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Timestamp: 2020-01-26 08:21:00+00:00

Document:
STJUE (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017. Uber al poner en contacto conductores no profesionales está realizando una actividad en el ámbito de los transportes.
Número de recurso: C-434/15
STJUE (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017. Asunto C-434/15 (Asociación Profesional Élite Taxi). Procedimiento prejudicial. Artículo 56 TFUE. Artículo 58 TFUE, apartado 1. Servicios en el ámbito de los transportes. Directiva 2006/123/CE. Servicios en el mercado interior. Directiva 2000/31/CE. Directiva 98/34/CE. Servicios de la sociedad de la información. Servicio de intermediación que permite, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos. Exigencia de una autorización. El servivio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los sevicios en el ámbito de los transportes. Uber no presta servicio intermediación de sociedad de la información sino un servicio de transporte y por tanto los EEMM pueden regular los requisitos de prestación del servicio.
"El artículo 56 TFUE, en relación con el artículo 58 TFUE, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, al que remite el artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que un servicio de intermediación, como el del litigio principal, que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del artículo 58 TFUE, apartado 1. En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación del artículo 56 TFUE, de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31".
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.ª Yolanda.: “Economía de plataformas digitales y servicios compuestos. El impacto en el Derecho, en especial, en el Derecho del Trabajo".
El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes. © Curia.eu.
La UE abre la puerta a frenar el modelo de negocio de Uber, Airbnb o Glovo. África Semprún © El Economista.es.
Uber pierde: no es una plataforma digital y sí un servicio de transporte. Redacción © Economia.com.
La justicia europea falla contra Uber: es una empresa de transportes. Pablo R. Suanzes (Bruselas) © El Mundo.es.
STJUE (Gran Sala) de 20 de diciembre de 2017. Asunto C-521/15. Reino de España contra Consejo de la Unión Europea apoyado por Comisión Europea. Recurso de anulación. Decisión de Ejecución (UE) 2015/1289. Imposición de una multa a un Estado miembro en el marco de la supervisión económica y presupuestaria de la zona euro. Manipulación de datos estadísticos relativos al déficit del Estado miembro afectado. Competencia judicial. Reglamento (UE) n.º 1173/2011. Artículo 8, apartados 1 y 3. Decisión Delegada 2012/678/UE. Artículo 2, apartados 1 y 3, y artículo 14, apartado 2. Reglamento (CE) núm. 479/2009. Artículo 3, apartado 1, artículo 8, apartado 1, y artículos 11 y 11 bis. Derecho de defensa. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 41, apartado 1. Derecho a una buena administración. Artículos 121 TFUE, 126 TFUE y 136 TFUE. Protocolo núm. 12 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. Existencia de la infracción. Tergiversación de datos. Determinación de la multa. Principio de irretroactividad de las normas sancionadoras. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: “1) Desestimar el recurso. 2) Condenar al Reino de España a cargar con sus propias costas y, además, con las del Consejo de la Unión Europea. La Comisión Europea cargará con sus propias costas” (DOUE, 26.02.2018).
STJUE (Sala Décima) de 20 de diciembre de 2017. Asunto C-158/16. Margarita Isabel Vega González y Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias. Procedimiento prejudicial. Política social. Directiva 1999/70/CE. Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Cláusula 4. Principio de no discriminación. Concepto de “condiciones de trabajo”. Reconocimiento de la situación administrativa de servicios especiales. Norma nacional que prevé que se declare en la situación de servicios especiales, en caso de ser elegidos para desempeñar un cargo público, únicamente a los funcionarios de carrera y excluye a los funcionarios interinos. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «condiciones de trabajo», recogido en esa disposición, incluye el derecho de un trabajador que ha sido elegido para desempeñar un mandato parlamentario a un permiso especial, previsto por la normativa nacional, en virtud del cual se suspende la relación de trabajo, de modo que se garantiza el mantenimiento del puesto de dicho trabajador y su derecho a la promoción hasta que expire su mandato parlamentario. 2) La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que excluye de manera absoluta la concesión a un trabajador con contrato de duración determinada, a efectos de desempeñar un cargo político representativo, de un permiso en virtud del cual la relación de trabajo se suspende hasta la reincorporación de este trabajador al dejar de desempeñar el mencionado cargo, mientras que reconoce este derecho a los trabajadores fijos» (DOUE, 26.02.2018).
STJUE (Sala Sexta) de 20 de diciembre de 2017. Asunto C-334/16. José Luis Núñez Torreiro y AIG Europe Limited, Sucursal en España, anteriormente Chartis Europe Limited, Sucursal en España,Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Núñez Torreiro). Procedimiento prejudicial. Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles. Directiva 2009/103/CE. Artículo 3, párrafo primero. Concepto de “circulación de vehículos”. Normativa nacional que excluye la conducción de vehículos automóviles por vías y terrenos que no son “aptos para la circulación”, salvo aquellos que, sin tener tal aptitud, son no obstante “de uso común”. No se puede excluir del seguro obligatorio autos los daños de vehículos automóviles por vías y terrenos no «aptos para la circulación». Fallo del Tribunal: "El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite excluir de la cobertura del seguro obligatorio los daños producidos con ocasión de la conducción de vehículos automóviles por vías y terrenos no «aptos para la circulación», salvo aquellos que, sin tener tal aptitud, sean no obstante «de uso común»" (DOUE, 26.02.2018).

References: Artículo 56
 Artículo 58
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 58
 artículo 56
 Artículo 8
 Artículo 2
 artículo 14
 Artículo 3
 artículo 8
 Artículo 41
 Artículo 3
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