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Timestamp: 2019-05-23 05:56:05+00:00

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STC 76/2007, 16 de Abril de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 27580831
STC 76/2007, 16 de Abril de 2007
Número de Recurso: 4984-2004
Recurso de amparo 4984-2004. Promovido por don M.M. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Murcia que le condenaron por un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: prueba de cargo de la identidad de los autores y los elementos del tipo delictivo; aplicación de la ley penal; falta de motivación de la pena impuesta; motivación del acuerdo sobre la ejecución de una pena de prisión, cuya suspensión no puede denegarse por ejercer los derechos a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (STC 75/2007).
Sentencia citada en: 1038 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
STC 76/2007, de 16 de abril de 2007
En el recurso de amparo núm. 4984-2004, promovido por don M.M., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Rujas Martín y defendido por el Abogado don José Navarro Valcárcel, contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia de 20 de octubre de 2003, juicio oral núm. 194-2003, que le condenó como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, y contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de julio de 2004, rollo de apelación núm. 29-2004, que desestimó el recurso de apelación. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 28 de julio de 2004, don M.M., asistido por el Letrado don José Navarro Valcárcel anunció su voluntad de recurrir en amparo las Sentencias indicadas en el encabezamiento, solicitando al propio tiempo la designación de Procurador de oficio, dado que el Letrado que le asistió en la vía judicial previa aceptó defenderle gratuitamente en amparo.
Mediante escrito registrado el 1 de diciembre de 2004 se presentó el recurso de amparo, turnado a esta Sala con el núm. 4984-2004, de don M.M. por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Rujas Martín y defendido por el Abogado don José Navarro Valcárcel, contra las Sentencias ya citadas.
Por Sentencia de 20 de octubre de 2003 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia dictada en el juicio oral núm. 194-2003 se condenó al recurrente, junto con don José García López, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa, a la pena de diez meses de prisión a cada uno y a la indemnización por responsabilidad civil que se determinase en ejecución de sentencia, con imposición de las costas por mitad y denegando el beneficio de la condena condicional.
Dicha Sentencia justifica su convicción probatoria en que “lo que ha quedado perfectamente claro es que José García López y M.M. fuerzan entre los dos la persiana del taller, y mientras que éste se queda fuera vigilando, José García entra en el mismo. Eso está confirmado por el testigo, que además no es un testigo cualquiera que simplemente pasa por allí, sino que se fija especialmente. Da una vuelta para confirmar sus iniciales sospechas, y cuando comprueba que ya han sacado la persiana de sus rieles, llama a la policía, y se espera a que lleguen, observando mientras tanto todo lo que ocurre. Además en el acto del juicio insistió en que no tenía ninguna duda de que las personas que finalmente fueron detenidas, eran las mismas que él había visto forzar la persiana”.
Por último, con relación a la suspensión de la ejecución de la pena, se argumenta que “todo esto sirve también como justificación de la denegación del beneficio de la suspensión de pena... Es un beneficio de concesión facultativa, que —por tanto— puede no concederse. - El art. 80 del CP vigente dice que ‘puede’ concederse atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto... Pues bien, la peligrosidad criminal de los acusados, si se les concediera la suspensión de pena, como ellos pretenden, sería altísima, dado que en tal caso prácticamente sería como si se les absolviera: no tendrían que cumplir pena alguna, ni pagar ninguna multa. Evidentemente en este caso los acusados se llevarían la impresión de que estos hechos se pueden cometer sin problemas, que no tienen sanción alguna, y ello quizá les llevaría a repetirlos, dado que además ni siquiera les aparecerían los antecedentes penales... - Pero es que hay muchos otros elementos que nos hacen optar también por la denegación de este beneficio... Para ser merecedor de este beneficio, al menos este juzgador entiende, hay que ganárselo, hay que merecerlo, hay que demostrar un cierto arrepentimiento, alguna forma de colaborar con la Administración de Justicia, que está gastando mucho tiempo y dinero”
Presentado escrito de apelación por ambos condenados y escrito de adhesión del otro condenado al recurso del aquí demandante de amparo, los recursos fueron desestimados mediante Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de julio de 2004, rollo de apelación núm. 29-2004. Por lo que respecta a los motivos referidos a la presunción de inocencia y valoración de la prueba, los rechazó en el fundamento de Derecho tercero al estimar fundada la convicción probatoria alcanzada en la resolución impugnada sobre la base de la declaración de un testigo que gozaba de proximidad espacial y temporal respecto de los hechos, concordante con las manifestaciones de los policías locales que intervinieron en la detención.
Por último, en lo que se refiere a la pena impuesta, a su suspensión y a la determinación de la responsabilidad civil, la confirmación de la Sentencia apelada se justifica en el fundamento de Derecho sexto en que “el artículo 62 del Código Penal permite imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en la ley para los delitos consumados... siendo facultativa la inferior en dos grados que en este caso ha sido correctamente determinada por el Juzgador al imponer la pena de diez meses de prisión a cada uno de ellos, que tras advertir la peligrosidad de los acusados, razonada en la Sentencia, excluye la suspensión de la ejecución de la condena de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del Código Penal. - En otro orden, es evidente que la responsabilidad civil no podría ser eludida por imperativo del artículo 116.1 del Código Penal, sin inconveniente alguno en diferir su determinación en ejecución de Sentencia, donde las partes pueden aportar cuantas pruebas justifiquen el importe de los daños causados al perjudicado”.
Después de la presentación del recurso de amparo ambos condenados solicitaron ante la jurisdicción penal la suspensión de la pena impuesta y su sustitución por pena de multa, acordándose por Auto del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia de 19 de noviembre de 2004 la sustitución de la pena impuesta a ambos condenados de diez meses de prisión por la de veinte meses multa, con cuota diaria de 4 euros, con un total de 2.400 euros, y rechazándose la suspensión, con base en que sobre ello ya se pronunció la Sentencia dictada, que fue confirmada por la Audiencia Provincial. Dicho Auto fue confirmado igualmente en apelación por Auto de la Sección Segunda de la Audiencia de 31 de marzo de 2005. Con fechas 2 de diciembre de 2004, 28 de febrero y 20 de mayo de 2005 se efectuaron por el recurrente tres ingresos de 800 euros cada uno, acordándose el archivo de la ejecutoria por providencia de 4 de julio de 2005.
En la demanda de amparo se alegan distintas vulneraciones. En primer lugar, se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por insuficiencia e ilógica valoración de la prueba, especialmente respecto del elemento intencional del tipo y respecto del carácter completo de la tentativa, cuestión esta última que relaciona con el principio de legalidad penal, por considerar que la tentativa fue incompleta y que procedía rebajar la pena en dos grados. En segundo lugar, se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su doble vertiente de derecho a una resolución fundada y motivada en derecho, y de congruencia. Por un lado, se considera insuficiente e inadecuada la argumentación esgrimida para justificar el rechazo de la imposición de la pena mínima y de la suspensión de la ejecución de la pena impuesta, así como para la fijación de la responsabilidad civil en la Sentencia. Así mismo, en el caso de la Sentencia de primera instancia, se aduce la ausencia de motivación respecto del tipo de tentativa en el que subsumió el grado de ejecución alcanzado. Por otro lado, se estima producida incongruencia omisiva de la Sentencia de segunda instancia al no responder al fundamento del recurso de apelación relativo a la nulidad del procedimiento seguido para resolver sobre la suspensión. En tercer lugar, se considera lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) respecto del procedimiento seguido para resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena, ya que el pronunciamiento se produjo antes de que se dictara sentencia firme y sin que mediara solicitud de parte, forzando a discutir sobre el particular en apelación y alterando el régimen de recursos procedentes. En cuarto lugar, se denuncia la vulneración del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 CE), pues la no imposición de la pena en su grado mínimo se justificó en el ejercicio de estos derechos fundamentales por los acusados.
Por providencia de la Sección Primera de este Tribunal de fecha 11 de enero de 2006, se acordó admitir a trámite la demanda y, en virtud de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia y al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia, para que remitieran respectivamente testimonio del rollo de apelación núm. 29-2004 y del juicio oral núm. 194-2003, así como para que emplazaran a quienes fueron parte en el procedimiento, con excepción del demandante de amparo, a fin de que pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso constitucional.
Por providencia de la misma fecha la Sección acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión, que mediante ATC 95/2006, de 27 de marzo, se declaró extinguido por desaparición de su objeto, al haberse abonado ya el importe de la pena de multa sustitutiva de la pena privativa de libertad originariamente impuesta.
Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de fecha 2 de junio de 2006 se tuvo por recibidos los testimonios solicitados y el escrito presentado por la Procuradora Raquel Rujas Martín relativo a la acumulación al recurso de amparo núm. 4774-2004, dándoseles vista de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes. Así mismo, conforme al art. 83 LOTC, se confirió un plazo de diez días comprendido en el anterior al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que pudieran alegar lo que estimasen oportuno respecto de la acumulación al recurso de amparo núm. 4774-2004 solicitada por el recurrente.
Por ATC 419/2006, de 20 de noviembre, se acordó denegar la acumulación de los recursos de amparo 4774-2004 y 4984-2004, sin perjuicio de su señalamiento para el mismo día.
Por escrito de 5 de julio de 2006 el recurrente en amparo se ratificó en las alegaciones efectuadas en su escrito de demanda.
Mediante escrito registrado el 10 de julio de 2006, el Ministerio Fiscal realizó sus alegaciones. Por una parte, rechaza la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por considerar que existe prueba de cargo válida para desvirtuarla, al existir un testigo presencial de los hechos, cuyo testimonio es corroborado por el de varios agentes de la autoridad que se personaron con inmediación en el lugar de la ocurrencia. Considerando que el ánimo de lucro también resulta acreditado al tratarse de una inferencia que no puede tildarse de ilógica o de excesivamente abierta o débil, porque deducir el ánimo de apoderamiento del forzamiento de una persiana metálica que protegía la puerta de un establecimiento y de la penetración en su interior se acomoda a las máximas de experiencia. Por lo demás, respecto de la alegación, relacionada por el recurrente con el principio de legalidad, relativa a que no se ha acreditado la realización de todos los actos que objetivamente deberían producir el resultado, señala que se trata de una mera discrepancia con la valoración jurídica del factum acreditado, ajena al derecho a la presunción de inocencia, sin que pueda apreciarse tampoco vulneración del principio de legalidad penal, pues la conceptuación de los hechos como constitutivos de una tentativa acabada, al entender que los acusados habían realizado todos los actos encaminados al apoderamiento, se ajusta a los parámetros jurisprudenciales y doctrinales existentes; sin que, por lo demás, la distinción entre tentativa acabada e inacabada tenga la trascendencia penológica afirmada en el Código penal de 1995.
Tal como ya se ha expuesto con mayor extensión en los antecedentes, en este proceso de amparo se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en sí mismo y en relación con el principio de legalidad penal (art. 25. 1 CE), del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y de los derechos a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 CE), lesiones que se atribuyen a la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia de 20 de octubre de 2003 y a la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de julio de 2004, que condenaron al recurrente, junto con otro, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa a pena de diez meses de prisión, y rechazaron la suspensión de la ejecución de la pena en ellas impuesta.
El Ministerio Fiscal aduce la concurrencia de causa de inadmisión respecto de dos de las quejas formuladas por el demandante. Por una parte, en cuanto a la de incongruencia omisiva de la Sentencia de apelación, fundada en que ésta no respondió al motivo del recurso relativo a la nulidad del procedimiento seguido para resolver sobre la suspensión, a la que debe reconducirse igualmente la alegación relativa a que la Audiencia no se pronunció sobre los motivos del recurso referentes a la vulneración de otros derechos fundamentales (legalidad penal, a no confesarse culpable y a un proceso público con todas las garantías), el Ministerio público señala que concurre causa de inadmisión derivada de la falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haber denunciado el demandante ante la jurisdicción ordinaria la incongruencia omisiva aquí planteada mediante incidente de nulidad de actuaciones —art. 44.1 a) LOTC.
Entrando ya en el análisis de fondo de las pretensiones formuladas por el recurrente, es de indicar que se alega, ante todo, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por insuficiencia e ilógica valoración de la prueba, dado que considera que no ha resultado acreditado que el acusado participara en la fractura de la persiana que franqueaba el acceso al taller de motos, ni que concurriera ánimo de lucro, ni que los acusados realizaran todos los actos que objetivamente deberían conducir al resultado, última cuestión que relaciona con el principio de legalidad penal, por considerar que la tentativa fue incompleta y que procedía rebajar la pena en dos grados. Así mismo, considera vulnerado por la Sentencia de instancia el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) ante la ausencia de motivación en aquélla respecto del tipo de tentativa en el que subsumió el grado de ejecución alcanzado.
Asimismo, como advierte el Ministerio público, la alegación relacionada por el recurrente con el principio de legalidad, relativa a que no se ha acreditado la realización de todos los actos que objetivamente deberían producir el resultado, se trata de una mera discrepancia del demandante con la valoración jurídica del factum acreditado, ajena al derecho a la presunción de inocencia, sin que pueda apreciarse tampoco vulneración del principio de legalidad penal, pues la conceptuación de los hechos como constitutivos de una tentativa acabada, al entender que los acusados habían realizado todos los actos encaminados al apoderamiento, se ajusta a los parámetros hermenéuticos existentes.
Debe rechazarse igualmente la queja de vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) respecto del procedimiento seguido para resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena, basada por el recurrente en que el pronunciamiento se produjo antes de que se dictara Sentencia firme y sin que mediara solicitud de parte, ni audiencia previa, forzando con manifiesta indefensión a discutir sobre el particular en apelación. Ciertamente el motivo relativo a la imposibilidad de alegar, de ser cierto puede en sí mismo ser determinante de indefensión, dado que la ley requiere que el pronunciamiento sobre la suspensión de la ejecución se emita una vez declarada la firmeza de la Sentencia (art. 82 CP) y con audiencia previa (art. 80.2 CP), pero en este caso a falta de mayor desarrollo argumental no se vislumbra la relevancia constitucional que pueda presentar la irregularidad procedimental efectivamente producida, pues el demandante no ha atendido la carga que sobre él pesa toda vez que quien impetra el amparo constitucional, no solamente ha de abrir la vía para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre las vulneraciones de la Constitución que se aleguen, sino que además ha de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente cabe esperar, y que se integra en el deber de colaborar con la jurisdicción constitucional, sin que le corresponda a este Tribunal suplir los razonamientos de las partes, ni reconstruir la demanda de oficio cuando el demandante ha desatendido la carga de argumentación que pesa sobre él (SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ 1, y 226/2002, de 9 de diciembre, FJ 2, y ATC 181/2001, de 2 de julio, FJ 2, entre otras).
Por lo que respecta a la queja de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en sí mismo considerado, así como en relación con los derechos a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 CE), debe señalarse, ante todo, que el recurrente alega que no se expresaron las razones que justificaban no determinar ni cuantificar el daño producido en la Sentencia, posponiéndolo a la fase de ejecución. Sin embargo, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, aquél se limita a sostener una concreta interpretación de la legalidad procesal ordinaria, pero sin que aduzca ni derive de la motivación de las resoluciones impugnadas la producción de indefensión de ninguna índole para aceptar o discutir la tasación pericial. En este sentido es de recordar que, conforme a la doctrina de este Tribunal, no toda irregularidad procesal o infracción de normas procesales tiene relevancia constitucional, sino en cuanto genere una verdadera indefensión material (STC 37/2003, de 25 de febrero, FJ 5, entre otras), de modo que la vulneración de las normas procesales lleve consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (STC 59/1998, de 16 de marzo, FJ 2). Por el contrario, en el presente caso, aun en el supuesto de que se hubiera producido la irregularidad procesal denunciada, ninguna lesión del derecho de defensa se produjo según se infiere de la motivación de la Sentencia de apelación, que no apreció la existencia de inconveniente alguno en diferir la determinación de la responsabilidad civil a la fase de ejecución de sentencia, ya que en dicha fase las partes podrían alegar y probar lo que estimasen conveniente en orden a la justificación del importe de los daños causados al perjudicado.
Por otra parte, respecto a la quejas de vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), producidas al individualizar la pena y al denegar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, se fundan en que se resuelve sobre dichas cuestiones sin atender a los criterios legalmente establecidos al respecto y basándose en el hecho de haberse ejercido los derechos constitucionales a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 CE).
Por otro lado, por lo que se refiere a la motivación de la denegación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, como sintetiza la reciente STC 320/2006, de 15 de noviembre, FJ 4, respecto “al canon reforzado de motivación imperante en materia de suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad existe ya una doctrina consolidada, que sustancialmente puede sintetizarse en dos consideraciones de signo contrario. Por un lado, en sentido negativo, se ha rechazado reiteradamente que la simple referencia al carácter discrecional de la decisión del órgano judicial constituya motivación suficiente del ejercicio de dicha facultad, en el entendimiento de que ‘la facultad legalmente atribuida a un órgano judicial para que adopte con carácter discrecional una decisión en un sentido o en otro no constituye por sí misma justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente a la exigencia de que tal resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a un control posterior de la misma’ (SSTC 224/1992, de 14 de diciembre, FJ 3; 115/1997, de 16 de junio, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; y 202/2004, de 15 de diciembre, FJ 3, entre otras). Por otro lado, ya en sentido positivo, se ha especificado que el deber de fundamentación de estas resoluciones judiciales requiere la ponderación de las circunstancias individuales del penado, así como de los valores y bienes jurídicos comprometidos en la decisión, teniendo en cuenta la finalidad principal de la institución, la reeducación y reinserción social, y las otras finalidades, de prevención general, que legitiman la pena privativa de libertad (por todas SSTC 25/2000, de 31 de enero, FFJJ 4 y 7; 8/2001, de 15 de enero, FJ 3; 163/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; y 202/2004, de 15 de diciembre, FJ 3)”.
Y la conclusión que de todo ello deriva es que las Sentencias impugnadas al motivar de la forma que lo hicieron la decisión adoptada en orden a la individualización de la pena y a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable en los términos antes expresados, siendo por tanto procedente el pronunciamiento previsto en el art. 53 a) LOTC.
Otorgar el amparo solicitado por don M.M. y, en su virtud:
Reconocer sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE).
Anular las Sentencias del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Murcia de 20 de octubre de 2003 y la de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la misma ciudad de 9 de julio de 2004.
Retrotraer las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la primera de dichas Sentencias, a fin de que se dicte la procedente con respeto a los derechos fundamentales reconocidos.
STS 1/2009, 16 de Junio de 2009
STSJ Comunidad de Madrid 731/2007, 13 de Noviembre de 2007
STSJ Castilla-La Mancha 874/2006, 25 de Mayo de 2006
STSJ Comunidad Valenciana 349/2013, 16 de Abril de 2013
ATC 465/1985, 10 de Julio de 1985

References: resolución 
 artículo 62
 artículo 80
 artículo 116
 resolución 
 resolución