Source: http://cnd-pje.blogspot.com/2008/06/reporte-de-actividades-de-nuestro_07.html
Timestamp: 2018-06-22 22:13:09+00:00

Document:
CND-Puebla, Jóvenes y Estudiantes: REPORTE DE ACTIVIDADES DE NUESTRO PRESIDENTE LEGITIMO:
El presidente legítimo de México expresó que se instalarán urnas en los aproximadamente 2 mil 500 municipios de la República, para que la gente exprese su respaldo o rechazo a la iniciativa calderonista
El debate sobre el fundamento legal de la consulta popular que organiza el Gobierno del Distrito Federal (GDF) corre el riesgo de tomar un giro equivocado. A la Secretaría de Gobernación (SG) y a los promotores de la infeliz reforma energética les conviene este desvío que pasa por invocar el artículo 26 constitucional.
Ese artículo menciona explícitamente la participación y la consulta popular, pero la SG sostiene que eso se refiere exclusivamente al sistema nacional de planeación y que se trata de una facultad reservada al Ejecutivo federal.
Eso es cierto pero irrelevante. Y por eso a la SG y a Los Pinos les conviene centrar el debate en ese terreno.
El fundamento a nivel constitucional de la consulta ciudadana que organiza el GDF se encuentra en el artículo 124. Ese precepto señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.
En ninguna parte de la Constitución se establece que organizar consultas ciudadanas es una facultad que compete exclusivamente a las autoridades federales. Más allá del artículo 26 antes mencionado, en otros ámbitos de la vida pública, los estados pueden recurrir a la consulta popular y otros mecanismos de democracia directa.
Se podría pensar que el Distrito Federal no es un estado, aunque sí se parece mucho a una entidad federativa. Es cierto que todavía arrastramos esta aberración política y legal. Pero en el tema que nos ocupa, ¿qué dice la Constitución? El artículo 122 dice que corresponde al Congreso de la Unión “legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa”.
Aquí parecería que queda plasmado un sistema de reparto de atribuciones distinto al del artículo 124. No es así. Lo único que está haciendo este párrafo del 122 es establecer una división del quehacer legislativo para el Distrito Federal entre el Congreso federal y la Asamblea Legislativa.
Ahora bien, la Constitución no otorga de manera explícita a la Federación la atribución de organizar consultas ciudadanas en el Distrito Federal. Por tanto, organizar ese tipo de ejercicios de democracia directa es una facultad reservada al GDF. Se aplica el principio general del artículo 124 constitucional.
Por si fuera poco, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (aprobado por el Congreso federal en 1994) establece entre las facultades del jefe de Gobierno del DF (artículo 67 fracción XXX) “convocar a plebiscito en los términos de este estatuto”. El artículo 68 impone limitaciones al uso de este mecanismo: no podrán someterse a plebiscito materias de carácter tributario o fiscal, cuestiones del régimen interno de la administración pública del DF o actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables. Y termina el artículo diciendo que no habrá plebiscito en los casos en los que la ley lo prohíba expresamente. Como sabemos, no hay una ley que prohíba una consulta ciudadana sobre asuntos como el de la reforma privatizadora de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El jefe de Gobierno ha invocado como fundamento jurídico de esta consulta a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF). En el oficio turnado al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) se hace referencia a los artículos 42 y 44 de la mencionada ley. El artículo 42 de la LPCDF establece que se pueden someter a consideración de la ciudadanía cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del Distrito Federal. La reforma privatizadora de Pemex cae dentro de ese artículo como anillo al dedo.
La LPCDF fue aprobada por la Asamblea Legislativa y es una prueba clarísima de que en materia de reparto de atribuciones, el GDF mantiene la facultad de organizar consultas ciudadanas y de usar otros mecanismos de democracia directa. Aquí está la prueba más clara de que no es la Federación quien tiene esa atribución para el Distrito Federal. Se aplica el principio general del artículo 124 constitucional.
El Estado mexicano es parte de numerosos tratados internacionales que consagran los mecanismos de democracia directa. El artículo 133 de la Constitución fija que esos tratados son “la ley suprema de toda la Unión” y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido en diversas tesis que los mecanismos de participación ciudadana y de democracia directa están de acuerdo con la Constitución.
Los señores Creel, Mouriño y Calderón no tienen argumentos legales para oponerse a esta consulta. Le temen al resultado y por eso se aferran a falacias sin sentido. Es un grave error seguirles la corriente en una discusión delimitada por sus intereses funestos. El artículo 124 constitucional y la LPCDF son la base constitucional y legal de la consulta ciudadana.
Muy cierto · Helguera
A todas las personas que deseen colaborar en la difusión de este ejercicio democrático representando en calles y plazas públicas la brevísima obra de teatro llamada El Loro Negro, se les invita a una reunión el próximo sábado 14 de junio en el parque México de la colonia Condesa a las 12 horas, y a quienes vivan en el interior del país y compartan el mismo interés se les ruega comunicarse a la dirección electrónica jamastu@gmail.com, para ponernos de acuerdo sobre la fecha del estreno, dentro de cuatro fines de semana, a más tardar.
■ En temas trascendentales se requiere menos hígado, responde el GDF a Cabeza de Vaca
■ Su carta evidencia que no hay voluntad para preguntar a mexicanos sobre la reforma energética
Argumentos contra el referendo · El Fisgón
Como débiles, insostenibles y falsos consideró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, los argumentos de la Secretaría de Gobernación para impugnar la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética, que prevé realizar el próximo 27 de julio.
Advirtió que cuando se trata de una decisión que incide en el futuro del país, “se necesita que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto; nos atenemos a lo que nos diga la población”.
En respuesta a la carta del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, en la que advierte que realizar dicha consulta significará una intromisión en facultades exclusivas del Congreso de la Unión, el mandatario capitalino dijo que el escrito evidencia “de manera muy clara” que no hay voluntad política en el gobierno federal para preguntar a los mexicanos sobre la reforma energética.
En entrevista, luego de inaugurar un centro de atención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ebrard no sólo consideró débiles los argumentos expresados por Cabeza de Vaca en dicha carta –como los que han señalado otros funcionarios federales, legisladores y dirigentes del PAN–, sino que resultan hasta insostenibles y falsos, como el de que la consulta es contraria a la Constitución o que podría generar caos y violencia social, precisó.
“A mí me llama la atención que se diriman argumentos tan débiles como los que nos enviaron, en el sentido de que la ley no prevé dicha figura, o inclusive, como dijo el propio titular de la Secretaría de Gobernación, que podría ser contrario a la Constitución.
“Ese argumento es insostenible, es falso, y ellos lo saben perfectamente bien, puesto que está previsto en la Constitución –que es el espíritu de la propia norma máxima que tenemos– que nuestro sistema es democrático, y tratándose de un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver con nuestro patrimonio, no hay ningún impedimento para realizar una consulta de esa naturaleza”.
Por ello, el gobernante capitalino dejó en claro que en la ciudad de México y conforme a la legislación local, la consulta se realizará el próximo 27 de julio, porque “no hay ningún razonamiento lógico o legítimo para impedirlo”.
Advirtió que en la oposición a la consulta se está incurriendo incluso en viejos argumentos muy conservadores, como el de que el pueblo no puede opinar porque se trata de temas demasiado complejos.
“A mí me extraña, porque el Partido Acción Nacional, hasta ahora, y muchos de los que hoy se oponen a que se haga la consulta, habían sustentado una línea totalmente opuesta, es decir, en favor del plebiscito, del referendo, de la participación ciudadana, y ahora han dado un giro muy sobresaliente en su postura; están sustentando lo contrario a lo que promovían”, resaltó.
Es falso –insistió– el argumento de que no se puede hacer una consulta a escala nacional porque no está prevista en la ley; “si hubiese voluntad se podría hacer sin ningún problema”.
–Entonces, ¿por qué tanto miedo? –se le preguntó.
–No quieren que la gente se entere, no quieren que se informe, ¿qué otra razón puede haber? –cuestionó.
“Una consulta obliga a informar a los ciudadanos sobre lo que se está consultando, cuál es la decisión principal que se busca que se tome en el país. Cuando se trata del futuro de México, lo que se necesita es que haya prudencia, sensatez, sangre fría y menos hígado; se consulta al pueblo y se acabó el asunto, nos atenemos a lo que nos diga la población”.
Publicadas por Anónimo a la/s 14:25
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References: artículo 26
 artículo 124
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 artículo 122
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 68
 artículo 42
 artículo 124
 artículo 133
 artículo 124