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Timestamp: 2020-08-12 21:05:53+00:00

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Derecho a la paz - María Silvia Villaverde
En la búsqueda de la definición del derecho a la paz (ONU)
12/12/2011 A/HRC/AC/8/2 El derecho de los pueblos a la paz. Informe sobre la marcha de sus trabajos preparado por el grupo de redacción del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (ONU). Anexo: Proyecto de Declaración sobre el derecho a la Paz
23/2/2012 A/HRC/AC/8/L.4 Se pide al grupo de redacción que incluya en su revisión, entre otras cosas:
a) Una referencia a la vinculación entre el derecho a la paz y todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el artículo 1;
b) Una referencia a la importancia de la seguridad ciudadana y de los métodos preventivos;
c) Una mención de la incorporación de una perspectiva de género en el artículo 8;
d) Una referencia al derecho a la verdad en el artículo 11;
e) Una redacción más explícita respecto de un mecanismo de vigilancia en el artículo 13
Proyecto de declaración sobre el derecho a la paz
Reafirmando la voluntad común de todos los pueblos a vivir en paz los unos con los otros, sin violencia y respetando todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Reafirmando también que el propósito principal de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales,
Teniendo presentes los principios fundamentales del derecho internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando la resolución 39/11 de la Asamblea General, de 12 noviembre de 1984, en que la Asamblea proclamó que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz,
Convencido de que la prohibición del uso de la fuerza es en el plano internacional el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las libertades fundamentales del hombre proclamados por las Naciones Unidas,
Expresando la voluntad de todos los pueblos de eliminar el uso de la fuerza del mundo, en particular mediante el desarme nuclear completo, sin demora,
Adopta la siguiente Declaración sobre el derecho a la paz:
Derecho a la paz: principios
1. Las personas y los pueblos tienen derecho a la paz. Este derecho se hará efectivo sin distinción ni discriminación por motivos de raza, linaje o ascendencia, origen nacional, étnico o social, color, sexo, orientación sexual, edad, idioma, religión o creencias, opiniones políticas o de otra índole, posición económica o patrimonio, diversidad funcional física o mental, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Los Estados, de manera conjunta y solidaria, o como parte de organizaciones multilaterales, son los principales responsables de las obligaciones relativas al derecho a la paz.
3. El derecho a la paz es universal, indivisible, interdependiente y está relacionado con otros derechos.
4. Los Estados deberán promover con carácter de urgencia la renuncia al empleo o la amenaza del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, en particular la eliminación de las armas nucleares.
5. Todos los Estados, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, deberán emplear medios pacíficos para resolver toda controversia en la que sean parte.
6. Todos los Estados deberán promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz internacional y un sistema internacional basado en el respeto de los Principios consagrados en la Carta y la promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho de los pueblos a la libre determinación.
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad humana, en particular a la libertad para vivir sin temor y sin miseria, que son elementos de una paz positiva, y también a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, de creencia y religión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos. La libertad para vivir sin miseria implica el goce del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales.
2. Todas las personas tienen derecho a la paz de modo que puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades, físicas, intelectuales, morales y espirituales, sin ser objeto de ningún tipo de violencia.
3. Toda persona tiene derecho a estar protegida contra el genocidio, los crímenes de guerra, el uso de la fuerza en contravención del derecho internacional y los crímenes de lesa humanidad. Si los Estados no pueden impedir que se produzcan esos crímenes en sus jurisdicciones, deben pedir a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas que cumplan esa responsabilidad de conformidad con la Carta y el derecho internacional.
4. Los Estados y las Naciones Unidas deberán incluir como objetivo prioritario en sus mandatos de operaciones de mantenimiento de la paz la protección completa y efectiva de los civiles.
5. Los Estados, las organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, y la sociedad civil deberán alentar el papel activo y constante de las mujeres en la prevención, gestión y arreglo pacífico de controversias, y promover su contribución en la construcción, la consolidación y el mantenimiento de la paz después de los conflictos. Se fomentará el aumento de la representación de las mujeres en todos los niveles de la adopción de decisiones en las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales. Deberá incorporarse una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz.
6. Toda persona tiene derecho a exigir a su gobierno la observancia efectiva de las normas de derecho internacional, incluidas las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
7. Deberán diseñarse y reforzarse mecanismos para eliminar la desigualdad, la exclusión y la pobreza, ya que generan violencia estructural, que es incompatible con la paz. Tanto el Estado como los actores de la sociedad civil tendrán que participar activamente en la mediación de conflictos, especialmente en aquellos relativos a la religión o el origen étnico.
8. Los Estados deben garantizar una gestión democrática de los presupuestos militares y conexos, un debate franco sobre las necesidades y las políticas de seguridad nacional y humana y la elaboración de los presupuestos de defensa y seguridad, así como que los encargados de la adopción de decisiones rindan cuentas ante instituciones democráticas de supervisión.
9. Para reforzar el estado de derecho internacional, todos los Estados deberán esforzarse por apoyar a la justicia internacional, aplicable a todos ellos por igual, y juzgar el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
1. Los Estados deberán participar activamente en el control estricto y transparente del comercio de armas y la supresión del tráfico ilegal de armas. Además, los Estados deberán proceder de manera conjunta y coordinada y en un plazo razonable a un mayor desarme, bajo una amplia y efectiva supervisión internacional. Los Estados deben considerar la posibilidad de reducir los gastos militares al mínimo necesario para garantizar la seguridad humana.
2. Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a vivir en un mundo libre de armas de destrucción en masa. Los Estados deberán eliminar urgentemente todas las armas de destrucción en masa o de efecto indiscriminado, en particular las armas nucleares, químicas y biológicas. La utilización de armas que dañen el medio ambiente, en particular de armas radiactivas y de armas de destrucción en masa, es contraria al derecho internacional humanitario, al derecho a un medio ambiente sano y al derecho a la paz. Esas armas están prohibidas y deben ser eliminadas urgentemente, y los Estados que las utilicen tienen la obligación de restablecer las condiciones ambientales previas y reparar todos los daños causados.
3. Se invita a los Estados a estudiar la posibilidad de crear y fomentar zonas de paz y zonas libres de armas nucleares.
4. Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a que los recursos liberados por el desarme sean destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y a la justa redistribución de las riquezas naturales, atendiendo especialmente a las necesidades de los países más pobres y de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Educación y capacitación para la paz
1. Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a recibir una amplia educación para la paz y los derechos humanos. Esta educación debe ser el fundamento de todo sistema educativo, generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el respeto mutuo, incorporar una perspectiva de género, facilitar la resolución no violenta de los conflictos y ayudar a pensar las relaciones humanas en el marco de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz y el diálogo entre culturas.
2. Toda persona tiene derecho a solicitar y adquirir competencias útiles con el fin de participar en la transformación o prevención y resolución creativa y no violenta de los conflictos a lo largo de su vida. Estas competencias deberán ser adquiridas a través de la educación formal y no formal. La educación para la paz y sobre los derechos humanos es esencial para el desarrollo integral del niño, como individuo y como miembro activo de la sociedad. La educación y la socialización para la paz es una condición sine qua non para olvidar la guerra y forjar identidades ajenas a la violencia.
3. Toda persona tiene derecho a recibir información procedente de diversas fuentes y sin censura, y acceder a ella, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, con el fin de no verse manipulada a favor de objetivos bélicos o agresivos. Debe prohibirse la propaganda bélica.
4. Toda persona tiene derecho a denunciar cualquier hecho que amenace o viole el derecho a la paz, y a participar libremente en actividades políticas, sociales y culturales pacíficas o iniciativas para la defensa y promoción del derecho a la paz, sin interferencias de los poderes públicos o del sector privado.
5. Los Estados se comprometen a:
a) Aumentar las actividades educativas para eliminar los mensajes que incitan al odio, las distorsiones, los prejuicios y los sesgos negativos de los textos escolares y otros medios educativos, prohibir la exaltación de la violencia y su justificación, asegurar la comprensión y el conocimiento básico de las principales culturas, civilizaciones y religiones del mundo y prevenir la xenofobia;
b) Actualizar y revisar las políticas educativas y culturales para que reflejen un enfoque basado en los derechos humanos, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible;
c) Revisar las leyes y políticas nacionales que discriminan contra la mujer y promulgar una legislación contra la violencia en el hogar, la trata de mujeres y niñas y la violencia basada en el género.
1. Las personas tienen derecho a la objeción de conciencia y a la protección para ejercer efectivamente este derecho.
2. Los Estados tienen la obligación de impedir que los miembros de las instituciones militares y de otras instituciones de seguridad participen en guerras de agresión u otras operaciones armadas, tanto internacionales como internas, que violen la Carta de las Naciones Unidas, los principios y las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Los miembros de las instituciones militares y de otras instituciones de seguridad tienen derecho a desobedecer las órdenes que sean manifiestamente contrarias a los principios y normas mencionados. La obligación de obedecer las órdenes de un militar superior no exime del cumplimiento de estas obligaciones, y la desobediencia a esas órdenes no constituirá en ningún caso delito militar.
1. Los Estados se abstendrán de atribuir a contratistas privados funciones militares y de seguridad propias del Estado. En cuanto a las actividades que sí podrán atribuirse, los Estados deberán establecer un régimen internacional con normas claras relativas a las funciones, el control y la supervisión de las empresas militares y de seguridad privadas existentes. La utilización de mercenarios viola el derecho internacional.
2. Los Estados velarán por que las empresas militares y de seguridad privadas, su personal y todas las estructuras vinculadas a sus actividades desempeñen sus funciones respectivas de conformidad con leyes oficialmente promulgadas que sean acordes con el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que sean necesarias para asegurar que esas empresas y su personal sean responsables por las violaciones de las normas aplicables del derecho nacional o internacional. Cualquier responsabilidad atribuible a una empresa militar o de seguridad privada es independiente de la responsabilidad en que los Estados puedan incurrir y no elimina esa responsabilidad.
3. Las Naciones Unidas elaborarán, junto con otras organizaciones internacionales y regionales, normas y procedimientos claros para supervisar las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas empleadas por esas organizaciones. Los Estados y las Naciones Unidas reforzarán y aclararán la relación y la rendición de cuentas de los Estados y las organizaciones internacionales por violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas militares y de seguridad privadas empleadas por Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales. Ello incluirá la creación de mecanismos adecuados para garantizar el resarcimiento de personas lesionadas por la acción de empresas militares y de seguridad privadas.
Resistencia y oposición contra la opresión
1. Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a resistir y oponerse a la dominación colonial, extranjera o dictatorial opresiva (opresión nacional).
2. Toda persona tiene derecho a oponerse a la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, a las violaciones de otros derechos humanos universalmente reconocidos y a toda propaganda a favor de la guerra o de incitación a la violencia, así como a las violaciones del derecho a la paz, según se define en la presente Declaración.
1. Las misiones de mantenimiento de la paz y el personal encargado de llevarlas a cabo deberán cumplir plenamente las normas y procedimientos de la Naciones Unidas relativos a la conducta profesional, incluida la retirada de la inmunidad en los casos de actos delictivos o de violación del derecho internacional, a fin de que las víctimas puedan recurrir a procedimientos legales y obtener reparación.
2. Los Estados que aporten contingentes a esas operaciones deberán adoptar las medidas adecuadas para investigar de manera plena y efectiva las denuncias presentadas contra miembros de sus contingentes nacionales. Se informará a los denunciantes acerca de los resultados de esas investigaciones.
1. Todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
2. Toda persona disfrutará del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales, y, en particular:
a) Del derecho a la alimentación adecuada, al agua potable, al saneamiento, a la vivienda, a la atención de la salud, al abrigo, a la educación, a la seguridad social y a la cultura;
b) Del derecho al trabajo decente y a disfrutar de condiciones laborales y sindicales dignas; el derecho a la igualdad de remuneración entre las personas que desarrollen la misma ocupación o prestación; y el derecho a acceder a prestaciones sociales en condiciones de igualdad de trato, así como el derecho al esparcimiento;
c) Todos los Estados tienen la obligación de cooperar entre sí para proteger y promover el derecho al desarrollo y otros derechos humanos.
3. Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a que se eliminen los obstáculos que impiden el ejercicio del derecho al desarrollo, como el servicio de la deuda externa injusta o insostenible y sus condicionantes, o el mantenimiento de un orden económico internacional injusto que genera pobreza y exclusión social. Los Estados y el sistema de las Naciones Unidas cooperarán plenamente para eliminar esos obstáculos, tanto en el plano nacional como en el internacional.
4. Los Estados deben perseguir la paz, la seguridad y el desarrollo, que están interrelacionados, se refuerzan mutuamente y unos constituyen las bases de los otros. La obligación de promover el desarrollo económico, social, cultural y político pleno y sostenible implica la obligación de eliminar las amenazas de guerra y, con ese fin, procurar lograr el desarme y la participación libre y significativa de toda la población en este proceso.
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente seguro, limpio y pacífico, incluida una atmósfera libre de interferencias peligrosas producidas por el ser humano, al desarrollo sostenible y a las medidas internacionales para mitigar la destrucción del medio ambiente y adaptarse a sus consecuencias, especialmente al cambio climático. Toda persona tiene derecho a participar de manera libre y significativa en la elaboración y aplicación de las políticas de mitigación y adaptación.
2. Los Estados tienen la responsabilidad de mitigar el cambio climático basándose en la mejor información científica disponible y en su contribución histórica al cambio climático para garantizar que todas las personas puedan adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, especialmente los que afectan a los derechos humanos, y conforme al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Estados que tengan los recursos necesarios para ello deben aportar fondos suficientes a aquellos Estados que carecen de recursos adecuados para adaptarse al cambio climático.
3. Los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros actores sociales son responsables de los efectos ambientales del uso de la fuerza, incluidas las modificaciones ambientales, ya sean deliberadas o no intencionadas, que den lugar a efectos duraderos o graves o causen destrucción, daños o pérdidas a largo plazo en otro Estado.
4. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo y la protección del medio ambiente, incluidas las estrategias de preparación ante las catástrofes, cuya ausencia constituye una amenaza a la paz.
Derechos de las víctimas y los grupos vulnerables
1. Toda víctima de una violación de los derechos humanos tiene derecho, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, a que se restablezcan sus derechos conculcados; a que se investiguen los hechos y a que se identifique y castigue a los culpables; a obtener una reparación integral y efectiva, incluido el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a que se garantice que esos actos no se repetirán.
2. Toda persona víctima de agresión, genocidio, ocupación extranjera, racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia o apartheid, colonialismo y neocolonialismo, merece una atención especial como víctimas de violaciones del derecho a la paz.
3. Los Estados deberán tener plenamente en cuenta los efectos específicos que producen las diferentes formas de violencia en el disfrute de los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas correctoras, incluido el reconocimiento del derecho de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a participar en la adopción de tales medidas.
1. Todas las personas tienen derecho a solicitar asilo y a disfrutar del estatuto de refugiado sin discriminación, si existen temores fundados de que sean perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran regresar a él.
2. El estatuto de refugiado debe incluir, entre otras cosas, el derecho al retorno voluntario a su país o lugar de origen o de residencia, con dignidad y con las debidas garantías, una vez que las causas de la persecución hayan cesado y, en caso de conflicto armado, este haya llegado a su fin.
3. Los Estados deben situar a los migrantes en el centro de las políticas de migración y de la gestión de esta y prestar atención especial a la situación de los grupos de migrantes marginados y desfavorecidos. Ese planteamiento también garantizará que los migrantes estén incluidos en los planes de acción y las estrategias nacionales pertinentes, como los planes de vivienda pública o las estrategias nacionales de lucha contra el racismo y la xenofobia. Si bien los países tienen el derecho soberano de determinar las condiciones de entrada y residencia en sus territorios, también tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad u origen y de su situación en materia de inmigración.
1. La preservación, promoción y efectividad del derecho de los pueblos a la paz es una obligación fundamental de todos los Estados y de las Naciones Unidas como el organismo más universal que armoniza los esfuerzos concertados de las naciones para realizar los propósitos y principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas.
2. Los Estados deben cooperar en todos los ámbitos necesarios para la consecución del derecho a la paz, en particular aplicando los compromisos existentes para promover y proveer de mayores recursos la cooperación internacional para el desarrollo.
3. El ejercicio efectivo y práctico del derecho a la paz exige actividades y compromisos que van más allá de los Estados y las organizaciones internacionales, necesita aportaciones amplias y activas de la sociedad civil, en particular el mundo académico, los medios de comunicación y las empresas y, en general, toda la comunidad internacional.
4. Las personas y las instituciones, inspirándose constantemente en la presente Declaración, promoverán el respeto por el derecho a la paz mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional para asegurar su carácter universal y hacer efectivo el reconocimiento y aplicación universales y efectivos.
5. Los Estados deben fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas en su doble función de prevenir las violaciones y proteger los derechos humanos y la dignidad humana, incluido el derecho a la paz. En particular, compete a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos pertinentes la adopción de medidas eficaces para proteger los derechos humanos ante las violaciones que puedan representar un peligro o una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
6. Se invita al Consejo de Derechos Humanos a crear un órgano para proseguir el debate sobre el derecho a la paz y supervisarlo, así como para presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas.

References: artículo 1
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 13
 resolución 
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