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Timestamp: 2017-11-20 07:23:33+00:00

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Sentencia T.S.J. Valencia 809/2013 de 5 de noviembre. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Establecimientos. Apertura. Daños - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Valencia 809/2013 de 5 de noviembre
Responsabilidad patrimonial: Indemnización a mercantil actora por los conceptos reclamados y reconocimiento de la situación jurídica individualizada. Concesión por la administración demandada de la autorización de apertura de un establecimiento comercial, que es competidor del recurrente, con los consiguientes menoscabos materiales y morales.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 2.ª
Procedimiento Ordinario 805/2010
D.ª Alicia Millán Herrandis
VISTO, por este Tribunal, el presente Recurso Contencioso-Administrativo n.º805/2010 en materia de responsabilidad patrimonial, interpuesto por SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN S.L, actuando en su representación la Procuradora de los Tribunales Elena Gil Bayo, siendo demandada la Generalitat Valenciana a través de sus servicios jurídicos.
SENTENCIA N.º 809/2013
Primero.—Es objeto del presente recurso contencioso la resolución de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial registrada en 5 de noviembre de 2009, en cuya virtud resultóreclamada,en nombre y representación de dicha mercantil, previa declaración de responsabilidad de la administración autonómica, una indemnización por cuantía de 505.242 €"o la cantidad que se demuestre en este procedimiento"(F.6 Exp.).
Segundo.—Interpuesto el recurso contencioso mediante escrito registrado en 20 de septiembre de 2010, y tras seguirse la tramitación legal, fue emplazada la recurrente a efectos de presentar demanda lo que verificómediante escrito registrado en 17 de febrero de 2011, peticionando,tras argumentar, el dictado de sentencia que "condene a la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana:
Como responsable patrimonial de los daños y perjuicios ocasionados a la mercantil actora en el establecimiento de su propiedad sito en Villajoyosa, C/Quintana 29 y 32 y 9 DZOctubre n.º2, por los hechos demandados.
A indemnizar a la mercantil demandante en concepto de daños y perjuicios económicos y morales en la cantidad de 1.697.400 €.
Alternativamente a indemnizar en la cantidad que se determine en sentencia según criterio de su S.S.ªy en base a los criterios alegados en esta demanda de pérdida de ventas y margen de beneficios.
Intereses de mora procesal desde la interposición de la reclamación previa correspondientes al interés legal del dinero incrementado en dos puntos y costas"
Contestóa la demanda el Abogado de la Generalitat, peticionando, tras argumentar, a través de escrito registrado en 29 de marzo de 2011, el dictado de sentencia "desestimando el recurso interpuesto con todos los pronunciamientos favorables a esta administración demandada".
Tercero.—Quedófijada la cuantía del presente proceso como indeterminada, en virtud de auto de 12 de abril de 2011.
Cuarto.—Recibido el proceso a prueba y practicados los medios probatorios propuestos y admitidos, tras presentarse por las partes conclusiones, resultófijado el 29 de octubre de 2013 como fecha para la deliberación, votación y fallo.
Quinto.—En la tramitación del recurso se han seguido las sustanciales prevenciones legales.
Siendo Ponente el Magistrado Ricardo Fernández Carballo Calero que expresa el parecer de la Sala.
Primero.—Como quedóparcialmente identificado es objeto de cuestionamiento por la mercantil actora, la resolución de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial registrada en 5 de noviembre de 2009, en cuya virtud resultóreclamada, en nombre y representación de dicha mercantil, previa declaración de responsabilidad de la administración autonómica, una indemnización por cuantía de 505.242 € (F.5 Exp.).
Sostiene la mercantil actora, titular de un establecimiento abierto al público en la localidad de Villajoyosa (SUPERMERCADO MAS Y MAS), que a consecuencia de la actuación de la administración demandada - en cuanto autorizóindebidamente por resolución fechada en 18 de junio de 2001, la apertura de determinado establecimiento competidor (MERCADONA S.A) - ha sufrido una serie de menoscabos tanto materiales como morales, cuantificando los primeros, por referencia a "los resultados que probablemente se debieron haber obtenido por (nuestro) supermercado en los años 2002 a noviembre de 2008"y referenciando el perjuicio moral al "hecho de haber estado todos estos años luchando judicialmente para que se le respetasen sus derechos, ver mermadas sus ganancias con (..) la consiguiente pérdida de clientes por el obrar negligente". Ante lo expuesto concreta la cantidad reclamada en 1.697.400 €si bien articula como de alternativa asunción la propia a fijar en prudencial criterio de la Sala, "en base a los criterios alegados en esta demanda de pérdida de ventas y margen de beneficios".
La administración demandada, por su parte, tras indicar que existe una desviación procesal en el suplico articulado en la pretensión (b) con respecto al referido en la reclamación administrativa articulada, refiriendo que la pretensión alternativa articulada (c) infringe la previsión del Art. 219 de la LEC, opone a lo argumentado el que el daño no puede tildarse de antijurídico toda vez que "no existe un derecho subjetivo a que las condiciones de la competencia en el mercado se mantengan inalterables desde la apertura de un establecimiento concreto", negando que en el supuesto que nos ocupa, se diese la necesaria relación causal entre la "actividad administrativa y el daño alegado por la actora", toda vez que en fase de ejecución de las sentencias que anularon la resolución administrativa a tomar en consideración (resolución de la Consellería de 18 de junio de 2001, autorizando la apertura del establecimiento explotado por "MERCADONA") tras retrotraerse el expediente a fin de conferir audiencia al hoy actor, fue autorizada nuevamente tal apertura, sin constar "que la actora haya formulado ningún tipo de recurso contra la citada resolución". Refiere en fin, con relación a la cuantía reclamada, como en el cómputo de las pérdidas que identifica la actora, no se haya atendido a la apertura,durante el periodo que toma en consideración,de otras superficies comerciales competidoras (Supermercados CHAMPION S.A y CONSUM S.C.V), indicando que la tesis del actor, parte erróneamente de las cifras a considerar en el ejercicio 2001, partiendo de la premisa de que "las condiciones de mercado"habrían de permanecer fijas a partir de tal año.
Segundo.—Expuesto de tal modo el debate procesal, debemos comenzar referenciando las previsiones del Art. Art. 106.2 de la Constitución Española en cuanto en el mismo se dispone como "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Estas referencias derivan en el desarrollo legal efectuado por la Ley 30/92 de RJAAPP y PAC cuyo Art 139 dispone que "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos"especificando que " En todo caso, el daño alegado habráde ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".
La jurisprudencia partiendo de estos parámetros normativos se ha consolidado en la exigencia de entender que tal responsabilidad es de carácter objetivo y directo y para que surja el reconocimiento de la misma, se exige, además de la interposición conforme al oportuno plazo procesal, que concurran una serie de requisitos que pueden sintetizarse en los siguientes:1) hecho imputable a la Administración, 2) lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3) relación de causalidad entre hecho y lesión, y 4) que no concurra fuerza mayor.
Por otra parte, con especial relación al caso que nos ocupa, no puede dejar de atenderse, como precepto especialmente relacionado con el caso planteado el que "La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización (..)"(Art. 142.4 Ley 30/92), lo cual, como es sabido, viene entendido jurisprudencialmente, con rechazo de tesis maximalistas, al no derivarse necesariamente de tal anulación del acto o disposición, necesariamente la responsabilidad patrimonial pretendida. Asícabe recordar como en interpretación de tal precepto pudo recordar el Tribunal Supremo como "La doctrina establecida en las citadas sentencias se fija en los siguientes términos: Entrando en el análisis de los preceptos citados y más concretamente del artículo 40.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ha de recordarse que el precepto en cuestión dispone que "la simple anulación en vía administrativa o por los Tribunales Contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone derecho a indemnización". El precepto que acabamos de transcribir sólo puede ser entendido en el sentido de que la obligación de indemnizar no es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del artículo 40 a que nos referiremos, a saber, daño efectivo individualizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso y lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo. Por ello no cabe interpretar el precepto que nos ocupa con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se producirátal responsabilidad. Como recoge la memoria del Consejo de Estado del año 1990, "el artículo 40 que examinamos sólo dice que "no presupone", es decir, que no se da por supuesto el derecho a la indemnización, lo que implica tanto como dejar abierta la posibilidad de que, no siendo presupuesto, sea o no supuesto del que se sigan efectos indemnizatorios si concurren los requisitos establecidos legalmente", requisitos a los que antes nos hemos referido"(Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 6.ª, S 31-1-2008, rec. 4065/2003. Pte: Sieira Míguez, JoséManuel).
Tercero.—Enmarcado normativa y jurisprudencialmente el caso, comencemos indicando que no deben extraerse mayores consecuencias de lo afirmado por la administración demandada en orden a considerar la pretensión alternativa articulada (c) infringe la previsión del Art. 219.3 de la LEC, pues el literal de tal suplico no atiende a una eventual condena con reserva de liquidación en la ejecución, cuanto a lo que en la propia sentencia prudencialmente, pueda en tal sentido acordarse.
Depurado lo anterior, se hace necesario identificar que en virtud de sentencia 765/2004, de 11 de mayo de 2004 de la Sección Tercera de este mismo Tribunal, resolutoria del recurso ordinario n.º257/2002, confirmada en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2008, resolutoria del recurso de casación 7738/2004 fue fallado estimar "el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN S.L. contra la resolución de la Consellería de Industria y Comercio, de la Generalidad Valenciana, de 18 de junio de 2001, que acordóautorizar a MERCADONA S.A. la apertura de una gran superficie de venta al por menor dedicada a supermercado en el municipio de La Vila-Joiosa (Alicante), c/ Jaume I, el Conqueridor, c/ Nou DZOctubre y c/ Alicante, con una superficie máxima de ventas de 1.302 m2. Resolución que se anula y deja sin efecto, debiendo, la citada Consellería, retrotraer, las actuaciones practicadas en el expediente administrativo tramitado para autorizar la apertura de un supermercado en La Vila-Joiosa a favor de MERCADONA S.A., a la fase de instrucción, con el fin de que la actora pueda alegar lo que estima conveniente en su condición de parte interesada"y ante tales resoluciones judiciales, entiende la Sala, que nos hallamos ante la identificación de un hecho imputable a la administración autonómica, censurado judicialmente en modo explícito y al cual cabalmente cabe enlazar, ab initio, siquiera parte de los perjuicios que hoy se alegan,por la mercantil actora como antijurídicos, en cuanto en tal autorización descansóprecisamente la apertura del establecimiento en cuestión (Supermercado MERCADONA).
Respecto a estos últimos, debemos efectuar una primera apreciación, pues cotejando lo reclamado administrativamente y lo expresado en el cuerpo y suplico de la demanda (b), nos hallamos ante una cuantía indemnizatoria referida a "las pérdidas de los beneficios"que se identificaron como acaecidos desde febrero de 2002 a noviembre de 2008 en una determinada cuantía y ella en principio ha de estarse, como específicamente reclamada a la administración, sin elementos fácticos que a posteriori justifiquen el incremento hoy peticionado. Por otra parte, aun refiriéndose en la demanda, menoscabos tanto de índole material como moral, hemos de centrar el debate en los primeros, pues con relación a los segundos, ni se reseñaron en la reclamación administrativa y ni siquiera se cuantifican autónomamente en la demanda. Por otra parte, no cabe entender el suplico alternativo articulado como referido a los mismos, toda vez que la indemnización que como alternativa se pretende "en la cantidad que se determine en sentencia según criterio de su S.S.ª"viene limitada,por propia petición de la demandante "en base a los criterios alegados en esta demanda de pérdida de ventas y margen de beneficios"; y en fin, pretendiendo relacionarse aquellos con los conceptos indicados por la actora en su demanda, en cuanto referidos al "hecho de haber estado todos estos años luchando judicialmente para que se le respetasen sus derechos, ver mermadas sus ganancias con (..) la consiguiente pérdida de clientes por el obrar negligente", no se advierten los mismos englobados en el pretendido "daño moral", bien por deber refugiarse los propios alusivos a la "contienda judicial"en el propio instituto de las costas procesales, bien por ser la eventual merma "en sus ganancias"precisamente el menoscabo material sometido a discusión y,bien, en definitiva, por cuanto la propia actora explícitamente y siquiera desde la perspectiva a considerar "renuncia a valorar la pérdida de clientes que le ha supuesto esta apertura"(Hecho Tercero de la demanda).
Con ello, y enfocado el debate en los menoscabos materiales ocasionados, entiende la actora justificados los mismos, sobre la base del informe pericial desplegado en las actuaciones a instancia de aquella, realizado por el Sr. Abel, licenciado en ciencias económicas y empresariales, y encaminado a precisar "el efecto de la apertura del Supermercado MERCADONA sobre las ventas del Supermercado MAS Y MAS, durante el periodo 2002/2008". Tal perito, ratificado en sede judicial y sometido a contradicción de las partes, concluye que "la pérdida de beneficios del supermercado MAS Y MAS como consecuencia de la apertura del Supermercado MERCADONA en el periodo 2002/2008 es de 1.697.400 €"mas la Sala, en aplicación de lo prevenido en el Art 348 de la LEC, no alcanza a considerar acertada tal apreciación
Así, sin desconocerse que la incorporación de un nuevo competidor en el sector de la distribución comercial presenta determinado grado de impacto en los operadores previamente establecidos, atendida la zona de influencia comercial y determinados parámetros (localización, superficie de establecimientos en competencia, estructura demográfica...), tal dictamen no resulta asumible, en cuanto parte,acríticamente,del propio estudio realizado en noviembre de 2000, a instancias de la mercantil MERCADONA, con ocasión del proceso en el que desembocóla autorización jurisdiccionalmente anulada, mas la asunción de tal estudio, si bien redactado a los efectos de "determinar el previsible impacto que ocasionaría en la oferta comercial preexistente en la ciudad de Villajoyosa la apertura del nuevo supermercado", por medio del dictamen hoy incorporado a las actuaciones, no resulta aceptable, pues supondría, en criterio de la Sala, la incorrecta equivalencia entre los requisitos legales para el alumbramiento de la responsabilidad pretendida en cuanto exigen un daño "efectivo, evaluable económicamente e individualizado"con el resultado de una mera proyección técnica y por tanto puramente estimativa; asíresulta incluso de determinados pasajes del informe pericial vertido en las actuaciones en cuanto no deja de adjetivar como mera "hipótesis de estudio"(pg.11) la referencia a que el supermercado MAS Y MAS sufriría, como "el conjunto del comercio diario del área de influencia",una caída de ventas del 61,7% a consecuencia de la citada apertura.
Precisado lo anterior, nos hallamos ante la necesidad de reposicionar el debate cuantitativo sobre la base de la documentación contable ya aportada por la empresa demandante en sede administrativa, y auditada por GESEM AUDITORES Y CONSULTORES S.L (conforme a documental incorporada a la demanda). De esta deriva ciertamente un decremento en las ventas coincidente en el tiempo con la apertura del establecimiento MERCADONA, siendo que sobre tales minoraciones en ventas cotejados con el margen de beneficios, y con aplicación de determinado coeficiente de I.P.C, fue alcanzada la cifra inicialmente reclamada de 505.242 €.
Pues bien, tampoco la Sala, entiende asumible tal cuantía pretendida, por diversas razones, entre las que cabe destacar, -el tomarse como referencia a los efectos de calcular el volumen de "pérdida de ventas"únicamente la cifra correspondiente al ejercicio 2001, el cual se corresponde con aquel en el que se obtuvo un mayor volumen de ventas (2.197.429 €) frente a los anteriores en los que dicho establecimiento estuvo en funcionamiento (2.022.454,34 €en 2000 y 1.898.834,77 €en 1999); - el aplicar sobre tal cifra correspondiente al concepto "pérdida de ventas"el margen de beneficio relacionado con cada anualidad, notablemente superior en las anualidades 2002/2008, frente a los porcentajes propios de los años 1999/2001 y en cuya configuración no cabe descartar los menores costes de la empresa ante el menor volumen de ventas y, en fin, la aplicación injustificada de un índice de precios de consumo del 24,7 % sobre la cifra globalmente obtenida en el modo indicado.
Ante lo expuesto, y debiendo sumarse a lo dicho la impertinente falta de consideración en tal cuantificación, del impacto que sobre tal disminución de ventas haya tenido la constatada apertura de otros establecimientos en la localidad durante el periodo a considerar,-siendo incontrovertida la apertura al menos de dos Supermercados en la localidad de Villajoyosa, CHAMPÎON S.A (Exp. AGS 2001/14) y CONSUM S.C:V (Exp. AGS 2006/077), la cual el perito deponente en actuaciones, meramente neutraliza, de forma poco convincente, en orden al incremento de la actividad comercial del municipio, la ubicación de aquellos con relación al propio establecimiento del actor, y la falta de "atractivo dimensional"que éstos presentarían, al resultar de similar superficie a la propia del establecimiento de MERCADONA (1205 y 1344 m2respectivamente frente a 1.302 m2) -; sin dejar de verificar el hallarnos ante la consideración de porcentajes de margen bruto sobre ventas -por ende antes de impuestos- y en fin, sin que resulte baladíla propia actitud procesal que la actora tuvo ocasión de desplegar en su día, en el seno de los procesos en los que derivóla anulación del acto administrativo que permitióla apertura en consideración (v.gr, solicitud de suspensión del acto, ejecución provisional de sentencia...), la Sala entiende oportuno acoger, merced a la efectiva acreditación de un daño antijurídico indemnizable y evaluable económicamente,y en relación con la alternativa pretensión de la actora, que recordémoslo, remite al prudente criterio de la Sala, sobre la base de la pérdida de ventas efectivamente constatadas en la documentación contable y el margen de beneficio a aplicar, con las matizaciones arriba indicadas en orden a tales parámetros, el reconocimiento de una indemnización que prudencialmente se fija en 80.000€, cantidad que ha de entenderse como convenientemente actualizada a la fecha de la presente sentencia.
Cuarto.—No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo previsto en el Art.139 LJCA.
1.º) ESTIMAR PARCIALMENTE el presente Recurso Contencioso-Administrativo n.º805/2010, interpuesto por SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN S.L frente a resolución de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial registrada en 5 de noviembre de 2009 (Exp. administrativo 4/2009), la cual se anula como disconforme a derecho.
2.º) Declarando la responsabilidad de la administración demandada,. se reconoce como situación jurídica individualizada de la mercantil actora, su derecho a ser indemnizada por aquella en la cuantía de 80.000€,por todos los conceptos reclamados y resultando tal cuantía convenientemente actualizada a la fecha de la presente resolución.
3.º) Intereses legales (Art.106.2 LJCA) y sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso ordinario de casación en los términos previstos en el Art.86 de la LJCA.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico. Valencia, en la fecha arriba indicada.

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 artículo 40
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