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Timestamp: 2018-03-17 20:38:23+00:00

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Decreto 6/2016, de 5 de febrero, por el que se regulan los principios generales que deben regir el funcionamiento de las entidades tutelares de las personas adultas incapacitadas judicialmente.
Publicado en BOIB núm. 18 de 06 de Febrero de 2016
Artículo 3 Servicio de tutela
Artículo 4 Objetivos de los servicios de tutela
CAPÍTULO II. Entidades tutelares
Artículo 9 Áreas de apoyo
Artículo 10 Área personal y social
Artículo 11 Área jurídica
Artículo 12 Área económica
Artículo 13 Área de coordinación del voluntariado
Artículo 14 Niveles de apoyo
Artículo 15 Profesionales de los servicios
CAPÍTULO III. Régimen de control y financiación de las entidades tutelares
SECCIÓN 1. Autorización y acreditación de los servicios de tutela
Artículo 16 Competencia para autorizar y acreditar los servicios de tutela
Artículo 17 Autorización de las entidades tutelares
Artículo 18 Acreditación de los servicios de tutela
Artículo 19 Inscripción al Registro Unificado de Servicios Sociales
SECCIÓN 2. Financiación de las entidades tutelares
Artículo 20 Financiación de las entidades tutelares
Artículo 21 Financiación del servicio de tutela
Disposición transitoria única Adaptación de las entidades tutelares actuales
ANEXO 1 . Baremo de niveles de apoyo de las personas adultas incapacitadas judicialmente
ANEXO 2 . Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de tutela
2. Condiciones funcionales del servicio de tutela
5. Derechos de la persona tutelada
BOIB 13 Febrero. Corrección de erratas advertidas en el D 6/2016, de 5 Feb. CA Illes Balears (principios generales que deben regir el funcionamiento de las entidades tutelares de las personas adultas incapacitadas judicialmente)
D [BALEARES] 6/2016, 5 febrero, rectificado por Corrección de erratas («BOIB» 13 febrero).
En el ordenamiento jurídico español, todas las personas, por el hecho de serlo, son sujetos de derechos o, lo que es lo mismo, tienen personalidad o capacidad jurídica para poder intervenir en relaciones jurídicas. Esta capacidad no se prevé de forma aislada y estática, sino que se tiene que conjugar con una capacidad operativa que permita no tan sólo ser sujeto de derechos, sino también ser capaz de generar actuaciones y de llevar a cabo acciones que tengan incidencia en el plan jurídico. Así, la capacidad de obrar complementa la capacidad jurídica, y ambas permiten que las personas, con una perspectiva dinámica, puedan ser administradoras de sus propios derechos e intereses y, al mismo tiempo, responsables de sus actos y decisiones. La adquisición de la capacidad de obrar va asociada al cumplimiento de la emancipación o la mayoría de edad.
Ahora, hay circunstancias que hacen que algunas personas adultas no puedan hacerse cargo por sí mismas de la gestión de su capacidad de obrar, porque no son personas autónomas jurídicamente, y su actuación jurídica, por lo tanto, puede no ser la más eficaz y beneficiosa para sí mismas. Es por eso que precisan de la asistencia de otra persona que los auxilie en estas tareas.
Al respecto, el Código Civil español, aprobado por el LE0000013389_20151015Real Decreto de 24 de julio de 1889, en los artículos 215 y siguientes, prevé la tutela como la institución jurídica que tiene por objeto la guarda, la protección y la representación de la persona y de los bienes, o solo de la persona o los bienes, de las personas menores de edad o incapacitadas, tanto para regir a su persona como para la administración de sus bienes. Así, los sujetos pasivos de la tutela son todas las personas incapacitadas por una sentencia judicial en la que el órgano judicial, además de definir la extensión y los límites del ejercicio de la tutela, tiene que indicar el nombramiento de la persona, física o jurídica, que tiene que llevar a cabo las funciones de tutor o tutora.
Normalmente, la concreción de la tutela se define por la relación familiar de la persona adulta incapacitada judicialmente, y así lo expresa el LE0000013389_20151015artículo 234 del Código Civil, que indica las personas que pueden ser nombradas tutor o tutora, siempre que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles. En este sentido, prevalece mantener el entorno familiar y, al respecto, se establece la prelación siguiente: a) la persona designada por la misma persona tutelada; b) el cónyuge; c) los padres; d) la persona que designen los padres en las disposiciones de última voluntad, y e) el descendiente, ascendiente o hermano o hermana que designe el órgano judicial.
No obstante, en muchas ocasiones no existen las personas mencionadas o no se pueden hacer cargo de la tutela. En este caso, la legislación prevé el nombramiento de personas jurídicas como tutoras. De acuerdo con el Código Civil, estas personas jurídicas tienen que cumplir dos requisitos mínimos: en primer lugar, no pueden tener finalidad lucrativa y, en segundo lugar, entre las finalidades sociales tienen que incluir la protección de las personas incapacitadas. Es ésta, por lo tanto, la definición de las llamadas entidades tutelares, que son las encargadas del ejercicio directo de la tutela y otras figuras de guarda y custodia de personas declaradas incapacitadas por parte de la autoridad judicial, cuando no se puedan encargar estas tareas a familiares u otras personas físicas o jurídicas más adecuadas.
La LE0000362216_20140101Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, tiene por objeto configurar un sistema de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas, potenciando la autonomía y la calidad de vida. Asimismo, entre los objetivos que tienen que regir los servicios sociales, recoge el de prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas, como también la atención prioritaria de los casos de vulnerabilidad, exclusión y aislamiento sociales. Además, establece que las personas en situación de vulnerabilidad y necesidad social, como las que son objeto de incapacitación judicial, son destinatarias de los servicios sociales con carácter prioritario y urgente.
De acuerdo con todo lo que se ha expuesto, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación considera adecuado regular las condiciones materiales, funcionales y de recursos humanos mínimas que tienen que cumplir las entidades tutelares para garantizar unos servicios sociales de calidad y asegurar que sus actuaciones se adaptan a las necesidades sociales y jurídicas y a las características especiales de la población destinataria. Al respecto, hay que pensar que estas personas, en la mayoría de ocasiones, ni son capaces de exigir unos servicios mínimos por sí mismas ni tampoco tienen familiares o personas próximas que puedan reclamar o quejarse en su nombre. Es, por tanto, un colectivo especialmente vulnerable a cuyas necesidades pretende dar respuesta este decreto, mediante la regulación del servicio de tutela.
El LE0000241297_20100718artículo 30.15 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, reformado por la LE0000241297_20100718Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia en materia de acción y bienestar social, políticas de atención a las personas y los colectivos en situación de pobreza o necesidad social, políticas de protección y apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y políticas de atención a las personas dependientes. Además, el apartado d del LE0000362216_20140101artículo 35 de la Ley 4/2009 establece que corresponde al Gobierno de las Illes Balears establecer los criterios y los estándares mínimos de calidad de los diversos servicios sociales. En caso contrario, se pondrían en riesgo los LE0000019668_20110927artículos 9 LE0000019668_20110927y 14 de la Constitución española, los cuales garantizan y protegen un mínimo normativo común para toda la ciudadanía.
En este mismo sentido, el artículo 70.4 del Estatuto de autonomía otorga a los consejos insulares, en el territorio respectivo, la competencia propia sobre servicios sociales y asistencia social, así como la potestad reglamentaria que de ello se derive. No obstante, el artículo 58.3 establece que, en las competencias que los consejos insulares hayan asumido como propias, el Gobierno de las Illes Balears puede establecer los principios generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria de los consejos insulares.
Este decreto se estructura en tres capítulos. El primero hace referencia a las disposiciones generales, el segundo regula el funcionamiento de las entidades tutelares y el tercero se refiere al régimen de control y financiación de estas entidades. Finalmente, hay una disposición transitoria única, que regula la adaptación de las entidades tutelares actuales; una disposición adicional única, sobre el régimen competencial; una disposición final primera, sobre el despliegue normativo; una disposición final segunda, sobre la entrada en vigor, y dos anexos, que regulan el baremo de niveles de apoyo de personas adultas incapacitadas judicialmente y las condiciones de autorización y acreditación de los servicios de tutela.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 5 de febrero de 2016,
El objeto de este decreto es regular las condiciones mínimas comunes que tienen que reunir las entidades tutelares de personas adultas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Este decreto es de aplicación a las entidades que ejercen el servicio de tutela, u otras figuras de guarda legal previstas en la normativa civil, de las personas adultas incapacitadas judicialmente, de acuerdo con la sentencia judicial de incapacitación, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1. El servicio de atención a personas adultas incapacitadas judicialmente tiene por objeto cubrir las necesidades de apoyo, protección y garantía de todos los derechos, tanto personales como patrimoniales, y promover la autonomía personal de las personas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación de acuerdo con la resolución judicial correspondiente.
2. De acuerdo con el LE0000454523_20160214Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014, el servicio de tutela es una prestación garantizada en el ámbito de los servicios sociales, cuya financiación corresponde a la Administración autonómica.
3. El ejercicio del servicio de tutela tiene carácter permanente de acuerdo con la resolución judicial.
Los objetivos principales de los servicios de tutela son los siguientes:
a. Procurar la manutención y promover la salud, en el sentido más amplio posible.
b. Procurar educación y formación integral.
c. Promover la máxima recuperación posible de las capacidades, facilitando los apoyos necesarios.
d. Administrar los bienes de las personas tuteladas con total lealtad y transparencia, contrastada con los informes que tienen que enviar a los juzgados anualmente o cuando la sentencia judicial lo determine.
1. Las personas destinatarias del servicio de tutela son las personas adultas que han sido incapacitadas judicialmente, o que están en proceso de incapacitación, total o parcialmente, y de las que se designa la entidad tutelar como tutora o como otra figura legal por resolución judicial. Se trata, por tanto, de personas que se encuentran en una situación de desamparo total y de especial vulnerabilidad social.
2. Asimismo, también se incluyen los familiares o las personas próximas a efectos informativos y de consulta, cuando las actuaciones no sean contrarias a los intereses de la persona incapacitada o en proceso de incapacitación.
1. Pueden ser entidades tutelares las personas jurídicas, públicas o privadas, sin finalidad lucrativa, que tengan entre sus finalidades la protección de las personas adultas presumiblemente incapaces o incapacitadas, total o parcialmente, y que sean nombradas entidades tutelares por resolución judicial.
2. Igualmente, tienen la condición de entidades tutelares las entidades en las que la Administración delegue, mediante el procedimiento apropiado, el ejercicio de la función tutelar cuando ésta se haya atribuido a la Administración pública por resolución judicial, respetando los términos de esta resolución.
Los principios que deben inspirar la actuación de las entidades tutelares son los siguientes:
a. Coordinación con las administraciones públicas implicadas y con los juzgados y los tribunales que declaren la incapacitación.
b. Calidad en la atención a las personas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación.
c. Atención personalizada. Los servicios de tutela tienen que asegurar una atención personalizada mediante la valoración integral de la situación personal, familiar y comunitaria de la persona usuaria.
d. Defensa de los derechos individuales de las personas tuteladas. La entidad tutelar tiene que actuar, en todo caso, en beneficio individual de la persona tutelada, motivo por el que tiene que conocer sus voluntades y sus deseos para poder crear un entorno afectivo y social adecuado.
e. Autonomía. La entidad tutelar no puede estar condicionada por vínculos que limiten la independencia ni la imparcialidad a la hora de decidir. Las decisiones tienen que ser libres y siempre en beneficio de la persona tutelada.
f. Transparencia. En el ejercicio del cargo, la entidad tutelar tiene que actuar con transparencia total y absoluta, aunque respetando la intimidad de las personas tuteladas.
g. Proximidad. La entidad tutelar tiene que ser próxima y fácilmente accesible para la persona tutelada.
h. No discriminación. La entidad tutelar no puede hacer discriminaciones de ningún tipo, de manera que tiene que garantizar un servicio eficaz y eficiente a todas las personas tuteladas de acuerdo con las necesidades individuales y los criterios y los procedimientos que prevé la normativa.
1. La tutela, u otras figuras de guarda legal, se tiene que ejercer de acuerdo con la sentencia judicial y la normativa reguladora. En caso de que la persona se encuentre en proceso de incapacitación judicial y los órganos judiciales hayan atribuido provisionalmente su defensa y representación judicial y, si procede, otros tipos de asistencia a una entidad tutelar, esta entidad tiene que ejercer las funciones de acuerdo con los términos fijados por los órganos judiciales y la normativa reguladora.
2. Las funciones de las entidades tutelares se articulan de acuerdo con las áreas de apoyo en las que se tiene que organizar la entidad y los niveles de apoyo, que se clasifican según las necesidades de atención y seguimiento de la persona tutelada.
1. Las áreas de apoyo identifican el objeto de trabajo de las entidades tutelares respecto de las personas tuteladas. Las entidades tienen que ofrecer, con carácter permanente, las áreas siguientes:
a. Área personal y social
b. Área jurídica
c. Área económica
2. Además, en caso de que la entidad disponga de voluntarios para llevar a cabo las funciones, puede tener un área de coordinación de estos voluntarios para mejorar la organización interna.
1. El área personal y social es el área encargada de la atención directa a la persona tutelada, como también de la elaboración del plan de atención personal y de todas las actuaciones que de ello se deriven.
2. Con carácter general, los objetivos y las funciones del área personal y social del servicio de tutela son los siguientes:
a. Promover la autonomía personal de la persona tutelada y su máxima capacidad y apoderamiento para alcanzar esta autonomía.
b. Promover el desarrollo integral de la persona tutelada y la recuperación de su capacidad.
c. Promover su integración, incorporación y participación llena en todos los ámbitos de la vida social.
d. Establecer relaciones significativas entre el personal de la entidad y las personas tuteladas para proporcionarles apoyo y consejo y fortalecer su competencia personal y social.
e. Acompañar a la persona tutelada a consultas médicas, compra de objetos para uso personal, trámites administrativos, etc.
f. Informar a los familiares o personas próximas sobre la situación personal y social de la persona tutelada.
Con carácter general, los objetivos y las funciones del área jurídica del servicio de tutela son los siguientes:
a. Intervenir en los procedimientos judiciales sobre capacitación de personas adultas, en defensa de sus derechos.
b. Realizar las comunicaciones y las comparecencias necesarias en los juzgados.
c. Tramitar los procedimientos que, de acuerdo con el Código Civil, requieran una autorización judicial expresa.
d. Proteger y asesorar a la persona tutelada en los aspectos civil, penal, administrativo y social.
e. Informar y asesorar a los familiares sobre la situación jurídica de la persona tutelada, siempre que no se perjudiquen los intereses superiores de esta persona, circunstancia que tiene que valorar previamente el equipo profesional.
Esta área se encarga de la gestión económica de la propia entidad tutelar y de las personas tuteladas. Respecto de estas personas, tiene que llevar a cabo, entre otras, las siguientes funciones:
a. Elaborar y presentar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones de la persona incapaz o incapacitada judicialmente.
b. Liquidar ingresos y gastos en relación con el patrimonio de la persona sometida a tutela.
c. Rendir cuentas de la administración de los bienes de la persona sometida a tutela.
d. Administrar rentas y patrimonios, con las gestiones correspondientes.
e. Gestionar y controlar ordinariamente ingresos y gastos, incluido el dinero de bolsillo del que pueda disponer a la persona tutelada.
f. Ejercer los derechos y deberes fiscales.
g. Informar y asesorar a los familiares sobre la situación económica de la persona tutelada, siempre que no se perjudiquen los intereses superiores de esta persona, circunstancia que tiene que valorar previamente el equipo profesional.
Esta área tiene que llevar a cabo la organización, la gestión y el control de las personas que presten servicios a las entidades tutelares voluntariamente, de acuerdo con la normativa sobre voluntariado.
1. Los niveles de apoyo indican el grado de dedicación que tiene que destinar la entidad tutelar a la atención y cuidado de la persona tutelada en cualquiera de las áreas de apoyo que prevé el artículo 9. Así, el apoyo es variable en función, principalmente, de cuatro características:
a. El perfil de la persona usuaria.
b. Las medidas cautelares que se puedan dictar.
c. El tipo de figura legal que la resolución judicial establezca.
d. El uso, por parte de la persona tutelada o en proceso de incapacitación, de otras prestaciones de servicios sociales.
2. La entidad tutelar tiene que fijar el nivel de apoyo, de acuerdo con la resolución judicial de incapacitación y las características de la persona, mediante el plan de atención personal de la persona tutelada.
3. Los niveles de apoyo se indican en el anexo 1 de este Decreto.
La entidad tutelar debe disponer, con medios propios o ajenos, de un equipo mínimo de profesionales para prestar el servicio de tutela, el cual tiene que dar total cobertura de acuerdo con las necesidades de las personas tuteladas. Este equipo tiene que trabajar de forma interdisciplinaria y en coordinación con los servicios comunitarios básicos y el resto de servicios sociales, si procede, así como con otras áreas relacionadas y complementarias, como la de salud o la de educación.
Régimen de control y financiación de las entidades tutelares
Autorización y acreditación de los servicios de tutela
1. La Administración autonómica es la administración competente para autorizar y acreditar los servicios de tutela que se presten en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que tengan ámbito de actuación en, al menos, dos islas.
2. Los consejos insulares son las administraciones competentes para autorizar y acreditar los servicios de tutela que se presten en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que tengan un ámbito de actuación insular.
1. Todos los servicios de tutela que regula este decreto deben estar autorizados e inscritos en el Registro Unificado de Servicios Sociales, de acuerdo con los procedimientos que establece el LE0000500598_20130303Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se establecen los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de los servicios sociales, se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular.
2. Además de los requisitos generales de acuerdo con la normativa general aplicable, el anexo 2 de este decreto recoge los requisitos específicos que tienen que cumplir los servicios de tutela para ser autorizados.
1. La acreditación es una condición necesaria para poder ejercer el servicio de tutela incluido en la red de servicios sociales de atención pública y recibir, por lo tanto, financiación pública. Por ello, las entidades que se integren o se quieran integrar en esta red o que quieran recibir financiación pública tienen que acreditar los servicios de tutela de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 10/2013.
2. Los requisitos para la acreditación, además de los establecidos para la autorización, son los que describe el anexo 2 de este decreto.
Las entidades tutelares y los servicios de su titularidad tienen que estar debidamente inscritos en el Registro Unificado de Servicios Sociales. Esta inscripción puede ser a instancia de parte, de acuerdo con el Decreto 10/2013, o de oficio, cuando se obtenga la autorización o la acreditación correspondiente.
Financiación de las entidades tutelares
1. Las entidades tutelares pueden funcionar con financiación privada o pública.
2. En caso de financiación privada, las entidades tutelares tienen que ajustar la actividad económica a la normativa vigente, especialmente al Código Civil y a la regulación a la que estén sujetos en función de su forma jurídica.
3. En caso de financiación pública, las entidades tutelares se pueden acoger al régimen de conciertos y al resto de fórmulas previstas en el LE0000362216_20140101artículo 89.1 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, y en la normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 90 con respecto a la actividad de fomento de las administraciones públicas competentes.
4. En ningún caso, las entidades tutelares pueden tener finalidad de lucro.
De acuerdo con el Decreto 56/2011, el servicio de tutela es una prestación garantizada, de manera que las administraciones públicas de las Illes Balears tienen que garantizar los recursos necesarios para asegurar el derecho subjetivo de la ciudadanía a recibir este servicio y están obligadas a consignar anualmente en los presupuestos los créditos necesarios para financiarlo. En caso de que estos créditos resulten insuficientes, se tendrán que ampliar.
Las entidades tutelares que actualmente prestan los servicios de tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se deben adaptar a este decreto en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.
Este decreto se dicta al amparo del LE0000007737_20020703artículo 58.3 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción dada por la LE0000241297_20100718Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, excepto con respecto al apartado 2 del artículo 3, al apartado 1 del artículo 16 y a las disposiciones finales primera y segunda, que se dictan en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que le atribuye el artículo 30.15 del Estatuto de autonomía.
Se faculta al consejero o consejera competente en materia de servicios sociales para dictar las normas necesarias para desarrollar este decreto en el ámbito de competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Baremo de niveles de apoyo de las personas adultas incapacitadas judicialmente
1. El nivel de apoyo que se debe definir en el plan de atención personal de la persona tutelada se tiene que adecuar a uno de los niveles que establece la siguiente tabla:
Nivel de apoyo Definición Situaciones vitales en cada nivel
Reducido Las funciones de la entidad tutelar se limitan a contactos mensuales con la persona y a ofrecerle la cooperación con otros recursos (como los servicios sociales), el cumplimiento de obligaciones de cualquier índole (como fiscales) y la atención en situaciones de urgencia. Personas con plaza en una residencia integrada en la red de servicios sociales de atención pública.
Como en el anterior, hay contactos mensuales, aunque en conjunción con otras actuaciones, como por ejemplo:
• Seguimiento médico/especialista.
• Gestiones diversas (compra de vestuario, renovación de documentación, etc.).
• Gestión y uso del tiempo libre.
— Gestión del patrimonio.
• Personas con plaza en un servicio residencial privado.
• Personas internas en un centro penitenciario.
• Personas en su domicilio con apoyo de las administraciones.
— Personas con gran patrimonio
Intenso Las entidades tutelares deben ofrecer el máximo nivel de apoyo puesto que las personas tuteladas no tienen otros recursos, y se incluyen situaciones multiproblemáticas.
• Personas con consumo de tóxicos en el domicilio.
• Personas en su domicilio sin apoyo de las administraciones.
— Personas incapacitadas con otras personas a cargo.
2. No obstante lo anterior, en el plan se puede modular el nivel de apoyo y, por lo tanto, la asistencia de las diferentes áreas de trabajo según las siguientes variables:
a. Tiempo del ejercicio de la tutela inferior a seis meses desde el nombramiento por resolución judicial.
c. Situación patrimonial especial que aumente la carga de trabajo básica de la entidad.
d. Ausencia de apoyo familiar.
e. Existencia de causas judiciales penales y civiles pendientes.
f. Distancia superior a 50 km entre el domicilio de la persona tutelada y la sede de la entidad tutelar.
g. Tipo de cargo tutelar asignado.
h. Hijos o familiares a cargo de la persona tutelada.
i. Violencia.
Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de tutela
La entidad titular del servicio tiene que cumplir las condiciones generales siguientes:
a. Tratarse de una persona jurídica sin finalidad lucrativa que tenga como finalidad principal la tutela de personas incapacitadas.
b. Haber sido nombrada tutora, u otra figura de guarda legal prevista en la normativa civil, o ejercer provisionalmente la defensa y la representación judicial de personas que se encuentren en proceso de incapacitación por resolución judicial.
c. Garantizar, mediante una declaración responsable incluida en el impreso de solicitud de la autorización o la acreditación, que ni la entidad tutelar ni la persona que la representa legalmente están en las situaciones equivalentes a las fijadas como prohibiciones para ser beneficiarias o entidades colaboradoras en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones.
d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de servicios sociales y los requisitos y las condiciones que establece este anexo.
1. La entidad tiene que coordinar y desarrollar el conjunto de actuaciones, servicios, recursos y programas que tiene que proveer para dar respuesta al conjunto de las necesidades de la persona tutelada.
2. La entidad, a través del referente tutelar, tiene que desarrollar el plan de atención personal de cada persona tutelada. Este plan debe revisarse anualmente, e incluirá sus datos personales, jurídicos, económicos, de historia familiar, social, sanitaria, etc. Asimismo, tiene que establecer el nivel de apoyo de la persona tutelada y las actuaciones a llevar a cabo en las áreas de apoyo que prevé el artículo 9 del Decreto.
3. La entidad tutelar tiene que prestar el servicio de acuerdo con un horario y un calendario que permitan desarrollar de manera adecuada el servicio de tutela. Asimismo, tiene que disponer de un sistema de guardia localizable cada día del año y las 24 horas del día, para poder atender situaciones de emergencia.
1. Por otra parte, la entidad tutelar tiene que disponer de los servicios necesarios y ajustados a la actividad que desarrollen para la gestión ordinaria, como son la dirección técnica y gerencial, la administración de la entidad, el mantenimiento, la financiación, la seguridad y la prevención de riesgos, la calidad, la comunicación, la formación, la coordinación del voluntariado, el transporte, la conserjería y la limpieza.
2. La necesidad de personal de la entidad tutelar en las diferentes áreas se tiene que relacionar con el total de personas tuteladas para la entidad y, especialmente, en función de su nivel de apoyo.
3. Para velar por la atención correcta a las personas usuarias, el Consejo de Coordinación de Bienestar Social, creado por la LE0000362216_20140101Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, y regulado por el LE0000405259_20100110Decreto 97/2009, de 29 de diciembre, hará el seguimiento de cada entidad tutelar, sin perjuicio del ejercicio de las funciones en materia de inspección que corresponda a cada administración de acuerdo con la atribución competencial determinada según el ámbito territorial. Las entidades deben presentar, con una periodicidad máxima semestral, un informe sobre el número de personas atendidas por perfiles y las ratios profesionales que aplican.
4. La dotación de personal que deben tener los servicios tiene que permitir una atención de calidad, adaptada a los diferentes niveles de apoyo.
5. La entidad puede contratar a los trabajadores de forma parcial o subcontratar los servicios de que se trate, como mínimo, para dar los servicios ajustados a la población atendida.
6. Para la acreditación, además de los requisitos anteriores, la entidad tutelar debe disponer de un plan de igualdad, previsto en la LE0000235144_20111023Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer, así como de un programa de formación del personal y de las personas voluntarias que participan en el servicio de tutela de personas adultas. Igualmente la entidad tiene que cumplir las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que prevé el LE0000517635_20131204Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
7. El personal de la entidad tutelar deberá tener la titulación y la formación requeridas para desarrollar las tareas que se le asignen.
8. La persona responsable del servicio deberá tener una titulación de grado medio o superior vinculada al ámbito socioeducativo, sociosanitario o jurídico. Esta persona tendrá, entre otras obligaciones, las siguientes:
a. Velar por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y de los descritos en esta disposición.
b. Velar por el desarrollo del plan de atención personal elaborado conjuntamente con otros profesionales, evaluándolo y revisándolo periódicamente.
c. Explorar las opciones de provisión de servicios que pueden satisfacer mejor las necesidades y los deseos de la persona incapacitada.
d. Coordinarse con la red pública de servicios sociales y de la salud para garantizar el acceso de la persona incapacitada a los recursos sociales y sanitarios.
e. Velar por la calidad de vida de la persona incapacitada y por su equilibrio social e interrelacional.
f. Promover acciones correctoras o sustitutivas de servicios, cuando sea preciso.
g. Velar por la seguridad, higiene y comportamiento de la persona incapacitada.
1. El servicio de tutela debe tener una sede que resulte accesible y próxima para las personas tuteladas. Dentro de la estructura del espacio tendrá, como mínimo, salas de atención a los destinatarios, que garanticen una atención personal adecuada. Las instalaciones deben cumplir la normativa de accesibilidad y los requisitos de seguridad que establece la normativa vigente.
2. Además, en el caso de los servicios que se quieran acreditar, la entidad tiene que disponer de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas tuteladas. Este sistema respetará la normativa vigente y, especialmente, la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
El personal del servicio de tutela debe velar por el respeto de los derechos de las personas que reconoce la legislación y, especialmente, por los siguientes:
c. Permitir que sigan manteniendo con la máxima fluidez posible la relación con su entorno familiar, afectivo y social.
d. Proporcionar la información que pidan y de aquello que les incumba.
e. Mantener la confidencialidad de aquellos datos personales cuyo conocimiento no sea imprescindible para el personal de apoyo.
f. Tener en cuenta su situación personal y familiar.
g. Conocer estos derechos y garantizar su divulgación entre las personas.
h. Hacer cumplir su voluntad anticipada en caso que las personas tuteladas hayan ejercido este derecho con anterioridad, de acuerdo con el contenido y los límites de la resolución judicial.
1. A la solicitud de autorización del servicio de tutela, además de la documentación fijada con carácter general en el LE0000500598_20130303Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se establecen los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears, de los procedimientos para la autorización y la acreditación de los servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular, se tiene que adjuntar la documentación siguiente:
a. Memoria económica en la que conste una previsión de la financiación de la actividad de la entidad para el año en curso.
b. Memoria financiera del último ejercicio fiscal en la que conste el balance detallado de gastos e ingresos.
c. Documentación que acredite la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil que garantice la cobertura de las indemnizaciones a las personas usuarias o terceros por los daños y perjuicios ocasionados, por importe, como mínimo, de 100.000 €.
d. Memoria del servicio del año anterior, si procede.
e. Protocolos de acogimiento y seguimiento.
f. Reglamento de régimen interno, que incluirá las normas de funcionamiento, los horarios de atención, los protocolos de actuación, etc.
g. Propuesta del precio de la plaza.
h. En caso de entidades tutelares que ya ejercían tutelas antes de la entrada en vigor del Decreto, relación de personas tuteladas, y referencia y fecha de la sentencia judicial de declaración de incapacitación.
2. A la solicitud de acreditación del servicio de tutela, además de la documentación fijada con carácter general en el Decreto 10/2013, se tiene que adjuntar la documentación siguiente:
a. Certificado de la calidad del servicio o proyecto de gestión de calidad, cuyo objetivo debe ser la mejora objetiva de los servicios ofrecidos y la satisfacción de las personas usuarias del servicio de tutela, desarrollando los procesos de planificación, gestión, acreditación y control de calidad.
b. Plan de igualdad, regulado en la LE0000235144_20111023Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer.
c. Acreditación documental de la existencia de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas tuteladas.
d. Acreditación documental, o declaración responsable, sobre el cumplimiento efectivo de las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que prevé el LE0000517635_20131204Real Decreto Legislativo 1/2013.
e. Memoria económica del servicio en el que se informe sobre la financiación del servicio de tutela y sobre la recepción de retribuciones por parte de las personas tuteladas, de acuerdo con las sentencias de incapacitación y la normativa reguladora.
f. Programa de formación del personal y de las personas voluntarias que participan en el servicio de tutela.
Además, en caso que el servicio que se pretende acreditar no esté ya autorizado, se deberá adjuntar a la solicitud de acreditación la documentación indicada en el punto 6.1.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 70
 artículo 58
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 artículo 9
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 artículo 90
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 30
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 artículo 13
 artículo 9
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