Source: http://elconsumo.blogspot.com.es/2014/09/
Timestamp: 2017-05-23 03:07:15+00:00

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En Europa y Estados Unidos los medicamentos son la tercera causa de muerte tras el cáncer
y las enfermedades del corazón. Es evidente que hace falta un mayor y urgente control de los fármacos comercializados pero la “nueva” Comisión
Europea de Jean Claude Juncker, ha quitado a la Dirección General de Salud y Consumo el control de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para dárselo a la de Empresa e Industria, dependiente de la comisaría de Mercado Interno, Industria, Emprendedores y Pymes.
Ésta es la que revisa la documentación que le aportan los laboratorios sobre nuevos medicamentos
y decide si son dignos de ser aprobados como tales y comercializados. Cuanto antes haga su trabajo antes puede venderse un medicamento y antes
genera beneficios económicos al fabricante. Y a la industria siempre le parecen lentas las agencias.
Todo medicamento es tóxico y por ello requiere mucho tiempo revisar a fondo los ensayos clínicos sobre seguridad del fármaco
que hacen los laboratorios (nótese que las agencias NO hacen apenas estudios independientes sino que se limitan en la mayor parte de los casos a revisar la documentación que les ofrecen las farmacéuticas). La industria lleva años intentando que se rebajen los tiempos de aprobación de sus fármacos.
Si hoy por hoy los fármacos son la tercera causa de muerte veremos si
no escala posiciones en el ranking con la posible decisión de aprobar con mayor rapidez nuevos medicamentos.
-Las tasas a la industria para mantener agencias podrían mantenerse pero con un exhaustivo control de los citados conflictos y del fenómeno de “puertas giratorias”
(los cargos públicos de un ramo habrían de quedar “en barbecho”, sin trabajar, en el sector que han regulado durante años -¿cinco, diez?-)
-El control de las reacciones adversas a los medicamentos
debería ser prioritario para la EMA, es inconcebible que los medicamentos maten en Europea diez veces más que el tráfico automovilístico.
La cláusula controvertida era la siguiente: SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN A FAVOR DEL COMPRADOR El COMPRADOR podrá instar la resolución del presente contrato en el caso de que la entrega del despacho profesional objeto del presente se demorase más de seis meses sobre la fecha prevista. En el supuesto de haberse producido alguna de las circunstancias previstas en la estipulación quinta, el cómputo del plazo aquí recogido de seis meses, se iniciará una vez agotado el periodo de prórroga de 90 días hábiles recogido en la mencionada estipulación quinta.
La Audiencia Provincial de Madrid se pronunció (Sentencia 658/2011, de 30 de diciembre) -revocando otra sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia- a favor de aplicar la legislación de consumo considerando que el contrato fue unilateralmente redactado por las vendedoras, calificándolo como de adhesión. También califica de abusiva la cláusula sexta del contrato al restringir el derecho de resolución de la compradora y considera que la fecha de resolución es válida al realizarse transcurrido el plazo de 90 días hábiles. Estimó, además que se debe aplicar la legislación protectora de consumidores y usuarios aunque la compraventa sea de un despacho ya que "no puede excluirse la aplicación al caso de la legislación protectora de los consumidores y usuarios por el hecho de que la compraventa se refiera a un despacho, pues ello, por sí solo, no priva a los adquirentes del carácter de destinatarios finales del producto". Sin embargo, el Tribunal Supremo mantiene otro criterio al respecto, con estos argumentos expuestos en el Fundamento de Derecho Segundo de su sentencia, mediante la que revoca la dictada por la Audiencia:
b) El adquirente de un local destinado a una actividad profesional de prestación de servicios no debe ser considerado consumidor Esta diferenciación de régimen jurídico, que impone la peculiar naturaleza del fenómeno a considerar, tiene su correlato lógico en la exigencia de unos determinados presupuestos objetivos y subjetivos que la propia legislación especial establece al respecto. Desde este imperativo, y conforme a la normativa citada por la parte recurrente ( artículo 1º, apartados 2 º y 3 º, artículo 10 Bis y Disposición Adicional Primera LGDCU, de 1984 ), debe señalarse que la parte actora, y aquí recurrida, no ostenta la condición de consumidor pues, pese a la interpretación de la Audiencia, no cabe duda de que el destino del local adquirido queda integrado, plenamente, en el marco de su actividad profesional de prestación de servicios (despacho de abogados), SSTS de 24 de septiembre de 2013 , (núm. 545/2013 ) y 10 de marzo de 2014 (núm. 149/2014 ).
Un ejemplo: ante la incomprensible sentencia del Tribunal Supremo que imposibilita a los afectados por las cláusulas suelo declaradas nulas reclamar todas las cantidades cobradas de más en aplicación de esas claúsulas que, se reitera, son nulas, los juzgados estudian la posibilidad de acudir a este instrumento jurídico planteándose si las leyes que interpretó el Alto Tribunal al evacuar su sentencia son compatibles con el ordenamiento comunitario y, en concreto, con la legislación europea protectora de los derechos de los consumidores. Este es el caso de la valiente titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Ourense, Eva María Martínez Gallego, quien estima que las cláusulas declaradas nulas por abusivas en un contato con un consumidor no deberían tener efectos que beneficiasen a la parte empresarial -bancos o cajas de ahorro- que dispuso unilateralmente en su único beneficio dichas cláusulas y que, por ello, ese consumidor debe tener derecho a percibir todas las cantidades que se le han cobrado de más utilizando las cláusulas ilegales y nulas.
La reforma que propone el Ejecutivo implica que las cuestiones prejudiciales sólo podrán interponerlas las Salas de los tribunales superiores. Y nos los jueces de primera instancia,
que son los que más cuestiones han elevado al TJUE en estos años al estar en contacto directo con los ciudadanos y consumidores.
Ahora bien, el TJUE ha establecido una jurisprudencia en la que ordena a todos los jueces ser "beligerantes" ante las cláusulas abusivas en los contratos firmados con consumidores. Por otro lado, la reforma del Gobierno no establece la salvedad de que los jueces dejen de aplicar normas españolas si colisionan con la jurisprudencia comunitaria, como ha ocurrido con el sistema de ejecución hipotecaria.
el Supremo hubiera dictado como jurisprudencia vinculante su sentencia sobre cláusulas suelo, hoy no se habrían producido las numerosas resoluciones de las Audiencias Provinciales que obligan a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente.
La medida fue publicada por el
Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 6 de septiembre, el mismo día que entró en vigor. Está incrustada en forma de disposición transitoria dentro del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal". El decreto se centra en el ámbito mercantil, pero su disposición adicional cuarta entra de lleno en los derechos los consumidores.
Y, así, limita a un mes el plazo para que un consumidor pueda oponerse a
perder su casa en una ejecución hipotecaria en marcha basándose en una cláusula abusiva del contrato que firmó con su banco o caja.
Son miles los afectados
por esta medida oscura, publicada un sábado tras las vacaciones de verano y que traslada una reciente sentencia europea que sacaba los colores a España por vulnerar los derechos fundamentales de sus consumidores.
El Parlamento aprobó en 2013 que un banco podía recurrir cuando el juez apreciara una cláusula abusiva en una ejecución hipotecaria. Sin
embargo, el consumidor no podía hacer lo mismo en caso contrario. Esta desigualdad suponía una vulneración de los derechos fundamentales, según resolvió el TJUE el pasado julio.
solución del Gobierno consiste en permitir esa apelación al consumidor,
pero incurre en un parche de consecuencias imprevisibles que pueden provocar numerosas cuestiones de inconstitucionalidad
promovidas por los jueces de primera instancia, que se enteraron por el
BOE del sábado que desde ese mismo sábado tenían que aplicar la medida.
La medida está escondida en un decreto
que nada tiene que ver con los consumidores, y el plazo de un mes es un
tiempo muy breve para las miles de personas inmersas en una ejecución y
que desconocen sólo disponen de cuatro semanas para ejercer sus derechos. De ahí la alerta desatada entre los abogados y sus colegios profesionales.
Lo esperable es que los jueces de primera instancia sean más permisivos con ese plazo, para evitar una medida que puede causar indefensión al consumidor y evitar así las cuestiones de inconstitucionalidad". Quien así se expresa es José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil 3 de Barcelona. Seijo fue quien planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE el caso de Mohamed Aziz
y cuya sentencia del 14 de marzo de 2013 permitió al juez español estudiar de oficio los contratos hipotecarios para valorar si había cláusulas abusivas (sentencia en el asunto C-415/2011). Hasta mayo de 2013 el Parlamento no aprobó una reforma para adaptar la norma a la jurisprudencia del TJUE. Fue la Ley 1/2013, que inundó los juzgados de demandas y se interpusieron numerosas cuestiones prejudiciales
porque provocaba un desequilibrio entre la entidad financiera y sus clientes, al permitir la apelación para la primera pero no para los segundos.
Precisamente, han sido unas cuestiones prejudiciales elevadas por la Audiencia Provincial de Castellón
las que han dado origen a la sentencia de julio. La Audiencia de Castellón se dirigió al TJUE porque consideraba que la Ley 1/2013 vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y la Directiva de 1993 en materia de cláusulas abusivas en los contratos de consumidores (Directiva 93/13).
Lo que hacemos en este Real Decreto Ley es que también damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con los temas hipotecarios, de ejecución hipotecaria --es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, que lo que hace es recoger estrictamente la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que viene a decir, fundamentalmente, que tanto acreedor como deudor deben tener, en el supuesto de apelación ante cláusulas abusivas, las mismas posibilidades desde el punto de vista de apelación y que no haya ningún tipo de asimetría".
Fuente: Público Información relacionada: La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, también vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores
Texto del discurso pronunciado por José Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay, en la cumbre Río+20 20 de junio de 2012
Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las inmensas
¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y
de consumo, que es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes?
¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro: ¿Tiene el mundo hoy los elementos materiales como para hacer posible que 7 mil u
8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será eso posible? ¿O tendremos que darnos algún día, otro tipo de discusión? Porque hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del mercado, hija de la competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero la economía de mercado ha creado sociedades
de mercado. Y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta.
contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.
El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las
fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general.
va. Y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus”
y la sociedad de consumo es el motor, -porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros- pero ese hiper consumo es el que está agrediendo al planeta. Y
tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las cosas duren poco,
porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden
durar 100 mil horas encendidas! Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en un círculo vicioso.
Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca
o incluso los Aymaras- definían: “pobre no es el que tiene poco sino el
que necesita infinitamente mucho, y desea más y más”. Esta es una clave
Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy acompañar, como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo, “rechinan”. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis
del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa.
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) denuncian
el fracaso del control sobre el fraude fiscal
Caída de los resultados de la
AEAT en la lucha contra el fraude
La lucha contra el fraude en España sigue
cifrándose en números rojos. Más de 250.000 millones de euros anuales que
escapan al control del fisco alcanzando un nivel récord del 24,6 por ciento del
anuales de la AEAT fueron los “peores” en toda su historia
Los resultados en la lucha contra el fraude
cosechados por la Agencia Tributaria (AEAT) desde que comenzó la crisis
no han logrado evitar un aumento de la economía sumergida en España de
60.000 millones de euros, según señalaron hoy los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA) en reacción a la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en
Por este motivo, Gestha considera que
“algo está fallando” en la lucha contra el fraude cuando la economía sumergida
sigue creciendo año tras año, alcanzando un nivel récord del 24,6% del
PIB, lo que supone más de 250.000 millones de euros anuales
que escapan al control del fisco. De hecho, el ejercicio 2013 fue el
peor en resultados en los 23 años de historia de la AEAT, ya que la lucha
contra el fraude apenas logró 10.950 millones de euros, con un descenso de 567
millones respecto al ejercicio anterior.
Los Técnicos también apuntan que el mínimo
repunte de la recaudación en la lucha contra el fraude no compensa el aumento
de 15.000 millones de euros anuales de la economía sumergida.
Además, los 5.508 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2014, un
dato considerado “récord” por el propio ministro de Hacienda, son similares a
los alcanzados en el mismo periodo de 2013 y 2012, cuando se ingresaron
5.034 y 5.042 millones de euros, respectivamente, por lo que los
Técnicos no prevén para este año una mejora sustancial que permita hablar de un
punto de inflexión en los resultados de la Agencia.
Por otro lado, los Técnicos lamentan también la
autocomplacencia del ministro al referirse al tipo medio efectivo que
pagan las grandes empresas a Hacienda, que actualmente se sitúa en el
5,3% y que espera que cierren el ejercicio en el 9%. Pese a la mejora, la cifra
está a años luz del tipo del 30% nominal por el que deben tributar este tipo de
compañías, que son las que concentran el 72% del fraude junto con las
grandes fortunas, ocasionando unas pérdidas a Hacienda superiores a
los 40.000 millones de euros anuales.
reclamaciones a Hacienda y menos denuncias por delito fiscal
Gestha también ha pedido cautela a la hora
de hablar de las reclamaciones realizadas por los contribuyentes a Hacienda en
los Tribunales Económicos Administrativos (TEA) y en los Tribunales de
Justicia, ya que la falta de técnicos e inspectores para resolverlas ha
provocado que la Agencia Tributaria pierda la mitad de los litigios, lo que ha
afectado de forma negativa a los resultados de la lucha contra el fraude al recaudar
1.038 millones de euros menos en 2013.
Tasa de estimación de
Fuente: Técnicos del Ministerio
de Hacienda (GESTHA)
Además, los Técnicos muestran claras reservas
sobre los datos facilitados por Montoro sobre las condenas por delito
contra la Administración y Hacienda, ya que pese a que el número de
condenas aumentó en los últimos dos años y medio, la propia Memoria de la AEAT
reconoce que se han desplomado las denuncias al Ministerio Fiscal por este tipo
de delitos, bajando a 652 en 2012 desde las más de un millar registradas
Este desplome se debe, según Gestha, a la
resolución interna de la AEAT sobre las competencias y funciones en el área de
Inspección, que impide a los Técnicos de Hacienda ultimar expedientes en “los
supuestos de especial dificultad sobrevenida”, es decir, simulación, conflicto,
fraude de ley o delito fiscal. Esto provoca que las denuncias no siempre acaben
en condenas penales y que parte de los condenados sean finalmente
indultados por el Ejecutivo.
Por tanto, Gestha considera “prioritario” que los
esfuerzos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado
(IGAE) a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude fiscal y blanqueo
de capitales, así como el control del gasto público y las subvenciones, a
través de la autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para
que asuman mayores responsabilidades en su efectiva aplicación.
Además, son necesarios más recursos en la
persecución del fraude. De hecho, según los datos de la OCDE, para
equiparar la Administración tributaria española con la media europea, se
necesitaría 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo.
Por tanto, según Gestha, esta carencia no se suple con 490 técnicos de
Hacienda, 54 inspectores y 321 agentes nuevos en la lucha contra el fraude
aprobada recientemente en la Oferta de Empleo Público extraordinaria.

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10
 Real Decreto 

resolución