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Timestamp: 2017-04-27 14:43:44+00:00

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MODELO DE RECURSO DE RECONSIDERACION Y JERARQUICO ANTE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. | Estudio Longhi & Cia.
> ESCRITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.	> MODELO DE RECURSO DE RECONSIDERACION Y JERARQUICO ANTE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	MODELO DE RECURSO DE RECONSIDERACION Y JERARQUICO ANTE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
En primer lugar Sr. Secretario esta parte se ve obligada a señalar que en este organismo no me ha otorgado el derecho al debido proceso. Como se podrá observar oportunamente presente el escrito “opone incompetencia-plantea nulidad-ofrece prueba-pide vista de las actuaciones-designa defensor-pase los autos a la procuración del tesoro de la nación-reserva jurisdiccional” ante mesa general de entradas con fecha 26/11/2010, que adjunto con este planteo, y al respecto no se me ha concedido ni siquiera la vista de las actuaciones por la que se me aplica en la resolución de marras una multa violatoria del derecho de defensa.
No obstante el equívoco de esta secretaria, en el considerando del acto administrativo, pues no se hace ni una sola mención al planteo de nulidad esgrimido asi como tampoco se me ha concedido el derecho a ejercer prueba que se planteo oportunamente según lo indicado en el párrafo anterior, esta autoridad solo baso sus argumentos en la instrucción sumarial y no permitió ejercer el derecho a alegar. Y si bien es cierto que este organismo, cuya potestad es ejercer el poder de policía, tiene atribuciones para instruir sumarios ante las supuestas infracciones que se imputan a esta parte no es menos cierto que esta parte planteo descargos y planteo nulidades que no fueron desvirtuadas por la resolución SAyDS 1112.
Al respecto reitero que por CD 063501122 18/6/2010, CD 048349943 Y 043849965 11/12/2009, CD 134413220 16/9/2010 QUE SE ACOMPAÑARON EN EL PLANTERO DE NULIDAD DEL 26/11/2010; esta autoridad jamás me dio vista, no me permitió ejercer mi derecho de defensa. Y es uno de los requisitos esenciales la motivación de los actos administrativos y es en el acto individual donde con mayor severidad cabe reclamar la debida motivación y debo decir que no se ha observado este límite impuesto no solo por la ley y la garantía de la validez de la discrecionalidad y razonabilidad que como administrado tengo derecho sino que no existe la misma en la Res.1112 SAyDS. Y el Procurador del tesoro de la Nación tiene establecido por motivación: Esto es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir el acto, con la cita de los hechos y antecedentes que le sirven de causa y el derecho aplicable, constituye un requisito esencial de todo acto administrativo (Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, art. 7°, inc. e). Dict. N° 159/10, 16 de julio de 2010. Expte. N° 01-0170550/08. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (Dictámenes 274:64 PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION).
Sin perjuicio de ello se han violado facultades regladas el título VI del DTO 1759 reglamentario de la ley 19549 en sus arts. 46 y 47 y 60 pues la Administración de oficio o a pedido de parte, debió disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiere. Como asi debió notificar la providencia que ordene la producción de prueba a esta parte interesada indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieran fijado. Es menester decir que no se han cumplido todas las etapas procesales por lo que el sub lite estaría violando la facultad reglada previa a una multa: vista de oficio para ejercer el derecho a alegar sobre la prueba ofrecida y en su caso denunciar la que inmotivadamente se denegó; se colige que es el art. 60 del decreto 1.759/ 72 que confiere el derecho a alegar sobre la prueba y sobre lo actuado.
Y esta parte solicito el 26/11/2010 y por las CD indicadas las pruebas de oficio al ADA por lo cual esta parte hubiera demostrado la incompetencia de esta secretaria y acompaño documentación de los exptes del ADA 2408-33653/77 y certificación final de obras de 24/7/1979, con estas pruebas se validaba la defensa. Sin embargo la Res. 1112 SAyDS en su considerando no hace mención alguna de ello y solo nos habla del planteo de incompetencia. Es decir que no tuve la suerte de ejercer la prueba ni el derecho alegar ni siquiera la prueba de cargo sumarial. Pues sustanciadas las actuaciones, se debió dar vista de oficio y por diez (10) días a esta parte interesada para que, si lo creyere conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y en su caso, para alegar también sobre la prueba que se hubiere producido. En suma no se ha respetado ni el derecho a la prueba ni el derecho a alegar, por lo que es manifiesto como la instrucción sumarial ha violado el debido proceso que como bien señala la doctrina el derecho de los administrados al debido proceso adjetivo comprende la posibilidad de exponer sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos e intereses legítimos (El Dr. Gordillo en su tratado de derecho administrativo T° II pág. 41 apartado XVII).
Por estas razones se solicita se dicte la nulidad de la Res. 1112 SAyDS.
II-INTERPONE RECURSO DE RECONSIDERACION Y EN SUBSIDIO EL JERARQUICO:
No obstante la nulidad planteada, por estilo de la práctica administrativa, se solicita se reconsidere la Res. 1112 SAyDS por los siguientes argumentos:
Que en la resolución de marras, en la motivación del acto administrativo, siendo la expresión en forma concreta de las razones que inducen a emitir el acto, con la cita de los hechos y antecedentes que le sirven de causa y el derecho aplicable, con la violación señalada por no haberse otorgado a esta parte el derecho a introducir la prueba ofrecida, solo se hace referencia al planteo de incompetencia diciendo que la administrada, o sea esta parte, no puede soslayar el art 75 inciso 32 ni el art 99 inciso 2 ni el art 31 de la Constitución Nacional. Sin perjuicio del considerando la verdad es que no puedo soslayar en realidad que por la Constitución de la Pcia de Bs As en su Art 1.- La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación. Y al respecto el considerando de la resolución recurrida no hace mención a que poder delego la provincia de Buenos Aires a La Nación ni porque ley convenio.
Y por LEY 12.257 Código de Aguas de La Pcia de Bs As está más que claro que la provincia no delego por la constitución de la nación al gobierno nacional, ni al congreso, sino que por el art. 66 del código de aguas, que se transcribe para ilustrar, es una atribución de derecho público provincial por el dominio inherente de los recursos naturales; al respecto el código de aguas provincial dice: Se entiende por uso industrial al de aquellos establecimientos que obtienen agua por cualquier sistema de captación instalado en cursos o cuerpos superficiales o subterráneos con finalidad de ser usada en la transmisión y producción de calor, como refrigerante, como disolvente, como reactivo, como medio de lavado, en la purificación de materiales con incorporación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, como materia prima única, como componente principal y/o secundario, o como coadyuvante en cualquier proceso de elaboración, transformación o producción. El aprovechamiento en centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares, también es considerado uso industrial, como así también los que pudieran incorporarse por reglamentación.
Por lo tanto esta secretaria debió considerar esta legislación pcial y que esta parte está sujeta al control del ADA, sin perjuicio que como se aclarara más adelante hemos cambiado la forma de producción no generando vuelco de efluentes líquidos verificado esto por ACUMAR, Y por el expte 2408-33653/77 y la certificación final de obras de 24/7/1979 documentación técnica que por obvias razones jurisdiccionales pertenece por la constitución bonaerense al ADA, que es la autoridad natural para aplicar el código de aguas, esta parte está sujeta al contralor por haber sido el vuelco pluvial.
Por ello la resolución 1156/05 es violatoria del régimen provincial, violatoria del régimen de la constitución provincial máxime porque no es ley pues no puede considerarse como una mera transferencia de documentación y es un abuso frente al orden jurídico constitucional nacional. Y por el art. 31 de la CN la pcia de Bs As en conformidad a su derecho público dicto el código de aguas de allí que esta parte este sujeta al contralor del ADA. Y los DTO 674/89 y 776/92 han perdido vigencia frente a la Constitución Bonaerense de 1994 ya que por el art 28 de la constitución provincial La Provincia de Buenos Aires ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio. Es decir que este dominio de derecho público no ha sido delegado a la nación. Y la Autoridad del Agua de la Pcia de Bs As solo aplica la normativa nacional siguiente: Constitución Nacional Artículo 41; Código Civil Artículo 2340 inc.3; Artículo 2641. Ley 13.273 Ley de Bosques Protectores Ley 20.645 Tratado del Río de La Plata y su frente marítimo. Va de suyo que la provincia solo delego en la nación lo atinente a esta normativa indicada.
Por estos argumentos se solicita se reconsidere la Res. 1112 SAyDS en este punto.
No obstante mis argumentos defensivos, nulidicente y revocatorio, no puedo dejar de observar con estimación precautoria de que esta Secretaria se ha excedido en su considerando puesto que a la infraccion, supuestamente imputada a esta parte, se le ha aplicado un esquema analógico al delito continuado. Es imprescindible manifestar siendo inherente a nuestro sistema penal que no existe tal cosa analógica, está prohibida en nuestro régimen punitivo, y mal dice el considerando que “al existir pluralidad de infracciones puede asimilarse a los delitos continuados toda vez que la acción delictiva misma permite que se la pueda prolongar en el tiempo” Sr. Secretario bajo nuestro orden constitucional la arrogación de la jurisdicción judicial se encuentra prohibida por lo que el considerando no puede imputar delito continuado, interpretar analógicamente y solapadamente toda vez que la constitución de la nación garantiza el juez natural en su caso. Y hablar de acción delictiva sin tener en cuenta lo que supuestamente es una típica “infraccion” administrativa que no depende de la intención dolosa ni la culpa siendo estrictamente su origen técnico contravencional y no delito.
Por este motivo se solicita se reconsidere esta flagrante arrogación de la Res. 1112 SAyDS por ser una atribución típicamente jurisdiccional la imputación a la que se refiere y en su caso la legislación penal la dicta el congreso de la nación.
II-1-HECHOS NUEVOS-ABSTRACCION DE LA MULTA- PRUEBA:
Sin perjuicio de los argumentos vertidos, esta parte mediante nota descargo del 27/7/2011, que se adjunta, acompaño acta de inspección verificatoria por la cual ACUMAR inspecciono las instalaciones de la empresa y por Formulario N° 15003 (Res. 132/2010) constato que esta parte no realiza vertidos industriales.
Es decir que esta parte cumplió en informar acabadamente la novedad verificada nada menos que por ACUMAR. Asimismo y para mayor recaudo se solicito que se libre oficio a la autoridad de cuenca para que se expida sobre la autenticidad del respectivo formulario de inspección y se peticiono que se busque el escrito “opone incompetencia-plantea nulidad-ofrece prueba-pide vista de las actuaciones-designa defensor-pase los autos a la procuración del tesoro de la nación-reserva jurisdiccional.” Todo esto con fecha de cargo de mesa de entradas del 27/7/2011, y nuevamente existió silencio de esta Secretaria. Esto último refuerza el planteo de nulidad porque fue antes del 8/8/2011 que es cuando se dicta la Res. 1112/2011.
Por este motivo se solicita se reconsidere en este punto la resolución 1112/2011 SAyDS declarándose abstracta la multa.
Sin perjuicio de ello y para mejor proveer esta parte está tramitando con fecha 31/8/2011 el certificado de NO vuelco de efluentes industriales ante Aysa. POR ELLO SE PETICIONA SE SUSPENDA EL CURSO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES A LOS EFECTOS DE QUE LOS INSPECTORES DE AYSA SE APERSONEN EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA Y SE EXPIDAN SOBRE EL TRAMITE PRESENTADO.
SE SOLICITA LA SIGUIENTE PRUEBA:
1-Se libren oficios a Aysa Lanus y Ezeiza para que informen fecha de inspección de las instalaciones.
2-Se libre oficio a la ACUMAR para acompañe copia certificada del formulario de inspección N°15003 (Res. 132/2010).
PRUEBA DOCUMENTAL FOTOCOPIADA Y SELLADA POR LETRADO PATROCINANTE QUE SE ACOMPAÑA: 1-Formulario 15003 ACUMAR; 2-Nota descargo de fecha 27/7/2011 expte 26869/2011; 3-escrito: opone incompetencia-plantea nulidad-ofrece prueba-pide vista de las actuaciones-designa defensor-pase los autos a la procuración del tesoro de la nación-reserva jurisdiccional del 26/11/2010; 4-fotocopias expte 2408-33653/77 y la certificación final de obras de 24/7/1979; 5-tramite de certificado de no vuelco Aysa; 6– DNI y acta de directorio vigente y CUIT.
III-RECURSO JERARQUICO-RESERVA JURISDICCIONAL Y CASO FEDERAL. Esta parte solicita se tenga por deducido el recurso jerárquico, en los términos del decreto 1759/72, arts. 89 y 99; hace expresa reserva de revisión judicial y desde ya plantea caso federal por violación del debido proceso, defensa en juicio, y orden jerárquico del art. 31 de la Constitución de La Nación y art. 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. IV- PASEN LOS AUTOS A LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION: Así nuestro Excmo. Procurador del Tesoro tiene establecido: El requisito del dictamen jurídico previo que deben emitir las distintas jurisdicciones y entidades exige, por una parte, una relación pormenorizada de todos los hechos que enmarcan la cuestión elevada en consulta y, por la otra, el análisis específico, exhaustivo y profundo de una situación concreta a efectos de recomendar conductas acordes con la justicia y con el interés legítimo de quien formula la consulta (conf. Dict. 247:414; 249:357). En razón de esta doctrina legal se solicita el pase de las actuaciones por la flagrante violación del debido proceso. V-DERECHO: Fundo mis derechos en los Arts. 18 y 31 de la Constitución Nacional y arts. 1 y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y su Código de Aguas; arts. 7 inc D 1 apartado debido proceso adjetivo Ley 19.549 y arts. 89 y 99 decreto 1759/72. VI- PETITORIO:
1)-Se me tenga por presentado en tiempo y forma la nulidad opuesta, el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio.
2)-Se tenga presente el hecho nuevo, las pruebas ofrecidas para producir y documental acompañada.
4)-Oportunamente se haga lugar a la defensa interpuesta, y en su caso pasen los autos al Procurador del Tesoro de La Nación y se eleve al superior jerárquico.
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 Artículo 41
 Artículo 2340
 Artículo 2641
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