Source: http://aliriouribe.com/2014/07/30/proyecto-de-ley-50-de-2014-senado/
Timestamp: 2018-11-21 20:32:48+00:00

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Proyecto de Ley 50 de 2014 Senado – Alirio Uribe
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julio 30, 2014 Alirio UribeProyectos de Ley presentados
El Congreso de la Repúbl ica
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio del poder disciplinario, incluyendo el ejercicio preferente de este poder que la Procuraduría General de la Nación ejerce sobre servidores públicos, al cual hace referencia el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política.
Artículo 2°. Añádase un artículo a la Ley 734 de 2002, que será del siguiente tenor:
Destitución, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
Suspensión, para las faltas graves culposas.
Multa, para las faltas leves dolosas.
Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.
Artículo 3°. El artículo 44 de la Ley 734 quedará así:
Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima y para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
Multa, para las faltas leves dolosas o gravísimas culposas.
Artículo 4°. Sanciones que pueden imponerse en proceso penal. Además de las sanciones mencionadas en los artículos 44 y 44A de la Ley 734 de 2002, tal como son reformados por la presente ley, cuando se considere que un servidor público ha incurrido en una falta disciplinaria que a su vez constituya una conducta punib le tipificada en el Código Penal, deberá enviar copia del proceso disciplinario a la autoridad penal competente.
Artículo 5°. Adiciónese al artículo 45 del Código Penal el siguiente parágrafo:
¿Cuando un servidor público elegido democráticamente sea condenado por delitos cometidos a título de dolo en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, se impondrá la pena de pérdida del empleo¿.
Artículo 6°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley aplican para los procesos disciplinarios en los cuales no se haya llegado a una decisión final al momento de entrada en vigencia de la presente ley. Por lo tanto, no modifican las decisiones emitidas por la Procuraduría General de la Nación o por alguna otra autoridad titular del ejercicio del poder disciplinario respecto de procesos disciplinarios en los cuales se ha emitido ya decisión final para la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Para los efectos del presente artículo, se entenderá por decisión final la decisión disciplinaria contra la cual no se haya interpuesto recurso alguno dentro del término de procedencia de esos recursos, o la decisión disciplinaria contra la cual ya se hayan resuelto los recursos a los que hace referencia el artículo 110 de la Ley 734 de 2002.
Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las disposiciones de la Ley 734 de 2002 sobre las sanciones que pueden directamente imponerse en ejercicio del control disciplinario.
La presente ley como objetivo modificar el ejercicio del control disciplinario, regulado por la Ley 734 de 2002, en desarrollo del numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política. La principal modificación que propone y desarrolla este proyecto es la relacionada con la autoridad competente para imponer cierta clase de sanciones, como lo son la destitución y la inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas. El proyecto de ley plantea que sean las autoridades judiciales penales, y no la Procuraduría General de la Nación, sean las encargadas de imponer esta clase de sanciones.
Son dos las razones principales que sustentan el cambio que propone el proyecto de ley. En primer lugar, busca garantizar que no sea posible la imposición de sanciones tan graves como la destitución y la inhabilidad general sin que haya un procedimiento que dé amplias posibilidades de participación. En segundo lugar, garantizar la concurrencia armónica y coherente de distintos órganos del Estado en el control de las faltas disciplinarias más graves: aquellas que constituyen delitos cometidos en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Nos detendremos a explicar mejor estos dos propósitos.
Por un lado, el proyecto de ley pretende reforzar el derecho de defensa de los servidores públicos, el cual se encuentra consagrado en la Constitución Política para todos los ciudadanos en el artículo 29, así como en distintos tratados internacionales ratificados por Colombia. Consideramos que este derecho debe cobrar mayor valor cuando mayor es la gravedad de la sanción a la que se enfrenta un servidor. Las mayores sanciones por la act uación de los servidores públicos como consecuencia de la realización de una falta disciplinaria son la destitución y la inhabilidad, por lo que el derecho de defensa debería cobrar un mayor alcance. Esto lo permite el proceso penal mejor que el proceso disciplinario. En el proceso penal, el sindicado tiene múltiples oportunidades de participar, y es investigado por una entidad, y juzgado por otro. Además, cuenta con la posibilidad de apelar la decisión ante un juez distinto, lo cual no sucede en el proceso disciplinario actual cuando es el Procurador General de la Nación quien adelanta la investigación disciplinaria.
En segundo lugar, dada la trascendencia de las faltas disciplinarias más graves, es importante que las instituciones del Estado actúen de manera mancomunada y coherente. Esto no se logra con el estado actual de la regulación del ejercicio del control disciplinario. En el escenario actual de la legislación, es posible que dos organismos, la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, actúen de forma paralela e incluso contradictoria. Así, por ejemplo, es posible que la Procuraduría inicie un proceso disciplinario por la presunta comisión de un delito que constituya una falta disciplinaria y que concluya que ese delito efectivamente tuvo lugar, mientras que la Fiscalía General de
la Nación no haya iniciado investigaciones sobre ese mismo hecho, o las haya iniciado pero considere que tal hecho no constituye delito alguno.
Estos dos propósitos se desarrollan a lo largo del articulado del proyecto, haciendo los ajustes necesarios a las normas disciplinarias y penales, con el fin de respetar principios constitucionales como el de legalidad. Así, el artículo 1° del proyecto expone que el objeto es el de modificar el ejercicio del control disciplinario, lo cual incluye ciertas modificaciones a la Ley 734 de 2002 y al Código Penal vigente.
Los artículos 2° y 3° especifican las sanciones que podrán imponerse como consecuencia de la ocurrencia de una falt a disciplinaria. Estos dos artículos hacen una distinción importante, a saber, entre los servidores públicos de elección popular, y los servidores públicos que no fueron elegidos popularmente, para efectos de diferenciar las sanciones que pueden imponerse a unos y otros en un proceso disciplinario. La razón de esta distinción es que ciertas sanciones pueden tener mayor impacto en el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a participar en elecciones para cargos de elección popular, reconocido en el artículo 40 de la Constitución Política.Este mayor impacto ocurriría en el caso de los servidores públicos de elección popular. Por esto, consideramos necesario que aquellas sanciones que limitan significativamente el ejercicio de derechos políticos solo puedan ser impuestas luego de una condena penal, producto de un proceso penal en el que el servidor público que esté siendo juzgado haya tenido amplias oportunidades de participar.
Como complemento a los artículos 2° y 3°, el artículo 4° señala que el titular del ejercicio del control disciplinario que concluya que la persona investigada fue responsable de una falta disciplinaria que a su vez también constituye delito deba remitir copia del proceso a las autoridades penales para que estas inicien la investigación contra ese servidor público. A partir de este momento, el proceso penal inicie se inicie a partir de la remisión del proceso disciplinario se regirá por las normas penales procesales ordinarias, garantizando así que el servidor público contará con las mismas oportunidades de defensa que las que tiene cualquier persona que sea sometida a la acción de la justicia.
Ahora bien, dado que, según lo propuesto por el proyecto de ley, las sanciones de destitución e inhabilidad se impondrán en el marco de un proceso penal, es preciso garantizar que estas sanciones estén expresamente consagradas en la legislación penal, para garantizar el principio de legalidad. Por esto, el artículo 5° del proyecto de ley propone modificar la redacción del artículo 45 del Código Penal, adicionando un parágrafo en el que se contempla la pena de pérdida del empleo para servidores públicos, lo cual equivale a la destitución prevista originalmente en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
Por su parte, en el artículo 6° se especifica que las modificaciones introducidas por esta ley al ejercicio del control disciplinario no modifican aquellas sanciones que ya cuentan con una sanción disciplinaria en firme. En este artículo se especifica que para los efectos de este artículo se entiende por sanción disciplinaria en firme ¿la decisión disciplinaria contra la cual no se haya interpuesto recurso alguno dentro del término de procedencia de esos recursos, o la decisión disciplinaria contra la cual ya se hayan resuelto los recursos a los que hace referencia el artículo 110 de la Ley 734 de 2002¿.
Finalmente, el artículo 7° especifica el término de entrada en vigencia de la ley, y dispone que esta derogatodas las disposiciones que le sean contrarias.
Bogotá, D. C., 30 de julio de 2014
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 50 de 2014 Senado, por la cual se desarrolla el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, relacionado con el poder disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, se modifica la Ley 734 de 2002 y se dictan otras disposiciones, me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores Antonio Navarro Wolff, Iván Leonidas Name, Claudia López y honorables Representantes Angélica Lozano, Óscar Ospina, Víctor Javier Correa, Jorge Prieto, Alirio Uribe Muñoz. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia ala Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional, con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
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References: Artículo 1
 artículo 277

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 44

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 45

Artículo 6
 artículo 110

Artículo 7
 artículo 277
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 6
 artículo 110
 artículo 7
 artículo 277