Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2012/01/
Timestamp: 2018-01-18 13:52:04+00:00

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POLITICA Y DERECHO: enero 2012
La historia no termina ahí. Luis Eduardo Sánchez vuelve a declarar unos meses después y señala que en realidad la agente del MP, María del Rocío García, lo buscó porque él era amigo de su hermano. Le dijo que necesitaba un testigo para un caso que estaba "investigando". A cambio de mil pesos, le pide que declare lo antes señalado. La retractación de su primera declaración hace que la Procuraduría capitalina lo persiga por falsedad en declaración. Sin embargo, la declaración que se estima "falsa" es la segunda y no la primera. Así de absurda y caricaturesca puede ser la justicia penal mexicana. En 2008, Luis Eduardo Sánchez fue procesado por falsedad en declaración y sentenciado a seis años. Para hacer la historia aún más tortuosa, lo encarcelan en el mismo reclusorio que a Dorantes.
Nuestra obsesión colectiva con la impunidad tiene que tener contrapesos. Debería importar también la justicia. Así como nos indigna que los que secuestran o matan estén en la calle, también nos debería indignar, comenzando por las propias víctimas de delitos, tener un sistema de persecución criminal que no ofrece pruebas, razones ni argumentos para tener una mediana certeza de que quien es sentenciado por un delito es altamente probable que sea el responsable. La demanda popular, por más consignaciones y más sentencias condenatorias, sin un sistema de justicia digno de ese nombre, nos aleja del país que soñamos. México necesita justicia y no venganza para volverse a pegar.
Los días 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos decretos de reforma constitucional que pueden calificarse sin exageración como históricos. Se trata de reformas que afectan profundamente al tema de los derechos humanos y al régimen constitucional del amparo.
En la reforma relativa al juicio de amparo se incorporaron novedades de gran relevancia, como por ejemplo la declaración general de inconstitucionalidad de leyes. Se añadieron a nuestro texto constitucional aspectos esenciales del amparo que resultan muy novedosos para nuestro sistema jurídico, como el concepto de “interés legítimo” para promover el amparo, una nueva forma de comprender la “suspensión del acto reclamado” o la posibilidad de que existen “cumplimientos sustitutos” de las sentencias, a partir de los cuales el afectado en sus derechos perciba una indemnización por los actos de autoridad contrarios a la Constitución que le generaron un daño.
La reforma también crea los llamados “Plenos de Circuito”, que tienen a su cargo la delicada y muy importante tarea de unificar criterios jurisprudenciales, para que los asuntos no se pierdan o se ganen dependiendo del tribunal ante el que uno litiga, sino que existan parámetros de interpretación constitucional más o menos compartidos por todos los jueces federales.
Ahora bien, la reforma constitucional señala en su artículo transitorio segundo que el legislador ordinario debe expedir una nueva ley de amparo o una reforma integral a la ley vigente, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la misma. Sucede que ese plazo venció el día 4 de este mes de octubre y la ley de amparo o su correspondiente reforma integral no aparecen todavía y no sabemos si aparecerán en algún momento.
Los legisladores, una vez más, nos faltaron al respeto a los ciudadanos y se faltaron al respeto a sí mismos, al no poder cumplir con un mandato que incluyeron (ellos mismos, cabe recordarlo) en nuestra Carta Magna.
Podría pensarse que es muy complejo redactar una nueva ley de amparo y que, tratándose de un tema tan relevante para la salvaguarda de nuestros derechos, conviene no tener demasiada prisa, a fin de que salga un buen texto legislativo. Es probable que así sea, pero nadie les dijo a los legisladores que fijaran un plazo tan corto. Fueron ellos los que se metieron solitos en ese problema y ahora nos toca recordarles que deben cumplir con la disposición de nuestra Carta magna, para no incurrir (una vez más) en un fraude constitucional cuyo resultados serán muy perjudiciales para miles de ciudadanos mexicanos.
El sistema jurídico mexicano está teniendo importantes avances. Ya existen en México los juicios orales en materia penal y a partir de enero funcionarán en materia mercantil, para juicios ordinarios en los que se ventilen montos que no superen los 220 mil pesos. Ya tenemos nuevos criterios judiciales sobre el alcance del fuero militar y sobre el papel de los jueces de las entidades federativas en materia de aplicación de tratados internacionales. Ya estamos comenzando a aplicar los criterios garantistas que nos señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias, en las que el Estado mexicano fue condenado como violador de derechos humanos.
Todos esos son cambios que, a la postre, suponen muy buenas noticias para millones de mexicanos y cuya aplicación debemos apoyar en lo que cada uno tenga a su alcance. Pero para poder aterrizar tales cambios es necesario que los legisladores hagan su parte.
No tengo duda de que la agenda de nuestros diputados y senadores está repleta de compromisos, reuniones, seminarios, desayunos de trabajo, etcétera. Son personas muy importantes y ocupadas. Pero no deben olvidar que están ejerciendo su cargo porque los ciudadanos votamos por ellos. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser su primera prioridad. Si en verdad hay legisladores que sienten ese compromiso con la ciudadanía, deberían aprobar a la brevedad una nueva ley de amparo, que tiene por objeto precisamente proteger a las personas en contra de los abusos de la autoridad. ¿No es esa la esencia de la democracia constitucional? Señores legisladores: no esperen más, México exige y demanda con urgencia una nueva ley de amparo
En materia mercantil se están produciendo algunos fenómenos que conviene dar a conocer. Lo que resulte en esta materia tendrá muy importantes repercusiones para la vida de muchas personas. Desde su entrada en vigor en 1890, en el Código de Comercio se previó que los procedimientos serían fundamentalmente escritos. Como juicios mercantiles se litigan una gran cantidad de conflictos, tales como el cobro de títulos de crédito (cheques, pagarés, etcétera) o controversias relacionadas con compras o adquisición de servicios con comerciantes, por ejemplo. Por lo mismo, todos estamos en la posibilidad de participar en alguna modalidad de este tipo de procedimientos para hacer valer nuestros derechos. Por diversas razones de carácter federal, los juicios mercantiles pueden ser presentados, a elección de quien inicia el juicio, ante los tribunales federales o los locales. La distribución ha sido hasta ahora sumamente desigual, pues buena parte de este tipo de juicios son conocidos por los tribunales de los estados y del Distrito Federal, al extremo de representarles una buena parte de su carga.
Fue precisamente la enorme cantidad de asuntos, su lenta tramitación y su desigual distribución lo que llevó a modificar los procedimientos mercantiles en enero de 2010. Se creó entonces una solución para los juicios que tuvieran como suerte principal una cantidad inferior a 220 mil 533.48 pesos. Se previó que la demanda y la contestación seguirían haciéndose de manera escrita, para luego pasar a una audiencia pública presidida por el juez con la finalidad de desahogar las pruebas ofrecidas, y al finalizar la misma debería dictarse sentencia. De forma adicional se previó que las sentencias no serían impugnables, por lo que su impugnación debería hacerse directamente mediante el juicio de amparo.
Esta reforma debió haber entrado en vigor el 27 de enero de este año en todo el país. Sin embargo, esto no será así, o al menos no totalmente. Mediante reforma publicada el 9 de enero pasado, se estableció una nueva solución. El monto para hacer procedente el juicio oral se incrementó a 500 mil pesos y se reiteró la prohibición de apelar la sentencia, fundamentalmente. Lo más relevante, sin embargo, fue el cambio introducido en cuanto a la entrada en vigor del nuevo modelo. Por una parte, y con la idea de generar, se dice, las condiciones materiales necesarias para su funcionamiento, se determinó que las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión deberían establecer las previsiones presupuestables, la infraestructura y la capacitación necesaria. Por otro, se estableció que los tribunales de los estados y del Distrito Federal conocerán de los juicios orales a partir del 1 de julio del 2013, mientras que los federales lo harán a partir del 27 de enero próximo.
Desde luego llama la atención la extensión del término otorgado a unos y otros tribunales, pero más aun lo que ello implica. Dada la condición de "concurrencia" entre ambos órganos, es decir, ante la posibilidad de que quien promueva el juicio decida llevarlo ante los locales o los federales, a partir del próximo día 27 los juicios escritos corresponderán a los primeros y los orales a los segundos. Algo que se previó para ser uniforme y dar seguridad no lo será más, al menos durante prácticamente año y medio. Las razones para hacer las diferencias mencionadas francamente no son sólidas.
Lo que acontece en materia mercantil es por sí mismo grave. Sin embargo, es sólo una parte de un fenómeno, ¿por qué no decirlo?, generalizado. El sistema nacional de impartición de justicia está descuidado. No se han emitido las leyes necesarias para darle aplicación a las reformas constitucionales (amparo), no se ha creado el número de jueces de ejecución de sentencia necesarios, no se han adoptado medidas eficaces para enfrentar los delitos de "narcomenudeo" que se asignarán a los estados, no se han implementado los juicios orales, ni se han creado las medidas necesarias para sostenerlos (capacitación policial, peritos, etcétera), por ejemplo. En un país aquejado por importantes retrasos en seguridad, empleo y, prácticamente, todo lo relacionado con el Estado de derecho, actuar erráticamente o a destiempo en materia de justicia es, cuando menos, irresponsable. Ojalá que la asfixiante coyuntura del 2012 nos permita a todos mirar un poco más allá de las elecciones. De no hacerlo, en un año tendremos un sistema de impartición de justicia cuestionado y deslegitimado.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:29 No hay comentarios:
Eso ha dado lugar a que algunos (el precandidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en primerísimo lugar) piensen, fundadamente, que el drama tiene mucho de comedia y de farsa, y que se hace sólo para descargar a Peña Nieto del oneroso fardo que representa el inconmensurable descrédito de la Gordillo. En todo lo que tenga de real, ello no obstante, quedó claro que fueron los priístas quienes decidieron romper con el Panal, aunque ahora todos, priístas y panaleros, nos vengan con el cuento de que fueron los últimos los que lo acordaron. El mismo Peña Nieto declaró el pasado día 23 que la decisión, en efecto, fue del Panal, dijo el precandidato, “en un acuerdo amigable”.
El presidente panalero, Luis Castro Obregón, le echó la culpa de la ruptura a “la parte conservadora del PRI”, a “los labastidas, los augustos santiago… que representan el pasado”. Exonera a Peña Nieto, “con quien hablamos siempre”. Pero luego se sacó un conejo de la chistera al denunciar, según él, que fueron aquellos mismos priístas tradicionales y conservadores los que echaron a pique la alianza, al intentar modificar el convenio de la coalición. De acuerdo con Castro, esos priístas habrían exigido del Panal que aceptara “ir en más estados”, cosa que no aclaró en qué podría consistir. Que el PRI le soltara más puestos de elección es absolutamente improbable. En todo caso, esas entidades serían Campeche, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California y el DF.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:25 No hay comentarios:
Davos terminará y las profecías de Soros podrán cumplirse o no, pero lo que parece inevitable es la afirmación de una perspectiva de letargo económico, que también de modo inevitable se desplegará en grandes cuotas de desempleo abierto que afectarán en mayor medida a los más vulnerables. La obcecación europea con el déficit, advierte nada menos que el FMI, puede resultar en su contrario, es decir, en mayores brechas fiscales, y el sueño civilizatorio de una Unión Europea dinámica, y a la vez justa y estable, puede hacerse añicos o iniciar un periodo igualmente largo de desmantelamiento de resortes y mecanismos institucionales, sin los cuales la solidaridad moderna que requiere todo Estado social se vuelve impensable.
Los hombres de las nieves que han visto en la Montaña Mágica no un sanatorio, sino una especie de Disneylandia para adultos, se rinden a la evidencia de los ocupas globales y, sin dejar de citar a Churchill, admiten que el capitalismo pudo haberles fallado a muchos de ellos y, desde luego, a todos los demás. El capitalismo podrá ser, como la democracia, el peor de los sistemas, con excepción de los demás que la humanidad ha experimentado, pero es imposible no registrar la evidencia abrumadora del desempleo y el empobrecimiento masivos, así como el desorden del sistema financiero, cuyo salvamento ha costado demasiado y cuyo comportamiento lo ha vuelto impresentable a los ojos de sus propios y cercanos prójimos. Igual cosa ocurre con varios de los que tiritan en Davos y sus irredentos epígonos, que insisten en edulcorar la hiel desparramada por la convulsión de 2009, que se ha convertido en inundación estancada pero también en desierto, legado de la sequía que se abate inclemente sobre la agricultura mundial.
Nada de esto parece inmutar a los que pretenden gobernar el Estado mexicano, o conducir a mejor puerto su desvencijada economía. Ya sabemos que el Presidente admira las destrezas de Ernesto Zedillo, graduado en cumbres y honoris causa del cónclave anual de los muy muy ricos, pero insiste en poner la carreta delante del caballo: no es el equilibrio fiscal la condición del crecimiento sino, en las actuales circunstancias de recesión casi global, al revés. En vez de dar lecciones desde lejos, Calderón debería aprestarse a reaccionar pronto ante una tormenta que sin pausa se despliega por Europa pero pronto puede arribar a la costa atlántica de América. Que el magro crecimiento del empleo haya dependido –en más de la mitad– de la maquila debería advertirnos de la fragilidad económica nacional, imposible de exorcizar con medallas al mérito globalista.
Pero lo que priva arriba, en los corredores del poder real y temporal, desde las nieves eternas o desde el pantano terrenal, es una curiosa indiferencia nutrida en la convicción de que aquí no pasa nada, porque todo se aguanta hasta volverse una costumbre del contento universal con la supervivencia de cada quien. El modo azteca de producción del eterno presente.
Las crisis echan para atrás al más pintado; convierten en “tontos racionales” a los más avezados luchadores sociales y llevan a la rendición al más parlanchín de los políticos socialdemócratas. Pero con el tiempo, muchos toman nota de que su entorno natural y social ha sido puesto en peligro de desaparecer y descubren, de nuevo, el valor de la acción colectiva, de la organización de masas y de la conveniencia y urgencia de que el Estado se despoje de las más groseras ataduras doctrinarias y de clase, y busque actuar en función de alguna versión del interés general o del bien común, o de la justicia social.
Éste es un péndulo histórico que en momentos límite creó estructuras de oportunidad para hacer reformas profundas al capitalismo, como ocurrió en Estados Unidos o en Suecia en los años 30 del siglo XX, y en México, en especial, durante el gobierno del presidente Cárdenas.
En contextos sin duda distintos, en esos y otros casos tuvo lugar una formidable oleada de incorporación de los excluidos por la crisis y de muchos quienes ni siquiera habían estado incluidos en la economía capitalista de entonces. Racional o no, mal intencionada o virtuosa, el hecho es que la política se puso al mando y fue capaz de traducir movilización e incorporación, incluso confrontación, en lo que hoy suele llamarse política de Estado.
En todas esas experiencias hubo comuniones diversas entre cúspide, grupos medios y bases sociales, siempre consagradas por una ampliación de la política de masas y de un reconocimiento expreso de su importancia. La organización social, en sindicatos y otras formas, fue decisiva para que los dirigentes apenas llegados al Estado se mantuvieran y avanzaran, así como para dar a la sociedad cultura, estructura y carácter de sociedad de masas, en la que pudiera sustentarse y ostentarse otra modernidad.
Sólo los timoratos apoltronados en una racionalidad impostada e imaginaria se opusieron. Como ocurre hoy, para enseñarnos sobre la larga duración de la necedad y la miopía del ser reaccionario.
El gobierno actual, y quienes lo acompañan en esta coalición de obcecados, cuya divisa es la oposición al cambio aunque sea para que “todo siga igual”, han protagonizado el embate antisindical más agresivo de los últimos tiempos, que forma ya una fase histórica de México. No obstante la debilidad de las organizaciones laborales, sus enemigos parecen empeñados en hacer de ésta una guerra de clases ejemplar, para con ello tal vez demostrar que la victoria cultural del panismo, que tan gozosamente comprara Castillo Peraza, no fue sino una superchería. Lo que sus herederos han hecho no es sino la actualización para el México urbano y abierto, de la más rupestre versión de la modernización conservadora que intentaran don Porfirio y sus científicos. Pero para eso, hubiera sido mejor mantener en hibernación a Limantour.
La soledad en la crisis como estrategia no puede sino resultar en un encierro delirante. Hay que abrir y abrirnos ya. Ojalá y las marchas y concentraciones obreras y campesinas del próximo martes, del Movimiento y la UNT, sean un buen comienzo.
Hoy se llevará a cabo el segundo y último debate entre los tres aspirantes panistas a la candidatura presidencial. El domingo tendrá lugar la votación de los militantes y adherentes para elegir a su abanderado. Si atendemos lo que dicen las encuestas, hay poco margen para la sorpresa: Josefina Vázquez Mota viene acrecentando su ventaja de manera consistente.
Ante ello, quienes no se ven beneficiados por las mediciones han insistido en que la del domingo es una elección inescrutable. Dicen, con algo de razón, que cuando se pregunta a los simpatizantes panistas sobre su preferencia, no se está preguntando necesariamente a los electores del domingo, que la representatividad de la submuestra (simpatizantes panistas) puede tener problemas.
Ahora bien, concediendo sólo algo de razón a esa alerta, hay encuestas que sí superan esa dificultad y se enfocan únicamente a entrevistas a universo de electores reales. La encuesta pública que conozco es la de GEA ISA levantada telefónicamente el 20 y el 21 de enero a ciudadanos afiliados al PAN y dada a conocer recientemente. En ella se consigna, entre otras cosas, que en el balance entre opiniones positivas y negativas, Vázquez Mota obtiene 73 puntos, Creel 20 y Cordero 19. De manera consistente con ese balance, cuando se inquiere por la intención de voto, Vázquez Mota tiene a 61% de esos electores, Creel a 14%, Cordero a 15% y hay 10% de indefinidos.
Hay que decir que estos porcentajes son muy similares a los que ofrecen otros ejercicios a población abierta. Y realmente hubiera sido difícil pensar que pudiera ser de otra manera. Incluso creo que sería un poco desastroso para el PAN. Me explico. Si la distancia entre lo que piensan los simpatizantes no necesariamente militantes panistas (lo que reportan la mayoría de las encuestas) y lo que resuelven los electores internos (lo que anticipa la encuesta GEA ISA) es tan elevada como para producir un resultado sorpresivo el domingo, me parece que el PAN tendrá muchas cosas que revisar, y habrá que ofrecer alguna explicación creíble de ese vuelco. Más allá de lo que las casas encuestadoras tuvieran que decir para explicar sus números, para el partido tendría que ser preocupante la existencia de un divorcio tan marcado entre el sentir y la percepción generalizada que reportan las encuestas, y la decisión de los electores panistas. Lo lógico es que esos universos se parezcan, se conecten.
Por supuesto que aún falta saber cómo se desarrolla el debate interno y medir sus efectos, pero dada la distancia que hay entre los aspirantes, tendría que ser históricamente desastroso el desempeño de Vázquez Mota como para pensar en revertir lo que anticipan las mediciones. La distancia de Josefina es de cuatro a uno con sus adversarios; reitero que se ve muy difícil que el efecto de un debate produzca un giro tan dramático en las preferencias. Al tiempo, pero no creo que sea tan inescrutable la elección.
Lo esperable, por tanto, es que el domingo se conozca el tercero de los cuatro nombres que aparecerán en la boleta presidencial. Por lo pronto, hoy hay que ver si los panistas son capaces de transformar una exposición de ideas en un verdadero debate.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:20 No hay comentarios:
Urge que las autoridades electorales desarrollen acciones mucho más contundentes y preventivas para evitar “sorpresas” como estas durante los últimos días de la campaña. No será suficiente reaccionar mal y tarde, sino habría que anticipar los escenarios y adelantarse a los hechos. De lo contrario, fácilmente el proceso se les saldría de las manos y de nuevo estaríamos ante una Presidencia ganada de manera ilegítima, de espaldas a la legalidad
Dos decisiones de gran relevancia vinculadas a la radiodifusión y las telecomunicaciones, que centralmente atraviesan el futuro de la competencia económica en ambos sectores y que según el sentido de su resolución comprometerían gravemente las libertades de expresión e información, se procesaron a puerta cerrada en los órganos de autoridad que tienen a su cargo la decisión. Tanto la Comisión Federal de Competencia, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, integradas ambas por cinco comisionados cada una, deliberaron, si es que lo hicieron, en total privacidad; como si los asuntos a su consideración fueran privados y no públicos. Es increíble, pero el país no sabe todavía exactamente lo que pasó en esas sesiones
En el primer caso la Cofeco se reunió en privado para resolver si autorizaba o no la fusión de la empresa Televisa, propiedad de Emilio Azcarraga, con la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, concesionario a la vez de Tv Azteca. Se sabe que se llevó la sesión y que el asunto fue resuelto, no se sabe en que sentido y con qué votación, aunque el periódico El Universal ha especulado con la versión de que fue rechazada. Como decía mi abuelita Elisa, "Dios lo quiera".
En un comunicado emitido por el Presidente de esa Comisión, Eduardo Pérez Mota, se informa que el fallo será dado a conocer a más tardar el 7 de febrero, porque primero hay que notificar a las partes y, antes de ello, engrosar la resolución. Que lapso tan preocupante como peligroso para una decisión de esta naturaleza, y que atraso en materia de transparencia acusa el método. La Suprema Corte de Justicia de la Nación que delibera públicamente los asuntos jurídicos de mayor calado (económicos, políticos, civiles, etc), discute primero una ponencia, vota, engrosa y luego vuelve a confirmar el sentido del voto de cada uno de los ministros. El contraste con lo ocurrido en Cofeco es del día a la noche.
Desde siempre he luchado para que en México haya no sólo una tercera cadena, sino que en función de la disponibilidad real de espectro, debiéramos hablar de una cuarta y hasta quinta cadenas nacionales, y varias de carácter regional que redunden no sólo en una mayor competencia, sino reflejen la pluralidad y diversidad de Nación que somos. Anhelo también una red nacional de Televisión se servicio público como en España, Inglaterra o Italia, incluso, como la tiene Estados Unidos.
Pues esa decisión, fundamental para eliminar la hiper concentración que tiene ese mercado, está nuevamente aplazada; como dice Javier Solorzano, "algo pasa" siempre que se quiere abrir la televisión. Es que en realidad tampoco sabemos con certeza qué pasó en la sesión del pasado 25 de enero, y qué quieren hacer los comisionados. Dos boletines del mismo órgano, ofrecen dos versiones.
Y los cuatro comisionados restantes, Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo y José Luis Peralta signaron un nuevo comunicado el 26 de enero, un día después, presumiblemente para "aclarar" que no era cierto que habían aplazado "indefinidamente" su decisión, lo que nunca se mencionó en el primer comunicado. Este segundo boletín es de una preocupación enorme; tratando de sacudirse la decisión pusilánime, sólo la confirmaron, porque tuvieron el buen cuidado de no de especificar cuándo volverán a someter el tema a votación, no aclaran los elementos que “están fuera del ámbito de competencia de la Comisión” y no mencionan el tema central que es la licitación de la tercera cadena.
La posibilidad de licitar una tercera cadena de TV tiene dos antecedentes públicos: el compromiso de la COFETEL del 14 de julio de 2010 y las Acciones de Política Regulatoria 2011-12, presentadas el 1 de agosto pasado. Por eso nadie debe llamarse a sorpresa. La primera vez que se subió el Programa a Pleno fue el 5 de octubre y en esa sesión se hicieron comentarios de fondo tanto al mismo, como al estudio de mercado. Esas observaciones se atendieron durante meses conjuntamente con las oficinas de los comisionados. Paralelamente se lanzó una consulta pública no vinculatoria, pero cuyos resultados son aplastantes: 1130 personas manifestaron su interés en participar, sólo 451 cuestionarios fueron recibidos, procesados y validados y en éstos se exhibió que gran mayoría de los consultados está en contra de la concentración, a favor de la licitación de más cadenas de televisión y que además creen que es insuficiente la oferta de la tv abierta.
En la consulta el 89.3% se pronunció a favor de la licitación de televisión abierta, sobresalen los altos porcentajes del sector académico (93.3%), ciudadano (90.2%), potencial inversionista (100%) y el de los productores independientes (94.1%), así como la respuesta negativa del 69.2% del sector comercial, que contempla a los concesionarios de radiodifusión, personas relacionadas con la televisión y profesionistas.
Sobre cuántas cadenas debieran licitarse el 81.8% se manifestó por dos, ponderando la cobertura nacional o bien, una cadena de cobertura nacional y varias de cobertura regional. La Cofetel preguntó si en caso de licitarse dos cadenas deberían imponerse restricciones al número de cadenas que un solo oferente pudiera obtener, 76% dijo que así debiera ser, destacando nuevamente el sector comercial quien se manifestó en un 62.5% de manera negativa.
Ante la pregunta ¿Considera que la producción independiente de contenidos encuentra en el mercado actual suficientes canales de distribución? el 88.6% de los consultados dijo que no y el 61.5% del sector comercial se manifestó por el sí.
Finalmente 86.7% consideró que existe mercado publicitario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas de televisión abierta.
La enorme tragedia es que después de un año de trabajo, la Cofetel no ha ejercido un solo acto de autoridad en televisión (como sería publicar el programa de licitación). Porque ni el estudio de la disponibilidad de espectro, ni el estudio de mercado, ni la consulta, son actos de autoridad. En realidad el "aplazamiento" no es más que la cancelación, otra vez, de la apertura de la Televisión.
El de la tercera cadena de televisión no es un debate sobre comunicados de prensa, y sus "aclaraciones", sino sobre la transparencia, la necesaria rendición de cuentas y los mecanismos que permitan conocer de mejor manera el funcionamiento interno de la Cofetel, sus procesos y a los comisionados asumir la responsabilidad de sus posiciones.
Es una lástima que el de la competencia en las Telecomunicaciones y en la TV siga siendo el México de la larga espera, el del siguiente sexenio, el que nunca llega; es el México de la menor transparencia, el menos claro o si se quiere el más opaco; es un México siempre a la deriva que concentra como ningún otro tema las mayores contradicciones de todos los avances que presumimos como Estado democrático, el que exhibe la mediocridad - de pies a cabeza - de la clase política; es el México que nos confronta en el interior y nos exhibe en el mundo. Es el México del limbo, siempre entre la vida o la muerte, a veces como lo más probable, a veces como lo imposible. Que tristeza.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:13 No hay comentarios:
El miércoles pasado el Consejo General del IFE acordó crear una comisión temporal para que se aboque a proponer las bases y lineamientos de organización de los debates entre candidatos de los partidos políticos, tanto de aquellos cuya coordinación la propia ley electoral establece como mandato del órgano electoral (el artículo 70 determina que se realizarán dos debates entre los candidatos presidenciales cuya coordinación corresponde al IFE), como eventualmente de los adicionales que convengan los partidos políticos. La discusión que arropó la adopción del acuerdo fue rica y clara en el sentido de que los debates electorales en México no sólo no están prohibidos, sino que son fundamentales en los contextos democráticos.
Adicionalmente, el día anterior el mismo IFE emitió un comunicado de prensa en el que aclaró que “ni la Constitución ni la ley electoral prohíben, en modo alguno, la realización de debates” y, en consecuencia, “pueden y deben celebrarse los debates que los medios de comunicación consideren pertinentes y oportunos, para los cargos, el nivel, las precandidaturas y las candidaturas que sean necesarios”.
Me parece que ambos documentos constituyen un mensaje claro e indubitable de parte de esa autoridad electoral en torno a la posibilidad de que ocurran debates electorales. Para decirlo de manera enfática y taxativa: los debates, todos los debates, proceden y son, no sólo útiles y pertinentes, sino consustanciales al funcionamiento de la democracia, siempre y cuando no se contravenga la taxativa prohibición establecida por la Constitución consistente en la compra absoluta de espacios con fines de propaganda política en radio y televisión.
Las últimas semanas se había generado un enrarecido y confuso ambiente público en relación con la posibilidad de que se realizaran en espacios noticiosos debates entre precandidatos y aspirantes a diversos cargos de elección popular. A ello contribuyeron lecturas equivocadas de la Constitución y la ley, así como de alguna resolución de las autoridades electorales.
Sin prejuzgar las dudas legítimas que pudieron haberse generado en estos días, no debe perderse de vista que la reforma electoral de 2007-2008 -concretamente el modelo de comunicación política que ésta introdujo, el cual se centra en la prohibición de compra de publicidad electoral por parte de partidos y particulares y en el uso de tiempos del Estado para transmitir mensajes de los partidos- ha resultado incómoda e irritante para los grandes intereses que prevalecen en la industria de la radio y la televisión.
Desde su nacimiento, y no es ningún secreto, la reforma ha sido el blanco de una descalificación sistemática y no se han escatimado esfuerzos para presentarla como un impracticable amasijo de sinsentidos y peligrosos riesgos para las libertades democráticas, en primer término la de expresión.
No obstante, la viabilidad del modelo ha sido demostrada con creces en más de 50 elecciones locales y una federal. A lo largo de cuatro años los mecanismos, reglas de operación y la práctica del modelo se han ido perfeccionando y sofisticando.
Ello no ha sido fácil y no ha sido un proceso exento de sobreinterpretaciones o de lecturas en ocasiones confusas por parte de las autoridades electorales, pero la eficaz instrumentación del modelo y el respeto de las libertades y derechos constitucionales han estado garantizadas. Tomar en cuenta lo anterior es importante para poder contextualizar la serie de dudas y las confusiones que han surgido en torno al tema de los posibles debates. No debemos perder de vista que hay quienes lucran de episodios como éste, y son aquéllos que apuestan por una contrarreforma que revoque un modelo de comunicación que a varios resulta incómodo.
Los momentos de incertidumbre requieren de pronunciamientos expresos y francos de las autoridades electorales, el IFE -a pesar de que tal vez hubiera debido tener un más ágil sentido de la oportunidad-, me parece que ha mandado esta semana un mensaje indubitable.
La industrialización se ha entendido desde hace mucho tiempo como sinónimo de desarrollo, de ahí que cuando se alude a los “países industrializados” se habla de las economías desarrolladas del orbe (como EU, Alemania y Japón). Asimismo, por países “en vías de desarrollo” se entiende a las economías inmersas en procesos de industrialización, es decir, que producen una gama creciente de manufacturas de forma más compleja, que incorporan cambio técnico, que generan una mayor inversión en capital y hacen uso de una fuerza de trabajo con altos niveles de calificación.
El crecimiento del sector industrial arrastra también al sector servicios, pues al producir más manufacturas para los mercados interno y externo se fomentan el comercio, los transportes, los servicios financieros y administrativos, por ejemplo. El papel de la expansión industrial como motor del desarrollo nacional se puede constatar una y otra vez a lo largo de la historia. No es casual que el desarrollo de la economía mexicana haya ido atado a nuestra industrialización o que las grandes economías emergentes como China y la India, o Brasil, por hablar de un caso más cercano, precisamente estén viviendo la expansión de sus industrias.
Si industrializarse es desarrollarse, México se encuentra en serios aprietos, ya que nuestra industria sufre un proceso de achicamiento. Son elocuentes las cifras de empleo industrial. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el 2000 había 7 millones 442 mil trabajadores en la industria manufacturera y 10 años después sólo 6 millones 760 mil. En una década se perdieron 682 mil puestos de trabajo en la industria en México. El hecho de que desaparezcan empleos industriales no puede atribuirse siquiera a la crisis de 2008, sino a que la caída viene de antes: entre 2000 y 2005 ya se había registrado una disminución de más de medio millón de puestos de trabajo en el sector manufacturero.
Esta dinámica negativa en el empleo industrial no se explica sólo por el mal desempeño agregado de la economía y el empleo en el país. Entre 2000 y 2010 el volumen de trabajadores ocupados en México aumentó en 15%, pero en la industria se redujo en 9%.
En el interior de la industria se encuentran casos sumamente graves, como el del sector textil, que parece condenado a la desaparición y no sólo por la competencia asiática, sino incluso por la proveniente de Centroamérica. Y el sector automotriz, que consigue reactivar sus exportaciones cuando hay cierto repunte de la demanda principalmente en Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más dependiente de las importaciones de autopartes y tecnología, por lo que sus efectos en el tejido productivo nacional son reducidos.
La realidad de una industria que se contrae, que genera menos empleo, que pesa menos en el total de la economía, que no expande el avance tecnológico y que se vuelve menos competitiva con el exterior no es ajena a la política económica vigente, caracterizada por: 1) el abandono del fomento productivo; 2) una estrategia comercial de anárquica y generalizada apertura que sólo estimula a las importaciones y rompe los encadenamientos productivos internos y, 3) una política cambiaria de sobrevaluación del peso que castiga la competitividad de los productos y productores nacionales.
Los resultados del desempeño industrial de 2000 a la fecha indican que nos estamos desindustrializando. Con la política económica imperante hemos conseguido volvernos un país en vías de subdesarrollo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:38 1 comentario:
En este sexenio que está por terminar, nuestros gobernantes no lograron comprender cuales son las prioridades de nuestro pueblo mexicano.
Estamos un poco perdidos, nuestro actual gobierno no ha sabido balancear sus intereses con las prioridades nacionales. Los índices de extrema pobreza van a la alza, en 2011 sólo dos países a nivel Latinoamérica incrementaron sus niveles de pobreza, entre ellos el nuestro; la educación se encuentra en total abandono, no hay un sistema educativo que dignifique a los miles de estudiantes de todos los niveles; no hay empleos de calidad para la gran mayoría de mexicanos y mexicanos; no hay crecimiento económico, no el que deberíamos tener por poseer las características y el potencial necesarios para ser un país desarrollado y la seguridad a la que todo ciudadano y ciudadana de este país tiene derecho es inexistente.
El gobierno de este sexenio ha sido un gobierno fallido. Según el índice elaborado por el Instituto Fraser, en septiembre de 2011 México disminuyó su posición en libertad económica, ocupando el sitio 75 de entre 114 países, quedando debajo de países latinos como Chile, Costa Rica y Uruguay.
En el 2012 no logramos salir del atolladero, volvimos a retroceder en índice de libertad económica. Las causas que influyeron para que esta dramática situación siguiera así, fue la inseguridad pública, la debilidad institucional y la corrupción.
La libertad económica de México disminuyó 2.5 puntos en el Índice 2012 elaborado por la Fundación Heritage, las causas fueron los severos problemas que enfrenta el país, como un nulo o escaso Estado de Derecho y el hecho de que hasta el día de hoy no se hayan logrado realizar las diversas reformas estructurales que son urgentes y necesarias.El análisis de dicha Fundación, consideró que “El imperio de la ley ha sido severamente socavado por la violencia y la inestabilidad social relacionado con el trafico de drogas. Otras graves debilidades institucionales incluyen la corrupción rampante y la débil protección a los derechos de la propiedad privada”.
Según lo revelado por esa Institución, México se ubica en el lugar 54 de entre 179 naciones. Una posición inferior a la que ocupan países como Chile (lugar 7), Uruguay (lugar 29) o el Salvador (lugar 41), por mencionar algunos.
En general agrega el análisis, el desempeño económico de México “está muy por debajo de su potencial”. México necesita un gobierno con capacidad para poner orden en medio de tremendo desorden en el que actualmente vivimos. Hay una ausencia de mecanismos efectivos para la resolución de conflictos, una total impunidad, no existe respeto a las leyes ni a nuestras autoridades, hay un desempeño económico deficiente y, en un sentido amplio, todo se ha derivado de la crisis de seguridad que vivimos y a la enorme falta de oportunidades que nos caracteriza y que se traduce en pobreza y desigualdad.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:34 No hay comentarios:
El automóvil fue un gran invento y es hoy expresión de modernidad. Aceleró el transporte, multiplicó los grados de libertad de las personas, fortaleció el individualismo. Intentar erradicarlo sería una tontería. Pero su propio éxito, su multiplicación acelerada, ha generado un enorme cuello de botella: lo que ofreció velocidad y eficiencia hoy entrega lentitud y neurosis. De tal suerte que su expansión no puede ser hacia el "infinito" porque acaba saturando las vialidades y taponando la comunicación. En cualquier ciudad que se respete la apuesta fundamental es por un servicio de transporte público. Y si éste funciona de manera correcta, puntual, eficiente; si sus operadores son respetuosos, sus interiores limpios, sus lugares de abordaje accesibles, los camiones, los vagones del metro, los trenes, se convierten en espacios de encuentro y coexistencia de los miembros de una sociedad. Si por el contrario, el transporte público es abandonado, si no se le proporcionan los insumos necesarios para su modernización, si las unidades se encuentran descuidadas, si sus conductores están subcapacitados, entonces las fórmulas de transporte se acabarán escindiendo: de un lado quienes cuenten con recursos suficientes utilizarán sus propios carros y los pobres estarán condenados a utilizar un medio de transporte colectivo indigno.
El transporte acaba así escindiendo más a una sociedad de por sí escindida. No es la causa de esa escisión, pero contribuye a perpetuarla. No es una historia lejana, transcurre ante nuestros ojos, pero vale la pena reparar en ella porque expresa de manera elocuente la importancia social que tiene el reforzamiento de los espacios e instituciones públicas. Si los instrumentos que cada individuo pueda allegarse van a definir las relaciones sociales, cosecharemos espacios polarizados; y si por el contrario, somos capaces de construir instituciones donde converja la inmensa mayoría de los ciudadanos, entonces quizá contemos con una sociedad medianamente integrada, con un sentido de inclusión, capaz de edificar un nosotros que nos abarque a todos.
Quizá los dos circuitos fundamentales para lograr eso sean la educación y la salud. Sistemas públicos universales y de calidad en esas materias ayudan a construir un piso común, un sentido de pertenencia. No hablo de suprimir a las instituciones privadas que en mucho pueden contribuir en esos terrenos, pero lo fundamental -por ser lo elemental- sería la edificación de sólidos sistemas universales públicos.
Guardando todas las distancias y evitando las falsas analogías, como en el transporte, las universidades privadas pueden jugar un papel relevante, son una opción legítima, contribuyen a la formación de miles de mexicanos. Hablo de las buenas, las que son auténticos centros de educación superior, porque ante la demanda incrementada han proliferado las universidades "patito" que no cuentan con instalaciones adecuadas, tienen nula investigación, desatienden las carreras que requieren una mayor inversión y sus profesores se encuentran subcapacitados. Son en buena medida un producto de la inexistencia de un sistema de educación superior pública capaz de atender la demanda creciente.
Por eso preocupa una nueva decisión en materia educativa: el programa de financiamiento a la educación superior que consiste en préstamos hasta por 2 mil 500 millones de pesos anuales a estudiantes de algunas universidades privadas (No sabemos con qué criterios se eligieron). Los mismos tendrán una tasa anual del 10 por ciento y con recursos de Nacional Financiera serán operados por la banca privada. Con ello se favorecerá a algunas universidades privadas con el pago de nuevas colegiaturas. Varios miles de estudiantes podrán beneficiarse de esos créditos, aunque quienes de esto saben han señalado que la tasa de interés podría ser más baja si la operación estuviera en manos de la banca pública de "primer piso"; pero sobre todo, de cara a la experiencia estadounidense, alertan sobre el incremento del costo de la educación superior y de la enorme deuda acumulada por los estudiantes que asciende a los 600 mil millones de dólares. (Ciro Murayama, "Créditos educativos: 'reaganomics', versión mexicana", El Universal, 10-1-12).
Más allá de las virtudes o taras del sistema educativo, el mismo debe pensarse en la perspectiva de la sociedad que queremos. Hubo un tiempo en que los centros de educación superior públicos fueron auténticos crisoles: la cúspide de una pirámide en la que convergían estudiantes de diferentes estratos sociales, que en sus aulas se encontraban y tejían redes de relaciones. Eran un espacio de encuentro de una cierta diversidad social y una plataforma eficiente para el acceso al mercado laboral. Claro, la economía crecía y llegaban a las universidades muy pocos. Pero el punto es que al igual que en el transporte, la "apuesta" por la educación debe darse en el horizonte de construcción de cohesión social, y no convertirla en un circuito más de diferenciación y exclusión.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:32 No hay comentarios:
Semana de definiciones trascendentales para dos instituciones del Estado mexicano cuya máxima autoridad es un órgano colegiado. Trascendentales por el impacto que tendrán en la configuración del mercado mediático (incluyendo no solo la producción de contenidos sino también su transmisión en distintas plataformas tecnológicas). La primera, el pronunciamiento (desconocido aun) que hiciera el pasado martes 24 de enero la Comisión Federal de Competencia en torno al acuerdo comercial entre Televisa y Iusacell para asociarse en el mercado de las telecomunicaciones. La segunda, la formalización que anoche hiciera el Consejo General del IFE de la multa impuesta al PVEM por la adquisición de publicidad integrada a las dos cadenas de televisión abierta durante la elección federal de 2009.
Me voy a permitir abundar en tan sólo uno de los varios argumentos que colegas, organizaciones ciudadanas y especialistas han presentado en contra de que la Cofeco apruebe esta fusión. Televisa y TvAzteca (propiedad del mismo grupo que es dueño de Iusacell) concentran el 88% de las concesiones de televisión abierta lo que, entre otras cosas, significa que su audiencia llega al 94.4% del teleauditorio a nivel nacional, es decir, 9 de cada 10 mexicanos ve sus programas.
Según datos de la Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC) el valor del mercado publicitario en televisión en México es de aproximadamente 35,000 millones de pesos anuales. Dada su participación en el mercado de televisión abierta haría que para Televisa y TvAzteca fuera a parar el 58% de esta inversión, algo así como 20,000 millones de pesos al año.
A pesar de la dominancia de ambas empresas en el mercado de televisión abierta el valor del mercado ha ido bajando cada año debido a, entre otras cosas, el crecimiento de la televisión de paga y el arribo de nuevas tecnologías. Esto hace que la gente diversifique su consumo de medios y, en consecuencia, que el número de televidentes irá a la baja disminuyendo así el potencial comercial del medio. Es un proceso lento pero irreversible.
Es por ello que los formatos tradicionales de publicidad se han diversificado. Uno de los más socorridos consiste en la colocación de anuncios pagados dentro de la programación de ambas cadenas (no en los bloques de comerciales). Algo conocido comúnmente como ‘producto integrado’ y que, en materia electoral, representa ya un concepto que ha sido reconocido por la autoridad electoral como producto informativo resultante de una contratación comercial. Es a partir de la adquisición de productos integrados en telenovelas de Televisa y revistas propiedad de TvAzteca (cuyos anuncios se transmiten por televisión) que ha sido sancionado el PVEM.
Casi tres años después de haber contratado publicidad integrada en las dos principales televisoras el IFE resolvió en su sesión del miércoles 25 de enero aplicar la tercera multa más alta en su historia a un partido político, solo por debajo del Pemexgate y Amigos de Fox. Al final la multa alcanzó los 194 millones de pesos, casi 100 millones menos de lo que hubiera costado al PVEM de haberse aplicado la primera sanción propuesta en el Consejo cuando, por culpa de la omisión legislativa a elegir tres consejeros electorales, la votación quedase empatada.
El año pasado una investigación que coordiné en la UNAM detectó un incremento del 37.6% en la presencia de este tipo de publicidad en la programación de los canales 2 (Televisa) y 13 (TvAzteca) entre las 06:00 y las 24:00 horas. Tomando como muestra una semana de transmisión encontramos que ambos canales pasaron de transmitir 186 productos integrados en 2006 a 410 en 2011. Prácticamente no hay programa en donde el televidente no encuentre inserta la referencia directa o indirecta a un producto o servicio comercial. El hecho no viola la ley pues, simple y sencillamente, no existe un marco regulatorio que, en materia de publicidad comercial, reconozca la figura de la publicidad encubierta o integrada.
No pocos hemos externado nuestra preocupación por el tema de la concentración en la propiedad de las industrias culturales (entre ellas a las televisoras) y las plataformas a través de las cuales se transmiten sus contenidos (como las telecomunicaciones). Es pertinente preguntarse que pasaría de ser aprobada la fusión entre Televisa y Iusacell en cuanto a las estrategias de comercialización del tiempo aire. Trate de nombrar un programa de la televisión mexicana que no tenga insertada publicidad comercial y verá a lo que me refiero. Estilos de vida, transmisiones deportivas, noticieros, telenovelas, concursos de talento, realities y demás ofertas comunicacionales pasan por el mismo molde comercial. Y cuándo le vamos a entrar a regular el fenómeno. ¿Podríamos conformarnos con una sanción en el ámbito electoral y disculpar la subordinación de contenidos a la venta de productos? La audiencia no lo merece.
En una campaña política como la de este año todos los temas a tratar son importantes. Sin embargo, resaltan aquellos que la sociedad considera privilegiados, ya sea por su relevancia en sí o por sus repercusiones en el propio cuerpo social. En tal sentido, pues, yo considero que los grandes temas de la campaña son, por orden de prioridad, el de la seguridad pública, el de la administración y control de los bienes y recursos naturales, y el del crecimiento económico; todos dependientes, como debe ser en un Estado de Derecho, del mandato constitucional. Ahora pregúntese usted quién o quiénes de los precandidatos o aspirantes presidenciales los tratan a fondo, en serio; no por simpatía a alguno de ellos, tampoco por compromiso o pasión partidarios, sino por simple y llana objetividad antes de emitir un juicio de valor (votar). O sea, para saber cómo abordan asuntos de excepcional trascendencia para México. La verdad es que yo pienso que salvo López Obrador, los demás apenas si los acarician con tiento y cuidado en la superficie. Mejor dicho, los citan, los señalan, pero no se comprometen. A lo sumo sugieren algunos cambios que son, en rigor, alteraciones mínimas. Es que hay en la política un acomodo de piezas intocables que en su sitio y movimiento se respetan a toda costa, a todo trance, sean incluso del partido que sean. Son los famosos "valores entendidos". Y como siguen allí, la consecuencia es que hay atrofia y anquilosamiento en el cuerpo social, en el ejercicio político de la democracia. Frente a dicho panorama los políticos de acomodo y concesión guardan silencio, disimulan o dicen mezquindades ideológicas. Y pocos, muy pocos, son claros, directos, estemos de acuerdo con ellos o no.
Ahora bien, es inadmisible que ciertos aspirantes hablen tan a la ligera de posibles cambios en la organización y administración de Pemex, igual que lo hacen al referirse a la estrategia del presidente Calderón en "su guerra" contra la delincuencia. Olvidan que la Revolución Mexicana, tan socorrida y alabada cuando les conviene, plasmó gran parte de sus ideales en el artículo 27 de la Constitución. Y "no hay que verle tres pies al gato" porque "no tiene vuelta de hoja" la contundencia y claridad del párrafo sexto de ese artículo: "Tratándose del petróleo... no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado". En tal virtud coincido plenamente con el compromiso de López Obrador (palabra dada) de no privatizar Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad, lo que es muy aparte de la demagogia populista que algunos suponen. Por desgracia, quienes padecen de la vista intelectual creen que oponerse a privatizar es detener el desarrollo, y nada hay más contrario a esto. El artículo 27 consagra la soberanía de la Nación sobre sus riquezas naturales en tierras y aguas aunque delegando en los particulares el dominio de ellas, lo que constituye la propiedad privada. Roto este límite se llega o llegaría al caos social, lo cual se demuestra con la expansión inhumana del capitalismo y la libre empresa. Empresa y capitalismo desde luego positivos, pero sin que la Nación pierda sus derechos, o sea, sin que se desnaturalice. Y es precisamente el artículo 27 el que establece las bases de la que llamamos soberanía nacional, concepto del que se abusa en pro y en contra. Incluso algunos la tildan de antigualla y valladar impertinente de la libertad y progreso. Olvidan que "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo", en los términos del artículo 39 de la Constitución. Por lo tanto la riqueza de las aguas, suelo y subsuelo mexicanos, es del pueblo y no de unos cuantos contratistas. En consecuencia muchos de nosotros suscribimos las palabras de López Obrador pronunciadas por López Obrador en Tampico: "ya no va a haber contratos que son un buen negocio para empresas extranjeras y un mal negocio para México". ¿Populista, demagogo? En todo caso lo sería la Constitución... .
EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO: UNA EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA LEGISLATIVA
Esta semana resolvimos en la Suprema Corte una controversia constitucional promovida por Baja California en contra de las autoridades Legislativas del Distrito Federal, que reformaron su código civil para reconocer la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. La inquietud de los bajacalifornianos se plantea porque no consideran legal en su estado el matrimonio entre personas de un mismo sexo, y les preocupa que por mandato de la Constitución federal, en su artículo 121, tengan que reconocer la validez de los actos del registro civil de otras entidades federativas y concretamente los de la Ciudad de México en materia de derecho de familia.
Pero el federalismo es así. Los estados pueden imprimir su propio código moral en sus respectivas leyes, teniendo como límite lo permitido por la Constitución federal. Por esta razón un estado puede tipificar un delito que en otro estado no lo es; o que siendo un delito en ambos estados en uno se imponga por mandato del legislador una condena más elevada que en otro.
El federalismo es pluralismo. La diferencia entre la legislación civil de una entidad federativa y otra no es un resultado indeseado -un efecto colateral como se diría en la expresión de moda- sino que es la seña misma de identidad del diseño federal. Por mandato de los ciudadanos del D.F., éste es gobernado por una mayoría legislativa liberal, mientras que Baja California lo está por una mayoría legislativa de signo ideológico contrario, y es eso lo que se proyecta en sus respectivos códigos civiles.
La Suprema Corte, por mayoría, decidió sobreseer el asunto por falta de interés de Baja California, pues en abstracto no le afecta que el Distrito Federal legisle de una manera diferente a la suya; y la situación queda tal y como lo expresa la Constitución federal en su artículo 121: Baja California no puede desconocer la validez de los actos del registro civil del Distrito Federal. Pero al mismo tiempo esto quiere decir que en Baja California seguirán reconociéndose únicamente matrimonios heterosexuales; que la legislación del DF, no obliga a los bajacalifornianos a cambiar su modelo de familia.
Lo misma regla aplica para el DF, que tiene intacta su soberanía legislativa para configurar los modelos de familia que en la sociedad capitalina se consideren apropiados. Ahora bien, cuando en el federalismo surgen conflictos jurídicos entre personas de diferentes estados con sustento en derecho estatal -como seguramente sucederá por la diferencia de legislaciones locales de familia-, el asunto se convierte en federal, y son, por tanto, los poderes federales los que tienen que proponer la solución correspondiente por medio de derecho legislado y derecho jurisprudencial.
Es decir, no es el DF, el que impone su posición ideológica a Baja California, ni ésta la que lo hace sobre los habitantes de la Ciudad de México, sino que son los poderes federales electos directa o indirectamente por los ciudadanos de los diferentes estados, y es ésta fuente democrática nacional la que imprime legitimidad a las decisiones de las autoridades federales de decidir cómo se resolverán tales asuntos que se caracterizan por su complejidad y ribetes morales.
Pero para despejar cómo se habrán de solucionar los problemas que el conflicto de leyes trae consigo, habrá que esperar a que se produzcan concretamente. Al interponer la controversia constitucional, dicho en términos muy coloquiales, los promoventes de la misma "se pusieron el parche antes de que les saliera lo que ellos consideran un chipote". No es por esta vía procesal que se irán despejando los problemas prácticos que desde luego va a generar el conflicto horizontal de leyes que, como dije, es natural en el Estado federal. Tan natural que la Constitución establece reglas de resolución de conflicto de leyes verticales (federación-estado) y reglas de resolución de conflicto horizontales (entre entidades federativas).
La de los conflictos verticales está establecida en el precepto 133 de nuestra Constitución, y las reglas de conflicto horizontales están incorporadas en los artículos 119 y 121, para las materias penal y civil respectivamente. Por lo que se refiere al derecho legislado, será caso por caso, con los problemas reales de las personas como se construirá un derecho civil federal, o mejor dicho, se reconstruirá, para encajar un auténtico federalismo que permite soluciones legislativas diferentes en las relaciones humanas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 12:37 No hay comentarios:

References: resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 39
 artículo 121
 artículo 121
 resolución 
 resolución