Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500028.html
Timestamp: 2019-03-24 23:31:40+00:00

Document:
se201500028
SENTENCIA: 28/2015.
EXPEDIENTE Nº: 415/2008.
PARTES: AMÉRICA S.R.L. contra la Superintendencia Tributaria General.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por AMERICA S.R.L. contra la Superintendencia Tributaria General.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 53 a 55, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008, dictada por el Superintendente Tributario General; contestación de fojas 94 a 98, réplica, dúplica y antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que la Empresa Comercializadora de Herramientas, Maquinarias y Productos del Hogar en General, América S.R.L., representada legalmente por Virginia Medrano Solares, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, basando su acción en los siguientes argumentos:
Manifiesta que si bien la Ley General de Aduanas y su Decreto Reglamentario, establecen la solidaridad a efectos de la responsabilidad de pago, por causa de omisión de tributos aduaneros, es injusto que la Aduana Nacional de Bolivia haya elegido al importador para que realice el pago de la deuda, denunciando que lo correcto hubiera sido cargar la responsabilidad a la Agencia Despachante de Aduanas encargada de tramitar la importación, y no así a la empresa América S.R.L.
Que la Aduana Nacional, estableció contra un total de cinco DUI’s, la existencia de valores no declarados, los mismos que se detallan a continuación:
- DUI C-9064, 450 $us. por valor no declarado, correspondiente a un flete interno desde la frontera de Yacuiba a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
- DUI’s C-9763, C-21934 y C-849, para los cuales la Aduana Nacional de Bolivia estableció valores no declarados, emergentes de la omisión en la cual incurrió la Agencia Despachante de Aduanas, al no tomar en cuenta los gastos realizados para determinar de manera correcta la base imponible sobre la cual se realizaría el cálculo.
- DUI C-6030, para la cual, producto de la Fiscalización realizada por la Administración Tributaria, se encontró una transacción contable que corresponde únicamente a una transferencia de dinero entre cuentas, por concepto de cancelación de una diligencia pendiente que tenía la empresa, y que sin base legal alguna fue interpretada como el pago a los proveedores por concepto de compra de mercadería.
Finalmente sostiene que el cobro, en relación a la deuda tributaria correspondiente a las Declaraciones C- 9763 y C-6030, es inviable, toda vez que el monto mínimo para la procedencia de la ejecución tributaria debe alcanzar las 509 UFV’s, y dado que el monto total de la deuda asciende tan solo a 448 UFV’s, dicho cobro no puede ser realizado, por lo que solicita que se declare probada la demanda. Realizadas varias observaciones por parte de la Ministra tramitadora de la causa, se apersona una nueva apoderada de la empresa demandante, adhiriéndose a la demanda presentada anteriormente, solicitando se declare probada la misma y se anule la Resolución Jerárquica STG—RJ/0201/2008, subsanando posteriormente a cabalidad las observaciones realizadas, mediante memorial de fojas 68.
CONSIDERANDO II: Corrido el traslado de ley, se dio contestación negativa a la demanda por memorial presentado el 12 de diciembre de 2008 en Secretaría de Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, que cursa de fs. 94 a 98, con el siguiente fundamento:
Explica que existe aceptación implícita de los fundamentos de la decisión que contiene la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008 dictada por la Superintendencia Tributaria General, en virtud de que la Empresa demandante América S.R.L., en la demanda presentada no impugna los fundamentos de dicha resolución, por el contrario, únicamente cuestiona los fundamentos de la Vista de Cargo AB-GRSGR N° 004/2007 de 12 de marzo de 2007, y la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 126/2007 de 14 de junio de 2007 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia.
Pese a indicar que se trataría de una aceptación libre y espontánea de los fundamentos y decisión de la Resolución de Recurso Jerárquico, responde los argumentos de la parte demandante estableciendo los siguientes extremos:
Que el art. 47 de la Ley Nº 1990 y los arts. 6 y 61 del DS Nº 25870, disponen que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas responden solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.
Señala que respecto a la Solidaridad, el art. 26. II de la Ley Nº 2492 establece como efectos jurídicos: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra ellos, motivo por el cual, indica que la Administración Tributaria puede hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria a cualquiera de los deudores, ya sea el importador (América S.R.L.) o la Agencia Despachante de Aduana, y además puede ser por el importe íntegro de la deuda tributaria.
En ésa línea, cita el art. 47 de la Ley Nº 1990 y los arts. 6 y 61 del DS Nº 25870, que establecen que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responden solidariamente con su comitente o consignatario por daño de las mercancías en las importaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.
Añade que como resultado del proceso de fiscalización posterior, la administración tributaria aduanera, estableció que el sujeto pasivo no declaró el precio realmente pagado por las mercancías, afectando de esa manera al pago de los tributos correspondientes al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que se calificó la conducta como Contravención de Omisión de Pago, debiéndose aplicar una multa del 100% sobre el tributo omitido, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 165 de la Ley Nº 2492.
Respecto a la DUI C-9763, indica que la administración tributaria estableció el tributo omitido en el monto de $us. 100, debido a que mediante la transacción N° 30197, efectuó transferencia de dinero a la empresa Sercomint S.R.L. por el monto de $us.500, respaldando América S.R.L. únicamente el pago de $us. 400, e indica que la nota de débito N° 006924, no tiene respaldo documental.
En relación a la DUI C-9064, indica que el importador, canceló a Sercomint S.R.L. la suma de $us. 1050, por concepto de transporte, de acuerdo a la transacción Nº 29464, sin embargo la carta porte N° BR.-1891/12544, presentada por la Agencia Despachante de Aduana Roca consigna el importe de $us. 605, y el importador América S.R.L. no justificó documentalmente la diferencia de $us. 450, por lo que no se desvirtuó el extremo señalado en la resolución impugnada respecto a este cargo.
Sobre la DUI C-21934, señala que el valor declarado en la importación fue de $us. 5714.50, que coincide con el pago realizado al proveedor FIASA. A pesar de eso, dicha factura además del precio de la mercancía, incluye un costo denominado gastos FOB por un monto de $us. 300, los cuales no se tomaron en cuenta para para la liquidación de tributos aduaneros.
Acerca de la DUI C-6030, indica que fue observada por una transacción internacional N° 46672 por la suma de $us. 1400, ante este hecho, el importador señaló que dicha operación se trataba solo de una transferencia de dinero entre cuentas que fue realizada para cancelar alguna diligencia que tenía la empresa; empero, la empresa América S.R.L. no ha demostrado por ningún documento contable el argumento de su defensa, por lo que no desvirtuó la determinación de la Administración Aduanera.
En razón a la DUI C-849, acusa que el importador no presentó en el momento del despacho aduanero, las facturas de exportación Nºs 1067, 1068 y 1069, mismas que fueron presentadas durante la fiscalización. De la revisión de las mismas, se concluyó que el contribuyente declaró la suma de $us. 1.871.05, cuando en realidad la factura alcanzaba a pesos chilenos 1.871.046, que en el momento del pago de la referida DUI, equivalían a $us. 3.056.51, determinándose una diferencia de $us. 1.185.46, configurando de esta manera la contravención de omisión de pago, que tampoco fue desvirtuada por el contribuyente.
Por lo que solicita declarar improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta por América S.R.L. y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria General.
En principio, se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, en que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial y legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.
Consecuentemente, este Tribunal resguardando los principios universales de debido proceso y acceso a la justicia, ejerce control de legalidad, para lo que es necesaria la contextualización del proceso llevado a cabo en la fase administrativa. Así se tiene que:
El 19 de abril de 2006, la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 017/2006, y se proceda a la verificación del operador América S.R.L., respecto al Graven Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), teniendo como alcance las declaraciones de importación efectuadas durante la Gestión 2004.
Luego de la presentación de descargos por el contribuyente, el 12 de marzo de 2007 la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 004/2007 contra la Empresa América S.R.L., determinando preliminarmente sobre base cierta, la deuda tributaria de UFV’s 15.448 por la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 165 del Código Tributario.
Activada la impugnación en recurso de Alzada, se determinó en la Resolución STR/SCZ/N° 0193/2007 de 26 de noviembre de 2007, confirmar la Resolución Determinativa, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional.
Opuesto el recurso jerárquico, se resolvió nuevamente confirmar la resolución STR/SCZ/N° 0193/2007 de 26 de noviembre de 2007, manteniendo firme y subsistente la resolución determinativa STR/SCZ/N° 0193/2007 de 26 de noviembre de 2007.
En el caso de autos, la controversia radica en establecer la correcta interpretación del principio de solidaridad contenido en la Ley Nº 2492, y verificar si la prueba aportada por el contribuyente en proceso administrativo fue valorada o no.
La controversia inicialmente identificada, se enfoca en la correcta interpretación del principio de solidaridad en el presente caso, y analizando la norma, se evidencia claramente que el art. 26. II de la Ley Nº 2492 establece que la obligación tributaria puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores, a elección de la Administración Tributaria, la cual en el caso que nos ocupa ejerció su facultad y potestad de elegir si cobraría la deuda tributaria a la Agencia Despachante de Aduana o al importador, evidenciando que hizo uso correcto de su derecho a realizar el cobro de la deuda tributaria al importador (AMÉRICA S.R.L.), por considerarlo conveniente.
Respecto al segundo punto controvertido, resulta evidente que la Superintendencia Tributaria General a momento de pronunciar la Resolución STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008, consideró y resolvió de manera fundamentada todos y cada uno de los puntos planteados por el demandante respecto a la existencia de valores no declarados por parte de América S.R.L., en las declaraciones de importación efectuadas durante la gestión 2004. Asimismo, estableció de manera precisa que las acciones realizadas por el Importador América S.R.L., constituyen omisión de pago, quedando claro que el sujeto pasivo no presentó en ningún momento, descargos suficientes que puedan desvirtuar aquella determinación de la administración aduanera, tal cual expresa la Resolución Jerárquica STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008, en la fundamentación técnico jurídica.
También expresa que la prueba aportada en instancia administrativa no fue valorada, aspecto que tampoco resulta ser evidente, puesto que en razón al control que se ejecuta en este proceso y en virtud al análisis de la documental que sustenta la secuencia de hechos acontecidos en la fase administrativa descrita líneas arriba, el contribuyente presentó descargos como emergencia de la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 017/2006, mismos que fueron objeto de análisis y evaluación en los informes técnicos que respaldan tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, sin que exista constancia de presentación de nuevos documentos o descargos en las instancias de impugnación por parte del Importador América S.R.L., resultando en consecuencia, que lo afirmado en la demanda sobre este aspecto no tiene sustento factico ni jurídico, que permita acoger la afirmación del demandante.
Por lo expuesto, corresponde desestimar la pretensión en virtud de los hechos, correspondiendo mantener firme la resolución impugnada.
POR TANTO: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda, y en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0201/2008 de 28 de marzo de 2008 emitida por la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.
No suscriben las los Magistradas Rita Susana Nava Durán, Maritza Suntura y Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir votos disidentes.

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