Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/190
Timestamp: 2020-08-15 05:26:06+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 62/1983
SENTENCIA 62/1983, de 11 de julio
ECLI:ES:TC:1983:62
En el recurso de amparo núm. 218/1982, formulado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don José Rivas Galán, don Darío Lorenzo Bautista y doña Marina Martín Velasco, bajo la dirección del Letrado don Juan Plaza Escudero, contra Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de 1982, sobre constitución de fianza. En el recurso ha comparecido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 18 de junio de 1982, la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don José Rivas Galán, don Darío Lorenzo Bautista y doña Marina Martín Velasco, formula recurso de amparo contra el Auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de 6 de mayo de 1982, que confirmó una resolución del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que fijaba una fianza de 100.000 pesetas a la querella interpuesta por los actores en el sumario 129/1981, instruido por dicho Juzgado, con la pretensión de que se les restablezca el derecho a la tutela jurisdiccional en cuanto al derecho a la acción pública previsto en el art. 125 de la Constitución, y 101 de la L.E.Cr., y el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la Ley consagrado en el art. 14 de la Constitución, que estima han sido vulnerados por la resolución impugnada.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 218-1982
Exigencia de fianza para el ejercicio de la acción pública en materia penal
El derecho fundamental establecido por el art. 24.1 de la Constitución se circunscribe al ejercicio por las personas «de sus derechos e intereses legítimos».
El concepto de interés legítimo hace referencia a la idea de un interés protegido por el Derecho, en contraposición a otros que no son objeto de tal protección. Dentro de los intereses protegidos hay que distinguir los de carácter personal, pues en relación a ellos se establece el derecho fundamental, lo que significa que si el que ejercita la acción es el titular de un interés legítimo y personal, lo que está ejercitando es un derecho fundamental.
Para delimitar el ámbito del derecho fundamental a la tutela judicial es necesario determinar si en los supuestos comprendidos por la legislación preconstitucional dentro de las acciones populares se encuentran casos en que el ciudadano que las ejercita es titular de un interés legítimo y personal. En relación con este punto debe señalarse que, dentro de los supuestos en atención a los cuales se establecen por el Derecho las acciones públicas, se encuentran los intereses comunes, es decir, aquellos en que la consecución del interés es la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen la sociedad. La solidaridad o interrelación social, especialmente intensa en la época actual, se refleja en la concepción del Estado como social y democrático de Derecho, que consagra la Constitución (art. 1.1), en el que la idea de interés directo, particular, como requisito de legitimación, queda englobado en el concepto más amplio de interés legítimo y personal, que puede o no ser directo.
El bien jurídico en los delitos de riesgo en general contra la salud pública es el bien común en que la misma consiste, que se refleja en definitiva en la salud personal de los ciudadanos, por lo que se trata de un supuesto en que la defensa del bien común es la forma de defender el interés personal.
La exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho reconocido por el art. 24.1 de la Constitución, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida u obstaculice gravemente su ejercicio, pues ella conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el mismo artículo.
La desigualdad de trato que establecen los arts. 280 y 281 de la L.E.Cr., partiendo de la distinta afección que el delito produce sobre las personas, no es discriminatoria -por no ser razonable-, ya que, en definitiva, responde al criterio de dar mayores facilidades a los más afectados.
Artículo 280, ff. 3, 4
Libro II, título V, capítulo II, sección segunda, f. 2
Artículo 346, f. 2
Artículo 348, f. 2
Artículo 565, f. 2
Disposición derogatoria tercera, f. 3
Estado socialEstado social, f. 2
Delitos contra la salud públicaDelitos contra la salud pública, f. 2
Cuantía de la fianzaCuantía de la fianza, f. 3

References: resolución 
 resolución 

Artículo 280

Artículo 346

Artículo 348

Artículo 565