Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/d437-1969.t5.html
Timestamp: 2020-06-01 14:35:06+00:00

Document:
RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO FISCAL.
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.
1. Únicamente pueden imponer corrección disciplinaria a los funcionarios del Ministerio Fiscal:
El Fiscal del Tribunal Supremo, a todos los funcionarios del Ministerio Fiscal.
El Consejo Fiscal, a todos los funcionarios del Ministerio Fiscal, excepto al Fiscal del Tribunal Supremo.
Los Fiscales de las Audiencias Territoriales, al Teniente Fiscal y Abogados Fiscales de sus Fiscalías, a los Fiscales de las Audiencias Provinciales y a los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz del territorio respectivo.
Los Fiscales de las Audiencias Provinciales, al Teniente Fiscal y Abogados Fiscales, si los hubiera, y a los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz de la provincia.
2. Las correcciones disciplinarias a los miembros de los Cuerpos de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, por faltas cometidas durante el tiempo que presten o hayan prestado servicios en las Fiscalías, se regirán, en primer término, por los Reglamentos orgánicos de sus respectivos Cuerpos, y en lo no previsto en los mismos, por lo dispuesto en este Reglamento.
Serán corregidos disciplinariamente los funcionarios mencionados en el artículo 123:
1. Cuando faltaren manifiestamente en forma grave a la subordinación debida a sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudieran incurrir.
2. Por abandono del servicio.
3. Cuando en sus informes escritos u orales adoptaren acuerdos o emitiesen informes manifiestamente ilegales.
4. Cuando observaren conducta contraria a los principios fundamentales del Movimiento Nacional.
5. Cuando de palabra o por escrito falten a la subordinación debida a sus superiores jerárquicos, a la corrección y consideración debida a sus iguales o a sus superiores, a los Tribunales, a los Auxiliares o subalternos de éstos, a los funcionarios públicos de otro orden y a los Letrados, Procuradores, peritos y testigos que intervengan en las actuaciones judiciales o gubernativas.
6. Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus deberes, o hubiesen sido condenados por sentencia firme en que se impusiera al funcionario una pena grave por delito culposo; no sostuvieren en forma debida la dignidad y prerrogativas de su cargo, o faltaren en sus informes escritos y orales a las prescripciones legales o reglamentarias.
7. Cuando perturbaren el servicio de la Fiscalía, infringiendo las prescripciones reglamentarias en las peticiones y uso de permisos, vacaciones y licencias, no utilizándolos para la finalidad que les fueron concedidos o no presentándose en los plazos señalados en los cambios de destinos o al finalizar el disfrute de los mismos; y cuando se valieren de terceras personas para recomendar o apoyar sus pretensiones en orden a la Carrera.
8. Cuando observen conducta moral irregular o incurran en vicios de los que hacen desmerecer en el concepto público; cuando por gastos innecesarios y superiores a sus medios de vida contrajesen deudas que den lugar a que se proceda contra ellos ejecutivamente; cuando por incumplimiento, sin razón suficiente, de obligaciones legítimamente contraídas y en proporción con los expresados medios de vida, sean condenados en juicio civil y cuando por su negativa a pagar impuestos o arbitrios legítimos al Estado, la Provincia o el Municipio haya de seguirse contra ellos procedimiento de apremio.
9. Cuando infrinjan las prohibiciones del artículo 17 de este Reglamento o los deberes que les imponen el párrafo último del artículo 34 del Estatuto.
10. Cuando hubiesen incurrido por causas que les fuese imputable en alguno de los casos de incompatibilidad previstos en los artículos 13 y 14 de este Reglamento o en disposiciones legales especiales; y cuando ocultaren causa de incompatibilidad en el percibo de sueldo o remuneraciones sin solicitar la situación administrativa correspondiente.
11. Cuando se ausentasen injustificadamente del lugar de su residencia, si no procediese otra resolución.
12. Cuando reiteradamente, y no obstante las advertencias del Consejo Fiscal, los Fiscales Jefes faltaren notoriamente a la equidad en la distribución del trabajo.
1. Podrán ser impuestas a los funcionarios del Ministerio Fiscal las sanciones siguientes:
Pérdida de 10 a 20 días de remuneraciones, excepto la del complemento familiar.
Pérdida de 5 a 10 días de remuneraciones, excepto el complemento familiar.
Pérdida de 1 a 4 días de remuneraciones, excepto el complemento familiar.
Apercibimiento, que consistirá en la comunicación que el que imponga la corrección hará al corregido, por conducto del Jefe inmediato de éste, haciéndole notar la falta cometida y amonestándole para que no incurra en ella en lo sucesivo.
Incurrirán en responsabilidad no sólo los autores e inductores de una falta sino también los Jefes que las toleren y los funcionarios que las encubran.
2. Las faltas indicadas en el artículo anterior serán muy graves, graves y leves.
Se considerarán faltas muy graves las comprendidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 124 de este Reglamento.
Las faltas muy graves pueden sancionarse con la separación del servicio, que se acordará por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, o con pérdida de 10 a 20 días de remuneraciones, excepto el complemento familiar, previa formación de expediente que instruirá el Consejo Fiscal.
Se considerarán las demás faltas enumeradas en el artículo 124 muy graves, graves o leves, teniendo en cuenta las circunstancias y los efectos de la falta cometida.
3. Las faltas graves se sancionarán:
con suspensión de funciones, sanción que no podrá exceder de 6 años, con los efectos indicados en el artículo 40 de este Reglamento;
traslado forzoso;
El sancionado con suspensión, cumplida ésta podrá reingresar a su instancia, previo informe del Consejo Fiscal.
Las faltas leves se sancionarán:
con pérdida de 1 a 4 días de remuneraciones, excepto el complemento familiar;
apercibimiento, y
4. Quedará incurso en falta grave el funcionario que sea corregido tres veces por faltas leves y el que, habiendo incurrido en falta muy grave, no sea sancionado con separación del Servicio.
Las sanciones establecidas en este artículo son independientes de aquellas otras que de modo especial se mencionan en este Reglamento.
Las sanciones indicadas para las faltas se impondrán sin sujeción al orden indicado en el artículo anterior.
La sanción que se imponga, salvo la de advertencia, se reflejará en el expediente personal del funcionario, con indicación de las faltas que la motiven.
Constituirá nota desfavorable en el expediente personal del funcionario la existencia de una anotación por falta grave o muy grave o de tres faltas leves.
Los funcionarios sancionados con traslado forzoso no podrán solicitar nuevo destino en el plazo de 1 año, ni otro de la misma localidad en que se les impuso la sanción hasta transcurridos 5 años.
Este último plazo podrá ser reducido o ampliado por el Ministerio de Justicia con informe razonado del Consejo Fiscal y previa audiencia del interesado.
Las faltas leves prescriben al mes; las graves, a los 2 años, y las muy graves, a los 6 años.
Se impondrán de plano las correcciones disciplinarias cuando las faltas cometidas por el funcionario resulten de sus dictámenes o informes escritos, o de los autos en que haya de intervenir, o de lo consignado en el acta por el Secretario por orden de quien presida el acto de que se trate, tanto de lo que se considere digno de corrección como de las explicaciones dadas por el interesado. Estas correcciones que pueden imponerse de plano, solo serán aplicables a las faltas leves.
El funcionario corregido de plano será oído en justicia, si lo solicitare dentro de los 5 días siguientes al en que se le hubiera notificado la corrección.
La audiencia en justicia tendrá lugar ante el Jefe que hubiese impuesto la corrección y por los trámites y con los recursos establecidos en los artículos 128, 129 y 130 de este Reglamento.
Fuera de los casos comprendidos en el párrafo primero del artículo anterior, las correcciones se impondrán previa formación de expediente.
La orden de formar expediente puede darse por el Ministerio de Justicia o por cualquiera de los que, según el artículo 123, tienen facultad para imponer la corrección. En la misma orden, cuando dimane de funcionarios u Organismos del Ministerio Fiscal, se hará la designación de Instructor, si el que mande formar el expediente no lo instruye por sí. El Delegado será, en su caso, de categoría superior o de la misma y con mayor antigüedad que el funcionario contra quien se dirija el expediente. También en la misma orden se designará Secretario o se delegará en el Instructor la facultad de nombrarle.
La designación de Secretario recaerá precisamente en un funcionario fiscal de categoría inferior al Instructor o cuando menos de menor antigüedad, y si se nombrase por éste, deberá pertenecer a la misma Fiscalía que él, siempre que sea posible.
El expediente se acomodará a los trámites siguientes:
Se encabezará con la orden de proceder, original o testimoniada, a la que seguirá inmediatamente el inmediato nombramiento de Secretario, si no constase en la orden. Se aportarán los elementos que el Instructor estime necesarios para comprobar si existe falta o no la falta, oyendo sobre los extremos que juzgue convenientes al funcionario contra quien el expediente se dirija. Cuando a juicio del Instructor se hayan completado las investigaciones se formulará el correspondiente pliego de cargos, del que se dará traslado al expedientado; contendrá aquél cuantas imputaciones se estimen probadas y se harán constar con la debida amplitud las actuaciones en que tales cargos se apoyen, si bien, en cuanto al informe, declaraciones testificales y dictámenes periciales, se anotarán tan sólo los nombres y circunstancias de los informantes, testigos y peritos, al único efecto de que puedan ser objeto de tacha.
El expedientado podrá contestar por escrito en el término de 8 días, formulando las alegaciones y proponiendo las pruebas que estime conducentes a su defensa y a la justificación de las tachas alegadas.
Transcurrido dicho plazo, háyase o no presentado contestación, acordará el Instructor lo que estime pertinente en cuanto a la admisión y práctica de la prueba propuesta. Una vez llevada a efecto la admisión, si de la misma no se derivan nuevos cargos, elevará lo actuado con su informe-propuesta a la autoridad que hubiere acordado la instrucción del expediente.
En el caso de que resultaren nuevos cargos de las pruebas practicadas a virtud de los escritos presentados se comunicarán aquellos al inculpado concediéndosele un último plazo igual al señalado para contestar, y, transcurrido éste, con o sin contestación, se dará por terminada la instrucción en la forma antes establecida.
Concluso el expediente, se remitirá por el Instructor con informe-propuesta a la autoridad a quien corresponda resolverlo. Recibido por el superior lo resolverá dentro de 4 días salvo que estime procede la separación del Servicio del funcionario sujeto a expediente, en cuyo caso se enviará éste al Consejo Fiscal, para que proceda en la forma dispuesta en el artículo 51 de este Reglamento para los casos de destitución.
La resolución será fundada y en ella se impondrá la corrección que proceda o se declarará no haber lugar a ello. En ambos casos, por conducto de su Jefe inmediato y mediante certificación literal, se comunicará el Decreto resolutorio al funcionario contra quien se haya dirigido el expediente.
Los que instruyen un expediente de corrección disciplinaria tendrán para obligar a compadecer y declarar o emitir dictámenes periciales, o informar acerca de los extremos que interesen en el expediente, todas las facultades que a los Jueces instructores de los sumarios concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto de todas las personas que sean citadas, conforme a las prescripciones de la misma Ley, por los Subalternos de la Fiscalía donde se halle el Instructor del expediente. Las declaraciones, informes periciales y demás diligencias que en éste se practiquen, se acomodarán también a lo establecido en la Ley citada respecto de la Instrucción de sumarios.
El Instructor podrá trasladarse, previa autorización superior, o sin ella si no hubiese de salir del territorio del Tribunal donde ejerza sus funciones, a los sitios que estime conveniente para practicar diligencias de comprobación.
Salvo circunstancias excepcionales, la instrucción de estos expedientes no excederá de 30 días, y el Consejo Fiscal vigilará el cumplimento de esta disposición y corregirá su inobservancia.
De todas las correcciones impuestas por los Fiscales de las Audiencias Territoriales y Provinciales se podrá recurrir ante el Consejo Fiscal, y de las impuestas por éste o por el Fiscal del Tribunal Supremo, al Ministerio de Justicia, dentro de los 3 días siguientes al en que se comunique al corregido la resolución del expediente, y en escrito que se presentará ante el Jefe inmediato del mismo o se remitirá certificado por correo al superior que haya de conocer del recurso.
El superior ante quien se recurra reclamará por telégrafo el expediente de quien lo haya resuelto, que deberá remitirlo por el primer correo, y una vez que el superior lo reciba, decidirá, en resolución fundada y sin ulterior recurso, dentro del quinto día, lo que estime procedente, confirmando, agravando o atenuando o dejando sin efecto la corrección.
De la incoación de todo expediente de corrección disciplinaria y de la imposición de las correcciones de plano se dará cuenta inmediatamente al Consejo Fiscal. Este podrá recabar para sí el conocimiento de cualquier expediente de corrección de cuya incoación tenga noticia.
Una vez firme la resolución dictada de plano o en expediente en que se imponga una corrección disciplinaria, se dispondrá su cumplimiento por quien la haya dictado, se comunicará al Consejo Fiscal, al Director general de Justicia y al Jefe de la Fiscalía en que preste sus servicios el corregido y se anotará en el expediente personal de éste, en el libro de correcciones de la Fiscalía respectiva y en el de la misma clase que deberá llevar el Consejo Fiscal.
Si la corrección fuera de las comprendidas en el artículo 125, 1, B, C, D, E y F, le comunicará su imposición al Ministro de Justicia, el cual dictará las ordenes necesarias para su cumplimiento, efectuándose, además, las anotaciones correspondientes.
El funcionario separado del servicio, en virtud de condena por delito doloso, según el artículo 49 de este Reglamento, extinguida la responsabilidad penal y civil y cancelados sus antecedentes penales, podrá ser rehabilitado por el Ministerio de Justicia previo informe del Consejo Fiscal.
En caso de delito culposo, si en el expediente de corrección disciplinaria se hubiese acordado la separación, será rehabilitado en la forma y con los requisitos que previene el párrafo anterior.
En ambos supuestos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 54.
Transcurridos 2 ó 6 años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación del Servicio, podrá acordarse por el Ministerio de Justicia la cancelación de aquellas anotaciones, a instancia del interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso la sanción, a través del oportuno expediente en que emitirá informe el Consejo Fiscal. La cancelación de anotaciones por faltas leves podrá acordarse a los 6 meses, por el mismo procedimiento.
La Cancelación no impedirá la apreciación de reincidencia si el funcionario vuelve a incurrir en falta. En este caso, los plazos de cancelación de las nuevas anotaciones serán de duración doble que los señalados anteriormente.
La cancelación de las correcciones a que se refiere el artículo anterior producirá los siguientes efectos:
Que se anule su constancia en el expediente personal del interesado y en los libros del Consejo Fiscal y de las Fiscalías en que hubieran sido anotadas.
Que no se haga constar su imposición en los informes que respecto del interesado se den en lo sucesivo.
Que no se tengan en cuenta en lo sucesivo en cuanto se refiera a traslados, ascensos, destituciones y agravaciones de otras causas de corrección en que pueda ulteriormente incurrir el funcionario.
La cancelación se declarará por el Consejo Fiscal a instancia del interesado o de oficio en virtud de examen que periódicamente debe hacer del libro de correcciones y se comunicará al Ministerio de Justicia y a las Fiscalías en cuyos libros conste anotada la corrección, para que desaparezca.
Los plazos señalados en el artículo 134 quedarán en suspenso por la excedencia voluntaria del corregido.
El Presidente del Tribunal Supremo podrá comunicar al Ministro de Justicia los hechos que estime merecedores de su conocimiento y observación, en orden a la actuación del Fiscal del Tribunal Supremo en las Salas de Justicia, de Gobierno y en el Pleno.
La responsabilidad civil que se podrá exigir a funcionarios fiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto, estará limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios estimables que causen a los particulares, a las Corporaciones o al Estado, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusable; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de la Administración, exigibles en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.
La responsabilidad civil solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en juicio ordinario y ante el Tribunal que se determina en este Reglamento. La demanda por responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que termine por sentencia o auto firme el pleito o causa en que se suponga causado el agravio.
Dicha demanda deberá entablarse dentro de los 6 meses siguientes a la firmeza de la sentencia o auto que haya puesto término al pleito o causa, transcurrido este término quedará prescrita la acción.
No tendrá acción para exigir dicha responsabilidad civil el que a su tiempo no hubiese reclamado en forma, pudiendo hacerlo, o no haya utilizado los recursos legales ordinarios para evitar o reparar los perjuicios que, por la actuación del funcionario Fiscal, haya sufrido.
A toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse testimonio fehaciente:
De la resolución que ponga término al asunto en que se suponga causado el perjuicio.
De las actuaciones que en concepto del demandante conduzcan a demostrar la infracción de la Ley por negligencia e ignorancia inexcusables.
Estos testimonios se pedirán al Tribunal en que radiquen los autos, haciendo constar la finalidad de la petición. El Secretario dará recibo de la presentación del escrito y el Tribunal mandará, bajo su responsabilidad, que se faciliten sin dilación los testimonios, pudiendo acordar que se adicionen con los particulares que estimare necesarios para que resulte la verdad de los hechos.
No será admitida la demanda a la que no acompañaren los expresados testimonios.
Si transcurridos 10 días, a contar de la presentación del escrito, no se hubiesen entregado a la parte las certificaciones o testimonios, podrá ésta recurrir en queja al Tribunal que deba conocer de la demanda, el cual hará al inferior las prevenciones oportunas o le reclamará los autos originales, si lo estimase más conveniente y no fuesen necesarios para la ejecución de la sentencia. En estos casos se pondrán los autos de manifiesto al actor o se le entregará el testimonio para que formule la demanda, reteniéndose, en su caso, los autos para tenerlos a la vista hasta la conclusión del juicio de responsabilidad.
Cualquiera que sea el Tribunal que deba conocer de la demanda de responsabilidad civil, se sustanciará este juicio por los trámites establecidos para el ordinario de mayor cuantía.
Cuando la demanda se dirija contra un Fiscal de la Justicia Municipal, conocerá de ella el Juez de Primera Instancia del partido a que el Juzgado Municipal a que aquél estuviere adscrito corresponda. Contra la sentencia del Juez de Primera Instancia procederá el recurso de apelación ante la Audiencia Territorial, y contra lo que ésta decida, el de casación.
Las Salas de lo Civil de las Audiencias Territoriales conocerán en primera y única instancia de las demandas de responsabilidad civil que se entablen contra funcionarios fiscales de las categorías 4ª, y que al ocurrir los hechos que dieran motivo a la responsabilidad civil sirvieran en el territorio de dichas Audiencias. Contra las sentencias que dictaran aquellas Salas sólo se dará el recurso de casación.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá en única instancia y sin ulterior recurso de dichas demandas cuando se entablen contra los funcionarios de la categoría tercera.
De las que se dirijan contra funcionarios fiscales de las categorías primera y segunda conocerá en única instancia y sin ulterior recurso el Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de Justicia, funcionando como Presidente y Secretario los que lo fueran del Tribunal.
Cualquiera que sea el Tribunal que conozca el pleito, una vez emplazado el demandado podrá, dentro de los 8 días siguientes, alegar ante el Tribunal como cuestión previa, la de que obró en virtud de obediencia debida, ofreciendo la comprobación oportuna, que se aportará al Tribunal con la mayor rapidez, y una ves aportada se dará vista al demandante de lo actuado para que modifique o dirija su acción contra quien hubiere dado la orden, pudiendo pedir, si este estuviera sometido a otro Tribunal, que se le remitan los autos.
En caso de dirigirse la demanda contra dos o más funcionarios por responsabilidad conjunta, mancomunada o solidaria, conocerá del pleito el Tribunal a quien correspondiera conocer de la demanda dirigida contra el de mayor categoría.
La sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad civil condenará en todas las costas al demandante, siendo potestativa la imposición cuando sólo se dé lugar parte de aquélla.
En ambos casos se remitirá copia literal fehaciente de la sentencia al Consejo Fiscal para los efectos que procedan.
En ningún caso la sentencia pronunciada en el juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia firme que haya recaído en el pleito o causa en que se hubiese ocasionado el agravio.
No se exigirá durante la tramitación de estos pleitos derecho ni desembolso alguno a ninguna de las partes y se empleará papel del sello de oficio; pero una vez firme la sentencia se tasarán las costas causadas, incluyendo todo los derechos que debieren haberse satisfecho y el timbre correspondiente, según la cuantía del papel invertido, y se harán efectivas por vía de apremio.
El particular demandante no declarado pobre totalmente deberá afianzar, a satisfacción del Tribunal, el pago de las costas que pudieran imponérsele, no dándose curso a la demanda mientras tal requisito no se cumpla.
Podrá exigirse a los funcionarios fiscales responsabilidad criminal por los delitos que cometan en el ejercicio o con ocasión de las funciones de sus cargos.
Esta responsabilidad podrá únicamente exigirse:
En virtud de querella del Ministerio Fiscal; para entablarla se necesitará orden expresa del Fiscal del Tribunal Supremo.
Por acuerdo del Tribunal competente, pero oyendo previamente al superior jerárquico del inculpado. Para que dicho superior emita su informe, el Tribunal le comunicará cuantos antecedentes tenga a su disposición.
Para exigir la responsabilidad criminal al Fiscal del Tribunal Supremo se necesitará que el Teniente Fiscal o, en su caso, el Inspector Fiscal del Tribunal Supremo, cumpliendo orden del Ministro, entable la correspondiente querella.
Serán competentes para conocer:
De las causas por delitos cometidos por funcionarios Fiscales de primera y segunda categorías, el Tribunal Supremo en pleno constituido en Sala de Justicia.
De las causas por delitos cometidos por funcionarios Fiscales de tercera categoría, la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
De los delitos cometidos por funcionarios Fiscales de la cuarta, las Audiencias Territoriales en pleno.
De los delitos cometidos por los Fiscales Municipales, Comarcales y de Paz en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de los mismos, las Audiencias Provinciales.
Los mismos Tribunales expresados en los números 1, 2 y 3 serán también competentes para conocer de las causas que por delitos no cometidos en ejercicio ni con ocasión de sus cargos se atribuyan a los funcionarios fiscales a que dichos números se refieren.
En todo caso, los Tribunales mencionados anteriormente conocerán de las causas expresadas, aunque el funcionario Fiscal haya dejado de pertenecer a la Carrera.
La competencia expresada le extenderá a la instrucción del sumario respectivo, con delegación en el Magistrado del mismo Tribunal que previamente se designe.
La sustanciación de las causas se acomodará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, libros II y III.

References: artículo 123
 artículo 17
 artículo 34
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 40
 artículo 123
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 134
 artículo 33
 resolución