Source: http://bazica.org/informe-no-96091.html
Timestamp: 2019-02-22 16:03:22+00:00

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8. Según los peticionarios, las violaciones del presente caso se insertan en dicho contexto de violenta represión estatal contra la lucha por la reforma agraria en Brasil, y específicamente en Paraná. Los peticionarios sostienen que el 2 de mayo de 2000, aproximadamente 50 buses con más de 1.500 trabajadores rurales se dirigían a la ciudad de Curitiba, capital de Paraná, a fin de realizar una marcha por la reforma agraria, culminando con una protesta en celebración al Día del Trabajador (1 de mayo) en frente al edificio del INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria)2.
9. Conforme a la petición, la caravana fue interceptada por policías militares en el municipio de Irati, y los policías militares revisaron los buses y aprehendieron materiales en los compartimientos de bagaje de los buses3. Posteriormente, según los peticionarios, los policías militares pasaron a escoltar la caravana en dirección a Curitiba; sin embargo, más adelante, en el kilómetro 108 de la carretera BR 227, municipio de Campo Largo, sin cualquier justificación aparente, los policías militares bloquearon la carretera y obligaron a la caravana a regresar, impidiendo su llegada a la ciudad de Curitiba.
10. Los peticionarios alegan que, en virtud de lo anterior, los pasajeros de uno de los buses, incluido Antônio Tavares Pereira, habrían bajado del bus, a fin de averiguar las razones del bloqueo, tras lo cual, sin ningún intento de negociación o conversación y sin ninguna razón que justificara el uso de la fuerza letal, los policías militares supuestamente empezaron a disparar sus armas de fuego contra dichas personas. Entre los policías militares, según los peticionarios, estaba el soldado de la policía militar Joel de Lima Santa’Ana, quien habría disparado su carabina y alcanzado a Antônio Tavares Pereira, quien fue socorrido por los trabajadores rurales y posteriormente murió en el Hospital del Trabajador debido a una hemorragia aguda en el abdomen. Asimismo, los peticionarios observan que la represión policial resultó en 185 trabajadores rurales heridos (debidamente identificados en el Anexo 7 de la petición)4.
27. La CIDH ha sostenido reiteradamente que, en general, se entiende que los sistemas judiciales militares (las investigaciones y los juicios) no ofrecen recursos eficaces para tratar violaciones de los derechos humanos, por lo cual, aquellos cuyos procesos son seguidos ante el sistema de la justicia militar no necesariamente se les exige agotar los recursos internos antes de presentarse ante la Comisión (véase infra). El mismo razonamiento ha sido aplicado sistemáticamente por otros órganos internacionales relevantes de derechos humanos5.
28. Específicamente con respecto a Brasil y al sistema interamericano de derechos humanos, la CIDH ha recomendado al Estado, desde 1997, “atribuir a la Justicia común la competencia para juzgar todos los crímenes que sean cometidos por miembros de las policías ‘militares’ estaduales“6. En efecto, en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), la Comisión estableció que, en Brasil, estos tribunales tienden a ser indulgentes con los policías militares acusados de violaciones de los derechos humanos y de otras ofensas criminales, lo que facilita que los culpables queden en la impunidad7.
29. Esta posición de la Comisión es general y se aplica a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Al respecto, en 1993, la Comisión recomendó a todos los Estados miembros que “en ningún caso se permita el juzgamiento de actos violatorios de los derechos humanos en cortes militares“8. Análogamente, en 1994, la CIDH recomendó que todos los casos de violaciones de los derechos humanos sean, pues, juzgados por tribunales de la justicia ordinaria9. Y, en 1998, la Comisión reafirmó que, en cualquier caso, la jurisdicción militar debe excluir los delitos contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos10.
En relación con la investigación llevada a cabo en el ámbito militar, la Comisión ha establecido una jurisprudencia firme en el sentido de que el juzgamiento de violaciones de derechos humanos realizado por la justicia militar no constituye un recurso idóneo, razón por la cual los peticionarios no están obligados a agotar los recursos internos relativos a la justicia militar11.
31. En el mismo sentido, en su decisión sobre la admisibilidad en el caso 11.820 (Eldorado dos Carajás), de 2003, la CIDH concluyó que “la Comisión considera que la policía militar no tiene la independencia y autonomía necesaria para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por policías militares”12. En efecto, la CIDH subrayó que la investigación de las violaciones de los derechos humanos por la propia justicia militar entrañaba problemas, y afirmó:
La investigación del caso por parte de la justicia militar precluye la posibilidad de una investigación objetiva e independiente ejecutada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las fuerzas de seguridad. El hecho de que la investigación de un caso haya sido iniciada en la justicia militar puede imposibilitar una condena aún si el caso pasa luego a la justicia ordinaria, dado que probablemente no se han recopilado las evidencias necesarias de manera oportuna y efectiva. Asimismo, la investigación de los casos que permanecen en el fuero militar, puede ser conducida de manera de impedir que éstos lleguen a la etapa de decisión final13.
32. En la decisión sobre admisibilidad en el Caso Eldorado dos Carajás, la Comisión concluyó que “la legislación brasileña no ofrece el debido proceso legal para investigar efectivamente presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía militar”14. Por tanto, no es obligatorio agotar los recursos internos, puesto que, “aunque existe formalmente un recurso para investigar en Brasil violaciones a los derechos humanos cometidas por policías militares, la competencia que la legislación brasileña atribuye a la propia policía militar para investigar dichas violaciones implica en la práctica una razón legal que impide que dichos recursos puedan ser debidamente agotados, por no existir el debido proceso requerido para ello”15.
Como contrapartida, un juez o un tribunal militar que actúe como juez y parte en el juzgamiento de los crímenes comunes cometidos por los miembros de la corporación policial militar, [cita omitida] no puede ofrecer las garantías necesarias para asegurar el ejercicio de esos derechos a las víctimas y a sus familiares16.
[...] Las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas conforme a la ley, por los tribunales penales ordinarios. No debe permitirse la inversión de jurisdicción en esta materia, pues ello desnaturaliza las garantías judiciales, bajo un falso espejismo de eficacia de la justicia militar, con graves consecuencias institucionales, que de hecho cuestionan a los tribunales civiles y a la vigencia del Estado de Derecho. 17
36. Por último, sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en la Convención Americana, tales como las garantías de acceso a la justicia y, en este caso, en virtud de que la falta del debido proceso legal adviene de la propia legislación brasileña, el posible incumplimiento con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. No obstante, el artículo 46.2 de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de dicho instrumento internacional. En consecuencia, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un parámetro de apreciación distinto al utilizado para determinar la posible violación de los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana.18 Por tanto, la Comisión Interamericana aclara que las causas y los efectos que han resultado en la falta del debido proceso legal en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el informe que adopte sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente corresponden a violaciones de la Convención Americana.
38. En las circunstancias del presente caso, la CIDH se pronunció supra sobre la aplicabilidad a estos hechos de una excepción a la regla del agotamiento de los recursos internos, por lo que corresponde determinar si la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. La petición fue presentada el 1º de enero de 2004, es decir seis meses después de la decisión de sobreseimiento de la acción penal que hizo tránsito a cosa juzgada el 1º de julio de 200319. Por tanto, la CIDH concluye que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable, y tiene por cumplido el requisito del artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH.
40. Corresponde a la Comisión Interamericana determinar si los hechos descritos en la petición caracterizan violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana, conforme a los requerimientos del artículo 47.b, o si la petición, conforme al artículo 47.c, debe ser rechazada por ser “manifiestamente infundada” o por resultar “evidente su total improcedencia”. En esta etapa procesal corresponde a la CIDH hacer una evaluación prima facie, no con el objeto de establecer presuntas violaciones a la Convención Americana, sino para examinar si la petición denuncia hechos que potencialmente podrían configurar violaciones a derechos garantizados en la Convención Americana. Este examen no implica prejuzgamiento ni anticipo de la opinión sobre el fondo del asunto20.
42. Además, de ser probado que la acción de la policía militar fue realizada con el objeto de restringir injustificadamente el derecho de reunión pacífica y sin armas y de circulación de las presuntas víctimas, en el contexto de una reunión para llevar a cabo una marcha por la reforma agraria, la Comisión decide que podría caracterizarse una violación de los artículos 15 y 22 de la Convención Americana. En relación con lo anterior y en virtud del principio iura novit curia, la Comisión considera que de ser probados tales hechos, podría caracterizarse una violación al artículo 13 de la Convención Americana21.
1 El Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones ni en la decisión de la presente petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
2 Órgano federal encargado de promover la reforma agraria en Brasil.
3 Dichos materiales incluían: 1 revólver, centenares de armas blancas (por ejemplo, 180 guadañas, 52 machetes, 2 azadones, 40 palos de madera, 13 navajas y 6 cuchillos), 17 banderas del MST, 25 gorras, 1 camisa, y ciento y cincuenta reais en efectivo (Anexo 2 de la petición – Auto de Exibição e Apreensão, Inquérito Policial 182/2000).
4 Según la lista presentada por los peticionarios, las presuntas víctimas son Antônio Tavares Pereira y los siguientes 185 trabajadores rurales sin tierra heridos: Abrãao Mateus, Abel Marciano de March, Acir Alves, Adão Mendes Silvestre, Adão Ribas, Adelino Lima, Ademar de Araújo, Ademar Menegoso, Ademar Ribeiro da Silva, Ademir Ferreira dos Santos, Ademir Ruibo da Silva, Adenilson Danilo de Mello, Adenir Terezinha C. da Silva, Adilson Manoel de Jesus, Adriane Chaves, Agnaldo Ananias dos Santos, Agostinho Dimer, Airton Garcia, Airton Lopes Bueno, Albari Farias, Alcindo Ferreira, Alcino Ferreira Ortiz, Almir L. Trindade, Altair Bertoldo, Altamiro Barros Padilha, Alvaro Luiz Regin, Alvino dos Santos, Amadeu Padilha, Anderson Kenur, André Dirceu Obereck, André Luiz Trevisan, Andréia Borges Ferreira, Angelina Balbinotti, Anselmo Camargo, Antenor Alsirio, Antonio Chavier, Antonio Domingos Alves, Antonio Ferreira de Melo, Antonio Vieira, Antonio Willerme Emke, Aparecido José Batista, Ari Zaparoci, Arnaldo da Silva Portilho, Avelino Nienow, Bacellar Jacob Oliveira, Bento Rodrigues de Oliveira, Bernardino Camilo da Silva, Celso F. Oliveira, Claudemir Felix da Silva, Clenilda Gonçalves, Dalmo Sales da Silva, Davi Sturzlucker, Domingos Gonçalves Chagas, Edson Martins da Silva, Elcio Beck, Eliane Machado Martins, Elias Dimas Barros, Erick Soares dos Santos, Eva Maria Rosa Denegá, Fábio Pereira Mendonça, Fermino Nogueira, Florentino Elísio dos Santos, Francisco Adirceu da Silva, Francisco Bordowivz, Francisco de Assis dos Santos, Gabriel Titon, Genor Titon, Gerson Ferreira, Gilmar da Silva, Gilson Atanazildo, Guilherme Marcelino Neto, Helen Bach, Hélio Luiz de Oliveira, Ibraim Amcancio Ribeiro, Istacir de Oliveira, Ivanir Sampaio de Lima Santos, Jair Casagrande, Jair Dangui, Jair de Souza Costa, Jair F. Sobrinho, Janaina Lourenço da Silva, Jelson Vieria dos Santos, João Alves de Oliveira, João Braz de Paula, João de Oliveira Cristo, João Isael de Souza, João Leonildo de Oliveira, João Maria Paz, João Maria Pereira, João Marques, João Natal Tavares da Cruz, João Oiramor Dangui, João Pedro Alves, João Prates Neto, João Prosperino Teixeira, João Valdecir das Chagas, Jocena Scheminski, Joel This da Costa, Joelmir Vieira, Jorge de Lima, Jorge Nunes de Paula, Josamar Dias de Siqueira, José A. de Moraes, José Antonio Pereira, José Batista Lopes, José da Silva, Jose de Oliveira, José Fernandes dos Santos, José Roberto Sgrinholi, José Rocha de Oliveira, José Ronaldo Bernardo Correia, José Saturnino de Lima, José Valcir Nunes de Almeida, José Valter da Rocha, Josefa Mendes, Jurandir dos Santos, Leandro Ribeiro da Silva, Leodir Rohenen, Leonardo Gonçalves Pedroso, Leozir Pereira de Quadros, Loreci Lisboa, Lorival Camargo, Lourdes de Jesus Ramos, Lucemara de Andrade, Luciana Aparecida Vieira, Luiz Ferraz Sobrinho, Luiz Medina, Lupercio Fonseca, Madalena Maria do Nascimento, Marcilio Aparecido Lopes, Márcio Undelino da Silva, Marcos Cesar Ribeiro, Maria Luiza Garcia do Nascimento, Maria Rozenilda Pingos, Maria Santos Alves, Marines Kropf Silveira, Mauro Paulo dos Santos, Miguel Carlos Borges, Miguel Korcezak Sobrinho, Mikiel Marcelo Takahara, Moacir de Barros, Moacir Sebastião de Quadro, Moacir Valdemiro Marcos, Nair Gomes dos Santos, Narciso dos Santos, Nereu de Almeida Araújo, Neuza Diba Marcos, Nilo Fagundes, Nilso Pereira, Nivaldo Neres de Noascimento, Odair José de Souza, Odair José Scongerla, Odilo Barbosa, Ordalino de Souza, Oscar Gloeden, Paulo da Silva Rocha, Paulo Fagundes, Pedro Martins dos Santos, Preo C. de Almeida, Regianaldo Sohm, Reinaldo da Silva Mendes, Remido Antonio Silveira, Rogério Mauro, Rosália de Melo, Roseli dos Santos, Sadi Pinheiro de Oliveira, Santo Soares da Silva, Setembrino Padilha, Severino dos Santos, Severino Farão, Sidnei Jahn, Valdecir Stoll, Valdemir Ferreira dos Santos, Valdinei Valim Cardoso, Valdir da Luz de Souza, Valdoir Zeferino, Valdomiro dos Santos, Valmir de Astor Jung, Veranilce dos Santos Souza, Vilmar da Silva, Vilmar Volnei Stelzer, Vilson Teodoro da Cruz, Wilson Barbosa, Zeferino Fronn, y Zilda Gonçalves da Silva.
5 Véase ONU Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/44, Administración de justicia por los tribunales militares y otras jurisdicciones de excepción, 15 de agosto de 2000, párr. 30; y 1995 Informe, Relator Especial sobre la Tortura. ONU Doc. E/CN.4/1995/34, 2 de enero de 1995, párr. 76(g).
6 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, Capítulo III (29 de septiembre de 1997), párr. 95(i).
7 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, Capítulo III (29 de setiembre de 1997), párr. 77.
8 CIDH, Informe Anual 1992-1993, OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14 (12 de marzo de 1993), Capítulo V (VII), párr. 6.
9 CIDH, Informe Anual 1993, OEA/Ser.L/V/II.85 Doc. 8 rev. (11 de febrero de 1994), Capítulo V (IV), Recomendaciones Finales, párr. 4.
10 CIDH, Informe Anual 1997, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc. 6 (17 de febrero de 1998), Capítulo VII, párr. 1.
11 CIDH, Caso 11.517, Informe No. 23/02, 28 de febrero de 2002, párr. 25.
12 CIDH, Caso 11.820, Informe No. 4/03, 20 de febrero de 2003, párr. 27.
13 CIDH, Caso 11.820, Informe No. 4/03, 20 de febrero de 2003, párr. 28.
14 CIDH, Caso 11.820, Informe No. 4/03, 20 de febrero de 2003, párr. 32.
15 CIDH, Caso 11.820, Informe No. 4/03, 20 de febrero de 2003, párr. 31.
16 CIDH, Caso 10.301, Informe 40/03, 8 de octubre de 2003, párr. 61.
17 CIDH, Caso 11.556, Informe No. 32/04, 11 de marzo de 2004, párr. 265.
18 CIDH, Informe No. 72/08, Petición 1342-04, Admisibilidad, Márcio Lapoente da Silveira (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 75; Informe No. 23/07, Petición 435-2006, Admisibilidad, Eduardo José Landaeta Mejía y Otros,(Venezuela), 9 de marzo de 2007, párr. 47; Informe No. 40/07, Petición 665-05, Admisibilidad, Alan Felipe da Silva, Leonardo Santos da Silva, Rodrigo da Guia Martins Figueiro Tavares, y otros (Brasil), 23 de julio de 2007, párr. 55
19 A ese respecto, la Comisión observa que el Estado, habiendo considerado que los recursos penales fueron agotados mediante la decisión definitiva del 1 de julio de 2003, alegó que la petición no habría cumplido con el requisito previsto en el artículo 46.1.b de la Convención Americana. No obstante lo anterior, la CIDH ha confirmado debidamente que la petición fue enviada y recibida por correo electrónico y fax el 1 de enero de 2004 (Véase Anexos I y II de la comunicación de los peticionarios del 12 de junio de 2006, comprobando el envío de la petición por correo electrónico a las 14:51 horas del 1 de enero de 2004, así como por fax transmitido a las 15:41:11 horas – duración de 31:51 minutos – del 1 de enero de 2004).
20 CIDH, Informe No. 21/04, Petición 12.190, Admisibilidad, José Luís Tapia González y otros (Chile), 24 de febrero de 2004, párrafo. 33.
21 Al respecto, la CIDH ya ha indicado que “la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. En general, ésta como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación de este derecho”. CIDH. Informe Anual 2005, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo V: Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión, párrafo 91.

References: artículo 46
 artículo 32
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 46