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Timestamp: 2020-08-08 00:17:18+00:00

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Título del Trabajo: PROCESOS MATRIMONIALES
Autor: LUCÍA MOSQUERA TAPIA
Los procesos matrimoniales son un tipo de procesos especiales, debido en buena medida al interés público que revisten, lo que justifica la existencia de normas específicas a este tipo de procesos – aunque no exclusivas a los mismos-. Este tipo de procesos se sustancian por los trámites del juicio verbal con contestación escrita, si bien existen diferencias procedimentales en función de si el proceso es contencioso o de mutuo acuerdo. El objeto de estos procesos puede ser o bien una pretensión de separación matrimonial, o bien una pretensión de divorcio, o bien una pretensión de nulidad matrimonial – que suelen ir acompañadas de otras pretensiones-. Por otra parte, en los procesos matrimoniales tienen especial importancia las medidas personales y patrimoniales a adoptar para regular las relaciones entre los cónyuges, las cuales pueden ser medidas provisionales o medidas definitivas, y que en cualquier caso deben ser ejecutadas. Asimismo, no se puede hablar de estos procesos sin hacer referencia al Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que amenaza con modificar varios aspectos relacionados con los mismos.
Matrimonial proceedings are a special type of proceedings, largely due to the fact that they are of public interest. This justifies the existence of rules specific, but not exclusive, to such proceedings. These proceedings are sustained in oral hearings whit a written response, although procedural differences can be found in relation to whether the proceeding is adversarial or consensual. The object of these proceedings can be either a petition for legal separation, divorce, or marriage annulment, and are often submitted together with other requests. Moreover, personal and patrimonial interim measures are specially important in matrimonial proceedings in order to better regulate the relation between spouses. Interim measures can be either definitive or provisional, and must be enforced in any case. Finally, we cannot talk about matrimonial proceedings without referencing the “Draft Law on Voluntary Jurisdiction”, that threatens to change various aspects related to them.
Capítulo I. Introducción (pág. 6)
Capítulo II. Encuadramiento de los procesos matrimoniales en el sistema procesal (pág. 10) II. 1. Los procesos matrimoniales como procesos especiales (pág.10)
II. 2. Normas comunes a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, en relación con el interés público que todos ellos comparten (pág. 11)
II. 3. Noción de matrimonio y características generales de los procesos matrimoniales (pág. 14)
II. 4. Regulación legal (pág. 16)
Capítulo III. Objeto y tipos de procesos matrimoniales (pág. 18) III.1. Objeto de los procesos matrimoniales (pág. 18)
1.1. Pretensión de separación matrimonial. 1.2. Pretensión de divorcio.
1.3. Pretensión de nulidad matrimonial. III. 2. Tipos de procesos matrimoniales (pág. 24)
2.1. Procesos contenciosos de nulidad, separación y divorcio. 2.2. Procesos de separación y divorcio de mutuo acuerdo.
2.3. Transformación del proceso contencioso en consensual (o a la inversa). Capítulo IV. Las medidas en los procesos matrimoniales (pág. 43)
IV.1. Medidas provisionales (pág. 43)
1.1. Medidas provisionales previas a la demanda. 1.2. Medidas provisionales coetáneas a la demanda. IV. 2. Medidas definitivas (pág. 46)
2.1. Noción de medidas definitivas.
2.2. Modificación de las medidas definitivas.
IV. 3. Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas (pág. 47) Capítulo V. Futuras reformas (pág. 49)
Capítulo VI. La disolución y liquidación del régimen económico matrimonial. Visión comparada entre España y Francia (pág. 53)
VI. 1. Introducción (pág. 53)
1.1. Tipos de regímenes matrimoniales.
1.4. Gestión de la indivisión.
1.4. Liquidación del régimen económico matrimonial. 1.4.1. El derecho a recompensa.
1.4.2. Evaluación de recompensas.
VI. 2. Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (pág. 70) CONCLUSIONES (pág. 76)
Antes de hablar de los procesos matrimoniales considero necesario hacer una breve referencia a lo que estos términos conllevan. Es por todos sabido que un proceso – concretamente, un proceso judicial- es un conjunto de trámites que tienen como finalidad la resolución de una cuestión controvertida, mediante una decisión pronunciada por el Tribunal de justicia, y a la cual las partes deben acatarse.
Por su parte, el matrimonio es una institución que crea un vínculo entre sus miembros, un vínculo con vocación de permanencia, que crea una serie de obligaciones y derechos entre los cónyuges, y que en muchas ocasiones va unido a la constitución de una familia – se hará una referencia más extensa a esta institución en el Capítulo 2-.
Los procesos matrimoniales son procesos que se dirigen a la disolución de dicho vínculo – junto con la resolución de otras cuestiones surgidas como consecuencia de una crisis matrimonial-, por lo que los mismos afectan a derechos personalísimos, así como al interés general y al orden público (pues es el status de una persona lo que está en juego). Al afectar estos procesos a derechos personalísimos, y concretamente al estado civil y capacidad de las personas, se hace necesario que los mismos cuenten con ciertas especialidades – a las que más tarde se hará referencia-.
De acuerdo con las estadísticas del primer trimestre de este año 2014 difundidas por el CGPJ, la cifra de demandas de separación y divorcio ascendió a 34.583, un 11,3% en relación al mismo periodo del año 2013 – si aplicáramos la misma cifra a los otros tres trimestres del año, se obtendría un total de 138.332 rupturas matrimoniales, cifra que no se aleja demasiado de la de las 145.919 disoluciones matrimoniales registradas en el año 2006, en que se produjo un “boom” de rupturas (como venimos de explicar)-. La modalidad de disolución matrimonial que más aumentó fue el divorcio de mutuo acuerdo, presentándose 19.376 demandas, un 13, 8% más que en el año 2013. En cuanto a la modalidad de divorcio contencioso, las demandas aumentaron en un 7,9% con respecto al primer trimestre de 2013, llegando a la cifra de 12.887 – con una excepción en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde las demandas de divorcio contencioso se redujeron en un 2,3%-. Respecto a las separaciones, también el aumento fue mayor respecto a las de mutuo acuerdo – que ascendieron un 13,3%, registrándose un aumento en todas las Comunidades Autónomas excepto en Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra-; las contenciosas, por su parte, se incrementaron un 4,9%, habiéndose dado un aumento en todo el país salvo en Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid. También se dio un ascenso en la cifra de nulidades, concretamente de un 12,2% con respecto a 2013, pero se trata de la forma de disolución matrimonial menos utilizada – lo que se aprecia bien en la cifra registrada en el primer trimestre de 2014: 55 nulidades. Se evidenció asimismo un aumento con respecto al primer trimestre de 2013 en relación a los procedimientos de modificación de medidas, tanto consensuadas – estos procedimientos ascendieron un 14,4%-, como no consensuadas – se produjo un aumento de un 15,1%-1.
Así, se ha dado en los últimos años – con una excepción en el año 2007 y los inmediatamente posteriores- una proliferación de las separaciones matrimoniales y divorcios, tanto contenciosos como de común acuerdo. Y, al tiempo que aumentan los divorcios, disminuye la celebración de matrimonios, debido en buena medida a la desvinculación de toda religión que se está viviendo entre los jóvenes, pero sobre todo a la creciente pérdida de ciertos valores humanos en la sociedad, tales como el compromiso y el sacrificio por la otra persona; cada vez hay más parejas jóvenes que no se casan, optando por uniones de hecho.
1 Vid. estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, disponibles en la página web
Asimismo, los procesos matrimoniales constituyen procesos complejos y que en muchas ocasiones se alargan demasiado en el tiempo, a menudo debido al interés de uno de los cónyuges de conseguir la máxima dilatación del procedimiento – porque no desea el reparto de los bienes-, y en buena parte debido también a la posibilidad con la que cuentan los cónyuges de acudir a la mediación como método para solucionar sus conflictos. La mediación es una técnica autocompositiva – pues la solución es alcanzada por las propias partes, si bien gracias a la ayuda de un tercero- que se ha utilizado muchísimo en los procesos matrimoniales. Han existido previsiones relativas a la misma desde el año 2005, pero no ha sido hasta la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que se ha dado un paso significativo en la regulación de la materia, concretamente a través del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que ha sido desarrollada en ciertos aspectos por el Real Decreto 980/2013. Sin embargo, con anterioridad a esta Ley ya existían amplias regulaciones autonómicas sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles2.
Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto la relevancia y actualidad del tema que se pretende abordar en este trabajo, y al que desgraciadamente y dadas las limitaciones temporales que imponen los vigentes planes de estudio, no se le puede prestar la atención que merece en los estudios de Grado. De ahí que haya considerado que el Trabajo de Fin de Grado constituye una ocasión idónea para poder hacerlo. Pues bien, con el objetivo de alcanzar un conocimiento más específico sobre los procesos matrimoniales, procederé, a partir del siguiente punto, a realizar un análisis de las cuestiones relacionadas con ellos que, desde mi punto de vista, merecen especial atención, en el orden que sigue:
• En primer lugar, voy a centrar mi análisis en las características esenciales de este tipo de procesos en el sistema español, haciendo primero una delimitación de los mismos, para posteriormente referirme al objeto y tipos de procesos matrimoniales que existen, y por último a las medidas – provisionales o definitivas- que se pueden tomar en ellos.
• Seguidamente, voy a hacer referencia a un proyecto de reforma, el Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, puesto que, en caso de que tal Ley fuera aprobada, el cambio que se produciría respecto a la resolución de los conflictos en
2 Vid. Ley 4/2001, de 31 de mayo, de Galicia, Ley 7/2001, de 26 de noviembre, de Valencia, Ley 1/2006, de 6
materia matrimonial sería sustancial – sobre todo por el hecho de que pasaría a existir la posibilidad de llevar los asuntos ante notario en caso de existir común acuerdo-. En relación a esto, podemos decir que la complejidad de la materia matrimonial ha llevado en constantes ocasiones a proceder a reformas importantes de la misma, entre las que destaca la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modificaron el CC y la LEC en materia de separación y divorcio.
• Por último, y antes de dedicarme a extraer algunas conclusiones de los temas expuestos, efectuaré una visión comparada entre el régimen español y el régimen francés respecto a la disolución del régimen económico matrimonial. En relación a ello, he de explicar brevemente por qué me he centrado únicamente en este aspecto – la disolución del régimen económico matrimonial- para hacer la comparación de regímenes, sin hablar del sistema francés en todos los demás puntos tratados a lo largo del Trabajo: este año he estudiado en Burdeos, y allí cursé una asignatura de Derecho de Regímenes Matrimoniales en la que se hacía una amplia referencia a la disolución del régimen, por lo que partía de una base mucho más sólida de conocimientos sobre esa cuestión; asimismo, las diferencias – más estructurales que sustanciales- entre el régimen francés y el español en cuanto a la regulación de los procesos matrimoniales son tan numerosas que hacían inabarcable dicha comparación para un Trabajo de estas características3.
3 Vid. arts 180 a 202 – relativos a las demandas de nulidad-, y 229 a 309 – relativos al divorcio y la separación-
Capítulo 2. ENCUADRAMIENTO DE LOS PROCESOS
MATRIMONIALES EN EL SISTEMA PROCESAL
2.1. Los procesos matrimoniales como procesos especiales.
Antes de empezar a hablar de los procesos matrimoniales hemos de dejar claro que se trata de procesos especiales. Para entender lo que eso significa debemos saber que en contraposición a los procesos especiales se encuentran los procesos ordinarios, denominados así porque la LEC los establece para que sirvan de cauce a la tutela jurisdiccional de la generalidad de las acciones. Los procesos civiles declarativos ordinarios son el juicio ordinario y el juicio verbal.
Sin embargo, el enjuiciamiento de ciertas materias requiere especialidades, que pueden ser de diversa índole. Cuando dichas especialidades son de tipo procedimental, estamos en presencia de un proceso declarativo especial. Además de dichas especialidades procedimentales, otros motivos pueden justificar la existencia de estos procesos especiales, como los diferentes principios en que se inspiran los mismos en comparación con la generalidad de los procesos civiles, o en la finalidad que se pretende alcanzar con ellos.
Todo ello da sentido a que no se regulen dentro de o junto a los procesos declarativos ordinarios, sino que sean objeto de una regulación separada, bien en la propia LEC, bien en otros textos legales.
Los procesos declarativos especiales (o procesos especiales de declaración) son pues, en sentido amplio, "aquellos que el legislador ha establecido para que sirvan de cauce a la tutela jurisdiccional de ciertas materias, que exigen peculiaridades en su tratamiento jurisdiccional"4.
Pues bien, los procesos matrimoniales se encuentran entre los procesos declarativos especiales, regulados en el Libro IV de la LEC, junto con los procesos sobre capacidad y filiación, el juicio cambiario y el proceso monitorio (procedimientos para la tutela rápida de ciertos tipos de créditos), y los procesos de división judicial de patrimonios (para la división
4 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGAS TORRES, Jaime, “Los
de la herencia y para la liquidación del régimen económico matrimonial – proceso este último que explicaremos en el Capítulo 6-); ambos procesos universales, en que la actividad jurisdiccional se proyecta sobre la totalidad del patrimonio).
2.2. Normas comunes a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y
menores, en relación con el interés público que todos ellos comparten.
En cuanto a los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, todos ellos presentan en común que sus respectivos objetos revisten en mayor o menor medida un interés público, lo que justifica la existencia en la LEC de normas aplicables a todos ellos:
En primer lugar, la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal en muchas de las ocasiones (art. 749 LEC): esta intervención es siempre preceptiva en los procesos de incapacitación, nulidad matrimonial, y determinación e impugnación de la filiación; en los procesos de separación y divorcio sólo es obligatoria cuando alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado, o esté en situación de ausencia legal5.
En segundo lugar, la preceptiva intervención de Abogado y Procurador (art. 750 LEC). En los procedimientos de separación o divorcio solicitado de mutuo acuerdo por los cónyuges, éstos pueden valerse de una única representación y defensa.
Además, frente a la vigencia en el proceso civil, con carácter general, del principio dispositivo, el art. 751 establece la indisponibilidad del objeto en este tipo de procesos, limitando el principio de la autonomía de la voluntad en este ámbito. De un lado, se niega eficacia a la renuncia, el allanamiento y la transacción en esta clase de procesos (salvo en las materias de libre disposición conforme a Derecho) y, de otro, se condiciona la eficacia propia del desistimiento a la conformidad del Ministerio Fiscal6.
5 Vid. a este respecto la Circular 1/2001, 5 de abril de 2001, relativa a la incidencia de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles, disponible en http://www.fiscalia.es, sección Documentos.
6 No obstante, no podemos dejar de considerar los efectos que el Código Civil reconoce a la reconciliación
También debemos hacer referencia a determinadas reglas aplicables en materia probatoria (art. 752 LEC). En concreto se prevé:
(1) El principio de investigación de oficio, puesto que el Tribunal puede decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes (sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes); de lo que resulta la no vigencia en estos procesos del principio de aportación de parte ni en cuanto a los hechos ni en cuanto a la prueba de los mismos.
(2) La no vigencia, igualmente, de la regla que vincula al tribunal a los hechos admitidos por las partes, por lo que éstas deberán tratar de proponer prueba igualmente sobre aquellos hechos sobre los que manifiesten conformidad si fueran relevantes para el derecho pretendido.
(3) También se alteran las reglas de valoración de la prueba en relación con algunos medios de prueba, elevando las cotas de libre apreciación probatoria7.
Además, en este tipo de procesos el principio de preclusión opera de un modo especial, o con ciertas excepciones, pues los hechos que se contendrán en la resolución final serán los probados y debatidos en la causa, aunque se aleguen en momento diferente del señalado a tal efecto -demanda y contestación- (art. 752.1 LEC)8.
El art. 753 LEC establece respecto a este tipo de procesos que "salvo que expresamente se
los que depende además el inicio del proceso. De seguirse el tenor literal del apartado primero del art. 751 LEC (el cual establece que "en los procesos a que se refiere este Título no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción"), la renuncia del actor sería inadmisible en esta materia, y debería el Tribunal dictar un auto mandando continuar el proceso, resultando al final de éste una sentencia de separación o de divorcio contra la voluntad del propio actor, lo que no resulta razonable".
7 Así, el Tribunal tampoco estará obligado a valorar el silencio o las respuestas evasivas como reconocimiento
de los hechos alegados por la parte contraria. En todo caso, lo antedicho se refiere a materias regidas por normas ius cogens, pero no opera cuando se trate de cuestiones plenamente dispositivas (DE HOYOS SANCHO, M., “Procesos matrimoniales”, op.cit., pág. 613).
8 "La norma, que introduce una excepción al principio de preclusión procesal, adolece de cierta imprecisión,
disponga otra cosa, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, pero de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten en el plazo de veinte días conforme a lo establecido en el art. 405 LEC". Así, la ley establece un juicio verbal con contestación escrita, que es un híbrido entre el juicio verbal y el juicio ordinario.
El art. 754, por su parte, dispone la posibilidad de que, de oficio o a instancia de parte, mediante providencia, el tribunal disponga que los actos y vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, cuando las circunstancias lo aconsejen, por lo que se permite la limitación de la publicidad respecto de ciertas actuaciones orales y escritas.
Asimismo, el art. 755 consiente, cuando proceda, el acceso de las sentencias y demás resoluciones recaídas en estos procesos en los Registros públicos.
General también a estos procesos no dispositivos es la posibilidad de que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conozcan de ellos de concurrir los requisitos previstos en el art. 49 bis LEC9.
Descendiendo de lo general a lo particular, y en lo que nos interesa, vamos a centrarnos en
9 Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección contra la Violencia de
Género, también serán competentes los Juzgados de violencia sobre la Mujer (vid. art. 87 ter, apartado 2º LOPJ) para conocer de los procesos de nulidad del matrimonio, separación y divorcio, o de la adopción o modificación de medidas "de trascendencia familiar", cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos (art. 87 ter apartado 3º LOPJ):
- Que la mujer haya sido víctima de un acto de violencia de género, tal y como se definen en el apartado 1 a) del mismo art. 87 ter.
- Que el cónyuge varón haya sido imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
- Que se hayan iniciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
En caso de que se cumplan tales requisitos, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias de forma exclusiva y excluyente.
2.3. Noción de "matrimonio" y características generales de los procesos
1.3.1. Noción de matrimonio.
Pues bien, en relación con esta materia, podemos decir que "El matrimonio como institución social y jurídica aparece configurado tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico como la unión entre un hombre y una mujer, con vocación de duración indefinida en el tiempo, y constituido a través de las formalidades que la Ley señala"10. Sin embargo,
en la actualidad no se puede seguir manteniendo tal definición, como consecuencia del debilitamiento o la eliminación de la exigencia de alguno de los requisitos establecidos en la misma:
- A partir de la reforma introducida por la Ley 13/2005, de 1 de julio, se considera matrimonial la unión de dos personas del mismo sexo, con lo que se quiebra el requisito de la heterosexualidad.
- Además, la sociedad permite que, concurriendo determinadas circunstancias, pueda procederse a la anulación, debilitación o disolución del vínculo matrimonial, con lo que se limita el requisito de su duración.
Al centrarnos en los procesos matrimoniales, debemos dejar a un lado las controversias relativas a uniones de hecho, ya sean heterosexuales u homosexuales, pues es requisito indispensable para que una controversia se sustancie por los trámites de los procesos matrimoniales que la misma se refiera a la realidad matrimonial, como indica el propio nombre de la materia a tratar. De modo que tales conflictos sobre uniones de hecho deben seguir los cauces del proceso ordinario que corresponda, con una excepción relativa a las reclamaciones sobre cuestiones relativas a la guarda, custodia, visitas o alimentos que afectan a los hijos menores de una pareja no casada, reclamaciones que se pueden resolver a través del proceso matrimonial, en beneficio de los menores.
2.3.2. Características generales a los procesos matrimoniales.
10 Definición dada por BANACLOCHE PALAO, Julio, “Los procesos matrimoniales y de menores”, Aspectos
En nuestro ordenamiento vigente se prevén tres formas de solucionar las crisis matrimoniales: la nulidad, la separación y el divorcio (analizaremos estas tres formas más detenidamente). Pues bien, aunque la tramitación procesal es diferente en cada uno de los casos, sí que existen características generales a todos ellos, características que vamos a exponer siguiendo en lo básico el esquema que maneja la profesora DE HOYOS SANCHO11,
En primer lugar, para la admisión a trámite de la demanda basta con la voluntad libre de los cónyuges, o incluso de uno solo de ellos, de acabar con el vínculo matrimonial, sin que sea necesaria la acreditación de causas justificativas de tal voluntad.
En segundo lugar, unido a lo anterior, se han reducido las condiciones temporales, de modo que en la actualidad, basta con que hayan transcurrido tres meses desde la fecha de celebración del matrimonio, plazo que incluso no será necesario observar si la demanda trae su origen en un supuesto de malos tratos intrafamiliares (art. 81.2 CC); de lo que resulta una agilización notable de los trámites procesales12.
Por otra parte, y aunque se mantiene la existencia de la pretensión de separación, en la actualidad es posible solicitar directamente el divorcio sin haber pasado previamente por la situación de separación conyugal. En todo caso, si una de las partes solicitara la separación
11 Concretamente en el Capítulo 15 (“Procesos matrimoniales”), reiteradamente citado. En este ámbito es
determinante la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
12 En la antigua redacción del artículo 86 CC, dada por la primitiva Ley de divorcio de 1981, se recogía un
mayor requisito de temporalidad. Este artículo establecía como causas de divorcio, entre otras:
- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, cuando se hubiera interpuesto transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.
- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos en dos casos: desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges a petición de cualquiera de ellos; o cuando quien pida el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro cónyuge estaba incurso en causa de separación.
y otra directamente el divorcio, el órgano jurisdiccional concederá el divorcio.
Además, debemos indicar que, a pesar de que en la regulación de los procesos matrimoniales son mayoritarias las normas de carácter imperativo (por lo general, aquellas que regulan la ruptura matrimonial), también podemos encontrarnos con normas dispositivas (como son las relativas a la "pensión compensatoria").
De otro lado, hemos de tener presente la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en este ámbito.
Asimismo, como veremos, se establecen regulaciones diferenciadas para los procedimientos contenciosos por un lado (a través de un juicio verbal, con especialidades por la materia) y para los consensuales por otro, más ágiles y sencillos.
Finalmente, el interés público que subyace en prácticamente toda la materia matrimonial informa también las normas procesales sobre nulidad, separación y divorcio, como se ha indicado anteriormente, al hacer referencia a las características comunes de los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores.
2.4. Regulación legal.
Unas referencias a la regulación legal de la materia pueden ayudarnos a hacernos una idea de los aspectos a tratar. Como se dijo con anterioridad, los procesos matrimoniales se encuentran regulados en el Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil: en el Título I se contiene la regulación "De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores".
En el Capítulo I se encuentran las "disposiciones generales", que abarcan los arts. 748 a 755 y que se ocupan de los siguientes aspectos: ámbito de aplicación del Título I, intervención del Ministerio Fiscal, normas sobre representación y defensa de las partes, la indisponibilidad del objeto del proceso, especialidades en materia probatoria, tramitación (que se hará de acuerdo con las normas del juicio verbal, con especialidades), la posible exclusión de la publicidad, y finalmente el acceso de las sentencias a los Registros públicos.
mismo Título I, junto con los de menores, en los artículos 769 a 778 LEC, en los que encontramos la regulación relativa a los siguientes aspectos: atribución de la competencia; procedimiento a seguir en este tipo de procesos; medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio (solicitud, comparecencia y resolución); confirmación o modificación de las medidas provisionales previas a la demanda, al admitirse ésta; medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio; medidas definitivas; modificación de las medidas definitivas (en caso de variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas); ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas; separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo, o por un cónyuge con el consentimiento del otro (en estos supuestos no se acudirá a las normas del juicio verbal para su aplicación subsidiaria a falta de regulación expresa, sino que habrá que estar a los preceptos generales de la LEC); y finalmente, eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales eclesiásticos, o de las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.
Y, ahora que estamos haciendo referencia a la regulación de la materia, debemos indicar que la misma no sólo se encuentra regulada en la LEC, sino también en ciertas disposiciones del Código Civil (especialmente los arts. 81 y ss.) o de la respectiva legislación foral y autonómica que pudiera ser de aplicación.
Asimismo, debemos acudir a la Ley Integral contra la Violencia de Género 1/2004 en caso de que haya existido un acto de los que la citada Ley define en su art. 1 como de "violencia de género", lo que afecta a la atribución de la competencia, como ya se ha puesto de relieve.
También es preciso mencionar el Reglamento 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, o "Bruselas II bis" relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
Por último debemos destacar la trascendencia que ha tenido la reforma normativa que ha instaurado la Nueva Oficina judicial, que ha supuesto, entre otras cosas, una modificación y ampliación muy notable de las competencias que se asignan al Secretario judicial13.
13 Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
Capítulo 3. OBJETO Y TIPOS DE PROCESOS MATRIMONIALES
3.1. Objeto de los procesos matrimoniales
Uno de los aspectos más importantes cuando nos enfrentamos al proceso matrimonial es la determinación del objeto del mismo.
El objeto de los procesos matrimoniales vendrá conformado por la pretensión o pretensiones que se ejerciten en los mismos, es decir, por aquellas declaraciones de voluntad que se formulan ante el juez solicitando de éste, y frente o junto a la otra parte, que dicte resolución definitiva en relación con su vínculo matrimonial - nulidad, separación o divorcio-, con la situación económica entre los cónyuges, o respecto de la situación de los hijos comunes después de la ruptura del vínculo matrimonial14.
Debemos tener presente que en esta materia el proceso tiene carácter necesario ya que, exceptuando los casos de fallecimiento de uno de los cónyuges, sólo una sentencia judicial puede decretar la disolución del vínculo matrimonial. Incluso en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges es necesario que se dicte sentencia si la pronunciación de la misma pudiera tener efectos en la distribución de los bienes de la herencia15.
En el proceso matrimonial nos hallamos ante las siguientes pretensiones: - La pretensión relacionada con el vínculo matrimonial.
- La pretensión económica entre los cónyuges. - Las pretensiones relacionadas con los hijos.
Y a éstas hay que unir la pretensión relativa a la disolución de la comunidad de bienes cuando se haya constituido al margen del régimen económico matrimonial, y la alegación e impugnación de los acuerdos extrajudiciales reguladores de la ruptura futura o presente. Así, en este tipo de procesos se decide no sólo sobre la pretensión matrimonial, objeto principal del proceso, sino también sobre los efectos de la ruptura; de ahí que se produzca una acumulación de acciones ex lege.
14 Definición proporcionada por DE HOYOS SANCHO, “Procesos matrimoniales”, op.cit, pág. 616. 15 El carácter necesario del proceso desaparecería en caso de que se aprobara el Anteproyecto de Ley de la
En el art. 774 LEC indica el legislador el contenido mínimo de la sentencia que ponga fin al proceso matrimonial: ésta deberá pronunciarse sobre la nulidad, la separación o el divorcio, las medidas en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas16.
A continuación vamos a concretar el contenido de las pretensiones relacionadas con el vínculo matrimonial – se trata de las pretensiones principales-, que son las que siguen: la acción de separación, la acción de divorcio y la acción de nulidad.
Respecto a estas pretensiones, el art. 751 LEC establece la regla relativa a la indisponibilidad del objeto, a la que ya hemos hecho referencia, y que cuenta con excepciones, en caso de que la pretensión matrimonial tenga carácter dispositivo para las partes. Por eso, al hablar de los distintos tipos de pretensiones, entre otras cosas, vamos a analizar si las mismas tienen o no carácter dispositivo.
También debemos hacer mención a la posibilidad que ofrece el sistema de acumular una pretensión reconvencional como respuesta a la pretensión principal de nulidad, separación y divorcio. El art. 770.2 LEC establece las condiciones a la reconvención que puede cursarse en la contestación a la demanda (de lo que hablaremos al explicar la tramitación de los procesos matrimoniales contradictorios).
3.1.1. Pretensión de separación matrimonial:
Este es el único caso en que se prohíbe a los cónyuges contraer nuevo matrimonio, puesto que el vínculo matrimonial persiste, siendo la única finalidad de la pretensión la desaparición para los cónyuges de las obligaciones de convivencia, y cesación de la posibilidad de vincular los bienes del otro cónyuge "en el ejercicio de la potestad doméstica" (art. 83 CC).
Se hace necesario precisar la diferencia entre esta pretensión y la mera "separación de hecho". La separación de hecho no es constitutiva de ninguna situación jurídica, y puede
16 Vid. asimismo el art. 777.6 LEC, en que se establece que la sentencia dictada por el tribunal ha de conceder
ser decidida por los cónyuges en cualquier momento. Sin embargo, tradicionalmente se ha concedido el mismo efecto jurídico a esta situación extraprocesal del que se concedía a la declaración judicial de separación matrimonial, puesto que el art. 86 CC recogía como causa de divorcio tanto la separación judicial como la separación de hecho.
No obstante, como ya se ha indicado, la separación ya no resulta un paso previo necesario al divorcio, por lo que de acuerdo con la regulación actual los cónyuges pueden optar por el proceso de separación o acudir directamente al de divorcio según sus preferencias. Asimismo, el proceso de separación puede ir o no seguido de un proceso de divorcio, también dependiendo de la voluntad de los cónyuges. En el caso de que uno de los cónyuges solicitara la separación y el otro reconviniera con una pretensión de divorcio, el juez deberá atender directamente a la pretensión de divorcio.
Para que la separación judicial sea acordada judicialmente, no es necesaria la petición de ambos cónyuges, ni siquiera el consentimiento de ambos: es suficiente con la petición de uno solo de ellos, siempre que concurran los requisitos exigidos en el art. 81 CC, que son los siguientes:
- El transcurso de 3 meses desde la celebración del matrimonio. Este requisito no será exigido cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
- La redacción de una propuesta de convenio regulador (hecha conforme al art. 92 CC).
Además, con la Ley 15/2005, de 8 de julio, desapareció la necesidad de alegar una causa para ejercitar las pretensiones de separación (y las de divorcio, como recordaremos posteriormente).
Así, en relación con la separación matrimonial nos hallamos indudablemente ante una materia dispositiva para las partes. No existe ningún inconveniente para que la parte demandada pueda mostrar su conformidad con esta pretensión, teniendo efectos vinculantes para el órgano jurisdiccional.
efecto la sentencia de separación en caso de que ya se haya dictado, con la condición de que ambos cónyuges, por separado, lo hayan comunicado debidamente al juez que esté conociendo o haya resuelto sobre la pretensión de separación. No obstante, mediante resolución judicial serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación con los hijos, siempre y cuando exista causa que así lo justifique, que deberá motivarse suficientemente en dicha resolución.
3.1.2. Pretensión de divorcio:
Podemos definir la pretensión de divorcio como "una declaración de voluntad petitoria que uno de los cónyuges dirige ante el juez competente y frente al otro cónyuge con la finalidad de que el órgano jurisdiccional dicte sentencia que, previa verificación de la voluntad libre y consciente de divorciarse y de los demás presupuestos procesales, disuelva el vínculo matrimonial, válido y eficaz, y por tanto vigente hasta ese momento". La sentencia de divorcio es pues constitutiva, y produce sus efectos a partir de la firmeza (art. 89 CC)17.
Así, el divorcio constituye una causa de disolución del matrimonio en nuestro ordenamiento, junto con la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges (art. 85 CC).
La reforma del art. 86 del CC a través de la Ley 15/2005, a la que hemos hecho referencia al hablar de la pretensión de separación matrimonial, hizo desaparecer también en cuanto a la pretensión de divorcio la necesidad de alegar causa justificativa de la misma. Y estos procesos también tienen como característica común que la unión matrimonial previa que existe en ambos casos no está viciada, sino que se asume como válida y eficaz. Además, también en ambos procesos se establece la condición temporal relativa al transcurso de al menos tres meses desde la fecha de celebración del matrimonio, salvo las excepciones que establece el apartado 2º del art. 81 CC (supuestos de violencia intrafamiliar). Por tanto, podemos ver que a consecuencia de la nueva regulación, se ha simplificado el procedimiento y se ha producido una unificación del mismo para ambas figuras.
El art. 86 CC establece que el divorcio se acordará, cualquiera que haya sido la forma de celebración del matrimonio, a petición de ambos cónyuges, o bien de uno sólo, con o sin el
Así, podemos decir que en la actualidad el divorcio tiene carácter dispositivo para las partes. Hemos de aclarar que el hecho de que sea en principio obligatorio el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio no hace que la pretensión de divorcio tenga carácter no dispositivo, simplemente se trata de una cuestión de ius cogens.
También debemos precisar que la pretensión puede ser o no, dependiendo de quién la presente, una pretensión de divorcio "contencioso": tendrá esta denominación si lo solicita uno de los cónyuges sin la conformidad o el acuerdo del otro. En cualquier caso, bien sea presentada por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, o por uno solo de ellos, la pretensión ha de ir acompañada de una propuesta de medidas reguladoras, denominada propuesta de convenio regulador.
Con respecto a la reconciliación entre los cónyuges, de acuerdo con el art. 88 CC, si ésta se produce después de interpuesta la demanda y antes de la sentencia de divorcio, se produce la extinción de la acción de divorcio; dicha reconciliación debe ser expresa18.
Si, por el contrario, la reconciliación se produce una vez dictada la sentencia de divorcio, la misma no tendría efectos procesales, pero los cónyuges podrían contraer entre sí nuevo matrimonio.
3.1.3. Pretensión de nulidad matrimonial:
Dicha pretensión implica la petición ante el órgano jurisdiccional de la declaración de invalidez de un contrato matrimonial aparentemente válido, y que incluso puede venir desplegando todos sus efectos entre los cónyuges y hacia terceros desde hace mucho tiempo, por lo que ha de estar informada por el principio de excepcionalidad, a favor de la regla favor matrimonii, como reiteradamente han puesto de relieve doctrina y jurisprudencia19.
18 "El órgano jurisdiccional dictará un auto ordenando el sobreseimiento respecto del divorcio, decidiendo lo
que procediere en relación con las medidas no disponibles, incluso aunque las partes no le hubieran presentado acuerdo sobre ese extremo, así como respecto de las disponibles en caso de que le hubieran propuesto alguna modificación". DE HOYOS SANCHO, Montserrat, “Procesos matrimoniales”, op.cit, pág. 621.
Como consecuencia de tal excepcionalidad, y a diferencia de lo que ocurre con las pretensiones de separación o divorcio, en este caso sí que se hace necesaria la alegación de alguna de las causas legalmente tasadas, anteriores o coetáneas a la celebración del matrimonio que después se pretende anular (la Ley 15/2005 sólo suprimió la necesidad de alegar una causa respecto al ejercicio de las pretensiones de separación o divorcio). En nuestro ordenamiento vigente dichas causas son las contenidas en el art. 73 CC20.
Debido al interés público concurrente en este tipo de procesos, el Ministerio Fiscal será siempre parte de los mismos. Y debido también a dicho interés público, la posibilidad de ejercitar el derecho de acción para plantear una pretensión de nulidad matrimonial no está reservada a los cónyuges y al Ministerio Fiscal, sino que se extiende a cualquier persona directamente interesada en la declaración de nulidad, siempre que su interés sea legítimo21.
Asimismo, debemos indicar que la posibilidad de ejercitar dicho derecho de acción no prescribe, ni se subsana la causa de nulidad por el mero transcurso del tiempo.
Así, la nulidad del matrimonio, de acuerdo con la regulación actual, no tiene carácter dispositivo. Sin embargo, el legislador permite en algún supuesto la convalidación de ciertos matrimonios que podrían ser declarados nulos, como es el caso del matrimonio contraído por un menor de edad, una vez alcanzada la mayoría de edad por dicho menor; o en caso de que haya existido error, coacción o miedo grave y el cónyuge que hubiera sufrido el vicio de voluntad dejara transcurrir un año viviendo junto al otro cónyuge sin ejercitar la acción
20 Las causas de nulidad matrimonial pueden dividirse en tres grupos: por un lado están las causas relativas al
defecto de forma, por otro lado las causas relativas a la celebración del matrimonio con impedimento (impedimentos que pueden nacer de circunstancias personales, de causas jurídicas, de delitos, o de situaciones de parentesco), y por último las causas relativas a la celebración del matrimonio con vicio del consentimiento.
http://www.es.catholic.net/familiayvida/159/313/articulo.php?id=10816
Por su parte, el art. 73 CC establece lo siguiente: “Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: 1.º El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 2.º El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 3.º El que se contraiga sin la intervención del Juez, Alcalde o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos. 4.º El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la prestación del consentimiento. 5.º El contraído por coacción o miedo grave”.
21 Vid. Circular 1/2001, de 5 de abril de 2001, de la FGE (Incidencia de la nueva LEC en la intervención del
de nulidad, dando lugar a la caducidad de ésta (arts. 75 y 76 CC). Así, la subsanación tendría lugar de un modo tácito.
En la práctica la pretensión de separación y la pretensión de nulidad son más bien residuales, debido a que la separación ya no se requiere como paso previo para la obtención del divorcio, y a que la pretensión de nulidad es más difícil de ejercitar que la de divorcio, siendo el objetivo principal de ambas el mismo: la ruptura del vínculo matrimonial.
3.2. Tipos de procesos matrimoniales
La regulación legal distingue dos tipos de procesos matrimoniales: los contradictorios o contenciosos, que son todos los de nulidad, y además los de separación y divorcio en que exista controversia entre los cónyuges; y los consensuales o consentidos, que son los de separación y divorcio cuando media un acuerdo entre las partes o uno no se opone al solicitado por el otro cónyuge. La competencia objetiva para conocer de esos procesos corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 45 LEC, sin perjuicio de la posibilidad en los casos de violencia de género de la competencia de los J.V.M. (art. 87 ter. 2b y 87 ter. 3 LOPJ y 49 bis LEC).
3.2.1. Procesos contenciosos de nulidad, separación y divorcio:
Hemos indicado que esta categoría de procesos incluye, además de los de nulidad, aquellos de separación o divorcio en que exista controversia entre los cónyuges. Pues bien, dicha controversia no tiene que referirse necesariamente a la pretensión de separación o divorcio, sino que también incluye el caso en que los cónyuges, estando conformes con la separación o el divorcio, no estén de acuerdo en otros aspectos, relativos al convenio regulador o a las consecuencias de la ruptura matrimonial.
Así, los procesos matrimoniales contradictorios, siguen el esquema de demanda y contestación escritas (con posible reconvención), y celebración de una vista oral (art. 753 LEC), aunque con la posibilidad de practicar prueba con posterioridad a la vista (art. 770.4ª LEC). Sin embargo, deben aplicarse especialidades en torno a los siguientes temas:
A) La demanda. La LEC no prevé una forma específica para la demanda del proceso matrimonial. La demanda en estos procesos no se formula en forma sucinta como sería propio de un juicio verbal, sino que se formula de acuerdo con lo previsto por el art. 399, relativo al juicio ordinario; esto es lógico si tenemos en cuenta el hecho de que se requiere una contestación escrita, sin olvidar las exigencias del derecho de defensa. Para la redacción de la demanda ha de cumplirse con los requisitos establecidos por el art. 437 LEC.
Hemos de indicar la conveniencia de que al inicio del escrito se determine claramente la acción que se ejercita, ya sea de nulidad, separación o divorcio.
En el encabezamiento de la demanda deben constar los datos del demandante, así como los de su Procurador y Letrado, que deberán suscribirla dado que, como se indicó anteriormente, su intervención en estos procesos es preceptiva; también deben constar los datos del demandado. Tanto respecto al demandante como respecto al demandado, debe incluirse el domicilio, dato fundamental en el caso del demandado, debido a la trascendencia de los actos de comunicación procesal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, respecto a los hechos, la demanda ha de contener, como mínimo, y debidamente ordenados, separados y numerados, los extremos que a continuación se exponen:
- Circunstancias del matrimonio (fecha, lugar y forma).
- Cuestiones relacionadas con los hijos (nombre, fecha de nacimiento, específicas condiciones de capacidad o minusvalía).
- Cuestiones relativas al régimen económico matrimonial (régimen originario y posibles modificaciones).
- Otras cuestiones con trascendencia económica.
o instrumentos que los acrediten. La falta de alguno de estos documentos podría determinar la inadmisión a trámite de la demanda, en caso de que el Secretario Judicial hubiera requerido su subsanación, y ésta no se hubiera llevado a cabo. Estos documentos esenciales son: la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitan medidas patrimoniales - por no haberse instado anteriormente-, el actor debe aportar los documentos de que disponga y que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos.
En cuanto a los fundamentos de Derecho, hemos de acudir al apartado 4º del art. 399 LEC, el cual dispone que: "En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo". Respecto a la legitimación para el ejercicio de estas acciones, hemos de indicar que ésta sólo corresponde a los cónyuges, ampliándose en los casos de nulidad además al Ministerio Fiscal y terceros que tengan un interés directo y legítimo.
La última parte de la demanda es el Suplico, donde se solicita que se admita a trámite la demanda y que previos los trámites legales oportunos, se dicte sentencia, detallando seguidamente las pretensiones que se ejercitan.
Asimismo, es posible la formulación de otras peticiones de carácter procesal o complementarias a la demanda principal mediante Otrosí, como por ejemplo peticiones relativas a la adopción de medidas provisionales o medidas cautelares.
es insubsanable, se da cuenta al Juez para que resuelva sobre la admisión.
Debemos indicar que la inadmisión a trámite de la demanda sólo puede tener lugar en los casos y por las causas expresamente previstas en la ley (art. 403 LEC).
Si se admite la demanda, se producirán los efectos previstos por el art. 102 CC, que establece que: "Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:
1º. Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. 2º. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil".
B) Contestación. Respecto a la contestación a la demanda, de nuevo hemos de atenernos a las reglas del juicio ordinario. Una vez emplazado el demandado, ha de comparecer y contestar a la demanda.
En caso de no comparecencia del demandado, se le declarará en rebeldía. La declaración en rebeldía no supone que el proceso se siga ante una sola parte, pues la relación jurídica procesal nace con la notificación válidamente realizada de la demanda a la parte demandada. Dicha declaración implica la pérdida de posibilidades procesales de una de las partes, pero no significa que no se le tenga por parte, porque el demandado puede personarse en el proceso en cualquier momento y también puede recurrir. La declaración de rebeldía no equivale a allanamiento ni a admisión de hechos de la demanda, y el proceso seguido en ausencia del rebelde es perfectamente válido.
En caso de comparecencia en el proceso, existen varias posturas a adoptar por el demandado:
contenidos en la demanda.
• Formular oposición a la demanda, aludiendo a excepciones procesales y otras alegaciones que puedan obstar a la válida prosecución del proceso. Respecto a dichas excepciones procesales, hemos de acudir al art. 416 LEC, que establece las siguientes: falta de representación o falta de capacidad, originaria o sobrevenida, de los litigantes; cosa juzgada; litispendencia; falta del debido litisconsorcio; inadecuación del procedimiento; y defecto legal en el modo de proponer la demanda; siendo las tres últimas ciertamente infrecuentes en la práctica, al menos como modo de llegar a una desestimación de la demanda.
• Allanarse, lo que es posible sólo cuando se trate de materias sobre las que las partes tengan libre disposición (debido al principio según el cual en este tipo de procesos no surten efecto la renuncia, el allanamiento o la transacción). En caso de que existan hijos menores, se hace necesaria la celebración de una vista, reduciéndose el alcance del allanamiento. Es posible que el demandado utilice este momento de contestación a la demanda para solicitar la transformación del procedimiento en mutuo acuerdo, en caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo sobre el fondo del asunto.
• Formular reconvención, de lo que hablaremos en el siguiente punto.
En caso de que se formule oposición, o reconvención, o exista allanamiento, constituyendo cada una de las tres posibilidades un modo de contestación a la demanda, el demandado debe exponer los fundamentos de su oposición a las pretensiones del demandante y alegar las excepciones materiales oportunas, siguiendo la forma de la demanda.
C) La reconvención. La reconvención es la demanda judicial ejercida por el demandado en el momento de contestar a la demanda, en que introduce nuevas peticiones al tribunal frente al demandante. De este modo, el demandado pasa a ser también demandante, y el demandante demandado. Con la reconvención nace un nuevo proceso, pero éste es tramitado en el mismo procedimiento, aquél iniciado con la demanda del primer demandante.
inicial, pero conexo, respecto del principal"22.
Hemos de indicar que la exclusión de las causas justificativas de la separación y el divorcio, así como la eliminación de la obligatoriedad de la separación como circunstancia previa al divorcio, han llevado a una reducción importante de la práctica de la reconvención.
La reconvención se rige por lo dispuesto en el art. 770.2º LEC, que enumera los supuestos en que existe la posibilidad para el demandado de reconvenir:
- cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad; - cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretenda el divorcio; - cuando el demandado de nulidad pretenda la separación;
- cuando el demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.
La reconvención se propone con la contestación y el actor dispondrá de diez días para contestarla (art. 770.2ª LEC).
D) La vista. El Secretario judicial citará a las partes para la celebración de la vista, que debe llevarse a cabo entre diez y veinte días después de tal citación. La misma debe contener los apercibimientos generales del juicio verbal, así como uno específico de este tipo de procesos, que encontramos en el art. 770.3ª LEC, el cual establece que la asistencia a la vista es obligada, tanto la de las partes, so pena de que su incomparecencia injustificada determine la admisión de los hechos alegados por la parte que comparezca, cuanto la de los abogados. Conviene precisar que el objetivo de este apercibimiento a las partes de que concurran por sí mismas es conseguir la adopción de pactos o concesiones en materia patrimonial – lo que permitiría la transformación del procedimiento en un procedimiento consensual y, por lo tanto, más sencillo y rápido- ; así como evitar las consecuencias perjudiciales con respecto a la prueba que podría producir su no concurrencia.
La incorrecta citación del demandado es susceptible de producir la nulidad, por lo que se hace necesario ser cuidadoso al llevarla a cabo.
22 ARANGÜENA FANEGO, Coral, “Procesos matrimoniales”, en YZQUIERDO TOLSADA, M. y
Hemos de señalar que, en caso de imposibilidad de asistencia del Ministerio Fiscal, la vista tendrá lugar igualmente pero se hará necesario dar traslado de las actuaciones al fiscal para la emisión por éste de un informe en el que hará constar, en primer lugar, su valoración respecto a las pruebas practicadas y, en segundo lugar, la solicitud de la adopción de las medidas oportunas en relación con los menores, incapacitados o ausentes.
En cuanto al desarrollo de la vista, hemos de atenernos a las reglas del juicio verbal, aunque se hace necesaria la referencia a ciertas especialidades:
• Por una parte, la ampliación de la posibilidad de que las actuaciones se lleven a cabo a puerta cerrada en este tipo de procesos, en contraposición al principio general de publicidad presente en nuestro modelo procesal civil. Esto es debido a la "necesaria privacidad de las partes y de los menores"23.
• Además, y por motivos también ligados al respeto de la privacidad, ciertas actuaciones de estos procesos (como es el caso de la exploración judicial del menor) permanecerán al margen de la exigencia general de grabación de las vistas en soporte audiovisual.
• Por último, la introducción en la vista de la fase de conclusiones por la Ley 13/2009 (antes de esta Ley, la posibilidad de efectuar conclusiones dependía del Juzgado en que se llevara a cabo la vista, circunstancia que llevaba a cierta inseguridad jurídica).
Antes del comienzo del acto de la vista, el Juez tiene la obligación de explorar la posibilidad de acuerdo de las partes. Como dijimos con anterioridad, la consecución de estos acuerdos es el objetivo principal del apercibimiento a las partes de que concurran por sí mismas. Es posible que las partes lleguen a un acuerdo sin que se haga necesaria la intervención del juez. En cualquier caso, exista tal intervención o no, si el acuerdo de las partes cubre la totalidad de las medidas definitivas a adoptar y el juez entiende que dicho acuerdo es conforme con los intereses de los hijos menores, el acto ha de darse por terminado y quedar visto para sentencia – siempre que se haya producido la ratificación del acuerdo por los litigantes y la emisión de informe por el Ministerio Fiscal en su caso-.
Si, por el contrario, el juez considera que dicho acuerdo no es conforme o es contrario a los intereses de los hijos menores o de uno de los cónyuges, podrá acordar la práctica de las pruebas que estime pertinentes antes de dictar sentencia.
Es posible que los cónyuges soliciten la transformación del procedimiento en consensual antes del inicio de la vista (tras haber llegado a un acuerdo y haberlo plasmado en una propuesta de convenio regulador), pero es algo poco frecuente en la práctica.
En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en el acto de la vista propiamente dicho, la primera es la ratificación de la demanda y contestación (y reconvención, en su caso).
En segundo lugar, tendrá lugar la proposición, admisión y práctica de la prueba, en caso de disconformidad de las partes sobre los hechos. En materia de prueba, que se rige por lo dispuesto en los arts. 443.4, i.f.; 443.4.2, 445, 446 y 447.1, todos de la LEC, podemos constatar dos especialidades:
• La posibilidad de practicar las pruebas en un plazo máximo de treinta días para aquellas pruebas que no puedan desarrollarse en el acto de la vista.
• La posibilidad, también en un plazo máximo de treinta días, de que el tribunal acuerde de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias exigidas para decretar la nulidad, separación o divorcio, o sobre hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos, menores o incapacitados (art. 770.4º, II LEC). En relación a esto hemos de señalar que el juez puede acordar de oficio la práctica de la prueba que estime adecuada sobre las materias que no sean de libre disposición para las partes, sin necesidad de vincularse a los hechos reconocidos por éstas (y tiene la facultad de designar perito de oficio).
En este ámbito de la prueba, es importante hacer referencia a otra especialidad de este tipo de procedimientos, relativa a los hijos menores e incapacitados: si el procedimiento se estima necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años (art. 770.4ª, II, i.f. LEC). En las exploraciones de menores, se garantizará su interés, prestando declaración sin interferencias de otras personas o con ayuda de profesionales (art. 770.4º, III LEC).
anteriormente), cuya obligatoriedad ha sido introducida recientemente, y que consiste en la formulación por las partes de sus conclusiones sobre los hechos y sobre cuestiones jurídicas.
E) Suspensión del proceso. Las partes pueden solicitar la suspensión del proceso para, conforme a lo previsto en el art. 19.4 LEC, someterse a mediación (art. 770.7º. LEC)24. Así,
el acuerdo de las partes para someterse a la mediación familiar (que ha podido resultar de la intervención del juez) tiene como objetivo la consecución por dichas partes de una solución consensuada sobre las cuestiones objeto de litigio, y tiene como consecuencia la suspensión del proceso (con el fin de llevar a efecto el acto de mediación).
Normalmente la petición de suspensión se realiza en el acto de la vista o con anterioridad a ésta, o dentro del término para que el demandado conteste a la demanda, pero nada impide que se realice ya concluido el acto de la vista, y estando el proceso pendiente de sentencia.
El art. 19.4 LEC, mencionado anteriormente, establece que: "Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días". Este artículo presenta un problema en el caso de que se solicite la suspensión en el acto de la vista, debido a que es innecesaria la presencia en la misma del Secretario judicial: en caso de que éste no estuviera presente en la vista, e ignorando el contenido del artículo que venimos criticando, la suspensión habría de ser acordada por el juez, mediante auto. Se trate de decreto del Secretario o de auto judicial – preferible puesto que es el juez el que dirige el acto-, ambos responden a las mismas exigencias en cuanto al contenido: deben indicar la determinación del mediador o de la institución mediadora, y el plazo de suspensión (que no excederá de los sesenta días marcados por la ley).
Además, hemos de destacar que siempre que estos procesos involucren a menores o incapacitados, debe darse audiencia al Fiscal antes de acordar la suspensión del proceso25.
24 Vid. asimismo la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que establece en
el apartado tercero de su art. 16 que: “Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal”. Podemos poner en relación este artículo con el art. 19.4 LEC, que también establece la posibilidad para las partes de solicitar la suspensión del proceso.
Como efecto principal de la suspensión, nos encontramos con la interrupción de la actuación procesal, quedando pendiente la tramitación del proceso de la actividad mediadora a efectuar. Pero las decisiones judiciales acordadas hasta entonces continúan vigentes durante la suspensión.
Si, tras someterse las partes a la actividad mediadora, éstas llegan a un acuerdo, dicho acuerdo puede incidir de diversa manera en el proceso pendiente – partiendo de la base de que la obtención del acuerdo no provoca la eliminación del proceso-26:
• Si el acuerdo alcanza a todas las medidas, y afecta a los intereses de hijos menores o incapaces, se produciría una transformación del procedimiento, que pasaría a ser consensuado (regla 5ª del artículo 770 LEC, a la que haremos referencia al hablar de la transformación del procedimiento). Para ello, es necesario que al menos una de las partes solicite dicha transformación, añadiendo a su escrito de solicitud el acuerdo final obtenido durante el trámite de mediación. Al afectar el acuerdo en cuestión a los intereses de hijos menores o incapacitados, debe darse traslado del mismo al Ministerio Fiscal, cuyo informe debe ser considerado por el Juzgado en el momento en que éste decida sobre la aprobación (en todo o en parte) del acuerdo alcanzado.
Sin embargo si, a pesar de estar involucrados hijos menores o incapaces, el acuerdo regulara únicamente materias de carácter dispositivo para las partes, se abriría la posibilidad de homologación por el juez del acuerdo, como ocurre en el caso al que ahora vamos a referirnos.
• Si el proceso en que el acuerdo es alcanzado no afecta a los intereses de hijos menores ni incapacitados, no es necesaria la transformación del proceso en consensual, puesto que el acuerdo sería susceptible de homologación, y el juez podría dictar una sentencia acogiendo lo convenido por las partes, sin más complicaciones.
• Si el acuerdo no alcanza a todas las medidas, sino sólo a algunas de ellas, no se produciría la transformación del procedimiento, puesto que el Juzgado debería resolver sobre las medidas sobre las que no existe acuerdo (y en su caso aprobar las medidas sobre las que sí que existe acuerdo).
26 Ver GARCÍA VILLANUEVA, Leticia, “La mediación familiar” en YZQUIERDO TOLSADA y CUENA
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