.F. 11ª. Modificaciones y desarrollos normativos.
D.F. 9ª. Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
D.F. 8ª. Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo.

References: REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 126
 artículo 3