Source: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2005-132
Timestamp: 2020-01-25 18:06:59+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-T-2005-132
Documento BOE-T-2005-132
Pleno. Sentencia 238/2004, de 2 de diciembre de 2004. Cuestión de inconstitucionalidad 1662-2002. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley del Parlamento Vasco 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. Competencias sobre urbanismo y derecho de propiedad: STC 178/2004 (cesiones de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano).
«BOE» núm. 3, de 4 de enero de 2005, páginas 115 a 118 (4 págs.)
BOE-T-2005-132
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1662-2002, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo único, aparta- do 1, párrafo 1, de la Ley del Parlamento Vasco 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. Han comparecido el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, el Fiscal General del Estado, el Letrado del Parlamento Vasco y la Letrada de los Servicios Jurídico-Centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El 20 de marzo de 2002 fue registrado en este Tribunal oficio de fecha 6 de marzo de 2002, remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al que se adjuntaba, entre otros testimonios, el del Auto del mismo órgano judicial, de 22 de febrero de 2002, por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo único de la Ley del Parlamento Vas- co 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. El artículo único de la Ley vas- ca 3/1997 dispone: «Artículo único. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos se llevará a efecto en la siguiente forma: En suelo urbano corresponde al Ayuntamiento el 15 por 100 del aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente.
2. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, registrada con el núm. 1662-2002, deriva del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Construcciones Basañez, S. A., contra la Resolución del Concejal Delegado del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao de 24 de abril de 1998, por la que se requería a la recurrente a que adquiriera mediante el pago de 62.995.272 pesetas el 15 por 100 del aprovechamiento urbanístico correspondiente para la obtención de licencia de obras solicitada para la construcción de doce viviendas, oficinas, locales y garajes; y contra la Resolución dictada por el mismo cargo municipal de 4 de mayo de 1998, por la que se dispuso que la parte correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento se abonara en metálico y la correspondiente al 5 por 100 restante se afianzara mediante aval. En la demanda formulada en aquel proceso contencioso-administrativo había alegado la recurrente que los terrenos se sitúan en suelo urbano excluido de unidad de ejecución y que no procedería la aplicación del citado porcentaje de cesión.
Concluida la tramitación del recurso contencioso-administrativo y con suspensión del plazo para dictar sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó providencia de 22 de enero de 2002, por la que se acordaba oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo único de la Ley vasca 3/1997, en su redacción originaria y también en la que le dio el artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 11/1998, de 20 de abril. La mencionada redacción originaria del precepto estaría en contradicción con el art. 2 de la Ley estatal 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales; y la redacción derivada de la Ley vasca 11/1998 sería incompatible con lo dispuesto en la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV). En ambos casos el precepto legal vasco contendría una regulación del deber de cesión del aprovechamiento urbanístico más gravosa que la prevista en la legislación estatal, lo que podría ser contrario al art. 149.1.1 CE (competencia estatal para fijar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad). El trámite fue sustanciado conforme a lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC.
3. En el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que se decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad justifica el órgano judicial que el artículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley vasca 3/1997 es la norma aplicable al caso sobre el que debe resolverse, dado que este precepto entró en vigor con posterioridad a la Ley estatal 7/1997 y con anterioridad a que se dictara la Resolución impugnada de 24 de abril de 1998. Puesto que se acepta por las partes que los terrenos están situados en suelo urbano excluido de uniddad de ejecución, si se aplicara el precepto vasco habría que ceder el 15 por 100 del aprovechamiento lucrativo, mientras que el art. 2.1 de la Ley estatal 7/1997 no prevé deber de cesión en este supuesto. Por lo que se refiere a la Resolución de 4 de mayo de 1998, si no se considerara que este acto administrativo es meramente instrumental del anterior, su contraste con la legislación en vigor (el mismo día en que fue dictado entró en vigor la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones) no exigiría, sin embargo, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
4. Por providencia de 17 de septiembre de 2002 la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad con respecto al ar- tículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley vasca 3/1997; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno vascos, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, para que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que tuvieran por convenientes; y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el del País Vasco. 5. El Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, presentó su escrito de alegaciones el 10 de octubre de 2002. Argumenta la representación procesal del Gobierno que si se considerara aplicable la doctrina del ius superveniens a las cuestiones de inconstitucionalidad que envuelven un «problema de delimitación competencial» (STC 28/1997, de 13 de febrero, FJ 2), habría que concluir en la inconstitucionalidad del precepto autonómico, que es manifiestamente incompatible con el art. 14 Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, lo que se deduciría de lo declarado en las SSTC 164/2001, de 11 de julio (FFJJ 20 y 22) y 54/2002, de 27 de febrero. Pero, aunque se prescindiera del art. 14 Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, sería evidente la contradicción que se da entre la regulación del precepto vasco y la de los arts. 2 de la Ley estatal 7/1997 (cesión tan sólo del 10 por 100 del aprovechamiento o inexistencia de deber de cesión en suelo urbano no incluido en unidad de ejecución) y 83.3 del texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (LS de 1976) -inexistencia de deber de cesión de aprovechamiento en suelo urbano-, ambos amparados en la competencia del art. 149.1.1 CE. En atención a todo lo expuesto concluye este escrito con la solicitud de que se dicte Sentencia que declare la inconstitucionalidad y nulidad del artículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley vasca 3/1997, por ser contrario al art. 149.1.1 CE. 6. Por escrito que fue registrado en este Tribunal el 10 de octubre de 2002 formuló sus alegaciones la Letrada de los Servicios Jurídico-Centrales de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La representación procesal del Gobierno vasco comienza su escrito con una exposición del contenido de los títulos competenciales que deben tenerse en cuenta para pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto cuestionado. Por una parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco es competente en materia de urbanismo, con el alcance que a esta materia se dio en la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 6 a), que incluiría la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del suelo, en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. Por otra parte, al Estado corresponde la fijación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad urbana (art. 149.1.1 CE), título competencial que, sin embargo, no permitiría a la ley estatal la delimitación completa y acabada del aprovechamiento urbanístico, porque eso excedería por definición de lo que son las condiciones básicas.
7. El Letrado del Parlamento Vasco presentó su escrito de alegaciones el 11 de octubre de 2002. En él se remite expresamente a las alegaciones formuladas en las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas con respecto al art. 11 de la Ley del Parlamento Vasco 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda, de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
8. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 11 de octubre de 2002. Tras la exposición de los antecedentes y de la doctrina constitucional que considera aplicable (en especial, la contenida en las SSTC 61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio), concluye el Fiscal que forma parte de la competencia estatal derivada del art. 149.1.1 CE la fijación con el carácter de máximo del deber de cesión de aprovechamiento en las distintas clases de suelo. Dado que el porcentaje regulado por el precepto cuestionado es superior al establecido con carácter general para el resto del territorio nacional, debe -a juicio del Fiscal General del Estado-considerarse inconstitucional el artículo único, apartado 1, de la Ley vasca 3/1997 y así se interesa que se declare por sentencia en el suplico de este escrito. Por otrosí solicita el Fiscal que se acuerde la acumulación de esta cuestión a otras también admitidas a trámite, planteadas por el mismo órgano judicial con respecto a idéntico precepto (cita las núm. 4675-2001, 4988-2001, 4989-2001, 5048-2001, 5245-2001 y 5690-2001). 9. Por su parte, por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 4 de octubre de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicaba que el Congreso no se personaría en este proceso constitucional, ni formularía alegaciones, si bien se ponían a disposición de este Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudieran requerirse de la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General. Y por escrito registrado el 16 de octubre de 2002 la Presidenta del Senado comunicaba que la Mesa de la Cámara había acordado solicitar que se tuviera a la Cámara por personada en este proceso y ofrecer su colaboración a los efectos de lo dispuesto en el art. 88.1 LOTC. 10. Por providencia de fecha 30 de noviembre de 2004 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 2 de diciembre de 2004.
Único. La parte dispositiva del Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 22 de febrero de 2002, por el que se decide promover la presente cuestión de inconstitucionalidad, la plantea expresamente en relación con el artículo único de la Ley del Parlamento Vasco 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. De la fundamentación del mencionado Auto, sin embargo, se deduce con claridad que la duda de constitucionalidad se refiere sólo a la regulación del apartado 1, párrafo 1, de dicho artículo único (porcentaje de cesión y patrimonialización de aprovechamiento urbanístico de los propietarios de suelo urbano en los municipios del País Vasco, sin que se trate de obras de rehabilitación), que es la regulación del precepto que el órgano judicial considera aplicable al caso sobre el que debe resolver. En consonancia con ello, la providencia de la Sección Primera de este Tribunal de 17 de septiembre de 2002 acordó admitir a trámite la cuestión planteada «por supuesta inconstitucionalidad del artículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley 3/1997 del Parlamento Vasco».
Suscita el mencionado órgano judicial, en síntesis, la duda de si es compatible con el art. 149.1.1 CE (competencia estatal para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad) una regulación como la del precepto legal vasco que establece un deber de cesión de aprovechamiento superior al previsto en el art. 2 de la Ley estatal 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. La cuestión planteada ha sido resuelta recientemente en la STC 178/2004, de 21 de octubre. En el proceso que resolvió dicha Sentencia el precepto cuestionado era el apartado 2 del artículo único de la Ley vasca 3/1997, pero la ratio decidendi conforme a la que se declaró la inexistencia de contradicción con el art. 149.1.1 CE se refiere a la regulación de la totalidad del mencionado artículo único: «cuando se dictó la Ley vasca 3/1997 el Estado todavía no había fijado de acuerdo con la Constitución y el bloque de la constitucionalidad ninguna condición básica que limitara el establecimiento por la Comunidad Autónoma de un concreto porcentaje de aprovechamiento urbanístico. Esta decisión estatal se adoptó por primera vez en términos constitucionalmente admisibles con la posterior Ley sobre régimen del suelo y valoraciones de 1998 [Ley 6/1998, de 13 de abril] (así se declaró en la STC 164/2001, de 11 de julio). En 1997 sólo estaba vigente, sobre este punto, una condición básica estatal que permitía al legislador autonómico establecer un deber de cesión de aprovechamiento tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable [art. 20.1 b) LS de 1992: texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio], condición básica que no fue vulnerada por la Ley vasca 3/1997 al establecer en ambas clases de suelo un deber de cesión del 15 por 100 del aprovechamiento de referencia» (STC 178/2004, FJ 11). Es necesario concluir, por tanto, que el artículo único, apartado 1, párrafo 1, de la Ley vasca 3/1997 no es contrario al art. 149.1.1 CE. En lo demás debemos remitirnos a la fundamentación y fallo de la citada Sentencia.
Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1662-2002.
Dada en Madrid, a dos de diciembre de dos mil cuatro.-María Emilia Casas Baamonde.-Guillermo Jiménez Sánchez.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Javier Delgado Barrio.-Elisa Pérez Vera.-Roberto García-Calvo y Montiel.-Eugeni Gay Montalvo.-Jorge Rodríguez-Zapa- ta Pérez.-Ramón Rodríguez Arribas.-Pascual Sala Sán- chez.-Manuel Aragón Reyes.-Pablo Pérez Tremps.-Firmado y rubricado.
DICTADA en la CUESTIÓN 1662/2002 (Ref. BOE-A-2002-19036).

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto