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Timestamp: 2020-08-04 23:39:27+00:00

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Sentencia nº 1069 de Suprema Corte de Justicia, del 25 de Julio de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 739609733
Sentencia No. 1069
Germán Brito, en funciones de P.; F.E.S.S. e
Distrito Nacional, hoy 25 de julio de 2018, años 175° de la
Sobre los recursos de casación interpuestos por Gregory
Encarnación Santana, dominicano, mayor de edad, portador de la
cédula de identidad y electoral núm. 001-1889339-5, domiciliado y
residente en la Respaldo Y.G. núm. 12-A, V.F.,
Distrito Nacional; V.M.S., dominicano, mayor de edad, Fecha: 25 de julio de 2018
portador de la cédula de identidad y electoral núm. 020-0055143-8,
domiciliado y residente en la calle C.P. núm. 24, sector San
José, del municipio D., de la provincia Independencia; y Caulín
José Contreras, dominicano, mayor de edad, no porta cédula,
domiciliado y residente en la calle Primera núm. 93, V.D.,
municipio Santo Domingo Este, provincia S.D., imputados y
civilmente demandados, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00106,
Departamento Judicial de Santo Domingo el 30 de marzo de 2016;
Oído a la Licda. H.F., por sí y por la Licda. Jenny
Quiroz, defensoras públicas, en la formulación de sus conclusiones, en
representación del recurrente G.E.;
Procurador General de la República, Dra. C.B.A.; Fecha: 25 de julio de 2018
la Licda. Y.Q.B., defensora pública, en representación del
recurrente G.E.S., depositado en la secretaría de
la Corte a-qua el 25 de abril de 2016, mediante el cual interpone dicho
la Licda. Z.S., defensora pública, en representación del
recurrente V.M.S., depositado en la secretaría de la
Corte a-qua el 27 de abril de 2016, mediante el cual interpone dicho
el Licdo. S.W.A.A., defensor público, en representación
del recurrente C.J.C., depositado en la secretaría de la
Corte a-qua el 29 de abril de 2016, mediante el cual interpone dicho
Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Yoni Roberto
Carpio, en representación de M.M.R., María Eugenia
Méndez Muñoz y R.O.M.M., parte recurrida,
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de septiembre de 2016, Fecha: 25 de julio de 2018
con relación al recurso de casación interpuesto por Gregory
Encarnación Santana;
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de septiembre de 2016,
con relación al recurso de casación interpuesto por Víctor Mercedes
con relación al recurso de casación interpuesto por Caulín José
Visto la resolución núm. 10459-2017, dictada por la Segunda Sala
audiencia para el día 17 de julio de 2017, a fin de debatirlos oralmente,
diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) Fecha: 25 de julio de 2018
de fecha 10 de febrero de 2015; la norma cuya valoración se invoca; y las
que el 9 de mayo y el 22 de octubre de 2012, respectivamente,
el Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, Dr. F.M. Fecha: 25 de julio de 2018
Lugo Alcántara, presentó formal acusación y solicitud de apertura a
juicio contra G.A.P.M., Gregory Encarnación
Santana y C.J.C., imputándolos de violar los artículos
265, 266, 295, 304, 2, 379, 381, 382, 383 y 385 del Código Penal
Santo Domingo, emitió auto de apertura a juicio contra los imputados,
admitiendo la acusación en su totalidad, mediante la resolución núm.
296-2013 del 13 de noviembre de 2013;
Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la
sentencia núm. 006-2015, el 12 de enero de 2015, cuya parte dispositiva
se encuentra insertada dentro del dispositivo de la decisión impugnada;
que no conformes con esta decisión los imputados
interpusieron sendos recursos de apelación, siendo apoderada la Sala
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la
Provincia Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 544-2016-Fecha: 25 de julio de 2018
SSEN-00106, objeto del presente recurso de casación, el 30 de marzo de
“ PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por: a) Licda. Z.S., defensora pública, en nombre y representación del señor V.M.S., en fecha diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil quince (2015); b) Licda. Y.Q.B., defensora pública, en nombre y representación G.E.S., en fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil quince (2015); c) L.. S.W.A.A., defensor público, en nombre y representación C.J.C., en fecha diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil quince (2015); d) L.. W.P.L., en nombre y representación del señor G.A.P.M., en fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia 006-2015 de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´ Primero: Declara culpables a los ciudadanos G.A.P., G.E.S., V.M.S. y C.J.C., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 001-1897346-0, 001-1889339-5, 020-0015543-8, este último no porta cédula, domiciliados y residentes en calle Isleño núm. 24, sector S.C., teléfono 809-686-2407, calle R.Y.G. núm. 12, V.F., teléfono 829-702-3716, calle C.P. núm. 26, S.J., Fecha: 25 de julio de 2018
municipio de D., teléfono 829-874-7042, y calle Primera núm. 93, Pueblo Nuevo, V.D., teléfono 829-874-7072; de los crímenes de asociación de malhechores y tentativa de robo agravado precedido de homicidio, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de M.E.M.M., en violación a las disposiciones de los artículos 2, 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano; en consecuencia, condena a los imputados G.E.S. y C.J.C., a cumplir la pena de treinta (30) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como condena a los imputados G.A.P. y V.M.S., a cumplir la pena de veinte años (20) de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; Segundo: Condena al imputado G.A.P., al pago de las costa penales del proceso. En cuanto a los imputados G.E.S., V.M.S. y C.J.C., compensa el pago de las costas penales del proceso por estar representados por la defensoría pública; Tercero: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; Cuarto: Admite la querella con constitución en actor civil interpuesta por los señores M.M.R., M.E.M.M. y R.O.M.M., en contra de los imputados G.A.P., G.E.S., V.M.S. y C.J.C., por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en consecuencia, condena a los imputados G.A.P., G.E.S., V.M.S. y C.J.C., a pagarles una Fecha: 25 de julio de 2018
indemnización de tres millones de pesos (RD$3,000,000.00), como justa reparación por los daños físicos, morales y materiales ocasionados por los imputados con su hecho personal que constituyó una falta civil y penal, del cual este tribunal los ha encontrado responsables, pasibles de acordar una reparación civil a favor y provecho de los reclamantes; Quinto: Condena a los imputados G.A.P., G.E.S., V.M.S. y C.J.C., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del L.. Y.R.C., abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad y haber tenido ganancia de causa; Sexto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día diecinueve (19) del mes de enero del dos mil quince (2015); a las nueve (9:00 a. m.) horas de la mañana; vale notificación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia 006-2015 de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Distrito Nacional, por no adolecer de los vicios alegados por los recurrentes, en virtud de los motivos antes expuestos; TERCERO: Declara la exención del pago de las costas del procedimiento respecto a los imputados C.J.C., V.M.S. y G.E.S., por haber sido asistidos de abogados (as) defensores (as) públicos; y condena al imputado G.A.P., al pago de las mismas por las razones antes expuestas; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada Fecha: 25 de julio de 2018
una de las partes que conforman el presente proceso”;
Considerando, que el imputado recurrente C.J.C.
alega, en síntesis, los siguientes medios de casación:
“ Primer Motivo: …la Corte a-qua inobservó las disposiciones del artículo 400 del Código Procesal Penal, al fallar el caso y rechazar el recurso en cuestión, debió examinar de manera oficiosa la sentencia y verificar, que tiene competencia para revisar, en ocasión de cualquier recurso, las cuestiones de índole constitucional aún cuando no hayan sido impugnadas por quien presentó el recurso, que en ese tenor, la sentencia impugnada también vulnera las disposiciones del artículo 69.7.9.10 de la Constitución de la República, en torno a que las personas deben ser juzgadas con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio, porque el proceso seguido al recurrente C.J.C., se inició con la imposición de una medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en fecha 2/9/2012, mediante auto de medida de coerción núm. 2323-2012 de fecha 2/9/2015, dictado por la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, evidenciándose el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso penal de más de tres (3) años, en vista que el proceso seguido al recurrente se inició antes de entrar en vigencia la Ley 10-15, que aumentó a cuatro (4) años el plazo máximo de duración del proceso penal (violación del artículo 426-3, 1, 8, 25, 148-11-CPP, todo lo que hace que la sentencia impugnada sea manifiestamente infundada. Que el recurrente, en virtud a lo que dispone el artículo 25-CPP, este tiene razón en el sentido de principio de irretroactividad Fecha: 25 de julio de 2018
de la ley, ellos no pueden ser perjudicados por la ampliación del plazo máximo de duración del proceso penal; por lo que para decidir sobre el fondo. Que del examen de la sentencia impugnada y de las piezas que integran el expediente se ha comprobado, en base a los hechos establecidos, se determinó que el cómputo del mismo se inició dicha investigación en su contra en fecha 2/9/2012, con las respectivas solicitudes orden de arresto, la acta de registro y la imposición de medida de coerción de la prisión preventiva en fecha 2/9/2012, lo que ha tenido una duración de tres (3) años y siete (7) meses y días, por lo que procede la declaración de extinción de la acción penal a favor del proceso seguido al imputado C.J.C., por el hecho que el recurrente no ha promovido suspensiones para retardar el proceso o de incidentes o pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, y que ha transcurrido el plazo máximo de la duración del proceso, de conformidad con las disposiciones del artículo 8, 44-11 y 148 del Código Procesal Penal, sin que mediara una sentencia definitiva e irrevocable en su contra, por lo que procede acoger el medio planteado, toda vez que en tales circunstancias, del caso de la especie no existe motivo alguno para hallar razonabilidad en los retardos producidos, y para interpretar en consecuencia, en contra del imputado, la prolongación indebida del proceso; Segundo Medio: Alega el ciudadano, señor C.J.C., falta de fundamentación por motivación incompleta, todo lo que hace que la sentencia recurrida sea manifiestamente infundada (se encuentran presentes las causales del artículo 426-3, 24 del Código Procesal Penal Dominicano). Argumenta que la Corte a-qua incurrió en la falta de Fecha: 25 de julio de 2018
estatuir, atañe a la falta de ponderación y motivación de los medios propuestos de apelación, en especial que en el desarrollo conjunto de los medios propuestos por el recurrente en su escrito de apelación, y donde expresa concreta y separadamente cada motivo con su fundamento, la norma violada y la solución pretendida, el cual no fueron respondidos por la Corte a-qua de manera separada los cinco
(5) motivos de apelación, ya que la Corte a-qua no examinó, ni motivó ni respondió el desarrollo de manera conjunta de cada uno de los medios propuestos por el recurrente en apelación, lo que constituye una falta de ponderación a cada uno de los motivos propuestos por el recurrente, y haber dado una respuesta de manera separada a cada uno de los cinco (5) motivos propuestos por el recurrente en el grado de apelación. Impidiendo al imputado saber por qué y el fundamento del rechazo de los vicios, agravios y perjuicios apuntados por este en cada uno de sus medios”;
Considerando, que el imputado recurrente Gregory Encarnación
Santana, en síntesis, el siguiente medio de casación:
“ Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (Art. 426.3 del Código Procesal Penal). Decimos que la sentencia es manifiestamente infundada en cuanto a la motivación de la misma, toda vez, que la Corte incurrió en los mismos vicios cometidos por los juzgadores del Segundo Tribunal Colegiado, al tratar de justificar todos y cada uno de los vicios enunciados por la parte recurrente… (…) la honorable Corte dejó de lado los vicios denunciados al no contestar lo argüido en dicho escrito, puesto que solamente se limita a hacer una trascripción de manera ligera de los Fecha: 25 de julio de 2018
vicios denunciados y de forma generalizada trata de dar respuesta a lo que planteamos de manera extensa en el recurso de apelación. Si observamos tanto la sentencia de primer grado como la emitida por la Corte, se evidencia lo denunciado por la defensa. La decisión dada se torna más triste y preocupante aún, el proceder de la Corte a-qua dado que se trata de un imputado que fue condenado a cumplir una pena de veinte (20) años de prisión, con una motivación insuficiente por parte de los jueces de la Corte aqua sin examinar de manera más profunda lo denunciado por el recurrente. Por lo precedentemente señalado, entendemos que los jueces de alzada, en su sustentación, solo se remiten a la decisión atacada de primer grado y no establecen en modo alguno las consideraciones lógicas, fácticas y jurídicas que determinaron la retención de responsabilidad del imputado, pretendiendo en apenas tres considerandos justificar las violaciones cometidas por el tribunal de primer grado. Resulta, que cuando el juez o tribunal en su sentencia incurren en una desnaturalización de los hechos, la Suprema Corte de Justicia, en función de Tribunal de Casación, puede casar la misma; esto así, porque la Corte a-qua fundamentó su decisión en base a hechos que fueron juzgados en el Tribunal a-quo, por cuya decisión es que da origen al recurso de apelación presentado ante la Corte a-qua”;
Considerando, que el imputado recurrente Víctor Mercedes
Santos, en síntesis, expone el siguiente medio de casación:
“ Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada por falta de estatuir y por violación al artículo 24 del Código Fecha: 25 de julio de 2018
Procesal Penal. Resulta que en su recurso de apelación el imputado denunció que el tribunal de juicio incurrió en el vicio de violación a la ley por errónea aplicación de la norma jurídica, respecto a las disposiciones de los artículos 172 y 339 del Código Procesal Penal y los artículos 69.9 y 74.4 de la Constitución, al momento de valorar los elementos de pruebas sometidos al contradictorio”;
En cuanto al recurso de Caulín José Contreras:
Considerando, que el imputado recurrente, establece en su
memorial de agravios que la Corte a-qua inobservó lo previsto en el
artículo 400 del Código Procesal Penal en lo relativo a la competencia
que tiene para revisar en ocasión de cualquier recurso, las cuestiones de
índole constitucional aún cuando no hayan sido impugnadas por quien
presentó el recurso; esto así porque a decir del recurrente, en el presente
caso se ha extinguido la acción penal por la llegada del plazo máximo
del proceso en virtud al artículo 148 del Código Procesal Penal, toda
vez que el proceso inició en el 2012, que a la fecha se encuentra sobre el
plazo de los tres años;
Considerando, que tal como aduce el recurrente todo tribunal
tiene competencia para conocer de forma oficiosa cualquier cuestión de
índole constitucional; en esas atenciones, procede esta alzada a verificar Fecha: 25 de julio de 2018
el cotejo de la glosa procesal, con el fin de constatar si en el presente
caso el proceso ha llegado al plazo límite procesal;
Considerando, que el “plazo razonable” es reconocido por la
gozan las partes involucradas en un proceso penal, cuando en su
artículo 8 dispone: “Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser
juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de
la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el
derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a
la inacción de la autoridad”;
Considerando, que esta Suprema Corte de justicia dictó el 25 de
septiembre de 2009, la resolución núm. 2802-06, la cual estatuyó sobre la
duración máxima del proceso, estableciendo lo siguiente: “Declara que la
discurrido sin el planteamiento reiterado de parte del imputado, de incidentes y
Considerando, los incidentes dilatorios son aquellos cuya Fecha: 25 de julio de 2018
promoción de manera reiterativa pueden generar una demora tanto en
la fase preparatoria como en la fase de juicio, y en la especie, luego de
verificar las circunstancias en las cuales transcurrió el presente proceso,
hemos constatado que la parte de la defensa propició dilaciones
indebidas, y solicitaron aplazamientos que han provocado el retraso del
Considerando, que del examen de la sentencia impugnada, y de
las piezas que forman el expediente, esta alzada no ha podido advertir
de las actuaciones realizadas durante todo el proceso, que existan
acciones que lleven a considerar que ha habido una violación al plazo
razonable, que permitan decretar la extinción de la acción penal; por lo
que, procede rechazar el medio invocado por el imputado;
Considerando, que como un segundo y tercer motivo de
impugnación, argumenta el accionante falta de fundamentación, toda
vez que a criterio del recurrente la Corte a-qua no realizó una correcta
motivación respecto de los puntos que le fueron planteados en el
recurso de apelación, que la Corte incurrió en falta de estatuir por no
haber respondido los 5 medios presentados; que asimismo, la Corte aqua transcribió lo declarado por los testigos a cargo sin ponderar las
condiciones existentes entre estos; Fecha: 25 de julio de 2018
Considerando, que respecto del segundo y tercer medio
cuestionado, se procede a contestarlo de manera conjunta por la estrecha
relación que guardan entre sí; en esas atenciones, se advierte que la Corte
a-qua frente a los puntos planteados por el imputado Caulín José
Contreras, estableció lo siguiente:
“Esta Corte ha analizado de forma conjunta el primer motivo de cada uno de los recursos interpuestos por los hoy recurrentes, ya que todos estos versan sobre la actuación del Tribunal a-quo respecto a la valoración de las pruebas testimoniales tanto a cargo como a descargo (como en el caso de alegado aporte probatorio testimonial de G.A.P.M., el cual se analizará también en este primer momento, pero por separado); todos los recurrentes establecieron que “los testimonios de las partes acusadoras fueron contradictorios, incoherentes, interesados, con múltiples ilogicidades y que no pudieron ser robustecidos con otros medios de pruebas”; y alegaron que “ni el Ministerio Público ni la parte querellante ofertaron pruebas que dieran al traste con la acusación presentadas por los mismos”; respecto a este primer aspecto sobre errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal a-quo, esta Corte ha podido comprobar que, contrario a lo que han establecido los recurrentes, cada uno de los testimonios aportados fue evaluado en su contenido de forma separada, y al final de cada descripción del contenido de sus declaraciones el Tribunal a-quo hizo un extracto o resumen de los datos más relevantes de cada uno de esos aportes ante aquel plenario. De la lectura de esas evaluaciones o Fecha: 25 de julio de 2018
valoraciones testimoniales por parte de aquel tribunal no puede colegirse ningún dato contradictorio entre las declaraciones de los testigos, puesto que lo que se recogió en esa sentencia deja claramente establecido que todos los testigos, en su exposición, explicaron la ocurrencia de los hechos (sobre todo los testigos presenciales cuyas declaraciones obran en la sentencia de marras) de forma cronológica, y que fueron acordes con el tiempo de comisión del hecho y el espacio y/o lugar, y circunstancias en que ocurrió; el Tribunal a-quo (en las páginas 17 a la 22 de la sentencia impugnada) estableció con certeza meridiana las razones por las cuales le asentó credibilidad a las pruebas testimoniales presentadas por la acusación, por lo que las valoró de forma positiva para la demostración no solo del hecho ocurrido, sino de la vinculación directa de los procesados con los hechos endilgados en su contra, al ser señalados de forma directa por los testigos que aseguraron haberlos reconocido, según recoge la sentencia; la labor valorativa del Tribunal a-quo no se limitó a las pruebas testimoniales, sino que hizo la ligazón entre estas y las pruebas documentales aportadas, para llegar a las conclusiones de la decisión tomada. Los hoy recurrentes han alegado que la sentencia carece de motivaciones y/o explicaciones sobre este aspecto, sin embargo, ha resultado evidente que dicho tribunal consideró esas pruebas testimoniales como coherentes y creíbles, por lo que no adolece de los vicios alegados; y por estas razones, debe ser desestimado el primero de los motivos expuestos de forma separada por los hoy recurrentes en el presente recurso de apelación”;
Considerando, que de las consideraciones hechas por la Corte a-Fecha: 25 de julio de 2018
qua, se colige que contrario a sus argumentos, fueron valoradas y
ponderadas las declaraciones de dichos testigos, no advirtiendo tanto el
tribunal de juicio como el Tribunal a-quo contradicciones en sus
manifestaciones; por lo que en ese sentido, se procede a rechazar el
medio propuesto y por consiguiente, el recurso de casación;
En cuanto al recurso de G.E.S.:
Considerando, que el recurrente plantea como un único motivo de
casación, sentencia manifiestamente infundada, sobre la falta de
motivación de la sentencia pronunciada por la Corte a-qua, que los
motivos expuestos en el recurso de apelación fueron contestados de
manera ligera y de forma generalizada;
Considerando, que el vicio denunciado por el imputado Gregory
Encarnación, respecto de la valoración de las pruebas, así como las
contradicciones de las pruebas testimoniales, ya fue contestado en el
segundo medio del recurso presentado por el imputado Caulín José
Contreras, por lo que en esas atenciones, se remite a su consideración,
desestimando el presente recurso por los motivos antes expuestos;
En cuanto al recurso de V.M.S.: Fecha: 25 de julio de 2018
Considerando, que el presente imputado eleva su instancia
recursiva estableciendo como fundamento del mismo un único motivo,
falta de estatuir, violación al artículo 24 del Código Procesal Penal,
respecto de la obligación que tiene el juez de motivar su decisión en
hecho y en derecho; que en el presente caso le fue planteado a la Corte
a-qua que el tribunal de juicio incurrió en el vicio de violación a la ley
por errónea aplicación de la norma jurídica respecto a las disposiciones
de los artículo 172 y 339 del Código Procesal Penal, respecto de la
valoración probatoria y los criterios para la imposición de la pena;
Condirando, que en primer orden, frente a la valoración de las
pruebas cuestionada en la especie, dicho punto ya fue planteado y por
ende, contestado en el recurso de casación presentado por el imputado
C.J.C., donde se pudo advertir que el Tribunal a-quo
realizó una ponderación ajustada al derecho al momento de verificar si
las pruebas testimoniales dieron lugar a algún tipo de contradicción;
Considerando, que por otro lado, la Corte a-qua respecto del
segundo punto planteado mediante el recurso de apelación, estableció lo
“V.M.S. sostuvo, por conducto de su defensa base de elementos de pruebas obtenidos de manera Fecha: 25 de julio de 2018
ilegal e inobservancia técnica, que la sustentación de la sentencia se hizo sobre la de lo establecido en los artículos
40.3, 69.4, 69.6 y 69.8 de la Constitución, así como de los artículos 13, 18, 95.6, 105 y 225 del Código Procesal Penal. Sostuvo, además, que esa invocación fue ese vicio se configuró en la sentencia de marras y que por tanto, era mandatoria la nulidad del proceso. La defensa arguyó, además, que el Tribunal a-quo rechazó un pedimento de exclusión probatoria, “convirtiéndose el tribunal de fondo en detractor de los derechos y garantías del procesado”; pero de la lectura de la sentencia impugnada (página 11) no se advierte que la defensa se haya pronunciado haciendo tal tipo de pedimento ante aquel plenario, por lo tanto el Tribunal a-quo se limitó al análisis de las conclusiones de las partes y a la valoración de las pruebas presentadas. No obstante a lo anteriormente establecido, el referido tribunal estableció que no valoraría las actas de arresto que obraban en la batería probatoria de la Procuraduría Fiscal, porque en la fase previa (preliminar del proceso) habían sido excluidas; por lo que queda claro que el Tribunal a-quo solo apoyó su decisión en las pruebas testimoniales y documentales acogidas como lícitas para el juicio. Al obrar de la forma antes señalada, el Tribunal a-quo honró las disposiciones procesales establecidas por ley, y de conformidad con la sana crítica y máximas de experiencia, frente a las pruebas de la acusación que podía evaluar y valorar respecto a las personas de los procesados, incluido la persona de V.M.S.. De tal modo que esta Corte no ha hallado fundamento para este alegato, debiendo desestimarlo”;
Considerando, que frente a los criterios para la determinación de Fecha: 25 de julio de 2018
la pena, la Corte a-qua manifestó lo siguiente: “Considerando: que en el
tercer motivo de los recursos de apelación de los recurrentes Víctor Mercedes
Santos y C.J.C.; y en el segundo aspecto del único motivo del
recurso de apelación del recurrente G.A.P.M., alegan en
resumen que ilogicidad manifiesta en la motivación en lo referente a la
imposición de la pena en violación del artículo 339 del Código Procesal Penal, al
no justificar en la sentencia en sentido general los criterios utilizados para
imponer dichas penas y solo tomar en cuenta aspectos que agravan la condena en
contra de los imputados. Al examinar este aspecto lo primero que hizo esta Corte
fue confirmar qué tipo de acusación ha pesado en contra de los hoy recurrentes,
es decir, ha verificado de qué se les ha acusado y cuál fue la calificación jurídica
valorada por el Tribunal a-quo, con relación a los mismos. Esta Corte
ciertamente pudo advertir que en dicha sentencia se hace constar que la
acusación que pesa sobre el mismo es por violación a las disposiciones de los
artículos 2, 265, 266, 295, 304, 379, y 382 del Código Penal Dominicano, así
como violación a las disposiciones del artículo 50 de la Ley 36; los cuales
(conforme estableció el Tribunal a-quo) tipifican la asociación de malhechores, la
tentativa de robo agravado precedido de homicidio. Al examinar el contenido de
la normativa penal (sancionadora) que manda a que cuando estos tipos penales
son retenidos la pena máxima de 30 años es la pena a imponer. Cuando
comparamos este dato con el contenido en la sentencia impugnada (página 29), Fecha: 25 de julio de 2018
se puede colegir que las penas impuestas a los hoy recurrentes se correspondió
con lo establecido en la norma procesal penal y la normativa penal, ya que el
Tribunal a-quo obró en aplicación de las disposiciones del artículo 339 del
referido texto legal, tomando en cuenta el nivel de participación de los
procesados y la gravedad del hecho causado. Por estas razones, esta Corte
también ha comprendido que debe desestimar este último medio invocado por las
partes recurrentes. Considerando: que, finalmente, si bien la abogada defensora
del hoy recurrente V.M.S. pidió el traslado de este hacia la
Cárcel Pública de La Victoria, porque había sido trasladado sin explicaciones a la
Cárcel Pública de Neyba, no es menos cierto que esa es y será una petición que
atendible por el Juez de la Ejecución de la Pena; por lo que esta parte deberá
dirigirse ante aquella jurisdicción a los fines de plantear, con las pruebas de
lugar, todo cuanto entienda necesario en este sentido. Contesta que esta Corte da
a esta parte recurrente sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de
esta decisión”; de ahí, pues, que la pretensión del impugnante de que la
Corte a-qua emitiera una decisión con falta de motivación, no se
comprueba al efecto;
Considerando, que de lo transcrito precedentemente se desprende
que la Corte a-qua no ha incurrido en la sostenida falta alegada por los
recurrentes, dado que dio respuesta a los puntos cuestionados de
conformidad con la ley; Fecha: 25 de julio de 2018
momento de examinar la decisión emanada por el tribunal sentenciador,
a la luz de lo planteado en el recurso de apelación, fue resuelto conforme
establecido en los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal,
dando motivos suficientes y pertinentes para fundamentar su decisión,
por lo que la sentencia objetada, según se observa en su contenido
general, no trae consigo los vicios alegados por los recurrentes, ni en
hecho ni en derecho, pudiendo advertirse que la ley fue debidamente
aplicada por la Corte a-qua; por lo que procede rechazar el recurso de
Considerando, que los razonamientos externados por la Corte aqua se corresponden con los lineamientos que rigen el correcto pensar, y
Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en
sentencia apelada, y su fallo se encuentra legitimado en una Fecha: 25 de julio de 2018
perjuicio de los recurrentes;
de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la
Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de
Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por
la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del
Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley;
procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal Fecha: 25 de julio de 2018
los imputados están siendo asistidos por miembros de la Oficina
Nacional de Defensa Pública, y en virtud de las disposiciones contenidas
en el artículo 28.8 de la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de
Defensa Pública, establece como uno de los derechos de los defensores
en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las
causas en que intervengan”, de donde emana el impedimento de que se
pueda establecer condena en costas en este caso.
Primero: Rechaza los recursos de casación incoados por G.E.S., V.M.S. y C.J.C., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00106, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 30 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; Fecha: 25 de julio de 2018
(Firmados) M.C.G.B..- F.E.S.S..- H.R..
Segundo: Declara el proceso exento de costas por estar los imputados recurrentes asistidos por la Defensa Pública;

References: resolución 
 resolución 
 artículo 400
 artículo 69
 artículo 426
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 426
 artículo 24

artículo 400
 artículo 148

artículo 8
 resolución 
e contrario
 artículo 24
 artículo 172
 artículo 339
 artículo 50
 artículo 339
 artículo 28