Source: https://tc.vlex.es/vid/2004-s-l-24137646
Timestamp: 2019-08-24 02:17:13+00:00

Document:
STC 308/2006, 23 de Octubre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 24137646
STC 308/2006, 23 de Octubre de 2006
Número de Recurso: 2025-2004
Recurso de amparo 2025-2004. Promovido por García Quintana, S.L., respecto a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que desestimaron su demanda contra la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre liquidación por diferencias de cotización de las horas extraordinarias. Vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva: garantías constitucionales del procedimiento administrativo; sentencia sobre la caducidad del procedimiento sancionador motivada pero no fundada en Derecho, al aplicar una ley derogada y desoír doctrina legal.
Sentencia citada en: 464 sentencias, 7 artículos doctrinales
STC 308/2006, de 23 de octubre de 2006
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 26 de marzo de 2004, la Procuradora de los Tribunales doña Nuria Munar Serrano, en representación de la recurrente, formuló demanda de amparo, impugnando las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias incoó a la demandante de amparo, con fecha 18 de junio de 2001, las actas de liquidación de cuotas del régimen general de la Seguridad Social y de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, fondo de garantía salarial, formación profesional y desempleo núms. 453 a 457-2001, por diferencias de cotización de las horas extraordinarias del personal de la empresa, por un importe total de 3.189.869 pesetas (19.171,50 euros), así como el acta de infracción núm. 828-2001, con propuesta de la imposición de una sanción de 500.000 pesetas (3.005,06 euros). Las actas fueron notificadas a la recurrente, que formuló los correspondiente escritos impugnándolas, en los que, por medio de otrosí, interesó que, a efectos de prueba, se tuvieran por incorporadas al expediente las declaraciones responsables de los trabajadores de la empresa.
El Jefe de la unidad especializada en el área de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo dictó Resolución el 20 de noviembre de 2001 confirmando y elevando a definitivas las actas contenidas en el expediente. Tras presentar la actora escrito de alegaciones dentro del plazo de diez días concedido para cumplimentar el trámite de vista y audiencia, se dictó nueva Resolución con fecha 11 de diciembre de 2001 acordando anular la anterior, con conservación de los trámites realizados hasta dicha fecha y retroacción de las actuaciones al momento de su dictado, así como elevar a definitivas las liquidaciones contenidas en las actas de liquidación y confirmar en todos sus términos el acta de infracción. La resolución fue notificada a la recurrente el día 20 del mismo mes y año.
Frente a la anterior resolución interpuso la actora recurso de alzada, en el que interesó la práctica de determinada prueba testifical, y que fue desestimado por Resolución de la Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias de 3 de abril de 2002.
Contra esta última dedujo la actora recurso contencioso-administrativo en el que, entre otras cuestiones, aducía que el expediente había caducado por haber transcurrido más de seis meses entre las actas de la Inspección y la fecha de notificación de la resolución confirmatoria de las mismas. En este sentido, se alegaba lo establecido en los arts. 20.3 y 33.2 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, invocando la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2001, dictada en interés de ley, que estableció la forma en que había de realizarse el cómputo del plazo de caducidad de seis meses previsto en el referido art. 20.3.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo dictó Sentencia con fecha 31 de marzo de 2003 desestimando la demanda. En el aspecto relativo a la caducidad, el órgano judicial entendió que no podía tenerse en cuenta la modificación del Real Decreto 928/1998 operada por el Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, dada la fecha de inicio del procedimiento y, ateniéndose a lo argumentado por el representante de la Administración, consideró, en aplicación estricta del tenor del citado art. 20.3, que para que se produjera la caducidad habían de transcurrir seis meses y, a continuación, el plazo de treinta días establecido en el artículo 43.4 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y que, una vez transcurrido dicho plazo, el órgano competente debería emitir a solicitud del interesado la certificación en la que constara que había caducado el procedimiento y que se había procedido al archivo de las actuaciones. Entiende el Juzgado, por consiguiente, que tomando las fechas establecidas en el expediente y cualquiera que sea la fórmula de cómputo, no habría existido la caducidad alegada por la recurrente. Aunque la menciona, la Sentencia no determina si tiene alguna incidencia sobre el asunto la doctrina legal establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2001.
Interpuesto recurso de apelación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Sentencia de 25 de febrero de 2004, lo inadmitió, al no superar la cuantía del asunto la establecida en el art. 81 LJCA, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual, tratándose de cuotas por débitos a la Seguridad Social, debían tomarse en consideración las cuotas mensuales, en atención a que tales cuotas se autoliquidan e ingresan por el sujeto obligado mes por mes y no por períodos de tiempo distintos, sin que pueda estarse al monto total de la pretensión, ya que las cuantías mensuales no comunican la cuantía a las demás ni a la sanción a la hora de determinar si la Sentencia puede ser apelada.
Se aducen en la demanda de amparo diferentes vulneraciones de derechos fundamentales de la actora, que se imputan tanto a la actuación administrativa como a cada una de las resoluciones judiciales. En primer lugar, y por el cauce del art. 43 LOTC, la demandante denuncia la vulneración por la actuación administrativa de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas. Por una parte, por la falta de motivación de la resolución del recurso de alzada, ya que, a pesar de las múltiples razones expuestas en el mismo, la resolución administrativa se limita a confirmar la recurrida. Por otra, porque no se ha cumplido con el régimen al que se sujeta la prueba en la Ley 30/1992, no habiéndosele admitido o rechazado expresamente una prueba testifical que propuso y que no se practicó. Además, aduce que, si la Administración no tenía por ciertos los hechos que alegó (art. 80.2 LPC), estaba obligada a decretar la apertura del período probatorio y a practicar la prueba testifical propuesta. Por último, destaca que la indefensión que se la ha causado en vía administrativa no resulta enervada por el hecho de que haya podido accionar en vía judicial contra las resoluciones recibidas, proponiendo incluso pruebas.
Por resolución de 16 de mayo de 2006 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y admitir a trámite la demanda y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que en un plazo que no excediera de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 21-2003. Igual comunicación se acordó dirigir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo en relación con el procedimiento ordinario núm. 142-2002, con el añadido de que debía proceder, con carácter previo, al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
El 19 de mayo de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Abogado del Estado, personándose en el presente recurso de amparo.
Mediante diligencia de ordenación de 13 de junio de 2006 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado, en la representación que ostenta, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
El Abogado del Estado presentó escrito de alegaciones el 30 de junio de 2006, solicitando la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del recurso de amparo. Tras exponer las quejas de la recurrente, manifiesta que ha de ser prioritario el examen de los defectos de tutela imputados a los órganos judiciales, pues su efecto sería la reposición de actuaciones al momento de la comisión de la falta. Comienza su análisis por los motivos de impugnación dirigidos contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, porque de su examen deduce la extemporaneidad del recurso de amparo. Así, en primer lugar, y con referencia a la objeción dirigida contra el pronunciamiento de inadmisibilidad, el Abogado del Estado se remite a la doctrina contenida en el ATC de 15 de noviembre de 2004, en el que se rechaza la relevancia constitucional de una queja idéntica a la formulada en el presente recurso, referida a igual aplicación de los mismos preceptos procesales y que afectaba al cálculo de la summa gravaminis en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social. Asimismo, señala que la instrucción de recursos dada por el Juez a quo en el caso del Auto referido era de idéntico tenor a la producida en el presente supuesto, lo que no impidió a la Sala Segunda de este Tribunal reconocer como improcedente e indebida la vía judicial previa al amparo y a éste incurso en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 50.1 a) LOTC por su extemporánea interposición. Por lo demás, entiende el Abogado del Estado que las otras objeciones dirigidas contra la Sentencia de apelación son meros apuntes sin especial argumentación: de un lado, el hecho de que el Tribunal relate como no realizados unos trámites que sí tuvieron lugar no es más de un lapsus carente de la más mínima influencia en el fallo de inadmisión del recurso. De otro, la circunstancia de que se alegaran motivos de nulidad de pleno derecho contra el acto administrativo resulta irrelevante a efectos de la admisión o inadmisión de la apelación, sin que la calificación de los vicios sea causa instituyente de la vía de recurso e imponga forzadamente la secuencia del trámite revisor.
La representación de la demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones con fecha 13 de julio de 2006, dando por reproducidas las formuladas en la demanda.
El Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 17 de julio de 2006, interesó que se dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado, con declaración de nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, de 31 de marzo 2003, y retroacción de las actuaciones al momento anterior a su dictado, para que se pronuncie otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente.
Por providencia de 19 de octubre de 2006 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
La demandante de amparo dirige sus quejas, por una parte, y con invocación del art. 43 LOTC, contra la Resolución de la Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias de 3 de abril de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Jefe de la unidad especializada en el área de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, de 11 de diciembre de 2001, que confirmó y elevó a definitivas las actas de liquidación de cuotas del régimen general de la Seguridad Social núms. 453 a 457-2001, por diferencias de cotización, así como el acta de infracción núm. 828-2001. Asimismo, impugna la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, que desestimó el recurso formulado contra aquélla (procedimiento ordinario núm. 142-2002), y la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 25 de febrero de 2004, que inadmitió el recurso de apelación núm. 21-2003, promovido frente a la anterior.
Antes de abordar el análisis de las diversas quejas planteadas por la actora, es preciso examinar el óbice procesal planteado por el Abogado del Estado. Alega éste que el recurso de amparo resulta extemporáneo como consecuencia de haber empleado la actora en la vía judicial previa un recurso improcedente, al no resultar apelable la Sentencia de primera instancia, y ello a pesar de la instrucción de recursos realizada por el Juez a quo. En este sentido, invoca el ATC 434/2004, de 15 de noviembre, aduciendo que, en el mismo, se resolvió un supuesto igual reconociendo como improcedente e indebida la vía judicial previa al amparo y a éste incurso en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 50.1 a) LOTC por su extemporánea interposición.
Es conveniente en aras de una mayor objetivación y claridad respecto al cumplimiento y a la constatación de los requisitos procesales para promover el recurso de amparo constitucional avanzar un paso más en la línea doctrinal sentada por la citada STC 38/2006, de 13 de febrero, en el sentido de declarar, sin perjuicio de reiterar que la instrucción de recursos (art. 284.4 LOPJ) no forma parte del decisum de la resolución judicial (SSTC 128/1998, de 16 de junio, FJ 6; 152/2006, de 22 de mayo, FJ 4, por todas), que no puede considerarse como manifiestamente improcedente a los efectos de determinar la extemporaneidad del recurso de amparo la interposición por el demandante de amparo, cuente o no con asistencia letrada, de recursos o remedios procesales objetiva y manifiestamente improcedentes cuando la misma sea consecuencia de una errónea indicación consignada en la instrucción de recursos a que se refiere el art. 248.4 LOPJ. No puede dejar de insistirse al respecto, como ya en resoluciones anteriores hemos tenido ocasión de poner de manifiesto, que la instrucción o información errónea acerca de los recursos facilitada por los órganos judiciales, dada la auctoritas que corresponde a quien la hizo constar (STC 26/1991, de 11 de febrero, FJ 1), es susceptible de inducir a un error a la parte litigante, que hay que considerar en todo caso excusable ‘dada la autoridad que necesariamente ha de merecer la decisión judicial’ (SSTC 79/2004, de 5 de mayo, FJ 2; 244/2005, de 10 de octubre, FJ 3), pues ‘si la oficina judicial [ha] ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables ... el interesado, aun estando asistido por expertos en la materia, podría entender por la autoridad inherente a la decisión judicial, que tales indicaciones fueran ciertas y obrar en consecuencia’ (ibidem). De este modo, a los efectos que nos ocupan, no es razonable exigir a la parte que contravenga o salve por sí misma la instrucción o información de recursos consignada en la resolución judicial, aunque ésta pueda resultar o resulte errónea, dada la delicada disyuntiva en la que en caso contrario se le sitúa como consecuencia de la necesidad de cumplir simultáneamente las dos exigencias de agotar la vía judicial previa [arts. 43.2 y 44.1 a) LOTC] y de interponer el recurso de amparo dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial (arts. 43.2 y 44.2 LOTC)
Una vez que ha quedado eliminado el anterior obstáculo, podemos proceder ya a analizar las distintas quejas aducidas por la actora, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un recurso de amparo mixto dirigido, por una parte, contra una resolución administrativa y, por otra, contra las Sentencias confirmatorias del acto administrativo. Esta circunstancia determina que analicemos en primer término las eventuales vulneraciones que serían imputables a la actuación administrativa, para efectuar con posterioridad, en su caso, el enjuiciamiento de las lesiones constitucionales imputadas a la resolución judicial (STC 195/2005, de 18 de julio, FJ 2).
Los motivos de impugnación que la demandante dirige contra las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo y de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias son diversos, y para proceder a su análisis hemos de otorgar prioridad a aquellas quejas de las que pudiera derivarse la retroacción de actuaciones y, dentro de éstas, a las que, al determinar la retroacción a momentos anteriores, hacen innecesario nuestro pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; 70/2002, de 3 de abril, FJ 2; y 100/2004, de 2 de junio, FJ 4, entre otras). De acuerdo con tales criterios, se puede observar que la eventual estimación de cualquiera de las quejas que, con invocación del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, se dirigen contra la Sentencia de primera instancia, determinarían la anulación de las dos resoluciones judiciales combatidas y la retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado de aquella Sentencia, para que el Juzgado pronunciara una nueva resolución. En cambio, la hipotética estimación de alguna de las dos quejas que se oponen a la Sentencia de apelación daría lugar a su anulación y a la retroacción al momento anterior al de su dictado, para que la Sala resolviera de nuevo el recurso de apelación. Siendo ello así, resulta evidente que hemos de comenzar nuestro análisis por las quejas que afectan a la Sentencia de primera instancia, que son las que, de apreciarse, conducirían a la retroacción anterior en el tiempo; continuando, en el caso de que rechazáramos la concurrencia de las vulneraciones que se le imputan, con el examen de las que denuncian la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo por la Sentencia que inadmitió su recurso de apelación.
En los motivos de impugnación que la demandante de amparo dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, se distingue, en primer lugar, el que denuncia que no resulta motivada ni fundada en Derecho, por la generalidad, que a juicio de la recurrente, presenta la respuesta que da el órgano judicial a sus planteamientos, y por haber resuelto la cuestión relativa a la caducidad del expediente administrativo aplicando un precepto no vigente y desatendiendo la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo.
En cuanto al primer aspecto a que se refiere la demandante, es decir, la denuncia de ausencia de motivación de la Sentencia recurrida, hay que comenzar por recordar que, según reiterada doctrina de este Tribunal, el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes sólo así pueden conocer los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, al mismo tiempo que actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción (por todas, STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4). Por otra parte, ha de precisarse que el hecho de que una resolución deba ser motivada no autoriza a requerir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (SSTC 150/1988, de 15 de julio, FJ 3; 196/1988, de 24 de octubre, FJ 2; 66/1996, de 16 de abril, FJ 5; 39/1997, de 27 de febrero, FJ 4). Finalmente, la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4).
Distinta ha de ser nuestra conclusión en relación con el aspecto referido al derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, pues, en cuanto a la pretensión atinente a la caducidad del procedimiento administrativo, la actora ha recibido una respuesta que puede ser calificada de irrazonable. La recurrente adujo que los procedimientos seguidos contra ella —tanto el sancionador como el de liquidación de cuotas— habían caducado, a cuyo efecto invocó el art. 20.3 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, a cuyo tenor, “El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y liquidatorios por infracciones del orden social y débitos por cuotas a la Seguridad Social, a los que se refieren los artículos 20.3 y 33.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, será de seis meses, produciéndose en caso de falta de resolución en dicho plazo la caducidad del expediente”. Asimismo, alegó la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 2001, dictada en interés de ley, en la que se fijó la siguiente doctrina: “El cómputo del plazo de caducidad de seis meses que establece el artículo 20.3 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, se inicia en la fecha del acta de infracción levantada por la Inspección, y no en la fecha de la visita de inspección de la que traiga causa si ésta fuera anterior, y termina en la fecha de notificación de la resolución del procedimiento sancionador”.
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, de 31 de marzo de 2003, recaída en el procedimiento ordinario núm. 142-2002, con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al de su dictado, para que se pronuncie una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 20
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución