Source: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/actualizacion-y-ampliacion-de-los-principios-arcos/
Timestamp: 2020-04-01 05:44:44+00:00

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Actualización y ampliación de los Principios Arcos - ASCE
“…estudiamos actualmente lo referido al incremento de la inversión extranjera, … para así aprovechar la contribución que esta pueda hacer al desarrollo del país, sin repetir los errores del pasado por ingenuidades e ignorancia en esta actividad y a partir de las experiencias positivas, trabajando con empresarios serios y sobre bases jurídicas bien definidas…” —Raúl Castro, discurso del 26 de julio de 2007.
En 1994 los Principios Arcos se enunciaron con el propósito fundamental de que el Gobierno de Cuba cumpliera con normas básicas de derechos humanos y laborales de validez universal que además ha ratificado. Entonces consideramos que las empresas extranjeras que hicieran inversiones en la isla se verían presionadas a adoptar esas normas. Una preocupación adicional que teníamos era que las distorsiones que se estaban estableciendo y desarrollando por la legislación, prácticas y política laborales para la inversión extranjera en Cuba no sólo afectaban negativamente el bienestar de los trabajadores, sino que también estaban creando distorsiones en la economía difíciles de superar después. Estas inhiben la transición sistémica hacia una economía más moderna y pujante que genere los empleos que el país requiere para atender su amplio desempleo encubierto, su atraso tecnológico y su deficiente capitalización.
En 2007, 13 años después, la inversión extranjera en Cuba no ha alcanzado los niveles que requiere una economía atrasada en sus niveles de vida y tecnológicos, en parte, por las políticas laborales vigentes y a pesar de las potenciales oportunidades de inversión del país. Tampoco las empresas inversoras extranjeras han cumplido con dichos principios, prefiriendo en algunos casos establecer reservas contables para futuras demandas judiciales por los trabajadores afectados. Por otra parte, en un mundo crecientemente globalizado, líderes políticos, de derechos humanos y sindicales de los países desarrollados, entre ellos, España e Italia, están molestos por la violación sistemática de esas normas fundamentales por empresas que sí las cumplen en sus propios países de origen y en el ámbito internacional. 1
En mayo del 2006 y en mayo del 2007 se realizaron en Madrid y en Roma, respectivamente reuniones sobre la violación de los derechos humanos y laborales en Cuba. En la reunión de Madrid el Profesor Jesús R. Mercader, un prestigioso académico español especializado en derecho laboral, autor del libro La Realidad Laboral en Cuba y la Responsabilidad Social de los Inversores Extranjeros, presentó un completo análisis de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales en la isla en los últimos años, así como de las continuas llamadas de atención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto.
En la reunión de Roma se acordó, entre otros temas, exhortar al Parlamento italiano iniciar una investigación para examinar las violaciones a los derechos básicos cometidos por las empresas italianas en Cuba, particularmente la supresión de la libertad de expresión por TELECOM a través de su participación en la compañía telefónica ETECSA. Asimismo, se solicitó a todos los estados europeos, las ONGs y la opinión pública de la Unión Europea (UE) a presionar a los inversores extranjeros pertenecientes a los países miembros, con el objeto que en sus proyectos y empresas con operaciones en Cuba, se respeten los derechos fundamentales del trabajo reconocidos internacionalmente y que actualmente son negados en la isla.
En estos momentos en que los dirigentes de los mayores países de la UE—Alemania, Francia e Inglaterra—le dan una creciente importancia a las libertades y derechos humanos y que hay 10 antiguos países socialistas miembros que sufrieron la falta de dichos derechos y libertades, es pertinente solicitarles que no condonen las violaciones de derechos laborales en Cuba mediante los tratados bilaterales de inversión. Estos tratados pretenden garantizar inversiones que aceptan las deplorables prácticas laborales vigentes en la isla y su principal razón de ser es asegurar inversiones que atentan contra los principios fundamentales defendidos por los países de la UE y suscritos por el Gobierno de Cuba.
Un proceso de transición consensuado nacional e internacionalmente tiene que enfrentar este significativo tema y abolir esta práctica aberrante, que además es un impuesto directo a la inversión extranjera e indirecto a las exportaciones. Es difícil considerar que se comiencen a realizar inversiones de EE.UU. en Cuba mientras continúen estas prácticas, ya que los inversores de EE.UU. cumplen con códigos de conducta similares a los Principios Arcos en los países que se suelen violar los derechos laborales.
Entre las principales áreas de violación de los derechos laborales fundamentales en Cuba se destacan, entre otras: la falta de libre sindicación, la persecución de los líderes sindicales independientes, la falta de contratos apropiados de negociación colectiva, la falta de libertad de empleo, la discriminación en la educación y el empleo por razones político-ideológicas, el “trabajo voluntario” (trabajo forzoso),2 la contratación de los trabajadores por agencias intermediarias estatales para las empresas inversoras extranjeras, la confiscación de una parte substancial del salario de los trabajadores de las empresas con inversiones extranjeras. Algunas de estas violaciones son contrarias a lo establecido en la Constitución Política y el Código Laboral cubanos.
La situación de violaciones es evidente por las continuas llamadas de atención efectuadas por organismos internacionales calificados y, en particular, por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que se caracteriza por su imparcialidad y objetividad. En las diferentes quejas atendidas por dicho organismo se urge al Gobierno cubano a que adopte “sin demora” disposiciones y medidas para reconocer plenamente en la legislación y en la práctica laborales los derechos de los trabajadores de constituir organizaciones que estimen convenientes en todos los niveles, en particular organizaciones independientes de la actual estructura sindical, así como el derecho de ellas de organizar sus actividades libremente. También en las que el Comité pide encarecidamente al Gobierno que en el futuro respete el principio de no intervención o injerencia de las autoridades públicas en las actividades sindicales.
Adicionalmente, las nocivas y deplorables prácticas laborales de Cuba se han extendido a los trabajadores nacionales en el extranjero que realizan jornadas con horarios excesivos, verdaderos trabajos forzosos, y de baja remuneración debido a la incautación de aproximadamente el 96% de sus salarios por el Gobierno cubano. En este ensayo se presentan los casos de los trabajadores nacionales en astilleros de Curazao y del personal de la salud en Venezuela. La protección de la libertad de los trabajadores de disponer de sus salarios constituye un aspecto fundamental del Convenio Nº 95 de la OIT sobre la Protección del Salario del 8 de junio de 1949 que el Gobierno de Cuba ratificó el 24 de abril de 1952.
Por otra parte, actualmente existen en Cuba las oportunidades de inversión y las condiciones económicas para efectuar una liberalización que permita mejorar los salarios de los trabajadores y eliminar las prácticas laborales vigentes tan lesivas a ellos. Del mismo modo estas prácticas perjudican a la economía nacional, su inserción a la economía internacional y la hacen innecesariamente dependiente de la ayuda económica de Venezuela, como antes lo fue de la desaparecida Unión Soviética.
El peso de las empresas inversoras foráneas en Cuba, en especial en el turismo, la minería y las telecomunicaciones, derivado del elevado monto de sus inversiones, es tal, que es imposible ignorar la influencia que podrían ejercer sobre el Gobierno cubano. Es injustificable y contencioso escudarse en el pretexto que las leyes cubanas impiden otro tipo de prácticas. Las empresas inversoras extranjeras deben asumir su papel ético y adoptar una seria política de responsabilidad social corporativa que respete los derechos laborales fundamentales de los trabajadores cubanos y los estándares laborales y medioambientales aceptados en el ámbito internacional aunque éstos no estén jurídicamente reconocidos en la legislación ni en las prácticas y normas cubanas, pero definitivamente sí lo están en los convenios que el Gobierno cubano ha ratificado, y que tanto el Gobierno cubano como las empresas están obligados a respetar.
Lo contrario es ser cómplices de la violación de los derechos de los trabajadores cubanos y de su explotación laboral, represión política y falta de libertades. No sólo se trata de consideraciones éticas, sino también de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores cubanos, así como de las propias posibilidades competitivas de las empresas inversoras extranjeras, redundando en una mejor percepción social de los trabajadores, clientes y accionistas y, por consiguiente, de su crecimiento potencial. La responsabilidad social corporativa y la aplicación de buenas políticas y prácticas laborales pueden evitar la virtual confrontación entre los trabajadores cubanos y los inversionistas extranjeros y transformarlas en una colaboración efectiva.
Actualmente hay consenso entre los principales dirigentes opositores del país de establecer demandas civiles (y posiblemente criminales) contra los inversionistas foráneos que son cómplices de las violaciones laborales y civiles de los trabajadores cubanos. Los conocidos disidentes Félix Antonio Bonne Carcases, René de Jesús Gómez Manzano, Vladimiro Roca Antunez y Beatriz Roque Cabello, autores del documento La Patria es de Todos, fueron detenidos y condenados a prisión en 1998 por la promoción y las gestiones en favor de la implantación de los Principios Arcos en Cuba y empleados de las empresas foráneas en Cuba colaboraron como testigos de la fiscalía para su condena (ver Recuadro 1).
El propósito de este ensayo es presentar una ampliación y actualización de los Principios Arcos y de un plan de acción que contribuya a la implantación efectiva de derechos laborales y humanos fundamentales en Cuba, así como a establecer mejores condiciones para el desarrollo futuro del país y particularmente de su fuerza laboral.
El ensayo está organizado de la forma siguiente. La segunda sección contiene un análisis de los principales acontecimientos relevantes en 1994–2007, la tercera presenta una actualización y ampliación de los Principios Arcos, la cuarta sección propone acciones para lograr su efectiva implantación y la quinta sección contiene unos comentarios finales.
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN 1994–2007
Cambios en el Entorno Internacional
Después que se enunciaron los Principios Arcos se produjo un aumento del crecimiento de la economía mundial y una mayor integración de la misma como se aprecia de la mayor expansión del comercio internacional que el de la producción mundial. La economía mundial creció al 2.1% anual en 1991–1993; sin embargo, se expandió al 3.7% anual en 1994–2001 y al 4.5% anual en los años 2002 a 2006. En cambio, el comercio mundial de bienes y servicios creció al 4.2% en 1991–1993, al 7.8% en 1994–2001 y 7.2% en 2001–2006.3
Estos desarrollos han creado marcadas presiones para que economías periféricas, pequeñas y de menor desarrollo relativo, como la cubana, se expandan más rápidamente y se integren a la economía internacional para brindar estándares de vida mejores a su población. E.g., el plan económico actual de Viet Nam plantea crecer e integrarse más la economía mundial para disminuir las diferencias existentes con los niveles de vida de los otros países del Asia Pacífico.
Crisis y Recuperación Insuficiente y Asimétrica
La economía cubana estuvo muy integrada a la economía de la desaparecida Unión Soviética y dependía mucho del comercio y los subsidios que ella le brindaba, por lo que sufrió una severa contracción en el periodo 1989–1993 cuando los mismos prácticamente se eliminaron. El producto interno bruto (PIB) en términos reales se redujo en 36.1% en dicho periodo, lo que unido a una expansión de la población del 2.9%, determinó una contracción del 38.1% del PIB por habitante en 1989–1993.4 Posteriormente, el PIB se recuperó en 1994 al 2003, debido a un conjunto de medidas parciales de liberalización económica, una mayor apertura al exterior y el éxito en atraer inversión extranjera, pero los niveles del PIB en 2003 eran aún inferiores en 7.0% a los de 1989. Dado que la población se expandió 7.9% en 1989–2003, el PIB por habitante en 2003 fue inferior en 13.9% al de 1989.
Según las cifras de UNCTAD, las exportaciones de bienes de Cuba eran 0.141% de las exportaciones de bienes mundiales en 1990, el 0.026% en 2000 y el 0.023% en 2006. Asimismo, las exportaciones de bienes y servicios que eran el 0.13% en 1990 fueron sólo el 0.05% de las exportaciones de bienes y servicios mundiales en 2000. Esto muestra la clara contracción relativa del sector externo de Cuba en la economía mundial.
La recuperación a partir de 1994 se dio simultáneamente con una significativa reducción de la tasa de formación de capital y de los gastos de mantenimiento y reparación que han aumentado la depreciación física, particularmente en la infraestructura física y las viviendas durante el periodo, lo que establece serias dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación en el futuro. Según datos oficiales la tasa de formación de capital en 2004 era 11.4% inferior a la de 2002 y sólo el 10.1% del PIB.
También es pertinente señalar que el PIB de Cuba sólo se había expandido letárgicamente en 1.4% en 1985–1989 como consecuencia del proceso de eliminación de las medidas de liberalización económica adoptadas a principios de los 1980, conocido como el “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas.” Dado que la población se expandió en 3.6% en esos años, el PIB por habitante ya había experimentado una contracción del 2.1% en 1985–1989.
Lo anterior establece que el nivel de vida de los cubanos descendió en el periodo 1985–2003 por el doble efecto de que la economía se contrajo y la población se expandió y despeja cualquier duda sobre la perceptible involución económica del país. Ello contrasta en forma significativa con la creciente expansión de la economía mundial en el periodo.
A partir de 2004, y coincidiendo con las ventajosas relaciones de intercambio establecidas con el gobierno de Venezuela en forma de precios preferenciales y pagos diferidos por el petróleo, así como de la contratación de personal de la salud y la educación, que le ha permitido mayores ingresos de divisas, el Gobierno de Cuba comenzó una nueva etapa de centralización y de reversión de las medidas de liberalización económica adoptadas a mediados de los años 90.5 Esto ha hecho a Cuba crecientemente dependiente de los petrodólares de Venezuela y muy vulnerable a cualquier cambio que se produzca en ese país, como lo fue en el pasado de la desaparecida Unión Soviética, así como a los cambios de los precios del petróleo.
Además, el Gobierno cubano ha reactivado recientemente la economía con la expansión del gasto público financiado con emisión monetaria y revaluó la moneda. El peligro está en que la elevación de la inflación dentro del esquema de gasto público con revaluación no genera el aumento de la capacidad de producción ni de los empleos que el país necesita y se manifestará en déficit crecientes de la balanza de pagos y en el dilapidación de los recursos provenientes de Venezuela, como se hizo con la ayuda soviética en el pasado. La solución no es otra que la adopción de una política de crecimiento elevado y sostenido.
En 1989–1995, el gobierno cubano hizo frente a la crisis económica con un severo ajuste en el empleo que justificó por la terminación de la ayuda y la contracción del comercio con la Unión Soviética. Hubo un aumento de la tasa de desempleo abierto al 7.9%, una reducción del porcentaje de la población económicamente activa (PEA) y una expansión del número de los trabajadores por cuenta propia. Así, el número de empleados se redujo en 109 miles (ver Cuadro 1).
En 1995 la tasa de desempleo encubierta, siguiendo la metodología de CEPAL,6 es decir, el empleo adicional al necesario para generar el PIB real con la productividad por trabajador de 1989, se estima que se elevó al 31.4%. En 1993 la tasa de desempleo encubierto equivalente fue 37.1% (ver Cuadro 1).
En contraste en 1996–2005, el Gobierno recurrió a una política artificial de “pleno” empleo, posiblemente única en el ámbito mundial, para lo cual redujo la tasa de desempleo abierto; también, disminuyó el trabajo por cuenta propia y acomodó un aumento del porcentaje de la PEA. El número de empleados aumentó en 532 miles y la tasa de desempleo abierto disminuyó al 1.9%. En 2005 el empleo excedente con los niveles de productividad por trabajador de 1989 se estima en 12.5% atribuible al doble efecto de la caída de la producción y al aumento del empleo en 1989–2005.
El desempleo encubierto en trabajos de baja productividad (subempleo o “plantillas infladas” como se le suele llamar en Cuba), se aprecia fácilmente porque el PIB real disminuyó 2.5% en 1989–2005 mientras el empleo aumentó en 423 miles o en 11.4%. Este desempleo encubierto o empleo excedente representa una carga social, ya que lo terminan pagando con menores salarios los trabajadores realmente requeridos por las empresas de bienes y servicios.
Si se utiliza la información correspondiente a 1985 en vez de la de 1989, el desempleo encubierto (o empleo excesivo) es aún mayor. Esta cifra es más realista y plausible que la de 1989 por las razones indicadas anteriormente ya que en 1985–1989 se experimentó un mayor crecimiento del empleo que el de la producción. Además, en la mayoría de las economías se supone que se realice un progreso y aprendizaje tecnológico a través del tiempo que permite generar la misma producción con menos trabajadores. Jorge Máttar, Director de la CEPAL para México y el Caribe ha señalado que “Cuba debe ser hoy el país con la mayor tasa de subocupación de América Latina, tiene una población muy educada—técnicos, profesionales —que no son aprovechados, normalmente; usted los puede encontrar haciendo otro tipo de oficios” (Febrero 7, 2007 AFP).
En agosto del 2006, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aprobó dos resoluciones con ánimo, según los dirigentes sindicales, de organizar las condiciones de trabajo y sancionar con rudeza cualquier acto de indisciplina laboral, pero ignorando la auténtica situación que enfrenta el trabajador. La Resolución 187 reglamenta el horario y la jornada de trabajo y la Resolución 188 traza las normas para los reglamentos disciplinarios internos de los centros laborales. Sin embargo, en las asambleas obreras realizadas para discutirlas, los trabajadores pidieron espontáneamente resolver primero el problema del transporte público, uno de los factores principales que influyen en el ausentismo laboral, y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que como se aprecia en la sección siguiente y que Raúl Castro reconoció en su discurso del 26 de julio del 2007, ha disminuido a partir de 1989. Estas peticiones sintomáticas de la ardua realidad laboral del país, presagian que dichas resoluciones serán infructuosas y motivaron que su aplicación, la cual debió entrar en vigencia el 2 de enero del 2007, fuera aplazada hasta el 1ro. de abril del 2007. También, se programó una Audiencia Parlamentaria sobre la disciplina laboral para el 18 de mayo del 2007 en el Palacio de las Convenciones, convocada por Osvaldo Martínez, Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Ciertamente la única solución viable y sostenible es brindar incentivos efectivos al trabajador aumentando los salarios reales para estimularlos a lograr una mayor productividad laboral y creando empleos adicionales de mayor productividad para absorber una mayor población en el contexto de un eficiente y racional aprovechamiento del potencial productivo nacional. No lo es, imponiendo nuevas y draconianas penalidades y más miserias al trabajador ya en una situación de atraso y privaciones.
Las Remuneraciones Reales y el Bienestar Social Decrecientes
El Gobierno cubano enfrentó la mencionada crisis económica de 1989–1993, que fue acompañada de un elevado déficit fiscal, con una severa reducción de los salarios reales del 31% y de las pensiones reales del 22% en 1989–1994 (ver Cuadro 2) porque mantuvo sus niveles nominales mientras se experimentada un aumento de la inflación, lo cual también lo justificó por la terminación de la ayuda y la contracción del comercio con la Unión Soviética.
En contraste en 1994–2004, el Gobierno recurrió a una política de aumentar paulatinamente los salarios reales y las pensiones reales. Los salarios reales eran 15% inferiores en 2004 a los de 1989 y las pensiones reales 19% menores que las de 1989.
El mencionado estudio de CEPAL de 1998 señaló significativos retrocesos en los sectores sociales, los salarios reales y las pensiones reales, en la igualdad de los ingresos lograda hasta los años 90, así como la precariedad de los avances sociales alcanzados (ver CEPAL, 1998, sección 4 D). Estos fueron atribuidos al deterioro en la calidad de la educación y la salud, la reducción de la cobertura y el valor real de las pensiones, los crecientes y significativos déficit en la cantidad y calidad de la vivienda, y en los deteriorados servicios de agua potable y sanitarios (alcantarillado). En 1998–2006, lo que continúa hasta el presente, han ocurrido recuperaciones en los gastos en los sectores sociales, así como en los salarios reales y las pensiones reales, pero sin superar los niveles existentes en 1989.7 La situación social actual sigue siendo precaria y peor que en 1989. La insuficiencia de los ingresos de la fuerza laboral, aún para los técnicos especializados y los profesionales, es evidente en las experiencias personales presentadas en los Recuadros 3 y 4. Según información reciente la población está molesta porque las mayoras entradas de divisas no se reflejan en sus niveles de vida.8
Los datos oficiales y los resultados de las investigaciones académicas son preocupantes. “La última encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre la situación socioeconómica de los hogares cubanos revela que en el 75% de los núcleos familiares los salarios de sus miembros no alcanzan para cubrir los gastos que deben realizar,” afirma un sociólogo conocedor del estudio. Su moraleja: “Los sueldos son completados a la brava, con ingresos que provienen usualmente del expolio de los recursos estatales, siguiendo la filosofía popular de ‘si no me dan lo que me corresponde, me lo cojo.’”9 Además, el 26 de julio del 2007 Raúl Castro reconoció que “el salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades, … Ello favoreció manifestaciones de indisciplina social … que una vez entronizadas resulta difícil erradicar, incluso cuando desaparecen las causas objetivas que las engendran.”10
Nuevamente, la solución factible es brindar incentivos y motivar al trabajador mediante el aumento de los salarios reales y las pensiones reales para lograr una mayor productividad laboral en el contexto de un eficiente y racional aprovechamiento del potencial productivo del país. No lo es imponiendo nuevas y adicionales exigencias y amenazas al trabajador en una situación de carencias básicas.
Con la desaparición de la Unión Soviética, en los años 90 y a principios de los años 2000 el Gobierno cubano decidió abrirse a la inversión privada extranjera— principalmente en el turismo, la minería y las telecomunicaciones. El turismo internacional se convirtió en la “locomotora” del crecimiento económico del país y se vio reforzado por la expansión de la producción de níquel y la entrada de las remesas de los cubanos residentes en el exterior. No obstante, en 2003–2004 este modelo de apertura estaba prácticamente agotado en parte por la menor expansión de esas partidas y las crecientes medidas de centralización y represión económicas adoptadas por el gobierno. A partir del 2004 Cuba ha dependido predominantemente de Venezuela para la adquisición de petróleo a precios preferenciales y pagos diferidos, así como de los ingresos externos provenientes de la prestación de servicios médicos, educativos y deportivos, áreas en las que Cuba tiene un excedente laboral.
En 2006 los ingresos del turismo y del níquel disminuyeron en términos reales. El número de visitantes disminuyó en 4.2% lo que se atribuyó a una menor competitividad internacional de Cuba en parte por la revaluación del peso cubano convertible con respecto al dólar, porque los turistas no retornan a la isla por la baja calidad de las comidas, la indiferencia del servicio y por la epidemia del dengue.11 Los ingresos corrientes por turismo aumentaron ligeramente en US$5 millones. La producción de níquel disminuyó en 4% ya que desde 2001 es cercana a la capacidad de producción instalada de 77,000 TM anuales, pero el precio del metal aumentó significativamente en 2006 por una coyuntura internacional favorable. El precio de la libra fue de US$15 en diciembre del 2006, era menor de US$6 en enero del 2006.
A principios del 2007 se estima que Venezuela exporta a Cuba aproximadamente 100,000 barriles de petróleo diarios, esto hace a la economía cubana muy dependiente de la ayuda venezolana y vulnerable a cualquier cambio que pueda producirse en Venezuela. Por otra parte, el precio de la libra de níquel que llegó a ser de US$24 en mayo del 2007 ha disminuido continuamente, era de US$13.5 a principios de agosto del 2007. También el turismo ha disminuido en términos reales en aproximadamente 15% en el primer del semestre del 2007 por la continuación de los problemas apuntados.
En cualquier caso la actual situación favorable de ingresos externos de Cuba se debería aprovechar para mejorar las condiciones laborales en general y los niveles de remuneración del trabajador en las empresas extranjeras y para los trabajadores en el exterior en particular.
La Decreciente Inversión Extranjera
El Gobierno entiende que Cuba no posee los bienes de capital ni las tecnologías de avanzada requeridas para el crecimiento económico elevado y sostenido, y que, por lo tanto, necesita asociarse a empresas occidentales para aprovechar las ventajas comparativas de la isla y aumentar la competitividad externa del país. O sea, para diversificar y aumentar el volumen de las exportaciones y los ingresos en divisas.
El Consejo de Estado estableció el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC), mediante el Decreto Ley Nº 147 del 21 de abril de 1994. El 5 de septiembre de 1995, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Inversión Extranjera, Ley Nº 77, que reemplazó al Decreto-Ley 50 del 15 de febrero de 1982, sobre la Asociación Económica entre Entidades Cubanas y Extranjeras que determina los principios fundamentales que rigen las inversiones foráneas.
El Art. 25.5 de la Ley 77 indica cada inversión propuesta necesita ser aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o la Comisión de Gobierno. Esto hace bastante complicada y casuística la negociación de las inversiones foráneas.
A mediados de los años 90 hubo un gran interés de los inversores extranjeros en Cuba dada las oportunidades de negocios existentes y la apertura de las actividades económicas que se estaba efectuando en la isla. No obstante, el número de las inversiones extranjeras primero se detuvo y más recientemente se ha reducido debido a que la legislación y la práctica de la aprobación y la gestión de las inversiones extranjeras es sumamente compleja, así como a la reversión de las medidas de liberalización económica en el país que también afectó a los inversores extranjeros y aumentó su riesgo de realizar actividades en Cuba. La Ley 92 del 2004 establece estrictos y engorrosos controles sobre todas las transacciones en divisas.
Adicionalmente, el Gobierno cubano ha decidido concentrar las inversiones extranjeras en las grandes empresas y en los sectores estratégicos. A finales del 2006, había 236 asociaciones con capital extranjero frente a las 403 de 2002, o sea una reducción del 41% en el periodo 2002–2006. No obstante, el país continúa ofreciendo buenas oportunidades para inversión en las áreas tradicionales—del turismo y la minería— y más recientemente en las áreas de producción de etanol, exportación de servicios de medicina y educación, y exploración de petróleo.
Principales Cambios de la Legislación y Política Laboral12
El Régimen Laboral General: La legislación y las prácticas laborales cubanas muestran violaciones evidentes y sistemáticas del estándar internacional laboral mínimo, entre otras, en las áreas básicas de: libertad sindical; derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria; trabajo forzoso; y discriminación en el acceso a la formación y al empleo por actitudes políticas.
En su Informe del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la existencia de una sola central sindical reconocida oficialmente y mencionada en la legislación cubana, lo cual ha motivado la atención permanente de la OIT. La CIDH destacó que uno de los principios rectores de la Constitución de la OIT, de la cual Cuba es signataria, incluye el “reconocimiento del principio de libertad sindical” como requisito indispensable para “la paz y armonía universales.” La CIDH considera que los actos de hostigamiento contra sindicalistas que intentan defender el derecho a la libertad sindical son contrarios a los derechos humanos.
Los efectos adversos provocados por la dependencia estructural de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus 18 Sindicatos Nacionales del gobierno central y del partido comunista se aprecian de una patética entrevista al Secretario General de la CTC, Salvador Valdés Mesa el 23 de abril del 2007, previa al 1ro. de mayo, así como en su discurso de ese día. En la entrevista, Valdés se muestra preocupado por los temas del trabajo “voluntario,” útil y necesario, y de la implantación de las mencionadas resoluciones 187 y 188 aunque reconoce que no hay las condiciones objetivas para su implantación. En contraste no menciona ni una sola vez los derechos y reclamos laborales que quedaron evidenciados por la citada postergación de las resoluciones.13 Valdés se da cuenta cabal de a quién representa realmente e ilumina el fondo de este asunto con su defensa implícita distante y arrogante de las prácticas negativas del status quo. En contrate es pertinente destacar el Recuadro 2 que presenta los comentarios de Joel Brito, antiguo dirigente de la CTC, sobre la situación laboral y de violación de derechos laborales en Cuba.
En Cuba hay significativos incumplimientos de los Convenios Nº 87 y 98 de la OIT en materia de libertad sindical. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha realizado numerosas llamadas de atención al Gobierno cubano en esta materia. En las diferentes quejas resueltas por la OIT se le urge que adopte “sin demora” nuevas disposiciones y medidas para reconocer plenamente, en la legislación y en la práctica, el derecho de los trabajadores de constituir organizaciones que estimen convenientes en todos los niveles (en particular organizaciones independientes de la actual estructura sindical), así como el derecho de las mismas de organizar libremente sus actividades.
Asimismo, el citado Comité ha solicitado encarecidamente al Gobierno que en el futuro respete el principio de no intervención o injerencia de las autoridades públicas en las actividades sindicales consagradas en el Art. 3 del Convenio Nº 87. Lo anterior expone claramente la debilidad del derecho fundamental a la libertad sindical en Cuba, sin que se pueda utilizar como argumento para atenuar esta conclusión, como lo señala la propia OIT, la existencia de actuaciones externas que puedan orientar y apoyar la acción del sindicalismo independiente. Medidas privativas de libertad contra sindicalistas o el allanamiento de sus lugares de reunión, entre otros, son actos que atentan notoriamente contra la dignidad de la persona (Cuadro 3).
El derecho de negociación colectiva, un derecho fundamental aceptado por los miembros de la OIT, se encuentra cuestionado seriamente en la legislación cubana. Esta establece un sistema de negociación desvirtuado si se compara con el modelo paradigmático de negociación colectiva que se asienta en lo establecido en el Convenio Nº 98 y la Recomendación Nº 91 de la OIT, sobre los principios de negociación libre y voluntaria de los convenios colectivos y la radical prohibición de injerencia de la administración pública en su elaboración. El alejamiento de tales principios se deriva de que los convenios colectivos de trabajo en Cuba se basan en directrices fijadas por el Gobierno y los Ministerios competentes. La anterior conclusión queda reforzada por el propio Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ha instado al Gobierno cubano a que tome medidas para modificar la legislación vigente en materia de negociación colectiva con objeto de que la que se realice en los centros de trabajo, se efectúe sin el arbitraje obligatorio impuesto por la ley y sin la injerencia de las autoridades y de organizaciones de grado superior o de la CTC.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha estudiado la violación en Cuba de los Convenios de la OIT Nº 111 sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupación y Nº 122 sobre la Política de Empleo. Tales infracciones se observan en varios textos legales y reglamentarios vinculados con el acceso a la formación y al empleo, así como en la evaluación de los trabajadores para la selección y la colocación laboral o en definir los méritos y deméritos laborales. Aspectos tales como la selección de los cuadros administrativos en el sistema educativo han llevado a la citada Comisión a manifestar su solicitud al Gobierno cubano para que adopte las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación tanto en el acceso a la formación como al empleo.
Igualmente, la mencionada Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia de la OIT han sometido a observación, aspectos tales como la exigencia a los inspectores del Ministerio de Educación de una conducta política y moral que se ajuste a los principios y objetivos del Estado socialista; el despido de determinados miembros del personal de establecimientos superiores por conductas contrarias a la moral socialista; la valoración de la conducta ideológica entre los méritos a incluir en el expediente laboral del trabajador; o el alcance de la ficha de control personal establecida por algunas empresas en la que se incluye información sobre la aptitud moral y la conducta social del trabajador. Es evidente que tan elevado cúmulo de requisitos generan una bien fundada preocupación de la existencia de situaciones de discriminación en el otorgamiento de trabajo por motivos ideológicos u otras razones conexas.
Además en un país con excedente de mano de obra es ciertamente irónico solicitarles a los trabajadores que realicen trabajos “voluntarios.” La única explicación es que hay trabajos que nadie quiere realizar y para ello se debe utilizar una política de mejor remuneración en vez de solicitarle a la población que los realice gratuitamente.
El Régimen Laboral para las Inversiones Extranjeras: Los poderes del Gobierno cubano sobre los derechos laborales para las empresas con inversiones extranjeras son aún más amplios y abusivos, particularmente en el sector turismo, y frustran efectivamente las prácticas de responsabilidad social corporativa, particularmente el respeto al derecho de sindicación de los trabajadores, la contratación no discriminatoria y la protección del salario.
La mencionada Ley 77 mantiene el sistema implantado bajo el Decreto-Ley 50 mediante el cual la fuerza laboral de cada empresa de participación extranjera deberá ser provista por una agencia empleadora estatal creada por el Estado para esos fines y designada por el MINVEC.
El Art. 34 de la Ley 77 señala que la relación de empleo se establece entre el trabajador y la entidad estatal, no con la empresa con participación extranjera. La norma legal efectúa diversas precisiones sobre la devolución de trabajadores por no satisfacer las exigencias laborales, las formas de remuneración, la disciplina y la solución de conflictos laborales, las vacaciones, la seguridad social, la protección del trabajo y la elaboración de reglamentos internos.
Así, el Gobierno cubano se reserva las funciones de selección y control de los empleados que son realizadas en otros países por las gerencias de las empresas: el reclutamiento de los empleados, las decisiones de empleo, el aplicar medidas disciplinarias, el recompensar al trabajador por sus logros y el despedirlo por sus faltas. La utilización obligatoria de agencias empleadoras del estado deja a los trabajadores sin capacidad para negociar directamente con el empresario sus salarios, beneficios, motivos de ascensos y despidos, la duración del período de prueba, y lo hacen doblemente dependiente de la agencia empleadora intermediaria y de la empresa extranjera.
La agencia empleadora está encargada de aplicar sanciones tras considerar factores tales como las cualidades personales del trabajador, lo que le permite penalizar a empleados por expresiones o actividades que no tienen nada que ver con su trabajo (Arts. 47 y 48 de la Resolución Nº 3/96 del Ministerio de Trabajo).
En la mayoría de los casos la intermediaria estatal fue la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. (ACOREC, S.A.), aunque la Empresa de Servicios al Cuerpo Diplomático, S.A. (CUBALSE, S.A.) a veces apareció como la agencia de contratación designada por el gobierno. Posteriormente, los Ministerios comenzaron a establecer empresas empleadoras en su ramo de competencia.14
La agencia empleadora realiza investigaciones, caso a caso, y a través del Departamento Nacional de Investigaciones de los posibles trabajadores a utilizar, además según se conoce casi el 95% forma parte de las filas de la Unión de Juventudes Comunistas o del Partido Comunista de Cuba. En este contexto, conviene tener presente que el Art. 1 del Convenio Nº 111 de la OIT establece que el término discriminación comprende: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”
Adicionalmente, el Art. 33 numeral 4 de la Ley 77 establece que: “Los pagos al personal cubano y extranjero residente permanente en Cuba se hacen en moneda nacional, que debe previamente obtenerse con divisas convertibles.” Tal regulación contradice abiertamente el Art. 6 del Convenio Nº 95 de la OIT que expresa: “se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario.” La intermediación del Estado en estos casos conlleva una marcada confiscación de la retribución del trabajador que altera de forma esencial el principio de correspondencia que es fundamento de la retribución salarial ya que la reduce a aproximadamente un 5% del total pagado por las empresas extranjeras porque la relación entre el peso convertible (o “chavito”) que pagan las empresas extranjeras a las empresas empleadoras y el peso cubano que reciben los trabajadores cubanos de las empresas empleadoras es de aproximadamente 22 a 1.
En algunos casos se conoce que el sueldo pagado en pesos convertibles (o “chavitos”) a la empresa empleadora intermediaria por la empresa con capital extranjero es aún mayor que el sueldo pagado en pesos cubanos al trabajador por la empresa intermediaria del estado, lo que hace el pago efectivo del orden del 2%.15
La práctica del gobierno cubano es perjudicial no sólo por ser confiscatoria con respecto al salario de los trabajadores, sino porque afecta en forma negativa las decisiones económicas de las empresas inversoras extranjeras tal como se explica en detalle mas adelante. La capacidad de las empresas de otorgar compensación adicional es limitada, porque el gobierno cubano exige pagos de salarios relativamente elevados para la fuerza laboral, además de las prestaciones sociales correspondientes, lo que aumenta los costos de sus operaciones, disminuye sus ganancias y hace que los productos de las empresas sean menos competitivos en el mercado internacional.
La regulación laboral del Estado cubano sobre el sector turístico establece que los trabajadores de este sector enfrentan períodos de prueba mayores, tienen menos seguridad en el trabajo, trabajan más horas y tienen que trabajar frecuentemente en horarios irregulares de trabajo. El régimen disciplinario también es mucho más severo que el aplicable de acuerdo con el Código de Trabajo, dado que prevé una mayor tipología de faltas, acorta el período para la aplicación de las sanciones y elimina los posibles mecanismos de defensa del trabajador. El régimen laboral aplicable al sector turismo pone especial énfasis en la adecuación del empleado al puesto, potenciando las cualidades personales y el comportamiento general de la persona, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo; lo que entra en contradicción una vez más con lo establecido en el Convenio Nº 111 de la OIT.
La Resolución Nº 10 del 19 de febrero del 2005 que establece el “Reglamento para las Relaciones con el Personal Extranjero en el Sistema del Turismo,” exige explícitamente rectitud hacia los intereses patronales y fuera del lugar de trabajo, “mantener permanente vigilancia contra todo hecho o actitud lesiva a los intereses del Estado.” También establece que cualquier trabajador del sector de cualquier rango reportará por escrito a su superior todo regalo en especie que reciba de un extranjero con quien mantenga vínculos de trabajo (incluidos cheques, dinero en efectivo o tarjetas de crédito).
A pesar de las violaciones adicionales y más sistemáticas de los derechos de los trabajadores de las empresas extranjeras en Cuba, los trabajadores prefieren ocuparse en ellas ya que reciben un sueldo mayor y tienen acceso a ingresos adicionales o regalías de las empresas o de sus clientes, en especial en el turismo. Como se mencionó, las empresas empleadoras intermediarias dan preferencia al clientelismo político (los trabajadores aparentemente “leales” ideológicamente, miembros del Partido Comunista, de la Juventud Comunista o ex miembros de las fuerzas armadas). No obstante, como se indica más adelante, la actual política laboral tiene impactos negativos en términos de empleo y remuneraciones sobre la población trabajadora del país como un todo y, por lo tanto, es tácticamente miope y estratégicamente errónea.
La Exportación de Mano de Obra Mal Remunerada
En años recientes las deplorables prácticas laborales vigentes en la isla, se han extendido a trabajadores cubanos que laboran en otros países bajo el auspicio del Gobierno cubano.
Hay dos casos emblemáticos, verdaderamente funestos y alarmantes de explotación laboral, que aún no han sido condenados por las organizaciones internacionales de derechos humanos y laborales, pero que ameritan un severo repudio. Trabajadores cubanos han sido enviados por el Gobierno cubano a un astillero en Curazao para realizar extensas jornadas laborales (16 horas laborales por 15 días consecutivos) por lo que se les remunera en pesos cubanos en la isla más un bajo estipendio diario para cubrir sus necesidades de alimentación. Ver el Recuadro 3 que presenta la funesta experiencia de Fernando Alonso quien trabajó en Curazao. Igualmente, personal (profesional y técnico) de la salud y la educación es enviado a Venezuela16 a realizar amplias jornadas laborales diarias para lo cual se les remunera el equivalente a US$200 mensuales más habitación Ver el Recuadro 4 que presenta las experiencia de los Dres. César Rodríguez y Joan Marie Jiménez quienes ejercieron la medicina en Venezuela.
Estas dos experiencias ilustran que el Gobierno cubano trata al trabajador como un súbdito, actúa como si fuera propietario de su capital humano (educación y destrezas) e intenta disponer libremente de ellas. Esto equivale a un arcaico régimen de esclavitud en el cual el propietario del trabajador (en este caso el Gobierno cubano) pretende disponer libremente del mismo y apropiarse de la casi totalidad de la remuneración que genera.
PRINCIPALES EFECTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DE LA ACTUAL POLÍTICA SALARIAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Para Cuba es fundamental impulsar una política salarial más realista y apropiada orientada a alentar las inversiones extranjeras acorde con la situación existente de desempleo encubierto, así como la necesidad de capitalizar y aumentar los niveles tecnológicos del país. Cuba los necesita para modernizarse y para crecer a una tasa más elevada y sostenible, que genere mayores oportunidades de empleo y presiones para que aumenten los niveles de los salarios reales y la motivación de los trabajadores. De hecho, una política salarial realista (PSR) acorde con la situación de desempleo encubierto del país sería un valioso aporte que una sana política económica podría realizar en los ámbitos macro y microeconómico para mejorar el nivel de actividad, la tasa de crecimiento, los niveles de empleo y la remuneración de los trabajadores, así como la capacidad competitiva y el funcionamiento económico del país.17
Hay tres impactos principales de una PSR:
1. el macroeconómico de corto plazo sobre los niveles de actividad económica, empleo, remuneración y la competitividad del país.
2. el macroeconómico de largo plazo, o de crecimiento, sobre los niveles de la actividad económica, empleo, remuneración y la competitividad del país a través del tiempo; y
3. el microeconómico sobre la intensidad en la utilización del factor trabajo.
Una condición necesaria para que los impactos expansivos a corto y largo plazo de la PSR sobre el empleo tengan lugar es la existencia de desempleo abierto o encubierto en empleos de baja productividad. Esta situación se satisface fácilmente en Cuba, como se estableció anteriormente.
Mediante el primer impacto, la PSR aumentaría el nivel de actividad económica, empleo y remuneración en el corto plazo al lograr un mayor nivel de inversión extranjera, porque los márgenes de ganancias serían mayores para los inversores debido a que el costo laboral sólo consistiría en el pago efectivo a los trabajadores y sus prestaciones laborales y no incluiría, como hasta ahora, el elevado pago al Gobierno por el diferencial entre el peso convertible (o “chavito”) y el peso regular. Además, la productividad de los trabajadores aumentaría porque serían seleccionados directamente por las empresas de acuerdo con sus calificaciones y destrezas y compensados de acuerdo con su desempeño laboral efectivo. Por el segundo efecto, la PSR influiría en una mayor tasa de crecimiento del producto, el empleo y las remuneraciones, como resultado de una mayor inversión extranjera a través del tiempo.
El tercer impacto de la PSR afectaría una mayor intensidad en el uso del factor trabajo en los procesos productivos que generarían mayor empleo dado un cierto nivel de inversión y una cierta tasa de crecimiento de la inversión como resultado de los nuevos precios relativos de los factores productivos trabajo/ bienes de capital, en particular en un país como Cuba, debido a que estos últimos tienen un significativo componente importado. La PSR determinaría que el valor de los salarios en moneda extranjera sea mucho menor, que es el costo laboral relevante para los inversores extranjeros. Así, un cambio significativo en estos precios relativos, al eliminar el diferencial cambiario como parte de la transferencia al Estado, deberá afectar significativamente la relación empleo/producto de los procesos productivos utilizados.
La influencia de la PSR en el empleo mediante la relación del empleo/producto no es un efecto que ocurriría de inmediato sino a través del tiempo. Las variaciones de la relación empleo/producto tienen lugar vía ajustes en la estructura de producción de la inversión foránea existente—en empresas y sectores—así como en el conjunto de los productos y los insumos de cada empresa y sector. Adicionalmente, vía cambios en la tecnología y en la organización de la producción utilizadas. Los efectos surgen de un proceso de selección y reestructuración de los procesos productivos de las inversiones extranjeras en los cuales las empresas individuales y la actividad económica como un todo se adaptan al nuevo conjunto de precios relativos. El proceso de adaptación está guiado por los incentivos brindados por los nuevos precios relativos. Este efecto sería particularmente importante para algunas actividades como las de las zonas francas que utilizan mucho trabajo y que hasta ahora han sido un real fracaso en Cuba.
Además, la PSR incentiva las inversiones y actividades que no eran rentables antes (el argumento del efecto del crecimiento), y alienta el uso más intensivo del factor trabajo en esas inversiones, ya que el precio relativo de este factor productivo habría disminuido considerablemente. En sentido contrario, la política salarial actual reduce el nivel de inversiones extranjeras ya que de facto es un elevado impuesto a la utilización del factor trabajo y equivale a un impuesto directo a la inversión extranjera e indirecto a las exportaciones dada la ventaja comparativa del país en mano de obra diestra y competitiva. Así, la producción de algunos bienes no es rentable y algunas empresas se ven forzadas a no invertir. También, la política salarial actual incentiva a las empresas existentes a mantener su competitividad reduciendo el uso del factor trabajo, debido a que el precio relativo del factor ha sido elevado significativamente debido al ya mencionado diferencial entre el peso convertible (o “chavito”) y el peso regular.
El impacto completo de los cambios mencionados tendrá lugar cuando el nuevo conjunto de precios relativos esté vigente por un plazo relativamente amplio. Aún en el caso en el cual las expectativas estuviesen firmemente establecidas, no debe esperarse que un cambio en la relación empleo/producto se muestre de inmediato, ya que involucra un proceso de reconsideración y materialización de las inversiones extranjeras en las empresas y los sectores. Por eso, dado un cambio en la PSR, debería esperarse que el impacto agregado tenga lugar como un proceso de ajuste dinámico progresivo, que sería de trascendental importancia para Cuba, que tiene más de 20 años de estancamiento económico y un importante excedente de mano de obra disponible en forma de desempleo encubierto o empleos de baja productividad.
Iniciativas Internacionales sobre Derechos Laborales en Cuba
La actual legislación y prácticas laborales cubanas colocan a las empresas inversoras extranjeras en la isla en el centro de los objetivos de responsabilidad social corporativa (RSC) por cuanto su actuación es altamente lesiva a los derechos y los intereses de una población trabajadora indefensa y víctima de una legislación, prácticas y normas abusivas. El Estado cubano se considera propietario y dispone del capital humano de sus ciudadanos interna y externamente. Por ello es necesario establecer principios básicos de RSC para las empresas inversoras extranjeras y los gobiernos con empresas inversoras extranjeras en Cuba que mejoren la situación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores cubanos, en especial cuando las empresas extranjeras europeas y canadienses que son las mayores inversores en Cuba suelen cumplirlos con rigor en sus respectivos países de origen y en el ámbito internacional. Adicionalmente, en la medida que las inversiones de China y de Venezuela aumenten en Cuba, dicha situación se podría hacer más precaria aún dada las prácticas laborales existentes en esos dos países o condonadas por ellos.
Se han establecido varias iniciativas sobre RSC en Cuba: los Principios Arcos de 1994, los Principios para la Participación del Sector Privado en Cuba de 1997 y más recientemente el Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) de 2005.
El GIRSCC está integrado por organizaciones no gubernamentales y sindicatos independientes de Europa, América Latina y EEUU y fue establecido en abril del 2005 para representar y apoyar fuera de Cuba los intereses de los trabajadores cubanos. Su objetivo es la implantación de legislación y prácticas de RSC en Cuba y apoyar a los trabajadores cubanos en el extranjero, así como realizar acciones que tiendan a movilizar el apoyo de entidades políticas, humanitarias y sindicales en favor de dichas iniciativas. El GIRSCC parte de la necesidad de articular estrategias de diálogo y responsabilidad social con las empresas inversoras extranjeras actuales y las que puedan establecerse en un futuro y ha venido trabajando en una doble vertiente. Por un lado, la denuncia sistemática de las violaciones de los Acuerdos Internacionales en materia laboral refrendados por el Gobierno cubano y, por otra, la defensa de los trabajadores cubanos, cuyos derechos son violados e ignorados, la mediación con las empresas inversoras extranjeras y los gobiernos con empresas inversoras en Cuba, así como con las empresas y gobiernos que utilicen trabajadores cubanos en el exterior.
El GIRSCC cuenta entre sus objetivos específicos colaborar en el desarrollo de una legislación y prácticas que contemplen los principios de RSC a partir de un diálogo abierto y constructivo entre las empresas, la sociedad y los poderes públicos. Consciente de la necesidad de aunar esfuerzos y aprovechar sinergías en aras a la implantación de un desarrollo sostenible en Cuba en el que los intereses de los trabajadores y de los empresarios estén en armonía, considera prioritario conocer y analizar con el máximo rigor el comportamiento social de las empresas estableciendo alianzas entre éstas, las organizaciones civiles y los líderes comunitarios, a partir de la sensibilización empresarial, el respeto a los derechos humanos, laborales, sociales, económicos y culturales de la población y la comunicación entre las distintas partes interesadas.
El GIRSCC apoya que se realicen estudios sobre cómo incorporar los principios de RSC, entre ellos, los establecidos en el documento sobre el Impacto Global de las Naciones Unidas y su Código de Conducta, las Orientaciones sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales de la OIT, las diversas regulaciones de organizaciones de empleadores en la práctica empresarial, así como en la futura legislación y prác-ticas laborales que Cuba deberá establecer y desarrollar.
Los Principios Arcos que se presentan a continuación tienen como objetivo promover el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y laborales fundamentales, entre otros, de libre sindicación, negociación colectiva, y de libre contratación y empleo en Cuba, así como para los trabajadores cubanos en el extranjero.
Dichos Principios no son inmutables y están sujetos a revisión periódica para evaluar si contribuyen a mejorar la situación de los derechos humanos y laborales en Cuba y de los trabajadores cubanos en el exterior. Se les podrá ajustar siempre y cuando se considere que contribuirán a que el Gobierno de Cuba se adhiera a las normas internacionales sobre derechos humanos establecidos en la Declaración de Viena aprobada por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos del 25 de junio de 1993, así como a los derechos de los trabajadores relacionados con empleo y ocupación referentes a la no discriminación del trabajador por diversos motivos, a la libertad de establecer organizaciones sindicales independientes y a la proscripción de trabajos que no se deriven de la libre contratación entre trabajadores y empleadores, y a otros acuerdos establecidos en los Convenios de la OIT.
Principio I: Respeto a la dignidad del pueblo cubano y a un proceso legal adecuado y justo.
Cada Signatario de los Principios se comprometerá a tomar las medidas pertinentes para el respeto de la dignidad del pueblo de Cuba y para que no hayan discriminaciones y exclusiones contra sus ciudadanos, así como realizar o apoyar gestiones para lograr la implantación de un Estado de Derecho en Cuba en el que se respete el debido proceso legal, los derechos humanos y los convenios laborales internacionales de los cuales Cuba es signataria. Irónicamente, Cuba es el tercer país de América latina, después de Uruguay y Brasil, con más convenios de la OIT ratificados y en vigor.
Principio II: Respeto a los derechos humanos básicos. Igualdad de derechos y no discriminación ni exclusiones contra los cubanos en el acceso y uso de instalaciones, así como en la adquisición de bienes y servicios.
Cada Signatario de los Principios procederá inmediatamente a realizar o apoyar gestiones para:
A. Que todos los cubanos tengan igual acceso y uso de las áreas públicas (i.e., playas, parques, hoteles, restaurantes y otros establecimientos similares de comestibles y transporte) que pudieran estar reservados para los visitantes y residentes extranjeros. Oponerse y apoyar la abrogación de todas las leyes, prácticas y normas que discriminen o excluyan al cubano en el acceso a las áreas públicas reservadas a los extranjeros.
B. Permitir a todos los cubanos igual oportunidad y acceso para comprar bienes y servicios disponibles a los visitantes y residentes extranjeros.
La práctica actual viola los Artículos 42 y 65 de la Constitución Política de Cuba y la Sección 1 del Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Principio III: Utilización de prácticas justas e igualdad de contratación y de empleo sin discriminación ni exclusiones por razones políticas, sexo, raza, religión y edad.
A. Para eliminar la utilización del Expediente Laboral y el Expediente Acumulativo Escolar del proceso de contratación, incluyendo toda información referente a las actitudes morales, a la conducta social del trabajador (distinción que no constituye mérito o demérito laboral), a la membresía en organizaciones políticas y cívicas, y toda otra información ajena a la relación y desempeño laborales.
B. La contratación directa de los trabajadores cubanos por las empresas inversoras extranjeras. Aquellas que no contraten directamente a los trabajadores sino que lo hagan a través de una agencia intermediaria del Gobierno cubano, deberán solicitar la terminación de tal práctica que hace al trabajador cubano doblemente dependiente de la empresa inversora extranjera y de la agencia intermediaria estatal. Tampoco deberán existir exigencias políticas ni influencia gubernamental en la contratación o terminación del empleo.
Las prácticas laborales vigentes en Cuba violan los Convenios de la OIT No. 87, No. 98 y No. 111 y los Artículos 40 y 41 de la Constitución Política de Cuba y la Sección 1 del Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Principio IV: Cumplimiento de prácticas laborales justas y del derecho de los trabajadores cubanos a sindicarse, tener contratos colectivos negociados libremente y a ser remunerados apropiadamente.
Cada Signatario de los Principios procederá inmediatamente a apoyar o realizar gestiones para que las empresas inversoras extranjeras cumplan con prácticas laborales generalmente aceptadas en el ámbito internacional. Específicamente:
A. El derecho de los trabajadores cubanos a asociarse libremente y a pertenecer a sindicatos independientes. Permitir el uso de áreas apropiadas en las instalaciones de las empresas inversoras extranjeras para que los trabajadores realicen reuniones.
B. Una jornada laboral diaria y semanal con límites razonables. No habrá sobretiempo compulsorio ni trabajo “voluntario.” Se pagará una prima por trabajo de sobretiempo por días adicionales o feriados. El Artículo 45 de la Constitución de Cuba garantiza la jornada laboral de ocho horas.
C. Negociar y realizar convenios colectivos de trabajo libremente con las empresas.
D. Eliminar la práctica de la confiscación de los salarios por el Gobierno cubano.
E. Implantar procedimientos apropiados para atender y resolver quejas de los trabajadores. Los trabajadores tendrán derecho de apelar ante las instancias correspondientes, tales como audiencias y tribunales laborales, sin hostigamientos ni represalias y con todas las garantías y el asesoramiento legal independiente sus quejas.
F. Establecer provisiones claras y apelables sobre la terminación del empleo, medidas disciplinarias y otras sanciones contra los trabajadores de las empresas basadas en el Convenio de la OIT No. 158 sobre la Terminación de la Relación de Trabajo (Cuba no ha ratificado este Convenio).
Las prácticas laborales vigentes en el país violan los Convenios 29, 87, 95, 98, 105 y 158 de la OIT, el Artículo 45 de la Constitución Política de Cuba y los Artículos 7, 8, 10, 20 Sección 1 y 23 Sección 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Principio V: Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores dentro y fuera de los centros laborales en áreas tales como: seguridad e higiene ocupacional, cultura y protección del medio ambiente.
Cada Signatario de los Principios procederá inmediatamente a realizar o a apoyar gestiones para:
A. Asegurar que los métodos de producción de las empresas inversoras extranjeras cumplen con condiciones mínimas de trabajo, con los estándares de seguridad e higiene ocupacional y que no presentan peligros innecesarios físicos ni de salud a los trabajadores o a las poblaciones vecinas.
B. Tomar medidas efectivas para que las empresas inversoras protejan el medio ambiente. En este sentido, se debe eliminar todo contaminante que pueda dañar el aire, el agua o la tierra a fin de hacer uso sustentable de los recursos renovables y minimizar los desperdicios tóxicos.
C. Tomar las providencias para que las empresas inversoras extranjeras reparen cualquier daño que hayan causado al medio ambiente. Concretamente, cada empresa se hará responsable del costo total de la limpieza ambiental requerida por cualquier daño causado.
D. Alentar a las empresas inversoras extranjeras y las embajadas que operen en Cuba que observen los Principios Arcos. Requerir la observación y seguimiento de estos Principios a las empresas suplidoras y subcontratistas de las empresas inversoras extranjeras.
Plan Propuesto de Acciones para su Implantación
Los Signatarios de los Principios Arcos procederán a hacer lo siguiente:
1. Apoyar la preparación y distribución de un Informe Anual sobre el cumplimiento de los Principios Arcos por las empresas inversoras extranjeras y embajadas radicadas en Cuba, cuya responsabilidad básica será del GIRSCC. A tal efecto, el GIRSCC diseñará un formulario individual para cada empresa inversora extranjera o embajada que emplee, directa o indirectamente a más de 25 personas en sus instalaciones en Cuba cumpla con los Principios Arcos. El informe también contendrá las gestiones hechas por el GIRSCC y las organizaciones adherentes ante las instituciones internacionales, los gobiernos, las empresas inversoras extranjeras o con actividades de turismo en Cuba, así como sobre las gestiones y reuniones internacionales sobre la materia.
2. Presentar el Informe Anual conteniendo los resultados sobre la situación de los derechos humanos y laborales a las instituciones internacionales y a las organizaciones radicadas en Cuba defensoras de los derechos humanos y laborales.
3. Informar a los trabajadores cubanos empleados por las empresas inversoras extranjeras y las embajadas que operan en Cuba, así como a los trabajadores cubanos en el exterior sobre el resultado del informe anual realizado y alentarlos a que presenten sugerencias específicas de cómo mejorar su situación laboral.
El GIRSCC promocionará que organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sindicales y afines se adhieran a los Principios Arcos y hagan gestiones ante las organizaciones internacionales de derechos humanos y laborales, la opinión pública y los gobiernos de sus respectivos países, para que el Gobierno de Cuba cumpla con los convenios internacionales de derechos humanos y laborales fundamentales de los cuales es signatario.
El GIRSCC o sus organizaciones asociadas de derechos humanos, laborales, políticos, etc. contactarán a las empresas extranjeras con inversiones y las embajadas radicadas en Cuba para que se acojan voluntariamente a los Principios Arcos y se comprometan a cumplirlos estrictamente, de la misma manera en que lo harían con las normas similares en sus respectivos países de origen y en el resto de los países con un estado de derecho.
El GIRSCC analizará los informes de los Signatarios, hará una evaluación de los logros obtenidos, y preparará una lista de Requisitos Básicos para medir el grado de cumplimiento de los Principios Arcos. Además, desarrollará un método de clasificación del grado de cumplimiento y los resultados con la clasificación de cada empresa inversora extranjera, junto con una relación de las empresas contactadas no firmantes de los Principios Arcos, los cuales serán publicados y distribuidos a los medios informativos internacionales y nacionales y a las organizaciones de derechos humanos y laborales pertinentes.
EL GIRSCC promoverá reuniones anuales en distintos países con funcionarios de relaciones externas, embajadas, empresas inversoras extranjeras y de turismo en Cuba para analizar la situación de derechos humanos y laborales en Cuba.
Cuba ha experimentado una perceptible involución socioeconómica absoluta evidenciada por los retrocesos del producto, comercio exterior, salarios reales, niveles de inversión, etc. a partir de 1989 y en algunos casos a partir de 1985. En términos relativos esta involución es más marcada aún debido al elevado crecimiento de la producción y el comercio internacional en el periodo 1989–2007. Simultáneamente, el Gobierno de Cuba está aplicado prácticas laborales que agudizan esa involución, violan principios fundamentales y que están en contradicción con el desarrollo humano integral como lo conciben las Naciones Unidas, el progreso sociolaboral y con cualquier vestigio mínimo de estado de derecho para la población trabajadora.
El Gobierno cubano no está desarrollando las condiciones para que los inversores extranjeros compitan adecuadamente por las oportunidades existentes de inversión, lo cual alienta que se termine seleccionando a los peores (selección adversa). Los inversores extranjeros están obteniendo concesiones exageradas e innecesarias y negocios tan buenos que son inmerecidos para ser compensados por el impuesto a la utilización del trabajo en forma del pago por el diferencial cambiario. Asimismo, están causando impactos perversos al apoyar conductas incorrectas, en especial prácticas laborales injustas y abusivas, que están exacerbando el empobrecimiento del país y la discriminación. Además, las empresas inversoras extranjeras, al asociarse formalmente a las nocivas prácticas del Gobierno cubano, son cómplices de la violación de los derechos laborales y de las libertades políticas y civiles fundamentales de la población.
En la comunidad internacional hay una opinión generalizada de que el Gobierno cubano viola los derechos humanos de la población. En 2007 la Unión Europea tomó la decisión de no celebrar un acuerdo de cooperación económica con Cuba hasta que se logre un progreso sustancial en la situación de los derechos humanos, pero ignora y, en el ámbito de sus países miembros, condona la situación de violación de derechos laborales fundamentales mediante los tratados bilaterales de inversión. Debe tenerse presente que la Comisión de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha encontrado violaciones sistemáticas en las áreas de los derechos, relaciones y prácticas laborales por parte de las autoridades cubanas y ha presentado las Quejas al respecto.
En contraste, la legislación laboral de la República Popular China de 1995, que es bastante completa, aunque no siempre se cumple, establece contratos de trabajo, limita la jornada laboral a 40 horas, define que no se pueden hacer descuentos a los trabajadores de sus sueldos, indica cómo resolver las disputas laborales y facilita que las empresas mixtas que operan en el país puedan tener sindicatos, que no sólo protejan los derechos laborales de los trabajadores, sino que también promuevan la cooperación entre los empleados y los empleadores y faciliten el progreso de las empresas. Además, aunque la legislación china presenta violaciones, cada vez se cumple en mayor grado, pero especialmente por las empresas con inversiones extranjeras u operadas por extranjeros de los países occidentales, y se han desarrollado una gran variedad de códigos de conducta similares a los Principios Arcos para cumplir con los derechos laborales y ambientales.18 No obstante, no hay sindicatos independientes en China, aunque los representantes de los trabajadores son elegidos libremente por los mismos.
La forma inapropiada en que la inversión extranjera se está realizando en Cuba, en lugar de facilitar las transformaciones necesarias, las está obstaculizando y distorsionando. Por lo tanto, la GIRSCC y otras organizaciones afines que se dedican a la defensa de los derechos humanos y laborales en Cuba, han decidido apelar a la comunidad internacional en general y a los inversores extranjeros en particular que están radicados en Cuba, o que hayan propuesto o estén considerando realizar inversiones en la isla, para que se adhieran y sean Signatarios de los Principios Arcos.
1. Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso español, ha sido muy claro sobre el papel de las empresas españolas en la perpetuación del trato incorrecto a los trabajadores cubanos que viven una situación carente de derechos laborales fundamentales. “Lo que hay que decir a las empresas españolas es que abandonen Cuba y no participen en ese fraude porque puede ocurrir que cuando llegue el cambio van a pagar responsabilidades.” Y advirtió: “cuidado porque este es un tema que el ministerio lo tiene muy en cuenta.” También calificó de “cínicas” a las empresas que operan en la isla porque “lo único que les importa es el profite, el beneficio.” (http://www.cubasindical.org/grscc/news/05130601.htm).
2. Irónicamente en un país que tiene un amplio desempleo encubierto.
3. Cálculos obtenidos de la base de datos del World Economic Outlook del FMI.
4. Para evitar debates interminables sobre las cambiantes series cubanas, tanto en metodología como en conceptos básicos y en los años base, esta sección utiliza los datos del PIB real, población y empleo para Cuba (ver Cuadro 1) del Groningen Growth and Development Centre de Holanda, que están inspirados en las series históricas elaboradas por Angus Maddison.
5. Esto contrasta, como se señaló, con la posición de Vietnam de una activa participación en la globalización y en la integración a la economía mundial que actúe como locomotora que ayude al país a crecer y alcanzar los niveles de otros países de la región del Asia Pacífico.
6. CEPAL, La Economía Cubana, Reformas Estructurales y Desempeño en los Noventa, 1998, p. 189.
7. Los datos del Gobierno cubano sobre índices de precios y sobre salarios y pensiones reales son aún más cuestionables y opacos que las series del PIB. Entre otros, el economista independiente, Oscar Espinosa Chepe ha cuestionado sistemáticamente, año tras año, las series oficiales sobre precios y salarios reales indicando que tienen fuertes sesgos que subestiman la marcada pérdida del poder adquisitivo del ciudadano desde 1989. Véase Oscar Espinosa Chepe, Cuba: ¿Revolución o Involución?, 2007.
8. Mauricio Vicent, “Cuba toca fondo,” El País, España, 4/07/2007.
10. http://www.granma.cu/espanol/2007/julio/vier27/laprincipal.html
11. The Economist, July 7–13, 2007, p. 38. Maite Rico, “El maná del turismo se agota,” El País, Madrid, 12/07/2007 señala que “El resultado de la administración castrense es, a decir de los entendidos, un desastre. ‘La rigidez mental y la cerrazón política son incompatibles con la apertura y la agilidad que necesita el turismo,’ afirma el empresario español, que quiere mantener el anonimato. ‘Un hotel no es un cuartel.’” … “El empeño del régimen en castigar a la moneda extranjera ha convertido a Cuba en un destino caro. La revalorización del peso convertible cubano en cerca de un 20% frente al dólar (las casas de cambio entregan 80 pesos por 100 dólares) ha disparado unos precios que no se corresponden con un servicio más que deficiente. La falta de bombillas, la suciedad, las carencias en los alimentos y el deterioro de las instalaciones son la tónica dominante en hoteles capitalinos que cobran por encima de los 150 dólares por habitación.”
12. Esta sección se basa en el citado libro del Prof. Jesús R. Mercader La Realidad Laboral en Cuba y la Responsabilidad Social de los Inversores Extranjeros.
13. http://www.granma.cubaweb.cu/2007/04/23/nacional/artic01.html y http://www.granma.cubaweb.cu/2007/05/01/nacional/ artic19.html.
14. Es importante señalar que los mismos gobiernos que deploran las violaciones de derechos humanos y laborales en Cuba, de hecho participan en dichas violaciones al contratar personal de mantenimiento y otros servicios básicos para sus embajadas, residencias del personal diplomático, legaciones—o Sección de Intereses, en el caso de Estados Unidos—a través de CUBALSE, S.A. A grosso modo puede estimarse que los pagos totales a CUBALSE por gobiernos extranjeros exceden US$15 millones por año.
15. Maite Rico cita a un empresario español que comenta “Los grupos españoles pagan al Estado cubano entre 300 y 400 euros al mes por trabajador. El Estado cubano le da al trabajador entre 200 y 250 pesos cubanos (unos 10 o 12 euros)” en “El maná del turismo se agota,” El País, Madrid, 12/07/2007. Ver también el documento “El Mercado Laboral Cubano para las Empresas Extranjeras” de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cuba, dicho documento, en su página 6, presenta un detallado cuadro para 6 categorías de empleados con los salarios pagados al trabajador por la agencia empleadora, los que nunca superan al 1.8% de los salarios pagados a la agencia empleadora por las empresas extranjeras. http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/ icex/pdfs/cuba%20mercado%20laboral.pdf
16. El envío de médicos cubanos a varios países de América Latina está descrito, sin detalles laborales, entre otros, en Julie M. Feinsilver, “La diplomacia médica cubana,” en Foreign Affairs en Español, octubre-diciembre de 2006.
17. Hay otras políticas económicas importantes que habría que corregir, entre ellas, la dualidad cambiaria, el control generalizado de precios, así como las fuertes restricciones al trabajo por cuenta propia, la utilización de las remesas y la pequeña y mediana empresa.
18. Aunque el lenguaje de los códigos de conducta se diferencia, la sustancia es similar en los adoptados para la ropa, el calzado y otras actividades de industria ligera, incluyendo: prohibiciones para el uso del trabajo forzado y del trabajo de menores; en las detalladas provisiones referentes a salarios, beneficios y términos del empleo; en las limitaciones referentes a horas del trabajo; en las garantías de no discriminación; prohibiciones de hostigamiento, abuso y tipos abusivos de acciones disciplinarias; políticas de salud y de seguridad; y estándares ambientales.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 13
 Artículo 2
 Artículo 45
 Artículo 45