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Timestamp: 2020-08-15 10:07:43+00:00

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Trece Años en Búsqueda de la Paz - Desde los márgenes
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2004, por Javier Giraldo M. , S.J.
Trece años en búsqueda de paz
1.981 1.994
Hablar hoy de paz en Colombia no es referirse a un concepto puro. Se trata de un término que se ha llenado de densos contenidos históricos y conflictivos. Procesos de paz, comisiones de paz, propuestas de paz, acuerdos de paz, se han multiplicado en los últimos trece años y todos los colombianos hemos ido tomando posiciones frente a ese vocablo gastado y ambiguo que cada vez que toca tierra se aleja tanto de su contenido teórico.
Ante un nuevo Proceso de Paz es bueno mirar en perspectiva lo que ha sido un largo caminar en búsqueda de la paz y hacer algunas reflexiones sobre esa mirada de conjunto. La siguiente cronología se detiene solo en momentos especiales de ese camino, siendo conscientes de que al lado de cada episodio que aquí se reseña hubo numerosísimos pequeños episodios que lo contextuaron.
23.03.81 El Congreso aprueba la Ley 37/81 que concede amnistía a autores de delitos políticos pero solo incluye condicionalmente a detenidos, procesados o condenados, así: 4 meses después de su vigencia, y según los resultados obtenidos "para la recuperación de la paz" (se sobreentiende según el número de combatientes que se entreguen) el gobierno la aplicaría a los presos. Aunque el artículo que la condicionaba fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre/81, la ley fue rechazada por los movimientos insurgentes.
08.10.81 Por sugerencia del ex Presidente Lleras Restrepo, el gobierno de Turbay Ayala crea una COMISION DE PAZ por medio del Decreto 2761/81. La preside el mismo ex Presidente Lleras Restrepo y la conforman: 2 militares, 2 eclesiásticos, 5 juristas y 2 gerentes de institutos estatales. Fruto de esta Comisión fue la reglamentación del artículo 28 de la Constitución, que se había prestado para numerosas detenciones arbitrarias por vía administrativa. La Comisión renunció el 13 de mayo/82.
19.02.82 El Decreto 474/82 ofrece la suspensión, por 30 días, de acciones militares donde haya grupos alzados en armas que quieran acogerse a sus beneficios. Cuando la mayoría de combatientes de esa organización se hayan entregado, les sería aplicada la amnistía a sus respectivos presos. Estas disposiciones no fueron aceptadas por la insurgencia y calificadas por comentaristas como un "sistema de rehenes".
25.06.82 El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares hace circular entre sus mandos el documento: Anexo "A" a la Apreciación de Situación Postelectoral. El documento se anticipa a describir los altos niveles de desprestigio que tendrán que afrontar las fuerzas armadas por la amnistía y el diálogo con la insurgencia que se avecinan; sugiere recursos para mantener en alto la moral de las tropas mediante el convencimiento de la perversidad radical de la insurgencia, de la legitimidad de la represión contrainsurgente y de lo pasajero e inoperante de la amnistía y el diálogo. De antemano le niega toda credibilidad al proceso de paz.
07.08.82 En su discurso de posesión como nuevo Presidente, Belisario Betancur ofrece una "bandera de paz" a los alzados en armas.
19.09.82 El Presidente Betancur crea una nueva Comisión de Paz compuesta por 36 miembros y con representatividad de las diversas fuerzas políticas y sociales. La preside el ex Presidente Lleras Restrepo quien renuncia 6 días después por motivos de salud y por considerarla poco operativa; lo sucede el ex ministro Otto Morales Benítez, quien renuncia el 25 de mayo/83 por descubrir "enemigos de la paz y de la rehabilitación que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno"; lo reemplaza el ex ministro John Agudelo Ríos.
19.11.82 El Congreso aprueba la Ley 35/82 de amnistía general e incondicionada para autores de delitos políticos y conexos, excluyendo solo los homicidios fuera de combate cometidos con sevicia. A esta amnistía se acogieron 976 personas, cerca de la mitad de las cuales fueron excarceladas.
20.11.82 Jaime Bateman y el Comando Superior del M 19 envían una carta al Presidente Betancur, en la cual proponen "para avanzar hacia la paz" un ARMISTICIO. El documento concreta estos puntos: cese al fuego por 6 meses; acordar garantías de cumplimiento del mismo; un diálogo nacional. El cese al fuego implicaría la suspensión de 6 tipos de comportamientos delictivos de las fuerzas armadas. En el Diálogo Nacional participarían 15 estamentos o sectores y buscaría un Acuerdo Nacional sobre: política interna, desarrollo económico y social y política externa.
05.02.83 El Procurador General hace público un informe sobre el grupo paramilitar MAS. Allí denuncia a 59 miembros activos de las fuerzas armadas como integrantes de dicho grupo. El Ministro de Defensa, Gral. Landazábal, indicó que los altos mandos habían acordado que todos los miembros de las fuerzas armadas donaran un día de sueldo para atender a la defensa de los acusados y que los generales de las diversas armas actuarían como sus defensores en los Consejos de Guerra.
23.04.83 Muere en oscuras circunstancias el líder del M 19, Jaime Bateman. Pocos días antes había puesto fin a la tregua.
16.01.84 El Ministro de Defensa, Gral. Landazábal, en una entrevista televisada desautoriza toda la política de paz del gobierno y afirma que no será acatada por las fuerzas armadas; propone cambiarla por una política de guerra total contra la insurgencia, para lo cual están preparadas las fuerzas armadas. Esto motiva el que sea "llamado a calificar servicios".
28.03.84 Se firma el Acuerdo entre la Comisión de Paz y las FARC, ratificado luego por el gobierno. El texto del Acuerdo contiene 11 puntos: cese de fuego y de operativos militares desde el 28 de marzo por parte de las FARC, el cual será indefinido si el gobierno ordena lo mismo a los militares; Las FARC condenan el secuestro, la extorsión y el terrorismo; habrá una Comisión de Verificación de la tregua con 9 subcomisiones regionales, pudiéndose reunir la Comisión nacional en cualquiera de 8 sitios allí señalados; cuando dicha Comisión certifique el fin de los enfrentamientos, se iniciará una tregua de un año, durante el cual los combatientes se organizarán política, económica y socialmente y el gobierno les brindará garantías y estímulos pertinentes y restablecerá la normalidad civil en las zonas de conflicto; los combatientes se acogerán a la amnistía y el Plan Nacional de Rehabilitación privilegiará a las víctimas de la violencia; la Comisión de Paz "da fe" de que el gobierno tiene voluntad de realizar reformas políticas, agrarias y sociales.
Este mismo día el EPL da a conocer públicamente su propuesta de una tregua multilateral que implique: cese de fuego; debate político que concluya en una reunión decisoria sobre apertura democrática; plenas garantías a libertades políticas; amnistía general; investigaciones sobre paramilitares y castigo a sus responsables; cese de represión a luchas populares.
22.04.84 El M 19 se toma las instalaciones del diario El Bogotano y saca una edición del mismo con la exposición de sus condiciones para la paz: insiste en el Diálogo Nacional y lanza un programa democrático de 32 puntos. Al día siguiente realiza una conferencia de prensa bajo la ficción de una boda; en ella insiste en que la paz son reformas de justicia social.
01.05.84 Se hace pública una circular del Comandante General de las Fuerzas Militares a todos los mandos en el país, en la cual recopila normas de la Constitución, de leyes y decretos en vigencia sobre control militar del territorio y sobre represión a grupos insurgentes y al porte de armas; ordena realizar "acciones sicológicas" con las tropas para explicarles que el cese de fuego no afecta sus intereses institucionales, y realizar también "acciones sicológicas" en búsqueda de apoyo de la población civil a la labor de las fuerzas armadas. La Circular fue interpretada como una manifestación del malestar militar ante los Acuerdos de Paz y de su decisión de continuar intensificando las acciones bélicas.
14.05.84 El Estado Mayor y los comandantes de los 27 frentes de las FARC ordenan el cese de fuego a partir del 28 de mayo.
30.05.84 Se nombra la Comisión de Verificación, prevista en el Acuerdo con las FARC, compuesta por 43 personas de diversas fuerzas políticas y sectores sociales. Queda vinculada al Ministerio de Gobierno para su financiación. Tal Comisión no podrá sesionar hasta el 6 de octubre/84, debido a los bloqueos militares que impiden su acceso a las zonas donde debía reunirse.
18.07.84 Como resultado de gestiones adelantadas por el Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, para integrar al proceso de paz al M 19; de la entrevista sostenida por Betancur con Alvaro Fayad e Iván Marino Ospina en Madrid, España (octubre/83) y de diversos comunicados del M 19 y del EPL, el gobierno crea una Comisión de Negociación y Diálogo, de 35 personas, para adelantar conversaciones con el M 19 y el EPL, la cual se instala el 24 de julio.
23.08.84 Se firma el Acuerdo de Paz entre la Comisión de Negociación y Diálogo y el EPL, ratificada luego por el gobierno. El texto consta de 11 puntos al que luego se le adiciona una Posdata, debido a los hostigamientos militares sufridos ese mismo día. Los puntos eran: cese de fuego desde el 30 de agosto; el EPL condena el secuestro, la extorsión y el terrorismo; cese de acciones militares contra los militantes del EPL acogidos al Acuerdo; apoyo del gobierno a la Procuraduría para investigaciones sobre desaparecidos y paramilitares; medidas del gobierno para restablecer la normalidad civil y el respeto a los derechos humanos; búsqueda de un acuerdo político que permita fortalecer la democracia; convocatoria a un gran Diálogo Nacional sobre 10 aspectos, para lo cual se creará una Comisión especial. La POSDATA acuerda que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los departamentos del Valle, Cauca y Córdoba y los hostigamientos militares de ese mismo día en Florida (Valle) y solicita al gobierno garantías de seguridad para los representantes de los movimientos signatarios y para las poblaciones donde se suscribieron los Acuerdos.
El mismo día se firma en Bogotá el Acuerdo de Paz con el Movimiento de Autodefensa Obrera ADO El texto es de 5 puntos: cese de fuego desde el 30 de agosto; condena del secuestro, la extorsión y el terrorismo por parte del ADO; suspensión de acciones militares contra sus miembros; integración del ADO al proceso de diálogo nacional adelantado por los otros movimientos insurgentes en proceso de paz.
24.08.84 En los municipios de Hobo (Huila) y Corinto (Cauca) se firma Acuerdo de Paz con el M 19. El texto es idéntico al del EPL y la Posdata es motivada por los hostigamientos del Ejército que impiden el acceso a los participantes y de los cuales sale herido Carlos Pizarro, uno de los comandantes del M 19. Dichos hostigamientos hacen retrasar por 8 horas la firma del Acuerdo.
Este mismo día el EPL lanza una plataforma de acción política para desarrollar los Acuerdos de paz, cuyo eje es la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente de elección popular.
04.09.84 Un cruce de cartas entre el Presidente Betancur y el General Matamoros, Ministro de Defensa, revela entre líneas el malestar reinante entre los militares por no haberle exigido a la guerrilla, en los Acuerdos de Paz, la entrega de armas, y su decisión de continuar y de intensificar una política contrainsurgente apoyándose en la ilegalidad del porte de armas.
11.10.84 Ante las persistentes violaciones al cese de fuego por parte del ejército oficial, la proliferación de grupos paramilitares en todo el territorio y las negativas a participar en el Diálogo Nacional por parte del congreso, las fuerzas armadas, los gremios económicos, el gobierno y los partidos políticos tradicionales, varios grupos insurgentes en proceso de paz y 32 organizaciones políticas y sociales lanzaron un llamado a la opinión para condenar la represión, apoyar el Diálogo Nacional y convocan a una marcha nacional para el 24 de octubre.
04.12.84 Quedan integradas las 10 comisiones en que se desarrollará el Diálogo Nacional: constitucional, agraria, laboral, urbana, justicia, educación, universidad, servicios públicos, desarrollo económico. Participan 350 personas, pero se niegan a participar: el congreso, las fuerzas armadas, el gobierno, los partidos tradicionales y los gremios.
27.02.85 Un documento evaluativo del M 19, dirigido a los participantes en el Diálogo Nacional, da explicación sobre el carácter de la tregua, para resolver inquietudes: "el cese del fuego es el primer elemento de la búsqueda de una solución política frente al conflicto no resuelto de la lucha armada ... es un período de transición..." Denuncia que, luego de la firma de los Acuerdos, el Presidente le entregó la conducción del proceso a los ministros de Defensa y Gobierno, quienes "se han encargado de desandar lo andado, en un creciente camino de `turbayización’ del manejo del orden público y de la paz".
Los militares han impedido la acción de la Comisión de Verificación; atacaron durante 22 días (diciembre/84 enero/85) el campamento central del M 19 en Yarumales (Corinto, Cauca). El gobierno prohibió el Congreso del M 19 en Los Robles (Cauca) luego de haberlo autorizado (febrero/85); ha buscado encerrar el Diálogo en salones para tomar tinto impidiendo su realización en campos y pueblos; "exige la entrega o desaparición de las armas en plazo cierto ... mientras no acepta ni plazos ni contenidos para efectuar la apertura democrática, ni avanza de manera alguna hacia ella". El documento lanza un llamado a salvar el Diálogo Nacional llevándolo a todo el país por medio de Cabildos Abiertos y haciendo que llegue a conclusiones con un PLAN DE EMERGENCIA de aplicación inmediata, sometido a consulta plebiscitaria.
28.02.85 Por sugerencia de las FARC y para integrar en la lucha legal a guerrilleros desmovilizados en unión de otras personas que asuman compromisos por cambios sociales, se constituye el movimiento político UNION PATRIOTICA.
04.06.85 La Ley 49/85, sancionada este día por el Presidente Betancur y sus ministros, autoriza la concesión de indultos por delitos políticos y conexos, exceptuando el secuestro, la extorsión y el homicidio con sevicia o de víctimas indefensas fuera de combate.
25.05.85 Una declaración conjunta del M 19, el ELN, el EPL, el QL, el PRT, Patria Libre y el Comando "Ricardo Franco" llama a un paro nacional para el 20 de junio, lo que evidencia el deterioro extremo del proceso de paz.
06.06.85 El Decreto 1560/85 faculta a los alcaldes para cerrar sedes o campamentos políticos atendiendo a informes de militares o policías. La medida estaba dirigida contra los Campamentos Por la Paz del M 19, que habían comenzado a canalizar la acción política legal de este movimiento, hostigados permanentemente por la fuerza pública.
19.06.85 Carlos Pizarro, líder del M 19, anuncia por televisión la ruptura de la tregua y el regreso del M 19 a la lucha armada.
27.08.85 En sus conclusiones, el Pleno Ampliado de las FARC denuncia la intensificación de la maquinaria bélica del Estado y la repulsa del Parlamento a aprobar cualquier reforma. Propone prorrogar la tregua del 1 de diciembre/85 al 20 de septiembre/86 y fusionar las Comisiones de Paz y de Verificación; entre tanto el Parlamento tendría un tiempo más para ocuparse de las reformas prometidas en los Acuerdos de La Uribe.
20.09.85 El Presidente de la Comisión de Paz, ex Ministro John Agudelo Ríos, presenta su renuncia a la Comisión.
18.10.85 El Presidente Betancur designa una nueva Comisión fusionada de "Paz, Diálogo y Verificación", con menor representatividad política y social.
06.11.85 El M 19 se toma el Palacio de Justicia con la pretensión de someter a un juicio político al Presidente Betancur por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en presencia de la Corte Suprema de Justicia. El ejército recupera el palacio en dos días, a sangre y fuego, sin atender órdenes de cese de fuego impartidas por el Consejo de Ministros para promover un diálogo y desconociendo toda norma del Derecho Internacional Humanitario sobre respeto a rehenes y a población civil. Más de 100 personas mueren en el holocausto, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. 11 personas son desaparecidas; testimonios posteriores narran cómo fueron llevadas a instalaciones militares, torturadas y asesinadas. Investigaciones posteriores revelan que la mayoría de las víctimas murieron por disparos de armas oficiales a quemarropa.
16.11.85 Es asesinado en las calles de Bogotá el principal negociador del EPL, Oscar William Calvo. Al día siguiente el EPL declara rota la tregua y llama de nuevo a la lucha armada.
16.11.85 Culmina el primer congreso de la Unión Patriótica con participación de 3.245 delegados. Desde su creación en febrero de este año, le han asesinado ya a 70 militantes.
30.01.87 Aparece el informe de la Comisión de Violentólogos: "Colombia, Violencia y Democracia", solicitado por el ministro de gobierno de Barco, Fernando Cepeda Ulloa. El informe analiza las diversas formas de violencia y sus diversos factores en las distintas regiones del país. En cada capítulo hace recomendaciones concretas para la superación de la violencia.
.10.87 Se realiza en La Uribe (Meta) la cumbre constitutiva de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, agrupando a todos los movimientos insurgentes activos. Su Resolución Política incluye 6 puntos: compromiso con el Derecho Internacional Humanitario exigiendo al gobierno lo mismo; impulso a un movimiento de masas por la defensa de los recursos naturales; lucha por las libertades políticas y por una solución política al conflicto armado; trabajo internacional y tareas de unidad.
29.05.88 El M 19 secuestra en Bogotá al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.
14.07.88 Tras diversas mediaciones tendientes a la liberación de Gómez Hurtado, se reúne en la Nunciatura Apostólica de Panamá una "Minicumbre Política", con participación de diversas fuerzas políticas y sociales y representantes del M 19. Se aprueba realizar una Cumbre Política el 29 de julio en Bogotá. El M 19 declara iniciada una tregua unilateral.
29.07.88 Cumbre Política en Bogotá, con presencia de Álvaro Gómez Hurtado ya liberado y representación de las diversas fuerzas políticas y sociales. El tema central son los procedimientos y propuestas para una Convivencia Democrática y para la Reconciliación Nacional. Se nombra una Comisión de Convivencia Democrática que se instala el 22 de agosto y dura 30 días, presidida por el Obispo Darío Castrillón.
01.09.88 El Presidente Barco anuncia por televisión su INICIATIVA PARA LA PAZ como un nuevo proyecto de proceso de paz. Implica 3 momentos: 1) Distensión, que se iniciaría con la manifestación de una voluntad de paz por parte de la guerrilla; el Congreso escucharía entonces a sus voceros, mientras se desarrollarían diálogos regionales y se negociarían acuerdos de incorporación a la vida legal; 2) Transición, caracterizada por la localización de la guerrilla en zonas delimitadas y la coordinación de la etapa por los Consejos Regionales de Normalización; 3) Reincorporación, durante la cual el gobierno ofrecería estímulos a la acción política de la guerrilla y ayuda económica para su reinserción, así como protección para sus miembros y concesión de indultos.
10.01.89 Primera Declaración Conjunta de Gobierno y M 19 en el Tolima: convoca a todos los grupos alzados en armas y a toda la nación a un nuevo proceso de paz; convocan a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y a las direcciones de los partidos políticos a un diálogo para acordar una solución política al conflicto armado.
04.02.89 Segunda Declaración Conjunta de Gobierno y M 19 en el Tolima: amplían la convocatoria a las fuerzas sociales; citan a una Mesa de Trabajo, en febrero, para definir los temas del diálogo entre gobierno, partidos políticos y guerrilla; informa que, en reunión entre gobierno y M 19, han sido acordados mecanismos de distensión y se ha dialogado sobre espacios de participación democrática y sobre justicia e impunidad.
17.02.89 Se realiza un Encuentro Por La Paz, en Ibagué (Tolima). Gobierno y fuerzas políticas hacen planteamientos.
23.02.89 Las FARC solicitan una Comisión de Notables (Los ex Presidentes López y Pastrana, el cardenal Revollo, el industrial Fabio Echeverry y el periodista Hernando Santos) para explorar su voluntad de paz. La sola aceptación de los notables produciría un cese de fuego.
28.02.89 La Comisión de Notables acepta y las FARC declaran cese de fuego.
03.03.89 Cuarta Declaración Conjunta de Gobierno y M 19 en Santo Domingo (Cauca): informan el paso a la fase de Transición, localizándose en el poblado de Santo Domingo. El M 19 nombra 13 voceros para diálogos políticos y para participar en la Mesa de Trabajo que se instalará el 1 de abril y que deberá concluir antes de las sesiones del congreso (julio). Explica que todo el proceso deberá concluir antes del próximo debate electoral.
31.03.89 La Comisión de Notables delega al industrial Fabio Echeverry como su representante para explorar la voluntad de paz de la Coordinadora Guerrillera.
03.04.89 Se instala la Mesa de Trabajo Por La Paz, con participación de las diversas fuerzas políticas. El M 19 plantea: una nueva Constitución como "tratado de paz"; un plan de desarrollo económico y social concertado como "carta de navegación"; formular una filosofía de la convivencia: definir políticas sobre armas, orden público, restablecimiento de la justicia, garantías a los derechos humanos (para cada capítulo presenta propuestas).
02.05.89 El EPL anuncia un cese de fuego. Pide al Gobierno: poner fin a la guerra sucia y abrir espacios y mecanismos para una lucha política democrática, advirtiendo que no buscan una "revolución por acuerdo" sino condiciones de participación.
Entre julio y diciembre de 1989, en las sesiones del Congreso, se presenta y se discute un proyecto de reforma de la Constitución. En dicho proyecto, unos artículos transitorios dan cupos en el senado y la cámara al M 19 y a otros grupos que eventualmente se desmovilicen, mediante una Circunscripción Nacional Especial, según la cual, con 300.000 votos a nivel nacional dichos movimientos podrían elegir 10 senadores y con 327.000 votos, 15 representantes a la Cámara. El proyecto de reforma se hunde en el último momento, debido a un artículo, introducido por algunos parlamentarios, que proscribía la extradición (favoreciendo a narcotraficantes); el gobierno retiró el proyecto.
02.11.89 La Mesa de Trabajo entrega su producto, que es el PACTO POLITICO POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA, elaborado con participación de las fuerza políticas de presencia parlamentaria y el M 19, con aportes de 3 "Mesas de Análisis y Concertación" y la tutoría moral de la Iglesia Católica. El Pacto incluye 4 capítulos: aspectos constitucionales y electorales (8 puntos que incluyen 21 propuestas); aspectos socioeconómicos (10 puntos); aspectos de convivencia, justicia y orden público (6 puntos) y Otros (2 puntos). El capítulo sobre asuntos electorales explicita y reglamenta la "Circunscripción Especial Nacional de Paz".
22.03.90 Es asesinado en Bogotá el líder de la Unión Patriótica y candidato presidencial Bernardo Jaramillo.
26.04.90 Es asesinado, dentro de una avión con rumbo a Barranquilla, el líder del M 19 y candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.
03.05.90 El Decreto 927 del Presidente Barco faculta a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositen en las elecciones del 27 de mayo en favor de una Asamblea Nacional Constituyente, promovidos por un movimiento de origen estudiantil: "Por la Séptima Papeleta". En Sentencia del 24 de mayo, la Corte Suprema de Justicia declara exequible el decreto y dice que "no acceder a este clamor del pueblo será sin ninguna duda un factor de mayor desestabilización".
24.05.90 Primera Declaración Conjunta entre Gobierno y el EPL. Anuncian comienzo de la Fase de Distensión y proponen el recurso al "constituyente primario" (plebiscito para reformar la Constitución).
27.05.90 La votación nacional que elige como nuevo presidente a César Gaviria, se pronuncia también, en un 88% de los votos, por una Asamblea Nacional Constituyente.
04.06.90 Comunicado conjunto del gobierno y los movimientos insurgentes: EPL, PRT y Quintín Lame.: anuncian negociaciones entre el gobierno y cada grupo; apoyan el triunfo de la "séptima papeleta" en las elecciones del 27 de mayo.
10.06.90 El sector de Francisco Caraballo, líder del EPL, rompe con el resto de la organización y se retira del proceso de paz.
02.08.90 El gobierno electo de César Gaviria convoca a una Cumbre Política donde se acuerdan los mecanismos y temarios para una "Asamblea Constitucional". El 23 de agosto la Cumbre Política aprueba el texto final del Acuerdo Político.
24.08.90 El Decreto 1926 de Estado de Sitio, convoca a la Asamblea Nacional Constitucional: será de 70 miembros; se elegirá el 9 de diciembre; sesionará a partir del 5 de febrero/91 durante 150 días; tendrá un temario restrictivo que es el que formuló el Acuerdo Político.
09.10.90 La Corte Suprema de Justicia declara exequible el Decreto 1926 salvo las restricciones que le impone a la Asamblea Constituyente respecto al temario y al posterior control del texto constitucional por la Corte.
09.12.90 Elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por votación popular. El mismo día el ejército bombardea y lanza un fuerte operativo militar sobre la sede del Secretariado Nacional de las FARC en La Uribe (Meta).
26.01.91 En el caserío Don Gabriel, del municipio de Ovejas (Sucre) suscribe el Acuerdo de Paz el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT . 280 combatientes arrojaron sus armas al Mar Caribe. El texto del Acuerdo comprende 12 capítulos: vocería en la Asamblea Constituyente; legalización del partido; medios de publicidad de sus postulados; indulto; escoltas y seguridad para sus dirigentes; inutilización de las armas; oficina y Comisión de Derechos Humanos para Costa Atlántica; franja de televisión para dar y pedir información sobre desaparecidos; informe del gobierno sobre paramilitares; establecimiento de una Policía Indígena; plan de reinserción: subsidios para subsistencia, salud, educación y capacitación en una primera fase; en una segunda fase optarían por una alternativa entre proyectos productivos, estudios postsecundarios o empleo estable; participación en los Consejos de Normalización (Nacional, Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena); el Fondo Para La Paz, del gobierno, destinará 300 millones para planes regionales sociales en zonas de influjo del PRT, para lo cual se acuerdan mecanismos concretos; se crea una Comisión Bilateral de seguimiento.
15.02.91 En Bogotá se firma el Acuerdo de Paz con el EPL. El texto del Acuerdo tiene 11 capítulos y sigue las mismas pautas del Acuerdo con el PRT, con pequeñas diferencias: tendrán 2 voceros en la Constituyente, los cuales harán tránsito a delegados plenos a partir de la fecha de dejación de las armas; se acuerdan espacios concretos de publicidad de sus postulados en periódicos y televisión y la edición de un libro de 3.000 ejemplares con la historia del EPL; se acuerda una financiación de 12 millones para "Casas de la Democracia" en varias ciudades y otra de 15 millones para la Fundación Progresar; se constituye una veeduría nacional (Conferencia Episcopal) y una internacional (PSOE español e Internacional Socialista) para el Acuerdo; en el capítulo de Derechos Humanos se acuerda la constitución de una Comisión de Superación de la Violencia que funcione por 6 meses y haga un diagnóstico y recomendaciones; en el capítulo de planes regionales se destinan dos mil millones de pesos para desarrollo social en sus zonas de influencia; las armas serán entregadas a la Veeduría Internacional que las vigilará hasta su destrucción.
30.04.91 Un comando de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar se toma la Embajada de Venezuela en Bogotá, para presionar al gobierno a entablar un diálogo con la Coordinadora. El gobierno de Venezuela les otorga salvoconductos para trasladarse a ese país, luego de obtener del gobierno colombiano la promesa de una primera conversación en Cravo Norte (Arauca).
15.05.91 Se reúnen en Cravo Norte (Arauca) delegados del gobierno y de la CGSB, con participación de miembros del Congreso, de la Asamblea Constituyente, periodistas y otros. Se acuerda iniciar un diálogo en Caracas (Venezuela) y más tarde trasladarlo a Colombia.
27.05.91 Se firma Acuerdo con el movimiento indígena Quintín Lame. El texto tiene 8 capítulos: vocero en la Constituyente y si ésta lo aprueba, tendrá voto; fundición de las armas; veeduría internacional por parte del Consejo Mundial de Pueblos Indios y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y veeduría nacional por parte de la Confederación de Iglesias Evangélicas; indultos, salvoconductos, documentos de identidad y aporte de 12 millones de pesos mensuales para subsistencia, por 6 meses; aporte para financiar 7 voceros y para publicidad en algunos medios de comunicación; vinculación de dos miembros de MIQL a la Comisión de Superación de la Violencia; 4 equipos de seguridad para dirigentes y participación de uno de sus miembros en Comisión del Plan de Seguridad del Consejo de Normalización; apertura de sedes en 3 ciudades del Cauca de la Fundación "Sol y Tierra"; planes de reinserción económica; aporte de 600 millones de pesos para obras sociales en 16 municipios del Cauca.
31.05.91 Ceremonia de dejación de las armas del Quintín Lame en Pueblo Nuevo, Caldono (Cauca).
.05.91 El gobierno hace público el documento ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA, en el cual esboza 5 grandes políticas: aplicación regional de la estrategia; fortalecimiento de la justicia; política de paz con la guerrilla; tratamiento a los diversos actores violentos; derechos humanos.
Con respecto a las negociaciones con la guerrilla, afirma que su resultado debe ser la incorporación a la vida civil previa dejación de las armas y que el proceso debe buscar procedimientos y mecanismos que hagan posible la competencia democrática de los ex guerrilleros, pero que el diálogo no sustituye el uso legítimo de la fuerza contra la guerrilla ni la presencia de las fuerzas armadas en todo el territorio. Anuncia nuevas posiciones del gobierno: aceptación de una veeduría internacional; vinculación de sectores no gubernamentales y amplitud temática. Afirma que el Gobierno no negocia el proyecto político de la guerrilla pero que sí puede crear espacios de discusión de ese proyecto si los partidos y sectores aceptan esa discusión. Plantea, además, que está abierto a negociar en el exterior para evitar ciertos escollos.
03.06.91 Se inicia el diálogo con la CGSB en Caracas. En este primer período se acuerda un temario de 10 puntos: fórmula de cese de fuego; relación del proceso con la Asamblea Constituyente y con las fuerzas vivas del país; paramilitares, impunidad y Seguridad Nacional; derechos humanos y de las minorías étnicas; Estado, democracia y favorabilidad política; soberanía y recursos naturales; democratización de la política económica y social; diseño de un proceso que garantice la superación del conflicto armado y el ejercicio de los derechos políticos sin recurso a las armas; veeduría del proceso de paz; metodología de la negociación.
11.06.91 La CGSB propone una fórmula de cese de fuego: a) iniciar el 1 de julio un cese bilateral del fuego y de las hostilidades por tiempo definido y prorrogable. b) crear ese mismo día un tribunal de alto nivel que investigue las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, con plazo definido. El desacuerdo sobre esta fórmula hace interrumpir las negociaciones para realizar consultas.
Del 15 al 25 de junio hay un receso en las negociaciones. Se reanudan del 25 de junio hasta el 15 de julio, período en el cual se llega a un acuerdo sobre veeduría internacional y sobre una Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento.
04.07.91 Se proclama la nueva Constitución. Consagra en su artículo 22 el "derecho a la paz". En su artículo 8 transitorio permite convertir en leyes permanentes toda la legislación emitida bajo Estado de Sitio en los últimos 8 años. Los artículos 12 y 13 transitorios autorizan al gobierno a establecer circunscripciones especiales de paz, o nombrar congresistas de grupos insurgentes desmovilizados y tomar disposiciones necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados. El artículo 30 transitorio autoriza amnistías o indultos para los mismos fines.
04.09.91 Se reanudan las conversaciones en Caracas con discursos de tono agresivo.
28.09.91 Una "Comisión Consultiva de Orden Público" designada por el gobierno (compuesta de 6 políticos de diversos partidos), luego de dialogar con las partes en Caracas, publica un comunicado donde precisa las propuestas de la Coordinadora para el cese de fuego: fijar zonas de distensión en número razonable; suspensión de acciones y dispositivos militares ofensivos (no dejar sin fuerza pública los municipios); crear un mecanismo eficaz para aclarar casos de secuestros y desapariciones forzadas; garantizar la no persecución a la población civil en las zonas despejadas por la guerrilla; acciones eficaces contra el paramilitarismo y otras manifestaciones de violencia.
17.10.91 La CGSB lanza un llamado a la Comisión Asesora de Orden Público y se queja del lenguaje ofensivo y beligerante del gobierno; del recrudecimiento de la guerra sucia; de la represión al movimiento popular. Propone 9 criterios para reiniciar la negociación del cese bilateral de fuego: buscar generar condiciones políticas que descarten la necesidad de reanudar la guerra; mecanismos de verificación que garanticen la transparencia de los compromisos adquiridos; elaborar un código de conducta que determine el comportamiento de las partes; como preámbulo, un cese de operativos militares ofensivos; que cada paso del proceso sea una fase previa del siguiente; que la Mesa de Negociación y los Veedores evalúen en cada paso el cumplimiento de lo acordado; crear una comisión de urgencia que investigue los crímenes de la guerra sucia; desmilitarizar el proceso electoral bajo la promesa de que la Coordinadora no lo interferirá; considerar un posible regreso al país para consultas.
10.11.91 Finaliza la primera etapa de las negociaciones entre el gobierno y la CGSB en Caracas. Se da a conocer un Acta de Evaluación (muy positiva) y un Acta de Compromisos de 15 puntos, en cada uno de los cuales se señalan los acuerdos y desacuerdos: 1. Bilateralidad (acuerdo); 2. verificabilidad (acuerdo condicionado: para el gobierno solo será verificable si hay localización de la guerrilla); 3. Transitoriedad (acuerdo); 4. Evaluación (divergencia sobre si los veedores deben integrarse a la Mesa de Negociación: para el gobierno no, para la CGSB sí); 5. Veeduría internacional (acuerdo); 6. Normas de comportamiento (acuerdo en que deben definirse); 7. Paramilitarismo (desacuerdo: la CGSB presenta 10 exigencias para acabar con el paramilitarismo, el gobierno hace 3 débiles concesiones); 8. Secuestros (desacuerdo: el gobierno exige su liberación inmediata sin concesiones, mientras la CGSB propone una Comisión para aclarar los casos y otra para aclarar las desapariciones); 9. Garantías a la población civil (desacuerdo); 10. Militares retenidos por la guerrilla (desacuerdo: el gobierno no acepta que sean "prisioneros de guerra" y la CGSB exige discutir el trato dado por los militares a los guerrilleros presos); 11. Localización (desacuerdo en cuanto a número y tamaño de zonas y en cuanto al momento de la localización); 12. Fuerza Pública (desacuerdo: gobierno no admite discusión sobre su presencia en áreas de cese de fuego sino sobre condiciones de su permanencia mientras la CGSB exige retirar los destacamentos de operaciones ofensivas); 13. Franja neutral (acuerdo); 14. Garantías jurídicas a voceros de la guerrilla (para el gobierno solo se aplicarían si hay cese de fuego y localización); 15. Realización de 3 encuentros nacionales sobre: desarrollo económico y bienestar social, violencia política/ corrupción/ derechos humanos e impunidad, recursos naturales (desacuerdo: antes o después del cese de fuego).
25.01.92 La CGSB envía una carta al Congreso con 12 propuestas para la paz: sustituir apertura económica por desarrollo nacional con bienestar social; explotación de recursos naturales con criterio patriótico; fortalecer la función social del Estado; lucha contra la corrupción; desmilitarización de la vida nacional substituyendo la doctrina del "enemigo interno" por una concepción democrática de la fuerza armada, reduciendo el gasto militar, adscribiendo la policía al Ministerio de Gobierno y retirándose de los pactos militares internacionales; desmonte de los paramilitares y depuración de las fuerzas armadas; restitución de los derechos humanos; acabar con la impunidad revisando el sistema de justicia y eliminando el Fuero Militar; propender por una democracia sin trampas (10 aspectos y propuestas); redistribución de la tierra y atención a los campesinos; integración de regiones y sectores marginados; indemnización a las víctimas de la violencia.
10.03.92 Se reanudan las negociaciones entre el gobierno y la CGSB en Tlaxcala (México).
21.03.92 Se conoce la muerte en cautiverio del ex Ministro Argelino Durán, en manos de un comando del sector no desmovilizado del EPL, miembro de la CGSB. Esto produce un receso en las negociaciones.
14.04.92 El Padre Nel Beltrán viaja a México como mediador, para explorar la actitud de la CGSB sobre la reanudación de los diálogos e invita a ambas partes a continuar las negociaciones.
30.05.92 Un comunicado de la CGSB cuestiona en términos fuertes la actitud del gobierno en las negociaciones; denuncia la continuidad de la guerra sucia mientras dialoga y una fuerte ofensiva militar contra la Coordinadora.
04.05.92 En un comunicado conjunto, el gobierno y la Coordinadora anuncian un receso en las negociaciones de paz y se citan para reanudarlas antes del 31 de octubre/92.
31.10.92 El Presidente Gaviria declara rotas las negociaciones con la CGSB y decreta una "Guerra Integral".
08.11.92 El Gobierno expide el Decreto 1793/92 que declara Estado de Conmoción Interior, tras el asesinato, por parte de las FARC, de 26 policías en Orito (Putumayo). El Presidente Gaviria anuncia por todos los medios de información una GUERRA intensa "contra ese puñado de fanáticos delirantes que no leyeron en los diarios la triste historia del fin del totalitarismo comunista". Anuncia medidas dirigidas a "golpear el corazón y la chequera de la guerrilla".
El Estado de Conmoción Interior se prorrogará otros 90 días, del 6 de febrero al 6 de mayo/93, por el Decreto 261/93 y luego otros 90 días, hasta el 6 de agosto/93, por el Decreto 829/93. El Decreto 155 del 4 de agosto/93 prorrogó por 90 días más la vigencia de 30 decretos que fueron emitidos en el período y el gobierno presentó al congreso el Proyecto de Ley No. 222/93 para convertir todas esas medidas en leyes permanentes. Este proyecto se convirtió, con pequeños cambios, en la Ley 104 de 1993.
El cuerpo de medidas comprendía: causales de suspensión o destitución de gobernadores y alcaldes que dialoguen con la guerrilla; sanciones a medios de comunicación que transmitan sus comunicados o reportajes a sus miembros; atribución de funciones de policía judicial a las fuerzas militares; perdón y amplios beneficios a delatores y desertores; control a cuentas bancarias para detectar presencia de dineros de la guerrilla o del narcotráfico; auditorías especiales a entes territoriales para evitar desvíos de fondos hacia la guerrilla; embargo preventivo de bienes que se sospeche puedan provenir de delitos; cancelación de contratos a entidades que cedan ante alguna presión de la guerrilla; traslados presupuestales, anticipación de regalías e impuestos anticipados a contratistas, para aumentar el presupuesto de guerra; control a usos de radioteléfonos y buscapersonas; aumento de penas a delitos contemplados en el Estatuto Antiterrorista.
14.03.93 En reportaje público, el Ministro de defensa, Rafael Pardo Rueda, confirma lo expresado en el editorial del último número de la Revista de las Fuerzas Armadas y afirma que, luego de 18 meses, el Gobierno volvería a un proceso de paz, pero "con una Coordinadora Guerrillera sometida". Dice que en 18 meses de guerra la fuerza pública golpeará la estructura de la guerrilla, la cual "ya está derrotada en el campo político".
22.09.93 Son asesinados por el ejército en Turbo (Antioquia) dos negociadores de la Corriente de Renovación Socialista CRS en vías de desmovilización, en momentos en que concentraban militantes para trasladarlos al campamento de negociaciones (Flor del Monte, Sucre), bajo supuestas garantías del gobierno. Las investigaciones demostraron que fueron asesinados a quemarropa, al margen de todo enfrentamiento armado. El hecho produjo crisis en el proceso de paz con la CRS.
.11.93 El gobierno publica el documento "SEGURIDAD PARA LA GENTE", como "Segunda Fase de la Estrategia nacional contra la Violencia". Allí describe su estrategia de "profesionalización de las fuerzas militares"; dice que en 1993 incorporó 23.000 soldados profesionales y que incorporará otros 10.000 en los dos años siguientes, para conformar brigadas móviles. Sobre la política de paz reafirma su decisión de solo negociar rendiciones y su empeño en convertir en leyes permanentes los decretos emitidos bajo Estado de Conmoción Interior. Frente a la guerrilla anuncia una combinación estrecha entre lo militar y lo judicial, dice que "se impone la necesidad de estrechar la coordinación entre los organismos de seguridad del Estado y la justicia". Tal integración de lo militar a lo judicial lleva a un deterioro extremo la situación de los derechos humanos. El documento presenta como evaluación de esta política "la captura de 6.500 guerrilleros desde 1991 hasta julio de 1993 ... buena parte de estas capturas han correspondido a cabecillas de grupos" (pg. 24), lo que a juicio de cualquier analista evidencia que la represión ha tenido otros blancos (las organizaciones sociales), pues si tal número de guerrilleros hubiesen sido capturados, las guerrillas habrían sido exterminadas; por el contrario, están extraordinariamente activas.
18.12.93 Se firma un Acuerdo Político inicial con la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN, la cual se localizará en Flor del Monte (municipio de Ovejas, Sucre). El gobierno de Holanda ejerce la Veeduría.
09.04.94 En Flor del Monte (Ovejas, Sucre) se firma Acuerdo de Paz entre el gobierno y la CRS. El texto tiene 10 capítulos: destinación de dos mil millones para inversiones sociales en zonas afectadas por el conflicto pero con mecanismos de participación comunitaria para su ejecución; convocatoria a audiencias públicas en varias ciudades para opinar sobre el desarrollo del artículo 103 de la C.N. y de la Ley sobre Acciones Populares, así como de otros proyectos de participación ciudadana; realización de un Foro de Derechos Humanos con amplia participación y publicación de sus conclusiones; programas de reinserción para los 350 ex combatientes de la CRS, en planes de educación, atención psicosocial, capacitación técnica, vivienda, proyectos productivos y tierras; beneficios de indulto y su aplicación; nombramiento por decreto de dos Representantes a la Cámara de la CRS; programas de seguridad, escoltas y vehículos para sus dirigentes; dejación y destrucción de las armas, en parte fundidas para campanas de tres iglesias de la región, en parte arrojadas al mar; comisión veedora del Acuerdo con vigencia de dos años.
26.05.94 Se firma en Medellín Acuerdo de Paz con: las "Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo", las "Milicias Independientes del Valle de Aburrá" y las "Milicias Metropolitanas". El texto de 6 capítulos comprende: realización de obras sociales en 5 comunas de Medellín (no se señala monto); construcción de 2 Núcleos de Convivencia Ciudadana por valor de 200 millones, los que albergarían oficinas de diversas instancias del Estado para prestación de servicios jurídicos y comunitarios; programas de capacitación de jóvenes de las comunas; programa de servicio militar especial para bachilleres de la zona, prestado en la policía y ejercido en la misma zona; creación de una Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad COOSERCOM para servicios de seguridad y vigilancia por parte de 358 ex milicianos; programas de reinserción; creación de un equipo de 10 líderes comunitarios capacitados y financiados a través de Caritas Arquidiocesana; financiación por el gobierno, en medios de comunicación nacionales y regionales, de espacios para promover el proceso; creación de una Fundación para la Convivencia Ciudadana en las comunas nororientales, con una financiación de 250 millones; beneficios jurídicos de indulto, seguridad y protección de sus miembros; participación de dos representantes de las milicias en las juntas administradoras locales.
30.06.94 Se firma Acuerdo de paz con el Frente "Francisco Garnica", disidencia de la fracción aún combatiente del EPL, en el corregimiento de Cañaveral, municipio de Turbaco (Bolívar). El texto contempla: asistencia médica para los reinsertados y sus familias por parte del ISS; capacitación y educación por parte de la Universidad Pedagógica y el SENA; proyectos productivos individuales para lo cual recibirá cada uno de los 130 desmovilizados 3 millones de pesos; beneficios jurídicos de indulto, excluyendo los delitos atroces; dos curules en el Concejo de Cartagena; salario de reinserción de $ 140.000,oo mensuales por un año; planes de vivienda por parte del INURBE; escoltas mixtas para los dirigentes; obras de alcantarillado, escuela, mejoramiento de vías y ampliación del centro de salud, para el corregimiento de Cañaveral.
El período comprendido entre octubre/92 y agosto/94 se caracteriza por la agudización de la guerra sucia. Las medidas tomadas por el gobierno en noviembre/92 bajo el Estado de Conmoción Interior, son caracterizadas por varios ministros como una "Judicialización del Conflicto Armado". Se producen numerosísimas detenciones arbitrarias, torturas, procesos amañados fundados en "testimonios" pagados de supuestos "desertores" anónimos; se multiplican los presos políticos; los grupos paramilitares se extienden a nuevas regiones e imponen allí su dominio; las acciones bélicas se intensifican, especialmente en algunos períodos, como entre el 20 de julio y el 7 de agosto/94 cuando la CGSB lanza una intensiva campaña de tomas de pueblos y atentados como "Despedida a Gaviria". Entre tanto crecen las voces en favor de un nuevo "diálogo". La Iglesia Católica, a través de varias obispos, se compromete en un Diálogo Pastoral con la guerrilla, a pesar de continuas amenazas penales y campañas difamatorias contra esos obispos en los mass media; el parlamento, algunos ex presidentes, los gremios económicos, las federaciones de alcaldes y gobernadores, claman por "diálogos regionales" con la guerrilla.
07.08.94 En su discurso de posesión, el nuevo Presidente, Ernesto Samper, anuncia su propósito de restablecer el diálogo con la guerrilla.
Notas marginales a la cronología
A nadie se le oculta que todos estos acontecimientos no han producido la paz. El nivel de violencia política en Colombia es hoy aterradoramente superior al del comienzo de este caminar en 1981. Tampoco han faltado diagnósticos ni recomendaciones. Los dos informes de los Violentólogos, sumados a los de numerosos organismos internacionales que han sobre diagnosticado el caso Colombia, forman ya una biblioteca que, lamentablemente, no ha tenido incidencia en nuestra trágica realidad.
La sola lectura de la cronología sugiere interrogantes que llaman a profundas reflexiones:
1. Sobre los interlocutores:
A pesar de intentos, recurrentemente frustrados, para que sectores de la sociedad civil tercien en las negociaciones, estas se han concentrado siempre en dos actores: la guerrilla y el gobierno.
a) La Guerrilla:
¿Se habrá tomado suficiente conciencia de que ya no es la misma guerrilla de los años 60 y 70, con su objetivo estratégico de toma del poder por las armas para imponer un modelo hegemónico de Estado?
El más reciente discurso gubernamental caracteriza a la guerrilla como un puñado de grupos fanáticos y cavernícolas que "no leyeron en los diarios la noticia del fin del comunismo", extraviados en un período histórico donde su ideario político no tiene ninguna vigencia y donde solo les es posible "hacer el oso".
Es explicable que el país urbano, de mayoría aplastante, se vuelva cada vez más ajeno y distante de ese país rural y semi rural donde la guerrilla goza de enorme simpatía y donde ejerce predominantemente su accionar. Pero esas distancias no deberían llevar a cerrar los ojos a realidades sociológicas ineludibles: esa guerrilla tiene también zonas, territorialmente grandes, donde ejerce un evidente liderazgo, sin que la mayoría de sus militantes tengan idea alguna de teoría marxista.
Muchos campesinos ven en ella la única alternativa de contención a una fuerza pública criminal y cruel y a un paramilitarismo galopante; la consideran también como una instancia de boicot frente a injusticias que no son frenadas por ninguna protesta pacífica ni mucho menos por acción de una inexistente "Justicia", ni toleran ningún movimiento social que se les oponga; la sienten como una fuerza de control de autoridades locales, de gamonales y terratenientes corruptos, violentos o despóticos, que solo retroceden ante un grupo armado pero que se burlan a carcajadas de una justicia que saben manipular y controlar en su bolsillo. Ignorar esto, en un proceso de paz, es estar condenados a firmar permanentemente Acuerdos con grupos armados, soportando que luego de cada firma aparezca un nuevo grupo para llenar el vacío dejado por el grupo que firmó antes.
Pero también la guerrilla tiene una carga de responsabilidades por violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario. Nadie sabe cuántas son ni cuáles son, y para establecerlo no se puede acudir ni a los comunicados del ejército ni a las "informaciones" de los mass media, los que especialmente en este capítulo son campeones de la mentira como a diario se comprueba. Sin embargo, esas violaciones existen y no pueden soslayarse en un proceso de paz, porque también su impunidad haría imposible la paz.
b) El gobierno:
Se ha presentado siempre a las negociaciones con una falsa legitimidad, como si ésta se fundara en textos escritos y no en las conductas reales y concretas de sus agentes. Le ha faltado el más elemental principio de realismo para reconocer que algunas de sus instituciones son estructuras delincuenciales y criminales. Esta ceguera le ha impedido permanentemente encarar soluciones que se evidencian como requisitos ineludibles para una búsqueda de la paz.
c) La Sociedad Civil:
Después de los intentos de Betancur que fracasaron rotundamente para que la sociedad civil participara en las negociaciones, esas posibilidades se vieron más explícitamente bloqueadas.
Betancur contó con una tozuda oposición de las fuerzas armadas, del congreso, de los gremios, de la Iglesia y de los partidos, a su política de paz. Barco y Gaviria criticaron la intromisión de personalidades y de movimientos sociales en el proceso y retomaron el control exclusivo y excluyente del mismo.
Pero ¿es el problema de la paz un problema de las instancias de poder o le concierne a toda la sociedad?
2. Lo que está en juego, o el OBJETO de las negociaciones:
Un análisis de los textos de los Acuerdos de Paz suscritos o proyectados en estos 13 años, sugiere una clasificación:
Modelo A: Parece que lo que está en juego es la participación en el poder (a muy pequeña escala) del grupo desmovilizable, o bien, un paquete de beneficios de diverso orden para sus miembros: una o dos curules; pensiones de reinserción; préstamos para proyectos productivos; escoltas y carros blindados; algunos millones para una fundación; perdones y olvidos; dos o tres espacios de prensa para anunciar su proyecto político. A veces se hace partícipes de esos beneficios a unas cuantas aldeas o pueblos donde tuvo mayor presencia el grupo, a través de la financiación pactada de alguna obra social.
Modelo B: Lo que parece estar en juego son ciertas reformas al aparato del Estado o reformas sociales de mayor alcance, que benefician a la sociedad en general desde los intereses de los más pobres u oprimidos.
Modelo C: Lo que está en juego son ciertas medidas de apertura democrática, que solo miran a crear condiciones de posibilidad para que un ideario político pueda ser divulgado y promovido sin necesidad de tener que pagar por ello el precio de centenares o millares de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos.
En los Acuerdos firmados durante el gobierno de Betancur predominó el Modelo B; en los firmados durante los gobiernos de Barco y Gaviria, el Modelo A; en los postulados de Caracas y Tlaxcala, el Modelo C. Quizás este último sea el que más puede contribuir a una búsqueda de la paz, pero exigiría poner sobre la mesa de negociaciones lo que el gobierno nunca ha querido que se discuta: la depuración de la fuerza pública; la discusión de su status dentro de una democracia; la revisión de sus doctrinas y principios que la rigen; los túneles secretos, semi secretos y públicos que la ligan al paramilitarismo; los mecanismos evidentes de impunidad que exhibe como privilegio incuestionable; las instituciones que permiten o auspician una violación sistemática de los derechos más sagrados del ser humano y que desvirtúan el primer principio legitimante de un Estado de Derecho.
3. Los métodos, o la negociación en sí misma:
Casi todos los procesos de paz han estado sometidos a presiones que los desnaturalizan: la premura para participar en unas elecciones, en la Constituyente; el afán de cada gobierno de mostrar Acuerdos firmados antes de ... para ... Esto ha producido unos procesos de paz manipulados y turbios, con agendas encubiertas ajenas a la paz.
Un proceso de paz transparente exige tiempos no sometidos a presiones u objetivos ajenos o contrarios.
Tantos años de violencia y períodos tan prolongados de afianzamiento de estructuras violentas, no se desmontan en el cuatrienio de un gobierno. La verificabilidad constante, por largos períodos, sería un requisito necesario para la transparencia.
Un proceso transparente, verificable en largos períodos, impediría, por ejemplo, que los amnistiados o indultados fueran asesinados con tan impresionante frecuencia e impunidad; que se perpetraran genocidios tan atroces e implacables como el que se continúa aplicando contra los militantes de la U.P. (un movimiento surgido de un proceso de paz) en un período de 9 años continuos y con una intensidad e impunidad tan desafiantes.
4. Los desafíos a un nuevo proceso de paz:
En el supuesto de que un nuevo proceso de paz no se proyecte sobre el primer modelo (o sea, en búsqueda de un paquete de beneficios para los desmovilizables) ni sobre el segundo modelo (o sea, la negociación armada de reformas sociales, lo que equivaldría a una "revolución por decreto"), sino sobre el tercer modelo, o sea, hacia la conquista de condiciones democráticas en que sea posible difundir y promover un ideario político en condiciones equitativas, sin pagar precios enormes contra la libertad, la dignidad y la vida humanas, habría que tener en cuenta también las lecciones dolorosas que esta búsqueda sin fin de la paz ha ido dejando:
a) La Guerra en el terreno de la Justicia:
Superar la guerra implica desactivarla en ambos bandos y en los diferentes ámbitos donde ha estado activada.
La guerra en Colombia asumió desde hace muchos años las características de una Guerra Sucia, que se proyectó en asesinatos fuera de combate de muchos combatientes, en desapariciones y torturas, utilizando muchas veces el monstruoso aparato paramilitar. Pero su principal blanco no han sido los combatientes, sino, en un elevadísimo porcentaje (más de un 70%) activistas de movimientos sociales, humanitarios y de partidos políticos legales, a quienes se les clasificó como "enemigo interior", arrasando de paso con el ejercicio de las libertades ciudadanas y de los derechos políticos y sociales.
Esa Guerra Sucia se proyectó al ámbito de la Justicia, donde el objetivo buscado fue también "destruir al enemigo (interior)", violentando o desconociendo los principios universales del Derecho: afianzando la impunidad para los victimarios y la arbitrariedad para las víctimas, que en este caso son los activistas de los movimientos populares y de la oposición política o, en altos porcentajes también, los simples moradores de zonas de conflicto.
Ningún aporte a la paz harían negociaciones que soslayen el campo de la Justicia, en sus activos de Impunidad y "Justicia Sin Rostro". Es necesario examinar los mecanismos típicos de Guerra Sucia que operan en la Justicia, una Justicia, además, que cambia con la facilidad con que cualquier persona cambia de ropa: códigos penales y de procedimiento penal sancionados por decretos de Estado de Sitio o de Conmoción Interior o por "facultades extraordinarias" (que han llegado a ser las más ordinarias) dadas por el congreso al presidente; tipos penales, cuantías de penas y procedimientos penales que se inventan, reinventan y modifican cada ciertos meses, semanas u horas y que no han tenido ningún recato en desconocer principios elementales del Derecho.
No basta, pues, superar la guerra como fuego cruzado entre grupos insurgentes, fuerzas armadas y paramilitares o como fuego asesino de la protesta social. Es necesario ponerle atención al campo de la Justicia, como un campo minado de antidemocracia, donde la racionalidad de la guerra puede continuar vigente para buscar los mismos efectos que en otro terreno buscan las balas: "destruir al enemigo".
Es necesario y urgente colocar sobre la mesa de las negociaciones la inestabililidad de la justicia, la que se traduce en arbitrariedad "a la carta", y que la convierte en un arma de guerra, utilizable a su amaño por el sector en el poder, el cual podrá calificar de "enemigo interior" a cualquier grupo que no comparta su política y destruirlo judicialmente. Habría que tener en cuenta esta dimensión de la guerra y sentar principios que conjuren también su versión judicial.
Requisito para la paz sería, tanto una reforma de la Justicia hasta hacerla compatible con la democracia, como asegurar su estabilidad cerrando los caminos a las fáciles y continuas reformas que la convierten en arma de guerra al servicio del poder de turno para destruir judicialmente a sus enemigos.
b) La Guerra en el terreno de la Información:
Si el objetivo de una negociación de paz es modificar estructuras o situaciones que impelen a conquistar por las armas derechos fundamentales que no pueden ser conquistados por procedimientos democráticos, habría que poner también sobre la mesa de las negociaciones el problema del derecho a la verdad y, en general, el problema de los mass media.
Los diálogos de Caracas y Tlaxcala solo llegaron al país a través de un enorme filtro desinformativo y deformante, que son nuestros medios masivos de "información". Esto remite a un problema crucial: solo puede "informar" el que tenga muchísimo dinero, e "informa" lo que le conviene y como le conviene.
Hace pocos días el Comité Permanente de Derechos Humanos quiso que el país conociera su interés por la paz y sus sugerencias para la paz, y para ello tuvo que conseguirse 8 millones de pesos para pagar un aviso en el diario El Tiempo. Nada se diga aquí de los millares de "informaciones" falsas sobre casos de derechos humanos o de las calumnias horrendas que constantemente lanzan los Medios contra los organismos defensores de derechos humanos, las cuales no se pueden rectificar con justicia porque los ofendidos no tienen 8 millones de pesos para pagar su respuesta.
El imperio creciente de los principios neoliberales solo ha profundizado este problema: solo quien tenga cada vez más dinero puede competir en el mercado de la "información". Y cada vez es más cierto que el hombre de nuestra sociedad es un esclavo de esos mass media. Su mentalidad, a su pesar, es moldeada por ellos, pues su creciente escasez de tiempo debida a la lucha por la supervivencia, en un mundo cada vez más complejo, hace que su visión del país, su "información" sobre lo que ocurre y sus consiguientes opiniones al respecto, dependan de los noticieros de radio y televisión y de los titulares de los grandes diarios. Hoy día significa muchísimo más poder político tener un espacio radial o televisivo que muchos senadores o representantes en el congreso.
Los principios vigentes sobre la "información" representan la más profunda y efectiva antidemocracia. En el campo de la democracia política, tienen efectos tan contundentes o más que el asesinato de miles de militantes.
Por ello, la realidad de la Guerra Sucia en el campo de la "información" no podrá estar ausente en unas negociaciones de paz. Primero, en lo que toca a la información sobre el proceso mismo; luego en la reivindicación del Derecho a la Verdad y en la necesidad de conjurar la continuidad de la Guerra Sucia en este terreno, buscando "destruir al enemigo" con modalidades que tengan efectos equivalentes al asesinato: deslegitimarlo moralmente; silenciarlo radicalmente; anularlo o exterminarlo en sus dimensiones comunitarias, sociales y políticas.
"La PAZ es, ante todo, OBRA DE LA JUSTICIA. Supone y exige la instauración de un orden justo en el que los hombres puedan realizarse como hombres; en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en que los hombres no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la Paz". (II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, Doc. 2, No. 14).
Trece_anos_en_busqueda_de_la_paz.pdf (PDF - 67.8 KB)

References: artículo 28
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 30
 artículo 103