Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39062
Timestamp: 2019-10-24 02:12:12+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-79/39062
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN A LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
Propone reformar los artículos 2, 3, 4, 6, 28, 73 y 76 de la Constitución para fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones; evitar la concentración monopólica de las frecuencias; establecer la obligación del Estado para otorgar las facilidades y condiciones materiales que salvaguarden las redes de medios no comerciales; y garantizar la existencia de los medios públicos, comunitarios y culturales.
Propone garantizar el acceso equitativo y universal a las tecnologías de la información y comunicación, mediante políticas públicas; así como crear un órgano público y autónomo en materia de telecomunicaciones que regule el espacio radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y los permisos para operar estaciones de radio y televisión.
Plantea garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.
Reforma la fracción VI del artículo 2 constitucional, apartado B, para establecer la obligación de la Federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, así como garantizar las condiciones técnicas y materiales para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
Modifica el artículo 3 para establecer que la educación que imparta el Estado garantizará un acceso equitativo, libre y universal a los contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural. Para ello generará políticas públicas de acceso a las tecnologías de la información que garanticen el dominio público del conocimiento y la protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.
Propone la adición de un párrafo al artículo 4, a efecto de que el Estado garantice el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro.
Reforma el artículo 6 para determinar el derecho de toda persona a buscar y difundir información e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Sujeta su ejercicio a responsabilidades para asegurar el respeto a los derechos, la reputación, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud.
Determina que el Estado garantizará el derecho a la información y prohíbe su restricción por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, el otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información. También establece el derecho de réplica.
Reforma el artículo 28 para proponer la creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y Contenidos Audiovisuales, como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos integrantes serán designados por el Senado. El Consejo tendrá a su cargo de manera integral y directa el otorgamiento de concesiones y permisos para la utilización de sistemas de telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas y producción de los mismos.
Reforma el inciso IX del artículo 73 para otorgar al Congreso la facultad de expedir leyes que tengan por objeto regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Y plantea la adición de un inciso X en el artículo 76 para otorgar al Senado la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Alejandro Encinas Rodríguez, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, al 1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de la Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI, del apartado B, del artículo 2; se adiciona el segundo párrafo y se reforma fracción V del artículo 3; adiciona un párrafo noveno al artículo 4; se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 6; se reforma el párrafo cuarto y adiciona dos párrafos quinto y sexto recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; se reforma la fracción X del artículo 73, y adiciona un párrafo décimo recorriéndose los subsecuentes del artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
A través del siglo XX, la evolución de la legislación de los medios masivos ha respondido a las coyunturas políticas, a la expansión del capital y a los cambios tecnológicos.
En 1960 la Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada bajo el régimen de Adolfo López Mateos, tuvo como principal beneficiario a Telesistema Mexicano, cuyos canales 2, 4 y 5 acaparaban el espectro televisivo. Momentos en los que despuntaba una importante fase de desarrollo tecnológico para los medios electrónicos.1
Durante el período de Díaz Ordaz se vivió una etapa de represión, en particular hacia los medios escritos, y para 1969 los concesionarios de los medios electrónicos lograron beneficios a cambio del 12.5 de los tiempos de estado.
El gobierno echeverrista manifestó su interés por reformar la legislación vigente, lo cual el recién surgido consorcio Televisa (creado en 1972 a partir de la fusión de Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano) buscó frenar. Así, la reforma se produjo sólo a nivel reglamentario2y el proyecto privado siguió su curso.
Para octubre de 1977 el Congreso recibió del Ejecutivo la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3donde se planteaba la necesidad de regular la existencia y funciones de los partidos políticos y se les abrían espacios gratuitos en los medios electrónicos, la cual se concretó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE).
Esta reforma, es una de las más relevantes para la comunicación social del país, al contemplar la adición al artículo sexto constitucional de la obligación del estado de garantizar el derecho a la información. Y en 1979, en el marco de la reforma política, el régimen de José López Portillo planteó una reglamentación al derecho a la información.
La política del gobierno de Miguel de la Madrid apeló a la rectoría del Estado en las telecomunicaciones, aun cuando ya se enfilaba hacia una profunda modificación. En 1985 se lanzaba al espacio el primer artefacto del Sistema Morelos de Satélites, en medio de la carencia de un proyecto estatal para la incorporación de las nuevas tecnologías, respondiendo a las necesidades de expansión de la empresa Televisa, impulsora de un proyecto para contar con satélites domésticos.
Con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, se ratificó el rumbo neoliberal en el que se había insertado al país, hecho que perfiló la política para la radiodifusión y las telecomunicaciones esbozada por el régimen anterior. Bajo la consigna de la modernización, el gobierno impulsó un proceso de venta de las empresas estatales.
En 1989 se dió a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para la gestión de Salinas, que consideraba la modernización de las telecomunicaciones como fundamental para apoyar todos los renglones del desarrollo nacional, al mismo tiempo señalaba que el Estado seguiría ejerciendo la rectoría en dicho sector, pero puntualizaba que estimularía su evolución a través de un marco regulador que habría de dar certeza jurídica a los participantes del campo de las telecomunicaciones.4 Asimismo se estableció la necesidad de recurrir a grandes inversiones, incluso privadas, para el impulso a las empresas de servicios de transmisión conmutada de datos, teleinformática, telefonía celular, facsímil y mensajería electrónica, entre otros rubros. Este era el preámbulo de la privatización de Telmex, el monopolio estatal de la telefonía, cuya desincorporación en 1989 sería una de las más relevantes del régimen.
El respaldo de la administración salinista al sector privado en esta materia, se expresó vía la renovación automática de las concesiones de más de 400 emisoras de radio (por entonces, equivalente a cerca de la mitad de las existentes en la industria radiofónica nacional), así como a través del otorgamiento de más concesiones a Televisa.
Mención aparte, merece la desincorporación de Imevisión, la televisora estatal, que fue incluida en el llamado "paquete de los medios estatales", puesta a subasta y vendida en julio de 1993 por 650 millones de dólares. Con la venta de Imevisión se abandona la política que en materia de medios públicos había tenido el Estado mexicano; con esta medida, el Estado deja de considerar el carácter estratégico de los medios públicos para el desarrollo social y cultural, para permitir negocios de empresarios desde el gobierno; es posible constatar, desde entonces a nuestros días, un desarrollo de mediadas paulatinas que tienden a privilegiar los intereses privados sobre los medios públicos.
El 6 de julio de 1996, durante la celebración del día de la libertad de prensa, el presidente Ernesto Zedillo se pronunció por la autorregulación de los medios, dejando de lado el trabajo que se realizaba en esos momentos en la Cámara de Diputados.
A principios de 2001, el gobierno foxista anunció la reinstalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, creado por la Ley Federal de Radio y Televisión de1960 y que estaba en franca parálisis. Esta representa una primera oportunidad a los concesionarios del sector para hacer sentir su influencia y medir fuerzas.
Las presiones que ejercieron sobre el gobierno los concesionarios surtieron efecto, pues el propósito de reactivar al consejo quedó en mero intento. Lo que pudo ser una primera discrepancia entre el gobierno y los industriales, comenzó a tomar la forma de una renovación del viejo pacto, aunque con redefiniciones en el peso de los dos sectores, aunque inclinando la balanza a favor de los concesionarios.
Otra evidencia de ello fue la pronta puesta en marcha, el 6 de mayo del 2001, de otro consejo: el Consejo de Autorregulación de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), a cuya instalación acudió el propio presidente Vicente Fox.
El 5 de marzo del 2001, se anunció la instalación de la Mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación en medios electrónicos, que tendría como fin "lograr en el ámbito de un absoluto respeto a las libertades y particularmente a la libertad de expresión, una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno, los medios y la sociedad".
Los trabajos de la mesa de diálogo comenzaron a entrar en una fase de lentitud, inasistencia de algunos representantes de las organizaciones civiles manifestaron su inconformidad ante ello y demandaron la agilización del proceso, que no obstante había avanzado en la redacción de la propuesta para iniciativa de ley.
Lamentablemente poco después se constatarían las razones de la inhibición de los trabajos de la mesa de diálogo: la existencia de una propuesta paralela gobierno-industriales, en elaboración desde meses atrás por la CIRT de manera unilateral, con el apoyo del Ejecutivo y que tenía como meta salir a la luz al corto plazo, sin pasar por el Congreso y en una fecha establecida por los propios empresarios de la radio y la televisión.
El 10 de octubre del 2002, en el marco de la reunión anual de la CIRT, el presidente Vicente Fox anunció sorpresivamente la expedición de un acuerdo presidencial por cuyas disposiciones se disminuía sustantivamente (en un 90 por ciento) el llamado "tiempo fiscal", así como la de un nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Fue de esta manera como se echaron por tierra los trabajos de la mesa, nulificando con ello los consensos y acuerdos que arduamente se habían logrado a lo largo de diecinueve meses, en ese espacio.
El episodio del llamado "decretazo" del 10 de octubre del 2002 vino a constituir una segunda y contundente evidencia del ascenso del sector de los industriales de radio y televisión al poder, como también de la subordinación gubernamental al poder económico. El viejo acuerdo Estado-concesionarios había sido renovado, con amplias ventajas para las dos partes.
Las organizaciones civiles no dieron por concluida, con el decretazo, su participación en la reforma del marco legal y se dieron a la tarea de formular una propuesta, a partir de los acuerdos y consensos obtenidos en cada uno de los temas. El resultado fue un proyecto de iniciativa para la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, primero en su género en la ya larga trayectoria de discusión sobre el tema. La "iniciativa ciudadana" fue presentada el 4 de diciembre de 2002 ante la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, y el 12 del mismo mes al Pleno del Senado.
Ante la ausencia de la figura de iniciativa ciudadana en la normatividad legislativa, los senadores Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN) y Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la presentaron como iniciativa de ley, y 64 senadores de cuatro partidos políticos la suscribieron, haciendo así posible su discusión en el Congreso.
Comenzaba otra larga etapa para la propuesta de reforma integral en materia de medios electrónicos. Durante el 2003 y el 2004 el Senado hizo consultas a especialistas diversos y concedió audiencias sobre el tema, con el fin de perfeccionar la iniciativa. En septiembre del 2004, el documento producto de la revisión de los senadores comenzó a circular en el Congreso.
Para enero del 2005 se incorporaron recomendaciones varias, emitidas por las tres comisiones dictaminadoras y surgieron presiones para detener el proceso, pero éste, aunque con lentitud, siguió adelante. La iniciativa no avanzaría en su dictaminación definitiva, misma que le permitiría pasar a votación en el pleno de la Cámara y contar con la posibilidad de su aprobación. Nuevamente, a espaldas de los trabajos de discusión en el Senado, se preparaba una propuesta de reglamentación distinta.
En noviembre del 2005 la Cámara de Diputados aprobó, en tan sólo siete minutos, una propuesta de Ley de Radio y Televisión que fue elaborada por los despachos de abogados de Televisa y TV Azteca. Esta iniciativa fue enviada al Senado y en un proceso inaudito, el 30 de marzo de 2006, fue aprobada sin un solo cambio a pesar de los evidentes errores que mostraba el texto en su redacción. En ese contexto expresaron también su posición las organizaciones civiles, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, todos ellos pedían el veto al presidente de la república. El debate en la opinión pública y el reclamo fueron intensos; sin embargo las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2006.
El proceso electoral había dado inicio en 2005 y el peso y poder de las empresas televisoras se hizo evidente en la aprobación fast-track de esta ley que le quita al Estado mexicano el control y regulación de un bien público como es el espectro radioeléctrico del país, un espacio que permite el acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones sin retribución al Estado; se trata de una ley que apoya la concentración de los medios electrónicos al renovarse las concesiones en forma automática y propone el otorgamiento de las nuevas a partir de subastas económicas a la alza; es una ley inicua que omite las normas que debieran aplicarse respecto a los medios comunitarios y públicos y los coloca en total desventaja frente a los proveedores privados.
Se preparó una minuta paralela que fue enviada desde el Senado a la Cámara de Diputados, su misión era enmendar los visibles errores de la ley pero dicha minuta quedó en la congeladora hasta la fecha.
El manipulado proceso de aprobación de la ley Televisa y los errores en su redacción dieron origen a la acción de inconstitucionalidad que en mayo del 2006 presentaron 47 senadores ante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acción de inconstitucionalidad tiene como punto central el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión porque "contradice la rectoría económica del Estado, favorece el acaparamiento de los medios de telecomunicaciones en pocas manos, en perjuicio del interés público y de la libre ocurrencia".
El junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica al declarar inválidos los artículo 9-C párrafo último y segundo transitorio, párrafo tercero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión los artículos 16,17 E fracción V, 17G,20 fracción I,II y III y el artículo 28 y 28–A.
A partir de la resolución la Suprema Corte de Justicia, la Junta de Coordinación del Senado acordó crear un Grupo Plural, integrado por los Senadores Santiago Creel Miranda(PAN) Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) José Alejandro Zapata Perogordo (PAN) Pablo Gómez Álvarez (PRD),Carlos Sotelo García,(PRD) Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI) Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI),Carlos Ruiz Navarrete (PRD), Francisco de Paula Agundis Arias(PVEM), Dante Alfonso Delgado Rannauro(Convergencia) Alejandro González Yañez (PT) Marco Humberto Aguilar Coronado ( PAN), José Julián Sacramento Garza (PRD),Javier Orozco Gómez, (PVEM),Gabino Cué Monteagudo (Convergencia) y Alberto Anaya Gutiérrez( PT)
Se llevaron acabo audiencias con los actores interesados en los temas de telecomunicaciones y radiodifusión y se recibieron propuestas de más de 20 instituciones, asociaciones, organismos y ciudadanos, finalmente se concluyeron los trabajos del Grupo Plural para la revisión en la materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado el 30 de abril del 2008 sin llegar al conceso de una nueva legislación en la materia.
Finalmente en diciembre de 2009 se cancela el último intento de reformar de la Ley de Radio y Televisión en la Cámara de Senadores de la propuesta del Senador Manlio Fabio Beltrones y organizaciones sociales con las críticas negativas tanto de la CIRT como de AMEDI.
Posteriormente el 8 de abril de 2010 el Diputado Javier Corral con el aval del 176 diputados del PAN, PRD y PRI presenta la iniciativa de la ley reglamentaria que recupera las propuestas de expertos en la materia pero queda en la congeladora.
Sin duda,el marco legal que surgió de las reformas del 2006, que afecta la soberanía del Estado en materia de radio, televisión y telecomunicaciones y debilita los derechos fundamentales de los ciudadanos en la materia, conlleva serios perjuicios para el interés nacional, debido a que mantiene las bases estructurales de la concentración de los espacios de la comunicación social y margina a la ciudadanía en el desarrollo de un modelo de comunicación acorde con las condiciones y necesidades del país.
Posterior a estas modificaciones la legislación en medios de comunicación no ha sufrido ninguna modicación sustancial que permita revertir la falta de pluralidad en los medios de comunicación,la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión.
La manipulación de la percepción a través de la información sesgada de los medios de comunicación masiva al servicio de intereses particulares y no del interés público, se han instituido como un metapoder por encima de cualquier gobierno y sus ciudadanos.
El poder de los medios difunde sus prioridades, genera impresiones selectivas de la información que desea generalizar que en psicología se llama, “ilusión de la verdad”, que es el cambio de la percepción a través de la simulación, es como colocar un producto en el mercado.
Por eso la irrupción “Yo Soy 132”, que tomó las redes y las calles con su imaginación ha evidienciado la falsa percepción de los medios de comunicación y su parcialidad en la información y contenidos y nos ha mostrado como los medios de comunicación son por excelencia el medio de reproducción de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas de exclusión y la manifestación la pobreza cultural.
Fundamentos generales para la propuesta constitucional en materia de telecomunicaciones y radio y televisión
Requerimos una reforma integral en materia de medios de comunicación fundamentada en reformas constitucionales y en los tratados internacionales, que promuevan la defensa de los derechos fundamentales.
En este tenor, tomamos como base los preceptos constitucionales citados por la SCJN que establecen los siguientes derechos fundamentales:
I. El principio de igualdad de los hombres ante la ley, que no puede ser absoluto dadas las diferencias propias que caracterizan la individualidad del ser humano, su debida conceptualización actualiza el principio aristotélico de dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, con el deber de aminorar las diferencias sociales y económicas. La igualdad ante la ley se concibe también como el principio de no discriminación, es decir, la imposibilidad jurídica de que la ley realice distinciones entre personas concediéndoles diferentes derechos o privilegios, o bien que otorgue trato desigual por razón de sexo, raza, religión, origen social, etcétera.
II. Por su parte, el artículo 2, apartado B, de la Constitución federal establece también una garantía de igualdad a favor de los pueblos indígenas, en la medida en que impone a la federación, los estados y municipios, la obligación de promover la igualdad de oportunidades, así como la de eliminar cualquier práctica discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
III. El derecho a la educación que, entendido como una garantía de libertad, implica que los gobernados tendrán el derecho a recibirla, con la obligación correlativa del Estado de impartir gratuitamente la que se considera como básica, la que será además laica y sin restricción a la libertad de quienes la imparten, que únicamente estarán sujetos a proporcionarla conforme a las bases previstas en el propio artículo 3 constitucional a saber, siguiendo un criterio democrático y nacional que contribuya a la mejor convivencia humana. En esta función social educativa concurrirán la federación, entidades federativas y municipios.
IV. La libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en el artículo 6 constitucional. La libertad de expresión ha sido definida por este tribunal pleno como la garantía individual "consistente en el derecho de todo individuo a exteriorizar sus ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquel que la ciencia y la tecnología proporcionan, con la única limitante de que quien emita su opinión no provoque situaciones antijurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público"28
El derecho a la información constituye, en realidad, un complemento a la libertad de expresión al ser necesario que las personas se encuentren bien informadas para poder expresarse y opinar correctamente. La Suprema Corte de Justicia al fallar el amparo en revisión 3137/98, en sesión de 2 de diciembre de 1999, analizó los alcances y límites de este derecho.
VII. El artículo 28 constitucional, por una parte, establece la prohibición general de la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos y las prohibiciones que se establezcan a título de protección a la industria, con las excepciones que el propio precepto establece en torno a áreas estratégicas, cuyas funciones ejerce el Estado de manera exclusiva; y, por otra, reitera la obligación del Estado, como rector del desarrollo económico nacional, de regular el fenómeno económico protegiendo el interés social y el de los consumidores en general. Asimismo, se impone la obligación a cargo del Congreso de la Unión de dictar leyes que fijen las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, evitando fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
Precedentes de Tribunales Internacionales y Nacionales. Pluralismo en medios de comunicación
A) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva 5/85, en doctrina obligatoria para México, sostuvo que:
"33. (…) tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista47.
B) La recomendación del 19 de enero de 1999 (99) 1 sobre las medidas para promover el pluralismo en los medios de comunicación del Consejo de Europa en la que se solicitó a los Estados miembros examinar la posibilidad de definir las bases para limitar la influencia que una compañía o un grupo de compañías pueden tener en uno o en mas sectores de los medios de comunicación.
C) La Resolución de 20 de noviembre de 2002 del Parlamento Europeo sobre la concentración de los medios de comunicación, en donde se pide a los Estados miembros que salvaguarden el pluralismo en los medios de comunicación y garanticen la libertad y la diversidad de los mismos
D) La resolución de 22 de abril de 2004 del Parlamento Europeo sobre el peligro que corre en la Unión Europea, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información, en donde se hace hincapié en la diversidad de métodos existentes para determinar el grado de implantación (horizontal) de un medio de comunicación (cuota de audiencia, cuota de licencias, relación entre beneficios y frecuencias asignadas y relación entre capital de empresa y esfuerzo de radiodifusión), así como el grado de integración vertical y el de integración "diagonal o transversal" de los medios de comunicación, para garantizar unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas en todos los Estados miembros.
E) La Declaración de principios sobre la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se delinean dos importantes cuestiones:
1) Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, y
2) Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.
F) El Informe de 2004, de la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que ante las continuas denuncias de prácticas monopólicas y oligopólicas en la región y en virtud de la seria afectación que las mismas conllevan, se recomienda a los Estados miembros las impidan.
34. (…) Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar...."
La visión de la Corte Interamericana no es considerar al monopolio a partir de la concentración económica, sino en relación con sus graves efectos hacia la libertad de expresión. Son las condiciones de funcionamiento de los medios los que tienen que adaptarse a los requerimientos de esta libertad y no éstos a las leyes del mercado.
G) El tribunal constitucional alemán, en la denominada "cuarta sentencia sobre la televisión", sostuvo que la libertad de expresión requiere de medidas en contra de un poder predominante que pueda influir sobre la opinión pública, lo que puede ocurrir con una combinación de influencias entre la propiedad de la radiodifusión y la prensa.
H) La corte constitucional de Italia en la sentencia 420/94, sentó que el derecho a la información implica indefectiblemente el pluralismo de los medios de comunicación, lo cual vincula al legislador a impedir la formación de posiciones dominantes y a favorecer el acceso del máximo número de voces diversas al sistema de radio y televisión.
Asimismo, la corte sostuvo que la libertad de configuración del legislador no es obstáculo para controlar la constitucionalidad de las reglas antimonopolio adoptadas, las que deben evaluarse a la luz del contexto de las condiciones económicas y culturales contingentes, a fin de verificar si la norma se ha movido con eficacia a la realización del pluralismo o si solamente se dio un reconocimiento legal a la situación monopólica preexistente, como sucedió en el caso, pues la legislación legitimó un mercado previamente concentrado acorazando una situación fáctica, al establecer como límite que un solo sujeto poseyera tres de las doce redes de televisión.48
I) El Consejo constitucional francés ha resuelto, a partir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que la libre comunicación de pensamientos y opiniones no resultaría efectiva si el público al que se dirigen los medios de comunicación no dispusiese de un número suficiente de publicaciones o emisiones de tendencias diferentes. Su objetivo, sostuvo el Consejo, es que los telespectadores que son destinatarios del derecho a la información, estén en condiciones de ejercer una libre elección, sin que los intereses privados ni los públicos puedan sustituirse en sus propias decisiones, haciendo de ellos un objeto de mercado.
A raíz de la resolución anterior se expidió la ley de 30 de diciembre de 1986, de la que el Consejo constitucional volvió a conocer, Sentencia del Consejo Constitucional Francés del 10 y 11 de octubre de 1984, sobre la ley número 84-937, del 23 de octubre de 1984. Sentencia del Consejo constitucional francés de 18 de septiembre de 1986, Decisión 86-217.
La resolución del Consejos constitucional francés estableció que las nuevas medidas anticoncentración resultaban inadecuadas porque:
1) No se limitaba el número de sociedades titulares de una autorización para servicios de cobertura nacional, en los que un individuo podía tener hasta el 25 por ciento del capital de las empresas concesionarias.
2) No se establecía ninguna regla respecto de la participación de una misma persona en el capital de una sociedad titular de una autorización relativa a un servicio regional.
3) No se limitaba la titularidad de autorizaciones en materia de radiodifusión por cable.
4) No existían prescripciones sobre las concentraciones multimedia en radio, televisión y otros medios.
Por otra parte, el consenso mayoritario derivado de valores ampliamente compartidos sobre la dignidad humana, es constitutivo el derecho internacional consuetudinario. Entre los diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indios a que atiende esta propuesta de reforma constitucional mencionaremos:
• El Pacto Internacional de Derechos Humanos.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966.
• El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 1950.
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966.
• El Convenio sobre poblaciones Indígenas y Tribales de 1957.
• El Convenio (número 169) sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes 1989.
• La Declaración de los principios sobre Derechos Indígenas de 1984.
• El Proyecto de declaración de principios para la Defensa de las Naciones y los Pueblos Indígenas del hemisferio occidental 1977.
• La Declaración de San José sobre el Etnocidio y el Etnodesarrollo 1981.
• El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 1992.
• El Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1994.
• La resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas internacionales necesarias para una protección efectiva de los pueblos indígenas 1994.
• El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 1997.
El comité para la eliminación de la discriminación racial. Recomendación general XXIII, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, de 1997.
Por otra parte, el Informe de la Relatoría para la libertad de Expresión sobre la vistita a Mexico de Catalina Botero 2010, ha mencionado que la diversidad y debate democrático se encuentra seriamente limitados por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo, inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación y por la alta regulación de la publicidad oficial y la tendencia a limitar el derecho a la información.
Otro de los señalamientos importante del informe de la Relatoría para Libertad de Expresión en México, fue que “no existe autonomía del órgano regulador independiente de poder político que ofrezca certidumbre, pluralismo y diversidad así como el reconocimiento de medios de comunitarios”.
Asimismo,señalo como la discrecionalidad en el uso de la publicidad oficial se emplea “para presionar, castigar, premiar o privilegiar algunos medios comunicación en función de sus líneas informativas.
“Las relatorías recomiendan adoptar un marco normativo que rinda certeza jurídica y promueva la desconcentración de la radio y la televisión, promueva un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población , espacialmente a la radiodifusión plural y accesible a todos los sectores de la población , espacialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operara sin discriminación”.
“Crear un órgano publico independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.”
“Así como “establecer criterios claros y transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.”
La Corte Interamericana ha mencionado que “los medios de comunicación cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individuales y colectiva en sociedad democrática “.
“La jurisprudencia internacional y la doctrina regional han reiterado la existencia de medios de comunicación libres, independientes, fuertes, pluralistas y diversos es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática”.
Consideraciones generales de la propuesta de reforma constitucional
La reforma en materia de telecomunicaciones representa la oportunidad de integrar orgánicamente el conjunto de garantías sociales en un nuevo corpus de derechos fundamentales y armonizar en consecuencia con la recientemente aprobada Reforma de Derechos Humanos, las leyes reglamentarias en la materia. El compromiso del Estado en el ejercicio pleno de los derechos humanos genera la necesidad de construir y consolidar un orden democrático, fortalecido por una nueva organización institucional fundada en el equilibrio de poderes, en la diversidad de afirmaciones e intereses sociales, pluralidad cultural y libertad de expresión.
Entendemos así que parte de la consolidación democrática, consiste en las condiciones materiales y jurídicas que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado.49
La construcción de un Estado social y de derecho democrático tiene como principio el respeto de los derechos humanos y su traducción en derechos fundamentales.50
Resulta necesario, en la tarea del Poder Legislativo establecer tanto las definiciones conceptuales de los derechos humanos, como las condiciones materiales que permitan su ejercicio pleno. En este sentido, resulta primordial que se consideren el cúmulo de tratados, convenciones, actas, declaraciones y demás instrumentos internacionales que protegen y definen el horizonte de los derechos humanos.
Por tal motivo para México ha de considerarse esta transición a un estado social y de derecho democrático como una prioridad, ya que está claro que la comunidad internacional se define cada vez más, como el concierto de Estados democráticos y de derecho.
Es sobre esta vinculación internacional de un Estado democrático –en consolidación como es el caso del Estado mexicano–, que se asumen un conjunto de principios y compromisos, cuya observancia permite conocer el grado de desarrollo y calidad de democracia que prevalece; además de asumir un cierto consenso en torno a los estándares mínimos que deben regir en el ejercicio de los derechos humanos, así como su tratamiento y tutela por parte del Estado.
La comunicación y la información no son una mercancía, son más bien, derechos constitucionales que definen nuestra vida cultural y educativa e impactan en nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una "excepción cultural", figura que en los tratados comerciales protege bienes y servicios: que posibilitan la identidad cultural y política de las naciones; que resultan indispensables en afirmación de la vida y existencia espiritual de los individuos; esenciales en el desarrollo de las comunidades, Todo esto queda impedido al adoptar el Estado políticas que privilegian o definen exclusivamente a la comunicación y a la información como mercancías.
La "excepción cultural" es una cláusula que se utiliza en la OMC y permite que bienes relacionados con la producción cultural y la propiedad intelectual eviten ser considerados como mercancías en el mercado mundial, y que se subordinen a la letra de los tratados comerciales.
En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria cultural. Para nuestro país, aún no está claro que la "excepción cultural" incluya a la comunicación y la información.
El intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América Latina, condición apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes alternativas. Según los países hegemónicos la información debe circular como mercancía, no como instrumento para enriquecer la formación y el conocimiento de las personas.
La selección y tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos pocos mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculos de alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionadamente, sin análisis. Los medios locales reproducen funcionalmente el mismo esquema.
México está desprotegido, aun en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia, al igual que la producción cultural, no ha sido de la preocupación de sus gobiernos. La actual administración considera que los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y comercio, en tanto sobre la cuestión comunicacional carece de posición.
Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer posiciones al momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados correspondientes del TLCAN y de todos los tratados comerciales presentes y futuros.
La construcción de una comunicación democrática debe tener como objetivo ampliar a todos los habitantes el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo y operación de los medios de comunicación y buscar un mayor equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación.
La tecnología de la información debe ser una de las herramientas principales para la inclusión social y el desarrollo, en función de lo cual debe conseguirse que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes o medios y a la obtención de capacidades; es decir, extender el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos niveles de gobierno y con todos los habitantes.
Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, alineados con el interés público no con el éxito en el mercado, sea político o comercial. La diversidad cultural y étnica, son parte indisoluble de nuestra identidad nacional, deben tener expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Consecuentemente deben ser parte de una política de Estado.
Es necesario rescatar el carácter de interés público de los medios de comunicación, hacerlos accesibles a distintos sectores de la sociedad, diversificar concesiones y permisos, establecer acuerdos sobre el desarrollo de contenidos en función de necesidades culturales y educativas e instrumentar mecanismos de vigilancia y control.
Los medios, en tanto concesiones, deben atender a necesidades de las políticas de Estado, no de gobierno, y estas, a su vez, establecerse desde las necesidades del conjunto de los habitantes. Los medios que son permisionados deben definirse claramente como medios públicos, de Estado, con el marco legal correspondiente y claras políticas de financiamiento. Los medios comunitarios o surgidos de iniciativa social deben tener protección legal y facilidades operativas.
Se requiere apoyar y ampliar las experiencias alternativas, fortalecer el sistema radiofónico indígena, impulsar la radio y televisión comunitarias, recuperar la presencia oficial a través de medios locales, estatales y federales y transformar integralmente la legislación existente desde los planteamientos efectuados por la sociedad.
Otros rezagos normativos urgentes tienen que ver con transparencia publicitaria, garantizar de manera efectiva el derecho de réplica, código de ética periodística, cláusula de conciencia, y secreto profesional. Asimismo, debe legislarse de manera más puntual sobre gastos de campañas electorales y precampañas, prohibición de venta de espacios publicitarios a los partidos políticos y creación de un consejo ciudadano de regulación y control.
El derecho a la información y la democratización de la comunicación, es todavía un objetivo a conseguir. En la médula de la cuestión se encuentra una legislación obsoleta y un gobierno que no le interesa un cambio de fondo y está subordinado al poder mediático.
Los medios electrónicos de comunicación constituyen hoy un serio problema para el desarrollo de la democracia. Su control está sumamente concentrado y vinculado con intereses ligados históricamente a los gobiernos de turno: las cinco redes nacionales de televisión están en manos de dos personas que, en última instancia, son las que deciden qué ven, oyen y piensan más de cien millones de mexicanos.
En la radiofonía la cosa no es tan diferente, ya que la mayor parte de las concesiones se encuentra en manos de diez grandes grupos. Aunque hay mayor apertura y pluralidad, sobre todo en el ámbito estatal y local, su control en el ámbito nacional está muy concentrado.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en el año 2002, la administración foxista regresó por decreto a los medios electrónicos, en octubre de 2002, el 12.5 por ciento de tiempo aire de que disponía el Estado. Desde entonces estos medios se han venido constituyendo en un verdadero poder político, distorsionando severamente su función y alterando la relación entre instituciones y sociedad.
Los medios que controla el gobierno no son suficientes y carecen de recursos adecuados para establecer algún equilibrio. Las iniciativas independientes carecen de marco legal y son combatidas por el interés privado. Por su parte, Internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad revulsiva es, al mismo tiempo, el de acceso más limitado para la mayoría.
Se requiere de una comunicación democrática que extienda el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y a todos los habitantes; que se desarrolle para que fluya información abierta y veraz a través de espacios mediáticos diversos y plurales, alineados con el interés público y accesibles a todos los mexicanos; que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea un instrumento de la educación y el desarrollo humano y social.
Con las recientes modificaciones a la Ley de Radio y Televisión en 2006, se atentó contra los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad mexicana. En principio se abría una brecha casi insalvable para los medios de comunicación culturales y comunitarios en relación con los medios privados.
Mientras que la ley anterior establecía a la radiodifusión con carácter de interés público; varios de los artículos sustantivos de ley que la Suprema Corte de Justicia de la nación resolvió como inconstitucionales, dejaban de lado esta definición del interés público, con lo que el Estado abandonaba finalmente la función social de los medios de comunicación, fundamento de los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.
Sin duda, entre los múltiples problemas que debe atender el poder legislativo, es la constitucionalidad de una nueva iniciativa de ley, como es el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, que deben fundarse, como decíamos, en el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de pluralidad, autodeterminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales. A estas motivaciones responde nuestra iniciativa de ley.
Proponemos un principio de equidad. No es posible que mientras se exenta a los medios concesionados a pagar al Estado la contraprestación correspondiente por un bien de la nación, con la justificación de que se apoyaría financieramente a tales empresas por los costos de inversión de las nuevas tecnologías, se impida la inversión del Estado en los medios comunitarios y culturales.
El efecto que tendría la exención a los particulares representa una reducción en ingresos para el Estado en varios miles de millones de dólares.
El Estado mexicano asume así compromisos con las empresas privadas y desconoce sus obligaciones constitucionales e internacionales para con los medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.
Las legislaciones más avanzadas a nivel internacional reconocen el reto de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, que han transformado la escala de la difusión de ideas y opiniones. Los espacios de radio y televisión deberán ser sin duda los vectores y garantes de la libre circulación de información e ideas en el advenimiento de las tecnologías de la información.
Al ser protagonistas esenciales en el desarrollo de auténticas sociedades del conocimiento, sus responsabilidades especiales les impone el deber de contribuir en la difusión de contenidos de calidad que fomenten en las personas un espíritu de apertura cultural, promoción de derechos humanos y tolerancia entre las naciones.
La definición de sociedad de la información se caracteriza por el uso de herramientas tecnológicas encaminadas a la generación de información y se organizan en una compleja cadena de instrumentos para la propagación de mensajes, como son la televisión y la radio, redes de comunicación e Internet.
Por lo que el concepto de sociedad del conocimiento, asociado a las características de la sociedad de la información, debe acompañarse de la promoción de derechos humanos, eliminación de brechas cognitivas, libertad de información y diversidad cultural y lingüística y, conceptos como equidad de género y seguridad social.
Las sociedades del conocimiento tienen la capacidad para identificar, producir, transformar, difundir y utilizar la información con vista a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad integración, solidaridad y participación.
La noción de sociedad del conocimiento promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y capacidad de conexión que a menudo constituyen un elemento central en los debates sobre la sociedad de la información. Las cuestiones relativas a la tecnología y la capacidad de conexión hacen hincapié en las infraestructuras y el gobierno del universo de las redes. Aunque revisten una importancia fundamental evidente, no deberían considerarse como un fin en sí mismas.
La sociedad mundial de la información sólo cobra sentido si propicia el desarrollo de las sociedades del conocimiento y se asigna como finalidad del desarrollo del ser humano basado en los derechos de éste. En este sentido cobra suma importancia introducir reformas constitucionales que permitan acceder a los conocimientos locales, al intercambio universal y equitativo mediante las tecnologías de la información; a la preservación de las lenguas como medios de transmisión, conservación y transformación de los conocimientos de las naciones indias; con la finalidad de promover la incorporación de México a las sociedades del conocimiento.
Es importante señalar que los artículos 6 y 7 constitucionales consagran las libertades de expresión, de información y de prensa, esto implica la libre utilización de todos los medios –que puedan difundir ideas, en lo particular los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.
Tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, se debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y la cultura.
El equilibrio y el pluralismo demandan que haya un principio distributivo, por lo que debe establecerse un marco que permita racionalizar y hacer más equitativa la administración del espectro, de manera que en él tengan cabida la mayor cantidad de voces de las tantas que conforman a nuestra nación pluricultural, y que por su medio se pueda satisfacer de la mejor manera posible la mayor cantidad de necesidades sociales.
Ejes de la propuesta constitucional
El debate en la SCJN hace cinco años y que sigue pendiente por parte del Poder Legislativo, arrojó los siguientes principios rectores para una adecuada legislación en la materia:
Reformular una nueva legislación basada en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, ya que consagran el derecho fundamental de acceso a la información. En su dimensión individual se traduce en la obligación del Estado de garantizar el acceso equitativo a medios de comunicación; mientras que en su dimensión social impone un deber de promoción de pluralismo y democracia.
La obligación del Estado es regular un sistema de otorgamiento de concesiones y garantizar el pluralismo y equilibrio en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Asimismo, debe responder a la composición pluricultural de la nación.
El derecho de acceso a los medios de comunicación constituye un principio fundamental para la democracia, por lo que es necesario proteger su acceso equitativo.
Al constituir los medios masivos de comunicación una actividad de interés público, los Poderes de la Unión deben vigilarla y protegerla para garantizar la libertad de expresión.
Consideraciones sobre artículos específicos
En relación a los medios comunitarios y el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes de telecomunicaciones, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.
Para el desarrollo de los pueblos indios existen criterios producto de las demandas históricas, dicho conjunto de denuncias y exigencias constituyen un cúmulo de acuerdos y consensos establecidos por las naciones en diversos instrumentos internacionales como son: tratados, convenciones, acuerdos, actas, etcétera.
De esta organización de las demandas, se determinan además los estándares y criterios sobre el cumplimiento o no de los instrumentos internacionales, además de la valoración del estado que guardan el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas en cada nación.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra contenida gran parte de la labor legislativa de las últimas décadas, fundamentalmente en el artículo 2o. se establece la pluralidad cultural de la nación mexicana, además de que en el apartado A se reconoce la garantía de la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas.
La tarea que debe asumir el poder legislativo en esta fase de la transformación del Estado Mexicano, es buscar la armonización de la legislación con el derecho internacional, así como de una nueva organización de los derechos humanos, y una redefinición de las condiciones materiales que otorga el Estado para el ejercicio de los derechos fundamentales.
La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B se plasme la obligación de la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como el orden institucional y las políticas en que se funda esta garantía. Es dentro de este conjunto de definiciones como se establece que el Estado preservará los medios comunitarios indígenas y garantizará los medios fundamentales para su subsistencia y desarrollo, ante los cambios innovaciones tecnológicas, que les pudieran poner en riesgo.
Con relación con el derecho de las comunidades indígenas para operar y poseer redes de telecomunicaciones, hemos de considerar su importancia estratégica tanto para el desarrollo de los pueblos indígenas como para la consolidación del sistema de medios intergubernamentales e internacionales.
Una previsión que asumimos desde el poder legislativo, se refieren al peso que se les confieren a las garantías contenidas en el artículo 2o. constitucional. Es necesario que se cambie el derecho abstracto de las diferentes comunidades, agrupaciones y colectivos que componen la sociedad pluricultural de nuestro país, por las garantías concretas que debe otorgar el Estado para que se establezca un derecho objetivo: para formar, poseer y operar medios comunitarios, colectivos y culturales, esto es, atendiendo las condiciones materiales, así como las previsiones presupuestales consecuentes.
Este principio es armónico con los compromisos que nuestro país adoptó al ratificar tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con diversas convenciones como el Convenio (número 169) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989 y el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 26 de agosto de 1994, el cual establece claramente en la parte VIII, en el artículo 38:
"Los pueblos indígenas tienen derecho a una asistencia financiera y técnica adecuada de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para perseguir libremente su desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual y para el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración."51
La presente iniciativa plantea que en el artículo 2o. constitucional en su apartado B, en la fracción VI, se plasme la obligación de la federación, los estados y municipios en promover y resguardar la vigencia y ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas, para lograr tal fin. Es necesario el apoyo técnico y financiero, que puede otorgarse de manera complementaria, usando los conductos de cooperación internacional, y de esta manera salvaguardar su desarrollo en condiciones equitativas, no discriminatorias, así como la implementación del orden institucional y de las políticas consecuentes con estas garantías.
El arribo de las tecnologías de la información en la conformación económica mundial, ha afectado de manera significativa a la base material de las economías internacionales y, Latinoamérica, como mercado de consumo potencial no ha quedado excluida; en particular México, está influido por su relación geopolítica con Estados Unidos, país en el cual se están generando las transformaciones culturales económicas más influyentes a nivel planetario.
Mientras que en los años sesenta y principios de los setenta, los marcos referenciales de las discusiones teóricas y políticas de los actores sociales eran la obtención de los medios de producción, ahora se trata de las finalidades de las producciones culturales como: educación, bienes culturales y medios de comunicación que obedecen a la reestructuración económica, marcada por un proceso de "flexibilización" del capitalismo tardío, reflejo del "agotamiento del modelo de industrialización".52
Sin duda, bajo este punto de vista los medios de comunicación se han convertido en el epicentro cultural de nuestras sociedades por su capacidad de asimilación sensorial y de simulación de la realidad y fácil comunicabilidad y menor esfuerzo psicológico.
El patrón de conducta de las sociedades humanas parece establecer que el consumo de los medios de comunicación es la segunda categoría de mayor actividad después del trabajo y sin duda la actividad predominante y de interacción social en casa.
Al respecto, escribía McLuhan que "vivimos con los medios y para los medios",53 aceptando sin conceder una reducción tan arbitraria de la sociedad humana; es importante no desdeñar la forma significante del entorno audiovisual con el que nos relacionamos cotidianamente y que ocupa un espacio-tiempo importante en la organización de códigos culturales de nuestra sociedad, especialmente en generaciones de jóvenes que se encuentran en proceso de construcción de identidad.
Sin duda el tejido simbólico de nuestra realidad social, se encuentra incidido por los medios de comunicación; porque a ellos se han incorporado actividades primarias como comer, prácticas sexuales e interacción familiar, entre otras, además de las funciones de entretenimiento ampliamente reconocidas. Indudablemente los medios y las tecnologías de la información están cumpliendo y supliendo una función "educadora" en la sociedad mexicana.
Expresado en otro sentido, los medios de comunicación son un espejo de nuestra sociedad. Así, la información, entretenimiento y educación se mezclan en el leguaje televisivo y sistemas informáticos.
Por esa razón, proponemos la integración de un marco jurídico que genere soluciones en la tensión de los "saberes" aprendidos en la escuela y los "saberes" adquiridos por los medios de comunicación masiva y que fomenten la inserción de políticas públicas que regulen el impacto tecnológico de los medios de comunicación sobre la educación nacional y que logren terminar con el rezago educativo de nuestro país, introduciéndonos hacia las sociedades del conocimiento a la cual aspiramos los pueblos del mundo.
En el artículo 2o. constitucional se establece el derecho de las comunidades indígenas de poseer, formar y operar redes de comunicación. Asimismo, se plantea en este artículo que los medios de comunicación son una vía de afirmación de sus lenguas y cultura, pero en el texto constitucional no se encuentra consignado el horizonte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).
Se debe plasmar el derecho expreso de las diferentes comunidades, agrupaciones y colectivos que componen la sociedad pluricultural de nuestro país, para formar, poseer y operar medios comunitarios, colectivos y culturales.
Existen diferentes generaciones de derechos humanos: los de primera generación y los de segunda generación; los primeros exigen una auto alimentación y la no injerencia de los poderes públicos, la tutela del Estado se constituye más en una vigilancia administrativa, mientras que los segundos, se establecen como derechos de participación y requieren una política activa de los poderes públicos.
Esta participación activa del Estado tiene como finalidad garantizar el acceso de los servicios y prestaciones de las instituciones públicas y la de crear el marco jurídico desde el cual se garantice el ejercicio de los Desca. Es necesario aclarar que ningún catálogo de derechos es excluyente ni sustitutivo de otro.
El ejercicio y cumplimiento de los Desca no puede desvincularse de los ordenamientos jurídicos nacionales: constitucional y de legislación secundaria; en legislaciones estatales y municipales; ya que su ejercicio pleno debe considerar los ámbitos de acción y salvaguarda del Estado con el fin de prevenir o sancionar las posibles limitaciones o agresiones.
Aún cuando el artículo 133 constitucional establece que "…todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.", esto no obsta para que en la praxis social, difícilmente se ejerzan acciones judiciales que permitan a toda persona disfrutar -o exigir-, el respeto de estos derechos.
En el año 2003, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los derechos culturales en México, una de las observaciones más importantes es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establecen aspectos fundamentales para el ejercicio y reconocimiento de los derechos culturales:
De hecho, la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí y con las otras políticas públicas del Estado Mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción, comercialización y repartición de beneficios.
Nos encontramos en la gestación de una tercera generación de derechos humanos, los cuales se refieren a la denominada "comunicación de libertades, por lo que muchos juristas opinan que la definición y precisión de los derechos, es producto del desarrollo del estado democrático en su ampliación del horizonte de las libertades. El catálogo de las libertades nunca será una obra cerrada".
Por tales motivos, consideramos fundamental que se consigne el derecho de las comunidades, colectivos, organizaciones sociales de diversa índole y a toda persona el acceso a los medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. Asimismo, el Estado debe garantizar y favorecer las condiciones para el cumplimiento de estos derechos y fomentar el desarrollo de los medios de comunicación públicos, comunitarios y culturales, bajo la figura de medios de Estado.
La libertad de expresión e información es garantía fundamental, por lo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura.
El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para
1) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y
2) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud.
Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin discriminación alguna. Ese derecho comprende la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la información de todos los individuos sin censura previa o restricción para la difusión de información.
Las características que los órganos constitucionales autónomos deben tener como condición para ser considerados como tales son establecerse en la Constitución con clara competencia y no estar adscrito orgánicamente a ninguno de los poderes constitucionales.
Para elaborar cualquier modificación constitucional que prevea la incorporación de un órgano constitucional autónomo, se deben considerar los siguientes criterios:
1) Competencia en funciones esenciales;
2) Su jurisdicción abarca a los tres poderes y es de ámbito general;
3) Argumentar la dificultad de la materia y la necesidad de su especificidad técnica;
4) Garantizar su necesario alejamiento del ejercicio político de intereses; y
5) Su existencia descargaría de responsabilidades a las autoridades.
En muchas materias, como en el caso del manejo del dinero, los procesos electorales y los derechos humanos, no es suficiente la división de poderes establecida en la Constitución mexicana. Para atender los aspectos que vinculan y a los que deben responder por igual los tres poderes, es necesario el equilibrio que garantice la libertad de los individuos. Hay funciones de Estado que no pueden depender de alguno de los tres poderes; y éste es el caso de las garantías individuales, entre las que se encuentran claramente la libertad de expresión e información y el derecho a la información.
Los órganos autónomos constitucionales tienen su sustento en Autonomía Universitaria, artículo 3 (VII); Tribunal Agrario, artículo 27 (XIX); Banco de México, artículo 28; Instituto Federal Electoral, artículo 41 (III); Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 102 (B).
De acuerdo con el artículo 28 constitucional y los tratados internacionales, cuyo ámbito de competencia es normar el sector a escala internacional, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como área prioritaria del Estado pretende que el aprovechamiento de un bien público nacional y limitado como el espectro radioeléctrico no privilegie sólo el beneficio económico sino el beneficio social de la población, revocando el monopolio del Ejecutivo y estableciendo un sistema transparente en el otorgamiento de las concesiones.
El Diagnóstico de Derechos Humanos en México, publicado por la ONU en 2003, plantea en su recomendación general número 14 que se debe
"Crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente; establecer condiciones de equidad para que las radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir su función social; desarrollar un sistema autónomo de radio y televisión públicas; y establecer en las leyes federales de competencia económica y de telecomunicaciones un capítulo específico sobre radiodifusoras y señales de televisión."
En concordancia, se propone un órgano constitucional autónomo, entendido como una entidad establecida en la Constitución y que no se adscribe con precisión a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, con carácter técnico, el cual puede ser un óptimo instrumento de control de los intereses y grupos de presión contemporáneos: medios de comunicación, intereses económicos, transnacionales, etcétera.
La autonomía necesaria en este campo no sólo se da por las características que debe cumplir un servicio para garantizar derechos fundamentales sino porque es una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que ninguno en lo particular podría ejercer de manera plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y garantía a los derechos ciudadanos.
Es necesaria una reflexión respecto a la estrategia jurídica y política que nos permita promover la creación de un órgano autónomo que tenga entre sus principales atribuciones la garantía a los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. La autonomía necesaria en este campo no se da únicamente por las características que debe cumplir un servicio para garantizar derechos fundamentales sino porque es una obligación del Estado, en sus tres poderes, por lo que ninguno en lo particular podría ejercer de manera plena la fundamental responsabilidad de seguimiento y garantía a los derechos ciudadanos.
Se propone la creación del consejo nacional de telecomunicaciones, que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de su función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores. Su integración estará a cargo del Senado de la República, en los términos que señalen esta Constitución y la ley en la materia.
Se constituye como un organismo regulador autónomo que vigila de forma transparente e imparcial el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, realiza labores de arbitraje y asegura que los prestadores del servicio cumplan su función social en estas materias, otorgando certeza jurídica a los titulares de concesiones y permisos.
La propuesta de creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, visto como organismo autónomo, surge por la necesidad de enfrentar las omisiones en el cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política pero que son parte de las atribuciones del Estado.
Una de las reformas fundamentales en el marco de la reforma integral en materia de telecomunicaciones es la relativa al artículo 73 constitucional, en el que se plantea la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en esta materia.
El Congreso de la Unión es el órgano del Estado mexicano a que compete legislar en materias de propiedad exclusiva de la nación. La facultad de legislar en materia de telecomunicaciones no se encuentra prevista actualmente de manera expresa, por lo que resulta necesario incluirla en el artículo 73 constitucional.
Esta iniciativa propone otorgar la facultad expresa al Congreso para expedir leyes que tengan por objeto regular el uso, el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.
Esta facultad exclusiva del Congreso permitirá la unificación y homologación de criterios en las materias referidas en la fracción propuesta, que sean el referente y marco jurídico obligado para las entidades del Estado, cuando se trate de regular estas materias.
Al ser un área prioritaria del Estado, las comunicaciones deben ser materia exclusiva de regulación por parte del Poder Legislativo federal, en virtud de la importancia de establecer con criterios generales las normas respectivas, obligando a que cualquier política pública relacionada con las materias de telecomunicaciones se sujeten a dicho criterio.
Se reforma el artículo 76 constitucional para integrar a las facultades exclusivas del Senado de la República la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos que señale la ley en la materia.
Igual que el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la nación, de todos los mexicanos. Asimismo, las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión son de servicio público, y deben por tanto atender a las necesidades sociales, promover el desarrollo educativo y cultural, el mejoramiento de la salud y la preservación del ambiente, contribuir a un mayor respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género, de los mexicanos y al desarrollo de una amplia cultura cívica y de integración nacional.
Legislar en la materia y replantear las relaciones entre el Estado, la sociedad y los medios es un compromiso que México tiene pendiente, por el papel que los medios deben tener en la consolidación de la democracia. Este proceso constituye el pilar de la reforma del Estado.
Por lo expuesto, proponemos una reforma constitucional fundada en los siguientes principios:
1) Fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones y en las disposiciones correspondientes sobre un bien nacional, en concordancia con el artículo 27 constitucional, en el que se establece que el Estado debe tener la rectoría del espectro radioeléctrico.
2) Evitar la concentración monopólica de las frecuencias. Los estudios elaborados por la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, provocaron diversos pronunciamientos en el sentido de que las recientes modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, fomentan el monopolio en las concesiones del espectro radioeléctrico, y sobre el peligro que representa el que un área prioritaria del país esté dominada por los intereses de dos empresas. Sin embargo, aún no se adoptan las medidas jurídicas y políticas necesarias para salvaguardar la red de medios públicos, culturales, educativos y comunitarios.
3) Establecer la obligación del Estado para otorgar las facilidades y condiciones materiales que salvaguarden las redes de medios no comerciales. Garantizar la existencia de los medios públicos, comunitarios y culturales, y que el Estado financie las diferentes transformaciones tecnológicas que pudieran poner en riesgo su existencia.
4) Garantizar el acceso equitativo y universal de los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, mediante políticas públicas que permitan a nuestro país insertarse en las sociedades del conocimiento.
5) Crear un órgano público y autónomo en materia de telecomunicaciones que regule el espacio radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y los permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente que establezca condiciones de equidad para la sociedad mexicana.
6) Garantizar la libertad de expresión, por constituir uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
7) Establecer en la Constitución a los medios de Estado, no lucrativos a fin de salvaguardar las funciones culturales, sociales e informativas de estos medios con diferentes grupos sociales, comunidades y colectividades.
En materia constitucional se propone reformar los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76.
Proyecto de decreto que reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o.; reforma el segundo párrafo y adiciona una fracción IV, recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3o.; adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; reforma el primer párrafo y adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 6o.; reforma el párrafo cuarto
y adiciona dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 28; reforma la fracción X del artículo 73; adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 6o., 28, 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Garantizar las condiciones técnicas y materiales para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, así como establecer procedimientos simplificados, en los términos que las leyes de la materia determinen.
Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona una fracción IV recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; asimismo, garantizará un acceso equitativo, libre y universal a los contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural.
III. IV. …
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica generará políticas públicas para el acceso a las tecnologías de la información que garanticen el dominio público del conocimiento y la protección de la diversidad cultural, así como el apoyo de la investigación científica y tecnológica y el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.”
Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Estado garantizará el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro. Asimismo, favorecerá sus condiciones técnicas y materiales en los términos que las leyes de la materia determinen.
Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho a buscar y difundir información; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades que deben asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, a la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud.
No se puede restringir el derecho de información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de cualquier índole, otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información, o por cualquier otra modalidad encaminada a impedir o a coartar la comunicación y circulación de ideas y opiniones; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho de réplica cuando se difunda información bajo cualquier medio de comunicación masiva que falte a la veracidad, vulnere su honor o dignidad.
Artículo Quinto. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan dos párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía y; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Las telecomunicaciones y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
El Estado contará con un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y Contenidos Audiovisuales con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus integrantes serán designados por el Senado de la República en los términos que la ley en la materia determine.
El Consejo tendrá a su cargo de manera integral y directa el otorgamiento de concesiones y permisos para la utilización de sistemas de telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas y producción de los mismos, además de aquellas obligaciones y facultades que por mandato de la ley le sean designadas
Artículo Sexto. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
X. Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
Artículo Séptimo. Se adiciona un párrafo décimo, recorriéndose los subsecuentes del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
X. Designar a los integrantes del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en los términos que la ley reglamentaria en la materia determine.
1. Resumen de Alma Rosa Alva de la Selva, "Los ciudadanos en los medios...", capítulo 1, Indesol, 2007.
2. Con la promulgación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica, Relativo al Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, Diario Oficial de la Federación, 4 de abril de 1973.
3. Los artículos constitucionales con reformas y adiciones fueron los siguientes: 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115.
4. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1989, página 143.
5 a 27. Acción de inconstitucionalidad en materia de radio y televisión 26/2006, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
28. Resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de junio de 2007.
29. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. novena época, tomo XI, junio de 2000, página 29, tesis P. LXXXVII/2000.
30. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
31. Ver la opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
32. Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, junio de 2000, tesis P. LXXXVII/2000, página 29. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno al fallar el amparo en revisión 3137/98.
33. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006; votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
34. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos OC-5/85.
36. Véanse votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
37. "Libertad de información y propiedad privada", en Carbonell, Miguel (compilador), Problemas contemporáneos de la libertad de expresión, Porrúa-CNDH, México, 2004, página 131.
38. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
39. Engrose de la resolución dictada el 7 de junio de 2007 sobre la acción de inconstitucionalidad 26/2006, votos particulares, formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
40. Informe anual del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 21 de septiembre de 1997, documento de Naciones Unidas A/52/40.
41. Documento 8/1 de la Unión Nacional de Telecomunicación.
42. Ídem.
43. Ídem.
44. Recomendación REC (2000) 23, del 20 de diciembre de 2000.
45. Véase el sentido de los votos particulares del ministro Genaro David Góngora Pimentel en el engrose emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2007.
46. Para una consulta sobre los procedimientos internacionales en el tema, consúltese S. James Anaya, Los pueblos indígenas en el derecho internacional,Trotta, Madrid, 2005, páginas 243-371.
47. Véase votos particulares formulados por el ministro Genaro David Góngora Pimentel sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión.
48. Sentencia BVerfGE 73, 118, del 4 de noviembre de 1986.
49. Dieter Grimm, Constitucionalismo y derechos fundamentales,Trotta, Madrid, 2006, página 161.
50. Véase José Manuel Pureza, El patrimonio común de la humanidad,Trotta, Madrid, 2002, páginas 99-131.
51. Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 26 de agosto de 1994.
52. Touraine Alain, Crítica de la modernidad, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
53. McLuhan, Marshall, Comprender los medios de comunicación; las extensiones del ser humano, Paidós, España, 1964.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de senadores , a __ del mes de____ del año 2012.

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
in fine
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 71
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 28
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 artículo 9
 artículo 28
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 artículo 2
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 artículo 6
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 artículo 133
 artículo 3
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