Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7801
Timestamp: 2019-06-20 14:59:47+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 19142 DE 2006
El régimen de contratación estatal es una función que por expresa disposición constitucional le compete al Congreso de la República
ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LA CIRCULAR 001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2000 DEL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CIRCULAR 001 DEL 23 DE FEBRERO DE 2000
Artículo 1º. Para la celebración de operaciones de crédito público, operaciones asimiladas a operaciones de crédito público, de manejo de deuda y conexas a las anteriores, en los términos definidos en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 2681 de 1993, así como de las titularizaciones, las universidades estatales u oficiales que sean entes universitarios autónomos conforme con los parámetros de la Ley 30 de 1992, así como la Universidad Militar Nueva Granada y las corporaciones autónomas regionales, estarán sujetas a las normas que sobre la materia le sean aplicables a las entidades descentralizadas del orden nacional con participación estatal superior al 90%, en especial a lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 185 de 1995 y 533 de 1999 en el Decreto 2681 de 1993 y demás actos administrativos de carácter general expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 2º. La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.”
¿Puede el Gobierno Nacional, en virtud de una Ley que lo faculta para autorizar la contratación de operaciones de crédito público y titularizaciones, fijar que las universidades estatales u oficiales y las corporaciones autónomas regionales estarán sujetas a las normas que sobre la materia le sean aplicables a las entidades descentralizadas, sin violar exceder sus funciones?
«(...) Sin embargo la Circular Externa No. 001 de 2000 en su contenido superó esos límites y fijó el régimen jurídico específico al cual las universidades estatales u oficiales que sean entes universitarios autónomos conforme con los parámetros de la Ley 30 de 1992, la Universidad Militar Nueva Granada y las corporaciones autónomas regionales, debían acogerse para la celebración de las operaciones de crédito público, operaciones asimiladas a ellas, de manejo de deuda y conexas a las anteriores, así como de las titularizaciones; lo cual evidencia que fue más allá del simple desarrollo de la facultad que el artículo en comento le confirió al Ministro con lo cual la trasgresión directa del artículo 12 de la Ley 533 de 1999 se hace evidente.
Más aún, cuando el régimen de contratación estatal, por expresa disposición del artículo 150 inciso final C.P. es de reserva legal, en efecto, el mencionado artículo señala que le compete al Congreso de la República expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional, por lo tanto, no es posible predicar la legalidad de la Circular enjuiciada, cuando ésta desbordó no solo los límites materiales que la norma que pretendió reglamentar le imponía, sino que además, la entidad que la profirió se arrogó una competencia de la cual carecía, consistente en establecer mediante Circular un régimen contractual, que por mandato constitucional es privativo de la ley.
Dicha reserva legal es de orden constitucional y por lo tanto, no puede ser desconocida por la administración –el Ministro de Hacienda y Crédito Público en este caso- ya que de ser así se presenta la figura de usurpación de competencias de índole constitucional, lo cual conlleva la antijuridicidad y consecuente nulidad del acto proferido por desconocimiento de dicha regla competencial. (...)»
El Gobierno Nacional, en virtud de una Ley que lo faculta para autorizar la contratación de operaciones de crédito público y titularizaciones, no puede fijar que las universidades estatales u oficiales y las corporaciones autónomas regionales estarán sujetas a las normas que sobre la materia le sean aplicables a las entidades descentralizadas, sin violar exceder sus funciones, porque:
El Gobierno Nacional fue más allá del simple desarrollo de la facultad que le otorgaba la ley, desbordando sus límites materiales.
El régimen de contratación estatal es una función que por expresa disposición constitucional le compete al Congreso de la República. Por tanto, al ser dicha reserva de orden constitucional se presenta la figura de usurpación de competencias, lo cual conlleva la antijuridicidad y consecuente nulidad del acto proferido por desconocimiento de dicha regla competencial.
DECLÁRASE la Nulidad de la Circular Externa No. 001 del 23 de febrero de 2000, expedida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
Artículo 12 de la Ley 533 de 1999. Artículo 150 de la Constitución Política.
Ficha: El régimen de contratación estatal es una función que por expresa disposición constitucional le..

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 12
 artículo 150

Artículo 12
 Artículo 150