Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56119
Timestamp: 2019-09-23 03:14:07+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-15/56119
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE OCHOA, A QUE ABROGUE EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LA ENTIDAD, PORQUE SUS DISPOSICIONES CONTRAVIENEN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1°, 9° Y 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN Y DE TRÁNSITO
Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación MORENA y el Senador de la República MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo tercero, la obligación del Estado Mexicano –en todos los niveles de gobierno sin excepción-, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Para Miguel Carbonell los derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de gobierno y, en consecuencia, la llamada división vertical de poderes, derivada de la estructuración de la República mexicana como Estado federal, no puede ser alegada como excusa para dejar de cumplir con esas obligaciones. Así, las autoridades locales de naturaleza ejecutiva, administrativa, legislativa o judicial, tienen el mandato de respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución General y los tratados internacionales de la materia suscritos por México, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Estos principios fueron introducidos en la reforma constitucional de junio de 2011, una de las más trascendentes de las últimas décadas, que inauguró un nuevo paradigma en la manera de entender, regular y administrar justicia en todo los relativo a los derechos humanos como son, por ejemplo, los derechos a la libertad de expresión, de asociación y tránsito. A pesar de ello se ha intentado, en los ámbitos federal y local, violar o limitar esos derechos, como sucedió con la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, frenada por la oposición de izquierda y rechazada por amplios sectores de la sociedad capitalina.
Ahora se pretende imponer en el Estado de Veracruz un reglamento de tránsito que contiene disposiciones claramente inconstitucionales en materia de derechos humanos. El 27 de marzo del 2015, el Congreso del Estado de Veracruz, aprobó la nueva Ley Tránsito propuesta del diputado Adolfo Ramírez Arana. El 13 de abril fue publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, en el número extraordinario 146 la Ley número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
En el Artículo Tercero Transitorio de la misma,se estableció lo siguiente:“Tercero. El ejecutivo del Estado y en su caso, los ayuntamientos, expedirán o adecuarán los reglamentos respectivos para el cumplimiento de la Ley, en un plazo no mayor a seis meses de la entrada en vigor de la misma”, es decir, a partir del 14 de abril del 2015.
El pasado 16 de junio del año en curso,fue publicado en la Gaceta Oficial de la entidad, el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz. Su entrada en vigor provocó rechazo social, movilizaciones, opiniones adversas de académicos y fuertes críticas de sectores empresariales, entre otros. Frente al rechazo la Consejería Jurídica del Gobierno de Veracruz no tuvo otra opción que presentar el pasado viernes 26 de junio, a través de una de Fe de Erratas -para matizar las disposiciones más polémicas con frases como “mientras no ponga en riesgo su vida” o “en la medida de sus posibilidades”- correcciones a su Reglamento por riesgos a los derechos de libre manifestación y tránsito. Sin embargo, se mantiene el sentido de sus disposiciones restrictivas que podrían obstaculizar el ejercicio delos derechos humanosa la libertad de manifestación y al libre tránsito, consagrado en los artículos 9° y 11 de la Constitución General.
Los artículos del Reglamento que han sido fuertemente criticados por su contenido restrictivo y punitivo son:
“208. En los términos de la Ley, las personas que resulten responsables de un accidente de tránsito, deberán reparar los daños y perjuicios causados en la integridad física, salud y bienes a las personas afectadas por el accidente.
Todo dueño, posesionario o conductor incidental de un vehículo, deberá en la medida en que le sea posible, asegurarse de que el vehículo que conduce o maneja cuenta con una póliza vigente del seguro contra daños a terceros, antes de utilizar las vías públicas del Estado.
Artículo 236. Los usuarios de las vías públicas, deberán abstenerse de realizar todo acto que pueda entorpecer la circulación, constituir un obstáculo o peligro para los peatones y los vehículos, o que cause daños a propiedades públicas o privadas.
Artículo 237. De conformidad con el Artículo 22 de la Ley, se prohíbe realizar en la vía pública los siguientes actos:
V. Instalar boyas, topes, cadenas, plumas o cualquier objeto que afecte el tránsito, sin autorización de la Dirección General, así como colocar objetos para apartar áreas de estacionamiento, será infracción grave;
VII. Jugar en la superficie de rodamiento de las vías públicas;
VIII. Realizar actos de malabarismo y otras suertes que pongan en riesgo a quienes las efectúan o a terceros;
IX. Ofrecer a los ocupantes de los vehículos, mercancías o servicios, repartir propaganda o solicitar ayuda económica, sin contar con el permiso de la autoridad competente…
Artículo 272. En los términos de la Ley, el peatón tendrá las siguientes obligaciones:
II. Transitar por las aceras o banquetas, sin invadir la vía pública de manera intempestiva;
VI. Transitar siempre a su lado derecho en las aceras para no entorpecer la circulación de los demás peatones;
Artículo 273. El peatón tiene prohibido:
II. Caminar con carga que les obstruya la visibilidad y el libre movimiento;
IX. Transitar a lo largo de la superficie de rodamiento, o desplazarse por éstas, en patinetas, patines u otros vehículos no autorizados, salvo que exista el permiso expedido por la autoridad competente;
X. Cruzar intempestivamente la vía pública;
Artículo 277. Todo peatón que transite en la vía pública deberá hacerlo por su extrema derecha, tendrá además la obligación de portar una identificación con fotografía, en la cual se señale la dirección de su domicilio.”
Sólo por comentar este último artículo 227, contravine los dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Federal al exigir la obligación del peatón de “portar una identificación con fotografía” para ejercer sin problemas con la autoridad administrativa el libre derecho al tránsito. Al respecto el artículo 11 citado es categórico:
“Artículo 11. Toda personas tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…”
La restricción de un derecho no es materia de una ley secundaria ni mucho menos de un reglamento administrativo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió recientemente que sólo en la Constitución pueden establecerse expresamente limitaciones a derechos humanos pues, de no hacerlo, prevalecerá la norma más protectora, sin importar que provenga de una fuente internacional (Contradicción de Tesis 293/2011). En la Carta Magna las únicas limitaciones explícitas a la libertad de tránsito se refieren a disposiciones migratorias y de salubridad general; pretender limitaciones en un reglamento significaría, de entrada, limitar un derecho constitucional y convencional.
Para Morena, la expedición de este reglamento es una regresión a los derechos humanos, puede significar un retroceso a la libertad de manifestación y de tránsito, pues más que una norma que busca poner orden en los peatones y reducir los accidentes viales, tendrá como efecto un deterioro en la seguridad vial, un empoderamiento del automovilista y la criminalización del peatón. Esta es una ley antipeatones y su verdadera esencia es recaudatoria, pues las multas se incrementaron más del 1000%.
En este sentido Morena considera que existen todas las condiciones jurídicas para que los ciudadanos se amparen contra el contenido del Reglamento y de la propia Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Único.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, a que abrogue el nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 16 de junio de 2015, por considerar que sus disposiciones contravienen lo establecido en los artículos 1°, 9° y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de libertad de manifestación y de tránsito.

References: artículo 1

Artículo 236

Artículo 237
 Artículo 22

Artículo 272

Artículo 273

Artículo 277
 artículo 227
 artículo 11
 artículo 11