Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2016/06/
Timestamp: 2017-10-23 09:39:22+00:00

Document:
Boletín Legal Venezuela: junio 2016
Contestación anticipada de la demanda y derechos del demandante
Mediante sentencia N° 377 del 17 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que aun cuando es posible y válido contestar anticipadamente la demanda (vid.: sentencia de la Sala Constitucional N° 981 del 11 de mayo de 2006, caso: José Del Carmen Barrios y otros), ello no puede constituir una violación al derecho a la defensa del demandante. Particularmente, de realizarse una contestación anticipada de la demanda, ello no puede significar la imposibilidad del demandante de desistir de la demanda conforme lo establece el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto se señaló lo siguiente:
“Ahora bien, debe destacar esta Sala que la contestación de la demanda tienen como fundamental objetivo permitir el derecho a la defensa del demandado y completar de este modo los términos y límites de la controversia a decidirse y si se ha de considerar válida la anticipada es precisamente para garantizar ese sagrado derecho a la defensa del demandado, siempre que ningún perjuicio ocasione a la parte contra quien obra. Pues lo que se busca es que el juez no limite o prive a una de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la Ley le brinda para hacer valer sus derechos.
Por lo tanto, en el presente caso tal declaratoria de confirmación de la homologación del desistimiento del procedimiento no constituye un quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa de la parte, por cuanto contrario a lo denunciado por el formalizante al señalar que se homologó el desistimiento sin su consentimiento, para ese momento, no se había abierto el lapso para la contestación de la demanda en razón de que no se habían presentado todos los codemandados, salvo el ciudadano Andrés Simón Azpúrua Rodríguez, motivo por el cual en este caso, debe considerarse que dicha “contestación” no produjo los efectos legales respecto al desistimiento de la parte demandante”.
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/184736-015-4216-2016-14-1356.HTML
Mediante sentencia N° 015 del 04 de febrero de 2016, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que la sustitución de patronos consiste en que el propietario o poseedor de una empresa transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona, quien continúa con la misma actividad económica; por lo cual, en dicha institución se da un cambio de patrono o empleador en virtud de la transmisión de la propiedad, titularidad o explotación de la empresa, de una persona natural o jurídica a otra; se continúa con la actividad económica desplegada por la empresa sustituida; y se evidencia la continuación de la prestación de servicio por parte del mismo personal independientemente de haber recibido el pago por concepto de prestaciones sociales por parte del patrono anterior. La sustitución de patronos tiene como finalidad garantizar a los trabajadores sus derechos y beneficios laborales. En concreto, se señaló que:
“En el caso sub examine, conforme al análisis realizado a los medios de pruebas aportados por las partes al proceso, quedó demostrado con el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad mercantil Estudios y Proyectos Civiles, C.A., folios 178 y 186 de la 1ª pieza, que la misma se constituyó el 2 de julio de 1982; que la compañía se denomina Estudios y Proyectos Civiles, C.A., pudiendo usar las siglas “E.P.C.C.A.”, que es su razón social; que el objeto de la sociedad es la construcción de obras de ingeniería, la realización de estudios y proyectos, así como, la compra, venta de inmuebles en general; que uno de los accionistas de la compañía es el ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi; y, que la representación legal y administrativa está a cargo de tres Directores, siendo uno de ellos el ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi.
Asimismo, se comprobó con el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad mercantil Estudios Para Construcciones S.A., folios 39 al 46 de la 1ª pieza, que la misma fue constituida el 30 de junio de 2004; que el objeto de la sociedad es la construcción de obras de ingeniería, la realización de estudios y proyectos, así como, la compra, venta de inmuebles en general; que uno de los accionistas de la compañía es el ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi; y, que la representación legal y administrativa estará a cargo de dos Directores, siendo uno de ellos el ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi.
Por otra parte, con la prueba de informe remitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuyas resultas cursan a los folios 292 y 293 de la 1ª pieza, la cual refleja el movimiento histórico del ciudadano Pedro Pérez Amaya, se desprende que el mismo fue inscrito en el seguro social, el 6 de julio de 1998, por la sociedad mercantil E.P.C. C.A.; y, el 1° de agosto de 2004, por la sociedad mercantil Estudios Para Construcciones, S.A.
Del análisis concordado de las referidas documentales, quedó establecido que el ciudadano Pedro Pérez Amaya, prestó servicios personales desde el 6 de julio de 1998, para la sociedad mercantil E.P.C.C. C.A.; hasta el 4 de agosto de 2004; y, a partir de esa fecha, hasta el 8 de marzo de 2012, para la sociedad mercantil Estudios Para Construcciones, S.A. Asimismo, quedó evidenciado que la sociedad mercantil Estudios y Proyectos Civiles, C.A., transmitió la explotación de la empresa a la sociedad mercantil Estudios Para Construcciones, S.A., las cuales se dedican a la misma actividad comercial –mismo objeto-; y, que, el ciudadano Juan Pablo Battistoni Malvezzi, es accionista y representante legal de ambas empresas, quien suscribió la constancia de trabajo para el I.V.S.S., marcada “E” y la constancia de egreso del trabajador, marcada “A”.
En virtud de lo anterior, esta Sala concluye que la parte actora logró demostrar la existencia de una sustitución patronal entre las empresas Estudios y Proyectos Civiles, C.A. (patrono sustituido) y Estudios Para Construcciones, S.A. (patrono sustituto), toda vez que, la segunda, continuó realizando la misma actividad comercial que la primera, y el accionante continuó prestando servicio para esta última sin solución de continuidad.
En ese sentido, al existir sustitución de patrono entre las empresas Estudios y Proyectos Civiles, C.A. (patrono sustituido) y Estudios Para Construcciones, S.A. (patrono sustituto) ambas resultan solidarias sin que se aplique la limitante de un (1) año para el patrono sustituido en virtud de que no consta en autos la notificación al trabajador de la referida sustitución; sin embargo, el trabajador podía demandar únicamente, como en efecto lo hizo, al patrono sustituto, sociedad mercantil Estudios Para Construcciones, S.A., razón por la cual, ésta última debe responder por el pago de las prestaciones sociales y demás beneficios laborales reclamados por el ciudadano Pedro Pérez Amaya, desde el inicio de la prestación de servicios con la empresa sustituida -6 de julio de 1998- hasta la culminación de la relación de trabajo con la empresa sustituta. Así se establece”.
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/188206-00583-13616-2016-2007-0514.HTML
Mediante sentencia N° 583 del 13 de junio de 2016, la Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en algunos casos la responsabilidad del Estado surge de forma refleja, o lo que es lo mismo, el daño se origina al mediar la intervención de un tercero, supuestos en los que resulta necesario acudir, no solo a la regla general de responsabilidad consagrada en el artículo 140 de la Constitución, sino también a los supuestos de responsabilidad civil que tienen una regulación específica (artículos 1185 y 1191 del Código Civil). En concreto, se señaló que:
“De esta manera, concluye la Sala que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tenía la obligación de supervisar las labores realizadas por las contratistas, por lo que resulta aplicable por analogía lo previsto en el artículo 1.191 eiusdem, que atribuye a los dueños, principales o directores, la responsabilidad por los hechos ilícitos cometidos por sus sirvientes o dependientes en el ejercicio de sus funciones. Ello sin perjuicio de que dicho ente ejerza más adelante las acciones que considere pertinentes contra las sociedades mercantiles Arista Centri Servicios, C.A. y Enterprise, S.R.L.
En este sentido, tomando en cuenta que el mencionado instituto autónomo es el ente a través del cual el Estado venezolano está llamado a propender, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a la aplicación de los principios y normas de seguridad social a todos los habitantes del país, dicho organismo deberá garantizar la asistencia médica integral y, concretamente, la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos a todas las personas afectadas por enfermedades desarrolladas en razón de la exposición a los agentes tóxicos que se dispersaron en las áreas del Hospital José Antonio Vargas en el tiempo ya señalado. Este llamado a cumplir con una de las misiones legalmente encomendadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). (Vid; sentencia Nro. 00807 dictada por esta Sala Político-Administrativa en fecha 10 de julio de 2013, caso: María Yanina Arteaga Fajardo y Otros Vs. el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS))”.
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/188340-RC.000363-15616-2016-15-511.HTML
Mediante sentencia N° 363 del 15 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia reiteró que la motivación de la sentencia constituye un componente esencial del debido proceso y materializa el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyendo una garantía contra las decisiones arbitrarias, pues se puede revisar de qué forma los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, señalando cuál fue su proceso intelectual para llegar a la decisión. En concreto, se señaló que:
“Con respecto a este requisito intrínseco de la sentencia, es necesario destacar que el mismo cumple una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía contra las decisiones arbitrarias, porque la sentencia a pesar de ser un acto de autoridad no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las cuales se ha dictado en tal y cual sentido, pues debe contener prueba de su legalidad; y por otra parte, que exista expresión en su contenido de la forma en la cual los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, indicando cual fue el proceso intelectual que ha seguido el juez para llegar a sus conclusiones.
Así tenemos, que la exigencia de la motivación en las decisiones judiciales es un componente esencial de un debido proceso y materializa el derecho fundamental a una tutela judicial del derecho o interés por el cual se actúa jurisdiccionalmente en la búsqueda de la justicia y en protección del justiciable.
De lo anterior se deduce que sólo pueden ser consideradas admisibles aquellas decisiones fundamentadas en juicios, criterios o razones claramente identificables, las que por ser visibles, puedan examinarse desde una perspectiva externa al autor de la decisión; en palabras sencillas, que sea posible para el interesado conocer las razones que consideró el juez para dictar la sentencia, de modo que pueda establecer en cuales términos o condiciones ha sido reconocido o protegido su derecho o interés y también si fuere el caso, su posibilidad de que pueda ejercer los medios de impugnación que el legislador pone a su alcance, si no está de acuerdo con lo establecido en el fallo.
Al efecto, esta Sala de forma reiterada ha establecido que la inmotivación en el fallo consiste en la falta absoluta de fundamentos de hecho y de derecho, y que ésta puede manifestarse de distintas maneras, a saber: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones ofrecidas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción opuestas por las partes y deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y, d) que todos los motivos sean falsos. (Vid. Sentencia N° 255 de fecha 16 de junio de 2011, caso: Freddy Dugarte Chocrón contra Proyectos y Construcciones Albric C.A)” (énfasis añadido por la Sala).
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/185604-0111-29216-2016-14-1345.HTML
Mediante sentencia N° 111 del 29 de febrero de 2016, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que la prueba de cotejo debe realizarse por un experto y, en caso de que se considere insuficiente el documento indubitado, para que de conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el tribunal ordenará a que la parte contraria escriba y firme en presencia del juez lo que éste dicte y si se negare a hacerlo o no acudiere al acto fijado para tales efectos, se tendrá por reconocido el instrumento. El cotejo debe ser solicitado en la misma oportunidad en la que se produzcan el desconocimiento del instrumento privado. En concreto, se señaló que:
“De la transcripción parcial de la recurrida se puede constatar, que la parte demandada en virtud de las impugnaciones hechas por el actor, de un cúmulo de pruebas documentales promovidas y consignadas por ésta, solicitó que se practicara la prueba de cotejo de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo que la juzgadora de la causa consideró pertinente y en consecuencia, solicitó al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICP), la realización de la referida prueba, la cual no se pudo practicar en razón de que la institución antes mencionada consideró insuficiente el documento indubitado para la realización del cotejo, y sugirió al a quo, que procediera a tomarle la muestra de dictado y firma del actor en su presencia, tal y como lo prevé la citada norma. Igualmente se observa, que la Juez de la causa en fecha 16 de mayo de 2014, fijó un acto para el 21 del mismo mes y año, para la comparecencia del demandante, a los fines de firmar en presencia del Juez y realizar el cotejo; sin embargo, la parte actora no compareció a dicho acto, ni tampoco justificó el motivo de su incomparecencia, razón por la cual la juzgadora de la primera instancia, aplicó la consecuencia jurídica establecida en la norma en referencia, y le dio valor probatorio a las documentales impugnadas. Por último, evidencia la Sala, que el juzgador ad quem consideró ajustada a derecho la actuación de la juez a quo, y en tal sentido señaló, que la parte actora estaba en conocimiento de la realización del acto programado por la juez de la causa para el día 21 de mayo de 2014, en el cual se le debía recoger la firma; no obstante, la misma no compareció al referido acto, ni tampoco justificó el motivo de su incomparecencia, lo que motivó la declaratoria sin lugar de la apelación que sobre este punto hiciera la parte actora.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 89 y 91 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que la firma de un instrumento privado es desconocida por la parte contra quien se promueva la documental, corresponde a la parte interesada promovente evidenciar su autenticidad a través de la prueba de cotejo establecida en el artículo 90 eiusdem, y a tales efectos deberá señalar el documento indubitado. En tal sentido, el referido cotejo deberá ser solicitado en la misma oportunidad en la que se produce el desconocimiento y el Juez resolverá la incidencia en la sentencia definitiva.
En el caso sub iudice observa la Sala, que la Juez de Juicio en virtud de la impugnación hecha por la parte actora de casi todas las pruebas documentales promovidas por la parte accionada, y de la solicitud hecha por ésta para que se realizase la prueba de cotejo establecida el artículo 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acordó la práctica de la misma y en consecuencia, envió al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), el documento poder consignado por el actor con su libelo, para que fungiera como documento indubitado conforme al artículo 90 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En relación con el documento en referencia, la institución antes mencionada tomando en cuenta la antigüedad del mismo, recomendó al a quo tomarle la muestra de escritura manuscrita al demandante, ya que no era posible atribuir o descartar la autoría de las documentales impugnadas, mediante el análisis del documento indubitado. En tal sentido, en virtud de la recomendación hecha por el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), la Juez de Juicio en fecha 16 de mayo de 2014, emitió un auto mediante el cual fijó para el día 21 del mismo mes y año, la oportunidad para tomar la muestra manuscrita; sin embargo la parte actora no asistió a dicho acto, ni tampoco logró justificar el motivo de su incomparecencia, razón por la cual la Juez a quo aplicó la consecuencia jurídica establecida en la citada norma y por ende, tuvo como reconocidos los documentos impugnados y les otorgó valor probatorio, lo cual indica, que ni la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2014, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ni la sentencia recurrida están incursas en el vicio que se le imputa, toda vez que en el presente caso, los jueces actuantes aplicaron correctamente la norma delatada como infringida. Así se declara”.
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Procedimiento para sancionar el desacato de una decisión de amparo constitucional (criterio vinculante)
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML
Mediante sentencia N° 245 del 09 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que la pena de prisión por quien incumpliere el mandato de amparo prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales carece de carácter penal, por lo que no se trata de un tipo penal y, por tanto, debe ser impuesta por el Juez que conoció la acción de amparo constitucional.
En tal sentido, se precisó que para imponer esta sanción, por parte de cualquier tribunal distinto a la Sala Constitucional, y corroborar el desacato es necesario convocar a una audiencia de amparo tal y como lo estableció esa Sala en la sentencia N° 138 del 17 de maro de 2014 (caso: Salas & Agentes Aduaneros Asociados C.A. y otros), luego de lo cual esa decisión será remitida a la Sala Constitucional para su examen y posteriormente pueda ser ejecutada. En concreto, se señaló que:
“Al respecto, corresponde tener en cuenta que esa norma sancionatoria (1) está ubicada en una ley de protección de derechos y garantías constitucionales que carece de carácter penal, (2) en la que no existe un aparte dedicado a ilícitos penales, (3) en la que ni esa disposición sancionatoria ni ningún otro precepto del ordenamiento jurídico la califica como tal y (4) en la que no se indica la autoridad judicial que impondría la sanción ni el procedimiento para ello, además de que (5) existen normas y sanciones similares en el sistema legal patrio que también protegen la correcta marcha de la administración de justicia (entre otros bienes e intereses jurídicos) y que aplica directamente el juez o jueza que lleva el proceso o que ha dictado un mandato (como ocurre en el presente asunto), con independencia de la competencia material del mismo (como la prevista en el artículo 28 de la misma Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, entre otras, vid. infra), además de distintas características objetivamente comprobables que sustentan lo aquí afirmado y que serán explicitadas de seguidas.
En efecto, es innegable el carácter simple y objetivamente comprobable del referido ilícito por parte de los jueces, con un proceso compatible con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, tal y como ocurrió en el presente caso, en el cual se pudo verificar de manera indubitable el desacato, tal y como lo hacen con frecuencia, incluso desde hace décadas, diversos tribunales de la República de todas las instancias, cuando aplican similares sanciones que deben ser impuestas directamente por los jueces, juezas y magistrados o magistradas, apenas verifiquen, con respeto al debido proceso, las infracciones descritas en los ya señalados artículos 24 y 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; respecto de las cuales se aplica otro procedimiento también compatible con el Texto Fundamental, establecido en la sentencia dictada por esta Sala bajo el N° 1184 del 22 de septiembre de 2009, en la que se asentó lo siguiente:
Por tales argumentos de hecho y de derecho, esta Sala debe declarar con criterio vinculante, el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello para garantizar el objeto y la finalidad de esa norma y, por tanto, para proteger los valores que ella persigue tutelar: los derechos y garantías constitucionales, el respeto a la administración de justicia, la administración pública, el funcionamiento del Estado, el orden jurídico y social, la ética, la convivencia ciudadana pacífica y el bienestar del Pueblo, junto a los demás valores e intereses constitucionales vinculados a éstos. Por lo tanto, las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal –la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucional en esta Sala-, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, entre otras tantas), más allá de lo que estime racionalmente esta Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/166990-RC.000454-22714-2014-14-028.HTML
Mediante sentencia N° 454 del 22 de julio de 2014, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que al promoverse fotografías, como prueba libre, si su veracidad no ha sido objetada por la contraparte se le otorgará valor probatorio. En tal sentido de no ejercerse impugnación contra ese medio de prueba, ello se traducirá en una aceptación o reconocimiento de esa probanza.
Se reiteró que la evacuación de los medios de prueba libres, el juez queda facultado para aplicar formas análogas de medios semejantes, o para crear formas si el medio tiene una conexión lejana o carece de ella, con las pruebas tradicionales del Código Civil. En concreto, se señaló que:
“De lo anterior se infieren dos aspectos fundamentales: el primero, que debe necesariamente mediar impugnación contra el medio de prueba libre para que el juez de la causa pueda en consecuencia, durante el lapso de admisión, señalar las formas análogas o creadas por él para que se produzca la contradicción; el segundo, que la no impugnación u objeción contra el medio probatorio promovido por parte del no promovente, se entenderá como un reconocimiento de la autenticidad y veracidad de su contenido.
Plasmados como han sido los anteriores criterios doctrinarios y jurisprudenciales, esta Sala concluye en cuanto a la denuncia de autos, que el juez de la recurrida quebrantó abiertamente el derecho a la defensa e igualdad procesal, causando un claro desequilibrio en detrimento de la parte actora y poniéndola en estado de indefensión, al desestimar las pruebas fotográficas promovidas por ésta, sin darle el tratamiento de una prueba libre y establecer las consecuencias a las que estaba obligada la demandada por la falta de impugnación. Aunado a ello, estableció que con la promoción debió cumplir con una serie de requisitos para su validez, imponiéndole una carga que no tenía, supliendo excepciones o defensas que correspondían a la parte demandada, lo que indudablemente constituye una clara infracción a lo previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara”.
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Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Mayo/187786-373-17516-2016-15-1137.HTML
Mediante sentencia N° 373 del 17 de mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró que en las acciones mero declarativa de establecimiento de unión concubinaria, cuyo objeto versa sobre el estado y capacidad de las personas, cuyas sentencias son susceptibles de ser recurridas en casación, con independencia de la naturaleza o cuantía del juicio en que haya sido dictada, o de que se haya estimado o no el interés del juicio (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 302 del 26 de mayo de 2009, caso: Belén Elizabeth Prieto Romero).
También reiteró el criterio sostenido en la decisión N° 1630 del 19 de noviembre de 2013 (caso: Zulay Josefina Viña), según el cual de conformidad del último aparte del artículo 507 del Código Civil, es necesario emitir y publicar un edicto al momento de emitir la demanda de declaración concubinaria donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, cuya omisión trae como consecuencia la reposición de la causa. En concreto, se señaló que:
“Ahora bien, pese a que la acción de amparo constitucional incoada resulta inadmisible, no puede pasar por alto esta Sala que, de las actas que conforman el expediente no consta que en el juicio primigenio por establecimiento de unión concubinaria se haya dado cumplimiento a la formalidad esencial y de orden público que establece el último aparte del artículo 507 del Código Civil, en cuanto a la expedición y publicación del edicto en el cual, en forma resumida, se hiciera del conocimiento público la existencia de dicha causa.
De la transcripción de la decisión que antecede se comprueba que esta Sala Constitucional es del criterio que la publicación del edicto a que se refiere el último aparte del artículo 507 del Código Civil es una formalidad esencial de orden público que debe cumplirse al inicio del juicio, en el auto de admisión de la demanda, cuya omisión apareja la nulidad de todo lo actuado y la consecuente reposición de la causa a dicho estado”.
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References: artículo 265
 artículo 140
 artículo 1
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 87
 artículo 90
 artículo 31
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 15
 artículo 507
 artículo 507
 artículo 507