Source: http://thomsonreuterslatam.com/2013/07/fallo-del-dia-agua-potable-improcedencia-del-corte-del-suministro-por-falta-de-pago-situacion-de-vulnerabilidad-social-del-consumidor/
Timestamp: 2018-06-25 04:02:59+00:00

Document:
Thomson Reuters | Fallo del día: agua potable. Improcedencia del corte del suministro por falta de pago. Situación de vulnerabilidad social del consumidor
Partes: Gallo, Nelson Carlos c. Aguas de Corrientes S.A. s/amparo
Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, sala IV
Fecha de Sentencia: 2013-06-19
La prestataria del servicio de agua potable no puede negarse a suministrarlo sobre la base de la existencia de una deuda por parte de un usuario, debiendo perseguir su cobro por las vías jurisdiccionales aptas, pues debe tenerse en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentra aquél, lo que fue debidamente comprobado por la empresa demandada, al punto de que le otorgó el beneficio de la utilización del servicio con carácter “social”, es decir, con una tarifa especial de conformidad al convenio suscripto con el Estado de la Provincia de Corrientes.
2ª Instancia.— Corrientes, junio 19 de 2013.
1ª ¿Es nula la sentencia recurrida? 2ª ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?
1ª cuestión.— El doctor Rodríguez dijo:
El recurso de nulidad no fue interpuesto juntamente con el de apelación y tampoco se sostuvo la nulidad ínsita en aquella (Art. 254 del C.P.C.C.). No advirtiéndose vicios o defectos en el pronunciamiento dictado que provoquen avocamiento de oficio, no corresponde declaración de nulidad alguna.
El doctor Monferrer dijo:
2ª cuestión.— El doctor Rodríguez dijo:
1. Contra la Sentencia N° 06 del 21 de junio de 2012 obrante a fs. 132/136, el apoderado de la parte demandada interpone recurso de apelación (fs. 145/148 vta.) el que previa sustanciación (fs. 149) y contestación del traslado conferido (fs. 152/154) fue concedido en relación y con efecto devolutivo por Providencia N° 22.219 de fs. 155.
Encontrando cumplidos los recaudos formales de admisibilidad del medio de impugnación incoado: plazo, legitimación y fundamentación, corresponde ingresar a su análisis sustancial.
2. Los hechos invocados en la demanda: Analizadas las constancias de autos se advierte que a fs. 2/6 se inicia la presente acción sumarísima contra Aguas de Corrientes S.A. a fin de que se ordene a ésta la inmediata reconexión del servicio de agua potable en el domicilio que habita junto a su grupo familiar del que fue privado sin previo aviso alguno.
Manifiesta la parte accionante que en razón de sus condiciones socio-económicas era beneficiario de un sistema de utilización del servicio con carácter “social”, es decir tenía una tarifa especial a raíz de la vigencia de un convenio entre la firma demandada y el Estado de la Provincia de Corrientes, a través de la Fundación FACCOE por ambos constituida. Que en razón de tal circunstancia abonaba una mínima tarifa de $10 aproximadamente, la que intempestivamente fue elevada a $60 y luego se produjeron sucesivos aumentos, argumentando la demandada que ello se debía a que dicho convenio ya no se encontraba vigente. Que los montos que ahora se pretenden cobrar resultan ser imposible de pagar por su parte en razón de los ingresos familiares que percibe.
Señala que con la medida dispuesta se violan derechos adquiridos, que fueron conculcados de manera abrupta e imprevista generando tarifas que resultan imposibles de afrontar. Ofrece prueba documental que acompaña al momento de incoar la acción.
El Señor Juez de grado interviniente dispuso que la causa tramitaría conforme las normas del proceso sumarísimo y en consecuencia, corrió traslado de la demanda por el término de ley (Conf. Providencia N° 3495 de fs. 17). A fs. 18/19 obra agregada la Resolución N° 03 del 18 de marzo de 2011 por la que se hace lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y se ordena a la empresa demandada a que restablezca el servicio de agua potable en el domicilio del accionante mientras se sustancia la presente acción, previa caución juratoria que aquel deberá prestar.
3. La contestación de la demanda: A fs. 80/84 vta. se presenta la parte demandada, por apoderado, quien niega los hechos expuestos en el escrito inicial —salvo aquellos que expresamente reconozcan— y efectúa la versión propia de los mismos. Así, manifiesta que el accionante hace muchos años adeuda por el servicio que la empresa brinda a pesar de habérsele propuesto planes de pagos flexibles acordes a su situación. Que a partir del 7 de julio de 2008 se lo adhirió al sistema del FACCOE que consistió en una bonificación por el 100% de la prestación y que se extendió por algo más de dos años cuando según la Resolución N° 149 que implementa tal fundación, la duración del subsidio solo debe ser de un año con posibilidades de ser renovado por períodos iguales. Que en razón del aumento en los ingresos del accionante la empresa comenzó a subsidiar hasta los 10 m3 y todo lo que excedía se cobraba normalmente. Es así que comenzó a adeudar facturas por lo que se le envió un Aviso de Corte y ante la falta de respuesta del accionante, se procedió a cortar el suministro de agua potable en marzo de 2011. Expone luego la situación de los indigentes en la Provincia de Corrientes y la asistencia a través del FACCOE de este grupo de mayor vulnerabilidad y luego analiza la particular situación del actor; refiere al subsidio originariamente acordado (del 100% del consumo), luego de los 10 m3 que podía usar libremente y abonar únicamente el exceso, para concluir en el uso exagerado por parte de este usuario en razón del elevado consumo detectado. Ofrece pruebas documental (acompañadas), testimoniales y de informes y solicita el rechazo de la acción instaurada, con costas. A fs. 93 se abrió la causa a prueba y se proveyeron las ofrecidas. A fs. 127 se clausuró el período probatorio y seguidamente se llamó Autos para dictar Sentencia (fs. 131).
4. La sentencia: A fs. 132/136 obra agregada la sentencia dictada en autos por la que S.Sa. hace lugar a la acción interpuesta y en su mérito, ordena a Aguas de Corrientes S.A. y/o a quien la suceda en el servicio de agua potable y cloacas de esta ciudad, la prohibición de interrupción del suministro de agua potable por falta de pago al accionante en el domicilio que éste habita junto a su grupo familiar; declara la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley N° 3573 e impone costas a la parte demandada vencida. Para así decidir hizo especial hincapié en la protección constitucional y de diversos tratados internacionales del derecho al agua potable. Transcribió a tal efecto consideraciones vertidas por nuestro Superior Tribunal de Justicia en situaciones análogas suscitadas en los casos “Marcoré” y “Quintana de Monzón”. Consideró también que la vía intentada es la más eficaz para obtener la protección de los derechos humanos que reclama ante el agravio irreparable que la medida dispuesta por la empresa demandada ocasiona al accionante y por tanto, deviene de ello la urgencia de su reparación por esta vía.
5. Agravios de la parte apelante: Disconforme con dicha decisión la parte demandada interpone el recurso de apelación en análisis. Se queja en primer lugar porque no se consideraron dos hechos trascendentes cuales son, el carácter de subsidiado del actor —conforme lo ya explicado cuando traté la contestación de la demanda (ver Cons. 3)— y su directa responsabilidad en la situación jurídica denunciada, ello en cuanto el “a quo” refiere a que se había detectado una pérdida de agua en dicho domicilio y que ello tuvo que ser comunicado fehacientemente por la empresa al accionante. Manifiesta el recurrente al respecto que ello no es así pues se trata de un pérdida interna sobre la cual ninguna responsabilidad cabe a su parte. Se queja también por cuanto considera que esta no es la vía adecuada para la tramitación de un proceso de esta naturaleza pues hay otras vías legales para asegurar el derecho de la actora. Se queja porque no se tuvo en cuenta que su mandante tampoco resulta ser el sujeto pasivo en el caso pues la demanda debió dirigirse contra el Estado Provincial que es quien debe garantizar el acceso al agua saludable a los ciudadanos tal la manda del Art. 59 Const. Prov. Por último se agravia de la imposición de costas al considerar que las mismas debieron ser impuestas por su orden, atento a la forma en que fue resuelta la cuestión.
6. La resolución del caso: Delimitado así el “thema decidendum” y luego de analizar detenidamente las constancias de autos y la documentación que reservada en Secretaría tengo a la vista en este acto, considero que el recurso interpuesto deberá ser desestimado. En miras a ir respondiendo las quejas de los recurrentes, me permito recordar que los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino tan sólo a pronunciarse acerca de aquellas que se estimen conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivas para la solución de la controversia, conforme ancestral doctrina de la Corte Suprema (Fallo 307:2216; JA 1986-IV-341). Así, principiaré por señalar que no caben dudas que el derecho al acceso al agua potable como Derecho Humano se halla consagrado en nuestra Carta Magna Provincial es por ende un Derecho Fundamental y así lo enumeraron expresamente nuestros constituyentes provinciales al reformar nuestra Constitución Provincial en 2007, estableciendo en el art. 59° que ” El agua es un bien social esencial para la vida. El Estado Provincial debe garantizar el acceso al agua saludable.”. De ello también se hace eco la doctrina al decir que en la conceptualización del derecho al acceso al agua en la actualidad se ha producido un nuevo salto cualitativo en la protección de tal prerrogativa humana, consolidándose sus características de valor indispensable no sólo para la subsistencia, sino también en el campo propio de los derechos humanos (conf. PINTO, Mauricio, TORCCHIA, Noelia y MARTÍN, Liber, El Derecho Humano al Agua, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, p. 23).
Y al ser derecho humano fundamental, nos encontramos en la cúspide misma de nuestro derecho positivo. En efecto, podemos decir sin hesitación alguna que en la cúspide normativa de la Argentina coexiste hoy una doble legalidad constitucional. Por una parte la dogmática constitucional, esto es la Declaración de Derechos y Garantías de la CN de 1853/1860 y por otro los Tratados Supranacionales de DD. HH. incorporados a la CN por vía del artículo 75, inc. 22 y otros dos (2) jerarquizados posteriormente por decisión del Congreso Nacional con las mayorías exigidas por la norma del art. 75-22 de la CN. En un segundo nivel de esta pirámide que es hoy el Orden Jurídico Argentino, se encuentra la llamada supralegalidad infraconstitucional. En este nivel se ubican los demás Tratados, Pactos y Convenciones suscriptos por el país y que no fueron nominados por el art. 75, inc. 22. En el tercer nivel del Orden Jurídico Argentino se encuentran los Códs. de fondo (Civil, Penal, Comercial) y que nacen del art. 41° de la Constitución Nacional. En el cuarto nivel se halla la legalidad procesal tanto federal como provincial. (Conf. VEGA, Juan Carlos “Los Derechos Humanos: Idea política, metodología de análisis crítico, legalidad supranacional” en Derechos Humanos, Legalidad y Jurisdicción Supranacional, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, ps. 70/71). Decía el maestro Germán J. Bidart Campos que como premisa, la constitución configura, como suprema que es, el orden público eminente que, por ser orden público, no admite voluntad alguna que margine su cumplimiento y aplicación, no es una promesa vana o una simple invitación; la obligación permanente de imprimir funcionamiento a la constitución no se aplaza para más adelante o para nunca, a discreción de los detentadores del poder; al contrario, refuerza los parámetros de exigibilidad día a día y en todo momento. (Conf. BIDART CAMPOS, Germán J. “La Fuerza Normativa de la Constitución” en El Amparo Constitucional, perspectivas y modalidades, Ed. Depalma, Bs. As., 1999, p. 7). El art. 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional da carácter constitucional a diez (10) tratados internacionales, ampliados en dos (2) más por el Congreso de la Nación y cuya interpretación se debe realizar en virtud del denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los que —como dije— se encuentran en la cima de nuestro orden Constitucional. Este Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son principios de interpretación y aplicación (instrumentales) y también de contenido que no dependen de la voluntad de los Estados (y el Poder Judicial constituye uno de los poderes del Estado) (HITTERS, Juan Carlos — FAPPIANO, Oscar L. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, T. I, Vo. 1, Ed. Ediar, Bs. As. 2007, p. 413). Al aprobar estos tratados —como lo hizo la República Argentina al darle carácter constitucional— los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen obligaciones, no en relación con otros Estados, sino con los individuos que configuran su población (Conf. Hitters, Fappiano, op. cit. p. 418). En el orden de la normativa de los Derechos Humanos internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificada por ley 23.782 de mayo de 1990) y de conformidad a lo dispuesto por el Art.75, inc. 22 de la CN que, regula la interpretación de los vigentes consagra el principio de “buena fe” en su interpretación. El Protocolo Adicional a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, sociales y culturales”, Protocolo de San Salvador, ratificada por nuestro país por Ley 24.658 establece expresamente: “Art. 11°: Derecho a un medio ambiente sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos.” Cuando hablamos de Derechos Humanos decimos que hay ciertos y determinados derechos, que se consideran esenciales y básicos a todo ser humano y que por lo tanto merecen una protección especial a fin de asegurar la igualdad real que tienen todos los habitantes de una nación ante la ley (Conf. RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal, El Derecho Humano al Ambiente sano, Los Derechos Ambientales desde la perspectivas de los Derechos Humanos, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 17).
Es decir que el derecho al agua presenta un espectro abarcativo muy superior al decimonónico uso común e incluso más amplio que la mera noción del servicio público de abastecimiento poblacional. En tal sentido se ha dicho que “El acceso a suficiente agua limpia y a saneamiento es esencial para la efectividad del derecho a la salud, a la alimentación y a un sustento seguro (por ejemplo, en la producción de alimentos). Se ha interpretado recientemente que el derecho al agua, al igual que el derecho a los alimentos, ha de garantizar una disponibilidad, acceso (tanto físico como económico) y calidad (libre de organismos perjudiciales o contaminación) suficientes. Tal como ocurre con otros derechos económicos, sociales y culturales, debería concederse prioridad a las personas más vulnerables, es decir “a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios,. ” expresa la Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”: (Conf. Hitters – Fappiano. Ob. cit., T. II, Vol. 2, ps. 1314/1315). Ya la Asamblea General de la ONU reconoció el 28 de julio de 2010 el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan ejercer ese derecho. En una resolución adoptada por 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, la Asamblea estipuló también que el acceso a los servicios sanitarios básicos es un derecho en vista de que la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres. En dicha Asamblea, la representante de Argentina, ministra Ana María Bianchi, explicó el voto a favor de su país diciendo: “La Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel de vida adecuado”: En la resolución aprobada por dicha Asamblea, que lleva como título El derecho humano al agua y el saneamiento, se reconoce la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos y en tal sentido se reafirmó la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí y que deben tratarse en forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención”. (Conf. Rodríguez, Carlos Aníbal. Op. cit., ps. 145/146). De allí que conforme al Tratado de Viena, esta declaración forma parte de una norma imperativa de derecho internacional general, es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter es decir forma parte del “jus cogens” — (Ver Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, ratificada por Ley 23.782). En la Conferencia de Río + 20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible) realizada en Río de Janeiro (Brasil) entre los días 20 a 22 de junio de 2012 se ha emitido un documento final de 283 puntos sobre el destino del ambiente y de los seres humanos que somos parte de este planeta. En cuanto aquí interesa, se concluyó en dicho documento que “119. Reconocemos que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible pues está estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales. Reiteramos, por tanto, que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible y subrayamos la importancia decisiva del agua y el saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible”. “121. Reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en beneficio de nuestra población, respetando plenamente nuestra soberanía nacional. Resaltamos también nuestro compromiso con el Decenio Internacional para la acción “El agua, fuente de vida”, 2005 -2015″: (Conf. Rodríguez, Carlos Aníbal. Op. cit. ps. 142/145). 7. Luego, al tratarse de un derecho esencial a todo ser humano, también cuenta con protección constitucional en virtud de lo dispuesto por el Art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto establece que ” Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”: En tal sentido debemos tener prioritariamente en miras el principio pro homini, cuya exigibilidad es inmediata e incondicional como regla (Conf. Corte Internacional Americana de Derechos Humanos, OC.7/86, sentencia del 29 de agosto de 1980, p. 67, párr. 36). Por tanto, deviene también aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la Ley 26.361) pues siempre que hay un consumo final, la misma es aplicable (Conf. LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos, T. I, Edit. Rubinzal Culzoni. Sta. Fe. 1999, p. 155). Es decir que estamos en presencia de una norma de orden público económico que está constituido en definitiva, por las reglas o principios básicos con arreglo a los cuales en un momento dado aparece organizada la estructura y el sistema económico de la sociedad (Conf. CARRANZA TORRES, Luis – ROSSI, Jorge O. Derecho del Consumidor. Edit. Alveroni, Córdoba, 2009, p. 19).
8. Definido entonces el marco normativo, no coincido con el recurrente en cuanto a que ésta no es la vía procesal apta para el debate de la cuestión que nos ocupa. Se trata de una acción de amparo entre particulares a la que correctamente el Sr. Juez “a quo” otorgó el trámite del proceso sumarísimo previsto por el Art. 321 inc. 2° del C.P.C.C. (Conf. RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal. La Acción de Amparo en la Provincia de Corrientes. Edit. Moglia. Corrientes. 2011, p. 98), resultando ser la vía más idónea para obtener la pronta satisfacción de la pretensión, en atención a la naturaleza del derecho que se halla en juego, tal lo expuesto en los considerandos que anteceden.
Nótese que expone el recurrente como agravio y para fundar la inidoneidad de la vía que alega, que si el accionante pretende obtener una prestación gratuita, tal solución la debe brindar el Estado Provincial y es a él a quien debe formularse el reclamo y no a su mandante que es un ente privado. Solo cabe señalar al respecto que lo que aquí pretende el accionante como medida principal es la inmediata reconexión del servicio de agua potable del que arbitrariamente se vio privado.
9. Con respecto a la queja que alude a que no se tuvo en cuenta la falta de legitimación pasiva de su mandante pues considera el recurrente que la demanda debió dirigirse contra el Estado Provincial que es quien debe garantizar el acceso al agua saludable a los ciudadanos tal la manda del Art. 59 de la Constitución Provincial, también debe ser desestimada porque siguiendo a nuestro Alto Cuerpo, la provisión de agua es una actividad que siempre deberá ser cumplimentada por el Estado, ya sea en forma directa por la Administración Pública o en forma indirecta mediante el otorgamiento de concesiones, permisos o licencias al sector privado.
En el caso, la concesión del servicio le fue otorgada por el Estado a la empresa demandada —Aguas de Corrientes S.A.— y por tanto, al ser quien procedió al corte del suministro en el inmueble de propiedad de la accionante, es quien debe responder por ese su obrar. Efectivamente, ha dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial con una claridad conceptual que me permito transcribir en este voto que “la provisión de agua es una actividad que siempre deberá ser cumplimentada por el Estado, ya sea en forma directa por la Administración Pública, ya sea en forma indirecta mediante el otorgamiento de concesiones, permisos o licencias al sector privado. Ello, por ser el agua, en todo tiempo y lugar, un elemento vital. Lo que permite diferenciar el servicio relativo a ella de otros no siempre básicos en el tiempo y el espacio. De esto no puede existir duda alguna. Cualquier listado de “servicios esenciales” tomado al azar, exhibe y exhibirá al agua potable (ver por ejemplo, Encíclicas Mater et Magistra, Nro: 27 y Pacem in terris, Nro: 63)”: “La Constitución Nacional tras la reforma de 1994 expresamente dice que: “los usuarios de servicios tienen derecho a la protección de su salud y a condiciones de trato equitativo y digno” (art. 42): Por lo que de los tradicionales caracteres de los ser vicios públicos (esto es, regularidad, uniformidad y continuidad), ahora el de la uniformidad y el de la generalidad —que significa que el servicio puede ser exigido y usado por todos los habitantes— ya no solo poseen la garantía de igualdad del Art. 16 sino que a esta se ha agregado la previsión del art: 42: “condiciones de trato equitativo”: su vez, la Carta Magna Provincial prevé en el art. 59 que el Estado debe garantizar el acceso al agua saludable”: (Conf. S.T.J. in re “Marcore Marta Susana c. Aguas de Corrientes S.A. y Ente Regulador de Obras Sanitarias s/ amparo”. Sentencia del 06/12/2011). Señaló también en tal oportunidad el Alto Cuerpo que si se entiende que el Art. 39 de la Ley 3573 concede una prerrogativa para que la empresa concesionaria del servicio público, además de materializar el corte del servicio pueda mantener sin agua al usuario hasta tanto no pague la deuda ello importa un apego a una literalidad impropia. Y para arribar a tal conclusión consideró que si la finalidad real de la norma consiste en lograr rápidamente el cobro de lo adeudado por el usuario, esa instrumentalidad se logra con eficacia en el ámbito jurisdiccional, con lo cual optar por el corte en el suministro importaba una alternativa irrazonable por la desproporción de la medida si se repara en la circunstancia de que se trata de un servicio público esencial para la vida y dignidad de las personas, entendiendo además que en la práctica esa medida obedece más a una finalidad de coerción que a una finalidad de percepción del crédito más aún cuando frente a ella existe una alternativa apta para tal fin, con lo cual, también existe abuso del derecho (art. 1071 Cód. Civil). Por tanto, es más que evidente que si Aguas de Corrientes S.A. puede disponer de otra medida efectiva y notoriamente menos restrictiva de derechos fundamentales que negar el servicio del agua potable —en nuestro caso— esta es inconstitucional por innecesaria y desproporcionada. Se sostuvo además en el fallo mencionado que “si pensamos en un derecho público para un Estado de Derecho, diremos que el régimen jurídico exorbitante es un régimen por prerrogativas de poder público necesarias para el logro del bien común pero con respeto a las garantías a favor del particular. Por ello, González Pérez dice que el administrativismo moderno persigue lograr un régimen jurídico exorbitante en el cual haya equilibrio entre las prerrogativas a favor de la administración y necesarias para el logro de los fines de bien común y las garantías pues, en definitiva se trata de la misma tensión entre autoridad y libertad (“Las prerrogativas de la administración en el procedimiento administrativo, en: AAW: “: Procedimiento administrativo, Ed. UNST, Tucumán, 1982, p. 89 y ss.). En conclusión, de los fundamentos expuestos puede colegirse —como ya lo señalé precedentemente— que la empresa prestataria no puede negarse a suministrar el servicio de agua potable al accionante con el argumento de la existencia de una deuda con dicha entidad, debiendo perseguir su cobro por las vías jurisdiccionales aptas. Y digo que no puede hacerlo pues se debe tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el accionante, lo que fue debidamente comprobado por la empresa demandada. Y tanto es así que le otorgó el beneficio de la utilización del servicio con carácter “social”, es decir con una tarifa especial de conformidad al convenio suscripto con el Estado Provincial (FACCOE).
10. No desconozco los derechos que asisten a la prestadora del servicio pues tratándose de una empresa comercial su objetivo no es otro que el de obtener ganancias, pero no es menos cierto que tales derechos pueden ser protegidos por las vías legales pertinentes. Deviene inadmisible dejar en manos de un particular, en el caso —la empresa Aguas de Corrientes S.A.— la facultad de otorgar o no el suministro del servicio de agua potable, o de cortar o no el servicio cuando está en juego un derecho humano fundamental. Nótese además que de la compulsa de la documentación que en original tengo a la vista en éste acto se advierte que es cierto que la accionante luego de pagar una tarifa mínima de $10 durante dos años aproximadamente, pasó a abonar alrededor de $60 registrando en promedio la misma cantidad de metros cúbicos consumidos, esto es un valor aproximado a los 30 m3 mensuales. Pero también es cierto que cuando la tarifa se incrementó a valores que rondan los $125 en promedio el medidor registró un consumo de 56 y 57 m3 en los meses de enero y febrero de 2011 y que ello —según la testimonial rendida a fs. 114 y vta. por el testigo propuesto por la parte demandada, a la sazón empleado de la empresa prestataria del servicio— se debió a una pérdida detectada en el interior del domicilio. De ser así, el accionante debe hacerse cargo del consumo registrado pero ello —claro está— no habilita a la empresa demandada a cortar el servicio de agua potable cuando tiene a su alcance las vías legales para perseguir sus acreencias.
11. Atento a la conclusión a que arribo, al considerar ajustado a derecho el pronunciamiento dictado por el sentenciante de grado, concluyo también en que las costas fueron impuestas correctamente a la demandada vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota al haberse opuesto a la pretensión de la actora y por tanto, el agravio en tal sentido también debe ser descalificado.
12. Una sola consideración más me permitiré formular al advertir que el Inferior declaró oficiosamente la inconstitucionalidad del Art. 39 de la Ley N° 3573. El recurrente ningún agravio esgrimió al respecto y es sabido que las partes no atacadas del fallo quedan firmes, por exclusión que hace el propio apelante, que los sustrae del conocimiento del Tribunal por el carácter dispositivo del procedimiento (ALSINA, Tratado T. IV, Ed. Ediar. Bs. As. 1961 p. 392; IBÁÑEZ FROCHAM, Tratado de los Recursos. Ed. Bs. As. 1969, p. 155). Es por ello que el pronunciamiento en ese aspecto se mantiene incólume lo que me exime de exponer mi opinión al respecto.
13. Por las razones expuestas propiciaré el rechazo del recurso de apelación interpuesto, manteniéndose firme la sentencia recurrida, con costas en esta instancia también al apelante vencido. Es mi voto.
Que por compartir los fundamentos y la conclusión a que arriba el distinguido vocal preopinante, adhiero a los mismos y voto en idéntico sentido.
Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, se resuelve: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 145/148 vta. y confirmar la sentencia recurrida N° 06 obrante a fs. 132/136. 2°) Costas en esta instancia también al apelante vencido. 3°) Insértese copia, regístrese, notifíquese y consentida que fuere, devuélvase al Juzgado de origen.— Carlos A. Rodríguez.— Diego R. Monferrer.

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 artículo 75
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