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Timestamp: 2019-05-25 07:11:14+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 540/10 de Corte Constitucional, 30 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 225231418
Ley 1123 de 2007, parágrafo artículo 66 “por la cual se establece el código disciplinario del abogado” la norma regula las facultades de los intervinientes en el proceso, el parágrafo acusado es el siguiente: “el quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad de juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la secretaría de la sala respectiva” el cargo formulado por el actor, es la vulneración de los artículo 1 y 229 constitucionales, ya que considera que se desconoce la prevalencia del interés general, al no existir la posibilidad de que el quejoso interponga el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en el proceso disciplinario contra abogados, desconociéndose la garantía procedimental de que todas las decisiones proferidas por la autoridad competente sean revisadas por el superior. La corte encuentra que existe una ineptitud sustancial de la demanda por insuficiencia de cargos, por lo tanto decide inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo. Inhibida.
C-540-10 Sentencia C-540/10 Sentencia C-540/10
Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.L.P.A. demandó el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007.
Ley 1123 de 2007. Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado
En términos del accionante cuando se trata de faltas disciplinarias constitutivas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la situación en que se hallan las personas afectadas es muy diferente de aquella en que se encuentra el particular que, en calidad de quejoso, promueve una investigación disciplinaria.
A. nuevamente en la Sentencia C-014 de 2004[2], sostiene que la calidad de víctima habilita a las personas para que actúen en el proceso disciplinario no sólo en calidad de intervinientes quejosos, sino como verdaderos sujetos procesales dentro del mismo. Pues, al existir la vulneración de derechos constitucionales o la infracción de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, se traspasa el interés legal que le asiste al quejoso en su calidad de tercero, dado que lo que se persigue es el reestablecimiento del derecho fundamental que hubiere sido conculcado.
Adicional a dicho argumento, expone el demandante que, en los casos en que la falta disciplinaria implica graves violaciones de derechos constitucional e internacionalmente protegidos, la imposibilidad de atacar las decisiones proferidas en primera instancia dentro del proceso disciplinario contra abogados, aunada a la inexistencia del grado jurisdiccional de consulta, va en contra del principio de la prevalencia del interés general. En este sentido, señala que al legislador no le era posible no consagrar o suprimir en esa ley disciplinaria el control de CONSULTA sobre el fallo de primer grado, que es garantía de que los jueces respetarán y acatarán tal tipo de interés general fundamental y efectivo control para que ello sea de tal manera; así como tampoco no estatuir o eliminar la potestad de APELAR que asiste al quejoso.
2.2.1. Violación del artículo 1 de la Carta: Para el demandante, esta norma superior, que se refiere entre otros asuntos a la prevalencia del interés general, es vulnerada por el precepto acusado, porque al no existir la posibilidad de que el quejoso interponga el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en el proceso disciplinario contra abogados, o en su defecto, al no existir el grado jurisdiccional de consulta de la misma, se desconoce la garantía procedimental de que todas las decisiones proferidas por la autoridad competente sean revisadas por el superior, para así asegurar que sean acordes con el orden legal y constitucional, lo cual constituye un interés general.
El ciudadano G.H.V., en su calidad de Director de la Especialización en Derecho Procesal, intervino en forma oportuna dentro del proceso para solicitar a la Corte que se declare inhibida para adoptar un fallo de fondo, teniendo en cuenta que el cargo formulado por el actor contra el parágrafo del artículo 66 de la ley 1123 de 2007 no es cierto. A juicio del interviniente, la acusación parte de un supuesto falso, cual es considerar que el quejoso ostenta la calidad de sujeto procesal dentro del proceso disciplinario seguido contra abogados. En esta medida, si el cargo que se formula contra una norma que no existe, la Corte no podría entrar a resolver la cuestión de fondo.
El artículo 65 de la ley 1123 de 2007 determina con claridad quiénes ostentan la calidad de sujetos procesales; éstos son el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.
En este sentido señala el interviniente que si la persona que eleva la solicitud para que se investigue la conducta del togado está desprovista de las atribuciones propias de las partes; y si, pese a esa circunstancia aún así la ley le permite ampliar su queja, aportar pruebas e incluso recurrir las decisiones que le ponga fin a la actuación (salvo que se trate de la sentencia) no se advierte entonces cómo es que esta única restricción afecta los derechos fundamentales que desde la perspectiva del accionante transgrede la norma acusada.
También en forma oportuna intervino dentro del proceso la ciudadana A.B.C.B., en representación del Ministerio del Interior y de Justicia, quien igualmente consideró que la Corte debe declararse inhibida para asumir el conocimiento de la presente demanda, porque no hay cargos suficientes que permitan hacer una confrontación entre la norma acusada y los postulados constitucionales.
Arguye que el argumento principal del actor se centra en el hecho de que el quejoso dentro de un proceso disciplinario seguido contra abogados no cuenta con el recurso legal para apelar la sentencia de primer grado, sin que exista tampoco el grado jurisdiccional de consulta. Lo cual vulnera el derecho fundamental a la prevalencia del interés general, a su juicio contenido en el artículo 1° de la Constitución, así como el derecho de acceso a la Administración de justicia.
En conclusión, sostiene el Ministerio interviniente que el actor está argumentando que en este caso la norma acusada debió establecer que cuando el quejoso sea víctima o perjudicado con la falta disciplinaria cometida por un abogado y que dicha falta constituya una violación del derecho internacional, o de los derechos humanos, o del derecho internacional humanitario, debe considerársele como parte interviniente en el proceso, pero como no desarrolla argumento alguno al respecto, la Corte debe proferir un fallo inhibitorio por insuficiencia de los cargos.
El Procurador General de la Nación, A.O.M., estando dentro el término legalmente previsto emitió el concepto de su competencia, en el cual también pidió a la Corte declararse inhibida de asumir el estudio de constitucionalidad del aparte normativo demandado, petición que sustentó con los siguientes argumentos:
En efecto, sostiene el Procurador que en el Código disciplinario del Abogado no se encuentra ninguna falta que, en forma expresa, pueda ubicarse dentro de las conductas atentatorias contra el catálogo de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario. De suerte que si el ciudadano consideraba que otros comportamientos acarrean tal vulneración, entonces en su demanda debió hacer expreso tal vínculo argumentativo.
Recuerda la vista fiscal que la jurisprudencia constitucional ha señalado que al presentar una demanda de inconstitucionalidad el actor debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente. Al respecto, el Procurador considera que en esta oportunidad el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para formular cargos de inconstitucionalidad contra la norma demandada, pues no se alcanza a vislumbrar de la lectura de la demanda de qué manera el parágrafo del artículo 66 del Código Disciplinario del Abogado vulnera el derecho de acceso a la justicia y el interés general prevalente y público.
Por lo expuesto, el señor P. solicita a la Corte Constitucional inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 66 de la ley 1123 de 2007, por ineptitud sustantiva de la demanda.
5.2.1. Según se reseñó en el acápite de Antecedentes de la presente sentencia, el demandante considera que cuando el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado, dispone que el quejoso puede concurrir al proceso disciplinario seguido contra abogados, pero solamente para la formulación y ampliación de la queja, para el aporte de pruebas y para la impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación distintas a la sentencia, desconoce varios artículos de la Constitución, porque no tiene en cuenta que el quejoso puede ser a la vez víctima de una falta disciplinaria que implique violación de sus derechos fundamentales, o de aquellos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos humanos o por el Derecho Internacional Humanitario.
La certeza del cargo es un requisito sustancial de la admisibilidad de las demandas de inexequibilidad, que hace relación a la necesidad de que la prescripción jurídica reprochada de inconstitucional esté realmente contenida en la disposición concretamente acusada[15]. Los cargos son ciertos, ha dicho la Corte, cuando permiten la confrontación entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos normativos verificables, derivados del texto de las normas acusadas[16].
Por su parte, la suficiencia del cargo es también un requisito de admisibilidad que alude a que la demanda desarrolle una argumentación mínima, que explique de manera completa las razones de la inconstitucionalidad acusada. Los cargos son suficientes, ha dicho la Corte, cuando exponen todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. [17]
a. ¿Es posible la existencia de víctimas de una falta disciplinaria? En caso positivo, ¿en qué supuestos?
b. ¿En los casos de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, las víctimas o los perjudicados están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario? De ser así, ¿con qué calidad pueden hacerlo?
c. ¿En esos eventos, qué derechos tiene la víctima de o el perjudicado con la falta disciplinaria?
d. ¿Las normas jurídicas que permiten la revocatoria directa, de oficio o a petición de parte, de los fallos disciplinarios sancionatorios y no de los fallos disciplinarios absolutorios, vulneran el Texto Superior? Si ello es así, ¿en qué supuestos puede presentarse tal vulneración?[22]
Las anteriores limitaciones a la facultad de intervención del quejoso en el proceso disciplinario fueron justificadas por la Corte a partir de la consideración relativa a que el proceso disciplinario, por definición, remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales[25] y no en la vulneración de derechos de terceros. No obstante, la Sentencia hizo ver que existían algunos supuestos en los que la infracción del deber funcional del servidor público comporta tal grado de lesividad, que ella guarda una relación inescindible y directa con la violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Dentro de estos supuestos, el fallo afirmó que se encontraban las faltas disciplinarias calificadas de gravísimas descritas en los numerales 5 a 11 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a saber:
5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o social:
6. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus miembros.
7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.
8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.
9. Infligir a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.
10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia.
11. Ocasionar la muerte en forma deliberada, por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.
Visto lo anterior, la Corte concluyó que si bien la regla general indicaba que en el derecho disciplinario no existían víctimas por cuanto las faltas remitían a infracciones de deberes funcionales y no a lesiones de derechos, de manera excepcional podía hablarse de víctimas de una falta disciplinaria cuando de la infracción del deber que la constituye surge, de manera inescindible y directa, la violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así las cosas, dedujo que era claro que la calidad de víctimas de tales faltas las habilitaba para intervenir no sólo como interesados en la defensa del ordenamiento jurídico, sino como personas portadoras de un interés legítimo y directo en las resultas del proceso disciplinario, es decir, no como simples terceros, sino como verdaderos sujetos procesales con todas las facultades reconocidas a éstos, pues su intervención se orientaba al reconocimiento de los derechos que como víctimas tenían al esclarecimiento y conocimiento de la verdad y a la realización de la justicia disciplinaria[26]. A partir de lo anterior, el fallo concluyó que su exclusión como sujetos procesales en la actuación disciplinaria y la imposibilidad en que estaban de solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o la revocatoria de la decisión de archivo de la actuación, o la imposibilidad de que tal revocatoria fuera declarada de oficio, eran decisiones legislativas irrazonables, pues constituían limitaciones arbitrarias de los derechos a la verdad y a la justicia que les asistían a las víctimas o a los perjudicados con una falta disciplinaria gravísima, potencialmente lesiva de derechos fundamentales.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, en la parte resolutiva de la Sentencia C-014 de 2004 la Corte declaró exequibles las expresiones analizadas de los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, también procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación. Además, declaró exequible el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la ley.
Se presenta entonces una insuficiencia en la exposición del concepto de la violación, que hace que la demanda carezca de alcance persuasivo para generar siquiera una duda mínima acerca de la constitucionalidad de la disposición acusada, que permita entrar a analizar su conformidad con la Constitución. Ciertamente, como lo ha explicado la jurisprudencia, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional[28].
Tomando como fundamento lo dicho por esta Corporación en la Sentencia C-014 de 2004[29], el actor sostiene que el quejoso, como interviniente dentro del proceso disciplinario, puede catalogarse como simple o cualificado. Será quejoso simple quien sólo busca el reestablecimiento del orden jurídico y quejoso cualificado aquél que, además de perseguir la conformidad de la normatividad con el orden preexistente, tiene un interés adicional en la medida en que le han sido vulnerados derechos fundamentales o garantías contempladas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o en el Derecho Internacional Humanitario. En este último evento, la intensidad del daño será mayor que la de aquel perjuicio que se presenta respecto de la persona que no tiene la calidad de víctima de tal clase de violaciones de derechos.
A. nuevamente en la Sentencia C-014 de 2004[30], sostiene que la calidad de víctima habilita a las personas para que actúen en el proceso disciplinario no sólo en calidad de intervinientes quejosos, sino como verdaderos sujetos procesales dentro del mismo. Pues, al existir la vulneración de derechos constitucionales o la infracción de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, se traspasa el interés legal que le asiste al quejoso en su calidad de tercero, dado que lo que se persigue es el reestablecimiento del derecho fundamental que hubiere sido conculcado.
2.2.2. Violación del artículo 1 de la Carta: Para el demandante, esta norma superior, que se refiere entre otros asuntos a la prevalencia del interés general, es vulnerada por el precepto acusado, porque al no existir la posibilidad de que el quejoso interponga el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en el proceso disciplinario contra abogados, o en su defecto, al no existir el grado jurisdiccional de consulta de la misma, se desconoce la garantía procedimental de que todas las decisiones proferidas por la autoridad competente sean revisadas por el superior, para así asegurar que sean acordes con el orden legal y constitucional, lo cual constituye un interés general.
4.2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia
Estima la interviniente, que el demandante funda su solicitud en las consideraciones expuestas en la Sentencia C-014 de 2004[31], en donde se explicó que son víctimas o perjudicados de la falta disciplinaria aquellas personas que sufren una vulneración a sus derechos fundamentales, cuando tal falta conlleva la infracción de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por esta razón tienen la calidad de sujetos procesales dentro del proceso disciplinario, con derecho a agotar todos los recursos legales en virtud de dicha posición dentro del proceso.
Dice la vista fiscal, que el demandante considera que como la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 2004[32] concluyó que algunas de las conductas desplegadas por los servidores públicos pueden implicar, además de una falta disciplinaria, la vulneración de los derechos fundamentales del quejoso o la infracción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, lo que pone a tal quejoso en condición de víctima y en tal virtud le otorga la facultad de ejercer los mismos derechos de un sujeto procesal dentro del proceso disciplinario, esta misma conclusión debe aplicarse para el caso de los procesos disciplinarios seguidos en contra de abogados. Es decir, el actor pretende trasladar la ratio decidendi de dicha providencia, referida a los servidores públicos, al proceso disciplinario que se sigue en contra de los abogados.
A juicio del actor, los artículos constitucionales vulnerados serían los siguientes: (i) el artículo 1°, referente a la prevalencia del interés general[33], puesto que la garantía de impugnación de las decisiones proferidas por las autoridades permite asegurar que ellas sean acordes con el orden legal y constitucional, lo cual constituye un interés general; (ii) el artículo 229, concerniente al derecho de acceso a la Administración de Justicia[34], porque según lo establecido por esta Corporación judicial en la Sentencia C-014 de 2004[35], este derecho involucra la posibilidad de que el quejoso, cuando ha sido víctima de la violación de derechos fundamentales o de derechos humanos protegidos por el Derecho Internacional, pueda actuar como sujeto procesal con la plenitud de los derechos derivados de esa condición; (iii) y como consecuencia de la vulneración del artículo 229 constitucional, resultarían también desconocidas otras garantías superiores involucradas en el derecho de acceso a la Administración de Justicia, cuales serían la posibilidad de lograr la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2°)[36], asegurar la adopción judicial de medidas proporcionadas a la violación de los derechos fundamentales (C.P. art. 13)[37], la efectividad del derecho a la defensa de las personas portadoras de un interés legítimo y directo en las resultas del proceso disciplinario (C.P. art. 29)[38], el control del quejoso sobre la adecuada motivación del acto judicial (C.P. art. 29), y la garantía superior de las dos instancias (C.P. art. 31)[39].
No obstante el cúmulo de cargos anteriores, la acusación principal contenida en la demanda es aquella conforme a la cual, de lo dicho por esta Corporación en la Sentencia C-014 de 2004[40] se deduciría una regla general conforme a la cual, cuando el quejoso dentro de un proceso disciplinario ha sido víctima de la violación de derechos fundamentales o de derechos humanos amparados por el Derecho Internacional de los Derecho humanos o por el Derecho Internacional Humanitario, debe ser considerado como un sujeto procesal más, con la plenitud de los derechos a ellos reconocidos, en particular el de impugnar la sentencia de primera instancia.
5.2.2. Los intervinientes señalan que la demanda es inepta, por lo que la Corte debe proferir un fallo inhibitorio. En efecto, para uno de ellos los cargos no son ciertos y para el otro no son suficientes. Por su parte, el Ministerio Público comparte esta última posición de insuficiencia de la argumentación expuesta por el actor, pues a su parecer omitió explicar por qué las conclusiones de la Corte en mencionada Sentencia C-014 de 2004[41], que examinó normas legales relativas al proceso disciplinario seguido contra servidores públicos, pueden ser extensivas al caso del proceso disciplinario seguido en contra de abogados en ejercicio de su profesión. De manera particular, la vista fiscal echa de menos las explicaciones concernientes a que el tipo de faltas previstas en el Código Disciplinario del Abogado pueden implicar conductas que atenten contra los derechos fundamentales, los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.
5.3.3. Así las cosas, el problema jurídico que tendría que ser resuelto por la Corte es el concerniente a si la imposibilidad legal de impugnar la sentencia de primera instancia, en la que por virtud de la norma acusada se encuentra el quejoso dentro del proceso disciplinario seguido contra abogados, para el caso en el que dicho quejoso ha sido víctima de violaciones de derechos fundamentales o derechos humanos internacionalmente protegidos, resulta contraria a las norma superiores relativas a la vigencia de un orden justo, a la prevalencia del interés general y a la efectividad de los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso, a la igualdad, y a la garantía de la doble instancia, pues así fue establecido por esta Corporación judicial en la Sentencia C-014 de 2004[42], en donde se analizaron las normas legales relativas al proceso disciplinario seguido contra servidores públicos, y se precisaron los derechos procesales de los quejosos víctimas de tales atropellos.
5.4. La ineptitud sustancial de la demanda.
La certeza del cargo es un requisito sustancial de la admisibilidad de las demandas de inexequibilidad, que hace relación a la necesidad de que la prescripción jurídica reprochada de inconstitucional esté realmente contenida en la disposición concretamente acusada[43]. Los cargos son ciertos, ha dicho la Corte, cuando permiten la confrontación entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos normativos verificables, derivados del texto de las normas acusadas[44].
Por su parte, la suficiencia del cargo es también un requisito de admisibilidad que alude a que la demanda desarrolle una argumentación mínima, que explique de manera completa las razones de la inconstitucionalidad acusada. Los cargos son suficientes, ha dicho la Corte, cuando exponen todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. [45]
5.3.6. En esta oportunidad el cargo central de la demanda consiste en afirmar que en la Sentencia C-014 de 2004[46] la Corte consideró que quien actuara como quejoso dentro del proceso disciplinario seguido en contra de servidores públicos, y a su vez fuera víctima de graves violaciones a los derechos fundamentales o a los derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario, debía ser considerado como un sujeto procesal y en tal virtud podía ejercer todos los derechos reconocidos esta categoría de sujetos. Luego si tal cosa consideró Corte en ese fallo, la misma conclusión debe extraerse respecto del quejoso dentro del proceso disciplinario reglado por el Código Disciplinario del Abogado, cuando ha sido víctima de la misma clase de violaciones de derechos. Ahora bien, como la norma acusada no prevé que en este supuesto el quejoso pueda impugnar el fallo de primera instancia, entonces vulnera múltiples normas constitucionales, en especial las relativas al derecho de acceso a la justicia, al derecho al debido proceso, al derecho a la igualdad, a la garantía de la doble instancia, a la prevalencia del interés general y a la vigencia de un orden justo.
5.3.7. A juicio de la Sala, para extraer las anteriores conclusiones sobre la inconstitucionalidad de la norma acusada, partiendo para ello de que las consideraciones vertidas en la pluricitada Sentencia C-014 de 2004 son extensibles al proceso disciplinario de los abogados, es menester demostrar primero que las faltas disciplinarias imputables a los abogados son similares o iguales a las de los servidores públicos, y que unas y otras son susceptibles de implicar graves violaciones a los derechos fundamentales o a los derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o por el Derecho Internacional Humanitario. Sólo a partir de la demostración de esta similitud en las conductas sancionadas en uno y otro régimen disciplinario, y de su igual potencialidad de afectación de derechos de tal categoría, es posible extender al proceso disciplinario de los abogados las conclusiones relativas al proceso disciplinario de los servidores públicos.
5.3.8. Ciertamente, en la Sentencia C-014 de 2004 esta Corporación examinó la demanda de inconstitucionalidad parcial dirigida en contra de los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único[47], aplicable a los servidores públicos[48]. No obstante, la Corte conformó una unidad normativa, y extendió el análisis a otras normas no acusadas de la misma Ley[49].
d. ¿Las normas jurídicas que permiten la revocatoria directa, de oficio o a petición de parte, de los fallos disciplinarios sancionatorios y no de los fallos disciplinarios absolutorios, vulneran el Texto Superior? Si ello es así, ¿en qué supuestos puede presentarse tal vulneración?[50]
a través del Derecho disciplinario, el legislador configuraba faltas por la infracción de los deberes funcionales de los servidores públicos y de los particulares que cumplen funciones públicas y establecía sanciones teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. Además, hizo ver que, de acuerdo con el régimen legal vigente, los intervinientes en el proceso disciplinario eran la autoridad administrativa o judicial que adelantaba el proceso[51], los sujetos procesales[52] y el quejoso. Respecto de este ultimo, precisó que era la persona que ponía la falta disciplinaria en conocimiento de la autoridad y que no tratándose de un sujeto procesal, su intervención se limitaba a la presentación y ampliación de la queja, a la facultad de aportar pruebas y a la de recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, no estando legitimado para otras intervenciones procesales como las de solicitar pruebas, recurrir las decisiones que se profirieran en el proceso distintas a las ya indicadas, y solicitar la revocatoria directa del fallo.
Las anteriores limitaciones a la facultad de intervención del quejoso en el proceso disciplinario fueron justificadas por la Corte a partir de la consideración relativa a que el proceso disciplinario, por definición, remite a una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales[53] y no en la vulneración de derechos de terceros. No obstante, la Sentencia hizo ver que existían algunos supuestos en los que la infracción del deber funcional del servidor público comporta tal grado de lesividad, que ella guarda una relación inescindible y directa con la violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Dentro de estos supuestos, el fallo afirmó que se encontraban las faltas disciplinarias calificadas de gravísimas descritas en los numerales 5 a 11 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a saber:
Visto lo anterior, la Corte concluyó que si bien la regla general indicaba que en el derecho disciplinario no existían víctimas por cuanto las faltas remitían a infracciones de deberes funcionales y no a lesiones de derechos, de manera excepcional podía hablarse de víctimas de una falta disciplinaria cuando de la infracción del deber que la constituye surge, de manera inescindible y directa, la violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así las cosas, dedujo que era claro que la calidad de víctimas de tales faltas las habilitaba para intervenir no sólo como interesados en la defensa del ordenamiento jurídico, sino como personas portadoras de un interés legítimo y directo en las resultas del proceso disciplinario, es decir, no como simples terceros, sino como verdaderos sujetos procesales con todas las facultades reconocidas a éstos, pues su intervención se orientaba al reconocimiento de los derechos que como víctimas tenían al esclarecimiento y conocimiento de la verdad y a la realización de la justicia disciplinaria[54]. A partir de lo anterior, el fallo concluyó que su exclusión como sujetos procesales en la actuación disciplinaria y la imposibilidad en que estaban de solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o la revocatoria de la decisión de archivo de la actuación, o la imposibilidad de que tal revocatoria fuera declarada de oficio, eran decisiones legislativas irrazonables, pues constituían limitaciones arbitrarias de los derechos a la verdad y a la justicia que les asistían a las víctimas o a los perjudicados con una falta disciplinaria gravísima, potencialmente lesiva de derechos fundamentales.
5.3.9. Según se dijo anteriormente, en el presente caso el demandante estima que las consideraciones vertidas por la Corte en la sentencia que se acaba de reseñar son extensibles al proceso disciplinario seguido contra abogados, regulado por la Ley 1123 de 2007, cuyo artículo 66 acusa parcialmente de inconstitucional. En tal virtud, cuando dentro de este último proceso el quejoso haya sido víctima de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a su parecer debe ser considerado como un sujeto procesal más, con la plenitud de los derechos a ellos reconocidos, en particular el de impugnar la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, un repaso rápido de las faltas que dan lugar a la aplicación de sanciones mediante el proceso disciplinario regulado por la Ley 1123 de 2007 hace ver que a primera vista ninguna de tales conductas se asimila a las faltas gravísimas que en la Sentencia C-014 de 2004 se estimó que comportaban tal grado de lesividad, que guardaban una relación inescindible y directa con la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario[55]. Así las cosas, el demandante tenía la carga de demostrar lo contrario, pues sin esta argumentación no podía considerarse que los cargos de la demanda comprendieran la exposición de todos los elementos necesarios para iniciar el examen de constitucionalidad.
Se presenta entonces una insuficiencia en la exposición del concepto de la violación, que hace que la demanda carezca de alcance persuasivo para generar siquiera una duda mínima acerca de la constitucionalidad de la disposición acusada, que permita entrar a analizar su conformidad con la Constitución. Ciertamente, como lo ha explicado la jurisprudencia, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional[56].
[1] M.P.J.C.T.
[2] M.P.J.C.T.
[3] M.P.J.C.T.
[5] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
[6] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
[8] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
[9] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
[10] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[11] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
[12] M.P.J.C.T.
[14] M.P.J.C.T.
[15] Sobre el requsito de certeza de los cargos de inconstitucionalidad, consúltese especialmente la sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E.. También pueden verse, entre otras, las sentencias C-1544 de 2000, C-362 de 2001, C-504 de 1995, c-509 de 1996, etc.
[16] Sentencia C-445 de 2009. M.P.J.I.P.C..
[17] Sentencia C-1052 de 2001. M.P.M.J.C.E.
[18] M.P.J.C.T.
[19] Estas disposiciones son del siguiente tenor, dentro el cual se subrayan los partes que en esa oportunidad se demandaban:
[20] Cfr. Ley 734 de 2002, artículo 25.
[21] La Corte extendió su pronunciamiento a:
1) La expresiones sancionatorios y sancionado, que hacen parte del artículo 122 de la misma Ley 734 de 2002.
2) Las dos expresiones sancionatorios, que hacen parte del artículo 124 ibidem.
3) El artículo 89 de la misma Ley, relativo a los Sujetos procesales en la actuación disciplinaria.
[22] Sentencia C-014 de 2004. M.P.J.C.T..
[23] Sobre este asunto la sentencia explicó que la autoridad que conoce del proceso puede ser judicial, cual es el caso de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, cuando investigan a magistrados, jueces y abogados; o también administrativa, como ocurre con las entidades administrativas a las que está vinculado el disciplinado, con las personerías y con la Procuraduría General de la Nación.
[24] Los sujetos procesales, dijo la sentencia en comento, son el investigado y su defensor y el Ministerio Público cuando no es la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa. El investigado interviene en el proceso desde la indagación preliminar y hasta el fallo definitivo, puede solicitar pruebas, controvertir las decisiones que no le sean favorables interponiendo recursos ordinarios y extraordinarios, solicitar la revocatoria directa del fallo sancionatorio y acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la legalidad de la actuación cumplida y del fallo emitido. Y el Ministerio Público, por su parte, interviene en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.
[25] Tal infracción de deberes funcionales se produce, explicó el fallo, por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y en la ley.
[26] En cualquier caso la Corte aclaró que las víctimas no podía pretender el reconocimiento del derecho a la reparación pues esta pretensión no está ligada directamente a la infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el Estado, sino que está vinculada con el daño causado al bien jurídico de que aquellas son titulares. Y bien se sabe que la protección de tales bienes jurídicos y la reparación del daño a ellos causado es inherente a la jurisdicción y escapa a la órbita del derecho disciplinario.
[27] El Título II del Libro II la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código disciplinario del Abogado, consagra así las faltas disciplinarias por la cuales pueden ser sancionados disciplinariamente los abogados en ejercicio de su profesión y los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem:
V. de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o insólitas o de cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o la benevolencia de los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia.
Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profes ional,
[28] Sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E..
[29] M.P.J.C.T.
[30] M.P.J.C.T.
[31] M.P.J.C.T.
[32] M.P.J.C.T.
[33] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
[34] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
[36] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
[37] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
[38] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
[39] CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
[40] M.P.J.C.T.
[41] M.P.J.C.T.
[42] M.P.J.C.T.
[43] Sobre el requsito de certeza de los cargos de inconstitucionalidad, consúltese especialmente la sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E.. También pueden verse, entre otras, las sentencias C-1544 de 2000, C-362 de 2001, C-504 de 1995, c-509 de 1996, etc.
[44] Sentencia C-445 de 2009. M.P.J.I.P.C..
[45] Sentencia C-1052 de 2001. M.P.M.J.C.E.
[46] M.P.J.C.T.
[47] Estas disposiciones son del siguiente tenor, dentro el cual se subrayan los partes que en esa oportunidad se demandaban:
[48] Cfr. Ley 734 de 2002, artículo 25.
[49] La Corte extendió su pronunciamiento a:
[50] Sentencia C-014 de 2004. M.P.J.C.T..
[51] Sobre este asunto la sentencia explicó que la autoridad que conoce del proceso puede ser judicial, cual es el caso de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, cuando investigan a magistrados, jueces y abogados; o también administrativa, como ocurre con las entidades administrativas a las que está vinculado el disciplinado, con las personerías y con la Procuraduría General de la Nación.
[52] Los sujetos procesales, dijo la sentencia en comento, son el investigado y su defensor y el Ministerio Público cuando no es la autoridad que conoce del proceso, ni ejerce la función de vigilancia administrativa. El investigado interviene en el proceso desde la indagación preliminar y hasta el fallo definitivo, puede solicitar pruebas, controvertir las decisiones que no le sean favorables interponiendo recursos ordinarios y extraordinarios, solicitar la revocatoria directa del fallo sancionatorio y acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la legalidad de la actuación cumplida y del fallo emitido. Y el Ministerio Público, por su parte, interviene en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.
[53] Tal infracción de deberes funcionales se produce, explicó el fallo, por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y en la ley.
[54] En cualquier caso la Corte aclaró que las víctimas no podía pretender el reconocimiento del derecho a la reparación pues esta pretensión no está ligada directamente a la infracción del deber funcional que vincula al sujeto disciplinable con el Estado, sino que está vinculada con el daño causado al bien jurídico de que aquellas son titulares. Y bien se sabe que la protección de tales bienes jurídicos y la reparación del daño a ellos causado es inherente a la jurisdicción y escapa a la órbita del derecho disciplinario.
[55] El Título II del Libro II la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código disciplinario del Abogado, consagra así las faltas disciplinarias por la cuales pueden ser sancionados disciplinariamente los abogados en ejercicio de su profesión y los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem:
[56] Sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E..

References: artículo 66
 artículo 1
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 1
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 1
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 48
 artículo 89
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 48
 artículo 66
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 229
 artículo 25
 artículo 122
 artículo 124
 artículo 89
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