Source: https://fr.scribd.com/document/156778349/Denuncia-ante-la-CIDH-algunos-de-nuestros-argumentos-contra-el-Estado-Plurinacional-de-Bolivia
Timestamp: 2017-07-21 10:43:13+00:00

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Denuncia ante la CIDH - algunos de nuestros argumentos contra el Estado Plurinacional de BoliviaUploaded by Odón MendozaRelated InterestsEvidence (Law)RapeSentence (Law)Criminal LawJudgeRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Para justificar la denuncia que la familia de Odón Mendoza hizo contra el Estado Plurinacional de Bolivia y respondiendo a la solicitud de esto de rechazarla, mandamos un texto de más de 20 páginas...View MorePara justificar la denuncia que la familia de Odón Mendoza hizo contra el Estado Plurinacional de Bolivia y respondiendo a la solicitud de esto de rechazarla, mandamos un texto de más de 20 páginas el 6 de mayo pasado. Aquí está una parte, sin la documentación anexada que mandamos a la CIDH como pruebas, como ser fotocopias legalizadas de memoriales.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSEÑORAS Y SEÑORES MIEMBROS DE LA ILUSTRE COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSPresenta respuesta a las observaciones del Estado Plurinacional de Bolivia sobre la Petición N° 450 - 09 Odón Fernando Mendoza Soto. (Enviado el 6 de mayo de 2013)
1. OBSERVACIÓNES PRELIMINARES (…) El Estado Plurinacional de Bolivia (“el Estado”), al parecer [puntos 7.1.b) y c)] basa sus observaciones sobre una sentencia anulada, la Resolución 13/03 del 14 de mayo de 2003, a pesar de escribir, en su punto 4. “Relación Procesal” que en fecha 8 de abril de 2004, “mediante Resolución 100/2004 fue dispuesta la reposición de obrados para que se dicte nueva Sentencia ”.
Por tanto, no responderé a ninguno de los argumentos que toma en cuenta específicamente dicha Resolución ya que quedó anulada. Sin embargo, puesto que el espíritu en el cual fue escrita sigue intacto en las actuaciones de los operadores de justicia estatales de los últimos dos años, incluyo algunos de los comentarios que hizo una destacada abogada sobre esta sentencia hace 10 años: “La sentencia debe ser siempre obra de justicia, más que una obra de legalidad”. Aunque resulte paradójico, esta es la máxima que pone fin al mayor acto de injusticia emanado del poder judicial, que he observado en los últimos tiempos. (…) Juicio Previo No hace falta realizar mayores consideraciones para establecer que es una garantía que, al igual que en todos los procesos penales sostenidos con el Código de Procedimiento Penal de 1973, se ha violado en el proceso seguido contra Odón Mendoza. (…) Nadie puede ser sometido a una condena sin haber tenido antes un juicio en que se dé una sentencia condenatoria. Y ese juicio, de acuerdo al diseño constitucional, no puede realizarse de cualquier forma, sino que debe cumplir con una serie de requisitos para estar acorde a la Constitución: en cuanto al aspecto subjetivo, debe ser llevado adelante por un juez de la Nación, nombrado de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal efecto. Sin intención de hacer especulaciones
vacías, debemos decir que este aspecto ya es dudoso de acuerdo al proceso de juzgamiento que se ha seguido, puesto que la delegación de funciones del juez hacia sus inferiores es un lugar común aún en nuestros días. ¿Quién habrá sido el funcionario encargado de tomar las declaraciones que cita la sentencia? ¿Quién habrá sido el funcionario encargado de hacer la sentencia misma? ¿Habrá sido el juez de la causa, o algún funcionario de su tribunal? El dudar sobre este aspecto, ya es dudar sobre el respeto hacia esa garantía constitucional; (…) Inocencia (…) Un Juez que en la propia sentencia establece y justifica que “las pruebas de campo han sido mal obtenidas por causas de la presión social y gubernamental” (ver Considerando 6, punto 5to), no parece demasiado preocupado por cumplir con esta garantía. Esta garantía de inocencia, genera una serie de exigencias para el juzgador y los involucrados en el proceso penal, que no se han respetado en lo más mínimo: In dubio pro reo: por mandato de la garantía de inocencia, la situación básica de libertad de una persona, debe ser destruida mediante una certeza. Dicho en otras palabras, para condenar a una persona a pena privativa de libertad, el juzgador debe estar completamente convencido de que esa persona es culpable y, en caso en que le queden dudas sobre su culpabilidad, debe dejar a la persona en libertad. La propia sentencia nos está mostrando la existencia de elementos que a todas luces generan esa duda: o el mismo juzgador establece que ha existido un mal manejo de las pruebas que llevan a no tener certeza sobre el autor del delito (ver considerandos 4, en cuanto se hace referencia al informe del FBI, donde expresamente el juez establece que no ha existido CADENA DE CUSTODIA y 6 punto 5to, en el que justifica la mala recolección de las pruebas en la presión social existente) deja de lado – aunque sin explicar muy bien con qué fundamentos – dos informes – uno del FBI y otro del Laboratorio Clínico Gen y Vida, que establecen, de acuerdo a análisis científicos que no pueden ser dejados de lado en las consideraciones de la sentencia, que existen dudas más que razonables sobre la participación de Odón Mendoza en el hecho que se juzga.
El imputado no está obligado a declarar contra sí mismo; en otras palabras, la declaración de la persona acusada de haber cometido un delito no es un medio de prueba, sino que es un medio de defensa que él puede usar si lo considera necesario, o puede hacer uso de su derecho al silencio sin que ello vaya en perjuicio de su situación procesal. Pese a esta previsión, también de orden constitucional, vemos en la sentencia que las declaraciones efectuadas por Odón Mendoza no sólo son tomadas en cuenta sino que, además, son confrontadas entre sí (su indagatoria y su confesoria), a fin de deducir su responsabilidad por el hecho (Ver Considerando 3).
Adicionalmente, pese a que Mendoza manifiesta en su declaración confesoria que ha sido obligado a firmar su indagatoria en contra de su voluntad (es decir, que ha sido obligado a declarar contra él mismo), este hecho no se toma en consideración, ni se indica que se realice investigación de ningún tipo al respecto, desviando las consideraciones hacia otros puntos, en flagrante violación de la garantía constitucional de inocencia.
El imputado no tiene que probar su inocencia, ya que la carga de la prueba corresponde al órgano encargado de sostener la acusación. Sin embargo, el imputado sí tiene derecho a presentar prueba de descargo y a que ésta sea considerada al momento de decidir sobre su inocencia o culpabilidad. Pese a este mandato, vemos en la sentencia cómo, sin ningún fundamento sostenible, el juzgador desestima las pruebas de descargo presentadas por el acusado. Adicionalmente, las contradicciones existentes en la investigación (que como hemos establecido párrafos más arriba son suficientes para generar dudas y declarar la inocencia del acusado) sólo son tomadas en cuenta a la hora de descartar la prueba de la defensa, no haciendo ninguna referencia a las mismas cuando se trata de analizar la prueba de la acusación, extremadamente débil, por cierto (ver Considerando 6). Adicionalmente, ante la falta de pruebas a todas luces evidenciada en contra de Odón Mendoza, lo que el juzgador hace es realizar un juzgamiento de su personalidad, estableciendo que, como una testigo alguna vez le sintió olor a tufo, es un alcohólico, que es un enfermo, que tiene problemas sexuales, que no vive con su mujer y que, por tanto, debe ser el autor del delito. Tomando en cuenta este tipo de consideraciones, que no tienen nada que ver con el hecho concreto y las pruebas existentes, el juzgador recurre a un derecho penal de autor, en el que el énfasis se pone en la personalidad del acusado y no en el hecho en concreto. Este tipo de derecho penal, autoritario y abandonado por la doctrina actual, ha sido prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, que sostiene el derecho penal de acto, donde lo que se juzgan son los hechos, y no las personas, como pretende hacerlo en su sentencia el juez de la causa.
Defensa El derecho a la defensa es inviolable (…). Es el derecho que permite que se efectivicen las demás garantías previstas para el acusado y, por tanto, el hecho de que exista violación a esas otras garantías, implica que también se ha violado el derecho de defensa. En su dimensión material, el derecho de defensa implica: que la persona acusada de haber cometido un delito tiene derecho a ser oída cuantas veces considere necesario durante el transcurso del proceso, y a que sus declaraciones sean tomadas en cuenta; cuestión esta que no ha sido cumplida, ya que como decíamos párrafos arriba, pese a que Odón Mendoza ha denunciado que se le obligó a firmar una declaración contra su voluntad, esa declaración no sólo ha sido tomada en cuenta como prueba en la sentencia, sino que no se ha hecho ninguna investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios que realizaron esas acciones; que la persona acusada de un delito puede proponer prueba de descargo, cuestión esta que, como hemos analizado en el punto anterior, no ha sido cumplida por el juzgador; En su dimensión técnica, el derecho de defensa implica que el acusado tiene derecho a contar con un abogado defensor que realice su representación durante el proceso. Y este abogado defensor no puede ser visto como un “auxiliar de la justicia”, sino q ue su labor consiste en asesorar al imputado sobre las mejores posibilidades de acuerdo a su caso. Pese a esto, encontramos en la sentencia afirmaciones deslumbrantes, como por ejemplo que la defensa ha intentado entorpecer la investigación (ver Considerando 6), cuando lo que ha hecho ha sido cumplir con su labor.
En definitiva la falta de cadena de custodia y el mal manejo de las pruebas, mencionadas durante toda la sentencia, son considerados sólo en cuanto puedan perjudicar al acusado, dejando de lado las pruebas de descargo, en abierta violación al derecho constitucional de defensa en juicio. Finalmente, dentro de lo que al derecho constitucional de defensa respecta, encontramos que pese a que una exigencia establecida por esta garantía es que la prueba a ser considerada en la sentencia es la que se ha producido en el juicio (ya que es sobre la única que habrá certeza de la posibilidad de control que ha tenido el acusado y su defensor), la sentencia se basa, en su integridad, en prueba obtenida durante la investigación del hecho y, al hacer mención a las cuestiones suscitadas durante el debate, sólo nos
encontramos con una lista de “ratificaciones” policiales de actuaciones efectuadas con anterioridad, que en nada nos permite estar seguros sobre la legalidad de esa prueba (una vez más hay que mencionar que el mismo juez establece que ha sido ilegal en varios de los considerandos) (…) La sentencia nos cuenta una historia, bastante desordenada, pero no nos dice qué cosas se han probado. Las tres primeras hojas, que contienen los dos primeros considerando, realizan una relación de actuaciones judiciales y policiales que van desde quién fue la persona que tomó las declaraciones indagatorias hasta cuántos jueces intervinieron en la causa y en qué momentos. Sin embargo, no surge claramente qué extremos han sido efectivamente probados en el debate efectuado. (…) No encontramos en la sentencia ninguna fundamentación sobre por qué alguna prueba se está considerando y otra, simplemente, se está dejando de lado. De hecho, como hemos mencionado en otros puntos, pese a que el juez tiene conocimiento – y así lo expresa en su sentencia – de que la prueba ha sido obtenida mediante la “actuación negligente de las personas que intervinieron en la fase de recolección y transporte de indicios, que pueda incorporar sus principios, o también para el comportamiento doloso de quienes pretendieron entorpecer las investigaciones y proceden intencionalmente a cambiar o destruir los mismos, todo por que no ha existido CADENA DE CUSTODIA, haciendo que las personas tengan contacto con las muestras o vestigios durante la totalidad de la investigación” , sabiendo que por respeto a las garantías constitucionales esa prueba no debe valorarse, la ha tenido en cuenta en su decisión. Mientras tanto, ha decidido no tomar en consideración los dos informes que, en forma científica, dan cuenta de la no participación de Odón Mendoza en el hecho que se le imputa, sin fundamentar con exactitud el por qué de ese descarte. (…) En toda la sentencia vemos que ha habido un resultado: la muerte de la niña Patricia. Vemos también que existe un presunto autor del hecho: Odón Mendoza. Sin embargo, no encontramos en ninguna parte de la sentencia, una explicación clara que nos muestre qué nexo de causalidad existe entre Odón Mendoza y la muerte de la niña Patricia, que nos muestre que a través de una acción determinada, Odón Mendoza ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se ha concretizado en el resultado. De hecho, pese a describir la personalidad de Odón Mendoza, decir que es un alcohólico, que tiene antecedentes policiales, que su salud es mala y que su conducta no es la de un hombre normal, la sentencia no describe en ningún momento cuál ha sido la conducta específica de Odón Mendoza que lo relaciona con este hecho ni por qué habría sido el responsable de la muerte de la niña Patricia. Por otra parte, al establecer la tipicidad, también tiene que determinarse, en este caso la existencia de dolo por parte del autor. Es decir, dejar claro que el presunto autor del hecho conocía su accionar y quería producir el resultado que se ha ejecutado. En definitiva, dentro de este caso, dado que se imputan los delitos de violación y asesinato, lo que debería establecerse es que ha habido una acción por parte de Odón Mendoza que ha tendido al acceso carnal y posterior muerte de la víctima, que él tenía conocimiento de su accionar y tenía la intención de realizar esa acción y que, a raíz de la misma, se ha producido el resultado de la violación y muerte de la víctima. Si bien hay algunos elementos en el relato que van en ese sentido, la fundamentación de la sentencia no tiene lógica ni muestra con claridad la existencia del nexo entre el acusado y el resultado producido. (…)
En definitiva, vemos una fundamentación jurídica paupérrima, casi inexistente, en la que lo único que se nos dice a ciencia cierta es que se han cometido los delitos de violación y asesinato, que ha habido una víctima y que hay un presunto responsable. Cómo se conecta al presunto responsable, en este caso Odón Mendoza, con el resultado delictivo? Qué elementos existen de que hay culpabilidad por parte del autor? De que no hay causales que excluyan la responsabilidad? Es un misterio que no podemos resolver con la lectura de la sentencia. Es necesario tomar en cuenta que, para imponer una pena, nuestro Código Penal manda que se establezca la existencia de cada uno de los elementos antes descritos. Pese a ello, en la sentencia en análisis sólo tenemos dudas y frases incomprensibles. (…) III. CONCLUSIONES La sentencia es violatoria de las garantías constitucionales del acusado Odón Mendoza; No establece con claridad la fundamentación jurídica que lleva al juzgador a establecer que se han cometido los delitos acusados, y que Odón Mendoza es el responsable; Considera pruebas que de acuerdo al relato mismo de la sentencia han sido obtenidas en forma ilegal o manipuladas en forma incorrecta; No considera pruebas de descargo que excluyen de responsabilidad a Odón Mendoza;
2. SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES (Punto 5. de las observaciones del Estado) El Estado admite, a mi gran sorpresa, que hubo “ instructivos emanados del propio Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en el presente caso” para supuestamente “agilizar su tramitación”. No me compete emitir criterios sobre el tipo de información jurídica y extra-judicial que se dio al Sr. Presidente pero, con esta afirmación se demuestra claramente como una intervención política anula por completo lo dicho sobre la “nueva visión y desempeño del ejercicio de la función pública en el marco de los derechos humanos”. En absolutamente todas las instancias, hasta el Tribun al Constitucional Plurinacional, se negó a mi esposo sus derechos constitucionales, como se puede evidenciar en las Sentencias Constitucionales del año pasado sobre sus Acciones de Libertad (…). El las interpuso pensando que el Art. 125 de la Constitución Política del Estado (que faculta a toda persona que se considera ilegalmente perseguida y/o indebidamente procesada a interponer dicha Acción de Libertad) ayudaría a que se restablezcan sus derechos fundamentales totalmente despreciados en el proceso que se sigue tramitando en su contra. El único derecho que el Tribunal Constitucional Plurinacional le amparó era el derecho a que se concedan las audiencias de apelación sin dilación (y esto, meses después de haber presentado su recurso…).
Mi esposo, preguntando a los abogados y abogadas presentes en las audiencias porque dejaban pasar, sin protestar, todos los atropellos que la parte acusadora y los jueces del caso hicieron a los derechos de defensa, recibió un día esta respuesta que nos alertó al máximum: “es que el Presidente Evo (Morales) quiere que se te condene”. No tenemos idea del porqué de esta determinación, el caso no tiene ninguna connotación política, ni mi esposo ni algún miembro de nuestra familia tenemos militancia política – es un “simple” caso criminal que se politizó por intereses particulares. Sospechamos que la parte civil, es decir la madre de la víctima y sus abogadas y abogados utilizaron, desde el inicio de la causa en el año 1999, todo tipo de tráfico de influencias para esconder sospechas implicando a la propia familia de la víctima. (…)
Es importante recordar que el Auto Supremo n° 453 del 16 de noviembre de 2009 dispuso solamente la nulidad del Auto de Vista condenando a mi esposo, porque aquel no tomó en cuenta los resultados de la prueba de ADN. Al recibir este fallo, la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz hubiera tenido que emitir un fallo basándose sobre esta determinación y a nuestro criterio, declarar inocente a mi esposo. Sin embargo, la Corte Superior decidió anular todo el obrado hasta el Auto Final de Instrucción, decisión que excede totalmente la determinación del Auto Supremo.
Presentamos este argumento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional pero los magistrados lo pasaron por alto, como tampoco hicieron caso a nuestro argumento de que, al no conocer el recurso que interpuso mi esposo contra el nuevo Auto de Procesamiento, ni una sino al total tres veces ante el Tribunal Departamental (antes llamada Corte Superior de Distrito), se violó sus derechos constitucionales. Aunque la prohibición del “ne bis in idem” en el Pacto de San José se aplique solamente a causas que adquirieron fuerza de cosa juzgada, en la legislación interna boliviana, este principio se extiende a procesos todavía abiertos, puesto que el art. 117. II. de la Constitución Política del Estado establece lo siguiente: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”. Pretender que la causa fue devuelta por la máxima instancia judicial del país a la fase de la investigación no es nada más que una justificación inaceptable de una tentativa de eludir lo dispuesto por la Corte Suprema. Por lo tanto, sigo afirmando que se violó el art.8.1. CIDH que garantiza el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra una persona así como el art. 25.1. que garantiza un recurso sencillo y rápido.
3. SOBRE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS (Punto 6. de las observaciones del Estado)
Como ya fue mencionado, el hecho de que este proceso se encuentra nuevamente en la fase del debate, es más, bajo el antiguo sistema que, como lo reconoce el Estado “ respondía a una visión inquisitoria”, recordando que, desde hace 12 años, está en “plena vigencia” el “actual Código de Procedimiento Penal (…) con un espíritu garantista” demuestra el precipicio que existe entre las palabras, los textos de ley y la realidad que sufren las personas que tienen el infortunio de toparse con el sistema judicial de Bolivia.
Siguiendo el informe de admisibilidad n° 54/05 de la petición 150/01 Raúl García Linera y otros, del 12 de octubre de 2005, estoy invocando las excepciones a la regla del previo agotamiento previstas en los literales a, b y c del inciso segundo del artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por las siguientes razones:
Literal a) y b): Se le deniega el acceso a la justicia a mi esposo por reiniciar un proceso que tiene todas las características de ser nuevo (pasando por todas las actuaciones previstas en el antiguo sistema penal – ahora estamos en la fase llamada del debate) bajo el Código de Procesamiento Penal abrogado que no respeta los derechos fundamentales consagrados en la nueva normativa. Además, cuando mi esposo trató de invocar la protección que consagran las nuevas leyes y la Constitución Política del Estado, los jueces se le negaron, al no considerar sus apelaciones, como es el caso del Tribunal Departamental o al no solucionar las violaciones invocadas como lo hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Literal c): El proceso se inició el 10 de septiembre de 1999, es decir que faltan 4 meses para que se cumplan 14 años y estamos de vuelta en la primera instancia, sin concluir la fase del debate. Tomando en cuenta la lentitud con la cual fueron resueltas las apelaciones a las sentencias hasta el día de hoy (entre la primera sentencia del mes de mayo de 2003 y el último Auto Supremo del mes de noviembre de 2009 pasaron más de 6 años) se puede prever sin ser mago que, hasta que se termine el proceso con una sentencia definitiva, se pueda llegar a una duración de 20 años. (…) 7.1.a) El representante del Estado alega que no tiene conocimiento de maltratos cuando, en el primer cuerpo del expediente, a fs.151, cursa la denuncia interpuesta por Odón Mendoza, mediante memorial firmado por su abogada de oficio. En fecha de 6 de septiembre de 1999 escribió: “Denuncia grave irregularidad y abuso de autoridad en investigación ( …)”: 2°.- En uno de interrogatorios a que fui sometido con presencia de varios funcionarios de
estas dependencias, fui golpeado y maltratado, al extremo de que tengo el ojo derecho amoratado e hinchado (…)”.
Denuncia solicitando una revisión e informe del médico forense que nunca fue cumplida a pesar de haber sido recibida por el entonces fiscal de la materia, Dr. Rodolfo Gutiérrez. En el expediente hay un certificado médico forense del 9 de septiembre atestiguando dos revisiones médicas de Odón Mendoza, una realizada en el momento de su aprensión, el 2 de septiembre de 1999, la otra del 4 de septiembre, es decir, con anterioridad a la denuncia. No hay evidencia de una inspección médica posterior a esta fecha.
Sin embargo, existe la declaración del ciudadano V.M.R. del día 6 de septiembre de 1999 : “Sí, quiero decir que realmente encuentren al verdadero culpable si no es Odón Fernando Mendoza, (…) a parte quiero indicar que el día sábado volví a visitar que este señor Odón Fernando Mendoza que es mi paisano estaba golpeado, estaba hinchado sus ojos porque el día viernes cuando vine no estaba así (…)”.Y, existe un documento de un policía que no niega haber utilizado la fuerza física contra él pero justificándose a la manera típica de un policía.
Mi esposo estuvo en detención policial durante 8 días cuando la Ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia Penal (Ley n° 1685), en su art. 2, daba como máximum 48 horas. En estas condiciones, hostigado, amenazado, sometido a todo tipo de exámenes físicos y psicológicos, con amenazas serias sobre su integridad corporal, sin previo conocimiento de leyes puesto que fue la primera vez en su vida que había sido arrestado, no se dio cuenta de la gravedad del tratamiento que le daban los policías y es solamente ahora, con el apoyo de abogados de su confianza, que puede reflexionar sobre lo que había pasado en aquel entonces.
7.1.b) Alega que no le incumbe a la Comisión valorar las pruebas de ADN puesto que esto competiría exclusivamente a la jurisdicción interna de un país. Sin embargo, citando una jurisprudencia de la Comisión al respecto, parece no haber leído, que la CIDH sí tiene la facultad y aún más, la obligación de establecer si el procedimiento en general ha sido conducido de tal manera que el acusado fue procesado mediante un juicio imparcial.
Ahora, la prueba de ADN fue valorada y aceptada por la máxima instancia interna, la Corte Suprema, puesto que ésta anuló la condena de mi esposo con este motivo: “ 9.- Analizado ese petitorio, se concluye que, efectivamente, el Tribunal de Alzada, al emitir el Auto de Vista
recurrido, no advirtió que el Juez del Plenario procedió a una valoración inadecuada de las pruebas de cargo y descargo, con pleno rechazo de las procedentes del Departamento Federal de Investigación de los Estados Unidos de América, conocido como FBI por sus siglas en inglés respecto a su nombre propio de "Federal Bureau of Investigation" (fojas 2135 a 2183), razón por la cual, en lo concerniente a la causa abierta contra Odón Fernando Mendoza Soto, corresponde aplicar la disposición contenida en el numeral 4) del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972 de conformidad a la regla establecida por el numeral 7) del artículo 297 del mismo Código.” (Auto Supremo n° 453 del 16 de noviembre de 2009).
El Auto Final de Instrucción (Resolución 190/2011) del 5 de abril de 2011 ni menciona esta prueba de ADN, hecha en un laboratorio reconocido mundialmente, a pesar de que la defensa de Odón Mendoza presentara una excepción durante la fase de la nueva investigación, indicando claramente la validez legal de dicha prueba. El juez de instrucción descarta por completo esta prueba, la más importante y relevante, en su resolución y anula toda la excepción mediante un formalismo que no logra desvirtuar la sospecha de tráfico de influencias. El proceso que se está llevando a cabo en este momento contra mi esposo no respeta las exigencias de un juicio imparcial, y él sigue detenido a pesar de que existe, desde hace cinco meses, un tercer informe de ADN, hecho en Bolivia por el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), la institución estatal destinada a hacer este tipo de exámenes, determinando claramente que él no tiene nada que ver con el crimen.
Mi esposo presentó, en mayo del año pasado, un memorial solicitando a la juez autorice el testimonio de los peritos del FBI, solicitud que fue rechazada durante meses por la autoridad siguiendo los requerimientos fiscales alegando que se tratara solamente de fotocopias y que no hubiera que tomar en cuenta estos documentos, violando así por completo el principio de la cosa juzgada que se aplica plenamente en el ordenamiento jurídico boliviano. Sólo después de que los dos fiscales, que estaban coadyuvando en su nueva detención, se alejaran del proceso, la Jueza aceptó la solicitud el 6 de diciembre del año pasado y emitió, el 2 de enero de 2013 una solicitud a la Embajada de Estados Unidos, trámite que se encuentra actualmente estancado puesto que la autoridad no siguió los procedimientos requeridos para una solicitud oficial a un país extranjero.
Ahora, nunca solicité que la CIDH valore dichas pruebas, sino alegué que al no tomarlas en cuenta y al encerrar a mi esposo en detención preventiva, eludiendo por completo no solamente los resultados de estas pruebas científicas sino ante todo lo dispuesto por la máxima autoridad judicial de nuestro país, se viola el art. 8.2. f) de la CADH, tomando en
cuenta además que se le negó a mi esposo la comparecencia de los peritos del FBI que, con su trabajo, sí determinaron sin lugar a dudas que él no tiene nada que ver con el crimen y que daban con la identidad del presunto autor con quién mi esposo no tiene nada que ver.
7.1.c) Como expliqué en mi punto 1. “Observación preliminar”, no responderé a argumentos que se basan sobre una resolución anulada. Sin embargo quisiera rechazar la manera poco ética de cambiar el sentido de mis palabras que utiliza el Estado cuando escribe que yo hubiera alegado que la fundamentación de dicha Resolución se basaría “ exclusivamente” en el supuesto “comportamiento sexual anormal” de mi esposo. Como se puede ver en mi denuncia, en fecha 8 de abril de 2009 escribí lo siguiente sobre este punto: “La condena se basa sobre su supuesto “comportamiento sexual anormal” sin ningún tipo de prueba.” En ningún lugar estoy utilizando la palabra exclusivamente.
7.1.d) Sobre el retardo injustificado en el proceso. El antiguo Código de Procedimiento Penal (D.L. 10426) da plazos claramente definidos (…).El debate, es decir el juicio oral del proceso contra mi esposo y los co-imputados, empezó 3 años después del Auto Final de Instrucción, sin que él hubiera interpuesto algún recurso del tipo excepción. Si él tuvo que respetar siempre los plazos procesales para sus recursos, ningún operador estatal acató en lo más mínimo dichos plazos (…).
Sobre el argumento de la retardación por actuaciones procesales de los involucrados , los hechos hablan por sí mismos. Entre 2003 y 2010, mi esposo presentó los siguientes documentos: en 2003, recurso de apelación a la sentencia condenatoria; en 2004, recurso de apelación al fallo de la Corte Suprior anulando dicha sentencia, porque fue anulada solamente por vicio de forma y porque la Corte Superior hubiera tenido que cumplir con su deber legal de revisión completa; en 2006, recurso de apelación a la nueva sentencia condenatoria; en 2007, recurso de casación al Auto de Vista confirmando dicha sentencia; en 2008, recurso de casación ratificando el anterior recurso de casación puesto que la Corte Suprema había resuelto el recurso de casación de una co-imputada y no el de mi esposo; y solamente después del nuevo Auto de Vista del 16 de diciembre de 2009, determinando reposición de obrados hasta antes del Auto Final de Procesamiento del año 2000, empezó que presentar memoriales para resguardar sus derechos de defensa ante las actuaciones sospechosas de los operadores de justicia. (…)
Además, es preocupante que para el Estado el hecho de que los imputados presenten recursos contra sus resoluciones – ejerciendo el derecho a la defensa que reconocen tanto la CADH, la Constitución y las normas nacionales – constituya una dilación y sea según él la causa para que el proceso esté a punto de llegar a los 14 años.
En el expediente se puede evidenciar que la primera sentencia, anulada, la Resolución nº 13/03 del 14 de mayo de 2003 empieza a fs. 3130 y que el Auto Supremo nº 453 del 16 de noviembre de 2009 termina a fs. 3711, lo que quiere decir que en más de 6 años, entraron menos de 600 hojas al expediente. Tomando en cuenta que una parte nada despreciable de estos documentos son fotocopias de notificaciones, creo que de ninguna forma se puede argumentar con la supuesta complejidad del caso.
Sinceramente, no veo en qué medida el caso del asesinato y violación de la niña Patricia Flores sería tan complejo como para no poder resolverlo en más de 10 años. Al inicio está una investigación policial con falencias debido a diferentes presiones sociales, pero ante todo viniendo de la familia de la víctima. Cuando mi esposo se encontraba todavía en detención policial por ser sospechoso, clamando su inocencia, y antes de cualquier determinación jurídica sobre las sospechas, la familia de la víctima ya lo sindicó de la siguiente forma: “(…) se evidencia que nuestra pequeña hija Patricia Flores Velásquez fue brutalmente violada y asesinada por el sujeto que responde al nombre de Odón Fernando Mendoza, quién utilizando fuerza física, alevosía y ensañamiento sometió a la menor de escasas diez años a ultraje sexual, para posteriormente causarle la mue rte por asfixia (…)”. Solamente para recordarlo, la determinación de los médicos forenses, apenas unos días antes de este memorial, sobre las causas de la muerte fueron: asfixia, politraumatismo y violencia sexual post-mortem.
Después, durante la fase de la instrucción penal, se puede evidenciar como la familia intervino para entorpecer una investigación imparcial que se tornó a favor de mi esposo. Inmediatamente después de que un primer análisis de ADN, hecho por la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, determinara que no se encontró ADN de él en las evidencias de la escena del crimen, la familia presionó para que se clausurara la instrucción, cuando, a la luz de estos resultados importantes pero no concluyentes sobre el autor o los autores del hecho criminal, hubiesen que solicitar investigaciones
complementarias. Después de la llegada del primer informe del FBI, determinando la presencia de dos ADN masculinos desconocidos en la falda de la víctima y excluyendo fehacientemente la presencia de ADN de mi esposo en las evidencias, presentado en lectura pública por la juez de instrucción, la familia presionó nuevamente para que se clausurara la
fase de la instrucción y rechazó rotundamente la solicitud de necropsia presentada por mi esposo. Y, al leer los términos con los cuales, la familia y su abogada rechazan la solicitud de libertad provisional que hizo mi esposo después de que salieron a la luz la obstaculización de las investigaciones, no cabe duda que la familia hizo de todo para poder condenar a una persona inocente.
Unos meses antes, el 20 de septiembre de 2000, hubo una tentativa de asesinato contra Odón Mendoza, perpetrado por un miembro de la familia Flores, con un cuchillo de carnicero. Hasta el día de hoy, la madre sigue acusando de la peor forma a mi esposo, al parecer convenciendo hasta al propio Presidente del Estado Plurinacional de que él sería un psicópata y corrupto, eludiendo todo cuestionamiento sobre la coincidencia turbadora de los apellidos entre la víctima y las personas cuyo ADN fue encontrado en las evidencias de la escena del crimen mediante prueba de ADN. (…)
4. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD 7.2.a) Sobre la supuesta obligación que tiene el Estado de informar a la población sobre hechos graves, el representante del Estado Plurinacional no indica en qué artículo de ley se encuentra este “deber”. Lo cierto es que se lo hace y (…) violando gravemente un precepto clave no solamente de la normativa internacional sino también de la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la presunción de inocencia. Por supuesto que se exhibió públicamente a mi esposo – adjuntaré algunos recortes de prensa, donde se ve como en el año 1999, el fiscal de la causa y altos mandos de la policía declararon culpable a mi esposo en el momento de su detención formal. Y, aunque el representante del Estado Plurinacional invoque una nueva visión en el marco de los derechos humanos, en la causa que se ha vuelto a abrir contra mi esposo el año pasado no se nota en absoluto algún cambio en la actitud del Estado. El periódico Cambio “Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia”, es decir la voz del gobierno, abrió el fuego contra mi esposo, el 15 de marzo de 2012, con un artículo unilateral, donde la madre de la víctima pudo decir: “Ha sido un calvario para nosotros desde el primer momento, desde que las pruebas que se han recogido daban como culpable siempre al señor Odón.(…)” sin que a mi esposo le hubieran dado la palabra y aún más, sin dar respuesta o tomar en cuenta el mensaje electrónico que mandé siguiendo dicho artículo. No veo un cambio sino la misma actitud de antes, con el agravante de descartar arbitrariamente un fallo de la autoridad judicial máxima por razones políticas. Es que, una de los dos magistrados firmantes del Auto Supremo n° 453, en el
momento de decidir sobre nuestro recurso de casación, estuvo en abierto conflicto con los Poderes Legislativo y Ejecutivo y fue suspendida el 19 de noviembre de 2009, es decir 3 días después de firmar el Auto Supremo anulando la condena de mi esposo. Este conflicto no tiene absolutamente nada que ver con el caso de mi esposo, pero, al parecer, esta coincidencia era pretexto para denegarle sus derechos y calumniarlo, interna e internacionalmente, como corrupto.
Y, pude ver, personalmente, en la televisión en el mes de enero, como la fiscal encargada del caso, Patricia Santos, daba una conferencia de prensa en el momento de conocerse los resultados del informe de ADN hecho por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), institución de la mismísima Fiscalía General y que confirma por completo que mi esposo no tiene nada que ver con el crimen. Sin embargo, la fiscal se daba el lujo de decir que una prueba de ADN era simplemente una prueba más entre otras, que, supuestamente, había todavía muchas pruebas que acreditarían la culpabilidad de mi esposo, haciendo referencia a unas fibras de color azul, similares pero no idénticas según los primeros exámenes del año 1999 y a un cinturón en el cual el IDIF no encontró ninguna mancha de interés forense. (…) La Fiscalía sigue utilizando este cinturón como la supuesta arma del crimen, a pesar de que, desde el año 1999, existe un informe de la Policía Técnica Criminal (antecesora del IDIF) indicando claramente que no se encontró restos de tejido en dicho cinturón.
Y, cabe aclarar que la supuesta prueba psicológica fue hecha por una persona que había cursado criminología (diciendo él mismo que no era psicólogo y tampoco era inscrito como abogado), que en realidad era catedrático en la escuela de los policías (ANAPOL) en aquel entonces. El “estudio” fue hecho durante la detención policial y mi esposo dice que este señor manipuló sus respuestas. Extrañamente, en el expediente no hay nada sobre la “batería de test” que este señor supuestamente había hecho, solamente dos hojas con sus “conclusiones”. (…)
Los y las representantes del Estado Plurinacional que son los fiscales, no hicieron nada menos, en este último año, que destrozar públicamente a mi esposo, con una saña increíble, como si fuera el enemigo público número uno. Y, en las audiencias hicieron de todo, y siguen haciéndolo, para anular los derechos de defensa de mi esposo, impidiendo no solamente que él se expresara, sino también interviniendo cada vez que su defensa trata de cuestionar los testigos.
Odón Mendoza no tiene como pagarse un abogado que haría de todo para resguardar sus derechos. Hasta el día de hoy, sus defensores son o abogad@s de defensa pública,
notoriamente sobrecargad@s, o abogados voluntarios, apoyando de lo mejor forma que pueden, encima de su trabajo pagado. Desde su primera detención no tiene ingresos fijos, ya que sigue suspendido por el Ministerio de Educación y nunca logró, en los últimos 12 años, tener un empleo fijo, ya que con el estigma que lleva, nadie quiso arriesgarse a darle un empleo. Sus “pegas” nunca alcanzaron ni siquiera el salario mínimo legal, y de lejos (que hoy en día es de Bs. 1200, aproximadamente 170 $US.) y los abogados particulares consultados en los últimos años nos indicaron como arancel mínimo $5000, suma imposible de pagar para nosotros.
Y, al frente, en la acusación hay no solamente abogados de la parte civil y del Ministerio Público, sino también el propio Ministro de Educación y sus abogados. El Ministro se constituyó como parte y acusador particular en el proceso, violando flagrantemente uno de los principios básicos de un Estado democrático, el de la separación de los Poderes y sus abogados utilizan procedimientos ilegales para sostener su acusación, como la discriminación que se hizo en contra de mi persona y que motivó una denuncia penal. Por el momento no sabemos mucho sobre esta denuncia, al igual que la denuncia que hice para mi esposo – al parecer empezó una investigación. Las denuncias que hicimos, el año pasado, ante el Consejo de la Magistratura, no progresaron puesto que este se declaró incompetente. (…)
5. SOBRE LA PROTECCIÓN JUDICIAL 7.3.a) Sobre la coacción durante la detención policial, me remito a lo dicho en el punto 7.1.a).
7.3.b) Sobre la detención preventiva Quisiera recordar al representante del Estado que mi esposo, en la actualidad, se encuentra detenido con una denegación de justicia espeluznante. Mandé los documentos al respecto, especialmente el Acta de Audiencia del 16 de enero de 2013 sobre la solicitud de cesación de detención. Y también mandé las acciones de libertad que presentó mi esposo el año pasado para tratar de resguardar sus derechos constitucionales y las denegaciones respectivas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es tal vez significativo que el Estado hace referencia a una Sentencia Constitucional con la cual, de verdad, se ampararon los derechos de mi esposo, pronunciada antes de lo que se califica de “ proceso de restructuración normativa e institucional, con énfasis en la administración de justicia y la vigencia de los derechos humanos”. Estas palabras suenan sarcásticas para mí, ya que debo asistir, casi impotente, a
la denegación sistemática de los derechos humanos de mi esposo, quién vive con el peso de los efectos dolorosos sobre toda la familia (…).
Mi esposo no tiene antecedentes penales, ni una sola denuncia en toda su vida, pero se lo está calumniando públicamente como pedófilo y psicópata sin preocuparse en lo más mínimo del conocimiento científico que aclara que estas patologías no aparecen del día a la mañana y que una personalidad con tales trastornos, una vez iniciado su accionar criminal, no vuelve a una vida familiar tranquila, la que tuvimos, mi esposo y mi persona durante años, aunque siempre con el peso de la muerte social que padecía mi esposo.
Ahora, sobre la indicación, bastante sorprendente para mí, del art. 95 del Código Penal Boliviano, no tengo mucho que decir. Por supuesto que exigimos una reparación por todo lo que se hizo a mi esposo y nuestra familia, pero lo primordial para nosotros es el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se nos hicieron, sin otra razón que presiones políticas y mediáticas. Y ante todo la reparación inmediata de las violaciones alegadas mediante liberación de esta infame e infamante detención que Odón Mendoza tiene que sufrir desde hace más de un año. El Estado respetó el art. 25.1. de la CADH muy pocas veces, con la Sentencia Constitucional invocada y el Auto Supremo n° 453 del 16 de noviembre de 2009 – por el resto no pudo gozar de algún amparo de sus derechos fundamentales.
6. SOBRE LAS CONCLUSIONES (Punto 8. de las observaciones del Estado)
1) El hecho de que transcurrieron más de 13 años desde el inicio del juicio y, aún más, que este se encuentra, ilegalmente según la legislación interna, de vuelta en la primera instancia, con la perspectiva de años hasta la conclusión, hacen que se aplique plenamente la excepción prevista en el art. 46.2.c) del Pacto de San José.
2) El caso no tiene mucha complejidad, las pruebas de ADN determinaron sin lugar a dudas quién es el presunto autor en el año 2000 y la larga duración tiene mucho que ver con presiones de parte de la familia de la víctima ante las cuales el Poder Judicial cedió y sigue cediendo, perjudicando de forma grave a todas las personas imputadas. Responsabilizar a la defensa de la retardación es no solamente contrario a la verdad sino también una prueba de la poca moralidad que demuestran los actores estatales en este caso.
3) La honra de Odón Mendoza es inexistente desde hace casi 14 años, él y su familia sufren una muerte civil, tuvieron que aguantar ataques de la población (a la cual se le presentó como monstruo) que incluso pusieron su vida en peligro. Puesto en una situación de exclusión social permanente y violenta, Odón Mendoza y su familia, humilde, no tuvieron las posibilidades financieras de hacer valer sus derechos. Aún más, ante las denegaciones constantes de sus pedidos de justicia, aunque hubiera interpuesto acciones para resguardar dichos derechos, existe una duda más que razonable sobre el éxito de tales acciones legales. Y, subrayar el impacto moral que nos hace, a toda la familia, tener que leer que el representante del Estado considera muy probable que se absuelva o declare inocente a mi esposo, cuando sus representantes en el proceso, sean fiscales, sean el Ministro de Educación y sus representantes, hacen de todo para destrozar la vida de Odón Mendoza y la nuestra. (…)
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 Resolución 
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In dubio
 artículo 46
 artículo 307
 artículo 297
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
e contrario