Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-488-09.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:15:09+00:00

Document:
C-488-09
Considera la Sala que la diferente dosificación punitiva que prevé el artículo 101 del Código Penal, entre el genocidio cometido mediante matanza y el cometido mediante otras conductas (lesión grave a la integridad física o mental, embarazo forzoso, sometimiento de los miembros del grupo, medidas para impedir nacimientos o traslado de niños), responde al ejercicio razonable y proporcionado de la libertad de configuración del legislador en esta materia, aún cuando es claro que el delito de genocidio constituye en sí mismo un crimen de extrema gravedad, nada obsta para que el Legislador haya preferido adoptar un tratamiento punitivo disímil teniendo en cuenta que por su naturaleza el genocidio es un delito pluriofensivo capaz de atentar de manera simultánea contra diversos bienes jurídicos
Si bien es cierto que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad tienen la misma jerarquía que los preceptos de la Carta Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al ordenamiento jurídico. Es así como en tratándose de tratados, su incorporación al bloque de constitucionalidad, tiene dos vías: (i) La primera la “integración normativa” en virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 93 de la Constitución, requiriéndose para ello, que un tratado ratificado por Colombia reconozca derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción. Desde esta perspectiva su incorporación es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma expresa en la Carta. (ii) La segunda forma de incorporación de tratados al bloque de constitucionalidad es como “referente interpretativo” y opera al amparo del inciso segundo del artículo 93 de la Carta. En este sentido la jurisprudencia ha reconocido que algunos tratados de derechos humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación diferente; es decir, no como referentes normativos directos sino como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna.
En el ámbito del derecho penal las normas del bloque de constitucionalidad pueden cumplir una función diferente respecto de la libertad de configuración del Legislador. En algunos casos los tratados de derechos humanos tendrán un rol normativo integrador, mientras en otros cumplirán una función básicamente interpretativa. La función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una función integradora -provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores-
De acuerdo con las normas de derecho penal internacional y la jurisprudencia de esta Corporación, uno de los elementos estructurales del tipo penal de genocidio es la existencia de un dolo especial (dolus specialis), que supone que la afectación de las víctimas se haga con la intención de destrucción del grupo como tal, esto es, que ello ocurra precisamente por razón de su pertenencia al mismo, por lo que la Corte considera que la expresión “por razón de su pertenencia al mismo”, del artículo 101 del Código Penal, representa en realidad un ingrediente normativo subjetivo que reafirma la esencia de tipo penal de genocidio según los instrumentos de derechos internacional. Así, la norma realza la necesidad de que exista un vínculo entre la agresión y el propósito o intención de destrucción del grupo protegido, que no puede ser otro que el ataque se deba a la pertenencia de la víctima al grupo nacional, étnico, racial, religioso o (en el caso colombiano) político, ante la finalidad central de destruirlo.
Si bien las normas que se integran al bloque de constitucionalidad implican la obligación de consagrar medidas eficaces para prevenir y sancionar el genocidio, lo cierto es que de ellas no se deriva el deber del Estado Colombiano de fijar la misma pena para cada una de las conductas que puedan ser constitutivas de genocidio, sino una prohibición de protección deficiente y no puede afirmarse que las normas de la legislación interna ofrezcan una protección deficiente en comparación con los estándares internacionales. De ahí que la diferente dosificación punitiva que prevé el artículo 101 del Código Penal, entre el genocidio cometido mediante matanza y el cometido mediante otras conductas (lesión grave a la integridad física o mental, embarazo forzoso, sometimiento de los miembros del grupo, medidas para impedir nacimientos o traslado de niños), responde al ejercicio razonable y proporcionado de la libertad de configuración del legislador en materia criminal, en tanto reprende como más severidad aquellas conductas que afectan en grado sumo el derecho a la vida como bien jurídico del cual depende el ejercicio de cualquier otro derecho.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha demanda en forma parcial el artículo 101 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”.
En este sentido, advierte que si bien el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia penal, no cumplió con la obligación de tipificar el delito de genocidio siguiendo los estándares internacionales, particularmente el artículo 3º de la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio y el artículo 6º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, según los cuales se entiende por genocidio cualquiera de los actos allí señalados, “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
“En el caso del derecho penal colombiano, el legislador contempló, junto al propósito de destruir total o parcialmente un grupo humano, un elemento subjetivo que no consagra, como elemento, ni la Convención contra el Genocidio ni el Estatuto de Roma. Como el principio de legalidad es una garantía orientada, en materia de genocidio, a la protección de los derechos de las víctimas, constituye una vulneración de tal garantía el que el legislador reduzca, mediante una medida legislativa, dicho umbral de protección internacional agregando un elemento que hace aún más difícil la prueba del delito”.
En escrito allegado con posterioridad, el demandante remitió a la Corte transcripciones libres de algunos apartes de las actas de la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, referentes a las discusiones previas a la aprobación de la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de 1948, las cuales, en su sentir, dejan ver que el “móvil” del genocidio fue excluido porque de otro modo los responsables podrían evadir el castigo penal.
Según su criterio, el aparte acusado lejos de desconocer la normativa internacional reafirma la naturaleza del delito de genocidio y evita un conflicto hermenéutico de adecuación típica, “al definir con claridad el elemento volitivo del agente más allá del simple resultado”, como una garantía del principio de tipicidad inequívoca, derivado de la garantía constitucional de legalidad. De lo contrario, añade, se podría llegar al absurdo de penalizar por genocidio un homicidio simple, cuando no media intención alguna de atentar contra la víctima por razón de su pertenencia al grupo.
Los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Mauricio Albarracín Caballero y Juan Camilo Rivera Rugeles intervienen en representación de la Comisión Colombiana de Juristas para solicitar a la Corte que declare exequible la expresión “por razón de su pertenencia al grupo”, e inexequible la expresión acusada del inciso segundo del artículo 101 del Código Penal.
Antes de abordar el examen de fondo de las disposiciones acusadas, los ciudadanos ofrecen una breve reseña sobre el marco normativo e interpretativo para ejercer el control constitucional. De esta manera, insisten en la integración a la Carta Política de normas de derecho internacional a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Apoyados en la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-578 de 2002 y C-148 de 2005), precisan que la libertad de configuración del legislador en materia penal encuentra sus límites en dichos instrumentos, que en este caso particular son la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el documento conocido como “Elementos de los crímenes”, donde los Estados partes del Estatuto de Roma especificaron el contenido de los delitos allí consagrados.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4745, radicado el treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009), solicita a la Corte declarar exequible la expresión “por razón de su pertenencia al grupo” del inciso primero del artículo 101 del Código Penal, e inexequible la expresión demandada del inciso segundo del mismo artículo.
A juicio del Procurador, como los estándares internacionales no ofrecen tratamientos favorables a unos genocidios sobre otros, “el Legislador vulneró el bloque de constitucionalidad al dosificar la pena en forma distinta cuando el genocida implementa prácticas fuertemente eficaces para la destrucción del grupo, total o parcialmente, pero que no ejecuta el genocidio físico. Situación que sin duda resulta inaceptable de cara al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano”. En consecuencia, solicita a la Corte declarar inexequible la expresión acusada del inciso 2º del artículo 101 del Código Penal.
(ii) La segunda forma de incorporación de tratados al bloque de constitucionalidad es como “referente interpretativo” y opera al amparo del inciso segundo del artículo 93 de la Carta[13]. En este sentido la jurisprudencia ha reconocido que algunos tratados de derechos humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación diferente; es decir, no como referentes normativos directos sino “como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna”[14]. Al respecto, en la Sentencia C-067 de 2003, que examinó una norma del código disciplinario relacionada con la aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos, esta Corporación explicó lo siguiente:
4.4.- Para el caso específico de la regulación en materia penal esta Corporación ha indicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa en el diseño de la política criminal del Estado, “no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales, los derechos fundamentales y (…) las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (art. 93 CP)”[19].
No obstante lo anterior, observa la Corte que, por un lado, tanto el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, como la garantía del non bis in ídem, están previstos de manera expresa en la Constitución y son, por consiguiente, un parámetro obligado del control de constitucionalidad y, por otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, la interpretación de ese derecho y de esa garantía, debe hacerse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia y en particular, para este caso, con lo que sobre la materia se dispone en el Pacto de San José y el PIDCP”. (Resaltado fuera de texto).
Las normas de derecho internacional adoptadas por Colombia en relación con el genocidio son básicamente dos: (i) la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, aprobada en el derecho interno mediante Ley 28 de 1959, y (ii) el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobada por el Congreso mediante Ley 742 de 2002 y declarado exequible por esta Corporación en la Sentencia C-578 de 2002.
Sumado a lo anterior, no puede perderse de vista que la prohibición de genocidio también es una norma relacionada con el Derecho Internacional Humanitario que se integra a la Constitución por la vía del artículo 214-2 Superior, pues la propia Convención sobre Genocidio señala que ese crimen se prohíbe tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra[26]. Es así como esta Corporación ha reconocido que “la prohibición absoluta de genocidio en el curso de un conflicto armado (…) tiene indubitablemente el rango de ius cogens”[27].
Sobre este breve marco, procede la Corte a establecer si los términos de investigación establecidos en la Ley 975/05 respetan los estándares establecidos para garantizar una investigación seria, exhaustiva, diligente y eficaz”. (Resaltado fuera de texto).
“Así, pues, de lo que hasta aquí se ha expuesto, resulta que el tipo penal sobre genocidio que consagró el artículo 322ª. de la Ley 589 del 2000, debe ser interpretado a la luz de los Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución y de acuerdo con los principios y preceptos del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que forman parte del “ius cogens.” (Resaltado fuera de texto).
“En efecto, constata esta Corte que, lejos de adoptar las medidas de adecuación legislativa consonantes con las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano contrajo, en particular, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que según quedó ya expuesto, el Estado Colombiano aprobó mediante la Ley 28 de 1959, las que le exigían tipificar como delito y sancionar severamente las conductas consideradas como crímenes de lesa humanidad, desvirtuó el propósito que con su consagración normativa se perseguía, pues restringió la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político “que actúe dentro de margen de la Ley,” con lo que sacrificó la plena vigencia y la irrestricta protección que, a los señalados derechos, reconocen tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenios Internacionales que lo codifican”. (Resaltado fuera de texto).
“En conclusión, la Corte procederá a declarar la exequibilidad de la expresión “grave” contenida en el numeral 1 del segundo inciso del artículo 101 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el delito de genocidio por cuanto en ese caso frente a dicho delito autónomo i) no se desconocen las normas internacionales que definen el delito de genocidio -que se contienen en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio y en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional- ii) ni se desprotegen los bienes jurídicos que se pretenden amparar con el referido delito, iii) ni resultan aplicables en materia penal los mismos criterios que fundamentan la imposición de sanciones en materia disciplinaria.
Por el contrario la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “graves” contenida en el artículo 137 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el delito de tortura en persona protegida y 178 de la misma ley que tipifica el delito de tortura por cuanto i) con ella se vulnera claramente la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y consecuentemente el artículo 93 superior y por cuanto ii) el artículo 12 constitucional no hace ninguna distinción sobre la prohibición de la tortura que se fundamenta además en el respeto de la dignidad humana (art. 1 C.P.)”. (Resaltado fuera de texto).
La reseña jurisprudencial expuesta conduce a la Corte a concluir que tanto (i) la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, como (ii) el artículo 6º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que coincide con aquélla, se incorporan al bloque de constitucionalidad a efecto del control que debe adelantar esta Corporación. En consecuencia, la libertad de configuración del Legislador en la regulación del genocidio está limitada por el deber de armonizar la normatividad interna con los parámetros internacionales allí fijados.
6.1.1.- La utilización del término “genocidio” se debe al jurista polaco-judío Raphaël Lemkin, quien en 1944 introdujo este neologismo -en aquel entonces- al unir la palabra griega “genos” (raza) y el sufijo latino “cide” (matar), para definir en una categoría especial los más graves crímenes contra la humanidad, especialmente durante la segunda guerra mundial.
Luego de que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg dictó sus primeros fallos, la Asamblea General de las Naciones Unidas –acogiendo el término propuesto por Lemkin- aprobó la Resolución 96 del 11 de diciembre de 1946 y declaró al genocidio como un “crimen del derecho internacional que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cómplices, deberán ser castigados”, en tanto supone “una negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, de la misma manera que el homicidio es la negación a un individuo humano del derecho a vivir”. Desde entonces el Genocidio dejó de pertenecer a la categoría de crímenes contra la humanidad para adquirir contenido como categoría propia[34].
Sin embargo, el primer instrumento de derecho internacional que reconoció jurídicamente el crimen de genocidio y la obligación de reprimirlo penalmente fue la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas mediante la Resolución 260ª del 9 de diciembre de 1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951[35]. Entre otras normas de la Convención, en el artículo I las partes contratantes “confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar”; el artículo II consagra la primera definición normativa de genocidio (sobre la que luego volverá la Corte); el artículo V estipula el deber de los estados partes de castigar penalmente a los responsables de genocidio o de cualquier otro de los actos allí consagrados; y el artículo VII prevé el juzgamiento por cada Estado “o ante la Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción”.
- En el caso de los tribunales nacionales se destaca, por ejemplo, el juicio seguido en Israel contra Adolph Eichman por sus actos durante la segunda guerra mundial, quien en 1961 fue condenado a muerte por el genocidio contra el pueblo judío bajo la idea de que “aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen delicta iuris gentium”[40].
- Así mismo, en el año 2007, la Corte Internacional de Justicia de la Haya tuvo ocasión de referirse al alcance de este crimen en el marco de la Convención para prevenir y sancionar el Genocidio, en un asunto sobre el que luego se hará referencia puntual[44].
6.2.- El deber de tipificación de acuerdo con las principales estructuras de imputación. La “pertenencia” al grupo y su relación con el delito de genocidio en la normatividad internacional
6.2.1.- El Genocidio ha sido considerado como el “crimen de crímenes”[45], en tanto no sólo representa una aleve afrenta a la vida y la integridad física de los miembros de un grupo, sino que en últimas niega la existencia misma de la humanidad. En cuanto a su tipificación, la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio lo configuró en los siguientes términos:
“Artículo 6.- Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
(ii) El elemento subjetivo (mens rea), que comprende tanto el dolo en general como la intención especial de destrucción del grupo protegido (dolus specialis), lo que guarda relación directa con el ataque a las víctimas por razón de su pertenencia al mismo. En este sentido, desde la conceptualización del crimen de genocidio propuesta por Lemkin, siempre se ha considerado que el ataque a los miembros del grupo se hace “por el sólo hecho de pertenecer al grupo” y con la intención de su destrucción total o parcial. De acuerdo con este jurista:
“Artículo 101. Genocidio. “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses.
370. A la luz de la revisión de la evidencia existente anteriormente y con respecto de las atrocidades cometidas en Bosnia y Herzegovina en el lapso de tiempo comprendido entre 1991 – 1995, la Corte ha concluido que, a excepción de los eventos de Julio de 1995 en Srebrenica, la intención necesaria requerida para que se constituya el genocidio no ha sido demostrada de forma concluyente en relación con cada incidente específico. Sin embargo, el Demandante se basa en la supuesta existencia de un plan para cometer genocidio, indicado por un patrón de actos genocidas o potencialmente genocidas cometidos a lo largo y ancho de todo el territorio, contra las personas identificadas en todo el mundo y en cada caso sobre la base de su pertenencia a un determinado grupo”[60]. (Resaltado fuera de texto).
521. Más precisamente, para que cualquiera de los actos del artículo 2(2) del Estatuto sea elemento constitutivo de genocidio, debe haberse cometido contra uno o varios individuos, porque éste o estos individuos eran miembros de un grupo específico, y debido a su pertenencia al grupo. Por lo tanto, la víctima no es escogida por su identidad individual, sino a causa de su pertenencia a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La víctima del acto es un miembro del grupo, elegido como tal, lo que significa finalmente que la víctima del crimen de genocidio es el propio grupo y no solamente el individuo[61]”.[62] (Resaltado fuera de texto).
“124. Todo esto prueba, en opinión de la Sala que el objetivo era un grupo bien particular, el grupo étnico tutsi. Es claro que las víctimas no fueron elegidas debido a su identidad personal, sino a su pertenencia a tal grupo. Las víctimas fueron en definitiva elegidas como miembros del grupo como tal. Según Alison Desforges, en su testimonio, se asesinaba a los tutsi por el único hecho de haber nacido tutsi”[63]. (Resaltado fuera de texto).
En el caso Jelisic (1999) el Tribunal advirtió que la intención específica que caracteriza el genocidio es la selección de las víctimas en cuanto sean parte del grupo cuya destrucción se pretende, de modo que la pertenencia del individuo al grupo “es el criterio decisivo para la determinar las víctimas inmediatas del crimen de genocidio”. Ello sirvió de base para absolver al procesado de la comisión de ese delito, pues aunque mató arbitrariamente no se probó el dolo especial relacionado con la escogencia de la víctima por razón de su pertenencia al grupo con la clara intención de destruirlo. Sostuvo al respecto:
“561. En este caso, la Fiscalía y la Defensa, concuerdan en la creencia que las víctimas de genocidio deben ser el blanco en razón de su pertenencia a un grupo determinado. Ésta es la única interpretación que coincide con la intención que caracteriza el crimen del genocidio. La intención de destruir a un grupo como tal, en todo o en parte, presupone que las víctimas fueron escogidas en razón de su pertenencia al grupo cuya destrucción se solicitó.
670. Como se mencionó anteriormente, la Sala de Primera Instancia resalta que la intención específica debe ser destruir al grupo como una entidad separada y distinta”[68]. (Subrayado no original)
La Sala estima necesario insistir en que la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio no establece una pena mínima por la comisión de este delito. Y frente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que contempla como penas la reclusión que no exceda de 30 años o la reclusión a perpetuidad (cuando así lo justifican la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del responsable), debe tenerse en cuenta que el Acto Legislativo 2 de 2001 autorizó expresamente un tratamiento desigual para los crímenes de competencia de la Corte, de manera que esa norma “no faculta a las autoridades nacionales a aplicar este tipo de pena cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma”[71].
“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho penal contemporáneo tienen su lugar común en la noción de bien jurídico protegido. De acuerdo con esto, el proyecto prevé, en relación con el delito de genocidio, diferenciar dos categorías de sanciones: una, la que castiga los atentados homicidas contra los miembros de los grupos protegidos, y otra, la que castiga actos diferentes sobre la base de que los primeros deben ser sancionados con una pena mayor”[72]. (Resaltado fuera de texto).
Así pues, la imposición de penas diferentes a conductas también diferentes se ha realizado “en el marco de la política criminal”[73], teniendo en cuenta “una valoración objetiva de elementos tales como la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, [así como] la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social”[74]. Desde esta perspectiva, la regulación punitiva prevista en la norma se ajusta a los límites de razonabilidad y proporcionalidad trazados por la jurisprudencia de esta Corporación, en tanto reprende con más severidad aquellas conductas que afectan en grado sumo el derecho a la vida como bien jurídico del cual depende el ejercicio de cualquier otro derecho.
[13] “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. (Art.93-2 CP).
[28] “Artículo 93.- (…) El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”.
[31] “De hecho, el genocidio se encuentra a lo largo de la humanidad en diferentes y numerosos episodios que se remontan varios siglos antes de Cristo. Sólo, a manera de ejemplo, merece mención la persecución de los judíos por parte de los reyes asirios en el siglo VII antes de Cristo, momento en el cual se destruyó Samaria, extinguiendo así a diez tribus israelitas, y las famosas caserías de brujas que tuvieron lugar en Europa en los años 1450-1750, que consistieron en la persecución de mujeres, hecho que se comprueba en que tres cuartos de las víctimas de esa persecución fueron ellas. También conviene recordar el genocidio de armenios a manos de los turcos en 1915-1916, que consistió en el exterminio sistemático de hombres y el traslado forzoso de mujeres, niños y ancianos, entre otros”. Rafael Prieto Sanjuán, et.al., “Akayesu. El primer juicio internacional por genocidio”. Bogotá, Universidad Javeriana – Biblioteca Jurídica Dike, 2006, p.88.
[34] Cfr., Kai Ambos, “Temas de Derecho Penal Internacional y Europeo” (Trad. Martha Donís). Madrid, Marcial Pons, 2006, p.271.
[37] CIJ, Opinión Consultiva del 28 de mayo de 1951, p.21. Esta posición fue reafirmada en la Sentencia del 11 de julio de 1996, en el asunto de la aplicación de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio en el caso Bosnia-Herzegovina c/ Yugoslavia). El texto integral de la Opinión Consultiva se puede consultar en la página oficial de Internet de la Corte Internacional de Justicia: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=90&case=12&code=ppcg&p3=4
[45] Schabas, William, “Genocide in International Law”. Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p.345.
[46] “Artículo 4.- Genocidio. (…) 2. Se entiende como genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal: a) Asesinato de miembros del grupo; b) Graves atentados contra la integridad física o psíquica de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial; d) Medidas para dificultar los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslados forzosos de niños del grupo a otro grupo. 3. Los siguientes actos serán castigados: a) El genocidio; b) La colaboración para la comisión de genocidio; c) La incitación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio”.
[47] “Artículo 2.- Genocidio. 1. El Tribunal Internacional para Ruanda tiene competencia para perseguir a las personas que hayan cometido un genocidio según queda definido dicho crimen en el párrafo 2 del presente artículo, o cualquiera de los actos enumerados en el párrafo 3 del presente artículo. 2. Se entiende como genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal: a) Asesinato de miembros del grupo; b) Graves atentados contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial; d) Medidas para dificultar los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslados forzosos de niños del grupo a otro grupo. 3. Serán castigados los siguientes actos: a) El genocidio; b) La colaboración para la la comisión de genocidio; c) La incitación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio”.
[48] Para una revisión general, cfr. Kai Ambos, “Temas de Derecho Penal Internacional y Europeo” (Trad. Martha Donís). Madrid, Marcial Pons, 2006, p.271 y ss.
[51] Raphaël Lemkin, “Axis Rule in Occupied Europe 79” (1944), citado por Ratner, Steven R y Abrams, Jason. “Accountability for Human Rights Atrocities in International Law”. Beyond the Nuremberg Legacy. Clarendon Press, 1997, páginas 24 y 25. Cfr. Sentencia C-578 de 2002.
[59] “De conformidad con el Estatuto de Roma, así como con la Convención contra el Genocidio, éste crimen requiere un dolo especial, que lo distingue de otros crímenes contra la humanidad. Deberá demostrarse que la persona actuó con la intención de destruir un grupo “en su totalidad o en parte”, lo cual lleva, por ejemplo, a que un acto aislado de violencia racista no constituya genocidio, por ausencia de ese elemento intencional especial. De otro lado, no es necesario que se logre la destrucción completa del grupo, puesto que lo relevante es la intención de obtener ese resultado. Por la misma razón, tampoco se requiere que se realicen acciones de manera sistemática”. Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002.
[61] Al respecto, ver Nehemiah Robinson, “The Genocide Convention. Its Origins as Interpretation”, p. 15, que declaró que las víctimas como individuos “son importantes no per se, aunque si como miembros del grupo al que pertenecen”.
[62] ICTR-96-4-T, Prosecutor vs. Akayesu. Sentencia de Primera Instancia del 2 de septiembre de 1998. Traducción de Rafael Prieto Sanjuán, et.al., “Akayesu. El primer juicio internacional por Genocidio”. Bogotá, Universidad Javeriana – Biblioteca Jurídica Dike, 2006. El texto integral de la Sentencia puede consultarse en la página oficial de Internet del Tribunal: http://www.ictr.org/default.htm
[69] “El genocidio se distingue de otros crímenes, puesto que implica especificidad del dolo o dolus specialis. El dolo específico de un crimen es la intención especial, requerida como elemento constitutivo del crimen, que exige que el criminal haya pretendido causar el resultado imputado. Por lo tanto, el dolo específico del crimen de genocidio reside en “la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. ICTR-96-4-T, Prosecutor vs. Akayesu. Sentencia de Primera instancia del 2 de septiembre de 1998, párr. 498.

References: artículo 101
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 241
 artículo 101
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 214
 artículo 322
 artículo 93
 artículo 101
 artículo 6
 artículo 137
 artículo 93
 artículo 12
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2