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REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE LA JUDICATURA. Juicio No: Casilla No: Dr / Ab:
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María Elena Herrera Martín
1 REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE LA JUDICATURA Juicio No: Casilla No: 1163 A: Dr / Ab: En el Juicio Especial No que sigue en contra de [CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL SIERRA CENTRO SUR TURI- CUENCA, DELEGADO REGIONAL DEL MINSTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS] hay lo siguiente: Cuenca, febrero 11 del 2015, las 14h030 VISTOS: La Abg., amprada en el Art. 88 de la Constitución de la República, y el Art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, interpone acción de protección en contra del Dr. C, en su calidad de Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Sur Turi.- Cuenca, así como del Dr. A en su calidad de Director Regional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en virtud de que el día 2 de febrero del 2015 a eso de las 14h30, se le impidió el ingreso a dicho Centro, por parte de los guardias del mismo, a donde pretendía ingresar a ejercer su profesión de Abogada y como patrocinadora de la Sra. R quién debía rendir una versión ante la Fiscal que le impidieron el ingreso por cuanto llevaba puesto un vestido alto, y según ellos el protocolo impuesto por ordenes superiores así lo imponía. Que ante esta vulneración de derechos fundamentales, pretendió hablar con el Director de la Cárcel, quién le supo manifestar que se arregle como pueda. Que ante semejante atropello, no solo al derecho de la defensa, al principio de no discriminación, sino a su dignidad de mujer, acudió a la Delegación Regional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en donde le confirmaron que efectivamente existe un protocolo que debe cumplirse. Protocolo que deja sin efecto Derechos Fundamentales como es el derecho al trabajo, derecho a la defensa, libre desarrollo de la personalidad, no discriminación, etc. Que nadie puede impedir su derecho
2 al trabajo como Abogada, que entiende que los funcionarios del Centro de privación de la libertad, deben adoptar mecanismos de seguridad, sin embargo se afecta su condición de mujer, al llevar un vestido, como quiera llevarlo en plenitud de su ejercicio soberano a la libertad individual, del libre desarrollo de su personalidad. Que no es un hecho aislado porque de un tiempo a esta parte los Abogados en Libre ejercicio vienen sufriendo limitaciones a su ejercicio profesional, por diversos motivos, la forma de vestir, a las mujeres se les obliga sacarse los zapatos de taco, existen limitaciones en los horarios impuestos; que los abogados no van de visita sino a ejercer el derecho a la defensa. Que presenta esta acción en virtud de haberse vulnerado su condición de mujer, derecho contenido en el Art b); Derecho a la igualdad formal, material y no discriminación contenido en el Art. 66.4; el derecho a su libre desarrollo de la personalidad contenido en el Art. 66.5; derecho a opinar y a expresar su pensamiento, que se ha visto afectado por su forma de vestir Art. 66.6; el derecho a la libertad de trabajo; Art ; el derecho a la imagen consagrado en el Art ; el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales, Art ; el derecho a acceder a bienes y servicios públicos Art ; que se le ha obligado a dejar de ejercer su profesión; Art literal d), además se le vulneró el derecho a la defina Art. 76,7 literales a) y b) todos estos derechos que consagra la Constitución de la República que son de directa e inmediata aplicación; por y ante cualquier servidor público, administrativo, o judicial, como señala el Art de la misma Constitución. Que, a través de esta acción de protección, solicita en forma expresa, se declare se vulneraron sus derechos fundamentales, como mujer y como profesional, por parte del Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi - Cuenca; en la persona de y del Delegado Regional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ; y en consecuencia se deje sin efecto cualquier protocolo, Reglamento etc.- Aceptada que ha sido la demanda para su tramite, y cumplida la notificación a la parte accionada, se ha convocado a las partes a audiencia pública, la misma que tuvo efecto el día nueve de febrero del año en curso, a partir de las catorce horas treinta minutos, compareciendo la accionante ejerciendo su defensa, así como los accionados con sus respectivos defensores y cuyas intervenciones constan de los autos así como en el audio respectivo, por lo que habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la Ley, corresponde emitir la resolución que corresponda, para lo cual se realiza el siguiente análisis: PRIMERO: La Acción de Protección se encuentra establecida en el artículo 88 de la Constitución del Ecuador, y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. La acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de los derechos constitucionales y de los contenidos en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Por tanto la acción de protección procede: 1) Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, no
3 judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera de los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio; 2) Contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o ejercicio de los derechos y garantías; 3) Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole los derechos y garantías;4) Contra los actos u omisiones de las personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5) Contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 86 numeral 2 de la Constitución de la República, la suscrita Juez es competente para el conocimiento y resolución de la presente causa constitucional, a la cual se han aplicado las normas pertinentes, por lo que se declara su validez. TERCERO.- La acción de protección, considerada como protectora de derechos consagrados en la Constitución, forma parte de las garantías jurisdiccionales, en cuanto su finalidad es evitar, cesar o remediar de forma inmediata las consecuencias de actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. La constitucionalidad ha reemplazado a la legalidad al menos en dos de sus funciones esenciales: ser la fuente de fuentes y, ser la consagración de los derechos, libertades y garantías así como la previsión de los mecanismos de protección y garantía de esos derechos. Por el principio de la fuerza normativa de la Constitución sus normas son vinculantes y, por ello, de directa e inmediata aplicación por el operador de justicia, Art de la Constitución; y, por el principio de interpretación de la Constitución y de los Derechos Humanos, Art de la norma suprema, es imperativo al juzgador aplicar la norma y la regla de interpretación que mas favorezca su efectiva vigencia. En este contexto es importante advertir que los derechos convertidos en derechos fundamentales y que se hallan incorporados a la Constitución establece mecanismos para garantizar su supremacía sobre todas las demás normas del ordenamiento y en particular sobre la ley. Los derechos fundamentales están, por tanto, en íntima conexión con las garantías constitucionales. El Estado es concebido como una persona jurídica capaz de desarrollar funciones básicas, sean estas, legislativas, ejecutivas o administrativas, y judiciales a través de órganos y Autoridades debidamente instituidas, sujetas a un ordenamiento de normas, y preceptos. El artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual significa que la Constitución, además de regular la organización del poder y las fuentes del Derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. La Constitución no solo limita al legislador al establecer el modo de producir el Derecho, sino que limita también las esferas de regulación jurídica y
4 la inmersión de la Constitución como norma suprema. El Art. 3.1 de la Constitución, establece que uno de los deberes primordiales del Estado, es el garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, dentro de los cuales esta el de la seguridad social; es decir es deber del Estado el garantizar y promover la seguridad de todos sus habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la Estructura del Estado a través del Sistema de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos, y de los derechos y garantías constitucionales; El Art Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. CUARTO.- En el caso que nos ocupa la accionante manifiesta que cuando se le impidió ingresar a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social se puso en duda derechos como el de llevar una vida libre de violencia; derecho de igualdad formal, material y no discriminación; derecho al libre desarrollo de la personalidad; derecho a opinar y expresar el pensamiento; libertad de trabajo, derecho de dirigir quejas y peticiones individuales; acceder a bienes y servicios públicos y el derecho de defensa. Como enseña, la Constitución esta compuesta por normas téticas e hipotéticas, es decir normas abiertas y cerradas. Buena parte de los derechos supuestamente violados son de carácter tético, es decir su interpretación es amplia, lo que explica que la accionante logre subsumir el problema jurídico concreto bajo la aparente violación de diferentes derechos.- La juez que suscribe estima que el problema jurídico a resolver es el siguiente: Hubo o no violación al principio de igualdad y no discriminación, cuando la accionante no pudo ingresar a las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social? Para resolver la pregunta anterior hay que plantear una nueva: Se permitió que otra u otras ciudadanas en las mismas condiciones de la accionante ingresen a las instalaciones de la Institución? Todas las instituciones, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, siguen protocolos y procedimientos de diferentes tipos. Existen, por ejemplo protocolos de seguridad que varían de acuerdo a la institución. Los protocolos de seguridad que comúnmente se siguen en Instituciones de Rehabilitación Social tienen como finalidad proteger la integridad de los visitantes, los funcionarios que laboran en sus
5 instalaciones y también de las personas que se encuentran recluidas. El Artículo 6 de la Constitución establece que todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos que gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Para el caso que nos ocupa hay que entender como ciudadanos sujetos de derechos no solo a loa visitantes de cualquier tipo (profesionales del derecho por ejemplo) sino también a quienes laboran en la Institución, sin olvidar a los ciudadanos que se encuentran recluidos en aquella luego se haber recibido una sentencia condenatoria que los obliga a permanecer en el Centro de Rehabilitación Social por un lapso determinado de tiempo. Las normas jurídicas y las cláusulas Constitucionales tienen un espíritu de generalidad, es decir, están pensadas para proteger a todos los sujetos de derechos que potencialmente podrían estar incursos en una relación jurídica de cualquier índole. No existen derechos absolutos, es decir un derecho constitucional no tiene, per se, superioridad normativa frente a otro, pues como establece el Artículo 11 numeral 6 de la Constitución todos los principios y derechos son interdependientes y de igual jerarquía. Esto significa que el aplicador de la Constitución debe guardar ecuanimidad al momento de materializar las cláusulas de la norma fundamental y además implica que cuando se invoca un derecho se debe tener en cuenta que potencialmente pueden existir otros que pueden ser mencionados y que no vayan acorde a la primera mención. La situación en la que se encuentran los reclusos hace necesario que se tomen medidas especiales como las relacionadas con la vestimenta. Ese tipo de medidas serían innecesarias y no tendrían sentido en contextos diferentes al de un Centro de Rehabilitación. En el caso concreto no existe discriminación, pues la medida aplicada a la accionante se debe aplicar a todas las profesionales del derecho por igual, con la finalidad de evitar que se concreten situaciones dificultosas de manejar dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación. No cabe duda que la accionante puede usar la vestimenta que desee, pero esa posibilidad tiene un límite cuando se trata de ingresar a las instalaciones del Centro de Rehabilitación con la finalidad de proteger su propia integridad psíquica, evitando ser blanco de improperios, insultos y vejaciones verbales y visuales por parte de los reclusos. Es decir, para ingresar a una institución de características especiales como el Centro De Rehabilitación ubicado en la Parroquia Turi, se deben cumplir con determinados parámetros, o las normativas de ingreso, los cuales no están pensados en virtud de la discriminación, sino por el contrario en base a la protección de los visitantes, de los Abogados que comparecen a ejercer su profesión, de las personas privadas de la libertad, y de los propios Servidores de dicho Centro, por lo que no corresponde a la suscrita dejar sin efecto el Protocolo o Reglamento, ni pronunciarse sobre su validez, ya que la Ley prevé otros mecanismos para ello.- Por lo expuesto la suscrita jueza de la Unidad Civil del Cantón Cuenca, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, declara sin lugar la Acción de Protección
6 propuesta por la Abg. en contra del Dr. C en su calidad de Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Sur Turi - Cuenca, así como del Dr. A en su calidad de Director Regional del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ejecutoriada esta sentencia, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República.- Por renuncia de la titular se llama a intervenir en la causa como Secretario al Abg. Hágase saber f: VERDUGO ANDRADE AIDA CECILIA, JUEZ Lo que comunico a usted para los fines de ley. SECRETARIO

References: resolución 
 artículo 88
 resolución 
 artículo 1
 Artículo 6
 Artículo 11