Source: http://www.jurischile.com/2018/10/indemnizacion-de-perjuicios-por.html
Timestamp: 2019-08-22 15:36:00+00:00

Document:
JurisChile: Indemnización de perjuicios por concepto de daño moral a consecuencia de una negligencia en el uso de utensilios médicos. Se rechaza recurso de casación en la forma y en el fondo.
Indemnización de perjuicios por concepto de daño moral a consecuencia de una negligencia en el uso de utensilios médicos. Se rechaza recurso de casación en la forma y en el fondo.
Primero: Que en este juicio ordinario Rol N° 9047- 2018, sobre indemnización de perjuicios caratulado “Vilca Barco Yanet con Servicio de Salud de Iquique y otro” se ha ordenado dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la demandada Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (en adelante CORMUDESI), y del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada Servicio de Salud de Iquique en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad que desestimó la casación en la forma que dedujo la primera y confirmó la de primera instancia que acogió la acción impetrada, con declaración, que se eleva el monto que deben pagar los demandados por concepto de indemnización de perjuicios, por daño moral en favor del hijo de la paciente fallecida, doña Sandra Nicole Ilaja Vilca a la suma de $80.000.000 y precisó que los demandados concurren solidariamente al pago de las indemnizaciones a que fueron condenados.
Segundo: Que el arbitrio sostiene que la sentencia impugnada incurrió en la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil en relación a lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del artículo 170 del mismo texto legal, esto es, la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo y la falta de decisión del asunto controvertido. Es necesario precisar que de la lectura del recurso se advierte que sólo se desarrolló lo relativo a la falta de motivación del fallo y, en este contexto, el recurrente explica que los jueces de fondo no se hicieron cargo de todas las excepciones que se dedujeron, en concreto, de la “contradicción de la demandante” para configurar la relación de causalidad que se le imputa a su representada y de la “inaplicabilidad del concepto de falta de servicio a su parte”. En lo relativo al primer reproche, indica que carece de legitimación pasiva porque sin perjuicio de lo confuso de la demanda, se advierte que los actores atribuyen la muerte de la Sra. Ilaja a un “diagnóstico erróneo, tardío e ineficaz” del equipo médico del Hospital Regional de Iquique para tratar la enfermedad de la paciente, conducta que indica nada refiere a su participación. Señala que no se trata de no compartir lo decidido por los jueces de fondo, sino que no hay argumento alguno para analizar e impugnar lo resuelto, dejando a su parte en la indefensión porque la ausencia de fundamentos en la sentencia que se impugna le impide construir una adecuada defensa. Por lo que solicita se anule el fallo recurrido y se dicte en su reemplazo uno que rechace la demanda en todas sus partes, con costas.
Quinto: Que la recurrente acusa dos errores de derecho, el primero lo vincula a la infracción del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley 3.063 de 1980 y el segundo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.966. Explica que la primera norma prescribe que las Corporaciones Municipales creadas a su amparo, corresponden a personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área educación, salud y atención del menor, cuyo es el caso de Cordumesi. Agrega que por su parte el artículo 38 de la Ley N° 19.966 consagra que “Los órganos de la administración del Estado, en materia sanitaria, serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio”. Luego, su representada no es un órgano de la Administración en materia sanitaria, sino que es una corporación de derecho privado que no está sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de manera que el error se comete al pretender aplicarle lo prescrito por el artículo 152 de la Ley N° 18.695 e imputarle una falta de servicio y que atendida la su naturaleza no le es aplicable.
1.- El día 23 de enero de 2011, Sandra Nicole Ilaja Vilca concurrió al Centro de Salud Familiar Sur, debido a un estado gripal, razón por la que se le recetó el medicamento Diclofenaco 75 g aplicado a través de inyección intramuscular en el glúteo izquierdo.
3.- El 27 de enero de 2011, debido a la persistencia de los mismos síntomas descritos, concurrió al Hospital Regional de Iquique “Dr. Ernesto Torres Galdames”, en el cual fue diagnosticada de septicemia grave “Fascitis Necrotizante”, siendo intervenida en dos oportunidades para finalmente fallecer el día 31 de enero de 2011 a la edad de 20 años y con un hijo nacido el 18 de diciembre de 2010. Sobre la base de los antecedentes relatados, se concluyó por los jueces de fondo que “en el Cesfam Sur Cirujano Guzmán se inyectó a doña Sandra Ilaja Vilca, una aguja contaminada lo que dio origen a un cuadro de septicemia que no fue convenientemente detectado, diagnosticado ni tratado por dicho organismo, desencadenando la muerte de la persona referida”.
Séptimo: Que, asimismo, para los efectos de resolver el arbitrio, resulta pertinente recordar que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique es una persona jurídica de derecho privado creada al amparo de la Ley N° 18.695, para el cumplimiento de los fines señalados en dicho cuerpo normativo y estatutos, en concreto, la asistencia social, que desarrolla a través de la administración y operación de los servicios de educación, salud y cultura, traspasados a la Municipalidad de Iquique, dentro de los cuales se encuentran el Cesfam Sur y el Cesfam “Cirujano Guzmán”. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Supremo 140 del Ministerio de Salud la red asistencial de cada servicio de salud está constituida por el conjunto de establecimiento asistenciales públicos que forman parte del servicio, los establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenios con el servicio de salud, por lo que los Cesfam se encuentran dentro de esta red asistencial.
Octavo: Que es en esta calidad de prestador de servicios de salud, es que a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique le es aplicable la responsabilidad sanitaria que contempla el artículo 38 de la Ley N° 19.966: “Los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio”, es decir, se incorpora la falta de servicio como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de Salud del Estado. Esta Corte reiteradamente ha sostenido que la falta de servicio se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del mismo en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquél no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575. Noveno: Que los hechos descritos en el considerando sexto permiten, analizados en su conjunto, configurar la falta de servicio consagrada normativamente en el citado artículo 38 de la Ley Nº 19.966, en la que incurrió la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, pues ésta, a través del servicio de atención primaria a su cargo Cesfam Sur y Cesfam Cirujano Guzmán, no otorgaron a Sandra Ilaja Vilca, la atención de salud que requerida de manera eficiente, eficaz y, especialmente, oportuna.
Décimo: Que, por consiguiente, los sucesos a que se refiere la presente causa tienen la connotación necesaria para ser calificados como generadores de responsabilidad, puesto que se desarrollan en el contexto de la prestación de un servicio público, a través de agentes que se desempeñan en un recinto de salud —CESFAM— que son administrados por las municipalidades respectivas, los que en el ejercicio de sus funciones deben proveer las prestaciones médicas necesarias al paciente, de forma tal de evitar su exposición a riesgos innecesarios, sin escatimar esfuerzos para ello, siendo del todo exigible que se agoten las medidas necesarias para evitar que se produzcan resultados dañosos en la prestación del servicio de salud que se brinda a los usuarios del sistema. La Corporación de Desarrollo Municipal de Iquique, a través de su prestador de salud municipal Cesfam, no otorgó a la víctima la atención mínima esperada, resultando evidente que no se siguió ningún protocolo de seguridad en la manipulación de los instrumentos ocupados para otorgar el servicio, infringiendo con ellos los estándares que se requieren para entender que estamos frente a un servicio no sólo de calidad, sino que también en un ambiente de seguridad, elementos estos últimos que hoy son parte de una política pública.
Décimo tercero: Que la vulneración acusada por la demandada no se configura, pues lo cierto es que en ningún caso la sentencia recurrida desconoce que la Secretaria Regional Ministerial de Salud, tiene la facultad de fiscalización sobre los órganos que prestan servicios de salud, sino que establece que aquella facultad no es privativa ni exclusiva de tal entidad, como lo pretende sostener la recurrente, sino que, también, le corresponde al Servicio de Salud a través de su Director, pues es la misma ley la que atribuye tal rol al establecer que dentro de sus atribuciones está la de velar y en su caso dirigir la ejecución de los planes, programas y acciones de salud de la red asistencial, como asimismo coordinar, asesorar, controlar y evaluar el cumplimiento de las normas, políticas, planes programas del Ministerio de Salud en todos los establecimientos de la red del servicio, que como se dijo está formada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N 140 del Ministerio de Salud, entre otros por los establecimientos municipales y los demás públicos y privados que mantengan convenios con el Servicio de Salud, entendiéndose que forman parte de dicha red los Centros de Salud Familiar, por lo que no resulta admisible que el demandado intente evadir su responsabilidad como ente fiscalizador, pues no carece de aquélla, no observándose en la sentencia recurrida el vicio denunciado, debiendo rechazarse el recurso de casación interpuesto. Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por las demandadas, Corporación Municipal de Desarrollo Social y Servicio de Salud de Iquique en lo principal de fojas 554 y 558, respectivamente, en contra de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho.
Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Prado P.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sr. Arturo Prado P. y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sra. Leonor Etcheberry C.No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra señora Sandoval por estar en comisión de servicios y el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica. Santiago, 08 de octubre de 2018.
Publicado por elizabeth el octubre 22, 2018

References: artículo 768
 artículo 170
 artículo 12
 artículo 38
in fine
 artículo 38
 artículo 152
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 42
 artículo 38
 artículo 3