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Timestamp: 2017-06-24 13:52:18+00:00

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Inconstitucionalidad de las normas del Código Civil y Comercial que prohiben otorgar adopciones cuando median guardas de hecho y falta de inscripción del adoptante en el Registro pertinente – Microjuris - Argentina
Inconstitucionalidad de las normas del Código Civil y Comercial que prohiben otorgar adopciones cuando median guardas de hecho y falta de inscripción del adoptante en el Registro pertinente 1 febrero 2017 por Ed. Microjuris.com Argentina Partes: L. A. E. s/ guarda preadoptiva – adopción
Cita: MJ-JU-M-100782-AR | MJJ100782 | MJJ100782Sumario:
1.-Es procedente declarar inconstitucionales los arts. 611 ter. pár., 600 inc. b) y 634 inc. h del CCivCom., cuando su aplicación literal al caso lleva al rechazo de la pretensión en violación a los derechos fundamentales de las partes, siendo que se inició con una guarda por entrega directa -lo cual hoy está prohibido-, prosiguió con una guarda judicial y los hechos que construyeron el vínculo entre la actora y el menor no pueden ser ponderados a los fines de la adopción, a lo cual se agrega que no está inscripta en el Registro y por ende la adopción que se otorgase sería nula.
2.-Debe considerarse inconstitucional la prohibición de valorar la guarda de hecho a los fines de la adopción (art. 611, tercer párrafo, CCivCom) porque en el caso una interpretación apegada a su literalidad no se compadece con la puesta en acto del superior interés del niño y del derecho a una familia, arrojando un resultado contradictorio con su identidad construida y con la familia que lo cobijó como hijo, por lo cual una prohibición tan contundente e inflexible, invisibiliza el andamiaje sobre el que se montó la identidad del menor y contraria al art. 8° de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
3.-El análisis de la prohibición de admitir guardas de hecho, en cuanto a su coherencia constitucional y convencional, se diluye en el caso concreto en función del momento en que la guarda fue otorgada porque no estaba prohibida en el ordenamiento normativo interno y no llegó a conformarse en su totalidad dado que si bien se refleja en la demanda y en la reiterada conformidad del padre, no fue receptada en un decisorio judicial pues se otorgó una guarda judicial simple.
4.-Toda vez que el inc. b) del art. 600 del CCivCom. prevé como requisito para ser adoptante, el estar inscripto en el registro respectivo y que el art. 634, inc. h) establece la nulidad absoluta de la adopción obtenida en violación a las disposiciones referidas a la inscripción y aprobación del registro de adoptantes, es claro que dicho requisito ostenta el carácter de sustancial.
5.-La nulidad absoluta de la adopción otorgada a quien no se inscribió en el registro respectivo (art. 634, inc. h), CCivCom.), debe ser considerada inconstitucional porque el Registro de la Provincia de Santa Fe no admite evaluaciones de postulantes que ostenten guardas de hecho o pretendan regularizar situaciones de hecho y en el caso ello coloca a la actora en una situación de desigualdad respecto de otros parientes del menor que podrían haber obtenido la adopción por guarda directa por el sólo hecho de ostentar un vínculo de parentesco mientras que ella no lo puede hacer aun cuando construyó un vínculo filial real, palpable y basado en el afecto.
Rosario, 7 de setiembre de 2016.
El Sr. R.compareció el 24 de mayo de 2007 con el patrocinio de la Dra. C.L. y prestó su consentimiento para la prosecución del juicio tendiente a otorgar la adopción de sus hijos a la Sra. L. por hallarse en imposibilidad material y espiritual de criarlos en función del fallecimiento de la madre de los mismos, entre otras razones (fs. 19).
El 7 de mayo de 2008 la Sra. L.acompañó copia certificada de acta de matrimonio con inscripción marginal de sentencia de divorcio por la que fuera disuelto el vínculo existente entre ella y quien fuera su esposo (fs. 47).
En la misma fecha recibí en audiencia a la Sra. L., a los niños G. y E. y al Sr. A.A.R. quien manifestó su deseo de comparecer con otro patrocinio y ser asesorado por otro profesional a los fines de evaluar la acción y el consentimiento oportunamente prestado (fs. 48). En ese mismo acto, luego de escuchar a los nombrados, suscribí el Auto N° 10.233 por el que se otorgara, cautelar y provisoriamente, la guarda de ambos niños a la Sra. L. y estableciera un régimen de visitas provisorio y de carácter cautelar entre los niños y su padre. Se dispuso también la realización de un informe ambiental en el domicilio del Sr. R. y de la Sra. L., un informe psicológico del progenitor y de la Sra. L. en función de la situación planteada y la atención del niño G.por parte de la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Se emplazó al Sr. R. para que en el término de tres días compareciese ante el Tribunal con otro patrocinio y constituyese domicilio ad litem bajo apercibimientos de ley. También se hizo saber a ambas partes que agregados que fueren los informes dispuestos y cumplido con lo ordenado se resolvería sin más acerca de la guarda preadoptiva. En el mismo acto la Sra. L. aceptó la guarda conferida.
El 25 de noviembre de 2008 la Dra. A. comunica que G. se fue con su padre y que no regresó (fs. 63). Se dispuso cumplimentar con lo dispuesto el día 23/10/08. G. fue escuchado por la Dra.Verdondoni el 27 de marzo de 2009 y expresó que había tenido un problema con A. y su papá y que desde noviembre volvió a vivir con papá. Dijo que veía a su hermanita los días sábados cuando iba a visitarla pero que su papá no lo hacía. Agregó que la niña no reconocía a su padre como suyo y que lo nombraba como “el papá de Gabi” (fs. 70).
Se convocó a audiencia a ambos hermanos y a la Sra. L. la que se concretó el día 8 de agosto del corriente año conforme consta a fs. 99.Consecuentemente, se está así en condiciones de resolver.
En un lapso tan prolongado se han sucedido hechos y actos jurídicos que en su gran mayoría se produjeron durante la vigencia del Código Civil, como así también se han adoptado decisiones judiciales en función de aquellas normas, tal como se lee en los “vistos” preced entes. Sin embargo, el presente decisorio debe ser ponderado y construido a la luz del actual orden normativo vigente. Ello importa la segura existencia de colisiones entre las actuales normas y el esquema de hechos y decisiones referido que también debe ser abordado en esta resolución.
Se ha acreditado en autos que G.A.R., nacido en Rosario el día 27 de mayo de1998, (Acta N xxx, Tomo x, Registro Civil Rosario Sección Hospital Roque Sáenz Peña, DNI N° xx.xxx.xxx, fs. 10) y E.C.R., nacida en Rosario el 25 de mayo de 2005 (Acta N° xxxx, Tomo xxx, Año 2005, Registro Civil Rosario Secc. Maternidad Martin, fs. 11), son hijos de A.A.R. y de M.E.S., como así también que la Sra. S.falleció en Rosario el 27 de noviembre de 2005 (Acta N° 1768E, Tomo VI, Año 2005, Registro Civil Rosario Subsección Defunciones, fs. 9).
Del informe ambiental de mayo de 2015 practicado por la Lic. Isabel Fernanda Ojeda se desprende que ambos hermanos continuaban conviviendo con la Sra. L. (fs.78). M.Re., por su parte, lo hacía con su propio padre. Se refiere que la Sra. L. era Vicedirectora de la Escuela N° xxx. Se expone también que G. mantenía contactos con su padre y que el mismo vivía en xxxxxxxxxxxxxx de Rosario (domicilio denunciado en autos). Se informó también que no existía relación entre el padre y la niña.
1.El caso se inicia mediante una guarda de hecho por entrega voluntaria directa con fines de adopción efectuada en vigencia del anterior ordenamiento.
2.La actora formuló una pretensión de adopción de ambos hermanos y el juicio fue procesalmente dirigido hacia el otorgamiento de una guarda con fines de adopción, conforme a la legislación vigente para esa época.3.Se otorgó judicialmente una guarda simple en función del deseo del progenitor de recibir un distinto asesormiento profesional respecto del trámite de adopción de sus hijos.
4.Luego de varios años la actora, pocos meses antes de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento civil, impulsa nuevamente la acción, reencausándose finalmente en el nuevo procedimiento de adopción vigente a partir del 1° de agosto de 2015.
5.Se ha probado que E. está al cuidado de la Sra. L. desde fines de 2006 y que G. lo hizo desde unos meses antes con algunas interrupciones en las que retomó la convivencia con su padre sin perder contacto con su hermana ni con la Sra. L. mas desde hace ya dos años convive exclusivamente con la actora.
6.También se ha acreditado la existencia en los hechos de un fuerte vínculo afectivo entre la actora y los dos hermanos que los emplaza en el carácter de madre-hijos y también el que los une con el hijo biológico de la actora en cuanto hermano-hermanos.
El artículo 594 del Código Civil y Comercial define a la adopción como “una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen”.
Esta definición, como la mayor parte de las normas que le siguen, está pensada desde la perspectiva del niño o niña cuya familia de origen no puede brindarle una debida contención. Por otro andarivel transita la adopción por integración en la que, precisamente, el supuesto jurídico requiere la existencia de un progenitor que efectivamente brinda a su hijo o hija los cuidados necesarios para atender a sus necesidades (arts.630 a 633).
Los supuestos de declaración de situación de adoptabilidad tienen como común denominador una situación actual o potencial de grave vulneración de los derechos fundamentales de niñas y niños.Ello puede observarse con nitidez en el primer y tercer supuesto del artículo 607 y en el de privación de la responsabilidad parental del artículo 610. Así, el caso del inciso a) del artículo 607 (“un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de treinta días, prorrogables por un plazo igual sólo por razón fundada”) se observa la vulneración actual del derecho a la identidad, del derecho a ser criado en el seno de una familia, etc. En el tercero la vulneración grave de derechos fue ya constatada por el organismo administrativo al adoptarse una medida excepcional (art. 607 inciso c). El segundo parte de un acto jurídico voluntario de ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores quienes deciden habilitar la adopción de su hijo o hija a la familia que sea seleccionada por el registro de adoptantes, decisión que en sí misma requiere las ponderaciones que su trascendencia impone (“los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado, siendo válida tal manifestación sólo si se produce después de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento”).
osi estamos frente a un niño o niña cuya familia de origen no puede proporcionarle los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales,
osi su situación se subsume en alguno de los supuestos de declaración de situación de adoptabilidad y
osi desde la perspectiva del superior interés del niño es conveniente generar el vínculo filial adoptivo.
Superada esta tarea mediante respuestas afirmativas se presenta una nueva problemática:la selección de la familia adoptiva.
El artículo 613 ordena al juez seleccionar a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes.El segundo párrafo le indica pautas para la selección desde la perspectiva de “asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente”. Así, debe tomar en cuenta las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación; sus motivaciones y expectativas frente a la adopción; el respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente.
?Prohíbe la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño y habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador,
?excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco, entre éstos y el o los pretensos guardadores del niño.
?Impide al juez considerar a los fines de la adopción la guarda de hecho, las guardas judiciales o las delegaciones de ejercicio de la responsabilidad parental
En el sistema de guarda directa con fines adoptivos vigente con anterioridad al 1° de agosto de 2015 quienes en primer término seleccionaban a la familia adoptiva eran los propios progenitores.Claro está que esta aseveración observaba algunas particularidades en los hechos anteriores a su formalización con especial atención a la verdadera conformación de la voluntad de los padres.
2.2.2.El requisito de inscripción del inciso b) del artículo 600 y la sanción de nulidad absoluta del inciso h del artículo 634
Una mera lectura de los hechos que dan sustento a este caso permite afirmar, sin mayores hesitaciones, que la aplicación literal de las normas descriptas lleva al rechazo de la pretensión. Es decir, la guarda directa está prohibida (el caso se inició con una guarda por entrega directa), la guarda judicial (el caso prosiguió con una guarda judicial) y los hechos que construyeron el vínculo entre la actora y los hermanos R.no pueden ser ponderados a los fines de la adopción, además la actora no cumple con los requisitos de inscripción en el Registro y por ende la adopción que se otorgase sería nula.
Sin embargo, existe una enorme distancia entre las normas apuntadas y, precisamente, el hecho palpable de la existencia de un vínculo filial de hecho entre la Sra. L. y los hermanos R.
La Dra. Marisa Herrera y el Dr.Gustavo Caramelo, al comentar el artículo 1° del Código, señalan que “…si las leyes aplicables lo deben ser ´conforme´ -es decir, a tono, en consonancia o en respeto- a la Constitución Nacional … y los tratados de derechos humanos en que el Estado sea parte, ello significa un diálogo inescindible, fluido y permanente entre el derecho constitucional-convencional y el derecho privado”, o en otras palabras “los cambios, desarrollo y avances que acontezcan en el primero repercuten de manera directa en el segundo” (Herrera, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián, Directores, “Código Civil y Comercial Comentado”, tomo I, página 8, Infojus, Buenos Aires, 2016). Ambos autores resaltan lo señalado en los Fundamentos del Anteproyecto en cuanto a que “Todos los tratados internacionales suscriptos por el país y que result an obligatorios deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. Esa es la función que tienen como fuente de derecho referida en el artículo primero. Pero además, cuando se interpreta una norma, tienen especial relevancia los tratados de derechos humanos, porque tienen un contenido valorativo que se considera relevante para el sistema. Esta es la función que tienen en materia hermenéutica a la que se refiere el artículo segundo”.
El Código Civil y Comercial se encuentra subordinado a la Constitución y a los tratados internacionales con especial referencia a los vinculados a derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional conforme al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.Esta afirmación regía también durante la vigencia del Código Civil derogado en función de la importantísima labor pretoriana desplegada por la Corte nacional no solo en cuanto al control de constitucionalidad sino también respecto de la operatividad de los tratados internacionales (v.gr, “Ekmekdjián contra Sofovich” 07/07/1992, Fallos 315:1492, “Fibraca Constructora S.C.A contra Comisión Técnica Mixta Salto Grande” 07/07/1993, “Cafés La Virginia S.A.”, 13/10/1994, Fallos 317:1282).
A estos lineamientos se suma el desarrollo jurisprudencial vinculado al “control de convencionalidad” de las normas locales respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. En ese orden, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal hizo suyo en el caso “Mazzeo” (13/07/2007, Fallos 330:3248) los argumentos vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en “Almonacid Orellano” (26/09/2006) y “Trabajadores Cesados del Perú” (24/11/2006), y habilitó de dicho modo el control de convencionalidad de oficio, enfatizando que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’, que importa ‘una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos’.
Posteriormente, nuestro Superior Tribunal sostuvo, en “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra contra Ejército Argentino sobre daños y perjuicios” (27/11/2012) que “…los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc.22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente como también reiterdamente se ha citado, que “la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, eso es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que operan plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable” (Fallos 314: 424, entre otros), señalando también que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico.Una eventual respuesta afirmativa a la pretensión deducida entra en contradicción, como vimos, al menos con el artículo 611 y con el inciso b) del artículo 600 en relación con el inciso h) del artículo 634 del Código Civil y Comercial.
El análisis del obstáculo normativo vinculado con la prohibición de la guarda directa con fines adoptivos en cuanto a su coherencia constitucional y convencional se diluye en función del momento en que la guarda fue otorgada. En el año 2006 la guarda por entrega directa no se encontraba prohibida por el ordenamiento normativo interno aun cuando diversas voces doctrinarias y jurisprudenciales objetaron la misma por entenderla contraria a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Amén de ello, en el caso concreto la guarda directa no llega a conformarse en su totalidad dado que si bien se refleja en la demanda de la actora y en la reiterada conformidad del padre no termina siendo receptada en un decisorio judicial sino que lo otorgado fue una guarda judicial simple.Amén de ello, al momento de iniciarse de hecho la guarda directa no constituía ilícito alguno.
El primer apartado del artículo 8° de la Convención Internacional de los Derechos del Niño expresa que “Los Estados Partes se comprometen a respetar, el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y la parte final del primer apartado del artículo anterior consagra el derecho de todo niño y niña de ” conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. El apartado 3 del artículo 20 también pauta el derecho del niño a la adopción como una modalidad de cuidado especial para los niños que deben permanecer privados de su medio familiar.
Específicamente en materia de adopción, el artículo 21 subraya que el interés superior del niño es una consideración primordial tal como es receptado en carácter de principio por el artículo 595 inciso a) del Código Civil y Comercial. Resalto que ese principio debe ser aplicado como “la consideración primordial” yendo más allá de la calificación de “una consideración primordial” como lo ordena el artículo 3° apartado 1° de la Convención (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 7, 2005, “Realización de los derechos del niño en la primera infancia” párr.36 b, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm), y resaltado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo del 16/09/2009, “Recurso de hecho interpuesto por María Ernestina Storni, Defensora Pública de Menores e Incapaces interina ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, por la representación del menor M.G.G.”, Fallos 331:2047). Cabe también recordar que el principio debe ser aplicado “estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten” (Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 5, 2003, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44, http://daccess-dds-ny.un.org/doc /UNDOC/GEN/G03/455/17 /PDF/G0345517.pdf? OpenElement, -citado por nuestra Corte nacional en fallo anteriormente referido).
La prohibición de ponderación de la guarda de hecho, las guardas judiciales y las delegaciones de ejercicio de la responsabilidad parental en el marco de una adopción es una norma calificable al menos de inelástica.En este punto el Código desconoce la riqueza y variedad de los vínculos humanos y también se coloca un poco más allá de las propias normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en tanto y en cuanto obliga al juez a desestimar lo cotidiano en la vida de un niño, es decir, la realidad de ese niño o esa niña en particular. La norma, tal cual está escrita, no tiene válvula de escape y bloquea la mirada del juez sobre aquellos casos donde los vínculos de hecho construidos por los propios niños son la voz cantante del derecho.
¿Qué sucede con aquellas personas, a veces parientes, a veces amigos, a quienes una mamá le deja su pequeño hijo al cuidado y nunca más se vuelv e a tener noticia de ella? ¿Qué hacemos con ese puente filiatorio construido durante largos lapsos entre un niño y quien él considera su madre? ¿Qué contestamos a las familias más vulnerables de nuestra comunidad que traen estos casos al Tribunal cuando quien todos consideran hijos ingresan a la adolescencia e inician la escuela secundaria? ¿Le respondemos que no es hijo porque esos hechos que son precisamente su vida no pueden ser considerados por el juez?
¿Cómo se compadece ignorar una situación de hecho desarrollada en el curso de diez años en la que claramente una niña se ha referenciado con una mujer como su madre? ¿Cómo ignorarla cuando para esta niña esa mujer es su madre en sus relaciones sociales, en la escuela, en el barrio, en el almacén de la esquina, en su ámbito familiar y para su propio hermano ha operado como madre?¿Quién de todos nosotros le dice a esta niña “no sos hija porque una norma le prohíbe al juez tener en cuenta tu historia” cuando, por otra parte, no ha existido ningún elemento de ilicitud en el origen de esos hechos?
Una situación similar se plantea respecto del requisito de inscripción y la sanción de nulidad. En ese orden, la posibilidad de registración de la Sra. L., si bien admitida por la ley 13.093, encuentra un duro límite en el Registro local quien no admite evaluaciones de postulantes que ostenten guardas de hecho o pretendan regularizar situaciones de hecho.En nuestro medio esa determinación del registro local es públicamente conocida y ha sido debatida en reuniones oficiales en los que el suscripto ha participado y también ha sido comunicado por escrito en otras actuaciones judiciales. Este posicionamiento ha llevado a las autoridades del registro a proponer una modificación a la ley 13.093 para que la norma prevea la prohibición de intervención en situaciones de guarda de hecho. Amén de lo expuesto, como ya lo adelantara, la inscripción en el registro no se infiere como necesaria e imprescindible en el supuesto de excepción previsto en el artículo 611.
Corresponde también resaltar que se coloca así a la Sra. L. en una situación de desigualdad respecto de otros parientes de los hermanos R. en tanto éstos podrían haber obtenido la adopción por guarda directa por el sólo hecho de ostentar un vínculo de parentesco mientras que ella no lo puede hacer aun cuando ha construido día a día un vínculo filial real, palpable y basado en el afecto.El requisito de inscripción ha sido revestido de un carácter netamente impediente del otorgamiento de una sentencia válida en función de la sanción de nulidad absoluta prevista para su incumplimiento. Desde dicha perspectiva, no viabiliza demasiadas alternativas de integración normativa y se muestra remiso a cualquier diálogo con otras normas. La génesis de la filiación adoptiva está en la sentencia que la ordena y no es dable pensar que se la suscriba sabiendo que eventualmente podrá argüirse contra la misma su nulidad absoluta en función de una interpretación diversa a la integración normativa posible.
Hemos señalado anteriormente que si los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado el juez se encuentra habilitado para declarar la situación de adoptabilidad, con la prevención que la manifestación sólo es válida sise expresa después de los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento.
Tanto E. como G. fueron recibidos por el suscripto el día 8 de agosto de 2016. E. prestó su asentimiento para la adopción por parte de la Sra. L. respecto de quien afirmó considerarla su mamá (art. 617 inciso d) CCyC). También solicitó conservar su apellido paterno. Ambos reiteraron su pretensión de emplazamiento filiatorio adoptivo respecto de la Sra. L.
Conforme con el desarrollo ya realizado debe tenerse en cuenta la elección efectuada oportunamente por el progenitor, la situación de hecho constatada en autos y el vínculo filial establecido entre la Sra. L.y la niña, en función de declararse la inconstitucionalidad del artículo 611 del Código Civil y Comercial en cuanto prohíbe considerar tal situación de hecho para una eventual adopción y del inciso b) del artículo 600 en tanto establece como requisito sustancial la inscripción en el registro de adoptantes.
Conforme las constancias de autos también se cumplimenta en el caso los requisitos de diferencia de edad entre los adoptados y la adoptante (art. 599) sin que se halle la misma en los supuestos de exclusión del artículo 601 en tanto tiene más de 25 años, no es ascendiente o descendiente ni tampoco hermana o hermana unilateral de los hermanos R.
Se tendrá entonces por cumplimentado el plazo de guarda establecido en e l Código Civil y Comercial (art. 614)
Tanto G. como E. han solicitado el otorgamiento de la adopción, pretensión que también fue formulada inicialmente por la Sra. L. y aceptada originariamente por el Sr.R.
Durante mucho tiempo las actuaciones estuvieron detenidas, exactamente desde abril de 2010 a abril de 2015.En tanto no se hallaba vigente el actual artículo 709 del Código Civil y Comercial, el impulso procesal recaía exclusivamente en la actora. Sin embargo, ello no ahorra responsabilidades a quienes debemos hacer efectivos los derechos de la infancia que estén a nuestro alcance. Cabe señalar, subrayar, resaltar, poner de relieve y gritar que esa demora fagocitó a la infancia de G.
Desde esta perspectiva y partiendo de una guarda preadoptiva agotada respecto de E. es claro que diferir expedirse sobre su adopción la colocaría en una situación no igualitaria respecto de su hermano y no respetaría su propia realidad en la que es en los hechos hija de la Sra. L. desde toda su vida y así lo considera. Como ya dijera, esta afirmación sólo puede darse desde el lugar de la inexistencia de un ilícito originario y a partir de un padre que, al contrario del caso “Fornerón”, no ha podido subjetivamente colocarse en situación de un reclamo para serlo.Las constancias de autos también permiten afirmar que se ha cumplimentado con el procedimiento establecido en el artículo 617 con lo que la dilación al solo efecto de cumplir con las pautas procesales dadas por la ley de fondo no se compadece con el principio de tutela judicial efectiva. Es pertinente entonces también declarar la adopción de E. por parte de la Sra. L.
Tal extremo no es dable en cuanto a E. quien no ha tenido vínculo alguno con su padre conforme surge de la totalidad de las pruebas colectadas en el presente y no lo ha solicitado. La ausencia del padre en su vida se refleja también en las obligaciones y los derechos propios del ejercicio de la responsabilidad parental con lo que un eventual mantenimiento del vínculo conllevaría reinstalar en ese ejercicio a quien nunca se colocó en ese lugar.El vínculo jurídico filiatorio y el lazo biológico no siempre transitan por un mismo sendero y si bien el primero puede extinguirse, tal como surge del artículo 620 CCyC, el segundo no. A diferencia del caso de su hermano el mantenimiento del vínculo jurídico sin sustento en el ejercicio cotidiano del mismo acarrearía más perjuicios que beneficios cuando en verdad una eventual reconstrucción del lazo entre E. y su padre no depende de la presente resolución.
En virtud de lo expuesto RESUELVO:1°) Declarar a E.C.R., DNI N° xx.xxx.xxx, en situación de adoptabilidad.
2°) Declarar la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 611, inciso b) del artículo 600 e inciso h) del artículo 634 del Código Civil y Comercial,
3°) Otorgar la guarda con fines de adopción de la niña E.C.R., DNI N° xx.xxx.xxx, a la Sra. A.E.L., DNI N° xx.xxx.xxx y tener por cumplimentado el período de vigencia de la misma.
4°) Otorgar la adopción plena de E.C.R., DNI N° xx.xxx.xxx, nacida en Rosario el 25 de mayo de 2005 a las xx:xx horas, de sexo femenino y anotada bajo Acta Nº xxxx, Tomo xxxx, Año 2005, Registro Civil Rosario Sección Hospitales, a la Sra. A.E.L., DNI N° xx.xxx.xxx;
5°) Otorgar la adopción plena de G.A.R., DNI N° xx.xxx.xxx, nacido en Rosario el 27 de mayo de 1998 a las xx:xx horas, de sexo masculino y anotado bajo Acta Nº xxx, Tomo x, Año 1998, Registro Civil Rosario Sección Hospitales, a la Sra. A.E.L., DNI N° xx.xxx.xxx, manteniendo subsistente el vínculo jurídico con su progenitor Sr. A.A.R., DNI N° xx.xxx.xxx,
6°)5°) Ordenar la inmovilización o bloqueo de la partida de nacimiento de ambos quienes serán inscriptos con el nombre de E.C.R. y G.A.R. respectivamente y oficiar al Registro Civil respectivo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en este fallo acompañándose copia certificada del mismo;
6°) Notificar al Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción y a la Defensoría General Civil actuante;
7°) Regular los honorarios profesionales de la Dra. M.L.A. en la suma de ($.) equivalentes a doce (12) unidades jus. Los honorarios regulados deberán ser cancelados dentro de los treinta días corridos contados a partir de la fecha de notificación del presente, estableciéndose, a los fines previstos en el artículo 32 de la Ley 6767 modificada por Ley 12851, que desde el vencimiento de dicho plazo y en caso de falta de pago se aplicará un interés moratorio calculado sobre la base de la tasa del seis por ciento (6%) anual. Notifíquese a Caja Forense. Insértese y hágase saber.
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References: artículo 594
 artículo 607
 artículo 610
 artículo 607
 artículo 613
 artículo 600
 artículo 634
 artículo 1
 artículo 75
 artículo 611
 artículo 600
 artículo 634
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 595
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 611
 artículo 611
 artículo 600
 artículo 601
 artículo 709
 artículo 617
 artículo 620
 artículo 611
 artículo 600
 artículo 634
 artículo 32