Source: http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Peru11769a.sp.htm
Timestamp: 2019-11-18 04:06:12+00:00

Document:
Perú Petición 11769A Jesús Mónica Feria Tinta
INFORME Nº 27/08
CASO 11.769-A
JESÚS MÓNICA FERIA TINTA
1. El 17 de junio de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Americana” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Doctor Curtis Francis Doebbler, en su carácter de representante de la señora Jesús Mónica Feria Tinta (en adelante “la presunta víctima” o “la peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”) en virtud de las presuntas violaciones a los derechos humanos de las que habría sido víctima la peticionaria con motivo de su detención, procesamiento por el delito de terrorismo en el año 1992 y la orden de apertura de un nuevo proceso en su contra con posterioridad a su absolución. Al momento de elaboración del presente informe, la presunta víctima ha asumido su propia representación en el trámite ante la CIDH.
2. La peticionaria alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos protegidos por los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 14 (rectificación o respuesta) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en concordancia con la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 del citado instrumento internacional. Alega también que la petición es admisible ya que se encontraría eximida del requisito de admisibilidad relativo al previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna conforme al artículo 46.2.a de la Convención, puesto que la legislación peruana en materia de terrorismo no aplicaría las normas del debido proceso.
3. El Estado, por su parte, en aplicación del artículo 46 de la Convención Americana, solicita a la Comisión que se declare la inadmisibilidad de la presente petición por cuanto la peticionaria no habría interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna. Asimismo, el Estado alega que la petición no se habría presentado en el plazo convencional de seis meses. En efecto, el Estado sostiene que los plazos para la presentación de la petición ante la CIDH habrían vencido con “razonable exceso” a la fecha de la presentación de la petición, en consideración a la fecha de la presunta violación o, “en todo caso, desde que se le habría notificado a la presunta víctima la decisión con relación a la reapertura del proceso penal en su contra”.
4. Tras analizar la información disponible, la Comisión declaró el caso admisible con relación a la presunta vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional e inadmisible con relación a la presunta vulneración de los artículos 4, 13 y 14 del referido instrumento internacional. Asimismo, la CIDH se declaró competente para analizar en su etapa de fondo las presuntas violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y las presuntas violaciones de los derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (en adelante “Convención de Belém do Pará”), en cumplimiento con los requisitos previstos en sus artículos 46 y 47 y decidió notificar a las partes y publicar el informe en su Informe Anual.
5. La Comisión registró la petición de fecha 5 de junio de 1997, recibida en la Secretaría Ejecutiva el 17 de junio de 1997, bajo el número de caso 11.769 y el 8 de julio de 1997 procedió a transmitir al Estado copia de sus partes pertinentes con un plazo de 90 días para presentar información sobre las alegaciones formuladas, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la CIDH, vigente en aquel entonces.
6. Mediante comunicación recibida el 21 de julio de 1997, el doctor Curtis F. Doebbler informó sobre la incorporación de la doctora Fiona McKay, abogada de la Organización internacional Redress Trust, como co-peticionaria y representante legal de la presunta víctima en el caso. Asimismo, mediante comunicaciones del 8 de septiembre y 20 de noviembre de 1997, la abogada Fiona Mackay presentó información adicional y un poder de representación mediante el cual la señora Mónica Feria Tinta la designó como representante en el caso.
7. El 10 de octubre de 1997, el Estado presentó sus observaciones a la petición. El 24 de octubre de 1997, la Comisión transmitió a los peticionarios las partes pertinentes de la respuesta suministrada por el Estado, y les solicitó presentar las observaciones que consideraran pertinentes en un plazo de 30 días.
8. Mediante comunicación recibida en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 23 de diciembre de 1997, los peticionarios presentaron sus observaciones a la respuesta del Estado, de la cual la Comisión efectuó el correspondiente traslado al Estado mediante comunicación de fecha 12 de enero de 1998, otorgándole un plazo de 30 días para presentar observaciones.
9. El 13 de febrero de 1998, el Estado presentó sus observaciones mediante el informe número 253-98-JUS/CNDH-SE, respecto del cual la Comisión procedió a efectuar el correspondiente traslado a los peticionarios otorgándoles un plazo de 45 días para presentar sus observaciones. El 10 de marzo de 1998, los peticionarios presentaron una comunicación mediante la cual manifestaron no tener observaciones con relación al informe del Estado en virtud de que consideraban habría quedado clara la postura de ambas partes expresadas en previas comunicaciones, por lo que solicitaron a la CIDH se procediera en su pronunciamiento.
10. El 31 de marzo de 2000 la Secretaría Ejecutiva recibió una comunicación de la señora Mónica Feria Tinta mediante la cual aquélla informó a la CIDH que había dejado sin efecto la representación del doctor Curtis Doebbler en el caso. El 4 de abril de 2000, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión envió comunicación al Dr. Curtis Doebbler informando lo anterior.
11. El 31 de mayo de 2000 la Secretaría Ejecutiva recibió una comunicación de la peticionaria mediante la cual se presentó información adicional relacionada con el caso, la cual fue transmitida al Estado con fecha 17 de agosto de 2000.
12. El 29 de junio de 2000, la Comisión, conforme al artículo 40.1 de su Reglamento, decidió desglosar el expediente 11.769 en dos nuevos expedientes, distinguidos con los números 11.769-A y 11.769-B, y acordó que en el expediente 11.769-A se tramitaría en lo sucesivo la parte de la petición referida exclusivamente a la detención, juicio y demás hechos denunciados concernientes directa y personalmente a la señora Jesús Mónica Feria-Tinta.
13. La CIDH acordó asimismo que el expediente No. 11.769-B se refería en lo sucesivo a los hechos denunciados en la petición que originó el caso No. 11.769, concerniente a los sucesos ocurridos en la prisión Castro Castro, de Lima, en mayo de 1992. Este caso fue acumulado al caso No. 11.015 para su tramitación en forma conjunta, y fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2004 y resuelto mediante sentencia del referido Tribunal en el caso del Penal Miguel Castro Castro (c.c. Hugo Juárez Cruzatt y otros) el 25 de noviembre de 2006.
14. El 3 de enero y el 12 de marzo de 2007, la peticionaria presentó información adicional con respecto a la petición, de la cual se efectuó el correspondiente traslado al Estado.
15. El 6 de agosto de 2007, la Secretaría Ejecutiva recibió comunicación mediante la cual la peticionaria informó a la CIDH que había dejado sin efecto la representación de la doctora Fiona McKay en el caso. El 23 de agosto de 2007 la Secretaría Ejecutiva de la Comisión transmitió al Estado la comunicación de la peticionaria de fecha 06 de agosto de 2007 y sus respectivos anexos.
16. El 26 de septiembre y 1 de octubre de 2007, el Estado presentó sus observaciones mediante el informe número 137-2007-JUS/CNDH-SE/CESAPI, respecto del cual la Comisión procedió a efectuar el correspondiente traslado a la peticionaria otorgándole un plazo de un mes a fin de que presente sus observaciones.
17. El 23, 30 de octubre y 2 de noviembre de 2007, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión recibió información adicional proporcionada por la peticionaria del caso, la cual fue transmitida al Estado con fecha 06 de noviembre de 2007.
18. El 4 de enero de 2008, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH acusó recibo de una solicitud de medidas cautelares a favor de la señora Mónica Feria, luego de que fuera arrestada en Alemania en virtud de una solicitud de INTERPOL Lima con motivos de extradición y futuro juzgamiento en el Perú. Con fechas 7 y 9 de enero de 2008, la peticionaria presentó información adicional, respecto a dicho proceso.
19. Del relato de la petición se desprende que de marzo a abril del 1992, Jesús Mónica Feria Tinta trabajó para una compañía de televisión internacional que filmó un documental en varias áreas del Perú. De conformidad con su relato, con tales antecedentes el día 13 de abril de 1992 a las 8:30 de la noche, la peticionaria habría sido arrestada cuando se encontraba mostrando a una posible arrendataria una propiedad perteneciente a sus padres.
20. La peticionaria señala que su detención fue ejecutada por un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de civil pertenecientes al GEIN (Grupo Especial de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno compuesto por miembros de la Policía y el Ejército), los cuales habrían forzado la entrada del inmueble en donde se encontraba la peticionaria, rompiendo los vidrios de la entrada, asaltándola violentamente de los cabellos y encañonándola con un arma. Señala que una vez que los hombres ingresaron, tanto ella como la posible arrendataria, fueron arrojadas al piso y arrastradas hacia el otro extremo de la habitación, atadas y vendadas de los ojos y registradas indecentemente. Se señala en la petición que la peticionaria fue víctima de un abuso sexual perpetrado por un agente estatal del GEIN, quien “introdujo sus dedos dentro de su vagina” mientras otro oficial la retenía en el suelo sosteniendo sus piernas[1]. Al respecto, la peticionaria señala que cuándo ella se quejó de la situación fue golpeada por el oficial.
21. Menciona la peticionaria que en aquéllas circunstancias fue interrogada acerca de su participación en el programa televisivo en el que había trabajado y posteriormente escuchó que sería trasladada a un cuartel. Esto junto con que no había fiscal presente, generó en aquélla el temor a ser desaparecida, de conformidad a sus alegatos. Afirma que mucho tiempo más tarde, un fiscal llegó al lugar de la detención y no obstante no haber estado presente en el registro del inmueble, habría aceptado sin cuestionamientos, la información brindada por los agentes oficiales presentes. Indica que esa misma noche fue registrado su apartamento sin su presencia ni consentimiento y sin la presencia de un fiscal.
22. La peticionaria señala que fue impedida de comunicarse con cualquier persona excepto con sus captores y que fue trasladada a un automóvil en el cual permaneció vendada, esposada, aterrorizada y amenazada de tortura y muerte por sus captores, mientras la trasladaban por los alrededores de Lima durante toda la noche. Alega que alrededor de las 6:00 A.M. del 14 de abril de 1992, fue conducida a una construcción aledaña a la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo) donde se le forzó a permanecer en un cuarto con otros detenidos durante todo el día.
23. Aduce la peticionaria que durante su detención fue forzada a permanecer contra la pared de cemento sin hablar y sin moverse, y que se le negó agua y alimento. Sostiene que junto con los demás detenidos, que en general se podía percibir eran un gran número, fue arbitrariamente privada de todo acceso al baño y fue forzada a orinar en sus ropas, siempre con los ojos vendados, en una lata, frente a oficiales varones.
24. Menciona la peticionaria que por la noche fue trasladada a otro edificio, en el cual se le ordenó pararse con la cara mirando a la pared durante toda la noche, en el que además fue golpeada en las piernas con palos cada vez que éstas se le vencían y golpeada en la cara. Señala que además le irritaron los ojos con un trapo sucio lleno de polvo, que fue amenazada de torturas y con su muerte propia y la de un familiar cercano arrestado al mismo tiempo que la peticionaria.
25. La peticionaria señala que fue hasta las 12 del mediodía del 15 de abril de 1992, dos días después de su arresto, que fue registrada durante su custodia por oficiales de la DINCOTE, por lo que previamente habría sido obligada a permanecer despierta, vendada y esposada por aproximadamente 40 horas sin comida, agua o acceso al baño.
26. Señala la peticionaria que habría permanecido por las siguientes dos semanas en la DINCOTE en una celda de aproximadamente 2.5 por 2.5 metros, húmeda y totalmente sin amueblar, excepto por un colchón sucio ubicado en el suelo, junto con otras dos mujeres. Alega que el baño al que tendrían acceso consistía en un hueco en el suelo infestado de cucarachas y que dado que no contaría con puerta alguna, habría estado a la vista abierta de policías y detenidos.
27. La peticionaria afirma que el día 23 de abril de 1992, fue presentada a la prensa televisiva y escrita, en una conferencia de prensa, durante la cual el Ministro del Interior proclamó que ella era un alto miembro de Sendero Luminoso, sin tomar en cuenta que no había sido condenada, ni juzgada, estando impedida además de replicar dichas acusaciones.
28. La peticionaria afirma que varios interrogatorios tuvieron lugar durante el periodo que permaneció en la DINCOTE y que con excepción de uno, ellos fueron realizados sin la presencia de su abogado y sin la presencia del Ministerio Público, en contravención a la ley.
29. Menciona que diecisiete días después de su detención, el 30 de abril de 1992, fue puesta a disposición del Juez Décimo de Instrucción, cuyas funciones serían determinar si existían pruebas suficientes que justificaran su prosecución. Alega la peticionaria que algunas semanas antes de esa fecha, el 5 de abril de 1992, el entonces Presidente Alberto Fujimori habría suspendido las garantías constitucionales, disuelto el Congreso y emitido decretos leyes que removían a los magistrados del poder judicial, remplazándolos por jueces ad hoc, elegidos por el Poder Ejecutivo o dependientes de dicho poder. Alega que el caso fue oficialmente abierto el 28 de abril de 1992, antes de que la juez ad hoc fuera informada del mismo, ordenando que permaneciera en detención. La peticionaria alega que sólo fue llevada ante la juez ad hoc en una ocasión y que ésta no habría realizado una investigación del caso, sino que tomó en cuenta únicamente la información contenida en el informe de la policía para emitir su resolución.
30. La peticionaria señala que tras diecisiete días de detención en la DINCOTE, el 30 de abril de 1992, fue transportada a la prisión Miguel Castro Castro en Canto Grande, en la cual fue recluida con personas sentenciadas en el Pabellón 1A y donde tuvo que dormir en el suelo debido a que la prisión estaba hacinada. Alega la peticionaria que durante ese tiempo no recibió información relacionada con el progreso de su caso. Que diecisiete días después de su detención, agentes de la policía emitieron un informe conteniendo las circunstancias de su arresto, en el cual se basó la posterior opinión No. 118-92 de la juez Ad Hoc de su caso, la cual no habría estado fechada.
31. Asimismo, advierte que el 8 de enero de 1993, la Fiscal para asuntos de terrorismo formalizó una acusación en su contra, solicitando se le imputara sentencia con una pena mínima de 20 años de prisión por contravenir el Código Penal y el Decreto Ley No. 25.475, el cual entró en vigencia el 6 de mayo de 1992.
32. De acuerdo al relato de la petición, el juzgamiento de la señora Mónica Feria habría sido realizado ante la Corte Superior, en seis sesiones que tuvieron lugar entre marzo y junio de 1993. Finalmente, la peticionaria señala que el 18 de junio de 1993, la Corte Superior habría declarado su absolución y en consecuencia habría recobrado su libertad. Posteriormente, indica que el Gobierno peruano habría apelado la referida sentencia ante la Corte Suprema sin rostro, la cual el 27 de diciembre de 1993 habría declarado la nulidad de la sentencia absolutoria y habría ordenado que se realizara un nuevo juicio oral. Al respecto, la peticionaria indica que el Tribunal fundamentó su decisión en que “… en la sentencia materia de grado no se hace una debida apreciación de los hechos materia de la inculpación, ni se compulsa adecuadamente la prueba actuada con el fin de establecer la inocencia o culpabilidad de los acusados…”. En vista de tal circunstancia, la peticionaria alega que ello configura “una vulneración de la garantía judicial de no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, contenida en el artículo 8(4) de la Convención”. Adicionalmente, la peticionaria señala que la nulidad de la sentencia de absolución y la orden de apertura de un nuevo juicio oral en su contra constituyó un pretexto para influenciar el resultado del proceso y “modificar el veredicto a un de culpable”. La peticionaria indica que de esa manera el Estado peruano tiene proceso penal abierto desde abril de 1992, en su contra con orden de detención vigente por el cual se habría solicitado su extradición.
33. La peticionaria precisa que la declaración de nulidad establecida por la Corte Suprema sin rostro es ilegal y no afecta el carácter de cosa juzgada de la resolución que la absolvió en virtud de que la declaración de nulidad no se habría basado en los supuestos exhaustivos que legislativamente se preveían al efecto; dado que implícitamente se estaba exigiendo la aceptación como prueba de objetos incautados de manera ilegal; y porque la declaración se habría efectuado fuera del plazo legal y por una Corte Suprema sin rostro cuya ilegalidad habría sido enfatizada por el Tribunal Constitucional.
34. Por su parte, haciendo un recuento de su detención, la peticionaria manifiesta que durante todo el período en que se encontró detenida entre los meses de abril de 1992 a junio de 1993, sólo le habrían sido concedidas tres oportunidades de 15 a 25 minutos para hablar con su abogado, las cuales se habrían llevado a cabo bajo la estricta supervisión de las autoridades. Por su parte, la peticionaria alega que a pesar de que fue acusada de cometer un acto que habría tenido lugar con anterioridad al 6 de abril de 1992 (concretamente entre el mes de marzo y el 6 abril de 1992), los cargos en su contra se fundamentaron en las disposiciones del Código Penal, modificadas por el Decreto Ley No. 25475 de fecha 5 de agosto de 1992, lo que de conformidad a sus alegatos configura una aplicación de leyes ex post facto.
35. Estando en libertad, la peticionaria alega que fue hostigada por policías en dos ocasiones y víctima de una serie de amenazas de tortura y muerte. Por ello, la peticionaria alega que se vio forzada a dejar el Perú en agosto de 1993 y que por ello desde entonces reside en el Reino Unido donde se le ha concedido asilo político y ha recibido tratamiento durante más de un año contra la tuberculosis[2], la cual alega haber contraído mientras se encontraba detenida. Asimismo, de la información suministrada se desprende que hasta la fecha de la presentación de la petición, la peticionaria continuaba sufriendo desórdenes post traumáticos de presión nerviosa debido al tratamiento recibido a manos de las autoridades peruanas.
36. Por otra parte, la peticionaria ha presentado alegatos adicionales y una serie de recortes de prensa como material probatorio señalando que aun cuando el proceso penal instaurado en su contra no habría finalizado, su persona sería presentada ante la prensa peruana e internacional por altas autoridades estatales como “una terrorista” vulnerándose de tal modo el principio de presunción de inocencia.
37. En conclusión, la peticionaria solicita se admita la presente petición declarando responsable al Estado peruano por la violación de los derechos protegidos por los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 14 (rectificación o respuesta) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la petición, la peticionaria señala que se encuentra eximida del requisito de admisibilidad relativo al previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna conforme al artículo 46.2.a de la Convención, puesto que la legislación peruana en materia de terrorismo no aplica las normas del debido proceso.
38. El Estado indica que la peticionaria fue intervenida por la autoridad policial con participación del representante del Ministerio Público y sometida a un proceso judicial por el delito de terrorismo, con todas las garantías del caso, siendo inicialmente absuelta y que posteriormente la Corte Suprema declaró la nulidad de la Sentencia del tribunal de primera instancia y ordenó que se llevara a cabo nuevo juicio oral.
39. Concretamente, en sus alegatos relativos a la presente petición, el Estado señala que la peticionaria Jesús Mónica Feria Tinta fue intervenida policialmente cuando se encontraba con su hermana Rubeth Natalia Feria Tinta el 13 de abril de 1992 y que en todo el proceso de investigación participó la representante del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, el Estado indica que en el registro domiciliario efectuado a la peticionaria con la presencia de una fiscal, se le encontró armas, municiones y documentación subversiva. De igual forma, señala que en su declaración policial participó y estuvo presente el Ministerio Público y el abogado defensor de la peticionaria.
40. El Estado sostiene que la detención de la peticionaria y su hermana se produjo el 13 de abril de 1992 y que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial por intermedio de la Fiscalía Penal, el 28 de abril de 1992, por lo que su detención fue por 15 días, de conformidad a lo dispuesto por el inciso c del artículo 12 del Decreto Ley No. 25475 y concordante con la Constitución Política del Perú, por tratarse de un supuesto de presunto delito de terrorismo.
41. El Estado señala que los cargos expresados por la denunciante respecto a que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos por parte de la Policía Nacional (DINCOTE) resultan falsos puesto que en todo momento el personal de DINCOTE actuó con sujeción a las normas vigentes en materia de lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, aduce que la denunciante hizo uso de su derecho a la defensa puesto que estuvo asistida por su abogado defensor, en relación a los cargos imputados.
42. Asimismo, el Estado afirma que en virtud de que la peticionaria abandonó el país en agosto de 1993, tiene pendiente un proceso judicial, el cual aquélla estaría evadiendo, por lo que tendría que ponerse a derecho ante la justicia peruana, existiendo en la legislación interna un debido proceso legal con la debida protección de sus derechos.
43. En efecto, en cuanto a los requisitos de admisibilidad de la presente petición, el Estado manifiesta que en junio de 1993 la Corte Superior de Lima absolvió en primera instancia a la peticionaria. Posteriormente, en diciembre de 1993, la Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia de la Corte Superior y ordenó se llevara a cabo un nuevo juicio oral. De manera que de las actuaciones se advierte que recién el 17 de junio de 1997 fue registrada la petición ante la Comisión, la petición habría sido presentada en forma extemporánea, excediendo el plazo convencional para la presentación de peticiones. Ello además añadido a que la peticionaria no habría alegado la existencia de algún impedimento o imposibilidad de recurrir en forma oportuna a hacer valer su derecho ante este organismo.
44. En consecuencia, el Estado sostiene que la peticionaria no ha agotado los recursos internos con relación al presente caso y que por el contrario, existe una causa penal abierta en su contra. Así, en comunicaciones recientes con relación a la fecha de elaboración del presente informe, el Estado presentó información actualizada de la que se desprende que mediante auto de enjuiciamiento de fecha 24 de enero de 2006, la Sala Penal Nacional declaró haber mérito para pasar a Juicio Oral contra la acusada Jesús Mónica Feria Tinta, por el delito Contra la Tranquilidad Pública – Delito Contra la Paz Pública – Apología – en agravio del Estado, y por el delito de Terrorismo en agravio del Estado, y que encontrándose la citada en calidad de acusada ausente, se habría dispuesto reiterar las órdenes para su ubicación y captura.
45. Asimismo, el Estado precisa que mediante sentencia de la Sala Penal Nacional de fecha 25 de mayo de 2006, se estableció que “(…) En este expediente se formula acusación contra Jesús Mónica Feria Tinta, (…) por el delito de integración a organización terrorista, por su participación en el proceso de redacción, edición, coordinación o difusión del periódico clandestino “El Diario”, que se habría constituido en órgano de instigación y difusión de los actos de terrorismo perpetrados por integrantes del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, cumpliendo así con las consignas y tareas específicas que le eran encomendadas por la cúpula dirigencial de la referida organización. Además se le atribuye a Jesús Mónica Feria Tinta el delito de apología previsto en el artículo 316 del Código Penal; (…)”. En esta misma resolución, se reservó el juzgamiento contra la acusada ausente Jesús Mónica Feria Tinta hasta que sea habida y puesta a disposición de autoridad judicial competente. Asimismo, indica que mediante resolución de fecha 24 de enero de 2007, se ordenó oficiar órdenes de captura contra Jesús Mónica Feria Tinta y otros.
46. Informa el Estado que mediante resolución del 4 de enero de 2008, la Sala Penal Nacional señaló entre otros, que los tipos penales invocados en la acusación fiscal son: 1.- Delito Contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de Apología, en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo 316 del Código Penal de 1991, texto original; que en la modalidad agravada que se le imputa establece una pena no menor de cuatro años ni mayor de seis años y 2.- Delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo (en la modalidad de Asociación a agrupación terrorista), en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artículo 322º del Código Penal de 1991, en su texto original, que establece una pena privativa de libertad no menor a diez años ni mayor de veinte años; solicitando la Fiscalía Superior 20 años de Pena Privativa de Libertad. Agrega que la acción penal se encuentra vigente a la fecha, de conformidad con los artículos 48; 80; 82 inciso cuarto y 83 del Código Penal, al haber sido sometidos – según la acusación – en la forma de concurso ideal y tratarse además el segundo de un delito permanente. En la mencionada resolución, informa el Estado además, se indicó que el Juzgamiento no puede materializarse dado que desde que se anulara la sentencia absolutoria emitida en su caso, por magistrados con identidad reservada, la peticionara tiene la condición de ausente no habiéndose puesto a derecho.
47. Asimismo, menciona el Estado que por resolución de fecha 21 de enero de 2008, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró improcedente la solicitud de extradición por el delito contra la Tranquilidad Pública – apología del delito; y procedente por el delito contra la tranquilidad pública – terrorismo en la modalidad de asociación a agrupación terrorista en agravio del Estado peruano y que en consecuencia solicitó a la República Alemana la extradición de la ciudadana Jesús Mónica Feria Tinta y dispuso se remita lo actuado al Poder Ejecutivo.
48. Finalmente, el Estado indica que mediante oficio No. 048-2008-JUS-DNJ/DICAJ de fecha 28 de enero de 2008, el Director de Coordinación con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia señaló que el poder ejecutivo expidió resolución suprema No. 013-2008-JUS, publicada en el diario oficial “el Peruano” el 24 de enero de 2008, en la cual se resuelve en su artículo 1º “Acceder al pedido de extradición activa de la procesada Jesús Mónica Feria Tinta, formulado por la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República y declarado procedente por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública – terrorismo y apología en agravio del Estado; y disponer su presentación por vía diplomática al gobierno de la República Federal de Alemania, de conformidad con las normas legales peruanas aplicables al caso”.
49. La peticionaria se encuentra facultada, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a Jesús Mónica Feria Tinta, respecto a quien el Estado peruano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
50. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado. La Comisión tiene competencia ratione temporis para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado peruano en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
51. Por otro lado, aunque la peticionaria no haya invocado los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, en virtud del principio iura novit curia la Comisión analizará las presuntas violaciones de dichos artículos, como se detallará en la sección correspondiente del informe.
52. El Estado del Perú ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 28 de marzo de 1991. La petición en cuestión se refiere a hechos posteriores a la fecha de ratificación de estos instrumentos internacionales. Por otra parte, el Estado peruano ratificó la Convención de Belém do Pará el 4 de febrero de 1996 con el correspondiente depósito de su instrumento de ratificación el 6 de abril de 1996. Al respecto, la Comisión considera pertinente destacar que en el presente caso tiene competencia en razón del tiempo dado que el reclamo se refiere a posibles hechos de violencia sexual, cuyos responsables no habrían sido investigados, juzgados y sancionados hasta el momento de elaboración del presente informe. Consecuentemente el Estado habría tolerado una situación de impunidad con efectos perdurables aún con posterioridad a la fecha en que Perú se sometió a la referida Convención de Belém do Pará[3].
53. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.
54. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando (a) no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; (b) si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; y (c) si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos.
55. En el presente caso, respecto de las cuestiones de admisibilidad, la peticionaria alega que estaría eximida del requerimiento de agotar los recursos de la jurisdicción interna de conformidad a la normativa establecida en el artículo 46.1 de la Convención Americana, en virtud de que su caso se encontraría comprendido en los alcances de las excepciones a la regla del previo agotamiento definidas en el artículo 46.2.a del referido instrumento. Al respecto, la peticionaria alega que no existe en la legislación interna del Perú el debido proceso legal para la protección de los derechos que se alegan vulnerados en su reclamo y que no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna y que ha sido impedida de agotarlos. Concretamente, la peticionaria indica que la legislación peruana en materia de terrorismo en base a la cual se levantaron los cargos en su contra (Decreto Ley No. 25.475) presenta una calificación jurídica de los delitos que se caracteriza por resultar vaga e imprecisa. En segundo lugar, alega que su procesamiento se desarrolló en un contexto de pérdida de independencia del poder judicial a instancias del poder ejecutivo, y señala que fue impedida de agotar el recurso de hábeas corpus, dado que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley No. 25659, introducido en agosto de 1992, se revocó el derecho a interponer una petición de habeas corpus en aquellos casos que comportaran acusaciones de terrorismo. De igual manera, la peticionaria aduce que fue impedida de agotar los recursos internos porque se encontró obligada a dejar el Perú por temor a perder su vida. Indica que solicitó el beneficio de asilo en el Reino Unido y que mientras estuvo en trámite la referida solicitud, hasta febrero de 1997, tuvo que enfrentarse al temor y a la incertidumbre de una posible repatriación. En consecuencia, indica que se encontraba residiendo en un país cuyo idioma le era ajeno, sin recursos económicos suficientes y en el cual no tenía fácil acceso a asesoramiento jurídico especializado en cuanto al sistema interamericano. Finalmente, señala la peticionaria que en aquel entonces, cualquier posibilidad de buscar remedio dentro de la jurisdicción interna se cerró cuando el Gobierno sancionó las leyes Nos. 26479 y 26.472, conocidas como las “Leyes de Amnistía”.
56. Por su parte, el Estado alega que la petición no cumplía con los requisitos de admisibilidad pertinentes dado que no se habrían agotado los recursos de la jurisdicción interna con anterioridad a la presentación del reclamo. El Estado alega que en el presente caso con la expedición de la sentencia absolutoria de fecha 18 de junio de 1993 por parte de la Corte Superior que ordenó la libertad de la peticionaria no se habría llegado al fin del procedimiento penal instaurado en su contra, puesto que en la legislación nacional existiría una instancia superior. En efecto, el Estado señala que la Corte Suprema de Justicia revisó la sentencia absolutoria y decidió finalmente que era necesario realizar un nuevo juicio oral, sin que ello implique una trasgresión al debido proceso, trayendo como consecuencia que aún se encuentre pendiente en la legislación interna un proceso penal por el supuesto delito de terrorismo. Asimismo, menciona el Estado que la legislación nacional contempla disposiciones para la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional a través de los diferentes recursos, los cuales no habrían sido utilizados por la peticionaria, por lo que no sería aplicable al caso la excepción contemplada en el artículo 46.2.a. Por otra parte, el Estado señala que durante la investigación policial y el juzgamiento de la peticionaria, aquélla habría contado con el asesoramiento de su abogado defensor como con la participación del Ministerio público, por lo que, conforme se aprecia de su reclamo, no habría efectuado ninguna denuncia o queja por el presunto maltrato o impedimento en el ejercicio de su derecho de defensa.
57. En vista de las alegaciones de ambas partes la Comisión considera pertinente, a fin de analizar el cumplimiento del requisito convencional del previo agotamiento de los recursos internos, determinar preliminarmente el objeto del reclamo presentado ante la CIDH. Al respecto, la Comisión señala que en atención a los alegatos de la peticionaria, el objeto de la presente petición se refiere a varios aspectos relacionados con la alegada detención arbitraria, sus condiciones de detención, maltrato, y la presunta inobservancia de las garantías judiciales del debido proceso en el juzgamiento de la presunta víctima.
58. En ese sentido, la Comisión constata que en el momento en que tuvo lugar la detención y posterior juzgamiento de la señora Feria, la acción de hábeas corpus se encontraba suspendida en el ordenamiento jurídico peruano, en virtud de la normativa del Decreto Ley Nº 25.659, respecto de los acusados de los delitos de traición a la patria y terrorismo.[4] El recurso de hábeas corpus sirve como una garantía básica y esencial, y constituye un recurso idóneo en casos en los cuales se alega la detención arbitraria y presuntos maltratos. Por otra parte, corresponde destacar que la Comisión y la Corte Interamericana se han referido en distintas oportunidades a los obstáculos legales y prácticos que evidenciaron las personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo y traición a la patria en la época en que sucedieron los hechos objeto de estudio[5].
59. Con relación a los alegatos de la peticionaria referidos a la presunta vulneración del derecho convencional a no ser juzgado por los mismos hechos en virtud de la anulación de la sentencia que declaró su absolución ordenándose la apertura de un nuevo juicio oral, así como con relación a los alegatos del Estado relativos a la existencia de un único proceso penal aperturado en perjuicio de la presunta víctima, el cual continuaría vigente ante la ausencia de aquélla, la Comisión considera que tales alegatos ameritan un análisis completo y detallado en la respectiva etapa de fondo.
60. En consecuencia, de lo alegado por las partes, del análisis de la normativa aplicable y conforme a la evidencia que se encuentra en el expediente obrante ante la Comisión, la CIDH considera que los obstáculos anteriormente referidos habrían impedido, en su momento, que la peticionaria pudiera acceder a recursos adecuados y eficaces para remediar las presuntas violaciones a sus derechos.
61. Por los argumentos que anteceden, la Comisión considera que existen suficientes elementos de juicio como para eximir al peticionario del requisito de previo agotamiento de los recursos internos dado que resultan aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.2.a y b de la Convención Americana, por lo cual el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta exigible en el presente asunto.
62. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención para que una petición pueda ser admitida, debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. Este requisito garantiza certidumbre jurídica una vez que una decisión ha sido adoptada.
63. En virtud del artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH, en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. De acuerdo con este artículo, en su análisis, la Comisión “considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso”.
64. En el presente caso, la Comisión ha establecido que resultan aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.2.a y b de la Convención, y por lo tanto debe evaluar si la petición fue presentada dentro de un plazo razonable de acuerdo con las circunstancias específicas de la situación presentada a su consideración. Sobre esta materia, la Comisión toma nota de que la peticionaria alega que presentó la petición dentro de un período razonable en atención a las particularidades propias del objeto de su reclamo.
65. En ese sentido, la CIDH toma en consideración que en la presente petición se alega la presunta inflicción de malos tratos y tortura a la peticionaria, en el marco de un proceso penal instaurado en su contra desde el 30 de abril de 1992 por el delito de terrorismo, el cual, tras una alegada sentencia definitiva de absolución, fue reaperturado con referencia en las mismas circunstancias fácticas y se encuentra pendiente de resolución hasta la fecha de elaboración del presente informe, habiendo transcurrido casi 16 años, lo que podría configurar un posible supuesto de violación continuada. Lo anterior aunado a los alegatos de la peticionaria en relación a las condiciones de detención y a su intempestiva salida del país en virtud de alegadas amenazas de muerte y otros actos de intimidación el 16 de agosto de 1993. Atendiendo a tales circunstancias y en consideración de que la petición fue presentada el 17 de junio de 1997; la Comisión encuentra que la petición ha sido presentada en un plazo razonable. En consecuencia, la Comisión concluye que el requisito exigido en el artículo 46.1.b de la Convención respecto del plazo razonable de presentación de la petición ha sido satisfecho.
66. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de decisión en otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
67. Según ya ha manifestado la Comisión en otros casos, no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si se verifica o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir simplemente si los alegatos exponen hechos que podrían caracterizar una violación a la Convención Americana, según estipula su artículo 47.b, y si la petición es “manifiestamente infundada” o resulta “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre el fondo del reclamo. En la presente etapa la CIDH debe realizar una evaluación prima facie que no implica un juicio previo o el adelanto de una opinión sobre el fondo. Su propio Reglamento refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizarse a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para determinar si efectivamente se verifica la responsabilidad del Estado, al establecer etapas claramente diferenciadas para el estudio de la admisibilidad y el fondo.
68. En el caso objeto de estudio, la peticionaria alega que los hechos denunciados comportan violaciones a los derechos reconocidos por los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida por el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional.
69. Por su parte el Estado, señala que la detención y su posterior juzgamiento se han realizado y se realiza de conformidad a las normas del debido proceso.
70. Preliminarmente, corresponde señalar que la CIDH observa que el objeto del presente reclamo se refiere a la presunta detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como así también, presuntos hechos de tortura en perjuicio de la señora Mónica Feria con ocasión de su detención y juzgamiento a partir del año 1992 por el delito de terrorismo.
71. En atención de lo anterior, la Comisión considera que los alegatos relativos a la presunta detención arbitraria de la peticionaria, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los hechos de tortura presuntamente ocurridos durante su detención por parte de agentes estatales y las presuntas violaciones a las garantías del debido proceso y protección judicial que hubieren tenido o tengan lugar en el proceso penal que se lleva adelante en contra de la peticionaria, de ser probados podrían caracterizar presuntas violaciones a los artículos 5, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana.
72. Asimismo, la peticionaria ha alegado que el Estado la ha calificado en reiteradas oportunidades y manera pública como una “terrorista” sin haber sido condenada, en ese sentido la Comisión considera que los hechos expuestos ameritan un examen preciso y detallado en la correspondiente etapa de fondo en relación a la presunta vulneración del derecho a la protección de la honra y de la dignidad establecido en el artículo 11 de la Convención Americana.[6]
73. Adicionalmente, la Comisión encuentra que los alegatos de la peticionaria relativos a los actos de violencia sexual de los que habría sido víctima, de ser ciertos, caracterizarían además violaciones a derechos garantizados por la Convención Americana, a derechos establecidos en la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención de Belém do Pará. En efecto, aunque la peticionaria no los haya invocado, en virtud del principio iura novit curia[7], la CIDH considera que los hechos expuestos ameritan un examen más preciso y completo en la etapa de fondo en relación con la presunta vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. Finalmente, en virtud del referido principio la CIDH considera pertinente proceder a analizar la compatibilidad de la normativa aplicable para el juzgamiento de la presunta víctima con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana.
74. Por otro lado, la Comisión encuentra que la peticionaria alega que las amenazas contra su vida y el inminente riesgo de que se atentara en contra de su vida durante el tiempo en el que estuvo detenida en las instalaciones de la DINCOTE comportan una vulneración del derecho a la vida protegido por el artículo 4 de la Convención. La Comisión, conforme a lo resuelto en los párrafos precedentes considerará dichos argumentos en su etapa de fondo en relación con las normas del artículo 5 (integridad personal) de la Convención Americana, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura. En virtud de ello, la Comisión declara inadmisible el alegato sobre la presunta violación del artículo 4 convencional.
75. Asimismo, la Comisión considera que la peticionaria no sustanció hechos independientes que prima facie demostraran la posible violación a sus derechos a la libertad de expresión, rectificación y respuesta, protegidos por los artículos 13 y 14 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión declara inadmisible dicho extremo de la petición.
76. En consideración de todo lo anterior, la CIDH concluye que la peticionaria ha acreditado prima facie los extremos requeridos en el artículo 47.b de la Convención Americana, en cuanto a las presuntas violaciones de los derechos establecidos en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida por el artículo 1.1 y en virtud del principio iura novit curia con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, ambos del referido instrumento internacional. Por su parte, la CIDH concluye que, en virtud del principio iura novit curia, en la correspondiente etapa de fondo procederá en el análisis de la presunta vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura; y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Finalmente, la Comisión concluye que la petición no presenta suficientes alegatos que presuman la violación independiente de los derechos protegidos por los artículos 4, 13 y 14 de la Convención Americana.
77. La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por la peticionaria con relación a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 y con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, ambos del citado instrumento internacional, en perjuicio de la presunta víctima. Adicionalmente, la Comisión concluye que es competente para analizar en su etapa de fondo las presuntas violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
78. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,
1. Declarar admisible el presente caso con relación a la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional, en perjuicio de la presunta víctima.
2. Declarar admisible el presente caso con relación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura y al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y, en perjuicio de la presunta víctima.
3. Declarar inadmisible el presente caso con relación a los artículos 4, 13 y 14 de la Convención Americana, en perjuicio de la presunta víctima.
4. Notificar esta decisión al Estado peruano y a la peticionaria.
5. Continuar con el análisis del fondo de la cuestión.
6. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado ante la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2008. (Firmado): Paolo G. Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía Guerrero, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Víctor E. Abramovich, Miembros de la Comisión.
[1] Con fecha 23 de diciembre de 1997, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el escrito de la peticionaria mediante el cual solicitaba se considerara la versión en inglés de la petición como la versión original. En tal virtud, el alegato referido fue tomado de la versión en Inglés del escrito presentado por la peticionaria con fecha 17 de junio de 1997, el cual textualmente señala: “While petitioner was laying on the floor, bound and blindfolded, the man searched her, inserting his hands underneath her clothes, touching her body and raping her, by inserting his fingers in her vagina, while another man held her down by standing on her legs.”
[2] La peticionaria señala en su escrito de fecha 17 de junio de 1997 que sus condiciones de detención causaron el deterioro en su salud, hasta que en noviembre de 1992 se le diagnosticó tuberculosis.
[3] Véase en general Corte I.D.H., Caso del Penal Castro y Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C. 160, en particular párrs. 27.6, 292, 306, 344 y 346, que analizan y aplican la obligación de investigar, procesar y sancionar contenida en la Convención de Belém do Pará.
[4] CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 31, 12 de marzo de 1993, párrs. 22, 23 y 24 y Corte I.D.H., y Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párrs. 51-54.
[5] Corte I.D.H., Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 114. Ver también, Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párrs. 81 y 82.
[6] Véase en general Corte I.D.H., Caso del Penal Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C. 160, en particular párrs. 351-360.
[7] Ver en el mismo sentido: CIDH, Informe Nº 93/06, Petición 972-03 (admisibilidad), Valentina Rosendo Cantú y otros c. México, 21 de octubre de 2006, párr. 35 y ss; CIDH, Informe Nº 94/06, Petición 540-04 (admisibilidad), Inés Fernández Ortega y otros c. México, 21 de octubre de 2006, párr. 30 y ss.

References: artículo 1
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 40
 artículo 8
 resolución 
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 316
 resolución 
 resolución 
 artículo 316
 artículo 322
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 7
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 resolución 
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
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