Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920458.html
Timestamp: 2019-11-19 08:45:21+00:00

Document:
as201920458
Auto Supremo: 458/2019
Expediente: SC-135-18-S
Partes: Mery Jiménez Fresco c/ Mario Heredia Pérez, Dora Vargas de Heredia y
presuntos propietarios.
VISTOS: Los recursos de casación planteados por Mary Narda Mireya, Oscar Arnaldo y Ruth Beatriz Heredia Vargas, cursantes de fs. 641 a 647, fs. 649 a 654 vta., y fs. 656 a 661, respectivamente, impugnando el Auto de Vista Nº 145/18, pronunciado el 02 de agosto, por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 630 a 634, en el proceso de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por Mery Jiménez Fresco contra los recurrentes; memorial de contestación, cursante de fs. 665 a 667, Auto de concesión a fs. 668, Auto Supremo de Admisión Nº 990/2018-RA de 5 de octubre de fs. 675 a 677, y todo lo inherente:
1. Mery Jiménez Fresco planteó demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria contra Mario Heredia Pérez, Dora Vargas de Heredia y presuntos propietarios (fs. 4 a 5), contestando la defensora de oficio por los demandados a fs. 77 y vta., apersonándose posteriormente los emplazados mediante memorial de fs. 107 y vta., tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.
2. El 10 de octubre de 2017, el Juez Público Civil y Comercial Nº 13 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia Nº 33/17 declarando PROBADA la demanda de usucapión decenal, disponiendo la inscripción en Derechos Reales del título de propiedad a nombre de Mery Jiménez Fresco.
3. Apelada la sentencia por los demandados Mary Narda Mireya, Ruth Beatriz y Oscar Arnaldo Heredia Vargas (fs. 561 a 565, fs. 567 a 583 vta., y fs. 585 a 589. respectivamente), la Sala Civil y Comercial Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 145/18 de 2 de agosto (fs. 630 a 634), declarando INADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por Mary Narda Mireya Heredia Vargas y Ruth Beatriz Heredia Vargas, CONFIRMANDO en todas sus partes la sentencia, bajo el fundamento que los apelantes no explicaron ni fundamentaron como es que la resolución impugnada vulneró sus derechos fundamentales, por ello y al ser carente de expresión de agravios, por lo cual consideró que no correspondía entrar a considerar los mismos.
Conforme lo expuesto en los recursos de casación de la parte demandada, se extractan los siguientes reclamos:
Recurso de casación de Mary Narda Mireya Heredia Vargas.
1. Denunció que las resoluciones en el proceso, atropellaron y vulneraron derechos fundamentales, como ser: la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica de la demandada, así el Auto de Vista en lugar de corregir esas ilegalidades e irregularidades procesales, omite la revisión y verificación de las infracciones denunciadas en la vía incidental y fueron apeladas oportunamente, incumpliendo la aplicación del art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, 14.III, 115.I y II, 119.I y II, 178.I y 180.I y II de la Constitución Política del Estado.
2. Se quejó que el Auto de Vista es totalmente incompleto e incurre en falta esencial de pronunciamiento; porque no resolvió los recursos de reposición bajo alternativa de apelación concedidos en el efecto diferido, lo cual es sancionado por el art. 120.I del Código Procesal Civil.
Invocando la revisión de los actuados procesales y la nulidad de obrados sea de oficio o a petición de parte de acuerdo al art. 17.I y III de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 105.II y 106.I y II del Código Procesal Civil, por cuanto cita una serie de anomalías que a lo largo del proceso habrían provocado indefensión de los demandados fallecidos y sus sucesores.
Solicitó anular obrados con reposición de los mismos hasta el vicio más antiguo.
Recurso de casación de Oscar Arnaldo Heredia Vargas.
1. Manifestó que el Auto de Vista es incongruente porque no dio respuesta a tres puntos de los agravios expresados en el recurso de apelación, siendo trascendentales al derecho a la defensa de la parte demandada, en relación a la vulneración del principio dispositivo por el que la sentencia cambió los hechos que la parte demandante estableció en su demanda, respecto al derecho sucesorio y a la posesión de la demandante, por lo que el Tribunal de segunda instancia no debió otorgar respuesta a conveniencia sino que debió conceder respuesta fundamentada y razonada a cada agravio, siendo por lo tanto incongruente.
Solicitó anular el Auto de Vista a efectos que se emita una nueva resolución que otorgue respuesta a cada uno de los agravios expresados en el recurso de apelación.
1. Refirió que, al ser el Auto de Vista omisivo, replica sus agravios de apelación en lo que respecta a la vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil y el principio dispositivo de la sentencia que cambió los hechos que la demandante describió en la demanda.
2. Estableció que el razonamiento del juez respecto a los límites de fechas para la declaratoria de herederos vulnera el art. 1029 del Código Civil, respecto a la prescripción del derecho sucesorio.
3. Formuló la vulneración de los arts. 89 y 138 del Código Civil, por acreditarse la mala fe y temeridad de la demandante, por lo que la pretensión debió ser desestimada y declarada improbada conforme al art. 223.I del Código Procesal Civil y no premiar modificando los datos de la demanda para otorgarle la usucapión pretendida. Siendo que el juez no pudo presumir la posesión, sino que la misma debió probarse y desde qué momento la actora intervertió su título.
Solicitó casar el Auto de Vista y declarar improbada la demanda de usucapión.
Recurso de casación de Ruth Beatriz Heredia Vargas.
1. Reclamó que, el Auto de Vista confirmatorio, incumplió la revisión de oficio respecto al juez que al admitir la demanda de usucapión omitió los requisitos previos, como ser dirigir la nota a Derechos Reales para que le remitan certificación alodial del inmueble objeto de la litis, asimismo, se dirigió la demanda a personas fallecidas citándolos mediante edictos, por lo que el A quo ni bien tuvo conocimiento de ello, de oficio, debió anular todo lo obrado.
En ese contexto acusó que el Tribunal de segunda instancia, incumplió con sus deberes de revisar y corregir de oficio tales vicios, por lo que, al omitir hacerlo, vulneró los principios fundamentales de probidad, legalidad, eficacia, eficiencia y verdad material, derecho al debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, atentando a la igualdad jurídica y al debido proceso, provocando la indefensión de la parte demandada.
Denunció no haber figurado como demandada ni tampoco el juez fijó puntos de hecho a probar para la parte demandada, por lo que no habría sido parte de la relación procesal; pero se dictó sentencia en su contra.
2. Refirió que el Auto de Vista incurrió en vicio sustancial al declarar inadmisibles los recursos de apelación de los tres codemandados, y en su parte resolutiva dejó de lado al apelante Oscar Arnaldo Heredia Vargas, por lo que omite cumplimiento de sus funciones de fiscalizador y revisor.
3. Invocó las disposiciones del art. 17.I y III de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 105.II y 106.I y II del Código Procesal Civil, respecto a que las actuaciones procesales donde se encuentren infracciones que interesan al orden público deben ser revisadas y anuladas de oficio o a petición de parte, puesto que la ausencia de diligencias y trámites esenciales provocaron indefensión de los sucesores de los demandados fallecidos, incurriendo en franco atentado al debido proceso.
4. Reclamó omisión tanto por la Sentencia como por el Auto de Vista respecto a la oposición planteada de fs. 107.
5. Expresó omisión en segunda instancia, porque no se analizó ni resolvió los recursos de reposición bajo alternativa de apelación.
Solicitó que conforme al art. 220.III.inc.1.c) del Código Procesal Civil, se anulen obrados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo es decir hasta fs. 4 y 5 inclusive y sea con imposición de responsabilidad.
Argumentó que los recursos de casación presentados vulneran el art. 274 del Código Procesal Civil, porque los recurrentes no señalan con claridad ni precisión que leyes o normas habrían sido vulneradas o aplicadas indebidamente, lo único que hacen es fundar sus reclamos en memoriales y actuados judiciales anteriores que fueron resueltos en su momento, encontrándose plenamente ejecutoriados.
Asimismo, los recurrentes intentaron declarase herederos el 4 de febrero de 2015, es decir en forma posterior a la interposición de la demanda y así también plantearon incidentes de nulidad fuera de los plazos establecidos, mismos que fueron rechazados en primera y segunda instancia por inoportunos, resoluciones que no pueden ser revisadas, ya que no admiten el recurso de casación.
En ese entendido sólo se limitan a reiterar actos jurídicos ya resueltos, por lo que solicitó se nieguen y rechacen dichos recursos.
III.1. Sobre el derecho a la impugnación y el principio de la doble instancia.
Estos preceptos se materializan a través de los recursos que la ley franquea según la resolución contra la cual se pretenda recurrir, por lo que se constituyen en el medio a través del cual se fiscaliza no solamente la decisión asumida por el juez o tribunal, sino la legalidad de la resolución, ante el cual el Tribunal ha de brindar respuesta a los motivos que dieron lugar a la misma, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada.
Los recursos que la ley franquea o reconoce para hacer efectivo el derecho a la impugnación y el principio de doble instancia, no solamente se materializan con la presentación del recurso sino que su efectividad se perfecciona con la respuesta que dicho recurso recibe; a tal efecto tenemos al recurso de apelación que es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, al ser el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.
Lo importante de hacer efectivos estos preceptos reconocidos en la Constitución radica en que el proceso es considerado como un conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto; este se estructura en etapas y fases debidamente ordenadas a fin de brindar la máxima garantía de igualdad y defensa a las partes, sin embargo el proceso no está exento de que en su desarrollo se produzcan u omitan actos que afecten su normal avance e incluso impidan el cumplimiento de sus fines, los que deberán ser analizados a fin de imponer una posible sanción de nulidad, razón por la que dicho análisis se encarga a un tribunal de revisión (segunda instancia) que abra su competencia precisamente a partir de la interposición de un recurso, que por el avance de la doctrina como de las legislaciones se ha superado aquella concepción del excesivo formalismo, pasando a una concepción más amplia en la que el punto de partida es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso, encuentren igualdad de condiciones para defender sus posiciones y hacer valer sus pretensiones de forma que prevalezca siempre el principio “pro actione” que busca la prevalencia del fondo sobre la forma.
Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1853/2013 de 29 de octubre señaló: “III.4. Derecho de impugnación. - El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías Constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180-II, (…) Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo. Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada (…) es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”.
Criterio compartido y también desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia que este derecho orientó en el Auto Supremo Nº 484/2012 de 13 de diciembre, que señaló: “… el articulo 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, por su parte el articulo 8 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, determina que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Ambas disposiciones legales, que conforman el Bloque de Constitucionalidad reconocen el derecho a la impugnación o a la segunda instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta que dé, el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que fundan la impugnación, que además de ser pertinente debe ser motivada y fundamentada, solo así se satisface el derecho a la impugnación”. En ese mismo orden de ideas el Auto Supremo Nº 223/2012 de 23 de julio, señaló: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde”.
III.2. De los alcances del art. 218.II num. 1) de la Ley Nº 439.
El art. 218 de la Ley Nº 439 de forma textual refiere: “I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. II. Este fallo deberá ser: 1. Inadmisible. a. Si se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. b. Por falta de expresión de agravios. 2. Confirmatorio. 3. Revocatorio total o parcial. 4. Anulatorio o repositorio. III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, si bien la normativa de referencia en su parágrafo II, numeral 1 permite a los tribunales de apelación declarar inadmisible el recurso en dos casos, el primero cuando se habría interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley y el segundo por falta de expresión de agravios, normativa que en su primer supuesto no merece mayor análisis por su claridad, empero, en caso de ausencia de expresión de agravios, cabe referir que siguiendo el entendimiento esbozado en el punto III.1 y sobre todo en el punto III.2, el Tribunal de apelación al momento de analizar el contenido del recurso de apelación, no debió realizar un examen bajo un enfoque totalmente formalista, solicitando una expresión precisa de normas vulneradas o como debieron ser aplicadas, cual si se tratase de un recurso de casación, actitud que no resulta acorde al actual sistema de administración de justicia, sino por el contrario simplemente es necesario advertir la expresión de un agravio aunque disperso pero entendible, el cual permite y abre la competencia del Tribunal de segunda instancia para su análisis y su consideración, es por ese motivo que únicamente ante una evidente y carente orfandad de agravios, recién es viable declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación en aplicación del art. 218.II num. 1) de la Ley Nº 439, pero en el caso de advertirse o inferirse un agravio aunque disperso de todo el contexto del recurso, no corresponderá al Tribunal de apelación la aplicación de la citada normativa, debido a que una actitud netamente formalista implicaría desconocer los principios pro homine y pro actione y la vulneración del principio de impugnación desarrollados precedentemente.
III.3. De la prueba de oficio y el principio de verdad material.
El art. 264.I el Código Procesal Civil señala: “… Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días”. Similar a su precedente contenido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil que disponía: “El juez o tribunal podrá asimismo, antes del decreto de autos disponer se produzca la pruebas que estimare convenientes.”, en esta misma lógica el art. 4 num. 4) del mismo cuerpo legal, que regulaba entre las facultades del Juez o Tribunal las de: “Exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso.”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.
Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos, entre ellos los Autos Supremos Nº 690/2014, 889/2015 y 131/2016, que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 4 num. 4) y 233.II del Código de Procedimiento Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales. Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de derecho que hoy rige la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la SCP, Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.
Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia Nº T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.
En ese entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, pues una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos, viene a generar una desconfianza generalizada hacia el órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.
Consiguientemente, y toda vez que las partes acuden al órgano jurisdiccional para encontrar una solución a los conflictos que se les presenta, es que las decisiones de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria deben basarse en la verificabilidad de los hechos comprobados, así como en la legitimidad de los mecanismos probatorios. Asimismo, en el caso de que se genere duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir que no exista convicción suficiente que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los suficientes medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), es decir el juez o Tribunal en quien se generó dicha duda, en virtud al principio de verdad material, desarrollado supra, y lo establecido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil, tiene la facultad de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo.
En alzada conforme a la prescripción contenida en el art. 264.I del Código Procesal Civil (Ley 439), la norma tiene el texto siguiente: “I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer …” (las negrillas no corresponde al texto original); de acuerdo a la norma descrita se tiene que la potestad de mejor proveer, es extensible al Tribunal de alzada el que se constituye en una autoridad “de hecho”, para asimilar medios probatorios necesarios para otorgar justicia, en función del principio de verdad material contenido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado.
1. Denunció que las resoluciones en el proceso, atropellaron y vulneraron los derechos fundamentales, como a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica de la parte demandada, así el Auto de Vista en lugar de corregir las irregularidades procesales, omite la revisión y verificación de las infracciones denunciadas en la vía incidental que fueron apeladas oportunamente, incumpliendo aplicar el art. 17.I de la Ley del Órgano judicial, los arts. 14.III, 115.I y II, 119.I y II, 178.I y 180.I y II de la Constitución Política del Estado.
2. Manifestó que el Auto de Vista incurre en falta de pronunciamiento; porque no resolvió los recursos de reposición bajo alternativa de apelación concedidos en el efecto diferido, lo cual es sancionado por el art. 120.I del Código Procesal Civil.
Invocando la revisión de los actuados procesales y la nulidad de obrados sea de oficio o a petición de parte de acuerdo al art. 17.I y III de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 105.II y 106.I y II del Código Procesal Civil, por cuanto cita una serie de anomalías que a lo largo del proceso habrían provocado indefensión de los demandados, fallecidos y sus sucesores.
1. Expresó que el Auto de Vista es incongruente porque no dio respuesta a tres agravios expresados en el recurso de apelación, trascendentales en el derecho a la defensa de la parte demandada, en relación a la vulneración del principio dispositivo por el que la sentencia cambió los hechos que la parte demandante estableció en su demanda, respecto al derecho sucesorio y a la posesión de la demandante, por lo que el Tribunal de segunda instancia no debió otorgar respuesta a conveniencia sino que debió conceder respuesta fundamentada y razonada a cada agravio, siendo por lo tanto incongruente.
1. Refirió que, al ser el Auto de Vista omisivo, replica sus agravios de apelación en lo que respecta a la vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil y el principio dispositivo cuya sentencia cambió los hechos que la demandante describió en la demanda.
2. Estableció que el razonamiento del juez respecto a las de fechas para la declaratoria de herederos vulnera el art. 1029 del Código Civil en relación a la prescripción del derecho sucesorio.
3. Formuló la vulneración de los arts. 89 y 138 del Código Civil por acreditarse la mala fe y temeridad de la demandante, por lo que la pretensión debió ser desestimada y declarada improbada conforme al art. 223.I del Código Procesal Civil y no premiar modificando los datos de la demanda para otorgar la usucapión pretendida. Siendo que el juez no pudo presumir la posesión, sino que la misma debió probarse y desde que momento la actora intervertió su título.
1. Reclamó que, el Auto de Vista confirmatorio, incumplió la revisión de oficio respecto al juez, que al admitir la demanda de usucapión omitiendo requisitos previos, por lo que el A quo al tomar conocimiento de ello, de oficio, debió anular todo lo obrado, por lo que habría vulnerado los principios fundamentales de probidad, legalidad, eficacia, eficiencia y verdad material, derecho al debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, atentando a la igualdad jurídica y al debido proceso, provocando la indefensión de la parte demandada.
Denunció no haber figurado como demandada ni tampoco el juez fijó puntos de hecho a probar para la parte demandada, por lo que no habría sido parte de la relación procesal.
2. Refirió que el Auto de Vista incurrió en vicio sustancial al declarar inadmisibles los recursos de apelación de los tres codemandados, y en su parte resolutiva deja de lado al apelante Oscar Arnaldo Heredia Vargas, por lo que omite cumplimiento de sus funciones de fiscalizador y revisor.
En relación a los recursos de forma, corresponde establecer que la SC Nº 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que “…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”.
En esa misma línea se encuentra el art. 4 del Código Procesal Civil, que en el ámbito del proceso civil establece “…Toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación general; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley”.
Con base en lo argumentado, corresponde ingresar al análisis de los recursos de casación en la forma de Mary Narda Mireya Heredia Vargas, Oscar Arnaldo Heredia Vargas, Ruth Beatriz Heredia Vargas respecto a la omisión del Auto de Vista y a que el mismo fuera incompleto, respecto a que no dio respuesta a infracciones denunciadas ni a cuestiones de fondo que otorgaron indebidamente la usucapión, ni a los recursos de reposición apelados oportunamente, al respecto y de la revisión al Auto de Vista de fs. 630 a 634, se tiene que concluyó que las apelaciones fueron carente de agravios, calificando a las mismas como inadmisibles.
De la revisión de los recursos de apelación, así del recurso de apelación fs. 561 a 565, correspondiente a Mary Narda Heredia Vargas, se pueden establecer los siguientes agravios: 1. Refirió a la sentencia como parcializada, dictada con base en presunciones de prescripción y posesión presunta. 2. Reclamó que la posesión no habría sido pacífica ni continua porque los esposos Chávez Jiménez el 12 de julio del 2000, suscribieron un contrato de transferencia de posesión y mejoras, emergente de ello existe una demanda de interdicto de recobrar la posesión del 8 de mayo del 2006, teniendo posesión solamente de 7 años entre 2006 y 2013. 3. Se quejó que la demandante no demostró con ninguna prueba, el inicio de su posesión, que la misma sea de 33 años y menos respecto a las mejoras realizadas en el inmueble, puesto que las construcciones habrían sido realizadas por la iglesia evangélica Betania Brígida, cuya prueba es el informe emitido el 9 de junio de 2014 por la gestión de catastro que estableció dos tipos de construcción con data de 39 años y 4 años, así como la certificación del cambio de nombre provisional del 5 de diciembre de 2011. 4. Demandó vulneración al debido proceso en sus tres vertientes, por la existencia de defectos procesales tales como la interposición contra personas fallecidas y no contra sus herederos, que el A quo debió advertirlas y anular obrados hasta el saneamiento de la misma.
En referencia al segundo recurso de apelación correspondiente a Ruth Beatriz Heredia Vargas de fs. 567 a 583 vta., se extrajeron los siguientes agravios: 1. Reclamó que la demanda se interpuso contra personas fallecidas y en resguardo de los herederos correspondía también que la misma se dirija contra sus herederos, 2. Reclamó que los herederos (hijos de los demandados), no tuvieron derecho a una legítima defensa, por lo que el juez como director de la causa no veló porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, cuyo procedimiento exigía la exposición circunstanciada de los hechos que definen la relación, mismo que no acepta perfeccionamiento posterior. 3. El juez no solicitó ni exigió la certificación de Derechos Reales, en relación al bien inmueble a efecto de verificar el registro, los datos técnicos y el derecho propietario. 4. No se citó con la demanda al Gobierno Municipal de Santa Cruz ni a los presuntos propietarios, correspondiendo su anulación hasta la admisión de la demanda. 5. Refirió existencia de indefensión para los demandados, porque se fijó los puntos de hecho a probar sólo para la demandante y no así para los demandados; entendiéndose por válida la contestación de la defensora de oficio, la misma debió ser considerada al ser una demanda ordinaria de hecho, provocando para los herederos indefensión. 6. Argumentó vulneración al debido proceso porque concluyó el período de prueba sin que puedan proponer prueba, refiriendo que el proceso se desarrolló con muchos vicios procesales, sin la valoración correcta de la prueba, sin tomar en cuenta la interrupción de la posesión generada por un tercero, así como las tres anotaciones preventivas vigentes al 2015, por lo que el juez no realizó una apreciación y uso correcto de la prueba con el objeto de resolver la causa de la forma más justa posible.
En cuanto al tercer recurso de apelación de Oscar Arnaldo Heredia Vargas cursante de fs. 585 a 589, se tiene que el mismo estableció los siguientes agravios: 1. Refirió vulneración del principio dispositivo porque la sentencia cambió los hechos que la actora estableció en la demanda; aludió que el juez no puede otorgar más allá de lo pretendido por las partes menos puede cambiar los hechos que han sido introducidos al proceso, y es que a decir por la demandante su posesión de más de 33 años marcaría como inicio de su posesión desde 1979 y no desde el año 2000, 2. Expresó vulneración del art. 1283 del Código Civil sosteniendo que se estableció la inversión de la carga de la prueba, puesto que el punto 3 de la sentencia manifestó que los herederos de los demandados estaban obligabados a desvirtuar los puntos de hecho fijados cuando en sí es la parte actora quien debió demostrar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión. 3. Acusó que el juez en la sentencia no debió dar lugar a juzgar que habría precluido el derecho de aceptación de la herencia, puesto que la misma sólo podría ser invocada por los herederos. 4. Expresó que el juez vulneró el principio dispositivo, no consideró que en los procesos primigenios no se verificó que la demandante tenga la posesión enunciada (33 años), intentando engañar al juez con temeridad que es sancionado con el art. 64 de la Ley Nº 439, la parte debió ser sancionada además de las costas y costos con el pago de daños y perjuicios; el A quo tomó que el fallecimiento del último propietario como si fuera la prueba de hecho del ejercicio de la posesión de la demandante, siendo un razonamiento jurídicamente inadecuado.
En ese sentido y habiéndose evidenciado la existencia de expresión de agravios, y en atención a que los tres recursos de casación interpuestos en esta fase, coincidieron en que el Auto de Vista fue incongruente, omisivo e insuficiente porque el mismo refirió que los recursos de apelación fueron insuficientes y con inexistencia de agravios, siendo tal decisión errada, por lo que el Auto de Vista no debió expresar que tales apelaciones eran carentes de agravios, asimismo, respecto al único recurso considerado de forma incompleta, expresó que, la parte recurrente no probó tales alegaciones y que tenía la carga procesal correspondiente.
Con referencia a los puntos 1, 2 y 1, de los recursos de Oscar Arnaldo Heredia Vargas, Mary Narda Mireya Heredia y Ruth Beatriz Heredia Vargas, respectivamente, que principalmente reclaman haberse suscitado en el proceso muchas irregularidades, mismas que debieron ser subsanadas con la nulidad de obrados, en relación a estos reclamos, se tiene establecido por la doctrina y la jurisprudencia asentada por este Tribunal que para que se opere la nulidad es necesario que se cumplan con ciertos principios, que concuerdan con los aportes doctrinarios de Eduardo Couture en su obra “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, pags. 386, 390 y 391 y Enrique Lino Palacio, en su obra “Derecho Procesal Civil”, T. IV pag. 145 como: “… a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” b) Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala, esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento”, dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal…”.
Al respecto y de la revisión al proceso se tiene que los herederos de los demandados, Mary Narda Mireya, Ruth Beatriz y Oscar Arnoldo todos Heredia Vargas a fs. 107 y vta., suscitaron oposición. Alegando que las aseveraciones de la actora, son falsas como las declaraciones de sus testigos, exponiendo que estas viven en barrios alejados de la zona donde se encuentra el inmueble que les pertenece. Asimismo señalaron que el año de 1993 los actores plantearon otro proceso que les resultó desfavorable, entre otros argumentos, adjuntando prueba pertinente en dicho memorial no se refirió nulidad procesal alguna, ya que de acuerdo al art. 107.II y III del Código Procesal Civil, la nulidad de un acto debe ser solicitada en la primera oportunidad hábil, de no hacerlo así, se entiende que la parte no hizo valer en su momento, consintiendo todo lo obrado procesalmente hasta ese momento, sea de forma tácita o expresa, en ese sentido se puede concluir que la norma procesal establece momentos y oportunidad para que las partes en conflicto expresen, prueben, impugnen y reclamen oportunamente.
En el caso concreto se tiene que los hijos de los demandados plantearon defectos procesales en la primera actuación procesal, y que justamente debieron hacerlo en esa instancia procesal, como ser el hecho de no haber figurado como demandados o que el juez no habría fijado los puntos de hecho a probar para la parte demandada, por lo que no habría sido parte de la relación procesal, circunstancias que debieron ser reclamadas en fs. 107 y vta., puesto que, de haberlo hecho, hubiera obligado de acuerdo a la norma procesal a considerar tales acuraciones, al no haberlo hecho en su oportunidad, se tiene que tal derecho precluyó y que dichos actos quedaron convalidados, por lo en ese sentido sus reclamos carecerían de fundamento.
En cuanto al recurso de Ruth Beatriz Heredia Vargas:
a) En el punto 2, en relación a que el Auto de Vista, en su parte resolutiva dejó de lado al apelante Oscar Arnaldo Heredia Vargas, omitiendo el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, al respecto la recurrente no tiene representación para reclamar por los otros recurrentes o sus hermanos, puesto que cada uno presentó independientemente su recurso, se tiene que el reclamo debe ser postulado fundado en un derecho propio, en tanto que, respecto a la declaración de inadmisibilidad reclamadas en derecho propio, ya fueron consideradas supra.
En el apartado 4, respecto que tanto la sentencia como el Tribunal de alzada no se habrían pronunciado respecto a la oposición formulada de fs. 107 y vta., al respecto y de la revisión de obrados a fs. 557 vta., corresponde establecer que la sentencia en el segundo considerando de los fundamentos y motivación en el punto 3) estableció que tal oposición formulada obliga en su calidad de herederos de los demandados desvirtuar los puntos de hecho fijados en la pretensión.
En consideración a ello, es pertinente señalar que, en el caso concreto, los herederos de los demandados, hoy recurrentes, no tuvieron la oportunidad de participar desde el inicio en el proceso, por lo cual tampoco tuvieron la oportunidad procesal de producir prueba de descargo, empero convalidaron los actos procesales con el escrito de fs. 107 y vta., para continuar con la secuencia procesal. En ese entendido corresponde también que el Tribunal de alzada con la potestad conferida por la norma contenida en el art. 264 del Código Procesal Civil, establece la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado, con el fin de garantizar la efectividad y garantía de los derechos constitucionales de las partes y en aras de la efectividad de un proceso imparcial y justo dentro la administración de justicia, conforme establece el punto III.3 de la doctrina aplicable.
Concluyendo que de la revisión al Auto de Vista de fs. 630 a 634, pronunciado en el caso de autos, se advierte que el mismo con un fundamento formalista soslayó ingresar al fondo de la controversia y no haber considerado la expresión de agravios contenida en los recursos de apelación, vulneró el art 265.I del Código Procesal Civil, no resultando cierto, como se pudo evidenciar supra, que los recursos de apelación deducidos por los herederos de la parte demandada carezcan de expresión de agravios, sin considerar que la normativa constitucional garantiza el principio de la doble instancia procesal, conforme señala el art. 180.II del texto Constitucional y bajo ese criterio el art. 30 núm. 14) de la Ley Nº 025 señala que la jurisdicción ordinaria se sustenta en el principio de impugnación, previsiones que hacen viable la administración de justicia para todos los justiciables, en función a ello, el proceder del juez y Tribunales de justicia deben ser coherentes con los principios desarrollados en el sistema jurisdiccional, en consecuencia bajo los lineamiento desarrollados en el punto III. 1 con relación al punto III.2 de la doctrina legal aplicable, se establece que la apelación es el recurso ordinario que garantiza la doble instancia en el proceso y por ende el principio de impugnación tiene como finalidad subsanar los agravios actuados por la sentencia, en consecuencia en la apelación se opera la revisión del superior al inferior, encontrándose en desarrollo el derecho de impugnación del litigante, que de ninguna manera se agota con la sola interposición del recurso siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta correspondiente en cada caso.
De tal manera, que los agravios formulados en apelación, juegan un papel gravitante a momento de emitir la resolución en alzada, pues los límites de la apelación están dados por el propio recurso que abre materialmente la competencia del juez de segunda instancia por lo que éste debe tener prudencia en considerar su tratamiento, lo cual supone que es el juez o Tribunal que debe examinar el recurso debe hacerlo sin un rigorismo excluyente siempre a la luz de la flexibilización que tienen los principios procesales de impugnación y debido proceso, bastando que el agravio tenga análisis crítico de la sentencia y sostenga porque dicha sentencia le es gravosa a sus intereses.
b) En relación a los recursos de Mary Narda Mireya Heredia Vargas y Ruth Beatriz Heredia Vargas.
Respecto a la omisión de los recursos de reposición bajo alternativa de apelación, se evidencia que en el proceso existen dos recursos de reposición bajo alternativa de apelación en relación al Auto definitivo de fs. 449 a 450, cursantes de fs. 464 y vta., y de fs. 478 a 479 vta., resueltos a fs. 486 y 488 respectivamente y con concesión diferida de las apelaciones correspondientes, evidenciándose que las mismas no fueron consideradas por el Auto de Vista recurrido, por lo que al igual que las apelaciones de la sentencia, deben ser consideradas y respondidas por el Tribunal de segunda instancia.
Con base a lo expuesto se tiene que hoy se asume una concepción amplia en beneficio de la protección a las partes procesales y es que la norma en el marco del debido proceso encamina a las partes a encontrar igualdad de condiciones, para defender posiciones y hacer valer sus pretensiones, de forma que prevalezca el principio “pro actione” que busca la prevalencia del fondo sobre la forma. En este punto, corresponde citar el art. 115.I de la Constitución Política del Estado que establece que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. II. “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
En consecuencia, al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, el mismo tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas, las cuales obviamente de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, dará lugar a que el Tribunal de alzada confirme la sentencia de primera instancia o en su defecto revoque la misma.
Concluyendo este Tribunal que, en aras de que el proceso tenga mayores elementos de convicción, el Tribunal de revisión si considera necesario debe solicitar mayor producción de las mismas, en amparo de lo establecido por el art. 264 del Código Procesal Civil, es decir hacer “uso de la facultad de mejor proveer”, para resolver el fondo de litis y no soslayar con argumentos errados como lo hizo, en desmedro de los principios de verdad material y debido proceso, máxime si existen tres recursos de apelación que refieren agravios considerables en relación a anomalías procesales que conllevaron a indefensión a una de las partes.
c) En cuanto a las alegaciones expresadas en el recurso de fondo interpuesto por Oscar Arnaldo Heredia Vargas.
No corresponde dar respuesta a los agravios de fondo por la naturaleza de esta resolución anulatoria.
Por lo tanto, siendo evidente la nulidad dispuesta, no corresponde referirse ni pronunciarse sobre los reclamos de fondo expuestos en los recursos de casación interpuestos por los herederos de los demandados.
Al respecto corresponde establecer que la normativa constitucional debe ser acogida con carácter primordial como garantía jurisdiccional, en ese entendido es que por todo lo señalado supra, se concluye que corresponde al Tribunal de alzada a enmendar su resolución, en base a todos los aspectos y reclamos considerados.
Al respecto, siendo la presente resolución anulatoria y al no considerarse el fondo del asunto, los argumentos expuestos relativos al mérito del asunto, no son tomados en cuenta, por cuanto no se emitió criterio alguno.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta el art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº 145/18 de 02 de agosto, cursante de fs. 630 a 634, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley N° 439, salvo que considere necesario hacer uso de su facultad para mejor proveer.
Siendo excusable, no se impone multa.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 261
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