Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321497.html
Timestamp: 2019-03-22 14:59:39+00:00

Document:
as201321497
Auto Supremo: 497/2013
Sucre: 30 de septiembre 2013
Expediente: CB-77-13-A
Partes: Gladys Meneses Mérida. c/ Juan Rolando Meneses Mérida.
Proceso: Impugnación filiación paterna, nulidad de partida de nacimiento,
Declaratoria de herederos y registro en DD. RR.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 711 a 715, interpuesto por la actora contra el Auto de Vista Nº 112 de 29 de mayo de 2013, de fs. 707 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de impugnación de filiación paterna y otros seguido por Gladys Meneses Mérida contra Juan Rolando Meneses Mérida, el Auto de concesión del recurso de fs. 721 vlta, los antecedentes del proceso, y:
Que, el Juez Primero de Partido de Familia de la ciudad de Cochabamba, pronunció Auto de fecha 27 de marzo de 2013, de fs. 657 a 663 y vlta, por el que repone el Auto de 23 de noviembre de 2011, declarando probada la excepción de prescripción, en su mérito dispuso el archivo de obrados.
Resolución de primera instancia que es recurrida de reposición con alternativa de apelación por la actora mediante memorial de fs. 685 a 686, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista Nº 112 de fecha 29 de mayo de 2013, cursante a fs. 707 y vlta, anula el Auto de concesión declarando ejecutoriada la resolución de 27 de marzo de 2013.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma presentado por la actora Gladys Meneses Mérida el mismo que se pasa resolver.
1.- Recurso de casación en la forma.-
Refiere que el Juez A quo, por Auto de fecha 27 de marzo de 2013, repone el Auto de fecha 23 de noviembre de 2011 y Auto complementario de 02 de diciembre de 2011, por el que declaró probado el incidente de prescripción interpuesto por el demandado disponiendo el archivo de obrados, resolución que es impugnada por la recurrente mediante el recurso de reposición con alternativa de apelación, mismo que fue remitido al Tribunal de segunda instancia, quien anuló el proceso hasta el Auto de concesión de Alzada con el fundamento de que contra un Auto definitivo solo procede la apelación directa conforme dispone el art. 215 y 224 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, declarando ejecutoriada la resolución de 27 de marzo de 2013; por ello aduce que, con esta injusta e ilegal anulación el Tribunal Ad quemcoartó el derecho constitucional al contradictorio del proceso, así como los arts. 115 y 120 de la Constitución Politica del Estado contraviniendo la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo desarrollada en el Auto Supremo Nº 63 de 28 de marzo de 2012, que sostiene “Si las partes en lugar de interponer la apelación directa prevista por el art. 219 del Código de Procedimiento Civil, interponen equivocadamente el recurso de reposición con apelación alternativa , corresponde al Juez de primera instancia conceda dicho recurso, sin pronunciarse sobre el recurso de reposición, en cuyo caso, no le está permitido al Tribunal Ad quem desconocer su propia competencia para conocer el recurso de apelación y menos anular el Auto de concesión de Alzada”, más aún si consideramos que el Juez de instancia rechazó el recurso de reposición in limine y al estar alternativamente interpuesto el recurso de apelación dispuso la concesión, por consiguiente la competencia el Tribunal Ad quemse encontraba abierta.
Por otra parte acusa el tratamiento diferenciado en el trámite que recibió el primer Auto pronunciado en fecha 23 de noviembre de 2011, por el que sedeclaró improbado el incidente de prescripción, el cual -dice- tiene la calidad de sentencia, recurrible solo vía apelación, y no por recurso de reposición alternada, que además fue interpuesto fuera de plazo legal, sin embargo, el Juez de primera instancia, actuando sin competencia, por Auto de fecha 27 de marzo de 2013, repone el Auto de 23 de noviembre y Auto complementario de 02 de diciembre de 2011, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso, hecho que motivó para que la recurrente interponga recurso de reposición contra el segundo Auto conforme dispone el art. 218 del Código de Procedimiento Civil y que fue rechazado por el Tribunal Ad quem.
Concluye solicitando que el Tribunal Supremo anule obrados hasta fs. 562 ordenando al Tribunal Ad quem pronuncie nuevo Auto de Vista en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Que, analizados los antecedentes corresponde puntualizar aspectos que hacen a la obligación del Juez a tiempo de administrar Justicia y que los Tribunales de instancia están obligados a verificar y revisar de oficio conforme dispone el art. 252 del Código de Procedimiento Civil y art. 17 de la Ley 025 del Órgano Judicial.
Al efecto referido, resulta imprescindible hacer mención a la uniforme jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, respecto a la improponibilidad de una acción judicial, así se tiene entre otros el Auto Supremo N° 428, de 6 de diciembre 2010, que estableció: "... corresponde puntualizar que, el art. 334 del Código de Procedimiento Civil, dispone que presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado para que comparezca y conteste en el término de ley”.
Ahora bien, el art. 333 del citado Código Adjetivo Civil, establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanan se la tendrá por no presentada.
Por lo que de la inteligencia de las citadas normas procedimentales, claramente se establece que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber ineludible de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión. Por ello, para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad, en el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda Automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda; constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes del análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para liberarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil.
En dicho sentido, una vez comprobada que ha sido por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco tal como ha sido propuesta la acción. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva. Por ello, con relación a las condiciones de fundabilidad, el autor Argentino Peyrano señala que: "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto", si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado Autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino, por evidente infundabilidad de la acción.
El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una sentencia favorable posterior.
El rechazo in limine de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.
Ahora bien, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in limine una pretensión; es decir en qué casos el Juez debe ejercer la facultad de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.
Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley.
En esta hipótesis, cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible. Ejemplo, la pretensión de cobro de una deuda que resulte de un juego prohibido, supuesto expresamente previsto por el art. 910 paragrafo I del Código Civil; el pago que se demanda en cumplimiento de una obligación cuya prestación resulta ilegal o inmoral, ese sería el caso de un sicario que demanda el pago por un asesinato llevado a cabo, o de aquel que demanda el pago por la venta de sustancias prohibidas; la demanda de reivindicación de un bien que se encuentra fuera del comercio humano -jurídicamente imposible-. En estos supuestos, no hay un interés legítimo jurídicamente protegido, por ello no se justifica la tramitación completa de un proceso que se sabe infecundo, en cuanto necesariamente terminará con una sentencia desfavorable para el demandante.
Ingresa, igualmente en esta primera clasificación aquellos supuestos en los que la pretensión recae sobre relaciones subjetivas que no poseen relevancia jurídica en la medida en que no se encuentran reguladas por el derecho, por tratarse, precisamente de cuestiones que carecen de contenido jurídico. Ejemplo, la pretensión dirigida a exigir el cumplimiento de una obligación de trato social.
El segundo supuesto, en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituyen aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es decir, cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia, etc, etc.
Que, el reconocer al Juez la facultad -deber- de rechazar ad initio la demanda no pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de acción; en efecto, si aceptamos que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por un Tribunal y, que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida; el derecho a la tutela judicial se agotaría, en el acceso a la jurisdicción y en la dictación de una Resolución motivada en derecho, es decir que, el poder del Juez de rechazar ab initio una demanda, no entra en pugna con el contenido del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, puesto que el Juez atenderá y se pronunciará efectivamente y en forma motivada respecto a la pretensión del actor; en otras palabras, el actor promueve su pretensión, activando la función jurisdiccional del Estado, la que desemboca en una determinada, precisa y fundada decisión judicial, en consecuencia, se satisface íntegramente su derecho a la acción o tutela judicial.
Por lo que,en el marco de lo expuesto precedentemente y de la revisión de obrados, se tiene que la recurrente impugna la filiación paterna, nulidad de partida de nacimiento, declaratoria de herederos y registro del derecho sucesorio en Derechos Reales y en COMTECO, de su hermano materno Juan Rolando Meneses Mérida, manifestando en su demanda principal que:el 19 de mayo del 2008, después de 2 años del fallecimiento de su padre FilimónMeneces López, Juan Rolando Díaz Mérida, interpone demanda de rectificación de su apellido paterno, acción que la dirige contra la Dirección Departamental de Registro Civil, proceso que es observado por el Juez de la causa y luego rechazado por no haber adjuntado el reconocimiento de hijo al que hizo alusión en su demanda principal, ante este rechazo, nuevamente interpone la misma acción ante el Juzgado de Partido de Sentencia Mixto de Tiraque (Cochabamba) dirigiendo su acción esta vez contra Círila Mérida Iriarte (madre), presuntos interesados y su hermana Gladys Meneces Mérida, demanda que la inicio con el apellido de Meneses, cuandoen ese momento y durante toda su vida el demandante llevo el apellido de Díaz, sin embargo y pese a una serie de irregularidades que se suscitaron dentro de ese proceso, concluyo con el pronunciamiento de la sentencia de fecha 25 de noviembre del 2008, por el que se declaró probada la demanda, disponiendo la rectificación de la partida de nacimiento del demandante, debiendo consignarse como datos del mismo como: Juan Rolando Meneses Mérida, siendo sus padres:Filimón Meneses López y Cirila Mérida Iriarte, filiación que le sirvió para con posterioridad declararse heredero de su padre y proceder al registro de su declaratoria de herederos en Derechos Reales. Con estos antecedentes la recurrente demanda la impugnación de la filiación paterna en contra de Juan Rolando Meneses Mérida, solicitando se ordene la nulidad de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2008, pronunciada por el Juez de Partido y Sentencia Mixto de Tiraque, por la que se rectifica la partida de nacimiento de Juan Rolando Meneses Mérida, asimismo demanda la nulidad de la declaratoria de herederos, registro de derecho sucesorio en DDRR y COMTECO dispuestos por Autos de 31 de julio de 2009 y 09 de marzo de 2010, pronunciados por el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Cochabamba.
Así expuesta la acción de la demandante, claramente se infiere que la misma está destinada a pretender se declare la nulidad de la sentencia de 25 de noviembre del 2008, dictada por el Juez de Partido Mixto de Tiraque (Cochabamba) por la que se rectifica el apellido de su hermano materno, el demandado Juan Rolando Meneses Mérida, es decir, que la nombrada actora pretende por medio de la presente acción la revisión de otro proceso de conocimiento que tiene la calidad de cosa juzgada y no así simplemente la nueva filiación adquirida por el demandado, olvidando que la cosa juzgada es la aptitud legal que adquiere una decisión jurisdiccional que hace que sea inmutable en el tiempo e impide su revisión posterior, el cual solo es posible mediante la revisión extraordinaria de la sentencia previsto por el art. 297 del Código Adjetivo Civil, mismo que no ha sido activadopor la recurrente.
No obstante ello, si la demandante consideraba que el referido proceso cuya nulidad pretende, se desarrolló con infracción a derechos fundamentales conforme a la doctrina constitucional vigente, la misma contaba y aun cuenta con la posibilidad vía incidental de que en el mismo proceso se activen los procedimientos y recursos destinados a revertir la presunta cosa juzgada aparente, por la vulneración de dichos y en caso de no ser atendido su reclamo pueda acudir ante el Tribunal Constitucional conforme lo establecen las sentencias Constitucionales 080/2013-R de 14 de enero y 674/2013-R de 3 de junio, entre otros.
Al margen de lo referido, también es preciso señalar que a través de la presente acción tampoco se puede pretender la impugnación dereconocimiento de hijo, solicitando la nulidad de la sentencia de rectificación de apellido, pues esta última no puede ser asimilada o comparada con el acto de reconocimiento de hijo propiamente dicho y contemplado en al art. 195 del Código de Familia. De la revisión de antecedentes en el contenido de la demanda se evidencia la ausencia del acto jurídico de reconocimiento de hijo, que pudiera ser impugnado al amparo del art. 204 del Código de Familia, en otras palabras no concurre el presupuesto sine quanun para que se active esa acción de impugnación, por el contrario, como se tiene señalado, la parte actora lo que persigue a través de su demanda es la nulidad o ineficacia de una sentencia judicial de rectificación de apellido paterno, Resolución judicial que no se equipara al acto jurídico de reconocimiento de hijo; en consecuencia no existiendo el presupuesto esencial que viabiliza la pretensión de impugnación del reconocimiento, la demanda al respecto resulta improponible, por lo que con la facultad conferida por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, este Máximo Tribunal advierte que en el sub lite, en perjuicio de las partes y de la propia administración de justicia, se tramitó un proceso sobre la base de una demanda improponible, cuya pretensión es contraria al orden público y se encuentra fuera de la Ley; aspecto que no fue advertido por el Juez A quo ni por Ad quem; correspondiendo por ello, fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275, con relación al art. 252, todos del Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud al art. 42 paragrafo I, núm. 1) de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los arts. 252, 271 inc. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 98 (admisión de la demanda) sin reposición, disponiendo el archivo de obrados y salvando los derechos a la vía idónea llamada por ley.
Sin responsabilidad por ser excusable el error.
En virtud a lo previsto en el art. 17- IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

References: Resolución 
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Resolución 
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 artículo 1481
 artículo 187
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