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Timestamp: 2014-03-11 07:11:18+00:00

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SCP 0439-2013 -AAC (03-04). Civil (Motivación y fundamentación, improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de requisitos formales) OPV - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2013 Sucre, 3 de abril de 2013 SALA TERCERA
Acción de amparo constitucional Expediente: 02436-2012-05-AAC
En revisión la Resolución 19 de 2 de agosto de 2012, cursante de fs. 471 vta. a 474, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Vicente Ortega Couppa y Sofía Cardozo Farfan de Ortega contra Edhitha Pedraza Becerra y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Los accionantes mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2012, cursante de fs. 442 a 446 vta., indica:
Dentro del proceso sumario civil sobre resolución de contrato, acción reinvindicatoria, desocupación y entrega de inmueble que les sigue Carlos Hugo Torrez Torrez y Edith Jerez de Torrez, y habiéndose emitido la respectiva Sentencia, se formuló recurso de apelación, pero la Resolución fue confirmada en todas sus partes por el Juez Onceavo de Partido en lo Civil y Comercial, por lo que amparado en los arts. 250, 253, 255, 256 y ss. del Código de Procedimiento Civil (CPC), formuló recurso de casación en el fondo impugnando el Auto de Vista de 26 de septiembre de 2011, denunciando que existe errónea interpretación y aplicación indebida de la ley, así como error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba; sin embargo, el recurso fue declarado improcedente por los hoy demandados, esto con el fundamento de que no se habría especificado en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o el error en que el Juez a quo incurrió a momento de emitir la Resolución.
La referida apreciación de los Vocales hoy demandados no es evidente, debido a que se dio cumplimiento al art. 258 inc. 2) del CPC, puesto que el memorial de interposición del recurso sí cumple con los requisitos, ya que: a) Se menciona con términos claros, concretos y precisos cuales son la Resoluciones impugnadas y cual las normas indebidamente o erróneamente interpretadas; b) Indica con claridad que para que un contrato surta efectos debe cumplir con los requisitos previstos en el art. 491 inc. 3) y 1430 del Código Civil (CC); c) Por disposición del art. 493 del CC, si la ley establece que el contrato revista de una forma determinada, este documento no surtiría efectos si no se los cumple; d) La resolución es una forma de invalidar un contrato, pero sólo se da por una causa sobreviniente que impide cumplir con una prestación establecida, y que no se hable de contrato como refieren las autoridades judiciales demandadas sin haber nacido éste a la vida; y, e) Al ser un contrato viciado, éste no produce ninguna obligación. Por ende los Vocales hoy demandados hacen valer un contrato de anticresis, aplicando erróneamente estos preceptos legales al dar valor a un documento nulo.
Los accionantes consideran lesionados sus derechos de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y “el derecho de acceso a los recursos previstos por ley”, citando al efecto los arts. 115 y 119.IIde la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela demandada, disponiendo: 1) La nulidad del Auto de Vista 35/2012 12 de marzo, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; 2) Se dicte nueva resolución resolviendo el fondo del recuso de casación; y, 3) Que la resolución de la presente acción de defensa se la cumpla de forma inmediata y sin observaciones.
Celebrada la audiencia el 2 de agosto de 2012, conforme se demuestra de fs. 467 a 471, en la misma se resolvió la recusación realizada por los accionantes contra Victoriano Morón Cuellar; otorgada la palabra al Secretario Abogado, éste indicó que se encontraban presente las partes, excepto los demandados que sólo hicieron llegar su informe, produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante se ratificó in extenso en el contenido de su memorial de interposición de la acción de amparo constitucional y ampliando la misma indicó que: i) No pretenden que se les dé la razón sobre el fondo del recurso de casación, sino que se les confiera la oportunidad de que el Tribunal de casación revise los agravios que denuncia; ii) La aplicación indebida que realizó el Tribunal de casación, es facultad del Tribunal de garantías entrar a considerarla para verificar si se aplicó de manera correcta la ley; y, iii) Aumenta su pedido indicando que como se va a dejar sin efecto el Auto impugnado, también se deje sin efecto la ejecución del mismo.
En uso del derecho a la réplica, refirió que el no considerar los agravios demandados en el recurso de casación vulnera sus derechos porque no hay tutela judicial efectiva, además que sí cumplió con los requisitos de admisibilidad para que sea atendido el fondo, y que la jurisprudencia ordinaria, refiere que los contratos de anticresis no cumplen las formalidades de ley, son nulos por lo que carecen de eficacia probatoria.
Los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, demandados por informe escrito cursante a fs. 449 y vta., indican por un lado que el Auto impugnado es claro en su texto, además que señala las disposiciones legales en que se funda, por otro lado el accionante en su memorial hace una exposición y transcripción de algunas partes de la Resolución recurrida y de las normas que ahí se exponen, pero no específica en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes lesionadas y en que consiste esa violación o el error de hecho en la valoración de la prueba en el que haya incurrido el Juez, y finalmente el memorial no cumple el hecho de demostrar, expresar de manera clara la relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada a los derechos.
I.2.3.Intervención de los terceros interesados
Carlos Hugo Torrez Torrez y Edith Jerez de Torrez, Indican que: a) Escuchado el informe de las autoridades demandadas, se adhieren al mismo; b) El memorial de la acción es copia fiel del recurso de casación y apelación; c) Los accionantes reconvinieron por una figura jurídica que no es la nulidad de contrato, reconvienen por causa o hecho ilícito; d) En un principio los accionantes no dijeron que el título era nulo, recién cuando el Juez les rechazó la solicitud de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), empezaron a indicar que el documento era nulo y no había nacido a la vida jurídica, y a pesar de las diferentes apelaciones que han ido realizando, el Juez de la causa les dijo que el formalismo legal fue superado por la verdad material; y, e) Desde 1997, exigieron a los hoy accionantes la entrega del bien inmueble, habiendo depositado la suma entregada en el juzgado, pero éstos no quieren recogerlo, por lo que se encuentran perjudicados en ambos sentidos, es decir, no tienen el bien y tampoco el dinero.
El Tribunal de garantías conformado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Resolución 19 de 2 de agosto de 2012, cursante de fs. 471 vta. a 474, por la que denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Del estudio del expediente, se encuentra una contradicción entre el memorial de casación y lo expuesto en audiencia, una de ellas es que se menciona que el Tribunal de casación no puede entrar a valorar cuestiones de hecho y sin embargo, en su memorial expone cuestiones de hecho para que sean valoradas por el Tribunal de casación; 2) En el recurso de casación el Tribunal entra a cuestiones de puro derecho y no de hecho; y, 3) No basta indicar que se ha vulnerado un derecho, y finalmente se indica que no es sobre el fondo y más adelante se dice que es sobre el fondo.
II.1.Por memorial presentado el 22 de mayo de 2001, Sofía Cardozo Farfán de Ortega, indica ante el Juez de Instrucción en lo Civil de turno, que junto con su esposo Eduardo Vicente Ortega Couppa suscribieron documento privado de contrato de anticrético con Carlos Hugo Tórrez Tórrez y Edithh Jerez de Torrez y como ese documento no fue reconocido en sus rubricas, pide se cite a la otra parte a fin de su reconocimiento de firmas (fs. 3 y vta)
II.2.El 20 de agosto de 2009, Eduardo Vicente Ortega Couppa, formula recurso de apelación contra la Sentencia pronunciada dentro del proceso sumario civil que le sigue Carlos Hugo Tórrez Tórrez y Edith Jerez de Tórrez, apelación que versa sobre dos puntos, el primero sobre irregularidades dadas en la citación realizada con la demanda principal; y el segundo, sobre la interpretación errónea e indebida de la Ley sustantiva civil (fs.135 a 137 vta.).
II.3.El Juez Onceavo de Partido en lo Civil y Comercial, pronuncia el Auto de Vista 3 de 26 de septiembre de 2011, cuyo fundamento versa sobre la validez del contrato firmado entre las partes, en su parte resolutiva confirma la Resolución impugnada (fs. 395 a 396).
II.4.Eduardo Vicente Ortega Couppa y Sofía Cardozo Farfan de Ortega, formulan recurso de casación en el fondo, ante la interpretación y aplicación indebida de la ley, asimismo, error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, solicitando que de acuerdo a los fundamentos expuestos se case en el fondo el Auto de Vista y la Sentencia emitida dentro del referido proceso (fs. 413 a 415).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los accionantes refieren que dentro del proceso sumario civil de resolución de contrato, acción reivindicatoria, desocupación y entrega de inmueble que se le sigue, llegó a presentar recurso de casación, sin embargo, éste le fue negado a pesar de que cumplía con los requisitos de admisibilidad, haciendo una incorrecta aplicación de los arts. 258 inc. 2) y 253 inc. 3) del CPC.
En consecuencia, se analizará si en el presente caso, corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.El derecho a una resolución motivada y fundamentada como elemento constitutivo del debido proceso La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg, ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras” (las negrillas son agregadas).
Ahora, la jurisprudencia de este Tribunal refiriendo a las resoluciones de los tribunales de última instancia en cuanto a los puntos que deben ser resueltos y a la fundamentación de los mismos, en la SC 0816/2010-R de 2 de agosto, recogiendo el razonamiento de la SC 0670/2004-R de 4 de mayo, se señaló que: “...se debe tener en cuenta que la sustanciación de las demandas en materia civil se sujetan a las normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio para las partes, conforme establece la norma prevista por el art. 90 del CPC. En ese orden de cosas, el art. 236 del CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley…”. Este requisito es de mayor observancia por los tribunales de alzada al constituirse en tribunal de cierre, puesto que su omisión provocaría la vulneración del derecho al acceso a la justicia.
Con relación a la motivación y fundamentación que deben contener las resoluciones, este Tribunal también en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, refirió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo” (las negrillas son nuestras).
III.2. Respecto a la declaratoria de improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de requisitos formales: interpretación histórica y “desde” la Constitución Previamente, corresponde referirnos a las causales de improcedencia que reconoce el Código de Procedimiento Civil, las cuales se encuentran contempladas en su art. 272, que determina que se declarará improcedente un recurso de casación con costas por las siguientes causales:
“1) En los casos previstos por el artículo 262, con apercibimiento al tribunal o juez de alzada por no haber dado cumplimiento al mandato de dicho artículo.
2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2) del artículo 258
3) Cuando el recurrente no hubiere intervenido en las instancias o carecierede representación legal” (las negrillas nos corresponden).
El art. 258 del inc. 2) al que hace referencia el artículo supraindica que: “Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.
Como se puede advertir, el precepto legal contiene exigencias que son de orden formal y de contenido, que necesariamente deben contemplarse al interior del recurso.
Así, se tiene que la SCP 2210/2012 de 8 de noviembre, desarrollando los supuestos concreto del art. 258 inc. 2), estableció que: “Con relación a la exigencia de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.
En ese entendido, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento de los requisitos antes anotados, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.
Corresponde también contextualizar la genealogía del art. 258 inc. 2) del CPC, bajo esa premisa, hay que mencionar que dicha norma legal fue aprobada mediante Decreto Ley (DL) 12760 de 6 de agosto de 1975 y recién fue elevada a rango de Ley el 28 de febrero de 1997, por la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar; es decir, pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, emitida en un régimen de facto, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (art. 1 de la CPE), por lo que toda interpretación que se efectué debe ser “desde y conforme a la Constitución” ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo el acceso a la justicia” (las negrillas son agredas).
III.3.Análisis del caso concreto Los accionantes, refieren que dentro del proceso sumario que se le sigue, presentó recurso de casación impugnando tanto la Sentencia como el Auto de Vista pronunciados, ello porque tendrían una errónea interpretación y aplicación indebida de la ley, así como error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, extremo que los accionantes demuestran con un extracto de la Sentencia que también fue utilizado por el Auto de Vista, la cual indica que: “El contrato de anticresis de Fs. 1 al haber sido reconocido sus firmas judicialmente adquiere validez y eficacia jurídica al tenor de lo establecido por el Art. 1297 del Código Civil” “…aunque no sea un instrumento público el contrato de Fs. 1, con sus respectivo reconocimiento de firmas, hace fuerza de ley entrepartes y es de cumplimiento obligatorio conforme claramente lo disponen los arts. 519 y 520 del código Civil”.”…la calidad de instrumento público del documento base de la demanda que exigen las apelantes, es un formalismo legal, que queda superado por la verdad material que refleja el expediente”, interpretación y aplicación que indican ser indebida, ya que la conversión sólo se aplica a documentos públicos extendidos por personas incompetentes, por incapacidad de funcionario o por un defecto de forma, situación que no se adecua al presente caso, además que para que un contrato de anticresis surta efecto respecto a terceros por disposición de los arts. 1430 y 491.3 del CC, debe ser mediante documento público, por otro lado indicando el art. 493 del CC, refiere que para que un documento sea válido necesariamente debe cumplir los requisitos de forma establecidas en la ley y que sino los cumple debe ser declarado nulo y por último refiere que no puede nacer una obligación cuando su fuente no es idónea conforme establece el art. 294 del mencionado Código.
Recurso que mereció por parte de los Vocales hoy demandados el Auto Supremo 35/2012 -ahora impugnada- , por el que se indican que el memorial de interposición del recurso de casación es una exposición y transcripción de algunas partes del Auto impugnado y que únicamente se mencionan normas relacionadas a la validez de los contratos y por último refieren que no se mencionan en términos claros y precisos las leyes violadas y en que consiste esta lesión; continúan los Vocales concluyendo de manera sucinta: “De lo que se trata entonces es de que los recurrentes no cumple con la norma prevista en el art. 258 numeral 2) del Procedimiento Civil pues en el memorial de recurso sólo se hace una exposición general de varias normas adjetivas y sustantivas sin especificar en concreto y en forma precisa, cuál de ellas es que ha sido aplicada ilegal o indebidamente y, además, respecto al supuesto error de hecho en la valoración de prueba, no ha demostrado la manifiesta equivocación del juez - como exige el art. 253 numeral 3) del Procedimiento Civil-…”.
Realizada la confrontación entre el recurso de casación y la Resolución pronunciada en respuesta, resulta advertible que la Resolución declaró su improcedencia debido a que no cumplió con los arts. 258 inc. 2) y 253 inc. 3) del CPC; sin embargo, como se tiene precedentemente, no se explica porque los fundamentos expuestos no son suficientes y sólo concluye que el memorial por el que se interpone el recurso de casación adolece del cumplimiento de lo establecido en los referidos artículos sin entrar a mayor consideración; empero, del recurso de casación se evidencia que indica las normas sustantivas que considera infringidas y utilizando como base los arts. “491 numeral 3)” y 1430 del CPC, refiere que el documento de anticresis suscrito no tiene ninguna eficacia y por lo tanto carece de valor alguno, por ende, expone la razón de porque los fundamentos de la Resolución impugnada son erróneos y reflejan una incorrecta aplicación de la ley por ende se abre la competencia del Tribunal de casación para conocer el fondo del mismo.
Consecuentemente, de lo transcrito y fundamentos de la Resolución impugnada, se evidencia que los argumentos que dieron lugar a la declaratoria de improcedencia, no otorgan a los hoy accionantes la seguridad del por qué se declaró improcedente su recurso de casación, ello debido a que carece de una debida fundamentación y motivación que vulnera el debido proceso al ser este un elemento constitutivo de este derecho por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, como se expuso en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se recomienda a los Vocales ahora demandados ser más flexibles a momento de considerar y analizar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, ya que actuar de la manera como lo hicieron en el presente caso, generaría una restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la acción tutelar, no ha actuado correctamente.
1°REVOCAR la Resolución 19 de 2 de agosto de 2012, cursante de fs. 471 vta. a 474, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada;
2°Disponer se emita una nueva Resolución debidamente motivada y fundamentada contemplando los términos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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 artículo 262
 artículo 258
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