Source: https://www.docsity.com/es/introduccion-derecho-procesal/515075/
Timestamp: 2018-03-22 19:48:24+00:00

Document:
Introduccion derecho procesal - Docsity
Monografías Derecho Procesal
Christopher216 de diciembre de 2014
Introduccion derecho procesal, Monografías de Derecho Procesal. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Temario Introducción Derecho Procesal UNED
Pre-visualización3 pages / 285
3 páginas mostradas de 285 páginas totales
4ª EDICIÓN 2003
Víctor Moreno Catena CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ABOGADO
Valentín Cortés Domínguez CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ABOGADO
Vicente Gimeno Sendra CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL DE LA UNED ABOGADO
ÍNDICE PARTE PRIMERA LA JURISDICCIÓN
LECCIÓN 1 EL FUNDAMENTO DE LA JURISDICCIÓN 17 1. EL PRESUPUESTO MATERIAL: EL CONFLICTO Y SUS MEDIOS DE SOLUCIÓN: A) Autotutela. B) Autocomposición. C) Heterocomposición. 2. LA JURISDICCIÓN COMO PODER Y SU LEGITIMACIÓN HISTÓRICA: A) La justicia popular. B) La designación ministerial. C) La legitimación a través del proceso. 3. LA LEGITIMACIÓN DE LA JURISDICCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO: A) La independencia. B) La sumisión a la ley.
LECCIÓN 2 LA JURISDICCIÓN: CONCEPTO Y FUNCIONES 29 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES: A) La Jurisdicción como Poder. B) La potestad jurisdiccional. C) Los juzgados y Trbunales. D) La independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional. E) La función genérica de la Jurisdicción. 2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA JURISDICCIÓN: A) Protección de los derechos subjetivos. B) Control judicial normativo. C) Complementación del ordenamiento.
LECCIÓN 3 EL PODER JUDICIAL .43 1. EL PODER JUDICIAL. APUNTE HISTÓRICO. 2. LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. EL AUTOGOBIERNO.3. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL: A) Concepto. B) Tribunales no integrados en el Poder Judicial. C) Poder Judi cial y Administración de Justicia. D) La administración del Poder judicial. 4. EL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. 5. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA. 6. EL PODER JU DICIAL Y LOS OTROS PODERES DEL ESTADO: A) Diferencias con el Poder Legislativo. B) Diferencias con el Poder Ejecutivo. C) Los conflictos jurisdiccionales.
LECCIÓN 4 LA UNIDAD JURISDICCIONAL .57 1. EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL: A) Concepto y fundamento. B) Evolución histórica. C) Régimen jurídico vigente. 2. LA JURISDICCIÓN MILITAR: A) Concepto y fun damento. B) Naturaleza y régimen vigente.
LECCIÓN 5 LA EXCLUSIVIDAD DE LA JURISDICCIÓN .69 1. EL MONOPOLIO ESTATAL DE LA JURISDICCIÓN: A) Concepto. B) El arbitraje. 2. LA ATRIBUCIÓN DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL A JUZGADOS Y TRIBUNALES: A) La exclusividad en sentido positivo. B) La autotutela ejecutiva de la Administración y la potestad sancionadora. C) Los Tribunales eclesiásticos. 3. LAS FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES: A) La exclusividad en sentido negativo. B) El Registro Civil. C) La jurisdicción voluntaria. D) La investigación penal. E) Otras funciones.
LECCIÓN 6 LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL JUEZ .79 1. CONCEPTO. 2. LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS. 3. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LAS PARTES PROCESALES Y DEL OBJETO LITIGIOSO: A) Abstención. B) Recusación. 4. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LOS SUPERIORES Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 5. INDEPENDENCIA DE LOS OTROS PODERES DEL ESTADO Y DE PRESIONES SOCIALES. 6. LA INAMOVILIDAD: A) Concepto. B) Los supuestos de inamovilidad temporal. 7. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS: A) Responsabilidad civil. B) Responsabilidad penal. C) Responsabilidad disciplinaria. 8. LA SUMISIÓN DEL JUEZ A LA LEY.
LECCIÓN 7 EL DERECHO AL JUEZ LEGAL . 93 1. CONCEPTO Y REGULACIÓN. 2. NOTAS ESENCIALES: A) Reserva de ley orgánica. B) Juez legal y Poder Judicial. C) Igualdad. D) Independencia. E) Juez ordinario y sumisión al Derecho. F) Juez legal y competencia.
LECCIÓN 8 LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA JUSTICIA . 101 1. EL JURADO: FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA: A) El jurado español. B) El jurado europeo. 3. REGULACIÓN LEGAL: A) Modelo de jurado. B) Competencia y funciones. El veredicto. C) Capacidad, incompatibilidad, prohibiciones y excusa. D) Procedimiento de selección y constitución del jurado.
LECCIÓN 9 LOS ÓRGANOS JUDICIALES . 111 1. NORMATIVA APLICABLE. 2. MULTIPLICIDAD DE ÓRGANOS JUDICIALES. CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES. 3. CRITERIO MATERIAL DE CREACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES. 4. CRITERIO TERRITORIAL DE CREACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES. 5.LA DIVISIÓN DE LOS TRIBUNALES EN SALAS Y SECCIONES. 6. LA CONSTITUCIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 7. EL TRIBUNAL SUPREMO. 8. LA AUDIENCIA NACIONAL. 9. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 10. AUDIENCIAS PROVINCIALES. 11. ÓRGANOS UNIPERSONALES: A) Enumeración. B) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. C) Juzgados de lo Penal. D) Juzgados de lo Contencioso-administrativo. E) Juzgados de lo Social. F) Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. G) Juzgados de Menores. H) Juzgados de Paz.
LECCIÓN 10 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . 133 1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. 2. ORGANIZACIÓN: A) Los Magistrados del Tribunal Constitucional. B) Funciones del Tribunal. C) Los secretarios de justicia y personal auxiliar. D) El secretario general. E) Los letrados. 3. FUNCIONES: A) La protección de los derechos fundamentales. B) Control constitucional de la legalidad. C) Complementación Tentación del ordenamiento.
LECCIÓN 11 LOS LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA . 147 1. EL PRINCIPIO GENERAL ESTABLECIDO EN LA LOPJ. 2. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL INTERNACIONAL: LOS FUEROS EXCLUSIVOS. 3. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDEN CIVIL: A) Atribución con carácter general. B) Atribución con carácter exclusivo. 4. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDEN PENAL. 5. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 6. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDEN SOCIAL.
LECCIÓN 12 EL AUXILIO JUDICIAL . 155 1. CONCEPTO. 2. EL AUXILIO JUDICIAL INTERNO: EL EXHORTO: A) Contenido y remisión. B) Cumplimiento. 3. EL AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL. 4. LA COOPERACIÓN CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: A) Los mandamientos, oficios y exposiciones. B) Los requerimientos.
PARTE SEGUNDA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y COLABORADOR
LECCIÓN 13 EL ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS . 163 1. CONCEPTO Y REGULACIÓN. 2. APLICACIÓN: A) La carrera judicial. B) Suplencias,
sustituciones y provisión temporal. C) Los jueces de paz. 3. EL INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL: A) Requisitos generales. B) Las distintas modalidades de ingreso. 4. INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIO NES. 5. TRASLADOS Y ASCENSOS. 6. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 7. EL ASOCIACIONISMO JUDICIAL.
LECCIÓN 14 EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL . 173 1. INTRODUCCIÓN. 2. - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: A) Concepto. B) Composición, designación y estatuto de sus miembros. C) Organización y atribuciones. 3. LAS SALAS DE GOBIERNO. 4. LOS PRESIDENTES DE LOS TRI BUNALES Y DE LAS AUDIENCIAS. 5. LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS DE JUSTICIA Y LOS JUECES. 6. LOS DECANOS Y LAS JUNTAS DE JUECES Y DE MAGISTRADOS. 7. LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUNALES.
LECCiÓN 15 LOS SECRETARIOS JUDICIALES Y EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA . 183 1. LOS SECRETARIOS JUDICIALES: A) Funciones. B) Estatuto. 2. LOS OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES: A) Oficiales de la Administración de Justicia. B) Auxiliares de la Administración de Justicia. C) Agentes judiciales. 3. LOS MÉDICOS FORENSES. 4. OTRAS INSTITUCIONES PERICIALES: A) El Instituto de Toxicología. B) Los Institutos de Medicina Legal. C) Otros organismos. 5. LA POLICÍA JUDICIAL: A) Concepto. B) Las Unidades orgánicas y adscritas. C) Actuaciones.
LECCIÓN 16 EL MINISTERIO FISCAL 191 1. CONCEPTO Y NATURALEZA. 2. FUNCIONES. 3. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN: A) Unidad. B) Dependencia. 4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: A) Legalidad. La oportunidad reglada. B) Imparcialidad. 5. ORGANIZACIÓN Y ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO FISCAL: A) Organización del Ministerio Fiscal. B) Estatuto de los miembros del Ministerio Fiscal.
LECCIÓN 17 LOS ABOGADOS Y PROCURADORES . 201 1. LA POSTULACIÓN. 2. EL SISTEMA DUAL DE LA POSTULACIÓN: REPRESENTACIÓN Y DEFENSA. PROCURADOR Y ABOGADO. 3. SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CAPACIDAD DE POSTULACIÓN. 4. LA DELEGACIÓN DE LA POSTULACIÓN. A) Delegación de la representación. B) Delegación de la defensa. 5. LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA POSTULACIÓN. 6. LA RELACIÓN JURÍDICA EXISTENTE ENTRE ABOGADOS Y PROCURADORES YLAS PARTES. 7. LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES. 8. LOS ABOGADOS DEL ESTADO.
PARTE TERCERA LA ACCIÓN
LECCIÓN 18 EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA . 215 1. LA ACCIÓN. ACCIÓN Y JURISDICCIÓN. 2. DE LA ACCIÓN AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 3. CONTENIDO ESENCIAL: A) Derecho de acceso a la justicia. B) Derecho a una sentencia de fondo. C) Derecho a la ejecución. D) El derecho a la tutela y el derecho a un proceso con todas las garantías. 4. LA ACCIÓN POPULAR. 5. LA DEFENSA DE INTERESES COLECTIVOS O INTERESES DIFUSOS.
LECCIÓN 19 EL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA. 225 1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 2. ÁMBITO SUBJETIVO. 3. REQUISITOS
OBJETIVOS. 4. CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO. 5. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 6. EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
PARTE CUARTA EL PROCESO
LECCIÓN 20 EL PROCESO . 235 1. CONCEPTO. 2. NOTAS ESENCIALES: A) La acción y demás derechos constitucionales de incidencia procesal. B) Las obligaciones procesales. C) Las posibilidades y cargas procesales. 3. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 4. EL OBJETO DEL PROCESO: A) Elementos. B) Clases de pretensiones. C) Requisitos formales. 5. LA FUNCIÓN DEL PROCESO: A) Jurídica. B) Razonada. C) Completa. D) Estable. E) Práctica.
LECCIÓN 21 LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO . 247 1. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO. 2. PRINCIPIOS INHERENTES A LA ESTRUCTURA DEL PROCESO: A) Contradicción. B) Igualdad de armas. 3. PRINCIPIOS REFERENTES AL OBJETO PROCESAL: A) El principio dispositivo. B) El principio acusatorio.
LECCIÓN 22 LA ESTRUCTURA DEL PROCESO . 257 1. PROCESO INICIADO A INSTANCIA DE PARTE. 2. LAS GRANDES LÍNEAS ESTRUCTURALES PROCESALES DERIVADAS DE LA CONSTITUCIÓN: A) El artículo 24 y el 117 de la Constitución. B) La estructura del proceso de declaración y del proceso de ejecución. C) La necesidad del sistema de recursos. D) La importancia del derecho de defensa en la determinación de la estructura del proceso. E) Conclusión. 3. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE DECLARACIÓN: A) La intervención del órgano judicial y de las partes en los actos alegatorios y probato rios en el proceso penal. B) La intervención del órgano judicial y de las partes en los actos alegatorios y probatorios en los demás procesos. C) Los poderes del órgano judicial en materia de interpretación y valoración de los actos probatorios. Los criterios de valoración libre y legal. 4. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. LA INTERVENCIÓN DEL ORGANO JUDICIAL Y DE LAS PARTES EN LOS ACTOS EJECUTIVOS. 5. EL SISTEMA DE RECURSOS EN EL PROCESO ESPAÑOL.
LECCIÓN 23 LOS ACTOS PROCESALES . 273 1. CONCEPTO. 2. CLASES DE ACTOS PROCESALES. 3. ACTOS DEL ÓRGANO JUDICIAL: A) Actos del juez. B) Actos del secretario. C) Actos judiciales de los agentes.4. LOS ACTOS DE PARTE. 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS PROCESALES. 6. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES. 7. TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES. 8. LA FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES: A) La oralidad o la escritura. B) La lengua. C) La publicidad interna y externa. 9. LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES.
LECCIÓN 24 ACTOS DE COMUNICACIÓN . 293 1. LAS COMUNICACIONES PROCESALES EN GENERAL. 2. PRÁCTICA DE LAS COMUNICACIONES: A) Por medio de Procurador. B) La remisión por correo, telegrama o medios semejantes. C) La entrega directa al destinatario. D) Los edictos. 3. TIPOS DE COMUNICACIONES: A) Notificaciones en sentido estricto. B) Citaciones. C) Emplazamientos. D) Requerimientos. 4. NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.
LECCIÓN 25 TIPOLOGÍA DE PROCESOS . 307
1. LOS PROCESOS DECLARATIVOS: SISTEMATIZACIÓN. 2. PROCESOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y SUMARIOS: A) Los procesos ordinarios. B) Procesos especiales. C) Procesos sumarios. 3. TIPOLOGÍA MATERIAL DE PROCESOS: A) El proceso penal. B) El proceso administrativo. C) El proceso constitucional. D) El proceso laboral. E) El proceso civil.
LECCIÓN 26 EL DERECHO PROCESAL . 317 1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS AS DEL DERECHO PROCESAL. 2. LA EFICACIA DE LAS NORMAS PROCESALES: A) Eficacia temporal de las normas procesales. B) Eficacia de la norma procesal en el espacio. 3. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. 4. LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PROCESAL. 5. LEYES PROCESALES BÁSICAS: A) Ley Orgánica del Poder Judicial. B) La Ley de Enjuiciamiento Civil. C) La Ley de Enjuiciamiento Criminal. D) Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. E) Ley de Procedimiento Laboral. F) Otras leyes.
ABREVIATURAS UTILIZADAS AAP Auto Audiencia Provincial
ATC Auto Tribunal Constitucional
CA Comunidad Autónoma
LAJG Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
LDYPJ Ley de Demarcación y Planta Judicial
LOCJ Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales
LOCOJM Ley Orgánica sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción
LOTJ Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
LOPM Ley Orgánica Procesal Militar
LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LPLTexto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral
LRC Ley del Registro Civil
RAAAJ Reglamento del CGPJ 5/1995, de aspectos accesorios de las actuacines judiciales.
RCJ Reglamento del CGPJ 1/1995, de la carrera judicial
RJP Reglamento del CGPJ 3/1995, de los Jueces de Paz
ROFCGPJ Reglamento del CGPJ 1/1986, de organización y financiamiento del
ROGT Reglamento del CGPJ 4/1995, de los órganos de gobierno de
SAN Sentencia Audiencia Nacional
TOP Tribunal de Orden Público
1. EL PRESUPUESTO MATERIAL: EL CONFLICTO Y SUS MEDIOS DE SOLUCIÓN
La función primordial de los juzgados y Tribunales consiste en resolver, definitivamente y mediante la aplicación del Derecho, los conflictos que ante ellos se plantean.
El presupuesto material de la jurisdicción lo constituye, pues, el conflicto, el cual, atendiendo a su naturaleza, puede ser «intersubjetivo» o «social». Los conflictos intersubjetivos surgen como consecuencia de la vulneración de algún derecho subjetivo, perteneciente al ámbito del Derecho privado (v.gr., el derecho de propiedad o cualquier derecho real) y poseen naturaleza disponible; los conflictos sociales, por el contrario, se caracterizan por la transgresión de algún bien o interés que la sociedad ha estimado digno de protección (v.gr., los delitos e infracciones administrativas) y se rigen por normas del Derecho público, por lo que suelen ostentar naturaleza «indisponible».
Pero esta función, a lo largo de la historia, ni siempre la han acometido los juzgados y Tribunales, ni en la actualidad puede afirmarse que la asumen con absoluta exclusividad, pues, al menos, en todo lo referente a los conflictos intersubjetivos, o litigios, coexisten los métodos autocompositivos y equivalentes jurisdiccionales, a los que nos vamos a referir a continuación.
A)Autotutela
De todas las fórmulas de solución de los conflictos, la «autotutela», autodefensa o autoayuda constituye, sin lugar a dudas, la más primitiva, injusta y peligrosa. Se caracteriza por la solución coactiva del conflicto por la parte más fuerte o que ocupa en él una situación hegemónica.
Gráficamente la autotutela se caracteriza mediante una relación vertical o inclinada, en la que la parte más fuerte (A) impone «su» solución a la más débil (B), tal y como se refleja en el siguiente gráfico:
La autotutela es, pues, propia de sociedades primitivas en las que la organización estatal era muy débil, por lo que los particulares se veían obligados a tomarse la justicia por su mano (así, en la Edad Media, mediante los «duelos»). En el momento actual, a nivel internacional y debido a la inexistencia de un Estado mundial o supranacional, desgraciadamente todavía se recurre a este injusto medio de solución de los conflictos entre Estados, a través de la guerra.
Como consecuencia, pues, de los peligros que para la sociedad entraña este método de solución de los conflictos, todos los ordenamientos internos suelen erradicarla, de un lado, prohibiendo la realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP) o tipificando el delito de coacciones (art. 172 CP) y, de otro, garantizando el derecho de tutela o de libre acceso de los ciudadanos a sus tribunales (art. 24 CE).
Sin embargo, todavía subsisten algunas manifestaciones lícitas de la autodefensa en el ámbito del Derecho civil (v.gr., los arts. 612 y 592 CC) o en el laboral (la huelga y el cierre patronal).
La autocomposición representa un medio más civilizado de solución de los conlictos. Al igual que en la autodefensa, son las propias partes las que ponen fin al conflicto intersubjetivo, pero se diferencia de ella en que dicha solución no se impone por la fuerza, sino a través del acuerdo de voluntades o del voluntario sacrificio o resignación de una de ellas.
Por tal razón, la autocomposición se representa gráficamente mediante una línea horizontal:
La autocomposición constituye un método lícito para la solución por las partes de los conflictos intersubjetivos, en los que, dada su naturaleza disponible y la vigencia del principio dispositivo, a nadie se le obliga a acudir a los tribunales para la defensa de su derecho. Tales métodos autocompositivos, vienen integrados por la renuncia del actor a su derecho subjetivo (vgr. la condonación de un derecho de crédito) o el desistimiento del proceso, el allanamiento del demandado a la pretensión del actor (por ej., porque reconoce la validez de la deuda y decide pagar al acreedor), la transacción (art. 1809 CC) entre ambos y la mediación o conciliación de un tercero a fin de que solucionen las partes el conflicto a través de un acuerdo o de la resignación de una de ellas.
La mediación y la conciliación se distinguen de las demás fórmulas autocompositivas por la aparición en ellas de un tercero y, entre ellas mismas, exclusivamente por la forma en la qué dicho tercero es llamado a contribuir a la solución del conflicto. En la primera interviene de manera espontánea (v.gr la del Secretario General de la ONU para evitar el surgimiento de un conflicto entre Estados), en tanto que, en la segunda, actúa de una manera provocada o institucionalizada (v.gr., la conciliación previa al proceso de trabajo).
Pero, en cualquier caso, en estas dos últimas fórmulas autocompositivas, el tercero no impone la solución del conflicto, sino que ejercita sus buenos oficios en punto a obtener la autocomposición del litigio. Dicho en pocas palabras: el tercero actúa inter partes y no supra partes:
Distinta es la situación del tercero en la heterocomposición, en la que dicha persona, individual o colegiada, a la que las partes previamente han acudido, es el encargado en virtud de un contrato o por razón de su oficio, de poner fin al conflicto mediante una resolución definitiva. Aquí, pues, el tercero se encuentra situado supra partes, configurando una relación triangular:
Tanto el arbitraje como el proceso poseen unas raíces históricas comunes ligadas al nacimiento del Estado.
De este modo, en la Alta República romana el proceso se asemejaba a un arbitraje, ya que las partes venían obligadas a concertar en la fase apud iudicem el contrato de
litis contestatio, en virtud del cual se comprometían a someterse a la autoridad del Tribunal y a cumplir con la ulterior sentencia; pero en la medida en que el Estado romano se fortaleció, con el advenimiento del Imperio, la ejecución de las sentencias ya no se efectuaba como consecuencia de la suscripción de aquel contrato, o de la auctoritas o autoridad moral del Pretor, sino por obra de la potestas o imperium del aparato coactivo del Estado que las respaldaba.
De lo dicho se infiere que el proceso, en tanto que instrumento de la jurisdicción para la resolución de los conflictos, está indisolublemente unido a la existencia del Estado. Sin una mínima organización estatal no puede existir ni la jurisdicción ni el proceso, habiendo de acudir las partes a soluciones autodefensivas, autocompositivas o, a lo sumo, arbitrales (por ejemplo, la de los «patriarcas» en determinadas etnias), pero nunca al proceso.
Sin embargo, arbitraje y proceso no constituyen, en el ámbito del Derecho privado, fórmulas excluyentes sino que, al contrario, son complementarias. Es más, la existencia de factores tales como la lentitud y carestía de la justicia civil, unidos a la sobrecarga de trabajo de los tribunales, aconseja al Estado a potenciar este «equivalente jurisdiccional», como se ha denominado al arbitraje, pues los laudos arbitrales gozan de los mismos efectos que las sentencias y suelen emitirse en un período más corto de tiempo.
2. LA JURISDICCIÓN COMO PODER Y SU LEGITIMACIÓN HISTÓRICA
Debido a los peligros que para toda organización social encierra la autodefensa como medio de solución de los conflictos, desde que surgió el Estado se apresuró en asumir el monopolio de la Justicia, prohibiéndose expresamente a los ciudadanos tomarse la justicia por su mano.
Pero el Estado y, por tanto, la jurisdicción, no han sido los mismos a lo largo de todas las sociedades y tiempos, lo que permitió a algunos autores suscribir la tesis de CALAMANDREI en tomo a la relatividad de la jurisdicción, que en la actualidad carece de toda virtualidad (no en vano la tesis de CALAMANDREI fue lanzada en el año 1940, esto es, en plena Italia fascista), pues el Estado moderno no puede ser otro sino el democrático, nacido de las grandes revoluciones liberales europeas.
Por esta razón, hoy no puede encontrarse el fundamento o legitimación de la Jurisdicción en ideas teocráticas o autocráticas, propias del Antiguo Régimen o de los Estados totalitarios.
En el Estado feudal y en el absoluto, los jueces eran funcionarios («alcaides») dependientes del poder real («estas cuatro cosas -decían Las Partidas- son del Rey, que no las puede delegar en ningún ome: justicia, moneda, fonsadera e suos yantares» y «sobre todo que mis jueces sean mansos e obedientes con Dios e con el Señor que los pone»). En la Alemania nazi, en la que la Constitución de Weimar fue sustituida por el programa del partido nacionalsocialista y la Ley por los «Führerprinzíp»>, el juez dejó de ser un aplicador del derecho para ser un «Rechtsfinder», o buscador del derecho que había de encontrar en las directrices u órdenes emanadas del «Führer». También en el régimen franquista, la Jurisdicción dejó de ser un Poder del Estado para convertirse en una mera función, de acuerdo con el principio de «unidad de poder y coordinación de
funciones» (art. 2 Ley Orgánica del Estado), bien entendido que dicha unidad residía en la jefatura del Estado que concentraba tanto la función ejecutiva, como la legislativa e incluso la judicial.
Antes al contrario, afirmado el principio de la «división de poderes» como uno de los dogmas esenciales del sistema democrático, la Jurisdicción ha pasado a convertirse en un auténtico Poder del Estado: el denominado «tercer Poder» o el más alto Poder de decisión dentro del Estado. Así lo configura el Título VI de nuestra Constitución.
Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 CE) y si la justicia emana del pueblo (art. 117.1), hemos de preguntarnos nosotros por qué el pueblo español ha otorgado a los juzgados y Tribunales el monopolio de la justicia o, dicho en otras palabras, hemos de indagar cuál sea la legitimación de la potestad jurisdiccional que la soberanía popular ha otorgado en exclusiva a la Jurisdicción.
A) La justicia popular
Cronológicamente, en el Estado liberal los sistemas de designación popular fueron los primeros que intentaron dotar de legitimidad al oficio judicial. Y así, frente a la justicia de funcionarios dependientes del Poder real o «justicia de gabinete», secreta e inhumana, el pensamiento liberal opuso la participación popular directa o a través de representantes en el Poder Judicial. Esta idea, unida a la de evitar la venalidad de los «Senados permanentes» o Tribunales (MONTESQUIEÚ) y al anhelo de los ciudadanos de ser juzgados por sus iguales, fue la que impulsó la implantación de la participación del pueblo en la justicia durante los siglos XVIII y XIX en toda Europa.
En este sentido pronto se implantaron, y coexisten en determinados países, los dos sistemas conocidos de participación popular: el jurado y la justicia popular.
a) El jurado. Desde el punto de vista de la estricta legitimación democrática no cabe duda alguna de que el jurado constituye la fórmula más perfecta de participación popular en la justicia, pues a través de él, los ciudadanos asumen directamente la función jurisdiccional.
Por otra parte, la instauración del jurado en el proceso penal moderno supuso una auténtica revolución en la sustitución del sistema inquisitivo del Antiguo Régimen por el sistema acusatorio formal o mixto, ya que cambió el injusto régimen de la prueba tasada por el de la libre valoración, incrementando los principios de inmediación, publicidad y concentración de las alegaciones y prueba en el juicio oral.
Sobre la evolución del jurado europeo y su más detenido estudio, volveremos después (infra, Lección 8). Tan sólo hemos de recordar ahora que
la instauración del jurado se encuentra prevista en el art. 125 de la CE, precepto que, tras más de quince años de espera, fue desarrollado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del jurado.
b) La justicia popular. La justicia popular representa una fórmula más imperfecta de participación popular, puesto que la entrada del pueblo en la justicia se efectúa a través del instituto de la «representación». Su fundamento teórico descansa, pues, sobre el mismo principio que informa al Poder Legislativo: los integrantes del Poder Judicial han de ser elegidos por el único ente que en una democracia ostenta la soberanía, esto es, el pueblo.
De este modo, en USA, en determinados cantones suizos e incluso, con otros perfiles, en la extinta URSS, la judicatura se recluta al igual que los cargos políticos del Ejecutivo y los miembros del Parlamento; es decir, a través de elecciones periódicas.
En España tuvimos una lamentable experiencia con la actuación de los Tribunales populares que, instaurados en la España republicana, durante la Guerra Civil, eran nombrados por los partidos y centrales sindicales que componían el «Frente Popular», predominando en sus veredictos un claro interés partidista.
En general, el enjuiciamiento que en Europa se efectúa de la justicia popular origina un saldo manifiestamente negativo. Ciertamente dicho sistema de designación otorga una gran legitimación democrática en el momento inicial del desempeño del oficio judicial, pero es insuficiente para demostrar dicha legitimación en su continuidad, ya que se le reprocha la falta de independencia del juez electo frente al partido o máquina electoral que lo situó en el poder (KAYsER); todo ello sin olvidar que, al menos en USA, en la designación de los miembros del más alto órgano de decisión, como lo es la Corte Suprema, tiene una gran relevancia el Presidente de la República, con lo que el funcionamiento práctico del sistema supone una cierta merma del principio de división de poderes.
B) La designación ministerial
Puesto que a través de los sistemas de participación popular no se garantiza necesariamente el acceso al oficio judicial de los más capaces, se podría conseguir también una cierta legitimación democrática confiando al Ministro de Justicia la selección y promoción de los jueces, toda vez que, en un sistema democrático el Ministro es responsable de sus actos ante el Parlamento (KERN-WOLF).
En realidad esta tesis no constituye novedad alguna, sino antes al contrario fue inaugurada por la Ley francesa de 20 de abril de 1810 y secundada por la tota de las Leyes Orgánicas de la Magistratura europeas del S. XIX (entre ellas, nuestra LOPJ de 1870), dando lugar al denominado modelo «napoleónico», confirme al cual el ingreso, la promoción o ascenso, y el
régimen disciplinario de la Magistratura era confiado al «grand-juge M. le Ministre de la Justice».
En nuestro país este modelo permaneció vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1978. De este modo, para el ingreso en la judicatura era preceptivo estar en posesión del famoso «certificado de buena conducta», que expedía el entonces Ministerio de la Gobernación, y para acceder a los denominados puestos de confianza (esto es, los superiores a Presidente de Sala) se requería la «declaración de aptitud» que emitía el Consejo judicial, dependiente del Ministerio de justicia, y naturalmente el nombramiento por el Gobierno (o por el propio jefe del Estado en el caso del Presidente del TS). Asimismo, la Inspección de los Tribunales dependía del Ministerio de justicia y, en general, todo el sistema disciplinario lo ejercía el Ejecutivo, quien podía ordenar el traslado de los jueces por «consideraciones de orden público», disponer la «comisión de servicio forzosa» e incluso trasladar a Magistrados de una a otra Sala, o a Presidentes de una a otra Audiencia.
Pero como consecuencia de la presión que el Ejecutivo ejerció sobre la Magistratura con la implantación de los Estados totalitarios, a la salida de la Segunda Guerra Mundial surgió un movimiento asociativo de la Magistratura (en Italia, Francia y en España con el grupo «Justicia Democrática» antecesora de la asociación «Jueces para la Democracia» antecesora de la Asociación «Jueces para la Democracia»), una de cuyas aspiraciones fundamentales consistió en la instauración del autogobierno de la Magistratura, sistema que, con la excepción de la RFA, ha acabado implantándose en la práctica totalidad de los países europeos. En el nuestro, la proclamación de dicho sistema la efectúa el art. 122 de la CE.
Por tal razón, la referida tesis, más que una teoría, en realidad pretende encubrir la justificación de un privilegio del Poder Ejecutivo, pues, como se verá en el lugar correspondiente (vide Lección 6), la independencia del juez no sólo ha de ser predicable frente a la sociedad y las partes, sino también respecto de los demás Poderes del Estado, incluido el Ejecutivo.
C) La legitimación a través del proceso
Con el título «Legitimación durch Verfahren» (1969), la obra de LUHMANN pretendió justificar la actividad jurisdiccional por la sola existencia del proceso. En síntesis, la tesis es la siguiente: cuando surge un conflicto, el particular no puede generalizar su problema porque la sociedad no se movilizaría por el mismo, viéndose obligado a acudir a donde ella confía, es decir, al proceso; si dentro de él su pretensión no triunfa, queda el individuo aislado y no puede seguir manteniendo sus expectativas jurídicas originarias; el proceso le ha quitado la razón y su opinión no puede ser tenida en cuenta por la sociedad, de tal suerte que el proceso cumple con una función de desmembración social y de absorción de las protestas y, puesto que tal función es necesaria en toda sociedad, el proceso constituye la institución mediante la cual la jurisdicción misma se legitima.
La crítica a la tesis de LUHMANN pronto se dejó sentir en la doctrina alemana (HABERMAS, ESSER) y, así, se preguntaba ZIPPELIUS «cabría admitir, como aconteció en el nacionalsocialismo, que la decisión de
exterminar a todo el pueblo judío pueda justificarse en sí misma por el solo hecho de haber emanado del proceso preestablecido?»
Ciertamente concurren en el proceso determinados elementos legitimadores, tales como la imparcialidad del juzgador, los principios de contradicción y de audiencia y, en general, todas las garantías que integran el derecho al «proceso debido»; pero la asunción de la tesis de LUHMANN conllevaría justificar todo tipo de decisión material, por el solo hecho de haberse dictado mediante el proceso preestablecido. El proceso no constituye, pues, la causa o fin en sí mismo de la Jurisdicción, sino el instrumento para la correcta aplicación del Derecho objetivo a los conflictos concretos.
3. LA LEGITIMACIÓN DE LA JURISDICCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO
Si, como ya se ha señalado, la soberanía reside en el pueblo español y la justicia emana del pueblo (arts. 1.2 y 117.1 CE), queda claro que en nuestra Ley Fundamental existen dos fuentes legitimadoras de la jurisdicción: la una, directa e inmediata, es la del jurado, en tanto que institución de participación popular en la que los ciudadanos ejercitan directamente y por sí mismos la función jurisdiccional (art. 125); la otra, habida cuenta de que la Constitución otorga en exclusiva a los juzgados y Tribunales (esto es, a jueces técnicos) el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3), ha de determinarse de una manera indirecta o mediata, esto es, preguntándose por la causa de la entrega por el pueblo a la jurisdicción del monopolio de la justicia.
Descartada la idea de la «representación» como instrumento a través del cual el pueblo podría haber confiado dicho monopolio a la jurisdicción (puesto que la Constitución no ha consagrado suerte alguna de «justicia popular»), la contestación a la enunciada pregunta se nos manifiesta evidente: lo que una sociedad democrática reclama de los juzgados y Tribunales es la solución de los conflictos mediante la imparcial aplicación del Derecho objetivo.
Por esta razón, el propio art. 117.1, después de afirmar que «la justicia emana del pueblo», establece a continuación que se administra «por jueces y magistrados, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
Una lectura precipitada del precepto, que literalmente expresa que «se administra en nombre del Rey...» podría llevar a la conclusión de que la justicia emana del pueblo y del poder del Monarca (haciendo resurgir caducas teorías teocráticas). Pero esta pretendida tesis sería errónea, pues en nuestra Constitución la soberanía no aparece compartida entre el Rey y el pueblo (a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Cánovas), sino que la ostenta exclusivamente el pueblo español. La única fuente legitimadora de la justicia reside en el pueblo, de quien emana, y, por lo tanto, ni el Rey constituye el juez supremo, ni los tribunales son una delegación suya. Lo que sucede es que, en las monarquías constitucionales limitadas, debido a esa función del Rey, consistente en erigirse en el símbolo de la unidad nacional y en lazo formal de coordinación de los poderes constitucionales (art. 56), debe la justicia en su nombre ser administrada.
Del enunciado del precepto se desprende que la nota de la «inamovilidad» es, como veremos, consustancial a la de independencia judicial y la de «responsabilidad» constituye su lógico corolario (ya que todo poder independiente ha de ser responsable en un Estado de Derecho), por lo que, sintetizando el contenido de la norma fundamental, se hace obligado concluir en que la causa que legitima la atribución del monopolio de la potestad jurisdiccional por parte del pueblo a sus juzgados y Tribunales reside en su independencia y sumisión a la ley.
En efecto, los jueces, en primer lugar, han de ser independientes, porque si ese tercero, situado «supra partes», adoleciera de falta de independencia, nos encontraríamos ante un procedimiento que, en realidad, encubriría una fórmula autocompositiva, pero nunca ante un verdadero proceso. Dicha independencia, como veremos, ha de ser total, no sólo frente a la sociedad y las partes, sino también con respecto al Gobierno y a los órganos jurisdiccionales superiores, nota ésta que distingue al juez de cualquier otro funcionario y a la actuación jurisdiccional de la administrativa pues, aun cuando la Administración actúe también con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), la simultánea condición de juez y de parte que asume la Administración en el procedimiento administrativo no permite configurar a su actuación como «procesal», sino autocompositiva.
La independencia judicial constituye, por consiguiente, una nota esencial de la jurisdicción, sin la cual no podrían los juzgados y Tribunales aplicar correctamente el Derecho a los casos concretos, ya que la ley, en tanto que manifestación de la voluntad general, precisa que la actividad judicial de individualización normativa no pueda efectuarse tomando en consideración situaciones hegemónicas de las partes o privilegio material alguno.
Por esta razón la actividad judicial es, ante todo, una actuación «desinteresada», pudiendo afirmarse que la legitimación judicial se encuentra antitéticamente opuesta a la de las partes: en tanto que la legitimación activa y pasiva de éstas se determina por la titularidad de un derecho o la existencia de un interés en el proceso, la del juez proviene precisamente de esa ausencia de interés en el objeto procesal, ya que, en cualquier otro caso, y a fin de garantizar su independencia, se impone su abstención o recusación.
B) La sumisión a la Ley
En segundo lugar, lo que la sociedad reclama del oficio judicial es que juzgados y Tribunales limiten su actuación a aplicar a los casos concretos la ley emanada de las Cortes Generales, a quienes les corresponde el ejercicio de la potestad legislativa (art. 66 CE). Por esta razón, el art. 117.1, como se ha dicho, establece la necesidad de que los órganos jurisdiccionales estén «sometidos únicamente al imperio de la ley».
Ahora bien, aquí por ley no cabe entender exclusivamente las promulgadas por el Parlamento de la Nación, sino también, en sus respectivas competencias, las emanadas de las Asambleas legislativas autonómicas (arts. 150 y 152.1 CE), así como las disposiciones con rango de ley y las normas dimanantes de la potestad reglamentaria de la Administración estatal (art. 97) o autonómica,(art. 152.1), e incluso el denominado «derecho judicial», del que nos ocuparemos en la lección siguiente.
De aquí que una mayor precisión alcanza el art. 20.3 de la Ley Fundamental de Bonn, conforme al cual «la Jurisdicción está subordinada a la Ley y al Derecho», cuyo tenor se plasmó en el último inciso del art. 103.1 de la CE sin que inexplicablemente se incluyese en el art. 117.1.
En realidad, pues, a lo que los Tribunales están expresamente sometidos es «a la ley y al Derecho», sumisión al Derecho objetivo que ostenta, además, carácter excluyente, toda vez que no pueden efectuar otras funciones (arts. 117.4 CE, 2.2 LOPJ), estándoles en particular vedada la asunción de funciones políticas o ejecutivas (art. 127.1 CE).
La anterior prohibición, ello no obstante, no impide que la Jurisdicción pueda ejercitar funciones que, sin ser estrictamente jurisdiccionales, la ley les puede confiar «en garantía del algún derecho» (art. 117.4 CE). De este modo, el art. 2.2. de la LOPJ le otorga «el Registro civil», la LEC les confiere toda la denominada «jurisdicción voluntaria» (arts. 2.109 y ss.) y la LECrim le encomienda los actos de investigación sumarial (cfr. art. 299).
Pero nótese que tales funciones, al no ser estrictamente jurisdiccionales, ningún obstáculo constitucional existirá en punto a que puedan ser encomendadas a otros funcionarios (vgr. los actos de la jurisdicción voluntaria a los notarios) u órganos colaboradores de la jurisdicción (los actos instructorios de pura investigación al Ministerio Público, tal y como acontece en la LO 5/2000, penal y procesal del menor). Así pues, corresponde a la política legislativa o, lo que es lo mismo, a la potestad del Poder Legislativo, determinar si tales funciones deben o no seguir siendo residenciadas en la jurisdicción.
Ahora bien, dicha sumisión de los órganos jurisdiccionales a la ley y al Derecho no es indiferenciada, sino que, antes al contrario, está sometida también al principio de jerarquía normativa. De este modo, jueces y Magistrados están sometidos, en primer lugar, a la Constitución (art. 5 LOPJ), que es la primera Ley que han de cumplir todos los poderes públicos; en segundo lugar, a las leves emanadas de los Parlamentos, nacional o autonómicos, así como a las disposiciones con fuerza de ley (Decretos leyes y legislativos), y, finalmente, a los Reglamentos del Poder Ejecutivo y del órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ (art. 6 LOPJ). El control de la vigencia de dicho principio queda encomendado al Tribunal Constitucional en todo lo referente a las disposiciones normativas con rango de ley que infrinjan la Ley Fundamental (art. 161.11 CE) y a los Tribunales de lo Contencioso- administrativo el de los Reglamentos, actos o disposiciones normativas con rango inferior a la ley, emanadas del Ejecutivo que pudieran vulnerar las leyes (art. 106.1 CE).
La constitucionalización de los principios de seguridad jurídica y de jerarquía normativa, efectuada por los arts. 9.3, 106 y 161 de la CE, han de imponer al órgano jurisdiccional, con carácter previo a la aplicación de la norma, como apuntan KERN y WoLF, un doble examen de su legitimidad: a) jurídico formal, conforme al cual ha de obtener la certeza de que la norma ha sido promulgada conforme al procedimiento y por el órgano competente o constitucionalmente preestablecido, y b) jurídico material, a través del cual debe constatar la legitimidad de la norma, es decir, si se conforma o contradice otras de rango superior. Si observara la quiebra de alguno de estos dos exámenes, habrá de determinar su naturaleza, bien para dejarla inaplicada (caso de los reglamentos ilegales o de leyes inconstitucionales anteriores a la Constitución: vide art. 6 LOPJ) o para promover de oficio la «cuestión de inconstitucionalidad» (cuando se trate de disposiciones con rango de ley contrarias a la Constitución: vide art. 5.2 y 3 LOPJ).
Lo que en modo alguno le está permitido al juez es aplicar una norma anticonstitucional o manifiestamente ilegal (por ejemplo, una ley que infringe la Constitución o una Orden Ministerial que vulnera una ley), o dejar de aplicar leyes por estimarlas inconstitucionales, sin promover la oportuna cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
La primera solución fue la que consagró la jurisprudencia del TS alemán, a partir del año 1933, como consecuencia de la doctrina de los Führerprmzip, afirmándose en aquel entonces que «el juez no está fundamentalmente facultado a rechazar la aplicación de una norma debidamente promulgada a causa de su contenido» (ECHTERHóLTER), aun cuando dicha norma vulnerara flagrantemente la Constitución; algo parecido ocurría en nuestro país con la afirmación por el TS español del carácter meramente «programático» de las normas del Fuero de los Españoles (especialmente con la inaplicación de los principios de legalidad y seguridad del art. 19). La segunda tesis es la propia de la doctrina del «uso alternativo del Derecho», en cuya virtud se establecería un «control difuso» de la constitucionalidad de las normas, de tal suerte que todo juez ordinario estaría facultado para inaplicar normas que pudiera reputar como inconstitucionales; esta doctrina, si bien estuvo democráticamente legitimada durante la Dictadura y hasta la fecha de la instauración del Tribunal Constitucional, hoy está expresamente desterrada por el art. 5 de la LOPJ: lo que debe efectuar el juez es promover la cuestión de inconstitucionalidad a fin de que el TC declare la nulidad o validez de la norma.
La jurisdicción puede ser definida como el Poder judicial, integrado por jueces y magistrados, a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley y al Derecho, ejercen en exclusiva la potestad jurisdiccional y, en consecuencia, expresamente están legitimados para la resolución jurídica, motivada, definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales, para la protección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y la complementación del ordenamiento jurídico.
Del referido concepto se infieren las siguientes notas esenciales:
A diferencia, como se ha dicho, del viejo Estado franquista en el que la jurisdicción era conceptuada como una «función», producto de la mera división del trabajo, la vigente Constitución Española es rotunda al rotular su Título VI «del Poder Judicial» y al prever en su art. 122 la promulgación de una Ley Orgánica del Poder Judicial a la que ha de confiarse la constitución, funcionamiento y autogobierno de los juzgados y Tribunales (dicha LOPJ fue promulgada mediante la LO 6/1985, de 1 de julio, modificada por las LLOO 9/2000, 13/1999, 6/1998 y 2/2001 y pendiente de reforma por el PLO de 25 de abril de 2003).
Ciertamente esta cualidad de la actual Jurisdicción no ha constituido una absoluta novedad de nuestra Ley Fundamental, pues con anterioridad a ella y con la única salvedad del referido Estado autocrático, la antigua Ley «Provisional» Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 (que, no obstante su denominación, permaneció vigente hasta la LOPJ de 1985 ), ya configuró a la Jurisdicción, de acuerdo con el principio de división de poderes, como un poder del Estado. Cualidad ésta última que no permitía ser calificada como retórica, pues con la supresión, de un lado, de las jurisdicciones especiales (mediante el «Decreto de unificación de fueros» de 6 de diciembre de 1868) el Poder Judicial asumió el monopolio de la justicia, y con la creación, de otro, de las Salas de lo Contencioso del TS los actos del Poder Ejecutivo pudieron ser ya revisados ante los Tribunales.
Todo lo cual permitió a GÓMEZ DE LA SERNA afirmar que «...a estas importantes consideraciones se agrega otra que por sí sola sería decisiva, la inviolabilidad, la autoridad santa de la cosa juzgada; ante ella callan todos los poderes, la última palabra ha de ser pronunciada por el Judicial; ni los Parlamentos, ni el Poder Ejecutivo alcanzan a alterarla».
Pero la vigente Constitución no se ha limitado exclusivamente a restablecer la división de poderes, sino que ha potenciado notablemente al Poder Judicial
subjetiva y objetivamente. Desde un punto de vista subjetivo, la instauración, por vez primera en nuestra historia, de un régimen de autogobierno de la Magistratura -a diferencia del «napoleónico» de la LOPJ de 1870 y la revisión del estatuto jurídico de los jueces y Magistrados contribuyeron a fortalecer la independencia judicial, tanto a nivel individual (hasta el punto de haber hecho desaparecer la adulación o el temor del juez hacia el ministro de Justicia de turno, característica del anterior régimen), como colectivo, configurando a la Jurisdicción como un Poder independiente de los demás poderes del Estado.
Desde una dimensión objetiva, los principios de unidad y de exclusividad jurisdiccional son, desde entonces, una realidad (a diferencia del anterior Régimen en el que se llegaron a contabilizar, en opinión de LATOUR BROTONS, veinticinco jurisdicciones especiales); los actos administrativos exentos de control judicial (v.gr., los actos políticos) quedaron prácticamente relegados a la historia, y al Poder Judicial, en materia de derechos fundamentales (V.gr. 1 la libertad a través del «habeas corpus»), la CE les confió su inmediata y rápida protección (art. 53.2), a la vez que sometió a todos los actos y disposiciones emanadas de los demás poderes del Estado a un control de constitucionalidad por el TC, todo lo cual ha producido una judicialización de la vida social e incluso política.
Así pues, en nuestro actual Estado de Derecho, cabe configurar a la Jurisdicción como el más alto Poder de decisión, al que se encuentran sometidos y ante cuyas sentencias, como decía GÓMEZ DE LA SERNA, «callan todos los poderes del Estado».
Del mismo modo que al Poder Legislativo le asiste la potestad legislativa (art. 66.2) y al Ejecutivo la reglamentaria y ejecutiva (art. 97), la CE, consecuente con la naturaleza de Poder de la Jurisdicción, le ha otorgado a los juzgados y Tribunales «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (art. 117.3).
Constituye la potestad jurisdiccional la capacidad de actuación de la personalidad del Estado en la manifestación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que, por expreso encargo del pueblo español (art. 117.1), queda residenciada exclusivamente en los juzgados y Tribunales.
Dicha potestad, en cuanto tal, posee determinadas notas que la diferencian de las demás facultades y derechos subjetivos, públicos y privados. La primera de ellas es su generalidad: la potestad se ejercita «erga omnes» (CARNELUTI). Si el derecho subjetivo crea obligaciones específicas con respecto a sus destinatarios, con los que viene a establecerse la relación jurídico-material, la potestad jurisdiccional no siempre hace surgir prestación alguna determinada, sino que, con independencia de ella, crea un estado de deber general de sujeción por parte de todos los justiciables, que se resume en la exigencia establecida por los arts. 118 CE y 17 LOPJ, de colaboración y
de obediencia de todos los ciudadanos y poderes públicos a las resoluciones judiciales.
La referida norma constitucional, al establecer la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales y de colaborar con los jueces y Tribunales en el proceso, ha posibilitado el surgimiento, como veremos (vide infra, Lección 20) de las obligaciones procesales.
En segundo lugar, al constituir la potestad jurisdiccional una emanación de la soberanía nacional, puede afirmarse, como criterio general, que los límites de su actuación vienen determinados por los de la soberanía misma, esto es, por el territorio y las personas a ella sometidas (arts. 4, 21 y ss. LOPJ; 8.2 CC; 51 LEC).
El contenido de la mencionada potestad se concreta en una fuerza de mando jurídicamente vinculante para con las partes y terceros, la cual se encuentra respaldada no sólo por la policía judicial, sino por todo el aparato coactivo del Estado. Es, pues, ese «imperio», fuerza ética e incluso física, la que diferencia al juez del árbitro y la que otorga, en definitiva, la supremacía del órgano jurisdiccional a fin de obtener el efectivo cumplimiento de sus resoluciones (FAIRÉN).
El objeto de la potestad jurisdiccional se resume en la frase utilizada por el art. 117.3 de la CE y reiterada por el art. 2.1 de la LOPJ: «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
Pero un estudio más detenido de dicha potestad, nos revela que se concreta en todo un haz de facultades que se proyectan desde el juez hacia las partes e incluso a los terceros. De este modo, con anterioridad al juicio jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia, existe una potestad ordenatoria que tiene por objeto llamar a las partes y terceros al proceso (a través de las citaciones y emplazamientos), obtener la efectiva sujeción de aquellas a los fines del proceso (mediante una serie de actos limitativos de derechos e incluso coercitivos: adopción de medidas cautelares, requerimientos...) o simplemente impulsar el curso del procedimiento (sobre todo a través de las «providencias», que suelen ser actos de mera tramitación).
Asimismo, ostenta también el juez, con la intervención del secretario, la potestad de instrumentación o documentación, cuya finalidad estriba en otorgar a determinados actos de conocimiento (v.gr., una inspección ocular) el carácter de prueba, siempre y cuando se garantice la vigencia del principio de contradicción. De este modo, las «actas» en las que quedarán plasmadas las oportunas declaraciones de ciencia o representaciones de la realidad externa gozarán de una fehaciencia indiscutible.
Pero la potestad jurisdiccional es, ante todo, una potestad decisora, en la que el juez o tribunal resuelve interina (v.gr., un auto de archivo o de sobreseimiento provisional) o definitivamente, el conflicto, satisfaciendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta última resolución se
denomina sentencia, decisión que constituye la más genuina expresión de la potestad jurisdiccional, pues tan sólo estas resoluciones suelen gozar de la totalidad de los efectos de la cosa juzgada.
Uno de los tales efectos consiste en su «ejecutoriedad». Para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia ostentan, finalmente, los jueces la potestad de ejecución, la cual se ejercita a través de los diversos procedimientos de ejecución de sentencias, cuya finalidad consiste en realizar o llevar a cabo en sus propios términos lo dispuesto en el «fallo» de la sentencia.
C) Los juzgados y Tribunales
Fuera del Poder Judicial (o, lo que es lo mismo, fuera del Título VI de la CE), subsisten algunos tribunales especiales, como es el caso del Tribunal Constitucional (arts. 159 y ss.) o del Tribunal de Cuentas (art. 136) que, aun cuando formalmente la Constitución no los considera incluidos dentro del Poder judicial, constituyen auténticos órganos jurisdiccionales, pues gozan de independencia y resuelven definitiva e irrevocablemente los conflictos especiales que ante ellos se les planteen. Por lo tanto, forman parte también de la Jurisdicción, la cual puede resumirse en la siguiente fórmula: Jurisdicción = Poder Judicial + tribunales especiales.
a) Tradicionalmente se vienen denominando Juzgados a los órganos jurisdiccionales unipersonales, si bien la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha complicado un tanto las cosas al utilizar el término «Tribunal» para designar indistintamente a los órganos judiciales unipersonales y colegiados. Están integrados por un juez, asistido por un secretario y el personal auxiliar. Tradicionalmente los Jueces acceden al Poder Judicial mediante concurso- oposición entre Licenciados en Derecho y pasan a convertirse en los titulares de los juzgados (a diferencia de los Magistrados que integran los Tribunales; pero esta distinción se vio enturbiada con la creación de la categoría del magistrado-juez en las principales capitales de provincia y, así, de conformidad con el art. 21.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta, en aquellos partidos judiciales con una población superior a los 150.000 habitantes los juzgados de 1ª Instancia dicción. De este modo, las «actas» en las que quedarán plasmadas las oportunas declaraciones de ciencia o representaciones de la realidad externa gozarán de una fehaciencia indiscutible.
Pero la potestad jurisdiccional es, ante todo, una potestad decisora, en la que el juez o tribunal resuelve interina (v.gr., un auto de archivo o de sobreseimiento provisional) o definitivamente, el conflicto, satisfaciendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta última resolución se denomina sentencia, decisión que constituye la más genuina expresión de la potestad jurisdiccional, pues tan sólo estas resoluciones suelen gozar de la totalidad de los efectos de la cosa juzgada.
a) Tradicionalmente se vienen denominando Juzgados a los órganos jurisdiccionales unipersonales, si bien la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha complicado un tanto las cosas al utilizar el término «Tribunal» para designar indistintamente a los órganos judiciales unipersonales y colegiados. Están integrados por un juez, asistido por un secretario y el personal auxiliar. Tradicionalmente los Jueces acceden al Poder Judicial mediante concurso- oposición entre Licenciados en Derecho y pasan a convertirse en los titulares de los juzgados (a diferencia de los Magistrados que integran los Tribunales; pero esta distinción se vio enturbiada con la creación de la categoría del magistrado-juez en las principales capitales de provincia y, así, de conformidad con el art. 21.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta, en aquellos partidos judiciales con una población superior a los 150.000 habitantes los juzgados de lá Instancia y/o Instrucción pueden estar servidos por Magistrados), a quienes les corresponde conocer de los procesos en primera instancia. El juzgado es, pues, un órgano jurisdiccional unipersonal y de instancia que conoce de las fases declaradsea y ejecutiva del proceso: de las alegaciones o aportación de los hechos al proCeso, de su prueba, de la sentencia y del proceso de ejecución.
Dicha regla tan sólo conoce la excepción del orden jurisdiccional penal. En dicha manifestación de la jurisdicción y, como exigencia del principio acusatorio, existen, de un lado, los juzgados de Instrucción (cuya función primordial consiste en realizar la fase instructora) y juzgados de lo Penal (a quienes les corresponde el conocimiento del juicio oral de los delitos leves) y, de otro lado, las Audiencias Provinciales (que conocen del juicio oral en los restantes delitos). En el orden contencioso-administrativo, que tradicionalmente estaba integrado exclusivamente por Tribunales (las Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ), la Ley 29/1998 instauró los «Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo que conocen en primera instancia de asuntos de escasa relevancia o cuantía (impugnaciones relativas a personal, licencias, tributos locales, sanciones...).
Apuntes derecho BUAP: Introducción derecho procesal
Apuntes derecho UNED: Examen Introducción derecho procesal
Temario II - Introducción al Derecho Procesal - Apuntes - UNED
Introducción al Derecho Procesal - Esquemas - Apuntes - Universidad Au...
<iframe src="https://www.docsity.com/es/docs/embed-player/introduccion-derecho-procesal/" width="383px" height="550px"></iframe>

References: artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución