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Timestamp: 2013-05-25 01:10:23+00:00

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voselsoberano.com | Sábado 26 de Diciembre de 2009 14:45	Informe de violaciones a derechos humanos de niños(as) y jóvenes tras la ruptura del orden constitucional en Honduras (Julio – Septiembre 2009) El Programa POLJUVE Honduras se realiza en sociedad con:
Período del 28 de junio al 30 de septiembre 2009
Equipo POLJUVE Honduras
Tomás Andino, Director de Proyecto
Teresa Godoy, Coordinadora de Monitoreo de Derechos Humanos
Matilde Ochoa y Edwar Sánchez, Equipo Administrativo
El Proyecto POLJUVE Honduras se realiza en alianza entre:
Detenciones arbitrarias e ilegales, desaparición forzada
POLJUVE son las siglas del Programa Políticas públicas para prevenir la violencia juvenil, que implementa la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (INTERPEACE) en Centroamérica. El propósito de POLJUVE es contribuir a la formulación de propuestas de políticas públicas para prevenir la violencia juvenil y la proliferación de las maras y pandillas en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). INTERPEACE implementa este Programa en alianza con organizaciones locales en los países en que interviene. En el caso de Honduras se realiza en alianza con las organizaciones Jóvenes Hondureños Adelante-Juntos Avancemos (JHA-JA), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Fundación Unidos por la Vida, quienes constituyen un Consejo Político de apoyo al Programa.
El informe que en esta ocasión POLJUVE-Honduras pone a disposición del lector(a) tiene el propósito de registrar las principales violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las niñas, niños y jóvenes por parte del Estado hondureño, desde el 28 de junio de 2009, es decir, desde lo que unánimemente la comunidad internacional y un amplio sector de la sociedad hondureña conciben como una ruptura del orden constitucional.
Este informe presenta las violaciones más importantes a los derechos humanos del segmento poblacional de niñez y juventud –entendiendo a la niñez como la población menor de 18 años y la juventud como aquellos menores de 30 años, según la ley hondureña-- que han sido poco visibilizados por los sistemas convencionales de monitoreo y seguimiento de derechos humanos existentes y mucho menos protegido por el Estado. No se trata de un estudio exhaustivo sobre la situación de derechos humanos, ya que existen otros informes más completos sobre el tema, sino más bien de un informe específico para ilustrar el impacto de la crisis política del país en la niñez y la juventud.
El Programa POLJUVE espera que este informe sirva para informar a la opinión pública en general y en particular a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones para incidir en que dichas violaciones no continúen, y que a futuro no vuelvan a ocurrir. También se espera que este informe sirva para formular alternativas y estrategias de atención y aplicación de políticas públicas que coadyuven a encontrar soluciones viales y factibles de carácter permanente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Honduras.
Para elaborar este informe hicimos acopio de numerosos informes, reportes, comunicados, circulares, denuncias, entrevistas, notas periodísticas y otras publicaciones sobre la violación de Derechos Humanos en Honduras en el contexto del rompimiento del orden constitucional registrados y hecho públicos por el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH); el Centro de Prevención y Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura (CPTRT); el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Feministas en Resistencia, Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH); la Coordinadora de Instituciones Privada pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN); Casa Alianza; Jóvenes Honduras Adelante- Juntos Avancemos (JHA-JA); Comité Visitación Padillas; UNICEF; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras.
En materia de Niñez y Juventud, el Estado de Honduras es signatario de varias Convenciones, Tratados y Declaraciones, generados tanto por el Sistema de Naciones Unidas como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que amparan los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes, y cuya ratificación ha mostrado una declarada intención del Estado hondureño de respetar, tutelar, defender, promocionar y garantizar los mismos en nuestro territorio. [1]
Asimismo, la legislación interna de Honduras cuenta con importantes instrumentos jurídicos que contienen los elementos necesarios para la protección integral de sus niños, niñas y jóvenes, comenzando por la Constitución de la República, seguida de leyes como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, la Ley de Prevención, Rehabilitación y Reinserción social de personas en Maras o pandillas, entre otras.
Sin embargo, no diríamos nada nuevo si afirmamos que, pese a esos grandes avances jurídicos y a las repetidas declaraciones de buena voluntad gubernamentales, históricamente ha habido sistemáticas violaciones a las normas consignadas en esos instrumentos por parte del Estado de Honduras, como lo atestiguan todos los informes y relatorías de derechos humanos que han constatado la realidad de nuestro país ante las Naciones Unidas y la OEA.
Frente a esas violaciones, en tiempos normales la ciudadanía podía recurrir a los mecanismos establecidos en el Estado de Derecho para defenderse de las mismas, procurar una reparación y abogar por la construcción de políticas preventivas. Pero a partir del domingo 28 de Junio, fecha en que se produce la separación de José Manuel Zelaya Rosales de su cargo como Presidente de la República, se configura una situación extraordinaria, calificada por la Comunidad Internacional como una ruptura del orden constitucional. El Estado de Derecho y la Represión Desde el punto de vista formal, esta pérdida del principio de legalidad tiene un impacto trascendental sobre el orden jurídico protector de los derechos humanos en general y de la niñez y la juventud en particular, ya que no está aislado del conjunto del orden jurídico de donde emanan sus pilares fundamentales. La implicación más severa de esa ruptura político-jurídica es que las garantías individuales de que han gozado los y las ciudadanas hondureñas(os) en los últimos 27 años, no tienen ahora un Estado de derecho que las garantice, sino que dependen de la voluntad de un régimen de facto, por definición arbitrario.
Este evento trastocó el equilibrio político necesario para un funcionamiento objetivo de la institucionalidad garantista de dichos derechos, provocando un marcado sesgo de entidades como la Fiscalía General del Estado, el Sistema de Justicia, la Policía Nacional y otros, que se supone debieran sustraerse a los conflictos particulares pero que en este caso, se han sumado a una defensa a ultranza del régimen de facto, aún a costa de aplastar la oposición social. Esta situación es terrible en la medida en que la institucionalidad del Estado, en lugar de velar por la protección del ciudadano, particularmente de los más vulnerables como lo son las niñas, los niños y los jóvenes, se convierte en una maquina que funciona para defender al Estado de la acción ciudadana, colocando a estos últimos en un estado de indefensión y vulnerabilidad frente al poder de aquel. En este marco, Honduras se sumergió en una crisis política en la que, por un lado, amplios sectores sociales salieron a la calle a manifestar su protesta por la acción político-militar contra el Estado de Derecho, y por otro lado, el gobierno de facto respondió con una durísima represión para mantener el control gubernamental de la situación. Es en esta reacción represiva que se desataron las fuerzas que violentaron los más elementales derechos humanos de miles de hondureños(as) en el período en cuestión.
Expresiones de la arbitrariedad y la violencia del régimen en el poder han sido los múltiples atropellos cometidos contra la población civil que ha salido a demandar el retorno del orden constitucional, como por ejemplo, golpizas, torturas en condiciones de privación de libertad, violaciones al debido proceso, arrestos arbitrarios, abuso sexual contra mujeres jóvenes, incluso asesinatos y persecución por motivo de su opción política, de las que no escapan ni siquiera los niños(as) tal como constataremos en las siguientes páginas.
Violencia de Estado contra la niñez y juventud
Una de las características más notorias de la crisis política, ha sido la amplia participación de la juventud en las actividades de calle, tanto en pro como en contra de la decisión de separar al Presidente Zelaya de su cargo. Unos optaron por sumarse a quienes se oponen a la asonada del 28 de junio, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado; y otros a las filas de la coalición Unión Cívica por la Democracia (UCD). No obstante, fueron únicamente los primeros quienes llevaron la peor parte en cuanto a violaciones directas a sus derechos, ya que los segundos fueron más bien protegidos por la maquinaria policial-militar.
El escenario más conocido para la comisión de estas violaciones ha sido la calle y la barriadas populares donde se realizaron vastos operativos policiales y militares en el período, así como actividades clandestinas de grupos irregulares que operan en total impunidad, en el marco de los toque de queda y Estado de Sitio con los que se militarizó la vida social. También se presentan severas violaciones a los derechos humanos a muchos ciudadanos simpatizantes de la Resistencia en prisión o en condiciones de internamiento, incluso en hospitales públicos.
Además sectores de la niñez y la juventud fueron afectados(s) indirectamente por la ruptura del Estado de Derecho ya que en el legítimo ejercicio del derecho constitucional a la desobediencia civil, los sectores populares mejor organizados protagonizaron fuertes movilizaciones, tales como el magisterio, los empleados públicos, incluidos los del sector salud, que colateralmente comprometieron también los derechos de amplias poblaciones de escolares, colegiales o pacientes de centros de asistencia médica, por mencionar las áreas más críticas.
En otras palabras, a la situación de violencia social que padecía Honduras antes del 28 de junio, de por sí muy grave con índices de homicidios elevadísimos, se han sumado en esta coyuntura diversas formas de violencia política contra líderes sociales, políticos y ciudadanos, especialmente jóvenes, opuestos al gobierno que emergió de la ruptura del orden constitucional.
Necesidad de monitorear la violación de derechos de niños (as) y jóvenes.
Frente a esta situación, organismos como el CODEH, el COFADEH, el CIPRODEH, el CPTRT o Casa Alianza realizan una loable labor para documentar y denunciar violaciones a estos derechos ante los organismos nacionales e internacionales competentes, sin embargo, los informes de estos organismos no tienen la misión de revelar con detalle la situación específica de derechos de los niños, niñas y jóvenes. Por tanto, surge la necesidad contar con un mecanismo que unifique la información disponible sobre niñez y juventud en un solo informe, para hacer comparaciones y contrastarla con los derechos establecidos en los distintos instrumentos de derechos de la niñez y juventud existentes.
Esto es necesario para que los organismos de derechos humanos puedan diseñar estrategias de monitoreo, denuncia, cabildeo y acción en su favor, y además para que el público en general cobre conciencia colectiva sobre la situación específica que atraviesan los niños, niñas y jóvenes en la actual coyuntura.
Monitoreo del cumplimiento de los Derechos de Niños(as) y Jóvenes en el contexto de la Ruptura del Orden Constitucional en Honduras
Período 28 de junio a 30 de septiembre de 2009
Isis Obed Murillo, joven de 19 años que perdió la vida el domingo 5 julio, producto de un tiro en la cabeza durante la manifestación del aeropuerto Toncontin[5], Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Pedro Magdiel Muñoz, de 23 años, encontrado el sábado 25 de julio a unos 800 metros del retén militar ubicado en Alauca, Departamento de El Paraíso, cercano a la frontera con Nicaragua. De acuerdo a testigos, el cuerpo del joven mostraba señales de haber sido esposado, torturado y apuñalado[6].
Wendy Araceli Ávila, de 24 años[7], murió el 26 de septiembre de bronco espasmos después de haber inhalado los químicos de las bombas lacrimógenas[8] durante el ataque a la embajada del Brasil la madrugada del 22 de Septiembre, 2009[9]. b) Asesinatos por Ejecuciones arbitrarias contra niños, niñas y jóvenes
(las negrillas son nuestras.- POLJUVE) Resulta sumamente sospechoso e indignante que, estando el país más militarizado y bajo mayor vigilancia policial que nunca, los asesinos de estos jóvenes actúen en total impunidad en las calles, en horas de la noche, en vehículos y fuertemente armados sin que sean requeridos por las autoridades policiales y militares en sus múltiples retenes. En ese sentido, nos sumamos al clamor que hace Casa Alianza para que la sociedad no vea con indiferencia esta tragedia juvenil.
c) Homicidios y Femicidios A consecuencia de la concentración de fuerzas policiales en el combate contra las manifestaciones de la Resistencia Popular, en el período se potenciaron otras formas de criminalidad homicida, algunas sospechosamente toleradas en momentos en que el país estaba bajo toque de queda, y otras no necesariamente vinculadas a la crisis política pero que, debido al descuido policial sobre las mismas, también han culminado en la muerte de niños, niñas y jóvenes.
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), denunció el 15 de agosto de 2009 la muerte de 101 personas en el período del 28 de junio al 2 de agosto del corriente año --es decir en los primeros 36 días de la actual crisis política-- de las cuales 54 muertes corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años de edad, contándose entre estos a 8 menores de 18 años. Pero lo que llama la atención de esta denuncia es que la mayoría de estas muertes ocurrieron en días y horarios cuando estaban vigentes los “toques de queda militares” impuestos tras el derrocamiento del gobierno constitucional (Ver Anexo 1). (las negrillas son nuestras.- POLJUVE)
En las expresiones de protesta que tuvieron lugar en el período que cubre este informe, muchas mujeres gestantes participaron en las protestas callejeras. Una de ellas, Greace Ponce, con dos meses de embarazo, fue golpeada fuertemente por parte de la Policía Nacional durante la represión del 29 de Julio[15]. Si golpear ciudadanas que tienen derecho a la manifestación pacífica, es un hecho condenable y punible, es un agravante haberlas agredido cuando llevaban en su vientre otras vidas. No es posible determinar si el no nacido sufrió daño o si no logró sobrevivir, pero la Policía Nacional mejor que nadie debía ser protectora de las mujeres en cuyos cuerpos albergan otros seres humanos y no, como sucedió en este caso, convertirse en una amenaza mortal para sus vidas. 2. DERECHOS A LA LIBERTAD
Según el jurista Tomas Vives Antón, (La libertad) “comprende, en primer lugar, el ámbito de la conciencia, que exige libertad de conciencia en el más amplio sentido, libertad de pensar y de sentir; absoluta libertad de opinión y sentimientos sobre cualquier asunto practico, especulativo, científico, moral o teológico. La libertad de expresar y publicar opiniones puede parecer que cae bajo un principio diferente, en tanto que pertenece a aquella parte de la conducta del individuo que concierne a otras personas; (…) No es libre ninguna sociedad en que no sean respetadas en su totalidad estas libertades, cualquiera que sea su forma de gobierno; y ninguna es completamente libre si esas libertades no existen de una manera absoluta y sin reserva”[16] a) Libertad de circulación, Asociación y de Reunión[17].
La imposición del Estado de excepción en Honduras, desde el 28 de junio y los implantados en fechas posteriores[18], de forma selectiva en diferentes departamentos del país, estuvieron acompañados de constantes e incisivos patrullajes por parte de efectivos de la policía y militares, seguidos de acciones con un alto nivel y contenido de amedrentamiento contra la población, en especial impactando en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Dos casos ilustrativos son los siguientes:
“Para la población en general del Departamento de Colon -como otras departamentos- se impuso selectivamente un toque de queda desde 18 horas hasta las 06 am, durante los días del 28 de Junio al 07 de julio. Se denuncia que elementos de la policía realizaban patrullajes nocturnos, ordenaban a la gente no salir y les atemorizaban con disparos al aire”[19].
“En Tocoa, durante los toques de queda, se registran más de 100 detenidos entre los que se encontraban niñas, niños, adolescentes y jóvenes retenidos en la cancha de futbolito dentro de la Delegación Departamental No. 2”[20].
b) Libertad de Expresión. [21]
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección (…) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio eléctricas, o de enseres o aparatos en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación d ideas y opiniones(…)” [22]
La manifestación más obvia de violación a este derecho la representan las distintas modalidades de ataques directos a jóvenes periodistas, comunicadores, camarógrafos, reporteros y equipos de apoyo, por los cuales se les niega a estos el derecho a la libertad de expresión es decir a la voz de sucesos en los hechos acontecidos[23]. Muestra de ello es que del 28 de junio al 13 de noviembre van 31 periodistas lesionados por la represión.[24]
En el marco de estas libertades para la niñez y juventud cabe hacer mención de esta en otras vías. Una orientada a la escuela o proceso de formación por medio del ejercicio de la libertad de Expresión que se infunde y promueve desde profesionales y expertos como comunicadores y periodistas, como lo estipula la Constitución de la República. [25]
La segunda desde la práctica de este Derecho de Libertad de Expresión por parte de estas niñas, niños y jóvenes que desean hacer uso de su voz y su pensamiento por medio del derecho a la participación y manifestación de su sentir y pensar.
En este sentido la violación de estas libertades no le han permitido a este grupo poblacional fomentar, reforzar, ampliar, fortalecer y potenciar aquellas capacidades necesarias que desde la práctica del quehacer cotidiano de acceso a la información plural y diversa, extienden y acrecientan el horizonte del conocimiento[26].
Lejos de eso, los medios de comunicación de masas propiedad de sectores afines a la ruptura del orden constitucional, de más audiencia escrita, televisiva y radial, incluido el Canal oficial del Gobierno (Canal 8), desarrollaron una campaña mediática durante el período (y lo siguen haciendo hasta la fecha) difundiendo mensajes similares[27] que construían una percepción de los sectores opuestos a la ruptura del orden constitucional de ser “amenazas” a la paz, al orden y a la democracia, censurando y bloqueando al mismo tiempo los medios de comunicación que transmitían otra versión de los acontecimientos.
Estos mensajes fueron acompañados de finos mecanismos de fijación subliminal utilizando formatos y recursos atractivos para la infancia y adolescencia como letras de canciones, tonalidades y sones musicales, acompañados de visuales seductivos a intereses y edades que van desde la infancia a la juventud[28], como a través de llamados a la fe y la religión, el patriotismo, significativos de “buena persona”, de “Buen Hondureño”, en palabras de altos jerarcas religiosos; todos estos lesivos del derecho a la libertad de conciencia, culto y religión, y en franca violación a la promoción de una educación Laica y sin discriminación de ninguna naturaleza.[29]
b) Libertad de Información y Libertad de Pensamiento[30]
Las niñas, niños y jóvenes, están siendo bombardeados por una vorágine mediática que les ha negado acceso a información veraz y completa sobre los acontecimientos ocurridos desde el 28 de junio; también ha privado a la juventud del acceso a diferentes versiones y visiones del conflicto, y ha ocultado o tergiversado los hechos de violencia cometidos en contra de diferentes sectores poblaciones que han encarado y sufrido las arbitrariedades, la intolerancia, la aniquilación y el control mediático[31].
Mediante la censura y el cierre de operaciones impuestos a medios de comunicación que informan desde la óptica de la oposición, como es la censura aplicada a Cholusat Sur, Radio Globo y el cierre del periódico El Libertador y diversos medios locales a nivel nacional, se ha limitado y en ocasiones impedido de forma oportuna, las diferentes posiciones y argumentos en relación a la crisis política del país, entre estas las del gremio magisterial, de los grupos de Madres y Padres de Familia, los Sindicatos o el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado.
En cambio, a través de la alineación de los diferentes medios de prensa escrita, televisada, radial y hasta digital, se favorece la difusión de ideas de la Empresa Privada, Ministerio Publico, Fiscalía de Derechos Humanos, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, entre otros grupos sociales e instituciones.
Lo anterior resulta en una clara posición de “intolerancia, falta de profesionalismo y de comportamiento ético, que se manifiesta en una actitud irrespetuosa hacia la pluralidad de ideas”[32], limitando la formación y generación de opiniones de la población mas joven e inexperta; reduciendo las oportunidades y posibilidades de adquirir conocimiento y memoria histórica sobre sucesos que se suscitan en el presente desde el 28 de Junio con la violación a la Constitución de la República.
3. DETENCIONES ARBITRARIAS E ILEGALES. DESAPARICION FORZADA [33] La Constitución de la Republica en sus artículos 69 y 85 establece que “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. “Ninguna persona puede ser detenida o presa sino en los lugares que determine la Ley”. En este sentido y en materia de adolescentes y jóvenes menores, “debido a su gran vulnerabilidad, estos requieren especial atención y protección”[34].
El Estado “deberá garantizarles sus derechos fundamentales, procedimentales y bienestar durante su detención y el periodo en que esté privado de su libertad y con posterioridad a esta. En este sentido la reclusión de un menor en un establecimiento, debe ser siempre una medida de último recurso y por el mínimo período necesario”[35].
Cuando estas reglas y procedimientos en la detención y privación de libertad de menores “no son observadas por las y los profesionales que participan en la administración del sistema de justicia de menores”[36], como por entes de seguridad del Estado, se cometen severas transgresiones y violaciones de derechos humanos constituidas concretamente en detenciones arbitrarias e ilegales.[37] Del 28 de junio a la fecha, la población en todo el país ha sido sometida a extensas jornadas de toque de queda, como de brutales represiones por parte de agentes de la policía y militares. Estos eventos han resultado en el escenario para la comisión de cualquier cantidad y variedad de arbitrariedades y delitos en torno a la detención de adolescentes y jóvenes menores de edad.
De ello reporta el CPTRT y el COFADEH, que en el Distrito Central la sede del Batallón Cobras funcionó como centro detenciones ilegales[38], pese a que personeros de éste batallón negaron tener personas detenidas en el mismo. Sin embargo, el CPRTR registra que, en las inspecciones realizadas el 12 de agosto a dicha unidad policial, se encontró un numeroso grupo de detenidos en el cual se identificó a 2 menores de edad.
Además se reportan abusos a la dignidad de la persona humana desde el abordaje inicial de la detención, pasando por la detención propia, rebasando principios, garantías judiciales y la presunción de inocencia en materia de menores.
Colateralmente a las detenciones arbitrarias e ilegales, se ha denunciado sobre la desaparición forzada de personas. [39] El siguiente es un caso registrado por el CIPRODEH sobre la desaparición forzada del joven Manuel Sevilla de 19 años de edad:
El joven Sevilla es vecino del Bario Cabañas de San Pedro Sula, quien ya había sido liberado de su detención por la Policía de la posta de Rió Blanco con motivo haber participado en la manifestación contra el Golpe de Estado del 2 de julio. Sin embargo se desconoce de su paradero después de haberse separado de sus amigos una vez concluida su participación en la manifestación de protesta contra el Golpe de Estado que se llevó a cabo en Villanueva, Cortes, el pasado 12 de julio[40].
COFADEH registra listados detallados y específicos de detenciones a nivel nacional. El extraído que acá se expone es muestra representativa de las 63 detenciones de menores de edad, ubicados en el Distrito Central, todos bajo el cargo de Escándalo Público por haber participado en las manifestaciones – violar toque de queda[41] entre el 28 de Junio al 10 de Julio.[42]
DETENCIONES ARBITRARIAS DE MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO CENTRAL
Periodo 4 Julio al 12 de Agosto
.Estación policial
Cantidad de menores detenidos
Cuarta Estación Policial de Belem,
7 menores * detenidos hasta las 11 am.
Estación Policial San Miguel
Estación Policial Barrio La Granja
Estación Policial col. Kennedy
Estación policial Barrio El Manchen
Total COFADEH
Estación policial El Manchen
Batallón Cobras
Total CPTRT
Fuente: COFADEH, Informe Preliminar “Violaciones a Derechos Humanos en el Marco del Golpe de Estado”, 15 de julio 2009 y CPTRT, Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 d Junio.
Otros casos típicos son:
La detención de una joven de 17 años de edad, hija del Alcalde de Santa Bárbara a quien la esposaron y la subieron a una patrulla para luego ser abandonada a unos 5 kilómetros de la carretera con rumbo al occidente del país;
La detención de un menor de 15 años en Tocoa, Colon, durante el toque de queda cuando se dirigía a una pulpería a comprar un refresco.
4. TORTURA. TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES “Se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”[43].
Desde el 28 de Junio, y durante este primer trimestre, sistemáticamente, mediante la restricciones de varias libertades y derechos se han cometido hechos de tortura, tratos crueles como amenazas; todas bajo manifestaciones de violencia física, psicológica, emocional y moral, de las que fueron objeto de forma colectiva, comunidades enteras sobre bienes del Estado y comunales, como las personas en su individualidad, y en las cuales la policía y militares como otros agentes del Estado perpetradores, convirtieron a estas niñas, niños y jóvenes de estas comunidades en testigos y victimas que observaron y sintieron en su humanidad esas humillaciones y vejámenes contra sus familias, amistades, maestras, maestros, vecinas y vecinos, como a las instalaciones de sus centros escolares y comunales.
a) Violencia contra comunidades
“La comunidad Guadalupe Carney, de Trujillo, compuesta por 600 familias campesinas integradas en 45 empresas asociativas, fue atacada e intimidada el domingo 28 de Junio a eso de las 11:30 am por aproximadamente 30 elementos del ejército del 15 Batallón de Infantería que se transportaban en 6 vehículo pick up sin placas (blanco, gris, negro mazda doble cabina), realizando descargas de fusiles y armas de reglamento nacional”[44].
El 21, 22 y 23 de septiembre centenares de agentes policiales sofocaron con lujo de violencia protestas callejeras que ciudadanos desarmados realizaron en decenas de barrios de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. resultando varias personas heridas y al menos un muerto, el dirigentes sindical Jairo Sánchez, quien dejó una niña recién nacida.[45] b) Violencia contra conglomerados juveniles
Asimismo, el domingo 26 de Julio decenas de agentes de la Policía Nacional reprimieron a punta de pistola, una protesta de centenares de jóvenes de la barra deportiva “Ultra Fiel”, disparando a mansalva contra ellos, tratando de controlar una expresión de protesta de los hinchas, con el saldo de al menos dos muertos, incluido un niño de 17 años, Víctor Samuel Almendarez, y 3 niños heridos de bala; Julio Raudales, Oscar Corea y Carlos Fuentes, todos de 17 años de edad.[46]
El 5 de agosto la Policía Nacional reprimió brutalmente a centenares de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en momentos en que estos habían suspendido una toma pacífica de una calle de acceso a la institución. Los antimotines ingresaron a los recintos universitarios disparando decenas de gases lacrimógenas al interior de la institución cuando los estudiantes se encontraban recibiendo clases, pero fueron repelidos por los jóvenes universitarios que se encontraban dentro. En el choque, fue golpeada por los antimotines la Rectora de la universidad, Dra. Julieta Castellanos, el Comisionado Universitario de Derechos Humanos, Lic. Andrés Pérez, y otros funcionarios universitarios.[47]
c) Violencia sexual contra menores de edad
En este apartado cabe destacar aquellas figuras que representan sistemáticos vejámenes y humillaciones contra las mujeres, propinadas por el hecho de ser mujer y haber abandonado el espacio privado de obligaciones en el hogar y la casa; agresiones agravadas, según materia penal, cuando estas se cometen contra menores de edad. Son los testimonios de adolescentes y jóvenes mujeres que revelan agresiones por Violación[48] y violencia sexual propinada por elementos de la policía y militares sobre partes selectivas su cuerpo y su dignidad. Estas se dan mediante expresiones de odio, fuerza y hostilidad, palabras obscenas y soeces, golpes en el busto, pezones, glúteos, caderas, espalda baja, vientre y genitales. Se ha denunciado inclusive, extremos como el desnudo completo del cuerpo; registros obscenos en la vulva, toqueteos, manoseos, amenazas con gasear la zona genital y otras agresiones de carácter sexual[49]; además de la negación de usar sanitarios, acceder al agua y alimentos.
El siguiente es un testimonio de violación colectiva de niñas:
“Ese día (22 de septiembre) me encontraba en el Parque junto a otra compañera y no habíamos escuchado lo del toque de queda, que era a las cinco de la tarde. Nosotras salimos del Parque central a las seis de la tarde y en el camino nos venía siguiendo una patrulla con tres policías. Cuando llegamos cerca del Guanacaste (a unas cuatro cuadras del parque central,) nos pusieron la patrulla enfrente y nos obligaron a subir. Nosotras les dijimos que por favor no nos llevaran detenidas, que les íbamos a pagar, y ellos nos dijeron que dinero no querían, que lo que querían era ´pisar´(tener relaciones sexuales). Después nos llevaron a un monte, donde estaba solo, nos insultaban tratándonos de putas y perras y nos violaron dos de ellos. Nunca les vimos la identificación, porque andaban con el nombre que tienen en el uniforme tapado, nos golpearon mucho y nos dijeron que si volvíamos al Parque nos iban a matar. Sabían lo que hacían porque llevaban condones para protegerse. Después nos dejaron ahí tiradas con la ropa rota. Desde ese día he tenido mucho miedo y mi compañera se fue de la casa donde vivíamos las dos, porque quedo muy asustada y no quiere hablar de eso”. (17 años, Tegucigalpa, 22 de septiembre)”. (Se omite el nombre para proteger su identidad.- POLJUVE-Honduras) [50]
d) Consecuencias de la violencia política en la vida familiar
En otros casos, se registran denuncias de mujeres y hombres que, como producto de sistemática vigilancia y persecución por su activa y beligerante participación en el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, se han visto obligadas (os) como medida de protección para sus hijas e hijos, a dejarlos o retirarse en resguardo para salvaguardar la integridad física del núcleo familiar ante amenazas contra su persona, su familia, sus amistades[51].
Todas estas son manifestaciones de maltrato, dirigida contra niñas, niños y jóvenes, figuras que se expresan como flagrantes violaciones a sus derechos según lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia[52]. Dichas acciones irracionales han venido a trastocar, de nueva cuenta, la vida de estos infantes y jóvenes debido a las diferentes e incompletas versiones informativas que los medios de comunicación han difundido desde el 28 de junio con el rompimiento del orden constitucional.
Han roto las relaciones y provocado desavenencias dentro de sus núcleos familiares, sus ámbitos y espacios de socialización como la escuela, el vecindario/comunidad, y hasta la iglesia.
Las niñas, niños y jóvenes inclusive han tenido que enfrentar sus propias desavenencias, regaños y castigos, propinados sus pares, es decir otros infantes y jóvenes, como también los provenientes de aquellas personas que para ellos representan autoridad; es el caso de las madres, padres de familia, otras personas adultas del núcleo familiar, las y los docentes de la escuela, el cura o el pastor de la iglesia.
Inclusive han alcanzando las relaciones que trascienden al campo laboral de sus familias, amistades y personas conocidas, contribuyendo al desbordamiento de los aspectos negativos arriba mencionados que trasciende en afectaciones individuales de Salud física y emocional, económico- financieras individuales que amenazan y atentan contra el circulo de seguridades del que debería gozar y disfrutar toda niña, niño y jóvenes como los que rigen el principio del mejor interés del menor[53].
5. DERECHO A LA SALUD “Es obligación del Estado garantizar a todos los niños , niñas, adolescentes y jóvenes -sin ningún tipo de discriminación- el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; acceso a la educación y atención médica; condiciones para desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y comprensión; y la información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y ser parte del proceso en una forma participativa”[54].
En las entrevistas realizadas por el proyecto POLJUVE-Honduras, con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS) y médicos del Hospital Escuela que testimonian sobre los hechos[55], se constata las agresiones directas o indirectas, que han sido propinadas contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por agentes policiales y personal de atención en salud de hospitales y otros centros de salud del Estado.
Los dirigentes del SITRAMEDHYS relataron que los policías antimotines y militares ingresaron a la sala de emergencia del Hospital Escuela, lanzando en las áreas circundantes bombas lacrimógenas, cuyos gases se esparcieron en la zona, ocasionado evidentes dificultades respiratorias y visuales entre pacientes, el personal medico y de administración de atención del Hospital Escuela, presentes en el área de emergencias y aledañas.
SITRAMEDHYS reporta que inclusive las agresiones dentro del hospital, terminaron en la comisión de detenciones arbitrarias[56] por parte de agentes de la policía y militares contra los pacientes adolescentes y jóvenes que buscaban atención médica por las represiones sufridas en las manifestaciones. Esta denuncia fue corroborada por entrevista a la diputada Silvia Ayala en Internet.[57]
Los sindicalistas reporta también que la primera pregunta que el personal de atención en salud hacia a los pacientes era: “¿Usted estaba en la manifestación?”, si la respuesta era un “Sí”, la siguiente reacción de algunas personas encargadas de la atención era reírse y exclamar que “eso les pasa por andar de Melistas” (partidarios del Presidente Zelaya), “Eso se consigue por andar de revoltoso”, “Ahora resistí, no sos resistencia pues!” Exclamaciones seguidas de actitudes que implicaban que estos pacientes fueran dejados abandonados, ignorados, sin prestarles la oportuna atención.
Un caso típico de lo anterior es el testimonio de:
Luís Ramiro Amaya de 21 años de edad, herido de bala en la cabeza durante la manifestación del 5 de Julio en las afueras del Aeropuerto Toncontin de Comayagüela,, se le negó asistencia médica en el Hospital Escuela de Tegucigalpa como días después en el Hospital de Santa Bárbara[58].
Uno de los médicos entrevistados, quien también solicitó se le mantenga en anonimato su fuente, confirmó que muchos de los pacientes provenientes de las manifestaciones, en efecto eran jóvenes, presentando severos y extremos traumas y quebraduras de cráneo, cara, piernas y brazos.
En realidad la pesquisa permite determinar que la represión intrahospitalaria se extiende también al personal agremiado en los sindicatos de salud[59].
6. ACCESO A LA EDUCACION “Las niñas, niños adolecentes y jóvenes, tienen derecho a la educación y es deber del Estado asegurar que la enseñanza sea gratuita; fomentar el desarrollo de la enseñanza primaria, secundaria y facilitar el acceso a la enseñanza superior (…). La educación estará encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación les preparará (…) para asumir una vida responsable en la que predomine el respeto a sus padres, a su identidad cultural, a su idioma y a sus valores”[60].
Los eventos suscitados el domingo 28 de junio, con el quebrantamiento del orden constitucional marcan un rumbo distinto en la práctica y ejercicio del derecho a la educación de la infancia, adolescencia y juventud.
En principio se produjo una inmediata paralización total del Sistema Educativo Nacional, por un lado debido a la huelga magisterial [61] pero también debido a la militarización de la Secretaria de Educación y de muchos centros educativos oficiales a nivel nacional. [62]
Un ejemplo de ello fue el caso de Trujillo:
“En Trujillo el 11 de Julio, elementos del XV Batallón de Infantería y la Base Naval de Puerto Castilla, militarizaron la ciudad, se tomaron los centros educativos oficiales de Primaria y Secundaria y la alcaldía Municipal. El día 13 de julio, rodearon la escuela Normal Mixta Matilde Cordova de Suazo, con el fin de intimidar a los maestros que se encontraban dentro realizando una asamblea[63].
De hecho, las luchas de las diferentes organizaciones magisteriales cambio drásticamente su ruta en el marco de su adhesión al Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, abandonando las demandas propiamente gremiales para adoptar una lucha frontal contra el rompimiento del Estado de Derecho, en defensa de la Constitución de la República y del Estado Democrático, ejercitando el derecho ciudadano a la Insurrección o Desobediencia Civil, estipulado en el artículo 3 constitucional[64].
Este hecho lleva al magisterio como gremio mayoritario a nivel nacional, a asumir con una posición desde una dimensión pedagógica, el reto de orientar, ilustrar, educar y enseñar a la infancia y juventud, como a la población en general[65], a ejercer y defender el legítimo derecho ciudadano a la participación en la toma de decisiones, así como el ejercicio del derecho a la protesta, la manifestación, la huelga en defensa de la institucionalidad democrática y el uso de las libertades públicas en general en de los hechos arbitrarios, ilegales e ilegítimos perpetrados el 28 de junio 2009[66].
En un intento de conciliar intereses con los estudiantes y madres y padres de familia, en beneficio de los muchos educandos del sistema educativo nacional, la mayoría de los gremios magisteriales[67] acordó impartir clases tres días a la semana y dejar los otros dos restantes para abocarse a las manifestaciones del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Esta acción del gremio magisterial también fue objeto de observaciones por agentes del aparato estatal, mediante la criminalización del legítimo derecho a la huelga. Se realizaron inspecciones a los centros educativos en los días de participación en las calles en el Frente de Resistencia contra el golpe de Estado, además de la interposición de denuncias y ataques de desprestigio contra la dirigencia magisterial y directores de centros educativos[68].
En este sentido el CIPRODEH expone brevemente y analiza en relación a la conculcación del derecho a la huelga del gremio magisterial[69] versus el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; las violaciones al derecho a la vida e integridad emocional y personal de las y los docentes.
Caso de criminalización al magisterio:
“3.1 Criminalización Gremial. En el marco de violaciones de derechos humanos post golpe de Estado resulta de particular gravedad las restricciones sistemáticas al derecho a la huelga contra algunos perfiles de trabajadores sindicalizados o miembros de gremios profesionales, empleados de la salud, empleados de empresas estatales y maestros de Educación.
Como consecuencia del golpe de Estado y de la instalación de un régimen represivo y de persecución política, los maestros de educación resultan ser un grupo particularmente vulnerable, víctimas de asesinatos, amenazas a muerte, campañas de odio, y acciones judiciales iniciadas por el Ministerio Público, son parte del extenso catalogo de violaciones a derechos humanos que sufre el magisterio Hondureño. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público originalmente a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y últimamente de la Fiscalía de la Niñez ha levantado actas de ausencia los días que se llaman al derecho a la huelga, no obstante, estas autoridades no visitan esas mismas escuelas y colegios durante los tres días de la semana que el magisterio retorna y brinda clases cumpliendo con la currícula académica del año escolar. De tal manera que la Fiscalía mide la afectación por días y no por resultados, dejando de valorar el tema de que los maestros han logrado mantener la vigencia de dos derechos constitucionales, el derecho a la huelga y el derecho a la educación. (las negrillas son nuestras.-POLJUVE). Producto de estas inspecciones la Fiscalía de la Niñez realiza audiencias coactivas ante los juzgados de la niñez, conminando al magisterio (principalmente Directores de Escuelas y Colegios) que no participen en las manifestaciones públicas, caso contrario se ejercitará contra ellos acusaciones penales.
La Comisión Interamericana de Derechos humanos en su reciente visita al país ha señalado en relación al conflicto de derechos: huelga y educación …”La Comisión comprende que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la Comisión es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto” (las negrillas son nuestras.-POLJUVE).
Puede verse aquí la intima relación sobre existente entre estas, que igualmente impactan de forma directa sobre el derecho a la educación y en donde los agentes del Estado como el CONADEH, Fiscalía de Derechos Humanos, Fiscalía de la Niñez; balacean afectaciones por número de días y no por el hecho del respeto a la persona humana representada en la dignidad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como de la persona de las y los docentes[70].
La ruptura del orden constitucional del domingo 28 de Junio de 2009, resultó ser la raíz de las cruentas, severas y lesivas represiones contra la población en general, que definitivamente también resultaron ser la fuente de las principales violaciones de libertades, derechos y prerrogativas de la población infantil, adolescente y juventud en el período considerado. Retornar a dicho orden permitirá recuperar las ventajas que implica un Estado de Derecho Democrático.
Quienes perpetraron los hechos del domingo 28 de Junio de 2009, en ningún momento dimensionaron la magnitud de las problemáticas que frente a la niñez, adolescencia y Juventud, ya encaraba el aparato estatal, de modo que no ha sido capaz de prever las acciones a tomar para enfrentar la magnitud de las serias consecuencias que hoy día representan y han repercutido en una amplia gama de derechos tergiversados y hasta anulados en contra de aquellos.
Desde el domingo 28 de Julio, la niñez y juventud han resultado ser las principales víctimas, inmediatas y colaterales, de las múltiples y diversas formas y modalidades, directas e indirectas de violación de libertades, derechos y prerrogativas. Sus efectos han alcanzado a profundizar en severas lesiones, no solo físicas y psíquicas, sino también de impacto a corto, mediano y largo plazo, trascendiendo negativamente en el desarrollo sus potencialidades.
El Estado de Honduras, por medio de su estructuras gubernamentales encargadas de velar y garantizar el mejor interés de infantes, adolescentes y jóvenes; no ha cumplido su compromiso de observar, promocionar, tutelar, defender y garantizar los convenios, protocolos, tratados, declaraciones y acuerdos de carácter internacional en materia de derechos humanos de la niñez adolescencia y juventud ratificados. En este sentido, más allá de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras, es deber imperante de la Sociedad en general asumir urgentemente la atención de las afectaciones que en todos los planos se están provocando contra este especial grupo poblacional.
Urge por parte del Estado de Honduras, la pronta observancia de los derechos y garantías a favor, en beneficio, en defensa, tutela y garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud que son afectados durante las represiones en las manifestaciones contra el golpe de Estado, expresadas en vejaciones, humillaciones, detenciones e incluso la pérdida de la vida.
Apremia ágiles acciones de prevención que procuren una eficaz y eficiente tutela y garantía de libertades y derechos a favor de la infancia, adolescencia y juventud, que promuevan solución de los conflictos sociales que envuelven y arrastran en la problemática a niñas, niños, adolescente y jóvenes. Apremia la conformación de una coordinación de trabajo integral, articulado y conjunto de instituciones del sector justicia, instituciones descentralizadas y de un Poder Ejecutivo legítimo, en alianzas de cooperación y conformación de redes con organizaciones nacionales e internacionales, a fin de planificar y poner en marcha urgentemente, acciones que aperturen opciones y alternativas viables integrales para disminuir y encarar los daños y las secuelas que está dejando en los niños, niñas y jóvenes la ruptura del orden constitucional en Honduras.
1) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Vives Anton, Tomas (1995). La Libertad como Pretexto. V. Valencia, España
2) INFORMES Y REPORTES
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C-Libre, Fundación Democracia sin Fronteras (2009): Estado de situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el contexto de la Ruptura del orden Constitucional, Primer Informe de Noviembre 2009.Tegucigalpa, Honduras.
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3) COMUNICADOS Y DENUNCIAS
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Visitación Padilla, Denuncia de agresiones contra las mujeres en el Paraíso. Agosto 2009, Tegucigalpa, Honduras.
4) LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA
Asamblea Nacional Constituyente 1980-1982 (1982). Constitución de la República de Honduras
Congreso Nacional de Honduras (1995). Código de la Niñez y la Adolescencia
Congreso Nacional de Honduras. Código Penal
Congreso Nacional de Honduras. Decreto 226. 2001. Ley de Policía y Convivencia Social
Congreso Nacional de Honduras. Decreto No.199-97 Ley de Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)
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Congreso Nacional de Honduras. Decreto No. 34-2000. Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
Congreso Nacional de Honduras. Decreto 979. Ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
Congreso Nacional de Honduras. Decreto No. 72-95. Ratificacion de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer.
Congreso Nacional de Honduras, Estatuto del Docente Hondureño.
Presidencia de la República de Honduras (de facto). Honduras. La Gaceta No.32024 del 26 de Septiembre, 2009. Decreto Ejecutivo PCM-M016-2009
Congreso Nacional de Honduras. La Gaceta No.30,903 del 16 de Enero, 2006. Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud.
Consejo Europeo. (2003), Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
OEA. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
OEA. Carta Democrática Interamericana.
OEA. Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas.
OEA. Convención Americana de Derechos Humanos.
OIT. Recomendación 190, Convenio 182 sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
OIT. Convenio 182 sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
OIT. Recomendación 146, convenio 138 sobre la edad mínima para trabajar
OIT. Convenio 138 sobre la edad mínima para trabajar
UN. Convención de los Derechos del Niño
UN. Declaración Internacional de los derechos del Niño.
UN. Directrices de Naciones Unidas par ala Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)
UN. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing")
UN. Resolución 45/113 de las Asamblea General de las Naciones Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad.
UN. Resolución 34 /34 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Conjunto de Principios para la UN-Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
UN. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
UN. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
UN. Resolución 3452 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
UN. Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
UNESCO. (1978). Resoluciones, Actas de la Conferencia General, 20 reunión en Paris, 24 de octubre, al 28 de Noviembre. Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas a los fortalecimientos de la paz y compresión internacional, a la promoción de los Derechos Humanos, y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.;(pp 105- 108) obtenida el 20 de Noviembre, 2009.http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114032s.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y otros (Caso de los niños en la calle), sentencia del 19 de noviembre de 1999.
5) HEMEROTECA Y VIDEOS
Diario La Tribuna 30 Junio a Septiembre, 2009
Diario El Heraldo 30 junio a Septiembre, 2009
El Libertador- periódico mensual, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre.
Resistencia – periódico Julio No, 6, Agosto No. 17, Septiembre No. 18.
B) DIGITALES
“Agresiones a la Rectora UNAH en represión del 5 del Agosto 2009”.
http://www.youtube.com/watch?v=U6kS77svGVw&feature=related
“Policías antimotines y militares dentro de la zona peatonal de acceso a la UNAH 5 de Agosto, 2009”
“Represión en Hospital Escuela”, entrevista con Diputada Silvia Ayala en Hospital Escuela 22 de Septiembre, 2009. http://www.youtube.com/watch?v=DHwkHibx0uU
6) PRESENTACIONES
UNICEF, Situación de la Infancia, adolescencia y juventud de Honduras. Presentación power point
del 25 de Noviembre, 2009
JOVENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS DE EDAD MUERTOS EN FORMA VIOLENTA EN LOS PERIODOS DE TOQUE DE QUEDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009
Raúl Eduardo Flores
Col. Calpules
Mario René Pavón
Luís Alberto Cárcamo
*09-07-2009
Carretera Danli
Resalí Aníbal Carrasco Hernández
Col. Flor del Campo
Saturnino Sanobia
*11-07-2009
Eder Fernando Núñez Espinal
Pedro Leonel Medina
Néstor Enrique 16Martínez
Elmer Alexander Banegas
Alexis Girón López
Nota: “N.C.” significa “No Consignado”
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Ejecutiva del CODEH, Comunicado No.8 a su vez basado en la Dirección de Medicina Forense, Departamento de Patología Forense.
JOVENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS DE EDAD MUERTOS EN FORMA VIOLENTA EN LOS PERIODOS DE TOQUE DE QUEDA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009
Hora del Hechos
Oscar Edilberto Morales
Carlos Avidio Ramos
Hugo Iván Romero Guzmán
Félix F Sosa Romero
Pared Alexander Gallo
Jorge Antonio Cortes
Mainos Josué Valdivieso
Pedro Cruz Erazo Madrid
Bairon Isaías Santos
* Júnior Octavio Rodríguez Hern
Elmer Domingo Anariba Guardado
Milton René Trejo
José Benedicto Reyes Ramos
René Alcides Madrid
Elvis Francisco López Herrera
Lucas Hernández Rivera
Melvin René Chacón
Wilson Daniel Martínez Bonilla
Esteba Valdez
NIÑOS Y NIÑAS MUERTOS(AS) EN FORMA VIOLENTA EN LOS PERIODOS DE TOQUE DE QUEDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009
-*04-07-2009
Claudia Manuela González
Col. Nueva Orocuina
Wendy Paola Paniagua
NIÑOS Y NIÑAS MUERTOS(AS) EN FORMA VIOLENTA EN LOS PERIODOS DE TOQUE DE QUEDA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009
Carmen Yamileth Mejia
Wendoly Dense Chapas Suazo
Greysi Paola Sabillon
Melvin Alexis Cárcamo
[1] Entre los instrumentos internacionales que ya hacen parte de nuestro orden jurídico interno, están: 1) La Convención sobre los Derechos del Niño; 2) la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud; 3) la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 4) la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 5) el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; 6) la Recomendación 190 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación; 7) El Convenio 138, sobre la edad mínima para trabajar; 8) R146 Recomendación sobre la edad mínima para el empleo; 9) La Convención Americana de Derechos Humanos; 10) el Pacto Internacional y sus dos protocolos de Derechos Civiles y Políticos; 11) las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing”); 12) Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, Directrices del RIAD; 13) la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
[2]CPTRT. Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 d Junio, pg.7. CIDH. Informe Preliminar visita in loco a Hondura 21 de Agosto, 2009.
[3] Como toletes, palos, tubos, cadenas, fusiles cargados con balas vivas, balas de goma, balas de madera, gases lacrimógenos, gas picante, tanquetas de guerra de largo alcance, tanquetas de chorro de agua, persecución vigilancia, intercepción de llamadas telefónicas, interrupción de servicios comunicación y de energía eléctrica, amenazas contra la vida, entre otros
[4] Convención Sobre los Derechos del Niño, artículo 6.1; Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, artículo 9. Convención Americana de Derechos Humanos, articulo 4. Declaración americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 3.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.
Honduras Constitución de la Republica, articulo 65.- El derecho a la Vida es Inviolable; artículo 66, se prohíbe la Pena de Muerte; articulo 67, Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Código de la Niñez y la Adolescencia, articulo 12.
[5] CIPRODEH, Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009, pg. 6,7; COFADEH, Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Golpe de Estado, Informe Preliminar, 15 de Julio, 2009, pg. 13; y, COFADEH, Cifras y Rostros de la Represión, II Informe 22 Octubre, 2009
[6] CPTRT. Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 de Junio, pg.12
[7] El Libertador, Noviembre 2009, pg. 58
[9] Feministas en Resistencia. Violaciones a los derechos humanos de la Mujeres después del Golpe de Estado en Honduras,25 Nov.2009. Pg.8
[10] Estas muertes forman parte de la tragedia que vive nuestra juventud, pues según la misma Casa Alianza, “Desde 1998 hasta el mes de Agosto 2009, se han registrado un total de 4914 muertes violentas y/o ejecuciones, de las cuales el 32% (1555) corresponden a crímenes en contra de personas menores de edad (18 años).” Ver. Instituto Internacional de Casa Alianza, “Análisis de las Ejecuciones Arbitrarias y/o Muertes violentas de Niños y Jóvenes en Honduras. Julio y Agosto 2009.”, Septiembre 2009. Pág.: 4
[11] CPTRT. Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 d Junio, pg.12. Denuncia pública de la Asociación LGBTT Arcoíris De Honduras del 13 de Octubre, 2009.
[12] “Honduras: Joven de la resistencia asesinado”. Disponible el 11 de diciembre 2009 en: http://porhonduraslibre.blogspot.com/2009/08/honduras-joven-de-la-resistencia.html. Artículo de Iris Mencia del 27 de agosto 2009.
[13] CODEH, Comunicado No.8 del 15 de agosto 2009.
[14]Feministas en Resistencia. Violaciones a los derechos humanos de la Mujeres después del Golpe de Estado en Honduras,25 Nov.2009.Pg 18.
[15] COFADEH, Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Golpe de Estado, Informe Preliminar, 15 de Julio, 2009, pg. 9
[16] Vives Antón, Tomas. La libertad como Pretexto, Valencia 1995. págs. 392-393).
[17] Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 15
[18] Decretos Ejecutivos PCM-11-2009 y PCM-016-2009
La Tribuna, 4 de Julio, 2009. pg. 10, “El Congreso alargó toque de queda”.
La Tribuna 16 de Julio, 2009, Pg. 52. “Volvió el toque de queda.”
Comité por la Libre Expresión, Fundación Democracia sin Fronteras, Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, I Informe, noviembre 2009, pg. 8
CIPRODEH. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009
[19] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pg. 23
[20] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pg. 23
[21] Convención sobre los derechos el niño, artículos 13,14,15,16,17. Declaración de los Derechos de Niño, artículos 2, 7. Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, artículos 17 y 18. Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre ,articulo 4. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, artículo 19; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13.
[22] UNESCO. “Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación en masas al fortalecimiento de la Paz y comprensión internacional , a la promoción de los Derechos Humanos y la lucha contra el racismo , el apartheid y la incitación a la guerra”… “Artículo IV, Los medios de comunicación en masas tienen una participación esencial en la educción de los jóvenes dentro de un espíritu de paz de justicia, de libertad de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los Derechos Humanos, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos y naciones , y el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel importante para dar a conocer las opiniones, y las aspiraciones de la nueva generación. Artículo V, Para que se respete la libertad de opinión, de expresión y de información, y para que la información refleje todos los puntos de vista, es importante que se publiquen los puntos de vista presentados por aquellos que consideren que la información publicada o difundida sobre ellos ha perjudicado gravemente la acción que realizan con miras a fortalecer la paz y la comprensión internacional, la promoción de los Derechos Humanos.”
[23] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pgs 34 a 38; Comité por la Libre Expresión, Fundación Democracia sin Fronteras, Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, I Informe, noviembre 2009
[24] C-LIBRE, Fundación Democracia Sin Fronteras, Informe Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, 13de noviembre 2009, grafico No.2, p. 4
[25] Honduras, Constitución de la República, articulo 125: “Los medios de comunicación deberán cooperar en la formación y educación de la niñez; artículo 176. Los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio de la educación y la cultura. Los medios de comunicación privados están obligados a coadyuvar para la consecución de dichos fines.”
Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y comprensión internacional, a la promoción de los Derechos Humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.
[26] UNESCO. Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación en masas al fortalecimiento de la Paz y comprensión internacional , a la promoción de los Derechos Humanos y la lucha contra el racismo , el apartheid y la incitación a la guerra. Ibídem.
Artículo V, Para que se respete la libertad de opinión, de expresión y de información, y para que la información refleje todos los puntos de vista, es importante que se publiquen los puntos de vista presentados por aquellos que consideren que la información publicada o difundida sobre ellos ha perjudicado gravemente la acción que realizan con miras a fortalecer la paz y la comprensión internacional, la promoción de los Derechos Humanos.
Artículo X,.2, es importante que se estimule una circulación libre y una difusión más amplia y más equilibrada de la información.
[27] Comité por la Libre Expresión, Fundación Democracia sin Fronteras, Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, I Informe, noviembre 2009, Conclusiones. Págs.
[28] Por ejemplo, Televisión Nacional de Honduras (Canal 8, el canal del Estado) envió en el período, mensajes políticamente sesgados bloqueando las posibilidades de réplica en espacios alternativos, con sus mensajes de llamado a la Oración por la Paz en Honduras o Documentales ilustrativos de desprestigio contra la Administración Zelaya. Muchos de estos programas han sido acompañados de recursos musicales atractivos como la Canción “Color de Esperanza”, La Canción de la Alegría, visuales como el vestirse de color blanco, o utilizando personajes con autoridad moral como ocurrió con el mensaje radial del Cardenal Rodríguez sobre “el ser Buen Hondureño y amar a Dios”, entre otros.
[29] Constitución de la Republica de Honduras, artículo 151,
[30] Convención sobre los derechos el niño, artículos 13,14,15,16,17. Declaración de los Derechos de Niño, artículos 2, 7. Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes, artículos 17 y 18. Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, articulo 4. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10; Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, artículo 19; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13.
[31] Ver: Comité por la Libre Expresión, Fundación Democracia sin Fronteras, Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, I Informe, noviembre 2009, pgs.3, 8
[32] Comité por la Libre Expresión, Fundación Democracia sin Fronteras, Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Honduras en el Contexto de la Ruptura del Orden Constitucional, I Informe, noviembre 2009, págs. 8
[33] Convención sobre los derechos del niño, articulo 37 literal b.
[34] Resolución 45/113 de las AG de las UN. Reglas de las UN para la Protección de Menores Privados de Libertad. Resolución 34 /34 de la AG de UN. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
[35] Resolución 45/113 de las AG de las UN. Reglas de las UN para la Protección de Menores Privados de Libertad. Resolución 34 /34 de la AG de UN. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
[36] Resolución 45/113 de las AG de las UN. Reglas de las UN para la Protección de Menores Privados de Libertad. Resolución 34 /34 de la AG de UN. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
[37] Resolución 45/113 de las AG de las UN. Reglas de las UN para la Protección de Menores Privados de Libertad. Resolución 34 /34 de la AG de UN. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
[38] CPTRT. Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 d Junio, pág. 10.
[39] “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes(OEA, Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas, articulo I)
[40] CIPRODEH. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009.
[41] La Tribuna 3 de Julio 2009, 115 detenidos por violar toque de queda, pg. 20
[42] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pg. 17-20
[43]Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 1. Convención sobre los derechos del niño, articulo 37,literal A..
[44] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pg. 24
[45] Entrevista a Marcos Pérez Zelaya, dirigente comunal de la Colonia San Francisco, el 11 de diciembre 2009.
[46]“Muertos tras el clásico Olimpia, Motagua”, en http://www.elheraldo.hn/Zona%20Deportiva/Ediciones/2009/07/26/Noticias/Muertos-tras-el-clasico-Olimpia-vs-Motagua
[47] “Agresiones a la Rectora UNAH en represión del 5 del Agosto 2009”.
http://www.youtube.com/watch?v=U6kS77svGVw&feature=related y “Policías antimotines y militares dentro de la zona peatonal de acceso a la UNAH 5 de Agosto, 2009”
[48]“Mujeres en resistencia son violadas por estar en contra del régimen de facto”, El Libertador, Noviembre 2009, pg. 34
Honduras, Código Penal, Delitos contra la Libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas, artículo 140
[49] Visitación Padilla. Denuncia de agresiones contra las mujeres en el Paraíso. Agosto 2009
[50] Feministas en Resistencia. Violaciones a los derechos humanos de la Mujeres después del Golpe de Estado en Honduras,25 de Nov.2009,pg10 -11
[51]CPTRT. Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos. Los TCID en Honduras después del golpe de Estado del 28 d Junio, pg.8-9
Feministas en Resistencia. Violaciones a los derechos humanos de la Mujeres después del Golpe de Estado en Honduras,25 Nov.2009. Pg.8
[52] Honduras, código de la Niñez y la Adolescencia, artículos 166, 167 y 168
[53] Declaración de los derechos del niño, artículo 2. Convención de los derechos del niño, articulo 3. Convención Iberoamericana de los Derechos de los y las Jóvenes, artículos 22, 25
[54] Convención de los Derechos del niño, Disponible en http://www.unicef.org.co/10-temas.htm 4 de Diciembre, 2009, Convención Iberoamericana de los Derechos de los y las Jóvenes, artículos 22, 25
[55] A solicitud de la fuente nos reservamos la identidad de los entrevistados del SITRAMEDDHYS, todos dirigentes, por temor a ser objeto de represalias laborales.
[56] En consultas telefónicas realizadas a fuente que solicitó anonimato, confirmamos que se interpuso denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por las agresiones de parte de la policía y militares contra su hermano, a quien en la manifestación del 23 de Septiembre, 2009, la policía y militares le fracturaron varios dedos de ambas manos. Asimismo, a través de la lista de correos electrónicos de la Red de Desarrollo Sostenible, la persona denunciante asegura que, cuando buscaba atención medica en el Hospital Escuela para su hermano, la policía y los militares reprimían en el interior de la sala de emergencia del hospital Escuela realizando detenciones arbitrarias contra jóvenes que buscaban atención medica por la represión del 23 de Septiembre 2009.
[57] “Represión en Hospital Escuela”, entrevista con Diputada Silvia Ayala en Hospital Escuela [http://www.youtube.com/watch?v=DHwkHibx0uU] Disponible el 11 de Diciembre, 2009.
[58] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009 pg.10
[59] Otra de las observaciones que revela el SITRAMEDHYS, y que coincide con las realizadas por otro médico, es la relacionada con las amenazas, persecuciones, vigilancia y otros mecanismos de control y represión, provenientes de autoridades del centro hospitalario, en contra del personal de enfermería y médico del Hospital Escuela y Materno Infantil, como también al personal administrativo que pertenecen al SITRAMEDHYS. Otro médico, nos revela que, por temor a represalias, no está dispuesto a informar mas, sobre los hechos de violencia y castigo que el ha presenciado contra pacientes y empleados del hospital que han tenido expresiones de resistencia contra los hecho sucedido el pasado 28 de Junio, 2009.
Este médico enfatiza que es una realidad manifiesta dentro del Hospital Escuela las represalias y las amenazas de personal médico que pertenece o están vinculado a círculos de milicia, bien doctoras y doctores que laboran para al Hospital Militar, otros que poseen rangos militare o bien, son militares retirados.
Para el SITRAMEDHYS, las amenazas inclusive se han extendido a aspectos de seguridad personal, contra quienes se conoce, se han manifestado, en posición de reclamo o resistencia por los hechos de displicencia en la atención en salud, contra los pacientes que provienen de las manifestaciones contra el golpe de Estado. El personal de seguridad interna dentro de las instalaciones del hospital no representa confianza. Es desde esta primera vía donde más se ha debilitado la seguridad, además de las dificultades logísticas que se presentan para el ejercicio del control de ingreso de personas al Hospital, agregando que además, este personal de seguridad pertenece a agencias de seguridad que son propiedad de militares o ex militares
En este sentido nos manifiesta el SITRAMEDHYS, que prácticamente los cuerpos represivos del Estado tiene la entrada libre al Hospital, y que esto ha provocado que, en contubernio con personal de atención en salud, se identifique a los pacientes que vienen en búsqueda de atención por las lesiones producto de las palizas propinadas por policías antimotines y militares en las manifestaciones de Resistencia contra el golpe de Estado
[60] Convención sobre los Derechos del Niño articulo 2, Disponible en http://www.unicef.org.co/10-temas.htm el 4 de diciembre, 2009.
[61] Paralizado el Sistema educativo: “El sistema educativo público nacional en todos los niveles, continuará paralizado este martes. A pesar de que el nuevo presidente Roberto Micheletti hizo un llamado a todos los docentes para que se presentaran a trabajar, este llamado no fue atendido. Mientras tanto, El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) Eulogio Chávez, anunció un paro nacional indefinido por parte de los docentes, con tomas de carreteras para exigir la restitución del separado presidente Zelaya. Por su parte , la rectora de la Universidad nacional autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, dijo que n habría clases en la máxima casa de estudios y pidió a los estudiante, personal docente, de servicio administrativo estar pendientes de los medios de comunicación ante cualquier llamado. Asimismo, las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional “francisco Morazán” manifestaron que quedaban suspendidas las clases debido a lo ocurrido y a los problemas que podrían surgir. Algunos colegios y universidades privadas reanudarán las clases hasta el próximo miércoles, según ha trascendido en los diferentes medios de comunicación local.” (La Tribuna 30 de Junio, 2009, pg. 77)
“En suspenso clases en las escuelas y colegios, ·Tegucigalpa. En las escuelas y colegios todavía no se sabe cuando reinician las clases. Y es que hasta ayer el gobierno encabezada por el presidente Roberto Micheletti, no había designado al nuevo secretario de Educación. Miles de Estudiantes y maestros se mantienen a la espera de una orden encaminada a restablecer las labores en las diferentes escuelas y colegios del sector público del país. Las clases permanecen en suspenso ante la situación política que enfrenta Honduras, producto de la separación constitucional del ex presidente Manuel Zelaya. Los centros educativos del sector privado también mantienen paralizadas sus labores aunque ayer varios centros de enseñanza ya empezaban a reanudar las actividades en las aulas de clases. Se cree que la actividad educativa podría normalizarse en todos los niveles a partir del lunes próximo” (El Heraldo 3 de Julio, pg.20 2009) [62] CIPRODEH, Reporte de violaciones a Derechos Humanos después del Golpe Político Militar del 28 de Junio el 2009, pg.5
[63] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, pg. 24
[64] Honduras. Constitución de la Republica, articulo No. 3, “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen, Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene el derecho a la recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”
[65] Palabras de Eulogio Chávez, dirigente magisterial, entrevista televisiva de nacional.
[66] COFADEH, Informe Preliminar 15 de Julio, 2009, págs. 4, 5. Honduras, Constitución de la República artículo 79. Estatuto del Docente Hondureño, artículo 13, numeral 8, literal “d”
CIPRODEH, reporte de violaciones a Derechos humanos después del golpe Político Militar del 28 de Junio el 2009, pg.4
[67] Se estima un aproximado de 60,000 mil docentes activos del sector oficial y privado a nivel nacional. Información obtenido del Departamento de estadísticas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA).
[68] La Tribuna 24 de Julio, 2009,pg. 22 F2iscalía de la Niñez interpone denuncia contra docentes y directores por no dar clases”.
El Heraldo, 11 de Julio, 2009. pg. 12. Fiscalía (de Derechos Humanos). Dirigencia no debe eludir responsabilidad de brindar educción, advierten corrupción que manifestantes usen escuelas y colegios”
[69] Tomado de El Libertador, Septiembre 2009, págs. 42 y 43.
[70] Honduras, constitución de la República, articulo 59. La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, crease la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. (…)

References: artículo 3
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 artículo 6
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 66
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 176
 artículo 151
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 13
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 artículo 1
 artículo 140
 artículo 2
 artículo 79
 artículo 13