Source: http://es.riosmontt-trial.org/2013/04/dia-20-abogados-defensores-se-retiran-del-juicio-en-senal-de-protesta-la-jueza-del-tribunal-de-primera-instancia-anula-el-juicio-mientras-que-fiscal-general-declara-la-accion-como-ilegal-y-promete-a/
Timestamp: 2018-07-22 22:18:32+00:00

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Dia 20: Abogados defensores se retiran; la jueza del tribunal de primera instancia anula el juicio mientras que fiscal general declara la accion como ilegal « The Trial of Efrain Rios Montt & Mauricio Rodriguez Sanchez
Dia 20: Abogados defensores se retiran; la jueza del tribunal de primera instancia anula el juicio mientras que fiscal general declara la accion como ilegal
El jueves 18 de abril por la tarde, en un impresionante giro de eventos, el juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez fue suspendido cuando la jueza Carol Patricia Flores de un tribunal de primera instancia anuló e invalidó el procedimiento. Los fiscales, asombrados, denunciaron el veredicto y comenzaron inmediatamente a preparar varias peticiones para presentar a fin de revertir la decisión. La jueza Jassmín Barrios, presidenta del tribunal que supervisa el juicio por genocidio, anunció que se proseguiría con el proceso el viernes por la mañana a pesar de la resolución. Y, al final del día, la fiscal general Claudia Paz y Paz declaró que la resolución era “ilegal” y prometió utilizar todas las medidas disponibles necesarias para detenerla.
Este largo, extraño y confuso día comenzó en la mañana con un desarrollo diferente e inesperado, cuando todo el equipo de defensa que representa a los dos codemandados logró suspender el juicio luego de varias horas de su inicio abandonando la sala de audiencias en masa y dejando a sus clientes sentados a la mesa de la defensa sin representación legal.
Este gesto dramático se produjo ante una sala de audiencias repleta y expectante. Se encontraban presentes más de cien representantes de la etnia Ixil y de otras comunidades mayas. Muchas de ellas son miembros de la Asociación para la justicia y reconciliación (AJR), que forma parte del equipo querellante. Durante toda esta semana, han llegado cada vez más personas para observar lo que se creía como los últimos días del juicio. Además de reconocidos defensores guatemaltecos de los derechos humanos, como Rigoberta Menchú, Frank La Rue, Aura Elena Farfán, Helen Mack y Patricia Yoj Popul, estaban presentes observadores internacionales que incluyen delegaciones del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) de los Estados Unidos y el Centro de Responsabilidad y Justicia (Center for Accountability and Justice), un grupo de juristas latinoamericanos involucrados en enjuiciamientos por los derechos humanos de alto nivel (de Argentina, Chile, Uruguay y Perú), embajadores extranjeros, la profesora de derecho Naomi Roht-Arriaza y la abogada internacional Almudena Bernabéu, entre muchas otras personas.
También se encontraban, en el juicio, familiares y amigos de los acusados, incluida Zury Ríos Montt de Weller, hija del general; Zuelma Paz de Rodríguez, esposa del acusado Rodríguez Sánchez; y Ricardo Méndez Ruíz, líder de una organización de derecha llamada Fundación Contra el Terrorismo. Ayer se hizo presente Víctor Manuel Argueta, un oficial militar retirado que fue jefe de la reconocida unidad de inteligencia militar Archivo bajo el mando de Ríos Montt.
A diferencia de los días anteriores, todos los abogados defensores estaban presentes y en cumplimiento de sus funciones cuando los tres jueces ingresaron en la sala: Marco Antonio Cornejo, Danilo Rodríguez, Francisco Palomo y Luis Alfonso González Marroquín para Ríos Montt; y Moisés Galindo y César Calderón para Rodríguez Sánchez.
La jueza Jassmín Barrios, que presidía el tribunal, comenzó el proceso con preguntas sobre los resultados de la búsqueda de los testigos propuestos por el equipo de defensa de Ríos Montt. Los dos días anteriores, la defensa indicó que no había logrado localizar a muchos de sus testigos propuestos, lo que ocasionó la suspensión de la audiencia de la tarde uno de los días y lo que llevó a la defensa a borrar cuatro de los testigos restantes de la lista propuesta el día siguiente. La jueza Barrios informó al tribunal que, al menos, una persona, Gonzalo Asturias Montenegro (exsecretario de prensa de la presidencia durante el régimen de Ríos Montt) no pudo localizarse ni había residido en la dirección proporcionada por el abogado defensor Cornejo durante diez años.
Antes de que la jueza pudiera continuar interrogando a los testigos, el abogado defensor Danilo Rodríguez solicitó permiso para hablar. A continuación, emprendió una dura y extensa acusación contra el tribunal. Rodríguez declaró que el tribunal había violado la ley mediante el incumplimiento de la resolución del 3 de abril del Tribunal Constitucional y que el juicio, por lo tanto, debería suspenderse. El 3 de abril, el Tribunal Constitucional ordenó que los documentos y los expertos presentados por la defensa se admitieran como evidencia. Dicha resolución anuló la decisión tomada el 4 de febrero por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien supervisó la etapa preliminar del juicio, de rechazar la mayor parte de la evidencia de la defensa debido a que se presentó de forma inadecuada. Al comienzo del juicio, con esta objeción de la defensa contra la decisión de Gálvez aún sin resolución y en revisión, la jueza Barrios decidió aceptar provisionalmente toda la evidencia presentada por la defensa.
Mientras leía lo que parecía una declaración preparada y miraba a la audiencia y los medios en lugar de a los jueces, Rodríguez le recriminó al tribunal haberse apropiado de poderes que le pertenecen a otra cámara. Aseguró que el tribunal no tenía la autoridad para incorporar la evidencia y continuar con la audiencia del caso sin esperar la resolución formal de la orden del Tribunal Constitucional. Según Rodríguez, a pesar de que la jueza Barrios emitió una resolución preliminar a favor de la defensa, los jueces deberían haber detenido, en cambio, el juicio después de la resolución del Tribunal Constitucional del 3 de abril y deberían haber enviado el caso ante la jueza anterior que supervisó los asuntos preliminares, Carol Patricia Flores, para que resolviera sobre la misma cuestión. Rodríguez solicitó un aplazamiento del caso.
Gritando por el micrófono, el abogado defensor César Calderón expuso más detalles sobre el incumplimiento del tribunal de detener el procedimiento mientras la petición relacionada con la evidencia estaba pendiente. Según Calderón, la orden del Tribunal Constitucional indicaba que la jueza Flores debía recibir el expediente del caso para emitir una resolución, pero el tribunal no le proporcionó tal documento a la jueza. Calderón insistió en que se presentaría una petición contra Gálvez, quien había cometido errores, y que la juez competente ahora en el caso era la jueza Flores. Gritó: “No pueden iniciar un juicio penal con una petición pendiente, es ilógico. No pueden tener dos procedimientos judiciales al mismo tiempo. Esto es una aberración para el sistema judicial de Guatemala”. La voz de Calderón comenzó a quebrarse mientras continuaba gritando enfurecido y demandaba la anulación del juicio: “¡Están ocasionando un lío tremendo!”.
Luego de un breve receso para que el tribunal considerara los argumentos, la jueza Barrios rechazó la petición de suspensión del juicio e insistió en que el tribunal había actuado correctamente cuando admitió la evidencia y prosiguió con el juicio.
Calderón atacó nuevamente al tribunal y declaró, gritando, que los jueces estaban desobedeciendo una decisión emitida por el cuerpo judicial más importante de Guatemala, el Tribunal Constitucional. Solicitó, una vez más, una “suspensión definitiva”. Después de consultar brevemente con sus colegas, la jueza Barrios rechazó la petición por segunda vez.
En respuesta, Calderón anunció: “No queremos ser partícipes de este debate ilegal. Ejercemos nuestro derecho de resistencia pacífica. Abandonamos nuestros puestos porque este juicio no debería proseguir”.
Dicho esto, los seis abogados se pusieron de pie, se retiraron de la cámara y abandonaron a los dos acusados. Las familias y los defensores de los acusados se levantaron y aplaudieron con fervor. La jueza Barrios elevó su voz por encima del estruendo para detener a los hombres y ordenó a los oficiales policiales y a los funcionarios judiciales presentes que impidieran que se retiraran de la sala. No se sabe si la escucharon o no en medio del barullo; el hecho es que nadie se movió para detenerlos.
La sala de audiencias se llenó de murmullos de sorpresa ante el abandono del caso por parte de la defensa. La jueza Barrios pidió silencio e insistió en que los acusados tenían derecho a una representación legal. Les ordenó a los acusados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez que llamaran a sus abogados para que retornaran a la sala. “Los abogados defensores deben permanecer presentes hasta que se dicte la sentencia”, estipuló la jueza y declaró que si los abogados se negaban a participar, el tribunal nombraría defensores públicos.
Con esto, se suspendió el juicio.
La audiencia del Tribunal de primera instancia de Mayor Riesgo “A” ante la jueza Flores se programó para comenzar a las 2 p. m. Los fiscales y los abogados defensores en rebeldía, luego de regresar para la audiencia de la tarde, retornaron a sus puestos y cientos de personas se agolparon en la cámara diseñada para alojar a tan solo 100 personas.
Con una decisión dramática e inesperada, la jueza Flores indicó que la decisión del tribunal de continuar con las audiencias luego de la resolución del 3 de abril del Tribunal Constitucional fue incorrecta. Flores resolvió que el juicio por genocidio fuera “anulado” y que el proceso debía regresar a la etapa en la que se encontraba el 23 de noviembre de 2011.
Muchos asumieron que esta sería una audiencia procesal simple. Debido a que la evidencia en cuestión ya se había incorporado en el juicio, la jueza Flores podía haber reconocido el cumplimiento de la orden del Tribunal Constitucional por parte del tribunal. En cambio, la audiencia fue un remolino de maquinaciones legales.
Cuando la jueza Flores comenzó a leer su resolución, hizo referencia a las innumerables apelaciones y peticiones que habían agobiado el caso por genocidio, además de la decisión del 3 de abril tomada por el Tribunal Constitucional. En 2011, los abogados defensores habían solicitado que se recusara a la jueza Flores del caso contra Rodríguez Sánchez, luego de acusarla de ser parcial. El partido civil CALDH había presentado una petición exitosa en la que se objetaba la solicitud de recusación el 23 de noviembre de 2011, hecho que la jueza Flores mencionó varias veces durante su discurso de una hora.
La resolución de la jueza asombró a muchas personas presentes en la sala de audiencias. Edgar Pérez, representante del grupo de víctimas de la AJR, le preguntó directamente a Flores: “¿Cómo puede hacerles esto a las víctimas?”. Pérez le recordó que estas personas habían estado esperando treinta años para tener justicia y que tanto la Convención Interamericana de los Derechos Humanos como la Constitución de Guatemala garantizaban el derecho a un juicio expedito. La resolución dejaba a las víctimas en un estado de “desamparo e impunidad”. Pérez solicitó que Flores retirara su resolución.
El fiscal Orlando López acusó a la jueza de “haberse burlado de las víctimas y de la justicia”. Un proceso judicial continuo no podía bloquearse legalmente. López indicó que la resolución del Tribunal Constitucional no indicó, de ninguna manera, que el caso podría retornar a una etapa anterior y comenzar de nuevo, y añadió que la jueza había extralimitado su interpretación de la orden del tribunal.
Cuando los abogados defensores comenzaron a hablar, un grupo numeroso de mujeres Ixil que habían ingresado en la sala de audiencias se levantaron en silencio y abandonaron el lugar.
La jueza concordó con que la situación era “lamentable”, pero indicó que no tenía una opción más que suspender el juicio por genocidio. “No estoy denegándole el acceso a la justicia a las víctimas y no me burlo de ellas. Resuelvo lo que me corresponde a mí decidir”. En una referencia indirecta al juez Gálvez, Flores atribuyó la decisión de anulación a la “ineptitud” de alguien más, “alguien que no conoce la ley”. La jueza declaró que simplemente cumplía con la resolución del Tribunal Constitucional.
Mientras que en la sala de audiencias comenzaba a desmoronarse el orden y las personas se retiraban del lugar, Maryelena Bustamante, cuyo hermano Emil fue desaparecido forzadamente en 1982, comenzó a gritar: “¡Injusticia! ¡Ríos Montt es un asesino!”. La policía del tribunal la rodeó para retirarla de la sala y algunos de los defensores de los acusados entonaron en broma: “¿Por qué no le disparan? ¿Por qué no le disparan?”.
Varias horas después de la audiencia, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, dio una conferencia de prensa y acusó a la jueza Flores de emitir una “resolución ilegal” cuando ordenó la suspensión del juicio por genocidio. Paz y Paz declaró que la resolución del 3 de abril del Tribunal Constitucional ordenó la admisión de la evidencia a favor de la defensa, y no una suspensión del procedimiento. La fiscal general afirmó que su oficina actuaría de inmediato para revertir la resolución.
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