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Timestamp: 2019-09-16 20:51:31+00:00

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﻿ SENTENCIA 22408 DE JULIO 9 DE 2004
SENTENCIA 22408 DE 09 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:CONDENA LABORAL CONTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. NO SE HACE EXTENSIVA A LOS SOCIOS QUE NO FUERON DEMANDADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS, CONDENA LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:393 DE SEPTIEMBRE DE 2004, PG.1341
Sentencia 22408 de julio 9 de 2004
CONDENA LABORAL CONTRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NO SE HACE EXTENSIVA A LOS SOCIOS QUE NO FUERON DEMANDADOS
Radicación Nº 22408
Bogotá D.C, nueve de julio de dos mil cuatro.
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Socorro Hermida de Lozano contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 3 de marzo de 2003, adicionada por la del 16 de mayo del mismo año, en el proceso adelantado por la recurrente contra los socios de Créditos París Ltda., señores Rafael Francisco Ramírez Gandur, Jacibe Ramírez Gandur, Francisco Ramírez Forero, Jacibe Gandur de Ramírez, Yamile Ramírez de Restrepo, Astrid Ramírez Gandur, Luis Fernando Ramírez Gandur y Juan Carlos Ramírez Gandur.
Ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, Socorro Hermida Lozano demandó a las personas arriba mencionadas, socios de la firma Créditos París Ltda., para que se declarara que “son solidariamente responsables por el pago de las condenas laborales que profirió el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva a favor de la demandante... y en contra de la sociedad Créditos París Ltda., de conformidad con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Fundamentó sus pretensiones en que el 7 de mayo de 1997 formuló demanda ordinaria laboral contra la sociedad Créditos París Ltda., para que le fueran pagadas el auxilio de cesantía definitivo y sus intereses, la indemnización por despido ilegal e injusto, los premios del trimestre, devolución de dineros y sanción moratoria; que el proceso fue conocido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, despacho que mediante sentencia del 10 de febrero de 1999, condenó a dicha sociedad a pagar $ 7.752.699.94 por prestaciones sociales, $ 2.443.661.33 por indemnización por despido, $ 267.000 por devolución de dineros descontados ilegalmente, $ 30.545.77 diarios desde el 13 de enero de 1996 y hasta cuando pague las anteriores condenas a título de sanción moratoria, el premio de un televisor a color de 14 pulgadas y el premio consistente en un viaje en avión para dos personas con todos los gastos pagos a la ciudad de Santa Marta; que la sentencia no fue apelada y quedó en firme, liquidando el juzgado costas por valor de $ 15.519.758; que procedió a demandar ejecutivamente, lo cual no ha sido posible por insolvencia de la demandada; que el 20 de abril de 1999, presentó oportunamente la liquidación del crédito, la cual fue aprobada, quedando pendiente la liquidación de costas por el proceso ejecutivo; que a la fecha de presentación de esta demanda, la sociedad vencida no ha pagado las condenas, razón por la cual se formula nueva demanda contra los socios de la misma, para que respondan solidariamente por las acreencias laborales de conformidad con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo.
Los demandados comparecieron al proceso a través de un curador ad litem que les designó el juzgado, a quien el 31 de julio de 2001 se le corrió traslado de la demanda, contestándola el 6 de agosto del mismo año, manifestando que se estaría a los resultados probatorios, pues desconocía a las partes y por ello no se podía oponer a las pretensiones.
Posteriormente, el juzgado mediante auto del 16 de agosto de 2001, teniendo en cuenta que los demandados Rafael Francisco Ramírez Gandur, Jacibe de Ramírez y Luis Fernando Ramírez Gandur, habían adjuntado un poder conferido a un abogado para que los representara en el proceso, ordenó notificar el auto admisorio de la demanda al profesional del derecho designado y correrle traslado de la misma, quien dio respuesta expresando que no le constaban los hechos, oponiéndose a las pretensiones por cuanto estaban prescritas. Propuso las excepciones de prescripción y de responsabilidad limitada de los socios.
Fue proferida el 26 de julio de 2002 por el juzgado de conocimiento y con ella declaró a los demandados, como socios de Créditos París Ltda., como solidariamente responsables del pago de las condenas proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, de conformidad con el artículo 36 del Código Sustantivo de Trabajo. Declaró probada la excepción de responsabilidad limitada, e infundada la de prescripción y dejó a cargo de los demandados las costas de la instancia.
Por apelación interpuesta por los demandados Rafael Francisco Ramírez Gandur, Jacibe de Ramírez y Luis Fernando Ramírez Gandur, el proceso subió en apelación al Tribunal Superior de Neiva, corporación que mediante la decisión recurrida en casación y a través de una sala de conjueces designada por impedimento de sus titulares, revocó parcialmente la de primer grado “en el sentido de declarar la prescripción de las obligaciones surgidas por razón de la solidaridad pasiva de Jacibe Gandur de Ramírez, Rafael Francisco Ramírez Gandur y Luis Fernando Ramírez Gandur derivada de su condición de socios de la sociedad Créditos París Ltda., al tenor del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo”. La confirmó en lo demás y dejó a cargo de la actora las costas de la alzada. Mediante providencia del 16 de mayo de 2001, adicionó la sentencia para revocar la condena en costas impuestas por el a quo y dejarlas en su lugar a la demandante.
El tribunal consideró que se había configurado la prescripción de las obligaciones laborales aquí reclamadas, motivando así su decisión:
“Para efectos de situar el debate en cuestión y la aplicación del efecto de la prescripción, debemos precisar previamente, que la solidaridad a que alude el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, emana de la relación laboral del trabajador con una empresa, negocio o sociedad de la cual el obligado solidario es condueño, comunero o socio, de tal forma que el incumplimiento del patrono como obligado directo compromete a los demás, es decir, los demandados Rafael Francisco Ramírez Gandur, Francisco Ramírez Forero, Jacibe Gandur de Ramírez, Yamile Ramírez de Restrepo, Astrid Ramírez Gandur, Luis Fernando Ramírez Gandur y Juan Carlos Ramírez Gandur, son solidariamente responsables con la sociedad Créditos París Limitada respecto de las obligaciones laborales contraídas por esta última con Socorro Hermida de Lozano.
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de mayo de 1995 con ponencia del magistrado Francisco Escobar H., señaló que: “el citado artículo 36, no establece para el trabajador ninguna restricción a las reglas de las obligaciones solidarias existentes en derecho común, en lo concerniente a la libertad que se tiene de dirigir la acción contra cualquiera de los asociados”.
Pero de ahí, a que la sentencia obtenida en un proceso contra un obligado solidario genere efectos para los demás deudores solidarios no vinculados en la litis, no resulta posible; es decir, la sentencia proferida en el primer proceso ordinario de Socorro Hermida de Lozano contra Créditos París Ltda., no puede vincular per se a los demás obligados solidarios, que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta solo tiene efectos inter partes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en la litis.
Por ello no compartimos la afirmación del a quo, al señalar que la obligación solidaria cuyo reconocimiento se demanda y que surge de la ley no requiere reconocimiento judicial adicional, pues “nació a la vida jurídica y se hizo exigible alternativa con la obligación laboral declarada en contra de Créditos París Ltda”; ni cuando añade el juzgador de primera instancia, que existiendo “sentencia debidamente ejecutoriada que ordenó el cumplimiento de tal obligación, que se repite, se extiende a todos los socios de Créditos París Ltda., por mandato legal”.
La solidaridad pasiva que se genera por mandato legal en el artículo 36, supone la existencia de varios obligados respecto de una misma prestación en forma tal que a cada uno de ellos le es exigible la totalidad de la obligación (in solidum una res vertitur; eadem res, eadem pecunia); de hecho la solidaridad pasiva no es otra cosa que una forma especial de garantía, puesto que el acreedor en lugar de un solo deudor tiene varios por la totalidad de la obligación contra los cuales puede accionar separada y principalmente; su derecho conlleva a que el sujeto pasivo de la obligación se multiplique así como también los patrimonios que directamente responden por el cumplimiento de la prestación; en lugar de un patrimonio, tendrá tantos cuantos sean los deudores solidarios.
Así esta solidaridad permite que el acreedor exija el reconocimiento y pago de las obligaciones a todos o cada uno de los obligados solidarios, a su arbitrio, pero necesariamente por el efecto inter partes de la sentencia se debe obtener pronunciamiento de fondo sobre la condena para obligar con ella a los obligados solidarios; en caso contrario, de no ser vinculados procesalmente, evidentemente la decisión condenatoria no les afectará por el señalado efecto inter partes que se predica de las decisiones judiciales.
La pluralidad de vínculos obligatorios permite que la obligación de cada uno de los deudores, se extinga, sin que necesariamente suceda otro tanto con las obligaciones de los otros. En este escenario se mueve el fenómeno de la prescripción.
Si bien es cierto que la filosofía del artículo 36 es la de proteger al trabajador de la pérdida de sus acreencias laborales y facilitar su cobro judicial, resulta evidente que corresponde al acreedor determinar los sujetos pasivos de la acción incoada, de tal forma que si supone riesgos de insolvencia del patrono que a la postre habrá de frustrar el pago de sus obligaciones, pueda demandar a los socios dentro de las facultades y límites de la responsabilidad solidaria.
Tenemos que en primer término el trabajador dirigió oportunamente su acción contra la sociedad, quien no replicó las pretensiones permitiendo una sentencia que como título ejecutivo solo quedó para enmarcar (como se conoce en el argot de baranda) pues el estado de insolvencia impidió el recaudo de sus créditos laborales.
Recurre entonces el trabajador a la figura de la solidaridad establecida en el artículo 36 en acción dirigida contra los socios del patrono insolvente, para que hasta el límite de sus aportes respondan por una obligación ya reconocida judicialmente pero que como ya señalamos obliga solamente a la parte vencida en juicio, esto la sociedad Créditos París Ltda.
En este orden de ideas podemos afirmar que por el solo hecho de existir sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva dentro del proceso ordinario instaurado exclusivamente contra la sociedad Crédito París Ltda., la cual se encuentra en ejecución, no necesariamente la prescripción se encuentra interrumpida.
El artículo 488 señala como término de prescripción tres (3) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, y el 489 establece como causal de interrupción el simple reclamo del trabajador al patrono.
Anteriormente señalamos que la pluralidad de vínculos obligatorios en la solidaridad pasiva permite que la obligación de cada uno de los deudores, se extinga, sin que necesariamente suceda otro tanto con las obligaciones de los otros, por la simple razón de que la causal de extinción es personal, no obra in re. En este escenario el fenómeno de la prescripción, opera de manera individual respecto de cada uno de los obligados.
Téngase en cuenta que la solidaridad derivada del artículo 36 genera la posibilidad de un litis consorcio facultativo donde los efectos de la interrupción se mirarán de manera separada frente a cada litisconsorte, en tanto que en el litisconsorcio necesario la suspensión de la prescripción que favorece a uno de los litisconsortes favorece necesariamente a los demás, siendo aquí donde radica el yerro de la sentencia atacada.
Encontramos entonces que la acción incoada en esta demanda data del 3 de mayo del año 2000 cuando habían transcurrido más de tres años contados a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es el 13 de enero de 1996, con lo cual se debe colegir que efectivamente la acción respecto de Ios demandados que la alegaron como excepción se encuentra prescrita”.
Fue interpuesto por la demandante con la finalidad de que se case la sentencia para que en instancia se confirme la del a quo, decidiendo sobre costas lo que corresponda.
Para el efecto presenta un solo cargo, que así desarrolla:
“Cargo único.
Violación directa por interpretación errónea: impugno la sentencia por haberse incurrido en ella en interpretación errónea de los artículos 36, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; en relación con los artículos 1º, 9º, 11, 14, 16, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 25, 29, 53, 93 y 230 de la Constitución Política; artículos 27, 28, 1568, 1570 del Código Civil, se incurrió igualmente en violación directa del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
El tribunal al interpretar el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, manifiesta que “no comparte la afirmación del a quo, al señalar que la obligación solidada cuyo reconocimiento se demanda y que surge de la ley no requiere reconocimiento judicial adicional...” interpretación errónea es más que evidente, siendo la correcta la que realizó el a quo, esto es, que las condenas judiciales contra sociedades de personas —Créditos París Ltda., proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Neiva— por mandato expreso del citado artículo 36 se extiende a todos sus socios, a pesar que estos no fueron vinculados como demandados; dice el juzgado: “... a la fecha existe sentencia ejecutoriada que ordenó el cumplimiento de tal obligación, que se repite, se extiende a todos los socios de Créditos París Ltda., por mandato legal (CST, art. 36)...
El texto del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo es lo suficientemente claro, “son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social...” y por ser un mandato legal, dicha solidaria no requiere de decisión judicial que así la declare, por cuanto es la misma ley que la consagra y ordena, así lo dispone el artículo 1568 del Código Civil: “La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley, que para el caso concreto que se estudia, la establece la ley, además de ser normas de orden público (CST, art. 16).
Por lo que no acierta el tribunal al sostener que “la sentencia en el primer proceso ordinario de Socorro Hermida de Lozano contra Créditos París Ltda., no puede vincular per se a los demás obligados solidarios, que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta solo tiene efectos inter partes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en litis...”.
Ahora bien, si el correcto entendimiento del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo es el expuesto por el a quo, de contera, la excepción de prescripción para tres de los demandados como fue declarada por el tribunal no era procedente; para ello, el tribunal, sostiene “que la acción incoada en esta demanda data del 3 de mayo del año 2000 cuando había transcurrido más de tres años, contados a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es el 13 de enero de 1996, con lo cual se debe colegir que efectivamente la acción respecto de los demandados que la alegaron como excepción se encuentra prescrita...”.
Siendo laxo e inconsecuente con el cargo que se formula y se aceptara que sí habría lugar a contabilizarse un término para efectos de la prescripción, este término prescriptivo se deberá contar no desde la fecha de la terminación laboral de la demandante con Créditos París Ltda., el 13 de enero de 1996, sino desde la fecha en que el Juzgado Tercero Laboral de Neiva profirió la sentencia el 10 de febrero de 1999, conforme a lo peticionado en la demanda que dio origen a este proceso: la solidaridad de los demandados, socios de Créditos París Ltda., en el pago de las Condenas Laborales que profirió el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva a favor de la demandante y en contra de la sociedad Créditos París Ltda., conforme lo establecen los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
Anota que la acusación simplemente expone un criterio diferente al del tribunal, lo que no significa que este haya violado la ley sustancial. Que del número de disposiciones que denuncia, la censura se ocupa solamente del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y marginalmente de los artículos 1568 del Código Civil, 16, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 90 del Código de Procedimiento Civil y que las demás solo sirven de relleno, pues no indicó las razones por las cuales fueron interpretadas con error, y que la fecha que según la censura se debe tener en cuenta para efectos de contabilizar la prescripción no se ajusta a las disposiciones legales que regulan la materia.
El tema que aquí nos interesa inicialmente es el relacionado con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto establece la solidaridad de las sociedades de personas y sus miembros y estos entre sí en relación con el objeto social pero solo hasta el límite de su responsabilidad, frente a todas las obligaciones surgidas del contrato de trabajo. La solidaridad que allí se impone, de tipo legal, es la nota característica de dicho precepto, la que ahora se discute frente a una sociedad de responsabilidad limitada.
Debemos comprender que el tribunal no desconoció dicha solidaridad, sino que por el contrario, la admitió expresamente, pues afirmó que
“Para efectos de situar el debate en cuestión y la aplicación del efecto de la prescripción, debemos precisar previamente, que la solidaridad a que alude el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, emana de la relación laboral del trabajador con una empresa, negocio o sociedad de la cual el obligado solidario es condueño, comunero o socio, de tal forma que el incumplimiento del patrono como obligado directo compromete a los demás, es decir, los demandados Rafael Francisco Ramírez Gandur, Francisco Ramírez Forero, Jacibe Gandur de Ramírez, Yamile Ramírez de Restrepo, Astrid Ramírez Gandur, Luis Fernando Ramírez Gandur y Juan Carlos Ramírez Gandur, son solidariamente responsables con la sociedad Créditos París Limitada respecto de las obligaciones laborales, contraídas por esta última con Socorro Hermida de Lozano”.
Posteriormente dejó consignado que dicha solidaridad iba hasta el límite de los aportes de cada socio y desde este ángulo es evidente que no existe error de interpretación de su parte.
Se auna a lo anterior que, tampoco se evidencia que el juez de la alzada le hubiera dado un sentido distinto a los artículos 1568 y 1570 del Código Civil. La primera de estas disposiciones simplemente expone el concepto de lo que debe entenderse por una obligación solidaria, así como sus fuentes, y sucede que el tribunal también expresó con absoluta claridad que la solidaridad laboral nace de la ley. La segunda se refiere a la solidaridad activa y desde luego no es esa la clase de solidaridad que prevé el Código Sustantivo del Trabajo en el citado artículo 36, que consagra precisamente una solidaridad pasiva, en la que hay una pluralidad de deudores solidarios, cuyo acreedor puede dirigirse contra todos ellos conjuntamente o contra cualquiera de dichos deudores a su arbitrio.
Ahora bien, la censura sostiene que la exégesis correcta del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo es la que dejó sentado el a quo, en cuanto afirmó, según la transcripción del cargo, que “... a la fecha existe sentencia ejecutoriada que ordenó el cumplimiento de tal obligación, que se repite, se extiende a todos los socios de Créditos París Ltda..., por mandato legal (CST, art. 36)”. El tribunal a su turno, sostuvo que la sentencia que se profirió en el proceso ordinario que la demandante instauró contra la sociedad Créditos París Ltda., “no puede vincular per se a los demás obligados solidarios que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta solo tiene efectos inter partes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en la litis”.
Planteado así el problema, la razón la tiene el tribunal. En efecto, de conformidad con el artículo 1571 del Código Civil, el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, situación que es uno de los rasgos distintivos de este tipo de obligaciones. Dentro de este marco ha de considerarse que la elección corresponde al acreedor, pues igualmente la ley le da la opción de escoger de entre sus deudores, a cuales se dirige en procura de obtener la satisfacción del crédito insoluto. Y cuando el acreedor escoge a uno de sus deudores solidarios como destinatario, por ejemplo, de la acción judicial en ese sentido, naturalmente el proceso contencioso se surtirá y tendrá efectos únicamente entre las partes enfrentadas. No es de la esencia de las obligaciones solidarias que la decisión proferida en la acción judicial contra uno de los deudores que culmine en contra de este, se haga extensiva a los demás obligados solidarios que no fueron parte en la controversia judicial, resaltándose que no fueron partes precisamente por la voluntad del acreedor, que frente a su manera de obrar, debe asumir las consecuencias de ello.
Es más, el artículo 28 del Código Civil le da fuerza al anterior aserto, pues claramente determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, lo cual lógicamente supone el respeto por parte del juez de los sujetos enfrentados, así como los hechos, pretensiones y excepciones planteados y alegados por estos, previsión que se armoniza y se complementa con el principio de la congruencia a que se refiere el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y que naturalmente también se relaciona estrechamente con la cosa juzgada que regula el artículo 332 ibídem.
Precisado lo anterior, abundan los razonamientos jurídicos para que se ratifique que mal podría afirmarse, como lo hace la censura, que el ad quem hubiera interpretado erróneamente el mencionado artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pues lo cierto es que, se reitera, proferida una sentencia en proceso dirigido contra un deudor solidario o varios de ellos, sin comprender a su totalidad, sus efectos se extienden solamente a quienes fueron parte en la contienda judicial.
Por lo demás, el recurrente asevera que si aceptara la tesis del ad quem, la fecha de la prescripción se debe contar, no desde aquella en que se terminó el contrato de trabajo de la demandante con la sociedad Créditos París Ltda., sino desde cuando el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva profirió sentencia en el proceso ordinario que vinculó a tales personas. Sin embargo, no desarrolla un planteamiento que demuestre su afirmación, la cual simplemente se quedó en el enunciado de una mera tesis sin desarrollo que la acredite, pues tampoco relaciona esa aseveración con la primera parte de sus alegaciones.
Cobra fuerza lo anterior en la medida en que el sustento esencial de la sentencia impugnada, es precisamente la declaración de la prescripción de las obligaciones laborales reclamadas en el asunto bajo examen, frente a lo cual puede decirse, sin equívoco, que la censura dejó intacto el verdadero soporte del fallo impugnado.
Por todo lo anotado no prospera el cargo y las costas son a cargo de la impugnante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 3 de marzo de 2003, adicionada por la del 16 de mayo del mismo año, en el proceso adelantado por Socorro Hermida de Lozano contra los socios de Créditos París Ltda., señores Rafael Francisco Ramírez Gandur, Jacibe Ramírez Gandur, Francisco Ramírez Forero, Jacibe Gandur de Ramírez, Yamile Ramírez de Restrepo, Astrid Ramírez Gandur, Luis Fernando Ramírez Gandur y Juan Carlos Ramírez Gandur.
Magistrados: Luis Javier Osorio López—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.

References: artículo 36
 artículo 36
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 artículo 36
 artículo 36
 artículo 488
 artículo 36
 artículo 151
 artículo 8
 artículo 145
 artículo 90
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1568
 artículo 36
 artículo 90
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1571
 artículo 28
 artículo 305
 artículo 332
 artículo 36