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Timestamp: 2018-11-15 03:44:21+00:00

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CÁmara de representantes informe Final sobre la R. De la
Informe Final sobre la
R. DE LA C. 1009
La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución de la Cámara 1009, tiene a bien presentar el Informe Final de la medida, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
La Resolución de la Cámara 1009 propone “ordenar a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una exhaustiva investigación en torno a la formulación e implantación de la política pública, programas, recursos, incentivos y otros servicios dirigidos a la industria avícola de Puerto Rico, de manera prioritaria sobre el estatus de los procesos de reapertura de las plantas procesadoras de pollo del área centro-sur y las alternativas disponibles para salvaguardar los activos de los avicultores de esta industria. Todo esto, con el fin de identificar las acciones correspondientes para materializar el desarrollo y fortalecimiento de esta industria con la necesaria aportación e integración de las distintas agencias e instrumentalidades de Gobierno, específicamente el Departamento de Agricultura y los municipios de Coamo y Salinas, entre otros, como parte esencial en estos esfuerzos”.
En atención a la Resolución de la Cámara 1009, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, celebró una Vista Pública, a la que comparecieron el Departamento de Agricultura y la Asociación de Agricultores de Puerto Rico; además, se recibió el Memorial Explicativo del Agro. Francisco Norat Zayas, Presidente de la Junta de Directores de Avicultores Canto Alegre-Picú, Inc. (AVICAPI, Inc.), quien solicitó ser excusado, al no poder comparecer. A continuación, reseñamos los comentarios emitidos por los deponentes:
El Departamento de Agricultura, representado por su titular, la Hon. Myrna Comas Pagán, indicó lo siguiente:
“El Ingreso Bruto Agrícola (IBA) de Puerto Rico ascendió a $929.264 millones en el año 2013-14. El grupo de animales y subproductos registró un ingreso de $400.109 millones o el 43% del IBA. La empresa de lecha y subproductos fue la principal empresa agropecuaria de Puerto Rico, le siguió el sector avícola con un ingreso de $81.934 millones. Esto corresponde principalmente a la industria de pollos parrilleros (97%).
En el Anejo 1 se observa cómo ha fluctuado la producción de pollos en Puerto Rico, así como el valor de la producción, en los últimos años. Del 2007/2008 al 2008/09 la producción de pollos parrilleros en Puerto Rico se redujo en un 34% y desde entonces la producción se ha mantenido en menos de 80 millones de libras. En ese año se cerró la planta de procesos de Picú. Uno de los factores que contribuyó a ese cierre fue el aumento en los costos de los alimentos, para ese año se duplicó ese costo. Actualmente, en Puerto Rico solo queda una planta de producción y procesamiento de pollos parrilleros, To-Ricos.
Del 1994 al 1998 la industria de pollos parrilleros de Puerto Rico fue capaz de producir más del 50% del pollo que se consumía en la Isla. Sin embargo, a partir del 1999 la tendencia de esta aportación ha ido en descenso al punto que actualmente aporta solo 18% del consumo (Anejo 2).
En nuestra Isla se consumieron 386,633,880 libras en el 2013 y para suplir la demanda existente se importa pollo principalmente desde Estados Unidos, aunque también se importa pollo desde Canadá y Chile. El consumo per cápita se estima en 104.49 libras. Realmente el pollo es la proteína que más consumen los puertorriqueños.
Como parte de la política establecida por nuestro gobernador, Hon. Alejandro García Padilla, nos proponemos reactivar la industria avícola del país. De esta forma, contribuimos a la generación de empleos, al desarrollo económico y a nuestra seguridad alimentaria. Esto nos ha llevado a realizar análisis de inversión, negociaciones con posibles inversionistas y estudios de mercado entre otros.
En febrero de 2003 se creó la Corporación Productos Avícolas del Sur, la cual tiene las siguientes subsidiarias Productos Avícolas del Caribe y Molinos del Sur, Inc. El Ing. Fernando Echegaray es el presidente de las corporaciones. El 30 de octubre adquirió los activos de las plantas de proceso de pollos conocida como Productores Avícolas de Puerto Rico (PAPRI) (Anejo 3). Esto incluye activos del proyecto de Picú en Coamo y del proyecto de Canto Alegre en Salinas.
Cuando las plantas de proceso de Picú y Canto Alegre estaban en operación las plantas subcontrataban los agricultores como criadores de pollos parrilleros. La planta les proveía los pollitos y el alimento necesario para su crecimiento hasta el momento de la matanza y al finalizar el ciclo, le hacía un proceso de liquidación al agricultor. Mientras que esta se encargaba del procesamiento del pollo fresco del país (Anejo 4).
A continuación un resumen de aspectos que se han evaluado para lograr la reactivación de la industria.
Tenencia legal y Adquisición de los activos
Al momento existen unos asuntos financieros y legales entre el Banco Popular de Puerto Rico, PAC, PAS, Molinos y Fernando Echegaray relacionado con estos activos. Los activos propiedad de Productores Avícolas del Caribe y Productores Avícolas del Sur, y cualquier gestión para su adquisición, deben de tener la aprobación del Banco Popular de Puerto Rico.
Disponibilidad de huevos fértiles
En Puerto Rico no hay proyectos para la producción de huevos fértiles. La planta existente y en operación en la Isla importa los huevos desde Estados Unidos. Existe la opción de traerlos desde otros países. Para esto los proponentes deben de solicitar autorización al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en específico al USDA-APHIS.
Una vez se importaban los huevos iban a la planta de incubación de Coamo, esta estaba integrada verticalmente con las plantas de proceso de Coamo y Salinas. Esta planta de incubación es la única que cuenta con los equipos para la operación. Esta tiene una capacidad de incubar 504,000 pollitos/semana. Tiene espacio para añadir máquinas que permitan producir hasta 720,000 pollitos por semana.
Cuando estaba en operación, la planta suplía a los avicultores los pollitos de acuerdo a su capacidad. Los contratos de producción con los avicultores los otorgaban las plantas de proceso previa inspección basada en la verificación de cumplimiento por parte de éstos con estrictos requisitos de producción. Esta también le proveía el alimento concentrado asesoría técnica y servicios veterinarios. Cuando los avicultores entregaban los pollos la planta le hacía una liquidación.
Al cierre de sus operaciones las plantas de Picú y de Canto Alegre tenían contratos con 120 avicultores los cuales en su mayoría no han podido cumplir con sus compromisos financieros, quedando en una situación precaria. El Departamento de Agricultura ha identificado unos 70 avicultores interesados en reactivar sus proyectos. En Coamo y pueblos limítrofes hay ranchos de 40 pies de ancho por 230 pies de largo, o sea, unos 10,000 pies cuadrados, otros de 32,000 pies cuadrados y el promedio está en 18,000 pies cuadrados.
Planta de procesar
La planta Picú está ubicada en el Bo. Cuyón, Sector Calabazas, Carr 14 Km 37.3 del Municipio de Coamo. Tiene la capacidad de procesar 60,000 pollos/día o sea 300,000 pollos/semana (en turno de 9 horas). Una producción anual de 56-60 millones de pollos. La planta de Canto Alegre está localizada en Bo. Aguirre, Sector Abey, Carr. PR-3 Km 152.6 del municipio de Salinas. Cuando estaba en operación procesaba de 50 a 55 mil pollos diarios.
El agua está disponible por sistemas de pozos que requieren de reparaciones y de renovación de franquicias por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Los activos de incubadoras y plantas se servían de subestaciones privadas las cuales requieren de reparaciones y mantenimiento.
Disposición de agua y desperdicios
Se están evaluando alternativas de disposición de agua y desperdicios para la planta de incubación, los ranchos y las plantas de proceso (Anejo 5).
Posibles canales de mercadeo
Proyección de generación de empleos
Cuando las plantas estaban en operación contaban con 585 empleados directos, 120 avicultores y 35 acarreadores. Tras la reactivación de la industria avícola se podrían generar 351 empleos (Anejo 6).
Asociación avícola y su funcionamiento
La asociación avícola que agrupa los productores de pollos parrilleros se llama AVICAPI, Inc. Fue incorporada el 28 de marzo de 2008, numero de registro 179961.
Los objetivos fundamentales de AVICAPI, Inc., son:
Agrupar los productores accionistas como un factor positivo de inversión.
Aprovechar al máximo el potencial de los recursos de producción de los avicultores accionistas para mejorar su forma de vida y por ende su aportación social y económica a sus comunidades.
Educar a sus miembros para que eleven el nivel de manejo de sus fincas productoras.
Asesorar a sus miembros sobre posibilidades de inversión futura que pueda considerar la Corporación o la Empresa en asuntos pertinentes al desarrollo del negocio.
La organización tiene una matrícula de 75 avicultores ubicados en los municipios de Aibonito, Barranquitas, Cayey, Coamo, Salinas y Santa Isabel. Los productores accionistas son avicultores promovidos al negocio avícola a través del Programa de Título VI de Fincas Familiares que administra la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias de Puerto Rico.
A continuación se presentan algunos programas de incentivos que pueden ser considerados para la reactivación de la industria.
La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico otorga distintos incentivos para proyectos estratégicos, tales como de infraestructura, mano de obra, para mercadeo y otros. Los incentivos otorgados dependen del Plan de Negocios que presenten los proponentes, las proyecciones financieras, los compromisos de empleo, inversión en maquinaria y equipo y otros.
El Departamento de Agricultura también cuenta con un Programa de Inversiones mediante el cual otorga un reembolso el 50% de la inversión hasta un máximo de $250,000 a agricultores bonafide (agricultores que generan más del 50% de sus ingresos de la actividad agrícola). Ley 225 de 1995 y Ley 118 de 2001.
El Departamento de Agricultura ofrece a los agricultores que crían pollos un subsidio salarial. Este incentivo se cuantifica a razón de $5.55 por cada mil libras de pollo parrillero producido. Subsidio salarial – Ley 46 de 1989.
El Departamento de Agricultura otorga bonos a los trabajadores agrícolas (Ley 42 de 1971, según enmendada, Ley 187 de 2009). En específico a los que trabajan en los ranchos. El mismo consiste en un bono anual mínimo de $130 o el 4% del ingreso anual, hasta un máximo de $235.00.
La Ley 1 de 2011, concede una deducción del 90% del ingreso neto del negocio agrícola, declarado en las planillas de contribuciones sobre el pago de contribuciones correspondiente al ingreso de agricultores bonafide.
El gobierno, a través de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, tiene programas que incentivan la instalación de sistemas de energía alternativa, como lo son los sistemas fotovoltaicos con paneles solares e inversores, molinos y biodigestores.
Además, el Gobierno Federal, a través del USDA – Rural Development, ofrece incentivos para el establecimiento de estos sistemas.
Es política pública de la actual administración fomentar la Industria Avícola de Puerto Rico y continuamos laborando para alcanzar nuestras metas”.
El Sector de Pollos Parrilleros, de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (AAPR), estuvo representado por su Presidente, el Sr. Carmelo Crespo Cabán.
Comenzó manifestando su apoyo a la presente investigación e indicó que el Sector representa a los avicultores de pollo fresco de la industria avícola, que al presente suman 142. En los años 80 esta industria era considerada como la segunda de mayor producción agrícola en Puerto Rico, lo que aportaba más de $120 millones anuales al ingreso bruto agrícola, y generaba más de 3,000 empleos directos e indirectos. En condiciones normales, se procesaban sobre 100 millones de libras de pollo fresco de excelente calidad al año. La inversión combinada entre el sector agro-industrial (Planta de Proceso) y la infraestructura de producción (Fincas) era de más de $100 millones de dólares.
Indicó que el sector contaba con aproximadamente 132 avicultores en fincas familiares, cuya mayoría pertenecen al Programa de Título VI de fincas familiares de la Corporación de Desarrollo Rural, creado en la década de los setenta (70). Afrontan deudas con el Banco de Desarrollo Económico y con el Farm Service Agency, agencia de financiamiento del Departamento de Agricultura federal (USDA) y otras instituciones privadas.
Expone que “hoy el escenario es completamente distinto. Una industria en peligro de extinción, abandonada por las autoridades gubernamentales, atacada por los importadores de alimentos, totalmente destruida. Apenas de 58 a 60 avicultores en producción. Solo una, de tres plantas que habían, permanece operando. Sobre el 85% del producto es importado y debido a la ausencia de competencia, los precios han escalado al nivel más alto de la historia”.
Manifiesta que la AAPR ha comparecido en múltiples ocasiones ante los Cuerpos Legislativos, para defender la Industria Avícola y a los cientos de miembros de familia que de ella dependen. Además de haber participado en un sinnúmero de marchas y otras demostraciones, de forma pacífica, también han acudido a diversos foros, tanto en la prensa radial, como la televisiva y la escrita. Indica que también han llevado el mensaje al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial pero, según su opinión, han pasado cinco años “sin que la Industria sea atendida adecuadamente”.
Indica que han solicitado y respaldado legislación, no solo para el beneficio del consumidor, sino también para la industria y los avicultores. De esta forma, esta Cámara presentó legislación que logró ser aprobada, en referencia a la Ley Núm. 179-2013 (30 de diciembre de 2013).
Ante esto indica, y citamos, que la Ley ha sido “letra muerta, que nadie le ha hecho caso. Nada de lo aprobado en esa legislación se ha realizado. Nada de lo requerido al Departamento de Agricultura, se ha implementado”. Entiende que la situación ha empeorado y que aún se pueden observar violaciones en los supermercados, por lo que manifestó que “perdimos el tiempo, el esfuerzo y los fondos que se gastaron en la legislación”. Percibe que “no hay compromiso ni tampoco respeto hacia las leyes que ustedes tienen a bien legislar en beneficio del país”.
Finaliza su posición, exponiendo que respaldan la realización de esta investigación y que están dispuestos a formar parte del equipo de trabajo que busque soluciones a la situación expuesta a través de la misma.
Finalmente, el Memorial Explicativo remitido por el presidente de la Junta de Directores de Avicultores Canto Alegre-Picú, Inc. (AVICAPI, Inc.), Agro. Francisco Norat Zayas, expone lo siguiente:
“AVICAPI es una corporación doméstica organizada bajo las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incorporada el 28 de marzo de 2008. Tiene una matrícula de 78 avicultores ubicados en los Municipios de Aibonito, Barranquitas, Cayey, Coamo, Salinas y Santa Isabel. Fundamentalmente, nuestros productores accionistas fueron en su gran mayoría promovidos al negocio agrícola a través del Programa de Título VI de Fincas Familiares de la Corporación de Desarrollo Rural (CDR), en el pasado, agencia adscrita al Departamento de Agricultora de Puerto Rico. Son el Departamento de Agricultura federal (USDA), a través de su agencia Farm Services Agency (FSA), el gobierno estatal a través de sus agencias, Banco de Desarrollo Económico (BDE), Departamento de Agricultura (DA), la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV), ya extinta, y el sistema de Farm Credit (PRFC), la fuente principal de financiamiento del grupo de avicultores que compone la matrícula de AVICAPI, Inc.
La inversión estimada de los activos (“bienes raíces”) de los miembros de AVICAPI, tierra, residencia principal, infraestructura de producción (galpones y equipos) y otras mejoras de carácter permanente en las fincas, sobrepasa los 60 millones de dólares.
Las obligaciones hipotecarias de los agricultores con sus principales fuentes de financiamiento sobrepasan los 20 millones de dólares.
Este servidor, en su carácter personal, profesional y como representante de los miembros de AVICAPI, Inc., avalo incondicionalmente la R. de la C. 1009.
En la exposición de motivos de dicho proyecto se expresa claramente el trasfondo histórico y la importancia económica para la Región Centro-Sur de la Isla, que por muchos años representó el sector de producción de pollos parrilleros de la Industria Avícola en Puerto Rico.
Hoy día, tenemos que reconocer tristemente que de aquel monumental proyecto agro-empresarial que representaba la segunda industria agrícola del país en importancia económica, el sector de producción de pollos parrilleros, solo quedan pocos elementos, que luchan por sobrevivir a lo que ciertamente es el problema principal de nuestro sector de producción, la ¡COMPETENCIA DESLEAL!
En el récord de ambos Cuerpos Legislativos y ante las distintas agencias del gobierno, estatales y federales, por los últimos años, los avicultores, a través de AVICAPI, Inc., han denunciado con evidencia directa las distintas formas de adulteración de la carne de ave y sus productos derivados, por parte de comerciantes inescrupulosos, con el único propósito de incrementar sus márgenes de ganancia en el negocio.
Las adulteraciones principales se concentran en el re-empaque del producto en los supermercados y almacenes de provisiones al detal, y la congelación y descongelación del producto, vendiéndose como “fresco”, cuando no lo es. Estas prácticas se ejecutan en clara violación a lo establecido en los reglamentos y leyes federales y estatales. Estas dos adulteraciones deben ser evitadas y fiscalizadas con todo el rigor de la Ley, con el propósito de asegurar un abasto sano y seguro de la carne de pollo al consumidor y de paso proveer las condiciones de justa competencia, para el pollo local e importado.
En muchas ocasiones, estas violaciones han sido identificadas y encausadas por las agencias con jurisdicción, sin embargo, el esfuerzo continúa por debajo del nivel de inspección óptimo, debido principalmente a la falta de recursos humanos disponibles asignados a la inspección de los canales de mercado a nivel del distribuidor y detallista, donde son más frecuentes las violaciones.
Como resultado del P. de la C. 1062, por iniciativa de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a través de su Presidente, el Hon. César Hernández Alfonzo, el día 30 de diciembre de 2013, fue aprobada la Ley 179.
Esta Ley faculta al Secretario(a) del Departamento de Agricultura de Puerto Rico o a su representante autorizado para ejecutar sus funciones y también autoriza la participación del consumidor como parte afectada, cuando existe una práctica injusta, engañosa e ilegal en el mercadeo de la carne de pollo o sus derivados. Según la misma Ley, en su artículo 8, claramente establece que “El Departamento deberá garantizar la participación activa y directa de los propios consumidores como vigilantes asiduos en la fiscalización del mercado, proveyéndole los medios necesarios y directos para facilitarle la tramitación y radicación de acusaciones, denuncias, querellas o quejas a través del Departamento de Asuntos del Consumidor, de la Policía de Puerto Rico o de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia”.
No obstante a todo lo anterior, el Departamento de Agricultura estatal indica que no cuenta con los recursos humanos ni económicos para cumplir con la ejecución plena de la Ley 179. A esta fecha, aún continúa pendiente la aprobación del Reglamento por parte del Departamento, según lo dispone la misma Ley en su artículo 7.
Debido al hecho de la falta de personal y recursos disponibles para poder atender este asunto tan importante para la salubridad de nuestro pueblo y poder así contrarrestar estas acciones ilegales, es preciso crear mecanismos alternos mediante los cuales puedan hacerse cumplir las leyes y reglamentos vigentes.
El proceso de investigación que promueve esta Honorable Comisión en torno a todo lo relacionado al sector de producción de pollos parrilleros de la industria avícola en Puerto Rico, debe redundar en frutos positivos, tanto para la industria en general como para el consumidor puertorriqueño”.
Al finalizar la presentación de las ponencias, el Presidente de la Comisión, Hon. César A. Hernández Alfonzo, preguntó qué ha ocurrido con la Ley 179-13, que estipulaba unas guías y unos planteamientos que iban en beneficio de la salud del pueblo pero, a la misma vez, al exigir unos productos frescos, debería también redundar en beneficios al productor local.
El Subsecretario del Departamento de Agricultura, Agro. Francisco Aponte, le indicó que “la Ley tiene un buen propósito. En un momento dado, hace varios meses atrás, se detuvieron 26 vagones de pollo, que venían para los Walmart y Northwestern Selecta. Se dieron reuniones con los abogados de ambas compañías y ellos trajeron a colación unas estipulaciones que se habían hecho con el gobierno federal, especialmente con el Tribunal Federal, en las que ellos permitían esta práctica. Hubo que dar marcha atrás a las detenciones, le dieron conocimiento a Fortaleza, donde se les asignó una abogada, y acudieron a ella, junto a la Asesora Legal de la Comisión de la Agricultura. La abogada de Fortaleza hizo unos análisis sobre la Ley y encontró que los importadores tenían razón y que, en ese punto, no podríamos entrar, pero sí en la fase de distribución, ya a nivel del punto de ventas. En esto, el Gobernador dio instrucciones a la licenciada, para que se hiciera un cambio a la Ley, de forma tal que Agricultura la pudiera reforzar y llevarla a cabo. Aún se encuentra en ese punto, ya que la abogada se fue para otro lugar, y estamos desprovistos de ella (la Ley)”.
El Presidente requirió que se explicara cómo la Ley puede ser válida en el punto de ventas, pero no así en la importación. El deponente le explicó que “la importación la controla el Gobierno Federal”. El representante le indicó que según la evaluación que se había hecho sobre el proyecto, se había determinado que no existía campo ocupado, porque no había ninguna determinación federal sobre ese asunto. El deponente le indicó que, en ese momento, no se habían obtenido todas las estipulaciones que se habían hecho en años anteriores, porque databan de muchos años, pero los importadores sí las tenían, por lo que las presentaron y el DA tuvo que desistir. Cuando salió el Proyecto, en el Departamento no tenían las estipulaciones.
El Presidente le señaló a la Secretaria que hay que ver la forma en que se establece para el punto de ventas, ya que, en ese sentido, es sencillo, pues no pueden vender pollo fresco que haya sido previamente congelado. La Secretaria le indicó que eso era parte del análisis que se estaba haciendo, “cómo se podían mostrar en el punto de ventas esas condiciones. Ha habido múltiples reuniones; se creó un comité de trabajo en el cual estaba el agrónomo Francisco Aponte, el Lcdo. Edmundo Rosaly, Asesor Legal de Agricultura; se invitó a personal del DACO y a personal de Fortaleza. A preguntas del Presidente, sobre qué había hecho DACO al respecto, el Subsecretario indicó que se estaba evaluando la posibilidad de que DACO entrara en el proyecto como parte de fiscalizar esto. El Presidente le indicó que ese proyecto permitía que “cualquier consumidor que fuera a comprar pollo, a cualquier colmado, y veía que se le vendía como fresco algo que había sido previamente congelado, como consumidor podía llamar o ir al DACO y quejarse sobre ese asunto”. Quiso saber qué ocurre con eso y cuál sería el método bajo la Ley.
El Subsecretario indicó que “ocurre también algo, y es que el Departamento de Salud permite esa práctica. Esto nos trae una situación a nosotros, por lo que teníamos que superar esa barrera para lograr que esto se hiciera. Por eso tuvimos las reuniones, hasta que la licenciada asignada salió de Fortaleza”. El Presidente insistió en conocer si al día de hoy un consumidor levanta bandera al respecto, si hay o no hay consecuencias bajo la Ley, porque la Ley estipula delito y multas. El Subsecretario indicó que podría traer consecuencias. El representante afirmó que entonces se podría llamar al DACO o a Agricultura y establecer una queja formal, a lo que el Subsecretario contestó que sí.
Ya en otro tema, el Presidente de la Comisión le indicó a los funcionarios de Agricultura que había advenido en conocimiento de que el Banco Popular “se había llevado” los activos del señor Echegaray, los cuales incluían las dos plantas, Picú y Canto Alegre, la incubadora, el molino. La Secretaria le indicó que eso era correcto y que el Banco había ejecutado los activos. Indicó que el día anterior a la Vista ellos estaban tratando de conseguir una reunión con personal del Banco Popular, para oficializar lo que se les había informado y estaban en espera de tener dicha reunión.
El Presidente le indicó que según una visita que la Comisión había realizado a las plantas, en las mismas había equipo que no era de Echegaray, sino que era propiedad del Estado. La Secretaria le indicó que esa aseveración era correcta. “Entre los activos está la planta de proceso de Picú, que pertenece a la ADEA, la maquinaria y el edificio principal. Al mismo se le fueron incorporando unos anexos, que pertenecen al usufructo que se había establecido originalmente. Eso es parte de lo que queremos aclarar con Banco Popular, porque la información que tenemos es que la pasada Administración dio el visto bueno para que se hipotecara el arrendamiento que existía a largo plazo de esas facilidades”.
El Presidente indagó sobre algún documento del Estado que puedan existir, permitiéndole al señor Echegaray pignorar esos activos que eran del Estado, como parte del préstamo. A estos efectos, le preguntó al señor Carmelo Crespo si tenía algún conocimiento de lo que estaba diciendo la Secretaria, a lo que el deponente contestó que sí, que entendía que la Secretaria tenía razón al respecto. “Eso fue autorizado. La persona específica que lo hizo no sé, pero fue por la Administración anterior que el señor Echegaray consiguió esa autorización”. Añadió, además, que “el señor Echegaray no hizo un préstamo con el Banco Popular, fue con el Westernbank, pero cuando este salió del mercado, el FDIC le pasó al Banco Popular los activos que tenía pignorados el Westernbank, para que ellos fueran el liquidador de los mismos. Es por esa razón que entran en negociación con Banco Popular. Pero este nunca prestó dinero”.
El Presidente llamó la atención sobre el beneficio que tendría el Banco Popular si esos activos se van a pérdida o se revenden. El señor Crespo dijo que lo que sí sabía era que “cuando se comenzó a hablar de la liquidación de los activos, la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), aceptó la cantidad de $5 o $6 millones, por cerca de 60 millones de activos que había. Esa fue una de las peticiones que hizo AVICAPI, en cuanto a que, tal vez, ese era el momento para que el Gobierno adquiriera por esa cantidad esos activos, y entonces pudiera controlar el que en el futuro se pudieran liquidar para otros efectos o propósitos, como va a pasar ahora”. El Presidente preguntó por cuánto fue esa ejecución o esa garantía, pero la Secretaria indicó que no tenía el dato. Le informó al Presidente que ella había recibido la información de la ejecución el día anterior a la Vista. El Presidente le preguntó si ella conocía de alguien interesado en adquirir esos activos. Esta contestó que sí, que había “tres posibles inversionistas para esos activos, con los que hemos mantenido comunicación y se nos ha estado proveyendo información, por lo que esperan que alguno de ellos les ayude a reactivar la industria avícola”. El señor Crespo añadió que tenía entendido que el Banco Popular ya había contratado una corporación en Estados Unidos, para que liquidara esos activos.
El Presidente sugirió a la Secretaria que asumiera un rol legal, sometiendo los documentos de toda la información sobre dichos activos, toda vez que los mismos pertenecen al Estado, y se le dieron en garantía al señor Echegaray. “Se deben proteger los activos que pertenecen al Estado y se le debe notificar al Banco Popular, mediante una acción legal inmediata y contundente, o por carta, que esos activos pertenecen al ELA y no a la corporación de Echegaray”. La Secretaria aclaró que el molino pertenece a la Autoridad de los Puertos, pero que se le había cedido al señor Echegaray en renta, para pignorar la misma.
El Presidente también preguntó al señor Crespo lo alegado en su ponencia, sobre los agricultores que también estaban perdiendo sus fincas y que estaban siendo demandados y embargados por las instituciones que les habían dado financiamiento en ese momento. El señor Crespo le explicó que “la garantía del pago de las hipotecas de las fincas estaban basadas en la producción. Al no haber producción, los agricultores no pudieron cumplir con los pagos a los bancos ni al Farm Service Agency. Esa producción lleva cerrada 5 años (desde 2009). Inicialmente, el Farm Service ofreció a los agricultores que fueran a revisar sus préstamos; les rebajó parte de los intereses y volvió a darles un nuevo préstamo, el cual tampoco pudieron cubrir, ya que no había la cantidad que hay que pagar mensualmente. A raíz de esto, hace dos semanas, el Farm Service comenzó a realizar la notificación a los agricultores que están financiados a través de ellos, que comenzaron el plan de “foreclosure”, o sea, de ejecución de las fincas. Como se sabe, esas son fincas familiares que conllevan también la residencia de uno o más miembros de las familias que han estado trabajando en eso y, lamentablemente, tampoco tienen ninguna alternativa de segregación de la casa, para decir “vamos a segregar la casa y yo te voy a quitar la finca y no la casa”, por lo tanto, van a ser fincas en las que se van a perder las casas, y no hay alternativas. No sabemos ahora mismo cuál va a ser la posición del Farm Service nuevamente, pero lo que están ofreciendo es que o se liquide la deuda o se ponga al día, antes de que ellos realicen la ejecución”.
El Presidente le preguntó cuántos agricultores estaban incluidos en esa situación, a lo que el señor Crespo le indicó que “son 78 agricultores que aún quedan activos en la corporación AVICAPI; unos están con Farm Service, otros con el Banco de Desarrollo, otros ya fueron ejecutados por Farm Credit y hay uno o dos que están con un banco comercial y están en el mismo proceso”. En esta instancia, el Presidente preguntó a la titular de Agricultura si existe alguna alternativa para trabajar con la situación. Ella le indicó que han hablado con el Farm Service, el Farm Credit y el BDE. En el caso de este último, no se ha tomado ninguna acción con respecto a las deudas. En el caso de los otros dos, estaban atentos a lo que pasaba con la industria y no tenían conocimiento de que Farm Credit hubiese comenzado el proceso, “por lo que estaremos contactándolos para ver de qué forma podemos ayudar a estos avicultores. Es importante señalar que algunos de los avicultores han optado por reconfigurar sus fincas y han estado moviéndose a otro tipo de empresa. Por ejemplo, hay unos seis avicultores que han transformado su finca en proyectos de ambiente protegido, por lo que tienen una función que le ha permitido cumplir con sus obligaciones financieras. Pero estamos conscientes de que la mayoría de ellos el expertise que tienen es en la industria avícola, por lo que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que se logre la reactivación de la industria”.
Pasando el turno al representante Waldemar Quiles, este se dirigió a la Secretaria sobre la Ley 179, la cual él entiende que, a pesar del trámite legislativo que esta debió llevar, aparentemente la misma es inoperante. Esto, con el ánimo de que en el futuro se haga el estudio legal correspondiente para que la Ley no opere en un vacío. Hizo alusión a la pignoración a la que se sometieron los activos del Estado, bajo el Westernbank, bajo la incumbencia del pasado Secretario de Agricultura, Agro. Javier Rivera Aquino. Preguntó a la titular si había tenido alguna comunicación con este, a lo que ella respondió que no, e igual respuesta dio el Subsecretario.
Preguntó sobre los números presentados sobre la industria avícola, toda vez que se contradice ante el comentario del señor Crespo, de que la industria está “muriendo”. Ante esto, la titular indicó que los números presentados corresponden a la industria avícola que está activa en este momento. “La empresa To-Ricos, por los pasados dos años, expandió operaciones con dos avicultores que se unieron a sus líneas de producción y junto a todos sus avicultores lograron esta producción. Por otro lado, hablamos de reactivación de la industria avícola, porque entendemos que existe el potencial en el país, para mayor producción de pollos, y entendemos que es en esa dirección que va el compañero Carmelo Crespo, y él puede aclarar”.
El Sr. Carmelo Crespo explicó que “definitivamente, la pérdida de las dos empresas, Picú y Canto Alegre, creó un vacío que volvió a llenarse con la importación de pollo en Puerto Rico. Si visitan un supermercado Econo y ven el pollo que se vende como fresco, empacado en una bolsa con la marca de ellos, es un pollo importado que pesa menos de 4 libras, y que se está descongelando y vendiendo como fresco en una bolsa de ellos. La empresa To-Ricos está en este momento criando pollos de un peso de sobre 5 y 6 libras, no para venderlo como pollo entero, sino en piezas, que le deja mucho más rendimiento económico. Ese es un negocio más eficiente y de mucho más rendimiento. La industria se muere porque el importador ha tomado ese espacio, ha convencido a los supermercados, ha violado las leyes, ha obviado la Ley 179, y sencillamente trae pollo hasta de Chile, y lo mercadea como pollo fresco en Puerto Rico. No hay manera de que sea fresco. En la medida en que no haya oferta en la Isla, la demanda va a atraer pollo importado.
Cuando nosotros comenzamos a traer los problemas que dieron pie como condición a la Ley 179, el pollo entero estaba a 89 centavos la libra, porque había un montón de gente trayendo pollo, y estaban bajando el precio, para sacar del mercado el pollo local, que no se podía producir a menos de 95 centavos libra. Una vez salió Canto Alegre y Picú del mercado, incrementó a un precio que lo que antes se vendía a 89 ahora se vende a $1.99. Todavía se vende el pollo importado marca Econo a $1.20 o $1.25 la libra, cuando antes se vendía a 89 centavos. Esto se debe a que no hay competencia, a que el pollo fresco que produce To-Ricos es tan mínimo que lo pueden acomodar inmediatamente, y rellenan todo lo demás con pollo importado, que es lo que está destruyendo esta industria, y no ha habido controles para bregar con eso. Eso ha sido así siempre, pero ahora llegó a su máximo. Se podría decir que irreversible. Vemos una industria que iba en crecimiento y porque no se le dio la atención adecuada y no se hicieron las leyes adecuadas, se ha ido al piso”.
El representante Quiles preguntó al deponente a cuánto ascendía el producto de esa industria, cuando estaban las plantas operando y en comparación con lo que hay ahora. El deponente le dijo que “cerca del doble”. El representante preguntó la fecha aproximada en que había comenzado la merma en la producción de pollo. El Subsecretario le indicó que “las dificultades de la planta fueron cerca del 2000 al 2001, cuando lo tenía el grupo Turpial, que tuvieron que quitarse de la planta; y que luego vinieron unos venezolanos y, posteriormente, vino Echegaray, como en el 2003”.
El representante trajo un caso de un avicultor productor de huevos, que ubica su finca en Utuado, y que ha tenido problemas con el DRNA porque ellos le han indicado que por el agua que se genera en su finca se están contaminando los acuíferos. La Secretaria expresó que “en esa dirección, nuestros agricultores siempre buscan proteger los recursos naturales, y en los análisis que se están haciendo para el cumplimiento de los requisitos ambientales, se están contemplando los estrategias de manejo de desperdicios, como los biodigestores, que evitan que esa agua llegue a los cuerpos de agua. Este es un problema que a diario traen los agricultores que tienen animales en confinamiento, porque los requisitos ambientales son cada vez más estrictos, buscando proteger suelo y agua, pero esto afecta la producción agricultura. Añadió el Subsecretario que con la Ley del Carso, como muchos de estos agricultores están en esa zona, se ha ido incrementando el problema. Finalmente, el representante preguntó sobre lo que puede hacer el DA para ayudar a los agricultores, quienes se atemorizan ante la amenaza de multas y se preguntan qué pueden hacer. La Secretaria le indicó que “esa preocupación ha sido traída ante nuestra consideración. Se ha promovido reuniones con el DRNA y con la JCA, y le hemos estado presentado alternativas para que estos agricultores estén en cumplimiento. Lamentablemente, no se nos han aceptado muchas de estas recomendaciones.
Sobre si existe algún proyecto para crear composta con gallinaza. La Secretaria le explicó que están pendientes a que se pueda firmar un contrato de arrendamiento con una persona interesada en establecer un proyecto de composta, que estaría utilizando la pollinaza y la gallinaza como parte de la materia que estaría procesando. Esta persona ha indicado que podría absorber la disposición de esta materia, de aproximadamente 40 ranchos. El Presidente trajo a colación los comentarios de un periódico en cuanto a la alegada contaminación de la planta de Canto Alegre, en Salinas, sobre el Acuífero del Sur. La Secretaria le indicó que hace 6 a 7 años que la planta no opera.
En su turno, el Hon. Manuel Natal preguntó a los funcionarios de Agricultura sobre los incentivos y programas disponibles para los jóvenes que quieran ser avicultores. La Secretaria le indicó que no hay incentivos específicos. Los incentivos que ofrece el DA se les garantizan a los agricultores, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos de los mismos. El DA ha estado desarrollando un Programa de Jóvenes Agroempresarios, en el cual se les brinda el apoyo y la mentoría técnica que requieren estos jóvenes para establecer los distintos proyectos y, de esa forma, se les ayuda a canalizar la solicitud de los incentivos. En cuanto a la industria avícola, los únicos incentivos que ofrecen son los que tienen al presente, pero si se identificara la necesidad futura de otros incentivos, los estarían trabajando, siempre garantizando que todos los que producen pollos en PR puedan beneficiarse de los mismos.
Ante la pregunta del legislador de si existe algún perfil del agricultor puertorriqueño, por industria, y que dicho perfil incluya un componente demográfico, la Secretaria le indicó que tienen un perfil general, donde la edad promedio de los agricultores en Puerto Rico es de 59 años; el nivel de escolaridad es menor de escuela superior; el ingreso promedio está en los 41 mil dólares; y el 90% de ellos tienen ingresos menores a $75 mil. Ese análisis se basa en los datos que suministra el Censo de Agricultura federal. El representante añadió que si nos basamos en la edad, “hace falta ponernos en perspectiva para que se dé ese relevo generacional y ser más proactivos para atraer más jóvenes”. A esto, la Secretaria añadió que, además de la mentoría que les están brindando a los jóvenes agroempresarios, el Fondo de Innovación y Desarrollo Agropecuario (FIDA) aprobó un financiamiento de un máximo de $25 mil para jóvenes que están incursionando en la agricultura, y están trabajando en una propuesta para el DA federal, para obtener fondos para programas de nuevos agricultores.
En su turno, el Hon. Javier Aponte Dalmau preguntó si el DACO ha intervenido en el proceso con los supermercados o ha llevado alguna campaña sobre esto, y si el Departamento de Salud, a su vez, lo ha hecho. El Subsecretario le aclaró que el mercado no está totalmente desprovisto, ya que el Departamento tiene el Reglamento 8, con el que inspeccionan todos los pollos que llegan a PR y las plantas. Pero hay unas disposiciones sobre el pollo fresco, que sí se revisa el “labeling” y se revisa que el pollo venga en condiciones de consumo. También el Gobierno Federal establece claramente los términos en que debe venir el pollo, ya sea fresco o congelado. Eso lo establece el Gobierno Federal y es un área de campo ocupado, pero no está desatendido, pero sí hay unas regulaciones. Indicó que tienen interés de arreglar la nueva Ley para poderla implantar como se debe, porque esa Ley es necesaria. “Además, también hay un asunto de salud pública que hay que atender, y eso es importante y no hay negociación posible sobre esto. Una vez se hagan los arreglos para poderla implantar, DACO está dispuesto a hacer un acuerdo de colaboración para, entre ambas agencias, poder llevar una fiscalización más adecuada”.
El legislador le expresó que, en ese particular, no es solo proteger el aspecto arancelario del producto local, sino las condiciones de salud, que es lo que más preocupa, ante la confianza de las personas que compran el producto. Tenemos las herramientas y hay que arreglar o ajustar la legislación para que se reclame el derecho sobre el campo ocupado y que tengamos esa justificación en protección al cliente. La Secretaria indicó que esa fue la razón de crear un grupo de trabajo interagencial, buscando dónde tenían una oportunidad, que no hubiese campo ocupado y que garantizara llevar esa protección a los consumidores, que a la vez va a redundar en beneficio para los avicultores.
Dado lo anterior, el señor Carmelo Crespo procedió a leer parte de la Ley 179, e indicó que la Administración anterior presentó una medida similar, que fue aprobada en el Senado, pero no en la Cámara, donde los importadores tuvieron una agresiva actitud para que el mismo no se aprobara. “Ha sido así, porque lo que ellos han tratado de establecer es que con eso se violan los acuerdos interestatales de libre comercio. Pero, cuando se analizó el proyecto actual, se buscó desviar el asunto hacia el área de salubridad pública. El uno identificar como pollo fresco un animal que fue sacrificado dos o tres meses anteriores, es un delito si uno lo marca después como pollo fresco. El mismo reglamento federal establece que un pollo fresco es aquel que llega al lugar de entrega con 99 horas después de haber sido sacrificado. Eso es muy difícil comprobarlo ahora mismo, ya que en Puerto Rico solo hay un inspector federal para llevar a cabo ese procedimiento. Ellos alegan que tienen una serie de inspectores. Sí, en las plantas y en los mataderos, pero no en el punto de entrada. Ahora, las leyes federales y estatales les impiden al gobierno estatal el detener en la entrada del muelle esos productos, porque eso es un campo que le compete al DA federal. Pero, a partir de cruzar el portón, es una responsabilidad nuestra el poder salvaguardar la salubridad del pueblo. La estrategia detrás de todo esto es que los importadores están pendientes a todo el mercado, y cuando hay un excedente en los Estados Unidos lo congelan dos y tres meses, y luego tienen que salir de él porque la industria avícola es una cíclica, tiene que estar saliendo constantemente el pollo de la finca, porque vienen los pollitos pequeños y así sucesivamente. Cuando tienen los almacenes llenos de pollo congelado, lo venden a un precio increíble, como a 35 centavos libra, lo dejan descongelar y lo venden como pollo fresco, no solamente a Puerto Rico, sino a donde haya mercado disponible.
El representante Aponte arguyó que entiende que se justifique la situación del campo ocupado, el cual es estrictamente relevante al comercio interestatal, por lo que el Estado está protegido para imponerle mayores impuestos al pollo que se importa y proteger el producto local. Sin embargo, indicó que “hay unas protecciones y unos intereses para establecer en Puerto Rico unas fincas para pollo y para proteger la industria del huevo, pero estamos viendo que por circunstancias desconocidas –porque sí hay una oferta constante- y aunque hay leyes e incentivos, se ha fallado, teniendo esos comerciantes esas oportunidades, en poder satisfacer esa oferta inicial que tienen de los consumidores locales. Cualquier persona que vaya a entrar en ese mercado en PR, de entrada debe tener éxito, porque esa demanda está ahí, ya sea a través de Comedores Escolares o del consumo de los consumidores generales en Puerto Rico”. Don Carmelo Crespo le indicó que “lo que está dirigiendo aquí la compra de pollo es el precio. En Puerto Rico producir el pollo cuesta alrededor de 95 centavos la libra y se vende fresco, no congelado. En Estados Unidos cuesta aproximadamente 6 centavos menos producirlo. El representante le indicó que “cuando vaya a entrar, el Estado puede protegerlo”. El deponente le indicó que “en ese sentido, son ustedes los legisladores los que podrían tratar de conseguir eso. Eso es difícil y no se puede imponer, ya que con eso sí se estarían violando las leyes interestatales. Pero donde sí uno tiene que ver es que traer un pollo a Puerto Rico sale en unos 18 centavos/libra. Si ellos lo pueden producir por 89 centavos y usted le suma 18 centavos libra, excede el costo de producción del de Puerto Rico. Los productores siempre hemos dicho que no tenemos ningún problema en competir con el pollo fresco americano, siempre y cuando sea fresco. Pero no podemos competir con un pollo congelado, americano, que se traiga aquí, y se descongele y se venda como fresco, porque ese pollo se compró allá con un descuento porque perdió su valor de fresco”.
En esta instancia, el Presidente de la Comisión le indicó que esa práctica es la que prohíbe la Ley, a lo que el deponente le dijo que aún así, eso es lo que se está haciendo. El Presidente puntualizó que para cuestión de récord quería dejar claro que “eso lo prohíbe la Ley que aprobamos aquí”. El señor Crespo insistió en que es eso a lo que él se refiere, ya que la Ley no prohíbe la entrada de pollo fresco o congelado, sino la manera en que se mercadea o cómo se vende. Explicó que DACO intervino en ocasiones e hizo unas inspecciones, pero no ha querido intervenir nuevamente.
En cuanto al caso que se está ventilando sobre los activos retenidos por el Banco Popular, el representante Aponte Dalmau le sugirió a la Secretaria del DA que ellos podrían radicar un Injunction para detenerlo, “ya que parece altamente sospechoso que se ejecuten unos bienes, que el Estado los haya puesto como garantía, en beneficio de un subsidio a un tercero, y que el Banco los pueda ejecutar. O el Tribunal está en desconocimiento de quién era el titular original de esos bienes o me parece que el proceso judicial o la transacción tiene algo sospechoso, y me parece que la intervención de ustedes debe ser inmediata”. Ante esto, el Presidente de la Comisión hizo igual sugerencia a la titular y le indicó que hablara con el asesor legal de inmediato y se movilizara a “defender los activos del Estado, que fueron dados por la pasada Administración como garantía”.
En su turno, el representante Urayoán Hernández Alvarado, le indicó a la Secretaria que “lo que se anuncia, se vende. Cómo el DA, a través de los medios de comunicación, está promoviendo el consumo local”. La Secretaria le respondió que “en términos del presupuesto del DA para gastos de publicidad, es cero”. Indagando más al respecto, el representante Rafael Rivera Ortega le preguntó si “Agricultura promueve este tipo de funciones vía redes sociales, cuáles tienen, cómo lo hacen. Se puede dar fe que es una herramienta gratis que tenemos”. La Secretaria le indicó que “tenemos distintas plataformas digitales que utilizamos y vamos a acoger la recomendación para utilizarla para esa campaña”.
Finalmente, el representante Rivera Ortega indicó que en el pasado cuatrienio, se ayudó a varios avicultores, dándole asfalto para los caminos y otras herramientas, para que mejoraran su área de trabajo y tuvieran una mejor producción. Concluyó que “hay que brindar más educación para que se conozca más sobre el trabajo de ellos, ya que es posible que muchos legisladores y alcaldes no tengan un compromiso mayor con el agricultor, porque no conocen lo que hacen. Hay que buscar que el agricultor sea más escuchado por los incumbentes, del partido que sea para que, al conocer sus necesidades, puedan atenderlas mejor. Es algo que tenemos que fomentar. Yo desconocía cómo funcionaba la agricultura, pero personas responsables me orientaron, me llevaron a las fincas, los escuché y ahora actuamos a favor de ellos”.
En el turno final, el autor de la medida bajo consideración, Hon. José “Pito” Torres Ramírez, emitió su preocupación y sus argumentos al respecto. Indicó que “esta medida ha sido un reclamo, específicamente, de los avicultores de nuestra área. Los avicultores que en un momento dado obtuvieron fincas, se convirtieron en la meca de lo que era la empresa avícola en Puerto Rico. Y una preocupación de ellos es que tienen una deuda por el financiamiento de dichos terrenos, y que está en juego y en peligro su residencia o su hogar seguro. Y además, la industria avícola en Puerto Rico se ha visto afectada y se afectaron directamente estos agricultores que obtuvieron estos terrenos en un momento en que la agricultura tuvo su sitial. Tenemos conocimiento que se están dando títulos de propiedad, pero hay unas restricciones. Dentro de las mismas, nos gustaría que estos agricultores o dueños de estas fincas pudieran tener el respaldo genuino de nuestro gobierno actual, porque en las distintas administraciones ellos han estado enfocados en trabajar su tierra y no pendientes a los cambios que hubo. En mis dos cuatrienios he podido ver que a ellos no les importa quién esté administrando nuestro País, sino que ellos puedan desarrollar y llevar sus productos a los hogares puertorriqueños. Una de las preguntas al DA es qué injerencia tienen los municipios, cuando se están dando los títulos de propiedad, de las distintas familias que han obtenido hasta ahora una finca, y que hayan cumplido con los parámetros de la Ley para poder obtener dichos títulos”.
A tenor con lo manifestado, la Secretaria del DA explicó que “en términos del Programa de Título VI de Fincas Familiares, de la Ley de Tierras de 1941, existe un protocolo para que la persona pueda ostentar la tenencia de estas tierras; originalmente, se les otorgaban las fincas en usufructo, la persona tenía que mantener una operación agrícola y se le permitía la construcción de su residencia y la construcción de dos solares adicionales para sus hijos. Si la persona mantenía la operación agrícola, se le otorgaba el título de propiedad con una restricción de que solo podía utilizar la finca para fines agrícolas. Esto es un proceso, hay unos comités de trabajo que son los que evalúan los casos. En términos de los municipios, ellos no tienen una injerencia directa en este proceso. Sí, ellos pueden recomendar a las personas que soliciten estas fincas y pueden ayudarles a que cumplan con el proceso de someter una propuesta. Porque, para obtener su finca, ellos tienen que presentar un plan de desarrollo de la finca; pero, no tienen una injerencia directa en el proceso de a quién se le da la finca y cómo la va a operar”.
El representante preguntó a la Secretaria “si hay alguna alternativa viable para los agricultores que obtuvieron sus fincas, cumpliendo con todos los requisitos de la Ley, que ya tienen bastante edad y que al día de hoy, dado el cierre de la industria avícola, tienen que continuar pagando las mismas. Han tratado de sacar provecho de sus tierras, haciendo otro tipo de labor agrícola en los mismos, pero no tienen ya los mismos beneficios de agricultura, por lo que deben pagar por arar sus terrenos y no pueden segregar ni una cuerda, porque la Ley les impone restricciones”.
La titular le indicó que “el DA estuvo hablando con las agencias financieras de estos avicultores y les han explicado la situación por la que están pasando. El DA reconoce que no ha sido un problema de ellos, sino del cierre de las plantas. Han estado reunidos con varios avicultores que se han visto afectados. Algunos de ellos han optado por reconvertir sus fincas en otro tipo de proyectos agrícolas y, en esa medida, el DA les ha dado beneficios, como el Programa de Inversiones, que les otorga el 50% de la inversión, hasta 250 mil dólares, para que puedan reconvertir su rancho. Además, les han otorgado incentivos para alquiler de maquinaria, para adquisición de semillas, para fertilizantes; también, se han establecido unos mercados, que ellos se pueden beneficiar de los mismos, donde van a tener un mercado seguro para su producto, a un precio justo. Estamos también en conversaciones con avicultores de Coamo y del área de El Húcar de Salinas, donde ya ellos están viendo esto como una fuente de generación de ingresos. Hay avicultores que, por las experiencias que han pasado, tras el cierre en varias ocasiones de las plantas, han dicho claramente que ellos no quieren volver a ser avicultores; hay otros que sí están esperanzados en que se reabran las plantas y estamos agotando todos nuestros recursos para que eso se dé. Pero, estamos conscientes que, mientras eso se da, ellos tienen unas obligaciones que cumplir. Realmente, nosotros hemos hecho todo lo que podemos para ayudarlos pero, lo que usted presenta, conllevaría una enmienda a la Ley”.
El representante Torres Ramírez trajo a colación un ejemplo de un caso que está ocurriendo en el Sector El Melón de Coamo, “en el cual un agricultor pasó la experiencia de lo que él entendió como una “estafa” por parte de la empresa financiera de su deuda. El agricultor se tardó en pagar unos meses y lo fueron a arrestar. Cuando esto estaba ocurriendo, las personas que lo atendieron, alegadamente el alguacil y ante un juez en la Corte Federal, le indicaron que porqué cuando hay otros agricultores que deben más, lo arrestaron a él, por no estar al día. Alegadamente, había una persona interesada en obtener esa finca, dado su valor, y la forma en que lo podían hacer era que se le quitara al agricultor y fuera a una subasta. Pero, la madre de la esposa del agricultor murió y les dejó una herencia, con la que pudieron poner al día los pagos y sacar el caso de la Corte. La preocupación es que esta dinámica de que tienen restricciones pero tienen que seguir pagando, y que se pueda decidir en un momento dado, porque la finca no da unos productos determinados, es preocupante. Y, aunque enmendar la Ley podría ayudar, se les puede dar la oportunidad de pagar esa deuda, aunque tenga un título de propiedad, pero tiene unas restricciones. Se agradecen las gestiones que ha realizado el DA al respecto, pero cuando se ve lo que ellos tienen que pagar de agua y luz, y cuando tienen que poner pozos o arreglarlos, no dan abasto”.
A estos efectos, el Presidente de la Comisión le indicó al representante que “la Comisión aún tiene bajo consideración una medida, de la autoría del representante Carlos Vargas, en la cual puede incluirse su preocupación, y si la podemos atender de esa manera, lo haremos con alguna enmienda”.
El representante Rivera Ortega tomó otro turno para dirigirse a la titular del DA. Le indicó que “de las visitas que hemos realizado a los avicultores, en el pasado, se ha podido determinar que cuatrienio tras cuatrienio ocurre básicamente lo mismo. Los avicultores se comprometen con la industria, poniendo sus fincas y sus recursos, y luego todo queda en nada. Ante esta situación, qué podemos hacer diferente para resolver esto, no empece a que se reconocen las buenas intenciones de ayudarlos, para que los agricultores que realmente hagan una inversión no la pierdan, no se nos quiten o se nos vayan, y que tengamos resultados en una dirección correcta”.
La Secretaria le respondió que “en términos de los análisis realizados por el DA, se le está dando mucho peso al mercado potencial del producto. Hay proyectos, como la Ley discutida hoy, que requieren hacer unas enmiendas para garantizar que el producto vaya fresco realmente al consumidor; es algo que tenemos que darle prioridad. Además, evaluar y comprometer, en cierta forma, los mercados a los que puede ir el producto. Una queja continua de los agricultores, y que aplicaría bastante al sector de pollos, es que hay ocasiones en que los agricultores producen, pensando en que tienen ‘equis’ o ‘ye’ mercado comprometido, y, cuando llega el momento de la cosecha, se traen productos importados y dejan al agricultor sin vender su producto”.
A esos efectos, la titular indicó que están trabajando en un borrador de proyecto que lo van a presentar para la consideración de la Legislatura, que indica que “cuando esta cadena de supermercados o restaurantes hace un compromiso con el agricultor, en este caso sería con la planta, que no venga en la misma semana y le diga no te voy a coger los pollos porque conseguí pollos más baratos en Estados Unidos. Que cuando haya ese compromiso, se garantice cumplir con ese compromiso. Y de esa forma, vamos protegiendo a nuestros agricultores en general”. Añadió, que esperaban tener el mismo en las próximas dos semanas posteriores a la Vista. Pero, en el caso de la enmienda que debe someterse a la Ley actual, esperaban tenerla lista en una semana.
A tenor con la información recibida y la documentación obtenida, en relación al estado actual de la industria avícola del País, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales da por concluida la investigación y tiene a bien presentar el Informe Final sobre la Resolución de la Cámara 1009, bajo cuyo amparo se realizó la misma.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 Resolución