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Timestamp: 2019-09-20 19:11:06+00:00

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STC 125/2010, 29 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 275545951
STC 125/2010, 29 de Noviembre de 2010
Número de Recurso: 2200-2007
Recurso de amparo 2200-2007. Promovido por don Mariano Pérez Moya respecto al Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia en litigio sobre prestación por incapacidad permanente. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadmisión de la demanda por ausencia de poder de representación de quien firma en nombre del actor, sin tomar en consideración que éste se encontraba ingresado en un centro penitenciario y sin adoptar medida alguna que permitiera subsanar la deficiencia padecida.
STC 125/2010
STC 125/2010, de 29 de noviembre de 2010
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados
Mediante escrito presentado en el servicio de correos el día 7 de marzo de 2007, con entrada en este Tribunal el día 9 siguiente y registrado el día 12, don Domingo Campos Sánchez, diciendo actuar como Letrado de don Mariano Pérez Moya, presentó recurso de amparo constitucional contra la resolución citada en el encabezamiento.
El recurrente en amparo, mientras se encontraba ingresado en la cárcel de Sangonera, presentó, a través del Letrado don Domingo Campos Sánchez, demanda sobre prestación de incapacidad permanente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social ante el Juzgado de lo Social de Murcia. En la demanda hacía constar que, estando ya ingresado en la cárcel, solicitó desde dicho centro la designación de Abogado de justicia gratuita para poder presentar la correspondiente demanda, y que el 17 de mayo de 2006, le había sido designado el Letrado del turno de oficio don Domingo Campos Sánchez tal y como se acreditaba mediante la aportación de la resolución de designación de dicho Letrado por el Colegio de Abogados de Murcia. Asimismo se señalaba para notificaciones el domicilio de su despacho profesional, domicilio que, a su vez, se hacía constar en la cabecera de la demanda. La demanda estaba firmada por el referido Abogado (sobre la firma se estampó su sello), existiendo al pie de la demanda, en el lado derecho, otro signo manuscrito ilegible.
Por proveído del Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia de 24 de julio de 2006 se declara que "no ha lugar, por ahora, a la admisión a trámite" de la demanda, al no aportarse poder de representación procesal, y se requiere a la parte actora para que, en el plazo de cuatro días hábiles, subsane los defectos indicados o se procederá al archivo.
Contra esa resolución el Letrado del recurrente formuló recurso de reposición, indicando, nuevamente, que había sido designado como Letrado del turno de oficio del actor, beneficiario de justicia gratuita en expediente núm. 7609-2006/Mur, y aportando dictamen de propuesta del Servicio de Orientación Jurídica en el que constaba su designación, ya que el representado estaba ingresado en la cárcel. Recordaba que en el proceso laboral no es precisa la personación a través de procurador, ya que el actor puede asistir personalmente a juicio (a través de oficio dirigido al centro penitenciario para que traslade al interno al Juzgado el día del juicio) sin que en la demanda se señale que el Letrado goce de la representación del actor. Por otro lado, añade que en los casos de solicitud de justicia gratuita no es necesario aportar poder alguno, dado que la designación no procede de particular sino del propio Colegio y que, en este tipo de expediente de justicia gratuita, como no lo exige la ley, el Colegio de Procuradores no designa procurador. Dicho lo anterior señala que no se puede privar del derecho de acceso al proceso exigiendo un requisito no establecido legalmente, ya que el actor podía asistir a juicio personalmente, o bien un requisito de muy difícil cumplimiento, dadas las circunstancias concurrentes (que el actor se encontraba en la cárcel), máxime teniendo en cuenta el corto plazo previsto legalmente para subsanar. Por todo ello consideraba de imposible cumplimiento lo requerido en la providencia, resaltando que en el caso de no tenerse por subsanado el defecto con el documento aportado se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por Auto del Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia de 2 de noviembre de 2006 se desestimó el recurso. Señala el Juzgado que el art. 18 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) confiere a las partes plena libertad para optar por la forma de personación en el proceso que estimen conveniente, pudiendo comparecer por sí mismas o, si así lo desean, conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. También puede conferirse a abogado, en cuyo caso asumirá conjuntamente la representación y defensa de los intereses de su representado (art. 18.2 LPL). Tal representación puede conferirse en virtud de mandato, articulado por medio de poder otorgado por comparecencia ante el Secretario Judicial, o por escritura pública, añadiendo que la representación en los procesos laborales sólo puede concederse en la forma prevista, sin que pueda confundirse "representar" con "asistir". Dicho lo anterior afirma el Juzgado que en toda demanda debe constar fecha y firma y que, en ese caso, la firma no era del demandante sino del Letrado Sr. Campos, quien para ello debía tener poder de representación, ya que la designación del mencionado Letrado por parte del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados no conllevaba la asunción de la representación procesal con arreglo a las prescripciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Por todo ello desestima el recurso y concede un nuevo plazo de cuatro días para aportar el poder de representación procesal.
Por el Letrado del recurrente se presentó nuevo escrito de fecha 14 de noviembre de 2006 en el que señalaba que se había puesto en contacto con el centro penitenciario en que se encontraba ingresado el demandante, en cuya sección de servicios sociales le habían informado de que ellos intentaban en muchas ocasiones que los notarios se trasladasen a la cárcel para autorizar poderes sin resultado alguno, por lo que habían desistido de solicitarlo; añadía que ese Letrado se había puesto en contacto personal con varias notarías, en las que se le había comunicado que la agenda del notario le imposibilitaba acudir al centro penitenciario; que, dado que el actor estaba internado y no gozaba de libertad, no podía acudir a un notario o al Juzgado para otorgar el poder requerido, que por lo demás era un requisito que no se exigía cuando existía designación de Letrado del turno de oficio con justicia gratuita cuando la ley no exige el nombramiento de procurador. Por todo ello, señalaba que procedía que se acordase que el Secretario Judicial se trasladase a ese centro para que el interno pudiese otorgar el poder apud acta o, subsidiariamente, que se librara oficio a la cárcel para que trasladasen al interno al Juzgado para poder otorgarlo, o, en fin, que se acordase librar oficio por el Juzgado a cualquier notaría para que su titular se desplazase a la cárcel para que el actor pudiese otorgar poder para pleitos, reiterando que, en otro caso, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del actor. Por todo ello finalizaba suplicando al Juzgado que se suspendiera el plazo otorgado para otorgar poder.
Por Auto del Juzgado de 20 de noviembre de 2006 se acordó el archivo de la demanda, por no haber sido subsanada en el plazo concedido al efecto.
Contra dicho Auto se presentó escrito solicitando su reposición en fecha 28 de noviembre de 2006, reiterando la condición de preso del actor, lo que le impedía acudir a un notario a otorgar el poder, insistiendo en que el poder no era preciso dado que tenía nombrado abogado del turno de oficio, advirtiendo que no se había dado respuesta a su anterior escrito y añadiendo que el Auto carecía de motivación suficiente y suponía una interpretación rigorista y desproporcionada de la legalidad.
El Juzgado, por Auto de 21 de febrero de 2007, desestimó el recurso indicando que el órgano judicial había cumplido con su deber de procurar la subsanación de los defectos advertidos y que el actor no los había subsanado en el plazo de cuatro días, ni en el posterior de otros cuatro concedido por error por el órgano judicial.
En su demanda el demandante aduce la vulneración por la resolución recurrida de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), reiterando los argumentos que ha ofrecido al respecto en la vía judicial y que se han recogido en los antecedentes. Señala que la demanda aparece firmada en el margen derecho, sin que tan siquiera se requiriera al demandante para que ratificara la firma, como hubiera sido obligación del Juzgado, que desconoce que en el proceso laboral no es obligatoria la personación a través de Procurador, siendo el criterio de todos los juzgados de lo social de Murcia el de admitir las demandas con la simple designación que efectúa el Colegio de Abogados y la aportación del dictamen propuesta de concesión de la justicia gratuita. Insiste en que el Juzgado no ha tenido en ningún momento en cuenta el hecho de que el actor estaba ingresado en la cárcel, impidiéndole clamorosamente presentar su demanda ante el Juzgado de lo Social. Tampoco ha tenido en cuenta el intento de esa parte de que un notario se desplazase a la cárcel y ha desoído, igualmente, las solicitudes efectuadas para suplir la imposibilidad de que tal circunstancia se produjese, ya fuera por medio de la presencia del Secretario Judicial, o mediante la remisión de oficio que obligase a un notario a personarse, o a través del libramiento de oficio a la cárcel para trasladar al penado. Aduce, por todo ello, que es evidente que esa parte ha querido dar cumplimiento al requerimiento, pero que el Juzgado ha sido riguroso y ha hecho primar una mera formalidad, imposible de cumplir para la parte, sobre el derecho fundamental de la misma de acceder a la justicia.
Por providencia de 26 de diciembre de 2007 la Sección Primera acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente al Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio de los autos núm. 628-2006, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, que aparece ya personado, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 13 de febrero de 2008 se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia, acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
Mediante escrito registrado el día 3 de marzo de 2008 la representación procesal del demandante de amparo presentó sus alegaciones, dando íntegramente por reproducidas las efectuadas en el escrito de demanda.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 23 de mayo de 2008, interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Por providencia de 25 de noviembre de 2010 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año.
Debemos analizar en el presente recurso de amparo si la decisión de archivo de la demanda adoptada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia en los autos 628-2006, sobre Seguridad Social, por falta de aportación del poder de representación del Letrado firmante de la misma, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso.
Este Tribunal ha reiterado que el primer contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de acceso a la jurisdicción, con respecto al cual el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada. Ello, en cualquier caso, no debe entenderse como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan (por todas, STC 219/2005, de 12 de septiembre, FJ 2), ya que "esta exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios" (SSTC 207/1998, de 26 de octubre, FJ 2; 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 78/1999, de 26 de abril, FJ 3).
En todo caso, hemos advertido también de que "el incumplimiento del requerimiento judicial en el plazo legalmente establecido determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones, excluyendo así la Ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas, que podría significar el ampliar ad infinitum las posibilidades de subsanación de la demanda", concluyendo que "[e]n definitiva, la decisión de archivar el procedimiento, si el demandante incumple el mandato judicial, no viola el art. 24.1 C.E., porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda, aunque la norma ha de ser aplicada con un criterio antiformalista y no rigorista a fin de no impedir injustificadamente la obtención de una resolución de fondo" (STC 130/1998, de 16 de junio, FJ 5). Igualmente, se ha precisado que es necesario elegir una interpretación conforme con el principio pro actione, "siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento" (STC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2).
A la hora de abordar el control constitucional de la decisión de archivo adoptada en el caso de autos debemos partir, por lo tanto, de un doble criterio.
La aplicación de la anterior doctrina al caso analizado conduce necesariamente a apreciar la realidad de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva denunciada en el recurso de amparo, toda vez que la decisión de archivo de la demanda ni puede considerarse el resultado de una aplicación proporcionada de la legalidad procesal que tuviera en cuenta las circunstancias concretas del caso, la dificultad de subsanación del defecto observado y el comportamiento desplegado por la parte al efecto, ni estuvo precedida de una actuación judicial en el trámite de subsanación dirigida a favorecer la corrección del defecto observado y a tutelar el derecho de acceso a la jurisdicción del demandante.
Es, sin embargo, la aplicación del citado criterio interpretativo al caso considerado, determinante del archivo de la demanda, la que produce la vulneración de este derecho fundamental, tanto por las circunstancias concurrentes en el caso, como por la actuación desarrollada por el órgano judicial para posibilitar la subsanación del defecto observado.
Debemos concluir por todo ello que, como alega el demandante, la decisión de archivo de la demanda vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho de acceso al proceso, por lo que resulta obligado otorgar el amparo solicitado, reconociendo al demandante el derecho vulnerado, anulando la totalidad de las resoluciones dictadas en el presente procedimiento y reponiendo las actuaciones al trámite de admisión de la demanda, a fin de que por el órgano judicial se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido
Reconocer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso.
Anular la totalidad de las resoluciones dictadas en los autos 628-2006 del Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia, sobre Seguridad Social.
Retrotraer las actuaciones al trámite de admisión de la demanda a fin de que por el órgano judicial se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
SAP Murcia 61/2007, 8 de Mayo de 2007

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