Source: http://mail.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/ai.html
Timestamp: 2019-06-19 01:45:22+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Los derechos humanos y la ayuda militar estadounidense.
Los derechos humanos y la ayuda militar estadounidense.
Documento publicado conjuntamente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Agosto 2000 [Ver nota al final del documento]
Jurisdicción de los tribunales civiles
Suspensión de miembros de las fuerzas armadas
Cumplimiento por las fuerzas armadas
Cooperación con las autoridades civiles
Procesamiento por actividades paramilitares
Condiciones para la ayuda a Colombia
El 13 de julio del 2000, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la Ley 106-246, que incluía 1.300 millones de dólares estadounidenses de ayuda a Colombia, cantidad destinada en su mayoría a ayuda militar.
El artículo 3201 de la ley introduce condiciones específicas relativas a los derechos humanos para otorgar ayuda militar a Colombia. El texto de dichas condiciones se incluye en este documento como Apéndice A.
De conformidad con la ley, el Departamento de Estado celebró reuniones consultivas con organizaciones no gubernamentales (ONG) tanto en Washington, D.C., como en la capital de Colombia, Bogotá. Los días 17 y 18 de agosto, varias organizaciones de derechos humanos --entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Human Rights Watch y Amnistía Internacional-- se reunieron en Washington, D.C., con funcionarios del Departamento de Estado y de otros ministerios y organismos de Estados Unidos con objeto de analizar el cumplimiento de estas condiciones por parte de Colombia.
Este documento ha sido publicado conjuntamente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
«A(i)el Presidente de Colombia ha[ya] ordenado por escrito que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre cuya responsabilidad en la comisión de violaciones de derechos humanos existan indicios fundados serán llevados ante tribunales civiles, de conformidad con la decisión de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia relativa a la jurisdicción de los tribunales civiles en causas relacionadas con los derechos humanos»
Para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado [...]. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública.
De conformidad con el artículo 243 de la Constitución de Colombia, las decisiones de la Corte Constitucional son vinculantes y preceptivas. |1|
Estamos en desacuerdo con esta afirmación. Al examinar 103 causas trasladadas de los tribunales militares a la jurisdicción civil desde comienzos de 1997, comprobamos que sólo 51 se referían a miembros del ejército (los demás eran agentes de la policía). Doce de ellos habían sido acusados de delitos comunes, como permitir la fuga de presos, robo y narcotráfico. Sólo 39 de las causas se relacionaban de algún modo con delitos que podrían interpretarse como violaciones de derechos humanos, por ejemplo el delito de homicidio. En la mayoría de estas causas estaban implicados tenientes y sargentos. Es decir que cada año se trasladan de la jurisdicción militar a la civil menos de diez causas, en las que casi nunca están implicados oficiales superiores que puedan haber ordenado o planificado graves violaciones de derechos humanos. A pesar de las insistentes peticiones formuladas al gobierno de Colombia, entre otros por el Congreso de Estados Unidos, las autoridades colombianas se han abstenido de facilitar información sobre las 430 causas restantes que, según afirman, se trasladaron a la jurisdicción civil.
Asimismo, el ejército declara con orgullo que continúa juzgando causas relativas a violaciones de derechos humanos, desafiando abiertamente la decisión de la Corte Constitucional. En una tabla de estadísticas que abarca el periodo 1997-1999 -precisamente el tiempo en que todas estas causas deberían haberse trasladado a la jurisdicción civil-, el Tribunal Superior Militar informó de que había dictado 271 condenas por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos.
El punto de vista tanto del Comité de Derechos Humanos, de la ONU, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es claro respecto a la cuestión de la jurisdicción civil frente a la militar. Al definir el alcance y el contenido de la obligación de los Estados desde el punto de vista de garantizar un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos y de llevar ante tribunales de justicia a las personas responsables de cometer abusos, los dos órganos internacionales han insistido en que los Estados deben garantizar que los miembros del ejército involucrados en violaciones de derechos humanos comparezcan ante tribunales penales civiles y no ante tribunales militares.
El Comité de Derechos Humanos ha reiterado en numerosas ocasiones que los Estados tienen la obligación de investigar, procesar y castigar a sus agentes cuando hayan cometido violaciones de derechos humanos y, en particular, en los casos de ejecución extrajudicial, tortura y «desaparición».|2| En su decisión relativa al caso de Nydia Erika Bautista de Arrellana, de Colombia, el Comité de Derechos Humanos declaró que:
el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados.|3|
El Comité de Derechos Humanos ha afirmado claramente que esta obligación implica que las personas responsables de tales actos abusivos deben ser procesadas por tribunales civiles en lugar de tribunales militares y ha alentado a los Estados que mantienen exenciones militares en cuestiones relativas a violaciones de derechos humanos a que trasladen esas causas a la jurisdicción de los tribunales civiles. |4|
se tomen todas las medidas necesarias para conseguir que los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía acusados de violaciones de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles independientes y sean suspendidos del servicio activo durante el período que dure la investigación. Con este fin el Comité recomienda que la jurisdicción de los tribunales militares con respecto a las violaciones de derechos humanos se transfiera a los tribunales civiles, y que las investigaciones de tales casos las lleve a cabo la Procuraduría General y el Fiscal General. En términos más generales, el Comité recomienda que el nuevo proyecto de código penal militar, en caso de adoptarse, esté plenamente en consonancia con los requisitos del Pacto. No se debe permitir que la fuerza pública, en los casos de violación de los derechos humanos, invoque en su defensa las «órdenes de un superior». |5|
no parece aceptable [...] la extensión de la jurisdicción militar para conocer de delitos comunes a través de un alcance inadmisible del concepto de acto de servicio|6|
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido en numerosas ocasiones que los tribunales militares no satisfacen los criterios de independencia e imparcialidad judicial que requieren los tribunales de justicia debidamente constituidos, como estipula el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. |7|
La Comisión ha afirmado que, en cuestiones de investigación, acusación y sanciones contra los militares que han cometido violaciones de derechos humanos, los tribunales militares conculcan el derecho a la justicia e incumplen gravemente la Convención Americana sobre Derechos Humanos |8|
Los tribunales militares no garantizan la vigencia del derecho a la justicia pues carecen de independencia, requerimiento básico asociado a la vigencia de ese derecho. Además, han demostrado una marcada parcialidad en los fallos que han recaído en causas sometidas a su conocimiento por la frecuente falta de sanciones a los miembros de los cuerpos de seguridad que, comprobadamente, se han visto involucrados en gravísimas violaciones a los derechos humanos |9|
no sólo afecta internamente de manera grave a la administración de justicia, sino también al derecho a la justicia contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al propio sistema interamericano que demanda de los Estados partes como Colombia una pronta adecuación de su legislación --en materia de debido proceso-- a las normas de la Convención Americana |10|
El gobierno colombiano dio a entender que cumplía este requisito cuando, el 17 de agosto, dictó la Directiva Núm. 01. Ésta se basa en la entrada en vigor del nuevo Código Penal Militar. El Departamento de Estado certificó de inmediato que la directiva cumple el requisito formulado en el art. 3201(1) (A) (i).
A.El presidente de Colombia debe transmitir por escrito al comandante general de las Fuerzas Militares una directiva en la que ordene a los miembros de las Fuerzas Armadas que cesen de iniciar litigios sobre competencias en las causas relativas a denuncias dignas de crédito que señalan que los miembros del ejército ordenaron, cometieron o toleraron graves violaciones de derechos humanos, entre otras formas, mediante la complicidad en actividades paramilitares, ya sea directamente o por «omisión».
A.Estados Unidos debe exigir la suspensión de los miembros de las fuerzas de seguridad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de pruebas sólidas sobre la comisión de graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario; sobre la complicidad con grupos paramilitares; o después de ser acusados formalmente por la Fiscalía de cometer delitos relacionados con los derechos humanos o de actuar en complicidad con grupos paramilitares.
B.Estados Unidos debe obtener una lista de los nombres y graduación de los miembros de las Fuerzas Armadas a los que se ha suspendido del servicio activo desde agosto de 1997 como resultado de denuncias dignas de crédito que los señalan como autores de graves violaciones de derechos humanos o que indican que han actuado en complicidad con grupos paramilitares; la lista debe incluir asimismo la fecha de la suspensión. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación.
C.Estados Unidos debe obtener una lista de los nombres y graduación de los miembros de las Fuerzas Armadas a los que no se ha suspendido del servicio activo desde agosto de 1997 pese a la existencia de denuncias dignas de crédito que los señalan como autores de graves violaciones de derechos humanos o que indican que han actuado en complicidad con grupos paramilitares; la embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación.
D.En particular, Estados Unidos debe asegurarse de que las siguientes personas han sido suspendidas o que se las suspenderá del servicio activo hasta que se investigue su caso y, de ser pertinente, que se las enjuicie por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos y actividades paramilitares:
b) un fiscal o juez civil puede pedir la jurisdicción de una causa dirigiéndose directamente al juez militar asignado a la causa, basándose en la decisión de la Corte Constitucional;
c) un demandante civil puede apelar a la Corte Constitucional, que a continuación puede ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que vuelva a examinar la decisión sobre jurisdicciones. Por ejemplo, el 29 de junio del 2000, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que volviera a examinar la causa relativa a la presunta «desaparición» de Nydia Erika Bautista el 12 de septiembre de 1987 |11| En el plazo de un mes, el Consejo Superior de la Judicatura revocó la decisión tomada anteriormente y devolvió la causa a los tribunales civiles. Merece la pena mencionar que el tribunal militar seguía sin resolver este delito aun cuando tuvo lugar hace trece años, lo que ha proporcionado a sus autores una impunidad total. Es probable que esta decisión tenga consecuencias significativas para otros casos que siguen sin resolverse.
A.El gobierno estadounidense debe obtener del gobierno colombiano una lista exhaustiva de las ocasiones en que, desde agosto de 1997, los jueces militares han disputado la jurisdicción de las causas que estaba investigando la Fiscalía relativas a graves violaciones de derechos humanos o a la complicidad en actividades paramilitares; la lista debe incluir los cargos formulados, la graduación de los acusados y la decisión del Consejo Superior de la Judicatura. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla sin dilación a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación.
C.El ejército colombiano debe trasladar los casos relativos a los oficiales que se mencionan a continuación a las autoridades civiles pertinentes para que procedan a su investigación y procesamiento:
1.El general (retirado) Fernando Millán, ex comandante de la V Brigada: La Fiscalía abrió una investigación contra el general Millán basándose en indicios de que había creado la Asociación Comunitaria de Vigilancia Rural (CONVIVIR) Las Colonias en Lebrija, departamento de Santander, mientras se encontraba al mando de la V Brigada. CONVIVIR Las Colonias se mantuvo activa a lo largo de 1997 sin autorización pero con el apoyo del ejército, según declaraciones prestadas por ex miembros de la asociación. De acuerdo con algunos residentes locales y con las familias de las víctimas, el grupo cometió al menos 15 homicidios selectivos hasta que, en virtud del Decreto Núm. 1194 --que prohíbe la formación de grupos paramilitares--, se detuvo y procesó al director, «Comandante Cañón», oficial del ejército en situación de retiro, y a las personas que había empleado. Entre los casos que investiga actualmente la Fiscalía se encuentran los de los hermanos Óscar y Armando Beltrán Correa, de religión protestante. El 29 de julio de 1997, CONVIVIR Las Colonias los capturó cuando se dirigían a su lugar de trabajo y los mató en la carretera de Lebrija al pequeño poblado de La Puente. Al parecer, CONVIVIR los acusó de facilitar información a la guerrilla. El 4 de septiembre de 1997, los miembros de CONVIVIR sacaron a la fuerza de su casa a Leonardo Cadena y a su hijo José Manuel Cadena y los mataron, según declaró ante la Fiscalía un miembro de la familia. Al parecer, CONVIVIR acusó a los Cadena de suministrar alimentos a la guerrilla. De acuerdo con un ex miembro de CONVIVIR que era además informante del ejército, durante los meses en que CONVIVIR Las Colonias permaneció activa, participó a menudo en operaciones de unidades del ejército, instalando controles de carreteras y deteniendo a presuntos guerrilleros y delincuentes. Cuando la Fiscalía investigó el caso, el Estado Mayor del Ejército impidió a los fiscales que interrogaran al general Millán y luego disputó la jurisdicción de la causa aduciendo que el juicio debía celebrarse ante un tribunal militar, ya que el general Millán se encontraba en el servicio activo y en el desempeño de sus deberes oficiales. A raíz de una decisión del Consejo Superior de la Judicatura, la causa se trasladó en octubre de 1998 al sistema de justicia militar. El fiscal al que se asignó la investigación de la matanza de 11 personas perpetrada en Barrancabermeja en mayo de 1998 huyó del país después de recibir amenazas del general Millán, que en esa época era el comandante de la V Brigada. En relación con esta matanza se tomaron medidas disciplinarias contra nueve miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, pero no ha habido procesamientos bajo la jurisdicción civil. No se ha enjuiciado al general Millán en el sistema de justicia civil.
2. El mayor Jesús María Clavijo, IV Brigada: En marzo del 2000 se relevó del mando al mayor Clavijo hasta la resolución del juicio iniciado contra él por cargos de ayudar a formar y dirigir grupos paramilitares mientras prestaba servicio en la IV Brigada. Los testigos presenciales han afirmado que Clavijo y otros miembros de la IV Brigada se reunían periódicamente con paramilitares en las bases del ejército. En una investigación de la Procuraduría se enumeraban centenares de comunicaciones mediante teléfonos celulares y mensáfonos entre conocidos paramilitares y miembros de la IV Brigada, entre ellos el mayor Clavijo. El 11 de mayo del 2000, el juez militar encargado de la causa interpuso una colisión jurisdiccional ante el fiscal general de la Nación. La colisión de competencias se encuentra actualmente pendiente de resolución ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Las investigaciones ulteriores mostraron que las tropas que dirigía el general Uscátegui, que en aquella época se encontraba al mando de la VII Brigada, ayudaron a las fuerzas paramilitares durante su llegada a la pista de aterrizaje y se aseguraron de que las tropas con la capacidad para combatir a los paramilitares se encontraban ocupadas en otra parte. En el intento de encubrir su responsabilidad, el general Uscátegui trató de falsificar documentos que informaban sobre la matanza. Como consecuencia de una investigación interna, el ejército trasladó al general a un destino administrativo por no haber actuado de inmediato para poner fin a la matanza y detener a los responsables. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura dictaminó más adelante que la causa implicaba un «acto de omisión» y correspondía a la jurisdicción de los tribunales militares. Posteriormente, el general Uscátegui pasó a situación de retiro y sigue sin ser procesado ante un tribunal civil. Sin embargo, el ejército ha reabierto el caso y ha anunciado que llevará al general ante un consejo de guerra por los delitos de «homicidio», «prevaricación por omisión» y «falsedad en documento» en relación con la matanza de Mapiripán. El general Uscátegui, al que han vuelto a detener, se encuentra recluido en la XIII Brigada.
4. El general ( retirado) Alberto Bravo Silva, comandante de la V Brigada: Según el Defensor del Pueblo, el 29 de mayo de 1999 las fuerzas paramilitares mataron a 20 personas como mínimo y secuestraron a otras 15 en La Gabarra, Norte de Santander. El general Bravo recibió informes reiterados sobre las amenazas consecutivas y la matanza posterior, pero no actuó para evitarla ni para perseguir después efectivamente a los autores. Aunque lo relevaron de sus funciones, no lo han procesado ante un tribunal civil por su presunta complicidad con los autores de esta atrocidad.
5.El general (retirado) Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada: En 1998, la Fiscalía abrió una investigación sobre el apoyo y la tolerancia ofrecidos por el general del Río a la actividad paramilitar en la región de Urabá en 1996 y 1997, mientras se encontraba al mando de la XVII Brigada. Según los informes que su jefe del Estado Mayor, el coronel (retirado) Carlos Velásquez, presentó en 1996 a sus superiores, el general del Río había apoyado a las fuerzas paramilitares en Urabá y había entablado una relación con un mayor del ejército en situación de retiro que trabajaba con los paramilitares. En lugar de dar lugar a una investigación formal sobre el general del Río, los informes condujeron al ejército a investigar a Velásquez con la clara intención de silenciarlo. En la conclusión de la investigación, el ejército, en lugar de recomendar que se castigara al general del Río --al que posteriormente se ascendió--, recomendó que se adoptaran medidas disciplinarias contra el coronel Velásquez por actos «contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo». Velásquez fue obligado a pasar a situación de retiro el 1 de enero de 1997.
4.Blanquicet: El 22 de septiembre de 1993, en Blanquicet, distrito rural del municipio de Turbo, en la región de Urabá (departamento de Antioquia), unos miembros del ejército colombiano mataron a Carlos Manuel Prada y a Evelio Bolano, pertenecientes al grupo armado de oposición Corriente de Renovación Socialista (CRS), que habían estado participando en las negociaciones de paz. Posteriormente la CRS se desmovilizó. El sistema de justicia militar exoneró a un capitán del ejército, un sargento y varios soldados. Tanto los abogados que representaban a las familias como la CRS apelaron contra esta decisión por motivos de jurisdicción y pidieron el traslado de la causa a la Fiscalía, en cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional. La petición se denegó, con el subsiguiente recurso, después de lo cual el Tribunal Superior Militar ratificó la decisión de denegar el traslado. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía solicitó después el traslado de la causa por razones de competencias, y se encuentra ahora ante el Consejo Superior de la Judicatura. El caso también está ante la Comisión Interamericana, que ha aceptado una «solución amistosa» con la condición de que la investigación penal se traslade al sistema de justicia civil.
A.Estados Unidos debe insistir en que se capture y se detenga a los presuntos autores materiales e intelectuales de graves violaciones de derechos humanos --incluidos los miembros de las fuerzas armadas-- contra los que se han dictado órdenes de detención.
B.Estados Unidos debe obtener una lista de las órdenes de detención pendientes dictadas por la Fiscalía que se refieren a casos relacionados con los derechos humanos. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación. Deben añadirse los casos nuevos y la evolución que han tenido los casos ya existentes, indicando en especial si las fuerzas de seguridad están adoptando medidas concretas para ejecutar las órdenes de detención. La ejecución de las órdenes de detención debe ordenarse según las unidades de las fuerzas de seguridad a las que se refieren.
6. Jairo Barahona Martínez, Comité de Derechos Humanos de Curumaní: A este activista lo mataron el 29 de septiembre de 1994 en Curumaní, departamento de Cesar, después de secuestrarlo y torturarlo. Según los miembros de organizaciones de derechos humanos que recopilaron información y ejercieron presión para que se realizara una investigación judicial adecuada sobre el homicidio, participaron en éste miembros de las fuerzas de seguridad. Nadie ha sido procesado.
7.Ernesto Emilio Fernández, defensor de los derechos humanos: Le dispararon el 20 de febrero de 1995 cuando se dirigía a su domicilio en automóvil junto con sus hijos. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.
17.Guzmán Quintero Torres, periodista: A Guzmán Quintero, periodista que había investigado informes sobre la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, le quitaron la vida el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar (Cesar). La Fiscalía detuvo a dos paramilitares que al parecer estaban implicados en el homicidio, pero sigue sin identificarse a los autores intelectuales del hecho.
18.Jesús Antonio Bejarano, profesor universitario: A Jesús Antonio Bejarano, ex funcionario del Estado que había participado en las conversaciones de paz con las FARC, lo mataron el 16 de septiembre de 1999. No se han dictado órdenes de detención en relación con el caso.
22.Jesús Ramiro Zapata Hoyos, Comité de Derechos Humanos de Segovia: El 3 de mayo del 2000 secuestraron y mataron en Segovia, Antioquia, a Jesús Ramiro Zapata, dirigente de una coalición de grupos de derechos humanos. Ese día había denunciado ante las autoridades locales que las fuerzas paramilitares habían tratado de obtener información sobre su paradero. Éstas habían tomado la zona el mes anterior.
27.San José de Apartadó: El 19 de febrero y el 8 de julio del 2000 murieron 11 civiles en San José de Apartadó a manos de presuntos paramilitares. Según los testigos presenciales, cuando ocurrieron las dos matanzas se encontraban en la zona miembros de la XVII Brigada, que no evitaron ni detuvieron los homicidios. Un helicóptero del ejército que al parecer pertenecía a esta brigada estuvo sobrevolando el lugar durante la matanza del 8 de julio.
CONDICIÓN C: Procesamiento por actividades paramilitares
«C. [E]l gobierno de Colombia está procesando con vigor en los tribunales civiles a los dirigentes y miembros de los grupos paramilitares y a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúan en colaboración con estos grupos»
Actualmente se encuentran pendientes de ejecución centenares de órdenes de detención dictadas contra conocidos paramilitares. El gobierno de Colombia afirma que ha aumentado las detenciones. Estamos en desacuerdo con esta afirmación.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Fiscalía, ha habido un aumento significativo en el número de órdenes de detención que se dictan al año; de unas 53 órdenes dictadas en 1995 y 1996 se ha pasado a 146 en la actualidad. No obstante, la mayoría de estas órdenes continúan pendientes de ejecución pese al notable aumento de la actividad paramilitar. Las detenciones que afirman haber hecho las fuerzas de seguridad conciernen en su mayoría a paramilitares de baja graduación y no a sus jefes. En las contadas ocasiones en que se ha detenido a los altos mandos paramilitares, varios de ellos han abandonado la cárcel sin obstáculos; entre ellos, Jacinto Alberto Soto, «Lucas», que al parecer es el contable de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En 1998, la Fiscalía aprehendió a Soto en posesión de documentos y libros de contabilidad de las ACCU. No obstante, según comunicaron las autoridades a Human Rights Watch, unas semanas después al parecer Soto abandonó la cárcel de máxima seguridad de Medellín por la puerta principal sobornando a sus guardianes.
Mientras tanto, los conocidos jefes paramilitares siguen en libertad y coleccionan, como si se tratara de condecoraciones, las órdenes de detención dictadas contra ellos. Actualmente están pendientes de ejecución 22 órdenes de detención contra Carlos Castaño, 7 contra Fidel Castaño, 8 contra Salvatore «Mono» Mancuso y dos contra Ramón Isaza.
De hecho, está aumentando el número de agentes del Estado a los que se menciona en casos relativos a los derechos humanos. En octubre de 1999, la Fiscalía informó que se habían presentado cargos contra 262 miembros de las fuerzas de seguridad, 19 más que el año anterior. Aun así, el cargo más alto era el de mayor, lo que demuestra que los jefes que toleran, ordenan y encubren las violaciones de derechos humanos permanecen prácticamente inmunes.
Aunque el gobierno de Colombia ha asegurado en diversas ocasiones que ha creado Bloques de Búsqueda, unidades especiales de las fuerzas militares y policiales encargadas de combatir a los grupos paramilitares, en la práctica estos grupos son poco más que una entelequia que se desvanece nada más acabar la conferencia de prensa. De hecho, de acuerdo con la información de que disponemos, el Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensa, que se creó por decreto presidencial a bombo y platillo el 25 de febrero del 2000, aún no se ha reunido.
Pero el presidente Pastrana no es el primero en responder con retórica en lugar de acción. El primer Bloque se creó por decreto del presidente Barco en 1989, cuando se proscribieron los grupos paramilitares. Un gobierno tras otro han anunciado la activación de los Bloques sin resultado aparente. El presidente Pastrana anunció en dos ocasiones la creación del Centro de Coordinación. Antes del anuncio, afirmó que el gobierno activaría el Bloque de Búsqueda como parte del acuerdo alcanzado con los desplazados internos del Magdalena Medio, a cuyo efecto firmó el Decreto-Ley Núm. 2295 en noviembre de 1998. Pese al compromiso personal de Pastrana, el Bloque nunca se hizo operativo y las fuerzas paramilitares consolidaron su presencia y aumentaron los ataques contra la población civil de esta región sin hallar resistencia alguna.
Mientras tanto, las fuerzas paramilitares continúan realizando ataques desde sus conocidos centros de operaciones, firmemente asentados, con frecuencia en la vecindad de bases militares oficiales.
A. El Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensa debe presentar en público un plan completo plenamente fundamentado y que incluya una estrategia duradera y factible desde el punto de vista político para disolver los grupos paramilitares y ejecutar las órdenes de detención pendientes.
B.Estados Unidos debe obtener una lista de los nombres de jefes y miembros de grupos paramilitares acusados, detenidos y procesados desde agosto de 1997; la descripción de los cargos formulados; y la sentencia dictada en las causas. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla sin dilación a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación. Deben añadirse los casos nuevos y la evolución que han tenido los casos ya existentes, destacando en especial si las fuerzas de seguridad están adoptando medidas concretas para ejecutar las órdenes de detención. La ejecución de las órdenes de detención debe ordenarse según las unidades de las fuerzas de seguridad a las que se refieren.
C.Estados Unidos debe obtener una lista de los miembros de las Fuerzas Armadas a los que los tribunales civiles han procesado en Colombia desde agosto de 1997 por complicidad con los grupos paramilitares; la lista debe incluir el nombre y la graduación de aquéllos, detalles de los cargos formulados y la sentencia dictada. La embajada de Estados Unidos debe actualizar la lista trimestralmente y distribuirla sin dilación a los comités pertinentes del Congreso y a los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso consultivo requerido para la certificación. Deben añadirse los casos nuevos y la evolución que han tenido los casos ya existentes, destacando en especial si las fuerzas de seguridad están adoptando medidas concretas para ejecutar las órdenes de detención. La ejecución de las órdenes de detención debe ordenarse según las unidades de las fuerzas de seguridad a las que se refieren.
D.Estados Unidos debe requerir que se realicen investigaciones sobre los siguientes miembros de las Fuerzas Armadas y, de ser pertinente, que se los detenga y enjuicie en tribunales civiles. Pese a la existencia de denuncias dignas de crédito sobre su participación en graves violaciones de derechos humanos o su apoyo a actividades paramilitares, aún no han sido investigados ni los han enjuiciado ante tribunales civiles.
3.El general (retirado) Jaime Uscátegui, VII Brigada: En julio de 1997, las fuerzas paramilitares mataron a decenas de civiles y obligaron a centenares a huir de Mapiripán, en el Meta, para ponerse a salvo. Durante cinco días, los paramilitares, con el apoyo del ejército, detuvieron a los habitantes y a las personas que llegaban en bote y los condujeron al matadero local, donde los ataron, los torturaron y los degollaron. Las unidades locales del ejército y de la policía hicieron caso omiso de las insistentes llamadas telefónicas de un juez civil de la zona que trató de detener las ejecuciones. Al menos dos cadáveres --el de Sinaí Blanco, barquero, y el de Ronald Valencia, cuidador de la pista de aterrizaje-- habían sido decapitados. El juez Leonardo Iván Cortés declaró haber oído los gritos de las personas a las que se habían llevado al matadero para interrogarlas, torturarlas y matarlas. En un mensaje que envió a varias autoridades regionales en el curso de la matanza, escribió: «Cada noche asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura». Centenares de personas huyeron de la región. Una de ellas fue el juez Cortés, que se vio obligado a abandonar Colombia junto con su familia al recibir amenazas de muerte.
Las investigaciones ulteriores mostraron que las tropas que dirigía el general Uscátegui, que en aquella época se encontraba al mando de la VII Brigada, ayudaron a las fuerzas paramilitares durante su llegada a la pista de aterrizaje y se aseguraron de que las tropas que estaban capacitadas para combatir a los paramilitares se encontraban ocupadas en otra parte. En el intento de encubrir su responsabilidad, el general Uscátegui trató de falsificar documentos que informaban sobre la matanza. Como consecuencia de una investigación interna, el ejército trasladó al general a un destino administrativo por no haber actuado de inmediato para poner fin a la matanza y detener a los responsables. No obstante, el Consejo Superior de la Judicatura dictaminó más adelante que la causa implicaba un «acto de omisión» y correspondía a la jurisdicción de los tribunales militares. Posteriormente, el general Uscátegui pasó a situación de retiro y sigue sin ser procesado ante un tribunal civil. Sin embargo, el ejército ha reabierto el caso y ha anunciado que llevará al general ante un consejo de guerra por los delitos de «homicidio», «prevaricación por omisión» y «falsedad en documento» en relación con la matanza de Mapiripán. El general Uscátegui, al que han vuelto a detener, se encuentra recluido en la XIII Brigada.
4.El general ( retirado) Alberto Bravo Silva, comandante de la V Brigada: Según el Defensor del Pueblo, el 29 de mayo de 1999 las fuerzas paramilitares mataron a 20 personas como mínimo y secuestraron a otras 15 en La Gabarra, Norte de Santander. El general Bravo recibió informes reiterados sobre las amenazas consecutivas y la matanza posterior, pero no actuó para evitarla ni para perseguir después efectivamente a los autores. Aunque lo relevaron de sus funciones, no lo han procesado ante un tribunal civil por su presunta complicidad con los autores de esta atrocidad.
5.El general (retirado) Rito Alejo del Río, comandante de la XVII Brigada: En 1998, la Fiscalía abrió una investigación sobre el apoyo y la tolerancia ofrecidos por el general del Río a la actividad paramilitar en la región de Urabá en 1996 y 1997, mientras se encontraba al mando de la XVII Brigada. Según los informes que su jefe del Estado Mayor, el coronel (retirado) Carlos Velásquez, presentó en 1996 a sus superiores, el general del Río había apoyado a las fuerzas paramilitares en Urabá y había entablado una relación con un comandante del ejército en situación de retiro que trabajaba con los paramilitares. En lugar de dar lugar a una investigación formal sobre el general del Río, los informes condujeron al ejército a investigar a Velásquez con la clara intención de silenciarlo. En la conclusión de la investigación, el ejército, en lugar de recomendar que se castigara al general del Río --al que posteriormente se ascendió--, recomendó que se adoptaran medidas disciplinarias contra el coronel Velásquez por actos «contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo». Velásquez fue obligado a pasar a situación de retiro el 1 de enero de 1997.
6.El general (retirado) Farouk Yanine Díaz: En octubre de 1996 se detuvo al general Yanine por su presunta complicidad en una matanza de 1987 en la que perecieron 19 comerciantes de la región del Magdalena Medio. Los testigos presenciales, entre ellos un oficial del ejército, testificaron que el general apoyó a las fuerzas paramilitares que perpetraron la matanza y que habían actuado en la zona desde 1984, mientras el general Yanine estaba al mando de la XIV Brigada en Puerto Berrío. El jefe paramilitar también testificó que el general le había pagado una elevada suma para perpetrar la matanza. Al parecer, el general también facilitó a las fuerzas paramilitares la información necesaria para que interceptaran a las víctimas. Pese a haber pruebas de peso, el general Manuel José Bonnet, a la sazón comandante del Ejército Nacional, cerró la causa basándose en la falta de pruebas. La Procuraduría recurrió contra esta decisión alegando que las pruebas presentadas contra Yanine Díaz no se habían tenido en cuenta y que la decisión «se aparta protuberantemente de las pruebas que aparecen en el proceso». El 1 de julio de 1997, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación por el fallo absolutorio.
7.El general Rodrigo Quiñónes, comandante de la I Brigada de la Armada Nacional: Los investigadores del gobierno colombiano vincularon a Rodrigo Quiñónes con al menos 57 homicidios intencionales de sindicalistas, trabajadores en favor de los derechos humanos y dirigentes comunitarios en 1991 y 1992, periodo en el que era director de Inteligencia de la Armada Nacional y estaba a cargo de la Red de Inteligencia Núm. 3 de la Armada Nacional, con base en Barrancabermeja. Un tribunal militar decidió que no había suficientes pruebas contra él, y no ha sido procesado en el sistema de justicia civil. Las únicas personas condenadas por estos delitos fueron dos empleados civiles de la Red de Inteligencia Núm. 7 de la Armada; posteriormente, a uno de ellos lo asesinaron en la cárcel. En la sentencia de esta causa, el juez civil declaró su perplejidad ante la absolución de Rodrigo Quiñónes y otros por parte del tribunal militar, ya que a su juicio las pruebas contra ellos tenían «entera credibilidad». El juez civil manifestó: «Con ello, lo único que hacen es una apología al delito, que la certeza de los hechos y la responsibilidad de su autoría se encuentra más que demostrada». También desestimó el argumento de las Fuerzas Armadas en el sentido de que Rodrigo Quiñónes era víctima de una campaña de descrédito llevada a cabo por narcotraficantes, al llegar a la conclusión de que no existían pruebas que avalaran esta afirmación. Al contrario, concluyó que las pruebas que vinculaban a Rodrigo Quiñónes con las atrocidades de Barrancabermeja eran claras y convincentes.
El único castigo impuesto hasta ahora a Rodrigo Quiñónes fue una «reprehensión severa», que ordenó la Procuraduría; ésta llegó a la conclusión de que era responsable de las muertes. La Procuraduría, haciendo una interpretación discutible de las normas en vigor, determinó que en los reglamentos actuales el asesinato no está clasificado como infracción administrativa. Por consiguiente, la máxima pena aplicable por este delito es una «reprehensión severa», en esencia, una carta en un expediente laboral. Es importante observar que la misma Procuraduría calificó este absurdo castigo de vergonzosamente insignificante, tanto en la esfera nacional como ante la comunidad internacional. Rodrigo Quiñónes era también el oficial al mando en la región cuando se cometió la matanza de El Salado (Bolívar), en febrero del 2000. Las unidades militares y policiales estacionadas en la vecindad no impidieron la matanza y organizaron controles de carretera que bloquearon el acceso a la ciudad a los grupos de derechos humanos y de ayuda humanitaria. Rodrigo Quiñónes recibió el ascenso a general en junio del 2000.
8. El general Carlos Ospina Ovalle, comandante de la IV División : La Fiscalía ha documentado los numerosos vínculos existentes entre la IV División y los grupos paramilitares entre 1997 y 1999, mientras estaba al mando de ella Carlos Ospina. Uno de los casos en los que está involucrada es el de la matanza de El Aro, perpetrada en octubre de 1997. Los documentos del gobierno muestran que una fuerza conjunta militar y paramilitar rodeó la localidad y mantuvo un perímetro defensivo mientras cerca de 25 paramilitares entraban en la localidad, reunían a los habitantes y ejecutaban a cuatro personas.
9. El brigadier general Jaime Ernesto Canal Albán, comandante de la III Brigada: Los investigadores del gobierno colombiano hallaron indicios de que, en 1999, época en la que el brigadier general Canal Albán se encontraba al mando de la III Brigada, ésta creó un grupo paramilitar y le facilitó armas e información.
10.El general Jaime Humberto Cortés Parada, inspector general del Ejército: La Fiscalía reunió pruebas abundantes y convincentes que señalaban que, bajo su mando en la III División, la III Brigada del Ejército creó un grupo paramilitar en el Departamento del Valle del Cauca, en el sur de Colombia. Los investigadores hallaron vínculos entre este grupo y oficiales del ejército en servicio activo, en situación de retiro y en la reserva, así como entre éstos y el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) (véase infra).
11.El general Freddy Padilla León, comandante de la II División, y el coronel Gustavo Sánchez Gutiérrez, director de Personal del Ejército: En julio del 2000, la prensa se hizo amplio eco de la noticia del pliego de cargos por «omisión» que la Procuraduría había presentado contra el general Jaime Humberto Cortés Parada y estos dos oficiales en relación con la matanza perpetrada en Puerto Alvira en junio de 1997. Otros dos generales que también se enfrentan a cargos disciplinarios por «omisión» --los generales Jaime Humberto Uscátegui y Agustín Ardila Uribe-- ya están en situación de retiro.
E. Debe investigarse y, cuando sea pertinente, procederse a la detención y el enjuiciamiento de los siguientes jefes y miembros de grupos paramilitares:
1.Carlos Castaño Gil, jefe del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU): Están pendientes de ejecución 22 órdenes de detención contra Carlos Castaño, incluida una relativa al homicidio de defensores de los derechos humanos. Se lo relaciona con el homicidio del humorista político Jaime Garzón, al que al parecer amenazó, y el propio Castaño se atribuyó la responsabilidad del homicidio de Gustavo Marulanda, estudiante de la Universidad de Antioquia. Carlos Castaño ha amenazado reiteradamente con ordenar a sus fuerzas que continúen las matanzas de La Gabarra (Norte de Santander) de mayo del 2000 hasta que la zona esté «limpia» de guerrilleros. Pese a las apariciones en público de Carlos Castaño, incluida una de marzo del 2000 en televisión, los organismos colombianos encargados de hacer cumplir la ley no han ejecutado las órdenes de detención dictadas contra él.
2.Fidel Castaño Gil, Los Tangueros: Aunque la familia Castaño ha declarado que Fidel está muerto, la noticia no se ha confirmado. Mientras tanto, se le siguen formulando cargos e imponiendo penas in absentia y actualmente debe considerárselo prófugo de la justicia.
3. Alexander «El Zarco» Londoño, Las Terrazas: Es el jefe de un grupo de asesinos profesionales que trabaja con Carlos Castaño; se lo busca en relación con una serie de homicidios y secuestros, incluido el secuestro de los miembros del IPC perpetrado en 1999 por orden de las ACCU. Penden contra él varias órdenes de detención.
4. Julián Duque, Bolívar: Es el jefe paramilitar de las Autodefensas del Sur de Bolívar y se lo busca por organizar grupos paramilitares.
5. Gabriel Salvatore «El Mono» Mancuso Gómez, ACCU: Penden contra él ocho órdenes de detención, incluida una relacionada con la matanza de 1997 de El Aro, perpetrada en coordinación con la IV División.
6. Ramón Isaza Arango, Magdalena Medio: Se busca a este veterano jefe paramilitar en relación con la actividad paramilitar en la región que rodea Barrancabermeja.
7. Luis Eduardo «El Águila» Cifuentes Galindo, Cundinamarca: Es el jefe paramilitar de las Autodefensas de Cundinamarca. Se lo busca por organizar grupos paramilitares.
8. Diego Fernando Murillo Bejerano: No se lo relaciona directamente con el ala armada de las «autodefensas» sino con una función económica como profesional. Al parecer es responsable de una serie de secuestros perpetrados en Medellín y los alrededores junto con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según los informes recibidos, la Fiscalía sospecha que es el presunto «autor intelectual» del homicidio de Mario Calderón y Elsa Alvarado.
F.Deben realizarse investigaciones y, cuando sea pertinente, procederse a la detención y el enjuiciamiento de los paramilitares sospechosos de estar involucrados en los siguientes casos relativos a los derechos humanos:
1. Alirio de Jesús Pedraza Becerra: Pedraza Becerra, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), «desapareció» el 4 de julio de 1990 a manos de ocho hombres fuertemente armados. Su paradero sigue sin conocerse. En aquella fecha representaba a las familias de decenas de campesinos que resultaron muertos cuando el Batallón Luciano D'Eluyart disparó contra una marcha de protesta en 1988 en Llano Caliente, Santander. No tenemos noticia de que se realizaran detenciones con relación a este caso.
3.Óscar Elías López, CRIC: Abogado defensor de los derechos humanos, asesoraba al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Varios hombres fuertemente armados lo mataron en Santander de Quilchao el 29 de mayo de 1992.
10.Elsa Alvarado y Mario Calderón, CINEP: Elsa Alvarado y Mario Calderón eran investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). El 19 de mayo de 1997, un grupo de hombres armados con el rostro cubierto irrumpió en el apartamento de la pareja y mató a Elsa Alvarado, a su padre y a Mario Calderón. Aunque algunos autores materiales del homicidio permanecen detenidos, los autores intelectuales siguen en libertad. Se han dictado órdenes de detención contra Fidel y Carlos Castaño como autores intelectuales de los homicidios.
11. Jesús María Valle Jaramillo, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia «Héctor Abad Gómez»: Unos hombres armados sin identificar mataron a Jesús María Valle el 27 de febrero de 1998, después de denunciar éste en varias ocasiones los vínculos existentes entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas paramilitares. La Fiscalía acusó formalmente al jefe paramilitar Carlos Castaño y a otras ocho personas. Actualmente permanecen detenidos seis paramilitares. Pese a los claros indicios de la participación militar en el homicidio, no se ha iniciado una investigación formal contra miembros del ejército.
12.Eduardo Umaña, abogado defensor de los derechos humanos: A Eduardo Umaña le quitaron la vida en Bogotá el 18 de abril de 1998. Varios presuntos sicarios se encuentran detenidos o se los busca para su extradición. Poco antes de que lo mataran, había denunciado la función desempeñada por una red de inteligencia del ejército en actividades paramilitares y violaciones de derechos humanos. Los autores intelectuales del hecho permanecen en libertad.
13.Jorge Ortega, dirigente sindical: A Jorge Ortega, dirigente sindical y defensor de los derechos humanos, lo mataron en Bogotá el 20 de octubre de 1998. Dos ex agentes de policía han sido vinculados con el homicidio y se encuentran en prisión. Sin embargo, sigue sin identificarse a los autores intelectuales del hecho.
14. Everardo de Jesús Puertas y Julio Ernesto González, CSPP: Everardo de Jesús Puertas y a Julio Ernesto González, funcionarios del CSPP, fueron abatidos a tiros el 30 de enero de 1999, cuando viajaban en autobús de Medellín a Bogotá. No nos consta que se detuviera a nadie en relación con el caso.
19. Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón Solano, periodistas: Al parecer las fuerzas paramilitares detuvieron y ejecutaron a los periodistas Alberto Sánchez y Luis Alberto Rincón el 28 de noviembre de 1999 en El Playón (Santander), mientras informaban sobre las elecciones municipales. Se ha detenido a tres sicarios paramilitares, pero sigue sin averiguarse la identidad de los autores intelectuales.
20.Jairo Bedoya Hoyos, activista indígena: El secuestro de Jairo Bedoya, miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), se cometió el 2 de marzo del 2000. No ha habido detenciones en relación con el caso.
22. Jesús Ramiro Zapata Hoyos, Comité de Derechos Humanos de Segovia: El 3 de mayo del 2000 secuestraron y mataron en Segovia, Antioquia, a Jesús Ramiro Zapata, dirigente de una coalición de grupos de derechos humanos. Ese día había denunciado ante las autoridades locales que las fuerzas paramilitares habían tratado de obtener información sobre su paradero. Éstos habían tomado la zona el mes anterior.
29. El Salado: El 18 de febrero del 2000 se puso en marcha una matanza de decenas de civiles en El Salado, Bolívar. Cerca de 300 paramilitares llegaron al lugar el viernes 18 y lo abandonaron el domingo 20 después de matar a 46 habitantes como mínimo, incluidas una niña de seis años y una anciana. Pese a las peticiones formuladas a las Fuerzas Armadas regionales para que intervinieran, los informes indican que éstas colocaron un control de carretera e impidieron que los trabajadores humanitarios llegaran a la zona. El almirante William Porra, segundo oficial al mando de la Armada, sigue aduciendo que se trató de muertes en combate y no de ejecuciones, como describieron decenas de testigos.
30. Norte de Santander: La serie de matanzas perpetradas recientemente por las fuerzas paramilitares en el Norte de Santander ilustra la falta de voluntad que tienen las Fuerzas Armadas de Colombia para proteger a la población civil de la violencia incluso ante los insistentes avisos nacionales e internacionales. A continuación se incluye una breve cronología de los ataques acontecidos en el último año.
29 de mayo de 1999: Un grupo de cerca de 400 paramilitares mató a 25 civiles en La Gabarra. Poco después, la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional emitió un llamamiento urgente, el primero de muchos más, para pedir a las autoridades del Estado que adoptaran medidas preventivas para proteger a la población civil.
17 de julio de 1999: Las fuerzas paramilitares mataron a 14 personas y secuestraron a 30 en Tibú, donde se encuentra estacionado el Batallón Contra-Guerrilla Núm. 46 «Héroes de Saraguru».
20 de agosto de 1999: Las fuerzas paramilitares mataron al menos a 30 personas en Caño Lapa, municipio de Tibú.
20 de noviembre de 1999: Las fuerzas paramilitares mataron a un campesino y quemaron varias casas en el municipio de El Tarra.
19 de enero del 2000: Las fuerzas paramilitares mataron a tres personas y secuestraron a dos en El Tarra.
3 de marzo del 2000: Las fuerzas paramilitares redujeron a cenizas la localidad de Filo Gringo, pese a las advertencias que enviaron a la V Brigada del Ejército durante los días anteriores las autoridades del Estado y las organizaciones no gubernamentales.
6 de abril del 2000: Se perpetró otra matanza en Tibú, a un kilómetro de la base militar del Batallón «Héroes de Saraguru», a pesar de que los funcionarios de la embajada de Colombia en Washington, D.C., aseguraron en diversas ocasiones a Amnistía Internacional que el Ejército Nacional de Colombia estaba enfrentándose a las fuerzas paramilitares.
Art. 3201. Condiciones para la ayuda a Colombia. (a) Condiciones:
1) Certificación requerida: La ayuda facilitada bajo este epígrafe podrá ponerse a disposición de Colombia en los ejercicios fiscales 2000 y 2001 únicamente en el caso de que el secretario de Estado certifique ante los comités del Congreso pertinentes --antes de la entrega inicial de dicha ayuda en cada uno de tales ejercicios fiscales-- que:
A. (i) el Presidente de Colombia ha ordenado por escrito que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre cuya responsabilidad en la comisión de violaciones de derechos humanos existan indicios fundados serán llevados ante tribunales civiles, de conformidad con la decisión de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia relativa a la jurisdicción de los tribunales civiles en causas relacionadas con los derechos humanos; y
(ii) el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia suspende sin dilación en sus funciones a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas colombianas sobre el que pesen sospechas fundadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos o de haber actuado en complicidad con grupos paramilitares; y
(iii) las Fuerzas Armadas de Colombia y su comandante general están dando pleno cumplimiento a las condiciones A(i) y (ii); y
B. las Fuerzas Armadas de Colombia están cooperando plenamente con las autoridades civiles en la investigación, el procesamiento y el castigo en los tribunales civiles de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre los que pesen sospechas fundadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos; y
C.el gobierno de Colombia está procediendo con firmeza al procesamiento en los tribunales civiles de los dirigentes y miembros de los grupos paramilitares y a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúan en complicidad con estos grupos;
D.el gobierno de Colombia ha acordado y está llevando a la práctica una estrategia para eliminar la producción total de coca y adormidera antes del año 2005 mediante una combinación de programas de desarrollo alternativos; la erradicación manual; la fumigación aérea con herbicidas químicos; microherbicidas que no perjudican al medio ambiente; y la destrucción en territorio colombiano de laboratorios de narcóticos ilegales;
E. las Fuerzas Armadas de Colombia están desarrollando y desplegando en sus unidades operativas una unidad de asesores legales que se encargará de investigar los casos de conducta indebida dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia.
2) Proceso consultivo: Antes de dar la certificación requerida en el párrafo (1), el secretario de Estado consultará con organizaciones de derechos humanos de reconocimiento internacional en relación con los avances dados por el gobierno de Colombia para cumplir las condiciones incluidas en dicho párrafo.
3) Aplicación de las leyes vigentes: Para la disponibilidad de fondos bajo este epígrafe se aplicarán las mismas restricciones incluidas en el artículo 564 de la Ley sobre Consignaciones para Operaciones Exteriores, Financiación de Exportaciones y Programas Afines, del 2000 (Ley 106-113) y el artículo 8098 de la Ley sobre Consignaciones del Departamento de Defensa, del 2000 (Ley 106-79).
4) Exención: Podrá proporcionarse la ayuda sin tener en cuenta este artículo si el Presidente decide y certifica ante los comités pertinentes que tal medida está al servicio de la seguridad nacional.
1) Complicidad: El término significa el apoyo directo o indirecto a los grupos paramilitares, incluyendo la conspiración para permitir, facilitar o promover las actividades de los grupos paramilitares.
2) Comités del Congreso pertinentes: La expresión se refiere al Comité de Consignaciones y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al Comité de Consignaciones y el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.
3) Grupos paramilitares: La expresión se refiere a los grupos de «autodefensa» ilegales y a las cooperativas «de seguridad» ilegales.
4) Ayuda: El término se aplica a la ayuda adjudicada bajo este epígrafe para los ejercicios fiscales 2000 y 2001 y facilitada bajo los siguientes preceptos legales:
A) Art. 1004 de la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 1991 (Ley 101-510); relativo a la ayuda antinarcóticos.
B) Art. 1033 de la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 1998 (Ley 105-85); relativo a la ayuda antinarcóticos para Colombia y Perú.
C) Art. 23 de la Ley sobre Control de las Exportaciones de Armas (Ley 90-629); relativo a las ventas a crédito.
D) Art. 481 de la Ley de Ayuda Exterior, de 1961 (Ley 87-195); relativo al control internacional de narcóticos.
E) Art. 506 de la Ley de Ayuda Exterior, de 1961 (Ley 87-195); relativo a la autoridad de emergencia para transferencias de seguridad.
Nota documental sobre este documento:
Agosto del 2000 RESUMEN íNDICE AI: AMR 23/65/00/s. DISTR: SC/CO/CR (38/00)
Este texto resume el documento titulado Colombia: Los derechos humanos y la ayuda militar estadounidense(Índice AI: AMR 23/65/00/s), publicado conjuntamente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos en agosto del 2000. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
10 Ibíd., capítulo IV, Derecho a la justicia.
11. Sentencia T-806/00, del 29 de junio del 2000.
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 27oct00

References: artículo 3201
 artículo 243
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 564
 artículo 8098