Source: http://palabrasdelderecho.blogspot.com.ar/2015/03/
Timestamp: 2017-07-21 00:36:34+00:00

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Con esos indultos, inexplicables, se perfeccionó un cuadro de profunda impunidad en nuestro país, con el Estado Nacional silenciando crímenes horrorosos que sufrió su pueblo durante esos sombríos años. Vinieron años durísimos para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado pero ellos siguieron bregando por Justicia. Fue así que se fueron abriendo pequeñas luces de esperanza desde lo judicial, por ejemplo y sólo para destacar algunos, la actuación de la Justicia Francesa que condenó en ausencia a prisión perpetua a Alfredo Astíz en 1990 por la desaparición de las monjas Domon y Duquet, también la del magistrado español Baltasar Garzón quién pidió la extradición y juzgó a Adolfo Scilingo por los vuelos de la muerte.
En tiempos que no se podía condenar, por regir las “leyes del perdón”, párrafo aparte merece un sector del Poder Judicial Argentino que a fines de la década de los 90, a pedido de los familiares y asociaciones de derechos humanos que fundándose en los pactos internacionales de derechos humanos y en el derecho a la verdad (que abarca el derecho a la memoria, el duelo -reclamo del cuerpo o el destino corrido por la víctima- y al patrimonio cultural -rito funerario- impulsaron la apertura de procesos judiciales cuyo propósito fue averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas. Así se iniciaron los “Juicios por la Verdad”, la Cámara Federal Platense lo hizo por medio de la Acordada 18 del 15 de abril de 1998 y luego se sumaron Mendoza, Mar de Plata y Bahía Blanca. En estos procesos, de notable importancia histórica e institucional, la inmensa cantidad de testimonios y pruebas colectadas sirvieron luego cuando la Justicia inició los juicios con facultad condenatoria. Además, se lograron encontrar una gran cantidad de cuerpos de personas desaparecidas para entregárselos a sus familiares para poder rendirles el respectivo culto.
De esta forma, envió un proyecto para dar por tierra con las “leyes del perdón” y fue el Congreso de la Nación en el año 2003, por medio de la ley 25.779, quién declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dos años más tarde, en una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Simón” (Fallos 328:2056), de 314 páginas de extensión, declaró la nulidad de dichas leyes de amnistía y expresó que los delitos cometidos por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
El nuevo mecanismo para ingresar a trabajar al Poder Judicial de la Nación (Remake) Con base en una ley nacional se configuró el nuevo sistema para igualar las posibilidades pero a un año de la recepción de cientos de miles de formularios de inscripción el Poder Judicial no ha avanzado en la implementación a diferencia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que lo han puesto en ejecución. Lineamientos generales e interrogantes de este cuadro de situación. Una reedición
En enero del año pasado escribimos un artículo sobre el mecanismo de ingreso democrático de la ley 26.861 y tuvimos una increíble repercusión. Era evidente que un nuevo procedimiento que permitiera aspirar a ingresar –en forma transparente– a trabajar al sistema de justicia genera el interés de muchos ciudadanos. Decíamos por aquel entonces que el conocimiento popular sobre el empleo judicial señalaba, con acierto, que mayoritariamente ingresan los familiares, amigos o aquellos que tienen un “padrino” que los ayuda a acceder. Un mero recorrido por los apellidos y por los pasillos de los tribunales de nuestro país confirma esta creencia. Existen nobles excepciones pero son una clara minoría. Ante ello el poder político tomó nota y el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nacional 26.861 de Acceso Democrático e Igualitario al Poder Judicial que instrumentó un procedimiento limpio para el acceso a los cargos en dicho poder del Estado. De un tiempo a esta parte han pasado muchísimas cosas -tanto materiales como normativas- que exigen una actualización (o remake) de aquel artículo para que sea útil a aquellos interesados en el nuevo mecanismo. Describiremos, a grandes rasgos, los principales sucesos que ocurrieron respecto al ingreso democrático.
En marzo del 2014, cumpliendo con lo previsto en la ley y en la Acordada 49/13, todas las Cámaras Nacionales y Federales del país recibieron los formularios de inscripción de los aspirantes pero no publicaron la lista de anotados –para lo cual la ley les daba un plazo de cinco días- y ya ha pasado el considerable termino de un año y no se registra ningún avance en el seno del Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema, el 3 de febrero de 2015, resolvió una situación delicada: la de los trabajadores interinos, es decir, aquellos que no cuentan con estabilidad y –en algunos casos- registran años de trabajo en el Poder Judicial. El Máximo Tribunal, por medio de la Resolución 6/2015, ordenó a las Cámara Nacionales, Federales y Tribunales Orales elaborar en 60 días un listado de los empleados interinos con antigüedad mayor a 6 meses y establece que, en la medida que se generen las vacantes, vayan ingresando estos empleados de la lista en carácter de efectivos. A esos efectos se establece la prioridad a aquellos de mayor antigüedad en el Poder Judicial. Ahora bien, más allá de estas medidas, el Poder Judicial sigue sin cumplir con el mecanismo de ingreso democrático –en los términos de la ley 26.861– dado que no están las listas de inscriptos, no hay temario de estudio, no hay fecha de exámenes y tampoco se avizoran, al menos a la fecha, pautas concretas de cumplimiento. Esto es una grave irregularidad que toma más cuerpo si se piensa que es el Poder Judicial –encargado de velar por la legalidad– quien se encuentra incumpliendo una ley de la Nación. Diferente es lo que ocurrió en el Ministerio Público de la Defensa –que reglamentó el procedimiento en febrero de 2014–, recibió inscripciones en marzo, tomó exámenes y efectuó los sorteos. Una conducta de apego a la ley digna de ser celebrada. El Ministerio Público Fiscal –reglamentó en marzo el procedimiento– y creó un sistema de inscripción digital con usuario con sesión individualizada que permite realizar todos los pasos en línea. En ese marco, el órgano estableció un calendario de inscripciones y concursos por jurisdicción de los cuales muchos se han realizado y otros están en trámite. El mecanismo se está cumpliendo. Ahora bien, llegó nuevamente el mes de marzo y una duda se hace patente: ¿El Poder Judicial debe recibir nuevas inscripciones? En mi opinión la respuesta es afirmativa dado, por un lado, en su reglamentación nada especificó al respecto y, por otro, que el texto de la ley 26.861, en su artículo 13, establece que "en el mes de marzo de cada año" la autoridad de aplicación recibirá los formularios. El mecanismo
La ley 26.861 se aplica tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público de la Nación y establece que el principio para el ingreso al empleo judicial es por concurso público y se aplica para cargos letrados, empleados, personal de maestranza y oficios. En el escalafón judicial “letrados” equivale a Secretarios y Prosecretarios que requieren título de abogado para el cargo, “empleados” será el cargo de auxiliar y “personal de maestranza y oficios” equivale al cargo de ayudante, ello conforme al Escalafón Judicial (Acordada 9/05 y 49/13 CSJN).
Se exceptúan del régimen, por mandato del 113 de la Constitución, los cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también, los que dependan directamente de la estructura central de Procuración General de la Nación, Defensoría General de la Nación y Consejo de la Magistratura. Por excepción, los jueces pueden designar de forma directa en los cargos de relator de Cámara y secretario privado de primera instancia, como también, dos cargos letrados pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva.
El órgano encargado de ejecutar este procedimiento de ingreso de empleados –autoridad de aplicación– será la Corte Suprema, la Procuración General o la Defensoría General de acuerdo a que se concursen cargos de sus respectivas áreas. El personal contratado que actualmente se desempeña en la justicia nacional cuenta con derechos adquiridos, por tanto, conservan sus cargos de acuerdo a la regulación anterior y pueden solicitar el pase a planta permanente de acuerdo a la normativa vigente aplicable al caso. No podrán ingresar en ningún cargo: los condenados por delitos dolosos en los últimos 5 años o por delitos contra la administración pública, delitos contra el orden constitucional o estuvieran inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos.
El Procedimiento fue reglamentado por el Poder Judicial, en forma parcial, mediante las Acordadas 26/14, 49/14 y Resolución 6/15; por el Ministerio Público de la Defensa, en forma total, mediante la Resolución 75/14, y por el Ministerio Público Fiscal, en forma total, a través de las Resoluciones PGN 507/14 y 508/14. b) Inscripción b.1. Poder Judicial Se deberá completar el formulario previsto en la Acordada 49/13 CSJN y entregarlo en marzo de este año ante las Cámaras Nacionales o Federales en la órbita de las cuales se desee trabajar, las que darán una constancia de la inscripción y vencido el plazo se publicará una lista provisoria de los inscriptos en el organismo y vía web. Las Cámaras podrán reglamentar por medido de acordadas la forma de recibir los formularios de inscripción pero la fecha será en marzo de cada año.
Esto obedece a las previsiones del reglamento que dictó la Defensora General de la Nación -reglamentario de la ley 26.861- y, a su vez, de la situación de que antes que se sancione dicha norma este órgano había comenzado a implementar un mecanismo muy similar para transparentar los ingresos. Ello se hizo a nivel federal y se fue concursando, en distinta fecha, para las diferentes jurisdicciones del país. Incluso se han sorteado e ingresado empleados por este mecanismo. Un ejemplo cercano podemos constatar en La Plata. Actualmente, se han registrado algunas convocatorias sueltas que el Ministerio Público de la Defensa difunde desde su página web. Una de ellas ha sido en febrero pasado para defensorías civiles, comerciales y del trabajo en Ciudad de Buenos Aires. b.3. Ministerio Público Fiscal En este ámbito la inscripción es digital con usuario con sesión individualizada que permite realizar todos los pasos en línea e informa las diferentes novedades que se van generando en el proceso de ingreso. Asimismo, la Procuración General de la Nación estableció un calendario de inscripciones y concursos por jurisdicción de los cuales muchos se han realizado y otros están en trámite. El mecanismo ha mostrado avances.
En dicha lista está nombres y apellidos, DNI, la calificación, se publicará en internet y en las carteleras de los órganos respectivos. Frente a las calificaciones hay recurso de reconsideración por 5 días. Los nombramientos que se realicen deberán ser, obligatoriamente, con base en el orden de mérito de la lista definitiva.
f) Concursos La puesta en ejecución de los concursos, como es natural, corresponde a la autoridad de ejecución –PJ, MPF y MPD, respectivamente– quién dispondrá la integración de los órganos encargados de efectuarlos concursos y se exige que los mismos se lleven a cabo en todas las jurisdicciones del país.
Cada autoridad de aplicación deberá establecer un programa de examen, identificar el material, publicar sus contenidos vía web juntamente con el llamado a concurso, tomar los exámenes y efectuar las evaluaciones pertinentes, conforme a la normativa aplicable. Esto lo ha hecho el Ministerio Pùblico Fiscal y de la Defensa pero no el Poder Judicial. g) Conclusiones
También señalábamos el desafío de los jueces en cuanto a su enorme responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y concretar ese verdadero anhelo que es un Poder Judicial transparente en las designaciones y cercano a la ciudadanía. Esto último, al menos en cuánto al ingreso democrático, sigue siendo una deuda pendiente. José Ignacio López.
Marco normativo del ingreso democrático 1] Poder Judicial - Ley Nacional 26.861 - Acordada 26/13 CSJN - Acordada 49/13 CSJN - Formulario de Inscripcíón 2] Ministerio Público Fiscal - Ley Nacional 26.861 - Resolución PGN 507/14 (Reglamento) - Resolución PGN 508/14 (Calendario) 3] Ministerio Público de la Defensa - Ley Nacional 26.861 - Resolución 75/14 (Reglamento)

References: Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
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