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por ariel armando » Mar Mar 17, 2009 10:16 pm
El monto depende del juez
La Cámara Civil decidió disminuir los montos indemnizatorios por daño moral otorgados a una persona en primera instancia, porque consideró que la cifra era elevada. La cuantificación de este tipo de daño queda sujeto al prudente arbitrio judicial toda vez que el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante.
Los jueces de la Sala L Víctor Fernando Liberman, José Galmarini y Marcela Pérez Pardo decidieron modificar la sentencia de grado en una causa en la que una persona había recibido una indemnización por daño moral que consideraron elevada.
La causa, “Macri, Ángela c/ Tobar, Eduardo Alfredo y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)”, se había iniciado producto de un accidente de transito entre dos autos. Como consecuencia del impacto uno de los rodados implicados subió a la vereda y atropelló a una persona, que inicio acciones legales contra ambos automovilistas.
La jueza de primera instancia entendió que “ambos conductores fueron civilmente responsables por partes iguales del infortunio, y por esa razón, los condenó a indemnizar los daños que sufriera la accionante a causa de este hecho”.
Los jueces de la Cámara, coincidieron con su par en cuanto a las responsabilidades por el accidente, y al no poder los demandados demostrar la culpabilidad de uno u otro para eximirse de la responsabilidad, debieron compartirla por partes iguales. “A falta de toda actividad probatoria -ya que ni siquiera se pudo probar la velocidad que llevaban los rodados-, considero ajustada la solución adoptada en la instancia anterior” dijeron.
Con respecto al daño moral, los magistrados, que más allá de considerar que el daño causado debía ser resarcido, decidieron bajar el monto de la indemnización al que había arribado el juez anterior.
De esta manera, en el fallo uno de los camaristas expresó: “si bien no puede desconocerse las consecuencias traumáticas que el accidente debió haber provocado en la víctima teniendo en cuenta la forma en que ocurrió el hecho, considero elevado el importe fijado en la instancia anterior”, por lo tanto “resulta equitativo disminuir la reparación otorgada por daño moral por la sentenciante anterior a los reclamados $14.000”.
Para tomar esta decisión, se basaron en el hecho de que “el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante” y con ello “establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido: por lo que más que cualquier otro rubro, queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanan del proceso”.
por ariel armando » Sab Abr 04, 2009 1:16 pm
Sin el abogado la audiencia vale igual
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta rechazó el pedido de nulidad de una mujer de una sentencia por divorcio vincular, quien había fundado su reclamo en que había asistido a la audiencia de conciliación sin su abogado. Además, los jueces recordaron que en esa instancia la accionante había dado su consentimiento para proseguir con el trámite de divorcio.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, en autos “Lamas, D. c/ Lazarte, M. por separación personal”, rechazó la nulidad planteada por la mujer contra una sentencia de divorcio vincular, alegando entre otros fundamentos que no contaba con patrocinio letrado durante la audiencia de conciliación en la que le fue consultado al matrimonio separado de hecho si deseaban continuar con el proceso de separación original o convertirlo en un divorcio vincular.
“El hecho de que la esposa asistiera a la audiencia sin patrocinio no invalida lo actuado, considerado que contaba con asistencia profesional y que la siguió teniendo luego de su celebración”, según consideraron los camaristas Marcelo Domínguez y Guillermo Díaz. Incluso, remarcaron que “es dable presumir que asistió a la audiencia con conocimiento de su abogada y que luego ésta, se impuso de lo acordado en la misma y de las precisiones de la magistrada y del pedido formulado por su clienta, no oponiéndose a la continuidad del trámite que implicaba el llamamiento de autos para sentencia”.
Además, explicaron que el esposo también concurrió sólo a la audiencia, y que hubo una intención de la jueza de primera instancia de “escuchar y hablar con ellos en forma directa, sin que tal circunstancia pueda ser entendida como afectatoria del derecho de defensa en juicio, en tanto los profesionales que asistían a las partes tuvieron en todo momento el contralor del proceso”.
La demanda de separación personal fue promovida por el esposo en el 2005, y luego pidió la conversión de la acción a divorcio vincular.
En la audiencia de conciliación, la mujer dio su aval para continuar con el trámite de divorcio, y ambos reconocieron estar separados de hecho desde marzo de 2003. “Este consentimiento le permitió a la magistrada de primera instancia proseguir el trámite de divorcio vincular de común acuerdo con fundamento en la causal objetiva prevista en el artículo 214 inciso 2 del Código Civil.
Ese inciso repara en que “la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años” es una de las causales de divorcio vincular.
Sobre las idas y vueltas de la mujer, los jueces de Cámara advirtieron que “pretender quitar relevancia a su libre y espontánea manifestación va en contra de la doctrina de los actos propios que establece que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos invocando un derecho o ejerciendo una conducta incompatible con otra conducta anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz”.
"Ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no es admisible que un litigante pretenda aportar razones de derecho que contravengan su propia conducta anterior, cuando ésta ha sido adoptada de un modo formalmente relevante y jurídicamente eficaz”, concluyeron.
por ariel armando » Jue May 21, 2009 1:46 pm
Municipalidad de La Matanza c/ Casa Casmma S.R.L. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía
Fecha: 26-mar-2009
Invalidez de las leyes provinciales que reglamentan la prescripción liberatoria en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil
1.-Son inválidas las leyes provinciales que reglamentan la prescripción liberatoria en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, puesto que las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de Derecho público local (Del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos)
2.-Aun cuando los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo deciden en los procesos concretos que son sometidos a dicho tribunal, sin que resulten obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias del más Alto Tribunal de la Nación (Del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
3.-Carecen de fundamento las resoluciones de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por ésta, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente cuando tal posición ha sido expresamente invocada por el apelante (Del dictamen de la Procuradora Fiscal cuyos fundamentos la Corte hace suyos).
4.-Las provincias carecen de facultades para reglamentar la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, debiendo tenerse en cuenta que el Congreso Nacional, órgano en el cual están representados los estados provinciales y que cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos, no ha propiciado el cambio de las disposiciones del citado cuerpo legal (Del voto de la Dra. Argibay - Mayoría).
En lo que ahora interesa, a fs. 98/99 del incidente de verificación tardía (a cuya foliatura me referiré también en adelante) el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 5 resolvió hacer lugar al planteamiento de prescripción opuesto por la deudora con relación a las acreencias por tributos municipales sujetas a verificación, por causa anterior a febrero de 1998 inclusive. Para así decidir, estimó que la documentación aportada por el organismo de recaudación no fue observada por la concursada ni por la sindicatura, en cuanto a su causa, debida a tasas de servicios generales, derechos de publicidad y propaganda, y tasas por seguridad e higiene.
Sin perjuicio de ello, estimó que respecto de la defensa de prescripción argüida por Casa Cassma S.R.L. no resulta aplicable lo dispuesto por el decreto 6.769/58 , ley orgánica de municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, ya que lo relativo a la prescripción de las obligaciones -incluidas las tributariascomo asimismo lo atinente a sus causales de suspensión e interrupción, es cuestión deferida por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación. Por ende, estimó que no puede reconocerse efectos interruptivos a las actuaciones administrativas tendientes al cobro, como tampoco a los pleitos judiciales que denunció el municipio.
Por todo ello, consideró que deben declararse prescriptas todas las obligaciones que excedan el plazo quinquenal de prescripción del art. 4.027 del Código Civil, atendiendo a la fecha de promoción del incidente, y tomando en cuenta la suspensión acaecida entre el 28 de febrero de 2000 y el 28 de febrero de 2001, en virtud de lo normado por el art. 3.986 del citado cuerpo legal.
A su turno, a fs 120/121, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó lo decidido por la instancia anterior.Estimó que es jurisprudencia de esa sala que la delegación de la facultad legislativa realizada por las provincias en el Congreso Nacional no ha sido absoluta y que, dentro de las atribuciones reservadas por ellas para sí, está la de establecer tributos en sus respectivos territorios. De allí, coligió que esa facultad engloba también la de establecer los medios para tornar efectiva la carga tributaria, ya que de otro modo aquélla devendría impotente.
Así las cosas, concluyó en que el derecho público provincial prevalece en su materia sobre el Código Civil, consecuentemente, que la prescripción liberatoria de los tributos aquí cuestionados se rige por la norma local.
Disconforme, la concursada interpuso el recurso extraordinario que luce a fs. 126/128 vta., el que, al haber sido denegado por el a quo (ver fs. 138/139), dio origen a la presente queja.
Arguye, en síntesis, que existe cuestión federal involucrada, toda vez que se discute la prevalencia de normas locales por sobre las leyes de la Nación y que lo decidido en autos, respecto de la prescripción de las obligaciones, es definitivo. Por otra parte, indica que la sentencia resulta arbitraria, porque no ha tomado en consideración la clara doctrina del Tribunal respecto de casos sustancialmente similares.
Pienso que la apelación extraordinaria deducida resultaba formalmente admisible, ya que los agravios expresados por la recurrente suscitan cuestión federal suficiente para ser considerada por la vía del recurso del art. 14 de la ley 48. En efecto, ello es así puesto que la sentencia del a quo se pronunció por la validez de la norma provincial, cuestionada oportunamente por ser contraria al art. 4.027 del Código Civil y violatoria, por ende, del art. 75, inc. 12 , de la Ley Fundamental.
Sobre el fondo del asunto, pienso que el tema en cuestión guarda sustancial analogía con la cuestión examinada en el precedente de Fallos: 326:3899, in re "Filcrosa S.A.s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda" , a cuyos fundamentos me remito en cuanto fueren aplicables al sub judice.
Debo advertir que la Cámara no ha hecho méritos sobre el citado precedente del Tribunal y ni siquiera intentó fundar su inaplicabilidad al caso de autos, o bien realizar una crítica fundada de los argumentos de V.E. que justificarían, eventualmente, una revisión de la doctrina sentada.
En tales circunstancias, es menester recordar que es conocida la jurisprudencia del Tribunal en cuanto a que no obstante que sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y que sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias (Fallos: 25:365; 307:1094; 315:2386, entre otros). De allí deviene la conclusión de que carecen de fundamento las resoluciones de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos como el presente, donde dicha posición fue expresamente invocada por el apelante.
Por lo expuesto, opino que corresponde admitir la presente queja, declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y ordenar que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a lo aquí dictaminado.
Buenos Aires, 07 de diciembre de 2007
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Casa Casmma S.R.L. en la causa Casa Casmma S.R.L.s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía (promovido por Municipalidad de La Matanza)", para decidir sobre su procedencia.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia con el alcance indicado. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI JUAN CARLOS MAQUEDA E. RAUL ZAFFARONI CARMEN M. ARGIBAY
Coincido con los capítulos I a IV del dictamen de la señora Procuradora Fiscal con relación al relato de los hechos de la causa, así como a la procedencia del recurso intentado.
Los agravios vinculados con el plazo de prescripción aplicable encuentran respuesta en los fundamentos dados por esta Corte en Fallos:326:3899.Con relación a este aspecto, entiendo oportuno señalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el Tribunal a partir del caso "Filcrosa" no ha merecido respuesta alguna del Congreso Nacional, en el que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo.
Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas.
A ello debe agregarse que en la causa no se ha promovido seriamente la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil ni se ha articulado una crítica orientada a revisar esa interpretación que, mientras siga en pie, cuenta con la autoridad para gobernar la solución de casos similares o análógos a aquéllos en los que ha operado como ratio decidendi.
por ariel armando » Jue May 21, 2009 1:49 pm
Debe responder el demandado por los daños y perjuicios sufridos por el actor al explotar el vidrio blindex de la puerta de entrada de su locutorio.-
1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia que resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor por los daños y perjuicios sufridos al explotar el vidrio blindex de la puerta de entrada de un locutorio y, en consecuencia, condenar al demandado al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas. Conforme las pruebas obrantes en autos -testimonial - el accionante ha probado que la cosa inerte se había tornado riesgosa, que existió un daño, y, en fin, que medió entre ambos una relación de causalidad adecuada. Es que la puerta en cuestión, al haber explotado, se tornó en una cosa con virtualidad para causar daños a terceros; situación que conduce a responsabilizar a la demandada por el evento de marras. Habiéndose acreditado mediante prueba testimonial que la cosa se había vuelto riesgosa, de acuerdo al artículo 1113 segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil, correspondía al encartado probar alguno de los eximentes de responsabilidad; vale decir, la culpa de la víctima o de un tercero ajeno a la imputabilidad del hecho, o bien la existencia del casus genérico del art. 513 del Código Civil, labor de la dirección letrada del demandado que no ha ocurrido en autos.-
2.-Las cosas inactivas o inertes pueden ocasionar un daño cuando por su situación anormal provocan una contingencia dañosa (daño por la cosa). En tal supuesto, habremos ingresado en la órbita de la responsabilidad objetiva, por lo que se prescindirá del análisis de la culpa, siendo responsable el dueño o guardián (1113, segundo párrafo, segunda parte C.Civ.).La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en el daño atribuido al riesgo o vicio de la cosa -aunque se considere que la idea de culpa se halla en la atribución de la responsabilidad al dueño o guardián- no puede presumirse sin más aquellos caracteres, ni que la cosa sea apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño; máxime si no ha tenido una participación activa en su producción. Esta directiva se aplica particularmente a las cosas inertes -como la puerta de blindex del caso de autos-, pues la posibilidad de intervención causal de la cosa es menor que si se tratase de cosas en movimiento. Así, cuando la víctima ha sufrido un daño que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del 2do. párrafo, última parte, del art. 1113 del Código Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de febrero de dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados:"Lugano Carlos Guillermo c/ Marini César José s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 464/471 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- GERONIMO SANSO.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO. -
La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 464/471, resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Carlos Guillermo Lugano y, en consecuencia, condenó a César José Marini al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.
Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 20/29. En esa oportunidad, el accionante relató que mientras se encontraba ingresando al locutorio sito en la Av. Brasil 2301, de esta ciudad, explotó el vidrio blindex de la puerta de entrada de ese local; circunstancia ésta que le provocara diversos daños y perjuicios.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron la parte actora, cuyo recurso fue declarado desierto a fs. 507; y la parte demandada, expresando agravios a fs. 500/503, pieza que mereció la réplica obrante a fs. 505/506.
El emplazado se agravió de que el juez de grado le haya atribuido la responsabilidad por el evento de marras.Adujo que las declaraciones testimoniales en las que se sustentó el pronunciamiento de la anterior instancia resultaban "técnicamente insostenibles, habida cuenta que.el vidrio templado de la puerta de entrada del Telecentro fue manufacturado para que no pueda explotar en forma espontánea". Asimismo, sostuvo que en particular no debía otorgarse credibilidad a la declaración del deponente Soares ya que éste había sido imputado -en su carácter de empleado- por el hurto de distintos elementos de computación existentes en el local y por la relación de amistad que lo unía con el accionante. De otro lado, cuestionó que el a quo haya considerado que no se habían arrimado probanzas tendientes a acreditar la culpa del accionante o la de un tercero por la que no deba responder. Por último, se agravió de las sumas concedidas en concepto de la partida indemnizatoria de daño moral.
El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, b) la procedencia y cuantía del rubro indemnizatorio de daño moral.
Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", Tº I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).
IV.Atribución de responsabilidad
Para comenzar, diré que en el sub judice estamos en presencia de un accidente ocurrido con la intervención de una cosa inactiva o inerte, es decir, de aquella que por su naturaleza está destinada a permanecer quieta.
Las cosas inactivas o inertes pueden ocasionar un daño cuando por su situación anormal provocan una contingencia dañosa (daño por la cosa). En tal supuesto, habremos ingresado en la órbita de la responsabilidad objetiva, por lo que se prescindirá del análisis de la culpa, siendo responsable el dueño o guardián (1113, segundo párrafo, segunda parte). En estos daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, el hecho se produce con un grado de autonomía con relación a la actividad del hombre. Se trata de casos en que la cosa escapa al control humano y basta que el daño derive del riesgo o vicio de la cosa; sea por su situación anormal o por su circunstanciada ubicación de acuerdo con la causalidad adecuada prevista en el art. 901 del Código Civil (confr. Tanzi, Silvia y Nuñez, Eliana, "Enciclopedia de Responsabilidad Civil", t. I (A-B), p. 767 y sus citas: Orgaz, A., "Responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas. Nuevos estudios de derecho civil", Buenos Aires, 1954; Zabala de González, Matilde, "Daños causados por el riesgo de la cosa y por una conducta riesgosa", LA LEY, 1983-D, 113; Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t.IV-D, Buenos Aires, 1976, y Alterini-López Cabana, "Cuestiones modernas de la responsabilidad civil", Buenos Aires, 1988).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que en el daño atribuido al riesgo o vicio de la cosa -aunque se considere que la idea de culpa se halla en la atribución de la responsabilidad al dueño o guardián- no puede presumirse sin más aquellos caracteres, ni que la cosa sea apta para repotenciar, recrear o aumentar la posibilidad de daño; máxime si no ha tenido una participación activa en su producción. Esta directiva se aplica particularmente a las cosas inertes -como la puerta de blindex del caso de autos-, pues la posibilidad de intervención causal de la cosa es menor que si se tratase de cosas en movimiento. Así, cuando la víctima ha sufrido un daño que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando -cuando se trata de cosas inertes- la posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del 2do. párrafo, última parte, del art. 1113 del Código Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián (Conf. CSJN, "O'Mill, Alan E. c. Provincia de Neuquén", Fallos: 314:1505).
Es que la probabilidad de daños ocasionados por las cosas inertes, cabe insistir, es mucho menor que la de las cosas en movimiento; y es por ello que no resulta a priori establecida una presunción de causalidad de las cosas inertes como instrumentos del daño (cfr. Mayo, Jorge A., "Responsabilidad Civil por los daños causados por cosas inertes", en "Código Civil ." Bueres - Highton, 3A, pág.626/633; mismo autor, "La responsabilidad civil por los daños causados por las cosas inertes", ED, 170-997).
Por lo expuesto, no cabe sino concluir -dadas las particularidades del caso- que el accionante tenía la carga de probar que la cosa inerte se había tornado riesgosa, que existió un daño, y, en fin, que medió entre ambos una relación de causalidad adecuada.
En este sentido, resulta dirimente analizar las pruebas testimoniales aportadas por el pretensor. Veamos.
El deponente Juan Facundo García sostuvo que "estaba esperando una cabina y ve como que el vidrio estalla y se le va encima al muchacho", que se trataba de un vidrio y no de un cristal templado (segunda pregunta) y que "estalló de forma espontánea, sin que lo toquen ni nada" (v. fs. 307/308). Por otro lado, mientras el testigo José Claudio Soares, quien al momento del accidente se desempeñaba como empleado del emplazado, manifestó que "explotó la puerta de entrada del locutorio" (v. fs. 309/310); Raquel Iris Devoto relató que "explotó el vidrio de la puerta"; que "ve a este señor que cae de rodillas y se toma la cara con las manos", y que la puerta "se rompió en forma espontánea" (v. fs. 311/312).
El recurrente, como ya se anticipó, cuestionó la veracidad de estas declaraciones testimoniales; sin embargo, es de destacar que recién lo hizo al momento de presentar su alegato y nuevamente al expresar agravios. Vale decir, que no obra constancia alguna en estos autos de impugnaciones anteriores por parte del accionante referidas a la idoneidad de los testigos; sin perjuicio de lo cual, he de referirme a los agravios incoados.
Por un lado, cabe resaltar que no pudo ser acreditada fehacientemente la relación de amistad -invocada ante esta Alzada- que supuestamente unía al deponente Soares con el pretensor. Por otro lado, también resulta inaudible el planteo del recurrente relativo a la imputación del delito de hurto que recibiera el referido empleado, toda vez que de las actuaciones represivas traídas ad effectum videndi surge su sobreseimiento (v. fs.93/96 de dichos actuados).
Empero, aún cuando de las circunstancias referidas pudiéramos restar credibilidad al relato del citado testigo, lo cierto es que nada se ha manifestado a fin de desvirtuar las declaraciones de los otros dos deponentes. Esta circunstancia deviene trascendental ya que los dichos de los testigos tienen un valor probatorio relevante, no sólo porque tuvieron oportunidad de presenciar el accidente desde un lugar cercano (a punto tal que casi resultan protagonistas del mismo), sino también porque son terceros ajenos, sin interés alguno en el resultado del pleito (conf. CNCiv, Sala E, in re "Rodríguez, Juan B. y otro c/ Taborda, Bernardo A. y otros s/ daños y perjuicios", del 21/10/1997). A esta reflexión se le adiciona, como ya quedó dicho, que tales deposiciones no han sido objeto de crítica concreta por parte de la demandada.
De lo expuesto cabe concluir -como lo hiciera el magistrado de primera instancia- que la puerta en cuestión, al haber explotado, se tor nó en una cosa con virtualidad para causar daños a terceros; situación que conduce a responsabilizar a la demandada por el evento de marras. En este sentido, de nada vale declamar -como lo hace unilateralmente el quejoso- que el vidrio del caso no podía explotar en forma espontánea, cuando no se ha colectado prueba alguna que así lo corrobore; como luego lo he de precisar.
En este contexto, habiéndose acreditado que la cosa se había vuelto riesgosa, de acuerdo al artículo 1113 segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil, correspondía al encartado probar alguno de los eximentes de responsabilidad; vale decir, la culpa de la víctima o de un tercero ajeno a la imputabilidad del hecho, o bien la existencia del casus genérico del art. 513 del Código Civil. Sin embargo, la labor de la dirección letrada del quejoso en este punto brilla por su ausencia.Recuérdese al respecto que el artículo 377 del CPCCN dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Es decir, pone en cabeza de quien alega un hecho la carga de su prueba. Es que la obligación de afirmar y probar se distribuye, pues, entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan que sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda, Giusseppe, "Principios de Derecho Procesal Civil", t. II, pág. 253).
Como antes se señaló, el emplazado insiste acerca de la imposibilidad de que la puerta haya explotado espontáneamente, toda vez que se trataba de un vidrio templado. Para sustentar su posición el recurrente invocó -en primer término- unas facturas extendidas por la firma "Cristal Devoto", que acreditarían el material de las vidrieras; pero bien se observará que la prueba informativa a dicha entidad fue declarada negligente a fs. 435. Por otro lado, el apelante sostuvo que se encontraba acreditado que su local reunía las exigencias municipales y que poseía la "Plancheta de Habilitación". No obstante, repárese que no obra anejado elemento alguno que permita dilucidar cuáles eran esos requisitos municipales, en tanto la prueba informativa dirigida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también fue declarada negligente (v. 403). A mayor abundamiento, resáltase que la prueba pericial industrial a cargo de la parte demandada fue -una vez más- declarada negligente (v. fs. 423).
En este orden de ideas, es menester señalar que con acierto se ha sostenido que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable.La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, "Manual de Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).
A tenor de lo precisado, valorada la prueba rendida en todo su conjunto, y aplicando las reglas de la sana crítica -sustentadas en patrones jurídicos y máximas de experiencia- se arriba a la conclusión de que en la presente causa de ninguna manera se ha acreditado eximente alguno de responsabilidad en favor del encartado. Colofón de ello, es que proponga a mis colegas que no se haga lugar a la queja incoada en lo que hace a la atribución de responsabilidad.
V. Resarcimiento por daño moral.
El juez de la anterior instancia fijó en concepto de daño moral la suma de $ 5.000; y este decisum motivó el agravio del demandado, por considerar excesiva dicha suma.
Por supuesto que no produce daño moral el mero desagrado, las molestias y las angustias propias de la vida cotidiana. Entonces, como debe tener una razonable envergadura, hay acuerdo en que tiene que tratarse de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que constituye una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.
En definitiva, el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, "Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos", ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., "El daño en la responsabilidad civil", Ed. Astrea, p.287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, "Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL", LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, "Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros").
Desde otro ángulo, corresponde precisar que -a los fines indemnizatorios- no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales del afectado al momento del evento, sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido a consecuencia del hecho dañoso. Es que a pesar de que el juzgador no puede decir cuánto afectó a la víctima el suceso, sería posible algún tipo de aproximación estimando la magnitud del dolor que el evento provocaría en el común de las personas.
En el concreto caso sub judice, y evaluando que sólo se agravia ante esta Alzada la parte demandada, estimo que el monto dispuesto por el juez de grado resulta harto justificado para enjugar el daño sufrido, habida cuenta las particularidades del caso. Es que no se ha arrimado a la causa elemento alguno que pueda siquiera hacer dudar del justo reclamo del actor en este punto.
Conforme a las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravio. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).
Los Dres. Sansó y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
GERONIMO SANSO.-
CLAUDIO RAMOS FEIJOO -
Buenos Aires, febrero 19 de 2009.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravio. Costas de Alzada a la demandada vencida (art.68 del CPCCN).
Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia; monto del proceso; que a efectos de meritar las experticias confeccionadas se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., fallos: 236-127, 239-123, 242-519, 253-96, 261-223, 282-361; C.Nac.Civ., esta Sala, H. nº 44.972/99, in re: "Alvarez c/Sayago s/Daños y perjuicios", del 20.03.02; id. id., H. nº 363.134, in re: "Patri c/ Los Constituyentes s/ Daños y Perjuicios", del 23.06.04; id. id., H. nº 5.810/05, in re: "Morandini c/ TUM S.A. s/ Daños y Perjuicios, del 28.12.07; id. id., H. nº 42.689/05, in re: "Godoy c/ Kañevsky s/ Ordinario" del 06.03.08, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito; recursos de apelación interpuestos por bajos a fs. 473 y fs. 480; lo preceptuado por el art. 478 del Código Procesal y lo dispuesto en los arts. 1(ref:LEG849.1, 12 y cctes. de la ley nº 24.432, se confirman las regulaciones de fs. 470/vta. practicadas a favor de los peritos psicóloga Lci. Mirta Adriana Nakkache y médico Dr. Julio César Bini.
Por su labor en la Alzada se fijan en ($.) los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Dr. Víctor Rubén Rigan y en ($.) los del letrado apoderado de la parte demandada Dr. Héctor Carlos Castiglioni (conf. arts. 6, 7 , 9 , 14 , 49 y cctes. del arancel), los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado.
por ariel armando » Mié May 27, 2009 8:52 am
CONCURSO PREVENTIVO. ACUERDO HOMOLOGADO. Pago tardío de la cuota concordataria. Pedido de quiebra rechazado. Costas. MORA. Lugar de pago de la obligación: domicilio del deudor. Deber de colaboración del acreedor en recibir el pago. Falta de prueba. Inimputabilidad del deudor
El caso: Un acreedor requirió la declaración en quiebra de la concursada por no haber cumplido con el pago de la primera cuota del acuerdo homologado. Adujo que la mora se ha producido de pleno derecho porque la obligación asumida por la deudora se encontraba sometida a plazo cierto. La concursada se opuso. Sostuvo que la acreedora no concurrió el día fijado a recibir el pago por lo que no le es imputable la demora. En la misma oportunidad consignó el monto de la cuota comprometida. La petición no tuvo recepción en primera instancia y fue apelada por el acreedor peticionante. La Cámara confirmó la resolución.
1. El trámite previsto por el art. 63 de la LCQ, si bien tiene en miras que el deudor pueda ejercer las defensas que tuviere en lo que hace a la declaración de su quiebra, también otorga la oportunidad de que se cumpla con el acuerdo. Señala Heredia que sólo el incumplimiento definitivo será demostrativo de la existencia de un estado de cesación de pago, cuya permanencia es lo que justifica la declaración de quiebra. Explica, que si el deudor deposita fuera de término el pago de la cuota concordataria, un pago en tales condiciones traduce una clara vocación de sometimiento al concordato, ya que resulta inconcebible que quien se encuentra en situación de impotencia económica, se presente abonando cuotas que suponen ajustar su situación a lo convenido (Heredia, Pablo “Tratado Exegético de Derecho Concursal, T. 2, págs. 341/341, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma).
2. No hay mora automática cuando el lugar de pago fuere el domicilio del deudor, porque es necesario que el acreedor cumpla con el deber de colaborar en el cumplimiento de la obligación (Llambías, Jorge, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. I, Perrot, ps. 131 y ss.; Cazeaux, Pedro, “Derecho de las obligaciones, T. I, p. 220 y ss; Luis Moisset de Espanés, La mora y la reforma al art. 509 del C. Civl Argentino, J.A. 1968- V-Secc. Doctrina, p. 794, entre otros).
3. Si la modalidad de la obligación lleva a que el pago sea dispuesto en el domicilio del deudor, no obstante los términos del primer párrafo del at. 509 del C. Civil, la mora no se produce por el sólo vencimiento del plazo porque el cumplimiento de la obligación exige que el acreedor haya prestado su colaboración, es decir, se haya constituido en el domicilio del deudor para recibir el pago. Y tanto es así, que si esta actividad no se concreta, no incurre en mora el deudor que cumplió esperando al acreedor el día del vencimiento en su domicilio.
4. Señala López de Zavalía que si el acreedor no se presenta, el deudor no caerá en mora, no porque falte la interpelación, pues “interpelado estará por el almanaque, ya que la inexorabilidad de los días que transcurren se marca tanto en el domicilio del deudor como del acreedor y sus hojas caen igualmente en uno y otro lugar, sino porque no estará en culpa”. La mora es un retardo culpable (CS Tucumán, marzo 19-973- Christiani de Zelarayán Olga c. Ocaranza María S. y otro- del voto de López de Zavalía, LL 152-492). El nuevo art. 509 reemplaza el sistema de interpelación por el mero vencimiento del plazo, de allí que para que el deudor incurra en mora cuando el pago debe realizarse en su domicilio, debe configurarse el vencimiento de plazo, la cooperación del acreedor, y la culpa o dolo del deudor.
5. El art. 509 del C. Civ. debe ser interpretado en función del principio jurídico de la buena fe negocial y partiendo de la base de que la obligación concebida es una relación bilateral. Es claro que en la vida de la relación jurídica obligatoria, desde su nacimiento hasta su completa extinción, puede presentar una serie de alternativas en que junto al deber de pagar del deudor se presente el de desplegar una actividad por parte del acreedor, de modo que entiendo razonable, que si ha sido voluntad de los contratantes que el acreedor vaya a recibir el pago, la prueba de haber cumplido tal obligación debe correr a su cargo. En otras palabras, le incumbe al acreedor demostrar que concurrió al domicilio del deudor a recibir el pago y que no se le efectuó. Por el contrario, si el pago debiera realizarse en el domicilio del acreedor, el deber de diligencia es a cargo del deudor y en ese caso debería probar su presencia en el lugar de pago.
6. La doctrina es conteste en que el párrafo final del art. 509 pretende señalar que para la mora es necesario el requisito sujetivo de la imputabilidad, lo que descarta la mora solo con elementos objetivos (salvo la aislada discrepancia de Borda), e indica que se tiene en mira supuestos como los de caso fortuito o fuerza mayor en cuanto excusa la mora por ausencia de imputabilidad, pero no refiere a la carga de la prueba respecto a las circunstancias configurativas como la ausencia de pago en término acordado y concurrencia del acreedor a su domicilio cuando así es convenido.
7. En definitiva, para respetar el régimen de la obligación y conservar el equilibrio entre las partes, no puede mas que entenderse del contexto legal que rige para la mora como de la facultad de las partes de disponer el domicilio del deudor como el de pago, que cada parte soporte la prueba del hecho que la obligación pone a su cargo, de manera que siendo el domicilio de pago el del deudor, cabe al acreedor demostrar haber concurrido a recibir el pago, y probado el hecho, opera la mora automática.
8. En el orden práctico salta a la vista que importa un despropósito que se le cargue al deudor tener que preconstituir una dificilísima prueba para el evento menos corriente de que el acreedor no concurra, que en los hechos se traduce en el absurdo de tener que permanecer las 24 horas del día acompañado por testigos o notario que den cuenta de la eventual falta de presentación del acreedor en su domicilio.
9. Tampoco cabe imponer al deudor la carga de la consignar para eximirse de la mora, porque ello importa confundir los institutos como lo son la mora del acreedor y la liberación coactiva. En principio el deudor está facultado para pagar por consignación pero no está obligado a ello, sino que se trata de una facultad que como tal puede dejar de usar. Si es el acreedor el que no ha cumplido con su deber de colaboración el deudor no necesita consignar en pago para no caer en mora.
Cám. 3ª Civ. y Com. Cba., Sent. Nº 5 del 24/02/2009, “Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba - Gran Concurso Preventivo - Cuerpo de copias”.
por ariel armando » Mié May 27, 2009 8:53 am
Los testigos no se cuentan, se pesan
Así lo sostuvo la Cámara Civil al hablar de la validez de los dichos de un testigo único. El tribunal entendió que “esa circunstancia no lleva a que deba descartarse su declaración” y que el juez “goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales”.
Los jueces Fernando Posse Saguier, Hugo Molteni y Ricardo Li Rosi, integrantes de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos caratulados “Landesman, Mario Jorge c/ Sojin Hersch y otro s/ Daños y perjuicios”, sostuvieron que “los testigos no se cuentan sino que se pesan” al hacer referencia a la validez o no de los dichos de un único testigo en un juicio.
“Ya he tenido oportunidad de señalar con anterioridad, que los testigos no se cuentan sino que se pesan. De allí que aunque se esté en presencia de un testimonio único, esa circunstancia no lleva a que deba descartarse su declaración. En este sentido, sabido es, que el juez goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales”, concluyeron.
“El sistema de la sana crítica adoptado por nuestra ley procesal no resulta compatible con el conocido principio “testis unus testis nullus” que consagraron las Leyes de Partidas por influencia del derecho canónico”, sostuvieron los jueces.
Y rebatieron la máxima al sostener que la doctrina y la jurisprudencia la considerar “inaplicable” porque “la ley no determina ni tarifa el valor de la prueba testimonial, y la declaración de un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de que la valoración de la prueba se efectúe, en tal caso, con mayor estrictez”.
“Adoptar una tesitura contraria implicaría, en definitiva, una limitación a la valoración de la credibilidad que merezca el testimonio, la cual es propia del juez”, completar.
En el caso de autos, el actor, un ingeniero civil, reclamó el cobro de un contrato verbal por el cual iba a ser el representante de una obra y por ello percibiría el 15 por ciento del valor de venta de los departamentos y cocheras que se construirían pero que nunca le pagaron.
Los camaristas rechazaron todas las pruebas y argumentos presentados por el actor y entre los testimonios recogidos avalaron el de dos personas que trabajaron en la obra y que afirmaron que el ingeniero no era el encargado de dirigir la construcción del edificio. Uno de esos testigos fue criticado por el actor por no recordar la cantidad de ascensores que tenía la obra.
Los magistrados explicaron que “no resulta irrazonable suponer que debido al tiempo transcurrido, el testigo pudiera no recordar algunos detalles o aspectos de la obra”.
“Acerca de esta cuestión, no debe olvidarse que, detalles o circunstancias como la que aquí se analiza, no pueden ser tenidas en cuenta para restar eficacia probatoria a su exposición, ya que se trata de un aspecto secundario que de ninguna manera desvirtúa la fuerza de convicción de la declaración que se aprecia a la luz de la regla que enuncia el art. 456 del Código Procesal”, fundamentaron los jueces.
por ariel armando » Mié May 27, 2009 9:01 am
Perro que ladra, garage que indemniza
La Cámara Civil condenó a un garage a pagar a un resarcimiento económico a un cliente que cuando se disponía a retirar su automóvil fue atacado por el perro guardián del lugar. Los jueces explicaron que “la obligación de seguridad por parte del establecimiento debe garantizar no sólo el acceso y circulación de vehículos, sino además, velar por la integridad física de las personas que concurren y permanecen en el lugar”.
La Cámara Civil en la causa “Baschierra, Juan José c/ Garage Cevallos S. A. y otro s/ daños y perjuicios - ordinario”, condenó al garage a pagar una indemnización a un cliente que había guardado su auto allí.
El actor inició acciones legales contra el estacionamiento porque al retirarlo y encontrándose dentro del establecimiento, fue atacado por la espalda por un perro raza “rotwailer” que le desgarro el pantalón del traje y mordió su pierna.
En primera instancia se admitió la acción incoada por Juan José Baschiera contra Garage Cevallos S. A. por la suma de $ 3.600. Los jueces José Galmarini, Víctor Liberman y Marcela Pérez Pardo confirmaron el pedido porque consideraron que “un garage no configura una cosa riesgosa en sí, pero se debe adoptar medidas de seguridad a fin de evitar la producción de daños”.
Agregaron que “la obligación de seguridad por parte del establecimiento debe garantizar no sólo el acceso y circulación de vehículos, sino además, velar por la integridad física de las personas que concurren y permanecen en el lugar”.
Tal es así que, “en el marco de la ejecución del contrato celebrado entre las partes el actor fue agredido por un animal cuya presencia o bien fue aceptada o al menos no fue impedida por personal dependiente de la sociedad accionada”.
A lo que agregó que el garage “tiene a su cargo la explotación del estacionamiento, debe responder por los perjuicios sufridos por el actor en razón de la obligación accesoria de seguridad fundada en el art. 1198 del Código Civil, pues no ha probado eximente alguna que pudiera liberarlo”.
De esta manera los magistrados condenaron al estacionamiento al pago de 5 mil pesos en concepto de indemnización, más daño moral ($2500) y daños físicos e incapacidad sobreviniente.
por Solo Derecho » Jue Abr 26, 2018 8:38 am
Registrado: Jue Abr 26, 2018 8:38 am
por ariel armando » Jue Jul 02, 2009 6:27 pm
Los cotitulares también responden
“Los co-titulares del inmueble son solidariamente responsables por las deudas anteriores a su transferencia”, estableció la Cámara Civil en un fallo por cobro de sumas de dinero. El tribunal hizo lugar parcialmente al reclamo de un escribano que pagó las deudas por alumbrado, barrido y limpieza que habían dejado los vendedores de una vivienda.
Los jueces Mauricio Mizrahi, Gerónimo Sansó y Claudio Ramos Feijóo, integrantes de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos caratulados “Ferreyra Leandro Osvaldo c/ López Alicia Adela s/ cobro de sumas de dinero”, sostuvieron que los co-titulares de las viviendas son responsables por las deudas anteriores.
Lo hicieron en una causa donde el escribano actor reclamó a los vendedores de un inmueble el dinero por el pago de deudas de Alumbrado Barrido y Limpieza que los compradores le efectuaron tres años después de adquirir la vivienda y que el profesional efectuó para poder entregar el título libre de deudas.
En la resolución, los magistrados recordaron que “los co-titulares del inmueble son solidariamente responsables por las deudas anteriores a su transferencia -como la de Alumbrado, Barrido y Limpieza-” y agregaron que no es “relevante quien aparece como parte demandada en la ejecución fiscal deducida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
“A las deudas contraídas en pro de la comunidad y durante ella, no está obligado sino el condómino que las contrajo, el cual tendrá acción contra los condóminos para el reembolso de lo que hubiere pagado”, establece el artículo 2687 del Código Civil que citaron los camaristas.
En el caso de autos el reclamo del escribano (que tiene como función “retener las sumas que correspondieren para cancelar los impuestos adeudados que gravan el bien en cuestión”, describieron los jueces) fue aceptado aunque no en su totalidad.
De la sentencia surge que la deuda del inmueble informada por la Dirección de Rentas del Gobierno de la Ciudad no fue pagada en su totalidad por el escribano, quien solo abonó una parte de ella. “De lo hasta aquí expuesto, se colige que asiste razón al apelante en cuanto a que el pretensor no abonó la totalidad de las deudas informadas por el Gobierno de la Ciudad. La versión de los hechos esgrimida por el escribano -y ratificada por el juez de grado- de que tomó conocimiento de que había otras deudas tres años después de la celebración de la escritura, no parece tener asidero. Ello es así en tanto del material existencial obrante en autos surge -sin hesitación- que el accionante tenía en su poder la documentación de la cual surgía la totalidad de la deuda; a pesar de lo cual -por razones que se ignoran- no la abonó íntegramente. En consecuencia, el error incurrido es evidente”, dijeron los magistrados.
A pesar del error del profesional, los camaristas dejaron en claro que “bajo ningún concepto releva a los verdaderos titulares de la deuda de su obligación de afrontarla; pues, de lo contrario, nos hallaríamos ante un supuesto de enriquecimiento sin causa”.
Los jueces hicieron lugar al reclamo por cobro de sumas de dinero “únicamente hasta el monto de capital histórico adeudado por los emplazados y no abonado por el notario en la oportunidad debida ($1.681,22); excluyéndose consecuentemente las sumas que superen aquel capital y que se devengaron a raíz del pago tardío”.
por ariel armando » Jue Jul 02, 2009 6:30 pm
La Cámara Comercial dio vuelta un fallo de primera instancia y admitió “en forma parcial” una demanda presentada por el HSBC Bank Argentina S.A. contra una organización de defensa al consumidor. Los jueces diferenciaron los alcances de los beneficios de “justicia gratuita” y de “litigar sin gastos”.
La Sala B de la Cámara Comercial admitió “en forma parcial” la apelación de la demandada en los autos “Padec Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/HSBC Bank Argentina S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos” y modificó la resolución de primera instancia al ordenar la continuación del trámite del incidente de beneficio de litigar sin gastos respecto de las eventuales costas del juicio principal.
La causa llegó a la Cámara por la apelación del HSBC pues Padec obtuvo el beneficio de litigar sin gastos con base en lo dispuesto por el artículo 55 de la ley 24.240, modificada por la 26.361, sancionada en abril del año pasado.
La nueva norma establece, en la parte final del artículo 55, que “...las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita”. Pero la demandada sostuvo que, por el principio de irretroactividad de las leyes, es inaplicable la nueva normativa a esta demanda, iniciada y basada en hechos ocurridos con anterioridad a abril de 2008.
El tribunal indicó que “por imperio del (…) artículo 3º del Código Civil, las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplican aún a las consecuencias jurídicas preexistentes o situaciones legales ‘en curso’. El aludido temperamento no importa afectación de derechos amparados por garantías constitucionales, en tanto no implica aplicación retroactiva de la nueva ley, sino la operatividad de sus efectos inmediatos sobre las situaciones jurídicas no consumidas al comienzo de su vigencia”.
“En el caso –aseguraron los jueces- se configura la situación descripta; pues al momento en que entró en vigencia la ley 26.361 (abril de 2008) estas actuaciones se encontraban en pleno trámite y sin resolución; de ahí que resultó ajustada a derecho su aplicación”.
Sin embargo, los camaristas avalaron la postura del HSBC Bank Argentina respecto a que “la tramitación de este incidente debe continuar pues no debió ser concedida la franquicia totalmente”.
María Gómez Alonso de Díaz Cordero, Miguel Bargalló y Ana Piaggi señalaron que “la ley 24.240 no establece que las asociaciones de consumidores estén exentas del pago de las costas cuando hayan sido condenadas a sufragar dichas accesorias”.
En ese sentido, el tribunal diferenció entre “beneficio de justicia gratuita” y “beneficio de litigar sin gastos”. Este principio, señalaron, “abarca el período comprometido desde el comienzo de las actuaciones judiciales (pago de tasas y sellados) hasta su finalización (eximición de costas), mientras que el de justicia gratuita se refiere al acceso a la justicia, a la gratuidad del servicio que presta el Estado, que no debe verse conculcado con imposiciones económicas”.
Sin embargo, los jueces expresaron que “una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluido el pago de las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados y demás auxiliares de justicia de carácter alimentario”.
“En virtud de lo expuesto -concluyeron- corresponde determinar que la exención prevista en la ley -que se ha juzgado por el momento aplicable al caso- no alcanza a la obligación de sufragar las costas si la actora resultara condenada a abonarlas en autos principales. Consecuentemente, la tramitación de este beneficio de litigar sin gastos debe continuar a tales efectos. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado por tratarse de una cuestión novedosa y por la existencia de recíprocas derrotas”.
por ariel armando » Jue Jul 02, 2009 6:31 pm
El pasajero debe llegar sano y salvo
Una empresa de colectivos deberá indemnizar a una persona que se lesionó la espalda debido a que un chofer de colectivos pasó a gran velocidad un lomo de burro. La Cámara Civil explicó que “el transporte público de pasajeros asume la obligación de transportar sano y salvo al pasajero desde que inicia el trayecto hasta su lugar de destino”.
La Sala L de la Cámara Civil, en la causa “Suárez Maclobia de Jesús c/ Expreso Gral. Sarmiento S.A.T. s/ Daños y perjuicios”, condenó a la empresa de transporte de pasajeros a indemnizar a una persona a raíz de una maniobra imprudente del chofer que le ocasionó lesiones en la espalda a una pasajera.
Los magistrados que integran la sala, Marcela Pérez Pardo, José Luis Galmarini y Víctor Liberman, argumentaron que, tal como lo establece el artículo 184 del Código de Comercio, “quién tiene a su cargo el transporte público de pasajeros asume la obligación de transportar sano y salvo al pasajero desde que inicia el trayecto hasta su lugar de destino”.
En primera instancia se hizo lugar al pedido de la demandante que “reclamó los daños y perjuicios padecidos (…) cuando se encontraba a bordo del colectivo de la demandada -Línea 176-, sentada en el último asiento”, y que “pasó a gran velocidad un disminuidor de velocidad (lomo de burro), lo que provocó que la actora salga despedida de su asiento, cayendo nuevamente allí”. La empresa en el momento del accidente le dio cincuenta pesos para viáticos y gastos.
Los magistrados, siguiendo con lo que consigna el código, puntualizaron el hecho de que sólo acreditando “que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable” puede relevarse la empresa de la obligación que establece el código. Por lo que, “no puede cuestionarse la responsabilidad que cabe a la empresa accionada en el hecho desde que no demostró ninguno de los eximentes que lo libere de tal responsabilidad”.
En cambio, los camaristas disintieron con el juez de grado respecto al daño psíquico. Aquél había rechazado “el tratamiento psicoterapéutico por entender que su reparación económica está incluida dentro del daño moral” y “el daño psíquico fue otorgado dentro del daño moral”. Por su parte, los camaristas entendieron que hubo “daño psíquico permanente (…) y por ende la indemnización que corresponde por daño psíquico y por el respectivo tratamiento, debe ser independientemente de la suma que corresponda al daño moral”. Así pues, hicieron lugar a la indemnización por daño psíquico y condenaron a la empresa a indemnizar con 20 mil pesos a la víctima.
Respecto al agravio manifestado por la utilización del plenario “Obarrio” por parte del juez de grado, los magistrados no hicieron lugar al pedido ya que, en aquel plenario se decidió que “en los contratos de seguros de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme a la Resolución n 25.429/97, es inoponible al damnificado, sea transportado o no”.
“La libertad de contratar y de configurar el contenido del contrato, que pueda prever la posibilidad de un descubierto ó franquicia inferior, o algún otro mecanismo de asunción de las deudas -especialmente cuando median resarcimientos de daños personales como en autos- resulta violatorio del art. 19 de la C.N., y cercena el derecho de ejercer toda industria lícita aludido por el art. 14 de la C.N”, sentenciaron.

References: artículo 214
 artículo 1113
in fine
 artículo 1113
 artículo 377
 artículo 2687
 resolución 
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 3
 artículo 184
 Resolución