Source: https://www.international-arbitration-attorney.com/alejandra-delfin-el-recurso-de-nulidad-y-la-recepcion-de-la-jurisprudencia-en-la-decision-de-los-comites-ad-hoc/
Timestamp: 2019-03-20 04:46:38+00:00

Document:
Alejandra Delfin: El recurso de nulidad y la recepción de la jurisprudencia en la Decisión de los Comités Ad Hoc. Su concepción a la luz de un caso reciente en el CIADI
[Revista de Derecho Administrativo (ReDA) #84, Ed. Lexis Nexis – Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pages 1817/1829. December 2012. ISSN 1851-0590]
A su turno, el Tribunal consideró que las medidas adoptadas por la República Argentina para responder a la crisis económica de 2001-2002 podrían encontrarse en el Artículo XI del TBI[8], y decidió la crisis a la que se enfrentó el país a finales de 2001, y que prosiguió en 2002, quedaba cubierta por la aplicación de esa disposición, y que la “Argentina podía aplicar legítimamente medidas que de otro modo constituirían un incumplimiento del Tratado en esa crisis, siempre que se respetaran los demás requisitos, en primer lugar, el de un verdadero estado de necesidad”.[9]
No obstante, y a pesar de entender que las medidas adoptadas por el Estado Nacional durante esos años se enmarcaban en dicho Artículo y, por tanto, no correspondía establecer compensación alguna a la reclamante, no ocurrió lo mismo con el Decreto 1735/04, sobre el cual el Tribunal concluyó que existió un incumplimiento de la cláusula de trato justo y equitativo en relación con la reestructuración de las LETE[10]. El Tribunal llegó a esta conclusión respecto del Decreto a la luz de lo tardío de su fecha dedictado, ya que en ese momento las condiciones financieras en la Argentina estaban en un proceso de normalización, el porcentaje reducido del valor original de la deuda que la Argentina unilateralmente ofrecía reconocer, y la condición de que se renunciase a todos los demás derechos, incluidos los derechos con arreglo al TBI.
Tal es así que, a continuación, agrega que “se ha observado que si bien una característica frecuente de las solicitudes de anulación del CIADI ha sido la afirmación de que el mismo aspecto concreto de los laudos constituye una extralimitación manifiesta de facultades, un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento y una falta de expresión en el laudo de los motivos en que se funda, el Artículo 52(1) está cuidadosamente dividido en distintas cláusulas, cada una de las cuales trata sobre una causa de anulación independiente de las demás. Así pues, si una parte desea argumentar que un aspecto específico de un laudo constituye simultáneamente varias causas de anulación con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 52(1), “debe exponer de forma independiente cómo las consideraciones muy distintas de que se trata en cada una de esas cuestiones tienen sin embargo su causa en el mismo aspecto del laudo impugnado” (Traducción del Comité)”[17].
En primer lugar, en lo que corresponde a la extralimitación manifiesta en las facultades (Artículo 52(1)(b)), el Comité señala que “esta causa de anulación es válida en caso de que el tribunal carezca de competencia, como puede ocurrir si la diferencia no queda cubierta por el acuerdo de arbitraje. Esta causa de anulación también puede ser válida cuando el tribunal no tiene en cuenta el derecho aplicable o basa su laudo en normas de derecho distintas de las aplicables según lo dispuesto en el Artículo 42 del Convenio del CIADI”[18]. Cumplimenta dicho recaudo señalando además que el error del Tribunal debe ser “manifiesto” e indiscutible, razón por la cual, concluye, no es suficiente un malentendido (y menos aún un desacuerdo) respecto del contenido de una norma particular[19].
Así, expresa: “[…] estos argumentos exageran el efecto del Artículo 52(1)(b) del Convenio del CIADI puesto que, de aceptarse, los procedimientos de anulación se reconvertirían en procedimientos de apelación […] El Comité considera que la aplicación errónea de principios relativos a la interpretación de los tratados es también en sí misma un error de derecho, y no una extralimitación manifiesta de facultades, por lo menos cuando el error tiene relación con la cuestión sustantiva sobre la que debe decidir el Tribunal, y no con una cuestión relativa a la competencia del Tribunal […] Esa actuación no constituye una extralimitación de facultades. Siempre que el tribunal:
El Comité va más allá y señala que “el hecho de que un tribunal no tenga en cuenta una disposición específica del derecho aplicable puede constituir un error anulable. […] ven este caso sería más adecuado clasificar el error anulable como un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento […] o como una falta de expresión de los motivos en que se funda la decisión”[21]
En segundo lugar, y en lo que corresponde al quebrantamiento grave de una norma de procedimiento (Artículo 52(1)(d)), el Comité cita la Primera Decisión sobre Anulación de Vivendi, oportunidad en la que se señaló que “[…] Conforme al Artículo 52 (1) (d), el énfasis está puesto en el término “norma de procedimiento”, es decir, en la manera en que el Tribunal procedió, no en el contenido de su decisión”[22].
El Comité coincide con la afirmación allí formulada e indica que “el hecho de que un tribunal no tome en cuenta una cuestión que considera irrelevante no puede configurar un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento simplemente porque una de las partes considera que la cuestión omitida es relevante”. Como ya se ha observado, que un tribunal no tenga en cuenta una de las cuestiones presentadas a su decisión, como la defensa específica planteada por la demandante, puede, en determinadas circunstancias constituir un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento fundamental. No obstante, no hay ninguna norma de procedimiento que exija al tribunal considerar de forma expresa cada uno de los argumentos o cuestiones presentados por una parte en apoyo de su posición en relación con una cuestión en particular”[23]
Finalmente, y respecto de la falta de expresión en el laudo de los motivos en que se funda (Artículo 52(1)(e)), el Comité coincide que “si bien los tribunales tienen el deber de tratar cada una de las pretensiones que se les presenten (Artículo 48(3) del Convenio del CIADI), no están obligados a formular observaciones sobre todos los argumentos de las partes en relación con esas pretensiones. En la Decisión sobre Anulación de Enron se dijo que “no corresponde al comité de anulación examinar meticulosamente el razonamiento del tribunal en una cuestión determinada para comprobar que cada punto planteado por alguna de las partes haya recibido una respuesta clara” (traducción del Comité)”[24]
Así, concluye, que es posible que el recurso apropiado no sea una solicitud de anulación, sino una solicitud de que el tribunal dicte una decisión suplementaria[25]. En consonancia con los precedentes en cita, expresa que las razones del tribunal “pueden estar implícitas en las consideraciones y conclusiones contenidas en el laudo, siempre que sea posible inferirlas razonablemente a partir de los términos empleados en la decisión”[26]. Finalmente, y a razón de lo indicado, el Comité concluye que, “en casos en que solo se puede argumentar que es posible que haya una contradicción o incoherencia en el razonamiento del tribunal, no compete al comité de anulación resolver ese argumento. Tampoco corresponde a un comité de anulación expresar sus propias opiniones sobre si las razones expuestas por el tribunal son lógicas o racionales o correctas”.[27]
“Cierto es que el Tribunal no aborda expresamente la cuestión de si la Argentina podría tener algún tipo de responsabilidad en el marco del TBI con relación a las medidas adoptadas en 2001-02 una vez superada la crisis económica. No obstante, el Comité está convencido de que la posición del Tribunal en esta cuestión puede inferirse claramente a partir de una lectura integral del Laudo. El Tribunal concluyó que, debido a la crisis reinante en ese momento, el TBI sencillamente no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI. Por ello, afirma, “debe entenderse como implícita la idea de que, según el Tribunal, la Argentina no tenía obligación alguna de indemnizar a Continental por haber adoptado dichas medidas una vez superada la crisis. Si en efecto, como concluyó el Tribunal, el TBI no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI debido a la crisis reinante en ese momento, cabe inferir que dichas medidas no constituyen una violación del TBI aunque sus consecuencias sigan percibiéndose después de la crisis. El Tribunal consideró que no era importante determinar si se trataba de medidas temporarias o permanentes y, en cada caso, si los efectos temporarios o permanentes siguieron percibiéndose una vez superada la crisis. Si, como determinó el Tribunal, dichas medidas se encuadraban en el Artículo XI, sería lógico concluir que el TBI no se aplicaba a las consecuencias que estas pudieran seguir generando, incluso una vez superada la crisis económica”[28].
En este sentido, detalla: “el Tribunal llegó a la conclusión fáctica específica de que el 9 de diciembre de 2004 la emergencia económica de la Argentina había sido superada, por lo cual, a partir de entonces, esta ya no podía invocar el estado de necesidad para justificar medidas que en otro contexto violarían las obligaciones derivadas del Tratado. Asimismo, el Tribunal sostuvo que el regreso de la Argentina a los mercados internacionales se produjo en septiembre de 2004, por lo que determinó que las medidas adoptadas por la Argentina respecto de las LETE no se condecían con sus obligaciones emanadas del Tratado. Sin embargo, el Tribunal no abordó el restablecimiento de las condiciones económicas normales en relación con las demás inversiones de la cartera de Continental.
“La consecuencia sería que, en virtud del Artículo XI, dichas medidas no encuadrarían dentro del Tratado, de modo que la parte que las adoptara no incurriría en incumplimiento de la disposición pertinente del TBI. Un inversor privado de la otra parte no podría, por lo tanto, tener éxito con su reclamación de responsabilidad y daños y perjuicios en dicho caso, porque la parte demandada no habría actuado en violación de sus obligaciones en virtud del TBI, ya que ellas no resultarían aplicables, siempre que, naturalmente, se cumpliera con las condiciones para la aplicación del Artículo XI. En otras palabras, la disposición del Artículo XI constituye una restricción o derogación de las obligaciones sustanciales asumidas por las partes en el TBI, siempre que se cumpla con las condiciones necesarias para su invocación. Es más, se ha definido al Artículo XI como una cláusula de salvaguardia; se ha dicho que en él se reconocen “derechos reservados”, o que en él se contemplan medidas “no impedidas” a las que puede recurrir un Estado parte contratante[29].
Finalmente, y a razón de los fundamentos expuestos, el Comité considera que la decisión del Tribunal y su razonamiento fueron sumamente claros, y que su decisión se basó en la opinión que éste tenía sobre la correcta interpretación del Artículo V del TBI, que constituyó la norma jurídica aplicable a la controversia. Por tanto, y bajo los mismos argumentos utilizados para entender la solicitud argentina, el Comité concluye que tampoco existió error anulable en la decisión del Tribunal que amerite hacer lugar a la reclamación de Continental.
Ello, a pesar de que al momento de reglamentar el funcionamiento del CIADI lo que se tuvo en cuenta es precisamente como evitar que la inmunidad de ejecución impida el cumplimiento del laudo arbitral con la consecuente frustración de la finalidad que se tuvo en miras al momento de la creación de la institución, tratando de superar este punto débil de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extrajeras (Convención de Nueva York)[36].
Escapa de nuestro análisis el estudio en profundidad de esta problemática, pero en el caso puntual de Argentina, la inmunidad de ejecución que se alega para evitar la efectiva ejecución del Laudo arbitral condenatorio de nuestro país ha dado que hablar en varias oportunidades, no sólo frente a los laudos dictados por el CIADI, sino también por otros tribunales arbitrales como los que funcionan bajo las reglas de la UNCITRAL, CCI, e incluso por sentencias judiciales dictadas por tribunales extranjeros.
[1]A fines de 1999, comenzó la crisis económica, social, y política a mostrar sus primeros síntomas, acentuándose con el tiempo hasta el dictado en 2002 de la Ley de Emergencia 25561. Esta norma vino a eliminar el derecho de calcular las tarifas en dólares de los Estados Unidos convirtiendo las tarifas a pesos argentinos, aplicó a las operaciones el tipo de cambio libre, y prohibió los ajustes según el IPP, medidas éstas que sirvieron de sustento a la mayoría de los reclamos llevados al ámbito del CIADI. Esta temática es abordada por numerosos autores, entre los que pueden citarse a: Graciarena, María Carolina, “La inmunidad de ejecución del Estado frente a los Laudos del CIADI”, Lexis Nexis, Buenos Aires (1997), Tawil, Guido S., Zuleta, Eduardo (Dir.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, Abeledo Perrot, Buenos Aires (2008), Beltrán, Gambier y Fabré, María Carolina, “La Argentina y los inversores frente al CIADI”, en LLey 2006-E, 1296; Acosta, Juan F., Bostiancic, María Carla, “La situación de la República Argentina ante el CIADI”, en LLey, Suplemento Actualidad, del 30/11/2006; entre otros.
[3] Tal es el caso de “Sempra Energy c. República Argentina” (Sempra Energy International (Demandante) c. República Argentina (Demandada/Solicitante) (Caso CIADI No. ARB/02/16). Decisión de Anulación. Sugiero ampliar en Guaia, Carlos I. “El error de derecho como exceso de jurisdicción”. En La Ley, Año XXVI, Número 35, del 1° de setiembre de 2010); “Enron & Ponderossa Assets c. República Argentina” (Caso CIADI Nº ARB/01/03, del 22 de mayo de 2007); entre otros.
[5]Marzorati, Osvaldo J. “El recurso de nulidad en el CIADI y la experiencia argentina”, en LL 2010-F, del 29/11/2010
[8] El artículo reza: “El presente Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”.
[12]El Artículo 52 (1) del Convenio del CIADI reza: ”Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; (e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde”
[13] En particular, el Art. 50.1.c, señala que debe indicarse “en una solicitud de anulación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52(1) del Convenio, las causales en que se funda. Estas causales estarán limitadas a las siguientes: – que el Tribunal no estuvo debidamente constituido; – que el Tribunal ha excedido manifiestamente sus atribuciones; – que hubo corrupción de parte de un miembro del Tribunal; – que hubo una violación seria de una regla fundamental de procedimiento; – que el laudo no ha dejado constancia de las razones en que se funda”.
[20] Párrafos 90 a 92, con cita a Christoph Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (2.a edn. 2009) (“Comentario de Schreuer”), pág. 964 . Asimismo, cita el párrafo 226 de la Decisión al señalar que “[…] el hecho de no tener en cuenta de forma involuntaria un detalle en el derecho es uno de los errores jurídicos más comunes. Un argumento pars pro toto en el sentido de que no tener en cuenta una disposición equivale a no aplicar la ley no parece que pueda sostenerse. No es posible distinguir entre una omisión parcial en la aplicación y una aplicación errónea”(traducción del Comité).
[26] Wena Hotels, Decisión sobre Anulación párrafo 81, citada en Azurix, Decisión sobre la Solicitud de Anulación, párrafo 54; también CMS Gas Transmission Company c. la República Argentina, Caso CIADI nro. ARB/01/8, Decisión sobre la Solicitud de Anulación, 25 de septiembre de 2007 (“CMS, Decisión sobre la Solicitud de Anulación”), párrafo 127, citada en Azurix, Decisión sobre la Solicitud de Anulación, párrafo 56 y Enron, Decisión sobre Anulación, párrafo 75. El Comité, a la vez, sugiere ampliar en los casos Rumeli, Decisión sobre Anulación, en cuyo párrafo 83 se afirma que “si las razones no se expresan pero son evidentes y una consecuencia lógica de lo que se declara en el laudo, los comités ad hoc deberían poder mantenerlas”, (traducción del Comité) pero que “si esas razones no se deducen ineludiblemente del laudo o se derivan del razonamiento expuesto en él, los comités ad hoc no deberían formular razones para justificar la decisión del tribunal” (traducción del Comité).
[29] Laudo, párrafo 168. El Comité continúa detallando el razonamiento del Tribunal señalando que en la nota al pie 241 del Laudo, éste citó uno de los informes de los relatores especiales elaborado durante el trabajo realizado por la CDI sobre los Artículos de la CDI en los siguientes términos: “[C]uando un Estado invoca el estado de necesidad, tiene pleno conocimiento del hecho de que opta intencionalmente por un procedimiento que no se ajusta a una obligación internacional”. A continuación agregó: “Éste es un argumento que no resultaría aplicable a la invocación del Artículo XI” (párrafo 121)
[36] Este tema ha sido estudiado en numerosos trabajos, entre los que pueden citarse: Rivera, Julio César, “Las normas de procedimiento locales y la Convención. Remisión al procedimiento vigente y sus posibles contradicciones con la Convención”, en Tawil, G., Zuleta, E. (Dir.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008. P. 323 y sgts.

References: Artículo 52
 Artículo 52
 Artículo 42
 Artículo 52
 Artículo 52
 Artículo 52
 Artículo 52