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Timestamp: 2018-01-21 12:38:05+00:00

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Nueva Ley de Procedimiento Administrativo común: principales novedades | Notarios y Registradores
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REGULACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
INICIATIVA LEGISLATIVA Y LA POTESTAD REGLAMENTARIA
La primera novedad se encuentra en su ÁMBITO DE APLICACIÓN (Título preliminar)
Así, desde el punto de vista objetivo, si bien la Ley 39/2015 regula, al igual que hacía la anterior Ley 30/1992 los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, a diferencia de la misma, que incluía una serie de Disposiciones Generales en materia de procedimiento administrativo, la nueva regulación incluye un procedimiento administrativo común, y una serie de especialidades para el procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, precisando que solo podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados, mediante ley, de manera motivada, y solo cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento.
También incluye la regulación de los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Desde el punto de vista subjetivo, es aplicable a las Administraciones Públicas territoriales y extiende su aplicación al sector público institucional, y en concreto, a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas, y de forma supletoria a su regulación específica, a las Universidades Públicas y a las Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de funciones públicas.
En cuanto a las novedades respecto de los INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (Título I), se reconoce capacidad de obrar a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
La representación de los interesados podrá acreditarse mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. A tal efecto, las Administraciones territoriales deberán disponer de un registro electrónico general de apoderamientos.
Asimismo, se introducen los sistemas de identificación y firma electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo y la asistencia de las Administraciones Públicas a los mismos en el uso de éstos.
Respecto de la ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Título II Capítulo I), se introduce como novedad, el derecho de las personas físicas a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no,
Pero, en todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:
(i)las personas jurídicas,
(ii)las entidades sin personalidad jurídica,
(iii)quienes ejerzan actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en el ejercicio de dicha actividad, incluidos en este colectivo los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles,
(iv) los representantes de quienes estén obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos y
(v) los empleados públicos en los trámites y actuaciones que realicen actuando con dicha condición.
Cada Administración Pública dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se practicará el correspondiente asiento de todo documento que se presente o reciba en un órgano administrativo, incluso si el documento se presenta de forma presencial.
Se amplía y generaliza el deber de colaboración de los ciudadanos con la Administración, que anteriormente solo era exigible en los casos establecidos en la ley.
En materia de PLAZOS se introducen importantes novedades.
Así, se amplían los motivos de suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar una resolución, supuestos de las letras c) y g) del artículo 22, esto es, cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate y cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional.
Con el fin de evitar dilaciones indebidas, los interesados (artículo 28.2) no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración.
La Ley 39/2015 (Título II Capítulo II) introduce el cómputo de plazos por horas, siendo hábiles todas las horas que formen parte de un día hábil. Y se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso, se expresarán en días.
Se incluyen los sábados como días inhábiles, equiparándose así los plazos administrativos y procesales.
El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso y por lo tanto, será de aplicación a cada registro electrónico el calendario de la localidad donde tenga la sede el órgano correspondiente.
En cuanto a las novedades en materia de NOTIFICACIONES, (Título III Capítulo II) se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía.
No obstante, se pueden practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando la notificación se realice por comparecencia espontánea del interesado ante la Administración o cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa sea necesaria su entrega directa por empleado público.
Por excepción, en ningún caso se efectuarán notificaciones por medios electrónicos cuando el acto que se va a notificar esté acompañado de elementos no susceptibles de conversión en formato electrónico o cuando contengan medios de pago a favor del obligado.
Se reconoce la posibilidad de que el interesado identifique un dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para el envío de avisos, pero no para la práctica de notificaciones. No obstante, la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada válida.
Como novedades en materia de notificaciones en papel,
(i) puede hacerse cargo de una notificación cualquier persona que se encuentre en el domicilio del interesado mayor de 14 años y
(ii) si el primer intento de notificación se ha realizado antes de las 15 horas, el segundo deberá realizarse en hora distinta, dentro de los tres días siguientes después de las 15 horas y viceversa.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, entendiéndose cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en sede electrónica.
Se entenderá rechazada la notificación cuando transcurran 10 días desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.
Se sustituyen las anteriores “Disposiciones Generales” por la REGULACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, (Título IV) manteniéndose en líneas generales la misma tramitación e introduciéndose ciertas especialidades en el procedimiento sancionador y de responsabilidad patrimonial.
Se regula expresamente la denuncia como forma de iniciación del procedimiento administrativo, que deberá expresar la identidad de la persona que la presenta, sin que confiera, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. No obstante, cuando el denunciante haya participado en la comisión de la infracción se le eximirá del cumplimiento de la sanción cuando sea el primero en aportar elementos de prueba, siempre y cuando en el momento de aportarse dichos medios de prueba no se disponga de elementos suficientes para ordenar el procedimiento y se repare el perjuicio causado. Si no concurren las condiciones anteriores, el órgano competente podrá reducir la sanción.
No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificadas como infracción en cuya comisión persista el infractor de forma continuada hasta que no recaiga una primera resolución sancionadora ejecutiva.
Se regula expresamente la suspensión cautelar en vía administrativa de las resoluciones sancionadoras que sean ejecutivas.
Otra novedad relevante es la tramitación simplificada del procedimiento administrativo por razones de interés público o falta de complejidad, que deberá permitir la resolución del procedimiento en treinta días y que no debe ser confundida con la tramitación de urgencia del artículo 33 de esta ley. La tramitación simplificada puede ser acordada de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de que en cualquier momento del procedimiento pueda acordarse su continuación con arreglo a la tramitación ordinaria.
En materia de RECURSOS ADMINISTRATIVOS, (Título V Capítulo II) se introduce como novedad que, en los supuestos en que deba resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa expresa o presunta, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
Se elimina el plazo de tres meses anteriormente previsto para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición frente a actos presuntos, permitiéndose su impugnación en cualquier momento desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Se establecen una serie de previsiones sobre el ejercicio de la INICIATIVA LEGISLATIVA Y LA POTESTAD REGLAMENTARIA (Título VI).
Así, se introducen “principios de buena regulación”, la exigencia a las Administraciones Públicas de evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los referidos principios cuyo resultado se plasmará en un informe que se hará público, publicación anual por parte de las Administraciones Públicas de un Plan Normativo y la participación activa de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.
En relación con el ejercicio de la potestad normativa, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a otros órganos será excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.
En definitiva, el nuevo régimen jurídico introducido por la Ley 39/2015 pretende adaptar la relación de las Administraciones Públicas con los administrados a las nuevas tecnologías y garantizar una mayor agilidad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos administrativos.
RESUMEN DE LA LEY POR MARÍA GARCÍA VALDECASAS
ENTREVISTA A GABRIEL LÓPEZ SAMANES (abogado del estado de la promoción de Andrea)
Puerto de Alicante. Castillo de Santa Bárbara. Por Juan J. Martínez.
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References: artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
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