Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321066.html
Timestamp: 2019-03-24 11:15:03+00:00

Document:
as201321066
Auto Supremo: 66/2013
Expediente: LP-154-12-S
Partes: Pánfila Yujra Vda. de Muñoz c/ Ministerio de Educación y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
VISTOS: Los recursos de casación: 1.- En el fondo, interpuesto por Juan Alberto Yebara Ortega y Yola Mery Lima Villa en Representación de Roberto Iván Aguilar Gómez - Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia de fs. 384 a 386 vlta. 2.- En la forma y en el fondo, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de fs. 395 a 396 de obrados, impugnando el Auto de Vista Nro. S-298/12 de fecha 17 de agosto de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Nulidad de documentos seguido por Pánfila Yujra Vda. de Muñoz contra el Ministerio de Educación y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, los antecedentes del proceso y:
Que, tramitada la causa, el Juez Segundo de Partido en lo Civil de La Paz, emitió la Sentencia Nro. 281/2010 de fecha 9 de agosto de 2010, cursante de fs. 317 a 319, declarando Probada la demanda de fs. 7 a 8 modificada de fs. 15 a 17 interpuesta por Pánfila Yujra Vda. de Muñoz, heredera de Martha Yujra Mamani contra el Ministerio de Educación y la Honorable Alcaldía Municipal de El Alto, en cuyo mérito se dispone la nulidad de Escrituras Públicas Nros. 242 de fecha 16 de diciembre de 1983 otorgada por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento referido a la donación a Título gratuito de un lote de terreno otorgado por el Sr. Antonio Chávez Moza a favor del Ministerio de Educación y Cultura y Nro. 180 de fecha 9 de mayo de 2002 otorgada por ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del Departamento referido a la cesión y transferencia a título gratuito de un lote de terreno (Alto de la Alianza) suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, cancelación de la partida 978, fojas 978 del libro 40 de 1974 y de la Matrícula computarizada Nro. 2.01.4.01.0012620.
Recurrida la Sentencia mediante apelación por el Ministerio de Educación mediante los apoderados del Ministro de Educación Lic. Roberto Iván Aguilar Gómez –Irma Andrea Medina Castillo y Freddy Pedro Cortez Tarquino- de fs. 323 a 326, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nro. S-298/12 cursante de fojas 378 a 379 vlta., Aprueba en toda forma de derecho y confirma la Sentencia Nro. 281/2010 de fecha 9 de agosto de 2010, de fs. 317 a 319 de obrados.
Resolución que dió lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte del codemandado Ministerio de Educación por intermedio de los apoderados del Ministro de Educación Lic. Roberto Iván Aguilar Gómez de fs. 384 a 386 y Recurso de Casación en la forma y en el fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por intermedio del apoderado del Alcalde Municipal Edgar Hermógenes Patana Ticona y Edwin Yujra Sánchez de fs. 395 a 396, que se analiza.
En el orden cronológico propuesto, Recurso de Casación en el fondo interpuesto por el Ministerio de Educación:
Que, los fallos emitidos habrían soslayado realizar juicio sobre aspectos importante en la causa, atentatorios a derechos sociales y propiedad.
Que, en la demanda de manera general y ambigua ampararía la pretensión de nulidad en el art. 549 del Código Civil sin precisar la causal, que no fuera observado por el A quo ni el Ad quem, que considera vulneratorio el num. 5) del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, refiere a que la demandante hiciera afirmaciones de que el Poder Nro. 392/75 contuviera facultades limitadas, que sin embargo de la revisión de la misma se establecería lo contrario, que darían lugar a dudas en cuanto a sus afirmaciones en demanda.
Que, la transferencia a título de donación mediante Escritura Pública Nro. 242 de 16 de diciembre 1983 destinada a la construcción de una Escuela a favor del Ministerio de Educación habría cumplido con el objetivo y que en el marco de la Ley de Descentralización y Participación Popular se transfirió a favor del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Que, otro aspecto cuestionado fuera el hecho que las Autoridades jurisdiccionales de ambas instancias que el lugar que reclama fuera un terreno baldío y no donde funcionaria la Unidad Educativa y no era ni área verde, que denotaría la de apropiarse o pretender documentar terrenos sin que le corresponda el lugar físico, existiendo diferencia en las superficies.
Habría contradicción en la afirmación del Auto de Vista pues la demanda y sentencia versarían sobre una nulidad de Escritura Pública y no mejor derecho propietario para verificar ubicación, superficie y tradición, en ese sentido se habría permitido prueba impertinente que no haría al fondo del proceso. Se hace análisis sobre cual debió ser el curso del proceso y los pasos que debió darse para establecer la ubicación del lote de terreno. Otro aspecto soslayado y mal apreciado fuera el lugar en que se hubo realizado la inspección visu, que la Alcaldía de El Alto manifestaría es área verde y que en los hechos fuera un terreno baldío.
Que, se demandó la nulidad de las Escrituras Públicas Nros. 242/83 y 180 de 9 de mayo de 2002 siendo su base el proceso concluido sobre nulidad de Escritura Pública Nro. 392/75, que el mencionado proceso por Auto Supremo casaría en parte el Auto recurrido, manteniendo la vigencia del Poder Nro. 391/75 otorgado a favor de René Saravia Canchari, por lo que el referido fallo no probaría la pretensión de la demandante, manteniendo la validez legal.
Que, dentro de Autos se habría vulnerado los arts. 330 y 331 del Código de Procedimiento Civil, pues no se habría acompañado la documentación pertinente a tiempo de interponer demanda sino posteriormente, que por lo mismo se habría vulnerado el orden público que establece el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, y estas pruebas hubieran sido ampliamente valoradas por el Auto de Vista recurrido en desmedro del Estado.
Que, la demandante confesaría que el terreno es otro y que el ocupado por la unidad educativa Alto de la Alianza habría sido donado por su madre, en ese sentido el único predio con título de propiedad por el Ministerio de Educación es el contenido en la Escritura Publica Nro. 242 y registrado en Derechos Reales bajo la partida y fs. 978 del libro 40 de 1974 matriculado debidamente, reitera que la demandante habría conducido a otro lugar del terreno que no correspondería y fuera ajeno al inmueble de la Unidad Educativa que por esta razón el Ministerio de Educación hubiera manifestado que no tenía participación, pero al terreno en que se habría llevado la inspección, lo cual no significaría que no se vea afectada la Escritura Pública, aspecto que fuera erróneamente interpretado por el Tribunal de Alzada.
Que todas las omisiones, errónea apreciación y valoración de la prueba causaría evidentes agravios a esa cartera del Estado que defendería los intereses de la sociedad y la alta función de ejercer tuición sobre la educación al estar vinculada una Unidad Educativa.
Concluye por solicitar que en sujeción a lo determinado por los arts. 250, 253 numerales 2) y 3) y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se case el Auto de Vista Nro. S-298/12.
Recurso de Casación en la forma y el Fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto:
Reclama sobre el no pronunciamiento con relación al art. 197 del Código de Procedimiento Civil. Se hace referencia a que no se habría resuelto las demandas reconvencionales, sin considerar que el predio esta destinado a construcción de edificio escolar, citando el art. 17 de la Constitución Política del Estado, realizando especulación sobre el actuar del Juez de primera instancia.
Refiere sobre la nulidad de Oficio, señalando que la Resolución que declararía probada la demanda contra el G.A.M. de El Alto, vulneraría flagrantemente el art. 252 concordante con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, pretendiendo encontrar incumplimiento y el haber incurrido en las previsiones de la Ley 004 Marcelo Quiroga. De lo anterior colegiría que se vulnera el debido proceso, defensa, seguridad jurídica y que debiera reponerse hasta el vicio mas antiguo conforme impondría el art. 15 del Órgano Judicial conforme a los arts. 3 y 87 del Código de Procedimiento Civil.
Con esos antecedentes interpone recurso de casación en la forma y en el fondo señalando disposiciones legales y sin petitorio concreto.
En cuanto al Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el Ministerio de Educación:
A efectos de considerar el recurso de casación en el fondo planteado, es preciso puntualizar que este recurso – casación -, esta asimilado a una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil; empero debe quedar claro que cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, se lo realiza por errores en la Resolución de fondo del litigio error "in iudicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Adjetivo Civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo del litigio, siendo de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil (lo propio que cuando se plantea recurso de casación en la forma); es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error –como se ha dicho anteriormente-; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Con ese antecedente, en el caso que se analiza, si bien es cierto que la entidad recurrente cita algunas disposiciones legales, no precisa de que forma se hubieran vulnerado estas disposiciones legales y las referencias resultan siendo genéricas.
Por otro lado y no obstante lo anterior, cuando se cuestiona el actuar del Órgano Jurisdiccional el presunto incumplimiento de observar en cual de las causales del art. 549 del Código Civil se habría amparado la demandante o que se hubiera vulnerado lo determinado por el art. 327 num. 5) del Código de Procedimiento Civil, corresponde señalar que la nulidad planteada está amparada a la vez en el art. 547 del Código Civil, en razón a que el antecedente de la presente demanda, es otra de nulidad por el que se invalidó la Escritura Pública en el que aparecía como propietario Antonio Chávez Moza, siendo ése el antecedente de la transferencia al Ministerio de Educación, en ese sentido la presunta vulneración de la referida norma legal (art. 549 del Código Civil) no es evidente. Además de ello, si la entidad ahora recurrente consideraba que existía esta “ambigüedad” en el texto de la demanda, estaba en la facultad de interponer las excepciones que correspondan, de la revisión de obrados se evidencia que citado como fue a fs. 51, demostró desinterés en atender la demanda, habiendo sido declarado rebelde cual consta a fs. 52 vlta., de manera que pretender ahora en casación aspectos que le correspondía como presunto afectado asumir defensa en el tiempo oportuno y en sujeción a la normativa procesal que rige la materia, no tiene asidero legal.
El reclamo con relación a la presunta vulneración de los art. 330 y 331 del Código de Procedimiento Civil, resulta incomprensible bajo la misma explicación que se dio al punto anterior, pues pese a la nulidad de obrados que se produjo en obrados por Auto de Vista que corre de fs. 181 a 183 vlta., hasta fs. 53 “A”, la demandante ratificó toda la prueba literal con descripción de fojas inclusive como se evidencia de fs. 232 a 233, ofrecimiento de prueba que no fue objetado ni observado por ninguna de las entidades demandadas pese a su legal notificación a fs. 238, limitándose a un apersonamiento a fs. 264 que además fue observada y rechazada por Resolución de fs. 268 vlta., si el codemandado ahora recurrente consideraba que esas pruebas no debieron ser admitidas o que su ofrecimiento estaba fuera de lo normado por ley, tenia dos oportunidades para observar su validez, la primera conforme prevé el art. 346 num. 2), que no lo hizo por haber sido declarado rebelde, guardando silencio, y segundo que en sujeción a lo previsto por el art. 382 del Código de Procedimiento Civil estaba en la posibilidad de objetarlas dentro de tercer día, como señala la norma, al no haberlo hecho así consintió en su admisión y validez para ser considerados en el proceso. Resultando por lo mismo extemporáneo y fuera de lugar el reclamo para encontrar una presunta vulneración por el fallo de segunda instancia, habiéndose en todo caso producido la preclusión de haber sido pertinente el reclamo.
La descripción que se hace de actuados sin el menor respaldo demostrativo de que es lo que se quiso denunciar, no amerita mayor análisis, pues mas allá de señalar que habría omisiones, errónea apreciación y valoración de la prueba que presuntamente causaría agravios al Estado, no hay fundamento demostrativo de aquello para que este Tribunal considere y de curso a su petición.
Por lo que en relación al recurso de casación en el fondo planteado por el Ministerio de Educación, corresponderá emitir fallo en sujeción a lo determinado por el art. 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al Recurso de Casación en la forma y en el Fondo interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto:
De la revisión de antecedentes de fs. 317 a 319 cursa la Sentencia dictada en el caso de Autos, Resolución con la que fue legalmente notificado el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en fecha 8 de septiembre de 2010 a horas 11:36 como esta expresado en la diligencia que corre a fs. 320, no habiendo hecho uso de recurso alguno por parte de esta entidad en el plazo otorgado por ley denotando dejadez en su actuar o de lo contrario su conformidad con lo resuelto por el A quo, sin embargo de haber sido el fallo desfavorable al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en ese antecedente no estaba facultado a interponer recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, por lo que correspondía al Tribunal Ad quem negar la concesión del mismo en sujeción a lo determinado por el art. 262 num. 2), pues en el caso de Autos la Alcaldía de El Alto pudiendo haber apelado de la Sentencia de primera instancia no hizo uso de ese recurso ordinario, consecuentemente no estaba habilitado para recurrir de casación. En ese antecedente no corresponde a este Tribunal considerar el contenido del memorial de fs. 395 a 396, por su manifiesta improcedencia.
Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal fallar en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo contenido en el memorial de fs. 384 a 386 vlta., presentado por Juan Alberto Yebara Ortega y Yola Mery Lima Villa en Representación de Roberto Iván Aguilar Gómez - Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia; y en virtud del art. 271 num.1) y 272 num.1) con relación al art. 262 num. 2) del adjetivo civil, declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo y en la forma contenido en el memorial de fs. 395 a 396 presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por intermedio del apoderado de Edgar Hermógenes Patana Ticona, a su ves representado por el abogado Edwin Yujra Sánchez. Sin costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 Resolución 
 artículo 253
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 42