Source: https://supremo.vlex.es/vid/-384623672
Timestamp: 2019-09-23 15:36:09+00:00

Document:
STS 483/2012, 7 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 384623672
Número de Recurso: 1968/2011
Número de Resolución: 483/2012
ESTAFA. Esta Sala ha considerado que el engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del perjudicado. Además la Sala ha establecido en múltiples precedentes que configura el engaño típico la afirmación del propósito de cumplir las obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible. En ocasiones se designa a esta hipótesis como "negocio criminalizado", terminología que no es la más recomendable, pues todo negocio jurídico en el que se logra mediante engaño una disposición patrimonial del sujeto pasivo es constitutivo del delito de estafa. Dicho de otra manera la Ley penal no criminaliza en el tipo penal de la estafa ningún negocio jurídico, sino un delito. Se condena al acusado. Se desestima la casación.
Sentencia citada en: 216 sentencias, 2 artículos doctrinales
En la Villa de Madrid, a siete de Junio de dos mil doce.
En el recurso de casación por infracción de Ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional que ante Nos penden, interpuesto por Gabino contra SENTENCIA de fecha 20/6/2011 dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6ª, en el Rollo de Sala número 24/2008 , dimanante del Procedimiento Abreviado número 123/2003 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid, seguida contra Gabino , Celestina , Mariano , Roberto , por delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Dña. Ana María Espinosa Troyano y defendido por el Letrado D. Ismael Fernández Lanchas.
) El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid siguió el Procedimiento Abreviado número 123/2003 por delito de estafa contra Gabino , Celestina , Mariano , Roberto , y, una vez concluso, lo elevó a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6º, que, en el Rollo número 24/2008, dictó Sentencia de fecha 20/6/2011 , cuyos hechos probados son del siguiente tenor literal:
" HECHOS PROBADOS
"En el mes de enero de 2001, el acusado Gabino , mayor de edad y sin antecedentes penales en tal fecha, era conocedor de que la Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Español (COPYME) había elaborado un Plan Especial de Estaciones de Servicio con el que pretendía que el Ayuntamiento de Madrid tomara en consideración a sus asociados a la hora de participar en las subastas públicas para la adjudicación de derechos de superficie sobre parcelas de la titularidad municipal para la instalación de gasolineras dentro del Plan General de Ordenación Urbana aprobado el día 19 de abril de 1991.
Meses antes, Luis Andrés mantuvo una conversación con el acusado Mariano , siendo éste mayor de edad y sin antecedentes penales en tales fechas, en el curso de la cual, Luis Andrés pidió a Mariano que le informara si tenía conocimiento de la existencia de algún negocio en el que pudiera participar. Habiendo llegado a conocimiento del acusado Mariano la existencia del Plan Especial de Estaciones de Servicio antes citado, se lo hizo saber a Luis Andrés , remitiéndole a que se pusiera en contacto con el acusado Gabino por ser éste quien llevaba la gestión del asunto.
Luis Andrés hizo saber a su vez a Aurelio y Daniel la existencia del indicado Plan Especial de Estaciones de Servicio, interesándose todos ellos en participar en el mismo.
Así las cosas, Luis Andrés , como representante de TOTEM HOUSE, S.L., Aurelio , como representante de OLIMPIAS CAST, S.L., y Daniel , como representante de ALFREBAN, S.L., se presentaron el día 30 de enero de 2001 en el despacho del acusado Gabino , sito en esta ciudad de Madrid, ofreciéndose éste a efectuar en el Ayuntamiento de Madrid las gestiones y trámites necesarios para conseguir la adjudicación de las concesiones de superficie para la instalación de gasolineras, aceptando Luis Andrés , Aurelio y Daniel tal actuación por parte de Gabino , por lo que suscribieron en tal lugar y fecha tres contratos con Gabino , uno Luis Andrés , otro Aurelio y otro Daniel , por los que el acusado Gabino , actuando en nombre y representación de LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALYSIS, S.L., se comprometió a la tramitación de la documentación administrativa necesaria para la concesión administrativa y la tramitación de licencias municipales y de cualquier otra índole de tres estaciones de servicio, en concreto de la nº 85, ubicada en la Avenida Arcentales con Hermanos Noblejas, margen derecho, en relación con ALFREBAN, S.L., de la nº 97, ubicada en la Avenida Arcentales con Hermanos Noblejas, margen izquierdo, en relación con TOTEM HOUSE, S.L., y la nº 74, ubicada en Ferroviarios con Domingo Párraga, en relación con OLIMPIAS CAST, S.L., y ello a cambio de una prestación económica de 24.000.000 ptas., pactándose la entrega de 12.000.000 ptas. a la firma de los contratos y la entrega de los otros 12.000.000 ptas. en el momento de la recogida de la documentación pertinente a la concesión objeto del contrato. Como estaba pactado, a la firma de los contratos, Luis Andrés , Aurelio y Daniel entregaron al acusado Gabino 12.000.000 ptas. cada uno de ellos.
El acusado Gabino suscribió los indicados contratos y percibió las cantidades de dinero antes expresadas sin tener intención de realizar gestión o trámite alguno en el Ayuntamiento de Madrid, engañando de tal forma a Luis Andrés , Daniel y Aurelio , quienes le entregaron las cantidades de dinero confiando en las gestiones a realizar por el acusado Gabino .
En fecha no determinada, el acusado Gabino redactó un escrito que simulaba ser una resolución de 29 de noviembre de 2001 del Secretario General del Ayuntamiento de Madrid en la que se aprobaba la propuesta de COPYME a favor de OLIMPIAS CAST, S.L. y se le notificaba a dicha entidad la resolución por la que se le adjudicaba la parcela P.11 ubicada en el paseo de los Ferroviarios y que debía formalizar el convenio particular con el Ayuntamiento, redactando otro escrito que simulaba ser un acuerdo de 3 de octubre de 2001 de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid en virtud del que se expresaba que se aprobaba trasladar al Pleno la solicitud de tramitación de expedientes de adjudicación de las parcelas, tramitados a través de la COPYME, en la que se incluían, entre otras, TOTEM HOUSE, S.L., OLIMPIAS CAST, S.L. y ALFREBAN, S.L.; remitiendo el acusado Gabino fotocopias de dichos escritos a las citadas entidades, y ello para dar apariencia de que sí estaba realizando en el Ayuntamiento de Madrid las gestiones comprometidas para la adjudicación de las concesiones.
En fecha no determinada, el acusado Gabino se puso en contacto con Luis Manuel , actuando éste como administrador de RACEN 68, S.L., comprometiéndose el acusado Gabino a realizar los trámites necesarios ante el Ayuntamiento de Madrid para la concesión de estaciones de servicios, y confiando en tal compromiso del citado acusado, Andrés , en nombre de la entidad antes citada, concertó el 27 de diciembre de 1999 con el indicado acusado, que actuaba en nombre de LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALYSIS, S.L., la realización de la tramitación de la documentación administrativa referente a la estación de servicio nº 116, ubicada en la Gran Vía de Hortaleza, con M-40, percibiendo por ello el acusado la cantidad de 7.500.000 ptas. el día 28 de diciembre de 1999 y la cantidad de 17.500.000 ptas. el día 4 de enero de 2000, sin que el acusado realizara ninguno de los trámites administrativos, haciendo suyas las cantidades recibidas.
Una vez que los representantes de las entidades ALFREBAN, S.L., TOTEM HOUSE, S.L., OLIMPIAS, S.L. y RACEN 68, S.L. fueron conscientes de que el acusado Gabino no había realizado las gestiones por él comprometidas, le reclamaron en diversas ocasiones la devolución de las cantidades entregadas por aquéllas, procediendo el acusado a librar y entregar diversos cheques y pagarés por los importe de dichas cantidades, no resultando ninguno de ellos atendidos a su presentado al pago al carecer de fondos las cuentas bancarias contra las que fueron librados.
La acusada Celestina , en la época antes expresada, era el cónyuge del acusado Gabino y estaba nombrada administradora única de LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALYSIS, S.L.
El acusado Roberto , en las fechas antes citadas, estaba asociado a COPYME, siendo un directivo de dicha entidad, encargado especialmente de la gestión del Plan Especial de Estaciones de Servicio"(sic).
"Que debemos condenar y condenamos al acusado Gabino , como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa, ya antes definido, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de prisión de tres años, seis meses y un día, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a una pena de multa de nueve meses y un día a razón de diez euros de cuota diaria con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y a que indemnice a TOTEM HOUSE, S.L. en 72.121'45 euros, a OLIMPIAS CAST, S.L. en 72.121'45 euros, a ALFREBAN, S.L. en 72.121'45 euros y a RACEN 68, S.L. en 150.253'03 euros, devengando tales cantidades un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia, y devengando las indemnizaciones fijadas a favor de TOTEM HOUSE, S.L., OLIMPIAS CAST, S.L. y ALFREBAN, S.L. un interés igual al interés legal del dinero desde el día 10 de enero de 2003 en el que interpuso la querella hasta la fecha de la presente sentencia, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria respecto de las indemnizaciones y los intereses citados a LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALISYS, S.L.
Que debemos absolver y absolvemos a Mariano , Roberto y Celestina del delito de estafa por el que venían acusados, sin declaración a su cargo de responsabilidad civil alguna.
Y que debemos condenar y condenamos al acusado Gabino al pago de la octava parte de las costas procesales, incluidas en la misma proporción las costas causadas a TOTEM HOUSE, S.L., OLIMPIAS CAST, S.L., ALFREBAN, S.L. y RACEN 68, S.L., declarándose de oficio el resto de las costas.
Abónese al acusado Gabino , para el cumplimiento de la pena que aquí se le impone, el tiempo que hubiera estado privado provisionalmente de su libertad por esta causa"(sic).
Tercero .- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, vulneración de precepto constitucional y quebrantamiento de forma por el recurrente Gabino , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso; por diligencia de ordenación de fecha 13/10/2011, se tuvo por personado y parte recurrida a la Procuradora Dña María de la Soledad Urdaiz Moreno, en nombre y representación de RACEN 68. S.L; y por diligencia de ordenación de fecha 30/11/2011, se tuvo por decaída a la Procurador Dña María del Carmen García Rubio, en nombre y representación de ALFREBAN, S.L, TOTEM HOUSE 99, S.L.y OLIMPIAS CASTE, S.L.
Cuarto.- La representación procesal del recurrente Gabino basa su recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
PRIMERO.- El presente motivo del recurso de casación lo es por quebrantamiento de forma, al amparo de lo establecimiento en el art. 851 nº 1 inciso 3º de la LECr ., por consignarse como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.
SEGUNDO.- Se interpone RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y DOCTRINA LEGAL, al amparo de lo establecido en el artículo 849.nº 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sobre error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador sin la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, a cuyo efecto y en aplicación del artículo 855 del citado cuerpo procesal penal.
TERCERO.-Se interpone RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY Y DOCTRINA LEGAL, al amparo de lo establecido en el artículo 849.1 y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sobre lesión y violación de derechos fundamentales e infracción de precepto constitucional, en particular el artículo 24, nº 2 de la Constitución Española , que consagra tanto el Derecho a la Presunción de Inocencia, como el Derecho de todo ciudadano a un proceso público con todas las garantías procesales, en relación con el artículo 5 nº 4 de la LOPJ y asimismo en relación con el artículo 53.nº 1 de la CE, Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de Roma 1950, Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Nueva York 1948 y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Roma 1966.
CUARTO.- Se interpone RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY y DOCTRINAL LEGAL, al amparo de lo establecido en el articulo 849 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de precepto penal de carácter sustantivo u otra forma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal.
Apartado Primero.- Por indebida aplicación del art. 248 nº 1 del Código Penal ,constitutivo de un delito de estafa, en relación con el 249, 250. nº 1 y 5, partiendo de la estimación del segundo motivo de casación de modificación de los hechos robados.
Apartado segundo.- Por indebida aplicación del artículo 784 del Código Penal en cuanto a la imposición de la pena en su mitad superior .
Apartado Tercero.- Por indebida no aplicación del artículo 21 del número 6 del Código penal , en cuanta a la atenuante analógica de dilaciones indebidas.
Apartado Cuarto.- Por indebida aplicación del artículo lo 50 , apartado nº 5 del Código Penal, en cuanto a la determinación de la cuota de multa.
Quinto.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiaria desestimación de la totalidad de los motivos esgrimidos, todo ello por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el recurso; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la deliberación prevenida el día treinta y uno de mayo de dos mil doce.
Recurso Gabino
) El motivo primero por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 inciso 3 LECrim por consignarse como hecho probado conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.
Al establecerse de forma textual que el acusado Gabino inscribió los indicados contratos y percibió las cantidades de dinero antes expresadas sin tener intención de realizar gestión o trámite alguno en el Ayuntamiento de Madrid, engañando de tal forma a Luis Andrés , Daniel y Aurelio , quienes le entregaron las cantidades de dinero confiando en las gestiones a realizar por el acusado Gabino ".
Considera el motivo que la inclusión de la indicada frase supone de por si la inclusión forzosa de los hechos dentro del tipo previsto en el art. 248 CP al considerar los hechos constitutivos de un delito de estafa, lo que supone una predeterminación del fallo que no tiene relación con el resto de hechos probados.
Como hemos dicho en SSTS 452/2011 de 31-5 y 900/2009 de 23-9 , el motivo por quebrantamiento de forma por consignarse en los hechos probados conceptos jurídicos que predeterminan el fallo exige para su estimación, según reiterada doctrina jurisprudencial ( SSTS. 28.11.2007 , 11.12.2006 , 11.1.2005 , 18.6.2004 , 28.5.2003 , 14.6.2002 y 23.10.2001 ).
Pero no existe ningún vicio procesal cuando su concurrencia se afirma entre los hechos probados.
En estos casos, cuando la presencia del dolo o del elemento subjetivo del injusto ha sido objeto de debate, lo que no está permitido es realizar la afirmación de su concurrencia en los hechos probados de modo gratuito, es decir, sin explicar por qué se realiza tal afirmación que ha sido cuestionada por la parte. Esta explicación forma parte de la motivación que toda sentencia debe contener ( art. 120.3 CE ) y ordinariamente esa intención o propósito ha de inferirse de los datos objetivos o circunstancias que rodearon el hecho por la vía de la prueba de indicios. Podrá ser suficiente que la inferencia citada, aun no explicada, aparezca como una evidencia a partir de tales datos objetivos y en tal caso no es necesario un razonamiento al respecto cuyo lugar adecuado es el de los fundamentos de derecho. Pero esta cuestión nada tiene que ver con el vicio procesal de la predeterminación del fallo, sino con el tema de la prueba: el problema es si en verdad puede afirmarse como probada la realidad o intención que la resolución judicial dice que concurre.
En el caso actual ninguna de las expresiones recogidas en el motivo definen o dan nombre al tipo penal de la estafa y son compartidas en el lenguaje común, no siendo solo asequibles para juristas, por lo que no se da servicio in indicando denunciado.
En este sentido la Sala no ha considerado expresiones predeterminantes del fallo "...lo repartió, sustrayéndolo ambos de su legitimo propietario... acordó proceder a la venta... para repartirse el precio sin entregar cantidad alguna al propietario" ( STS. 16.7.2009 ); "...animado por la idea de obtener un beneficio ilícito" ( STS. 17.11.2011 ); "incremento patrimonial no justificado" ( STS. 30.10.2001 ) o "valiéndose de esta situación y de la confianza que habrían depositado los clientes en su persona..."; "a sabiendas de que no podía devolverla..."; "... y carecía de solvencia bancaria y de patrimonio ..."; "...a sabiendas de que, llegado el momento, no podía hacerse efectivo por falta de saldo..." ( STS. 23.9.2009 ).
) El motivo segundo por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LEcr sobre error en la apreciación de la prueba basado en documentos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, señalando los siguientes particulares:
- Folios 19 a 27; contratos formalizados entre LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALISYS SL. Con las entidades ALFEBRAN SL, TOTEMHOUSE SL y OLIMPIAS SL.
- Folios 29 a 35: escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid por LOPYME el 29.11.2001 y certificación del Ayuntamiento de 3.10.2001.
- Contrato formalizado entre LISAN FINANCIAL ECONOMIC ANALISYS SL con la entidad RACEN 68 SL.
- Declaración a presencia judicial de Mariano (folios 130 a 134).
- Declaración a presencia judicial de Roberto (folios 135 a 140).
- Declaración a presencia judicial de Ramón (folios 141 a 144).
- Declaración a presencia judicial de Virgilio (folios 145 a 147).
Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial, algunos de los "documentos" reseñados incorporan declaraciones realizadas por testigos en la fase instructora que como tales se encuentran desprovistos de carácter documental por tratarse de pruebas personales que únicamente se documentan en el proceso sin perder por ello aquel carácter ( STS 581/2009, de 2.6 . Y en cuanto al resto de los documentos, los diversos contratos formalizados por el acusado, actuando en nombre y representación de Legal Financial Economic Análisis SL con las entidades de los perjudicados, sólo acreditan las relaciones contractuales entre las partes; y la resolución de 29.11.2001 suscrita por el Secretario General del Ayuntamiento y el acuerdo de 3.10.2001 de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, la propia sentencia los considera simulados y sin ninguna autenticación acreditativa al ser simples fotocopias que no pueden elevarse a la categoría de documento oficial.
) El motivo tercero por infracción de Ley y doctrina legal, al amparo de lo establecido en el art. 849.1 y 852 LECrim sobre violación del art. 24.2 CE , qu consagra tanto el derecho a la presunción de inocencia como el derecho de todo ciudadano a un proceso público con todas las garantías procesales, en relación con el art. 5.4 LOPJ , por cuanto del desarrollo del motivo precedente no se puede imputar al recurrente la autoría de n delito de estafa por cuanto por su parte si se hicieron gestiones para la concesión administrativa de licencias municipales para la concesión de Estaciones de Servicio o gasolineras, sin que en modo alguno se le pueda imputar la existencia de un engaño previo como se hace en la sentencia. Y en todo caso, habría que aplicar el principio in dubio pro reo, como regla atinente a los juzgadores para cuando no sea posible subsumir con certeza los hechos acaecidos en el precepto penal correspondiente.
Por tanto, el principio in dubio pro reo si puede ser invocado para fundamentar la casación cuando resulte vulnerado en su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de la duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al tribunal que duda, ní puede pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en caso de duda ( STS 1186/95, de 1-12 ; 1037/95, de 27-12 )".
) Aplicando las anteriores consideraciones al caso que se analiza la sentencia de instancia, fundamento de derecho primero, analiza las pruebas que valora para fundamentar la autoría de Gabino .
Así señala como éste en el juicio oral vino a reconocer en principio los hechos que se le imputaban, destacando como no ha aportado prueba alguna acreditativa de su versión exculpatoria; realización de trámites ante el Ayuntamiento para conseguir la adjudicación de las gasolineras. Falta de gestiones acreditada igualmente por las testificales de los representantes de las sociedades que contrataron con el acusado.
Intención por su parte de no cumplir los contratos y de lucrarse con el dinero recibido que deduce, conforme a elementales reglas de la lógica y máximas de experiencia, del cobro de cantidades considerables, 72.121'45 euros, 72121'45 euros, 72.191'45 euros y 150.253'03 euros, de la no realización de gestión alguna, sin explicación por su parte de la hipotética existencia de razones que le hubieran impedido realizar las gestiones comprometidas; y de la no devolución de cantidad alguna de aquellas recibidas, procediendo, pro el contrario, el acusado a librar y entregar cheques y pagarés por el importe de dichas cantidades, no resultando ninguno de ellos atendidos a su presentación al pago al carecer de fondos las cuentas bancarias contra los que fueron librados.
Consecuentemente, la sala de instancia ha contado con suficiente prueba de carácter incriminatorio con aptitud para enervar la presunción de inocencia del acusado, en cuanto el tribunal a quo ha valorado de forma racional la prueba practicada y no corresponde a esta Sala casacional revisar esa valoración y apreciación de las pruebas practicadas una vez verificada, como ocurre en este caso, la existencia de actividad probatoria respecto de los hechos objeto de la condena y de la participación del acusado en los mismos, encontrándonos, no ante ausencia de valoración probatoria sino de discrepancia en la valoración que se ha hecho de la misma ( SSTC 158/89 ; 82/92 ; 70/94 ; 82/95 , 205/98 ).
) El motivo cuarto por infracción de Ley y doctrinal legal al amparo del art. 849.1 LECrim por infracción de precepto penal de carácter sustantivo.
El motivo se articula en cuatro subapartados:
Apartado primero por aplicación indebida del art. 248.1 en relación con los arts. 249, 250, 1-5, al no concurrir los requisitos del delito de estafa al no existir engaño previo en la actuación de Gabino .
El motivo deviene improsperable por cuanto la concurrencia de los elementos típicos del delito de estafa no puede ser cuestionada.
En efecto, como recuerdan las STS 987/2011, de 5-10 ; 909/2009 de 23-9 y 564/2007, de 25-6 ; entre otras: el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 y Sentencia de 26 de junio de 2000, núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suficiencia en el específico supuesto contemplado.
En el caso presente desestimado que ha sido el motivo segundo - a cuya prosperabilidad se supeditaba el presente- e incólume el relato fáctico, del mismo se deducen la concurrencia de los elementos típicos del delito de estafa. Así el acusado se comprometió a la tramitación de la documentación necesaria para la concesión administrativa y la tramitación de licencias de diversas estaciones de servicio, a favor de las empresas de los denunciantes, percibiendo a la firma e los contratos por parte de Luis Andrés Aurelio y Daniel , 12000.000 ptas de cada uno, y un total de 25.000.000 de pesetas de Gabino , sin tener, en el momento de la suscripción de los contratos y percepción de las cantidades de dinero expresadas, intención de realizar gestión o trámite alguno en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ocultó a la otra parte contratante. Siendo así los requisitos típicos del delito de estafa aparecen concurrentes.
En cuanto al apartado segundo por indebida aplicación del art. 74 CP en cuanto a la imposición de la pena en su mitad superior, con carácter subsidiario se argumenta en el motivo que en los delitos continuados contra el patrimonio la jurisprudencia interpreta que no es imperativa la imposición de la pena en su mitad superior, dado el carácter alternativo e independiente del art. 74.2 CP , por lo que la pena a imponer debería ser en el grado medio de la mitad inferior, 2 años prisión y multa de 7 meses.
- La queja del recurrente deviene improsperable.
En efecto respecto a la posible compatibilidad entre el delito continuado, en general, y la figura agravada del art. 250.1.5 - antiguo art. 250.1.6- la jurisprudencia de esta Sala - SSTS 918/2007, de 20-11 ; 8/2008, de 24.1 ; 581/2009, de 1-6 ; 239/2010 de 10.3 ; 954/2010 de 3.11 ; 987/2011, de 5-10 - tiene declarado que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del art. 250.1.6 CP , ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio non bis in idem.
Incluso respecto a la hipótesis más controvertida doctrinalmente, cuando las distintas cuantías defraudadas fueran individualmente insuficientes para la cualificación del art. 250.1.6º, pero sí globalmente consideradas, el Pleno de esta Sala Segunda de 30 octubre 2007, acordó:
Acuerdo que lleva en estos supuestos a la aplicación del art. 250. 1.6, cuando los delitos, aún inferiores a 36.060,73 euros, - en la actualidad 50.000 euros- en conjunto sí superan esa cifra, si bien no se aplica el párrafo 1º del art. 74, sino el 2º; pues la suma de las cuantías ya se tiene en cuenta para agravar la pena, aplicando la del art. 250.1 y no la del art. 249 CP .
La Sala ha entendido hasta ahora de forma pacífica que cuando se trata de infracciones patrimoniales, la pena se impondrá teniendo en cuenta el perjuicio total causado conforme dispone el artículo 74.2 CP . De manera que si la suma de ese perjuicio es superior a 36.060,73 euros, -en la actualidad 50.000 euros- la pena procedente es la prevista en el artículo 250.1.6º y si es inferior a esa cifra la del artículo 249, o en su caso, la correspondiente a la falta.
Por lo tanto, la regla del artículo 74.2 resulta específica para los delitos contra el patrimonio en el sentido de que la pena básica que debe ser tenida en cuenta en el caso de estos delitos continuados no es la correspondiente a la infracción más grave sino la correspondiente al perjuicio total causado, ambas en su mitad superior (pudiendo alcanzar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado).
De esta forma, el delito continuado patrimonial recibiría un trato penológico similar a cualquier otro delito continuado.
Situación que no sería la del caso presente - en el que todas las estafas individualmente consideradas - 72.121'5, 72.121'45, 72,121'45 y 150.253'3 euros- superan aquel límite de 50.000 euros. Consecuentemente los hechos si constituyen el subtipo agravado del actual art. 250.1.5º y resulta obligada la aplicación de la regla 1ª del art. 74 CP y la imposición de la pena en su mitad superior - 3 años, 6 meses y 1 día de prisión a 6 años prisión y multa de 9 meses y 1 día a 12 meses.
Siendo así las impuestas lo han sido en la mínima extensión posible.
En el apartado tercero se denuncia la indebida no aplicación del art. 21-6 CP en cuanto a la atenuante analógica de dilaciones indebidas, dado que se están enjuiciando hechos basados en contratos formalizados en los meses de enero y noviembre 2001 y durante la instrucción del procedimiento, se formalizó el escrito de acusación en fecha 1.9.2006, mientras que el juicio se celebró en el año 2011, casi cinco años después.
Como hemos dicho en SSTS 14.7.2011 y 1.2.2011 , la reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6, ya en vigor, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".
En el caso presente el recurrente no refiere paralización alguna concreta de la causa que justifique esa aplicación muy cualificada - única que tendría efectos penológicos, dado que estimación como simple no tendría incidencia alguna en la determinación de la pena, pues las impuestas son las mismas imponibles a un delito continuado de estafa, art. 248.1 , 249 y 250.1.6 y art. 74.1.2. CP .
En el apartado cuarto por indebida aplicación del art. 50.5 CP en cuanto a la determinación de la cuota multa, dado que la insuficiencia de datos sobre la capacidad económica del acusado no debe llevar automáticamente a la imposición de la cuota diaria de 10 euros, y no existiendo por tanto base probatoria alguna por parte del Tribunal ad quo para su determinación se debe reducir ésta a la de 3 euros diarios.
Como hemos dicho en STS 111/2006, de 15-11 , 1257/2009 de 2-12 , esta Sala consciente de la frecuente penuria en las causas, en evitación de que resulte inaplicable el precepto, ha ensayado una interpretación flexible del art. 50-5 CP , de tal modo que la fijación de la multa podría fundamentarse en los siguientes extremos:
La acreditada situación económica concreta del sancionado, con apoyo expreso en la correspondiente pieza de responsabilidad civil.
Alguna circunstancia específicamente reveladora de una determinada capacidad económica (propiedad de un automóvil o de la vivienda que ocupa, por ejemplo).
Cuando menos, algún dato que el juzgador de instancia, desde la apreciación que le permite su inmediación en juicio, ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la motivación de su decisión al respecto.
En todo caso, incluso la posibilidad de que el Tribunal ad quem vislumbre, con los datos que se ofrezcan en el procedimiento, que la cuantía aplicada no aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con proximidad al límite legal mínimo, siempre que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de ingresos.
No podemos olvidar en este sentido que si bien algunas resoluciones de este mismo Tribunal se muestran radicalmente exigentes en otras aspectos, aplicando, sin paliativos, la cuantía mínima legal de la cuota diaria, en ausencia de investigación sobre la capacidad económica del acusado ( STS 3-10-98 , por ejemplo) otras más recientes por el contrario, admitan que dada la amplitud de los límites cuantitivatos previstos en la ley de 200 a 50.000 ptas- en la actualidad 2 a 400 euros., y la imposición de una cuota diaria en la "zona baja" de esa previsión, no requiere de expreso fundamento ( STS 26.10.2001 ).
Así, son de destacar también, en la misma línea, las SSTS de 20 de noviembre de 2000 (RJ 2000/9549 ) y 15 de octubre de 2001 , que afirman, la primera de ellas para una cuota de mil pesetas y la segunda incluso para la de tres mil, que la fijación de unas cuantías que o no superan siquiera las de salario mínimo, o, en todo caso, llevan a una sanción, en el ámbito penal, incluso inferior a la que pudiera considerarse equivalente impuesta por la Administración en el ejercicio de su función sancionadora, no requieren mayor justificación para ser consideradas conforme a Derecho, puesto que "Una cifra menor habría que considerarla insuficientemente reparadora y disuasoria, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva".
A su vez, la STS de 11 de julio de 2001 (RJ 2001/5961) insiste, con harto fundamento y reuniendo la doctrina más actual de esta Sala, en que:
El art. 50.5 del Código Penal señala que los Tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias "teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo". Como señala la Sentencia número 175/2001 de 12 de febrero , con ello no se requiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que puedan afectar a las disponibilidades económicas del acusado, que resulta imposible y es, además desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permiten efecutar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.
La insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto (200 pesetas), como pretende el recurrente, a no ser que lo que en realidad se pretenda es vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el Poder Legislativo en el Nuevo Código Penal convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo nuclearmente simbólico, en el que el contenido efectivo de las penas impuestas por hechos tipificados en el CP. acabe resultando inferior a las sanciones impuestas por infracciones administrativas similares, que tienen menor entidad que las penales, como señalaba la sentencia de esta Sala de 7- 7-99.
Ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal, debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren los dichas circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, como sucede en el caso actual con la cuota diaria de 10 euros.
En efecto, aplicando el criterio establecido en la referida sentencia de 7-7-99 , en el ámbito legalmente abarcado por la pena de multa -de 200 a 50.000 ptas de cuota diaria- en la actualidad de 2 a 400 euros- lo dividiésemos hipotéticamente en diez tramos o escalones de igual extensión -de 4.980 ptas cada uno- en la actualidad de 39,8 euros-, el primer escalón sería de 200 a 5.180 ptas,- en al actualidad de 2 a 41,8 euros- por lo que, en todo caso, la pena de multa impuesta estaría en este primer tramo.
Pero en el caso presente la sentencia impugnada justifica la fijación del importe de la cuota diaria de multa de 10 euros, al resultar evidenciada la intervención del acusado en la actividad comercial, lo que implica la acreditación indirecta o indiciaria de una cierta capacidad económica, y que no resulte desproporcionada la cuota impuesta, máxime si se tiene en cuenta que el acusado percibió como consecuencia de sus maniobras engañosas un total de 61.000.00 ptas (366.617,38 euros), sin haber devuelto cantidad alguna.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional interpuesto por Gabino contra sentencia de fecha 20/6/2011 dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6 ª, que le condenaba por delito de estafa; y se condena a la recurrente al pago de las costas de su recurso.
AAP Madrid 176/2018, 23 de Julio de 2018

References: resolución 
 resolución 
 artículo 849
 artículo 855
 artículo 849
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 784
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
in dubio
in dubio
 artículo 74
 artículo 250
 artículo 249
 artículo 74