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Timestamp: 2018-10-17 13:16:35+00:00

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Adjudicación de Tierras Certificación Fincas Mejorables y Productivas Ociosas
t5-Adjudicación de Tierras Certificación Fincas Me...
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ADJUDICACIÓN DE TIERRAS - CERTIFICACIÓN DE FINCAS MEJORABLES Y PRODUCTIVAS TIERRAS Y FINCAS OCIOSAS - ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS
CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS - TIPOS DE ADJUDICACIÓN DE
TIERRAS - CAPACIDAD AGRARIA – PRELACIONES - NATURALEZA JURIDICA DE LA ADJUDICACIÓN DE
TIERRAS - NATURALEZA JURIDICA DE LAS PRELACIONES - LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN -EXTICIÓN DE LAS
ADJUDICACIONES Y CERTIFICACIONES – REVOCACIÓN - CAUSALES DE REVOCACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE
TIERRAS - DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INCULTAS - ARTICULO 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE
TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO - EL IMPUESTO SOBRE TERRENOS OCIOSOS
PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE TIERRAS - ARTICULOS DE LA LEY DE TIERRAS ANULADOS POR EL
Dr. Abg. Montilla Pedro Manuel.
Pmmr64@yahoo.com
Ramos Yessika
Pérez Mauricio
Espinoza Anthony
Madroñero Eduviguis
Ojeda Aldanes
Araure, julio de 2008
INTRODUCCIÓN……………………………………………….……………..……….3
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS………………………….……………………………4
Procedimiento de la adjudicación de tierras
CERTIFICACIÓN DE FINCAS MEJORABLES Y PRODUCTIVAS…………………8
Procedimientos de certificación de finca
Certificación de fincas productivas
TIERRAS Y FINCAS OCIOSAS………………………………………………………11
ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS
TIPOS DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS………………….………………………14
Título de adjudicación permanente
¿Qué es un Derecho de Permanencia?
DECRETO 3.408 PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA TENENCIA
Y USO DE LAS TIERRAS CON VOCACIÓN AGRÍCOLA
CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS…..16
CAPACIDAD AGRARIA……………………………………………………….……..18
PRELACIONES………………………………………………………………….……..21
NATURALEZA JURIDICA DE LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS……….……..22
NATURALEZA JURIDICA DE LAS PRELACIONES……………………….………23
LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN……………………………………………….…….24
DE LAS ADJUDICACIONES Y CERTIFICACIONES……………………….………25
Revocación de Parcelas
CAUSALES DE REVOCACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS………..…….26
DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INCULTAS………………………….27
ARTICULO 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE TIERRAS
Y DESARROLLO AGRARIO………………………………………………..…..……29
EL IMPUESTO SOBRE TERRENOS OCIOSOS…………………………….….…..…29
PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE TIERRAS………………………….…….…....31
Procedimiento del rescate de las tierras
ARTICULOS DE LA LEY DE TIERRAS ANULADOS POR
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA…………………………………………....36
Se ataca por inconstitucional artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, entre
ellos el 25, 40, 43, 82, 84, 89 y 90.
Parcialmente con lugar recurso de nulidad interpuesto por FEDENAGA
ANTONIO GARCÍA GARCÍA: SOLO SE ANULARON DOS ARTICULOS
CONCLUSIÓN…………………………………………………………………..………41
BIBLIOGRAFÍA. ……………………………………………………………..…………42
Antes de formular políticas sobre la tenencia de la tierra, se debe tener en
cuenta que la tierra no es un bien como los otros: no es producto del trabajo humano y
contiene en su seno recursos naturales necesarios para todos. De ella depende nuestra
alimentación y supervivencia. Por lo tanto, la tierra con vocación agrícola tampoco
puede dejar de ser producida.
La concentración de la tierra en pocas manos, no sólo es injusta para los
campesinos sin tierra y los pequeños propietarios, sino que presenta numerosos
problemas para el desarrollo de toda la sociedad. En la agricultura no funciona la
economía de gran escala. La pequeña y mediana producción es más eficiente y más
productiva que la grande y más apta para adaptarse a los adelantos tecnológicos.
Además, ocupa a más trabajadores, diversifica la producción y afecta menos al medio
Por otra parte, el latifundio impide el desarrollo armónico de las comunidades
rurales. Si los campesinos no pueden ser dueños de la tierra, si su familia no puede
acceder a mejores condiciones de vida, se produce entonces su desplazamiento hacia
los cinturones marginales de las grandes ciudades. Es papel del Estado garantizar al
campesino una estructura de tenencia de la tierra que permita dotar de servicios
básicos a los asentamientos y un plan integral de desarrollo que genere expectativas
de progreso para el pequeño y mediano productor.
Por eso, el rol del Estado es irremplazable para impulsar programas de reforma
agraria. Sin intervenciones específicas y adecuadas del Estado, o de ciertas
instituciones de la sociedad, prevalecerá la tendencia a la concentración de la tierra en
manos de grupos o de individuos que le darán un uso distinto al del interés social.
La Adjudicación de Tierras es una actividad realizada por el Instituto Nacional
de Tierras, a los fines de otorgar a los campesinos, mediante la expedición de un acto
administrativo denominado “Titulo de Adjudicación”, el derecho de trabajar, usar,
disfrutar y percibir los frutos de una parcela. A tales efectos, debe realizarse el
procedimiento administrativo contemplado en los artículos 62 y siguientes del
Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual debe iniciarse por
la Oficina Regional de Tierras del estado donde se encuentre ubicado el lote de
terreno solicitado, cumpliéndose con los requisitos establecidos en la Ley.
Gaceta Oficial No. 37.323 de fecha 13 de noviembre de 2001- Decreto N° 1.546
Artículo 12. Se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el
trabajo agrario, en los casos y formas establecidos en este Decreto Ley.
Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras, con vocación agraria, pueden ser objeto
de adjudicación permanente, a través de la cual se otorga al campesino o campesina el derecho de
propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir
los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales,
pero no puede ser objeto de enajenación alguna.
Artículo 11. Las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras pueden ser objeto de
garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha, previa aprobación de las
Oficinas Regionales de Tierras. Sobre las mismas no podrán constituirse hipotecas o gravámenes de
cualquier naturaleza. Debe expedirse por escrito el certificado para constituir prenda agraria.
Artículo 14. Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de acuerdo con los
términos del presente Decreto Ley, las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a
trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación.
A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial
alimentario pre y post natal por parte del Instituto de Desarrollo Rural.
CAPITULO V - DE LA ADJUDICACION DE TIERRAS
Artículo 62. A los fines de la adjudicación de tierras, los interesados formularan una solicitud,
la cual deberá estar acompañada de los siguientes recaudos:
2. Identificación completa del solicitante, indicando nombre y apellido, número de cédula de
identidad, lugar y fecha de nacimiento.
6. En caso de ser poseedor de una parcela insuficiente, expresará las condiciones y
Artículo 63. Recibida la solicitud y sus recaudos, el Instituto Nacional de Tierras procederá a
instruir un expediente que contenga:
que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Artículo 64. cuál es el proyecto de producción de la parcela adjudicada. En el acta respectiva. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación. Artículo 69. Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados. sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. a través del cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario. Artículo 65. numeral 7 del presente Decreto Ley. cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra. mediante acto administrativo. a través de acta de transferencia. 5 . la violencia en las zonas rurales. Venezuela cuenta con una población de 24 millones de habitantes de los cuales el 30 % pertenece al sector rural. el documento emanado del Instituto Nacional de Tierras. tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente. En el acto en que se dedica otorgar la adjudicación. el sujeto beneficiario de la transferencia deberá comprometerse a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor de tres (3) años. el Instituto deberá determinar. con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional. El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada. Sobre la parcela y la estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el Instituto Nacional de Tierras. el golpe de estado militar. con lo cual el proceso ha sido en numerosas ocasiones bastante traumático para la población venezolana. Artículo 68. la fuerte oposición de la oligarquía venezolana y de algunos países extranjeros al proceso político que vive hoy Venezuela… El proceso de adjudicación de tierras generó una fuerte y violenta reacción por parte de la oposición y de los terratenientes. Artículo 70. Artículo 66. La documentación de la cual se evidencia la condición de ciudadana cabeza de familia o ciudadano o ciudadana mayor de 18 años y menor de 25. Artículo 67. Durante la IV República (1820-1999) la aplicación de políticas neo-liberales que acabaron con el pequeño y mediano productor. el Instituto decidirá si procede o no la adjudicación. al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado título de adjudicación permanente. Este acto agotará la vía administrativa. El proceso de reforma agraria puesto en marcha en el 2000 por le gobierno de Chávez sigue su curso pese a que en estos últimos tres años se han vivido situaciones muy tensas y en ocasiones traumáticas para la población venezolana : el paro petrolero. a los efectos de la aplicación de los regímenes preferenciales aludidos en los artículo 14 y 17. Los usufructuarios de un fundo estructurado. que hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no menor de tres (3) años consecutivo. Se considera título de adjudicación permanente. deberá ser publicada en la Gaceta Oficial Agraria.5. La decisión que acuerde si se concede o no la adjudicación. produjeron un importante éxodo rural. así como el desinterés por el sector campesino a favor del sector petrolero.
procederá a instruir un expediente que contenga: los datos del solicitante señalados en el artículo anterior. la documentación de la cual se evidencie la condición de ciudadana cabeza de familia o ciudadano o ciudadana mayor de 18 años y menor de 25. a los efectos de la aplicación de los regímenes preferenciales aludidos en los artículos 14 y 17. la delimitación de la parcela solicitada. con miras a garantizar el desarrollo agrícola sustentable en nuestro país. con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional. el Instituto debe determinar. el estudio socioeconómico del solicitante. el sector campesino comienza a ser beneficiado con importantes logros jurídicos.Con la entrada en vigencia de la Ley de Tierras. Por tanto está orientado a lograr el cumplimiento de la afectación. por tanto no hay adjudicación sin plan de desarrollo preexistente. que inevitablemente inciden en el mejoramiento de la calidad de vida del campesino. Terminación La procedencia o no de la adjudicación debe ser decidida dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. el uso y redistribución Iniciación La adjudicación de tierras se inicia a instancia de parte mediante solicitud formulada por los interesados las cual debe cumplir con lo establecido en el artículo 59 de la LTDA. Procedimiento de la adjudicación de tierras El procedimiento de adjudicación de tierras tiene como objeto logar la adjudicación de tierras a los interesados que formulen una solicitud y puedan ser beneficiarios del respectivo régimen. Sustanciación El INTI recibida la solicitud y sus recaudos. En el acto en que se decida otorgar la adjudicación. cuál es el proyecto de producción de la parcela adjudicada. la identificación del terreno cuya adjudicación solicita con su respectivo protocolo. así como en la óptima utilización y distribución de las tierras para el aprovechamiento de los recursos naturales. numeral 7 del presente LTDA. El acto debe notificarse personalmente y en el supuesto de no ser posible se hará a través de 6 .
Beneficios sociales. PRINCIPALES LOGROS: Adjudicación de tierras al campesino. está adjudicación inicial es condicional o de carácter provisional. La Ley reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona que sea apta para el trabajo agrario. Protección a la mujer del campo. lo cual mejora sustancialmente su condición social.la GOA. hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no menor de tres (3) años consecutivos. El acto contentivo de la decisión agota la vía administrativa. Agraria conforme al artículo 190 de la Ley Los beneficiarios del acto referido gozan del derecho de usar y disfrutar las tierras entregadas en adjudicación. 7 . del cual estará encargado el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. pudiendo ser beneficiados todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y la producción agraria como oficio u ocupación principal. También establece en el artículo 14 que serán beneficiarias preferenciales de adjudicación de tierras las ciudadanas que sean cabeza de familia y que se comprometan a trabajar una parcela para mantener a su grupo familiar. Prevé este mismo apartado que estas ciudadanas tendrán garantizado un subsidio especial alimentario pre y post natal. para lo cual dispone el interesado de 60 días continuos a partir de la notificación del particular o de su publicación en la Gaceta Oficial. situación en la cual tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente. pues se hace depender de que los usufructuarios de un fundo estructurado. es decir. El instrumento jurídico garantiza a los trabajadores del campo todos los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. causa estado y no puede ser recurrido en sede administrativa sólo en sede jurisdiccional a través del recurso de nulidad de actos administrativos de efectos particulares.
modificar o extinguir una situación jurídica al destinatario. la calidad de la tierra.CERTIFICACIÓN DE FINCAS MEJORABLES Y PRODUCTIVAS Procedimientos de certificación de finca La LTDA introduce en el derecho agrario venezolano dos procedimientos de certificación de fincas. el primero de fincas productivas y el segundo de fincas mejorables. Certificación de fincas productivas Para Sainz Muñoz (2003). por los propietarios de tierras privadas que se encuentren en producción ubicadas dentro de las poligonales rurales ajustadas a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes. el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate. deberán solicitar 8 . Iniciación El procedimiento se inicia a instancia de parte con la presentación de una solicitud por ante el INTI. En dicho certificado. o propietarios de tierras privadas en óptimos niveles de producción aún cuando no estén plenamente ajustados a los planes de seguridad agroalimentaria. Certificación de fincas productivas. Una vez recibida la solicitud y los recaudos se debe aperturar un expediente conforme al artículo 51 de la LOPA. los propietarios de tierras privadas que se encuentren en producción ubicadas dentro de las poligonales rurales. los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas. Ambos procedimiento son constitutivos de naturaleza autorizatoria. específicamente ante la Oficina Regional correspondiente. pues se caracterizan por crear. La solicitud deberá contener los requisitos e ir acompañada por los recaudos señalados en el artículo 41 de la LTDA. el procedimiento de certificación de finca productiva obedece al interés del Estado en que los propietarios de tierras privadas ubicadas dentro de las poligonales rurales adapten estas fincas a los planes de seguridad agroalimentaria establecido por los organismos competentes. a través de la aprobación o no de la actividad productiva desarrollada por los propietarios de las fincas.
o de fincas que no estén en proceso de producción o que no hayan obtenido la certificación de finca productiva (Sainz Muñoz.CERTIFICACION DE FINCA PRODUCTIVA Artículo 44. 9 .esta certificación siempre y cuando la finca de producción esté ajustada a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes. los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas. comenzará a causarse el impuesto respectivo por cada hectárea de tierra ociosa o inculta. Los propietarios de tierras privadas que se encuentren en producción ubicadas dentro de las poligonales rurales. Dicho término se computará a partir de la expedición de la certificación correspondiente. la calidad de la tierra. los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas. Certificado de fincas mejorables. LTDA. Igualmente.CAPITULO III . En el se trata de logar que tierras ociosas o incultas no sean objeto de rescate ni expropiación si los propietarios adquieren la obligación y se comprometen a efectuar las mejoras y adaptación de sus propiedades a los planes y lineamientos que el ejecutivo nacional determine a través del INTI. deberán solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras un certificado de finca productiva. la tierra en cuestión podrá ser intervenida o expropiada. la calidad de la tierra. Certificación de finca mejorable El certificado de fincas mejorables constituye una posición intermedia para lograr el rescate de las “tierras ociosas o baldías”. deben solicitar un certificado de finca mejorable. 2003). En el certificado. el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate. La extinción de la certificación se da si en el transcurso de los dos (2) años antes referidos. el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate. En dicho certificado. siempre y cuando esté ajustada a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes. el propietario no ha dado cumplimiento a lo establecido en la certificación. de acuerdo con los planes y lineamientos que el Ejecutivo Nacional determine a través del Instituto Nacional de Tierras. por el cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos (2) años. los propietarios de tierras rurales que se encuentren ociosas o incultas. o lo ha hecho sólo parcialmente.
expedirá 10 . de ser ello procedente. 4. Artículo 50. 4. 6. Si en el transcurso de los dos (2) años antes referidos.Artículo 45. Dicho término se computará a partir de la expedición de la certificación correspondiente. por el cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos (2) años. podrá realizar los estudios complementarios que estime pertinentes. Si del análisis de la situación y de la documentación. En caso de ser necesario. Información sobre la situación socioeconómica del propietario. se expedirá la certificación de finca productiva. Artículo 53. 2. En todo caso. Artículo 49. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. el propietario no ha dado cumplimiento a lo establecido en la certificación. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos: 1. Cualquier otra documentación que estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto. 5. para que solicite la certificación de finca mejorable. a través del Instituto Nacional de Tierras. Propuestas de adaptación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. deben solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras un certificado de finca mejorable. con expreso señalamiento de sus linderos. si es procedente. Artículo 48. Estudio técnico que determine el ajuste de las tierras a los planes y lineamientos establecidos por Ejecutivo Nacional. La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener identificación del solicitante. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. el Instituto Nacional de Tierras evaluará la misma. la tierra en cuestión podrá ser intervenida o expropiada. Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad. las tierras podrán ser objeto de intervención preventiva. pudiendo ser renovada. de acuerdo con los planes y lineamientos que el Ejecutivo Nacional determine a través del Instituto Nacional de Tierras. con expreso señalamiento de sus linderos. 2. 3. Igualmente. 5. 3. Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de mejorar la finca conforme a los planes y lineamientos que determine el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Tierras. 7. el Instituto Nacional de Tierras constatará la veracidad del estudio técnico y demás recaudos presentados por el solicitante. le concederá al solicitante un lapso de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación. Los propietarios de tierras rurales que se encuentren ociosas o incultas. Vencido dicho lapso. queda a salvo el ejercicio de todas las competencias que el presente Decreto Ley atribuye a los órganos agrarios. comenzará a causarse el impuesto respectivo por cada hectárea de tierra ociosa o inculta. Artículo 51. Información de la situación socioeconómica del propietario. Cualquier otra identificación que se estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto. El Instituto Nacional de Tierras llevará registro de las tierras a las cuales se otorgue la certificación de finca productiva. una vez otorgada la certificación de finca productiva. Artículo 46. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos: 1. cuando las tierras no se encuentren ajustadas a esos planes. así como la plena y suficiente identificación de la extensión del terreno cuya certificación se solicita. Finalizado el lapso. La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener la identificación del solicitante y la identificación de la extensión de la finca cuya certificación se solicita. Artículo 47. Constancia de inscripción en el Registro Agrario. el Instituto Nacional de Tierras declara que la tierra cuya certificación se solicita no es una finca productiva.CERTIFICACION DE FINCA MEJORABLE Artículo 52. Artículo 54. Proyecto de mejoramiento ajustándose a los planes del Ejecutivo Nacional. CAPITULO IV . Si el propietario no hiciere la solicitud en el plazo indicado. o lo ha hecho sólo parcialmente. Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad. Estudio técnico que determine la productividad de las tierras de que se trate. de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto Ley. La certificación de finca productiva tendrá una validez de dos (2) años contados a partir de su expedición.
podrá revocar la certificación otorgada y declarar la tierra ociosa e inculta. el propietario deberá solicitar la certificación de finca productiva de conformidad con las previsiones del presente Decreto Ley. a través de u decreto emanado por el 11 . Vencido el plazo de validez de la certificación de finca mejorable. Cuando un Estado o un Municipio necesiten realizar mejoras en áreas urbanas o industriales deberán desafectar dicha área. TIERRAS Y FINCAS OCIOSAS Se pueden afectar todas las tierras públicas y privadas cuyo fin sea la producción agroalimentaria para así establecer las bases del desarrollo rural sustentable. De no resultar procedente la certificación de finca mejorable. En dicha certificación se determinará el programa de mejoramiento y adaptación a los planes y lineamientos determinados previamente por el Ejecutivo Nacional a través del Instituto. el Instituto Nacional de Tierras podrá renovar la validez de la certificación de finca mejorable. Artículo 56. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otro hecho no imputable al propietario. prorrogable. tomando en consideración las circunstancias del caso. Artículo 61. Artículo 58. Artículo 60. el Instituto Nacional de Tierras procederá a declarar a las tierras como ociosas o incultas. A tal fin. procederá al emplazamiento del interesado para que dentro de un lapso de diez (10) días hábiles. Artículo 57. el propietario del terreno calificado como finca mejorable no ha iniciado los trabajos conducentes a hacerla productiva.la certificación de finca mejorable. por un lapso de dos (2) años. Artículo 55. El Instituto Nacional de Tierras llevará registro de las tierras a las cuales se otorgue la certificación de finca mejorable. Artículo 59. garantizando la biodiversidad de los recursos existentes. Cuando el Instituto Nacional de Tierras determine que después de transcurrido un año. tomando en cuenta las necesidades de los centros urbanos cercanos. éste haya incumplido con el programa de mejoramiento de la finca. o cuando exista un grupo poblacional apto para el trabajo agrario que no posea tierras o las tenga en cantidades suficientes. Las tierras baldías podrán ser objeto de planes especiales de desarrollo socioeconómico dentro de un esquema efectivo de producción. Sin perjuicio del otorgamiento del Certificado de Finca Productiva o del Certificado de Finca Mejorable. proceda a exponer las razones que le asistan en su descargo. con respecto a estas tierras los Estados y los Municipios serán competentes para fijar la seguridad agroalimentaria de su respectiva jurisdicción en coordinación con los planes nacionales. el Estado se reserva el derecho a a expropiación por causa pública o social cuando sea necesario establecer un proyecto especial de producción o uno ecológico. La certificación de finca mejorable tendrá una validez de dos (2) años contados a partir de su expedición. en cuyo caso se generará el impuesto correspondiente. su población actual y el sustento de las futuras generaciones.
La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Oficina Regional de Tierras. 26/10/04) LTDA. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras. Artículo 40. Artículo 39. de ser posible. Si del informe técnico se desprendieran elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas o incultas. En la decisión que dicte el Directorio del Instituto Nacional de Tierras se establecerá la declaratoria de las tierras como ociosas o incultas. la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento. al propietario de las mismas y a cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto. cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o incultas. para que comparezcan y expongan las razones que les asistan en la defensa de sus derechos e intereses. cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas.Presidente de la República. previa presentación de un proyecto de desarrollo. según corresponda. la respectiva Oficina Regional de Tierras. Artículo 41. si se conociere. el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación. decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico. También es ineficiente e improductivo. un estudio de impacto ambiental y el establecimiento de una cláusula de fiel cumplimiento. Contra el auto que niegue la apertura de la averiguación o niegue la necesidad de emplazar a los interesados. Artículo 38. a fin de estudiar la procedencia o no de la desafectación. podrá interponerse recurso para ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras. porque ustedes van a cualquier extensión de cualquier latifundista y podrán ver que de cada 10 mil hectáreas. deberá oponer las razones que le asistan cumpliendo los requerimientos del artículo 45 se presente Decreto Ley. Dictado el auto de apertura de la averiguación. la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida lo conducente. de conformidad con los parámetros a que se refiere el artículo 89 del presente Decreto Ley. un cartel mediante el cual se notificará al propietario de las tierras. identificará al denunciante si lo hubiere y. Presidente Hugo Chávez (Araure. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negativa. “El latifundio no sólo es perverso por lo injusto. dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva publicación. porque concentra las mejores tierras en pocas manos. y a cualquier otro interesado. en cualquier estado y grado del procedimiento. 12 .CAPITULO II DE LA DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS O INCULTAS Artículo 37. o se otorgará el certificado de finca productiva. Si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra. declarar la intervención preventiva de las tierras de que se trate. tomando en consideración la fundamentación de la misma. En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria. mientras la mayoría no tiene tierras o las tiene en condiciones paupérrimas. la respectiva Oficina Regional de Tierras podrá. En este caso. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia. a lo mejor mil están medio produciendo o la mitad está medio produciendo y el resto está totalmente abandonado”. En ese caso la Oficina ordenará la elaboración de un informe técnico.
En caso de que el emplazado no comparezca. insumos. Deberá notificarse al propietario de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento. El Instituto Nacional de Tierras podrá proceder a la intervención de las tierras u ordenar la apertura de un procedimiento expropietario. El enemigo a vencer es el latifundio. Artículo 42. hatos. Venezuela registra uno de los índices más altos de concentración de tierras en pocas manos: según el censo agrícola de 1998. entre otros. fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra. servicios de capacitación y asistencia técnica”. la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida. una forma de propiedad asociada generalmente a relaciones de trabajo que sólo benefician a una minoría. créditos. dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble. indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad. 13 . promoviendo mejores condiciones para el desarrollo rural integral. que en su artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral. mientras que el 75% de los propietarios se ven obligados a repartirse sólo el 6% de las tierras. Se cumple así con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar. En este caso. de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Ley. mediante la dotación de obras de infraestructura. El acto que declare las tierras como ociosas o incultas agota la vía administrativa. estancias. la Oficina Regional de Tierras procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o inculta y remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras. En este contexto. deberá interponer su petición de conformidad con lo previsto en el artículo 52 siguientes del presente Decreto Ley. mediante publicación en Gaceta Oficial Agraria. así como su incorporación al desarrollo nacional. que en Latinoamérica ha adoptado la forma de haciendas. Artículo 43. Esto constituye una verdadera aberración. Lo que tenemos por delante es el reto de enfrentar la pobreza. el 5% de los propietarios acaparan el 75% de las tierras agrícolas del país. según los casos. Igualmente. declarando las tierras como ociosas o incultas u otorgando el beneficio solicitado. que ha sumido en el atraso y la miseria a miles y miles de venezolanos y venezolanas.En caso de que el emplazado convenga en reconocer el carácter de ociosa o inculta de las tierras y opte por solicitar la certificación de finca mejorable.
Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados. Como consecuencia del régimen anterior sobre la parcela y la estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el INTI. al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado título de adjudicación permanente. sin que se siga un procedimiento administrativo previo por ante el Instituto Nacional de Tierras. Título de adjudicación permanente Se considera título de adjudicación permanente. Para Núñez Alcántara (2002:121 y 122). En virtud de este derecho. a través del cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario. no podrán ser desalojados de las referidas tierras ocupadas. ¿Qué es un Derecho de Permanencia? Es el derecho que les asiste a los campesinos de permanecer y continuar ocupando las tierras ajenas donde se encuentran asentados. a través de acta de transferencia. el documento emanado del Instituto Nacional de Tierras. pero no pueden ser objeto de enajenación alguna9.ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS TIPOS DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS El título de adjudicación permanente. Debe 14 . “La actual ley desmejoró al beneficiario de la dotación y le confiere una suerte de usufructo. disfrutadas y transferidas por herencia por los campesinos o campesinas en ejercicio del derecho de propiedad agraria a los sucesores legales. a través de él transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario. que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. un dominio Bonitario en el concepto del derecho romano”. lo otorga mediante acto administrativo el INTI. y confiere un derecho de propiedad agraria sui generis conforme al cual las tierras pueden ser usadas. mediante acto administrativo. en la cual el sujeto beneficiario de la transferencia deberá comprometerse a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor de tres (3) años.
Los usufructuarios pueden obtener el título de adjudicación permanente cuando ellos han mantenido la producción de un fundo en un lapso no menor de tres años consecutivos. La adjudicación otorgada podrá ser anulada cuando el adjudicado no cumpla con el compromiso que adquirió. con la finalidad de que pueda hacer uso. Este título lo podrán heredar sus descendientes o en su defecto los colaterales. goce y percibir los frutos de la (s) tierra (s). DECRETO 3.. es decir. el derecho de gozar y disfrutar de las mismas. Estos fundos no serán objeto de enajenación. La adjudicación permanente se da cuando se transfiere la posesión legítima de unas tierras. La adjudicación de tierras consiste en atribuirle a una persona el derecho de propiedad agraria sobre una (s) tierra (s) que no le pertenecían.. el cual consistía en trabajar la tierra. Este derecho no puede ser enajenado ( transmitido a dominio de otro). e incorporar a los grupos de población y comunidades organizadas.408 PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA TENENCIA Y USO DE LAS TIERRAS CON VOCACIÓN AGRÍCOLA El presente decreto tiene por objeto consolidar el proceso de reorganización de la tenencia y uso de las tierras con vocación agrícola. La anulación la realizará el Instituto Nacional de Tierras. a quien las ha ocupado y trabajado. para eliminar de forma progresiva el latifundio en las zonas rurales del país. 15 .solicitarse el Derecho de Permanencia por ante la Oficina Regional de Tierras donde se encuentre ubicado el terreno donde se encuentran asentados. El título de adjudicación lo otorga el Instituto Nacional de Tierras mediante un acto administrativo.
el documento emanado del Instituto Nacional de Tierras. número de cédula de identidad. 3. 5. Derecho Agrario. Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar. Los datos del solicitante señalados en el artículo anterior. El estudio socioeconómico del solicitante.CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACIÓN PERMANENTE DE TIERRAS Artículo 69. Se considera título de adjudicación permanente. a través del cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario. lugar y fecha de nacimiento. 3. Adjudicación de Tierras Solicitud A los fines de la adjudicación de tierras. que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. 4. 16 . Declaración jurada de no poseer otra parcela. numeral 7 de la presente Ley. La identificación del terreno cuya adjudicación solicita con su respectivo protocolo. 2. indicando nombre y apellido. expresará las condiciones y características de la misma. Identificación completa del solicitante. Tramite Recibida la solicitud y sus recaudos. Ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar. La delimitación de la parcela solicitada. La documentación de la cual se evidencie la condición de ciudadana cabeza de familia o ciudadano o ciudadana mayor de 18 años y menor de 25. a los efectos de la aplicación de los regímenes preferenciales aludidos en los artículos 14 y 17. mediante acto administrativo. Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados. 2. 5. el Instituto Nacional de Tierras procederá a instruir un expediente que contenga: 1. los interesados formularán una solicitud. la cual deberá estar acompañada de los siguientes recaudos: 1. 6. En caso de ser poseedor de una parcela insuficiente. Cualquier otro dato que estimare conveniente para ilustrar el criterio del Instituto. 4.
o a un fundo estructurado para asegurar la sustentabilidad humana del desarrollo agrario. Derechos Los usufructuarios de un fundo estructurado. el acceso a una parcela productiva agraria. Procede Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Este acto agotará la vía administrativa. sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. de acuerdo con los términos de la presente Ley. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Garantía Dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria. con una edad comprendida entre 18 años y 25 años. se garantiza: 7. que hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no menor de tres (3) años consecutivos. las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación. De manera preferente a los ciudadanos y ciudadanas nacidos y residentes en zonas rurales. La Decisión La decisión que acuerde si se concede o no la adjudicación. deberá ser publicada en la Gaceta Oficial Agraria. cuál es el proyecto de producción de la parcela adjudicada. tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente. 17 . el Instituto deberá determinar. con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional. En el acto en que se decida otorgar la adjudicación.Sujetos Beneficiarios Preferenciales Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación. el Instituto decidirá si procede o no la adjudicación.
El rendimiento real para una tierra rural de determinada clase. se seguirá para cada una de ellas o sus productos el procedimiento establecido en este artículo. deberá alcanzarse en cada lote o porción como mínimo el treinta por ciento (30%) del rendimiento idóneo parcial correspondiente para que el rendimiento real de cada lote se pueda sumar al rendimiento real total.CAPACIDAD AGRARIA Artículo 109: …Se entiende por: 1. En tal caso. El promedio de producción nacional anual idóneo podrá aumentarse o disminuirse hasta en un treinta por ciento (30%) por el Ejecutivo Nacional. c. Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para mantenimiento y cuidado de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación. Cuando los índices o promedios no se basaren en toneladas o hectáreas el Ministerio del ramo fijará la medida correspondiente. salvo disposición en contrario en el presente Decreto Ley. En ningún caso se aplicara el promedio de producción nacional idóneo más allá del doble del promedio de producción anual comercializado del rubro correspondiente en el respectivo municipio. En los casos de nuevos asentamientos. 18 . Precio promedio anual nacional. para adaptarlo a las características especiales de clases o subclases de tierras o rubros que por razón de la naturaleza. la base imposible en tal caso será la diferencia entre la sumatoria de los rendimientos idóneos y la sumatoria de los rendimientos reales. por la totalidad de hectáreas de la clase de tierra respectiva. o. d. Promedio de producción anual nacional idóneo. o se tratase de producción diversificada. En el supuesto previsto en este párrafo. Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario los beneficiarios son todos los venezolanos que hayan elegido el trabajo rural y. región o forma de explotación lo hagan necesario para evitar desigualdades derivadas de la actividad agrícola o. Los índices y promedios señalados en el presente capítulo. b. parciales. Cuando fuere necesario para elevar el aprovechamiento y ordenación del suelo durante un ejercicio fiscal. al precio promedio anual nacional pagado comercialmente por tonelada a puerta de granja del producto o rubro a que se refiere el numeral anterior. para determinada clase de tierras o productos: a. Cuando la producción del rubro se realice en tierras de inferior calidad y vocación agropecuaria. se obtendrá multiplicando el precio promedio anual nacional del producto utilizado para la determinación del rendimiento idóneo. al promedio nacional anual comercializado de producción por hectárea. 2. especialmente. Cuando se tratare de tierras que admitieran varios ciclos de producción de productos agrícolas o pecuarios en un mismo ejercicio fiscal. Si la tierra estuviese integrada por varias porciones o lotes de distinta clase. del producto o rubro producido por el contribuyente de entre los productos o rubros señalados por loa autoridad competente dentro del mejor uso agropecuario correspondiente a la clase de tierra respectiva. obtenidos para todas las clases de tierras en el ejercicio fiscal o correspondiente. la producción agraria como oficio u ocupación principal. por el promedio de producción anual comercializada de toneladas por hectárea de dicho producto o rubro producido por el sujeto pasivo en dicha tierra. serán fijados por el Ministerio del ramo. la acción del hombre.
el jefe de Estado mencionó. lo que equivale a un incremento de 23 por ciento. que el consumo diario de calorías por persona ha aumentado en Venezuela de 2. convive la renta de la tierra con las grandes ganancias en el sector industrial y financiero así como en la agricultura. la cual entre 1998 y 2008 se incrementó en 148 por ciento.202 a 2. Veamos. aún en el capitalismo más desarrollado. Durante un acto de adjudicación de títulos. ya no sólo del problema económico venezolano sino. Ahora bien.2 por ciento de incremento. constituyendo este asunto el aspecto sustancial y condicionante en el proceso de integración de Nuestra América. cartas agrarias y maquinaria a trabajadores del campo. 19 .Las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial alimentario pre y post natal por parte del Instituto de Desarrollo Rural. es un problema resuelto en lo fundamental. Lo cual no es poca cosa. También se ha de referir al crecimiento registrado en la producción de maíz. el carácter dominante de nuestra economía y las implicaciones de la renta como fenómeno histórico en nuestra sociedad. y comentó que en 1987 se producían "370 mil toneladas apenas".717 calorías. más aún. el más relevante en el ámbito económico? De entrada aparece el relativo al mercado interno. si se toma en cuenta lo que ha sido nuestra historia petrolera. De manera tal que. Basta anotar por el momento. entre ellos. "Ya llegamos a casi 2 millones y medio de toneladas". el asunto concreto de ejercer el derecho de propiedad sobre el recurso natural y definir una estrategia que permita obtener el máximo beneficio para el país en las condiciones actuales y dar un impulso decidido a los factores productivos en tal sector. entre otros indicadores. agregó. pues aquí nos encontramos con la piedra angular. entre 1997 y 2007. en lo que a nosotros corresponde. Sobre esto volveremos más adelante. En cuanto a la producción de arroz la cifra registra 33. de toda la América Latina y el Caribe. Llegados a este punto se nos plantea una pregunta de lógica elemental ¿Una vez cumplidas tan importantes y decisivas tareas estratégicas. cuáles serán los nuevos desafíos? ¿Cuál.
le imprime su carácter de capitalismo rentístico.Se ha afirmado insistentemente por los seguidores del ALCA y los TLC. ese ha sido uno de los aspectos característicos del capitalismo venezolano que. en el norte desarrollado. también por contraste. Ciertamente. Tal obsesión impide ver lo que es evidente: la existencia de un enorme mercado potencial existente en nuestra propia región. De allí esa obsesión exportadora aun a costa del sacrificio de los propios pueblos y la reducción de las políticas económicas a la competitividad. característica del pensamiento político neoliberal. 20 . en una economía rentista. Punto más. lo cual arrastra implicaciones de todo orden. el gran reto que tenemos frente a nosotros radica precisamente en examinar los factores que pueden conducir a una fuerte expansión de nuestro mercado interno. dijo. esto es. que la estrechez del mercado en nuestros países obliga a buscar mercados en el exterior y. Señaló que esa situación se debía a que los campos estaban abandonados. Ahora bien. volviendo a nuestras fronteras. los sistemas de riego no servían y no había financiamiento por parte del Estado para desarrollar actividades en el campo. punto menos. En un atinado estudio publicado por Mommer y Baptista en el año 1985. No había arroz aquí". "Cuando nosotros comenzábamos la Revolución recuerdo que tuvimos que traer arroz en aviones Hércules de República Dominicana y de Colombia. la inversión y la producción están condicionadas por el estímulo al consumo sustentado en la distribución de la renta 2. como palanca para la impulsión de nuevos factores productivos. con todas sus consecuencias. esa fue la razón del debate que se escenificó en Mar del Plata donde se reveló crudamente el conflicto entre las dos posiciones que hoy se debaten en el Continente. más concretamente. se demostraba que. el ALCA y el ALBA.
Con la invasión española se impone un modelo de propiedad sobre la tierra ajeno al existente en las culturas indígenas. Las raíces de la violencia en el campo están directamente relacionadas con la propiedad de la tierra. La violencia de clase surge a partir de la apropiación de grandes extensiones de tierra por un pequeño sector de la sociedad. en las que el uso de la tierra era colectivo. En el acta respectiva. Rápidamente esta situación se consolida en relaciones feudales de producción que no terminarán con la Independencia en 1810. conviviendo con la explotación capitalista de la tierra. Estas relaciones de desigualdad y explotación se mantendrán a lo largo de toda la historia de Venezuela y de nuestro continente. al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado título de adjudicación permanente. siendo la violencia un elemento fundamental en la estructura que organizará el sistema de tenencia de la tierra en Venezuela. La concentración de la propiedad dio origen a un sistema desigual. a través de acta de transferencia.PRELACIONES Sobre la parcela y la estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el Instituto Nacional de Tierras. Este conflicto duró más de cinco años y dejó más de cien mil muertos en una población de menos de un millón y medio de habitantes. Los nuevos propietarios originan sus riquezas explotando a las comunidades indígenas y a los esclavos traídos de África. en la que se origina un movimiento popular autónomo bajo la consigna de “Tierra y hombres libres” lanzada por Ezequiel Zamora. 21 . el sujeto beneficiario de la transferencia deberá comprometerse a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor de tres (3) años. Las promesas independentistas no cumplidas se suman a la historia de injusticias que conducen al pueblo hacia la Guerra Federal en 1857.
fundamentalmente ante el INTI. en los casos y formas establecidos en este Decreto Ley. mediante la adjudicación de tierras. adjudicación y rescate de tierras con auxilio del criterio expuesto por la doctrina nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. pueden ser objeto de adjudicación permanente. del respeto a los límites al ejercicio del poder discrecional. Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras. Se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrario. públicas o privadas.NATURALEZA JURIDICA DE LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS Artículo 12. como garantía del derecho de propiedad y tenencia de la tierra de los particulares frente a las potestades de la Administración Pública agraria en Venezuela. creando _de ser necesario_ instituciones estatales para que otorguen créditos en condiciones especiales. existentes”. a través de la cual se otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria. incorporando a las instituciones bancarias y financieras. ocupantes. certificaciones de fincas productivas y mejorables. En ejercicio de ese derecho. Se presentan los procedimientos administrativos agrarios contenidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La investigación de carácter documental atendiendo a la doctrina. el campesino o campesina podrá usar. para potenciar el crecimiento del sector. la legislación y la jurisprudencia. promoviendo la estructuración de fundos. También se establece (artículo 9) que “el Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario. mientras que el método empleado es el analítico. con vocación agraria. 22 . gozar y percibir los frutos de la tierra. En tal sentido se analizan los procedimientos de: declaratoria de finca ociosa o inculta. del cumplimiento de los requisitos mínimos de notificación. poseedores agrarios e interesados depende del correcto manejo de los procedimientos. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales. pero no puede ser objeto de enajenación alguna. Sobre la relación del Estado y la tenencia de la tierra también se pronuncia la ley. y en general del conocimiento del derecho agrario. estableciendo las condiciones adecuadas para la producción. Se concluye que la garantía de los derechos de los propietarios. Se indica (artículo 8) que será el Estado venezolano el encargado de garantizar al campesino su incorporación al proceso productivo.
pues permite despersonalizar la relación Administraciónciudadano o administrado. consagra el denominado derecho de petición en su artículo 51 al reconocer a toda persona el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad y a obtener oportuna y adecuada respuesta.NATURALEZA JURIDICA DE LAS PRELACIONES La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El INTI conforme a la ley es el encargado de la redistribución de las tierras y la regularización de la posesión de las mismas. Así las cosas. En el mismo texto constitucional se establece el principio al debido proceso en todas las actuaciones administrativas (CRBV. artículo 49). que toda petición presentada ante la Administración Pública debe transcurrir necesariamente por un procedimiento. decidir y revocar la procedencia de la adjudicación provisional de las tierras. haciendo desaparecer los vínculos personales. principio que va a permitir instrumentar el referido derecho de petición. el cual se configura como un medio idóneo para concretar el derecho de petición y lograr que la Administración sea eficaz. en definitiva en una relación en función del interés público. De tal forma. 23 . iniciar y decidir los procesos de rescate de la tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas irregularmente y ordenar la apertura del procedimiento de expropiación y solicitar la expropiación forzosa ante el respectivo tribunal. finca mejorable o fincas ociosas. renovar y revocar los certificados de finca productiva. el procedimiento administrativo se erige como una de las garantías de los derechos de los particulares cuando se vinculan con la Administración Pública en una relación en la cual ésta última actúa en ejercicio de potestades y no de derechos. y por tanto competente para: adoptar todas las medidas pertinentes para la transformación de las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales en unidades económicas productivas. conocer. transparente. imparcial y actúe con apego al derecho. otorgar los títulos de adjudicación permanente. otorgar.
La Unidad de Producción constituida de acuerdo con los términos de este Decreto Ley será indivisible e inembargable. se promueve la estructuración de los fundos mediante la adjudicación de las tierras y la destinación de bienes inmuebles. En tal sentido. incluidos los semovientes. podrá ser mejorada mediante la incorporación de nuevas técnicas.LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sustenta el nuevo marco legal. condiciones de producción. en el que se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. todas las tierras. al fin productivo de las mismas. democrática y participativa. Para ello. Se someten a la normativa del marco legal. eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia. al interés general y a la paz social en el campo”. en su primer artículo. “con vocación para el desarrollo agroalimentario”. democrática y participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad agraria. Se garantiza al sector campesino su incorporación al proceso productivo a través del establecimiento de condiciones adecuadas para la producción. 24 . que el crecimiento económico debe ser enmarcado dentro de una “justa distribución de la riqueza y planificación estratégica. tanto públicas como privadas. se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deja claro. Artículo 8. transformación y mercadeo de los productos agroalimentarios. muebles. según señalan los legisladores.
de las obligaciones financieras contraídas con el instituto o por intermedio de éste. 4. Por Indisciplina o mala conducta del beneficiario que lo haga indeseable en la organización. El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada. mejoras o elementos de trabajo que se lo hayan confiado o pertenezcan a la organización. 3.2 y 82 de la LOPA pues permite que el INTI revoque el acto administrativo de adjudicación tanto provisional como permanente. con conocimiento y expresión de causa. En los casos 2º. Por último. La apelación deberá decidirse en un plazo no mayor de quince días hábiles a contar del recibo del expediente. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones del beneficiario como miembro de las cooperativas u otras entidades cuya constitución haya resuelto o aprobado el Instituto y de las instituciones cuya creación ordena este Estatuto. sin causa justificada. 25 . Por negligencia o ineptitud manifiesta del mismo en la explotación o conservación de las construcciones. en el caso del ordinal 1º. cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra. 6. De las decisiones dictadas por el Instituto conforme a este artículo y de cualquiera otra que cause gravamen irreparable al parcelero. el artículo 67 de la LTDA reserva al Instituto la potestad de revocar la adjudicación otorgada cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra. y de la notificación al interesado en los demás casos. deberá haber precedido una amonestación que haya resultado infructuosa y haber obtenido el Instituto el parecer del Consejo de la Organización. tendrá carácter definitivo. pues a pesar de haber originada un derecho subjetivo la misma ley lo está autorizando. cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra. pronunciar la revocatoria o extinción de la adjudicación. Revocación de Parcelas El Instituto Nacional de Tierras podrá revocar la adjudicación otorgada. En la actualidad: LTDA . 5º y 6º. 5. 4º.EXTINCIÓN Y REVOCACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES Y CERTIFICACIONES En el pasado declaraba la extinción: En los documentos a que se refiere el artículo anterior se hará constar que el Instituto podrá. Por comprobarse la explotación indirecta de la parcela. por declaración adoptada por el Directorio. 2. por los siguientes motivos: 1. y la resolución que recaiga al efecto. Esta potestad revocatoria resulta conforme con los artículo 19.Artículo 70. 3º. Por falta de acatamiento a los planes de trabajo y producción establecidos en la organización o de las Instrucciones técnicas impartidas por el Instituto. 7. Por abandono de la parcela. Por incumplimiento. podrá el interesado apelar por ante el Ministerio de Agricultura y Cría dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su pronunciamiento.
La Adjudicación: Es el derecho que tiene todo venezolano que haya optado por el trabajo del campo a ser beneficiario de una adjudicación de un lote de tierras con vocación agrícola. procederá al emplazamiento del interesado para que dentro de un lapso de diez (10) días hábiles. CAUSALES DE REVOCACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS En la LTDA se regulan cinco procedimientos administrativos. a saber. y el rescate de tierras. sin contar el procedimiento expropiatorio. o cuando exista un grupo poblacional apto para el trabajo agrario que no posea tierras o las tenga en cantidades suficientes. Por último. la declaratoria de tierras ociosas o incultas. A tal fin. podrá revocar la certificación otorgada y declarar la tierra ociosa e inculta. La única causa por la cual se puede revocar la adjudicación es por el no cumplimiento de trabajar la tierra.Artículo 60. 26 . pues a pesar de haber originada un derecho subjetivo la misma ley lo está autorizando. Sin perjuicio del otorgamiento del Certificado de Finca Productiva o del Certificado de Finca Mejorable. el artículo 67 de la LTDA reserva al Instituto la potestad de revocar la adjudicación otorgada cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra. Artículo 61. el propietario del terreno calificado como finca mejorable no ha iniciado los trabajos conducentes a hacerla productiva. el Estado se reserva el derecho a a expropiación por causa pública o social cuando sea necesario establecer un proyecto especial de producción o uno ecológico. proceda a exponer las razones que le asistan en su descargo. el cual comprende una fase administrativa y otra jurisdiccional. la certificación de finca mejorable. debiendo mantener la productividad por el lapso de tres años para que la adjudicación sea definitiva. Los procedimientos indicados constituyen objeto de estudio dentro del presente trabajo el cual pretende determinar si los procedimientos administrativos agrarios establecidos en la ley garantizan los derechos de los particulares que en un momento específico pueden relacionarse con la Administración Pública agraria venezolana. Esta potestad revocatoria resulta conforme con los artículo 19.2 y 82 de la LOPA pues permite que el INTI revoque el acto administrativo de adjudicación tanto provisional como permanente. la certificación de finca productiva. Cuando el Instituto Nacional de Tierras determine que después de transcurrido un año. la adjudicación de tierras.
En ese caso la Oficina ordenará la elaboración de un informe técnico. tomando en consideración la fundamentación de la misma. cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o incultas. cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas. el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación. Contra el auto que niegue la apertura de la averiguación o niegue la necesidad de emplazar a los interesados. si se conociere. para que comparezcan y expongan las razones que les asistan en la defensa de sus derechos e intereses. de ser posible. podrá interponerse recurso para ante el Directorio del 27 . declarar la intervención preventiva de las tierras de que se trate. identificará al denunciante si lo hubiere y. en cualquier estado y grado del procedimiento. Si del informe técnico se desprendieran elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas o incultas. En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria. dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva publicación. y a cualquier otro interesado. decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico. la respectiva Oficina Regional de Tierras. la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento. de conformidad con los parámetros a que se refiere el artículo 89 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola. Luego dictado el auto de apertura de la averiguación.DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS E INCULTAS Declaratoria de tierras ociosas o incultas Cualquier ciudadano podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras. La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Oficina Regional de Tierras. al propietario de las mismas y a cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia. la respectiva Oficina Regional de Tierras podrá. un cartel mediante el cual se notificará al propietario de las tierras.
pues sus resultas pueden incidir negativamente en el ámbito jurídico de los propietarios de las tierras. encargadas de sustanciar los procedimientos de declaratoria de tierras ociosas o incultas. En la decisión que dicte el Directorio del Instituto Nacional de Tierras se establecerá la declaratoria de las tierras como ociosas o incultas. o se otorgará el certificado de finca productiva. declarando las tierras como ociosas o incultas u otorgando el beneficio solicitado. En caso de que el emplazado no comparezca. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negativa. la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida lo conducente. al cual las Oficinas Regionales deben remitir las actuaciones para que declare las tierras como ociosas o incultas. 28 . la Oficina Regional de Tierras procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o inculta y remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras. En caso de que el emplazado convenga en reconocer el carácter de ociosa o inculta de las tierras y opte por solicitar la certificación de finca mejorable. según corresponda. y el Directorio del INTI. El ejercicio de las atribuciones del ente. las Oficinas Regionales de Tierras. En este caso. específicamente. Declaratoria de finca ociosa o inculta Conforme al artículo 119 numerales 2 y 3 de la LTDA es competencia del INTI determinar el carácter de fincas ociosas o incultas y otorgar respectivo certificado. la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones del Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida. la ley lo distribuye entre sus órganos. Si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra. deberá interponer su petición de conformidad con lo previsto en el artículo 52 siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola.Instituto Nacional de Tierras. En este caso. El procedimiento de declaratoria de finca ociosa o inculta es un procedimiento constitutivo del tipo sancionatorio. deberá oponer las razones que le asistan cumpliendo los requerimientos del artículo 45 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola.
Los propietarios de tierras rurales privadas. 29 . explotación ganadera o forestal. la respectiva Oficina Regional de Tierras podrá. en cualquier estado y grado del procedimiento. en tal sentido. Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras. de conformidad con los parámetros a que se refiere el artículo 89 del presente Decreto Ley. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia. Son sujetos pasivos del impuesto: 1. Artículo 102. el Instituto Nacional de Tierras adoptará las medidas que estime pertinentes. Artículo 39. al interés general y a la paz social en el campo. 2. decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico. se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del régimen latifundista. y en consonancia con lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 307. para la transformación de todas las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales en unidades económicas productivas. como sistema contrario a la justicia. podrá rescatar toda tierra que se encuentre ociosa o Inculta. las tierras que por razón de su topografía o por limitaciones edáficas o de otro tipo no sean aptas para ninguna clase de cultivo. cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas. La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Oficina Regional de Tierras. la respectiva Oficina Regional de Tierras.DE LA DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS O INCULTAS Artículo 37. En ese caso la Oficina ordenará la elaboración de un informe técnico. tomando en consideración la fundamentación de la misma. distintos de los órganos y entidades públicas y de los entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente. Se crea un impuesto que grava la infrautilización de tierras rurales privadas y públicas. LTDA . Los poseedores de tierras rurales públicas. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto. cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o incultas. declarar la intervención preventiva de las tierras de que se trate. Artículo 38. EL IMPUESTO SOBRE TERRENOS OCIOSOS CAPITULO I DEL IMPUESTO SOBRE TIERRAS OCIOSAS Artículo 101.ARTICULO 37 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO A los fines de establecer las bases del desarrollo rural.CAPITULO II . Dictado el auto de apertura de la averiguación. las tierras cubiertas de bosques naturales declarados por el Ejecutivo Nacional como tales y los cuales no podrán ser objeto de explotación y uso alguno y. En este sentido.
tipo de suelos y ciclo de siembras. Noel González. apuntó González. toda vez que la tasa del impuesto debería imponerse sobre la parte del terreno que no se encuentra en producción. El superintendente admitió en 2005 que para calcular la base imponible de este gravamen el despacho de Agricultura debe suministrar la definición y la metodología de lo que se entiende por rendimientos idóneo y real de una tierra. afirmó que en el primer trimestre de 2007 los fiscales saldrán a inspeccionar a los tenedores de tierras. Las tierras con vocación agrícola. A más tardar. 30 . para que sepan cómo determinar el hecho imponible".A los fines de este impuesto. Artículo 103. se incluyen dentro de las tierras ociosas. están obligados a inscribir sus tierras rurales en el registro de tierras del Instituto Nacional de Tierras y en la sección especial que para dichas tierras y entes llevará el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). en mayo los funcionarios del Seniat recorrerán el campo venezolano para determinar quién debe pagar el impuesto a las tierras ociosas. Artículo 106. pecuaria o forestal que no alcancen el rendimiento idoneo calculado según las disposiciones contenidas en el presente capítulo. No será fácil cobrarlo. Vielma Mora reconoció que el instituto no tenía registrado el número de fincas y esperaba en dos años contar con la infraestructura necesaria para comenzar a cobrar este impuesto a los propietarios de fundos y hatos. aunque todavía el INTI no ha presentado al país el catastro de tierras nacionales y no se han clasificado los suelos para poder definir cuándo una tierra está o no ociosa. dijo en su momento. intendente nacional de Tributos Internos del Seniat. A los efectos de este impuesto. El Instituto Nacional de Tierras debe suministrarle al Seniat la base de datos sobre clasificación de tierras. "En el mes de enero el Seniat formará a los fiscales que se dedicarán a cobrar este impuesto. ahora ya todo está listo. Los órganos y entes públicos a que se refiere el artículo anterior. Al parecer. pecuaria o forestal que no alcancen por lo menos un ochenta por ciento (80%) del rendimiento idóneo determinado según las disposiciones contenidas en el presente capítulo. Artículo 107. se entiende por tierras rurales públicas aquellas que son propiedad de los órganos y entidades públicas y de los entes de la administración pública descentralizada funcionalmente. "La Ley de Tierras es supermaravillosa pero hay que tener mucha gente para aplicar todo lo que está planteado". se entiende por tierras infrautilizadas aquéllas con vocación agrícola.
el Instituto Nacional de Tierras podrá intervenir las tierras objeto de rescate que se encuentren ociosas o incultas. dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble. El Instituto Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. La dotación es el derecho que le confiere la ley a un beneficiario y consiste en adjudicarle la parcela que esta trabajando. a fin de hacer cesar la situación irregular de las mismas.DEL PROCEDIMIENTO DEL RESCATE DE LAS TIERRAS Artículo 86. sin perjuicio de las garantías establecidas en los artículos 17. 18 y 20 del presente Decreto Ley. en total adecuación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. mediante publicación en Gaceta Oficial Agraria. empresas del Estado. fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional. indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad. La intervención de tierras ociosas o incultas se acordará por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras de manera preventiva. Cuando la ocupación ilegal o ilícita ocurra sobre tierras baldías nacionales o fundos rústicos con vocación agrícola de dominio privado de la República. Artículo 89. A esos fines iniciará de oficio o por de denuncia. Artículo 87. Artículo 88. Deberá notificarse al propietario de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento. el Instituto Nacional de Tierras podrá rescatar las mismas cuando circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública así lo requieran. Iniciado el procedimiento. corporaciones. deberán trasladar la propiedad de las mismas a Instituto Nacional de Tierras. el procedimiento de rescate correspondiente. fijando: 31 . En el acuerdo de intervención el Instituto Nacional de Tierras dictará las condiciones de la misma según el caso particular. El régimen jurídico de la dotación se encuentra establecido en la Ley de Tierras y desarrollo Agrícola. y que no exceda de dos (2) unidades del patrón de parcelamiento establecido en la zona por el Instituto Nacional de Tierras. de conformidad con lo previsto en el presente Decreto Ley. CAPITULO VII . El acto que declare las tierras como ociosas o incultas agota la vía administrativa. El procedimiento previsto en el presente Capítulo no se aplicará a las tierras que se encuentren en condiciones de óptima producción con fines agrarios. a fin de que éste realice el correspondiente rescate. de conformidad con las disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola. para que continúe la función social que está desarrollando.PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE TIERRAS El Instituto Nacional de Tierras podrá proceder a la intervención de las tierras u ordenar la apertura de un procedimiento expropietario. según los casos. No obstante. institutos autónomos.
dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la respectiva publicación. 2. conservan y serán siempre del dominio público e igualmente. Artículo 99. conservan y mantendrán siempre su carácter de imprescriptibles. Si se ocupa o no preventivamente por grupos campesinos de manera colectiva con fines de establecer cultivos temporales. prorrogable por igual período. Artículo 100. El auto que ordene la apertura del procedimiento.1. Las normas dirigidas a proteger los recursos naturales existentes en las tierras intervenidas. 4. Artículo 93. el Instituto Nacional de Tlerras dictará su decisión. los Municipios y demás entidades. El tiempo de la intervención. el cual tendrá una duración máxima de diez (10) meses. indicando que contra el mismo podrá interponerse el recurso contencioso administrativo de nulidad por ante el Juez Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras. identificará las tierras objeto de rescate y al ocupante ilegal o ilícito de las mismas. los límites versan en que dichas parcelas pueden ser objeto de garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha. para que comparezcan y expongan las razones que les asistan. ajustándose al patrón de parcelamiento. dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la notificación. contados a partir del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior. Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas susceptibles de rescate. El acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras deberá notificarse al ocupante de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento. Artículo 96. los Estados. La ley de Tierras y desarrollo agrario establece los límites relativos al uso. por concepto de las bienhechurías o frutos que se encuentren en las tierras ocupadas ilegalmente. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Artículo 90. el Instituto Nacional de Tierras podrá convenir en adjudicar al ocupante precario el lote al cual correspondan dichas bienhechurías. y presenten los documentos o títulos suficientes que demuestren sus derechos. Artículo 97. órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente. Sobre las mismas no podrán constituirse hipotecas o 32 . Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas no podrán oponer al Instituto Nacional de Tierras el carácter de poseedores. Las tierras propiedad de la República. Artículo 94. Cualquier otra condición que el Instituto Nacional de Tierras estime conveniente. a los fines de determinar los daños al medio ambiente y a los recursos naturales. goce y disposición de las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras. En todo caso. cuando las bienhechurías inmobiliarias destinadas a la vivienda del ocupante no afecten el proyecto de desarrollo establecido en la zona. Las disposiciones de la ley que regule los procedimientos administrativos y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos serán aplicables de manera supletoria para todos los procedimientos administrativos previstos en el presente título. Artículo 92. no podrán reclamar indemnización alguna. Artículo 91. Artículo 98. Artículo 95. Queda por cuenta del ocupante ilegal o ilícito el pago de los gastos que se generen con el objeto de revertir los daños que se hayan ocasionado a los recursos naturales. En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agrario. con prohibición de establecer bienhechurías permanentes mientras se decide el rescate. 3. previa aprobación de las Oficinas Regionales de Tierras. y a cualquier otro interesado. un cartel mediante el cual se notificará a los ocupantes de las tierras. si se conociere su identidad. El Ministro de Ambiente y de los Recursos Naturales prestará asistencia al Instituto Nacional de Tierras. si fuere posible.
18 y 20 de la LTDA. Iniciación El procedimiento ser iniciará de oficio por propia iniciativa de la administración o por denuncia. las tierras del dominio privado de la República. Debe expedirse por escrito el certificado para constituir prenda agraria. el INTI a pesar de lo anterior. establecido en la LTDA como un procedimiento autónomo. el uso racional de las tierras y los recursos naturales y la biodiversidad genética.gravámenes de cualquier naturaleza. conforme al artículo 2 de la LTDA. permite al INTI recuperar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. el respeto de la propiedad privada. Este procedimiento no se aplicará a las tierras que se encuentren en condiciones de óptima producción agraria. en total adecuación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. de las corporaciones. Cuando la ocupación ilegal o ilícita ocurra sobre tierras baldías nacionales o fundos rústicos con vocación agrícola de dominio privado de la 33 . podrá rescatar las mismas cuando circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública así lo requieran. las tierras baldías nacionales. sin perjuicio de las garantías establecidas en los artículos 17. fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional. las tierras pertenecientes al INTI. las tierras baldías en jurisdicción de los Estados y los Municipios. No obstante. entendiendo por tierras públicas aquéllas propiedad de algún ente público. empresas del Estado. y que no exceda de dos (2) unidades del patrón de parcelamiento establecido en la zona por el INTI. la promoción y protección de la función social de la producción nacional. utilidad pública y función social de la tierra. la promoción de la independencia y soberanía agroalimentaria de la nación. Para finalizar el trabajo es importante destacar que los organismos agrarios actuarán conforme a los principios constitucionales de la seguridad alimentaria. Procedimiento del rescate de las tierras El procedimiento de rescate de tierras. Pero además se incluyen las tierras del dominio privado de los institutos autónomos. Dentro de las tierras públicas se encuentran.
conforme al artículo 83 de la LTDA. no genera ningún derecho. se considerará notificado. Es de notar que dicha disposición forma parte de la reforma efectuada al DFLTDA. a fin de que éste realice el correspondiente rescate.República. En todo caso. la administración agraria no estará obligada a indemnizar a los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras 34 . Sustanciación Dictado el acto de inicio de procedimiento para el rescate de las tierras. por tanto. el INTI ordenará la elaboración de un informe técnico y. siempre que éstas guarden correspondencia con la finalidad del rescate de la tierra. en todo caso. Dispone la referida disposición que toda medida cautelar dictada debe ser notificada personalmente a los ocupantes afectados directamente por la misma en el acto de su ejecución. la medida cautelar de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate. en el supuesto de no poderse practicar la notificación personal en dicho acto. deberán trasladar la propiedad de las mismas al INTI. institutos autónomos. empresas del Estado. se continuará con su ejecución y se ordenará fijar en la entrada de la finca la respectiva boleta. los ocupantes afectados directamente podrán ejercer los recursos consagrados en la ley. podrá dictar medidas cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate. 18 y 20 de la LTDA. Si aun así no fuese posible practicar la notificación. En este sentido se recurrió al poder de la administración de dictare medidas cautelares para asegurar el alcance del objetivo del procedimiento. corporaciones. como la solución a la inconstitucionalidad10 de la intervención de tierras contenida en dicho instrumento en los artículos 89 y 90. se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial Agraria. en ejercicio del derecho de rescate sobre las tierras de su propiedad. sean adecuadas y proporcionales al caso concreto y al carácter improductivo o de infrautilización de la tierra. fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional. Dispone el artículo 86 de la LTDA que la ocupación ilegal o ilícita de tierras con vocación de uso agrario. y se entiende. en cuyo caso. deberá establecer el tiempo de duración de la misma y la garantía del ejercicio del derecho de permanencia de los sujetos referidos en los artículos 17.
y por lo tanto sin derecho a indemnización. El acto contentivo de la decisión debe notificarse al ocupante de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento. 35 . lo que presenta una relación jurídico-administrativa. indicando que contra el mismo podrá interponerse el recurso contencioso administrativo de nulidad por ante el Juez Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras. por concepto de bienhechurías que se encuentren en dichas tierras. Conclusiones El LTDA privilegia. el INTI dictará su decisión. contados a partir del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior. especialmente por el INTI. en su ejecución. configurando un supuesto de extinción de la propiedad privada motivada por actividades ilegítimas o ilícitas de los propietarios afectados. Se establece de esta forma una restricción a la titularidad de la propiedad con el carácter de sanción. de contenido agrario.con vocación de uso agrario susceptibles de rescate. En los procedimientos en sede administrativa agraria estudiados se establece un vínculo sujeto a la regulación del Derecho Público concretamente del Derecho Administrativo y el Derecho Agrario. Terminación Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En dicha relación la Administración Pública. está representada por los entes de la Administración Pública agraria venezolana. dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la notificación. En la clasificación de las limitaciones a la propiedad está incluida dentro de las restricciones a ala titularidad en razón de medidas punitivas11. por tanto en una relación en función del interés público. la actividad administrativa sobre la actividad jurisdiccional. en ejercicio de potestades. en una situación de poder.
ARTICULO 84. ARTICULO 43. entre ellos el 25. el Tribunal ordenará notificar mediante edicto a todos los ciudadanos y ciudadanas que pretendan derecho sobre el inmueble. Igualmente. El acto que declare las tierras como ociosas o incultas agota la vía administrativa. El Tribunal deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento de la oportunidad de informes. En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria. ni darán lugar a los beneficios o ventajas que se pretendan obtener con ellos. Contra el auto que niegue la apertura de la averiguación o niegue la necesidad de emplazar a los interesados. Igualmente sobre aquellos que se les pretenda usar para efectuar similar fraude. 84. para que comparezcan y expongan las razones que les asistan en la defensa de sus derechos e intereses. 89 y 90. Los jueces competentes de la jurisdicción agraria. la Corporación Venezolana Agraria. identificará al denunciante si lo hubiere y. el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación. actos o negocios jurídicos simulados o realizados con la intención de efectuar fraude al presente Decreto Ley. dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble. para que comparezcan a dar contestación a la solicitud de expropiación. cuando sean realizados con el propósito de efectuar fraude a las normas contenidas en el presente Decreto Ley. de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del presente Decreto Ley. ARTICULO 82. al propietario de las mismas y a cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto. un cartel mediante el cual se notificará al propietario de las tierras. Los hechos. y a cualquier otro interesado. mediante publicación en Gaceta Oficial Agraria. Si del informe técnico se desprendieran elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas o incultas. 40. en general. de ser posible. el Instituto Nacional de Tierras. la celebración de contratos y.ARTICULOS DE LA LEY DE TIERRAS ANULADOS POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Se ataca por inconstitucional artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. la causa entrará en estado de sentencia cuando vencido el lapso para el emplazamiento. 43. podrá interponerse recurso para ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la negativa. indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad. ARTICULO 40. la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento. no impedirán la aplicación de la norma evadida o eludida. ARTICULO 25. Deberá notificarse al propietario de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento. si se conociere. 36 . podrán desconocer la constitución de sociedades. el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y cualquiera de los órganos agrarios. el interesado no hubiese comparecido a dar contestación. la adopción de formas y procedimientos jurídicos. dentro del plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de la respectiva publicación. 82. en un término de quince (15) días hábiles luego de la publicación del último edicto. Formulada la solicitud de expropiación. aun cuando se hubieren celebrado con anterioridad.
43. contra las normas contenidas en los artículos 25. declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad ejercido por José Luis Betancourt. 89 y 90 del Decreto 37 . El 20 de noviembre de ese año el órgano judicial declaró parcialmente con lugar la petición de Betancourt. mientras que en el 74 se prohíbe la expropiación de los fundos con esas mismas características.En el artículo 7 se define como latifundio toda extensión de tierra mayor de 5 mil hectáreas que esté ociosa e inculta y sea de sexta o séptima clase. para el presidente del INTI. Contraviene el artículo 179 de la Constitución al otorgar facultades discrecionales al Ejecutivo para recaudar el impuesto predial a través del SENIAT y al otorgar facultades al Presidente de la República. Eliézer Otaiza. el artículo 89 (que estipula la intervención de las tierras ociosas) y el 90 (que niega la indemnización de las bienhechurías a los ocupantes ilegales de algún terreno público) fueron anulados porque. es uno de los pilares de la ley ya que la figura de la intervención es la que permite agilizar los procedimientos para disponer de las tierras ociosas y ponerlas productivas. Parcialmente con lugar recurso de nulidad interpuesto por FEDENAGA TSJ reinterpreta Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para garantizar derecho a la defensa y al debido proceso La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga). 40 y 43 fueron sometidos a una reinterpretación. contrariando el principio de legalidad tributaria. mientras que los numerales 25. según dijo. por razones de inconstitucionalidad. entre otros. en su carácter de presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA). José Luis Betancourt. 84. interpuso un recurso de nulidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 6 de febrero de 2002. efectivamente. con ponencia del magistrado Antonio García García. 40. 82. De ese modo. el TSJ los consideró inconstitucionales. se debe restituir sobre todo el artículo 89 porque. Sin embargo.
43. se decreta la inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90 del Decreto y conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Sobre la interpretación de los artículos 25. en consecuencia. 40 y 43 del Decreto con rango y fuerza de Ley. con precisión en el sumario debe aparecer el siguiente título: ¿Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional que declara la constitucionalidad de los artículos 82 y 84. la plena vigencia y validez de las disposiciones que contiene los artículos 25. pues. ya que no toda notificación por cartel o mediante Gaceta Oficial vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. debe recordarse que tal mecanismo se instauró como una forma de garantizar. publicado en la Gaceta Oficial Nº 37. la Sala Constitucional encuentra que ¿subsisten las normas. precisamente. se evita la lesión constitucional a la que se refiere FEDENAGA. 82. transgreden los derechos constitucionales a la defensa. 84. la inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90. 25 y 89 del indicado Decreto legislativo. al debido proceso y a la separación de poderes.con rango de Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. DECISION DE LA SALA Con relación a la constitucionalidad 82 y 84 la Sala Constitucional evidenció que con la remisión de la normativa del artículo 27 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública. tales derechos. Como se recordara. Así mismo. publicado en Gaceta Oficial Nº 37. lo que acarrea la declaratoria de inconstitucionalidad de los mismos.323 del 13 de noviembre de 2001¿. alegó que los artículos 40.323 del 13 de noviembre de 2001. que dispone la designación de un defensor de oficio a quienes no comparezcan a una citación. se ordenó la inmediata publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. FEDENAGA. reconoce. y la interpretación de los artículos 40 y 43 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. la Sala Constitucional declara la constitucionalidad de los artículos 82 y 84 del referido Decreto e interpreta y. 40 y 43 del Decreto. por lo que en el caso de que se desconozca o no se pueda identificar al propietario o a los interesados 38 . En este sentido.
¿No reconocer la propiedad de los bienes que existan sobre las tierras del Instituto Nacional de Tierras. pero en caso contrario. y a su ve hizo suyo el razonamiento de la representación de la Procuradora General de la República cuando indicaron que ¿si bien es cierto que la norma bajo análisis prevé la notificación del acto que declare las tierras como ociosas o incultas al propietario o a los interesados. ello en manera alguna significa. la publicación en la Gaceta Oficial Agraria del cartel de emplazamiento. a fin de salvaguardar la eficacia del mismos¿. sólo se hará inmediatamente después de la consignación en el expediente administrativo de la notificación personal efectuada al propietario de la tierra o a los interesados del acto administrativo en los supuestos respectivos¿. con lo cual. de admitirse la tesis que propugna el indicado artículo. se estaría atentando no sólo contra el derecho a la propiedad estatuido en el artículo 115 de la Carta Magna. dado que no es posible una interpretación que la adecúe al ordenamiento constitucional. pues se subvierte la idea 39 . en el caso del artículo 43.para lograr su notificación personal. pues pretende desconocer la existencia de la propiedad y la utilidad social que dentro del ámbito agrario cumple. mediante publicación en la Gaceta Oficial Agraria. y de la notificación del acto administrativo que declare como ociosas o incultas las tierras. la Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90 del Decreto en cuestión. En primer lugar. en el supuesto del artículo 40. el artículo 90 del Decreto con rango de Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no se corresponde con la idea sustancial de la Constitución Nacional y de la misma Ley. que tratándose de un acto administrativo de esta naturaleza no sea procedente agotar la notificación personal a quien afecta. Para finalizar. y hace que el Instituto incurra en un enriquecimiento sin causa. sino contra todo aquello que ha inspirado durante décadas el Estado Social y Derecho recogido tanto en el texto constitucional vigente como en la Constitución de 1961. atenta contra el derecho a la propiedad. sobre el artículo 89 luego de hacer un análisis de la norma declaró que esta es inconstitucional porque transgrede el derecho constitucional a la propiedad. los supuestos establecidos en ellas se aplicarán. En este particular la Sala acogió los términos expuestos por FEDENAGA. por su parte.
40. y efectivamente consiguió la Sala Constitucional que dos artículos de los impugnados ciertamente constituyen violaciones evidentes a la Constitución Nacional. De estos siete artículos. 84. Estos artículos están referidos fundamentalmente al procedimiento que preceptúa la Ley a propósito del rescate de tierras.Efectivamente. la Sala Constitucional. tratando de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. ANTONIO GARCÍA GARCÍA: SOLO SE ANULARON DOS ARTICULOS ¿Magistrado nos podría comentar sobre los alcances de la decisión de la Sala Constitucional sobre la Ley de Tierras? . utilizando una técnica que ya ha puesto en práctica en otros recursos. 43. llamada Jurisprudencia Interpretativa. aquellas que siendo tierras aptas para la producción agrícola no se encuentran desarrolladas o bien aquellas tierras que teniendo una vocación determinada… Fecha de Publicación: 20/11/2002 40 . ha reinterpretado cinco de esos siete artículos. 89 y 90. Se refirió igualmente al artículo que trata sobre las tierras incultas.de accesión inmobiliaria en sentido vertical. lo que indirectamente constituye una confiscación por parte del Estado que está expresamente prohibido por la Constitución. en el día de hoy se ha publicado la sentencia mediante la cual se da respuesta al recurso de nulidad intentado por la Federación Nacional de Ganaderos. entre ellos el 25. De la simple lectura de esos artículos. ese artículo se anula porque la Sala lo considera violatorio de la Constitución Nacional. es decir. Con este recurso se atacaba por inconstitucional siete artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. fundamentalmente los referidos al desconocimiento que consagra la Ley de las bienhechurías en terrenos poseídos en forma indebida. efectivamente se pudieran derivar violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa. razón por la que estimamos que con la lectura final y la interpretación final que la Sala Constitucional le ha dado a estos artículos se preserva definitivamente los derechos antes mencionados. 82. que acarrea la inconstitucionalidad de la norma. razón por la que haciendo un esfuerzo interpretativo la Sala Constitucional releyó esos artículos y reinterpretó los mismos. Pero es bueno destacar que los principales atacados estaban dirigidos fundamentalmente a la violación al derecho a la propiedad.
entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica. llevando a cabo los procedimientos de declaratoria de finca ociosa y de certificación de finca mejorable o productiva. Instituto Nacional de Desarrollo Rural. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ordena la creación de tres institutos autónomos separados. democrática y participativa.CONCLUSIÓN Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable. coordinar y supervisar las actividades empresariales del Estado para el desarrollo del sector agrario. 41 . en sustitución del Instituto Agrario Nacional: el Instituto Nacional de Tierras. la cual tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable. capacitación y extensión. la Corporación Venezolana Agraria y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. al interés general y a la paz social en el campo. Se hace cargo de la regularización de las tierras con vocación agraria. es competente para tramitar los procedimientos de expropiación agraria y de rescate. Igualmente. queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria se ha creado el la Ley de Tierras y desarrollo Agropecuario. eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia. la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Corporación Venezolana Agraria. de acuerdo a las funciones que les corresponde cumplir. Cumple los objetivos de desarrollar. y para intervenir preventivamente las tierras que se encuentran improductivas. La nueva institucionalidad pretende dividir las distintas actividades. asegurando la biodiversidad. Instituto Nacional de Tierras. Tiene la responsabilidad de contribuir con el desarrollo rural integral del sector agrícola en materia de infraestructura. a los efectos de este Decreto Ley.
Eloy. Temas de Derecho Administrativo. Tercera Edición. Nº 243. Madrid. 2003. “Las Limitaciones Administrativas a la Propiedad de Tierras y Desarrollo Agrario”. Fecha de acceso 10 de febrero de 2005. Vadell Hermanos Editores.gov. 2004. Tribunal Supremo de Justicia. Editorial Jurídica Venezolana Caracas Faría Villarreal. Tribunal Supremo de Justicia. Brewer Carias. Tratado de Derecho Administrativo Formal. 1998. Presidente de la República (2001.BIBLIOGRAFÍA Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Teoría del Procedimiento Administrativo. Sala Constitucional. Temas de Derecho Administrativo. 2005. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37. 2002. Curso de Derecho Administrativo.gov. Nuñez Alcántara. Salvador. En http://www. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. El Derecho Administrativo y La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 2001. Aplicación del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: Tópicos sobre su vigencia. 2002. Asamblea Nacional. Vadell Hermanos Editores. Tribunal Supremo de Justicia. Fecha de acceso 10 de febrero de 2005. 30 de diciembre de 1999. Leal Wilhem. 24 de marzo de 2000.ve/decisiones. Sala Constitucional. Tomás. José.ve/decisiones. Valencia-Caracas. 2003. La Victoria Venezuela. Aponte Sánchez. 42 . Colección de Estudios Jurídicos Nº 16. Reimpresa por error material del ente emisor. Manual de Derecho Administrativo.076 Sobre la limitación legal al uso de las tierras públicas y privada en la ley de tierras véase Faría Villarreal. Sentencia del 20 de noviembre del 2002. Araujo Juárez. Tomo II. Innes (2003) “Las Limitaciones Administrativas a la Propiedad de Tierras y Desarrollo Agrario”. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36860. Valencia-Caracas.546. Sentencia del 04 de noviembre de 2003. Sala Constitucional.tsj. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2003. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5. 1998. Allan. Sainz Muñoz. Lares Martínez. García de Enterría.771 Extraordinario del 18 de mayo de 2005. En: Revista Lex Nova. Procesos Agrarios en la Nueva Ley de Tierras. Décima Segunda Edición UCV. 2001. Carlos. 2003. En http://www.tsj.tsj. 2003) El Nuevo Proceso Agrario Venezolano. Decreto 1. Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 1 de la Ley Habilitante del 13 de noviembre de 2000 publicada en la gaceta Oficial Nº 37. Editorial Civitas. Edgard Darío. Valencia-Caracas. Innes. Tribunal Supremo de Justicia. Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En http://www. Elida. Maracaibo.gov. Juris Laboris CEDIL.ve/decisiones.323 de fecha 13 de noviembre de 2001. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5453 Extraordinario. 1999. Sentencia del 22 de marzo de 2004. Fecha de acceso 10 de febrero de 2005. Eduardo y Fernández.
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