Source: http://fasipp.org.ar/index.php/noticias/176-fasipp-denuncia-a-la-jueza-lopez-vergara-y-al-jefe-de-gobierno-porteno-por-el-operativo-en-el-congreso-nacional
Timestamp: 2018-03-17 14:24:39+00:00

Document:
FASIPP denuncia a la jueza López Vergara y al Jefe de Gobierno Porteño por el operativo en el Congreso Nacional
Córdoba – Nuestra secretaria general Adriana Rearte realizo en nombre de la entidad una denuncia penal en los Tribunales Federales de esa provincia contra la jueza López Vergara y el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larretta y el Ministro de Seguridad Ocampo. (VER VIDEO Y DENUNCIA COMPLETA).
Nuestra dirigente fue entrevistada por el periodista Jose Ravalli (@JoseRavalli) en el Canal 8 en el programa “Veni Mañana” que se emite a dirio de 9 a 12. En ella Rearte señalo a los funcionarios como pasible incursos en los presuntos delitos son señalados como los de “abuso de autoridad, abandono de persona, violación de los deberes de funcionario publico” para Rodriguez Larretta y Ocampo y en el caso de la magistrado el delito de “prevaricato”
Esta claro a nuestro entender que no solo no se garantizaron debidamente las condiciones de trabajo del personal en el operativo del lunes pasado en la Plaza del Congreso Nacional sino que ademas se actuó con desapego a las mínimas normas de seguridad excediéndose en el caso de la magistrada de sus atribuciones y facultades de una manera ilegal.
Rearte fue acompañada y asistida técnicamente por Dra Mariana Montalto, prestigiosa y joven profesional del foro local que mensuro los aspectos tecnicos y decidio apoyar nuevamente a los trabajadores en sus legitimos derechos.
Texto completo de la denuncia:
FORMULAN DENUNCIA PENAL
Córdoba 22 de Diciembre del años 2017, quien suscribe Sra. Adriana Sandra Rearte D.N.I .Nº 18732224, con domicilio real en calle Ucrania 493 Planta Alta Dpto. 2 de B° Altos de Gral. Paz, y domicilio legal Calle Asturia 3185 Barrio Urquiza. En mi carácter de Secretaria Gral de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) y como ciudadana comprometida. Me Presento y digo:
Que en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a interponer formal denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público abandono de persona (segunda acción), y prevaricato, contemplado en el artículo , 248,251 , 106, 269 y 271 del Código Penal, y/o de otros ilícitos penales cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación, que habrían sido cometidos por parte de Sra. Jueza PATRICIA G. LOPEZ VERGARA a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 C.A.B.A, El Sr Jefe de Gobierno Porteño HORACIO RODRIGUEZ LARRETA, Ministro de Seguridad de CABA Sr MARTIN OCAMPO y Personal Policial Superior y Jefes, a cargo de la Superintendencia de Operaciones a Cargo del despliegue Preventivo de Seguridad policial, a fin de garantizar el normal desarrollo de la sesión legislativa en Honorable Cámara de Diputados del día 18/12/2017 en horas de la mañana, como así también se debía resguardar los Bienes Públicos y Privados de alrededores a dicho Inmueble.
De la constancia de las actuaciones a su cargo se podrá cotejar un accionar deliberado, arbitrario y parcial en la interpretación de las Normas, como así también en resguardar los Derechos de algunos para desconocer por completo normas que establecen la Igualdad para todos los integrantes de la República Argentina, de inclinar la sana critica racional en la interpretación de los Derechos en forma PARCIAL, OBVIANDO CONCIENTEMENTE el DEBER, de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, que incluye integrantes de la Institución Publica de Seguridad que más allá de las Obligaciones y Deberes a los que están sujetos, a la muestra de la concienzuda realidad que se viviría en relación a los hechos sociales que se desmenuzaran a infra, no se dudó!!, en poner en desamparo y martirizar a personal que, debía cumplir con su deber en situaciones que claramente lo pondrían en desventaja, en una carnicería orquestada como RESGUARDO DE DERECHOS DE GRUPOS de personas, cuyas intenciones ya se habían manifestado claramente, que más allá de la EXCUSA DE LAS PROVOCACIONES, las cuales desde el punto de vista de quien se trate,, se definirá a subjetividad, claramente quedo evidenciado que las personas con intención de manifestar se unían en protesta para atentar deliberada, organizada y dolosamente sobrepasando los límites de sus derechos, y cometiendo faltas contravencionales gravísimas, y uno que otros delitos claramente demostrados el día 14/12/2017, en similares condiciones que aquellas por las cuales luego se ROGARIA POR MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS, nadie puede alegar desconocer que se plasmaron aquel día en atentado contra las personas, contra la propiedad, contra el Orden Publico, la Administración publica (y rozaron creemos nos) contra los poderes públicos y el orden constitucional.
Pero así también se vio el desmanejo, de quienes por Cargos Políticos y de acuerdo a las normas especiales son los responsables primeros por el correcto funcionamiento de la Institución Policial, en ordenar y controlar las acciones de sus integrantes, pero también por velar en la seguridad personal de los hombres que la integran, para que cuando su labor sea desarrollada conforme a los preceptos constitucionales y dentro de los marcos regulatorios vigentes, (Aquellos mismos que PROHIBEN Y SANCIONAN SEVERAMENTE cualquier cuestionamiento particular o en grupo a órdenes y disposiciones superiores, ante objeciones que en el servicio puedan vislumbrar sean perjudiciales claramente para el servicio o su existencia) no se inmutaron con una resolución Judicial que claramente pondría desventaja de número humano, de pertrechos y capacidades físicas para contener el DESMADRE QUE SE VENIA PREGONANDO REALIZAR POR TODO TIPO DE MEDIO, y de FACIL ACCESO A INFORMARSE de ello , no se utilizaron herramientas que las leyes otorgan para cuestionar resoluciones judiciales, no se realizaron protocolos inmediatos a disponer en caso que dicha resolución judicial sea notoriamente perjudicial y comenzase a atentar contra la vida y seguridad de las personas a su mando, dejándolos solo a la buena de DIOS y a esa extraña AURA y sentimiento que une y hermana a los hombre que abrazan la vocación policial con amor al respeto de normas legales para defender Derechos y Bienes ajenos, pues solo ellos, aquellas almas atormentadas en el fragor de los inadaptados que desaíran la reglamentación de los derechos y avanzan cual horda de primates sin sapiencia o de sujetos sin respeto por la salud de un hermano compatriota, quedaron solos a su inmediato reflejo de supervivencia para cumplir la misión asignada.
Y para finalizar, aquellos que también por cuestiones políticas reciben el título de superiores y jefes policiales , cuando asumen los cargos de Mandos y deben ORDENAR Y VELAR para que la misión asignada siendo investidos y remunerados separadamente por ejercer responsabilidades funcionales para guiar a sus hombres en cumplimiento de los mandatos, pero sin ofrecer a sus hombres en holocausto de sacrificio en nombre del respeto a la ley, desde los lugares que ocupan, tranquilos, lejos del sabor de la adrenalina y la sangre, no advirtieron en tiempo y forma el desamparo en que caían sus hombre, negando reiteradamente el empleo de armas anti tumulto que pudiese equiparar la lucha física, o al menos dar distancia para cuidar a sus hombre, pues en esas directivas que se daban ante el requerimiento de los encargados de grupos que veían y sentían en carne propia el desamparo y la inferioridad, jamás se fundamentó el porqué la negativa a las suplicas y requerimientos de sus subalternos, solo el objetivo mezquino de cuidar el cargo, su puesto, aparentemente fue el fin primordial de dejar a sus subordinados en una carnicería que también se evidenciaba en imágenes y relatos de todos tipo.
Las conductas a investigar corresponderían a funcionarios públicos, por lo que corresponde la intervención de la justicia federal, circunstancias de las que he tomado conocimiento en oportunidad del ejercicio de mis funciones, y del conocimiento público mediático, de redes sociales y testimonios de víctimas, respecto de las cuales tengo el deber de denunciar en mi carácter Dirigente, y ciudadana, conforme lo prescribe el art. 177, inc. 1º, C.P.P.N...
II.- LOS HECHOS:
1.- El accionar deliberado de la Jueza, VERGARA, el jefe de Gobierno , su Ministro y oficiales Superiores y Jefes de la Policía de la Ciudad los cuales fácilmente se podrá individualizar en la investigación. Para analizar las conductas desplegadas, resulta necesario remontarse al inicio, con la solicitud ante el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 6 cuando se presentan como Actores con demanda, los Sres. Diputado Nacional Mariano Recale y Diego Bruno Martínez como miembro de Directorio ATE capital, para solicitar medidas autosatisfactivas a los fines de garantizar y resguardar Derechos de los concurrentes a la que sería una manifestación en contra del Proyecto ( en ese entonces) de ley conocido como Reforma Previsional y que se debatiría en el honorable Congreso de la Nacion-Camara de Diputados para el dia 18 de Diciembre del año 2017 en horas matutinas, pues según uno de los fundamentos de sus actores, en la manifestación previa, que se generó el día 14/12/2017, cuando en la Cámara de Diputados se intentó sesionar para tratar por primera vez ese proyecto, (la cual fue suspendida en respeto a la violenta revuelta y represión que se generaba en los alrededores del Congreso Nacional) se hubiere instalado a su entender un despliegue de seguridad, ALTAMENTE PROVOCADOR Y DE CERTERA ACCION QUE IMPEDIA EL NORMAL GOCE DE DERECHOS RECONOCIDOS CONSTITUCIONALMENTE.
2.- La señora Jueza posteriormente dicta una Resolución otorgando medidas satisfactorias a favor de los actores y de toda persona que el día mencionado se presentase como manifestante en contra de dicho proyecto. Alli se inicia un claro sentido que se aleja de la diligencia exigida a la autoridad Judicial, no promoviendo diligentemente el criterio ante la notoria solicitud en dicha demanda a permitir acciones contrarias a ley, (contravenciones y Delitos), pues en la primera parte de su Resolución, la Jueza Vergara, resalta el pedido de actores, cuando expusieron: que por informaciones (que no citan fuentes), toman conocimiento que tempranamente habrá un operativo de CONTROL a cargo de AGENTES DE TRANSITO dependientes del Ministerio de Espacio Público del FLUJO VEHICULAR, pero la queja también es que se instalarían vallas perimetrales en accesos a la redonda del Congreso de la Nación como una contención al premonitorio corolario que se avecinaba, luego de ver lo sucedido el día 14; en la página 3 de la resolución demuestran el claro conocimiento de lo manifestado por dirigentes de la Organización Barrio de Pies, que claramente manifiestan Cortar accesos a la ciudad para no permitir el normal tránsito de los ciudadanos, (dando entender que serán una especie de peaje selector de quien puede transitar por esos lugares, autoimpuesto en ese poder) por lo que resulta IRRISORIO que una jueza abale lo expuesto en una demanda donde se evidencia que se cometerán en nombre de USUFRUCTUAR DERECHOS RECONOCIDOS, una serie de HECHOS CONTRARIOS A LA LEY, Y TAMBIEN RECONOCIDOS EN LA NORMA SUPREMA, pero para decorar definitivamente lo absurdo, en la Resolución se EXPONE LA QUEJA MANIFIESTA Y OBJETIVA, PUES LOS AGENTES DEL ORDEN UTILIZARIAN LA LEY CONTRAVENCIONAL 451 de la CABA a los fines de controlar en donde evidentemente y con pleno conocimiento se utiliza para brindar protección, una fuente ilegal de queja a la constitucional en dicho caso de la Norma Provincial o municipal, por lo que se evidencia una intencionalidad de resolver, en contra de disposiciones vigentes y aplicables, y permitiendo ademas que en la demanda que analizaba, deslizaba la autorización a no ejecutar leyes y que le incumbe hacer respetar por su posición, pues ese incumplimiento al mandato legal no encuentra sustento legal alguno, demostrando que no se cae en un simple error de obviar que la ley se debe cumplir, sino desobedece y permite que otros crean que es un derecho desobedecer lo que la norma, 451, manda, prohíbe o no autoriza( Nuñez Ricardo tratado VII pag73) quedando claramente el conocimiento que la señora jueza tenia de la solicitud que se le hacía siendo un instrumento necesario para que otros desoigan las leyes.
3.- En la parte final de su resolución, la Jueza Ordena en su punto 5-Ordenan al GCBA (Ministerio de Justicia y Seguridad) que el personal policial no lleve armas d fuego (conf. Art 99º de ley 5688)…de lo cual surge la liviandad en el análisis que se realizó de la ley o la acertada parcialidad que se realizó de la misma, solo en favor de los Derechos de los Actores, y haciendo interpretación falsa y de significados distintos a los que se le dio en la Resolución. Claramente el artículo en mención reza en su segunda parte: No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes. Así claramente y no pudiéndose fundar en Reglamentación vigente de dicho artículo, se desprende claramente que hace alusión solo a una parte de integrantes de posibles operativos que POR LA FUNCION A DESARROLLAR, CLARAMENTE ESATRIAN EN CONTACTO CERCANO O DE CUERPO A CUERPO CON LOS MANIFESTANTES. Aunque aquel vallado al perímetro del congreso que los actores denunciaron como avasallador de Derechos fundamentales, se Compenetraría claramente a evitar que los manifestantes atenten contra integridad física de los policías dispuestos para el operativo seguridad, y ello con motivo de evitar el contacto físico de ellos con los manifestantes en la misma ley también sin reglamentar el Art 97 dice.- Para hacer uso de la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una previa advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o resultara inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso.
La fuerza directa se ejercerá en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia previa u otros medios de persuasión empleados por el funcionario del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La fuerza directa se utilizará en la medida estrictamente necesaria, idónea para su fin y siempre que no le infligiera al infractor un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar.
Demostrando una CONTRARIEDAD parcial y dejando ciega otra parte de la norma que correspondía aplicar a favor de los demandados. muchos fallos de Jueces fueron dejando precedentes que la falta de Reglamentación de una ley sea excusa válida para no hacerla cumplir o que se tomen las medidas pertinentes para hacerla cumplir, especialmente los Derechos que aquella otorga. Pero cuando la falta de reglamentación dispone EXIGIR y HACER CUMPLIR Deberes y Obligaciones, el cuadro se sensibiliza y por ende se debería tomar recaudos, para que un error o dolo no lleven a los que deben cumplir con lo ORDENADO a una situación que premonitoriamente, dados los antecedentes del dia 14/12/17, claramente se los pondrá en un estado de estigmatización, apto para ser dañado, cosificado y vulnerado en Derechos que poseen las personas, pues más allá de su función laboral o de servicio, los policías encuadran en la definición de la RAE con categoría de Ser Humano, para la sociología como Sujeto social, para el léxico jurídico como sujeto de derecho y para los tratados internacionales con mismo nivel que nuestra Suprema Ley, como Humanos con Derechos.
La cuestión de resolución también muestra contradicción y parcialidad, cuando interpreta Normas internacionales para avalar enviar a una manifestación que se evidenciaba de virulencia, exaltación y de descontrol en los potenciales manifestantes, que demostró un despreciable grado de interés al riesgo físico y de vida, al que se expondría al personal policial al ordenarle ir desarmado de todos los medios homologados a contener los desmanes, mas allá de la propia arma de fuego letal, y que paradójicamente es la razón de ser del policía, única diferencia con un integrante más de la sociedad, pues si su Señoría advierte, en su mayoría de las leyes orgánicas policiales, se los define como “INSTITUCION CIVIL ARMADA….” Estos que desarmados por completo por la interpretación jurisdiccional de forma discrecional, se vieron bajo el indómito ataque de elementos contundentes, proyectiles de todo tipo y tamaño, elementos altamente inflamables, inventos caseros cortantes y punzantes algunos que otros morteros con elementos que utilizan la pólvora como iniciador y explosivo, que unido a otros elementos solidos los transforma en armas quizás más letales de aquellas prohibidas a las FFSS, dado que certeramente cualquier elemento utilizado impropiamente y que intente dañar o matar, es un ARMA con todas sus letras.
Buscado en todos y cada uno de los organismos de Derechos Humanos, sus protocolos y manifestaciones de Tratados de Derechos Humanos, invocado por la jueza VERGARA permiten certeramente expresar que el desarme por completo de las FFSS que actuaran ante manifestaciones populares, sea una RECOMENDACIÓN informada. El 7mo congreso de N.U para prevención de Delitos y Tratamiento de delincuentes, en Veronna Italia, convino los elementos a tener en cuenta, para trabajar sobre la limitación de uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios que deben HACER CUMPLIR LA LEY…su resolución Nº 14 expone tendencias a respetar los DDHH y utilización de los medios de fuerza, pero jamás invoco el desarme de los funcionarios ; El manual “Para entender la labor policial” de Amnistía Internacional de editorial Amnistía Internacional 2006 autor Anneke Osse, protocoliza y recomienda a Estados en aspectos policiales, otorgando en su página 121cap.5 uso de la fuerza por parte de la policía, donde protocoliza pasos a seguir para utilizar las armas de fuego que utilizan los policías, más JAMAS SU DESARME COMPLETO. Pero otra consideración de su pagina 135 último párrafo expone, consideraciones tácticas al uso de la fuerza policial con los materiales que se dota a la policía, y define “materiales” no solo las armas, y equipos protectores, bastones, perros, caballos etc.” Así también distintos protocolos y recomendaciones de distintas Organizaciones hacen hincapié en la utilización racional y escalonada de la Fuerza que emplee la policía en sus múltiples funciones para hacer respetar la ley pero nunca en desarmar a los integrantes de las fuerzas de seguridad., se avizora en la fundamentación de los actos expuestos en su resolución por parte de la Jueza VERGARA una subjetivación de las normas a fines de favorecer a los actores y sus requisiciones, cuando la acción del integrante del poder judicial en un Estado Democrático es ser tutor de los Derechos de los habitantes, como definió el PUNTO EXACTO QUE JUSTIFICA EL RIESGO ACEPTABLE PARA LA POLICIA.
El Hecho fundado para la Resolución se basó exclusivamente en la protección de los Derechos de los manifestantes y de los llamados Defensores de los Derechos (definidos en informe C.I.D.H 31/12/15) a los fines de poder evitar una posible conculcación de Derechos fundamentales como ser: La vida, integridad física y libertad de expresión, a manifestar y reclamar a las autoridades, fundando su fallo en CONVENCION Americana de Derechos Humanos Art 13; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art 19; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre Art 4, Declaración Universal de los Derechos Humanos Art 19. Pero extrañamente la Jueza olvido interpretar, y hacer notar a los actores y que ellos recordasen a sus “PROTEGIDOS” el Art 22º primera parte de la Constitución Nacional, la D.A.DyD H. art 33º; P.I.D.CyP art 19º inc. 3 a) y b); C.A.D.H pacto San José Costa Rica art 32º segunda parte, con énfasis en los expuesto cuando en dicha resolución solo se limita a una “mirada e invitación de reflexión” que los defensores y líderes de agrupaciones gremiales, debían agotar la persuasión y llamar a su cauce, ante posibles desmanes que desvirtúen el ejercicio de los derechos consagrados, liviandad total cuando uno de los actores, días antes se los pudo ver en innumerables canales de televisión, en medio de la muchedumbre desenfrenada junto a otros diputados, desobedecer la contención de seguridad policial, y arengar a traspasarlos y copar violentamente el Recinto legislativo, singular reflexión que para ser justo se debió ordenar en la sentencia misma, para que tuviese poder de Orden y así equiparar las responsabilidades que se veían venir en diversas acciones violentas.
4.-Pero no todo se emparenta solo con la actuación jurisdiccional, sino que también las responsabilidades deben ser compartidas pues al notar el Artículo 4°.- La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados. Ley de seguridad publica 5688. Los mandos políticos, sin intentar al menos recurrir con las herramientas que la ley otorga, aceptando ciegamente una orden que “suda” arbitrariedad, connota un acuerdo propuesto para atentar contra los a la defensa, integridad y la vida de todos los policías que el estado pondría en un operativo de seguridad que no recurriendo y permaneciendo impávido cuando desde su función podría haber actuado a derecho y quizás las cuestiones no hubiesen derivado en más de 80 efectivos policiales, con lesiones físicas de las tres categorías penales.
5.-cuanto a los mandos policiales, los cuales inmediatamente luego de conocer lo Ordenado, deberían haber planificado un protocolo, de urgencia en actuación según los desbordes que se fueran originando, ante su injustificable desconocimiento que se derivaría en un juego macabro de ver cuánto tolerarían sus subordinados ante una horda desenfrenada de proyectiles, y armas impropias, cuyas acciones de estos mandos los hicieron exponer a un sacrificio sin la utilización de sus “materiales” provistos para realizar su función, sin importar que los que mandaban a el operativo, debían actuar de forma no convencional, sobre aquellos preceptos en los cuales fueron encaminados y adiestrados, inermes sus superiores, quienes desde lugares privilegiados, lejos de la adrenalina y fragor del combate medieval que se desarrollaba en el teatro de operaciones desoían las suplicas y requerimientos de refuerzos y de utilización de materiales anti tumulto, solo se dignaban a decir, “la superintendencia aun no aprueba la utilización de material, aguanten mientras puedan” desgano de responsabilidad manifiesta como se escucha en los audios propios de la frecuencia policial de comunicación entre los jefes de grupo, avasallados por los manifestantes y los Superiores que no les interesaba la salud ni la vida de sus hombres, dando atroces y disparatadas ordenes que los hombres en el teatro de operaciones debían acatar ciegamente.
III.- PETITORIO:
1. Tenga por formulada la presente denuncia.
2. Me cite a ratificarla.
3. Se investiguen los hechos denunciados, se indague a los responsables de los mismos, dicte sus procesamientos y oportunamente, se eleve la causa a Juicio Oral.
Proveer de conformidad que,
SERA JUSTICIA.-
Adriana S Rearte
Sec. Gral. Fasipp
DNI: N° 18732224
Te: 3513258852
C:P 5000
FASIPP Noticias

References: resolución 
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 Artículo 4