Source: https://www.abogadosdemendoza.org/post/compensaciones-econ%C3%B3micas-en-las-uniones-matrimoniales-y-convivenciales
Timestamp: 2020-04-09 00:52:51+00:00

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Compensaciones económicas en las uniones matrimoniales y convivenciales.
Disertante: Claudio Alejandro Belluscio.
Facebook: Derecho de familia según el nuevo Código.
Alimentos entre cónyuges. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zHBdHjX68WQJ:colegioabogadosrg.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Compensaciones-econ%25C3%25B3micas-1.ppt+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ar
Con posterioridad al divorcio vincular.
Al instaurar este nuevo Código el divorcio incausado, desaparecen los alimentos entre cónyuges -con posterioridad al divorcio- para el inocente y para el culpable, porque no hay calificación de la culpabilidad en el divorcio.
Pero, pese a que el nuevo Código ya no contempla una protección especial para el cónyuge inocente del divorcio (como por ejemplo los alimentos amplios del art. 207 del Código Civil anterior), sí protege al cónyuge “más débil” o a aquél de los cónyuges que ha quedado en peor situación al momento del divorcio.
Ello, se verifica con mayor claridad en el nuevo instituto que para nuestra legislación incorpora este nuevo Código: las compensaciones económicas reguladas a partir del art. 441.
Asimismo, para el cónyuge que ha quedado en una peor situación al momento del divorcio, se contempla la posibilidad de solicitar alimentos en el art. 434, si bien bajo dos circunstancias muy especiales y concretas.
—El art. 434 delimita la posibilidad de reclamar alimentos con posterioridad al divorcio.
1) Cuando se solicita para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto sustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a sus herederos.
2) A favor de quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que percibe la prestación compensatoria del art. 441.
—La primera posibilidad de tal reclamo, es una adaptación del art. 208 del Cod. Civil derogado y, suponemos, que se han tenido en consideración —para su implementación, en este nuevo Código— los mismos motivos que cuando se incorporara aquella norma al derogado Código Civil, a través de la ley 23.515.
—El segundo supuesto, tiene —en su primer párrafo— un resabio del derogado art. 209 del Cód. Civil.
Este supuesto, en nuestra opinión, posee menos justificación como fuente alimentaria, pues esa situación se podría haber remediado mediante la prestación compensatoria de que trata el art. 441 de este nuevo Código. Sin embargo, resulta acertado que, dicha prestación alimentaria, sea limitada en el tiempo.
—Si bien, hubiéramos preferido que, una vez que cesó la causa fuente de los alimentos entre cónyuges (el matrimonio) a través del divorcio vincular, el derecho a solicitar los alimentos también cesara (y sólo se pudiera reclamar lo que el nuevo Código denomina “compensación económica”), cabe observar que los supuestos en que se pueden solicitar aquellos tras el divorcio vincular están realmente acotados.
Alimentos para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto sustentarse.
La primera posibilidad de tal reclamo, es una adaptación del derogado art. 208 del Cod. Civil y, suponemos, que se han tenido en consideración —para su implementación, en esta reforma— los mismos motivos que cuando se incorporara aquella norma a la legislación anterior, a través de la ley 23.515.
Y, dado que es una adaptación del art. 208 del anterior Código cabe efectuarle las mismas críticas, sobre todo, en cuanto a la transmisibilidad de la cuota alimentaria.
En ese sentido, se había dicho la obligación establecida en el art. 208 podía afectar la legítima de los herederos forzosos.
Alimentos para quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos.
El segundo supuesto mediante el cual se permite fijar alimentos con posterioridad al divorcio en el art. 434 del nuevo Código, tiene —en su primer párrafo— un resabio del art. 209 del Cód. Civil vigente hasta el 01/08/15.
Asimismo, el cónyuge que solicita estos alimentos no deberá tener posibilidad razonable de procurárselos.
Por ello, el legislador considera que no sólo se debe acreditar la falta de medios, sino también que no se tiene posibilidad de obtenerlos.
A tal efecto, la prueba podrá ser directa o indirecta.
Resulta muy acertado que dicha prestación alimentaria sea limitada en el tiempo (la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio), algo que no estaba contemplado en la anterior legislación.
Alimentos. Cese.
—Para ambas causales de alimentos, con posterioridad al divorcio, el segundo párrafo del art. 434 del nuevo Código expresa que “la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad”
En este párrafo del art. 434 del nuevo Código, se reitera, en parte, lo que determinaba el art. 218 del anterior Cód. Civil.
—El art. 441 del nuevo Código, nos trae un instituto no conocido en nuestro derecho, aunque sí en varias legislaciones extranjeras: la prestación compensatoria o compensación económica (como la denomina este Código).
Compensaciones económicas. .
—Al respecto, las reformas legislativas en materia de Derecho de Familia que se han producido en Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, España y Alemania han incorporado el instituto de la pensión compensatoria, aunque con distintas características. También, Austria incorpora las prestaciones compensatorias a su legislación referida al matrimonio.
—Asimismo, se introducen las pensiones compensatorias en la legislación de El Salvador, Québec (Canadá) y, últimamente, en la de Chile.
—También, se incorpora este instituto a varias de las autonomías regionales españolas, donde se lo aplica a las uniones matrimoniales, pero —sobre todo— a las uniones de hecho.
Supuestos en los que se aplican en el derecho extranjero.
-Cuando haya que subsanar un desequilibrio económico, producido entre los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio.
-Cuando haya que compensar a uno de los cónyuges por aquellos aportes en servicios o bienes que no puedan ser salvados en la liquidación y partición del régimen patrimonial matrimonial.
Compensación económica (prestación compensatoria).
-En Francia, se reservan las pensiones compensatorias para el divorcio vincular, en principio para el cónyuge inocente aunque no se excluye totalmente al culpable de percibirlas.
-En España, rigen tanto para la separación como para el divorcio, no haciéndose diferencia entre culpabilidad e inocencia para su requerimiento.
La última legislación extranjera en adoptarla fue la chilena, a través de la ley 19.947 (nueva ley de Matrimonio Civil) promulgada y publicada el 17/05/04, en sus arts. 61 a 66.
El art. 61 de esta ley chilena, expresa: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa”.
Las prestaciones compensatorias.
-Lo que se procura con este instituto es que el nivel de vida de los esposos no se vea alterado con relación al que mantenían durante la convivencia, en virtud de que uno de los cónyuges no puede descender en su condición económica mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio.
—Podemos decir de este instituto (la prestación compensatoria, o “compensación económica” como la denomina el nuevo Código), que se trata de una pensión de carácter pecuniaria y asistencial —pero, no alimentaria— a favor de uno de los cónyuges, basada en el desequilibrio económico como consecuencia, y no a causa, del divorcio.
—Tiene una finalidad compensatoria, de ahí el nombre por la que es conocida.
—Es ajena a toda idea de culpabilidad y ofrece, más bien, los caracteres de una responsabilidad objetiva, estando la cuantía de esta prestación pecuniaria-asistencial sujeta a la discrecionalidad judicial sin tablas determinadas (aún, para aquellos países en que rigen baremos para la determinación judicial de la cuota alimentaria), dada la mutabilidad de circunstancias de cada matrimonio.
—En definitiva, la llamada prestación compensatoria no constituye un efecto primigenio del divorcio, sino un efecto secundario, eventual, en cuanto a que su apreciación se da en unos casos y en otros no, según concurran en la concreta situación de los esposos los presupuestos de hecho previstos en la norma.
-Son compensatorias.
-Tienen una duración limitada.
-Son invariables.
-Se imponen por causas objetivas.
-Son disponibles.
—La adopción de este instituto en una futura reforma del Cód. Civil, la venimos propiciando desde hace varios años, a fin de evitar injustos reclamos alimentarios que la normativa actual permite (v. gr., que el cónyuge culpable le reclame alimentos al inocente, luego de 20 o 30 años de haberse decretado el divorcio, si el primero no incurrió en ninguna de las causales del art. 218 del actual Cód. Civil).
—Dice el art. 441 del nuevo Código Civil: ”Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez”.
Cabe destacar que esta pensión compensatoria es por tiempo determinado y sólo excepcionalmente por un plazo indeterminado.
Ha sido un gran acierto del nuevo Código definir la vigencia de esta compensación, ya que en países que no lo especificaron (como el caso de España) hubo abundante jurisprudencia contradictoria: unos fallos judiciales decían que era por tiempo indeterminado y otros que era por un plazo determinado. Finalmente, prevaleció esta última postura en los tribunales de ese país.
—El art. 442 del nuevo Código, dice que, a falta de acuerdo de los cónyuges, será el juez quien determine la procedencia y el monto de esta compensación económica, en base a la contemplación de determinadas circunstancias que se describen en ese artículo.
— Respecto de esto último, el art. 442 establece los criterios que debe tener el juez para la fijación de esta compensación:
1) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial.
2) La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio.
3) La edad y estado de salud de los cónyuges y de los hijos.
4) La capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica.
5) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6) La atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso quién abona el canon locativo.
Pero, pese a esa enumeración de las pautas para que la fije el juez en el art. 442 del CCCN, no se contemplan en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación los parámetros de esa cuantificación económica para la parte que lo solicita.
Es decir, las pautas para determinar el importe que se reclama en concepto de compensación económica.
En tanto, la parte final de este artículo (el 442 del nuevo Código), determina la caducidad de esta compensación económica si han pasado seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.
Además de la función de reemplazar a los alimentos entre los cónyuges con posterioridad al divorcio (salvo los supuestos enumerados en el art. 434 del CCCN), la compensación económica tendrá que ser tenida en cuenta al momento de la disolución del matrimonio, en cuanto a los bienes que cada uno posee o le corresponden en esa instancia.
Si los cónyuges han optado por la comunidad de bienes, esta compensación económica podrá aplicarse en algunos casos y no en otros.
En principio dada la presunción de ganancialidad por mitades que establece el régimen de comunidad de bienes, la compensación económica no tendrá gran aplicación al liquidarse esta comunidad.
Salvo que, habiendo optado por el régimen de la comunidad de bienes, al momento de la liquidación los bienes gananciales sean escasos y los propios de un cónyuge con relación al otro sean numerosos, o que con motivo de las recompensas uno de los cónyuges tenga derecho a participar de los gananciales en una proporción mucho mayor que el otro. Es esos casos, habrá un “desequilibrio económico” con motivo del divorcio, encuadrando en lo preceptuado por el art. 441 del CCCN.
Por el contrario, estimamos que habiéndose optado por el régimen de la separación de bienes, la compensación económica dispuesta por el art. 441 del CCCN para la disolución de las uniones matrimoniales tendrá gran aplicación.
Es que, en estos casos, la diferencia de los bienes con que se queda uno de los cónyuges con relación al otro puede ser muy notable.
Por lo dicho anteriormente podemos observar que, paralelamente a la expansión legislativa de los regímenes de separación de bienes, en las últimas décadas se ha producido una corriente inversa, tendiente a moderar los resultados injustos a los que puede llevar el régimen de separación de bienes (aun siendo convencional).
Esa tendencia se expresa a través del establecimiento legal de núcleos imperativos —protección del “patrimonio familiar” y otras variantes— que restringen la autonomía de la voluntad de los cónyuges, y de la admisión jurisprudencial de “prestaciones compensatorias” para el cónyuge que se ve muy perjudicado por las consecuencias estrictas de una separación de bienes (por ejemplo, las reformas del Código Civil francés de 1965, del Código Civil español de 1981, del Código Civil de Quebec de 1989).
Compensaciones económicas. Fallo anterior al Código Civil y Comercial.
Compensación económica. Fallo posibilita a la cónyuge reclamar pensión compensatoria a partir del 1/8/2015
Se deniegan los alimentos de extrema necesidad del art. 209 del actual Código Civil, pero determina la posibilidad de que la cónyuge reclame una pensión compensatoria a partir del 01/08/15 conforme el art. 441 del nuevo Código Civil y Comercial.
Alimentos de extrema necesidad. Improcedencia. Posibilidad de reclamar la compensación económica del art. 441 del Código Civil y Comercial a partir del 01/08/15.
Compensación económica. Fallo posibilita a la cónyuge reclamar pensión compensatoria a partir del 1/8/2015.
Compensación económica. Fallo que la deniega por caducidad. Sentencia firme.
Expte. 10737 - “O.L.F c/ Y.M.E s/ Acción Compensación Económica” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO (Buenos Aires) – SALA TERCERA - 12/05/2016 DIVORCIO. Efectos. COMPENSACIÓN ECONÓMICA solicitada por la ex cónyuge. RECHAZO IN LIMINE. Artículo 441 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Sentencia firme de divorcio dictada con anterioridad al nuevo ordenamiento. Lapso perentorio del Art. 442 del CCCN. Condición de la impugnante que excede del ámbito de aplicación de la norma invocada. Art. 7 del CCCN. Irretroactividad de la ley y seguridad jurídica. Se confirma la sentencia apelada
Compensación económica. Fallo que admite la compensación económica.
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, de fecha 25/10/16, es el primero que fija una compensación económica a uno de los cónyuges una vez producido el divorcio.
Ese fallo establece:
“…tal como exige el art. 441 CCN, para que se ponga en marcha este mecanismo con el quiebre del proyecto de vida en común debe haberse producido un desequilibrio económico manifiesto, sin importar el estado de necesidad de uno u otro, pero que llevan a un grado de desigualdad de oportunidades y en la inserción para afrontar la vida después de la ruptura en forma independiente cada uno de ellos.”
CApel. Civ. y Com. Junín, 25/10/16, elDial.com - AA9AC9.
“…se configura la existencia de un desequilibrio que debe ser compensado, pero no de la entidad que lo llevó a establecer la forma de su reparación. Lo equitativo y razonable no es aquí la búsqueda de una nivelación o igualación patrimonial entre las partes sino la recomposición del correspondiente a uno de ellos por el `empobrecimiento´ -generalmente por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de chances u oportunidades y ayudas que hubiere brindado- a la par y vinculado al "enriquecimiento" del otro, durante la convivencia.”
“…la autonomía compensación económica- alimentos no es absoluta, conforme lo dispuesto por el art. 434 inc. b in fine CCCN, ya que cuando se establece la primera no son procedentes los posteriores al divorcio que tengan su causa en no tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Ello tiene claramente el propósito de que el perjuicio no sea liquidado dos veces por distintos aunque vinculados conceptos.”
“…no se verifica una situación de desequilibrio perpetuo, al decir de la Dra. Medina en trabajo citado, que justifique una renta periódica (mensual) por tiempo indeterminado que como forma excepcional de compensación el nuevo ordenamiento posibilita. Como la autora razona ello está previsto para cuando esas repercusiones de la convivencia y su ruptura en la particular posición de quien sufrió el detrimento aniquilan cualquier expectativa de abrirse camino económicamente en forma independiente, quedando sumidas en una situación totalmente desfavorable de no ver reconocida con carácter indefinido una compensación por sus renuncias.”
Compensación económica. Fallo que admite la compensación económica al año de haberse decretado la sentencia de divorcio.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PLAZO DE CADUCIDAD. Interrupción. Etapa prejudicial.
20/03/2017. PEDIR UNA AUDIENCIA PREJUDICIAL INTERRUMPE LA CADUCIDAD DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Según las constancias de la causa, la sentencia de divorcio se dictó el 13 de noviembre de 2015; mientras que la mujer interpuso la “demanda fijación compensación económica” el 18 de noviembre de 2016. Sin embargo, se acreditó que la demandante había solicitado una audiencia para iniciar la etapa pre jurisdiccional el 29 de abril de 2016, dentro de los seis meses posteriores al dictado de la sentencia de divorcio por parte de la Cámara de Familia de Primera Nominación.
Con similar criterio, la Sala I de la CNCiv. estableció que no caducó la acción para que la ex cónyuge reclame una compensación económica porque desde que entró en vigencia el CCCN, en agosto de 2015 y hasta que se interpuso la mediación en diciembre de 2015, no pasaron los seis meses indicados en la norma. Por otra parte, en nada incide el hecho de que, en el acta de mediación, por error se haya hecho referencia a los Arts. 524 y 525 del CCCN que se refieren a la compensación económica entre los convivientes, ya que, si bien no hay que confundir el matrimonio con la unión convivencial, tampoco es cuestión de interpretar en forma tan literal y estricta lo consignado en el acta.
Expte. Nº 4594/2016 - “M. L. c/ D. B. s/ Fijación de compensación - arts. 524 y 525 del Código Civil y Comercial de la Nación” – CNCIV – SALA I – 08/06/2017
MATRIMONIO. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PLAZO DE CADUCIDAD. Mediación iniciada por la esposa requiriendo una compensación económica consignando por error material artículos relativos a la unión convivencial. ARTÍCULOS 524, 525 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Subsanación judicial. Interposición de la mediación antes del plazo previsto por el art. 442 del CCCN. SE DESESTIMA EL RECURSO DE APELACIÓN. SE CONFIRMA EL RECHAZO DEL PLANTEO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN “No se trata de confundir ni de relativizar las diferencias que existen entre el matrimonio y la unión convivencias, pero tampoco es cuestión de realizar una interpretación literal, estricta y formalista de lo consignado en la aludida acta de mediación, y sobre tal base arribar a una conclusión tan ingenua como absurda, como es la de considerar que quien estaba divorciado promovió una mediación para obtener una compensación que se concede ante el desequilibrio económico sufrido por quienes formaron parte de una unión de hecho no matrimonial.” “Solo resta agregar que la referencia efectuada en el apartado 2 de fs. de que se `discrepa´ con el criterio de la a quo cuando sostuvo que el cómputo del plazo de la caducidad comenzó a correr a partir del 1 de agosto de 2015, sin brindar las razones en que se funda tal disenso, no importa una crítica en los términos que exige el artículo 265 del Código Procesal, por lo que nada cabe agregar al respecto.”
Citar: elDial.com - AA9FA2 Publicado el 23/06/2017
En tanto, un fallo de la Sala I de la CNCiv. revocó una resolución que rechazaba un pedido de compensación económica porque los cónyuges estaban divorciados bajo el Código Civil derogado. Tras interpretar el Art. 7 del CCCN los jueces sostuvieron que el nuevo ordenamiento no podría modificar la esencia de las cuestiones resueltas por la ley anterior, sin embargo, en este caso la referida compensación constituye una consecuencia de la ruptura del vínculo matrimonial y por eso se rige por el ordenamiento vigente.
Expte. 4594/2016 - “M. L., N. E. c. D. B. E. A. s/ Fijación de compensación – CNCIV – SALA I – 04/04/2017
RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. ART. 441 DEL CCCN. Divorcio producido con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Art. 7 del CCCN. Consecuencia o derivación de la relación matrimonial que se rige bajo el imperio del nuevo ordenamiento. SE REVOCA LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZÓ LA FIJACIÓN DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA. “El status de `divorciado´ que corresponde atribuir a las partes de este proceso luego del dictado de la referida sentencia de divorcio, conforma una consecuencia o derivación de aquella relación matrimonial que, como tal y al igual que lo que sucede con los efectos o derivaciones de tal calidad, cae bajo el imperio de la ley nueva. Tal es el caso, por ejemplo, de los alimentos otrora reconocidos a la actora en su calidad de cónyuge inocente (cfr. esta sala, resolución citada en el expte. n° 30.101/2012), y de la compensación económica solicitada en autos por esta parte en los términos que establecen los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial.” “Es que la referida compensación constituye una consecuencia del vínculo matrimonial o, para ser más precisos, de su ruptura, lo que explica que su regulación específica se encuentra plasmada en la sección del actual ordenamiento de fondo dedicada, precisamente, a establecer los efectos del divorcio. Confirma esta lectura la circunstancia de que el cónyuge que pretende una compensación destinada a reparar el desequilibrio económico que el divorcio le ha ocasionado debe demostrar que el empeoramiento de su situación económica guarda relación causal con la disolución del matrimonio (art. 441 del Código Civil y Comercial).”
Citar: elDial.com - AA9FA1
El fallo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, Corrientes, fija la compensación económica solicitada por uno de los cónyuges. Lo interesante de este fallo es que es el juez quien cuantifica esa compensación económica. Somos contestes con ello, a la luz de lo que se desprende del art. 442 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Recordemos que la parte pertinente del art. 442 del CCCN, dice lo siguiente: “A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias…”.
En tanto, ese cálculo del importe de la compensación económica fijada el juzgador lo realiza con basamento en el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Resumen del fallo: L., J. A. vs. L., A. M. s. Divorcio – Incidente de compensación económica Compensación económica. Cónyuges. Divorcio. Admisión de la petición. Cónyuge que se dedica a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. Cuantificación por parte del juez. Cálculo de su importe con basamento en el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Fecha: 06/07/2017 Tribunal: Juzgado de Familia – Paso de los Libres, Corrientes Fuente: Rubinzal Online Número de causa: 13301/2002 Cita: RC J 4410/17
Se hace lugar a la compensación económica peticionada por la actora, por cuanto su desequilibrio patrimonial se ha ido consolidando a lo largo del matrimonio, el cual durante la vida en común se mantuvo compensado, pero que al quiebre y finalización del matrimonio, se pone en evidencia, ya que el esfuerzo aportado en la crianza de sus hijas y la organización del hogar fueron en detrimento de su independencia individual, que encuentra su situación fáctica en el desempeño actual de un trabajo con un sueldo mensual, muy por debajo del mínimo vital y que resultaría solamente un 10 % de la remuneración mensual percibida por su ex cónyuge, demandado (art. 442, Código Civil y Comercial). En efecto, durante el proyecto de vida en común a lo largo de 22 años, los miembros de la pareja se han posicionado en diferentes roles, ocupando el esposo el rol de proveedor y encargándose, la esposa, de la organización del hogar y crianza de las hijas en común. De ello deviene que, al momento del divorcio, el demandado se desempeña como empleado en relación de dependencia de un ente del Estado, con una antigüedad de treinta años, actividad laboral con la que ingresa, se mantiene y continúa una vez disuelto el vínculo matrimonial y, que por su parte, la actora, haya ingresado al mercado laboral recientemente, percibiendo una remuneración que equivale aproximadamente a un 30 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, resaltando que denuncia como empleador a su hermano. Es decir que, a lo largo de la vida en común, con la salvedad del empleo que mantuvo al principio de la unión, brindó dedicación a la familia y a la crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida, por lo que corresponde hacer lugar a su petición.
Se hace lugar a la acción, por la cual la actora peticiona una compensación económica dado que a lo largo de la vigencia del matrimonio, brindó dedicación a la familia y a la crianza de sus hijas, decisión autónoma, pero que no quita que al tiempo en que se produce la ruptura matrimonial, la mujer queda en una situación laboral muy comprometida. Por el contrario, su ex cónyuge, se desempeña como empleado en relación de dependencia de un ente del Estado, con una antigüedad de treinta años, actividad laboral con la que ingresa, se mantiene y continúa una vez disuelto el vínculo matrimonial. En este marco, a los fines de cuantificar la compensación de manera razonable, se toma como base, la suma que resulte de un Salario Mínimo Vital y Móvil actual, lo cual se multiplica por los años que le restan de vida laboral a la actora, para así sopesar en un porcentaje del 10 % del total arribado, el desequilibrio patrimonial que tuvo como causa el matrimonio. Por ello, a los fines de cuantificar la compensación de manera razonable y sin desviar la finalidad tenida en cuenta en la solicitud y aplicación de este instituto jurídico de raigambre internacional, pero recientemente incorporado a nuestra legislación, tomaré como base, la suma que resulte de un Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual conforme Resolución N° 3-E/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Trabajado, Empleo y Seguridad Social, art. 1°) inc. a) que modifica, a partir del 1° de Julio de 2017, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, se incrementa a la fecha en la suma de Pesos Ocho Mil Ochocientos Sesenta $ 8.860, lo cual multiplicaré por los años que le restan de vida laboral a la Sra. L., para así sopesar en un porcentaje del 10 % del total arribado, el desequilibrio patrimonial que tuvo como causa el matrimonio, ($ 8.860 x 12 meses = $ 106.320 x 18 años (65 años-47 años) = 1.913.760 = 10 % = $ 191.376. Asimismo, la reconvención planteada por el incidentado, respecto gastos derivados del divorcio: alquiler del inmueble, la compra de enseres y muebles, no ha de prosperar porque constituyen una consecuencia lógica y derivada del divorcio, que no evidencia un desequilibrio en su contra.
En las uniones convivenciales:
El fallo del Juzg. Nac. en lo Civil n° 85, de fecha 08/06/07, (inédito) estableció que para que se pueda efectivizar el derecho a la compensación económica el cese de la unión convivencial debe de haberse producido bajo la vigencia del nuevo Código.
En base a ello, rechazó la petición efectuada ya que ambos convivientes habían manifestado en sus presentaciones que el cese se había producido con anterioridad al 01/08/15.
Este nuevo Código Civil regula las uniones de hecho, o uniones convivenciales como las denomina, y determina los efectos que tendrá dicha unión para sus integrantes.
Las uniones convivenciales como otra forma de familia.
El nuevo Código Civil y Comercial reconoce a las uniones convivenciales como otra forma de familia, paralela a las uniones matrimoniales.
Prueba de ello es que al hablar de la vivienda no habla de vivienda conyugal y vivienda convivencial, sino de vivienda familiar en ambos casos.
Nuestro Código Civil y Comercial Unificado optó por otorgar determinados efectos civiles a las uniones convivenciales, siempre que cumplan determinados requisitos (arts. 509 y 510), pero no todos los efectos que contempla para la unión matrimonial.
En ese aspecto, y a modo de ejemplo, no existen entre los convivientes derechos alimentarios y sucesorios, como tampoco un régimen patrimonial ni la presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos durante la convivencia.
Por lo tanto, el nuevo Código concede ciertos derechos que emanan de la constitución de la unión convivencial (cumplidos los requisitos del art. 509 y 510), pero no asimilables a los que gozan los cónyuges (salvo algunas excepciones, como –por ejemplo- la protección de la vivienda que es asiento de la unión convivencial o las compensaciones económicas a su cese).
Cesada la convivencia en la nueva legislación : compensación económica.
—Cesada la convivencia de esta unión, el art. 524 del nuevo Código faculta a aplicar la compensación económica para aquel conviviente que sufre un desequilibrio económico al momento de la ruptura de la unión convivencial, la cual tendrá como plazo máximo el tiempo que duró la unión convivencial.
Para que se pueda efectivizar el derecho a la compensación económica el cese de la unión convivencial debe de haberse producido bajo la vigencia del nuevo Código.
Así lo estableció el fallo del Juzg. Nac. en lo Civil n° 85 de fecha 08/06/07 (inédito).
La parte final del art. 524 del CCCN establece su forma de pago: “Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez”
Como podemos apreciar, son varios los medios de pago de las compensaciones económicas que el nuevo Código establece para los convivientes.
Y, a falta de acuerdo entre los convivientes sobre el medio de pago de estas compensaciones económicas, será el juez quien decida al respecto.
En tanto, el art. 525, determina: “El juez determina la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras:
d. la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente
que solicita la compensación económica;
La parte final del art. 525, determina que:
“La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la convivencia enumeradas en el artículo 523”.
El art. el art. 719 del CCCN determina que la competencia en acciones por compensaciones económicas (aunque en esta norma utiliza el término de “pensiones compensatorias”, al igual que se las denomina en la legislación extranjera a las compensaciones económicas de nuestro derecho) recaerá en el juez del último domicilio convivencial, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado, o aquel donde deba ser cumplida la obligación alimentaria, a elección del actor.
1. Régimen patrimonial.
a) Inexistencia de la presunción de ganancialidad de bienes.
El nuevo Código no contempla una presunción de que los bienes adquiridos durante la convivencia son gananciales, como sí lo hace esta nueva legislación para los cónyuges en su art. 466 (salvo prueba en contrario) si se sigue el régimen de comunidad y no se opta por el de separación de bienes.
Cesada la convivencia, si los bienes registrables que se habían adquirido a título oneroso han quedado inscriptos a nombre de uno sólo de convivientes o si los bienes muebles quedaron en posesión de uno sólo de ellos, surge el problema para el otro integrante de esta unión —a cuyo nombre no están inscriptos o no los posee—, ya que, a diferencia de la unión matrimonial, no hay presunción de que esos bienes fueron adquiridos por ambos.
Es decir, que —en estas uniones— la presunción de participación en dichos bienes, si los mismos han sido inscriptos o se poseen por uno solo de sus integrantes, se reputarán como pertenecientes a aquel.
Para enmendar estas situaciones, que son muy frecuentes cuando de este tipo de uniones se trata, se han planteado —en sede judicial— distintos remedios tendientes a que el conviviente perjudicado pueda participar de los bienes adquiridos durante la convivencia no matrimonial, recurriendo a algunos institutos del derecho civil: recurrir a la existencia de una sociedad de hecho, una comunidad de bienes o intereses, un enriquecimiento sin causa o una interposición de persona.
Lo mejor será recurrir a las compensaciones económicas, como primera alternativa.
b) Administración de los bienes durante la convivencia. Su distribución una vez producido el cese de la unión convivencial.
1) Principio general.
Establece el art. 518 del CCCN que, a falta de pacto (que regula este mismo ordenamiento legal a partir de su art. 513), “cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad”, si bien, “con la restricción regulada para la protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren en ella”.
Asimismo, el art. 528 del CCCN decreta que: “A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder”.
De la normativa precitada, podemos extraer que durante la convivencia cada conviviente ejerce libremente la administración y disposición de los bienes que sea titular (salvo pacto en contrario).
Respecto de la distribución de los bienes, del art. 528 del CCCN se desprende que al momento de la ruptura de la unión convivencial los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, salvo pacto en contrario.
Por lo tanto, de no haberse celebrado entre los convivientes un pacto en contrario, es de plena aplicación lo preceptuado en la norma legal precitada.
Para eludir el principio establecido en ese art. 528, una vez producida la ruptura de la unión, el conviviente que reclama uno o varios bienes que figuran en cabeza del otro, deberá acreditar que existió un “enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder” a tal efecto, como lo faculta la última parte de esa misma norma.
2) Pactos de convivencia.
Lo preceptuado en los arts. 518 y 528 del CCCN es de aplicación mientras los convivientes no hubieren efectuado un pacto en contrario.
Cabe señalar, que si bien el art. 514 sólo establece en su inc. c) la regulación por estos pactos del supuesto contemplado en el art. 528 (“la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia”), tal enumeración es sólo enunciativa y no taxativa.
Asimismo, la aplicación de los pactos al supuesto contemplado en el art. 518 del CCCN (facultades de administración y disposición de los bienes durante la convivencia) surge del primer párrafo del propio art. 518, en cuando dice expresamente que “las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia”.
Pero, los convivientes no podrán efectuar pactos que sean contrarios al orden público (art. 515), al principio de igualdad de los convivientes (art. 515), afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión (art. 515), al deber de asistencia entre sus integrantes (art. 519), a la contribución de los gastos domésticos (art. 520), a la responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521) y a la protección de la vivienda familiar (art. 522).
En consecuencia, si bien los convivientes podrán regular la administración y disposición de los bienes durante la convivencia y su distribución una vez cesada la unión por medio de estos pactos, apartándose de lo dispuesto por los arts. 518 y 528 del CCCN, deberán respetar las prohibiciones que ordenan los arts. 515, 519, 520, 521 y 522.
b) Su distribución una vez producido el cese de la unión convivencial. Otras alternativas.
Así, se ha recurrido a la existencia de:
1°) Una sociedad de hecho.
2°) Una comunidad de bienes o intereses.
3°) Un enriquecimiento sin causa.
4º) Una interposición de personas.
5º) Un condominio.
Posibilidad de que los convivientes puedan constituir una sociedad de hecho o una comunidad de bienes o intereses.
Aún cuando la unión convivencial no presupone una sociedad de hecho o una comunidad de bienes o intereses, nada obsta a que las integrantes de esa unión puedan probar la existencia de alguna de ellas.
Claro que dicha prueba tendrá que serlo sobre cada uno de los bienes que la integran, atento a la prohibición de constituir una sociedad universal, que establece el art. 1651 del Código vigente hasta el 01/08/15.
Asimismo, para constituir una sociedad son tres requisitos que se requiere, a saber:
1°) Aportes comunes.
2°) Participación de las pérdidas y las ganancias.
3°) Affectio societatis.
En tanto para que puedan constituir una comunidad de bienes, no será necesario que exista una affectio societatis o interés de lucro.
La posibilidad de que los concubinos o convivientes puedan constituir tanto una sociedad de hecho como una comunidad de bienes e intereses, se fundamenta en:
1º) La libertad contractual.
Los convivientes —a diferencia de los cónyuges— tienen amplia libertad para celebrar contratos entre sí.
En consecuencia, la conformación de una unión convivencial no impide que surjan obligaciones —merced a un contrato— entre sus integrantes
2º) La licitud de los acuerdos societarios entre los convivientes.
La constitución de una sociedad entre concubinos o convivientes no puede catalogarse como algo ilícito.
Es decir, que resulta perfectamente lícita la existencia de acuerdos societarios entre los integrantes de estas uniones no matrimoniales.
Este es otro instituto que ha sido invocado para enmendar estas injustas situaciones que pueden darse al momento de la distribución de bienes, una vez cesada la convivencia, al estar todos los bienes registrables inscriptos a nombre de uno sólo de los convivientes, aunque se hayan adquirido con el aporte de ambos.
Pero, es importante tener en cuenta que para que prospere una acción por enriquecimiento sin causa, la concubina o conviviente que demanda por tal acción no debe haber realizado la prestación o el aporte con el ánimo de efectuar una liberalidad, ya que ese caso la causa de tal prestación o aporte sería el afecto hacia el otro integrante de la unión, que se traduciría en un “animus donandi”.
El nuevo Código reconoce —explícitamente— al enriquecimiento sin causa como un remedio para solucionar una injusta distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia (art. 528 del CCCN).
Interposición de personas.
Invocar la interposición de personas, es otro de los medios que puede utilizar el conviviente perjudicado para demostrar que los bienes que figuran adquiridos por el otro, en realidad, lo fueron para ambos o, directamente, para él.
Es importante mencionar este instituto, porque —junto con el enriquecimiento sin causa— se encuentra expresamente contemplados en la segunda parte del art. 528 para solucionar los problemas que, al momento del cese de la unión convivencial, puede dar lugar la distribución de bienes adquiridos durante la convivencia, al no establecerse un régimen patrimonial entre los convivientes ni una presunción de ganancialidad como lo establece el nuevo Código para los cónyuges (cuando se mantiene el régimen de comunidad de bienes).
Otros medios reconocidos por el nuevo Código.
Para apartarse del principio que, en materia patrimonial establece la primera parte del art. 528 del CCCN (“a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron”), la segunda parte de esa norma estipula que se podrá acreditar el enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y, también, “otros que pudieran corresponder”.
Como podemos observar, la enumeración que se desprende del art. 528 del CCCN —en cuanto a los remedios jurídicos que excepcionen del principio general preceptuado en su primera parte— no es taxativa, sino meramente enunciativa.
Es correcto que así sea, pues se podrá acreditar una injusta distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia, al momento de la ruptura de la unión convivencial, valiéndose de otros institutos jurídicos aparte de los mencionados — de forma explícita— en la segunda parte del art. 528 precitado (enriquecimiento sin causa e interposición de persona), tales como invocar una comunidad de bienes e intereses, un contrato atípico, etc.
Relaciones económicas entre convivientes.
c) Compensación económica como la mejor opción para salvar la falta de ganancialidad en el régimen patrimonial de las uniones convivenciales.
Esta será la mejor herramienta, a que nos faculta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, para paliar la falta de presunción de ganancialidad en materia de régimen patrimonial de las uniones convivenciales, una vez que éstas han cesado.
Es decir que, producido el cese de la unión convivencial para paliar la falta de presunción de ganancialidad de los bienes adquiridos durante dicha unión, si hay un desequilibrio económico entre ambos convivientes nos valdremos de las compensaciones económicas en primer lugar, antes de intentar con los otros institutos que hemos analizado (sociedad de hecho, comunidad de bienes o intereses, condominio, enriquecimiento sin causa o interposición de persona).
Es que, con la finalidad de que ambos convivientes participen de los bienes adquiridos durante la unión convivencial (cuando lo fueron con aportes de ambos) a través de la compensación económica, lo que tendremos que demostrar, es que existe un desequilibrio económico objetivo entre ambos integrantes de la unión convivencial.
Pero, a diferencia de los otros institutos, no tendremos que acreditar los aportes de cada conviviente para la adquisición de esos bienes, ni que uno se benefició económicamente en detrimento del otro, o que el convivente a nombre de quien están inscriptos los bienes no tenía los fondos pecuniarios para adquirirlos.
Por lo tanto, la primera alternativa será pedir una compensación económica para aquel convivente que pese a haber aportado por igual a la unión convivencial ha quedado en una posición económica muy desfavorable, al estar todos los bienes adquiridos durante tal unión a nombre del otro.
Si, en sede judicial, nos deniegan el pedido de compensación económica, recién —entonces— intentaremos recomponer esa situación de injusta disparidad económica a través de los restantes institutos analizados (sociedad de hecho, comunidad de bienes o intereses, condominio, enriquecimiento sin causa o interposición de persona), los cuales requerirán una probanza un tanto más difícil de acreditar.

References: Artículo 441
in fine
 artículo 265
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 523