Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-21312.htm
Timestamp: 2017-12-16 07:15:45+00:00

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ORDEN TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuaciÃ³n al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el rÃ©gimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciÃ³n ajeno.
El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el rÃ©gimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciÃ³n ajeno, establece en su disposiciÃ³n transitoria primera que las mutuas que en el momento de entrada en vigor de dicho Real Decreto desarrollen directamente actividades como servicios de prevenciÃ³n ajenos, al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales, deberÃ¡n optar por adaptar el desarrollo de dicha actividad a lo dispuesto en el artÃ­culo 13.2 del Reglamento General sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, en la redacciÃ³n dada al mismo por el propio Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, o por cesar en dicha actividad; todo ello de acuerdo con lo previsto en las disposiciones transitorias que regulan dichas opciones y con la demÃ¡s normativa de aplicaciÃ³n y desarrollo. Tanto en los supuestos de continuaciÃ³n de la actividad de la mutua como servicio de prevenciÃ³n ajeno, como en el de cese en dicha actividad, el Real Decreto citado prevÃ© la tramitaciÃ³n de un procedimiento de autorizaciÃ³n ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, iniciado a solicitud de la mutua, en el que recaerÃ¡ resoluciÃ³n en el plazo de los seis meses siguientes a la presentaciÃ³n de la solicitud de autorizaciÃ³n, previo informe preceptivo y determinante de la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social. En el caso de que la mutua opte por continuar desarrollando su actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno a travÃ©s de una sociedad de prevenciÃ³n, podrÃ¡ continuar utilizando con posterioridad a la segregaciÃ³n, a precios de mercado y durante los plazos mÃ¡ximos que establece el Real Decreto, bienes muebles e inmuebles y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social adscrito a la mutua o a su patrimonio histÃ³rico, asÃ­ como los locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros y utilizados por la mutua en sus actividades como servicio de prevenciÃ³n ajeno, todo ello en los tÃ©rminos y condiciones que se establezcan en las disposiciones de aplicaciÃ³n y desarrollo. La presente Orden Ministerial viene a dar cumplimiento a las indicadas previsiones del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por lo que se refiere al desarrollo de la adecuaciÃ³n de las mutuas a lo dispuesto en el mismo, asÃ­ como a los tÃ©rminos y condiciones de la utilizaciÃ³n transitoria de los bienes y derechos en los supuestos previstos en el mencionado Real Decreto. En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la disposiciÃ³n final primera del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el rÃ©gimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciÃ³n ajeno y con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, dispongo:
AutorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad de la mutua como servicio de prevenciÃ³n ajeno mediante la cesiÃ³n a una sociedad de prevenciÃ³n
SecciÃ³n 1.Âª AutorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad y cesiÃ³n de la misma
ArtÃ­culo 1. TramitaciÃ³n del procedimiento de autorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad mediante la cesiÃ³n a una sociedad de prevenciÃ³n.
1. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artÃ­culo 13.2.a). del Reglamento General sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, la mutua decida continuar la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno a travÃ©s de una sociedad de prevenciÃ³n, deberÃ¡ formular ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social la correspondiente solicitud, acompaÃ±ada de la documentaciÃ³n establecida en el apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el rÃ©gimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevenciÃ³n ajeno, y en los tÃ©rminos previstos en el mismo, junto con la restante documentaciÃ³n seÃ±alada en la secciÃ³n 2.Âª de este capÃ­tulo.
2. La tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n del procedimiento se ajustarÃ¡ a lo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria antes citada. El informe de la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social deberÃ¡ ser emitido en el plazo mÃ¡ximo de tres meses y a tal efecto, las mutuas deberÃ¡n colaborar con dicha IntervenciÃ³n, en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 145 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, teniendo a su disposiciÃ³n la documentaciÃ³n que sirva de soporte a la informaciÃ³n recogida en los documentos aportados al procedimiento. Asimismo, la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social deberÃ¡ emitir el correspondiente informe en relaciÃ³n con la contraprestaciÃ³n a satisfacer por la utilizaciÃ³n transitoria por la sociedad de prevenciÃ³n de bienes inmuebles adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social y pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social o al patrimonio histÃ³rico. 3. Cuando la solicitud de autorizaciÃ³n incluya la relativa a la utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, la resoluciÃ³n por la que se autorice la segregaciÃ³n de la actividad deberÃ¡ resolver asimismo respecto de dicha utilizaciÃ³n, estableciendo, en su caso, los bienes y derechos a utilizar, asÃ­ como los tÃ©rminos y condiciones a los que deberÃ¡ ajustarse dicha utilizaciÃ³n. Cuando a la fecha de dictarse la resoluciÃ³n no se hubieran recibido los informes de la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social y de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, el importe de la contraprestaciÃ³n por dicha utilizaciÃ³n tendrÃ¡ carÃ¡cter provisional y serÃ¡ el que resulte de aplicar los criterios establecidos en la ResoluciÃ³n de la SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 2004, por la que se fijan nuevos criterios para la compensaciÃ³n de costes prevista en el artÃ­cu-lo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el rÃ©gimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevenciÃ³n de riesgos laborales. 4. Cuando la solicitud de autorizaciÃ³n incluya la relativa a la adquisiciÃ³n de bienes inmuebles, asÃ­ como derechos reales pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social se abstendrÃ¡ de resolver sobre la misma, remitiendo la solicitud a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social, a los efectos establecidos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre patrimonio de la Seguridad Social, acompaÃ±ando el correspondiente informe sobre la concurrencia de los supuestos de adjudicaciÃ³n directa previstos en el artÃ­culo 137.4.i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones PÃºblicas, asÃ­ como copia de la resoluciÃ³n que se adopte respecto de la segregaciÃ³n de la actividad. En los supuestos en que la solicitud de adquisiciÃ³n estÃ© referida a otros bienes o derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, la resoluciÃ³n por la que se autorice la segregaciÃ³n de la actividad deberÃ¡ resolver asimismo respecto de dicha adquisiciÃ³n, estableciendo, en su caso, los bienes y derechos a adquirir, asÃ­ como los tÃ©rminos y condiciones a los que deberÃ¡ ajustarse la adquisiciÃ³n. A tal efecto serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el artÃ­culo 9.3. 5. Cuando en la instrucciÃ³n del procedimiento se ponga de manifiesto la existencia de deficiencias no esenciales y subsanables en el proyecto de segregaciÃ³n sometido a aprobaciÃ³n y las mismas no hayan podido corregirse con carÃ¡cter previo a la resoluciÃ³n, se podrÃ¡ autorizar provisionalmente la segregaciÃ³n, condicionada a la subsanaciÃ³n de tales deficiencias en el plazo que se establezca en la misma, que no podrÃ¡ exceder de tres meses, contados a partir de la fecha de notificaciÃ³n de aquÃ©llas. En el plazo mÃ¡ximo de quince dÃ­as desde la finalizaciÃ³n del plazo antes citado, la entidad deberÃ¡ acreditarlo ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, la cual, previas las comprobaciones que resulten procedentes, resolverÃ¡ confirmando o dejando sin efecto la autorizaciÃ³n provisional. Cuando se confirme la autorizaciÃ³n y el proyecto de segregaciÃ³n incluya la utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, el plazo de tres aÃ±os establecido al efecto se computarÃ¡ a partir de la fecha de notificaciÃ³n de la autorizaciÃ³n provisional. En atenciÃ³n a la complejidad de las operaciones a llevar a cabo para la subsanaciÃ³n de las deficiencias a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, podrÃ¡ autorizarse la ampliaciÃ³n, hasta el lÃ­mite de cuatro meses, del plazo antes citado. A tal efecto, la entidad deberÃ¡ formular la correspondiente solicitud con una antelaciÃ³n mÃ­nima de un mes a la finalizaciÃ³n del plazo, acreditando la concurrencia de las circunstancias que hacen necesaria la ampliaciÃ³n del mismo.
ArtÃ­culo 2. CesiÃ³n de la actividad a la sociedad de prevenciÃ³n.
1. Una vez otorgada la correspondiente autorizaciÃ³n definitiva, la cesiÃ³n de la actividad a la sociedad de prevenciÃ³n se ajustarÃ¡ a los tÃ©rminos y plazos establecidos en los apartados 3 y 4 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. En todo caso, el otorgamiento de la correspondiente escritura pÃºblica mediante la que se formalice dicha cesiÃ³n o se constituya la sociedad, segÃºn proceda, deberÃ¡ llevarse a cabo en el plazo mÃ¡ximo de dos meses desde la notificaciÃ³n de la autorizaciÃ³n antes mencionada. De la referida escritura deberÃ¡ remitirse copia simple a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social en el plazo mÃ¡ximo de un mes desde su otorgamiento.
2. De conformidad con lo establecido en el apartado 3.c) de la referida disposiciÃ³n transitoria segunda y en el artÃ­culo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, una vez autorizada la segregaciÃ³n, la sociedad de prevenciÃ³n se subrogarÃ¡ en los derechos y obligaciones laborales de la mutua respecto del personal afecto a la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno en el momento de la aportaciÃ³n. 3. Cuando se haya autorizado la utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, el importe de la contraprestaciÃ³n por todos los conceptos se satisfarÃ¡ trimestralmente por la sociedad de prevenciÃ³n, si bien el pago no se podrÃ¡ considerar definitivo hasta que se verifique la correcta aplicaciÃ³n de lo establecido en el artÃ­culo 1.3 por la IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social en el procedimiento de auditoria relativo al aÃ±o de utilizaciÃ³n de los bienes y derechos.
ArtÃ­culo 3. DenegaciÃ³n de la autorizaciÃ³n.
En los supuestos en que la resoluciÃ³n sea denegatoria de la autorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad mediante la cesiÃ³n a una sociedad de prevenciÃ³n, y sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, la mutua, en el plazo de dos meses desde la notificaciÃ³n de la denegaciÃ³n, deberÃ¡ formular la correspondiente solicitud de cese en la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, siendo de aplicaciÃ³n lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria cuarta del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, asÃ­ como en el artÃ­culo 15 y en la disposiciÃ³n transitoria tercera de esta Orden.
SecciÃ³n 2.Âª DocumentaciÃ³n del procedimiento de segregaciÃ³n
ArtÃ­culo 4. DocumentaciÃ³n comprendida en la memoria de los aspectos financieros.
1. El Balance de segregaciÃ³n, a 31 de diciembre de 2004, del patrimonio histÃ³rico que se vaya a transmitir a la sociedad de prevenciÃ³n a que se refiere el apartado 1.b) 1.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, deberÃ¡ comprender la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio histÃ³rico asociados a la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno o que resulten necesarios para el desarrollo de dicha actividad, siempre que su transmisiÃ³n a la sociedad de prevenciÃ³n no implique menoscabo patrimonial alguno. EspecÃ­ficamente deberÃ¡ incluir los bienes inmuebles que vayan a ser utilizados exclusivamente por la sociedad de prevenciÃ³n, salvo que se opte por la utilizaciÃ³n transitoria de los mismos, en cuyo caso deberÃ¡ incluirse en la relaciÃ³n a que se refiere el apartado 1.c). 3.Âº de la mencionada disposiciÃ³n transitoria.
2. Como informaciÃ³n complementaria al inventario detallado de las cuentas del balance de segregaciÃ³n a que se refiere el apartado 1.b). 3.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda antes citada, deberÃ¡ aportarse la relativa a los elementos cuyo uso se realiza en rÃ©gimen de Â«rentingÂ», que deberÃ¡ contener la descripciÃ³n de los bienes, la empresa suministradora, fecha de suscripciÃ³n y de conclusiÃ³n del contrato, el importe de la cuota satisfecha en el ejercicio 2004 y la identificaciÃ³n del centro en que se encuentran ubicados dichos elementos.
ArtÃ­culo 5. DocumentaciÃ³n comprendida en la memoria de los aspectos de gestiÃ³n.
1. El inventario de elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 1.c).1.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, incluirÃ¡, de forma diferenciada, los pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, y los pertenecientes al patrimonio histÃ³rico. Este inventario deberÃ¡ incluir, respecto a los elementos patrimoniales indicados, su saldo en contabilidad y su amortizaciÃ³n acumulada a la fecha indicada, la identificaciÃ³n de los centros en que se encuentran ubicados y si el uso de los mismos es exclusivo del servicio de prevenciÃ³n ajeno o compartido con actividades de la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social. Se incluirÃ¡n tambiÃ©n las deudas con los proveedores de dicho inmovilizado, por su valor contable a 31 de diciembre de 2004, diferenciando igualmente las correspondientes al inmovilizado perteneciente al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico.
Con independencia de la inclusiÃ³n de los pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico en el inventario a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, el inventario de los locales y demÃ¡s bienes inmuebles establecido en el apartado 1.c). 2.Âº de la referida disposiciÃ³n transitoria segunda, deberÃ¡ recoger los utilizados por la mutua, a 31 de diciembre de 2004, en su actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno, distinguiendo los pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social de aquellos pertenecientes al patrimonio histÃ³rico o a terceros, asÃ­ como si son utilizados en exclusiva o de forma compartida con actividades de la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social. 2. Cuando la sociedad de prevenciÃ³n vaya a utilizar transitoriamente bienes muebles e inmuebles y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, la memoria sobre los aspectos de gestiÃ³n a acompaÃ±ar a la solicitud de segregaciÃ³n deberÃ¡ incluir una relaciÃ³n de los bienes muebles e inmuebles y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social adscrito a la mutua o a su patrimonio histÃ³rico que la sociedad utilizarÃ¡, a precios de mercado, con posterioridad a la segregaciÃ³n, asÃ­ como de los locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros, utilizados por la mutua total o parcialmente en sus actividades como servicio de prevenciÃ³n ajeno, que seguirÃ¡n siendo utilizados por la sociedad de prevenciÃ³n tras la segregaciÃ³n mediante la correspondiente imputaciÃ³n del coste que estuviera establecido por dicha utilizaciÃ³n. En los supuestos en que la sociedad de prevenciÃ³n vaya a utilizar bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social o al patrimonio histÃ³rico, dicha relaciÃ³n deberÃ¡ incluir, ademÃ¡s, las correspondientes propuestas de contraprestaciÃ³n, acompaÃ±adas de tasaciones emitidas por sociedades de tasaciÃ³n inscritas en el Registro de Sociedades de TasaciÃ³n del Banco de EspaÃ±a y empresas legalmente habilitadas, con una antelaciÃ³n mÃ¡xima de tres meses a la fecha de presentaciÃ³n de la solicitud, acreditativas de que tales propuestas de compensaciÃ³n se corresponden con los precios usuales en la zona de ubicaciÃ³n de dichos bienes. 3. El inventario de las relaciones laborales y contractuales a que se refiere el apartado 1.c). 4.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, incluirÃ¡ necesariamente la informaciÃ³n relativa a las obligaciones inherentes al traspaso del personal a la sociedad de prevenciÃ³n, y especÃ­ficamente, la referente a los derechos de dicho personal derivados de los compromisos por pensiones. 4. Cuando la mutua pretenda constituir una sociedad anÃ³nima o de responsabilidad limitada destinada a convertirse en la sociedad de prevenciÃ³n, de acuerdo con lo previsto en el pÃ¡rrafo primero del apartado 3 de la referida disposiciÃ³n transitoria, deberÃ¡ acompaÃ±ar a la solicitud el borrador de la escritura de constituciÃ³n de la misma. En todo caso, al menos con un mes de antelaciÃ³n a la expiraciÃ³n del plazo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria antes citada, deberÃ¡ remitir, segÃºn proceda, el borrador de la escritura de la aportaciÃ³n de la actividad, caso de haberse constituido previamente la sociedad al amparo de lo previsto en el pÃ¡rrafo antes citado, o de constituciÃ³n de la sociedad, a otorgar una vez se autorice, en su caso, la cesiÃ³n de la actividad. 5. La informaciÃ³n relativa a los negocios jurÃ­dicos a que se refiere el apartado 1.c). 7.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, deberÃ¡ recoger, de forma separada, los siguientes aspectos:
a) Conciertos para el desarrollo de actividades de prevenciÃ³n suscritos por la mutua en los que se subrogarÃ¡ la sociedad de prevenciÃ³n, con indicaciÃ³n de las actividades concertadas, informaciÃ³n del nÃºmero total de conciertos suscritos e importe estimado de facturaciÃ³n anual.
b) Bienes y derechos utilizados en rÃ©gimen de Â«rentingÂ» en los que se subrogarÃ¡ la sociedad de prevenciÃ³n, con indicaciÃ³n de su ubicaciÃ³n, empresa suministradora, titular del contrato, fechas de suscripciÃ³n y conclusiÃ³n del mismo, asÃ­ como importe anual de la cuota satisfecha. Asimismo, a efectos de lo establecido en el artÃ­culo 6.5, deberÃ¡ aportarse declaraciÃ³n suscrita por el director-gerente en la que se manifieste que la sociedad de prevenciÃ³n no utilizarÃ¡ otros bienes o derechos objeto de contratos de esta naturaleza suscritos por la mutua. c) Otros negocios jurÃ­dicos. DeberÃ¡n incluirse necesariamente los negocios jurÃ­dicos que tengan por objeto la utilizaciÃ³n exclusiva por la sociedad de prevenciÃ³n de bienes inmuebles pertenecientes a terceros.
Se incluirÃ¡n asimismo dentro de este apartado todos los negocios jurÃ­dicos que tengan por objeto bienes y derechos que se pretendan utilizar en exclusiva por la sociedad de prevenciÃ³n, cualquiera que sea su naturaleza, asÃ­ como los relativos a la prestaciÃ³n de cualesquiera servicios, salvo que tengan por objeto la prestaciÃ³n de servicios profesionales por personas fÃ­sicas, en cuyo caso la informaciÃ³n correspondiente deberÃ¡ incluirse en el inventario de relaciones contractuales afectas a la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno a que se refiere el apartado 1.c). 4.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
SecciÃ³n 3.Âª UtilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la seguridad social, al patrimonio histÃ³rico y a terceros
ArtÃ­culo 6. Condiciones para la utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, al patrimonio histÃ³rico y a terceros.
1. En el supuesto de que la mutua pretenda acogerse a la posibilidad de utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, al patrimonio histÃ³rico y a terceros, dicha utilizaciÃ³n tendrÃ¡ lugar a precios de mercado y se ajustarÃ¡ a los tÃ©rminos y condiciones siguientes: a) La utilizaciÃ³n de tales bienes y derechos no podrÃ¡ ir en detrimento ni implicar menoscabo patrimonial alguno para la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, sin que quepa su cesiÃ³n a terceros.
b) Bienes inmuebles. Cuando el bien inmueble sea utilizado en exclusiva por la sociedad de prevenciÃ³n, corresponderÃ¡ a Ã©sta asumir directamente los gastos asociados, tanto a su uso como al de los bienes muebles y derechos adscritos al inmueble. c) Elementos de transporte. Su utilizaciÃ³n por la sociedad de prevenciÃ³n deberÃ¡ serlo en exclusiva y como condiciÃ³n previa a su adquisiciÃ³n en el plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os. Durante el periodo de utilizaciÃ³n corresponderÃ¡n a la sociedad de prevenciÃ³n los gastos corrientes asociados a su uso. d) Resto del inmovilizado material e inmaterial. Su utilizaciÃ³n por la sociedad de prevenciÃ³n deberÃ¡ serlo como condiciÃ³n previa a la adquisiciÃ³n en el plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os antes citado. e) La adquisiciÃ³n de bienes para el funcionamiento de los utilizados transitoriamente corresponderÃ¡ a la sociedad de prevenciÃ³n. f) En los supuestos de Â«leasingÂ», el ejercicio de la opciÃ³n de compra durante el periodo de utilizaciÃ³n transitoria corresponderÃ¡ a la mutua, a favor del patrimonio de la Seguridad Social o del patrimonio histÃ³rico, segÃºn corresponda.
2. Cuando el bien inmueble a utilizar transitoriamente por la sociedad de prevenciÃ³n pertenezca al patrimonio de la Seguridad Social, dicha utilizaciÃ³n no podrÃ¡ exceder del plazo mÃ¡ximo de tres aÃ±os establecido con carÃ¡cter general, salvo en los supuestos excepcionales previstos en los artÃ­culos 12 y 13.
3. Cuando el bien inmueble pertenezca al patrimonio histÃ³rico y se pretenda utilizar en exclusiva por la sociedad de prevenciÃ³n, la mutua podrÃ¡ optar por su aportaciÃ³n a dicha sociedad o porque Ã©sta lo utilice transitoriamente. 4. De conformidad con lo seÃ±alado en el artÃ­culo 5.5.c), queda excluida la posibilidad de utilizaciÃ³n transitoria por la sociedad de prevenciÃ³n, con carÃ¡cter exclusivo, de bienes inmuebles pertenecientes a terceros. 5. Quedan asimismo excluidos de la posibilidad de utilizaciÃ³n transitoria los bienes y derechos en rÃ©gimen de Â«rentingÂ».
ArtÃ­culo 7. ContraprestaciÃ³n por la utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, al patrimonio histÃ³rico y a terceros.
1. La contraprestaciÃ³n a satisfacer por la sociedad de prevenciÃ³n por la utilizaciÃ³n de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social serÃ¡ la que resulte de aplicar las siguientes reglas: a) Bienes inmuebles. La contraprestaciÃ³n por la utilizaciÃ³n de bienes inmuebles se determinarÃ¡ en funciÃ³n del porcentaje que represente la superficie construida utilizada por la sociedad de prevenciÃ³n, incluida la correspondiente a elementos comunes, respecto de la superficie total.
b) Resto de bienes y derechos. El importe de la contraprestaciÃ³n serÃ¡ el que resulte de aplicar a la amortizaciÃ³n anual el porcentaje que represente la superficie construida utilizada por la sociedad de prevenciÃ³n, incluida la correspondiente a elementos comunes, respecto de la superficie total del inmueble donde se encuentren ubicados los bienes, en el caso de que la utilizaciÃ³n de los mismos sea compartida. En el supuesto de que se encuentren totalmente amortizados, el importe de la contraprestaciÃ³n serÃ¡ el de la Ãºltima cuota de amortizaciÃ³n completa. A tal efecto serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en la ResoluciÃ³n de la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado, de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptaciÃ³n del Plan General de Contabilidad PÃºblica, aprobado por Orden del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y en la ResoluciÃ³n de la referida IntervenciÃ³n General, de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. En los supuestos de Â«leasingÂ» se aplicarÃ¡ el importe de la cuota abonada. c) Gastos corrientes asociados a la utilizaciÃ³n de bienes inmuebles, bienes muebles y derechos. Cuando la utilizaciÃ³n del inmueble por la sociedad de prevenciÃ³n sea compartida, el importe de la contraprestaciÃ³n relativa a los gastos asociados a su uso en concepto de reparaciÃ³n, mantenimiento, conservaciÃ³n y suministro de servicios, asÃ­ como a los arbitrios, tasas e impuestos que recaigan sobre el inmueble, se determinarÃ¡ en funciÃ³n del porcentaje que represente la superficie construida utilizada por la sociedad de prevenciÃ³n, incluida la correspondiente a elementos comunes, respecto de la superficie total del inmueble. Dicho porcentaje determinarÃ¡ asimismo la contraprestaciÃ³n relativa a los gastos asociados al uso de los bienes y derechos adscritos al inmueble. 2. La contraprestaciÃ³n a satisfacer por la sociedad de prevenciÃ³n por la utilizaciÃ³n de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio histÃ³rico serÃ¡ la que resulte de aplicar las reglas recogidas en el apartado 1 anterior. 3. La contraprestaciÃ³n a satisfacer por la sociedad de prevenciÃ³n por la utilizaciÃ³n de locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros se ajustarÃ¡ a las siguientes reglas:
a) La cuantÃ­a de la contraprestaciÃ³n serÃ¡ la que resulte de aplicar al importe del alquiler del inmueble o la cuota correspondiente en los supuestos de Â«leasingÂ», el porcentaje que represente la superficie construida utilizada por la sociedad de prevenciÃ³n, incluida la correspondiente a los elementos comunes, respecto de la superficie total del mismo.
b) Gastos de primer establecimiento. El importe de la contraprestaciÃ³n por tales gastos serÃ¡ el que resulte de aplicar el porcentaje a que se refiere la letra a) de este apartado a la cuota de amortizaciÃ³n anual. c) Gastos corrientes asociados a la utilizaciÃ³n de dichos locales y bienes inmuebles. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a estos gastos lo seÃ±alado en la letra c). del apartado 1 de este artÃ­culo.
SecciÃ³n 4.Âª FinalizaciÃ³n del plazo general de utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos
ArtÃ­culo 8. ComunicaciÃ³n a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social.
1. Con una antelaciÃ³n mÃ­nima de seis meses a la finalizaciÃ³n del plazo autorizado para la utilizaciÃ³n transitoria de los bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico, asÃ­ como de los locales y demÃ¡s inmuebles pertenecientes a terceros, la mutua deberÃ¡ dar cuenta a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social de lo actuado a fin de adecuarse a la prohibiciÃ³n de utilizaciÃ³n de dichos bienes y derechos establecida en el pÃ¡rrafo segundo del referido apartado, asÃ­ como de la decisiÃ³n adoptada en relaciÃ³n con el destino de los bienes y derechos utilizados transitoriamente.
2. Cuando la sociedad de prevenciÃ³n pretenda seguir utilizando alguno o algunos de los referidos bienes y derechos al amparo de lo previsto en el apartado antes citado, deberÃ¡ formular al propio tiempo la correspondiente solicitud, a la que serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el artÃ­culo 12. En cuanto a los bienes y derechos que no se sigan utilizando por la sociedad de prevenciÃ³n, salvo que la mutua opte por el mantenimiento de su adscripciÃ³n a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, les serÃ¡ de aplicaciÃ³n, segÃºn proceda, lo establecido en los artÃ­culos 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos de disposiciÃ³n sobre bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico, y en el artÃ­culo 11, sobre el cese de la utilizaciÃ³n transitoria de locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros. 3. En los supuestos en que la mutua opte por el mantenimiento de la adscripciÃ³n a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social de los bienes y derechos que ha venido utilizando la sociedad de prevenciÃ³n, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las siguientes reglas:
a) Bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social. El mantenimiento de la adscripciÃ³n deberÃ¡ ser comunicado a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, acompaÃ±ando una memoria explicativa de las necesidades a satisfacer y de los factores sociales, tÃ©cnicos, econÃ³micos y administrativos concurrentes, y de un estudio relativo al rÃ©gimen de utilizaciÃ³n y gastos de funcionamiento.
b) Bienes y derechos pertenecientes al patrimonio histÃ³rico. Cuando la mutua opte por el mantenimiento de la adscripciÃ³n al patrimonio histÃ³rico de bienes inmuebles de tal carÃ¡cter utilizados por la sociedad de prevenciÃ³n, deberÃ¡ comunicarlo a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, acompaÃ±ando memoria explicativa en relaciÃ³n con su adecuaciÃ³n a lo establecido en el artÃ­culo 50 del Reglamento general sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. c) Locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a este supuesto el trÃ¡mite previsto en la letra a) de este apartado, en relaciÃ³n con el mantenimiento de la adscripciÃ³n de inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social. En tales supuestos deberÃ¡ acompaÃ±arse, ademÃ¡s de la memoria explicativa, copia del contrato de arrendamiento.
Articulo 9. Actos de disposiciÃ³n sobre bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social.
1. Los actos de disposiciÃ³n sobre los bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, utilizados transitoriamente por la sociedad de prevenciÃ³n, se regirÃ¡n por lo dispuesto en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
2. En los supuestos en que los actos de disposiciÃ³n estÃ©n referidos a bienes inmuebles, a las solicitudes de autorizaciÃ³n deberÃ¡n acompaÃ±arse las correspondientes tasaciones emitidas por sociedades de tasaciÃ³n debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de TasaciÃ³n del Banco de EspaÃ±a y empresas legalmente habilitadas. Dichas tasaciones deberÃ¡n ajustarse a lo establecido en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por la que se establecen normas de valoraciÃ³n de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras. A tal efecto, serÃ¡ de aplicaciÃ³n la definiciÃ³n de valor de mercado (VM) recogida en el artÃ­culo 4 de dicha Orden. 3. Cuando los actos de disposiciÃ³n estÃ©n referidos a otros bienes o derechos, el precio de los mismos no podrÃ¡ ser inferior a su valor neto contable, salvo que se encuentren totalmente amortizados, en cuyo caso el precio no podrÃ¡ ser inferior a la Ãºltima cuota de amortizaciÃ³n completa. A tal efecto, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en la ResoluciÃ³n de la IntervenciÃ³n General de la AdministraciÃ³n del Estado, de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptaciÃ³n del Plan General de Contabilidad PÃºblica, aprobado por Orden del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y en la ResoluciÃ³n de la referida IntervenciÃ³n General, de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. A efectos de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 26 del citado Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, y en el artÃ­culo 29.1 del Reglamento general sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, el importe mÃ¡ximo de los bienes muebles establecido en el segundo pÃ¡rrafo de la disposiciÃ³n adicional novena del referido Reglamento serÃ¡ el que resulte de la suma del valor del coste de todos los bienes muebles adscritos a cada local o bien inmueble utilizado por la sociedad de prevenciÃ³n. De conformidad con lo establecido en los referidos artÃ­culos, en el supuesto de superarse dicho importe, la enajenaciÃ³n y demÃ¡s actos de disposiciÃ³n, asÃ­ como la baja en balance de tales bienes, requerirÃ¡ la autorizaciÃ³n previa de la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social. 4. A los efectos establecidos en este artÃ­culo, las mutuas deberÃ¡n formular la correspondiente solicitud ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social con una antelaciÃ³n mÃ­nima de seis meses a la finalizaciÃ³n del plazo de utilizaciÃ³n autorizado. Presentada la solicitud y previa la tramitaciÃ³n del correspondiente procedimiento, la referida DirecciÃ³n General dictarÃ¡ resoluciÃ³n administrativa, salvo que la solicitud estÃ© referida a actos de disposiciÃ³n relativos a bienes inmuebles o a derechos reales, en cuyo caso la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social se limitarÃ¡ a remitir la solicitud a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social a los efectos establecidos en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. Cuando los actos de disposiciÃ³n lo sean a favor de la sociedad de prevenciÃ³n, la indicada DirecciÃ³n General informarÃ¡ a la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social sobre la concurrencia de los supuestos de adjudicaciÃ³n directa previstos en el artÃ­culo 137.4.i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones PÃºblicas.
ArtÃ­culo 10. Actos de disposiciÃ³n sobre bienes y derechos pertenecientes al patrimonio histÃ³rico.
1. Cuando los actos de disposiciÃ³n afecten a bienes y derechos pertenecientes al patrimonio histÃ³rico, utilizados transitoriamente por la sociedad de prevenciÃ³n, deberÃ¡n realizarse a precio de mercado y requerirÃ¡n la autorizaciÃ³n previa de la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, para la que serÃ¡ preceptivo el informe de la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social.
2. En los supuestos en que los actos de disposiciÃ³n estÃ©n referidos a bienes inmuebles, a las solicitudes de autorizaciÃ³n deberÃ¡n acompaÃ±arse las tasaciones establecidas en el artÃ­culo 9.2. Cuando los actos de disposiciÃ³n estÃ©n referidos a otros bienes o derechos, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo seÃ±alado en el artÃ­culo 9.3. 3. A los efectos establecidos en los apartados anteriores, las mutuas deberÃ¡n formular la correspondiente solicitud ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, a la que serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido en el pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 9.4.
ArtÃ­culo 11. Cese en la utilizaciÃ³n transitoria de locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros.
Cuando se haya autorizado la utilizaciÃ³n transitoria por la sociedad de prevenciÃ³n de locales y bienes inmuebles pertenecientes a terceros, el cese en dicha utilizaciÃ³n transitoria deberÃ¡ ser comunicado previamente por la mutua a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social con una antelaciÃ³n mÃ­nima de seis meses a la fecha de cese en la utilizaciÃ³n transitoria, acompaÃ±ando copia del contrato de arrendamiento, asÃ­ como, en su caso, de la denuncia del mismo.
SecciÃ³n 5.Âª PrÃ³rrogas adicionales
ArtÃ­culo 12. AutorizaciÃ³n de prÃ³rrogas adicionales para la utilizaciÃ³n de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social, al patrimonio histÃ³rico y a terceros.
1. De conformidad con lo previsto en el pÃ¡rrafo tercero del apartado 4 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social podrÃ¡ prorrogar excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que asÃ­ lo aconsejen, la autorizaciÃ³n para la utilizaciÃ³n de algunos bienes y derechos, inicialmente concedida al autorizarse el proceso de segregaciÃ³n regulado en la referida disposiciÃ³n. Dicha prÃ³rroga no podrÃ¡ exceder de dos aÃ±os y su concesiÃ³n estarÃ¡ supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que no incluya la utilizaciÃ³n de bienes y derechos a los que se refieren los epÃ­grafes c) y d) del artÃ­culo 6.1. No obstante, podrÃ¡ prorrogarse la utilizaciÃ³n de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social destinados a la especialidad de vigilancia de la salud, en los tÃ©rminos y condiciones seÃ±alados en el artÃ­culo siguiente.
b) Que se hayan iniciado, respecto de los referidos bienes y derechos, las actuaciones y trÃ¡mites necesarios para concluir el proceso de segregaciÃ³n y adecuarse a lo establecido en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 4 de la disposiciÃ³n transitoria segunda antes citado, en relaciÃ³n con la prohibiciÃ³n de utilizaciÃ³n para el desarrollo de las funciones correspondientes a los servicios de prevenciÃ³n de los medios adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social.
2. Para la concesiÃ³n de la prÃ³rroga, la mutua deberÃ¡ formular la correspondiente solicitud con una antelaciÃ³n mÃ­nima de seis meses a la conclusiÃ³n del plazo de utilizaciÃ³n concedido inicialmente, acompaÃ±ando la documentaciÃ³n acreditativa de la concurrencia de dichos requisitos y de lo actuado para adecuarse a lo establecido en el pÃ¡rrafo segundo del apartado antes citado, asÃ­ como el correspondiente plan para su adaptaciÃ³n a lo establecido en el mismo, con los objetivos concretos y plazos de ejecuciÃ³n.
En los supuestos de denegaciÃ³n de la prÃ³rroga solicitada, y sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, a los bienes y derechos afectados les serÃ¡ de aplicaciÃ³n, segÃºn proceda, lo establecido en los artÃ­culos 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos de disposiciÃ³n de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico, y en el artÃ­culo 11, sobre el cese en la utilizaciÃ³n transitoria de locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros.
ArtÃ­culo 13. AutorizaciÃ³n de prÃ³rrogas excepcionales en materia de vigilancia de la salud.
1. Si, una vez agotado el plazo establecido en el apartado anterior, la mutua acreditase la imposibilidad de llevar a cabo la segregaciÃ³n o los graves perjuicios que de ello se derivarÃ­an, la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social podrÃ¡ conceder, con carÃ¡cter excepcional, prÃ³rrogas anuales del plazo indicado. Dichas prÃ³rrogas no podrÃ¡n exceder de tres y su concesiÃ³n estarÃ¡ supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que los bienes o derechos para los que se solicite la prÃ³rroga estÃ©n destinados a la especialidad de vigilancia de la salud.
b) Que resulte imposible su segregaciÃ³n o que de la misma se deriven graves perjuicios para el colectivo de empresas y trabajadores al que prestan cobertura, ante la ausencia de dispositivos alternativos en el Ã¡rea geogrÃ¡fica de ubicaciÃ³n de dicho colectivo.
2. Para la concesiÃ³n de las prÃ³rrogas, la mutua deberÃ¡ formular, para cada una de ellas, la correspondiente solicitud con una antelaciÃ³n mÃ­nima de tres meses a la conclusiÃ³n del plazo cuya prÃ³rroga se solicita, acompaÃ±ando documentaciÃ³n acreditativa de la concurrencia de dichos requisitos, junto el correspondiente plan para su adaptaciÃ³n a lo establecido en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 4 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del referido Real Decreto, con los objetivos concretos y plazos de ejecuciÃ³n.
En los supuestos de denegaciÃ³n de la prÃ³rroga solicitada, y sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, a los bienes y derechos afectados les serÃ¡ de aplicaciÃ³n, segÃºn corresponda, lo establecido en los artÃ­culos 9 y 10, relativos, respectivamente, a los actos de disposiciÃ³n de bienes y derechos pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social y al patrimonio histÃ³rico, y en el artÃ­culo 11, sobre el cese en la utilizaciÃ³n transitoria de locales y demÃ¡s bienes inmuebles pertenecientes a terceros.
AutorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad de la mutua como servicio de prevenciÃ³n ajeno a travÃ©s de una organizaciÃ³n especÃ­fica
ArtÃ­culo 14. TramitaciÃ³n del procedimiento de autorizaciÃ³n de la continuaciÃ³n de la actividad a travÃ©s de una organizaciÃ³n especifica.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, la mutua que opte por la continuaciÃ³n de la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno a travÃ©s de una organizaciÃ³n especÃ­fica deberÃ¡ formular ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social la correspondiente solicitud, acompaÃ±ada de la documentaciÃ³n establecida en el referido apartado, con excepciÃ³n de la prevista en los apartados 1.c). 3.Âº; 1.c). 6.Âº y 1.c). 7.Âº de la disposiciÃ³n transitoria segunda de dicho Real Decreto, si bien las referencias que en aquÃ©l se efectÃºan a la sociedad de prevenciÃ³n se entenderÃ¡n realizadas a la organizaciÃ³n especifica.
2. Presentada la solicitud de autorizaciÃ³n junto con la documentaciÃ³n seÃ±alada anteriormente, la tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n del correspondiente procedimiento se regirÃ¡ por lo establecido en el artÃ­culo 1.2. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria quinta del referido Real Decreto, en tanto no se conceda la correspondiente autorizaciÃ³n la mutua estarÃ¡ sometida al rÃ©gimen de prohibiciones establecido en dicho apartado. En consecuencia, no podrÃ¡ suscribir nuevos conciertos para el desarrollo de actividades preventivas, ni solicitar nuevas acreditaciones como servicio de prevenciÃ³n ajeno, ni realizar las operaciones patrimoniales reguladas en los artÃ­culos 26 a 29 del Reglamento General sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ni crear, modificar o suprimir centros e instalaciones, o contratar personal, en relaciÃ³n con las actividades preventivas, tanto de las comprendidas en la cobertura de las contingencias profesionales como de las correspondientes a los servicios de prevenciÃ³n. 3. Concedida la autorizaciÃ³n solicitada, el proceso de segregaciÃ³n deberÃ¡ estar concluido en el plazo mÃ¡ximo de un aÃ±o desde la fecha de la autorizaciÃ³n, sin que, una vez agotado dicho plazo, la mutua pueda utilizar para el desarrollo de las funciones correspondientes a los servicios de prevenciÃ³n los medios humanos, materiales e inmateriales adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social. 4. En el supuesto de que la resoluciÃ³n sea denegatoria, y sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, la mutua, en el plazo de dos meses desde su notificaciÃ³n, deberÃ¡ formular la correspondiente solicitud de cese en la actividad ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social, siendo de aplicaciÃ³n lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria cuarta del referido Real Decreto, asÃ­ como en el artÃ­culo 15 y en la disposiciÃ³n transitoria tercera de esta Orden.
AutorizaciÃ³n del cese en el desarrollo de las actividades de la mutua como servicio de prevenciÃ³n ajeno
ArtÃ­culo 15. TramitaciÃ³n del cese en el desarrollo de actividades como servicio de prevenciÃ³n ajeno.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria cuarta del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, la mutua que opte por no continuar la actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno deberÃ¡ formular ante la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de la Seguridad Social la correspondiente solicitud de autorizaciÃ³n de cese en tal actividad, acompaÃ±ada de la documentaciÃ³n establecida en el referido apartado.
2. La tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n del correspondiente procedimiento de cese se regirÃ¡ por lo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria antes citada. En atenciÃ³n a las circunstancias concurrentes, y especÃ­ficamente a la vigencia de los conciertos existentes para el desarrollo de las actividades preventivas, la resoluciÃ³n por la que se autorice el cese en la actividad podrÃ¡ diferir sus efectos, como mÃ¡ximo, hasta el 31 de diciembre de 2006, quedando resueltos aquellos conciertos que tuvieran una vigencia posterior, con el fin de garantizar la adecuada cobertura del colectivo de empresas y trabajadores afectados por el mismo. 3. Hasta tanto no se produzca el cese en la actividad, la mutua podrÃ¡ seguir desarrollando su actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno, pudiendo utilizar a tal efecto los medios humanos, materiales e inmateriales adscritos al programa de actividades de prevenciÃ³n de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. La obligaciÃ³n de imputar el coste de utilizaciÃ³n de tales medios a las cuentas que soportan los pagos de las actividades como servicios de prevenciÃ³n se ajustarÃ¡ a lo establecido en la ResoluciÃ³n de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 2004, por la que se fijan nuevos criterios para la compensaciÃ³n de costes prevista en el artÃ­culo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, durante el periodo 2003 -2005.
Las actividades incluidas en el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el periodo 2003-2005, que se estÃ©n llevando a cabo o que estÃ©n pendientes de desarrollo, se regirÃ¡n por lo establecido en la ResoluciÃ³n de la SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social, de 5 de agosto de 2003, por la que se aprueba dicho Plan.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Procedimientos en tramitaciÃ³n.
SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a los procedimientos en tramitaciÃ³n, en lo que proceda, lo establecido en la presente Orden en materia de adaptaciÃ³n de las mutuas como servicio de prevenciÃ³n ajeno a lo dispuesto en el artÃ­culo 13 del Reglamento General sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada al mismo por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. CompensaciÃ³n por la utilizaciÃ³n de medios adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social hasta la conclusiÃ³n del proceso de segregaciÃ³n.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, hasta tanto concluya el proceso de segregaciÃ³n y cesiÃ³n de la actividad a la sociedad de prevenciÃ³n, las mutuas podrÃ¡n seguir desarrollando su actividad como servicio de prevenciÃ³n ajeno, utilizando de forma transitoria los medios humanos, materiales e inmateriales adscritos al programa de actividades de prevenciÃ³n de la entidad en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
2. La obligaciÃ³n de imputar a las cuentas que soporten los gastos de las actividades como servicios de prevenciÃ³n el coste de la utilizaciÃ³n de tales medios se ajustarÃ¡ a lo establecido en la ResoluciÃ³n de la SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 2004, por la que se fijan nuevos criterios para la compensaciÃ³n de costes prevista en el artÃ­culo 10 de la Orden de 22 de abril de 1997. De conformidad con lo establecido en la ResoluciÃ³n mencionada, dicha compensaciÃ³n se efectuarÃ¡ por la utilizaciÃ³n real y efectivamente compartida de los medios seÃ±alados en el apartado anterior, previa acreditaciÃ³n de tal circunstancia.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta. CreaciÃ³n, modificaciÃ³n y supresiÃ³n de centros y operaciones patrimoniales durante el periodo de utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social.
Cuando se autorice la utilizaciÃ³n transitoria por la sociedad de prevenciÃ³n de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n de la Seguridad Social, y mientras dure dicha utilizaciÃ³n, las solicitudes de autorizaciÃ³n que formule la mutua que ostente su capital social para la creaciÃ³n, modificaciÃ³n o supresiÃ³n de instalaciones y servicios sanitarios y recuperadores a que se refiere el artÃ­culo 12.1 del Reglamento general sobre colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, asÃ­ como las solicitudes y comunicaciones reguladas en los artÃ­culos 26 a 29 del citado Reglamento, deberÃ¡n ir acompaÃ±adas necesariamente de una memoria explicativa de que la operaciÃ³n correspondiente carece de incidencia y resulta compatible con el proceso de segregaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria quinta. Retribuciones con cargo a recursos de la Seguridad Social de los directores-gerentes durante el periodo de utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social.
Cuando, de conformidad con lo previsto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo de apartado 4 de la disposiciÃ³n transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 junio, la mutua haya optado porque durante el perÃ­odo de utilizaciÃ³n transitoria de bienes y derechos adscritos a la colaboraciÃ³n en la gestiÃ³n de la Seguridad Social, el director-gerente, ademÃ¡s de las funciones propias de su cargo, vaya a desarrollar las relativas a la administraciÃ³n, gestiÃ³n y direcciÃ³n de la sociedad de prevenciÃ³n, el importe inicial de la retribuciÃ³n a satisfacer al mismo por todos los conceptos, con cargo a los recursos de la Seguridad Social gestionados por la mutua, no podrÃ¡ superar, en cÃ³mputo anual, el importe que resulte de aplicar al total de las retribuciones satisfechas al mismo durante el ejercicio 2004 el porcentaje que sobre los ingresos totales de la mutua en dicho ejercicio, incluidos los relativos al patrimonio histÃ³rico y a su actividad como servicio de prevenciÃ³n, representen los correspondientes a la gestiÃ³n de la Seguridad Social desarrollada en el referido ejercicio.
Se faculta al Secretario de Estado de Seguridad Social para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicaciÃ³n y desarrollo de esta Orden.

References: Real Decreto 
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