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Timestamp: 2020-07-02 10:14:47+00:00

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..HISTORIA DE ESPAÑA....HISTORIA UNIVERSAL...La crisis iniciada en 2007. El prusés...INDEX
Cristina Narbona reitera que el PSOE "va a estar con el Gobierno" en la posible aplicación del artículo 155
EL PAÍS, DANI CORDERO CAMILO S. BAQUERO, lunes, 28/08/2017, https://elpais.com/ccaa/2017/08/28/catalunya/1503903673_644898.html
Junts pel Sí y la CUP registran el 28 08 2017 en el Parlamento catalán su proposición de ley de ruptura, que ha pasado a denominarse Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y que está abiertamente fuera de la Constitución. Los dos grupos anunciaron su intención de aprobar la norma antes del 1 de octubre —la fecha fijada para el referéndum ilegal de independencia—, algo que defendían ERC y la CUP frente a las reticencias del PDeCAT. La ley está pensada para entrar en vigor si se celebra la consulta y en esta se impone el sí sobre el no, aunque sea solo por un voto de diferencia.
El frente independentista puso ayer la directa al presentar en sociedad su ley de desconexión. En esta ocasión, sin embargo, no protagonizó la presentación ningún miembro del Govern, como sí ocurrió con la ley del referéndum el pasado 4 de julio.
Los 89 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley de transitoriedad jurídica suponen prácticamente una Constitución para Cataluña. Según ese texto, el Gobierno catalán controlaría el poder judicial (pese a las injerencias que continuamente critica al Ejecutivo central); se arrogaría las propiedades del Estado en Cataluña y dejaría en el aire el pago de la parte catalana de la deuda que pesa sobre el Reino de España. El catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales, algo que supone un cambio frente a la propuesta inicial, que primaba al catalán.
Se trata, junto a la que regula el referéndum, de la ley más comprometida de las que han redactado Lluís Corominas, Jordi Orobitg (Junts pel Sí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) en sus carreras como diputados. Los cuatro comparecieron para presentar la norma, pero ninguno quiso explicar qué proceso se seguirá para intentar darle validez ante la segura intervención del Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional para que la suspenda. Sí anunciaron su decisión de aprobar la ley de ruptura antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Cuando eso suceda, el Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont tendrá que aprobar cinco decretos complementarios sobre materias que se negaron a desvelar.
Triunfo de ERC y la CUP
Si la norma del referéndum sirve para tratar de dar una pátina de legalidad a la consulta, la que se registró ayer en el Parlament quiere mostrar a los independentistas y a los indecisos que existe un nuevo marco legal preparado para una hipotética Cataluña erigida en república independiente, siempre y cuando se impusiera el sí en el referéndum.
La decisión de aprobarla antes de celebrar la consulta supone un nuevo golpe a la hegemonía política ejercida en las últimas tres décadas por Convergència —desde hace un año PDeCAT—, única formación que hasta ayer ponía reparos a no esperar al resultado de la votación. Los neoconvergentes se han visto forzados a sumarse al resto de partidos y entidades independentistas para no visualizar una nueva división en la mayoría secesionista. Ese giro aparece otra vez como una victoria de la CUP y de las organizaciones separatistas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.
La última disposición de la proposición de ley presentada ayer establece que el nuevo marco jurídico solo entrará en vigor si gana el sí, tal y como marca la ley del referéndum. Su vida se limitaría a un año, tiempo que los diputados de Junts pel Sí y la CUP creen suficiente para redactar la verdadera Constitución de la república catalana. Esta, según regula la norma presentada ayer, quedaría a expensas de lo que decidieran un foro social y la asamblea constituyente que saldría de unas futuras elecciones, y del posterior referéndum para ratificar la nueva Constitución.
“Esta ley da la cobertura jurídica al periodo inmediatamente posterior” al referéndum independentista, afirmó Lluís Corominas, presidente del grupo de Junts pel Sí, quien aseguró que, a falta de un mes para la consulta, existe tiempo suficiente para que la ciudadanía conozca los detalles del referéndum ilegal. Las convocatorias electorales habituales se realizan con un plazo de 55 días.
El diputado de la CUP Benet Salellas explicó que con la presentación de la ley ya “no habrá ninguna vacilación ni ningún nuevo debate” respecto al referéndum, dejando clara la desconfianza existente entre los anticapitalistas de que, sobre todo el PDeCAT, se pueda echar atrás en el último momento en el proceso independentista. “Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, dijo Salellas.
La CUP sostiene desde hace semanas que la presentación de esta ley servirá para matar el “procesismo”. De hecho, la proposición tenía que haber sido presentada en sociedad en julio, pero los titubeos de una parte del independentismo frenó ese paso.
La fórmula que se utilizará para la aprobación de la ley continúa siendo una incógnita, si bien los anticapitalistas, por una cuestión de tiempo y del previsible bloqueo del Constitucional, apenas tienen dos opciones: aprobarla en el Parlament modificando in extremis el orden del día en el mismo momento en que se celebre el pleno, o que el Govern la apruebe por decreto ley. Esta segunda vía sería incoherente con el redactado presentado ayer. Su artículo 32.2 reza que no pueden ser objeto de decretos ley “la reforma de esta ley, la regulación del proceso constituyente, la Constitución de Cataluña, el presupuesto y la ley electoral”.
La ley fija en sólo tres quintas partes del Parlament (81 diputados) el consenso que se requeriría para aprobar la supuesta Constitución de la futura república catalana. Actualmente, una reforma del Estatuto de Autonomía requiere el apoyo de dos terceras partes (90). La ley presentada ayer y la del referéndum, si se llegan a votar en el pleno, se aprobarán con tan solo 72 diputados.
La presentación de la norma no sorprendió a la oposición, que aguardaba que esta semana los independentistas reemprendieran la actividad política lanzados hacia el referéndum y el choque con el resto del Estado. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), se alineó con el Gobierno central y aseguró que ninguna de las dos leyes de desconexión entrarán en vigor, “porque serán suspendidas por el Constitucional”. Arrimadas calificó los dos textos de “barbaridad jurídica”.
El socialista Miquel Iceta redujo la presentación de ayer a “un nuevo engaño de un proceso engañoso”. “No habrá referéndum el 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república”, dijo. Xavier García Albiol (PP) opinó que con la apresurada presentación de la ley se buscaba “tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación [contra el terrorismo] del sábado”, y llegó a reabrir la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución para evitar el “golpe de Estado” del separatismo.
Cristina Narbona reitera que su partido "va a estar con el Gobierno" en la posible aplicación del artículo 155
EL MUNDO DANIEL MARTÍN Santander 30 AGO. 2017 http://www.elmundo.es/espana/2017/08/30/59a6a6f3468aebb9228b4664.html
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado que su partido "va a estar con el Gobierno" en la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el referéndum secesionista en Cataluña. Ese apoyo, ha recordado, ya ha sido trasladado al Ejecutivo "de manera frecuente en las conversaciones entre Rajoy y Pedro Sánchez".
Narbona, que ha participado en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha añadido que los socialistas han pedido al Gobierno que "actúe con mesura y con proporcionalidad, porque las leyes están para ser cumplidas, pero también deben ponerse en contexto y ver cómo se aplican. Pero nosotros estamos con el Gobierno en el cumplimiento de la legalidad".
Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Títol IV. Sistema institucional:
Per això, el criteri que presideix i guia tota la regulació de la Llei és el d’assegurar la màxima continuïtat possible a la regulació existent, introduinthi només les novetats indispensables per tal que la nova República pugui actuar com a tal amb plena capacitat i inaplicant d’entrada les regulacions de l’ordenament jurídic anterior que contravenen de manera clara i frontal els principis generals en els quals s’assenta la República.
Així la Llei en el seu títol inicial, de manera succinta, constitueix Catalunya com a República de Dret, democràtica i social, atribueix la sobirania nacional al poble de Catalunya, es reconeix com a norma suprema mentre no sigui aprovada la Constitució, proclama respecte pel dret de la Unió Europea i pel dret internacional i delimita el territori en el qual exercirà la seva sobirania i fixa, amb criteris continuistes, els requisits per tenir-ne la ciutadania, tot i exigir un període mínim d’empadronament en un municipi de Catalunya per tenir la nacionalitat d’origen i parant especial atenció en evitar l´apatrídia i permetre una amplia possibilitat de posseir la doble nacionalitat.
La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República adopta, en general, el sistema institucional que preveu l’Estatut d’autonomia amb les adaptacions necessàries a la successió d’ordenaments i d’administracions. Un exemple rellevant de la voluntat de continuïtat, és la remissió a l’Estatut d’autonomia pel que fa a l’autonomia, l’organització i les competències dels governs locals de Catalunya. Pel que fa a les adaptacions i modificacions és destacable, per exemple, que el Consell de Garanties Democràtiques recupera el caràcter vinculant dels dictàmens sobre projectes i proposicions de llei que afectin drets reconeguts en aquesta Llei. Encara és més destacable la creació i regulació de la Sindicatura Electoral que, a partir de la Sindicatura prevista a la Llei del Referèndum d’Autodeterminació, per primera vegada des de la recuperació de l’autonomia política de finals del segle passat, estableix un sistema català de garantia dels processos electorals diferent al regulat per la legislació espanyola. Aquesta Sindicatura es compon de la Sindicatura Electoral de Catalunya, la Sindicatura Electoral d’Aran, les sindicatures electorals comarcals i les meses electorals. La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com a òrgan independent, imparcial i permanent, esdevé la màxima responsable dels processos electorals, consultius i de participació ciutadana, sens perjudici del control judicial. La Sindicatura Electoral de Catalunya es compon de 7 membres escollits pel Parlament per majoria absoluta, dels quals 5 seran juristes o politòlegs de prestigi i 2 seran jutges.
1. Les normes locals, autonòmiques i estatals vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es continuen aplicant en tot allò que no contravingui la present Llei i el dret català aprovat amb posterioritat. 2.També es continuen aplicant, d’acord amb aquesta Llei, les normes del dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals.
Els articles de les lleis orgàniques, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola que estaven vigents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, passen a tenir rang de llei ordinària quan no s’hagin incorporat en aquesta Llei i sempre que no la contravinguin. L’aplicació de les normes estatals s’entén referida a llur contingut a l’entrada en vigor de la present Llei i no a llurs modificacions posteriors. Les normes que declarin inaplicables lleis o normes amb rang de llei vigents a Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden establir el manteniment de la vigència de les disposicions reglamentàries derivades de les normes derogades.
1. L’Estat català se subroga en la posició de l’Estat Espanyol: - en els contractes formalitzats per aquest, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments o prestació de serveis que afectin Catalunya, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. - en els contractes patrimonials formalitzats per aquest que estiguin vinculats a la prestació de serveis públics a Catalunya assumint les obligacions i els drets contractuals que corresponen a l’Estat espanyol. Aquesta subrogació no altera els pactes i els termes econòmics i jurídics establerts en els contractes. - en els convenis i acords de col·laboració de què aquest sigui titular en l’àmbit territorial de Catalunya.
2. L’Estat català continua en la posició de la Generalitat de Catalunya: en els contractes formalitzats per aquesta, subjectes a la legislació de contractes del sector públic i referits a obres, subministraments i prestacions de serveis, i que estiguin pendents totalment o parcialment d’execució. en els contractes patrimonials formalitzats per aquesta. en els convenis i acords de col·laboració de què aquesta sigui titular.
1.El Govern ha d’impulsar la formalització d’un acord amb l’Estat espanyol per establir un règim de col·laboració per a la integració en l’administració de la Generalitat del personal de l’Estat espanyol que presta els serveis a Catalunya.
Article 25. Deures 1. Totes les persones tenen l’obligació de contribuir al sosteniment de les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica.
4. El control parlamentari de la legislació delegada s’ajusta a les regles següents : Si així ho disposa l’acord de delegació, el Parlament controla l’exercici de la legislació delegada fet pel Govern d’acord amb el procediment regulat en el Reglament del Parlament de Catalunya. Quan d’acord amb la llei de delegació l’objecte de la legislació delegada sigui la regulació del contingut essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per aquesta Llei, el Govern ha de trametre els projectes de decret legislatiu al Parlament per tal que aquest en el termini d’un mes expressi la seva conformitat o formuli observacions d’acord amb el procediment regulat pel Reglament del Parlament. El decret legislatiu pot ser promulgat i publicat al diari oficial després de rebre la conformitat del Parlament o que el Govern hagi incorporat les observacions fetes pel Parlament.
4. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment d’urgència, dins el termini que fixa l’apartat 3. 5. Els decrets lleis no són susceptibles de control per part del Consell de Garanties Democràtiques.
Capítol 5. La Sindicatura Electoral de Catalunya i el cens electoral
2. Per a les eleccions al Consell General d’Aran es constituirà la Sindicatura Electoral d’Aran, amb dependència jeràrquica de la Sindicatura Electoral de Catalunya assumint conjuntament en el seu territori les funcions i competències establertes per a les Sindicatures Electorals Comarcals.
Nomenar els membres de les sindicatures electorals comarcals i designar-ne el president. Supervisar la formació, rectificació, conservació i compulsa del cens electoral per a cada procés electoral, consulta popular i procés de participació ciutadana, l’elaboració del qual és responsabilitat de l’Oficina del Cens Electoral de Catalunya.
Aprovar el disseny i supervisar la fabricació i trasllat dels models oficials de butlletes de votació, sobres electorals, actes electorals, manuals de funcionament de les meses electorals, urnes electorals, i la resta de la documentació electoral oficial. Supervisar el procediment de votació anticipada, tant pels electors residents al Principat com pels residents a l’exterior.
Coordinar les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran i orientar-ne els criteris interpretatius de les seves decisions. Resoldre les consultes, queixes, reclamacions i recursos respecte dels quals té competència.
3. Corresponen a la Sindicatura Electoral de Catalunya, en relació a les campanyes electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadanales competències següents:
Supervisar i aprovar el disseny de les campanyes institucionals sobre els processos electorals, ’enquestes i sondejos electorals. les consultes populars i els processos de participació ciutadana i supervisar-ne la difusió en els mitjans de comunicació.
3. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya serà el Secretari General del Parlament de Catalunya, el qual participa en les deliberacions amb veu però sense vot i coordina els mitjans personals i materials que el Parlament posa a disposició de la Sindicatura Electoral de Catalunya per l’exercici de les seves funcions.
1. Les Sindicatures Electorals Comarcals i d’Aran es nomenaran durant el segon dia següent al nomenament de la Sindicatura Electoral de Catalunya i es constitueixen el segon dia següent al seu nomenament. Un cop nomenats la Sindicatura Electoral de Catalunya farà inserir la relació de tots els vocals en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'endemà.
Crear un registre públic d’enquestes i sondejos electorals. Supervisar la difusió de les campanyes institucionals en els mitjans de comunicació.
1. Les circumscripcions electorals estan dividides en seccions electorals
. 2. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. Cada terme municipal compta almenys amb una secció.
1. La mesa electoral està formada per un president i dos vocals. 2. En el supòsit de concurrència d'eleccions, la mesa electoral és comuna per a totes elles.
7. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes o incidències davant les Sindicatures Electorals Comarcals o d’Aran que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d’actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es poguessin conèixer els fets en els quals es basen. . Quan una qüestió rellevant afecti el conjunt de Catalunya, la Sindicatura Electoral Comarcal o d’Aran podrà elevar el cas a la Sindicatura Electoral de Catalunya. Tres vocals d’aquesta Sindicatura decidiran sobre l’admissió o el retorn i en coneixeran sobre el fons.
1. Contra les resolucions que esgotin la via administrativa-electoral es pot interposar recurs davant la Sala Suprema de garanties del Tribunal Suprem, d’acord amb la legislació electoral i la legislació de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
El Poder Judicial està integrat per jutges i magistrats que actuen amb independència, inamobilitat, imparcialitat i responsabilitat i que estan subjectes únicament a la llei i al dret. Article 66. Continuïtat de l’organització, la planta i les lleis processals
2. La Sala de Govern del Tribunal Suprem designa, en la forma que estableixi la llei, els jutges i magistrats que hagin de cobrir les places de nova creació i les corresponents als concursos de trasllat i a les vacants. Per cobrir places vacants pot designar interinament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la llei i els reglaments que dicti la Sala de Govern.
3. Els fiscals i els lletrats de l’Administració de Justícia són designats, en la forma que estableixi la llei, pel departament competent en matèria de justícia. El departament, per cobrir places vacants, pot designar internament suplents i substituts, que compleixin els requisits que estableixi la legislació.
Article 70. El govern del poder judicial Mentre no s’aprovi la Constitució, el govern del poder judicial és exercit, en els termes que s’estableixen en els articles següents, per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i per una Comissió Mixta formada paritàriament per la Sala de Govern del Tribunal Suprem i el Govern de la Generalitat.
Ser escoltada abans del nomenament del Fiscal General de Catalunya.
Proposar mesures de reforç dels òrgans judicials. Informar els expedients de responsabilitat patrimonial per l’anormal funcionament de l’Administració de Justícia.
El Parlament, en el termini màxim de cinc dies a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, designa, per majoria absoluta, els presidents de Sala del Tribunal Suprem entre els membres del Tribunal Suprem, i els cinc membres electes indicats a l’article 71.1. Una vegada nomenats els presidents o presidentes de Sala del Tribunal Suprem, i en el termini màxim de dos dies, es constitueix la Sala de Govern del Tribunal Suprem prevista en l’article 71. La Sala de Govern es pot constituir amb set dels seus membres. La presidència provisional del Tribunal Suprem correspon al President de la Sala civil.
4. La Sala Civil i la Sala Penal es componen de deu magistrats cadascuna. El President del Tribunal Suprem, escoltats els presidents d’aquestes dues Sales, distribuirà els magistrats entre les dues Sales. 5. Totes les Sales actuen en formació reduïda de tres magistrats, llevat en els casos de formació estesa, que ho faran amb un mínim de cinc magistrats. Les Sales actuen, tant en formació reduïda com en formació estesa, sense necessitat d’esperar que tots els membres de la Sala respectiva hagin estat nomenats.
2. La Sala Superior de Garanties té competència per a conèixer: Els recursos d’empara dels drets fonamentals. Els conflictes de jurisdicció entre òrgans judicials i l’administració i entre ordres jurisdiccionals. Les impugnacions especials de reexamen que regula l’apartat 3 d’aquest article. Els recursos electorals. La resta d’assumptes que li atribueixi la normativa que desenvolupi aquesta Llei.
3. Les resolucions fermes de qualsevol òrgan judicial que siguin contràries a aquesta Llei poden ser impugnades a fi de ser reexaminades per aquest motiu directament per les parts, en el termini de dos mesos, o pel Ministeri Fiscal, en el termini de quatre mesos, davant la Sala Superior de Garanties. Aquesta impugnació es tramita amb caràcter urgent d’acord amb l’article 514 de la Llei d’Enjudiciament Civil, llevat de la vista, que la Sala pot convocar facultativament. Si la Sala estima el reexamen, dicta sentència sobre el fons. Excepcionalment, pot retornar les actuacions al tribunal del qual procedeixen perquè dicti nova resolució d’acord amb el que disposa la sentència de la Sala Superior de Garanties. La Sala Superior de Garanties pot adoptar mesures cautelars, inclosa la suspensió de la resolució impugnada, d’ofici o a instància de les parts o del Ministeri Fiscal.
Article 75. Procediment preferent i recurs d’empara.
1. Per a la protecció dels drets de l’article 22 d’aquesta Llei, s’estableix en tots els ordres jurisdiccionals un procediment especial de tramitació preferent i de cognició limitada a la infracció del dret. Aquest procediment segueix la tramitació establerta a la legislació vigent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
. 2. Contra les resolucions judicials que posin fi a les vies judicials procedents, incloses les de les Sales del Tribunal Suprem, es pot interposar recurs d’empara davant la Sala Superior de Garanties en els supòsits previstos en l’article 27.5 d’aquesta Llei.
2. La Fiscalia de menors actuarà instruint les causes en la jurisdicció especialitzada de menors. 3. La Sala Penal del Tribunal Suprem de Catalunya coneix de la instrucció, amb un sol magistrat, i la primera instància, en Sala reduïda, que abans corresponia a la Sala Civil i Penal del Tribunal de Justícia de Catalunya i de l’apel·lació de les Sentències de les Audiències.
2. Els casos que segons l’ordenament jurídic anterior a la successió siguin o haguessin estat competència de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem o de qualsevol altre òrgan judicial espanyol fora del territori de Catalunya, inclòs el Tribunal Constitucional només amb relació als recursos d’empara, seran assumits immediatament, segons correspongui, en instrucció, primera instància, segona instància, cassació i execució pels òrgans judicials catalans en funció de la seva competència objectiva i territorial. Aquesta assumpció seguirà les regles següents: Les parts disposaran d’un termini de dos mesos per a presentar tota la documentació de que disposin davant dels tribunals catalans competents. Els tribunals competents continuaran els processos en l’estat de tramitació que permeti la documentació rebuda sense causar indefensió de les parts. En cas que sigui necessari per evitar situacions d’indefensió, es reprendran les actuacions des de l’inici del procediment corresponent.
Les resolucions que siguin fermes abans del traspàs mantindran aquesta condició. El traspàs de les actuacions queda exempt de qualsevol taxa judicial. 3. El Govern de Catalunya proposarà a l’Estat espanyol la signatura d’un acord de cooperació judicial. 4. Els jutjats i tribunals sobreseuen o anul·len els processos penals contra investigats o condemnats per conductes que cerquessin un pronunciament democràtic sobre la independència de Catalunya o la creació d’un nou Estat de manera democràtica i no violenta.
1. La Generalitat exerceix l’autoritat duanera en el territori de Catalunya i actua d’acord amb el règim duaner i aranzelari derivat del dret de la Unió Europea.
2. L’Assemblea constituent disposa de plens poders per a redactar una proposta de Constitució, la qual s’ha d’aprovar per majoria de 3/5 dels membres del Ple en votació final sobre el conjunt del text. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta; si no s’obté se segueix deliberant i sotmetent a votació noves propostes fins assolirla. Cap de les decisions de l’Assemblea constituent, en exercici del poder constituent, seran susceptibles de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal.
2. Si la proposta de Constitució és ratificada per la ciutadania, es dissol l’Assemblea constituent de forma immediata i es procedeix a convocar eleccions per a la conformació del nou sistema institucional establert per la Constitució.
Disposició final primera Reforma de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República
Les sol.licituds de nacionalitat previstes als articles 7 i 8 s’hauran de resoldre abans de la convocatòria de les eleccions constituents i d’acord amb les disposicions reglamentàries que estableixi el Govern.
Ysu aplicación
ELMUNDO MARISA CRUZ Madrid 2/02/2017 http://www.elmundo.es/espana/2017/02/02/58931affe2704e9f248b4623.html
La diferencia entre el artículo 155 español y el 37 alemán reside en que en el primero, la situación de conflicto debe atentar gravemente al interés general de toda la nación. No basta con el mero incumplimiento de las leyes. [Sí basta] Este supuesto evidentemente se daría en el caso de un intento de secesión puesto que la misma afectaría a la integridad territorial del Estado, y a los principios de unidad y soberanía nacional que constituyen el núcleo de la Carta Magna.

References: artículo 155
 artículo 32
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155