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Timestamp: 2019-10-22 03:56:16+00:00

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﻿ Sentencia T-291 de mayo 21 de 2013
SENTENCIA T-291 DE 21 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA. LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE EN LOS ASUNTO CON UN CONFLICTO DE CONTENIDO ECONÓMICO O PATRIMONIAL, CUANDO NO SE OBSERVA INFRACCIÓN A ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL, NI MENOS AÚN UN PERJUICIO IRREMEDIABLE O ALGÚN OTRO ASPECTO DE CLARA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL QUE JUSTIFIQUE EL ANÁLISIS EN SEDE DE TUTELA. NO POR EL SOLO HECHO DE HABER OBTENIDO UN RESULTADO ADVERSO FRENTE A UN DETERMINADO ASUNTO, PUEDE PRESUMIRSE QUE ELLO ES CONSECUENCIA DE UNA VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, PROCESO CONCURSAL
Sentencia T-291 de mayo 21 de 2013
Ref.: Expediente T-3727895
Acción de tutela instaurada mediante apoderado por Juan Francisco Javier Romero Gaitán contra la Superintendencia de Sociedades
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en octubre 17 de 2012, dentro de la acción de tutela instaurada por Juan Francisco Javier Romero Gaitán, mediante apoderado, contra la Superintendencia de Sociedades (en adelante Supersociedades).
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho judicial, según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991; en enero 30 del 2013, la Sala 1ª de Selección lo eligió para revisión.
Juan Francisco Javier Romero Gaitán promovió acción de tutela en agosto 29 de 2012, por intermedio de apoderado, contra la Superintendencia de Sociedades, solicitando protección para sus derechos al debido proceso, a la propiedad y a la igualdad, según los hechos que a continuación son resumidos.
1. La parte demandante afirmó que, con fundamento en la competencia otorgada por la Ley 1116 de 2006, mediante Auto 400-018359 de noviembre 23 de 2011, Supersociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la empresa Fábrica de Hilazas Vanylon, S.A., en adelante Vanylon, con NIT 860-005-110, por incumplimiento del acuerdo concordatario que habían iniciado(1).
2. Señaló que en diciembre 15 de 2011, Supersociedades fijó aviso por 10 días informando a los acreedores sobre la apertura de dicho trámite liquidatorio, para que presentaran los créditos a su favor y a cargo de la referida sociedad(2).
3. Indicó que, en virtud de lo anterior, presentó ante el liquidador de Vanylon, señor Héctor José Piedrahita Medina, los créditos de los cuales era titular, allegando “sendas certificaciones” expedidas por la contadora y el tesorero de la mencionada empresa, como pruebas de la existencia y cuantía de los mismos(3).
4. Agregó que en marzo 23 de 2012, en desarrollo del trámite respectivo, el liquidador presentó proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto, en el cual fueron aceptados y reconocidos varios créditos a favor del señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán.
5. Aunado a lo anterior, manifestó que dichas acreencias fueron objetadas por otro acreedor, la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (en adelante Monómeros)(4) solicitando su rechazo y argumentando, entre otros aspectos, que las referidas certificaciones emitidas por la contadora y el tesorero de Vanylon no “constituyen prueba de la existencia y cuantía” de los créditos, además de haber operado “prescripción de la deuda”(5).
6. En consecuencia, la parte actora expuso que en junio 8 de 2012 se realizó audiencia de resolución de objeciones, durante la cual la entidad accionada dictó auto mediante el cual decidió aceptar las que fueron formuladas por Monómeros y, en efecto, rechazar los créditos presentados por el señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán, con fundamento en la configuración de la prescripción alegada. Contra esta providencia interpuso en su momento el recurso de reposición, a lo que no procedió la mencionada entidad, guardando “absoluto silencio” frente a los planteamientos específicos de su recurso, esto es, en lo relativo al régimen legal aplicable a la prescripción de las obligaciones objeto de discusión(6).
7. Finalmente, aseveró que el proceder de la demandada constituye una vía de hecho, que vulnera sus derechos fundamentales, al considerar principalmente que i) implica un desconocimiento arbitrario de los créditos del señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán; ii) la deuda contenida en las facturas no está prescrita; iii) comporta un defecto sustancial, porque los documentos en los que se soporta la deuda no son facturas cambiarias, ni títulos valores; iv) también constituye un defecto sustancial ante la renuncia a la prescripción por parte de Vanylon y la imposibilidad de Monómeros de oponerse a la renuncia; v) la decisión carece de motivación e igualmente constituye un defecto fáctico(7).
8. Así, pidió como “medida urgente” para evitar un perjuicio irremediable contra sus derechos al debido proceso, la propiedad y la igualdad, ordenar a la entidad demandada la suspensión en todas sus partes del auto de junio 8 de 2012, incluyendo lo relacionado con la prosperidad de las objeciones presentadas por Monómeros y el consecuencial rechazo de sus créditos(8).
1. Contrato de subrogación suscrito en octubre 7 de 2008, entre Monómeros y Juan Francisco Javier Romero Gaitán, donde aparece, entre otros aspectos, que la primera aceptó del segundo el pago de $ 10.000.000 y a cambio declaró que él canceló las obligaciones adeudadas por Vanylon, correspondientes a cartera no concordataria con más de 540 días de vencida(9).
2. Certificaciones de enero 20 de 2012, expedidas por la contadora y el tesorero de Vanylon, en las cuales consta que “la concursada adeuda a Juan Francisco Javier Romero Gaitán” varias sumas de dinero(10).
3. Escrito de enero 22 de 2012, donde el señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán, mediante apoderado, presentó ante el liquidador los créditos a su favor y a cargo de Vanylon, para que se incluyeran en el proyecto de graduación y calificación que él debía elaborar(11).
4. Escrito de abril 18 de 2012, mediante el cual Vanylon dio respuesta a un derecho de petición que le dirigió Monómeros(12).
5. Escritos de abril 18 y 19 de 2012, de Monómeros y Juan Francisco Javier Romero Gaitán respectivamente, en los que cada uno de ellos presentó objeción contra los créditos del otro(13).
6. Acta de junio 8 de 2012, expedida por Supersociedades, donde consta la audiencia de resolución de objeciones, reconocimiento de créditos, aprobación de inventario valorado y señalamiento de derechos de voto, dentro del proceso de liquidación de Vanylon(14).
7. Escrito de julio 5 de 2012, en el cual el señor Romero Gaitán mediante apoderado, solicitó copia del acta de audiencia de resolución de objeciones(15).
8. Auto proferido en agosto 30 de 2012 por Supersociedades, por medio del cual se convocó para septiembre 18 del mismo año, audiencia de confirmación del acuerdo de adjudicación de bienes(16).
9. Auto proferido en septiembre 18 de 2012 por Supersociedades, mediante el cual se dio cumplimiento a la orden judicial de suspender el proceso de liquidación de Vanylon(17).
10. Estado de liquidaciones, emitido y fijado en septiembre 19 de 2012 por la oficina de apoyo judicial de Supersociedades(18).
11. Auto proferido en octubre 2 de 2012 por Supersociedades, mediante el cual se reanudó el proceso de liquidación judicial de Vanylon(19).
12. Proyectos de graduación y calificación de créditos y derechos de voto, presentado por el liquidador de Vanylon el día 26 de marzo de 2012(20).
13. Escritos emitidos por las empresas Suminex S.A. de C.V., Helm Bank USA y RBC Wealth Management en enero de 2012 donde se informa al liquidador que sus créditos respecto de Vanylon, fueron cedidos al señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán(21).
14. Facturas cambiarias de compra venta, donde figura como vendedor la empresa Monómeros y como comprador Vanylon(22).
15. Certificado de existencia y representación legal de Monómeros(23).
C. Actuación procesal y respuestas de la entidad accionada y vinculados
(i) Mediante auto de septiembre 11 de 2012,(24) el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado a Supersociedades, para que en un término de dos días siguientes a la respectiva notificación, ejerciera su derecho de defensa, al tiempo que vinculó a Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. y al liquidador Héctor Piedrahita Medina, para que también se pronunciaran sobre los hechos objeto de la presente acción.
Igualmente, mediante auto del día 14 del mismo mes y año,(25) dispuso decretar la medida provisional pedida y, en efecto, ordenar a Supersociedades suspender el trámite del proceso de liquidación, hasta tanto se emitiera el fallo respectivo.
En virtud de dicha orden judicial, Supersociedades expidió un auto en septiembre 18 de 2012,(26) suspendiendo el proceso de liquidación judicial de Vanylon y, en consecuencia, contuvo la audiencia de conformación del acuerdo de adjudicación de bienes, la cual se había fijado para ese mismo día.
(ii) La Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia de la entidad demandada, presentó escrito en septiembre 18 de 2012,(27) donde solicitó al juez de tutela “rechazar por improcedente” la acción, ante la no vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la parte actora.
Expuso que la parte demandante busca, por este medio, el reconocimiento de derechos patrimoniales que no pudieron ser probados en el juicio liquidatorio y que, además, no se satisface el requisito de inmediatez, “ya que han pasado tres meses desde la ocurrencia de la alegada violación al debido proceso, y solo hasta ahora, cuando el 18 de septiembre de 2012 se van a adjudicar los bienes de la concursada, interponen acción de tutela”(28).
(iii) Mediante escrito de septiembre 19 de 2012,(29) el señor Héctor Piedrahita Medina, designado como liquidador de Vanylon, también solicitó el rechazo de la acción de tutela por improcedente, argumentando que esta “no se puede utilizar para reclamar sumas de dinero”, como anotó que acontece en este caso.
En fallo de septiembre 24 de 2012,(30) el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo pedido a favor del señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán, al considerar que existían otros medios de defensa judicial para reclamar sus derechos. Además, en la misma providencia decretó el levantamiento de la medida provisional de suspensión del trámite de liquidación judicial de Vanylon.
Expuso también que analizando las pretensiones del actor, puede inferirse que lo debatido constituye “un conflicto de orden económico-patrimonial”, el cual debe ser resuelto ante la jurisdicción ordinaria.
Mediante escrito de septiembre 28 de 2012,(31) la parte demandante impugnó la referida decisión de primera instancia, reiterando la presencia de “defectos procedimentales absolutos, defectos fácticos, defectos sustanciales o sustantivos y la falta de motivación de la decisión”, en la actuación de la entidad demandada.
Argumentó que el juez no analizó de fondo los planteamientos expuestos por él, sino que tomó decisiones arbitrarias, sin plantear un mínimo fundamento jurídico, pues solo expresó “escuetamente” que el derecho al debido proceso no fue vulnerado y que la tutela es improcedente, por existir otros medios.
Finalmente, aclaró que lo pretendido con la tutela no es el pago de los créditos, sino que “se encausen las actuaciones de la superintendencia corrigiendo los errores y arbitrariedades cometidas con miras a evitar perjuicios irremediables a los derechos fundamentales del señor Romero Gaitán”(32).
En octubre 17 de 2012,(33) la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión, concluyendo que no se encontró configurado el defecto fáctico alegado, constitutivo de violación del derecho al debido proceso del señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán.
Para tal efecto, encontró “claro que la Superintendencia de Sociedades tiene competencia, no sustentó sus decisiones en normas inaplicables, tampoco la apoyó en hechos no probados, ni existe prueba alguna de haber sido inducido en error; por lo que sus decisiones se encuentran debidamente motivadas, no se han desconocido las formas propias del proceso, ni los mecanismos que la ley procesal otorga para el saneamiento de cualquier irregularidad”(34).
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso, a la propiedad y a la igualdad, cuya protección ha solicitado Juan Francisco Javier Romero Gaitán fueron vulnerados por la Superintendencia de Sociedades, al proferir una providencia de carácter jurisdiccional dentro del proceso de liquidación judicial de la empresa Vanylon, en la que aceptó las objeciones formuladas por otro acreedor y, consecuencialmente, rechazó los créditos presentados por el señor Romero Gaitán, alegando que habían prescrito.
3. Por regla general, la tutela no procede contra decisiones judiciales.
Teniendo en cuenta que la decisión de Supersociedades que en este caso controvierte el actor es de carácter jurisdiccional, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 116 superior, desarrollada en relación con el régimen de insolvencia empresarial y el adelantamiento de los correspondientes procesos concursales por la Ley 1116 de 2006, es claro que la eventual procedencia de la acción de tutela contra esa determinación debe analizarse bajo las mismas reglas aplicables a la tutela contra decisiones judiciales.
3.1. A este respecto, y como es bien sabido, mediante Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los arts. 11 y 12 ib.), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la carta política y en preceptos del bloque de constitucionalidad, esta Corte determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación a resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso(35).
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales (C.P., arts. 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
En la jurisprudencia se ha venido desarrollando de tal forma, desde 1993 hasta recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho,(36) al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva(37).
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones (38). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable(39). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(43). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(44) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(45).
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho”(46).
4. El requisito de subsidiaridad y su incidencia en la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades.
Como es sabido, uno de los supuestos indispensables para la procedencia de la acción de tutela es la inexistencia de otro medio de defensa judicial a través del cual poder ventilar la controversia de que se trata y solicitar protección para los derechos fundamentales que se consideran conculcados. Al mismo tiempo, una de las denominadas causales generales de procedibilidad en el caso de tutela contra decisiones judiciales es la exigencia de haber agotado todos los medios, tanto ordinarios como extraordinarios, de defensa judicial, que hubieren podido servir para reparar la vulneración de derechos que se denuncia como resultado de la decisión judicial en cuestión, con la sola excepción relativa a cuando la tutela se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En relación con este importante aspecto, en el presente caso deben efectuarse las siguientes consideraciones:
En primer lugar debe advertirse la imposibilidad de que las decisiones judiciales emitidas por la Superintendencia de Sociedades, dentro de los procesos de que trata la Ley 1116 de 2006, sean objeto de apelación, lo cual impide el posterior conocimiento del asunto por parte de algún superior funcional. Ello en razón a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 6º de esta ley que establece: “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”. Así, si bien frente a una decisión como la que aquí se controvierte procede el recurso de reposición, que el actor intentó sin éxito, se entiende que una vez agotada esta vía no existen otros recursos frente a la referida decisión.
Por otro lado, y aunque sería prima facie factible asumir que existen otros mecanismos de defensa judicial que procedan frente a las decisiones de la Superintendencia de Sociedades, al considerar que se trata de una autoridad administrativa y que sus decisiones tienen ese mismo carácter, como serían los recursos en sede administrativa y posteriormente las correspondientes acciones contenciosas, es evidente que esta opción no resulta viable, al recordar que pese a la naturaleza de la entidad, se trata del ejercicio de una función jurisdiccional. Este aspecto fue diáfanamente aclarado por este tribunal en la Sentencia T-079 de febrero 11 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) en la que puntualizó:
“En consideración a los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte Constitucional ha explicado que (i) los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades, actuando como juez concursal, tienen carácter jurisdiccional, así que no son susceptibles de control por la vía gubernativa, ni a través de las acciones contenciosas previstas por la ley para controlar la legalidad de los actos administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para controvertir tales providencias, siempre que se evidencie amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan agotado los medios de control de legalidad previsto por el legislador para cada procedimiento(47)”.
En síntesis, dado que la eventual procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas por la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de las funciones jurisdiccionales atribuidas por la Ley 1116 de 2006 depende de la estricta observancia del principio de subsidiariedad, para la Sala es claro que en el presente caso habrá de tenerse por cumplido este requisito, pues ciertamente no procede ningún otro medio de defensa, ni jurisdiccional ni administrativo, contra la decisión de resolución de objeciones que al entender del actor lesiona sus derechos fundamentales.
El actor aduce que sus derechos al debido proceso, a la propiedad y a la igualdad, fueron conculcados por la Superintendencia de Sociedades, al proferir un auto dentro del proceso de liquidación judicial de la empresa Vanylon, en el cual aceptó las objeciones formuladas por otro acreedor y rechazó sus créditos al encontrarlos prescritos. Como se recordará, en su momento el actor impugnó esta providencia mediante el recurso de reposición, pero la entidad demandada no se refirió a los planteamientos específicos de su recurso, esto es, lo relativo al régimen legal aplicable a la prescripción de las obligaciones en discusión.
Debe examinar esta Sala de Revisión si en este caso concreto se reúnen las condiciones de procedibilidad necesarias para el ejercicio de la acción de tutela contra sentencia judicial en firme, proferida por la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de las funciones jurisdiccionales otorgadas.
Sería necesario entonces comenzar por considerar si en este asunto existe una cuestión de verdadera relevancia constitucional, requisito sine qua non para la procedencia del amparo tutelar. Para ello, será del caso referirse a dos situaciones: (i) la verdadera naturaleza jurídica de los derechos que pudiesen verse involucrados, y (ii) si una eventual vulneración del derecho al debido proceso debe ser per se considerada como tema de relevancia constitucional.
Frente a lo primero, y para mejor ilustración, es pertinente transcribir el petitum de la demanda, en el cual se solicita que (i) “se revoquen los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades en la audiencia del 8 de junio de 2012..., en lo que concierne al rechazo de los créditos presentados por Juan Francisco Javier Romero Gaitán y que, en su lugar, sean aceptados de conformidad con el proyecto de graduación de créditos presentado por el liquidador”. Como resultado, se pide también que: (ii) “se rehaga la determinación de los derechos de voto, considerando los créditos del señor Romero Gaitán” y además (iii) “se revoquen los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades en la audiencia del 8 de junio de 2012..., en lo que concierne al rechazo de la objeción presentada por Romero Gaitán a los créditos de Monómeros y que en su lugar se rechacen... y se reconstruya los derechos de voto”.
A este respecto advierte la Sala, tal como lo señalaron los jueces de instancia, que tanto las pretensiones de la acción de tutela como el problema jurídico planteado por el actor, esto es, la discusión sobre el régimen legal aplicable a la prescripción de créditos representativos de una importante suma de dinero, son asuntos de carácter estrictamente económico o patrimonial. Como se recordará, el tema en discusión tuvo su origen en un conflicto derivado del ejercicio de la libertad contractual que el ordenamiento jurídico reconoce, en desarrollo de la cual, el señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán, profesional en la materia, y la empresa Monómeros celebraron un contrato de subrogación de acreencias,(48) que fueron luego declaradas prescritas por la Supersociedades, en desarrollo del trámite de liquidación judicial adelantado a la empresa Vanylon. Así las cosas, a más de presentarse una situación claramente constitutiva de improcedencia de la acción de tutela, también resulta claro que no se reúnen los elementos que según ha explicado la jurisprudencia configuran el denominado perjuicio irremediable, todo lo cual conduciría a la improcedencia de esta acción.
En cuanto a lo segundo, y si bien la eventual vulneración del debido proceso debería en principio ser considerada tema de clara relevancia constitucional, la jurisprudencia ha precisado que ello no equivale a asumir que cualquier invocación en este sentido baste para tener por cumplido el aludido requisito(49). De una parte, por cuanto esta corporación ha aclarado que debe estar de por medio un aspecto de aquellos que ella misma reconoce como integrante del debido proceso constitucional, es decir directamente derivado de las garantías previstas en la Carta Política, y no apenas del concepto amplio de debido proceso, que es aquel que es fruto de la actividad legislativa y que se encuentra ampliamente desarrollado por los códigos de procedimiento(50). Y de otra porque, normalmente, la real y efectiva vulneración de aquellas garantías solo puede apreciarse al avanzar sobre el análisis del caso concreto, cuando a ello hubiere lugar, previa acreditación de la procedencia de la acción de amparo.
A partir de esta distinción, para la Sala no resulta evidente que la actuación de la Superintendencia de Sociedades que en este caso se disputa deba ser considerada un asunto de clara trascendencia constitucional, suficiente para justificar la procedencia de esta acción de tutela. Sin embargo, según lo explicado, es factible que el análisis específico de la situación planteada, y concretamente de si en este caso se habría producido alguna lesión del derecho al debido proceso, arroje luces más definitivas sobre la presencia o no de esa relevancia constitucional.
Sobre este tema, consta en el expediente que la Superintendencia de Sociedades observó estrictamente el derecho al debido proceso del actor, de quien podría decirse, fue verdaderamente oído y vencido en juicio. A manera de ejemplo basta tener en cuenta que: (i) el accionante presentó ante el liquidador los distintos créditos a su favor, de los cuales se dio traslado en tiempo junto con los de los demás acreedores y como se constató, dentro del término previsto resultaron objetados mutuamente algunos de ellos; (ii) posteriormente, en junio 8 de 2012, se realizó audiencia de resolución de objeciones, en la cual la entidad accionada, mediante auto decidió aceptar las formuladas por Monómeros y rechazar los créditos presentados por Juan Francisco Javier Romero Gaitán, al encontrar que operó el fenómeno de la prescripción. Lo anterior con fundamento en un estudio de fondo del caso, atendiendo las formas propias del proceso y exponiendo las suficientes razones legales para llegar a tal conclusión; (iii) inmediatamente y durante el curso de dicha audiencia, el actor interpone recurso de reposición en contra de tal providencia judicial, sustentando sus razones al respecto; (iv) acto seguido, y teniendo en cuenta los argumentos del referido recurso interpuesto, la Supersociedades lo resuelve desfavorablemente para sus intereses, quedando en firme lo decidido inicialmente.
Por otro lado, esta Sala de Revisión debe recordar que no por el solo hecho de haber obtenido un resultado adverso frente a un determinado asunto, puede presumirse que ello es consecuencia de una vulneración al debido proceso, tal como aparentemente lo entiende el actor en este caso. Como es evidente, este derecho fundamental no protege de la posibilidad de ser vencido, pero sí garantiza que en cualquier caso la conclusión del debate judicial y la decisión del juez serán justas, como resultado de la cuidadosa observación de las reglas procesales aplicables. Bajo este supuesto, es claro que el éxito esperado por cualquiera de los sujetos procesales que intervienen en el trámite puede frustrarse por muchas razones que no supondrían desconocimiento de este derecho fundamental, siendo la primera de ellas el simple cumplimiento de las normas aplicables al caso concreto, y como antecedente inmediato de este, el hallazgo de la verdad establecida, la contundencia de las pruebas de la parte contraria, e incluso en ocasiones, la actuación del propio interesado, que se desentiende, minimiza la situación, evade su comparecencia, no brinda cabal información veraz a su representante, o en fin, no le concede suficiente importancia a la defensa material.
A este respecto, el desarrollo del proceso concursal de autos, dentro de lo que alcanza a apreciarse a partir del expediente de tutela, permite observar que el actor estuvo permanentemente enterado de la iniciación y desarrollo del proceso, que no se evidenció un irrespeto a las formas propias del trámite aludido y que tuvo pleno acceso a las oportunidades de defensa previstas en la ley.
Por consiguiente, visto que el asunto planteado es un típico conflicto de contenido económico o patrimonial para cuya resolución la acción de tutela no es el escenario apropiado, y dado que no se observa infracción a algún derecho fundamental, ni menos aún un perjuicio irremediable o algún otro aspecto de clara relevancia constitucional que justifique el análisis en sede de tutela del reclamo planteado, concluye la Sala que esta acción es claramente improcedente.
Por estas razones se confirmará el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual confirmó el dictado por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, que denegó el amparo solicitado por el señor Romero Gaitán contra la Superintendencia de Sociedades.
1. CONFIRMAR el fallo proferido en octubre 17 de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual confirmó el dictado en septiembre 24 del mismo año, por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, que denegó el amparo solicitado a favor del señor Juan Francisco Javier Romero Gaitán, contra la Superintendencia de Sociedades.
(1) Folio 400, cuaderno inicial.
(2) Folio 401, ibídem.
(4) Es importante anotar que el actor y esta sociedad suscribieron en octubre 7 de 2008 un contrato de subrogación por el cual la segunda aceptó del primero el pago de la suma de $ 10.000.0000 y a cambio declaró que aquel canceló las obligaciones que a esa fecha Vanylon adeudaba a Monómeros, correspondientes a cartera no concordataria con más de 540 días de vencida.
(5) Folio 402, ibídem.
(6) Folio 403, ibídem.
(7) Folios 404 a 417, ibídem.
(8) Folios 398 y 418, ibídem.
(9) Folios 385 a 397, ibídem.
(10) Folios 26 a 46, ibídem.
(11) Folios 21 a 24, ibídem.
(12) Folio 516, ibídem.
(13) Folios 492 a 515, ibídem.
(14) Folios 2 a 20, ibídem.
(15) Folio 66, ibídem.
(16) Folios 437 y 438, ibídem.
(17) Folios 541 a 543, ibídem.
(18) Folios 536 a 540, ibídem.
(19) Folios 5 y 6, cuaderno 2.
(20) Folios 47 a 65, ibídem.
(21) Folios 67 a 69, ibídem.
(22) Folios 72 a 384, ibídem.
(23) Folios 520 a 531, ibídem.
(24) Folios 428 y 429, cuaderno inicial.
(25) Folio 441, ibídem.
(26) Folios 541 y 542, ibídem.
(27) Folios 464 a 477, ibídem.
(28) Folio 476, ibídem.
(29) Folios 532 a 535, ibídem.
(30) Folios 553 a 557, ibídem.
(31) Folios 563 a 570, ibídem.
(32) Folio 570, ibídem.
(33) Folios 7 a 17, cuaderno 2.
(34) Folio 16 ibídem.
(35) Cfr. T-133 de febrero 24 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(36) La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011.
(37) Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-357 de abril 8 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; y T-952 de noviembre 16 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(38) “Sentencia T-173 de 1993”.
(39) “Sentencia T-504 de 2000”.
(40) “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005”.
(41) “Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000”.
(42) “Sentencia T-658-98”.
(43) “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”.
(44) “Sentencia T-522 de 2001”.
(45) “Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001”.
(46) Cfr. T-518 de noviembre 15 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(47) Ver también las sentencias T-757 de 2009 y T-803 de 2004.
(48) Ver citas de pie de página 4 y 9 anteriores.
(49) Cfr. sobre este tema, entre otras, las sentencias T-685 de 2003, T-102 de 2006, T-061 de 2007 y T-910 de 2009.
(50) La Corte ha ejemplificado como parte integrante de este concepto aspectos tales como el derecho al juez natural, el principio de contradicción de la prueba o la prohibición de los juicios secretos.

References: artículo 32
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 artículo 116
 artículo 40
 artículo 6
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