Source: http://www.libertadidioma.com/20180128.htm
Timestamp: 2018-07-23 11:22:00+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Domingo 28 Enero 2018
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Enero 2018
Esta semana, hemos enterrado el rajoyismo y alumbrado el sorayato, un régimen político por delegación, porque se delega el poder Ejecutivo en el Poder Legislativo y, preferentemente, en el Judicial. Si Rajoy elude su responsabilidad como Presidente endosándosela a la Vicepresidenta y constituyéndose en su preso político, celado por Ayllón, Soraya se la endosa formalmente al Parlamento y realmente a los jueces, que en el Supremo y el Constitucional son a su vez emanación del propio Parlamento, aunque a través de los dos partidos dominantes, PP y PSOE.
O sea, que el Presidente sólo preside lo que la Vicepresidenta deja presidir a los magistrados del Constitucional y a los jueces del Supremo, que junto a la Audiencia Nacional han sido los encargados de las labores del Ejecutivo para afrontar el Golpe de Estado de la Generalidad y medio Parlamento catalán. Así las cosas, sería un gran ahorro para España que Soraya presidiera a los jueces que realmente gobiernan, ya que lo hacen al dictado o al pairo de su infinito poder, que a la hora de la verdad es un poder a escondidas, un Despoder. El sorayato es una pomposa abdicación.
Unanimidad en la oficiosidad
Tras la bofetada del Consejo de Estado y el feo de los letrados del propio tribunal, el Constitucional le ha dado al Gobierno el beso de Judas. Por un lado, dice que es elegible el delincuente Cocomocho. Por otro, dice que tiene que estar presente en su elección, y como es un delincuente, deja en manos del Juez del Supremo, el imprescindible Llarena, si le deja o no asistir a su elección, es decir, si lo mete en la cárcel investido o sin investir.
Para legalizar a la ETA a la orden de Zapatero, al TC no le importó revocar una sentencia en firme del Supremo, pero si se trata de dirimir un asunto de garantías legales, exclusivamente suyo, no le importa dejárselo al Supremo. Siempre he defendido, como muchos otros, que el Constitucional debería convertirse en una Sala del más alto tribunal, no en un tribunal de casación o Supremo del Supremo. Por lo visto, sus Altísimas Puñetísimas prefieren seguir a las maduras y a las podridas, pero a las duras, jamás.
Lo fundamental del Constitucional, como de costumbre, no ha sido hacer justicia, porque nunca lo es, sino alcanzar un acuerdo con sus grandes padrinos políticos, PP y PSOE, manteniendo lo que entienden que les da mayor apariencia de autonomía, que es la unanimidad. Yo me creería más la independencia de unos magistrados si hubiera votos discrepantes. Al no haberlos, entiendo que la patata caliente se la devuelven al Gobierno a través del Supremo, con lo que el Tribunal Constitucional muestra una total adecuación al Sorayato: se ha instalado en el Reino de la Irresponsabilidad.
La cobardía patológica del Gobierno, respaldada por la mayoría del Parlamento, al limitar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución a una mera convocatoria electoral, ha acabado enlodando al Poder Judicial, al que se ha endosado en la práctica una responsabilidad que es del Ejecutivo. Así que el Ejecutivo delega en los jueces lo que no debería delegar y el Judicial, más honradamente en el caso de la Audiencia y el Supremo, y menos en la artería del Constitucional, ha acabado por hacer bastante mal lo que debería haber sido la coronación legal impecable de una actuación del Gobierno implacable y con el respaldo deseable, aunque no necesario, de un Parlamento responsable. El Ejecutivo ha desertado, el Legislativo se ha desvanecido y el Judicial se ha acabado enredando al asumir una serie de responsabilidades que no sólo no son suyas, sino que impiden el ejercicio correcto de las que sí lo son.
Los Tres Poderes son indelegables
La naturaleza de la separación de poderes reside en que cada uno de ellos sea independiente y sus funciones rigurosamente indelegables. Ni los jueces deben legislar, ni los legisladores gobernar, ni los gobernantes juzgar. Por desgracia, el Sorayato, enfermedad senil del Marianato, se basa justamente en lo contrario: en la confusión interesada de poderes, pero no porque uno mande despóticamente sobre los otros, sino porque delega en uno de ellos o en los otros dos la parte más difícil de sus obligaciones. Mal puede resolverse en los tribunales lo que debería resolver el Gobierno. Mal puede gobernar quien aspira a disfrutar del Poder dejando que sean los jueces los que afronten los actos de fuerza contra las instituciones, y el acto de fuerza más implacable, irrevocable e inesquivable es el Golpe de Estado. Eso es lo que viene pasando en Cataluña y se sigue sin actuar en serio para destruirlo de arriba abajo y de abajo arriba. No hay otro modo.
En un momento de crisis, y España vive la más grave de su historia, es normal que una institución tome sobre sí la responsabilidad que otras no pueden afrontar. Es lo que ha hecho la Corona. Pero lo que no puede el Rey es sustituir la acción de Gobierno. Y lo que no puede hacer el Gobierno es endilgarles a los órganos consultivos responsabilidades que son ejecutivas. La nación se sostiene hoy por el liderazgo de Felipe VI y la movilización de millones de españoles en defensa de su nación, que es su libertad y son sus derechos fundamentales. Lástima que los que tienen como profesión la defensa del Derecho aplicándolo, que son los jueces, se vean enredados en unas tareas que, si de forma excepcional es difícil que desempeñen bien, de forma habitual es seguro que desempeñarán muy mal.
En fin, que el sorayato no ha podido empezar peor.
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 28 Enero 2018
Es conocida la hermosa frase de Petrarcaun bel morir tuta la vita honora. Se abre el interrogante de si el tránsito del PP sucederá de una forma gloriosa y digna, si sus horas postreras se asemejarán a las de la Brigada Ligera en Balaclava, de los trescientos en Las Termópilas o de los últimos samurai en Shiroyama, o, lejos de estas escenas de portentoso coraje, recordarán más a la huida de Darío en Gaugamela. Conociendo al personal, mejor no hacerse demasiadas ilusiones sobre la grandiosidad del epílogo.
Fernando González Urbaneja republica 28 Enero 2018
La crisis catalana, cuando la analicemos con perspectiva, proporcionará algunas enseñanzas a la ciencia política y la estrategia política. Lo que viene sucediendo desde que a principios de septiembre el bloque nacionalista-independentista eligió el camino de la secesión unilateral roza la extravagancia con sucesivas decisiones de órdago en todas las manos. Un jugador de mus en situación desesperada lanza órdagos a todas las bazas sin mirar las cartas, incluso a juego por si lo hay (o si no). Pocas veces sale bien esa estrategia, aunque sirve para alargar en busca del milagro.
Los sediciosos con fiaban en el milagro de que el Estado español se allanara en todas las manos; su percepción fruto de un mal cálculo o de simple ignorancia, era la de una España débil, sin instituciones. Pero lo que ha encontrado no ha sido debilidad institucional aunque el gobierno se haya comportado con una inexplicable resistencia a responder a los sucesivos desafíos.
El gobierno ha endosado a las instituciones, especialmente al poder judicial, la responsabilidad de abortar la sedición. Y los jueces han asumido, a regañadientes en algunos casos, la responsabilidad de restablecer el estado de derecho conculcado desde la extravagancia. Las leyes no tienen previstos todos los supuestos, no es posible; la ley va detrás de las innovaciones y las jactancias, aunque acaba colocándolas en su sitio antes o después. En Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, incluso en Italia… los intentos secesionistas se abortaron en cuando emergieron. De forma concluyente y contundente. Aquí el asunto ha requerido un recorrido más largo. Cuando lo intentó el PNV con Ibarretxe el viaje llegó solo hasta el Congreso y un Código Penal adaptado al caso.
Ahora en el caso catalán, el viaje ha sido más largo propulsado por tácticas ingeniosas que el gobierno (los gobiernos, porque Zapatero no es inocente) no solo no atajaron a tiempo sino que alentaron, sin quererlo, con torpezas estratégicas de calado. Para el poder judicial perseguir la sedición no ha sido una tarea sencilla, entre otras razones porque siempre ha ido a remolque de los acontecimientos, con asombroso déficit de sentido estratégico y, también, de sentido común.
El sábado el Tribunal Constitucional, que tras los traspiés con el Estatuto de Maragall-Zapatero-Mas, ha hecho un buen trabajo para construirse la reputación debida como inteligente guardián de la Constitución, aplicó pensamiento lateral e inteligencia jurídica para colocarse por delante de los acontecimientos escribiendo derecho con renglones torcidos, como atinadamente ha señalado el catedrático García Fernández.
Si el 3 de octubre el Rey actuó, entre otras razones porque el gobierno andaba haciendo pucheros, el 27 de enero ha actuado el Constitucional mientras el gobierno andaba buscando atajos de última hora. El Constitucional no ha dictado una sentencia, solo ha fijado posición sobre los actos debidos del Parlamento catalán y de su mesa de gobierno.- Lo que ha hecho ha sido poner coto a la extravagancia para que el estado de derecho no tenga que enfrentarse a saltimbanquis como el huido a Bruselas que mantiene en ascuas a socios, amigos y adversarios con sus travesuras y ocurrencias. Mañana acaba otro acto del drama catalán, aunque empieza otro acto más político y complejo titulado. ¿Cómo salir de la sedición sin decepcionar a los sediciosos? Habrá cambios en el cartel, nuevos guiones para continuar una serie de final incierto.
El viaje a los infiernos de Mariano y Soraya
Jesús Cacho. vozpopuli 28 Enero 2018
Uno de los espectáculos más llamativos, si no el que más, al que estamos asistiendo en los últimos meses tiene que ver con la caída en picado del PP, el viaje a los infiernos del partido que durante décadas agrupó bajo sus siglas el voto del centro derecha español. Quienes en su día asistimos al desmoronamiento de la UCD de Adolfo Suárez, jamás pudimos imaginar que cuarenta años después volveríamos a presenciar un fenómeno semejante. Sobre los restos de aquella UCD que se fundió en Andalucía, Fraga erigió el edificio de AP que luego Aznar transformó en el PP. Sobre este PP despeñado en la crisis catalana se yergue el estandarte de un Ciudadanos dispuesto a sustituirlo como alternativa en el centro derecha. El varapalo cosechado el jueves por la vicepresidenta Soraya al ver rechazada por el Consejo de Estado (CE) su pretensión de impugnar la investidura de Puigdemont, es el último de los síntomas de un partido empeñado en esfumarse por las alcantarillas de la nada. Asistimos al final de un régimen aquejado por dos enfermedades hermanas: la crisis catalana y la descomposición del PP. Dos caras de la misma moneda.
“Gobernar es tomar decisiones”, decía el viernes campanuda, con la sonrisa sobreactuada de quien trata de disimular el castigo recibido. ¿Qué es lo que ha llevado a Moncloa a interponer esa consulta? Nadie lo sabe muy bien: los nervios, las prisas, la rajada de Ricardo Costa en el caso Gürtel, el perro flaco y las pulgas… El propio Rajoy había declarado 24 horas antes donde Alsina (Onda Cero), que “el recurso ante el Constitucional se tiene que presentar después del acto administrativo que lo motive; no se puede recurrir un anuncio”. De llevarle la contraria se encargó Sorayita al día siguiente, y de rechazarlo se ocupó el Consejo unas horas después, para consternación del PP. Un sucedido que viene a poner de manifiesto que este Gobierno no sabe qué hacer con el problema catalán, no sabe cómo embridar al golpismo, cómo hincarle el diente a los continuos desplantes de un piernas que se pasea por Europa como Pedro por su casa. Siempre con la lengua fuera, sin una estrategia definida más allá del tópico “respeto a la ley”, siempre corriendo cual pollo sin cabeza tras un Puchimón que, bien asesorado, sabe cómo volver loco a un Gobierno débil, prisionero de la improvisación y la falta de talento.
Sobrado de arrogancia también. Porque resulta difícil entender cómo, en asunto tan delicado, nadie del entorno del Ejecutivo fue capaz de formular una discreta consulta previa a los Landelinos o Beccarias de ese Consejo de notables antes de poner en cuestión no ya su prestigio, sino el del Estado. Asistimos a la deriva endiablada en la que se instalan los Gobiernos que van por la cuesta abajo: los nervios llevan a cometer errores que producen más nervios y nuevos errores en una espiral sin fin. Un declive imparable. La señorita de Valladolid intuye las consecuencias que para la causa constitucional tendría que el pájaro apareciera esta semana en carne mortal ante el Parlament, después de haber vuelto a cruzar la frontera en el maletero de un Mercedes, ¡tenemos que hacer algo para impedirlo!, y entonces entra en escena Zoido el Torpe y, mientras revisa las alcantarillas de la plaza de Sant Jaume, nos somete a la vergüenza de esas reflexiones pedestres sobre las dificultades de impedir la vuelta del malandrín, y es tan obvio el bochorno colectivo que la doña entra en trance: “Tenemos que usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para evitar que alguien que está huido de la justicia pueda ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico”, cacarea, “porque ha cometido delitos muy graves, y es nuestra obligación defender la legalidad y la democracia, e impedir que vuelva a desafiar la ley”.
No saben qué hacer. Como es obvio, adoptar decisiones poco meditadas de un día para otro suele acabar en espectáculos como el del Consejo de Estado. Es la evidencia de un Gobierno depauperado con respecto al de la anterior legislatura, con ministros que no abren la boca en los Consejos, que no se hablan entre sí, que apenas sueltan algún que otro monosílabo durante la sesión, y en el que figura gente cuya presencia, caso de Alfonso Dastis, es un auténtico misterio. Un Gobierno cuya columna vertebral sigue conformada por los “sorayos”, los ministros que se cobijan bajo el paraguas de la vicepresidenta, los Nadal, los Báñez, los Montoro, porque Cospedal hace la guerra –perdida- por su cuenta, del brazo de un Zoido abrasado en cuatro días, y con un Luis de Guindos, los restos del poso liberal que un día tuvo el PP, en el andén de salida hacia la vicepresidencia del BCE, si es que el poderoso clan de los Nadal, nuestros implacables hermanos Dalton, no se lo frustran a última hora.
El círculos de los "sorayos" se refuerza
“Es un problema de organización del Gobierno”, asegura una fuente que conoce bien el funcionamiento del Ejecutivo, “centrado en una señora que tiene demasiadas competencias, que está sobrepasada, porque solo un problema como el de Cataluña requeriría la dedicación exclusiva de un equipo de gente muy potente, de mucho talento, dedicado las 24 horas del día a pensar soluciones y a vertebrarlas contando con la ventaja que proporciona la maquinaria del Estado y, sobre todo, el respaldo de una ley que están obligados a hacer cumplir en defensa de las libertades de todos los catalanes”. Una señora dispuesta a seguir colocando a sus peones en posiciones relevantes, que se niega a ceder un ápice de poder, antes muerta que sencilla, como demuestra el nombramiento de José Luis Ayllón, otro hombre de su cuadra, como nuevo jefe de Gabinete de la presidencia del Gobierno en sustitución del inefable Moragas, para dibujar el cuadro de un Mariano Rajoy rodeado por los “sorayos” por tierra, mar y aire.
Un presidente en manos de su vicepresidenta, situación que alimenta las sospechas en torno a esta ambiciosa mujer dispuesta a ocupar el trono de Moncloa a poco que las circunstancias, tan impredecibles como las actuales, tan móviles, la sonrían. “La gente no sabe que Rajoy no tiene donde elegir: Cristina Ysasi, que podría haberlo sido, no tiene bagaje político y no es militante, y el nombre de González Pico, mano derecha de la propia Soraya, hubiera sido un auténtico escándalo. Quedaba Martínez Castro, convertida hace tiempo en secretaria para todo de Mariano. Y no hay más, así de pobre es el espectro. El círculo que rodea a Mariano se ha ido reduciendo tanto, ha expulsado a tanta gente, alguna valiosa, que al final tiene que optar por lo único potable que queda a mano, un tipo de trato agradable como Ayllón pero sin dimensión política, sin capacidad para recabar alguna de las competencias que le sobran a la vice, condenado por tanto a funciones de secretario, a llevar la agenda, cuidar el protocolo y asegurarse de que los discursos que deba pronunciar el presidente cuando viaja a Bruselas estén en su maletín de viaje al salir de Madrid”.
Ese estrecho círculo se encarga de decirle a Mariano que todo va bien, señora baronesa, no hay novedad, razón por la cual en la copa de Navidad aplazada este año al 16 de enero, y ante el coro embelesado de plumillas que le estruja, dice aquello de que “el partido está bien; otra cosa es lo que dicen los periodistas”. Un cerco de fieles que no está para darle disgustos, al frente del cual sigue figurando el incombustible Arriola, un sociólogo desconectado hoy de los canales de formación de la opinión pública, que no participa en redes sociales y que ya no entiende lo que sucede en este perro mundo, pero que se empeña en seguir facturando. Como el propio Mariano, un líder superado por el paso del tiempo, barrido por las nuevas corrientes que surcan la sociedad española. Un político torpe, que ha perdido reflejos, y que en la radio de Alsina es capaz de decir aquello de “no nos metamos en eso” cuando el locutor le pregunta por las diferencias salariales hombre/mujer. Situación preocupante: en el entorno de Moncloa hay quien sospecha que los deslices del presidente, sus errores, sus patosas confusiones, algunas no exentas de gracia, sus extraños ticks, cada día más acusados, tienen que ver con una acelerada pérdida de facultades que le inhabilitarían a corto plazo para el desempeño del cargo.
El dúo Mariano-Soraya podría estar sentenciado
Pensar en estas condiciones en renovar candidatura como cabeza de lista del PP en unas hipotéticas generales, se antoja una quimera. Mariano ya no está para esos trotes. Hay quien sugiere que tropiezos como el del Consejo de Estado están siendo propiciados por determinados poderes que han decidido acabar de un plumazo con el presidente y su ama de llaves, dada la incapacidad del dúo para lidiar con el envite catalán. Ayer noche lograron salvar los muebles, cuando se temían lo peor desde los predios del Constitucional. Malas noticias, en todo caso, para esa señorita Rotenmeyer que sigue dispuesta a jugar fuerte en contra de su pobre currículo como vicetodo, su pésima gestión del caso catalán, y su irrelevancia en el PP, un partido hoy profundamente deprimido. Núñez Feijóo tendrá que mover ficha con la prudencia pero con la determinación debida si quiere heredar los restos de este paquebote que, encallado en los bajíos de su corrupción, cada día suelta nuevas piezas testimonio sobre las playas levantinas de la Gürtel. En la acera de en frente crece el crédito de un Albert Rivera que esta semana, en el Ritz, dio conferencia rodeado del aura de los personajes a quienes la calle ha elevado ya a la categoría de presidentes. Convendría, con todo, que no prestase atención a los cantos de sirena de quienes, las prisas por pisar moqueta, le piden que acelere los plazos negando, por ejemplo, su apoyo a los PGE del año en curso. Un hombre inteligente seguramente dejaría a Mariano y a su PP cocerse a fuego lento. Tiempos de cambio histórico.
La ausencia de política ha acabado por poner al derecho al límite. Se retuercen las leyes sin que la política aparezca por ningún lado. Los privilegios se convierten en norma legal
Carlos Sánchez elconfidencial 28 Enero 2018
El abuso del derecho es una vieja figura jurídica censurada ya desde los romanos. En síntesis, supone la utilización excesiva de la ley para provocar daños a terceros. El Código Civil lo incluyó en su extenso articulado ya en el texto de 1889, cuando dejó claro que la ley "no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo". La Ley Orgánica del Poder Judicial, igualmente, estableció que "los juzgados y tribunales rechazarán, fundadamente, las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal". En definitiva, se viene a decir, el derecho debe utilizarse de forma prudente, y, en ningún caso, al margen de la buena fe.
Con el tiempo, esa restricción en el uso del derecho se extendió al ámbito del derecho político. Y, de hecho, la propia Constitución española lo plasmó de forma palmaria.
El artículo 161.2 de la Constitución confiere al Gobierno de la nación una prerrogativa extraordinaria. Habilita al Ejecutivo a impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas, pero con una singularidad. La Constitución garantiza que la impugnación —si es admitida a trámite— producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida. En todo caso, el TC deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Se trata, como puede observarse, de un privilegio del Gobierno, toda vez que ningún otro organismo con capacidad para interponer recurso al TC, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o senadores, los gobiernos regionales, los parlamentos autonómicos, cualquier ciudadano que pueda invocar un interés legítimo o el ministerio fiscal, tiene la posibilidad de frenar de formar automática la entrada en vigor de cualquier norma.
Tan extraordinario es el párrafo dos del artículo 161 que, en el debate constitucional, algunos legisladores consideraron un exceso la facultad del Gobierno central de poder paralizar la entrada en vigor de cualquier norma autonómica por pequeña que fuera, por lo que se reclamó que ese automatismo en la suspensión se ciñera solo a las leyes. Algunos juristas, incluso, han indicado que el camino más lógico para interponer recursos sobre normas de rango inferior es la vía de lo contencioso y en ningún caso el TC. Sin duda, para amortiguar los formidables poderes que tiene el Gobierno central para frenar normas autonómicas en un Estado que se configura, precisamente, como autonómico.
La Constitución, sin embargo, dice lo que dice, y eso explica que el Gobierno siga utilizando hasta la saciedad el artículo 161.2, que, junto al 155, se ha convertido en la artillería legal del Ejecutivo contra el lamentable desafío independentista, cuyos impulsores pretenden defenderse, paradójicamente, con la norma que quieren derribar.
La utilización del 161.2 de forma recurrente y hasta abusiva no es más que la plasmación de un fracaso político. Y es el propio Gobierno —a través de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría— quien lo reconoce cuando argumenta que combatirá por "todos los medios" la secesión, incluso llevando a las leyes más allá de sus límites. El propio magistrado Llarena camina en esa dirección cuando en sus últimos autos aparece como un fino analista político que escudriña las intenciones de los soberanistas y sugiere al Parlament lo que debe hacer con los diputados presos a la hora de votar.
Probablemente, porque él mismo es conocedor de los límites del derecho para combatir procesos independentistas, lo que le exige realizar interpretaciones de cálculo político que se sitúan claramente al margen de los fundamentos jurídicos. No es baladí, en este sentido, que los últimos presidentes del Tribunal Constitucional hayan abandonado sus cargos con el mismo mensaje: el problema de Cataluña no es solo jurídico, sino de naturaleza política. Obviamente, porque conocen los límites del derecho.
Se produce así una paradoja de primer orden, el Gobierno y los jueces utilizan la política para frenar legalmente al separatismo. Y aunque es verdad que no se entiende el derecho —las leyes— sin la política —la cosa pública—, no parece razonable hacerlo de forma imprudente y ciertamente fraudulenta. De ahí que se hable de judicialización de la política. No sin razón, Bobbio representaba al derecho y a la política como dos pirámides con los vértices hacia arriba ubicadas muy cerca, pero con sus contornos perfectamente dibujados. Interactuando entre sí, pero con autonomía mutua.
Una entelequia jurídica
El uso abusivo del derecho no es patrimonio de este Gobierno. Los propios independentistas han construido su discurso político en torno a una entelequia jurídica, como es el derecho a decidir. Queriendo dar apariencia de legalidad a algo que de ninguna manera lo es, para lo cual no han dudado en retorcer los principios jurídicos. De la misma manera, algunos autos y sentencias solo provocan profundas costuras tanto en el derecho como en la política, que son dos esferas autónomas, pero vinculadas a través de los procesos participativos. Es decir, de la democracia.
Y la democracia difícilmente puede ejercer cuando la política —cuyo límite es, precisamente, la ley— es ajena a procesos como el de Cataluña. Las elecciones del 21 de diciembre, en este sentido, han supuesto un hecho verdaderamente singular en las democracias europeas. No es fácil encontrar un momento político en el que el partido ganador de unos comicios, Ciudadanos, renuncie con carácter previo a gobernar porque tiene la seguridad de que no logrará mayoría suficiente. Es como si las elecciones no hubieran servido para nada, lo cual pone en apuros al propio concepto de democracia, que se basa, precisamente, en la participación del pueblo en la cosa pública, y que, desde luego, no tiene nada que ver con la absolución de los posibles condenados.
Es decir, la candidata Arrimadas dimitió a la hora de hacer política. Y en lugar de defender su programa ante el pleno de investidura, aunque corriera el riesgo de ser derrotada (lo que, a veces, es una victoria), optó por hacer mutis por el foro. Probablemente, porque Rivera tiene un incentivo perverso: su éxito político en el resto de España depende de su posición en Cataluña. Arrimadas hubiera podido demostrar al independentismo que la democracia y la ley son dos caras de la misma moneda.
En lugar de hacer política, sin embargo, se ha optado por seguir explorando la vía legal, lo cual ha puesto al límite a las instituciones del Estado, como muy recientemente ha sucedido con el Consejo de Estado, un órgano, por cierto, completamente obsoleto, y al propio TC, donde las fisuras son cada vez mayores.
El hecho de que el Pleno del TC de este sábado haya aprobado un auto con el informe desfavorable de sus letrados -partidarios de no admitir la impugnación del Gobierno- debería hacer recapacitar a más de uno. Y viene a recordar los límites del derecho para solucionar problemas políticos. Como, por cierto, admite de forma velada Moncloa al impugnar normas con carácter preventivo, lo cual es el reconocimiento expreso de que ley, a veces, llega tarde y mal y eso obliga a reinventarla, pero ahora como un instrumento político.
No todo vale, ni en política ni en derecho, aunque la mayoría de los ciudadanos estén dispuestos a comulgar con ruedas de molino para frenar el independentismo. Como decían los viejos latinistas, Dura lex, sed lex. O lo que es lo mismo, dura es la ley, pero es la ley.
EDITORIAL El Mundo 28 Enero 2018
Mariano: reformas o muerte
EDUARDO INDA okdiario 28 Enero 2018
¿Tiene lo del PP solución o ha entrado ya en fase terminal a la que no queda más que fijar la hora del sepelio? Éste y no otro es el interrogante que sobrevuela los cocos de los 750.000 militantes del partido más vertebrado e implantado de España, amén del más numeroso de Europa en afiliados. Los partidos políticos españoles pusieron de moda, imitando a Obama, eso de situar a militantes jóvenes y a ser posibles guapos a espaldas del líder de turno. Un truquillo como otro cualquiera que la primera vez, cuela, pero que cuando lo ejecutas mil veces no sólo mosquea sino que aburre. Vamos, que tiene retroceso.
Un poema era el rostro de los muchachos y muchachas, de jóvenes y no tan jóvenes, que pusieron a guarecer las espaldas de Mariano Rajoy el fin de semana pasado en la ciudad más bonita de España con permiso de San Sebastián y Córdoba: Sevilla. El careto de todos ellos ante el sorpasso de Ciudadanos en las encuestas lo decía todo. Sólo les faltó echarse a llorar. Parecía que estaban en un funeral y no en un acto con el presidente de su partido que, además de los ademases, es el presidente del Gobierno. Se mascaba un bajonazo moral de ésos que hacen época. Una depre de las que te dejan baldao durante semanas.
Cierto es que las encuestas fallan más que una escopeta de feria a la hora de afinar el disparo en el centro de la diana pero no lo es menos que dibujan a la perfección las tendencias. Vaya si las dibujan. Como igualmente verdad es que enero es demoscópicamente el peor mes para el partido en el poder por múltiples razones: el tiempo, el fin de las vacaciones y un largo etcétera. He de recordar que en enero de 2015 el partido número uno en intención de voto y en voto directo era Podemos y apenas 11 meses más tarde fue el tercero de la fila.
Que nadie mate a los genoveses. Y que nadie asesine civilmente ya a Rajoy. Sucede lo mismo en el fútbol: dar por finiquitado a un grande, sea el Madrid o el Barça, es un ejercicio de una audacia y una osadía impresionantes. Ahora bien, de ahí a deducir que todo dependerá de la proverbial baraka de Mariano media un abismo. El PP tiene que espabilar. Lo de dejar que el tiempo arregle las cosas me temo que ya no vale. Como tampoco hay que fiarlo todo al “manejo excepcional de los tiempos del presidente”, que diría un marianista irredento.
Rivera viaja metafóricamente en estos momentos en un Concorde y Rajoy y los suyos en el Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española. Son 1.000 kilómetros por hora de diferencia. De ahí que tengan que meter presión extra a las turbinas, encomendarse a todo el santoral y cruzar los dedos para que los aviadores de Ciudadanos, a los que la vida les sonríe, a los que les sale todo, no cojan y le hagan una butifarra a los viajeros populares.
Dentro de un mes y poco, el 5 de marzo concretamente, se cumplirán 58 años del celebérrimo discurso del dictador cubano Fidel Castro tras el sabotaje al barco francés La Coubre, que saltó por los aires cuando llegaba a La Habana atestado de armas y explosivos para los comunistas. Veinticuatro horas después, el megamillonario sátrapa pronunció un discurso que concluyó con la celebérrima frase: “Patria o muerte, ¡venceremos!”. Sería bueno que Mariano Rajoy ponga en su despacho un cartel con tres simples palabras: “Reformar o morir” o, ya puestos, “reformas o muerte”. Y perdón por elaborar la paráfrasis sobre la base del speech de un repugnante asesino que tiene bajo la bota a los 12 millones de cubanos desde hace seis décadas (hablo en presente porque, como el Cid, continúa en el machito después de muerto).
Los grandes políticos, los políticos con madera de estadista, son aquéllos que se ponen a la cabeza de la manifestación cada vez que hay un problema. Y funciona: donde antes la opinión pública pensaba que eran el problema de pronto somatiza que son la solución. Los mejores líderes son, por tanto, los que cada vez que hay una demanda popular se suman a ella y la resuelven. Por decirlo más pedestremente los que tienen rotundamente claro que en todo bautizo han de ser el niño, en toda boda el novio o la novia y en cada entierro el muerto.
Los españoles demandan grandes reformas que acaben con las prebendas de los barandas, que reduzcan la sima existente entre gobernantes y gobernados. No es ni medio normal que en España haya, por poner un ejemplo que hace subirse por las paredes a Juan Español, 17.000 aforados. Un privilegio de origen feudal que provoca que los políticos no sean sometidos al juez predeterminado por la ley, a lo que los sabios del Derecho denominan “juez natural”. Gozan del privilegio de un tribunal especial que, en el caso de las autonomías, muchas veces digitaron ellos. En Alemania no hay un solo aforado, ni siquiera la canciller Merkel o el presidente Steinmeier. En Reino Unido y Estados Unidos ocurre tres cuartos de lo mismo, ¡que se lo digan a Nixon o a Clinton! Italia y Portugal, por ilustrar la cosa con dos ejemplos más próximos aún si cabe, sólo privilegian procesalmente hablando al presidente de la República. Francia es más laxa pero mil veces menos que España: el fuero está reservado única y exclusivamente al presidente, el primer ministro y los miembros de su Gobierno. Fíjense si será chusca la cosa por estos lares que en Andalucía está blindado judicialmente hasta ¡¡¡el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz!!!… que manda huevos.
Más reformas, Mariano. La del indulto. Es un insulto a los ciudadanos, a esos contribuyentes que sostienen un entramado público inflado hasta las cachas por esa manía de meter en la Administración al primo, al hermano, al militante o, como puntualizaría José María García, al lametraserillos más eficiente. No puede ser que los políticos otorguen perdones penales a políticos en una suerte de “yo me lo guiso, yo me lo como” más propio de repúblicas bananeras que de países europeos democráticos. En honor a la verdad y la justicia, hay que subrayar que Catalá ha reducido a la nada el número de indultos a gerifaltes de partido. Pero no basta con la buena voluntad del Notario Mayor del Reino, es menester imposibilitarlo legalmente.
Insoslayable es también, querido presidente, la limitación temporal de mandatos. No sólo el tuyo sino el de todo bicho viviente en parlamentos, senados, alcaldías y demás órganos representantivos. Ocho años son toda una vida para demostrar si uno vale o no vale para servir a los demás. Y, como quiera que no se puede aplicar la norma con efectos retroactivos, el contador debería empezar a funcionar en el momento en que se aplique la ley, no aprobar como pretendían algunos una ley ad hominen para tumbar con un penalti inexistente a un Rajoy al que desde hace seis años nadie ha podido derrotar donde toca, las urnas.
Mucho más grave si cabe es la vomitiva politización de la Justicia, instaurada por Alfonso Guerra cuando le dio por enterrar a Montesquieu en 1985. Se trata, lisa y llanamente, de volver a la letra de la Constitución. ¿Qué es eso de que los políticos designen al 100% de los miembros del Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? El artículo 122 de la Carta Magna se redactó de forma ambigua, seguramente para permitir a Moncloa hacer lo que le viniera en gana en función de las circunstancias. Consecuencia: casi siempre se ha designado desde Moncloa y la Carrera de San Jerónimo a 20 de los 20 miembros del CGPJ. Eso sí: el texto constitucional no admite lugar a la duda si se analiza friamente, sin caradurismo: “El Consejo estará integrado por 20 miembros nombrados por cinco años. De éstos, 12 entre jueces y magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro por decisión del Senado”. A pesar del fárrago, no hace falta ser un lince para determinar que 12 nombres deben decidirlos jueces y magistrados, cuatro han de ser fruto de la realísima gana de los diputados y los cuatro restantes de la santa voluntad de la Cámara Alta. Se trata, seguramente, de la reforma más perentoria y de calado de todas. Entre otras razones, porque el CGPJ es el que decide quién asciende y quién no, los traslados, la política retributiva e incluso las reformas de los en general tercermundistas juzgados patrios. Casi nada. El juez brillante pero incómodo llegará al Supremo más tarde que los obedientes. Eso en el caso de que llegue.
Hay que acabar también con los medios de comunicación públicos. ¿Por qué nuestros impuestos han de sufragar la babosa propaganda del que manda? Transformar RTVE en un canal exclusivamente destinado a culturizar a los españoles es un deber cívico; mantener el ente con su actual estructura, un delito de lesa humanidad. Y las televisiones autonómicas, algunas de las cuales tienen el triple de personal que Antena 3 o Telecinco, hay que clausurarlas por el bien de nuestros bolsillos y de la alternancia en el poder. No digamos ya TV3, que es un medio fascista estructuralmente al servicio de la mentira y coyunturalmente de un golpe de Estado. El mismo destino, es decir, los libros de historia, debe darse a la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión al trono. Entre otras cosas, por pragmatismo: si la Reina se queda embarazada de un varón, el follón está servido.
El PP se resiste con la excusa de regular pagador de que varias de las asignaturas pendientes en forma de reformas obligan a tocar la Constitución. Lo que no cuentan es que también hay atajos perfectamente legales para sacar adelante varias de ellas. Lo que no debe permitirse bajo ningún concepto es que se enmiende la Carta Magna para satisfacer por enésima vez a los independentistas. Las leyes se reforman para favorecer a los ciudadanos que cumplen la ley y para revisar situaciones anacrónicas, no para contentar un rato a golpistas y demás gentuza. Que bastante les contentamos hace 40 años con la mayor y a la vez más kafkiana descentralización del mundo y por eso estamos como estamos. Que se pongan de acuerdo PP, Ciudadanos y PSOE. Que los demás (Podemos, proetarras e independentistas) sobran a la hora de hacer el bien porque lo suyo es el mal. Es una obligación moral y en el caso del PP una necesidad electoral, además. En el caso de Mariano Rajoy es un win-win: hacer de la necesidad virtud.
FRANCISCO ROSELL El Mundo 28 Enero 2018
Es famosa la anécdota de Bernard Shaw cuando convidó a Winston Churchill a uno de sus estrenos y le animó a que lo hiciera «con un amigo, si es que tiene». A vuelta de correo, el premier se disculpó por no atender su invitación al coincidirle con un debate en la Cámara de los Comunes, pero dispuesto a hacerlo en otra función, «si es que llega a haberla, y no se cae rápidamente del cartel». Al margen del pique entre esta extraña pareja de nobeles de Literatura, el escritor irlandés tuvo la clarividencia de pronosticar en una entrevista que el primer ministro sería arrojado por la borda tan pronto como el pueblo obtuviera de él lo que perseguía -el triunfo en la II Guerra Mundial- como había hecho con Lloyd George al concluir la gran contienda europea de 1914.
Su presagio se hizo certeza a los cinco años, ocho meses y siete días de infatigable lucha contra el Ejército nazi, cuyas botas dejaron los campos de Europa sin hierba, cual caballo de Atila. Recibiendo ingratitud por recompensa, aquel «héroe de nuestro tiempo» sucumbió en las urnas en 1945 ante un laborista al que desdeñaba como «hombrecillo modesto con muchas razones para serlo» y al que humillaba con su broma del taxi vacío que se detiene ante el 10 de Downing Street descendiendo Clement Attlee. Como el corazón tiene razones que la razón ignora, Churchill hubo de tragarse encendido su característico habano. A partir de ese día, infirió que comerse sus propias palabras es, a menudo, una dieta equilibrada.
Al margen de analogías extemporáneas, sí se puede colegir que el PP sufre la paradoja de ver como el arreglo de la economía -innegable con todos los peros que se le pongan- no redunda en una mejora electoral. Esa recuperación, con cifras de desempleo que retrotraen a los niveles previos a la crisis, no amortigua el impacto de una corrupción que no cesa, con sacudidas judiciales como la mascletá de la rama valenciana del árbol podrido de la Gürtel. Tampoco mengua la acuciante sensación de final de ciclo, acentuada por la hecatombe electoral catalana y su posterior onda expansiva en el conjunto español, si se atiende a la demoscopia. En esa encrucijada, un perplejo Rajoy evoca al personaje de Corazón tan blanco, novela de éxito de Javier Marías: «¿Es que no pueden nunca aclamarnos? ¿Nunca hacemos nada correcto? A mí sólo me aclaman los de mi partido (y no todos), y claro, no puedo creer en su sinceridad del todo».
Se diría -hasta el punto de interiorizarlo sus dirigentes- que al PP se le vota sólo para que arregle los desaguisados y siga la fiesta con gobernantes más rumbosos con el dinero de todos. Ya la fallecida ministra y eurocomisaria Loyola de Palacio, de la que el Congreso acaba de publicar su biografía, se dolía de que «la gente nos vota, pero no nos ama». Si hubo un tiempo en el que los grandes rotativos ingleses se catalogaban de highbrow o lowbrow, de lectores de cejas altas y de cejas bajas, el PP es observado como una agrupación de cejas bajas. Ello ayuda a entender la aureola inicial del presidente de cejas altas Zapatero y el presente feliz del aspirante de cejas sin enarcar Rivera, al que el favor de las encuestas sitúa en el pedestal de los escogidos del destino.
Despreocupados de hacer política y de espaldas a su gente, por medio de tecnócratas carentes de empatía y de un partido inmovilizado en la práctica, el PP atisba angustiado cómo sus votantes emigran de modo apreciable a un grupo que, sin mochila a la espalda, es objeto de seducción. Expresan así su desafección con una agrupación que ni siquiera escucha a sus militantes y cuadros, quienes acatan órdenes con la ciega e irremisible obediencia de soldados, pero sin demasiada fe en el mando. Un presidente que apela asiduamente al sentido común debiera ser más intuitivo e instintivo para reconciliarse con sus electores y afines, si no quiere caerse con todo el equipo.
Nadie puede desdeñar -ni siquiera lo pudo el mismísimo Churchill- el clamor popular, aunque suene desatinado, infundado o azuzado por arbitristas y demagogos del tarot de la política. Pero mucho menos si lo profieren aquellos que están cargados de razón. Todo ello por más que Rajoy pueda blandir en su favor que, desoyendo los cantos de sirena de quienes le apremiaban a solicitar la intervención europea de la economía española, acertó de pleno e hiciera bueno el desahogo del general De Gaulle con Malraux: «He tenido a todos en contra cada vez que he tenido razón».
Hasta alzarse como el político que más tiempo permanece en el poder desde Franco, batiendo la marca de Felipe González, Rajoy ha asumido aquello de que quien espera tiene a su lado un buen compañero en el tiempo. Tanto que ha hecho divisa de aquello que dijera Felipe II de sí mismo: «Yo y el tiempo contra todos». Empero, después de ser un maestro en el manejo del tiempo, éste parece haberle abandonado y Rajoy se cuelga de las agujas del reloj como el personaje de Harold Lloyd en la escena más conocida de El hombre mosca.
Ante ese apremio, el gallego impasible y flemático acelera su paso y pasa a la ofensiva en varios frentes, mientras sofoca la rebelión independentista catalana. Se mueve en el plano interno y en el externo. En el primero, Rajoy mejora la conexión del Gobierno con el partido -de ahí el perfil de su nuevo director de Gabinete, José Luis Ayllón, un hombre de la estricta observancia de la vicepresidenta-, retoma banderas arrebatadas por sus contrincantes hasta apoderarse de sus señas de identidad (Aznar dixit) y se compromete a designar presto los candidatos a municipales y autonómicas. El PP debe reemplazar cabezas de cartel en alcaldías del fuste de Madrid, Valencia o Sevilla en sustitución de antaño pesos pesados -Esperanza Aguirre y Rita Barberá- o ministros -Zoido- sin que se vislumbren relevos claros.
De puertas afuera, se mancomuna con Pedro Sánchez para que Ciudadanos no siga atrapando votos a dos manos, a diestra y siniestra. Al tiempo, en vez de ir a rastras de los acontecimientos, impugna anticipatoriamente la investidura-trampa de Puigdemont sin esperar a consensuarlo con PSOE y Cs, a diferencia de la aplicación del artículo 155. Sin duda, un fórceps que, contra el dictamen parcial en contra del Consejo de Estado, buscaba, en última instancia, salvar sus responsabilidades y que fuera el Tribunal Constitucional el que corriera con ellas en caso de una nueva trapisonda de Puigdemont de cara a la sesión del martes. En primera instancia, la suerte ha caído del lado de Rajoy y el TC invalidó anoche, en la práctica, la investidura-trampa del burlador burlado del procés.
Junto a estos movimientos, no descarta un remozamiento del Gobierno si el ministro Guindos asume a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, si bien su apetencia topa con el obstáculo de que parece plaza reservada a una mujer, y habría de ser admitido, en ese caso, «con faldas y a lo loco», parodiando la afamada comedia de Billy Wilder.
Gato de siete vidas, el presidente se adentra en terreno incierto, sin tener decidido aún si se presentará a la reelección. Entre tanto, evita ser un pato cojo. Decidido su adiós, perseguirá dejarlo todo atado y bien atado, si ello es factible. Le espanta el vacío de poder que se generó en el último año de Aznar, tras anunciar que sólo gobernaría dos mandatos. Padeció en primera persona cómo esa circunstancia complicó la gestión política del macroatentado islamista del 11-M de 2004 hasta perder las elecciones que daban por ganadas. En su discreción habitual, procurará que sus planes últimos no los sepa ni el cuello de su camisa.
Rajoy deposita su fe en que, de aquí en 16 meses, lapso sin urnas, salvo que Susana Díaz anticipe los comicios andaluces a las locales y europeas de mayo de 2019, pierdan sus alas y virginidad los ángeles llovidos en estos meses horribles para el PP. En todo caso, después de profesar la estrategia británica de extenuar al enemigo antes de enfrentarse con él, como sucesivamente hicieron con Felipe II, Luis XIV, Napoleón, el Káiser y Hitler, Rajoy ya no puede seguir dando tiempo al tiempo. Este puede que haya huido irremediablemente para el líder de un partido que, vaciado de la ideología y de los principios que lo sostuvieron a pie firme, ya no parece revestido del acero que antaño le hacía aguantar en medio del mayor oleaje. Pero a Rajoy nunca hay que darlo del todo por muerto políticamente.
Si a duras penas el PP podría afrontar sus venideras citas con las urnas sin el aval de la recuperación, tampoco ello -conviene insistir- le bastará si no se reconcilia con esos millones de desengañados que no recobrarán apelando al mal menor con un Podemos desinflado como un suflé. Ahora que «el invierno de nuestro descontento se vuelve verano», habrá que ver si Rajoy es capaz de hacer retornar a esos irritados deudos. Ya advirtió el clásico que «el mercader que su trato no entiende, cierre la tienda».
En 1895, el joven oficial apellidado Churchill, sin imaginar siquiera que llegaría a el ser primer ministro que salvaguardara a su país, aprovechó su almuerzo con un veterano patricio para preguntarle: «¿Qué pasará ahora?». «Mi querido Winston -le respondió-, la experiencia de una larga vida me ha convencido de que nunca pasa nada». No hacer nada sería la muerte política no ya de Rajoy sino del PP como lo fue de UCD, una vez que obró el milagro de la Transición hace 40 años.
El TC para los pies a Puigdemont
larazon 28 Enero 2018
El Tribunal Constitucional ha supeditado la validez de la presunta investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña a la presencia física del candidato en la Cámara, previa autorización del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La sesión parlamentaria, pues, queda suspendida en cuanto no parece que puedan cumplirse en tiempo y forma las dos condiciones impuestas por los magistrados.
La decisión, tomada por unanimidad, ha consensuado una vía intermedia entre la pretensión del Gobierno, que pedía la admisión a trámite de la solicitud de impugnación y, en consecuencia, la suspensión automática del pleno del Parlament, y las dudas de algunos magistrados sobre los derechos políticos que mantiene el fugado en su calidad de diputado. Una solución de compromiso que, y eso es lo que importa, impedirá una nueva burla de los separatistas catalanes al Estado de Derecho. El Gobierno consigue, en esencia, que prevalezca la Ley y las normas democráticas y el Tribunal Constitucional ha estado a la altura de sus graves responsabilidades, aunque las innegables controversias internas que ha debido subsanar acaben por dar armas a los separatistas para atacar a nuestra democracia.
Por supuesto, es legítimo que los altos magistrados tengan su propia escala de valores y expresen sus desacuerdos a la hora de respaldar o no una determinada resolución. Pero también es cierto, que entre las funciones que la Constitución otorga al Alto Tribunal se encuentra, junto a la de ser intérprete de sus normas, la de actuar como garante de la misma, mediante el ejercicio de su función jurisdiccional. Es decir, sus magistrados están obligados a defender el ordenamiento constitucional, a hacer que se cumpla la Carta Magna y a restituir la legalidad cuando ésta se vea despreciada. No creemos, en este sentido, que haya duda alguna sobre la naturaleza anticonstitucional y, por lo tanto, delictiva, del intento secesionista llevado a cabo por los partidos separatistas catalanes.
Y si no parece haber duda sobre la naturaleza criminal del proceso independentista –al menos, así lo perciben todos los estamentos del Poder Judicial– no llegamos a entender la reluctancia de los magistrados del Tribunal de Garantías a actuar por sí mismos ante una de las mayores amenazas sufridas por la democracia española desde su restauración. Más aún, cuando desde octubre de 2015, fecha de la reforma del la Ley del Tribunal Constitucional, se dotó a éste de instrumentos ejecutivos para que la garantía de su efectividad fuera real. Al contrario, la ciudadanía española no ha dejado de percibir la existencia de un incomprensible tira y afloja entre el Tribunal de Garantías y el Gobierno de la nación a la hora de articular la defensa del Estado de derecho frente a los golpistas, llegándose al absurdo de tener que asegurarse la unanimidad de los magistrados del TC a la hora de resolver cuestiones de constitucionalidad que no tenían vuelta de hoja, como es la defensa de la unidad de España.
No ha sido, por supuesto, un problema exclusivo del Alto Tribunal. También desde el Gobierno se han visto condicionadas muchas de sus acciones a la obtención de una especie de salvoconductos jurídicos, siempre sujetos a las normas y a los tiempos de los procedimientos jurisdiccionales, que han restado agilidad al proceso de toma de decisiones. Que la sociedad española tuviera que asistir en directo al espectáculo de la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán supuso un agravio que no puede volver a repetirse. Y, así, espeluzna la mera idea de que el fugado Carles Puigdemont pudiera dirigirse a la Cámara desde un Parlamento extranjero, como, al parecer, pretendía, para mayor humillación del Estado. Ya no será así.
Roberto Blanco Valdés La Voz 28 Enero 2018
El Gobierno asumió un claro riesgo cuando decidió impugnar ante el TCE la delirante y provocadora decisión del presidente del Parlamento catalán de proponer como candidato a la Generalitat a un diputado que lleva semanas fugado de la Justicia con el indisimulado propósito de eludir la prisión preventiva por los gravísimos delitos que judicialmente se le imputan. El peligro para el Ejecutivo nacía no solo de la existencia de un dictamen del Consejo de Estado contrario a la impugnación sino también del hecho de que aquella resulta jurídicamente discutible. Discutible sí, porque las sólidas razones del Gobierno para presentar su impugnación (en esencia, que Puigdemont no puede ser candidato si permanece en Bruselas, pero tampoco si regresa a España, donde sería encarcelado de inmediato) tiene un claro un punto débil: que, vuelto a España, detenido y a disposición judicial, podría el juez Llarena poner provisionalmente en libertad a Puigdemont para que defienda su candidatura a presidente.
Una posibilidad que resultaría tan esperpéntica, rocambolesca y, a fin de cuentas, bochornosa, como lo está siendo todo el enloquecido procès que con paciencia ignaciana llevamos soportando desde hace meses muchos millones de españoles. Y es que los independentistas no persiguen, ni de lejos, elegir a un presidente que pueda gobernar Cataluña con normalidad los cuatro años de la legislatura, pues saben, como es público y notorio, que la autonomía seguirá intervenida en aplicación del artículo 155 si el elegido quedase imposibilitado para ocupar el cargo por estar huido o en la cárcel. La estrategia del secesionismo sigue siendo la de mantener viva la tensión y subir la apuesta en el desafío al Estado democrático. Por eso, y solo por eso, se han empeñado en la imposible opción de Puigdemont.
El Gobierno lo sabe, como lo sabemos millones de españoles, y decidió atacar frontalmente esa estrategia antes de que los secesionistas lograran su objetivo. Tras un largo y duro debate el TCE dictó ayer por unanimidad una resolución que obliga a Puigdemont a regresar a España si quiere que el debate de investidura en el que podría ser elegido presidente se celebre. El TCE determina, además, que ninguno de los diputados fugados podrá ejercer el voto delegado. Esas son las condiciones. Es menos de lo que pedía el Gobierno pero mucho más de lo que los secesionistas han declarado estar dispuestos a aceptar. Si la mayoría independentista en el Parlamento catalán no opta por pasarse de nuevo una resolución del TCE por el arco del triunfo -lo que no cabe descartar- la puerta que le queda a Puigdemont para intentar ser investido presidente es la misma que la que lo conducirá a la cárcel donde están ya los dirigentes que organizaron con él la rebelión secesionista. Si el fugado vuelve a España lo primero no es seguro, pero lo segundo sí.
La estrategia del secesionismo sigue siendo la de mantener viva la tensión
Un estudio eleva a 25.000 millones los daños económicos causados por ETA
La nuclear de Lemóniz, la autovía de Leizarán y la seguridad suman la mitad del total
Solo el cierre de la central nuclear de Lemóniz costó más de 6.000 millones de euros
Lorena Gil. Bilbao / Colpìsa La voz 28 Enero 2018
Que la actividad terrorista de ETA tuvo un impacto económico en el País Vasco y el resto de España es algo indudable. Lo difícil ha sido ponerle cifra. El libro La bolsa y la vida (Ed. La esfera de los libros), a la venta desde esta semana, aborda con todo tipo de «cautelas» este fenómeno. Secuestros, robos, chantajes y atentados. La banda terrorista causó miles de víctimas -el número de extorsionados podría superar los 9.000- y se estima, así recoge la publicación, que «el coste directo de la existencia de ETA» ascendió a 25.000 millones de euros.
Los costes más elevados
Lemóniz y Leizarán. ¿Hasta qué punto se puede cuantificar el impacto que ha tenido ETA en la economía? Los autores del libro establecen unos costes directos de la existencia de la banda -actualizados a diciembre de 2016- de entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Dos proyectos que estuvieron en el punto de mira de los terroristas generaron un gasto especialmente elevado: el cierre de la central nuclear de Lemóniz supuso alrededor de 6.000 millones, y la autovía de Leizarán, que se inauguró tras haber cambiado el trazado, casi diez millones. ETA asesinó, además, a ocho personas vinculadas a ambas obras. Según se recoge en la publicación, en los años más duros de ETA -hasta mediados de los noventa-, el coste directo de secuestros, extorsiones y atracos rondó los 87 millones de euros. Seguridad
6.000 millones. Los gastos policiales y penitenciarios superaron los 6.000 millones de euros. En materia de seguridad, solo entre los años 1994 y 2003, se destinaron más de 30 millones a los partidos políticos, mientras que se calcula que lo gastado entre el 2000 y 2013 en proteger a los amenazados ascendió a 1.625 millones. Más de 400 millones se destinaron a indemnizaciones. «Evidentemente, este coste es muy inferior al que ETA ha podido causar por la vía de la reducción del potencial de crecimiento económico», sostienen los autores. La estimación «más respetada» del porcentaje del PIB per cápita perdido por los vascos es del 10 %. Otros estudios hablan de porcentajes superiores al 20 %. «La cuantificación en estos términos resulta extremadamente difícil», asumen.
Más de dos millones al año. ETA tardó años en conseguir el dinero que le permitiría emprender la vía de la violencia. Hasta que fue capaz de autofinanciarse por medio de los atracos a mano armada, la banda «se nutrió de las suscripciones de sus miembros». Según el primer informe policial que menciona a la organización, fechado en agosto de 1961, «las cotizaciones de los etarras eran de entre 3 y 5 pesetas semanales», revela el libro. La maquinaria de la extorsión empezaba, ahora bien, a asomar la cabeza. Se empezaron a preparar «listas de gente con posibilidades», «más o menos nacionalista». Presuntamente, los donativos eran voluntarios, si bien los terroristas advertían ya entonces: «si entre los visitados alguno no es patriota vasco puede negarse a pagar. Pero no olvide que la delación se paga con la muerte». Una denuncia en 1964 de Ramón de la Sota Mac Mahon, influyente empresario y político vinculado al PNV, frenó la extorsión. O más bien la postergó. En 1975, el mal llamado impuesto revolucionario estaba ya en marcha. Según un informe de la Guardia Civil citado en el libro, se calcula que la banda logró en un año hacerse por esta vía con un presupuesto de unos 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Vista la rentabilidad del chantaje, hubo quienes buscaron «enriquecerse a costa del creciente miedo». El 5 de julio de 1978 en Zarauz, ETA-pm asesinó a Domingo Merino Arévalo, a quien acusó de hacerse pasar por el líder etarra Txomin Iturbe para extorsionar a algunos empresarios. El descontrol hizo que los terroristas suspendieran provisionalmente el impuesto revolucionario.
Cinco asesinados. Recurrieron entonces al secuestro de industriales y directivos. En total, 38. Otros trece fueron retenidos y puestos en libertad con tiros en las piernas. El primer secuestro que acabó con el asesinato de un rehén fue el de Ángel Berazadi, un industrial guipuzcoano cercano al PNV. Fue en 1976. La familia se declaró incapaz de sufragar los 200 millones de pesetas (algo más de un millón de euros) que le reclamaba la banda. Ofreció una cantidad menor, pero los terroristas decidieron «dar un escarmiento a los empresarios vascos». Cuatro secuestros más tuvieron el mismo trágico desenlace.
Ingresos por secuestros
36 millones. ETA funcionó «con un presupuesto bastante limitado». «En su mejor momento, a mediados de los ochenta, el presupuesto anual de ETA oscilaba entre los 5 y 6 millones de euros, mientras que el IRA multiplicaba casi por cinco esas cifras», señalan los expertos. Su primer atraco fue en septiembre de 1965. Asaltaron a un cobrador del Banco Guipuzcoano, que les dejó «un sustancioso botín de 2,75 pesetas, las monedas que llevaba el empleado para dar el cambio cuando cobrara los recibos». Entre 1977 y 1986 -cuando abandonaron esta práctica-, obtuvieron unos 555 millones de pesetas (3,3 millones de euros). Mediante secuestros, los autores estiman que la banda se hizo con más de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros), lo que se cree permitió a ETA financiarse durante quince años. Las cantidades que la banda reclamaba a los extorsionados oscilaban entre las 200.000 pesetas y los 50 millones de pesetas (hasta 300.000 euros). Según la documentación intervenida en Sokoa, los terroristas habrían recaudado hasta 1986 un total de 1.163 millones de pesetas, equivalentes a 6,9 millones de euros. La disponibilidad de recursos de la banda fue mucho mayor en los setenta y ochenta, cuando funcionaba con un presupuesto de entre 4,5 y 6 millones de euros -en valor actualizado-, mientras que a principios del siglo XXI la cifra no llegaba a los 2 millones.
Cada recluso, 115 euros al mes. Capítulo importante del gasto de ETA fue el apoyo prestado a sus presos. Papeles de la banda incautados en 1992 en Bidart reflejaban que la banda gastaba al año 270.000 euros en sus militantes encarcelados en Francia. Datos de Gestoras pro Amnistía revelaron que el presupuesto para 1991 destinado a los reclusos en España ascendió a 1,19 millones de euros -en los años siguientes, se duplicó-. Cada recluso recibía mensualmente 115 euros. Pero dicha cantidad varió con el paso del tiempo. Así, en el 2005 se vio reducida a los 100 euros. En el 2001, Gestoras fue ilegalizada. Entonces contaba con un presupuesto de 3,28 millones de euros. Las ayudas directas a los presos ascendían a un millón.
Dos juezas catalanas impidieron que la Policía registrara la ANC y Òmnium cuando el asedio en Economía
Joan Guirado okdiario 28 Enero 2018
Un día después del asedio ante la sede del departamento de la Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, la juez titular del juzgado 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, negó a la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía la entrada y registro a las sedes de la ANC y Òmnium Cultural, que tenían bajo vigilancia desde el día 19, ante las sospechas que se podían estar preparando acciones violentas.
Así se puede comprobar en un auto firmado por esta titular, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el cual asegura no ver indicios “de ningún acto concreto de organización o preparación del expresado referéndum ni de ningún acto de ningún particular en connivencia con autoridades o funcionarios no viéndose ninguna conexión entre ellos”. Así, Castelló justificaba su negativa a la petición del jefe de la Brigada de Información y del ministerio fiscal, que desde dos días antes tenían conocimiento que se estaban perpetrando presuntos hechos delictivos, como la organización del asedio del 20 de setiembre que mantiene en prisión a los expresidentes de las dos entidades, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Durante ese dispositivo de seguimiento previo a la petición de entrada y registro, la Brigada de Información incautó dos ordenadores y material publicitario del referéndum a un miembro del secretariado de la ANC. La autoridad policial pidió permiso entonces a la titular del juzgado número 18 de la capital catalana, Carmen García Martinez, para desprecintar y clonar los ordenadores incautados. La juez no sólo no accedió a la petición, si no que además expresó su apoyo a la interlocutora de la juez Castelló, negando la entrada y registro a dichas sedes.
Como en el caso de Castelló, a pocos días del encarcelamiento de Sánchez y Cuixart como principales impulsores del referéndum y el asedio del 20 de setiembre, la juez García consideraba que no había pruebas para comprobar el contenido de los ordenadores incautados y si estos tenían información referente a la celebración del 1-O.
Finalmente las fuerzas de seguridad pudieron acceder a las dos sedes esta semana, cien días después del encarcelamiento de sus líderes, para buscar supuestas pruebas en los despachos y ordenadores de los dos ex presidentes, que podrían haber sido ya eliminadas por sus empleados. En esta ocasión fue el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien facilitó la entrada.
Se da la circunstancia de que la juez Castelló es la misma que instruyó diligencias por la filtración de los datos de más de 5.500 agentes de los Mossos d’Esquadra, aceptó a trámite la querella de Artur Mas contra un periódico español por publicar sus supuestas cuentas en Suiza e imputó al gerente del PSC en el caso de las escuchas sobre los Pujol, a través de la empresa Método3.
www.latribunadelpaisvasco.com 28 Enero 2018
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha intervenido esta mañana en un acto celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe con motivo del 23o aniversario del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez. En su discurso ha exigido al Gobierno que deje de "vender" la derrota de la organización terrorista y de "suplicar" que se disuelva. "Si ETA está derrotada, lo único que espero de quienes defienden el Estado de Derecho, y en particular de este Gobierno, es que la desarticule de una vez por todas", ha expresado en presencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
"A un ladrón no se le pide que deje de robar, sino que se le detiene. A un yihadista no se le pide que deje de atentar, sino que se le detiene. Lo mismo esperamos que ocurra con los miembros de la organización terrorista que más sangre ha vertido en este país", ha añadido Ordóñez.
La presidenta de COVITE ha recordado que su hermano, primer teniente de alcalde de San Sebastián y candidato a la alcaldía de la ciudad cuando fue asesinado, se marcó "líneas rojas" que no estaba dispuesto a traspasar. En ese sentido, ha advertido que en todo lo que atañe a ETA y a sus presos hay "principios en juego" y ha exigido, en referencia a una posible transferencia de la competencia de prisiones, "que no se transfieran los derechos de las víctimas a los nacionalistas".
Ordóñez ha cargado contra el nacionalismo que "puede llevarse años sin reclamar la competencia de prisiones para no ser los carceleros de ETA y ahora puede exigirla como un derecho histórico para facilitar lo posible la salida de los etarras de prisión". "Para beneficiar a una organización terrorista son capaces de condicionar la política de todo un país —ha señalado—. Todo sea, nos dirán, por la 'normalización', ese fenómeno por el que las víctimas tenemos que recibir lecciones de convivencia después de haber compartido ciudad, pueblo y calle con nuestros asesinos durante años".
Consuelo Ordóñez se ha dirigido a quienes "vais de la mano con los nacionalistas": "No os dejéis arrastrar por su indignidad, esa que es capaz de hacernos creer que un homenaje por las víctimas del terrorismo puede celebrarse en silencio para no molestar la conciencia de los que siguen justificando su asesinato". Interpelando a los cargos políticos presentes en el acto, ha dicho que tienen "la obligación" de defender sus principios. "Ojalá mi hermano estuviera a ese lado del cementerio", ha sentenciado.

References: Artículo 155
 artículo 161
 resolución 
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 122
 artículo 155
 artículo 155
 resolución 
 resolución