Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/Noviembre/575-131109-2009-C09-357.html
Timestamp: 2017-02-26 17:08:17+00:00

Document:
presente juicio el hecho ocurrido el 20 de abril de 2007, en la Carretera Petare- Mariche, Barrio el Winche, sector Las Malvinas, cuarta escalera, casa n° 79
cuando funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Municipal de Sucre, irrumpieron con una orden de allanamiento, emitida por el
Tribunal Décimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, en la referida vivienda donde se encontraban ciudadanos
POLICARPA QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARÍN ALZUALDE y en presencia de
dos testigos, consiguieron dentro de uno de los dormitorios y en el interior una
cesta de color azul y blanco, tres envoltorios de material sintético
contentivos de fragmentos vegetales, quince
envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color blanco,
dieciséis envoltorios, contentivos de una sustancia color beige y dos
envoltorios, de material sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso
vez realizada la experticia química y botánica a las sustancias incautadas
resultó ser 15 gramos con cuatrocientos
miligramos de clorhidrato de cocaína y dos gramos con setecientos miligramos de cocaína base (crack). Además se localizó en
de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fueron
“…En este sentido, tenemos que señalar,
tal como se hizo precedentemente, que se incautó un lote de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo a lo concluido por la experticia
Lucía, Barrio El Winche, sector Las Malvinas, Municipio Sucre del estado (sic)
policía (sic) del Municipio Sucre del estado (sic) Miranda procedieron a
practicar dicha orden, siendo incautada en esa vivienda que servía de hogar a
tres (3) envoltorios de material sintético de fragmentos vegetales, positivo
segunda evidencia se trató de quince (15) envoltorios de material sintético,
miligramos, dando resultado positivo para cocaína clorhidrato, la tercera
evidencia se trató de dieciséis (16) envoltorios, contentivos de una sustancia
cocaína (crack) y la cuarta evidencia, son dos (2) envoltorios, de material
sintético, contentivos de un polvo blanco con un peso de ochenta y seis (86)
cocaína y positivo para bicarbonato de sodio, siendo en consecuencia
Hecho el análisis anterior y estando fundamentado en las declaraciones rendidas
por los funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, estado (sic) Miranda JOSE APONTE, CARMEN CRUZ, RIGEL VARGAS RAMOS y JAIME ALTUVE y del testigo del
procedimiento, GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, así como por la experta
adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
MARJORIE MARCANO, apreciadas individualmente y debidamente comparadas entre sí,
material sintético de fragmentos vegetales, positivo para marihuana con un peso
de 15 gramos, cuatrocientos (400) miligramos, la segunda evidencia se trató de
quince (15) envoltorios de material sintético, contentivos de polvo de color
positivo para cocaína clorhidrato, la tercera evidencia se trató de dieciséis
setecientos (700) miligramos y dando positivo para cocaína (crack) y la cuarta
evidencia, son dos (2) envoltorios, de material sintético, contentivos de un
miligramos, arrojando resultados negativos para cocaína y positivo para
conllevaron a la incautación de las sustancias antes descritas, luego de la
revisión efectuada en la misma, con lo cual la conducta puesta en acción por
artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilicíto (sic) Y (sic)
El (sic) Consumo De (sic) Sustancias Estupefacientes Y (sic) Psicotrópicas en
concordancia con la agravante prevista en el artículo 46 numeral 5 de la misma
ley especial, en consecuencia la acción desplegada por ambos acusados es
típica....”.
del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la
ciudadana juez abogada LILIAM FABIOLA UZCATEGUI GIMÉNEZ, el 11 de febrero de
2009, CONDENÓ
(nacionalizada) titular de la cédula de identidad n°12.455.248 y al ciudadano
JAVIER ALBERTO MARIN ALZUALDE, venezolano, titular de la cédula de identidad n°
18.604.572, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, por la
comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,
tipificado y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, en relación con la agravante prevista en el artículo 46 numeral
5 eiusdem. Asimismo condenó a los referidos acusados a cumplir las penas
accesorias a las de prisión, previstas en el artículo 16 del Código Penal,
basándose fundamentalmente en lo siguiente:
“... Tenemos pues que en las
audiencias del juicio oral y público rindieron declaración los ciudadanos JOSE
adscritos a la Policía Municipal de Sucre, quienes fueron contestes en afirmar
manifestó con absoluta seguridad y claridad que el allanamiento en cuestión se
realizó en la carretera Petare-Santa Lucía, Barrio El Winche, sector Las
Malvinas, cuarta escalera a mano izquierda y que en varias áreas de ese
inmueble se incautaron ‘...quince envoltorios de supuesta cannabis sativa, tres
envoltorios de crack, una balanza, unos relojes...’, encontrándose en esa
vivienda ‘... una señora llamada Policarpa y un joven de apellido Martínez ...’,
por lo que se procedió a ubicar a los testigos del procedimiento que estaban
desarrollando. También manifestó este funcionario que había designado al
funcionario Jaime Altuve para que realizara la revisión del inmueble, quien, a
preguntas formuladas por quien aquí juzga, respondió que practicaron el
tribunal (sic) y que en dicha vivienda, en una cesta, se localizó presunta
droga, pero que no recordaba qué clase de sustancia era, describiendo con mayor
claridad que al penetrar en la vivienda localizó a una pareja acostada en una cama.
También expresó claramente el funcionario RIGEL VARGAS RAMOS, y en completa
para hacer la revisión del inmueble y que en dicho inmueble se habían incautado
pulsera, tal como también lo manifestó la funcionaria policial CARMEN CRUZ,
quien fue la encargada de realizarle la revisión corporal a la ciudadana
POLICARPA QUESADA (sic) DE SERRANO, no incautándole a la misma ningún elemento
de interés criminalístico en su cuerpo. Estas declaraciones rendidas en sala de juicio por los funcionarios
aprehensores producen convicción a esta juzgadora, en virtud que provienen del
institución policial a la cual pertenecen, siendo contestes en afirmar que la
aprehensión se produjo como consecuencia de la visita domiciliaria realizada a
ALBERTO MARIN (sic) ALZUALDE, en la que se incautó sustancias estupefacientes,
una balanza y varios relojes de pulsera, todo lo cual quedó acreditado con
estos testimonios. También en el transcurso del juicio oral y público, se escuchó la declaración
del ciudadano GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, quien participó como testigo del
procedimiento en el que se incautó la presunta droga y se aprehendió a los ciudadanos
de la mañana, del día en que se realizó el allanamiento en el que sirvió de
testigo, unos funcionarios policiales le informaron que sería testigo de un
gaveta observó unos envoltorios de papel aluminio y unas bolsas de plástico
amarradas en la parte superior; así mismo, manifestó que sobre una nevera
habían una balanza o pesa, unos relojes y dos bolsas de bicarbonato.
GREGORIO RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, se aprecian para acreditar que efectivamente
se produjo la incautación de tres (3) envoltorios de material sintético de
fragmentos vegetales, quince (15) envoltorios de material sintético,
contentivos de polvo de color blanco, dieciséis (16) envoltorios, contentivos
de una sustancia beige y dos (2) envoltorios, de material sintético,
localizando lo que ya se indicó en el cuerpo de esta sentencia.
También en audiencia de juicio oral y público, rindió testimonio la ciudadana
Científicas, Penales y Criminalísticas y quien practicó la experticia Química
Botánica N° 9700-130-8978, de fecha 11/12/2007, practicada a la sustancias
incautadas, ratificando en su testimonio que efectivamente se trató de cuatro
bicarbonato de sodio. A pregunta formulada por quien aquí juzga, en cuanto al
la experta respondió que esa sustancia (bicarbonato de sodio) se utiliza para
rendir la cocaína y así obtener más cantidad y más ganancias económicas a la
hora de su comercialización. A criterio de quien aquí juzga, el testimonio de
sustancia ilícita en la vivienda habitada por los acusados y la declaración de
esta experta adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, produce absoluta credibilidad en quien aquí juzga, basada en la
experiencia de la misma, con años de servicio en esa institución y su
trayectoria en la realización de experticias y reconocimientos técnicos a
(sic) más absoluta credibilidad. Tenemos pues que con las testimoniales de los funcionarios aprehensores
adscritos a la Policía Municipal de Sucre, estado Miranda, el testigo del
Petare-Santa Lucía, Barrio El Winche, sector Las Malvinas, Municipio Sucre del
estupefacientes y psicotrópicas, que se encontraba ocultada en dicha vivienda y
momento de practicarse el allanamiento que dio como resultado la incautación de
las sustancias ilícitas antes descritas y que resultaron ser cocaína y
marihuana y la posterior aprehensión de los mencionados acusados, por lo que
con los elementos o medios de prueba analizados y comparados, se acreditó el
OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado y
sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilícito Y (sic) El (sic) Consumo De (sic) Sustancias Estupefacientes Y (sic) Psicotrópicas,
en concordancia con la circunstancia agravante prevista en el artículo 46
doméstico en el que residían los acusados de autos . Y ASI SE DECLARA.
ciudadana abogada YOLANDA MAGLENE PEREIRA, en representación de los ciudadanos
acusados, interpuso recurso de apelación.
Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo
de las ciudadanas jueces abogadas ANGÉLICA RIVERO BERMÚDEZ (Presidenta y
Ponente) ALEGRIA BELILTY BENGUIGUI y VERÓNICA ZURITA PIETRANTONI el 11 de junio
de 2009 declaró SIN LUGAR el recurso interpuesto, confirmó el fallo del juzgado
de juicio y manifestó lo siguiente: “...En este orden de ideas alega la Recurrente en el punto marcado con la letra “B”, que durante la celebración del Juicio Oral y
Público sólo participaron funcionarios policiales, a excepción de un testigo
que estuvo presente durante el allanamiento realizado, pero que según su dicho,
llegó después de que los funcionarios policiales llegaran a realizar el
observar, que el Titular de la Acción Penal en los delitos de acción pública, es el Estado, representado por el Ministerio Público, quien a su vez es
personificado por el Fiscal del Ministerio Público, quien finalmente está en la
obligación de ejercer la acción penal, salvo que se recurra al principio de
oportunidad, cuando las circunstancias así lo requieran, motivo por el cual
que acrediten la responsabilidad del mismo en la comisión del hecho punible,
para así posteriormente basarse en éstos al momento de presentar la Acusación.
En el presente caso, es evidente que el Fiscal del Ministerio Público, como
Titular de la Acción Penal consideró pertinente ofrecer como medios de prueba a
los funcionarios policiales actuantes en el allanamiento, quienes, por demás
está decir, son estrictamente necesarios para que pueda llevarse a cabo una
orden de allanamiento, así como los testigos que presenciaron el mismo, y a la
persona que realizó la experticia de las sustancias incautadas durante el
allanamiento; ya que estimó que los ya mencionados medios de prueba eran los
QUEZADA DE SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, debido a la vinculación que
tenían los mismos con los hechos, puesto que tanto los testigos como todos los
a que el Fiscal del Ministerio Público consideró necesarios y pertinentes
Ministerio Público en la Acusación, siendo posteriormente admitidos en la Audiencia Preliminar de fecha 28 de enero de 2008, y finalmente fueron evacuados durante la
celebración del Juicio Oral y Público. Por lo establecido anteriormente, es que
correctamente, independientemente de si se trataba en su mayoría o no de
referente a la actividad probatoria, y puesto que no se evidencia violación de
ningún derecho o garantía, es por lo que esta Sala considera que lo pertinente
y ajustado a derecho es declarar Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE
allanamiento, llegó después que los funcionarios policiales realizaran el
denuncias propias de la Fase Preparatoria, la Sala en resguardo al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera pertinente traer a colación
levantada por ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Investigaciones y suscrita por los funcionarios actuantes
Sub-Inspector VARGAS RIGEL, Detective ALTUVE JAIME, Inspector RUBEN APONTE y la Agente CRUZ CARMEN, cursante a los folios tres y su vuelto (f-3 y Vto) de la Primera Pieza, y el folio cuatro (f-4) de la Primera Pieza. 2.- El Acta de Entrevista, de fecha 09 de noviembre de 2007, levantada por ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Sustanciación,
practicada al ciudadano GARABITO GARCIA MARNIS GREGORIO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.617.669, cursante al folio once y su vuelto (f-11 y Vto) de la Primera Pieza; y 3.- El Acta de Entrevista, de fecha 09 de noviembre de 2007, levantada por
ante la Policía Municipal de Sucre en la Dirección de Inteligencia y División de Sustanciación, practicada al ciudadano SANCHEZ (sic) MARTINEZ (sic) GREGORIO RAMON
(sic), titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.151.476, cursante al folio
practicado en presencia de dos personas que fungieron como testigos, éstos son
como testigos y procedieron a realizar el allanamiento en compañía de ellos,
por lo que mal podría entenderse que los testigos se apersonaron una vez que
los funcionarios policiales habían procedido a realizar el allanamiento, siendo
evidencia es que los funcionarios policiales actuaron en protección de las
personas que llevaron como testigos para salvaguardar la integridad de éstos,
realizado en compañía de los dos testigos; motivo por el cual esta Sala
presente denuncia Y ASÍ SE DECIDE.- Igualmente, observa esta Sala que la Recurrente denuncia en el punto marcado con la letra “C”, que no existe según su criterio, proporcionalidad entre la
Tribunal Colegiado estima necesario precisar que el contenido del artículo 31
de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, en el segundo aparte, establece lo
siguiente: “…Si la cantidad de drogas no excede de mil gramos de marihuana,
cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de
cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas
sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión….”, por lo que se
observa que el artículo transcrito establece una proporción entre la cantidad
ocupa hoy, debido a que la cantidad de droga incautada no excedía de los
límites impuestos por el Legislador en el presente artículo, motivo por el cual
las circunstancias del hecho son subsumibles en el segundo aparte del artículo
31 la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas. Sin embargo, en este mismo sentido es
necesario decir, que tal como lo estableció la Juez a quo, los acusados se encontraban incursos en una causal agravante, tal como es la establecida en el
artículo 46 numeral 5 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que la pena debía ser
aumentada de un tercio a la mitad, siendo que en el presente caso, la Juez a quo, consideró que debía ser aumentada en la mitad, lo cual es ajustado a derecho
debido a que el Juez ejerciendo su función de administrar justicia puede
debe ser impuesta, siempre y cuando respete los parámetros establecidos por el
Legislador, lo cual se cumplió en el presente caso, ya que se estableció una
pena prevista en la Ley y la determinación de la misma se hizo de acuerdo a los
parámetros establecidos por el Legislador, motivo por el cual esta Sala
Y ASÍ SE DECIDE.- En relación al punto marcado con la letra “D”, relativo a que la defensa
denunció durante la apertura del Juicio Oral y Público, que los testigos
promovidos por la Fiscalía nunca ratificaron sus declaraciones ante la Fiscalía; es menester establecer que forman parte de las actuaciones del presente Expediente,
fueron ofrecidos por el Representante del Ministerio Público en la oportunidad
legal correspondiente, y de igual forma fueron admitidos durante la Audiencia Preliminar de fecha 28 de enero de 2008, lo cual evidencia que el trámite que se le
incorporación de los medios de prueba cumplieron con los requisitos legales,
motivo por el cual mal podría considerarse que los mismos fueron
obtenidos de forma ilegal, puesto que se evidencia que se cumplió a cabalidad
el trámite probatorio establecido por el Legislador en el Código Orgánico
Procesal Penal, culminando la actividad probatoria con la evacuación de uno de
los testigos durante el Juicio Oral y Público; motivo por el cual considera
forma ilegal. Y ASÍ SE DECIDE.- Con respecto a lo que se refiere a la denuncia marcada por la Recurrente con la letra “E”, según la cual la orden de allanamiento había perdido su vigencia
para el momento en que se practicó el mismo; observa esta Sala que de la
revisión de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que la
denuncia de la hoy Recurrente, ya había sido planteada anteriormente por la
ALBERTO MARIN ALZUARDE, tal como consta en el Acta de Audiencia para Oír al
al veintinueve (f-24 al 29) de la Primera Pieza del presente Expediente, donde se alegó que la orden de allanamiento y la forma en que fue llevada a cabo la
misma presentaba irregularidades que podían conllevar a la nulidad, debido a
que según el dicho de la defensa, la misma había perdido su vigencia por cuanto
fue expedida el 2 de noviembre de 2007, y se practicó el 9 de noviembre de
el órgano administrador de justicia, esto es el Tribunal Décimo en Funciones de
Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, brindó
JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, tal como consta en el Acta de Audiencia para Oír
al Imputado, en fecha 10 de noviembre de 2007, que cursa a los folios veintiséis
(sic) al veintisiete (f-26 al 27), en la cual, se declaró Sin Lugar lo
conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico
tercer aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual
establece lo siguiente: “…Contra el auto que declare la nulidad, las partes
podrán interponer recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a
su notificación. Este recurso no procederá si la solicitud es denegada…”,
por cuanto según el dicho de la defensa de los acusados POLICARPA QUEZADA DE
SERRANO y JAVIER ALBERTO MARIN ALZUARDE, la orden de allanamiento había perdido
vigencia para el momento en que se llevó a cabo el mismo, y en este mismo sentido,
fue respondida por el Tribunal Décimo en Funciones de Control del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que Declaró Sin Lugar la Nulidad; motivo por el cual considera esta Alzada que no puede ser objeto de revisión la
Legislador que de la declaratoria sin lugar de la nulidad tenga apelación; por
Sin Lugar la presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.- Ahora bien, es menester establecer que con respecto a las denuncias realizadas
incorporados al Juicio Oral y Público, las cuales fueron analizadas
anteriormente, siendo desechadas todas por esta Alzada, debido a que no tenían
asidero jurídico, es por lo que se establece que en el presente caso no se
puede considerar que haya habido violación a normas legales o constitucionales,
debido a que no hubo obtención ilegal de medios probatorios, puesto que como se
con los parámetros establecidos por el Legislador en cuanto a la pertinencia,
necesidad, promoción y evacuación de los mismos.
último es necesario establecer que con respecto al vicio denunciado, marcado
con la letra “G”, esto es que los acusados no fueron detenidos de manera
flagrante en la comisión del delito, es necesario establecer que tal como
veinticuatro al veintinueve (f-24 al 29) Acta de Audiencia para Oír al
Imputado, de fecha 10 de noviembre del año 2007, lo cual permite establecer que
en el presente caso se llevó a cabo la mencionada Audiencia de conformidad con
el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece el
procedimiento que debe seguirse en caso de flagrancia, tal como ocurrió en este
practicado el día 9 de noviembre de 2007, en el inmueble ubicado en la Carretera Petare-Mariche, Barrio El Winche, Sector Las Malvinas, Casa N° 079, donde tal como
revisión en todas las dependencias del referido inmueble, sobre una cesta de
material sintético de color azul y blanco, tres (3) envoltorios elaborados en
material sintético, atados en su único extremo, con hilo de color blanco,
elaborados en material sintético de color blanco, atados en su único extremo
material sintético, contentiva en su interior de dieciséis (16) envoltorios,
beige. Así mismo, al continuar con la revisión del inmueble, específicamente en
el área de la sala, sobre una nevera, localizaron un colador de metal de color
plateado, con empuñadura de color rojo, dos hojillas para afeitar marca Schik,
una balanza electrónica de color gris, así mismo, dos bolsas de material
sintético de color transparente, contentivo en su interior de polvo de color
blanco; también los funcionarios actuantes localizaron en dicho inmueble seis
actuaciones del presente Expediente que los acusados sí fueron detenidos de
presente denuncia. Y ASÍ SE DECIDE.- Como corolario, previa revisión de las actuaciones y en cuanto a los alegatos
esgrimidos por la Recurrente en su escrito de Apelación, considera esta Sala
que no hubo contradicción alguna en la motivación de la Sentencia, por cuanto fue totalmente coherente en su análisis, apreciando los diferentes
medios de prueba y adminiculándolos entre sí, evidenciándose que no hubo una
deposición contradictoria y sí hubo pruebas que aportaron elementos para
que la Sentencia es el acto decisorio de un proceso de cognición, significando
de lo que se trata es de adoptar una argumentación fundamentativa, racional y
coherente, que esté alejada de los argumentos baladíes y que se circunscriba a
decisión, que no es más que el dessideratum del análisis, apreciación y
valoración de las pruebas presentes en este caso y la sumatoria del
motivación en ningún sentido, contrario a como lo ha señalado la Recurrente, lo que genera que esta Sala desestime las denuncias presentadas por la Recurrente en contra de la Sentencia Recurrida. Y ASÍ SE DECIDE.-....”.
interpuso recurso de casación. En fecha 2 de
octubre de 2009 fue remitido el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se recibió el 7 de octubre de 2009. En esa
misma fecha se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.
los trámites procedimentales y la Sala pasa a decidir en los términos
RECURSO DE CASACIÓN PRIMERA DENUNCIA
La demandante manifestó
“… la primera denuncia, se fundamenta en el artículo 460 del Código Orgánico
DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, (…) quienes PRACTICARON UN
ALLANAMIENTO A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, CON UNA ORDEN QUE TENÍA
COMO FECHA DE EXPEDICIÓN POR EL TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO LLEVARON A CABO EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007, FECHA PARA LA CUAL, DICHA ORDEN DE ALLANAMIENTO HABÍA CADUCIDO, LA MISMA ERA EXTEMPORÁNEA Y LOS FUNCIONARIOS QUE LA LLEVARON A CABO, NO SON O FUERON LOS MISMOS QUE ESTABAN AUTORIZADOS,
PARA INGRESAR A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS (…) ello
violentó garantías Constitucionales a nuestros defendidos, previstas en el
artículo 47 del Texto Constitucional, referido a la inviolabilidad del hogar
confianza, ni por ninguna persona, así lo dispone el artículo 210 del
este principio nuevamente, por cuanto la Corte de Apelaciones no resolvió y en atención a lo antes expuesto, en esta causa, debido a las series (sic) de
DE QUE nuestros defendidos sean los autores o partícipes del hecho que
nos ocupa. Ello genera una absolución por vía de aplicación de la DUDA PROBATORIA, en contraposición a la CERTEZA declarada por los operadores de
justicia. (…)
situación expuesta y transcrita se le expuso a la Corte de Apelaciones en el recurso de apelación de la sentencia y no lo resolvió, por lo que
violación de los derechos y garantías constitucionales y legales a nuestros
formalidades legales, ello le causa UN GRAVAMEN IRREPARABLE a nuestros
defendidos, que no han sido AUTORES O PARTÍCIPES EN ESE HECHO PUNIBLE…”.
La defensora denunció la falta de aplicación de garantías constitucionales y del principio
de indubio Pro Reo. Para fundamentar sus alegatos expresó que la orden
los funcionarios actuantes no fueron los señalados en el texto de la orden y
que sus defendidos no contaron con la asistencia jurídica correspondiente
durante el curso del procedimiento donde se incautó la sustancia que a la
postre resultó ser droga. Además adujo violación del artículo
47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal establece los requisitos que
debe contener el recurso de casación, para tenerse el mismo como debidamente
falta de aplicación, indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando
el modo en que tales vicios impugnan la decisión; y fundándolos separadamente
observa, que el recurrente denunció la falta de aplicación de una disposición constitucional
y se limitó a indicar que existió un defecto del procedimiento de allanamiento
y que además se violó el principio del indubio pro reo. Al
normas que contemplan principios y garantías ya sean constitucionales o
procesales no pueden denunciarse aisladamente en casación, toda vez que éstas
contienen formulaciones abstractas y generales, que la ley señala al Juez para
el recto cumplimiento de su función decisoria y dado que son de naturaleza
genérica, deben ser denunciadas adminiculándose con la norma particular y
a indicado con reiteración los requisitos que debe contener el escrito de
fundamentación del recurso de casación y sobre esto a dicho:
“...las normas denunciadas como infringidas por la Corte de Apelaciones son normas constitucionales y legales de carácter programático, las
preceptos constitucionales y legales...”. (vid. Sentencia n°
la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo
465 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA por manifiestamente
infundada la primera denuncia del recurso de casación. Así se decide.
la segunda denuncia, la impugnante manifestó lo siguiente:
segunda denuncia, esta (sic) referida a la aplicación de la pena, en cuanto a
su tiempo, si tomamos en consideración la cantidad de la droga, que fue
en la experticia, que realizara la MARJORIE MARCANO, EXPERTA DELCICPC, quien declaró en la audiencia de Juicio oral y público, el día 08 de julio de año 2008: (…) Si sumamos las cantidades retenidas por el tipo de droga, tendríamos que en
el caso de la cocaína son diez (10) gramos y en el caso de la marihuana, son
mercado, de uso doméstico, más no esta (sic)
demostrado en autos, que nuestro defendido, lo (sic) están (sic) utilizando
existe una proporcionalidad respecto de la pena aplicada de diez (10) años y
seis (6) meses de prisión, debido al aumento que se le hace a la pena prevista
en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El (sic) Tráfico Ilícito y El(sic) Consumo de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas, de un tercio a la mitad, por la aplicación del artículo 46.5°
el hecho se cometió en el HOGAR DOMESTICO, ELLO PUEDE CONSTITUIR UN ERROR EN LA INTERPRETACIÓN E INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS CITADAS, Y ASI (sic) SE SOLICITA SU
CORRECCIÓN A LA SALA PENAL, RESPECTO DEL CALCULO DE LA PENA APLICARSE (sic)…”. La Sala, para decidir,
es preciso señalar que la Corte de Apelaciones no pudo haber infringido la
normativa alegada por errónea aplicación, pues el análisis de los hechos y la
adecuación del tipo aplicable así como la pena establecida para el delito
corresponde al juzgado de juicio. La defensa fundamentó su denuncia señalando,
entre otras cosas, que la condena de diez años y seis meses de prisión impuesta
la Sala ha dejado de forma muy clara que el recurso de casación, por su
carácter extraordinario, sólo es procedente contra las Sentencias dictadas por
posibles vicios que sólo presuntamente pudieron haber sido cometidos por el
Tribunal de Juicio, pues para ello disponía el recurso de apelación.
La Sala Penal ha dicho: “…el
recurso de casación es un recurso extraordinario, mediante el cual solo se
de Apelaciones, y así lo expresa el artículo 459 del Código Orgánico Procesal
Penal: “…sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes
de Apelaciones que resuelven sobre la apelación…”. En consecuencia, mal podría
contra el fallo de segunda instancia y la sentencia de juicio…”. (Vid. Sentencia
Nº 265 del 31 de mayo de 2005).
manifiestamente infundada la presente denuncia, de conformidad con el artículo
465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal,
administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, DESESTIMA
por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada YOLANDA MAGLENE PEREIRA, Defensora Privada,
en representación de los ciudadanos acusados POLICARPA
contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2009 por la sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas. Dada,
firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los TRECE días del
mes de NOVIEMBRE de dos mil nueve. Años 199° de la Independencia y 150º de la Federación.
ROSA MÁRMOL DE LEÓN
Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en la presente decisión aprobada por la mayoría de mis colegas de Sala, con base en las consideraciones siguientes:
Sentencia aprobada por la Sala, desestima el recurso de casación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos POLICARPA QUEZADA DE SERRANO
y JAVIER ALBERTO MARÍN ALZUALDE, al considerar que las denuncias planteadas se
bien, de los autos se desprende que en su primera denuncia, la Defensa señaló la violación de los artículos 197, 198, 199, 210, 211 y 212 del Código
Orgánico Procesal Penal, por cuanto existe un “…Defecto DEL PROCEDIMIENTO”, que
llevaron a cabo LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES BRIGADAS “B” y “C”, QUIENES
PRACTICARON UN ALLANAMIENTO A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, CON UNA ORDEN QUE TENÍA COMO FECHA DE EXPEDICIÓN POR EL
TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y LO LLEVARON A CABO EL
DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007, FECHA PARA LA CUAL, DICHA ORDEN DE ALLANAMIENTO HABÍA CADUCIDO (sic), LA MISMA ERA EXTEMPORÁNEA Y LOS FUNCIONARIOS QUE LA LLEVARON A CABO NO SON O FUERON LOS MISMOS QUE ESTABAN AUTORIZADOS, PARA INGRESAR A LA RESIDENCIA DE NUESTROS DEFENDIDOS, esta denuncia fue planteada o reclamada su subsanación
ante el Tribunal de Control que la expidió, durante la etapa del juicio y en el
recurso que se ejerció ante la Corte de Apelaciones en contra de la sentencia
del Tribunal Segundo de Juicio, por ello se violentó garantías Constitucionales
a nuestros defendidos, prevista en el artículo 47 del Texto Constitucional,
referido a la inviolabilidad del hogar doméstico…”.
adelante señala la recurrente que denunció en apelación igualmente el vicio de
falta de motivación, la violación del principio IN DUBIO PRO REO y que la Corte de Apelaciones no resolvió lo apelado.
“….EN
CUANTO A SU FUNDAMENTACIÓN, RAZONAMIENTO Y MOTIVACIÓN, incluso se cita el
artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, POR FALTA DE APLICACIÓN POR
APLICAR ESTA NORMA PROCESAL…”.
claramente el vicio de inmotivación denunciado, cuando se señala que la
recurrida no resolvió los planteamientos contenidos en el Recurso de Apelación,
la segunda denuncia la recurrente denunció “…NO EXISTE UNA PROPORCIONALIDAD,
ENTRE LA PENA Y LA PRESUNTA DROGA RETENIDA EN EL PROCEDIMIENTO…”.
la impugnante que, “…si sumamos las cantidades retenidas por el tipo de droga,
tendríamos que en el caso de la cocaína son diez (10) gramos y en el caso de la
marihuana, son quince (15) gramos con cuatrocientos miligramos …no existe una
proporcionalidad respecto de la pena aplicada de diez (10) años y seis (6)
meses de prisión, debido al aumento que se le hace a la pena prevista en el
segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas…”.
Justicia, en el cual no se sacrificará la Justicia por formalidades no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
virtud de lo antes expuesto y por no compartir la decisión aprobada por esta
Sala, es por lo que salvo mi voto en la presente decisión. Fecha ut supra. El
Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada Disidente,
Nieves Bastidas Blanca Rosa Mármol de León
Magistrado, La Magistrada,
Coronado Flores Miriam Morandy Mijares
Exp. N° 09-0357 (MMM)

References: artículo 31
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 16
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 26
 artículo 31
 artículo
31

artículo 46
 artículo 196
 artículo 373
 artículo 460

artículo 47
 artículo 210
 artículo
47

artículo 462
 artículo
465
 artículo 31
 artículo 46
 artículo 459
 artículo
465
 artículo 47
IN DUBIO

artículo 173
 artículo 31
 artículo 257