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Timestamp: 2019-09-19 10:52:40+00:00

Document:
STSJ Andalucía , 8 de Enero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 17599542
STSJ Andalucía , 8 de Enero de 2003
Ponente: ANDRES JAVIER GUTIERREZ GIL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. VALOR CATASTRAL. En definitiva, el resultado, es absolutamente idéntico (propiedad conmutativa) y por tanto, no puede imputarse infracción jurídica alguna a la actuación de valoración catastral, contrariamente a lo resuelto por el TEARA, que con la resolución adoptada, que ordena dividir el valor catastral por 1,4 conduce directamente a expulsar del proceso de... (ver resumen completo)
Recurso 728/99
D. RAFAEL OSUNA OSTOS
D. RUPERTO MARTÍNEZ MORALES
D. ANDRÉS JAVIER GUTIÉRREZ GIL
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el presente recurso contencioso administrativo n° 728/99, interpuesto por el Abogado del Estado contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía recaída en el expediente de reclamación 11/6624/94 en el que resulta reclamante D. Blas .
La Abogacía del Estado, previa declaración de lesividad, formula recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía recaída en el expediente de reclamación 11/6624/94 en el que resulta reclamante D. Blas .
Conferido traslado de la demanda a D. Blas , no se ha personado.
Habiendo sido asignada su ponencia al Iltmo. Sr. D. ANDRÉS JAVIER GUTIÉRREZ GIL, y al no haberse personado la parte demandada quedaron conclusas las actuaciones para dictar la resolución procedente. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.
La Administración General del Estado interpone recurso contencioso- administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) que estimando la reclamación formulada por la ahora parte demandada, anulaba el valor catastral de un inmueble de su propiedad. La resolución del TEARA estimando la pretensión del reclamante se fundamentaba en la interpretación, en línea con anteriores resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, sobre la aplicación de la formula valorativa contemplada en la norma 16 de "modulación de valores" del Real Decreto 1020/93, necesaria para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, conforme a la cual el valor catastral seria el resultante de multiplicar el coeficiente 0.5 "RM" a la suma del valor del suelo más valor de construcción. Frente a dicha interpretación se interpone el presente recurso en el que la Administración General del Estado sostiene que se ha incurrido en error interpretativo por cuanto en dicho sistema de valoración se omite aplicar el coeficiente 1.4. (coste de producción y beneficio de promoción). El asunto litigioso actual ya ha sido abordado por esta Sala (vg en la sentencia de esta Sección de 15 de febrero de 2.002, rec núm. 676/99) en los siguientes términos.
Concurriendo el presupuesto procesal de la previa declaración de lesividad para los intereses públicos (llevada a cabo por resolución de 22 de junio de 1998 dictada por la Dirección General del Catastro en el ejercicio de la competencia que le fue delegada por el Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda en virtud de Orden de 20 de marzo de 1998 publicada en el BOE. de 27 de marzo de 1998), procede examinar si la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía recaída en el expediente de reclamación 11/6624/94 es efectivamente contraria al interés público.
En efecto, el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, vigente en el momento de llevarse a cabo la actuación administrativa, se limitaba a señalar que cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiera demandar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa su anulación, debería previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha en que se hubiere dictado. Aunque la interpretación Jurisprudencial del precepto ha...
STSJ Comunidad de Madrid 410/2006, 2 de Abril de 2006
STSJ Extremadura 73/2009, 12 de Febrero de 2009

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56