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julio | 2011 | Pensamientos de Derecho Constitucional | Página 2
Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, 26 de julio de 2011
Desde Montevideo, Uruguay, adjuntamos la segunda referencia de nuestro curso “Procesos de tutela de derechos fundamentales”, el cual se desarrolla en coordinación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Tribunal Constitucional del Uruguay.
En esta segunda fecha abordamos los temas El recurso de amparo: la experiencia española”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Montañés Pardo, Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España; y “La tutela de los derechos fundamentales en Francia”, a cargo de Pierre Subra de Bleusses, Catedrático Derecho Administrativo de la Universidad de París y Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra.
El recurso de amparo: la experiencia española
No todos los derechos fundamentales en España tienen la tutela del amparo. El amparo constitucional solo está restringido a determinados dd.ff., contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, es decir, libertades públicas y dd.hh., además de la protección de la objeción de conciencia.
La propiedad es derecho fundamental pero no está protegido por el amparo. Quedan fuera, también, la seguridad jurídica, los derechos sociales así como principios rectores de la política económica y social.
El recurso de amparo tiene una doble función: una función subjetiva (la preservación y restablecimiento de los dd.ff.) y una función objetiva (la defensa objetiva de la Constitución).
A través del amparo no puede articularse una pretensión impugnatoria directa contra la ley, lo que no excluye que instrumentalmente pueda discutirse su conformidad. Lo que puede objetarse es el acto de aplicación de la ley.
Uno de los requisitos del amparo es la especificación de la trascendencia de la lesión, sin cuyo cumplimiento se desestima el amparo. El abogado está obligado a especificar el requisito de especial trascendencia constitucional y sin embargo, esto no llega a cumplirse por parte de los profesionales del Derecho en tanto se suele mezclar cuestiones de legalidad y de constitucionalidad. Frente a ello, el Tribunal constantemente realiza una labor de pedagogía, orientando que su competencia es solo respecto de la protección constitucional.
El amparo no puede tener carácter cautelar ni preventivo. Solo cabe cuando se ha producido una lesión. Es una vía de protección de los derechos, pero solo respecto de derechos vulnerados. No se debe confundir esto con la posibilidad de solicitarse medidas cautelares en el curso de un proceso. Por tanto, solo cabe contra lesiones concretas.
El amparo tiene carácter solo subsidiario. Ello impone que previamente a asumir conocimiento de una causa el Tribunal Constitucional, deben haberse agotado todos los pasos previos ceñidos a la vía ordinaria.
Tampoco se pueden plantear cuestiones de legalidad ordinaria, solo de constitucionalidad. Si esto se respetara escrupulosamente, evitaríamos las “guerras de las Cortes”.
El interés legítimo (art. 162.1.b. CE) exige haber sido parte en el proceso judicial. El Tribunal ha interpretado esto de manera sumamente amplia a efectos de que nadie se vea constreñido a demandar.
Existe la posibilidad excepcional de “sucesión procesal”. Están legitimadas, en general, las personas jurídicas. La legitimación está conectada con la titularidad del derecho fundamental en cuestión y con la existencia de interés legítimo. El razonamiento no es tanto si las personas jurídicas pueden recurrir al amparo sino cuál derecho fundamental sustentan como afectado y en qué medida.
En opinión del expositor, el acceso de las personas jurídicas debería ser restringido, siguiéndose la regla del Tribunal Europeo de DD.HH. respecto a que no pueden concurrir personas jurídicas de derecho público.
Se exige firma de abogado para recurrir al amparo.
¿Qué se puede recurrir en amparo constitucional? Prácticamente todo, entre actos administrativos y resoluciones judiciales. La exigencia respecto de actos administrativos es haber agotado previamente la vía judicial.
Por el amparo mixto, se denuncia una vulneración en la vía administrativa y una afectación judicial.
El amparo frente a particulares (Drittwirkung) exige la necesidad de que medie una resolución judicial.
El art. 44.2. LOTC fija en 30 días el plazo para interponer el recurso de amparo contra resolución judicial. No se incluyen los días inhábiles.
Agotamiento de la vía judicial
Terminada la vía administrativa, es necesario agotar la vía judicial. Hay 2 excepciones: a) las dilaciones indebidas, causadas por omisiones respecto a lo cual es exigible acreditar se hubiere denunciado previamente; b) las medidas cautelares restrictivas de derechos, en tanto no tendría sentido esperar que acabe el proceso. Solo en estos casos se rompe la excepción a la subsidiariedad del amparo.
Se consideran “prematuros” los recursos planteados contra resoluciones interlocutorias y en general, cuando la vía judicial previa aún no está cerrada.
El incidente de nulidad de actuaciones es un recurso horizontal que es presentado siempre que no se haya podido denunciar antes la lesión. No ha cuajado en España y se le considera, en rigor, una pérdida de tiempo.
El carácter subsidiario del amparo exige: a) agotar la vía judicial; b) invocar la lesión del derecho en la vía judicial. La invocación del derecho es consustancial a la invocación de la vía judicial. Debe haber lealtad institucional en el sentido de que los órganos judiciales deben tener la posibilidad de restablecer por sí mismos el derecho vulnerado.
En España, antes, había que convocar a audiencia, mediante auto, para la denegatoria de un amparo. Desde 1988, el legislador cambió la ley y dispuso la inadmisión mediante providencia. En la práctica se desarrolló una providencia motivada. Incrementada ostensiblemente la carga del Tribunal, se opta hoy por providencias sin motivar y no puede entenderse ello como una vulneración a los derechos por parte del Tribunal Constitucional.
La tutela de los derechos fundamentales en Francia
Pierre Subra de Bleusses
Catedrático Derecho Administrativo de la Universidad de París
Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra
En Andorra la influencia española ha sido más fuerte que la francesa. Andorra es un país muy pequeño, entre Francia y España, que data del siglo XIII. Tiene dos Jefes de Estado, en propiedad, dos copríncipes: un conde francés y un obispo español.
En Francia no existe el amparo. No ha habido una tradición de justicia constitucional.
“Cualquier sociedad en la cual no se garantizan los derechos, no tiene Constitución”, refiere la Declaración de los Derechos del Ciudadano del 26 de agosto de 1789.
Hasta 1958 no hubo jurisdicción constitucional en Francia. En materia de dd.ff., el papel de defensa de los mismos está a cargo de la jurisdicción ordinaria.
La ley es la expresión de la voluntad general refiere Rousseau. Los revolucionarios franceses eran contrarios a un control de constitucionalidad. En la Ley de 1790, sobre la organización judicial, se establecía que los tribunales no podían impedir ni suspender los derechos del Poder Legislativo.
El Consejo Constitucional de Francia es de 9 miembros: 3 nombrados por el Presidente de la República, 3 por la Asamblea Nacional y 3 por el Presidente de la Cámara del senado.
No se puede pronunciar el Consejo Constitucional sobre la constitucionalidad de las leyes sino sobre los proyectos de ley. Pueden plantear el recurso respectivo solo 4 personas: el Presidente de la República, los Presidentes de cada Asamblea Parlamentaria y el Jefe de Gobierno. Si ninguna de estas personalidades plantea el recurso, no hay acción. Publicada la ley, no se puede interponer acción alguna, salvo la excepción a señalar más adelante respecto a la cuestión prioritaria de constitucionalidad.
En Francia hay una Corte Suprema en lo contencioso- administrativo y una en lo judicial. Se pueden plantear entre ambas problemas de competencia, para lo cual existe un Tribunal.
Si existe una afectación constitucional respecto a un derecho fundamental, ello lo decide la jurisdicción ordinaria. Si la afectación se produce respecto de un acto administrativo, tiene competencia el juez contencioso- administrativo.
El sistema de Vichy se refiere a una ley que señalaba que las decisiones de la Administración no eran susceptibles de ningún recurso. Eso fue validado por el Consejo Constitucional, el cual a su vez estableció como excepción la interposición de un recurso de anulación.
Los referés son los procedimientos de urgencia. Su objeto no es juzgar el fondo del asunto sino evaluar las medidas cautelares. Por ejemplo, se puede recurrir en contra de una denegatoria de licencia y pedir la suspensión de una ejecución. Se pone en duda la legalidad de un acto determinado, por vulneración de un interés público. El referé de libertad se refiere a que interpuesta una demanda, el juez puede ordenar las medidas del caso para resguardar la libertad personal, debiendo el juez pronunciarse en el término de 48 horas.
Desde 1958 hasta 1970, el papel de la justicia constitucional en Francia fue nulo respecto a los derechos fundamentales. La IV República- 1946- desapareció con la Constitución de 1958, la cual dio inicio a la V República. Esta última Constitución reafirma los derechos y libertades del hombre, reconocidos por la República. Adquieren un valor superior, al ser calificados de esta forma por el Preámbulo de la Constitución.
La cuestión de si se podía ampliar el rol del juez constitucional, se planteó respecto al artículo 55[1] de la Constitución de Francia, relacionado con los tratados internacionales. El control de conformidad de las leyes respecto a los tratados se orientó a un control de convencionalidad.
Desde enero de 2010 se ha producido una importante modificación: la cuestión prioritaria de constitucionalidad, prevista por el artículo 61 de la Constitución francesa. Según el Consejo Constitucional de Francia, esta figura consiste en que se reconoce a cualquier persona, que sea parte en un proceso o en una instancia, el derecho de afirmar que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución.
La cuestión prioritaria de constitucionalidad fue instaurada por la reforma constitucional de 23 de julio de 2008. Antes de la reforma, no era posible impugnar la conformidad con la Constitución de una ley que ya había entrado en vigor.
El taller de la tarde presentó una dinámica de trabajo sobre los rasgos más representativos del amparo en los ordenamientos constitucionales de los países concurrentes.
[1]Constitución1958. Artículo 55
Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011.
Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011.
Alma Belenguer. Coordinadora de Formación de la AECID.
En el corazón de Montevideo, en la Ciudad Vieja, en el Centro de Formación en Montevideo de la Embajada de España, con un sol radiante que saluda el campeonato de Uruguay en la Copa América, la representante española de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo AECID, Alma Belenguer, dio la bienvenida a los participantes del evento y señaló que la institución ha desarrollado alrededor de 300 actividades en sus 4 Centros de Formación, entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Cartagena de Indias, Colombia; Montevideo, Uruguay y La Antigua, Guatemala, constituyendo estas actividades un aporte genuino en lo que respecta a otras áreas de desarrollo de la Cooperación Española.
Dio igualmente la bienvenida a los participantes de los 10 países iberoamericanos aquí reunidos, y aludió a que el origen de estos seminarios se remonta a las Conferencias Iberoamericanas de Justicia Constitucional, las cuales se previeron cada 2 años. A ellas pertenecen la gran mayoría de los países iberoamericanos. La última fue en Managua, Nicaragua, en 2010, y la próxima será en Cádiz, 2012. En esa última reunión se acordó desarrollar seminarios de formación en distintos países, los cuales han tenido lugar ya en número de 6: Principio de igualdad, en Cartagena, libertad de información y medios de información, en Antigua; Guatemala, entre otros. Desde esta reunión en Uruguay se ha abierto la participación a abogados y profesionales del Derecho vinculados a estas áreas y no solo a representantes de la judicatura.
Con estos seminarios se pretende realizar un punto de encuentro, un intercambio de experiencias, a fin de resolver problemas propios, pues la jurisprudencia de nuestros países siempre guarda puntos en común. Estos seminarios ayudan en esa línea. Nuestro formato, esta vez, será muy particular, en tanto las conferencias solo fijarán líneas generales a fin de desarrollar una visión crítica.
Miguel Ángel Montañés Pardo. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.
Los modelos de justicia constitucional importan un análisis de los procesos de tutela de derechos fundamentales.
Son países con Tribunal Constitucional Andorra, Bolivia, Chile, Colombia, España, Guatemala, Perú y Portugal, y a su turno, son países que desconocen esa creación institucional del constitucionalismo europeo Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.
Otros ordenamientos prevén en el seno de sus tribunales supremos una Sala en lo constitucional, entre ellos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
Existen modelos en los cuales el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Se trata de jurisdicciones distintas. En otros casos, hay Tribunales que forman parte del Poder Judicial. Los conflictos no se producirían, a juicio del expositor, si las competencias se encontraren mejor definidas.
En los casos de Colombia, Chile y Ecuador,la Corte Suprema participa en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En todos los países hay control de constitucionalidad. En algunos países, se atribuye en forma exclusiva a la Corte o al Tribunal Supremo (Brasil, México y Uruguay).
En otros países se establece un control difuso, atribuyendo la última instancia ala Corte Suprema(Argentina y Puerto Rico).
En los países donde la Corte Suprema hace un control de constitucionalidad, hay 2 subgrupos: control difuso por los jueces ordinarios (Honduras y Venezuela); en otros, se dota los jueces ordinarios de la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad (Costa Rica y Nicaragua).
Jurisdicción constitucional y control de normas
En los países con control de constitucionalidad concentrado, el cuestionamiento a la validez de la norma, conlleva la expulsión de ésta del ordenamiento jurídico y surte efectos erga omnes.
En Andorra y España, si la norma que incurre en vicio de constitucionalidad tiene un rango inferior al de la ley o es anterior ala Constitución, el juez ordinario puede dejar de aplicarla.
Más complejo es el sistema de control mixto. Al tiempo que existe un órgano que efectúa un órgano que efectúa un control abstracto con efectos erga omnes, existe un control difuso y disperso.
¿Existe control preventivo de constitucionalidad y de normas derogadas? El control se reserva a las normas vigentes y así lo prevén los países. Respecto al control preventivo, la experiencia española ha sido muy negativa. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional preveía que si una norma previa era impugnada, se debía esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Esto significaba una presión tremenda para el Tribunal y a que debiera esperarse por períodos largos la entrada en vigencia de algunas leyes de suma importancia. Ello originó que se suspendiera en 1985 el control previo de constitucionalidad, al identificarse impugnaciones con motivaciones políticas. Sin embargo, respecto a las normas estatutarias, existen voces que sugieran se recupere nuevamente el control previo.
Respecto de los conflictos autonómicos en España, una norma regional puede ser suspendida por un número determinado de meses. En estos casos sí existe un margen de conveniencia para este tipo de control. Hay control previo en Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Portugal y Venezuela, entre otros países. En otros casos, el control es excepcional para las reformas constitucionales.
Jurisdicción constitucional y control de resoluciones judiciales
No se prevé semejante función de control en países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.
En la mayoría de países sí existe esta posibilidad: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.
El recurso o acción de habeas corpus cumple, también, la función de impugnación de resoluciones judiciales (Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú).
Los derechos fundamentales, que son en principio los derechos del ciudadano frente al Estado, también son también denominados “derechos sustantivos”, “garantías individuales” o “derechos legítimos”.
Junto a las partes, se otorga esta legitimación al Ministerio Fiscal (como se denomina en España) y al Ministerio Público (Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, España y Portugal). En algunos casos también esta legitimado el Defensor del Pueblo (Colombia y España).
Un caso emblemático de legitimación ensanchada en España fue el caso de los presos de la GRAPO (Grupo de Apoyo al 1ro de octubre). El Ministerio Fiscal interpuso un proceso de amparo contra una decisión judicial que prohibía la alimentación forzosa de los huelguistas y el Tribunal Constitucional le dio la razón a los reclamantes, bajo el argumento de que el Estado no podía tolerar que un ser humano se quitara la vida.
Efectos de las sentencias constitucionales
La declaración de que se ha vulnerado un derecho;
La anulación de una sentencia o decisión judicial que se recurre;
La reposición al recurrente en la plenitud del derecho que se ha juzgado conculcado, mediante la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación del derecho.
Estos efectos no son necesariamente concurrentes.
Es posible sin más la anulación de una resolución judicial. En algunas ocasiones, se ordena la retroacción para que el órgano judicial vuelva a dictar sentencia. Es excepcional que por el propio órgano constitucional se dicte una nueva decisión en el caso.
Para evitar las “guerras entre las Cortes”, es necesario evitar la invasión de competencias y la mejor forma de realizar ello es la autorestricción por parte de los mismos Tribunales Constitucionales. Un Tribunal no puede sin más realizar la revisión constitucional de una resolución judicial si no es en casos extremos.
Intentar definir la autorestricción es un tema muy complicado. En España,la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional L.O.T.C. señala que al resolverse un amparo, el Tribunal debe respetar los hechos; en segundo lugar, se abstendrá de hacer comentarios.
Una referencia importante a tener en cuenta respecto a este tema es que hay diferencia entre legalidad ordinaria y la legalidad constitucional. Por ésta debemos entender que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y no le compete efectuar un control de legalidad ordinaria. Esto último es un baremo importante pues el Tribunal debe abstenerse de sustituir a los jueces de la jurisdicción ordinaria en temas de su competencia, en tanto solo le compete efectuar control de legalidad constitucional.
En realidad no fallan en su aplicación los modelos constitucionales sino la aplicación de los modelos.
La justicia constitucional en diversos países
Se invitó a los países a señalar algunos caracteres de la justicia constitucional en sus sistemas.
Respecto de España, el ponente señaló que la jurisdicción constitucional es bastante joven. Tiene apenas 30 años de existencia. Los efectos han sido positivos, generando inclusive cambios hasta en el lenguaje. Antes se decía “No hay derecho”; hoy esa pauta ha cambiado por la expresión: “Eso es inconstitucional”. Se ha desarrollado una cultura de justicia constitucional, a pesar de las desavenencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
En materia de amparo, como aspecto en contra, el Tribunal ha invadido, varias veces, competencias de la jurisdicción ordinaria. Eso no ha sido positivo ni para la justicia ni para los ciudadanos. También lo negativo es la marcada demora en los controles previos de constitucionalidad.
De la misma forma, es más duro el Tribunal Constitucional español con el legislador pasado que con el legislador presente. Son problemáticos, de igual modo, los conflictos autonómicos, al igual que la politización de los conflictos.
Por Perú, los representantes de este país señalaron la relevancia de que exista un Código Procesal Constitucional así como órganos jurisdiccionales autónomos con competencias constitucionales. Es así que existen Salas Superiores y juzgados constitucionales, lo cual es positivo.
Argentina tiene un sistema particular: con jueces federales y estatales. No existe Tribunal Constitucional. No hay especialidad de los jueces en materia constitucional. El control constitucional se encuentra a cargo dela Corte Suprema. En específico, el control concentrado no ha tenido una gran difusión.
Por Chile, el juez de garantía cumple una función de tutela de los dd.ff. en materia penal. El amparo es denominado proceso de tutela. El Tribunal Constitucional de Chile, compuesto por 10 miembros, con nombramiento de sus magistrados por 8 años, con mandato renovable cada 4 años, imparte justicia constitucional en última instancia. Este órgano es bastante joven. Existe desde la Constitución de 1980. Críticamente, es necesario decir que se ha convertido en colegislador, pues ha llegado a derogar normas. Es un organismo aún lejano en Chile.
Costa Rica tiene un sistema concentrado. Una Sala Constitucional-la Sala Cuarta-existe desde 1989. Está conformada por 7 magistrados. No puede revisar resoluciones jurisdiccionales. El amparo se puede presentar por derecho propio o por tercera persona. El habeas data aún no está normado pero se comienza a hablar con insistencia de su importancia.
En relación a El Salvador, existe una Ley de Procedimientos Constitucionales. No hay Tribunal Constitucional. El control constitucional lo hace la Corte Suprema, a través de una Sala Constitucional integrada al Poder Judicial, es decir, jueces supremos pueden controlar a jueces supremos. Los conflictos que existen son entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, fundamentalmente. Se puede interponer amparos por violaciones a derechos fundamentales en el ámbito administrativo. Cualquier ciudadano lo puede presentar.
Por México, los amparistas representan una profesión. No hay Tribunal Constitucional. Del control constitucional se ocupa la Suprema Corte de Justicia, integrada por 15 ministros, cuyo cargo dura 10 años. El amparo se puede interponer contra el Estado como contra particulares. Se puede interponer contra cualquier situación.
En Paraguay rige un control concentrado de constitucionalidad desde la Constituciónde 1997.La Constitución de 1992 crea un órgano específico en lo constitucional en la Corte Suprema. Existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes, tratados, reglamentos y contra resoluciones judiciales. También existe la consulta de constitucionalidad de los órganos inferiores a la Corte Suprema, así lo prevé la Ley609-95. El amparo existe como garantía de tutela de los dd.ff. Es resuelto por cualquier juez de primera instancia. No existe proceso constitucional contra resoluciones del Poder Judicial.
Respecto a Uruguay, el sistema es difuso. La declaración de inconstitucionalidad se realiza por acción o excepción; por acción, en forma restringida; por excepción, a cargo de cualquier persona. El tema de la independencia judicial es fuerte. Hay una carrera y una Escuela Judicial, desde los jueces de paz. La jurisprudencia no es obligatoria en este país.
Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización contrato servicio específico. Chofer
EXPEDIENTE: 6407-2010
DEMANDANTE: JAIME DELGADO TORRES
En Chiclayo, a los 13 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2010 que DECLARA FUNDADA en parte la demanda de amparo interpuesta por Jaime Delgado Torres y ordena su reincorporación.
La demanda interpuesta (p. 73-84) alega la vulneración de su derecho fundamental al trabajo, al haberse producido la desnaturalización de sus contratos por servicio específico con la SUNAT, entidad para la cual venía laborando en calidad de chofer desde el 01 de agosto de 2006 hasta el 31 de octubre de 2009, fecha en la cual se extinguió su contrato de trabajo.
La emplazada contesta la demanda (p. 113-141), deduce excepción de incompetencia que es a su vez luego desestimada. Respecto al fondo, señala que la demanda debe ser declarada improcedente pues el vínculo laboral se ha extinguido válidamente.
La sentencia impugnada (p. 208-213) considera como fundamentos centrales que los contratos por servicio específico del actor, se han desnaturalizado pues no se ha precisado la causa de contratación. En tal sentido, considera que el vínculo laboral del actor se ha convertido en permanente.
La impugnación formulada (p. 273-302) señala que el juez constitucional no debió conocer la presente controversia y que el contrato del actor concluyó sin que mediara renovación alguna. Invoca, igualmente, el criterio de unidad de criterios en los fallos del Poder Judicial, en tanto señala diversas ejecutorias que desestiman demandas similares a la presente controversia.
§ La doctrina constitucional y su fuerza vinculante
5. En efecto, en sendos pronunciamientos previos, similares al caso sub judice, fundamentalmente el ponente de esta causa ha venido manteniendo que es necesario apreciar el contexto de los actuados respecto de los contratos de servicio específico, en objetiva referencia al principio de buena fe entre las partes respecto a la firma de un contrato de trabajo, ateniéndose a que debía respetarse los acuerdos de las partes, más aún si se producía la extinción de los contratos por vencimiento del plazo.
6. Sin embargo, si la evolución de la doctrina constitucional se orienta a asumir una tendencia tuitiva del derecho fundamental al trabajo y más aún, dicha posición se convierte en una posición reiterada del Tribunal Constitucional, entonces se configura el supuesto previsto por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en tanto se producen pronunciamientos similares que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta y que deben significar, motivadamente, un cambio de posición jurisprudencial, en regulación de nuestros propios autoprecedentes.
7. Merece nuestra especial atención la ejecutoria arriba señalada y a su vez, para que la doctrina constitucional observe fuerza, aplicabilidad y seguimiento, verificamos que sí se configuran, adicionalmente, pronunciamientos similares en el mismo sentido, cuestionando en rigor que los contratos de servicio específico no vienen siendo celebrados en propiedad por los empleadores con las formalidades que la ley exige[4]. En ese orden de ideas, no se trata de una estimación aislada ni de una posición única del Tribunal Constitucional, sino que la misma viene siendo reiterada, quedando las posiciones contrarias en minoría[5].
8. En consecuencia, en relación al caso concreto, los supuestos de un fallo similar se deben reproducir en la controversia que nos ocupa, pues las labores de chofer, como señala el Tribunal Constitucional, no son permanentes sino se trata de necesidades permanentes o indeterminadas de la entidad, razón por la cual la demanda debe ser estimada. De ello cabe inferir, en rigor, que la emplazada no contrató en la forma debida al actor y que el contrato del mismo, efectivamente de desnaturalizó, situación que conlleva a que vulnerado el derecho al trabajo en su contenido constitucionalmente protegido, procedamos a estimar la demanda, a pesar de nuestras iniciales objeciones, supuestos que deben considerarse superados por la doctrina jurisprudencial del supremo intérprete de la Constitución.
9. De otro lado, si bien la emplazada acompaña diversas ejecutorias a su impugnación, supuesto que estimamos comprensible, de igual forma, debemos atender a que se trata de pronunciamientos solo del Poder Judicial y no así del Tribunal Constitucional y aún cuando estimamos que los jueces constitucionales del Poder Judicial sí gozamos de autonomía e independencia en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, de igual forma debemos tener presente, conforme al artículo 22[6] del Código Procesal Constitucional, que las sentencias constitucionales del Tribunal, deben merecer prevalencia.
10. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada, modificando el suscrito sus criterios anteriores respecto a las autoreglas respecto a la desestimación de demandas de amparo por vencimiento del plazo del contrato. Queda como regla, en adelante, observar la posición del Tribunal Constitucional respecto a estos tipos de contratos, criterio que se ha convertido en reiterativo.
Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 55
 artículo 61
 Artículo 55
 resolución 
 resolución 
 artículo 22