Source: http://revistachiapas.org/No16/ch16bartra.html
Timestamp: 2018-04-26 07:36:16+00:00

Document:
Chiapas 16 - Las guerras del ogro
En los tiempos de la colonia, cuando la Corona
de España repartía tierra de los indios entre
los conquistadores, para que éstos tomaran
posesión física, era necesario que recorrieran
los linderos de la nueva propiedad sin
contradicción alguna. Los indios siempre
estuvieron ahí con sus clarines y banderas. En
los viejos papeles coloniales comienzan su
alegato con esta frase: "Y venimos a
contradecir" [...]. Desde entonces [...] los
campesinos siguen estando ahí, contradiciendo
con su presencia y con su quehacer a los nuevos
explotadores, los que promueven el "desarrollo y
la modernización" [...] que se imponen por la
violencia [...]. Yo traté de sumar mi voz a esa
presencia, también a mí me gustaría contradecir.
Arturo Warman, ... Y venimos a contradecir
Los campesinos mexicanos del siglo XX se inventaron a sí mismos durante la Revolución. Luego fueron acogotados por el Estado. La tensión entre rebeldía y sometimiento ha pautado su historia.
Las insurgencias rurales de la pasada centuria fueron las guerras del ogro: forcejeos por romper las ataduras materiales y espirituales del poder. Federico Nietzsche: "En alguna parte hay todavía pueblos y rebaños, pero no entre nosotros, hermanos míos; entre nosotros hay Estados. -¿Estado? ¿Qué es esto? Prestadme atención, voy a hablaros de la muerte de los pueblos. El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos: miente fríamente, y ésta es la mentira que surge de su boca: -Yo, el Estado, soy el pueblo" (Nietzsche, 1950). Filosa descripción de nuestra "Revolución hecha gobierno", que retoma Pablo González Casanova: "La ideología del Estado-pueblo representa los ideales de la Revolución, de que es intermediario y portaestandarte [...]. [Y] un Estado que se identifica, ideológica, real, sentimentalmente con el pueblo no puede encontrar oposición sino entre los enemigos del pueblo" (González, 1983).
En la tercera década del siglo pasado, con los actores colectivos erosionados por diez años de encono, los vencedores en la guerra refundaron el Estado pero también rehicieron la sociedad civil. Y pese a la resistencia campesina, la vertical y coercitiva sociogénesis resultó exitosa. Sus primeros frutos envenenados, la Confederación Regional Obrera Mexicana y las Ligas de Comunidades Agrarias, anticiparon lo que en la segunda mitad del siglo conocimos como "charrismo": antidemocráticos gremios paraestatales, alimentados por los cada vez más ralos "logros de la Revolución".
Pocos Estados no policiacos del siglo XX tuvieron el control social que alcanzó el mexicano. Fue el nuestro un autócrata benevolente que estructuró de la cúspide a la base a obreros, campesinos, clases medias y empresarios, mediante un implacable sistema corporativo articulado al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), encargado de los ritos comiciales del sistema. Los "sectores" del "partido casi único" fueron pilares político-gremiales de la "Revolución hecha gobierno": el obrero, formado por la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y los grandes sindicatos nacionales (petroleros, electricistas, ferrocarrileros, telefonistas, mineros, etcétera); el campesino, compuesto principalmente por la Confederación Nacional Campesina (CNC) y las Ligas de Comunidades Agrarias; el popular, integrado por empleados, maestros y otras capas medias, y encuadrado en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); y sin ser formalmente sector, también los empresarios, aglutinados en asociaciones, confederaciones y cámaras, alinearon entre las corporaciones. Al control orgánico se agregaba el mando sobre los medios de comunicación masiva y gran parte de la industria cultural. Todo soportado por un vertiginoso sector público de la economía, que a principios de los ochenta conformaban unos ciento veinticinco organismos descentralizados y casi cuatrocientas empresas de participación estatal, que en la industria abarcaban por completo petróleo, electricidad, ferrocarriles, teléfonos, telégrafos y aviación comercial; y parcialmente siderurgia, construcción, transporte, publicaciones; en lo rural era pública la producción de fertilizantes, la de semillas, y total o parcialmente las agroindustrias: azucarera, tabacalera, cordelera, cafetalera y maderera, además del sistema de acopio, almacenamiento y comercialización de las cosechas; en los servicios básicos el Estado controlaba la mayor parte de la educación, la salud, el abasto en zonas marginadas, la construcción de vivienda popular... Por si fuera poco, a principios de los ochenta el presidente López Portillo estatizó todo el sistema financiero. Así, al comenzar la penúltima década del siglo pasado, el sector público realizaba alrededor de 50% de toda la inversión, dándole a la economía mexicana un talante más burocrático que el de muchos países socialistas. Y el Estado era omnipresente pero también hipercentralista: el régimen era federal, pero las entidades firmantes del pacto no guardaban entre sí nexos horizontales y todo pasaba por Palacio Nacional; y siendo un orden republicano, los encargados del poder legislativo y del judicial eran, sin embargo, personeros del presidente de la República.
En el México del siglo XX no se movía la hoja de un expediente si no lo autorizaba el Leviatán: un monstruo frío comandado por príncipes todopoderosos pero sexenales. Tlatoanis cuyo mando era tan absoluto en el espacio como acotado en el tiempo. Ogros filantrópicos, ora pródigos, ora mezquinos, pero siempre proveedores. Así, hijos de madres estragadas y padres ausentes, los mexicanos de la pasada centuria nos encomendamos a la madrecita del Tepeyac y a papá gobierno.
Y ahora necesitamos librarnos del gran padre, matar al Leviatán. Aun si el achacoso patriarca ya no espanta; pese a que, cercado por imperios belicosos, organismos multilaterales, tratados inicuos y corporaciones planetarias, cada vez puede menos; aun así hay que matarlo. Porque sin despadre político no nos libraremos del Gargantúa burocrático que todos llevamos en la cartera junto a la credencial de elector; sin parricidio simbólico nunca exorcizaremos al íntimo monstruo frío para poner en su lugar un Estado con rostro humano. Pues, paradójicamente, cuando la globalización neoliberal debilita los Estados nacionales, es hora de la sociedad civil mundializada pero también de buenos gobiernos: poderes públicos quizá acotados pero dispuestos a enfrentar los grandes problemas nacionales reivindicando lo que resta de soberanía. Entonces, hay que matar al autócrata para reconciliarnos con el Estado democrático.
En un país donde la sociedad civil fue recreada por el ogro burocrático a su imagen y semejanza, la lucha ciudadana por autogobernarse deviene asunto de primera necesidad. En la inmediata posrevolución, mientras los muralistas decoran edificios públicos envolviendo al Estado en historia y en pueblo, los grandes sectores sociales van entrando en la horma corporativa. Proceso que culmina en los últimos treinta cuando el reformismo radical de Lázaro Cárdenas le confiere temporal legitimidad a gremios tan justicieros entonces como antidemocráticos siempre. Pero en la segunda mitad del siglo la incontenible proliferación de forcejeos autonomistas converge, primero, con el progresivo descrédito del sistema político, que arranca simbólicamente en 1968; después con el desgaste de la disciplina gremial, evidenciado por las "insurgencias" obreras, campesinas y populares de los setenta; y más tarde con el desfallecimiento del modelo económico, dramatizado por la crisis de los primeros ochenta y los subsecuentes descalabros financieros de esa década y la siguiente. Por último, la ruptura de la "corriente democrática" con el PRI, en 1988, señala la esclerosis definitiva de los mecanismos informales de reproducción del sistema político y el principio del fin de la "gran familia revolucionaria".
Pero la guerra contra el ogro tiene historia y recorre diversas fases. Durante los sesenta y setenta la palabra "independiente" deviene emblema de la oposición democrática: centrales y uniones campesinas "independientes", encuentros de organizaciones indígenas "independientes", frentes por la "independencia" sindical, partidos que se precian de no ser paraestatales sino "independientes" del poder público, revistas "independientes" que no aceptan "chayos" ni cobran en Gobernación; vaya, hasta muestras pictóricas "independientes", películas "independientes" y una compañía de ballet "independiente". Por estos años "independencia" significa, simple y llanamente, no ser del PRI, desmarcarse del omnipresente Estado mexicano; así una federación de estudiantes democráticos o una central campesina pueden proclamarse "independientes" pero subordinarse políticamente a un organismo de oposición como el Partido Comunista Mexicano (PCM).
Más tarde, en el último cuarto del siglo, la voz de orden es "autonomía", concepto que se generaliza a partir de 1984, cuando medio centenar de agrupaciones rurales conforman la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). La coordinadora rechaza expresamente el apellido de "independiente", pues "el término [...] muy frecuentemente es tomado como sinónimo de confrontación con el Estado" (Gordillo, 1988). Más allá de la discutible intención inicial, en los años siguientes "autonomía" se asocia -como "independencia"- con el rechazo a las servidumbres políticas, pero alude también y sobre todo a la autogestión económica y social. Así, los campesinos "autónomos" rechazan la tutoría estatal y se "apropian del proceso productivo", mientras que barrios y comunidades se organizan en torno a la dotación autogestionaria de servicios básicos.
Las autonomías indias que se reivindican expresamente desde fines de los ochenta y se generalizan en los noventa, radicalizan aún más el planteamiento. En primer lugar porque para los originarios "autonomía" implica independencia y autogestión, pero también libre determinación política, es decir, autogobierno. En segundo lugar porque se trata de pueblos autóctonos que remiten su legitimidad a la historia, fundando la reivindicación autonómica en un derecho anterior al Estado nacional vigente, y en cierto sentido, exterior al sistema social hegemónico.
En el tránsito de la independencia política a la autogestión socioeconómica y de ahí al autogobierno, el subyacente concepto de autonomía afila su connotación de alteridad. Si al principio es un modo alzado e insumiso de insertarse en el orden imperante, en su forma superior es práctica antisistémica por la que los oprimidos resisten edificando a contrapelo órdenes alternos. Pero la progresión que va de repeler la política unánime a una suerte de autogestión despolitizada y de ésta al otromundismo, no es sucesión de etapas que trascurridas se cancelan, sino proceso de superación-conservación que funciona como los segmentos de un catalejo: cada uno conteniendo al que le antecede y contenido por el que le sigue. Y es que las experiencias autonómicas más radicales no son islas y no sobrevivirán sin organizaciones independientes que reivindiquen aquí y ahora las demandas básicas de sus agremiados, sin colectivos autogestionarios operadores de producción y servicios populares en tensión perpetua con el Estado y el mercado, sin partidos institucionales capaces de impulsar reformas y proyectos alternativos desde la oposición o en el gobierno. Porque sin posibilismo no hay utopía y exigir lo imposible es también hacer lo posible, aquí y ahora.
El forcejeo autonomista que cruza el siglo XX mexicano es subtexto profundo de una izquierda política, ora integrada, ora apocalíptica, pero siempre en pos de identidad. Dos paradigmas simétricos: inspirador de las reformas cardenistas y disciplinado opositor de ocasión, Vicente Lombardo Toledano es el primo socialista de la "gran familia revolucionaria"; comunista disidente y luego "espartaquista", José Revueltas funda sectas testimoniales, desentraña los orígenes del "mal de izquierda" en novelas y libros semiclandestinos como Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y paga con cárcel su militancia en el movimiento del 68. Y así vive la pasada centuria la izquierda socialista y comunista mexicana: ya aquejada por el síndrome de Lombardo, ya por el de Revueltas, fluctuando entre el colaboracionismo y la marginalidad, entre los favores del príncipe y sus iras, entre los cargos públicos y el "Palacio Negro de Lecumberri".
De cómo los autónomos se volvieron heterónomos
El Estado no quiere gobernar al país sino rehacerlo,
quiere fabricar un pueblo que sirva al "progreso y
modernización" [...]. El Estado siente la presión de
los campesinos pero rehúsa su comprensión. Para él
no existen los campesinos como categoría, como sector
distinto. Sólo reconoce la presencia de agricultores
pobres y atrasados, ignorantes por añadidura, que
deben ser eliminados en beneficio de la sociedad y
A fines de 1988, en el punto más alto de una insurgencia cívica que amenaza con sacar al PRI de Los Pinos, diez organizaciones campesinas e indígenas[1] firman un Convenio de Acción Unitaria (CAU) que articula exigencias agrarias referentes a la tenencia de la tierra, reivindicaciones agrícolas hacia la reactivación productiva del campo y demandas culturales y territoriales de los pueblos autóctonos. El pacto se cocina en un Primer Encuentro Nacional Agrario; confluencia en verdad histórica pues en la reunión realizada el 27 y 28 de noviembre participan organizaciones neozapatistas de primera generación como la CNPA, con agrupamientos campesinos de lucha económica como UNORCA y convergencias étnicas como el Consejo Nacional de Pueblos Indios (CNPI). La independencia, la autonomía y la libre determinación entreveradas; contestatarios, concertadores y alternativos conviviendo; rijosos, propositivos y abismados conviniendo acciones unitarias.
Poco les dura el gusto. Cuarenta días después, el 6 de enero, el debutante Carlos Salinas inaugura su ilegítimo gobierno llamando a formar un Congreso Agrario Permanente (CAP), cuya convocatoria se hace pública el 10 de abril (como para remachar el ataúd de Zapata en el setenta aniversario de su muerte). Firman la Confederación Nacional Campesina (CNC) y las oficialistas Central Campesina Independiente (CCI), Consejo Agrarista Mexicano (CAM), Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto López (UGOCM-JL), todas adheridas al PRI. Pero, sorpresivamente, también signa la mayoría de los adherentes al CAU. Únicamente tres se abstienen y salvan la cara: la CNPA, el FDCCH y el CNPI. El mes de mayo se constituye formalmente el CAP, espacio de interlocución entre los campesinos organizados y el poder ejecutivo federal, cuyos ignominiosos antecedentes son el Pacto de Ocampo, firmado en 1976 por iniciativa del presidente Luis Echeverría, y la Alianza Nacional Campesina, de corta vida y prohijada por el presidente Miguel de la Madrid en 1983.
Con la formación del CAP por instrucciones del presidente, una vez más el gobierno mexicano impone formas organizativas a la sociedad. Y de paso quiebra la incipiente articulación de las corrientes agrarias no oficialistas, pues desertado por la mayoría, el CAU se dispersa a pocos meses de nacido.
Salinas accede al poder por un fraude comicial y en medio de abucheos y descrédito; pero una vez en la presidencia su palabra deviene "la voz del amo": instrucción perentoria e inobjetable, pues de la obediencia depende el acceso a los favores del Estado. Y en este caso la anuencia de casi todo el liderazgo campesino a las instrucciones de Los Pinos es de gravísimas consecuencias: en la coyuntura significa avalar el reciente cochinero electoral, hacerle caravanas al usurpador y darle la espalda al candidato defraudado, Cuauhtémoc Cárdenas, cuya campaña habían apoyado muchas de las organizaciones campesinas; en lo estratégico constituye el primer paso en la confabulación de una parte de la dirigencia agraria con el gobierno, encaminada a un viraje rural de grandes proporciones, una "reforma de la reforma" que culminará pocos años después con los cambios al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La oposición al ominoso proyecto salinista corre por cuenta del Movimiento Nacional de Resistencia Campesina (Monarca), formado por doce organizaciones no gobiernistas, que el 28 de diciembre firman un Plan de Anenecuilco donde se defiende la propiedad social de la tierra amenazada por los presuntos cambios a la Constitución, pero también se rechaza la "política neoliberal que pretende, después de llevar la ruina al campo, llevarnos a competir [...] [en desventaja] con el Tratado de Libre Comercio" (ibid.). Durante los primeros meses de 1992 la convergencia -que entretanto ha sustituido un nombre que sonaba a realeza por otro más adecuado que remite al campo: Coalición de Organizaciones Agrarias (COA)- realiza diversas acciones de protesta que culminan con una movilización nacional el cabalístico 10 de abril.
Pero mientras campesinos iracundos se oponen en calles y carreteras, la contrarreforma avanza inexorablemente en los salones de Los Pinos; negociaciones en corto donde el liderazgo de la CNC y de organizaciones autónomas como UNORCA trata de limar los aspectos más regresivos de la iniciativa de cambios constitucionales y de corregir las insuficiencias de la política agrícola del Estado. Porque a Salinas le interesa sobre manera lograr la adhesión de la dirigencia a su proyecto, y sabiendo que en política todo lo que se compra con dinero es barato, acepta las demandas que no comprometen la esencia de la contrarreforma. Así, el 14 de noviembre la presidencia da a conocer los "Diez puntos para la libertad y la justicia en el campo", una promesa de cambios progresivos a la política rural, que considera cuantiosas asignaciones de recursos, incluyendo dinero para que los agraristas rejegos adquieran tierras destinadas a sus bases de solicitantes. En el fondo, la oferta de Salinas no es sino un "cañonazo" obregonista... sólo que no de 50 mil sino de 14 billones de pesos.
En estas condiciones, la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución, que suprime el derecho de los campesinos a que se les doten tierras abriendo paso a la privatización de ejidos y comunidades, es aprobada por los legisladores del PRI y de Acción Nacional sin más oposición que la del debutante Partido de la Revolución Democrática (PRD), confluencia de la izquierda socialista y la corriente democrática escindida del PRI, que desde su nacimiento había estado vinculada al campesinado progresista de tradición cardenista, como el de La Laguna, y que en 1989 impulsa una convergencia agraria llamada Unión Campesina Democrática (UCD), respaldada con dudas por CIOAC, CNPA y otras, quienes simpatizaban con la posición política pero no con la afiliación corporativa a un partido, por más que éste fuera de oposición.
Las organizaciones campesinas que mantienen su cuestionamiento a la contrarreforma rural son calificadas en los medios de "intolerantes y conservadoras" y su mayor estigma es ser apoyadas por el PRD, el "partido de la violencia". En cambio la derecha está de plácemes: un diputado panista afirma rebosante que la iniciativa de Salinas "es un triunfo cultural de Acción Nacional" (Canabal, 1992).
Debilitados los independientes -la COA desaparece sin pena ni gloria en 1993-, los debates decisivos sobre el futuro del campo se desarrollan entre el ejecutivo federal y los cada vez más domesticados CAP y CNC. El tema ya no es la reforma constitucional -que ha sido aprobada- sino el TLCAN: un acuerdo abismalmente asimétrico que sacrifica la producción nacional en nombre de la globalización y anuncia la exclusión socioeconómica de millones de mexicanos "redundantes"; un pacto inicuo que ante todo amenaza a la agricultura y cuyas primeras víctimas habrán de ser los campesinos. El problema es que los opositores radicales a firmar un tratado en esos términos -partidos como el PRD y organizaciones como CNPA y CIOAC- están fuera de la jugada, y la negociación se da en el terreno de los que piensan que globalización y apertura comercial no están a discusión, son realidades incontrovertibles y en ellas hay que moverse, de modo que se limitan a pugnar, desde el "cuarto de al lado" y con poco éxito, por que al acuerdo se le pongan algunos "candados".
Y así como se habían aprobado los cambios al artículo 27 constitucional -con una resistencia modesta y opacada por las aclamaciones mercenarias-, así se firma el TLCAN. Pero lo más grave es que el grupo de tecnócratas encabezado por Salinas no sólo impulsa exitosamente su proyecto neoliberal; también quiebra la resistencia campesina y desarticula el incipiente encuentro de los "independientes" y los "autónomos" rurales. Promisoria convergencia que, por si fuera poco, a fines de los ochenta confluía con la poderosa insurgencia cívica cardenista, esa multitudinaria pero invertebrada movilización ciudadana que resultó suficiente para ganar las elecciones, pero no para poner al hijo del general en la presidencia de la República. En vez de estos acercamientos con la izquierda, los sedicentes "autónomos" prefieren pactar con Salinas y aliarse con la oficialista CNC, mientras que los "independientes" se aíslan y enfrentan solos el linchamiento mediático. Así, a principios de 1992, al tiempo que las tercas organizaciones de la COA sesionan en el entrañable auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), CNC, UNORCA, UGOCP, Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) y otras se reúnen en el balneario de Oaxtepec para conformar lo que llaman el "Nuevo movimiento campesino".
En realidad, la única ganadora en esta danza de chaquetas es la corriente renovadora de la CNC encabezada por Hugo Araujo, miembro del grupo fundador de UNORCA que pretendía impulsar los planteamientos autogestionarios en las filas del oficialismo. Apoyado en el Sector de Organizaciones Económicas de la Central corporativa, el grupo de Araujo promueve una serie de encuentros nacionales de agricultores organizados, con asistencia de alrededor de setecientas asociaciones productivas y la participación de UNORCA, UGOCP y Alcano. Reuniones multitudinarias cuyo tema central es la "nueva alianza" entre el Estado y los hombres del campo. En el encuentro de Oaxtepec se convoca formalmente a integrar lo que llaman el "Nuevo movimiento campesino", y para la tercera reunión, celebrada el mes de agosto en Hermosillo, Sonora, ya Hugo Araujo ha llegado a la dirección nacional de la CNC.
-Mire compañero, si ahorita pedimos reducir la Pequeña Propiedad, nos sale cola. Porque para eso habría que cambiar la Constitución, y como están las cosas, cualquier reforma resultaría contraria a los campesinos. Por eso en el documento sólo proponemos modificaciones a la Ley Reglamentaria. Mejor no le muevan, el 27 está bien como está.
La prudente y sensata respuesta a la demanda campesina la dio uno de los autores de la excelente iniciativa de reformas a la Ley Agraria, que el Congreso de UNORCA, reunido el otoño de 1988 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, estaba discutiendo. Y el destacado asesor sabía lo que decía al alertar sobre el peligro, pues él era parte del peligro: semanas después ocuparía un alto cargo en el gobierno de Salinas, y cuatro años más tarde redactaría algunas secciones de los considerandos de la reforma anticampesina al artículo 27 constitucional.
Pero más allá de trayectorias personales, lo importante es explicar cómo una extensa y combativa corriente del movimiento rural, que además reivindicaba la autonomía respecto del Estado y los partidos, pudo intimar hasta la cohabitación con un gobierno como el de Carlos Salinas, no sólo ilegítimo, también impulsor de políticas radicalmente agrocidas, dramáticamente constatables en los cambios al 27 y sobre todo en el TLCAN.
La contrarreforma agraria salinista seduce, divide y coopta a parte del liderazgo rural, no sólo por lo que tiene de "cañonazo" a la Obregón, también porque embona con la ilusoria emancipación librecambista, con el espejismo empresarial que acompaña a la corriente autogestionaria, convencida de que desembarazado de las ataduras estatales y operando en el mercado libre, el sector social de la producción agropecuaria fortalecerá su posición económica, procurando el bienestar de sus socios y una justicia social sostenible. Lo que para los tecnócratas en el poder es privatización, desregulación y cancelación de apoyos gubernamentales, para los autogestivos es la oportunidad que necesitaban los pequeños productores asociados para emanciparse por la vía de la competitividad. En su lucha por librarse de la tutela del Estado, los campesinos creen haber encontrado un aliado en el mercado. Así, el acta de defunción se disfraza de "mayoría de edad".
En el libro Campesinos al asalto del cielo. De la expropiación estatal a la apropiación campesina, Gustavo Gordillo lo dice muy bien:
La vía para la reconstitución del ejido [...] pasa [...] por alcanzar un control campesino sobre el proceso productivo [...] para lo cual es indispensable la implantación de organismos económicos [...] orientados a bloquear en los diferentes mercados la fuga [...] [del] excedente [...]. Estos aparatos económicos de poder campesino, al mismo tiempo que disputan el excedente [...] disputan espacios de decisión política a los organismos gubernamentales.
Todo lo cual permite "establecer una determinada articulación entre democracia política y democracia económica al mismo tiempo que se está fundando un espacio de ejercicio y despliegue de poderes campesinos". Podría cuestionarse si en el inicuo mercado realmente existente y con un Estado "nacional" que trabaja para el enemigo, los campesinos pueden realmente "disputar el excedente"; es más, cabría preguntarse qué pasa si privado de las mínimas condiciones de productividad el campesino de plano no produce excedente económico. Pero, siendo importante, este debate a toro pasado resulta gratuito, pues lo que fracasó a principios de los noventa no fue tanto el modelo de emancipación económica como la vía política elegida para impulsarlo: un amarre con el gobierno, convenido precisamente en el momento en que los tecnócratas impulsaban la más descarnada reforma neoliberal. Así, la "nueva alianza entre los campesinos y el Estado" no pasó de la captura de espacios de poder en organismos rurales corporativos y la ocupación de algunos puestos públicos de mediana relevancia; en vez de una Comuna de París a la campesina -en vez de un glorioso "asalto al cielo"- presenciamos un imprudente y frustrado "asalto al Estado".
Y la apuesta fallida fue tragedia -no comedia de enredos- porque el autonomismo campesino de los ochenta había sido un movimiento amplio, progresivo e innovador, que desarrolló notablemente las estrategias rurales. La "apropiación" económica y social que impulsaron algunas de las organizaciones vinculadas a UNORCA es un hito en la lucha histórica del pueblo mexicano por desembarazarse del intrusivo Leviatán, de modo que cuando el barco autogestionario encalla en Los Pinos, culmina un desgarramiento extremo, una contradicción insostenible: líderes cuyas bestias negras habían sido el Estado, los partidos y la política, transformados en peones del gobierno salinista, aliados del PRI y comparsas de la CNC; una corriente convencida de que la burocracia debía retirarse del campo, cuyos cuadros ingresan a la burocracia; organizaciones que creyendo incorporarse al "Nuevo movimiento campesino" escenifican el último episodio del clientelismo agrario del siglo XX mexicano.
Maoistas tecnócratas, críticos del presidencialismo íntimos del presidente, una "línea de masas" que apuesta a los arreglos por arriba, "política popular" desde los salones del poder. Pero lo más grave es que las reformas salinistas son vistas como triunfo de la bandera autonomista enarbolada desde principios de los ochenta por los fundadores de UNORCA. "La Ley (que reglamenta el nuevo artículo 27) facilita las decisiones autónomas de los campesinos [...] con respecto a la tenencia, a la producción y a las formas de representación", dice Luis Meneses, de UNORCA (Meneses, 1992). A Gustavo Gordillo no se le escapa la contradicción subyacente:
Y la lucha no va a ser fácil. La elaboración de una agenda de transición concertada entre distintos agrupamientos campesinos, incluyendo destacadamente a las centrales gubernamentales, parece indispensable. Puede parecer un contrasentido. Se puede adelantar el clásico argumento: ninguna fuerza social dominante se suicida [ibid.].
Y el contrasentido no era aparente sino real, pues en la concertación con el gobierno y los suyos, el concepto de autonomía renunciaba a su connotación fundamental como independencia política, para quedar en simple autogestión productiva. Hugo Araujo, el autónomo devenido líder gobiernista y militante del PRI, lo reconoce sin ambages en las conclusiones del Congreso Nacional Extraordinario de la CNC en 1991: "el concepto de autonomía, entendido no como independencia del movimiento campesino, sino como capacidad de [...] dirigir sus propios proyectos" (citado por Canabal, 1992, las cursivas son mías).
Aliarse con el Estado -que busca afanosamente desafanarse de los campesinos- para construir la autonomía en el mercado, demanda encontrar ahí aliados que suplan a la reculante burocracia. Y estos aliados son los empresarios. La nueva asociación capital privado-campesinos, que debe sustituir a la vieja mancuerna de los labriegos con las instituciones públicas, se concreta en las Asociaciones en Participación Agroindustrial, establecidas en la Ley de Fomento Agropecuario de 1981, pero impulsadas por el ala campesinista del salinismo desde la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Agricultura. El proyecto piloto es Vaquerías, una asociación entre la Promotora Agropecuaria GAMESA S. A. y ejidatarios y colonos de los municipios de China y General Terán, en Nuevo León, que para 1992 ha fracasado, pese a que el gobierno subsidia y favorece por todos los medios el experimento. Y con esto la contradicción de los autónomos-gobiernistas se muerde la cola: un discurso sustentado en el espejismo de que privatización es socialización -pues lo que pierde la nación lo ganan las empresas campesinas- promueve desde el Estado la disociación entre los campesinos y el Estado, mediante la asociación, subsidiada por el Estado, de los campesinos con el capital. El problema es que el capital privatiza los subsidios que deben terminar con los subsidios, y el modelo se colapsa. La sustitución del asesor de combativas organizaciones campesinas, Gustavo Gordillo, por el neoliberal ortodoxo Luis Téllez Kuenzler, en la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Agricultura, es la cereza del pastel.
Porque la tirada de los tecnócratas no es la "nueva alianza entre el Estado y los campesinos", sino la modernización excluyente, conversión imposible sin una severa purga demográfica rural, sin una cirugía poblacional que libere al país de tres o cuatro millones de familias campesinas sobrantes. Y para eso lo esencial no es amputar la Constitución, sino una nueva política agropecuaria orientada a propiciar el desmantelamiento de los sectores "no competitivos", básicamente los cerealeros donde se ubica la gran mayoría de los campesinos. Esto venía de atrás: de la Ley de Fomento Agropecuario, de López Portillo (1981), y el Programa de Modernización del Campo, de Miguel de la Madrid; del ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), en 1986, que sienta las bases de nuestro unilateral desarme económico; de la inicua apertura de los mercados y abandono de las políticas de fomento y regulación, que en los primeros noventa permitirán firmar el TLCAN: un acuerdo que implica la renuncia expresa a nuestra soberanía alimentaria y laboral, que anticipa la muerte de la agricultura campesina y que anuncia el incontenible éxodo rural del fin de milenio.
Muerte y resurrección del movimiento campesino autogestionario
El Estado no actúa en el vacío, en la soledad
profunda que quiere aparentar. Los campesinos
se fortalecieron durante el proceso que
pretendía aniquilarlos. Se defendieron creciendo.
Los campesinos, organizados en sus propios
términos para la autonomía y para la libertad,
tienen al fin la última palabra.
El proyecto de reformas autonómicas a la Ley Agraria, diseñado por UNORCA a fines de los ochenta, es claramente progresivo por cuanto busca ampliar las atribuciones económicas, sociales y políticas de las organizaciones campesinas. Su talón de Aquiles es el dispositivo elegido para impulsarlo: alianza con el corporativismo rural y las corrientes "modernizadoras" del gobierno, con el argumento atendible de que, de otro modo, la propuesta quedaría en reclamo frustrado y testimonial. Apuesta estratégicamente equivocada, pues los modernizadores neoliberales son anticampesinos, aun si éstos se travisten de "sector social de la producción" estructurado en "empresas"; y tácticamente torpe pues significa ponerse en manos del presunto anticorporativismo sistémico, precisamente cuando la insurgencia gremial está deviniendo insurgencia cívica; en momentos en que la democratización desde abajo se vuelve cardenista, pasando de la independencia social que se desmarca del clientelismo a la independencia política que rompe con el PRI.
En la difícil coyuntura, quienes como la UCD se afilian orgánicamente a la insurgencia cívica hecha partido, reeditan desde la oposición un corporativismo anacrónico; los que perseveran en la línea independiente-agrarista-contestataria se quedan sin espacios; y la corriente mayoritaria, encuadrada en el "Nuevo movimiento campesino", pierde aceleradamente credibilidad, pues si bien hay una transitoria derrama neoclientelar de recursos estatales, pronto queda claro que las puertas para transitar exitosamente al "libre mercado" están cerradas para casi todos los campesinos y que en esas condiciones es ilusoria la pretensión de sustituir el fomento estatal por alianzas con el capital privado.
"Reducen al hombre a la indigencia y luego le obsequian con pompa y ceremonia", escribió William Blake, y así el gobierno de Salinas presume resarcir a los campesinos arruinados, con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol): un modelo de gasto social básicamente asistencial pero "participativo", que hace de los comités gestores de dineros públicos la nueva y efímera base social con que los tecnopopulistas compensan el distanciamiento de las bases corporativas del priísmo tradicional.
Entre el neoclientelismo asistencial de Pronasol y el desmantelamiento de las políticas compensatorias y de fomento, necesario para la firma del TLCAN, las organizaciones de productores se adentran en el túnel de los noventa. Los contestatarios lo tuvieron claro desde el principio: "La reforma coloca al campo y al país [...] a los caprichos [...] del capital trasnacional [...] [y] la globalización [...], en particular los requisitos del Tratado Trilateral de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá [...]. Por tanto se inscribe en una política neoliberal del gobierno mexicano, cuya esencia es la privatización total de la economía", escribió Monarca en un manifiesto agrario el 19 de diciembre de 1991. Pero un año después, en la Declaración de Tempoal firmada el 5 de diciembre de 1992, UNORCA llega a la misma conclusión: "Los cambios [...] han consistido [...] en el retiro de las políticas de fomento [...] [y] la aplicación de un modelo de desarrollo agrícola excluyente, el cual considera exclusivamente criterios de eficiencia, producción y competitividad". Las previsiones de quienes pocos años antes estaban en la cresta de la ola, difícilmente podían ser más pesimistas: los "retos para el movimiento [...] [son] preservar nuestra existencia como campesinos y como sector rural. Frente a la nueva situación está en juego la existencia del sector agropecuario y forestal y la viabilidad de la economía y la vida social campesina".
En el fondo, la intención de los tecnócratas es jubilar con la menor indemnización posible a unos tres millones de labriegos sobrantes. Y en el estado de Yucatán el fondo es forma: el Programa de Desarrollo Regional de la Zona Henequenera 1992-1994, cuyo antecedente había sido el Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán, de 1984, significa la liquidación definitiva de las empresas paraestatales, el fin de los subsidios y el impulso a la diversificación. Pero sobre todo significa la "jubilación anticipada" de decenas de miles de ejidatarios, presuntos cultivadores independientes del agave, quienes en realidad dependían de los anticipos a cuenta de cosecha que el Banrural Peninsular les entregaba semanalmente a modo de jornal. Y los trabajadores del campo yucateco, que el intrusivo estatismo económico de Cordemex había trasformado en asalariados del gobierno, se resisten al despido... o cuando menos demandan que se amplíe el padrón y se incrementen las jubilaciones. Encabezan la protesta coordinadoras nacionales como la UCD y la UNTA, a las que respaldan políticamente el PAN y el PRD. El frente realiza plantones en la ciudad de Mérida, reprimidos en junio de 1992 pero reanudados en julio. El saldo: incrementos en el padrón y en el monto de las jubilaciones.
Pero los yucatecos son afortunados, pues la jubilación formal sólo ocasionalmente acompaña al viraje en las políticas agropecuarias, y por lo general las organizaciones, en su origen sustentadas por programas públicos, simplemente truenan y se dispersan. Así, la apertura de fronteras y el fin de los precios de garantía, del crédito agropecuario, de los programas de fomento y del subsidio a insumos y servicios, provoca mortandad en los agrupamientos campesinos de segundo y tercer nivel: de 1145 Uniones de Ejidos y 138 Asociaciones Regionales de Interés Colectivo (ARICs) existentes a principios de los noventa, para el fin del sexenio de Salinas apenas sobreviven una de cada diez. Es el sálvese quien pueda, la crisis de fidelidades gremiales, el naufragio de organizaciones abandonadas por socios que optan por estrategias de supervivencia familiares como el jornaleo local o de plano la migración. Las deserciones son multitudinarias, pero también hay forcejeos sordos y estallidos aislados de los que se resisten a morir.
Particularmente golpeados por la apertura del mercado que arranca en los ochenta y se acentúa después de 1994, resultan los productores de maíz, trigo, sorgo, soya, arroz, frijol y algodón. Cultivos de importante participación campesina cuya rentabilidad se desploma con las importaciones. Un ejemplo del descalabro organizativo en granos es el curso de la ARIC Jacinto López, que agrupaba productores de trigo, soya y maíz de los Valles irrigados del Yaqui y el Mayo, y contaba con Unión de Crédito, Fondo de Autoaseguramiento, Comercializadora, Molino Harinero, Central de Maquinaria, entre otras empresas asociativas. De 1993 a 1996 al otrora poderoso corporativo le embargan progresivamente recursos e infraestructura, hasta que finalmente quiebra por deudas. Sobreviven a la debacle algunas empresas sueltas que aglutinan grupos campesinos reducidos.
Pero tampoco la libran mejor los agroexportadores que gozaban de presuntas ventajas comparativas. Así organizaciones consolidadas, como la Unión de Ejidos Cafetaleros de la Costa Grande, de Guerrero, que disponía de una Unión de Crédito y una Comercializadora, había prohijado organizaciones de maiceros, manejaba sistemas de abasto popular, y a principios de los noventa estaba instalando un Combinado Agroindustrial con beneficio seco de café y espacios para instalar procesadoras de copra, de miel y de madera, descarrilla carcomida por las deudas y abandonada por sus socios. Tras el derrumbe de la gran ilusión costeña persisten algunas empresas que trabajan cada una por su cuenta y grupos de productores de café orgánico.
Durante la primera mitad de los noventa las organizaciones rurales ya no sienten lo duro sino lo tupido. Y así, apabulladas y contra las cuerdas, absorben castigo hasta 1995, año en que se combinan los primeros doce meses del TLC y los saldos del llamado "error de diciembre" con que en 1994 Ernesto Zedillo inaugura su gobierno. Tasas de interés estratosféricas, abismal devaluación del peso, descontroladas alzas de costos enfrentados mediante un programa de emergencia económica heterodoxo que incluye control de precios, propician la rearticulación del movimiento campesino. Al principio son organizaciones de pequeños productores de Jalisco, Sinaloa y Guerrero, y redes como la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), que se reúnen en el arranque del año alarmadas por el riesgo de que en el inminente ciclo primavera-verano los campesinos excedentarios de plano no siembren. Para el mes de abril, representantes de ciento veinte organizaciones de veinte estados de la República realizan una asamblea en la ciudad de México donde acuerdan luchar por una nueva política en el campo que reactive al sector; renegociación de las cuotas de importación previstas en el TLCAN, sobre todo de granos básicos; subsidios en cereales, por lo menos equivalentes a los que ejercen nuestros socios comerciales; regulación de mercados; crédito a tasas alcanzables y con garantías realistas...
En mayo, campesinos de todo el país marchan por calles y carreteras, toman oficinas públicas, instalan plantones y simbólicamente derraman en las banquetas toneladas de granos que no tienen precio. Las movilizaciones más intensas son en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Puebla y Morelos; animadas por militantes de organizaciones nacionales como UNORCA, CODUC, CIOAC y El Barzón, pero también agrupaciones regionales como Alcano, Comercializadora Agropecuaria de Occidente (Comagro) y algunos grupos de la CNC. Las jornadas del 95 arrojan logros puntuales, como suspensión del pago de intereses e incremento de precios regionales, pero nada del cambio de estrategia, asunto que el gobierno ni siquiera discute.
Sin embargo, quedan lecciones: la plataforma definida en abril apunta a un cambio de modelo y el movimiento es la primera expresión amplia y nacional de que los campesinos no quieren seguir marchando rumbo al barranco; además, las fuerzas que lo impulsan conforman una alianza amplia y plural que incluye tanto organizaciones independientes como oficialistas y cuenta con el apoyo de algunos sectores empresariales, afectados también por la apertura comercial y la desregulación. Pero lo más importante es que da lugar a una coordinación sectorial de organizaciones regionales cerealeras, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), que se forma en julio de 1995, en una reunión convocada por agricultores de Sinaloa a la que acuden alrededor de cien organizaciones regionales de veintiún estados de la República. La Asociación comienza a trabajar a fines de ese mismo año impulsando mecanismos más directos de comercialización y de arranque: busca la transferencia de instalaciones de Almacenes Nacionales de Depósito S. A. y Bodegas Rurales Conasupo S. A., que el gobierno está privatizando. En el arranque del presente milenio, ANEC tenía presencia organizativa y comercial en diecinueve entidades federativas, donde operaban doscientas veinte organizaciones locales y dieciséis redes regionales y estatales, y contaba con empresas comercializadoras; de servicios de capacitación, asesoría, gestión y promoción de organizaciones campesinas; de industrialización de maíz, de fabricación y venta de tortilla. A fines del 2002 y principios del 2003 la Asociación fue una de las impulsoras del Movimiento el Campo no Aguanta Más (MCAM), que amplía y profundiza el espíritu de las jornadas de 1995.
Paralelo al de los cerealeros, pero anterior, es el proceso organizativo de los productores de café, un cultivo principalmente de exportación cuya crisis arranca en 1988, cuando la Organización Mundial del Café (OIC), que por décadas reguló los precios fijando cuotas de exportación, suspende sus acuerdos económicos, mientras que en lo nacional se desmantela el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), que no sólo concedía los permisos de exportación; desde los setenta también intervenía decisivamente en la habilitación, acopio, beneficio y comercialización del grano aromático campesino. Así, las organizaciones regionales de caficultores, que desde fines de los setenta habían luchado juntas contra las fallas y desviaciones del Instituto, fundan en 1999 la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), en la que al comienzo confluyen las agrupaciones de huerteros afiliados a CIOAC, UNORCA y otras convergencias nacionales. Con unas vienticinco organizaciones en seis estados de la República, CNOC es interlocutora insoslayable del gobierno, con quien trata de convenir el "aterrizaje suave" de la desregulación en curso. La Coordinadora impulsa una empresa comercializadora, una marca de café tostado y, en 1994, un crédito en dólares, cuya deuda multiplicada los descalabra. El programa gubernamental Alianza Café no es un verdadero plan de fomento, pero mete a las organizaciones regionales corporativas en la administración clientelar del subsidio, mientras que las más integradas aprovechan la efímera bonanza de precios de mediados de los noventa para consolidar estrategias de exportación.
Pero a fines de los noventa las cotizaciones caen de nuevo y organizaciones locales o estatales que venían rascándose con sus propias uñas reaniman a la CNOC, convergencia necesaria para luchar en el plano nacional por una verdadera política cafetalera. Al movimiento se incorporan también los caficultores afiliados a la CIOAC y los cenecistas de la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC), quienes junto con las organizaciones de los huerteros medianos y grandes conforman en 1997 el Foro de las Organizaciones Cafetaleras Nacionales, que reivindica los intereses de los productores primarios frente a los de los compradores e industrializadores. Finalmente, en marzo del 2000 los caficultores campesinos realizan una movilización nacional que trae a la ciudad de México alrededor de 2500 productores, principalmente de Oaxaca, Chiapas y Puebla, quienes, favorecidos por las inminentes elecciones donde se juega la presidencia de la República, logran acordar con el gobierno un programa emergente para el café.
Así, los caficultores de la CNOC reproducen el curso de los cerealeros, finalmente agrupados en ANEC, y en sus movilizaciones buscan alianzas con las organizaciones oficialistas y con los empresarios, en el entendido de que los efectos de la política antiagraria en curso no distinguen filiaciones ni tamaño. A fines de 2002, la Coordinadora impulsa el MCAM.
La tendencia a formar convergencias sectoriales no se presenta sólo entre campesinos cerealeros y caficultores, también las comunidades dueñas de bosques buscan agruparse como tales. Así, con base en la Red Forestal impulsada por UNORCA, que para 1991 enlazaba a ocho uniones de ejidos silvícolas en otros tantos estados, en 1994 se constituye la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf). Y con la misma lógica se forman convergencias en torno a servicios, como la AMUCSS establecida en 1992. La crisis de la agricultura campesina y de su organicidad se expresa muy bien en que de las treinta y dos Uniones de Crédito que al principio agrupaba esta Asociación, para 1995 ya sólo operaban dieciocho, la mayoría prácticamente quebradas.
Estas redes por especialidad productiva o por servicio son en casi todos los casos desdoblamientos o desprendimientos de UNORCA, por los que organizaciones regionales más o menos especializadas se aglutinan nacionalmente en torno a su específico interés sectorial. Y como UNORCA, las redes especializadas adoptan la forma de coordinadoras. Modelo impulsado por la CNPA, frente que surgió a fines de los setenta como enlace solidario entre decenas de organizaciones regionales en lucha por la tierra, y que al operar con una dirección colegiada, respetar la autonomía de los coaligados y promover los intercambios horizontales entre las bases, se desmarca radicalmente del paradigma vertical y centralista de los organismos gremiales inducidos por el Estado posrevolucionario; aparatos cuya estructura debía facilitar el control de las bases y su operación como correas de transmisión de las instrucciones gubernamentales. De hecho, la única organización campesina independiente en activo que lleva el nombre de Central es una de las más viejas, la CIOAC, fundada como tal en 1975, pero que viene de la CCI, nacida en 1963 de una confluencia de priístas, enriquistas trasnochados y comunistas.
A diferencia de las coordinadoras plurisectoriales, que al enlazar organizaciones regionales diversas son multidimensionales y de perspectiva más o menos integral, las convergencias en torno a un determinado producto o función son especializadas, lo que facilita su mayor desarrollo técnico. Pero también debiera propiciar una mayor pluralidad, pues si ideología y proyecto unen a los miembros de una coordinadora plurifuncional, la argamasa de las confluencias sectoriales sería, teóricamente, su especificidad. Sin embargo, por lo general las convergencias sectoriales reúnen a los ideológicamente afines, de modo que la representación de un sector pasa por la confluencia de diversos agrupamientos; tal es el caso del Foro Café conformado por la CNOC, pero también la CIOAC y la UNPC, entre otras.
La existencia de organizaciones regionales, coordinadoras nacionales polifónicas y redes sectoriales especializadas, permite, por ejemplo, que un agrupamiento local como el FDC de Chihuahua se articule nacionalmente con la ANEC en lo referente a su actividad cerealera, mientras que en lo tocante a su trabajo de ahorro y crédito se vincula con la red de organismos financieros llamada Colmena Milenaria. Por su parte una coordinadora estatal, como CEPCO, que enlaza a decenas de organizaciones cafetaleras regionales de Oaxaca, forma parte de CNOC para los asuntos del grano aromático y trabaja con AMUCSS sus sistemas financieros. Pero también hay tensiones: UNORCA y CIOAC, por ejemplo, tienen áreas cafetaleras que no participan en CNOC, una coordinadora nacional que, sin embargo, les es afín; y Red Mocaf, que surgió de UNORCA, ha tenido diferencias con ella. Con todo y sus inevitables desencuentros, esta plural conformación hace más rico, complejo y diferenciado el tejido organizativo campesino, multiplicando sus relaciones, recursos, capacidades, saberes y sabores. Virtud que, como veremos, se potencia extraordinariamente cuando los diferentes ámbitos asociativos convergen en un movimiento plural pero unificado como el que se desató en el 2002.
Pero, así como el EZLN y el CNI son mascarón de proa del indianismo, el emblema del movimiento rural mestizo de los noventa es El Barzón, una convergencia reactiva, variopinta y multiclasista desatada por agricultores ricos, que precisamente por ello da cuenta del filo de la crisis rural y los alcances de la exclusión. El mes de agosto de 1993 irrumpen en la plaza de armas de la capital de Jalisco ciento diez tractores provenientes del sur y costa del estado. La "toma de Guadalajara" dura cincuenta y dos largos días y corre por cuenta de agricultores acomodados, muchos de ellos de Autlán y Ciudad Guzmán; empresarios pujantes y orgullosos que pocos años antes arañaban el cielo y ahora están descapitalizados y endeudados. Sus demandas: apoyo al campo, freno a las importaciones y renegociación de carteras vencidas. Algunos son de la CNC, otros de la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios Rurales y otros de la Confederación Nacional Ganadera; los hay que militan en el PRI, y otros en el PAN, el PRD, o en el Partido Democrático Mexicano (PDM), de herencia sinarquista.
En septiembre de ese año, en el curso del plantón, se constituye la Federación Estatal de Productores Agrícolas "El Barzón" A. C. Pero los de Jalisco no son los únicos; iniciativas semejantes están surgiendo en Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, y en noviembre se forma una Confederación Nacional, que a resultas de la ruptura entre la corriente de Jalisco y la de Zacatecas, en agosto de 1994, da lugar a la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciales, Industriales y Prestadores de Servicios "El Barzón" con representaciones en catorce entidades: Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Distrito Federal.
Con los versos de una vieja canción del dominio público que hace referencia a deudas impagables: "Ora voy a trabajar/para seguirle abonando", el norte y occidente, mestizos y rancheros, bocabajeados por la apertura comercial indiscriminada y la crisis financiera, salen al relevo de una lucha campesina declinante, casi al mismo tiempo que en Chiapas las comunidades indígenas del sureste anuncian estentóreamente su presencia con un alzamiento armado.
El 6 de diciembre de 1994 El Barzón marcha de Querétaro al Distrito Federal por una ley de moratoria y los tractores rebeldes entran por vez primera a la capital. En 1996 la sección agraria de El Barzón realiza un congreso con cinco mil delegados de veinticinco estados de la República. Se encuentran ahí maiceros del Estado de México y de Guerrero, frijoleros de Zacatecas, sorgueros de El Bajío, aguacateros de Michoacán, piñeros de Oaxaca, citricultores de Veracruz, ganaderos de las Huastecas, menonitas diversificados de Durango. Debaten juntos grandes empresarios, rancheros medianos y campesinos "transicionales", todos víctimas financieras del viraje operado por Banrural a fines de los ochenta y principios de los noventa.
Mediante acciones espectaculares El Barzón logra, entre otras cosas, suspensión de embargos, devolución de bienes, subsidio a la energía eléctrica. Pero pronto extiende sus demandas a la soberanía alimentaria y reclama se declare una emergencia agropecuaria. Impulsando un Frente Nacional por la Defensa del Campo, realiza movilizaciones conjuntas con CIOAC, CNPA, UCD, UGOCP, UNTA, CODUC, y en el 2002 es de los primeros en sumarse a las jornadas de lucha del MCAM.
¿Y si no hay excedente, qué retenemos?
Los campesinos se han adaptado al dominio (del
capital) de manera muy activa y variada pero
generalizada, difusa y flexible. Esta manera
de adaptarse contrasta con la integración
especializada que se considera como la
respuesta normal a la modernización [...].
Por el contrario, el campesino cuanto más
intensamente se integra más se diferencia; más
campesino se vuelve en tanto diversifique su
actividad para adaptarse a este proceso.
Como hemos visto, los desfiguros del liderazgo rural ocasionan cismas, diáspora y descrédito; pero el papelazo de los dirigentes no es el fin de la corriente autogestionaria. Aunque debilitadas, algunas de las fuerzas regionales y sectoriales sobreviven, surgen otras, y el espíritu del proyecto persiste y se extiende a todo el movimiento, incluyendo su corriente agrarista. Porque la construcción de una economía asociativa y solidaria sustentada en la unidad doméstica y controlada por los productores directos, responde a las tendencias profundas del trajín campesino. Tan es así que en el arranque del nuevo milenio, sus planteos básicos reaparecerán como banderas del ejército de sobrevivientes, resucitados y zombis que proclama: "¡El campo no aguanta más!"
Sin embargo, durante los noventa, la vertiente económica de la resistencia rural sufre una profunda revisión conceptual, política, organizativa y práctica. En una década se va de la "apropiación" a la "revolución" del proceso productivo; de la integración vertical y especializada de los sectores a la articulación horizontal diversificada de las regiones; de las organizaciones laxas e incluyentes a la autoselección de la militancia más comprometida; de apostarlo todo a la competitividad económica a reivindicar la multifuncionalidad campesina; de la autogestión productiva y social al autogobierno. Mudanza abigarrada y para nada lineal, que por razones de claridad abordaré por partes.
La "retención del excedente económico", mediante una "apropiación del proceso productivo" entendida a veces estrechamente como desplazamiento de intermediarios y extensión del control de la cadena a partir del sector primario, comienza a pasar aceite cuando la mayoría de los sistemas-producto de participación campesina importante devienen no competitivos debido a las políticas de apertura y desregulación. Y es que si no hay excedente no hay nada que retener. En términos estrictos de mercado la salida está en la conversión: no sólo apropiarse del proceso productivo, también revolucionarlo. Pero si es relativamente sencillo desplazar y sustituir por actores asociativos algunos eslabones privados de la cadena, dado que con esto no se toca la nuez de la producción campesina, la necesaria conversión es más peliaguda, pues con frecuencia supone subvertir los usos y costumbres domésticos y ocasionalmente también los comunitarios. Un buen ejemplo es la transición de la caficultura convencional a la orgánica, en un proceso que agrega valor y permite acceder a segmentos de mercado con mejores precios, pero demanda cambios drásticos, no sólo en el manejo de la huerta y la primera industrialización; también en la relación entre los productores asociados, quienes deben autosupervisar la estricta aplicación de las normas ecológicas, pues por la infracción de uno, todos pueden perder la certificación. Pero, siendo insoslayable, adecuarse productivamente a las señales del mercado, en lo que éstas tienen de racional e indicativo de las características de la demanda, es del todo insuficiente cuando el comercio que realmente existe, lejos de ser libre está encadenado a los intereses de las megacorporaciones, de modo que el excedente agregado por la conversión quizá ya no termina en manos de rústicos coyotes, pero sí de trasnacionales agroalimentarias.
La estrategia de eslabonar cadenas productivas, sustentadas en monocultivos especializados de lógica empresarial, topa con el inicuo e impredecible mercadeo real, que castiga a quienes ponen todos los huevos en la misma canasta; pero también choca con la racionalidad de un campesino que, a diferencia del empresario, no puede ajustarse así nomás a las señales del mercado, pues lo mueve el bienestar de la familia y no la rentabilidad, y cuyos recursos no son libres y monetarizables como los del capital, sino que están vinculados; y por último, que no al final, se tropieza con madre natura: la diversidad agroecológica, incompatible con la uniformidad técnica de la agricultura de talante industrial. Por todo ello las organizaciones campesinas, aun aquellas que al principio eran netamente sectoriales, adoptan cada vez más estrategias diversificadas, impulsando policultivos y aprovechamientos múltiples, que suponen amarres verticales, pero también una articulación horizontal que explora y potencia la complementariedad de actividades numerosas y entreveradas. Así, no sólo los campesinos se recampesinizan para resistir los vendavales del mercado; también las organizaciones productivas del sector social pasan del modelo cerradamente empresarial al abierto paradigma campesino. Diversas son las claves de la supervivencia de la Tosepan Titataniske, de la sierra de Puebla, que lleva un cuarto de siglo en el rol, pero una fundamental ha sido la combinación de dos productos comerciales, la pimienta y el café, en los que tiene buenos amarres agroindustriales y comerciales, con el impulso a la producción alimentaria de autoconsumo y la creciente autoprovisión de servicios.
Muchos agrupamientos campesinos, antes incluyentes y practicantes del reclutamiento indiscriminado que otorga representatividad y fuerza numérica, están transitando a procesos de selección natural o inducida de su membresía, por los que conservan a los más aptos en términos agroecológicos y económicos, pero también a los más militantes y comprometidos con la organización. Porque cuando no se trata sólo de presionar a las instituciones públicas, o de mediar en el reparto de dádivas gubernamentales, la debilidad productiva o el oportunismo económico de socios irresponsables son pesados lastres. Una membresía desafanada o rapaz transforma los aparatos financieros, comerciales y agroindustriales del sector social en insaciables vertederos de subsidios, organismos clientelares que se desfondan cuando se suspende la derrama. Pero, con frecuencia, la selección también deja fuera a los campesinos de menores recursos, chocando con la vocación pobrista y justiciera de las organizaciones sociales democráticas. Tensión entre el proyecto emancipador y la razón económica, que no se suprime pero sí se controla, mediante estrategias de diversificación; porque en los sistemas-producto la competencia es implacable, y conservar agricultores marginales o ineficientes es suicida para los demás, mientras que explorar el aprovechamiento múltiple de los recursos disponibles puede generar opciones para los que han sido desplazados de una actividad.
Pero, con todo y conversión, diversificación y búsqueda de eficiencia, las estrategias de supervivencia del sector social casi siempre son arrolladas por la apertura comercial indiscriminada y la desaprensión del Estado. Y si al principio muchos se creyeron llamados, a la postre pocos -si es que alguno- fueron los elegidos. Entonces, ante el inapelable: "Son las ventajas comparativas, estúpido", no quedaba más que el cambio de terreno: demandar la revalorización de la agricultura y del mundo rural, no tanto por su mayor o menor viabilidad económica, como por razones de soberanía, de inclusión social, de salud ambiental, de diversidad biológica y cultural. Había que trasladar el debate de un sector de la producción que apenas aporta 5% del PIB, al reconocimiento, ponderación y retribución de las múltiples funciones del mundo rural; transitar de la defensa del excedente económico doméstico a reivindicar la polifonía de la comunidad campesina e indígena. Y esto sólo será posible si el ogro filantrópico y clientelar del segundo y tercer cuartos del siglo XX y el Estado crupier que en los ochenta y noventa se limitó a servir cartas marcadas a los tahúres corporativos del agronegocio, dejan paso a un gobierno, no suplantador pero sí activista y enérgico. Porque una de las formas de resistir la globalización desmecatada que acota y debilita a las naciones, es que Estado y sociedad reasuman juntos la soberanía, y en el caso de la agricultura, de la que dependen vida, trabajo, medio ambiente y cultura, la regulación estatal es absolutamente indispensable.
Ante tamaño reto civilizatorio, reducir el campesinado a "sector social de la producción agropecuaria" es empobrecer su misión y cometido. Hay que admitir, entonces, que las solas habilidades empresariales no salvarán a las organizaciones de productores, que la integración vertical y la diversificación son necesarias pero no suficientes, que la lucha y el compromiso son por cosechar alimentos, pero también por generar empleo y cohesión social; por producir bienes agropecuarios pero igualmente aire puro, agua limpia, tierra fértil, biodiversidad, cultura. Y el cambio de cancha demanda replantear la autonomía en un nivel superior, transitar de la autogestión económica al autogobierno. Tarea en que el movimiento de los pueblos originarios, desplegado en el atardecer del milenio pasado, ha puesto el ejemplo.
Pese a todo, los indios sabían que la tierra les
pertenecía por historia, por derecho y también por
el trabajo, que [...] era lo que la hacía fructificar.
El indigenismo integracionista, la presión del racismo discriminador y la invención del campesinado como protagonista rural por antonomasia, diluyen durante casi todo el siglo XX la presencia social y política de los pueblos originarios, quienes sólo reaparecen con fuerza en la última década de la centuria aglutinados en torno a la reivindicación de sus derechos autonómicos.
Durante la etapa violenta de la Revolución, la participación indígena -vista a vuelo de pájaro- adopta tres modalidades: en una suerte de prolongación armada de su condición de ejército laboral servil, algunos mayas se enrolan en fuerzas finqueras que resisten al carrancismo, una Revolución que en el sureste se presenta bajo la forma de ejército invasor; mientras, en el norte, ciertas etnias aprovechan la coyuntura bélica para cambiar su apoyo armado a fuerzas revolucionarias nacionales por promesas de solución a sus ancestrales reivindicaciones locales; y los zapatistas del centro desarrollan políticas autónomas y un programa campesino donde, sin embargo, no se plasma expresamente su condición náhuatl. Los tzeltal-tzotziles de Los Altos de Chiapas que combatían al revolucionario norteño José Agustín Castro al lado de los "Mapaches" del finquero Alberto Pineda, los yaquis broncos de la sierra de Bacatete enrolados en el ejército de Obregón o en la guardia personal de De la Huerta, los vecinos de Milpa Alta que siguieron al Ejército Libertador del Sur cuando escucharon en náhuatl los manifiestos zapatistas, eran sin duda indios pero, aun si aparecían como tales, no adquirían un perfil político propio.
El primer indianismo revolucionario surge a fines de la segunda década del siglo, cuando Carrillo Puerto, al frente del Partido Socialista del Sureste, aclimata el zapatismo de Morelos a las condiciones semiesclavistas de Yucatán. Reparto agrario que provee base territorial autonómica a los peones de las haciendas, antes acasillados; desarrollo agrícola centrado en el "regreso al maíz", que rompe la dependencia alimentaria respecto de la finca; Ligas de Resistencia que dotan de organización a la lucha gremial; Domingos Rojos y otras actividades artísticas y educativas que propician la recuperación de lengua, cultura y autoestima. Tierra, libertad y dignidad integrados en una suerte de socialismo indígena, una utopía maya frustrada en 1923 por el alzamiento de la Casta Divina y el asesinato de Carrillo Puerto.
Desde los años cuarenta los pueblos autóctonos son materia del indianismo burocrático de un Estado paternalista que a través del Instituto Nacional Indigenista (INI) busca integrarlos en la sociedad nacional, rescatar su cultura como folclor y en el mejor de los casos atender sus reclamos económicos, sociales y políticos en tanto que ciudadanos, pero soslayando la reivindicación de su identidad y los derechos que de ella emanan. Si los campesinos gestados por la Revolución entraron en la horma institucional con el agrarismo hecho gobierno, los indios del siglo XX fueron reinventados por el INI en tiempos de paz. Y su lucha por librarse de las redes del poder -las imaginarias y las otras- es más tardada pero en cierto sentido más profunda.
El nuevo indianismo va definiendo su talante durante los setenta y los ochenta, cuando diversas comunidades, como Milpa Alta y Xochimilco, en el Distrito Federal, y Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, desarrollan movimientos locales o regionales en defensa de tierras, bosques y aguas; pero también contra caciques y por el gobierno municipal, como las que impulsan en Oaxaca los serranos de Yalalag y los istmeños de Juchitán. Sin embargo, en estas luchas los indios no ponen por delante su especificidad, e incluso la reivindicación agraria vía comunal se distingue, en la práctica, de la ejidal por el tipo de tenencia o el procedimiento, no por la índole del sujeto y el fundamento histórico de su derecho, de modo que hay indios que buscan dotación de ejido y mestizos que encontraron en los archivos un título virreinal y reclaman restitución de tierras comunales. Así, el primer neozapatismo explícito de la posrevolución, que encarna orgánicamente en la CNPA, realiza su primer Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas Independientes, en la comunidad náhuatl de Milpa Alta, y su composición es mayoritariamente indígena: de las veintiún agrupaciones regionales vinculadas a la Coordinadora en 1982, sólo siete son netamente mestizas y catorce están integradas principalmente por indígenas de doce etnias diferentes: náhuatl, purhépecha, otomí, huasteca, mazahua, zapoteca, chinanteca, triqui, amuzga, chatina, tzotzil y tzeltal. Y aunque con menos peso, también en la otra gran coordinadora de los ochenta que es UNORCA, hay importante militancia de los autóctonos: la Cooperativa Tosepan Titataniske, de Puebla, la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense, la Unión de Uniones de Chiapas, entre otras. Sin embargo ninguna de las dos convergencias plantea con fuerza la cuestión étnica.
El propio Congreso Indígena realizado en Chiapas en 1974 es indianista en sus formas: comunicación en chol, tzeltal, tzotzil y tojolabal, diagnósticos y propuestas por comunidad y grupo lingüístico, elaboración consensual de ponencias y luego de conclusiones; pero su agenda y contenido resolutivo resultan básicamente campesinos, pues sus grandes temas son tierra, comercio, salud y educación.
Durante los primeros setenta Oaxaca es semillero de organizaciones regionales indígenas: la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), integrada por zapotecos; la organización de yalaltecos de la Sierra de Juárez, que lucha contra el cacicazgo; la Coalición de Promotores Indígenas Bilingües, con miembros de casi todas las etnias de la entidad; la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (Odrenasij), también zapoteca; el Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixes (Codremi); el Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca (Codeco).
Animadas por intelectuales indígenas como el zapoteco de Guelatao, Jaime Martínez Luna, y el mixe de Tlahuitoltepec, Floriberto Díaz, algunas de estas organizaciones comienzan a elaborar una plataforma programática. A principios de los ochenta en una declaración conjunta de Odrenasij, Codeco y Codremi leemos:
Demandamos respeto absoluto a nuestra autodeterminación comunitaria sobre nuestras tierras, sobre todos los recursos naturales y a las formas de organización que deseemos darnos [...]. Demandamos el respeto a nuestras expresiones de vida comunitaria, nuestra lengua, nuestra espiritualidad [...]. Demandamos respeto e impulso a nuestra forma de gobierno comunitario, porque es la única forma garantizada de evitar la centralización del poder político y económico. Nos oponemos a que en aras de un supuesto "desarrollo nacional" se arrasen nuestros recursos naturales.
Sin embargo, para aguzar su especificidad, el movimiento indígena tendrá que confrontarse con el Estado, que desde los setenta trata de apropiarse del nuevo etnicismo en ciernes; con el resto del movimiento campesino y popular, que por inercia o premeditación trata de subsumirlo, y con la agenda y prácticas intrusivas de las ONG muy presentes desde los ochenta.
A partir del congreso chiapaneco de 1974, convocado por Estado e Iglesia pero notablemente autogestivo, el gobierno promueve, primero, la integración de Consejos Supremos por etnia, y en 1975 la formación del Consejo Nacional de Pueblos Indios (CNPI). Instancia que debiendo ser pelele pronto se alebresta: en 1976 el CPI pide la desaparición del INI, y durante el gobierno de López Portillo critica la Ley de Fomento Agropecuario. Cuando el Consejo cita a su tercer congreso contra la voluntad del presidente éste trata sin éxito de liquidar al Frankenstein emancipado, tarea que realiza Miguel de la Madrid en 1985, cuando lo transforma en una sumisa Confederación de Pueblos Indígenas que se incorpora al PRI.
Paralelamente, durante los ochenta y en los primeros noventa, aparecen numerosas organizaciones regionales independientes, como las oaxaqueñas Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), la Unión Campesina Independiente Cien años de soledad (UCI 100 años), la Asamblea de Autoridades Mixes (Asam); las chiapanecas Organización de Médicos Independientes del Estado de Chiapas (OMIECH) y Organización de Representantes Indígenas del Estado de Chiapas (ORIECH); el hidalguense Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata" (FDOMEZ); el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, de Guerrero, que lucha contra la amenaza de una presa en San Juan Tetelcingo.
Pero la creciente migración, primero a los campos irrigados del noroeste y después a Estados Unidos, ha hecho multiespaciales y discontinuas a muchas comunidades indígenas, que ahora también trajinan y se organizan fuera de sus territorios ancestrales. Las fuertes luchas de mixtecos y zapotecos en Oregon, Washington y sobre todo California, en la segunda mitad de los ochenta, encarnan en agrupaciones como el Comité Cívico Popular Mixteco, la Asociación Cívica "Benito Juárez", la Asociación del Pueblo Explotado y Oprimido, entre otras. Sobre esta base en 1991 seis organizaciones deciden formar en California el Frente Mixteco Zapoteco Binacional, que de ahí se extiende a la vecina Baja California, y más tarde a la natal Oaxaca. En 1994, dado que ingresan mixes, triquis y chololtecas trasterrados, se rebautizan como Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB).
Y con las organizaciones vienen las reuniones multitudinarias: el Primer Encuentro de Organizaciones Indígenas Independientes se realiza en Puxmecatán, Oaxaca, en 1980; el segundo en Cherán Atzicurin, Michoacán. Proceso que cobra fuerza a fines de los ochenta, cuando con motivo de la inminente conmemoración del medio milenio de indianidad impuesta, se celebra en Matías Romero, Oaxaca, el Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, con alrededor de seiscientos participantes de noventa y seis organizaciones de catorce estados y veintitrés grupos étnicos. Participan también delegados de Guatemala, Honduras, Perú y Bolivia, y representantes de universidades y ONG. Ahí se acuerda realizar la Campaña Mundial 500 Años de Resistencia Indígena y Popular. En marzo de 1990 se celebra en Xochimilco, Distrito Federal, el Segundo Foro, en medio de disensos, que no impiden que en julio se constituya el Consejo Mexicano 500 Años... del que forman parte veintitrés organizaciones indígenas, campesinas y populares de base, pero también ONG y académicos. Finalmente, citada por el Consejo, se celebra en Milpa Alta la Primera Asamblea Nacional de Organizaciones y Pueblos Indios, de donde surge el Frente Nacional de Pueblos Indios (Frenapi).
A estas alturas la plataforma indígena está pulcramente definida:
Derecho a la autonomía y la autodeterminación [...] derecho a la identidad cultural [...] derecho a la tierra y los recursos naturales [...] derecho a determinar libremente la condición política interna de acuerdo a las formas de organización tradicional [...] vigencia del derecho consuetudinario tradicional indio [...].
Llama la atención que, a contracorriente de la tendencia deslindadora que a fines de los ochenta ocasionara la ruptura de varias organizaciones indígenas con la demasiado campesinista CNPA, el Consejo Mexicano sea de amplia convergencia y llame a "impulsar la unidad [...] de los pueblos indios con los sectores campesinos, obreros y populares" (Consejo Mexicano 500 años, 1991).
Pero corren los primeros años del gobierno de Salinas, quien está tratando de llevar a su redil a los movimientos rurales independientes, de modo que si en 1989 los operadores del ejecutivo habían conformado al CAP, para desfondar al CAU, en 1990, por órdenes de Los Pinos, la CNC convoca a formar un Congreso Indígena Permanente (CIP) orientado contra el Frenapi. Y así como muchas organizaciones autónomas afiliadas al CAU se incorporan igualmente al CAP, algunos integrantes del Frenapi, como el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), dobletean y también convocan a la formación del CIP, junto a la Sección de Acción Indigenista de la CNC, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) y otras. El CIP se crea formalmente en octubre de 1991 y, como a los campesinos, Salinas le ofrece recursos multimillonarios, ahora a través de un Fondo Indio. La maniobra gubernamental funciona, pues así como el CAU campesino no pudo sobrevivir al CAP, también el Frenapi dura poco.
A esto se agrega una iniciativa presidencial de reforma al artículo 4 constitucional, que se aprueba en 1991. Cambios culturalistas no sustantivos y de formulación vaga, que sin embargo funcionan como cuentas de vidrio destinadas a deslumbrar "naturales". El mismo sentido puramente epidérmico tiene la adhesión del gobierno mexicano al Convenio 169 de la OIT, que se firma a fines de 1990 y en enero del año siguiente se publica, pero no se practica. Un último guiño gubernamental a los originarios es que tanto la reforma al artículo 27 como su Ley reglamentaria mantienen el carácter "inalienable, imprescriptible e inembargable" de las tierras comunales, aunque dejando resquicios a la privatización, pues pueden perderse, por ejemplo, si "se aportan a una sociedad" (artículo 107, título III, capítulo V). Sin embargo el hecho significativo es que las tierras restituidas o confirmadas a los pueblos indios se excluyen del mecanismo por el que se busca que las ejidales adopten el "dominio pleno", antesala de la enajenación.
Para entender el módico sesgo indianista de un gobierno chatamente neoliberal, cabría recordar que en el arranque de los noventa soplan en el mundo vientos etnicistas, recogidos por organismos multilaterales, como la OIT, y expresados en reformas constitucionales, frecuentemente ligth y limitadas a legislar la multiculturalidad, pero que en ocasiones reconocen también territorios, derecho consuetudinario y autogobierno. Paradójicamente la oleada planetaria de contrarreformas agrarias en la que se inscribe la salinista, va acompañada de un cierto reconocimiento a los derechos étnicos. Así, por ejemplo, en Bolivia la misma Ley Agraria de 1993, que echa para atrás la reforma radical de los primeros cincuenta, establece un mecanismo para reconocer los territorios de los pueblos originarios. En la práctica esto ha servido para dar seguridad y títulos a los neolatifundios, que quedan excluidos de los deslindes, pero en los primeros noventa era una clara concesión de papel a los quinientos años de deuda con los indios.
El gobierno no es el único en meter su cuchara; desde mediados de los ochenta el movimiento indígena mexicano empieza a encontrar ONG en su camino. Como hemos visto, el tema étnico está en la agenda global, pero además el sismo de 1985 y la crisis económica nos hace merecedores de mayor cooperación internacional y el repliegue del Estado deja espacios a la promoción civil, circunstancia a la que se suman los numerosos organismos eclesiales y paraeclesiales sensibles a esa problemática antes de que estuviera de moda. Así, los indios devienen paradigma de "grupos vulnerables" y objeto de asistencia, pero también, y en el mejor de los casos, materia de acompañamiento solidario. Y los proyectos de educación, salud, alimentación, vivienda, y en menor medida, ahorro, crédito y producción, se multiplican. No es casual, entonces, que el Foro Internacional de Matías Romero se refiera a los "derechos humanos", caros a la cooperación, y haya sido convocado por organizaciones de base, como UCIZONI, a la par que ONG como el Equipo Pueblo.
El internacionalismo es otro factor decisivo en esta etapa, pues el proceso mexicano se vincula estrechamente al latinoamericano, dramatizado por tres ediciones del Encuentro Continental de Pueblos Indios, la primera en 1990 en Ecuador, la segunda un año después en Guatemala y la tercera en 1992 en Nicaragua.
Los sucesos del 12 de octubre de 1992 documentan tanto el creciente protagonismo indígena como la confusión prevaleciente: el Zócalo de la ciudad de México se llena de contingentes variopintos y desbalagados que incluyen desde concheros emplumados hasta un mitin del Consejo 500 años...; peregrinos de todo el país abarrotan la Basílica de Guadalupe donde la Iglesia católica les pide perdón por haberlos colonizado; en Morelia, Michoacán, los indios airados tumban la estatua de Vasco de Quiroga, quien posiblemente no se lo merecía, y en San Cristóbal, Chiapas, derriban la de Diego de Mazariegos, que sin duda se lo merecía.
Éste es el punto más alto de la oleada neoindianista que arranca en los setenta y cobra fuerza a fines de los ochenta. El Consejo Mexicano, que en 1991 llegó a agrupar alrededor de trescientas cincuenta organizaciones de veintitrés estados de la República y tenía coordinaciones en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla, se debilita después del 12 de octubre, y pasada la fecha cabalística afloja también el acompañamiento de ONG. Desangelado resulta el Encuentro Nacional de la Sociedad Civil y de los Pueblos Indios de agosto de 1993. Pasó la moda. Pero si en octubre de ese año ya no hay indios en el Zócalo, en enero de 1994 los indios están en todas las pantallas de televisión, catapulteados por el alzamiento del EZLN.
Los indios zapatistas
Los indios siempre estuvieron allí para contradecir,
para defender sus viejos derechos, aunque de poco
les valiera.
Sin duda el terreno estaba abonado tras casi veinte años de lucha étnica por desmarcarse del indigenismo institucional, pero la insurgencia en Las Cañadas transmuta a un "grupo vulnerable" merecedor de asistencia en emblema de dignidad y rebeldía. El programa zapatista no es particularmente indianista (trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz), pero indígena es su base social e indígenas son las estrategias con que se atrinchera cuando la movilización nacional abre el camino de la paz. En diciembre de 1994, durante la campaña Paz con Justicia y Dignidad, que le permite romper el cerco, el EZLN hace pública la conformación de treinta y ocho "municipios rebeldes", vale decir autónomos de facto. Pero meses antes, el 12 de octubre, con motivo del 502 aniversario de la Conquista, el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) y la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEPCH) llaman a formar Regiones Autónomas Multiétnicas. Así, los grupos de la CIOAC toman diez ayuntamientos y constituyen la Región Autónoma Norte; mientras que en Ocosingo el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) establece el Municipio Independiente "Marqués de Comillas", y también la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) conforma ahí autogobiernos; por su parte en Las Margaritas el FIPI proclama la Región Autónoma Fronteriza. De manera semejante la Organización Indígena de los Altos de Chiapas (ORIACH), el Movimiento Democrático de Chalchihuitán (Modech), la Organización Indígena de Cancuc (OIC) y la Organización Indígena Samel Satik (OIS) declaran autónomos sus territorios de influencia.
Hasta aquí se trata de autonomías de hecho, que se entreveran con demandas agrarias y otras reivindicaciones indígenas y campesinas, pero en 1995, cuando la primera Mesa de Diálogo entre el EZLN y el gobierno federal se centra en los derechos autonómicos y en 1996 cobra la forma de una propuesta de cambios a la Constitución, el movimiento indígena entra en una dinámica de rearticulación que lo definirá durante el resto de la década.
La reforma constitucional, habitualmente identificada con la Ley Cocopa, síntesis de los primeros acuerdos de San Andrés, define el objetivo y la estrategia de esta nueva fase del movimiento indígena. Por su contenido es una bandera diferenciadora, que profundiza la segregación organizativa entre autóctonos y mestizos que venía desarrollándose desde los ochenta; por su forma, la búsqueda de reconocimiento constitucional de los derechos es unificadora de los grupos étnicos, pues pese a que en su gestación hubo diferencias de enfoque (comunalistas versus regionalistas), la iniciativa es un plausible marco jurídico común, paraguas compartido por colectividades variopintas y distantes que en otros asuntos podrían tener fuertes discrepancias.
A diferencia de las prácticas autogestionarias y los autogobiernos que se venían dando desde los ochenta, la autonomía de los noventa quiere emanar de un pacto y sustentarse en la ley: "La autonomía no es efecto de una decisión unilateral (ni de las etnias y/o nacionalidades, ni de los Estados). Es producto de una negociación política", escriben Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas (1994). Pero a diferencia de otras negociaciones políticas entre movimientos sociales y gobierno, ésta no admite gradualismos: entran a la Constitución los derechos sustantivos de los pueblos indios o no entran; sí o no.
La definición de una nueva plataforma y estrategia autonomistas demanda a su vez una renovada articulación, proceso organizativo que el alzamiento chiapaneco precipita. Al principio los contingentes étnicos se mueven dentro de la pasmosa y variopinta convergencia ciudadana convocada por el EZLN en agosto de 1994, y estimulada por la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en las inminentes elecciones presidenciales de ese año, que es la Convención Nacional Democrática: un amplísimo y multiclasista frente de izquierda, articulado primero en convenciones estatales, pero después también en estructuras sectoriales: campesinas, obreras, indígenas, estudiantiles, de mujeres, de intelectuales y artistas. Así la Convención Nacional Indígena realiza reuniones en Tlapa, Guerrero, en Juchitán, Oaxaca, y en San Cristóbal, Chiapas. Sin embargo con el triunfo del PRI en las elecciones, la CND pierde sentido coyuntural, y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), convocado por el EZLN en la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, no prospera. Es ésta la última iniciativa zapatista orientada a impulsar un frente popular amplio y multisectorial, pues desde fines de 1995 y en 1996 su convocatoria social será principalmente indianista.
En abril de 1995, representantes de alrededor de cien agrupaciones realizan en la ciudad de México la Primera Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, que elabora un proyecto de Ley Autonómica. El encuentro se prolonga en un segundo, realizado en Vacum, Sonora, y un tercero que tiene lugar a fines de agosto en Oaxaca; reuniones con asistencia creciente de las que surge la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), que meses después contribuirá significativamente a la construcción de los acuerdos de San Andrés.
Pero la convergencia de pueblos autóctonos expresamente convocada por el EZLN es el Primer Foro Nacional Indígena, realizado en San Cristóbal en enero de 1996 como parte del proceso de negociación con el gobierno federal iniciado poco antes en San Andrés. Al magno encuentro asisten 757 delegados indígenas, 568 observadores, 248 invitados y 403 periodistas. Propiciados por el de San Cristóbal, más adelante se realizan reuniones y constituyen foros estatales y regionales. Con grupos de Michoacán, Jalisco y Guerrero se promueve el Foro Pacífico-Centro; con representantes de Veracruz, Hidalgo y Querétaro se impulsa el Foro hñähñü; y así el Foro Regional Indígena Maya Chontal, el Foro Regional Totonacapan, el Foro Indígena Permanente de la Región de Anáhuac, y diversas reuniones estatales en Oaxaca. En octubre de ese mismo año, la presencia de la comandanta Ramona avala la constitución del Congreso Nacional Indígena (CNI). En 1997, cuando 1111 zapatistas salen de Chiapas rumbo a la ciudad de México, el CNI realiza su segundo congreso, y en marzo del 2001, coincidiendo con la Caravana de la Dignidad Indígena con que el EZLN, los indios y los mexicanos progresistas buscan impulsar la aprobación de la Ley Cocopa por el Congreso, celebra el tercero en Nurío, Michoacán, con casi 3400 delegados y la asistencia de unas nueve mil personas. Así, el CNI sella su íntima cercanía con el curso del zapatismo chiapaneco y la demanda de constitucionalidad para los derechos autonómicos se amarra a la salida pacífica para Chiapas.
La Marcha del Color de la Tierra es el punto más alto de la fase del movimiento indígena que arranca a mediados de los noventa y se articula en torno al reconocimiento constitucional de las autonomías. El autogobierno a contrapelo es ancestral, se pugnaba expresamente por él desde hace cuando menos un cuarto de siglo y se formuló conceptualmente como derecho en los ochenta, pero lo peculiar del movimiento protagonizado por el EZLN y el CNI desde 1996 es que se aboca a buscar un acuerdo con las fuerzas políticas del país que permita su reconocimiento constitucional; lo novedoso es que indios y zapatistas centran su estrategia en conseguir una reforma del Estado.
No es poca cosa. En un país donde por lo general se pelean demandas puntuales cuya satisfacción se espera del gobierno, es un gran paso luchar por el reconocimiento de derechos fundacionales. Más aún cuando en torno a tal reivindicación se aglutina la gran mayoría de las organizaciones indígenas, que cuentan con el apoyo activo de las fuerzas políticas y sociales progresistas y con amplias simpatías entre la población, de modo que por momentos se avizora la excepcional posibilidad de que culmine en ley un proceso legislativo iniciado desde abajo.
La coyuntura propicia se presenta en dos momentos: durante las negociaciones de San Andrés, en el arranque del gobierno de Zedillo, y después de la Caravana por la Dignidad Indígena, al inicio de la administración de Fox. Y al frustrarse la negociación -en 1996 por el ejecutivo y en el 2001 por el legislativo- indios y zapatistas se encuentran con que el dispositivo político que echó por tierra el acuerdo, en los dos casos se mantendrá por el resto del sexenio. Así, la lucha deviene marcadamente discontinua, pues para desarrollar una nueva campaña desde abajo hace falta esperar a que "arriba" la coyuntura cambie sola, y como los presidentes y senadores duran seis años en el cargo la posibilidad de modificar el sentido de su legislación se alarga notablemente.
Pero además, en la perspectiva de los principales protagonistas la vía parece haberse agotado. Cuando el Congreso de la Unión amputó severamente la Ley Cocopa, y sobre todo después de que la Suprema Corte rehusó enmendar el entuerto, tanto el CNI como el EZLN cambiaron de terreno: los indígenas ratificando su decisión de ejercer en la práctica la autonomía; los zapatistas anunciando la suspensión de todo contacto con el gobierno. Respuestas semejantes, pero con distintas perspectivas, pues hacer constitucional la autonomía tenía dos sentidos: para los pueblos originarios era el reconocimiento de un derecho, mientras que para el EZLN era también la mayor de las tres "señales" necesarias para reanudar negociaciones con el gobierno. Así, con el adefesio legislativo del senado los mexicanos retrocedimos en dos terrenos: se frenó la emancipación india y se alejó la paz; los pueblos autóctonos tendrán que seguir luchando con la cobertura limitada del Convenio 169, y los zapatistas continuarán haciendo política en condiciones de excepción y en el marco de una negociación "suspendida" que no tiene para cuando. Y sin duda marcharán juntos, pero con tácticas y estrategias necesariamente distintas pues se trata de actores de diferente índole.
El EZLN fijó su perspectiva en dos terrenos: en lo tocante a las bases de apoyo, sometidas a un cerco político militar que amenaza prolongarse, con la sustitución de los Aguascalientes por los Caracoles, la creación de las juntas de buen gobierno y una mayor autonomía respecto de los mandos político-militares, se aprestan a resistir el tiempo que haga falta; por otra parte el EZLN como tal proclamó su derecho a hacer política en todos los ámbitos, reanimó al Frente Zapatista de Liberación Nacional y su vocero Rebeldía, y en los últimos meses ha aumentado sus intervenciones (lucha por la paz, protestas contra la OMC en Cancún, encuentro internacional "En defensa de la humanidad").
Pero lo más importante es la lectura que los zapatistas hacen, tanto de sus experiencias recientes como de la circunstancia nacional y global, y sobre todo la lección que de ello desprenden. Un ejército voluntariamente pacífico que en 1994 impulsó la transición a la democracia por medio de comicios ("La propuesta de la Convención es tratar de forzar el cambio por la vía electoral [...]. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo para convencer a esta gente que queme el cartucho de la elección, que vale la pena" [entrevista al subcomandante Marcos, Morquecho, 1994]). Un grupo insurgente que en 1995 y 1996 buscó negociar una extensa agenda de reformas con el poder ejecutivo federal encabezado por Zedillo y en las mesas de San Andrés demandaba compromisos de gobierno con políticas públicas favorables a las etnias ("La autonomía no implica que el Estado deje de tener responsabilidad para con estas instancias, que tendrán derecho a fondos públicos de compensación y a otros que correspondan a los pueblos indios" [pronunciamiento del EZLN al concluir la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígenas]). Unos rebeldes remontados que el 2001 organizaron la Caravana de la Dignidad Indígena para reclamar a los legisladores la aprobación de una reforma constitucional ("Van a ganar los pueblos indígenas [...]. Vamos a convencer a los diputados [...] es la hora del Congreso de la Unión" [Subcomandante Marcos, entrevista con periodistas en La Realidad, reportada por Hermann Bellinghausen, 2001]). Un grupo de alzados que -sin dejar las armas- por más de ocho años impulsó reformas mediante elecciones, negociación con el ejecutivo, apelaciones al legislativo. Este excepcional oximoron de Las Cañadas ha llegado finalmente a la conclusión de que el sistema institucional no da para más, que todos los partidos y la clase política íntegra son una punta de traidores, que las tres puertas -ejecutivo, legislativo, judicial- se cerraron; en fin, que el sistema está en crisis terminal y sólo queda fortalecer los "bolsones" de resistencia rebelde. "El arte de la política ya no sirve más", escribió el subcomandante Marcos en "La treceava estela".
Algunos no compartimos este balance, aunque naturalmente el EZLN está en su derecho de fijar posición y actuar en consecuencia. Pero, salvo en lo tocante a la decisión de avanzar en las autonomías de hecho, la apuesta indígena no ha sido establecida tan claramente; primero porque no se trata de un ejército sino de un pluralísimo movimiento social, y segundo porque para ellos hacer constitucional la Ley Cocopa no era una "señal" propiciatoria de la paz, sino un derecho fundamental, parte sustantiva de una amplia agenda por la que vienen luchando expresamente desde hace más de un cuarto de siglo. Entonces el reto de las organizaciones indígenas no es tomar posición como actor político, sino definir su estrategia como movimiento social, lo que incluye la relación con otros sectores populares, la postura ante diferentes fuerzas políticas, la relación con el Estado y con este gobierno... Pero el desafío mayor es encontrar y desarrollar los resortes de la unidad, cuando el objetivo que compartieron durante los últimos siete años -elevar las autonomías a rango constitucional- entra en stand by y por un tiempo es difícil que alimente grandes movilizaciones.
Practicar las autonomías. Sí. Pero esto tiene tantas variantes como dimensiones. Y en lo tocante a la autogestión económica, cuando menos, los indios no pueden emprenderla seriamente a solas, pues es problema compartido con millones de campesinos mestizos y tarea grande que demanda alianzas mayores y visiones estratégicas. Porque las comunidades autóctonas no son autárquicas ni puramente autoconsuntivas; para vivir, los indios producen maíz y otros muchos alimentos en la milpa, la huerta y el traspatio; aunque también cultivan café y aprovechan los recursos maderables y no maderables del bosque, por mencionar dos actividades típicamente indígenas y fuertemente comerciales; y con cada vez mayor frecuencia los indios se van: migran en vaivén, por periodos largos o para siempre. Y aunque todo esto pueden hacerlo solos, el aislamiento no es bueno para la salud social.
Las milpas indígenas, igual que los maizales campesinos, están amenazados por las importaciones; no sólo porque los precios subsidiados desalientan la producción, incluso la de autoabasto, sino también por su mala calidad, potencial toxicidad y reconocida peligrosidad genética; sin duda las campañas de las ONG y la sensibilidad de los consumidores urbanos ayudan, pero la defensa de nuestro grano patrón sólo será exitosa si a ella se suman todos los maiceros: indígenas y mestizos, autoconsuntivos y comerciales.
De las más de 400 mil familias que cosechan café, quizá más de 300 mil son indígenas, y se trata de un cultivo netamente comercial, además de que las etnias del sureste proveen la gran mayoría de los pizcadores del grano. Pero el aromático está en la olla: desde hace tres lustros cayeron los precios y se han mantenido en el sótano salvo una corta recuperación a mediados de los noventa. Y sólo se sobrevive luchando organizados en el terreno de la producción y comercialización, y en la exigencia de políticas públicas que ordenen el mercado, compensen las fluctuaciones de precios y fomenten la conversión a la caficultura orgánica y de sombra o de plano a otros cultivos.
La mayor parte de la superficie arbolada de nuestro país es comunal, y pese a estar formalmente en manos indias se está perdiendo. Porque cuando no se puede vivir fraternalmente del bosque se le destruye: sea porque corrompiendo a algunos o a la mala entran a saquearlo las grandes corporaciones, sea porque el propio dueño extrae madera y otros recursos desordenadamente o de plano desmonta para cultivar o empotrerar. Sólo quienes trabajan y luchan organizadamente han podido revertir esta situación, porque, además, hacen falta fondos públicos para compensar los bajos precios de las importaciones y fomentar con capacitación y planes de manejo, tanto el aprovechamiento primario sustentable como la integración productiva.
Y si milperos, cafetaleros y silvicultores requieren extensas redes solidarias, qué decir de los migrantes indígenas, que en sus lugares de destino han de reivindicar derechos laborales, ciudadanos y de grupos étnicos transterrados, mientras que en sus lugares de origen se organizan con los que permanecieron para darle sentido suprafamiliar a las remesas. Todo como parte de la lucha por el derecho a no tener que migrar debido a la falta de opciones y, entre tanto, por hacer del éxodo un tránsito menos precario y doloroso.
En su trajín como milperas, huerteras o dueñas de bosques, las comunidades autóctonas no están solas, pues por cada campesino indígena hay dos mestizos, casi siempre tan pobres como él. Entonces la lucha rural de las etnias se entrevera con la lucha de los campesinos como clase. Así ha sido siempre; así fue en los setenta y los ochenta cuando los indios alineaban en coordinadoras campesinistas donde se diluía su especificidad, y sólo en los noventa, al centrar sus demandas en la constitucionalidad de los derechos autonómicos, el sendero indígena y el campesino se bifurcaron... temporalmente.
Durante la última década del siglo pasado, el movimiento de los pueblos originarios embarnece y cobra densidad en la medida en que se deslinda, diferenciándose por sus demandas, campañas, estructura organizativa, discurso, imaginario, sistemas simbólicos, procedimientos y hasta por el modo de saludar.
Y los indios, antes arrimados, pusieron casa aparte. Lo que está muy bien. Sólo que la mudanza los distanció un poco de la familia campesina, obrera y popular; aunque a cambio intimaron bastante con la tal "sociedad civil", una señora que hasta 1992 se conmovía mucho por los quinientos años y después cayó flechada por el EZLN. Pero en el nuevo domicilio también hay pleitos, sobre todo porque el asunto de la Constitución no tiene para cuando y las autonomías de hecho son variopintas e introspectivas y por sí mismas no favorecen la movilización conjunta. Entonces, mientras los indios arreglan sus desavenencias domésticas, quizá les haría bien que visitaran de nuevo a la familia; que ya mayores de edad y personas de respeto, se amistaran de nueva cuenta con los primos campesinos, obreros y populares. Capaz que juntos sí se puede.
Algunos animadores del movimiento, como Francisco López Bárcenas, también piensan así.
Lejos estamos de las posiciones de hace algunos años, cuando el reclamo de la autonomía caminaba aislado de las demandas de otros sectores de la sociedad mexicana, lo que no es igual a decir que no contaba con apoyo de aquéllos [...]. Pero una vez que el Estado se negó a reconocer ese derecho, los movimientos indígenas anduvieron un buen rato sin encontrar la forma de coordinar su demanda con las exigencias de otros sectores sociales, la defensa del agro y los campesinos y la lucha de los electricistas contra la privatización de la energía eléctrica, por ejemplo. Esta actitud puede tener una explicación: que el movimiento indígena discutía modelos y formas de autonomía y esto los llevó a posiciones políticas e ideológicas que miraban más sus diferencias internas que su unidad con el resto de los movimientos. Pero ahora que la mayoría de ellos anda en la construcción de las autonomías de hecho, las cosas comienzan a tomar otro rumbo [López Bárcenas, 2003].
La pertinencia de rearticularse con otros sectores populares, en particular con los rústicos, se desprende no sólo de la insuficiencia del movimiento indígena y sus fuerzas solidarias para sacar adelante demandas históricas sustantivas; también de la reaparición del movimiento campesino: un actor que sale de entre los muertos con una imaginación, combatividad, capacidad de integración programática y amplitud de convergencia que no mostraba desde principios de los noventa. Cuantimás que los indios de suyo son campesinos.
... y en el tercer lustro se levantó de entre los muertos
La crisis en el campo es un elemento constante
en la historia de México. Aparentemente nos
hemos acostumbrado a vivir con ella. También
parecería que los campesinos se han habituado a
tener sólo años malos y otros peores. Sin embargo,
periódicamente las tensiones en el campo se
agudizan y [...] se convierten en nacionales.
Arturo Warman, Los campesinos hijos predilectos del régimen
"¡El campo no aguanta más!", coreaban por las calles del centro histórico de la ciudad de México los cien mil manifestantes, la mayoría campesinos, que el 31 de enero de 2003 pusieron de nuevo en ocho columnas al movimiento rural.
No era la primera caminata; a principios de diciembre más de tres mil pequeños agricultores habían marchado por varios días a las oficinas públicas, a la cámara de diputados y a la embajada de Estados Unidos, y a mediados del mes campesinos de la UNTA y jinetes de El Barzón entraron por la fuerza al palacio legislativo de San Lázaro. Su demanda se sintetizaba en Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano, cuyo centro era la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN, pero también exigían más recursos fiscales y mejores políticas públicas, seguridad, inocuidad y calidad alimentaria, y reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios. La plataforma era sostenida por doce organizaciones, disímbolas pero aliadas desde noviembre: CIOAC, CNPA, FDCCH, UNORCA, CNOC, Red Mocaf, AMUCSS, ANEC, CODUC, Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC) y Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM).
Coyunturalmente el movimiento respondía a tres cosas: conforme al TLCAN, el 1° de enero se suprimirían los aranceles a todos los productos agropecuarios salvo maíz, frijol y leche en polvo; la nueva Ley Agraria de Estados Unidos incrementaba en aproximadamente 80% los subsidios a sus agricultores; y la propuesta de Ley de Egresos de Vicente Fox para el 2003 reducía el presupuesto rural mexicano en 7% en términos reales.
En diciembre se consiguió que los diputados incrementaran en más de 13 mil millones los recursos al campo, pero nada sobre el TLCAN, de modo que en enero se reanudaron las acciones con una toma simbólica del Puente Internacional de Ciudad Juárez, mítines en varios estados y un ayuno de dirigentes en la ciudad de México. Para entonces ya se habían incorporado a la lucha organizaciones campesinas como El Barzón y la UNTA, mientras que el CAP coqueteaba con las doce aliadas. Paralelamente se hacían acuerdos con fuerzas obreras como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y se convocaba al conjunto de la opinión pública en diversos foros.
El 20 de enero hay movilizaciones en quince estados de la república y el 31 se realiza una gran marcha, convocada por las doce aliadas, que ya se identifican como Movimiento el Campo no Aguanta Más (MCAM), pero también por el CAP, El Barzón, la UNT, el Frente Sindical Mexicano (FSM) y otra veintena de organizaciones. Aunque sin convocar, la CNC se suma a la movilización.
La marcha es punto de quiebre que obliga al gobierno a definir un formato aceptable para llegar a un Acuerdo Nacional para el Campo, y en febrero y parte de marzo se desarrollan ocho mesas de diálogo públicas con más de dos mil ponencias. Paralelamente, las organizaciones que participan en la negociación (MCAM, CAP, El Barzón y CNC) deciden trabajar como bloque y definen su propuesta de acuerdo, que constituye una integral y estratégica plataforma programática. En las mismas semanas se conforma el Frente Sindical Campesino y Social para impulsar la soberanía alimentaria, el empleo, la vida digna y el desarrollo sustentable en el campo y la ciudad, y el 10 de abril veinte mil personas, entre campesinos y trabajadores urbanos, marchan en el Distrito Federal en memoria de Emiliano Zapata, conmemoración que se repite en una decena de estados. El 27 de abril se arriba a la versión definitiva del acuerdo, que se formaliza al día siguiente en presencia del presidente, gobernadores y legisladores. De las organizaciones participantes en la negociación firman todas menos cuatro del MCAM. Pero todas, también, destacan las limitaciones de lo pactado y la necesidad de continuar la lucha.
El Acuerdo Nacional para el Campo admite proclamativamente la crisis rural y la necesidad de una nueva política, pero de manera más concreta reconoce la necesidad de excluir maíz blanco y frijol del TLCAN y, mientras esto se negocia con los socios, de controlar unilateralmente las importaciones; establece la urgencia de una ley multianual para la planeación agropecuaria, en la línea de la soberanía alimentaria, así como reformas profundas en la institucionalidad y normatividad de las instancias y programas agropecuarios del Estado; en lo inmediato asigna cerca de tres mil millones adicionales al campo y constituye una comisión de seguimiento de lo acordado que deberá operar por los siguientes cinco meses. ¿Parto de los montes? ¿Inicio de un vuelco histórico? Todo depende de la capacidad del movimiento de darle seguimiento a lo poco pactado y continuidad a la lucha por lo mucho pendiente.
Pero lo bailado nadie se lo quita. Y lo bailado es la constitución del campesinado mexicano como clase. Nada más y nada menos. Si por clase entendemos no una cosa, una estructura o una categoría, sino un proceso por el que "algunos hombres, como resultado de experiencias comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra otros" (Thompson, 1977), entonces las jornadas de invierno fueron un gran paso en la conformación de la identidad clasista de los campesinos de por acá.
Porque a una clase no se "pertenece". Con la clase no se nace, la clase se hace. Se hace en la lucha, cuando el pasado común y la experiencia compartida cobran sentido identitario. Y si para los obreros es arduo hacerse clase, cuantimás para los campesinos: una variopinta muchedumbre de trabajadores rurales sujeta a las más variadas relaciones económicas, que van desde la producción por cuenta propia hasta el trabajo asalariado; y por una heterogénea experiencia social, que los lleva de la comunidad tradicional a las metrópolis primermundistas. Y así como es polifónica su condición, así lo son sus organizaciones, pues las hay de productores y de jornaleros, de operadores de crédito y de deudores, de vendedores y de compradores, de artesanos y de agroindustriales, de usuarios y de prestadores de servicios, de migrantes y de quedados, de hombres y de mujeres, de indios y de mestizos... Esto, además de las diferencias por sector: que no es lo mismo sembrar maíz que cultivar tomate, cuidar vacas que cosechar miel, sacar madera que recoger resina, cazar que pescar o que recolectar... Sin olvidar la variedad de paisajes, climas, historias, culturas y lenguas que distinguen al indio del mestizo, que hacen rudo al norteño, sutil al suriano y jacarandoso al de la costa. Luego están las identidades locales y regionales: que no es lo mismo un serrano que un calentano, ni vale igual San Juan de Arriba que San Juan de Abajo... Y por si fuera poco, las diferencias de adscripción gremial, de filiación política, de partido, de bando... Para colmo, a los campesinos se les ocurre vivir lejos, dispersos, regados en comunidades chicas y mal comunicadas donde luego no hay periódicos y a veces ni siquiera televisión, y les da por no haber terminado la primaria, por no saber leer ni escribir, por no hablar español...
Pluralidad extrema, que quizá fue lastre y vergüenza cuando estaba de moda la unanimidad del overol, pero es privilegio y fortuna cuando se reconoce que la virtud vive en las diferencias. Entonces, para los campesinos construirse como sujetos unitarios, inventarse como clase, es tejer un barroquísimo tapete con incontables hilos y múltiples telares; es, en rigor, urdir la unidad en la diversidad.
Y eso fue precisamente lo que hicieron las organizaciones del MCAM: concertar grupos de raíz agrarista, como CIOAC, con otros de tradición productiva, como UNORCA; poner juntos a los pobres de siempre, que militan en la CNPA, con los pobres nuevos, que alinean en El Barzón; combinar los conocimientos comerciales y cerealeros de ANEC, con la sapiencia financiera de AMUCSS, con los saberes silvícolas y ambientales de Red Mocaf, con la experiencia en cultivos orgánicos y mercados justos de CNOC. Y con esta masa crítica ya no resultó tan difícil arrastrar a la convergencia antinatura que se llama CAP y hasta cohabitar con el brontosaurio reumático que es la CNC. Ni fue demasiado complicado integrar una plataforma común, el Plan Campesino para el Siglo XXI, y trabajar como bloque en la negociación multilateral con el gobierno.
Una convergencia clasista, un programa de clase y una negociación de clase; que lo fueron no por intransigentes sino por comprensivos, no por enconados sino por incluyentes. Pero también por profundos, por radicales, por ir al fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas es el inhóspito y predador modelo adoptado por los tecnócratas neoliberales desde los ochenta. Porque hoy lo que unifica a los campesinos mexicanos, la condición de posibilidad de su convergencia de clase, es la exclusión económica, social y política compartida por todos los trabajadores de origen rural. Entonces, las jornadas de invierno fueron la demorada pero contundente respuesta campesina al agrocidio iniciado tres lustros atrás, y el MCAM es herencia y prolongación de convergencias amplias como el CAU, Monarca y COA, que abortaron a fines de los ochenta y principios de los noventa, por las artes clientelares de Carlos Salinas.
Y como la guerra anticampesina de las agrocorporaciones es planetaria, también la resistencia debe ser global. Así, el MCAM participó destacadamente en las acciones por sacar los alimentos de la OMC, que UNORCA organizó en Cancún, Quintana Roo, como representante en México de la red mundial Vía Campesina. Pero no hay que apostarlo todo a las jaqueries globalicríticas; también hay pausada y sistemática construcción de convergencias regionales, prolongación del viejo internacionalismo de clase en el seno de la variopinta y multisectorial mundialización. Hacia el sur el MCAM es fundador del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), constituido en Tegucigalpa, Honduras, en julio del 2003, después de varios encuentros campesinos regionales, y que agrupa a más de cincuenta organizaciones de nueve países (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, México). Hacia el norte el MCAM ha tenido frecuentes intercambios con clubes y federaciones de mexicanos trasterrados, como los zacatecanos, michoacanos, duranguenses, oaxaqueños, etcétera, de Chicago, que en octubre del 2003 saludaron y enviaron al movimiento su fraternal cooperación; y también con organizaciones de granjeros estadounidenses, como Maiceros Americanos, Unión Nacional de Campesinos, Coalición Nacional de Granjas Familiares, Organización para los Mercados Competitivos y Coalición Rural, que también en octubre participaron con el MCAM en el Foro Campesino Binacional, realizado en Des Moines, Iowa.
¿Y dónde estaban los indios en las jornadas de invierno? Los indios estaban ahí. Claro. No puede haber un movimiento rural realmente amplio sin que estén las comunidades indígenas. Ahí estaban las decenas de miles de huerteros nahuas, zapotecos, mixtecos, mixes, tzeltales, tzotziles y demás, que militan en CNOC; ahí estaban los silvicultores purhépechas de Red Mocaf; ahí estaban los ahorradores indígenas de las cooperativas de AMUCSS. Porque el FDCCH son los mestizos de Ciudad Cuauhtémoc, pero también los rarámuri de la sierra Tarahumara; y en ANEC alinean los cerealeros de Jalisco y Nayarit, pero también los maiceros tzotziles de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, Chiapas. Las que ciertamente no estaban eran las organizaciones indígenas definidas expresamente como tales, que en la última década impulsaron la lucha por los derechos y la cultura de los pueblos autóctonos. Y su ausencia fue notable; se hicieron extrañar.
Porque la larga lucha antiautoritaria que ha sido el movimiento campesino posrevolucionario no está completa sin la aportación indígena. Porque la independencia y la autogestión no bastan para desembarazarse de las telarañas del poder, hace falta el autogobierno, y en esto la experiencia autonómica de las comunidades originarias es insoslayable.
He dicho ya, al inicio de este ensayo, que la peculiar radicalidad de las autonomías indígenas está en que se fundan en un derecho anterior y en cierto sentido exterior al orden hegemónico. Anterior porque los pueblos originarios ya estaban ahí cuando llegaron los españoles; son previos al establecimiento del Estado nación que llamamos México y previo es su derecho. Exterior porque el comunalismo y la solidaridad rompen la dictadura del precio sobre el uso, propia del desalmado sistema del mercado absoluto, y con la separación-inversión entre sociedad y Estado, intrínseca al orden burgués.
Pero -como siempre que en la reflexión se mezclan lo histórico y lo lógico- aquí hay un peligro: suponer que la exterioridad lógico-estructural del comunalismo indígena proviene directamente de su anterioridad histórica, que es simple prolongación de su otredad ancestral. Y no es así. Los indios rebeldes no son una fisura en el sistema porque siempre han estado fuera del sistema; porque desde que el cacique yaqui pintó la raya en el suelo frente a los españoles y dijo "¡No pasarán!", la "civilización occidental" efectivamente no ha pasado. De ningún modo. La civilización occidental pasó, vaya que pasó. Los indios han sido devorados por el sistema globalifágico una y otra vez. Pero esta subsunción -que los incorpora con pleno derecho a una "civilización occidental" mucho más variopinta y mestiza de lo que le gusta reconocerse- no cancela su rebeldía, no suprime la imperiosa voluntad de contradecir, que recordaba Arturo Warman.
La alteridad de las prácticas autonómicas indígenas no lo es por exterioridad sino por exteriorización; no es virtud innata del que nunca ha entrado al redil sino mérito del que se atreve a saltar las trancas. Sin duda la capacidad de ruptura de las comunidades indígenas se apoya en su historia, se palanquea en su tradición de lucha (más que en su lucha por la tradición). Pero encontrando inspiración en el pasado, no proviene linealmente del pasado (salvo en el mito). Por fortuna, pues así el otromundismo de los originarios puede ser adoptado por los no indígenas sin necesidad de transfusión de sangre, pues no es esencia privilegiada e intransferible sino compartible voluntad de ruptura.
Entonces, a los integrados del MCAM les haría bien rozarse con los apocalípticos del CNI y similares; como a los profundos les sería útil adentrarse en las artes imaginarias de interactuar con el monstruo mercantil y con el ogro filantrópico sin perder la figura ni dejarse devorar. El invierno pasado no se pudo, pues los indios aún rumiaban las implicaciones de la torpeza senatorial. Pero en el verano hubo un significativo acercamiento cuando el CNI se dejó caer por Cancún y participó junto con el MCAM en las airadas movilizaciones contra la Organización Mundial de Comercio convocadas por la Vía Campesina. ¿Escapada prematrimonial en el Caribe maya? ¿Indicio de una seria voluntad de casorio? Al tiempo.
Acuerdo Nacional para el Campo, "Por el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía y seguridad alimentaria", Cuadernos Agrarios, nueva época, número especial: "¡El campo no aguanta más!", México, 2003.
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---, ... Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el Estado nacional, La Casa Chata, México, 1976.
Entre ellas, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Unión General Obrero Campesino Popular (UGOCP), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH) y el Consejo Nacional de Pueblos Indios (CNPI).

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