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Timestamp: 2020-05-31 16:42:07+00:00

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Participacion Ciudadana y BG | Participación pública | Responsabilidad
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RESEÑA Laura Frade La evaluación por competencia..docx
Tema 2 Marco Juridico
CUADERNO DE OBRA MAYO.xlsx
054_Encuesta Sobre La Participacion Ciudadana en Los Ayuntamientos
RENDICION DE EMPALME 2015.pdf
Informe-CZ5 (1)
Jaime Márquez Calvo Gerardo Távara Castillo
® Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Calle Ureta N o 147, Miraﬂores, Lima Teléfono 511-4472006 www.mesadeconcertacion.org.pe
Primera edición, marzo del 2010
Textos: Jaime Márquez C. y Gerardo Távara C. Coordinación: Gerardo Távara C. Cuidado de la edición: María Ynés Aragonez Diseño y Diagramación: Alan Caycho Gráﬁco de carátula: Fernando Pazos
ISBN Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N o 2009-10111 Impreso en el Perú Corporación Gráﬁca Andina SAC Av. Benavides 4437 - Surco Tiraje 3000 ejemplares
La participación ciudadana en los asuntos públicos constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido aﬁrmándose y extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso se expresa también en las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las políticas públicas.
La participación y el control ciudadanos están también a la base del sistema
democrático y son consustanciales al buen gobierno. En tal sentido, constituyen
a la vez una responsabilidad cívica para todas las personas e instituciones.
La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza tiene entre sus funciones
la de institucionalizar la participación ciudadana en el diseño, toma de decisiones
y ﬁscalización de la política social del Estado, a ﬁn de lograr una mayor eﬁciencia, transparencia e integridad en la lucha contra la pobreza. En cumplimiento de esta misión, la Mesa de Concertación pone en sus manos esta publicación que reúne una selección de las más importantes normas y compromisos nacionales e internacionales en materia de participación ciudadana y buen gobierno.
El propósito es informar a líderes de sociedad civil y representantes del sector público e incrementar las capacidades sociales e institucionales para intervenir en la vida política de nuestro país, de manera que se fortalezcan las muy importantes y diversas experiencias de participación, concertación y vigilancia ciudadana que se encuentran en marcha. Este documento amplía publicaciones anteriores en las que dimos cuenta de las normas sobre participación ciudadana en la concertación de los planes de desarrollo y los presupuestos locales y regionales.
Expresamos nuestro agradecimiento al Programa Gobernabilidad e Inclusión de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ por su importante apoyo para la publicación de este texto.
Presidente Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza
El Derecho de Participación Ciudadana
La participación es un derecho fundamental
Igualdad de oportunidades para la participación
La participación mejora la gestión pública
El compromiso del Perú con la participación ciudadana
La participación es un principio de la gestión descentralizada
La concertación de planes y presupuestos regionales y municipales
Participar para Mejorar las Decisiones
Participación y concertación de políticas
Participación y gestión de programas, proyectos y obras
Selección Sumillada de Normas sobre Participación Ciudadana y Buen Gobierno
Normas y compromisos nacionales
Participación, descentralización y reforma del Estado
Transparencia, acceso a la información y vigilancia ciudadana
Participación y concertación de políticas públicas
Participación en la gestión de programas, proyectos y obras
I. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Este derecho está reconocido por los tratados y pactos interna- cionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos ﬁr- mada en 1948 hasta los recientes tratados de protección y promoción de derechos.
La participación ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades para su ejercicio: desde la forma más elemental de participación, que se produce a través del voto o ejercicio del sufragio (derecho a elegir y a ser elegido) hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y ciudada- nas tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, tal como lo establecen tanto la Convención Interame- ricana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
La participación en los asuntos públicos puede darse a través de la aso-
ciación de las personas en sindicatos, partidos políticos o cualquier otra forma de organización. Asimismo, la participación supone el ejercicio de otros derechos fundamentales como son el derecho de reunión, el acce- so a la información generada por el Estado y el derecho de petición para que las autoridades respondan a las demandas ciudadanas; todos estos
muchos más derechos y libertades han sido reconocidos en convenios
Una de las condiciones para el ejercicio de la participación ciudadana es que este derecho sea ejercido respetando el principio de igualdad. Las normas internacionales de derechos humanos proclaman que no se debe hacer ninguna distinción en el ejercicio de los derechos por razones de sexo, raza, idioma, condición social, étnica, etc. De esta manera se busca asegurar que todas las personas puedan acceder a los asuntos públicos de su país.
La Convención Sobre Derechos Políticos de la Mujer de 1955 reconoce
a las mujeres los derechos de votar en las elecciones en condiciones
de igualdad que los varones, de poder ser elegidas y de ocupar cargos
y ejercer funciones públicas en cualquiera de los organismos estatales establecidos por la legislación de cada país.
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina- ción Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) dispone que los Estados tomen medidas para evitar la discriminación política contra la mujer. Esto signiﬁca que debe garantizarse a las mujeres el derecho al voto y a presentarse como candidatas a cargos de elección popular, así
como a participar en la formulación y ejecución de políticas públicas, en
el ejercicio de la función estatal y en las distintas formas de asociación
que permitan intervenir en la vida pública y política del país. El Perú
está obligado a informar anualmente a un comité internacional sobre el cumplimiento de esta Convención.
De otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra- bajo – OIT establece obligaciones y responsabilidades del Estado para lograr que los pueblos indígenas participen en las decisiones que los afectan. Se establecen para ello mecanismos de consulta y de participa- ción informada, previa y libre en los procesos de desarrollo, de elabora- ción de normas legales y de formulación de políticas públicas.
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Estos mecanismos de consulta y participación no se relacionan única- mente con proyectos de desarrollo, como por ejemplo la explotación de recursos naturales ubicados en sus tierras y territorios por empresas extranjeras, sino también con decisiones políticas o medidas legislativas, administrativas o de otra índole en los tres niveles de gobierno (nacio- nal, regional y municipal). El Convenio 169 establece que las consultas deben realizarse mediante procedimientos apropiados, de buena fe y a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas.
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, di- chos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Convenio 169 – OIT Artículo 7.
El artículo 7 del referido Convenio establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desa- rrollo económico, social y cultural”.
Diversos documentos internacionales suscritos por los países de Ibero- américa resaltan la importancia de la participación ciudadana para me- jorar la gestión pública.
Así, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno adoptado por los Jefes de Estado en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana realiza- da en Montevideo en 2006, deﬁne al buen gobierno como “aquél que
busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equi- dad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho.”
“Se entiende por buen gobierno aquél que busca y promueve el interés ge- neral, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y pro- cedimientos de la democracia y el Estado de Derecho.”
Este Código señala que el Poder Ejecutivo debe impulsar el debate po- lítico con transparencia y destaca la importancia de los mecanismos de información y participación para el desarrollo de dicho debate. En lo que se reﬁere a las reglas de la gestión pública, señala el compromiso de los Estados de fomentar la participación ciudadana en la formulación, implantación y evaluación de las políticas públicas, en condiciones de igualdad y razonabilidad.
Por su parte, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita el 2009 señala como mecanismos participa- tivos fundamentales aquellos que permiten intervenir en las distintas fases de la formulación e implementación de las políticas públicas. En esa medida, la Carta recomienda que las administraciones públicas es- tablezcan medios especíﬁcos de participación en la gestión pública que permitan a los ciudadanos y ciudadanas:
• Conocer los derechos de participación en la administración pública.
• Acceder a información pública.
• Intervenir en las distintas etapas del proceso de formación de políticas públicas.
• Presentar solicitudes, proyectos y propuestas en los ámbitos correspon- dientes.
• Participar en la elaboración, modiﬁcación y revisión de leyes y normas.
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• Vigilar y controlar los servicios públicos.
• Hacer seguimiento y evaluación de la gestión pública y sus resultados.
• Denunciar los casos en que se pone obstáculos a la participación.
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, del año 2008, desarrolla los contenidos del derecho a una gestión pública de calidad que comprende, entre otros, el acceso a cualquier servicio o prestación, la solicitud y obtención de información pública, la participación en el ciclo de diseño y mejora de los servicios públicos, en la formación de las políticas públicas y en la mejora de la calidad de la gestión pública.
Además de las normas y compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito, los derechos de participación ciudadana son reconocidos y regulados en la legislación nacional. Veamos.
La Constitución Política del Perú enuncia en su primer capítulo los de-
fundamentales de la persona humana. Entre éstos, incluye los
• El derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento a través de diferentes medios (Artículo 2º inc. 4).
• El derecho a solicitar información a cualquier entidad pública (Artículo 2º inc. 5).
• El derecho de reunirse pacíﬁcamente y sin armas en cualquier local privado o abierto al público, sin necesidad de aviso previo. (Artículo 2º inc.12).
• El derecho a asociarse libremente y constituir organizaciones sin ﬁnes de lucro (Artículo 2º inciso 13).
• El derecho a participar, individualmente o en grupo en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. (Artículo 2º inc. 17).
• El derecho a formular peticiones, de manera individual o colectiva, ante las autoridades competentes (Artículo 2º inc.20).
La Constitución reconoce que los ciudadanos y ciudadanas tenemos de- recho a participar en los asuntos públicos, mediante referéndum, inicia- tiva legislativa, remoción y revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas (Artículo 31º). Este artículo es desarrollado por la Ley Nº 26300, Ley sobre los Derechos de Participación y Control Ciuda- danos, que establece los requisitos, plazos y procedimientos que debe- rán tenerse en cuenta para poder ejercer estos derechos.
De acuerdo a esta Ley, se consideran derechos de participación al refe- réndum y a las iniciativas legislativas. En el primer caso, los ciudadanos y ciudadanas se pronuncian sobre la reforma total o parcial de la Cons- titución y la aprobación o desaprobación de normas con rango de ley. Para ello se exige que el 10% (aproximadamente 1 millón 800 mil ﬁrmas) del total de electores inscritos respalden el pedido de referéndum. La iniciativa legislativa consiste en presentar un proyecto de ley para ser discutido por el Congreso. En este caso se exige que por lo menos el 0.3% de la población electoral nacional (aproximadamente 55,000 ﬁr- mas) respalde la iniciativa. Una vez que ésta es aceptada por la autoridad electoral, pasa al Congreso para su debate con trámite preferencial.
En cuanto a los derechos ciudadanos de control sobre autoridades y funcionarios, la Ley 26300 incluye la demanda de rendición de cuentas, la remoción y la revocatoria de autoridades. La demanda de rendición de cuentas consiste en solicitar –a través de la autoridad electoral– que se informe a la población respecto a la ejecución presupuestal y uso de recursos propios de una autoridad municipal o regional. La revocatoria es el derecho de retirar a una autoridad del cargo para el que fue elegi- da, siempre y cuando esto sea aprobado por el 50% de electores en una consulta popular. La remoción se aplica a funcionarias y funcionarios que ocupan el cargo por designación, como podrían ser los gobernadores, gerentes y directores regionales, entre otros.
En el marco del Acuerdo Nacional, se aprobaron en julio de 2002 las 31 Políticas de Estado para lograr los objetivos de democracia, justicia social, competitividad y un Estado eﬁciente, transparente y descentra-
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lizado. La Segunda Política de Estado asume el compromiso de “pro- mover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas”; la Cuarta Política expresa el compromiso de fomentar el diálogo y la concertación entre todas las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil; la Octava se reﬁere a la descentralización y la necesidad de institucionalizar la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas, dentro de ellas en los programas de lucha contra la pobreza, en la gestión y evaluación de servicios públicos de salud, en el control y vigilancia de la seguridad alimentaria, entre otros; la Vigésimo Cuarta Política se reﬁere a instrumentos de ﬁscalización ciu- dadana que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.
“Nos comprometemos a promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas, mediante los mecanismos constitucionales de parti- cipación y las organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en la función que cumplen los partidos políticos.”
Acuerdo Nacional. Segunda Política de Estado.
Aprobadas las Políticas de Estado, el Foro del Acuerdo Nacional –inte- grado por partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y repre- sentantes de gobierno– se hace cargo de su impulso y seguimiento, para lo cual constituye grupos de trabajo y promueve acuerdos regionales.
El año 2007, se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO) que establece lineamientos para el poder eje- cutivo y los gobiernos regionales y locales orientados a promover la participación política, económica y social de las mujeres, con mención especial a las mujeres rurales, indígenas y afro peruanas. Cada año, la Presidencia del Consejo de Ministros informa al Congreso sobre el cum- plimiento de esta importante norma.
En esta misma perspectiva, es importante valorar la inclusión de “cuotas” en nuestra legislación electoral. De acuerdo con las normas
vigentes, las listas a consejos regionales y municipales deben incluir al menos 30% de mujeres u hombres, 15% de representantes indígenas y 20% de jóvenes. La cuota de género se aplica también en las elecciones al Congreso de la República.
II. PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Con el actual proceso de descentralización, se pusieron en marcha y se fortalecieron diversos mecanismos de participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública.
La participación ciudadana ha sido incorporada como una política pú- blica en el marco de la descentralización y, más especíﬁcamente, como un principio de la gestión descentralizada. Así, como parte del diseño normativo del proceso, la reforma constitucional del Capítulo XIV sobre Descentralización (Artículo 199º) dispone que los gobiernos regionales y municipales formulen sus presupuestos con la participación de la po- blación y rindan cuenta de su ejecución.
“Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la partici- pación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas”.
Ley de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783, Artículo 17º.
La Ley de Bases de la Descentralización establece que uno de los ob- jetivos de la descentralización es la participación y ﬁscalización de los
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ciudadanos y ciudadanas en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad. El Artículo 17º de esta ley señala que los Gobier- nos Regionales y Locales “están obligados a promover la participa- ción ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública”. Agrega que la participación se canaliza a través de los espacios de consulta, coordina- ción y vigilancia existentes y los que los gobiernos regionales y locales establezcan.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales incorporó en su Artículo 8º los principios rectores de las políticas y la gestión pública regional: la participación, la transparencia, la gestión moderna y rendición de cuen- tas y la inclusión.
La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) deﬁne a éstas como “…ca- nales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos”. La LOM señala que los vecinos intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de diversos mecanismos; indica también que es responsabilidad de los gobiernos locales promover la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo y presupuestos y en la gestión misma (Artículo 112º).
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), aprobada el año 2007 en el marco de la reforma descentralista, se establece el principio de inclusión y equidad para promover la participación de los sectores más vulnerables, así como el principio de participación y transparencia, me- diante el cual las personas tienen el derecho de participar y vigilar la gestión del Poder Ejecutivo.
Esta ley asigna al Presidente del Consejo de Ministros la responsabili- dad de dirigir las relaciones del Poder Ejecutivo con la sociedad civil, así como la coordinación intergubernamental.
La concertación de los planes y presupuestos regionales y municipales
El plan de desarrollo concertado (PDC) está llamado a ser el instrumen- to orientador de las políticas y acciones que deberán implementar los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales con el propósito de alcanzar el desarrollo regional y local. El PDC tiene un carácter “concertado”; es decir, ha de ser la expresión de los acuerdos alcanzados entre las autoridades regionales y municipales y los diversos sectores de la sociedad civil.
Recordemos que la Ley de Bases de la Descentralización señala que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participa- ción ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos. Las leyes orgánicas de gobiernos regiona- les y de municipalidades señalan, a su vez, que los Planes de Desarrollo Concertados son instrumentos de gestión con los que deben contar las Municipalidades y los Gobiernos Regionales.
Las normas de la descentralización incluyen a los Consejos de Coor- dinación Regional (CCR) y Local (CCL) como parte de la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales. Estos consejos tienen como función principal la de coordinar y concertar la formulación de los Planes de Desarrollo Concertado y los Presupuestos Participativos Anuales, además de otras que le asigne el Consejo Regional o Municipal respectivo.
El CCR está integrado por el Presidente del Gobierno Regional, los alcal- des y alcaldesas provinciales y por representantes de la sociedad civil ele- gidos cada dos años. Puede sumarse también a los alcaldes distritales.
El CCL está integrado por el Alcalde o Alcaldesa Provincial o Distrital, según corresponda, los regidores y regidores y por representantes de la sociedad civil elegidos también cada dos años. En el CCL Provincial se in- corpora a los alcaldes y alcaldesas distritales y en el CCL Distrital a las au- toridades de las municipalidades de centro poblado, allí donde existen.
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La ley de municipalidades asigna a los CCL la función de proponer prio- ridades en los proyectos de inversión de infraestructura y servicios pú- blicos, promover convenios de cooperación, coﬁnanciamiento y fondos de inversión. La Ley de Incentivos para la Integración Regional, por su parte, asigna a los CCR la responsabilidad de opinar sobre los proyectos de conformación de regiones.
Por cierto, las normas dejan abierta la posibilidad de constituir otros espacios de concertación y participación, en ejercicio de la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Así, la Ley Orgánica de Munici- palidades señala expresamente que “las municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los previstos en la presente ley” (Décimo sexta disposición complementaria).
De especial importancia para la gestión descentralizada son los presu- puestos participativos. La Ley Marco del Presupuesto Participativo, del
año 2003, desarrolla el mandato constitucional según el cual los gobier- nos regionales y locales formulan sus presupuestos con participación de
la población. El presupuesto participativo es deﬁnido como un proceso
de asignación equitativa, racional, eﬁciente, eﬁcaz y transparente de los recursos públicos.
Para lograr este propósito, la norma señala que la programación
participativa del presupuesto debe hacerse en armonía con los pla- nes de desarrollo concertados (PDC) en los gobiernos regionales
y locales. La Ley Nº 29298 modificó la Ley Marco del Presupuesto
Participativo disponiendo que éste se formule tomando en cuenta las competencias específicas que corresponden a cada nivel de go- bierno, incorporando criterios de alcance, cobertura de población y montos de ejecución; dichos criterios han sido precisados mediante el Decreto Supremo 097 del año 2009.
La Ley dispone también que ninguna directiva o instructivo puede res- tringir la participación de la comunidad en el establecimiento de priori- dades y programación del gasto del presupuesto participativo; es decir
que los instructivos que emite el MEF o las ordenanzas regionales y mu- nicipales deben respetar el carácter participativo del proceso de formu- lación de los presupuestos. Asimismo, establece que el Acalde Distrital –en tanto presidente del CCL- informe al Alcalde Provincial y éste, a su vez, al Presidente Regional para asegurar la articulación y coordinación de los presupuestos y evitar superposiciones y conﬂictos.
El año 2009 se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley Marco de Presu-
puesto Participativo que, entre otros aspectos, señala de forma explíci-
ta que los proyectos priorizados en el presupuesto participativo “debe-
rán” ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional
o Local correspondiente. Es importante valorar el efecto mandatorio
de la palabra “deberán” que utiliza la norma. Es igualmente importante
la disposición por la cual los titulares de los gobiernos regionales y de
las municipalidades deben remitir copia de las actas y compromisos del presupuesto participativo a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República.
“Los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que consti- tuyen parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda”.
Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto Participativo – DS Nº 149-2009-EF. Artículo 10º
Los presupuestos participativos son regulados también mediante orde- nanzas que emiten los Gobiernos Regionales y las Municipalidades para adecuar el proceso a sus propias realidades. En la elaboración de las or- denanzas regionales y municipales –en éstos y otros temas- se presentan nuevas oportunidades para la participación y la iniciativa ciudadana.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental recono-
cido por nuestra Constitución Política en su Artículo 2º inc. 5. En ejer-
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cicio de este derecho, cualquier persona puede solicitar información a cualquier entidad pública sin explicar las razones que tiene para ello y la entidad está en la obligación de responder a dicha solicitud entregando la información requerida o –en casos excepcionales- justiﬁcando las ra- zones para no entregarla.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula este derecho fundamental y dispone que las solicitudes de información sean respondidas por las entidades públicas en un plazo máximo de siete días útiles (es decir, sin contar sábados, domingos y feriados), pudiendo prorrogarse este plazo hasta cinco días más. Las excepciones están ex- presamente establecidas en la Ley y el Reglamento.
Las entidades obligadas a brindar información son todos los organismos del Poder Ejecutivo (Ministerios y demás organismos públicos), Poder Legislativo (Congreso) y Poder Judicial. Están obligados, por supuesto, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, así como las empresas del Estado e, inclusive, las empresas privadas que prestan servicios públicos de luz, agua o telecomunicaciones, las universidades, etc. También lo están las entidades autónomas como la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, RENIEC, ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y otros.
La Ley dispone también que todas las entidades públicas cuenten con portales de transparencia en internet para facilitar el acceso a la in- formación. La información que debe incluirse en estos portales es la referida a los datos generales de la entidad, información presupuestal, adquisiciones de bienes y servicios, actividades oﬁciales de los funciona- rios y demás información pertinente.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha emitido directivas que buscan estandarizar el contenido de los portales de transparencia. Espacios de concertación como el Colectivo Buen Gobierno están apor- tando también propuestas para mejorar los contenidos de los portales
Información que deben contener los portales de transparencia:
1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único de Procedimientos Administrativos que la regula, si corresponde.
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos eje- cutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneﬁcios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación inclui- rá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos.
4. Actividades oﬁciales que desarrollarán o desarrollaron los altos funciona- rios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente.
5. La información adicional que la entidad considere pertinente.”
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley Nº 27806. Artículo 5º.
en materia, por ejemplo, de presupuesto participativo, programas de mantenimiento, consejos de concertación, rendición de cuentas, pro- gramas presupuestales estratégicos y otros.
Las entidades públicas deben designar un funcionario o funcionaria responsable de atender las solicitudes de información y un responsa- ble de actualizar el portal de transparencia. Un reporte de las solicitu- des de información atendidas se envía periódicamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, la que a su vez informa al Congreso de la República. La Defensoría del Pueblo supervisa los portales de trans- parencia y atiende quejas cuando las entidades se niegan a entregar información.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales incorpora el principio de transparencia, según el cual los presupuestos, objetivos,
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metas y resultados del Gobierno Regional deben ser difundidos a la po- blación. De acuerdo al Artículo 24º de esta ley, los Gobiernos Regionales deben realizar -–como mínimo– dos audiencias públicas de rendición de cuentas cada año en las que se dará cuenta de los logros y avances de su gestión. Las audiencias se realizan una en la capital del departamento y otra en una provincia distinta.
Si bien la actual Ley Orgánica de Municipalidades no se reﬁere a las audiencias públicas, si incluye la rendición de cuentas como un principio de la gestión municipal y precisa que los servicios públicos locales son ﬁscalizados por los vecinos, además del concejo municipal (Artículo 31º). Es responsabilidad de la municipalidad establecer instrumentos para ha- cer efectiva la ﬁscalización ciudadana (Artículo 73º, 5.1).
Asimismo, el proceso de presupuesto participativo contempla activida- des de rendición de cuentas sobre el avance y el cumplimiento de los compromisos asumidos y los proyectos priorizados. Las normas estable- cen la conformación de Comités de Vigilancia del Presupuesto Partici- pativo cuya labor resulta de especial relevancia para velar por el cumpli- miento de los acuerdos adoptados.
En el caso de las Municipalidades, la actual Ley Orgánica incluye como parte de los derechos de participación y control vecinal (Título VIII de la LOM) el derecho de las personas a denunciar infracciones y a ser informadas sobre la gestión municipal. Incluye también los Cabildos Abiertos, considerados como una instancia de consulta directa del gobierno local a la comunidad.
Las disposiciones sobre rendición de cuentas y vigilancia ciudadana aquí reseñadas son coherentes con lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización (Artículo 21º) en el sentido de que los Gobiernos Re- gionales y Locales son ﬁscalizados por sus propios consejos, por los órganos del Sistema Nacional de Control y –agrega la norma- “por los ciudadanos de su jurisdicción”.
III. PARTICIPAR PARA MEJORAR LAS DECISIONES
La legislación peruana considera que la participación es un derecho que los ciudadanos y ciudadanas han de ejercer desde el momento de la elaboración de las políticas públicas, para lo cual se establecen diversos mecanismos de concertación.
A la vez, se han incrementado las modalidades de participación ciuda-
dana en la gestión de programas y proyectos especíﬁcos, así como en el control y la vigilancia de los mismos.
año 2001, en el contexto de la transición democrática, fue creada
Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP.
esta instancia se le encargó la función de concertar las políticas so-
ciales y promover decisiones y acciones a favor de la reducción de la pobreza.
La MCLCP tiene también la función de institucionalizar la participación ciudadana en el diseño y la ﬁscalización de la política social, de forma tal que se incremente la eﬁciencia, la neutralidad y la transparencia en las políticas sociales y los programas de lucha contra la pobreza.
Objetivos de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza:
• “Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género.
• Lograr mayor eﬁciencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza.
• Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y ﬁscalización de la política social del Estado.
• Lograr la transparencia e integridad en los programas de lucha contra la pobreza”.
DS 001-2001-PROMUDEH. Artículo 1º. (Con rango de ley según Ley Nº 27867)
22 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
La MCLCP cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional presidido por un representante del Presidente de la República e integrado por represen- tantes de los ministerios, de los gobiernos regionales y municipales, de las organizaciones de sociedad civil, las iglesias, gremios sindicales y empresariales y la cooperación internacional. Similar composición tie- nen los comités regionales y locales que se han constituido en todos los departamentos como parte del sistema nacional y descentralizado de Mesas de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza.
El impulso y seguimiento de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacio- nal están a cargo del Foro del Acuerdo Nacional. Este Foro, institucio- nalizado en octubre del 2002, está conformado por representantes de los partidos políticos, de la sociedad civil y del Gobierno; lo preside el Presidente de la República o –en su ausencia– el Presidente del Consejo de Ministros.
Para cumplir con sus responsabilidades, los y las integrantes del Foro del Acuerdo Nacional constituyen Grupos de Trabajo por cada uno de los cuatro ejes en que se agrupan las Políticas de Estado. Promueve también la conformación de Acuerdos Regionales con la participación activa de los Gobiernos Regionales y para fortalecer la institucionalidad democrática descentralizada.
En materia de empleo, el Consejo Nacional de Trabajo - CNT fue crea- do por ley para concertar políticas laborales, de promoción del empleo y de protección social. El CNT opina también respecto de la remunera- ción mínima vital.
Este Consejo tiene una composición tripartita, estando integrado por el Ministerio de Trabajo, representantes de los trabajadores y represen- tantes de los empleadores.
Las posibilidades para la intervención ciudadana en la concertación de políticas se han ampliado también hacia el sector salud. Así, la ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud del año 2002
creó el Consejo Nacional de Salud como órgano consultivo del Minis- terio de Salud. A éste se le asigna la función de proponer la política y el Plan Nacional de Salud, propiciar la concertación intersectorial y proponer una distribución equitativa de los recursos del sector salud. En su composición se incorpora al Colegio Médico, a los trabajadores del sector y a organizaciones sociales de la comunidad, junto con los repre- sentantes del Gobierno Nacional y de los gobiernos subnacionales.
En tanto se trata de un sistema nacional y descentralizado, se constitu- yen también los Consejos Regionales de Salud – CRS a nivel de cada Gobierno Regional con la participación de asociaciones representativas de los y las profesionales de la salud, organizaciones no gubernamen- tales y organizaciones comunales. Los CRS cumplen un rol muy activo en la formulación, concertación e impulso de los Planes Regionales de Salud que se vienen aprobando.
Órganos de concertación y coordinación del SNCDS:
Consejo Provincial de Salud”.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional, Coordinado y Descentralizado de Salud. DS 004-2003-SA. Artículo 3º
En materia de educación, la Ley General de Educación señala la respon- sabilidad de la sociedad de participar en la deﬁnición y desarrollo de la política educativa nacional, regional y local, colaborar en la prestación del servicio educativo y desarrollar una cultura de responsabilidad y vi- gilancia de la calidad educativa. Para ello, se prevé la participación de la sociedad en la gestión de la educación a través de los consejos educati- vos que se organizan en forma descentralizada.
Así, a nivel de cada Institución Educativa se constituye un Consejo Edu- cativo Institucional – CONEI; a nivel de cada UGEL un Consejo Parti- cipativo Local de Educación – COPALE, y a nivel regional un Consejo
24 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Participativo Regional de Educación – COPARE. A nivel nacional, el Con- sejo Nacional de Educación es el órgano consultivo del Ministerio de Educación.
Los consejos educativos son instancias de participación, concertación
y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional, Local y Regional. Están integrados –según el nivel- por la autoridad educativa y por representantes de los y las do- centes, estudiantes y de los padres y madres de familia, así como de las universidades e institutos superiores, de los sectores económicos y de las instituciones públicas y privadas más signiﬁcativas.
“La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, simpliﬁcada, participativa y ﬂexible… La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos que se organizan también en forma descentralizada.”
Ley General de Educación – Ley Nº 28044. Artículo 63º.
Complementariamente, la Ley 28628 regula la conformación de las Aso- ciaciones de Padres de Familia – APAFA y su participación en las diver- sas fases del proceso educativo.
La legislación ambiental contiene un conjunto de disposiciones referidas
a la participación ciudadana, entre ellas las audiencias y consultas res- pecto de los Estudios de Impacto Ambiental.
Las oportunidades de concertación de políticas nacionales, regionales
y locales se extienden hacia diversos ámbitos, como la seguridad ciu-
dadana (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), el medio ambiente (Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental) o la justicia comunal (Ley de Rondas Campesinas). En virtud de éstas y otras iniciativas se ha constituido, además de los ya mencionados, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo Nacional de Concerta- ción Agraria, el Consejo Nacional de PYMES, entre otros.
Es importante también la disposición contenida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE por la cual los Ministerios y demás entidades públicas pueden constituir Comisiones Consultivas integradas por “pro- fesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil” (Artículo 37º), con funciones de seguimiento, ﬁscalización, propuesta o emisión de informes que sirven de base para las decisiones que adopten dichas entidades.
Son múltiples y diversos los espacios de concertación que han sido creados mediante acuerdos y ordenanzas regionales con la ﬁnalidad de deﬁnir participativamente –por ejemplo- los planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de protección de la infancia, de promoción de la micro y pequeña empresa, de competitividad, de desarrollo agropecuario, entre otros.
Las organizaciones sociales de base - OSB, principalmente la organi- zación de las mujeres para afrontar las necesidades de alimentación y nutrición de las familias, se extendieron en el país durante la década de los 80 y 90. En 1991 se aprobó la Ley 25307 que declara de interés prioritario la labor de los comedores populares, comités del vaso de leche, clubes de madres, cocinas familiares, centros materno infantiles y demás organizaciones sociales de base, a las que se les reconoce perso- nería jurídica y existencia legal.
Esta misma ley crea el Programa de Apoyo a la Labor Alimentaria de las Organizaciones Sociales de Base, cuyo ﬁn es atender las necesidades de alimentación de la población de menores recursos mediante el suministro de alimentos a las OSB con un porcentaje no menor al 65% de la ración diaria por persona. El Programa tiene también la ﬁnalidad de promover la experiencia autogestionaria y desarrollar las capacidades de las OSB, respetando su autonomía. La norma reconoce a las OSB el derecho de participar en la ejecución, control y supervisión del Programa de Apoyo a la Labor Alimentaria y crea los Comités de Gestión Local.
26 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
El Reglamento de la ley deﬁne a las OSB como organizaciones auto- gestionarias formadas por iniciativa de personas de menores recursos para enfrentar problemas alimentarios y alcanzar un desarrollo humano integral; precisa que estas organizaciones no persiguen ﬁnes políticos partidarios “ni pueden ser objeto de manipulación política por las auto- ridades del Estado” (Artículo 3º).
“Las Organizaciones Sociales de Base (OSB) a que se reﬁere la Ley, son or- ganizaciones autogestionarias formadas por iniciativa de personas de me- nores recursos económicos para enfrentar sus problemas alimentarios en la perspectiva de alcanzar un desarrollo humano integral. No persiguen ﬁnes políticos partidarios ni pueden ser objeto de manipulación política por las autoridades del Estado”.
Reglamento de la Ley que declara de prioritario interés nacional la labor de Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios y otras organizaciones sociales de base. DS 041-2002-PCM. Artículo 3º.
En la misma línea, cabe mencionar a las juntas de administración de agua potable, juntas de regantes, defensorías comunitarias, rondas campesinas y otras organizaciones vinculadas al logro y la gestión de servicios esenciales para la comunidad y que cuentan con un especial reconocimiento público.
El año 2007 se aprobó la Ley 29030 que autoriza a las municipalidades a acordar con organizaciones representativas de la comunidad la ejecu- ción y transferencia de proyectos de infraestructura social y económica y de promoción productiva. Los requisitos son que estos proyectos bene- ﬁcien a la propia comunidad, que hayan sido aprobados en los procesos de presupuesto participativo, que se cuente con el acuerdo del Concejo Municipal y sean concertados con el Consejo de Coordinación Local.
El Reglamento, aprobado el 2009 mediante decreto del MIMDES, pre- cisa que para la constitución de la Organización Representativa de la
Comunidad – ORC debe realizarse una asamblea con la participación de al menos el 50% de familias. Las ORC se constituyen sólo para efectos del proyecto acordado con la Municipalidad y se extinguen una vez con- cluido éste. El Reglamento establece también mecanismos de transpa- rencia y rendición de cuentas hacia la comunidad, la Municipalidad y el Consejo de Coordinación Local.
Más recientemente, el año 2009 se autorizó mediante decreto de urgen- cia a los Gobiernos Regionales y Locales a destinar hasta el 6% del saldo de los recursos de proyectos de inversión pública correspondiente a ese
año para ﬁnanciar la ejecución de proyectos de inversión e infraestructura
a través de núcleos ejecutores. La autorización se hizo extensiva también
a las entidades del Gobierno Nacional.
Los núcleos ejecutores –según este decreto- tienen carácter temporal
y estarán constituidos por no menos de 100 personas de comunidades
campesinas y nativas, asentamientos humanos rurales y urbanos, rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de gestión local y licen- ciados de las fuerzas armadas y policiales de localidades que se encuen- tren en condición de pobreza. La norma incluye disposiciones sobre la conformación y reconocimiento de los núcleos ejecutores y especiﬁca que sus líneas de intervención son saneamiento, agua potable, sistemas de riego, trochas carrozables, energía eléctrica, y otras, cuyos montos
no superen las 100 UIT.
En el marco del plan de estímulo para hacer frente a la crisis económica internacional, se pusieron en marcha programas de mantenimiento de infraestructura de salud, educación y riego con participación directa de la población.
Así, el año 2009 se destinaron aproximadamente 600 millones de soles para la reparación, mantenimiento y equipamiento de escuelas, establecimientos de salud, canales, pequeños reservorios, bocatomas y otra infraestructura de riego en zonas de pobreza y extrema pobreza.
28 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
En el caso de la infraestructura de salud, las normas disponen que en cada establecimiento se forme un Comité de Mantenimiento respon- sable de determinar y priorizar las acciones; este Comité está integrado por el Jefe del Establecimiento y el Jefe de la Microrred.
Asimismo, en cada establecimiento de salud se constituye un Comité Veedor responsable de veriﬁcar que la determinación y priorización de acciones de mantenimiento, así como la ejecución del gasto sean reali- zados con eﬁciencia, transparencia y probidad. El Comité Veedor está conformado por dos representantes del Comité de Coordinación Local – CCL y por el Alcalde o Alcaldesa o su representante; en las localidades donde los CCL no se hayan conformado, la representación de población recae en las organizaciones sociales. El Comité Veedor recibe toda la información que requiera por parte del jefe del establecimiento o de la microrred y emite conformidad de la Declaración de Gastos que dichos funcionarios deben enviar al Ministerio de Salud.
En cuanto al mantenimiento de los locales escolares, se dispone que en cada uno de ellos se constituya un Comité de Mantenimiento responsa- ble de determinar la priorización de acciones de acuerdo a la disponibi- lidad de recursos. Este Comité es convocado y presidido por el Director del Centro Educativo y conformado por al menos dos representantes de los padres de familia; en el caso de Institutos Tecnológicos, el Comité está integrado por el Director y dos representantes de los alumnos.
FLUJOGRAMA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS
• Conformación de Comité de Mantenimiento (Director + 2 representantes de Padres de familia o alumnos)
• Conformación de Comité Veedor: Alcalde o representante y 2 representantes de Padres de familia
Se constituye también un Comité Veedor para veriﬁcar el cumplimiento de las acciones de mantenimiento y presentar el informe correspondien- te ante la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL. El Comité Veedor es presidido por el Alcalde Provincial o Distrital e integrado por dos re- presentantes de los padres de familia; en el caso de escuelas unidocen- tes es presidido por el representante de la organización representativa de la comunidad.
Con relación a la infraestructura de riego, se establece que los recursos se ejecuten a nivel distrital, debiendo transferirse el dinero directamen- te al Alcalde de la Municipalidad Distrital donde se realizará la obra de mantenimiento.
En cada distrito se forma un Comité de Mantenimiento integrado por el Alcalde Distrital, el Gobernador Distrital y un representante de los re- gantes. Asimismo, se forma un Comité Veedor responsable de veriﬁcar que las actividades de mantenimiento de la infraestructura de riego y la ejecución del gasto se realicen conforme a los procedimientos corres- pondientes. Cada Comité Veedor está integrado por un representante de la Agencia Agraria, un representante de la Administración Local de Agua y un representante de los regantes de la localidad. El Comité Vee- dor emite conformidad sobre la Declaración de Gastos que el Alcalde Distrital debe enviar al Ministerio de Agricultura.
Como puede observarse, en estos casos la participación de la comuni- dad se produce tanto en la gestión misma del programa –a través de los comités de mantenimiento– como en su ﬁscalización – a través de los comités veedores–.
30 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
IV. SELECCIÓN SUMILLADA DE NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO
En la siguiente matriz presentamos una selección de las más importan- tes normas y compromisos que reconocen, garantizan y regulan los de- rechos ciudadanos a participar en los asuntos públicos y promover el buen gobierno.
El propósito es informar respecto de las múltiples oportunidades que la legislación ofrece para que las personas participemos –de forma indivi- dual o asociada- en las diversas fases de las políticas públicas y en los tres niveles de gobierno.
Esta selección de normas que –sin duda- podrá ser complementada y actualizada con regularidad, ha sido organizada en las siguientes par- tes:
• Normas y compromisos internacionales
• Normas y compromisos nacionales
• Participación, descentralización y reforma del Estado
• Transparencia, acceso a la información y vigilancia ciudadana
• Participación y concertación de políticas públicas
• Participación en la gestión de programas, proyectos y obras
El artículo 20º reconoce a toda persona el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíﬁca y el artículo 21º a la participación en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Este mismo artículo prescribe que toda persona tiene derecho de acceder en con- diciones de igualdad al ejercicio de las funciones públicas de su país.
Tratado internacional de derechos humanos conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que desarrolla los derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas in-
los Interamericana
ante la los
El artículo 23 señala que los ciudadanos tienen derecho de participar en la
elegidos públicas
de votar a las
Tratado internacional de derechos humanos que, con base en la Carta de las
Naciones Unidas, impone a los Estados la obligación de promover y hacer
efectivos los derechos y libertades humanas.
El artículo 22 reconoce el derecho de toda persona a asociarse libremente
para formar sindicatos o para aﬁliarse a ellos para la protección de sus inte-
sus repre-
reses. El artículo 25 señala que todos los ciudadanos tienen el derecho de
o por universal
públicos mediante
y ser elegidos
sentantes,
tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
Esta Convención reconoce que toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país y –en el deseo de igualar la condición del hombre y de
la mujer en el ejercicio de los derechos políticos– reconoce a las mujeres los
13282* Legislativa
Decreto Ley Nº 22231*
Decreto Ley Nº 22128*
12409* Legislativa
32 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
la formula- y
se reﬁere a programas de salud, vivienda y
Señala en su artículo 8 que los Estados deberán tomar las medidas para ase- gurar que las mujeres, al igual que los hombres, tengan la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor
Esta Convención establece en su artículo 7 que los Estados deberán tomar medidas para evitar la discriminación política contra la mujer, garantizando que
Para el caso de las mujeres rurales, establece que los Estados deberán tomar medidas especiales para asegurar la aplicación de la Convención en las zonas rurales en lo que se reﬁere a su participación en la elaboración y ejecución de
con los pueblos indígenas a ﬁn de recoger su consentimiento libre e infor- mado sobre proyectos que afecten sus tierras, territorios y demás recursos naturales.
derechos de votar en las elecciones en condiciones de igualdad que los va-
propios proce-
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de de- cisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de
El artículo 23 señala que los pueblos indígenas deben intervenir en el se- ñalamiento de sus prioridades y estrategias para el ejercicio del derecho al
Asimismo, el artículo 32 señala la obligación del Estado de realizar consultas
ción y ejecución de políticas públicas asegurando que puedan ejercer funciones
públicas en el gobierno y, que participen en asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
legislación y nacional.
votar en en elecciones
por la elegibles
públicos, puedan
por ellos y de
planes que aporten al desarrollo.
candidatas a que
ser condiciones
poder funciones
-en igualdad y de
dimientos,
rones, de
04 de junio de 1982
217 A III ONU
Nº 23432*
inte- y
las perso-
El Convenio 169 establece la responsabilidad de los gobiernos para desa-
i) medidas
rrollar recursos,
ii) consultas mediante procedimientos adecuados ante medidas
resados;
legislativas o administrativas que los afecten; iii) establecer los medios a través de los cuáles los pueblos interesados puedan participar libremente logren el pleno desarrollo de sus instituciones e iniciativas; iv) decidir sus
propias prioridades de desarrollo.
El artículo 7 dispone de manera explícita que “los pueblos interesados de-
berán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de al-
guna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarro-
llo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha con-
que busca a guiarse
éste como se “aquél
humanos, los valores y procedi-
con el autónomas
que aseguren su cumplimiento. Con relación a la ética gubernamental señala
respetando y todos
El Código propone
tra la pobreza,
un conjunto de deberes y prohibiciones que deberán observar los funcionarios
para no caer en actos de corrupción ni conﬂictos de intereses que afecten la
gobernabilidad del país. Propone medidas proactivas para un desempeño eﬁ-
ciente, eﬁcaz y transparente de los funcionarios públicos.
Esta Carta incluye la transparencia y la participación ciudadana como uno
de los principios de una Gestión Pública de Calidad; lo que supone adminis-
mejora y público,
al escrutinio
sujetas de
en su a gestión,
y permeables
provenientes de la ciudadanía.
3 - 5 2006
26253* Legislativa
Cumbre y de Gobierno
XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
34 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Desarrolla los contenidos del derecho a
una gestión pública de calidad
que comprende el acceso a cualquier servicio o prestación, la obtención de
información pública, la participación en el ciclo de diseño y mejora de los
servicios públicos, en la formación de las políticas públicas y en la mejora de
la calidad de la gestión pública.
La Carta propone que la Administración Pública desarrolle mecanismos
de participación ciudadana a lo largo de las políticas públicas vía comités
consultivos, grupos de trabajo, encuentros, jornadas de intercambio de ex-
periencias y otros mecanismos; así como mecanismos de difusión de infor-
a través de y sugerencias,
ciudadanos con respecto a los servicios prestados.
ﬁrmantes
La el Iberoamericana Carta
desarrollar una gestión participativa, favoreciendo la inclusión y la cohesión
social como parte de sus objetivos de desarrollo.
de la partici-
las políticas públicas; las formas de participación; la participación como or-
ganización y proceso; el acceso a la información pública y la evaluación del
proceso de participación en la gestión pública.
Destaca en la Carta que se entienda la participación ciudadana como trans-
versal en la formación de políticas públicas, programas sociales y servicios
los enfoques indígenas,
de género mujeres
como las de poblaciones
derecho de petición, y los derechos de reunión y de asociación, incluido el
información, pública,
el económica
tienen legislativa,
el acceso a la de información
que referéndum,
y a en la la huelga.
del y pensamiento,
o asociada
art. 31 señala
formar sindicatos
asuntos El públicos
forma a individual
de la los Nación.
o revocatoria de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes.
Establece que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos indi- vidualmente o a través de partidos políticos, movimientos o alianzas. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al
voto y a la participación ciudadana.
192 y de
de descentralización,
su ejecución. con la participación de la población,
y sus de
sarrollo Concertado
Introduce el principio de participación popular en la elección y revocatoria
representación de los colegios
de magistrados (artículo 139) y establece la participación ciudadana en la
de la y la
152º)
paz (artículo
Reconoce el derecho ciudadano a interponer acciones de inconstitucionali-
dad contra las normas con rango de ley.
petitividad del País; y 4) Estado eﬁciente, transparente y descentralizado. Aﬁrma que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación ciudadana. Por ello, la Segunda Política de Estado ﬁja el com-
3) organi-
Social; objetivos:
en y más
31 Políticas
Contiene políticas
promiso de promover la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas.
36 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
civil, así y
como de institucionalizar los canales y mecanismos de participación ciudada-
La Octava y legislativas
de y fomentar
gobierno. ejecutivas
políticas, deberá
que las la decisiones
Estado ciudadana
Cuarta Política
y transpa-
Se incluyen como parte de las políticas de Estado la participación ciudadana en los programas de lucha contra la pobreza, en la gestión y evaluación de servicios públicos de salud, en el control y vigilancia de la seguridad alimen-
Estado eﬁciente
logro de un ciudadana
de el ﬁscalización
Señala que para
otros. instrumentos
taría, entre
transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno. La
Vigésimo Sexta Política de Estado establece el compromiso de velar por el
la función pública,
su gestión y el
ciudadana de de Control. y
Las iniciativas para el ejercicio de estos derechos se presentan a la autori-
La Ley 26300 regula el ejercicio de los derechos de participación y control previstos en el artículo 2º y 31º de la Constitución Política. Señala que son derechos de participación ciudadana los de iniciativa de reforma consti- tucional, iniciativa en la formación de leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, y otros mecanismos de participación establecidos en el ámbito de los gobiernos regionales y loca- les. Considera como derechos de control la revocatoria de autoridades, la remoción de funcionarios, la demanda de rendición de cuentas y, otros me- canismos establecidos en el ámbito de los gobiernos regionales y locales.
dad electoral. Los procedimientos exigen un número de ﬁrmas de adheren- tes, así como la presentación de las iniciativas normativas, la fundamenta- ción de la solicitud de revocatoria o remoción de autoridades, el pliego de preguntas para la demanda la rendición de cuentas, entre otros.
del sufragio, expre-
Cada uno de los derechos regulados por esta ley tiene procedimientos es- pecíﬁcos que deben ser observados por los promotores de las iniciativas ciudadanas. Así, la revocatoria exige la presentación de ﬁrmas y la realiza-
no de a través
para o que,
a los a ciudadanos
ción su
Ley Nº 26300
en el ejer-
su par-
y afro
de a participación
al participación
del y de sistema para locales
social hombres
un regionales ciudadana
económica y entre
derechos y para
los en establece la gobiernos
de lineamientos
Esta Ley introduce la “cuota de género” en las elecciones al Congreso de la República. Modiﬁca el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones para que las listas de candidatos al Congreso en cada Distrito Electoral incluyan un nú- mero no menor del 30% de mujeres o de varones. En las listas inscritas con tres candidatos, por lo menos uno será varón o mujer.
nativas el y
La Ley de Elecciones Municipales dispone que las listas de candidatos a los Consejos Municipales deben incluir no menos de 30% de mujeres o de
según lo determine
Ley 29 Nº años
donde existan,
2006). menores
20% de (incorporado de
15% región
no menos en
y Nº no 28869,
hombres, originarios
La Ley de Elecciones Regionales señala que las listas de candidatos a los Con- sejos Regionales deben incluir no menos de 30% de hombres o de mujeres, un
lo determine
donde existan, de
de jóvenes menores de 29 años (incorporado
y no de menos
Ley 29470,
Ley Nº 28983
Ley Nº 27387
Ley Nº 26864, y sus modiﬁcatorias
Ley Nº 27683, y sus modiﬁcatorias
Ley Oportunidades
Ley que modiﬁca la Ley Orgánica de Elecciones
38 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
la par- y, social
Esta norma señala que uno de los objetivos de la descentralización es la participación y ﬁscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos
A nivel de social, en
sus ciudadana
nivel ambiental,
El Capítulo IV de la Ley se reﬁere de manera explícita a la participación ciu-
dadana como una obligación de los gobiernos regionales y locales en la for-
evaluación y y presupuestos
en la concertación,
mulación, debate
y su participa-
cuentas de la gestión pública. Para ello, los gobiernos subnacionales deben
información y pública
a la mecanismos
presu- a y
Señala como uno de los principios básicos de la gestión de los gobiernos re-
ﬁscalización
de los planes,
y en la ejecución
gionales y el proyectos
la información pública, la gestión moderna y rendición de cuentas así como
la inclusión fortalecen aún más la participación en la gestión regional.
Esta Ley incorpora los Consejos de Coordinación Regional - CCR dentro de
la estructura orgánica de los gobiernos regionales, como instancias de con-
Introduce las audiencias públicas como mecanismos para la rendición de
de políticas de con
sulta y concertación
las que deben realizase al menos dos veces al año en cada gobier-
básica vecinal
y canal local
Esta Ley territorial
Ley Nº 27867 y sus modiﬁcatorias
Ley Gobiernos
de participación, transparencia, gestión moderna, inclusión y
las municipa-
naturaleza vecinal. Como derechos de control vecinal se reconocen los de revo-
En materia de seguridad ciudadana, dispone que las municipalidades rurales deberán convocar y concertar con organizaciones sociales, vecinales o comu-
Esta Ley incluye como derechos de participación en el ámbito municipal: la elección de cargos municipales, la iniciativa en la formación de dispositivos mu-
Señala que las Comisiones Consultivas del Poder Ejecutivo están conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reco- nocida capacidad o experiencia.
Establece el principio de servicio al ciudadano, por el cual los responsables de la gestión están obligados a rendir cuentas, el principio de inclusión y equidad para promover la participación de los sectores más vulnerables y, el principio de participación y transparencia, mediante el cual las personas tienen el derecho de participar y vigilar la gestión del Poder Ejecutivo.
civil. y regidores- representantes
Asigna al Presidente del Consejo de Ministros la responsabilidad de dirigir las relaciones del Poder Ejecutivo con la sociedad civil, así como la coordinación intergubernamental. El artículo 14º hace referencia a la participación ciudadana en la elaboración de propuestas legislativas.
nales, rondas campesinas y urbanas, comités de autodefensa, comunidades campesinas, nativas y afro peruanas.
Incorpora en la estructura de la Municipalidad al Consejo de Coordinación Local – CCL Provincial y Distrital como instancias de concertación y consulta
de administración y gestión que se formulan e implementan en concordancia
con los planes de desarrollo concertados. Estos planes deben responder a
catoria de alcaldes y regidores y la demanda de rendición de cuentas.
los comités sociales
abiertos, comunales,
por participan
nicipales, el comités
El Título se IV rigen
40 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Fija los lineamientos y condiciones para que las entidades públicas sean “eﬁ- cientes, eﬁcaces, participativas, transparentes, honestas y competitivas”.
Establece como deber de los servidores públicos el de respetar y convocar las instancias de participación ciudadana creadas por ley; agrega que es
participar –según el cargo- en las
obligación de todo empleado público
instancias internas y externas donde se promueve la participación de la ciu-
dadanía y se ejecute procesos de rendición de cuentas.
Reconoce el derecho de los servidores públicos de formar sindicatos y hacer
uso de la huelga.
los presupues-
establece se que
que regionales
Esta de ley las regula
participativa de y
públicos. equitati-
desarrollo concertados
como un de
los planes de participativo,
eﬁciente, eﬁcaz
vigilancia participativa.
los vinculación
Modiﬁca la Ley Marco de Presupuesto Participativo y establece criterios de alcance, cobertura y montos según nivel de gobierno. Asigna a los titu- lares de los gobiernos regionales y locales la responsabilidad de informar
proceso. que se destinarán al proceso participativo.
Simpliﬁca
de la República, al Congreso de la República y al Ministerios de Economía y
a los pre-
la Contraloría y dispone
en el Participativo
del proceso a participativo
a destinar
los lo montos de
la Ley de Marco
ha de de considerarse
Aprueba el participativos
Detalla copias
pública priorizados
proyectos de y inversión
que los participativo
Acuerdos y Compromisos “deberán” ser incluidos en el Presupuesto Insti-
tucional del Gobierno Regional o Local.
DS. Nº 007-2010-PCM
Ley modiﬁcatoria
Nº 29298
doscientos mil soles; su alcance debe ser pluridistrital debiendo beneﬁciar
Aprueba el Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo de vi-
nar un problema relevante de la comunidad, preferentemente en salud, edu-
do tener en cuenta que su alcance contenga acciones que permitan solucio-
nivel distrital, no se establece restricción en el monto de inversión, debien-
3 distritos que se encuentren ubicados en dos provincias; su cobertura de
nivel regional, el monto total del proyecto no debe ser menor a 3 millones
Precisa los criterios de alcance, cobertura y monto que ha de considerarse en la priorización de proyectos en el presupuesto participativo según nivel regional, provincial y distrital.
conformación de regiones, para lo cual deben lograr la adhesión del 10% de
de soles; su alcance debe ser pluriprovincial beneﬁciando a un mínimo de
cación, saneamiento, transportes, comunicación entre otros; su cobertura no
En el Anexo Nº 2 se precisa el procedimiento para determinar los recursos
El artículo 16º de esta Ley señala que los ciudadanos tienen iniciativa para la
un mínimo de dos distritos del ámbito jurisdiccional; su cobertura en la
de regiones,
nivel provincial, el monto del proyecto no debe ser menor a un millón
serán destinados al presupuesto participativo en cada gobierno regional
y provincias requieren
aprobados por la población mediante referéndum.
población objetivo no debe ser menor del 5%.
por integrarse.
población objetivo no ha de ser menor al 5%.
debe ser menor a 5% de la población total.
gencia multianual.
RD Nº 021-2008- EF/76.01 Instructivo Multianual de Presupuesto Participativo
Ley Nº 28274
42 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Política. Señala
en la el Constitución
Esta ley regula
de siete días y a adoptar las medidas que garanticen la transparencia.
las salvo
a es atender
Dispone que todas las entidades públicas de nivel nacional, regional y local
cuenten con Portales de Transparencia en Internet para difundir información actualizada sobre su organización, presupuesto, compras y contratos, activi- dades oﬁciales, personal, remuneraciones, etc.
La norma establece también los procedimientos para que las personas ac- cedan a la información pública y las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento.
ﬁnanzas públicas,
en las públicos
que la tienen
como IV las establece
Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Re-
El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública precisa las obligaciones de la máxima autoridad de la entidad y de los fun-
en la ley. y del Portal de Transparencia,
Aprueba la Directiva Nº 004-2008-PCM/SGP referida a los contenidos de los portales de transparencia. La Directiva ﬁja lineamientos para que las entida- des públicas aseguren que los portales tengan las siguientes características:
que la información se presente de forma amigable y pueda ser
que se utilice un lenguaje sencillo y fácil de
fácilmente por los usuarios;
comprender; que la información sea actualizada, veraz y se ajuste al marco
Ley Nº 27806 Texto Único Ordenado aprobado mediante DS
043-2003-PCM
DS Nº 072-2003-PCM Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Res. Ministerial 398-2009- PCM Lineamientos para la uniformización de los
das por los ciudadanos y que originaron una respuesta escrita en documento físico o electrónico de la entidad pública, sea atendiendo la solicitud o dene-
requeri-
todas a la las información
003-2009-PCM/SGP
Nº incluyen
las la entidades. de
gándola.
Esta Guía forma parte de la Directiva Nº 002-2009-PCM y propone que los informes presentados por los ministerios y demás entidades públicas so- bre cumplimiento de las medidas anticorrupción incluyan la descripción de
preventivas y vigilancia
como parte en de materia
cuales las entidades públicas deben informar.
pue- a
Esta ley incorpora en el Título XIII las garantías del proceso electoral, dentro de las cuales regula la llamada observación electoral. El artículo 336 seña- la que los ciudadanos que no sean candidatos, militantes o personeros de
través de organizaciones reconocidas como tales por el Jurado Nacional de
o más mesas
cualquiera de en los una organismos
o de observadores
ser acreditados
Elecciones - JNE.
El Reglamento señala los derechos, prohibiciones y obligaciones que debe tener en cuenta todo observador electoral. Distingue entre observadores nacionales e internacionales.
Resolución Ministerial Nº 301-2009-PCM Lineamientos para el reporte de solicitudes de acceso a la información
Resolución Ministerial Nº 051-2009-PCM Guía para la elaboración de informes mensuales de avances en la aplicación de medidas contra la corrupción
Resolución Nº 106-
Ley Nº 26859
2006-JNE
44 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
y ﬁscalización de la política social y lograr mayor eﬁciencia, transparencia e
Cuenta con un sistema descentralizado de Mesas de Concertación a nivel
Mediante esta norma se otorga institucionalidad al Foro del Acuerdo Nacio-
nal como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento de las
de la República; en su ausencia, lo preside el Presidente del Consejo
Crea el Consejo Nacional de Salud como órgano consultivo del Ministerio
de Salud con la función de proponer la política y el Plan Nacional de Salud,
propiciar la concertación intersectorial y proponer una distribución equita-
tiva de los recursos del sector salud. En su composición se incorpora al
Colegio Médico, los trabajadores del sector y organizaciones sociales de la
junto con los representantes del Gobierno Nacional y los go-
Durante el Gobierno de Transición se constituyó la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP con los objetivos de concertar
civil y toma
entre el Estado,
integridad en las políticas y programas de lucha contra la pobreza.
la regionales,
de los sindicales,
signado por el Presidente de la República.
distrital, provincial y departamental.
por el polí-
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional suscritas en julio del 2002.
Es presidido
integrado y por
está sindicales
A nivel regional se constituyen los Consejos Regionales de Salud – CRS y a
- CPS, de
local de los de salud. Consejos
de enero de 2001 de julio de 2001
DS Nº 001-2001- PROMUDEH y 014-2001-
PROMUDEH,
ley de acuerdo
DS 105-2002-PCM
Ley Nº 27813
Concertación Para la Lucha Contra la
Ley Mesa
Pobreza - MCLCP
Institucionaliza el Foro del Acuerdo Nacional
Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado Salud
El Reglamento precisa que los representantes de organizaciones sociales ante los Consejos Regionales y Provinciales de Salud son elegidos por un año, con posibilidades de reelección por una sola vez. Establece también la posibilidad de crear Consejos Distritales de Salud - CDS.
La Ley establece que una de las funciones del Estado en materia educativa es
del la servicio
Señala la respecto de
en a la y la población
en colaborar
y la metas
La sociedad participa directamente en la gestión de la educación a través de
los Consejos Educativos que se organizan en forma descentralizada (art. 63).
Así, a nivel de cada Institución Educativa se constituye un Consejo Educativo
Institucional – CONEI. A nivel de cada UGEL, un Consejo Participativo Local
COPALE, y a nivel regional un Consejo Participativo Regional
Educación – – COPARE.
Estos Consejos son instancias de participación, concertación y vigilancia en la
elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional,
Local y Regional. Están integrados –según el nivel- por la autoridad educativa,
representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex alumnos, de los
padres de familia, de las universidades e institutos superiores, de los sectores
Señala que los padres de familia participan en el proceso educativo de sus
hijos de modo directo y a través de las Asociaciones de Padres de Familia
– APAFA de las instituciones educativas públicas y los Consejos Educativos
apoyen a las APAFA sin interferir en sus actividades, salvo que pongan en
Las APAFA
el normal e funcionamiento
como en la evaluación de los docentes, en el mantenimiento de la infraes-
educativo y la implementación de programas de comple-
tructura y material
cultura de responsabilidad y vigilancia de la calidad educativa.
local y de de Educación,
Institucionales - CONEI.
DS Nº 004-2003-SA
Coordinado y Descen-
tralizado de Salud
46 MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
El Reglamento precisa la estructura orgánica y funciones de las Asociaciones de Padres de Familia – APAFA en las instituciones educativas públicas de
lo que es pertinen-
y en y Educación
Básica Especial,
Básica Regular,
El artículo 2 de esta Ley señala que la sociedad civil forma parte del Siste- ma Nacional y de los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental. Congruente con ello, uno de los principios de la gestión ambiental es el de la
de la las toma
a ﬁn de privado
y concertación,
El artículo 12 establece la conformación del Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM), dentro del cual se considera a los representantes de los sectores económicos, de las organizaciones no gubernamentales ambientales, de las universidades y de los colegios profesionales. Las Comisiones Ambientales pueden promover diversos mecanismos de participación y consulta ciudada-
Esta Ley reconoce en su artículo II el derecho de toda persona de acceder a
información pública sobre medidas, políticas, normas, obras o actividades
que puedan afectar directa o indirectamente el ambiente. El artículo III se-
ñala que toda persona tiene derecho a participar en la toma de decisiones en la deﬁnición y aplicación de medidas y políticas ambientales. El Estado
debe concertar con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión
gestión ambiental y de las políticas que incidan sobre ella. Corresponde a la
Autoridad Nacional Ambiental elaborar lineamientos para el diseño de meca-
entre y audiencias
y mesas de incluyendo de

References: Artículo 7
 artículo 7
 Artículo 17
 Artículo 17
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 24
 Artículo 1
 Artículo 3
 Artículo 63
 Artículo 3
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 23
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 116
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 336

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 2
 artículo 12