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Timestamp: 2018-01-22 07:56:26+00:00

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Fiscalía General de la Nación DIRECTIVA 13 DE 2016 (Julio 28) “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la proporcionalidad de la detención preventiva”.
Jueves, 01 de Septiembre de 2016 16:39
Tomado de http://legal.legis.com.co/.
"....Fiscalía General de la Nación
l. Contenido y decisiones 1
1. Para la aplicación de las medidas de aseguramiento, especialmente de la detención preventiva, no basta con que se cumplan los requisitos legales. Además, los fiscales deben realizar un análisis de proporcionalidad a fin de determinar si es procedente la restricción a la libertad del procesado. Es decir, no basta con verificar los requisitos objetivos 2 , fácticos 3 y materiales 4 previstos en la Constitución y la ley, además, se debe realizar un test de proporcionalidad.
a. Debe estar orientada a cumplir uno de los fines constitucionales previstos en el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución. Es decir, a asegurar (i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, (ii) la conservación de la prueba y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Por expreso mandato legal, no se puede inferir automáticamente que se configure alguna de estas finalidades, por la gravedad de la conducta o la calificación jurídica provisional del delito 5
3. Los fiscales deben interpretar sistemáticamente las disposiciones contenidas en la Ley 906 de 2004 y las reformas introducidas por las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, referidas a las medidas de aseguramiento. Esa interpretación debe partir —además— de la aplicación del principio pro homine et libertatis. En ese sentido, la detención preventiva no puede ser asumida —bajo ninguna circunstancia— como la regla general. Antes bien, se trata de una excepción a la cláusula general de libertad 6 .
Por lo anterior, desde el Estado se han hecho importantes esfuerzos por racionalizar la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas privativas de la libertad. Un ejemplo de ello son las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, en las que se dispone que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán tener vigencia durante un año, el cual podrá ser prorrogado por otro más para un grupo específico de delitos 7 .
De igual manera, para asegurar el carácter necesario de la detención preventiva y de otras medidas privativas de la libertad, la Ley 1760 de 2015, modificada por la Ley 1786 de 2016, establece que solo podrán imponerse cuando quien las solicite demuestre que las no privativas de la libertad son “insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento” 8 .
La Corte Constitucional ha establecido que las medidas de aseguramiento son medidas cautelares. Así lo ha señalado al referirse a su regulación en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004. En ese sentido, en las sentencias C-425 de 1997 9 y C-634 de 2000 10 , dispuso:
Posteriormente, en las sentencias C-774 de 2001 11 y C-1154 de 2005 12 , la Corte reiteró el carácter cautelar de la detención preventiva. Al respecto señaló:
La Corte Constitucional ha explicado que las medidas de aseguramiento “tiene[n] carácter preventivo, y no siempre comporta[n] la privación efectiva de la libertad (art. 307 CPP). Su propósito es garantizar el cumplimiento de los fines de la investigación” 13 .
El carácter preventivo y no sancionatorio implica que por la imposición de una medida de aseguramiento, no se deben generar consecuencias jurídicas negativas para el imputado. Es decir, el hecho de que se encuentre vigente una medida de aseguramiento contra un imputado, no puede ser una circunstancia relevante para decidir si se le impone una medida de aseguramiento en otro proceso. Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-121 de 2012 14 , en la que declaró inexequible una disposición de la Ley 906 de 2004 (art. 310 num. 3) en la cual se fijaba esa regla. Al respecto señaló:
“[H]acer producir efectos negativos a una medida de aseguramiento en otro proceso penal, diferente a aquel en el que fue proferida, desvirtúa su naturaleza preventiva y su propósito de salvaguardar los fines del proceso que le dio origen, adquiriendo connotaciones de sanción” 15 (subrayas fuera del texto).
Por su carácter cautelar y por limitar el derecho fundamental a la libertad, las medidas de aseguramiento son de carácter temporal. Por esa razón se encuentra previsto en la Ley 906 de 2004 (art. 318) que las partes podrán pedir la revocatoria de la medida o su sustitución por otra menos restrictiva de la libertad, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a su imposición 16 .
“No resulta constitucionalmente admisible mantener vigente una medida restrictiva de la libertad, a pesar de que de la valoración de las circunstancias objetivas que se presenten de manera sobreviniente, se imponga el cese de la efectiva privación de la libertad del sindicado o la sustitución de la medida por haber desaparecido los fundamentos que dieron origen a su imposición” 17 .
Debido a que las medidas de aseguramiento y en particular la detención preventiva, comportan una restricción del derecho a la libertad, en caso de duda debe preferirse la medida que menos afecte ese derecho o incluso, la no imposición de la medida, lo anterior, en virtud de los principios pro homine et libertatis 18 . Estos principios, de acuerdo con la Corte Constitucional, “impone[n] aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional” 19 .
Para satisfacer el carácter excepcional de las medidas de aseguramiento, la jurisprudencia ha diseñado un examen analítico (test de proporcionalidad) capaz de determinar si la medida resulta, en el caso concreto, proporcional. Dicho examen ha sido adoptado por la Corte Suprema de Justicia 20 y por la Corte Constitucional y constituye “un instrumento hermenéutico que permite establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza” 21 .
El test de proporcionalidad busca —además— garantizar la prohibición de detenciones arbitrarias prevista en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos 22 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 23 .
Sobre este punto, es necesario destacar que la Corte Suprema de Justicia ha advertido que, bajo el sistema penal acusatorio, el Juez de Control de Garantías debe agotar cada fase o elemento del test de proporcionalidad, conforme a la metodología que se presentará a continuación 24 , razón por la cual es deber de los fiscales adelantar ese mismo procedimiento antes de solicitar (L. 906) o imponer una medida de aseguramiento (L. 600).
Lo primero que debe analizar un fiscal antes de imponer una medida de aseguramiento (L. 600) o solicitar su imposición (L. 906), es que tenga como objetivo cumplir una finalidad constitucional imperativa. Es decir, la medida no puede invocarse por mera liberalidad, sino que su procedencia debe estar fundamentada siempre en una razón constitucionalmente válida. A este respecto la Corte ha entendido que “la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable” 25 .
c. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia 26 .
En la sentencia C-395 de 1994, la Corte recordó que las medidas de aseguramiento buscan responder a “los intereses de la investigación y de la justicia”, de allí que pretendan “impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción” 27 .
“La propia Carta contiene elementos que sin excluir otros que puedan resultar constitucionalmente admisibles, pueden configurar finalidades válidas para la detención preventiva. Así, por ejemplo, puede considerarse que la Constitución prevé, de manera implícita, como fin u objetivo de la detención, preventiva, la necesidad de afianzar la preservación de la prueba, tal como se deduce del numeral 4º del artículo 250 de la Constitución, por virtud del cual, es función de la Fiscalía “velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso”. Si a dicha entidad le corresponde velar por la seguridad de los testigos y de sus testimonios, modalidad de prueba reconocida por los ordenamientos procesales, es susceptible y admisible que para cumplir tal objetivo decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes (...)” 28 .
Otra de las finalidades que buscan satisfacer las medidas de aseguramiento, tiene que ver con la garantía de la seguridad de la comunidad y de la víctima. Es decir, busca evitar que la persona continúe con su actividad delictual durante el curso del proceso, y que ponga en riesgo a sus víctimas directas y a la comunidad. Según la Corte, esta causal se encuentra emparentada con el principio de prevalencia del interés general (art. 1º Superior), y por esa vía, con el deber que tienen las autoridades —y el Estado en general— de garantizar la “convivencia pacífica” dentro de la comunidad (C.P. art. 2º) 29 .
Para valorar esta finalidad, los fiscales deben tener en cuenta —según la Corte— elementos como la vinculación del procesado con una organización criminal, “la cantidad de delitos que pudiere haber cometido o estar acusado” o el hecho de estar sometido a otra medida de aseguramiento o a una condena30 .
No obstante lo anterior, un asunto relevante a tener en cuenta para la invocación de cualquiera de las finalidades constitucionales asociadas con las medidas de aseguramiento, es que la gravedad y la modalidad de la conducta punible no puede ser motivo suficiente para inferir un posible riesgo de obstrucción a la justicia, seguridad de la víctima o la comunidad o comparecencia del sindicado. En ese sentido, la Ley 1760 de 2015 señala que la calificación jurídica provisional contra el imputado no es determinante para establecer si una medida de aseguramiento permite alcanzar un fin constitucionalmente legítimo 31 .
Frente a la imposición de las medidas de aseguramiento —y en concreto en relación con la detención preventiva— como fórmula para garantizar la presencia en el proceso de la persona sub judice, la Corte ha dicho que esta se encuentra emparentada con las funciones que constitucionalmente le han asignado a la Fiscalía, comoquiera que a ésta le corresponde —según el artículo 250 Superior— “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal” 32. Se tiene entonces, dice la Corte, que “la propia Constitución, [en] el artículo 250 citado, establece una de las finalidades admisibles para la detención preventiva, cual es la de asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal”.
Así las cosas, los fiscales deben determinar con cierto grado de probabilidad, a efectos de invocar esta causal, por, ejemplo, que el imputado no comparecerá al proceso. Dicho análisis, lejos estar basado en meras conjeturas o suposiciones de cuál será la conducta que despliegue el imputado, deberá estar basado en elementos ciertos como “la falta de arraigo en la comunidad, la gravedad del daño causado y su actitud frente al mismo o la falta de voluntad para sujetarse a la investigación” 33 . A partir de ello, dice la Corte, se debe poder “inferir razonablemente su falta de voluntad de sujetarse a la investigación, la persecución penal y el cumplimiento de la pena” 34 .
Para establecer la idoneidad de la medida se debe precisar “si su adopción conduce a que se alcance o se favorezca la obtención del fin legítimo perseguido por el Estado” 35 . El Tribunal Constitucional ha explicado que se configura el subprincipio de idoneidad “si la medida enjuiciada resulta útil y adecuada para alcanzar la finalidad constitucionalmente legítima que persigue” 36 . Este principio consiste, entonces, en el estudio de la utilidad que tiene una medida concreta para alcanzar la finalidad propuesta, en los siguientes términos:
"[D]ebe existir una relación de causalidad entre el medio empleado y el fin buscado de tal forma que éste sea apto para conseguir el fin que se pretende alcanzar, esto es, que la naturaleza de la medida sea en sí misma adecuada para alcanzar el fin” (subrayas fuera del texto) 37 .
Dicho lo anterior, hay que aclarar que la relación de idoneidad entre el medio y el fin no es un asunto que deba analizarse como una relación todo o nada, “sino que entre los extremos de lo absolutamente idóneo y lo manifiestamente inidóneo existe una amplia escala de respuestas intermedias, de tonos grises, donde la relación de causalidad positiva entre un medio y su fin puede tener mayor o menor intensidad” 38 . Por esa razón existen exámenes estrictos y leves para evaluar la relación de idoneidad 39 .
La mayor parte de la jurisprudencia constitucional colombiana y la doctrina internacional se ha inclinado por una versión débil del juicio de idoneidad 40 . De acuerdo con esta versión, se admiten todos los medios que contribuyan positivamente al logro de la finalidad constitucional 41 . No cumplirían el examen de idoneidad los medios cuya implementación es indiferente para lograrla 42 .
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la necesidad es un mandato conforme al cual, cuando se pretenda la imposición de una medida de intervención de derechos fundamentales, debe constatarse que entre todas las medidas idóneas para alcanzar la finalidad legítima, esa es la menos lesiva. En ese sentido, en la sentencia T-1023 de 2010 43 , la Corte indicó:
“De acuerdo con el subprincipio de necesidad o indispensabilidad, toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho fundamental intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a la consecución del objetivo propuesto” 44 .
La Corte Constitucional ha establecido que el fundamento constitucional del subprincipio de necesidad de las medidas de aseguramiento se encuentra en la primera parte del numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política 45 . De conformidad con esa disposición:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas (...)” 46 (negrilla fuera del texto).
Así mismo, esa corporación ha manifestado que “(...) ninguna medida de aseguramiento se puede producir al margen de una valoración sobre su necesidad, establecida a partir de alguno de los fines que constitucionalmente le son adscritos” 47 .
Ahora bien, el adelantamiento del juicio de necesidad de una medida de aseguramiento exige que los fiscales se pregunten si esa medida es la menos lesiva de todas aquellas que son idóneas o adecuadas para alcanzar las mismas finalidades. Las medidas alternativas que deberán ser analizadas son todas las consagradas en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004 48 . Naturalmente, las medidas no privativas de la libertad son menos lesivas de los derechos del procesado, razón por la cual, siempre se preferirá su imposición cuando resulten igualmente idóneas para alcanzar alguna de las finalidades buscadas 49 .
Conforme a lo anterior y en atención al juicio de necesidad, la imposición de cualquier medida de aseguramiento debe obedecer a una interpretación sistemática de las normas del Código de Procedimiento Penal, concretamente de los artículos 295 50 , 313 51 y 315 52 . Esas disposiciones establecen, respectivamente, (i) que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tienen carácter excepcional; (ii) en qué casos procede la detención preventiva; y (ii) (sic) algunos criterios a tener en cuenta cuando se solicita la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.
Concretamente, ese organismo señaló que "[L]os tribunales deben examinar si las alternativas a la prisión preventiva, como la fianza, brazaletes electrónicos, u otras condiciones, que harían la detención innecesaria en el caso particular” 53 .
“De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3)” 54 (negrilla fuera de texto).
“De acuerdo con el criterio de necesidad, la prisión preventiva, al igual que el resto de las medidas cautelares, se deberá imponer en tanto sea indispensable para los objetivos propuestos. Es decir, que sólo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una medida cautelar de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. En este sentido, pesa sobre el órgano a disposición del cual se encuentra el detenido la obligación de disponer su libertad, aun de oficio, cuando hayan cesado los motivos que originariamente la habían sustentado” 55 .
"[C]uando el funcionario judicial afronta el diagnóstico de establecer si es viable la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, debe acometer una evaluación compleja que no sólo comprende presupuestos formales y sustanciales sino también en torno a su necesidad” 56 (negrilla fuera del texto).
"(...) determinar si de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado es probable autor o partícipe de la conducta delictiva investigada. Por otra, auscultar sobre su necesidad en los términos anteriormente expuestos, esto es, conforme a los fines inherentes a tales medidas contenidos en los tres numerales de la misma norma” 57 .
"[U]na comparación entre la importancia de la intervención en el derecho fundamental y la importancia de la realización del fin legislativo o normativo, con el objetivo de fundamentar una relación de precedencia entre aquel derecho y este fin. La importancia del fin perseguido con la intervención debe ser de tal entidad que justifique el sacrificio en la eficacia del derecho fundamental restringido” 58 .
“i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de este justifica la restricción del otro” 59 .
"(i) determinar las magnitudes que deben ser ponderadas, quiere ello decir, establecer la importancia de la medida de intervención legislativa en el derecho fundamental afectado, e indicar la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa; (ii) comparar dichas magnitudes, con el propósito de determinar si la importancia de la realización del fin perseguido por la restricción legislativa es mayor que la importancia de la intervención en el derecho fundamental; y, (iii) elaborar una relación de precedencia condicionada entre el derecho fundamental y el fin legislativo, tomando como cimiente el resultado de la comparación antedicha con el fin de asignar prioridad a alguno de los extremos en el caso concreto” 60 .
Una vez hecha esta comparación, el fiscal debe formular una regla en la que se identifique la circunstancia, el aspecto o la cualidad del caso que permite darle prioridad a un derecho, principio o fin frente al otro. Esta regla debe reflejar el mandato de la ley de ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro” 61 . El nivel de satisfacción de un principio debe justificar el grado de afectación del otro derecho en juego. De eso se trata la proporcionalidad en sentido estricto.
Además, se debe considerar que, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho a la libertad como el derecho a la vida, tiene un lugar privilegiado en la arquitectura constitucional, pero no por ello es absoluto e ilimitado 62 . En este orden de ideas, dependerá de la adecuada sustentación probatoria que la libertad pueda ser subordinada a los intereses constitucionales y legales que justifican la detención preventiva en cada caso.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-283 de 2015 señaló que “la introducción de conocimientos privados por parte de quien imparte justicia es un germen de arbitrariedad dentro del proceso al impedir a los sujetos procesales el derecho de contradicción, a la vez que se desentiende del deber de imparcialidad que rige su actividad” 63 . Particularmente en relación con la imposición de una medida de aseguramiento, no le es dable a los funcionarios judiciales inclinar la balanza de la ponderación a través de sus juicios personales sobre la situación sub judice, a efectos de solicitar u(sic) imponer la detención preventiva.
Además, el artículo 315 de la Ley 906 debe ser interpretado de forma sistemática con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1760 de 2015, modificada por la Ley 1786 de 2016 —y al que ya se ha hecho referencia en esta Directiva—, que establece que “las medidas de aseguramiento privativas de la libertadsolo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el juez de control de garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento” (negrilla fuera de texto).
Finalmente, es necesario desatacar que bajo la Ley 600 de 2000 solo se consagró la detención preventiva como medida de aseguramiento 64 . Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido, con fundamento en el principio de favorabilidad, que en los procesos regulados por esta normatividad se podrán aplicar las medidas de aseguramiento diferentes a la prisión preventiva, previstas en la Ley 906 de 2004 65 . En ese sentido, de acuerdo con el alto Tribunal:
“El instituto de las medidas de aseguramiento previsto en la Ley 906 de 2004 al resultar más benigno a los intereses del procesado, debe ser aplicado en su integridad, esto es, si no es procedente la detención preventiva a la luz de tal normatividad, sí podrían serlo algunas de las no restrictivas de este derecho, que trae en su artículo 307 literal B, sin que se vulnere con ello el principio de favorabilidad, como lo tiene dicho esta corporación en diferentes pronunciamientos” 66 .
En ese sentido, en un auto del cuatro de mayo de 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió aplicar la Ley 906 de 2004 a un proceso que se regulaba por la Ley 600 de 2000. El caso se refería a un proceso penal por prevaricato por acción regulado por la Ley 600, el cual establecía que ese delito podía dar lugar a detención preventiva. Sin embargo, la Sala Penal aplicó la Ley 906 de 2004 por ser más favorable al imputado 67 y revocó la detención. Al respecto señaló:
“En conclusión: las normas que se dictaron para la dinámica del sistema acusatorio colombiano, son susceptibles de aplicarse por favorabilidad a casos que se encuentren gobernados por el Código de Procedimiento Penal de 2000, a condición de que no se refieran a instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos 68 .
No se puede eludir la aplicación del principio, por ejemplo, a situaciones en las cuales la Ley 906 de 2004 no contempla privación de la libertad en cierto caso mientras que la Ley 600 sí, o en eventualidades en las que la primera consagra bajo determinadas condiciones la libertad provisional y en presencia de las mismas la segunda la niega” (subrayas y negrillas del original) 69 .
(69) Ibíd..
Última actualización el Jueves, 01 de Septiembre de 2016 16:42
Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:10
Sentencia C-411 de 2015, Exequebilidad art. 31 Ley 1709 de 2014.
"...14. Ahora bien, a lo anterior cabe agregar algunas consideraciones. En efecto, como antes se señaló, la facultad de capturar que contempla la norma cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de detención o prisión domiciliarias se encuentra en una situación de libertad. Esta última, según lo indicado, puede de hecho ser producto de una sustracción ilegítima de las condiciones de reclusión que se le impusieron a la persona, dentro del marco legal, en la providencia que decretó la medida o la pena. En ese caso, dado que la persona no cuenta con permisos para sustraerse de las circunstancias de confinamiento que le definió específicamente un juez, no cuenta tampoco con expectativas legítimas de protección hacia su libertad personal, pues por virtud de una decisión judicial ha sido privado de ella. En consecuencia, si esa persona se encuentra en una situación de libertad de hecho, a pesar del régimen de privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones para salir de sus restricciones, su captura se produce precisamente en virtud de una orden judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos casos, más allá de si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia expresamente contemplada en la Constitución (CP art 32), por la posible incursión en delitos de fuga de presos (C Penal art 448) o fraude a resolución judicial (ídem art 454), quien se evade de su confinamiento puede ser capturado por los servidores administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida o pena que se le impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la materia (CP art 28)....".
Última actualización el Miércoles, 17 de Agosto de 2016 20:15

References: artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 307
 artículo 8
 artículo 315
 artículo 1
 artículo 307
 resolución