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Timestamp: 2020-07-06 17:39:24+00:00

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﻿ Sentencia C-382 de agosto 22 de 1996
SENTENCIA C-382 DE 22 DE AGOSTO DE 1996
CONTENIDO:INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA, NO ES POSIBLE QUE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS, NI ADMINISTRATIVAS NI JUDICIALES, EJERZAN EN EL ORDEN INTERNO LAS FACULTADES PARA INTERCEPTAR O INTERRUMPIR COMUNICACIONES DE PARTICULARES CON BASE EN RAZONES DE ESTADO. SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CUANDO, POR DIVERSAS CAUSAS, NO PUEDA HABER CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, EL ESTADO CORRESPONDIENTE PUEDE PROCEDER A SU SUSPENSIÓN -NO PRESTACIÓN TEMPORAL-, INFORMANDO PREVIAMENTE A LOS DEMÁS MIEMBROS, LOS CUALES, POR TAL MOTIVO, SE VERÍAN AFECTADOS. ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Y SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SIENDO EL ESTADO EL QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA CARTA, TIENE A SU CARGO LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO, UTILIZADO PARA LAS TELECOMUNICACIONES, NO PUEDE EVADIR TAL RESPONSABILIDAD POR LA VÍA DE UN TRATADO PÚBLICO. 1. DECLÁRANSE EXEQUIBLES LA “CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” Y EL “PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA SOLUCIÓN OBLIGATORIA DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, EL CONVENIO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS”, INSTRUMENTOS ADOPTADOS EN GINEBRA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1992, ASÍ COMO LA LEY 252 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL CONGRESO DE COLOMBIA CON EL OBJETO DE APROBARLOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA UIT, QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TELECOMUNICACIONES, ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Sentencia C-382 de agosto 22 de 1996
Ref.: Expediente L.A.T. 069
Revisión de constitucionalidad de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos” adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.
De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia autenticada de la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los reglamentos administrativos” adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992.
Dice la ciudadana interviniente que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es el organismo internacional más antiguo, que surge como una respuesta a la necesidad de la comunidad internacional de convenir multilateralmente el manejo y administración del espectro electromagnético en beneficio de todos los países, dado su carácter de recurso natural limitado.
Luego afirma que en la Conferencia de Atlantic City, llevada a cabo en 1947, en virtud de un Convenio celebrado entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y la Organización de las Naciones Unidas, la UIT entró a formar parte de la ONU y se convirtió en “El Organismo Especializado en Telecomunicaciones” de la misma.
Manifiesta que “el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, contempla seis capítulos que se caracterizan por ser normas de contenido reglamentario, las cuales, a diferencia de la Constitución, pueden ser revisadas o modificadas con menos dificultad; y que el Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión, el Convenio y los reglamentos administrativos, establece un procedimiento de arbitraje distinto al previsto en el Convenio, como alternativa adicional”.
Esta nueva estructura —agrega— permitirá adaptar la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sus prácticas de gestión y métodos de trabajo a los cambios que se producen en el mundo de las telecomunicaciones y a las crecientes demandas de que es objeto, para mantenerse al ritmo del creciente avance de las telecomunicaciones, y garantizará, sin duda, que éstas contribuyan aún más al desarrollo económico, social y cultural.
“1. Manifiesta que reserva para su gobierno el derecho a:
4. Declara que de conformidad con sus normas constitucionales su Gobierno no puede aplicar en forma provisional los instrumentos internacionales que constituyan las actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) y demás instrumentos de la Unión, debido al contenido y naturaleza de los mismos”.
Además, dice que no puede negarse ni ignorarse la labor que viene desempeñando la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, en el mejoramiento de las telecomunicaciones del mundo.
Dice que, en los tratados bajo examen, se presenta el segundo evento, pues son de tipo universal perfeccionados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y abiertos a la firma de cualquier Estado, de acuerdo con los artículos 2º y 53 de la Constitución de la UIT. Para el caso colombiano —continúa— quien actuaba con plenos poderes suscribió las actas finales que adoptaron los textos internacionales bajo examen, pero presentó algunas reservas.
Expresa que tanto la Carta Política como los instrumentos de la Unión coinciden plenamente al pretender ambos el uso racional, controlado y planificado del espectro electromagnético, a fin de evitar su agotamiento y las prácticas monopolísticas, tal como lo consagran los artículos 75 y 76 de la Carta y el artículo 44 de la Constitución de la UIT. Así mismo —señala—, de conformidad con el artículo 101 Superior, la órbita geoestacionaria forma parte del territorio colombiano, pero que, en su desarrollo conceptual y práctico remite al Derecho Internacional, el cual ha estipulado que los espacios geoestacionarios, en cuanto a su utilización, deben asignarse mediante los tratados internacionales.
Se trata, dice, de los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución de la UIT, normas relativas al control de las transmisiones de telegramas de índole privado, así como de otro tipo de telecomunicaciones, cuando éstos puedan parecer peligrosos para la seguridad del Estado o contrarios a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres (art. 34), a la suspensión del servicio internacional de telecomunicaciones por decisión de las Partes (artículo 35) y a la no aceptación de responsabilidad por parte de los Estados Miembros en relación con los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente en lo concerniente a daños y perjuicios (art. 36).
Considera el Procurador que allí se están manejando criterios poco precisos que pueden terminar desconociendo el derecho a la intimidad de las personas consagrado en el artículo 15 de la Carta Política, el cual prohíbe la violación de la correspondencia y demás formas de comunicación privada, las cuales solamente pueden ser interceptadas y registradas mediante una orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, lo que es perfectamente incompatible con el artículo 37 de la Constitución de la UIT, en el cual, si bien se garantiza el secreto de la correspondencia internacional, se presenta la posibilidad de comunicar esta correspondencia a las autoridades competentes, “con el fin de garantizar la aplicación de su legislación nacional o la ejecución de los convenios internacionales en que sean Parte”.
En relación con el artículo 36 de la misma, también formula algunos reparos relativos a la responsabilidad de los Estados Miembros frente a los usuarios del servicio internacional de telecomunicaciones, “especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y perjuicios”.
Termina diciendo que “por la trascendencia que tiene para el país la celebración de este tipo de tratados, la reserva contiene otras disposiciones que permiten al Gobierno presentar reparos a los textos de los acuerdos en varias de las etapas de perfeccionamiento de los mismos, de tal manera que se garantice un mayor margen de eficacia a la normatividad que finalmente sea aprobada por el Estado Colombiano, además de hacerla más consecuente con sus procedimientos constitucionales internos y con sus intereses en el campo de las telecomunicaciones”.
3) El texto del proyecto, junto con su exposición de motivos, fue publicado oficialmente en la “Gaceta del Congreso” número 204 del 16 de noviembre de 1994.
5) Se aprobó sin modificaciones en segundo debate durante sesión de la plenaria del Senado de la República el 4 de mayo de 1995, con un quórum decisorio de 91 senadores (“Gaceta del Congreso” Nº 96 del 19 de mayo de 1995).
Aspecto material.
A nadie escapa que, en el mundo contemporáneo y merced al extraordinario avance tecnológico y científico, el campo de las telecomunicaciones, en razón de su vertiginoso desarrollo y de su incidencia cada vez mayor en la vida de los pueblos, no puede estar excluido de los necesarios acuerdos entre los Estados para garantizar el óptimo aprovechamiento de las extraordinarias posibilidades de las que ese sector dispone, así como para establecer las reglas de convivencia internacional que faciliten el acceso y uso razonable de las mismas, con arreglo a derecho y en condiciones de igualdad y equidad, factores todos estos que han conducido a la constitución de la UIT y al establecimiento de las convenciones que la rigen.
— Mediante el artículo 34 dispone el Tratado Internacional que los Miembros se reservan el derecho a detener la transmisión de todo telegrama privado que pueda parecer peligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes, al orden público o a las buenas costumbres, a condición de notificar inmediatamente a la oficina de origen la detención del telegrama o de parte del mismo, a no ser que tal notificación se juzgue peligrosa para la seguridad del Estado.
En efecto, en cuanto se refiere a las autoridades no judiciales de Colombia, les está vedado de manera perentoria hacer uso de las facultades contempladas en el artículo, pues, si así procedieran, quebrantarían con sus actos el 15 de la Constitución, a cuyo tenor, “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables” y “sólo pueden ser interceptadas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.
— En los términos del artículo 35, los Miembros se reservan el derecho a suspender el servicio internacional de telecomunicaciones, bien en su totalidad o solamente para ciertas relaciones y para determinadas clases de correspondencia de salida, llegada o tránsito, con la obligación de comunicarlo inmediatamente, por conducto del secretario general, a los demás Miembros.
— En cambio, colide con la Carta Política de Colombia el artículo 36 de la Constitución de la UIT, según el cual los Miembros no aceptan responsabilidad alguna en relación con los usuarios de los servicios internacionales de telecomunicaciones, especialmente en lo que concierne a las reclamaciones por daños y perjuicios.
Siendo el Estado el que, de conformidad con el artículo 75 de la Carta, tiene a su cargo la gestión y el control del espectro electromagnético, utilizado para las telecomunicaciones, no puede evadir tal responsabilidad por la vía de un tratado público, menos si, como acontece con la cláusula sometida a examen, ella queda excluida de una manera absoluta, dejando en total desprotección a los usuarios perjudicados.
1. DECLÁRANSE EXEQUIBLES la “Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones” y el “Protocolo Facultativo sobre la solución obligatoria de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos”, instrumentos adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de 1992, así como la Ley 252 del 29 de diciembre de 1995, dictada por el Congreso de Colombia con el objeto de aprobarlos, con excepción de los artículos 34 y 36 de la Constitución de la UIT, que se declaran INEXEQUIBLES.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por los mencionados instrumentos internacionales formulando la correspondiente reserva en cuanto a los artículos declarados inexequibles.
Magistrados: Carlos Gaviria Díaz, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Vladimiro Naranjo Mesa.

References: ARTÍCULO 75
 artículo 44
 artículo 101
 artículo 15
 artículo 37
 artículo 36
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 75
 artículo 241