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Timestamp: 2017-09-20 00:11:50+00:00

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QUERELLA FEDERAL PENAL PRESENTADA POR LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF EL 10 DE MARZO 2014 CONTRA ALEJANDRO REYNAL POR EL DESAPODERAMIENTO DE LOS BIENES Y EL BANCO LATINOAMERICANO DE EDUARDO SAIEGH Y EL LAVADO DE ACTIVOS
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Solicita ser tenido como parte querellante – solicita medidas – embargo - solicita fotocopias – hace reserva recurso de casación – hace reserva de caso federal.
JOSE ALBERTO SBATTELLA, DNI 8.345.989, Licenciado en Economía,en mi carácter de Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con el patrocinio letrado dela Dra. MARIANA NOEMÍ QUEVEDO (Tº 106 Fº 824 C.P.A.C.F) Dr. CLAUDIO JAVIER CASTELLI, Abogado, Tº 31, Fº 412, CPACF letrados de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en la causa Nº 1875/09 caratulada “Martinez de Hoz, Jose Alfredo y otro s/ delito de lesa humanidad”, de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, Secretaría Nº 2, constituyendo domicilio en Cerrito 264 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. nos presentamos y decimos:
I. MOTIVO DE ESTA PRESENTACIÓN – RECAUDOS FORMALES
Que en los términos del artículo 83 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación (en adelante “C.P.P.N.”), y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 1º del decreto 2226/2008, como así también del artículo 4 de la Ley 17.516 (Representación Judicial del Estado, texto según Ley 19.539) y el artículo 8 del Decreto 411/80 (Ref. Decreto 1265/87); venimos a solicitar se tenga por parte querellante a la Unidad de Información Financiera (en adelante e indistintamente “UIF” o “Unidad”), conforme las razones de hecho y derecho que desarrollamos a continuación.
II. HECHOS DE LA CAUSA - DELITO PRECEDENTE Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORÍGEN ILICITO.
La presente causa tiene origen en la denuncia oportunamente efectuada por el Arquitecto Eduardo Erza Saiegh, contra los Sres. José Alfredo Martínez de Hoz, Alejandro Reynal y William Reynal, por el delito de extorsión, cometido en su contra en el marco de la última dictadura militar 1976-83.
Al respecto corresponde tener presente que en 1980 el Sr. Saiegh se desempeñaba como vicepresidente primero del Banco Latinoamericano, siendo a su vez titular del 99,1% de sus acciones, en esas circunstancias el 31 de octubre de ese año fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura y sometido a un sin número de vejámenes y torturas a fin que este confesara delitos que permitieran al Banco Central de la República Argentina, decretar la intervención de la entidad bancaria.
En sus manifestaciones y tal como lo refleja la Comisión Nacional de Valores, en una publicación titulada “Economía, Política y Sistema Financiero”, elaborada por la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad y Justicia, el Sr. Saiegh habría sido secuestrado por orden del entonces vicepresidente ejecutivo del BCRA, Alejandro Reynal, para robar el Banco Latinoamericano de Inversión. El objetivo habría sido apropiarse de las acciones de la firma Malkin S.A. controlante de Austral Líneas Aereas, que estaban en caución en el tesoro del banco por una deuda superior a 7 millones de dólares que tenía la compañía aérea y eran necesarias para materializar el decreto 1662/80 de su estatización.
En este punto debe tenerse particularmente presente que el Sr. William Reynal –primo de Alejandro Reynal- era uno de los principales accionistas de la firma Austral Lineas Aereas y había encabezado las acciones tendientes a concretar aquella estatización. Máxime cuando aquella compañía registraba un pasivo superior a los 250 millones de dólares, por lo que su estatización, constituía un fructífero negocio para sus accionistas, ya que les permitía deshacerse del peso de aquel.
Por otra parte, también se desprende de aquella publicación que existieron otros motivos por los que se habría producido el secuestro del Sr. Saiegh, y es aquí donde debe darse cuenta que en aquél momento el Sr. Saiegh se encontraba gestionando la venta de 60% del paquete accionario de su banco, y en ese andar, llevaba muy avanzadas las negociaciones con el Credit Lyonanis.
Llama así la atención que mientras el Sr. Saiegh se encontraba detenido los potenciales compradores de su banco fueron llevados a una estancia perteneciente a Francisco Capozollo y se los persuadió para que reorientaran su inversión y optaran por comprar el Banco Tornquist, de propiedad del Sr. Capozollo.
Como si ello fuera poco, durante su detención – 05 de noviembre de 1980 – Alejandro Reynal citó a Jorge Alberto Shaw –presidente del BLA- y Bernardo Grispun –vicepresidente segundo- para una entrevista donde se les exigió el desplazamiento de Eduardo Saiegh del Directorio y la entrega del paquete accionario del BLA, lo cual rechazaron, sin perjuicio de que, bajo amenaza, lograron hacerles firmar un pedido de autoliquidación de la entidad.
En cuanto a aquel pedido de autoliquidación debe remarcarse que el mismo no se efectivizó en a tención a que el propio BCRA mediante Resolución Nº 15/81, ordenó la intervención y liquidación del banco, con un andamiaje factico y jurídico tan endeble que motivó que la Procuración del Tesoro de la Nación, mediante dictamen Nº 85/90, de fecha 29 de marzo de 1990, declarara la invalidez del acto y señala que el BCRA debería decidir la revocación de dicho acto por razón de su ilegitimidad, correspondiendo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de dictar el acto nulo, y continúa que atento al tiempo transcurrido podría darse la imposibilidad materializar aquella situación legal, ante ello sostiene que deberán arbitrarse, con la parte interesada, los medios para convenir una reparación material de los daños causados por el accionar ilegitimo del BCRA.
Es decir que aquel dictamen dejó sentado que el accionar evidenciado por el BCRA en la liquidación del Banco Latinoamericano de Inversión fue absolutamente irregular e ilegitimo, y tuvo por verificado, según se desprende de sus considerandos que el acto no se dictó con la intervención del directorio de BCRA, que si bien se alegó que existieron motivos de urgencia que impedían el trámite normal, lo cierto es que la orden no fue firmada solo por el presidente del BCRA sino por cuatro miembros del directorio, y no se especificaron las causas que originaban tal urgencia, de igual modo tampoco se señaló el motivo por el que se procedía a la liquidación cuando el BLA había presentado dos posibles compradores de la entidad y un plan de refinanciación y saneamiento de la entidad.
Hasta aquí resulta claro que el secuestro extorsivo de Eduardo Saiegh, tuvo al menos tres finalidades clara; 1) el licuado de la deuda que la empresa Austral Líneas Aéreas mantenía con el BLA –con el objeto de estatizar la firma-, 2) la captación del Credit Lyonanis a fin que desistiera de la compra del BLA y reorientara su inversión adquiriendo el 100% del paquete accionario del Banco Tornquist; y 3) la apropiación de los bienes del BLA ordenando su intervención y liquidación mediante la utilización del aparato represivo del estado.
Asimismo debe resaltarse que en su relato el Sr. Saiegh también refiere que a fin de lograr su libertad tuvo que negociar con sus captores (principalmente Ángel Iannibelli y Héctor E. Cereda) y en ese sentido se vio obligado a entregarles una fuerte suma de dinero y a su vez realizar un macabro pacto de silencio.
III. SOBRE EL CARACTER DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE LOS HECHOS AQUI VENTILADOS Y SU IMPRESCRIPTIBILIDAD.
No puede soslayarse el carácter que imprime a estos delitos, que es el carácter de lesa humanidad, atento que se trata de maniobras delictivas que formaron parte de una secuencia y una metodología sistemática diagramada por el Estado con finalidad persecutoria y no de simples e independientes hechos violatorios de la propiedad. En este aspecto es que resulta indudable que nos encontramos frente crímenes de lesa humanidad y en consecuencia, imprescriptibles. En ese orden, la persecución emprendida contra las víctimas comprendió medidas estatales que afectaron simultáneamente los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, de legalidad, propiedad privada, igualdad ante la ley, y protección judicial de un sin número de ciudadanos. Se trata de violaciones de parte del Estado Argentino a los derechos consagrados en los Art. I, II, VIII, IX, XXV, y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de Hombre de Bogotá de 1948, plenamente vigente al momento de la comisión de los hechos. En tal orientación, los ataques a la propiedad realizados en el marco de una persecución política a gran escala, sistemática y planificada, integran los delitos o crímenes contra la humanidad.
En el punto, se destacan pautas directrices establecidas en la jurisprudencia internacional y nacional en relación con las generalidades correspondientes a delitos de este tenor.
A tal efecto, se manifiesta que el 7 de mayo de 1997, el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia en autos Dusko Tadic, parágrafo 707 fs. 280/281, se expidió de conformidad con el antecedente del Tribunal de Nuremberg: “…encontró que el saqueo de la propiedad y las pertenencias de aquellos judíos que fueron obligados a emigrar o que fueron deportados era un crimen contra la humanidad, que se cometieron por medio del terror o unido a otros actos de violencia… o cuando fue el resultado de dichos actos, incluidos el Inter Alia, aquellos de naturaleza económica o legal”.
Asimismo, el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda, en el caso Rutaganda, parágrafo 453, manifestó que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos desde el primero de octubre de 1990 en ese país incluye a cuatro categorías de personas según su participación criminal, siendo la cuarta la de los autores de delitos contra la propiedad.
Otro tanto se dice, en igual sentido, en la sentencia el Tribunal Penal Internacional en el juicio a los principales criminales de guerra en Alemania, tanto en la foja 99 respecto a los ataques a la propiedad de los perseguidos realizados por el criminal Herr Frick, como en la foja 103 del fallo en relación a ese Subsecretario del Ministerio de Propaganda nazi.
También en el ámbito local constituye un antecedente jurisprudencial la causa Nº 13/84 (sentencia de fecha 30 de diciembre de 1986) en la se juzgaba a los comandantes en jefe de las tres armas. En tal ocasión (fallo 309:1689) la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma unánime consideró probado que en el territorio nacional se había llevado adelante un plan sistemático de represión, ordenando para luchar contra la “subversión terrorista” y finalmente también se tuvo por probado que “…las órdenes impartidos dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, fuera de otros cometidos por subordinados que pueden considerarse –como los robos producidos- consecuencia del sistema adoptado…”. (Voto del vocal José Severo Caballero).
En suma, los delitos contra la humanidad contemplan las persecuciones por motivos políticos realizadas a gran escala y de forma sistemática como la llevada a cabo en la Argentina. Asimismo los delitos contra la propiedad enmarcados en esa persecución sistemática integran la categoría de crímenes de lesa humanidad.
En 1968 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la “Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad”, mediante la resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de ese año. El Artículo 1 de la mencionada convención expresa que los crímenes de guerra y de Lesa Humanidad “…son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.
Dicha regla esencial fue acogida por la CSJN en el caso “Priebke”, donde entendió que no puede oponerse la prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal han sido categóricas al reconocer: “…el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad” (‘Arancibia Clavel’, Fallos: 327:3312); “el derecho a la verdad sobre los hechos que implicaron graves violaciones de los derechos humanos” (‘Urteaga’, Fallos: 321:2767); y “a otorgar rol protagónico de la víctima en este tipo de procesos” (‘Hagelin’, Fallos: 326:3268).
En lo que aquí importa, con fecha 18 de octubre de 2012 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dispuso ordenar el desarchivo del expediente nro. 6279/1997, en virtud de su conexidad con la causa nro. 1875, así como que continúe interviniendo en la investigación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de la Capital Federal.
Según surge del resolutorio referido, el objeto procesal de dichas actuaciones se centra en determinar si los hechos que a continuación se enuncian pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, siendo ellos parte del ataque coetáneo contra parte de la población civil, como reflejo de una política implementada a través del aparato estatal controlado por el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983 que se extendió en todo el territorio nacional: a) La inspección general dispuesta, en fecha 25 de octubre de 1980, por parte del Banco Central de la República Argentina en el Banco Latinoamericano; b) La privación ilegítima de la libertad dispuesta por la División Bancos de la Policía Federal Argentina desde el día 31 de octubre de 1980 hasta el 6 de noviembre de 1980 respecto de Eduardo Ezra Saeiegh –Presidente del Banco Latinoamericano-; c) La intimación formal, en fecha 16 de enero de 1980, por parte de Alejandro Fabián Reynal –Vicepresidente, en aquel momento, del BCRA- al Banco Latinoamericano para que solicite su autoliquidación, lo que así sucedió; d) La liquidación del Banco Latinoamericano por parte del BCRA, así como la revocación para funcionar y la solicitud de quiebra.
IV. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO
A) Aplicación al caso concreto
La presente causa debería orientarse a determinar si se encuentra configurado el delito de lavado de activos toda vez que el señor Alejandro Reynal, junto a otros sujetos que habrán de ser identificados a lo largo de la pesquisa se habrían apropiado de los bienes pertenecientes al Banco Latinoamericano y podrían actualmente administrar y/o poseer el producido de los mismos con el fin de darle apariencia de licitud cuando su origen resulta ilícito.
Respecto del autor del ilícito en cuestión, en un primer momento el Art. 278 CP preveía que toda persona podía realizar, en cualquiera de las formas de participación, el verbo típico, rigiendo al respecto el privilegio del auto encubrimiento, de manera que resultaban impunes quienes hubieran participado en cualquier calidad del ilícito precedente. Actualmente el Art. 303 del Código Penal contempla también la figura del autolavado.
En lo referente al elemento del tipo subjetivo, se trata de un ilícito doloso, admitiéndose su comisión con dolo eventual.
El delito precedente puede haberse consumado o tentado, pero siempre –lógicamente- se requerirá que haya generado algún provecho susceptible de ser blanqueado.
El tipo originalmente previsto en art 278 del CP, abarca–respecto de la acción delictiva previa- tanto a los bienes directamente provenientes del delito que lo antecede como de los sustitutos de aquellos.
Tal tesitura, resulta coherente con la naturaleza misma de la acción sancionada, desde que la transformación de los bienes originarios es precisamente la manera ordinaria de llevar a cabo el delito de blanqueo.
Según el tipo original, la conducta se configura cuando el sujeto “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de $50.000,-, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.
Convertir es “mudar o volver una cosa en otra”, es decir que abarcaría aquellas acciones a través de las cuales se pretende desvincular los bienes de su origen mediante su sustitución por otros distintos, medio muy común en las operaciones de blanqueo.
Transferir es tanto “ceder o renunciar en otro el derecho, dominio o atribución que se tiene sobre una cosa”, como “remitir fondos bancarios de una cuenta a otra”.
Lo que aquí se busca, es modificar la titularidad mediante cualquier forma de transmisión –lo que no importa necesariamente un desplazamiento fáctico de los bienes- para distanciarlos de su origen, lo que también resulta habitual en las maniobras de lavado.
Administrar es “ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o bienes” y también “suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa”, con lo que se alude a la acción de manejar los bienes provenientes del delito previo de modo que puedan ser aprovechados mediante su puesta en circulación con disimulo de su origen.
Vender es “traspasar a otro por el precio convenido la propiedad de lo que uno posee”, lo que en el caso significaría entregar a otro un bien como contrapartida de un pago de un precio en dinero (principalmente) ya que en estos supuestos no podría hablarse –en sentido jurídico- de propiedad en cabeza del enajenante.
Es, obviamente, la manera ordinaria de realizar el bien de origen ilícito para aprovechar su contenido económico.
Gravar es “imponer un gravamen” y gravamen es la “carga impuesta sobre un inmueble o sobre su caudal, lo que debe entenderse como la acción de dar los bienes –cualquiera sea su naturaleza- en garantía de una obligación”.
Por último, lo que se denomina definición genérica –con la pretensión de comprender toda conducta idónea de lavado en el texto original- se sustenta en el verbo aplicar (de cualquier otro modo), que significa “emplear, administrar o poner en practica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en una cosa o persona” o “destinar, adjudicar, asignar” y “adjudicar bienes o efectos”.
El sentido que debe darse a ese término, pues, es el de llevar a cabo cualquier acto de administración o disposición sobre los bienes provenientes del delito que sirvan para disimular su origen ilícito.
De allí que en el presente habrá de desentrañarse cada una de las maniobras que fueron desarrolladas por Alejandro Reynal, Héctor Cereda, Ianibelli Ángel y demás cómplices en este accionar, ya que no puede descartarse que desde la apropiación de los activos del BLA en Noviembre de 1980, hasta la fecha esos activos podrían haber sido incorporados al sistema financiero, es decir, lavados de diversas formas.
Por otra parte, cabe señalar que tratándose de un tipo de conductas alternativas, la circunstancia que el autor ejecute una o varias de ellas carece de trascendencia.
Entonces, el delito se consuma cuando se llevan a cabo las acciones previstas sobre los bienes de procedencia delictiva, con aptitud suficiente para que se produzca como resultado la posibilidad más o menos cierta de que ellos o los que los reemplacen adquieran apariencia de legitimidad.
La nueva apariencia no es cualquiera, sino aquella que provea a los bienes de características de legitimidad, de modo que pueda, en alguna medida, concurrir para disimular el origen ilícito.
En el presente caso debería investigarse si uno de los mecanismos para dar apariencia de licitud a aquellos bienes apropiados habría sido la creación del banco MBA de propiedad de Alejandro Reynal. Es decir debería determinarse si el MBA habría sido constituido por el Sr. Reynal para poder canalizar hacia el exterior los fondos que se extraían ilegalmente mediante la liquidación de diversas entidades financieras – entre las que se encuentra el Banco Latinoamericano –
Abonando esa sospecha debe indicarse que el Sr. Alejandro Reynal es uno de los 469 sujetos que el Sr. Hernán Esteban Arbizu denunció haber tenido como cliente argentino del JP Morgan, para quienes señaló efectuaba maniobras de lavado de dinero, todo lo cual consta en la Causa Nº 9232/08 radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría 23.
Amén de lo expuesto recientemente NEFXIN SA, ARROYO URBAJAY SA y el Sr. Walter GRENON adquirieron el cien por ciento (100%) de la participación de MBA LAZARD HOLDINGS ARGENTINA SA en el capital accionario de MBA Lazard Banco de Inversiones SA.
Llama la atención que dicha operación se haya efectuado a pesar de que el Sr. Reynal sea quien detentaba la mayoría de las acciones vendidas, concomitantemente con la Resolución de la Cámara arriba citada.
Amén de lo expuesto, se han detectado sospechas de Lavado de Activos en las siguientes actuaciones:
- Con fecha 1º de marzo de 2012 el BCRA reporto ante esta UIF a MBA Lazard Banco de Inversiones S.A. por cuanto, en fecha 12/04/2011, recibió USD 459.970 de la sociedad panameña Thunderbirds Hoteles Las Américas S.A. desee su cuenta en Panamá, en la cuenta nro. 36965648 en el Citibank de NY (fs. 1/7 – Expte. UIF 151/2012 “BCRA s/ ROS”). La sospecha se centró en las diferencias en los montos evidenciados en el contrato celebrado entre ambas partes (USD 80.000).
- Con fecha 2 de junio de 2010, El BCRA reporto ante esta UIF a MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. por cuanto, entre los años 2002-2009, realizo “Inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas” por USD 146.472.132 y “Repatriación de inversiones de residentes” por USD 292.067.842 (fs. 133/141, expte. UIF 1054/2010 “BCRA s/ ROS”).
- Con fecha 11 de noviembre de 2010, la AFIP reporto ante esta UIF a MBA Banco de Inversiones S.A. por cuanto, en el mes de septiembre de 2003, realizo operaciones de Títulos Públicos BG2008 por $ 23.330.000, orientado a la compra de divisas y su giro al exterior. Infiriéndose que esta operatoria era, en realidad, diseñada por MBA Banco de Inversiones S.A., MBA Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. para permitir a sus clientes el giro de dólares a New York, evadiendo restricciones impuestas por el BCRA (fs. 1/15, expte. UIF 2864/2010 “AFIP s/ informe de fiscalización”).
- Con fecha 25 de noviembre de 2005, la Comisión Nacional de Valores reporto ante esta UIF a MBA Sociedad de Bolsa S.A. por operaciones realizadas, en diciembre de 004, vinculadas con los Títulos Públicos RG12 y GD08 por $ 120.000.000 (contabilizando las compras y las ventas). La CNV concluyo que la operatoria desplegada por MBA Sociedad de Bolsa S.A., MBA Banco de Inversiones S.A. y MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A. era una trading aparente, tendiente a permitir a los distintos comitentes/ clientes evadir los distintos controles del BCRA (fs. 1/6, expte. UIF 699/2005, “CNV s/ ROS”).
Dichas actuaciones obran en poder de la PROCURADORIAS DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS (PROCELAC) en su Area Operativa de LA/FT a quien se le requirió que, por medio del Juez competente, solicite la suspensión de la operación en cuestión de conformidad con el artículo 14 inc. 5 de la Ley Nº 25.246.
B) El bien jurídico protegido
La Ley N° 26. 683 sobre lavado de activos, incorpora un Título XIII al Libro Segundo de nuestro Código Penal, bajo la denominación de "Delitos contra el orden económico y financiero" (artículo 303).
De modo acertado, se modificó el bien jurídico tutelado. Si bien el delito de lavado de activos se ha considerado como pluriofensivo, la afectación que produce al bien jurídico “orden económico y financiero" se observa con mucho mayor claridad que respecto de la administración de justicia (bien jurídico tutelado antes de la reforma), en tanto se trata de un delito de carácter económico.
En esta misma línea se manifiesta el Preámbulo del Convenio de Viena, según el cual los vínculos que existen entre el narcotráfico y otras actividades delictivas transnacionales “socavan las economías lícitas”. La doctrina mayoritaria se pronuncia en favor de una vinculación del lavado de activos con la influencia que despliegan el dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal. Este es un delito económico con el que se pretende proteger un bien jurídico de carácter económico.
El orden económico y financiero se configura como un bien jurídico supraindividual, cuyo titular o sujeto pasivo es la comunidad en general, por las profundas alteraciones del sistema económico y financiero, que distorsionan los presupuestos básicos de convivencia social.
En virtud del principio de lesividad, es necesario entonces especificar el modo en que este bien jurídico se ve afectado en la realidad por la comisión del delito de lavado de activos. En este aspecto, no puede desconocerse la influencia que los activos provenientes de origen ilícito (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, evasión tributaria, defraudaciones a los Estados, entre otros) generan en la economía, propiciando una economía paralela que influye en procesos inflacionarios, fomentando situaciones de abusos de poder y especulaciones financieras y monetarias.
Los ataques contra el orden económico y financiero pueden llegar a impactar sobre la moneda de los Estados, perturbando el normal funcionamiento de los mercados financieros, el tipo de cambio, la libre competencia, e incluso favoreciendo la existencia de monopolios, teniendo en cuenta el enorme volumen de dinero que se lava. Se obstaculiza el sistema financiero y la seguridad del tráfico comercial.
Respecto del menoscabo al sistema financiero, el delito de lavado de activos provoca una enorme lesión, en tanto el buen funcionamiento de la economía es el mantenimiento de un sistema financiero sano. La utilización de entidades de crédito e instituciones financieras para la liquidación de los negocios ilegales produce desconfianza del público, lo cual daña el orden económico y financiero pues su base es justamente, la confianza. En este sentido, la directiva de la CE en su Preámbulo considera que la utilización de las entidades de crédito y de las instituciones financiera para el lavado de capitales puede poner seriamente en peligro tanto la solidez como la estabilidad de la entidad o institución como la credibilidad del sistema financiero en su conjunto, ocasionando con ello, la pérdida de confianza del público. Se afectan también los intereses de los operadores y de los particulares que depositan sus ahorros: la inyección de grandes sumas puede trastornar el normal funcionamiento del sistema financiero, imposibilitando prever el comportamiento futuro del mercado, generando desconfianza y así, corridas bancarias y más desconfianza.
La afectación en concreto de la libre competencia como parte del orden económico, resulta de grave daño social, teniendo en cuenta que la competencia es un principio rector de todo mercado. Es un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad, y representa, en el marco de las libertades individuales, la forma más importante de manifestación del ejercicio de la libertad de empresa, tanto así que los poderes públicos tienen encomendada la defensa de la competencia. El lavado de activos resulta desestabilizador del principio de libre competencia, poniendo en peligro el orden económico y financiero, influyendo en todos los ámbitos de la libre competencia, desde los mecanismos de formación de precios hasta la salvaguarda de los derechos de los consumidores.
En el caso, cobra relevancia la situación generada a partir de la apropiación de los bienes pertenecientes al Banco Latinoamericano.
Desde este punto de vista se señala que los agentes naturales del mercado no pueden competir con quienes obtienen sus fondos al margen de las reglas propias del sistema, los que se colocan así en posición de superioridad y alteran la libre competencia pues llegan a controlar algunos sectores gracias al caudal de dinero –de procedencia ilícita- que pueden inyectar con perjuicio de los otros operadores que deben recurrir al crédito para mantenerse o insertarse en el mercado.
No cabe duda que el accionar del Sr. Reynal a través del ejercicio de su cargo de vicepresidente del BCRA, mediante la intervención y liquidación de entidades financieras determinó que determinadas entidades tuvieran un rol preponderante en la economía mientras que otras se hundían en sus deudas y eran obligadas a liquidarse.
De allí que surge a todas luces evidente el daño y/o afectación producida al orden económico financiero.
V. LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y EL PODER DE POLICÍA. FACULTAD PARA QUERELLAR.
El poder de policía es, desde luego, un derecho incontrovertible de toda sociedad jurídicamente organizada, esencial a su propia conservación y defensa, perteneciente a todo gobierno constituido para asegurar el logro de los fines sociales mediante el uso de los bienes que a ese efecto sean adecuados.
Se trata de una función integrante -con exclusividad- del poder que detenta el Estado Argentino. Para un organismo que cuya competencia específica es la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, implica realizar todos aquellos actos tendientes a cumplir con esa función.
En ese sentido, amén de llevar al Ministerio Público Fiscal los hechos sospechosos de criminalidad, incluye también la facultad presentarse en los procesos abiertos por tales delitos, a los fines de llevar adelante la prosecución del caso, peticionar, reclamar y apelar a los fines de un efectivo control en el proceso, de su potestad derivada del poder de policía.
El Decreto Nº 2226/2008 autoriza a la Unidad de Información Financiera “…a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten…”.
Cabe señalar que en virtud de las funciones establecidas por la Ley Nº 25.246 y su modificatoria 26.683, la UIF es un órgano con autonomía y autarquía funcional y financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Debe ponerse de resalto que el fallo dictado en la Causa Nº 17147/08, caratulada “Pallavicino, Jorge Roberto y Otros s/ Encubrimiento (artículo 278 del C.P.), que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, Secretaría 23, más precisamente en el incidente caratulado “Unidad de Información Financiera s/ser tenido como parte querellante”, donde la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional , expresó que de acuerdo a lo establecido en las leyes 17.516, 25.246, 26.338, y Decreto Nacional N° 2226/08 “Se estima que la UIF tiene aptitud para ser tenida como parte querellante en esta causa” (Sala I).
En este sentido, corresponde la admisión de este Organismo en tal carácter, como ha sostenido la Sala I de Apelaciones del fuero Federal, en la causa N° 46.040 “Sbattella José Alberto- Unidad de Información Financiera S/ Solicitud de ser tenido por parte querellante”: “La prerrogativa de la UIF de intervenir en el proceso no puede cercenarse...” y también: “La decisión del a quo (de no permitir la constitución en querellante por parte de la UIF) desactiva uno de los dispositivos pensados para perseguir eficazmente aquellos fines”, y también “Es, en otras palabras, el Organismo del Estado concebido específicamente para combatir ese tipo de criminalidad económica”.
VI. LA JUSTICIA, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS.
La complejidad de estos hechos, sumado a la carencia de infraestructura necesaria para llevarlos adelante, más el recargo habitual de tareas complica la investigación de estos tipos penales, pues resultan de menor dificultad los delitos tradicionales (robo, hurto, tenencia de estupefacientes etc.).
Por ello, resuelta de suma importancia la colaboración en esta causas a través del rol de querellante del Ente Estatal de que se trate; pues todos los sujetos que representen intereses legítimos deben tener la posibilidad de acudir en el proceso: el Juez, el Ministerio Público, y el Querellante etc., y este último aún con mayor razón cuando su intervención devenga del poder de policía constitucionalmente establecido y por una ley federal (17.516) materializado, en un sector sumamente representativo de la vida económica.
VII.- MEDIDAS SOLICITADAS: Embargo Preventivo
Solicito se forme incidente de aseguramiento de bienes respecto de todos los imputados, Alejandro Reynal, Héctor Cereda y Angel Iannibelli, así como de la sociedad MBA.
De este modo, se solicita proceda a adoptar de manera urgente medidas cautelares tendientes a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o evitar que se consolide su provecho, o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes, de acuerdo al Artículo 23 y 305 del CP y 518 del CPPN.
Debe recordarse que la Nueva Recomendación Nº 4 del GAFI establece que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.
De este modo el Artículo 305 del CP dispone que el juez “podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes.” Mientras que el Artículo 23 establece que en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios.
2.- Inhibición General de Bienes.
Subsidiariamente y para el supuesto de no individualizarse bienes a nombre de los imputados; por las razones expuestas ut supra, se solicita la inhibición general de bienes a su respecto, toda vez que se dejaría sin sustento fáctico la acción penal que se pretende, de no decretarse alguna decisión de tal carácter en derredor de los mismos.
VIII. SOLICITAN FOTOCOPIAS
Por último, con el objeto de contar con todos los antecedentes procesales y avances que a la fecha se vienen verificando en la investigación a cargo de esta judicatura, solicitamos se nos autorice a la extracción de fotocopias de la totalidad de estos actuados, a nuestro costo.
IX. RESERVAS CASATORIA Y FEDERAL
Debido el tenor de las cuestiones vertidas en esta presentación y atento la inobservancia o errónea aplicación de la normativa de fondo que importaría no resolverse conforme a nuestros pedidos (CPPN, 456 inciso 1ro.) e incluso, la inobservancia de las normas que el ritual establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (CPPN, 456 inciso 2do), formulamos reserva de recurrir por ante la Cámara Nacional de Casación Penal, en resguardo de los derechos y garantías que asisten a nuestra representada, Unidad de Información Financiera.
Asimismo, hacemos expresa reserva de llevar nuestros reclamos por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en el hipotético caso que Vuestra Señoría no hiciera lugar a nuestros planteos, existirá cuestión federal suficiente (articulo 14 de la Ley 48), tal decisión resultará equiparable a definitiva, afectando las previsiones del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, por desconocerse las funciones y facultades que el Estado Nacional otorgara a la UIF, vulnerándose la garantía de ser oído en juicio.
1 - Nos tenga por presentados y por cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 83 del CPPN.
2 - En base a ello, tenga por Parte Querellante a la Unidad de Información Financiera.
3 - Se haga lugar a las medidas cautelares solicitadas formándose incidente de aseguramiento de bienes.
4 – Se requiera al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA que remita la totalidad de los antecedentes referidos al BANCO LATINOAMERICANO DE INVERSION.
5- Se requiera al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA que remita la totalidad de los antecedentes referidos a MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES SA.
6 - Autorice a los aquí rubricantes y a las doctoras Inés Aramburu (DNI 30.633.531), María Mercedes Zabaljáuregui (DNI 27.235.945) y a los doctores Martín Alejandro Olari Ugrotte (DNI 28.903.250), y Gabriel Gustavo Merola, (DNI 32.437.437), así como también al Sr. Julian Aloisi (DNI 32.923.762) a examinar las actuaciones y la extracción de copias de la totalidad del legajo, a nuestro costo.

References: artículo 83
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 8
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 14
 Artículo 23
 Artículo 305
 Artículo 23
 artículo 18
 artículo 83