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Timestamp: 2019-09-19 13:04:47+00:00

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﻿ SENTENCIA SL8564-2017/48874 DE JUNIO 14 DE 2017
SENTENCIA SL8564-2017 DE 14 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL HASTA LA FECHA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN. SE PRECISÓ QUE EL EQUIVALENTE AL 75% DEL SALARIO PROMEDIO DEVENGADO EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO, INDEXADO HASTA LA FECHA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, EN EL EVENTO DE DEDUCCIÓN QUE LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO PENSIONAL HABÍA TENIDO COMO FUNDAMENTO ESENCIALMENTE LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL ACUERDO CONCILIATORIO COMO FUENTE DE MEJORAMIENTO DE LOS DERECHOS MÍNIMOS DEL TRABAJADOR. ASÍ LAS COSAS, PARA EL CASO EN CONCRETO SE SEÑALÓ QUE AL REAJUSTARSE LA PENSIÓN EN SUS DEBIDAS PROPORCIONES, DADO QUE EN EL ACTO ADMINISTRATIVO LA ENTIDAD ACTORA INCURRIÓ EN EL ERROR DE INCLUIR EN LA LIQUIDACIÓN, CONCEPTOS PAGADOS Y NO DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO. EN CONTRAVENCIÓN A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 8, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 19 DEL PACTO COLECTIVO, QUE DISPONE QUE LA PENSIÓN DEBE DETERMINARSE CON EL 75% DE LOS SALARIOS PROMEDIOS DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS. DE IGUAL FORMA, SE CONSTITUYE LO NEGOCIADO EN RELACIÓN CON LA PENSIÓN, Y ELLO ES ACEPTADO POR AMBAS PARTES, AQUÍ, INDUDABLEMENTE, LO QUE SE CUESTIONA ES LA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN RECONOCIDA A LA DEMANDANTE Y QUE DERIVA DE UN ACTO UNILATERAL DEL IFI, POR LO QUE LO APROPIADO ERA QUE LA ENTIDAD ACUDIERA A LA JUSTICIA LABORAL, MEDIANTE UN PROCESO ORDINARIO A FIN DE COMBATIR SU PROPIA DECISIÓN, COMO EN EFECTO LO HIZO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEXACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, PENSIÓN, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Sentencia SL8564-2017 de junio 14 de 2017
SL8564-2017
Radicación: 48874
Interpuesto por la entidad demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
El sentenciador de segundo grado no cometió ninguno de los errores fácticos endilgados por la censura, por cuanto del acta de conciliación (fls.77-80), el pacto colectivo del trabajo (fls. 33-44) y la Resolución 232 de 2 de mayo de 2005 (fls. 27-31), se desprende diáfanamente la conclusión derivada por el tribunal, en cuanto a que la entidad empleadora se comprometió a pagar la pensión de jubilación a la demandada, a partir del cumplimiento de los 55 años de edad, en el “equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, indexado hasta la fecha del reconocimiento de la pensión”, de manera que acertó el tribunal cuando dedujo que la liquidación efectuada en la resolución de reconocimiento pensional había tenido como fundamento esencialmente las condiciones previstas en el acuerdo conciliatorio como fuente de mejoramiento de los derechos mínimos del trabajador.
De igual forma, los fundamentos jurídicos que tuvo el tribunal, para la validez del acuerdo conciliatorio entre las partes, se acompasan con los expuestos en las sentencias CSJ-SL, del 14 de junio de 2011, radicación 38314, CSJ-SL del 24 de enero de 2012, radicación 44039, reiteradas más recientemente en la providencia CSJ SL, 17 de mayo de 2017, radicación 49251, en la que sostuvo:
Ahora bien, tampoco resulta equivocada la afirmación del tribunal relativa a que la competencia del juez laboral, en este tipo de asuntos, se limita a establecer las fuentes legales o extralegales que consagran el derecho a la pensión y a definir si los factores de liquidación encontraban sustento normativo, toda vez que esta Sala ha indicado que la revisión del acta de conciliación, en aras de salvaguardar la cosa juzgada que la reviste, debe promoverse a través de los mecanismos idóneos y adecuados establecidos por la legislación procesal del trabajo, esto es, mediante la acción prevista por el artículo 31 de la Ley 712 de 2001, pues, de lo contrario, se desconocería su carácter definitivo e inmutable.
En la Sentencia SL18096-2016, reiterada más recientemente en la providencia CSJ SL, 17 de mayo de 2017, radicación 49251, se sostuvo:
Ahora, sobre la conciliación celebrada en los términos en que se suscribió la que aquí concita la atención de la Sala, la corporación, en reciente Sentencia SL18096-2016, dijo lo siguiente:
2) En torno a la validez de la conciliación y el efecto de cosa juzgada.
Concerniente a la conciliación, como forma anormal de terminación de los procesos o como modo amigable de evitar futuros pleitos, esta sala de la Corte, en Sentencia CSJ SL, del 6 de julio de 1992, radicación 4624, de la extinguida Sección Segunda, siguiendo las orientaciones de la Sala Plena de la corporación, que en ese entonces actuaba como guardiana de la Constitución de 1886, así como la de otros pronunciamientos de las dos secciones de la sala que al efecto citó, y la opinión autorizada de un conocido tratadista nacional que igualmente trascribió, sentó la regla de que el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo le atribuían a la conciliación producida en juicio o fuera de él, solo era válido «si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley». Para esta conclusión, la Sección Segunda acogió la tesis de que la conciliación es un desarrollo de la autonomía de la voluntad, y desechó la otra en boga, según la cual la conciliación es un acto procesal, que como tal impedía su enervación en proceso posterior.
Reiteró la Corte en esa oportunidad, que la conciliación «trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad, queda… sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».
Luego, en providencia CSJ SL, del 4 de marzo de 1994, radicación 6283 la Corte fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables».
3) Procedencia de la revisión de una conciliación en un proceso ordinario laboral.
En fallo CSJ SL, del 8 de noviembre de 1995, radicación 7793, esta corporación recordó que «de conformidad con la jurisprudencia de la Corte (…) los efectos de cosa juzgada de la conciliación solamente se producen cuando el acuerdo de voluntades no está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide. Por esta razón la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad excepcional de revisar en juicio las conciliaciones laborales, mientras que la ley no permite la revisión de los fallos judiciales en proceso diferente a aquél en que se produce la sentencia».
4) El tratamiento de la conciliación en el recurso extraordinario de revisión.
La razón de ser del aludido recurso, expresamente denominado como extraordinario, de tener como destinatarias iniciales de su mandato las sentencias ejecutoriadas, obedeció, sin duda, entre otras cosas, a la naturaleza de cosa juzgada de que están investidas esas sentencias. Es necesario recordar, por elemental que sea, que una sentencia dictada en cualquier proceso contencioso laboral —incluidos, obviamente, los ordinarios—, y que adquiera debidamente su ejecutoria, queda amparada por la fuerza de cosa juzgada. Y esta cosa juzgada se concreta en la imposibilidad de que se pueda, a través de un nuevo proceso contencioso, enervar los efectos del proceso anterior, pues de permitirse esto, se abriría la posibilidad de que las causas judiciales fueran eternas, sin terminación, y lo más grave, con desconocimiento del principio de la seguridad jurídica, que le permite a los ciudadanos tener la certeza de que sus causas judiciales quedaron finiquitadas y amparadas por la doble presunción de acierto y legalidad que cobija las decisiones judiciales, y con efectos de inmutabilidad.
Cumple decir ahora, que esta corporación, desde otra perspectiva, al analizar la finalidad de la Ley 797 de 2003, dijo que había creado «nuevos instrumentos jurídicos con la finalidad de encarar, con decisión, la afectación del tesoro público, que, desde distintos frentes y bajo múltiples modalidades, con sus efectos perniciosos y perturbadores, se ejercita en el país. Al amparo de la noble teleología de evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagró la revisión del reconocimiento de sumas periódicas…», tal cual lo adoctrinó en la sentencia de revisión CSJ SL, del 15 de octubre de 2009, radicación 29775.
Acorde con lo anterior, la conclusión que sigue es que son infundados los cargos.
Vistas así las cosas, como el criterio del tribunal, en esencia, acogió los planteamientos de la jurisprudencia transcrita, es por lo que los cargos resultan infundados.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de agosto de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ESPERANZA HERNÁNDEZ AMAYA contra el INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL EN LIQUIDACIÓN —IFI EN LIQUIDACIÓN—.
No obstante que en dos ocasiones anteriores, en procesos adelantados por la misma entidad y en donde se impetraban similares pretensiones, estuve de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala (SL18096-2016 y SL4716-2017), una nueva revisión del asunto me lleva a cambiar mi criterio, tal y como ya lo expuse frente a la Sentencia SL8301-2017 de 17 de mayo pasado.
Por lo pronto, estoy completamente de acuerdo con toda la doctrina relativa a la improcedencia de combatir en un proceso ordinario laboral las conciliaciones, transacciones o providencias judiciales que reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública, en razón a que la vía natural para ello es la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Dicho de otro modo, el mecanismo judicial apropiado para enervar los efectos de cosa juzgada derivada de providencias judiciales, conciliaciones o transacciones que impongan el pago de pensiones es la acción especial de revisión. Así lo quiso el legislador al permitirle a determinados o autorizados órganos estatales la posibilidad de demandar, ante una alta corporación judicial, este tipo decisiones o acuerdos que atentan contra el patrimonio público, que en no pocos casos suelen estar acompañados de prácticas corruptas(1).
Sin embargo, la situación de este asunto es totalmente disímil, debido a que en estricto sentido no se está demandando el acuerdo conciliatorio, sino la resolución administrativa mediante la cual se liquidó la pensión. Es decir, las partes no discuten lo acordado en la conciliación, que básicamente es el reconocimiento de una pensión de jubilación liquidada con el 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, sino la manera en que se determinó el valor de la prestación finalmente reconocida. Para mejor comprensión, transcribo lo que pactaron los contendientes:
7. Las partes dejan expresa constancia que el (la) trabajador (a) ESPERANZA HERNANDEZ (sic) AMAYA se encuentra amparado (sic) por los derechos consignados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y ha prestado más de 20 años de servicios al IFI. En el momento que compruebe la edad de 55 años, el IFI le reconocerá y pagará una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio, indexado hasta la fecha del reconocimiento de la pensión. De igual manera una vez reconocida la pensión por parte del IFI el pensionado tendrá derecho a los aumentos legales o convencionales que se decreten con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión. (…).
Insisto, lo apenas transcrito, constituye lo negociado en relación con la pensión, y ello es aceptado por ambas partes, Aquí, indudablemente, lo que se cuestiona es la cuantificación de la pensión reconocida a la demandante y que deriva de un acto unilateral del IFI, por lo que lo apropiado era que la entidad acudiera a la justicia laboral, mediante un proceso ordinario a fin de combatir su propia decisión, como en efecto lo hizo.
En virtud de lo anterior, considero que ha debido casarse la sentencia impugnada y reajustarse la pensión en sus debidas proporciones, dado que en el acto administrativo la entidad actora incurrió en el error de incluir en la liquidación, conceptos pagados y no devengados en el último año de servicio, en contravención a lo previsto en el numeral 8º, parágrafo del artículo 19 del pacto colectivo, que dispone que la pensión debe determinarse con el «75% de los salarios promedios devengados en el último año de servicios». E incluso en abierto irrespeto a lo acordado por ellas mismas en la conciliación antes aludida.
Así entonces, la Sala le dio un enfoque equivocado a la litis, puesto que la demandante nunca pretendió la revisión del acta de conciliación sino el reajuste de la prestación económica, dada su equivocada liquidación en la resolución de reconocimiento —folios 27 a 31, cuaderno principal—, en la que se incluyeron factores salariales percibidos durante el último año de servicios, cuando la conciliación estableció que el IBL lo constituiría el 75% del promedio devengado en el mismo periodo.
Por lo demás, vale recordar que una cosa es lo devengado o causado, y otra bien distinta lo percibido, recibido o pagado. En Sentencia SL12250-2015 esta Sala explicó bien estas diferencias, así:
En este punto, conviene precisar que una cosa es devengar o causar un determinado emolumento o derecho y otra cosa lo es percibirlo y recibirlo. Devengar según el Diccionario de la Real Academia Española es «Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título», lo que se asimila a causar o dar lugar a algo; en cambio, cuando se habla de percibir, generalmente se asocia a recibir u obtener el pago de algo. Puede decirse entonces que todo lo percibido lo es porque ha sido devengado, pero no siempre lo devengado es o ha sido percibido.
En los anteriores términos, salvo mi voto.
1 Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 19
 Resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 1502
 artículo 20
 artículo 366
 artículo 20
 resolución 
 artículo 36
 artículo 19
 resolución