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Timestamp: 2020-02-26 12:57:47+00:00

Document:
===Previo al juicio===
i. Aparición inicial frente al tribunal
'''Aparición inicial frente al tribunal'''
Cuando el tribunal lo considere estrictamente necesario para su resolución, dispondrá la producción de prueba, salvo que esta deba ser recibida en el juicio oral. (artículo 318 CPP)
ii. Imputacion
==Imputacion==
d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser informado y enterarse de los hechos que se le imputan [...].
Artículo 92: " Al comenzar a recibirse la declaración, el funcionario que la reciba comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica y un resumen de la prueba existente [...].
Artículo 317: "Dentro del plazo previsto, las partes podrán:
a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el querellante, por defectos formales o sustanciales [...]."
La realización de la audiencia preliminar exige una breve preparación que consiste, básicamente, en el otorgamiento de un plazo de cinco días a las partes, con la finalidad de ponerles en conocimiento las actuaciones y elementos de pruebas recabados en la etapa preparatoria. En la resolución que otorga dicho plazo, se cita a las partes para la audiencia preliminar y se fijan la fecha y hora para tal efecto.
Señala el artículo 317 del CPP que las partes dentro de esos cinco días tienen varias opciones o gestiones que pueden realizar, dentro de las que podemos citar, como ejemplos, las siguientes: pueden alegar defectos formales de la acusación o de la querella; pueden solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a prueba, la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba o la aplicación del procedimiento abreviado. Dentro de plazo de cinco días, las partes deben ofrecer, también, los medios de prueba que han de ser recibidos en el debate oral con posterioridad.
La mecánica de la audiencia es sencilla. En los casos donde legalmentesea posible, el juez o la jueza deberá tratar de aplicar alguna medida alterna para que se pueda solucionar de manera pacífica el conflicto entre las partes involucradas. Si no es posible la conciliación, el juez o la jueza a cargo de la audiencia dará la palabra en ese orden al o a la querellante, al o a la representante del Ministerio Público, al actor o actora civil, al defensor o defensora del acusado o acusada y al demandado o demandada civil. La persona acusada, si lo desea, puede declarar en cualquier momento de la audiencia.
La mecánica de la audiencia es sencilla.
En los casos donde legalmentesea posible, el juez o la jueza deberá tratar de aplicar alguna medida alterna para que se pueda solucionar de manera pacífica el conflicto entre las partes involucradas. Si no es posible la conciliación, el juez o la jueza a cargo de la audiencia dará la palabra en ese orden al o a la querellante, al o a la representante del Ministerio Público, al actor o actora civil, al defensor o defensora del acusado o acusada y al demandado o demandada civil. La persona acusada, si lo desea, puede declarar en cualquier momento de la audiencia.
Recordemos que en la audiencia preliminar no solo se conoce la acusación, sino también es momento para plantear la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, el proceso abreviado o el criterio de oportunidad, por lo que el contenido de cada audiencia será distinto según el interés de las partes.
La audiencia preliminar es una actuación que debe documentarse en un acta que al efecto se levantará. Esta es otra labor de apoyo que puede ser realizada por el o la auxiliar judicial y que puede realizarse tanto por escrito, como por medio de una grabación, usando para ello los equipos de video con que se ha dotado a distintas oficiales judiciales. A continuación, le presentamos un formato tradicional de acta de audiencia preliminar.
La naturaleza del juicio es Procesal Penal
Revision as of 12:41, 9 March 2018
En particular, los derechos que el numeral 82 del CPP le concede al acusado o acusada son los siguientes: -	Derecho a conocer la causa de su detención, a saber cuál funcionario o funcionaria la ordenó y a que se le muestre la orden respectiva -	Derecho a tener comunicación inmediata y efectiva con la persona o agrupación a la que desee comunicar su captura. -	Derecho a ser asistido o asistida desde el primer acto del procedimiento por el defensor o defensora que designen él o ella, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura, y si no se designa a ninguna persona, puede ser asistido o asistida por un defensor o defensora pública. -	Derecho a presentarse o ser presentado o presentada ante el Ministerio Público o ante el tribunal, para ser informado o informada y enterarse de los hechos que se le imputan. Se trata de una disposición que tiende, principalmente, a garantizar la defensa material, es decir, la que ejerce y lleva adelante el propio acusado o acusada. -	Derecho de abstenerse a declarar y, si acepta hacerlo, que su defensor o defensora esté presente en ese momento y que asista a otras diligencias que lo requieran. -	Derecho a no ser sometido o sometida a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad. -	Derecho a que no se utilicen en su contra medios que impidan su libertad de movimiento durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que el tribunal o el Ministerio Público estime apropiadas para el caso Pero hay que tomar en cuenta que el acusado o acusada no solo tiene derechos en el proceso, sino que también debe cumplir ciertas obligaciones propias de tal condición. Se trata fundamentalmente de obligaciones cuyo acatamiento permite desarrollar el proceso en forma ordenada y garantiza su presencia en todo momento. Si analizamos el contenido del CPP, podemos identificar o señalar las siguientes obligaciones fundamentales que debe cumplir u observar la persona encartada en sus actuaciones: Como regla general, el imputado o imputada está en la obligación de suministrar los datos que permitan su identificación personal y mostrar su documento de identidad (artículo 83 del CPP). Asimismo, debe indicar su domicilio y mantener actualizada esa información (artículos 84 y 89 del CPP). Debe comparecer a las citaciones judiciales (artículo 89 del CPP). El imputado o imputada no puede obstaculizar las investigaciones, pues de lo contrario, aún ante el peligro de que ello ocurra, la persona juzgadora puede disponer su prisión preventiva. El imputado o imputada está en la obligación de mantenerse sometido al proceso que se sigue en su contra, pues en caso de que exista peligro de fuga, en los términos en que lo define el artículo 240 del CPP, se podrá disponer su prisión preventiva. Durante la audiencia o debate oral y público, el imputado o imputada debe permanecer en la misma, salvo que el tribunal autorice su retiro (artículo 328 del CPP). Además, en algunas situaciones especiales surgen determinadas obligaciones para el acusado o acusada. Así sucede, como luego veremos al analizar las medidas alternas, en la suspensión del procedimiento a prueba, regulada en el numeral 25 hasta el 25del CPP. En tal caso, el o la imputada asume la obligación de cumplir no solo con el plan de reparación que se apruebe, sino también de acatar adecuadamente las condiciones que le sean impuestas por el tribunal. El incumplimiento de las obligaciones que incumben al acusado o acusada puede dar lugar a su declaratoria de rebeldía, tal y como lo señalan los artículos 89 y 90 del CPP. El primero de estos artículos indica que la declaratoria de rebeldía procede contra el acusado o acusada que sin grave impedimento no comparezca a una citación; se fugue del establecimiento donde guarde reclusión o se ausente de su domicilio sin comunicarlo a la autoridad respectiva. La declaración de rebeldía tiene efectos tanto sobre la persona acusada, como sobre el proceso mismo. En relación con la persona acusada, la declaración de rebeldía conlleva acarrea fundamentalmente disponer su inmediata captura. En cuanto al proceso, tal declaratoria no impide continuar los actos de investigación, en los cuales no sea necesario contar con su presencia; por ejemplo, entrevistar testigos. Pero sí tiene un efecto fundamental que es provocar la suspensión del cómputo de la prescripción, tal y como lo señala el artículo 34, inciso f del CPP. Si la persona acusada declarada rebelde justifica de modo suficiente el incumplimiento a sus obligaciones procesales, se revocará la declaratoria y se dejarán sin efecto las consecuencias personales y procesales de aquella. iii. Abogados La legislación procesal penal regula la intervención del o la defensora como obligatoria, inviolable e irrenunciable, a partir de los numerales 1, 12, 13, 82, inciso c), 93, 95, párrafo final, 100, 101, 104, 105, 108, 292, 318, 328, 336, inciso d), 345, párrafo segundo y 456 del CPP. La labor del defensor o defensora, enmarcada dentro de lo que se ha denominado defensa técnica, encuentra sentido en la necesidad de establecer un equilibrio jurídico entre el ciudadano o ciudadana a quien se atribuye la comisión de un hecho delictivo y el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. En la búsqueda de ese equilibrio es donde encuentran actualidad e importancia las garantías procesales. Tan importante es la labor del defensor o defensora que el numeral 108 del CPP dispone que no son admisibles el decomiso de objetos relacionados con la defensa, ni la interceptación de comunicaciones del imputado o imputada con su defensor o defensora, auxiliares, consultoras o consultores técnicos. Existe una limitación respecto del número de defensores o defensoras que pueden intervenir a favor de una misma persona imputada, ya que el numeral 106 del CPP señala que no podrá ser defendida por más de dos abogados o abogadas simultáneamente. La notificación hecha a una persona de estas será válida para todos y todas. El ejercicio del cargo de defensor o defensora es obligatorio para el abogado o abogada que lo haya aceptado, salvo excusa fundada, tal y como lo señala el párrafo último del artículo 101 del CPP. Esa obligatoriedad implica la imposibilidad de abandonar la defensa. Si ello ocurre se considerará falta grave y será comunicado al Colegio de Abogados, para que se imponga al profesional la sanción correspondiente. iv. Testigos expertos El perito o perita es una persona ajena al proceso que tiene conocimientos especiales, ya sean sean científicos o de otro tipo, y es llamado o llamada para aclarar o determinar algún aspecto o circunstancia de interés sobre el hecho objeto de la investigación. En ese sentido, el artículo 213 del CPP señala que el perito o perita interviene cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba, es necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. La persona perita es designada por el Ministerio Público durante la investigación preparatoria o bien por el tribunal competente, si la necesidad de su intervención surge en las etapas intermedia o de juicio El dictamen que rinda el perito o perita debe ser fundamentado y debe relatar cuáles fueron las operaciones o exámenes practicados y los resultados obtenidos, así como las conclusiones sobre cada punto estudiado. v. Jueces La intervención del juez o la jueza en torno a la solución de los conflictos sociales se funda, a nivel constitucional, especialmente en los artículos 41 y 153 de la Carta Magna: el principio de justicia pronta, cumplida y sin denegación que se desprende de los citados artículos se plasma de modo general en el artículo séptimo del CPP., el cual impone la especial obligación al juez o jueza de resolver el conflicto sometido a su conocimiento, en procura de restablecer la armonía social entre sus protagonistas. De este modo, por imperativo constitucional, su principal tarea se relaciona con la solución del conflicto dentro de un marco de respeto a las garantías y derechos que la misma Constitución concede y reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas. Como principios que deben regir la actuación jurisdiccional, podemos citar los siguientes: -	El juez o la jueza deben ser independientes en sus funciones (artículos 9 y 154 de la Constitución Política y 5 del CPP.). -	El Juez o la jueza deben procurar el respeto a la igualdad de las partes en el proceso (artículos 19 y 33 de la Constitución Política y 6, párrafo tercero, del CPP.). -	Deben respetar el derecho fundamental a la libertad personal y restringirlo solo cuando sea absolutamente necesario (artículos 20, 28, 37 y 39 de la Constitución Política y 2, 10, 238, 239 y 244 del CPP.). -	Deben velar por el respeto a la intimidad personal de quienes intervienen en el proceso (artículos 23 y 24 de la Constitución Política y 9, 188, 189, 193, 295 y 330 del CPP.). -	El juez o la jueza deben resolver el conflicto de forma pronta, de modo que la solución que se adopte sea capaz de restaurar la armonía social (artículos 41 de la Constitución Política y 7 del CPP.). -	Deben actuar objetivamente en su función de administrar justicia, apartando las funciones puramente investigativas que corresponden, en principio, al Ministerio Público (artículo 42 de la Constitución Política, según señaló la Sala Constitucional en la sentencia 1887-90;-y en los artículos 6, 62, 277, 289 y 290 del CPP.). -	Deben tener competencia para actuar en el caso concreto (artículo 35 de la Constitución Política y 3, 42, inciso a), 45 y 47 del CPP.). -	El juez y la jueza deben velar por el respeto de las garantías que a las personas e intervinientes en el proceso les señalan la Constitución Política, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica (artículos 7 y 39 de la Constitución Política y 1, 12, párrafo último y 277 del CPP.). Un punto importante, en torno a la garantía de objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la actuación jurisdiccional, es el tema de las excusas y recusaciones, el cual se encuentra regulado en el artículo 55 y siguientes del CPP. Con ello se busca asegurar que el juez o la jueza que va a conocer determinado asunto no tenga motivos personales que afecten la objetividad e imparcialidad con que debe resolver el asunto. El numeral 55 citado establece como motivos de excusa para el juez o la jueza, haber pronunciado o concurrido a pronunciar auto de apertura a juicio o sentencia; haber actuado en el proceso como funcionario o funcionaria del Ministerio Público, defensor o defensora, denunciante o querellante; haber actuado en el proceso como perito o perita, consultor o consultora técnica o testigo; tener interés directo en el proceso; ser cónyuge, conviviente por más de dos años o pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad de alguna de las personas interesadas en el proceso; si ha sido tutor o tutora, curador o curadora, o ha estado bajo tutela o curatela de alguna de las personas interesadas; cuando él o ella, su cónyuge, conviviente, padre, madre, hijos o hijas tengan un juicio pendiente con alguna de las personas interesadas; cuando él, ella o alguna de las personas citadas sea acreedor, acreedora, deudor, deudora, fiador o fiadora de alguna de las personas interesadas, salvo que se trate de bancos del sistema bancario nacional; cuando, antes de iniciarse el proceso, hubiera sido denunciante, acusador o acusadora de alguna de las personas interesadas, o hubiera sido denunciado, denunciada, acusado o acusada por ellos o ellas, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ellos o ellas; si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas. Por otra parte, debido a que la solución del conflicto es la principal finalidad de las autoridades jurisdiccionales, tal y como lo señala el numeral 7 del CPP., el ordenamiento procesal pone a su disposición una serie de posibilidades de actuación tendentes a lograrla. Dentro de las posibilidades de actuación concretas del órgano jurisdiccional, contenidas en la legislación procesal penal, podemos señalar las siguientes: -	Aprobar la aplicación de criterios de oportunidad (artículos 22 y 23). -	Aprobar la aplicación de la suspensión del proceso a prueba (artículo 25). -	Homologar los acuerdos conciliatorios y autorizar su cumplimiento (artículo 36). -	Resolver diferencias diversas surgidas entre el Ministerio Público y los demás intervinientes; por ejemplo, los artículos 77, 203 y 292, párrafo segundo. -	Velar para que las partes litiguen con lealtad, sin planteamientos dilatorios y sin abusar de las facultades que les son acordadas (artículos 127 y 128). -	Ejercer los poderes coercitivos del caso para ordenar el procedimiento y la realización segura y adecuada de los actos procesales (artículos 139, 187, 208 y 335). -	Facultad de restablecer las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que existan elementos suficientes para decidirlo (artículo 140). -	Puede limitar la duración del tiempo que puede utilizar el Ministerio Público en la etapa preparatoria, con miras a la actuación del principio constitucional de justicia pronta (artículo 171). -	Puede disponer medidas cautelares sobre la persona del propio acusado o acusada, o bien de carácter real para asegurar la obtención de los fines del proceso (artículos 235 y siguientes). -	Declarar extinta la acción penal (artículos 30 y 311). Un último aspecto de interés, en torno a la caracterización de la figura del juez o la jueza, es lo referente a su responsabilidad por los actos que autorice y practique o las decisiones que tome. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en los numerales 19 a 24 una póliza de garantía para responder acualquier responsabilidad civil en la que incurra la persona juzgadora en el ejercicio de sus funciones, así como el procedimiento para su ejecución. El tema de la responsabilidad del funcionario y la funcionaria jurisdiccional, en tanto empleados públicos, queda cubierto con las disposiciones que al respecto contiene la Ley General de la Administración Pública en los numerales190, 191, 192, 194, 199 y 201. vi. Victimas El artículo 70 del CPP introduce una definición de víctima señalando que debe considerarse como tal a la persona ofendida directamente por el delito. Si esta ha fallecido como resultado del delito, entonces adquieren tal calidad el o la cónyuge, el o la conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o hija, la madre o padre adoptivo, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad y la persona heredera declarado judicialmente. Según se desprende del análisis del CPP, la víctima tiene fundamentalmente los siguientes derechos: -	Derecho a una decisión judicial definitiva a su pretensión, dentro de un plazo razonable (artículo 4). -	Derecho a revocar la instancia que haya promovido en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, hasta antes de acordarse la apertura a juicio (artículo 17, párrafo cuarto). -	La víctima de domicilio conocido tiene derecho a ser oída respecto de la solicitud de suspensión del procedimiento a prueba que proponga el acusado o acusada (artículo 25, párrafo quinto). -	Derecho a conciliar con el imputado o imputada en condiciones de igualdad y libre de toda coacción o amenaza (artículo 36, párrafo séptimo). -	Derecho a ejercer la acción civil resarcitoria para reclamar el pago del daño causado por el delito, pudiendo contar con la colaboración de la oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público (artículos 37 y 39). -	Derecho a interponer querella en los delitos de acción privada (artículos 72 a 74). -	Derecho a interponer querella o acusación particular en delitos de acción pública para provocar la persecución penal (artículos 75 a 80). -	Derecho a quejarse en los términos del numeral 174 del CPP por los retardos en las actuaciones y resoluciones judiciales. Este derecho es compartido con los demás sujetos procesales. -	Derecho también a obtener protección de las autoridades cuando su vida o integridad física se puedan ver amenazadas por el acusado o acusada (artículos 241 y 244, incisos e), f) y g). -	Derecho a proponer al Ministerio Público la realización de diligencias de investigación, pudiendo incluso acudir ante el tribunal del procedimiento preparatorio en caso de negativa a evacuarlas (artículo 292, párrafo segundo). -	Derecho a que su conflicto, mientras está en fase preparatoria, se mantenga en un nivel de privacidad adecuado. En el mismo sentido, en la fase de debate, tiene el derecho, compartido con las demás personas intervinientes, de que su declaración se reciba en forma privada, cuando ello pueda afectar su pudor, su vida privada o su integridad física (artículos 295 y 330). -	Derecho, además, a que, si así lo ha pedido, se le informe acerca de las decisiones y resoluciones que pongan fin al proceso, para que pueda recurrirlas o gestionar en la forma que corresponda la continuación del procedimiento (artículo 71, inciso c), 298, párrafo segundo y 300). -	Derecho a apelar directamente resoluciones que ponen fin al proceso, como en el caso de la desestimación y el sobreseimiento definitivo (artículo 71, inciso c), 282, párrafo último y315). La víctima de domicilio conocido tiene derecho a ser escuchada, aunque lo que manifieste no sea vinculante, en los casos donde el acusado o acusada solicite la suspensión del proceso a prueba o la aplicación del procedimiento abreviado (artículos 25, párrafo quinto y 374, párrafo tercero CPP). En los casos donde no pueda recurrir directamente, la víctima podrá pedir motivadamente al Ministerio Público que interponga los recursos pertinentes y tiene derecho a que el o la fiscal, en caso de que decida no recurrir, le explique por escrito la razón de su proceder (artículo 426 CPP). b.	Sentencia El artículo 363 del CPP señala los requisitos de la sentencia. Este documento debe emitirse al término de la deliberación, pero en casos complejos o por lo avanzado de la hora, puede redactarse y leerse solo la parte dispositiva en forma inmediata, y se puede realizar la lectura integral dentro de los cinco días siguientes. Es importante considerar la necesaria correlación entre acusación y sentencia, lo que significa que los hechos que sirven para dictar la sentencia y que se tengan por probados en la misma deben ser los descritos en la acusación o la querella. El artículo 363 del CPP señala los requisitos de la sentencia. Este documento debe emitirse al término de la deliberación, pero en casos complejos o por lo avanzado de la hora, puede redactarse y leerse solo la parte dispositiva en forma inmediata, y se puede realizar la lectura integral dentro de los cinco días siguientes. Es importante considerar la necesaria correlación entre acusación y sentencia, lo que significa que los hechos que sirven para dictar la sentencia y que se tengan por probados en la misma deben ser los descritos en la acusación o la querella. d. Apelación i. Derecho a un abogado (respondida en pregunta anterior) ii. Asistencia ineficaz del abogado Respecto del ejercicio negligente de la defensa técnica, la Sala Constitucional ha señalado que la actuación del abogado y de la abogada defensores será violatoria del debido proceso, únicamente cuando sea del todo negligente o impropia, con abandono de deberes esenciales o se haya dado en forma evidentemente contraria a los intereses del patrocinado.(Sentencia Número 6037- 99 Sala Constitucional) iii. Otros motives de apelación (respondida en pregunta anterior) iv. Remedios colaterales -	Revocatoria Este recurso tiene como fin que la resolución sea revisada por el mismo juez o tribunal que la dictó. El artículo 434 del CPP señala que la revocatoria procede contra lasresoluciones dictadas sin sustanciación; es decir, aquellas que se dictan en determinado momento del proceso sin dar audiencia previa a las partes. Como señala el artículo 435 de ese código, este recurso debe ser presentado por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución, para lo cual la persona interesada debe fundamentar sus argumentos. No existe un trámite especial para conocer de este recurso, ya que lo procedentees que se resuelva dando únicamente audiencia previa a las personas interesadas por tres días. Como antes señalamos, en caso de que el recurso de revocatoria se presente durante la realización de una audiencia oral, también deberá ser presentado de forma oral y será resuelto inmediatamente. -	Casación El recurso de casación procederá cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de defectos absolutos y los producidos después de clausurado el debate. Este es el recurso o forma de impugnación que existe contra la sentencia que pone fin a un asunto, la cual es dictada en la etapa de juicio, ya sea sin que se haya realizado este o como producto de la realización del debate.(art.443 Código procesal Penal) El recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los quince días después de que se notificó la sentencia; debe presentarse en forma escrita y con indicación de los textos legales que se estimen violentados. El recurso se presenta ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y este dará cinco días de plazo a los interesados para que comparezcan ante el tribunal de casación que corresponda. Luego se enviará el expediente ante esta última autoridad. Al tribunal de casación le corresponde analizar la admisibilidad del recurso. Si el recurso se declara procedente, se anulará la sentencia dictada, total o parcialmente. En este caso, debemos considerar varias posibilidades: -	que el tribunal ordene la realización de un nuevo juicio cuando el defecto existente sea de procedimiento y no pueda corregirse a menos que se reponga el debate. -	Que el defecto existente sea de procedimiento, pero no sea posible corregirlo, en cuyo caso no tendría sentido realizar de nuevo el debate, sino que el tribunal de casación debe resolver el asunto, pero suprimiendo los actos defectuosos y sus efectos. -	Que el defecto existente en la sentencia sea una incorrecta aplicación de las leyes de fondo; es decir, no es un problema de procedimiento sino de interpretación y aplicación de las normas. En ese caso, generalmente tampoco será necesario realizar de nuevo el debate, sino que el tribunal de casación aplicará la ley correctamente y resolverá lo que corresponda.
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References: Artículo 92

Artículo 317
 resolución 
 artículo 317
 artículo 240
 artículo 34
 artículo 101
 artículo 213
 artículo 55
 artículo 70
 artículo 363
 artículo 363
 resolución 
 artículo 434
 artículo 435
 resolución