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BOE-A-2009-3325
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Núm. 49
Jueves 26 de febrero de 2009
Sec. TC. Pág. 17
Sala Primera. Sentencia 17/2009, de 26 de enero de 2009. Recurso de amparo
1703-2005. Promovido por don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto respecto a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que desestimó su recurso contra el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, sobre evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación
de la Actividad Investigadora. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (motivación): control judicial de la discrecionalidad técnica de
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas
Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y
don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 1703-2005, promovido por don Emilio Octavio de Toledo
y Ubieto, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María José Corral
Losada y asistido por el Abogado don Arturo Ventura Püschel, contra la Sentencia de 31
de enero de 2005 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestima el recurso contencioso-administrativo
núm. 250-2002, interpuesto contra la Resolución de 11 de julio de 2001 de la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y la Resolución de 17 de enero de
2002 del Secretario de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, que confirmó en alzada la anterior. Han intervenido el Ministerio Fiscal
y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien
expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 10 de
marzo de 2005 la Procuradora de los Tribunales doña María José Corral Losada, en
nombre y representación de don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, interpuso recurso de
amparo contra las resoluciones administrativa y judicial reseñadas en el encabezamiento
de la presente Sentencia.
a) El demandante de amparo, Catedrático de Derecho Penal, solicitó la evaluación
positiva de su actividad investigadora a la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (en adelante CNEAI) correspondiente a los tramos de investigación de los
sexenios 1986-1991 y 1995-2000, a efectos de que se le reconociera el complemento de
productividad a que se refiere el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del profesorado universitario. Por Resolución de la CNEAI de 11 de julio
de 2001 le fue valorado positivamente el tramo 1995-2000 y denegada la solicitud respecto
del tramo 1986-1991. En los fundamentos de la resolución denegatoria se indicaba que,
cve: BOE-A-2009-3325
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo, relevantes para la
resolución de este recurso, son los que se expresan a continuación:
2 de la Orden de 16 de noviembre de 2000 y 3.3 de la Resolución de 5 de diciembre de 1994». 9. es completamente ajena a la falta de motivación». b) El demandante de amparo formuló recurso de alzada contra la resolución de la CNEAI. al amparo de lo establecido en los artículos 8. no existe razón alguna que impida aplicar tal criterio al supuesto que ahora nos ocupa. «pues no cabe duda que si la asignación de una puntuación determinada es un sistema generalizado de valoración del nivel de conocimiento de un alumno a efectos de superación o no de una asignatura. dentro del contexto definido por el curriculum vitae completo. sea óbice para estimar que existe motivación en la resolución impugnada. debe entenderse suficientemente motivada. además de incluir los nombres de sus miembros. por lo demás. ninguno de ellos Catedrático de Derecho Penal. declarando que. doctrina que resulta de aplicación al caso. 250-2002). TC. respecto a la alegación que formuló el recurrente sobre la falta de especialistas en Derecho penal entre los miembros del Comité Asesor núm. de conformidad con la normativa aplicable. Pág. cuestión que. la Resolución de la CNEAI de 11 de julio de 2001.2 de la Resolución de 26 de diciembre de 2000. originalidad. la resolución que desestimó el recurso de alzada declaró que los científicos integrantes de dicho Comité eran todos Catedráticos de Universidad del campo «Derecho y Jurisprudencia». este Comité Asesor. dada la discrecionalidad técnica de la que gozan los órganos que las adoptan. confirmada en alzada. rechazando la alegación de falta de motivación que se aducía en el recurso.) de los méritos investigadores acreditados por el solicitante que deben presidir los criterios de evaluación. se había recabado el asesoramiento del Comité Asesor núm. que fue desestimado por la Sentencia de 31 de enero de 2005 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso núm. el Comité Asesor ha tenido en cuenta los criterios genéricos de calidad recogidos en la Orden de 2 de diciembre de 1994 y los criterios específicos establecidos en la Resolución de 6 de noviembre de 1996. dictada en casación en interés de Ley. entiende que la obra examinada es merecedora de ser calificada con 5 puntos». máxime si tenemos en cuenta la dificultad que entraña la fiscalización de este tipo de decisiones. las resoluciones de la CNEAI que aceptan la valoración contenida en el informe del Comité Asesor correspondiente resultan motivadas por incorporación de dicho informe. cve: BOE-A-2009-3325 Núm. se decía lo siguiente: «El Comité ha examinado el currículum vitae abreviado. a la vista de la normativa vigente aplicable a la evaluación de la actividad investigadora y de la doctrina sentada en casación en interés de Ley por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 1996 sobre la motivación de las resoluciones de la CNEAI.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. sin que la ausencia de una mención detallada de cada uno de los principios generales (calidad. creatividad. Considerando lo anterior. que la Sentencia explicita. como tiene declarado la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 1996. sin que resulte procedente (tanto por no estar previsto así en la normativa aplicable como por ser contrario a toda lógica) que cada solicitante sea evaluado por investigadores que hayan trabajado en su misma «línea de trabajo». que era el solicitado por el recurrente para efectuar la evaluación de su actividad investigadora. 09 (Derecho y Jurisprudencia). La Sentencia rechaza la queja sobre la falta de motivación de las resoluciones administrativas impugnadas. 49	. que fue desestimado por Resolución de 17 de enero de 2002 del Secretario de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación. toda vez que la misma cumple todos los requisitos exigidos por dicha normativa y doctrina jurisprudencial. Cultura y Deportes.00 puntos que el Comité otorgaba al expediente científico del solicitante. 18 en virtud de lo establecido en los artículos 3. En el informe del Comité Asesor. aceptando «la calificación de 05. Además. c) El demandante de amparo formuló recurso contencioso-administrativo contra las referidas resoluciones administrativas. porque. cuyo informe la CNEAI consideraba suficiente y hacía suyo. Se adjuntaba el informe del citado Comité Asesor y se denegaba en consecuencia la solicitud de evaluación positiva. etc. o de un opositor a efectos de superación o no de unas pruebas selectivas. Para la emisión de este informe.3 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 y 8.
la demanda señala que la exigencia de motivación de los actos administrativos viene establecida en el art. evitando toda suerte de indefensión al administrado. El recurrente considera que la Resolución de la CNEAI de 11 de julio de 2001 (confirmada en alzada por la Resolución de 17 de enero de 2002).9 LOPJ. Pérez Tremps en el presente recurso de amparo. 49	. Por lo que se refiere a la Sentencia que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 11 de julio de 2001 de la CNEAI y la resolución que la confirmó en alzada. de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. en su vertiente de exigencia de motivación.1 CE). no puede entrar a sustituir el criterio de la CNEAI. La Sentencia rechaza asimismo la queja del recurrente sobre la composición no especializada en Derecho penal del Comité Asesor núm. lejos de subsanar la falta de motivación de las resoluciones administrativas. acordó estimar justificada la abstención formulada por el Magistrado Excmo. en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de los méritos aportados por el recurrente a efectos de la evaluación de su actividad investigadora. conforme a reiterada jurisprudencia en la materia.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. dicha doctrina es de aplicación respecto de la normativa precedente pero no respecto de la aplicable al caso. 9. 19 Razona asimismo la Sala que. la razón de ser de la evaluación negativa de su actividad investigadora en el tramo indicado (en puridad tampoco de la evaluación positiva del segundo de los tramos sometidos al criterio evaluador de la CNEAI). de 26 de noviembre. lo que impide conocer al demandante las razones por las cuales la CNEAI considera que no ha alcanzado el nivel suficiente en su actividad investigadora durante el tramo 1986-1991. la Sección Segunda de este Tribunal. formulariamente y haciendo abstracción de las alegaciones del recurrente referidas al carácter reglado de la actividad evaluadora conforme a la normativa vigente al tiempo de formular la solicitud. Sr. 09 (Derecho y Jurisprudencia). De suerte que al recurrente no le consta el efectivo examen y valoración de los trabajos de investigación sometidos a la evaluación del CNEAI ni cuáles de los públicos criterios de evaluación. Pág. Por ATC 223/2007. cuando —afirma el recurrente— dicha potestad no puede significar que esté exenta de control judicial. aplica la doctrina en interés de Ley sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de julio de 1996. y porque el órgano judicial se escuda asimismo en la circunstancia de que la resolución administrativa se dicta en ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene la CNEAI para valorar los méritos investigadores del candidato. como expresión del principio de interdicción de la arbitrariedad y consecuente favorecimiento de la fiscalización judicial del acto.1 CE) porque. más allá de una genérica invocación de la normativa aplicable. para justificar la supuesta motivación de las resoluciones administrativas. pues se limita a indicar una puntuación numérica global sin precisiones de ningún tipo. en relación con el art. que debe realizarse a través de los elementos reglados. el órgano judicial. en su caso. que goza al respecto de discrecionalidad técnica. pues éste se limitaba a solicitar una declaración de nulidad (o anulabilidad) de la resolución de la CNEAI en cuanto evalúa negativamente el primero de los dos tramos sometidos a criterio evaluador. por remisión al informe del Comité Asesor núm. con la composición que allí consta. de 19 de abril. En la demanda de amparo se alega que las resoluciones administrativas y la Sentencia que las confirma han vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 54 de la Ley 30/1992. 24. consumó la lesión del derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 3. 24. 219. constituyen. 80 cve: BOE-A-2009-3325 Núm. Por lo que se refiere a las resoluciones administrativas. 4. a juicio del recurrente. cuando. se aduce en la demanda de amparo que la Sentencia. a lo que se añade que no existe riesgo alguno de que el órgano judicial sustituya al órgano encargado de evaluar la actividad investigadora del recurrente. por la que le fue valorado positivamente el tramo 1995-2000 y denegada la solicitud respecto del tramo 1986-1991. normativamente establecidos. no satisface las exigencias de motivación de los actos administrativos y provoca indefensión. TC. en atención a la amistad íntima que le une con el recurrente (art.
requerir a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 71. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 18 de julio de 2007 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones solicitadas y por personado y parte al Abogado del Estado en la representación que ostenta. por lo que no cabe hablar de indefensión material alguna. Excepcionando la materia de Derecho administrativo sancionador sólo cobra relevancia constitucional. Por lo demás. por ejemplo). para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional. TC. asimismo. tomando en cuenta para ello los «criterios genéricos de calidad» recogidos en la Orden de 2 de diciembre de 1994 y los «específicos» de la Resolución de 6 de septiembre de 1996. interesando la denegación del amparo. interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento. que ha podido impugnar las mismas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. el pretendido déficit de motivación que se imputa a las resoluciones administrativas no es tal. último inciso. concediendo a las partes personadas y al Ministerio Fiscal plazo común de veinte días para que dentro de dicho término presentasen las alegaciones que considerasen oportunas. 9. a excepción del recurrente en amparo. de acuerdo con reiterada doctrina constitucional. 24. 52. la formación de la media aritmética con las puntuaciones de cada miembro del tribunal de oposiciones. testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. Según el Abogado del Estado. 51 LOTC. a que cada miembro del órgano calificador dé razón de su nota. sino también cve: BOE-A-2009-3325 Núm. Pág. que valoró con 5 puntos la labor investigadora del recurrente para el tramo 1986-1991 (puntuación insuficiente para obtener la evaluación positiva en dicho tramo). 7. Recuerda el Abogado del Estado que el derecho a la tutela judicial efectiva (art. pues la resolución de la CNEAI se basa en el informe técnico del Comité Asesor núm. 6. a tenor de lo dispuesto en el art. Por providencia de 26 de abril de 2007 la Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y. respectivamente. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 10 de septiembre de 2007 presentó alegaciones el Abogado del Estado. según el Abogado del Estado. 49	. menos aún. la notificación del ATC 223/2007. ni. como lo son los relativos a la evaluación de méritos investigadores. sin que el Comité venga obligado a indicar como aplicó en concreto unos y otros criterios para llegar a la puntuación final.1 CE) no otorga protección frente a la actividad administrativa no sancionadora. aunque su motivación pudiera ser deficiente. 20 LOTC). ni garantiza un pretendido derecho a la motivación adecuada y suficiente de los actos administrativos resolutorios de contenido no sancionador. apartándole definitivamente del conocimiento del recurso de amparo y de todas sus incidencias. 250-2002 y del expediente administrativo que dio lugar al recurso en que se dictó la Sentencia impugnada. En ambos casos las normas rectoras de la actividad valorativa o la convocatoria dan algunas reglas para llegar a un resultado final (así. Acordándose. de 19 de abril. dependiente de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades. que aparece ya personado. desarrollando en el proceso cuanta actividad de alegación y prueba ha tenido por conveniente. pero no obligan ni a que el órgano de valoración especifique las concretas razones por las que el opositor ha sido rechazado (cuáles fueron sus peores errores. 5. lo que no sucede en el caso de resoluciones administrativas debidamente notificadas.1 LOTC. para que el plazo de diez días remitieran. excluyendo la máxima y la mínima). Para el Abogado del Estado tras la limitación del control jurisdiccional en relación con los juicios técnicos valorativos (discrecionalidad técnica) está no sólo la escueta prohibición del art. generalmente la contencioso-administrativa.2. aquella actividad de la Administración que impide o dificulta el acceso a la jurisdicción de control. conforme a lo establecido en el art. En el presente caso la resolución de la CNEAI y la que la confirma en alzada han sido correctamente notificadas al recurrente. LJCA. de abstención. la valoración de los méritos de una línea investigadora se asemeja a la calificación de un examen oral en que un opositor ha de desarrollar varios temas extraídos al azar.
Pero. permite sobradamente verificar (o al menos intentarlo) si. aceptada con carácter general por la doctrina del Tribunal Constitucional y expresamente prevista en la normativa aplicable en materia de evaluación de la actividad investigadora. la necesidad de motivación no es exclusiva de las resoluciones judiciales. Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 2007 el Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones. ni. Pág. o incluso solicitado el testimonio de los seis catedráticos integrantes del referido Comité Asesor. 54. una prueba de interrogatorio escrito de la Administración demandada dirigida a que el Comité Asesor núm. pues se pronuncia sobre todas las cuestiones planteadas por el recurrente y les da una contestación tan fundada en Derecho como razonable. TC. además. sino mera discrepancia del recurrente con la interpretación del órgano judicial de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso. lo cual presupone una operación valorativa pero nada dice del desarrollo lógico que ha llevado a esa concreta valoración de los méritos cve: BOE-A-2009-3325 Núm. No obstante. pero pudo haber solicitado. de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. 9. El recurrente. de 26 de noviembre. 9 a la resolución). e invoca varias Sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia (ninguna de ellas dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) que en supuestos semejantes al planteado en la demanda de amparo anularon la resolución de la CNEAI por estimar que incurría en falta de motivación. tras el supuesto defecto de motivación aducido por el recurrente. viene expresamente establecida por el art. pues se limita a dar una puntuación (5 puntos). y no lo hizo. según esa misma doctrina. La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el registro de este Tribunal el 12 de septiembre de 2007. el recurrente no utilizó todas las posibilidades de alegación (sobre la hipótesis de la ilegalidad o arbitrariedad) y de prueba que procesalmente tenía a su disposición. 54. esa motivación de la resolución de la CNEAI por remisión al informe del Comité Asesor correspondiente no satisface en el presente caso las exigencias de motivación establecidas por el art. En definitiva. se ocultaba una infracción sustantiva del ordenamiento jurídico o una decisión arbitraria del órgano de valoración. pues. en cuanto dictadas en el ejercicio de potestades discrecionales. con sus correspondientes reglas sobre distribución de la carga de la prueba.1 f) de la Ley 30/1992. el Abogado del Estado considera que la existencia de una fase probatoria en el proceso contencioso-administrativo. pero el ámbito de protección del art. se limitó a proponer unas pruebas documentales a la postre irrelevantes. en el que se remite a los razonamientos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda. a juicio del Fiscal.1 CE queda circunscrito a las resoluciones judiciales y a las resoluciones administrativas de carácter sancionador. 24. recuerda asimismo el Fiscal que. Señala seguidamente el Fiscal que la resolución de la CNEAI impugnada en amparo se acoge a la técnica de motivación por remisión (incorporando el informe del Comité Asesor núm. Tras referirse a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la motivación de las resoluciones judiciales. y que permite que la resolución sea susceptible de posterior control. como tuvo ocasión de señalar también la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Sentencia en interés de Ley de 5 de julio de 1996. lo que significa que las resoluciones administrativas impugnadas en el presente recurso de amparo no están protegidas por el derecho a la tutela judicial efectiva. arbitrariedad. 49	. 21 la falta de inmediación respecto de la realización del ejercicio que se evalúa o la imposibilidad de que el órgano judicial sustituya el juicio técnico de los especialistas integrantes de un órgano de valoración. irrazonabilidad o error patente. que tiene por finalidad que el destinatario de las mismas conozca los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. sin embargo. 8. si bien la exigencia de motivación de las mismas.1 f) de la Ley 30/1992. 9 ampliara la explicación de los fundamentos técnicos de su decisión (la valoración en 5 puntos). falta de motivación. No existe. menos aún. Para concluir señala el Abogado del Estado que la Sentencia impugnada satisface plenamente las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales.
250-2002 interpuesto contra dichos actos administrativos. por una parte. Pág. para efectuar con posterioridad. pues. declarándolos ajustados a Derecho. II.1 CE). Sentada la conclusión precedente (insuficiente motivación de la resolución de la CNEAI.). 10. El recurso de amparo se dirige contra la Resolución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) de 11 de julio de 2001. 49	. lo que determina la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. que desestima el recurso contencioso-administrativo núm. así como contra la Resolución de 17 de enero de 2002 del Secretario de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación. anulando la Sentencia y las resoluciones administrativas impugnadas y ordenando que se retrotraigan las actuaciones para que la CNEAI proceda a motivar adecuadamente la resolución que dé respuesta a la solicitud del recurrente sobre evaluación de su actividad investigadora. considera el Ministerio Fiscal. a juicio del Ministerio Fiscal. criterio que comparte en sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Esta circunstancia determina que analicemos en primer término la vulneración que se imputa a la actuación administrativa. el Fiscal interesa que se otorgue el amparo. contra las resoluciones administrativas recaídas en el procedimiento de evaluación de la actividad investigadora y. y contra la Sentencia de 31 de enero de 2005 de la Sección Sexta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. contra la Sentencia confirmatoria de dichas resoluciones.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. ante un recurso de amparo mixto dirigido. por lo que éste no tiene ningún dato del que pueda extraer las razones que han llevado al Comité Asesor núm. el enjuiciamiento de la lesión constitucional imputada a la resolución judicial. 22 investigadores del recurrente. por otra. es que el Comité exprese de qué manera esos criterios genéricos y específicos de la normativa aplicable. El recurrente alega que las resoluciones administrativas y la Sentencia que las confirma han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. la Sentencia impugnada en amparo adolece de insuficiente motivación. y que aparecen contemplado en la normativa aplicable (por ejemplo.1 CE). 9 y. cve: BOE-A-2009-3325 Núm. Por providencia de 21 de enero de 2009 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 26 del mismo mes y año. La defectuosa motivación de las resoluciones administrativas podría haber sido subsanada en sede judicial. Lo que es exigible. a la CNEAI. pues eso es lo que permitiría la revisión judicial de la resolución administrativa. que dice haber tenido en cuenta para valorar los méritos del recurrente. tal como ha quedado expuesto con detalle en los antecedentes. pues asume la motivación de ésta. Estamos. a no otorgarle puntuación suficiente. 24. en la vertiente de exigencia de motivación. en su caso. y que se extienden al control de los datos fácticos del juicio técnico. la extensión de la publicación. La resolución que desestimó el recurso de alzada no subsana la falta de motivación de la resolución de la CNEAI. En consecuencia. etc. a juicio del Fiscal. declarando la Sentencia la nulidad de las resoluciones impugnadas y ordenando retrotraer las actuaciones para que el órgano administrativo corrigiera el defecto de motivación. desestimatoria del recurso de alzada. de los que pueden deducirse los criterios de capacidad y aptitud valorados. mientras que el Abogado del Estado se opone al otorgamiento del amparo. han determinado esa nota final de 5 puntos. Cultura y Deportes. Al no hacerlo así. 24. que en el presente caso el órgano judicial no ha desplegado las facultades revisoras que le competen en éste ámbito. pues asume por remisión la que sustentó las resoluciones administrativas. no reparada por la resolución desestimatoria del recurso de alzada). en cuanto la misma deniega al recurrente su solicitud de evaluación positiva de la actividad investigadora respecto del tramo 1986-1991. que era manifiestamente inexistente. tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance del control judicial en los supuestos de discrecionalidad técnica. la incidencia que tenga la misma en la colectividad académica. en consecuencia. rechazando la pretendida lesión del derecho fundamental invocado. Fundamentos jurídicos 1. TC.
49	. TC. FJ 1. de 9 de marzo. Pues bien. de 22 de julio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento cve: BOE-A-2009-3325 Núm. en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. FJ 2). conforme a reiterada doctrina de este Tribunal. y 308/2006. 243/1988. teniendo en cuenta que las resoluciones administrativas impugnadas han sido dictadas en el marco de un procedimiento administrativo de evaluación de la actividad investigadora. por todas). FJ 3. que. Cultura y Deportes no han sido dictadas en un procedimiento administrativo sancionador. Pues. y 197/1988. tiene su lugar propio de satisfacción en un proceso judicial». de 14 de febrero. 90/1985. de 19 de diciembre. 54/2003. FJ 3. 24 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores. conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria. declarando ajustadas a Derecho las resoluciones administrativas recurridas. 54. FJ 6. FJ 6. Ciertamente. de 7 de noviembre. en cuanto que son también manifestación de la potestad punitiva del Estado. No estando en el presente caso ante ninguno de estos supuestos excepcionales (actos administradores sancionadores o limitativos de derechos fundamentales). de 13 de abril. Pág. FJ 3. a los que cabe imputar su violación» (STC 26/1983. FJ 1. de 30 de abril. o se le dificulte. de 7 de noviembre. de 23 de octubre. Por otra parte. procede examinar la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial por insuficiencia de motivación de las resoluciones administrativas impugnadas. En consecuencia.1 f) de la Ley 30/1992. FJ 4. Delimitado así el objeto del presente recurso. de 24 de marzo. «frente a la regla general. debemos recordar. la pretendida vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se imputa a las resoluciones administrativas impugnadas en amparo ha de ser rechazada. acerca de si la motivación de la resolución de la CNEAI por remisión al informe del Comité Asesor correspondiente satisface las exigencias de motivación establecidas por el art. FJ 3. FJ 1. de 13 de febrero. de 24 de octubre. 664/1984. «el derecho a la tutela judicial. este Tribunal ha destacado también la posibilidad de que el art. 24. que habría impedido conocer las razones por las cuales la CNEAI considera que el recurrente no ha alcanzado el nivel suficiente en su actividad investigadora durante el tramo 1986-1991 para merecer una evaluación positiva. en consecuencia. de 1 de julio. 123/1987. este Tribunal no puede pronunciarse. y 36/2000. con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza (por todas. sin que corresponda a este Tribunal pronunciarse sobre la suficiencia o insuficiencia de motivación de dichas resoluciones. de 2 de mayo. SSTC 120/1994. FJ 2. de manera que. FJ 12). FJ 2. de 26 de noviembre. que se pronunció sobre todas las pretensiones del demandante. aunque desestimándolas. FJ 4). AATC 263/1984. «son los Jueces y Tribunales los que han de otorgar la tutela judicial efectiva y los únicos. 291/2000. cuya doctrina recuerda la STC 236/2007. como lo demuestra la misma existencia de la Sentencia de 31 de enero de 2005 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Resulta evidente en el presente caso que las resoluciones de la CNEAI y del Secretario de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación. y asimismo que no impidieron ni obstaculizaron en modo alguno el derecho del demandante de amparo a acudir a los órganos judiciales para impugnar dichas resoluciones. pero sólo «en aquellos casos que no se permita al interesado. no se puede olvidar que este Tribunal ha señalado igualmente que las garantías procesales establecidas en el art. entre otras). de 24 de octubre. como pretenden el recurrente y el Ministerio Fiscal. y 104/1990. en cuanto es el poder jurídico que tienen los titulares de derechos e intereses legítimos de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la solución de un conflicto. 66/1995 o 128/1997. como señala el Abogado del Estado. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales (SSTC 36/1982. También en relación con actos administrativos que impongan sanciones» (STC 7/1998. el acceso a los Tribunales» (SSTC 197/1988. FJ 4.1 CE resulte vulnerado por actos dictados por órganos no judiciales. 23 2. de 25 de abril.
lo que permite considerar como constitucionalmente aceptable desde las exigencias de motivación del art. Pág. de 13 de enero. 314/2005. dentro del contexto definido por el curriculum vitae completo) por el Comité Asesor núm. recoge la puntuación asignada a los criterios básicos y complementarios e incorpora a su propio texto el informe técnico emitido (previo examen del curriculum vitae abreviado del recurrente. confirmada en alzada. a la vista de la normativa aplicable a la evaluación de la actividad investigadora y de la doctrina sentada en casación en interés de Ley por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 1996 sobre la motivación de las resoluciones de la CNEAI –doctrina que resulta de aplicación al caso. 24 administrativo común. a la vista de las circunstancias concurrentes. sino que requiere examinar el caso concreto para ver si. que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra dichas resoluciones. 2/1997. 22/1994. es decir. FJ 4. como ha quedado expuesto en los antecedentes. a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. FJ 3. 49	. en definitiva. cve: BOE-A-2009-3325 Núm. aparte de contemplarse en el art. Actúa. conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución evaluadora. quienes sólo así pueden conocer los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial. conforme a reiterada doctrina de este Tribunal. sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. el requisito de motivación de las resoluciones judiciales. 24. de 2 de abril.3 CE en relación con las sentencias. debe entenderse suficientemente motivada. incluido el de amparo. la ratio decidendi que ha determinado aquélla. FJ 3. y 308/2006. 3. ha de precisarse que el hecho de que una resolución judicial deba ser motivada no autoriza a requerir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide. ha sido lesionado por la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de enero de 2005. al entender el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que las resoluciones administrativas cumplen todos los requisitos de motivación exigibles. FJ 2. 4. toda vez que: a) ha sido notificada personal y directamente al interesado. SSTC 23/1987. cuyo fundamento se halla en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo. de 12 de diciembre. 120. 120. de 29 de mayo. de 23 de abril. según argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid–. resulta que la Sentencia recurrida en amparo rechaza la queja del demandante sobre la insuficiencia de motivación de las resoluciones administrativas impugnadas. de 8 de noviembre.1 CE). por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria que no alcanza dimensión constitucional. FJ 6). FJ 2. al mismo tiempo que actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. TC. 24. se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas. de 27 de enero. 24. procede examinar seguidamente si este derecho fundamental. 63/1990. 206/1999. razonamiento éste que –digámoslo desde ahora– no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art.1 CE. de 23 de octubre. la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec.1 CE la que tiene lugar por remisión o motivación aliunde. 24. FJ 2. en su vertiente de exigencia de motivación de las sentencias (art. y b) dicha resolución menciona la normativa aplicable. toda vez que la misma cumple todos los requisitos exigidos por dicha normativa y doctrina jurisprudencial. En el presente caso. FJ 4. FJ 3. 108/2001. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid razona en la Sentencia objeto del presente recurso de amparo que. Por otra parte. de 23 de febrero. para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables. 139/2000. Finalmente. y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos. 09 (Derecho y Jurisprudencia). es una exigencia constitucional derivada del art.3 CE). Descartado que las resoluciones administrativas impugnadas hayan vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art.1 CE). Al respecto es oportuno recordar que. En efecto. la Resolución de la CNEAI de 11 de julio de 2001.
aunque sea desfavorable a las pretensiones del demandante de amparo. de 6 de febrero. y 86/2004. lo que determina que la resolución de la CNEAI deniegue la solicitud de evaluación positiva respecto del referido tramo. sino también porque la normativa aplicable determina que los Comités Asesores se organizan por «campos científicos». es decir. FJ 3. no puede entrar a sustituir el criterio de la CNEAI. satisface la exigencia de motivación del art. en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de los méritos aportados por el recurrente a efectos de la evaluación de su actividad investigadora. La Sentencia rechaza asimismo la queja del recurrente sobre la composición no especializada en Derecho penal del Comité Asesor núm. que la resolución de la CNEAI. a la vista de la fundamentación de la Sentencia impugnada en amparo que se acaba de resumir. 54 de la Ley 30/1992. FJ 2. y que permite racionalizar el asesoramiento a la CNEAI. FJ 3.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. y se trata. la Sentencia impugnada pone de relieve. de 26 de noviembre. 9. Razona asimismo la Sala que. hace suya la fundamentación contenida en el informe técnico emitido por el Comité Asesor correspondiente. 49	. de una resolución judicial fundada en Derecho que no incurre en error patente ni puede ser tachada de irrazonable ni arbitraria.1 CE. conforme a reiterada jurisprudencia en la materia. conforme razona la Sala. a efectos de obtener la evaluación positiva de la actividad investigadora del solicitante correspondiente al tramo 1986-1991. razonando que la competencia y cualificación de este Comité para emitir un juicio técnico acerca de los méritos del recurrente resulta incuestionable. los impugnase. que consta asimismo en el expediente. de acuerdo con la normativa aplicable. 120. luego confirmada en alzada. 73/1998. además. 353/1993. 09 (Derecho y Jurisprudencia). de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. que evalúa la actividad investigadora del demandante durante el periodo 1986-1991 con 5 puntos (puntuación insuficiente para obtener la evaluación positiva). término evidentemente más amplio que el «especialidad docente o investigadora». y que otorga al demandante una puntuación insuficiente (5 puntos).3 CE). de 29 de noviembre. respetando con ello el canon de motivación que impone el art. explica la ratio decidendi que ha determinado el fallo desestimatorio del recurso contenciosoadministrativo. pues la motivación de la resolución judicial no puede considerarse abstracta ni formalista. según se razona la Sentencia impugnada. que goza al respecto de discrecionalidad técnica. 25 haciendo suya la fundamentación contenida en dicho informe. sin que el recurrente (que en su solicitud de evaluación reflejó que el campo científico que correspondía a sus investigaciones era el núm. de 10 de mayo. 24. 120.1 CE (en relación con el art. doctrina que resulta aplicable al caso. ya que explica por qué el órgano judicial decidió confirmar las resoluciones administrativas. conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable a la evaluación de la actividad investigadora y a la doctrina sentada en casación en interés de Ley por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 1996 sobre la motivación de las resoluciones de la CNEAI. mediante un número limitado de Comités. Así pues. derivada del art. en cuanto a la suficiencia o insuficiencia de los méritos alegados por el demandante a efectos de la evaluación de su actividad investigadora. motivación por remisión del acto administrativo que. por todas). no sólo porque los nombramientos de los miembros integrantes de dicho Comité fueron oportunamente publicados en el «Boletín Oficial de Estado». de 31 de marzo. Ni tampoco cabe hacer desde esta misma perspectiva censura alguna a que el control judicial de la actividad administrativa no alcance a la revisión de lo que propiamente sea discrecionalidad técnica. Cabalmente. FJ 3. Derecho y Jurisprudencia). en relación con el art. órgano competente para realizar la evaluación de la actividad investigadora. que añade que no le corresponde sustituir el criterio de la CNEAI. Pág. 24. ningún reproche cabe hacer a la Sentencia desde la perspectiva de la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales.3 CE. como se ha visto. emanado en el ejercicio de su discrecionalidad técnica. FJ 5. Pues bien. de 22 de marzo. la queja del demandante no puede prosperar. TC. cve: BOE-A-2009-3325 Núm. 5. 34/1995. pues lo que no pueden hacer los Tribunales de Justicia es sustituir en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos calificadores (SSTC 97/1993.
pues dicho juicio se sitúa en el plano de la legalidad ordinaria. a veintiséis de enero de dos mil nueve. ajeno al recurso de amparo. 49	Jueves 26 de febrero de 2009	Sec. sin incurrir en arbitrariedad. ni error patente con relevancia constitucional. a su juicio. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. cve: BOE-A-2009-3325 Dada en Madrid. incluso. irrazonabilidad. Ha decidido Denegar el amparo solicitado por don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. el Tribunal Constitucional. debiendo. 26 En efecto. http://www.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm.–María Emilia Casas Baamonde. la Sala ha examinado en la Sentencia recurrida la legalidad de la actuación de la CNEAI y resulta incuestionable que el demandante ha obtenido respuesta judicial motivada y fundada en Derecho a la pretensión que dedujo en la vía jurisdiccional.–Manuel Aragón Reyes. TC. Pág. contrarios a los adoptados en supuestos similares por otros órganos judiciales. no compete a este Tribunal emitir juicio alguno sobre la corrección de la valoración por parte de la CNEAI de los méritos investigadores del demandante.boe.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X . discutibles o. Constatada la existencia de motivación suficiente y fundada en Derecho de la Sentencia impugnada. pero el hecho de que los razonamientos en los que se ha basado la desestimación de su pretensión sean.es	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO	D. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».–Javier Delgado Barrio. por tanto. L. no puede dar cobertura constitucional a su queja. FALLO En atención a todo lo expuesto. rechazarse la pretendida vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa a la Sentencia. Esa respuesta le ha sido desfavorable al demandante.–Firmado y rubricado.
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