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Timestamp: 2019-08-21 21:25:24+00:00

Document:
COMPETENCIA - Corte interamericana de derechos humanos
1. Prueba testimonial y pericial
2. Valoración de la prueba
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado ratificó la Convención Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación46, la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones rendidas mediante affidávit y en audiencia pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente47.
Fueron recibidas las declaraciones escritas de los siguientes testigos y peritos:
Luis Alberto Bosio. Testigo propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “los reconocimientos médico forenses y dictámenes médico óseos en antropología forense que practicó en relación con varios de los restos encontrados en el denominado ‘Campo Algodonero’ entre el 6 y 7 de noviembre de 2001; las conclusiones a las que arribó, y la compatibilidad de los exámenes realizados con anterioridad, respecto de los mismos restos, con los estándares internacionales aplicables en la materia”.
Mercedes Doretti. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “las investigaciones desarrolladas por el EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] en relación con los homicidios de mujeres y niñas cometidos en el Estado de Chihuahua, México; el proceso de identificación de las víctimas de tales crímenes; la conducta y niveles de colaboración de las autoridades frente a tales investigaciones, y las conclusiones a las que ha arribado el EAAF a partir de sus investigaciones”.
Carlos Castresana Fernández. “[M]iembro del equipo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que fiscalizó en el 2003 las investigaciones adelantadas en el ámbito interno en relación con los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, incluidos los casos de Campo Algodonero”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “la debida diligencia en los procesos de investigación de crímenes de esta naturaleza; y la conducción de las investigaciones en los Casos del Campo Algodonero a la luz de los estándares internacionales aplicables a la materia”.
Servando Pineda Jaimes. “Director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “las causas y consecuencias del fenómeno de las desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en el Estado de Chihuahua; y los patrones socioculturales que condicionan las actuaciones judiciales y de la policía respecto de este tipo de casos”.
Clyde Snow. “Antropólogo forense”. Perito propuesto por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “los estándares internacionales aplicables a la identificación de los restos de víctimas de crímenes violentos; la preservación correcta de evidencia esencial en este tipo de casos; [y] el proceso de identificación genética de restos humanos”.
Oscar Máynez Grijalva. Testigo propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “el proceso de levantamiento de los cuerpos, el manejo institucional del caso durante el tiempo en que él se desempeñó como servidor público, las [supuestas] presiones de las autoridades para dar una respuesta pronta; las [alegadas] anomalías e irregularidades que le constan; el motivo de su renuncia; [y] las [presuntas] presiones por parte de las autoridades”.
Ana Lorena Delgadillo Pérez. Testigo propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “el desempeño institucional de las autoridades (federales y locales) involucradas en la investigación y juzgamiento del caso; la forma de atención y trato a los familiares de las víctimas por parte de las diversas instancias de gobierno que intervinieron en el caso; las [alegadas] dificultades de las familias [para lograr] acceso a la justicia; la colaboración de las diversas autoridades entre s[í]; [y] la necesidad de mecanismos nacionales eficientes para la búsqueda de mujeres desaparecidas”.
Abraham Hinojos. Testigo propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “elementos [supuestamente] valiosos sobre todos [los] elementos que integran la impunidad en el caso: víctimas y fabricación de culpables”.
Rosa Isela Pérez Torres. Testigo propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “[su documentación de] la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y las [supuestas] actuaciones irregulares de las autoridades locales y federales” y “la [presunta] influencia del gobierno del Estado en el manejo de la información en los medios de comunicación sobre la violencia contra las mujeres, en especial sobre los homicidios de mujeres registrados desde 1993”.
Elizabeth Lira Kornfeld. “[E]xperta en psicología social”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “los criterios y mecanismos para reparar el daño a las víctimas de violencia contra las mujeres, especialmente a las familias de mujeres víctimas de homicidio” y sobre “lineamientos para mitigar las secuelas de la tortura psicológica en las familias víctimas desde criterios de salud mental comunitaria y derechos humanos”.
Jorge de la Peña Martínez. “[P]siquiatra”. Perito propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, sobre el “[alegado] daño psicológico ocasionado a la[s s]eñoras Josefina González y Benita Monárrez y sus familias con motivo de la [presunta] desaparición y homicidio [de] sus hijas, ligado con la [supuesta] violencia institucional de que fueron parte”.
Fernando Coronado Franco. “[E]xperto en derecho penal mexicano y derecho internacional de los derechos humanos”. Perito propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, “sobre el papel y la actuación del [M]inisterio [P]úblico y el [P]oder [J]udicial en el caso de ‘campo algodonero’; los [supuestos] principales obstáculos para el acceso a la justicia y el desarrollo de un derecho penal democrático a raíz de las reformas constitucionales; la [supuesta] repercusión de dichas reformas en las legislaturas de los estados, entre ellos, el estado de Chihuahua; las repercusiones de no contar con un sistema acusatorio y la [alegada] ausencia de controles para la actuación del [M]inisterio [P]úblico en el caso de Campo Algodonero; los poderes fácticos que [supuestamente] imposibilitaron un resultado para la resolución de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Campo Algodonero; la [presunta] ausencia de mecanismos eficaces en la protección y promoción de los derechos humanos en el Estado [m]exicano[,] y la [alegada] repercusión de esto tanto en las víctimas como en los probables responsables”.
Elena Azaola Garrido. “[E]xperta en psicología, perspectiva de género, derechos de la niñez y procesos de victimización”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “el [supuesto] proceso de victimización de los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición relacionados con el caso de Campo Algodonero, la [alegada] repercusión en sus vidas y los [presuntos] daños causados” y sobre “el [alegado] daño psicológico ocasionado a la [s]eñora Irma Monreal Jaime y su familia con motivo de la [presunta] desaparición y homicidio de Esmeralda Herrera Monreal, ligado con la [supuesta] violencia institucional de que fue parte”.
Marcela Patricia María Huaita Alegre. “[E]xperta sobre violencia de género y el derecho de las mujeres de acceso a la justicia”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “el [alegado] problema de las familias relacionadas con el caso de ‘campo algodonero’ para acceder a la justicia, la [supuesta] conducta discriminatoria de las autoridades para resolver casos de violencia contra las mujeres, la [presunta] ausencia de políticas de género en la procuración y administración de justicia, la [supuesta] ausencia de presupuestos con perspectiva de género; [y] la [alegada] ausencia de estrategias estatales y nacionales para investigar casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres que pueden estar vinculadas con trata o explotación sexual”.
Marcela Lagarde y de los Ríos. “[E]xperta en derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y políticas públicas”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “la [alegada] ausencia de política de género en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como en el resto del [E]stado mexicano; las [supuestas] dificultades de las mujeres para acceder a los servicios que presta el [E]stado, las políticas [supuestamente] discriminatorias por el hecho de ser mujer; la [presunta] falta de prevención de la violencia de género; el papel del poder legislativo en la creación de políticas de género; el papel del poder legislativo como órgano supervisor en la actuación de las instituciones; [y] la especificación de los diferentes tipos y modos de violencia que han enfrentado las mujeres en Ciudad Juárez, en concreto las [presuntas] víctimas de desaparición, homicidio y sus familiares”.
Clara Jusidman Rapoport. “Experta en políticas públicas y género”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “la evaluación […] que llevó a cabo en Ciudad Juárez y Chihuahua, señalando los principales obstáculos que [presuntamente] enfrenta la administración pública de Ciudad Juárez como resultado de la [supuesta] ausencia de políticas públicas con perspectiva de género; las [alegadas] repercusiones de la [presunta] ausencia de políticas públicas con perspectiva de género a nivel nacional; los principales desaciertos en materia de género por parte de las autoridades estatales y nacionales; [y] el contexto social, político y económico de violencia contra las mujeres que vive Ciudad Juárez”.
Julia Monárrez Fragoso. “[E]xperta en violencia en razón de género […] que ha estudiado durante años el contexto de violencia de género en Ciudad Juárez”. Perita propuesta por los representantes. Declaró, inter alia, sobre “los [supuestos] feminicidios en Ciudad Juárez y en especial, sobre el [alegado] patrón sistémico de violencia sexual feminicida; la [presunta] impericia de las autoridades para investigar casos que presentan el mismo patrón de violencia; la [alegada] falta de acceso a la información o de información sistematizada y clara que impide investigaciones basadas en datos oficiales; el manejo […] del [E]stado para informar a la sociedad sobre el número de homicidios de mujeres [y] número de mujeres desaparecidas; la [presunta] minimización de las autoridades ante el contexto de violencia contra las mujeres; el papel de las instancias gubernamentales y no gubernamentales en la atención de los familiares de las mujeres desaparecidas o no identificadas; el papel de la sociedad juarense ante el contexto de violencia contra las mujeres; los actores políticos y sociales que [supuestamente] permitieron el contexto de violencia contra las mujeres; [y] la reacción de los empresarios, medios de comunicación, iglesia y otros sectores de la sociedad ante los [alegados] feminicidios”.
Mara Galindo López. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]as funciones del órgano [de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua]; [l]os [alegados] apoyos materiales que se ha proporcionado a los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal; y [l]a [supuesta] atención no material que se ha proporcionado a los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”.
Flor Rocío Murguía González. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]a integración ministerial de las averiguaciones por la muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal; y [l]as directrices de investigación de la Fiscalía [Especializada de Investigación de Homicidios de Mujeres en Juárez,] a su cargo”.
Eberth Castañón Torres. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]os análisis periciales realizados en torno a las investigaciones de las muertes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”; y los “[alegados a]vances y resultados en materia de genética forense en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, derivado de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y de las reformas en materia forense”.
Luisa Fernanda Camberos Revilla. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]a política integral del gobierno del estado de Chihuahua implementada para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia en contra de la mujer; [l]os resultados de los programas para prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia en contra de la mujer implementados por el gobierno del estado de Chihuahua, y [l]os [alegados] apoyos materiales y no materiales que otorga el Instituto [Chihuahuense de la Mujer] a los familiares de mujeres víctimas de delitos, especialmente aquellos otorgados a los familiares de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”.
María Sofía Castro Romero. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]a creación y funcionamiento de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez [, y l]os resultados de la intervención de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez en los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez”.
En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las declaraciones de las siguientes personas:
Josefina González Rodríguez. Madre de Claudia Ivette González y presunta víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “las diversas gestiones realizadas por la familia de [Claudia Ivette] en el período inmediato posterior a su [alegada] desaparición; la respuesta y actitud de las autoridades frente a tales gestiones; la conducción de las investigaciones en el ámbito interno tras el hallazgo de los restos de su hija; los [supuestos] obstáculos enfrentados por la familia de [Claudia Ivette] en la búsqueda de justicia para el caso; [y] las [alegadas] consecuencias en su vida personal y para la familia de las [presuntas] violaciones a los derechos humanos sufridas por su hija”.
Irma Monreal Jaime. Madre de Esmeralda Herrera Monreal y presunta víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “su [supuesta] historia de victimización a raíz de la [alegada] desaparición de su hija, las gestiones realizadas, las [presuntas] violaciones de que fue objeto por parte de las autoridades mexicanas, su respuesta, actitud y los [alegados] daños ocasionados; el [supuesto] tortuoso y confuso proceso de identificación de [su hija Esmeralda]; la conducción de las investigaciones; los [alegados] obstáculos y la denegación de justicia; la conducción del fondo creado por la Procuraduría estatal y la [Procuraduría General de la República]; las repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del [presunto] proceso de victimización; el manejo de los otros apoyos dados por el gobierno; la [alegada] falta de acceso a la información; la [supuesta] ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones; la [alegada] negligencia de las autoridades; el proceso que tuvo que vivir para lograr acceder al Sistema Interamericano; [y] la [presunta] presión de las autoridades”.
Benita Monárrez Salgado. Madre de Laura Berenice Ramos Monárrez y presunta víctima. Testigo propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “su [supuesta] historia de victimización a raíz de la [alegada] desaparición de su hija, las gestiones realizadas, las [presuntas] violaciones de que fue objeto por parte de las autoridades mexicanas, su respuesta, actitud y los daños ocasionados; el [supuesto] tortuoso y confuso proceso de identificación de [su hija Laura]; la conducción de las investigaciones; los [alegados] obstáculos y la denegación de justicia; la conducción del fondo creado por la Procuraduría estatal y la [Procuraduría General de la República]; las [supuestas] repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del [presunto] proceso de victimización; el manejo de los otros apoyos dados por el gobierno; la [alegada] falta de acceso a la información; la [supuesta] ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones; la [alegada] negligencia de las autoridades; el proceso que tuvo que vivir para lograr acceder al Sistema Interamericano; [y] la [presunta] presión de las autoridades”.
Rhonda Copelon, Profesora de derecho, especialista, inter alia, en derechos humanos, derecho penal internacional, género y violencia contra las mujeres. Perita propuesta por la Comisión. Declaró, inter alia, sobre “el problema de la violencia contra las mujeres en general; su relación con la discriminación históricamente sufrida; la necesidad de fortalecimiento institucional y adopción de estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla; y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia de género”. Luego de su declaración oral, la perita remitió al Tribunal una versión por escrito de su experticia.
Rodrigo Caballero Rodríguez. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]as diligencias realizadas en la integración ministerial de las averiguaciones por la muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, durante la segunda etapa de las investigaciones; [l]os resultados obtenidos en dicha[s] indagaciones; y [l]as diligencias en proceso y pendientes de desahogar”.
Silvia Sepúlveda Ramírez. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]os análisis periciales realizados en torno a las investigaciones de las muertes de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal; y [los a]vances y resultados en materia de genética forense en el estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, derivados de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y de las reformas en materia forense”.
Rosa Isela Jurado Contreras. “Magistrada de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua”. Perita propuesta por el Estado. Declaró, inter alia, sobre “[l]as reformas legislativas y el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua, así como sus resultados y proyecciones”.
En este caso, como en otros48, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, así como los documentos solicitados como prueba para mejor resolver y aquéllos que se refieren a hechos supervinientes.
Respecto de los testimonios y peritajes, la Corte los estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó recibirlos (supra párr. 10), los cuales serán valorados en el capítulo que corresponda. En cuanto a las declaraciones de las víctimas, por tener un interés en el presente caso sus declaraciones no serán valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso49.
El Estado cuestionó las declaraciones periciales de los señores Castresana y Snow, así como las declaraciones testimoniales de los señores Bosio e Hinojos y de la señora Delgadillo Pérez, afirmando que los mismos se refirieron a personas ajenas a esta litis. Al respecto, el Tribunal reitera que conforme a la Resolución de 19 de enero de 2009 (supra párr. 9), la situación de personas ajenas a este caso podrá ser utilizada
como prueba relevante al momento de evaluar el alegado contexto de violencia contra la mujer, las supuestas falencias en las investigaciones llevadas en el fuero interno y otros aspectos denunciados en perjuicio de las tres presuntas víctimas identificadas en la demanda50.
El Estado impugnó la declaración del perito Castresana Fernández, alegando que el perito no participó en las acciones del Estado llevadas a cabo desde el 2003. Al respecto, el Tribunal valorará en el fondo del asunto si lo dicho por el perito encuentra sustento probatorio.
El Estado cuestionó al perito Pineda Jaimes por parcialidad y falta de conocimiento en el área de su peritaje. También señaló que no proporcionó información metodológicamente organizada que aporte elementos especializados e imparciales y que las conclusiones referentes a las medidas y parámetros de reparación del daño y los derechos de los defensores de derechos humanos se encuentran fuera del objeto de su peritaje. Al respecto, el Tribunal considera que el Estado no ha presentado fundamentos de la alegada parcialidad que indiquen que se presenta una de las causales de impedimento previstas en el artículo 19 del Estatuto. En cuanto a las conclusiones del perito que estarían fuera del objeto de su declaración, la Corte las encuentra útiles para el presente caso, por lo que las admite, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento.
El Estado indicó que el señor Snow estableció observaciones genéricas en su peritaje que no deben ser tomadas en cuenta. Al respecto, la Corte analizará las supuestas observaciones genéricas del perito en el fondo del asunto y cotejará si las mismas encuentran respaldo en el resto del acervo probatorio.
Sobre la perita Copelon, el Estado señaló que el escrito presentado por ésta (supra párr. 84.d excede lo permitido expresamente por la Presidenta en la audiencia pública, y que la experta hace alusión a situaciones presuntamente ocurridas en Ciudad Juárez “sin contar con la autoridad pericial para hacerlo”, por lo que solicitó que se desestimaran ciertas secciones del peritaje. Al respecto, el Tribunal no tendrá en cuenta los dichos de la perita que excedan el objeto definido por la Presidenta en la audiencia pública. En cuanto a la “autoridad pericial”, el Tribunal valorará en el fondo del asunto si lo aseverado por la experta tiene relación con el resto del acervo probatorio.
El Estado cuestionó el peritaje de la señora Lira Kornfeld por falta de metodología, parcialidad y desconocimiento del caso. Fundamentó lo anterior en el hecho de que la perita basó sus dichos en informes psicológicos realizados por otras personas y en testimonios presentados en nueve casos análogos, así como por el hecho de que la perita hizo ciertas acusaciones en contra del Estado en materia de administración de justicia. El Tribunal no considera que referirse a testimonios de otras víctimas o informes de otros profesionales implique una falta de metodología de la experta, más aún si dichas declaraciones e informes tienen que ver con la problemática tratada en el presente caso. De otro lado, el Tribunal recuerda que, a diferencia de los testigos, los peritos pueden proporcionar opiniones técnicas o personales en cuanto se relacionen con su especial saber o experiencia. Además, los peritos se pueden referir tanto a puntos específicos de la litis como a cualquier otro punto relevante del litigio, siempre y cuando se circunscriban al objeto para el cual fueron convocados51.
En cuanto a la declaración pericial del señor de la Peña Martínez, el Estado sostuvo que “si bien podrían ser valiosas las observaciones del perito, estas no pueden ser tomadas en cuenta por el Tribunal, ya que de conformidad con la metodología utilizada por el declarante, se desprende que éste nunca tuvo acercamiento directo con las víctimas ni evaluó las acciones del Estado en materia de reparación del daño psicológico, hecho que a todas luces denota la subjetividad de sus manifestaciones”. La Corte coincide con el Estado en que la entrevista directa con las presuntas víctimas hubiese podido proporcionar más datos al experto para la realización de su peritaje. Sin embargo, la falta de entrevista directa no es motivo suficiente para desechar la experticia, sino que es una cuestión que incide en el peso probatorio de la misma. Consiguientemente, el Tribunal la admite y la valorará junto con el resto de la prueba obrante en el expediente.
Sobre la declaración del señor Coronado Franco, el Estado reprochó que el peritaje se basara en la demanda de la Comisión, el escrito de los representantes y las causales penales No. 426/01, 48/01 y 74/04, sin tomar en cuenta la información que proporcionó el Estado, ni explicar la relación de esas causas penales con el caso. La Corte considera que el hecho de que el perito se haya abstenido de tomar en cuenta la información proporcionada por el Estado no es motivo para desechar el peritaje. Lo que corresponde en dicha situación es que el Tribunal tome en consideración lo expuesto por el perito, lo coteje con los alegatos y la prueba remitida por el Estado y obtenga de ello las conclusiones que de la lógica y la sana crítica se deriven, lo cual se hará en el fondo del asunto.
En cuanto a la declaración de la señora Azaola Garrido, el Estado indicó que de la hoja de vida de la perita “se desprende su desconocimiento e inexperiencia respecto a la disciplina de psicoanálisis, al síndrome de estrés postraumático y a la evaluación de daños a la salud física y mental de las personas”. El Estado no solicitó que se deseche este peritaje, así que la Corte lo valorará junto el resto de pruebas obrante en el expediente, teniendo en cuenta las observaciones estatales y la hoja de vida de la experta.
Sobre la experticia de la señora Huaita Alegre, el Estado manifestó que “no se basa en los conocimientos especializados […] sino en determinaciones de la C[omisión]”; no demuestra la supuesta conducta discriminatoria de las autoridades en la administración de justicia con posterioridad al año 2003, y que la perito solicita a la Corte que “declare la responsabilidad del Estado por no haber actuado con la debida diligencia, siendo que no está dentro del objeto de su peritaje juzgar las actuaciones del Estado”. El Tribunal, de ser necesario, valorará en el fondo del asunto las fuentes en las que la perita basa sus conclusiones y el lapso temporal al que su peritaje se refiere.
En lo que se refiere a la señora Lagarde y de los Ríos, el Estado expuso una serie de cuestionamientos a los datos proporcionados por la perita, que solicitó sean considerados a la hora de fijar el peso probatorio de la experticia. El Tribunal en el fondo del asunto analizará el peritaje junto con las demás pruebas del expediente y tomando en cuenta las observaciones del Estado.
Sobre el peritaje de la señora Jusidman Rapoport, el Estado indicó que contiene datos desactualizados, por lo que solicitó sea desechado. La Corte considera que aún cuando el peritaje contuviera datos desactualizados, eso no es motivo suficiente para desecharlo, sino para valorarlo en el ámbito temporal al que se refiere y tomando en cuenta la prueba actualizada que las partes hayan aportado. De otro lado, la Corte observa que la perita amplió motu propio el objeto de su experticia, lo cual no fue objetado por las partes. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la ampliación resulta útil para el presente caso, el Tribunal la acepta, conforme al artículo 45.1 del Reglamento.
En cuanto a la experta Monárrez Fragoso, el Estado objetó que el peritaje se basara en una investigación realizada con un fin distinto al peritaje, que la perita se refiere a casos fuera de la litis, que los datos estadísticos presentados por la perita no están actualizados, así como también cierta terminología utilizada por la perita que, según el Estado, no existe en la legislación nacional. El Tribunal considera que el fin inicial de la investigación realizada por la perita no incide en el valor probatorio de su experticia; que los casos a los que se refiere la perita son relevantes para valorar el contexto en el que se enmarca el presente caso; que la experticia será tomada en cuenta en el lapso temporal al que se refiera, y que las cuestiones terminológicas y de peso probatorio serán analizadas en el fondo del asunto.
Sobre el testimonio de la señora Castro Romero, los representantes contradijeron varias de sus afirmaciones, lo cual, de ser pertinente, será valorado por la Corte en el fondo del asunto.
En lo referente al testimonio del señor Bosio, el Estado manifestó que el testigo realizó un análisis de algunos de los peritajes médico forenses de los cuerpos encontrados en Campo Algodonero en 2001 y que “la realización de dichos peritajes son hechos que no le constan directamente al testigo ya que su intervención en el caso fue a partir de 2005”; que la Comisión debió proponer su declaración en calidad de peritaje y no de testimonio; y que el testigo realizó conclusiones que “no le constan ni le son propias”. Al respecto, el Tribunal reitera que un testigo puede referirse a los hechos y circunstancias que le consten en relación con el objeto de su declaración y debe evitar dar opiniones personales52, por lo que cualquier mera opinión del testigo Bosio no será tomada en cuenta por la Corte.
Sobre el testimonio de la señora Doretti, el Estado lo objetó porque “presenta información confidencial que podría afectar la investigación de los homicidios” de las presuntas víctimas. Al respecto, el Tribunal confirma lo expuesto en la Resolución de la Presidenta de 18 de marzo de 2009 (supra párr. 10), en el sentido de que,
a efectos del procedimiento internacional ante este Tribunal, el conflicto de derechos entre el deber de confidencialidad y el interés público internacional por esclarecer los hechos relacionados con los alcances de la atribución de responsabilidad al Estado, se resuelve en ofrecer la mayor protección posible de los testigos que comparecen ante la Corte, en orden a que sus declaraciones puedan ser efectuadas con la mayor libertad. En este sentido, la defensa del Estado no puede descansar en objetar totalmente una declaración que, en algunos de sus componentes, difícilmente pueda ser reemplazada con otros medios probatorios53.
Sobre el testimonio del señor Maynez Grijalva, el Estado cuestionó su veracidad y afirmó que en varios apartados el testigo ofreció opiniones personales sin sustento probatorio. La Corte no tomará en cuenta las meras opiniones del testigo y cotejará con el resto del acervo probatorio cada una de sus afirmaciones que sean relevantes para el presente caso.
El Estado solicitó que se desestime el testimonio de la señora Delgadillo Pérez, en virtud de que la declarante excedió el objeto del testimonio y expuso opiniones personales. El Tribunal manifiesta que las meras opiniones de la testigo no serán tomadas en cuenta. En cuanto a las afirmaciones de la testigo que caen fuera del objeto de su declaración, la Corte las apreciará si son útiles para la resolución del presente caso.
Sobre el testimonio del señor Hinojos, el Estado expuso que éste es “el representante legal de Edgar Álvarez Cruz, quien ha sido sentenciado por su responsabilidad en el homicidio de una mujer en Ciudad Juárez [y s]u testimonio carece de valor en tanto que podría estar tratando de favorecer a su defendido”. Al respecto, el Tribunal reitera que para los testigos rige el deber consagrado en el artículo 48.1 del Reglamento de decir “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad” respecto a los hechos y circunstancias que le consten. Para verificar si el señor Hinojos se ajustó a la verdad, la Corte valorará su declaración, en el fondo del asunto, junto con el resto del acervo probatorio.
En cuanto a la declaración de la señora Pérez Torres, el Estado solicitó sea desestimada, inter alia, porque no fue rendida ante fedatario público como lo requirió la Presidenta. La Corte confirma que no consta en el expediente que los representantes hayan enviado la declaración ante fedatario público de la mencionada testigo, por lo que decide desestimarla por no ajustarse a lo ordenado por la Presidenta (supra párr. 10).
Sobre las declaraciones de los testigos Murguía González, Castañón Torres, Galindo López y Camberos Revilla los representantes cuestionaron la información por ellos proporcionada y objetaron su credibilidad, lo cual será verificado por el Tribunal en el fondo del asunto, conforme a la sana crítica y teniendo en cuenta el resto del acervo probatorio.
El Tribunal observa que varios documentos citados por las partes en sus respectivos escritos no fueron aportados a la Corte, entre estos se encuentran algunos correspondientes a instituciones públicas del Estado, que pudieron ser ubicados a través del Internet. Del mismo modo las partes incluyeron enlaces electrónicos directos a páginas de Internet. En el presente caso, la Corte observa que los documentos aportados de esta manera son pertinentes y las partes tuvieron la posibilidad de controvertirlos, pero no lo hicieron. Por ello, dichos documentos se aceptan e incorporan al expediente, ya que no se afectó la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal de las partes.

References: artículo 62
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 45
 artículo 45
 Resolución 
 resolución 
 artículo 48