Source: https://es.scribd.com/document/272400865/Rendicion-de-Cuentas-en-Los-Sindicatos
Timestamp: 2017-03-24 10:41:21+00:00

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLa rendición de cuentas de los sindicatosen México: ¿hacia una solución
administrativa, judicial o legislativa?*
Los sindicatos en México tradicionalmente han evitado cumplir con sus
obligaciones de rendición de cuentas, incluso ante sus propios miembros. En este artículo el autor analiza, desde una perspectiva fundamentalmente legal, el problema de la rendición de cuentas de los sindicatos, especialmente de aquellos conformados por trabajadores al
servicio del Estado. La primera parte se avoca a las obligaciones de los
sindicatos a la rendición de cuentas establecidas en las leyes laborales; la segunda parte versa sobre sus obligaciones correlativas en las
leyes de transparencia, y la tercera parte plantea las tensiones entre la
garantía de información y la libertad sindical. Finalmente, Silva Méndez
revisa las propuestas de ley en la materia para regular la rendición de
cuentas de los sindicatos.
Palabras clave: rendición de cuentas, transparencia sindical, acceso a
la información y sindicatos.
It is known traditionally that labor unions in the private sector in Mexico
have avoided the compliance of accountability rules, including to their
own membership. In this paper the author revises the legal grounds of
the accountability and transparency problem in the Mexican labor unions
at the State service. Firstly, he revises the unions’ obligations to accountability within the Labor law; secondly, he describes the obligations on
transparency and access to information in the correspondent law, and
thirdly, he shows the legal tensions between the right to information vis a
vis the autonomy of the unions. Silva Méndez concludes with the analysis of the pending reforms to strength union’s accountability and transparency.
Keywords: Accountability, Labor Unions’ Transparency, Access to Information and Labor Unions.
* Artículo recibido el 4 de julio de 2011 y aceptado para su publicación el 14
enero-junio de 2012, pp. 189-222
– ¿Cabe esperar plena rendición
de cuentas en grandes sindicatos como el de Pemex y el de los
– Quienes tienen el derecho de
exigir son los trabajadores.
Hay avances en las grandes centrales obreras… pero tampoco
puedo meter las manos al fuego
por ninguno de ellos.
Les tengo tanto respeto que no
puedo saber el patrimonio de tal o
cual sindicato.
No lo sé y no tengo por qué saberlo.1
En la Encuesta Nacional de Confianza en las Instituciones
de enero de 2010,2 los sindicatos ocupan el lugar 10 de
14. Sólo la policía, los diputados y los partidos políticos
están por debajo de los sindicatos. Las personas confían
poco en los sindicatos. No hace falta decir que parte de esta
desconfianza se debe a la opacidad en el manejo de tales
organizaciones. Sus dirigentes son personajes oscuros y,
en algunos casos, hasta exóticos, identificados con valores como la deshonestidad, la corrupción y la extorsión.
Este artículo analiza, desde una perspectiva fundamentalmente legal, el problema de la rendición de cuentas de
los sindicatos, especialmente de aquellos conformados
1	Entrevista realizada a Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. “Los sindicatos tienen los líderes que merecen: Lozano”, El
Informador, México, 19 de enero de 2011.
2	Consulta Mitofsky, Confianza en las Instituciones, Evaluación Nacional,
México, enero 2010, p. 14.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SINDICATOS EN MÉXICO
por trabajadores al servicio del Estado. Tiene tres partes: la primera es sobre sus obligaciones de rendición de
cuentas establecidas en las leyes laborales, la segunda
sobre sus obligaciones correlativas en las leyes de transparencia, y una tercera que plantea las tensiones entre la
garantía de información y la libertad sindical. Esta última
sección también describe y critica las propuestas que han
hecho los principales partidos políticos para regular la rendición de cuentas de los sindicatos.
2. Las obligaciones de rendición de cuentas
de los sindicatos según las leyes laborales
A. El derecho a la rendición de cuentas
del trabajador miembro del sindicato
El sindicato es una organización que surge como consecuencia del ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores. Esta afirmación encuentra sustento en lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitución),3 los tratados internacionales,4
la legislación en la materia,5 la jurisprudencia6 y la doctrina.7
3	Artículo 123, apartado A, fracción XVI de la CPEUM.
4	Artículo 2o. del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del
Derecho de Sindicación (Convenio 87), que entró en vigor para México el 1o. de
5	Artículo 365 de la LFT y 67 de la LFTSE.
6	En 1999, la SCJN definió la libertad sindical a partir de tres aspectos fundamentales: “1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador
para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto
negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y
la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de
formar parte de la asociación” . Véase “Sindicación Única. Las leyes o estatutos
que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado
B, fracción X, constitucional”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
México, novena época, pleno de la SCJN, t. IX, Poder Judicial de la Federación,
mayo de 1999, p. 5.
7	Dice De la Cueva que: “la libertad sindical es, originariamente, un derecho de cada trabajador”. Véase Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano
del trabajo, México, Porrúa, 2008, t. II, p. 300.
Una vez creado el sindicato, previo ejercicio de la voluntad
individual de los trabajadores, “adquiere una existencia y
una realidad propia que da origen a nuevos derechos”.8
Para que un sindicato pueda ejercer plenamente sus
derechos, debe tener una personalidad jurídica reconocida, lo que ocurre a partir del momento del registro sindical.
Las leyes laborales señalan los requisitos para que las
autoridades otorguen el registro sindical,9 entre los que
destacan: un número mínimo de miembros y sus datos,10
el acta de asamblea constitutiva (que hace constar la voluntad individual de los trabajadores para formar el sindicato) y los estatutos.
La fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT) señala que los estatutos deben contener la
época de presentación de las cuentas del sindicato. Más
allá de lo establecido en los estatutos, o sea, por la voluntad de los individuos que conforman el sindicato, la
rendición de cuentas por parte de la directiva sindical se
eleva al rango de principio imperativo11 por la propia LFT
en su artículo 373, que señala: “La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo
menos, cuenta completa y detallada de la administración
del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable”. En conclusión: los sindicatos en México, tanto aquellos que se regulan por la LFT como por la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE),12 tienen la obligación de rendir cuentas a sus miembros. Esta
9	Artículo 365 y 72 de la LFTSE.
10	Artículo 364 de la LFT y 71 de la LFTSE.
11	Según el propio artículo 5o. de la LFT, todas las disposiciones de la ley
son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y
el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca
12	Este principio se aplica de manera supletoria a los sindicatos que se regulan por la LFTSE, según el artículo 11 de la misma.
obligación no es dispensable, y no constituye, bajo motivo
alguno, una intromisión indebida al principio de libertad
Pero, ¿qué ocurre si un sindicato no rinde cuentas a la
asamblea cada seis meses?, o bien, ¿qué ocurre si algunos trabajadores no están de acuerdo con tal rendición de
cuentas y, por ejemplo, solicitan información adicional o
una auditoría? La Ley contempla dos opciones.
En primer lugar, los trabajadores podrían llamar a una
asamblea extraordinaria para solicitar la rendición de
cuentas,13 o bien, para solicitar la presentación de elementos adicionales que aclaren la información presentada por
la directiva. El obstáculo mayor para llamar a una asamblea extraordinaria es que, para hacer la convocatoria, se
requiere un mínimo de 33% del total de los miembros del
sindicato o de la sección. Además, suponiendo que los
trabajadores pudieran organizarse para agrupar al 33% y
lograran convocar, requieren de la concurrencia de las dos
terceras partes de los miembros del sindicato o de la sección para poder sesionar y adoptar resoluciones válidas.
En segundo lugar, los trabajadores, individualmente o
a través de una coalición, podrían iniciar un juicio ante
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA),14 las
juntas locales de conciliación y arbitraje (JLs), o ante el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA),15 según sea la competencia laboral del patrón/titular.16 Esta
opción es costosa para el trabajador o la coalición, no sólo
por el tiempo que tendría que dedicar a su atención,17 sino
porque también implica un enfrentamiento frontal con la
13	Véase fracción VIII del artículo 371 de la LFT.
14	Artículo 604 de la LFT.
15	Artículo 124 fracción IV de la LFTSE.
16	En la LFTSE no se habla de patrón, sino del titular de la dependencia.
17	Asumiendo se acudirá a las procuradurías del trabajo para obtener repre-
sentación gratuita.
directiva sindical, que puede tomar represalias en su contra en el ámbito laboral o fuera del mismo.
Y, dado que los mecanismos establecidos en las leyes
para hacer efectivo el derecho a la rendición de cuentas
son muy costosos (principalmente, en términos de tiempo
y del costo derivado de un enfrentamiento con la directiva), los trabajadores inconformes tienen incentivos muy
bajos para iniciarlos. En la práctica, esto redunda en una
alta opacidad en la operación de los sindicatos por parte
de sus directivas.
B. La rendición de cuentas de los sindicatos
ante las autoridades laborales
Jurídicamente, no es posible hablar de rendición de
cuentas de los sindicatos ante las autoridades laborales
(principalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social —STPS—, la JFCA, el TFCA y las JLs). Por Ley, la
función de las autoridades está limitada al registro de actos sindicales, así como a la resolución de conflictos entre
sindicatos y al interior de los mismos (respectivamente,
intersindicales e intrasindicales). El ejercicio de estas facultades18 requiere el conocimiento de cierta información
sindical, pero no el derecho a divulgarla más allá de aquellos que acrediten su interés jurídico.19
18	Tales facultades se encuentran en los artículos 365, 369, 384, 377 y 604
de la LFT; así como en los preceptos 72, 73, 77 y 124 fracción IV de la LFTSE.
Una tabla que resume información relevante sobre tales facultades se encuentra en Giménez Cacho, Luis Emilio, La transparencia y los derechos laborales,
México, IFAI, 2008.
19	Véase, por ejemplo, los alegatos de la STPS en el recurso de revisión del
expediente 0448/04, donde señala que no puede otorgar copia certificada del
padrón sindical, copia certificada de los estatutos vigentes con sus reformas y
copia simple de la última toma de nota de un sindicato de una empresa privada
debido a que es necesario el consentimiento expreso del representante legal
del sindicato, según lo establecido en el artículo 374 de la LFT.
¿Por qué las autoridades laborales no pueden divulgar
la información sindical? La autoridad laboral se encuentra limitada por la vinculación de México al Convenio 87
de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio
87). Tal convenio define en su artículo 3o. el principio de
libertad sindical como el derecho de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus
representantes, organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción. El mismo numeral 3 también asevera que las autoridades públicas
deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Esta norma de derecho internacional prima sobre las
leyes reglamentarias de la materia según jurisprudencia
establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN o Corte).20
La STPS mantiene una posición reverencial ante el
principio de libertad sindical expresado en el Convenio
87;21 sostiene que se encuentra imposibilitada de difundir
los documentos que contienen información sindical, y a los
cuales tiene acceso debido a las facultades que ejerce.
Incluso ha negado solicitudes de información cuando se
trata de trabajadores miembros del sindicato.22 Dos han
sido los argumentos principales que ha sostenido la Secretaría para negar la información.
El primero, que se observa en el recurso de revisión
0448/04, es el siguiente: los sindicatos son personas morales en términos de lo expresado por el artículo 374 fracción III y 376 de la LFT, y por ello es necesario que su
20	“Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de
las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal”,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Poder Judicial de la
Federación, novena época, pleno de la SCJN, t. X, noviembre de 1999, p. 46.
21	Véase supra, epígrafe previo a la introducción.
22	Véase por ejemplo, recursos de revisión IFAI 0448/04, 1305/04 y 839/06.
representante legal (usualmente, el secretario general)
autorice la difusión de la información, ya que se trata de
información confidencial relativa a una persona moral según lo establecido en el artículo 3o. fracción II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). El segundo argumento,
extraído del recurso de revisión 839/06, sólo agrega un
elemento al primero: de acuerdo con los artículos 129 y
133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos de una organización sindical son privados, y no
públicos. Por ello, es necesario que el representante legal del sindicato exprese su autorización para difundirlos.
En ambos recursos de revisión, la secretaría dijo que, en
caso de difundir la información sin autorización del representante del sindicato, se estaría violando el artículo 3o.
del Convenio 87, así como algunas decisiones del Comité
de Libertad Sindical de la OIT.23 Además, puntualizó que
los trabajadores, acorde con lo establecido en el artículo
604 de la LFT, deberían redimir cualquier conflicto (incluso
cuestiones de información) ante la JFCA.
Es interesante profundizar en el recurso de revisión
0448/04, donde el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI o Instituto) fija su postura
general sobre la información sindical. Aquí, el recurrente
solicitaba a la STPS: copia certificada del último padrón
sindical, de los estatutos vigentes con sus reformas y de
la última toma de nota. Antes de pasar a analizar la procedencia de la confidencialidad para cada uno de estos
documentos, el Instituto establece que:
23	OIT, Recopilación de Decisiones y Principios de Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5a. ed., Ginebra, 2006, p. 291.
Nota en varios de los recursos de revisión, tanto la STPS como los terceros
perjudicados, suelen hacer referencia a una edición anterior a la aquí citada
(que es la última), lo cual se observa por la discordancia entre los numerales.
los sindicatos se constituyen como personas morales netamente privadas, es decir, en el caso que nos ocupa, se trata
de una agrupación de trabajadores que se reúne para la defensa de sus intereses, y que actúa, como toda persona jurídica, a través de sus representantes legales. Sin embargo,
existe cierto interés público con respecto a los sindicatos, a
diferencia de otras personas morales privadas, ya que debido
a las finalidades de los mismos, referidas a la defensa de los
derechos de los trabajadores, les son aplicables ciertas disposiciones jurídicas de orden público.24
Luego de esta declaración, el IFAI analiza, en primer
lugar, si el último padrón del sindicato era información
confidencial. Aplicando un principio de analogía, comparó
al sindicato con cualquier otra persona moral privada que
podría ser regulada por el Código de Comercio y señaló
no habría razón para no dar a conocer los nombres de los
miembros de un sindicato, ya que decidieron asociarse en
términos de ley para defender sus intereses y requirieron de
la autorización de la STPS para constituirse, en virtud de lo
cual se otorgaron los nombres de sus miembros.25
También aplicando el principio de analogía entre el sindicato y una sociedad mercantil, resolvió afirmativamente
la cuestión de si debía dar acceso a los estatutos vigentes
con sus reformas:
…siendo que las sociedades mercantiles netamente privadas
inscriben sus estatutos en el Registro Público del Comercio,
de conformidad con el artículo 21 fracción V del Código de
Comercio, por mayoría de razón deben darse a conocer los
24	Recurso de revisión IFAI 0448/04, pp. 8 y 9.
25	Ibidem, p. 10.
estatutos de una persona moral de interés público, como lo
es un sindicato.26
Finalmente, el Instituto decide dar acceso a la toma de
nota bajo el argumento de que “al tratarse de un documento asimilable a una autorización, los datos que reflejen la
actuación de la autoridad deben ser públicos”.27
A diferencia de la STPS, y debido a su naturaleza de
instancia encargada de dirimir conflictos, la JFCA sí reconoce la posibilidad de acceder a cierta información sindical que posee en virtud del ejercicio de sus funciones.
Del criterio creado por su pleno el 8 de mayo de 2003, se
infiere que: i) únicamente los trabajadores que acrediten
pertenecer a la empresa tienen derecho a acceder a los
documentos que contiene el expediente de registro sindical, ii) que tales trabajadores sólo podrán solicitar copias
simples y certificadas a través de una junta especial (lo
cual implica casi siempre que lo hagan en el contexto de
un juicio), y iii) que dentro de un juicio, tales trabajadores
podrán ofrecer como prueba la inspección del expediente
de registro sindical.
El Instituto, en diversos recursos de revisión, ha obligado a la JFCA a revelar la información cuando el documento se genera a partir de un procedimiento administrativo que no se sigue en forma de juicio, como es el caso,
por ejemplo, del contrato colectivo o la toma de nota.28
El IFAI considera que un procedimiento administrativo se
sigue en forma de juicio si éste cuenta con los siguientes
elementos:29 i) la notificación del inicio del procedimiento y
26	Ibidem, p. 11.
27	Ibidem, p. 12.
28	Véase, por ejemplo, recursos de revisión IFAI 214/06, 2242/05 y 1301/06.
29	“Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una
adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo”, Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, México, Poder Judicial de la Federación, novena
época, Pleno de la SCJN, t. II, diciembre de 1995, p. 133.
sus consecuencias; ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; iii) la oportunidad de alegar, y iv) el dictado
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. El
Instituto ha sostenido que el criterio de la JFCA para dar
acceso a la información sindical:
se encuentra encaminado a restringir el acceso a documentos
que se encuentran dentro de algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de modo que sólo tengan
acceso a los mismo las personas que tengan interés jurídico
dentro del proceso.30
En conclusión, las autoridades laborales han establecido reglas restrictivas para otorgar la información que generan los sindicatos del Estado, incluso cuando los solicitantes son trabajadores miembros del sindicato.
Antes de finalizar esta sección, vale la pena hacer un
comentario sobre el TFCA. El IFAI no tiene competencia
para atender el recurso de revisión ante las resoluciones
del comité de información del TFCA. Esto, debido a que el
TFCA, según el artículo 73 fracción XXIX-H de la CPEUM,
el 118 de la LFTSE y su propio reglamento interior, es
autónomo y, por tanto, según el artículo 3o. y 61 de la
LFTAIPG, no es un sujeto obligado en términos de la Ley
de Transparencia. El TFCA tiene su propio Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003.31
Por esto, la única instancia para obligar al TFCA a dar información sobre los registros sindicales de los que conoce
es el Poder Judicial, y nunca el IFAI.
30	Recurso de revisión IFAI 214/06, p. 12.
31	Recurso de revisión IFAI 5779/09.
3. Las obligaciones de rendición de cuentas
de los sindicatos según la Ley de Transparencia
A pesar de la baja probabilidad de ejercerlo, los trabajadores sindicalizados tienen el derecho a que su directiva
les rinda cuentas. Pero, ¿qué derecho tiene una persona
que no es trabajador a que un sindicato le rinda cuentas?
Analicemos la cuestión a la luz de la LFTAIPG y los recursos de revisión resueltos por el IFAI.
A. La Ley Federal de Transparencia y Acceso
Según el artículo 6o. de la Constitución mexicana, el
derecho a la información se garantiza por el Estado. La ley
reglamentaria de la materia es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG). El artículo 33 de la LFTAIPG establece al IFAI
como el órgano encargado de resolver sobre la negativa
a las solicitudes de acceso a la información. El ejercicio
del derecho a la información no requiere que el interesado
acredite interés jurídico alguno (por ejemplo, ser trabajador de la empresa), pues como lo señala el artículo 40
de la LFTAIPG: en ningún caso la entrega de información
estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.
El procedimiento que se sigue ante el Instituto, denominado recurso de revisión, se regula en el artículo
49 y siguientes de la ley de la materia, y procede hasta
dentro de quince días hábiles posteriores a que el solicitante ha recibido la notificación del comité de información de la dependencia o entidad donde se exprese la
negativa de acceso o la inexistencia de los documentos
Se considera información la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.32 Legalmente, una dependencia o entidad sólo puede negar
el acceso a la información cuando ésta es confidencial,
reservada o inexistente.
Información confidencial, de acuerdo con el artículo 18,
es aquella entregada con tal carácter por los particulares
a los sujetos obligados, así como los datos personales
que requieran el consentimiento de los individuos para
su difusión, distribución o comercialización. También es
considerada información confidencial, según el artículo
36 de los Lineamientos Generales para la Clasificación
y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
(Lineamientos Generales), la información de la que un
particular (personas físicas o morales) sea titular y que
tenga relación con el patrimonio de una persona moral o
que comprenda hechos y actos de carácter económico,
contable, jurídico o administrativo, como su proceso de
toma de decisiones y acuerdos de los órganos de administración. Al clasificar la información como confidencial,
los titulares de las unidades administrativas deberán tomar en consideración el daño que causaría a los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la ley de la
32	Artículo 3o. fracción V de la LFAIPG. La fracción III del mismo artículo
define como documentos a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
Información reservada, según los artículos 14 fracción
IV de la LFTAIPG y 27 de los Lineamientos Generales,
es aquella contenida en expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
relativa a las actuaciones y diligencias propias del juicio
o procedimiento respectivo de acuerdo con la legislación
aplicable, en tanto éstos no hayan causado estado o ejecutoria.
La declaración de inexistencia se regula en los artículos
46 y 24 de la LFTAIPG. En caso de que haya una declaración de inexistencia, se apercibe a los servidores públicos
de las potenciales responsabilidades administrativas en
que podrían incurrir en términos del artículo 63 de la ley de
la materia. La declaración de inexistencia se ha dado en
varios recursos de revisión, por ejemplo, el 791/05, donde
se solicitó una lista con los integrantes de la dirigencia nacional del SNTE que incluyera el sueldo y las prestaciones
a que tienen derecho. La SEP respondió que la información no existía en los archivos de datos personales de la
entidad. También ocurrió en el recurso de revisión 410/06,
donde el recurrente solicitó información relativa a Víctor
Flores, líder del sindicato de ferrocarrileros.33
Una vez descritas las disposiciones mínimas de la ley
en materia de transparencia, analizaremos algunos recursos de revisión del IFAI que resuelven sobre cuándo debe
otorgarse acceso a la información sindical. Agrupamos estas decisiones en tres temas: con sueldos y prestaciones
33	Al respecto de la declaración de inexistencia, vale la pena transcribir parte de una entrevista realizada a María Marván Laborde sobre los obstáculos
que enfrenta el IFAI después de sus primeros ocho años de operación: “[Las
dependencias] han aprendido a fingir, a dar información sin darla y entonces es
más difícil. Es decir, cuando de entrada te dicen no, les tienes que decir sí, pero
cuando te dan algo que parece la información que pediste, que medio cumple
pero no completo, nuestros recursos de revisión requieren mucha más elaboración en el análisis”. Véase Esparza Carvajal, Ruth, “Al Ejecutivo le estorba la
transparencia: Marván (entrevista con María Marván Laborde)”, Etcétera, 8 de
de comisionados sindicales, patrimonio sindical y documentos sindicales.
B. Sueldos y prestaciones
de comisionados sindicales
En varios recursos de revisión, el IFAI ha decidido sobre
si debe o no otorgar el acceso a los sueldos, antigüedad,
salario y prestaciones de los comisionados sindicales.
En el recurso de revisión 0008/04 el recurrente solicitó
los nombres, sueldos y puestos de los trabajadores comisionados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Luz y Fuerza del Centro (LFC) negó la solicitud argumentando que se trataba de información personal, por lo que
era necesario el consentimiento por escrito de los individuos. Con base en los artículos 13 y 14 del Reglamento
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Reglamento), el IFAI resolvió revocar la respuesta de LFC, pues, por un lado, el
artículo 14 establece que las dependencias y entidades
deberán publicar el tabulador y las compensaciones brutas y netas, así como las prestaciones correspondientes
del personal de base, de confianza y del contratado por
honorarios; y, por otro, el artículo 13 dispone que el directorio de servidores públicos deberá incluir el nombre,
cargo, nivel del puesto en la estructura orgánica, teléfono,
domicilio para recibir correspondencia, así como, en caso
de contar con ellos, número de fax y dirección electrónica.
El otorgamiento de la información era evidente, pues los
trabajadores comisionados estaban contratados por LFC,
lo que la obligaba a cumplir con las obligaciones de la Ley
de Transparencia.34
En el recurso de revisión 0099/04, el recurrente solicitó el número de empleados y maestros comisionados en
34	Un recurso de revisión resuelto con un criterio similar es el 593/05.
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), así como sus nombres, puestos, sueldos y cada
una de las prestaciones de las que gozan mientras dure
la comisión. Aunque la Secretaría de Educación Pública
(SEP) respondió el número de trabajadores de base que
desempeñaban comisiones sindicales (9,689 al 30 de noviembre de 2003), se negó a responder sobre los nombres
(alegando confidencialidad e invocando los artículos 21
y 18 fracción III de la LFTAIPG), los sueldos y prestaciones. Al respecto de esta última negativa, la SEP dijo que,
según lo establecido en la LFTSE, la relación laboral con
los trabajadores comisionados se encontraba suspendida
por el periodo que dura la comisión y, consecuentemente,
su sueldo y prestaciones.35 El IFAI revocó la respuesta
de la SEP y la obligó a dar toda la información solicitada.
El argumento de la suspensión de la relación laboral, fue
combatido de la siguiente manera:
aun cuando entre la dependencia y los trabajadores comisionados la relación laboral se encuentra suspendida, ello
no obsta para que la Secretaría de Educación Pública dé a
conocer los nombres, puestos, sueldos y prestaciones, en el
entendido que esos aspectos de la relación laboral reiniciarán una vez que concluyan las comisiones citadas.36
En el recurso de revisión 308/05, el recurrente solicita
la antigüedad, puesto y salario en Comisión Federal de
Electricidad (CFE) tanto del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), como de los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional. El SUTERM niega la información con
base en dos argumentos principales. Primero, conforme al
artículo 132 fracción X de la LFT, la relación laboral se en35	La SEP invocó el artículo 43, fracción VIII, inciso a), de la LFTSE, aunque
también pudo haber invocado el artículo 86 del mismo ordenamiento.
36	Recurso de revisión IFAI 0099/04, p. 5.
cuentra en suspenso, ya que los trabajadores señalados
no prestan los servicios a la entidad, sino a la organización
sindical. Segundo, otorgar la información sería una violación a la cláusula 40 del Contrato Colectivo, que establece
que los trabajadores de confianza no deben inmiscuirse
en el régimen interno del SUTERM. El IFAI combate el primer argumento, el de la suspensión de la relación laboral,
igual que en el recurso 0008/04: no es pretexto la suspensión de la relación laboral para no dar la información, pues
se entiende que ésta reiniciará luego de que concluya la
comisión. Agrega un párrafo interesante:
si por virtud del Contrato Colectivo, el sujeto obligado paga
directamente a los trabajadores comisionados al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato al que pertenecen, sueldos y
prestaciones, tal información es de carácter público y procede revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que
entregue al recurrente la información solicitada.37
Sobre el segundo argumento, se hace referencia al artículo 10 del Código Civil Federal, a partir del cual se deduce que cualquier pacto contractual que viole una norma
de orden público (en este caso, un pacto con los trabajadores de confianza para no rendir información pública
sobre ellos) no es una justificación válida.
En el recurso de revisión 1759/09 el recurrente solicitó
a la CFE copias fotostáticas de los recibos de nómina o
cualquier otro documento en el que se indicara el monto
de los ingresos que percibieron en los últimos tres meses
algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM. La CFE se negó a otorgar la información alegando
su confidencialidad: “el recibo de pago se considera como
información confidencial, ya que se refieren a datos personales tales como el patrimonio de las personas físicas
37	Recurso de revisión IFAI 308/05, p. 12.
identificables…”.38 El IFAI revocó la respuesta de la CFE
y lo obligó a elaborar una versión pública de los últimos
tres recibos de nómina, los cuales tendrían que incluir el
monto de la compensación bruta y neta del servidor público y sus prestaciones, aunque no contendrían datos
personales e información de carácter patrimonial (RFC,
CURP, descuentos, préstamos otorgados por el sujeto
obligado, apoyo, deducciones de impuestos, desempeño
y cualquier otro dato que implicara una erogación a cargo
del trabajador).39
C. Patrimonio sindical
La decisión más sobresaliente en materia de información sindical derivó del recurso de revisión 2157/07 resuelto por el Instituto. Inicialmente, el recurrente solicitó el
monto que retuvo Petróleos Mexicanos (Pemex) por concepto de cuotas sindicales para 2005 y 2006, así como el
número de trabajadores sindicalizados en esos años, desglosados por mes. Con base en el artículo 18, fracción I, de
la LFTAIPG, el Instituto revocó la clasificación de información confidencial hecha por Pemex a los montos retenidos
por concepto de cuotas sindicales de 2005 y 2006. Ante
la resolución, el STPRM promovió, en su carácter de tercero interesado, una demanda de amparo indirecto ante
el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa
del Distrito Federal. El amparo fue favorable al STPRM, y
el IFAI interpuso el recurso de revisión, que fue turnado
al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito. El fallo dio la razón legal al STPRM y
obligó al IFAI a modificar su decisión inicial a la solicitud
de información. El argumento del Tribunal Colegiado fue
38	Recurso de revisión IFAI 1759/09, p. 8.
39	Un recurso de revisión que también ordena la creación de versiones pú-
blicas es el 577/03.
…ni la retención ni la entrega de cuotas sindicales son actos
de autoridad ni corresponden a recursos públicos, toda vez
que pagado el sueldo al trabajador es un recurso privado al que
el patrón le descuenta una cuota para entregarla íntegramente al Sindicato.40
Dicho razonamiento permite encuadrar a las cuotas sindicales como información confidencial de acuerdo con lo
señalado por el artículo 18 fracción I de la LFTAIPG con
relación al artículo 36 fracción I de los Lineamientos Generales, ya que “se trata de recursos privados que forman
parte del patrimonio de una persona moral”.41
Pero la decisión del Décimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito tuvo alcances
mayores. Dio pauta a la contradicción de tesis 333/2009,
denunciada por uno de los terceros perjudicados, y en
la cual se resolvió sobre el conflicto que existía entre las
resoluciones del Décimo (amparo en revisión 107/2009)
y el Tercer colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo en revisión 478/2007). Al resolver
la contradicción, la Corte desarrolló dos temas. El primero
fue el concepto de información pública; en particular, la
siguiente interrogante: ¿es información pública exclusivamente aquel conjunto de datos cuyo origen proviene de
los poderes constituidos; o bien, dicho concepto comprende también los datos cuyo origen proviene de particulares
pero que está en posesión de los poderes públicos? La
SCJN resolvió que
es información pública el conjunto de datos de autoridades
o particulares en posesión de los poderes constituidos del
Estado, que hayan sido obtenidos por causa del ejercicio
de funciones de derecho público, considerando que en este
40	Recurso de revisión IFAI 2157/07, p. 52.
41	Ibidem, p. 55.
ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir
cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad.42
El segundo tema, que resolvió finalmente la cuestión
planteada, fue si el monto total de las cuotas sindicales
que aportan los trabajadores de Pemex (organismo público descentralizado), no constituye información pública.
Con base en los artículos 110, 132, 371 y 377 de la LFT;
3o. y 8o. del Convenio 87; 1o., 2o., 4o. y 6o. de la Ley
de Transparencia, así como el 6o. fracción II y 16 constitucionales, emitió una contradicción de tesis que dice lo
es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas
sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin
la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial
perteneciente a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad
gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa
del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que
tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que tiene frente a
sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al Sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley
Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige
esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto
de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del Sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación
injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho
social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y
16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a
la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que
42	Las cursivas en la cita son mías.
tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su
patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos
3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical.43
Sobra decir que los efectos de esta contradicción de tesis serán trascendentales, pues rompe con la postura histórica del IFAI de otorgar acceso a la información del patrimonio sindical, que no sólo incluye cuotas sindicales,44
sino también sus terrenos y propiedades,45 así como los
subsidios, apoyos, donaciones u otras entregas que reciben.46 A partir de la tesis sostenida por el máximo tribunal, el IFAI no podrá otorgar el acceso a la información
sindical sin que exista el asentimiento del sindicato. Las
consecuencias prácticas son evidentes: las directivas de
los grandes sindicatos formados por trabajadores estatales podrán continuar con prácticas de secrecía que les
permitan seguir consolidando su poder. Dicho elemento
fáctico, que no necesariamente puede verse reflejado en
un punto legal, es evidente, y está ausente del desarrollo
de la contradicción de tesis resuelta por la Corte.
C. Documentos sindicales
Como ya se ha dicho,47 uno de los criterios del IFAI sobre el Contrato Colectivo, el Reglamento Interior de Trabajo y la toma de nota, es que no pueden ser clasificados
como información reservada, pues no forman parte de un
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
43	Las cursivas en la cita son mías.
44	Recurso de revisión 948/07.
45	Recurso de revisión 1037/04.
46	Recursos de revisión 2611/09 y 2767/09.
47	Véase supra, “La rendición de cuentas de los sindicatos ante las autorida-
des laborales”.
El IFAI ha reconocido que las revisiones al Contrato Colectivo puedan ser clasificadas como información reservada en tanto la dependencia o entidad pueda acreditar que
no se ha tomado la decisión definitiva que ponga fin al proceso deliberativo (en este caso, la firma del Contrato).48
Lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 14
fracción VI de la LFTAIPG y el 29 de los Lineamientos
4. Tensiones entre la libertad sindical y la garantía
de información: ¿hacia una solución administrativa,
judicial o legislativa?
Hasta este momento, se ha estudiado la forma en que
las autoridades administrativas, siguiendo las directrices
impuestas por las leyes y los mecanismos de revisión judicial, lidian con las solicitudes de información sobre la operación sindical, especialmente aquellos de trabajadores al
El papel de cuatro entidades ha sido fundamental en
este proceso. La STPS, la JFCA, el IFAI y la SCJN.
La STPS y la JFCA, al negar las solicitudes de acceso
a la información sindical, se han olvidado de ponderar la
garantía de información que consagra el artículo 6o. constitucional. La STPS ha limitado el acceso a la información
pública a los representantes sindicales y la JFCA lo ha restringido a aquellos que pueden acreditar su interés jurídico. ¿Son estas restricciones legales? ¿No deberían estas
dependencias de brindar información a cualquier persona,
máxime cuando se trate de un sindicato que opera con
recursos públicos, como es el caso de aquellos formados
por trabajadores al servicio del Estado? Complicado. Sin
duda, la STPS y la JFCA deben ceñirse a los mandatos de
la LFT, pero también están obligadas a considerar la natu48	Recurso de revisión 311/06.
raleza de los preceptos que regulan a la información pública, los cuales son de orden público (artículo 1o. LFTAIPG),
o sea, de cumplimiento imperativo.
Mientras la STPS y la JFCA han puesto el principio de
libertad sindical sobre la garantía de información, el IFAI
ha hecho lo contrario: ha considerado que sólo en casos
excepcionales puede el principio de libertad sindical prevalecer sobre la garantía de información.
Salvo en el caso de la decisión sobre las cuotas sindicales otorgadas por Pemex al STPRM, la posición del IFAI
parece haber dominado, en gran parte, debido a la falta
de una intervención más activa del tercero perjudicado.
De particular relevancia es el caso de las cuotas sindicales de Pemex. Una característica fundamental de este
asunto es el carácter proactivo del STPRM como tercero
interesado: cuando el IFAI ordenó que se revelara el monto de las cuotas sindicales, el sindicato petrolero agotó
la última instancia de revisión judicial y ganó. La victoria
del sindicato no era difícil de prever. En general, la argumentación de los recursos de revisión emitidos por el IFAI
tiene flancos débiles que pueden dar pauta a violaciones
legales debidas a su falta de conocimiento de las normas
laborales. Veamos dos ejemplos.
Primer ejemplo: en el recurso de revisión 0448/04, el
Instituto, al razonar el otorgamiento de la información sindical al recurrente compara a los sindicatos con personas
morales privadas reguladas por el derecho civil.49 Esto es
un error: los sindicatos son personas morales de derecho
social reguladas por la ley laboral. Por lo tanto, cualquier
analogía que busque comparar a los sindicatos con cualquier tipo de sociedad de carácter mercantil debe reputarse como inválida, no sólo desde el punto de vista doctrinal,
49	Véase supra, “El derecho a la rendición de cuentas del trabajador miembro del sindicato”.
sino legal. Al respecto anotamos unas líneas de la iniciativa de reforma a la LFT de 1970 (ahora derecho vigente):
el derecho del trabajo del siglo pasado [el XIX] era un capítulo
del derecho privado, civil y mercantil, pero el nuestro, desde
el año en que se promulgó la Constitución vigente, conquistó
su autonomía como una rama jurídica independiente.50
La expresión máxima de esta idea se encuentra en el
artículo 17 de la LFT, que excluye al derecho privado como
fuente de interpretación de la ley laboral.
Segundo ejemplo: el Instituto, en varios recursos de revisión, no entra al examen de los convenios internacionales que regulan la materia laboral, pues dice: “…se trata de
disposiciones que no están relacionadas con la clasificación de la información solicitada”.51 ¿Puede el IFAI pasar
por alto las normas laborales al juzgar sobre el otorgamiento de solicitudes de información sindical? No. Las disposiciones de la LFT, según señala el artículo 5o. fracción
XIII, son de orden público, por lo que no produce efecto
alguno la estipulación que implique una renuncia por parte
del trabajador de cualquiera de sus derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. La iniciativa de
la reforma de 1970, documento base para la interpretación
de la ley laboral, señala que
el artículo 5o. fija los caracteres formales del derecho del trabajo: son normas de orden público, circunstancias que les
otorga el carácter de derecho imperativo, lo que excluye la
50	Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, XLII Legislatura, Ley
Federal del Trabajo, minuta proyecto de decreto, enviada por la Cámara de
Diputados (iniciativa presentada por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz), México,
18 de noviembre de 1969, p. 4.
51	Véase recurso de revisión IFAI 0448/04, p. 13.
renuncia, por parte de los trabajadores, de sus derechos, beneficios y prerrogativas.52
Dada la intención del mandato legislativo, el Instituto no
puede superponer la garantía de información a los derechos laborales consignados en las leyes reglamentarias y
en los convenios internacionales.
La SCJN desempeña un papel esencial en este debate
a partir de la contradicción de tesis 333/2009. La tesis puede resumirse en dos enunciados. Primero: la información
que poseen las dependencias públicas en su calidad de
patrón, no es pública. Reformulando: la información que
obtenga el patrón/titular al ejecutar cualquier obligación
señalada en la LFT o la LFTSE, o bien, en cualquier otra
norma laboral (contrato colectivo, contrato ley, reglamento
interior de trabajo o condiciones generales de trabajo), no
es pública. Segundo: las dependencias públicas no pueden divulgar información del patrimonio sindical.
¿Cuál será el efecto de esta tesis en el actuar de la
STPS, la JFCA y el IFAI? Por un lado, la STPS y la JFCA
pueden seguir actuando igual. Su posición está completamente alineada con el veredicto final de la Corte: prima la
libertad sindical sobre la garantía de información independientemente de las consideraciones fácticas (prácticas de
secrecía de la directiva sindical).53
Por otro lado, el Instituto tendrá que hacer un serio replanteamiento a la forma en que resuelve los recursos de
revisión: si otorga a los individuos el acceso a la información del patrimonio sindical, tanto la STPS como la JFCA,
y de manera más importante, los terceros interesados
(sindicatos), podrán invocar la contradicción de tesis y hacer que el Instituto tenga que replantear su decisión. En su
52	Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, XLII Legislatura, op.
cit., nota 50, p. 3.
53	Redacción, El Informador, op. cit., nota 1.
versión más agresiva, lo más que podrá hacer el IFAI para
minimizar el impacto de la contradicción será considerar a
las cuotas sindicales como un caso excepcional, y mantener su postura, indicada por uno de sus criterios, de que
“los recursos públicos federales entregados a sindicatos
con base en las obligaciones contraídas en los contratos
colectivos de trabajo son públicos”.54 Pero si los terceros
interesados están lo suficientemente dispuestos a combatir esta postura, lo podrán hacer con una alta probabilidad
de ganar en las instancias de revisión judicial. En corto, la
capacidad del IFAI para servir de mecanismo de información sindical, especialmente de carácter patrimonial, está
condenada. La vía para que los sindicatos públicos continúen con sus prácticas de secrecía tiene un obstáculo
Pero, ¿qué hay de los legisladores? No creo que ellos
hubieran imaginado las complejas tensiones entre la garantía de información y el principio de libertad sindical en
el contexto de los sindicatos de trabajadores al servicio
del Estado. Estas tensiones son palpables y ocurren en
el seno de los sindicatos más importantes del país, como
son el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM), entre otros muchos ejemplos.55 Las historias
de estas organizaciones están plagadas de prácticas corruptas por parte de sus directivas sindicales,56 donde poco
54	Criterio de resolución 013-10 del IFAI.
55	Incluso a nivel local, véase “Deberá sindicato de ALDF rendir cuentas
de dinero público que recibe”, Excélsior, México, 19 de enero de 2011; Correa
González, Jorge, “SNTE pide desmentir información a la SEPH”, Milenio, México, 16 de noviembre de 2010.
56	El caso más emblemático es el de la dirigencia del SNTE y su lideresa,
Elba Esther Gordillo Morales. Véase Saúl, Lilia, “Ordenan a la SEP informar
salario que recibe Gordillo”, El Universal, México, 1o. de septiembre de 2005;
Velasco, Elizabeth, “Ordena el IFAI a Educación abrir informes sobre el SNTE”,
han podido hacer los trabajadores o incluso los medios,
en gran parte, por falta de información (particularmente de
su patrimonio).
Es completamente ingenuo pensar que la solución vendrá de un mayor desarrollo de la democracia sindical al
interior de los mismos sindicatos, o sea, que la solución
vendrá de los trabajadores. Las directivas sindicales usan
prácticas intimidatorias y fraudulentas que inhiben la transparencia y permiten el uso de la ley a su conveniencia. Es
necesario que el vector de transformación provenga de
alguna reforma legal acompañada de cambios institucionales que materialicen su implementación. Al Instituto, la
SCJN ya le ha puesto una gran barrera, por lo que sólo
queda esperar a que alguna de las múltiples iniciativas
de reforma laboral que ahora circulan se concrete y lleve
aparejada un cambio.
Uno de los ejes rectores de la iniciativa de reforma laboral propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) a la
LXI Legislatura es fortalecer la transparencia y la democracia sindical, para lo cual se propone: obligar a las dirigencias sindicales a difundir efectivamente la información
sobre la administración del patrimonio sindical entre sus
agremiados, y las organizaciones que cuenten con más
de 150 asociados deberán dictaminar dicha información
por un auditor externo; además de dar publicidad en Internet a los registros de las organizaciones sindicales, así
como a los contratos colectivos y reglamentos interiores
de trabajo. Los artículos que expresan estas ideas en la
iniciativa del PAN son el 365 bis y el 373.
La iniciativa de reforma laboral propuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la LXI Legislatura no aborda el tema de la transparencia sindical. Tal
La Jornada, México, 1o. de septiembre de 2005 y, Martínez, Nurit, “Reserva
SEP acuerdos salariales con el SNTE”, El Universal, México, 5 de septiembre
iniciativa plantea, en su artículo 365, la creación de un
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales
y Contratos Colectivos de Trabajo,57 el cual ostentaría las
funciones registrales que ahora tienen la STPS y las JLs.
El Registro sería una institución pública y estaría obligada
en los términos de la LFTAIPG. Sin embargo, enfrentaría
la misma restricción jurisprudencial que ahora tiene el IFAI
y, por tanto, no resolvería el problema de la transparencia
Otro tipo de reformas son las que buscan modificar la
Ley de Transparencia, y no la ley laboral. Destaca la propuesta por Santiago Creel Miranda a la LXI Legislatura,
donde se busca modificar los numerales 1, 3, 7, 14 y crear
el 11 bis de la LFTAIPG. Esencialmente, la iniciativa propone considerar a los sindicatos de servidores públicos
como sujetos obligados.
Las propuestas del PRD y de Creel tienen problemas
de diseño legal evidentes. La del PRD carece de preceptos legales que obliguen a la transparencia y crea un Registro que, aunque con muchas otras bondades, estará
sujeto a las mismas restricciones que ahora tiene el IFAI.
La propuesta de Creel abre la puerta a una acción de inconstitucionalidad, pues, en caso de aprobarse, podría
considerarse violatoria de disposiciones constitucionales
y tratados suscritos por el país. Así, la opción que presenta un mejor diseño es la iniciativa del PAN: considera
preceptos que obligan a los sindicatos a ser transparentes y no abre la puerta a revisiones constitucionales que
la echarían por tierra. Para que la reforma en materia de
transparencia fuera completa, sólo habría que crear un artículo en la LFTSE que estableciera la obligación de los
57	Esta idea ya había sido propuesta antes. En el año 2000, Vicente Fox se
comprometió con las organizaciones sindicales a crear dicho Registro. Véase
Compromisos de Fox con el Sindicalismo, en el sitio de la Unión Nacional de
Trabajadores, en http://www.unt.org.mx/docs/comprfox.htm (consultada el 6
de febrero de 2011).
sindicatos de trabajadores al servicio del Estado de cumplir
con las obligaciones en materia de transparencia sindical
establecidas por la LFT. Esto cerraría la puerta a cualquier
argumento que, sosteniendo la inaplicabilidad de la LFT
en materia burocrática, buscara excluir a los sindicatos
de trabajadores estatales de sus obligaciones de transparencia.
¿Tenemos derecho a que los sindicatos estatales, que
operan con recursos públicos, nos rindan cuentas sobre
su operación? ¿Quién tiene derecho a conocer la información de estos sindicatos? La pregunta es difícil, y las autoridades laborales tienen respuestas diferentes. Mientras
que la STPS ha considerado que únicamente los trabajadores (a través de sus representantes sindicales) pueden
acceder a la información sindical, el Instituto ha establecido (al menos hasta hace bastante poco tiempo) que es
un derecho que tiene cualquier persona. Dado que estas
posturas se contrapuntean, sólo era cuestión de tiempo
para que terminaran en un conflicto y que éste fuera resuelto por las instancias del Poder Judicial, en este caso,
por la SCJN.
A través de una contradicción de tesis reciente, el máximo tribunal ha empezado a cerrar la brecha interpretativa
del IFAI para otorgar acceso a la información sindical. Ignorando la situación de corrupción y secrecía en que se
mueven los grandes sindicatos estatales, como el SNTE,
el STPRM y el SUTERM, la Corte ha dicho que la información del patrimonio sindical de estos sindicatos no es
pública, ya que la obtienen de las dependencias públicas
en su calidad de patrón y, además, hacerla pública sin
autorización del sindicato sería una violación al principio
de libertad sindical.
La decisión de la SCJN está bien fundamentada, pero
muy alejada de la triste situación de opacidad sindical que
viven los grandes sindicatos estatales. Aunque el Instituto
había tratado de avanzar en la dirección correcta, la de la
transparencia sindical,58 la Corte le ha dejado claro que
actuaba en la ilegalidad al otorgar acceso a las cuotas
sindicales y demás elementos del patrimonio sindical. Si
los sindicatos —quienes son llamados por las dependencias como terceros interesados en los recursos de revisión
resueltos por el IFAI— están dispuestos a hacer valer la
decisión de la Corte ante futuras decisiones del Instituto
que los perjudiquen, es muy probable que los colegiados
de circuito y los juzgados de distrito les den la razón. El
camino para la opacidad ha sido allanado.
Pero el problema de la rendición de cuentas de los sindicatos, no sólo de las grandes centrales estatales sino
incluso de los privados, no tenía por qué esperar una solución tan tardía. El problema ha existido por siglos y nunca
ha merecido una solución legislativa de fondo. Esto resultaba entendible en un México que era controlado por
un partido único que tenía como uno de sus pilares las
organizaciones laborales, pero no resulta comprensible en
el México de hoy, donde muchos partidos políticos pueden
sacar una buena cantidad de votos por empujar una reforma que beneficiará a muchos trabajadores e individuos
interesados en saber cómo se gasta su dinero, máxime
ante la sospecha de enorme corrupción y despilfarro de
58	Siguiendo el mandamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 en
su estrategia 5.7: “Actualmente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental no contempla a los partidos políticos,
a las agrupaciones políticas nacionales ni a las asociaciones de trabajadores
como sujetos obligados de manera directa. Sin embargo, constitucionalmente,
son entidades de interés público que reciben financiamiento del erario. Por lo
tanto, es indispensable que sus procesos internos estén abiertos al escrutinio
ciudadano”. Véase Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo,
2007-2010, México, 2007.
Varias reformas están en la mesa. Esperamos que no
duerman el sueño de los justos y materialicen una de
las intenciones genuinas de los legisladores que crearon la ley laboral: crear una verdadera democracia sindical a través de un eficaz mecanismo de rendición de
Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 2008, t. II.
Giménez Cacho, Luis Emilio, La transparencia y los derechos laborales, México, IFAI, 2008.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, XLII Legislatura, Ley Federal del Trabajo, minuta proyecto de
decreto, enviada por la Cámara de Diputados (iniciativa presentada por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz),
México, 18 de noviembre de 1969.
Consulta Mitofsky, Confianza en las Instituciones, Evaluación Nacional, México, enero de 2010.
Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87), que entró en vigor
para México el 1o. de abril de 1951.
“Compromisos de Fox con el sindicalismo”, en el sitio de
la Unión Nacional de Trabajadores, en http://www.unt.
org.mx/docs/comprfox.htm (consultada el 6 de febrero
“Los sindicatos tienen los líderes que merecen: Lozano”,
El Informador, México, 19 de enero de 2011.
Esparza Carvajal, Ruth, “Al Ejecutivo le estorba la transparencia: Marván (entrevista con María Marván Laborde)”, Etcétera, 8 de noviembre de 2010.
“Deberá sindicato de ALDF rendir cuentas de dinero público que recibe”, Excélsior, México, 19 de enero de
Correa González, Jorge, “SNTE pide desmentir información a la SEPH”, Milenio, México, 16 de noviembre de
Organización Internacional del Trabajo, Recopilación de
Decisiones y Principios de Comité de Libertad Sindical
del Consejo de Administración de la OIT, 5a. ed., Ginebra, 2006.
Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo,
Saúl, Lilia, “Ordenan a la SEP informar salario que recibe
Gordillo”, El Universal, México, 1o. de septiembre de
Velasco, Elizabeth, “Ordena el IFAI a Educación abrir
informes sobre el SNTE”, La Jornada, México, 1o. de
Martínez, Nurit, “Reserva SEP acuerdos salariales con
el SNTE”, El Universal, México, 5 de septiembre de
“Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén,
violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123,
apartado B, fracción X, constitucional”,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Poder Judicial de la Federación, novena época, pleno de la SCJN,
t. IX, mayo de 1999.
“Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo
plano respecto de la constitución federal”, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Poder
Judicial de la Federación, novena época, pleno de la
SCJN, t. X, noviembre de 1999.
“Formalidades esenciales del procedimiento. Son las
que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Poder Judicial de la Federación, novena época, pleno de la SCJN, t. II, diciembre
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	Artículo 2
	Artículo 365
 artículo 123
 artículo 371
 artículo 373
	Artículo 365
	Artículo 364
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 371
	Artículo 604
	Artículo 124
 resolución 
 artículo 374
 artículo 3
 artículo 374
 artículo 3
 artículo 3
 artículo
604
 artículo 21
 resolución 
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 33
 artículo 40
 artículo
49
 artículo 18
 artículo
36
	Artículo 3
 artículo 63

artículo 14
 artículo 13

artículo 132
 artículo 43
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 36
 artículo 132
 artículo 14
 artículo 6

artículo 17
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 365
 artículo 123