Source: https://www.scribd.com/document/17176702/Doc5-Ley-Trans-Par-en-CIA-Funcion-Publica
Timestamp: 2018-12-15 14:24:50+00:00

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Ley de transparencia de la función pública: garantizando el acceso a la información
Documento de Trabajo Nº 5 Agosto, 2008
I. Introducción _______________________________________________________ 4 II. Ámbito de aplicación de la ley _________________________________________ 5 III. Transparencia Activa________________________________________________ 5 IV. Principios del Derecho de Acceso a la Información _________________________ 7 V. Excepciones al derecho de acceso a la información. ________________________ 8 VI. Plazos de la reserva _______________________________________________ 10 VII. El Consejo para la Transparencia_____________________________________ 11 VIII. Del procedimiento para requerir información ante los órganos de la Administración del Estado ______________________________________________ 13 IX. Del amparo del derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia _______________________________________________________ 14 X. Del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones _____________________ 14 XI. Infracciones y Sanciones ____________________________________________ 15 XII. Vigencia de la ley _________________________________________________ 15 XIII. Alcances del fallo del Tribunal Constitucional __________________________ 15 Conclusiones ________________________________________________________ 20
Portada: Imagen de archivo Shutterstock © Capítulo Chileno de Transparencia Internacional Santiago, Chile. Agosto, 2008. Registro de Propiedad Intelectual N° 173134
2 | Ley de transparencia de la función pública: garantizando el acceso a la información
En este documento de trabajo se analizan todos los aspectos de la recién promulgada Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a Información de la Administración del Estado. Esta ley establece que la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración son públicos, aunque se señalan algunas excepciones que justifican la reserva de ciertos documentos. Además, se crea el Consejo para la Transparencia, que será un órgano autónomo, especializado y dotado de capacidad sancionatoria, para la fiscalización de la observancia de la ley.
This report analyzes all aspects of the recently promulgated Law of Transparency of the Public Service and Access to Information of the State’s Administration. This law establishes that the information elaborated with public budget and all other information created by the Administration’s agencies is public. Even though the law includes some exceptions, these are indicated to justify that some information will remain in reserve. In addition, the Council for the Transparency or Transparency Board will be an independent authority with sanction powers for the control of the observance of the law.
3 | Ley de transparencia de la función pública: garantizando el acceso a la información
En el marco del reconocimiento constitucional del principio de transparencia, recientemente recogido por nuestra Constitución Política 1 , en virtud del cual se consagra a nivel de derecho interno el derecho fundamental de acceso a la información, y del cumplimento de lo establecido en la condena impuesta a nuestro país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile” 2 , en enero de de 2008 el Congreso Nacional aprobó la primera ley de acceso a la información pública, lo que constituye un hecho relevante en el proceso de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de rendición de cuentas de la función pública. Al respecto, la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a Información de la Administración del Estado (LAI) 3 establece que la información debe ser pública, señala las excepciones que justifican su reserva, identifica los procedimientos de acceso a la información y las sanciones aplicables en el caso de su denegación injustificada. Asimismo, crea, y este es el aspecto más destacable, el Consejo para la Transparencia, como un órgano autónomo, especializado y dotado de capacidad sancionatoria, para la fiscalización de la observancia de la ley. La citada ley consagra el principio de transparencia señalando que este “consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley” y en su virtud, “los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos”. La norma amplía correctamente el concepto de información pública, desde el momento que señala que toda información “elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, es pública, a menos que esté sujeta a las excepciones establecidas por esta ley o por ley de quórum calificado (L.Q.C). 4
1 El artículo 8º de la Constitución Política establece que “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 2 En Septiembre del año 2006, la Corte condenó al Estado de Chile a “adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (párrafo 7 de su parte resolutiva). 3 Ley Nº 20.285 4 Artículos 4 y 5 de la LAI
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II. Ámbito de aplicación de la ley
Las normas aprobadas en la LAI obligan a todos los órganos de la Administración del Estado 5 y a las empresas del Estado. El artículo 2º de la ley señala las instituciones y organismos que deben regirse por estas normas de transparencia: los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. No obstante la amplitud de su cobertura, en sus disposiciones transitorias la LAI, distinguiendo según el caso, restringe su ámbito de aplicación para la Contraloría General de la República, Banco Central de Chile, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Justicia Electoral, respecto del carácter excepcional del secreto y la reserva en el acceso a la información, el principio de transparencia activa y los principios del derecho de acceso a la información y establece un procedimiento especial de reclamo por la denegación de acceso a información ante la Corte de Apelaciones, excluyendo la competencia del Consejo para la Transparencia. Respecto de las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, estas también se regirán por el principio de transparencia, estableciendo un régimen especial de transparencia activa y obligándoseles a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros, o en su caso, a la Superintendencia a cuya fiscalización se encuentran sometidas, la misma información a que están obligadas la sociedades anónimas abiertas de conformidad con la ley Nº 18.046. Finalmente, en relación a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, los tribunales especiales y el Congreso Nacional sólo se aplican ciertas obligaciones en materia de transparencia activa, sin establecer procedimientos o mecanismos de solicitud de información, ni de reclamo en caso de denegación.
III. Transparencia Activa
Reconociendo las asimetrías de información que existen entre el Estado y los ciudadanos, el legislador ha consagrado el deber de los órganos de la Administración del Estado de mantener a disposición permanente del público, un conjunto de información relevante para la fiscalización pública de su gestión. Esta información debe publicarse de manera sistematizada en sus sitios electrónicos y deberá ser actualizada mensualmente. El artículo 7º establece la obligación de los órganos del Estado de mantener permanentemente a disposición del público la siguiente información: 1. La estructura orgánica del órgano. 2. Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos.
5 Aquellos que señala el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.
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3. El marco normativo que les sea aplicable. 4. La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. 5. Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras. 6. Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos concursales. 7. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 8. Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. 9. El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas 6 de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. 10. Los mecanismos de participación ciudadana. 11. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva ley de presupuestos de cada año. 12. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan. 13. Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. El principio de transparencia activa que deben observar los órganos de la administración permitirá a los interesados “cruzar” la información entregada por la autoridad con otras fuentes de información que se puedan obtener a partir de la institucionalidad normativa que se vaya desarrollando en materia de transparencia y probidad. Esto posibilitará a los interesados desarrollar un control ciudadano de la gestión pública a partir de la información obtenida. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el legislador ha establecido dos métodos: 1) Encomienda a las reparticiones encargadas del control interno de cada órgano el velar por su observancia; 2) El Consejo para la Transparencia resolverá los reclamos por su incumplimiento y aplicará las sanciones respectivas, junto con fiscalizar su obediencia. 7
En lo que se refiere a la publicidad de las nóminas de los beneficiarios de programas sociales, en resguardo de su intimidad y privacidad, la ley determina que no se incluyen “los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. 7 Artículos 8º, 47 y 49 de la LAI
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IV. Principios del Derecho de Acceso a la Información
A partir del derecho de acceso a la información de los órganos del Estado que tienen las personas, el artículo 11 de la ley efectúa un reconocimiento a una serie de principios rectores de la transparencia que resultan importantes de tener en consideración, los que junto al artículo 8 y 19 Nº 12 de la Constitución Política, constituyen para el Consejo de la Transparencia y las Cortes de Apelaciones, la principal fuente de interpretación de estas normas al momento de resolver los requerimientos por denegación de información. Estos son: i) Principio de la relevancia: se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. ii) Principio de la libertad de información: toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. iii) Principio de apertura o transparencia: toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por tanto, se invierte la carga de la prueba en favor del requirente de información, correspondiendo al órgano que deniegue su acceso acreditar la causal legal de secreto o reserva en que se funda. iv) Principio de máxima divulgación: los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. v) Principio de la divisibilidad: si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida y a su vez contiene información que debe denegarse en virtud de causa legal, se mantendrá en reserva sólo aquella parte que se considera reservada pero no al acto en su totalidad. vi) Principio de facilitación: los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. vii) Principio de la no discriminación: los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. viii) Principio de la oportunidad: los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios. Por tanto, constituirá una infracción a las normas de transparencia que el órgano requerido de información, poseyendo la información solicitada, retrase la entrega hasta el límite del plazo legal. 8
Artículo 7 letra h) en relación a los artículos 45 y 46 de la LAI
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ix) Principio del control: las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo. x) Principio de la responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los órganos de la Administración del Estado, origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que establece esta ley. xi) Principio de gratuidad: el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, sin perjuicio de lo establecido en esta ley. No obstante lo anterior, el artículo 18 de la LAI permite exigir como condición de la entrega de información el pago de los “costos directos de reproducción” y demás valores “que una ley expresamente autorice”. En relación al principio de gratuidad, resulta cuestionable la imposición de estos costos a través de una “tarifa de acceso a la información”. El principio establecido en la LAI no diferencia escalas de costos en donde la escala inferior sea cubierta por el patrimonio público. Lo que constituye un ahorro para el Estado podría generar una barrera de entrada para el ciudadano y un desincentivo al requerimiento de información. Sería razonable que parte del costo directo de reproducción sea asumido por el propio Estado y que no sea un costo asumido en su totalidad por los solicitantes. 9 Una adecuada interpretación del principio de gratuidad permite concluir que la razón de ser de esta norma es impedir la formación de barreras de acceso a la información, por tanto, es dable interpretar que los costos “directos” de reproducción corresponden, según el caso, al costo material de fotocopia y del papel necesario para reproducir dicha documentación, 10 toda vez que agregar otro criterio de avaluación que eleve la “tarifa por información” contravendría el principio de facilitación y de gratuidad y requeriría de una ley que expresamente lo autorice.
V. Excepciones al derecho de acceso a la información.
Sin perjuicio de la posibilidad de establecer por ley de quórum calificado (L.Q.C.) otras excepciones a la publicidad de la información de los órganos de la Administración, la LAI establece cómo únicas excepciones las siguientes: i) Cuando la información requerida pueda afectar los derechos de terceros. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la LAI, la autoridad del órgano de la Administración deberá, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, informar mediante carta certificada al o los afectados. El tercero afectado
9 Constituye un desafío para el Consejo la implementación de una plataforma tecnológica que permita la digitalización gradual de los documentos en poder del Estado, a objeto de garantizar la gratuidad en el acceso a los mismos. 10 En ese sentido se han reglamentado los costos de reproducción o “cuotas de acceso” en el derecho mexicano. El reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 51, inciso segundo, señala que “salvo en el caso de las copias certificadas, los costos (de reproducción) no podrán rebasar el de los materiales utilizados para la reproducción de la información”. Agregando que “estos costos deberán publicarse en los sitios de internet de las dependencias y entidades”.
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tendrá tres días hábiles para ejercer su derecho de oposición contados desde la fecha de notificación, oposición que debe ser presentada por escrito y “requerirá de expresión de causa” 11 . Deducida la oposición señalada, el órgano requerido estará impedido de proporcionar la información solicitada, salvo resolución en contrario del Consejo. De no deducir oposición en plazo legal, se entenderá que accede a la publicación de la información. ii) Causales de reserva o secreto. El artículo 21 de la LAI establece las únicas causales en virtud de las cuales se puede denegar total o parcialmente el acceso a información. Estas causales aplican cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte: 1) El debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2) Los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 3) La seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. 4) El interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. 5) Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política. Las causales por las cuales puede mantenerse la reserva de la información definidas en la ley son razonables y están dentro de los estándares internacionales. Sin embargo, la comprensible utilización de “conceptos jurídicos indeterminados” en la configuración de estas causales constituirá uno de los mas importantes desafíos del Consejo para Transparencia, al estar obligado a delimitar su contenido y, de haber reclamo, ello se hará, finalmente, por las Cortes de Apelaciones. La interpretación de estos conceptos
11 Estos requisitos constituyen un avance respecto de la Ley. Nº 19.653 de Probidad Administrativa, la que en su artículo 11 bis permitía la oposición sin expresión de causa
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deberá ser restrictiva por colisionar los mismos con el ejercicio de un derecho fundamental y guiada por los principios ya enunciados, en especial, los de máxima divulgación y divisibilidad. La causal Nº 1, letra c), del artículo 21 resulta particularmente vaga y potencial fuente de arbitrariedades dado que rechaza el acceso a la información cuando la atención del requerimiento “distrae indebidamente a los funcionarios”. Esta fórmula es reprochable y no puede ser interpretada bajo la errada concepción de que la protección de la eficiencia administrativa constituye un interés superior a la protección de un derecho fundamental 12 . Es importante hacer presente que la ley también otorga el carácter de secreto o reservado a los resultados de las encuestas o de sondeos de opinión encargados por los órganos de la Administración del Estado facultados para ello, hasta que finalice el período presidencial durante el cual fueron efectuados. Asimismo, la ley obliga a los órganos de la Administración a mantener un índice actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados sólo en las oficinas de atención de público. Sin embargo la ley no dispuso que este índice pudiese ser consultado en los sitios electrónicos de la administración.
VI. Plazos de la reserva
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la LAI, los actos que una ley de quórum calificado declare como secretos o reservados, mantendrán ese carácter hasta que otra ley de igual rango deje sin efecto esa calificación. Por otra parte, la referida norma establece que el plazo de reserva será de cinco años prorrogables, por una sola vez, por otros cinco años, tratándose de actos declarados secretos o reservados por el servicio u órgano que efectuó esa calificación. Sin embargo, el carácter de secreto o reservado será indefinido en materia de actos y documentos que afecten la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquellos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar: a) La integridad territorial de Chile; b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; c) d) La defensa internacional de los derechos de Chile, y La política exterior del país de manera grave.
12 Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, pronunciándose sobre la admisibilidad de las excepciones a la libertad de expresión y acceso a la información, entrega un estricto test de tres requisitos, que esperamos sean considerados por el Consejo y las Cortes; primero, toda restricción deben establecerse por ley y “en forma precisa”, lo que asegura el conocimiento del ciudadano, disminuye los errores en los requerimiento de información y restringe la arbitrariedad administrativa; segundo, deben responder a un fin legítimo; y en tercer lugar, la restricción debe ser “necesaria” para asegurar esos fines, es decir, que el acceso a la información dañe sustancialmente o perjudique seriamente un interés protegido. Por tanto, cuando en la revelación exista un interés superior al de su reserva, deberá primar el carácter público de la información. (Lingens v. Austria, 8 de julio de 1986, solicitud Nª 9815/82, EHRR 407, párrafo 39-40).
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Los documentos en que consten los actos cuya reserva haya sido declarada por LCQ y aquellos respecto de actos cuya reserva o secreto haya sido declarada por un órgano de la Administración del Estado, deben guardarse en condiciones que garanticen su preservación, otorgándole la ley un plazo de 10 años a estos últimos.
VII. El Consejo para la Transparencia 13
i) Institucionalidad El Título V 14 de la LAI establece el Consejo para la Transparencia. Este organismo colegiado tiene el carácter de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo del Consejo es promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. La dirección y administración superiores del Consejo corresponderán a un Consejo Directivo integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios del Senado 15 16 . El sistema de nombramiento de los consejeros tiende al equilibrio entre los poderes políticos en la composición del Consejo y su legitimación democrática. Sin embargo, la sola aplicación de este sistema no es garantía suficiente de independencia y tampoco de experiencia y capacidad técnica, cuestiones esenciales al momento de sentar jurisprudencia sobre vacíos normativos y la delimitación de los “conceptos jurídicos indeterminados” que puedan observarse con motivo de la aplicación de la ley. De allí la importancia y responsabilidad que le cabe, tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo, en la selección de los miembros del Consejo, de manera de poder contar con integrantes que garanticen autonomía en el ejercicio de sus funciones, una capacidad técnica de excelencia que permitan el cumplimiento de los objetivos de esta ley y una respetabilidad social que lleve al cumplimiento espontáneo de sus resoluciones. La ley dispone que los consejeros puedan ser removidos por la Corte Suprema ya sea a solicitud del Presidente de la República, de mayoría simple de la Cámara de Diputados o a petición de diez diputados, por razones de incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Las resoluciones del Consejo estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio, el Consejo se entiende legalmente constituido una vez que este organismo tenga su primera sesión. 14 El Título V de la LAI establece el marco regulatorio aplicable al Consejo para la Transparencia (artículos 31 al 44 de la LAI). 15 Los consejeros percibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 unidades de fomento por mes calendario. El Presidente del Consejo percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un Subsecretario de Estado. 16 Las personas que desempeñen funciones directivas en el Consejo serán seleccionadas mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que regulan los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública sobre la base de una terna conformada por el Consejo de este último organismo.
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ii) Incompatibilidades para ser consejero De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de la LAI, no pueden ser consejeros: i) los diputados y los senadores; ii) los miembros del Tribunal Constitucional; iii) los Ministros de la Corte Suprema; iv) los consejeros del Banco Central; v) el Fiscal Nacional del Ministerio Público; vi) las personas que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, este cargo es incompatible con las funciones ministro de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, alcalde, concejal, consejero regional, miembro del Escalafón Primario del Poder Judicial, secretario y relator del Tribunal Constitucional, fiscal del Ministerio Público, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator, miembro de los tribunales electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores, miembro de otros tribunales, funcionario de la Administración del Estado y miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos. iii) Funciones del Consejo Las funciones y atribuciones del Consejo, de acuerdo a lo que señala el artículo 33 de la ley, son las siguientes: 1. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. 2. Resolver los reclamos por denegación de acceso a la información. 3. Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información. 4. Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación. 5. Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información. 6. Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. 7. Realizar actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información. 8. Realizar actividades de difusión e información al público. 9. Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información. 10. Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que tengan carácter secreto o reservado. 11. Velar por la protección de datos de carácter personal.
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Es importante hacer presente que varias de estas funciones manifiestan la relevancia del Consejo, pues lo erigen no sólo como un órgano de fiscalización de la ley sino también como una entidad dotada de potestades normativas y resolutivas, todas las cuales deben destinarse a la protección del derecho de acceso a la información. Sin embargo lo anterior, en el ámbito de las potestades normativas del Consejo y que se indican en el numeral 4 más arriba, es importante considerar los alcances del fallo del Tribunal Constitucional 17 , el cual estableció que las normas generales que dicte el Consejo en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, no son vinculantes para los organismos constitucionalmente autónomos, como es el caso de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Tribunal calificador de Elecciones. Estos órganos sólo deberán “considerar” 18 la opinión del Consejo al momento de dictar su normativa interna para dar cumplimiento a esta ley. Respecto del Banco Central de Chile, la misma consideración de autonomía constitucional de esa entidad sirvió de fundamento para la declaración de inconstitucionalidad de la disposición que obligaba al Banco Central a adoptar las normas que dictase el Consejo, tal como se expresa en el acápite XIII de este informe.
VIII. Del procedimiento para requerir información ante los órganos de la Administración del Estado 19
Toda solicitud de información a los órganos de la Administración del Estado debe ser formulada por escrito o por sitios electrónicos. Una vez requerido, la autoridad del órgano administrativo deberá, en el plazo de veinte días hábiles 20 , prorrogables excepcionalmente por otros diez días, pronunciarse sobre la solicitud, accediendo a ella o denegándola. En caso de ser incompetente para ocuparse de la solicitud derivará ésta a la autoridad competente e informará al peticionario. De acceder a la solicitud, la información se entregará en la forma establecida por el requirente y deberá certificarse su entrega, no pudiendo imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las que estipule la ley. En caso de denegar su acceso, sólo podrá hacerlo por causa legal, por escrito, fundadamente y especificando la causal invocada.
17 Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 1051, de fecha 10 de julio de 2008, en el marco del control de constitucionalidad ejercido por dicho organismo respecto de la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información de la Administración del Estado. 18 “Pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 19 Artículos 12 a 19 de la LAI. 20 De acuerdo a lo que establece esta ley, días hábiles o plazos de días hábiles es aquel establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.
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IX. Del amparo del derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia 21
Vencido el plazo que dispone el órgano de la administración para pronunciarse sobre el requerimiento o denegada la petición de información, el requirente, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución denegatoria o al término del plazo antes referido, tendrá derecho a reclamar directamente ante el Consejo para la Transparencia por el amparo de su derecho de acceso a la información, señalando la infracción cometida, los hechos que la configuran y acompañando los medios de prueba que la acreditan. Si el requirente tuviere un domicilio fuera de la ciudad asiento del Consejo, podrá presentar su reclamo en la respectiva gobernación. El mismo procedimiento de reclamación se seguirá en los casos de incumplimiento de los deberes de transparencia activa. El Consejo notificará a la autoridad reclamada y al tercero afectado, si lo hubiere, mediante carta certificada, los que en el plazo de 10 días hábiles deberán presentar sus descargos adjuntando los antecedentes y medios de prueba de que dispusieren 22 . El Consejo deberá resolver el reclamo dentro de quinto día hábil de vencido el plazo para presentar descargos o de la fecha de la audiencia de prueba, si la hubiere, pudiendo: a) Ordenar se otorgue la información: fijando un plazo prudencial para su entrega y, de estimarlo pertinente, señalar la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario por incurrir en alguna de las infracciones establecidas por esta ley y aplicar sus sanciones; b) Declarar el carácter secreto o reservado de la información.
X. Del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones 23
Contra la resolución del Consejo y dentro de los quince días siguientes a su notificación, el peticionario, el tercero afectado que entabló oposición o el órgano de la administración, podrá presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, solicitando se revoque o modifique su resolución, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que formula. Excepcionalmente, los órganos de la Administración del Estado no podrán recurrir ante la Corte en aquellos casos en que el Consejo ordene el acceso a la información al órgano que la haya denegado fundado en la causal de que la publicidad de la información afecta “el debido cumplimiento de las funciones del órgano”. No procederá recurso alguno en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. De acoger el reclamo de ilegalidad por la denegación del acceso a la información, fijará un plazo prudencial para su entrega, pudiendo señalar la necesidad
Artículos 24 a 27 de la LAI. El Consejo, facultativamente, podrá fijar audiencia para recibir antecedentes y exponer las pruebas. 23 Artículos 28 a 30 de la LAI.
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de iniciar un procedimiento disciplinario por incurrir en alguna de las infracciones establecidas por esta ley.
El legislador, en consecuencia con el principio de responsabilidad, ha tipificado, en el Título VI de esta ley, las siguientes conductas de la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano de la Administración 24 , como constitutivas de una infracción a las normas de transparencia, sancionándolas con una multa a beneficio fiscal de 20% a 50% de su remuneración: i) la denegación infundada del acceso a la información; ii) la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución firme. Además, en caso que el requerido persistiere en su actitud se duplicará su sanción y se le suspenderá del cargo por un lapso de cinco días; iii) el incumplimiento injustificado de las normas de transparencia activa. El Consejo será el órgano encargado de aplicar las sanciones, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Sin embargo, el Consejo podrá incoar a la Contraloría General de la República iniciar el sumario señalado y establecer las sanciones que corresponda.
XII. Vigencia de la ley
Esta ley entrará en vigencia a los ocho meses después de publicada en el Diario oficial, con la excepción de vigencia especial prevista para efectos de la primera integración del Consejo para la Transparencia, la que debe producirse a los 60 días a partir de la fecha de publicación de la ley.
XIII. Alcances del fallo del Tribunal Constitucional
a) El carácter no vinculante para los organismos constitucionalmente autónomos de las normas generales dictadas por el Consejo para la Transparencia. La LAI, al regular las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia señala, en su artículo 33, letra d), que le corresponde al Consejo “dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación”.
24 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º, número 1, de la LAI, se entiende por autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: a la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior del servicio a nivel nacional.
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En razón de lo anterior, la LAI incorporó una serie de modificaciones a los cuerpos normativos de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y el Banco Central de Chile, con el objeto de que dichas entidades, para efectos de la dictación de las normas e instrucciones necesarias que a estas les corresponden, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la LAI, consideraran o bien adoptaran, según el caso, las normas generales que al efecto dicte el Consejo para la Transparencia. Tratándose de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones, respecto del ejercicio de las facultades que a estos organismos le competen en el establecimiento de las referidas normas, el legislador utilizó el siguiente lenguaje: “…considerando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia…” Si bien el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de las normas que contienen el citado lenguaje, ese tribunal expresó que tal declaración se da en el entendido de que las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, no son vinculantes para los organismos más arriba indicados puesto que, de otro modo, se afectaría la autonomía que la Constitución Política reconoce a estos 25 . Respecto del Banco Central y la facultad que a esta entidad le compete en el establecimiento de dichas normas e instrucciones, el legislador utilizó un lenguaje distinto, disponiendo la siguiente redacción: “…adoptando para tal efecto las normas generales que dicte el Consejo para la Transparencia…” Siguiendo la misma interpretación de autonomía que el Tribunal manda observar respecto de los organismos que tienen el carácter de autónomo, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la parte de norma antes citada, señalando “que al utilizar el término “adoptando” -gerundio de “adoptar” (…) la norma del proyecto recién transcrita lleva implícita la idea de que el Banco Central debiera acatar las normas generales que dicte en la materia un órgano que forma parte de la Administración del Estado: el Consejo para la Transparencia”, contrariando el carácter autónomo constitucional de este órgano del Estado, consagrado en el artículo 108 de la Constitución Política de la República. De la lectura de los respectivos considerando del fallo, es posible observar con claridad el propósito del Tribunal Constitucional por proteger la autonomía constitucional de los órganos del Estado, efectuando una interpretación extensiva de la misma, la que se refleja en el deber de garantizar su autonomía en una triple dimensión: organizativa, institucional y normativa.
25 El Considerando trigésimo séptimo dispone respecto de la Contraloría General de la República lo siguiente: “la necesidad de respetar cuanto se deriva de la naturaleza autónoma que la Carta Fundamental ha asignado a ciertos órganos del Estado como la Contraloría General de la República, autonomía que se proyecta en una triple dimensión: organizativa, institucional y normativa. La referida autonomía implica, precisamente, que cada uno de estos ámbitos de acción no puede estar supeditado, en su ejercicio, a órganos que se relacionen, aunque sea en forma indirecta, con las labores de gobierno y administración propias de la función ejecutiva”. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional reproduce esta interpretación de autonomía respecto del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones en los considerando cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo del fallo.
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Esta interpretación ha servido para declarar no solo el carácter no vinculante de las instrucciones del Consejo para la Transparencia, sino que también para declarar que no es aplicable el procedimiento de reclamo ante la Corte de Apelaciones que dispone el Artículo Noveno de la LAI, por las denegaciones de información en que incurra el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral “toda vez que dichos órganos jurisdiccionales especializados se rigen por sus propios estatutos constitucionales” (…) “por lo cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 82 de la Carta Fundamental, están al margen de la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema 26 . Por consiguiente, no resultaría constitucionalmente admisible que sus resoluciones o determinaciones queden sujetas al escrutinio de un tribunal ordinario de justicia, subalterno de la Corte Suprema, como es una Corte de Apelaciones” 27 . Sin perjuicio del carácter obligatorio que tienen las interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional de la autonomía que debe ser observada respecto de los órganos constitucionalmente autónomos, resulta interesante para la discusión doctrinal los argumentos planteados por los Ministros Sres. Hernán Vodanovic Schnake y Jorge Correa Sutil en su voto disidente a la declaración de constitucionalidad “con entendido” del Artículo Noveno más arriba señalado. En ese sentido ambos ministros señalaron que ninguno de los distintos estatutos que el proyecto de ley establece para los órganos constitucionalmente autónomos vulnera la Constitución Política 28 . Pues, si bien sujetarlos al control heterónomo de otro órgano del Estado “irá en desmedro de su autonomía, no les afecta en el cumplimiento de aquellas funciones que les son propias y que la Carta Fundamental les encarga”. Así, “[l]a autonomía constitucional exige que estos órganos estén en condiciones de ejercer sus funciones constitucionales con plena independencia y libres de injerencias de terceros. En esas materias, cualquier sometimiento a la superintendencia de otro poder sería inconstitucional. Sin embargo, tal autonomía no equivale a una autarquía absoluta en todas sus decisiones y ciertamente no se contrapone a que la Constitución y la ley puedan establecer, dentro de límites, un control inter-órganos, en materias que no sean las propias de su competencia constitucional o esencial”. A lo que debe agregarse que esta “limitación a la autonomía persigue, a su vez, una finalidad que también tiene jerarquía constitucional, como es la transparencia, bien que aparece instituido entre las bases esenciales del ordenamiento jurídico chileno. Los poderes colegisladores han decidido que el valor de la transparencia debe alcanzarse aun a costa de que órganos constitucionalmente autónomos se sometan a un control externo, en esta sola materia y con los alcances ya referidos” Resulta interesante el desarrollo de los argumentos expresados por los ministros disidentes, ya que estos se enmarcan en el espíritu que tuvo el legislador para someter a estos órganos al control externo de las Cortes de Apelaciones y, en especial, al establecer el deber de los mismos de “considerar” las instrucciones generales del Consejo para la Transparencia.
26 El procedimiento de reclamo ante las Cortes de Apelaciones se encuentra consagrado en el ARTÍCULO NOVENO, inciso tercero, de la LAI. 27 Ver considerando cuadragésimo sexto del fallo citado 17 supra. 28 Al iniciar su exposición, los disidentes cuestionan el inexplicable y desigual tratamiento que el legislador realizó entre; por una parte, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y los tribunales que forman la justicia electoral, sometiendo a éstos al control de las Cortes de Apelaciones frente a los reclamo de la ciudadanía por la denegación de información; y por otra parte, el tratamiento dado al Congreso Nacional y al Poder Judicial, los que no se encuentran sujetos a control alguno.
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Sin perjuicio de las limitaciones al ámbito de aplicación de la LAI que ésta normativa señala, al no hacer aplicable al Congreso Nacional ni Poder Judicial procedimiento alguno de reclamación por sus denegaciones de información, y a pesar de las limitaciones establecidas por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que excluyó a dicha institución y a los tribunales que conforman la justicia electoral de la competencia de las Cortes de Apelaciones, no deberían considerarse agotadas las vías jurídicas para garantizar el acceso a la información. Al menos en el ámbito doctrinario, es posible señalar que encontrándose reconocido el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental de la persona humana, tanto por la jurisprudencia nacional como internacional 29 y, en el caso de Chile, contenido en la Constitución Política en su artículo 19, número 12, derecho que es susceptible de la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política, es dable concluir que esta acción constitucional sigue siendo una herramienta procesal posible de invocar cuando el derecho de acceso a información sea privado por cualquier autoridad o funcionario que no se encuentre sujeto al procedimiento establecido en el LAI y que deniegue su acceso de manera arbitraria o ilegal (sin ajustarse a las causales de excepción constitucional del artículo 8º). En consistencia con lo anterior, se debe tener presente que todo “órgano del Estado”, sujeto o no a la LAI, en virtud del principio de supremacía constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución, deberá someter su acción al mandato del artículo 8º, inciso 2. Es decir, deberá dar plena publicidad a sus actos y resoluciones, así como a sus fundamentos y los procedimientos que utilicen y sólo podrán denegar la información en la medida en que concurran los siguientes requisitos copulativos: 1) que la reserva de la información sea establecida por una ley de quórum calificado; y 2) que la publicidad de la información afectare el debido cumplimiento de
29 La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de acceso a la información. Así lo ha reconocido unánimemente la doctrina constitucional como la jurisprudencia nacional, particularmente, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que “es posible afirmar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma explícita– como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas…”. Y en ese mismo sentido, ha señalado que “el derecho a acceder a las informaciones que obran en poder de los órganos del Estado forma parte de la libertad de expresión que, entre nosotros, se encuentra consagrada en el artículo 19 Nº 12 de la Carta Fundamental”, agregando que en sentencias previas “este mismo Tribunal ha sostenido que la libertad de informar incluye “el derecho a recibir informaciones” (Sentencia Rol Nº 226, de 30 de octubre de 1995, considerando 20º)” Sentencia Rol Nº 634-2006, de 9 de agosto de 2007, “Lean Casas Cordero, Carlos Eric con Director Nacional de Aduanas”, Considerando 9º En igual sentido se ha manifestado la jurisprudencia internacional, la que categóricamente ha sentenciado que este derecho pertenece a la orbita de los derechos humanos, como lo consagra el artículo 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos al referirse a la libertad de pensamiento y expresión y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado (…) Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto” Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Claude Reyes y Otros vs. Chile”, del 19 de Septiembre del año 2006.
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las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación y el interés nacional. b) Sobre el control de legalidad de la Contraloría General de la República a los actos del Consejo para la Transparencia. El artículo 43 de la LAI, en su inciso quinto, señala que “el Consejo estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas”. El Tribunal declaró la constitucionalidad de este inciso “en el entendido de que esta limitación a las facultades que se confieren a la Contraloría General de la República, en la norma transcrita, deja a salvo el control amplio de legalidad que confiere a este órgano el artículo 98, inciso primero, de la Carta Fundamental, en lo que fuere procedente.” 30 A partir de la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional, resulta necesario determinar qué debe entenderse por la frase “dejar a salvo el control amplio de legalidad” de la Contraloría General de la República sobre los actos del Consejo para la Transparencia, toda vez que el mismo Tribunal ha declarado la constitucionalidad del inciso sexto del artículo 43, que excluye del trámite de toma de razón las resoluciones del Consejo para la Transparencia 31 . Tal como ha sido señalado por el mismo órgano contralor 32 , el control de juridicidad de los actos de la administración se desarrolla principalmente a través de los siguientes mecanismos: el control de legalidad preventivo, a través del trámite de toma de razón, el control de legalidad ex-post y los dictámenes y oficios que conforman la llamada jurisprudencia administrativa.
30 Artículo 98, inciso primero, de la CPR: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”. 31 Al respecto es ilustrativa la sentencia del 4 de marzo de 2008, Rol Nº 103231, a la que hace alusión el considerando en análisis, la que en sus considerandos 16º y 17º sostiene que, a pesar de que el artículo 46 del proyecto en examen (que crea el sistema de pensiones) establece que la Superintendencia de Pensiones estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República “exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”, dicho precepto estaría conforme con el inciso primero del artículo 98 de la CPR “en el entendido que no excluye el ejercicio del control de legalidad de los actos de la administración, en lo que fuere procedente, con sujeción a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 99 de la misma Constitución Política”. Artículo 99, inciso primero, de la CPR: “En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara”. 32 Informe de la Contraloría General de la República sobre el Proyecto de Reforma Constitucional en materia de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política, que entre otras materias modificaba el artículo 98 de la Constitución Política, sobre funciones de la Contraloría General de la República, presentado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la H. Cámara de Diputados con fecha 10 de Diciembre de 2007.
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En razón de lo anterior, es posible plantear como observaciones sobre esta materia lo siguiente: i) Que el Consejo para la Transparencia, en tanto órgano de la Administración del Estado, estará obligado por los dictámenes interpretativos de la norma administrativa que elabora Contraloría y, ii) Que la exención que establece la ley del trámite de toma de razón de las resoluciones del Consejo, sólo debe entenderse una exención del control de legalidad ex-ante, no así del control de legalidad ex-post, por cuanto el órgano contralor siempre podrá reparar en la ilegalidad del acto al ejercer este último control.
La incorporación de esta ley en nuestro sistema jurídico constituye un paso importante hacia el establecimiento de una institucionalidad normativa en materia de transparencia y probidad. La existencia de un organismo de carácter autónomo y técnico, como el Consejo para la Transparencia, llamado a garantizar el derecho de acceso a la información, a través de la fiscalización del cumplimiento de las normas de esta ley, la promoción del principio de transparencia y publicidad que deben observar los órganos de la Administración, debería reducir las asimetrías en el acceso de la información, fortalecer el empoderamiento del ciudadano sobre la gestión de sus gobernantes y, consecuentemente, fortalecer la democracia. Los desafíos futuros para el Consejo requerirán de la mirada aguda de la sociedad civil. Su conformación y autonomía, especialmente, presupuestaria, serán determinantes para su futuro desempeño aportando la base técnica sobre la cual se deberá diseñar e implementar políticas públicas que faciliten al ciudadano el acceso a la información. Por último, también constituye un desafío, más allá de lo resuelto por el tribunal constitucional, el que los órganos constitucionalmente autónomos garanticen de manera efectiva el acceso al derecho a la información, pudiendo observar las instrucciones generales del Consejo para la Transparencia en el establecimiento de las normas que les permitan dar cumplimiento adecuado a la LAI en las materias que le son aplicables.
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 Artículo 99
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