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Timestamp: 2018-08-19 22:48:40+00:00

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C-290 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020019554CC-SENTENCIAC290200802/04/2008CC-SENTENCIA_C_290__2008_02/04/2008200195542008Sentencia C-290/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO -Estructura/ CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO -Finalidades/ ABOGADO- Fines de la profesión En relación con los fines de la profesión, puede afirmarse que el legislador quiso dar relevancia especial a las función social que cumple el abogado, de forma que los fines de la profesión, expuestos en los artículos primero y segundo del decreto 196 de 1971 pueden ser complementados por algunos de los deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007, tales como: observar la constitución y la ley (artículo 1º), defender y promocionar los derechos humanos (Artículo 2º), colaborar en la realización de la justicia y los fines del Estado (Artículo 6º), prevenir litigios "innecesarios, innocuos o fraudulentos", facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (Artículo 13) y abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias (Artículo 16). La profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica. ABOGADO- Ejercicio profesional inadecuado pone en riesgo derechos fundamentales La Corte ha sostenido que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional como son la eficacia, la celeridad y la buena fe. MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA- En materia de procedimientos disciplinarios y límites constitucionales/ RESERVA DE LEY EN MATERIA DISCIPLINARIA DERECHO DISCIPLINARIO- Contenido y alcance La jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar faltas disciplinarias; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta, y (iii) el proceso o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria. POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Reglas que guía su alcance LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DETERMINACION DE SANCIONES En desarrollo de la cláusula general de competencia, corresponde al legislador establecer las modalidades punitivas, introducir las penas aplicables, fijar la clase y la magnitud de éstas con arreglo a criterios orientadores fundados en los principios de razonabilidad y proporcionalidad que le permita a la autoridad disciplinaria hacer una aplicación que además de justa sea respetuosa del principio de legalidad de las penas. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LA ASIGNACION DE EFECTOS A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Si las sanciones disciplinarias impuestas a un sujeto disciplinable no han logrado que su proceder como servidor público o como particular que desempeña funciones públicas, se oriente a la garantía de la efectividad de los valores, principios y derechos previstos en la Constitución, es legítimo suministrar un contexto normativo que permita variar la graduación de una falta futura para asignarle mayor gravedad que otras de la misma índole cometidas con anterioridad REINCIDENCIA- Concepto/ REINCIDENCIA EN DERECHO DISCIPLINARIO- Valoración negativa no plantea desconocimiento del principio non bis in ídem/ REINCIDENCIA- No puede concebirse como falta disciplinaria autónoma El criterio de la reincidencia se encuentra ajustado a la Constitución cuando se concibe como un criterio clasificatorio de las sanciones o como fuente de agravación, y no como falta disciplinaria autónoma PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE SANCIONES DISCIPLINARIAS- Requisitos i) Que la sanción sea establecida directamente por el legislador (reserva legal); ii) que esta determinación sea previa al acto merecedor de la conminación; iii) que el contenido material de la sanción esté definido en la ley, o que el legislador suministre criterios que permitan razonablemente tanto al disciplinable como a la autoridad competente contar con un marco de referencia cierto para la determinación; iv) ha de ser razonable y proporcional, a efectos de evitar arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su imposición SANCIONES PERPETUAS, PERMANENTES E IMPRESCRIPTIBLES- Prohibición constitucional AUTORIDAD DISCIPLINARIA- Margen de discrecionalidad para la individualización de la sanción guiado por parámetros de proporcionalidad/ AUTORIDAD DISCIPLINARIA- Límites a la discrecionalidad para la individualización de la sanción La discrecionalidad de la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y en general parámetros de proporcionalidad. Dicha discrecionalidad se encuentra limitada por la taxativa consagración de los tipos de sanciones permitidas; el suministro de unos criterios objetivos generales, de agravación y de atenuación de la sanción; la vinculación explícita del funcionario a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y por los controles establecidos al interior del mismo proceso frente a una eventual decisión sancionatoria. ABOGADO- Exclusión de la profesión no puede constituirse en pena imprescriptible/ REHABILITACION DEL ABOGADO- Concepto /REHABILITACION DEL ABOGADO- Derecho de estirpe constitucional La exclusión de la profesión tal como está concebida en el estatuto disciplinario del abogado no puede ser catalogada como una pena imprescriptible, puesto que si bien comporta una drástica restricción al ejercicio de la profesión, que debe ser producto de la aplicación del principio de legalidad y del debido proceso, no tiene un carácter ilimitado, intemporal y absoluto, puesto que como lo prevé el propio estatuto, incorpora una prohibición relativa que puede ser removida mediante el ejercicio de la rehabilitación. La rehabilitación comporta el restablecimiento jurídico del prestigio social del sancionado, es decir su restitución al status jurídico en que se encontraba antes de proferirse la decisión sancionatoria. REHABILITACION DEL ABOGADO- Inconstitucionalidad de la valoración de la conducta del sancionado para su reincorporación al ejercicio de la profesión La rehabilitación sólo puede estar condicionada al cumplimiento de los plazos previstos por el legislador, toda vez que el legislador no puede autorizar que se limite a una persona, de manera permanente, un derecho fundamental como consecuencia de una medida sancionatoria. Referencia: expediente D-6923
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑOD6923CONSTITUCIONALIDADDora Lucy Arias Giraldo | Jaime Jurado AlvaránIdentificadores20020019555true34034Versión original20019555Identificadores
En relación con los fines de la profesión, puede afirmarse que el legislador quiso dar relevancia especial a las función social que cumple el abogado, de forma que los fines de la profesión, expuestos en los artículos primero y segundo del decreto 196 de 1971 pueden ser complementados por algunos de los deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007, tales como: observar la constitución y la ley (artículo 1º), defender y promocionar los derechos humanos (Artículo 2º), colaborar en la realización de la justicia y los fines del Estado (Artículo 6º), prevenir litigios "innecesarios, innocuos o fraudulentos", facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (Artículo 13) y abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias (Artículo 16). La profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica.
La Corteha sostenido que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Dora Lucy Arias Giraldo y Jaime Jurado Alvarán solicitaron ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 23 (parágrafo), 40, 43 (parágrafo), 45 y 108 (parcial) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
1. Elparágrafo del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, al no autorizar la extinción de la acción disciplinaria mediante el desistimiento del quejoso, y permitir que la acción disciplinaria continúe, aún en contra de la voluntad del interesado, se opone a la convivencia, y al principio de justicia, en un Estado participativo (Preámbulo, y artículos 1º la Carta). La disposición también desconoce el derecho a la participación, en el seno de la administración de justicia, al no darle ningún valor al desistimiento del quejoso.
El parágrafo acusado viola también el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), en la medida en que el desistimiento es admitido en otros ordenamientos procesales. En el campo penal, por ejemplo, opera en aquellos delitos que exigen querella para dar inicio a la actuación estatal. Así pues, resulta contrario a la justicia que un abogado que cometa una falta disciplinaria, a la vez tipificada como delito de carácterquerellable, pueda beneficiarse de la extinción de la acción penal gracias al desistimiento del afectado, pero deba soportar, sin embargo, que la acción disciplinaria prosiga.
2. En relación con elartículo 40 de la Ley 1123 de 2007, se presentan dos cargos: el primero, en contra de la sanción de exclusión; y el segundo, en contra de la inclusión generalizada de todas las sanciones disciplinarias en la misma disposición normativa:
2.2. El segundo cargo se dirige contra la generalización de las sanciones, consagrada en elartículo 40, Ley 1123 de 2007: la consagración de las mismas sanciones para cualquiera de las faltas vulnera la justicia, y los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La justicia, en materia de penas y sanciones, implica no sólo la comprobación de la falta y la determinación de una responsabilidad personal; el principio de justicia exige, además, que la sanción sea proporcional a la infracción cometida, y que sea razonable y necesaria. Por lo tanto, prever las mismas sanciones para todas las faltas viola el principio de justicia distributiva.
Es claro que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración en la materia, y que la Ley 1123 de 2007 establece criterios para graduar las sanciones; empero, la existencia misma de la norma es inconstitucional, pues deja margen para grandes injusticias. La generalización de las sanciones vulnera el principio de igualdad (artículo 13 C.P.) al establecer el mismo trato para supuestos de hecho diferentes, y crea la posibilidad de imponer las sanciones más graves a faltas menores, lo que es incompatible con la concepción humanista del derecho, y el "derecho del acto", que informan la Constitución de 1991.
3. Elparágrafo del artículo 43 de la ley 1123, que establece como circunstancia de agravación, el que la falta haya sido cometida por el abogado actuando como representante, o contraparte del Estado, es inconstitucional, pues las sanciones en materia disciplinaria tienen un fin correctivo o preventivo, y deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la profesión, sin importar las partes que intervienen en el proceso. La disposición vulnera la justicia y a la dignidad humana, pues subordina al ser humano, al poder estatal.
3.1. Si bien existen algunas diferencias entre los intereses envueltos en el litigio de particulares, y aquél en el que se ven comprometidos intereses generales, esta previsión es innecesaria, puesto que la lesión al interés general podría ser valorada a partir de latrascendencia social de la conducta, criterio de graduación de las sanciones, de conformidad con el artículo 45, literal A, de la Ley 1123 de 2007.
4. Losnumerales 1 y 2, del literal B, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 establecen criterios de atenuación para la determinación de las sanciones, basados en la confesión y la reparación del daño. Sin embargo, condicionar estos beneficios a la carencia de antecedentes disciplinarios implica un desconocimiento de los artículos 28, 29 y 32 de la Carta pues, a pesar de que el abogado cumpla con una sanción, ésta mantiene sus efectos punitivos indefinidamente, impidiéndole al sancionado obtener los beneficios por reparación y confesión.
El hecho de que una persona tenga antecedentes, implica que cumplió una sanción por una falta determinada; por lo tanto, negarle la posibilidad de recibir algún tipo de beneficio, con base en tales antecedentes, supone un nuevo castigo para el afectado, así como una especie de veto personal, lo que equivale a un peligrosismo que no corresponde al derecho sancionador del acto, y constituye una violación al principio delnon bis in ídem (artículo 28 C.P.).
5.El artículo 108 de la Ley 1123 de 2007, consagra la posibilidad de que el abogado sancionado con la exclusión de la profesión, obtenga su rehabilitación. Sin embargo, esta disposición también señala unos límites valorativos a este beneficio ((inciso 1º) que no se compadecen con la libertad personal, a la vez que establece un aumento en el tiempo requerido para la rehabilitación, cuando la falta fue cometida por un abogado que actuaba en representación, o como contraparte del Estado (inciso 2º).
5.1. Sobre las condiciones impuestas a la rehabilitación, señalan los demandantes que someter la rehabilitación a una valoración del funcionario judicial, en el sentido de que "fundadamente se considere que [el sancionado] observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión", ubica este beneficio en el campo de la subjetividad, y en una discrecionalidad absoluta de los funcionarios judiciales para determinar su procedencia, lo que refuerza la conclusión de que la sanción de exclusión tiene carácter perpetuo.
Por otra parte, la exigencia de observar una conductade todo orden que aconseje la reincorporación al ejercicio de la profesión, resulta contraria a la Carta, pues vulnera la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.). Es evidente, desde un punto de vista constitucional, que sólo la conducta relacionada con las actividades profesionales, debe tener incidencia para lograr la rehabilitación.
5.2 En cuanto alinciso segundo del artículo 108 demandado, deben extenderse las consideraciones expuestas sobre los agravantes consagrados en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 (supra, 3), en el sentido en que se trata de disposiciones que establece una discriminación injustificada, para los abogados que litigan en representación, o en oposición al Estado.
1.Del Ministerio de Interior y de Justicia.
1.1Sobre la presunta vulneración al derecho a la igualdad, por no consagrar la extinción de la acción disciplinaria como consecuencia del desistimiento (artículo 23, parágrafo, Ley 1123 de 2007), debe decirse que existen notorias diferencias entre el derecho penal y el disciplinario (C-181 de 2002 y C-820 de 2001).
1.3 Sobre el establecimiento de circunstancias de agravación para quienes se han desempeñado como contraparte, o apoderados de entidades públicas(artículo 43, parágrafo, y 108, parcial, de la Ley 1123 de 2007), se trata de disposiciones que se orientan a la defensa del interés general, lo que justifica mayor severidad de las conductas que afectan a las entidades públicas y sus recursos. La disposición se legitima entonces, por la necesidad de defender el interés colectivo, de forma que en las causas en que interviene el Estado participen con los mayores estándares éticos y morales.
2.1Del parágrafo del artículo 23, Ley 1123 de 2007: El estatuto disciplinario del abogado protege bienes jurídicos de diversos tipos. Así, es posible percibir que algunos de estos bienes se relacionan con derechos de particulares, de carácter renunciable, en tanto que otros hacen referencia a derechos o intereses de carácter colectivo que no son irrenunciables. En consecuencia, siguiendo las regulaciones establecidas en otros campos del derecho, el desistimiento debe extinguir la acción disciplinaria cuando estén en juego sólo intereses particulares, aunque no debe operar cuando se encuentre comprometido el interés público.
2.2 Sobre la exclusión de la profesión (Artículo 40, Ley 1123 de 2007 - cargo 1), la ausencia de un límite temporal para la sanción de exclusión, hace que la disposición necesariamente resulte violatoria del artículo 11 de la Carta, que prohíbe las penas de muerte, destierro, prisión perpetua y confiscación, en la medida en que la exclusión implica la muerte jurídica del abogado, desconociendo además, sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, y al libre desarrollo de la personalidad.
2.3 La generalización de las penas (Artículo 40, Ley 1123 de 2007- cargo 2) para todas las faltas, vulnera el principio de tipicidad, consagrado en el artículo 29 superior al no establecer, de forma precisa, qué sanción debe aplicarse a cada pena, y al no realizar una clasificación de las faltas, de acuerdo con su gravedad. El legislador desconoció, entonces, los límites constitucionales a la facultad reglamentaria de los poderes constituidos, violando, de esta forma, el derecho al debido proceso de los profesionales del derecho.
2.4 Elparágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, al considerar como circunstancias de agravación de la sanción de suspensión, el que la falta se origine en actuaciones en las que el abogado representa al Estado, o actúa como su contraparte, vulnera el principio de igualdad, pues a diferencia de lo que sucede con los funcionarios públicos, estos profesionales no se encuentran sometidos a una subordinación jerárquica con el Estado.
Si un abogado interviene como apoderado de una entidad pública, se infiere que su relación con el Estado se establece mediante un contrato de prestación de servicios, o mediante su nombramiento oficial. Entonces, la normatividad aplicable, en términos disciplinarios, sería el Código Único Disciplinario, y no la Ley 1123 de 2007. Por lo tanto, los agravantes establecidos en la citada ley, implican un doble juzgamiento, constitucionalmente inadmisible a partir del artículo 28 de la Carta, que consagra la garantía delnon bis in ídem.
2.5 En relación con el requisito de no tener antecedentes para que se apliquen los criterios de atenuación de la sanción consagrados en losnumerales 1 y 2, del literal B, de la Ley 1123 de 2007, el interviniente adhiere los planteamientos de los demandantes, señalando que la ausencia de antecedentes debe referirse exclusivamente a aquéllos que se encuentren vigentes. Adicionalmente, considera que permitir la rehabilitación únicamente al abogado excluido y no al suspendido, amonestado o multado, rompe el principio de igualdad.
3.1Artículo 23, parágrafo. Ley 1123 de 2007: la constitucionalidad del enunciado normativo se sustenta en dos consideraciones: por una parte, en la libertad de configuración legislativa; y, por otra, en que el derecho penal no es del todo comparable al derecho disciplinario. Así, resulta plausible que en el primero opere el desistimiento, cuando se hallan comprometidos bienes jurídicos de tipo particular. En materia disciplinaria, empero, las sanciones obedecen a la inobservancia de un deber funcional, por lo que los bienes tutelados no son disponibles.
3.2Artículo 40, Ley 1123 de 2007,en relación con la generalización de las sanciones: la disposición es inexequible, mas no por las razones aducidas en la demanda, sino por cuanto la generalización de las sanciones vulnera el principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución. Por ello, es posible, como se aduce en la demanda, que se apliquen las sanciones más graves a faltas de menor entidad, o trascendencia social. El respeto por el principio de legalidad exige, en cambio, que las sanciones sean claramente establecidas por la ley, en relación con cada una de las faltas disciplinarias.
3.3Artículo 43 (parágrafo), Ley 1123 de 2007: los agravantes establecidos, con fundamento en la defensa, o en la oposición al Estado al interior del ejercicio profesional, encuentran respaldo constitucional en la amplia facultad de configuración legislativa del Congreso de la República. El precepto acusado no es extraño al ordenamiento jurídico colombiano, pues en materia penal se consagran diversos agravantes para el sujeto activo que actúa como servidor público, o para particulares en ejercicio de funciones públicas.
3.4Artículo 45, Ley 1123 de 2007. La ausencia de antecedentes, como supuesto para la aplicación de criterios de atenuación se ajusta a la Constitución. Al respecto, existe un error en la interpretación de la disposición aportada por los demandantes, pues lo que fijó el legislador no constituye una sanción perpetua o irredimible, sino la necesidad de observar la reincidencia, al momento de conceder o negar beneficios, previsión tradicional en el sistema sancionatorio. Adicionalmente, debe aclararse que la pérdida de un beneficio no equivale a la imposición de la sanción.
3. Ahora bien. Es claro que en el proceso disciplinario son aplicables todos los principios del debido proceso, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, y los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre la materia. Entre estos principios, cabe resaltar: la reserva legal, la legalidad de la falta y la sanción, el derecho a la defensa, la observancia de las formalidades propias del juicio, el juez natural, el principio de favorabilidad, la libertad probatoria, el derecho de contradicción, la doble instancia, y elnon bis in ídem.
1.Sobre elparágrafo del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007:
1.1 El cargo de la demanda, según el cual no permitir el desistimiento en el proceso disciplinario implica una vulneración a los principios de igualdad, justicia y participación, hace referencia a laconveniencia de la decisión del legislador, por lo que no constituye un verdadero cargo de constitucionalidad, en la medida en que la disposición no fue contrastada con preceptos constitucionales concretos, a pesar de la vaga mención a los principios señalados.
2.Sobre la sanción de exclusión (artículos 40, Ley 1123 de 2007 - cargo 1), la Corte determinó que se ajusta a la Constitución, al estudiar la demanda contra el artículo 63 del decreto 196 de 1971. Concluyó la Corporación que esta sanción no vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, pues se trata de una intervención estatal legítima, orientada a la protección del interés general (Sentencia C-540 de 1993). Posteriormente, la Corte determinó que la exclusión no vulnera el derecho al trabajo, ni la prohibición de establecer penas imprescriptibles, pues el sancionado puede asumir otras actividades, mientras se rehabilita. (Sentencia C-190 de 1996).
Sobre la generalización de las penas (artículo 40, Ley 1123 de 2007 - cargo 2), debe aclararse que la interpretación de los demandantes, en el sentido de que la sanción más grave pueda ser impuesta a cualquier falta, no es correcta, pues la Ley 1123 de 2007 establece que son principios rectores del proceso, los de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, el artículo 46 de la misma ley, exige que el fallador justifique cualitativa y cuantitativamente la sanción impuesta. Por lo tanto, la expresión "o exclusión del ejercicio de la profesión de abogado" debe ser declarada exequible.
3.Establecer como requisito para la rehabilitación del abogado que fue sancionado con la exclusión (artículo 108 Ley 1123 de 2007 - parcial), que las autoridades judiciales valoren la procedencia de la medida ("siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión"), es una previsión consecuente con la gravedad de la sanción. No tiene sentido suponer que la exclusión puede terminar un plazo determinado, pues precisamente esa necesidad de una nueva valoración, es la que diferencia a esta sanción de la suspensión.
Sobre la condición de observar una conductade todo orden (Artículo 108, Ley 1123 de 2007), que aconseje la reincorporación del disciplinado a la profesión, es preciso declarar su constitucionalidad condicionada, a que la expresión hace referencia únicamente a conductas de tipo profesional, pues no compete al Estado imponer a las personas parámetros de comportamiento. (Sentencia C-098 de 2003).
El precepto no contradice elnon bis in ídem, por cuanto no constituye un nuevo juzgamiento por la misma conducta, ni la imposición de una sanción. Es, sencillamente, un criterio dado al juzgador para determinar la dosificación de la pena. Sin embargo, la expresión "siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios" debe entenderse dentro del derecho a la rehabilitación y el olvido que tiene toda persona sancionada, y que se aplica a todo tipo de dato negativo. Es decir, su interpretación debe ser acorde con lo establecido por la Corte en la sentencia C-1066 de 2002 (Cita también la T-713 de 2003).
A juicio de los demandantes la disposición vulnera los principios de convivencia y de justicia, "el derecho a la participación en el seno de la administración de justicia" y el principio de igualdad, en cuanto esa institución es admitida en otros ordenamientos procesales. En el campo penal, por ejemplo, opera en relación con aquellos delitos que requieren querella para dar inicio a la acción penal.
"A juicio de la demandante la norma que excluye efectos extintivos de la acción disciplinaria al desistimiento del quejoso, vulnera el principio de igualdad, el debido proceso y el acceso a la justicia de los abogados, en razón a que tal efecto sí le es reconocido a los infractores penales en materia de delitos querellables".
"No es posible establecer un juicio de igualdad entre extremos que son sustancialmente distintos: la decisión legislativa de política criminal de permitir la solución consensuada de un conflicto de naturaleza penal, a través de mecanismos como la conciliación y el desistimiento, se fundamenta en el interés particular y por ende disponible, que subyace a ciertas infracciones de reducida o nula dañosidad social.
"Por el contrario, el control disciplinario que se ejerce sobre el ejercicio de la profesión de abogado se fundamenta en el poder de inspección y vigilancia que autoriza el artículo 26 de la Carta respecto de todas la profesiones, control que compromete el interés público, representado para el caso de los abogados, en la función social que se asigna a la profesión, así como en el cometido de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.
(…) "Tampoco se vulnera el debido proceso, ni el derecho de acceso a la administración de justicia de que es titular el destinatario de la ley disciplinaria como lo señala la actora. Por el contrario, la continuidad de la acción, no obstante el desistimiento del quejoso, garantiza la posibilidad de que el disciplinable esclarezca la situación que originó la queja y deje a salvo su nombre y su prestigio profesional; una queja desistida, sin posibilidad de aclaración por parte del imputado, podría sembrar un manto de duda acerca de su idoneidad o de sus condiciones éticas, lo que lo colocaría en una situación más gravosa que la prevista por el legislador".[1]
Con base en los anteriores fundamentos la Corte declaró "EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007. Aunque se trata de una cosa juzgada relativa advierte la Corte que los cargos de la demanda se encuentran amparados por tal pronunciamiento, por lo que decidirá, respecto de este segmento de la impugnación, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-884 de 2007.
3.Problemas jurídicos y temas jurídicos a tratar
3.4. Si el precepto que condiciona la aplicación de ciertos criterios de atenuación punitiva a la ausencia de antecedentes, es violatorio del artículo 29 de la Carta, al desconocer el principio delnon bis in ídem, así como la prohibición de imponer penas imprescriptibles. (Artículo 45, literal B, numerales 1 y 2, parcialmente demandados).
Para resolver las cuestiones planteadas la Corte abordará los siguientes temas:(i) Reiterará su jurisprudencia sobre los fines que cumple el control al ejercicio de profesión de abogado; (ii) recordará su jurisprudencia sobre los límites a la libertad de configuración en materia sancionatoria, con énfasis a) en la determinación de las sanciones, y b) la atribución de efectos positivos a la carencia de antecedentes disciplinarios; (iii) hará referencia a su jurisprudencia en relación con el alcance del principio de legalidad de la sanción, en el ámbito disciplinario; (iv) reiterará su jurisprudencia sobre la cláusula general de libertad como límite a la injerencia de la potestad disciplinaria; (v) recordará su jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad de las sanciones; y (vi) en ese marco analizará los cargos de inconstitucionalidad formulados en relación con cada uno de los preceptos acusados.
4.3. En relación con los fines de la profesión, puede afirmarse que el legislador quiso dar relevancia especial a las función social que cumple el abogado, de forma que los fines de la profesión, expuestos en los artículos primero[5] y segundo[6] del decreto 196 de 1971 pueden ser complementados por algunos de los deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007, tales como: observar la constitución y la ley (artículo 1º), defender y promocionar los derechos humanos (Artículo 2º), colaborar en la realización de la justicia y los fines del Estado (Artículo 6º), prevenir litigios "innecesarios, innocuos o fraudulentos", facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (Artículo 13) y abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias (Artículo 16).
A partir del anterior estudio concluyó la Corte[7]que ninguna de las modificaciones introducidas por la Ley 1123 de 2007, se relaciona con un cambio en la orientación dada por el legislador al papel del abogado al interior del estado social y democrático de derecho, razón por la cual halló posible reiterar la jurisprudencia constitucional producida en relación con el decreto 196 de 1971,mutatis mutandi, al nuevo Código Disciplinario.
"(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad"[15].
"En cuanto a ello hay que decir que el poder legislativo tiene un amplio margen de libertad para establecer el régimen disciplinario y que ese amplio margen es consustancial a un régimen constitucional en cuanto remite la configuración de las reglas de derecho -como supuestos necesarios para la convivencia pacífica- a la instancia del poder público de mayor ascendencia democrática[17]"[18].
5.2 En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende:(i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta, y (iii) el proceso, o "conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria"[20].
c. Dentro de los márgenes señalados, el legislador se encuentra facultado para: "(i) tipificar (…) las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los servidores públicos, su grado de intensidad y las sanciones correspondientes, y (ii) establecer el conjunto de enunciados normativos de orden procesal que regulen la facultad constitucional otorgada a la administración pública para imponer sanciones a todos los servidores que con sus acciones u omisiones, transgredan las normas de conducta relativas al correcto desempeño de las funciones asignadas."[25], así como (iii) establecer las causales de extinción de la acción o de la sanción penal o disciplinaria[26].
En ejercicio de tal prerrogativa"El legislador colombiano juzgó oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurables, cuya reiteración hace inepto, a quien en ellas incurre, para asumir la grave responsabilidad que el ejercicio de una profesión como la abogacía, implica. Dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios, sin contrariar la Ley Suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún sistema doctrinal"[31].
Ha señalado que "la valoración negativa que se hace de la reincidencia en el ámbito del derecho disciplinario no plantea el desconocimiento del principio non bis in ídem. Ello es así en cuanto se trata de someter una tercera falta disciplinaria a una sanción más drástica que otras sanciones impuestas a faltas de la misma índole cometidas con anterioridad y que han resultado ineficaces con miras al aseguramiento del cumplimiento de los deberes funcionales a cargo del sancionado"[32].
6.1. El principio de legalidad de las sanciones contenido el artículo 29 de la Constitución, conforme al cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa", forma parte de las garantías integrantes de la noción de debido proceso, y exige la determinación precisa de las penas, castigos o sanciones que pueden ser impuestas por las autoridades en ejercicio del poder punitivo estatal. Este postulado tiene plena validez en el campo de la actividad sancionatoria de la administración, toda vez que la misma Carta enuncia que "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." (C.P art. 29).
6.4. En cuanto a las exigencias de predeterminación de la sanción en materia disciplinaria, ha indicado la jurisprudencia que la norma que la contiene debe"determinar con claridad la sanción, o por lo menos permitir su determinación mediante criterios que el legislador establezca para el efecto"[39]. Igualmente, ha de ser razonable y proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su imposición. En estos términos, la tipificación de la sanción administrativa resulta indispensable como garantía del principio de legalidad.[40]
Al respecto, en la sentencia C-564 de 2000[41], señaló la Corte que en el derecho disciplinario:"(…) a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto ".
Por tal motivo ha considerado que "aquellas particulares conducciones de vida de los servidores públicos que se explican como alternativas existenciales y que no involucran infracción de deber funcional alguno, son incuestionables para la potestad disciplinaria e irrelevantes para la configuración de inhabilidades pues ni los ilícitos disciplinarios ni los impedimentos para acceder a la función pública pueden orientarse a la formación de hombres buenos y mucho menos a hacerlo de acuerdo con los parámetros de bondad que pueda irrogarse el Estado. A éste le basta con orientar su potestad disciplinaria al cumplimiento de los deberes funcionales de sus servidores y a asegurar la primacía del interés general en la función pública pero no tiene ninguna legitimidad para interferir la esfera interna de cada ser humano"[44].
7.2. Aplicando esta doctrina al ejercicio de la profesión de abogado la Corte indicó que "frente al ejercicio de una profesión las normas disciplinarias deben establecerse con referencia a las funciones y deberes propios del respectivo hacer profesional, no en atención a la conducta personal que se agota en los linderos de lo privado, o que aún campeando en la arena de lo público no trasciende ni afecta el buen desempeño de la función". Bajo los mismos supuestos, en procura del adecuado servicio profesional el Estado puede restringir el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando quiera que con su conducta personal el profesional pueda causarle desmedro a la idoneidad esperada de él, o a las personas con que él se relacione en virtud de su gestión".
De allí que la conducta del abogado no pueda ser reprochada válidamente "bajo el imperio de tipificaciones que no atienden la probidad de su ejercicio profesional, ni su responsabilidad frente a los clientes, y mucho menos la misión que le incumbe de cara al orden jurídico del país, sino sus opciones de vida personal, o hábitos ligados a su esfera estrictamente personal que normalmente se agotan en su mundo privado, lo cual entraña una irrazonable e innecesaria restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En esta perspectiva, los fines éticos del estatuto que regula el ejercicio de la profesión de abogado sólo pueden imponérsele a este profesional en relación con el desempeño de su actividad profesional, y no en el espectro de los comportamientos que él protagonice al margen de la misma". [45].
En aquellas ocasiones en que esta Corporación ha estudiado el alcance de la interdicción prevista en el artículo 28 de la Carta ha concluido que ésta comprende la prohibición de penas o sanciones permanentes, perpetuas e imprescriptibles. Así, la sentencia C-110 de 2000, MP Antonio Barrera Carbonell, la Corte declaró la inexequibilidad del numeral primero del artículo 204 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), que habilitaba a los comandantes de estación y de subestación para exigir promesa de residir en otra zona o barrio a quien "en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocios situados en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable".
La Corte constató, en aquella oportunidad, que la medida correctiva en cuestión no tenía "límite en el tiempo", por lo que las autoridades podían "imponer la sanción consistente en exigir promesa de residir en otra zona o barrio, en forma permanente". La sentencia concluyó entonces que esa disposición violaba el artículo 28 de la Constitución "según el cual no pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles, lo que equivale a que no puede el legislador autorizar a que se le limite a una persona en forma permanente alguno de sus derechos fundamentales".
"Pero, al analizar la medida correctiva, tal como está concebida, se observa que no tiene un límite en el tiempo durante el cual se dé la prohibición del ingreso al sitio público o abierto al público. Sobre este aspecto, el decreto dice en el artículo 222 del decreto 1355 de 1970, que es la autoridad de policía, la que haya impuesto la medida correctiva, quien podrá hacerla cesar en cualquier tiempo "si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público". Como se ve, la medida correctiva resulta indefinida, pues, deja al arbitrio de la autoridad, la fijación del período en que se aplica. Hay que señalar que una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la Constitución, pues en el artículo 28 de la Carta están proscritas las medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos".
Se observa entonces que el título III del mencionado estatuto se ocupa de regular el régimen sancionatorio, y en su capítulo único contempla:(i) las sanciones disciplinarias; (ii) los criterios de graduación; (iii) la motivación de la dosificación; y (iv) la ejecución y registro de la sanción.
En cuanto a las sanciones disciplinarias establece que el profesional que incurra en cualquiera de las faltas allí previstas puede ser sancionado con censura[46], multa[47], suspensión[48]o exclusión[49]del ejercicio de la profesión. La imposición de tales sanciones debe regirse por los criterios de graduación que la propia ley establece. (Art. 40 Ley 1123/07).
Esos criterios de graduación (Art. 45ib.) están clasificados en: (i) Generales, dentro de los cuales se ubican algunos de carácter objetivo (la modalidad de la conducta y sus circunstancias, su trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y otros de naturaleza subjetiva (los motivos determinantes del comportamiento)[50];(ii) de atenuación, como la confesión y el resarcimiento o compensación del daño[51];(iii) de agravación, tales como la entidad de los bienes jurídicos afectados, la sindicación infundada a terceros, el aprovechamiento propio o ajeno de valores recibidos en virtud del encargo, la concurrencia de copartícipes en el hecho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y el aprovechamiento de una circunstancia de vulnerabilidad en el afectado[52].
Como principio rector que vincula a la autoridad disciplinaria en el proceso de graduación de la sanción el estatuto prevé que "La imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad"(Art. 13). Como regla que rige la interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto se contempla la finalidad del proceso (Art. 15).
El artículo 44 de la Ley 1123 de 2007 define la sanción de exclusión como "la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía", en tanto que el artículo 108 ibídem contempla la figura de la rehabilitación para el profesional excluido, la cual podrá ejercer luego de cinco (5) años de ejecutoria de la sentencia que impuso la sanción. El término se amplía a diez (10) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones del abogado que se desempeñe como apoderado o contraparte de una entidad pública. Así mismo se puede reducir a tres (3) y cinco (5) respectivamente, si el abogado aprueba los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Síguese de lo expuesto, que los profesionales del derecho deben dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia, los cuales constituyen la esencia y el fundamento para la vigencia del orden político, económico y social justo que preconiza la actual Constitución Política.(...)"[54]
9.3.1. El artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 contempla los criterios de graduación de la sanción. En el aparte B numeral 1) establece que la confesión de la falta antes de la formulación de cargos constituye una causal de atenuación que comporta el beneficio de impedir la aplicación de la pena de exclusión. Es decir que cuando hay confesión, dentro de los términos que la norma prevé, no puede haber pena de exclusión. Sin embargo, el mismo precepto señala que tal beneficio opera "siempre y cuando carezca- el confeso-de antecedentes disciplinarios".
En similar sentido el numeral 2) del literal B del artículo 45 contempla como circunstancia de atenuación el haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. La concurrencia de tal circunstancia conlleva a que la sanción aplicable sea siempre la censura "siempre y cuando- el investigado -carezca de antecedentes disciplinarios.
Al contemplar la carencia de antecedentes como un elemento concurrente para el reconocimiento de los beneficios previstos en los numeral 1 y 2 del literal B del artículo 45, el legislador realizó un ejercicio legítimo de su potestad de configuración normativa en la determinación de las sanciones (Arts. 114, 150 num. 1 y 2 C.P.), en cuanto no se advierte en ello quebranto a los límites constitucionales[56]. En efecto tal previsión no vulnera la concepción de la responsabilidad disciplinaria fundada en el acto puesto que como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación la valoración negativa se sustenta "en la estructura de la conducta sancionable y no en la personalidad o naturaleza presuntamente peligrosa del agente."[57]
De otra parte, tampoco se aprecia vulneración a la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho (non bis in idem) puesto que la valoración negativa del dato de los antecedentes disciplinarios se aplica exclusivamente en relación con la nueva conducta, al considerar que no es merecedor, en esta nueva oportunidad, de un trato privilegiado o al menos más benigno como consecuencia de "su actitud de mayor desprecio o rebeldía frente a los bienes o valores jurídicos protegidos por el legislador, y no se aplica a las conductas anteriormente cometidas, por las cuales ya se han impuesto al infractor sin agravación alguna, las sanciones previstas" [58]
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad de la expresión "siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios" contenida en los numerales 1) y 2) del literal B del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
9.4.1. El inciso 1° del artículo 108 establece que,"El profesional excluido podrá ser rehabilitado luego de transcurridos cinco (5) años desde la ejecutoria de la sentencia, siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión". (destaca la Sala).
En tanto que el inciso tercero de la misma disposición establece que"El abogado que adelante y apruebe los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura en instituciones acreditadas podrá rehabilitarse en tres (3) y cinco (5) años respectivamente".
9.4.2. Los demandantes impugnan los segmentos normativos subrayados al estimar que la exigencia deobservar una conducta de todo orden que aconseje la reincorporación al ejercicio de la profesión y su condicionamiento a una capacitación del abogado, vulnera la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 de la C.P.), puesto que es evidente que, desde el punto de vista constitucional solo la conducta relacionada con las actividades profesionales, debe tener incidencia para lograr la rehabilitación.
9.4.4. Sin embargo, observa la Corte que el principal reparo que se puede formular a la expresión demandada radica en que condicionar la rehabilitación del profesional excluido, luego de transcurridos cinco años de ejecutoria de la sentencia a que la autoridad competente considere que observó"una conducta de todo orden que aconseje la reincorporación al ejercicio de la profesión" distorsiona la naturaleza de la rehabilitación, que es un derecho del sancionado y no una potestad librada a la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria.
La rehabilitación comporta el restablecimiento jurídico del prestigio social del sancionado, es decir su restitución alstatus jurídico en que se encontraba antes de proferirse la decisión sancionatoria. Constituye un derecho de estirpe constitucional derivado de la proscripción de las penas y sanciones imprescriptibles (Art. 28), y una garantía de que el Estado atenderá la función correctiva que orienta el derecho disciplinario.
9.4.5. La Corte tiene establecida una sólida jurisprudencia (cfr.supra 8) en el sentido que no puede el legislador autorizar que se limite a una persona, de manera permanente, un derecho fundamental como consecuencia de una medida sancionatoria[61]. Una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la Constitución, pues conforme al artículo 28 de la Carta están proscritas las sanciones imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos"[62].
Advierte la Corte que, condicionar la rehabilitación del profesional excluido, luego de transcurridos cinco (5) años de la ejecutoria de la sentencia, a que la autoridad competente considere que observó"una conductade todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión", hace incierta e intemporal la posibilidad de dicha rehabilitación y con ello existe el riesgo de volver imprescriptible la sanción de exclusión de la profesión, en contra de la prohibición del artículo 28 de la Constitución.
La suspensión por su parte, operaipso jure,por el mero transcurso del tiempo, por ende no requiere acto de rehabilitación, se aplica a faltas que incorporen una menor intensidad lesiva y un menor grado de reproche, y su duración puede oscilar entre dos (2) meses y tres (3) años, sin que sea posible la anticipación de los plazos.
9.4.7. Con fundamento en las consideraciones precedentes la Corte retirará del ordenamiento jurídico el segmento final del inciso primero del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007 que señala,"siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión".Esta condición, somete a la subjetividad del juez disciplinario la determinación de la procedencia de la rehabilitación del excluido, la cual podría negarse indefinidamente, lo que resulta inaceptable e incompatible con la naturaleza de la rehabilitación, que como se subrayó constituye un derecho, y no una decisión librada al arbitrio de la autoridad disciplinaria.
9.4.8. En esta misma línea de argumentación, observa la Corte, que la expresión"podrá"del mismo inciso primero del artículo 108, parcialmente demandado, complementa y refuerza una concepción de la rehabilitación, que se aparta de su naturaleza dederechoy la convierte en una potestad de la autoridad competente. En razón a la estrecha vinculación que existe entre el segmento demandado y esta expresión, la Corte realizará integración normativa[63], y extenderá su examen a tal expresión.
A juicio de la Corte que la expresión"podrá"resulta inconstitucional si a partir de ella se entiende que el precepto consagra una potestad para la autoridad disciplinaria de negar o conceder la rehabilitación, fundada en su particular criterio; esta interpretación en efecto, riñe con el carácter dederecho de la rehabilitación. Sin embargo, advierte así mismo la Sala que la expresión resulta acorde con la Constitución si se entiende que contempla una potestad para el profesional excluido de ser rehabilitado antes del plazo, conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 108. En consecuencia condicionará[64],la exequibilidad de la expresión"podrá"a que se entienda que el profesional excluido puede ser rehabilitado antes del plazo, si el sancionado opta por realizar y aprobar los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura en instituciones acreditadas, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 108.
Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad condicionada del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007, salvo la expresión"siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión",del inciso primero que se declara inexequible, y en el entendido que la expresión"podrá"del inciso primero, implica que puede ser rehabilitado antes del plazo, si el sancionado opta por realizar y aprobar el curso a que se refiere el inciso tercero de este artículo, y que el curso respectivo responda a los fines de rehabilitación y formación ética previstos en la presente ley.
Cuarto: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión "siempre y cuando carezca de antecedentes", contenida en los numerales 1º y 2º, del literal B, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
Quinto: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007, salvo la expresión "siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión" del inciso primero que se declara INEXEQUIBLE, y en el entendido que la expresión "podrá" del inciso primero, implica que puede ser rehabilitado antes del plazo, si el sancionado opta por realizar y aprobar el curso a que se refiere el inciso tercero de este artículo, y que el curso respectivo responda a los fines de rehabilitación y formación ética previstos en la presente ley.
Estarse a lo resuelto ... Artículo 23 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 40 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (Parágrafo. ) Artículo 43 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (Numerales 1 y 2 del literal B ) Artículo 45 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible salvo la expresión ... ("siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión" del inciso primero que se declara INEXEQUIBLE ) Artículo 108 LEY_1123_2007_22/01/2007
Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 23 (parágrafo), 40, 43 (parágrafo), 45 (parcial) y 108 (parcial) de la Ley 1123 de 2007, "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar parcialmente y aclarar mi voto frente a la decisión adoptada en esta providencia, ya que si bien me encuentro de acuerdo con la propuesta de exequibilidad del artículo 45, discrepo respecto de la propuesta de exequibilidad de los artículos 40, 43 (parágrafo) y de la exequibilidad condicionada del artículo 108 "en el entendido que la expresión "podrá" del inciso primero, implica que puede ser rehabilitado antes del plazo, si el sancionado opta por realizar y aprobar el curso a que se refiere el inciso tercero de este artículo, y que el curso respectivo responda a los fines de rehabilitación y formación ética previstos en la presente ley", salvo la expresión "siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión" del inciso primero que se declara inexequible. Las razones de mi disenso parcial y aclaración de voto son las siguientes:
4. Adicionalmente, en criterio de este magistrado, así se condicione la exequibilidad del tercer inciso del artículo 108, como se terminó condicionando en esta sentencia, a que esos cursos deben tener como finalidad específica, promover la ética en el ejercicio de la Abogacía, considero que aún con estas precisiones, la norma sigue siendo ambigua, pues exige que se haya observado una "conducta de todo orden", que aconseje la reincorporación al ejercicio de la profesión, lo que es demasiado amplio y plantea un tema de ética. No se trata sólo de una reducción de un plazo sino de la ausencia de criterios objetivos para declarar esa rehabilitación, que debería tener en cuenta la causa de la suspensión.
Con el acostumbrado respeto me permito realizar el siguiente salvamento parcial de voto relativo a la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación respecto del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007"Por medio de la cual se expide el Código Ético del Abogado."
Esta Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 108 en el cual se prevé la rehabilitación de los profesionales del derecho sancionados bajo el entendido de que la expresión "podrá", prevista en el inciso primero del mismo artículo, implica que [el profesional sancionado] puede [ser rehabilitado] antes del plazo, si opta por realizar y aprobar el curso a que se refiere el inciso tercero del mismo artículo 108 y que el curso respectivo responda a los fines de rehabilitación y formación ética previstos en la Ley 1123 de 2007.
[2]Ver sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) C - 196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C - 393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-212 de 2007 (Humberto Antonio Sierra Porto). De particular relevancia es la sentencia C-884 de 2007, en la que la Corte se pronunció sobre las finalidades del proceso disciplinario tomando para ello en consideración los postulados de la Ley 1123 de 2007, de la cual se toma esta premisa.
[3]Sobre los propósitos y la estructura del nuevo Código Disciplinario de los abogados, se señaló en la exposición de motivos de la Ley 1123 de 2007. "El Código está compuesto de tres libros que contienen una parte general, una especial y el procedimiento disciplinario. En la parte general, se ocupa en señalar los principios rectores, las disposiciones generales como la definición de falta disciplinaria, el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, las formas de realización del comportamiento y las causales de exclusión de responsabilidad. En la Parte Especial (sic), se postula un amplio y riguroso catálogo de deberes e incompatibilidades rescatando las bondades del decreto 196 de 1971(…), catálogo que va de la mano con el régimen de faltas, donde se acude a un sistema cerrado para la codificación de las mismas, introduciendo nuevos comportamientos que no cobija el Decreto 196 de 1971, ya que la complejidad que se suscita de las relaciones profesionales de los abogados, a más de la introducción de figuras como las firmas de abogados, los contratos de prestación de servicios, las asesorías, obligan a que sean consideradas en el código, de modo que no queden en la impunidad (…), al tiempo que se respeta el principio de legalidad. Se establece además un régimen sancionatorio que en respeto a los principios de motivación, proporcionalidad, legalidad y función de la sanción, contempla un extenso elenco de criterios de gradación, incluyéndose la multa como sanción, y estableciéndose el incremento punitivo en aquellas faltas que afecten el patrimonio estatal En el libro dedicado al Procedimiento, se plantea un vuelco total al régimen vigente, donde por virtud de los vacíos hoy existentes en el Decreto 196 de 1971, debe acudirse por remisión al procedimiento penal, ocasionando dilaciones y entrabamientos que dificultan el adecuado ejercicio de la acción disciplinaria y generan incertidumbre frente a los sujetos procesales.
[4]Exposición de motivos ante el Senado de la República; Proyecto 091 2005. Gaceta del Congreso Número 592 de siete (7) de septiembre de dos mil cinco (2005):
[5] Decreto 196 de 1971, "por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía". Artículo 1º. La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.
[8]Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Reiterada en la C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Reiteradas en la sentencia C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9]Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[10]Ver sentencias C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[11]Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, ver sentencia C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[14]Ver, al respecto, las sentenciasC-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-212 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y C-884 de 2007 (M.P.Jaime Córdoba Triviño).
[15]Sentencia C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[19]Cfr. Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[21]Cfr. Sentencia C-884 de 2007.
[22]Sentencia C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-013 de 1997 (José Gregorio Hernández Galindo).
[23]Cfr. Sentencia C-653 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[25]Sentencia C-819 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), tomando a su vez referencias de las sentencias C-341 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-430 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara) y C-014 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[26]Cfr. Sentencias C-301 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-1490 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[27]Sentencias C- 301 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C- 1490 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[28]Sentencia C-013 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández).
[29]Sentencia C-329 de 2003, (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[31]Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Este pronunciamiento se hizo al analizar la constitucionalidad del artículo 63 del Decreto 196 de 1971. El artículo 63 del decreto 196 de 1971, que contemplaba una escala de sanciones para los abogados que reincidan en faltas disciplinarias.
[36]Sobre el particular pueden consultarse entre otras las siguientes sentencias: C-922 de 2001, y C- 475 de 2004 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra; C-211 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. C-564 de 2000, M.P Alfredo Beltrán Sierra. C-1161 de 2000 M.P Alejandro Martínez Caballero. C-386 de 1996, M.P Alejandro Martínez Caballero.
[37]Sent. C-427/94 M. P. Fabio Morón Díaz
[39]Sentencia C- 564 de 2000, M.P Alfredo Beltrán Sierra.Este criterio fue reiterado en la Sentencia C-653 de 2001, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[40]Sentencia C- 564 de 2000, M.P Alfredo Beltrán Sierra.
[41]M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[43] La órbita de injerencia del derecho disciplinario, ha dicho la Corte, se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que "El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos,con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo". Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M. P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que "El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicosen el ejercicio de sus cargos". Corte Constitucional. Sentencia C-712-01. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[45]Sentencia 098 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[50] "ARTÍCULO 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:
[51] "Artículo 45. Criterios de atenuación. "(…)1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios. 2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios."
[52] "(….) C. Criterios de agravación
7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado".
[53]Aunque uno de los cargos de la demanda radical en que la pena de exclusión de la profesión es ilimitada, este cargo es objeto de análisis particular posteriormente.
[54]Sentencia C-540 de 1993, (M.P. Antonio Barrera Carbonell), reiterada en sentencia C-190 de 1996, (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[55]Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[56]Sentencia C-077 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[57]Ibídem
[58]Ibídem.
[59]Cfr. Sentencia C- 046 de 1995.
[60]Senetncias C- 373 de 2002 y C- 098 de 2003.
[61] Así en la sentencia C-110 de 2002, M.P., Antonio Barrera Carbonell, la Corte declaró la inexequibilidad del numeral primero del artículo 204 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), que establecía que los comandantes de estación y de subestación podían exigir promesa de residir en otra zona o barrio a quien "en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocios situados en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable". La Corte, entre otras cosas, constató que la medida correctiva en cuestión no tenía "límite en el tiempo", por lo que las autoridades podían" imponer la sanción consistente en exigir promesa de residir en otra zona o barrio, en forma permanente". La sentencia concluyó entonces que esa disposición violaba el artículo 28 de la Constitución "según el cual no pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles, lo que equivale a que no puede el legislador autorizar a que se le limite a una persona en forma permanente alguno de sus derechos fundamentales".
[63]De conformidad con la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional en tres eventos: (1) "cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada." (2) "Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas." Y (3) cuando "pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad." En este evento, la integración normativa procede bajo la primera y tercera hipótesis señaladas en la mencionada sentencia. Sobre el tema de integración normativa ver también, entre muchas otras, las sentencias C-357 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo; C-539 de 1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-781 de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández; C-227 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-271 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil; C-409 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra; C-538 de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-536 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

References: artículo 241
 artículo 23
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 43
 artículo 23
 artículo 11
 artículo 29
 artículo 43
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 63
 artículo 46
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 204
 artículo 28
 artículo 222
 artículo 28
 artículo 44
 artículo 108
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 108
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 45
 artículo 108
 Artículo 23
 Artículo 40
 Artículo 43
 Artículo 45
 Artículo 108
 artículo 45
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 Artículo 1
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 204
 artículo 28