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Timestamp: 2018-07-23 01:58:50+00:00

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El Estatuto de Roma y los crímenes contra la humanidad en la guerra de El Salvador. / Berne Ayalá. | Noticias y Crónicas
El Estatuto de Roma y los crímenes contra la humanidad en la guerra de El Salvador. / Berne Ayalá.
marzo 2, 2010 marzo 2, 2010 ~ Oscar Monzon De Leon
“Es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez…sin un espejo delicado y secreto de lo que pasó por las almas, la historia universal es tiempo perdido, y en ella nuestra historia personal—lo cual nos afantasma incómodamente.”
La memoria es el centro de toda indagación histórica. La impunidad es el mayor obstáculo en las investigaciones concernientes a los crímenes contra la humanidad. Toda persecución penal por crímenes cometidos durante un conflicto armado, cualquiera que sea su especie —incluso los cometidos en la guerra sucia de las dictaduras contra la población civil—, está precedida de una decisión política que generalmente se origina en el poder del vencedor y encausada al perdedor de la guerra. De esa misma manera el “perdón y olvido” que se contemple en una ley de amnistía es una decisión esencialmente política.
La variable en materia de competencia contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) es el rompimiento de la doctrina de la soberanía de Estado en la aplicación de la ley penal a partir de la doctrina de superioridad planetaria en materia de Derechos Humanos.
Tal aseveración debe ser entendía como un acto complementario de la comunidad internacional, o si se prefiere, subsidiario al de la aplicación de la ley procesal interna, que parte de que ese principio de soberanía sólo puede ser roto a partir de la decisión del Estado parte luego de los procedimientos constitucionales que deben intervenir para que la CPI tenga competencia sobre el mismo.
La historia de la CPI está plagada de guerras y horrendos crímenes contra la humanidad, los debates que consolidaron su actual constitución provienen de un escalofriante mundo donde millones de seres humanos han perdido la vida bajo formas odiosas de tortura y otros vejámenes. La víctima es la prioridad en esta doctrina que busca no olvidar esos hechos. Por supuesto que hay una corriente de pensamiento que cree que no es necesario enjuiciar a nadie para conocer la verdad. Precisamente es ahí donde se oculta la mayor controversia de lo que solemos llamar verdad, pero más aún el derecho a la verdad por el mecanismo de la justicia.
La competencia y el alcance de la CPI es quizá el asunto que más atrapa los debates jurídicos en nuestros países. No se puede enjuiciar a una persona con una ley procesal que no ha estado vigente a la época en que se cometió el hecho. Un principio harto conocido en el ámbito del derecho penal. Cuando se trata de delitos comunes la fórmula no altera la “certidumbre” de la comunidad política, pero cuando se trata de crímenes contra la humanidad cometidos en un conflicto armado como el nuestro, sucede todo lo contrario puesto que las acusaciones están orientadas a personajes vinculados al aparato de Estado en la época del hecho como en la época del debate de su aceptación.
El Estatuto de la CPI establece en su artículo 11 titulado “Competencia Temporal” en su numeral 1 que “La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto.” Podríamos llamar a esta figura “competencia general”, entendida a partir del instrumento jurídico que le da vida a la CPI, la cual quedó fijada el 1 de julio de 2002 luego de haberse ratificado el instrumento por el número de Estados estipulados en el acuerdo de Naciones Unidas. La “competencia especial” es aquella que se aplica una vez se produce la adhesión del Estado Parte en adelante y respecto del mismo. No obstante en el numeral 2 del mismo artículo en mención se advierte que el Estado puede hacer una declaración para conferir competencia a la CPI a un hecho sucedido antes que el Estado fuera parte, pero obviamente nunca más allá del 1 de julio de 2002.
Como queda dicho, es improbable que la CPI tenga competencia sobre los hechos sucedidos durante la guerra civil de El Salvador que finalizó el 16 de enero de 1992. No puedo decir “imposible” puesto que lo imposible no es una categoría aplicable a los hechos políticos, dada la dinámica que ha caracterizado la evolución de la doctrina de derechos humanos. Técnicamente no es la CPI la que pude tener competencia, podría ser otro tribunal cuyas facultades se extendieran retroactivamente bajo argumentos de otra naturaleza.
Lo antes expuesto se corresponde con uno de los principios más universales del derecho penal: no hay pena sin una ley. El texto del Estatuto de Roma es claro: Artículo 22, Titulado “Nullum crimen sine lege”. Numeral 1: “Nadie será penalmente responsable con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en el que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.” Dado que el Estatuto de Roma es una compleja organización sistemática de delitos y de procedimientos, para no dejar dudas, también se han desarrollado los principios concernientes a la aplicación de la ley en el tiempo. El artículo 24 titulado “Irretroactividad ratione personae” establece en su numeral 1 que “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.”
¿Si las cosas están claras, por qué genera entonces tanto escozor y debate la aplicación de una ley internacional de orden procesal aplicable a delitos contra la humanidad que solo puede ser aplicada hacia el futuro y no a hechos pasados? El miedo a conocer la verdad del crimen de guerra de El Salvador es sin duda un impedimento decisivo porque muchos de los autores intelectuales de esos crímenes están vivos y siguen teniendo presencia de considerable importancia en la vida política y económica de nuestro país. El órgano ejecutivo está preñado de fantasmas que conciernen a la historia de los últimos veinte años, la asamblea legislativa está dominada por una ideología conservadora que se arropa en dos alas aparentemente distintas, la derecha y la izquierda, ambas están interesadas en olvidar nuestro pasado sea por acción o por omisión, por encima de la víctimas y la sociedad que al fin de cuentas terminará conociendo lo sucedido por la vía no oficial.
El olvido es un carácter antropológico de la sociedad salvadoreña. El desprecio por el pasado es una constante. La búsqueda de la justicia y la verdad no es una regla de la sociedad política, es apenas una excepción de una pequeña parte de la sociedad civil.
Las argucias y debates técnicos en torno al riesgo de aplicar el Estatuto de Roma a los hechos de nuestra guerra civil están en el escenario. Atrás del telón está la postura de los dirigentes políticos salvadoreños que controlan los aparatos del Estado donde se pueden generar los cambios.
El Salvador es un caso típico de finalización de un conflicto armado. Se trató de una guerra civil cuyos términos fueron decididos por un acuerdo político avalado y auspiciado por la comunidad internacional, y aceptado por las partes. Desde esta ficción no hubo vencedores ni vencidos, al menos en lo concerniente al aspecto militar. A partir de esa época, el conservadurismo de derecha e izquierda, encausó sus actuaciones para dar por cerrados los debates relacionados con los crímenes de la guerra. Se pretendió “cerrar la historia” en el informe de la Comisión de la Verdad titulado “De la Locura a la Esperanza”. Después de eso no debía investigarse nada. El argumento trillado: que la mejor manera de sanar las heridas es no hablar de ellas, es decir, olvidarlas.
Existen nexos entre las formas de interpretar la historia de la guerra en nuestro país y la negativa a plegarse al Estatuto de Roma. La historia salvadoreña es una de las más deficientes del continente americano. A pesar de haber transcurrido un siglo de conflictos y de genocidios, jamás se decidió nada sustancial para la memoria de las víctimas. Especialmente porque la guerra que libramos fue una de las más complejas, la negociación que resultó de la misma es un experimento que terminó la confrontación militar pero no las contradicciones fundamentales que la generaron.
El derecho a conocer la verdad y el acceso a la justicia por parte de las víctimas es una pelea que no la puede detener ningún decreto, menos un gobierno, mucho menos un tribunal nacional, menos un puñado de políticos que se refugian en un modelo de historia de folletín.
El acuerdo de paz estableció la incorporación a la vida política del país de todos los jefes y combatientes de la guerrilla salvadoreña integrada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Para ello fue imperativo que se decretara en 1992 la Ley de Reconciliación Nacional. Dicho instrumento estaba orientado a favorecer exclusivamente a los veteranos de la guerrilla. En ningún apartado se hablaba de forma expresa de los integrantes de la Fuerza Armada como sujetos de la gracia puesto que la concepción que dio origen a la citada ley partía del hecho que los únicos que habían estado al margen del orden jurídico eran los alzados, todo lo que las unidades militares oficiales habían hecho, se interpretó, fue “el cumplimiento del deber”.
Pero en ese mismo instrumento se estipuló una disposición que de antemano advertía una postura en relación a la situación de los Derechos Humanos. El artículo 6 estableció que no gozarían de la gracia de amnistía contenida en la mencionada ley “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso.”
Se reconoció que dentro del universo de crímenes de la guerra era imperativo esclarecer al menos aquellos que hubiesen conmovido a la sociedad en general. La alusión al informe de la Comisión de la Verdad nos permite ver que dentro de los negociadores del final de la guerra estaba demarcada la agenda del tema de los crímenes a investigar.
El acuerdo para formar la citada comisión fue suscrito por la guerrilla y el gobierno de El Salvador en abril de 1991, cuando todavía no había terminado la guerra. La doctrina y los instrumentos que se aplicaron para ponderan y enjuiciar los hechos desde el punto de vista moral fue el derecho internacional de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario que nuestro país había ratificado. En este punto está la clave para salir del abismo histórico en el que pretendieron dejar a la sociedad salvadoreña aquellos que suscribieron esos acuerdos. La lista de crímenes no debe interpretarse como un cierre sino como una muestra.
Por supuesto que la clasificación de los hechos como la fijación de la época a partir de la cual serían tomados en cuenta fue producto del arbitrio de los negociadores. La década de los años 1970s no fue incluida, sin embargo la cantidad de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos en la misma es enorme. “El tribunal moral” que investigó esos hechos que conmocionaron nuestra cultura, pretendía ejemplificar la tormenta de crímenes de nuestro conflicto interno. Es como creemos debe ser interpretado su cometido, no hay por qué caer en la trampa de que no tenemos el derecho a indagar sobre el resto de la historia de violaciones a los Derechos Humanos que no están incluidas en su informe.
La Comisión de la Verdad dio su informe el 15 de marzo de 1993, más de un año después del decreto 147 del 23 de enero de 1992 que originó la Ley de Reconciliación Nacional, después de que incluso se desmovilizó el último contingente de la guerrilla salvadoreña, acaecido el 12 de diciembre de 1992.
El informe de la CV señaló como principal violador de los derechos humanos durante el conflicto de El Salvador, a la Fuerza Armada. Es aquí que los debates vuelven a entronizar la defensa y el ataque, pero sobre todo las posibilidades reales de enjuiciar a los militares que dirigieron la guerra, pero no sólo a ellos sino a los civiles que confabularon con ellos.
Días después de brindado el informe se promulgó el decreto que dio origen a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (20 de marzo de 1993). No se requiere de un ejercicio intelectual especial para comprender la orientación política que conllevó al dictado de una nueva ley: los militares y los miembros de los gobiernos de turno durante la guerra quedaban desprotegidos con la primera ley de 1992 dado que habían sido mencionados en el informe de la CV como violadores de los derechos humanos.
La amnistía general de 1993 derogó la excepción de amnistía especial dictada en 1992, concretamente el artículo 6, que establecía que no habría aplicación de la gracia para los que fuesen mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Insistimos: la línea política y el diseño legal que le corresponde está viciado por la impunidad que conlleva y por el desprecio a la historia, a la sociedad salvadoreña y, especialmente, a las víctimas.
Uno de los argumentos que esgrime un sector importante de la derecha salvadoreña para despreciar la adopción del Estatuto de Roma es que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que por tanto no es tan cierto que no se puede aplicar la normativa procesal que sirve a la competencia de la CPI. Me parece que en este asunto hay una verdad contradictoria: una es la vigencia de los derechos humanos y derecho humanitario y otra es la competencia de las actuaciones un tribunal internacional constituido por el Estatuto de Roma. Si los delitos de lesa humanidad no prescriben se puede perseguir a sus autores por el tribunal competente de nuestro país.
Precisamente por lo antes dicho es que se acusa con razón que la Ley General de Amnistía atenta contra el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. De lo que se trata es de fijar la mirada en el lugar donde se encuentra la traba que impide juzgar los hechos de la guerra civil: la gracia concedida por el gobierno de Alfredo Cristiani. Este asunto lleva a otro debate: la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la Ley General de Amnistía debido a que se produce una contrariedad con la Constitución en razón de concederse la gracia por crímenes de lesa humanidad no establecidos en la misma y porque aquellos que ejercieron funciones en el gobierno que la decreta no pueden gozar de la misma. En ambos casos es básicamente una contrariedad con la carta magna que se resuelve por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (inconstitucionalidad) o por una resolución dictada por el juez competente en una causa específica (inaplicabilidad).
Los grupos de poder que propiciaron la redacción y promulgación de la Ley General de Amnistía hicieron un distingo en cuanto al beneficio de la misma: no se amnistiaron los delitos de secuestro ni extorsión (art.3 literal b). Esa diferencia en el trato para con las víctimas de delitos de lesa humanidad es otra deficiencia de la citada ley que debe ser examinada. Su desigualdad parte de una visión clasista, económica. Si no “perdonaron” los secuestros ni las extorsiones porque son capaces de disculpar las masacres de campesinos, las desapariciones forzadas, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, los bombardeos contra la población civil. No hay duda que nuestra historia está sembrada en el chantaje y la alevosía de un grupo hegemónico que todavía tiene las uñas largas.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, debe pasar a ser ley de la república, con las facultades y competencias de dicho tribunal respecto de nuestro territorio y para juzgar los hechos que en el mismo se estipulan. Que este fin debe estar focalizado en el futuro de nuestra sociedad y en las posibilidades de ser parte de un sistema de justicia internacional más humanista.
La lucha contra la impunidad y la memoria de las víctimas es el gran sentido ético de todo juicio por crímenes de lesa humanidad. Desde este punto de vista, hay una retroactividad no jurídica del Estatuto de Roma a la que pudiésemos llamar “retroactividad moral”, es decir, que con la constitución de la CPI se expresa el modo de concebir la justicia del futuro, y, por consiguiente, la mirada hacia el pasado debe centrarse en la aplicación de los mecanismos que ya existen en los Estados parte y que no se han aplicado debido a razones de orden político, por lo que resulta imperativo suprimir los obstáculos que impiden el acceso a la justicia.
A partir del anterior punto de vista, la vía que deja abierta esa “retroactividad moral”, no tiene que ver con la aplicación del Estatuto de Roma a los hechos de nuestra guerra civil (situación aclarada con anterioridad), sino con la presión y el debate para derogar el principal impedimento que hasta hoy tenemos para buscar la verdad de nuestro pasado inmediato: la derogatoria de la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
Los argumentos políticos que presumen de apocalípticos al señalarnos que si se abren los juicios por los delitos de lesa humanidad de nuestra guerra, solo estaríamos provocando más lesiones y riesgos a la paz del país, no pueden ser más falsos. La debilitada institucionalidad del país y la enorme crisis de violencia social que padecemos los salvadoreños tiene a su base, entre otros factores, la generalizada impunidad de las élites y el desprecio por la historia de las víctimas.
Pero hay algo todavía más bochornoso: ni los acusados, que ahora son unos viejos, ni nadie que les rodee haría una guerra ni nada que se le parezca. Recordemos que los juicios celebrados en Argentina contra los militares de la dictadura, o contra Augusto Pinochet y otros de sus socios, en Chile, no generó más crisis en esas sociedades que la de los debates de avaladores y opositores.
En Estados Unidos se ha condenado, aunque civilmente, a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. En mayo de 1999 el Centro de Justicia y Responsabilidad interpuso una demanda contra los generales Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, basada en las leyes federales, Ley de Federal de Demandas Civiles par Extranjeros (Alien Tort Statuto—ATS por sus siglas en inglés) y la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act—TVPA), en 2002. Tras cuatro semanas de debates un jurado de West Palm Beach encontró a los generales culpables por la tortura infringida contra varios salvadoreños y los condenó a pagar por daños y perjuicios.
Toda justificación para limitar el acceso a la justicia es una complicidad continuada del crimen de lesa humanidad. La verdad, es inevitable, indetenible, “nos hará libres”. La búsqueda de la verdad, nos hace dignos.
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4 comentarios en “El Estatuto de Roma y los crímenes contra la humanidad en la guerra de El Salvador. / Berne Ayalá.”
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eduardo_a2j dice:
marzo 2, 2010 en 9:46 pm
Cuánta razón tiene, espero llegar a ver ese día, en que la verdad pueda ser conocida para nuestro marginado, castigado y vejado pueblo salvadoreño.
Giovanni Landaverde dice:
mayo 9, 2010 en 4:37 am
¡Excelente artículo, mi querido, Bernee! Te tomare como fuente para una pequeña investigación que estoy realizando. ¡Saludos!
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