Source: http://www.cuestionsocial.com.ar/noticia.php?id=32
Timestamp: 2017-05-25 08:49:17+00:00

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26-Jun Prórroga Concurso Informes Sociales Forenses Informamos que, en base a los pedidos recibidos, se ha resuelto ampliar hasta el 31 de agosto el plazo de presentación de propuestas para el “Primer Concurso Nacional de Informes Sociales Forenses”. Con motivo de dicho Concurso, la Prof. Dra. Claudia Krmpotic ofrece un comentario al que se puede acceder haciendo click en: https://youtu.be/dAgpulF3EUg
Recordamos que el evento cuenta con el auspicio de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS), y es convocado por la Especialización en Trabajo Social Forense (FADECS - UNCOMA) junto a Cuestión Social (Portal de Contribuciones al Campo de las Ciencias Sociales. La invitación está dirigida a Trabajadora/es Sociales, en actividad o jubilado/as, con domicilio en Argentina, constituyendo una interesante ocasión para realizar aportes a este campo de intervención profesional. Incluye no solo la posibilidad de presentar Informes producidos en contextos estrictamente judiciales, sino a todos aquellos que tengan como referencia la existencia de un conflicto sociojurídico (informes producidos en los órganos administrativos, por ej.) o surjan de áreas sensibles a la vulneración de derechos (niñez, salud, tercera edad, diversidad sexual, etc.). Las bases están disponibles aquí (haciendo click en el título de este sumario) o bien pueden ser solicitadas por correo electrónico a concursoisf@outlook.com.ar FUNDAMENTOS
Trabajo Social Forense constituye una especialización en franco desarrollo, particularmente formalizada en los últimos años a través de la creación en Argentina de la primera carrera de postgrado específica: la Especialización en Trabajo Social Forense en la Universidad Nacional del Comahue. No es menos importante el crecimiento que se advierte a través de las diversas tentativas de organización de los Trabajadores Sociales Forenses en instituciones científicas, como así también de los avances que promueven las organizaciones profesionales y algunas unidades académicas en todo el país. Las demandas actuales exigen desarrollar nuevas coordenadas para resignificar la clásica tarea pericial desde la disciplina, y pensar las prácticas forenses desde una lógica social (en lugar de la exclusivamente jurídica) que atiende poblaciones diversas en escenarios socio-legales. La intervención socio-jurídica es entendida como una especialidad profesional centrada en la interfase entre los sistemas legales y humanos de una sociedad (Barker y Branson, 2000)[1] con la finalidad de conocer, comprender, explicar y evaluar situaciones presentes y pasadas y anticipar situaciones futuras, a partir de estudios sociales, pericias, evaluaciones, y diagnósticos, los que no se restringen ni al ámbito judicial pues incluye instancias pre y post-judiciales, ni a la realización de pericias, sino que están presentes en toda circunstancia en que se hallan comprometidos derechos y obligaciones jurídicas[2]. Los Informes Sociales Forenses son expresión por excelencia del carácter escritural de la intervención del Trabajo Social por cuanto es rasgo fundante de las burocracias modernas, así como en particular, forman parte de las intervenciones forenses o con fines de arbitraje social, aún en medio de procesos denominados orales. Prestar especial atención a los mismos, atendiendo a la especificidad de lo forense, de manera más sistemática y desde los distintos planos que lo atraviesan (ético, político, epistemológico y operativo-instrumental) constituye un aporte significativo. Esto favorece la acumulación de saberes que aportan al posicionamiento disciplinar en el campo socio-jurídico.
Una de las formas de legitimar los supuestos profesionales que guían la elaboración de informes sociales fundados con finalidad forense es la construida por vía de los consensos. Aunque nunca absolutos y siempre permeados desde distintos planos, sean teóricos, culturales, ideológicos o políticos), ellos expresan tendencias dominantes en distintos momentos históricos del quehacer profesional. Por caso, en el campo jurídico una expresión tradicional de tales acuerdos viene dada por la denominada jurisprudencia, suerte de compendio que organiza las distintas soluciones ideadas ante casos concretos, a la luz de las distintas fuentes del Derecho. Ni única ni excluyente, la jurisprudencia funciona como importante referencia si se pretende conocer en qué estado se encuentra tal o cual objeto de estudio. En este sentido, lograr una primera selección por concurso público de Informes Sociales Forenses puede proveer al debate un instrumento consensual de alto valor para, entre otras cuestiones, limitar aquellas pretensiones de imponer a los profesionales formalidades que inevitablemente tienen relación con los contenidos, del caso concreto pero también de los procesos de construcción de espacios profesionales y generación de relatos contra-hegemónicos en ámbitos caracterizados por la cooptación de la palabra. Podríamos enumerar beneficios, pero solo agreguemos la seguridad que genera en términos identitarios, al ofrecer alternativas con aceptables niveles de legitimidad a los profesionales, hasta ahora limitados a desarrollar por sí solos respuestas al “cómo se hace una pericia”, o más estrictamente: “cómo se lleva adelante la intervención escritural en espacios forenses”.
En medio de las transformaciones que acontecen desde hace unas décadas en el campo socio-jurídico nacional, urge volver la mirada hacia aspectos específicos. A modo de ejemplos, y sólo para señalar algunos que reclaman perentoria atención, cuando en pos de reconocer al niño como “sujeto de derechos” se lo emplaza, en no pocos casos sin siquiera tomar conciencia de ello, como mero “sujeto de procesos (judiciales)”; o que la “escucha” no será tal de no realizarse esfuerzos por transformarla en “escucha cultural”. Los Informes Sociales Forenses participan activamente en estos procesos, contribuyendo a afianzar tanto lo aceptable como lo inaceptable, participando tanto de las formaciones como de las deformaciones judiciales, de sus entendidos como de sus malos entendidos. En definitiva, participando tanto de las racionalidades comunicativas como de las racionalidades incomunicativas en los distintos escenarios judiciales como de política pública. Una vez más nos resuena vigente aquella descripción del pasado cuando Donzelot (1979: 119)[3] señala que no pocas veces “el informe social se parece más a un proceso verbal de investigación de gendarmería que a esa sutil puesta en escena de la historia y de los problemas de una familia que puede elaborar una asistente social moderna”.
Mediante esta convocatoria alentamos a todos los colegas a presentar sus intervenciones escriturales, con el objeto de reunir la riqueza de los distintos desarrollos profesionales y elevar su rango al de producto socializado, puesto en discusión y en algún punto arbitrado, a fin que pase a un estadio modélico, no absoluto ni perfecto, ni -menos aún- “objetivo”. Deconstruible, como todo, pero con pretensiones de transformarse en herramienta eficaz en el escenario socio-jurídico.
Artículo 1: El Postgrado de Especialización en Trabajo Social Forense de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue (Res. CONEAU N° 1141/15 – Carrera 21.083/14) y Cuestión Social (http://www.cuestionsocial.com.ar/ Portal de Contribuciones al Campo de las Ciencias Sociales) convocan a este Primer Concurso Nacional de Informes Sociales Forenses.
Artículo 2: El evento se organiza con el objetivo de aportar a la progresiva sistematización de experiencias escriturales sociales forenses que resulten valiosas para la formación y actualización, tanto profesional como académica, en la referida especialidad. Artículo 3: Los participantes deben ser profesionales con desempeño en Trabajo Social Forense, incluyendo aquellos espacios de intervención que tengan como referencia las normas legales (penales, civiles, de familia, administrativas) y se solicite la intervención profesional en amparos, reclamos judicializados por derechos vulnerados, discriminación, etc.; entendiendo que pueden no constituir ámbitos estrictamente judiciales pero sí forenses. Deben tener domicilio real y legal en la República Argentina. Artículo 4: El informe propuesto para el Concurso deberá surgir de la experiencia profesional, ser inédito y preservar mediante el uso de seudónimos la identidad de los/las ciudadanos/as involucrados/as. Las autorías serán individuales, cada profesional solo podrá participar con un trabajo y no se aceptarán trabajos que no estén escritos en idioma español.
Artículo 5: Respecto de la filiación institucional, se utilizarán expresiones que permitan conocer el tipo de institución en la cual se inscribe la intervención, pero los organismos no serán identificados en el informe propuesto para este Concurso. Artículo 6: La extensión de los trabajos no deberá superar las 5.000 palabras y ser escritos en letra Times New Roman, cuerpo 12 e interlineado a espacio y medio. Este criterio es aproximado por lo que el Jurado tendrá libertad para realizar excepciones si lo considerara necesario. En caso de incluirse citas bibliográficas, fuentes, etc., se tendrán presentes las estipulaciones de las normas APA (http://www.uces.edu.ar/biblioteca/Citas_bibliograficas-APA-2015.pdf). Los informes deberán firmarse con seudónimos.
Artículo 7: El informe bajo seudónimo será acompañado por un segundo documento en el que consten los siguientes datos: 1) Seudónimo utilizado. 2) Apellido y nombres completos de quien utiliza ese seudónimo. 3) Domicilio real y legal. 4) Correo electrónico principal y correo electrónico alternativo. 5) Teléfono, preferentemente celular. 6) Identificación del lugar de trabajo, incluyendo el institucional en no más de tres renglones (objetivos, etc.), domicilio preciso y teléfono con prefijo. Las entidades organizadoras se preservan el derecho de realizar las averiguaciones que resultaran eventualmente necesarias para corroborar la precisión de la información proporcionada. Artículo 8: La evaluación de los informes estará a cargo de un Jurado que podrá rechazar la/s propuestas que no cumplan con los requisitos fijados en estas Bases. Dicho jurado estará integrado por:
Coordinador: Dr. Osvaldo Marcón (Universidad Nacional del Litoral - TSF Poder Judicial Santa Fe). - Lic. Ivonne Allen (TSF Poder Judicial Provincia de Buenos Aires). - Lic. Karina De Bella (Universidad Nacional de Rosario - TSF Poder Judicial Rosario).
- Mag. María Beatriz Lucuix (Universidad Nacional de Buenos Aires – Servicio Social Comisión Nacional de Energía Atómica CABA)
- Mag. Graciela Nicolini (TSF Poder Judicial Nación CABA). - Lic. Eduardo Ortolanis (Universidad Nacional de Córdoba - TSF Poder Judicial Córdoba).
Acompañará al Jurado una comisión de especialistas ad-hoc que tendrá a su cargo una valoración general de los informes seleccionados, desde el punto de vista de su ubicación en los sistemas socio-judiciales. Dicha comisión estará integrada por: - Mag. Maria G. Ávila (Juez de Familia - Poder Judicial Neuquén. Coordinadora del Fuero de Familia de Neuquén. Integrante de la Red Nacional de Jueces de Restitución Internacional de La Haya).
- Abogada Silvana M. Breggia (Fiscal Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual – Poder Judicial Provincia de Buenos Aires).
- Abogada Analia A. Córdoba (Fiscal Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar, Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming - Poder Judicial Provincia de Buenos Aires)
- Abogado Alejandro C. Molina (Ex - Defensor de Menores e Incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil CABA de reconocida trayectoria. Actualmente asiste en forma privada en procesos de familia y determinación de capacidad, como a organizaciones que desarrollan programas de atención de niños, adolescentes y discapacitados mentales)
- Abogado Elbio R. Ramos (Juez de Garantías del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil - Poder Judicial Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y Juventud (AIMJIJ)
Artículo 9: Como resultado de la evaluación, la que será inapelable, cinco (5) informes serán seleccionados para premiación.
Artículo 10: Las entidades organizadores premiarán los informes ganadores con diplomas individuales más la publicación de los trabajos en la obra Trabajo Social Forense - Vol. II (Krmpotic-Ponce de León, coords.), a ser publicado por Espacio Editorial (Buenos Aires, Argentina), y la entrega de dos ejemplares a cada profesional seleccionado.
Artículo 11: Las entidades organizadoras se reservan el derecho de editar los trabajos ganadores al momento de su publicación, de manera de adecuarlos a las normas editoriales que la publicación requiera, garantizando la fidelidad original de los contenidos.
Artículo 12: El Concurso podrá ser declarado desierto o bien podrá resultar seleccionado un número menor de informes, en caso de que los presentados no reúnan la calidad suficiente.
Artículo 13: Las situaciones no previstas en estas Bases serán resueltas por las instituciones convocantes.
Artículo 14: Los/as autores/as cederán, con su sola presentación al Concurso, los derechos para la publicación de los mismos a través de Espacio Editorial (Buenos Aires, Argentina).
Artículo 15: Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico a concursoisf@outlook.com.ar y se tendrán por presentados con la tenencia del acuse de recibo que desde la organización del Concurso se enviará al recibir la postulación. No se aceptarán presentaciones impresas ni enviadas a otros correos electrónicos.
Artículo 16: Se fija el 19 de agosto de 2016 como fecha de cierre de recepción de los trabajos propuestos. Los resultados del Concurso se darán a conocer el 23 de setiembre de 2016.
[1] Barker, R. y D. Branson (2000) Forensic social work: legal aspects of professional practice. New York: Haworth Press.
[2] Baste como ejemplo un trabajador social escolar que detecta una situación de incumplimiento de derechos y, sobre la base de esa lectura técnica, inicia una intervención cuyo objetivo es el cumplimiento integral de derechos, independientemente de la judicialización de la situación; Krmpotic, C. y A. Ponce de León “Trabajo Social e intervención socio-jurídica en la Argentina”, en Amaro, S. y C. Krmpotic, Diccionario Internacional de Trabajo Social en el campo socio-jurídico. Barcelona: Nova Casa Editorial (en prensa).
[3] Donzelot, J. (1979) La policía de las familias. Valencia: Pre-textos.
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