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Timestamp: 2020-07-14 08:12:50+00:00

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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 31 de Marzo de 2000, A. 388. XXXIV - Jurisprudencia - VLEX 39952014
388. XXXIV.
Astorqui y Compañía Sociedad Anónima s/ con- curso preventivo s/ incidente revisión promovido por la concursada contra el crédito de Cattorini Hermanos Sociedad Anónima.
- I - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de primera instancia que desestimó la aplicación al caso de la ley 24.283 y rechazó las observaciones formuladas por la concursada a la liquidación practicada por la incidentista acreedora (ver fs.2620/22 y 2722/26 de las actuaciones principales).
Para así decidir, el tribunal a-quo destacó, que en el caso, se trata de una obligación típicamente dineraria, por lo que no se configura una sustitución de prestaciones por valores dinerarios que poco tienen que ver con su valor real, que es lo que pretende evitar la ley 24.283, a tenor de los fundamentos del proyecto que dieron lugar a la citada ley. Por tal razón, indicó que sólo bastaba dicha consideración para desestimar el planteo, sin atender al fundamento de la novación de la deuda conforme a lo dispuesto por el artículo 55 de la ley 24.522.
Por otra parte, dijo que las objeciones a la tasa de interés liquidada con posterioridad al vencimiento de la cuota concordataria, no pueden ser admitidas por cuanto, extender lo pactado en el acuerdo del concurso, resulta extraño a lo acordado por las partes originalmente. Agregó asimismo, que la aplicación de la tasa activa que determinan los bancos públicos responde al cumplimiento de las pautas del fallo plenario AS.A. La Razón s/quiebra s/inc. de pago de los profesionales@, del 27 de octubre de 1994.
Respecto de la oposición a la capitalización de los intereses puros, expresa que su aplicación responde a la existencia de una pauta de actualización que, al desaparecer, hace que los mismos dejen de constituir un
interés puro y corresponde que devengados se capitalicen y que al cesar produzcan nuevos intereses, pues se han convertido en un capital ya desprendido e independiente de su fuente, transformándose en una deuda dineraria autónoma que puede devengar réditos, en orden a la nueva tasa de interés admitida a partir del vencimiento de la cuota del acuerdo concursal.
Contra dicha resolución, la concursada interpuso recurso extraordinario, el que desestimado dio lugar a esta presentación directa (ver fs.71/101 y 112/116).
Destaca el recurrente que la resolución apelada resulta arbitraria por carecer de fundamento normativo excluir a las deudas de dinero del ámbito de aplicación de la ley 24.283, cuando ello no surge de la citada norma. Por otra parte, señala que, si bien la doctrina ha indicado que dentro del tipo de obligaciones denominadas deudas de dinero encontramos casos en los que existe un valor de comparación y otros en los que no, en el sub-lite dicha relación es posible por cuanto el crédito que se persigue tiene su origen, como lo reconoce la propia Cámara, en la provisión de botellas de sidra, cuyo precio no fue satisfecho. Además -indica- existe un grave desfasaje entre el resultado obtenido aplicando el índice de precios y el valor de las botellas a marzo de 1991.
Expresa el recurrente que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han admitido la aplicación de la ley 24.283 en casos como el aquí considerado y que los fallos citados por el decisorio apelado no son aplicables al supuesto de autos, donde se está en presencia del reclamo de un saldo de precio por la venta de botellas de sidra. Indicó que la doctrina de V.E. así lo ha admitido, con lo cual, al excluir el tribunal la deuda reclamada de la aplicación de la desindexación, produce la afectación a su derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional.
Procuración General de la Nación Sigue diciendo que también resulta arbitraria la sentencia apelada cuando señala que existe mora de su parte y admite la capitalización de intereses fuera de los supuestos del artículo 623 del Código Civil, disponiendo la aplicación de una tasa de interés que no es la del 12% pactada en el acuerdo, debido a que el crédito no era exigible al tiempo del vencimiento de la cuota, por encontrarse en trámite un incidente de revisión sobre el reclamo.
Destaca que la inexistencia de mora de la deudora es clara a tenor de lo expresamente previsto por el artículo 58 de la ley 24.522, que reproduce el artículo 69 de la ley 19.551, norma de la que se ha prescindido en la resolución, atento a que la acreedora no solicitó que su parte pusiera a disposición del juzgado la prestación y no se configura un supuesto de mora automática, porque es necesario la previa intimación del acreedor, lo que impide la capitalización de los intereses que requiere el estado de mora.
Por tal razón, expresa, la sentencia violenta el principio de la defensa en juicio y el derecho de propiedad al no constituir una derivación razonada del derecho vigente.
Respecto a la denegación del recurso extraordinario y la procedencia de la queja interpuesta, sostiene que la misma es una resolución de carácter dogmático, que no reúne los requisitos de admisibilidad de la impugnación, desconoce sin dar razón alguna la manifiesta arbitrariedad del fallo y omite tratar cuestiones oportunamente propuestas que resultaban conducentes para la solución del litigio.
- II - Cabe señalar, de inicio, que V.E. tiene dicho de manera reiterada que la doctrina referente a la arbitrariedad no es invocable en tanto la sentencia contenga
fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial, (conf. Fallos: 290:95,295, 365 y otros).
También tiene expuesto V.E. que aquella doctrina ni la invocada violación de garantías constitucionales, justifican la sustitución, por la Corte Suprema, del criterio de los jueces de la causa en punto a la apreciación de los hechos, a la selección de las pruebas y a la aplicación de las normas de orden común que rigen el juicio, si el pronunciamiento del a-quo posee fundamentación suficiente y no media exceso en el ejercicio de facultades que le son propias, así como que la discrepancia con el fallo por parte de la recurrente, no configura cuestión federal que sustente la apelación extraordinaria. (conf. Fallos: 293:320) En el caso se trata de la aplicación e interpretación de la ley 24.283, respecto de la cual V.E., tiene también reconocido su carácter común y no federal, de lo que se deduce que la interpretación razonable o posible que de ella se formule para determinar su aplicación al caso, no da lugar a la vía extraordinaria.(conf. Fallos: 320:1512, 2829 y otros).
Por último, tiene también reiterado el Alto Tribunal que la determinación de la tasa de interés no es, como principio, materia revisable mediante el remedio excepcional, en tanto es facultad propia de los jueces de la causa el determinar el modo y oportunidad de aplicación de la misma, porque depende de circunstancias de hecho y derecho común, que sólo a ellos incumbe apreciar (conf.Fallos:287:54, 291:404, 292:574, 292:620, 294:414 y muchos otros). Estimo, entonces, que a luz de tal doctrina de V.E. el recurso habrá de ser desestimado.
Sin perjuicio de ello, estimo necesario poner de relieve que las objeciones del recurrente se centran en que
Procuración General de la Nación el tribunal, sin atender a lo que surge de la norma legal invocada, habría considerado que la misma no es aplicable a las deudas de dinero. Empero, en el sub-lite, la decisión del a-quo de no aplicar al caso la ley 24.283, que, como se dijo, es de carácter común, no incluyó, estrictamente, tal afirmación, ni produjo, por lo tanto, un apartamiento de lo expresamente dispuesto en la norma, como alega el deudor, sino que se limitó a señalar, en orden a lo que surgía de lo actuado en la causa (en particular, si se atiende al planteo que efectuó el deudor para adecuar su obligación al valor de las botellas de sidra) que ésta es típicamente dineraria y que, por ello, no se configuraba en la especie la sustitución de una prestación por dinero.
En otras palabras, vino a considerar que la cuestión excedía de un problema de adecuación entre un monto dinerario calculado y un valor real debido, que no es lo que se reclamó en autos y, por ende, la liquidación no se puede limitar a la cotización en el mercado de una cosa, cierta y determinada, desde que, para establecer la real entidad del crédito, juegan otros factores tales como la mora en el cumplimiento de la obligación hipotecaria original y la del acuerdo concursal posterior. Dicho argumento, vale recalcar, se ajusta a los antecedentes del proceso. Por lo tanto, más allá de la discrepancia sobre el alcance de la norma, o del eventual grado de acierto o error en la interpretación, cabe desechar la tacha de arbitrariedad alegada, ya que ella supone un acto jurisdiccional carente de fundamentos, o un apartamiento grave o inequívoco de lo dispuesto en la normativa, extremos no configurados en el sub-lite en razón a lo expuesto.
En tal sentido, procede destacar que si bien puede discutirse si, al aprobar la citada ley 24.283, el legislador se refirió sólo a deudas de valor o también a las
dinerarias, conforme a lo que surge de las dudas que expresó la doctrina en general, en virtud del escueto texto de la ley y lo que manifiestan los miembros del cuerpo legislativo en la discusión previa a la aprobación de la norma, queda claro que la legislación tuvo por objetivo corregir aquellos graves desfasajes que se pueden producir, entre la obligación originaria de un deudor y el importe que finalmente habrá de pagar para su cancelación, pero ello no puede importar la afectación del derecho del acreedor o un beneficio indebido del deudor moroso. Por lo tanto, la aplicación de la norma no debe darse de modo automático, sino que está sujeta a una ponderación que habrán de realizar los jueces que entiendan en los conflictos, a la luz de las pautas que permitan establecer el valor real y actual de la prestación, que, en el caso, tratándose de una deuda de dinero, habrá de atender a su capacidad adquisitiva, para lo cual, como lo reconocieron los legisladores, operaron en su momento cláusulas indexatorias, cuya aplicación quedó reducida a los términos de la ley de convertibilidad, normativa que no es alterada por la ley 24.283, como también lo expresan los congresistas en la discusión parlamentaria.
Corresponde, a su vez, recordar que, en el caso, la liquidación practicada se sujetó a dichas pautas, desde que interrumpió la indexación libremente pactada entre las partes, conforme al mandato legal de la ley de convertibilidad, y más tarde se sometió a las pautas de un acuerdo voluntario ofrecido por el deudor, aceptado por los acreedores, posteriormente homologado, con la lógica reducción que implica el pago de las obligaciones concursales. Por ello, correspondía al apelante demostrar tal desfasaje atendiendo a la naturaleza de la obligación de pago de sumas de dinero, por cuanto, como lo señaló el a-quo, no hubo sustitución de
Procuración General de la Nación prestaciones, sino que se trataba de establecer si la demora en el cumplimiento de la obligación y la respuesta equivalente que debe darse, atendiendo al momento que se cumplirá la misma, compensaba tal demora o generaba un enriquecimiento indebido del acreedor.
De igual manera, deben desestimarse los planteos de arbitrariedad, referidos a la aplicación de las normas de la ley 24.522, o al tipo de tasa de interés y su modo de cómputo, que también constituyen cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal, en la medida en que el fallo objetado dio asimismo argumentos suficientes para admitir la capitalización de los intereses puros y los compensatorios pactados en el acuerdo, los que, se compartan o no, atienden a circunstancias que surgían de la causa, tales como, primero, la interrupción de las cláusulas de indexación conforme al mandato legal; segundo, la existencia de un acuerdo homologado, que cambiaba las condiciones de cumplimiento de la obligación conforme a nuevas pautas a que se sujetaron las partes, en cuanto al tipo de interés ofrecido a los acreedores hasta el momento del pago de la cuota concordataria, es decir durante el tiempo de su vigencia; y, finalmente, la no negada inexistencia de pago de la obligación, no obstante haber quedado firme el monto verificado originalmente, luego de desestimarse el incidente de revisión planteado por el deudor.
Por último, cabe destacar, en orden a lo expresado, que V.E. ha señalado a través del voto de alguno de sus integrantes, que la ley 24.283 no deroga el principio de integridad del pago de las deudas dinerarias, que su aplicación no es un procedimiento puramente mecánico, y que corresponde en su hermenéutica ajustarse a las particulares circunstancias de la causa.(conf. Fallos: 319:2711).
Por todo lo expuesto, opino que V.E. debe rechazar esta presentación directa.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2000.- N.E.B.
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 5 de Septiembre de 2017 (caso GOMEZ, EDUARDO Y OTRO c/ LOTERIA NACIONAL S.E. s/LEY 18345)

References: resolución 
 artículo 55
 resolución 
 artículo 623
 artículo 58
 artículo 69
 resolución