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Timestamp: 2018-12-15 23:27:07+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00275 de noviembre 27 de 2014
SENTENCIA 2012-00275 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN LAS RELACIONES LABORALES CUANDO LA CONTRATACIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES. SE ACLARA QUE SE ADMITE LA CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ESTABLECIDAS EN LA LEY 50 DE 1990 CUANDO SE TRATE DE LABORES OCASIONALES, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. PERO QUE SI LAS LABORES CONTRATADAS SON PERMANENTES Y PROPIAS DE LOS EMPLEOS EXISTENTES EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS SE DEBERÁ REALIZAR LA CONTRATACIÓN CON SUJECIÓN POR LAS REGLAS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES LABORALES DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO OCASIONAL, EMPLEADO PÚBLICO, TRABAJADOR DE EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
Sentencia 2012-00275 de noviembre 27 de 2014
Rad. 05001-23-33-000-2012-00275-01 (3222-2013)
Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez
Demandado: ESE Metrosalud
En los términos del recurso de apelación interpuesto por el actor, debe la Sala resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿En aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, es posible declarar la existencia del contrato realidad entre las partes cuando la vinculación del actor al servicio de la entidad demandada ha sido a través de empresas temporales de servicio?
(ii) ¿Es procedente descontar el valor de los honorarios pagados por la ESE Metrosalud al actor como contraprestación de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010?
(iii) ¿Es procedente el reconocimiento de la indemnización moratoria a favor del actor?
2.1. El principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales.
Esta corporación ha sido insistente en la aplicación del principio de prevalencia de la realidad sustancial sobre la forma y la eficacia del contrato realidad al resolver controversias que tienen que ver con relaciones laborales o legales y reglamentarias disfrazadas mediante contratos de prestación de servicios, las cuales se realizan con el principal propósito de evitar el pago de los beneficios prestacionales inherentes a las primeras.
En ese orden, la Sala ha señalado que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado(3).
La Sala(4) también ha acudido a este principio constitucional en los casos de contratación de servicios personales por medio de cooperativas de trabajo asociado para señalar que es “inaceptable que las entidades estatales en ejercicio de la función pública, celebren o ejecuten contratos con cooperativas de trabajo asociado, con el objeto de desconocer una relación laboral, lo que lleva consigo el detrimento de los derechos laborales y prestacionales consagrados a favor del trabajador”, proscribiendo los actos de intermediación laboral por parte de las cooperativas a favor de entidades del Estado que pretenden “disimular” el vínculo laboral de subordinación que en realidad subyace entre el trabajador y la entidad que se beneficia de la prestación del servicio personal.
Y en sentencia de 15 de junio de 2011, sobre la aplicación de este principio en las relaciones contractuales de servicios con terceros, la Sala(5) expresó:
“La existencia de un contrato de prestación de servicios que genere que la prestación del servicio se dé a favor de un tercero ajeno a este contrato de prestación de servicios, no impide que encontrándose reunidos los requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, en desarrollo del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores.
Acorde con el argumento precedente, en los casos en que el operador jurídico verifique que entre quien presta el servicio y la entidad donde se ejecuta están presentes los elementos de la relación laboral, esta no puede desconocerse por el hecho de que por la prestación cumplida se recibió un pago por parte de un tercero, denominado contratante, pues se debe enfatizar que precisamente esta remuneración se derivó por la labor cumplida o realizada en la entidad beneficiada a título de contraprestación del servicio”.
Bajo tal entendimiento, sostuvo la Sala que no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios, desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral, al verificarse que el pago se realizó por un tercero aparentemente solo por la labor cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado personalmente en la entidad que efectivamente se benefició de la labor, así, concluyó la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica pagada por un tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la entidad en la que se ejecutó el servicio, asuma la responsabilidad por la desfiguración del contrato primigenio y en tales condiciones la entidad beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado contratista, está en la obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del contrato de trabajo. (Resaltado la Sala).
Ahora bien, para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia(6), para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.
Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este solo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta corporación(7).
2.2. Las reglas constitucionales de protección de la relación laboral de los servidores públicos.
“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)...”.
De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).
En la Sentencia C-614 de 2009(8), la Corte Constitucional destacó las reglas de especial protección constitucional a la relación laboral de los servidores públicos, así:
“i) el ingreso y ascenso a los cargos públicos se logra, por regla general, por concurso público en el que se miden los méritos y calidades de los aspirantes (art. 125 sup.), ii) la permanencia y el retiro de la función pública en los cargos de carrera está regida por el principio de estabilidad en el empleo porque su desvinculación podrá efectuarse por calificación no satisfactoria en el desempeño del mismo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución y la ley (art. 125 de la Const.), iii) el desempeño de funciones públicas se hará, por regla general, mediante el empleo público(9) que debe aparecer en las respectivas plantas de personal de las entidades públicas (art. 123 de la Carta), iv) el cargo público remunerado debe tener tres requisitos: funciones detalladas en la ley y el reglamento, consagración en la planta de personal y partida presupuestal que prevea sus emolumentos (art. 122 de la Const.), v) por el ejercicio del cargo o de las funciones públicas, existe responsabilidad especial que será regulada por la ley (arts. 6º y 124 sup.) y, vi) para el ingreso y ejercicio de los cargos públicos existen requisitos, calidades y condiciones previstas en la ley que limitan el derecho de acceso al empleo público (arts. 122, 126, 127, 128 y 129 de la Const., entre otros)”.
Indicó la Corte que las reglas anteriores constituyen criterios imperativos que limitan no solo al legislador en su labor de regulación legal de la materia, sino también a las autoridades administrativas en relación con la vinculación, permanencia y retiro del servicio público de conformidad con la Constitución Política.
2.2.1. Limitaciones constitucionales a la utilización del contrato de prestación de servicios. La Sala ha indicado que la utilización del contrato de prestación de servicios previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los contratos de prestación de servicios personales son válidos constitucionalmente, siempre y cuando (i) no se trate de funciones propias y permanentes de la entidad; (ii) no puedan ser realizadas por el personal de planta, y (iii) requieran de conocimientos especializados; lo anterior, en aras de garantizar el respeto del derecho al trabajo, los derechos de los servidores públicos y los principios que informan la administración pública.
Así las cosas, si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir a la contratación de prestación de servicios en los casos y para los fines previstos en la referida norma, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica, como son, entre otras, el artículo 7º(10) del Decreto 1950 de 1973, la Ley 790 de 2002(11) y la Ley 734 de 2002(12), que prohíben la celebración de contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, y sancionan al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el estatuto de contratación estatal, respectivamente.
2.3. De la utilización de las vinculaciones temporales a través de las empresas de servicios temporales(13) (EST).
En la exposición de motivos de la Ley 50 de 1990 se explicó que uno de los propósitos de esta reforma laboral es proteger los derechos de los trabajadores que se están vulnerando por el abuso en la utilización de las vinculaciones temporales, en detrimento de la estabilidad en el empleo(14). En su artículo 71, dicha ley define las empresas de servicios temporales como aquellas que contratan “la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador”.
En este orden de ideas, se entiende que el objeto de las empresas de servicios temporales es suministrar a un tercero la prestación de servicios temporales o transitorios de personas naturales, frente a las cuales la EST tiene la calidad de empleador, dicho tercero es calificado por la ley como el usuario quien es “toda persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales”. (Art. 73).
Ahora bien, el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 establece los eventos de procedencia de la contratación de servicios a través de las empresas de servicios temporales EST así:
Dichas causales de procedencia se fundamentan en la intención del legislador de proteger a los trabajadores temporales con el objeto de que los usuarios no burlen sus garantías laborales cuando en realidad requieren los servicios de trabajadores permanentes.
En tal sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-330 de 1995(15), al estudiar la constitucionalidad del numeral 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 consideró que la finalidad de esta norma es “la protección de los trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes”. Del mismo modo, indicó la Corte Constitucional que las causales para la procedencia de esta figura, atienden a que el trabajo es un derecho que goza de especial protección del Estado (C.P., art. 25) y a que este tiene la obligación de proteger a las personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, en tanto “en la compleja relación empresa de servicios temporales, usuario y trabajador, la parte más débil es este último”.
Asimismo expuso la Corte que los límites trazados a la contratación de servicios temporales defienden la estabilidad en el trabajo e impiden que dicha contratación de naturaleza excepcional se convierta en la regla general.
“Fue muy claro el legislador [L. 50/90], en la ponencia para segundo debate, en señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los derechos de los trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración, prestaciones sociales y salud ocupacional; así como en la prescripción de disposiciones relativas a la constitución y requisitos para el funcionamiento de las empresas temporales, con el fin de eliminar los abusos contra esta clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de misión”; por ello, se estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a igual trabajo igual salario”, que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario del trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y que desempeñe idénticas funciones, haciendo la salvedad con respecto a diferenciales por razones de antigüedad”(16).
En criterio de la Sala, los eventos de procedencia de la contratación por empresas de servicios temporales que establece el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 restringen la posibilidad de la administración pública para contratar el desarrollo de funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, pues en caso tal, se estarían desconociendo derechos de los servidores públicos, el derecho al trabajo y los fines de la administración pública, consagrados en los 25, 53, 123 y 125.
En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-774-11, sostuvo que “cuando el usuario requiera de la contratación permanente del servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación diversa a la que se cumple a través de dichas empresas”.
Bajo estos supuestos, es claro que la Ley 50 de 1990 en su artículo 71 permite la contratación con empresas de servicios temporales, pero bajo los precisos límites del artículo 77 ibídem, motivo por el cual, al igual que lo ha expresado la Sala en los casos en que ha aplicado el principio de la primacía de la realidad para reconocer la existencia del contrato realidad, no resulta viable acudir a la contratación de empresas de servicios temporales cuando se trate del desarrollo de actividades permanentes o propias del objeto de la entidad, pues de ser así, se estarían desconociendo principios constitucionales que rigen la función pública.
Debe insistir la Sala en el deber de la administración pública de observar las modalidades de vinculación del personal al servicio público previstas en la Constitución y la ley, siendo la regla general, el vínculo laboral legal y reglamentario cuando se trata del desarrollo de funciones permanentes y propias del objeto de las entidades estatales, de manera que se respeten los derechos laborales de los servidores públicos y se garantice el interés general mediante vinculaciones con personal idóneo y permanente para el desarrollo de la función pública.
2.4. De los límites constitucionales y legales a la contratación de servicios personales con terceros en las empresas sociales del Estado.
2.4.1. Límites constitucionales. La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema general de seguridad social integral, en su artículo 194(17) dispuso que los servicios de salud en todo el territorio nacional serían prestados en forma directa por la Nación o las entidades territoriales, a través de las empresas sociales del Estado, entendidas estas como una categoría especial de entidades descentralizadas por servicios, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de origen o creación legal.
En cuanto al régimen jurídico de las empresas sociales del Estado, el carácter de las personas vinculadas a estas empresas y el régimen contractual, es de señalar que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993(18) estipula que i) las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990, y ii) que en materia contractual se regirá por el derecho privado pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, previsión que debe concordarse con el literal a) del artículo 2º de la Ley 80 de 1993(19).
Sobre el régimen laboral de los servidores públicos vinculados a las empresas sociales del Estado, el artículo en mención advierte que aquel será el previsto en la Ley 10 de 1990. En este punto, el artículo 26 de la Ley 10 de 1990 establece que la planta de personal de las empresas sociales del Estado estará conformada por funcionarios de carrera o de libre nombramiento y remoción, según el caso, a lo cual agrega en su parágrafo que “son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”. Así mismo, es de mencionar que la Ley 1122 de 2007 en su artículo 27, introdujo algunas modificaciones a la regulación de las ESE.
Ahora bien, respecto a la potestad de las empresas sociales del Estado para contratar la prestación de servicios por fuera de la planta de personal de la entidad, en Sentencia C-171-12(20), la Corte Constitucional reiteró los límites constitucionales trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o propias de la entidad, que se puedan desarrollar con personal de planta o que no requieran de conocimientos especializados, principios que constituyen el marco constitucional para la celebración de contratos de prestación de servicios por estas entidades, de los cuales la Sala destaca los siguientes:
(xii) En armonía con lo expuesto, la Corte ha reiterado la inconstitucionalidad de todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación de servicios, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual o falsear la verdadera relación de trabajo (...)”.
De acuerdo con lo anterior(21), es claro que la potestad de contratación otorgada a las empresas sociales del Estado para prestar servicios de salud mediante la contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando (i) no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, (ii) cuando estas funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o (iii) cuando se requieran conocimientos especializados, toda vez que para prestar los servicios inherentes a su responsabilidad, las empresas sociales del Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.
En este orden de ideas, en criterio de la Sala, los procesos de “deslaboralización de las relaciones de trabajo”(22), desarrollados por las empresas sociales del Estado para “disfrazar” u “ocultar” la verdadera relación laboral que subyace entre la entidad y el tercero que desempeña la labor subordinada, permanente y propia de la entidad, son inconstitucionales, porque atentan contra el derecho al trabajo, el derecho a acceder a la carrera administrativa, la permanencia y continuidad del servicio público y el respeto a los principios de la función pública.
2.4.2. Límites legales: la Ley 909 de 2004, creó los empleos temporales dentro de la función pública como herramienta organizacional que pueden utilizar las entidades del Estado para atender necesidades funcionariales excepcionales que no pueden ser solventadas con su personal de planta.
El artículo 21 de la mencionada ley dispuso:
“ART. 21.—Empleos de carácter temporal.
Se trata de empleos transitorios, creados para atender las necesidades enlistadas en el numeral 1º, que requieren para su creación la justificación técnica, apropiación y disponibilidad presupuestal correspondiente.
En este orden, considera la Sala que las necesidades de personal temporal de las entidades públicas sujetas al ámbito regulador de la Ley 909 de 2004, deben ser satisfechas mediante la creación de empleos de carácter temporal en las condiciones y con los requisitos previstos en dicha ley, cuando se trate de funciones propias de la entidad que impliquen subordinación y que no puedan suplirse con personal de planta, y no mediante el empleo de otras herramientas jurídicas como lo sería la contratación de servicios personales con terceros, en donde, casi siempre, se presentan condiciones de subordinación en el cumplimiento de las funciones contratadas, que desdibujan el vínculo, y esconden una verdadera relación de trabajo.
— La vinculación laboral del actor con las empresas temporales de servicios. En los folios 36 a 42 reposan los contratos de trabajo celebrados entre el actor y las empresas de servicios temporales Asindustria y S&A Servicios & Asesorías S.A., de los que se desprende que el señor David Alejandro Jaramillo Arbeláez fue vinculado por las referidas empresas temporales de servicios bajo la modalidad de trabajador en misión para cumplir, en las instalaciones de la empresa usuaria ESE Metrosalud, las funciones de médico general durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009.
— La vinculación del actor con la empresa social del Estado Metrosalud. En los folios 43 a 49 obran los contratos de prestación de servicios 137 de 2009 y 356 de 2010, celebrados entre el actor y la ESE Metrosalud, con el fin de prestar los servicios profesionales de médico general, durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010.
Las declaraciones testimoniales de Karla Natalia Murillo Toro y Gabriel Quiroga Quevedo dan cuenta que el actor prestó sus servicios personales a la referida ESE, a través de contratos de prestación de servicios en las mismas condiciones que los médicos de planta de la entidad, esto es, en forma subordinada, bajo el cumplimiento de un horario, turnos de trabajo y las directrices de un superior jerárquico de Metrosalud (fls. 154 a 162).
La directora operativa de talento humano de Metrosalud certificó la existencia del cargo de médico general de tiempo completo en la entidad, y los salarios asignados así (fl. 91):
2007: $ 3.075.868
2008: $ 3.278.568
2009: $ 3.540.854
2010: $ 3.700.193
— La reclamación en sede gubernativa fue elevada el 24 de febrero de 2012 (fls. 15 a 18) por el actor al gerente de la ESE Metrosalud con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en las mismas condiciones que un médico general de planta, y por todo el tiempo de prestación de los servicios a la entidad.
En respuesta a la petición elevada por el actor, la ESE Metrosalud expidió el Oficio 2500/4.3 de 20 de marzo de 20012, mediante el cual negó la reclamación presentada, por considerar, entre otras razones, que resultaba improcedente reconocer prestaciones sociales derivadas del contrato de prestación de servicios con fundamento en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; en el mismo escrito, indicó que varios de los conceptos laborales pretendidos fueron debidamente pagados por Asindustria S.A. y S&A Servicios, en calidad de empleadores (fls. 19 y 20).
3.2. Del fondo del asunto.
En primer lugar es necesario precisar que la sentencia objeto de impugnación, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, fue apelada por la parte actora en lo desfavorable, es decir, en cuanto: (i) no ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales por el lapso comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009, periodo en el cual el actor prestó los servicios a la entidad demandada como trabajador en misión vinculado a través de las empresas de servicios temporales Asindustria y S&A Servicios y Asesorías S.A. (fls. 36 y 42), (ii) ordenó descontar de la condena el valor de lo recibido por concepto de honorarios y pagar solo la diferencia resultante y (iii) negó el pago de la indemnización moratoria.
En este orden, el estudio de la Sala se contraerá a los motivos de impugnación propuestos por el apelante tal y como lo dispone el artículo 328(23) del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306(24) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los aspectos no regulados por ese código(25), precisando que por tratarse de apelante único no se podrá hacer más desfavorable la situación del apelante.
(i) ¿En aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, es posible declarar la existencia del contrato realidad entre las partes, a pesar de la existencia de contratos de prestación de servicios con terceros?
La sentencia apelada no accedió a reconocer las prestaciones sociales a cargo de la ESE Metrosalud por el lapso comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009 por considerar que durante dicho periodo no se demostró la existencia de una relación laboral entre el demandante y la demandada, dado que los empleadores fueron las empresas de servicios temporales Asindustria S.A. y Servicios & Asesorías S.A., las cuales efectuaron el pago de los salarios y prestaciones sociales al actor de acuerdo con lo afirmado en la demanda.
Como motivo de impugnación, el recurrente afirma que la entidad demandada transgredió lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 24 de 1998, modificado por el artículo 2º del Decreto 503 de 1998 al contratar sus servicios como médico general a través de empresas de servicios temporales superando el término máximo consagrado en dicha normatividad, situación que conduce a que la entidad demandada adquiera la calidad de empleador del trabajador en misión conforme lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; en ese orden, concluye que la ESE Metrosalud debe responder por el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante todo el tiempo en que el actor prestó sus servicios a dicha entidad, es decir desde el 16 de febrero de 2007, y no desde el 14 de agosto de 2009, como se ordenó en la sentencia.
Al respecto, del documento allegado al folio 36 se desprende que el 16 de febrero de 2007 el actor celebró contrato de trabajo con la empresa Asindustria S.A., con el fin de cumplir en las instalaciones de la empresa usuaria Metrosalud las funciones de médico general de conformidad con el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, por el tiempo estrictamente requerido y solicitado al empleador por la empresa usuaria, devengando un salario mensual de $ 3.146.171. Asimismo se certifica por dicha empresa, mediante documento allegado al folio 38, que el actor devengó un salario mensual de $ 3.278.000 en febrero de 2008, en desarrollo del mencionado contrato de trabajo.
Del folio 41, se desprende que Asindustria S.A. le reconoció al actor por concepto de liquidación final de prestaciones sociales la suma de $ 5.139.177, correspondientes a recargos nocturnos, horas extras, vacaciones, cesantías definitivas, intereses a las cesantías, prima de servicios y aportes a salud y pensiones, del periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008.
Por otra parte, al folio 42 obra contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un (1) año celebrado entre la empresa S & A Servicios & Asesorías S.A. y el actor, con el objeto de prestar los servicios personales como médico en la empresa usuaria ESE Metrosalud, pactándose entre las partes un periodo de prueba de dos (2) meses, y un salario mensual de $ 3.540.854.
Obran también a folios 43 a 49, los contratos de prestación de servicios 137 y 356, celebrados entre el actor y la ESE Metrosalud del 14 de agosto de 2009 al 31 de diciembre de 2009 y su adicional del 1º de enero de 2010 al 28 de febrero de 2010, y del 1º de marzo al 31 de agosto de 2010, respectivamente, con el objeto de prestar los servicios profesionales como médico general.
A folio 91 la directora operativa de talento humano de la empresa social del Estado Metrosalud certificó la asignación básica mensual correspondiente al empleo de médico general de tiempo completo, durante los siguientes años: 2007: $ 3.075.868, 2008: $ 3.278.568; 2009: $ 3.540.854, 2010: $ 3.700.193.
Del acervo probatorio recaudado, es posible establecer que durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009, el actor fue contratado laboralmente por las empresas de servicios temporales Asindustria S.A. y Servicios & Asesorías S.A., por espacio de dos años y medio, para prestar los servicios profesionales de médico general a la empresa usuaria ESE Metrosalud, devengando un salario mensual correspondiente a $ 3.146.171 en el año 2007, $ 3.278.000 en el año 2008 y $ 3.530.000 en el año 2009, así como las prestaciones sociales propias de la relación laboral.
Por lo anterior, le corresponde a la Sala establecer, si pese a la utilización, por parte de Metrosalud, de empresas de servicios temporales, para contratar los servicios personales del actor, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009, existió entre este y la ESE demandada una verdadera relación laboral de subordinación que dé lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales equivalentes a un empleado público con el mismo cargo y funciones.
Para la Sala es claro que la prestación del servicio por parte del actor a favor de la entidad demandada, se desarrolló con características propias de una relación laboral, por las siguientes razones: Las actividades desarrolladas como médico general son permanentes e inherentes a los servicios de salud que debe prestar la empresa social del Estado Metrosalud, en ese orden, corresponden al giro ordinario de la entidad; se acreditó la existencia de cargos similares dentro de la planta de personal de la entidad; las declaraciones testimoniales coinciden en afirmar que existía el cargo de médico de planta en la entidad porque habían médicos vinculados reglamentariamente que desarrollaban las mismas actividades y cumplían en igualdad de condiciones los turnos y funciones encomendados al actor; existió subordinación en la prestación del servicio porque el actor se encontraba sujeto al cumplimiento de las órdenes y directrices de la entidad, así como a los horarios y turnos de trabajo señalados por la ESE.
En tal sentido, la situación fáctica en que el actor prestó sus servicios personales a la entidad demandada como “trabajador en misión” por cuenta de las EST entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009 fue análoga a la que se presentó cuando fue contratado directamente por la ESE Metrosalud mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010, esto es, en forma subordinada, desarrollando funciones propias de la entidad, motivo por el cual no resulta razonable la decisión del a quo en cuanto negó la relación laboral entre las partes solo por la existencia de los contratos de trabajo realizados con terceros, cuando en realidad, quedó demostrado que el actor durante todo el tiempo en que prestó sus servicios a la ESE Metrosalud, desarrolló su función en condiciones de subordinación, bajo las órdenes y directrices impartidas por la entidad demandada.
En el expediente resultan acreditados los elementos que caracterizan la relación laboral: (i) la prestación personal continua y permanente de los servicios por parte del actor, (ii) la existencia de superiores jerárquicos que supervisaban e impartían órdenes en el desarrollo de las funciones, (iii) el cumplimiento de un horario de trabajo, de unos turnos y jornadas de trabajo en las mismas condiciones establecidas para los médicos de planta de la entidad, (iv), el cumplimiento de las mismas funciones que los médicos generales de planta, (v) el pago de una remuneración por los servicios prestados, (vi) la existencia de una subordinación del actor a la entidad en el cumplimiento de sus funciones.
Aunado a lo anterior, la prueba testimonial recaudada, da cuenta de la subordinación del actor a una jornada de trabajo con una intensidad igual a la de los médicos de planta; el cumplimiento de turnos previamente asignados, órdenes y directrices impartidas por la entidad, así como la ausencia de autonomía e independencia del actor para ausentarse del sitio de labor sin previa autorización del coordinador.
En este orden, se encuentra demostrado que el actor ejerció las mismas funciones desempeñadas por servidores de planta de la entidad, funciones que forman parte del “giro ordinario de su objeto” como es la prestación de servicios médicos, por lo tanto, es evidente que se trata del cumplimiento, en forma permanente, de funciones propias de la entidad que implican subordinación, las que no podían ser contratadas mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios conforme a las normas vigentes(26), ni mucho menos, mediante la contratación con empresas de servicios temporales(27) porque no se trata de labores ocasionales, accidentales o transitorias, ya que los servicios contratados contradicen el carácter temporal propio de este tipo de acuerdos. Reitera la Sala que la labor que desarrollan los médicos de las empresas sociales del Estado son funciones permanentes e inherentes a la entidad y por lo tanto no pueden ser contratadas.
Las pruebas allegadas ponen en evidencia que, en el cumplimiento de sus funciones, el actor se encontraba bajo la dependencia y subordinación de la ESE Metrosalud y no de las EST que lo contrataron, por lo tanto, en el presente caso la vinculación mediante las EST resultó ser una manera de disimular el vínculo laboral que en realidad se presentó entre el actor y la entidad demandada.
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el a quo, concluye la Sala que entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009, sí existió una relación de trabajo entre el actor y Metrosalud, por las condiciones en que el demandante desarrolló la labor contratada, a pesar de la existencia de los contratos con la EST; para la Sala es claro que la administración utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada por el actor, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante prestó servicios médicos en la ESE Metrosalud de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la entidad.
Para la Sala no resulta acertado lo expuesto por el tribunal al sostener que la existencia de los contratos con las EST durante dicho lapso de tiempo impidió la existencia de una relación laboral entre las partes, toda vez que, como se dejó expuesto en párrafos anteriores, en el proceso se demostró que la ESE Metrosalud actuó como verdadero empleador del actor al impartir órdenes, imponer horarios y ejercer un control en el cumplimiento del objeto contractual. Las pruebas allegadas demuestran que a través de la utilización las EST, la entidad demandada pretendió ocultar una verdadera relación laboral con el actor para el cumplimiento de funciones permanentes y propias de la entidad bajo condiciones de subordinación en igualdad de condiciones que los demás médicos de la planta de la entidad, lo cual resulta inconstitucional e ilegal por violar los derechos laborales del actor y los principios de la función pública.
En este punto conviene reiterar que la existencia de un contrato de prestación de servicios que genere que la prestación del mismo se dé a favor de un tercero, no impide que encontrándose reunidos los elementos que caracterizan la relación laboral, se declare su existencia, en desarrollo del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades, como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores.
Así las cosas, la administración recurrió indebidamente a la contratación con empresas de servicios temporales establecidas en la Ley 50 de 1990 para ocultar una verdadera relación laboral, en contravía de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 ibídem, que autoriza esta modalidad de contratación cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias, previstas en el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo; empero, en el presente caso, fueron contratadas labores permanentes y propias de los empleos existentes en la planta de personal de las entidades públicas, en evidente contradicción al derecho al trabajo, el acceso a empleos públicos, el respecto por las reglas de protección constitucional de las relaciones laborales del servicio público, la primacía de la realidad sobre las formas, y en general, con claro desconocimiento de los principios de la función pública.
Insiste la Sala en que los límites establecidos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 impiden que la administración pública pueda hacer uso de esta figura jurídica para desarrollar funciones propias o permanentes, so pena de vulnerar los 25, 53, 123 y 125 de la Constitución, así pues, cuando requiera la prestación, en forma permanente, de funciones propias de la entidad en forma subordinada, debe acudir a las modalidades de vinculación de personal previstas en la Constitución y la ley, para lo cual deberá contar con una planta de personal idónea y suficiente que le permita atender con calidad y eficiencia el servicio público que le corresponde, pudiendo para ello crear los empleos temporales necesarios, en los casos contemplados en la Ley 909 de 2004.
En conclusión, es claro que las empresas temporales de servicios se desarrollan bajo los lineamientos de la Ley 50 de 1990, sin embargo, si la empresa usuaria, en este caso, ESE Metrosalud, contrató los servicios profesionales del actor utilizando esta figura, para desarrollar funciones permanentes y propias de la entidad, bajo condiciones de subordinación, como la imposición de órdenes, turnos, horarios y directrices para el cumplimiento de la función, “simulando” una verdadera relación laboral, opera el principio de primacía de la realidad sobre las formas, en virtud del cual, se impone el reconocimiento del contrato realidad entre el trabajador y la empresa usuaria, debiendo esta asumir las responsabilidades patronales por la conducta desplegada en detrimento del trabajador.
La Sala recuerda que las entidades estatales no deben recurrir a la práctica de vincular personal bajo la modalidad de prestación de servicios para cumplir actividades permanentes propias de la administración y de esta manera evitar el pago de prestaciones sociales y de aportes parafiscales, entre otros. Tampoco debe acudir a la utilización de figuras jurídicas de “deslaboralización de las relaciones de trabajo” para vincular personal que deba cumplir funciones permanentes y propias de la entidad, toda vez que dichas prácticas violan las reglas de protección constitucional de las relaciones laborales de los servidores del Estado y los principios de la función administrativa al ocultar la verdadera relación de trabajo. Se insiste en que en estos casos, prevalecen los derechos del trabajador sobre la modalidad de contratación que utilizó la administración para disfrazar la verdadera relación laboral en consonancia con el principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales.
— Alcance de la indemnización cuando se reconoce la existencia de la relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.
El reconocimiento de la existencia de una relación laboral no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado la Sección, dicha calidad no se confiere por el solo hecho de trabajar para el Estado:
“Como ya lo ha expresado la corporación, para acceder a un cargo público se deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución y en la ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de empleado público”(28).
Para que ello ocurra, se requiere, la existencia jurídica del cargo, las funciones ejercidas irregularmente, que el cargo se haya ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada regularmente, así como el acto de nombramiento y su correspondiente posesión, situación que en el presente caso no se cumple.
Ello implica que los derechos económicos laborales deban reconocerse, no a título de restablecimiento del derecho, sino a título de indemnización, en tal sentido ha dicho la Sala que una vez acreditados los elementos propios de la relación laboral, surge el derecho al reconocimiento y pago, como reparación del daño, de los mismos emolumentos que perciben los servidores públicos de la entidad en la cual prestaron los servicios bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios temporales.
Valga aclarar que en algunas ocasiones, la Sala ha acudido al valor pactado en el contrato como referente para calcular los derechos prestacionales, sin embargo, ello ha sido porque, a pesar de haberse desvirtuado el contrato de prestación de servicios, el empleo desempeñado por el contratista de servicios no existe en la entidad, siendo necesario acudir al valor pactado en el contrato. No obstante, en el presente caso, las funciones desarrolladas por el actor corresponden a las ejercidas por un médico general, cargo existente en la planta de personal de la entidad, razón por la cual, para los efectos de la indemnización, se tendrá como referente los mismos emolumentos que perciben estos servidores públicos de la entidad.
Ahora bien, en este punto con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer a título de indemnización al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.
Así que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la ley para cada caso, por ejemplo, la cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.
Por lo expuesto es dable concluir que en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la indemnización no puede ser por la totalidad de dichos montos, sino la cuota parte que la entidad demandada dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista.
En el presente caso, en razón a que aparecen debidamente probados los elementos integrantes de la relación laboral, hay lugar al pago, a título de indemnización, de las diferencias por concepto de prestaciones sociales, entre lo recibido por el actor y lo que debió recibir en igualdad de condiciones que un empleado de la entidad que desempeñaba similar labor, por todo el tiempo de prestación de servicios (feb. 16/2007 a jun. 30/2010) y no solamente del 14 de agosto de 2009 al 30 de junio de 2010 como se ordenó en la sentencia apelada, razón por la cual se ordenará la modificación de la misma en lo pertinente al periodo que no fue reconocido. En cuanto a los aportes a las entidades de seguridad social, se ordenará el pago, en la debida proporción, de las sumas que por concepto de aportes no fueron cotizados por la entidad demandada, puesto que dichos pagos son consecuencia del vínculo laboral que existió entre las partes con base en la fracción mensual del valor pactado por concepto de honorarios.
En ese orden de ideas, la indemnización a pagar será la siguiente:
1. Primer periodo: comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009 durante la vinculación laboral del actor con las empresas de servicios temporales EST. Durante dicho periodo le fueron pagadas al actor las prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo con las empresas de servicios temporales - EST (fls. 34, 35 y 41), razón por la cual, solo le corresponde a la ESE Metrosalud pagar las diferencias que surjan a favor del actor, entre lo que recibió por concepto de prestaciones sociales por su vinculación con las EST y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones, que un médico general (empleado público) de la planta de personal de Metrosalud. Se ordena pagar solo las diferencias que surjan a favor del actor, por cuanto no es procedente ordenar un doble pago por concepto de prestaciones sociales durante este periodo.
2. Segundo periodo: comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010 durante la vinculación por contrato de prestación de servicios con Metrosalud. Durante dicho periodo el actor solo recibió a título de contraprestación, los honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios, razón por la cual, le corresponde a la entidad demandada ESE Metrosalud reconocer al actor, como indemnización por los servicios prestados bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, las diferencias que surjan por concepto de prestaciones sociales, en igualdad de condiciones, que un médico general (empleado público) de la planta de personal de la entidad, por los períodos en los cuales se demostró la relación laboral, así como el pago de los aportes, en su debida proporción, a las entidades de seguridad social.
— De la prescripción.
Si bien es cierto, la Sección(29) se ha pronunciado para sostener que tratándose de una sentencia de carácter constitutivo como la presente, el derecho surge a partir de la misma y por ende, la morosidad empieza a contarse desde su ejecutoria, de suerte que, no hay lugar a sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama(30), también se ha precisado(31) que, el contratista que solicita ante la administración el reconocimiento de una relación laboral y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales derivadas de la misma debe hacerlo dentro de un término prudencial que, a juicio de la Sala, no puede exceder el de la prescripción de los derechos prestacionales y salariales que reclama.
En otras palabras, debe decirse que una vez finalizada la relación contractual inicialmente pactada, el interesado debe reclamar ante la administración la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de tres(32) años, so pena de que prescriban los derechos salariales y prestacionales derivados de la referida relación laboral.
Descendiendo al caso concreto, y teniendo en cuenta que, el señor David Alejandro Jaramillo Arbeláez culminó su relación contractual con la empresa social del Estado Metrosalud, el 30 de junio de 2010 y que su solicitud ante la referida entidad, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales se radicó el 24 de febrero de 2012, dirá la Sala que no hay lugar a declarar prescritas las referidas prestaciones dado que, como quedó visto, su petición en tal sentido se registró dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo contractual.
Respecto a si resulta procedente ordenar el descuento de los honorarios que la ESE Metrosalud le pagó al actor por los servicios prestados durante el período comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010, en primer lugar dirá la Sala que los mismos fueron recibidos como contraprestación por la labor desarrollada a favor de la entidad, en ese orden, deben ser imputados como parte de pago de la presente condena. Por lo anterior, la Sala revocará en lo pertinente el inciso segundo del numeral segundo de la sentencia apelada y ordenará pagar únicamente las diferencias que resulten entre lo que recibió el actor por concepto de honorarios, y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones que un empleado de la planta de personal con las mismas funciones ejercidas.
Se precisa que no hay lugar al reconocimiento y pago de la indemnización por mora en el pago de las prestaciones sociales, toda vez que en el sector público la misma solo se encuentra prevista en la Ley 244 de 1995 cuando se incumple el plazo para pagar el auxilio de cesantías y en el presente caso, dicha prestación tan solo vino a reconocerse mediante la presente sentencia, la cual es constitutiva del derecho y por ende, es a partir de la misma que surgen las prestaciones en cabeza del beneficiario, en tales condiciones, no resulta viable el reconocimiento de la sanción deprecada.
En conclusión y de acuerdo con lo expuesto, se modificará la decisión de primera instancia, para en su lugar reconocer la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 16 de febrero de 2007 y hasta el 30 de junio de 2010 pues quedó demostrado que la contratación de los servicios profesionales del actor como médico general, primero a través de las EST y luego mediante la contratación de servicios profesionales, fue utilizada con el fin de disfrazar la verdadera relación de trabajo existente entre el actor y Metrosalud, pues se probó que la labor contratada correspondía a funciones permanentes y propias de la entidad, fue desarrollada personalmente por el actor, en condiciones de subordinación a la entidad y en las mismas condiciones que los empleados de planta. Como consecuencia, se ordenará el reconocimiento de los derechos prestacionales que corresponden a la labor desarrollada, como quiera que el Estado infractor no puede verse beneficiado de su conducta irregular y pretender trasladar la responsabilidad de su actuación a quien ha sido de esa manera contratado, pues el verdadero sentido del principio de la realidad sobre la formalidad implica que se reconozca con certeza y efectividad todo derecho que deviene del despliegue real de una actividad laboral.
Los derechos económicos laborales que se reconocen son los establecidos en el acápite alusivo al alcance de la indemnización.
MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia de 5 de junio de 2013, por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por David Alejandro Jaramillo Arbeláez, los cuales quedarán así:
1. DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 2500/4.3 del 20 de marzo de 2012, proferido por la directora de talento humano de la ESE Metrosalud, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, por el tiempo que laboró en la entidad desempeñando las funciones de médico general de tiempo completo entre el 16 de febrero de 2007 y el 30 de junio de 2010.
2. CONDÉNASE a la empresa social del Estado Metrosalud a reconocer y pagar, a favor del señor David Alejandro Jaramillo Arbeláez, las diferencias que resulten por concepto de prestaciones sociales correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, así como el pago de los aportes durante los periodos no cotizados a las entidades de seguridad social, en su debida proporción, como a continuación se indica: 1. Primer periodo: es el comprendido entre el 16 de febrero de 2007 y el 13 de agosto de 2009 durante la vinculación laboral a través de empresas de servicios temporales. Se condena a la ESE Metrosalud a pagar las diferencias que surjan entre lo que recibió el actor por concepto de prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo con las EST (empresas de servicios temporales) y las que debió recibir en igualdad de condiciones que un médico general (empleado público) de la planta de personal de la entidad demandada, con similares funciones. No se ordena el pago de aportes a la seguridad social en razón a que el mismo fue realizado en su debida oportunidad por las empresas de servicios temporales. (ii) Segundo periodo: es el comprendido entre el 14 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2010 durante la vinculación del actor por contratos de prestación de servicios directamente con Metrosalud. Se condena a la ESE Metrosalud a pagar al actor las diferencias que surjan por concepto de prestaciones sociales en igualdad de condiciones que un médico general (empleado público) de la planta de personal de la entidad.
En lo demás, confirmase la sentencia de primera instancia.
Por secretaría, COMUNÍQUESE el contenido de esta providencia al tribunal de origen y devuélvase el expediente.
(3) Sentencia de 22 de noviembre de 2012, Sección Segunda, Subsección B, Exp. 25000-23-25-000-2008-00822-02, Ref. 2254-2011, actor: Jose Luis Buriticá Bohórquez, demandado: ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en liquidación.
(4) Sentencia de 23 de febrero de 2011, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Rad. 25000-23-25-000-2007-0041-01 (0260-09), actor: María Stella Lancheros Torres, demandado: Hospital Engativá II Nivel ESE.
(5) Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10), actor: Manuel Alejandro Fula Rojas, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, Rad. 68001-23-15-000-1998-01445-01, Ref. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: municipio de Floridablanca, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
(7) En sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, con ponencia del doctor Tarcisio Cáceres Toro, se efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:
Se tiene entonces que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la ley.
(8) En dicha sentencia se declaró exequible el último inciso del artículo 2º del Decreto-Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 3074 de 1968.
(9) El artículo 19 de la Ley 909 de 2007 definió el empleo público así: “El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado”.
(10) “(...), en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente decreto.
(11) “ART. 17.—Plantas de personal. La estructura de planta de los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.
(12) El artículo 48 establece como falta gravísima: “29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.
(13) Marco jurídico expuesto en la sentencia de 19 de febrero de 2014, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 11001-03-25-000-2007-00055(1096-07), actor: Humberto Aníbal Restrepo Vélez, demandado: Presidencia de la República y otro, en la cual se negó la solicitud de nulidad contra los numerales 3º y 4º, y el parágrafo 1º del artículo 20 del Decreto 4369 de 2006.
(14) Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Compilación de la Reforma Laboral, Imprenta Nacional, Bogotá, 1991, pág. 69:
“... El proyecto tiende a regular las llamadas empresas de servicios temporales con el objeto de que esta actividad tenga un marco legal adecuado y se protejan debidamente los derechos de los trabajadores. Se define lo que es el servicio temporal y se precisan los casos en que los usuarios de dichas empresas pueden contratar con estas, insistiendo en que la temporalidad es de la esencia de tales contratos (...)
Al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se le faculta para ejercer funciones de vigilancia a fin de prevenir los abusos que frecuentemente se están denunciando en esta modalidad laboral”
“Pese a que la temporalidad apareció en el país en 1952, solo se incrementa notoriamente a partir de 1980. Ha operado como un instrumento de administración de la inestabilidad. En la práctica desborda la noción de empleo de naturaleza rigurosamente temporal, hasta el punto que se ha desarrollado la costumbre de sustituir trabajadores permanentes por temporales”.
“En concepto de empleo temporal, transitorio o causal no es una herejía sino por el contrario un ingrediente importante y necesario del mercado del trabajo. No obstante, en el caso colombiano, ha terminado por convertirse en un mecanismo de administración de las rigideces normativas, desbordando la noción de temporalidad y significando esguinces a las disposiciones legales. En muchos casos, empresas temporales han surgido como filiales de organizaciones corporativas, convirtiéndose en un instrumento para debilitar la organización sindical, atenuar la carga prestacional y difuminar el contenido mismo de la ley”.
(16) M.P. Ana Margarita Olaya Forero, sentencia del 23 de marzo del 2000, proceso con Rad. 570-98.
(17) “ART. 194.—Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo”.
(18) ART. 195.—Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico:
(19) Ley 80 de 1993 “ART. 1º—Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. (...)
(20) En la citada sentencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema de seguridad social en salud, y se consagra la posibilidad de operación con terceros para las empresas sociales del Estado, autorizando a las ESE para que puedan desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, con empresas sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, con entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad.
(22) Expresión que denota el cambio contractual de contrato de trabajo por el contrato de servicio profesional.
(23) “ART. 328.—El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previsto por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior revolverá sin limitaciones.
(24) “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
(25) Sobre la vigencia del Código General del Proceso frente a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de 25 de junio de 2014, Rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ), número interno 49.299, demandante: Café Salud Entidad Promotora de Salud S.A., demandado: Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social, C.P. Enrique Gil Botero, con fines de unificación jurisprudencial expresó que el Código General del Proceso entró a regir de manera plena el 1º de enero del año en curso, por las siguientes razones: (i) El artículo 627 del Código General del Proceso está encaminado a regular una situación que únicamente se predica respecto de la jurisdicción ordinaria civil, (ii) La jurisdicción ordinaria civil es la única estructura de la rama jurisdiccional del Poder Público en la que no ha entrado a regir —en el plano normativo— la oralidad como sistema para el trámite y desarrollo del proceso, (iii) El cuadro contenido en el Acuerdo PSAA13-10073 hace referencia a distritos judiciales distribuidos en “jurisdicciones municipales”, lo que significa que, conforme a un criterio finalístico o teleológico, su objetivo está encaminado a la jurisdicción ordinaria, iv) La jurisdicción contencioso administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya cuenta con la implementación del sistema mixto —principalmente oral— razón por la que sería inocuo que se negara la entrada en vigencia del CGP, a partir del 1º de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y logísticas que se supone ya deben existir. (v) Según el principio del efecto útil de las normas habría que darle la mejor interpretación al numeral 6º del artículo 627 del CGP, en aras de evitar que esta jurisdicción tuviera que aplicar una norma de manera progresiva cuando ya se han dispuesto en todo el territorio nacional, al menos en el plano normativo, las exigencias para su aplicación, vi) La hermenéutica expuesta es la que mejor se acompasa con los principios de eficiencia y celeridad a que hace referencia de la Ley 270 de 1996 y sus modificaciones, (vii) Lo sostenido se refuerza con la expedición de la Ley 1716 de 2014, del 16 de mayo de 2014, mediante la cual se modificó el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, en el sentido de prorrogar los plazos para la entrada en vigencia del sistema oral en la jurisdicción civil ordinaria, hasta el 31 de diciembre de 2015.
En consecuencia, la Sala Plena unificó la jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite.
(26) Se pueden consultar, entre otras disposiciones, las siguientes: artículo 7º del Decreto 1950 de 1973, artículo 17 de la Ley 790 de 2002 y artículo 48 numeral 29 de la Ley 734 de 2002.
(27) En armonía con el numeral 1º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
(28) Sentencia del 25 de enero de 2001, Exp. 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(29) Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia 6 de marzo de 2008, Rad. 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06).
(30) Se insiste, tratándose del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la existencia de la obligación emanada de la relación laboral y los derechos determinados no son exigibles al momento de la presentación del simple reclamo ante la entidad, sino que nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su ejecutoria.
(31) En este mismo sentido, en sentencia de 9 de abril de 2014, Rad. 0131-2013, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, se señaló: “Lo anterior quiere decir que si bien es cierto, conforme al criterio fijado por la Sala de la Sección Segunda en la sentencia trascrita, solo se puede predicar la prescripción de los derechos prestacionales con posterioridad a la declaración de la existencia de la relación laboral, también lo es que la solicitud de la declaración de la existencia de la relación laboral, debe hacerse dentro de los 3 años siguientes al rompimiento del vínculo contractual, so pena de que prescriba el derecho a que se haga tal declaración”.
(32) Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, artículo 102: “Prescripción de acciones. “1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

References: ARTÍCULO 6
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 7
 artículo 71
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 71
 artículo 77
 artículo 194
 artículo 195
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 21
 artículo 32
 artículo 328
 artículo 306
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 6
 artículo 77
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 20
 artículo 59
 artículo 627
 artículo 627
 artículo 44
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 48
 artículo 77
 artículo 102