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Timestamp: 2017-06-27 19:11:38+00:00

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Editorial | E-Boletín Legislación & Jurisprudencia
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BOLETÍN 2DO SEMESTRE 2015-BLOG
I. CONFLICTO DE JURISDICCIONES
1. Determinación de la jurisdicción de los tribunales del foro
a. Identificación de los elementos de extranjería
La representación judicial de la parte demandada ejerció recurso de regulación de jurisdicción contra la decisión dictada por el Juzgado remitente, que afirmó la jurisdicción del Poder Judicial Venezolano frente al Juez extranjero para conocer y decidir la acción mero declarativa dado que los contratos consignados como instrumentos fundamentales de la demanda fueron celebrados en Venezuela. Alega la parte demandada, que el Poder Judicial venezolano no tiene jurisdicción frente al Juez extranjero para conocer de esta causa, porque las partes voluntariamente se han sometido a la jurisdicción extranjera de una Corte en EE.UU.
TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. 2. Criterios atributivos de jurisdicción
La LDIPr. prescribe los criterios atributivos de jurisdicción, distinguiendo, además del supuesto general del domicilio del demandado en territorio venezolano, los supuestos relacionados con acciones patrimoniales, acciones relativas a universalidades de bienes y acciones en materia de estado civil y relaciones familiares, cuando la parte demandada esté domiciliada en el extranjero (arts. 39-42) TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. a. Criterio general: domicilio del demandado en territorio venezolano
Es el criterio fundamental de atribución de jurisdicción a los tribunales nacionales (art. 39 LDIPr.). TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. b. Acciones de contenido patrimonial
La LDIPr., también consagra la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de las demandas que se deriven de contratos celebrados en el país (num. 2 art. 40).
TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. 3. Falta de jurisdicción
a. Recurso de regulación de jurisdicción El recurso se ejerció contra la decisión dictada por el Juzgado remitente, en la cual se afirmó la jurisdicción del Poder Judicial Venezolano frente al Juez extranjero para conocer y decidir una acción mero declarativa con fundamento en lo establecido en el num. 2 del art. 40 LDIPr., dado que, los contratos consignados como instrumentos fundamentales de la demanda fueron celebrados en Venezuela. La parte demandada alega, que el Poder Judicial venezolano no tiene jurisdicción frente al Juez extranjero para conocer dicha causa, porque “las partes voluntariamente se han sometido a la jurisdicción extranjera de la Corte de Distrito de los Estados Unidos de América Distrito Sur de Florida división Miami”. TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. 4. Litispendencia a. Noción Es una institución cuyo objetivo es evitar que en dos procesos, en los que exista identidad de los tres elementos de la pretensión, a saber: sujeto, objeto y título o causa petendi, y que cursen ante dos autoridades jurisdiccionales competentes, se dicten sentencias contradictorias. TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. b. Requisitos
En el caso de autos no se verifican los requisitos para la procedencia de la declaratoria de la litispendencia internacional (se sigue criterio del TSJ-SPA, sentencia N° 1.121 del 19-09-2002), pues de la referida traducción al idioma español del documento emitido por el Tribunal extranjero se desprende que si bien ambas causas se encuentran relacionadas; sin embargo no existe identidad de título o causa petendi, ni de partes. Así, se desprende que en aquella causa iniciada ante el Juez extranjero, la parte actora está conformada por las empresas XY International Corp y XY, C.A., siendo demandados los ciudadanos MR y PF; mientras que, en la causa incoada en Venezuela sólo actúan PF (demandante) y XY, C.A. (demandada). Asimismo, se evidencia que las empresas demandantes en aquella causa pretenden: 1) se establezca su tenencia de la titularidad sobre los derechos que le fueran otorgados bajo licencia por XY, C.A. y, 2) daños contra PF y su agente, por interferir en su otorgamiento de licencia a TL S.A. de C.V. por la explotación de Juana La Virgen; mientras que, en la causa incoada en Venezuela, la demandante PF no sólo pretende se le reconozca como única titular de los derechos de la referida obra, sino también de las novelas “Cambio de Piel” y “Mis Tres Hermanas”. TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527 II. DIVORCIO
1. Causales El solo hecho de presentar una demanda de divorcio denota diferencias sustanciales e irreconciliables de los cónyuges en su vida común, lo cual aunado a que cualquiera de ellos puede demandar en Venezuela el divorcio por las causales previstas (art. 185 CC) o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, la falta de señalamiento de la causal de divorcio en la sentencia extranjera, no implica per se la infracción del orden público interno (se sigue el criterio del TSJ-SC, sentencia N° 693 del 02-06-2015, Exp. 2012-1163) TSJ-SCC, sentencia N° 568 del 30-09-2015, Exp. N° AA20-2013-131.
TSJ-SCC, sentencia N° 822 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-242
TSJ-SCC, sentencia N° 823 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-243
TSJ-SCC, sentencia N° 824 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-C-2015-354
TSJ-SCS, sentencia N° 1222 del 14-12-2015, Exp. N° 2014-1165
2. Concepciones La tendencia actual se dirige a considerar el divorcio como un remedio en nuestro territorio (véase, TSJ-SCS, sentencia Nº 192, del 26-07-2001, Exp. Nº 2001-223). Toda decisión que declare el divorcio deja en libertad a las partes de contraer matrimonio nuevamente, pues no acepta limitación de este derecho humano protegido y fomentado por la CRBV, por tanto, no existe posibilidad de reprimir o sancionar al cónyuge demandado con la imposibilidad de contraer nuevas nupcias con el pretexto de haber sido considerado “cónyuge culpable”.
En la legislación venezolana, se consagran distintas formas de divorcio, como es el contencioso o por mutuo consentimiento de los cónyuges, establecidos los supuestos relativos al mutuo consentimiento (1er. aparte, art. 185 CC), y ciertos requisitos, como es, “el transcurso de un año después de declarada la separación de cuerpos” o “que hayan permanecido separados por más de cinco (5) años” (art. 185-A CC), y también se ha establecido que los jueces y juezas de paz pueden: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud” (art. 8.8 LOJEJPC), lo cual refleja que en el derecho interno venezolano lo esencial es el consentimiento y la voluntad de los cónyuges para dar por terminada de manera legal la relación matrimonial.
TSJ-SC, sentencia N° 833 del 13-07-2015, Exp. N° 2013-111.
4. Interpretación constitucional
Las formas de divorcios consagradas en el Código Civil Venezolano, el cual es un instrumento normativo de derecho sustantivo preconstitucional, han venido siendo interpretadas y ajustadas a los principios de la CRBV mediante la jurisprudencia emanada de la SC, en las que se ha expresado, que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (art. 20 CRBV), así como para el desarrollo integral de las personas (art. 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (art. 75 ibídem). (Véase, TSJ-SC, sentencia N° 446/2014 y sentencia N° 693 del 02-06-2015).
III. DOMICILIO
1. Persona física
Por domicilio de las personas físicas debe entenderse el lugar donde éstas tengan su residencia habitual (arts. 11 y 15 LDIPr.). TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. 2. Persona jurídica
En relación con el domicilio de las personas jurídicas, como ninguna mención especial hizo el legislador, se ha ratificado la vigencia del concepto que se desprende del Código Comercio (art. 203), es decir, el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta designación, el lugar de su establecimiento principal.
TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. b. Prueba
La demandada es una empresa venezolana que tiene constituido su domicilio en la ciudad de Caracas, lo cual se evidencia de los datos aportados por su Presidente en el documento poder cursante en el expediente y su documento constitutivo y estatutos sociales fueron inscritos en el Registro Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, y exhibidos al Notario Público del Municipio Libertador del Distrito Capital. TSJ-SPA sentencia N° 806 del 02-07-2015, Exp. N° 2015-527. IV. EXEQUÁTUR 1. Competencia del Tribunal
La contención supone que exista un litigio entre las partes, es decir que exista una controversia entre las partes que deba ser resuelta por el órgano judicial.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 824 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-C-2015-354
b. Asuntos contenciosos-SCC
La sentencia extranjera tuvo su origen en un procedimiento que se inició mediante demanda ejercida por la FDV contra APC, hoy solicitante, en el cual hubo una fase probatoria en la que la demandante promovió un testigo y a pesar de que la parte demandada no compareció a la audiencia correspondiente, el mismo fallo dispuso “…Que toda sentencia de divorcio por causa determinada de incompatibilidad de caracteres se considera contradictora comparezca o no la parte demandada”, aspectos estos que evidencian la contención de dicho procedimiento que dio lugar a la disolución del vínculo matrimonial. TSJ-SCC, sentencia N° 504 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-433
TSJ-SCC, sentencia N° 511 del 11-08-2015, Exp. N° AA20-2014-734.
TSJ-SCC, sentencia N° 552 del 17-09-2015, Exp. N° AA20-2014-700.
TSJ-SCC, sentencia N° 568 del 30-09-2015, Exp. N° AA20-2013-131.
Cuando se solicita que por el procedimiento de exequátur se conceda fuerza ejecutoria en Venezuela, a una sentencia dictada por una Corte de los EE.UU, que declaró la disolución del vínculo matrimonial, en la cual de las actas procesales se evidencia que el juicio por disolución del vínculo conyugal tiene características de haber sido una acción de naturaleza contenciosa, pues el esposo demandó a su esposa, lo que demuestra que no hubo mutuo acuerdo para instaurar la demanda y que la causa no se tramitó por la jurisdicción voluntaria.
c. Asuntos contenciosos-SCS
La competencia de SCC en materia de exequátur quedó modificada por decisión de la SC en sentencia N° 51 de fecha 20-02-2014, la cual por la consulta planteada por la SCS de la sentencia N° 808, del 08-10-2013, modificó por control difuso, el num. 2 del art. 28 LOTSJ, dejando asentado que en aquellos casos de naturaleza contenciosa que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del lugar de la residencia habitual de éstos, la competencia debe ser asumida de manera exclusiva y excluyente por la SCS, por considerar que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, involucrados en este tipo de casos debe quedar a cargo de tribunales especiales, a fin de garantizar su protección y tutela que se exige en función de su interés superior y del derecho sustancial que se ha hecho valer.
d. Asuntos no contenciosos-juzgados superiores
Tienen competencia los tribunales superiores en lo civil para conocer de la solicitud de exequátur de los fallos extranjeros en materias de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa (art. 856 CPC).
TSJ-SCC, sentencia N° 504 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-433
El conocimiento de las solicitudes de exequátur donde se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, serán competentes los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos (Se sigue criterio vinculante del TSJ-SC, sentencia N° 51 del 20-02-2014).
TSJ-SP, Sala Especial Segunda, sentencia N° 28 del 07-07-2015, Exp. N° AA10-L-2014-45 El Juzgado Superior del Estado Zulia erró al considerar que la sentencia objeto del exequátur se produjo dentro de un procedimiento de naturaleza contenciosa, en consecuencia, la competencia para conocer y decidir la solicitud de exequátur de la sentencia de adopción de quien era menor de edad al momento en que fue tramitada la referida adopción, así como su cambio de nombre, corresponde a los órganos jurisdiccionales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. TSJ-SP, Sala Especial Segunda, sentencia N° 28 del 07-07-2015, Exp. N° AA10-L-2014-45. e. Conflicto de Competencia
Cuando se plantea un conflicto de no conocer entre tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales (uno civil y otro contencioso administrativo) y no existe una Sala afín a ambos, la SP es la competente para conocer el referido conflicto y decidir la regulación de competencia planteada de oficio por la SCC. TSJ-SP, Sala Especial Segunda, sentencia N° 28 del 07-07-2015, Exp. N° AA10-L-2014-45. f. Declinatoria
El Juzgado Superior receptor de la solicitud de exequátur declinó la competencia en la SCC por considerar que la sentencia extrajera fue dictada en un proceso en el que hubo contención. TSJ-SCC, sentencia N° 504 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-433
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 822 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-242
De acuerdo con la jerarquía de las fuentes en materia de DIPr. se deben aplicar a los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, los tratados internacionales vigentes con nuestro país; en su defecto las normas de DIPr., en su defecto la analogía y, por último los principios generales de DIPr. generalmente aceptados (art. 1° LDIPr.).
TSJ-SCC, sentencia N° 573 del 05-10-2015, Exp. N° 2013-5515.
a. Normas internacionales
Se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en Venezuela, de una sentencia dictada por una Corte Provincial de Ecuador, país con el que Venezuela tiene suscrito el Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranjeros suscrito en 1911 (Acuerdo Boliviano) y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 823 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-243
México se reservó la aplicación de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, sólo a aquellos casos de sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados partes; por consiguiente, al tratar la sentencia cuyo exequátur se pretende sobre el estado y capacidad de las personas (disolución de vínculo conyugal), no resulta aplicable la referida Convención, razón por la cual y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de DIPr. venezolano.
TSJ-SCC, sentencia N° 716 del 02-12-2015, Exp. N° 2011-608.
En el mismo sentido: TSJ-SCS, sentencia N° 1222 del 14-12-2015, Exp. N° 2014-1165
b. Fuentes Internas
Cuando se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en Venezuela de una sentencia dictada por el Tribunal de un país con el que Venezuela no tiene suscrito ningún tratado en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; siguiendo el orden de prelación de las fuentes sobre la materia, se impone la aplicación de las normas de DIPr. venezolano (art. 53 LDIPr.), ya sea que se trate de alguno de estos países:
EE.UU. TSJ-SCC, sentencia N° 511 del 11-08-2015, Exp. N° AA20-2014-734.
TSJ-SCC, sentencia N° 619 del 21-10-2015, Exp. N° 2013-343.
España. TSJ-SCC, sentencia N° 505 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-536.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 573 del 05-10-2015, Exp. N° 2013-5515.
México. TSJ-SCC, sentencia N° 716 del 02-12-2015, Exp. N° 2011-608.
República Dominicana. TSJ-SCC, sentencia N° 824 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-C-2015-354
3. Requisitos de fondo
La sentencia extranjera debe cumplir los requisitos esenciales y concurrentes establecidos en el art. 53 LDIPr. para su procedencia.
a. Naturaleza civil o mercantil de la sentencia (relaciones jurídicas privadas)
La decisión extranjera versa sobre una acción correspondiente al campo del derecho privado, como lo es la acción de filiación, cuya regulación corresponde al derecho civil.
TSJ-SCC, sentencia N° 505 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-536.
La sentencia fue dictada en materia civil, específicamente en materia de divorcio. TSJ-SCC, sentencia N° 511 del 11-08-2015, Exp. N° AA20-2014-734.
b. Cosa juzgada
En el fallo extranjero consta nota expedida por la Secretaria en la que se señala que en el Juzgado extranjero tramita procedimiento de Filiación número 1173/11 en la que se ha dictado resolución que es “firme”. De lo que se colige la firmeza y el carácter de cosa juzgada que ostenta el fallo extranjero, de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada.
Consta del propio fallo extranjero traducido al castellano y legalizado con la Apostilla de La Haya, que aparece estampada al final una nota que dice “al documento se le ha estampado sello que lee: ARCHIVADO-REGISTRADO-80 ENE 18. SECRETARIO DEL CONDADO, CONDADO DE BRONX”. TSJ-SCC, sentencia N° 511 del 11-08-2015, Exp. N° AA20-2014-734.
La sentencia extranjera también cumple el requisito de haber adquirido fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada, pues consta del propio fallo traducido al castellano y legalizado con la Apostilla de La Haya, que “la Corte de Circuito de dicho Condado y en dicho estado, mediante el presente certifico que lo que antecede es una copia fiel del registro de dicha Corte. Dado bajo mi firma y el sello de dicha Corte… Funcionaria de la Corte de Circuito de Kanawha Condado, West Virginia. REGISTRADO, JUEZ”.
De las actas del expediente corre inserta una constancia emitida por el tribunal que dictó el fallo cuya ejecución se pretende, en la cual se expresa que la “sentencia la cual es firme”, lo cual demuestra que contra dicha decisión no hubo recurso alguno, fue ejecutado y tiene carácter de cosa juzgada.
Del texto del fallo cuyo pase se pretende, consta que es una “sentencia definitiva de disolución de matrimonio”, y se indicó que el “ESTADO DE FLORIDA, CONDADO DE MIAMI-DADE por medio de la presente certifico que el documento precedente es copia fiel y exacta del original archivado en esta oficina 9-23 AD 09. Harvey Ruvin, escribiente de los tribunales de circuito y del Condado. Secretario adjunto (Firma ilegible) Alejandro Sosa 9506”. Todo lo cual demuestra que contra dicha decisión no hubo recurso alguno, fue ejecutado y tiene carácter de cosa juzgada.
Corre inserto al folio 18 del expediente, auto dictado por el juez extranjero sentenciador, el cual es del tenor siguiente: “Dada nueva cuenta con los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término concedido a las partes para recurrir la Sentencia Definitiva … se declara que la misma ha causado ejecutoria para los efectos legales ha (sic) que haya lugar”, lo que permite concluir que la sentencia extranjera cuyo exequátur se solicita tiene fuerza de cosa juzgada según la ley del Estado en que fue pronunciada.
Consta en el expediente que el Juzgado en Monterrey, Nuevo León, México, mediante auto, declaró que la sentencia ha causado ejecutoria de la siguiente forma “en atención al contenido de la solicitud, y toda vez que las partes contendientes manifestaron su conformidad con el fallo definitivo, con fundamento en los establecido en el artículo 408 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, el suscrito Juez tiene a bien declarar que la sentencia dictada por esta autoridad…ha causado ejecutoria”.
La sentencia se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de ley y así lo certifica la copia inserta en el folio N° 14 del expediente, por tanto, cumple el requisito atinente a su carácter de cosa juzgada.
c. Jurisdicción exclusiva
La sentencia que se examina estuvo dirigida exclusivamente a resolver la acción de reclamación de filiación paterna extramatrimonial incoada por el solicitante de autos, en tal sentido, no versó sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, ni se arrebató a Venezuela la jurisdicción exclusiva.
TSJ-SCC, sentencia N° 505 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-000536.
La sentencia extranjera no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela, pues de su lectura no se hace mención a la existencia de bienes de la comunidad conyugal ubicados en el país ni en el extranjero, de manera que no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva sobre esa materia.
La decisión extranjera en su texto indicó que “No existen activos ni pasivos conyugales para ser divididos conforme a los Estatutos de Florida”. Por tanto, no existe pronunciamiento alguno sobre bienes inmuebles situados en la República, sólo se declaró el divorcio de las partes.
En el presente caso no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, por cuanto la controversia no versó sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República.
La sentencia extranjera no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela, pues de su lectura solo “Se declara la disolución de la sociedad conyugal habida entre las partes contendientes, por lo cual ejecutoriado que sea el presente fallo, procédase a la división de los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio previo el procedimiento respectivo”, de manera que al no haberse establecido nada acerca de la partición o adjudicación de algún bien inmueble ubicado en el país, no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva sobre esa materia, cumpliéndose de tal modo el tercer requisito de la comentada norma que regula los requisitos para obtener el exequátur de una sentencia extranjera en el país.
d. Jurisdicción indirecta
El requisito contenido en el num. 4°, art. 53 LDIPr., exige a esta Sala examinar la jurisdicción indirecta del tribunal foráneo, en tanto presupuesto de eficacia de las sentencias extranjeras, de acuerdo a nuestras propias reglas de jurisdicción.
Se observa que el Juzgado de España, tenía jurisdicción para conocer de la causa, pues de actas se evidencia que el demandado, persona contra la cual se acordó la práctica de la prueba pericial biológica, tenía su domicilio en la ciudad de Madrid (art. 39 LDIPr.)
Se evidencia de las actas procesales que el tribunal extranjero estableció que “el Tribunal de Familia certificó jurisdicción concurrente en el presente” asimismo, indica que “la residencia es establecida como se señala en la Ley de Relaciones Familiares, sección 230”, por otro lado, los solicitantes alegan haber sido residentes de los EE.UU. al momento que fue presentada la demanda.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 568 del 30-09-2015, Exp. N° AA20-2013-131.
Consta de sentencia extranjera que se estudia, que el juez extranjero sí tiene jurisdicción para conocer del asunto, porque el demandante estaba domiciliado en Ecuador para el momento en que se presentó la demanda, lugar donde se instauró y siguió el juicio, cumpliéndose este otro requisito.
De las actas del expediente se evidencia que los cónyuges residían en España, cuando se intentó la demanda de divorcio, por tal razón, el tribunal extranjero sí tenía jurisdicción para conocer de dicho proceso, por estar domiciliado en ese país el demandado cuando se le demandó (art. 39 LDIPr.).
De la sentencia extranjera se evidencia que el demandante en divorcio, así como su cónyuge estaban residenciados en los EE.UU, pues consta en el fallo lo siguiente: “tras haber escuchado el testimonio del demandante y haber examinado la licencia de conducir del estado de Florida como prueba de su residencia en dicho estado” y “MAB, última dirección conocida, Miami, FL 33193”. Es evidente que el tribunal extranjero sí tenía jurisdicción para conocer de la acción de disolución de matrimonio, por estar domiciliada en ese país la demandada cuando se demandó (art. 39 LDIPr.).
No existe en la sentencia extranjera mención alguna que acredite fehacientemente que el demandado, tenga su domicilio en el Estado mexicano, razón por la cual, es necesario recurrir a los criterios especiales atributivos de jurisdicción a las “acciones sobre estado y relaciones familiares” (art. 42LDIPr.).
En el caso concreto, consta de la sentencia extranjera que esta indica “sobre la demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, incoada por la señora ARM, dominicana, mayor de edad… domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo y transitoriamente en este ciudad de Barahona”, lo que demuestra que la cónyuge demandante era residente en ese país para el momento que intentó la demanda.
Consta del fallo extranjero que la demandante alegó en el proceso que establecieron su domicilio conyugal en Monterrey, Nuevo León. Adicionalmente, en la contestación a la solicitud así como en el poder conferido a los abogados (debidamente legalizado), se desprende que el demandado se encuentra domiciliado en dicha ciudad. En consecuencia, consta que tenía su domicilio en México tres (3) años antes de instaurar la demanda de divorcio, por lo que no se le ha arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer este asunto.
e. Debida citación y garantía del debido proceso
Visto que la causa llevada en el extranjero no cumple lo atinente a que a la demandada se le haya notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, ni que le haya asegurado una razonable defensa (art. 2° CIDIP sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros), la Sala se abstiene de analizar los restantes presupuestos y niega la fuerza ejecutoria a la sentencia dictada por Ecuador. Todo ello en virtud que “la competencia y la forma del procedimiento se regulan por el Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve…”, esto es conforme al artículo 93 CPC Ecuatoriano (art. 56 LDIPr.).
El derecho a la defensa del demandado le fue debidamente garantizado, toda vez que fue citado con tiempo suficiente para comparecer, tal como se desprende de extracto de la decisión que estipula: “Por Decreto del 20 de septiembre de 2011 se admitió a trámite la demanda y se emplazó al Ministerio Fiscal y a la parte demandada para que en el plazo de 20 días contestasen a la misma.” De igual forma, del texto de la sentencia se evidencia que el demandado tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra, toda vez que de la sentencia examinada se desprende que: “El demandado, por escrito de 13 de noviembre de 2012 se allanó a las pretensiones formuladas por el actor en su escrito de demanda. Asimismo, manifestó su conformidad con el reconocimiento de la paternidad reclamada hasta en dos escritos más presentados ante este Juzgado”. TSJ-SCC, sentencia N° 505 del 07-08-2015, Exp. N° 2014-000536.
No consta del fallo extranjero la manera cómo se realizó la citación de la demandada en el tribunal, pero sí consta que fue citada, pues establece el fallo extranjero que “la parte demandada fue notificada en el estado, personalmente”, lo que permite indicar que la demandada tuvo conocimiento del juicio, con tiempo razonable para ejercer su defensa. Asimismo, consta que en la solicitud de exequátur alegó haber sido “debidamente citada para el juicio conforme a las disposiciones legales del Condado del Bronx”.
Consta de las actas que la Corte Provincial de Ecuador, tramitó la citación de la demandada, quien tenía para ese momento su domicilio en Venezuela, mediante el correo privado DHL cuando lo procedente era por medio de un exhorto o carta rogatoria expedidos por la Corte que tramitaba y sustanciaba el juicio, con sujeción en la Convención, pues el proceso se circunscribe a la materia civil y tenía por objeto la realización de su notificación, citación o emplazamiento para el juicio. En consecuencia, no se considera cumplido el requisito atinente a la notificación, citación o emplazamiento de la demandada para su comparecencia al juicio.
No consta del fallo la manera cómo se realizó la citación de la demandada en el tribunal extranjero, pero sí consta que la Corte le nombró un defensor ad litem quien la representó durante el transcurso del juicio, lo que permite concluir que la demandada tuvo conocimiento del juicio con tiempo razonable para ejercer su defensa y que, además, estuvo representada por un defensor ad litem, el cual consignó informe señalado por el tribunal como “en todos los aspectos apropiado”.
En el texto de la decisión se evidencia que el demandado fue citado y representado por un Procurador y un Letrado, que no contestó la demanda pero sí promovió pruebas. De lo antes indicado se comprueba que en el proceso extranjero el demandado fue citado y se le otorgaron las garantías procesales para una razonable defensa.
En el texto de la decisión no se aprecia la forma como fue citada la demandada en divorcio, sin embargo, si se aprecia que la demandada fue declarada en rebeldía, que tuvo conocimiento del juicio que se siguió en su contra y que fue representada por un abogado. En tal sentido, en la sentencia se señaló que “el tribunal dictó una orden de rebeldía en contra de la demandada/esposa por incumplimiento en presentar cualquier documento conforme a lo establecido por la Ley”. TSJ-SCC, sentencia N° 619 del 21-10-2015, Exp. N° 2013-343.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 716 del 02-12-2015, Exp. N° 2011-608.
Acerca del requisito de la citación, no consta en el fallo extranjero la manera cómo se realizó la citación del demandado en el tribunal de Miami-Dade, sin embargo si hay evidencias que al momento de decidir la causa, el juez expresó que “la presente causa se presentó ante el tribunal…a solicitud de la cónyuge para la disolución de matrimonio. Luego de la audiencia de los alegatos de las partes, por lo tanto, se ordena y decide:… El matrimonio de las partes se encuentra irremediablemente roto y por medio de la presente se disuelve”, lo que permite presumir que el demandado tuvo conocimiento del juicio, con tiempo razonable para ejercer su defensa, y que además estuvo presente en el mismo, exponiendo sus alegatos y ejerciendo debidamente su defensa. Asimismo, de la propia declaración del solicitante (demandado en el Condado de Miami-Dade) en el presente exequátur, se evidencia que éste alega que “el derecho a la defensa de ambas partes fue debidamente garantizado”.
Acerca del requisito de la citación, el fallo extranjero señala que “mediante el acto de emplazamiento… alguacil de estrados… emplazó a su legítimo esposo…, para que comparezca ante este tribunal, en sus atribuciones civiles, por ministerio de abogado…a los fines y motivos contenidos en dicho acto”, cumpliéndose así el requisito de citación del demandado, aunque no se evidencia cómo fue practicada la misma. Asimismo, es importante aclarar que en la solicitud de exequátur el ciudadano demandado en el juicio extranjero afirma haber sido emplazado correctamente para su comparecencia al juicio y a este respecto alega que le fue garantizado su derecho de defensa, razón por la cual esta Sala tiene por cumplido este otro requisito de procedencia.
Acerca del requisito de la citación, consta del fallo extranjero que se ordenó la notificación y el emplazamiento al demandado para que compareciera a dar contestación, señalando la sentencia “mandamiento que tuvo su cumplimiento mediante diligencia actuarial…lo que consta en autos”; y, en relación con la contestación a la demanda, se observa en el texto del mismo que “por auto…se le tuvo al demandado, contestando en sentido negativo a la demanda interpuesta en su contra”.
Consta de las actas que el demandado fue citado y emplazado para su comparecencia al juicio. En efecto, la sentencia dispone que “como se manifestó bajo juramento de ley que se desconoce el domicilio del demandado Galo Antonio Zambrano Vera, se ordenó que se lo cite por medio de la prensa tal como lo dispone los Arts. 86 del Código de Procedimiento Civil, y 119 del Código Civil, publicaciones que constan a los fs. 6, 7, 8, 11, 12, y 13 de los autos”, sin embargo, luego de cumplido el trámite el tribunal lo declaró en rebeldía vista su incomparecencia. Por tanto, debe tenerse por cumplido este otro requisito.
En cuanto al requisito relativo a la defensa efectiva de la demandada en el juicio, la Sala observa que el defensor público de demandado señala que a éste no le fue asegurada una eficaz defensa en el juzgado extranjero, pues no se le nombró defensor judicial para su representación en el mismo, lo cual resulta cierto, pues de la propia sentencia extranjera consta que luego de su emplazamiento y citación éste no compareció y se le declaró en rebeldía. Sin embargo, el propio demandado ha solicitado a la Sala en conversaciones con su defensor que se le conceda el pase a la sentencia, pues en modo alguno se le vulneró su derecho de defensa, lo cual fue acogido por la defensa y en virtud de dicha petición solicitó el pase de la sentencia extranjera y su eficacia en el país, razón por la cual debe tenerse por cumplido este otro requisito.
No se evidencia en este caso que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa (ord. 5° art. 53 LDIPr.), ya que se concluye que la ciudadana demandada tuvo conocimiento del proceso judicial incoado en su contra, dado que a mi juicio fue declarada en rebeldía precisamente por el desconocimiento del proceso judicial llevado en su contra, y el hecho de que se señale que se le proporcionaron las copias del juicio a quien se dice era su representante legal, no confirma el hecho cierto de que dicha ciudadana haya sido efectivamente citada en el juicio en el extranjero, pues al respecto no consta prueba ni señalamiento alguno en las actas del expediente, ni en el fallo objeto de pase mediante el procedimiento de exequátur (Opinión disidente del Magistrado Luis Ortiz Hernández)
f. Incompatibilidad con sentencia anterior
No consta, ni tampoco fue alegado, que el fallo extranjero sea incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada en el país; ni que se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En las actas del expediente, no consta pronunciamiento alguno que sea anterior al emitido por el tribunal extranjero que pueda demostrar la cosa juzgada, ni argumentó sobre litispendencia internacional que señale la existencia de algún proceso sobre estos asuntos ante los órganos jurisdiccionales de la República.
En el mismo sentido: TSJ-SCC, sentencia N° 619 del 21-10-2015, Exp. N° 2013-343.
g. Orden público
Noción: Actúa como un límite de resguardo de ciertas materias que no pueden ser relajadas por particulares, y que en el reconocimiento para el exequátur o pase de sentencia extranjera, se manifiesta cuando ésta “establece o reconoce…una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios esenciales y especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor, también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada”. TSJ-SC, sentencia N° 833 del 13-07-2015, Exp. N° 2013-111.
Confusión con la noción de orden público interno:
En las solicitudes de exequátur de disolución de vínculo conyugal en las cuales, en su mayoría, los tribunales extranjeros no hacen referencia ni fundamentan su decisión en causal alguna. En consecuencia, en los casos de exequátur, las causales de divorcio contenidas en el art. 185 CC no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio en el extranjero por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento, sin que ello vulnere el orden público interno, como era habitual analizar en sentencias precedentes (TSJ-SC, sentencia N° 693 del 02-06-2015).
Equiparación a regulaciones internas:
La sentencia extranjera, cuyo exequátur se pretende, no se crea ni se reconoce ninguna institución o situación que atente contra los principios fundamentales del derecho sustantivo venezolano en materia de divorcio, pues en la sentencia en referencia se disuelve el vínculo matrimonial que unía a los solicitantes a través de la institución que también existe en el ordenamiento jurídico civil venezolano para disolver el vínculo matrimonial, que es el divorcio. TSJ-SC, sentencia N° 833 del 13-07-2015, Exp. N° 2013-111.
En relación a lo dispuesto en las instituciones familiares en el fallo cuyo exequátur se solicita y, en virtud de lo cual le correspondió la competencia a los Tribunales en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se estableció un convenio regulador consono con lo previsto en el derecho interno venezolano que regula la materia. TSJ-SC, sentencia N° 833 del 13-07-2015, Exp. N° 2013-111.
Esta Sala considera que aun cuando la sentencia extranjera haya hecho pronunciamiento sobre “la guarda y custodia del niño procreado en el matrimonio”, dicho señalamiento no tiene trascendencia, eficacia ni efectos jurídicos en el país, pues como ya se expresó el hijo es mayor de edad, por lo que es aplicable el régimen de protección de niños, niñas y adolescentes establecido en la LOPNNA.
La sentencia extranjera sometida a exequátur puede asimilarse por analogía en Venezuela a la causal establecida en el ord. 3°, art. 185 CC, pues hace referencia a que el “matrimonio de las partes se encuentra irremediablemente roto”, lo que motivó el decreto de divorcio. TSJ-SCC, sentencia N° 822 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-242
La SCC debe analiza si en la solicitud están cumplidos plenamente los extremos previstos en el art. 53 LDIPr., así como, si la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano
Adicionalmente, se observa que la sentencia extranjera sometida al exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, pues, a pesar de que no señala la causal sobre la cual se fundamentó la disolución del vínculo conyugal, la Sala acoge y reitera la doctrina dictada por la SCS en la cual declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”. (TSJ-SCS, sentencia N° 192 del 26-07-2001).
Adicionalmente, se observa que la sentencia extranjera sometida al exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, por cuanto es asimilable en Venezuela, al divorcio por:
abandono voluntario (ord. 2°, art. 185 CC), lo cual a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, tal declaratoria, es ajustado a derecho.
imposibilidad de la vida en común (ord. 3°, art. 185 CC), al manifestar el demandante alegó la incompatibilidad de caracteres, causal ésta que fue acordada por el tribunal extranjero.
Situaciones jurídicas válidamente creadas:
El juez extranjero declaró que permanece subsistente el “derecho” de ambos padres para con su hijo S.C.G., en relación al ejercicio de la patria potestad, permaneciendo la custodia del niño a cargo de su madre; lo cual es compatible con los principios esenciales del orden público venezolano y en consecuencia no procede la excepción de orden público internacional establecida en el art. 5 LDIPr.
La sentencia extranjera también establece una sanción para el cónyuge culpable del divorcio, de dos años de imposibilidad de contraer nuevas nupcias. Se establece la procedencia de la excepción de orden público internacional cuando la situación jurídicamente creada en otro Estado sea manifiestamente incompatible con los principios esenciales del orden público venezolano (art. 5 LDIPr.), este mecanismo contenido está a disposición del sentenciador, quien hará uso de éste cuando considere que la totalidad o parte de lo dispuesto en el fallo extranjero efectivamente violente de forma manifiesta los principios esenciales del Estado, a fin de impedir su ejecución en la República; y, que, son principios esenciales del orden público venezolano los derechos inherentes a la persona humana, consagrados en tratados, pactos y convenciones, ratificados por Venezuela; los establecidos en nuestra Constitución e incluso los no enunciados en instrumento alguno, como lo establece el artículo 23 CRBV, por ser éstos el derecho natural del hombre y la expresión de los valores supremos de la humanidad (se acoge criterio TSJ-SCC, sentencia N° 474 del 26-07-2007, Exp. N° 2005-700)
La decisión extranjera sanciona al cónyuge culpable prohibiéndole contraer matrimonio durante los dos años siguientes a la ejecutoria del divorcio, lo cual resulta violatorio de los principios esenciales del Estado venezolano, pues el divorcio extranjero no puede tener efectos sancionatorios sobre la libertad de los divorciados de contraer nuevas nupcias en nuestro país, pues el matrimonio, en Venezuela, es un derecho humano que la sociedad y legislación fomentan, por ser la familia la unidad fundamental de la sociedad. En consecuencia, opera la excepción de orden público para la proposición del dispositivo del fallo extranjero, referente a la sanción que impide al cónyuge culpable contraer matrimonio en un plazo de dos años contados desde la sentencia de divorcio.
La parte solicitante del presente exequátur no asistió por sí misma ni mediante sus representantes judiciales a la audiencia pública y oral para la presentación de los informes (octavo aparte, art. 19 LOTSJ). El procedimiento de exequátur se encuentra regulado en dos textos legales: LOTSJ y CPC, éste último de aplicación supletoria a la solicitud de exequátur, por estar estos comprendidos dentro de los procedimientos que cursan ante el TSJ. Si bien, la LOTSJ establece el deber de las partes de presentar sus informes en forma oral; sin embargo, no dispone sanción alguna para el solicitante que no asiste a la presentación de los referidos informes (num. 6, art. 49 CRBV).
a. Amparo constitucional Contra la decisión dictada por el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que declaró sin lugar el exequátur de la sentencia de divorcio proferida por un Tribunal de Francia, que disolvió la unión matrimonial, por mutuo acuerdo con convenio regulador de las instituciones familiares en relación a una hija habida en el matrimonio. El Tribunal Superior dispuso que el “Divorcio con Consentimiento Mutuo, no está contemplada en el ordenamiento jurídico Venezolano”, errando el jurisdicente al determinar que la figura del divorcio con “consentimiento mutuo” no podía asimilarse a ninguna de las normas que rigen la institución del divorcio en Venezuela, y que tal situación violenta el orden público. La decisión impacta directamente en la esfera de estado y capacidad de las partes solicitantes, en consecuencia se vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los solicitantes, así como el derecho a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, se declara con lugar el amparo y se anula la sentencia dictada por el Tribunal Superior y se ordena que un nuevo Tribunal, previa distribución, decida en el término de Ley, la solicitud de exequátur conforme a la doctrina establecida en el fallo de la SC. TSJ-SC, sentencia N° 833 del 13-07-2015, Exp. N° 2013-111.
V. DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
Consta que los documentos consignados tienen agregada la Apostilla del Convenio de La Haya, con la cual es posible la supresión de la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros.
Los documentos consignados en la presente causa se encuentran debidamente certificados con sellos húmedos de la autoridad de origen, es decir, de la autoridad competente para ello en Ecuador; asimismo, está firmada tanto por el Juez que la dictó como por el Secretario del juzgado correspondiente, se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, protocolizada conforme la ley notarial vigente en Manta y certificada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, y tiene la certificación de la Apostilla de La Haya. TSJ-SCC, sentencia N° 823 del 11-12-2015, Exp. N° AA20-2015-243
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en diciembre 31, 2015 en Editorial
XIV Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado
Universidad Monteávila, 27 de mayo de 2014
En la edición Décima Cuarta de la Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado, celebrada en la Universidad Monteávila el 27 de mayo de 2014, se dieron cita profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Metropolitana (UNIMET), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) y de la Universidad Monteávila (UMA).
Siguiendo el orden de la agenda pautada, entre los asuntos planteados destacó el tema de la enseñanza del Derecho internacional privado y las diversas formas de abordar el temario de los programas, especialmente en lo relativo al estudio de la parte general de la disciplina a través de la parte especial, poniendo énfasis en la resolución de casos prácticos.
Asimismo, se discutió acerca de las debilidades de los jueces superiores, defensores públicos y fiscales del Ministerio Público, para afrontar los problemas de Derecho internacional privado que se presentan ante la jurisdicción venezolana. Especialmente, en cuanto al conocimiento del Derecho comparado y su utilidad como instrumento para la resolución de los casos, el conocimiento de las normas imperativas, la diferencia entre el orden público interno y la excepción de orden público internacional o cláusula de reserva.
Ante estas observaciones, las cuales fueron ilustradas con casos concretos, se llegó a la conclusión que es necesario, a fin contribuir con la labor de formación de las cátedras en esta materia, avocarse a la preparación de talleres dirigidos a jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios que laboran en la administración de justicia.
Se informó además acerca de las dificultades en torno a la publicación de material de apoyo de las cátedras (bajos inventarios de papel y tinta reportados por las imprentas, reproducciones ilegales de las publicaciones, etc.), como es el caso de la Ley Comentada de Derecho Internacional Privado publicada en el año 2005.
En el marco de la reunión, finalmente se advirtió, en relación a la actividad normativa, sobre la importancia que reviste para Venezuela la ratificación de instrumentos internacionales en materia de cooperación judicial internacional, como es el caso del Convenio de La Haya para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y las convenciones vinculadas con las obligaciones alimentarias, para lo cual se hizo un llamado a los asistentes a unir esfuerzos con miras a colaborar en favor de dicha causa.
Por otra parte, como es tradición, el encuentro cerró con un ciclo de conferencias que contó con público invitado, esta vez sobre Derecho Familiar Internacional, en el cual intervinieron diversos profesores que presentaron sus respectivas colaboraciones en el Libro Homenaje a la profesora Haydée Barrios. Así, intervinieron: Eugenio Hernandez-Bretón, quien fungió de anfitrión, Anna María Tambasco, Andrés Carrasquero, Mirian Rodríguez, Javier Ochoa, Yaritza Pérez, Claudia Lugo, Víctor Garrido, Ivette Esis y Francisco Suárez, como moderador del evento.
Durante la jornada, se informó sobre la modesta incursión, en el caso venezolano, del uso de la tecnología y las telecomunicaciones para la práctica de algunos actos procesales a distancia, como las video conferencias y el uso del chat, concretamente en casos de restitución de menores. Como complemento se informó, en el marco de los convenios de La Haya, que pronto estarán disponibles, a un costo de 75 euros, los manuales prácticos de cada una de las convenciones.
También quedaron en evidencia, en materia jurisprudencial, las debilidades que en cuanto a los fallos recurrentemente se presentan, principalmente vinculadas con los siguientes aspectos:
En el reconocimiento de sentencias extranjeras se niega el pase por la constante confusión entre la excepción de orden público internacional y el orden público interno. Se sigue revisando la excepción orden público en los casos de aplicación del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pese a no estar incluida entre los requisitos legales.
También en ese orden, se sigue invocando el fraude a la ley como requisito para negar el pase de sentencias extranjeras, a pesar que tal figura no está prevista para tales efectos en la Ley de Derecho Internacional Privado.
No se analizan las fuentes de Derecho establecidas en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado y se pasa directamente a conocer el caso con fundamento en el artículo 53 eiusdem, siendo necesario que ello se efectúe para determinar la falta de tratados entre los estados involucrados.
Se han aplicado normas derogadas por la propia Ley de Derecho Internacional Privado, como es el caso del artículo 9 del Código Civil.
El proceso de exequátur está caracterizado por su lentitud.
Se ha declarado el pase parcial de fallos sin expresar su fundamento legal, cual es el artículo 54 de Ley de Derecho Internacional Privado.
Sigue arraigado el pensamiento y accionar territorialista en defensa de la soberanía nacional, en detrimento del verdadero fundamento de la cooperación judicial internacional, a saber, la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva.
En cuanto a la determinación de la jurisdicción venezolana, en los supuestos de domicilio del demandado domiciliado en Venezuela para los cuales corresponde aplicar el artículo 39 eiusdem, la mayoría de los casos se analizan con fundamento en el artículo 42, ordinal 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, aplicable en materia de acciones sobre estado y relaciones familiares, y solo para los supuestos de domicilio del demandado en el extranjero.
En materia de jurisdicción sobre bienes inmuebles situados en la República y que forman parte de una universalidad de bienes (comunidad de gananciales, comunidad sucesoral, comunidad de la quiebra), se presentó una opinión distinta a la doctrina reiterada de las Salas Políticoadministrativa y de Casación Civil. Los profesores han hecho un llamado de atención en cuanto a la interpretación jurisprudencial que se ha dado al artículo 53, ordinal 3° de la Ley de Derecho Internacional Privado, según el cual las sentencias extranjeras surtirán efectos en Venezuela, siempre que “Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio”. A tales efectos, el llamado de atención, basado en la teoría general de los bienes, recayó en la necesidad de resaltar que tal supuesto es aplicable a los bienes inmuebles sitos en Venezuela que son objeto directo de derechos reales, vale decir, considerados aisladamente, respecto a los cuales, es indudable la jurisdicción exclusiva y excluyente establecida a favor de los jueces venezolanos; y por tanto, no para aquellos inmuebles que forman parte de universalidades, por cuanto para estos últimos es aplicable el supuesto contenido en el artículo 41 de la Ley de Derecho internacional privado, relativo a acciones sobre universalidades de bienes cuando el domicilio del demandado está en el extranjero, el cual no constituye un caso de jurisdicción exclusiva.
En referencia a los criterios atributivos de jurisdicción de los jueces venezolanos, se observó que existen varios pronunciamientos de la Sala Políticoadministrativa en los cuales esta estableció su propia jurisdicción con base en la nacionalidad venezolana del menor y en el principio del interés superior del niño, factores que no son criterios atributivos de jurisdicción de conformidad con el artículo 42 de Ley de Derecho Internacional Privado..
En materia de reconocimiento de sentencias extranjeras, se consideró la importancia de la justicia material del caso, para lo cual se hizo un llamado a la interpretación funcional de las causales de divorcio extranjeras y a la aplicación del “orden público atenuado”, entre otros supuestos, en los casos de divorcio por repudio y otras causales fundadas en razones discriminatorias, si la solicitud de exequátur es hecha por la esposa, para los cuales debería considerársele el pase a la sentencia considerando solo el efecto del dispositivo del fallo extranjero, es decir, la declaratoria de disolución del vínculo matrimonial, supuesto que sí es aceptado por nuestro país.
Se dieron algunas pautas que podrían acelerar el proceso de exequátur, como es la de realizar la solicitud de exequátur por todos los interesados a fin de evitar la demora en la citación.
En materia de obligación alimentaria, se destacó la necesidad de aprobación y ratificación por parte de Venezuela de la Convención de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, de la Convención de La Haya y de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, a fin de proteger los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes. Vista la demora en la ratificación de estos convenios se sugirió realizar por parte del estado venezolano la celebración de tratados bilaterales para garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias de los menores.
Como siempre, ambas sesiones fueron muy productivas y sirvieron para recordar la labor y el ejemplo de la profesora Tatiana de Maekelt. En esta ocasión, también se hizo un recuerdo de su hija, Irene de Valera, colaboradora de estas reuniones de profesores de Derecho internacional privado. Para el año 2015, se planea celebrar la XV reunión nacional en la sede de la Universidad Metropolitana.
Abg. Bernadette Rodríguez Nedelka
Dr. Eugenio Hernández-Bretón
Dra. Mirian Rodríguez de Mezoa
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en abril 24, 2015 en Editorial
Discurso de Graduación pronunciado por el graduando José Rafael Caraballo en el Acto de Imposición de medallas de la Escuela de Derecho del 27 de noviembre del año 2014
Ciudadanos profesores autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Profesora Yaritza Pérez Pacheco, Directora de la Escuela de Derecho
Profesora Eloisa Avellaneda, Directora de Coordinación Académica
Profesora Lourdes Wills, Directora de Coordinación de Investigación
Profesor Carlos Luna, Director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos
Profesor Leonel Salazar, Director de Coordinación Administrativa
Profesor Santo Morrone, Director de Coordinación de Extensión
Honrados graduandos y familiares,
La persona más sabia que conozco una vez me dijo unas palabras que cambiaron mi modo de pensar. Quisiera compartirlas con ustedes con la esperanza que de algún modo puedan inspirarles.
Me explicó como “Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”. Hoy día, sé que esa frase la plagió de Albert Einstein, por lo que, aunque no la inventó él, sin duda alguna la adoptó para su vida propia, de la cual a continuación les voy a contar un poco.
Él me contó un día que estaba acostado y sin fuerzas para levantarse, como pudo lograr una de las cosas que él más ha apreciado. Aunque siempre tuvo gran pasión por el estudio, nunca pudo hacerlo más allá de sexto grado en algún colegio, escuela o liceo, porque estaba limitado de recursos, y para seguir viendo a su familia comer tuvo que dedicarse a trabajar.
Llegó el día en que esta casa de estudios abrió al público en Maracay uno de los primeros programas en Venezuela en materia de Administración de Personal, una oportunidad que él no desaprovechó. Para mantenerse estudiando y trabajando, tuvo que dedicarse a asistir al curso los viernes, sábados y domingos para, luego de cuatro años, poder obtener finalmente una carrera.
Así, mi Cid Campeador me enseñó, no con regaños y mandatos, sino como con su ejemplo, a través de la perseverancia, esfuerzo y voluntad se pueden alcanzar las metas que más deseas.
Por eso actualmente, mi abuelo, que no está acostado, sino de pie, como lo veo cada fin de semana, se le escapa una gran sonrisa al escuchar a la Universidad Central de Venezuela. Porque siempre recordará y estará eternamente agradecido con este hogar por haberle permitido lograr uno de sus sueños.
Como se siente él desde aquel momento, nos sentimos nosotros aquí y ahora. A partir de este instante nos toca abrazar con inmenso cariño a la primera universidad de Venezuela por habernos abierto las puertas para alcanzar nuestra titulación.
Sentimos que hemos visto, crecido y cambiado tanto pero sabemos que aún nos queda mucho por hacer.
No reconoceríamos a quienes se sentaron en estas aulas el primer día de clases. Hemos reído y llorado, hecho amistades y peleado con ellas, estudiado y flojeado un poco, aprobado y raspado exámenes,(…) ganado y perdido, nos hemos enamorado y nos han roto el corazón. Pero sobretodo hemos amado.
Ahora entendemos porqué nuestro insigne ucevista, recientemente fallecido y desarrollador de la vacuna de la lepra decía “los sentimientos de amor hacia el ser humano estimulan la vocación de servicio, que no es otra cosa que un profundo amor a la vida”, porque hoy por encima de todo hemos vivido, y sabemos que se siente vivir plena y vibrantemente.
Suena fácil decirlo, pero vemos como el sudor de nuestras frentes hoy se convierte y materializa en un orgullo: el de ser egresados de la Universidad Central de Venezuela.
¿Cuántas veces pensamos en rendirnos? ¿Cuántas veces creíamos que estábamos bien y luego estuvimos obligados a comenzar de nuevo? Incluso dudábamos de si valdría la pena. Pero tomamos una oportunidad, al centrarnos con determinación en una visión, y llevamos nuestro sueño a este destino.
Este logro no nos pertenece exclusivamente a nosotros. Los héroes silenciosos de nuestras vidas también celebran este triunfo. Lo que hemos logrado fue fruto de un trabajo conjunto de nuestros padres, familiares y seres queridos. Tantos errores que cometimos por la misma inexperiencia que nos soportaron y ayudaron a superar. ¡Cuántas veces pensamos que ellos estaban equivocados y nosotros éramos quienes tenían la razón!
Siempre recordaré como vi a un niño que, para superar sus grandes problemas para redactar, se quedaba en vacaciones con su mamá entre libros y escribiendo. Ella incluso le arrancaba las páginas enteras del cuaderno si encontraba un solo error de redacción, y no le importaba que el niño terminase llorando.
Antes de subir acá, fue a mi mamá a quien vi con lágrimas de felicidad.
Debemos agradecerles a ellos por guiarnos porque al final de este camino, estamos bajo estas nubes de gloria y alegría.
Es por estos líderes que seguimos teniendo fuerzas para terminar nuestro cometido. Ellos no son solo nuestra razón de ser, sino que se convierten en la piedra angular de la nuestra lucha de todos los días.
No me atrevería a dejar por fuera al cuerpo de profesores que son las columnas que forman el templo de la academia.
Si trasladáramos a estos tiempos los cuentos de niñez basados en la Edad Medieval, ustedes serían nuestros caballeros con armadura brillante que salvan a al reino. Porque aunque quienes ejercen el Poder Político les quiten el oro y plata que ustedes usan para obtener las espadas y escudos y así dejar a las nuevas generaciones sin formación, nuestra alma mater en cumplimiento del primer artículo de la Ley de Universidades, nos reunimos en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, para así estar constantemente venciendo las sombras
Gracias a ustedes, mediante el debate de ideas y el pensamiento crítico, entendemos que nuestras fuerzas deben estar direccionadas a que el Derecho no sea usado como un arma política, sino que se circunscriba en una teoría pura. En palabras de, quizás el mejor jurista de todos los tiempos, Hans Kelsen “Aquí solo puede tratarse únicamente de poner en movimiento más acelerado a la ciencia del derecho. En verdad, el pleito; se trata de la relación del derecho con la política, de la neta separación entre ambas; de la renuncia a la arraigada costumbre de defender exigencias políticas que solo poseen un carácter supremamente subjetivo aun cuando, con la mejor fe, aparezcan como el ideal de una religión, una nación o clase”.
Se tiene que cerrar la brecha que existe entre el deber ser y lo que es nuestro sistema de justicia. Podemos ver en cada tribunal como resuenan las palabras de Piero Calamandrei cuando decía “Afortunada coincidencia se verifica cuando de dos litigantes el más sabio es el más justo. Porque cuando eso no ocurre se corre el riesgo que el proceso, que fue creado como instrumento para darle la razón al justo, se convierta en un instrumento de habilidad técnica para darle la victoria al más astuto”.
¿Es que acaso deberíamos dedicarnos a estudiar la viveza y picardía? Quizás entonces, estaba en lo correcto Pedro Carujo sobre nuestro primer rector, y el mundo es de los valientes por encima del hombre justo, del de bien y del que está seguro sobre su conciencia. Al fin de cuentas fue Vargas quien fue arrestado.
Algunos nos quieren hacer creer que esto sería lo mejor para no ser abatidos por el sistema existente.
Hoy tengo el trabajo de recordarles que el estudio de la ciencia jurídica no es en vano. Así como en tiempos de epidemia se necesitan más médicos, estamos obligados a ilustrarnos en Derecho y así aportar el alimento intelectual que tanto escasea en las calles de nuestra patria.
Con el inicio en este cabildo abierto de una fuerza transformadora de conciencia, se obligaría al Poder Judicial a estar ceñido al Derecho, volviéndose en una verdadera administración de justicia, que proteja los derechos de los ciudadanos bajo el prisma del debido proceso y garantice seguridad jurídica.
Al contar con la igualdad de oportunidades que debe existir en todo Estado social de Derecho, también es de vital importancia que cualquier egresado de la universidad debe poder considerarse parte de la élite académica.
Para ello es necesario que el nivel educativo de esta casa de estudio, como vanguardia intelectual de la nación crezca y se difunda. Decía también nuestro primer rector “Todos los hombres son aptos para perpetuar la especie, pero la naturaleza forma y escoge aquellos que son dignos de perpetuar la idea”.
Desde José María Vargas han transcurrido casi 293 años, así que, después de nuestro largo recorrido, al llegar donde estamos, hoy podemos mirar atrás y ver como no existió un solo camino que finaliza bajo el éxito que traen estas majestuosas nubes de Calder. Esta casa que cuando entramos nos encontró con tanta diversidad, sin importarle de donde veníamos, sur, norte, este u oeste; como lucíamos; altos, bajos, gordos, flacos, blancos, negros; o que fuéramos jóvenes, o ya hombres o mujeres, madres o padres, nos acogió, y a partir de ahora nos terminó uniendo a todos con un lazo eterno.
Hoy nos despedimos momentáneamente de ella hermanados en este crisol, como abogados de la gloriosa Universidad Central de Venezuela.
Muchas gracias y mis sinceras felicidades a los graduandos.
Noviembre – Diciembre, 2014
a. Acuerdo de arbitraje (i) Autonomía de la cláusula
Los órganos judiciales deben realizar un examen preliminar y formal sobre la existencia escrita de la cláusula arbitral, sin extenderse al fondo o vicios en el consentimiento que deriven de la misma, lo cual le corresponderá al tribunal arbitral que las partes pacten al respecto. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
(ii) Efectos
Dado que de las regulaciones interpartes se evidencia que las partes decidieron someter las controversias que pudiesen surgir en la elección de las autoridades del Comité Olímpico Venezolano a la decisión de un tribunal arbitral y, que la adopción de la cláusula arbitral por vía consensual está permitida por la Constitución y las leyes de Venezuela, resulta obligante para esta Sala declarar la validez de esas cláusulas arbitrales, por lo que concluye que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el presente recurso contencioso electoral y declara con lugar la cuestión previa opuesta. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
(iii) Materia arbitrable
La excepción de orden público no obsta para que la materia discutida no sea arbitrable, ya que la voluntad de las partes de someter determinado conflicto a un medio alternativo, aplica desde el punto de vista adjetivo. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
(iv) Noción Se evidencian en las normas estatutarias transcritas los elementos que identifican un compromiso o pacto arbitral, ya que existe por escrito un acuerdo de voluntades colectivo, asumido con carácter estatutario y no negocial, en los que las partes se comprometieron a dirimir las controversias relacionadas con la elección de sus autoridades ante un tribunal arbitral, específicamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, ubicado en Suiza. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
Es uno de los mecanismos alternativos o subsidiarios de la jurisdicción, para la resolución de conflictos surgidos de una relación contractual o no contractual, en la que los sujetos previamente y de forma expresa sustraen la controversia del conocimiento de los órganos judiciales, y a los fines de determinar si el Poder Judicial tiene o no jurisdicción para conocer y decidir el conflicto, el órgano judicial sólo debe verificar la existencia escrita de la cláusula compromisoria arbitral. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
c. Intervención del Poder Judicial La jurisdicción estatal no sólo va a tener un rol de reconocimiento del laudo arbitral, sino que también ejerce un rol de eventual desconocimiento y de reparación cuando un laudo transgreda derechos constitucionales, normas de orden público o cuando se utilice la vía arbitral de una manera que lesione intereses del Estado o se invadan materias que no son susceptibles de acuerdo arbitral. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
d. Fuentes (i) Internacionales-supranacionalidad
La única supranacionalidad aplicable por encima de nuestro ordenamiento jurídico interno es la que reconoce y define la CRBV (art. 153), cuando la misma deriva de la ejecución de tratados internacionales en materia de integración económica y social. Lo que sí es pertinente en el presente caso, es invocar la subsidiariedad del tribunal arbitral como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, al que las partes manifestaron someterse, cuando se adhirieron a la voluntad consensuada de quienes fundaron al Comité Olímpico Venezolano como asociación civil, sin fines de lucro, autónoma, con personalidad jurídica propia y de carácter no gubernamental, el 23-12-1935 y se acogieron a la cláusula arbitral, que ahora aplica para resolver cualquier conflicto electoral derivado de las elecciones pautadas para el 30-01-2014 y en las cuales participó el recurrente como miembro del Comité Olímpico Venezolano. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
e. Recurso de nulidad
Si bien debe ser reconocida la autoridad de los laudos arbitrales internacionales, a los que se les concede ejecutoriedad plena, los mismos están sometidos al control del ordenamiento jurídico interno, en caso de que una de las partes solicite su nulidad por los supuestos previstos en la normativa vigente, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo VII de la LAC. Lo cual implica que el Poder Judicial puede actuar respecto a los laudos arbitrales que transgredan los supuestos de nulidad, y de esa forma restituir derechos constitucionales o materias de orden público que hayan sido transgredidas. TSJ-SE, sentencia N° 210 de fecha 26-11-2014, Exp. AA70-E-2014-000005
2. Conflicto de jurisdicciones
a. Criterios atributivos de jurisdicción
(i) Acciones de contenido patrimonial
Sumisión tácita: la primera actuación de la representación judicial de la parte accionada en este proceso fue en fecha 04-11-2013 cuando solicitó que se llamara como tercero a la sociedad mercantil PDV, razón por la cual entiende esta SPA que, conforme a lo previsto art. 45 LDIPr., la sociedad de comercio demandada se sometió tácitamente a la jurisdicción de los tribunales venezolanos, toda vez que su actuación estuvo dirigida a la consecución de la causa, motivo por el que no se entra a analizar la validez de las cláusulas contractuales de sumisión a la jurisdicción extranjera alegadas por la empresa demandada (ver sentencias SPA Nros. 00158 del 01-02-2006 y 00567 del 02-03-2006). TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862
(ii) Acciones sobre el estado y las relaciones familiares
Paralelismo: A los fines de dilucidar si el derecho venezolano es el aplicable a la demanda de divorcio, debe atenderse a lo dispuesto en los arts. 11 y 23 LDIPr., en cuyo texto preceptúan, el primero de ellos, que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual; y, en el segundo, se indica, por una parte, que el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Igualmente, debe traerse a colación el art. 12 de la referida Ley, el cual establece que la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido, si cumple con lo indicado en el art. 11. En consecuencia, corresponde determinar en el asunto bajo examen, si la demandante al momento de haberse realizado dicha petición de divorcio ante la jurisdicción venezolana, tenía su residencia habitual en Venezuela. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136
b. Falta de jurisdicción
(i) Tribunal competente
Corresponde a esta SPA emitir un pronunciamiento con relación al recurso de regulación de jurisdicción planteado, de acuerdo a la competencia que le es atribuida en el num. 20 del art. 23 LOJCA, los arts. 26, num. 20 LOTSJ y 59 y 66 CPC. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136
En el mismo sentido: TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862
(ii) Decisiones sobre jurisdicción y su alcance La apreciación que haga el TSJ respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, sólo tienden a la determinación del tribunal con jurisdicción en la esfera internacional para resolver la controversia, por lo que las consideraciones que se expondrán en el presente fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido. TSJ-SPA, sentencia N° 1717 de fecha 11-12-2014, Exp. 2014-0862
EL TSJ al resolver sobre la jurisdicción, deberá atenerse “…únicamente a lo que resulte de las actuaciones remitidas…” (art. 63 CPC, aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el art. 31 LOJCA), por lo cual no se considerara ningún documento como elemento probatorio para resolver el recurso de regulación de jurisdicción. TSJ-SPA, sentencia N° 1670 de fecha 10-12-2014, Exp. 2014-1136
3. Conflicto de leyes
a. Contratos internacionales (i) Derecho aplicable
Por tratarse lo demandado, de una cobranza documentaria, dicha convención debe regirse por el derecho indicado por las partes (art. 29 LDIPr.), en defecto de ello, por el derecho con el cual se encuentren más directamente vinculadas (art. 30 LDIP), y además se aplicarán cuando corresponda, conforme al caso concreto, las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación (art. 31 LDIPr.). TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
(ii) Lex mercatoria
Son leyes de carácter privado, no coercibles, cuyo cumplimiento no es impuesto, sino que tienen efectiva vigencia en la práctica, aceptada y obedecida voluntariamente por los intervinientes en el Derecho Comercial Internacional, recopiladas por organizaciones internacionales que desempeñan actividades mercantiles. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
Ante una eventual controversia, cuando se trata de un contrato internacional, a falta de la elección de las partes o cuando esta resultare ineficaz, debe el juzgador aplicar “…cuando corresponda…”, (esto es, de acuerdo con el caso concreto); la lex mercatoria, en la cual se incluyen los usos, costumbres y prácticas comerciales de general aceptación internacional (art. 31 LDIP). TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
Para la regulación de la actividad bancaria internacional han sido creadas y aceptadas una serie de reglas, que de acuerdo con la voluntad de las partes pueden encontrarse o no incluidas en el contrato, y que se han convertido en algo más que una recopilación de prácticas. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
(iii) Principios generales del Derecho Comercial Internacional
Dentro de dichos principios se encuentran, aquellos que fueron elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), formulados en 1996 y revisados en 2004, que regulan los contratos mercantiles internacionales. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
(i) Internas
LDIPr.-Derogatorias: Con la entrada en vigencia de LDIPr. “…seis meses después de su publicación…”, lo cual ocurrió en la Gaceta Oficial N° 36.511, el 6 de agosto de 1998 (art. 63); quedaron derogadas “…todas las disposiciones que regulen la materia de esta Ley…, entre ellas, el articulado del CCom. que regulaba hasta entonces las obligaciones y contratos mercantiles en general, dentro de los cuales se incluyen aquellos indicados en el art. 116 del CCom., “…celebrados en país extranjero y cumplideros en Venezuela…”, regidos a partir de la indicada vigencia por los arts. 20 al 33 LDIPr. TSJ-SCC, sentencia N° 738 de fecha 02-12-2014, Exp. AA20-C-2014-000257
4. Exequátur
a. Admisibilidad de la solicitud Los requisitos que necesariamente debe cumplir el escrito mediante el cual se solicita la eficacia jurídica de una sentencia extranjera en Venezuela, son: 1) identificar tanto al solicitante, como a aquel contra quien se pretende que obre la ejecutoria pretendida, con indicación de sus respectivos residencia o domicilio; y, 2) acompañar la solicitud respectiva, con la ejecutoria del fallo extranjero cuya validez jurídica se pretende, para considerar satisfecho este requisito es necesario que curse en los autos alguna mención que permita determinar que la sentencia cuyo pase legal se solicita, se encuentra definitivamente firme. TSJ-SCC, sentencia N° 799 de fecha 04-12-2014, Exp. 2014-14-671
b. Competencia del tribunal
(i) Asuntos contenciosos-SPA
Principio perpetuatio fori: La solicitud de exequátur bajo examen fue presentada en fecha 17-04-2002, esto es, bajo la vigencia de la LOCSJ, en cuyo art. 42, ord. 25, se atribuyó competencia a la SPA para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras. En este sentido, el art. 9 CPC, aplicable por remisión que hace el primer aparte del art. 98 LOTSJ, consagra que: “…La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior”. No obstante, es menester precisar que de aceptarse la aplicación inmediata de la nueva ley procesal, las partes en el proceso quedarían expuestas a sufrir las consecuencias de los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, lo cual, evidentemente lesiona el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En observancia a lo dispuesto en el art. 335 CRBV y en el segundo aparte del art. 4 LOTSJ, que establecen que “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”; esta Sala, en su carácter de garante de los principios y valores constitucionales y conforme al principio perpetuatio fori (art. 3CPC), declara que le corresponde el conocimiento de la solicitud de exequátur formulada, con fundamento en lo dispuesto en el art. 42, ord. 25, de la hoy derogada LOCSJ. TSJ-SPA, sentencia N° 1749 de fecha 18-12-2014, Exp. 2014-2002-0319
(ii) Asuntos no contenciosos-Juzgados superiores
El exequátur solicitado es de un acuerdo voluntario de mediación, cuya naturaleza es no contenciosa, pues fue creado por las partes fuera del juicio de divorcio contencioso seguido por ellos en el extranjero y en el cual el juez del divorcio sólo impartió una homologación para que fuera cumplido por las partes. En una de sus cláusulas se establecen las cantidades de dinero que deben costear los padres por la manutención y terapias de los hijos menores, por lo cual es evidente que el acuerdo incide en la esfera jurídica de éstos, razón por la cual, como lo determinó la SCS en su sentencia del 08-10-2013, y fue ordenado cumplir con carácter vinculante por la SC, quien debe conocer del procedimiento de exequátur planteado, es el tribunal superior de protección de la jurisdicción en la cual se encuentre el domicilio o residencia habitual del niño, niña o adolescente, cuyos intereses se encuentren involucrados. Ahora bien, dado que los infantes no se encuentran residenciados en el país, pues viven con su madre, quien está domiciliada en USA, esta Sala declina la competencia en el juzgado superior de protección con competencia en el Área Metropolitana de Caracas, al que corresponda por distribución, por ser éste el domicilio de la parte interesada en la petición de exequátur y donde quiere hacerse valer el convenio parcial de mediación, de conformidad con lo establecido en el art. 41 CPC. Así se decide. TSJ-SCC, sentencia N° 835 de fecha 09-12-2014, Exp. 2014-14-643
(i) Internacionales
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros: México limitó el alcance y aplicación de la Convención sólo a aquellos casos de sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los Estados partes; por consiguiente, al tratar la sentencia cuyo exequátur se pretende sobre el régimen de convivencia de los niños, niñas y adolescentes, no resulta aplicable la referida Convención. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
d. Requisitos de fondo
(i) Orden público
Noción: El orden público se levanta como el escudo axiológico y ético que le garantiza al Estado la concreción de sus valores superiores en su interrelación con sentencias extranjeras. Es decir, que el orden público en el derecho internacional privado se erige como la vía que le permite al Estado enfrentar el contenido de la sentencia extranjera con el entramado de valores y principios que estructuran las bases de todo el sistema jurídico social, y que subyacen para la defensa del ser humano como dotado de valor, de dignidad para restarle eficacia a dicho fallos. No se pueden tolerar sentencias extranjeras que lesionen e injurien sus objetivos Constitucionales y obliga un examen de cada sentencia a la luz de los valores y principios que recoge nuestro texto constitucional, tales como derechos humanos, niños, niñas y adolescentes, colectivos, debido proceso, entre otros. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
Requisito adicional: el art. 5 LDIPr. contempla la procedencia de la excepción de orden público en el Derecho Internacional Privado, en virtud de que situaciones jurídicas creadas en otro Estado sean manifiestamente contrarias con los principios esenciales del orden público venezolano. Es necesario resaltar que el art. 12 LOPNNA, establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son inherentes a su persona humana y por consiguiente son considerados de orden público, lo cual impone el examen de esta institución bajo el prisma del orden público en el DIPr. enunciado en el art. 5 LDIPr. Dicha norma jurídica autoriza al Juez venezolano a negar toda eficacia dentro del territorio de Venezuela a aquellas sentencias extranjeras contentivas de situaciones jurídicas que violenten de forma crasa los principios esenciales del orden público, por lo que constituye el aspecto negativo de la consecuencia jurídica en la estructura de la norma, de allí que al observarse fallos cuya decisión, y por consiguiente ejecución, implique la materialización de una evidente lesión a los principios éticos jurídicos que informan al Estado, el jurisdicente dispone de la facultad de rechazar su solicitud de ejecutabilidad, a fin de proteger su ordenamiento jurídico. En estos términos, la aplicación del orden público en el derecho privado internacional desempeña un rol indispensable, tutelando la eficacia y respeto de los principios fundamentales que transversalizan todo el ordenamiento jurídico, con relación a la pretensión de ejecutabilidad de una sentencia extranjera dentro del territorio venezolano. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
Diferencia con el orden público interno: Las categorías jurídicas de orden público interno y orden público en el derecho internacional privado, no son enunciados de los cuales se pueda afirmar una correspondencia absoluta, luego materias calificadas como tal a los efectos internos de un país no conllevan inexorablemente su etiquetamiento como materias de orden público internacional para negar la eficacia de sentencias extranjeras, pues son los valores más superiores que establecen y representan la sustancia del ordenamiento socio jurídico los cuales están en juego. En consecuencia, la calificación de una materia como de orden público a nivel nacional no es suficiente per se para rechazar prima facie la aspiración de ejecutividad de una sentencia extranjera en el territorio, lo que obliga a un profundo estudio a fin de considerarla como de orden público en el derecho internacional privado. Con fundamento en lo expuesto, esta Sala advierte lo delicado de esta revisión, pues no solo está en dinamismo los valores y principios esenciales del ordenamiento jurídico del país receptor sino que en muchas oportunidades implica el sacrificio de situaciones jurídicas estables y consagradas en otros territorios, por lo que el juzgador deberá ponderar en cada caso los valores en juego del país receptor, con los valores que subyacen en la situación jurídica real, para adoptar la decisión más justa. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
(i) Objeto
Se circunscribe y limita al otorgamiento de fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras a fin de revestirlas como título ejecutivo, para que gocen de total y plena efectividad dentro del territorio de Venezuela, sin que la solicitante o contra quien obraría dicha ejecutoria le esté permitido mutar el objeto de dicho proceso, persiguiendo la revisión y modificación del fondo de la decisión extranjera cuando tal actividad judicial ha debido ser desplegada por las partes en el marco de la jurisdicción y del ordenamiento jurídico del país de origen de la sentencia, no disponiendo los órganos jurisdiccionales venezolanos de potestad alguna para asumir la revisión del fondo de los actos de órganos extranjeros, salvo por orden público, pues de conformidad con el sistema de derecho internacional privado venezolano, el juez debe limitarse al examen de los requisitos de forma previstos en la ley respectiva. No se puede perseguir subrepticiamente que mediante el proceso de exequátur se sustancien pretensiones tendientes a conseguir fallos diferentes o adicionales a la declaratoria de fuerza ejecutoria de la sentencia extranjera, pues ello implicaría la alteración de los principios rectores que ordenan el proceso jurisdiccional en Venezuela, tales como competencia, juez natural, debido proceso, etc. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
(ii) No revisión de fondo
Si bien el proceso de exequátur de ningún modo faculta al órgano jurisdiccional a adentrarse en la revisión del fondo de la sentencia extrajera, el análisis del orden público y el respeto a la constitución le otorgan tal potestad al jurisdicente, con el propósito que penetre en el contenido del fallo y lo examine a fin de garantizar su congruencia con los postulados esenciales del ordenamiento constitucional. TSJ-SCS, sentencia N° 1802 de fecha 03-12-2014, Exp. 2014-13-0005
(iii) Principio forum regit procesum
La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el Derecho del funcionario ante el cual este se desenvuelve (art. 56 LDIPr.), es decir, que al estar registrada la sentencia objeto de exequátur en los libros de Registros Oficiales del Condado de Miami-Dade, y al haberse consignado en el expediente copia certificada de la misma debidamente apostillada, debe tomarse como válido su contenido. TSJ-SPA, sentencia N° 1749 de fecha 18-12-2014, Exp. 2014-2002-0319
5. Restitución internacional a. Fuentes: Convención de La Haya 1980 El Convenio tiene por objeto la restitución segura e inmediata de los niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente al país donde tenía su residencia habitual, entre cualquiera de los países contratantes y que los derechos de custodia y de visita vigentes en dichos países sean respetados en los demás Estados contratantes. Dispone el referido Convenio la devolución del niño, niña o adolescentes a la situación anterior al traslado o retención ilícita a través de la más inmediata pero segura restitución de aquellos a su residencia habitual, con el fin de evitar que sus progenitores, de forma unilateral, modifiquen bruscamente su esfera de vida. TSJ-SC, sentencia N° 1792 de fecha 17-12-2014, Exp. 2014-14-1002 b. Interés Superior del Niño
En cada situación particular deben analizarse las circunstancias propias que lo identifican a objeto de establecer la solución que más favorezca a las partes en conjunto, procurando el justo equilibrio entre los objetivos inmediatos de disuasión y restitución inmediata, y el Interés Superior del Niño que corre el riesgo de regresar a un ambiente atemorizante y dañino, que podría colocarlo en una situación intolerable que afecte su equilibrio psicológico, así como su desarrollo integral, debiendo aplicarse este principio del interés a objeto de resolver de manera efectiva una situación que resulta delicada por los sentimientos derivados de las relaciones familiares en conflicto. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13
La decisión recurrida que negó la restitución de los niños se fundamentó de manera esencial en la preservación del desarrollo integral y adecuado de los niños, el cual si bien se logra mediante una crianza y convivencia familiar compartida por ambos progenitores, en situaciones particulares como en el caso sub examine en el que los niños provienen de padres con distintas nacionalidades que en virtud del rompimiento de la relación deciden establecer su residencia en sus respectivos países de origen, considera la Sala que lo que verdaderamente le resulta más favorable a los niños requeridos, es negar la restitución solicitada. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13
(i) Excepciones
Conforme el procedimiento de urgencia regulado en la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, así como La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, disponen dentro de su contenido excepciones a la obligación del Estado requerido de ordenar la restitución solicitada, las cuales se encuentran reguladas en los literales a) y b) del artículo 13, antes citada, así como el artículo 20 de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, de cuyo contenido se desprenden claramente tres (3) supuestos o excepciones en los que el Estado requerido no estará obligado a ordenar el retorno del niño, niña o adolescente, los cuales si bien por la naturaleza del interés tutelado en la Convención, son de aplicación restrictiva, los mismos surgen como una garantía cuyo objetivo es evitar que se adopten soluciones que en definitiva, en vez de resguardar al niño, lo coloquen en una situación perjudicial o de víctima, desnaturalizándose los objetivos de protección a la infancia y la adolescencia establecidos en las Convenciones internacionales que regulan la materia. TSJ-SCS, sentencia N° 1639 de fecha 10-11-2014, Exp. 2014-13
d. Recurso de revisión
Procede contra una sentencia dictada por un Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra un fallo dictado por el Tribunal Primera Instancia de Juicio, que a su vez declaró sin lugar la demanda de restitución internacional incoada por el padre, con ocasión de la presunta retención indebida de su hijo de 6 años de edad. TSJ-SC, sentencia N° 1792 de fecha 17-12-2014, Exp. 2014-14-1002
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en abril 9, 2015 en Editorial
El cierre del 2014 estuvo acompañado de un importante número de decisiones en materias de Derecho Internacional Privado, en concreto en materia de arbitraje, derecho aplicable a los contratos internacionales, procedimiento de exequátur, falta de jurisdicción y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. En la sección Reseñas se incluyen dos intervenciones de quien suscribe: la Ponencia “Algunos problemas de Derecho internacional privado en torno a las uniones estables de hecho”, presentada con ocasión del Foro “Los Graves Problemas de la Familia en el Mundo Global”, organizado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el cual tuvo lugar en la sede del Palacio de las Academia el 6 de noviembre de 2014; y el Discurso pronunciado en el Acto de Imposición de Medallas de los Graduandos de la Escuela de Derecho, correspondientes al periodo 2013-2014, pronunciado en el Aula Magna de la ciudad Universitaria el jueves 27 de noviembre de 2014. También se publica el entusiasta discurso del Graduando José Rafael Caraballo, a quien le correspondió el honor de dirigirse a los presentes en nombre de la Promoción de Abogados.
Agosto – Octubre 2014 Estimados lectores retomamos la publicación del e-Boletín con las Novedades de las decisiones en materia Derecho Internacional Privado publicadas por las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia en los meses de agosto, septiembre y octubre.
En esta oportunidad les presentamos cinco (5) decisiones: una (1) de la Sala de Constitucional, tres (3) de la Sala Político Administrativa y otra más de la Sala de Casación Social. En ellas se abordan temas como la procedencia de la acción de amparo constitucional contra un eventual laudo arbitral internacional, la determinación de jurisdicción en una acción de rendición de cuentas, la solicitud de reconocimiento de unión concubinaria y una solicitud de restitución internacional.
Es importante leer con detenimiento estas decisiones, ya que algunas se sustentan en elementos de extranjerías que no resultan relevantes para la controversia planteada, desde la perspectiva del sistema venezolano de Derecho internacional privado o que no inciden directa ni indirectamente en la acción o solicitud incoada ante nuestros tribunales. En otros, se implementan los criterios atributivos de jurisdicción de manera acumulativa y se incurre en imprecisiones a la hora de conceptualizar que se entiende por sumisión tácita. En el marco de las actividades de formación en Derecho Internacional Privado tuvo lugar el Foro “Los Grandes Problemas de la Familia en un Mundo global”, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el 6 de noviembre de 2004. Cabe destacar el Bautizo del Libro Homenaje a Haydée Barrios “Derecho Familiar Internacional. Metodología para su Estudio”, el cual congrego a personalidades del mundo jurídico, tanto académico como judicial, en la sede principal de la Universidad Monteávila, el 21 de noviembre de 2014.
A nuestros distinguidos lectores y seguidores nuestro agradecimiento por su paciencia y los invitamos a que continúen consultando este espacio de divulgación de información jurídica. Hasta la próxima edición.
Jefa de la Sección de Legislación y Jurisprudencia Instituto de Derecho Privado Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela
Editora Dra. Yaritza Pérez Pacheco
Responsable de edición Lic. Mónica Mancera
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en noviembre 24, 2014 en Editorial
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 artículo 93
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 9
 artículo 54
 artículo 39
 artículo 42
 artículo 53
 artículo 41
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 13
 artículo 20