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Timestamp: 2019-11-16 02:12:30+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 84/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 84/19
JUICIO: "VIRGINIA RIVEROS DE GENES C/ RICHARD WALTER BORDON DUARTE S/ RESCISIÓN DE CONTRATO".
En Ciudad La Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días, del mes de octubre del año dos mil diez y nueve, estando reunidos en Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia los señores Ministros César Antonio Garay, Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, por Ante mi la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el Expediente intitulado: "VIRGINIA RIVEROS DE GENES C/ RICHARD WALTER BORDON DUARTE S/ RESCICIÓN DE CONTRATO", a fin de resolver Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos por la Abogada Marina Cañete Vega, en representación de la Parte demandada, contra el Acuerdo y Sentencia Número 139, del 9 de Noviembre del 2.017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala de la Circunscripción Judicial Central.
Previo estudio de los antecedentes la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear y votar las siguientes:
En caso contrario, está ajustada a Derecho?
Realizado el sorteo de rigor para dirimir orden votación, dio el siguiente resultado: Garay, Martínez Simón y Jiménez Rolón.
A la primera cuestión planteada el señor Ministro César Antonio Garay dijo: el recurrente no fundó el Recurso. Tampoco se advierten vicios formales o estructurales que autoricen el pronunciamiento de oficio, en los términos del Artículo 113 del Código Procesal Civil. En esas condiciones, cabe declararlo Desierto, por aplicación del Artículo 419 de dicha normativa. Así voto.
A su turno el señor Ministro Alberto Martínez Simón dijo: EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante por compartir las mismas razones.
A su turno el señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón manifestó que: se adhiere al voto del señor Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo: Por S.D. N° 515, del 28 de Noviembre del 2.016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Primer Turno, con sede en Ciudad Capiatá, se resolvió: "1.-) NO HACER LUGAR a la demanda de RESCISIÓN DE CONTRATO planteada por la Sra. VIRGINIA RIVEROS DE GENES contra el Sr. RICHARD WALTER BORDÓN DUARTE, por improcedente, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución; 2.-) HACER LUGAR a la demanda reconvencional de PAGO POR CONSIGNACIÓN promovida por el Sr. RICHARD WALTER BORDÓN DUARTE contra la Sra. VIRGINIA RIVEROS DE GENES, disponiendo el depósito de la suma adeudada a la fecha, más los intereses respectivos, previa presentación de la liquidación por parte de la acreedora desde el momento en que eventualmente se incurrió en mora; 3.-)DISPONER la apertura de una cuenta judicial en el banco Nacional de Fomento, a objeto del depósito de la suma adeudada; 4.-) ANOTAR..." (fs. 146/51).- Dicha Resolución fue revocada por Acuerdo y Sentencia Número 0139, del 9 de Noviembre del 2.017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala, Circunscripción Judicial Central, que en su parte dispositiva reza: "1. DECLARAR DESIERTO, el recurso de nulidad interpuesto; 2. HACER LUGAR, al recurso de apelación interpuesto por Virginia Riveros de Genes, y, en consecuencia; 3. REVOCAR, en todas sus partes la S.D. N° 515 del 28 de noviembre de 2.016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno, con asiento en la Ciudad de Capiatá, conforme a los fundamentos expuestos en el Exordio del presente fallo; 4. IMPONER, las costas a la vencida; 5. REMITIR, estos autos al Juzgado de origen, a los efectos indicados en el Exordio de la presente resolución; 6. ANOTAR..." (fs. 182/3). Contra ese Fallo la recurrente expresó agravios, en los términos del escrito de memorial obrante a fs. 196/200. Esgrimió que celebró con la actora Contrato de cesión de Derechos y acciones de inmueble, afirmando que desde la celebración del acto se encontraba en posesión de dicha Heredad. Señaló que Virginia Riveros de Genes se negó a recibir de sus manos el monto mensual acordado en el Contrato, razón por la cual promovió demanda reconvencional por pago por consignación. Reconoció que a la fecha de la demanda se encontraba en mora en el pago de las cuotas correspondientes a Marzo, Abril y Mayo del 2.012, razón por la cual peticionó apertura de cuenta Judicial para el depósito correspondiente. Aseveró que la acreedora no cumplió con su obligación de recibir el importe de las cuotas, sin que haya demostrado requerimiento previo al demandado para el cumplimiento del pago. Señaló que la prueba de absolución de posiciones (posiciones cuarta y sexta), era determinante para demostrar que la adversa no quiso recibir el dinero y que ambos compraron el lote de forma conjunta. Refirió que ofreció depósito Judicial de las sumas adeudadas y que por omisión en el pronunciamiento de la solicitud de apertura de cuenta Judicial no ha podido realizarse. Señaló que fue demostrado -por confesión de la reconvenida- que ella se ha negado a recibir el pago, concurriendo el presupuesto requerido para la procedencia de la demanda reconvencional, previsto en el Artículo 584, inciso a), del Código Civil (fs. 196/200).
Virginia Riveros de Genes contestó agravios, solicitando confirmatoria del Fallo impugnado, en los términos del escrito obrante a fs. 202/6.
Preliminar, corresponde estudiar la procedencia o no de la demanda de pago por consignación y, en caso de ser rechazada, resolver el reclamo por rescisión de Contrato.
En virtud al Artículo 584, inciso a), del Código Civil: "El pago por consignación debe hacerse judicialmente y sólo es posible en las obligaciones de dar. Procede en los casos siguientes: a) si el acreedor incurre en mora o se niega a recibir el pago...".
En concordancia, el Articulo 585 del Código Civil, norma: "Para que la consignación surta efecto de pago es indispensable que concurran, con respecto a las circunstancias de personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos del pago convenido. La falta de cualquiera de ellos autoriza al acreedor a rechazarla".
El Articulo 588 de dicha normativa reza: "Si se trata de una suma de dinero, deberá hacerse el depósito bancario a la orden del Juzgado notificándose al acreedor. El depósito suspende el curso de los intereses".
Cabe rememorar que el pago por consignación es un mecanismo excepcional que la Ley prevé para que el deudor se libere, es decir, ejercite su "Derecho a pagar", en casos que exista negativa injustificada o arbitraria del acreedor para recibir el pago. Tiene como finalidad primordial poner fin a la relación jurídica obligatoria existente entre deudor y acreedor.
En el sub lite, Virginia Riveros Genes promovió demanda por rescisión de Contrato contra Richard Walter Bordón Duarte. Esgrimió que suscribió con el demandado Contrato privado de cesión de Derechos y acciones respecto a un inmueble ubicado en el Distrito Capiatá, por precio de venta de Gs. 10.000.000, pagaderos en cuotas de Gs. 500.000 en forma mensual. Sostuvo que el demandado no cumplió con el pago de las cuotas, con retrasos en los cumplimientos por cuatro meses. Afirmó que el accionado tuvo posesión del inmueble con mejoras incluidas, señalando que a pesar de no pagar las cuotas se negaba a desalojar el inmueble (fs. 9/10).
A su vez, Richard Walter Bordón Duarte promovió demanda reconvencional de pago por consignación, fundado en el Artículo 584, inciso a), del Código Civil. Esgrimió que al llegar la fecha en que debía abonar la siguiente cuota por la cesión del inmueble, se constituyó en el domicilio de la accionante a fin de hacerle entrega de la suma pertinente, pero que ella se negó a percibir el importe, manifestándole que la cuestión estaba a cargo del Abogado. Señaló que ante tal negativa, solicitó pago por consignación y apertura de cuenta bancaria para el depósito Judicial de Gs. 1.500.000, correspondientes a las cuotas de Marzo, Abril y Mayo del 2.012 (fs. 25/9). La accionante contestó demanda reconvencional, esgrimiendo que la reconviniente no arrimó recibo alguno de pago o eventuales pagarés devueltos para acreditar que cumplió el Contrato. Esgrimió que sólo adjuntó un pagaré que databa de la fecha de la celebración del Contrato privado. Aseveró que seguía pagando las cuotas del inmueble a la "Inmobiliaria General S.A.", sin que el reconviniente haya acreditado el pago alegado ni que sea titular de la libreta de pagos. Negó que el reconviniente se haya acercado a su domicilio a efectuar algún pago, ni haya manifestado la intención de hacerlo por otros medios idóneos, señalando que fue su Parte la que agotó todos los mecanismos amistosos para el cobro de la deuda, pero sin tener resultado. Adujo que no se daban los presupuestos del pago por consignación establecidos en el Articulo 585 del Código Civil, solicitando su rechazo (fs. 59/62).
En esos términos quedó anudada la litis.
De lo expuesto, se aprecia que no existe controversia respecto a la validez juridica del Contrato de cesión de Derechos y acciones celebrado el 13 de Enero del 2.012, por el cual Virginia Riveros de Genes cedió a favor de Richard Walter Bordón Duarte, Derechos y acciones que le correspondían en el inmueble situado en el Distrito Capiatá, individualizado como Fracción 63, Manzana 5, Lote 7, con Cta. Cte. Ctral. N° 27-4063-04, que los contratantes se encontraban abonando en la "Inmobiliaria General S.A.". En la claúsula cuarta se estableció: "El precio de venta de la cesión de derechos es la suma de Gs. 10.000.000, abonados de la siguiente manera: a) En este mismo acto el señor RICHARD NALTER BORDÓN DUARTE entrega la suma de Gs. 500.000, sirviendo este instrumento de suficiente recibo y carta de pago en forma, b) El saldo serán pagados en cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Gs. 500.000, cuya primera fecha de vencimiento será el 10-02-12 y las demás consecutivas". En la cláusula quinta se dispuso: "La señora VIRGINIA RIVEROS DE GENES, se compromete y obliga a realizar el traspaso de la libreta de pago ante la firma INMOBILIARIA GENERAL S.A. una vez que el señor RICHARD WALTER BORÓN DUARTE haya cancelado la suma total de la deuda asumida por este instrumento". En la cláusula sexta: "De la misma forma el señor RICHARD WALTER BORDON DUARTE a partir de la firma de este documento se compromete y obliga a pagar mensualmente las cuotas por la compra del inmueble ante la firma INMOBILIARIA GENERAL S.A. hasta su total cancelación..." (fs. 4/5).
Para la procedencia de la demanda de pago por consignación, es requisito esencial que el accionante haya realizado el depósito bancario a la orden del respectivo Juzgado del dinero ofrecido, notificando al acreedor de tal circunstancia, según lo dispuesto en el Articulo 588 del Código Civil.
En el caso, el reconviniente solicitó "ordenar la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento a nombre del Juicio y a la orden del Juzgado, a fin de que su representado proceda al depósito correspondiente. Librar al efecto, el pertinente oficio..." (fs. 29). A fs. 72, reiteró pedido de apertura descuenta Judicial, pero ninguno de esos pedidos fue atendido por ese Juzgado. No obstante ello, el recurrente tenia los mecanismos procesales tendientes a lograr que el interviniente Juzgado ordene apertura de cuenta Judicial y correspondiente depósito (vr.g. urgimiamto, queja por retardo, etc.), sin que lo haya utilizado. Al no existir el requisito del depósito del pago de la obligación, no puede prosperar el pago por consignación.
A ello cabe agregar que Richard Walter Bordón Duarte no acreditó que el comportamiento de la acreedora se encuadre en el presupuesto del Articulo 584, inciso a), del Código Civil. La carga probatoria incumbía al deudor, considerando el carácter excepcional que reviste esta forma de pago que no está librada al capricho del obligado. En otras palabras, para estar autorizado a solicitar Judicialmente el pago, el deudor debe tener motivo serio que está obligado a justificar. A falta de prueba deberá rechazarse el pago por consignación.
En efecto, no arrimó elemento probatorio alguno tendiente a acreditar -siquiera someramente- el supuesto ofrecimiento del pago de la deuda a la acreedora y, mucho menos, la existencia de -previas- negativas de aquella a recibir tal importe. No fue acreditado que la acreedora injustificadamente, por hecho culposo o doloso, haya impedido el cumplimiento de la obligación por el reconviniente.
Llambias ilustra: "La consignación judicial es un recurso excepcional, por lo que sólo cuando el deudor resulta coartado en el ejercicio de su derecho de pagar, está autorizado a recurrir a la misma. De ahí que en el proceso a que esa consignación da lugar, el actor, antes que nada, tenga que justificar el motivo por el cual recurre a esa forma de pago excepcional" (Conf. Llambias, J.J. "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", Ed. 1.975, Tomo Il-b, página 267 y cita N° 373).
"En el Juicio de pago por consignación debe probarse no la "intención de pagar" sino el hecho de que efectivamente se ofreció abonar la deuda y que el acreedor rechazó el ofrecimiento. En el mismo orden de ideas, la falta de prueba del ofrecimiento de pago y la negativa del acreedor a recibirlo, no se subsana con cartas documentos, que sólo revelan un mero ofrecimiento de efectuar la entrega del dinero, que puede o no concretarse" (Conf. Cnciv D, 21.6.77, "Rico Roca, Felipe c/ E.t.l.a.r. sea").
"Resulta improcedente el pago por consignación judicial si los extremos necesarios para su procedencia no se reúnen, ya sea en el caso que el obligado se encuentre en mora, no existan constancias de la negativa del acreedor a percibirlo y que lo ofrecido no resulte íntegro" (Sala E, 4.11.99, "Autopistas Urbanas S.A. c/ Eccarson Tratamientos Acústivos S.A. s/ sum.").
Es evidente, entonces, que no se dan los requisitos y exigencias de los Artículos 588 y 584, inciso a), del Código Civil, para la viabilidad del pago por consignación, motivo por el cual corresponde confirmar el Fallo impugnado, imponiendo las Costas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
Respecto a la demanda principal por rescisión de Contrato promovida por Virginia Riveros de Genes contra Richard Walter Bordón Duarte, deberá ser recalificada como resolución del Contrato, pues la pretensión del accionante fue que la relación contractual concluya, según se aprecia en el escrito de demanda (Vide: fs. 9/10).
En ese orden, cabe señalar que con el rechazo de la demanda reconvencional de pago por consignación, quedó evidenciado y suficientemente demostrado que el demandado no cumplió su obligación contractual de pagar -mensualmente- el precio por la compra del inmueble, pues se retrasó en cuatro cuotas, equivalentes a Gs. 2.000.000. Dicho incumplimiento conlleva -inexorablemente- a la resolución del Contrato, en los términos del Artículo 725 del Código Civil.
A tenor de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda por resolución del Contrato y, en consecuencia, dejar sin efecto el Contrato privado celebrado entre las Partes, ordenando que el demandado desahucie el inmueble en el plazo de veinte días de quedar firme ésta Sentencia, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo se hará por la fuerza pública. Las Costas serán impuestas a la perdidosa, según Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Así voto.
A su turno el señor Ministro Alberto Martínez Simón dijo: EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante por compartir las mismas razones, no obstante, me permito realizar las siguientes aclaraciones que a continuación paso a exponer.
Se debaten en estos autos la procedencia de dos acciones de distinta naturaleza. Por un lado, la demanda de recisión de contrato promovida por la parte actora y, por otro, la demanda reconvencional de pago por consignación promovida por la parte demandada.
El Ministro que me antecede ha principiado el análisis del caso con el estudio de la demanda reconvencional. Por nuestra parte, estimamos igualmente apropiado dicho orden analítico. En efecto, el demandado pretende lograr por medio de la pretensión de pago por consignación el cumplimiento de la obligación cuya inobservancia es precisamente alegada por la actora en la demanda principal. De ahí que la relación antagónica que se suscita entre ambas acciones haga recomendable determinar primeramente si el pago como tal resulta procedente, puesto que, de ser así, no se verificaría el elemento neurálgico a cuyo derredor gira precisamente el fundamento de la demanda de la accionante, a saber, el incumplimiento de la prestación a cargo de su adversa.
Pues bien, el juicio de pago por consignación se trata de un mecanismo que permite al deudor provocar la extinción de su deuda por solutio, cuando dicho cumplimento, por razones diversas, no puede hacerse lisa y llanamente al acreedor legitimado. Uno de los supuestos de la referida acción contemplados por el art. 584 del Código Civil en su lit. "a" es aquél que refiere al acreedor que incurre en mora o se niega a recibir el pago. En ese sentido, el art. 428 del mismo cuerpo legal desarrolla el hipotético en cuestión y señala que el acreedor queda constituido en mora si, a pesar de que la prestación reúne los requisitos de pago, éste se rehusare a recibirla.
Ahora bien, no podemos dejar de advertir que la presente acción de consignación ha sido intentada como una demanda reconvencional, la cual ha sido promovida ante el primigenio planteamiento de una demanda de recisión de contrato. Tal hecho trasunta consecuencias de no menor importancia para el presente estudio. Es que, por la demanda principal se pretendió la terminación del contrato como consecuencia de un incumplimiento de la parte deudora. Es decir, la razón que motivó el actuar de la demandante fue la no observancia de las prestaciones convenidas contractualmente.
En ese sentido, no debemos olvidar que toda relación contractual da pie a una serie de pretensiones accionables que pueden ser incoadas por aquel contratante que sea vea defraudado en algunas de las expectativas que resultan del acuerdo. Así, de cara a tal situación, este último podrá intentar lograr el cumplimiento compulsivo de la obligación, o bien peticionar la terminación del convenio mismo; igualmente podrá, bien en conjunción con una de las anteriores acciones, o bien de manera separada e independientemente, intentar una reclamación indemnizatoria. Lo cierto es que en todos esos casos deberá concurrir siempre un elemento determinante que servirá de sustento a dichas pretensiones, a saber, el ya referido incumplimiento de la otra parte.
De este modo, toda vez que el acreedor promueve una de las vias anteriormente aludidas, necesariamente estará invocando algún tipo de incumplimiento por parte del deudor, lo cual, por lógica ilación, privará de toda viabilidad a una demanda de pago por consignación procurada de manera reconvencional, siempre que, claro está, tal pago atenga a la prestación cuyo incumplimiento precisamente se está alegando en primer lugar.
Es que, desde el momento que el mismo acreedor ya se encuentra intentando lograr el cobro compulsivo de la obligación, o bien, la resolución del contrato en vista de un incumplimiento determinante, carece de todo sentido que el deudor pretenda dar cumplimiento a aquella prestación que, precisamente, ya se obtendrá por vía de ejecución judicial, o que ya ni siquiera es deseada por el acreedor, quién se encuentra disolviendo la misma relación.
Por consiguiente, el pago por consignación no podrá resultar procedente como contrademanda toda vez que por ella se pretenda cumplimentar la obligación que ya está siendo atendida en la demanda principal. Por demás, no podemos dejar de subrayar en esta misma línea, que el mismo acreedor, con la promoción de su acción principal, ya habrá dejado en evidencia el estado de mora, vale decir, el incumplimiento del deudor, el cual, a su vez, no estará sino confirmando tal morosidad al promover la demanda reconvencional aludida. De ahí que sólo sea tal demanda principal el único marco dentro del cual la obligación en su integridad deba ser estudiada. De todos modos y, como aditamento a lo anterior, tenemos que tampoco se encuentran llenados los requisitos que harían a la procedencia de una demanda de pago por consignación. Al tomar en cuenta las alegaciones hechas por la parte reconviniente y, subsumirlas a los presupuestos que se desprenden de los arts. 584 y 585 del Código Civil, tenemos que el recurrente debe acreditar, por una parte la mora del acreedor o la negación de recibir el pago por parte del deudor y, por otra, los requisitos del pago en cuanto atañen a: 1) las personas que se encuentran vinculadas; 2) el objeto; 3) el modo en que fue convenido y; 4) el tiempo que debía ser cumplido.
En nuestro caso, tal como ya lo señaló el Ministro preopinante, la parte reconviniente no ha demostrado en modo alguno ni el intento de haber realizado el pago en tiempo, modo y forma, ni mucho menos, la negativa de la parte actora a recibir tal pago. Tampoco se cumplió con la exigencia del depósito dispuesto por el art. 588 del Código Civil. Por tanto, no resta sino desestimar plenamente la acción de pago por consignación intentada por ser manifiestamente improcedente.
Luego, respecto de la demanda principal, coincidimos completamente con la recalificación ejercitada por el Tribunal de Apelación al haberla renombrado como una demanda de resolución de contrato, todo ello en virtud de la facultad conferida en dicho sentido por el art. 159 lit. "e" del Código Procesal Civil.
En efecto, basta solo realizar una lectura del escrito de promoción de la demanda obrante a fs. 9/10 para comprobar que lo peticionado fue la "recisión" del contrato en vista del incumplimiento de la otra parte de sus obligaciones. Se deja asi rápidamente entrever que lo que se pretendía era dar por terminado el vínculo contractual ante el incumplimiento de las prestaciones por parte del otro contratante, descripción esta que no hace sino coincidir con el supuesto de hecho del art. 725 del Código Civil, es decir, con aquélla de la resolución de contrato.
Al adentrarnos propiamente en lo que a la procedencia de dicha acción concierne, tenemos que ésta exige la concurrencia de dos elementos constitutivos. Primero, se debe acreditar la existencia de un vínculo contractual y, luego, un incumplimiento esencial por parte de uno de los contratantes que autorice al otro a pretender la resolución.
Respecto del vínculo contractual, ya resulta harto reconocido por ambas partes en este juicio la celebración del contrato de cesión de derechos obrantes a fs. 4/5 de autos. Por tanto, no resta sino pasar a determinar la existencia del incumplimiento. En ese sentido, debemos remarcar que no cualquier incumplimiento autoriza a reclamar la resolución del contrato. En efecto, el mismo art. 724 del Código Civil resta relevancia a aquellos incumplimientos de escasa importancia o que no comprometan los intereses de la otra parte, de donde se sigue que el incumplimiento, para poder autorizar la resolución, debe ser esencial, vale decir, debe causar a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato.
En el caso que nos aqueja, la parte actora ha alegado la falta de pago de cuatro cuotas, específicamente, de aquéllas contenidas en la cláusula cuarta del contrato. La susodicha disposición establece como precio de venta por la cesión de derecho la suma de G. 10.000.000. Ese monto fue fraccionado en cuotas de G. 500.000, una de las cuales ya fue pagada en el acto mismo de la firma del contrato. Las demás cuotas eran pagaderas de manera mensual, con el primer vencimiento teniendo lugar en fecha 10 de febrero de 2012. Al considerar que la demanda fue promovida en fecha 21 de mayo de 2012, tenemos que efectivamente cuatro cuotas ya hablan vencido en dicho momento.
De todos modos, el mismo demandado ha reconocido no haber pagado tres de las cuatro cuotas alegadas, tal como se desprende de la demanda reconvencional ya estudiada. En cuanto a la cuarta cuota, siendo que ésta ya ha vencido, correspondía al demandado acreditar por algún medio su cumplimiento, por lo que, al no haberlo hecho, se debe estimar como igualmente impaga.
Resulta entonces patente el incumplimiento alegado por la demandante, de modo que, la única labor que resta por efectuar, es determinar la entidad que dicho incumplimiento proyecta en el presente caso. Como hemos dicho, la cláusula cuarta establecía el pago de G. 10.000.000 en concepto de precio por la cesión de derechos. Luego, tenemos que cuatro cuotas de G. 500.000 no han sido abonadas, lo cual se traduce en un total de G. 2.000.000. Al trasladar tales cifras al plano porcentual, tenemos que el incumplimiento representa un 20% del precio total convenido.
Hecha la aclaración pertinente, no podemos sino predicar la esencialidad del incumplimiento en cuestión. En efecto, el 20% de las prestaciones acordadas no puede en modo alguno ser reputado como insignificante o de menor entidad, sino que, por el contrario, priva a la parte acreedora de una sustancial porción de la prestación que ésta espera, amén de generar la razonable expectativa de no percibir las prestaciones aún pendientes.
Con todo, estimamos que se encuentra igualmente acreditado la esencialidad del incumplimiento, por lo que se han configurado los elementos que habilitan a la resolución de una relación de fuente convencional. De ahí que resulte procedente la demanda principal y, por ende, se halle ajustado el fallo del Tribunal a quo.
Por tanto, corresponde confirmar in totum el fallo recurrido, con expresa imposición de costas en esta instancia a la parte recurrente, con base en el art. 205, en concomitancia con los arts. 203 y 192, del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A su turno el señor Ministro Eugenio Jiménez Rolón prosiguió manifestando que: se adhiere al voto del señor Ministro Alberto Martínez Simón, por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por finalizado el Acto firmado S.S.E.E., todo por Ante mi de que certifico, quedado acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
La Asunción, 8 de Octubre del 2.019.
Y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;
DECLARAR Desierto el Recurso de Nulidad interpuesto.
CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Número 139 del 9 de Noviembre del 2.017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial Central.
IMPONER Costas a la perdidosa en esta Instancia.
Pierina Ozuna W. Actuaria

References: Artículo 113
 Artículo 419
 Resolución 
 Artículo 584
 Artículo 584
 Artículo 584
 resolución 
 resolución 
 Artículo 725
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución