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Timestamp: 2019-12-06 20:11:29+00:00

Document:
﻿ Auto 2014-00128 de noviembre 13 de 2014
AUTO 2014-00128 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:NULIDAD ELECTORAL. LA PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVO ESTÁ SUJETA A QUE SE TRATE DEL QUE PONE FIN A LA ACTUACIÓN. AUNQUE EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXIGE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, LA PRÓRROGA DE LA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A UN CARGO NO EXIGE ESTE REQUISITO. EL HECHO DE QUE TALES DETERMINACIONES NO PONGAN FIN A LA ACTUACIÓN LAS CONVIERTEN EN ACTOS DE MERO TRÁMITE, QUE NO ESTÁN SUJETOS A PUBLICACIÓN O NOTIFICACIÓN. AUNQUE LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 SE REFIEREN A LA NECESIDAD DE PUBLICAR Y NOTIFICAR LOS ACTOS CON CONTENIDO PARTICULAR Y CONCRETO, IGUALMENTE INDICAN QUE DEBEN SER DECISIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ELECTORAL, AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, AUTO DE SUSTANCIACIÓN, DEMANDA EN PROCESO ELECTORAL
Auto 2014-00128 de noviembre 13 de 2014
Rad.: 11001-03-28-000-2014-00128-00
Radicado interno: 2014-0128
Actor: John Efrén Rodríguez Barrera
Demandado: Jorge Eliécer Laverde Vargas
Medio de control de nulidad electoral – Auto admisorio con suspensión provisional
Se pronuncia la Sala sobre: (i) la admisión de la demanda electoral contra “el acto de elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, contenido en el Acta 2 del 5 de agosto de 2014 de esa comisión” y (ii) la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.
El ciudadano John Efrén Rodríguez Barrera, en ejercicio de la acción de nulidad electoral, solicitó la declaratoria de nulidad i) “del acto denominado prórroga convocatoria pública fechado 3 de julio de 2014 suscrito por el presidente (encargado) del Senado de la República” y ii) “del acto de elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, contenido en el Acta 2 del 5 de agosto de 2014 de esa comisión”.
Para sustentar su pretensión, el actor señaló que la comisión de acreditación documental del Senado de la República prorrogó el plazo de inscripción para acceder “al cargo de secretario general y subsecretario general del Honorable Senado y de los secretarios de las comisiones constitucionales y legales y coordinadores de las comisiones legales” mediante acto que no fue “publicado ni notificado” según lo prevé la Ley 1437 de 2011, carece de motivación y procede sobre una situación que, desde su punto de vista, no era prorrogable.
2. Inadmisión de la demanda.
Mediante Auto de 30 de septiembre de 2014 el despacho inadmitió la demanda en consideración a que se dirigió no solo contra la elección del demandado sino contra diferentes actos de trámite o preparatorios que escapan a la finalidad de este medio de control.
Igualmente, por cuanto el concepto de violación no ofrecía la claridad suficiente para analizar el cargo propuesto, ni se expresó la causal de anulación en la que presuntamente se incurrió.
Se le otorgó al demandante un término de tres (3) días a fin de que la corrigiera.
3. El escrito de corrección de la demanda.
Dentro del término concedido para el efecto, el señor John Efrén Rodríguez Barrera presentó escrito con el que corrigió la demanda.
En él, limitó la pretensión anulatoria exclusivamente sobre el acto de elección cuestionado y complementó el acápite de normas violadas y concepto de violación.
Sobre el particular, señaló que la actuación desplegada por la comisión de acreditación documental del Senado de la República al prorrogar el plazo de inscripción para acceder “al cargo de secretarios de las comisiones constitucionales y legales” mediante actos de 3 y 10 de julio de 2014, lesionó: i) los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por la omisión de publicarlo y notificarlo “personalmente a los intervinientes en la elección”, ii) el artículo 62 del “Código de Régimen Político y Municipal”, los artículos 118 y 121 del Código de Procedimiento Civil y, el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por extender un plazo improrrogable permitiendo la inscripción de quien finalmente fue elegido; y, iii) el artículo 29 constitucional por no contar con “norma expresa que [admita] reabrir la convocatoria”.
Invocó como causal de anulación la contenida en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señalando que “uno de los requisitos legales para ser elegido era haberse inscrito en los tiempos legales, situación que no ocurrió”.
Esta Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de la elección demandada, por lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 4 del artículo 149 del mismo estatuto.
De cara al escrito de corrección de la demanda, compete al despacho pronunciarse sobre su admisión.
La demanda que ocupa la atención de la Sala se ajusta formalmente a las exigencias de los referidos artículos 162 y 166, pues están debidamente designadas las partes, la pretensión fue formulada de manera clara y precisa, narra los hechos que la fundamenta, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, solicita y anexa pruebas, suministra las direcciones para las notificaciones personales de las partes y obra en el expediente copia del acto acusado, contenido en el Acta 2 Comisión Sexta Constitucional Permanente del 5 de agosto de 2014 (fls. 37-48).
Por otra parte, se evidencia que la demanda atendió al plazo que concede el literal a) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica:
“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1°del artículo 65 de este Código.
En efecto, aun cuando no obra constancia de publicación del acto cuestionado, lo cierto es que la demanda se presentó dentro de los 30 días hábiles(1) siguientes a su emisión —18 de septiembre de 2014—, lo que, atendiendo la postura de la Sala sobre el particular, permite inferir que esta fue presentada en tiempo.
3.2.1. El escrito en el cual el demandante solicitó la suspensión provisional del acto acusado, visible a folio 2 del expediente, se limita a indicar:
“De conformidad con el artículo 152 subrogado por el D.E. 2304/89 artículo 31, solicito la suspensión provisional, por cuanto como se sustentó en la demanda existe una manifiesta infracción, clara, ostensible flagrante y manifiesta de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, cuyas pruebas son documentos aducidos en el acápite VII de este escrito, de los cuales allego prueba sumaria para que se tenga en cuenta y en base (sic) a estas se tome esta magna decisión de suspender el acto de elección y posesión del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas, junto con los actos de informe de plenaria, prorroga de convocatoria pública y convocatoria pública de reapertura, para que en su lugar se ordene lo que en derecho corresponda”.
Por auto de 23 de octubre de 2014, el consejero ponente ordenó comunicar la solicitud de suspensión provisional de la elección de Jorge Eliécer Laverde Vargas como secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República al demandado, al presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, a la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, y les concedió el término de tres (3) días para que expusieran sus consideraciones sobre los fundamentos de la precitada medida.
3.2.3. El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, indicó que los documentos aportados con la demanda dan cuenta que los términos para inscribirse a los cargos de secretario general, subsecretario general, secretario de las comisiones constitucionales, legales y coordinadores del Senado de la República fueron prorrogados en una primera ocasión por cuanto el último día de inscripciones no se laboró la jornada completa en dicha corporación; y la segunda ocasión porque habían varias solicitudes para prorrogar el término.
Argumentó que en este momento procesal no se puede establecer si dichas prorrogas vulneran las normas en las que debía fundarse el acto acusado, toda vez que: i) estas se hicieron de manera idéntica para todos y cada uno de los cargos a proveer; ii) los artículos 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se pueden considerar como vulnerados por el hecho de no haberse notificado los actos por medio de los cuales se realizaron las prórrogas correspondientes, pues dicha normativa indica que se den notificar los actos de nombramiento o elección distintos a los de elección popular, y no así los actos que prorrogan las fechas de inscripción; iii) el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil que se indica como conculcado, hace referencia única y exclusivamente a la improrrogabilidad de los términos señalados en dicho código; y, iv) el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace referencia al asunto sobre el litigio, pues este se refiere al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en cuanto a los efectos de la sentencia.
Por lo anterior, afirmó que se impone denegar la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.
3.2.4. El demandado, por intermedio de apoderado judicial, indicó que al analizar el concepto de violación y las pruebas en que se apoya la solicitud de suspensión provisional, se evidencia que la misma obedece a una posición subjetiva del demandante, pues al confrontar las disposiciones invocadas como quebrantadas con el acto acusado no se evidencia contradicción alguna que permita adoptar esta, y limitar así el derecho a ser elegido y ocupar un cargo público.
Adujo que el demandante solo aseveró que la prórroga de la convocatoria pública por parte de la comisión de acreditación documental para elección de secretario general y secretarios de comisiones del Senado de la República vulneró el artículo 29 de la Constitución, y para ello, se apoyó, en los artículos 7º y 18 de la Ley 80 de 1993 que hacen referencia a temas que no guardan relación con el proceso de la referencia, comoquiera que estos artículos tratan sobre el concepto de consorcios y uniones temporales y sobre la caducidad y sus efectos en materia de contratación estatal.
Asimismo sucede con la supuesta violación del numeral 2 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que el demandante confunde un proceso contractual donde se controvierten informes, conceptos y decisiones con una convocatoria pública de elección de un cargo.
Afirmó que, no es cierto como lo sostiene el demandante, que las actas de convocatoria pública, prórroga y reapertura, no fueron publicadas, toda vez que de dichas publicaciones existen los respectivos registros y documentos.
Expresó que la apertura fue publicada en la página web del Senado de la República el 9 de julio de 2014, tal como lo certificó el secretario general de esa corporación en oficio del 29 de octubre del presente año. Asimismo, informó que dicha publicación tuvo 196 “impactos”, es decir, que fue abierto por interesados ese número de veces.
Concluyó que la petición del demandante no tiene asidero pues no la formuló de manera clara y concreta, esto es, con precisión de los argumentos que la sustentan y de las pruebas que la acompañan.
3.1. (sic) Caso concreto.
El actor solicitó la suspensión provisional del acto demandado, con fundamento en lo que al efecto argumentó en el libelo. En ese orden corresponde a la Sala analizar si se presenta la infracción manifestada por el señor Rodríguez Barrera, para lo cual se analizarán los cargos propuestos de la siguiente manera:
3.1.1. Publicación y notificación de la prórroga a la convocatoria de inscripción.
Expuso el demandante que el acto mediante el cual la Comisión Sexta Constitucional Permanente eligió al señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como su secretario está viciado de nulidad por cuanto fue proferido sin que previamente se hubiesen “publicado y notificado” las prórrogas a la convocatoria de inscripción, establecidas en “los actos de 3 y 10 de julio de 2014” de la comisión de acreditación documental del Senado de la República tal y como lo imponen los artículos 65, 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sobre el particular, y conforme a como fue propuesto el cargo, corresponde a la Sala analizar cuál es la naturaleza de las precitadas prórrogas, de manera que pueda concluirse sobre la necesidad de publicación y notificación en los términos de la Ley 1437 de 2011.
Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la decisión propiamente dicha o, como lo indica el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son aquellos “que decid[e]n directa o indirectamente el fondo del asunto o ha[ce]n imposible continuar la actuación”; por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”(2).
Por su parte, desde el punto de vista de su contenido, los actos administrativos pueden ser generales o particulares. Los primeros son aquellos actos creadores de situaciones jurídicas objetivas o reglamentarias, y que se refieren a una pluralidad de sujetos indeterminados; “comprendiendo todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizados por su generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la ley”(3); mientras que son particulares o individuales los actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, y que hacen referencia a personas determinadas individualmente.
De esta manera, dependiendo del tipo de acto administrativo, la ley ha instituido la forma en que las decisiones deben ser conocidas por sus destinatarios, para dar cabal cumplimiento a la obligación de publicidad. Así, los actos administrativos de contenido general siguen la regla de publicación a que se refiere el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(4), mientras que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del mismo código, “los actos administrativos de carácter particular [y que] pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse”. Sin embargo, en ambos eventos, la norma refiere a los actos que pongan término a una actuación administrativa, esto es, los definitivos.
Sin embargo, en materia electoral, los actos de elección, distintitos a los de voto popular, así como los de nombramiento y llamamiento, deben ser objeto de publicación, pese a que su contenido sea particular y concreto según se lo reza el parágrafo del citado artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en consideración a la naturaleza especial de tales actos definitivos. Por su parte, la declaración de elección por voto popular deberá surtirse en audiencia pública, momento a partir del cual inicia el término de caducidad(5).
A la luz de lo expuesto, la Sala no puede inferir que “los actos de 3 y 10 de julio de 2014” mediante los cuales la comisión de acreditación documental del Senado de la República, prorrogó el término establecido en la convocatoria para acceder a los cargos de “secretario general y subsecretario general del Honorable Congreso de la República y de los secretarios de las comisiones constitucionales y legales y coordinadores de las comisiones legales”, tengan la connotación de acto definitivo, ni de acto electoral sujeto de publicación en los términos de la norma precitada, toda vez que: i) no contienen una elección; ii) no efectúan un nombramiento; ni, iii) hacen un llamamiento.
En efecto, tal determinación administrativa corresponde a un acto de trámite que constituye la etapa inicial del procedimiento que se impone para llevar a cabo la elección de los citados funcionarios, luego, no decide el fondo del asunto ni hace imposible continuarlo(6), y por el contrario, solo pretende dar impulso a la decisión final de índole electoral.
Por tal razón al no poseer la calificación de acto administrativo creador de una situación jurídica general, impersonal y abstracta, ni tampoco la de uno que cree o extinga un derecho particular y concreto, no le es aplicable el régimen de publicación y notificación a que se refiere el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de las formas que para efectos de elección de dichos servidores establezca el reglamento del Congreso de la República, el que se destaca, no fue invocado como violado por el demandante.
En conclusión, de conformidad con las normas alegadas como vulneradas en el concepto de violación y las disposiciones estudiadas en precedencia, por ahora, para la Sala es claro que los actos de 3 y 10 de julio de 2014 mediante los cuales la comisión de acreditación documental del Senado de la República, prorrogó el término establecido en la convocatoria para acceder a los cargos de “secretario general y subsecretario general del Honorable Congreso de la República y de los secretarios de las comisiones constitucionales y legales y coordinadores de las comisiones legales” al constituir actos administrativos de trámite, no están sujetos a la publicación y/o notificación, que a juicio del demandante debió surtirse.
3.1.2. Prórroga del plazo para inscripción.
Explicó el actor que el acto de elección cuestionado vulneró el artículo 62 del “Código de Régimen Político y Municipal”(7), los artículos 118 y 121 del Código de Procedimiento Civil(8) y, el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(9), por extender un plazo improrrogable, permitiendo la inscripción de quien finalmente fue elegido. Señaló igualmente que transgredió el artículo 29 constitucional por no contar con “norma expresa que [permita] reabrir la convocatoria”.
Al efecto, basta señalar que ninguna de las normas que el demandante estima vulneradas refiere a la perentoriedad del término de convocatoria de inscripción de los candidatos a ser designados como “secretario general y subsecretario general del Honorable Congreso de la República y de los secretarios de las comisiones constitucionales y legales y coordinadores de las comisiones legales”, y ni siquiera justifican su aplicabilidad en el procedimiento para su elección.
En efecto, tales normas i) se refieren a la facultad de las autoridades de policía para investigar actos que contraríen las normas de protección de zonas de reserva agrícola, ii) atañen a formalidades del procedimiento civil ya derogado y, iii) conciernen al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Por ello, sin que se precise mayor estudio, no encuentra la Sala que exista la contrariedad entre el acto de elección y las normas que sustentaron el concepto de violación en la demanda.
Primero. ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Al efecto se dispone:
1. Notifíquese personalmente esta providencia al señor Jorge Eliécer Laverde Vargas, en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Notifíquese personalmente esta providencia al presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República (art. 277.2 Ib.).
6. Comuníquese esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Magistrados: Alberto Yepes Barreiro—Lucy Jeannette Bermúdez—Susana Buitrago Valencia.
(1) De conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, los términos de días son hábiles. La norma dispone: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho (…)”.
(2) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, Rad. 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00.
(3) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Tomo II. U. Externado: Bogotá, 2006.
(4) “ART. 65.—Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.
(5) Literal a) del numeral 2 del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(6) Sobre el particular, ver auto de 12 de julio de 2013, Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad.: 11001-03-28-000-2013-00032-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.
(7) Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”. “ART. 62.—Las autoridades de policía de los municipios, del Distrito Especial de Bogotá y de las áreas metropolitanas, de oficio o a petición de cualquier persona y mediante el procedimiento que establezca el Gobierno Nacional, investigarán los actos que contraríen las normas contenidas en los artículos anteriores, y en las disposiciones que conforme a la misma expida el Gobierno Nacional en cuanto al uso de predios ubicados en zonas de reserva agrícola. Establecida la violación, se procederá a imponer las sanciones a que hubiere lugar”.
(8) “ART. 118.—Perentoriedad de los términos y oportunidades procesales. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Los términos y oportunidades señalados en este Código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.
“ART. 121.—Términos de días, meses y años. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 65 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.
(9) “ART. 267.—Efectos de la sentencia. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.
Además, el Consejo de Estado ordenará al tribunal que en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior cancele la caución de que trata el artículo 264. Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá respondiendo por los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia mediante incidente. Este, deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior”.
Con el acostumbrado respeto, manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en la decisión de la Sala con la cual fue admitida la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República y, simultáneamente, negada la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
De entrada advierto que mi escrito aclaratorio no se relaciona con el sentido en que fueron dictadas las decisiones antes señaladas por la Sala el pasado 13 de noviembre de 2014, pues las comparto plenamente, sino con el trámite que a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado le imprimió el magistrado ponente del auto, respecto del cual tengo objeciones en la medida en que no se compadece con el establecido en la normativa que lo regula.
Así mismo, en lo relacionado con la publicación y notificación de la prórroga de la convocatoria de la inscripción, frente a lo cual se concluyó en el auto frente al cual aclaro mi voto que por ser actos de trámite no están sujetos a la publicación y/o notificación.
Debo también señalar en este punto que, siendo claro el objeto de aclaración, es esta la oportunidad para manifestar mis observaciones respecto al procedimiento previo adelantado por el consejero ponente, pues previamente las decisiones fueron adoptadas en Sala unipersonal en las que desde luego los demás miembros de la Sección no participamos.
1. Establecidas las anteriores cuestiones, procedo a indicar las razones por las cuales no comparto que previa decisión sobre la declaratoria o no de la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados en el proceso electoral, sea procedente dar traslado del escrito con el cual se solicita la medida cautelar (la demanda o el documento aparte) al demandado o a los demás intervinientes.
Para empezar debo indicar que el soporte de tales actuaciones judiciales antes de resolver la medida cautelar lo encuentra el magistrado, doctor Alberto Yepes Barreiro, en que es en garantía del derecho de defensa y contradicción, especialmente del demandado, que se “comuniquen” los fundamentos de la medida cautelar.
En la tradición legal Colombiana la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos(1) es la única que ha tenido lugar cuando se trata de actos electorales cuya legalidad es cuestionada en el proceso especial electoral. Esta situación no cambió ni siquiera con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde se incluyeron varias alternativas distintas a la de “suspensión provisional”(2), las cuales se clasificaron según su naturaleza preventiva, conservativa y anticipativa, y se pueden decretar según el derecho que se reclama(3) y que operan no solo para los procesos ordinarios, sino que además, se hicieron extensibles para la protección de derechos colectivos a través de acciones populares(4) y de derechos fundamentales por medio de la acción de tutela(5).
Así pues, en la medida en que el contencioso electoral propende por la preservación de la legalidad en abstracto, de manera que no se realiza un juicio para la defensa de un derecho subjetivo o con el que se pretenda el restablecimiento de alguno de tal naturaleza, sino que se adelanta con el propósito de proteger la institucionalidad y la gobernabilidad para conferirle certeza a las designaciones o elecciones y seguridad en la legitimidad de los dignatarios que los ciudadanos apoyan en las urnas, es que existe un interés general en que los procesos electorales sean definidos con prontitud, ya que prevalece la necesidad de la consolidación de situaciones jurídicas de manera que se tenga seguridad de sus consecuencias y se analice prontamente la legitimidad en el acceso a la función pública del candidato. Es por ello que, por ejemplo, este proceso cuenta con un término de caducidad corto respecto del establecido para los demás medios de control(7), o como en el caso que nos ocupa, que el trámite de la solicitud de la medida cautelar sea tan precisa en cuanto a su oportunidad y a la forma en que se resuelve en una etapa tan insipiente del proceso donde ni siquiera se ha trabado la litis(8).
Ahora bien, como advertí en precedencia, cuando se trata del trámite de los recursos de apelación que se interpongan en contra del auto con el cual se resuelve la suspensión provisional en primera instancia, mi criterio coincide con el del consejero, doctor Alberto Yepes, pues así como lo indiqué en providencia previa a aquella de 27 de marzo de 2014(12), con la cual la Sala decidió el recurso de apelación formulado por el accionante contra el numeral 6 de la parte resolutiva del auto fechado el 23 de enero de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del numeral 2 del Decreto 1858 de 29 de agosto de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual se nombró “(…) en interinidad al doctor Alonso Hurtado Gómez, (…), como Notario Primero del Círculo de Palmira en el departamento del Valle del Cauca, mientras se realiza el respectivo concurso”; con el ánimo de “respetar y proteger los derechos fundamentales de los sujetos procesales” es prudente en esa oportunidad procesal correr traslado del escrito de apelación que presentó el actor a los demandados así como al agente del Ministerio Público delegado ante esta Sección.
El escenario descrito permite evidenciar la falta de claridad y el vacío normativo existente para tramitar los recursos de apelación formulados en contra de las providencias con las cuales son decididos (sic) las solicitudes de suspensión provisional de los efectos de los actos electorales.
2. En lo referente a los actos de 3 y 10 de julio de 2014, mediante los cuales la comisión de acreditación documental del Senado de la República, prorrogó el término establecido en la convocatoria para acceder a los cargos de “secretario general del Honorable Congreso de la República y de los secretarios de las comisiones constitucionales y legales y coordinadores de las comisiones legales”, y el en auto admisorio frente al cual aclaro mi voto se concluyó: “al constituir actos administrativos de trámite, no están sujetos a la publicación y/o notificación, que a juicio del demandante debió surtirse”, debo aclarar lo siguiente:
En virtud del principio constitucional de publicidad (C.P., art. 209) que rige la función administrativa y las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 65), las que ha señalado la jurisprudencia de esta Sección para concluir que el requisito de publicación de los actos administrativos de carácter general es un presupuesto de eficacia u oponibilidad frente a terceros, y no de validez; y que los actos generales expedidos por las entidades y órganos del orden nacional deben ser publicados.
Así mismo, no solo esta Sección sino también esta corporación han indicado en repetidas oportunidades(13) que la falta de publicación de un acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto, pero para el acto de carácter particular que se expida con fundamento en él, se erige en presupuesto de validez, así:
“Ahora, el requisito de la publicidad solamente puede catalogarse como presupuesto de eficacia frente al mismo acto, ya que en cuanto al acto administrativo de carácter particular que se expida con base en él, se erige en presupuesto de validez, en la medida que, por regla general, las decisiones administrativas deben ser puestas en conocimiento de los asociados, como parte integrante de las diferentes actuaciones administrativas. Por ello, la garantía del debido proceso, referida a la expedición regular de los actos de la administración, queda satisfecha si junto a los procedimientos legal y anteladamente previstos, se acata el importantísimo deber de hacer públicas las decisiones de carácter general que tengan incidencia directa en el acto particular con el que deba culminar esa actuación.
El ordenamiento constitucional colombiano repudia la idea de las actuaciones administrativas secretas u ocultas a los administrados, como así lo dio a entender el constituyente al haber consagrado en el artículo 209 superior, como principio fundamental de la función administrativa, el de la publicidad, altamente necesario para que los asociados se enteren oportunamente de la forma como despliega su actividad la administración, y si así lo deciden, activen su derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., art. 40), interponiendo las acciones legales en su contra, para la defensa del ordenamiento jurídico. Todo ello, sin duda, contribuye a hacer más transparente el proceder de la administración”(14).
Así las cosas, es claro que de conformidad con la normativa aplicable, y la jurisprudencia reiterada por el Consejo de Estado y la Sección Quinta de esta corporación, es obligatorio para las entidades y órganos del orden nacional, la publicación de sus actos administrativos de contenido general; y por ende se constituye en requisito de eficacia u oponibilidad frente a terceros. Así mismo en lo que concierne al acto administrativo particular expedido con base en un acto administrativo de carácter general, frente al cual no se haya cumplido tal requisito de publicidad, se constituye en presupuesto de validez.
(2) “La suspensión provisional es una medida cautelar de carácter material, como quiera que, con el decreto de aquella, se suspenden los atributos de fuerza ejecutiva y ejecutoria del acto administrativo, con la finalidad de proteger los derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación o concreción del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona” (Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 1º de diciembre de 2008. M.P. Enrique Gil Botero).
(6) Dice la norma: “ART. 264.—Modificado por el art. 14, Acto Legislativo 1 de 2003. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez.
En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de seis (6) meses” (negrillas fuera del texto).
(13) Consejo de Estado. Sección Primera. Sent. del 18 de diciembre de 1997. Contra Director de Catastro Municipal de Cali. Rad. 11001-03-24-000-2006-00037-00 (acumulados), Sent. del 22 de marzo de 2011. M.P. María Elizabeth García González. Contra Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(14) Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2010-00006-00, Contra: Rector Universidad Popular del Cesar, M.P. Hernández Pinzón. Sent. del 7 de marzo de 2011

References: ARTÍCULO 65
 artículo 62
 artículo 267
 artículo 29
 artículo 275
 artículo 277
 artículo 149
 artículo 164
 artículo 65
 artículo 152
 artículo 31
 artículo 118
 artículo 267
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 43
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 62
 artículo 267
 artículo 29
 artículo 277
 artículo 121
 artículo 164
 artículo 626
 artículo 627
 artículo 626
 artículo 627
 artículo 1
 artículo 264
 artículo 209