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Timestamp: 2019-08-24 00:44:01+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 26
ENMIENDA A LEY SOBRE EVALUACIÓN DOCENTE
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE GOBIERNOS REGIONALES
REGULACIÓN DE PESO MÁXIMO DE CARGA PARA SERES HUMANOS
MODIFICACIÓN A SISTEMA PREVISIONAL DE FUERZAS ARMADAS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CHADWICK, ESPINA, LARRAÍN,VIERA-GALLO Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), POR MEDIO DE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PRIVILEGIOS PARLAMENTARIOS (3783-07)
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES , MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA DICTACIÓN DE DECRETOS CON FUERZA DE LEY QUE ESTABLEZCAN PLAZOS A PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN LA LEY Nº 19.880 (S 776-12)
Sesión 26ª, en martes 11 de enero de 2005
(De 16:18 a 18:16)PRESIDENCIA DEL SEÑOR HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.961, sobre evaluación docente (3780-04) (se aprueba en general y particular)..................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a estructura y funciones de gobiernos regionales (3203-06) (se aprueba en particular)...............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica Estatuto Docente para establecer concursabilidad de cargos de directores de establecimientos educacionales municipales (3623-04) (se aprueba en general y particular)................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.366, para despenalizar la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas destinadas a uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo (3269-07) (queda pendiente su discusión general).............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula peso máximo de carga humana (3242-13) (se aprueba en general y particular).......................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica sistema previsional aplicable a personal de instituciones de las Fuerza Armadas (3397-02) (queda para segunda discusión)............................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.216, con el objeto de agravar penas para delincuentes reincidentes (3585-07) (se posterga su discusión)...........................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que tipifica conducta de maltrato o crueldad con los animales (3327-12) (queda para segunda discusión).......................
Concurrieron, además, el señor Ministro de Educación , la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y el señor abogado el Ministerio del Interior.
--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 21 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, y 25ª, extraordinaria, en 4, 5 y 6 de enero del año en curso, respectivamente, se encuentran en secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.961, sobre Evaluación Docente (Boletín Nº 3.780-04).
Con los dos siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", acerca de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 18.502 en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos (Boletín Nº 2.701-15).
2) El que establece normas para el mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Boletín Nº 3.630-10).
Con los dos primeros informa que ha otorgado su aprobación a los siguientes proyectos:
1) El que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.763-05).
--Por acuerdo de Comités, pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Hacienda, unidas.
2) El que modifica la ley Nº 19.961, sobre Evaluación Docente, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.780-04).
Como se informará en breves minutos más, los Comités acordaron respecto de este proyecto, que viene a corregir un error de hecho que se produjo en dicha normativa, eximirlo del trámite de Comisión y tratarlo como si fuera de Fácil Despacho en el primer lugar de la tabla de la sesión de hoy.
--Se exime del trámite de Comisión.
Con el tercero comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.175 en materia de transparencia en la administración privada de las quiebras, fortalecimiento de la labor de los síndicos y de la Superintendencia de Quiebras (Boletín Nº 3.180-03).
Del señor Ministro del Interior , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la protección del medio ambiente en los proyectos de electrificación rural.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, sobre la instalación de una antena de telefonía móvil en la comuna de Palmilla.
Del señor Presidente del Excelentísimo Tribunal Constitucional , por medio del cual comunica que el 10 de marzo de 2005 cesará en su cargo de Ministro el señor Eugenio Valenzuela Somarriva, por haber cumplido el período de ocho años para el cual fue elegido por el Senado.
Añade que efectúa tal comunicación para los efectos de lo preceptuado en la letra d) del inciso primero del artículo 81 de la Constitución Política de la República y en el inciso tercero de la misma disposición.
El señor LARRAÍN ( Presidente ). Debo informar que, además del señor Valenzuela, cesan en sus cargos de Ministros del referido Tribunal dos miembros designados por el Consejo de Seguridad Nacional y uno por la Excelentísima Corte Suprema, los que deberán ser nombrados antes del 11 de marzo de 2005.
De los señores Presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mediante la cual solicitan precisar el acuerdo de la Sala respecto del proyecto que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (Boletín Nº 3.223-04), en el sentido de que, habiendo sido ya informado por la Comisión de Educación corresponde que ahora lo sea por la de Hacienda, acerca de las normas de su competencia, y por las Comisiones unidas, pero sólo en cuanto a las indicaciones presentadas en los dos plazos anteriores abiertos al efecto y que no alcanzaron a ser conocidas por la Comisión de Educación en su segundo informe.
Con ello se vienen a esclarecer las dudas que se plantearon en un debate anterior.
De los Senadores señores Chadwick, Espina, Larraín, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés), por medio de la cual inician un proyecto de reforma constitucional sobre privilegios parlamentarios (Boletín Nº 3.783-07).
A continuación, el señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Despachar en esta sesión el proyecto relativo a la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales, fijando plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes, a las 12.
2.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto sobre evaluación docente, del que recién se dio cuenta, eximiéndolo del trámite de Comisión.
3.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que moderniza el servicio militar obligatorio y al que regulariza la situación de ocupaciones irregulares en el borde costero, hasta el próximo lunes, a las 12.
4.- Suprimir la hora de Incidentes de las sesiones ordinarias de hoy y de mañana a fin ocuparse en asuntos de la tabla.
5.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión de mañana las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por la señora Carmen Gloria Álvarez Burgos y por el señor Juan Witaler Jara Navarrete, y el proyecto de acuerdo relativo al "Convenio de Cooperación en materia de Cultura, Educación y Ciencia entre Ucrania y Chile".
6.- Alterar la tabla de la sesión de mañana para colocar, a continuación de los asuntos con urgencia, el proyecto que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar y el que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.216 a fin de agravar las penas para los delincuentes reincidentes.
7.- Pasar el proyecto sobre prórroga de vigencia de los avalúos de bienes raíces no agrícolas a las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas.
8.- Que la iniciativa que modifica la Ley de Quiebras en lo atinente a convenios concursales sea informada en general sólo por la Comisión de Economía, y en particular, por ésta y por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.
9.- Autorizar a la Comisión de Agricultura para refundir los proyectos sobre abigeato (uno de ellos, iniciado en moción de diversos señores Senadores y, en consecuencia, en primer trámite constitucional, y el otro, proveniente de la Cámara de Diputados) y tratarlos en general y particular en su primer informe.
En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.961, sobre Evaluación Docente, con urgencia calificada de "suma".
El cuerpo legal que se busca enmendar contiene un error de hecho que queremos resolver sobre tabla, por la simplicidad de la iniciativa.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3780-04) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El proyecto sólo tiene por objeto corregir una referencia en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.961, sobre Evaluación Docente.
Dicho precepto actualmente dice: "Lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 1º de esta ley, regirá a contar del 1º de enero del año 2006". Y, de aprobarse la proposición, éste quedaría: "Lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 1º de esta ley, regirá a contar del 1º de enero del año 2006".
La iniciativa se explica por sí misma. Hubo un error en el artículo 1º transitorio, pues en él se hace referencia a las letras "b) y c)", en lugar de "c) y d)". Creo que sobre esta materia no queda otra cosa que corregir el error.
... está de acuerdo, y eso es lo más importante para que podamos resolver bien.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (23 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron los señores Boeninger, Canessa, Cariola, Chadwick, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Moreno, Muñoz, Naranjo, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange y Zurita.
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.
Sesiones 8ª, en 6 de julio de 2004 (se aprueba en general); 24ª, en 5 de enero de 2005 y 25ª en 6 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión particular)
Esta iniciativa, cuya discusión particular quedó pendiente, ha sido largamente debatida.
Si mal no recuerdo, a solicitud de algunos señores Senadores, quedaron postergadas para hoy la discusión y votación de un par de normas.
En la última sesión quedó pendiente el debate sobre el artículo 33 propuesto por la Comisión de Gobierno, cuyo texto final figura en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
La referida norma fue aprobada en dicho órgano técnico con los votos favorables de los Senadores señores Bombal y Cantero y la abstención del Honorable señor Stange .
Antes de ofrecer la palabra, solicito autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano, y sus asesores, señores Eduardo Pérez y Nemesio Arancibia.
Debo hacer presente que una de las razones por las cuales se postergó el debate de esta disposición es el hecho de que se trata de una norma de quórum de ley orgánica constitucional. De manera que ojalá pudiéramos contar con la presencia de todos los señores Senadores.
Además, se solicitó dividir la votación. Por lo tanto, de acuerdo a lo convenido, se votará el artículo 33 propuesto por la Comisión y después nos pronunciaremos sobre cada uno de los incisos respecto de los cuales se ha pedido votación separada.
En discusión el número 9 del texto de la Comisión de Gobierno, que propone reemplazar el artículo 33.
Resultado de la votación: 24 votos a favor y 4 en contra.
No se reunió el quórum constitucional requerido.
¿De cuánto es el quórum?
De 26 señores Senadores.
Acaban de llegar dos más.
¿Habría acuerdo unánime para repetir la votación del Nº 9, que propone reemplazar por otro el artículo 33 de la ley Nº 19.175?
Señor Presidente , ¿qué se va a someter a votación?
El número 9, que reemplaza el artículo 33 de la ley Nº 19.175. Si se aprueba con el quórum constitucional exigido, después procederemos a las dos votaciones separadas que se solicitaron. Ello, porque algunos señores Senadores están de acuerdo con esta norma excluyendo la frase "y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales", y otros, eliminando lo atinente a los cargos a contrata...
Perdón, yo entendí que se iba a votar el número 9 que propone la Comisión de Gobierno.
Eso se va a votar.
Si se rechazara, tendríamos que pronunciarnos sobre el texto propuesto por la Cámara de Diputados.
De todas maneras, con el número 7) incluido, porque fue aprobado en general.
Entonces, quienes deseamos aprobar la disposición de la Cámara Baja más el número 7) debemos votar en contra de lo que propone la Comisión de Gobierno.
En efecto, si ésa es su voluntad, señor Senador.
Me parece que hay cierta confusión en las filas, por lo menos en las de la Concertación.
En el hecho, si se aprueba el artículo 33 y se excluyen las dos frases pendientes, la norma quedará prácticamente igual a lo que Su Señoría planteó.
¿Está clara la votación?
Señor Presidente , estamos todos de acuerdo en que el cargo de consejero regional sea incompatible con el de alcalde y con el de concejal. Y eso puede lograrse por dos vías: votando a favor del artículo 33, y luego, en contra de las proposiciones que el señor Presidente someterá a votación o rechazando lo planteado en la columna de la derecha del comparado y aprobando lo que figura en la del centro.
Entonces, pongámonos de acuerdo. Porque si todos queremos lo mismo pero votamos distinto, podría ocurrir que no hubiera quórum para nada.
Efectivamente, ése es el riesgo. Pero yo supongo que si no se aprueba lo primero se aprobará lo segundo, porque las diferencias entre una posición y otra son mínimas. De manera que es factible seguir cualquiera de los dos caminos. Sin embargo, reglamentariamente, debemos votar en primer término lo que propone la Comisión de Gobierno.
Por consiguiente, primero se someterá a votación el Nº 9 propuesto por esa Comisión. Si se aprueba con el quórum requerido, votaremos separadamente las dos frases pendientes; si no, tendremos que pronunciarnos sobre el texto original.
Señor Presidente , el camino más corto para obtener el fin común que se persigue es votar que no en la primera votación y que sí en la próxima. Es tan simple como eso.
--Se rechaza el Nº 9 que propone la Comisión de Gobierno, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (17 votos a favor y 13 en contra).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, Horvath, Larraín, Matthei, Parra, Prokurica, Stange, Vega y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Canessa, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Pizarro, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Adolfo).
En consecuencia, corresponde discutir el artículo 33 que propone la Cámara de Diputados -fue aprobado en general y tiene quórum de ley orgánica constitucional-, que reemplaza en la norma vigente la expresión "con el de concejal" por "con los de alcalde y de concejal".
--Se aprueba el Nº 7) propuesto por la Cámara de Diputados (29 votos a favor, 1 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Orpis.
Se abstuvo el señor Foxley.
En seguida, con respecto a las causales de cesación en el cargo de los consejeros regionales, está el número 11, que la Comisión de Gobierno acordó suprimir por mayoría, con los votos conformes de los Senadores señores Bombal y Cantero y la abstención del Honorable señor Stange .
Como en la sesión anterior fue rechazada la supresión, habría que votar nuevamente el número 11, que agrega una letra f), nueva, porque ésta es norma orgánica constitucional.
¿Eso no se votó?
No, señor Presidente. Está pendiente.
Recuerdo a la Sala que dicha letra agrega respecto de los consejeros regionales una causal de cesación en el cargo existente en el caso de los parlamentarios: la de actuar como agente en gestiones particulares de carácter administrativo.
Recuerdo a Sus Señorías que ya hicimos la discusión. Había una proposición de la Comisión para suprimir la letra f), es decir, para que los consejeros regionales no tuvieran esa causal.
La votación de la supresión era de quórum simple. La votación para mantener la norma aprobada por la Cámara de Diputados es de quórum orgánico constitucional, y eso es lo que someto a votación.
Los señores Senadores que estén por mantener la referida causal deben votar que sí. Los que no quieren que se mantenga, que no.
Si usted desea mantener dicha causal, señor Senador, tiene que votar que sí a la norma de la Cámara de Diputados, para que los consejeros regionales no puedan actuar como agente, etcétera.
¿Es de quórum especial?
Sí, Su Señoría: es de quórum especial.
Resultado de la votación: por rechazar la letra f), 2 votos; por acoger la disposición de la Cámara de Diputados, ya aprobada en general, 31 votos.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Valdés, Vega y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Viera-Gallo y Zurita.
En consecuencia, se mantiene la causal establecida en la letra f) que se agrega al artículo 40 de la ley Nº 19.175 a los efectos de impedir al consejero regional "Actuar como agente en gestiones particulares de carácter administrativo", etcétera.
Por lo tanto, el proyecto queda despachado en general y en particular.
Corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto Docente para establecer la concursabilidad de los cargos de directores de establecimientos educacionales municipales, con nuevo primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sesiones 24ª, en 31 de agosto de 2004 (vuelve a Comisión para nuevo primer informe); 20ª, en 14 de diciembre de 2004 (se suspende su discusión).
La relación del nuevo primer informe recaído en este proyecto se efectuó en la sesión de 14 de diciembre del año próximo pasado.
Sin embargo, cabe recordar:
1.- Que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó en general la iniciativa por tres votos a favor (Honorables señores Moreno, Muñoz Barra y Ruiz-Esquide) y dos en contra (Senadores señores Arancibia y Vega).
2.- Que la referida Comisión, tanto en su primer informe como en el nuevo primer informe, modificó el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados. Las enmiendas al artículo 37 transitorio fueron acordadas por mayoría y la modificación al artículo 38 transitorio contó con el voto unánime de los integrantes de dicho organismo.
3.- Que la Comisión informante, por tres votos a favor y dos en contra, acordó que el proyecto no tiene el carácter de norma orgánica constitucional.
Antes de ofrecer la palabra, quiero recordar que la discusión general de esta iniciativa se halla pendiente y que en la sesión respectiva quedaron inscritos para intervenir los Senadores señores Arancibia, Zaldívar (don Andrés), Boeninger, Cordero, Parra, Horvath, Coloma, García y Moreno.
Por la situación suscitada en esa oportunidad, dicho debate se suspendió, con el ánimo de materializar algún acuerdo, al que se había llegado en lo fundamental, lo cual podría producir cambios en el listado de oradores pendiente.
¿Para referirse al mismo asunto?
Señor Presidente , creo que tal acuerdo podría permitirnos votar el proyecto en general y en particular, por las siguientes razones.
Efectivamente, hubo un acuerdo entre los Senadores de los diferentes sectores políticos en el sentido de que los plazos comiencen, en vez del año 2005, el 2006.
Además, la inquietud planteada por un señor Senador sobre la confusión existente en cuanto a si los directores que perdían los concursos podrían ser contratados con 44 horas siempre que hubiere disponibilidad en las respectivas comunas, se aclaró en el sentido de que la situación no es así, pues quien no gane el concurso deberá ser contratado, obligatoriamente, si él lo quiere, con 44 horas. Y ello se dice de la siguiente manera: los directores que "no postulen al cargo o que haciéndolo no sean elegidos por un nuevo período de cinco años, tendrán derecho a ser designados o contratados hasta cumplir la edad de jubilación en alguna de las funciones a que se refiere artículo 5º de esta ley,", etcétera -o sea, funciones docente-directivas, además de técnico-pedagógicas de apoyo- "con igual número de horas a las que servían como director, sin necesidad de concursar, o a percibir la indemnización establecida..."; incluso, eso se hizo extensivo a los jefes de los departamentos de administración de educación municipal, DAEM.
Y también se agregó, de acuerdo a lo solicitado por algunos señores Senadores, que "aquellos directores a quienes les falte para cumplir la edad de jubilación el tiempo equivalente a la duración de un período como director, o un plazo menor, tendrán derecho a mantener su designación o contrato en la dotación docente con la misma remuneración, hasta cumplir la edad de jubilación. En todo caso, se entenderá que cesarán como directores por el solo ministerio de la ley, al momento de verificarse los concursos a que se refiere el inciso anterior, según corresponda.".
Señor Presidente , ése es un acuerdo entre diferentes Senadores integrantes de la Comisión de Educación, el cual -entiendo- también fue conversado con colegas de los respectivos partidos políticos.
Por eso, pido aprobar en general el proyecto y, además, las modificaciones que acabo de señalar.
Antes de seguir ofreciendo la palabra sobre el tema de fondo, debo hacer presente que la proposición del Honorable señor Muñoz Barra puede alterar el debate, y, en caso de acogerse, zanjarlo en el sentido de permitir la votación en general y, luego, en particular respecto de las normas consensuadas.
Señor Presidente, este proyecto no ha sido fácil ni en su debate ni, menos, en la concordancia de las disposiciones que...
Quiero reclamar a la Mesa por los teléfonos celulares que se hallan encendidos, pues su sonido dificulta que nos entendamos.
Existen normas que señalan que dichos aparatos deben estar apagados.
Entiendo que hay al respecto una disposición reglamentaria expresa.
Así que pido a quienes tienen encendido su celular acatar dicha norma.
¡"Sonó" el celular del Diputado señor Aguiló...!
Puede proseguir, Honorable señor Romero.
Señor Presidente , yo no tengo inconveniente en proceder como lo señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en la medida en que explicitemos nítidamente los objetivos tenidos en vista para concordar esta iniciativa.
Aquí hay dos o tres puntos que, a mi juicio, debemos dejar muy claros.
El primero de ellos dice relación a la trayectoria de los directores de establecimientos educacionales municipales. En la gran mayoría de los casos, ella ha sido de abnegación, de dedicación, de trabajo arduo, no siempre compensado con un reconocimiento a la labor de los directores, quienes, en la práctica, han debido administrar estas unidades educacionales sin contar con los elementos indispensables, ni menos con la posibilidad de armar sus propios equipos.
Ése es uno de los primeros puntos que surgen en el debate. Y el señor Ministro de Educación -considero muy importante que deje constancia de ello en la Versión Taquigráfica de esta sesión- concordó con nosotros en que se debe hacer a esa trayectoria un reconocimiento mediante una evaluación de hecho -así la llamaría yo- en el sentido de que los referidos directores debieran formar parte por derecho propio de la quina y de que, al mismo tiempo, las unidades técnico-docentes, que no son sujetos de evaluación, pudieran serlo en un texto próximo -y ése es el compromiso del señor Ministro -, con el añadido de que, dentro del espíritu de lo concordado, hay que formar un gran equipo a cargo de ellas, sometido a las mismas disposiciones.
En ese aspecto, si el señor Ministro así lo declarara en la Sala, nosotros, haciendo absoluta fe -él fue un Senador muy destacado-, no tendríamos ninguna objeción para, con el compromiso de que las unidades técnico-docentes puedan ser evaluadas en el futuro y sean sujetos de concurso, al igual que los directores, seguir adelante en esta materia.
Me pidió una interrupción el Honorable señor Muñoz Barra , que concedo, con la venia de la Mesa.
Sólo deseo agregar, señor Presidente , algo que no señalé en mi intervención anterior. Los directores que concursen bajo las normas de la ley en proyecto entrarán por derecho propio a la quina que se conformará para los efectos del concurso. Me refiero a los con 20 años en el cargo, o un poco más, o un poco menos.
Recupera la palabra el Honorable señor Romero.
Eso, señor Presidente , es un reconocimiento claro y específico a la trayectoria de los directores, porque la verdad es que aquí, desgraciadamente, se puso en duda y se afectó su dignidad.
En ese entendido, y teniendo presente además que los concursos se iniciarán el año 2006, para continuar, sucesivamente, el 2007 y el 2008, nosotros no tendríamos inconveniente en prestar nuestra aprobación a la iniciativa, pues siempre hemos estado de acuerdo con la evaluación y la concursabilidad, sin admitir excepción alguna. Entendemos la evaluación como un reconocimiento a la trayectoria de los directores, para permitirles que se incorporen por derecho propio a la quina correspondiente. Y en cuanto a la concursabilidad, se llevará a cabo los años 2006, 2007 y 2008, tal como propone la indicación del Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación .
Señor Presidente , los planteamientos tanto del Senador señor Muñoz Barra como del Honorable señor Romero expresan la posibilidad de resolver hoy esta cuestión, tan esencial para el mejoramiento de la calidad de la educación pública.
Si la Sala diera su asentimiento -es lo que solicitamos, respaldando lo planteado por Sus Señorías-, el proyecto podría despacharse tanto en general como en particular. Están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido. Y, sobre ello, me permitiré señalar lo siguiente.
La indicación del Ejecutivo, ingresada hoy con la autorización de los Comités y de la Sala -está en poder de los señores Senadores-, es del tenor que voy a precisar.
Aún no la tenemos.
Si no ha sido distribuida todavía, pido a la Mesa que la haga llegar a cada uno de los señores Senadores.
Ya se está repartiendo, señor Ministro .
La indicación plantea lo siguiente. El artículo 32, sobre concursabilidad de los directores y de carácter permanente, fue aprobado por el Senado y por la Cámara, y más tarde, objeto de requerimiento al Tribunal Constitucional, el cual resolvió que no correspondía a las ideas matrices de la ley de jornada escolar completa. Esta resolución tuvo lugar una vez iniciado la discusión en la Sala acerca de la nueva redacción propuesta por el Gobierno para los artículos transitorios 37 y 38, referentes a la situación de quienes no habían concursado.
Para resolver este impasse, la indicación incorpora nuevamente el artículo 32 permanente -esta vez en un proyecto de ley cuya idea matriz es la concursabilidad, con lo cual se subsana la observación del Tribunal Constitucional-, en los mismos términos, sin una coma más o una coma menos, respecto de la normativa permanente sobre concursabilidad acordada por ambas Cámaras.
Por otra parte, en lo relativo a los artículos transitorios 37 y 38, relacionados con los directores no sujetos a concursabilidad, que es el objeto principal del proyecto en estudio, también se ha arribado a algunas modificaciones.
Sobre el particular, la indicación agrega dos elementos fundamentales. El primero consiste en postergar en un año el inicio del proceso -o sea, al 2006- y continuar, gradualmente, el 2007 y el 2008, según el tiempo que los directores lleven en sus cargos. En segundo lugar, como ya expresaron los señores Senadores que me antecedieron, se establece un reconocimiento -lo hago explícitamente aquí- a los directores que han permanecido en sus puestos durante un lapso prolongado, por su contribución a la educación chilena. Su experiencia y sus años de servicio son una manifestación de reconocimiento que el proyecto pondera de la siguiente manera. Se entiende que la primera fase del concurso, que es de evaluación, la aprueban con buena calificación, entrando por derecho propio, los que deseen concursar, a la quina correspondiente, tal como ocurre cuando se elige a los miembros de la Corte Suprema.
Pienso que esta indicación da pie para un acuerdo amplio en esta Sala y se suma a las otras dos que incorporamos en el curso de los últimos meses, fruto también de la discusión en este Hemiciclo. Una extiende el beneficio de la permanencia a los directores de educación municipal, y la otra incorpora el beneficio de la permanencia a los directores que no concursen o que, concursando, no resulten elegidos, quienes tienen la opción -ellos deben escoger- entre quedarse en otros cargos directivos, con el mismo número de horas que ahora sirven, y ser indemnizados. Antes esa opción era entregada al alcalde ; ahora corresponde al director. Además, y en virtud de una norma anterior, a los directores a los cuales les resten 5 o menos años para jubilar y no concursen o que, concursando, no resulten elegidos, se les mantiene la remuneración hasta la fecha de su jubilación.
Con estas indicaciones, la protección a tales profesionales queda absolutamente garantizada, tanto si deciden no concursar como si optan por hacerlo, caso en el cual se les reconoce una evaluación positiva, fuera de que el proceso se iniciará a partir de 2006.
Junto con lo anterior, quiero dejar en claro mi compromiso de estudiar la forma de sincronizar los concursos del personal técnico -se trate de los llamados UTP (Unidad Técnico-Pedagógica), inspectores generales o subdirectores-, para que vayan de la mano con las modificaciones y concursabilidades que se efectúen en la planta directiva del establecimiento, a fin de lograr mayor flexibilidad en la gestión y más armonía en el equipo que la realiza y propender a un mejoramiento de la calidad de la educación.
Con lo dicho, señor Presidente, me atrevo a recabar la aprobación del proyecto tanto en general como en particular.
¿Habría asentimiento para proceder en la forma solicitada por el señor Ministro y dos señores Senadores.?
¿Honorable señor Arancibia?
Yo quiero intervenir después de que se resuelva ese punto, señor Presidente.
Sí. Primero hay que pronunciarse sobre...
Pidió la palabra con antelación el Honorable señor Vega.
Señor Presidente , quiero preguntar a la Mesa si es posible poner en votación el proyecto.
Aún quedan varios Senadores inscritos para intervenir, y alguno podría oponerse. Por eso estoy consultando.
Señor Presidente , sólo deseo que se precise una afirmación del Senador señor Muñoz Barra .
Lo que vamos a votar aquí es el proyecto de ley correspondiente al oficio Nº 5074. Pero la indicación del Ejecutivo , que modifica el Estatuto Docente, en el inciso final del artículo 1°, comienza diciendo: "El Director que no vuelva a postular o que haciéndolo pierda el concurso, seguirá desempeñándose, en el caso de existir disponibilidad en la dotación docente...". Y ésa es la interrogante que me hacía esta mañana: cómo juega esta indicación dentro de la ley.
Creo que la respuesta a la inquietud de Su Señoría es muy importante.
La indicación del Ejecutivo establece la obligatoriedad de contratar a quien, siendo director o jefe de DAEM , no postula o postula y no gana el concurso. Esta persona tiene automáticamente derecho a ser recontratada por el mismo número de horas que sirve en la actualidad. Y, quedando garantizado ese derecho, se salva una inquietud planteada por muchos señores Senadores, pues se consideraba un cambio muy injusto respecto de profesionales con una especie de derecho adquirido por muchos años sobre un cargo de duración indefinida. De manera que la preocupación del Honorable señor Vega queda resuelta si aprobamos en general el proyecto y luego, en particular, la indicación del Gobierno.
Señor Presidente , estoy inscrito para intervenir, pero, dado el acuerdo alcanzado, no tengo ningún inconveniente en renunciar al uso de la palabra. Sólo deseo, cuando corresponda, fundar muy brevemente el voto.
Entonces, que se elimine mi nombre de la lista de inscritos, y a lo mejor alcanzamos unanimidad en esta materia.
¿Habría asentimiento de la Sala para votar en general el proyecto, pudiendo inscribirse quienes deseen fundamentar su pronunciamiento?
¿Me permite una pregunta, señor Presidente?
Estoy pidiendo la autorización de la Sala para votar en general el proyecto, en el entendido de que luego lo despacharíamos en particular. Decidir sobre la idea matriz sólo tiene sentido en la medida en que seguidamente resolvamos las diversas indicaciones presentadas.
Señor Presidente , los Comités acordaron votar ahora en general el proyecto y analizarlo en particular con mayor detención. Lo que la Mesa propone no me cuadra.
Efectivamente, ésa fue la resolución de los Comités. Por eso se solicita la unanimidad de la Sala para modificarla.
Señor Presidente , mi inquietud es similar a la del Honorable señor Vega , en el sentido de que en el documento que me acaban de entregar -al parecer, recién viene saliendo de la imprenta- no queda claro lo relativo al contrato automático para el director, pues de alguna manera lo vincula con la disponibilidad de la dotación. Y al final del último inciso del artículo 32 se propone que "Si lo anterior, dada la dotación docente, no fuese posible, tendrá derecho a los beneficios establecidos en el inciso tercero del artículo 73 de esta ley.".
No tengo claro quién paga esto. Es una duda que me gustaría despejar. Es decir, a municipalidades sin capacidad económica por ley se les obliga a recontratar o a indemnizar. Pero ¿quién paga?
Señor Ministro , diversos señores Senadores desean saber el alcance exacto de la indicación del Ejecutivo.
En el caso de los directores y de los jefes de departamentos de administración de educación municipal que no postulen o que haciéndolo pierdan el concurso, se había entendido que el acuerdo les garantizaba el derecho automático a ser recontratados en establecimientos de la comuna y por las mismas horas que antes servían. Sin embargo, de la lectura de la indicación se desprende cierto grado de incertidumbre, pues se lo condiciona a la "disponibilidad en la dotación docente," -y, por lo tanto, no es un derecho automático- "en algunas de las funciones a que se refiere el artículo 5º". Y agrega: "Si lo anterior, dada la dotación docente, no fuese posible, tendrá derecho a los beneficios establecidos en el inciso tercero del artículo 73 de esta ley.". Esta última referencia, si mi memoria no me falla, corresponde a una indemnización.
Señor Presidente , con la indicación propuesta se distingue la norma general, vigente para quienes ya han concursado, y lo planteado en el artículo 1º, que expresa: "Sustitúyese en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación, de 1996, el artículo 32 por el siguiente". Éste rige para todos aquellos a los que es aplicable la ley sobre concursabilidad. Es decir, para quienes ya concursaron y pueden seguir haciéndolo.
La norma leída permite optar por la recontratación en la medida en que haya disponibilidad en la planta, y tiene validez para los que ya están desempeñándose en algún cargo. Sin embargo, los artículos 37 y 38 transitorios de la indicación se refieren a los directores que nunca han concursado, que lo harán por primera vez y que motivaron esta discusión. A ellos se les da un trato especial: se los protege garantizándoles permanencia respecto al número de horas o a la renta, siempre que les falten, más o menos, cinco años para jubilar.
Por lo tanto, la norma vigente, que se aplica a las personas que ya concursaron, es la misma que ahora reponemos y perfeccionamos en los artículos transitorios 37, 38 y 39, los cuales dan las garantías que mencioné y que se aprobaron en las discusiones previas.
Señor Ministro , de su exposición se desprende que el artículo 32 se refiere a una situación permanente; por ende, no afecta a aquellos que perderían su derecho por ser directores o jefes de DAEM con duración indefinida
Sin embargo, las disposiciones transitorias no especifican lo que usted plantea. Sería bueno que diera a conocer la norma que permitiría a los jefes de DAEM o a los directores de establecimientos educacionales con derecho a duración indefinida, en el caso de que no concursen o que haciéndolo pierdan, ser automáticamente recontratados.
La disposición a que aludo se encuentra en el boletín comparado, encabezado con el epígrafe "Proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente, estableciendo la concursabilidad de directores de establecimientos educacionales municipales", que Sus Señorías tienen en sus manos.
En la columna del "Texto del nuevo primer informe" figura el artículo 38 transitorio, que incorpora tales elementos. No están en la indicación del Ejecutivo , porque ya habían sido puestos en conocimiento de la Sala.
La referida norma señala: "Los directores a que se refiere el artículo anterior," -o sea, los que no han concursado- "que no postulen al cargo o que haciéndolo no sean elegidos por un nuevo período de cinco años, tendrán derecho a ser designados o contratados hasta cumplir la edad de jubilación en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5º de esta ley," (disposición que empieza diciendo: "Son funciones de los profesionales de la educación la docente y la docente-directiva, además de las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo.") "en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, con igual número de horas a las que servían como director, sin necesidad de concursar, o podrán optar a la indemnización establecida en el inciso final del artículo 32.". Esta modificación es muy importante, porque quien opta es el director, no el alcalde. Y se agrega: "Dicho cargo se suprimirá en la dotación docente cuando se cumpla el requisito de edad de jubilación antes señalado.".
El inciso segundo del mismo precepto establece un conjunto de derechos, no considerados hasta ahora, para los jefes de departamentos de administración de educación municipal.
Y su inciso final, también aprobado en el nuevo primer informe, expresa: "Sin embargo, aquellos directores a quienes les falte para cumplir la edad de jubilación el tiempo equivalente a la duración de un período como director," -cinco años- "o un plazo menor, tendrán derecho a mantener su designación o contrato en la dotación docente con la misma remuneración". O sea, ya no se trata de horas, sino de rentas.
En consecuencia, estamos en presencia de una norma general repuesta en la indicación del Ejecutivo. Ello, porque cuando se aprobó el nuevo primer informe el Tribunal Constitucional no había resuelto que el artículo 32 no se ajustaba a las ideas matrices del proyecto. Por eso se incorpora ahora; pero es la misma ya aprobada para los artículos permanentes.
Respecto de los artículos transitorios -esto es, el 37 y el 38-, hay dos sets de modificaciones: el primero aparece en el comparado y fue objeto del nuevo informe; el segundo corresponde a las indicaciones que presenta ahora el Ejecutivo.
Creo que esa explicación permite que las indicaciones que se formulan alteran el régimen permanente del artículo 32 respecto de los concursos, al establecer diversos derechos.
Las proposiciones siguientes cambian parte del texto del nuevo primer informe de la Comisión, que ya había incorporado y resuelto el problema de la indemnización automática de los directores o jefes de DAEM, en los términos señalados, de manera tal que ese derecho queda garantizado. Lo que se altera básicamente es lo relativo a los plazos, difiriéndolos un año, por las razones indicadas.
Señor Presidente, ahora me queda aclarada la duda que planteamos; me parece que se ha explicitado el punto.
Lo que todavía queda por despejar es quién paga.
Soy Senador por esta Región, una de cuyas ciudades importantes es Valparaíso, donde la Corporación Municipal de Educación presenta un déficit gigantesco. Entonces, imponer una carga adicional por ley, lo cual parece fácil en el Hemiciclo, en la práctica dificulta que después se pueda cumplir con todo esto; es casi una misión imposible.
Por cierto, se subentiende que la municipalidad se hará cargo de las indemnizaciones o de las nuevas contrataciones.
La pregunta es válida; pero, a mi juicio, la respuesta también es clara.
Señor Presidente , quiero referirme a la inquietud planteada por el Senador señor Arancibia .
Cuando discutimos esta materia por primera vez y hubo que pronunciarse, expresamente planteé el punto y manifesté que el Ejecutivo debía precisar de dónde provendrían los fondos para pagar las indemnizaciones.
Comparto el criterio señalado respecto de los municipios que hoy están quebrados. Junto con el Honorable señor Chadwick representamos a una Región en la cual es imposible que algunas municipalidades se hagan cargo de estas obligaciones, pues no tendrían cómo pagar. Y deberán recurrir al "lease back" o pedir dinero prestado, mediante una fórmula grotesca, para financiar algo que no están en condiciones de solventar .
Por lo tanto, considero absolutamente válida la pregunta formulada, pues tienen que proveerse los fondos. Pero dejar esto a las municipalidades no me parece responsable.
Señor Presidente , sobre este punto habría que señalar que buena parte del déficit que agravó el conflicto y el problema en la educación municipal fue, precisamente, que en su momento no se proveyeron los recursos para la operación normal del sistema. Ello generó estos grandes déficit. Incluso, del nivel central se recortaron presupuestos al nivel municipal. Y eso dio origen a lo que se ha dado en llamar "deuda histórica".
Ahora, en la misma lógica, gravar más todavía a los municipios es un absurdo. De manera que comparto plenamente lo que señaló recién el Honorable señor Arancibia . Creo que ello, junto con lo dicho por el Senador señor Moreno , no puede sino resolverse mediante la provisión de fondos por parte del Estado.
Lo que plantean Sus Señorías nos presenta un problema adicional: sobre esta materia podemos hacer muchas recomendaciones y sugerencias, pero hacerse cargo y resolverla es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Señor Presidente , lo que señalan los señores Senadores no se halla incorporado en el proyecto. Porque, al igual que en la evaluación docente -y éste ha sido el criterio de administración empleado-, cuando se aprobó que los profesores que resultaran mal calificados tres veces se tenían que ir, la indemnización correspondiente también forma parte de las obligaciones del funcionamiento normal de un municipio, donde igualmente se despide gente, por distintas razones.
Respecto de la situación actual, en cuanto a los concursos para directores, contratar a un docente de más edad irroga cantidades superiores, por concepto de bienios y trienios. De manera que en la gestión del municipio se deben contemplar las remuneraciones de su personal.
No estamos en condiciones de abonar recursos adicionales cada vez que se quiera mayor flexibilidad en la gestión municipal.
Entonces, lo que puedo señalar en esta ocasión es que hay un compromiso del Ejecutivo de enviar en los próximos meses un proyecto de ley sobre subvención diferenciada, para permitir incrementos, ajustes y apoyo adicional a la educación especial, y establecer algunos otros incentivos, tal como se hizo en el proyecto que se aprobó en enero del año pasado, donde a los profesores se les aumentó la renta en 25 y 15 por ciento, en función de si eran calificados como competentes y destacados.
Desde el punto de vista estrictamente de los costos, debo decir que se trata de un programa escalonado en tres años, que puede involucrar a mil directores (unos 300 por año, con un promedio de uno por municipio). Entonces, es algo perfectamente manejable con los recursos de que se dispone.
Eso no se halla consignado en el proyecto, y quisiera que se considerara a la hora de votar, porque el Ejecutivo no está dispuesto a buscar formas de financiamiento distintas, sino simplemente dentro de los planes de gestión normal.
Tal cual lo expresó el Senador señor Arancibia , hay municipios, como el de Valparaíso, que enfrentan una situación en extremo delicada. Pero hay otros que tienen una distinta. O sea, la deuda acumulada es asimismo un problema de gestión de los alcaldes. Y no sólo por concepto de educación; también puede surgir de otras necesidades del municipio.
Sus Señorías lo han visto. Ayer el Colegio de Profesores anunció que va a presentar un recurso contra el Ministerio a mi cargo por haber faltado a sus deberes. ¿Por qué? Porque no habría pagado una deuda por concepto de perfeccionamiento docente, obligación que corresponde al alcalde , no al Ministerio. Y sólo 40 de las 343 comunas presentan ese problema.
Naturalmente, hay dificultades de gestión. Lo reconozco. Pero la vía de resolución de cada uno de los ajustes que hagamos para mejorar la calidad de la educación o lo relativo a los concursos no consiste en proveer recursos adicionales, y menos que ellos provengan del Fisco.
Por lo expuesto, pido a la Sala que apruebe estos preceptos, tal como ocurrió respecto de la evaluación docente y como lo hizo con los artículos permanentes, donde no hay contemplado otro financiamiento que no sea el que corresponde por concepto de la subvención educacional.
Señor Presidente , creo que lo lógico habría sido que esta indemnización fuera de cargo del Gobierno, en el entendido de que hay un superávit fiscal bastante importante y, por tanto, no existe restricción presupuestaria. Sin embargo, no viene así el proyecto.
Pero se debe tener en cuenta que los primeros cambios van a ocurrir el año 2006. Y cuando se apruebe la Ley de Presupuestos para ese año, perfectamente el Parlamento podría incluir una glosa en el sentido que estamos señalando. Ésa sería una solución. Si no, esto se paraliza aquí. Creo que todos queremos que se produzca la renovación planteada, pero no que los municipios -algunos de los cuales son muy pobres, como muy bien dijo el señor Ministro - carguen con esta obligación.
Reitero: podría haber un compromiso político para colocar una glosa en la Ley de Presupuestos del 2006.
¿Sobre lo mismo, señor Senador ?
Señor Presidente , recojo el ofrecimiento del Senador que me antecedió. Porque la verdad es que no se entendería que estuviésemos legislando sin tener un respaldo político para incluir en la Ley de Presupuestos del 2006 una glosa que nos permita dotar a los municipios de recursos para hacer frente a este tipo de situaciones y a otras que han surgido en el ámbito educacional.
Hemos asignado a las municipalidades el producto de gravámenes para destinarlos a salud y educación, lo que de alguna manera debe ser explicitado financieramente en los recursos de la nación.
Por eso, me parece atendible esa propuesta y concuerdo con ella. Y si la Mesa la considerara también atendible, podríamos dejar constancia de ella en la Versión Oficial, con el objeto de que posteriormente se oficie a quien corresponda para que tome nota de esta situación.
Me parece una muy buena sugerencia, pero debemos entenderla en cuanto tal. Porque, en definitiva, una glosa de esa naturaleza es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Estoy seguro de que el señor Ministro de Educación la firmaría entusiasta. Pero desgraciadamente, mientras no cuente con la anuencia de su par de Hacienda, tanto su firma como el acuerdo del Senado tienen un valor -digamos- limitado.
Señor Senador, no me gustaría prolongar más este debate, porque...
Simplemente quiero señalar que me sumo a ese acuerdo.
Por lo tanto, la Mesa puede pedir la unanimidad de la Sala para hacer dicha referencia en la correspondiente glosa de la Ley de Presupuestos.
Es lo que iba a hacer, Su Señoría.
Primero, si hubiera voluntad unánime del Senado para revisar el acuerdo de Comités en el sentido de votar en general el proyecto de inmediato, autorizando para fundamentar el voto a los Senadores que deseen hacerlo, procederíamos en esos términos.
Segundo, podríamos abrir plazo para formalizar las indicaciones que todos conocemos y sobre las cuales hemos sostenido un largo debate.
Y tercero, recogiendo la última proposición formulada, manifestaríamos el acuerdo de la Sala en orden a que, por las consideraciones expresadas, el financiamiento de estas medidas, sobre todo las indemnizaciones y contrataciones, debe ser de cargo del Ejecutivo , para lo cual se solicitará que en la Ley de Presupuestos de 2006 se provean los fondos correspondientes.
Así, podríamos dar paso a la resolución de este asunto, que ha sido largamente debatido.
Han solicitado fundamentar su voto los Honorables señores Boeninger, Moreno y Arancibia.
Señor Presidente , en primer lugar, ha mediado bastante tiempo entre la primera oportunidad en que discutimos en general el proyecto y el día de hoy, cuando ha vuelto a la Sala, gracias al consenso alcanzado en relación a los temas que provocaron desacuerdo.
Por ello, tal vez, la particularización del debate no ha permitido a los señores Senadores captar la trascendencia de lo que estamos aprobando, más allá del problema de las garantías para el personal que actualmente desempeña la función del cargo.
El problema del papel de los directores de los establecimientos en la calidad de la educación básica y media es extraordinariamente grande. De manera tal que nos hallamos en presencia de una cuestión muy fundamental en cuanto a la modernización de la educación, que constituye un elemento básico para elevar el insuficiente nivel de nuestra enseñanza.
Nadie duda de la capacidad de iniciativa y del rol de convocatoria y de movilización de padres y apoderados, e incluso del propio cuerpo docente, para impulsar proyectos, etcétera, que debe ejercer el director de un establecimiento.
En segundo lugar, me parece que confirmamos la tesis de que, contemporáneamente, no hay buena administración sin concursos ni evaluación. El proyecto estuvo detenido porque había dudas sobre aspectos específicos. Sin embargo, lo estamos reafirmando.
Tercero, pienso que la iniciativa en estudio es muy importante, pero constituye sólo una de muchas medidas que debemos tomar con urgencia para mejorar la calidad de nuestra educación.
Además, veo con un poco de desazón el hecho de que tardamos tanto. La iniciativa en debate demoró demasiado en salir adelante, a pesar del precedente de que un significativo porcentaje de directores estaban en situación de concursar. Y particularmente quería remarcar, respecto de la descentralización educacional, que es una cosa esencial, mi impresión en el sentido de que la municipalización no ha sido una experiencia del todo feliz. La preocupación y comprensión de los municipios respecto de la educación tienden a ser limitadas. Y aunque actúen a través de departamentos o corporaciones, da lo mismo.
En mi opinión, la descentralización educacional debe emular la línea adoptada en el área de la salud, con los hospitales autogestionados, cuyo equivalente, en este caso, es el de establecimientos con autonomía y capacidad de iniciativa, que sólo pueden surgir a partir de directores con atribuciones y responsabilidad. Ésta es una cuestión capital.
Para concluir, en esa misma línea, y haciendo un símil con los hospitales autogestionados, vislumbro que una de las medidas relevantes que deben tomarse en el ámbito de la educación pública es la de que en cada Región exista un liceo piloto de excelencia, al estilo del Instituto Nacional, que se convierta en un centro de promoción de calidad, que llegue al aprendizaje de los docentes, y que, mientras no sea posible modificar el sistema, que hoy día es sacrosanto, pueda influir positivamente en la calidad de los incentivos de la educación municipal.
Quería dejar constancia de estas observaciones.
Naturalmente, me pronunciaré a favor del proyecto. No me voy a restar al acuerdo sobre el financiamiento. Pero -y con esto termino- concuerdo con el señor Ministro de Educación en cuanto a que debe discriminarse entre los municipios que sufren situaciones financieras deficitarias, por razones atendibles, y los otros, independientemente de la eficacia de la gestión.
Reitero: no me restaré al acuerdo y votaré favorablemente el proyecto.
Señor Presidente , tal como se indicó en la Sala, el proyecto apunta a mejorar uno de los aspectos centrales de algo que constituye la inquietud de mucha gente: la calidad de la educación.
Hemos observado la gran cantidad de tests y pruebas que se han realizado, y todos los avances de la reforma educacional, que son muy positivos, en materia de aumento de cobertura, de nueva infraestructura, de solución a problemas de tecnología, de enlace y de apoyo, y, obviamente, de incremento a las remuneraciones de los profesores y del cuerpo docente, las cuales a lo largo de los Gobiernos de la Concertación han evidenciado un incremento sustancial. Pero todo ello se topa con el problema de cómo mejorar la calidad de la educación pública.
El proyecto que el Senado está votando no versa sobre la educación general, sino acerca de cómo mejorar la enseñanza municipalizada, o sea, pública, que cubre el 48 por ciento de la población estudiantil y sostiene a los establecimientos con el más bajo rendimiento dentro del sistema educacional. ¡Ésa es la verdad!
¿Qué estamos debatiendo? Cómo mejorar la calidad de la educación en un plazo razonable.
En todos los foros a los que uno asiste en el país figura como primera prioridad la necesidad de invertir en educación y de perfeccionarla. Pero, llegado el momento de resolver los problemas, se presentan situaciones de derechos adquiridos -muy legítimos-, de presiones gremiales -también legítimas- o de limitaciones estructurales, como las del esquema municipal, que inhiben la posibilidad de mejorar la educación.
Digamos las cosas en forma concreta. ¿Cuál es la diferencia que posibilita que en una comuna modesta o incluso en regiones más urbanas, en un colegio particular, ya sea subvencionado o de financiamiento compartido, es decir, donde asisten alumnos modestos, se nombre o remueva a la directora o al director; se contrate a una buena profesora o a un buen profesor; o se despida a una mala profesora o a un mal profesor? O sea, cualquiera sea el método de evaluación, existe la posibilidad de decir: "Esto no va bien, mejorémoslo".
¡La educación municipalizada o pública en Chile significa exactamente lo contrario! No se puede nombrar a los directores, pues están eternizados en sus cargos; no se puede contratar a un profesor, porque debe proveerlo la municipalidad, el DAEM; no se puede despedir a una persona, porque los sumarios son eternos. Y, en último término, surge hasta una interferencia política de los alcaldes en la gestión.
Resultado concreto: la gente ve cada día que la educación municipalizada, o sea, pública, objetivamente se va quedando atrás.
¿Qué propone el proyecto? Buscar la concursabilidad en esos establecimientos -no en otros-, para ver si es posible mejorar la competencia.
No se logró en su momento. Hubo requerimiento al Tribunal Constitucional y se usaron expresiones muy apasionadas. ¿Y en qué terminamos? En una indicación -la aprobaremos, porque no hay alternativa- que posterga hasta el 2006, 2007 y 2008 el llamado a concurso para proveer los cargos de director, ocupados hoy por personas que los sirven por más de 15 años.
El desempeño de algunas de ellas puede ser muy meritorio. Pero seamos francos: se posterga el mecanismo. Y en el caso de las comunas pequeñas -hay que leer la letra chica-, que sostienen a los establecimientos más débiles, no existirá quina ni terna, sino un mínimo de dos postulantes en condiciones de concursar -eso dice la indicación-, de los cuales uno será el director o la directora que actualmente ocupa el cargo. ¡Así lo consigna la indicación!
¿Qué estoy señalando? Que nos hallamos ante un sistema en el cual, por muy loables que sean nuestras formulaciones para mejorar las cosas, en el fondo -según entiendo-, por razones políticas y no en cuanto a calidad de la educación, se ha buscado un consenso para postergar el asunto, mediante la presentación de indicaciones, y "ablandar" la búsqueda de la calidad.
Si ése es el país que vivimos, muy bien, digámoslo así. Pero, ¡por favor!, pido más coherencia al hablar de mejoramiento de la calidad, si no se manejan los instrumentos que permiten lograr tal propósito. Sería incomprensible que un gerente general de cualquier empresa, reconociendo que algo anda mal, no estuviera en condiciones de intentar algo para arreglarlo.
¡Eso es lo que estamos haciendo, por las razones que se quiera!
Reitero lo dicho en otra oportunidad: aquí no impera un ánimo persecutorio. El hecho de que muchos de estos directores hayan sido nombrados en el periodo de don Augusto Pinochet no tiene nada que ver. Si son buenos, se quedan.
El problema radica en que se está dando la señal de que más vale generar un paraguas de protección que buscar la calidad de la educación pública chilena. Aquí les hemos dado seguridad a quienes ejercen los cargos,...
...pero no hemos asegurado calidad de enseñanza a los niños y las niñas en los establecimiento educacionales.
Votaré afirmativamente, señor Presidente, pero quiero que quede constancia de mi malestar por la forma como esto se está expresando.
Señor Presidente , en mi opinión, la concursabilidad es el mecanismo óptimo para llenar un cargo. Cuando se produce una vacante en cualquier parte de la Administración Pública o donde sea, lo más idóneo es llamar a concurso para elegir, no a los mejores, sino al mejor.
No estoy tan convencido de lo sustentado en la reflexión de quien me antecedió en cuanto a que, en el sector público o en el privado, si alguien realiza bien sus funciones, es premiado, y si lo hace mal, se lo despide. Quiero manifestar a ese Honorable colega que en una buena empresa, que cuenta con un gerente de selección y un jefe de personal de primera, no se remueve a un funcionario, aunque lleve veinte o treinta años desempeñando el cargo, si no existe el convencimiento de que hay otra persona mejor o de que aquél tiene falencias. Y planteo esto con fuerza.
Deseo fundamentar mi argumento: la concursabilidad es el mejor método para llenar una vacante, de la misma manera que la evaluación lo es para determinar si el proceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en forma adecuada. La concursabilidad tiene una finalidad per se.
Entonces, no confundamos las cosas.
Llenemos las vacantes por medio de concursos, lo cual no tiene otra consideración que la de ser consecuentes con lo que estamos sosteniendo. Evaluemos; quienes sean mal calificados, que reciban la sanción correspondiente o la respuesta a su mal desempeño.
Quiero ser bien preciso: al plantear la evaluación de un director, ¿nos hemos preguntado si cuenta con las herramientas suficientes para ejercer a plenitud su cargo y asumir su responsabilidad? ¿No le habremos cortado las manos nosotros mismos, en un montón de sentidos, ya que tiene diversas limitaciones en el ámbito de la administración?
Ahora estamos evaluando al director. Por la voluntad manifestada, pareciera bueno reemplazarlo por cualquier razón. Pero, ¿hemos hecho una consideración específica respecto de los funcionarios a los cuales se refiere el proyecto o de si los establecimientos educacionales dirigidos por ellos han tenido un resultado distinto -desastroso o malo- de aquellos a cargo de directores nombrados por concurso? Ése sería un antecedente fantástico que debería tenerse en cuenta. He tratado de precisarlo, pero no he obtenido respuesta.
Si queremos mejorar la educación, estoy disponible para abordar todas las propuestas que se hagan en tal sentido.
Debe evaluarse. Si el resultado de tal proceso es malo, que el profesor o director enfrente su destino. Si no han aplicado los instrumentos que se les otorgan para hacer bien su labor, que sufran las consecuencias. Pero responsabilizar a estos directivos de un proceso tan complejo como el que se desarrolla en un establecimiento educacional, sobre todo de tamaño considerable, me parece, no injusto, sino inadecuado.
Por otra parte, quiero plantear enfáticamente lo del financiamiento. Escuché con mucho beneplácito la propuesta de incluir, en una glosa del Presupuesto de la Nación, una reserva especial para los fines de esta iniciativa. Sin embargo, con todo el derecho del mundo, soy escéptico frente a ello, porque no tenemos incidencia en proyectos que significan gasto fiscal. Por tanto, esto no es más que una mera declaración de buena intencionalidad. No hay Ministro de Educación que se pueda comprometer a que ello se transforme en realidad.
Voy a votar en contra de la iniciativa para ser consecuente con dos argumentos: no creo que la concursabilidad tenga que ver con la efectividad y la eficiencia -esto lo hace la evaluación-, y no me parece justo sobrecargar financieramente aún más a los municipios, sobre todo a los que acusan problemas económicos.
Señor Presidente , quiero hacer una reflexión.
Aquí estamos incurriendo nuevamente en la vieja monserga de que el responsable de la deficiencia de la educación es el director de una escuela. Pero lo cierto es que nos ponemos una venda en los ojos al no reconocer, exactamente y en profundidad, los motivos más trascendentes que hacen que no nos satisfaga la educación chilena.
Cuando conversamos con el señor Ministro , este asunto fue planteado como el tema número uno. Entonces, para nadie -ni para los de una posición ni para los de otra-, existía un punto intermedio entre la concursabilidad y la evaluación.
Nosotros siempre hemos estado en la misma línea.
Lo que importa en educación -y seguirá importando- es determinar si las herramientas de un director de escuela son lo suficientemente flexibles y si de él dependen efectivamente los recursos humanos y materiales que permitan una gestión que impida el día de mañana decir: "Aquí hay un equipo que ha fracasado".
Actualmente, en el ámbito educacional no existe un equipo. Se trata de elementos colocados de forma tal que, en la práctica, unos y otros son independientes entre sí. Esto hace que tales recursos materiales y humanos, aunque muy respetables, a veces simplemente no se muevan en la misma dirección. De ahí el compromiso del señor Ministro . Él ha dicho estar por entero de acuerdo con este diagnóstico -que es el meollo del problema- y que en un próximo proyecto va a consignar que estas herramientas sean manejadas de manera tal que todas tengan el mismo rumbo.
Es en este punto donde apuntamos la primera gran concordancia.
La segunda es que no se puede admitir a priori y peyorativamente -como les gusta a algunos colegas, ya sea en el Hemiciclo o fuera de él- que todos los directores de escuela son los responsables de una mala educación.
No es así. Ése es un error muy profundo.
Habrá algunos que incurran en comportamientos reprochables; pero, para determinar esto, es indispensable una evaluación, proceso que ellos mismos, como nadie, habían pedido. En efecto, quienes querían ser evaluados eran precisamente aquellos que estaban siendo objeto de una crítica despiadada, a la cual no podían responder.
Sin embargo, se llegó a un consenso. Recuerdo que no nació de nosotros; no surgió de estas bancas. Se presumía que la gestión de los directores fue buena. No se podría entender de otro modo el que ellos deberían integrar por derecho propio, dadas sus trayectorias, la quina a que se hace alusión.
Ésa es una salida. Yo habría preferido la evaluación; pero se nos dijo que era muy compleja y difícil.
Sin embargo, ninguno de nosotros puede ser obstáculo para que este proyecto salga del Senado. Dentro de los términos reales en que nos movemos, hemos tratado de llegar a este acuerdo, que me parece irá condicionándose y completándose con el tiempo, porque se trata de herramientas que deben establecerse en conjunto.
Por eso, considero que hoy día recién estamos poniendo las cosas en su lugar.
Si partimos diciendo que todos los errores y las deficiencias de la educación son culpa de un director de escuela, estamos completamente equivocados. Aquí hay un cúmulo de elementos muy complejos que hacen que la educación chilena no satisfaga ni al Ministro del ramo ni a ninguno de nosotros.
En tal virtud, hemos hecho lo posible, conforme a las alternativas disponibles, para consensuar este acuerdo e iniciar un proceso que debe fundarse, no en cosas peyorativas ni en prejuicios, sino simplemente en conceptos y principios: la evaluación, la concursabilidad, la eficiencia y el manejo de recursos como elementos indispensables para llevar a la educación a donde corresponde.
Anuncio que votaré a favor de la iniciativa.
Señor Presidente , aquí se ha dado un argumento que pareciera ser equivocado. Por ende, quiero preguntar al señor Ministro si existe algún estudio que acredite que los establecimientos con directores nombrados por concurso tienen mejor rendimiento que aquellos recintos educacionales en que no son designados de esa forma. Porque si hubiese datos sobre la materia, uno podría contar con un parámetro como para establecer un criterio sobre el particular. Pero, hasta donde sé, no existen experiencias que prueben lo anterior.
En esa perspectiva, reitero que el argumento expuesto por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra pareciera equivocado.
Ahora bien, hay otro punto que también cabe mencionar.
Cuando se aborda lo relativo a la educación, no se habla del esquema brutalmente rígido que determinó el Estatuto Docente. Con este cuerpo normativo, al margen de evaluaciones o de la concursabilidad, resulta muy difícil realizar una gestión. Ése es uno de los grandes problemas que afectan al sistema educacional, unido a otros relacionados con la administración.
Hago tal comentario porque -a modo de ejemplo- no es fácil explicar cómo el sistema educacional del municipio de Santiago -demasiado importante, poderoso y con muchos recursos-, después de haber sido administrado por siete funcionarios -incluso cuando en él estaban incorporadas las comunas de Independencia, Recoleta , Estación Central, Cerrillos y San Joaquín - y de haber reducido en más de 50 por ciento la dotación tanto escolar como docente, terminó siendo manejado por 250 personas.
Por lo tanto, se advierte una situación relacionada con recursos.
Señor Presidente , ocurre que nos estamos dando cuenta -como se discutió en la sesión pasada a propósito de la reforma de los gobiernos regionales- de que la gestión municipal es mala. ¿Por qué? Porque hay rigidez absoluta en el manejo del recurso humano.
A su turno, en el Ministerio de Obras Públicas se ha detectado que también existe una enorme rigidez para acometer la gran tarea de modernización de la infraestructura del Estado. Tal obstaculización deriva incluso en situaciones como las que hemos conocido y que hoy día se encuentran en los tribunales de justicia.
En consecuencia, hay que poner la mirada, más en que en culpar la gestión de un director -si concursa o no concursa; si se evalúa o no se evalúa su gestión-, en poner en la evaluación los supuestos claros de la rigidez absoluta del régimen estatal de administración de personal: un Estatuto Administrativo inflexible, que no permite estímulo alguno a la eficiencia, el Estatuto Docente, igual; los estatutos de la salud, igual; los Ministerios, igual.
Por consiguiente, el colapso del sistema de administración de personal y de la eficiencia de este último en la gestión estatal lo da el hecho de aquí mismo nos hemos ido encargando de rigidizar de la manera más brutal todos los parámetros con los cuales se debe ir modernizando la administración.
Pedimos eficiencia, en circunstancias de que no hay ningún estímulo para que los funcionarios que se esfuerzan por lograr una buena administración del Estado -que constituyen la mayoría-, en cualquiera de sus regímenes, tengan algún aliciente para destacarse.
Mientras no rompamos con el Estatuto Docente, que es obsoleto y no se compadece con la modernización de la educación, como lo constatamos precisamente a propósito del régimen municipal -de allí los proyectos para modernizar la administración de personal-, y mientras no seamos capaces de vencer toda esa realidad gremial -que es absolutamente regresiva y que incluso termina afectando al propio gremio, al punto de que no permite surgir a nadie-, resultará muy injusto sostener que el asunto deriva del hecho de que un director de escuela la administre bien o mal.
Hay realidades muy precarias. En algunos casos los directores, quienes pueden ser designados, desarrollan una tarea genial; pero en otros, en que no han llegado a ese cargo mediante tal procedimiento, su gestión es mala. Para eso están los criterios de evaluación; pero no debemos confundir ésta -como aquí se ha dicho muy bien- con la concursabilidad. Que concurse todo aquel que tenga méritos para enfrentar una evaluación, a fin de que, en virtud de ésta y de elementos objetivos -sobre todo en el manejo del recurso humano-, las cosas resulten.
Por último, aparte lo señalado, me motiva a votar en contra lo relacionado con el financiamiento. Mientras éste no sea precisado será imposible cargar a los municipios las consecuencias que deriven de la aplicación de la normativa en estudio, por cuanto a sus déficit se agregará uno que todavía es más grave y que terminará colapsándolos.
Señor Presidente , doy por entendido que existe un acuerdo político. Por eso, para no entorpecerlo ni entrabarlo, haré brevemente algunas puntualizaciones.
No puede haber interrupciones, Su Señoría, porque estamos en la fundamentación del voto.
Un señor Senador de la bancada de enfrente sostuvo que la concursabilidad no siempre es necesaria, porque si un gerente de una empresa da buen resultado sería ilógico cambiarlo. Concuerdo en alguna medida con esa idea. Sin embargo, no debe olvidarse que en un momento dado esa persona concursó; vale decir, presentó su currículum, el cual fue comparado con el de otros individuos que quizás tenían los mismos méritos. En definitiva, hubo ahí un tipo de selección que no existe en el caso que nos ocupa, porque muchos directores fueron nombrados mediante decretos, sin haber presentado antecedentes. Incluso, algunos muy jóvenes en aquel entonces pasaron a desempeñarse en establecimientos educacionales de enseñanza tanto básica como media.
Por eso, simplemente deseo expresar que con esta iniciativa se pretende en el fondo la igualdad ante la ley, por cuanto el Estatuto Docente estipula que para ocupar dicho cargo se debe concursar cada cinco años, previa presentación de un proyecto.
Ése es el punto: la igualdad ante la ley. Porque no puede haber dos tipos de directores: unos que concursan cada cinco años y otros que no lo hagan, pudiendo continuar en la docencia -cualquiera que sea su edad: 70 ó 75 años-, pues la jubilación es algo totalmente voluntario.
Los mismos señores Senadores que ven con alguna aprensión este proyecto de ley deben de recordar que en esta Corporación se votó una norma conforme a la cual los síndicos de quiebra deben rendir exámenes de conocimientos actualizados no más allá de cada tres años. De tal manera que si a tales personas se les exige suficiencia y conocimientos actualizados, evidentemente resulta incomprensible que los directores de establecimientos educacionales no tengan que acreditar excelencia.
Señor Presidente , no quiero detenerme en odiosidades ni pronunciarme respecto de si los directores son malos o buenos. Los directores buenos, quienes actualmente tienen 20 ó 25 años de desempeño, se presentarán al concurso y lo ganarán. El proyecto es justo y garantista en todos los aspectos: les permite mantener la renta e integrarse por derecho propio a la quina. De tal manera que resguarda al docente que cuenta con los méritos suficientes para que, incluso, pueda postular en circunstancias preferenciales con relación al resto de los profesores.
A mi juicio, hacer una evaluación a los actuales directores podría ser hasta vejatorio para muchos de ellos, los cuales, por esa vía -no sé en qué porcentaje-, se verían obligados a abandonar la docencia.
Señor Presidente , anuncio que aprobaré el proyecto e insto a los Honorables colegas a cumplir con el acuerdo político y técnico al que llegaron representantes de todas las bancadas y el propio señor Ministro de Educación , después de largas conversaciones y discusiones en la Comisión.
Señor Presidente , los Gobiernos de la Concertación han hecho grandes esfuerzos por mejorar la educación. Prueba de ello es que 23 por ciento del Presupuesto se destina a este rubro: establecimientos nuevos, muchas atenciones para los escolares, computadores, buena alimentación, estabilidad y mejores remuneraciones para los profesores, en fin.
Sin embargo, surge la crítica -derivada de las pruebas SIMCE, entre otras- por la mala calidad de la educación.
En lo personal, veo los esfuerzos del Ministro y de las autoridades por resolver el problema. Y no cabe duda de que el motor de las escuelas es el director del establecimiento; él es el gerente de la industria. Si una industria va para arriba, es gracias a un buen gerente. En el caso de los establecimientos educacionales, el director es el encargado de llevarlos adelante en buenos términos.
Por eso, coincido con todas las argumentaciones dadas aquí por el Senador señor Moreno y las suscribo plenamente.
En mi Región, los mejores resultados de la PSU los han obtenido los colegios particulares subvencionados. ¿Por qué? Por las mayores posibilidades de adecuación de que disponen los profesores, el director del establecimiento. Una escuela de Cholguán y otra de Arauco pasan por encima de todos los establecimientos municipales. ¿Por qué razón? Por la burocracia que afecta tanto a los alcaldes como a los municipios; por toda esta trama burocrática que nosotros mismos les estamos tejiendo.
Ningún alcalde, ninguna persona del Gobierno pretende perseguir a un buen director. La norma está dirigida a las personas que no se desempeñan correctamente. En San Carlos , el director del establecimiento perdió el programa "Montegrande" sólo por deficiencias propias. Entonces, ¿cómo lo vamos a premiar?
¿Qué hace el alcalde? ¿Cuál es nuestra reacción? Nos desesperamos; organizamos a los padres y apoderados. Pero el motor que conduce la escuela es el que nos está tirando permanentemente para atrás.
Por eso, voy a apoyar este proyecto, aunque me habría gustado que hubiese sido más flexible aún.
Sin perjuicio de ello, quiero dejar constancia de mi preocupación porque el financiamiento de la remuneración del director que deja de cumplir sus funciones como tal se haga con cargo al propio municipio, ya que él percibe la renta más alta. Es evidente que esto les causa daño a los ingresos municipales, sobre todo a los del Departamento de Educación. Coincido con los señores Senadores que también han manifestado su inquietud al respecto.
Espero que cuando el Ministro del ramo envíe el nuevo proyecto relativo a subvención diferenciada a los municipios, según sea su grado de vulnerabilidad, dicho aspecto pudiera compensarse.
Reitero que votaré favorablemente la iniciativa.
Señor Presidente , si comparamos la calidad de nuestra educación con la de los países desarrollados, con los que estamos firmando tratados hoy en día, y tenemos en cuenta las demandas que se nos presentarán en el campo tecnológico, obviamente que vamos a quedar a la cola.
Por tal razón, dichas comparaciones no nos benefician mayormente.
Sin embargo, si nos comparamos con países en vías de desarrollo que persiguen el mismo objetivo que nosotros, en el sentido de salir adelante en materia económica, creo que estamos bastante bien.
El presente de Chile se lo debemos a nuestra educación, y particularmente a los señores directores de escuelas que con gran esfuerzo, sacrificio y abnegación han trabajado de manera anónima, muchos de ellos en pequeñas comunidades, más allá de la jornada diaria habitual, durante los siete días de la semana, para lograr que los niños reciban una educación primaria y secundaria relativamente aceptable.
Tengo que reconocer en forma pública a los señores directores el esfuerzo que han realizado, que hoy se traduce en lo que ostenta el país en materia de educación.
Obviamente, dentro de la actual globalidad, desde los puntos de vista técnico y estadístico -como ya he manifestado-, si nos comparamos con otras naciones, vamos a tener problemas. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de la educación nos estamos refiriendo al sistema educacional de Chile, que es muy deficiente en algunos aspectos. Por ejemplo, la autoridad que ejerce el director dentro de su propia escuela. En efecto, éste tiene una serie de limitaciones respecto de la evaluación y del cambio o relevo de sus docentes, lo cual, a veces, desmerece notoriamente su aparente calidad como tal.
En mi opinión, el problema por que atraviesa nuestro sistema educacional debe resolverse mediante un apoyo económico decidido.
Chile ha experimentado un desarrollo significativo en los últimos años, y hoy, gracias al cobre, contamos con un importante superávit fiscal.
Creo que es el momento de hacer un esfuerzo económico substancial en materia de educación. Ello vendría a perfeccionar nuestros programas específicos, principalmente los técnicos, para otorgar mayor calidad al sistema educacional.
Dado que el proyecto debe salir adelante, anuncio que lo votaré favorablemente.
Señor Presidente , hay distintos aspectos que deben ser considerados para los efectos de aprobar o no la iniciativa. Y ellos dicen relación al sistema que va a aplicarse a los directores que se hallan en el ejercicio de sus cargos.
Ante todo, se nos señala que el proyecto tiene por objeto permitir el mejoramiento de la educación, la cual ha sido tan cuestionada en el último tiempo.
Sin embargo, el perfeccionamiento de la calidad de nuestra educación excede el tema del nombramiento de los directores. Por consiguiente, no se los puede responsabilizar acerca de ella, porque estamos frente a directores que han vivido un proceso permanente de centralización, en especial a partir de 1990, y que carecen de facultades para dirigir adecuadamente un establecimiento. Y menos las tiene el municipio, puesto que no se puede remover a nadie: ni a profesores ni a ningún tipo de funcionarios. Tal sistema se ha transformado en algo extraordinariamente rígido, donde sólo en forma muy excepcional se da un grado de remoción.
Las entidades edilicias y, en general, los establecimientos municipales son meros informantes de la evaluación de los maestros, pues no juegan rol alguno al respecto. No intervienen en las remuneraciones ni en los estímulos para los docentes. En tal sentido, los municipios y los directores no tienen ninguna participación. Todo se les impone centralizadamente.
Los planes y programas se llevan a cabo, en definitiva, conforme a los contenidos mínimos obligatorios, y al final pasan a ser imperativos y rígidos a través del Ministerio de Educación. De tal manera que tampoco pueden intervenir de manera efectiva en lo que dice relación a esta materia.
En consecuencia, no es dable exigir a los directores una conducta que permita verdaderamente determinar cuál es el rol que están jugando y la efectividad de éste, ni menos, por cierto, nos hallamos en presencia de un sistema que puede mejorar la calidad. Si no es factible que los primeros tomen siquiera las medidas más elementales respecto de los profesores que no cumplen con sus funciones, a los cuales deben mantener, es obvio que ello no puede conducir a ningún resultado conveniente.
El articulado aborda sólo en parte una situación que, a nuestro juicio, es preciso corregir, pero en la medida en que se otorguen los debidos beneficios y resguardos a los directores, quienes no han podido administrar mejor. Algunos lo han hecho muy bien, no obstante carecer de facultades suficientes para ello.
Daré mi aprobación al proyecto, pero haciendo presente que comparto plenamente la inquietud que aquí ha planteado el Senador señor Arancibia en cuanto a lo injusto de imponer por ley el financiamiento a los municipios, en circunstancias de que muchos de ellos no se encuentran en condiciones de afrontar ningún gasto más, por registrar un déficit enorme y una realidad económica alarmante.
Hemos dudado mucho, por lo tanto, en acoger la iniciativa. Lo hacemos sólo en el entendido de que la cuestión del financiamiento deberá ser, de una u otra manera, abordada y solucionada, porque no se puede continuar asignando cargas a los municipios sin darles los recursos correspondientes. Parto de la base de que los fondos serán otorgados, para que se puedan cumplir las obligaciones que se imponen. De otra manera, creo que estaríamos actuando sin la responsabilidad adecuada.
Señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto. Creo que resuelve en forma adecuada, primero, un asunto que ha venido arrastrándose desde hace muchos años, y en definitiva, una división que no se justifica entre la realidad que enfrentan los directores que han ejercido sus funciones desde antes de 1995 y la de aquellos que empezaron a hacerlo con posterioridad.
Estimo que la solución a que se llega -la cual, obviamente, implica un acuerdo- está bien orientada. En primer lugar, porque termina con esa división. Y también lo está, en seguida, porque se determina la necesidad de que la elección en el cargo se realice a través de una serie de parámetros objetivos y se permite postular a quienes se han desempeñado desde antes del año mencionado. Obviamente, la situación les significa un cambio de las reglas del juego que hoy los rigen.
Destaco en especial lo que señala la indicación que ha hecho llegar el Ejecutivo en cuanto a la forma como se evaluará el concurso, que es donde habitualmente se presentan las dificultades. Porque un proceso defectuoso en ese aspecto se presta para arbitrariedades de todo tipo, en tanto que uno correcto permite lograr una selección, a través de la excelencia, de quienes tendrán a su cargo la dirección de los establecimientos educacionales municipalizados.
Sobre el particular, se dispone claramente que la Comisión Calificadora "evaluará los antecedentes presentados, los resultados de las pruebas realizadas y la propuesta de trabajo presentada y, conforme a ella, emitirá un informe fundado que detalle el puntaje de cada postulante que se presentará al Alcalde , quien deberá nombrar a quien figure en el primer lugar ponderado en el respectivo concurso. No obstante, por resolución fundada, podrá nombrar a quien figura en el segundo lugar de dicho concurso.".
Por lo demás, el incumplimiento de la norma da derecho a recurrir a la Contraloría General de la República. De manera que quien crea que se han vulnerado esos principios perfectamente podrá reclamar por no haberse dado cumplimiento a las exigencias legales.
Quisiera simplemente agregar, para la historia del debate de la iniciativa, algo que ya se ha expresado y que me parece de justicia destacar.
En la Administración Pública se presenta un grave problema: como se observa correctamente, los directores son los responsables de liderar sus establecimientos educacionales -al igual que, en el caso de la salud, los directores de los hospitales o de los servicios de salud-, pero todavía no ha existido la voluntad política de entregarles los instrumentos que les permitan conducirlos de manera adecuada. Y la mejor demostración de ello es que no pueden remover a un mal profesor de su cargo. Y, si lo hacen, deben actuar a través de un procedimiento extraordinariamente engorroso. Entonces, no es justo que a un director se le juzgue por algo respecto de lo cual tiene las manos "cortadas".
Y pasa exactamente lo mismo en el caso de los hospitales. Incluso, es algo que se mejoró en parte en la ley que aprobamos sobre la autoridad sanitaria.
Pero digamos las cosas como son: las presiones gremiales para impedir que los buenos funcionarios sean premiados y los malos funcionarios no puedan continuar ejerciendo su cargo son muy altas. Y no han permitido disponer de un sistema lo suficientemente flexible como para que el día de mañana se juzgue con legitimidad a un director por las funciones desarrolladas, pero en la medida en que también haya contado, como contrapartida, con un conjunto de facultades y derechos para mejorar el funcionamiento de su establecimiento educacional.
Considero, entonces, que la iniciativa se halla bien orientada. A mi juicio, corrige una situación carente de justificaciones.
Creo que permite, también, una adecuada compensación entre el derecho del establecimiento educacional a elegir, cada cinco años, un director que cumpla su función en forma apropiada y la debida protección de quienes se han regido, desde antes de 1995, por un estatuto jurídico que se modifica. En efecto, en el evento de perder el concurso, estos últimos no quedarán en la calle simplemente por un cambio de las reglas del juego y, por lo tanto, podrán continuar cumpliendo funciones docentes en un cargo distinto al de director.
Formulo las consideraciones anteriores sobre la base, además, de que en la próxima Ley de Presupuestos se deberá resolver lo relativo al financiamiento. Entiendo que cuando discutamos ese punto se tendrá presente en forma clara que es preciso contemplar el financiamiento para las municipalidades. Si no, lo que estamos diciendo hoy lo borraremos de un plumazo y dejaremos sin recursos a los establecimientos educacionales. Concluyo que ése es un compromiso de las distintas bancadas en esta Corporación.
En definitiva, señor Presidente, votaré a favor del texto que nos ocupa. Y dejo constancia de que valoro todo el trabajo realizado por quienes intervinieron en el acuerdo.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos contra 2 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Cantero, Chadwick, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia y Stange.
Se abstuvieron los señores Bombal y Ruiz-Esquide.
Corresponde ahora, según el acuerdo adoptado, poner en discusión, primero, y en votación, después, las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley aprobado recién, salvo que la Sala...
No hay objeciones, señor Presidente .
... las acoja con la misma votación anterior.
Si no existen inconvenientes, se aprobarán en esa forma, agregándose el voto afirmativo del Senador señor Flores, quien se acaba de incorporar a la Sala.
--Se aprueban las indicaciones del Ejecutivo en los términos expuestos; el proyecto queda aprobado en particular, y su discusión, concluida en este trámite.
También quiero sumarme al reconocimiento a quienes contribuyeron a hacer posible este acuerdo, que costó tanto.
Me parece que el esfuerzo realizado tanto por el Ejecutivo como por los integrantes de la Comisión de Educación y otros señores Senadores permitió mejorar de manera sustancial la iniciativa con respecto a la que comenzó su tramitación hace algún tiempo.
Señor Presidente , éste es un tema crucial, y nos alegramos del consenso, prácticamente, a que se arribó en el Senado.
En particular, expreso mi reconocimiento a la contribución de la Comisión de Educación: a su Presidente , Honorable señor Moreno , y a los demás integrantes, Senadores señores Muñoz Barra , Ruiz-Esquide , Vega y Fernández .
Debo, asimismo, destacar la circunstancia de que haya sido posible lograr un entendimiento con el Honorable señor Romero, quien superó las diferencias que teníamos en dos planos. Las correcciones que introdujimos ayudaron a mejorar el texto.
También quiero agradecer al Senador señor Espina , quien, en su momento, también fue el inspirador de indicaciones que perfeccionaron la iniciativa y nos permitieron llegar a un acuerdo.
Saludo a los señores Senadores tanto de la Concertación como de la Oposición que permitieron alcanzar la unanimidad, entendiendo que el consenso es fundamental.
Por último, debe manifestar mi reconocimiento al Honorable señor Larraín , porque, durante todo el tiempo en que ha sido Presidente del Senado , he encontrado en él un apoyo y una colaboración importantes a los efectos de posibilitar que los proyectos se vean con celeridad y oportunamente, lo cual es muy significativo para el Ministerio de Educación.
Gracias a usted por sus palabras, señor Ministro .
Finalmente, debo recordar que hay un acuerdo unánime en el sentido de enviar un oficio al Ejecutivo para hacerle presente la inquietud por el problema de financiamiento que supone esta iniciativa, con el objeto de que provea los recursos para cuando se empiecen a requerir; o sea, en el proyecto de Ley de Presupuestos que se deberá discutir el año 2005 y que entrará en vigencia en 2006.
Entiendo que eso ya está acordado. Pero deseo subrayar que se remitirá dicho oficio al Gobierno en nombre del Senado y con el consentimiento unánime de Sus Señorías.
Informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.175, de Quiebras, en materia de convenios concursales (Boletín Nº 3671-03).
Proyecto de acuerdo mediante el cual diversos señores Senadores solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República la dictación de los decretos con fuerza de ley que establezcan los plazos de los procedimientos contenidos en la ley Nº 19.880 (Boletín Nº 776-12).
A continuación, corresponde continuar la discusión general del proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Ávila y en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.366 con el objeto de despenalizar la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesión 23ª, en 4 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión general).
La discusión general de esta iniciativa ya se inició, y hay cuatro inscritos para intervenir. Sin embargo, tratándose de la moción de un Senador, el Honorable señor Ávila, quien no se encuentra en esta sesión por razones personales, considero prudente, por respeto a Su Señoría, esperar a que llegue para proseguir el debate.
Por lo expuesto, sugiero no tratar hoy el proyecto.
--Así se acuerda, y la discusión general de la iniciativa queda pendiente.
Le solicito recabar autorización para que la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana sesione simultáneamente con la Sala.
Pediré autorización a ese efecto, Su Señoría. Pero debo hacer presente que, con motivo de la Reunión de la APEC, están ausentes cinco señores Senadores que forman parte de la delegación respectiva, situación que puede provocar problemas en las siguientes votaciones de esta sesión.
Si no hay oposición, se autorizará a la referida Comisión para funcionar paralelamente con la Sala, pero en el entendido de que se llamará a sus integrantes para que concurran a ésta a votar cuando sea necesario.
En consecuencia, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que regula el peso máximo de carga humana, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3242-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 15 de junio de 2004.
Trabajo, sesión 27ª, en 8 de septiembre de 2004.
El objetivo principal de esta iniciativa es asimilar la legislación laboral nacional a los instrumentos internacionales, en especial al Convenio Nº 127 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de límites máximos de carga humana, con el fin de cautelar la integridad física de los trabajadores.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y en particular a la vez, de conformidad con un acuerdo de la Sala de 21 de julio del año próximo pasado.
La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión (Senadores señores Canessa, Parra y Ríos) aprobó en general la iniciativa.
En cuanto a la discusión particular, la Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó efectuar diversas modificaciones de carácter formal al texto despachado por la Cámara de Diputados, incorporando, además, una disposición transitoria relativa a la dictación de un reglamento para una más clara y mejor aplicación de su normativa. Todas estas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad, con los votos favorables de los Honorables señores Bombal, Canessa, Parra y Ruiz.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Quiero plantear una cuestión previa, señor Presidente .
Se me acaba de informar que después será necesario hacer una corrección de carácter formal, porque diversos artículos quedaron con los mismos numerales. Pero eso deberá verse posteriormente con la Secretaría de la Comisión.
Es una cuestión -como dije- netamente formal.
Sin duda, se trata de un problema de forma. De modo que, con el acuerdo de la Sala, de aprobarse la iniciativa, se facultará a la Secretaría para corregir el error.
Señor Presidente , la iniciativa en debate, tal como se dijo en la relación, busca adecuar las normas contenidas en nuestra legislación laboral -por lo demás, datan de muchos años; incluso, ha habido cambios; la primera se dictó en 1923; después hubo modificaciones en 1967- en materia de peso máximo de carga humana a los acuerdos internacionales -en especial de la OIT- de que Chile es suscriptor.
Por lo tanto, con este proyecto se procura que, en todo lo que tenga que ver con manipulaciones manuales que impliquen riesgos para la salud o para las condiciones físicas del trabajador, la carga de peso máximo no pueda exceder del rango de 50 kilos fijado por la OIT.
Debo hacer presente que diversas instituciones han señalado el riesgo que esta iniciativa puede envolver en cuanto a que se vaya generando un grado de tecnificación mayor que finalmente restrinja cada vez más la contratación de mano de obra, pues, si existen límites legales de ese orden para manipular cargas, las empresas acudirán a elementos mecánicos.
Se analizó en profundidad el punto, y se trajo a colación el caso del sector portuario, donde en mayor medida se exceden los límites de la carga que puede llevar una persona.
Para adecuarse a todos los tratados internacionales suscritos sobre el particular, Chile ha debido modificar de manera íntegra los procedimientos -y, a este respecto, uno de los sectores más destacados es el portuario-, porque de otra forma es imposible estar dentro del circuito mundial y responder al desafío que se plantea en esta materia.
Por consiguiente, ya es un hecho de la causa, un hecho cierto, un hecho incorporado en la legislación internacional, un hecho de las prácticas mundiales, que ha de limitarse la carga para contribuir a lo que es racional y justo: velar por la salud y por las buenas condiciones laborales de quien debe manipularla.
Por eso, el sentido de este proyecto es adecuarse a una norma internacional, dentro de parámetros que resultan lógicos y normales, si se quiere dignificar el trabajo, si se quiere dignificar a la persona que trabaja, y, sobre todo, resguardar plenamente su integridad.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, representantes de instituciones de salud hicieron presente que hoy existen grandes planes, programas y manejos de situaciones laborales donde la prevención juega un rol muy importante, especialmente si se trata de personas que deben trasladar o soportar cargas mediante una manipulación manual que implica riesgos para su salud.
Por tal motivo, dicho órgano técnico estableció como un punto muy significativo que el empleador debe velar para que en la organización de faenas determinada en cualquier empresa se utilicen medios adecuados, particularmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual de las cargas.
A ese respecto, en el inciso primero del artículo 211 B del proyecto se consagra el principio fundamental consistente en utilizar los medios adecuados, en especial mecánicos, a fin de evitar la "manipulación manual habitual de las cargas", y en el inciso segundo se encomienda al empleador procurar "que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud".
El factor capacitación tiene gran relevancia, ya que una cosa es prevenir, y otra distinta, capacitar.
Allí, entonces, la iniciativa cobra mucho sentido en orden a que, existiendo un límite para la carga, en todo momento el empleador debe, primero, buscar métodos mecánicos que alivien la manipulación manual habitual; segundo, capacitar, y tercero, respetar las limitaciones que se colocan a los pesos.
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden materializarse -ello ocurre en el mundo laboral-, no se permitirá operar en forma habitual con cargas superiores a los 50 kilos.
Por otro lado -es otro aspecto importante de la iniciativa-, se prohíben las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. Clarísimo. Sobran evidencias para concluir que esta norma es del todo justificada.
También, se incorpora una disposición que establece que los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente y sin ayuda mecánica cargas superiores a 20 kilos.
Con la legislación en proyecto se busca -y por eso solicitamos la anuencia de la Sala- que las faenas se desempeñen en la mejor condición posible, para prevenir y evitar riesgos en la salud, en la parte física de los trabajadores, todo esto asociado a las cargas que deban soportar.
Por eso, a la Comisión de Trabajo -creo interpretar el sentimiento de todos sus integrantes- le interesa mucho que esta normativa se pueda despachar unánimemente en la Sala tal como viene concordada.
Finalmente, como señaló el señor Secretario en su relación, se estableció un artículo transitorio para que dentro de ciento ochenta días, contados desde la fecha de la publicación de la ley en proyecto, se dicte el reglamento de la normativa que se incorpora al Código del Trabajo. Esto, como una manera de ir generando las adecuaciones que se requieran en distintas empresas, las que a su vez van a tener que modificar o ajustar sus reglamentos y sus faenas a fin de cumplir las nuevas disposiciones legales.
Señor Presidente, desde luego, manifiesto mi apoyo al proyecto. Creo que debemos ir adecuando las normas respectivas, para que los trabajadores cuenten con mejores condiciones laborales y, principalmente, no sufran, por exceso de carga, alguna enfermedad, en especial a la columna.
Sin embargo, también tenemos que procurar cambiar otras costumbres existentes, sobre todo en el campo. Los sacos de porotos son de 80 kilos; habrá que hacerlos de 50. Los de cemento ya pesan 42,5 kilos, pero los de papas aún son de 80.
Entonces, esos estándares tendrán que ser ajustados a la nueva legislación. Porque si los sacos de porotos siguen pesando 80 kilos, ¿cómo se cargarán? Y, por lo general, en las cosechas se sigue trabajando en forma manual, aunque ya en muchas partes se opera mecánicamente. No obstante, sobre todo en el caso de los productores más pequeños, todavía se mantienen las normas antiguas de almacenaje.
Otro elemento que me parece muy positivo es el de la educación, pues, si la persona va a cargar peso y no sabe cómo hacerlo, resulta evidente que la espalda y la columna se verán seriamente afectadas.
También quisiera destacar, por supuesto, lo relativo a los menores de edad y a las mujeres, respecto de los cuales los pesos de carga quedan absolutamente limitados.
Creo que todas las medidas propuestas tienden a mejorar la calidad de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y, sobre todo, a proteger su salud.
Señor Presidente , el Senador señor Bombal me pidió una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , la intervención del Senador señor Sabag , a quien agradezco la interrupción, me recuerda que también es importante precisar a la Sala que, en su debido momento, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que la aprobación de este proyecto va a causar efectos justamente en las faenas agrícolas -en todo lo concerniente a las cosechas de papas, de trigo, etcétera-, donde habrá que iniciar un proceso de readecuación de las normas que hoy se emplean. Esto no constituye un tema menor para el mundo de la agricultura, puesto que esta iniciativa generará más de alguna dificultad.
Sin embargo, lo que se busca es proteger la salud. Y, en tal sentido, se establece un período de adecuación, determinado por el artículo transitorio.
Reitero, señor Presidente -y Su Señoría representa a una zona agrícola-, que el punto fue tratado en la Comisión. La legislación en proyecto, necesariamente, va a generar una modificación en los estándares habituales de embalaje existentes en el sector agrícola, en rubros como trigo, papas, etcétera, y ello más de alguna complejidad provocará en cuanto a costos adicionales de transporte.
Es válido decir esto, pues la materia fue discutida en la Comisión, y probablemente algunos señores Senadores querrán mayores precisiones sobre el particular, o bien, de sus intervenciones surgirá más de alguna indicación.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Sabag.
Señor Presidente , como a todos quienes han hecho uso de la palabra, me parece muy importante que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad. Es lógico que una persona no pueda cargar más de 50 kilos; que en el caso de los menores de 18 años o de las mujeres no embarazadas el límite sea de 20 kilos, y que se prohíba a las embarazadas hacer esfuerzos en tal sentido.
No obstante, lo que me llama la atención en la historia de la iniciativa es que el Código del Trabajo de 1981 derogó una disposición anterior y no tomó en consideración el Convenio Nº 127 de la OIT, de 1967, relativo al peso máximo de las cargas. O sea, cuando en 1981 se dictó el Código Laboral, se suprimió una normativa vigente desde 1923, que abordaba la materia del presente proyecto.
El autor de dicho Código, su principal inspirador, no está en el Senado, sino que asesora a gobiernos del resto del mundo en la implementación de determinado sistema previsional. Pero me habría gustado mucho preguntarle por qué se derogó una norma tan humanitaria, tan lógica, vigente en Chile desde 1923. No alcanzo a entender la razón. Porque supongo que quien inspiró ese Código -para que quede claro, no es militar, sino civil- no tenía en mente que los obreros chilenos trabajaran como los que construyeron las pirámides de Egipto, y, además, tiene algún sentido humano, porque es una persona de muy buena formación, sobre todo económica.
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué habrá derogado esa disposición?
Como él suele mandar muchos E-mail a "El Mercurio", diario para el que a veces escribe artículos, y como interviene, no tanto en la política activa -en ella no ha tenido mucha fortuna, porque no ha sido elegido ni siquiera concejal-, sino más bien en una labor de tipo intelectual, me gustaría mucho que en alguna de sus columnas o cartas publicadas allí explicara por qué no tomó en consideración una norma de este tipo.
Fue elegido concejal.
Sí. Me rectifico: resultó electo concejal por una comuna muy ilustre: Conchalí.
Sin embargo, no ejerció.
La Comisión propone votar en general y en particular el proyecto, a la vez; pero primero lo haremos en general, para dar oportunidad de que se formulen indicaciones o peticiones de votación separada.
Votaron los señores Arancibia, Bombal, Cantero, Cariola, Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo y Zurita.
Si le parece a la Sala, no habiéndose presentado ninguna indicación ni formulado propuesta alguna de votación separada, el proyecto quedará también aprobado en particular, con la misma votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (24 votos a favor); se faculta a la Secretaría para hacer las adecuaciones de redacción correspondientes, y queda terminada la discusión en este trámite.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3397-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 8ª, en 6 de julio de 2004.
Defensa, sesión 29ª, en 14 de septiembre de 2004.
El Comité Socialista solicita segunda discusión para este proyecto.
Me parece bien. La verdad es que el señor Ministro de Defensa Nacional -creo que está en conocimiento de varios señores Senadores- había informado acerca de la voluntad del Ejecutivo de retirar esta iniciativa de la convocatoria. La solicitud del Comité Socialista permitiría que el Gobierno lo hiciera de aquí a mañana, si así lo deseara. De lo contrario, tendríamos que ponerla en discusión y votarla mañana.
Efectivamente, así me lo señaló el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , quien incluso agregó que el documento pertinente estaba firmado, por lo que ya debe hallarse en trámite.
Por ello, sería aconsejable que la Mesa o la Secretaría tomaran contacto con el Ministro señor Dockendorff para preguntarle en qué trámite se encuentra el oficio. De otra manera, el proyecto tendría que analizarse mañana, y no es la voluntad ni de la Comisión ni del Gobierno que así ocurra.
La Mesa informó de esta situación al Ejecutivo a través del señor Vicepresidente . De manera que ello está suficientemente claro.
Señor Presidente , si fuera posible, yo pediría aplazamiento del proyecto, porque si se deja para segunda discusión tendremos que discutirlo mañana y quedaremos en la misma situación.
Por consiguiente, solicito aplazar la iniciativa mientras no se aclare la posición del Gobierno.
Señora Senadora , el aplazamiento es para la votación. De manera que, en este caso, lo correcto parece ser pedir segunda discusión del proyecto. Porque si mañana comienza el debate y luego se pone en votación, puede solicitarse el aplazamiento de esta última.
En consecuencia, si le parece a la Sala, la iniciativa quedará para segunda discusión y continuaremos su tramitación mañana, si es que no ha llegado el anunciado oficio que la retira de la convocatoria.
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y la ley Nº 18.216, a los efectos de agravar las penas para los delincuentes reincidentes, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El Comité Socialista también pide segunda discusión para esta iniciativa, porque no se encuentra presente el Senador señor Andrés Zaldívar . Para mí, es importante su presencia, porque llevó adelante el proyecto en la Comisión; y para los Senadores de estas bancas, su opinión es relevante.
Si se pide segunda discusión, el proyecto, según el acuerdo de Comités, tendrá que analizarse mañana en lugar preferente. De manera que, si Su Señoría solicita segunda discusión, de todas maneras deberá tratarse mañana, y con prioridad.
Entonces, el proyecto quedaría para segunda discusión.
¿Habría acuerdo de la Sala para que el señor Secretario hiciera la relación del proyecto y se iniciara la primera discusión?
Señor Presidente , pido aplazarla para mañana.
Sí, señor Senador, pero es posible realizar la primera discusión.
Dada la buena voluntad de la Sala, si la discusión no se realiza hoy, ¿podríamos suspenderla hasta el próximo martes?
Si el argumento es la ausencia del Senador señor Andrés Zaldívar , quien sí estará presente la semana venidera, podríamos modificar el acuerdo de Comités en el sentido de dejar la discusión del proyecto para el martes próximo, también en un lugar preferente.
¿Habría acuerdo de la Sala para proceder de esa forma?
¿Qué ocurrió con el proyecto atinente a la droga?
Se suspendió su tramitación, porque el Senador señor Ávila, autor de la moción, debió ausentarse por razones de fuerza mayor y no de otro orden.
Corresponde discutir el proyecto signado con el número 7 del Orden del Día, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales. Se trata de una iniciativa con rango orgánico constitucional.
Señor Presidente , no sé si existe el riesgo de que no se alcance el quórum correspondiente. Porque si lo hay, habría que votar el proyecto mañana.
Ese riesgo siempre está presente y no existe ninguna garantía de que se reúna el quórum respectivo. Así que entrar a tratar la iniciativa supone el peligro de que, al momento de votarla, no tengamos el número suficiente de Senadores en la Sala, salvo que en ese minuto se pida suspender la discusión o aplazar la votación, dejando hecho el debate.
En consecuencia, pasamos al asunto signado con el número 7.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Stange, Valdés, Vega y Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales, con nuevo informe complementario de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
M. Ambiente y B. Nacionales (nuevo), sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Sesión 5ª, en 21 de octubre de 2003 (vuelve a Comisión)
La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que fue autorizada en sesión de 16 de septiembre de 2003 para discutir el proyecto en general y en particular, ha elaborado ya tres informes, el último de los cuales es complementario.
El nuevo informe deja constancia de haberse recibido en audiencia a representantes del Colegio Médico Veterinario y a Proanimal, entidad que agrupa a diversas asociaciones protectoras de animales.
Asimismo, la Comisión consigna que tuvo en especial consideración la urgente necesidad de suplir el vacío jurídico que se generará con la promulgación del proyecto de ley sobre protección de los animales, actualmente en análisis en el mismo órgano de trabajo.
Todos los acuerdos del referido organismo fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros presentes, con excepción del artículo 1º, que tuvo el voto en contra del Honorable señor Viera-Gallo.
El artículo 1º del proyecto renueva la vigencia del artículo 291 bis del Código Penal, que se deroga en el proyecto correspondiente al boletín Nº 1.721-12, y cuyo texto dice: "El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o sólo a esta última". Asimismo, en el artículo 2º se modificó el actual artículo 494 del Código Penal, estableciéndose que se aplicará la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales al que dejare un animal en situación de peligro o de padecer sufrimiento innecesario.
En el artículo transitorio se preceptúa que la ley en proyecto regirá al momento de entrar en vigor la ley que otorga protección a los animales, y que su texto pasará a formar parte de ella, facultándose al Presidente de la República para fijar el texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley sobre protección de los animales.
Finalmente, debo hacer presente que el artículo 3º del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere, para su aprobación, el voto conforme de 26 señores Senadores.
Señor Presidente , previendo que para el momento de la votación tengamos que pedir segunda discusión y que mañana haya que hacer de nuevo un apretado resumen de la iniciativa, quiero explicar a la Sala el origen de la moción.
Hace algunos años se elaboró, con el concurso del Colegio Médico Veterinario de Chile, una normativa general sobre el bienestar animal, que pasó por todas las instancias del Congreso. Sin embargo, no obtuvo el quórum necesario en la Cámara de Diputados en lo referente a las sanciones. Para llenar este vacío, el Ejecutivo envió un veto, pendiente en el Senado, que de nuevo no obtuvo el quórum correspondiente en la otra rama del Parlamento en lo relativo a las sanciones.
De seguir su curso esa iniciativa, sucederá que, como se deroga el actual artículo 291 bis, que sanciona las conductas de crueldad y maltrato con los animales, y al no haber reunido el quórum la sanción alternativa, quedarán impunes los actos de crueldad y maltrato con los animales. Esto produce varios efectos que explicaremos en su momento.
Por esta razón, un grupo de Senadores elaboramos una moción para llenar ese vacío, buscando concitar el máximo acuerdo posible con el fin de lograr el quórum respectivo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Además, en conjunto con el Ejecutivo -específicamente, con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia-, se acordó no dar urgencia al veto para el despacho de esa iniciativa hasta que esta moción estuviera en la misma etapa, de manera de promulgar las dos leyes en forma prácticamente simultánea, para no generar un vacío.
Por lo tanto, todo lo concerniente a la relación con los animales en los establecimientos de educación, en los espectáculos, en los zoológicos, en los centros de investigación, en las actividades de carácter productivo, ya tiene un cuerpo legal bastante avanzado.
La votación en la Cámara -independiente de algunas posiciones que son más bien, por así decirlo, marginales, que todavía pretenden respaldar riñas de gallos con apuestas y cosas por el estilo-, obedeció, fundamentalmente, a la corresponsabilidad de los propietarios de establecimientos en los cuales se trabaja con animales. En este sentido, el proyecto de ley da solamente responsabilidad a la persona que cometa el acto de crueldad o maltrato. Ésa fue una de las principales razones por las que no se obtuvo el quórum en la oportunidad anterior.
Otros motivos en los cuales se sustentaron determinadas posiciones, particularmente en la Cámara Baja, denotan, en alguna medida, poco conocimiento del proyecto. En efecto, algunas personas, de manera justificada, son muy partidarias de respaldar actividades tradicionales chilenas como el rodeo; pero éste, en la iniciativa de ley a que me refiero -que se encuentra en avanzado trámite legislativo-, se halla exceptuado de la normativa. De hecho, el reglamento de la Federación de Rodeo es más estricto incluso que la ley sobre bienestar animal.
En ese contexto, decidimos renovar, aunque acotadamente, la vigencia del artículo 291 bis del Código Penal, tal como se propone en este proyecto de ley. Las otras conductas se sancionan como faltas, salvo una, que se agrega a modo falta penal.
En los demás aspectos, la iniciativa es bastante sencilla. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hubo un intento de prescindir de todas las acciones del Ministerio de Salud con respecto al bienestar animal. En verdad, dicha Secretaría de Estado ya posee ciertas facultades en el Código Sanitario, las cuales son totalmente complementarias. De ahí que, a nuestro juicio, no debe exceptuarse a ninguna institución en esta materia.
Ahora, yendo a lo general, los actos de crueldad y maltrato son prevenidos en las sociedades por varios motivos. Uno tiene carácter ético, en el sentido de que se debe prevenir y evitar el sufrimiento a todo animal que sea capaz o susceptible de sentir y, por tanto de padecer sufrimiento. En nuestra legislación se ha establecido el concepto del sufrimiento innecesario.
El segundo motivo corresponde a una visión de prevención de la sociedad. Es sabido que las personas que son crueles con los animales terminan siendo también crueles con sus semejantes.
Y el tercero apunta a una cuestión de orden práctico. Todo país con actividades productivas vinculadas con animales debe salvaguardar que las relaciones con éstos no les provoquen sufrimiento innecesario y que tengan un estándar de bienestar mínimo. Un consumidor de la Unión Europea, de alguno de los países con los cuales hemos celebrado tratados o acuerdos de libre comercio, va a exigir, como lo hace su propia legislación, condiciones de bienestar animal mínimas para adquirir nuestros productos.
Por lo tanto, en esta materia tenemos un vacío legal que se debe llenar, porque esa exigencia se halla ad portas.
Por tales razones, la Comisión de Medio Ambiente propone que se apruebe en general el proyecto y se fije un plazo prudente para presentar indicaciones.
Deseo hacer una consulta al Honorable señor Horvath , quien, al igual que otros señores Senadores, está muy compenetrado de esta materia.
Hoy día se habla de la crueldad y del maltrato a los animales. Sin embargo, en esta sociedad tan deshumanizada, tan hedonista, es increíble la proliferación de los más variados tipos de mascotas que, curiosamente, llenan muchos vacíos. Tal vez, en alguna medida, cobra vigencia el viejo pensamiento que dice: "Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro", porque en estos seres se encuentra más lealtad y afecto.
Por otra parte, me ha llamado mucho la atención que en los aeropuertos se utilicen perros de diferentes razas para la detección de drogas en el equipaje de los pasajeros. Y he recibido una información -me gustaría que el Senador señor Horvath me la confirmara- en el sentido de que a estos animales se los convierte en drogadictos. Vale decir, les dan diferentes tipos de drogas para que puedan cumplir con su labor, lo cual revela, entonces, que si ello fuera cierto, prácticamente se les estaría asesinando.
Por eso, consulto si eso está científicamente comprobado o se trata de una versión un tanto fabulesca.
El siguiente orador inscrito es el Honorable señor Viera-Gallo.
¿Su Señoría le concedería una interrupción al Senador señor Horvath para responder la consulta?
Señor Presidente , el Honorable señor Muñoz Barra tiene razón. De hecho, mi padre era médico; dictaba clases de medicina veterinaria. Y me contó que para adiestrar a los animales en la detección de drogas se los hacía drogadictos, a fin de que pudieran pesquisarlas. Ésa era una práctica de antaño. Hoy en día se familiariza al perro con los estupefacientes sin convertirlo en dependiente. Es decir, se pretende que sea capaz de detectarlos como un buen sabueso. Ésa es la versión más reciente.
Sin embargo, como no tengo la respuesta completa, averiguaré con la Policía de Investigaciones.
Señor Presidente , el Honorable señor Horvath ha explicado los avatares del proyecto. Y, al parecer, mañana estaremos ante la posibilidad de dar un paso importante para concluir la tramitación de una normativa adecuada y razonable relativa a un problema sobre el cual progresivamente se ha ido tomando conciencia.
En primer lugar, en el informe complementario se deja constancia de que todas esas atribuciones son sin perjuicio de las que tiene la autoridad sanitaria. Ello es muy importante, debido a la función primordial que le cabe a dicha autoridad de velar por la salud pública.
En segundo término, si entiendo bien, la controversia fundamental que hay respecto del proyecto es saber si serán sancionados como delito la crueldad y el maltrato con los animales, que se definen como el castigo o la actividad realizada para provocarles "un daño o menoscabo de su integridad física y normal funcionamiento fisiológico, o su muerte, o le provoquen sufrimiento innecesario", quedando la posibilidad de que también hay sufrimiento necesario en ciertos animales. Aquí se debe decidir si esas conductas serán sancionadas como delito, de acuerdo al artículo 1º del nuevo informe complementario, que repone lo dispuesto en el artículo 191 bis del Código Penal, o como falta administrativa, según se propone en el artículo 1º del informe complementario. Porque no pueden regir ambas normas; es una u otra.
La tipificación contenida en el nuevo informe complementario dice lo siguiente: "El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado". En cambio, el texto del informe complementario señala: "El que cometiere crueldad o maltrato sobre un animal, será castigado con multa", etcétera. De manera que, o es una falta administrativa, según el informe complementario, o se trata de un delito, como lo consigna el artículo 1º del nuevo informe complementario. Repito: es una u otra disposición.
Ahora bien, a mi juicio, lo más eficaz es que sea una falta la que conozca el juez de policía local; porque, obviamente, por estas conductas no se puede incoar un proceso penal. En el nuevo sistema, como el fiscal cuenta con el principio de oportunidad, existe la posibilidad de llegar a juicio oral por un acto de crueldad contra un animal. Pero la fiscalía no dará curso a ese tipo de causas, y por una razón muy simple: si no tiene tiempo para avanzar en procesos en los cuales las víctimas son seres humanos, ¿qué argumentos podría esgrimir para postergarlos a fin de dedicarse a otros donde los afectados son animales? Pienso que esto se halla fuera de toda lógica. Sin embargo, todavía hay algunos Parlamentarios, especialmente Diputados, que insisten en esa tesis.
A la Comisión asistieron, incluso, representantes de una agrupación internacional protectora de animales -no recuerdo su nombre-, con sede en Inglaterra. Si no entendí mal, ellos también estarían conformes con que esto fuera una falta administrativa, debido a que el juez de policía local dispone de toda una reglamentación para imponer multa, trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera.
Debe pensarse que, por lo general, este tipo de infracciones ocurre en el área rural, y no es frecuente en sectores urbanos, salvo en el caso de circos, utilización de animales en espectáculos y faltas a las normativas específicas de los mataderos. En cambio, se dan en el campo, donde los animales cumplen además una función social y no sólo la de entretención de la familia.
Por eso, pienso que sería conveniente que esto quedara como una falta.
Al respecto, solicito a la Secretaría una aclaración, porque las situaciones son un poco complejas.
Lo que debería resolverse mañana, si entiendo bien, es si hay delito o falta administrativa. Tenemos dos textos: el nuevo informe complementario y el informe complementario. Entonces, deseo que se aclare lo que se votará mañana.
Señor Senador , en el nuevo informe complementario -que es el último entregado-, la Comisión dice: "Como consecuencia de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, tiene el honor de proponeros aprobar el proyecto de ley en informe, en los siguientes términos...". Ése es el texto que se someterá a votación.
Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
Entonces, es una lástima. Porque si el Senado vota mañana que haya delito, no existirá sanción administrativa, salvo que en la discusión particular se resuelva algo distinto.
Señor Presidente , cabe recordar que estamos discutiendo la idea de legislar para llenar ese vacío legal. Cuando se realice el debate en particular decidiremos si será falta o delito. Entonces tendremos esa opción. Pero no nos adelantemos; basta que aprobemos en general el proyecto para encaminarnos en esa dirección.
Le agradezco la interrupción, Honorable colega.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , intervendré nuevamente mañana, cuando haya más Senadores en la Sala, a fin de argumentar que me parece más razonable la reglamentación del informe complementario, donde se contempla un artículo que establece toda una disposición administrativa. Reitero: eso lo considero más razonable.
No tengo inconveniente en votar a favor del proyecto en general y después presentar indicaciones en el sentido que he señalado.
Debo aclarar que, efectivamente, se vota en general el texto del nuevo informe complementario. Se vota en general, efectivamente, a pesar de que el resumen ejecutivo consigna como "Acuerdos: aprobar en general y en particular el proyecto en informe.". Pero entiendo que eso no ha sido autorizado por la Sala. Aparentemente, tampoco lo propone; pero -repito- así lo indica.
Lo otro importante de considerar es que no puede formularse el proyecto de ley como se señala en el artículo 1º, que dice: "Renuévase la vigencia del artículo 291 bis del Código Penal". Los artículos no renuevan su vigencia. Se puede decir "Apruébase el artículo 291 bis del Código Penal, cuyo texto será el siguiente". Pero renovar la vigencia de una norma no es procedente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, y menos todavía en materias penales.
En todo caso, de nuevo podría entenderse que, de aprobarse así, eso se corregirá en la discusión particular.
Señor Presidente , creo que estamos todos de acuerdo en que el sufrimiento innecesario de cualquier animal es indebido y justifica una sanción para quien lo provoca. Pero aquí se hace una distinción fundamental. Porque si me dicen que en las corridas de vacas o en los rodeos los animales no sufren, yo no lo creo: sí sufren.
Entonces, ¿por qué vamos a permitir el rodeo y no las riñas de gallos, en circunstancias de que ambos son una tradición en nuestro país? Dichas aves pueden sufrir tanto como las vacas. ¿O me van a decir que en el polo, que tampoco lo vamos a prohibir, no hay daño a los caballos? He visto que los sacrifican porque se quebraron una pata. Entonces, en este deporte, ¿no sufren los animales?
Esto de permitir actividades tradicionales porque son típicas del campo chileno es muy relativo. En el rodeo, que es muy bonito, los animales sufren; en las riñas de gallo, igualmente tradicionales, también. Por desgracia, como los animales no pueden decir si les duele o no, lo que se apruebe al respecto es lo que nosotros decidamos.
He visto riñas de gallos en las cuales a las aves se les ponen guantecitos para evitarles daño. A lo más boxean, como lo hacen dos humanos.
¿Dónde ha observado eso, Honorable colega?
En Antofagasta, señor Senador. En todas las regiones del norte de Chile hay riñas de gallos.
¡Hay peleas con guantes de boxeo...!
Invito a Sus Señorías a verlas.
En algunas áreas de Santiago -puedo darles las direcciones- se llevan a cabo campeonatos mundiales o latinoamericanos. Y ahí sí que estas aves se hacen daño, porque pelean con espolón y se matan.
Pero -¡por favor!- en el rodeo la vaca resulta con lesiones internas y debe ser sacrificada. ¡Y eso sí se puede permitir! ¡Lo otro, no!
Me parece que las cosas deben apreciarse en su justa medida.
Si los animales hablaran, dirían que sufren en el polo, en las riñas de gallos, en los rodeos. También el caballo, cuando lo hacen tirar un tremendo carretón, o los bueyes, al picanearlos para que muevan cargas enormes.
Repito: si pudieran hablar, todos los animales nos dirían que sufren.
En esta materia voy a pedir votación separada, porque no estoy de acuerdo en impedir las riñas de gallos, que son tradicionales en nuestro país, al igual que el rodeo. Los animales sufren por igual. A lo mejor, como los gallos son más chicos, sufren menos que los animales grandes.
Señor Presidente , no estoy dispuesta a que suprimamos una tradición que viene de la Colonia y que alguna gente quiere, pues le gusta y se apasiona con ella. Puede ser un lindo espectáculo, si se hace como señalo.
Voy a traer fotos para que Sus Señorías vean cómo los gallos pelean con una especie de guantes de boxeo. Además, es una actividad bonita, simpática, y ayuda a la entretención familiar, en lugares donde no hay muchas oportunidades para ello.
Me parece que esto no corresponde. Pero no sé qué hacer. Es obvio que estoy en contra del maltrato y la crueldad con los animales; pero esto es bastante relativo. Mañana oiré los argumentos y luego decidiré.
Señor Presidente , creo que nos hace falta realizar más frecuentemente este tipo de debates en el Senado, porque no todo debiera ser tan serio. Y alabo el buen humor de la señora Senadora que me precedió.
Sin embargo, en el día de hoy hemos conocido la noticia de que ha fallecido el campeón del rally París-Dakar, probablemente víctima de un esfuerzo demasiado violento. Y el señor Meoni no es la primera víctima de esta competencia. Ha habido otros casos muy lamentables. El propio campeón chileno, Carlo de Gavardo, ha tenido que abandonar debido a los sufrimientos derivados de dicha prueba. Supongo que no hay normas legales que prohíban eventos de esa naturaleza.
En el caso que nos ocupa, este conjunto de disposiciones están presididas por un hecho claro: nadie está de acuerdo con el maltrato injustificado a los animales. Y no puedo estar más conforme con esa definición. Pero, obviamente, en el curso de los 16 últimos años -éste es un tema de larga se han suscitado distintas discusiones respecto de las riñas de gallos con guantes y espectáculos de distinta índole.
Recordamos en esta misma Sala, por ejemplo, que los reglamentos del rodeo son mucho más severos y estrictos que las normativas legales que he leído en los últimos 16 años. Porque lo cierto es que en ese deporte no conozco ningún caso en que se haya tenido que sacrificar a algún animal. Al contrario, las cinchas son cuidadosamente preparadas, justamente para que las bestias no sufran daño innecesario.
No obstante, debo hacer una observación de fondo, pues no sé qué vamos a aprobar en general. Porque resulta que tenemos un proyecto en tramitación que, si no me equivoco, está en estado de veto. Y debiéramos tenerlo a la vista, claramente, porque pueden producirse contradicciones entre una iniciativa y otra.
Pero aquí hemos escuchado la opinión del Senador señor Viera-Gallo , quien expresó que en un texto se destaca una sanción de carácter penal, y en el otro, una de orden administrativo, de multas.
Señor Presidente , lo que señaló el Honorable señor Viera-Gallo , con toda razón, son los distintos informes, por la larga tramitación que ha tenido esta moción. La iniciativa sobre protección de los animales, que se encuentra en estado de veto, tiene un vacío, por cuanto no contempla sanción alguna, ni como falta ni como delito, por los actos de crueldad y maltrato. Obviamente, si se quiere tenerla a la vista, no hay problema alguno. Pero las alternativas señaladas por el Senador señor Romero están consignadas en el informe complementario y en el nuevo informe complementario evacuados por la Comisión de Medio Ambiente a la Sala.
Asimismo, quisiera corroborar (porque evidentemente el cuidado de los animales puede llegar a la exageración) que las actividades del rodeo corresponden a un espectáculo. Y, en el fondo, es lo que normalmente ocurre en el campo cuando se arrea un animal de un lugar a otro, o se lo tiene que cercar para que lo vea el veterinario, etcétera. O sea, tales actividades no tienen más rigor que el que se observa en un partido de fútbol.
Agradezco a Su Señoría la interrupción.
Recupera la palabra el Senador señor Romero.
Señor Presidente , no estoy en contra de lo que señala el Honorable señor Horvath . Pero quiero hacer presente que, a mi parecer, es muy importante que tengamos a la vista y en forma ordenada todos los proyectos y los documentos. Porque, en la práctica, ha transcurrido mucho tiempo desde que debatimos esta materia en el Senado. Luego el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, y posteriormente fue objeto de veto.
Por eso, para una mejor comprensión de las normas, se hace evidente que necesitamos conocer, no sólo el primer informe y el complementario, sino también las referidas observaciones del Presidente de la República , a fin de conciliar las distintas disposiciones. De otra manera podemos encontrarnos con sorpresas que, sin ser intencionales -por ningún motivo quiero pensarlo así-, den motivo a una mala legislación sobre una materia que es muy delicada.
Específicamente, debemos tener a la vista todos los antecedentes de las iniciativas legales en tramitación, como las consignadas en el veto y en el informe complementario, pues no se entiende bien si lo que estamos discutiendo es éste, que dice una cosa, o el otro, que propone una distinta.
Por eso, para una mejor comprensión del debate, hago cuestión en el sentido de que tengamos todos los antecedentes a la vista y, a lo mejor, un texto reunificado, aun cuando no sea de modo oficial.
Con la venia de la Mesa, ningún problema, Su Señoría.
Señor Presidente , nos encontramos en una situación legislativa muy extraña.
Para claridad de los señores Senadores, lo más correcto es despachar el primer proyecto y que se publique como ley de la República. Con ello se producirá un intervalo no superior a un mes sin que haya sanción. Después, el Senado podrá pronunciarse sobre éste. Porque el temor -me lo acaba de señalar el Senador señor Moreno - radica en que la otra iniciativa, que es un cuerpo sustantivo, no sea ley y quede como mero propósito.
Entonces, la idea de impulsar dos proyectos paralelos, si bien en teoría es muy razonable, en la práctica produce confusión.
De ahí que soy partidario de que la otra iniciativa se promulgue como ley en marzo del presente año y, luego, Senadores y Diputados se pronuncien rápidamente sobre el asunto en debate.
Porque en una cosa estamos de acuerdo: debe existir alguna sanción para quien maltrate a los animales. ¿Cuál es la diferencia? Unos proponen que sea un ilícito penal, y otros, que sea una falta tramitada ante el juzgado de policía local. Pero ésa es una diferencia menor. Por último, ganará una posición u otra.
Sin embargo, estamos en una suerte de confusión, porque tenemos que votar el proyecto, y el Senador señor Moreno me dice que no recuerda dónde está salvado lo del rodeo. Entiendo que en la otra iniciativa.
¡Todavía no es ley!
Pero los señores Senadores no tienen el texto. O sea, para votar mañana es necesario al menos tenerlo a la vista.
Señor Presidente , todas las observaciones apuntan correctamente en el mismo sentido. Yo estoy convencido de que el maltrato a los animales no puede quedar sin sanción. En ese sentido, respaldo el planteamiento y la inquietud del Senador señor Horvath .
Me parece que el procedimiento que adoptemos debe seguir un cierto orden, porque con este proyecto podemos definir y sancionar ciertas conductas, pero el otro conjunto de disposiciones -que es extraordinariamente importante y esencial para resolver el problema- tal vez nunca se dicte como ley, lo que sería una cuestión extraordinariamente grave.
Se nos han dado las garantías.
Está bien. Se nos pueden dar todas las seguridades de que será así, pero, por una razón u otra -no imputable a la voluntad de nadie en particular-, podemos quedar ante el peor de los escenarios.
Por eso, creo sinceramente que hay voluntad general de sancionar el maltrato a los animales. Algunos consideran mejor una multa administrativa; otros piensan de manera distinta. No obstante debemos seguir el orden necesario, y las disposiciones legales pendientes tienen que despacharse.
Señor Presidente , el Senador señor Viera-Gallo , en parte, resumió la inquietud que me ha surgido en el debate, porque el informe complementario de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales contiene una modificación sustantiva, respecto de algunas consideraciones que fueron incluidas en el primer informe de octubre de 2003, que incluso están reflejadas en sus primeras páginas.
Una de las inquietudes, por ejemplo, consiste en que el proyecto de ley en debate y la fundamentación del nuevo informe complementario de la Comisión no hacen expresa salvedad acerca de deportes tales como el rodeo, la carrera a la chilena, la corrida en vaca, que sí estaban claramente indicados en el otro proyecto y que jamás podrían ser considerados dentro de la aplicación de sanciones a partir de una ley de esta naturaleza. Eso se ha omitido en el nuevo informe complementario; no hay ninguna referencia a ello.
Algunos colegas señalaban la existencia de otro proyecto completo, donde se establecen las definiciones y en cuya discusión participamos en algún momento.
Si vamos a continuar mañana en el debate de esta materia, me parece indispensable que cada Senador tenga sobre su escritorio el otro proyecto...
...de manera de saber lo que estamos discutiendo. Porque, de otra forma, votaremos algo que nos dejará con la sensación de que lo hecho es bastante incompleto.
Soy partidario de legislar y de fijar una sanción para quienes ejecutan actos de crueldad contra los animales. O sea, desde ese punto de vista, anuncio mi posición favorable. No tengo duda alguna de ello. Pero, como consecuencia de una normativa de esta naturaleza, no podemos el día de mañana llenar los tribunales del crimen o los juzgados de policía local con querellas o demandas de personas que digan: "Mire, una ley genérica nos autorizó para oponernos a que haya carreras a la chilena, o un rodeo, o un deporte...
O a las riñas de gallos.
La Senadora señora Frei señala las riñas de gallos. Sobre ello tengo alguna discrepancia respecto de la posición de Su Señoría; pero el punto lo zanjaremos más adelante.
Sin embargo, es necesario que nos impongamos completamente de lo que se está haciendo, porque de lo contrario vamos a legislar en forma insuficiente.
Efectivamente, es importante tener a la vista el texto del proyecto aprobado por el Congreso, al cual se ha hecho referencia, que ha sido objeto de observaciones del Presidente de la República , las cuales aún se hallan en trámite.
Por ejemplo, el artículo 14 (que pasa a ser 16) -tengo su texto a la vista- establece que las normas de la ley de protección no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vacas, el movimiento a la rienda,...
...y a los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos.
También se excluyen otras normas generales referidas a la pesca y caza, etcétera.
Asimismo, el artículo 16 nuevo propuesto por el Senado en el informe de la Comisión Mixta, que pasó a ser 18, dispone: "Derógase el artículo 291 bis del Código Penal.". Eso es lo que aparentemente ha tratado de corregir el proyecto que nos ocupa.
Sin embargo, al agregar otras disposiciones, se produjo la inquietud señalada.
Pido la palabra en mi segunda intervención, señor Presidente.
Aunque Su Señoría ya hizo uso de la palabra, se la concederé nuevamente.
Mi intervención anterior fue en calidad de Senador informante .
Señor Presidente , en primer término, me parece inadecuado que el Congreso Nacional, dada la confusión surgida por no tener todos los elementos a la vista, por el hecho de que ha pasado mucho tiempo y de que no todos los señores Senadores tienen fresca la situación, se preste para despachar un proyecto sobre bienestar animal, vetado por el Presidente de la República , sin el quórum necesario para aplicar las sanciones, lo que, en el fondo, deja un período -cualquiera que éste sea- de impunidad a los actos de crueldad y maltrato con los animales. Tal situación -por lo menos lo planteo en términos personales- resulta impresentable.
En segundo lugar, no veo ninguna confusión en que, de forma paralela, un proyecto que se halla en la primera etapa de su trámite legislativo en el Senado pretenda precisamente llenar ese vacío. Una vez que él avance, se puede despachar el otro. De todas maneras, las urgencias son fijadas por el Ejecutivo , no por nosotros. Pero sí las podemos acordar con él.
En cuanto a la riña de gallos, debo señalar que esa práctica es sancionada por otras razones: aparte la crueldad y la muerte de los animales, lleva aparejado un sistema de apuestas totalmente ilegal. En este sentido, hay bastante jurisprudencia a la fecha.
Sólo por razones de procedimiento, pido segunda discusión sobre esta materia, para poder realizar la votación mañana y no enfrentarnos con una falta de quórum. En ese momento la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales podrá contar con el proyecto de bienestar animal, con el veto del Presidente de la República y con el informe comparado correspondiente, de manera que no se revivan discusiones ya resueltas por el Congreso Nacional. Así podremos avanzar con la votación en general del proyecto. Luego, en la instancia de discusión particular y con las indicaciones que formulen los señores Parlamentarios, estaremos en condiciones de elegir entre una opción y otra; o sea, falta o delito.
En nombre del Comité Demócrata Cristiano, pido segunda discusión.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole información sobre ERRORES DEL SERVIU REGIONAL EN DATOS DE POSTULANTES A PROGRAMA DE VIVIENDA DINÁMICA SOCIAL SIN DEUDA (Segunda Región).
Al señor Intendente de La Araucanía, solicitándole CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ALTERNATIVO POR FUERA DE TÚNEL LAS RAÍCES Y ASFALTADO DE CUESTA LAS RAÍCES, y pidiéndole antecedentes respecto de ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE FALTA DE AGUA EN PROVINCIA DE MALLECO (ambos de la Novena Región).
A los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Justicia, solicitándoles INDICACIÓN A PROYECTO SOBRE BONIFICACIÓN POR EGRESO PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA
A los señores Ministro de Obras Públicas e Intendente, SEREMI de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Sexta Región, pidiéndoles RECURSOS PARA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CAMINO SAN VICENTE-LO RASTROJOS (Sexta Región).
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole información sobre MEDIDAS CONCRETAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE SUGERENCIAS DE INFORME Nº 7, "DENUNCIAS POR RESPONSABILIDAD MÉDICA AÑO 2002-SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD".
Por no haber quórum para seguir tratando los demás proyectos del Orden del Día, se levanta la sesión.
Con el objetivo de resguardar la independencia de la labor parlamentaria, los países han consagrado en sus ordenamientos constitucionales ciertas normas especiales a favor de los parlamentarios, que se han manifestado históricamente en dos instituciones: La inviolabilidad o inmunidad legal, y el llamado fuero parlamentario.
Nuestra actual Constitución Política consagra ambas instituciones en su artículo 58, en los siguientes términos:
Se establece en el artículo 58 inciso primero de la Constitución, que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión, consagrando con ello la irresponsabilidad penal de los parlamentarios frente a los delitos de injurias o calumnias cometidos por las opiniones vertidas por ellos en sala o comisión.
A su vez, el artículo 58 inciso segundo establece el fuero parlamentario, entendido como la prerrogativa que tienen los diputados y senadores, desde el día de su elección o designación,
en orden a que no pueden ser procesados o privados de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar a la formación de causa. Lo que se conoce como "juicio de desafuero".
Si bien ambas instituciones han cumplido en la historia constitucional de nuestro país, una importante función en el resguardo de la independencia de la función parlamentaria, hoy en
día, estas han perdido en gran parte su justificación, razón por la cual, con el presente proyecto de ley, se propone eliminar definitivamente la inviolabilidad parlamentaria, restringir el fuero parlamentario, haciéndolo aplicable exclusivamente en materias penales, y eliminar la suspensión del ejercicio parlamentario en caso de desafuero, con el fin de no afectar la representación ciudadana.
Por último, se adecúa la redacción de la norma constitucional con el fin de hacerla compatible con la nueva reforma procesal penal.
Artículo único: Sustitúyase el artículo 58 de la Constitución Política de la República de 1980, por el siguiente:
"Artículo 58. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, podrá verse privado, restringido o perturbado en el ejercicio de los derechos que, en un procesal penal, la Constitución asegura a todas las personas, sin previa autorización del pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, a requerimiento del Ministerio Público. Tratándose de medidas cautelares, éstas deberán ser decretadas por la misma Corte de Apelaciones. De dichas resoluciones el afectado podrá apelar ante la Corte Suprema.
Asimismo, podrán ser arrestados o detenidos por delitos flagrantes, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con los antecedentes correspondientes, a fin de que ésta, en pleno, examine la legalidad de la detención o arresto.".
(Fdo.): Andrés Chadwick Piñera, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Andrés Zaldívar Larraín.
Uno de los problemas generalizados que enfrenta el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) es la gran cantidad de procedimientos administrativos que deben cumplir para poder formalizar un proyecto productivo.
Un organismo especializado, la National Bureau of Economic Research, de Estados Unidos, confeccionó un ranking para establecer una comparación internacional en cuanto a los pasos necesarios para poner en marcha un proyecto de inversión. La muestra abarcó a 75 países, escogiendo las principales ciudades. La ciudad con menores trabas resultó ser Toronto en Canadá, donde sólo se requieren dos pasos para abrir un nuevo negocio y dos días de trámite. Con los mismos parámetros de comparación, Chile está en el lugar 51 con 12 procedimientos y 78 días de tramitación. El número de gestiones y el tiempo empleado a nivel local está por encima del promedio internacional obtenido por esta encuesta, que fue de 10,17 números de procedimientos y 63,1 días de trámite.
Esto significa que Chile tiene un nivel burocrático 12% superior a la muestra internacional en lo que se refiere a número de procedimientos y de 24% mayor en cuanto a los días de trámite. Esta última cifra es de suma importancia, ya que además de ser bastante alta, el costo económico que significa para esos proyectos el no estar funcionando durante los días de tramitación, son altos y pueden ser el argumento para tomar la decisión de no realizar aquellos proyectos que están en el margen. Es así como el costo de formalizar una microempresa en Chile, es equivalente a la mitad del total de utilidades que tendría ésta durante todo un año.
Pero no sólo se impone a quien quiere crear un negocio una gran cantidad de trámites, sino que los trámites que deben realizarse son tan variados según la actividad en que se enmarque el proyecto y la situación geográfica del mismo, que resulta casi imposible entenderlos. Y es tanta la complejidad burocrática que resulta muy difícil determinar una línea cronológica de los requisitos, ya que algunas veces pueden realizarse en forma paralela, mientras que también pueden repetirse en forma innecesaria y producirse duplicidad en cuanto a los organismos fiscalizadores.
Aunque las dificultades son muchas y variadas, las principales trabas se producen en los Estudios de Impacto Ambiental y los permisos sanitarios, porque dentro de estas instancias la falta de coordinación y complementación de los organismos encargados es tan grave, que se han transformado en una verdadera muralla para el incremento de la inversión productiva.
Por todas estas razones, el Congreso aprobó la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Esta Ley, publicada el 29 de mayo del 2003, estableció la facultad al Presidente de la República para que en el plazo de un año, contado desde la publicación de la Ley, mediante decretos con fuerza de ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Salud, reduzca los plazos de los procedimientos administrativos que rigen el otorgamiento de:
– Las patentes municipales
– Estudios de impacto vial
– Certificados y recepción de obras de construcción y urbanismo
– Autorizaciones sanitarias
– Estudios y declaraciones de impacto ambiental
Hasta la fecha, sólo se ha promulgado el D.F.L. N°3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con fecha de publicación 7 de agosto del 2004, el cual estableció un plazo de 10 días hábiles a cada municipio, contados desde el día en que tenga a disposición todos los antecedentes, para el otorgamiento y renovación de la patente comercial y la patente profesional, y un plazo de 15 días para la patente industrial.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL SENADO ACUERDA
solicitar al Presidente de la República Don Ricardo Lagos Escobar la dictación, a la brevedad, de los decretos con fuerza de ley que establezcan plazos al resto de los procedimientos contenidos en la Ley N°19.880.
(Fdo.): Julio Canessa Robert, Marco Carriola Barroilhet , Andrés Chadwick Piñera, Fernando Cordero Rusque , Carmen Frei Ruiz-Tagle , José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo Ortiz, Jaime Orpis Bouchón, Baldo Prokurica Prokurica, Sergio Romero Pizarro y Hosaín Sabag Castillo.

References: artículo 81
 artículo 1
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 artículo 33
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 artículo 40
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 artículo 5
 artículo 32
 resolución 
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 artículo 1
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 artículo 32
 artículo 73
 artículo 5
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 artículo 1
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 artículo 38
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 artículo 211
 artículo 1
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 artículo 291
 artículo 2
 artículo 494
 artículo 3
 artículo 291
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 artículo 1
 artículo 191
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 artículo 291
 artículo 291
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 291
 artículo 58
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