Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00254-de-noviembre-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0ee7d745722c011ae0530a010151011a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-19 16:54:12+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2013-00254 de noviembre 13 de 2014
SENTENCIA 2013-00254 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA. LA FIJACIÓN DE PRECIOS IGUALES O IDÉNTICOS PARA UN MISMO PRODUCTO EN UN MISMO TIEMPO Y VALOR, CON INCREMENTOS O VARIACIONES EN LOS MISMOS PERIODOS DE TIEMPO Y EN IGUAL PROPORCIÓN, POR PARTE DE DOS O MÁS EMPRESAS DIFERENTES, SON COINCIDENCIAS QUE CONSTITUYEN PRUEBA SUFICIENTE DE QUE HUBO UN ACUERDO QUE TUVO POR EFECTO LA FIJACIÓN INDIRECTA DE PRECIOS DEL PRODUCTO. ASÍ, LAS COINCIDENCIAS O SIMETRÍAS PRESENTADAS EN UN PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO, POR DOS O MÁS EMPRESAS, NO PUEDEN SER RESULTADO DE LA CASUALIDAD O DEL AZAR, TENIENDO EN CUENTA QUE UN PRODUCTO, COMO EL COMBUSTIBLE, DEPENDE DE FACTORES VARIABLES, COMO SON LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, DE TRANSPORTE, DE OPERACIÓN DE CADA ESTACIÓN DE SERVICIO, DEL NIVEL DE EFICIENCIA, LAS EXPECTATIVAS DE UTILIDAD DEL EMPRESARIO, EL POSICIONAMIENTO O ACREDITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, LOS CUALES VARÍAN NECESARIAMENTE DE UNA EMPRESA A OTRA, NO OBSTANTE QUE SE TRATE DE UN MISMO PRODUCTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, MUNICIPIO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ESTACIONES DE SERVICIO, LIBRE COMPETENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:518 DE FEBRERO DE 2015, PÁG.263
Sentencia 2013-00254 de noviembre 13 de 2014
Ref.: Expediente 2013-00254-01
Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Actores: Estación de servicio Villa de Río Ltda. y otros
En orden a estudiar el asunto que ocupa la atención de la Sala se analizarán los siguientes puntos: 1. La caducidad y la ley aplicable para determinar la caducidad de la facultad sancionatoria; 2. La vulneración del derecho a la no auto incriminación y a la presunción de inocencia; y, 3. La aplicación indebida de la responsabilidad objetiva.
La caducidad y la ley aplicable para determinar la caducidad de la facultad sancionatoria
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, el acuerdo de precios se produjo y se conservó por las distribuidoras de combustibles relacionadas en las resoluciones acusadas hasta el mes de diciembre de 2009, tal y como se corrobora en los cuadros comparativos de las tablas 6, 7, 8, 9 y 10, así como en la gráfica 5, visibles en el anverso y reverso de los folios 146 y 147 del cuaderno de anexos de la demanda, lo que le permite concluir a la Sala que la conducta cometida por los demandantes catalogada como práctica comercial restrictiva de la libre competencia, se prolongó en el tiempo y en el espacio, lo que significa que la comisión de su falta fue permanente y continuada.
Sin embargo, observa la Sala que para la fecha en que entró en vigencia la Ley 1340 (“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”), esto es, el 24 de julio de 2009(1), los distribuidores de combustibles relacionados en las resoluciones demandadas continuaban desarrollando las conductas constitutivas como infractoras a las normas de promoción de competencia y práctica comercial restrictiva, extendiéndolas hasta el mes de diciembre de ese mismo año, sometiéndose, en consecuencia, a la legislación vigente por esa fecha, esto es, la Ley 1340 de 2009, que en su artículo 27 reza:
“ART. 27.—Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación del régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado” (resalta la Sala).
Se advierte, en conclusión, que desde la última fecha de ejecución de la conducta contraria a las normas de promoción de la competencia, esto es, diciembre de 2009, hasta la fecha de notificación de las resoluciones 71794 del 12 de diciembre de 2011 y 11651 de 29 de febrero de 2012, es decir, los días 16 de diciembre de 2011(2) y 13 de marzo de 2012(3), respectivamente, no había transcurrido el término de cinco (5) años, a que se refiere el artículo 27 antes citado a efectos de que se produjera el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado.
Vulneración del derecho a la no autoincriminación y a la presunción de inocencia
Sea lo primero señalar que el principio de la no autoincriminación encuentra respaldo, en nuestro ordenamiento constitucional, en el artículo 33 superior que establece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” (resalta la Sala fuera de texto).
Sin embargo, respecto de este principio la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-258 de 2011(4), precisó que:
“Sobre el ámbito de aplicación de la garantía de no autoincriminación, la jurisprudencia de la Corte, inicialmente, había señalado que su contenido “solo debe ser aplicado en los asuntos criminales, correccionales y de policía”, pero con posterioridad puntualizó que tal principio, en los términos textuales de la regla constitucional, reviste una amplitud mayor, pues esta no restringe la vigencia del mismo a determinados asuntos, por lo que cabe su exigencia en todos los ámbitos de la actuación de las personas, ya que se orienta a proteger a las personas frente a la actividad sancionatoria del Estado. En esa medida siendo el derecho disciplinario una expresión del ius puniendi del Estado, la garantía del artículo 33 de la Constitución tiene plena aplicación en todos los procesos, judiciales o administrativos, orientados a establecer la responsabilidad disciplinaria de quienes desempeñen funciones públicas”.
“Si bien la garantía de la no incriminación implica un derecho al silencio y a utilizar las estrategias que se consideren más adecuadas para la defensa, no se extiende hasta las conductas fraudulentas u obstructivas, pues dicha garantía se orienta a evitar que la decisión adversa a la persona provenga de su propia declaración obtenida mediante cualquier tipo de presión o coacción física o moral, consagrándose en ese contexto un derecho a guardar silencio, del cual, a su vez, se deriva la consecuencia de que tal situación, esto es la negativa a declarar, en cuanto que se encuentra constitucionalmente amparada, no pueda tener repercusiones negativas en el ámbito del proceso, en cuanto no puede tomarse como indicio de responsabilidad” (resaltados fuera de texto).
Respecto del interrogatorio de parte, la Corte Constitucional ha sostenido, en Sentencia C-559 de 2009(5), que:
Respecto de la inspección judicial, establece el artículo 245 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que quien pida la práctica de esa prueba “expresará con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar...”, sin embargo, se admite la posibilidad de que el juez, oficiosamente, pueda buscar la ampliación del objeto de la prueba, siempre con el ánimo de obtener la verdad procesal. Así, sostuvo, la Corte Constitucional, en Sentencia T-731 de 2013(6):
“Resulta importante precisar que si bien el actor no obró diligentemente en el proceso reivindicatorio en mención, en la medida en que no dispuso de lo necesario para la práctica de la inspección judicial del predio ‘Monterrey’ —aspecto que explicará la Sala en el siguiente numeral—, ello no exime al juzgador de su deber de hacer lo posible para determinar la verdad judicial en los procesos que decide. Sobre este aspecto, la Corte, en la Sentencia T-264 de 2009, señaló que una manifestación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia es el deber de quienes administran justicia de “buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real” bajo el entendido de que “los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos”. Específicamente, con relación a la verdad judicial, la Corte sostuvo que en el marco de la Constitución Política “arribar a la verdad es algo posible y necesario” y que la solución justa a los conflictos, como finalidad de la administración de justicia, supone la adopción de las decisiones judiciales sobre una consideración de los hechos que pueda considerarse verdadera”.
En cuanto a la aplicación indebida de la responsabilidad objetiva
“ART. 1º—(Modificado, D. 3307/63, art. 1º). Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos...” (resaltados fuera de texto).
El artículo 47, numeral 1º, del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992, “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”, prevé:
1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios” (resaltado fuera de texto).
Además, es del caso citar el artículo 45, numeral 1º, del antes citado decreto, que guarda relación con la misma materia. Este precepto establece:
1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas” (resaltados y subrayas fuera de texto).
En relación con los acuerdos contrarios a la libre competencia y su prueba, es preciso traer a colación la sentencia de 23 de enero de 2003 de esta Sección (Exp. 25000-23-24-000-2000-0665-01 (7909), actor: Cooperativa Lechera Colanta Ltda., C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola), en la cual se dijo:
“... Como bien lo advierte el a quo y la entidad demandada, tanta coincidencia no puede resultar de la casualidad, menos cuando el precio de dicho producto no está determinado por la ley, ya que está sometido a libre competencia, por lo tanto depende de factores variables como los costos de transporte, de los costos de operación de cada estación y, por ende, del nivel de eficiencia de ellas, así como de las expectativas de utilidad del empresario, el posicionamiento o acreditación del establecimiento comercial, entre otros, que bien es sabido varían necesariamente de una empresa a otra, no obstante que se trata de un mismo producto. En esas condiciones es poco probable que 4 empresas coincidan en todos esos factores. De modo que esa coincidencia es prueba suficiente de que hubo un acuerdo indirecto que tuvo como efecto la fijación de precios del producto gasolina extra” (resaltados y subrayas fuera de texto).
En virtud de lo anterior, para la Sala carece de fundamento el argumento de los recurrentes, según el cual “los acuerdos y actos contrarios a la libre competencia, previstos en los artículos 47 y 8º del Decreto 2153 de 1992, no pueden considerarse como una responsabilidad objetiva; los eventos allí consignados se asemejan a una presunción de ilegalidad, la cual puede desvirtuarse demostrando que en el mercado existe libertad de entrada, libertad de escogencia, variedad de precios y servicios, así como una eficiencia en el aparato productivo. Es decir, que no basta con acreditar la existencia de un acuerdo de precios para establecer que se trata de un medio torcido o desleal, pues se requiere también demostrar que ese acuerdo de voluntades tuvo por objeto impedir, restringir o falsear a la competencia” (resalta la Sala), pues se evidenció una voluntad exterior que permitió colegir un comportamiento consecuente de agrupación de objetivos y finalidades que se identifican entre sí, es decir, una actuación conjunta y mancomunada, esto es, quedó plenamente demostrada la ocurrencia de un acuerdo entre los actores, en virtud del cual, se fijó el precio del galón de gasolina en una sincronización y coincidencia notable.
(1) Publicada en el Diario Oficial 47420 de julio 24 de 2009.
(2) Visible en el reverso del folio 179 del cuaderno de anexos de la demanda.
(3) Visible en el reverso del folio 253 del cuaderno de anexos de la demanda.
(4) Expediente D-8244, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(5) Expediente D-7592, M.P. Nilson Pinilla P.
(6) Expediente T-3884027, M.P. María Victoria Calle Correa.

References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 245
 artículo 47
 artículo 45