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Timestamp: 2017-10-21 15:53:20+00:00

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Tu Blog de la Administración Pública: junio 2012
SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IV: La configuración del derecho 3
Se ha analizado la participación ciudadana en la configuración del derecho partiendo de la Constitución, trataré ahora de reflejar lo que se dice desde las leyes principales que tratan de la acción del Gobierno y de la Administración, pues hay que tener en cuenta que la producción de las leyes no es obra exclusiva de los parlamentos, sino que previamente a su aprobación por ellos, existe todo un proceso por el que las dos instituciones antes mencionadas elaboran borradores, anteproyectos y proyectos de ley y que en ese proceso, que a veces se confunde con el de la formulación de políticas públicas, los ciudadanos y los grupos en que ellos se integran participan y tratan de que la ley se configure de un modo determinado o recoja sus intereses y derechos. Desde el punto de vista jurídico es la Ley de Organización, Competencia y funcionamiento del Gobierno la que en su Título V trata de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. La primera, sin perjuicio de la iniciativa popular que regula la Ley Orgánica 3/1984 que desarrolla lo previsto en el artículo 87.3 de la Constitución, corresponde al Gobierno, según el mismo artículo 87, punto 1. Hay que tener en cuenta que esta iniciativa del Gobierno puede ser impulsada a solicitud de las asambleas legislativas de las Comunidades autónomas.
Si se analiza el artículo 22 de la citada Ley del Gobierno que regula la iniciativa legislativa de éste, lo que se nos muestra es prácticamente sólo un proceso administrativo sin mención específica a la participación ciudadana, lo que, atendiendo a la frecuencia en que se hace mención a la misma en diversas leyes, sin que en buena parte se desarrollen procedimientos para su realidad y eficacia, resulta en cierto modo llamativo. Del mencionado artículo, al efecto de nuestro análisis, hay que destacar que en su punto 2 al referirse a la elaboración del anteproyecto se dice que el mismo irá acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. En el punto 3 al tratar de la elevación del Anteproyecto al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
Por tanto cabe afirmar que la posibilidad de que los ciudadanos participen de uno u otro modo en la elaboración y contenido de una ley no tiene un procedimiento taxativamente fijado, sino que depende del proceso político o de la voluntad política de la Administración y Gobierno y que los medios de participar dependen de que se realicen las consultas pertinentes o de los estudios que la propia administración realice, en los que puede constar la opinión de los posibles afectados por la ley o de los grupos organizados respecto de defensa o consecución de fines y derechos relacionados con el anteproyecto y su contenido. Difícilmente se puede considerar posible una consulta que alcance a todos los ciudadanos en este procedimiento regulado en el artículo 22, salvo que el Consejo de Ministros considere la realización del referendum o inicie una consulta a través de los procedimientos que permiten las nuevas tecnologías o las redes sociales. Tal como he apuntado anteriormente el proceso es más propio de las consideraciones que la Ciencia de la Administración realiza respecto de la formulación de las políticas públicas y que sitúa a la Administración como un centro de relaciones, sobre todo de aquellas que tienen lugar con ocasión de decisiones que suponen una regulación social (Baena). En esa red de relaciones y de puestos de trabajo que denomina Baena como cúpula organizacional, es donde de un modo u otro se configura una forma de participación. Incluso al mencionar los puestos de trabajo, desde esta perspectiva científica y política, muchos de ellos se configuran al efecto de establecer ese tipo de relaciones que contribuye a configurar las decicisiones políticas. De esta manera es posible que en los informes y estudios ya se refleje el resultado o las opiniones establecidas en el proceso relacional. Claro es que este proceso no es un procedimiento, tal como he dicho, configurado jurídicamente ni como un derecho subjetivo. De otro lado hay que considerar que, finalizado el proceso de iniciativa gubernamental y una vez el proyecto se halla en el parlamento, la red de relaciones se traslada y entran en juego, partidos políticos, miembros del Congreso y Senado, grupos de intereses, instituciones y ciudadanos y la configuración y discusión de las enmiendas, que en muchas ocasiones se han configurado mediante este segundo o tercer procedimiento de relaciones o participación.
Más pormenorizado, en cambio, está el procedimiento para la elaboración de los reglamentos, lo que será objeto de otro comentario o entrada del blog.
Etiquetas: Asambleas legislativas, Ciencia de la Administración, ciudadano, cúpula organizacional, Derecho, Nuevas tecnologías, participación, Política y Administración, políticas públicas
Vamos a hacer un intermedio en la cuestión de la participación ciudadana y tratar una vez más la de los funcionarios públicos, lo que no deja de ser una forma de participación de los ciudadanos en el poder, la gestión y la actividad pública. Resulta que con la crisis el funcionario se ha convertido en el blanco del pim, pam pum general. Basta con escuchar una tertulia radiofónica o ver una televisiva para advertir cómo se les convierte en el chivo expiatorio de todos los males de la situación administrativa, sin que dejen de existir voces en su defensa. Pero lo que más llama la atención es la ignorancia de lo que significa la función pública por muchos de los pequeños popes de eso que se ha dado en llamar la comunicación. El blog está repleto de entradas y reflexiones sobre el concepto estricto de la función pública o las funciones públicas, de su conexión con el ejercicio de potestades, de defensa de los intereses públicos, del derecho y la legalidad, y de la eficacia en general de la Administración pública. Y es inevitable no repetirme. Las ideas aquí expuestas tienen eco en otros especialistas y así recientemente me llega un e-mail que recoge un escrito de Francisco J. Bastida, catedrático de derecho constitucional, que pueden leer aquí, para que no todo sea lo que yo pienso.
Pues bien, en esto de los funcionarios públicos, la cuestión tiene más de un siglo y a pesar de que en las leyes ha quedado más o menos clara, la opinión pública no lo tiene tan claro y eso de la permanencia del funcionario no lo comparten, teniendo el apoyo de todos aquellos que son partidarios de que la Administración funcione como una empresa privada. Pero lo más importante no es que existan personas que opinen así o no conozcan a fondo lo que es la función pública, incluidos parte de los mismos funcionarios públicos y sus sindicatos, sino que las ideas contrarias al funcionario le vienen muy bien a los políticos de todo signo, porque les permite apropiarse totalmente de la organización y convertir en dependientes a los funcionarios que así les sirven a ellos y no al Derecho o al interés general en él declarado, evitando toda controversia sobre sus decisiones o toda interpretación contraria que pueda perturbar sus acciones y, aún más, constar en un expediente que pueda ser visto por el público o acabar en vía judicial. La resurrección de la idea de "los empleados públicos" la realiza la izquierda en la época preautonómica y la consolida con el Estatuto Básico vigente y, por lo antedicho, no disgusta a la derecha. Pongan ustedes en cada caso las siglas de los partidos correspondientes. Esa es en el fondo una de las causas del desprestigio de la función pública, sin perjuicio de la importante contribución que los propios funcionarios realizan con sus conductas. Pero en cuya defensa hay que alegar la carencia absoluta de dirección que tienen, hasta al punto de haber sido convertidos en una masa amorfa de la que ni siquiera los grandes y clásicos cuerpos han logrado distinguirse. Esta carencia y la mediocridad política convierte a todo en mediocre e inútil, sobre todo en el ámbito burocrático, siendo distinto el problema de los servicios públicos.
A los políticos les viene bien que los funcionarios dependan de ellos respecto del puesto, pero sin llegar al extremo de tirarlos de la Administración (no sea que dejen de darles el voto) y sin importar el crecimiento impropio de la estructura para que ello sea posible. De otro lado, si se permite que sólo los funcionarios con potestades o según el concepto restringido europeo sean inamovibles, el resto de empleos sería patrimonio de los partidos y objeto de propiedad para regalar a conveniencia y cesar cuando gane la oposición. O sea mero spoil system. ¿Y hay quien defienda esto? ¿Basta con convertir funcionarios en empleados? Se ve que hay quien no quiere que defiendan sus intereses y la ley o quien necesita esclavos, aun cuando parezca dura la expresión. Por eso el sistema legal exige pruebas de selección, acceso en igualdad, mérito y capacidad, para que todos puedan acceder al empleo público y no lo que quiera un partido, un político o un señor. Pero lo cortés no quita lo valiente, aplicando las reglas disciplinarias correspondientes, con seriedad y eficacia y no con la mamandurria actual y general.
Lo he dicho, por activa y por pasiva, nadie se preocupa de la Administración pública, nadie la analiza, nadie la dirige administrativamente, nadie parte de datos científicos para su reforma. Lo último que he oído es que se van a controlar las bajas de los funcionarios, que puede que se den de alta, pero puede que para permanecer en el asiento, viendo las nubes como Zapatero o pidiendo al viento que los redima de la banalidad, sin que eso parezca que importe. Lo accesorio, al menos hasta ahora, se presenta como principal, porque es lo que buena parte de la población y de los voceros antes mencionados quieren oír. Sólo en época del malhadado Franco y de la tecnocracia se apuntaron cuestiones válidas, pero desde Chapaprieta hasta aquí todo es predicar pero sin obras y la crisis se renueva sin que los cimientos de cualquier posible reforma existan para fudamentarla y para hacerla eficaz. Años perdidos, funcionarios desaprovechados. La formación de los funcionarios públicos se ha diluido en cursos y cursos a efectos de alcanzar puntos para concursos y promociones y se ha externalizado en buena parte, olvidando lo más básico y principal.
Pero también creo que hay que formularse la pregunta de ¿cuántos dependen, además de los funcionarios, del presupuesto público y, además, están subvencionados sin ninguna clase de legitimación? La respuesta puede provocar pánico respecto del gasto y deuda pública y de las falsas empresas dependientes del presupuesto y con deuda privada incluida. Todo esto es lo básico, la enfermedad fingida o no, el café o el almuerzo, pequeñeces al lado de lo que no se ha abordado, al menos hasta ahora. Los funcionarios y empleados, no los sindicatos, son conscientes de que han de sacrificarse, pero otórgueseles la importancia que tienen y no confundan a los ciudadanos. Su carácter permanente no es un capricho, es garantía jurídica o de eficacia o es garantía de que cualquiera puede acceder en condiciones de igualdad, por merito y con permanencia o seguridad en el empleo, salvo comportamiento ilegal o necesidad del interés público siguiendo procedimientos legalmente previstos y establecidos, y sin necesidad -perdonen la expresión- de lamer el culo a nadie.
Etiquetas: Crisis, Derecho, empleados públicos, externalización, formación, funcionarios públicos, legitimidad, mérito, oposiciones, partidos políticos, políticos, reforma administrativa
SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA III: La configuración del derecho 2
En la última entrada antes de contemplar lo dispuesto en nuestro ordenamiento respecto de la participación ciudadana transcribí un párrafo de Habermas al efecto de manifestar la importancia del tema. Uno de los problemas o de las cuestiones que se plantean es el modo en que los ciudadanos pueden participar, no tanto referido al procedimiento en sí mismo sino a si lo hacen de modo directo o través de los grupos organizados y reconocidos jurídicamente. Cuestión que enlaza con otra serie de problemas que en el libro de Habermas quedan expuestos con toda su complejidad y que nos llevaría a tener que estudiar y exponer las cuestiones que plantean teorías como las del pluralismo, las élites, la de los sistemas y la propia de Habermas sobre la teoría del discurso, cosa para la que no estoy en condiciones y excede de la finalidad del blog, por interesante que pueda ser. Baste con decir, pues, que la propia participación cuando no es directa puede no reflejar verdaderamente la voluntad ciudadana propiamente dicha sino de los que dominan la organización a través de la cual se participa.
Advertido esto, la participación en la configuración del derecho, hemos de restringirla a los casos en que la normativa permite a los ciudadanos manifestarse respecto de una ley o norma jurídica, bien sea directamente o no. Esta participación estimo que comprende la participación política en cuanto nos referimos al Estado de derecho y en cuanto como dice Habermas y ya hemos reflejado: El proceso de producción de normas constituye por tanto en el sistema jurídico el auténtico lugar de integración social. Lo que permite que haga referencia a que, además, es precisamente la Administración la que se constituye en centro de relaciones entre el poder y los ciudadanos y es también operador jurídico.
Si nos atenemos a la Constitución y seguimos sus preceptos nos encontramos con las siguientes disposiciones relacionadas con el tema. Así el preámbulo nos dice que es voluntad de la Nación española el consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley. Por tanto, este punto parece conducirnos a concluir que la más importante participación es la contribuir a configurar la ley. Pero la configuración de la ley es tarea política y, entonces, hay que tener en cuenta, también, el artículo 6 que dice que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En consecuencia, si unimos lo dicho al sistema de elecciones, la pertenencia a un partido político y el propio sistema electoral se convierten en punto esencial de participación, debiendo, además, apuntar que el citado artículo 6 de la Constitución, establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, lo que nos llevaría a otra reflexión muy importante al respecto y al de la posibilidad de que la voluntad de los partidos sea verdaderamente la de los ciudadanos que los componen o que ellos puedan manifestarla realmente en las Cortes, institución en la que se configura esa ley que se dice expresión de la voluntad popular.
Creo que el siguiente artículo a considerar es el 23 que nos dice: 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Se confirma lo dicho de la importancia de los partidos y del sistema electoral. El punto 2 dice: Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
He de resistir la tentación de referirme ahora a la situación de la opinión popular sobre los funcionarios, muy de actualidad, que dejo para otra ocasión, pese a que será reiteración de lo ya dicho en el blog. Lo importante es que los cargos públicos y la función pública se manifiestan en el artículo junto con el cauce de participación antes señalado, lo que creo que hace que haya que considerarlos como tal. Y no cabe duda, pues los cargos públicos, tanto si son de la administración como de la Justicia, por ejemplo, contribuyen a la configuración del derecho o son operadores del mismo a través de los procedimientos legalmente establecidos y lo importante es que la igualdad que predica el artículo, considerado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, supone la libre concurrencia a su acceso, si bien vemos que cada día más los cargos y bastantes funciones públicas dependen de la designación de los políticos y partidos. Además hay que tener en cuenta que estos cargos y funciones normalmente en nivel superior, tanto político como técnico, suponen ejercicio de potestad, autoridad y de garantías de legalidad.
Por su influencia en el administrar, quiero significar que de la Constitución y, más en concreto, de su artículo 28 no se deduce que los sindicatos sean cauce de participación en las funciones públicas o asuntos públicos, por lo que ellos, como cauce de participación, han de ser contemplados a la luz de la ley. Tampoco en la referencia a las asociaciones (artículo 22) se dice nada al efecto, y tampoco se dice nada de la participación de los Colegios Profesionales en la ejecución o realización de funciones públicas. No obstante, sí hay que considerar que en la negociación colectiva laboral y en los convenios hay una participación en la configuración del derecho y que se realiza entre los representantes de los trabajadores y que ello supone la consideración de los sindicatos.
De modo muy general la Constitución se refiere a la participación de la juventud o a que los consumidores participen en la configuración de las normas, según lo que establezcan las leyes. Lo mismo cabe decir respecto de las organizaciones profesionales y sus intereses económicos. Puntos estos que conducen a considerar que la Constitución, en cierto modo, con estas disposiciones dirige al legislador a que considere la participación de los diferentes grupos sociales en cuanto las normas que se programen afecten a sus intereses. Lo que confirma el artículo 105 al remitir a la ley la audiencia a los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Finalmente, hay que tener en cuenta cómo del capítulo 2º del Título III de la Constitución queda claro que la elaboración de las leyes depende de las Cortes Generales y que existe un cauce de participación a través del sistema de iniciativa popular, según el punto 3 del artículo 87 y que las decisiones políticas de especial transcendencia, expresión vaga, pueden ser sometidas a referendum consultivo de todos los ciudadanos.
Si bien de todo lo reflejado es posible concluir que la participación indirecta es lo predominante, nos queda por ver la regulación en las leyes más generales que se refieren a la normación o a las resoluciones jurídicas.
Etiquetas: ciudadano, Colegios Profesionales, Constitución, Derecho, Estado de Derecho, funciones públicas, participación, partidos políticos, Poder legislativo
en junio 14, 2012 2 comentarios: Enlaces a esta entrada
De la competencia se ha escrito en diversas ocasiones en el blog y de su conexión con la organización ya hice referencia en 2008 en esta entrada De otro lado en el capítulo II de Juridicidad y organización, que obra en www.morey-abogados.com, en su punto 4 me refiero a la competencia como concepto jurídico y organizativo. En el apartado F) titulado como la entrada de hoy, expongo lo siguiente:
En algunos momentos, cuando no enfocábamos jurídicamente la cuestión, la competencia se identificaba con la incumbencia de cada órgano o persona de la organización correspondiente o con la atribución de funciones y tareas a dichos órganos y personas. Si las organizaciones, cualesquiera que sean, por la actual evolución social, no constituyeran siempre un hecho jurídico por la necesidad de que sean reconocidas o institucionalizadas por el derecho y de tener un título constitutivo, en el cual hay que establecer una organización y unos estatutos, la organización, en general, no sería desde su inicio un hecho jurídico, sino un hecho natural y de evolución de una actividad que se realiza por determinadas personas. Pero lo cierto, es que la organización social y el derecho que ella establece obligan a una regulación jurídica y formal de la organización de cada persona jurídica o de cualquier empresa o actividad y que dicha organización puede no ser una realidad, sino una mezcla de realidad y previsión. Previsión en doble sentido: uno, en el de que se realiza una previsión de órganos, atribuciones, etc., que pueden cambiar, después, en el ejercicio de la actividad, estableciendo una realidad distinta de la formalizada y de carácter temporal, sin que se obligue a una modificación de la norma, porque ésta permite ese cambio y, otro, porque la organización prevista puede serlo para completarse o hacerse realidad en un plazo de tiempo, más o menos largo, de modo que este tiempo consolida la organización prevista. Con esta segunda previsión, la organización se evita cambios continuos de estatutos y el desgaste interno en la discusión “política” de la organización o del reparto de poder interno de la misma.
Si prescindimos de esta necesaria juridificación y del doble factor de previsión señalado, la competencia como atribución es sólo un hecho organizativo de distribución de tareas, funciones y responsabilidades y según el volumen de la actividad y trabajo y de su complejidad, que determina, a su vez, la dimensión orgánica; la competencia se concreta o tecnifica cada vez más, se desarrolla o desmenuza, concreta, diversifica y especializa. Pero, también, desde el aspecto jurídico y formalizado, la competencia presenta aspectos organizativos, que se nos han puesto de relieve cuando nos hemos referido a ella como factor de distinción entre Política y Administración o Gobierno y Administración, en cuanto la distribución de poder que supone la atribución de competencias, determina una concentración de decisiones en el vértice superior de toda organización, por razones de atribución de la voluntad de decisión o por la necesidad de control. Concentración que puede no ser eficaz al ralentizar la actividad o las decisiones. De este modo, la competencia, su reparto o cambio, temporal o no, se convierte en un factor organizativo. Hecho que en las Administraciones públicas es más evidente y que afecta a cuestiones ya señaladas como la delegación, avocación, sustitución, desconcentración, descentralización funcional, encomiendas de gestión, transferencias, etc., como veremos en otro capítulo, cuando analicemos las relaciones entre Administraciones públicas. Hasta tal punto este juego con las competencias es importante en la organización que afecta a otros puntos relacionados con la eficacia de principios constitucionales de la organización territorial del Estado o del gasto público o de racionalidad de las estructuras orgánicas de las Administraciones públicas o de servicio eficaz a los ciudadanos.
Me ha parecido oportuno, al repasar el mencionado trabajo de Juridicidad y organización, destacar este apartado y someter a consideración de los lectores funcionarios y preocupados por la buena administración el aspecto que la competencia tiene como contenido de técnica administrativa y de organización, para no centrarla exclusivamente en el concepto jurídico restringido de ejercicio o concreción de potestades. Pero, eso sí, destacando que en cuanto normada o regulada una organización, ello no es siempre reflejo de una realidad sino también previsión de desarrollo y voluntad de futuro. La competencia pues no es sólo una función pública, sino que es instrumento adecuado para organizar y evitar duplicidades de gestión y racionalizar toda organización, pero siempre teniendo en cuenta el tercer significado que a la competencia podemos otorgar de experiencia, saber y conocimiento, de modo que al atribuir las tareas, funciones y competencias se haga respecto de personas con la capacidad adecuada para desempeñarlas; es decir competentes técnicamente. Cuando no se hace así la incompetencia se multiplica y la desorganización e ineficacia también.
en junio 12, 2012 2 comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: competencia, Eficacia en la Administración, Gestión pública, Organización
Iba a titular la entrada como La política como profesión pero ante la situación actual española creo que es mejor referirse a ella simplemente como un modo de vivir, ya que calificar como profesionales a parte de nuestros políticos sería un eufemismo. Pero es que además al releer a Aristóteles y el libro La Política, citado en la última entrada, salvando las distancias temporales y la estructura social y política de su época y la nuestra, además de que se refiere a las circunstancias tanto en las democracias, oligarquías y aristocracias o en cada una de ellas individualmente, me encuentro con muchos puntos de consideración respecto de los políticos, sus retribuciones y otros beneficios. Así pongo en primer término, este párrafo de la página 239:
Un punto importante en la democracia y en la oligarquía, en una palabra, en todo gobierno, es cuidar de que no surja en el Estado alguna superioridad desproporcionada; así como dar a los cargos públicos poca importancia y mucha duración más bien que conferirles de golpe una autoridad muy extensa; porque el poder es corruptor, y no todos los hombres son capaces de mantenerse puros en medio de la prosperidad. Sólo un poquito más adelante sigue: Pero es sobre todo por medio de las leyes como conviene evitar la formación de estas superioridades temibles, que se apoyan ya en la gran riqueza, ya en las fuerzas de un partido numeroso.
Siguen otros puntos curiosos en los que se refiere a los ricos y pobres o a distinguidos y vulgo como elementos opuestos del Estado y aboga por confundirlos en una unión perfecta o aumentar la clase media, que sólo así se impiden las revoluciones que nacen de la desigualdad. Referido lo cual leo, más en consonancia con lo que nos ocupa, lo siguiente (página 240):
Veamos otro punto capital en todo Estado. Es preciso que valiéndose de la legislación o empleando cualquier otro medio poderoso, se impida que los cargos públicos enriquezcan a los que los ocupan. en las oligarquías, sobre todo, esta medida es de la más alta importancia. A la masa de los ciudadanos no irrita tanto el verse excluida de los empleos, exclusión que quizá está compensada con la ventaja de poderse dedicar a sus propios negocios, como le indigna pensar que los magistrados puedan robar los caudales públicos, porque entonces tienen un doble motivo de queja, puesto que se ven privados a la vez del poder y de las utilidades que él proporciona. Una administración pura, si es posible establecerla, es el único medio para hacer que coexistan en el Estado la democracia y la aristocracia, es decir, para poner de acuerdo las respectivas pretensiones de los ciudadanos distinguidos y de la multitud. En efecto, el principio popular es la facultad de poder obtener los empleos concedida a todos; el principio aristocrático consiste en confiarlo sólo a los ciudadanos eminentes. Esta combinación podrá ser realizada si los empleos no pueden ser lucrativos. Entonces los pobres, como nada podrían ganar, no querrán el poder, y se ocuparán con preferencia de sus intereses personales; los ricos podrán aceptar el poder, porque ninguna necesidad tienen de aumentar con la riqueza pública la propia, De esta manera, además, los pobres se enriquecerán dedicándose a sus propios negocios, y las clases altas no se verán obligadas a obedecer a gente sin fundamento.
Por lo demás, para evitar la dilapidación de las rentas públicas, que se obligue a cada cual a rendir cuentas en presencia de todos los ciudadanos reunidos, y que se fijen copias de aquellas en las fatrias, en los cantones y en las tribus; y para que los magistrados sean íntegros, que la ley procure recompensar con honores a los que se distingan como buenos administradores.
Todo esto hace más de 300 años a. C. o sea más de 22 siglos. Como en anteriores ocasiones, que cada cual reflexione según sus ideas, preocupaciones y experiencias, pero yo quiero aquí traer en comparación con lo reflejado esa opinión, que no comparto, de que los políticos están mal pagados y que es preciso retribuirles más para atraer a los mejores. Dado el sistema de designación existente y de la partitocracia que nos preside y de las leyes que nos dictan respecto de la organización de la administración pública, eso no me lo puedo creer, pero es una opinión muy presente. Sin embargo resulta curioso lo dicho por Aristóteles y digno de consideración, incluso para impedir el desorbitado crecimiento de la organización pública, política y de libre designación para colocar a partidarios y amigos. Nos quedan algunas otras reflexiones aristotélicas respecto de los ciudadanos y la participación que dejo para otro día.
Etiquetas: Administración, corrupción, Democracia, Derecho, poder político, políticos
De vez en cuando los que me siguen saben que acudo a los clásicos porque en ellos está la raíz de los conceptos que son básicos en la sociedad actual y en la materias que son objeto de reflexión en el blog y porque creo que se muestran con mayor sencillez que en lo que la política actual nos muestra. Por ello hoy escojo unos párrafos de Aristóteles ( La Política. Novena edición. Espasa -Calpe Colección Austral. Traducción Patricio de Azcárate. Pag.24) que espero que nos sean útiles y nos hagan reflexionar si los comparamos con la actualidad española y europea. Dice el filósofo:
No puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre la familia y sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente superior a la parte, puesto que una vez destruido el todo, ya no hay partes, no hay pies, no hay manos, a no ser que por pura analogía de palabras se diga una mano de piedra, porque la mano separada del cuerpo no es ya una mano real. Las cosas se definen en general por los actos que realizan y pueden realizar, y tan pronto como cese su aptitud anterior no puede decirse ya que sean las mismas; lo único que hay es que están comprendidas bajo un mismo nombre: Lo que prueba claramente la necesidad natural del Estado y su superioridad sobre el individuo es que, si no se admitiera, resultaría que puede el individuo entonces bastarse a sí mismo aislado así del todo como del resto de las partes; pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado; es un bruto o un dios.
La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política. El primero que la instituyó hizo un inmenso servicio, porque el hombre, que cuando ha alcanzado toda la perfección posible es el primero de los animales, es el último cuando vive sin leyes y sin justicia. En efecto, nada hay más monstruoso que la injusticia armada. El hombre ha recibido de la naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud, que debe emplear sobre todo para combatir las malas pasiones. Sin la virtud es el ser más perverso y más feroz, porque sólo tiene los arrebatos brutales del amor y el hambre. La justicia es una necesidad social porque el derecho es la regla de vida para la asociación política, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho.
Cada uno puede aplicarlo a su actualidad y a su pensamiento, pero el texto es claro e ilustrativo. Antes de estos párrafos Aristóteles nos dice:
.......pero la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal, y por consiguiente, lo justo y lo injusto, y el hombre tiene esto de especial entre todos los animales; que solo él percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto y todos los sentimientos del mismo orden cuya asociación constituye precisamente la familia y el Estado.
A propósito de la palabra vean el video de la niña Victoria Grant, ya popular en la red, y comparen su nivel de expresión frente a la de buena parte de nuestros políticos que todo lo tienen que leer.
en junio 05, 2012 4 comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Derecho, Estado, Justicia, políticos, sociedad
en junio 01, 2012 4 comentarios: Enlaces a esta entrada

References: artículo 87
 artículo 87
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 105
 artículo 87