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Timestamp: 2020-01-22 22:21:58+00:00

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Voto num. 21/2003 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 43920334
En el proyecto de resolución puesto a consideración del Tribunal Pleno se sostuvo, siguiendo múltiples precedentes en ese mismo sentido, que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo y, por consiguiente, que las relaciones laborales de sus trabajadores debían ser reguladas por el apartado A del artículo 123 constitucional, por ello, se propuso declarar la invalidez del precepto impugnado, mismo que establecía que estas relaciones estaban sujetas al derecho burocrático estatal.
Sin embargo, los señores Ministros J.D.R., G.I.O.M., O.S.C. y el suscrito J. de J.G.P. votamos en contra y reservamos nuestro derecho a formular nuestros propios votos.
En razón de lo anterior a continuación explico los razonamientos que me llevaron a votar en contra del proyecto y de las consideraciones en que éste se sustentó y a formular el presente voto particular.
El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía operativa, con atribuciones normativas y técnicas para establecer las bases para promover el desarrollo científico y tecnológico en el Estado, fijando mecanismos de coordinación y asesoría entre el Gobierno del Estado y las diferentes instancias que desarrollen investigación, así como fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel académico. Y según lo establece el precepto impugnado, las relaciones laborales con sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, la cual reglamenta el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República.
El promovente, con apoyo en los criterios jurisprudenciales sostenidos durante muchos años por este tribunal, afirma que el artículo 30 que impugna es inconstitucional, porque es contrario a la interpretación que la jurisprudencia ha dado a los artículos de la Carta Magna en comento, por tanto, procede que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez del precepto combatido.
La jurisprudencia de referencia postula esencialmente:
Que las relaciones laborales de los organismos descentralizados se rigen por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, constitucional, el cual se refiere a las "Empresas ... que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal", y
En lo personal, una nueva reflexión sobre el tema me conduce a apartarme del criterio que hasta ahora se había seguido respecto de la forma en que se establecen y regulan las relaciones entre las entidades que integran la administración pública paraestatal, dentro de las que se encuentran los organismos descentralizados y sus trabajadores, en atención a lo que a continuación se expresa.
Como puede apreciarse, el criterio antes referido parte de la premisa fundamental de que los organismos descentralizados y, en general, los entes que conforman la administración pública descentralizada o paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo; sin embargo, pese a la autonomía técnica y funcional de que gozan, dichas entidades sí forman parte de la administración pública y, por ende, del Poder Ejecutivo.
Para demostrar lo anterior se debe atender a lo siguiente:
De conformidad con el artículo 49 constitucional "El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", esto es, sólo existen tres poderes, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La regulación del Poder Ejecutivo se encuentra contenida en el capítulo III del título tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, en los artículos 80 a 93 de dicha N.F..
Dentro de dichos preceptos, el artículo 80 dispone que "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.’."
Por su parte, el artículo 89, también comprendido en el referido capítulo III del título tercero de la Constitución Federal, establece las facultades y obligaciones del presidente de la República.
Dicha administración pública federal, en términos de lo que establece el artículo 90 constitucional, "será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación".
De lo anterior se desprende que de acuerdo con la Constitución General de la República, tanto la administración pública centralizada como la paraestatal, forman parte de la administración pública federal, que ambas auxilian a su titular en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones y que, por tanto, ambas forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
En efecto, el citado artículo 90 de la Constitución General establece que la administración pública federal podrá ser de dos tipos, centralizada y paraestatal, pero no determina que una pertenecerá al Poder Ejecutivo Federal y la otra no. Por tanto, si la Constitución no establece ninguna norma en ese sentido ni tampoco se infiere de ella disposición alguna que señale que la administración pública descentralizada no forma parte de dicha administración y, por otro lado, ambas auxilian al presidente de la República en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 89 constitucional, resulta correcto afirmar que tanto una como la otra forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
"Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal."
De hecho, cuando el Constituyente ha querido que algún ente no forme parte de ninguno de los poderes así lo ha establecido expresamente en el propio texto constitucional.
Tal es el caso, por ejemplo, del Banco de México, respecto del cual el artículo 28, sexto párrafo, señala que "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración"; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, en términos del cuarto párrafo del artículo 102, apartado B, de la Constitución, "contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios", y del Instituto Federal Electoral, el que de conformidad con la fracción III del artículo 41 es "un organismo público autónomo ... dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios".
No existe ninguna disposición análoga en la Constitución Federal que establezca que las entidades que conforman la administración pública paraestatal son autónomas o que no pertenecen a ningún poder y, por el contrario, como quedó de manifiesto con anterioridad, el artículo 90, ubicado dentro del capítulo relativo al Poder Ejecutivo, señala expresamente que forman parte de la administración pública federal; de donde se sigue que dichos entes están ubicados dentro del Poder Ejecutivo Federal.
Luego entonces, es válido sostener que, en una interpretación integral y armónica de la Constitución, los órganos que forman parte de la administración pública federal, sean centralizados o paraestatales, se ubican dentro de la esfera del Poder Ejecutivo Federal y que, por tanto, los organismos descentralizados, como parte de la administración pública paraestatal, forman parte también del Poder Ejecutivo Federal.
Así lo ha entendido la doctrina, al señalar que los organismos descentralizados constituyen "... parte de la estructura del Gobierno Federal que están encuadrados dentro de la administración pública, que su patrimonio está constituido por bienes que aporta el Estado y que realizan actividades que competen a éste ..." (A.R., M., Derecho Administrativo Especial, 4a. ed., P.. México, 2001, 2 tomos, volumen II, pág. 486) y, asimismo, que dichos organismos "... guardan con la administración centralizada una relación diversa de la jerarquía, pero sin que deje de existir respecto de ellas las facultades indispensables para conservar la unidad del poder." (F., G., Derecho Administrativo, 34 ed., P., México, 1996, 506 pp., pág. 198).
Como se ve, ambos ordenamientos legales regulan a los entes de la administración pública paraestatal como parte de la administración pública federal y como auxiliares del Ejecutivo Federal, de lo que se sigue que ambos forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
Pero además, los preceptos antes transcritos establecen los fundamentos jurídicos para que el Ejecutivo Federal ejerza los diversos controles atinentes a la fiscalización y supervisión del funcionamiento dedichos entes, de lo que se desprende, igualmente, que no pueden sino considerarse como parte del propio Poder Ejecutivo Federal.
• Establecer sus políticas de desarrollo, y
Según la exposición de motivos de la reforma al artículo 90 constitucional (Diario Oficial de la Federación de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y uno), surgen en los años veinte; sin embargo, es hasta la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de mil novecientos cuarenta y siete (Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete), que se expidió el primer ordenamiento legal para regular en forma genérica a las entidades paraestatales.
La mencionada ley establecía como requisitos para que existiera la descentralización: a) recursos suministrados por el Gobierno Federal, y b) que su objeto implicara una atribución técnica especializada para la adecuada prestación de un servicio público o social, la explotación de recursos naturales, o bien, la obtención de recursos destinados a fines de asistencia social (artículo 2o.).
Estos conceptos, de suma importancia para los efectos del presente, fueron reproducidos en la Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de mil novecientos sesenta y seis (Diario Oficial de la Federación del cuatro de enero de ese año) y en la ley del mismo nombre, de mil novecientos setenta (Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta).
Sin embargo, se estimó que el establecimiento de los organismos descentralizados a través de un ordenamiento legal secundario, podría poner en duda su constitucionalidad, por lo que el Constituyente Permanente se dio a la tarea de reformar el artículo 90, a efecto de establecer en la propia Constitución General de la República que en la administración pública federal sería tanto centralizada, como paraestatal.
Esto es, la legislación federal de la materia siempre consideró a los organismos descentralizados como parte de la administración pública federal y, desde luego, del Poder Ejecutivo Federal; por lo que la reforma de mil novecientos ochenta y uno al artículo 90 constitucional únicamente tuvo por objeto plasmar esta circunstancia en la Norma Fundamental.
A esto y no a otra cosa, obedece el texto actual del artículo 90 constitucional, de donde se sigue que no puede estimarse que dicho precepto sirva de base para demostrar que la administración pública paraestatal no forma parte del Poder Ejecutivo Federal.
No obsta a todo lo anterior el hecho de que conforme a las leyes que regulan a las entidades de la administración pública paraestatal, tales entidades gocen de los atributos de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al respecto, A.B. (ThéorieG. des Modes de Gestion des Services Publics en Belgique, pág. 180; citado por G.F., opus cit., pág. 200), previene contra la confusión que puede ocurrir cuando se piensa que los organismos descentralizados, por el hecho de tener una personalidad y un patrimonio especial, constituyen personas distintas del Estado, y al respecto indica que las nociones civilistas de la unidad necesaria del patrimonio y de la indivisibilidad de la persona son extrañas al derecho público; que, en consecuencia, no tratándose de una propiedad del derecho civil del Estado, éste puede, por medio de la personificación jurídica, realizar la afectación de una parte de sus bienes, que seguirán siendo bienes del Estado, a las necesidades propias del servicio personalizado, limitando así la responsabilidad del propio Estado a la persona que constituye el patrimonio especialmente afectado; y, finalmente, que al decir que el organismo descentralizado obra en su propio nombre se significa solamente que obra en nombre y por cuenta de un patrimonio especial del Estado por oposición al patrimonio general de este último, en el concepto de que el propio Estado tiene obligación de respetar la esfera de autonomía que por su voluntad soberana ha otorgado a aquel organismo.
En efecto, las disposiciones legales que confieren a las entidades paraestatales cierta autonomía técnica y de gestión, y personalidad y patrimonio propios, encuentran explicación en el hecho de que ello les permite una mayor flexibilidad y agilidad para la realización de su objeto, aun cuando para la fijación de sus políticas y objetivos el titular del Poder Ejecutivo Federal cuente con numerosos controles.
La descentralización administrativa, por más autonomía funcional que brinde, no puede llevarse al extremo de entenderse como una disgregación total de la persona moral del Estado o del Poder Ejecutivo, esto es, el hecho de que se les asigne una personalidad propia y un patrimonio particular no implica que se trate, como sucede en el ámbito del derecho civil, de una persona distinta del Estado y autónoma del Poder Ejecutivo, pues los principios y las reglas bajo las cuales opera el derecho privado, no rigen de igual manera en tratándose del derecho público.
En ese sentido, aun cuando las entidades paraestatales tengan atribuida personalidad jurídica y patrimonio propios, ello no conduce a concluir que sean entes ajenos al Estado y mucho menos que no formen parte del Poder Ejecutivo Federal.
Hasta aquí ha quedado de manifiesto que, contrario a lo que establece la jurisprudencia en referencia, las entidades de la administración pública paraestatal, dentro de las cuales se encuentran los organismos descentralizados, sí forman parte del Poder Ejecutivo Federal.
Empero, también discrepo de ese argumento y considero que no es acertado o válido, atento a las siguientes consideraciones.
La referida iniciativa del Ejecutivo Federal es del tenor siguiente:
"A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presentes. Con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
"La legislación del trabajo se federalizó como una consecuencia del desarrollo industrial del país de la extensión de las organizaciones de trabajadores que, al ampliar sus relaciones obrero-patronales a diversos Estados de la República, requirieron la aplicación de un criterio uniforme para evitar que divergencias de doctrina obstaculizasen la prosperidad de la industria nacional.
"Cuando los conflictos obrero-patronales abarcan a dos o más Estados de la República, es ya de explorado derecho que una autoridad jerárquicamente superior a la de los tribunales locales debe intervenir para evitar pugnas de jurisdicción. Asimismo cuando se trate de conflictos surgidos de contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa.
‘X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, instituciones de crédito y energía eléctrica, para establecer el banco de emisión único en los términos del artículo 28 de esta Constitución, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate de asuntos relativos a empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal, y las industrias que les sean conexas; a hidrocarburos, ferrocarriles y empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; a empresas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas territoriales; a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; a contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa y, por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y términos que fija la ley respectiva. En el rendimiento que los impuestos que el Congreso Federal establezca por energía eléctrica, en uso de las facultades que en materia de legislación le concede esta fracción, participará a los Estados y Municipios, en la proporción que las autoridades federales y locales, respectivamente, acuerden.’. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 31 de octubre de 1941. El presidente de la República, M.Á.C..
"Después de un estudio detenido del proyecto de reformas y adiciones al artículo 73 constitucional, consideramos, por las propias razones en que se apoya el Ejecutivo, que es conveniente incorporar a la Constitución las normas de derecho procesal consuetudinario en cuanto a jurisdicción y competencia de los tribunales federales del trabajo; comprendiéndose dentro de esta competencia materias que no están especificadas en la fracción X del artículo 73 de la Constitución, pero que, en atención a su trascendencia nacional, han conocido en la práctica jurisdiccional las autoridades federales del trabajo. Es más, la propia Ley Federal del Trabajo en el artículo 359 especifica diversas industrias que, por la razón de la materia, su conocimiento se encomienda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero con algunas de estas materias han motivado controversias jurisdiccionales, con el objeto de evitar éstas es pertinente incorporar las materias a que se refiere el Ejecutivo en la propia Constitución; lográndose de esta manera que la ley reglamentaria no rebase los límites de competencia expresa señalada a las autoridades federales en el artículo 73, fracción X, de la Constitución de la República.
"La comisión estima que es aceptable tal incorporación en la inteligencia de que, siguiendo los lineamientos de nuestro régimen federativo, deben fijarse en forma expresa los asuntos que son de la competencia exclusiva de las autoridades federales del trabajo; así como las modificaciones que introducen las reformas, como, por ejemplo, la enunciación general, como de jurisdicción federal, de las empresas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal, quedando incluidas dentro de este enunciado las empresas de transportes, y los conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, para evitar resoluciones contradictorias.
"Ahora bien, por indiscutibles razones de técnica legislativa, el párrafo relativo a la aplicación de las leyes del trabajo por las autoridades locales y federales, no debe de figurar en el artículo 73, que se contrae a las facultades del Congreso para legislar en determinados ramos o materias, sino en el artículo 123 de la propia Constitución, que debe contener tanto las bases sustanciales como las procesales del trabajo; por lo que la disposición constitucional sobre jurisdicción federal del trabajo debe incluirse en el artículo 123.
"‘Artículo 73.
Respecto de esta reforma, es importante señalar que en la fecha en que se realizó dicha adición no existía el apartado B del artículo 123 constitucional, pues la división del artículo 123 de la Constitución en apartados no se llevó a cabo sino hasta el año de mil novecientos sesenta (Diario Oficial de la Federación del cinco de diciembre de ese año), esto es, dieciocho años después. En ese sentido, es claro que el Constituyente, al adicionar la fracción XXXI al artículo 123 no pudo haber tenido la intención de sacar a esas empresas del apartado B o de incluirlas expresamente en el A.
En realidad, la reforma obedeció al deseo de otorgar a los tribunales federales competencia paraconocer de los conflictos que surgieran entre las empresas administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores, cuyas relaciones laborales ya estaban regidas desde antes por el artículo 123 constitucional.
En efecto, tanto la iniciativa presidencial como el dictamen antes transcritos dan cuenta de que el objetivo de la reforma era simplemente establecer una excepción a la competencia de las autoridades estatales para conocer de este tipo de asuntos laborales, precisamente por la trascendencia económica y política que podían tener, pero no sacar de la regulación del apartado B del artículo 123 constitucional a los organismos descentralizados pues, como se apuntó, dicho apartado ni siquiera existía entonces.
En esa virtud, es claro que la interpretación correcta del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, debe hacerse sobre la base de que dicho precepto dispone, simple y llanamente, que la aplicación de las leyes del trabajo en tratándose de los conflictos derivados de las relaciones de las empresas administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal y sus trabajadores corresponde a las autoridades del orden federal.
Ahora bien, aun cuando no de manera expresa, sí se puede desprender del texto de la exposición de motivos y del dictamen legislativo que la palabra "empresas" está identificada con cuestiones industriales y económicas, esto es, con sociedades mercantiles creadas conforme al derecho privado pues, como lo apuntan dichos documentos, se trata de industrias que por expropiación o por otros motivos son administradas directa o descentralizadamente por el Gobierno Federal.
En efecto, el concepto de organismo descentralizado no encaja en una empresa que tiene fines de lucro, sino en un órgano público que busca el interés general; así, es claro que los organismos descentralizados no pueden ser considerados de manera genérica como empresas pues, por un lado, son creados con base en el derecho público, pero sobre todo, porque esencialmente realizan actividades públicas o estrechamente vinculadas con ello.
"3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación."
Como se aprecia, los tres subincisos comienzan con la palabra "aquellas", para indicar las diversas clases de empresas a que se refiere dicho precepto constitucional. Así, el subinciso 1 se refiere a las que administra el Gobierno Federal, el 2 a las que actúan en virtud de un contrato o concesión federal y el 3 a las que ejecuten trabajos en zonas federales, en las aguas territoriales o en las de la zona económica de la nación.
Deriva de ello que las tres clases tienen el género común de "empresas", pero que ninguna de ellas hace referencia a los organismos descentralizados, pues si dicho término pudiera entenderse como organismos, habría que pensar también en "organismos que actúen en virtud de un contrato federal", en "organismos que operen de acuerdo con una concesión federal", o bien, en "organismos que ejecuten trabajos en zonas de jurisdicción federal", entre otros, lo cual resulta inaceptable; es decir, sólo el subinciso 1 señala que corresponden a la jurisdicción federal las "empresas" administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, pero lo cierto es que no hay razón para interpretar que dicho término se refiere a todas las formas de descentralización de la administración pública federal o que, específicamente, alude a los organismos descentralizados.
En realidad, la frase "Empresas ... administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal" se refiere a las empresas descentralizadas de la administración pública federal, es decir, a las empresas de participación estatal mayoritaria de la administración pública federal las que, si bien también forman parte de la administración pública descentralizada o paraestatal, tienen una organización y una estructura totalmente distinta a las de los organismos descentralizados y considerablemente más cercana a las sociedades mercantiles de interés privado.
Otro punto de fundamental importancia para efectos de distinguir a ambas entidades es el fin para el cual son creados los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, pues en tanto que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales los primeros invariablemente deben desempeñar actividades relacionadas con áreas estratégicas o prioritarias, la prestación de servicios públicos o dedicarse a la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, las empresas de participación estatal mayoritaria, para considerarse como tales, sólo tienen que encontrarse dentro de alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el cual:
En ese sentido, el hecho de que sea la propia Constitución la que distinga a unos entes de otros, permite a este Alto Tribunal llegar con toda certeza a la convicción de que cuando el diverso artículo 123 de la propia Constitución General de la República alude a las empresas administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, se refiere a las empresas de participación estatal mayoritaria, y no a los organismos descentralizados.
La anterior diferenciación queda más clara todavía si se revisa la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el quince de agosto del año dos mil dos, la cual, si bien puede no encontrarse totalmente actualizada y, además, no incluye a los organismos expresamente previstos en el artículo 3o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ni tampoco los grupos aeroportuarios ni las empresas en las que el Gobierno Federal mantiene participación accionaria, es una importante referencia para estos efectos.
Hospital General "Dr. M.G.G."
Financiera Nacional Azucarera,S.N.C. (en proceso de desincorporación)
Lo anterior porque, como ha quedado de manifiesto, por un lado, dichos entes sí forman parte del Poder Ejecutivo Federal y por el otro, no fueron objeto de la excepción especial a que se refiere el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, relativa a las empresas administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal, habida cuenta de que tal enunciación alude a las empresas de participación estatal mayoritaria.
En ese sentido, es claro que cuando el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal dispone que el régimen ahí establecido regirá "entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores", alude entre ellos a los trabajadores de los organismos descentralizados que, desde luego, son trabajadores de uno de los Poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo. Por ende, las relaciones entre dichos trabajadores y los organismos descentralizados deben entenderse reguladas, de manera genérica, por dicha disposición constitucional.
En este punto es de fundamental importancia dejar sentado que el anterior criterio no opera cuando, por disposición de la propia norma constitucional, los trabajadores de un organismo descentralizado deben regirse por el apartado A del artículo 123.
Igual consideración cabe hacer respecto de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, toda vez que, al respecto, la fracción VII, del artículo 3o. constitucional establece lo siguiente: "Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere."
Por la misma razón, el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, constitucional, tampoco comprende a las Sociedades Nacionales de Crédito, las que, si bien son empresas descentralizadas del Gobierno Federal, están reguladas expresamente por la fracción XIII-bis del apartado B del artículo 123 constitucional, el cual dispone que "El banco central y las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado."
Esto es, en términos generales, los trabajadores de los organismos descentralizados deben regirse por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República; y los de las empresas de participación estatal mayoritaria, por el apartado A del mismo precepto constitucional, salvo que por disposición expresa de la propia N.F. dichos entes deban regular sus relaciones laborales de otra manera.
En el caso que nos ocupa, el artículo 82 de la Constitución Local y el diverso 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad señalan:
"Artículo 82. El gobernador del Estado se auxiliará con las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública, para el despacho de los negocios de su competencia.
"Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado, la cual será:
"I. Centralizada, la que se integrará por las siguientes dependencias:
"a) Las secretarías del Despacho;
"b) La Oficialía Mayor;
"c) La Procuraduría General de Justicia; y
"d) La Contraloría General del Estado.
"II. Paraestatal, integrada por las siguientes entidades:
"a) Los organismos descentralizados;
"b) Las empresas de participación estatal mayoritaria; y
"c) Los fideicomisos.
De estas disposiciones legales deriva lo siguiente:
Que el artículo 82 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí establece que el gobernador se auxiliará con las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, para el despacho de los negocios de su competencia, de lo que se advierte que éste es el jefe de la administración pública local.
Que conforme al artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la administración pública en San Luis Potosí será centralizada y paraestatal, dividiéndose esta última en organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, división que sólo es una forma de organización estatal para lograr una mayor autonomía, mas no significa que dicha administración paraestatal deja de pertenecer al Poder Ejecutivo Local.
Ahora bien, de la interpretación sistemática de estos numerales se desprende que, al igual que sucede en el ámbito federal, en el Estado de San Luis Potosí los organismos descentralizados forman parte de la administración pública y, por ende, del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, se trata de trabajadores al servicio del gobierno de la entidad.
En efecto, de las disposiciones antes transcritas se aprecia claramente que la administración pública centralizada de dicha entidad federativa y la administración pública paraestatal local forman parte de la administración pública del Estado de San Luis Potosí; en este sentido, es claro que los organismos descentralizados de la entidad en comento, igualmente, forman parte del Poder Ejecutivo Local, y que, por lo mismo, los trabajadores de dichos organismos descentralizados son trabajadores del Estado.
Así, es claro que si conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, los Congresos Estatales tienen la facultad de emitir las leyes que regulen las relaciones laborales entre los órganos del poder público estatal y el personal a su servicio, dichas legislaturas tienen plenas facultades constitucionales tanto para crear organismos descentralizados como para establecer las normas relativas al régimen jurídico al que deben someterse en sus relaciones laborales, en la inteligencia de que dicho régimen deberá ajustarse a lo señalado en el artículo 123 constitucional y, concretamente, a su apartado B, dado que como quedó precisado con anterioridad, se trata de trabajadores que pertenecen al Gobierno del Estado, concretamente, al Poder Ejecutivo Estatal.
En el caso que nos ocupa, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología al tener el carácter de organismo descentralizado, constituye una unidad auxiliar de la administración pública estatal, que forma parte del Poder Ejecutivo, que tiene por finalidad la realización de un servicio público y social como se advierte de las atribuciones y actividades que le confiere la propia ley.
El artículo 30 de la Ley que crea el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología estableció que las relaciones de trabajo entre el consejo y sus trabajadores se regirán por la ley burocrática estatal.
En este orden de ideas, al igual que sucede en el ámbito federal, en el Estado de San Luis Potosí los organismos descentralizados forman parte de la administración pública y, por ende, del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, se trata de trabajadores al servicio de la entidad federativa.
Como se aprecia, mediante la emisión del precepto legal impugnado el Congreso Estatal, en uso de las facultades que constitucionalmente tiene atribuidas, estableció que las relaciones laborales entre el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, lo cual, como se vio, es concordante con todo lo antes señalado y, desde luego, es también constitucional.
En estas condiciones, es inconcuso que el artículo 30 de la Ley que crea el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí no contraviene el artículo 116, fracción VI, constitucional, ni el diverso 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el consejo en mención es un organismo descentralizado que forma parte del Poder Ejecutivo Local y, por tanto, las relaciones con sus trabajadores deben regirse en los términos antes apuntados y correctamente regulados por dicho precepto legal.
Por lo expuesto y fundado, considero que debió reconocerse la validez del artículo 30 de la Ley que crea el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí.

References: resolución 
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 30
 artículo 123
 artículo 49
 artículo 80
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 89
 artículo 28
 artículo 102
 artículo 41
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 71
 artículo 28
 artículo 123
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 359
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 14
 artículo 46
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 3
 artículo 116
 artículo 123
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 116
 artículo 30