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Timestamp: 2019-02-23 12:58:12+00:00

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¿¿¿¿¿¿Cuentas Congeladas????
Por: M.D.F. Jesús Roberto Valles Aragón
Como es de pleno conocimiento, las autoridades están recurriendo, cada vez, a medios más coercitivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Sin embargo dichos medios han llegado al límite de lo coherente, obligando a los contribuyentes a dejar de generar riquezas. Tal es el caso de los multimencionados embargos de cuentas bancarias, como se les conoce vulgarmente “congelamiento de cuentas”.
En repetidas ocasiones, hemos podido observar como las autoridades evitan el funcionamiento cotidiano de las empresas, ya que impide que las mismas realicen actos fundamentales como el pago de los salarios devengados por los trabajadores a cargo de la empresa.
Este tema ha sido tratado innumerables veces por parte de los grandes estudiosos de la materia fiscal e incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido recomendaciones a las autoridades para que eviten realizar estas practicas, ya que no permiten a los empresarios obtener los beneficios económicos y financieros para el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de que se deja sin sustento económico a los empleados, violentando diversos numerales de la Carta Magna.
Sin embargo lo anterior, la autoridad ha hecho caso omiso de los reclamos por parte de la sociedad y diversas agrupaciones o instancias legales y extra legales, continuando con esta practica.
Entonces viene la pregunta que siempre hace el contribuyente ¿Qué hacer en caso de embargo de las cuentas bancarias? ¿Qué hago para cobrar mis ingresos pendientes? ¿Cómo cumplo con mis obligaciones laborales, mercantiles, civiles y/o fiscales?
En la práctica el defensor fiscal siempre ha pugnado por combatir la ilegalidad de los embargos de cuentas bancarias por medio del Juicio de Amparo Indirecto, debido a que es el que tiene mayor celeridad en beneficio del contribuyente. Sin embargo, cada vez se ha vuelto mas vulnerable dicho medio legal por distintos criterios (que no son compartidos por el articulista) de diversos Jueces de Distrito, Magistrados de Tribunales Colegiados e incluso Ministros de la Suprema Corte.
La sugerencia sigue siendo en combatir la ilegalidad de dichos embargos mediante los medios legales al alcance del contribuyente, sin embargo durante el lapso en que se obtiene la resolución favorable para “levantar” el embargo, se sugiere la celebración de un contrato de mandato con un tercero, para que este cumpla las obligaciones el contribuyente embargado.
El mandato es un contrato por virtud del cual una persona se obliga con otra a ejecutar por cuenta de esta, los actos jurídicos que le encomiende.
Las partes que intervienen en este contrato, son el mandante y el mandatario. El primero es el que se encarga de la realización de los actos jurídicos. El ultimo, el que se obliga a ejecutar dichos actos por cuenta del primero.
Esto significa que los negocios que realice en ejecución del mandato, siempre habrán de incidir en la esfera patrimonial del mandante, en el cual han de repercutir positiva o negativamente.
Como es de observarse, una persona puede encomendar a otra cierto tipo de actos, los cuales serán realizados por el encargado en representación y nombre de la persona que encomendó los actos.
Entre los actos que se pueden encomendar son: el cobro de cuentas, el pago de sueldos y salarios, el cumplimiento de contratos mercantiles y civiles, la presentación de declaraciones y pago de obligaciones fiscales, entre otras.
Es decir, el mandatario puede recibir los pagos pendientes del contribuyente y cumplir sus obligaciones, permitiéndole que la empresa o negocio no “pare” sus actividades normales, en tanto, el contribuyente ejercita los medios legales convenientes y adecuados para combatir el embargo de sus cuentas bancarias.
Ahora bien, este criterio tiene sustento en una sentencia dictada por la Tercera Sala Regional Hidalgo- Mexico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del expediente 9405/09-11-03-3, el cual dio nacimiento a la siguiente tesis aislada.
Instancia: Tercera Sala Regional Hidalgo – México
Publicación: No. 39 Marzo 2011.
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PROCEDE A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE AUN CUANDO LOS PAGOS EFECTUADOS SE HICIERON CON CHEQUE NOMINATIVO DE LA CUENTA DE UN TERCERO POR CONTRATO DE MANDATO.- El artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que para que sea acreditable el impuesto respectivo deberán reunirse, entre otros requisitos, que la contribución corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables entendiendo que tienen esta características las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, lo que no implica que deban reunirse los requisitos que el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece para las deducciones tratándose del acreditamiento. En ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la expresión “deducibles para efectos estrictamente indispensables”, relacionada con el acreditamiento del impuesto al valor agregado, significa que se deberá emplear el sistema de deducciones del impuesto sobre la renta, con la finalidad de dar uniformidad tributaria al esquema de acreditamiento de los gastos, compras y demás erogaciones, es decir, la remisión que hace la Ley del Impuesto al Valor Agregado a la del Impuesto sobre la Renta, con la intención de tomar el esquema de las deducciones del ordenamiento señalado en último término y determinar así el impuesto al valor agregado acreditable. Por lo tanto, si un contribuyente planteó el acreditamiento ante la autoridad fiscalizadora y ésta lo rechazó por no cumplirse con las formalidades del artículo 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, argumentando que es improcedente porque los pagos del impuesto trasladado se realizaron con cheque nominativo de un tercero y no de la cuenta del contribuyente es ilegal la consideración de la autoridad, si en el juicio demuestra el obligado principal que tenía celebrado contrato de mandato con tercero para que efectuara tales pagos, ya que la Ley del Impuesto al Valor Agregado no prevé ese supuesto para la procedencia del acreditamiento, por lo tanto, debe declararse la nulidad lisa y llana de ese acto administrativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues los pagos que realice el contribuyente de impuesto trasladado aun cuando lo haga con efectivo o cheque disponible de la cuenta de un tercero, hace procedente el acreditamiento del impuesto al valor agregado trasladado, en virtud del mandato existente.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9405/09-11-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. Yoshio Levit Aguilar Marín.
Es de observarse que, claramente la juzgadora establece la oportunidad para que el contribuyente celebre un contrato de mandato en el que encomiende a un tercero, la recepción de los pagos en su nombre y representación; y por lo tanto también se podrá encomendar, al mismo tercero, el cumplimiento de obligaciones de pago a empleados, proveedores y autoridades, siendo del todo legal y en ningún momento se podrá considerar ingreso acumulable para el tercero, ya que se encuentra debidamente celebrado el contrato de mandato.
Corroboran lo argumentado por el articulista, las siguientes tesis aisladas.
Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana
Publicación: No. 54. Junio 2005.
Página: 477
INGRESOS PRESUNTOS.- ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO EN EL JUICIO DE NULIDAD.- Cuando del minucioso estudio practicado a los documentos ofrecidos como prueba en el expediente de nulidad, se acredite que un ingreso determinado de manera presuntiva por la autoridad en el desarrollo de la visita domiciliaria de la cual es objeto el particular, no es un ingreso, ya que el depósito relativo obedeció a un contrato de mandato a título gratuito celebrado por el enjuiciante en su carácter de mandatario; y se concluya que el importe respectivo no pasó a formar parte de su patrimonio, ya que en el mismo momento en que fue depositado el cheque correspondiente (el cual incluso tampoco fue expedido por el actor, sino en su favor) se realizó la transferencia del mismo a una cuenta diferente, abierta a nombre de otra persona; la autoridad no puede considerarlo una infracción a las leyes fiscales por no declarar tal cantidad en su contabilidad, ya que la misma no es un ingreso; en efecto, el artículo 4° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, refiere que se considerarán ingresos los provenientes de la actividad empresarial que desarrolló el contribuyente, o bien, los ingresos por honorarios yen general por la prestación de un servicio personal independiente, así como los que deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes inmuebles, y respecto de dichos ingresos existe la obligación de pagar el impuesto correspondiente; no obstante, el depósito bancario lato sensu no puede ser considerado como un ingreso del contribuyente, en la inteligencia de que dicha cantidad no pasó a formar parte de su patrimonio, quien únicamente cumplió con la obligación, contraída vía mandato, de transferir la cantidad depositada en su cuenta a otra diversa. No es óbice a lo anterior el hecho de que el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establezca la posibilidad de que las autoridades al momento de ejercer su facultades de verificación, puedan de manera presuntiva considerar como ingresos del contribuyente visitado, todos los depósitos efectuado en sus cuentas bancarias, ya que se demuestra en el juicio contencioso, que no se trata de un ingreso. (11)
Juicio No. 11394/03-17-10-1.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de octubre del 2004, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Roberto Bravo Pérez.- Secretaria: Lic. Graciela Monroy Santana.
Instancia: Segunda Sala Regional Hidalgo – México
Publicación: No. 35. Noviembre 2003.
CONTRAPRESTACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE MANDATO, NO SON INGRESOS ACUMULABLES.- Si de la prueba pericial contable desahogada en el juicio, así como del contrato de prestación de servicios y préstamo fiscal, se comprueba que los ingresos determinados por la autoridad como omitidos, son verdaderas contraprestaciones pactadas en dicho contrato para adquirir mercancías en territorio nacional y posteriormente exportarlas, además de enterar el impuesto al valor agregado correspondiente, debe determinarse que no constituyen ingresos omitidos que debieron declararse por ser acumulables, en términos de los artículos 15, primer párrafo, 16, primer párrafo, fracción I, inciso c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que no se trata de anticipos de clientes, sino de una contraprestación derivada de la relación jurídica de mandato entre las contratantes. (41)
Juicio No. 4887/01-11-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de diciembre de 2002, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Ángeles Enríquez.- Secretaria: Lic. Sonia Sánchez Flores.
Por todo lo anterior, se sugiere la celebración de dicho contrato para darle certeza al contribuyente en cuanto a la continuidad de su empresa y/o negocio en lo que se resuelven los medios legales ponderados por el defensor fiscal.
Lo anterior es así, ya que la celebración de este contrato se realiza en cuestión de horas, ayudando al contribuyente embargado ha no quedarse en total indefensión ante este acto de terrorismo por parte de las autoridades fiscales.
Asimismo, como es costumbre se recomienda que se acerque al especialista en la materia para efectos de que redacte debidamente el contrato de mandato, contando con las clausulas necesarias para su pleno funcionamiento y siendo este ratificado ante fedatario publico para que tenga eficacia probatoria plena ante terceros y autoridades, además de que la legislación civil puede variar en cada Entidad Federativa, por lo que es necesario el estudio a fondo de las leyes civiles aplicables de acuerdo al domicilio fiscal de cada persona.
M.D.F. Jesús Roberto Valles Aragón
Licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma de Chihuahua
Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de las Américas Puebla
Twitter: @VallesAragon

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 179