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﻿ SENTENCIA 1100131030062001127401 DE JULIO 13 DE 2005
SENTENCIA 1100131030062001127401 DE 13 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:COMISIONISTA DE TRANSPORTE. ASUME LOS MISMOS COMPROMISOS QUE EL TRANSPORTADOR CONTRAE.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRANSPORTE DE MERCANCÍA, TRANSPORTADOR, OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR, RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR, SEGURO DE TRANSPORTE, PÉRDIDA DE MERCANCÍA, INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE MERCANCÍA, COMISIONISTA DE TRANSPORTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:406 DE OCTUBRE DE 2005, PG.1349
Sentencia 1100131030062001127401 de julio 13 de 2005
Ref.: expediente 1100131030062001-1274 - 01
Decídense los recursos de casación interpuestos por Aseguradora Colseguros S.A. y Panalpina S.A., contra la sentencia dictada el 27 de diciembre de 1999, por una Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario promovido por la aseguradora recurrente y la Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S.A. “Procedatos”, contra Panalpina S.A.
1. La Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S.A. “Procedatos S.A.” y Aseguradora Colseguros S.A., promovieron proceso ordinario contra Panalpina S.A. pretendiendo que se le declarara civil y contractualmente responsable por no entregar a la primera ciento ochenta (180) unidades de equipos de cómputo y accesorios que debían ser transportados desde la zona aduanera de Panalpina S.A. en la ciudad de Bogotá, hasta las oficinas de Procedatos en la misma ciudad, y que por tal razón le adeuda a dicha sociedad el valor de los equipos que no fue cubierto por la aseguradora codemandante, y a esta la cantidad cancelada a Procedatos como indemnización parcial por la pérdida de ellos, sumas a cuyo pago solicita que se le condene, con corrección monetaria e intereses de mora, o intereses comerciales corrientes, en su defecto.
2. Para sustentar fácticamente las pretensiones se expusieron los siguientes hechos:
2.1. Aseguradora Colseguros S.A. expidió a favor de Procedatos S.A. la póliza automática para seguro de transportes 104140, mediante la cual se ampararon equipos de computación adquiridos por la asegurada para ser transportados desde Estados Unidos hasta Bogotá, y dentro del territorio nacional.
2.2. En diciembre de 1992, Procedatos S.A. compró 347.5 bultos contentivos de equipos para cómputo, a Compaq Computer Corporation, en Houston, Estados Unidos, bienes que fueron transportados a Colombia y nacionalizados en la aduana de Bogotá, con la intervención de Panalpina S.A. como agente de aduanas.
2.3. Depositada la mercancía en las bodegas de Panalpina S.A. en la zona franca de Bogotá, esta se obligó a transportarla hasta las oficinas de la demandante en la misma ciudad. En virtud del citado pacto, el 28 de enero de 1993 procedió a ello, pero los equipos no llegaron a su destinataria, porque según los empleados de Panalpina S.A., el vehículo en que era movilizada fue hurtado, junto con la carga, incumpliendo en esa forma su principal obligación como transportadora.
2.4. Formulada la pertinente reclamación a Panalpina S.A., sin obtener respuesta, la propietaria de la mercadería le solicitó a la aseguradora el pago de la indemnización respectiva, entidad que previa verificación tanto de la falta de entrega de la carga, como de la cobertura de dicho riesgo por el seguro contratado, le canceló el 17 de junio de 1993 la suma de cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos un peso ($ 52.344.601).
2.5. Pagada la indemnización, la aseguradora se subrogó en los derechos y acciones de la asegurada, por mandato del artículo 1096 del estatuto mercantil, circunstancia que la legitima para pretender la indemnización por la pérdida de los bienes asegurados, hasta concurrencia de la suma cancelada, y como tales bienes se perdieron mientras estaban en poder de la depositaria y transportadora, es esta quien debe responder, de conformidad con las normas que rigen los contratos de depósito y transporte.
2.6. Para la época del extravío, los equipos tenían un valor de noventa y seis millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos ($ 96.425.649) y como su propietaria solo obtuvo de la aseguradora, a título de indemnización, la cantidad de cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos un peso ($ 52.344.601), tiene derecho a que Panalpina S.A. le indemnice el valor restante, que asciende a cuarenta y cuatro millones ochenta y un mil cuarenta y ocho pesos ($ 44.081.048).
3. Notificada la demandada, oportunamente le dio respuesta, oponiéndose a las pretensiones en ella deducidas, por carecer de fundamento legal, y porque allí se afirman, a sabiendas, hechos contrarios a la realidad, incurriéndose en temeridad, conducta que solicitó sancionar, imponiendo a las demandantes la condigna obligación al pago de los gastos, costas y perjuicios causados.
Respecto de los hechos allí afirmados, dijo que no le constan los atinentes a las demandantes, reclamando su prueba. Sobre los que a ella conciernen, negó que hubiere fungido como transportadora de la mercadería descrita en dicho libelo, porque en su objeto social no se contempla el ejercicio de la mentada actividad, amén de que, legalmente se prohíbe que en una misma persona concurran las calidades de transportador y comisionista de transporte, en la que reconoce haber actuado. Sostuvo que en su condición de agente autorizado de aduanas, nacionalizó en su propia zona aduanera, por encargo de Procedatos S.A. y de conformidad con sus instrucciones, los mencionados equipos. Que estos fueron depositados en las bodegas de la zona aduanera que tiene autorizada en esta ciudad, sin que se comprometiera a transportarlos hasta las oficinas de aquella, por las razones ya dichas. Que actuando como comisionista de transporte de la prenombrada entidad, y siguiendo sus órdenes, al cumplirse el trámite de nacionalización de las mercancías, contrató por cuenta y riesgo de aquella, el acarreo hasta las oficinas de Procedatos en Bogotá, con Carlos Arturo Aldana Ruiz, transportador independiente, a quien se las entregó completas y sin observaciones, cesando en esa forma su responsabilidad como depositaria de los equipos. Que el vehículo en el que eran movilizadas, que no era de su propiedad, fue hurtado el 28 de enero de 1993, a persona que no tenía bajo su dependencia. Que si no llegaron a la destinataria no fue por hecho o culpa imputable a Panalpina S.A., sus empleados o dependientes. Que de conformidad con los documentos allegados, los mentados artículos no estaban amparados por la póliza 104140, puesto que Procedatos informó a la aseguradora sobre su despacho, luego de la ocurrencia del siniestro, de modo que no puede esta alegar la subrogación por pagos comerciales y ex gratia convenidos con Procedatos.
Con fundamento en lo expuesto propuso las excepciones constituidas por el hecho de “no haber sido nunca Panalpina S.A. transportadora de las mercancías perdidas ni de haber asumido los riesgos inherentes a su transporte”, la “ausencia de responsabilidad de Panalpina S.A. o sus empleados o dependientes en la pérdida de las mercancías”, la “exoneración de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito”, “haber subrogado Procedatos S.A. la totalidad de sus derechos y acciones a Aseguradora Colseguros S.A. por el hecho de haber recibido el pago de la indemnización correspondiente al seguro de las mercancías perdidas”, la “falta de seguro de las mercancías por parte de Procedatos S.A.”, la “falta de legitimación en la causa que tiene la sociedad Panalpina S.A. para obrar como parte demandada dentro del presente proceso”, la “indebida integración del litisconsorcio activo que integran a través del presente proceso las sociedades demandantes”, la “carencia de acción que tiene la sociedad Procedatos S.A. para intentar el presente proceso”, el “límite máximo de responsabilidad que asume el transportador”, y la “carencia de acción de subrogación que tiene la aseguradora demandante por ser absolutamente ineficaz el contrato de seguro de transporte contenido en la póliza automática de transporte 104140” (fls. 71 al 87).
4. Delimitada en los anteriores términos la materia del litigio, el a quo definió la primera instancia con sentencia del 10 de diciembre de 1998, desestimatoria de las pretensiones de los demandantes, decisión que por vía de apelación revocó el superior, declarando en su lugar, la responsabilidad civil de la demandada “… por incumplimiento del contrato de comisión de transporte suscrito con la Compañía de Procesamiento de Datos“, y condenándola a pagar $ 52.344.601 a la Aseguradora Colseguros S.A., y $ 44.081.048 a la Compañía de Procesamiento de Datos, más la corrección monetaria de esta última cantidad, desde el 28 de enero de 1993, hasta la fecha del pago.
Inconformes con lo resuelto, ambas partes impugnaron dicho pronunciamiento mediante el recurso de casación objeto de decisión.
Con el propósito de “… destacar la congruencia de la decisión”, delanteramente precisó el ad quem que “… las demandantes no concretaron sus pretensiones a la declaratoria de existencia de un contrato de transporte y de su incumplimiento, como tampoco deprecó (sic) que se dijera por el órgano judicial que entre las partes existía un contrato de comisión de transporte el cual resultara incumplido, sino que de manera genérica aquellos llaman en responsabilidad contractual ''por la no entrega de ciento ochenta (180) unidades de equipos de cómputo y accesorios'' y por ello elevan las pretensiones indemnizatorias…”, peticiones que hecha la precedente salvedad, se dispuso a examinar.
Determinado el entorno de la responsabilidad negocial, pasó a elucidar si la demandada es contractualmente responsable por la falta de entrega de las mencionadas mercancías, subrayando que “… las demandantes determinan el origen del incumplimiento” en la infracción de los compromisos adquiridos por Panalpina S.A. con ocasión de un “… contrato de transporte”.
Tras definir la relación de transporte, e identificar sus elementos esenciales, anotó que también debe reunir las condiciones de validez exigidas por el artículo 1502 del Código Civil, y al aplicarse a su verificación, constató que en las sociedades Procedatos S.A. y Panalpina S.A., no existe motivo de inhabilidad o incompatibilidad especial para contratar. Al escrutar lo atinente al “consentimiento”, observó que Panalpina S.A. rechazó la existencia de un contrato de transporte que la vinculara con alguna de las demandantes, argumentando que no está habilitada para el ejercicio de la mentada actividad, hecho que en su criterio no le impide realizar “… en nombre propio, por cuenta de terceros o en participación con ellos, las operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro o desarrollo del objeto social”, pues así lo autoriza su objeto social.
Puntualizó que en el factum de la demanda se afirmó que dicha sociedad actuó como agente de aduanas, pacto que difiere del de transporte, y que el hecho de encontrarse las mercaderías en sus bodegas, antes de ser despachadas a su destino final, “… no indica por sí solo que esta sociedad sea la transportadora”.
En ese orden, concluyó que “… no existió entre las partes un contrato de transporte como el que la sociedad demandada (sic) pretende que se declare”, circunstancia que a su modo de ver no impide tener en cuenta “… lo confesado por la entidad demandada en punto de haberse tratado de una comisión de transporte”.
Definido el antedicho pacto y establecido que por virtud del artículo 1313 del Código de Comercio, el comisionista de transporte goza de los mismos derechos y asume las mismas obligaciones del transportador, en relación con el pasajero o el remitente y el destinatario de las cosas transportadas, consideró que todo lo anterior “… confirma no solo la inexistencia de contrato de transporte entre Panalpina S.A. y la Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S.A. “Procedatos S.A.”, sino que establece, por el contrario que nació a la vida jurídica un contrato de comisión de transporte, entre la mencionada accionante y la sociedad convocada”, hecho que en su criterio armoniza con el artículo 1316 ibídem, “… en el sentido de ser personas distintas el comisionista y el transportador contratado”.
Con miras a establecer “… la responsabilidad de la demandada dentro del contrato de comisión de transporte”, puntualizó que asumió “… las mismas obligaciones del transportador”, que al tenor del artículo 982 del mismo cuerpo legal, y en lo que al transporte de cosas concierne, comprenden las de “… recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba…”, respondiendo en consecuencia, de conformidad con el artículo 1030 ejusdem, “… de la pérdida total o parcial de la cosa transportada, de su avería y del retardo en la entrega, desde el momento en que la recibe o ha debido hacerse cargo de ella…”.
Establecida, dijo, “… la existencia de un contrato de comisión de transporte, y siendo claro que las obligaciones del comisionista son las mismas del transportador”, inquirió por su cumplimiento por parte de Panalpina S.A., para lo cual precisó que “… la responsabilidad del comisionista se asemeja a la del transportador en lo que a la operación misma del contrato se refiere”, que su obligación es de resultado, que debía “… contratar al transportador y velar porque la mercancía enviada llegara hasta su destinatario”, de ahí que el comitente - remitente y el destinatario “… tengan acciones en contra del comisionado y del transportador indistintamente, siendo viable que persiga los fines en contra de uno solo de ellos; lo que no es óbice para que el comisionado, a su vez, inicie una acción contra el transportador que contrató”, y que la responsabilidad gravita sobre el comisionista porque al contratar al transportador lo hace en nombre propio.
Descendiendo al caso, señaló que “… la sociedad Panalpina S.A., en calidad de comisionista de transporte, según su dicho, se obligó a favor de la Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S.A. “Procedatos S.A.”, a guardar en sus bodegas la mercancía, y a transportarla hasta su destino, es decir, hasta la dirección en la que figuraba la destinataria, ahora accionante”. Que si al responder la demanda aceptó que el vehículo que transportaba los equipos fue hurtado, y se allegó la denuncia por la pérdida de la mercancía, “… es un hecho que la misma nunca llegó a manos de su destinatario”, y por lo tanto, “… sí hubo incumplimiento en el contrato de comisión de transporte”.
Para establecer si existe causa que lo exima de la responsabilidad derivada de su infracción, y tomando pie en los dictados del artículo 992 del Código de Comercio, enfatizó que si del contrato de transporte surgen obligaciones de resultado, “… situación que se asemeja al contrato de comisión de transporte”, para liberarse de responsabilidad, el comisionista debía probar una causa extraña. Sobre esa base, examinó la circunstancia alegada, concluyendo que “… no quedó probada, por la empresa comisionista de transporte demandada, la existencia de una causa extraña verdaderamente irresistible e imprevisible, sino que se observa imprudencia de parte del conductor del vehículo al no apagarlo y permitir que extraños se introdujeran en él, para luego llevárselo”, todo lo cual lo llevó a rechazar las excepciones por ella propuestas, “… tanto en el sentido de indicar la inexistencia del contrato de transporte, que aunque en verdad no existe entre ellas, no la exonera de responder, como comisionista que es”, así como la que recabó la presencia de una causa extraña.
Refiriéndose al litisconsorcio conformado por las demandantes, anota que por disposición legal la Aseguradora Colseguros S.A. puede subrogarse en los derechos de Procedatos S.A. contra las personas responsables del siniestro, hasta concurrencia de la indemnización pagada —C.Co., art. 1096—, hecho que no es óbice para que la asegurada “… intente obtener el resarcimiento de todos los perjuicios causados, sobre el mayor valor del pago que recibió en su momento como indemnización por la aseguradora”.
Consideró que habiéndose demostrado el contrato de seguro y el pago de la indemnización, la subrogación es procedente hasta concurrencia del pago efectuado, sin indexación, porque según reiterada doctrina de la Corte, dicha preceptiva “… solamente faculta a la compañía aseguradora a subrogarse en los derechos del asegurado hasta concurrencia del importe de lo pagado, sin que de ahí se desprenda el reconocimiento de más emolumentos que aquellos que en su momento pagó por concepto de indemnización”.
Así, concluyó que si por el aludido concepto la aseguradora demandante canceló $ 52.344.601, esa es la suma que debe abonarle la demandada. Sobre la parte del precio de la mercancía extraviada que no cubrió la entidad aseguradora, sostuvo que no se demostró el equivalente en moneda nacional del monto total de la mercancía perdida, calculado en la demanda en $ 96.425.649, por lo que la demandada debe ser condenada a pagar la cantidad que figura en el pedido de la demandante, que asciende a $ 44.081.048, con corrección monetaria desde el 28 de enero de 1993, hasta la fecha del pago.
Apoyado en las precedentes consideraciones, revocó el fallo apelado para adoptar en su lugar las determinaciones atrás consignadas.
La codemandante, Aseguradora Colseguros S.A. formula dos cargos contra la sentencia del tribunal, amparada en las causales primera y segunda. La demandada, Panalpina S.A., plantea cuatro, el primero, segundo y cuarto, al auspicio de la causal primera, y el segundo, en el ámbito de la segunda.
La Corte decidirá en primer lugar sobre los cargos aducidos en la demanda de Panalpina S.A., porque los tres primeros atacan integralmente la sentencia, y en el último se controvierte la legitimación de la aseguradora demandante, análisis que se abrirá con el cargo segundo, por denunciar un error de actividad, al que sucederá el examen conjunto de los restantes, por las razones que en su momento se expondrán. Los cargos postulados por Aseguradora Colseguros S.A., que se abordarán a continuación, por plantear un ataque parcial del fallo, se resolverán en orden inverso al de su proposición, porque el segundo denuncia un error de procedimiento.
Demanda de Panalpina S.A.
Con fundamento en la causal segunda de casación, se acusa la sentencia impugnada por ser incongruente, por extra petita, como consecuencia de haberse decidido en ella sobre pretensiones que no fueron postuladas por las demandantes “… ni en la demanda ni en ninguna otra oportunidad posterior”.
Para demostrar el error in procedendo por el cual se enjuicia al sentenciador, subraya el impugnante que en la demanda se solicitó declarar la responsabilidad contractual de la sociedad demandada por la falta de entrega de los artículos que en dicho libelo se detallan, que debían ser transportados el 28 de enero de 1993, desde la zona franca de dicha sociedad en Bogotá, hasta las oficinas de la demandante en la misma ciudad. Reproduce lo afirmado en los hechos tercero y cuarto del mismo libelo para hacer ver que la responsabilidad endilgada se hizo derivar del “… supuesto incumplimiento de los contratos de transporte y de depósito que afirmaron y alegaron en forma expresa, y no de ninguno otro”, pese a lo cual en el fallo acusado se le dedujo responsabilidad “… por incumplimiento en la ejecución del contrato de comisión de transporte suscrito con la Compañía de Procesamiento de Datos”.
Pone de manifiesto que del parangón entre lo pedido en la demanda y lo concedido por el tribunal en el fallo, se desprende “… que la sentencia acusada no se encuentra en consonancia con aquella, pues las sociedades demandantes nunca pidieron que se condenara a “Panalpina S.A.” como consecuencia del supuesto incumplimiento de un contrato de comisión de transporte, como lo hizo el tribunal”, y por tanto el pronunciamiento cuestionado resulta incongruente en la modalidad indicada, por haber decidido sobre pretensiones no formuladas en el libelo incoativo del proceso.
Solicita, en consecuencia, la casación del fallo.
Con el explícito fin de “… destacar la congruencia de la decisión”, el tribunal observó delanteramente que “… las demandantes no concretaron sus pretensiones a la declaratoria de existencia de un contrato de transporte y de su incumplimiento, como tampoco deprecó (sic) que se dijera por el órgano judicial que entre las partes existía un contrato de comisión de transporte el cual resultara incumplido, sino que de manera genérica aquellos llaman en responsabilidad contractual ‘por la no entrega de ciento ochenta (180) unidades de equipos de cómputo y accesorios’”, es decir, entendió que por no haberse vinculado la pretensión indemnizatoria a la contravención de un específico vínculo negocial, o dicho en sus propios términos, por haberse llamado en responsabilidad contractual a la demandada, de manera genérica, la obligación resarcitoria podía aflorar de la violación de las obligaciones derivadas del pacto que a la postre consideró acreditado, de ahí que al descartar la existencia del contrato de transporte en el cual se determinó por las demandantes, según su discurrir, “… el origen del incumplimiento”, juzgó factible establecer, sin caer en disonancia, la responsabilidad que podría caberle por la infracción de los deberes adquiridos como comisionista de transporte, por ser este el contrato cuya existencia tuvo como demostrada, pacto del cual desgajó, a la sazón, la obligación indemnizatoria que sobre ella hizo gravitar.
De modo que si a ese resultado llegó como consecuencia del sentido y alcance que le atribuyó a la pretensión resarcitoria deducida por las demandantes, como ese entendimiento lleva implícito un juicio de valor sobre ese extremo del litigio, si algún error encarna tendría que denunciarse por la causal primera, como efectivamente hubo de plantearse en el primer cargo, ya que, en rigor, se trataría de un vicio de juzgamiento y no del vicio de actividad del que viene haciéndose mérito, puesto que no se originaría en la desviación radical, la prescindencia de las súplicas postuladas, que es lo que en verdad constituye un acto de recreación del libelo incoatorio del proceso, que torna incongruente el fallo, sino de una errática labor de hermenéutica del mismo, cuyo acierto o desacierto solo puede escrutarse a través de la causal mencionada.
Apoyándose en la causal primera, se acusa la sentencia impugnada por ser violatoria, en forma indirecta, de los artículos 1292 y 1316 del Código de Comercio, por falta de aplicación, y de los artículos 992 y 1030 del mismo cuerpo legal, por aplicación indebida, “… como consecuencia de evidente, trascendente y ostensible error de hecho en la apreciación de la demanda”.
En la fundamentación del cargo, anticipa el impugnador que “… al delimitar el alcance del recurso de apelación”, el fallador admitió que “… las demandantes no concretaron sus pretensiones a la declaratoria de existencia de un contrato de transporte y de su incumplimiento, como tampoco deprecó (sic) que se dijera por el órgano judicial que entre las partes existía un contrato de comisión de transporte el cual resultara incumplido, sino que de manera genérica aquellos llaman en responsabilidad contractual por la no entrega de ciento ochenta (180) unidades de equipos de cómputo y accesorios”, y por lo tanto, es claro que desde la demanda pretendieron únicamente la declaratoria de responsabilidad civil y contractual de la demandada por el incumplimiento de los supuestos contratos de transporte o depósito que expresamente alegaron y sustentaron, y no de otro distinto, como pareció entenderlo el tribunal al resolver el litigio.
Precisa que la calidad de comisionista de transporte alegada por la demandada cuando propuso excepciones, le fue desconocida por su contraparte a todo lo largo del proceso.
Considera entonces, que “… el tribunal interpretó mal la demanda al entender, equivocadamente (…), que las obligaciones del comisionista de transporte corresponden exactamente a las de un transportador”, contradiciéndose además, puesto que reiteradamente afirmó la inexistencia de un contrato de transporte que vinculara a Procedatos S.A. y Panalpina S.A., de ahí que definiera la controversia aplicando indebidamente los artículos 992 y 1030 del Código de Comercio, que regulan la responsabilidad del transportador por la infracción total o parcial de sus compromisos, dado que no halló la prueba de tal vínculo negocial, régimen al que tampoco podía someter la comisión de transporte, y por ese camino “… dejó de aplicar, siendo los aplicables, los artículos 1292 y 1316 ibídem, que, en su orden, se refieren a la responsabilidad que tiene el comisionista por la pérdida de las cosas que se encuentren en su poder, y a la calidad con que debe actuar el comisionista de transporte, que es excluyente con la del transportador”, normas que no se hicieron actuar para la solución del conflicto, prosigue, por el “… evidente, trascendente y ostensible error de hecho en que incurrió el tribunal en la apreciación de la demanda al confundir la calidad con que obró “Panalpina S.A.” frente a “Procedatos S.A.” como un comisionista de transporte y no como un transportador como lo supuso, sin razón alguna, el tribunal”, error que a su juicio resulta trascendente si se tiene en cuenta que “… el propio tribunal, en la sentencia que acuso, no encontró demostrada la existencia del contrato de transporte que alegan las demandantes”.
Sostiene que si el fallador “… hubiese valorado e interpretado correctamente la demanda, y sopesado la afirmación reiterada que en ella hicieron las demandantes de invocar el incumplimiento de “Panalpina S.A.” en los contratos de transporte y depósito que alegaron clara y expresamente, habría llegado a la conclusión de que no podía condenar a “Panalpina S.A.” por el incumplimiento de un contrato de transporte que no fue demostrado; ni que, menos existió”, como tampoco declarar el incumplimiento de un contrato de depósito que tuvo por cumplido a satisfacción.
Remata el cargo insistiendo en que debido al error cometido, el fallador dejó “… de aplicar los artículos 1292 y 1316 del Código de Comercio, que determinan, en su orden, el grado de responsabilidad del comisionista por la pérdida de las mercancías que se encuentran en su poder, así como la calidad del comisionista de transporte, que es diferente y excluyente, con la del transportador, y a aplicar, indebidamente, los artículos 992 y 1030 del Código de Comercio, que no resultan aplicables al caso controvertido por no haber encontrado el tribunal plenamente demostrado el contrato de transporte alegado por las demandantes”.
Por la errada interpretación de los artículos 1313 y 1316 del Código de Comercio, se acusa la sentencia de segundo grado por violar en forma directa los citados preceptos.
Para demostrar el error juris in judicando que le atribuye al tribunal en la exégesis del artículo 1313 del Código de Comercio, en cuanto consideró que somete al comisionista de transporte al mismo régimen legal del transportador —art. 992 ibídem—, sostiene el acusador que la característica primordial del contrato de comisión de transporte es que, profesionalmente y en forma habitual, el comisionista se encarga de expedir mercancías o personas de un sitio a otro, en nombre propio, pero por cuenta ajena, sirviéndose para el efecto de empresas transportadoras o fletadoras, que son las que asumen la operación de transporte y los riesgos derivados de la conducción y entrega de las mercaderías al destinatario.
Definido el ámbito de dicha modalidad negocial, sostiene que la previsión del citado texto legal, alusiva a que el comisionista del transporte asume las mismas obligaciones del transportador, debe tener como referente aquellas obligaciones que “… no comportan los riesgos del transporte físico de las mercancías pues esos riesgos corresponden exclusivamente al transportador que es quien ejecuta el contrato de transporte”.
Agrega que la corporación, en su sentencia del 5 de marzo de 1987, reproducida en lo pertinente, fijó el verdadero sentido que a dichos preceptos corresponde, al precisar “… que el comisionista de transporte al asumir el encargo de contratar el transporte a nombre propio pero por cuenta ajena puede ejercitar las acciones por el incumplimiento del transporte en contra del transportador”, y no “… que el comisionista devenga en transportador, por que (sic) sí”, como lo entendió el tribunal al condenar a Panalpina S.A. como única responsable por la pérdida de los equipos de propiedad de Procedatos S.A. que jamás transportó, porque como lo admitieron las demandantes, Panalpina S.A. las entregó al transportador contratado por ella a nombre propio pero por cuenta de Procedatos S.A., cumpliendo así con su encargo de contratar el transporte y entregar la carga al porteador.
Subraya que, atribuirle a Panalpina S.A. el rol de transportista, que no tiene, implica interpretar erradamente, de paso, el artículo 1316 del mismo cuerpo legal, que prohíbe la concurrencia, en una misma persona, de las calidades de comisionista de transporte y transportador.
Para mayor ilustración de la situación, expresa que Panalpina S.A. le informó a Procedatos S.A., en su condición de destinataria de las mercancías, que estas iban a ser transportadas por un tercero, y que no llegaron a su destino porque el vehículo en el que eran conducidas fue hurtado, como se admite en el hecho quinto de la demanda, circunstancia por la que no protestó, aceptando en esa forma el cumplimiento del encargo confiado a la demandada.
Remata la acusación explicando que el error de hermenéutica cometido por el tribunal, lo llevó a considerar a Panalpina S.A. como el transportador de los equipos, hecho que no es cierto ni fue demostrado, fulminándole una condena por incumplimiento de la obligación de entregar al destinatario unas mercancías que nunca transportó, “… y lo que es más grave, contradiciéndose así (sic) mismo por cuanto en la misma sentencia acusada el tribunal no encontró demostrado el contrato de transporte alegado por las demandantes”.
También en el marco de la causal primera, se acusa la sentencia recurrida por infringir en forma indirecta y por aplicación indebida, el artículo 1096 del Código de Comercio, como consecuencia de los errores probatorios recaídos en las pruebas que se individualizan.
A manera de introducción, sostiene el censor que si el contrato de transporte invocado por las demandantes no fue comprobado, no se le podía endilgar responsabilidad “… por el incumplimiento de un contrato inexistente”; que por la misma razón, “… los riesgos de pérdida de las mercancías como consecuencia de su inejecución carecen de cobertura bajo esa póliza”, y que no tuvo en cuenta el tribunal que por expresa prohibición legal —C.Co. art. 1316—, Panalpina S.A. no podía actuar simultáneamente como comisionista de transportes y transportador.
Concretando la acusación, sostiene que por no apreciar las pruebas que enseguida se relacionarán, el juzgador tuvo a la sociedad demandada “… como empresa transportadora y como responsable del siniestro”.
1. La confesión vertida en el hecho quinto de la demanda en punto a que Panalpina S.A. no fue la transportadora de las mercancías.
2. La denuncia formulada ante la unidad de asignaciones de la fiscalía, por Carlos Arturo Aldana, quien admitió haber sido el transportador de la mercancía desde la zona aduanera de Panalpina S.A. hacia Procedatos S.A.
3. El interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandada, dentro del cual manifestó que dicha sociedad “… nunca fue transportador de las mercancías”.
4. El testimonio de Jorge Alberto Rodríguez Forero, quien declaró que las mercancías no fueron transportadas por Panalpina S.A., y que fueron entregadas al transportador.
5. El testimonio de Gloria Esperanza Pinzón Corredor.
6. Los certificados de existencia y representación de la demandada, que demuestran que dentro de su objeto social no se comprende el ejercicio de la actividad transportadora.
7. La póliza automática de seguro de transportes 104140, expedida por Aseguradora Colseguros S.A. a favor de Procedatos S.A., como tomadora y asegurada, que amparaba el transporte de mercancías de su propiedad, desde Estados Unidos hasta las bodegas del asegurado en Bogotá y el territorio nacional, contra los riesgos de pérdida o daño material producidos con ocasión de su transporte, con excepción de los riesgos que allí se especifican.
Explica el acusador que debido a la preterición de los anteriores medios de prueba, el tribunal concluyó erradamente que Panalpina S.A., fue la única responsable por la pérdida de las mercancías transportadas, “… lo que no es cierto, pues, se repite, ella jamás fue o ha sido transportadora de las mercancías ni asumió los riesgos de su transporte“, error que en su criterio lo condujo a tenerla como responsable del siniestro.
Agrega que también se equivocó al estimar como cubierto el riesgo de pérdida de las mercancías bajo la mencionada póliza de seguro, por la inejecución del contrato de transporte, pues “… sin contrato de transporte debidamente demostrado no puede operar ningún seguro de transportes, por sustracción de materia”, razón por la cual la aseguradora demandante carecía de acción contra la demandada, como subrogataria de Procedatos S.A.
Solicita, en consecuencia, la casación del fallo por ese aspecto.
1. La resolución conjunta de los cargos obedece básicamente a que se estructuran sobre una premisa hipotética: que el tribunal consideró a Panalpina S.A. como empresa transportadora de los equipos que fueron hurtados cuando eran trasladados hasta las oficinas de Procedatos S.A. en la ciudad de Bogotá, y la responsabilizó, en la apuntada calidad, por la pérdida de ellos, posición que, a juicio de la censura contradice su propia tesis sobre la orfandad probatoria del contrato de transporte que según lo afirmado por las demandantes se habría ajustado entre Procedatos S.A., como remitente, y Panalpina S.A. transportadora, proposición que al no estar acorde con la ratio decidendi del pronunciamiento atacado, les veda toda probabilidad de fructificar.
Por supuesto que si el juicio del fallador abreva en una razón distinta, como es que Panalpina S.A. es responsable por la infracción de los compromisos que asumió como comisionista de transporte frente a Procedatos S.A., negocio jurídico del cual derivó obligaciones semejantes a las que competen al transportador, en lo que a la operación de transporte concierne, ninguna eficacia impugnaticia pueden ostentar las críticas que alrededor de tal premisa se tejen, puesto que la decisión atacada solo puede infirmarse en la medida en que se resquebrajen las reales bases sobre las que ha sido estructurada.
2. Obsérvese cómo el error en la interpretación de la demanda que se desarrolla en el primer cargo, en lugar de apuntar a demostrar, como se insinuó en sus albores, y como correspondía, además, si se aspiraba a destruir el raciocinio del fallador, que la declaratoria de responsabilidad civil y contractual de Panalpina S.A. impetrada por las demandantes, se fundamentó en el incumplimiento de los contratos de transporte o depósito invocados en la demanda y no de “… ninguno otro”, particularmente de la comisión de transporte por cuya infracción fue responsabilizada, en últimas se desvió hacia que, por confundir el rol que verdaderamente desempeñó Panalpina S.A. frente a Procedatos S.A., que fue el de comisionista de transporte y no el de transportador, “supuesto“ por el tribunal, y por entender erradamente que “… las obligaciones del comisionista de transporte corresponden a las de un transportador”, el conflicto se dirimió bajo el régimen de responsabilidad del porteador, pese a que no se “… encontró demostrada la existencia del contrato de transporte que alegan las demandantes”, dejándose de aplicar, por ese camino, la reglamentación inherente al comisionista de transporte, planteamiento que ningún poder infirmatorio puede ostentar si se tiene en cuenta que esa condición, la de comisionista de transporte, fue la que le sirvió de marco al sentenciador para determinar la responsabilidad que le cabía a Panalpina S.A. por la pérdida de los equipos que la demanda refiere, solo que lo hizo a la luz del régimen propio del contrato de transporte porque entendió, se reitera, que por disposición legal, el comisionista adquiere, frente al comitente, los mismos compromisos del transportador, entendimiento que en todo caso no lo llevó a predicar, como se alega, que hubiere sido el porteador de las mercancías, y que por ello debiere responder por el incumplimiento de un pacto de esa índole.
Pero más allá del desfase que tal proposición revela, lo cierto es que no solo resulta incongruente en sí misma, sino que antagoniza con la queja postulada en el cargo anterior, pues si como en uno y otro se argumenta, las demandantes pretendieron “… la declaratoria de responsabilidad civil y contractual de “Panalpina S.A.” derivada del incumplimiento de los supuestos contratos de transporte o deposito” que “… alegaron y sustentaron en forma expresa, y no ninguno otro”, no puede simultáneamente dolerse el acusador porque la incorrecta apreciación de la demanda hubiere desembocado en la falta de aplicación de “… los artículos 1292 y 1316 ibídem, que, en su orden, se refieren a la responsabilidad que tiene el comisionista por la pérdida de las cosas que se encuentran en su poder, y a la calidad con que debe actuar el comisionista de transporte, que es excluyente con la del transportador”, pues una postura que se mueve en tales extremos es a todas luces incoherente, ya que si la responsabilidad que se pretendió derivar de la demandada se fincó, como en principio se alega, en la infracción de unos negocios jurídicos específicos (transporte y depósito), repulsa a esa tesis que se reclame su definición a la luz de un contrato diferente (comisión de transporte), pues tales predicamentos, por su innegable antagonismo, tornan contradictorias las acusaciones que los desarrollan.
3. En el tercer cargo, por su parte, se fustiga el alcance que el tribunal le dio al artículo 1313 del Código de Comercio, cuando entendió que le atribuye al comisionista de transporte, derechos y obligaciones semejantes a los del transportador, error de discernimiento que para el acusador lo llevó a predicar que Panalpina S.A. fue el verdadero transportador de la mercaderías y a fulminar injustificadamente una condena en su contra “… por el incumplimiento de la entrega de las mercancías al destinatario, que nunca transportó, y sin tener en cuenta que “Panalpina S.A.” jamás fue el transportador de las mismas ni obró como tal”, postura con la que estaría contradiciendo además su propia tesis sobre la inexistencia de prueba del contrato de transporte alegado por las demandantes, crítica que aparte de resultar injustificada porque ningún error hermenéutico encarna la concepción del sentenciador en esa materia, no guarda relación alguna de conexidad con su pensamiento al respecto, porque nada de lo que se dice haber inferido a consecuencia de ese entendimiento, tuvo cabida en su juicio, y mal pudo erigirse entonces en causa determinante de la resolución puesta en entredicho.
En efecto: según las voces del artículo 1312 del Código de Comercio, por el contrato de comisión de transporte o expedición, una de las partes, llamada comisionista o expedidor, recibe de la otra, denominada comitente, el encargo de contratar, en su propio nombre, pero por cuenta del comitente, el transporte o conducción de una persona o cosa, comprometiéndose además a hacer ejecutar el transporte, y a realizar las operaciones conexas a que haya lugar. El comisionista de transporte es, en consecuencia, un mandatario especializado en la contratación del servicio de transporte para terceros, y con terceros.
De dicha relación negocial, que es una subespecie de comisión, calificada porque su objeto está circunscrito a la celebración de contratos de transporte de personas o cosas, surgen diversos vínculos. Por un lado, el que se traba entre el comitente y el comisionista, con fundamento en la comisión de transporte propiamente dicha, y por otro, el que liga al comisionista con el tercero con el cual celebra el contrato cuya estipulación se le encomendó, que es una relación de transporte en estricto sentido.
Por el primero de los ligámenes mencionados, que es el que cobra importancia en el caso, el comisionista se obliga frente al comitente (remitente o pasajero) a celebrar el contrato de transporte cuya estipulación se le delegó y a estar vigilante de su ejecución, amén de realizar las gestiones accesorias que dicha operación requiera.
Los deberes de prestación que contrae para con el comitente (remitente o pasajero), van entonces desde la concertación del transporte a la que el encargo se contrae, hasta velar porque llegue a buen término. Así, tratándose del transporte de cosas, el comisionista de transporte tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos de un transportador, su obligación se considera de resultado, recibe los efectos a transportarse, contrata el transporte, entrega al transportador los bienes objeto del traslado, comportándose como un verdadero remitente; una vez realizado el transporte, recibe las mercancías transportadas y las entrega al destinatario o contrata su entrega directa a este.
Aunque no es el ejecutor material del acarreo, que debe verificarse por el porteador con quien contrata, por cuanto el artículo 1216 de la citada obra le prohíbe asumir dicha obligación al disponer que el comisionista de transporte y el transportador siempre deben ser personas diferentes, la ley lo somete al mismo régimen del transportador, en lo que tiene que ver con la referida operación, pues el artículo 1313 del mismo cuerpo normativo expresamente estatuye que “… gozará de los mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones del transportador, en relación con el pasajero o con el remitente y el destinatario de las cosas transportadas”, gobernándose, por consecuencia, la relación obligacional que lo liga con el comitente, por “… las disposiciones establecidas para la comisión en su capítulo IV del título XIII del libro 4, sección I y especialmente en la sección II; por las del mandato comercial mientras no pugnen con su naturaleza, según lo consagra el artículo 1308; y en relación con el comisionista frente al pasajero o el remitente o el destinatario de las cosas transportadas, por las del contrato de transporte, como se lee en su artículo 1313” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 65), régimen que por contera le es asimismo aplicable, puesto que legalmente se le coloca en la misma situación del porteador, en lo que a derechos y obligaciones inherentes al transporte se refiere.
Al remitir las mercancías, sostiene Ripert, el comitente “… exige del comisionista que le sean entregadas en otro lugar, ya sea a él mismo o a un destinatario determinado. El comisionista debe, pues, asegurar el transporte. (…) No se obliga a efectuar por sí mismo el transporte, por lo menos de un extremo a otro, pero sí a hacerlo realizar. Es, pues, contractualmente responsable de la inejecución” (Tratado Elemental de Derecho Comercial, Tomo IV. Contratos Comerciales. Editorial Labor. 1988. Págs. 115 y 116).
Si el comisionista de transporte, como queda visto, por ministerio de la ley asume los mismos compromisos que el transportador contrae, ninguna equivocación cometió el tribunal cuando así lo dejó sentado, entendimiento que en ningún caso lo condujo a asignarle la calidad de porteadora a la demandada, como se alega, reparo por contera no solo está ayuno de fundamento, como se anticipó, sino que se resiente del mismo desenfoque advertido en relación con el cargo anterior, que irremediablemente lo condena al fracaso.
4. El error de hecho por el cual se enjuicia al tribunal en el cuarto cargo, se vincula a la supuesta preterición de diversos medios de prueba, que habría redundado en que se tuviese a Panalpina S.A. como “empresa transportadora” y como responsable del siniestro, y de contera, a considerar cubierto por la póliza automática de seguro de transportes 104140, expedida por Aseguradora Colseguros S.A. a favor de Procedatos S.A., el riesgo de pérdida de las mercancías, por la inejecución del contrato de transporte, porque como se explica, “… sin contrato de transporte debidamente demostrado no puede operar ningún seguro de transportes, por sustracción de materia”, amén de que no puede condenarse a la demandada por la pérdida de las mercancías transportada, careciendo así, la aseguradora demandante, de acción en su contra, como subrogataria de Procedatos S.A., reproche que ningún sentido tiene en lo atañedero a que Panalpina S.A. no fungió como transportadora, porque en fin de cuentas a nada conduce pretender demostrar que dicha sociedad no ofició como tal, porque ningún contrato de ese tipo concluyó con la propietaria de los equipos, cuando esa fue la situación verificada por el juzgador, quien descartó la existencia de un contrato de esa estirpe entre Procedamos S.A. y Panalpina S.A., y ninguna responsabilidad le dedujo a la última por su dejación, aspecto alrededor del cual, ninguna divergencia se suscita entre el impugnador y el sentenciador.
Esa circunstancia, por otro lado, tampoco pudo ser la génesis de los errores que se denuncian en la apreciación de la póliza automática para seguros de transporte 104140, expedida por Aseguradora Colseguros S.A. a favor de Procedatos S.A., y en la determinación de la legitimación de la compañía aseguradora para accionar contra la demandada, como subrogataria de la asegurada, porque mediante el contrato de seguro recogido en la citada póliza se ampararon los bienes allí especificados (equipos de computación, microcomputadores, equipos de computador e impresión en general), contra los riesgos de pérdida o daño material que se produjeren con ocasión de su transporte en los trayectos indicados (desde Estados Unidos hasta las bodegas del asegurado —Procedatos S.A.— en Bogotá y el territorio nacional), efectos que efectivamente se perdieron al ser hurtados cuando eran trasladados desde las bodegas en la zona aduanera de Panalpina S.A. en Bogotá, hasta las oficinas de Procedatos S.A. en la misma ciudad, aspecto sobre el cual no existió desacuerdo entre las partes, cuya discrepancia se centró en la persona que habría tenido a su cargo el acarreo de los equipos y debía responder consiguientemente por su pérdida, porque mientras para las demandantes es Panalpina S.A., por haberse obligado a ello con ocasión del contrato de transporte concluido con Procedatos S.A., para la demandada es el transportador independiente que contrató por instrucción de Procedatos S.A., en cumplimiento del contrato de comisión de transporte que entre ellas se estableció, luego ninguna equivocación cometió el fallador cuando infirió que la pérdida de los equipos con ocasión de su transporte era un riesgo cubierto por el contrato de seguro consignado en el aludido documento.
De otra parte, como no fue en calidad de transportista, sino en la condición de comisionista de transporte establecida por el tribunal, que se hizo responsable a Panalpina S.A. por la pérdida de los efectos transportados, dentro de ese contexto, que es intangible para la Corte, merced a la ineficacia de las censuras enarboladas por la demandada, ninguna duda ofrece la legitimación de la aseguradora para accionar, como subrogataria de la asegurada —Procedatos S.A.—, contra Panalpina S.A., puesto que de tal relación se deriva para la comitente - remitente el derecho de reclamarle a la comisionista por la pérdida de tales efectos, en tanto que, con ocasión de ella, como quedó visto, adquiere las mismas obligaciones inherentes al transportador, derecho que se traslada a la aseguradora que la indemnizó, dentro del los términos del contrato de seguro celebrado, por virtud de la subrogación que a favor de aquella consagra el artículo 1096 de la codificación mercantil.
Demanda de la codemandante Aseguradora Colseguros S.A.
Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la sentencia de segundo grado por ser violatoria, por interpretación errónea, del artículo 1096 del Código de Comercio.
Reproducido su tenor y el entendimiento que le dio el fallador para negar la indexación reclamada por la compañía aseguradora, sobre la suma pagada a la Compañía Colombiana de Procesamiento de Datos S.A., en cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de seguro que ajustaron, comienza el recurrente por reprocharle que se equivocara “… al identificar el importe de lo pagado por el asegurador con el valor nominal histórico de lo pagado”.
Para justificar su reparo, subraya que en la legislación patria la indexación no es un “emolumento adicional” del daño, como tampoco un perjuicio autónomo, sino un concepto ligado al fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, que responde a la necesidad de actualizar monetariamente su valor histórico, para evitar “… un enriquecimiento sin causa del responsable de la obligación y un correlativo empobrecimiento sin causa de su acreedor”, gestado en el envilecimiento de los signos monetarios, por fuerza del cual lo finalmente pagado sería menos de lo debido, concepción que a su juicio tiene respaldo en los precedentes tanto de la jurisprudencia constitucional, como de la contencioso administrativa, y de esta corporación, que cita.
Invocando el principio de equidad en la interpretación jurídica, argumenta que siendo la pérdida del poder adquisitivo del dinero una circunstancia real que no puede ser indiferente al juzgador cuando de interpretar y aplicar la ley se trata, en él debió apoyarse al fijar el sentido de la referida disposición, con el fin de evitar que el asegurador recibiera como indemnización una cantidad nominalmente igual, pero realmente menor a la que pagó con ocasión del siniestro, como en efecto ocurrió con la determinación censurada, que en definitiva hizo gravitar sobre él la pérdida del valor adquisitivo del dinero, auspiciando, de paso, “… un enriquecimiento sin causa a favor del demandado, ya que una parte del perjuicio —la cubierta por el seguro— sí fue pagada integralmente a la víctima en términos reales, pero este solo debe pagarla al asegurador en términos nominales (desconociendo la integralidad de la indemnización), y un empobrecimiento sin causa en el patrimonio de la demandada que obtendría así menos de lo que efectivamente pagó”, interpretación que considera “… inequitativa e injusta”.
1. Para dar respuesta a la discusión que plantea el cargo, es preciso dilucidar si el fallador se equivocó cuando consideró que el asegurador, en su condición de subrogatario de los derechos del asegurado indemnizado, frente a los responsables del daño, no tiene derecho a la corrección monetaria de la suma reconocida al asegurado, porque el artículo 1096 del Código de Comercio limita cuantitativamente ese derecho “… hasta concurrencia del importe de lo pagado, sin que de ahí se desprenda el reconocimiento de más emolumentos que aquellos que en su momento pagó por concepto de indemnización”.
2. No es nuevo el debate que se propone en torno a los alcances de la subrogación otorgada ex lege al asegurador que ha satisfecho el débito contractual, cuestión que la Corte abordó de tiempo atrás, dejando sentado que por estar gobernado por el criterio nominalista, el derecho que, por el pago de la prestación asegurada se otorga al asegurador, para subrogarse en los derechos del asegurado frente al responsable del siniestro, solo lo habilitaba para obtener de este, “… el monto de la suma pagada y no una cantidad superior” (Cas. Civ. del 22 de enero de 1981, G.J. t. CLXVI, pág. 156, reiterada en sentencias del 6 de agosto de 1985, G.J. t. CLXXX, pág. 239; 23 de septiembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pág. 567; 13 de octubre de 1995, G.J. t. CCXXXVII, pág. 1123; 25 de agosto de 2000 y 22 de noviembre de 2001).
Sin embargo, alentada primordialmente por la posición últimamente adoptada en punto a la naturaleza jurídica de la corrección monetaria, a la luz de la cual se trata, en puridad, de un mecanismo encaminado a neutralizar los efectos propios de procesos inflacionarios, restaurando el poder de compra de los signos monetarios que se ha visto mermado por causa de los ameritados procesos, sin introducir, por ende, variación alguna en el monto original de las cifras por ese medio revalorizadas, noción que por contera es refractaria a la idea otrora aceptada de que se trataba de un elemento adicional del daño, en providencia del 18 de mayo de 2005 la Corte modificó su jurisprudencia en torno a los alcances de derecho reconocido al asegurador por el artículo 1096 del estatuto mercantil, para aceptar “… la procedencia del ajuste monetario de las condenas que, por concepto de la indemnización efectuada con anterioridad, lleguen a imponerse a favor de las aseguradoras, cuando hacen efectivo, recta vía, el derecho a la subrogación en los términos del estatuto mercantil”, doctrina que en esta oportunidad se refrenda, y a cuyas motivaciones se remite, en obsequio de la brevedad, de acuerdo con la cual, caros principios como el de justicia, integridad del pago y equidad, reclaman que “… el reconocimiento económico que efectúe el victimario infractor a la aseguradora como consecuencia de la subrogación de esta en los derechos del asegurado”, se materialice “… en los mismos términos en que este los detentaba, e inspirarse, por tanto, en una idea justa de realismo y equilibrio monetarios, de suerte que, al igual que acontece con las obligaciones pecuniarias, ese pago se verifique teniendo en cuenta el poder adquisitivo del dinero al momento de ser satisfecho el crédito de que es titular el asegurador, con el fin de que este reciba el mismo valor intrínseco que reconoció al asegurado en razón del siniestro, con lo cual, además, se evita que la depreciación del dinero lo afecte únicamente, en beneficio del causante del daño”.
Por consiguiente, según lo que allí mismo se expuso, “… como quiera que en esencia la acción materia de la subrogación personal, es la misma que, originariamente, hubiera podido ejercer el asegurado damnificado contra el responsable del daño, el tratamiento que debe otorgársele a la entidad aseguradora debería ser simétrico al que la ley y la jurisprudencia le hubieren dado a aquel, en caso de que, con prescindencia del seguro, hubiera reclamado directamente de este la correspondiente indemnización de perjuicios. Así lo impone el derecho a la igualdad, de innegable estirpe constitucional, porque no existe en rigor, ningún elemento diferenciador en la relación sustancial fundamental, que habilite un trato disímil frente a la pretensión resarcitoria que formule el asegurador”.
Bajo ese entendimiento, es claro que al negarse a reconocerle al asegurador subrogatario la indexación de los valores que en desarrollo del contrato de seguro concertado con el asegurado, le abonó a título de indemnización, y a cuyo pago fue condenado el autor del daño, sobre la base de que ese reconocimiento está proscrito por el límite cuantitativo que a su derecho le asigna el artículo 1096 de la legislación comercial, el fallador cayó en el error de discernimiento por el cual fue emplazado, ya que su criterio a ese respecto no se compadece con la genuina exégesis que a dicho precepto corresponde, yerro que por lo demás trascendió a la parte resolutiva de la decisión porque fue el determinante de la desestimación de la pretensión que en tal sentido elevó el impugnador.
3. El cargo, en consecuencia, resulta próspero.
Dentro del marco de la causal segunda de casación, se acusa la sentencia de segundo grado, por no guardar la debida correlación con las pretensiones de la demanda.
Explícase, a propósito de tal reproche, que en la quinta pretensión de la demanda se impetró condenar a Panalpina S.A. al pago de los intereses de mora, o en subsidio, los intereses comerciales corrientes certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el valor de las mercancías que debían ser entregadas a Procedatos S.A., réditos que, para la aseguradora demandante, se solicitó liquidar desde la fecha del pago de la indemnización a la asegurada, y para esta, desde el momento en que se produjo la pérdida, pretensión que no recibió respuesta, positiva o negativa, en la sentencia impugnada.
En ese preciso punto, concluye el impugnante, dicha resolución viola el principio de la congruencia, y por lo mismo debe ser casada parcialmente para que la Corte, como tribunal de instancia, decida definitivamente sobre tal aspecto.
1. La inconformidad de la parte recurrente con el fallo impugnado se deriva, en concreto, del carácter omiso que le atribuye en punto a la ameritada pretensión, súplica respecto de la cual, en criterio de la censura, la sentencia no guarda la coherencia debida, en cuanto nada habría dicho, en concreto, sobre su aspiración de que se condenara a la demandada al pago de los intereses de mora, y en su defecto, al de los comerciales corrientes devengados por la suma abonada a Procedatos S.A., por concepto de indemnización, con fundamento en el contrato de seguro entre ellas celebrado.
2. El vicio procesal denunciado, bueno es aclarar, no surge inexorablemente por la falta de una resolución explícita sobre alguno de los extremos del litigio, porque aunque lo esperado, en guarda de la precisión y claridad con la que debe ser estructurada la sentencia, es que contenga una referencia explícita sobre cada uno de esos aspectos, bien puede ocurrir que a pesar de no abordarlos de esa manera, de todos modos hayan recibido respuesta, así sea implícita, evento en el cual su silencio solo sería aparente e inidóneo, por consecuencia, para estructurar el motivo de casación aducido, porque “… distinto a no decidir uno de los puntos de la litis es decidirlo en cierto sentido, así la determinación respectiva no sea perceptible prima facie ora porque se halla sobreentendida o involucrada en otra resolución, ora porque es en la motivación donde se la identifica” (Cas. Civ. nov. 15/95).
2. El tribunal, como resulta del compendio del fallo impugnado, consideró procedente la subrogación de la aseguradora demandante en los derechos de la asegurada, por haberse demostrado “… la existencia del contrato de seguro, del siniestro y de su indemnización”, derecho que sin embargo consideró limitado “… hasta concurrencia del importe”, tope que lo llevó a considerar improcedente el “… reconocimiento de la correspondiente indexación” reclamada, criterio en apoyo del cual invocó la doctrina de la Corte, según la cual “… el artículo 1096 del Código de Comercio solamente faculta a la compañía aseguradora a subrogarse en los derechos del asegurado hasta concurrencia del importe de lo pagado, sin que de ahí se desprenda el reconocimiento de más emolumentos que aquellos que en su momento pagó por concepto de indemnización”.
Aunque tal predicamento, a primera vista estaría ordenado a justificar su decisión de negar el reajuste monetario reclamado por el asegurador sobre la suma reconocida al asegurado, en el fondo implica una decisión negativa sobre toda aspiración del asegurador subrogatario de obtener, del autor del daño, cualquier concepto distinto de la suma pagada como indemnización, en su valor nominal, pues eso y no otra cosa es lo que se desprende de su explicación referente a que el derecho que legalmente se le otorga no habilita “… el reconocimiento de más emolumentos que aquéllos que en su momento pagó por concepto de indemnización”, exclusión dentro de la cual queda comprendido todo factor distinto del guarismo en el que estuvo representada la indemnización reconocida por el asegurador, como lo son los intereses solicitados, pretensión que en consecuencia no se quedó sin la solución que la censura echa de menos, porque al desbordar, según el criterio del sentenciador, el entorno propio dentro del cual opera la subrogación legal del asegurador que ha sido respetuoso de sus compromisos contractuales, implícitamente fue desestimada, de modo que no siendo real la falta de adecuación del fallo con la pretensión que la censura subraya, mal podría redundar en la prosperidad del cargo.
Como la fundabilidad del primer cargo conduce a la casación del fallo, en el punto al que él se contrae, corresponde a la Corte proferir, en sede de instancia, el que debe reemplazarlo.
Sentencia sustitutiva.
1. Como la sentencia del tribunal se infirmó por la prosperidad parcial del recurso, las motivaciones que resultaron indemnes o marginadas del ataque se mantienen incólumes y se dan por reproducidas en este fallo.
De acuerdo con ellas, y con lo que hubo de exponerse al examinar el cargo que prosperó, al sustraerse Panalpina S.A. a las obligaciones que contrajo con Procedatos S.A. con ocasión del contrato de comisión de transporte que celebraron, debe resarcir los perjuicios que de la infracción contractual derivó aquella, de cuyo importe debe reconocerle entonces la suma de $ 44.081.048, corregida monetariamente hasta la fecha del pago, y el saldo, que asciende a $ 52.344.601, a la aseguradora codemandante, subrogada en los derechos de la primera, en esa cantidad, que a título de indemnización le abonó en desarrollo del contrato de seguro que ajustaron, con el ajuste monetario correspondiente, entre el 22 de junio de 1993, fecha en que la prestación asegurada fue satisfecha, como se desprende del documento que obra a folio 38 del cuaderno principal, y el momento de su solución a la subrogataria, actualización que deberá verificarse con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE.
2. Por tal razón, el fallo apelado se revocará en su integridad.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 27 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario promovido por Procedatos S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. frente a Panalpina S.A., y actuando en sede de instancia,
“Primero. DECLÁRASE civilmente responsable a la sociedad Panalpina S.A., por incumplimiento en la ejecución del contrato de comisión de transporte suscrito con la Compañía de Procesamiento de Datos “Procedatos S.A.”.
“Segundo. CONDÉNASE a la sociedad Panalpina S.A. a pagar a favor de la compañía Aseguradora Colseguros S.A. la suma de $ 52.344.601”, corregida monetariamente desde el 22 de junio de 1993, hasta la fecha del pago, siguiendo el procedimiento indicado en las motivaciones.
“Tercero. CONDÉNASE a la sociedad Panalpina S.A. a pagar a favor de la Compañía de Procesamiento de Datos “Procedatos S.A.” la suma de $ 44.081.048, más la indexación causada desde el 28 de enero de 1993, hasta que se verifique el pago, según certificación emitida por el Banco de la República sobre el índice de precios al consumidor”.
“Cuarto. CONDÉNASE en costas de ambas instancias a la sociedad demandada”.
Quinto. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.
Sexto. Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Magistrados: Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez, Salvo voto—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena, Con salvedad parcial de voto—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete.
Salvo mi voto porque a mi juicio bien hizo el tribunal al denegar la corrección monetaria, y por eso no cabía esperar que prosperase el cuestionamiento que al punto trae el primer cargo elevado en casación por la aseguradora. Curiosamente enfatiza la sentencia que todo se hace a título de equidad. Y enseguida apuntala la decisión en el precedente de 18 de mayo de 2005. Pero ni ahora ni entonces se destruye la verdadera argumentación por la que la Corte venía sosteniendo la posición contraria. Vayan, pues, las mismas palabras de que me serví para apartarme a la sazón, las cuales transcribo:
“¿Es exactamente lo mismo que al autor de un daño lo persiga la víctima, a cuando lo persigue es otro que ha pagado por él, caso de las aseguradoras?
Nuevamente se ocupa la Corte de cuál debe ser el monto de la subrogación prevista en el artículo 1096 del Código de Comercio. Vale decir, si el monto que pagó la aseguradora ha de ser escueto o, antes bien, con la respectiva corrección monetaria. La Corte venía inclinándose por aquello. Hoy ha variado. Como no veo, ni descubrir puedo, razones de peso para acompañar ese cambio, fuerza es salvar mi voto. Y todo pese a las copiosas páginas de la sentencia de ahora, generosa sí en transcripciones y citas, pero no explican en modo alguno porqué la Corte, si bien reconoce la corrección monetaria para muchos casos, no la abrazaba para este caso particular. La razón nunca ha sido larga; más bien es contundente.
El asunto, pues, no era tanto en entregarse con ardor a demostrar el origen, fundamento, justificación y bondad de la indexación, cosas más que dichas, como en demostrar cómo ni aun lo particular del caso escapaba a la regla general. Porque, bien vale recalcarlo, la Corte obró en el pasado siempre sobre la base de la singularidad que denota la especial subrogación del artículo 1096 del Código de Comercio, señaladamente en que la triangulación que supone la subrogación en general, particularizada se hallaba aquí porque la aseguradora no paga deuda ajena sino propia. La aseguradora, en efecto, pagó lo que se comprometió a pagar por un contrato de seguro, por el cual a su vez cobró. Y claro, eso ya marca una enorme diferencia. Hoy la Corte, sin hacer cuenta de esa desemejanza dice que da lo mismo que el abono de perjuicios lo persiga la víctima o la aseguradora que le paga. Y así como a aquel habría de reconocérsele en su caso la indexación, en pie de igualdad ha de hacerlo cuando es la aseguradora la que demanda. Allá quien vea en ello cosas iguales y por ahí derecho se crea con autoridad para reclamar a voces la aplicación de la Constitución Política. La aseguradora, repítese, paga porque es su deber hacerlo so pena de incumplimiento. Y ese origen obligacional percute en que no puede reclamar lisa y llanamente por los perjuicios causados a la víctima, sino hasta cierto monto, exactamente lo que pagó. Algo así como un simple reembolso. Por eso sostuvo la Corte que en ese caso la equidad de la corrección no operaba. Es por eso y por nada más, que se ha cuidado de indexar allí; vale decir, no es porque haya dicho, como si contrariara su misma jurisprudencia, que al indexarse se paga un perjuicio o se paga de más, como pareciera sugerirlo ahora la mayoría, desde luego si se mira el énfasis que pone en ello. Sencillamente se tergiversa a la Corte cuando así se la refuta.
Y valga recordar algo que definitivamente aclara la posible tergiversación. En efecto, igualmente ha dicho la Corte, esta sí doctrina invariable hasta hoy, que tampoco opera la tal corrección, precisamente en aplicación de ese principio superior, cuando el contratante, aunque incumplido, tiene derecho a la restitución de las sumas de dinero que entregó; así en fallos de 15 de junio de 1993 y 21 de marzo de 1995, expediente 3328, doctrina precisada posteriormente en sentencia de 6 de julio de 2000, y últimamente reiterada en fallos de 15 de enero, 12 de marzo y 4 de junio de 2004 (exps. 6913, 6759 y 7748), decisiones donde el criterio expuesto fue el de que, en caso de resolución de una promesa de compraventa, el comprador incumplido ''debe recibir en su valor histórico o nominal, esto es, sin reajuste, debido a que, al serle imputable el incumplimiento contractual que propició la resolución del contrato, no puede beneficiarse de él, porque de ser así, además de prohijarse el incumplimiento contractual, se atentaría contra los principios de justicia y equidad, razón por la cual, la doctrina de la corporación ha sido constante en señalar, que el contratante incumplido debe soportar ''... los efectos dañosos de la inflación...'' y que en la misma eventualidad, tampoco hay lugar a reconocer ''... deudas por intereses de origen legal'' [Cas. Civ. jun. 15/93]'' (G.J. t. CCXXXIV, pág. 453).
Oportuno ha sido traer a capítulo esto último, para ver de demostrar que lo decisivo en casos tan particulares es el principio de la equidad, y no el argumento de que quien paga indexado no está cancelando ni un peso de más, como con reiteración irritante lo hace la sentencia de ahora; pues entonces la pregunta obligada es: si es cierto que lo importante y definitivo es que nadie paga más cuando indexa, ¿por qué no ha obligado la Corte a que el contratante incumplido sea restituido también con indexación? Según los propios términos que hoy emplea, ¿no estaría él recibiendo exactamente lo mismo? O lo que es decir, el obligado a restituir nada agregaría con devolver indexado; o es que por dicha, ¿ese sí está autorizado para recibir un dinero con cierto poder adquisitivo y devolver otro envilecido? O es que si lo obligan a indexar, ¿estaría premiando al otro incumplido? ¿Y premiando de qué si no estaría recibiendo ningún plus? No hay duda, así, que lo relevante es la equidad. Las demás justificaciones quedan entonces fuera de lugar y lo que hacen es confundir.
En la subrogación dicha, pues, es muy difícil justificar la indexación en equidad. Y de paso, sobre todo para épocas severas de inflación, subrogarse en dichos términos sería la mejor inversión, pues se cobra por pagar (contrato de seguro), y, en pagando, a cubierto queda de la desvalorización de la moneda, por ingente que ella sea. Pagar por otro, inversión segura.
Por todo ello sigo hoy pensando lo mismo que antes. Razón más que suficiente para reproducir la sentencia que hoy se cambia, en donde aparece con mayor claridad explicado el asunto.
Consagra el artículo 1096 del Código de Comercio que ''el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro''.
Aproximando la norma al cargo en estudio, cabe memorar que la Corte en jurisprudencia que es reiterada e invariable, ha precisado los alcances de la expresión ''hasta concurrencia de su importe'', para cuya reseña basta traer, en vía de ejemplo y en orden cronológico, los siguientes pronunciamientos:
a) Dijo en 1981 que ''cuando por presentarse el siniestro la compañía aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnización, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del daño, pero solo hasta el valor de la suma pagada. (…). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (C.Co., art. 1088) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior'' (1) .
b) Confirmó y amplió este criterio en 1985 al puntualizar que ''en orden a precisar los alcances de la subrogación legal que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnización que paga el asegurador estará determinada por el valor del daño derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en términos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el artículo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de daño asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, ''transmitido'' ope legis por el asegurado, es la del día del pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar limitada también la responsabilidad del causante del siniestro.
''Si con miras a la correcta interpretación del citado artículo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el artículo 27 del Código Civil, será necesario insistir que la expresión ''hasta concurrencia del importe'' no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es así por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepción jurídica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnización que él pagó al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestación correspondiente a su obligación y porque opera en función del cálculo de las probabilidades'' (2) .
c) En 1993 tuvo la oportunidad de expresar que ''ha querido el legislador otorgarle al pago del seguro con subrogación una naturaleza de orden público, con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias allí indicadas, con cierta autonomía de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o después del pago. En efecto, para determinar el límite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta únicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado o de las circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc. Luego se trata de un límite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, también da seguridad jurídica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del daño. Por eso, prescribe el artículo 1096 del Código de Comercio que la subrogación legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como límite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intención inequívoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho límite. (…). Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto del seguro'' (3) .
d) En 1995 reafirmó su jurisprudencia, la cual se halla vigente, al manifestar que ''la expresión ''… hasta concurrencia del importe…'' a que alude el artículo 1096 del Código de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, razón por la cual no puede tener un alcance distinto al que señala su tenor literal. La razón de ser de este precepto estriba en el carácter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza''. Y más adelante agrega que ''el cimiento de la subrogación no es propiamente la protección patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogación, la cual, en verdad, tiene por objetivo básico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del daño, así como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El carácter indemnizatorio lo fija la ley para la prestación a favor del asegurado, desde luego, para evitar allí también que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para este. Todo lo cual se halla inspirado en nítidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese carácter indemnizatorio se traslada a la pretensión del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del daño, solo podrá ser dentro del marco de su propia erogación, no solo por lo ya dicho, sino también porque no se entendería cómo si el asegurador solo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por razón de la pérdida sufrida por este, él sí pueda exigirle al causante del daño una corrección monetaria que no ha cubierto, máxime cuando no fue el directamente perjudicado.
Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de ''mantener el equilibrio de las relaciones jurídicas'' como un presupuesto para aplicar la corrección monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnización no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, sino de pago de una prestación debida, mucho menos resulta serlo el reembolso nominal de la indemnización'' (4) .
Son tan sólidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasión. En efecto, todos ellos a una, descubren las potísimas razones que entregan una fisonomía jurídica muy propia a la subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene más derecho que a la suma que efectivamente pagó por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabilísima, y hace de su preceptiva el acuñamiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera más aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jurídicas que se dan cita en el punto.
No es de recibo argüir, entonces, que cuando así se decide resulta desnaturalizado el carácter indemnizatorio de la obligación subrogada, porque, insístese, la del artículo 1096 en cita es una subrogación de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente común del fenómeno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgió del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocación del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
En otros términos, al pagar el asegurador, libera o extingue la obligación del autor del daño, respecto del asegurado, hasta la cuantía de lo pagado, merced a la existencia de un contrato de seguro que protegía a la persona que precisamente le trasladó el riesgo, quedando aquél subrogado, hasta esa cuantía, en los derechos del asegurado, según el imperativo legal. Es posible que de cara a esta disposición, el monto de la condena a cargo del responsable del daño no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante fuese la propia víctima, porque para esta no existe norma que de suyo limite, y su reclamo, ese sí indemnizatorio, podría gozar de mayor amplitud; mas, como ya se dijo, el diverso resultado se explica por la presencia de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las pérdidas, sin que por ello adquiera la calidad de víctima o de directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligación es muy otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha recibido contraprestación. Total que el asegurador no puede pretextar que la consabida limitación legal implique un empobrecimiento suyo. Ni es dable alegar, por otra parte, que sin la corrección monetaria el demandado resultaría pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violaría el artículo 1627 del Código Civil, pues sea lo que fuere, el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a renglón seguido, que todo ello es sin ''perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes'', con lo que dejó de lado explicar, como es de necesidad en un recurso dispositivo, por qué su caso lo enmarca en la regla general y no cuadra dentro de las excepciones, siendo que, como viene de verse, la subrogación del artículo 1096 es asaz particular.
Y como quiera que la Corte estima que la solución dada por la ley es la más justa de todas, antinómico fuera reconocer la corrección monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la corporación en otros asuntos”.
Para sustentar mi disentimiento con el criterio mayoritario de la Sala, en punto de la corrección monetaria concedida a la aseguradora, asiento las siguientes razones que, en lo fundamental, son las mismas que aduje en ocasión anterior al consignar mi discrepancia con el fallo que sirve de sustento a este.
1. Si, como en algunos apartes de la sentencia se asevera y sobre esa misma hipótesis se desdoblan los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que la soportan, la indexación obedece a la necesidad de corregir el efecto pernicioso y, muchas veces, devastador que la excesiva depreciación del signo monetario produce en las relaciones obligacionales, reluce manifiesto que en las actuales circunstancias que vive la economía del país, no se vislumbra, ni por asomo, que en asuntos como el de esta especie, exista el afán apremiante de restablecer el equilibrio prestacional perdido, o de enmendar repulsivas iniquidades, o de procurar el pago completo de la deuda cuya satisfacción integral se vea seriamente amenazada por la aguda pérdida de poder adquisitivo de la moneda y que de no mediar la intervención judicial comportaría un indeseable detrimento económico para el acreedor; no se evidencian, en fin, ninguna de las hipótesis en las que esta corporación ha acudido, sin vacilación alguna, a intervenir en las relaciones jurídicas con miras a evitar o reparar irritantes injusticias.
En efecto, habiendo superado la economía patria el grave proceso inflacionario que la aquejaba y luego de reducir y mantener la inflación en un dígito, concretamente en una cifra oscilante entre el 5 y el 7% anual, no entiende el suscrito magistrado cuál la razón para que en relaciones jurídicas como la que ahora nos ocupa deba ordenarse la corrección monetaria de la suma pagada por la aseguradora al asegurado. Si dicha relación obligatoria no ha sido golpeada por los efectos nocivos de acrecentados procesos inflacionarios, no hay razón alguna que, en términos de realidades materiales, exija la indexación de ese pago.
No debe olvidarse al respecto, que el asegurador recibe anticipadamente el valor de la prima, cuyo monto estipula con sustento en predicciones económicas y diversos cálculos de probabilidad, entre ellos, por supuesto, el concerniente con la depreciación de la moneda, que aquí y ahora, además de ser un fenómeno apenas perceptible, es claramente predecible, particularmente en lo relativo a su monto; amén que, como es sabido, el negocio se estructura a partir de un principio de cooperación financiera básico, en virtud del cual se constituye un fondo formado por la contribución colectiva y proporcional de los asegurados, enderezada a soportar riesgos análogos. Ese fondo, constituido en lo medular, como ya se dijera, con el monto de las primas pagadas, le permite al asegurador realizar las inversiones y demás transacciones económicas que considere oportunas para indemnizar, sin padecer menoscabo patrimonial, los eventuales siniestros, pago que, valga la pena destacarlo de una vez, hace en términos estrictamente nominales, es decir, que es el asegurado quien corre con el gravamen de la eventual desvalorización de la unidad monetaria.
No se evidencian ahora variables inestables o inesperadas que golpeen ese fondo, ni enojosos desarreglos económicos que solucionar. Inclusive, para ser francos, se rompe la proporcionalidad que gobierna el negocio aseguraticio permitiéndole al asegurador cobrar indexada la suma que ha sufragado, pero tolerándole pagar sus obligaciones al asegurado (quien con antelación le ha pagado la prima) y a terceros en cifras nominales, vale decir, no revaluadas. O, para decirlo en otros términos: paga nominalmente pero recupera con corrección monetaria.
2. No advierto aquí, pues, desproporción, desequilibrio, detrimento o injusticia alguna que enmendar mediante la indexación monetaria. Es que no debe olvidarse que han sido esas circunstancias las que, en su momento, han justificado la intervención de esta corporación en las relaciones jurídicas para corregir el signo monetario objeto de alguna obligación. Y si no median condiciones especiales de esa índole, conceder, sin más, la indexación, es tanto como abrazar sin rebozo, una concepción valorista de la moneda, criterio que me parece, sinceramente, preocupante.
En efecto, no obstante que no se trata de un principio absoluto, ni hoy podría serlo e, inclusive, para muchos, tampoco el más deseable, lo cierto es que, dada la estabilidad que ofrece y la facilitación de la prognosis de las obligaciones, sobre el principio nominalista se edifican diversas estructuras económicas y jurídicas del país; por supuesto que como el valor del signo monetario es invariable, los particulares conocen anteladamente cuál es la medida de sus derechos y de sus obligaciones, quedando de ese modo despejada toda incertidumbre al respecto, con la subsecuente reducción de la litigiosidad (como las obligaciones se expresan en una suma de unidades monetarias, es fácilmente reconocible tanto su naturaleza como su extensión).
Inclusive, es incontestable que la actividad comercial y económica se estructura sobre la base del valor nominal de la moneda, de modo que cualquier desviación de este principio viene a interferir con el desarrollo adecuado de aquella. “Las instituciones y las empresas, dice Hirschberg, están sujetas a una práctica administrativa que es difícil de modificar. Los requisitos de control y eficiencia demandan que ella se apoye en bases simples y fácilmente compresibles. Las sociedades comerciales, y en realidad toda empresa o unidad económica de cierta envergadura, deben llevar sus libros. Estos están redactados sobre la base del valor nominal de la moneda, y una desviación de este principio determinaría una interferencia con la práctica conforme a la cual se los lleva.
Cuando un cliente deposita en un banco una suma de dinero, este inmediatamente sabe cuáles son sus derechos y obligaciones hacia el primero. Los límites de la obligación del banco están absolutamente fijados por el monto nominal de su deuda. Ello le permite no tomar en consideración en el desarrollo de su actividad, los cambios de valor de la moneda ni la suerte que ella corra, ya que nunca deberá devolver a sus clientes una suma mayor que la depositada. De tal modo los negocios bancarios son manejados conforme al valor nominal de la moneda. Esta es la razón por la cual durante la revaluación alemana los bancos fueron exceptuados de ella. (…) Reglas similares son aplicables a las instituciones financieras, como las sociedades de inversión y compañías de seguros. Ellas también organizan su actividad sobre la base del valor nominal del dinero. (…) Como todos los sectores del sistema económico están interrelacionados e interconectados, apartarse del principio nominalista crearía una reacción en cadena y afectaría su adecuado funcionamiento” (5) .
Pero, además, como igualmente lo destaca el reseñado autor, las grandes decisiones económicas actuales se adoptan con sustento en balances, cuenta de ganancias y pérdidas, inventarios y otros muchos documentos comerciales elaborados todos ellos según el valor nominal de la moneda. “Los controles en las distintas unidades económicas se llevan a cabo sobre la base del principio nominalista, así como también sus planes de desarrollo. La cooperación de tales empresas con sus proveedores, acreedores y clientes se ve asegurada en virtud del enfoque nominalista, que también afianza los contratos de aquellas con el público y los organismos gubernamentales. El precio de compra de los distintos componentes de un inventario está expresado en el balance conforme a su valor nominal; de la misma manera que el precio de compra de las mercaderías de un negocio figuran en el registro correspondiente conforme al mismo valor. (…) La actividad comercial se desarrolla cotidianamente mediante compensaciones entre créditos y deudas, todos ellos expresados según el principio nominalista. Los títulos circulatorios, como el cheque, la letra de cambio y los bonos cotizables en bolsa, son emitidos conforme al valor nominal de la moneda.
“La desviación del principio nominalista provocaría una interferencia con la estabilidad y continuidad del sistema económico y causaría disturbios y litigios, amén de requerir múltiples ajustes” (6) .
Inclusive, desde una perspectiva macroeconómica, si no hay razones superiores, como en la actualidad no las hay, que demanden en los asuntos de esta especie la indexación de la prestación monetaria, no es recomendable concederla por el efecto multiplicador que concesiones de esa estirpe pueden generar; desde luego que “si todo acreedor se siente con derecho a exigir el reajuste de su crédito sin respetar sumas, el efecto multiplicador de tal actitud sería un auténtico factor inflacionario” (7) .
3. Demostrado como se encuentra que no existen razones justicieras que aconsejen la corrección monetaria de la deuda del tercero civilmente responsable para con el asegurador que se ha sustituido a la víctima, resta por examinar si la subrogación derivada del pago de su obligación es suficiente motivo de justificación.
Al respecto, baste con recordar que si bien no puede negarse que el pago del asegurador lo subroga en la misma acción de la que es titular la víctima, no es menos cierto que se trata de una forma de sustitución personal bastante singular pues el contexto que la rodea le acuña una indeleble impronta. Lo primero que en el punto cabe precisar es que no es el asegurador quien realmente recibe el perjuicio, pues no era el titular del derecho menoscabado ni se ve sorprendido por el hecho lesivo.
Por el contrario, este ha recibido anticipadamente la prima, que aporta a un fondo especialmente conformado para atender el futuro siniestro, el cual no solo ha previsto, sino, también, ha tenido la oportunidad de adoptar todas las medidas encaminadas a mitigar sus efectos. Es decir, que además de prever el hecho, con el pago anticipado de la prima, y gracias al cálculo de probabilidades y al análisis de las predicciones económicas, asume los correctivos necesarios para impedir una lesión patrimonial. Desde esa perspectiva su situación es muy distinta que la de la víctima, a quien, por el contrario, con la indemnización se trata de dejar en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de sufrir el perjuicio, esfuerzo que no es menester emprender frente a la aseguradora porque esta, a menos de existir inesperados y severos procesos inflacionarios, ya lo ha hecho anteladamente.
Como no hay razones para modificar la añeja jurisprudencia que ahora la Corte, presurosa e intempestivamente recoge, menos aun cuando en lugar de agravarse, se han morigerado, las circunstancias en las que ella fue decantada, debo separarme del criterio que aquí se adopta.
(1) Casación Civil de 22 de enero de 1981, G.J. CLXVI, página 156.
(2) Casación Civil de 6 de agosto de 1985, G.J. CLXXX, página 239.
(3) Casación Civil de 23 de septiembre de 1993, G.J. t. 2464, página 567.
(4) Casación Civil de 13 de octubre de 1995, G.J. 2476, página 1123.
(5) Hirschberg, Eliyahu. “El principio nominalista”. Desalma. Buenos Aires. 1976. Página 54.
(7) Zannoni, Eduardo. “Revaluación de obligaciones dinerarias (indexación)”. Astrea. 1977, página 12.

References: artículo 1096
 artículo 1502
 artículo 1313
 artículo 1316
 artículo 982
 artículo 1030
 artículo 992
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 resolución 
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 artículo 1312
 artículo 1216
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 artículo 1308
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 artículo 368
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 resolución 
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 artículo 1096
 artículo 1096
 artículo 1096
 resolución 
 resolución 
 artículo 1096
 artículo 1096
 artículo 1080
 artículo 1096
 artículo 27
 artículo 1096
 artículo 1096
 artículo 27
 artículo 1096
 artículo 1096
 artículo 16
 artículo 1627
 artículo 1096