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Timestamp: 2020-06-01 14:36:22+00:00

Document:
STC 28/2011, 14 de Marzo de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 271334338
STC 28/2011, 14 de Marzo de 2011
Número de Recurso: 1042-2010
Recurso de amparo 1042-2010. Promovido por doña M.O., don Enric Xavier Morera Català y doña Mireia Mollà Herrera respecto a diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas que inadmiten a trámite diferentes iniciativas parlamentarias. Alegada vulneración del derecho a la participación política en condiciones de igualdad: extemporaneidad del recurso de amparo presentado en el registro del decanato de los Juzgados civiles de Valencia y recibido en el Tribunal Constitucional fuera del plazo legalmente establecido para su interposición. Votos particulares.
Sentencia citada en: 117 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
STC 028/2011
En el recurso de amparo núm. 1042-2010, promovido por doña M.O., don Enric Xavier Morera Català y doña Mireia Mollà Herrera, representados por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Sandín Fernández y bajo la asistencia técnica de doña M.O. contra tres Acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas, dos de fecha 20 de octubre de 2009 y uno con fecha de 27 de octubre de 2009, mediante los que se desestiman los recursos de reposición interpuestos contra Resoluciones de dicha Mesa relativas a la inadmisión de distintas preguntas parlamentarias (de 22 de septiembre de 2009 y de 6 de octubre de 2009) y de una solicitud de comparecencia (igualmente de 22 de septiembre de 2009). Han sido parte las Cortes Valencianas, representadas por su Letrado Mayor, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro Único del Decanato de los Juzgados de Valencia el 26 de enero, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 9 de febrero de 2010, don José Antonio Sandín Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña M.O., don Enric Xavier Morera Català y doña Mireia Mollà Herrera, Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís en las Cortes Valencianas (en adelante: Grupo Parlamentario Compromís) interpuso recurso de amparo contra las Resoluciones parlamentarias a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
Los hechos que anteceden a la presente Sentencia de amparo son sustancialmente los siguientes:
Con fecha de 9 de septiembre de 2009, doña M.O., Diputada del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas presentó ante la Mesa de las Cortes Valencianas, al amparo del art. 157 del Reglamento de las Cortes de Valencia, distintos escritos que contenían seis preguntas parlamentarias con respuesta escrita dirigidas al Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda cuyo contenido era el siguiente:
- R.E. 43461: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L., de conformidad con los siguientes argumentos fácticos jurídicos:
De acuerdo con esto, y con las competencias que tiene la Conselleria al respecto, ¿piensa tomar alguna medida al respecto?"
- R.E. 43462: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L., de conformidad con los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
- R.E. 43463: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L., de conformidad con los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:
- R.E. 43464: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L. Según este recurso, la resolución tiene errores que deberán ser corregidos y enmendados.
- R.E. 43465: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L. Según este recurso, la resolución tiene errores que deberán ser corregidos y enmendados.
- R.E. 43466: "Una asociación vecinal del municipio de Traiguera ha presentado un recurso de reposición al expediente núm. 2008-0201 de Traiguera ante la petición de declaración de interés comunitario solicitada a nombre de Barrachina Inversiones y Servicios, S.L. Según este recurso, la resolución tiene errores que deberán ser corregidos y enmendados.
Por escrito registrado el día 9 de septiembre de 2009 don Enric Xavier Morera Català, portavoz adjunto del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas solicitó ante la Mesa de las Cortes la comparecencia, al amparo del art. 168 del Reglamento de las Cortes Valencianas, del honorable conseller de Inmigración y Ciudadanía, don Rafael Blasco i Castany, "para dar cuenta de los usos públicos con finalidades privadas que hace la Secretaria autonómica de inmigración, Gotzone Mora".
Mediante escritos registrados con fecha de 30 de septiembre de 2009, doña M.O., Diputada del Grupo Parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, presentó ante la Mesa de las Cortes, al amparo del art. 157, las preguntas parlamentarias que a continuación se relacionan, ambas dirigidas al honorable Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda:
- R.E. 44309: (pregunta con contestación escrita): "En relación con la reciente solicitud de prueba presentada por los demandantes en el caso de anulación del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de 2 de julio de 2005, que aprobó 'definitivamente' el PGOU de Llíria en lo referente al Sector 28 Coto Cátala y que ha sido tramitada por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la CV (TSJCV) para poder pronunciarse sobre el mencionado recurso presentado por el Centro de Acuicultura Experimental (CAE) y la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Tos Pelat pidiendo su anulación, esta Diputada pregunta:
¿En qué plazo piensa el Conseller aplicar el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, y el artículo 294 y la disposición adicional 22 de la Ley 30/1997, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que hace referencia a la abstención de los funcionarios y autoridades, dadas las vinculaciones familiares que son de todos conocidas y usted mismo ha reconocido públicamente?"
- R.E. 44307: (pregunta con respuesta oral en el Pleno) formulada por la Síndica Mónica Oltra: "previo conocimiento de su grupo y de acuerdo con el artículo 155 del RC, al Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en referencia a los procesos de contratación.
¿En qué plazo y cómo piensa aplicar las causas de abstención recogidas en los artículos 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, y 294 y disposición adicional 22a de la Ley 30/1997, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que recogen las causas de abstención de funcionarios y autoridades, en aquellos casos en los que empresas de familiares directos del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda participan en procesos de contratación con la Conselleria que usted dirige?"
Los recurrentes alegan la vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE) y del derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE). Igualmente se invoca la lesión del derecho a no sufrir discriminación (art. 14 CE), si bien se admite expresamente que esta queja puede entenderse subsumida en la vulneración de los derechos garantizados por el art. 23 CE.
Mediante providencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se admitió a trámite la demanda de amparo y se acordó, de conformidad con el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente a las Cortes Valencianas a través de su Presidente a fin de que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a las decisiones y actos recurridos, previa traducción al castellano, debiendo previamente emplazarse para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Con fecha de 1 de junio de 2010 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito del Letrado Mayor de las Cortes Valencianas por el que se adjuntaba copia adverada de las actuaciones relativas a los actos y decisiones de la Cámara impugnados en el presente recurso, así como traducción al castellano de todos los documentos que conforman el expediente. Igualmente, se adjuntaba el acuerdo de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 25 de mayo de 2010, relativo a la personación de los servicios jurídicos de la Cámara en el procedimiento.
A través de escrito registrado en este Tribunal con fecha de 14 de julio de 2010, el Letrado Mayor de las Cortes Valencianas, en la representación que ostenta, formuló las siguientes alegaciones.
En un segundo apartado intitulado "Sobre la no concurrencia de elementos para afirmar la lesión de un derecho fundamental" se aborda el fondo del asunto, sosteniendo que la demanda carece manifiestamente de contenido constitucional, ya que se ha deducido contra actos a los que no cabe imputar lesión de derechos fundamentales alguna; en este sentido, se alega, con carácter general, que el contenido de algunas preguntas rechazadas era más propio de la facultad de recabar informes u otro tipo de documentos que tienen reglamentariamente atribuida a los Diputados (art. 12 del Reglamento de las Cortes Valencianas), mientras que la solicitud de comparecencia del Conseller para asunto relativo a un Secretario autonómico no parecía oportuna existiendo la posibilidad de solicitar la comparecencia de los propios Secretarios (art. 168.5 RCV). Asimismo, se hace hincapié en que, de acuerdo con el Reglamento parlamentario y la propia jurisprudencia de este Tribunal, la Mesa de las Cortes, en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión, puede extender el examen de los documentos que le son presentados más allá de una mera verificación de carácter formal.
El Ministerio Fiscal presentó alegaciones a través de escrito registrado en este Tribunal con fecha de 3 de septiembre de 2010 y en el que se pusieron de manifiesto los siguientes extremos.
En primer lugar, el Ministerio Fiscal realiza una serie de consideraciones de carácter procesal referidas a la legitimación de los recurrentes y a la acumulación de los supuestos que se traen en la demanda ante este Tribunal. Con respecto de la legitimación, sostiene que, aunque el recurso se presenta conjuntamente por los referidos diputados, las vulneraciones que se denuncian pueden ser perfectamente individualizadas, de tal suerte que la vulneración de los derechos fundamentales derivadas de la inadmisión a trámite de las preguntas parlamentarias afectaría, en su caso, a la Diputada que las presentó, esto es, doña M.O., mientras que la vulneración derivada del rechazo de la comparecencia ha sido denunciada por don Enric Xavier Morera Català, promotor de la iniciativa, en su condición de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Compromís. Pues bien, del art. 168.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas se deduce que son los grupos parlamentarios, entre otros sujetos, quienes tienen atribuida la facultad de solicitar las comparecencias, por lo que el citado portavoz adjunto actuó en nombre del grupo Compromís. Y, en este sentido, invoca la doctrina de este Tribunal para sostener que los grupos parlamentarios ostentan una representación institucional de los miembros que forman parte del grupo, con la correspondiente capacidad procesal para defender las eventuales lesiones de los derechos que tengan relación con el ejercicio del cargo representativo. Dicha representación no puede privar de legitimación a los propios parlamentarios, de modo que cuando se restringen indebidamente las facultades reconocidas a los grupos parlamentarios se está vulnerado igualmente el derecho fundamental de los parlamentarios integrados en el grupo.
Tras las consideraciones de orden procesal y las referidas al objeto del recurso el Ministerio Fiscal se ocupa, en tercer lugar, del fondo del recurso. En lo que respecta a las resoluciones relativas a la inadmisión de las distintas preguntas parlamentarias presentadas por la recurrente doña M.O., el Ministerio Fiscal parte, tras un examen del contenido de las iniciativas controvertidas, de la innegable vinculación que existe entre las mismas y la función de control del Gobierno. A pesar de esta circunstancia, entiende que la Mesa de la Cámara se ha limitado a aplicar un precepto del Reglamento de las Cortes sin motivación y que no permite, por ello, deducir la concurrencia de las causas de inadmisibilidad aducidas por la Mesa, esto es, que las preguntas se referían a persona jurídica sin trascendencia pública en la Comunidad Valenciana o que versaban sobre consulta jurídica. Al operar de tal modo la Mesa ha contravenido, no solo la doctrina de este Tribunal en la materia, sino también lo dispuesto en el propio Reglamento de las Cortes Valencianas, que dispone que la no admisión de una pregunta habrá de acordarse mediante resolución motivada que exponga razonadamente los fundamentos jurídicos en que se base (art. 153.5 del Reglamento de las Cortes Valencianas). Constatada la vulneración del derecho fundamental, el Ministerio Fiscal advierte que el alcance del fallo no puede limitarse a la declaración de la vulneración y a la nulidad de las resoluciones impugnadas, sino que, dictándose la Sentencia durante la legislatura en la que tuvo lugar la vulneración, es posible la adopción de medidas tendentes al pleno restablecimiento del derecho vulnerado. Por lo demás, así se ha operado en la reciente STC 44/2010, de 26 de julio, en un supuesto análogo al que ahora se informa.
Mediante diligencia de 6 de septiembre de 2010 se dejó constancia de la recepción de los escritos de alegaciones presentados por el Ministerio Fiscal y el Letrado Mayor de las Cortes Valencianas sin que por parte de los recurrentes se hubieran presentado alegaciones.
Por providencia de 10 de marzo de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige, en primer lugar, contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 22 de septiembre de 2009, por la que se acordaba la no admisión a trámite de seis preguntas con solicitud de respuesta escrita presentadas por doña M.O., diputada del Grupo Parlamentario Compromís, así como contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 20 de octubre de 2009, por la que no se accedía al recurso de reposición planteado. En segundo lugar, se dirige también contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas, de 22 de septiembre de 2009, ratificada por otra posterior de 20 de octubre de 2009, recaída en reposición, por la que se acordaba no admitir a trámite una solicitud de comparecencia del Honorable Conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana presentada por don Enric Xavier Morera Català, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Compromís en nombre del mismo. En tercer lugar, la demanda se dirige contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de 6 de octubre de 2009, ratificada en reposición mediante resolución del mismo órgano, de 27 de octubre de 2009, por la que se inadmitían a trámite dos preguntas, una con respuesta escrita y otra con respuesta oral en Pleno, formuladas por doña M.O., diputada del Grupo Parlamentario Compromís.
Antes de proceder a analizar las pretensiones de las partes, es necesario realizar dos precisiones. En primer lugar, se observa que en el encabezamiento de la demanda figuran como recurrentes doña M.O., don Enric Xavier Morera Català y doña Mireia Mollà Herrera. No obstante, de la lectura de la misma no se desprende la existencia de ningún acto parlamentario referido a iniciativa alguna planteada por la Diputada Sra. Mollà Herrera. Así, la intervención en el presente recurso de amparo de la Diputada Sra. Oltra i Jarque proviene de haber visto inadmitidas a trámite una serie de preguntas, mientras que la del Diputado Sr. Morera Català lo es en calidad de promotor de una solicitud de comparecencia, presentada en su condición de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Compromís, cuya tramitación fue igualmente rechazada por la Mesa de las Cortes Valencianas. Pues bien, el art. 46.1 a) de la Ley Orgáncia del Tribunal Constitucional (LOTC) legitima para postular el amparo constitucional, en los supuestos recogidos por el art. 42 LOTC, como es el caso, a las personas directamente afectadas. Siendo ello así, al no haber intervenido la Diputada Sra. Mollà Herrera en ninguna de las iniciativas parlamentarias afectadas por las resoluciones parlamentarias que ahora se impugnan ante este Tribunal, ha de negarse legitimación a la misma para intervenir como demandante en el presente recurso de amparo. En consecuencia, hemos de tener como partes actoras de la demanda que ahora se enjuicia, exclusivamente, a doña M.O. y a don Enric Morera Català.
Por otra parte, se ha de señalar que en el presente recurso concurren las mismas circunstancias que han llevado a este Tribunal, en casos similares, a resolver de forma conjunta las vulneraciones alegadas de los derechos recogidos en el art. 23 CE (así en las SSTC 74/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 33/2010, de 19 de julio, FJ 3; y 44/2010, de 26 de julio, FJ 1). En concreto, hemos estimado que "la unidad argumental de la demanda, al razonar conjuntamente sobre la restricción continuada a los Diputados adscritos a un mismo grupo parlamentario de las diversas facultades de control político del Gobierno mediante el rechazo inmotivado de sus iniciativas de control parlamentario, aconseja resolver conjuntamente las distintas vulneraciones del derecho fundamental garantizado por el art. 23 CE; sin embargo ello no obsta a que, a la vista de la especial naturaleza de cada una de las iniciativas restringidas, sea también aconsejable ... su análisis por separado" (STC 74/2009, de 23 de marzo, FJ 2). Idéntico criterio habrá de aplicarse, por lo tanto, en esta ocasión.
Expuesto lo anterior, y dado que el Letrado Mayor de las Cortes Valencianas ha solicitado la inadmisión del recurso, se ha de abordar ahora el examen de la concurrencia de posibles obstáculos procesales que impidan entrar a conocer de las pretensiones articuladas por los recurrentes; análisis que, por lo demás, y como se verá a continuación, puede también plantearse de oficio por el Tribunal. En relación con este extremo hay que recordar que, en el caso de que se apreciara en este momento la existencia de un óbice procesal, este Tribunal podría depurarlo, sin que la admisión a trámite del recurso suponga un obstáculo para ello, ya que, como tenemos declarado, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), pues el cumplimiento de los requisitos legales para la interposición de la demanda de amparo es una materia de orden público procesal, no disponible para las partes ni para el propio Tribunal (entre otras, SSTC 228/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, y 20/2008, de 31 de enero, FJ 3). Así pues, la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volver a abordarse o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, SSTC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3, y 268/2005, de 24 de octubre, FJ 3).
El plazo de presentación de los denominados recursos de amparo "parlamentarios", esto es, de los interpuestos conforme a lo prevenido por el art. 42 LOTC -como acontece en el supuesto que nos ocupa-, es de "tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes". La firmeza se adquiere cuando la Cámara notifica, si así ha quedado previsto por las normas parlamentarias, la resolución de los recursos de reposición planteados contra las resoluciones de inadmisión (STC 76/1994, de 14 de marzo, FJ 1). La presentación del recurso debe efectuarse, como regla general, en la sede de este Tribunal, dentro del plazo legalmente previsto, si bien, como excepción, "los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, en el registro del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil" (art. 85.2 LOTC).
Es necesario partir de la base de que la presentación de los recursos de amparo en lugar distinto al Registro General del Tribunal Constitucional únicamente está prevista para aquellos recursos que se presenten hasta las quince horas del día posterior al del vencimiento del plazo, en cuyo caso sí podrán hacerlo en la oficina o servicio de Registro Central de los Tribunales civiles de cualquier localidad (art. 85.2 LOTC). Sobre este particular hay que recordar que, según doctrina reiterada de este Tribunal, "la presentación de escritos fuera del Tribunal es excepcional y debe interpretarse restrictivamente por exigirlo así el Derecho Procesal General y la buena marcha de los procesos" (ATC 236/1984, de 11 de abril. En la misma línea, AATC 204/1999, de 28 de julio, y 138/2001, de 1 de junio). Por esa razón, antes de la reforma de la LOTC operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, este Tribunal sólo admitía, como excepción a la regla general, que la presentación del recurso de amparo pudiera efectuarse en el Juzgado de guardia de Madrid, siempre y cuando se tratara del último día del plazo (ATC 138/2001), postura que se encuentra ligada a la excepcionalidad de la presentación de escritos en lugar distinto a la sede del propio Tribunal, y que sólo se permitía para dar satisfacción al derecho de los recurrentes a disponer del plazo en su totalidad. Por esa razón advertimos que quien presentara su escrito antes del último día del plazo en el Juzgado de guardia, asumía el riesgo de que aquél no tuviera entrada en el registro del órgano judicial destinatario dentro del plazo legal, provocando la extemporaneidad en la evacuación del trámite y la consiguiente frustración en el uso del remedio procesal de que se tratara; consecuencia en la que no se puede ver una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que este derecho no autoriza a convertir una regla excepcional, establecida en garantía de la plenitud de los plazos de que disponen las partes para el cumplimiento de los trámites procesales, en un criterio de alternatividad acerca del lugar de realización de dichos trámites (SSTC 260/2000, de 30 de octubre, FJ 5, y 54/2001, de 26 de febrero, FJ 2).
Inadmitir el recurso de amparo presentado por doña M.O., don Enric Xavier Morera Català y doña Mireia Mollà Herrera.
Dada en Madrid, a catorce de marzo de dos mil once
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto a la Sentencia dictada, el 14 de marzo de 2011, en el recurso de amparo núm. 1042-2010.
Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de interposición, ante el registro del Tribunal Constitucional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el art. 135.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de Sentencia de la Sala Segunda de 14 de marzo de 2011, dictada en el recurso de amparo núm. 1042-2010
STC 74/2009, 23 de Marzo de 2009
STC 168/2012, 1 de Octubre de 2012
STS 772/2007, 4 de Octubre de 2007
SAP Barcelona 145/2008, 29 de Febrero de 2008

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 294
 artículo 155
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 135