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Timestamp: 2018-07-15 22:49:42+00:00

Document:
Periodistas de Derecho de la información
Sentencia mayo
Sentencia Nº:702/2011
Fecha Sentencia: 05/10/2011
Recurso Nº: 101/2010
El día 13 de febrero del 2008 el programa de Telecinco “Está Pasando” realizó unas declaraciones en las que afirmaban que “Pulpo”, jugador del Real Madrid, mantenía una bonita relación amorosa con un chico. Asimismo, acompañaron estas declaraciones con diversas fotos del futbolista en eventos, sacadas de la revista Cuore. Además, ese mismo día, Telecinco publicó en su web la misma información, afirmando que sin lugar a dudas, el jugador del Real Madrid mantiene una relación con un hombre, y que quizás este fuese el motivo de sus separación.
Es por esto que don Elías, “Pulpo”, interpone una demanda hacia GESTEVISIÓN TELECINCO S.A. por una intromisión ilegítima en los derechos al honor e intimidad personal y familiar del actor. El demandante pedía que Telecinco publicase el fallo de la sentencia en dos periódicos de ámbito nacional, en su página web, y que fuese leído en el programa donde se emitió tal información, “Está pasando”.
Gestevisión S.A. se opuso a las pretensiones frente a la misma deducidas, alegando que los comentarios a que el Sr. Elías se refería tenían su origen en las publicaciones de la revista Cuore, sin que ellos fuesen responsables. Los comentarios de su web no se consideran ofensivos por imputársele la condición de homosexual, el programa sólo muestra la sorpresa ante la noticia, siendo de interés público al tratarse el protagonista de un deportista famoso.
El artículo de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo señala que el derecho fundamental al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica, y precisa el artículo 7.7 del mismo texto legal, se consideran intromisiones ilegítimas en el derecho al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
La publicación en la página web de Telecinco y los comentarios del programa “Está pasando” insinúan la existencia de una relación extramatrimonial del demandante que en ningún caso vendría amparada por la libertad de expresión e información, ya que según señala el Tribunal Supremo en sentencia 26/07/2006, no se trata de derechos absolutos, ya que se diferencia entre libertad de expresión (emisión de juicios y opiniones) y libertad de información (publicación de hechos o noticias). La libertad de expresión tiene como límite la ausencia de expresiones injuriosas sin relación con la idea que expresan y que resultan innecesarias para la exposición de las mismas. El derecho a la libertad de información tiene la protección constitucional en cuanto trate sobre informaciones veraces ( en este caso no se probó la existencia de relaciones extramatrimoniales).
La parte demandada alega que es de aplicación la doctrina del reportaje neutral, ya que hicieron eco de una publicación de la revista Cuore. Pero no se limitaron a publicar las manifestaciones de un tercero, si no que las ampliaron y realizaron insinuaciones sobre la orientación sexual del actor y la posible existencia de una relación extramatrimonial. El director del programa declaró que el “cebo” emitido es de 17”, mientras que el reportaje de 90” no se emitió después de la llamada de la hermana del actor desmintiendo la noticia.
Gestevisión Telecinco S.A. hizo suya en la forma que entendió más acorde a su interés la noticia dada por un tercero. No encontrándonos ante un supuesto de reportaje neutral hay que examinar si la libertad de expresión ampara el contenido de los manifestantes litigiosos, no resultando en consecuencia las mismas atentatorias, en primero lugar, al honor de este. Cuando un personaje se manifiesta heterosexual y se dice que es homosexual, sin que sea lícito efectuar suposiciones sobre la vida privada y expresión sexual, siendo precisamente la atribución no querida por el sujeto sobre quien recae la información acerca de una conducta sexual, lo que origina la vulneración del derecho al honor y ello con independencia de la veracidad o no de la información, que resulta indiferente para ponderar la concurrencia de la lesión”.
En base a esto consideramos que las manifestaciones recogidas en “Está pasando” y en la web de Telecinco www.telecinco.es constituyen un ataque al honor de d. Elías, como entendió la juzgadora de instancia, compartiendo así lo manifestado por ella en la resolución recurrida.
Estimando el recurso de apelación formulado por el procurador de los tribunales Sr. Sánchez-Puelles y González Carvajal, contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado 1º Instancia nº4 Majadadonda (26/11/2008) revoca la misma en sentido de que la cantidad en que debe ser indemnizado d. Elías por parte de Gestevisión S.A. es en 75.000€.
En opinión de la entidad recurrente, la excepción de falta de legitimación pasiva pues la titularidad del dominio www.telecinco.es no es título suficiente como para imputarle responsabilidad respecto de contenidos que Telecinco no gestiona ni edita. Estima que los derechos al honor e intimidad personal y familiar del Sr. Elías no han sido vulnerados teniendo en cuenta los usos sociales del propio actor, quien ha propiciado una intensa relación con la prensa de corazón, dando a conocer aspectos íntimos de su vida.
è Infracción del artículo 93 Ley Orgánica 1/82.
è Infracción del artículo 394 Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. (motivo inadmitido)
Por auto de 30/11/2010 se admitió el recurso de casación interpuesto por Gestevisión Telecinco S.A., admitir el motivo primero del recurso de casación interpuesto por D. Elías y no admitir el motivo segundo del recurso de casación interpuesto por D. Elías.
Entre los motivos de oposición está la legitimación pasiva de Telecinco S.A. en el presente procedimiento, la web www.telecinco.es figura identificada bajo el logotipo de Telecinco, por lo que a falta de prueba en contrario, ha de entenderse que Gestevisión Telecinco es la sociedad del grupo Telecinco y avala los contenidos alojados en dicha página.
La inexistencia de la infracción del artículo 20 CE en relación con el artículo 18 CE, no prevalece la libertad de información, ya que esta era falsa. Si es homosexual, si engaña a su mujer o si le gustan lo hombres no es informar sobre cuestiones de interés público necesarios en un estado democrático.
El Tribunal Constitucional señala en sentencia 197/1991 que no toda la información que se refiere a una persona con notoriedad pública está amparada por el derecho a la información, ya que además el elemento subjetivo de carácter público de la persona afectada, se requiere que los hechos constituídos de la información no afecten a la intimidad.
La libertad de información exige que la información divulgada sea veraz y de relevancia pública, de interés general por las materias a las que se refiere y por las personas que en ellas intervenga. Cuando el sujeto tiene una proyección política o social determinada su protección al derecho al honor disminuye.
El TS y TC consideran que cuando se informa sobre algo tiene un interés público, la libertad de expresión no protege la mera curiosidad ajena, ni el derecho a la información autoriza el insulto, sin que desde luego el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución ampare la información sobre datos pertenecientes a la vida íntima de las personas, aunque estos hechos puedan ser veraces.
En conclusión, el comportamiento de “Está pasando” es reprobable, porque sabiendo que la información que estaban publicando era falsa, la difundieron igualmente, a través del programa y mediante su página web, donde el daño es mayor debido a su permanencia. Aunque se intente excusar afirmando que la caracterización de homosexual no es ningún ataque hacia su persona, el ataque existe dado que se le atribuye una condición sexual diferente a la que el reconoce. Así, se produce un daño en su honor e intimidad, ya que el señor Elías estaba casado en el momento en que surgieron esas declaraciones.
El artículo 93 Ley Orgánica 1/1982 dice que “el prejuicio se presume cuando se ha producido la intromisión ilegítima, estableciendo como criterios las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión y el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”.
En relación con la resolución de la sentencia, considero que es acertada, ya que la divulgación en un programa de televisión de gran audiencia y a través de internet, donde existe una amplia difusión que se mantiene en el tiempo, refiriéndose a una persona casada y con hijos, refiriendo la existencia de una relación extramatrimonial, estimo equitativa la suma de indemnización de daños y prejuicios derivados de la intromisión ilegítima.
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Sentencia abril
Sentencia Nº: 299/2011
Fecha Sentencia: 05/05/2011
Recurso Nº: 1165/2008
Votación y Fallo: 06/04/2011
Ponente Excmo. Sr. D.: Jesús Corbal Fernández
Procedencia: AUD. PROV. SEVILLA
Escrito por: RSJ
Entre los días 24 y 29 de mayo del 2006, en el programa de Telecinco “Aquí hay tomate” se emitieron unas informaciones en las que se afirmaba que la Duquesa Cayetana Fitz James Stuart y Silva había sido infiel a su marido con Antonio “El Bailarín”, con quien supuestamente llegó a tener un hijo.
Como consecuencia de los hechos relatados la afectada, doña Cayetana, interpuso una demanda contra “Aquí hay tomate” en el Juzgado de Primera Instancia número quince de Sevilla. En la acusación se alegaba que la información aparecida en el programa dañaba los derechos a intimidad y honor de doña Cayetana. La parte afectada solicitaba una indemnización de 300.000€, al igual que la publicación de la sentencia resultante en tres periódicos de difusión nacional y en los telediarios pertenecientes a la cadena GESTEVISIÓN TELECINCO. De la misma forma, GESTEVISIÓN contestó la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, interponiendo un recurso de apelación. Al ser desestimado, Gestevisión interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, finalmente admitidos.
La sentencia dictada por el Juzgado de la 1ª instancia número 15 de Sevilla el 9 de abril del 2007 estimó la demanda y acordó declarar que las informaciones aparecidas en el programa “Aquí hay tomate” vulneran gravemente los derechos al honor e intimidad de doña Cayetana, y condenar a la parte demandada a publicar la resolución de dicha sentencia en tres periódicos de difusión nacional, en “Aquí hay tomate” y en los telediarios pertenecientes a la cadena GESTEVISIÓN TELECINCO, además de abonar la cantidad de 90.000€ a la afectada. GESTEVISIÓN TELECINCO S.A. y ATLAS ESPAÑA S.A. recurrieron la demanda, alegando que lo publicado por el programa de su casa eran declaraciones recogidas en la propia biografía de Antonio “El Bailarín”, cometiéndose una infracción del art.20 (20.1) de la Constitución en relación con el art.18, al prevalecer el derecho a la información y a la libertad de expresión de la recurrente en el caso de autos. Pero la discrepancia de si hay o no un interés público no es una cuestión fáctica, porque difundir las relaciones amorosas o extramatrimoniales de una persona no se considera información de interés público. GESTEVISIÓN también recurre a que la parte demandante es un personaje público que en numerosas ocasiones hizo públicos aspectos muy íntimos de su vida, así mismo el tribunal considera que el hecho de que la apelada haya revelado sucesos de su vida íntima en pasadas ocasiones no incide de forma alguna en dicha demanda. Por último, la parte demandada interpuso un recurso de casación al considerar excesivo la cifra con la que debe abonar a doña Cayetana. El recurso fue desestimado porque hay que tener presente que la afectada es un personaje público respetable, de cierta edad, casada y con hijos, por lo tanto la información difundida por “Aquí hay tomate” dañaba su honor, afirmando que mantuvo relaciones extramatrimoniales hace 40 años y que tuvo un hijo fruto de la misma.
El conflicto sobre si debe prevalecer el derecho al honor o a la libertad de información es muy habitual en nuestro ordenamiento jurídico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional aconseja que la delimitación entre ambos se haga caso por caso, sin fijar límites entre ellos. La información transmitida tiene que ser veraz, de relevancia pública y de interés general. Pero desde el punto de vista jurídico se velan por los derechos de los ciudadanos, en esto caso doña Cayetana Fitz James Stuart y Silva, asegurando su derecho al honor e intimidad personal y familiar tal como apoya el artículo de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo señala que el derecho fundamental al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizando en el artículo 18 CE, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica, y precisa el artículo 7.7 del mismo texto legal, se consideran intromisiones ilegítimas en el derecho al honor la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
Y aunque es cierto que GESTEVISIÓN no difunde información inventada, ya que es recogida de la biografía de Antonio “El Bailarín”, por lo que estaría en su derecho a publicarla, tenemos que tener presente que a pesar de que el actor sea un personaje público, sigue siendo pleno merecedor de su derecho a la intimidad y al honor, y por lo tanto, considero acertada tanto la sentencia como la desestimación del recurso de casación.
Como he dicho anteriormente, considero acertada la desestimación del recurso de casación, ya que la cifra con la que GESTEVISIÓN debe abonar a la demandante es muy justa debido a que la información difundida en un programa de gran audiencia dañó su honor, y al tratarse de una figura pública de determinada edad, con hijos, el daño es mayor. Además la noticia fue difundida varios días seguidos, lo que agrava la situación.
Una personalidad pública está en su derecho de difundir determinadas informaciones acerca de su vida privada e íntima. Pero el aspecto negativo de su protagonismo es que en cierto modo ve su derecho al honor e intimidad reducido en comparación con el de una persona “no famosa”, y cuando surge una información acerca de su vida, aunque no se quiera, termina saliendo a la luz debido a que se considera información relevante, de interés general.
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Un ano e medio de tortura italiana
626 foron os días que Óscar Sánchez, un lavacoches natural de Montgat, Barcelona, pasou preso nunha cárcere italiana debido a unha confusión. Todo comezou no ano 2002, cando Óscar prestou o seu dni a cambio de cartos para, supostamente, axudar a un indocumentado. O certo é que este dni foi parar ás mans de Marcelo Roberto Marín, un uruguaio acusado de suplantacións de identidade e xefe dunha banda de traficantes de cocaína entre España e Italia.
Nun primeiro xuízo, Óscar Sánchez foi condenado polo Tribunal de Nápoles a 14 anos de cárcere. E no segundo xuízo, no que se acusaba ao español de asociación mafiosa, este quedou absolto por un defecto de forma no proceso xa que se celebrou sen a autorización da Audiencia Nacional. Aínda que Italia é un Estado soberano e independente que non ten por qué pedirlle permiso a ningún outro país para someter a xuízo a un presunto delincuente por un feito delictivo cometido no seu territorio, ben é certo que tanto España coma Italia pertencen a Unión Europea, polo que ambos países forman parte do espazo xudicial e policial da UE. Este espazo permite que un Estado, para poder realizar un xuízo a un presunto delincuente, reclame doutro dos Estados, mediante unha euro-orden, a entrega do cidadán que queren poñer ante a súa xustiza. A competencia para efectuar esa entrega correspóndelle á Audiencia Nacional, que sí deu permiso para que se executara a euro-orde tras unha mínima investigación, aportando documentación que facían presupoñer que os indicios sobre os que se sustentaba a acusación non eran suficientes para manter a detención de Óscar. Pero a lentitude italiana fixo que Óscar se vise envolto en dous xuízos distintos, en cuxa base se atopa un erro de identificación, así nolo explica o licenciado en Dereito, Lito García Abad.
Unha vez obtidos os resultados das probas de foniatría, que demostraban que o español de Sánchez, propio de España, e o de Marín, latinoamericano, eran diferentes, ou mesmo que o grao de coñecemento de italiano por parte de Sánchez era escaso, a fiscalía pediu a absolución do lavacoches español.
Aínda así, Óscar tivo que pasar 21 meses nuha cárcere italiana, sufrindo ataques físicos coma queimaduras, golpes; ou mesmo psicolóxicos, xa que o extorsionaban e insultaban frecuentemente.
A pesar de que xa todo rematou para Óscar, está en todo o seu dereito de pedir unha indemnización proporcional aos danos sufridos, xa que é un principio xurídico recoñecido universalmente que quen produce o dano debe reparalo, tal como sentencia o psicólogo Francisco Torquati.
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O gran dilema custodial
O principal problema que xorde tras un divorcio é a continua loita pola custodia dos fillos. Na maioría dos casos tal é o rencor existente entre ambos proxenitores que o que estes fan é utilizar aos seus fillos como meros instrumentos para facerse dano. Iso foi o que lle pasou a José.
José, veciño do Baixo Miño, divorciouse da súa muller, perdendo así a custodia da súa filla. Pero a súa ex-parexa comezou a manter unha actitude alienante cara a figura paterna, acusándoo de maltratar e abusar sexualmente da súa filla. Unha vez demostrada a falsidade desas acusacións, José fíxose coa custodia da súa filla tras unha intensa loita. Aproveitando os intensos lazos afectivos existentes entre a nai e a filla, a sentencia estableceu que a nai tiña dereito a ver a súa filla días festivos, fins de semanas e días intersemanais. Isto causou consecuencias moi negativas na pequena, xa que pasaba boa parte dos días no coche, facendo centos e centos de kilómetros, o que perxudicaba o seu rendemento escolar e aumentaba o seu extres.
Casos como os de José acontecen todos os días, parexas que se rompen pero que non saben solucionar as cousas do mellor modo posible, evitando o sufrimento dos seus fillos. Moitos pregúntanse se o erro está en que o 85% das veces a custodia sexa para a nai, ao que profesionais como a pedagoga Lola Martínez explican que isto debíase á ausencia da muller no mundo laboral nos pasados anos, mais este feito agora carece de relevancia, xa que a muller está tan presente coma o home no traballo, polo tanto a custodia será entregada ao proxenitor que teña máis ganas e estea en mellores condicións de cuidar ao neno. E, dende o ámbito xurídico, o catedrático en Dereito Civil e abogado Ángel Rebolledo Varela tamén afirma que a decisión do xuíz sempre será a que este estime máis adecuada para os fillos, xa que a propia lei lle outorga unha ampla marxe para iso.
Outro gran problema é cando nun matrimonio se disputan as custodias de varios fillos. O letrado Rebolledo afirma que cando os rapaces son pequenos a separación dos fillos é moi excepcional, pero cando estes teñen entre 16-17 anos si que é frecuente que o xuíz respecte a súa decisión de vivir co proxenitor que queira. Por outra banda, dende o lado pedagóxico dísenos que a decisión dos fillos acerca de con quen vivir é importante, pero non imprescindible, xa que hai que ter en conta que esa decisión pode deberse a maior permisividade dun dos proxenitores. Polo tanto, o mellor é que estean todos xuntos, pais e fillos, compartindo responsabilidades, porque moitas veces o proxenitor que ten a custodia vése incapacitado para coidar só aos seus fillos.
Nos últimos meses está aparecendo unha nova alternativa, que parece a solución idílica: a custodia compartida.
Fotografía: Mónica Penichet
Lola Martínez defende que se os pais son responsables a custodia compartida, sen dúbida, é unha boa opción, xa que o neno necesita estar coas dúas figuras paternas; mais se o único que fan é usar ao neno para facerse dano mutuamente, o mellor será que o cativo viva cun só proxenitor, sempre que o outro poida ver ao seu fillo cando o desexe e non se evada das responsabilidades que ten. En cambio, o catedrático Rebolledo considera que aínda que a custodia a teña un só proxenitor, a patria potestade segue sendo compartida, polo que as decisións relevantes teñen que ser adoptadas de mutuo acordo, o que con amplo réxime de visitas permitiría acadar, na maioría das veces, resultados semellantes. Advirte que moi a menudo confúndense custodia compartida con patria potestade, tanto no ámbito social coma no xudicial. Remata sentenciando que a custodia compartida implica un grao de comunicación entre os pais que xeralmente leva ao fracaso.
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¿Van Eyck?
Por si no se puede observar con claridad, en esta noticia sobre el actor Dick Van Dyke, confunden a éste con el pintor Jan Van Eyck.
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Etiquetas: Erratas en periódicos
Id Cendoj: 35016330012008100420
Nº de Recurso: 132/2007
Nº de Resolución: 352/2008
El demandante, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Las Palmas formuló una demanda de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen contra el diario digital CanariasAhora.com y la entidad mercantil Virtual Press S.L. por estimar que se ha emprendido una campaña de desprestigio a través de informaciones tipo “debe ser considerado presuntísimo corrupto y corruptor en varias zonas geográficas del planeta al unísono”… (Varios ejemplos). Solicitó la declaración que dichas expresiones suponen una vulneración de sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y propia imagen y una indemnización por los daños y perjuicios causados cifrada en 60.000€.
El juzgado de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda y declaró que la conducta era constitutiva de intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y condenó a una indemnización de 60.000€ y a publicar el Fallo de la sentencia con idéntica relevancia a la otorgada en su día a la noticia.
La Audiencia Provincial desestimó los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada y confirmó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.
Contra esta sentencia se interpuso un recurso de casación de la representación procesal de Virtual Press S.L. al amparo del Art.477-2 1ª LEC por vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión e información garantizadas en el artículo 20 CE.
El motivo se funda en que estima la parte recurrente que los artículos examinados en conjunto carecen de relevancia suficiente para considerar sin más la existencia de una transgresión que por su gravedad lleva implícita una condena de los demandados, lo que realizan son juicios de valor y no manifestaciones injuriosas.
Estudio del Art.20 CE:
Para este caso, la ponderación entre la colisión de derecho al honor y derecho de libertad de expresión, prevalece éste último por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático.
La protección del derecho a la libertad de expresión alcanza el máximo nivel cuando es ejercitado por profesionales de la información a través de la prensa.
La libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando puede molestar al que se dirige.
La ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general si se proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o tienen personalidad política y ejercen funciones oficiales.
Para prevalecer el derecho de libertad de la información, la información debe ser veraz. En la prevalencia del derecho al honor sólo se emplean frases ofensivas en relación con las ideas u opiniones que se expongan.
Caso analizado:
La información que sirve de base a las críticas efectuadas en orden a la actividad profesional del demandante posee relevancia pública e interés general al presidir un organismo de derecho público.
No se exige la veracidad en las opiniones vertidas por el informador, pues se valora de forma subjetiva por parte de éste el comportamiento del sujeto en la presidencia del organismo público.
Sobre el posible carácter injurioso, insultante o desproporcionado, se aprecia la prevalencia del derecho al honor pues las expresiones provocan un menoscabo en la forma del presidente al resultar innecesarias para desarrollar la crítica de la actividad realizada.
Se estima parcialmente el Recurso y declara que se ha producido una intromisión ilegítima al derecho de honor del demandante pero no en cuanto a sus derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen y mantiene la indemnización de 60.000€.
Argumentos utilizados por el magistrado:
-Artículo 44 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, en el que se aclaran los derechos de explotación del yacimiento.
-Artículos 33.3 de la Constitución y 1.1 de la Ley de Expropiación Forzosa.
- Artículo 106.2 y 3 de la Ley de Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Artículo 141.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
- Artículo 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- Artículos 44 y 67 de la Ley de Minas.
- Artículo 105.2 de la vigente Ley Jurisdiccional.
Comentario periodístico:
Personalmente opino que el derecho al honor es un derecho fundamental e implícito que tiene cada persona y que no se puede vulnerar a no ser que sea para informar de algo que tiene una relevancia precisa y muy importante para la opinión pública. Tras esta aclaración, se trata de una intromisión al derecho de honor y a la intimidad que no puede ser permitida.
Publicado por Lara Fernández Martínez en 15:47:00 No hay comentarios:
Etiquetas: Sentencia 2
Zaira Boo Lamas
Sentencia Tribunal Supremo num. 137/2010 13-03-2012
Marginal: PROV\2012\128777
Recurso de Casación núm. 137/2010
1.Hechos probados.
La sentencia llevada a cabo el 13 de mayo del año 2012 se basa en la demanda llevada a cabo por el Sr. Florentino al diario La Razón por una supuesta violación al honor, a la intimidad y a la propiedad privada segun la Ley Orgánica 1/1982.
La sentencia falló a favor del demandante y el diario La Razón fue condenado a indemnizarlo por un delito que atenta contra el derecho de intimidad personal y familiar a la propia imagen.
2.Argumentos Jurídicos
El diario LA RAZÓN, concretamente la periodista, D.ª Victoria , se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de información, o en su caso, si estas declaraciones implican un exceso que pudiera colisionar con el derecho al honor del demandante, partiendo de que aunque la defensa de los codemandados insista en que el protagonista de la noticia no es el demandante, sino Don. Faustino no puede desconocerse que el demandante está legitimado perfectamente para el ejercicio del derecho de defensa de su honor porque la información de la noticia también versa sobre el demandante, el Sr. Florentino , al que se menciona a lo largo de toda
la noticia, tanto en el encabezamiento inicial de la página que se inserta dentro de la información nacional como durante la narración de la misma, existiendo varias referencias al Sr. Florentino.
Sin embargo, eI honor, en este caso, del Sr. Florentino, es un bien jurídico que nuestra Constitución recoge y consagra en el art. 18.1 que señala «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen», habiendo declarado el Tribunal Constitucional que el honor es «la buena reputación, la opinión que las gentes tienen de una persona y que, denominador común de todos los ataques e intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección de este derecho, es el desmerecimiento en la consideración ajena».
También se ve amparado por el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, considera intromisión ilegítima en el derecho al honor "la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación"
El diario La Razón deberá rectificar basándose en el derecho de rectificación, interpretado de acuerdo con el sentido otorgado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/1986 de 22 de diciembre , y en relación con el contenido de la LO 2/1984, supone la facultad que toda persona, natural o jurídica, tiene de rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, en relación con hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
3.Comentario jurídico.
El diario La Razón se vio obligado a indemizar y retractarse de lo dicho sobre el Sr. Faustino y el demandante, el Sr. Florentino, ya que, aunque amparándose en el derecho de libertad de expresión, ambos vieron violado su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen según la Ley Orgánica 1/1982.
El Sr. Faustino, un alto cargo en Rusia, perteneciente al Consulado, fue acusado de tráfico de influencias y se vio involucrado erróneamente en la operación ballena blanca, la cual, trataba de acabar con el blanqueo de capitales.
Por tanto, en esta sentencia se vieron enfrentados el derecho al honor y el derecho de información en la noticia publicada en el diario LA RAZÓN el día 23 de marzo de 2005.
En dicha noticia , apareció el siguiente titular en primera plana: "Un alto cargo de confianza de Maximiliano , denunciado por tráfico de influencias. Faustino , responsable de la reforma de servicios del exterior: está acusado por empresarios marbellíes de favorecer al despacho de un amigo desde su anterior cargo de cónsul de Moscú".
Además, también se dice que el mentado amigo que en presunta connivencia con D. Faustino realiza la ilícita actividad de tráfico de influencias es el demandante, y se le acusa a este junto a D. Faustino de una forma descarada de fundar ambos una empresa dedicada al asesoramiento de negocios con ciudadanos rusos manifestando que aquel incurrió en tráfico de influencias hasta 2002, fecha en que pidió la excedencia y haciendo continuas referencias a la connivencia del demandante con D. Faustino en un supuesto tráfico de influencias. De este modo se involucra de forma directa y clara al demandante en un supuesto tráfico de influencias que
demostrará inexistente.
El diario La Razón fue, finalmente, condenado a indemnizar al demandante por la violación de su intimidad y su honor. Así mismo, dicho diario se vio en la obligación de publicar una rectificación de la misma importancia que la noticia divulgada y la misma extensión.
4. Comentario periodístico
Desde el punto de vista periodístico, el diario LA RAZÓN , pasó por alto o eludió uno de los principios del código deontológico de todo buen periodista: la veracidad.
El trabajo de verificar la información obtenida ha demostrado haber sido mediocre o incluso nulo, al haber afectado no sólo a una persona a la que le corresponde un alto cargo, sino a varias.
Además, el diario también tiene la obligación de retractarse del error cometido dándole la misma importancia que le habían dado a la falsa noticia difundida. El fin de esto es que el afectado o afectados puedan recuperar el honor perdido en un sucinto espacio de tiempo.
Lo más preocupante es que éste caso no es el único. Recientemente, el diario EL PAÍS, difundió la falsa noticia de que había habido un Golpe de Estado en el país vecino, Portugal, estallando así una Guerra Civil. La diferencia es que esto fue difundido en una red social, Twitter, en la cual, rápidamente, la noticia corrió como la pólvora llegando a cundir el pánico en ciertos momentos. Posteriormente, EL PAÍS, borró el “twit” de la discordia, pero ya era demasiado tarde. Los twitteros hicieron hashtags y Portugal y Guerra Civil se convirtieron en Trending Topic.
Estos solo son dos ejemplos de la importancia que tiene la verificación y de lo poco que se cuida hoy en día. Nosotros, como futuros periodistas, tenemos la obligación de ayudar en lo que podamos a que estos casos queden anclados al pasado; la veracidad debe ser nuestro lema, nuestra línea profesional. Y debemos ser conscientes de que el periodismo conforma el llamado cuarto poder, y un equívoco nuestro puede desatar mordaces críticas o incluso, en casos más extremos, situaciones de histeria colectiva.
En nuestra profesión no hay margen al error.
Publicado por Zaira Boo en 18:01:00 No hay comentarios:
SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA
ROLLO N.º 71/2009-3.ª
JUICIO ORDINARIO N.º 467/2007
JUZGADO MERCANTIL N.º 2 DE BARCELONA
SENTENCIA núm. 118
JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH
En Barcelona a tres de mayo de dos mil diez.
La sentencia llevada a cabo el 3 de mayo del año 2010 parte de una sentencia anterior, fechada el día 15 de septiembre de 2008. La cadena demandada, La sexta, interpuso una demanda de apelación para impugnar dicha sentencia pero, finalmente, se rechazó la petición por parte del Juzgado, apelando a favor de Telecinco, la cadena demandante.
Telecinco declara que la cadena demandada ha infringido sus derechos de propiedad intelectual y el fallo condena a La Sexta al cese inmediato de la actividad infractora así como a no volver a usar imágenes de las cuales el demandante sea titular.
El fallo final a fecha del 2 de Diciembre de 2010 se declara que la cadena demandada no podría emplear imágenes pertenecientes a Telecinco
El demandado alega que su conducta está amparada por los límites de los derechos de propiedad intelectual establecidos en los arts. 32, 33 y 35 TRLPI, que permiten la libre utilización de la prestación ajena en sus propios programas.
Pero ha sido considerado en primer término que el uso de imágenes de Telecinco en los programas de La sexta no queda cubierto por la libertad o derecho de cita que prevé el art. 32 TRLPI, ya que aquella utilización "no lo es con fines docentes o de investigación, sino con la finalidad de entretener y, en último término, con el ánimo de obtener un provecho comercial"
No concurre tampoco el límite previsto por el art. 33 TRLPI, relativo a "los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social", ya que los programas de los que se extraen los fragmentos concretos no son, en sí mismos considerados como tales. Finalmente tampoco es aplicable el límite descrito en el art. 35 TRLPI, que contempla la utilización de la obra ajena con carácter meramente accidental.
2.Comentario jurídico.
El 27 de marzo de 2006, la cadena demandada, La Sexta, comienza a emitir en abierto, usando de forma reiterada y sin su autorización, imágenes pertenecientes a programas emitidos por Telecinco, de cuyos derechos de explotación es cesionaria en exclusiva, vulnerando, de este modo, los derechos de propiedad intelectual que, conforme al TRLPI (art 126), le corresponden como productora y titular de los derechos de explotación de las obras y grabaciones audiovisuales que emite, y como entidad de radiodifusión respecto de sus emisiones y transmisiones.
Así mismo, Telecinco apela la sentencia por vía de impugnación, pretendiendo la estimación de las acciones por competencia desleal.
Se alegan, además, actos de confusión respecto al art. 6 LCD, al emitir La Sexta imágenes deTelecinco, confundiendo su actividad televisiva.
Telecinco considera también que se produjeron actos de imitación conforme al art. 11 del LCD, al imitar La Sexta los programas de mayor éxito de la demandante, emitiendo las imágenes sin autorización, estando amparadas por un derecho de exclusividad comprobado por la LPI. Y alega, por otro lado, que se produjo un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno en la producción y emisión de programas de gran éxito de audiencia, por parte de La Sexta
También se hace referencia en la ejecución de actos desleales por violación de normas, de conformidad con el art. 15 LCD, al haberse vulnerado la Ley de Propiedad Intelectual.
Además, Telecinco pedía una indemnización de 100.000€ a La Sexta amparándose en el art. 219.3 LEC.
En su defensa, La Sexta alegó que existe una costumbre en el mercado audiovisual de utilizar imágenes de programas emitidos por otras cadenas sin el consentimiento de los respectivos operadores, así en los llamados programas magazines y de zapping, y Telecinco también ha emitido programas de este tipo.
Alude a los argumentos jurídicos que han sido tocados en el punto anterior.
El fallo final de la sentencia declara que la cadena demandada, La Sexta, no podrá emitir imágenes de Telecinco, evitando así violar su derecho a la Propiedad Intelectual y se declararán desestimados los recursos de apelación respecto a la sentencia dictada el 15 de Septiembre de 2008.
3. Comentario periodístico
Telecinco es una cadena con gran audiencia pero con una baja estima en las altas esferas intelectuales, quizá porque su programación oscila entre el populismo y el sensacionalismo, buscando empatizar con las gentes e incluso llegando a “no informar”, adoptando el cuerpo de una cadena que cada vez menos personas toman en serio.
A mi juicio esto no es un motivo de mofa, simplemente es una actitud adoptada por quienes tienen las riendas para llamar a las masas dejando a un lado, muchas veces, la calidad. Ahora bien, cuando otra cadena decide emitir determinados fragmentos con la función de complementar de forma audiovisual un contenido especifico de un programa, pienso que no más que está extendiendo, e incluso, favoreciendo, que las imágenes emitidas por la cadena demandante, lleguen a ojos de nuevos interlocutores que todavía no conocen dicho contenido.
No debemos olvidar que ambas cadenas emiten en abierto y están al alcance de cualquier interlocutor, por lo que la sentencia aquí dictada, evita que las imágenes de Telecinco sean descontextualizadas o empleadas en un marco no conveniente, pero quizá esto solo fomente que surjan más y diversas interpretaciones sobre si es motivo de burla o no el contenido de esta cadena.
Publicado por Silvia Troncoso en 15:27:00 No hay comentarios:
BOE Núm. 172 Martes 19 de julio de 2011 Sec. TC. Pág. 1
1.Hechos Probados
El día 6 de septiembre de 2004 el periódico «El Mundo» publicó en portada y en la página 7 un reportaje en el que decía exponer las revelaciones de un confidente policial al Juez instructor de un procedimiento penal de la Audiencia Nacional, en las que se aludía a un agente de la Guardia Civil del destacamento de la localidad madrileña de Valdemoro, llamado Pedro, de quien se afirmaba que había vendido armas a traficantes de droga y a bandas organizadas. Además aportaba varios datos personales suyos.
El 13 de septiembre de 2004, según consta en las actuaciones, don Pedro García Domingo remitió un requerimiento dirigido al director del periódico a fin de que procediera a la publicación del escrito de rectificación que acompañaba, en el que sostenía que eran falsas e inexactas las informaciones publicadas.
Transcurrido el plazo legalmente establecido para la publicación de la rectificación sin que ésta se hubiera producido, presentó demanda contra el director del periódico «El Mundo», ejercitando acción de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo
En la Sentencia dictada al efecto por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Madrid, en fecha 14 de octubre de 2004 se concluía que el ejercicio del derecho de rectificación no está vinculado ni depende de que la información publicada sea veraz o no; basta con que la persona aludida estime que contiene hechos inexactos que puedan ocasionarle perjuicios para que se le permita, amparado en el derecho de rectificación, ofrecer otra versión distinta de la publicada o contradecir la información de la que disiente.
El proceso que tratamos se trata de la apelación al recurso de Amparo por parte del director del medio. Se celebró el juicio verbal en el que el juzgador accedió a la petición de rectificación, si bien, estableciendo un recorte o delimitación del texto presentado para su publicación.
Sin embargo la resolución de la Audiencia, en base a le petición por parte de don Pedro José Ramírez Codina, director del medio de comunicación, añadía que, el simple disentimiento que expresa el actor respecto a los hechos divulgados no impide al medio de comunicación afectado difundir libremente información veraz.
Tras diversas intervenciones y testimonios, El 24 de junio de 2008 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones de don Pedro García Domingo. Solicita la desestimación del recurso de amparo.
La parte recurrente, con fecha de 27 de junio de 2008, presentó su escrito de alegaciones, sin embargo, tras la deliberación del Tribunal, a fecha de 20 de Junio de 2011, el fallo se declara en contra de don Pedro José Ramírez Codina y es denegado el amparo solicitado.
El demandante, don Pedro José Ramírez Codina, sostiene que las resoluciones dictadas no abordan la cuestión de la veracidad informativa y vulnerando el art. 20.1 d) CE, que consagra el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación».
El juicio verbal establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, regula el ejercicio del derecho de rectificación atendiendo a una finalidad precisa y distinta a la correspondiente a las acciones aludidas. En cuanto al hecho que procede, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación, no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, no sería necesario un proceso de verificación ya que perturbaría la necesaria inmediatez que garantizaría el recurso de amparo.
La rectificación esta conformada como un derecho de la persona aludida a ejercer su propia tutela, un derecho reaccional de tutela del honor, o de bienes personalísimos asociados a la dignidad, al reconocimiento social o a la autoestima frente a informaciones que incidan en la forma en que una persona es presentada o expuesta ante la opinión pública, pero también opera como un complemento de la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una «contraversión» sobre hechos publicados, supone «un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública», por lo que debe ser favorecedor de esta libertad, y no limitador.
La libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE no se erige únicamente en derecho privativo de su titular, sino en una pieza esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia.
La rectificación, judicialmente ordenada, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, de una información que quien ejercita el derecho considera inexacta y lesiva de sus intereses, no menoscaba el derecho fundamental proclamado por el art. 20.1 d) CE, por lo que la inserción de la rectificación interesada en la publicación no lleva aparejada la declaración de su veracidad.
3.Comentario Jurídico
En el texto que referimos se recoge la sentencia dictada en recurso de amparo dictado por el tribunal constitucional, al respecto del derecho constitucional de rectificación.
El fundamento de esta sentencia lo encontramos en la LO 2/1984 de 26 de Marzo, que recoge el derecho de rectificación planteando este como un límite a la libertad de prensa y una garantía de la veracidad informativa que, en todo caso debe presidir la actividad profesional del periodista.
Este derecho de rectificación se integra en nuestra constitución dentro del articulo 20 dedicado a la Libertad de Expresión, desarrollado como anteriormente mencionábamos por la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de Marzo, teniendo en cuenta que estamos ante un derecho fundamental tenemos dos vías de protección: la vía ordinaria mediante el procedimiento verbal, y la vía extraordinaria a través del Recurso de Amparo.
Como el texto nos indica en los antecedentes de hecho este derecho se ejercita mediante un escrito dirigido al director del medio informativo en el plazo de 7 días naturales siguientes a la publicación o publicación de la información controvertida, debiendo este publicar o difundir la información integra dentro de los 3 días siguientes a su recepción con la misma relevancia en la que información perjudicial fue difundida, no suponiendo, por supuesto, ningún tipo de coste para el solicitante. La actividad jurisdiccional comienza cuando esta vía voluntaria no surte efecto, por lo que en un plazo de 7 días debe presentarse demanda ante el Juez de Primera Instancia que se sustanciara mediante el juicio verbal con las especialidades recogidas en la Ley Orgánica.
Este derecho debe ser ejercitado por la persona cuando por cualquier medio de comunicación se difunda hechos, que considere inexactos y que puedan causarle perjuicios. En el caso concreto que tratamos en esta sentencia los sucesivos recursos hasta llegar al recurso de amparo se basan principalmente en este aspecto al no estar completamente identificado el sujeto pasivo de la información facilitada por el periódico “el mundo”, agotando pues la vía ordinaria y los sucesivos recursos llegando hasta la vía del recurso de amparo.
Finalmente el fallo se declarará en la no concesión de dicho recurso ya que, apeándose en los argumentos citados en el punto anterior, el demandante no tendrá base jurídica en la que sostener su petición.
4.Comentario Periodístico
En mi opinión no debiera entenderse en derecho de rectificación como una sanción o reprimenda al periodista sino, al contrario, como la salvaguarda de la veracidad de las informaciones vertidas, que mantiene en situación de igualdad al informante y al sujeto pasivo de la información, preservando el derecho de este último a confrontar la información difundida. En última instancia es un tercer objetivo el que decide sobre si es pertinente o no la rectificación, por lo que la verdad sobre la información facilitada es la que finalmente sale a relucir.
Publicado por Silvia Troncoso en 15:26:00 No hay comentarios:
Etiquetas: Sentencia 1
También alega que su conducta está amparada por los límites de los derechos de propiedad intelectual establecidos en los arts. 32, 33 y 35 TRLPI, que permiten la libre utilización de la prestación ajena en sus propios programas.
Publicado por Silvia Troncoso en 23:55:00 No hay comentarios:
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