Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/226750/sentencia-tsj-andalucia-1769-2013-de-28-de-junio-irpf-rectificacion-de-autoliquidacion-mutual
Timestamp: 2018-01-17 08:53:45+00:00

Document:
Sentencia T.S.J. Andalucía 1769/2013 de 28 de junio. IRPF. Rectificación de autoliquidación. Mutualidad de previsión social. Reducción de base imponible - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Andalucía 1769/2013 de 28 de junio. IRPF. Rectificación de autoliquidación. Mutualidad de previsión...
Sentencia T.S.J. Andalucía 1769/2013 de 28 de junio
IRPF: Rectificación de la autoliquidación. Mutualidad de previsión social. Aportaciones. Reducción del 25% de las bases imponibles. Carga de la prueba. Se estima.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA.
RECURSO N.º 969/10
D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA.
D. SANTIAGO MACHO MACHO.
DÑA. MARTA ROMERO LAFUENTE.
En la ciudad de Málaga a 28 de Junio de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 969/10 interpuesto por D. Baltasar representado por el Procurador Dña. Susana Catalán Quintero contra TRIBUNAL ECONOMICO ADMNINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA SEDE DE MALAGA representado por el Sr. Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Magistrado Dña. MARTA ROMERO LAFUENTE quien expresa el parecer de esta Sala
Primero.—- Por la parte actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la desestimación por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Andalucía, sede de Málaga, de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el Acuerdo de la AEAT de 30 de octubre de 2.009 por el que se desestimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación correspondiente a la declaración del IRPF del ejercicio 2.006.
Segundo.—Admitido a trámite, anunciada su incoación y reclamado y recibido el expediente administrativo, se formuló demanda conforme a las prescripciones legales y con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que constan en la misma, solicita se dicte sentencia en la que se estime la demanda.
Tercero.—Se dio traslado de la demanda a la Administración demandada, quien contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos y no habiéndose recibido el procedimiento a prueba y no siendo necesaria la celebración de vista no se formularon conclusiones señalándose seguidamente día para votación y fallo.
Cuarto.—En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.
Primero.—La recurrente basa su demanda esencialmente en que la prestación complementaria sobre la que se pretende la reducción viene derivada de aportaciones efectuadas a la mutualidad de previsión social de los empleados de Endesa y en consecuencia procede la reducción del 25% prevista en la Disposición Transitoria Tercera de la ley 40/98 del IRPF.
Segundo.—Por la Administración demandada se alegó en resumen que procede desestimar el recurso interpuesto con confirmación de la resolución impugnada por sus propios fundamentos ya que no resulta acreditado que las aportaciones realizadas a la citada Mutualidad de Previsión Social no hayan sido objeto de reducción o minoración en las correspondientes Bases Imponibles carga que le corresponde a la recurrente en aplicación del articulo 105 de la LGT.
Tercero.—Una vez delimitados los términos del debate hay que destacar al respecto, por el detallado estudio que hace en relación con un asunto idéntico al que nos ocupa, la Sentencia dictada con fecha 23 de abril de 2.013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo n.º 436/11 según la cual: " Hay que decir en primer lugar Sobre la cuestión debatida en el presente recurso se ha pronunciado, respecto de otros perceptores por el mismo concepto respecto de la misma entidad, esta Sala en las sentencias dictadas el 12 de Julio de 2011 (recurso contencioso administrativo n.º 916-09) y el 20 de enero de 2011 en los recursos números 235/2009 y 236/2009, en las que se citan las sentencias de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en varias sentencias, entre las que puede enumerarse la de 21 de octubre de 2010 (recurso contencioso administrativo número 15641/09). Como en dicha sentencia se razona la transformación de la Mutualidad de Previsión Social de los Trabajadores de Endesa en Plan de Empleo de Endesa SA (plan de pensiones) no es determinante para impedir la aplicación de la Disposición Transitoria citada, porque "...la transformación es una consecuencia de la voluntad legislativa. A estos efectos es relevante lo expuesto por el TEAC en la resolución de 08.02.2002:...procede entrar en la cuestión que constituye el fondo de la presente alzada, referente a la tributación de lo percibido del Plan de Pensiones de los trabajadores de..., financiado en parte con aportaciones a la mutualidad de Previsión Social que se transformó o dio lugar al citado Plan de Pensiones. Su adecuado planteamiento exige formular unas breves consideraciones generales. La Ley 8/1987 de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, introdujo una importante novedad en el Ordenamiento jurídico español al regular dichas figuras de previsión, así como el régimen tributario de las mismas, de sus partícipes y de sus promotores. Antes de la entrada en vigor de esta Ley, las empresas disponían, para plantear la previsión social de sus empleados, de una diversidad de instrumentos (mutualidades de previsión social, contratos de seguro, fondos internos, etcétera) pero la Ley inició un proceso de convergencia de tales alternativas, al establecer en su Disposición Adicional Primera una serie de normas referentes a ciertos instrumentos distintos de los Planes y Fondos, y en su Disposición Transitoria Primera, la posibilidad de que las entidades de previsión social, fundaciones laborales y otras, se constituyesen en Fondos de Pensiones regulados por la propia Ley 8/1987. Este proceso continúa con la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, cuyas Disposiciones Adicionales undécima y Transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta (redacción según las Leyes 66/1997, 40/1998 y 50/1998) al dar cumplimiento a la Directiva 80/987/CEE, vienen a exigir la cobertura de los compromisos de las empresas con sus trabajadores, mediante la instrumentación de planes de pensiones ocontratos de seguros, no resultando admisible la utilización de fondos internos o procedimientos similares. El Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, que aprobó el Reglamento sobre Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios, tiende a reforzar la garantía de los derechos de tales trabajadores y beneficiarios.» " En la referida sentencia se argumenta a continuación que "...y en el Acuerdo de Transformación de la Mutualidad en Plan de Pensiones, se reguló la situación de estas personas: percibirían el 100% de las pensiones de los Estatutos de Mutualidad, y como consecuencia de esta transformación, la totalidad del patrimonio de la Mutualidad se transfirió al plan de pensiones (y estos fondos se complementaron con aportaciones de la empresa). Al igual que en los supuestos analizados en las mentadas sentencias, también en el que ahora nos ocupa, los documentos que acreditan esta transformación -escritura de 31.03.2000- figuran en el procedimiento judicial, por lo que, frente a lo alegado por la Administración, sí existe prueba de que la prestación recibida por el recurrente tiene su origen en un contrato de seguro concertado con una mutualidad de previsión social. Respecto de falta de acreditación de las aportaciones a la mutualidad, o que estas fueran objeto o no de rebaja en la base imponible, tampoco podemos compartir el criterio del Abogado del Estado. Como indica la STSJ Cataluña 18.09.2007: "La doctrina más actual, que sostiene que en un procedimiento tributario la carga objetiva de la prueba recae sobre la Administración en base, sobre todo, a la vigencia del carácter inquisitivo de este tipo de procedimientos[ arts. 111.1 b) y 109.1.I LGT/1963 ]. Es a la Administración a la que compete averiguar la verdad material, más allá de la que presenta el contribuyente, y debiendo desplegar al efecto todos los medios a su alcance, medios absolutamente exorbitantes, declarando en tal sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 9 julio de 1996 (JT 1996931) que dada la posición de la Administración, es lógico que sobre ella recaiga la carga de la prueba, pues si es una parte interesada, pero que goza de prerrogativas inherentes al régimen administrativo para decidir por sí los conflictos que se planteen con alguno de los sujetos que con ella se relacionan, debe utilizar tales prerrogativas, no sólo en orden a la decisión, sino también en orden a la instrucción del En el presente caso, y a pesar de las amplias posibilidades con las que cuenta la Administración, en especial, el examen de su archivos, esta se limitó a una actitud pasiva, negando la suficiencia de la documentación aportada aunque sin rebatirla con ninguna otra, ni mediar requerimiento a las empresas (Endesa o Mapfre) para que colaboraran en la determinación de la verdad material. Este hecho, junto con el dato de que los convenios colectivos de Endesa imponían la contribución obligatoria del trabajador a la Mutualidad (y el recurrente fue trabajador desde el año 1957 hasta el año en que se produjo la contingencia), son determinantes para compartir la conclusión de la STSJ de Castilla-León 219/2008, de 2 de junio: "...Entiende la Administración que corresponde al recurrente acreditar que las aportaciones no fueron objeto de reducción o disminución de la base imponible, por el principio general de carga de la prueba contenido en el art. 105 de la LGT 58/2003, máxime cuando tenemos una declaración presentada por el recurrente que hace prueba, salvo prueba en contrario, según el art. 108 de la misma ley. Sin embargo olvida la Administración que el apartado 3 de la Disposición Transitoria Tercera de la ley, está excusando la prueba que pretende la Administración, pues expresamente dice: «Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por 100 de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas».
Resulta así que la transitoria permite la integración de la base imponible en la medida en que queden acreditadas todas las cantidades que se hayan aportado, y que no pudieron ser reducidas de la base imponible, pero para el caso de que no se puedan acreditar tales extremos, se prevé la integración de las cantidades percibidas en un 75%. Ello supone que se traslada a la Administración la carga de la prueba de acreditar que no procede ese porcentaje de integración sino mayor. Se dice que no está acreditado que se hayan realizado aportaciones que excedan de que lo legalmente se pudo reducir, sin embargo dicha alegación se desestima por sus propios argumentos pues no es hasta la reforma introducida en el art. 71 de la Ley 18/1991por la Ley 30/1995cuando no se prevé la reducción de la base imponible por las aportaciones realizadas, si resulta que están acreditados pagos desde 1987, al menos desde esa fecha hasta el año 1992 existen cantidades que no pudieron reducirse de la base imponible, con lo que esta acreditado tal extremo por las certificaciones obrantes. La consecuencia de lo expuesto es que procede la estimación del recurso, procediendo rectificar la declaración y reducir la base imponible en la cantidad que resulte de integrar en dicha base el 75% de las cantidades percibidas, realizando los ajustes necesarios para determinar la cuota tributaria, y procediendo a la devolución de lo ingresado en exceso, con los intereses correspondientes desde la fecha del pago hasta la devolución de acuerdo con las previsiones del art. 32 de la LGT 58/2003". A mayor abundamiento debemos señalar que la Administración silencia un dato relevante, cual es el que la propia AEAT, en otras Delegaciones (Madrid) y también otros TEAR, como el de Oviedo, estimaron pretensiones como la suscitada por el recurrente (así resulta da documentación que se adjunta), sin ofrecer una explicación razonable del porqué de la discrepancia, lo que refuerza la presunción de legalidad de lo solicitado." Los razonamientos referidos de la indicada sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia son perfectamente aplicables al presente recurso, compartiendo esta Sala dichos argumentos, pues en el presente caso nos hallamos ante un supuesto similar, siendo aplicable lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, después la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, respecto de los ejercicios de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.",
Cuarto.—Una vez llegados a este punto y siendo plenamente aplicable lo anteriormente expuesto al caso que nos ocupa resulta que procede estimar sin más el presente recurso contencioso administrativo y anular la resolución impugnada declarando la procedencia de la rectificación de la autoliquidación del IRPF del ejercicio de 2.006 así como el derecho del recurrente a la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente con los correspondientes intereses legales.
Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se aprecian méritos suficientes para considerar procedente un pronunciamiento especial sobre las costas de esta instancia.
QUE ESTIMANDO el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador Dña. Susana Catalán Quintero en nombre y representación de D. Baltasar contra la Resolución de TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA, SALA DE MALAGA, descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución procede anular la misma declarando la procedencia de la rectificación de la autoliquidación del IRPF del ejercicio de 2.006 así como el derecho del recurrente a la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente con los correspondientes intereses legales, todo ello sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.
Líbrese Testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos de su razón.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 139
 Resolución 
 resolución