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Timestamp: 2017-09-21 07:23:30+00:00

Document:
Primera. Entrada en vigor de la reforma.-
Sexta. Comunicación de haber practicado la inscripción de nacimiento al Registro Civil Central.-
Séptima. Sistema de archivo en Registro Civil Central de los duplicados.-
Octava. Vigencia de la reforma del artículo 20 de la Ley.-
Novena. Régimen transitorio.-
Décima. La intervención de los Jueces de Paz como delegados de los Encargados de los Registros Civiles municipales.-
Undécima. Duplicado del Central a los Consulares.-
Duodécima. Apertura de Libros especiales de la Sección primera.-
1. El fenómeno social del incremento de las adopciones internacionales y de la nacionalización de ciudadanos extranjeros.-
Durante los últimos años se viene experimentando en España un incremento muy notable en el número de adopciones internacionales por parte de adoptantes españoles, así como de las adquisiciones de nacionalidad española por parte de extranjeros. Tales fenómenos constituyen actos jurídicos relativos al estado civil de las personas afectadas que, siempre que las mismas, como es frecuente por razones obvias en los citados casos, afecten a españoles deben ser inscritos en el Registro Civil español, correspondiendo la competencia para su calificación e inscripción, conforme a las reglas hasta ahora vigentes en la materia (cfr. arts. 15 L.R.C. y 68 R.R.C.) al Registro Civil Central.
2. Las causas y los efectos del fenómeno descrito.-
El acelerado ritmo al que se han producido tales fenómenos ha respondido a determinadas causas y ha producido determinados efectos. Entre las causas cabe citar de forma muy destacada la fuerte inmigración de ciudadanos extranjeros que, una vez adquirida residencia legal en España, acceden a la nacionalidad española por la prolongación de su residencia en nuestro país durante los plazos que establece el artículo 22 del Código civil, plazo que, por ejemplo, para los iberoamericanos es de sólo dos años.
Por ello, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, ha emprendido un camino radicalmente distinto, cortando el nudo gordiano de la situación mediante una modificación en profundidad de las reglas de competencia que hasta la entrada en vigor de tal reforma han venido rigiendo para distribuir las funciones tradicionales de los Registros civiles municipales y el Central. La novedad de las modificaciones introducidas, la carencia de referencias a las mismas en la Exposición de Motivos de la Ley, y la tensión en que se encuentran los preceptos reformados respecto de algunos de los principios rectores de la ordenación registral española, no hacen sencillo elucidar el alcance preciso y la recta interpretación de sus normas ni, en consecuencia, la tarea de fijar los concretos criterios con que la reforma se haya de llevar a la práctica. Por ello, se hace imprescindible en este caso, superando el estadio de la interpretación meramente literal, tratar de desentrañar el espíritu y finalidad de la reforma, teniendo en cuenta que las leyes, una vez producida su entrada en vigor, no deben ser interpretadas aisladamente, sino en coherencia con el sistema legal -en este caso, el conjunto de la legislación registral civil- en que se integran y del que forman parte, que tanto ha de ayudar en este caso a cubrir lagunas y a evitar antinomias.
3. Las funciones del Registro Civil Central: su significado y finalidad.-
La regla general de competencia en materia registral civil se contiene en el artículo 16, apartado primero, de la Ley del Registro Civil al disponer que «la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen». En el supuesto de tratarse de hechos ocurridos en España no se plantea problema alguno. Aplicándose el principio de competencia territorial que se desprende del transcrito precepto, el hecho deberá inscribirse en el Registro Municipal, principal o delegado, en cuya circunscripción territorial acaece.
4. La generalización de las solicitudes de traslados de inscripciones del Registro Civil Central a los Registros civiles municipales.-
Con la finalidad de eludir los retrasos en que en la función de expedición de certificaciones ha incurrido el Registro Civil Central, por las dificultades antes apuntadas, la práctica registral de estos últimos años demuestra que se ha generalizado, respecto de las inscripciones de nacimiento en casos de adopciones internacionales y, aunque en un porcentaje menor, también respecto de las inscripciones de nacimiento de los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad española, las solicitudes de su traslado al Registro Civil municipal del domicilio de los interesados, procediendo a la simultánea cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro Civil Central, acogiéndose para ello a la posibilidad que brindan los artículos 20 de la Ley del Registro Civil y 77 de su Reglamento.
2.º La expresión contenida en el citado apartado 3 del artículo 16 de la Ley «en el folio que entonces corresponda» referida a la nueva inscripción de nacimiento con constancia exclusiva de los datos de la filiación adoptiva (expresión que denota un exceso de mimetismo en la redacción del nuevo precepto respecto de las Instrucciones de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de 2004) carece de alcance normativo específico, pues dada la simultaneidad temporal que se ha de producir entre las solicitudes de la inscripción inicial de nacimiento y adopción y de la ulterior con constancia exclusiva de la filiación adoptiva, necesariamente el «folio que entonces corresponda» -expresión que tenía sentido en el ámbito de las Instrucciones citadas de este Centro Directivo por partir de la premisa de una disociación temporal entre las solicitudes de las primeras inscripciones y de la ulterior-, será siempre el folio registral inmediato siguiente a aquél en que se hayan extendido las inscripciones iniciales de nacimiento y marginal de adopción.
1.º El apartado 4 del artículo 16 de la Ley del Registro Civil, que es aplicable a los extranjeros nacionalizados españoles a pesar de que su lugar de nacimiento sea un país extranjero, se condiciona a que la causa o título de adquisición de la nacionalidad española haya precisado de la tramitación de un previo expediente registral, esto es, básicamente en los casos de adquisición por residencia(cfr. arts. 63 L.R.C. y 220 R.R.C.). El fundamento de esta restricción es doble: a) por un lado, se trata de los supuestos más numerosos de nacionalización de extranjeros, permitiendo aliviar significativamente la gran carga de trabajo que actualmente soporta el Registro Civil Central; b) pero, además, limitando a tales supuestos la desconcentración de funciones que resulta de las nuevas reglas de competencia no se resiente la necesaria unidad de criterios en la calificación registral de tan sensible materia, que afecta nada menos que al estatuto de la nacionalidad española, cuyas normas rectoras, por elementales razones de legalidad y seguridad jurídica, exigen estar sometidas en su aplicación práctica a criterios lo más uniformes posibles, uniformidad que no se resiente con la reforma ya que la resolución de tales expedientes compete en todo caso al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado (art. 63 L.R.C.).
3.º De la redacción del artículo 16.4 de la Ley parece desprenderse la exigencia, igualmente, de un segundo requisito: que la causa de adquisición de la nacionalidad esté sometida a la exigencia legal del juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes (cfr. art. 23,a C.c.), requisito que se desprende implícitamente del hecho de fijarse en el trámite del levantamiento del acta correspondiente el momento procedimental oportuno para formular la solicitud de inscripción en el Registro Civil municipal. No obstante, el hecho de que tal requisito no sea exigible en los supuestos de adquisiciones de nacionalidad por parte de menores que no hayan alcanzado la edad de los catorce años, determinaría con arreglo a una interpretación estricta su exclusión del ámbito del citado artículo 16.4 de la Ley, exclusión cuyo fundamento no se alcanza y que, resultaría, además de discriminatoria, contraria al principio de salvaguardia y protección del superior interés del menor ( Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor), por lo que debe descartarse tal interpretación estricta.
1.º La referencia del inciso final del apartado 5 del artículo 16 de la Ley a la competencia del Registro Civil Central «para todos los demás actos de estado civil que afecten al inscrito» debe entenderse referida sólo a los actos de estado civil no vinculados por conexidad -art. 46 L.R.C.- a la inscripción de nacimiento, es decir, todos los que se han de inscribir en las Secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª del Registro Civil.
Ninguna disposición transitoria se ha incorporado a la Ley 24/2005 respecto de la reforma de los artículos 16 y 18 de la Ley del Registro Civil (vid. disposición transitoria de la citada Ley). A pesar de ello, y en línea con la interpretación acogida por este Centro Directivo respecto del alcance temporal de la reforma introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio, en el artículo 20 de la Ley del Registro Civil, en la citada Instrucción de 31 de octubre de 2005, se debe entender también respecto de la reforma ahora analizada, aplicable por analogía la disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, ya que siendo así que el derecho a solicitar la inscripción de nacimiento y marginal de adopción o de adquisición de la nacionalidad española en el Registro Civil municipal correspondiente al domicilio del interesado se introduce «ex lege» en nuestro Ordenamiento jurídico, con norma de rango legal, por la Ley 24/2005, novedosamente por referencia a la situación legislativa inmediatamente anterior, ello supone que, aplicando analógicamente la citada disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, tal derecho «tendrá efecto desde luego», aunque el hecho -en este caso el nacimiento y la adopción o nacionalización- que lo origine se verificara bajo la legislación anterior.
Este mismo criterio de prudencia es el que inspira este último precepto en materia de competencia para tramitar y resolver expedientes según resulta del último inciso del párrafo primero del artículo 46 del Reglamento del Registro Civil al disponer que «En los Registros municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedientes». Es cierto que la salvedad incorporada a este último inciso podría ser entendido en el sentido no de excluir la competencia de los Juzgados de Paz en esta materia, sino en el de que en tales casos sus facultades no se ejercen por delegación. El problema no se plantea en relación con aquellos expedientes en los que, conforme a la regla general, la competencia para su tramitación y resolución corresponde al Juez Encargado del Registro «donde deba inscribirse la resolución pretendida» (cfr. art. 342 R.R.C.), pues en tales casos actúan por remisión, en virtud de dicha regla de competencia, las limitaciones funcionales que resultan para los Juzgados de Paz del párrafo segundo del artículo 46 del Reglamento antes transcrito. Distinto es el caso en el que se residencia la competencia para la tramitación de los expedientes en «el Registro Municipal del domicilio de cualquiera de los promotores», como sucede en el caso de los expedientes de nacionalidad de la competencia del Ministerio (de Justicia), pues dentro del concepto de «Registro Municipal» se engloban y comprenden tanto los principales como los delegados (cfr. art. 10 L.R.C., disposición transitoria 3.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial y arts. 21, 27 y 42 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial). Sin embargo, desde la Instrucción de 24 de febrero de 1970 de esta Dirección General de los Registros y del Notariado «a los Jueces de Paz», posteriormente confirmada en este punto por la Instrucción de 30 de noviembre de 1989 «sobre funcionamiento de los Registros Civiles municipales tras la transformación de los Juzgados de Distrito», este Centro Directivo viene interpretando restrictivamente las competencias de los Registros Civiles delegados a cargo de los Jueces de Paz en materia de expedientes registrales entendiendo que «no están facultados para resolver expedientes», con las dos únicas excepciones que establece el Reglamento en cuanto al expediente previo al matrimonio (art. 239 R.R.C.) y al de fe de vida o estado (art. 364 R.R.C.).

References: artículo 20
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 46
 resolución 
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 artículo 46