Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2012/as201211358.htm
Timestamp: 2019-03-26 04:50:31+00:00

Document:
201211-Sala Penal Primera-1-358
AUTO SUPREMO Nº 358/2012
EXPEDIENTE: La Paz 249/2012
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Dante Benito Escobar Plata contra Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux, Helmer Antonio Villena Medrano.
DELITO: allanamiento de domicilio y sus dependencias, hurto agravado.
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux (fs. 302 a 305) y Helmer Antonio Villena Medrano (fs. 340 a 342), impugnando el Auto de Vista de 20/2012 de 20 de abril de 2012 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 297 a 299), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Dante Benito Escobar Plata contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias más hurto agravado previstos y sancionados por los arts. 298 y 326 inc. 5) del Código Penal.
CONSIDERANDO: Que dichos recursos tuvieron origen en los siguientes antecedentes: 1. Sustanciado el caso por el Tribunal Primero de Sentencia de la capital del Departamento de La Paz, se dictó Sentencia Nro. 05/2011 de 28 de octubre de 2011, que declaró a los imputados Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux y Helmer Antonio Villena Medrano absueltos de culpa y pena de la comisión de los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias y hurto agravado en razón de que la prueba aportada por la acusación no fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad penal de los acusados; 2. Dicha Sentencia fue recurrida en alzada por el Ministerio Público (fs. 259 a 262) y por la acusación particular (fs. 255 a 258), las que fueron declaradas procedentes, disponiéndose la anulación de la Sentencia y la reposición del juicio a otro Tribunal de Sentencia (fs. 297 a 299), inhibiéndose de considerar otros aspectos cuestionados en las apelaciones restringidas, dando con ello origen a los recursos de casación que son caso de autos, cuyos argumentos son:
1. Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux, sostiene como motivos de casación: a) El Auto de vista recurrido constituye un acto ilegal porque carece de fundamentación adecuada y cabal, viola principios de legalidad, celeridad, economía procesal y otros al anular la Sentencia y disponer la reposición del juicio por haberse mencionado en ese Fallo una prueba secundaria que fue excluida, que no afecta a la decisión asumida por el Tribunal de Sentencia; infringió también el art. 413 última parte del Código de Procedimiento Penal, pues debió dictar una nueva Sentencia rectificando el error cometido en la Sentencia apelada. Al atribuirse una facultad supuestamente saneadora, usando prueba que no es base de la Sentencia, violó los principios de seguridad jurídica, celeridad, probidad, equidad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos en los que se sustenta la potestad de administrar justicia según el art. 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, y los de legalidad, accesibilidad, inmediatez y debido proceso (art. 180 parágrafo I) de la misma norma legal; b) El Auto de Vista es contradictorio al lineamiento jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia. Aclara que al haber sido absuelto no apeló por tanto, no es posible invocar precedente contradictorio, sin embargo a los efectos de los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, destaca las contradicciones del Auto de Vista impugnado con el lineamiento jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, las que denotan su ilegalidad. Indica que el Auto de Vista no tiene fundamentación motivada y completa, sino, inicua e incompleta. La primera conclusión a la que arribó no es verdadera, falseó la verdad cuando expresó que se consideró y valoró una prueba excluida suponiendo que la Sentencia se basó en ella, lo que no es cierto, pues ese fallo realizó una extensa valoración de siete declaraciones de testigos de cargo, dos de descargo y varias pruebas literales, valoradas en su conjunto y con sana crítica; esa conclusión contradice el lineamiento jurisprudencial del Auto Supremo Nro. 308 de 25 de agosto de 2006, al no realizar una argumentación motivada sobre la aplicación del art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal, el Auto de Vista contradice al Auto Supremo citado que obliga a fundamentar expresando motivos de hecho y de derecho que fundamentan el nuevo juicio y la no aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, cuya última parte le permite subsanar un error como el acontecido, con el pronunciamiento de una nueva Sentencia. El Auto de Vista no advirtió que los apelantes invocaron como norma violada el art. 170 inc. 6) del Código de Procedimiento Penal, norma amplia que obligaba a su precisión y determinación expresa para que el fallo sea considerado justificado; contradice también, el Auto Supremo Nro. 205 de 28 de marzo de 2007 y el art. 413 del Código de Procedimiento Penal; el Auto de Vista impugnado, al identificar el error en relación a la prueba, en aplicación de la doctrina legal del Auto Supremo citado y del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, debió declarar que esa prueba no fue introducida y dictar nueva Sentencia declarando innecesario el nuevo juicio. Respecto a la Segunda conclusión que señala que el Tribunal se inhibe de realizar otras consideraciones sobre las apelaciones, muestra incumplimiento del debido proceso y el deber de juzgar como Tribunal de Alzada, que tiene facultad para examinar si una prueba secundaria puede determinar la realización de un nuevo juicio con las atribuciones que le confiere el art. 413 última parte del Código de Procedimiento Penal. Señala el recurrente que, denota omisión de consideración y análisis de las argumentaciones expuestas en derecho en las respuestas a las apelaciones que formularon los acusados, toda vez que no realizó ninguna consideración de esas argumentaciones en sus conclusiones, este error in procedendo contradice la doctrina legal aplicable del "Auto Supremo Nro. 349 de 28 de 2006" (sic) y otros posteriores; c) El Auto de Vista deviene de otras ilegalidades cometidas: 1. "... el Auto de Vista fue retenido en el despacho de los señores Vocales que lo pronunciaron" (sic), pues habiéndose sorteado Vocal Relator el 30 de marzo de 2012, salió de despacho el 15 de agosto del mismo año con fecha de 20 de abril, demora que es injustificada e ilegal, excede con creces el plazo señalado en el art. 411 del Código de Procedimiento Penal; 2. El Tribunal de Alzada, dejó intervenir al abogado de Dante Escobar Plata sin que éste tenga mandato y; 3. No dejó ampliar su defensa al co-imputado Helmer Antonio Villena Medrano cuyo abogado no estuvo presente, esta permisividad con uno y omisión con otro patentizan una ilegalidad que según la doctrina legal aplicable sentada por el Auto Supremo Nro. 565 de 1 de octubre 2004 constituye una vulneración del debido proceso, haciendo por ello anulable el Auto de Vista recurrido.
Finaliza solicitando que admitido que sea el recurso, se dicte resolución dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido por infringir el art. 416 del CPP y contradecir los Autos supremos Nrs. 308 de 25 de agosto de 2006, 205 de 28 de marzo de 2007, 349 de 38 de 2006 y 565 de 1 de octubre de 2004, disponiendo que el Tribunal Departamental de Justicia dicte nueva resolución por no ser necesario un nuevo juicio oral de conformidad al Auto Supremo 205 de 28 de marzo de 2007.
2. Helmer Antonio Villena Medrano, sustenta su casación como sigue: a) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, nunca realizó la evaluación y consideración de la posibilidad de dictar una nueva Sentencia sin anular el juicio, circunstancia que contradice los Autos Supremos Nros. 277 de 13 de agosto de 2008, 149 de 6 de junio de 2008 y 141 de 6 de junio de 2008 SP II, los que son claros respecto a la obligación del Tribunal de Alzada de evaluar la Sentencia, y cuando sea posible, reparar el error dictando una nueva Sentencia subsanando el error que se hubiera producido; en el caso presente, se excluyó la prueba PD-13, la que restaba credibilidad a la declaración del Testigo Pablo Virgilio Ontiveros Rocabado, quien había sido compañero de reclusión del acusador particular, y que excluida la prueba, de viva voz aceptó que estuvo recluido en el penal de San Pedro, extremo que la prueba PD-13 pretendía probar, por ello la Sala Penal Segunda, se encontraba facultada para poder dictar una nueva Sentencia subsanando el intrascendente defecto, evitando de esa forma la violación al principio de celeridad. Sostiene que, en los arts. 413 y 370 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal, ni en ningún Auto Supremo, o doctrina dice que la mención y valoración de una prueba en la Sentencia, que no fue introducida dentro del juicio oral, pueda tener como consecuencia, de forma abusiva, la directa anulación de la Sentencia; la solución aplicada por la Sala Penal es atentatoria al principio de celeridad consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José de Costa Rica; b) Bajo el epígrafe de "FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y AUSENCIA DE CONSIDERACIÓN DE PUNTOS APELADOS EN EL AUTO DE VISTA NRO. 20/2012." asegura que la apelación presentada por el acusador particular Dante Benito Escobar Plata tenía como uno de sus fundamentos la audiencia celebrada el 15 de septiembre de 2012 sin la presencia de su abogado, motivo sobre el cual la Sala no emitió criterio alguno, en lugar de resolver todos los puntos cuestionados, los que podrían ser motivo de otras apelaciones restringidas o recursos. Por no saber como se resolverán ésos puntos, no existe seguridad jurídica, entrando en "colisión" (sic) con los Autos Supremos Nros. 411 de 20 de octubre de 2006 SP II y 359 de 26 de junio de 2009.
Solicita al concluir se declare fundado el recurso de casación y se dicte doctrina legal aplicable ordenando a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz emita nueva resolución disponiendo dicte nueva Sentencia excluyendo la prueba PD-13 y se confirme la Sentencia a su favor.
En el Otrosí 1.- Amparado en el art. 314 del Código de Procedimiento Penal y el principio de eventualidad interpone incidente de actividad procesal defectuosa, señalando que en la audiencia de fundamentación de la apelación restringida de fecha 19 de marzo de 2012, a pesar de haber respondido a la apelación planteada por el acusador particular, no estaba presente su abogado defensor, lo cual violó y vició el proceso, defecto absoluto señalado en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal, señala que la presencia de su abogado defensor era necesaria, por lo que solicita se declare probado el incidente y se declare la nulidad de obrados hasta audiencia de fundamentación de apelación restringida.
CONSIDERANDO: Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que el recurso de casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.
Teniendo la casación el objetivo de asegurar el exacto y uniforme cumplimiento de la Ley penal en los fallos judiciales en todo el territorio nacional, valiéndose para ello de la competencia atribuida al Supremo Tribunal (la unificación jurisprudencial y nomofilaxis), su finalidad es la de de garantizar el principio de igualdad ante la Ley, en observancia de la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que es un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales por el Tribunal de Apelación, contrarios a otros precedentes, por lo que se ha dejado establecido que no todo Auto de Vista es recurrible en casación, sino únicamente los que resulten ciertamente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar, en ese entendido, para que el planteamiento del recurso sea eficaz, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentar su recurso dentro el plazo establecido por ley, sino señalar de forma clara, expresa, motivada y/o fundamentada la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada a momento de emitir su fallo; es decir, señalar por qué el sentido jurídico que se asignó en el fallo recurrido, es contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, precisando si se aplicaron normas distintas a las aplicadas en un caso similar o una misma norma con diverso alcance; por consiguiente no basta la simple mención, invocación, trascripción o adjuntar alguna copia del precedente, tampoco sirve la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a como cree que debió ser resuelta la alegación para satisfacer sus expectativas; sino, adecuarse indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del Código de Procedimiento Penal). Bajo el razonamiento expuesto, se debe considerar que el incumplimiento de uno o más de los requisitos señalados, tiene como efecto que el Tribunal de Casación declare la inadmisibilidad de uno o de todos los motivos del recurso.
Por otra parte, respecto a la admisibilidad excepcional de la casación por denuncias expresas por vulneración a derechos y/o garantías constitucionales, que al tenor del art. 169 de la ley adjetiva penal, puede constituir defecto absoluto, es importante referirnos al entendimiento desarrollado por el Auto Supremo Nro. 87 de 18 de marzo de 2008 (SPII) que señala: "...corresponde hacer referencia a que la teoría de los medios de impugnación establece la necesidad de que los recursos estén basados en dos presupuestos: uno de carácter objetivo y otro de carácter subjetivo; el primero tiene que ver con la calidad del acto impugnable y con las formalidades establecidas en la ley para un recurso; en cambio el de carácter subjetivo guarda relación con el agravio o interés directo y el carácter de parte. Respecto a ese segundo grupo, el agravio o interés exige que la resolución cuestionada cause lesión al interés del impugnante, y para ello se debe considerar el resultado concreto del acto, sus efectos prácticos con relación al derecho invocado y la situación concreta del interesado; vale decir que, para la procedencia de un recurso, es necesario que el sujeto agraviado por la resolución emitida esté en desacuerdo total o parcial con lo resuelto.", en ese entendido, la expresión de agravios debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Indicación de la parte o extracto concreto de la resolución impugnada (parte que causa agravio); b) Análisis de la parte o extracto concreto de la resolución (basado en la norma objetiva); c) Argumentos que contrarrestan a la parte o extracto de la resolución (fundamentación jurídica), y; d) Preceptos legales inaplicados, aplicados de manera insuficiente, o aplicación incorrecta, cuyas consecuencias procesales tengan connotaciones de orden constitucional; es decir quien pretenda nulidad de una resolución o parte de ella, tiene la carga procesal de motivar fundamentadamente la violación, detallando el agravio y acreditando normativamente el daño sufrido, identificando plenamente la garantía constitucional o el derecho que reclama como transgredido por el Tribunal de Alzada, la norma legal infringida, así como la acción u omisión con la cual se vulneró ese derecho o garantía, detallando con precisión el daño sufrido (principio de trascendencia), para lograr establecer motivos válidos que acrediten defecto absoluto y una probable nulidad de actos.
En cuanto a la legitimación, para acceder a la impugnación como un derecho, la personalidad del recurrente debe estar reconocida por Ley (art. 394 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal), pero además debe acreditar interés legítimo respecto al agravio reclamado, es decir, sólo puede impugnar quien haya sido ofendido por una decisión judicial o por parte de ella, no siendo posible reclamar por agravio ajeno sin estar legítimamente facultado para ello.
CONSIDERANDO: Que analizados los argumentos expuestos por los recurrentes, corresponde a este máximo Tribunal de Justicia expresar las conclusiones a las que arribó en el presente caso:
1. De la casación planteada por Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux, se concluye:
I. El recurrente presentó el recurso de casación dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, contra el Auto de Vista Nro. 20/2012 de 20 de abril.
II. Habiendo sido favorecido con la Sentencia, no interpuso apelación restringida, siendo correcta la invocación de los precedentes contradictorios en casación. En etapa casacional invocó, los Autos Supremos Nros. 308 de 25 de agosto e 2006, 205 de 28 de marzo de 2007, 349 de 28 de 2006 y 565 de 1 de octubre 2004, respecto a los cuales corresponde señalar:
Los Autos Supremos Nros. 308 de 25 de agosto e 2006 y 205 de 28 de marzo de 2007, se encuentran debidamente identificados, habiendo expresado el recurrente lo que a su entender es contradictorio entre las citadas resoluciones y el Auto de Vista impugnado, precedentes que se encuentran citados en el punto (motivo) "2" de su recurso, correspondiendo en consecuencia verificar la denuncia y dictar resolución en el fondo respecto a estos fallos.
En cuanto al Auto Supremo Nro. 349 de 28 de 2006, el recurrente omitió identificar debidamente el fallo, pues al no señalar el mes en el que fue pronunciado no es posible su ubicación en el sistema para su posterior verificación, razón por la que no se lo admite como precedente.
Respecto al Auto Supremo Nro. 205 de 28 de marzo de 2007, invocado en el tercer motivo del recurso, omitió señalar de manera clara, precisa y fundamentada la forma en la que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con la Resolución invocada, aspecto que impide a este Tribunal abrir su competencia respecto a dicho fallo, razón por la que no constituye precedente contradictorio.
III. Respecto a las denuncias por vulneración a principios supremos e ilegalidades en las que hubiera incurrido el Tribunal de Apelación se concluye lo siguiente:
En el motivo "1" del recurso, denuncia vulneración a los principios de legalidad, celeridad, economía procesal, vulneraciones que habrían surgido al disponer la reposición del juicio por haber mencionado el Tribunal en la Sentencia una prueba secundaria que fue excluida, prueba que no es base de la Sentencia, circunstancia que a entender del impetrante, infringe el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, por no dictar nueva Sentencia corrigiendo el error y contrariamente disponer el reenvío del proceso, determinación que viola los principios de seguridad jurídica, celeridad, probidad, equidad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos en los que se sustenta la potestad de administrar justicia (art. 178 parágrafo I de la Constitución Política del Estado), y los de legalidad, accesibilidad, inmediatez y debido proceso (art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado). Al estar identificados los principios supuestamente vulnerados, la norma procesal violada, el acto que les dio origen, así como el supuesto daño sufrido, corresponde verificar en el fondo si las denuncias son ciertas.
Respecto a la falta de fundamentación adecuada y cabal mencionada en éste motivo, el recurrente no identifica de manera concreta las razones por las que considera deficiente la fundamentación de la resolución de alzada, omisión que imposibilita entender la pretensión del recurrente respecto a dicha afirmación para ser resuelta en el fondo, razones por las cuales se hace admisible el presente motivo.
En el motivo "3" de la casación denuncia ilegalidad cometida por parte del Tribunal de Apelación por haber retenido el Auto de Vista en despacho por un plazo excesivo que sobrepasa el plazo señalado en el art. 411 del Código de Procedimiento Penal, ocasionando demora injustificada e ilegal; no cumplió con su obligación de especificar en la forma ya señalada el agravio causado, pues la sola mención de la existencia de una ilegalidad, sin estar debidamente fundamentada y motivada impide a este Tribunal abrir su competencia, máxime si conforme señala el art. 135 del Código de Procedimiento Penal, el incumplimiento de plazos no constituye causal de nulidad ni defecto absoluto, entendimiento desarrollado por el Auto Supremo Nro. 26/ 2012 de 15 de febrero (SP I).
Denuncia el recurrente, como otro acto ilegal, que en la audiencia fundamentación oral complementaria de la apelación restringida, el Tribunal de Apelación, permitió la participación del abogado de la acusación particular sin mandato y negó ampliar la defensa del co-imputado Helmer Antonio Villena Medrano por no estar con su abogado, lo que constituye, a decir del recurrente, vulneración al debido proceso y hace anulable el juicio; sobre estas denuncias, nuevamente el recurrente omitió fundamentar la manera en que dichos actos le causaron agravio, pues no es suficiente motivación el señalar que se vulneró el debido proceso, derecho, garantía y principio amplio del que dimanan varios componentes de los cuales no fue identificado ninguno, pues si bien señaló los supuestos actos vulneratorios de manera general, no cumplió con la carga procesal de señalar el daño emergente de dichas actuaciones, debiendo tomarse en cuenta que respecto a los derechos del co-imputado Helmer Antonio Villena Medrano, no cuenta con legitimación objetiva para denunciar, pues de forma alguna esa actuación le causó agravio o infracción de alguno de sus derechos o garantías constitucionales. Consecuentemente, el "motivo 3" del recurso de casación al estar desprovisto de fundamento jurídico que haga viable su revisión en el fondo, no es admitido.
2. Respecto al recurso planteado por Helmer Antonio Villena Medrano, se establece que:
I. El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 20/2012 de 20 de abril de 2012, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro plazo legal, cumpliendo así con lo dispuesto por el párrafo primero del art. 417 del Código de Procedimiento Penal.
II. El recurrente, invocó en casación los Autos Supremos Nros. 277 de 13 de agosto de 2008, 149 de 6 de junio de 2008, 141 de 6 de junio de 2008 SP II en la primera alegación, y los Autos Supremos Nros. 411 de 20 de octubre de 2006 SP II y 359 de 26 de junio de 2009 en el segundo motivo de casación, expresando la contradicción en la que incurrió el Tribunal de Alzada, respecto a los precedentes invocados, ameritando su consideración para resolución en el fondo.
III. En cuanto al incidente de actividad procesal defectuosa interpuesta por el impetrante en el "Otrosí 1" de su memorial de casación, es menester hacer hincapié en la disposición contenida en los arts. 50 del Código de Procedimiento Penal y 42 de la Ley del Órgano Judicial, las que de forma taxativa delimitan las competencias de las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, dentro las cuales no se encuentran resolver incidentes de ninguna naturaleza; se debe también tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal, que de manera clara determina el momento oportuno y la forma de plantear los incidentes, procedimiento que no se adecua a la etapa casatoria. Por otra parte, dado que el Estado garantiza el principio de impugnación (art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado), en el supuesto caso de que se resolviera el incidente planteado en etapa casacional, la parte que se creyere agraviada con la resolución, se encontraría impedida de hacer valer su derecho a una segunda opinión, dado que la normativa procesal no contempla recurso alguno para impugnar Autos Supremos, en ese entendido, el incidente de nulidad planteado por el recurrente es inadmisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Carlos Guillermo Rodolfo Villena Soux (fs. 302 a 305) y Helmer Antonio Villena Medrano (fs. 340 a 342), impugnando el Auto de Vista Nro. 20/2012 de 20 de abril de 2012 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 297 a 299), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Dante Benito Escobar Plata contra los recurrentes por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias más hurto agravado previstos y sancionados por los arts. 298 y 326 inc. 5) del Código Penal.
Por Secretaría de Sala, remítase copia legalizada de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado art. 418 en su parágrafo segundo del mismo cuerpo legal.

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e contrario
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