Source: http://www.slideshare.net/lvera50/7-violacionesmasivassistematicas
Timestamp: 2015-02-28 03:05:58+00:00

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sistemáticas e
institucionalizadas a los
1. Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas
a los derechos humanos en el período 1973-1990
SISTEMÁTICAS e institucionalizadas
Violaciones masivas, sistemáticas e
institucionalizadas durante el período 1973-1990
las funciones más esenciales que la sociedad les asigna y
Conciliar los anhelos y obligaciones del Estado en materia
tección de los derechos humanos. Ya el 2005 la Comisión
de verdad, justicia y reparación en sociedades que han su-
Nacional sobre Prisión Política y Tortura expresaba en simi-
frido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos hu-
lares términos que las violaciones a los derechos humanos
manos, con la reconstrucción de la convivencia democrática,
encontraron asidero “[e]n la concentración de poderes; en
representa un desafío frente al cual no existe un modelo
el amparo de una legislación restrictiva y abusiva; en la
único. No obstante las tensiones que pudiera representar
inacción, cuando no en la activa complicidad, de relevantes y
ese desafío, las obligaciones de garantizar que estos hechos
numerosos miembros del Poder Judicial, así como de ciertos
nunca vuelvan a ocurrir requiere satisfacer ciertos estánda-
miembros civiles del régimen; en la prohibición de toda ex-
res. El INDH ha descrito en sus Informes Anuales anterio-
presión ciudadana o actividad política; en el total control de
res cómo, en esta materia, Chile ha dado respuestas que
los medios de comunicación e, inclusive, en el activo apoyo
reflejan el creciente repudio social y político en torno a las
por parte de diversos medios escritos y de televisión a la
violaciones cometidas en el pasado.
acción del gobierno militar” (Comisión Nacional sobre Pri-
Ello también ha quedado de manifiesto el año 2013 a pro-
sión Política y Tortura, 2005, pág. 186).
pósito de la conmemoración de los 40 años del golpe.
Este es un componente consustancial a las violaciones sis-
Transcurridas cuatro décadas de los hechos que dieron ini-
temáticas e institucionalizadas a los derechos humanos. Ellas
cio a un régimen de facto que hizo de las violaciones a los
“no podrían ser posibles sin el concurso de gran cantidad
derechos humanos una política de Estado, los chilenos y chi-
de personas. Los que planearon los hechos y los que los
lenas, y también la comunidad internacional, no han dejado ejecutaron, los que denunciaron a sus vecinos o amigos, los
de recordar a las víctimas de la dictadura y de reflexionar
que prestaron recursos materiales, los que cometieron de
en torno al quiebre de la convivencia democrática. Si bien
hecho los actos atroces, (…) los que cooperaron por omi-
era de esperar una amplia reflexión en torno a lo ocurrido
sión (..) los jueces que realizaron los procedimientos judi-
en el país en esta fecha, las dimensiones y profundidad que
ciales que pudieron haber detenido las violaciones, los pe-
tuvo la conmemoración de estos hechos han sorprendido
riodistas que omitieron publicar las atrocidades ayudando
por su extensión y diversidad.
a contener las reacciones internas e internacionales (…)”
En general, los principales actores políticos y sociales se pro-
(Nino, 1997, pág. 10).
nunciaron y evaluaron críticamente lo sucedido a miles de
Otro poder del Estado que se pronunció, reconocien-
chilenos/as. El Presidente de la República expresó su con-
do la par ticipación que le correspondió desempeñar en
dena a estas violaciones, así como su crítica opinión respec-
los hechos, fue la Cor te Suprema. El máximo tribunal
to del comportamiento de personas e instituciones como
reconoció de manera pública y por vez primera que la
medios de prensa y los tribunales, por no haber ejercido
conducta asumida por la judicatura “[h]abría permitido
que hubieran constituido barreras elementales para la pro-
un sistema represivo que afectó gravemente las garantías
La reflexión en torno a las sistemáticas violaciones a los
fundamentales de la ciudadanía y que derivó en muer-
derechos es relevante, en la medida en que hace parte de la
tes, desapariciones forzosas y tor turas, entre otros ilícitos
valoración que el cuerpo social y político hace del respeto
(…)”, agregando que las violaciones institucionalizadas a
a los derechos fundamentales. En este sentido, si bien la
los derechos humanos se debieron, en par te, “[a] la omi-
mayoría de los sectores políticos del país reprochan actual-
sión de la actividad de jueces”, lo que “constituyó una de-
mente las violaciones a los derechos humanos ocurridas,
jación de funciones jurisdiccionales (…)” 1. Por su par te,
no ocurre igual cosa respecto del golpe militar que para
los jueces y juezas agrupados en la Asociación Nacional
algunos sectores sí tuvo justificación. Genera preocupación
de Magistrados pidieron perdón a las víctimas, sus deudos
que aún persiste en un porcentaje de la población (22,1%)
y a la sociedad chilena por la actuación de la magistratu-
la opinión de que en 1973 fue necesario atropellar los de-
ra, señalando que era el momento de no “[eludir la res-
rechos humanos de algunas personas para poder alcanzar
ponsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación
la paz social (INDH, en prensa). Es una cifra que preocupa,
a la vulneración de los derechos básicos de la persona
porque si bien es legítimo que existan visiones históricas di-
humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay
versas sobre las causas que llevaron al quiebre institucional,
que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Po-
ello no debiera derivar en la justificación de las violaciones
der Judicial y, en especial, la Cor te Suprema de la época,
a los derechos humanos cometidas.
claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos
El INDH señaló en esta perspectiva que “[l]a búsqueda de
fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del
la verdad, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas,
abuso estatal” (cooperativa.cl, 2013).
Todas estas declaraciones permitieron a una parte de la
población, en particular a los más jóvenes, tener acceso a in-
el único camino posible para una convivencia democráti-
formación que les permitió formarse un juicio sobre los he-
ca (…) [s]ólo la preservación y circulación de la memoria
chos acaecidos. Los principales canales de televisión trans-
sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos
mitieron programas alusivos al golpe de Estado, sus causas y
humanos y su inclusión en la educación y formación a todos
consecuencias, lo que alimentó el debate público.
los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad, pueden garantizar que nunca más en Chile vuelva a
El INDH no estuvo ajeno a la conmemoración de esta fe-
imponerse la intolerancia y la fuerza” (INDH b, 2013).
cha y llevó a cabo iniciativas orientadas a fortalecer una
cultura de respeto a los derechos humanos2. El Consejo
El Estado de Chile, bajo el escrutinio de diversas instancias in-
del INDH, en declaración pública, señaló que “[s]in perjuicio
ternacionales, ha sido destacado tanto por los esfuerzos desple-
de las diversas interpretaciones y legítimas diferencias que
gados en materia de acceso a la justicia, como por los avances
existían del contexto previo al 11 de septiembre de 1973,
en la búsqueda de la verdad y los programas de reparación3.
nada justifica las graves violaciones a los derechos huma-
Los 40 años y algunos hechos ocurridos en el periodo 2013
nos que cometieron agentes del Estado o particulares –con
ponen de relieve nuevos desafíos que encarar. Probablemente
la tolerancia de éste– contra miles de chilenos y chilenas”
(INDH b, 2013).
3	La Corte IDH ha señalado a este respecto que “valora positivamente
la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado” Corte IDH. Caso García Lucero y Otras vs. Chile.
Sentencia de 28 de agosto de 2013, párr.189 y 213. Ya antes había expresado similares comentarios en la sentencia Almonacid Arellano vs.
Chile. Mismo parecer ha sido expresado por el Grupo de Trabajo sobre
Desaparición Forzada (enero 2013) al señalar que “Chile posiblemente
es el país que mayores reparaciones económicas ha otorgado a víctimas
de desapariciones forzadas”. Naciones Unidas. Consejo de Derechos
Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A/HRC/22/45/Add.1. 29 de enero de 2013,
1	Declaración pública del Pleno de la Corte Suprema. 6 de septiembre
2	Dentro de las actividades desarrolladas el INDH, invitó a la escritora
española Almudena Grandes, quién ofreció, el 24 de septiembre en
el Centro Cultural Estación Mapocho, una cátedra sobre Memoria y
Literatura, a 40 años del Golpe de Estado en Chile.
somos testigos de un ciclo distinto que debe responder al im-
contra la impunidad”7, y en los “Principios y directrices básicos
pacto del tiempo transcurrido, en la perspectiva de avanzar en
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
la dirección de garantizar la no repetición de los hechos. En el
de las normas internacionales de derechos humanos y del
presente acápite se aborda la garantía de no repetición a la luz
derecho internacional humanitario a interponer recursos y
de los estándares internacionales, y se revisan algunos hitos del
obtener reparaciones”8.
año en materia de acceso a la justicia y a la información pública
Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
en relación con las violaciones masivas, sistemáticas e institucio-
las víctimas de violaciones a las normas internacionales de
nalizadas a los derechos humanos, en el entendido que estos
derechos humanos y del derecho internacional humanitario
derechos hacen parte de la garantía de no repetición.
a interponer recursos y obtener reparaciones” 9 establecen
que “[l]as garantías de no repetición han de incluir, según
proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que
La garantía de no repetición es el conjunto de medidas des-
control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas
tinadas a que los crímenes masivos y sistemáticos cometi-
armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los
dos en el pasado no vuelvan a ocurrir en el futuro. Se tra-
procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas in-
ta de medidas de diversa naturaleza (política, legal, judicial,
ternacionales relativas a las garantías procesales, la equidad
administrativa, cultural) que se orientan a hacer frente al
y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia
legado de las violaciones a los derechos humanos, y a res-
del poder judicial; d) La protección de los profesionales del
tituir la institucionalidad y la convivencia democrática . Los
derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y
contextos en que se cometen violaciones a los derechos
otros sectores conexos, así como de los defensores de los
humanos sistemáticas e institucionalizadas impactan más allá
derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y
de las víctimas, sobrevivientes y sus familias, a la sociedad en
permanente, de todos los sectores de la sociedad respec-
su conjunto y es a esta última que se dirigen.
to de los derechos humanos y del derecho internacional
La garantía de no repetición ha sido tema de preocupación
humanitario y la capacitación en esta materia de los fun-
también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un
cionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de
de las Naciones Unidas, que en el año 2011 creó la figura del
las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
observancia de los códigos de conducta y de las normas
la reparación y las garantías de no repetición5. Los antece-
éticas, en particular las normas internacionales, por los fun-
dentes normativos de esta garantía se encuentran tanto en
cionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de
el derecho internacional de los derechos humanos como en
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios
el derecho internacional humanitario. Su sistematización en-
de información, el personal de servicios médicos, psicológi-
cuentra fundamento en la “Declaración sobre los principios
cos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abusos
de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos
de poder”6; el “Conjunto de principios para la protección y
destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos socia-
la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
les; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a
derechos humanos y a las violaciones graves del derecho
4	Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición. A/HRC/21/46. 9 de agosto de 2012, párr. 15.
5	Naciones Unidas. Resolución aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos Nº 18/7. Relator Especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A/ARC/
RES/18/7 de 13 de octubre de 2011.
6	Naciones Unidas. Asamblea General. Adoptada el 29 de noviembre de
1985. Resolución 40/34.
7	Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Adoptada el 8 de
8	Naciones Unidas. Asamblea General. Adoptada el 16 de diciembre de
2005 mediante resolución 60/174
9	Ibídem.
humanitario o las permitan”10. Estas medidas se inscriben,
problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a
por lo tanto, dentro de los esfuerzos por evitar que ocurran
fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir
nuevamente hechos lesivos a los derechos humanos.
a la justicia y lograr la reconciliación”12. Aun cuando no es posible establecer un modelo único de justicia transicional que
En la misma línea la Comisión IDH ha señalado que estas
dé respuesta satisfactoria a los desafíos que plantea encarar
garantías están constituidas por un conjunto de medidas de
los crímenes del pasado, desde el derecho internacional de
cargo del Estado que tiene por objeto prevenir nuevas viola-
los derechos humanos se ha consolidado un cuerpo norma-
ciones a los derechos humanos. Dentro de las medidas iden-
tivo de carácter vinculante, que se orienta a garantizar la no
tificadas que hacen parte de esta garantía se encuentran
repetición de violaciones a los derechos humanos e infraccio-
“[l]a disolución de grupos armados paraestatales; la deroga-
nes graves al derecho internacional humanitario13.
ción de normas que favorecen la comisión de violaciones a
los derechos humanos o el derecho internacional humanita-
Las estrategias destinadas a cumplir con la obligación de ga-
rio; el control efectivo de las Fuerzas Armadas y de seguri-
rantía de no repetición sobre violaciones masivas, sistemáti-
dad por la autoridad civil; el empleo de tribunales militares
cas e institucionalizadas a los derechos humanos deben ne-
exclusivamente para delitos de función; el fortalecimiento de
cesariamente tomar en cuenta “[e]l contexto específico de
la independencia del Poder Judicial; la protección de la labor
cada situación a fin de prevenir la repetición de las crisis y
desarrollada por operadores de justicia, defensores de dere-
futuras violaciones a los derechos humanos, asegurar la co-
chos humanos y periodistas; la capacitación ciudadana y de
hesión social, la construcción de la nación, la implicación en
agentes del Estado en materia de derechos humanos y del
el proceso y la inclusión (….)”14. Dentro de las principales
cumplimiento de los códigos de conducta y las normas éticas;
medidas identificadas a los fines de prevenir la ocurrencia
y la creación y perfeccionamiento de mecanismos de inter-
de dichos crímenes están aquellas que se orientan a com-
vención preventiva y resolución de conflictos” entre otras .
batir la impunidad por lo que los Estados deben “organizar
el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de
Las medidas descritas tienen que ver con diseños institucio-
las cuales se ejerce el poder público de manera que sean
nales mínimos (depuración de los organismos de seguridad,
capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
independencia del Poder Judicial, entre otras), que permitan
de los derechos humanos y de prevenir, investigar, juzgar y
la restitución de la convivencia política en sociedades aso-
sancionar su vulneración”15. En este sentido, la renuncia a la
ladas por el conflicto. A ellas se deben agregar las obliga-
obligación de develar los hechos, determinar las responsa-
ciones generales del Estado en materia de verdad, justicia y
bilidades criminales y sancionar a los culpables, propicia la
reparación, que obviamente contribuyen también a prevenir
repetición crónica de los mismos.
la repetición de los crímenes y violaciones a los derechos
humanos cometidas.
12	Naciones Unidas. Informe del Secretario General. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos. S/2004/616. 3 de agosto de 2004, párr. 8.
13	Comisión IDH. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120Doc. 60. 13 diciembre 2004. Párr. 24.
La Comisión IDH ha señalado a este respecto que: “[l]as normas internacionales vigentes para los Estados miembros, su interpretación
a través de la jurisprudencia y los lineamientos recogidos por los órganos intergubernamentales, coinciden en identificar a la verdad, la
justicia y la reparación como desafíos fundamentales e ineludibles en
la reconstrucción de una cultura de paz, tolerancia, respeto a la ley y
rechazo a la impunidad”, párr. 28.
14	Naciones Unidas. Resolución aprobada por el Consejo de Derechos
RES/18/7 de 13 de octubre de 2011, parr 11.
15	Comisión IDH. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120Doc. 60. 13 diciembre 2004, párr. 35.
Esclarecer los hechos, brindar garantías de acceso a la verdad,
la justicia, y la reparación, además de garantizar la no repetición de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad,
se inscriben como parte de lo que se ha llamado ‘justicia de
transición’ o ‘transicional’. El concepto de justicia de transición
“[a]barca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los
10	Naciones Unidas. Asamblea General. Adoptada el 16 de diciembre
de 2005 mediante resolución 60/174. Anexo. Pag. 3 II. Alcance de la
11	Comisión IDH. Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia. OEA/Ser.L/V/II.120Doc. 60. 13 diciembre 2004, párr. 47.
chos humanos, se dediquen de manera exclusiva y a tiempo
completo a la tramitación de las mismas18. Ello debiera con-
Investigar y sancionar de manera efectiva crímenes de gue-
tribuir a mejorar el tiempo de respuesta sin comprometer la
rra y/o delitos de lesa humanidad ha sido reconocido como
calidad de las investigaciones judiciales en curso.
una norma imperativa de derecho internacional –ius co-
El tema del transcurso del tiempo y la garantía de acceso
gens16–, y hace parte de la garantía de no repetición que se
a la justicia ha sido una cuestión abordada por los órganos
consagra en diversos instrumentos internacionales17.
de control de derechos humanos. Específicamente, la Corte
La búsqueda de justicia en este ámbito también ha cumplido
IDH ha señalado que “[l]a celeridad de los procesos judicia-
40 años. Si bien el Estado de Chile ha avanzado en dar una
les en relación con personas en situación de vulnerabilidad,
respuesta judicial a los crímenes, abriendo de oficio causas
por ejemplo personas de avanzada edad vinculadas a un
por desaparición forzada y ejecución extrajudicial; prestan-
proceso judicial, requiere “de una especial diligencia de las
do apoyo y asesoría jurídica y social a los familiares de estas
autoridades en la resolución del proceso respectivo”19.
víctimas en el Programa de Derechos Humanos del Minis-
Desde el año 2010 a octubre de 2013, la Sala Penal de la
terio del Interior; y fortaleciendo a los órganos coadyuvan-
Corte Suprema ha dictado sentencia en 36 casos de viola-
tes a las investigaciones judiciales, en especial a la Policía de
ciones sistemáticas a los derechos humanos. En ninguno de
Investigaciones y al Servicio Médico Legal, esta ha sido una
estos casos aplicó la prescripción o la amnistía20.
respuesta lenta. En ello se reparó también este año y en
En tres causas, los acusados fueron absueltos de los cargos
consecuencia la Corte Suprema resolvió que, a partir del
y en los otros 33 casos, los responsables de los hechos fue-
mes de octubre de 2013, los ministros que tienen a su cargo
ron condenados. Respecto de la determinación de las penas
causas en las que se investigan violaciones graves a los dere-
aplicadas, en la gran mayoría de las condenas mencionadas
se reconoció a los condenados la atenuante de la irrepro-
16	Norma de ius cogens, según el art. 53 de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, es “[u]na norma aceptada y reconocida por
la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario”.
17	El carácter obligatorio de investigar y sancionar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad tiene antecedentes entre otros instrumentos en: el Estatuto del Tribunal de Nüremberg consecuencia del
Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 firmado por las potencias
vencedoras (Estados Unidos, el Reino Unido, el Gobierno Provisional de la República Francesa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Se confirma en los principios generales del Derecho Penal
Internacional que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas
en 1946 (Quincuagésima quinta reunión plenaria. Resolución 95 (I)
de 11 de diciembre de 1946) y se refleja en una serie de instrumentos
jurídicos internacionales que se promulgan en las décadas siguientes,
como la Convención de 1948 contra el Genocidio, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, los
Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949. “En consecuencia,
estas normas han pasado a constituir tanto derecho consuetudinario
como principios generales de derecho, sin perjuicio de su consagración convencional en diversos tratados”. Ver Sentencia de primera
instancia Rol Nº 6671-2005 de 4 de junio de 2012, dictada por el
Ministro Alejandro Solís de la Corte de Apelaciones de Santiago en la
causa en que investiga el crimen de torturas en contra del actual diputado Sergio Aguiló Melo. En la década de los 70, la ONU reforzó estos criterios normativos en la Convención sobre Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que
entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. El desarrollo progresivo
del derecho internacional y los esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar este tipo de crímenes e impedir la impunidad,
continuó con la creación de la Corte Penal Internacional, aprobada
por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. A/
CONF.183/9. 17 de julio de 1998.
chable conducta anterior21 y en 24 casos se aplicó la prescripción gradual o media prescripción, la que permite a los
jueces rebajar en uno, dos o tres grados la pena. En ningún
caso se han reconocido agravantes a los condenados22.
La combinación de todas estas instituciones jurídicas redundó en que se impusieran sanciones no privativas de libertad a ex agentes del Estado condenados por crímenes,
incluidos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Se consideró para estos efectos, la institución de la media
prescripción a los efectos de morigerar la responsabilidad
penal comprometida. Al respecto, el INDH ha señalado que
18	Corte Suprema. Resolución del Pleno. 13 de septiembre de 2013
AD-16-2013.
19	Corte IDH. Caso García Lucero y Otras vs. Chile. Sentencia de 28 de
agosto de 2013, párr. 183
20	El último caso en que se aplicó la prescripción por la Corte Suprema
de Justicia fue en el de Jacqueline Binfa Contreras, detenida desaparecida. Sentencia CSJ, Rol N° 4329-08 de 22 de enero de 2009.
21	En 29 de los 33 casos se reconoció la atenuante al menos a uno de los
22	Sin embargo, cuando en el proceso se investigan delitos relativos a
más de una víctima, se aplican reglas de determinación de la pena del
art. 74 del Código Penal o del art. 509 del Código de Procedimiento
Penal. En este último caso la pena puede ser aumentada.
la media prescripción contraviene la naturaleza imprescriptible
con demanda civil contra el Fisco, y de estas causas una
de dichos crímenes. Por ello, ha instado a que el Poder Judicial,
fue resuelta por conciliación entre las partes, en 9 casos la
en la perspectiva de garantizar el acceso a la justicia de víctimas
demanda fue rechazada, y en cinco casos acogida. A partir
y familiares, se abstenga de dar aplicación a dicha institución
de marzo de 2012, cuando la Sala ha debido resolver, se han
(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011, pág. 275).
acogido las demandas civiles en todos los casos.
Como se da cuenta en el informe Anual 2012, en marzo de
Mención especial requiere la causa por secuestro del Dr.
ese año se modificó la composición de la Sala Penal de la
Eduardo González Galeno. Se trató del primer caso que de-
Corte Suprema, la que redundó en algunos cambios en los
bió ser conocido por la nueva Sala Penal con demanda civil.
criterios anteriores a la hora de fallar en estas materias . La
La Sala debió resolver dos cuestiones que han motivado
Corte Suprema, atendida la naturaleza del hecho pesqui-
reparos a las sentencias: la competencia de la Sala y la pres-
sado y los antecedentes de la investigación, señaló que se
cripción de la acción civil26. La Sala estimó que sí era com-
está en presencia de un crimen contra la humanidad, de lo
petente para conocer de la demanda, una vez rechazado el
cual “deviene como lógico corolario la inexorabilidad de su
recurso del Fisco. Sin embargo, respecto de la prescripción,
juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad”
de acuerdo con el art. 780 del Código de Procedimiento
Civil, decidió remitir los antecedentes al Pleno de la Corte
De esta manera, entre el año 2010 y febrero de 2012 la
Suprema27. El Pleno de la Corte dictó sentencia el 21 de
Corte Suprema dictó 26 sentencias en casos de graves vio-
enero de 2013 y, por voto de mayoría, acogió la excepción
laciones de los derechos humanos, de las cuales tres fueron
de prescripción opuesta por el Fisco y rechazó en todas
absolutorias y 23 condenatorias. De las 23 sentencias con-
sus partes la demanda civil de indemnización de perjuicios
denatorias, en 20 casos se aplicó la media prescripción y en
deducida por la hermana de la víctima28.
tres casos la regla no fue aplicada. La nueva Sala Penal ha
dictado, entre marzo de 2012 y octubre de 2013, 10 fallos,
garantía del derecho a la
todos condenatorios. De estos, en cuatro ocasiones la Corte ha aplicado la institución de la prescripción gradual.
El cambio de composición de la Sala repercutió también
en el criterio para acoger o rechazar las demandas civiles
El derecho de acceso a la información pública, concebido
de reparación de perjuicios interpuestas por los familiares
como parte constitutiva del derecho a la libertad de ex-
de las víctimas25. Desde marzo de 2012 a octubre de 2013
presión, ha sido definido como el derecho a solicitar, recibir
existen cuatro sentencias de causas con demandas civiles
y difundir información e ideas de toda índole. En relación
interpuestas. La primera fue derivada al Pleno y en los otros
con los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra,
tres casos las demandas han sido acogidas. En el periodo
este derecho se ha vinculado al derecho a la verdad29 y al
de 2010 a febrero de 2012 hubo 15 sentencias de causas
23	Por diversas razones, tres ministros abandonan Sala, el Presidente de la
Sala don Nibaldo Segura Peña, don Jaime Rodríguez Espoz y don Rubén
Ballesteros Cárcamo, quien asume la presidencia de la Corte Suprema.
En marzo ingresan a la Sala los Ministros don Haroldo Brito Cruz y don
Milton Juica Arancibia, quien asume la presidencia. Posteriormente, tras
su designación por el Congreso a la Corte Suprema, ingresa como quinto
integrante de la Sala Penal don Lamberto Cisternas Rocha.
24	Sentencia C.S.J., Rol Nº 288-12, de 24 de mayo de 2012, considerando trigésimo tercero.
25	La demanda civil de indemnización de perjuicios, busca la reparación
del daño moral causado por el delito y en el antiguo sistema procesal,
puede ser interpuesta por los familiares de las víctimas o las víctimas
sobrevivientes en sede penal o sede civil. Los datos expresados a continuación se refieren a las demandas civiles interpuestas dentro del
26	Una de las principales razones de rechazo de las demandas civiles por
la Sala Penal era por considerarse incompetente para conocer el asunto (art. 10 Código Penal).
27	Sentencia C.S.J., Rol Nº 10.665-11, de 25 de junio de 2013, considerando decimo noveno.
28	La sentencia fue acordada con el voto en contra de los Ministros señores Juica, Muñoz, Dolmetsch, Araya, Künsemüller, Brito y suplente
señor Escobar Z.
29	La Comisión IDH ha dicho a este respecto que “[t]toda sociedad tiene
el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como
las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a cometerse”
De esta manera establecer restricciones, prohibiciones y
Dice el artículo 15 de dicha ley que “[s]on secretos los do-
otras formas de secreto sobre antecedentes, archivos o tes-
cumentos, testimonios y antecedentes aportados por las
timonios que dan cuenta de violaciones masivas y sistemáti-
víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
cas a los derechos humanos, podría constituir una infracción
Tortura, (…). El secreto establecido en el inciso anterior se
a las obligaciones de garantizar el derecho a la verdad y el
mantendrá durante el plazo de 50 años (...). Mientras rija el
acceso a la justica, en la medida en que se priva a la socie-
secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo
dad, y a los órganos encargados de impartir justicia, de in-
de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo
formación eventualmente relevante para el esclarecimiento
señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio
del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en
El derecho a la verdad entendido como el esclarecimiento,
ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros
resignificación y reconocimiento público de hechos veda-
por voluntad propia”.
dos, ocultados y/o manifiestamente distorsionados por el
aparato estatal con el propósito de sustraer del escrutinio
El hecho de mantener con carácter de secreto anteceden-
público y de la acción de la justicia a los responsables de las
tes que pudieran contribuir al esclarecimiento de crímenes
lesiones a la dignidad del ser humano, supone entre otras
cometidos durante la dictadura contraría lo consagrado en
acciones garantizar el acceso a la información. Recientemen-
los estándares internacionales en la materia. Al respecto, la
te, y a propósito precisamente de las violaciones a los de-
Corte IDH ha señalado que “[e]n caso de violaciones a los
rechos humanos, el derecho a la verdad y el acceso a la in-
derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden
formación “[h]an comenzado a vincularse de forma explícita
amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la con-
y complementaria” (Lauzán, 2012, pág. 341). La Corte IDH
fidencialidad de la información, o en razones de interés públi-
(2010) ha planteado esta relación entre verdad y acceso a
co o seguridad nacional, para dejar de aportar la información
la información en términos de fijar la obligación de cargo del
requerida por las autoridades judiciales o administrativas en-
Estado de proveer toda la información, y agostar todos los
cargadas de la investigación de procesos pendientes”31.
recursos que estén a su disposición, a los fines de satisfacer
De conformidad a la norma transcrita de la Ley Nº 19.992,
este deber30.
sólo el año 2053 la sociedad chilena, incluidos los tribunales
Garantizar el acceso a la información sobre los hechos y
de justicia, podrán acceder a la documentación y conocer
circunstancias que rodearon la violación de un derecho
en detalle la información de las violaciones a los derechos
fundamental, entraña por otro lado, poner en marcha los
humanos relatadas. Al respecto, el Comité de Derechos Hu-
recursos judiciales de la jurisdicción interna. Impedir dicho
manos de Naciones Unidas en sus observaciones finales del
acceso resulta, por lo tanto, incompatible con el derecho a
año 2007 señaló que el Estado de Chile “[d]ebería hacer
la protección judicial previsto en diversos instrumentos in-
pública toda la documentación colectada por la Comisión
ternacionales, más aun cuando este se encuentra obligado a
de Verdad y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre
investigar, sancionar y reparar el incumplimiento de las obli-
Prisión Política y Tortura (CNPTT)”32.
gaciones de respeto y garantía de los derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido la aper-
En Chile, la Ley 19.992 que establece pensión de repara-
tura de los archivos secretos de la dictadura. Este año la
ción y otros beneficios a favor de las personas reconocidas
Agrupación Londres 38 impulsó una campaña para lograr la
como víctimas en el Informe de la Comisión Nacional sobre
apertura de archivos que contienen información sobre vio-
Prisión Política y Tortura, contiene una disposición respecto
laciones a los derechos humanos, afirmando que “A 40 años
del secreto de los antecedentes recibidos por la Comisión.
31	Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 180.
32	Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales, 17 de abril de
2007, CCPR/C/CHL/CO/5.
30	Corte IDH. Caso Gomes Lund y Otros “Guerrilha de Araguaia” vs
Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.
del golpe de Estado, y de dos décadas de gobiernos civiles
La Corte IDH reprochó que habiendo tomado noticia, al
aún hay archivos que se mantienen en secreto. Exigimos su
momento de calificar como exonerado político a García
apertura. Contra la impunidad, por verdad, justicia y libre
Lucero (año 1994), de que este era una víctima sobrevi-
acceso a la información que nos pertenece”33.
viente del crimen de tortura, el Estado de Chile incurrió en
responsabilidad internacional al no haber abierto de oficio
En definitiva, el derecho al acceso a la información se erige
una investigación judicial. Dicho tribunal sostuvo que el “[d]
como un mecanismo determinante para alcanzar el esclare-
erecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo ra-
cimiento de lo sucedido, de ahí que “la CIDH ha indicado
zonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares
que en contextos de transición a la democracia, la libertad
a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de
de expresión y el acceso a la información adquieren una
lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables. De
importancia estructural” (Relatoría Especial para la Libertad
modo consecuente, existe un deber estatal de investigar los
de Expresión Comisión Interamericana para los Derechos
hechos, que es una obligación de medio y no de resultado,
pero que debe ser asumida por los Estados como un deber
En relación con este tema, la Contraloría General de la Re-
jurídico propio y no como una simple formalidad condena-
pública ha reforzado en diversos dictámenes el carácter re-
da de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión
servado o secreto tanto de los antecedentes como de los
de intereses particulares, que dependa de la iniciativa proce-
actos de la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura, lo que
sal de las víctimas o sus familiares, o de la aportación privada
constituye un impedimento para acceder a información que
de elementos probatorios”36.
podría requerir la justicia en el marco de investigaciones con
De acuerdo con el razonamiento, dice la Corte, una vez que
motivo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
se ha tomado noticia de hechos constitutivos de violaciones
a los derechos, el Estado está en la obligación de “iniciar ex
Sentencia Corte IDH en el Caso García Lucero
oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a
la determinación de la verdad y a la persecución, captura,
En agosto de 2013, la Corte IDH dictó sentencia en el caso
enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables
García Lucero34 por la responsabilidad internacional que le
intelectuales y materiales (…)37. Esta obligación de confor-
cabe al Estado de Chile en la falta de investigación de oficio
midad al art. 8 de la Convención Interamericana contra la
de los actos de tortura de que fue objeto Leopoldo García
Tortura, además debe realizarse de ‘inmediato’ a partir de
Lucero35. Cabe señalar que recién el 7 de octubre de 2011,
que existe ‘razón fundada’ para creer que se ha cometido
bajo el patrocinio de la Corporación de Asistencia Judicial,
un acto de tortura38.
se interpuso querella criminal por los delitos de detención
En el caso bajo análisis, la Corte IDH analiza el acceso a
ilegal, tortura o tormentos y lesiones.
recursos judiciales idóneos para reclamar las medidas de
reparación. En efecto, para las víctimas de tortura, la re-
33	Campaña de “Londres 38” exige apertura de archivos secretos de la
dictadura. Martes 22 de octubre 2013.
34	Corte IDH. Caso García Lucero y Otras vs. Chile. Sentencia de 28 de
agosto de 2013. Petición presentada el 20 de mayo de 2002. Informe
de Fondo 23 de marzo de 2011.
35	Detenido el 16 de septiembre de 1973 por carabineros en la ciudad
de Santiago. Pasando por diversos centros de detención entre los cuales estuvo el Estadio Nacional, el Campo de Concentración “Chacabuco”, Ritoque y Tres Álamos. El 12 de junio de 1975 expulsado al
Reino Unido donde reside hasta el día de hoy junto a su conyuge y
sus tres hijas. El Sr. García Lucero ha recibido tres tipos de compensaciones monetarias bajo distintas leyes (Beneficio como exonerado
político bajo la Ley Nº 19.234; Bono compensatorio extraordinario
bajo la Ley Nº 20.134 y Bono único bajo la Ley Nº 19.992).
paración debe incluir las dimensiones de compensación y
rehabilitación. La primera se refiere al perjuicio evaluable
económicamente, el que ha de ser proporcional al daño
ocasionado. La segunda –rehabilitación– comprende la atención en salud física y mental y las prestaciones de servicios
36	Corte IDH. Caso García Lucero y Otras vs. Chile, op. cit., párr. 121.
37	Ibídem, párr. 122.
38	Ibídem, párr. 124.
jurídicos y sociales39. Concluye que el Estado es responsable
De esta manera, puede adoptar las medidas de segregación
por la violación a las garantías judiciales y a la protección ju-
pertinentes respecto de delincuentes peligrosos o expues-
dicial por la excesiva demora en iniciar una investigación,40 y
tos a represalias, pero ello no puede significar establecer si-
ordena una indemnización a favor de la víctima por el daño
tuaciones de privilegio que vulneran el principio de igualdad
inmaterial ocasionado41.
en el tratamiento de los condenados.
Esta decisión supone un importante desafío para Chile, que
Otro tema controversial ha sido la concesión de benefi-
a partir de este caso debiera avanzar en proveer los recur-
cios intrapenitenciarios a los condenados por violaciones
sos efectivos a las miles de víctimas calificadas como sobre-
sistemáticas a los derechos humanos. Desde la perspectiva
vivientes de tortura.
de los estándares internacionales de derechos humanos, la
posibilidad de aplicar atenuantes y beneficios respecto de
condenados por estos crímenes es aceptada, a condición
Las personas condenadas
por violaciones sistemáticas
de que la sanción impuesta sea efectiva.
En esta materia, el INDH ha señalado que en mérito del
derecho internacional, toda persona condenada por viola-
Otro hecho que estuvo presente en el marco de los 40
ciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos “tie-
años del golpe fue la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar
ne derecho a acceder a beneficios carcelarios, no obstante
el penal Cordillera. El Presidente de la República, en sep-
estos deben sujetarse a ciertos requisitos, entre los cuales
tiembre de 2013, dio a conocer su decisión de cerrar el pe-
se encuentra aquel referido a que tratándose de condenas
nal donde cumplían condena diez reclusos por violaciones a
a presidio perpetuo debe haberse cumplido un tiempo de
los derechos humanos, incluidos los más altos oficiales de la
la pena no menor a 25 años para la revisión de la conde-
Dirección de Inteligencia Nacional –DINA–, los que fueron
na, y siempre que el condenado haya expresado desde el
trasladados al centro penitenciario de Punta Peuco. El man-
principio y de manera continua su voluntad de cooperar
datario fundó esta decisión en tres principios: “la igualdad
con la investigación42” (INDH, 2012). Adicionalmente en
ante la ley, la seguridad de los internos, y el normal y más
la concesión de estos beneficios se deben cumplir los si-
eficiente funcionamiento de Gendarmería” (TVN, 2013).
guientes requisitos: en primer lugar, la existencia de control
judicial. Los beneficios debieran estar regulados por ley y
Días antes de esta decisión fue transmitida una entrevista
ser concedidos por un Tribunal y no constituir una facultad
televisiva a Manuel Contreras, exjefe de los Servicios de
administrativa, que además es privativa del Jefe/a del respec-
Seguridad de la Dictadura, y se difundió información sobre
tivo establecimiento penitenciario. En segundo lugar, se debe
un “almuerzo de camaradería” que un grupo de exmilitares
garantizar la transparencia en el otorgamiento de los bene-
intentó organizar –en la misma cárcel– en honor al exbri-
ficios. En tercer lugar, se debe considerar en la adopción de
gadier Miguel Krassnoff, quien cumple condena por más de
la decisión la opinión de las víctimas. El INDH reitera la ne-
100 años (TVN, 2013). Ambos hechos pusieron de mani-
cesidad de profundizar este debate y de recoger la opinión
fiesto las condiciones de privilegio de las que gozaban estos
de los familiares y víctimas de violaciones sistemáticas a los
condenados, lo que contrasta con las inadmisibles condicio-
derechos humanos, en la perspectiva de que las garantías
nes carcelarias en las que vive el resto de la población penal
de acceso a la justicia (investigación, determinación de res-
ponsabilidades penales y sanción proporcional y adecuada),
El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad de
entendidas como medidas de reparación integral y garantía
las personas que se encuentran bajo su control y sujeción.
de no repetición, se centren en las víctimas.
39	Corte IDH. Caso García Lucero y Otras vs. Chile, op. cit., párr. 196.
40	Ibídem, Punto resolutivo Nº 2.
41	Ibídem, párr. 246.
42	Estatuto de la Corte Penal Internacional, art. 110.
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instituto-nacional-de-derechos-humanos-a-40-anos-delgolpe-de-estado#sthash.unV3KjoC.dpuf:
declaracion-publica-instituto-nacional-de-derechos-humanosa-40-anos-del-golpe-de-estado

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 artículo 15