Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0307_ES.html
Timestamp: 2019-11-20 15:47:41+00:00

Document:
INFORME sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015
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sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 121, apartado 2, y 136,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2015, sobre las recomendaciones específicas por país de 2015 (COM(2015)0251),
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015 (EUCO 22/15),
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015(1),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, sobre el informe sobre el mecanismo de alerta 2015 (COM(2014)0904),
– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, relativa la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(2),
– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas(3),
– Visto el Reglamento (UE) nº 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013 – el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas,
– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las pymes a la financiación(4),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),
– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), y de 13 de marzo de 2014, titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8–0307/2015),
A. Considerando que la Comisión, en sus previsiones económicas de la primavera de 2015, apunta, para 2016, unos índices de crecimiento del 2,1 % en la UE y del 1,9 % en la zona del euro;
B. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento presentado por la Comisión el 28 de noviembre de 2014 define tres pilares principales para 2015 (un impulso coordinado a la inversión privada, un compromiso renovado con las reformas estructurales y una serie de medidas en favor de la responsabilidad presupuestaria) y hace por vez primera hincapié en la contribución que debe prestar el presupuesto de la UE a la realización de estos pilares;
C. Considerando que se espera que la inflación anual de los precios al consumo aumente del 0,1 % en 2015 al 1,1 % en 2016 tanto en la UE como en la zona del euro, lo que no refleja el riesgo de deflación anticipado por el Banco Central Europeo;
D. Considerando que, con la aprobación del Reglamento relativo a la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la puesta en marcha de los programas operativos vinculados a los fondos de cohesión, la prórroga a 2015, 2016 y 2017 de créditos de compromiso del periodo 2007-2013 no utilizados en 2014 y la decisión de aumentar la prefinanciación de la iniciativa europea para la juventud, durante los últimos seis meses se ha adoptado toda una serie de medidas presupuestarias al servicio de los objetivos fijados por el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
E. Considerando que los niveles de desempleo en la UE siguen siendo inadmisiblemente altos, pero que han comenzado una senda descendente y se espera que caigan hasta el 9,2 % en la UE y el 10,5 % en la zona del euro en 2016;
F. Considerando que el presupuesto de la UE ha dado así pruebas de su valor añadido, pero también revelado los límites a la acción política de la Unión impuestos por un presupuesto que no se compone de unos auténticos recursos propios, que asciende a menos del 1 % del PIB de la UE y que está constreñido por un marco plurianual de 7 años;
G. Considerando que las perspectivas presupuestarias de la UE y la zona del euro continúan mejorando y revelan una situación presupuestaria agregada globalmente neutra;
1. Valora positivamente el hecho de que la recuperación económica va ganando terreno poco a poco, ya que se espera que, en 2016, el PIB aumente en un 1,9 % en la zona del euro y en un 2,1 % en la UE; observa, no obstante, con preocupación que las bases de la recuperación son frágiles, debido, entre otros factores, a debilidades estructurales subyacentes de la UE y a diferencias económicas regionales, que dan lugar a un crecimiento desigual y una baja competitividad a escala internacional;
2. Señala que las principales iniciativas políticas que incluían recomendaciones políticas se basaban en predicciones económicas que no habían previsto el débil crecimiento ni la baja inflación vividos como consecuencia de medidas de austeridad anticipadas y habían subestimado en gran medida la magnitud del multiplicador fiscal en un contexto caracterizado por una crisis financiera grave, así como por la importancia de los efectos indirectos en los Estados miembros en un momento de consolidación sincronizada combinados con el efecto deflacionario de las reformas estructurales acumuladas aceleradas;
3. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión, en sus recomendaciones específicas por país de 2015, se centre en las cuatro prioridades principales para el crecimiento económico: fomento de la inversión, aplicación de reformas estructurales en los mercados de productos, servicios y trabajo, responsabilidad presupuestaria y mejora de la política de empleo; hace hincapié en la importancia de estos factores para impulsar el crecimiento, así como para conseguir los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y el objetivo global de que la UE en su conjunto sea más competitiva; señala que esto debe llevarse a cabo sin debilitar la protección de los trabajadores ni socavar el modelo social europeo;
Perspectivas y retos económicos para la UE
4. Toma nota del nuevo enfoque adoptado por la Comisión con miras a optimizar el procedimiento del Semestre Europeo, consistente en poner un mayor énfasis en un número reducido de prioridades y retos de gran relevancia y publicar sus análisis de la zona del euro y específicos por país tres meses antes que en los años anteriores, y, teniendo en cuenta el nuevo calendario del Semestre Europeo, pide a los Estados miembros que incluyan de un modo más estructurado a los Parlamentos nacionales y a los entes locales y regionales así como a otras partes interesadas; recomienda que los principales cambios y reformas estructurales promovidos por las recomendaciones específicas por país vayan acompañados de evaluaciones de las repercusiones sociales de sus efectos a corto y largo plazo;
5. Observa con preocupación que no todos los Estados miembros han demostrado el mismo grado de compromiso al aplicar las recomendaciones específicas por país del año pasado y que el historial de aplicación ha sido, en general, deficiente; reitera la necesidad de una política coordinada dentro de la Unión y destaca la importancia de poner en práctica estas recomendaciones a fin de garantizar una aplicación coherente y justa del marco de gobernanza económica en todos los Estados miembros; destaca que la insuficiente aplicación de las recomendaciones en algunos Estados miembros constituye un obstáculo importante para la creación de un entorno favorable al crecimiento y a la inversión; insta a la Comisión a que, teniendo en cuenta la Resolución del Parlamento, de 24 de junio de 2015, relativa a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(5), considere la posibilidad de introducir un mecanismo que anime a los Estados miembros a ejecutar las recomendaciones específicas por país, especialmente en las zonas que presentan los mayores efectos colaterales, y proponer medios para asegurar que las recomendaciones del Semestre Europeo se aplican y respetan de modo más efectivo y coherente; pide a la Comisión, a este respecto, que publique un documento que incluya una evaluación completa del estado de aplicación de las recomendaciones específicas por país en cada Estado miembro y en el que se determinen explícitamente las recomendaciones destinadas a alcanzar los objetivos nacionales actualizados de la Estrategia Europa 2020; recomienda que se lleve a cabo un análisis de la pertinencia de las recomendaciones específicas por país para los distintos Estados miembros, a fin de evaluar, a posteriori, si eran válidas en lo que respecta a su ámbito, oportunidad, eliminación progresiva y orden, así como en cuanto a su impacto social y contribución a la reducción de las divergencias económicas entre las regiones de la Unión y entre los Estados miembros; toma nota de la intención de la Comisión de trasferir tres de los denominados indicadores auxiliares existentes al cuadro de indicadores principal;
6. Hace hincapié en que numerosos Estados miembros, en particular en la zona del euro, se enfrentan a retos macroeconómicos similares, incluidos, principalmente, elevados niveles de deuda (pública y privada), falta de competitividad y escasez de inversiones, lo que requiere un enfoque integrado para abordar estos asuntos; destaca que los insostenibles niveles de deuda tienen un efecto disuasorio sobre las inversiones;
7. Deplora la persistencia de elevadas tasas de desempleo en la mayoría de los Estados miembros, y manifiesta su preocupación, en particular, por las tasas de desempleo juvenil y de larga duración; subraya la necesidad de aumentar las inversiones y reformar los mercados laborales nacionales, así como la importancia de adoptar medidas de impulso de la economía para que aumenten los índices de creación de empleo, y de concentrarse en la creación de puestos de trabajo de calidad; destaca en particular la necesidad de mejorar los sistemas de educación nacionales y de adaptarlos a las nuevas demandas en materia de cualificaciones y conocimientos del mercado laboral de la UE, en particular adaptando el modelo de la formación en alternancia, que ha demostrado ser particularmente eficaz en la lucha contra el desempleo juvenil, e incluyendo en los programas educativos emprendimiento y competencias; destaca que ello requiere un enfoque y acciones específicos para algunos grupos de población, como los jóvenes, los desempleados poco cualificados, los desempleados de edad avanzada y las mujeres, que se siguen enfrentando a restricciones por lo que respecta a su plena participación en el mercado laboral; subraya, no obstante, la necesidad de velar por asegurar que dicho enfoque no suponga en la práctica únicamente una reducción de los derechos laborales y de la protección social o la promoción de formas precarias de empleo; insta a la Comisión a que examine el sistema de mecanismos de ingresos mínimos para los desempleados de los Estados miembros;
8. Celebra la entrada en vigor del Reglamento relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), destinado a impulsar la inversión privada y pública, entre otras cosas mediante bancos nacionales de promoción en la UE, como paso en la dirección correcta, y pide a todas las partes interesadas e instituciones pertinentes que garanticen una aplicación rápida y eficaz del mismo con el fin de facilitar a las empresas, y a las pymes en particular, el acceso a financiación; opina que uno de los objetivos principales de los proyectos que reciben ayudas del FEIE debe ser la creación de puestos de trabajo dignos que den lugar a un empleo de calidad y la consecución de la cohesión social, económica y territorial; observa la necesidad de fomentar, cuando sea posible, la inversión social con el objetivo de promover un impacto social positivo y reducir las desigualdades, entre otras cosas, mejorando los servicios públicos y apoyando la creación de puestos de trabajo para las categorías de personas vulnerables; insta a los Estados miembros a que asocien estrechamente a sus entes locales y regionales en la promoción de carteras de proyectos y plataformas de inversión; considera fundamental el éxito de este plan y, por consiguiente, seguirá muy de cerca su aplicación, especialmente todo intento de desplazar el gasto de inversiones y de deuda pública de los balances de los Estados miembros; subraya el papel desempeñado por el Parlamento para minimizar la redistribución desde Horizonte 2000 y el Mecanismo «Conectar Europa»; recuerda su compromiso de reducir los recortes en el transcurso del procedimiento presupuestario anual;
9. Observa que algunos Estados miembros, a fin de cumplir con las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), necesitan una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento que promueva la creación de empleo, un crecimiento sostenible y niveles más bajos de deuda; toma nota de la comunicación interpretativa de la Comisión en relación con la flexibilidad prevista en el PEC, que tiene por objeto clarificar el ámbito de aplicación de la cláusula de inversiones y permitir un cierto grado de flexibilidad temporal en el componente preventivo del PEC;
10. Manifiesta su preocupación por los desequilibrios macroeconómicos persistentes en algunos Estados miembros, en particular los elevados niveles de deuda pública y privada y los déficits por cuenta corriente, así como los riesgos excesivos a los que están expuestos el sector financiero y, más concretamente, los sistemas bancarios, sobre todo debido a las entidades que son demasiado grandes para quebrar; hace hincapié en que la interacción entre las deudas soberanas y las deudas de los bancos aún no se ha resuelto plenamente y sigue suponiendo una amenaza para la estabilidad financiera y presupuestaria; observa que los superávits de la balanza por cuenta corriente presentan riesgos diferentes de los déficits, y destaca la ampliación de las divergencias económicas dentro de la Unión y la zona del euro, que amenazan la coherencia de las políticas sectoriales europeas;
11. Recuerda que la pobreza y las cada vez mayores desigualdades de renta suponen una amenaza para el crecimiento y su sostenibilidad; pide a la Comisión que coordine y apoye a los Estados miembros en sus acciones de lucha contra estos problemas, facilitando el intercambio de buenas prácticas y la recogida minuciosa de datos; considera que estas responsabilidades deben formar explícitamente parte del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas;
Recomendaciones específicas por país: prioridades y objetivos
12. Destaca la importancia de que las empresas puedan acceder a financiación, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen la espina dorsal de la economía de la UE; observa la acomodaticia política monetaria destinada a estimular la inversión y pide la rápida aplicación de medidas recientes, como el Plan de Inversiones para Europa; observa, en este contexto, que los bajos tipos de interés actuales no han resultado suficientes para estimular la inversión en la medida necesaria; celebra al mismo tiempo la relajación gradual de las normas de crédito para los préstamos a empresas en la primera mitad de 2015 y los primeros signos de recuperación de la inversión privada; subraya el potencial del proyecto de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) para solucionar estas cuestiones, y pide a la Comisión que tome debidamente en cuenta las necesidades de las pymes en el diseño de la futura UMC; pide a la Comisión que lleve a cabo estudios para establecer si las prácticas reglamentarias mejoradas introducidas debidamente como parte del proceso de unión bancaria han tenido o no efectos negativos en el acceso de las pymes a la financiación bancaria para que, si procede, se adopten medidas correctoras;
13. Subraya la necesidad de mejorar el entorno empresarial de la UE, así como de elevar los niveles de productividad, mediante una combinación equilibrada de políticas públicas y privadas en materia de educación e innovación; hace hincapié en que el mercado único de la UE está aún fragmentado y que la economía de la UE carece de innovación, siendo la innovación clave para el crecimiento y la productividad, y que fomentarla resulta de este modo crucial para mejorar la competitividad internacional de la UE; toma nota, en este contexto, de la propuesta incluida en el informe de los cinco presidentes; recuerda la importancia de una buena regulación de la actividad empresarial para el éxito del FEIE; pide, por tanto, el desarrollo del mercado de capitales, la eliminación de los obstáculos administrativos (en caso de que ello no socave la protección fundamental de los trabajadores y los consumidores) y de la burocracia excesiva, el refuerzo de la calidad y eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros, acciones contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales y la reforma de los sistemas fiscales y jurídicos de los Estados miembros; destaca la importancia de evitar políticas de solución única; resalta que la mejora cualitativa de la capacidad administrativa en todos los niveles de la administración es una prioridad clave en numerosos Estados miembros; recuerda la necesidad de abordar el problema del trabajo no declarado, que está perjudicando la economía de la UE y provoca una competencia desleal y distorsiones en el mercado, con la consiguiente y creciente desprotección social y laboral de los trabajadores; pide, por lo tanto, la rápida entrada en vigor de una plataforma europea contra el trabajo no declarado;
14. Coincide con la Comisión en que numerosos Estados miembros han de ser más ambiciosos en la aplicación de reformas estructurales socialmente sostenibles y la eliminación de barreras para que sus mercados de productos y servicios sean más competitivos, teniendo en cuenta el impacto de dichas reformas en el empleo; celebra, en este contexto, la Comunicación de la Comisión sobre la hoja de ruta para la realización del mercado único digital, incluida la creación de un marco general que permita a las empresas fomentar la inversión en nuevas tecnologías, así como la Comunicación sobre la hoja de ruta para la Unión de la Energía; subraya que las recomendaciones específicas por país y los informes sobre países a menudo abordan cuestiones relativas a las diferencias territoriales en el rendimiento económico y la capacidad administrativa, y hace hincapié en que los objetivos políticos deberían tener sistemáticamente en cuenta estas diferencias; recuerda que en las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes generalmente se registran tasas de desempleo más elevadas y un crecimiento económico menor; considera, por lo tanto, que, con el fin de asegurar su sostenibilidad, son necesarias inversiones que contribuyan a mejorar su potencial de crecimiento y atraigan a personas para que vivan en ellas;
15. Hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros adapten sus finanzas públicas aplicando políticas anticíclicas cuando sea necesario y aprovechando plenamente las cláusulas de flexibilidad existentes previstas en la legislación, al tiempo que respetan las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); destaca la importancia de una política anticíclica que entraña flexibilidad, dentro de los márgenes acordados en el PEC, en momentos de recesión económica, así como superávits presupuestarios en momentos de recuperación económica; considera que en particular los Estados miembros con elevados niveles de deuda deben proseguir su consolidación presupuestaria favorable al crecimiento y aplicar con urgencia las reformas estructurales recomendadas, teniendo en cuenta los aspectos sociales, en tanto que se insta a los Estados que disponen de un mayor margen de maniobra presupuestario a utilizarlo para estimular la inversión y reducir la deuda nacional existente así como la carga impositiva;
16. Celebra que el número de Estados miembros sujetos al procedimiento de déficit excesivo haya disminuido de 11 en 2014 a 9 en 2015; observa, no obstante, que su número sigue siendo demasiado alto y pide de nuevo que las recomendaciones específicas por país se coordinen mejor, cuando proceda, con las recomendaciones formuladas en el marco del procedimiento de déficit excesivo, a fin de garantizar la coherencia entre el seguimiento de la situación presupuestaria y las recomendaciones de las políticas económicas; insta a la Comisión a que apoye el intercambio de buenas prácticas y la recogida minuciosa de datos de los Estados miembros; subraya la necesidad, también para todos los Estados miembros, de una mayor transparencia en la aplicación de los procedimientos del PEC y el PDM, incluidas las recomendaciones específicas por país, asegurando de este modo la igualdad de trato de todos los Estados miembros;
17. Destaca el papel de un mercado laboral flexible en la lucha contra el desempleo al tiempo que se preserva una mano de obra de calidad y no se lesiona el derecho fundamental de los trabajadores a un puesto de trabajo seguro y adecuadamente remunerado en la UE; observa, en particular, el impacto negativo que ejercen en los índices de creación de empleo, por ejemplo, los salarios que no son acordes a la evolución de la productividad y los abusos que sirven para eludir las normas del mercado laboral al ofrecer contratos de derecho civil en lugar de contratos laborales; pide que el desplazamiento de la carga impositiva del trabajo hacia otras fuentes de impuestos, así como un plan real para luchar contra el desempleo que no dé lugar a la reducción de las normas de calidad; pide, a este respecto, unos mercados de trabajo más justos que garanticen la libre circulación de trabajadores en Europa y unas políticas redistributivas, teniendo en cuenta las características específicas de cada uno de los Estados miembros, con objeto de impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad y facilitar una mayor convergencia económica y social al alza;
18. Lamenta el hecho de que en los Estados las recomendaciones específicas por país no se asumen como propias, dificultando la coordinación de políticas económicas nacionales democráticamente legítimas con las recomendaciones europeas, así como que carezcan de un mecanismo de rendición de cuentas democrático; pide, en este contexto, una mayor participación de los Parlamentos nacionales y de los entes locales y regionales, así como de las partes interesadas nacionales y europeas pertinentes, como los representantes de la sociedad civil, en la preparación de los programas nacionales de reformas; acoge con satisfacción la cooperación existente y pide una mayor cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo en el debate sobre las recomendaciones específicas por país, el intercambio de buenas prácticas y la mejora del proceso del Semestre Europeo; subraya que la ejecución de las recomendaciones específicas por país en términos políticos, jurídicos y económicos podría mejorar con una cooperación transparente entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, que debería comenzar durante la fase de preparación del Estudio Prospectivo Anual sobre el crecimiento y continuar hasta que se aprueben oficialmente las recomendaciones específicas por país; hace hincapié en que una mayor implicación nacional así como más transparencia y responsabilidad democrática son imprescindibles para la aceptación y correcta aplicación de las recomendaciones específicas por país y, a largo plazo, para la consecución de la Estrategia Europa 2020;
19. Pide a la Comisión que siga optimizando el Semestre Europeo y su calendario actual para lograr una mejor interrelación entre los documentos nacionales (programas nacionales de reformas y programas de convergencia o estabilidad) y los documentos preparados por la Comisión (recomendaciones específicas por país e informes sobre países), a fin de reforzar las sinergias y facilitar la coordinación de las políticas nacionales sin ignorar los objetivos originales que plantean los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que realicen mejoras metodológicas en los procedimientos subyacentes del Semestre y presten atención suficiente a los indicadores sociales y de empleo en el Semestre Europeo, así como que debatan todas las opciones políticas disponibles con objeto de paliar los efectos de las políticas de ajuste fiscal en los grupos sociales económicamente más débiles; solicita que se publiquen todos los análisis de base relacionados con la aplicación del PEC y del PDM; toma nota del llamamiento a conferir plena legitimidad democrática a instrumentos intergubernamentales como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza mediante su integración en el Derecho primario de la Unión;
20. Subraya las negativas repercusiones de los altos niveles de deuda y el entorno de escasez de inversiones en el crecimiento económico en la UE; pide a la Comisión que, respetando el principio de responsabilidad y teniendo en cuenta los aspectos sociales, busque maneras innovadoras de acelerar y atenuar el impacto negativo del desapalancamiento en los sectores bancario, privado y público; pide, a este respecto, a los Estados miembros la rápida transposición de la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias; pide la creación de un mecanismo de protección presupuestaria adecuado que garantice la correcta financiación y la credibilidad del Fondo Único de Resolución;
21. Subraya el efecto devastador de una moneda sobrevaluada en las exportaciones, la producción, el empleo, los salarios, la renta, los ingresos públicos y los sistemas de seguridad social; pide a la Comisión que busque maneras innovadoras de reducir la necesidad de una dolorosa devaluación interna;
22. Hace hincapié en que una unión monetaria —en una zona monetaria ni mucho menos óptima— deja necesariamente a sus miembros atrapados con una moneda sobrevaluada frente a otros miembros de la unión monetaria; lamenta el hecho de que no exista una solución fácil para los miembros desfavorecidos de la unión monetaria y recuerda que la devaluación interna implica enormes y prolongados sacrificios para las personas que viven en estos Estados miembros;
23. Admite la necesidad de un análisis independiente de las perspectivas económicas de los Estados miembros a escala de la UE; insta, en este sentido, a seguir desarrollando la unidad de la Comisión conocida como analista económico principal, a fin de proporcionar análisis objetivos, independientes y transparentes de los datos pertinentes, que deberían hacerse públicos y servir de base para un debate y proceso decisorio bien fundamentados en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo; exige que se transmitan a la Unidad del analista económico principal todos los documentos pertinentes a tiempo para que pueda desempeñar sus tareas; destaca la utilidad de la función de los consejos presupuestarios nacionales tanto a nivel nacional como de la UE y anima a crear una red europea de consejos presupuestarios nacionales independientes;
24. Recuerda que una mejor gobernanza económica en la zona del euro es fundamental y que, según el informe de los cinco presidentes, «una UEM completamente realizada no constituye un fin en sí misma»; subraya, a este respecto, que todos los países de la UE deberían estar implicados en cada una de las fases de la realización de la UEM, a fin de garantizar la apertura y transparencia del proceso de reforma de la misma; acoge con satisfacción, a este respecto, el informe de los cinco presidentes y el hecho de que la hoja de ruta hacia «un Semestre Europeo más integrado» sea una de las principales partes del documento; reconoce que la cada vez mayor interdependencia entre los Estados miembros de la zona del euro exige más coordinación de las políticas nacionales;
25. Señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido de los problemas sociales (pobreza a pesar de contar con un puesto de trabajo) y económicos (reducción de la demanda interna) relacionados con la devaluación de los salarios que se ha producido en los últimos años; destaca en este sentido la importancia vital de una política salarial adecuada para el mantenimiento de la demanda interna, y que los aumentos salariales deberían, por lo tanto, adaptarse mejor a los cambios en la productividad; sostiene la necesidad de destacar la importancia de aumentar los salarios, especialmente en los países en los que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, pero considera que esto debe realizarse respetando el principio de subsidiariedad; recuerda que los salarios mínimos difieren sustancialmente entre los Estados miembros, y reitera su solicitud de que se elabore un estudio sobre esta cuestión; alienta a los Estados miembros a que establezcan salarios mínimos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales; solicita una estrategia global para luchar contra la pobreza basada, entre otras cosas, en unos trabajos dignos que den acceso a un empleo de calidad y a servicios; señala la función de la educación, y por lo tanto su capacidad por lo que respecta a la inserción laboral, como una de las mejores armas para combatir la pobreza;
26. Recuerda la necesidad de apoyar la inversión en servicios de prevención e intervención temprana de alta calidad, accesibles e inclusivos, entre ellos, la educación desde una edad temprana, el apoyo a la familia y a las comunidades, los servicios sociales y los sistemas sanitarios sostenibles; destaca que la creciente demanda de servicios también podría suponer una considerable creación de empleo en el sector social, si se gestiona de manera eficaz, y que los sectores de la asistencia sanitaria y social son ámbitos cruciales para la inversión conducente a la sostenibilidad de las economías;
27. Considera, en el contexto de las diferentes recomendaciones de la Comisión para reformar las pensiones, que la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida no es la única manera de abordar el reto del envejecimiento de la población y los demás desafíos demográficos de Europa, y que las reformas de los sistemas de pensiones deben reflejar también, entre otros aspectos, las tendencias del mercado laboral, la tasa de natalidad, la situación demográfica, el estado de la salud y la riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica, todo ello sin dejar de perseguir el objetivo de garantizar unos ingresos dignos tras la jubilación que, como mínimo, estén por encima del umbral de la pobreza; recuerda que la mejor forma de abordar el reto del envejecimiento de la población es aumentar la tasa global de empleo; toma nota, en el contexto del envejecimiento de la población, de la recomendación de la Comisión de que se reformen los sistemas de asistencia sanitaria para que cumplan su objetivo de facilitar el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, incluido el acceso asequible a los medicamentos, en particular los que salvan vidas, y de que se garantice el respeto de los derechos del personal médico;
28. Pide que las recomendaciones específicas por país incorporen la recomendación de la Comisión(6) sobre la reestructuración preventiva de las empresas en riesgo de quiebra y la condonación de deudas de los empresarios insolventes, ya sean personas físicas o jurídicas, con objeto de dar una segunda oportunidad a las empresas; pide asimismo a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliar esos programas a las familias en riesgo de desahucio, a fin de velar por una mayor cohesión social disminuyendo el riesgo de carencia de hogar; observa el rápido incremento de las formas extremas de pobreza, tales como la situación de carencia de hogar, en muchos Estados miembros; pide que se envíen recomendaciones específicas por país a todos los Estados miembros sobre estrategias de inclusión social, entre ellas, la lucha contra las formas extremas de pobreza, tales como las situaciones de carencia de hogar; pide que se realicen mejoras en el intercambio transnacional de mejores prácticas en materia de personas sin hogar y el aprendizaje recíproco, y reconoce el papel del Programa para el Empleo y la Innovación Social (EASI) en este contexto;
29. Reitera la necesidad de adoptar un nuevo sistema de recursos propios que allane el camino a una auténtica reforma de la financiación de la Unión sin aumentar la carga fiscal de los ciudadanos de la UE y que cree un vínculo real entre los ciudadanos y las autoridades europeas; aguarda con interés, en este contexto, el análisis y el debate de las propuestas que presentará el próximo año el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;
Contribución por sectores al Semestre Europeo 2015
30. Señala que la publicación en primavera de 2017 de un Libro Blanco sobre un mecanismo de estabilidad presupuestaria en la zona del euro coincidirá con la revisión intermedia del marco financiero plurianual; reitera, a este respecto, su exigencia de que toda financiación o instrumento suplementarios se inscriban en el ámbito de control presupuestario del Parlamento y se financien por encima del límite máximo del marco financiero plurianual para 2014-2020;
31. Recuerda que en 2015 persiste la gravedad de los impagos, debida en gran medida a la insuficiencia de los límites máximos de pago y de la presupuestación; teme que esto siga poniendo en peligro la correcta ejecución de los nuevos programas del MFP para 2014-2020 y penalizando a los beneficiarios, en particular a las autoridades locales, regionales y nacionales, que se enfrentan a dificultades económicas y sociales;
32. Toma nota de las recomendaciones sobre la necesidad de avanzar en nuevas reformas laborales, y pide que dichas reformas, en caso de realizarse, garanticen la protección social y el diálogo social, con arreglo a las prácticas nacionales, y el consenso político necesario para que sean sostenibles y eficaces; considera que las reformas laborales deben encontrar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad, tanto para los trabajadores como para los empleadores, y no deben traducirse, por ejemplo, en la exclusión de los trabajadores de la negociación colectiva, unos índices más bajos de productividad o unos niveles más bajos de empleo; pide que se lleven a cabo reformas laborales en los Estados miembros donde todavía son necesarias, aprovechando el punto de inflexión del ciclo en el que nos encontramos; considera que estas reformas deberían ser capaces de reducir la fragmentación, fomentar la creación de empleo, reducir la inseguridad y luchar contra la pobreza, con objeto de incrementar la productividad y la competitividad de nuestra economía, garantizando al mismo tiempo más puestos de trabajo y unos sueldos dignos mediante la inversión en capital humano; destaca que otras reformas estructurales, como la reindustrialización, son igual de importantes para la creación de un mercado laboral sostenible;
33. Pide a la Comisión que garantice que en sus orientaciones políticas las reformas del mercado laboral tengan como objetivo, entre otros, la reducción de la segmentación, la garantía de una mejor anticipación y la correspondencia entre competencias y trabajos, el avance en la inclusión de los grupos vulnerables, la reducción de la pobreza de la población ocupada, el fomento de la igualdad de género, el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores con contratos atípicos y el refuerzo de la protección social a los trabajadores autónomos;
34. Reconoce que el establecimiento de salarios mínimos es una competencia de los Estados miembros que debe respetarse a la luz del principio de subsidiariedad;
35. Señala que algunas reformas laborales han introducido nuevas fórmulas contractuales y que, según la Comisión, algunas de ellas han aumentado la precariedad en los mercados de trabajo, exigiendo en un gran número de casos una flexibilidad injusta a las nuevas generaciones; señala, con preocupación, los datos de algunos Estados miembros cuyas tasas de empleo temporal representan más del 90 % de los nuevos contratos, incidiendo especialmente en los jóvenes y en las mujeres, lo que supone, según la OCDE(7), una de las causas directas del aumento de la desigualdad, aunque en ocasiones son los trabajadores quienes buscan específicamente este tipo de contratos para poder conciliar mejor la vida laboral y la privada u obtener ingresos extra; pide a los Estados miembros que generen sinergias entre las políticas nacionales y la política de cohesión europea, a fin de incrementar los efectos en esos grupos prioritarios; expresa su especial preocupación por el aumento de los «contratos de cero horas»; considera que todos los tipos de contratos deberían abrir a los trabajadores el acceso a un conjunto básico de derechos y una protección social adecuada;
36. Señala que las altas tasas de desempleo de larga duración en la Unión, en particular en algunos Estados miembros, se traducen en un número cada vez mayor de trabajadores que pierden sus prestaciones antes de encontrar un nuevo empleo; constata que algunos Estados miembros han limitado el acceso a dichas prestaciones o reducido el importe disponible o el período durante el que se tiene derecho a ellas; pide a los Estados miembros que, en el marco de sus competencias, mantengan un equilibrio entre una renta mínima adecuada y una protección social adecuada y unos incentivos adecuados para la búsqueda activa de empleo que brinden un apoyo personalizado sin condiciones punitivas que minen los derechos sociales; pide a los Estados miembros que adopten unas medidas de activación sólidas con objeto de lograr resultados más eficaces; reconoce que la mejora de la política de empleo y de la protección social para activar la ayuda y proteger a las personas, garantizando una cohesión social más sólida, es un componente fundamental del crecimiento económico sostenible; solicita que se realice un estudio específico sobre dichos incentivos a escala de la UE, y pide a los Estados miembros que, con arreglo a las prácticas nacionales, introduzcan regímenes de renta mínima para acabar con las bolsas de exclusión social y garantizar unos ingresos mínimos a las familias;
37. Acoge con satisfacción la disminución de los índices de desempleo juvenil, aunque señala que siguen siendo alarmantes en muchos Estados miembros y regiones y que tal reducción no responde necesariamente a una creación de empleo neta; destaca que la inseguridad laboral y el desempleo también han aumentado, y que en 2014 el 43 % de los jóvenes ocupaba un puesto de trabajo temporal, mientras que el 32 % trabajaba a tiempo parcial; se felicita de la decisión de la Comisión de desbloquear mil millones de euros para la prefinanciación de la Garantía Juvenil; pide a los Estados miembros que utilicen todos los fondos disponibles ágil y eficazmente para poner en práctica la Iniciativa de Empleo Juvenil con un nivel mínimo de calidad; pide, además, que estos fondos se controlen de forma atenta y continua para garantizar que ayudan a los jóvenes a integrarse de forma duradera en el mercado laboral; pide a los Estados miembros que favorezcan el aprendizaje de idiomas y faciliten la movilidad a través de programas como Erasmus+ o Erasmus para Jóvenes Emprendedores, y que también participen en la red de servicios de empleo EURES; destaca asimismo que es importante promover y fomentar el aprendizaje como medio para que los jóvenes adquieran las cualificaciones profesionales que les permitirán acceder al mercado laboral;
38. Observa que existen diferencias significativas entre los Estados miembros en cuanto al éxito de la aplicación de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil; señala que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que la solución del problema del desempleo juvenil en la Unión requeriría un presupuesto de 21 000 millones de euros y que el compromiso financiero actual de la Comisión es claramente inadecuado y ha de elevarse a un nivel suficiente; pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros y las organizaciones juveniles representativas para proponer normas mínimas y mejores prácticas en la aplicación de la Garantía Juvenil;
39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por atajar el dumping social y salarial en la Unión, que provoca perjuicios importantes a los trabajadores afectados y a los sistemas de protección social de los Estados miembros; pide asimismo la participación de los interlocutores sociales en esta labor a todos los niveles;
40. Subraya que la inseguridad laboral de los jóvenes afecta negativamente a su decisión de tener hijos, y perjudica de este modo las perspectivas demográficas de los Estados miembros;
41. Pide a la Comisión que dirija orientaciones a los Estados miembros para combatir el problema de la baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo abordando cuestiones como la segregación en el mercado laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la desigual distribución de las responsabilidades en materia de prestación de cuidados; subraya que hace falta un enfoque más amplio de la igualdad de género que vaya más allá de las tasas de empleo;
42. Recalca que el empleo es la mejor manera de luchar contra la pobreza y la exclusión social y que los Estados miembros deberían centrarse en facilitar el acceso al mercado de trabajo, en particular a los jóvenes y los desempleados de larga duración;
43. Se felicita del nuevo enfoque adoptado por la Comisión, consistente en simplificar el proceso del Semestre Europeo; aplaude, en este contexto, el trabajo de la Comisión sobre la definición de recomendaciones específicas por país relacionadas con el mercado único, pero lo considera insuficiente; pide que se lleven a cabo esfuerzos más decididos para la orientación y coordinación de las políticas económicas con el fin de garantizar una aplicación coherente y justa del marco de gobernanza económica en los Estados miembros y de evaluar los efectos de la gobernanza económica en todos los Estados miembros;
44. Apoya la insistencia de las recomendaciones específicas por país para 2015 en la importancia de la eliminación de restricciones y barreras injustificadas al acceso a sectores clave; pide a los Estados miembros pertinentes que presten la máxima atención a estas recomendaciones y eliminen con carácter urgente estos obstáculos al crecimiento del mercado único;
45. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Presidentes del Consejo, de la Comisión, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo, así como a los Parlamentos nacionales.
La finalidad del proceso del Semestre Europeo es garantizar la coordinación integrada de la política económica a nivel de la UE mediante una combinación de instrumentos de vigilancia macroeconómica y presupuestaria, algo que resulta necesario para guiar la convergencia y gestionar la interdependencia de los Estados miembros.
Como parte del ciclo anual del Semestre Europeo, las recomendaciones específicas por país (REP) asesoran a los Estados miembros individualmente sobre las medidas necesarias para impulsar el crecimiento manteniendo al mismo tiempo la salud de las cuentas públicas. Las REP de 2015 se basan en las prioridades en la materia definidas en el último Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y han recibido el respaldo del Consejo en julio de 2015.
Las previsiones económicas para el próximo año muestran indicios de recuperación económica, con tasas positivas de crecimiento, aumento de la inflación y mejora de las perspectivas presupuestarias, en parte gracias a los importantes esfuerzos presupuestarios y reformas estructurales efectuados por muchos Estados miembros. Ahora bien, debe señalarse que las bases del crecimiento siguen siendo frágiles.
En este contexto, el ponente celebra las cuatro prioridades en la materia que se han definido para el ciclo del presente año: el aumento de la inversión, la aplicación las reformas estructurales necesarias, la responsabilidad presupuestaria y la mejora de las políticas de empleo de los Estados miembros.
Habida cuenta del muy escaso grado de cumplimiento de las REP en la mayoría de los Estados miembros, el ponente considera que la única forma de mejorar la situación económica, financiera y laboral en la UE es la aplicación de reformas estructurales ambiciosas. Además, el ponente destaca que las reformas estructurales son una condición importante para que las iniciativas de la UE como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) produzcan resultados más concretos.
El ponente quiere mostrar su preocupación por las elevadas tasas de desempleo en la mayoría de los Estados miembros. Destaca que la flexibilidad de los mercados laborales es esencial para luchar contra el paro. El ponente considera que para que la tasa de empleo se incremente, hay que abandonar la imposición sobre el trabajo y pasar a otras formas de tributación.
En 2015 ha disminuido considerablemente el número de REP con el fin de prestar mayor atención a las cuestiones prioritarias fundamentales, lo que refleja, además, la voluntad de la Comisión de racionalizar el proceso del Semestre Europeo en su totalidad. El ponente saluda esta iniciativa, pero considera, no obstante, que se necesitan mayores esfuerzos para reforzar el proceso y, de este modo, incrementar el grado de aplicación y eficacia de las REP. El ponente propone, como ejemplo de lo anterior, aumentar la responsabilización nacional respecto de las REP mediante la participación de los Parlamentos nacionales en todo el proceso del Semestre Europeo.
En este contexto, el 15 de septiembre de 2015, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) organizó un intercambio de puntos de vista con representantes de los Parlamentos nacionales, que permitió compartir experiencias sobre dicho proceso. En concreto, demostró el papel esencial que los Parlamento nacionales deben desempeñar en la preparación en los programas nacionales de reformas (PNR), a fin de incrementar la responsabilización respecto de los REP a escala nacional e incorporar una rendición de cuentas democrática a todo el proceso del Semestre Europeo. A continuación se exponen las principales conclusiones a las que se llegó en dicho intercambio.
Intercambio de puntos de vista sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015
El 15 de septiembre de 2015, la Comisión ECON celebró un intercambio de puntos de vista con representantes de los Parlamentos nacionales de la UE bajo el lema «Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015». Asistieron a la reunión delegados de Bélgica, la República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia.
La gran mayoría de los participantes consideraron que el Semestre Europeo constituía el marco apropiado para la coordinación de políticas dentro de la UE. Acogieron favorablemente, en términos generales, las últimas modificaciones encaminadas a racionalizar su concepción, incluidas una formulación más específica y una publicación más temprana de las recomendaciones específicas por país (REP). Sin embargo, se mencionaron varios ámbitos susceptibles de mejora:
Aplicación de las REP — La experiencia actual ha demostrado que las REP no se aplican satisfactoriamente, lo que refleja principalmente una falta de responsabilización en los Estados miembros, debida a que normalmente los Parlamentos nacionales no intervienen hasta las últimas fases del Semestre (elaboración del presupuesto en otoño). Por consiguiente, adelantar la participación de los Parlamentos nacionales a la primavera (preparación de los programas nacionales de reformas o los programas de convergencia o estabilidad, debate parlamentario sobre el proyecto de REP de la Comisión) no solo podría contribuir a incrementar el grado de aplicación de las recomendaciones en sí, sino también la rendición de cuentas democrática de todo el proceso. En lo que atañe a la zona del euro, se consideró que una mayor coherencia entre las recomendaciones dirigidas a la zona del euro en su conjunto y las dirigidas individualmente a los Estados miembros también era un factor que contribuye al cumplimiento de las REP por parte de los países (en especial, por lo que respecta a la orientación presupuestaria óptima de la zona del euro o al ajuste de la balanza por cuenta corriente dentro de la zona del euro).
Contenido del marco — Algunos participantes consideraron que la actual concepción no presta la suficiente atención a la dimensión social de todo el proceso, debido a que las REP reposan en bases excesivamente simplificadas, ya que el aumento de las reformas estructurales no se traduce automáticamente en un crecimiento más fuerte y mejores puestos de trabajo. Por ello se defendió un enfoque de las reformas estructurales más orientado al bienestar y más adaptado a cada país.
Flexibilidad del marco — Varios delegados pidieron una mayor flexibilidad para las decisiones de los Estados miembros en cuanto a los medios destinados a aplicar las REP en general y para la evaluación de los objetivos presupuestarios, a raíz, en particular, de la crisis de los refugiados. Además, el Semestre Europeo debe permitir una grado de flexibilidad que permita acomodar los calendarios electorales nacionales, que pueden conllevar, por ejemplo, retrasos en la preparación del proyecto de plan presupuestario (por ejemplo, las elecciones generales de este año en Portugal y Polonia).
Aplicación del marco — Esta cuestión se suscitó en el contexto del debate sobre el superávit por cuenta corriente de Alemania, ya que algunos participantes consideraron que las recomendaciones de reducción de los desequilibrios en la balanza por cuenta corriente no eran simétricas para los países en situación de déficit y de superávit, no solo en lo que respecta a su formulación sino también a su aplicación. También señalaron que el marco debe aplicarse con independencia del tamaño del Estado miembro. Por otro lado, algunos diputados respondieron que el superávit por cuenta corriente de Alemania refleja el éxito del modelo económico de este país y, por tanto, las críticas carecían de justificación tanto política como económica. A este respecto, es importante recordar que el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) se articula en torno a umbrales indicativos (también en el caso de la balanza por cuenta corriente) y no a límites fijados en la legislación, como ocurre con el procedimiento de déficit excesivo. A fin de cuentas, en igualdad de condiciones, un país con superávit por cuenta corriente se encuentra en una situación económica más segura.
Función del Eurogrupo — La cuestión del marco institucional del Eurogrupo y su función en el Semestre Europeo fue objeto de un intenso debate habida cuenta de que carece de un respaldo formal en los Tratados y de legitimidad democrática, a pesar de adoptar decisiones que afectan a la soberanía. A este respecto, es importante tener presente la medida en que el Eurogrupo está facultado para adoptar una decisión cuando no están representados todos los Estados miembros de la zona del euro.
Otras cuestiones — Los participantes también debatieron con brevedad posibles medidas para mejorar la competitividad de los Estados miembros de la UE, la necesidad de establecer normas comunes para la tributación de las sociedades o la representación, o la falta de representación, de Europa en los foros multinacionales. Se planteó asimismo la cuestión de armonizar la metodología empleada para calcular el ajuste presupuestario estructural.
A modo de conclusión, la gran mayoría de los participantes acogieron favorablemente la posibilidad de debatir con el Parlamento Europeo las cuestiones relativas al Semestre Europeo y recalcaron la necesidad de intercambios más frecuentes, también entre Parlamentos nacionales, y relativos a más cuestiones (como el diálogo sobre el informe de los cinco presidentes). Para terminar, el presidente de la Comisión, Roberto Gualtieri, señaló que, en lo que respecta a la política económica, está naciendo un consenso entre el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la forma de abordar las orientaciones presupuestarias comunes a escala de la zona del euro con el fin de definir una combinación de políticas que contribuyan a fomentar un crecimiento sostenible. En cuanto a los aspectos de procedimiento, pidió a los representantes del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales que formularan propuestas sobre la forma de ofrecer una aportación positiva a la Comisión y reforzar la dimensión democrática del Semestre Europeo.
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos(*)
A. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento presentado por la Comisión el 28 de noviembre de 2014 define tres pilares principales para 2015 (un impulso coordinado a la inversión privada, un compromiso renovado con las reformas estructurales y una serie de medidas en favor de la responsabilidad presupuestaria) y hace por vez primera hincapié en la contribución del presupuesto de la UE a la realización de estos pilares;
B. Considerando que, con la aprobación del Reglamento relativo a la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la puesta en marcha de los programas operativos vinculados a los fondos de cohesión, la prórroga a 2015, 2016 y 2017 de créditos de compromiso del periodo 2007-2013 no utilizados en 2014 y la decisión de aumentar la prefinanciación de la iniciativa europea para la juventud, el semestre pasado ha sido pródigo en ejecuciones presupuestarias al servicio de los objetivos fijados por el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
C. Considerando que el presupuesto de la UE ha dado así pruebas de su valor añadido pero también revelado los límites a la acción política de la Unión que supone un presupuesto no apoyado en unos auténticos recursos propios, inferior todavía al 1 % del PIB de la UE y constreñido por un marco plurianual de 7 años;
D. Considerando la posición del Consejo en relación con el presupuesto 2016 consistente en la reducción en 563,6 millones de euros de los créditos de compromiso y en 1 400 millones de euros de los créditos de pago subestimando, una vez más, las necesidades reales de la UE en términos de pago, lo que contradice el plan de liquidación de las facturas pendientes de pago propuesto por la Comisión Europea;
1. Celebra la presentación del informe de los cinco presidentes titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria Europea», pero lamenta el desfase y la lentitud extrema entre el calendario previsto para su aplicación y la necesidad de reformas que ha puesto en evidencia la crisis griega;
2. Se congratula de las medidas adoptadas para simplificar y reforzar el Semestre Europeo, es decir, un enfoque más centrado en las prioridades, menos documentos y más tiempo para debatirlas, una mayor dimensión política y una mejor participación de las autoridades nacionales;
3. Acoge con satisfacción las propuestas formuladas en materia de refuerzo del control parlamentario, en particular la sugerencia de adaptar las estructuras del Parlamento a la especificidad de la moneda única, indispensable para construir una verdadera unión económica y monetaria;
4. Destaca la comprensión por parte de la Comisión del papel crucial desempeñado por las autoridades nacionales y regionales en la promoción de las reformas estructurales necesarias, el ejercicio de la responsabilidad fiscal y el fomento de la inversión en apoyo del empleo y del crecimiento;
5. Aplaude el llamamiento a una integración en el Derecho primario de la Unión de instrumentos intergubernamentales como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, con objeto de poner fin al déficit de legitimidad democrática;
6. Hace hincapié en la necesidad de aplicar todas las reglas actuales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para lograr la estabilidad de las finanzas públicas;
7. Se congratula de las propuestas formuladas para un mecanismo de estabilización presupuestaria para la zona del euro, que sería un primer paso hacia la creación de un futuro tesoro público europeo; señala que la publicación al respecto de un Libro Blanco, anunciada para la primavera de 2017, coincidirá con la revisión intermedia del marco financiero plurianual; recuerda en este sentido su exigencia de que una financiación o un instrumento suplementarios se inscriban en el ámbito de control presupuestario del Parlamento Europeo y se financien por encima del límite máximo del marco financiero plurianual para 2014-2020;
8. Reitera la necesidad de adoptar un nuevo sistema de recursos propios que debería conducir a una auténtica reforma de la financiación de la Unión sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos de la UE y crear un verdadero vínculo entre los ciudadanos y las autoridades europeas; aguarda con el mayor interés, en este contexto, el análisis y el debate sobre las propuestas que presentará el próximo año el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;
9. Recuerda que los impagos, debidos en gran medida a unos límites máximos de pago y a una presupuestación insuficientes, siguen siendo graves en 2015; teme que esto siga poniendo en peligro la correcta ejecución de los nuevos programas del MFP para 2014-2020 y penalizando a los beneficiarios, en particular a las autoridades locales, regionales y nacionales, que se enfrentan a dificultades económicas y sociales;
10. Celebra la aprobación del Reglamento sobre el FEIE como instrumento para reforzar la inversión privada y subraya el papel desempeñado por el Parlamento para minimizar la redistribución desde Horizonte 2000 y el Mecanismo «Conectar Europa»; recuerda su compromiso de reducir los recortes en el transcurso del procedimiento presupuestario anual;
11. Considera fundamental el éxito de este plan y por consiguiente seguirá muy de cerca su aplicación, especialmente para prevenir cualquier intento por desplazar el gasto de inversiones y de deuda pública de los balances de los Estados miembros.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales(*)
Ponente de opinión (*): Sergio Gutiérrez Prieto
1. Señala que muchos Estados miembros siguen presentando grandes déficits, mientras que otros están acumulando superávits de la balanza por cuenta corriente, y que es necesario desarrollar y coordinar programas de responsabilidad presupuestaria que tengan en cuenta estas diferencias y sean compatibles con la creación de empleo digno que dé lugar a un empleo de calidad, crecimiento económico y, por consiguiente, a un estado del bienestar para las futuras generaciones; pide a la Comisión, que ya ha recibido las propuestas de presupuestos nacionales para 2016, y en el marco de la política presupuestaria definida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que utilice plenamente la flexibilidad(8) disponible con objeto de proporcionar, cuando proceda, un proceso de responsabilidad flexible a escala nacional que refleje mejor las situaciones cíclicas en cada uno de los Estados miembros y permita la adopción de políticas socialmente responsables y económicamente eficientes orientadas a la creación de puestos de trabajo dignos para un empleo de calidad e inversión social en servicios de calidad;
2. Opina que, si bien los Estados miembros con déficits o niveles de deuda elevados han de seguir esforzándose en aras de la viabilidad de las finanzas públicas, aquellos con margen de maniobra presupuestaria deben, por su parte, aprovecharse para fomentar la demanda interna y las inversiones propicias al crecimiento;
3. Lamenta que no se haga una referencia general a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; pone de relieve que las políticas sociales y de empleo no deberían considerarse exclusivamente desde una perspectiva basada en los costes, sino que también se debería prestar atención a los beneficios a largo plazo; pide, por consiguiente, que los objetivos pertinentes en materia social y medioambiental se incluyan en el nuevo marco de evaluación, a fin de garantizar que se proponga que todos aquellos países en los que no se produzcan avances en cuanto a la lucha contra pobreza, el logro de un empleo de calidad, la lucha contra el abandono escolar, el aprendizaje permanente, la utilización eficiente de los recursos y la prevención del cambio climático sean objeto de recomendaciones específicas por país;
4. Pide que las recomendaciones específicas por país incorporen la recomendación de la Comisión(9) sobre la reestructuración preventiva de las empresas en riesgo de quiebra y la condonación de deudas de los empresarios insolventes, ya sean personas físicas o jurídicas, con objeto de dar una segunda oportunidad a las empresas; pide asimismo a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliar estos programas a las familias en riesgo de desahucio, a fin de velar por una mayor cohesión social, disminuyendo el riesgo de carencia de hogar; subraya que, si bien los hogares ya no están atravesando tantas dificultades financieras, estas últimas siguen siendo mucho más graves que las de la pasada década y que, según la Comisión, todavía existe una gran brecha entre los niveles de dificultades financieras de las familias con bajos ingresos y las familias en el cuartil de rentas más altas(10);
5. Observa que, si bien el déficit se ha visto reducido en una serie de países, este fenómeno se ha debido principalmente a una reducción de la inversión pública en la Unión acoge, por consiguiente, con satisfacción el fomento de una política europea de inversiones encaminada a impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y pide mayores esfuerzos para garantizar la financiación de la economía real; opina que los objetivos principales de los proyectos que reciben ayudas del FEIE deberían ser la creación de trabajo digno que dé lugar a empleo de calidad y la consecución de la cohesión social, económica y territorial; considera que deberían aplicarse medidas más estrictas en respuesta al llamamiento del Parlamento(11) para fomentar la inversión social no solo en aras del beneficio económico, sino también con el objetivo de promover un impacto social positivo y reducir las desigualdades, entre otras cosas, mejorando los servicios públicos y apoyando la creación de puestos de trabajo para las categorías de personas vulnerables; destaca, en este sentido, la necesidad de reforzar los instrumentos de regulación de la Comisión (por ejemplo, evaluaciones de impacto, evaluaciones, etc.) y de aplicar formas de control y seguimiento en los ámbitos donde se efectúen inversiones;
6. Señala que, si bien las pymes constituyen la columna vertebral de la creación de empleo en la Unión, siguen enfrentándose a algunas dificultades, como el acceso al crédito, las cargas administrativas innecesarias y la burocracia, que limitan su crecimiento y sostenibilidad, así como su potencial de creación de empleo; toma nota de la iniciativa de la Comisión de modernizar el entorno regulador y administrativo, a fin de mejorar el clima de inversión y las condiciones para las pymes, y apoya las recomendaciones orientadas a la mejora en el respeto de las normas sociales y laborales; destaca la importancia de invertir en el desarrollo de canales de financiación innovadores como son la financiación colectiva (crowdfunding) o el microcrédito, así como de inversiones destinadas a desarrollar las pymes, las microempresas, las empresas emergentes innovadoras y las empresas que fomenten el empleo verde;
7. Recuerda que en las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes generalmente se registran tasas de desempleo más elevadas y un crecimiento económico menor; considera, por lo tanto, que se necesitan inversiones que las ayuden a mejorar su potencial de crecimiento y atraer a personas que deseen vivir en ellas con el fin de asegurar su sostenibilidad;
8. Toma nota de las recomendaciones sobre la necesidad de avanzar en nuevas reformas laborales, y pide que dichas reformas, en caso de realizarse, garanticen la protección social y el diálogo social, con arreglo a las prácticas nacionales, y el consenso político necesario para ser sostenibles y eficaces; considera que las reformas laborales deben encontrar el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad, tanto para los trabajadores como para los empleadores, y no deben traducirse en la exclusión de los trabajadores de la negociación colectiva, unos índices más bajos de productividad o unos niveles más bajos de empleo; pide que se lleven a cabo reformas laborales en los Estados miembros donde todavía son necesarias, aprovechando el punto de inflexión de ciclo en el que nos encontramos; opina que estas reformas deberían ser capaces de reducir la fragmentación, fomentando la creación de empleo, reduciendo la inseguridad y luchando contra la pobreza, con objeto de incrementar la productividad y la competitividad de nuestra economía, garantizando al mismo tiempo más puestos de trabajo y unos sueldos dignos mediante la inversión en capital humano; destaca que otras reformas estructurales como por ejemplo la reindustrialización son igual de importantes para la creación de un mercado laboral sostenible;
9. Pide a la Comisión que garantice que en sus orientaciones políticas las reformas del mercado laboral tengan como objetivo, entre otros, la reducción de la segmentación, la garantía de una mejor anticipación y la correspondencia entre competencias y trabajos, el avance en la inclusión de los grupos vulnerables, la reducción de la pobreza, el fomento de la igualdad de género, el refuerzo de los derechos de los trabajadores con contratos atípicos y el refuerzo de la protección social a los trabajadores autónomos;
10. Acoge con satisfacción la disminución de los índices de desempleo en la UE; señala, no obstante, que los índices de desempleo siguen siendo elevados, y pide a los Estados miembros que adopten un enfoque holístico cuando apliquen políticas activas del mercado laboral, centrándose en la empleabilidad de los solicitantes de empleo y un mercado laboral más incluyente, en particular medidas adicionales de apoyo para solicitantes de trabajo y empleadores; subraya la necesidad de abordar el problema del desajuste de las competencias y la obsolescencia de estas como medio de lucha contra el desempleo de larga duración, y considera necesaria una mayor coordinación de estas políticas a escala nacional y europea; pide, por consiguiente, medidas más estrictas para apoyar y extender el desarrollo de una educación y formación profesionales eficaces, una cooperación entre los centros educativos, las empresas, las organizaciones de empresarios y otras partes relevantes, y destaca la necesidad de mejorar la eficacia de los servicios de empleo públicos y privados, a fin de resolver la inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo y facilitar la búsqueda de empleo en la Unión;
11. Toma nota de que en determinados Estados miembros es notoria la carencia o lentitud de las reformas estructurales, por lo que entiende que la Comisión deberá evaluar con más intensidad, dentro de sus objetivos en el Semestre Europeo, el perjuicio para la creación de empleo a medio plazo que supone la falta de responsabilidad que han demostrado algunos Estados miembros al no aplicar las reformas estructurales;
12. Reconoce que el establecimiento de salarios mínimos es una competencia de los Estados miembros que debe respetarse en consonancia con el principio de subsidiariedad;
13. Señala que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han advertido de los problemas sociales (la pobreza a pesar de contar con un puesto de trabajo) y económicos (reducción de la demanda interna) relacionados con la devaluación de los salarios que se ha producido en los últimos años; destaca en este sentido la importancia vital de una política salarial adecuada para el mantenimiento de la demanda interna, y que los aumentos salariales deberían, por lo tanto, adaptarse mejor a los cambios en la productividad; mantiene que se ha de hacer referencia a la importancia de aumentar los salarios, especialmente en aquellos países en los que los salarios se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, pero en el respeto del principio de subsidiariedad; recuerda que los salarios mínimos difieren sustancialmente entre los Estados miembros, y reitera su solicitud de un estudio(12) sobre esta cuestión que incluya un análisis de las diferencias en términos de capacidad adquisitiva entre los distintos Estados miembros; alienta a los Estados miembros a que establezcan salarios mínimos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y a que examinen su impacto sobre la pobreza a pesar de contar con un puesto de trabajo, los ingresos domésticos, la demanda agregada y la creación de empleo;
14. Señala que algunas reformas laborales han introducido nuevas fórmulas contractuales y que, según la Comisión, algunas de ellas han aumentado la precariedad en los mercados de trabajo, exigiendo en un gran número de casos una flexibilidad injusta para las nuevas generaciones; señala, con preocupación, los datos de algunos Estados miembros cuyas tasas de empleo temporal representan más del 90 % de los nuevos contratos, incidiendo especialmente en los jóvenes y en las mujeres y que es, según la OCDE(13), una de las causas directas del aumento de la desigualdad, aunque en ocasiones son los trabajadores quienes buscan específicamente estos acuerdos para poder así conciliar mejor la vida laboral y la privada u obtener ingresos adicionales; pide a los Estados miembros que establezcan sinergias entre las políticas nacionales y la política de cohesión europea, a fin de incrementar los efectos en esos grupos prioritarios; expresa su especial preocupación por el aumento de los «contratos de cero horas»; considera que todos los tipos de acuerdos contractuales deberían brindar a los trabajadores acceso a un conjunto básico de derechos y una protección social adecuada;
15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen nota del informe del FMI(14) sobre las causas y consecuencias de las desigualdades, que señala que el aumento de las diferencias de renta puede afectar de forma negativa al crecimiento económico y al potencial de creación de empleo; pide que se redoblen los esfuerzos destinados a transferir la carga impositiva del trabajo a otras fuentes, una acción eficaz en materia de fiscalidad laboral y unos mercados de trabajo más justos que garanticen la libre circulación de trabajadores en Europa y unas políticas redistributivas, teniendo en cuenta las características específicas de cada uno de los Estados miembros, con objeto de impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la productividad y facilitar una mayor convergencia económica y social al alza;
16. Señala que las altas tasas de desempleo de larga duración en la Unión, en particular en algunos Estados miembros, se traducen en un número cada vez mayor de trabajadores que pierden sus prestaciones antes de encontrar un nuevo empleo; constata que algunos Estados miembros han limitado el acceso a dichas prestaciones o reducido el importe disponible o el período durante el que se tiene derecho a ellas; pide a los Estados miembros que, en el marco de sus competencias, mantengan un equilibrio entre una renta mínima adecuada y una protección social adecuada y unos incentivos adecuados para la búsqueda activa de empleo que brinden un apoyo personalizado sin condiciones punitivas que minan los derechos sociales; pide a los Estados miembros que fijen unas medidas de activación sólidas con objeto de lograr unos resultados más eficaces; reconoce que la mejora de la política de empleo y de la protección social para activar la ayudar y proteger a las personas con vistas a velar por una cohesión social más sólida es un componente clave de un crecimiento económico sostenible; solicita que se realice un estudio específico sobre dichos incentivos a escala de la UE, y pide a los Estados miembros que, con arreglo a las prácticas nacionales, introduzcan regímenes de renta mínima para acabar con las bolsas de exclusión social y garantizar unos ingresos mínimos a las familias;
17. Acoge con satisfacción la disminución de los índices de desempleo juvenil, aunque señala que siguen siendo alarmantes en muchos Estados miembros y regiones y que no se basan necesariamente en una creación de empleo neta; destaca que la inseguridad laboral y el desempleo también han aumentado, y que en 2014 el 43 % de los jóvenes ocupaba un puesto de trabajo temporal, mientras que el 32 % trabajaba a tiempo parcial; se felicita de la decisión de la Comisión de desbloquear mil millones de euros para la prefinanciación de la Garantía Juvenil; pide a los Estados miembros que utilicen todo el presupuesto disponible con rapidez y eficacia para aplicar la Iniciativa de Empleo Juvenil con unas normas de calidad mínimas; pide además que estos fondos se controlen de forma atenta y continua para garantizar que ayudan a los jóvenes a integrarse de forma duradera en el mercado laboral; pide a los Estados miembros que favorezcan el aprendizaje de idiomas y faciliten la movilidad a través de programas como Erasmus+ o Erasmus para Jóvenes Emprendedores, y que también participen en la red de servicios de empleo EURES; destaca asimismo que es importante promover y fomentar el aprendizaje como medio para que los jóvenes adquieran las cualificaciones profesionales que les permitirán acceder al mercado laboral;
18. Observa que existen diferencias significativas entre los Estados miembros en cuanto al éxito de la ejecución de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil; señala que la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que la solución del problema del desempleo juvenil en la Unión requeriría un presupuesto de 21 000 millones de euros y que el compromiso financiero actual de la Comisión es claramente inadecuado y ha de elevarse a un nivel suficiente; pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros y las organizaciones juveniles representativas para proponer unas normas mínimas y unas mejores prácticas en la ejecución de la Garantía Juvenil;
19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por atajar el dumping social y salarial en la Unión, que provoca perjuicios importantes a los trabajadores afectados y a los sistemas de protección social de los Estados miembros; pide asimismo la participación de los interlocutores sociales en estos esfuerzos a todos los niveles;
20. Subraya que la inseguridad laboral de los jóvenes afecta negativamente a sus decisiones a la hora de tener hijos, e influye así de manera negativa en las perspectivas demográficas de los Estados miembros;
21. Recuerda la necesidad de abordar el problema del trabajo no declarado, que está perjudicando la economía de la Unión y provoca una competencia desleal y distorsiones en el mercado y genera una creciente desprotección social y laboral de los trabajadores; pide, por lo tanto, la rápida entrada en vigor de una plataforma europea contra el trabajo no declarado;
22. Opina que las recomendaciones de este año se han centrado casi exclusivamente en el mercado de trabajo, y no han dado respuesta a los desafíos en materia de reducción en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos a quienes los precisan; recuerda la necesidad de invertir en servicios de prevención e intervención temprana de alta calidad, accesibles e inclusivos, entre ellos, la educación desde una edad temprana, el apoyo a la familia y a las comunidades, los servicios sociales y la atención sanitaria; destaca que la creciente demanda de servicios podría incluso generar una creación de empleo importante en el sector social, si se gestiona de manera eficaz, y que los sectores de la asistencia sanitaria y social representan áreas cruciales para la inversión conducente a unas economías sostenibles; pide a la Comisión que informe acerca de los avances en el desarrollo de iniciativas, en el marco de la Estrategia Europa 2020, en favor de la inversión en los sectores de la asistencia sanitaria y social en lo que respecta al empleo de calidad;
23. Subraya el hecho de que, según el informe del FMI(15), la progresividad del sistema fiscal se ha debilitado en los últimos años en algunos Estados miembros, contribuyendo al aumento de la desigualdad; considera que la brecha fiscal ha sido mucho mayor en el caso de los trabajadores con salarios bajos y las pymes con tipos impositivos efectivos más elevados; admite que, si bien la fiscalidad es una competencia de los Estados miembros, los sistemas fiscales progresivos contribuyen a amortiguar las peores consecuencias de la crisis económica, y reconoce la importancia de reducir la fiscalidad del trabajo y las empresas con vistas a aumentar la demanda y crear empleo, garantizando al mismo tiempo una financiación adecuada de los sistemas de protección social; insiste en que el fraude y la evasión fiscales se han de tratar entre los Estados miembros y en el seno de ellos;
24. Pide a la Comisión que facilite orientaciones a los Estados miembros para tratar el problema de la baja participación de las mujeres en el mercado de trabajo abordando cuestiones como la segregación en el mercado laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la distribución desigual de las responsabilidades en materia de prestación de cuidados; subraya que hace falta un enfoque de la igualdad de género más amplio que vaya más allá de las tasas de empleo;
25. Toma nota del valor potencial de estabilizadores automáticos europeos; observa que la Comisión no ha incluido en las recomendaciones específicas por país la importancia de preservar estabilizadores automáticos fuertes en los Estados miembros como continuación de su Comunicación sobre el refuerzo de la dimensión social de la UEM y tal como pedía el Parlamento(16), y pese a su importante papel en el mantenimiento de la cohesión social y el estímulo de la demanda interna y el crecimiento económico; pide a la Comisión, a fin de permitir un análisis más eficaz y alentar la especificación y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, un resumen detallado de las decisiones de los Estados miembros en distintos ámbitos políticos y los resultados correspondientes;
26. Destaca que la economía social emplea a más 14 millones de personas, lo que representa cerca del 6,5 % de los trabajadores en la Unión; lamenta que las empresas de la economía social, que representan el 10 % de la economía social (fundamentalmente pymes y microempresas), tengan todavía más dificultades que las empresas tradicionales para obtener financiación pública o privada; destaca la necesidad de prestarles más apoyo, a saber permitiéndoles acceder a diferentes formas de financiación, como por ejemplo los fondos europeos, el micro créditos o la financiación colectiva (crowdfunding), o permitiéndoles acceder a la economía digital; considera en este contexto que en las recomendaciones específicas por país debe reforzarse el papel de las empresas de la economía social como instrumento de cohesión social y económica en toda Europa de acuerdo con la Estrategia Europa 2020;
27. Considera lamentable que, a pesar de que la Comisión ha reconocido que la pobreza y la marginación han aumentado(17), y que una de cada cuatro personas se encuentra en situación de pobreza, en las recomendaciones específicas por país no se haga ninguna referencia al objetivo de pobreza de la Estrategia Europa 2020; solicita una estrategia global para luchar contra la pobreza basada en unos trabajos dignos que den acceso a un empleo de calidad, servicios, ingresos y protección social mínimos, de conformidad con el principio de subsidiariedad; señala que la educación, y por lo tanto la capacidad para la inserción laboral, es la mejor arma para combatir la pobreza; subraya la necesidad de reconocer que el aumento del endeudamiento personal es una situación que incrementa la vulnerabilidad personal y económica general;
28. Hace hincapié en que el empleo es la mejor manera de luchar contra la pobreza y la exclusión social y que los Estados miembros deberían centrarse en facilitar el acceso al mercado de trabajo, en particular a los jóvenes y los desempleados de larga duración;
29. Observa con preocupación el incremento rápido de las formas extremas de pobreza, tales como la situación de carencia de hogar en muchos Estados miembros; pide que se envíen recomendaciones específicas por país a todos los Estados miembros sobre estrategias de inclusión social, entre ellas, la lucha contra las formas extremas de pobreza, tales como las situaciones de carencia de hogar; conviene con la Comisión en que los Estados miembros deben hacer frente a la carencia de vivienda a través de estrategias integrales basadas en la prevención y enfoques orientados hacia la vivienda, en la revisión de las normas y prácticas relativas a los desahucios y en la disponibilidad de viviendas realmente asequibles, ofreciendo estabilidad y poniendo fin a la criminalización de las personas sin hogar; pide que se realicen mejoras en el intercambio transnacional de mejores prácticas y el aprendizaje recíproco, y reconoce el papel del Programa para el Empleo y la Innovación Social (EASI) en este contexto;
30. Pide que las reformas de las pensiones, tanto de las mujeres como de los hombres, se realicen teniendo en cuenta las repetidas recomendaciones(18) del Parlamento de que se garantice su sostenibilidad, su seguridad y su idoneidad, mediante el fortalecimiento de los sistemas de jubilación, con el objetivo de lograr unas pensiones de jubilación dignas que superen el umbral de la pobreza; considera que la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida no es la única manera de abordar el reto del envejecimiento de la población, y que las reformas de los sistemas de pensiones deben reflejar también, entre otros aspectos, las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación demográfica, el estado de la salud y la riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica; recuerda que la mejor forma de abordar el reto del envejecimiento de la población es aumentar la tasa global de empleo sobre la base, entre otros elementos, de la inversión social en el envejecimiento activo;
31. Expresa su preocupación por el papel limitado que los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil han desempeñado en la elaboración del programa nacional de reforma y en el programa de convergencia, así como en las recomendaciones específicas por país; observa, sin embargo, los cambios en el funcionamiento del Semestre Europeo de 2015 para aumentar la implicación a nivel nacional, y destaca que las reformas deberían ser fundamentalmente competencia de los Estados miembros; pide a la Comisión que, cuando incorpore los mecanismos actuales de gobernanza económica, favorezca una reforma que garantice una mayor legitimidad democrática al Semestre Europeo mediante una participación plena del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en los procesos de elaboración y aprobación, consultando asimismo a los interlocutores sociales y a la sociedad civil;
32. Critica que no todos los Estados miembros hayan incluido a su Parlamento nacional, a los interlocutores sociales nacionales y a la sociedad civil en el proceso de elaboración de sus programas nacionales de reforma; pide a los Estados miembros que en sus programas nacionales de reforma incluyan un informe detallado en el que se explique quién participó y de qué manera; pide a la Comisión que evalúe las distintas prácticas nacionales de procedimientos parlamentarios y participación de partes interesadas en el Semestre Europeo con vistas a mejorar la participación;
33. Toma nota de la recomendación de la Comisión de que se reformen los sistemas de asistencia sanitaria para que cumplan sus objetivos de facilitar el acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, incluido el acceso asequible a los medicamentos, en particular los que salvan vidas, y de que se garantice el respeto de los derechos del personal médico; señala que, como consecuencia de la crisis, algunos Estados miembros no han logrado garantizar la cobertura total de la salud pública;
34. Lamenta que la Comisión no haya incluido en las recomendaciones específicas por país la importancia y el potencial de empleo de la economía ecológica que, según estimaciones de la Comisión, podría crear cinco millones de empleos hasta el año 2020 en los sectores de la eficiencia energética y las energías renovables, siempre que se pongan en práctica políticas energéticas y climáticas ambiciosas.
Ponente de opinión: Ildikó Gáll-Pelcz
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015(19),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Semestre Europeo de 2015: Recomendaciones específicas por país» (COM(2015)0250),
– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, relativa la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(20),
1. Observa que el mercado único continua fragmentado e insuficientemente implementado y que sigue sin explotarse su importante potencial para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la innovación y el empleo, en particular, en lo que respecta a los servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten sus compromisos y hagan lo posible por que el relanzamiento del mercado único esté entre las principales prioridades de la Unión; considera esencial que se aproveche al máximo el potencial del mercado único, mediante un enfoque holístico, para impulsar el crecimiento y la competitividad; subraya que el Semestre Europeo debe asumir los objetivos de una estrategia general de la UE a largo plazo para el crecimiento y el empleo orientada a 2020 y más allá; reitera, por lo tanto, su petición de que se aplique con celeridad toda la legislación pertinente de la UE e insta a la Comisión a que garantice un uso más eficaz del procedimiento de infracción y al Consejo Europeo a que prosiga la mejora de este procedimiento en el marco de las futuras revisiones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
2. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente propuestas en favor de la clasificación del mercado único como un pilar específico del Semestre Europeo, incluidas orientaciones concretas y recomendaciones por países al respecto, con el fin de cubrir un conjunto claro de prioridades relacionadas con la economía real; pide a la Comisión que refuerce la vinculación entre los pilares; recuerda que la buena gobernanza económica y su impacto pueden ser eficaces solamente si quienes implementan las normas y las aplican tienen una participación adecuada; pide a la Comisión, por lo tanto, que integre la realización de todas las dimensiones del mercado único —mercancías, servicios, capitales, trabajo, energía, transporte y sector digital— como parte del Semestre Europeo y de las recomendaciones específicas por país;
3. Pide que se refuerce la gobernanza del mercado interior a través del Semestre Europeo estableciendo un conjunto de indicadores específicos para medir sus resultados, junto con más datos; pide que se incluya en los informes por país una sección específica que ponga de relieve las barreras en el mercado interior y los progresos registrados;
4. Destaca que, para que el Semestre Europeo tenga una dimensión dedicada al mercado único, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debe alentar a los Estados miembros a hacer participar a sus entidades regionales en el establecimiento de contribuciones diferenciadas a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y en la concepción y la ejecución de programas nacionales de reforma sobre la base del principio de la gobernanza del mercado único;
5. Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que introduzcan en sus programas nacionales de reforma anuales una sección específica y detallada sobre el mercado único, en la que se especifiquen la evolución de su integración a nivel nacional y las medidas que deben adoptarse el año siguiente; pide a la Comisión que utilice la misma estructura para sus recomendaciones específicas por país;
6. Destaca la importancia y el valor añadido de los informes sobre la integración del mercado único de los años anteriores, habida cuenta de su contribución a las prioridades generales fijadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión y la determinación de las recomendaciones específicas por país como parte del Semestre Europeo; considera, por lo tanto, sumamente lamentable que en 2015 no se haya elaborado el informe sobre la integración del mercado único y que no se haya tenido en cuenta la petición del Parlamento;
7. Se felicita del nuevo enfoque adoptado por la Comisión, consistente en simplificar el proceso del Semestre Europeo; aplaude, en este contexto, el trabajo de la Comisión sobre la definición de recomendaciones específicas por país relacionadas con el mercado único, pero lo considera insuficiente; pide que se lleven a cabo esfuerzos más decididos para la orientación y coordinación de las políticas económicas con el fin de garantizar una aplicación coherente y justa del marco de gobernanza económica en los Estados miembros y de evaluar los efectos de la gobernanza económica en todos los Estados miembros;
8. Manifiesta su preocupación por los desequilibrios macroeconómicos persistentes en algunos Estados miembros, en particular los elevados niveles de deuda pública, los amplios déficits por cuenta corriente, y los riesgos excesivos a los que están expuestos los sistemas bancarios;
9. Apoya la insistencia de las recomendaciones específicas por país para 2015 en la importancia de la eliminación de restricciones y barreras injustificadas al acceso a los sectores clave; pide a los Estados miembros de que se trate que presten la máxima atención a estas recomendaciones y eliminen con carácter urgente estos obstáculos al crecimiento del mercado único;
10. Observa que el mercado único es uno de los elementos más importantes del proyecto europeo, y reconoce que, para que el Semestre Europeo sea inclusivo, el Parlamento Europeo deberá desempeñar un papel activo en él; pide a los Estados miembros que no hayan aplicado las recomendaciones específicas por país relativas al mercado interior que expliquen las razones a la comisión competente del Parlamento (la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor); pide que el Parlamento utilice dichas explicaciones como base para su contribución a la elaboración de nuevas recomendaciones específicas por país por parte de la Comisión a tiempo para su publicación prevista para mayo;
11. Considera lamentable el elevado número de quejas relativas a deficiencias en la ejecución; pide a la Comisión que establezca un sistema más eficaz de seguimiento y de información sobre la misma; pide igualmente a la Comisión que lleve a cabo una reevaluación de los marcos jurídicos que presentan graves deficiencias de ejecución;
12. Subraya que, en la mayoría de los Estados miembros, la inversión pública y privada es insuficiente; insta a la Comisión a que tome nuevas medidas para mejorar y facilitar el acceso de las pymes a la financiación (en particular en lo que respecta a sectores clave, incluido el sector digital emergente), así como para garantizar la mejora del entorno empresarial, simplificar los procedimientos, reducir las cargas administrativas en el mercado único y apoyar la inversión; hace hincapié en la importancia de mercados competitivos muy integrados con una buena regulación de la actividad empresarial para que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) tenga el efecto previsto;
13. Recuerda la necesidad de concentrar las inversiones en las prioridades de la Estrategia Europa 2020, es decir, en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, en la promoción de una economía más eficiente en la utilización de recursos, más ecológica y más competitiva y en el fomento de una economía con un elevado nivel de empleo que potencie la cohesión social y territorial; pide a la Comisión que respete el calendario de puesta en marcha del FEIE en otoño de 2015, de modo que surta los efectos deseados de estimulación de la economía real y de impulso de la recuperación en los Estados miembros; considera que esas inversiones permitirán reforzar la competitividad de la UE en los principales sectores de crecimiento, como por ejemplo, los servicios, la energía, los transportes y el mercado único digital;
14. Considera que es necesario reforzar el apoyo de la Comisión y de los Estados miembros a las pymes para la expansión de sus mercados, el fomento de la innovación, la promoción de su capacidad de exportación, la estimulación de la creación de empleo y la ayuda a las empresas para que compitan de forma más eficaz, en particular en los mercados nacionales, así como la mejora de la productividad global; pide que se aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020), con el fin de mejorar el acceso de las pymes a la financiación en los mercados nacionales e internacionales; pide igualmente que se fomenten otras formas de financiación como alternativa a la financiación bancaria;
15. Destaca la necesidad de mejorar y reforzar la coordinación fiscal y de renovar los esfuerzos para luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales, respetando las competencias nacionales, con objeto de garantizar la igualdad de condiciones y evitar la competencia desleal y distorsiones perjudiciales en el mercado único;
16. Destaca que el Semestre Europeo ofrece una evidente oportunidad para presionar a favor de más esfuerzos en favor del mercado único digital; celebra, en este contexto, la Comunicación de la Comisión sobre la hoja de ruta para la realización del mercado único digital; considera fundamental remediar la fragmentación actual de las normas nacionales en materia de servicios digitales y crear un mercado único digital más innovador y transparente, basado en una competencia leal y que ofrezca un alto nivel de accesibilidad y de protección de los consumidores; pide a la Comisión que cumpla el calendario previsto y ponga en marcha las dieciséis iniciativas destinadas a lograr un auténtico mercado digital para Europa que pueda contribuir a la recuperación económica de la Unión Europea, mejorar su competitividad interna y externa y promover la cohesión social;
17. Considera que el insuficiente nivel de competencias digitales, la cobertura irregular y los elevados costes limitan los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den prioridad, en las recomendaciones específicas por país y en los programas naciones de reforma, a la formación digital de personas y empresas, asegurando de este modo el acceso de todos los ciudadanos a las infraestructuras de red;
18. Opina que los Estados miembros tienen que redoblar sus esfuerzos destinados a modernizar sus administraciones públicas proporcionando más servicios digitales y de mayor calidad a los ciudadanos y las empresas, con especial atención a las pymes, así como facilitar la cooperación transfronteriza y la interoperabilidad entre las administraciones públicas; apoya la aplicación de capacidades para la evaluación e intercambio de mejores prácticas en relación con los servicios digitales;
20. Reconoce que existen diversas limitaciones que obstaculizan el correcto funcionamiento de los mercados de productos y servicios; apoya la labor realizada por la Comisión en relación con las profesiones reguladas;
21. Observa que la mayoría de los Estados miembros se encuentran por debajo de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de I+D; pide a la Comisión que cumpla su propósito de publicar la revisión de la Estrategia Europa 2020 a finales de 2015 a más tardar, con vistas a reforzar el papel del mercado único y del mercado único digital como instrumentos esenciales para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en la UE; pide a los Estados miembros que orienten más decididamente sus economías hacia la innovación y el conocimiento;
22. Destaca que una plena y rápida aplicación de la legislación de la UE en materia de contratación pública y concesiones supondría una gran oportunidad para desarrollar la innovación y el acceso de las pymes, promover el desarrollo sostenible y modernizar la administración pública mejorando la calidad, la eficacia y la transparencia de la inversión y el gasto públicos;
23. Considera que es necesario reforzar el planteamiento de que los Parlamentos nacionales asuman las recomendaciones específicas por país; alienta a los Estados miembros a que ofrezcan a la Comisión la posibilidad de presentar las recomendaciones específicas por país en los Parlamentos nacionales; pide además a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones específicas por país y que transpongan rigurosamente los objetivos de la UE a sus objetivos nacionales; reitera, además, su petición de que la Comisión informe a la comisión competente del Parlamento sobre las medidas adoptadas para garantizar el progreso de la aplicación de las recomendaciones específicas por país y sobre los logros alcanzados hasta el momento;
1. Valora que el nuevo enfoque en favor de un mayor grado de racionalización del Semestre Europeo 2015 se centre en las cuatro prioridades clave para el crecimiento económico: el fomento de la inversión, la aplicación de reformas estructurales, la responsabilidad presupuestaria y la mejora de la política de empleo; toma nota de las recomendaciones específicas por país (REP) correspondientes a 2015, que abordan los factores de crecimiento que pueden permitir una recuperación sostenible y que permiten realizar avances en un plazo más corto (12-18 meses);
2. Recuerda la importancia de un marco macroeconómico sólido a la hora de alcanzar el objetivo de reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo definido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que la política de cohesión puede ser un factor determinante para lograr este objetivo si se acompaña de un marco macroeconómico sólido; expresa su profunda preocupación por el hecho de que, en los Estados miembros con unos niveles de deuda pública elevada y desequilibrios macroeconómicos importantes, la absorción y eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) pueden disminuir de manera importante; pide, por ello, a la Comisión Europea que proponga medidas específicas en apoyo de la ejecución y consecución oportunas de la política de cohesión y los objetivos económicos en esos países;
3. Observa los vínculos más estrechos entre los objetivos del proceso del Semestre Europeo y la programación de los Fondos EIE para 2014-2020 y, en particular, las referencias sistemáticas a las REP y a los Programas Nacionales de Reforma (PNR) en el ejercicio de programación; toma nota del estudio titulado «Coherencia estratégica de la política de cohesión: comparación entre los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020», que muestra que las REP se toman muy poco en consideración en los acuerdos de asociación y los programas operativos; considera que las inversiones en el ámbito de la política de cohesión podrían desempeñar un papel muy destacado en el apoyo a las reformas estructurales y la consecución de los objetivos estratégicos de la UE siguiendo las REP y los PNR pertinentes; pide que se adopten medidas que garanticen la complementariedad y las sinergias entre los Fondos EIE, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y los demás programas e iniciativas subvencionados por la UE, junto con las inversiones públicas nacionales y los instrumentos de financiación privados, para obtener el máximo valor añadido y sinergia aprovechando todo el potencial de estas inversiones;
4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la calidad de las intervenciones cofinanciadas con cargo a la política de cohesión y el cumplimiento de las REP y los PNR más significativos; señala que en los ejercicios financieros 2013 y 2014 las REP que tenían relevancia en relación con la programación de los Fondos EIE eran más numerosas, y que las reformas estructurales a medio plazo relacionadas con las inversiones con cargo a los Fondos EIE siguen siendo necesarias y deben incluirse en las REP aun cuando muy a menudo figuran en las condiciones ex ante contempladas en el marco común de los Fondos EIE;
5. Toma nota con gran preocupación de las tasas elevadas de desempleo persistentes que se registran en algunos Estados miembros, en particular en lo que respecta a la juventud y el desempleo de larga duración; hace hincapié en la necesidad de realizar reformas estructurales en relación con el mercado laboral, los sistemas educativos y los servicios financieros para las pymes, que deben contar con el firme respaldo de los instrumentos financieros de la política de cohesión a escala regional, nacional y de la UE, con el fin de crear oportunidades de empleo y fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad;
6. Insta a los Estados miembros a que garanticen una aplicación rápida y eficaz de sus respectivas REP para 2015 con el fin de lograr un crecimiento y puestos de trabajo sostenibles; lamenta, en este sentido, el carácter no vinculante de las recomendaciones; recuerda que la calidad de las intervenciones con cargo a los Fondos EIE como respuesta política a los desafíos definidos en las REP dependerá del modo en que los Estados miembros establezcan una relación entre sus reformas estructurales, un saneamiento presupuestario acertado y el uso de los Fondos EIE a través de los PNR, y del modo en que los Estados miembros garanticen la ejecución de los programas;
7. Valora la entrada en vigor del Reglamento sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); subraya el importante potencial combinado del Plan de Inversiones para Europa y de los Fondos EIE en términos de fomento de la competitividad, crecimiento económico sostenible y creación de empleo; insta a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, a que intensifiquen las reformas estructurales y mejoren el entorno reglamentario y administrativo con el fin de perfeccionar sustancialmente el entorno empresarial y de inversión y obtener el máximo rendimiento/efecto multiplicador a partir de unos fondos públicos limitados;
8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen formas innovadoras para fomentar la inversión en la UE y destaca que un mayor uso de los instrumentos financieros en el marco de la política de cohesión 2014-2020 puede contribuir a generar un efecto multiplicador y de apalancamiento en relación con el presupuesto de la UE y, también, una mejora de la eficacia y eficiencia de la inversión con cargo a los Fondos EIE; destaca, no obstante, la necesidad de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control de los instrumentos financieros, incluido el FEIE.
Ponente: Ernest Urtasun
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que la igualdad es un valor fundamental de la UE y una condición necesaria para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo y de reducción de la pobreza, a los que podrán contribuir en gran medida el respeto de la legislación nacional sobre igualdad de género en vigor y la aplicación de forma adecuada de las directivas de la UE sobre igualdad de género;
B. Considerando que el acceso de la mujer al mercado de trabajo es un factor que contribuye a la diversidad de las competencias en dicho mercado y que tiene como consecuencia directa el acceso a mejores recursos para las empresas y, por tanto, una mayor competitividad, empleo y crecimiento en el mercado interior;
C. Considerando que las mujeres se ven doblemente afectadas por los recortes en servicios públicos, incluidas la sanidad, la educación y la vivienda: directamente como usuarias y empleadas e indirectamente mediante su apoyo a los familiares que dependen de servicios públicos fundamentales; considerando que las reducciones del gasto en personal sanitario han aumentado la carga de cuidados que recae sobre las mujeres de muchos Estados miembros, que suelen trabajar en condiciones de precariedad y explotación;
D. Considerando que la tasa de empleo y, por tanto, la tasa de crecimiento del mercado interior europeo, dependen entre otras cosas de la capacidad de las mujeres y los hombres para conciliar su vida profesional y privada;
E. Considerando que la crisis económica y las políticas de consolidación fiscal que la han exacerbado han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a las mujeres de comunidades marginadas, a las mujeres jóvenes y a mujeres que sufren diferentes tipos de discriminación;
F. Considerando que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es la viabilidad de las finanzas públicas y que la inversión de los Estados miembros en educación en general y, en particular, de las mujeres jóvenes es parte integrante de sus presupuestos nacionales;
G. Considerando que las políticas del mercado laboral y de creación de empleo deben luchar por la creación de puestos de trabajo de gran calidad, según lo previsto en el Programa de Trabajo Decente de la OIT;
H. Considerando que las persistentes tasas elevadas de desempleo juvenil y exclusión social en toda la UE durante los últimos años han generado una destrucción del capital humano y han afectado de forma desproporcionada a las mujeres y a las niñas; considerando que estos impactos a largo plazo de la crisis económica deben abordarse de una forma sensible con respecto al género;
I. Considerando que la actual situación económica ha puesto de manifiesto que se necesita una coordinación más sólida de las políticas presupuestarias y macroeconómicas de los Estados miembros a fin de lograr una unión económica más integrada y equilibrada;
1. Considera lamentable la falta de integración de la dimensión de género en la Estrategia Europa 2020 y pide a la Comisión y al Consejo que incluyan un pilar relativo a la igualdad de género en la Estrategia y establezcan un objetivo general de igualdad de género;
2. Recuerda que el objetivo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros no puede alcanzarse sin una coordinación de las políticas en materia de igualdad;
3. Acoge con satisfacción las recomendaciones específicas por país (REP) destinadas a fomentar la igualdad de género, pero pide una mayor inclusión en la formulación de las REP de la perspectiva de género, específicamente por lo que se refiere a las reformas del mercado laboral y, en particular, al equilibrio entre el trabajo y la vida; pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros apliquen las REP del Semestre Europeo sobre el refuerzo del principio de la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante la transparencia y la gestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres; pide asimismo que se incluyan directrices políticas específicas sobre la reducción de otras desigualdades de género en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que eliminen los obstáculos a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en especial estableciendo mecanismos que hagan posible la conciliación de la vida privada y profesional de las mujeres, en particular licencias de maternidad, paternidad y parentales adecuadas y armonizadas a escala europea;
5. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que incorporen la dimensión de género en sus programas de estabilidad y convergencia, así como en sus programas nacionales de reforma mediante el establecimiento de medidas y objetivos cualitativos que aborden los desequilibrios persistentes entre mujeres y hombres, que suelen hacer que las mujeres se encuentren por debajo del umbral de la pobreza en una fase posterior de su vida, y que apliquen sistemáticamente los principios de la presupuestación con inclusión de la dimensión de género, con el fin de examinar los programas y las políticas de acción actuales, sus efectos para la asignación de recursos y su contribución a la igualdad entre mujeres y hombres;
6. Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión que las barreras al acceso de las mujeres al mercado de trabajo tienen una repercusión directa sobre el retorno potencial de la inversión de los Estados miembros en educación;
7. Reitera su llamamiento a la Comisión para que facilite el seguimiento de los objetivos principales de empleo y reducción de la pobreza exigiendo que los Estados miembros utilicen datos desglosados por género y para que defina indicadores adicionales específicos en función del género;
8. Subraya que los Estados miembros deben aumentar el porcentaje de participación de niños y jóvenes adultos en los sistemas educativos y poner más énfasis en el problema del abandono escolar, especialmente mediante la recopilación de información sobre las principales causas del problema, con el fin de adoptar y aplicar políticas para su prevención;
9. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en un mayor uso de fondos estructurales para invertir en estructuras de asistencia pública y en servicios para niños, ancianos y otras personas dependientes; señala el efecto desproporcionado que tiene la falta de inversión en servicios y estructuras públicos de atención y cuidado para los padres de familias monoparentales, que en la gran mayoría de casos son mujeres;
10. Destaca la necesidad de dar prioridad a las medidas para hacer frente al desempleo, la pobreza y la exclusión social, que afectan fundamentalmente a las mujeres, y de favorecer el empleo sostenible o los puestos de trabajo de calidad, la inversión y unos servicios públicos de calidad que garanticen la inclusión social, en particular en los ámbitos de la educación, la salud, la asistencia infantil, el cuidado de personas dependientes, el transporte público y los servicios sociales;
11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren y apliquen REP sobre cuestiones que afecten directamente a la posición de las mujeres en los mercados laborales, incluidas, entre otras:
i) la eliminación de las barreras estructurales a las que se enfrentan las mujeres al entrar y avanzar en sectores dominados por los hombres, como la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, las finanzas y la economía verde;
ii) la gestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres y de la brecha en materia de pensiones entre hombres y mujeres en diferentes sectores;
iii) los esfuerzos por aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones económicas en diferentes sectores;
iv) la necesidad de capacitación de las mujeres y de las niñas mediante la educación formal e informal, especialmente en materia de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, emprendimiento, economía y estudios empresariales, así como la necesidad de mejorar la adecuación de las capacidades, la formación y las instalaciones de formación continua para mujeres trabajadoras en diferentes sectores;
12. Señala que la crisis financiera y económica ha tenido consecuencias graves para los retos demográficos a los que se enfrenta Europa, incluido el envejecimiento de la población; señala que, en Europa, la brecha en materia de pensiones entre hombres y mujeres es del 39 %; hace hincapié en que las políticas de empleo y el diseño de los sistemas de transferencia social afectan notablemente a la capacidad de las mujeres para aportar cotizaciones al régimen de pensiones, y en que las REP deben tenerlo en cuenta; considera que deben estudiarse las repercusiones en materia de género que tiene el aumento de la vida laboral;
13. Pide al comisario o comisarios responsables que, cada año, celebren un debate con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre los aspectos relativos al género del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
14. Hace hincapié en la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros evalúen el impacto que tienen las políticas de reforma estructural para las mujeres de comunidades marginadas que sufren múltiples discriminaciones; pide a la Comisión que elabore REP específicas para abordar los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres;
15. Se muestra profundamente preocupado por el hecho de que los recortes en financiación para organizaciones e instituciones de mujeres y organismos de igualdad hayan llevado a cierres y a una reducción significativa de las operaciones;
16. Pide que el Semestre Europeo incluya directrices y procedimientos específicos para garantizar la rendición de cuentas, la consulta y el diálogo con las partes interesadas nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos;
17. Hace hincapié en que la flexibilidad del mercado laboral no debe lograrse en detrimento de determinadas formas de protección social, como los salarios mínimos, los derechos de negociación colectiva, los derechos de maternidad y de paternidad y el mantenimiento de trabajos seguros de calidad según lo previsto en el Programa de Trabajo Decente de la OIT; destaca el importante papel de la participación de la sociedad civil, del diálogo social, de los sindicatos y de la representación de los empleados en la formulación y en la aplicación de las políticas del mercado laboral;
18. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales en numerosos Estados miembros han dado lugar al incumplimiento de la legislación en materia de empleo, incluida la discriminación directa e indirecta de las mujeres;
19. Propone involucrar más en el futuro al Instituto Europeo de Igualdad de Género en el proceso del semestre europeo;
20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen esfuerzos adicionales para utilizar la recuperación de la crisis económica como oportunidad para promover un modelo económico más sostenible desde un punto de vista social y ambiental, entre otros mediante la aceleración de la creación de empleos verdes y la promoción de la empresa de economía social y de modelos empresariales alternativos, como las sociedades de socorros mutuos y las cooperativas;
21. Hace hincapié en que las mujeres de Europa están excesivamente representadas en el empleo a tiempo parcial, temporal, escasamente remunerado y no declarado, y en que las formas precarias de empleo se han generalizado en los últimos años como consecuencia de las medidas de austeridad, incluida la desregulación del mercado laboral y la reforma de las políticas de derechos laborales y de las prácticas de negociación; manifiesta una profunda preocupación por el aumento de los niveles de pobreza de los ocupados.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0067.
Textos Aprobados, P8_TA(2013)0036.
Recomendación, de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial.
Informe de la OCDE titulado «Todos implicados: ¿por qué la reducción de la desigualdad beneficia a todos?», 21 de mayo de 2015.
COM(2015)0012, «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento».
Recomendación de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial.
EU Employment and Social Situation Quarterly Review [Estudio trimestral de la situación social y laboral en la UE], junio de 2015.
Resolución de 11 de marzo de 2015 (Textos aprobados, P8_TA(2015)0068), apartados 10 y 18.
Resolución de 11 de marzo de 2015 (Textos aprobados, P8_TA(2015)0068), apartado 46.
Informe del FMI titulado «Causas y consecuencias de las desigualdades de renta: panorama general», junio de 2015.
Resolución de 11 de marzo de 2015 (Textos aprobados, P8_TA(2015)0068).
Resolución de 11 de marzo de 2015 (Textos aprobados, P8_TA(2015)0068). Resolución de 22 de octubre de 2014 (Textos aprobados, P8_TA(2014)0038). Resolución de 25 de febrero de 2014 (Textos aprobados, P7_TA(2014)0129). Resolución de 8 de julio de 2015, P8_TA-PROV(2015)0261.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0069.

References: Resolución 
 resolución 
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 artículo 174
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