Source: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2011/refc20111021.htm
Timestamp: 2013-06-18 05:07:28+00:00

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La Moncloa. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
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REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.
REAL DECRETO por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.
REAL DECRETO por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre.
REAL DECRETO por el que modifica el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
REAL DECRETO por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 194.924.098,64 euros.
ACUERDO por el que se solicita al Consejo de Estado la emisión de dictamen, en el plazo máximo de 9 días, sobre el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para proceder a la firma de dos encomiendas de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para la elaboración, fabricación y prestación de servicios industriales y técnicos para la producción y puesta a disposición de las libretas de pasaporte electrónico y del Documento Nacional de Identidad electrónico.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para contratar el servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público y la prórroga del servicio de limpieza de los edificios de la sede central del Departamento en el complejo Cuzco.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la firma de la adenda al Convenio suscrito el 18 de noviembre de 2008, entre el extinto Ministerio de Vivienda y la Entidad Pública Empresarial del Suelo, para el plan de construcción de 600 viviendas protegidas en Melilla.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para la contratación de varios servicios del citado Departamento.
ACUERDO por el que se autoriza la pérdida del carácter de fundación del sector público estatal de la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU BBVA).
ACUERDO por el que se autoriza la pérdida del carácter de fundación del sector público estatal de la Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña para realizar emisiones de bonos y obligaciones (programa de emisiones de bonos y obligaciones) y concertar préstamos en el interior y el exterior, hasta un importe máximo de 3.000.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de la objeción de España a la reserva formulada por Singapur en el momento de la adhesión al Convenio Internacional contra la toma de rehenes.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 300.000.000 de euros al Banco Europeo de Inversiones.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 12.000.000 de euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 9.475.000 euros a la Iniciativa de Financiación Internacional a favor de la Inmunización.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 6.000.000 de euros al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 5.000.000 de euros a la Facilidad para la Compra de Medicamentos.
ACUERDO por el que se autoriza la participación de España en la Iniciativa Mesoamericana de Salud y el pago de 4.500.000 dólares en 2011 al Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de Fideicomisario para la Iniciativa Mesoamericana de Salud.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 4.000.000 de euros al Fondo Español de la Organización Panamericana de la Salud.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 3.000.000 de euros a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de de 2.500.000 de euros al Fondo Español en la Organización de Estados Americanos.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 2.000.000 de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 1.925.000 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 1.000.000 de euros al Ministerio de Cooperación Internacional de la Republica Árabe de Egipto.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 398.278,08 euros al Instituto de Crédito Oficial.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 350.000 euros al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact).
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 300.000 euros al Fondo para la consolidación de la paz de la Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 150.000 euros al Grupo de Trabajo sobre integridad financiera y desarrollo económico.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 100.000 euros a la Comisión Europea para la elaboración del Informe Europeo de Desarrollo.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 100.000 euros al Foro Global sobre Migración y Desarrollo.
ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de 29 de julio de 2011, por el que se autoriza el pago de 15.000.000 de euros y 7.000.000 de dólares USA, a fondos fiduciarios del Banco Mundial.
ACUERDO por el que se autoriza el pago de 4.600.000 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
REAL DECRETO por el que se modifica la planta judicial del partido judicial de León, en ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan parcialmente determinados artículos del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de magistrado en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de juez de adscripción territorial.
REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
ACUERDO por el que se declara la utilidad pública y la urgente ocupación, de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa como consecuencia de las obras de AENA AEROPUERTOS, S.A. "Aeropuerto de Alicante, imposición de servidumbres de paso de energía eléctrica para la acometida desde la subestación de Iberdrola al aeropuerto", en el término municipal de Elche.
Trabajo e Inmigración
REAL DECRETO por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
ACUERDO por el que se concede a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la explotación, en régimen de gestión directa, del segundo múltiple digital especificado para su ámbito territorial en el anexo II del Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, aprobado por el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio.
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
REAL DECRETO por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.
ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras de abastecimiento de agua a Ourense.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en la cúpula de la entrada de la sacristía mayor de la Catedral de Santa María de Tortosa (Tarragona).
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en el Castillo de Torralba de Sisones (Teruel).
ACUERDO por el que se formalizan para el ejercicio 2011 los criterios objetivos de distribución así como la distribución resultante, de créditos por importe de 21.000.000 euros, entre comunidades autónomas para la financiación del Programa de mejora de la calidad en la atención de pacientes polimedicados y continuidad del Programa de formación continuada en uso racional del medicamento para facultativos del Sistema Nacional de Salud.
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Infraestructuras Deportivas a D. ALFONSO LUENGO ÁLVAREZ-SANTULLANO .
Política Territorial y Administración Pública
REAL DECRETO por el que se nombra Director General de Cooperación Local a D. MANUEL JULIO SÁNCHEZ SENN .
REAL DECRETO por el que se nombra miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales a D. JUAN JESÚS VIVES RUIZ.
REAL DECRETO por el que se nombra Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios a Dª MARÍA DOLORES VAQUERO GARCÍA .
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a D. JORDI JANÉ I GUASCH.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a D. JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA.
Las personas que hayan participado en programas de formación antes de la entrada en vigor del Real Decreto podrán suscribir un convenio especial que les permita el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación. Quienes lo hubieran hecho con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto podrán suscribir un convenio especial que les permita el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años.
El Real Decreto establece que las personas inmersas ahora o con anterioridad en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, financiados por organismos públicos o privados, que incluyan prácticas formativas que conlleven una contraprestación económica para los afectados, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. Los becarios deberán acreditar su condición mediante certificación expedida por los organismos o empresas que los financien.
Mismas reglas que en los contratos de formación y aprendizaje
La afiliación se extenderá desde la fecha del inicio al cese de la actividad del participante en el programa de formación. La cotización se realizará aplicando las mismas reglas establecidas para los contratos de formación y aprendizaje, en lo que se refiere a contingencias comunes y profesionales, así como por formación profesional, establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No deberán cotizar por contingencia por desempleo ni al Fondo de Garantía Salarial.
A estos efectos, la empresa u organismo que financie el programa de formación tendrá la condición de empresario y asumirá los derechos y obligaciones fijados para éstos en el Régimen General de la Seguridad Social. Los becarios tendrán la misma cobertura que los afiliados a dicho Régimen General, excepto en la protección por desempleo.
Las personas que hubieran participado en programas de formación con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto podrán suscribir un convenio especial, por una única vez, que les permita el cómputo de cotización por los períodos durante los que fueron becarios, tanto en España como en el extranjero, hasta un máximo de dos años. Para acogerse a este convenio especial el interesado deberá acreditar el periodo de duración de los programas de formación en los que hubiera participado. Sólo se tendrán en cuenta, a estos efectos, los dos últimos años.
La base de cotización por el convenio especial estará constituida por la base mínima de cotización vigente en el Régimen General de la Seguridad Social en el período que corresponda, a la que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77 por 100. Podrá solicitarse la suscripción del convenio especial hasta el 31 de diciembre de 2012. En este caso, el importe total de la cotización se podrá abonar en un pago único o de forma fraccionada, en un número de meses igual al doble de los que se formalizan en el convenio.
Los becarios que se encuentren en la situación de tales a la entrada en vigor del Real Decreto se incorporarán al Régimen General a partir de esa fecha, para lo cual los organismos o empresas que financian el programa de formación deberán solicitar su inscripción como empresa y la apertura del código de cuenta de cotización.
El pago de cotización correspondiente al mes de noviembre de 2011 podrá ingresarse, sin recargo e interés de demora, hasta el 31 de enero de 2012.
Entre cien mil y doscientos mil beneficiarios
El Gobierno estima que actualmente puede haber alrededor de treinta mil personas en situación de becarios en el conjunto de universidades, fundaciones y otros organismos que conceden este tipo de ayudas a la formación. Asimismo, se estima entre cien mil y doscientos mil el número de personas que pueden optar a firmar el convenio especial por haber tenido la condición de becarios anteriormente.
APROBADO EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Desarrolla la norma para mejorar el funcionamiento del mercado del suelo y hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además eventuales prácticas especulativas.
Por primera vez en la historia se dota al urbanismo español de un reglamento con los criterios de valoración del suelo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desarrolla dicha norma, tal y como establecía su Texto Refundido, para mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo.
El ámbito de aplicación de la Ley del Suelo y, por tanto, de este Reglamento no es cualquier valoración o tasación de inmuebles, sino que sólo se aplicará en supuestos de reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas, así como en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Dada la complejidad técnica que acompaña a la valoración inmobiliaria, el texto incorpora metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas matemáticas específicas, con el objetivo de introducir el mayor rigor en las valoraciones, eliminando márgenes de error derivados de la inexistencia de dichas fórmulas.
Por primera vez en la historia del urbanismo español se le dota de un desarrollo reglamentario de los criterios de valoración de inmuebles con el objetivo de obtener el valor más justo en cada supuesto de aplicación e incorporar mayor transparencia en el conocimiento de las técnicas valorativas y mayor seguridad jurídica, derivada de esa transparencia.
Dentro de su contenido cabe destacar los siguientes aspectos:
- El desarrollo de los métodos de valoración, de acuerdo con el criterio de estimar cuantitativamente el valor de sustitución de los inmuebles por otros similares en la misma situación, sin consideración, por tanto, de las posibles expectativas urbanísticas. Ello queda desarrollado de la siguiente manera:
En el suelo rural, se abandona el método de comparación, no sólo porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad, sino también porque con ello se eliminan elementos especulativos en la valoración de estos suelos. Ello no implica que no se tengan en cuenta factores importantes que, sin considerar las citadas expectativas urbanísticas, influyen en el valor de este suelo. Se trata del factor localización, cuya necesaria pormenorización en cuanto renta de posición y como factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra, se contiene específicamente en este Reglamento.
En el suelo urbanizado se establecen métodos de valoración que dan lugar a tasaciones de los inmuebles siempre actualizadas y equivalentes a las que podrían obtenerse, mediante el método de comparación, en el propio mercado. La aplicación de dicho método se extenderá a los inmuebles existentes sobre estos suelos.
- La sustitución en los suelos rurales de la renta de la tierra por la renta de la explotación, tal y como demanda una economía moderna y avanzada, en la que estos suelos y la propia agricultura, enmarcada en la Política Agraria Comunitaria, ofrecen una amplia gama de tipos de explotación. A ello se une el desarrollo de las posibilidades de la renta potencial, que permitirá incluir en la valoración la mejora tecnológica y económica ligada a la modernización, así como la totalidad del valor potencial productivo del territorio rural.
- La utilización de criterios basados en información del mercado para la valoración de los inmuebles en situación de urbanizados. El método de comparación con el mercado, que ya formaba parte de la legislación anterior, ahora se acomoda plenamente al cumplimiento del objetivo previsto por la Ley de Suelo de que se tenga en cuenta el levantamiento previo de las cargas urbanísticas que correspondan por parte de sus titulares, así como también el previo cumplimiento de los respectivos deberes.
REGULADO EL FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE
Su objetivo es impulsar la actividad económica mediante actuaciones de las empresas españolas en los sectores asociados a la lucha contra el cambio climático y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero.
Adscrito a la Secretaria de Estado de Cambio Climático, el Fondo refuerza la participación de España en los mercados de carbono.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, que está destinado a ser una herramienta de apoyo a la transformación del sistema productivo español en un modelo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando la actividad de las empresas en los sectores asociados a la lucha contre el cambio climático mediante la adquisición de créditos de carbono. De este modo, se contribuye al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones asumidos por España.
La Ley de Economía Sostenible introdujo en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear aquellas condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Entre estas medidas, el artículo 91 de la Ley crea un Fondo para la compra de créditos de carbono adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, cuyo funcionamiento se regula en este Real Decreto.
Transparencia y buena gestión
El Fondo incrementará la transparencia y buena gestión de los recursos públicos invertidos en los mercados de carbono, fortaleciendo la coherencia de las decisiones con los objetivos del Gobierno en la política de lucha contra el cambio climático. Estará gestionado por un Consejo Rector, presidido por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, que establecerá las prioridades, tanto para las actuaciones relacionadas con los mercados internacionales de carbono, como para las que se realicen en el territorio nacional, promoviendo la reducción adicional de emisiones de gases de efecto invernadero más allá de lo establecido en la normativa sectorial.
Con este Fondo el Gobierno de España, al igual que han hecho otros países de la Unión Europea, se dota de un instrumento eficiente para dar continuidad a su participación en los mercados de carbono, lo que permite aprovechar las oportunidades que éstos ofrecen, no sólo para contribuir al logro por parte de España de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino para promover nueva actividad en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático.
APERTURA DE DATOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Se regula la reutilización de la información pública, que favorecerá la creación de nuevos productos y servicios en el sector de contenidos digitales y contribuirá a la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas.
Con esta nueva regulación, España se sitúa al nivel de países de vanguardia en la apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, al tiempo que se favorece el crecimiento del sector de las empresas que reutilizan información, que facturó entre 550 y 650 millones de euros en 2010.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público, para el sector público estatal.
El objetivo del Real Decreto es situar a España al nivel de países de vanguardia en esta materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, con lo que se favorece la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y se contribuye a la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas, como principio básico de la democracia.
Además, se potencia el crecimiento del sector infomediario (empresas que reutilizan información) en España, que desarrolla nuevos productos y servicios mediante la reutilización de la información pública y que ha alcanzado en 2010 un volumen de negocio que se sitúa entre 550 y 650 millones de euros, dando empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores.
El Real Decreto da respuesta a las necesidades de desarrollo normativo detectadas tras los primeros años de vigencia de la Ley sobre reutilización de la información del sector público, en el curso de la implementación del Proyecto Aporta (www.aporta.es). En este sentido, el Real Decreto detalla para la Administración General del Estado las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.
Información potencialmente reutilizable
El sector público produce información que es potencialmente reutilizable por los ciudadanos y por la industria de contenidos digitales, como, por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica, turística y sobre educación.
El Real Decreto precisa las obligaciones de las Administraciones y organismos del sector público estatal para promover la reutilización de la información. En particular, autoriza con carácter general la reutilización de la información disponible en la Administración General del Estado y define las responsabilidades en materia de reutilización de la información en cada organismo público, siendo plenamente respetuosa con la normativa de protección de datos personales.
El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el marco del Proyecto Aporta (www.aporta.es), que permite acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública, en principio, en el ámbito de la Administración General del Estado.
En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas y serán aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.
En definitiva, gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública desarrollan desde el año 2009 el Proyecto Aporta, que promueve una cultura de reutilización de la información en el ámbito de la Administración pública. Desde su puesta en marcha ha llevado a cabo diferentes actuaciones de concienciación e impulso de la reutilización, a través de jornadas de formación y conferencias.
A lo largo de 2009, 2010 y el primer semestre de 2011, han participado en estos eventos de difusión más de ochocientas personas de todos los sectores implicados, consiguiendo aumentar el interés por la reutilización de la información del sector público. Asimismo, el portal www.aporta.es se ha constituido como punto de encuentro entre todos los interesados en la reutilización de la información del sector público, en particular, a través de su blog y sus herramientas web 2.0.
AUTORIZADOS PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
El Consejo de Ministros ha autorizado veintiuna contribuciones a diversos organismos internacionales por importe total de 352.898.278 euros y 4.500.000 dólares, con cargo al Fondo de Promoción del Desarrollo.
Contribuciones reembolsables
En torno al 85 por 100 de estas contribuciones (300.000.000 euros) tendrá carácter reembolsable y se destinará al Banco Europeo de Inversiones para realizar inversiones en agua y saneamiento, energías renovables, eficiencia enérgica y cambio climático, apoyo a las PYMES y la creación de empleo en los países de la cuenca sur del Mediterráneo. El objetivo fundamental es revitalizar el tejido socio-económico de estos países y evitar el riesgo de estancamiento económico a corto plazo, que conlleva todo proceso de transición democrática.
La contribución tiene una duración limitada de quince años, contados a partir del año 2012. El año 2026 será el año límite para reembolsar a España el importe resultante de la liquidación de las inversiones realizadas a través de la contribución. En la medida en que la financiación está destinada también a promover la eficiencia energética y las energías renovables, ese componente contará como Contribución Española al "Fast Stara" (financiamiento rápido) sobre cambio climático.
Contribuciones no reembolsables
En cuanto al resto de las contribuciones, todas ellas con carácter de donación, ponen de relieve el compromiso de España con los siguientes ámbitos:
Acción Humanitaria: para el cumplimiento de este propósito se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 29 de julio de 2011, manteniendo el compromiso para la reconstrucción de Haití y Afganistán (siete millones de dólares y cinco millones de euros, respectivamente) y la ayuda a Etiopía (cinco millones de euros).
Lucha contra el hambre y promoción del desarrollo rural en los países en desarrollo: a este fin responden la contribución a la FAO, con un total de 4.600.000 euros.
Programas de inmunización y mejora de la salud: para su ejecución se proponen las contribuciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la Iniciativa Internacional a favor de la Inmunización, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Facilidad Internacional para la Compra de Medicamentos y al Fondo Mesoamericano para la Salud, sumando un total de 30.475.000 euros y 4.500.000 dólares.
Lucha contra el cambio climático: para la consecución de este objetivo se elevan las contribuciones a ONU HABITAT y PNUMA, por un total de 8.000.000 euros.
Fomento de la gobernabilidad, el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la paz: para el cumplimiento de este objetivo se proponen las contribuciones a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la UNESCO, a la Organización de Estados Americanos, al Grupo de Trabajo sobre Integridad Financiera y Desarrollo Económico, al Fondo de Consolidación de la Paz, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al Foro Global sobre Migración y Desarrollo, al Informe Europeo de Desarrollo y al Proceso Electoral en Egipto, por un total de 9.425.000 euros.
REGULADAS LAS COMPETENCIAS PARA LA HOMOLOGACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961. Se trata de dar validez a los documentos públicos autorizados en el territorio de España y que deban ser presentados en otro Estado (apostilla).
Con esta nueva configuración se supera la antigua división entre autoridades competentes para apostillar documentos, ya que únicamente podían emitirlos en su ámbito geográfico concreto.
Con la aplicación de las nuevas tecnologías se introduce la posibilidad de que los documentos administrativos puedan ser apostillados en soporte papel o electrónico por las autoridades competentes, con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional, en que éstos hubieran sido emitidos.
De esta forma se cumple el doble objetivo de acercar el servicio público de apostillado de documentos a los ciudadanos, evitando traslados innecesarios, a la par que se agiliza el servicio prestado, lo que redunda en una Administración Pública más eficiente y accesible.
NUEVAS NORMAS CONTABLES DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
Se refuerza la seguridad jurídica al establecer criterios específicos para estas entidades dentro del nuevo marco contable general.
Se aprueba también un modelo general de plan de actuación.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de estas entidades.
Tras la aprobación en el año 2007 del Plan General de Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las entidades sin fines lucrativos han seguido aplicando la adaptación aprobada por un Real Decreto de 1998, salvo en aquellos aspectos que de forma expresa se opusieran a los citados planes.
Las normas que ahora se aprueban establecen criterios específicos aplicables a este tipo de entidades dentro del nuevo marco contable general, con lo que contribuyen a reforzar la seguridad jurídica y a adaptar su contabilidad a las normas internacionales.
Las entidades sin fines lucrativos se caracterizan porque su actividad no va dirigida a la obtención de un lucro comercial, sino a perseguir objetivos de interés general en beneficio de la comunidad. Por ello, aunque tomen como referente el modelo contable general, ha sido necesario introducir cambios en algunos aspectos fundamentales:
En la definición de los elementos que integran las cuentas anuales no tiene sentido valorar los activos en función del beneficio económico. En su lugar, se valora que generen rendimientos aprovechables en la actividad futura, es decir, que incorporen un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la entidad, aunque no generen flujos de efectivo.
El formato de la cuenta de resultados se dirige a mostrar la variación total del patrimonio neto de la entidad en el ejercicio, como expresión de su viabilidad futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le hayan encomendado.
El presente Real Decreto aprueba también un modelo general de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, cuyo grado de cumplimiento debe incluirse en la memoria de las cuentas anuales. En este plan se han de reunir todos los datos que permitan comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos, de forma que se da una mayor homogeneidad y transparencia a la información suministrada por estas entidades.
PROLONGADO EL PLAZO DE INTEGRACIÓN COMO PERSONAL ESTATUTARIO DEL PERSONAL LABORAL HOSPITALARIO DE LA DEFENSA
El Consejo de Ministros ha acordado modificar el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.
Al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, instituciones o servicios de salud, se estableció en el año 2008 el procedimiento de integración, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa y se dispuso como fecha de conclusión del proceso de integración el 31 de diciembre de 2011.
La Red Sanitaria de la Defensa se encuentra en un proceso de adaptación a la estructura territorial de prestación de servicios sanitarios, que podría afectar a los cometidos de determinados centros hospitalarios, y, teniendo en cuenta el actual contexto económico en el que es preciso optimizar la máximo los recursos sanitarios del Ministerio de Defensa, resulta necesario prolongar el plazo para que la integración del personal concluya de forma adecuada.
Por ello, se supeditará el plazo para la integración del personal laboral, dentro del proceso de adaptación de la Red Sanitaria de la Defensa, a las necesidades organizativas y a la disponibilidad presupuestaria, y deberá concluirse antes del 1 de enero de 2013.
FUNDEU Y LA FUNDACIÓN ENTORNO, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE PIERDEN SU CONDICIÓN DE FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
El Consejo de Ministros ha autorizado la pérdida de la condición de fundaciones del sector público estatal de la Fundación del Español Urgente (Fundeu) y de la Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente, en sendos acuerdos aprobados hoy.
Estos acuerdos son continuación de las medidas que el Gobierno emprendió con el plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público, aprobado en abril de 2010, con el objetivo de incrementar su eficiencia y reducir el déficit público. En este contexto la participación del Estado en ambas fundaciones se ha ido reduciendo en los últimos años hasta dejar de ser mayoritaria.
Los acuerdos dan cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 sobre medidas de racionalización del sector público fundacional, en el que se acordó formalizar los trámites para dejar sin la condición de fundación pública estatal a ambas entidades.
INTEGRACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES Y MEDIOS TRASPASADOS A ANDALUCÍA PARA LA GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR
Con ello se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía andaluz.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 17 de octubre de 2008. Con esta decisión se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de marzo, que estimó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía andaluz, que atribuyó a la Comunidad Autónoma las competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio.
El Real Decreto aprobado hoy se dicta a propuesta de los ministros de Política Territorial y Administración Pública; Economía y Hacienda, y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Se integran en la Administración del Estado el personal funcionario y laboral, así como los puestos de trabajo vacantes traspasados en 2008, que quedarán adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En total son 848 puestos de trabajo.
También se integran los bienes inmuebles e instalaciones, la maquinaria y vehículos y otro material, así como las centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión.
La Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se subrogan en la posición de la Comunidad Autónoma en los contratos en curso de ejecución, asumiendo la totalidad de los derechos y de las obligaciones a partir del día de la entrada en vigor de este real decreto. La Comunidad Autónoma de Andalucía continuará siendo responsable de los derechos y de las obligaciones, al igual que del pago de las deudas generadas por tales contratos, con anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor.
Por último, corresponderá a la Comunidad Autónoma de Andalucía la recaudación de los derechos liquidados a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, derivados de la gestión de los servicios prestados por la comunidad, así como el pago de las obligaciones derivadas de dicha gestión.
AUTORIZACIÓN DE DEUDA A CATALUÑA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a realizar emisiones de bonos y obligaciones y concertar préstamos en el interior y en el exterior hasta un importe máximo de tres mil millones de euros.
El importe autorizado tiene por finalidad cubrir amortizaciones ordinarias a largo plazo del segundo semestre del ejercicio de 2011; por tanto, no supone un incremento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio.
La operación es conforme con los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y a cuenta del Programa Anual de Endeudamiento.
Esta operación de endeudamiento se autoriza según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley Orgánica de 2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
CONCESIÓN A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se concede a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la explotación, en régimen de gestión directa, del segundo múltiple digital especificado para su ámbito territorial.
El Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) establece que cada Comunidad Autónoma dispondrá de dos múltiples digitales de cobertura autonómica, una vez producido el cese de las emisiones con tecnología analógica. Los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma deben decidir los canales digitales de ámbito autonómico que serán explotados por empresas privadas en régimen de gestión indirecta y los que serán explotados en régimen de gestión directa por la entidad pública constituida en la comunidad autónoma para la prestación del servicio de comunicación audiovisual. En este último caso, debe solicitarse al Gobierno la autorización del Consejo de Ministros.
Dado que en Cataluña será la entidad pública autonómica (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) la encargada de explotar los cuatro canales del segundo múltiple digital autonómico, es precisa la autorización del Consejo de Ministros, que se ha concedido hoy.
21 MILLONES PARA ATENDER A PACIENTES POLIMEDICADOS Y FORMAR A PROFESIONALES SANITARIOS EN EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS
El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios que servirán de base para la distribución entre las Comunidades Autónomas de créditos presupuestarios, por importe de veintiún millones de euros, destinados a financiar el programa de atención a enfermos polimedicados y la continuidad del programa de formación en uso racional de medicamentos para profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
Los criterios de distribución de los veintiún millones entre las Comunidades Autónomas se concretan en una cantidad fija de 35.000 euros para cada Comunidad, incluyendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y el resto será repartido de forma proporcional al padrón de población del año 2010. Su distribución figura en el cuadro anexo:
El programa para la mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos y polimedicados se inició en 2009 y es gestionado por las Comunidades Autónomas. Se basa en organizar acciones específicas para la revisión sistemática de la efectividad de los tratamientos de los pacientes polimedicados que son aquellos que toman seis o más medicamentos de forma continuada durante un periodo igual o superior a seis meses.
En lo referente a la continuidad de las estrategias de formación en el uso racional de los medicamentos para los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, se dirigen a facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros.
REGULADA LA FORMACIÓN DE LOS AUXILIARES ASESORES DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS
La reforma avanza en la profesionalización de este tipo de trabajadores que intervienen en la mediación en seguros privados.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la formación de los auxiliares asesores de los mediadores de seguros.
La Ley de Economía Sostenible introdujo importantes novedades en el ámbito de la mediación en seguros y reaseguros privados. Entre otras cuestiones, incorporó la figura del auxiliar asesor respondiendo a la demanda de la industria de dotar de mayor flexibilidad a la actuación de sus colaboradores externos.
La competencia profesional de los mediadores de seguros y corredores de reaseguros, así como la de cualquier otra persona que participe en la mediación de seguros y reaseguros privados, es un elemento esencial para garantizar la calidad del servicio prestado a los asegurados. El Real Decreto aprobado hoy fija los requerimientos aplicables a los auxiliares asesores de acuerdo con las características de la actividad por ellos desarrollada y de forma proporcionada al contenido de su función.
Criterios de exigencia
El Real Decreto incorpora los criterios de exigencia de conocimientos previos para quienes deseen solicitar su inscripción como auxiliares asesores (deberán estar en posesión del título de graduado en educación secundaria o equivalente) y, asimismo, remite a la normativa sobre homologación y convalidación para el caso de títulos procedentes de sistemas educativos extranjeros, con objeto de completar el marco aplicable y posibilitar el desarrollo de la figura en el mercado.
Adicionalmente, se regulan las exigencias de formación en función de la naturaleza de la actividad y el nivel de responsabilidad de los auxiliares asesores. Así, se establece la necesidad de acreditar los conocimientos necesarios y la superación de cursos de formación o pruebas de aptitud en materias financieras y de seguros privados.
Por último, la norma, con objeto de incorporar criterios de cualificación o experiencia adecuados, aclara y determina los requisitos que habrán de cumplir las personas que pretendan ejercer como profesores de los cursos de formación o ser miembros de la comisión de valoración de las pruebas de aptitud.
APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA MODIFICACIONES DE CRÉDITO
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, por un importe total de 194.924.098,64 euros, con la siguiente distribución:
812.700,42 euros destinados a financiar una ampliación de crédito en el Ministerio de Fomento para hacer efectivo el 50 por 100 de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas dañadas por los movimientos sísmicos acaecidos el pasado 11 de mayo en Lorca (Murcia), de conformidad con las ayudas aprobadas por el acta de la Comisión Mixta de 24 de agosto de 2011 y según lo establecido en el Real Decreto Ley de 13 de mayo de 2011.
17.300.000 euros para financiar una ampliación de crédito en el Ministerio del Interior con el fin de satisfacer gastos ocasionados por siniestros y catástrofes de reconocida urgencia. La mayor parte de esta cantidad se destina a sufragar los gastos en que ha incurrido el ayuntamiento de Lorca por las actividades de emergencia realizadas en el municipio a consecuencia del terremoto acaecido en la citada población. El resto, 715.457,76 euros, se destinará a otros municipios.
176.811.398,22 euros para financiar una ampliación de crédito en el Ministerio de Defensa correspondiente a los gastos por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz durante el ejercicio 2011.
MODIFICADA LA PLANTA JUDICIAL DE LEÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la planta judicial de León, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, que deja sin efecto la creación del Juzgado de Primera Instancia número 10 y la transformación del Juzgado de Primera Instancia número 8 en Juzgado de lo Mercantil número 1, previstos en el Real Decreto de creación de unidades judiciales para 2010.
La finalidad del Real Decreto hoy aprobado es dar cumplimiento y ejecutar la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en el recurso contencioso-administrativo 341/2010, por la que se anula parcialmente y se deja sin efecto parte de los artículos 6.1.a), 8.1, 9, 10.1 y 11.1 del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se crean 16 plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año 2010 y 50 plazas de juez de adscripción territorial, así como modificar la planta judicial del partido judicial de León.
El Real Decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y su aprobación no conlleva coste económico.
ADENDA AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MELILLA
La falta de suelo adecuado obliga a modificar el calendario de inversiones.
El Consejo de Ministros ha autorizado una modificación al calendario de inversiones previsto para la construcción de seiscientas viviendas del Estado en Melilla. Aunque estas obras contaban con un presupuesto para lo que queda de 2011 y todo 2012, el actual estado de la tramitación urbanística de los solares obliga a pasar las cantidades previstas al presupuesto de 2013. El calendario total de este proyecto se prolonga, de esta manera, hasta 2017.
El compromiso adquirido con Melilla, la construcción de trescientas viviendas en suelos del Ministerio de Defensa y otras tantas en suelo aportado por la Ciudad Autónoma, ha ido avanzando tanto en tramitación como en adquisición de suelo hasta donde ha sido posible. Sepes, Entidad Estatal de Suelo adscrita al Ministerio de Fomento, ha adquirido dos parcelas de Defensa, adyacentes al cuartel Gabriel de Morales, y ha tramitado del Estudio de Detalle para urbanizarlas y edificar un total de sesenta viviendas sobre ellas. Además, elaboró y remitió en diciembre de 2010 al Gobierno de la Ciudad el proyecto de urbanización para su tramitación, y cuenta ya con la aprobación de los proyectos básicos de edificación y la licencia de obras.
El suelo del cuartel Gabriel de Morales, donde el Gobierno prevé edificar otras 240 viviendas, está aún pendiente de recalificación en el Plan General de la Ciudad. El gobierno local inició el pasado mes de marzo un proceso de contratación de los trabajos de redacción para la modificación del planeamiento que convertirá el suelo de Defensa en residencial, con el fin de que Sepes pueda iniciar los trámites para edificar en él las viviendas comprometidas.
La Ciudad debe ofrecer solares
Pero aún falta el suelo que debe aportar la Ciudad Autónoma. Hasta ahora, no ha habido ofrecimiento más que de terrenos, no aptos para la edificación de vivienda, por lo que Sepes está a la espera de que ese ofrecimiento se produzca para poder seguir adelante con las inversiones previstas.
Ante la actual situación, el calendario de inversiones ha tenido que ser modificado, ya que la tramitación pendiente puede continuar en 2012 sin que sea preciso aportar a Sepes más presupuesto. Hasta la fecha, el Ministerio de Fomento ha transmitido a Sepes para las seiscientas viviendas de Melilla un total de 25.315.840 euros. El resto, hasta sumar los 48 millones de euros previstos inicialmente para toda la operación, se aportará a partir de 2013 y hasta 2017.
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL AEROPUERTO DE ALICANTE
El Consejo de Ministros ha acordado declarar la urgente ocupación de los terrenos y utilidad pública de los bienes y derechos necesarios para incrementar la capacidad de suministro eléctrico en el Aeropuerto de Alicante, tanto para la Nueva Área Terminal como para futuras ampliaciones.
Dicho acuerdo afecta a veintitrés fincas, con una superficie total aproximada de 16.500 m2, ubicadas en el término municipal de Elche, provincia de Alicante. Unos 7.500 m2 son de servidumbre de paso para la acometida desde la subestación de Iberdrola al Aeropuerto y otros 8.800 m2 de ocupación temporal para la construcción de dos nuevas líneas de transporte de energía eléctrica desde la futura subestación transformadora de Iberdrola al Aeropuerto.
OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CATEDRAL DE TORTOSA Y EN EL CASTILLO DE TORRALBA DE SISONES
El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que se autorizan obras de emergencia en la catedral de Tortosa y en el castillo de Torralba de Sisones (Teruel).
En primer lugar se autorizan obras de emergencia en la cúpula de la entrada de la Sacristía Mayor de la catedral de Santa María de Tortosa (Tarragona). El importe total asciende a 299.998,90 euros. La propuesta de intervención consiste, básicamente, en labores de prevención estructural y reforzamiento y reparación de la cúpula. La Catedral de Santa María es Monumento Histórico Artístico desde junio de 1931.
Torralba de Sisones
Además, se han autorizado obras de emergencia en el castillo de Torralba de Sisones (Teruel), por un importe de 100.607,56 euros. La actuación en este castillo, de titularidad municipal, consiste en el refuerzo de la cimentación, la consolidación de elementos estructurales y una restauración preventiva. Todo ello estará complementado con la correspondiente actuación arqueológica.
Director General de Infraestructuras Deportivas.-
D. ALFONSO LUENGO ÁLVAREZ-SANTULLANO.
Nacido en Don Benito (Badajoz) hace 48 años, es Licenciado en Derecho y Máster en Gestión Pública Directiva, y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha ejercido diversos puestos en la Dirección General de Infraestructuras del Consejo Superior de Deportes, en el Museo Reina Sofía, en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y en el Instituto Cervantes. Desde 2009 era subdirector general de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica del Consejo Superior de Deportes.
Director General de Cooperación Local.-
D. MANUEL JULIO SÁNCHEZ SENN.
Nacido el 16 de septiembre de 1959 en Pontevedra, es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y pertenece al Cuerpo de Técnicos de Administración General de la Diputación de A Coruña.
Ha sido jefe del Gabinete de Planificación y Control de la Diputación de A Coruña y ha sido Gerente del INEF de Galicia y consejero técnico del Ayuntamiento de A Coruña. En el Ministerio de Administraciones Públicas fue asesor del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, vocal asesor de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cooperación Local, subdirector general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, consejero técnico en la Subdirección General de Relaciones Constitucionales y Cooperación Local y vocal asesor del Gabinete del Vicepresidente de Política Territorial y Administración Pública. En la actualidad era del director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Territorial.
Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios.-
Dª MARÍA DOLORES VAQUERO GARCÍA.
Nacida el 23 de febrero de 1951, casada, con dos hijas, es Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo de Inspección Sanitaria de Administración de la Seguridad Social.
En el INSALUD fue jefa del servicio de Inspección de Farmacia, del Área de Prestaciones Farmacéuticas y del Área de Inspección de Farmacia. En 2002 pasó a ocupar el puesto de jefe del área de Inspección de Farmacia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y, posteriormente, jefa del área de Inspección de Farmacia de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y en la Unidad de Apoyo a la Directora General de Farmacia. Ha sido secretaria de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y desde julio de 2008 era subdirectora general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios.

References: REAL DECRETO 

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