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Timestamp: 2019-09-22 17:20:48+00:00

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LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL. TIPOLOGÍA DE ENTES LOCALES. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL. LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.
La Administración Local se encuentra regulada en la Constitución Española en el Título VIII Capítulo II (arts. 140 a 142).
Podemos definir las entidades locales como entes con personalidad jurídica propia, que cuentan con una organización peculiar, un territorio y unos órganos propios para el cumplimiento de unos fines y la defensa de unos intereses comunes localizados en el ámbito de su territorio.
PRINCIPIOS REFERIDOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Principio de elección democrática de sus miembros, frente al principio burocrático informador de la Administración del Estado y Autonómica.
Principio de autonomía, que incluye la autonomía financiera.
Principio de coordinación con las Administraciones del Estado y de las CCAA (art. 103 y 154 CE).
Caracterización de los Entes Locales como Administración Pública sometiéndose a los principios en que ésta ha de inspirarse:
Principio de sujeción a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico (art. 9 CE).
Principio de actuación informada (art. 53.5 CE).
Principio de responsabilidad frente a los interesados lesionados por sus actos (art. 103.1 CE).
Principio de eficacia, descentralización y desconcentración.
Principios de control de sus actuaciones por los Tribunales.
Principio de legalidad (art. 9 CE).
Principio de adecuación de sus actos a los fines que la ley les asigne (art. 103 CE).
Principios de igualdad y libre circulación de los ciudadanos (art. 139 CE).
Principio de participación ciudadana en la actuación administrativa (art. 105 CE).
Presencia de Entes Locales de existencia obligatoria que no puede desconocer el legislador ordinario.
Presencia de Entes Locales de existencia solamente potestativa (art. 141.3 y 152.3 CE).
Regulación de las bases de Régimen Local.
Alteración de los límites provinciales por Ley Orgánica.
Posibilidad de competencia de las CCAA en:
Desarrollo de las bases estatales del Régimen Local.
Alteración de límites municipales.
En general, las funciones del Estado sobre Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local (art. 148 CE).
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS
Regulación jurídica: Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) de 2 de abril de 1985 y R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril
Se define la Administración Local como el conjunto de entes territoriales, de carácter administrativo, integrados en el Estado-comunidad y en la respectiva Comunidad Autónoma, aunque con personalidad jurídica diferenciada y sustantividad propia, regida por los propios administrados o por sus representantes elegidos, bajo la modalidad de autoadministración, desarrollada con independencia de cualquier instancia superior, como corresponde a la cualidad de autonomía que la Constitución Española predica de dichos entes, y con una organización y una actividad sujeta a las leyes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, por cuya infracción pueden ser residenciables ante los Tribunales.
Lo vemos detenidamente:
La Administración Local está integrada por entes territoriales de “carácter administrativo”.
La Administración Local está integrada por Entes, no por órganos. Tales entes tienen personalidad jurídica propia, y, a su vez, están integrados por órganos. Estos entes pueden ser obligatorios o de creación potestativa.
Los territoriales se diferencian de los no territoriales en:
Su generalidad de fines (no tienen uno en concreto).
Su posibilidad de vincular con su actuación a toda la población que se encuentre en su ámbito territorial.
Su mayor número de potestades administrativas.
Su posibilidad de crear entes subordinados a los mismos.
En principio, las Entidades que integran la Administración Local son de carácter territorial. Sin embargo, hay algunas matizaciones:
Entidades Locales Necesarias: Municipios, Provincias e Islas. Tienen carácter plenamente territorial. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
Entidades Locales Potestativas: entes locales de ámbito inferior al municipio, mancomunidades de municipios, comarcas y áreas metropolitanas. Su creación depende de las CCAA o de los propios Entes Locales necesarios; su carácter más o menos territorial viene dado por el número e intensidad de las potestades administrativas que la legislación de las CCAA a las que pertenezcan les atribuyan.
Las Entidades Locales están integradas en el Estado-comunidad y en las respectivas Comunidades Autónomas .
No forma parte ni de la Administración Periférica del Estado ni de la Central, ni de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma. Pero sí se integra tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma, entendidos en términos globales, lo que implica cierta subordinación.
Los Entes Locales son entes inspirados en el principio de autoadministración, no en el de burocratización.
En el ámbito de la Administración Local los vecinos eligen directamente a sus cargos administrativos: Alcalde y Concejales, que , sin olvidar su naturaleza política, realizan directamente funciones puramente administrativas, al contrario de lo que sucede con los representantes de los ciudadanos en las esferas estatal y autonómica (Diputados y Senadores). Esta tendencia se ha definido como tendencia a la autoadministración y a la desburocratización. El Art. 1.1 de la LBRL dice que los municipios son “...cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”.
Los Entes Locales se caracterizan por su autonomía, constitucionalmente establecida.
Art. 137 CE: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Art. 2 LBRL: 1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción publica, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes locales en las materias que regulen.
Art. 7 LBRL: 1. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación.
Art. 8 LBRL: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades Autónomas.
Art. 63.2 y 3 LBRL: 2. Están igualmente legitimadas en todo caso las Entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y actos de la Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, tal como esta resulta garantizada por la Constitución y esta Ley. 3. Asimismo, las Entidades locales territoriales estarán legitimadas para promover (el recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes que menoscaben su autonomía habrá de promoverlo ante los órganos que tienen acceso directo al Tribunal Constitucional y no directamente a éste, ya que no están legitimadas para interponer), en los términos del artículo 119 de esta Ley, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de Leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que son estas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.
Las Entidades Locales son Entes legislativamente subordinados.
La autonomía local supone una especie de “independencia funcional y financiera”, pero, “en modo alguno, soberanía, ni siquiera autonomía política”.
Al Estado Soberanía;
Alas CCAA Autonomía política;
Entes Locales	Autonomía administrativa
Esto implica la subordinación absoluta de la actuación de los Entes Locales a las leyes, tanto del Estado como de las CCAA.
Las Entidades Locales están controladas por el Poder Judicial.
Las infracciones que cometan en relación al anterior Ordenamiento Jurídico, pueden ser demandadas ante los Juzgados y Tribunales, tanto civiles o laborales, como los de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Legitimados para interponer las demandas lo estarán las Administraciones del Estado y de las CCAA respectivas, los miembros de las propias Entidades Locales que votaron en contra, los particulares titulares de derechos subjetivos o interese legítimos y, en los supuestos de acción popular (ej. Materia urbanística), cualquier persona.
La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.
Las funciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.
Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
TIPOLOGÍA DE ENTES LOCALES.
El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. No está subordinado jerárquicamente a la provincia ni ésta depende de los municipios que la integran.
Son notas características:
Ser de obligada existencia, al igual que la provincia, pero al contrario de ésta, de carácter básico.
Ser pieza básica en la organización territorial del Estado.
Ser cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Tener autonomía para la gestión de sus propios asuntos.
Poseer capacidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines. Los actos de sus órganos se imputan a la institución que tiene atribuido su autogobierno, el Ayuntamiento.
Según el art. 25 de la LBRL, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
A. PROPIAS: El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 "habitantes-equivalentes," además:
c) En los Municipios con población superior a 20.000 "habitantes-equivalentes", además:
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además:
Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.
La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley que son:
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta Ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica correspondiente.
B. DELEGADAS: La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que esta transfiera.
C. COMPETENCIAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización (art. 11.2).
Los municipios necesitan una base territorial llamada término municipal (zona donde ejerce sus competencias el Ayuntamiento. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provinciales.
La alteración del nombre y capitalidad de los Municipios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva.
En el régimen del Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre el Régimen Local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior.
Los propios municipios, en los Reglamentos Orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto anteriormente y en las Leyes de las Comunidades Autónomas a las que se refiere el número anterior.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo.
(Art. 43 a 45 de Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales): El Alcalde puede efectuar delegaciones en favor de la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por ésta en relación con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el Alcalde en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Comisión.
El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella Comisión.
Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área.
Relativas a un proyecto o asunto determinado. En este caso la eficacia de la delegación, que podrá contener todas las facultades delegables del Alcalde, incluida la de emitir actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.
Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir todas las facultades delegables del Alcalde en relación con ciertas materias, pero circunscritas al ámbito territorial de la delegación. En caso de coexistir este tipo de delegaciones con delegaciones genéricas por áreas, los decretos de delegación establecerán los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal manera que quede garantizada la unidad de Gobierno y gestión del municipio.
Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este reglamento.
La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la provincia y en el municipal, si existiere.
Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de las delegaciones.
De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.
Además de las previstas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Alcalde ejercerá las siguientes atribuciones (art. 24 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local):
e) La concesión de licencias, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los concejales.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
En los Municipios con Junta de Gobierno Local el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquélla. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, el número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de concejales.
En los Ayuntamientos que no tengan Junta de Gobierno Local podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde, el nombramiento como Teniente de Alcalde y la delegación de atribuciones a que se refiere el artículo 43 de este Reglamento.
En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.
Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en el artículo 76 de la Ley 7-1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el Teniente de Alcalde a quien corresponda.
El número de concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de concejales.
El Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros de la Junta de Gobierno Local.
Los nombramientos y ceses serán adoptados con las formalidades prescritas en el número primero del artículo 46 de este Reglamento.
Podrán ser objeto de una sola resolución del Alcalde, el nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local y la delegación de atribuciones.
Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno Local será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión siempre que la importancia del asunto así lo requiera.
Asimismo, la Junta de Gobierno Local ejercerá las atribuciones que le deleguen el Alcalde o el Pleno, así como aquellas atribuciones que expresamente le asignen las leyes.
Los propios municipios, en los Reglamentos Orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las Leyes de las Comunidades Autónomas a las que se refiere el número anterior.
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Para alterar la denominación y capitalidad de las provincias se requiere ley ordinaria.
Son elementos de la provincia el territorio, la población y la organización.
La provincia exige la presencia de una base territorial. Formadas por agrupaciones de municipios, son circunscripciones administrativas intermedias entre éstos y el Estado. La suma de los términos municipales de todos los municipios integrantes es el territorio de la provincia. La alteración de los límites provinciales deberá aprobarse por las Cortes Generales por Ley Orgánica.
El hecho de pertenecer a una provincia no atribuye ninguna condición legal a los ciudadanos residentes, aunque a veces puede ser un requisito para acceder a determinados beneficios.
El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE).
Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno.
Competencias de las Diputaciones:
Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso:
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos a) y b) del número anterior, la Diputación:
Constitución de la Diputación:
El tercer día anterior al señalado por la legislación electoral para la sesión constitutiva de la Diputación, los miembros de la misma que deban cesar, tanto del Pleno como de la Comisión de Gobierno, se reunirán en sesión convocada al solo efecto de aprobar el acta de la ultima sesión celebrada.
Los secretarios e interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la constitución de la nueva Corporación se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados todos los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la caja provincial o en entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus organismos autónomos.
La sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales se celebrará en el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al secretario de la Corporación.
Si en la hora y fecha señaladas para celebrar la sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales concurriese a la misma un número inferior a la mayoría absoluta de Diputados electos, estos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva, dos días después, la que habrá de celebrarse en el mismo local y a la misma hora. En dicha sesión la Corporación se constituirá, cualquiera que fuere el número de Diputados que concurrieren.
La sesión constitutiva, a la hora señalada a este objeto, se presidirá por una mesa de edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando de secretario el que lo sea de la Corporación.
La mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de personalidad de los electos, con base a las certificaciones que hubiere remitido la Junta Electoral de Zona, y declarará constituida la Corporación.
Acto seguido se procederá a elegir al Presidente de entre sus miembros por mayoría absoluta en primera sesión y simple en segunda. El Presidente tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN:
La elección y destitución del Presidente de la Diputación se rige por lo dispuesto en la legislación electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias de la Diputación.
Quien resulte proclamado Presidente tomará posesión ante el Pleno de la Corporación, de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos.
Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión en el plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno corporativo, con la advertencia de que, caso de no hacerlo sin causa justificada, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral para los casos de vacantes en la Presidencia.
El Presidente podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de diputado. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Diputación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes. En tal caso, la vacante se cubrirá en la forma establecida en la legislación electoral.
Vacante la presidencia por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de nuevo Presidente se celebrará, con los requisitos establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la sentencia, según los casos.
En el supuesto de que prospere una moción de censura contra el Presidente, éste cesará en su cargo en el momento de la adopción del acuerdo.
Quien resulte proclamado como Presidente deberá tomar posesión del cargo en la forma establecida en anteriormente.
f) .El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de la Ley 7/1985.
Además de lo establecido, según el R.D. 781/1986 de 18 de abril, corresponden al Presidente de la Diputación las siguientes atribuciones:
El Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura que se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley 7/1985 de Régimen Electoral. Puede ser candidato al cargo de Presidente cualquiera de los Diputados provinciales.
Asimismo, el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por el planteada ante el Pleno de la Corporación, que se regulará por lo dispuesto en el artículo 197 bis, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
Artículo 197 (L.O. 7/1985 LOREG):
Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentación y votación de la moción de censura, así como a la constitución de la Mesa de edad, se entenderán efectuadas a los electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en la fecha de presentación de la moción de censura.
Podrá ser candidato cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio pasivo.
Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a la Asamblea vecinal.
La notificación por el Secretario a los concejales del día y hora de la sesión plenaria se sustituirá por un anuncio a los vecinos de tal circunstancia, efectuado de la forma localmente usada para las convocatorias de la Asamblea vecinal.
La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candidato a la Alcaldía y al Alcalde.
5. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho a voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo.
La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
En los municipios de más de 250 habitantes, el Alcalde cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales.
En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde cesante no podrá ser candidato a la Alcaldía ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales. Si ningún candidato obtuviese esa mayoría, será proclamado Alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales, excluido el Alcalde cesante.
El mandato de los miembros de la Diputación será de 4 años desde la fecha de la elección.
EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN:
l)Las contrataciones y concesiones de todo tipo, cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, los seis millones de euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años en todo caso, y los plurianuales de duración inferior cuando su importe acumulado supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios de Presupuesto del primer ejercicio, y en todo caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.
n) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:
El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo.
El Pleno es un órgano de orden público, gestor de los intereses económicos-administrativos de su competencia, con jurisdicción sobre la totalidad del territorio provincial. Compuesto por todos los Diputados y presidido por su Presidente. La elección se hará según el número de residentes de cada provincia:
El número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo:
Diputados Hasta 500.000 residentes 25
Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regla:
A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios de menos de 250 habitantes a los que se refiere el artículo 184 de esta Ley, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la correspondiente lista hasta un máximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes.
Realizada esta operación la Junta procede a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada partido judicial mediante la aplicación del procedimiento previsto, según el número de votos obtenidos por cada grupo político o cada agrupación de electores.
Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjera coincidencia de cocientes entre distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que mayor número de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor número de Concejales en el partido judicial. Subsidiariamente se resolverá el empate por sorteo.
La Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación para elegir al Presidente de entre sus miembros.
El Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura que se desarrollará conforme a lo previsto. Puede ser candidato al cargo de Presidente cualquiera de los Diputados Provinciales.
Asimismo, el Presidente de la Diputación podrá cesar mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, que se regulará por lo dispuesto, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:
En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegirá de acuerdo con el sistema previsto para los Alcaldes de municipios de más de 250 habitantes.
En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a ocupar vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se procederá a una nueva elección de Diputados correspondientes al partido judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido.
Los Vicepresidentes serán libremente nombrados y cesados por el Presidente, de entre los miembros de la Comisión de Gobierno.
Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Presidente, de la que dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, personalmente a los designados y se publicarán en el Boletín Oficial de provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el Presidente, si en ella no se dispone otra cosa.
La condición de Vicepresidente se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Comisión de Gobierno.
Corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Presidente en los supuestos de vacante en la presidencia hasta que tome posesión el nuevo Presidente.
Cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir el Presidente en relación a algún punto concreto de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 76 de la Ley 7-1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el Vicepresidente a quien corresponda.
En los supuestos de sustitución del Presidente por razones de ausencia o enfermedad, el Vicepresidente que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 de este reglamento (R.D. 2568/1986).
a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones, es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia permanente al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno será informada de todas las decisiones del Presidente. Esta información tendrá carácter previo a la adopción de la decisión, siempre que la importancia así lo requiera.
Son comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno.
El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No obstante las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre Régimen Local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. Pueden exixtir:
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.
La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.
La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25 (L.O. 7/1985).
Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.
La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán representados todos los Municipio integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.
Las áreas metropolitanas son Entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el ejercicio de sus competencias, integradas por municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vínculos urbanísticos, económicos y sociales, que se constituyen como división territorial óptima para la planificación conjunta y la gestión coordinada de determinadas obras y servicios.
En el marco de la regulación general establecida en la presente Ley, la creación, modificación o supresión de estas Entidades se efectuará singularmente por Ley del Parlamento de Andalucía, con audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones interesadas.
La Ley especial de creación de cada área metropolitana establecerá:
Los órganos de gobierno y administración, con representación en todo caso, de los entes locales afectos, y que serán, al menos, el Consejo Metropolitano y el Presidente.
El régimen económico que garantice la justa y proporcional distribución de las cargas de la nueva Entidad y la prestación de los servicios asumidos.
El régimen de funcionamiento que salvaguarde la participación en la toma de decisiones de los entes locales que la integren.
Los servicios y obras que constituyen su objeto y sus modos de gestión y ejecución.
Las potestades que, de entre las enumeradas en el artículo 4.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, sean necesarias para el cumplimiento de los fines del ente. La potestad tributaria quedará limitada a las contribuciones especiales y las tasas que fueren de aplicación, sin perjuicio de que puedan delegárseles la gestión y recaudación de algunos impuestos.
Creada la nueva Entidad y constituidos sus órganos de gobierno, se solicitará por su Presidente la inscripción en el Registro de Entidades Locales.
Serán competencia de las áreas metropolitanas aquellas materias que, siendo del interés propio de la colectividad de su territorio, contribuyan a satisfacer sus necesidades y aspiraciones, como son las enumeradas en el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y se determinen en la Ley creadora del respectivo ente metropolitano.
Para el ejercicio de sus competencias tendrán como funciones generales la planificación conjunta y la coordinación, control y gestión de aquellos servicios municipales que por las características económicas, sociales y urbanas concurrentes en los respectivos ámbitos territoriales hagan necesaria una actuación de carácter supramunicipal.
Las áreas metropolitanas dispondrán de los recursos propios que, de acuerdo con la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sean previstos en su respectiva Ley creadora. En ningún caso su régimen financiero alterará el propio de los Ayuntamientos que la integran.
Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.
Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios.
Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados.
El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación de las Comunidades Autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas:
Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de mancomunidades.
Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas.
Las Mancomunidades no podrán asumir la totalidad de las competencias asignadas a los respectivos Municipios.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los acuerdos aprobatorios de la constitución y Estatutos de la Mancomunidad deberán adoptarse por cada Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previa información pública por plazo de un mes. Cuando se trate de Municipios que sean de distintas provincias habrá de darse audiencia a las Diputaciones Provinciales respectivas.
El órgano de Gobierno de la Mancomunidad estará integrado por representantes de los municipios mancomunados en la forma que determinen los correspondientes Estatutos.
ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO
Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las Leyes.
En todo caso se respetarán las siguientes reglas:
b) La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el respectivo Ayuntamiento. La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la circunscripción para la elección del órgano unipersonal.
No podrá constituirse en Entidad local de ámbito territorial inferior al Municipio el núcleo territorial en que resida el Ayuntamiento.
Una vez constituida la Entidad se establecerán sus límites territoriales y se hará la separación patrimonial.
Los acuerdos municipales en esta materia requerirán la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que se entenderá otorgada si no resolviere en el término de tres meses.
Los núcleos separados de población dentro de un término municipal podrán acceder a la administración de sus propios intereses, constituyéndose en Entidades locales autónomas y bajo la denominación de pedanías, villas, aldeas, o cualquier otra de reconocida implantación en el lugar, de conformidad con el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Las Entidades locales autónomas que se creen al amparo de la presente Ley tendrán la condición y tratamiento de Entidades locales, igualmente gozarán de tal condición aquellas Entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley por el Parlamento de Andalucía, salvo que los vecinos en forma mayoritaria y directa, muestren su voluntad contraria.
Son requisitos indispensables para su constitución:
La existencia de un núcleo separado de edificaciones, familias y bienes dentro del término municipal respecto de aquél en que tiene su sede el Ayuntamiento.
La concurrencia en el núcleo separado de población de características peculiares de orden histórico, patrimonial, económico o cualesquiera otras que permitan identificar unos intereses netamente diferenciados.
El número mínimo de población y la distancia del núcleo principal que deban darse en cada caso, serán apreciados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con sus previsiones de política territorial.
En ningún caso podrá constituirse en Entidad local autónoma el núcleo de población en que resida el Ayuntamiento.
Las Entidades locales autónomas se crearán por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
La iniciativa para su creación corresponderá al Ayuntamiento en cuyo ámbito radique el núcleo separado, o a los vecinos del territorio que haya de ser base de la Entidad.
Cuando la iniciativa corresponda al Ayuntamiento, se requerirá acuerdo del Pleno de la Corporación.
En el supuesto de iniciativa popular, se requerirá:
Petición escrita de la mayoría de los vecinos del territorio que haya de ser base de la Entidad que se pretende constituir.
Información pública vecinal durante el plazo de treinta días.
Informe del Ayuntamiento en cuyo término radique el núcleo separado de población, sobre la petición y reclamaciones formuladas, emitido en el plazo máximo de un mes, ampliable, por causas justificadas, en otro más.
Informe del Pleno de la Diputación Provincial, en los mismos términos y plazos reseñados en el apartado anterior.
En el supuesto de no ser emitidos dentro de plazo los informes previstos en los apartados c) y d), se entenderán favorables a la constitución de la nueva Entidad las voluntades de ambas Corporaciones.
Tanto en uno como en otro caso la iniciativa concretará provisionalmente el territorio que haya de servir de base a la nueva Entidad.
Adoptada la iniciativa en cualquiera de las formas previstas en el artículo anterior, el Ayuntamiento o una Comisión Gestora nombrada a tal efecto por los vecinos confeccionará una Memoria o estudio justificativo de la conveniencia de la constitución de la nueva Entidad, con referencia a:
Existencia de núcleo separado de población y delimitación territorial.
Existencia de intereses peculiares o diferenciados.
Beneficios que producirían a los vecinos la gestión descentralizada de tales intereses.
Separación patrimonial.
Viabilidad económica de la prestación de servicios que se asuman con propuesta de asignaciones presupuestarias.
Inexistencia de perjuicios a los intereses generales del municipio.
Tanto la iniciativa como la Memoria serán sometidas a información pública por plazo de treinta días, debiendo publicarse tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en el Boletín Oficial de la provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, el Pleno municipal adoptará acuerdo dentro de los dos meses siguientes, con el quórum del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sobre la creación de la nueva Entidad. Se entenderá cumplido este trámite si en el plazo citado no se hubiere producido tal pronunciamiento.
Las actuaciones serán remitidas a la Consejería de Gobernación que, previo informe del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Andaluz de Municipios, elevará propuesta de resolución al Consejo de Gobierno.
El acuerdo del Consejo de Gobierno de creación de la nueva Entidad deberá pronunciarse expresamente sobre sus límites territoriales, separación patrimonial que corresponda, competencias propias asumidas y las correspondientes asignaciones presupuestarias.
Los órganos de gobierno de la Entidad local autónoma son la Junta Vecinal y el Presidente o Alcalde de la Entidad local autónoma.
REGÍMENES ESPECIALES MUNICIPALES
b) Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejables.
La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación de la Comunidad Autónoma.
En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto a lo establecido en esta Ley y en las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
OTROS REGÍMENES MUNICIPALES
Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo establecido en esta Ley, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes locales en las materias que regulen.
Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, debiendo las Leyes de las Comunidades Autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el apartado siguiente.
Corresponden a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus Estatutos. En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.
Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes
Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la Entidad local.
LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE REGÍMEN LOCAL.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de abril.
CAPÍTULO III.COMPETENCIAS
CAPÍTULO IV.REGÍMENES ESPECIALES
CAPÍTULO II.RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO III. IMPUGNACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS Y EJERCICICO DE ACCIONES
CAPÍTULO II.DISPOSICIONES COMUNES A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
CAPÍTULO IV.DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE CARRERA
CAPÍTULO V.PERSONAL EVENTUAL Y LABORAL
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1 al 5)
TÍTULO I. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (artículos 6 al 34)
CAPITULO I. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN. DERECHOS Y DEBERES
CAPITULO II. GRUPOS POLÍTICOS
CAPITULO III. REGISTRO DE INTERESES
CAPITULO IV. TRATAMIENTOS HONORÍFICOS
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN NECESARIA DE LOS ENTES LOCALES TERRITORIALES (artículos 35 al 76)
CAPITULO I. DEL MUNICIPIO
SECCION PRIMERA. CONSTITUCIÓN, VIGENCIA Y FINALIZACIÓN DEL MANDATO CORPORATIVO
SECCION SEGUNDA. DEL ALCALDE
SECCION TERCERA. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
SECCION CUARTA. DEL PLENO
SECCION QUINTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
SECCION SEXTA. DEL CONCEJO ABIERTO
CAPITULO II. DE LA PROVINCIA
SECCION SEGUNDA. DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SECCION QUINTA. DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
CAPITULO III. DE LOS CABILDOS Y CONSEJOS INSULARES
TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS NECESARIOS DE LOS ENTES LOCALES TERRITORIALES (artículos 77 al 118)
CAPITULO I. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO
SECCION PRIMERA. DE LOS REQUISITOS DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES
SECCION SEGUNDA. DE LOS DEBATES
SECCION TERCERA. DE LAS VOTACIONES
SECCION CUARTA. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO
SECCION QUINTA. DE LAS ACTAS
CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS VECINALES EN EL RÉGIMEN DE CONCEJO ABIERTO
CAPITULO III. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
CAPITULO IV. RÉGIMEN GENERAL DE LAS DELEGACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS NECESARIOS
TÍTULO IV. DE LA ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS ENTES LOCALES TERRITORIALES (artículos 119 al 139)
CAPITULO I. ORGANOS COMPLEMENTARIOS: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES
SECCION PRIMERA. DE LOS CONCEJALES-DELEGADOS Y DIPUTADOS-DELEGADOS
SECCION SEGUNDA. DE LOS REPRESENTANTES DEL ALCALDE
SECCION TERCERA. DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
SECCION CUARTA. DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
SECCION QUINTA. DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO
SECCION SEXTA. DE LOS CONSEJOS SECTORIALES
SECCION SEPTIMA. DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
CAPITULO II. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS
SECCIÓN PRIMERA REGLAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
SECCION SEGUNDA. REGLAS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS COLEGIADOS
TITULO V. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES LOCALES(arts. 140 a 145)
CAPITULO I. DE LAS MANCOMUNIDADES
CAPITULO II. DE LAS COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA
CAPITULO III. DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO
TÍTULO VI. PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO (artículos 146 al 225)
CAPITULO I. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA. DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS
SECCION TERCERA. DE LOS EXPEDIENTES
SECCION CUARTA. DE LOS INTERESADOS EN LOS EXPEDIENTES, DE LAS RECUSACIONES Y ABSTENCIONES
SECCION QUINTA. DE LOS HONORES Y DISTINCIONES
SECCION SEXTA. DE LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
CAPITULO II. DE LA PUBLICIDAD Y CONSTANCIA DE LOS ACTOS Y ACUERDOS
SECCION PRIMERA. DE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS Y ACUERDOS
SECCION SEGUNDA. DE LA FORMALIZACIÓN DE LAS ACTAS Y CERTIFICACIONES
SECCION PRIMERA. DE LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS Y ACUERDOS LOCALES
SECCION SEGUNDA. DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOS CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES
SECCION TERCERA. DE LA IMPUGNACIÓN JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LAS ENTIDADES LOCALES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO O POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SECCION CUARTA. DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA
SECCION QUINTA. DEL EJERCICIO DE ACCIONES
SECCION SEXTA. DE LOS CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS
CAPITULO IV. RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES
TÍTULO VII. ESTATUTO DEL VECINO (artículos 226 al 236)
CAPITULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS
CAPITULO II. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Este R.D. deroga la antigua Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988).
Entidades locales territorialesAyuntamientoMunicipioProvinciaOrganizaciónRegímenes especialesAlcaldeComarcasLegislación

References: artículo 119
 artículo 36
 artículo 92
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 76
 artículo 46
 resolución 
 artículo 158
 artículo 99
 artículo 197
 artículo 197

Artículo 197
 artículo 184
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 63
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 47
 artículo 47
 resolución 

Real Decreto