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Timestamp: 2013-06-19 12:54:40+00:00

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Resumen del Texto Refundido 2008 de la Ley del Suelo 2007.
www.notariosyregistradores.com RESUMEN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 2008
A DESTACAR (desde un punto de vista pr�ctico):
Afecci�n terreno
Finca - Parcela
Divisiones, segregaciones
Transmisi�n fincas
Expropiaci�n y reversi�n
Nuevo T�tulo VI
***SUELO. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
Nota de redacci�n: Se va a partir del resumen realizado
en su d�a para la Ley del Suelo con las debidas adaptaciones, para no dispersar la informaci�n. Se pondr� al margen una V donde haya variado el contenido.
Leyes refundidas y que se derogan:
b) El Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana. Entrada en vigor. 27 de junio de 2008.
Articulado: Son ahora 54 art�culos, frente a los 36 de la Ley del Suelo de 2007. Se a�aden dos disposiciones adicionales y una transitoria.
- Aclarar, regularizar y armonizar la terminolog�a y el contenido dispositivo de ambos textos legales, - y estructurar y ordenar en una
�nica disposici�n general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urban�sticas, de ordenaci�n del territorio y de vivienda de las Comunidades Aut�nomas.
Excepci�n: No se deroga la parte vigente del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana, que tiene una aplicaci�n supletoria salvo en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Referencias: Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Texto Refundido de 1992 y a la Ley del Suelo de 2007, se entender�n efectuadas a los preceptos correspondientes de este Texto Refundido.
EXPOSICI�N DE MOTIVOS: En los �ltimos a�os, el Estado ha legislado de una manera accidentada sobre la materia, a veces a caballo de sucesivos fallos constitucionales. As�, desde que en 1992 se promulgara el �ltimo Texto Refundido estatal, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, adem�s de dos operaciones de �legislaci�n negativa� derivadas de sendas Sentencias Constitucionales, las n�meros 61/1997 y 164/2001. Para salir de esta situaci�n, se opta, en vez de legislar mediante nuevos retoques, por una renovaci�n m�s profunda y breve, acorde con los valores esenciales de la Constituci�n, la doctrina del Tribunal Constitucional y la realidad del estado de las autonom�as.
Se parte de la gran importancia hist�rica de la Ley del Suelo de 1956, primera ley completa sobre el suelo, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradici�n posterior a trav�s de instituciones urban�sticas concebidas entonces como la clasificaci�n del suelo o la instrumentaci�n de la ordenaci�n mediante un sistema de desagregaci�n sucesiva de planes; o la ejecuci�n de dichos planes pr�cticamente identificada con la urbanizaci�n sistem�tica.
1�.- La Constituci�n de 1978 que establece un nuevo marco de referencia para la materia:
A) En lo dogm�tico: Se ocupa de la regulaci�n de los usos del suelo su
art�culo 47, a prop�sito de la efectividad del derecho a la vivienda, del medio ambiente en el 45 y de la protecci�n del patrimonio en el 46.
B) En lo organizativo. De la interpretaci�n hecha por el Tribunal Constitucional del nuevo orden competencial resulta que a las Comunidades Aut�nomas les corresponde dise�ar y desarrollar sus propias pol�ticas sobre ordenaci�n del territorio, urbanismo, vivienda y patrimonios p�blicos de suelo, que han de ser respetadas. Para ello, se prescinde por primera vez de regular t�cnicas espec�ficamente urban�sticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urban�stico. No es �sta una Ley urban�stica, sino una Ley referida al r�gimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a �l asociados en lo que ata�e a los intereses cuya gesti�n est� constitucionalmente encomendada al Estado. 2�.- La Ley se propone garantizar en su campo las condiciones b�sicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos. Cambia la orientaci�n �que se considera reduccionista- con la que, hasta ahora, el legislador estatal ven�a abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Hasta ahora, seg�n la E.M., se reserv� a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanizaci�n, siendo muchos los derechos constitucionales afectados, no solo el de la propiedad, sino tambi�n otros, como el de participaci�n ciudadana en los asuntos p�blicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna, al que la propia Constituci�n vincula directamente con la regulaci�n de los usos del suelo en su art�culo 47. 3�.- El urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto del crecimiento de las ciudades y apostando por la regeneraci�n de la ciudad existente, frente a un planteamiento desarrollista, volcado sobre todo en la creaci�n de nueva ciudad, buscando un modelo de ciudad compacta y no dispersa o desordenada, siendo como es el suelo un recurso econ�mico, pero tambi�n natural, escaso y no renovable.
No ha variado respecto de la Ley de 2007. Arts. 1 al 3.
Se dedica a aspectos generales, tales como la definici�n de su objeto y la enunciaci�n de algunos principios que la vertebran, de acuerdo con la filosof�a expuesta.
- Regular las condiciones b�sicas que garantizan la
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. - Establecer las bases econ�micas y medioambientales del r�gimen jur�dico del suelo, su
valoraci�n y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones P�blicas en la materia. Derecho de propiedad: (art.3.1). La ordenaci�n territorial y la urban�stica son funciones p�blicas no susceptibles de transacci�n que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el inter�s general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de �ste. Esta determinaci�n no confiere derecho a exigir indemnizaci�n, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
Condiciones b�sicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos.
Arts. 4 al 9. Han variado, respecto de la Ley de 2007, los art�culos 6, 8 y 9. Se ocupa del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, con vocaci�n de inspirar el resto del articulado. Se definen tres estatutos subjetivos b�sicos a modo de tres c�rculos conc�ntricos: - El de la ciudadan�a en general en relaci�n con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-econ�mico y medioambiental de toda persona con independencia de cu�les sean su actividad o su patrimonio
- El r�gimen de la iniciativa privada para la actividad urban�stica, que es una actividad econ�mica de inter�s general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. - Y el estatuto de la propiedad del suelo, definido tradicionalmente como una combinaci�n de facultades y deberes, pero entre los que ya no se cuenta necesariamente el de urbanizar, aunque s� el de participar en la actuaci�n urbanizadora de iniciativa privada en un r�gimen de distribuci�n equitativa de beneficios y cargas. Derechos del ciudadano.
Entre los enumerados en el art. 4 destacamos:
- Acceder a la informaci�n de que dispongan las Administraciones P�blicas sobre la ordenaci�n del territorio, la ordenaci�n urban�stica y su evaluaci�n ambiental, as� como obtener copia o certificaci�n de las disposiciones o actos administrativos adoptados. La D. Ad. 9� modifica el art. 70 ter de la
Ley de Bases del R�gimen Local, obligando a las Administraciones P�blicas a
publicar por medios telem�ticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica en vigor, del anuncio de su sometimiento a informaci�n p�blica y de cualesquiera actos de tramitaci�n que sean relevantes para su aprobaci�n o alteraci�n.
- Ser informados por la Administraci�n competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del r�gimen y las condiciones urban�sticas aplicables a una finca determinada. - Participar efectivamente en los procedimientos de elaboraci�n y aprobaci�n de cualesquiera instrumentos de ordenaci�n del territorio o de ordenaci�n y ejecuci�n urban�sticas y de su evaluaci�n ambiental mediante la formulaci�n de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administraci�n una respuesta motivada. Deberes del ciudadano. Se enumeran en el art. 5.
V Iniciativa privada en la urbanizaci�n y construcci�n. Art. 6 Se a�ade un nuevo apartado relativo al derecho de quienes elaboren instrumentos de ordenaci�n de iniciativa privada a obtener informaci�n y a efectuar en fincas particulares las ocupaciones necesarias para la redacci�n del instrumento. Derecho de propiedad del suelo y su r�gimen urban�stico. Se recoge en los arts.7 al 9.
- Es un r�gimen estatutario y resulta de su vinculaci�n a concretos destinos, en los t�rminos dispuestos por la legislaci�n sobre ordenaci�n territorial y urban�stica. - La previsi�n de edificabilidad por la ordenaci�n territorial y urban�stica, por s� misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo.
La patrimonializaci�n de la edificabilidad se produce �nicamente con su realizaci�n efectiva y est� condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del r�gimen que corresponda, en los t�rminos dispuestos por la legislaci�n sobre ordenaci�n territorial y urban�stica. V Se incorpora al art. 8 lo siguiente:
�Todo acto de edificaci�n requerir� del acto de conformidad, aprobaci�n o autorizaci�n administrativa que sea preceptivo, seg�n la legislaci�n de ordenaci�n territorial y urban�stica. Su denegaci�n deber� ser motivada.
En ning�n caso podr�n entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenaci�n territorial o urban�stica.�
- Comprende las facultades de uso, disfrute y explotaci�n del mismo conforme al estado, clasificaci�n, caracter�sticas objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislaci�n aplicable por raz�n de las caracter�sticas y situaci�n del bien. - La facultad de disposici�n, siempre que su ejercicio no infrinja el r�gimen de formaci�n de fincas y parcelas y de relaci�n entre ellas establecido en el art�culo 17. - Las facultades referidas alcanzar�n al vuelo y al subsuelo s�lo hasta donde determinen los instrumentos de ordenaci�n urban�stica, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protecci�n del dominio p�blico.
- Deberes y cargas. . V - Para todo tipo de suelo (ahora se alude tambi�n a instalaciones, construcciones y edificaciones): los deberes de dedicarlo a usos que no sean incompatibles con la ordenaci�n territorial y urban�stica; conservarlo en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; as� como realizar los trabajos de mejora y rehabilitaci�n hasta donde alcance el deber legal de conservaci�n. Se aclara ahora el l�mite de ese deber a osta del propietario.
- En el suelo rural o que est� vacante de edificaci�n, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosi�n, incendio, inundaci�n, etc.
T�TULO II. Bases del r�gimen del suelo. Arts. 10 al 20 (uno m�s). Se a�aden dos apartados al art�culo 10, otros dos al 11, un p�rrafo al 13, otro al 17 y se incluye un nuevo art. 18 (en desarrollo de parte del 17 anterior), con corrimiento posterior de n�meros. El art�culo de las obras nuevas ahora es el 20, pero no cambia su redacci�n.
Criterios b�sicos de utilizaci�n del suelo. Destaquemos entre los deberes de las Administraciones P�blicas al respecto (art. 10):
- Preservar al suelo rural que no vaya a ser urbanizado de la urbanizaci�n - Reservar suelo para viviendas sujetas a un r�gimen de protecci�n p�blica, con un m�nimo de un 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenaci�n urban�stica en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanizaci�n, salvo excepciones. La D.Tr. 1� estima aplicable esta medida a todos los cambios de ordenaci�n cuyo procedimiento de aprobaci�n se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 2007. V Se a�aden al art. 10 dos apartados sobre adaptaci�n de las construcciones al medio donde se encuentren y a la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de intervenci�n que infrinjan la normativa de zonas verdes o espacios libres.
V En el art�culo 11, relativo a la publicidad y eficacia de la gesti�n p�blica urban�stica, se a�aden dos apartados, el dos, por el que los acuerdos de aprobaci�n definitiva de todos los instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica se publicar�n en el �Bolet�n Oficial� correspondiente, y el �ltimo, por el que, en todo caso, en la tramitaci�n de los instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica deber� asegurarse el tr�mite de audiencia a las Administraciones P�blicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas. Tipos de suelo. Para esta Ley
s�lo hay dos, otorgando, seg�n la Exposici�n de Motivos, un car�cter estatutario al r�gimen del derecho de la propiedad (art.12): - Est� en la situaci�n de suelo rural: a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenaci�n territorial y urban�stica de su transformaci�n mediante la urbanizaci�n. b) El suelo para el que los instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica prevean o permitan su paso a la situaci�n de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuaci�n de urbanizaci�n, y cualquier otro que no re�na los requisitos a que se refiere el apartado siguiente. - Est� en la situaci�n de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los n�cleos de poblaci�n. Se entender� que as� ocurre cuando las parcelas, est�n o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislaci�n urban�stica o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexi�n de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento. Utilizaci�n del suelo rural. Destaquemos: - Est�n prohibidas las parcelaciones urban�sticas, salvo los que hayan sido incluidos en el �mbito de una actuaci�n de urbanizaci�n.
- Obras en los terrenos incluidos en el �mbito de una actuaci�n de urbanizaci�n:
V a) Con car�cter excepcional, usos y obras de car�cter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos. Estos usos y obras deber�n cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnizaci�n alguna, cuando as� lo acuerde la Administraci�n urban�stica. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedar� supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad. Ahora se a�ade que el arrendamiento y el derecho de superficie de estos terrenos, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estar�n excluidos del r�gimen especial de arrendamientos r�sticos y urbanos. b) Obras de urbanizaci�n cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la legislaci�n sobre ordenaci�n territorial y urban�stica, as� como las de construcci�n o edificaci�n que �sta permita realizar simult�neamente a la urbanizaci�n. Deberes del promotor de las actuaciones de transformaci�n urban�stica (art 16):
a) Entregar a la Administraci�n competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones p�blicas.
b) Entregar a la Administraci�n competente, y con destino a patrimonio p�blico de suelo, el suelo libre de cargas de urbanizaci�n correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuaci�n, que deber� de estar entre el cinco y el quince por ciento, salvo excepciones. c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanizaci�n previstas en la actuaci�n correspondiente, as� como las infraestructuras de conexi�n con las redes generales de servicios
d) Entregar a la Administraci�n competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior que deban formar parte del dominio p�blico como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, as� como tambi�n dichas instalaciones cuando est�n destinadas a la prestaci�n de servicios de titularidad p�blica. e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del �rea de la actuaci�n y que constituyan su residencia habitual, as� como el retorno cuando tengan derecho a �l. f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. Afecci�n de terrenos: Los terrenos incluidos en el �mbito de actuaciones de transformaci�n urban�stica (definidas en el art. 14) y los adscritos a ellas est�n afectados, con car�cter de garant�a real, al cumplimiento de los deberes que se acaban de rese�ar. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepci�n por la Administraci�n competente de las obras de urbanizaci�n o, en su defecto, al t�rmino del plazo en que debiera haberse producido la recepci�n desde su solicitud acompa�ada de certificaci�n expedida por la direcci�n t�cnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la liquidaci�n de las cuentas definitivas de la actuaci�n. Diferencia entre finca y parcela:
- Finca es la unidad de suelo o de edificaci�n atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislaci�n hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideraci�n de finca registral. - Parcela es la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o s�lo uso urban�stico independiente. Divisiones de finca. - Regla: La divisi�n o segregaci�n de una finca para dar lugar a dos o m�s diferentes s�lo es posible si cada una de las resultantes re�ne las caracter�sticas exigidas por la legislaci�n aplicable y la ordenaci�n territorial y urban�stica.
- Asimilados: Esta regla es tambi�n aplicable a la enajenaci�n, sin divisi�n ni segregaci�n, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilizaci�n exclusiva de porci�n o porciones concretas de la finca, as� como a la constituci�n de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilizaci�n exclusiva. - Escrituras: En la autorizaci�n de escrituras de segregaci�n o divisi�n de fincas, los notarios exigir�n, para su testimonio, la acreditaci�n documental de la conformidad, aprobaci�n o autorizaci�n administrativa a que est� sujeta, en su caso, la divisi�n o segregaci�n conforme a la legislaci�n que le sea aplicable.
- Registro: El cumplimiento de este requisito ser� exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripci�n. V - Indivisibilidad. Los notarios y registradores de la propiedad har�n constar en la descripci�n de las fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles.
El acto administrativo que legitime la edificaci�n de una parcela indivisible, por agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a la parcela m�nima, se comunicar� al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripci�n de la finca. Propiedad horizontal y complejos inmobiliarios. - �nica parcela:
Se puede considerar a la finca o fincas sobre las que recaen como una �nica parcela, siempre que dentro de su per�metro no quede superficie alguna que deba tener la condici�n de dominio p�blico, ser de uso p�blico o servir de soporte a las obras de urbanizaci�n o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal de entregar a la Administraci�n competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones p�blicas.
- Bienes demaniales y privados por planos: Cuando los instrumentos de ordenaci�n urban�stica destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificaci�n o uso privado y al dominio p�blico, podr� constituirse complejo inmobiliario en el que aqu�llas y �sta tengan el car�cter de fincas especiales de atribuci�n privativa, previa la desafectaci�n y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protecci�n del dominio p�blico. Fincas de origen y de resultado.
Ahora art. 18.
- Subrogaci�n: Los instrumentos de distribuci�n de beneficios y cargas producen el efecto de la subrogaci�n de las fincas de origen por las de resultado - Titularidad: Se han de repartir las fincas de resultado entre los propietarios, el promotor de la actuaci�n, cuando sea retribuido mediante la adjudicaci�n de parcelas incluidas en ella, y la Administraci�n. Si se distingue entre suelo y vuelo, se entender� que el titular del suelo de que se trata aporta tanto la superficie de su rasante como la del subsuelo o vuelo que de �l se segrega. V - Incompatibilidad. Existiendo subrogaci�n real y compatibilidad con la ordenaci�n urban�stica, si la situaci�n y caracter�sticas de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia de los derechos reales o cargas que habr�an debido recaer sobre ellas, cabe su transformaci�n en un derecho de cr�dito con garant�a hipotecaria sobre la nueva finca, en la cuant�a en que la carga fuera valorada. El registrador de la propiedad que aprecie tal incompatibilidad lo har� constar as� en el asiento respectivo.
V - Firmeza. Una vez firme en v�a administrativa el acuerdo de aprobaci�n definitiva de la distribuci�n de beneficios y cargas, se proceder� a su inscripci�n en el Registro de la Propiedad.
V - ITPYAJD: Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de beneficios y cargas por aportaci�n de los propietarios incluidos en la actuaci�n de transformaci�n urban�stica, o en virtud de expropiaci�n forzosa, y las adjudicaciones a favor de dichos propietarios en proporci�n a los terrenos aportados por los mismos, estar�n exentas de ITPYAJD, si cumplen todos los requisitos urban�sticos. Tampoco tendr�n la consideraci�n de transmisiones de dominio a los efectos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Pero cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girar�n las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. Transmisi�n de fincas y deberes urban�sticos. Art. 19.
- Subrogaci�n: La transmisi�n de fincas no modifica la situaci�n del titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley y los establecidos por la legislaci�n de la ordenaci�n territorial y urban�stica aplicable o exigibles por los actos de ejecuci�n de la misma. El nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, as� como en las obligaciones por �ste asumidas frente a la Administraci�n competente y que hayan sido objeto de inscripci�n registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutaci�n jur�dico-real. - Circunstancias del t�tulo.
En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar: a) La situaci�n urban�stica de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o edificaci�n, cuenten con edificaciones fuera de ordenaci�n o est�n destinados a la construcci�n de viviendas sujetas a alg�n r�gimen de protecci�n p�blica que permita tasar su precio m�ximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos est�n sujetos a una de las actuaciones de transformaci�n urban�stica.
c) En los t�tulos por los que se transmitan terrenos a la Administraci�n deber� especificarse, a efectos de su inscripci�n en el Registro de la Propiedad, el car�cter demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporaci�n al patrimonio p�blico de suelo. - Rescisi�n: La infracci�n de lo dispuesto en las letras a) y b) rese�adas faculta al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro a�os y exigir la indemnizaci�n que proceda conforme a la legislaci�n civil. - Notarios. Con ocasi�n de la autorizaci�n de escrituras p�blicas que afecten a la propiedad de fincas o parcelas:
a) Podr�n solicitar de la Administraci�n P�blica competente informaci�n telem�tica o, en su defecto, c�dula o informe escrito expresivo de su situaci�n urban�stica y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento est�n afectas. b) Remitir�n a la Administraci�n competente copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido informaci�n urban�stica, dentro de los diez d�as siguientes a su otorgamiento. Esta copia no devengar� arancel. Declaraci�n de obra nueva. Art. 20.
- En construcci�n: Para autorizar estas escrituras, los notarios exigir�n, para su testimonio:
a) la aportaci�n del acto de conformidad, aprobaci�n o autorizaci�n administrativa que requiera la obra seg�n la legislaci�n de ordenaci�n territorial y urban�stica y
b) certificaci�n expedida por t�cnico competente y acreditativa del ajuste de la descripci�n de la obra al proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. - Terminada. Los notarios exigir�n: a) certificaci�n expedida por t�cnico competente acreditativa de la finalizaci�n de �sta conforme a la descripci�n del proyecto, b) la acreditaci�n documental del cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislaci�n reguladora de la edificaci�n para la entrega de �sta a sus usuarios y c) el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones administrativas que prevea la legislaci�n de ordenaci�n territorial y urban�stica. - Registro. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaraci�n de obra nueva, los registradores exigir�n el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. - �A qu� hace referencia el nuevo requisito letra b) para las obras terminadas?
- Claramente a la exigencia del
seguro decenal cuando asi lo ordene la Ley de la Edificaci�n, sin que respecto a esto cambie nada en la situaci�n actual.
- Puede referirse a la licencia de ocupaci�n o a la c�dula de habitabilidad en atenci�n a la normativa espec�fica de una comunidad aut�noma y al criterio finalista de proteger los derechos de los consumidores que pueden adquirir y no poder darse de alta en suministros b�sicos.
- Tal vez al Libro del Edificio del art� 7 de la Ley estatal de Ordenaci�n
de la Edificaci�n, al utilizar una terminolog�a muy cercana. Sin embargo, aunque sea obligatoria su entrega a los usuarios finales, no parece un "requisito impuesto para la entrega". Dispone su art�culo 7:
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporaci�n, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, ser� facilitado al promotor por el director de obra para la formalizaci�n de los correspondientes tr�mites administrativos.
A dicha documentaci�n se adjuntar�, al menos, el acta de recepci�n, la relaci�n identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificaci�n, as� como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicaci�n.
Toda la documentaci�n a que hace referencia los apartados anteriores, que constituir� el Libro del Edificio,
ser� entregada a los usuarios finales del edificio.
Puede que exista legislaci�n auton�mica espec�fica que module lo anterior, pudiendo ser �sta tambi�n de aplicaci�n a pesar de que la Disposici�n Final Primera considere que este art�culo 19 es una disposici�n reservada al legislador estatal como legislador civil, pues bien puede hacer una remisi�n que parece gen�rica a la �legislaci�n reguladora de la edificaci�n�. La DGRN en
Resoluci�n-Circular de 26 de julio de 2007 dice al respecto:
6�.- Respecto de la nueva Ley 8/2007, la �nica novedad rese�able respecto del r�gimen del Real Decreto 1093/1997, es que se exige en la declaraci�n de obras nuevas terminadas (l�gicamente tambi�n en las actas de finalizaci�n de obras) que se acredite documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislaci�n reguladora de la edificaci�n para la entrega de �sta a sus usuarios.
Esto significa que no se autorizar�n por los Notarios ni se inscribir�n por los Registradores de la Propiedad escrituras p�blicas de declaraci�n de obra nueva terminada o actas de finalizaci�n de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenaci�n de la Edificaci�n (en lo sucesivo LOE) sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en el art�culo 19 de la citada Ley, como los dem�s requisitos documentales exigidos por esa ley para la entrega al usuario. Tal documentaci�n no es otra que el Libro Edificio a que se refiere el art�culo 7 de la LOE. En �l se integraran el proyecto, la identificaci�n de los agentes intervinientes, licencias, y dem�s requisitos exigidos por el citado art�culo 7 de la ley 38/1999 y en su caso los dem�s requisitos exigidos por la legislaci�n auton�mica como integrantes del mismo.
7�.- A los efectos del p�rrafo tercero del art�culo 7 de la LOE, el promotor deber� depositar ante cualquier notario un ejemplar del Libro del Edificio, acompa�ado de la certificaci�n del arquitecto director de la obra, acreditativo de que �se es el Libro correspondiente a la misma y que le ha sido entregado tal Libro al promotor. Dicho dep�sito deber� ser objeto de la correspondiente acta de dep�sito (art�culo 216 y ss. del Reglamento Notarial).
8�.- El Notario deber� hacer constar en la correspondiente escritura, la existencia del Libro del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su obligaci�n de entregar un ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el indicado p�rrafo tercero del art�culo 7 de la LOE.
En Catalu�a el Libro del Edificio ha de depositarse en el Registro de la Propiedad, seg�n el art�culo 25 de la
Ley de la Vivienda.
T�TULO III. Valoraciones. Arts. 21 al 28. No var�a su contenido respecto de la Ley de 2007, salvo su numeraci�n que aumenta en una unidad.
Trata de los criterios de valoraci�n del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones P�blicas. Hist�ricamente, desde la Ley de 1956, la legislaci�n del suelo ha establecido ininterrumpidamente un r�gimen de valoraciones especial que desplaza la aplicaci�n de los criterios generales de la Ley de Expropiaci�n Forzosa de 1954, valorando el suelo a partir de cu�l fuera su clasificaci�n y categorizaci�n urban�sticas, esto es, partiendo de cu�l fuera su destino y no su situaci�n real. Ahora se cambia de orientaci�n, desvinculando clasificaci�n y valoraci�n pero partiendo de las dos situaciones b�sicas ya mencionadas, suelo rural y urbanizado, y tratando de determinar el valor de sustituci�n del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situaci�n. No se aplicar� el r�gimen estimativo a la expropiaci�n de inmuebles, modific�ndose el art. 43 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa por la D. Ad. 5�.
En el suelo rural, se abandona el m�todo de comparaci�n y se adopta el m�todo de la capitalizaci�n de rentas, sopesando su localizaci�n y las construcciones por el m�todo de coste de reposici�n teniendo en cuenta antig�edad y estado. La D. Ad. 7� da reglas al respecto.
En el suelo urbanizado, se distingue entre el edificado y el que no lo est�.
- No edificado o con edificaci�n ilegal o ruinosa. a) Se considerar�n como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenaci�n urban�stica, incluido en su caso el de vivienda sujeta a alg�n r�gimen de protecci�n que permita tasar su precio m�ximo en venta o alquiler. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado, se les atribuir� la edificabilidad media y el uso mayoritario en el �mbito espacial homog�neo en que est�n incluidos. b) Se aplicar� a dicha edificabilidad el valor de repercusi�n del suelo seg�n el uso correspondiente, determinado por el m�todo residual est�tico. c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontar�, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. - Edificado o en curso de edificaci�n, el valor de la tasaci�n ser� el superior de los siguientes: a) El determinado por la tasaci�n conjunta del suelo y de la edificaci�n existente que se ajuste a la legalidad, por el m�todo de comparaci�n, aplicado exclusivamente a los usos de la edificaci�n existente o la construcci�n ya realizada. b) El determinado por el m�todo residual est�tico aplicado exclusivamente al suelo, sin consideraci�n de la edificaci�n existente o la construcci�n ya realizada. Derecho transitorio. Seg�n la D. Tr. 3�, las reglas de valoraci�n contenidas en esta Ley ser�n aplicables en todos los expedientes incluidos en su �mbito material de aplicaci�n que se inicien a partir de su entrada en vigor.
T�TULO IV. Expropiaci�n forzosa y responsabilidad patrimonial.
Son los art�culos 29 al 35 (antes del 28 al 30).
Expropiaci�n forzosa. Se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya conten�a la Ley sobre R�gimen del Suelo y Valoraciones. V - Utilidad p�blica. La aprobaci�n de los instrumentos de la ordenaci�n territorial y urban�stica conllevar� la declaraci�n de utilidad p�blica y la necesidad de ocupaci�n de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecuci�n y �sta deba producirse por expropiaci�n, extendi�ndose a los terrenos precisos para conectar la actuaci�n de urbanizaci�n con las redes generales de servicios. V - Bienes de dominio p�blico y v�as: Si su destino var�a, seg�n el instrumento de ordenaci�n, se proceder� a su mutaci�n demanial o desafectaci�n, seg�n proceda. Las v�as rurales se entender�n de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. Las v�as urbanas que desaparezcan se entender�n transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenaci�n urban�stica. V - Beneficiarios: tendr�n esta consideraci�n las personas subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Aut�nomas o de las Entidades locales para la ejecuci�n de planes u obras determinadas. V - Justiprecio. Se fijar� conforme a los criterios de valoraci�n de esta Ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasaci�n conjunta. - Interesados: Las actuaciones se seguir�n con quienes figuren como interesados en el proyecto de delimitaci�n o acrediten ser los verdaderos titulares. - Pago: S�lo se har� a aquellos interesados que aporten certificaci�n registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del art�culo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los t�tulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas referidas a la misma finca descrita en los t�tulos. Sino, se consignar�. Los titulares de cargas han de comparecer. Si el Registro no es conforme con la realidad, hay que rectificarlo por los medios se�alados en la legislaci�n hipotecaria o con acta de notoriedad del art�culo 209 del Reglamento Notarial.
V - Realojamiento y retorno. (D Ad. 11�). Los ocupantes legales de inmuebles desalojados que constituyan su residencia habitual, tendr�n garantizado el derecho al realojamiento en viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a r�gimen de protecci�n p�blica. En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas demolidas tendr�n el derecho de retorno regulado en la legislaci�n arrendaticia, ejercitable frente al due�o de la nueva edificaci�n, cualquiera que sea �ste. - Registro.
- T�tulo. El acta de ocupaci�n para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio ser� t�tulo inscribible, siempre que incorpore su descripci�n, su identificaci�n conforme a la legislaci�n hipotecaria, su referencia catastral y su representaci�n gr�fica mediante un sistema de coordenadas (sustituibles por una certificaci�n catastral descriptiva y gr�fica) y que se acompa�e del acta de pago o justificante de la consignaci�n del precio correspondiente. - T�cnica registral. La superficie objeto de la actuaci�n se inscribir� como una o varias fincas registrales, sin que sea obst�culo para ello la falta de inmatriculaci�n de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuaci�n de la nota a que se refiere la legislaci�n hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiaci�n forzosa, se extender� otra en la que se identificar� la porci�n expropiada si la actuaci�n no afectase a la totalidad de la finca. - Doble inmatriculaci�n posible. Si al proceder a la inscripci�n surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento expropiatorio, se pondr� tal circunstancia en conocimiento de la Administraci�n competente, sin perjuicio de practicarse la inscripci�n. V - Servidumbres. Los actos administrativos de constituci�n, modificaci�n o extinci�n forzosa de servidumbres ser�n inscribibles, en la forma prevista para las actas de expropiaci�n.
V - Libertad de cargas. Se entender� que la Administraci�n ha adquirido libre de cargas y ser� mantenida en la posesi�n de la finca, tras inscribir su derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acci�n real o interdictal contra ella. Los terceros que aparezcan conservar�n acciones personales sobre el justiprecio o las indemnizaciones
V - Fincas no tenidas en cuenta. La Administraci�n solicitar� que practique la cancelaci�n de su historial y los titulares deber�n ser compensados en expediente complementario.
V Asociaci�n de Administraciones. Las Entidades Locales podr�n promover, para la gesti�n de las expropiaciones, modalidades asociativas con otras Administraciones P�blicas o particulares o encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras Administraciones P�blicas. Reversi�n. Se adapta a la concepci�n de esta ley sobre patrimonios p�blicos del suelo. Art. 29.
- Alteraci�n de uso. Procede si se alterara el uso que motiv� la expropiaci�n de suelo en virtud de modificaci�n o revisi�n del instrumento de ordenaci�n territorial y urban�stica. Se fijan cinco excepciones.
- Urbanizaci�n no ejecutada. Procede la reversi�n tambi�n cuando hayan transcurrido diez a�os desde la expropiaci�n sin que la urbanizaci�n se haya concluido.
- Retasaci�n. Se introduce un derecho a la retasaci�n cuando una modificaci�n de la ordenaci�n aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuaci�n urbanizadora. V Responsabilidad patrimonial. Se adapta a la concepci�n de esta ley sobre las actuaciones urbanizadoras. Ahora se a�ade la letra e) al art. 35, pudiendo haber derecho a indemnizaci�n en la ocupaci�n de terrenos destinados por la ordenaci�n territorial y urban�stica a dotaciones p�blicas.
T�TULO V. Funci�n social de la propiedad y gesti�n del suelo. Son los actuales art�culos 36 al 41 (antes del 31 al 36). No cambian. Venta y sustituci�n forzosas. - Se pueden producir por incumplimiento de los deberes de edificaci�n o rehabilitaci�n previstos y se trata de una alternativa a la expropiaci�n. - La sustituci�n forzosa tiene por objeto la facultad de edificaci�n, para imponer su ejercicio en r�gimen de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo. - Registro. - Nota marginal. Dictada resoluci�n declaratoria del incumplimiento de deberes del r�gimen de la propiedad del suelo y acordada la aplicaci�n del r�gimen de venta o sustituci�n forzosas, la Administraci�n actuante remitir� al Registro de la Propiedad certificaci�n del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la �ltima inscripci�n de dominio. - Certificaciones. La situaci�n de venta o sustituci�n forzosas se consignar� en las certificaciones registrales que de la finca se expidan. - T�tulo. Resuelto el procedimiento, la Administraci�n actuante expedir� certificaci�n de la adjudicaci�n, que ser� t�tulo inscribible en el Registro de la Propiedad. En la inscripci�n registral se har�n constar las condiciones y los plazos de edificaci�n a que quede obligado el adquiriente en calidad de resolutorias de la adquisici�n. - Patrimonio del Estado. Ser� aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio lo referido sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de fincas destinadas a la construcci�n de viviendas protegidas. D. Ad. 4�. Patrimonios p�blicos de suelo.
- Concepto. Integran los patrimonios p�blicos de suelo -que constituyen un patrimonio separado- los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administraci�n entregados por los promotores como suelo libre de cargas de urbanizaci�n, sin perjuicio de los dem�s que determine la legislaci�n sobre ordenaci�n territorial y urban�stica. - Finalidad. Regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa p�blica y facilitar la ejecuci�n de la ordenaci�n territorial y urban�stica,
- Destino. Construcci�n de viviendas sujetas a alg�n r�gimen de protecci�n p�blica. Podr�n ser destinados tambi�n a otros usos de inter�s social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenaci�n urban�stica, s�lo cuando as� lo prevea la legislaci�n en la materia especificando los fines admisibles, que ser�n urban�sticos o de protecci�n o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.
- Constancia documental de limitaci�n. Los terrenos adquiridos por una Administraci�n entregados por los promotores de manera obligatoria y que est�n destinados a la construcci�n de viviendas protegidas, no podr�n ser adjudicados, ni en dicha transmisi�n ni en las sucesivas, por un precio superior al valor m�ximo de repercusi�n del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su legislaci�n reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenaci�n se har� constar esta limitaci�n. - Registro. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas integrantes de un patrimonio p�blico de suelo que se hagan constar en las enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el art�culo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resoluci�n de la enajenaci�n. Efectos que produce su acceso: a) Cuando se hayan configurado como causa de resoluci�n, �sta se inscribir� en virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la Administraci�n titular del patrimonio p�blico de suelo del que proceda la finca enajenada, siempre que dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario alguno, administrativo o judicial. Sin perjuicio de la resoluci�n del contrato, la Administraci�n enajenante podr� interesar la pr�ctica de anotaci�n preventiva de la pretensi�n de resoluci�n en la forma prevista por la legislaci�n hipotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciaci�n de procedimiento de disciplina urban�stica. b) Si no se ha configurado como causa de resoluci�n, la menci�n registral producir� los efectos propios de las notas marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas. Derecho de superficie. Los arts. 35 y 36 tratan de superar la deficiente situaci�n normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. - Concepto.
El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. Tambi�n puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. - Constituci�n. Para que quede v�lidamente constituido se requiere su formalizaci�n en escritura p�blica y la inscripci�n de �sta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deber� fijarse necesariamente el plazo de duraci�n del derecho de superficie, que no podr� exceder de noventa y nueve a�os. El derecho de superficie s�lo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea p�blico o privado. Puede constituirse a t�tulo oneroso o gratuito . - Fuentes. Se rige por las disposiciones de este Cap�tulo, por la legislaci�n civil en lo no previsto por �l y por el t�tulo constitutivo del derecho. - Transmisi�n. Es transmisible y gravable con las limitaciones fijadas al constituirlo. El propietario del suelo podr� transmitir y gravar su derecho con separaci�n del derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de �ste. El subsuelo corresponder� al propietario del suelo y ser� objeto de transmisi�n y gravamen juntamente con �ste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie. - Propiedad horizontal. Cuando las caracter�sticas de la construcci�n o edificaci�n lo permitan, el superficiario podr� constituir la propiedad superficiaria en r�gimen de propiedad horizontal con separaci�n del terreno correspondiente al propietario, y podr� transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo. - Extinci�n. Se extingue si no se edifica en el plazo fijado por la ordenaci�n territorial y urban�stica o el previsto en el t�tulo de constituci�n y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duraci�n del derecho. Al t�rmino acordado, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin indemnizaci�n, aunque cabe pactar normas de liquidaci�n y se extinguen toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si antes de finalizar dicho plazo se confundiesen las personas de propietario y superficiario, las cargas no se confundir�n ni extinguir�n hasta el t�rmino del plazo. T�TULO VI. R�gimen jur�dico.
V Todo el t�tulo es nuevo. Lo forman los arts. 42 al 54 que no proceden de la Ley de 2007, sino que son preceptos dispersos del Real Decreto Legislativo 1/1992.
Ministerio Fiscal. En el art. 42 se contienen las actuaciones del Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones urban�sticas o contra la ordenaci�n del territorio, Peticiones, actos y acuerdos.
- Las peticiones fundadas han de resolverse por las Entidades locales y Organismos urban�sticos.
- Subrogaci�n. Las decisiones de los �rganos auton�micos mediante subrogaci�n se considerar�n como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos admisibles.
- Ejecuci�n forzosa y v�a de apremio. Los Ayuntamientos las podr�n utilizar para exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios y a los promotores de actuaciones de transformaci�n urban�stica.
- Revisi�n de oficio.
Las Entidades locales podr�n revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo conforme a la legislaci�n de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas.
- Car�cter de los actos y convenios. Tendr�n car�cter jur�dico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren entre los �rganos competentes de las Administraciones P�blicas y los propietarios o promotores de actuaciones de transformaci�n urban�stica, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar. - Acci�n p�blica. Lo ser� la acci�n para exigir ante los �rganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislaci�n y dem�s instrumentos de ordenaci�n territorial y urban�stica. Por ejecuci�n de obras ilegales, podr� ejercitarse desde su ejecuci�n hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopci�n de las medidas de protecci�n de la legalidad urban�stica. - Acci�n ante Tribunales ordinarios. La podr�n ejercer los propietarios y titulares de derechos reales, para la demolici�n de las obras e instalaciones que vulneren la
distancia entre construcciones, etc, as� como las disposiciones relativas a usos inc�modos, insalubres o peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las dem�s fincas. - Recurso contencioso-administrativo. - Los actos de las Entidades Locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la v�a administrativa son recurribles directamente.
- Los actos de aprobaci�n definitiva de los instrumentos de ordenaci�n territorial y de los de ordenaci�n y ejecuci�n urban�sticas, ser�n impugnables, en los t�rminos prevenidos por su legislaci�n reguladora.
Este cap�tulo ha sido objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al Reglamento para la ejecuci�n de la Ley Hipotecaria sobre inscripci�n en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urban�stica. - Actos inscribibles:
- Los expedientes de ejecuci�n de la ordenaci�n urban�stica que afecten a fincas registrales. Por inscripci�n.
- Las cesiones de terrenos con car�cter obligatorio. Por inscripci�n.
- Expedientes sobre disciplina urban�stica. Por anotaci�n de cuatro a�os.
- Las condiciones especiales de aprobaciones o autorizaciones. Nota marginal de publicidad en principio indefinida.
- Transferencia y gravamen del aprovechamiento urban�stico. Nota marginal en principio indefinida. No parece de publicidad a pesar del art. 53.
- Recursos contencioso-administrativos para anular instrumentos de ordenaci�n urban�stica, de ejecuci�n, o actos administrativos de intervenci�n. Por anotaci�n de cuatro a�os.
- Las Sentencias firmes cuando se concreten a fincas determinadas. Por inscripci�n.
- Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de ordenaci�n o ejecuci�n urban�sticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripci�n de �stas. El art. 53 parece apuntar a la nota marginal, pero a veces puede proceder otro asiento.
- Certificaci�n administrativa. El t�tulo normal para inscribir ser� una certificaci�n administrativa expedida por �rgano urban�stico actuante con los requisitos exigidos por la legislaci�n hipotecaria.
- Expedientes de distribuci�n de beneficios y cargas. - Su iniciaci�n o la afecci�n de los terrenos comprendidos en una actuaci�n de transformaci�n urban�stica al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma de gesti�n que proceda, se har�n constar por nota al margen de la �ltima inscripci�n de dominio que durar� tres a�os, prorrogable por otros tres. - La inscripci�n de los t�tulos podr� llevarse a cabo, bien mediante la cancelaci�n directa de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas resultantes, o bien mediante agrupaci�n instrumental previa y su divisi�n para formar las fincas resultantes. - A favor de qui�n:
a) A favor del titular registral originario si coincide con el adjudicatario. b) Si el t�tulo atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca originaria al tiempo de emitir la certificaci�n, la inscripci�n se practicar� a favor de dicho titular y se cancelar�n los asientos posteriores, previ�ndose el procedimiento para regularizar su situaci�n. - Privilegios del t�tulo: Ser� suficiente para la modificaci�n de entidades hipotecarias, rectificaci�n de descripciones registrales, inmatriculaci�n de fincas o de excesos de cabida, reanudaci�n del tracto sucesivo, y para la cancelaci�n de derechos reales incompatibles. Suelos forestales incendiados. D Ad. 6�.
- Suelo rural. Los terrenos forestales incendiados se mantendr�n en la situaci�n de suelo rural a los efectos de esta Ley y estar�n destinados al uso forestal, al menos durante 30 a�os con
- Nota marginal. La Administraci�n forestal deber� comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia, practic�ndose una nota marginal que tendr� la duraci�n referida. Ser� t�tulo para la inscripci�n la certificaci�n emitida por la Administraci�n forestal, que contendr� los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se presentar� acompa�ada del plano topogr�fico de los terrenos forestales incendiados, a escala apropiada, el cual se archivar�, pudiendo aportarse copia en soporte magn�tico u �ptico. V Enajenaciones por Ayuntamientos (D Ad. 9�). Son competencia del Pleno las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, las permutas de bienes inmuebles. Se modifica en tal sentido el art. 22.2 de la
Ley de Bases del R�gimen Local. Sin embargo, esta letra �o�del art�culo 22.2
desaparece en el Texto Refundido.
V Actos promovidos por la Administraci�n General del Estado (D Ad. 10�). Determina el procedimiento cuando esta Administraci�n, o sus Organismos P�blicos, promuevan actos sujetos a intervenci�n municipal previa y haya razones de urgencia. V Edificaciones existentes. (D Tr. 5�). Las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de conformidad con la ordenaci�n urban�stica aplicable o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urban�stica que impliquen su demolici�n, se entender�n incorporadas al patrimonio de su titular. Derogaciones. La Ley del Suelo de 2007 derog� la Ley 6/1998, de 13 de abril, de R�gimen del Suelo y Valoraciones; diversos art�culos del Texto Refundido de la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y los art�culos 38 y 39 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa. Disposiciones Finales. - Definen en funci�n de que competencias reservadas se dictan diversos preceptos
- Salvan los reg�menes civiles, forales o especiales.
V - Se autoriza al Gobierno para el desarrollo de este Texto Refundido. (JFME)
PDF (2008/10792; 23 p�gs. - 167 KB.) RES�MENES DE NORMAS
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References: Real Decreto 
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