Source: https://mepa.cpau.org/C26
Timestamp: 2020-05-28 23:47:52+00:00

Document:
C-26 LAS RESPONSABILIDADES DEL ARQUITECTO
Las responsabilidades profesionales surgen ante el incumplimiento de una obligación. Los magistrados son quienes juzgan su procedencia y gradúan la penalidad o resarcimiento con el objeto de reparar y satisfacer las consecuencias de las acciones, errores u omisiones cometidos por el profesional. Entrañan el compromiso de responder por las acciones propias y las de los profesionales, técnicos y personal en quienes pueden delegar tareas y la obligación de reparar o indemnizar las consecuencias de acciones perjudiciales para con comitentes y terceros.
Este trabajo presenta ordenadamente conceptos que figuran en diversos documentos del Manual del Ejercicio Profesional del Arquitecto e incluye otros nuevos, con el propósito de abarcar aspectos que no habían sido suficientemente considerados
1.1 Normativa oficial vigente
1.2 Modalidades de ejercicio profesional
1.3 Responsabilidades profesionales
2.1 Novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación
Cuestiones conflictivas en la tarea del Director de proyecto y/o de obra
5.1 Cuestiones relacionadas con transgresiones a los códigos de planeamiento, de edificación y restante normativa oficial
5.2 Cuestiones relacionadas con errores u omisiones en la documentación de proyecto
5.3 Cuestiones relacionadas con los montos de obra
5.4 Cuestiones relacionadas con los plazos de ejecución
5.5 Cuestiones relacionadas con la mala ejecución de los trabajos
5.6 Cuestiones relacionadas con la normativa en higiene y seguridad
5.7 Cuestiones relacionadas con la normativa laboral
Responsabilidades del arquitecto compartidas con otros profesionales
Responsabilidades del arquitecto en el ejercicio de otros roles profesionales
7.1 Responsabilidades del Director ejecutivo
7.2 Responsabilidades del Representante técnico
7.3 Responsabilidades del Gerente de construcciones
7.4 Responsabilidades del Supervisor
7.5 Responsabilidades del Auditor
7.6 Responsabilidades del Profesional en higiene y seguridad
7.7 Responsabilidades del Perito
7.8 Responsabilidades del Árbitro
7.9 Responsabilidades del Asesor y del Jurado en concursos
MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL
El ejercicio profesional de la arquitectura en la jurisdicción del CPAU es regulado por las siguientes normas:
Decreto-Ley 7887/55 / Ley de Arancel
Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación / Actividades profesionales reservadas al título de arquitecto y los alcances del título que expide cada universidad
Los Códigos de Planeamiento y de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reglamentos técnicos oficiales
Decreto-Ley 6070/58 (A-101)
El Decreto-Ley 6070/58 reglamenta las profesiones de la agrimensura, arquitectura e ingeniería y establece que los profesionales que actúan en Jurisdicción Nacional o ante Autoridades o Tribunales Nacionales quedan sujetos a sus determinaciones. El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, por delegación del Estado exige la matriculación de los profesionales de la arquitectura que actúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de aquellos que lo hacen ante Tribunales Nacionales, organismos públicos nacionales, en contratos con los organismos del estado nacional o en lugares sujetos a la jurisdicción federal como aeropuertos y puertos y parques nacionales, etc.
El Decreto-Ley 6070/58 determina que la matriculación en el Consejo Profesional es obligatoria para ejercer las actividades propias del título, ya sea actuando como profesional independiente o en relación de dependencia en organismos públicos o en la actividad privada. A la fecha de esta edición el Decreto-Ley 6070/58 permanece vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto-Ley 7887/55 (A-103)
El Decreto-Ley 7887/55 aprueba el Arancel de honorarios en el que se definen servicios, tareas y honorarios profesionales. En el año 1991 el Decreto 2284 del Poder Ejecutivo Nacional derogó sólo el orden público de sus "aranceles, escalas o tarifas". En consecuencia, el honorario para los trabajos profesionales surge del libre acuerdo entre las partes, para lo cual sirve como guía los honorarios que el Consejo recomienda en el documento Honorarios sugeridos CPAU (A-115).
Decreto 1099/84 (A-105)
El Decreto 1099/84 aprueba el Código de Etica vigente, que establece guías y normas de conducta para los arquitectos en el cumplimiento de sus obligaciones y constituye un compendio de comportamientos morales que se deben respetar en la práctica de la profesión. Sus disposiciones son aplicables a los agrimensores, arquitectos e ingenieros, estén o no inscriptos en las matrículas respectivas.
Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación
Esta Resolución reemplaza a la Resolución 498/2006 del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, y define las actividades reservadas al título de Arquitecto.
El arquitecto puede ejercer su profesión en forma independiente o bajo relación de dependencia. En el primer caso se establece con el comitente una relación jurídica de locación de obra o de locación de servicio; en el segundo se establece una relación de dependencia con un empleador.
Se caracteriza por la celebración de un contrato, tácito o escrito, entre el arquitecto que se obliga a proporcionar un resultado, locación de obra o a brindar un servicio, locación de servicio.
La locación de obra puede ser material o inmaterial. La construcción de una obra o de un rubro de la misma son ejemplos de locación de obra material, en cambio, la ejecución de un proyecto o una tasación son ejemplos de locación de obra intelectual. En todos los casos hay obligación de resultado pero el comitente paga en el primer caso un precio que incluye gastos generales y beneficio y honorarios en el segundo.
La locación de servicio es una obligación de medio y no de resultado y se retribuye mediante honorarios. Un asesoramiento o una dirección de obra son ejemplos de locación de servicio
Ejercicio de la profesión en relación de dependencia
El ejercicio de la profesión en relación de dependencia es practicado por un profesional en forma individual, previo acuerdo – contrato de trabajo – mediante el cual el profesional realiza su actividad en subordinación
a otra persona física o jurídica – empleador – en forma continuada, sujeto a normas laborales y retribuida por un sueldo o remuneración periódica.
El arquitecto, como persona, está obligado a respetar la Constitución y las leyes. Como profesional debe ajustar su actividad a la normativa oficial en relación con su profesión y a cumplir las disposiciones del contrato que lo vincula con su comitente en el ejercicio libre de la profesión o con su empleador en la relación de dependencia.
La responsabilidad profesional surge ante el incumplimiento de una obligación y son los magistrados quienes juzgan su procedencia y gradúan la penalidad o resarcimiento con el objeto de reparar y satisfacer las consecuencias de las acciones, errores u omisiones cometidos por el profesional por acciones propias o de otros profesionales o auxiliares a su cargo y la obligación de reparar o indemnizar las consecuencias de acciones perjudiciales al comitente y terceros.
La responsabilidad profesional puede tener varias vertientes: responsabilidad civil, administrativa y penal.
Responsabilidad civil es la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por un incumplimiento contractual (responsabilidad contractual) o de reparar el daño causado a terceros con quienes no existía un vínculo previo (responsabilidad extracontractual), habitualmente mediante el pago de una indemnización por los perjuicios causados.
En el título 5 de este documento se tratan las causas más usuales que pueden originar conflictos en la relación del arquitecto con su comitente y se recomiendan procederes para evitarlos, especialmente cuando se refieren a responsabilidades que no le corresponden. Aunque están referidas mayormente a la actividad proyecto y dirección, varias son aplicables en el ejercicio de otros roles profesionales, tema tratado en el título 7.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incluye nuevas disposiciones en relación con el ejercicio profesional del arquitecto y las relaciones comitente-contratista. Se trascriben a continuación las que se consideran más importantes y en el documento Código Civil y Comercial, capítulo Obras y servicios (A-116) se trascriben los 29 artículos que lo integran
Artículo 1054. Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos
El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, xcepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos..
Artículo 1255. Precio
El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.
Artículo 1256. Obligaciones del contratista y del prestador
El contratista o prestador de servicios está obligado a: a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.
Artículo 1257. Obligaciones del comitente
El comitente está obligado a: a) pagar la retribución; b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio; c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256.
Artículo 1261. Desistimiento unilateral
El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.
Artículo 1264. Variaciones del proyecto convenido
Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra.
Artículo 1272. Plazos de garantía
Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación. Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista: a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes; b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes.
Artículo 1273. Obra en ruina o impropia para su destino
El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.
Artículo 1274. Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino
La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente: a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual; b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista; c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.
Artículo 1275. Plazo de caducidad
Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra.
Artículo 1277. Responsabilidades complementarias
El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.
Artículo 2560. Plazo genérico
El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
Artículo 2564. Plazo de prescripción de un año
Prescriben al año: a) el reclamo por vicios redhibitorios; b) las acciones posesorias; c) el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta desde que se produjo la ruina; d) los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación; e) los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos; f) la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada.
La responsabilidad administrativa se suscita cuando en el ejercicio de un cargo o de una función, el profesional incurre en un acto o en una omisión que llega a configurar una contravención al orden administrativo, es decir, al régimen de deberes, conformado por las obligaciones y prohibiciones, que se encuentran jurídica o estatutariamente reestablecidas.
El texto que sigue está basado en una colaboración de la Dra Miriam Ivanega, síntesis de su exposición en las 1ras Jornadas sobre “Responsabilidades de los arquitectos” realizadas en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo el 13/05/2010.
El derecho administrativo se preocupa por la regulación estatal del ejercicio profesional. Es una manifestación del poder de policía, que reconoce su sustento en la limitación razonable de los derechos, que no son absolutos. Aquella limitación tiene por objeto proteger a la sociedad.
En ese marco, existen aspectos relevantes del ejercicio profesional, vinculados con las responsabilidades administrativo–disciplinarias con los cuales los arquitectos pueden estar relacionados, entre ellos:
quienes forman parte de una Administración. Toda organización o empresa, privada o pública, debe mantener un orden interno: conductas permitidas, no permitidas y sanciones frente a las conductas irregulares. Por lo tanto, la disciplina es un principio general de toda organización previsto para proteger el orden interno.
quienes prestan servicios profesionales ante distintas formas del Estado y no cumplen en tiempo y forma sus competencias. Es el caso de los peritos judiciales o arquitectos con contratos de locación de obra o de servicios con el GCABA, quienes tienen una responsabilidad disciplinaria propia de la relación que los une a aquel.
quienes quebrantan disposiciones oficiales en el ejercicio de servicios profesionales que requieren tramitaciones, registros o aprobaciones por parte de la Autoridad de aplicación. Es el caso de los arquitectos que transgreden disposiciones de los Códigos de Planeamiento, de Edificación o de Habilitaciones, quienes incurren en dicha responsabilidad y pueden ser pasibles de la aplicación de sanciones.
En todos los casos el profesional que incurre en infracciones o faltas, contrae responsabilidades ante la respectiva administración y seguramente tendrá que enfrentar sumarios administrativos, en los que la potestad disciplinaria se pone en juego sin desconocer los derechos del profesional, en particular los vinculados a su defensa: el debido proceso tiene base en la Constitución Nacional y en los Pactos de Derechos Humanos.
Es importante destacar que el profesional debe tener conocimiento de las irregularidades que se le imputan para poder presentar sus descargos, ser notificado del acto administrativo que lo sanciona y permitírsele, en el procedimiento que se le instruya, el acceso a la documentación e información allí reunida. Negar esta posibilidad, puede dar lugar a un pedido mediante la articulación de acciones judiciales apropiadas para acceder al expediente y así poder presentar su defensa, entre ellas la interposición de los recursos de impugnación.
Por último, cabe recordar que las faltas administrativas y éticas de los arquitectos pueden dar lugar a la iniciación de causas que son tramitadas por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y juzgadas y sancionadas por el mismo Consejo o por la Junta Central de Consejos Profesionales según el caso (C-11-01-03). De esta manera el Estado sustrae a otros ámbitos los procesos que considera que deben ser arbitrados por los mismos profesionales, garantizando procedimientos y el recurso a la Justicia Civil como última instancia.
El texto que sigue es una colaboración de la Dra Paula Inés Argnani, síntesis de la exposición efectuada durante las 1ras jornadas sobre “Responsabilidades de los arquitectos” realizadas en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo el 13/05/2010.
La responsabilidad penal siempre se establece a título personal ante la comisión de cualquiera de los delitos que taxativamente enumera el Código Penal y las leyes complementarias. Por ese motivo, siempre será necesario establecer la correspondencia entre la conducta que se analiza y las características de la acción que la noma describe para el ilícito de que se trate.
En este contexto, debe verificarse la coincidencia del aspecto subjetivo (dolo o culpa) y el aspecto objetivo de la conducta concreta con las previsiones de la ley. Por ello, sólo puede constituir delito penal el aporte propio de un sujeto interviniente en una secuencia causal, a título de acción o de omisión. Ya que en algunos casos, la ley penal coloca a determinados agentes en una posición de garantía o aseguramiento respecto de determinados bienes, que importa actuar positivamente en su resguardo, con la consecuente responsabilidad que puede implicar la desobediencia a este deber de proteger el bien.
Esta normativa penal tiene por objeto la previsión de figuras delictivas a efectos de proteger diversos bienes jurídicos (la vida, la propiedad, la seguridad pública, etc.) y se estructura sobre la base de tipos penales que se clasifican en delitos de resultado (que requieren la efectiva producción de la consecuencia especialmente prevista por la ley, por ejemplo: lesiones en el cuerpo o la salud, perjuicio patrimonial) y delitos de peligro (que se consideran consumados con la sola verificación de la creación de un riesgo no permitido, sin exigir que éste se haya materializado efectivamente en un daño). Por ello, dado que aún en los delitos de resultado, esta consecuencia debe obedecer directa y necesariamente a la acción o la omisión que se analiza, la moderna doctrina penal sostiene que para verificar que se está ante la presencia de un delito, hay que establecer que esa conducta del sujeto activo ha generado un riesgo no permitido, que ha sido ese riesgo el que se concretó en el resultado, y que este último, se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma, es decir, que se trata de la producción del especifico resultado cuya causación la ley ordenaba evitar.
Además, el escenario particular que determina el ejercicio de determinada profesión, implica que este análisis se circunscriba, en la mayoría de los casos, al estudio de la ejecución concreta de un rol especial (vgr. Director de Obra, Director de Proyecto) por lo cual, en estos supuestos, las normas contenidas en el Código Penal se complementarán con la normativa vigente que regula la tarea concreta de que se trate, a los fines de establecer cuál era la conducta adecuada que se esperaba del profesional. Y como principio, quien observa las exigencias que emanan de la tarea que asume, determinadas por la normativa legal que la regula y las reglas técnicas y científicas que la complementan, se encontrará exento de responsabilidad.
En tal sentido, también podrá actuar amparado por el derecho en la expectativa de que los demás se comportarán correctamente (principio de confianza) excepto, cuando haya indicios vehementes de que no lo harán, o cuando su función consista en evitar o compensar los fallos de otros.
A los fines expositivos, para analizar los delitos más frecuentes en el ámbito del ejercicio profesional que aquí convoca, podemos comenzar por los dolosos y seguir luego con los culposos. Los primeros, resultan de más fácil identificación, dado que existe una coincidencia entre al aspecto subjetivo del agente y la conducta que exteriorizó. Es decir, que ha tenido la intención y la voluntad de cometer el delito de que se trate.
En los supuestos culposos, por el contrario, el aspecto subjetivo se caracteriza por la persecución de una finalidad lícita, no reprobada por el orden jurídico, pero que merece reproche penal, porque a tal fin, ha mediado una defectuosa selección de medios para obtener el resultado que se pretendía (falta del cuidado exigido por la calidad y características de la tarea) causando un resultado dañoso.
El delito de daños (arts.183 y 184 del Código Penal) sólo es receptado por nuestra legislación en su modalidad dolosa y como ilícito de resultado. Pero cabe advertir, que la intención que requiere la norma, no sólo puede presentarse en forma directa, sino también en forma eventual o indirecta.
Por lo cual, el delito puede cometerse aún en el caso de que sin pretender causar directamente un daño a un bien ajeno, se prosiga deliberadamente con una acción, a sabiendas de que seguramente ese efecto se producirá como consecuencia secundaria o colateral.
En materia de defraudaciones, el Código Penal prevé específicamente en el art 174 inc 4) la “Estafa en los materiales de construcción” donde se sanciona “El empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del estado”.Solo puede ser sujeto activo de este delito quien revista la calidad señalada por la norma como organizador de la obra, lo que también implica, que en virtud de su propia experiencia profesional pueda conocer las consecuencias que puede traer aparejado el modo defectuoso en el que se realizara la tarea encomendada (dolo). Se requiere también una actuación fraudulenta que además genere efectivo peligro en las personas o en las cosas.
Las falsificaciones y el uso de documentos apócrifos están previstos en los arts. 288, 292, 294 y 296 del Código Penal como delitos dolosos requiriéndose para su configuración que la maniobra resulte, al menos, potencialmente perjudicial.
Los supuestos tradicionalmente denominados como mala praxis profesional se vinculan con los delitos, en tanto que aquí no hay una voluntad de dañar, sino que se trata del apartamiento del cuidado debido.
Los arts. 84 y 94 del Código Penal reprimen a quien por imprudencia, negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte o un daño en el cuerpo o la salud. Lo relevante en estos casos, es verificar que exista una relación de determinación entre la falta de cuidado (riesgo no permitido) y la producción del resultado. Siendo que este último, debió haber sido previsible y evitable (a través de la conducta debida), caso contrario, el caso fortuito o el infortunio de la víctima eximen de responsabilidad al sujeto activo.
Finalmente, el delito de estrago, que configura un daño de grandes dimensiones con idoneidad para causar peligro para los bienes y las personas, se encuentra legislado en su versión dolosa en el art.187 del C.P.: “el que causare estrago por… derrumbe de un edificio…”. Y en su forma culposa, simple y agravada, en el art. 189 del C.P. que dispone que será reprimido “…el que por imprudencia, negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona el máximo de la pena podrá elevarse…”.
En el cumplimiento de sus obligaciones el arquitecto puede adquirir responsabilidades administrativas, civiles y penales por las fallas, incumplimientos, errores u omisiones propios y por los incurridos por otros profesionales o personal en quien deleguen tareas, lo que no aminora su derecho de repetición ni las responsabilidades compartidas que puedan existir.
Las responsabilidades del Director de proyecto tienen relación con la gestión y producción del proyecto, actividades tratadas en el documento El proyecto de las obras (C-07) y las del Director de obra con su gestión durante la construcción de la obra, actividad tratada en el documento La dirección de las obras (C-09).
En los apartados que siguen se tratan las principales cuestiones que suelen provocar desacuerdos y conflictos entre el arquitecto y su comitente se señalan consecuencias y se aconsejan recaudos a tomar para evitarlos.
Es obligación del arquitecto, antes de iniciar la obra, comprobar que cuenta con la documentación oficial requerida y que ésta cumpla con las disposiciones de los códigos y reglamentos técnicos vigentes. No atender estas obligaciones puede originar graves responsabilidades.
Las transgresiones del arquitecto que dirige una obra sin planos municipales registrados, con construcciones que no figuran en planos u otros incumplimientos a la normativa oficial, pueden acarrear la paralización de la obra, la necesidad de demoliciones, la resolución del contrato con el comitente, demandas por daños y perjuicios, sanciones del Gobierno de la CABA y la iniciación de una causa de ética por el Consejo.
No disminuye la responsabilidad del arquitecto el hecho de que la trasgresión haya sido motivada a pedido o por exigencia del propietario. Por el contrario, en estos casos quebranta además la disposición 2.2.10 del Código de Etica que establece: “Oponerse como profesional y en carácter de consejero del cliente, comitente o mandante, a las incorrecciones de éste en cuanto atañe a las tareas profesionales que aquél tenga a su cargo, renunciando a la continuación de ellas si no puede impedir que se lleven a cabo”.
En este supuesto debe advertir la trasgresión a su comitente y en caso de que éste insista, renunciar al encargo y desligarse de su condición de Director de obra en el expediente municipal, pudiendo ejercer el derecho de resolución del contrato por causa del comitente y reclamar lucro cesante y daño emergente.
El Director de proyecto es responsable por la gestión y ejecución de todo el proyecto y de cada una de sus etapas. Debe tener en cuenta que será responsable por:
los errores u omisiones del equipo de proyecto incluyendo arquitectos, especialistas, operadores de CAD, dibujantes y personal auxiliar.
proporcionar al comitente, en tiempo y forma, información gráfica y/o escrita para que compruebe que el encargo cumple el programa de necesidades,
ir proporcionando al comitente información sobre el monto estimado de la obra con mayores ajustes a medida que avanza el proyecto,
el encuadramiento del proyecto dentro de las disposiciones de los Códigos de Planeamiento, de Edificación y de los reglamentos técnicos vigentes que permita el cumplimiento en forma oportuna con las presentaciones y tramitaciones ante autoridades y empresas de servicios con jurisdicción sobre la obra y permitir la obtención de los permisos necesarios para la construcción,
proporcionar a los oferentes información uniforme y completa para la confección de sus propuestas,
proporcionar a constructores y contratistas, completa información para la confección del proyecto ejecutivo,
proporcionar a representantes técnicos y jefes de obra de constructores y contratistas completa información para la ejecución de los trabajos a su cargo
proporcionar al Director de obra información para ejecutar las tareas de inspección y control con el objeto de asegurar la concordancia entre lo proyectado y lo construido.
Para no incurrir en errores u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones precedentes se recomienda al Director de proyecto:
comprobar que la documentación comprenda, salvo casos justificados, los elementos gráficos y escritos que figuran en el documento Cartilla de tareas y honorarios recomendados para encargos de proyecto y dirección (A-111)
extremar los cuidados en la fijación de las cotas en los planos y su posterior revisión
cuidar que las especificaciones técnicas, el listado de rubros e ítems para solicitar cotizaciones y la planilla de locales mantengan una total y ajustada correlación entre sí y con los planos, planillas y restantes elementos de la documentación de proyecto.
fijar con precisión las provisiones y trabajos a ejecutar por cada contratista en obras por contratos separados, especialmente en aquellos casos en los cuales los trabajos se relacionan o conectan física o funcionalmente y que la experiencia puede revelar como conflictivos.
Estas responsabilidades obligan al Director de obra a revisar cuidadosamente la documentación antes de aceptar el encargo de dirigir una obra proyectada por otro profesional, pues además de no conocerla con la profundidad o el detalle que puede tener el autor, usualmente desconoce el grado de responsabilidad con que el trabajo fue realizado. Por estas razones se le recomienda:
estudiar la documentación de proyecto para comprobar que sea completa, correctamente ejecutada y que los distintos elementos que la componen estén ajustados entre sí,
verificar que el proyecto y los planos oficiales cumplan los códigos y reglamentos técnicos vigentes y los requerimientos de las empresas de servicios públicos,
constatar la correlación entre la documentación de proyecto y los planos registrados en la CABA
revisar u ordenar la revisión de los proyectos de estructuras e instalaciones, salvo que los mismos hayan sido confeccionados por especialistas a quienes el arquitecto reconoce total capacidad y confianza.
En este punto resulta conveniente aclarar que si bien al Director de obra le cabe responsabilidad por fallas o defectos de construcción provocados por fallas, errores u omisiones evidentes o fácilmente detectables en la documentación de proyecto, la responsabilidad no le es directamente atribuible cuando tales fallas, errores u omisiones corresponden a proyectos muy particularizados o que requieren alta especialización. En este caso la cuestión solo será dirimida con la intervención de peritos y en definitiva por la sentencia judicial.
El Director de proyecto puede ver comprometida su responsabilidad con respecto a fallas en la apreciación del monto de obra cuando se producen diferencias significativas entre las estimaciones o presupuestos presentados al comitente y los montos presupuestados por el constructor o los contratistas. Esto suele suceder por informar inicialmente a los comitentes precios estimativos distantes de los reales y no corregirlos posteriormente. El grado de definición de la idea arquitectónica y la estimación de los precios siguen un mismo curso: estimaciones aproximadas en las primeras instancias y más ajustados a medida que avanza el proceso del proyecto, a lo largo del cual se puede ir aplicando procedimientos más precisos y confiables.
El Director de proyecto es responsable de ir ajustando los precios estimados con las herramientas que tiene a su alcance: diseño, sistemas constructivos y especificaciones, para mantener bajo control los precios en frecuente consulta con el comitente, quien nunca debe ser sorprendido a último momento con montos inesperados y fuera de sus expectativas. Correctas estimaciones de precios durante las etapas de anteproyecto y documentación de proyecto permiten arribar sin mayores sorpresas a la adjudicación y contratación de la obra.
Existen argumentos suficientes para justificar diferencias entre las estimaciones y presupuestos del arquitecto y los montos de adjudicación, siempre que tales diferencias encuadren dentro de lo razonable. Debe tenerse en cuenta, también, que el monto de las propuestas tiene relación con las condiciones del mercado y los mark-up que aplican los contratistas en ese momento, además de otros factores que también gravitan sensiblemente en la conformación de los precios, varios de ellos a decidir por el comitente o que pueden ser modificados a último momento, entre ellos: modalidades de contratación, lapso de construcción, forma de pago, seguros y garantías requeridos.
En cualquier caso resulta difícil apreciar lo que se ha denominado “diferencias razonables”, las cuales en momentos de estabilidad monetaria con equilibrio en la relación oferta/demanda no deberían superar, según opinión del Consejo, un 20%. El arquitecto debe entender que el factor económico es casi siempre primordial para el comitente quien, si se considera defraudado, puede negarse al pago de honorarios y demandar al arquitecto, en cuyo caso será el Juez quien justipreciará lo razonable o no de la diferencia cuestionada.
El Director de proyecto puede ver comprometida su responsabilidad también en estos casos:
cuando tiene a su cargo la revisión de las propuestas, es responsable por fallas en la revisión de las mismas, por no advertir la existencia de errores u omisiones que seguramente originarán controversias entre las partes contratantes, generarán costos adicionales y posibles atrasos en la construcción.
cuando durante la ejecución de la obra se originan precios adicionales a los contratados por la ejecución de trabajos imprevistos para subsanar errores u omisiones de la documentación de proyecto Aquí surge la corresponsabilidad del Director de obra cuando los errores u omisiones son evidentes y también del contratista cuando el pliego de condiciones lo obliga a advertir al Director de obra tales errores antes de la iniciación de los trabajos.
Cuando estos problemas adquieren relevancia no debe sorprender que se originen controversias con
Los contratistas, el comitente se niegue al pago de adicionales, se sienta con derecho a reclamos y demande por mala praxis al Director de proyecto y/o de obra.
El Director de obra también es responsable por los adicionales que se pueden originar con motivo de:
errores, omisiones o atrasos originados por su inacción o mala actuación,
fallas en la revisión de las propuestas
la autorización de modificaciones y/o trabajos que generan precios adicionales sin la autorización expresa del comitente
En todos los casos se recomienda al Director de obra:
utilizar los pliegos de condiciones editado por el Consejo con disposiciones previstas para evitar incurrir en la última causal.
proporcionar planos complementarios o de detalle cuidando que no originen modificaciones a los términos del contrato,
abstenerse de ordenar la ejecución de trabajos que impliquen modificación de los precios o plazos contractuales sólo en caso de contar con la autorización y presupuesto aprobado por el comitente, inclusive cuando las modificaciones hayan sido solicitadas por el mismo,
actuar con firmeza cuando los contratistas requieren pagos adicionales, exigirles el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones para la determinación de nuevos precios y proponer al propietario su reconocimiento sólo en el caso en que estén debidamente fundamentados.
En cambio, ni el Director de proyecto, ni el Director de obra son responsables por diferencias entre los precios del contrato de construcción y los precios de obra, por cuestiones motivadas por:
modificaciones o agregados aprobados por el comitente,
ejecución de trabajos imprevistos (aquéllos que no pudieron ser previstos)
gastos improductivos motivados por paralización, demoras o atrasos en la ejecución de la obra por motivos ajenos al profesional,
variantes, modificaciones o cualquier otra causa motivadas por caso fortuito o fuerza mayor,
la aplicación de regímenes de variaciones de precios por causa inflacionaria.
El Director de proyecto debe cumplir el plazo convenido con su comitente para la ejecución del proyecto y/o de las distintas etapas en que suele dividirse. Esta aseveración asume la mayor importancia, los comitentes son en este aspecto cada vez más exigentes y el arquitecto debe dar respuesta a estos requerimientos. Un plazo acordado es una obligación contractual aunque no exista contrato escrito.
Suele suceder que el comitente estipule un plazo total para la ejecución del proyecto y/o plazos parciales para las etapas de croquis y/o anteproyecto y en ocasiones puede reservarse las facultades de imponer sanciones por incumplimiento de los plazos y de resolver el contrato cuando el atraso supera ciertos límites.
Estas sanciones pueden llegar a actuar en detrimento de la calidad del proyecto apremiando al arquitecto especialmente cuando dificultades propias del proyecto le impiden cumplir con lo acordado. Para el caso en que el arquitecto se encuentre obligado a aceptar esta imposición se sugiere que, en base a equidad, requiera la aplicación de idéntica disposición al comitente por incumplimientos en el pago de los honorarios.
En cualquier caso se recomienda la adopción de algunas precauciones para evitar malas apreciaciones del lapso de ejecución de las tareas o para justificar prórrogas a los plazos acordados, entre ellas:
computar los plazos a partir del momento en que se conforma el programa de necesidades definitivo,
fijar plazos parciales para las distintas etapas del proyecto, los cuales deberían computarse desde la fecha en que el comitente aprueba la etapa previa. Esto es muy importante porque nunca es previsible el tiempo que demandará una aprobación, salvar observaciones formuladas por el comitente o estudiar variantes a la propuesta presentada,
fijar plazos límite para la aprobación de las etapas por el comitente,
no iniciar una etapa sin la aprobación de la anterior con fecha y firma del comitente o sin contar al menos, con una minuta preparada por el arquitecto con copia al comitente,
dejar constancias de demoras causadas por consultas a autoridades de aplicación cuyas respuestas pueden demorarse y sean necesarias para la prosecución de los trabajos,
dejar constancia de demoras causadas por atrasos en la recepción de información, estudios o trabajos a proporcionar por asesores o consultores designados por el comitente,
fijar con anticipación las fechas tope para la recepción de la planialtimetría del terreno y del estudio de suelos u otros trabajos que encomiende el comitente a otros profesionales y que resulten imprescindibles en determinado momento para proseguir con el proyecto,
aclarar que la introducción de modificaciones solicitadas por el comitente a los trabajos realizados o en ejecución motivan demoras a los plazos convenidos, salvo en el caso de variantes o modificaciones menores.
El Director de obra no es responsable por el incumplimiento de los plazos contractuales por parte de los contratistas. Para que el comitente no pueda imputarle corresponsabilidad, el Director de obra debe ajustar su accionar a los términos de su contrato y a las disposiciones que los pliegos de condiciones de los contratos de construcción establecen para ciertos procedimientos y rutinas a su cargo, como por ejemplo, el cumplimiento de plazos para:
revisar y aprobar planos de la documentación ejecutiva confeccionados por los contratistas,
efectuar inspecciones de los trabajos que van a ser ocultados,
contestar notas de pedido de los contratistas,
aprobar las liquidaciones de los contratistas y emitir los certificados correspondientes.
Los contratistas son los únicos responsables por las demoras en la ejecución de sus trabajos y/o por el incumplimiento de los plazos contractuales, salvo que comprueben que fueron originadas por una causa ajena a su responsabilidad. En estos casos deben contar con un plazo perentorio para comunicar la razón a la Dirección de obra con el fin de que ésta pueda constatar y justificar la causa. Cuando un contratista incurre en atrasos injustificados, se recomienda al Director de obra que se lo advierta de inmediato e intime la pronta recuperación por orden de servicio, con copia al comitente, para dejar constancia del reclamo.
El Director de obra no tiene herramientas ni poder para que un contratista cumpla sus obligaciones, entre ellas las de proveer los materiales y destacar la cantidad de personal necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos a su cargo. En estos casos se reitera la recomendación al Director de obra para que, además de cumplir con sus obligaciones, sea muy cuidadoso en dejar constancias fehacientes de sus reclamos, pedidos y convocatorias mediante órdenes de servicio detallando los atrasos incurridos e intimando al contratista su recuperación, además de mantener permanentemente informado al comitente, todo ello para deslindar adecuadamente sus responsabilidades con respecto a los atrasos incurridos. Cuando corresponda, debe solicitar al comitente la aplicación de las penalidades previstas en el contrato de construcción.
Cuando las órdenes de servicio son desatendidas y/o los atrasos superan los términos previstos en el contrato de construcción, es aconsejable evaluar, junto con el comitente y su asesor letrado, la conveniencia de resolver el contrato e iniciar demanda al contratista por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.
El Director de obra no es, en principio, responsable por la mala ejecución de los trabajos por los contratistas, quienes son responsables por los errores, omisiones, fallas y defectos en la ejecución de los trabajos a su cargo originados por su incompetencia, negligencia, imprevisión, mala fe o por cualquier otro motivo.
Para no incurrir en corresponsabilidad, el Director de obra debe:
cumplir la función primordial de controlar la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto,
rechazar y no certificar los trabajos que no concuerdan con planos y especificaciones, contractual, que presenten fallas o defectos, que hayan sido realizados con materiales impropios o que no concuerdan con lo especificado, ejecutados con deficiente mano de obra o inadecuado proceso constructivo y ordenar la reparación de los que a su juicio pueden ser corregidos y la demolición o desmantelamiento y nueva ejecución de los que a su juicio no pueden ser corregidos y deben ser rehechos,
dejar constancia de las acciones precedentes mediante órdenes de servicio y con copia al comitente.
El Director de obra puede aceptar trabajos que no cumplen acabadamente con planos y especificaciones solo si lo son a pedido del propietario y no ponen en riesgo la estabilidad, salubridad o habitabilidad del edificio, la seguridad e higiene de la obra, del personal de la obra y de las personas y bienes de linderos y vía pública. En estos casos se recomienda dejar constancia fundada y fehaciente de la circunstancia.
En caso de que un contratista se niegue a rehacer un trabajo rechazado o a cumplir órdenes de servicio, el DO debe ordenar la suspensión de la ejecución de los trabajos a cargo de dicho contratista, dejar constancias en el libro de órdenes de servicio y remitir comunicaciones fehacientes al contratista y al comitente.
En caso de que un contratista se niegue a rehacer un trabajo rechazado o a cumplir órdenes relacionadas con la estabilidad o salubridad de la construcción, la seguridad e higiene de la obra, del personal de la obra y de las personas y bienes de linderos y vía pública, aunque el propietario lo acepte urgido por problemas de costos, tiempos o cualquier otro motivo, el Director de obra debe deslindar su responsabilidad, ordenar la suspensión de la ejecución de la obra, dejar constancias en el libro de órdenes de servicio y efectuar comunicación fehaciente a la autoridad de aplicación, al contratista y al comitente.
En caso de no prosperar una solución a los conflictos planteados en los dos párrafos precedentes, el Director de obra debe renunciar al encargo y desligar su actuación en el expediente municipal. En el último de estos casos la renuncia al encargo puede ser causal de resolución del contrato por culpa del comitente.
El Profesional responsable de higiene y seguridad (PHS), contratado por la empresa constructora o por el propietario es el responsable por la presentación del Plan de higiene y seguridad ante la ART y luego, de vigilar la implementación y mantenimiento de las medidas y precauciones para asegurar su cumplimiento, obligación y responsabilidad a cargo del constructor o de un contratista designado especialmente.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT no reconoce al arquitecto incumbencia para que cumpla las funciones y adquiera las responsabilidades del PHS excepto en casos especiales previstos en la normativa oficial y prohíbe, en cualquier caso, que la función sea desempeñada por el DO. No obstante se da el sinsentido, cuando alguna de las inspecciones que destacan la SRT, el Gobierno de la CABA o la UOCRA detectan alguna irregularidad o infracción, el DO es imputado y se ve obligado a deslindar responsabilidades y efectuar descargos, situaciones que se complican y agravan en caso de accidentes.
Las principales obligaciones del Director de obra en esta materia son no permitir el comienzo de la obra sin que haya sido designado el PHS, que el plan de higiene y seguridad haya sido aprobado, que se hayan contratado los seguros del personal y que exista un contratista obligado contractualmente a implementar las medidas para asegurar el cumplimiento del plan.
Lo señalado precedentemente no significa que con ello acaban las responsabilidades del Director de obra, quien debe actuar con autoridad y con cierta cautela ante la empresa responsable de implementar el cumplimiento del plan. Por ello se le aconseja que si observa fallas en los dispositivos o precauciones de seguridad o cuando los considera insuficientes, lo informe inmediatamente al contratista responsable y al PHS, indicando la falla detectada y la orden para subsanarla inmediatamente, pero evitando señalar la forma de corregirla, porque adquiriría una responsabilidad que no le compete. Estas comunicaciones deben ser formuladas en forma fehaciente, p.ej. mediante órdenes de servicio con copia al propietario, documentos útiles para deslindar responsabilidades en caso de denuncias, infracciones o accidentes.
Cuando los reclamos del Director de obra para subsanar deficiencias en materia de seguridad no son atendidos, debe ejercer su autoridad y llegar al extremo de paralizar la obra hasta que se subsanen las fallas advertidas, en casos en que tales fallas sean importantes, peligrosas o amenacen la seguridad de la obra, del personal, vía pública o linderos. No hacerlo lo expondría a sanciones administrativas y demandas civiles, perjuicios económicos y juicios penales ante la eventualidad de accidentes.
Los comentarios y las recomendaciones precedentes son aplicables además a las medidas y precauciones de seguridad que debe implementar el constructor de acuerdo con lo establecido en los códigos de edificación de cada jurisdicción.
Los obreros de la construcción son contratados por empresas constructora, contratistas, subcontratistas y eventualmente por el propietario, quienes deben cumplir para con ellos las disposiciones establecidas por la normativa laboral vigente y son ellos quienes deben responder ante los reclamos de los primeros. No existe relación laboral alguna del arquitecto con el personal de la construcción pues no hay vínculo jurídico entre ellos ya que la relación contractual del arquitecto como Director de proyecto y Director de obrar es exclusivamente con su comitente.
No obstante, al Director de obra y al propietario de la obra les resulta imposible evitar ser demandados por el personal cuando accionan ante sus empleadores. Las demandas laborales usualmente son dirigidas contra todos aquellos que tienen intervención en la obra, contratista, propietario y DO, sólo debido a que el demandante pretende la existencia de solidaridad entre todos, solidaridad que, a criterio del Consejo y su Asesor Legal no existe, aunque ello no obsta para que se procure que algún Juez la conceda y particularmente, debido a que ello no significa costo adicional alguno para el obrero de la construcción.
A pesar de que no implica garantía de indemnidad, es conveniente que los pliegos de condiciones incluyan disposiciones con el objeto de:
establecer la exclusiva responsabilidad de los contratistas en esta materia
implementar medidas para que el comitente pueda monitorear el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de seguros por parte del contratista.
A tal efecto pueden servir de modelo disposiciones comprendidas en los pliegos editados por el Consejo, entre ellas:
“El contratista y sus subcontratistas serán responsables de dar cumplimiento a las leyes 17258 y 20744 y Convenios Colectivos de trabajo aplicables a su personal y cumplirán las leyes y normas de previsión social y la normativa vigente que rige el trabajo de los distintos gremios que intervienen en la construcción respecto a salarios mínimos, vacaciones, jubilaciones, descanso semanal, jornada legal, seguros, seguridad e higiene del trabajo, trabajo en lugares insalubres, horas extra, fondos de desempleo, etc.”
“El contratista asume plena y total responsabilidad exclusiva y excluyente e indemnizará y mantendrá indemnes al comitente y al DO, por todos los daños, perjuicios, costas, gastos judiciales y contingencia de índole civil, laboral, administrativa o penal que el comitente o el DO deban afrontar en forma directa o indirecta, en su persona o bienes, por cualquier acto, hecho u omisión fundado en el error, culpa, negligencia o cualquier acción del contratista, de sus subcontratistas o del personal de ambos relacionados con las obligaciones que les impone este contrato.”
“El contratista deberá acreditar ante el comitente el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en forma mensual, respecto de la totalidad de las personas por él afectadas al cumplimiento del contrato. A tales efectos deberá presentar al comitente, dentro de los diez (10) días de iniciado cada mes, la siguiente documentación respecto de cada una de las personas afectadas por el contratista y sus subcontratistas al cumplimiento del contrato:
­ filiación y Código Único de Identificación Laboral (CUIL)
­ la constancia de pago de las remuneraciones correspondientes al mes anterior
­ los comprobantes de pago al sistema de la seguridad social correspondientes al mes anterior
­ la constancia de cobertura por riesgos de trabajo del mes y el comprobante de pago del mes anterior
­ el incumplimiento de estas obligaciones es causal de resolución del contrato por causa del contratista.”
En relación con lo que antecede se recomienda al Director de obra:
informar al comitente si advierte incumplimientos por parte de contratistas a su obligación de presentar las documentaciones mencionadas. El Consejo opina que el Director de obra no está obligado a proceder a la revisión de dichas documentación por constituir materia que no es de su competencia,
aconsejar al comitente para que proceda por sí o con expertos a la revisión sistemática de estas documentaciones, revisión que le permitirá detectar a tiempo eventuales fallas o incumplimientos,
en caso de advertir incumplimientos de las obligaciones de los contratistas con su personal, advertírselo por orden de servicio intimando la inmediata regularización, con copia al comitente.
Muchos arquitectos no son conscientes de las preocupaciones, costos y riesgos que implican las demandas laborales y muchos las han sufrido. Por tal motivo el Consejo recomienda adoptar precauciones adicionales para evitarlos, como incorporar disposiciones en los contratos Arquitecto/Comitente como la que sigue,que figura en los modelos de contratos de proyecto y dirección editados por el Consejo: “El Comitente asume plena y total responsabilidad, exclusiva y excluyente e indemnizará y mantendrá indemne al DO por cualquier daño o contingencia de índole civil, administrativa o penal que deba afrontar en forma directa o indirecta, en su persona o bienes, por cualquier acción, error u omisión relacionados con la inobservancia de las obligaciones de contratistas, subcontratistas y/o del personal empleado o contratado por el Comitente, en relación con el cumplimiento de los trabajos a su cargo.”
Es frecuente, especialmente en proyectos y obras de cierta magnitud o complejidad, la actuación simultánea de varios profesionales, Aunque todos ejercen o deberían ejercer roles con funciones y responsabilidades claramente diferenciadas, pueden presentarse complicaciones cuando alguno de ellos se extralimita en sus funciones específicas invadiendo el área de acción de otro, dando lugar a conflictos, los cuales se potencian cuando se originan atrasos o costos adicionales.
No suele resultar fácil deslindar las responsabilidades del o de los causantes, las cuales en casos pueden ser compartidas y en otros, atribuidas a quien no corresponde. Para evitar tales situaciones los profesionales deben estar compenetrados de las obligaciones y responsabilidades de sus respectivos roles, cumplirlas sin sobrepasar sus limitaciones, cooperar entre sí y mantener comportamientos éticos.
En proyectos y/u obras donde el arquitecto interactúa con especialistas designados por el comitente se considera imprescindible que adopte ciertas precauciones con el propósito de que se establezcan claramente las obligaciones y responsabilidades de éstos con el comitente y con el arquitecto, mediante disposiciones a incluir en los contratos Comitente/Especialista (designado por él) y en el contrato Comitente/Arquitecto. Se recomienda la consulta del documento Relaciones Arquitecto/Especialistas y especialmente sus apartados:
Especialistas designados por el comitente (C-13-03-03)
Responsabilidades compartidas (C-13-03-06)
A continuación se enuncian las posibles situaciones en que un Director de proyecto puede ser imputado, con o sin razón, de responsabilidad o corresponsabilidad con otros profesionales y se agregan las referencias de los apartados de este Manual donde se tratan estos temas:
con asesores o consultores en estructuras, instalaciones u otras especialidades (C-13)
con un Gerente de construcciones (C-16-02-03)
A su vez, un Director de obra puede ser imputado, con o sin razón, de responsabilidad o corresponsabilidad con otros profesionales. Siguen las referencias de los apartados del Manual donde se tratan estos temas:
con el Director de proyecto
con el Profesional en higiene y seguridad (C-21-02-05)
con jefes y auxiliares de la Dirección de obra y otros profesionales (C-21-03-02) y (C-21-04-01)
con los representantes técnicos de empresas constructoras y contratistas (C-09-02) y (C-09-05) .
El ejercicio profesional del arquitecto abarca muchos roles, cuyo desempeño implica el cumplimiento de las obligaciones y la adquisición de responsabilidades propias de cada actividad, tratadas en los apartados 7.1 a 7.9 pero que tienen en común:
responsabilidades civiles: a) la obligación de cumplir lo acordado con el comitente, ya sea en forma verbal o escrita, lo cual implica el cumplimiento del encargo en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones del Honorarios sugeridos CPAU y la doctrina del Consejo, b) ante terceros por daños originados por la actividad profesional,
responsabilidades administrativas ante los poderes públicos que actúan como autoridad de aplicación y ante el empleador en caso de relación de dependencia,
responsabilidades penales cuando en la prestación del servicio profesional se incurre en culpa o dolo.
En obras en las que no existe una empresa o un contratista que asuman el rol del constructor, es usual que el mismo profesional que actúa como Director de obra cumpla además el rol de Representante técnico del propietario quien en la realidad actúa como constructor. Pasa entonces a ejercer el rol de Director ejecutivo sumando a sus obligaciones y responsabilidades como Director de obra las correspondientes al Representante técnico tema que se trata en el apartado 8.2 que sigue.
De acuerdo con el documento Honorarios sugeridos CPAU (A-115-07-01) la función del Representante técnico consiste en asumir la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y/o materiales para construcciones o industrias. En consecuencia el Representante técnico tendrá a su cargo:
estudiar la documentación técnica y plantear observaciones si halla errores u omisiones en ella,
confeccionar la documentación ejecutiva de la obra,
adoptar los procedimientos constructivos adecuados para la ejecución de los trabajos,
confeccionar los planes de trabajo, efectuar su seguimiento y control,
coordinar la ejecución de los trabajos de los distintos contratistas y subcontratistas y las entregas de los proveedores,
ejercer la conducción ejecutiva consistente en organizar y conducir la ejecución de los trabajos con el objeto de asegurar su correspondencia con el proyecto y el cumplimiento de los plazos de ejecución, la normativa vigente y las reglas del arte,
ejercer la conducción técnica de los trabajos, supervisar asiduamente la marcha de los mismos y controlar su calidad,
adoptar precauciones y medidas para cumplimentar la normativa de higiene y seguridad en obra y monitorear asiduamente la implementación de las mismas.
En el documento Roles profesionales en relación con la ejecución de la obra (C-21-01) figuran listados pormenorizados de las obligaciones y tareas a cargo del RT de empresas constructoras.
El RT asume las responsabilidades técnicas que las disposiciones oficiales adjudican al Constructor y las de su contrato con el comitente: que puede ser una empresa constructora, un contratista o el propietario en ausencia de aquéllos. Además contrae responsabilidades civiles ante terceros y responsabilidades administrativas y penales ante los poderes públicos.
La función principal del RT es conducir técnicamente la ejecución de la obra. Su misión no es gestionar el precio de la obra ni asumir el riesgo empresario de la misma. La delegación de funciones en jefes de obra y/o capataces no lo releva de las responsabilidades inherentes a su rol, las que no puede eludir ni siquiera pactándolo expresamente.
La participación de diversas dependencias y agentes de una empresa constructora contribuye a desdibujar este rol profesional absorbiendo parte de sus obligaciones. No obstante debe quedar bien claro que esta situación no lo libera de sus responsabilidades.
Antes de que un propietario decida iniciar una obra sin un constructor habilitado se recomienda al DO que le informe las obligaciones y responsabilidades que estarán a su cargo, entre ellas:
las de carácter laboral, previsional, fiscal que son propias del constructor ya que al profesional sólo corresponden las de carácter técnico
contratar, emplear, liquidar y pagar las provisiones y compras
inscribirse como empleador en la AFIP y en el IERIC si prevé emplear mano de obra (ver documento Obligaciones laborales del propietario-empleador o del arquitecto-constructor (A-516)
contratar un Profesional en higiene y seguridad, teniendo en cuenta que el Director de obra tiene expresamente prohibido por el Decreto 911/96, desempeñar dicho rol. Este rol es tratado en el documento Roles profesionales en relación con la ejecución de la obra (C-21)
proveer las vestimentas, materiales y equipos reglamentarios para instrumentar las medidas y precauciones de seguridad
realizar personalmente o por intermedio de un experto la liquidación y pago de salarios, aportes y seguros
liberar contractualmente al Director ejecutivo de la obra de toda obligación respecto de terceros por las acciones u omisiones del Comitente en relación con la condición que asume de constructor y a proveerle los fondos para exonerarlos.
En este punto conviene aclarar que no es obligación de un profesional comprar materiales o equipo ni contratar o emplear personal, ni en su nombre ni en nombre del propietario. Su acción se debe limitar a:
con respecto a la provisión de mano de obra: efectuar gestiones y asesorar al Comitente en todo lo necesario para que este último contrate, emplee o aporte mano de obra, pague las liquidaciones de salarios y facturas de monotributistas y confeccione, suscriba y pague las liquidaciones necesarios para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones laborales, previsionales e impositivas.
con respecto a la provisión de materiales y seguros: efectuar gestiones y asesorar al Comitente en todo lo necesario para que éste compre, alquile o aporte materiales, fletes, herramientas o equipos, contrate seguros y pague las liquidaciones o facturas emitidas a su nombre.
El profesional debe tener en cuenta, antes de aceptar su rol como Director ejecutivo y acordar sus honorarios, que debe conocer la aceptación del propietario a contraer las obligaciones del listado precedente pues los conceptos que no sean aceptado quedarían a su cargo si acepta cumplir dicho rol. En este caso se transformaría en un mandatario del comitente, que es lo que debería evitar, salvo que medien conocimiento y confianza previos. Experiencia en gestiones de ese tipo y un honorario que lo justifique.
Las obligaciones de un Gerente de Construcciones y las responsabilidades por fallas e incumplimientos al objeto del encargo pueden variar en función del alcance de su participación en el proceso del proyecto y construcción de la obra, de la forma de contratación de la misma y de los requerimientos de su contrato con el comitente. El rol es tratado en el documento Gerente de proyecto/Gerente de construcciones (C-16-02).
De acuerdo con la doctrina del Consejo, las principales responsabilidades del Gerente de construcciones, propias o compartidas, según los casos, con el Director de proyecto durante la etapa de proyecto son, entre otras:
asesorar al comitente y al Director de proyecto sobre los costos de construcción
planificar y efectuar el seguimiento y control de los costos de construcción
evaluar, a pedido del comitente o del Director de proyecto, costos de ejecución de variantes al anteproyecto o documentación de proyecto
planificar los plazos de construcción y confeccionar el plan de trabajo provisorio
evaluar opciones vinculadas con la adjudicación, contratación y ejecución de la obra
De acuerdo con la doctrina del Consejo, las principales responsabilidades del Gerente de construcciones compartidas con el Director de obra durante el proceso de llamado a licitación y estudio de propuestas son, entre otras:
proponer empresas debidamente calificadas, para solicitar cotizaciones
programar y coordinar licitaciones, contrataciones y compras
evaluar la capacidad económico-financiera de los oferentes
recibir y revisar las propuestas
revisar y evaluar económicamente las propuestas
De acuerdo con la doctrina del Consejo, las responsabilidades del Gerente de construcciones compartidas con el Director de obra durante la construcción de la obra son, entre otras, las siguientes:
monitorear el cumplimiento del plan de trabajo
revisar y aprobar las liquidaciones de los contratistas previo a la intervención del Director de obra
revisar y aprobar las facturas por suministros por cuenta del comitente previo a la intervención de la DO
revisar y aprobar presupuestos por modificaciones al contrato previo a la intervención de la DO
revisar y aprobar las liquidaciones por variaciones de precios, si las hay, previo a la intervención de la DO.
Supervisor es el rol profesional que se ejerce durante una gestión que está en ejecución por otro profesional con el objeto de: a) asesorar al comitente en los aspectos técnicos relacionados con la gestión del profesional supervisado y b) transmitir al profesional supervisado sugerencias y directivas del comitente.
El rol es tratado en el documento Supervisión de proyecto/Supervisión de dirección de obra (C-18), cuyos conceptos básicos son aplicables también a los restantes servicios profesionales sobre los cuales el Supervisor y el supervisado tienen incumbencia.
La responsabilidad de los actos del Supervisor es propia y diferente de la del profesional cuya tarea es supervisada. Al Supervisor no le corresponden responsabilidades por una ineficiente gestión o por la deficiente calidad técnica de las tareas y trabajos supervisados, que son propias y de exclusiva responsabilidad del responsable del encargo; sus funciones no son ejecutivas, deben limitarse a informar y asesorar al comitente y abstenerse de proporcionar directivas salvo que respondan a pedidos del comitente.
El Supervisor es responsable de detectar fallas e incumplimientos contractuales en el trabajo o en la prestación del servicio profesional objeto de supervisión y de advertirlo al comitente siempre que haya cumplido previamente las instancias que el Código de Etica señala en los artículos 2.2.1.2, 2.2.1.6 y 2.2.1.7 con el profesional responsable del encargo a supervisar.
El Consejo opina que el Supervisor no puede tener relaciones profesionales o comerciales con el profesional cuyas tareas supervisa ni opinar en materia de diseño, salvo que el comitente lo consulte o si considera que existen desviaciones o incumplimientos al objeto del encargo no autorizado por el comitente.
Auditor es el rol profesional que se ejerce con posterioridad a la gestión realizada por otro profesional con el objeto de informar si la gestión y/o los trabajos realizados por el profesional auditado fueron ejecutados de acuerdo con el contrato y/o la doctrina del Consejo. El rol es tratado en el documento Auditoría de proyecto/Auditoría de dirección de obra (C-19), cuyos conceptos básicos son aplicables también a los restantes servicios profesionales sobre los cuales el Auditor tiene incumbencia.
El Auditor es responsable de detectar fallas e incumplimientos contractuales en el trabajo o en la prestación de servicios profesionales que son objeto de auditoría y de advertirlo al comitente siempre que haya cumplido previamente las instancias que el Código de Etica señala en los artículos 2.2.1.2, 2.2.1.6 y 2.2.1.7 con el profesional responsable del encargo auditado.
El Consejo opina que el Auditor no puede tener relaciones familiares, profesionales o comerciales con el profesional responsable del trabajo auditado ni opinar en materia de diseño, salvo si considera que existen desviaciones no autorizados por el comitente.
7.6 Responsabilidades del Profesional en higiene y seguridad PHS
El PHS tiene a su cargo el control del cumplimiento de las normas en relación con higiene y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. Las características del rol y las obligaciones que están a su cargo se tratan en el documento Roles profesionales en relación con la ejecución de la obra (C-21-02-03).
Según opinión del Consejo, el PHS contrae responsabilidades por incumplimientos, fallas u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones de:
ejecutar, tramitar y obtener el registro o aprobación de la carpeta técnica con el plan de seguridad e higiene de la obra
verificar la documentación presentada por los contratistas con respecto a: aviso de iniciación de obra, nómina de personal y altas y bajas del mismo
cumplir con la carga horaria de capacitación del personal en materia de higiene y seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo mediante charlas, medios audiovisuales, etc., en función de la cantidad de operarios en obra
inspeccionar la obra para controlar el cumplimiento de las medidas y precauciones de seguridad previstas por el plan, en función de la cantidad de operarios en obra y con la frecuencia necesaria
llevar el Libro de higiene y seguridad actualizado, donde conste lo actuado en cada visita a obra
cumplir las disposiciones que puedan estar estipuladas en el contrato con su comitente.
Un perito puede realizar peritajes y tasaciones – una forma de peritaje – en el ámbito privado y en el judicial, en este caso siempre que esté inscripto en los registros respectivos o actuar como consultor técnico designado por las partes. El rol se trata en el documento Peritajes, tasaciones, medianería y arbitrajes (C-23-02).
Cuando un peritaje o una tasación revisten carácter judicial el Perito debe seguir las formalidades impuestas por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la actuación de perito o consultor técnico en ese fuero, que actualmente se extiende ante autoridades o tribunales nacionales, la CABA y todo ámbito determinado como jurisdicción nacional. El Perito judicial debe tener en cuenta la gran responsabilidad que implica el cumplimiento de su tarea y que entre sus obligaciones figuran:
antes de aceptar un encargo, el perito debe tener la certeza de que el cuestionario propuesto podrá ser respondido en su totalidad de manera fundada y en las condiciones y tiempos establecidos
aceptar el cargo para el cual fue designado, aunque puede renunciar con causales válidas
luego de aceptar el cargo, no puede rehusar el dictamen y en tal caso puede ser condenado a pagar los gastos por diligencias frustradas, con más los daños y perjuicios.
responder todas las preguntas o puntos del cuestionario cuando el peritaje incluye un cuestionario
presentar el dictamen por escrito, con copias para las partes, el cual deberá contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda. (Artículo 472 del Código mencionado)
actuar en todo momento con la ética y la imparcialidad que la circunstancia obliga
cumplir los plazos comprometidos en los peritajes privados y los fijados en los Códigos o por el juez en los peritajes judiciales.
guardar reserva de todo cuanto concierne o es motivo de su actuación
redactar el informe pericial de forma clara y fundada, entendible para otros profesionales y para no idóneos en el tema desarrollado.
responder a los pedidos de explicaciones de su comitente y de las partes en peritajes judiciales
Cuando un dictamen pericial es cuestionado y la refutación es coherente, veraz, fundada y evidencia que no podrá ser rebatida con argumentos valederos, el perito se encuentra ante una situación difícil, con una seria responsabilidad, originada posiblemente por su negligencia o incompetencia. En esta eventualidad el perito puede ser excluido automáticamente de las listas de peritos judiciales e inclusive, ser procesado según el Decreto-Ley 1285/58 y sancionado penalmente (artículos 243, 256, 265 y 274 del Código Penal).
Los árbitros pueden actuar en tres tipos de arbitrajes: el juicio arbitral, el juicio de amigables componedores o la pericia arbitral, con el objeto de zanjar diferendos entre dos o más partes sin recurrir a la justicia ordinaria. El rol es tratado en el documento Peritajes, tasaciones, medianería y arbitrajes (C-23-06).
Los árbitros deben seguir las formalidades impuestas por normas que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece para su actuación en su ámbito de aplicación, que actualmente se extiende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo ámbito determinado como jurisdicción nacional.
En el cumplimiento de sus funciones los árbitros deben:
cumplir las disposiciones del compromiso arbitral
abstenerse de intervenir en arbitrajes en los que pueden tener interés en el asunto controvertido.
abstenerse de intervenir en arbitrajes en los que tienen parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con una de las partes
abstenerse de intervenir en arbitrajes en los que mantienen enemistad manifiesta con una de las partes
cumplir las normas que debe respetar el trámite y el laudo arbitral, establecidas en los artículos 736 a 765 del Código de Procedimientos Civil y Comercial
emitir el laudo dentro del plazo convenido o legal. De no haber un plazo pactado en el compromiso arbitral, el plazo será de un mes para una pericia arbitral, de tres meses para una amigable composición y el que fije el Juez para un juicio arbitral
laudar sobre la totalidad de los puntos requeridos.
abstenerse de expedirse sobre materias no incluidas en el cuestionario ni sometidas a su consideración
expedirse de acuerdo a derecho en un juicio arbitral (art. 758 del CPCCN).
abstenerse de intervenir en arbitrajes que no pueden substanciarse, bajo pena de nulidad, por incluir cuestiones que no pueden ser objeto de transacción (art. 737 del Código Procesal y art. 842 y siguientes del Código Civil) o que pueden entrar en colisión con leyes o normas de orden público.
Las responsabilidades más relevantes de los jurados y asesores de concursos son de índole ética. Sus deberes aparecen claramente establecidos en las disposiciones 2.7.1 a 2.7.5 del Decreto 1099/84 reproducido en el documento Código de Etica (A-105). Ambos roles son tratados en el documento Adjudicación y gestión de servicios profesionales y obras (C-15-03).
Los asesores y jurados de concursos de croquis preliminares, anteproyectos y proyecto y precio, además de cumplir las disposiciones del Código de Etica y del contrato con su comitente deben cumplir con ciertas obligaciones de carácter consuetudinario dentro de la práctica de la profesión, entre ellas:
El Asesor de un concurso debe:
contestar las preguntas que realicen los participantes
recibir los trabajos e informar al jurado los trabajos que transgreden bases del concurso
El Jurado de un concurso debe:
evaluar las calidades proyectuales de los trabajos como respuesta a las bases del concurso y otorgar los premios correspondientes entre los trabajos que cumplan con las bases del concurso
redactar las críticas y fundamentar el fallo con los premios otorgados.

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1054

Artículo 1255
 artículo 1091

Artículo 1256

Artículo 1257
 artículo 1256

Artículo 1261

Artículo 1264

Artículo 1272

Artículo 1273

Artículo 1274
 artículo 1273

Artículo 1275

Artículo 1277

Artículo 2560

Artículo 2564
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución