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Timestamp: 2019-01-22 08:51:20+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00145 de mayo 26 de 2010
SENTENCIA 2010-00145 DE 26 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:SI DE LAS PRUEBAS SE VISLUMBRA QUE UN FUNCIONARIO ESTÁ OBSTACULIZANDO LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y PUEDA CONTINUAR HACIÉNDOLO, SE DEBE ESTABLECER MEDIDAS CON LAS CUALES IMPEDIR TALES CONDUCTAS, QUE SERÁN CATALOGADAS COMO GRAVÍSIMAS.
Sentencia 2010-00145 de mayo 26 de 2010
Radicado: 760011102000 2010-00145 01
Ref.: Disciplinario contra Gloria Teresa García Varela, Juez 25 Civil Municipal de Bogotá.
Aprobado según acta 62 de la misma fecha.
Procede la Sala a pronunciare por vía de consulta, sobre la decisión tomada el día 21 de abril de 2010, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca(1), por medio de la cual y con fundamento en lo establecido en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, decidió suspender provisionalmente por el término de tres meses a la doctora Gloria Teresa García Varela, en su condición de Juez Veinticinco Civil Municipal de Cali.
1. El señor Carlos Alberto Salcedo Velásquez, quien fue designado en propiedad como oficial mayor o sustanciador en propiedad del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el día 20 de enero de 2009 se quejó en contra de la doctora Gloria Teresa García Varela, juez titular del citado estrado judicial.
Lo anterior por cuanto desde el mismo momento en que se posesionó en dicho cargo el pasado 1º de octubre de 2009, luego de haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles para desempeñar tal cargo, aquella emprendió contra él, una persecución o acoso laboral, al punto que le cuestionó durante todo el tiempo su trabajo, lo trató en términos desobligantes, le prohibió utilizar el baño situado en la secretaría del juzgado, entrar a la laborar antes de las ocho de la mañana y lo obligó a permanecer hasta altas horas de la noche.
2. Dicha queja, por tratarse de un tema de acoso laboral, se dispuso fuera remitida a la presidencia del comité seccional paritario de salud ocupacional —Copaso— sede Cali, a fin de que en ejercicio de sus funciones iniciara allí la correspondiente investigación. Tal comité citó a conciliación a la doctora Gloria Teresa García Varela y al quejoso, pero la funcionaria inculpada en las dos oportunidades en que se fijó fecha para evacuar tal diligencia, no se hizo presente excusándose en que debía proferir varias sentencias de tutela, y que por lo tanto no tenía tiempo para tal menester.
Por lo anterior el Copaso sede Cali, el día 29 de enero de 2010, devolvió las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, observando que en lo de su competencia, tal Sala debía actuar de manera urgente, pues se tenía conocimiento que el día 19 de enero de 2010, la inculpada presuntamente en represalia de la queja, calificó insatisfactoriamente al quejoso, lo cual contravenía lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, referida a las garantías contra actitudes retaliatorias respecto de las personas que formulan quejas.
3. Regresadas las diligencias a la Sala a quo, ésta por auto de ponente, en providencia de fecha 11 de febrero de 2010 decidió con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, abrir indagación preliminar, y ordenó la práctica de pruebas, entre ellas se le ofició a la inculpada, para que si lo estimaba conveniente, expusiera verbalmente o por escrito, de manera libre y espontánea, con asistencia de defensor si así lo deseaba, lo que considerara pertinente respecto de los hechos materia de investigación, pero pese a que se le citó, no lo hizo.
No obstante lo anterior, allegó dos memoriales, en los que sin rendir ninguna explicación por los hechos endilgados por el quejoso, manifestó que tachaba los testimonios del personal que del juzgado se citó a rendir declaración en el auto de apertura de indagación preliminar, por cuanto, dijo, éstos tenían grado de subordinación y dependencia de ella, luego se encontraban en circunstancias que afectaban su credibilidad o imparcialidad, razón por la cual eran sospechosos, y además por cuanto en su calidad de nominadora, les había iniciado procesos disciplinarios.
4. La solicitud de tacha de testigos, a través de auto de data 5 de marzo de 2010 fue negada por improcedente, y por el contrario la magistrada ponente a quo, insistió en que se escucharan las declaraciones de todos los empleados del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali.
4.1. Así, el día 13 de abril de 2010, la señora Adriana Satizabal Garzón, bajo la gravedad de juramento, afirmó que actualmente laboraba en el Juzgado 4º Civil Municipal de Cali, y anteriormente prestó sus servicios como secretaría del Juzgado 25 Civil Municipal de la misma ciudad. Que su salida de tal despacho se originó en queja formulada por el señor Salcedo Velásquez, pues la doctora García Varela los reunió y les preguntó que de qué lado estaban, si del quejoso o de ella, a lo cual le manifestaron que estaban a lado de la verdad, y a partir de tal fecha empezó a amenazarlos, diciéndoles que si ella se iba del cargo, no se iría sola porque contaba con todas las herramientas para hacerlo, como eran las acciones disciplinarias, como efectivamente lo hizo después de la reunión. Manifestó que la inculpada tenía la costumbre de atropellar a los usuarios y a los empleados, y a raíz de sus malos tratos verbales y psicológicos, y por presión laboral, renunció al cargo.
Informó que efectivamente en el juzgados habían dos baños, uno en el despacho de la juez y otro en la secretaría, pero debido a que en alguna oportunidad luego de que el quejoso lo utilizara salió un olor desagradable, le prohibió volverlo a usar, indicándole que debía utilizar el ubicado seis pisos debajo de la sede, es decir el asignado a los celadores del edificio, que se encuentra en el primer piso.
Que como desde un principio el quejoso no se dejó atropellar e insultar, le llamaba la atención a gritos desde su escritorio, le recriminaba la edad, diciéndole que no podía ni ver, que de no ser por el concurso no lo hubiera nombrado, y le prohibió entrar al juzgado antes de las 8 de la mañana, pues lo que pretendía era que se quedara hasta las 9 de la noche.
4.2. También declaró el señor Ronald Maycol Moreno Luna, quien dijo haber laborado hasta el 25 de marzo de 2010 en el Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, por cuanto la inculpada le solicitó renunciara, pues él se negó a informarle en qué lugar estaba trabajando actualmente la exsecretaria del juzgado, información que necesitaba, decía, para hablar con el juez que la hubiera recibido, pues no podía permitir a malos empleados laborar en la Rama Judicial.
En igual sentido que lo hizo la deponente Adriana Satizabal, manifestó constarle sobre los malos tratos dados al quejoso, pues no le permitía entrar al baño ubicado en la secretaría, ni entrar al juzgado antes de las 8 de la mañana; le entregaba todas las nuevas demandas para estudio y le devolvía constantemente el trabajo en forma poco cordial.
4.3. Y declaró la señora Liliana Salazar Domínguez, quien sostuvo que laboró hasta el 23 de noviembre de 2009 en el Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, por cuanto salió incapacitada en razón de embarazo, pero vencida la licencia de maternidad pidió traslado a otro juzgado, pues no quiso regresar debido a los malos tratos recibidos por parte de la funcionaria inculpada. En cuanto a la situación presentada con el quejoso, al igual que los otros dos declarantes informó sobre la grosería con que lo trataba, el problema del uso del baño, la devolución del trabajo y cómo le impidió madrugar a laborar.
4.4. Los empleados del juzgado, señores Leonardo Flórez García y Martha Lucía Muñoz Escobar, allegaron un escrito, en el cual se excusaron de asistir a rendir declaración, afirmando que la funcionaria inculpada no les permitió hacerlo, alegando que ella ya había hecho la tacha de testigos y respondería por ellos en caso de que se les compulsara copias, máxime que debían entender que era su jefe (fl. 141).
La providencia objeto de consulta
El día 21 de abril de 2010, la Sala a quo decidió, con fundamento en el material probatorio adosado a las presentes diligencias, abrir investigación disciplinaria en contra de la doctora Gloria Teresa García Varela, por encontrar que posiblemente podía estar incursa en la conducta de acoso laboral establecida en la Ley 1010 de 2006, la cual se cataloga como gravísima al tenor del numeral 10 ibídem.
En la misma providencia, se dijo:
“Ahora bien, se observa por parte de la funcionaria disciplinada una actitud dilatoria y una tendencia a obstruir la investigación, pues en primer lugar, a pesar de conocer del trámite de esta indagación preliminar, contrario a apersonarse de su defensa pronunciándose sobre los hechos y aportando las pruebas en su favor, no se ha presentado a recibir notificación conforme a la citación que se le hiciera con Oficio 394 del 11 de febrero del presente año que reposa a folio 48 de este cuaderno, y en cambio ha formulado tacha de los testigos citados, figura que además de improcedente en materia disciplinaria, busca evitar que el conocimiento que tienen las personas que han presenciado los hechos, pueda ser aportado a estas diligencia.
Reitérese; resulta contradictoria y extraña la forma como la disciplinada ejerce su defensa, pues contrario a exponer sus argumentos y con elementos probatorios demostrar su inocencia, permanece sin acudir a notificarse y a pronunciarse sobre esta investigación y en cambio pretende evitar el esclarecimiento de los hechos. Esta actitud a todas luces perjudica el avance de este proceso investigativo y el esclarecimiento de los hechos, máxime cuando los hechos que se investigan han tenido ocurrencia en el seno del despacho judicial y por ende solo quienes allí se encuentran están en condiciones de ilustrarlos, se deja ver entonces que su permanencia en el cargo contribuiría a obstruir la investigación en cuanto no permitirá la práctica de las pruebas o solo la testimonial sino la documental que se pretenda adelantar.
De otra parte las declaraciones de las personas que presenciaron parte de los hechos relatados por el quejoso y que por razones relacionadas con los mismos ahora no laboran en ese despacho, dan cuenta del trato que la disciplinada prodiga a quienes le colaboraron en el ejercicio de sus funciones y que la mayoría de ellos se ven precisados a renunciar como consecuencia de ello, especialmente cuando surgen situaciones como las que se presentaron con el quejoso, de donde se derivó la renuncia de la testigo Adriana Satizabal.
En este caso concreto no hay posibilidad de que se continúen presentado hechos de agresión al quejoso porque ya fue retirado mediante calificación de servicios, sin embargo se puede prever que tratamientos como el que ya se presentó con el señor Salcedo Velásquez se reiteran con otros empleados de ese despacho, concretamente con los señores Leonardo Flórez y Martha Lucía Muñoz quienes según su escrito de excusa y la declaración de la (sic) Adriana Satizabal, no pudieron asistir a rendir su declaración, por la oposición a ello de la funcionaria, asistiéndoles preocupación por las consecuencias que deban asumir.
De lo anterior se concluye que mérito existe para abrir la investigación disciplinaria por los hechos que puso en conocimiento el señor Salcedo Velásquez, y que además también se reúnen las condiciones que el artículo 157 del CDU para disponer la suspensión provisional de la funcionaria en beneficio de la propia investigación y para prevenir que la conducta sea reiterada en contra de otros de los empleados de ese despacho” (resaltado fuera de texto).
Arribadas las diligencias a esta Sala, fueron asignadas a quien aquí funge como magistrado sustanciador, previo reparto el día 6 de mayo de 2010, y en la misma fecha, al tenor de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, se ordenó mantener las presentes diligencias en secretaría por el término de tres días, a fin de que la inculpada, si era su deseo, presentara en su favor las alegaciones que estimara convenientes, acompañadas de las pruebas que quisiera hacer valer, sin embargo.
Pero pese a que se le hizo saber tal decisión a la disciplinable, ésta guardó dentro del término de ley absoluto silencio, por lo que vencido el correspondiente traslado el 11 de mayo de 2010, el día siguiente ingresaron nuevamente al despacho las presentes diligencias.
Es competente esta Sala para conocer por vía de consulta, de la medida de suspensión provisional de tres meses en el ejercicio del cargo, impuesta a la doctora Gloria Teresa García Varela en calidad de Juez 25 Civil Municipal de Cali, tal como lo establece el inciso 3º del artículo 157 de la Ley 734 de 2002.
El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia
El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de única, procede el recurso de reposición” (resaltado nuestro).
De acuerdo al anterior precepto legal, la medida de suspensión provisional es factible imponerla, durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación.
2. Cuando al permanecer el inculpado en el cargo, conlleva a que continúe cometiendo o reiterando la falta conducta reprochada.
En el presente caso, a la doctora Gloria Teresa García Varela, se le endilgan hechos de los cuales se establece que en su calidad de Juez 25 Civil Municipal de Cali, podría estar incursa en el denominado acoso laboral establecido en la Ley 1010 de 2006, la cual tiene por objeto “definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública”.
El acoso laboral, según el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, se sanciona como “1. Falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público”. Entonces, esclarecido como ésta que la funcionaria inculpada, podría estar incursa en una falta calificada como gravísima, es factible aplicar el artículo 157 del CDU, siembre y cuando se de alguna de las circunstancias antes mencionadas.
Pues bien, considera esta Sala, al igual que lo hizo el juez colegiado a quo, la forma como la inculpada ha afrontado la presente investigación disciplinaria, tendiendo a obstaculizarla, sólo lleva a la conclusión de que la medida de suspensión provisional en el desempeño del cargo, debe ser confirmada.
En efecto, nótese que desde el comienzo de la investigación, lo cual incluye las diligencias a cargo del comité paritario de salud ocupacional, Copaso, se le citó el día 27 de enero de 2010, para que asistiera a una reunión de conciliación con el quejoso, el oficial mayor o sustanciador del juzgado Carlos Alberto Velásquez Varela, sin embargo, un día antes se excusó “argumentando tener a despacho, cinco (5) acciones de tutela”, y siendo citada nuevamente el día 28 de enero siguiente para los mismos efectos, “vía telefónica, manifestó que no tenía tiempo ese día, ni esa semana, ni la semana siguiente”(2), lo cual significa, que no le interesó ni permitió desarrollar las medidas preventivas y correctivas, de que trata el artículo 9º de la Ley 1010 de 2006.
De otra parte, a pesar de que por oficio de fecha 11 de febrero de 2010 se citó a la doctora García Varela para que en ejercicio del artículo 17 de la Ley 734 de 2002, ejerciera sus derechos de contradicción y defensa, dentro de la investigación preliminar que se dispuso adelantar en su contra, exponiendo verbalmente o por escrito, de manera libre y espontánea, lo que considerara pertinente, no lo hizo, y por el contrario, sin hacer ningún planteamiento defensivo o exculpatorio, el día 22 de febrero siguiente allegó un escrito (un día antes de la fecha en que debían comparecer a rendir declaración algunos empleados del juzgado), en el que dijo:
“Tacho los testigos citador por el quejoso Carlos Alberto Salcedo Velásquez y de igual manera los que de oficio se llegaren a ordenar y que recaigan sobre empleados del juzgado, lo anterior en virtud de la dependencia y subordinación que tienen dichos testigos con relación a esta juez… amén no solo de estar nombrados y desempeñándose como empleados de este juzgados sino también de estar vinculados en un proceso disciplinario en su contra por la suscrita” (fl. 75).
Como se ve, la inculpada obstaculizó la recepción de los testimonios ordenados en el auto de apertura de investigación preliminar, por lo que el día 5 de marzo de 2010, la magistrada ponente a quo debió proferir nuevo auto, en el cual declaró improcedente la “tacha de testigos” y volvió a citar al personal del juzgado, el día 13 de abril de 2010.
Y nuevamente la doctora García Varela, trató de impedir la recepción de la declaración de los testigos, quienes como empleados del juzgado tiene el conocimiento directo de los hechos, pues mediante memorial de fecha 12 de abril de 2010 (también un día antes de la fecha señalada para recibir las declaraciones) en el cual sin hacer ningún tipo de descargos, volvió a tachar los testigos, insistiendo que tenían grado de subordinación con ella, y además les estaba adelantando a su vez procesos disciplinarios (fls. 116 y 117).
Llegado el día 13 de abril de 2010, sólo asistieron a rendir declaración los señores Adriana Satizabal Garzón, Ronal Maycol Moreno Luna y Liliana Salazar Domínguez, todos actualmente exempleados del Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, quienes al unísono relataron sobre la manera desacomedida y descortés como la funcionaria inculpada trata al personal del juzgado, y sobre los hechos puestos en conocimiento por el quejoso, tal como se precisó al comienzo de esta providencia.
Por su parte, los actuales empleados del juzgado Leonardo Flórez García y Martha Lucía Muñoz Escobar, no asistieron a rendir la declaración de ellos solicitada, afirmando que “la doctora Gloria Teresa García Varela Juez 25 Civil Municipal de Cali, no nos permitió asistir a la citación alegando que ella ya había hecho la tacha de testigos y la respuesta a esta debía ser contestada mediante auto y que además ella respondía por nosotros en caso de que nos compulsaran copias…” (fl. 141).
Entonces, como se ve del anterior recuento de hechos, en verdad, la doctora Gloria Teresa García Varela, ha venido obstaculizando la investigación disciplinaria en su contra, y se presume que lo seguirá haciendo, pues no ha permitido que sus empleados acudan a rendir la declaración que de ellos se pide, una veces tachando sus declaraciones sin ni siquiera haberse apersonado de la investigación, y otras no otorgándoles el permiso para que acudir a la seccional de instancia a rendirlas, la cual son de vital importancia pues son personas que directamente tienen conocimiento de los hechos, y por ende se avizora que en igual sentido seguirá actuando para la práctica de estas pruebas y otras, verbi gratia, adelantar una inspección judicial a la sede del juzgado a fin de verificar el trabajo realizado por el quejoso.
Aunado a lo anterior, de las declaraciones testimoniales que obran en el plenario, se puede vislumbrar que la conducta denunciada la continuará desarrollando, pues nótese que todos son coincidentes y le reprochan actitudes que bien podrían encuadrar en denominado acoso laboral, por lo que debieron renunciar o solicitar traslado. Además, contrariando lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, emitió calificación de servicios insatisfactorios en contra del quejoso, lo cual no era viable hacerlo dentro de los seis meses siguientes a la petición de queja, y la apertura de procesos disciplinarios en contra de los demás empleados del juzgado, lo cual sugiere actitudes retaliatorias que posiblemente se pueden volver a presentar, interfiriendo así en el esclarecimiento de los hechos investigados.
Por todo lo anterior, y estando claro que la funcionaria inculpada puede continuar obstaculizando la investigación disciplinaria, y que también es posible que continúe desarrollando la conducta de que se le acusa, la cual está catalogada como gravísima, se habrá de confirmar el numeral 2º de la providencia de fecha 21 de abril de 2010, por la cual también se le abrió investigación disciplinaria.
1. CONFIRMAR el numeral segundo de la providencia fechada 21 de abril de 2010, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en aplicación del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, suspendió provisionalmente por el término de tres (3) meses a la doctora Gloria Teresa García Varela, en el ejercicio de sus funciones como Juez 25 Civil Municipal de Cali, tal como se especificó en la parte motiva de esta providencia.
2. DEVOLVER las presentes diligencias a su lugar de origen, para lo de su cargo.
Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez, Presidenta—Henry Villarraga Oliveros, Vicepresidente—José Ovidio Claros Polanco—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
(1) Conformaron la Sala los magistrados Ruth Patricia Bonilla Vargas (ponente) y Víctor Humberto Marmolejo Roldán.
(2) Ver informe rendido por la presidente del Copaso, sede Cali (fls. 1 a 4).

References: artículo 157
 artículo 11
 artículo 150
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 10
 artículo 157
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 157