Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2016-00387-de-octubre-27-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_af7cd69a4f9245019c589f4afc20892d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 03:33:10+00:00

Document:
﻿ AUTO 2016-00387 DE OCTUBRE 27 DE 2017
AUTO 2016-00387 DE 27 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:FACULTAD DE DEFINIR LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR, NO AFECTA LA COMPETENCIA LEGISLATIVA NI EXCEDE LA REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO. SE NIEGA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1526 DE 23 DE FEBRERO DE 2016, POR LA CUAL SE APRUEBA EL LINEAMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE RUTA DE ACTUACIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SUS DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS, EN TANTO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF TIENE COMPETENCIA PARA EXPEDIR DICHO LINEAMIENTO TÉCNICO, SIN QUE PUEDA ATRIBUIRSE UNA AFECTACIÓN DE LA CLÁUSULA GENERAL DE COMPETENCIA DEL CONGRESO O DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN CABEZA DEL PRESIDENTE. DADO QUE EL LINEAMIENTO ADOPTADO POR EL ICBF CONSTITUYE UN INSTRUMENTO ORIENTADOR QUE DEBE SER APLICADO POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES, LUEGO EN PRINCIPIO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE DICHOS DERECHOS PREVISTOS EN LA NORMA SUPERIOR, ADEMÁS QUE SIRVEN DE GUÍA EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9° DEL DECRETO 4840 DE 2017.
TEMAS ESPECÍFICOS:ICBF, APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, FACULTAD REGLAMENTARIA, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL MENOR DE EDAD
Auto 2016-00387 de octubre 27 de 2017
Referencia: expediente 11001 03 24 000 2016 00387 00.
Actores: Ciro Antonio Mora Arévalo, Darío Gaitán García y Erwim Aristides Rodríguez.
El capítulo XI del título V de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 (CPACA) presenta el régimen cautelar del procedimiento contencioso administrativo como un instrumento concreto de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia(5).
De acuerdo con la norma, las medidas cautelares se clasifican en preventivas, cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; conservativas, si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; anticipativas, de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y de suspensión, que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa(6).
“[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad. (8)(Negrillas no son del texto).
Acerca de la manera en la que el Juez aborda este análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente nro. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:
A través del acto acusado el ICBF aprobó el lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes ante la inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos. El texto de la Resolución señala:
“RESOLUCIÓN 1526 DE 2016
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto número 2388 de 1979, reglamentario de la Ley 7ª de 1979, las actividades que realicen las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, “deberán cumplirse con estricta sujeción a las normas del servicio y a los reglamentos dictados por el ICBF”;
Que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario actualizar los lineamientos técnicos administrativos de ruta de actuaciones y modelo de atención para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados aprobado mediante Resolución 5929 de 27 de diciembre de 2010, modificado por las resoluciones 707 de 28 de febrero de 2011, 2850 de 20 de junio de 2012, 5926 de 30 de abril de 2013, 1521 de 13 de marzo de 2015 y 7155 de 16 de septiembre de 2015;
ART. 5º—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga: la Resolución 5929 de 27 de diciembre de 2010, modificada por las Resoluciones 707 de 28 de febrero de 2011, 2850 de 20 de junio de 2012, 2926 de 30 de abril de 2013, 1521 de 13 de marzo de 2015 y 7155 de 16 de septiembre de 2015; la Resolución 652 de 2011 “por la cual se aprueba el Estatuto del Defensor de Familia”; la Resolución 5878 “por la cual se aprueban los lineamientos técnico administrativos para las comisarías de familia de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006”, el Protocolo para la aplicación de las medidas de restablecimiento de derechos en el proceso administrativo y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias”.
El aparte que se acusa del lineamiento técnico aprobado con la resolución acusada es del siguiente tenor:
“[…] Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
FASE II. Definición del trámite a seguir. Es importante indicar, que con independencia del trámite que se defina adelantar en función de la prevalencia de los derechos de un niño, niña o adolescente, debe garantizarse su atención por parte de una Autoridad Administrativa, sin que sea pretexto para brindarle la misma, la distribución interna de funciones que pueda hacerse en el ICBF a nivel regional y zonal entre las Defensorías de Familia, misma que se efectúa, por regla general, en razón de las necesidades de prestación del servicio en territorio; de manera que, ninguna Autoridad Administrativa, debe excusarse en clasificaciones o formalidades administrativas de competencias internas para negarse a garantizar o a proteger los derechos de un niño, niña o adolescente, de modo que deben ser tenidos en cuenta los principios de interés superior y de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, para brindar la atención que resulta aplicable.
Con fundamento en el resultado de la verificación del estado de cumplimiento de derechos, la Autoridad Administrativa debe determinar el trámite a seguir, según el caso, así:
1. Asistencia y asesoría a la familia en articulación con el sistema nacional de bienestar familiar, SNBF
En los casos en que, por la verificación del estado de cumplimiento de derechos, se establezca que no es necesario dar apertura al proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD), la autoridad administrativa, con el apoyo del equipo técnico interdisciplinario, deberá determinar la necesidad o no, de fortalecer a la familia en aras de prevenir posibles situaciones que pongan en riesgo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
De optarse por activar el trámite de asistencia y asesoría a la familia con articulación del sistema nacional de bienestar familiar (SNBF), debe agotarse lo siguiente:
Prestar la atención requerida: a través de profesionales psicosociales del centro zonal que brinden la atención, orientación y apoyo en las áreas psicológica, nutricional y social a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en procura de lograr una mayor vinculación del niño con su red familiar y su comunidad, contribuyendo a restablecer y garantizar el ejercicio de sus derechos, de haber lugar a ello.
Identificar la entidad del SNBF y remitir al programa o servicio ofrecido por la misma: luego de prestada la atención ya indicada, y si se requiere de acciones adicionales, en el marco del SNBF, la Autoridad Administrativa, conforme el informe de los profesionales psicosociales, identificará y remitirá a la entidad del SNBF que ofrezca el programa o servicio que responda a las necesidades que presenta el núcleo familiar. Debe recalcarse que, además de todos los programas que brinden u ofrezcan las instituciones del SNBF, el ICBF cuenta con diferentes modalidades de atención como oferta institucional del área de prevención y protección, desde los que van enfocados a la Primera Infancia, pasando por niñez y adolescencia, nutrición, familia y comunidades hasta los atinentes a los de protección propiamente dichos.
En todo caso la autoridad administrativa debe tener en cuenta los planes, programas, proyectos y estrategias a los que puede acceder la familia, la niñez y la adolescencia de acuerdo con sus particularidades y diferencias, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, ofrecidos por la administración municipal, distrital o departamental, que garanticen el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de las personas menores de edad de su localidad y a los que pueden ser remitidos, a fin de coadyuvar a su desarrollo integral y al cumplimiento de los deberes de las familias.
Si de la verificación del estado de cumplimiento de derechos del niño, niña o adolescente del que se trate, se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para proporcionarle el nivel de vida adecuado, la Autoridad Administrativa informará a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinde a la familia la oferta institucional adecuada de acuerdo con las necesidades que presente.
2. Trámites de atención extraprocesal
Los trámites de atención extraprocesal son aquellos en que se efectúan actuaciones por fuera de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sin perjuicio de que, si en el curso del trámite que se desarrolla se evidencian situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, luego de la verificación del estado de cumplimiento de los derechos del niño, niña o adolescente, se proceda a dar apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos correspondiente.
A continuación se plantean los trámites de atención extraprocesal:
2.1. Trámite de conciliación, fuera del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
La conciliación se puede originar en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, o puede darse por fuera de dicho proceso, correspondiendo a un trámite extraprocesal así:
Cuando se presenta una solicitud extraprocesal relacionada con asuntos conciliables, donde el solicitante requiere “un espacio de diálogo que puede transformar la relación entre las partes y su propia visión del conflicto”, deberá atenderse al trámite y términos dispuestos en la Ley 640 de 2001, en lo atinente a asuntos de familia, toda vez que no todos los casos en los que se solicita audiencia de conciliación requieren de la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por cuanto es posible restablecer los derechos de los niños, las niñas y adolescentes mediante la conciliación extraprocesal.
Si posterior a surtir la conciliación se evidencia que los acuerdos establecidos mediante acta no se están cumpliendo, la autoridad administrativa deberá realizar la verificación de derechos para determinar si este incumplimiento está afectando los derechos del niño, la niña o adolescente, incluido el derecho a tener una familia, en los casos de incumplimiento al régimen de visitas. En estos eventos, se dará inicio al trámite establecido en la Ley 1098 de 2006, para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, por encontrarse el derecho amenazado o vulnerado.
Cuando la autoridad administrativa evidencia dentro de la audiencia de conciliación que a los niños, las niñas o adolescentes, se le están vulnerando otros derechos que no son susceptibles de conciliación, o cuando una vez surtido el trámite dispuesto por la Ley 640 de 2001 no se logra la conciliación entre las partes, la autoridad administrativa, con base en la verificación que realice del estado de cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, iniciará el proceso administrativo de restablecimiento de derechos para, entre otras actuaciones, establecer mediante resolución motivada las obligaciones de protección al menor de edad.
En el evento en que el derecho susceptible de conciliación, corresponda al de alimentos, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 1098 de 2006, así:
• Si se desconoce la dirección donde el citado puede recibir notificaciones, la Autoridad Administrativa remitirá el informe que suplirá la demanda al juez de familia para que inicie el respectivo proceso.
• Si se conoce la dirección donde el obligado a suministrar alimentos recibe notificaciones y fue notificado en debida forma, pero no concurre, o habiendo concurrido no se logró la conciliación, la autoridad administrativa fijará cuota provisional de alimentos y solo remitirá el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, dando así cumplimiento al numeral 2° del artículo 111 de la Ley 1098 de 2006.
2.2. Trámite de diligencia de reconocimiento voluntario.
Este trámite se lleva a cabo para garantizar el derecho a la identidad del niño, niña o adolescente. La autoridad administrativa, mediante auto de trámite, fijará fecha y hora, y citará a la madre y al presunto padre para procurar el reconocimiento voluntario. La citación se realizará en debida forma y se anexará la respectiva constancia al expediente. En dicha diligencia pueden presentarse las siguientes situaciones:
a) Que se produzca el reconocimiento: entonces la autoridad administrativa procederá a levantar acta, solicitará la inscripción o corrección en el registro del estado civil de la respectiva notaría o registraduría donde se encuentre inscrito el menor de edad y ordenará el cierre del trámite, mediante auto.
b) Que el presunto padre solicite la prueba de ADN: la autoridad administrativa diligenciará el formato único de solicitud, FUS, y remitirá al grupo familiar al laboratorio de genética contratado por el ICBF. Una vez se conoce el resultado en el que no se excluye al presunto padre como padre biológico, sino que la paternidad está probada de acuerdo a la Ley 721 de 2001, puede suceder lo siguiente:
— Que el presunto padre acepte el resultado. La autoridad administrativa procederá a extender acta, solicitará la inscripción o corrección en el registro del estado civil de la respectiva notaría o registraduría y ordenará el cierre del trámite, mediante auto.
— Que el presunto padre no acepte el resultado. La autoridad administrativa formulará demanda ante la jurisdicción de familia y una vez culmine esta actuación, se ordenará el cierra de trámite, mediante auto.
c) Que no se produzca el reconocimiento: La autoridad administrativa interpondrá demanda de investigación de paternidad o maternidad ante la jurisdicción de familia y se ordenará el cierra de trámite, mediante auto.
2.3. Trámite de formulación de demandas
Si del concepto de estado de cumplimiento de derechos de los niños, las niñas o adolescentes se determina que es necesaria la iniciación de una acción judicial, la autoridad administrativa la presentará ante la entidad que corresponda.
Cuando se trate de asuntos que no son susceptibles de conciliación y que no ameriten la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tales como solicitud de guardas, curatelas y tutelas, solicitud de filiación natural y petición de herencia, suspensión o pérdida de patria potestad o impugnación de maternidad o paternidad, entre otros, la autoridad administrativa elaborará la correspondiente demanda y la presentará ante el juzgado respectivo, de lo cual dejará copia en la historia de atención del menor de edad.
El defensor de familia adscrito a juzgados realizará las actuaciones tendientes a impulsar los procesos que tenga a su cargo en debida forma en el despacho judicial al que se encuentre asignado, buscando la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras, con las siguientes acciones: subsanar las demandas inadmitidas, notificarse de manera oportuna de las providencias que se profieran en el desarrollo de los procesos; gestionar la realización de las notificaciones a las partes, conforme a la legislación de procedimiento civil vigente; participar activamente en las audiencias; solicitar y aportar pruebas; formular interrogatorios; presentar alegatos de conclusión e interponer de manera oportuna, los recursos a que haya lugar y las acciones de tutela que sean procedentes. De todas las actuaciones surtidas dentro del Proceso judicial, dejará evidencia en la historia de atención del niño, niña o adolescente que permitan visualizar y comprobar la real garantía de sus derechos.
2.4. Trámite para la salida del país
El permiso de salida del país puede ser otorgado u obtenido, respectivamente, ante las siguientes autoridades y por medio de los trámites que se describen a continuación:
a) Ante notario o autoridad consular.
Otorgar el permiso de salida del país de un niño, niña o adolescente es una facultad que la ley les confiere a sus representantes legales y puede ser concedido de manera conjunta y de común acuerdo. Esto quiere decir que cuando el menor de edad requiera salir del país con un tercero o sólo con uno de sus padres, debe tener autorización debidamente autenticada ante notario o autoridad consular.
b) Ante defensor de familia.
• Cuando uno de los padres se encuentra ausente, no está en condiciones de otorgar el permiso o se desconoce su paradero.
En estos casos, la autoridad administrativa proferirá auto de trámite en el que ordenará la citación a los padres o al representante legal que no haya suscrito la solicitud. Cuando se desconozca el paradero del representante legal del menor de edad, se realizará emplazamiento, mediante aviso publicado, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, surtiéndose seguidamente el trámite establecido en el Art. 110 de la Ley 1098 de 2006.
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, la autoridad administrativa ordenará la práctica de las pruebas que considere pertinentes. Por ejemplo, se podrá solicitar información a la Unidad Administrativa de Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre impedimentos de salida del país del niño, niña o adolescente. Una vez practicadas las pruebas, la autoridad administrativa emitirá resolución por medio de la cual decidirá sobre el permiso de salida de país. En caso de concederse el permiso y una vez en firme el acto administrativo, se remitirá copia del mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores- Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. En este mismo acto administrativo se ordenará el cierre del trámite.
• Permiso de plano.
La autoridad administrativa otorgará de plano el permiso de salida del país cuando se presenten los siguientes casos:
— Niños, niñas o adolescentes que ingresan al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
— Desvinculados o testigos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y su integridad personal.
— Niños, niñas o adolescentes que van en misión deportiva, científica o cultural.
— Niños, niñas o adolescentes que requieran viajar por razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior. En estos eventos la autoridad administrativa, una vez reciba la solicitud, emitirá auto de trámite por medio del cual avoca conocimiento y solicitará allegar a la historia de atención copia de los documentos que acrediten las causales expuestas anteriormente. Posteriormente, emitirá resolución emitiendo el permiso de plano y ordenando el cierre del trámite.
c) Ante juez de familia.
En los eventos en que se conozca el paradero de los representantes legales del niño, la niña o adolescente, estén en condiciones de otorgar el permiso, y no exista acuerdo entre ellos frente a la autorización, el juez de familia será la autoridad competente para definir la viabilidad de otorgar el permiso de salida de país.
Finalmente, frente al tema de solicitud de impedimento y levantamiento de impedimento de salida del país, no existe un procedimiento de constitución o levantamiento del mismo que esté a cargo del Defensor de Familia, toda vez que su trámite lo deben adelantar autoridades migratorias, motivo por el cual es ante ellas que debe realizarse y no ante el Defensor o Juez de Familia.
2.5. Trámite de restablecimiento internacional de derechos
Este tipo de trámites se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el anexo que acompaña el presente lineamiento y que se ocupa del “restablecimiento internacional de derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de tratados y convenios internacionales”, en cuanto tiene que ver con: restitución internacional, obtención de alimentos en el extranjero, aplicación de trámites consulares, entre otros.
Las normas que se estiman infringidas son las siguientes:
“[…]. ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. […]”.
“ […] ART. 189.—Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa: (…)
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. […]”.
“ART. 11.—Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.”
“ART. 99.—Iniciación de la actuación administrativa. Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente.”
“ART. 100.—Trámite. Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a las partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.
De la lectura del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, no se advierte, prima facie, que se configure la violación alegada por los demandantes, si se tiene en cuenta que:
La Resolución 1526 de 2016 se fundamentó en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098, el cual señala:
“[…] PAR.—El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (L. 75/68 y L. 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas. […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Y también la Resolución menciona el artículo 38 del Decreto 987 de 14 de mayo de 2012(13), que indica:
“ […] ART. 38.—Dirección de protección. Son funciones de la dirección de protección las siguientes: […]
2. Definir los lineamientos generales en materia de protección que deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos relacionados con el reconocimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes. […]”. (Resaltado fuera del texto original).
De manera que, en un examen preliminar de la competencia de la ICBF para expedir el lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se observa que aquella, en principio, aparece como autorizada por el Legislador, sin que pueda atribuirse la violación de la cláusula general de competencia del Congreso o de la potestad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República.
En cuanto a que el Lineamiento aprobado por la Resolución demandada establece un “trámite de atención extraprocesal” que no prevé la norma superior, se observa que se trata de unos criterios para la aplicación de la norma vigente en materia de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, luego, en principio, cumplen con el objetivo de verificación de la garantía de tales derechos que prescribe la norma superior, además de que sirven de guía en la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, según lo prescribe el artículo 9º del Decreto 4840 de 17 de diciembre de 2007(14):
“ART. 9º—Los lineamientos técnicos que fije el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de conformidad con la responsabilidad que le señala la ley, servirán de guía y serán un instrumento orientador en la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, y una vez adoptados por acto administrativo son vinculantes para las autoridades administrativas competentes en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Con fundamento en el marco normativo expuesto es que se puede concluir que el Lineamiento adoptado por el ICBF constituye un instrumento orientador que deber ser aplicado por las autoridades administrativas componentes, sin que pueda oponerse a su legalidad el hecho de que en la práctica algunos defensores de familia no lo estén aplicando uniformemente, según lo aseveran los demandantes.
5 Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencia de 13 de mayo de 2015 (expediente 2015-00022, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: “… se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda “la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón””
7 Providencia de 17 de marzo de 2015, expediente 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 El artículo 230 del CPACA señala que el juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la ley (parágrafo).
11 Vale la pena ahondar en el tema de la transición del régimen de las medidas cautelares que tuvo lugar con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asunto explicado en la providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente nro. 2014-03799), en la cual se puntualizó: “Ahora bien, centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, es notorio para la Sala que la nueva disposición, sin desconocer los rasgos característicos del acto administrativo, amplió, en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el Juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que se refleja en el tenor literal de la norma, consulta la intención del legislador y el entendimiento de la medida cautelar en el marco constitucional. Una interpretación del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo teniendo en cuenta solamente la variación literal del enunciado normativo, pudo haber generado en los inicios de su aplicación la idea de que la existencia de una manifiesta infracción, a la que hacía referencia el artículo 152 del anterior Código, fue reemplazada por el surgimiento en el análisis judicial de una oposición entre el acto y las normas superiores, sin que ello comportara una diferencia material en el contenido normativo de ambas disposiciones. Sin embargo, estudiados los antecedentes de la disposición debe arribarse a una conclusión diferente, dado que, se insiste, la medida cautelar en el nuevo escenario judicial de esta Jurisdicción obedece y reclama la tutela judicial efectiva.” (Resaltado es del texto).
12 Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CPACA expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.
La jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [...]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”.(Negrillas fuera del texto).
13 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus dependencias”.
14 “Por el cual se reglamentan los artículos 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111 y 205 de la Ley 1098 de 2006”.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 9
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 100
 resolución 
 artículo 111
 artículo 111
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 230
 artículo 231
 artículo 152
 artículo 229