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Timestamp: 2017-12-17 09:56:08+00:00

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B.O.E. Nº 22 de 26/01/2000
Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carÃ¡cter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o mÃ¡s trabajadores.
La aprobaciÃ³n por Acuerdo del Consejo de Ministros el 3 de octubre de 1997 de un plan especÃ­fico en favor del empleo de las personas discapacitadas, cristalizÃ³ de manera inmediata con la firma del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el ComitÃ© EspaÃ±ol de Representantes de MinusvÃ¡lidos, cuyo objeto consiste en la puesta en prÃ¡ctica de un plan de medidas urgentes para la promociÃ³n del empleo de las personas con discapacidad. Dicho Acuerdo contempla entre sus compromisos, la necesidad de establecer medidas que potencien la aplicaciÃ³n de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o mÃ¡s empleados, ante la constataciÃ³n por ambas partes de su insuficiente grado de cumplimiento.
En atenciÃ³n a ello, la disposiciÃ³n adicional trigÃ©sima novena de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y posteriormente la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, del mismo tÃ­tulo que la anterior, dieron nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de IntegraciÃ³n Social de MinusvÃ¡lidos, introduciendo como novedad la posibilidad de que, excepcionalmente, los empresarios obligados al cumplimiento de la referida cuota de reserva, en los tÃ©rminos hasta ahora regulados, pudieran hacer frente total o parcialmente a dicha obligaciÃ³n, siempre y cuando se apliquen medidas alternativas que habrÃ­an de determinarse reglamentariamente.
En lÃ­nea con todo ello, el Plan Nacional de AcciÃ³n para el Empleo del Reino de EspaÃ±a para 1999, incorpora como una de las medidas concretas a realizar, el establecimiento de alternativas al cumplimiento de la seÃ±alada cuota de reserva en favor de los trabajadores minusvÃ¡lidos, con el objeto de alcanzar un satisfactorio grado de inserciÃ³n laboral del colectivo, estableciendo para ello medidas alternativas a la cuota y mecanismos de control.
En consecuencia, procede en este momento abordar la articulaciÃ³n normativa de las medidas excepcionales por las que, con carÃ¡cter alternativo, puedan optar las empresas obligadas a la contrataciÃ³n de un 2 por 100 de trabajadores discapacitados, sin perjuicio de aquellas otras medidas que en un futuro pudieran incorporarse.
AdemÃ¡s de cuantas razones se han esgrimido hasta ahora, se considera necesario adecuar determinados aspectos del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento de empleo de los trabajadores minusvÃ¡lidos, a la nueva redacciÃ³n de la Ley de IntegraciÃ³n Social de MinusvÃ¡lidos, asÃ­ como establecer un rÃ©gimen de concurrencia de ayudas pÃºblicas favorecedoras de la contrataciÃ³n del colectivo de discapacitados, acorde con el resto del sistema de fomento del empleo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros, en su reuniÃ³n del dÃ­a 14 de enero de 2000,
ArtÃ­culo 1. Cumplimiento alternativo de la obligaciÃ³n de reserva. Excepcionalidad.
1. Las empresas pÃºblicas y privadas que vengan obligadas a contratar trabajadores discapacitados en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 38.1 de la Ley 13/1982, de IntegraciÃ³n Social de MinusvÃ¡lidos, podrÃ¡n excepcionalmente quedar exentas de esta obligaciÃ³n, tal y como prevÃ© el referido artÃ­culo, de forma parcial o total, bien a travÃ©s de acuerdos recogidos en la negociaciÃ³n colectiva sectorial de Ã¡mbito estatal y, en su defecto, de Ã¡mbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artÃ­culo 83, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo ; o bien, en ausencia de aquÃ©llos, por opciÃ³n voluntaria del empresario, siempre que en ambos supuestos se aplique alguna de las medidas sustitutorias, alternativa o simultÃ¡neamente, que se regulan en el presente Real Decreto, en desarrollo de la mencionada Ley de IntegraciÃ³n Social de MinusvÃ¡lidos.
2. Se entenderÃ¡ que concurre, entre otras causas, la nota de excepcionalidad a la que se alude en el apartado anterior, cuando la no incorporaciÃ³n de un trabajador minusvÃ¡lido a la empresa obligada se deba a la imposibilidad de que los servicios de empleo pÃºblicos competentes, o las agencias de colocaciÃ³n, puedan atender la oferta de empleo despuÃ©s de haber efectuado todas las gestiones de intermediaciÃ³n necesarias para dar respuesta a los requerimientos de la misma y concluirla con resultado negativo, por la no existencia de demandantes de empleo discapacitados inscritos en la ocupaciÃ³n indicada en la oferta de empleo o, aun existiendo, cuando acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en la misma.
A tales efectos, el Instituto Nacional de Empleo o los Servicios de Empleo PÃºblicos de las Comunidades AutÃ³nomas con competencias transferidas emitirÃ¡n, en el plazo de los dos meses siguientes a la recepciÃ³n de la oferta, certificaciÃ³n sobre la inexistencia de demandantes de empleo, en el modelo oficial que se determine en el desarrollo de este Real Decreto, con menciÃ³n expresa de las ocupaciones solicitadas. Cuando la oferta se hubiera presentado ante una agencia de colocaciÃ³n, el resultado negativo de su sondeo de demandantes de empleo minusvÃ¡lidos se remitirÃ¡ al servicio de empleo pÃºblico competente que, previas las actuaciones de comprobaciÃ³n que se estimen pertinentes, emitirÃ¡ el certificado final, respetando tambiÃ©n en este caso el plazo de dos meses.
En ambos casos, transcurrido el plazo de los dos meses sin que el servicio de empleo pÃºblico competente emita la referida certificaciÃ³n, se entenderÃ¡ que concurre la causa de excepcionalidad que justifica la opciÃ³n de las medidas sustitutorias reguladas en la presente norma.
La certificaciÃ³n a la que se hace referencia en este apartado tendrÃ¡ una validez de dos aÃ±os desde su expediciÃ³n, pudiendo extenderse hasta un mÃ¡ximo de tres aÃ±os en funciÃ³n de circunstancias tales como la naturaleza de la actividad de la empresa, el tipo de ocupaciones habitualmente demandadas, o el hecho de encontrarse afectada por procesos de regulaciÃ³n de empleo.
Transcurrido el plazo de vigencia de la certificaciÃ³n las empresas deberÃ¡n solicitar nueva certificaciÃ³n, caso de persistir la obligaciÃ³n principal y la excepcionalidad descrita en este apartado.
ArtÃ­culo 2. Medidas alternativas.
1. Las medidas alternativas que las empresas podrÃ¡n aplicar en orden al cumplimiento de la obligaciÃ³n de reserva de empleo en favor de los discapacitados son las siguientes:
1.a RealizaciÃ³n de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autÃ³nomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
2.a RealizaciÃ³n de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autÃ³nomo discapacitado, para la prestaciÃ³n de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
3.a RealizaciÃ³n de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carÃ¡cter monetario, para el desarrollo de actividades de inserciÃ³n laboral y de creaciÃ³n de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboraciÃ³n sea una fundaciÃ³n o una asociaciÃ³n de utilidad pÃºblica cuyo objeto social sea, entre otros, la formaciÃ³n profesional, la inserciÃ³n laboral o la creaciÃ³n de empleo en favor de los minusvÃ¡lidos que permita la creaciÃ³n de puestos de trabajo para los mismos y, finalmente, su integraciÃ³n en el mercado de trabajo.
2. El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo de las medidas 1.a y 2.a del apartado anterior habrÃ¡ de ser, al menos, 3 veces el salario mÃ­nimo interprofesional anual por cada trabajador minusvÃ¡lido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100.
El importe anual de la medida alternativa 3.a del apartado anterior habrÃ¡ de ser, al menos, de un importe de 1,5 veces el salario mÃ­nimo interprofesional anual por cada trabajador minusvÃ¡lido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100.
ArtÃ­culo 3. ComunicaciÃ³n al servicio pÃºblico de empleo.
1. Las empresas que en virtud del convenio colectivo de aplicaciÃ³n o, en ausencia del mismo, por opciÃ³n voluntaria del empresario, aleguen como excepcionalidad causas diferentes a la establecida en el pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo 1 de esta norma, deberÃ¡n con carÃ¡cter previo solicitar la declaraciÃ³n de excepcionalidad al servicio pÃºblico de empleo competente.
El servicio pÃºblico de empleo resolverÃ¡ sobre la excepcionalidad solicitada en el plazo de tres meses, mediante resoluciÃ³n motivada. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resoluciÃ³n administrativa expresa se entenderÃ¡ que Ã©sta es positiva.
Para dicha resoluciÃ³n que tendrÃ¡, en su caso, una validez de dos o tres aÃ±os, se considerarÃ¡n, entre otras cuestiones, las peculiaridades de carÃ¡cter productivo, organizativo, tÃ©cnico, econÃ³mico, etc., que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa.
Transcurrido el plazo de vigencia de la resoluciÃ³n las empresas deberÃ¡n solicitar una nueva declaraciÃ³n en caso de persistir la obligaciÃ³n principal y las circunstancias que dieron lugar a la resoluciÃ³n inicial.
2. Las empresas que, de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma, utilicen cualquiera de las medidas alternativas 1.a y 2.a del apartado 1 del artÃ­culo 2, deberÃ¡n proceder a comunicar al correspondiente servicio pÃºblico de empleo las contrataciones realizadas en sus tituciÃ³n de la obligaciÃ³n principal en el plazo del mes siguiente al de la formalizaciÃ³n.
La comunicaciÃ³n deberÃ¡ hacer expresiÃ³n del contratista, objeto del contrato, nÃºmero de trabajadores minusvÃ¡lidos a los que equivale la contrataciÃ³n, e importe y duraciÃ³n de la misma.
3. Las empresas que, de acuerdo a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior utilicen la medida 3.a de su apartado 1, deberÃ¡n comunicarlo al servicio pÃºblico de empleo con carÃ¡cter previo a su aplicaciÃ³n.
La comunicaciÃ³n deberÃ¡ hacer expresiÃ³n de la fundaciÃ³n o asociaciÃ³n de utilidad pÃºblica destinataria, nÃºmero de contratos con trabajadores minusvÃ¡lidos a los que sustituye, e importe de la misma.
4. Cuando la empresa se encuentre en los casos descritos en los apartados 1 y 3 de este artÃ­culo, el servicio pÃºblico de empleo resolverÃ¡ sobre ambas cuestiones en una misma resoluciÃ³n administrativa.
ArtÃ­culo 4. ObligaciÃ³n de los centros especiales de empleo y entidades.
1. Los centros especiales de empleo que realicen contratos de los previstos en las medidas 1.a y 2.a del apartado 1 del artÃ­culo 2, deberÃ¡n destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones relativas, ademÃ¡s de a la prestaciÃ³n de servicios de ajuste personal o social que requieran sus trabajadores minusvÃ¡lidos, a aquellas precisas para desarrollar acciones que promuevan su trÃ¡nsito hacia el mercado de trabajo no protegido, tales como la formaciÃ³n permanente de los mismos o la adaptaciÃ³n de aquÃ©llos a las nuevas tecnologÃ­as.
2. Las fundaciones o asociaciones de utilidad pÃºblica a las que se refiere la medida 3.a del apartado 1 del artÃ­culo 2 destinarÃ¡n las donaciones o acciones de patrocinio a las actividades que se indican en dicho apartado.
3. Anualmente, los centros especiales de empleo y las entidades referidas en la medida 3.a del apartado 1 del artÃ­culo 2 presentarÃ¡n ante el servicio pÃºblico de empleo correspondiente, como organismo competente para resolver la concesiÃ³n de subvenciones y ayudas y efectuar el seguimiento de Ã©stas, una memoria sobre la tipologÃ­a de las acciones que se han realizado y los recursos financieros aplicados a las mismas.
DisposiciÃ³n adicional primera. CuantificaciÃ³n de la obligaciÃ³n de reserva.
A efectos del cÃ³mputo del 2 por 100 de trabajadores minusvÃ¡lidos en empresas de 50 o mÃ¡s trabajadores se tendrÃ¡n en cuenta las siguientes reglas:
a) El perÃ­odo de referencia para dicho cÃ¡lculo serÃ¡n los doce meses inmediatamente anteriores, durante los cuÃ¡les se obtendrÃ¡ el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa.
b) Los trabajadores vinculados por contratos de duraciÃ³n determinada superior a un aÃ±o se computarÃ¡n como trabajadores fijos de plantilla.
c) Los contratados por tÃ©rmino de hasta un aÃ±o se computarÃ¡n segÃºn el nÃºmero de dÃ­as trabajados en el perÃ­odo de referencia. Cada doscientos dÃ­as trabajados o fracciÃ³n se computarÃ¡n como un trabajador mÃ¡s.
Cuando el cociente que resulte de dividir por doscientos el nÃºmero de dÃ­as trabajados en el citado perÃ­odo de referencia sea superior al nÃºmero de trabajadores que se computan, se tendrÃ¡ en cuenta, como mÃ¡ximo, el total de dichos trabajadores.
A efectos del cÃ³mputo de los doscientos dÃ­as trabajados previsto en los pÃ¡rrafos anteriores, se contabilizarÃ¡n tanto los dÃ­as efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los dÃ­as festivos y las vacaciones anuales.
DisposiciÃ³n adicional segunda. AdecuaciÃ³n normativa del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento de empleo de los trabajadores minusvÃ¡lidos.
1. El artÃ­culo 4 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
"ArtÃ­culo 4. Conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, las empresas pÃºblicas y privadas que empleen a un nÃºmero de 50 o mÃ¡s trabajadores vendrÃ¡n obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores minusvÃ¡lidos. No obstante lo anterior, las empresas responsables podrÃ¡n excepcionalmente quedar exentas de tal obligaciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en la referida Ley 13/1982, asÃ­ como en lo dispuesto en su normativa de desarrollo."
2. El apartado tercero del artÃ­culo 7 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
"3. Los beneficios aquÃ­ previstos no podrÃ¡n, en concurrencia con otras ayudas pÃºblicas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que da derecho a los mismos."
DisposiciÃ³n final primera. HabilitaciÃ³n para la modificaciÃ³n de mÃ³dulos de contratos.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales podrÃ¡ modificar los mÃ³dulos de los contratos mercantiles o civiles u otras medidas alternativas que sirven de base para determinar el cumplimiento de la obligaciÃ³n alternativa.
Asimismo, a la vista de la experiencia en la aplicaciÃ³n de la medida alternativa 3.a contemplada en el apartado 1 del artÃ­culo 2, podrÃ¡ modificar la determinaciÃ³n de las entidades beneficiarias.
DisposiciÃ³n final segunda. ActualizaciÃ³n de la relaciÃ³n identificativa de centros especiales de empleo.
El Instituto Nacional de Empleo, o el organismo competente de la Comunidad AutÃ³noma, mantendrÃ¡ actualizada una relaciÃ³n identificativa de centros especiales de empleo, al efecto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones alternativas reguladas en la presente norma.

References: Real Decreto 
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