Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920599.html
Timestamp: 2020-07-12 15:31:25+00:00

Document:
Auto Supremo: 599/2019
Expediente: LP-36-19-S.
Partes: Yola Riveros Ledezma representada legalmente por María Rosmery Layme Riveros c/ Bernardo Layme Mayta, Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez.
VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 349 a 352 vta. y de fs. 355 a 360, interpuestos por Constancia Chambi, Genaro Chávez en calidad de demandados y en representación de la demandante María Rosmery Laime Riveros, respectivamente, contra el Auto de Vista N° S-542/2018 de 2 de octubre, cursante de fs. 344 a 345 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre anulabilidad de escritura pública seguido por Yola Riveros Ledezma contra Bernardo Layme Mayta, Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez, las respuestas de fs. 363 a 365 vta., y de fs. 367 a 370, Auto de concesión a fs. 371, Auto Supremo de Admisión Nº 267/2019-RA de 14 de marzo, cursante de fs. 377 a 379, y todo lo inherente:
1. Yola Riveros Ledezma mediante su representante legal María Rosmery Layme Riveros, planteó inicialmente demanda por nulidad de escritura pública, por memorial de fs. 15 a 18 subsanando la acción de fs. 105 a 108 vta., por anulabilidad de escritura pública, contra Bernardo Layme Mayta, Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez; por su parte, esta última contestó negativamente mediante memorial cursante de fs. 38 a 41, también Genaro Chávez Escobar contestó negativamente a la demanda, por memorial de fs. 52 a 55 vta., interponiendo demanda reconvencional por reconocimiento del derecho de propiedad sobre la edificación y por los daños y perjuicios generados, asimismo, por memorial de fs. 80 a 82 opuso excepciones previas de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, declarándose PROBADA mediante Resolución Nº 231/2015 de fs. 101 a 102 y determinando se subsane la misma, desarrollándose así el proceso hasta el pronunciamiento de la sentencia.
2. El titular del Juzgado Público Cuarto de Familia de la ciudad de El Alto en el departamento de La Paz, mediante Sentencia Nº 67/2017 de 27 de enero, cursante de fs. 285 a 289 vta., declaró PROBADA la demanda de anulabilidad de Escritura Pública Nº 224/10 de 23 de febrero de 2010, sin lugar a dejar sin efecto la inscripción de la misma, disponiéndose sin embargo la compensación a la parte demandante en el 50% del costo actual del terreno por los tres demandados en proporciones iguales, previo avaluó pericial del mismo.
Resolución que mereció la apelación de la parte demandante mediante fs. 290 a 294.
3. El 02 de octubre de 2018, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº S- 542/2018, cursante de fs. 344 a 345 vta., CONFIRMÓ la Sentencia Nº 67/2017 de fs. 285 a 289 vta.
Con base a esos antecedentes, la referida resolución de alzada fue recurrida en casación por Constancia Chambi y Genaro Chávez de fs. 349 a 352 vta., y por la demandante Yola Riveros Ledezma cursante de fs. 355 a 360, respectivamente, correspondiendo su análisis y resolución.
Recurso de casación de Constancia Chambi y Genaro Chávez.
1. Denunciaron vulneración e incorrecta interpretación del art. 559 del Código Civil y la no aplicación del art. 229.I y II del CPC, al confirmar la condena a los adquirentes, puesto que la anulabilidad no perjudica a los derechos adquiridos por terceros de buena fe.
Solicitaron casar el Auto de Vista, limitando la condena de pagar la compensación únicamente al ex cónyuge de la demandante.
Recurso de casación de Yola Riveros Ledezma representada por María Rosmery Laime Riveros.
1. Acusó que el Auto de Vista quebrantó lo determinado por el art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, incumpliendo el deber de motivación, vulnerando los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado.
2. Expresó que el Ad quem vulneró lo dispuesto por los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil, 203 del Código Procesal Civil, y 361 del Código de las Familias y del Proceso Familiar y del Proceso Familiar, respecto al principio de congruencia; puesto que si bien la resolución de segunda instancia reconoce la ganancialidad del bien inmueble, pero no reconoce los derechos emergentes sobre el mismo, aseverando que no se demostró el carácter oneroso de la transferencia y por lo tanto, a su criterio, los compradores no serían terceros onerosos o de buena fe.
3. Enunció existencia de error en la apreciación de las pruebas, al determinar la buena fe de los compradores, cuando se demostró por prueba auténtica la mala fe de los mismos, ya que se habría realizado la transferencia con la única finalidad de privar del bien ganancial a la demandante, puesto que el vendedor Bernardo Layme Mayta sigue viviendo en el inmueble objeto de la litis.
Asimismo, refirió que, si bien la transferencia fue realizada el 23 de febrero de 2010, sin embargo, la registraron en Derechos Reales recién el 5 de febrero de 2013, teniéndose en cuenta que ese mismo año se inició el proceso de declaratoria de bien ganancial, por lo que es claro que su objetivo fue eludir el derecho ganancialicio sobre el bien.
4. Atribuyó vulneración a los arts. 180 de la Constitución Política del Estado, 559 del Código Civil, porque en el proceso existiría prueba documental y confesión judicial espontánea que acredita la mala fe de los compradores, así como la existencia familiar especial preferente a la general.
5. Denunció vulneración de los arts. 1318 y 1319 del Código Civil, porque el proceso fue precedido por un proceso de declaratoria de bien ganancial con resolución de cosa juzgada que al ser declarativo tiene efecto retroactivo y es cosa juzgada, consecuentemente se generó una prueba por presunción legal establecida en el art. 1318 del Código Civil, y no puede ser revisada por autoridad judicial ni disponer contra ella, por no ser competente.
Concluyó solicitando se disponga la anulabilidad de la escritura pública y en consecuencia disponer la inscripción del derecho propietario de Yola Riveros Ledezma sobre el bien inmueble objeto de la litis.
Respuesta de Yola Riveros Ledezma.
Refirió que el recurso de casación no cumple con el art. 393 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por lo que debe ser declarado improcedente.
Expresó que su contraparte solamente refirió normas civiles y no familiares, puesto que la normativa familiar protege la familia, el matrimonio y la comunidad de gananciales, no siendo aplicable en su opinión el art. 559 del Código Civil, a un proceso de derecho de familia, normativa que prohíbe la disposición de los bienes gananciales conforme lo disponen el art. 116 del Código de Familia y el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.
A su criterio no correspondería que solo el demandado Bernardo Layme Mayta proceda a la devolución del valor del inmueble. Expresó que debe aplicarse lo establecido en el art. 547 del Código Civil, de forma que el acto jurídico nunca se habría realizado, y por ende además de restituir las prestaciones recibidas debe cancelarse el registro en Derechos Reales, reponiéndose el asiento anterior.
Concluyó solicitando se rechace el recurso de casación de su contraparte.
Respuesta de Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez.
Exprearon que no sería evidente que el Auto de Vista recurrido careciera de motivación, puesto que absolvió todos los agravios impugnados, tampoco existió incongruencia entre lo demandado y decidido.
Asimismo, refirieron falsedad en cuanto a que la demandante afirmara que el vendedor continuaría viviendo en el inmueble, cuando ella misma en su proceso de divorcio refirió desconocimiento del domicilio de su ex cónyuge, por lo tanto, lo afirmado en ese sentido resulta ser una afirmación desleal.
Indicaron también, que al haber adquirido el terreno de buena fe no les corresponde realizar ninguna restitución, en su criterio no existió vulneración alguna al principio de verdad material, por ende, concluyeron estableciendo que no existió vulneración a ninguna norma legal, ni tampoco vulneración a norma formal ni mala valoración de la prueba.
Sin embargo, expresaron que, si existió mala aplicación por los de instancia del art. 559 del Código Civil, por lo que solicitaron que el recurso de la demandante sea declarado infundado.
Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014 y 254/2016) orientó que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
En este entendido, se orientó a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala que: “Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el Tribunal Ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.
III.2. De la anulabilidad por falta de consentimiento.
El Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble”.
1. Denunciaron vulneración e incorrecta interpretación del art. 559 del Código Civil, y la no aplicación del art. 229.I y II del CPC, al confirmar la condena a los adquirentes, puesto que la anulabilidad no perjudica a los derechos adquiridos por terceros de buena fe.
Al efecto corresponde precisar que de la revisión al proceso, cursa de fs. 24 a 25 vta., Testimonio Nº 224/2010 de la compra venta del lote de terreno objeto de la litis, suscrito entre Bernardo Layme Mayta en su calidad de vendedor y Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez como compradores, en cuya cláusula segunda, ambas partes acordaron un precio libremente convenido, suma de dinero que el vendedor expresó haber recibido a su entera satisfacción y al momento de la suscripción de la minuta, asimismo, el vendedor en la cláusula tercera se reputa de buena fe.
Con base en esos antecedentes, los compradores hoy codemandados pagaron un precio al vendedor, ex cónyuge de la demandante, el cual dispuso unilateralmente el inmueble, soslayando la calidad de ganancialidad del mismo y porque figuraba ser único propietario, por lo que los compradores asumieron como cierto el registro de Derechos Reales en el cual figuraba únicamente Bernardo Layme Mayta (vendedor), ya que al tenor del art. 1538 del Código Civil, se tiene que la inscripción del título en el registro de Derechos Reales, surte como regla general de publicidad frente a terceros; por lo tanto los compradores asumieron que el vendedor era único propietario, porque así figuraba en dicho registro de Derechos Reales.
En esa línea el art. 559 del Código Civil establece que: “La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso…”, al respecto el Auto de Vista recurrido invocó la normativa supra y estableció la buena fe de los compradores porque pagaron el precio convenido entre partes, no ameritando por ello fragmentar el derecho propietario adquirido por dichos compradores; sin embargo, bajo el principio de equidad y de acceso a la justicia, dicha resolución de segunda instancia confirmó la sentencia estableciendo por ello la compensación a la demandante del 50% del costo actual del terreno a cargo tanto del ex cónyuge como de los compradores, compensación que es correcta, porque la demandante comprobó tener acciones y derechos gananciales sobre dicho inmueble.
Sin embargo, el razonamiento resulta errado en cuanto toca que sean los compradores juntamente al vendedor quienes deban restituir dicho 50% del valor o costo del mismo; puesto que los compradores efectuaron un pago que les fue oneroso y se entiende por la documentación adjunta ya citada, que pagaron el monto total al ex cónyuge vendedor, por lo tanto tal razonamiento de la sentencia confirmada por el Auto Vista merece ser modificado, solamente en lo que concierne a que sea el ex cónyuge en su calidad de vendedor de buena fe (así establecido en el contrato de transferencia), quien deba restituir a la demandante la mitad del costo actual por la venta total del inmueble de referencia.
Concluyendo precisar que la normativa familiar en los arts. 116 del Código de Familia (abrogado) y 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar es clara en lo que respecta a que el cónyuge que dispone un bien ganancial, sin el consentimiento expreso del otro, se hace pasible a que el otro cónyuge demande la anulabilidad de ese acto, lo cual sucedió en el caso concreto; Al respecto corresponde precisar la normativa civil citada en referencia a que la anulabilidad no alcanza a los derechos adquiridos por terceros de buena fe, por lo tanto y dado que en el caso concreto se tiene que los codemandados Constancia Chambi y Genaro Chávez fueron declarados terceros adquirientes de buena fe, porque la demandante no pudo probar lo contrario, no corresponde que ellos repongan ni compensen nada, sino que sea únicamente el ex cónyuge quien restituya el 50% del costo actual del terreno en el marco de los principios de equidad, justicia, respondiendo a los principios de verdad material y congruencia, postulados a los que debe responder toda resolución, correspondiendo enmendar la sentencia en ese punto.
En relación a la denuncia corresponde precisar que el Auto de Vista de fs. 285 a 289 vta., se circunscribió a los puntos resueltos por el A quo, efectuando un análisis de los antecedentes y también de los agravios formulados en las apelaciones de ambas partes, fundamentando, motivando su decisorio en la normativa familiar y civil, dando respuesta a todos los agravios formulados, por lo cual no se observa la existencia de quebrantamiento normativo aludido, tampoco a recurrente precisa el agravio en específico que fue soslayado por el Ad quem, siendo por tanto su reclamo genérico e infundado.
2. Expresó que el Ad quem vulneró lo dispuesto por los arts. 190 del Código de Procedimiento Civil, 203 del Código Procesal Civil y 361 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, respecto al principio de congruencia; puesto que si bien la resolución de segunda instancia reconoce la ganancialidad del bien inmueble pero no reconoce los derechos emergentes sobre el mismo, aseverando que no se demostró el carácter oneroso de la transferencia y por lo tanto, a su criterio, los compradores no serían terceros onerosos o de buena fe.
Al respecto corresponde precisar que la demanda versa sobre anulabilidad de la escritura pública de transferencia realizada unilateralmente por el ex cónyuge de la demandante en razón a que dicho bien transferido constituyó ser un bien con carácter de ganancialidad sustentado por la resolución a fs. 8 y vta., por ello es que tanto la sentencia, como el Auto de Vista recurrido reconocieron tal derecho a la demandante y declararon la anulabilidad del 50% de la transferencia, asimismo, ambas resoluciones, refirieron claramente que en el caso de autos los compradores Genaro Chávez Escobar y Constancia Chambi Gutiérrez fueron reconocidos como terceros adquirentes de buena fe cobijados por el art. 559 del Código Civil, porque la demandante no pudo desvirtuar la misma.
En ese entendido los jueces de instancia reconocieron los derechos emergentes de la anulabilidad declarada a favor de la demandante y también resguardaron los derechos registrales de los adquirentes de buena fe, por lo tanto los de instancia asumieron interpretar las normas bajo el método sistemático (interpretar la ley atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico del cual forma parte), tanto del ordenamiento legal sustantivo y adjetivo, por lo que no puede alegarse que se hubiera generado quebrantamiento de la normativa aludida.
3. Denunció error en la apreciación de las pruebas, al determinar la buena fe de los compradores, cuando se demostró por prueba auténtica la mala fe de los mismos, ya que se habría realizado la transferencia con la única finalidad de privar del bien ganancial a la demandante, puesto que el vendedor Bernardo Layme Mayta sigue viviendo en el inmueble objeto de la litis.
Al respecto corresponde precisar que de los datos extractados del documento de transferencia del bien, se tiene que en el mismo el vendedor figura como soltero, por otra parte, en el registro en Derechos Reales, el bien inmueble únicamente se encontraba a nombre del cónyuge vendedor, lo cual impidió que opere la publicidad frente a terceros, puesto que de acuerdo al 1538 del Código Civil, se requiere que esté a nombre de ambos cónyuges.
En ese sentido, no se tiene prueba que haga suponer que los compradores adquirieron el bien conociendo que el mismo fuera ganancial, mucho menos que haya existido intencionalidad de privarle derechos a la demandante, tampoco que el vendedor siga viviendo en el inmueble, ni que tal aseveración haya sido objeto de la prueba. Por ende, no es cierto que existiera error en la apreciación de las pruebas, por lo tanto, su reclamo no tiene fundamento.
4. Atribuyó vulneración a los arts. 180 de la Constitución Política del Estado, 559 del Código Civil porque en el proceso existiría prueba documental y confesión judicial espontánea que acredita la mala fe de los compradores, así como la existencia de normativa especial preferente familiar sobre la general.
Al respecto, se tiene que tal aseveración no fue sustentada por la recurrente, puesto que no precisa con exactitud a que prueba en específico alude dicha mala fe, siendo, por el contrario, que en el proceso los compradores del inmueble demostraron haber actuado de buena fe. Por lo tanto, tal aseveración no es conducente ni puede ser sustentable de vulneración de normativa constitucional alguna.
En tanto que en lo que respecta a que los bienes gananciales son de orden público y de aplicación preferente sobre las normas de derecho privado, al respecto se estableció el análisis preferente de las mismas a partir del art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, estableciendo claramente que para transferir o disponer bienes comunes por parte de uno de los cónyuges, se requería la autorización expresa del otro, en ese sentido el Auto de Vista realizó un análisis pormenorizado y preferente de la normativa familiar, siendo el fallo conducente a restablecer el 50 % del derecho ganancial a la parte perjudicada, por lo tanto su reclamo no tiene sustento legal.
5. Denunció vulneración de los arts. 1318 y 1319 del Código Civil, porque el proceso fue precedido por un proceso de declaratoria de bien ganancial con resolución de cosa juzgada que al ser declarativo tiene efecto retroactivo y es cosa juzgada, consecuentemente se generó una prueba por presunción legal establecida en el art. 1318 del Código Civil y no puede ser revisada por autoridad judicial ni disponer contra ella, por no ser competente.
En relación a estos reclamos, corresponde precisar que la cosa juzgada en este caso sólo tiene efecto entre las partes (ex cónyuges) y sus sucesores a título universal, puesto que al tenor del art. 229 del Código Procesal Civil, la cosa juzgada en ningún caso alcanza o afecta a terceros adquirentes de buena fe a título oneroso de bienes y derechos inscritos en el registro público, tal el caso del registro en Derechos Reales, por lo tanto la aludida cosa juzgada de declaratoria de bien ganancial afecta únicamente a los actos de disposición realizados por el ex cónyuge en lo que toca a la responsabilidad emergente de ellos y sea quien deba restituir el valor del 50% de acciones y derechos sobre el bien inmueble dispuesto, a su ex cónyuge.
No pudiendo la parte recurrente pretender la inscripción de su derechos propietario que equivaldría a que se anule todo el acto de transferencia, puesto que en el proceso no se demostró causal que afecte la anulabilidad de la transferencia total efectuada por el ex cónyuge de la demandante, y si bien la parte demandante solicitó la inscripción de su derecho propietario, ello no es viable en razón que en el proceso se demostró únicamente la anulabilidad del 50% y no se pudo establecer que habría existido mala fe en los compradores, por el contrario se pudo establecer fehacientemente que ellos desconocían la calidad de ganancialidad del bien inmueble adquirido, por lo tanto se salvaguardaron sus derechos en razón a la buena fe demostrada por los mismos.
Corresponde establecer que los argumentos vertidos por la demandante fueron respondidos en el tenor de su propio recurso interpuesto, no ameritando mayor consideración de fondo al respecto.
Al respecto se tienen acogidas sus postulaciones, por lo que la resolución es modificada.
Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 220.II y IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.IV del Código Procesal Civil, y en atención al recurso de casación de fs. 349 a 352 vta., planteado por Constancia Chambi y Genaro Chávez, CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 542/2018 de 02 de octubre, cursante de fs. 344 a 345 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda, únicamente en lo que respecta al ex cónyuge vendedor, debiendo este restituir el 50 % de la venta efectuada.
Respecto al recurso de Casación interpuesto por la demandante cursante de fs. 355 a 360 conforme con el art. 220.II de la Ley Nº 439, el mismo deviene en INFUNDADO. Sin costas ni costos.

References: Resolución 

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