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Timestamp: 2020-01-25 10:59:18+00:00

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¿Cómo implementar la protección jurídica del menor en los contratos en los que personal externo tiene relación con menores en servicios prestados por la Administración? - CONTRATACIÓN PÚBLICA
Publicado por Albert el enero 13, 2017 a las 1:16pm en Pliegos de cláusulas administrativas.
Tenemos un contrato en por el que se presta un servicio dirigido a menores, entre otros colectivos, mediante una empresa externa. Lo que implica tener en cuenta lo que dice el artículo 13.5 de la ley en cuestión (que adjunto en la imagen).
Las cuestiones que se nos plantea a la hora del requerimiento de documentación previo a la adjudicación son las siguientes:
Si se hace una referencia en el DEUC que el personal no tiene antecedentes, ¿se puede dar como sustituto a una declaración responsable en la que se manifieste lo mismo?
Como hay de por medio cuestiones de protección de datos personales, ¿podemos exigir que nos presenten los certificados?
Por cuestiones de responsabilidades subsidiarias, ¿incluimos una exigencia de presentar dichos certificados, si no se vulnera la Ley de Protección de Datos, en las cláusulas del contrato?
Creo que a nivel de contratación administrativa no hay más que instrucciones y, que por desgracia, no son muy claras al respecto.
Os agradecería un poco de luz sobre la cuestión, ya que esta no es baladí.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Francisco Javier Moreno Alcuña el enero 17, 2017 a las 9:16am
El modelo de PCAP recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía prevé sobre esta cuestión lo siguiente:
“10.7. Documentación previa de la adjudicación.
G) Declaración responsable de protección de los menores.
Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al anexo III-K.
13. Ejecución del contrato.
13.1. Condiciones de ejecución.
Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de sus trabajadores para el acceso y el ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
22.2. Extinción por resolución del contrato.
e) El incumplimiento por la persona contratista de la obligación de solicitar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales a todas las personas que durante la ejecución del servicio por su actividad tengan contacto habitual con menores, de conformidad con en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
f) Ejecutar el contrato sin que el personal que por su actividad tenga contacto habitual con menores aporte certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
ANEXO III-K. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
Dª/D
calle n.º
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre propio o de la empresa que representa (1) declara bajo su personal responsabilidad:
1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.
5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa entidad, empresa o persona.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Albert el enero 17, 2017 a las 9:49am
Me parece interesante el tema de la extinción, no recuerdo si lo tenemos contemplado de forma tan explícita. Creo recordar que lo vehiculamos vía "Otras obligaciones contractuales" y que el incumplimiento de alguna de éstas produce la resolución del contrato.
Muy completa la declaración responsable, que creo que plagiaré para contrataciones futuras dentro de un largo e incierto futuro (2019).
Lo que me parece complejo es como articular y justificar el requerimiento por parte de la Administración del certificado de un determinado trabajador ¿sospechas, muestreo, prevención...? Creo que esto es lo más peliagudo de la cuestión.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Guillermo Yáñez Sánchez el enero 17, 2017 a las 9:26am
Buenos días Albert, vamos a ver si recabamos más información. Muchas gracias Francisco por lo que apuntas.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el enero 17, 2017 a las 9:38am
En la Universidad lo que hacemos es, en los contratos en que hay trato con menores, incluir una declaración responsable así:
DECLARACIÓN RESPONSABLE AL EFECTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, INTRODUCIDO POR LA LEY 26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
D/Dª……………………………………………………………., con (DNI/Pasaporte /Tarjeta de residencia) ….………………………., como representante legal de la empresa ……………………………… ………………………… …………………… …………… ……, con NIF ………………………………….., a efectos de la participación en…………………………………………………………………
Que la empresa a que represento se ha cerciorado de que todo su personal puede acreditar no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, según lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Que, para el cumplimiento de lo indicado en el punto anterior, la empresa a la que represento ha recabado de todo el personal a adscribir al servicio una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, certificación que obra en su poder y que podrá ser mostrada a la Universidad en cualquier momento en que sea requerida por la misma.
3.- Que esta empresa se compromete a sustituir a cualquier miembro del personal a adscribir al servicio cuyo comportamiento a este respecto se considere impropio por parte de la Universidad, al primer requerimiento de la misma.
Asimismo, en el pliego se hacen las siguientes referencias:
En la documentación a incluir, independientemente del deuc, obligamos a incluir la declaración del párrafo anterior:
Si se estima que el contrato implica el contacto con menores y así se indica en el apartado 23 de la cláusula 1, declaración responsable sobre lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, según modelo Anexo XII al presente pliego.
En las obligaciones del adjudicatario:
Si se estima que el contrato implica el contacto con menores y así se indica en el apartado 23 de la cláusula 1, El adjudicatario se cerciorará de que todo su personal acredita no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, según lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá recabar de todo el personal a adscribir al servicio aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Una vez se aporte la certificación negativa de antecedentes penales anteriormente mencionada, su contenido se presumirá vigente en tanto no surjan indicios o se tenga conocimiento de que el interesado hubiera sido condenado en sentencia firme por los delitos incluidos en el mismo. En ese momento la empresa adjudicataria se compromete a sustituir de forma inmediata al personal afectado.
La empresa adjudicataria se compromete a sustituir a cualquier miembro del personal a adscribir al servicio cuyo comportamiento respecto a lo mencionado en los puntos anteriores se considere impropio por parte de la Universidad, al primer requerimiento de la misma.
En las causas adicionales de resolución:
Si se estima que el contrato implica el contacto con menores y así se indica en el apartado 23 de la cláusula 1, el que el adjudicatario no se haya cerciorado de que todo su personal acredita no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, según lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, recabando de todo el personal a adscribir al servicio aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. La Universidad podrá requerir la presentación de dicha certificación en cualquier momento de la ejecución del contrato.
Así entendemos que quedan cubiertas todas las alternativas, porque se considera un tema muy sensible.
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Marta Alba el febrero 13, 2017 a las 2:00pm
Hola Charo, al hilo del debate que se plantea, veo que en los pliegos tipo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía se contempla la declaración señalada como documentación previa a la adjudicación, ¿no sería más adecuado solicitarla como documentación acreditativa de los requisitos previos, esto es, sobre número 1? Parece que vosotros la pedís como declaración complementaria al DEUC, ¿es así?
Y otra cosa, ¿cómo determináis la necesidad de exigir dicha declaración? La declaración de la DG de la Junta de Andalucía habla del objeto social de la empresa pero veo quizás más acertado referirse al objeto del contrato y el público al que se destina (en su caso).
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el febrero 13, 2017 a las 2:12pm
Nosotros la pedimos como documentación complementaria al DEUC. Luego están las obligaciones del adjudicatario y las causas de resolución que habrá que comprobarlas en ejecución...
Y respecto a lo segundo, nosotros utilizamos el objeto del contrato. Por ejemplo en lo relativo al servicio de deportes está bastante claro, incluso en servicios cuyo objeto social no parece muy determinante como las que se encargan de repartir el material deportivo o de organizar competiciones o de mantener las pistas, pero dado que se puede usar por familiares, (hermanos pequeños, hijos)... e incluso en algunos aspectos por externos a la comunidad universitaria, se opta por pedirlo.También en la asistencia psicopedagógica a alumnos, teniendo en cuenta que el primer año pueden ser menores...
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para Marta Alba el febrero 13, 2017 a las 3:40pm
Gracias Charo, me aclara mucho la cuestión. Un beso
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Francisco Serrano Vidal el enero 17, 2017 a las 10:09am
Interesante y delicado debate jurídico.
Yo ya hace tiempo que me he planteado estas cuestiones. Es más, añado a la problemática, no solo el trato con menores que se pueda dar en determinadas prestaciones en nuestras administraciones, en mi caso, centros de enseñanza como p.ej COE (CENTRO OCUPACIONAL ESCUELA...... etc...), sino en algunos supuestos, el trato con personal que, aun no siendo menor se trata de discapacitados (IVAF, HOSP. PSIQUIATRICO.....). Por analogía, ¿aplicamos los mismos criterios que para con los menores? ......................porque claro, también es población vulnerable....
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el enero 17, 2017 a las 10:13am
cierto que es delicado, no obstante, aunque se trata de población vulnerable, no existe una ley que establezca medidas del tipo de la 1/1996 y su modificación del 2015, que yo sepa, así que, para establecer controles similares habrá que extremar las precauciones en los pliegos...
A la Universidad no se le da esa problemática de momento. Menos mal...
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el enero 31, 2017 a las 10:03am
- esto es un ejemplo más de que DEUC por sí solo no es suficiente (aparte de lo hacer referencia a los grupos de empresas, ni siquiera a cumplir los convenios del Anexo X de las Directivas, por poner otros ejemplos)
- me pregunto dónde queda con esta prohibición el efecto de reinserción de los condenados por delitos, aunque ciertamente no parece nada habitual que este tipo de ‘enfermos’ se recupere en prisión
Por añadir nuestro ejemplo, aparte de en la declaración responsable, nuestros pliegos se ocupan de esta cuestión en otros dos apartados:
N. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL CONTRATISTA PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.
SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores,
El adjudicatario deberá presentar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de cada uno de los trabajadores o personal voluntario relacionado con la ejecución del contrato.
R. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DE ESTE CONTRATO QUE PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCIÓN.
Las empresas adjudicatarias deberán sustituir de manera inmediata cualquier empleado relacionado con el contrato que con posterioridad a la firma del mismo haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

References: artículo 13
 artículo 13
 resolución 
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 ARTÍCULO 13
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