Source: https://www.slideshare.net/movilizadosubb/informacion-proporcionada-al-relator-especial-sobre-el-derecho-a-la-educacin
Timestamp: 2017-05-30 11:16:27+00:00

Document:
Informacion proporcionada al relator especial sobre el derecho a la e…
Propuestas de expertos en educación...
Santiago de Chile, 24 de agosto de 2011SeñorKISHORE SINGH.Relator Especial para el derecho a la EducaciónPresente. Estimado señor Relator La Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), la Asociación de Académicos de laUniversidad del Bío-Bío (sede Chillán), la Asociación de Académicos de la Universidad de Antofagasta, y el Foro deEducación Nacional para Todos, venimos por este acto en poner en su conocimiento un conjunto de antecedentesrelativos a la falta de eficacia del derecho a la educación en Chile. La información que aportamos pone en tela de juicio el cumplimiento de los deberes jurídicos del Estado deChile para dar cabal satisfacción al derecho a la educación consagrado en el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, normativa internacional actualmente vigente en Chile. Presentamos este Informe invocando nuestra calidad de organismos de base representativos de la comunidad. Para estos efectos otorgamos mandato al abogado y profesor universitario, don Eric Eduardo Palma quienremite esta presentación en nuestro nombre y en el de los profesores que apoyan nuestra presentación. Atentamente.Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH) (p.p)Asociación de Académicos de la Universidad del Bío-Bío (sede Chillán) (p.p.)Asociación de Académicos de la Universidad de Antofagasta (p-p.)Foro Nacional de Educación para Todos de Chile (p.p.) 2.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHINFORMACION PROPORCIONADA AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LAEDUCACIÓN, DON KISHORE SINGH, RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO DECHILE DE SUS DEBERES JURIDICOS PARA CON EL DERECHO A LA EDUCACIONLa Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, la Asociación de Académicos dela Universidad del Bío Bío, sede Chillán, la Asociación de Académicos de la Universidad deAntofagasta, el Foro Nacional de Educación para Todos de Chile, respaldadas porprofesores de distintas universidades chilenas, realizan esta presentación1 en tanto queorganizaciones de base representativas de la comunidad, y en interés del cumplimientocabal y oportuno de los deberes jurídicos del Estado de Chile en relación con el derecho ala educación de sus habitantes2.Nuestro objetivo es proporcionar información al Relator Especial respecto del derecho a laeducación y en particular el acceso a la educación superior, sin perjuicio de algunasmenciones tangenciales al derecho a la educación a nivel primario y secundario3. Estainformación viene a poner en tela de juicio que el Estado de Chile cumpla con losmandatos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, cuerpo normativo plenamente vigente en nuestro país.Nuestro planteamiento central en esta presentación es que el Estado de Chile: 1. No estácumpliendo con el deber de implantar progresivamente la gratuidad de la educación en laEnseñanza Superior, permitiendo incluso el lucro para algunas instituciones educativas. 2.Ha violado el deber jurídico de no regresión al pasar desde una situación de gratuidad a1 Nos asesora en esta presentación el profesor Dr. Eric Eduardo Palma. Mucho agradeceremos que cualquiercomunicación que desee mantener con nosotros se gestione a través de su persona en el correo electrónicoericepalma@yahoo.es2 Entendemos que esta presentación es un caso de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la “Recomendaciónrelativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior aprobada por la Unesco (1997) que señala. “Sedebe considerar y reconocer a las organizaciones que representan al personal docente de la enseñanza superior comouna fuerza que puede contribuir en gran medida al progreso de la educación y que, por consiguiente, deben participar,junto con otros actores y partes interesadas, en la determinación de las políticas de enseñanza superior”.3 A este respecto el Colegio de Profesores presentó en el mes de enero de 2011 antecedentes a la UNICEF denunciandola política gubernamental como atentatoria a los derechos de los niños de Chile. Véasehttp://www.colegiodeprofesores.cl/images/stories/cartasypdf2011/cartauniceffinal13ene011.pdf yhttp://www.colegiodeprofesores.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=615:magisterio-entrega-carta-a-unicef-para-defender-derecho-a-la-educacion-de-los-ninos 2 3.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHuna de pago4. 3. Ha violado el deber jurídico de no discriminación. Todos los cuales sondeberes de ejecución inmediata. Se ha hecho presente este problema por la ciudadanía,sin embargo, el Gobierno se empeña en aplicar una política pública que busca legalizar ylegitimar esta situación contraria a Derecho.A fin de demostrar dichas afirmaciones desarrollaremos los siguientes apartados: I. Características del derecho a la educación consagrado en el PIDESC II. El derecho a la educación en el derecho chileno y vigencia del PIDESC. III. Deberes jurídicos del Estado para dar satisfacción al derecho a la educación. IV. Deberes jurídicos no cumplidos por el Estado de Chile en relación con el derecho a la educación. V. Política Pública violatoria del derecho a la educación consagrado en el PIDESC. VI. Represión desmedida del Gobierno ante la demanda por una educación pública gratuita y de calidad.4 Cabe recordar lo dispuesto en esta materia por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DerechosHumanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” en su artículo 13.Derecho a la Educación. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocoloconvienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido desu dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertadesfundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas paraparticipar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer lacomprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos ypromover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 3. Los Estados partes en el presente Protocoloreconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe serobligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanzasecundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios seanapropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debehacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados yen particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en la medidade lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo deinstrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin deproporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 4.Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación quehabrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. 5. Nada de lodispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades paraestablecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”. 3 4.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH I. Características del derecho a la educación consagrado en el PIDESCEn atención a la normativa del PIDESC el derecho a la educación presenta las siguientescaracterísticas: a) Es un fin en sí mismo. “Desde la perspectiva de los derechos humanos,la educación es, por lo tanto, un fin en sí misma y no un simple medio para conseguirotros fines”5; b) Como se señala en la Observación General número 3 se trata de underecho con múltiples dimensiones por lo que debe tratarse como derecho económico,social y cultural y derecho civil y político6; De acuerdo con la Observación General número13 de 1999 se caracteriza por su c) disponibilidad; d) accesibilidad; e) aceptabilidad; f)adaptabilidad.Señala la Observación número 13 la enseñanza superior "debe hacerse igualmenteaccesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno". Según el apartado c) delpárrafo 2 del artículo 13, la enseñanza superior no "debe ser generalizada", sino sólodisponible "sobre la base de la capacidad", capacidad que habrá de valorarse con respectoa los conocimientos especializados y la experiencia de cada cual.5 TOMASEVSKI, Katarina, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe preliminar de la Relatora Especialsobre el derecho a la educación, Sra. Katarina Tomasevski, presentado de conformidad con la resolución 1998/33 de laComisión de Derechos Humanos”, CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, ONU versión en línea, pág., 6.Señala a este respecto: “Sin embargo, algunos economistas definen la educación como una producción eficiente decapital humano y califican todos sus aspectos de derechos humanos de elementos exógenos. La definición de la personacomo capital humano diverge evidentemente de su definición como sujeto de derechos. La oposición entre los enfoquesde derechos humanos y de capital humano se aprecia mejor en el caso de los niños con discapacidades físicas o deaprendizaje. Los primeros pueden verse excluidos de las escuelas porque, por ejemplo, la construcción devías de acceso para las sillas de ruedas puede resultar demasiado onerosa; los segundos pueden quedar excluidos si seconsidera que la inversión necesaria para satisfacer sus necesidades de aprendizaje no tendrá una rentabilidad marginalsuficiente. No cabe duda de que ese tipo de razonamiento se aparta totalmente del concepto de derechos humanos, enparticular del principio de la igual valía de todos los seres humanos”.6 Observación General 11, Comité DESC: “… se ha clasificado de distinta manera como derecho económico, derechosocial y derecho cultural. Es todos esos derechos al mismo tiempo. También es un derecho civil y un derecho político, yaque se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación esel epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos” 4 5.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH II. El derecho a la educación en el derecho chileno y vigencia del PIDESC 1. El derecho a la educación en el derecho chilenoYa la Constitución de 1818 disponía a este respecto en el Título III, Capítulo III, artículo 8.“Tendrá el Senado especialísimo cuidado de fomentar en la capital y en todas las ciudadesy villas, el establecimiento de escuelas públicas e institutos o colegios, donde sea formadoel espíritu de la juventud por los principios de la religión y de las ciencias”.La Constitución de 1822 en el Título VIII en su Capítulo único “De la educación pública”,estableció la uniformidad de la enseñanza pública en todas las escuelas y ordenó procurarestablecer escuelas de primeras letras “en todas las poblaciones, en las que a más deenseñarse a la juventud los principios de la religión, leer, escribir y contar, se les instruyaen los deberes del hombre en sociedad”.La Carta de 1823 dispuso en el artículo 257: “La instrucción pública, industrial y científica,es uno de los primeros deberes del Estado. Habrá en la capital dos Institutos normales;uno industrial y otro científico, que sirvan de modelo y seminario para los institutos de losdepartamentos. Habrá escuelas primarias en todas las poblaciones y parroquias. El códigomoral y entretanto un reglamento, organizará la educación de los Institutos”.La Constitución de 1828 dejó a cargo de las municipalidades: “Establecer, cuidar yproteger las escuelas de primeras letras, y la educación pública en todos sus ramos”.La normativa constitucional de 1833 estableció en el capítulo XI “Disposiciones Generales”el deber del Gobierno de ocuparse de la educación. Obligaba al Congreso Nacional aformar un plan general de educación nacional y al Ministro del Despacho dar cuentaanualmente del estado de la educación en todo el país (en 1837 nació el Ministerio deJusticia, Culto e Instrucción Pública). Se creaba una Superintendencia de Educación Públicaa la que se encargaba inspeccionar y dirigir la enseñanza nacional bajo la dirección delGobierno. “Artículo 153. La educación pública es una atención preferente del Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional y el 5 6.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH Ministro del Despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República”. “Artículo 154. Habrá una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional, y su dirección bajo la autoridad del Gobierno”.Se estableció claramente un deber estatal y se consagró indirectamente un derecho.Bajo la vigencia de la Constitución de 1925 se dictó la Ley 17.398 de 9 de enero de 1971que modificando la Constitución dispuso en el artículo 10 nº 7: “Número 7. La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales. Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley. Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país”.Se hacía depender el acceso a las Universidades exclusivamente de la “idoneidad de lospostulantes”.El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se haríatomando en cuenta su capacidad y aptitudes. 6 7.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHSe garantizaba al personal académico libertad para desarrollar las materias conforme asus ideas (libertad de cátedra) y “dentro del deber de ofrecer a sus alumnos lainformación necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes”.Los estudiantes universitarios tendrían derecho a expresar sus propias ideas y escoger laenseñanza y el profesor que estimaren conveniente.Bajo la Dictadura Militar del General Augusto Pinochet se dictó el Acta Constitucional deseptiembre de 1976 que consagró el derecho a la educación superior y el deber del Estadode financiarla. Incluso en plena dictadura se comprendía que esta materia no podíaquedar entregada a la mano invisible del mercado: decía a este respecto el ActaConstitucional: “Corresponderá asimismo al Estado fomentar el desarrollo de la educaciónsuperior en conformidad a los requerimientos y posibilidades del país, contribuir a sufinanciamiento y garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a lacapacidad e idoneidad de los postulantes”.La Carta Constitucional Otorgada de 19807 estableció por su parte en el artículo 19número 10: “El derecho a la educación.La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas desu vida.Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá alEstado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar unsistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda lapoblación. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, seextenderá hasta cumplir los 21 años de edad.Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos susniveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y laprotección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.7 La Constitución fue aprobada por la Dictadura Militar. Véase para este tema PALMA , Eric Eduardo, “De la CartaOtorgada de 1980 a la Constitución Binominal de 2005”, en Derecho y Humanidades, número 13, 2008, versión en líneaen http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/873/767 7 8.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHEs deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.Tal normativa fue modificada el año de 2003 y el año de 2007 y el texto vigente señala:“La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas desu vida.Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá alEstado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el accesogratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituyarequisito para el ingreso a la educación básica.La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el estado financiar unsistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda lapoblación. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, seextenderá hasta cumplir los 21 años de edad.Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos susniveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y laprotección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.El artículo 19 número 11 consagra la libertad de enseñanza8.La doctrina constitucional ha entendido que con esta regulación se dispone para el Estadoun rol subsidiario9. Los estudios históricos constatan que junto a esta modificación seprodujo una disminución del gasto estatal en educación10.8 http://www.diarioconstitucional.cl/EditorFiles/File/art%2019%2010.pdfPara un desarrollo con mayor detalle de la situación histórica de la educación en general puede consultarse conprovecho, REDONDO, Jesús, coord., El derecho a la educación en Chile, FLAPE, 2007: versión en línea enhttp://www.voto121.cl/documentos/docs/Derecho_a_la_EducacionenChile-FLAPE.pdf ; también de INZUNZA H, Jorge,coord.., La construcción del derecho a la educación y la institucionalidad educativa en Chile, Programa EPE, FACSO,Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2009, versión en línea enhttp://www.voto121.cl/documentos/docs/Derecho_a_la_EducacionenChile-FLAPE.pdf y de REDONDO, Jesús, “LaEducación chilena en una encrucijada histórica”, revista DIVERSIA, número 1, Valparaíso, abril 2009, págs., 13-39,versión en línea en http://www.cidpa.cl/diversia/Numero1/art02.pdf9 Véase por todos, JORDAN, Tomás, “Elementos configuradores de la tutela jurisprudencial de los derechoseducacionales en Chile”, revista Estudios Constitucionales, año 7, núm. 1, págs.., 177-207, 2009, Talca, Chile, versión enlínea en http://redalyc.uaemex.mx/pdf/820/82011413007.pdf 8 9.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH 2. Vigencia del PIDESC en ChileChile firmó el PIDESC el 16 de septiembre de 1969 y lo ratificó el 10 de febrero de 1972.De acuerdo con la interpretación de los organismos de la ONU el Pacto se encuentravigente en Chile desde el 3 de enero de 197611.A nivel interno se entendió que se requería de un acto promulgatorio y fue el propioGobierno Militar el que en las postrimerías de su gestión, 1989, promulgó el PIDESC. Deacuerdo con dicho Pacto, que es norma jurídica vigente en Chile, y por ende exigible, elEstado debe propender a la gratuidad de la educación superior.Por su parte el artículo 5 de la Constitución dispone a este respecto: “El ejercicio de lasoberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan dela naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover talesderechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionalesratificados por Chile y que se encuentren vigentes”12. Conviene tener a la vista también la Convención relativa a la Lucha contra lasDiscriminaciones (ratificada por Chile en 1971), que en su artículo primero entiende por10 VALENZUELA, Juan Miguel, LABARRERA, Pía, y RODRIGUEZ, Paula, “Educación en Chile. Entre la continuidad y lasrupturas. Principales hitos de las políticas educativas”, Revista Iberoamericana de Educación, número 48, 2008, versiónen línea en http://www.rieoei.org/rie48a06.pdf11 PNUD, OHCHR, Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalessobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004). Santiago de Chile, Noviembre de 2004, pág., 28.12 Desde la incorporación de este inciso se ha sostenido por diversos autores y la jurisprudencia que los derechoshumanos contenidos en tratados internacionales tienen una jerarquía si no supraconstitucional, al menos constitucional(TRONCOSO REPETTO, Claudio. Control de constitucionalidad de los tratados. Análisis y comentarios del fallo delTribunal Constitucional de 25 de agosto de 2009, Anuario de Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad deChile, Santiago, 2010, pág. 157).JORDAN, Tomás, en el artículo “El principio de contribución constitucional y la abrogación del principio de subsidiariedaden materia de derechos fundamentales sociales”, inédito todavía, a partir de este artículo 5° inciso segundo pone en telade juicio que sea aplicable el principio de subsidiariedad a propósito de los desc : “El problema de lo anterior es queubica en la posición de bienes comerciables bienes jurídicos de naturaleza diferente como los sociales. Estos derechosestán fundados en el valor y principio de igualdad y, en su esfera prestacional, buscan la corrección de las desigualdadescon relación a aquellas personas que no pueden adquirir o proveerse determinados bienes por si mismos, y es necesarioque el Estado los proporcione…El rol subsidiario del Estado no es coherente con una constitución consagradora ytuteladora de los derechos sociales…Se produce un problema de acceso al bien jurídico social, determinado por unelemento externo o extra jurídico como el económico (la posibilidad cierta de poder acceder al bien jurídico social, porejemplo, salud), asunto que redunda en la imposibilidad de la universalidad del derecho fundamental social y laconsecuencial exclusión del ejercicio de determinados derechos”. 9 10.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHdiscriminación "toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, elcolor, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, elorigen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad opor efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza".Es ya una cuestión no debatida que “…la aplicación de las disposiciones del PIDESC, a nivelnacional e internacional, es una obligación jurídica para sus Estados Parte. Esto significaque el PIDESC tiene fuerza de ley…”13. III. Deberes jurídicos del Estado para dar satisfacción al derecho a la educaciónComo se ha señalado “El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales es un instrumento jurídico internacional. Esto significa que cuando un Estado loratifica o se adhiere a él, se compromete a garantizar el ejercicio de los derechos que en élse enuncian”14.Los organismos internacionales han establecido respecto de los derechos civiles ypolíticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, obligaciones genéricas: “…la obligación de respetar, que consiste en abstenerse de impedir u obstaculizar la realización de los derechos de las personas; la obligación de proteger, que consiste en adoptar las medidas para evitar que terceras personas puedan restringir o anular los derechos humanos de otras personas y; la obligación de realizar, la cual consiste en adoptar las medidas positivas para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos humanos, aún y cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos”15.13 OZDEN, Malik, “Un desafío de la ONU para adoptar un instrumento internacional de comunicación de quejas y deseguimiento más eficaz de la aplicación del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (1966)(versión en línea http://www.cetim.ch/es/documents/bro3-pidesc-A4-es.pdf )14 PNUD, OHCHR, Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalessobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004). Santiago de Chile, Noviembre de 2004, pág., 9.15 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES. Preguntas y respuestas sobre los DESC yel Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coord.., SANDOVALTERNA, Areli, editores Espacio Desc, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, ONU, 10 11.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH Podemos además identificar las siguientes obligaciones específicas: 1. No discriminar en el ejercicio del derecho; 2. Adecuar el marco legal para posibilitar su ejercicio; 3. Proveer recursos judiciales y otros recursos efectivos para garantizar su vigencia; 4. Producir y publicitar información sobre el derecho a la educación; 5. Obligación de satisfacción, incluye la progresividad y su correlativa prohibición de regresividad, es decir, de mantener los niveles ya alcanzados de satisfacción del derecho; 6. Obligación de respeto, que consiste en la no interferencia del Estado en la libertad de acción y uso de los recursos propios de las personas para satisfacer el derecho; 7. Obligación de protección, impidiendo que las personas naturales o jurídicas (empresas nacionales e internacionales) violen el derecho16; 8. Sancionar a los delitos de los servidores públicos y particulares en los casos de corrupción que obstaculizan la realización y violen el derecho a la educación; 9. Destinar el máximo de los recursos disponibles para su satisfacción;Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. México, otros, México, D.F., diciembre de 2010,pág., 14.16 Se ha dicho en este sentido: ““El estado de derecho, en tanto que base de los derechos humanos, promueve y, almismo tiempo, requiere el establecimiento de garantías jurídicas del derecho a la educación y de salvaguardias de losderechos humanos en la educación” (TOMASEVSKI, Katarina, LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: ELDERECHO A LA EDUCACIÓN. Consejo Económico y Social. Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especialsobre el derecho a la educación, 2004, pág., 22). 11 12.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH 10. Obligación de adoptar una estrategia nacional en que se definan los objetivos para el desarrollo de las condiciones de acceso, se determinen los recursos disponibles para alcanzar estos objetivos, la forma eficaz y equitativa para emplear los recursos, metas claras de avance con sistema de monitoreo y verificación; 11. Garantizar la protección de los sectores colocados en situación de vulnerabilidad; 12. Tener información disponible y clara con indicadores actualizados que permitan saber cuál es la situación del respeto del derecho, pudiendo así adoptar y conducir políticas públicas para su realización17.Que se trata de obligaciones jurídicas cuya violación implica responsabilidad es hoy díauna cuestión no discutida a nivel internacional. De hecho la aprobación en el año de 2008del Protocolo Facultativo del PIDESC refuerza este carácter18.Se ha interpretado a través de la Observación General número 3 del Comité DESC que laexpresión empleada en el PIDESC relativa a que la obligación del Estado es alcanzarprogresivamente la satisfacción de los Desc. y hasta el máximo de los recursos de quedisponga, no constituye una causal para justificar la inacción. Lo que el Tratado señala esque: “… aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el17 URIBE NUÑEZ, Alirio, “Aprendiendo los Desc”, en MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC ANTE LOS ÓRGANOSINTERNACIONALES DE PROTECCIÓN Y ORGANISMOS MULTILATERALES Y DE COMERCIO, versión en línea enhttp://portal.sre.gob.mx/pcdh/libreria/libro6/07_alirio.pdf18 VILLAGRA, Soledad, Protocolo Facultativo del PIDESC: Una herramienta para exigir los DESC, s. e., AsunciónParaguay, 2008, expresa en este sentido: ““El Protocolo permitirá a las víctimas buscar justicia para las violaciones dederechos humanos en sus derechos económicos, sociales y culturales por primera vez, buscando su reparación yhaciendo responsables de sus acciones a quienes los violen. Con este mecanismo, queda muy claro que los derechoseconómicos sociales y culturales, incluyendo los derechos a una vivienda adecuada, alimentación, salud, educación ytrabajo, no son una mera cuestión de caridad, ni concesiones de quienes tienen el poder, sino derechos que pueden serreclamados sin discriminación de ningún tipo. La combinación del mecanismo de petición, el de investigación y laposibilidad de medidas provisionales, contribuirá a un conjunto de jurisprudencia sobre estos derechos, ayudando deesta manera a los Estados a asegurar su implementación” –pág., 5-. 12 13.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción”19.Incluso en un contexto de carencia de recursos ha dicho el Comité en su ObservaciónGeneral número 3, el Estado debe velar porque se alcancen los contenidos mínimos oniveles esenciales de disfrute del derecho20.Se ha señalado que: “…La prohibición de regresividad en las condiciones económicas, sociales y culturales de un país es parte del principio de progresividad, pues busca también limitar las situaciones que causan un retroceso con relación a los logros ya obtenidos. Tampoco es una obligación absoluta…una regresión en cuanto a las condiciones económicas, sociales y culturales de la población no es necesariamente una violación del principio de no regresividad, siempre y cuando el Estado siga utilizando el máximo de los recursos disponibles. Por otro lado, también se producen ciertas situaciones excepcionales en las que el Estado puede limitar formalmente los DESC, con relación a las protecciones establecidas por las leyes y la Constitución de un país. Acerca de esta posibilidad, el mencionado Comité ha dicho que <<todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga>>. Por lo tanto, retrocesos en los logros alcanzados acerca de los DESC se pueden considerar violaciones de los19 Citado en Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES…ob. cit., pág., 18.20 Ibid. 13 14.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH deberes estatales, siempre que no se puedan justificar como estrictamente necesarios”21.Es claro que: “La pobreza no puede ser una excusa para la inacción. El Comité mantiene que un Estado signatario de un pacto <<tiene que demostrar que ha desplegado todos los esfuerzos para movilizar los recursos de que dispone para satisfacer prioritariamente>> sus obligaciones mínimas. Cuando examina si un Estado ha respetado o no un derecho, el Comité puede tratar de determinar si: el gobierno en cuestión ha hecho un uso eficaz y equitativo de sus recursos; el acceso a sus servicios es el mismo para todos los ciudadanos; entre todas las medidas tomadas, se ha dado prioridad a las que son necesarias respecto a estos derechos22.Reafirmando el Comité la existencia de obligaciones de ejecución inmediata identifica eldeber jurídico de no discriminación como un ejemplo. Al respecto en la ObservaciónGeneral número 20 se indica que es un motivo de discriminación la situación social yeconómica de las personas23. Afirmando que estamos en presencia de un caso sistemáticocuando: “…las normas legales, políticas, prácticas o las actitudes culturales predominantesen el sector público o privado generan desventajas comparativas para algunos grupos yprivilegios para otros”24.21 Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, La justiciabilidad de losderechos económicos, sociales y culturales en El Salvador, versión en línea en http://www.uca.edu.sv/publica/idhuca/desc.pdf22 Véase http://www.eurosur.org/futuro/fut51.htm23 Citado en Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES…ob. cit., pág., 2024 Citado en Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES…ob. cit., pág., 20. 14 15.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH IV. Deberes jurídicos no cumplidos por el Estado de Chile a) Incumplimiento de la progresividad; b) Incumplimiento de la prohibición de regresividad; c) Incumplimiento de la prohibición de discriminación.El Comité DESC en la Observación General 3 señaló como ejemplos de medidas regresivasque: “…una vez que se hubiera alcanzado la gratuidad en el nivel de educación secundaria, se diera marcha atrás estableciendo un sistema de cuotas; o bien, que una política de privatización de un servicio público implicara disminuir los niveles de acceso a la realización de ciertos derechos, como podría ser el de la salud o la seguridad social. Para justificar este tipo de medidas, el Estado tendría que demostrar que las adoptó sólo después de haber examinado detenidamente todas las posibilidades, evaluado los efectos y utilizado plenamente sus recursos, hasta el máximo disponible”25.Dado que en el año de 1971 y 1976 se garantizó constitucionalmente el derecho a laeducación superior y el deber del Estado de proveerla de recursos suficientes para sunormal desenvolvimiento, garantizando que los únicos requisitos de ingreso para losindividuos serían sus capacidades no pudiendo privarse a nadie por razones económicasdel ejercicio de este derecho, el hecho que hoy día no exista esta protecciónconstitucional es un severo y evidente caso de violación de la prohibición de noregresividad.El análisis del financiamiento de la Educación Superior por parte del Estado muestra unsostenido deterioro tratándose de la universidad estatal e incluso una mayor inversión enlas universidades privadas26. Es del caso que nuevamente se pretende seguirprofundizando esta flagrante violación de los deberes jurídicos del Estado27.25 Citado en Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES…ob. cit., pág., 20.26 Para un estudio crítico del financiamiento realizado desde una perspectiva económica, no de derechos, puede verse elexcelente estudio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Financiamiento en Educación SuperiorEstudiantil y Universitaria: Universidad de Chile, Chile y el Mundo. Modelos y Propuestas versión en línea enhttp://www.fech.cl/cdn/img/Financiamiento%20en%20Educaci% C3%B3n% 20Superior% 3B%20 15 16.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHComo afirma Manuel Riesco: “En los hechos, tras haber alcanzado cerca de 7 por cientodel PIB a principios de los años 1970, hoy continúa en poco más de 4,4 por ciento del PIB.En el caso de la educación terciaria la situación es peor: Ha bajado de 0.9 por ciento delPIB hace cuatro décadas a 0,4 por ciento del PIB en la actualidad; con el agravante que esenivel educacional concentra hoy una mayor proporción del alumnado”28.Por otra parte no existe hoy por hoy una regulación constitucional de la enseñanzauniversitaria, lo que constituye también una situación de regresión para el contenido delderecho.A mayor abundamiento el Estado ha permitido desde el año de 1981 el lucro en laactividad universitaria, a pesar de la disposición legal que lo prohíbe29, y ha legalizado ellucro en la educación superior profesional y técnico-profesional, es decir, viene atentandoal principio de progresividad por cuanto alienta la educación pagada en un contexto enque la oferta estatal es casi inexistente.Es del caso que en este año de 2011 ha defendido la mantención del lucro en la educaciónsuperior y el uso de recursos del Estado por estas instituciones que lucran, y ha abierto eldebate respecto de la aceptación de universidades con fines de lucro. Todas y cada una deEstudiantil%20y%20Universitaria:%20Universidad%20de%20Chile,%20Chile%20y%20el%20Mundo%20%20Modelos%20y%20Propuestas.pdfPara un análisis desde el Gobierno y para la totalidad del sistema puede consultarse de MARCEL, Mario y TOKMAN,Carla, “¿Cómo se financia la Educación en Chile?”, Ministerio de Hacienda, 2005, versión en línea enhttp://www.dipres.gob.cl/572/articles-21669_doc_pdf.pdf27 El día 19 de agosto de 2011 el actual Ministro de Educación manifestó el rechazo del Gobierno a considerar lagratuidad de la educación como una meta a alcanzar: “El ministro de Educación, Felipe Bulnes, reafirmó que la últimaoferta del gobierno para destrabar el conflicto estudiantil incluye financiar la educación al 40% de los jóvenes con mayorvulnerabilidad social… "quiero plantearlo con responsabilidad: no podemos dar educación gratuita a todos los chilenos".En este sentido, dijo que ello sería "una política que no es correcta. Los sectores más acomodados no tienen por qué nopagar su acceso a la educación superior". Agregó que "tenemos que avanzar en dar la mayor cantidad de apoyo, a travésde becas, a los sectores más vulnerables", Diario La Tercera, versión digital, artículo enhttp://diario.latercera.com/2011/ 08/20/01/contenido/pais/31-80777-9-bulnes-no-podemos-dar-educacion-gratuita-a-todos-los-chilenos.shtml28 RIESCO, Manuel Riesco, “NEGA”, Diario el Mostrador, versión en línea enhttp://www.elmostrador.cl/opinion/2011/07/08/nega/29 Algunas universidades han recurrido a distintas fórmulas con apariencia de legalidad para obtener beneficioseconómicos directos para sus controladores. Esto ha sido denunciado reiteradamente. Véase por todos el artículo“Trampas para optimizar los lucros en las universidades privadas”, Diario El Mostrador,“http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/21/trampas-para-optimizar-los-lucros-en-las-universidades-privadas/ 16 17.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHestas actuaciones violan el deber jurídico de avanzar hacia la gratuidad. El Estadodesatiende al hecho que la existencia de un pago, que se presenta como legítimo por elmismo Estado y sus agentes, implica un caso de discriminación en la medida que al mismotiempo se desatiende la inversión en las universidades estatales. En la práctica no existeun tratamiento diferenciado a favor de las universidades estatales lo que las obliga aoperar con instrumentos y criterios de mercado, fenómeno con enorme incidencia en ella matrícula y el arancel que ellas cobran.Todo este fenómeno se da en un contexto de un Estado con superávit fiscal y con nivelesde ingreso y de endeudamiento más que aceptables. Es decir, a propósito de un Estadoque no presenta niveles de carencia que hagan razonable el desentenderse de sus deberesjurídicos para con la educación.Este Estado dotado de recursos no ha proporcionado medios económicos suficientes a susuniversidades, cuyos presupuestos deben ser financiados de manera muy importante porellas mismas, lo que a su vez ha implicado un alza sostenida de los montos a pagar por losestudiantes por matrícula y aranceles, generando endeudamiento familiar, el segundomás alto del mundo, y una evidente discriminación por razones sociales y económicas.En la práctica está ocurriendo que la decisión política del aumento de la cobertura,fenómeno económico, está dañando severamente el derecho a la educación de ampliossectores de la sociedad chilena30. Las familias y los jóvenes para no ser excluidos debencontraer deudas que amenazan su desarrollo personal y profesional futuro.LA OCDE ha establecido que la educación superior chilena es la más cara del mundo, sólosuperada por Estados Unidos. Este fenómeno es de conocimiento público31 y ha generado30 La prensa oficialista destaca la cobertura como el principal aporte de las universidades privadas, desatiende elproblema del costo de la educación superior y defiende el lucro (véase http://www.latercera.com/noticia/ opinion/editorial/2011/08/894-387210-9-el-aporte-de-las-universidades-privadas.shtml)Se he hecho notar que la cifra de un millón de jóvenes en la Educación Superior que enarbola el Gobierno representasólo el 26 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar, en circunstancias que a principios de la década del 70 se dabacobertura a un 30%. Véase el excelente estudio del economista RIESCO, Manuel Riesco, “NEGA”…ob. cit.31 Véase en este sentido “Aranceles universitarios chilenos son los más caros del mundo después de Estados Unidos”,Diario El Mostrado, http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/08/21/aranceles-universitarios-chilenos-son-los-mas-caros-del-mundo-despues-de-estados-unidos/ 17 18.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHen la sociedad chilena la normal reacción ante la insistencia del Estado en desplegar unapolítica que persiste en mantener el actual modelo.Dichas deudas se contraen en el sistema financiero. En la práctica ha ocurrido que elmecanismo en vez de beneficiar a los estudiantes ha generado importantes gananciaspara la banca: “En consecuencia, en el año 2010 los bancos obtuvieron una rentabilidaddel 30% por la cartera revendida (50% del total) y un porcentaje cercano al 6% por lacartera retenida (50% del total). Esto quiere decir que los bancos -en promedio-percibieron una tasa de retorno del 18% real (sobre UF) por una inversión prácticamentesin riesgo. En consecuencia, incluso si los estudiantes enfrentaran una tasa de interés de0% real por sus préstamos, los bancos habrían tenido una rentabilidad del 15% real, lacual es superior al 10.8% promedio de los créditos de consumo”32.Si se hiciera el ejercicio de aplicar el baremo de la razonabilidad a este conjunto dedecisiones estatales quedaría de manifiesto la falta de adecuación entre recursos, mediosy fines: de entrada la opción hecha de no invertir en universidades, institutosprofesionales y centros de formación técnica estatales y a la vez tolerar el lucro deinstituciones privadas, que reciben directa o indirectamente recursos estatales, es a todasluces elegir la medida más atentatoria contra la satisfacción del derecho a la educaciónsuperior y el deber de tender hacia la gratuidad.Respecto de los demás deberes jurídicos que hemos calificado como específicos seincumplen varios de ellos y otros se cumplen insatisfactoriamente según se precisa másadelante en este mismo documento.También el Informe OCDE en http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_45897844_ 1_1_1_1,00.html#d y https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8MT9KX61gYiN2M0ZDgwMDYtMGY5YS00NGU0LWI1M2ItMGE1M2NiNmZmN2E1&hl=es32 MELLER Patricio y MOSER, Rodrigo, “Fundamentos para un Crédito con Aval Estatal (CAE) con 0% de interés”, enDiario Electrónico El Mostrador http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/08/19/fundamentos-para-un-credito-con-aval-estatal-cae-con-0-de-interes/ 18 19.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH V. Política Pública violatoria del derecho a la educación consagrado en el PIDESCSe ha hecho un lugar común en la política y en el derecho chileno el tratar el derecho a laeducación como fenómeno económico y no jurídico. Esto implica que se trate al mismocomo un bien económico que se tranza en el mercado y respecto del cual se verifica unaoferta y una demanda, siendo absolutamente admisible, e incluso deseado, que se pagueun precio por el acceso a este bien33.Numerosos estudios y publicaciones promueven una comprensión de la actividad de laeducación superior como si fuese un mercado. Se habla incluso del mercado universitarioy de la compra y venta de instituciones de educación superior como si se tratase defenómenos estrictamente económicos34.El Relator Especial para el Derecho a la Educación, señor Vernor Muñoz Villalobos, ha sidomuy claro en señalar que el derecho a la educación impide que la educación sea vistacomo un bien de consumo. Por otra parte la Cumbre Mundial de la Educación Superior haresuelto que la educación no puede quedar sujeta a las reglas de las “fabricas de grado”35.Como nos enseña Malik36 numerosos textos de la ONU subrayan la primacía de losderechos humanos sobre los acuerdos económicos: “La Subcomisión de la Promoción y la Protección de Derechos Humanos recuerda a todos los gobiernos: <<la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos en virtud del derecho internacional, por encima de las33 TOMASEVSKI, Katarina, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe preliminar de la Relatora Especialsobre el derecho..” ob., cit., pág., 7, ha dicho en esta materia: “Algunos economistas clasifican la financiación pública dela educación como un gasto, mientras que para otros es una inversión. Tanto los economistas como los juristas pueden,explícita o implícitamente, definir la educación como un bien que puede comerciarse a cambio de un precio, y no comoun derecho. Esas diferencias en la terminología y en los conceptos subyacentes demuestran la necesidad de promover,de manera amplia y sistemática, el enfoque de la educación conforme con los principios de derechos humanos, a fin deintegrar esos derechos en las políticas y leyes nacionales vigentes en materia de educación, así como en las estrategias ylos mecanismos de supervisión internacionales”.34 Véase por todos los estudios de José Joaquín Brunner en http://www.brunner.cl/35 Véase el comunicado final de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en París en julio de 2009en http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf36 OZDEN, Malik, “Un desafío de la ONU para adoptar…” ob., cit. (versión en línea) 19 20.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGH políticas y acuerdos económicos, y les pide que tengan plenamente en cuenta, en la instancias económicas nacionales, regionales e internacionales, las obligaciones y principios internacionales relativos a los derechos humanos cuando formulan políticas económicas internacionales>>; El CODESC, con ocasión de la tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, invita encarecidamente a la OMC a: <<emprender un examen de toda la gama de políticas y normas internacionales de comercio e inversiones, a fin de asegurar que sean compatibles con los tratados, la legislación y las políticas vigentes encaminados a proteger y promover todos los derechos humanos.>>”.En términos prácticos esto implica que la política pública que se impulsa y aprueba por elGobierno en materia de educación no puede privilegiar la visión de la misma como unbien transable en el mercado educacional. Hacerlo constituye una seria amenaza para laeficacia de la vigencia del derecho a la educación y podría ser constitutiva de una violaciónal deber jurídico del Estado de propender a la gratuidad del acceso a la educación en susdistintos niveles.Se ha establecido en este aspecto una clarísima vinculación entre educación de pago ypobreza: “Hacer responsables a las familias y las comunidades de la financiación de laeducación aumenta las diferencias entre los ricos y los pobres”37.Lo mismo se ha planteado respecto a la relación entre educación de pago e igualdad: “Unamirada al último medio siglo muestra que movimientos poderosos se opusieron a lasegregación racial y lograron que se prohibiera la discriminación racial y se impusiese a losgobiernos la obligación de eliminarla. Sin embargo, en lugar de desaparecer, lasegregación ha cambiado. Los límites de la pertenencia ya no se establecen en la ley, sino37 TOMASEVSKI, Katarina, LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN…ob.,cit. pág., 10. 20 21.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHque quedan determinados por el poder adquisitivo y se pone de manifiesto en el perfilracial de la segregación residencial y en la matriculación de las escuelas privadas”38.El caso de la educación primaria analizado por la Relatoría especial muestra la amenazaque presenta para el derecho a la educación el libre mercado: “Uno de los principalesmotivos para incluir la educación entre los derechos humanos era que su realización nodependiese del mercado libre, donde el acceso a la educación está determinado por elpoder adquisitivo. Las dificultades recientes para mantener este principio handeterminado un cambio en el vocabulario; el derecho a la educación se ha sustituido porel acceso a la educación y la obligación de los gobiernos de velar por que al menos laenseñanza obligatoria sea gratuita se ha atenuado colocando la palabra gratuita entrecomillas (educación "gratuita")… La base del derecho a la educación es un sistema en elque la educación sea gratuita en los lugares donde se imparte, como ejercicio de underecho y no en función de la capacidad de cada uno para costeársela… esta diferencia esesencial desde la perspectiva de los derechos humanos porque el libre comercio nocontempla ninguna salvaguardia para los derechos de los pobres”39.En Chile el Gobierno y los economistas neoliberales insisten en desconocer este fenómenoy defienden el pago, el lucro y demonizan la intervención del Estado como proveedor deservicios educativos gratuitos: “El lucro, entendido como ganancia legítima que obtiene eldueño de un establecimiento educacional privado, contribuye a asegurar la ofertamarginal óptima de educación en sus distintos niveles y tipos. Finalmente, el Estado es elgestor clave que, mediante regulaciones, garantías y subsidios, articula todo el sistemapara lograr que cumpla con los objetivos de calidad, eficiencia y equidad”40.38 TOMASEVSKI, Katarina, LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN…ob.,cit. pág., 26.39 TOMASEVSKI, Katarina, LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN…”ob.cit., pág., 740 LÜDERS, Rolf, “Financiamiento de la Educación”, Diario La Tercera, Columnas de opinión, versión digitalhttp://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2011/08/895-387195-9-financiamiento-de-laeducacion.shtml 21 22.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHCon el fin de justificar dicho lucro se ha puesto énfasis en que lo relevante es la calidad delservicio, discurso presente incluso en las esferas del Gobierno41.Por otra parte los organismos internacionales de Derechos Humanos están habilitadospara evaluar la Política Pública. Cuestión que en relación con el derecho a la educación hasido defendida por la Relatoría Especial: “la Relatora Especial tiene intención de llevar acabo un análisis completo de la evolución de las políticas y los modelos de ayuda para laeducación como manera de aumentar la capacidad de los gobiernos a fin de que cumplansus obligaciones con respecto al derecho a la educación… La labor de los gobiernosconsiste en elaborar una estrategia de educación, regular la enseñanza fijando y aplicandonormas mínimas, llevar a cabo una supervisión permanente y tomar medidas correctivascuando proceda”42.Incluso se ha resuelto que los tribunales internos cuentan con esta potestad: “En Brasil, elTribunal Supremo Federal consideró en 2005 que el Estado estaba obligado a garantizar elacceso a las guarderías y los jardines de infancia a los niños de entre 0 y 6 años de edad deconformidad con la Constitución. Se recurrió al Tribunal en relación con ese asunto en elmarco de una acción civil pública sobre el derecho a la educación de los niños. El Tribunalsubrayó que, en las situaciones en que los poderes administrativos no protegían losderechos sociales mediante políticas adecuadas de carácter público, correspondía a lostribunales proteger los derechos económicos, sociales y culturales”43.Existe actualmente en la sociedad chilena un debate político en relación con la educación,sosteniendo los actores involucrados (asociaciones universitarias, secundarias, colegio deprofesores y el movimiento ciudadano) que estamos en presencia de una crisis del sistema41 Véase al respecto http://www.mineduc.cl/biblio/documento/201005281057370.MINEDUC%20341%20.pdfPara una visión contrapuesta sobre los efectos positivos del lucro en la actividad universitaria véase los artículos delrector de la Universidad Icesi de Colombia, Francisco Piedrahita, en http://www.icesi.edu.co/unicesi/categoria/especial-ley30/42 TOMASEVSKI, Katarina, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consejo Económico y Social. Informepreliminar de la Relatora Especial sobre el derecho..” ob., cit., págs., 9 y 11.Véase para esta materia el clarificador artículo de PEREZ MURCIA, Luis Eduardo, “La exigibilidad del derecho a laeducación a partir del diseño y la ejecución de las políticas educativas”, en revista Estudios Socio-Jurídicos, número 9,abril de 2007, págs., 142-165, Colombia, versión en línea.43 Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: EXIGIBLES y JUSTICIABLES…ob. cit., pág., 17. 22 23.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHde educación superior chileno44. La propuesta gubernamental respecto del sistemaeducacional así como el debate que se ha venido generando usa un determinado lenguaje,el de la racionalidad económica neoliberal. La propuesta gubernativa adopta el enfoquede bienes, oferta, demanda, satisfacción del cliente. Así se refiere a la educación como unbien público, a los “bienes públicos” que genera la educación, al mercado universitario, afinanciar la oferta o financiar la demanda, etc., etc.La demanda ciudadana no es de perfeccionamiento del mercado, el problema de laeducación chilena no es si puede o no un particular proveer lo que los economistas llamanbienes públicos, la cuestión a debatir es si el Gobierno y el Estado está o no cumpliendocon su deber jurídico y político de satisfacer el derecho a la educación45.Incluso el Instituto de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y ha llamado a nodesperdiciar la oportunidad histórica de avanzar en la protección del derecho a laeducación46.La crisis se constituye a partir del nivel de endeudamiento que está experimentando lafamilia chilena para educar a sus hijos en la universidad y la educación superior técnico-profesional y por la mala calidad de la formación proporcionada por universidades,institutos profesionales y centros de formación técnica que persiguen fines de lucro. En elcaso de las universidades se incurre además en una flagrante violación de la ley porqueella prohíbe el lucro en la actividad universitaria.Las autoridades chilenas vienen incurriendo en la confusión identificada y descrita por laRelatoría Especial entre ocuparse de la educación y atender y satisfacer el derecho a laeducación. Ambas tareas no son idénticas y pueden incluso llegar a ser opuestas. Así por44 Para una síntesis de lo acontecido en las últimas semanas puede consultarse el artículo publicado por el diariooficialista La Tercera, “Los nuevos pasos de Bulnes y La Moneda” versión digital http://diario.latercera.com/ 2011/08/20/01/ contenido/reportajes/25-80746-9-los-nuevos-pasos-de-bulnes-y-la-moneda.shtmldías45 El día domingo 21 de agosto se realizó una multitudinaria manifestación en apoyo de esta demanda ciudadana, que hasido calificada como histórica desde el punto de vista de su pasividad. Véase para ilustración de la mismahttp://www.cnnchile.com/nacional/2011/08/21/artistas-entregaron-un-mensaje-para-mejorar-la-calidad-en-la-educacion/46 “INHD hace llamado a asumir oportunidad histórica para mejorar la educación en Chile”, en http://www.indh.cl/indh-hace-llamado-a-asumir-oportunidad-historica-para-mejorar-la-educacion-en-chile Para conocer esta institución y susfacultades puede consultarse la ley 20.405 en http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2010/10/ley20405.pdf 23 24.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHejemplo el fomento de la fundación de escuelas pagadas para aumentar la coberturaeducacional no implica fomentar el derecho a la educación47.Cabe hacer presente que ya se han formulado críticas al Estado de Chile en esta materia,según da cuenta la obra Compilación de observaciones finales del Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004). Se señala a este respecto: “28. Aunque tiene en cuenta los progresos realizados enla cobertura de educación, el Comité está preocupado por la calidad dispar de laeducación que se imparte en las escuelas públicas y privadas, así como por las tasas dedeserción relativamente altas, especialmente entre las adolescentes”; 58. El Comitérecomienda al Estado Parte que siga intensificando sus esfuerzos por mejorar la calidad dela educación en las escuelas públicas y que aborde la cuestión de la deserción,especialmente entre las adolescentes, por ejemplo prestando el apoyo adecuado a lasmadres adolescentes para que puedan seguir sus estudios”; “201. Al referirse a laaplicación de los artículos 13 y 14 del Pacto, los miembros del Comité preguntaron cuáleseran las tasas de alfabetización, si el conjunto de la población tenía acceso a los tresniveles de educación, por qué subvencionaba el Gobierno las escuelas privadas en vez depromover las escuelas públicas, en qué medida se impartía educación gratuita en lossectores público y privado, si todos tenían acceso a la universidad y qué asistencia seprestaba con tal fin”48.Ante la demanda ciudadana el Gobierno ha decidido inyectar recursos al sistemaofreciendo gastar entre los años de 2012 y 2018 cuatro mil millones de dólares. Tal comose planteó la solución a la ciudadanía, quedó de manifiesto que se adoptó una pura ópticade mercado. Para el señor Presidente de la República y el ministro de Educación el asuntoes un puro problema de precio del dinero que se pide para comprar el servicio47 En materia de educación primaria puede ocurrir perfectamente que “los costos tienen por consecuencia eludir laobligación explícita de derechos humanos de que la educación primaria debe ser gratuita” TOMASEVSKI, Katarina, “LosDerechos Económicos, Sociales y Culturales. Consejo Económico y Social. Informe preliminar de la Relatora Especialsobre el derecho..” ob., cit., pág., 13. Véase también la reflexión de la Corte Constitucional de Colombia a este respectoen http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2027%20Comunicado%2019%20de%20mayo%20de%202010.php48 PNUD, OHCHR, Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalessobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004). Santiago de Chile, Noviembre de 2004. El subrayado es nuestro. 24 25.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHeducacional y de cómo subsidiar la demanda. Por eso se propone rebajar la tasa de interésy aumentar las becas.Con esta fecha se han anunciado la remisión al Congreso Nacional de proyectos de leydestinados a regular la materia como si se tratara de una prestación de servicios sometidaa las leyes de la oferta y la demanda. No hay ninguna mención a que se esté procurandocumplir con los deberes jurídicos del Estado para satisfacer el derecho a la educación delque es titular la población de Chile49.El Gobierno a través del Ministro de Educación señaló que el año 2011 es el año de larevolución de la Educación Superior. De prosperar esta Política Pública se estaría dañandogravemente la eficacia de la vigencia del derecho a la educación porque se buscarálegitimar por el propio Estado que debe pagarse un precio por el bien económicoeducación.La práctica y la legislación han hecho que sea un ente de carácter estrictamenteeconómico como es el Servicio Nacional del Consumidor el que vele por la relacióncontractual entre el estudiante y la entidad de educación. De manera tal que se haadmitido que los ciudadanos demanden por incumplimiento de contrato, como si setratase de un negocio mercantil, a las universidades, institutos profesionales y centros deformación técnica.Con la misma fuerza que se promueve esta práctica procesal se niega para el derecho a laeducación la acción constitucional que protege los derechos en Chile, el denominadorecurso de protección. No existe mecanismo judicial alguno que permita a los ciudadanosbuscar amparo ante las violaciones por parte del Estado o de particulares de su derecho ala educación.El Gobierno presentó a la opinión pública el denominado Gran Acuerdo Nacional por laEducación (GANE) que implicará mayor volumen de recursos para becas, disminución delas tasas de interés que cobran la banca que interviene en el negocio del préstamo de49 Para una aproximación al debate público puede verse el siguiente video: Una de las protagonistas del debate, Ena VonBaer, fue Ministra del Gobierno hasta el mes pasado y actualmente es senadora. Francisco Figueroa es vicepresidente dela FECH (Debate en Bienvenidos… http://www.publimetro.cl/nota/ espectaculos/video-asi-fue-el-algido-debate-entre-senadora-von-baer-y-dirigente-de-la-fech-en-bienvenidos/xIQkhs!G5NDscUJrxlxE/) 25 26.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHdinero para educarse, ampliación de las becas en Institutos Profesionales y Centros deFormación Técnicas, instituciones autorizadas para perseguir fines de lucro. Con el fin detutelar estas prácticas se propone crear una Superintendencia de Educación Superior yuna Subsecretaría de Educación Superior.Respecto de esta materia la Relatoría Especial afirma que: “El Comité de DerechosHumanos ha sostenido que el Estado no actúa de manera discriminatoria cuandoproporciona a las escuelas privadas subsidios inferiores que a las escuelas públicas. LaComisión Europea de Derechos Humanos ha considerado que no se requiere subvencionarla educación privada de un determinado tipo o nivel”50.Se propone del mismo modo aumentar los recursos de las universidades estatales. La casitotalidad de ellas recibe actualmente del estado menos del 20% de los ingresos querequieren para desarrollar sus actividades. También aumentar los recursos para lasllamadas universidades privadas tradicionales que se caracterizan por no perseguir finesde lucro. El gasto público en educación superior en los países de la OCDE llega a un 1,3%de su PIB en promedio, y el chileno es de un 0,3%.La cuestión para efectos de esta presentación es que el llamado GANE, es decir la políticapública que se pretende llevar a cabo, no responde la pregunta de ¿Cómo enfrenta esteplan la superación del carácter regresivo que tiene el actual modelo de educación? A la luzde los deberes jurídicos específicos del Estado esta política pública carece de fundamentoy pone en evidencia la falta de voluntad del Gobierno de turno de cumplir con susobligaciones.Actualmente está incurriendo el Estado de Chile en una violación de la normativa delPIDESC: la prohibición de retroceso en lo tocante a la eficacia del derecho a la educación.Pasar de la gratuidad y el arancel diferenciado a una educación superior pagada es un casoevidente de menor protección del derecho. Lo que cabe es el restablecimiento de losniveles de protección del derecho a la educación que alcanzamos y que se deje de violarpor el Estado la prohibición de retroceso: Cabe recordar que el artículo 13 del PIDESC50 TOMASEVSKI, Katarina, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consejo Económico y Social. Informepreliminar de la Relatora Especial sobre el derecho..” ob., cit., pág., 20. 26 27.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHdispone que la enseñanza superior “debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre labase de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular,por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.¿Cómo termina la propuesta del Gobierno con la discriminación socioeconómicaactualmente existente? Por disposición del PIDESC (art. 2) el Estado de Chile está obligadoa garantizar el ejercicio del derecho sin discriminación alguna por razones de origen social,posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social. También está obligadoa proteger con medidas concretas a los sectores más vulnerables. Las medidas propuestasno apuntan a que las universidades estatales terminen con la discriminación actualmenteexistente. No se ha logrado determinar cómo contribuye el GANE a terminar con estaodiosa discriminación.Cabe recordar el dato señalado por Manuel Riesco. “el aporte de las familias alfinanciamiento de la educación superior alcanzó el 2009 a casi 1,5 billones de pesos. Estacifra representa cerca de un 40 por ciento del total de impuestos a la renta pagados portodas las empresas y personas pudientes ese mismo año, según el Servicio de ImpuestosInternos”51.El Estado tiene el deber jurídico de adecuar el marco legal para posibilitar el ejercicio delderecho así como proveer recursos judiciales y otros recursos efectivos para garantizar lavigencia del derecho. No hay ningún avance en esta materia. Se propone realizar unareforma constitucional que garantice la calidad de la educación, pero, no se muestradispuesto el Gobierno a crear la acción constitucional que la garantice.De acuerdo con el PIDESC el Estado debe producir y publicitar información sobre elderecho a la educación. La propuesta GANE no contempla medidas para cumplir con estaobligación.Por cierto el deber no se cumple informando sobre oferta y demanda de servicioseducacionales y sobre empleabilidad, ello es una exigencia del adecuado funcionamientode un mercado. El deber jurídico se cumple informando a la población sobre el contenido51 RIESCO, Manuel, “NEGA”… ob., cit. 27 28.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHdel derecho, las medidas gubernamentales para satisfacerlo y los instrumentos con quecuenta la población para su protecciónEl Estado está obligado a destinar el máximo de los recursos disponibles para susatisfacción. Es de todos conocidos que parte de los recursos que invierte el Estado eneducación no terminan en las universidades estatales sino en los bancos o enuniversidades privadas con fines de lucro y dudosa calidad ¿Cuando parte de los recursosfiscales terminan en las arcas de los bancos se gasta de acuerdo con el deber jurídicoestatal?52.El GANE no contempla medida alguna que termine con esta fuga de recursos desde elEstado a la banca: Si los recursos son escasos, entonces, no se puede admitir que eso quees escaso termine siendo parte importante del lucro de la banca y de los empresarios de laeducación53.La política pública GANE no implica adoptar una estrategia nacional en que se definan losobjetivos para el desarrollo de las condiciones de acceso, se establezcan los recursos deque se va a disponer, la forma eficaz y equitativa de invertirlos, así como las metas clarasde avance y su correspondiente sistema de control. No constituye un Plan Nacional deDesarrollo de la Educación Superior Estatal.El Estado está obligado a participar en las instancias internacionales de cooperaciónrelativas al derecho de la educación. El GANE no considera una mayor vinculación con laspolíticas impulsadas desde la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales.52 Señala RIESCO, MANUEL ...ob., cit. en este punto: “El escándalo es mayor si se considera que entre el 2006 y 2010 losrecargos promediaron casi un 40 por ciento de los CAE recomprados, sin embargo el 2011, dicho porcentaje se redujo ¡alseis por ciento! En otras palabras, los arrogantes tecnócratas de Hacienda que diseñaron este mecanismo y estuvieron acargo de esta gestión, la que fue visada cada año por los Ministros de Hacienda y Educación, estuvieron pagandodecenas de miles de millones de pesos de más cada año a los bancos, desembolsando una cifra total equivalente al gastofiscal en educación el año 2010”.53 Véase el Informe del Banco Mundial al respecto en https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_g26qqidiXpM2ZkZWNhNzktMTJjOS00MzhmLTkyMGEtZmU5Njk2MWI1ZTFi&hl=esEl mismo RIESCO, Manuel en su articulo “De Lota a Seul” muestra el caso de una exitosa gestión estatal en materia deeducación superior técnico—profesional (http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/de-lota-seul.html) 28 29.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHEn el año 2004 la Relatoría Especial llamaba la atención sobre los peligros que el librecomercio y la visión de la educación como servicio entrañaban para la educaciónsecundaria y superior: “En el último decenio no se ha hecho referencia al derecho a laeducación secundaria y universitaria en los documentos internacionales sobre estrategiaen materia de educación, como tampoco en las resoluciones recientes de la Comisión deDerechos Humanos, con lo cual ese derecho corre el peligro de caer en el olvido y detransformarse plena y definitivamente en servicios objeto de comercio”54. Para el caso deChile ese peligro se ha verificado: corremos el riesgo como sociedad que la Política Públicaque actualmente se impulsa por el Gobierno, y que suscita respaldo en parte del CongresoNacional, consolide como legítima una visión de la actividad educacional comooportunidad de negocio y no como satisfacción del derecho a la educación55.El Gobierno y parlamentarios que lo apoyan han sido majaderos en sostener que lacuestión a debatir es la calidad del servicio prestado y no el lucro o el valor que se pagapor el mismo. El problema no es que se deba pagar por educación, sino, que lo que sereciba a cambio sea de mala calidad. Por lo tanto, la solución al problema pasa, según sucriterio, por crear mecanismos que velen por la calidad y no por cuestionar el lucro o elpago al que designa como “legítima ganancia”. De acuerdo con esta lógica si para alcanzarla educación de calidad se requiere de elevados aranceles, deberán pagarse por quienesaspiren a dicha formación de calidad ¿y los que no puedan pagar? ¿y los que no quierenfortalecer un sistema privado que lucra ofreciendo a cambio calidad? ¿y el deber jurídicodel Estado de proveer educación estatal cómo se cumple en este caso? 56.54 TOMASEVSKI, Katarina, Consejo Económico y Social…” ob. cit., pág. 9.55 Para acceder a los documentos que ha generado este debate ciudadano en torno a la errada política pública delGobierno puede consultarse con gran provecho la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile(http://fech.cl/blog/2011/07/28/compilado-documentos-de-interes-movilizaciones-2011-2/?utm_source=fechcl-home&amp;utm_medium=click&amp;utm_campaign=compilado) Para una última información sobre este tema véasehttp://diario.latercera.com/2011/08/21/01/contenido/pais/31-80904-9-rn-inicia-ofensiva-en-defensa-del-lucro-en-educacion.shtml56 En octubre del año 2010 el investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, señalaba que el mercadouniversitario chileno mueve dos billones de pesos, de los cuales sólo 0,19 billones provienen del Estado y el resto de losaranceles que pagan los estudiantes. http://www.latercera.com:80/noticia/educacion/2010/10/657-302258-9-advierten-sobre-importancia-del-mercado-universitario-en-la-economia-nacional.shtml 29 30.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHFinalmente cabe rememorar que por resolución 2000/7 del 17/08/2000, la CDH“…recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechoshumanos sobre las políticas y los acuerdos económicos…".VI. Represión desmedida del Gobierno ante la demanda por una educación públicagratuita y de calidadLa UNICEF57 ya presentó ante el Gobierno de Chile su preocupación por la accióngubernamental en contra de la movilización estudiantil, pues el “uso excesivo de la fuerza” haimplicado un atentado en contra de los derechos de los jóvenes, niños y niñas58 que semanifiestan para rechazar el actual modelo educativo tanto a nivel primario, secundario comode educación superior.Se mantiene por niños una huelga de hambre que está poniendo en serio riesgo sus vidas59.Está en curso una querella criminal en contra de las autoridades políticas (Ministro del Interiore Intendenta de Santiago)60 que investiga el fiscal Ernesto Vásquez61 y se presentó unaacusación constitucional en contra del Ministro del Interior por la violencia excesiva57 La declaración en http://www.unicef.cl/unicef/index.php. La opinión pública ya ha tenido noticias de esta declaración.Véase http://www.youtube.com/watch?v=V6ubi2x63Hg&feature=player_embedded#! yhttp://es.noticias.yahoo.com/unicef-preocupada-estudiantes-chilenos-huelga-hambre-161949474.htmlLo propio ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA quien ha solicitado información alEstado de Chile: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sus relatorías de Derechos de la Niñez yde Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en lasmanifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile, el jueves 4 de agosto, que habrían significado la detención y usodesproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios yuniversitarios”.Véase también la reacción de CLADE en http://www.campanaderechoeducacion.org/news.php?i=62358 Este video presenta un testimonio de un violación grave de los derechos de las niñas que protestan por el término dellucro http://www.elmostrador.cl/multimedia/2011/08/22/las-ninas-documental-movimiento-estudiantil/59 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/08/23/estudiar-o-comer-asi-vive-una-madre-los-36-dias-de-huelga-de-hambre-en-buin/60 http://latercera.com/noticia/nacional/2011/08/680-384387-9-interponen-querella-contra-hinzpeter-por-proceder-de-la-policia-en-marcha-no.shtmlhttp://www.eldinamo.cl/tema/camila-vallejo/page/3/61 http://tele13.13.cl/nacional/fiscalia-centro-norte-investigara-querella-presentada-contra-hinzpeterhttp://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/08/680-385627-9-designan-a-fiscal-para-investigar-accionar-policial-en-manifestaciones.shtml 30 31.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHdesplegada por las fuerzas policiales contra los manifestantes62. Incluso se ha dado un caso deintento de involucrar a un dirigente estudiantil en un delito de lesiones contra un agentepolicial63.SINTESIS DE LA PRESENTACIONLas organizaciones de base nos hemos propuesto poner en conocimiento del señorRelator Especial para el derecho a la Educación, la situación que se está viviendo en Chileen este momento y que implica una amenaza real para derechos civiles y políticos, asícomo para el derecho a la educación, a propósito de la intención del Gobierno de turno decimentar el actual modelo de Educación Superior y legitimar prácticas ilegales, perotoleradas por Gobiernos anteriores. Esa amenaza se configura por la decisión del Gobiernode ejecutar una política pública en materia de Educación Superior notoriamente contrariaa los deberes jurídicos de tipo genérico y especifico que tiene el Estado de Chile comoEstado obligado por el PIDESC.El Estado de Chile se prepara para aprobar un sistema de acceso que asume una visiónmercantilista de la Educación Superior y que atenta abiertamente contra la obligación deavanzar progresivamente hacia la gratuidad.ASOCIACIONES QUE REALIZAN ESTA PRESENTACIONAsociación de Académicos Universidad de Chile Presidente Héctor Adarmes,(ACAUCH) Rodrigo Bustamante, Jose B. Ojeda, Leonardo GaeteAsociación de Académicos, Universidad de Antofagasta Presidente Douglas Fuenteseca, Olga Grandón, Juan SheeAsociación de Académicos Universidad del Bío-Bío, Presidente, Francisco sede Chillán CisternaForo de Educación Nacional Francis Valverde Mosquerapara Todos62 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/08/09/diputados-de-oposicion-presentan-acusacion-constitucional-contra-hinzpeter-por-uso-imprudente-de-la-fuerza-publica-contra-estudiantes/63 http://www.elciudadano.cl/2011/07/24/declaracion-de-secretario-general-de-la-fec-desde-la-carcel/ 31 32.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHLos profesores abajo individualizados trabajadores en distintas universidades del país(Universidad de La Serena, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,Universidad de Los Lagos, Universidad Austral de Chile) vienen en adherir a lapresentación que realizan por esta acto las Asociaciones de Académicos reciénindividualizadas.ADHERENTES A LA PRESENTACIONNOMBRE ACADÉMICO RUT UNIVERSIDAD DEPARTAMENTOEDGARDO CARABANTESGEORGINA GARCIA ESCALA RUT. 7.543.442-1 UNIVERSIDAD DE LA SERENA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNMIGUEL DAVID RAMIREZ RUT. 5.280504-K UNIVERSIDAD AUSTRAL DE INSTITUTO DE ECONOMÍA.CARVAJAL CHILE.HÉCTOR RODRIGO LORCA 15.682.413-5 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DESOTO ANCHA DE LAS CIENCIAS DE LA MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA EDUCACIÓN (SEDE VALPARAÍSO)CAROLYN YESMINA SANHUEZA C.I.: 13.226.627-1 UNIVERSIDAD DE PLAYA CÁTEDRA PATOLOGÍACORTÉS ANCHA DE CIENCIAS DE LA INTERNA Y PATOLOGÍA EDUCACION EXTERNA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CARRERA DE KINESIOLOGÍA SALUDERICH HARRY RUDOLPH RUT : 6.317.794-6 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DEPARTAMENTO DE CIENCIASLATORRE BÁSICASJUAN ALEJANDRO CAMUS 4.325.134-1 U. DE PLAYA ANCHA DE DEPARTAMENTO DE QUIMICAARANCIBIA CIENCIAS DE LA EDUCACION . VALPARAISO-CHILE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS.JAIME RICARDO RAU ACUÑA RUT 5.918.434-2 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS OSORNO BÁSICASHERNÁN F. ZÚÑIGA ABRAHAM 12.004.590 - 3 UNIVERSIDAD DE PLAYA INSTITUTO TECNOLÓGICO - ANCHA DE CIENCIAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES EDUCACIONCARLOS IVÁN GONZÁLEZ RUT: 6.620.952-0 UNIVERSIDAD DE PLAYA FACULTAD DE CIENCIASMORALES ANCHA DE CIENCIAS DE LA NATURALES Y EXACTAS EDUCACION. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA.JAIME PATRICIO CALDERÓN 2- RUT. : 5304659-2 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DE CIENCIASMUÑOZ ANCHA, VALPARAÍSO. DE LA EDUCACIÓN.CLAUDIA PATRICIA ULLOA RUT : 9.986.494-K UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO :ESPINOZA ANCHA DE CIENCIAS DE LA CARRERAS VESPERTINAS - EDUCACION SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.-JAVIERA CARMONA JIMÉNEZ RUT: 12.265.631-5 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANCHA DE CIENCIAS DE LA DE LA COMUNICACIÓN EDUCACIONVERÓNICA DELGADO 8 142 459 - 4 UNIVERSIDAD DE PLAYA FACULTAD CIENCIAS DE LAMAYORGA ANCHA DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA 32 33.
Informe al Relator Especial don KISHORE SINGHRUT EDUCACION KINESIOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, FACULTAD MEDICINA, CARRERA MEDICINAJOHANA PATRICIA SOTO RUT. 13.539.642-7 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DESANCHEZ ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIONMARJORIE ANDREA 8.572.388-K UNIVERSIDAD DE PLAYA FACULTAD DE HUMANIDADESMARDONES LEIVA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓNVICTOR MANUEL MONTERO 12. 486. 489 - 5 UNIVERSIDAD DE PLAYA FACULTAD DE ARTES,CARRASCO ANCHA DE CIENCIAS DE LA DEPARTAMENTO DE TEATRO EDUCACIONARIADNA Z. E. COLLI HURTADO RUT : 5.082.737-2 UNIVERSIDAD DE LA SERENA, DEPARTAMENTO DE MÚSICAMARCO ANTONIO CORTEZ 12.482.299-8. UNIVERSIDAD DE LA SERENA. DEPARTAMENTO DEBUROTTO. EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPATAMENTE DE ARTESSOLANGE DEL CARMEN RUT: 8966686-4 ANCHA DE CIENCIAS DE LA ESCÉNICASDURÁN ELICER EDUCACIONRICARDO BERNARDO LOEBELL 2- RUT. 12.157757-7 UNIVERSIDAD DE PLAYA FACULTAD DE ARTESILVA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONRICHARD ALEXIS BRAVO 10. 743. 711 - 8 UNIVERSIDAD DE LA SERENA DEPARTAMENTO DEPIÑONES EDUCACIÓNYANOLA GONZALEZ DIAZ 7739696-9 UNIVERSIDAD DE LA SERENA DEPARTAMENTO DE EDUCACION. FACULTAD DE HUMANIDADESNOMBRE ACADÉMICO RUT UNIVERSIDAD DEPARTAMENTOPATRICIA FLOR DE LOURDES 10.635.813-3 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DEGONZÁLEZ SAN MARTÍN ANCHA DE CIENCIAS DE LA FILOSOFÍA, FACULTAD DE EDUCACION HUMANIDADES.GUISELA ANDREA MUNITA 11743872-4 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO ARTESMARTINEZ ANCHA DE CIENCIAS DE LA VISUALES, FACULTAD DE ARTE EDUCACION UPLACEDÁNGEL ELADIO BUSTOS 5.493.283-9 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DEBALLADARES ANCHA DE CIENCIAS DE LA PRÁCTICAS. FACULTAD DE EDUCACION EDUCACIÓNLAY-JAN CHAU ALCAÍNO 12.003.791-9 UNIVERSIDAD DE PLAYA CARRERAS VESPERTINAS. ANCHA DE CIENCIAS DE LA DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUMANIDADES.ELIZABETH GLORIA CHIAPPA 4530660-7 UNIVERSIDAD DE PLAYA DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍATAPIA ANCHA DE CIENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EDUCACION 33 Recommended
Propuestas de expertos en educación: ¿Fortalecen la educación o regulan el me...

References: artículo 8
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 8
 artículo 257
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 13
 resolución