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Microsoft Word - Dictamen de La Ley Sobre Derecho de Replica. 13.01.10 | Derecho Constitucional | Constitución
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Jurisdicción y Justicia Indígena
8_junio 2009 Pautas Planes de Desarrollo de des Rclaros AyR AGub
Derechos Personalisismos
Constitucion Muy Buen Resumen
oposiciones-2015
Discusión del Dictamen de Ley del Derecho de Réplica.
Conclusiones Tasas Judiciales v Congreso Nacional de Derecho
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL DERECHO DE RÉPLICA
A la Comisión de Gobernación a la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica”.
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 72 y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45 numeral 6, inciso e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los:
1. Con fecha 8 de abril de dos mil ocho, los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley para Garantizar el Derecho de Réplica”;
2. Esa misma fecha, 8 de abril de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
3. Con fecha 8 de abril de dos mil ocho la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, la ampliación del turno de la iniciativa en cuestión, misma que se concedió el 22 de abril del presente año, para efectos de que dicha Comisión emita opinión.
4. A través del oficio número CRTC/079/08, de fecha 27 de mayo de dos mil ocho, los diputados integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, declinaron emitir opinión respecto de la iniciativa objeto de este dictamen.
5. Mediante oficio N° CPCP/1157/2008, de fecha 23 de julio de dos mil ocho, los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, emitieron opinión en el sentido de que la iniciativa en cuestión, no genera un impacto presupuestal.
6. Con fecha 10 de abril de 2008 el diputado Alberto Amador Leal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Con fecha 15 de mayo de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la anterior iniciativa fuera turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
8. Con fecha 21 de octubre de 2008, por acuerdo de la Mesa Directiva, se autorizó la ampliación de turno a la iniciativa, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, para quedar turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación.
9. Con fecha 30 de julio de dos mil ocho, la diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para crear el amparo contra particulares y se expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica.
10. Esa misma fecha, 30 de julio de dos mil ocho, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
11. Con fecha 27 de agosto de dos mil ocho, por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, se autorizó la ampliación de turno a la iniciativa, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, para quedar turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados.
12. Con fecha 13 de agosto de dos mil ocho, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hizo llegar a la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley para Garantizar el Derecho de Réplica”.
13. Esa misma fecha, 13 de agosto de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, dispuso que la Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
14. El 10 de junio de dos mil nueve, los diputados Rocío del Carmen Morgan Franco, Dora Alicia Martínez Valero y José Antonio Díaz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hizo llegar a la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley para Garantizar el Derecho de Réplica”.
15. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.
16. El 19 de agosto de dos mil nueve, la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hizo llegar a la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica”.
17. En esa misma fecha, la Mesa directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
18. El 23 de septiembre de dos mil nueve, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica”.
19. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen.
20. Con fecha…………., los miembros de la Comisión de Gobernación, discutieron y aprobaron el presente dictamen.
CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.
Las iniciativas objeto de este dictamen pretenden regular el ejercicio del Derecho de Réplica previsto en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que, a continuación, se enuncia el contenido de la exposición de motivos de cada una de ellas.
A) INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA, DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO Y ROCÍO DEL CARMEN MORGAN FRANCO.
“El derecho de réplica sólo se comprende y se explica en función de la libertad de expresión; dichos derechos forman un complejo unitario y a la vez independiente.
En este sentido, la libertad de expresión no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más veraz y oportuna posible.
En su dimensión particular la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.”
Continúan exponiendo los iniciadores de este proyecto de ordenamiento jurídico, “al igual que la libertad de expresión, el derecho de réplica posee una dimensión particular, misma que garantiza al afectado -por una información que le aluda, sea inexacta o falsa y le genere un perjuicio-, la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de dicha información y mantener a salvo, su honor, imagen o vida privada.
Asimismo, el derecho de réplica, también cuenta con una dimensión social, que permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que discrepe con la difundida por los medios de comunicación -y que en esencia sea inexacta y dicha inexactitud o falsedad le genere perjuicios a una persona- permitiendo de este modo, el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la información, elemento indispensable para la adecuada formación de la opinión pública, y la existencia de una sociedad democrática”.
En este sentido, refieren los proponentes que dicho aspecto es fundamental para interpretar la garantía individual consagrada recientemente en la Constitución General, cuyo propósito es consolidar en nuestro país las instituciones democráticas, que suponen un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Sin duda la libertad de expresión representa uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso, cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete; es en palabras más palabras menos, una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática. Pero esta libertad, debe estar equilibrada dentro de los límites posibles, con el respeto al honor, imagen y vida privada de los demás”.
En este sentido, el reconocimiento y regulación del derecho de réplica, en los términos previstos en dicha iniciativa, deberá sentar las bases para que las personas cuenten con medios de defensa efectivos y expeditos para garantizar sus derechos más íntimos, al mismo tiempo que funcionará como una vía para dotar de veracidad la información difundida por los medios de comunicación, por lo que no se trata de ninguna manera de una mordaza a la libre expresión de la ideas, sino un complemento a su ejercicio.
Respecto del desarrollo normativo de la iniciativa que se analiza y dictamina por parte de esta Comisión de Gobernación, los legisladores refieren “que dicha propuesta, se compone de 29 artículos divididos en cuatro capítulos, y con dos artículos transitorios”.
La iniciativa propone en términos generales:
“a) El regular a través de un mismo ordenamiento jurídico, el ejercicio del derecho de réplica ante organismos de radiodifusión, medios impresos o cualquier otra persona que transmita mensajes por otros medios de transmisión y soportes, cuyo contenido genere lesiones a los derechos de las personas. En este sentido, se presenta a consideración de esta soberanía, una definición de Medio de Comunicación cuyo propósito es abarcar precisamente estos sujetos.
b) La definición del derecho de réplica, en base a la doctrina y elementos de derecho comparado. Esta definición pretende evitar el ejercicio abusivo de este derecho en detrimento de la libertad de expresión; para lo cual, se prevé como requisitos que se deben cumplir para solicitar la réplica, que la información que lesione los derechos de las personas, haya sido transmitida o publicada; que dicha información haga una alusión expresa de la persona, que se trate de información inexacta o falsa y que la divulgación de la misma le pueda generar un perjuicio político, económico, o moral, es decir; en su honor, vida privada, intimidad o imagen.
El establecimiento de la Secretaría de Gobernación, como la autoridad
administrativa responsable de velar por el cumplimiento del Derecho de Réplica, así como un procedimiento ágil y sencillo, a efecto de dotar de eficacia la protección al derecho sustantivo.
d) Se prevé un procedimiento de autorregulación de los medios de comunicación, a efecto de que sean ellos mismos los que den cauce a los requerimientos para aclarar la divulgación de determinada información.
e) El establecimiento de sanciones a los medios de comunicación, por no
permitir el ejercicio del derecho de réplica que les corresponde a las personas,
derivado de la transmisión o publicación de la información que se estime lesiona los derechos de éstas. Asimismo, y a efecto de evitar que la conducta de rechazar las solicitudes del derecho de réplica por parte del medio de comunicación, se convierta sin un debido fundamento, en práctica cotidiana, se prevé que la autoridad administrativa imponga una multa de 500 a 20000 días de salario mínimo general vigente, cuando considere que la negativa del medio de comunicación sea notoriamente improcedente. Lo anterior deberá abonar a dotar de eficacia el ejercicio del derecho que se tutela con la presente propuesta de ley.”
B) INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL
El proponente expone lo siguiente: “El texto vigente del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley".
Las Comisiones de Gobernación, y de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso General coincidieron en los términos del dictamen presentado al órgano revisor de la Constitución, mediante el que se propuso la adición referida al artículo 6o. señalando al efecto lo siguiente:
Quedó de manifiesto por lo consiguiente que la voluntad legislativa contenida en la aludida adición al artículo 6o. fue consagrar el derecho de réplica como integrante de una garantía constitucional, de suerte tal que, de conformidad con el artículo 103, fracción I, de la propia Constitución, corresponde a los tribunales de la federación resolver de toda controversia que se suscite en relación al ejercicio de tal derecho.
Al aludir el dictamen citado a que "la ley establecerá las reglas para el ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social", está claro que no puede estar refiriéndose a otra que a la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución; toda vez que, como ya se ha reseñado, el derecho de réplica es entendido como parte integrante de una garantía constitucional.
En tal entendido la cuestión a dilucidarse estriba en que los únicos que podrían vulnerar tal garantía serían las empresas de comunicación social, conjuntamente con los periodistas que ocupan un espacio noticioso en las referidas empresas.
La determinación de que el juicio de amparo procede tan sólo contra actos de autoridad, fue desenvolviéndose con el transcurrir del tiempo, siendo de destacarse en tal sentido aportaciones doctrinales de gran relieve, como las realizadas por don Fernando Vega en su obra de 1883 La nueva Ley de Amparo de Garantías Individuales en la que glosa la Ley de Amparo de 1882; y asimismo, el Tratado del juicio de amparo del año 1902, en el que el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silvestre Moreno Cora, realiza un estudio detallado de la reglamentación del Juicio de Amparo en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897.
La aportación realizada por los juristas citados ha quedado plasmada en la regulación de la noción de autoridad responsable para efectos del amparo que se contiene en el artículo 11 de la ley de la materia, que al efecto señala:
Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
El Maestro Alfonso Noriega Cantú se mostró partidario de que el amparo extendiese su protección a aquellos que viesen vulneradas sus garantías por la actuación de poderes fácticos, expresando al efecto:
"Un sistema de protección perfecto y total sería el que previera todos los actos sin excepción, que pudieran implicar un ataque o bien una violación a las libertades
individuales, de tal manera, que dichos actos fueran sancionados, ya sea por medios preventivos o reparadores; hipótesis que debe ser considerada como un ideal al que se debe aspirar"; e incluso señala ya una aproximación de la jurisprudencia mexicana en tal sentido en sus celebres "Lecciones de Amparo" en las que señala:
"El Pleno de la Suprema Corte, en su informe de actividades correspondiente al año de 1985, primera parte, páginas 426 y 427, dejó asentada una tesis muy singular y significativa, ya que rompe con el esquema tradicional que se ha tenido de la autoridad responsable. Efectivamente, en una ejecutoria, aquel Alto Tribunal ha sostenido que la referencia hecha por la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal, es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley".
Por disposición expresa del artículo 1o. transitorio, la Constitución que nos rige inició su vigencia el día 1 de mayo de 1917, por ende y en atención a su carácter preconstitucional la Ley de Imprenta Reglamentaria de los Artículos 6 y 7 en vigor, expedida por don Venustiano Carranza el 12 de abril de 1917, resulta a toda luces inconstitucional; siéndolo también en virtud de su alcance federal, toda vez que conforme a nuestro sistema constitucional de gobierno, reglamentar las garantías constitucionales es una atribución que corresponde en principio a las legislaturas locales, salvo disposición en contrario, careciéndose de atribución expresa para que el Congreso de la Unión reglamente la garantía que al efecto se contiene en el artículo 6o. de nuestro Código Supremo.
Esta soberanía no debe incurrir en un error que ha revestido carácter inveterado; la Ley que garantice el libre ejercicio del derecho de réplica no puede ser otra, como ya se ha asentado en la presente exposición de motivos más que la Ley de Amparo, cuya expedición y reforma si es atribución constitucional del Congreso de la Unión.
Por lo demás, las posibles controversias entre particulares sobre el ejercicio del derecho de réplica que se consagra el artículo 6o., constituiría por naturaleza una controversia de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y por ningún motivo de autoridad administrativa alguna; correspondiendo al Poder
Judicial Federal, de conformidad con el artículo 103, la competencia constitucional para conocer de aquellas que se deriven del libre ejercicio de las garantías que al efecto se consagran en el capítulo primero de la Constitución.
Respecto a la evolución que ha observado la regulación del amparo en el derecho comparado, merece especial atención el texto del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 30 de diciembre de 1999, que al efecto establece:
"Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
"El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o a la situación que más se asemeje a ella".
Tal amparo que consiste en un juicio breve tal y como lo dispone la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ley que en consonancia con el artículo 27 de la Constitución, dispone en su artículo 1o. que el recurso procede contra las autoridades y también contra los particulares que hayan causado perjuicio a los derechos fundamentales de una persona, incluso si tal derecho no estuviese expresamente contemplado en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre la materia.
Una persona afectada por la difusión de material noticioso y a la que no se le brindase la oportunidad de ejercer el derecho de réplica, puede demandar el amparo en contra de actos de particulares como son los ejecutivos de las empresas de comunicación social o los titulares de los espacios noticiosos de las mismas; toda vez que por lo demás, el derecho de réplica a toda persona que se vea afectada por información inexacta o agraviante, está expresamente contempla por el artículo 58 de la Constitución Bolivariana, habiéndose fijado límites y alcances del mismo en la sentencia 1013 de fecha 15 de junio del 2001, conocido como Caso Santana, en el que se limitó la forma de la réplica en el caso de un periodista.
Correspondiendo a los tribunales de primera instancia conocer de una demanda de amparo de tal índole, según quedó establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de aquel país en la sentencia de fecha 20 de enero
del año 2000, emitida con fundamento en el artículo 335 de la Constitución dentro de la causa "Emery Mata Millán Vs. Ministerio del Interior y Justicia, viceministro del Interior y Justicia y ciudadana Yelitza Santaella".
a) Las empresas de comunicación social, y los titulares de los espacios noticiosos de las mismas, serán considerados de manera conjunta como autoridades para efecto del juicio de Amparo, exclusivamente en tratándose de la obstrucción al ejercicio del derecho de réplica que se contempla en el párrafo primero del artículo 6o. de la Constitución".
b) La tramitación del juicio de amparo en la materia que nos ocupa, se tramitaría mediante un procedimiento equiparable al del Amparo indirecto ante juez de distrito, señalándose siempre como autoridades responsables de manera conjunta a la empresa de comunicación social y al titular del espacio noticioso en el que se hubiera vertido la información que se pretenda replicar; con la salvedad de que quedaría circunscrita a una audiencia que sería equivalente a la audiencia previa en los juicios de amparo indirecto, inspirándose la regulación propuesta mediante la presente iniciativa en el texto mismo del artículo 131 de la Ley de Amparo en vigor.
c) La regulación del procedimiento de amparo que se propone en la presente iniciativa restringe el recurso de revisión, exclusivamente por lo que concierne a la impugnación de la sentencia definitiva dictada por el juez de distrito; así como en relación al auto que tuviese por desechada la demanda interpuesta por el quejoso.
d) La negativa a obedecer una sentencia favorable al quejoso en la materia que nos ocupa por parte de las autoridades responsables acarrearía la comisión de un delito federal por parte del responsable del área informativa de la empresa de comunicación social, así como por parte del titular del espacio noticioso que hubiese sido determinado como autoridad responsable en la demanda de amparo respectiva.
C) INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE AMPARO Y PARA EXPEDIR LA LEY QUE GARANTIZA EL DERECHO DE RÉPLICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA.
De acuerdo con la proponente, “En México, el derecho de réplica se encuentra establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma publicada el 13 de noviembre del año pasado al artículo 6°.
En la legislación secundaria, el derecho de réplica se regulaba ya en la Ley sobre Delitos de Imprenta y recientemente se incorporó en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Asimismo, México ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) el 3 de febrero de 1981, y en el artículo 14 se señala que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
En Europa, el “derecho de rectificación”, “de respuesta” o “de réplica” se encuentra establecido, en Francia, desde 1822; en Alemania, desde 1824; en Italia, desde 1847; en España, desde 1857; en Suiza, desde 1937; en Bélgica, desde 1961; en Dinamarca, desde 1976; en Austria, desde 1981, además de estar incluido en las constituciones de Grecia y Portugal.
En nuestro continente americano, durante el siglo pasado, se fue estableciendo el “derecho de réplica” en leyes “de prensa” o “de imprenta”. Sin embargo, a raíz de la suscripción del Pacto de San José, se ha ido legislando un derecho de respuesta o rectificación más amplio, aplicable a cualquier medio de comunicación, acompañado de procedimientos más ágiles.
En los países en los que se encuentra establecido el derecho de rectificación o respuesta se garantiza mediante acciones constitucionales, civiles, penales o administrativas”.
a) Proponer un procedimiento simplificado para promover directamente ante el medio de comunicación la rectificación o respuesta sobre la información que se desea aclarar. El particular sólo presentará la solicitud escrita al medio acreditando el interés jurídico en el asunto.
b) En caso de que el medio de comunicación no atienda la solicitud o la niegue, se propone que el afectado pueda interponer “acción de amparo” en contra de persona moral responsable, conforme a la reforma que se propone al artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ.
“Una parte fundamental de la lucha por la democratización del país que hemos dado muchos mexicanos durante décadas es la que concierne a la afirmación y a la ampliación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos derechos, consagrados en nuestra Constitución Política, en el Título Primero, bajo el concepto de “Garantías Individuales” no han cobrado fuerza y vigencia real sino hasta hace muy poco tiempo. Actualmente, son principios que la sociedad ha hecho valer frente al Estado Mexicano, con movilizaciones, con resistencia civil, con el sacrificio de cientos de vidas humanas, y aún así, todavía no se cumplen ni se acatan a cabalidad por parte de las autoridades, no se diga ya cómo estos preceptos de los que hablamos eran estrictamente letra muerta en nuestra Constitución todavía hace algunos años.
En el pasado reciente, la exigencia por el derecho a la réplica se percibía, en un país con una democracia incipiente como la nuestra, con muchos temas básicos que consolidar, como por ejemplo, el respeto al derecho al voto, y a la capacidad de elegir a nuestros gobernantes, como una exquisitez de los teóricos universitarios y de los ideólogos partidarios.
Sin embargo, la oposición democrática al régimen hegemónico, fue tenaz en su exigencia para reformar el artículo 6° constitucional para introducir los preceptos del libre acceso a la información pública y del derecho a réplica de los ciudadanos.
Este propósito lo logramos, finalmente, hace muy poco y la reciente reforma constitucional en materia electoral incluyó la incorporación del derecho de réplica al primer párrafo del artículo sexto de nuestra Carta Magna, como una condición indispensable para promover un régimen de mayor equidad entre los ciudadanos, en cuanto a su participación en los espacios públicos y privados de opinión.
Hay quienes afirman que el derecho de réplica o rectificación constituye un límite a la libertad de prensa por cuanto incide en su ejercicio; sin embargo, ello no es así necesariamente.
Por el contrario, esa libertad se fortalece, puesto que sirve a la veracidad de la información, ya que el derecho de réplica es un complemento de la garantía de opinión pública libre, pues el acceso a una versión diferente de los hechos publicados favorece el interés colectivo en la búsqueda de la verdad.
El derecho de réplica no es una institución nueva en nuestro país, pues está establecido en la Ley de Imprenta, vigente desde 1917. La reforma constitucional dejó a la ley reglamentaria que deberá expedirse, la tarea de especificar las condiciones en que será exigible el derecho de réplica.
a) La obligación de los medios de comunicación para atender las solicitudes que
hagan las personas aludidas para el ejercicio del derecho de réplica. Para lo anterior, los medios estarán obligados a designar a los responsables que serán encargados de recibir las solicitudes. Asimismo, se señalan las condiciones que deben obedecer los medios de comunicación para satisfacer el derecho de réplica que se ha ejercido.
b) Los supuestos en los cuales la persona aludida puede presentar su demanda
para ejercer el derecho de réplica ante el juzgado de distrito del Poder Judicial de
la federación que conozca asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio del demandante.
E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS ROCÍO DEL CARMEN MORGAN FRANCO, DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO Y JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA.
De la lectura de la iniciativa se observa que es similar a la presentada el 8 de abril de dos mil ocho, razón por la cual, esta Comisión obvia su descripción en el presente dictamen.
F) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE RÉPLICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA LILIA
CRUZ SANTIAGO.
“En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación entre los seres humanos. Así como comprende, el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros, sus propios puntos de vista, lo que implica también el derecho de todos para conocer opiniones y noticias diversas. Para la ciudadanía común, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia”.
Continua, y dice: “al igual que la libertad de expresión, el derecho de réplica posee una dimensión particular, porque garantiza al afectado (por una información que haya sido transmitida o publicada y que le aluda de manera expresa, que sea información inexacta o falsa y le haya generado un perjuicio al lesionarle sus derechos), la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de tal información, con el propósito de mantener a salvo sus derechos, imagen o vida privada”.
Asimismo: “el derecho de réplica, también cuenta con una dimensión social, que permite a cada uno de los integrantes de la comunidad, recibir una nueva información que discrepe con la difundida por los medios de comunicación -y que en esencia sea inexacta y cuya inexactitud o falsedad, le genere perjuicios a una persona- permitiendo de este modo, el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la información, elemento indispensable para la adecuada formación de la opinión pública y la existencia de una sociedad democrática”.
Estos aspectos son fundamentales para interpretar la garantía individual del derecho de réplica consagrada en el artículo 6 de la Constitución General, cuyo fin busca consolidar en nuestro país las instituciones democráticas, suponiendo un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales de la humanidad.
Sin duda la libertad de expresión representa uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática, así como una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso, cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete; siendo una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática. Pero debe entenderse que esta libertad, debe estar equilibrada dentro de los límites posibles, con el respeto a los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, los cuales repercuten en su imagen y vida privada ante los demás.
El reconocimiento y regulación del derecho de réplica, en los términos propuestos en esta iniciativa de ley, deberá sentar las bases para que las personas cuenten con medios de defensa efectivos y expeditos para garantizar sus derechos más íntimos, al mismo tiempo que funcionará como una vía para dotar de veracidad la información difundida por los medios de comunicación, por lo que no se trata de ninguna manera de una mordaza a la libre expresión de las ideas, sino un complemento a su ejercicio.
• Una nueva Ley, compuesta de 27 artículos divididos en cuatro capítulos y con dos artículos transitorios. Entre los aspectos más destacados del proyecto, se encuentran los siguientes:
• Regula el ejercicio del derecho de réplica ante organismos de radiodifusión, medios impresos o cualquier otro medio y/o persona que transmita mensajes por otros medios de transmisión y soportes, cuyo contenido genere lesiones a los derechos de las personas. Se presenta una definición de Medio de Comunicación cuyo propósito es abarcar precisamente a los sujetos antes señalados.
• Establece un procedimiento administrativo que en términos de su diseño, permita por un lado, respetar los elementos esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia de los probables infractores; y por el otro lado, que sea eficaz la intervención de la autoridad para que se respeten derechos fundamentales.
• Se prevé un procedimiento de autorregulación de los medios de comunicación, para efecto de que sean ellos mismos los que den cauce a los requerimientos que aclaren la divulgación de determinada información.
G) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL DERECHO DE RÉPLICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA.
El derecho de réplica es un derecho fundamental previsto en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales celebrados y ratificados por nuestro Estado, en diversos preceptos de la legislación secundaria y hasta en disposiciones administrativas dispersas y sin orientación. El legislador no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el poder revisor de la Constitución, que le ordenó legislar en la materia para garantizar plenamente el derecho de réplica. En efecto, el país requiere de una ley reglamentaria del primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución que de vigencia a ese derecho para hacer posible y real el derecho a la información. Toda persona física, moral o grupo social, tienen derecho a dar su propia versión de los hechos cuando son aludidos negativamente por los medios de comunicación o agencias, pues de otra manera sólo rige y prevalece el punto de vista de los medios de comunicación y de las agencias hegemónicas y dominantes o ambas. Requerimos de una opinión pública libre y plural que proteja los derechos de las minorías, así como los derechos a la intimidad, el honor y la imagen de las personas.
El avance en esta materia, es un paso adelante en la construcción de la democracia mexicana. La diversidad de puntos de vista sobre la información es lo que caracteriza a una sociedad libre y bien informada, en donde el derecho a saber debe ser una realidad tangible y no una aspiración incumplida.
Estima que la iniciativa que propone: “supera los inconvenientes, tanto los de un procedimiento administrativo para garantizar el derecho de réplica en manos de la Secretaría de Gobernación o de cualquier otra dependencia, como los de un procedimiento judicial tortuoso, poco ágil y práctico, que haría en los hechos, nugatorio el derecho de réplica. Esta propuesta rechaza el procedimiento administrativo porque el solicitante de rectificación, aclaración o respuesta, promueve un litigio en contra de los medios y no un procedimiento administrativo y, porque los medios de comunicación y las agencias no son parte de la administración pública federal. Además, la autoridad administrativa no es la más
indicada en México para proteger los derechos fundamentales, en tanto que su finalidad es realizar acciones dirigidas al bienestar común de la sociedad”.
Destaca que los antecedentes de su propuesta son los siguientes:
En el Congreso de la Unión se han elaborado y presentado distintas iniciativas respecto al derecho de réplica. Destacan las siguientes:
a) La presentada por el senador Alejandro Zapata Perogordo del Grupo
Parlamentario del PAN, el jueves 13 de diciembre de 2007, denominada Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica.
b) La presentada por los ex diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia
Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco, presentada en la Cámara de Diputados el martes 8 de abril de 2008 y, denominada Ley para garantizar el Derecho de Réplica.
c) La propuesta por la Comisión para la Reforma del Estado, de 24 de marzo
de 2008, denominada Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica.
d) El proyecto de dictamen, de 15 de junio de 2008, de la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados, que propone la Ley para garantizar el Derecho de Réplica.
e) La de la ex diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo
Parlamentario del PRD, presentada el miércoles 30 de julio de 2008 y, que
denomina Ley que garantiza el Derecho de Réplica, y,
f) La del ex diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo
Parlamentario del PRD, del sábado 13 de agosto de 2008, que denomina Ley
para garantizar el Derecho de Réplica.
Finalmente señala que: “proteger los derechos individuales y colectivos, es competencia de los tribunales. Sin embargo, nos oponemos a la aplicación íntegra del juicio de amparo, porque como se mencionó, el derecho de réplica se quedaría, por el transcurso del tiempo que se requiere en este tipo de procesos y por los laberintos procesales existentes en el amparo, sin posibilidad de hacerse cumplir satisfactoriamente. En este sentido, es preferible, más allá de que en México sea una realidad próxima, la tesis de la eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales, que el conocimiento de las demandas en contra de los medios o de las agencias para reclamar el derecho de réplica, esté a cargo de un tribunal de alzada federal de carácter colegiado y que, en lo fundamental, durante el procedimiento se prescinda de la aplicación de la Ley de Amparo por su obsolescencia y su carácter excesivamente técnico”.
a) La interpretación y aplicación se hará conforme a lo establecido en los principios constitucionales, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, celebrados y ratificados por nuestro país, así como en otras leyes o disposiciones que maximicen el ejercicio del derecho de réplica;
b) El derecho de réplica puede ser ejercido, tanto por personas físicas, morales o
c) Se debe acreditar un interés legítimo y no un interés jurídico;
d) Es responsabilidad de los medios, al igual que de las autoridades competentes,
garantizar el derecho de réplica;
e) Determina que se aplicarán de manera supletoria a la ley, las disposiciones
conducentes, contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal;
f) Establece que la persona física, moral o grupo social legitimado para ejercer el
derecho de réplica, podrá presentar, en caso de que los medios o las agencias no acuerden favorablemente la solicitud de rectificación, aclaración o respuesta, la
demanda ante el tribunal colegido que corresponda al circuito en donde se hayan difundido o publicado las informaciones motivo del derecho de réplica.
g) Serán competentes los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa o los tribunales colegiados de circuito de competencia genérica, ahí donde no exista uno especializado en la materia administrativa. Si se publicaron o difundieron las informaciones en toda la república o en distintas entidades federativas que comprendan más de un circuito, quedará a la elección del interesado determinar el tribunal colegiado de circuito administrativo o genérico competente;
h) El procedimiento judicial federal propuesto es de una sola instancia ante un
tribunal colegiado de circuito. Contra las decisiones del Tribunal no cabe ningún recurso, salvo cuando se impugne ante la Suprema Corte, la inconstitucionalidad de esta ley, de un tratado o, cuando las acciones, excepciones y defensas hayan planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitará al análisis de las cuestiones constitucionales;
i) Propone un procedimiento es oral y sumario y, durante el desahogo de éste no cabe recurso alguno; y
j) El tribunal competente, como medida cautelar, al admitir la demanda, ordenará
al medio de comunicación o a la agencia, que difundan públicamente, el nombre
de la persona que ha promovido en su contra demanda para exigir el derecho de réplica, así como la información que sea motivo de la reclamación.
Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
Este dictamen tiene como objetivo el análisis de las iniciativas presentadas por los diputados José Antonio Díaz García, Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco; por el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez; por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago; y por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, que fueron remitidas en turno único a la Comisión de Gobernación.
Por lo que hace a la iniciativa de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, y a la del diputado Alberto Amador Leal, turnada a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Gobernación, se estima oportuno señalar que el presente documento toma estos antecedentes legislativos en virtud de ser coincidentes con la materia que se trata; sin embargo, se deja a salvo el derecho de las Comisiones Unidas o de otras Comisiones distintas para la emisión del dictamen de su competencia en el momento que consideren oportuno, de conformidad con el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
I. EN LO GENERAL
El 14 de noviembre de 2007 entró en vigor el Decreto que reforma los artículos 6o, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anterior al primeramente referido.
Con motivo de la reforma aprobada por el órgano reformador de la Constitución, el artículo 6o de la Constitución quedó en los siguientes términos:
“Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
La propuesta de adicionar al artículo en comento el derecho de réplica, remitiendo
a la ley la reglamentación para su ejercicio, fue producto del consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo sobre reforma electoral de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) para la reforma del Estado.
En este sentido, el dictamen formulado por las comisiones del Senado estableció al respecto lo siguiente:
“Finalmente, en lo que hace a los cambios aprobados por estas Comisiones Unidas respecto del contenido de la Iniciativa bajo dictamen, es necesario precisar que han resuelto aprobar la propuesta del Grupo de Trabajo para adicionar el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución a fin de colmar un vacío que hasta la fecha subsiste en nuestro orden jurídico. Nos referimos al derecho de réplica con que toda persona debe contar frente a los medios de comunicación social. La única ley en que ese derecho se encuentra consagrado, la Ley de Imprenta, antecede a la Constitución de Querétaro de 1917 y su inoperancia se constata desde hace décadas. Al introducir en la Constitución el derecho de réplica será posible que el Congreso de la Unión actualice de manera integral el marco jurídico que tutela y protege el derecho a la información, tal y como fue la intención del Constituyente Permanente con la reforma al propio artículo 6º en comento en reforma promulgada en fechas recientes.”
A su vez, en el dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados sobre la
Minuta con proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia electoral que turnó el Senado de la República, en el mismo asunto se expresó lo siguiente:
“La Minuta propone adicionar en el primer párrafo de este artículo constitucional el derecho de réplica, para así incorporarlo al conjunto de normas que regulan el ejercicio de la garantía individual de libre expresión de las ideas.
“Estas Comisiones Unidas consideran acertada la propuesta en tanto que permitirá complementar las reformas recientemente aprobadas por el Constituyente Permanente al propio artículo 6º en comento. La libertad de expresión debe gozar de la protección más amplia tanto para los emisores de las ideas como para sus receptores, de forma tal que cualquier persona esté en posibilidad de replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos. La ley establecerá las reglas para el ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social.”
Aunque el derecho de réplica quedó inscrito en el capítulo de garantías individuales de nuestra Carta Magna, el H. Congreso de la Unión, al expedir el
nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consideró necesario establecer en ese ordenamiento que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular pueden ejercer el derecho de réplica consagrado en el artículo 6o constitucional motivo por el cual, retomando el contenido del artículo 186 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogado el catorce de enero de dos mil ocho, dispuso lo siguiente:
“Artículo 233
1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución.
2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos,
las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.
3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el
derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.
4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y
términos que determine la ley de la materia.”
De lo antes mencionado se desprende que el Constituyente Permanente, al remitir a una ley específica la reglamentación del derecho de réplica, determinó para el H. Congreso de la Unión la obligación de legislar en la materia. Tal determinación fue confirmada por el H. Congreso de la Unión al aprobar en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que los partidos políticos, precandidatos y candidatos ejercerán el derecho de réplica en la forma y términos que determine la ley de la materia; en otras palabras, el Poder Legislativo Federal ha establecido, con sus actos previos, que el derecho de réplica no es un asunto de naturaleza electoral, aunque tenga con esa materia una interconexión que la
ley que motiva la presente Iniciativa propone resolver de manera armónica y congruente con el mandato constitucional.
1. Definición, alcances y límites del derecho de réplica.
Diversos tratados o convenios internacionales, suscritos por el Estado mexicano, consagran el derecho de réplica como una de las garantías que los Estados deben asegurar a sus gobernados.
Tal es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual, en el artículo 14 del Pacto de San José, señala el derecho de réplica o de
rectificación como el que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas
o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca
En México, el especialista Ernesto Villanueva ha señalado al respecto lo siguiente:
El derecho a la información eficaz precisa que sea ejercido el derecho de réplica y el deber espontáneo de rectificación. El derecho de réplica se puede definir como "la facultad que se concede a una persona, física o jurídica, que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado". El derecho de respuesta o réplica representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para acceder a los medios de comunicación para hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus garantías públicas. De esta forma es posible extraer algunas consideraciones sobre los objetivos de este singular derecho, entre los cuales se pueden destacar las siguientes:
a) Constituye una vía inmediata, de carácter extrajudicial, que habilita al
particular para defender su honor, reputación, personalidad o imagen afectadas por información inexacta o equivocada, mediante la difusión de las precisiones o correcciones pertinentes, en el medio donde se originó la
b) Representa un vehículo de comunicación entre emisores y receptores,
que coadyuva a fomentar la objetividad y la veracidad en la información
que transmiten los medios de comunicación a la opinión pública;
c) Ofrece a la sociedad civil distintas posturas y puntos de vista sobre hechos controvertidos, circunstancia que le brinda mayores elementos de juicio sobre temáticas de interés general.
Precisa el especialista que “es importante advertir que el derecho de respuesta no se puede ejercer de manera ilimitada y en todas las materias, toda vez que ello implicaría eventualmente vulnerar otras libertades públicas, señaladamente la
libertad de expresión.” (VILLANUEVA, ERNESTO. “EFICACIA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA”, CFR. RAZÓN Y PALABRA NO. 17)
Por su parte, al referirse a la reciente incorporación del derecho de réplica al artículo 6o de nuestra Constitución, el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestó entre otros conceptos, los que a continuación se transcriben y que son coincidentes con los objetivos que animan la presente iniciativa:
“El derecho de réplica o rectificación, como también se le conoce, adquiere relevancia como un derecho del individuo frente a los medios de comunicación, al permitir al actor de la información dar su propia versión de los hechos difundidos por cualquier medio de comunicación impreso o radioeléctrico.
“El derecho de réplica no es una institución nueva en nuestro país, pues está establecido en diferentes ordenamientos, como la Ley de Imprenta, vigente desde 1917, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“El derecho de réplica o rectificación es un derecho individual, cuyo titular es aquella persona que se considere afectada en sus derechos o su reputación, como resultado de la difusión de información inexacta o agraviante. Es decir, el ejercicio de este derecho no excluye a nadie ni está limitado a una categoría especial de personas. Además, la sociedad se beneficia también del derecho de réplica, toda vez que su ejercicio le permite tener información más completa y, así, disponer de más elementos para formarse su propio juicio sobre los hechos de interés colectivo.
“Ahora bien, ¿qué puede ser susceptible de rectificación? En principio, las informaciones inexactas; es decir, las relativas a datos de naturaleza objetiva.
“Con especial atención deberá valorarse si es procedente en el caso de opiniones, entre las que se encuentra una amplia gama de tipos subjetivos, en función de su apoyo o conexión o inconexión con datos objetivos. Así, lo más susceptible de rectificación serán los datos en los
que se basa la opinión, pero será más complejo rectificar la opinión misma, a menos que ésta, en los términos en que ha sido difundida, carezca de asidero con datos concretos. En materia de opiniones es previsible que surjan controversias; por lo que en este ámbito deben establecerse las previsiones necesarias y posibles para evitar que se conculque el derecho de opinión o, en otro extremo, que se quebrante el derecho de réplica.
“La reforma constitucional dejó a la ley reglamentaria que deberá expedirse, la tarea de especificar las condiciones en que será exigible el derecho de réplica. Entre los aspectos que la ley reglamentaria tendrá que precisar está señalar la gratuidad de la rectificación; determinar que la réplica debe efectuarse por el mismo órgano de difusión que comunicó la información inexacta o agraviante; fijar los criterios respecto al plazo razonable en el que tiene que realizarse —condición esta última imprescindible para la efectividad del derecho, pues es claro que el transcurso del tiempo opera negativamente sobre los intereses de su titular—; determinar la extensión de la réplica y su ubicación en el medio, garantizando a la persona afectada condiciones de igualdad para que surta efectos la aclaración de la información que se quiera hacer. Esos son sólo algunos de los aspectos que la ley reglamentaria debe detallar, además de establecer un procedimiento judicial sencillo, urgente y sumario para exigir la publicación de la rectificación, en caso de que no se haya realizado voluntariamente en el plazo legal o haya sido denegada por el medio de comunicación social requerido al efecto.
“Por otra parte, como se reconoce en distintos ordenamientos que contemplan la rectificación, tanto en el caso de informaciones inexactas como en el de informaciones agraviantes, el ejercicio del derecho de réplica no sustituye las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse de tales informaciones.
“Hay quienes afirman que el derecho de réplica o rectificación constituye un límite a la libertad de prensa por cuanto incide, en mayor o menor grado, en su ejercicio; sin embargo, ello no es así necesariamente. Por el contrario, esa libertad se fortalece, puesto que sirve a la veracidad de la información, ya que el derecho de réplica es un complemento de la garantía de opinión pública libre, pues el acceso a una versión diferente de los hechos publicados favorece el interés colectivo en la búsqueda de la verdad.
En consecuencia, el derecho de réplica no sólo tiene por objeto la protección de los derechos de la personalidad, sino que también puede ser ejercido cuando la información falte a la verdad, aun en los supuestos en que los derechos a la personalidad no hayan sido afectados. Por lo demás, al dar oportunidad de réplica al afectado por la información para
que exprese su versión de los hechos o acontecimientos desde su propia perspectiva, el medio de comunicación no necesariamente admite que su información sea inexacta o agraviante, sino sólo hace posible que el público expuesto a la información pueda confrontar diferentes elementos de juicio que faciliten adoptar una toma de posición más completa, acercándose más a la verdad de los hechos.” (SOBERANES, JOSÉ LUIS. “EL
DERECHO DE RÉPLICA”; ARTÍCULO PUBLICADO EN MILENIO DIARIO EL 22 DE OCTUBRE DE 2007)
La República Argentina, por ley 23.054, ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como "Pacto de San José de Costa Rica” el cual consagra en su articulado el derecho a réplica o rectificación, en virtud del cual "toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley".
La ratificación del Pacto por parte del Estado incorporó este derecho al ordenamiento jurídico interno, sumado a la incorporación con jerarquía constitucional de esta Convención a partir de la reforma de 1994.
La Ley-19733, publicada el 4 de junio de 2001 ("Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo"), establece en su título IV el “derecho de aclaración y de rectificación”. El artículo 16 dice que: “Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida… por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”.
Según los artículos 17, 18 de la ley, el ofendido o injustamente aludido por un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o un servicio limitado de televisión tendrá derecho, pagando sólo el valor del material que se emplee…, a requerir directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión “.
El numeral 18 dice que “La obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en la que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción”.
Según el artículo 19: “El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que lo haya provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección…En el caso de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, la aclaración o la
rectificación deberá difundirse en el mismo horario y con características similares a
la transmisión que la haya motivado….La difusión destinada a rectificar o aclarar
se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas
siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con una antelación de, a lo menos, setenta y dos horas….El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que ella no se ajuste a las exigencias del inciso segundo del artículo 18, o suponga la comisión de un delito. Se presumirá su negativa si no se difundiere la aclaración o rectificación en la oportunidad señalada en el inciso anterior, o no la publicare o difundiere en los términos establecidos en los incisos primero o segundo, según corresponda….Si el medio hiciere nuevos comentarios
a la aclaración o rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las
reglas anteriores. En todo caso, los comentarios deberán hacerse en forma tal,
que se distingan claramente de la aclaración o rectificación.
De acuerdo con el artículo 20, este derecho prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión, y sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida, o por su mandatario o apoderado, o en caso de fallecimiento o ausencia de aquélla, por su cónyuge o por sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
Como excepción a la regla general, el artículo 21 establece que: “No se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación con relación a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley.”
Por cuanto al procedimiento para sancionar las infracciones en la materia, el conocimiento y resolución de las denuncias o querellas corresponderá al tribunal con competencia en lo criminal del domicilio del medio de comunicación social.
El tribunal, en la resolución que ordene publicar o emitir la aclaración o la rectificación, o su corrección, fijará plazo para ello y, además, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.
Ejecutoriada la sentencia condenatoria, si no se publica la aclaración o rectificación dentro del plazo señalado por el tribunal, en los términos establecidos en, según el caso, el director del medio será sancionado con multa de doce a cien unidades tributarias mensuales y se decretará la suspensión inmediata del medio
de comunicación social. El tribunal alzará la suspensión decretada desde el momento en que el director pague la multa y acompañe declaración jurada en que se obligue a cumplir cabalmente la obligación impuesta en la primera edición o transmisión más próxima.
Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.
La doctrina francesa concibe a este derecho como uno de los límites a la libertad de prensa, y específicamente al derecho a la información. Cfr. ROLAND DUMAS, Le droit de 'information, P. U. F., París, 1981, págs. 125 y ss.; JEAN RIVERO, Les liberiés publiques, Vol. II, P. U. F. París, 1980, pág. 238.
Para Dumas, el derecho de réplica, «es el derecho de toda persona nombrada o designada en el artículo de un periódico a dar a conocer sus explicaciones o desacuerdos en las mismas circunstancias y condiciones que han provocado su designación. Mientras que el Derecho de Rectificación, «es la obligación que el director de una publicación tiene, bajo pena de multa, de incluir gratuitamente en la primera página del periódico o revista todas las rectificaciones que le son dirigidas por un depositario de la autoridad pública con respecto a actos realizados en función de su cargo que hayan sido recogidos de forma inexacta por la publicación».
Rivero afirma que: «( autoridad pública», «(
público, la verdad sobre la decisión o el comportamiento de la Administración». «Es, esencialmente, un medio de defensa en manos de los responsables
administrativos y también un medio de información de los administrados».)
es un derecho reconocido a los depositarios de la tiene, por tanto, por objeto, restablecer, en relación al
El derecho de réplica es introducido en el derecho positivo francés por el artículo 11 de la Ley 25/3/1822 y ratificado posteriormente en el artículo 13 de la Ley 29/7/1881. Y el derecho de rectificación en el artículo 12 de esta última. Ambos eran ejercidos en el ámbito de la prensa escrita. Habrá que esperar a la Ley de 3/7/1972 para que se amplíe su ejercicio a la radio y la TV, desarrollada asimismo por un Decreto de 13/5/1975 (Vid. Dumas: Op. Cit., pág. 586).
Por cuanto a las transmisiones radiodifundidas, según la ley del 29 de julio de 1982 y el decreto número 87-246, la solicitud para ejercer el derecho de réplica va de los ocho a los 15 días; el plazo máximo para que el medio difunda la réplica es de 30 días, a partir de la emisión referida por el solicitante (o, en caso de haber fallecido éste, sus herederos o cónyuge), y la duración del mensaje no debe sobrepasar los diez minutos. En caso de que no se transmita la réplica, el perjudicado puede acudir a la autoridad judicial correspondiente quien ordenará la difusión del mensaje aun con apelaciones del medio.
Recientemente se publicó el Decreto n° 2007-1527 del 24 de octubre 2007 relativo al derecho de respuesta aplicable a los servicios de comunicación al público en línea, tomado en aplicación del artículo 6 de la “ley n° 2004-575 del 21 de junio de 2004 para la confianza en la economía numérica”.
La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de Marzo, Reguladora del Derecho de Rectificación menciona que: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio…Podrán ejercitar el derecho a rectificación el perjudicado aludido o su representantes y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.” (Art. 1)
El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario. (Art. 2)
El director del medio de comunicación social – si el derecho se ejercita de conformidad con lo establecido anteriormente,- “deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.” La publicación o difusión de la rectificación será siempre gratuita.” (Art. 3)
Si, en los plazos antes señalados no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, “podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.” (Art. 4)
Por cuanto al procedimiento, se dispone que la acción se ejercitará mediante escrito, sin necesidad de abogado ni procurador, acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo señalado; se presentará igualmente la información rectificada si se difundió por escrito; y, en otro caso, reproducción o descripción de la misma tan fiel como sea posible. El Juez, de oficio y sin
audiencia del demandado, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En otro caso convocará al interesado, al director del medio de comunicación o a sus representantes, a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada.
Cuando el Juez hubiese declarado su incompetencia podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, en la cual se deberá expresar el órgano al que corresponda el conocimiento del asunto.
El citado juicio se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con algunas modificaciones; el fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación o difusión en la forma y plazos previstos en el artículo tercero de esta Ley, contados desde la notificación de la sentencia que impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados.
El artículo 58 de la Constitución venezolana establece:
“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.”
Conforme al citado artículo 58, es el derecho de “toda persona” a la réplica (respuesta) y a la rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes.
Ante todo, debe señalarse que este derecho, que también tienen todas las personas, posee las mismas características de universalidad que el derecho a la libre expresión del pensamiento. Corresponde a toda persona, natural o moral, nacional o extranjera, domiciliada o no domiciliada en el país, de derecho privado
o derecho público estatal o no estatal, sin discriminación alguna y sea cual sea su profesión u oficio.
La citada Constitución no establece excepción alguna, por lo que toda persona tiene este derecho a réplica y rectificación.
II. EN LO PARTICULAR
1. Contenido general y capitular del Proyecto de Decreto.
A partir del estudio de las aportaciones de los especialistas, de la revisión del
derecho comparado y de la experiencia internacional, es necesario adoptar un modelo de regulación del derecho de réplica que mejor se corresponda con la vigencia plena de las libertades consagradas en los artículo 6o y 7o de nuestra Constitución, con la naturaleza de los hechos que darían lugar a solicitar el ejercicio del derecho de réplica, los que están directamente asociados a la difusión o publicación de información destinada al público en general y con la adopción de un procedimiento e instancias de naturaleza judicial para resolver, de manera expedita y con procedimientos fundamentales orales, las controversias entre los responsables de la información difundida o publicada y las personas, físicas o morales, demandantes de que se cumpla el derecho que les otorga la Constitución.
Una primera consideración a resaltar es que la condición primera para solicitar el ejercicio del derecho es que la información publicada o difundida sea considerada por el solicitante como inexacta o agraviante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de San José”, del 22 de noviembre de 1969, al cual México se adhirió el 24 de marzo de 1981 y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo de
1981 siempre y cuando el solicitante haya sido aludido por la misma. Se han
preferido los términos “inexacto” y “agraviante” para calificar en primera instancia
la información que se desea replicar a fin de evitar las controversias de aplicación
por interpretación de otros términos, cuya definición semántica implica un prejuicio –en el sentido literal del término; en este sentido se sugiere la adición del adjetivo agraviante a las disposiciones del proyecto en los que se haga referencia a la naturaleza de la información para que sean acordes a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe señalar que, siguiendo la práctica internacional más generalizada, el ejercicio del derecho de réplica se ejercería con independencia del derecho que los interesados tienen para, por otras vías judiciales, hacer valer otros derechos.
Las iniciativas en estudio proponen establecer reglas para que los aludidos por informaciones inexactas o agraviante puedan solicitar la réplica al medio de comunicación en que se difundió o publicó la información mediante un trámite directo entre las partes, para lo cual se precisan las hipótesis que dan lugar a la solicitud, el plazo para su presentación y para que el medio difunda o publique la réplica, o bien para que la niegue, en cuyo caso deberá motivar la negativa.
Debe considerarse la singularidad del derecho de réplica en tanto que garantía individual que se ejerce por un particular, persona física o moral, ante otro particular, que es el medio de comunicación responsable de la difusión o publicación de la información inexacta que motiva la réplica. Es decir, estamos, en primera instancia, ante un asunto entre particulares, no en un conflicto entre un particular y un órgano de derecho público. La ley debe garantizar los derechos de ambas partes, tutelando el derecho de réplica del ofendido a través de instancias y procedimientos que le aseguren la defensa de su honor, prestigio, su privacidad o su fama pública.
Es por ello que se propone que en caso de discrepancia entre las partes, que se expresaría en la negativa del medio de comunicación a otorgar al solicitante el derecho de réplica, este último tenga abierta la posibilidad de presentar una demanda ante un juez de distrito civil federal, para que en un procedimiento abreviado, sumario y de naturaleza mixta, que combina la presentación de elementos de prueba documentales con los alegatos orales ante el juez de la causa, sea éste quien resuelva, en un plazo breve, a quien asiste la razón y a partir de ella dicte el derecho, ordenando, de ser el caso, al medio de comunicación la difusión o publicación de la réplica, sin perjuicio de imponer al medio infractor las sanciones pecuniarias que la propia ley establece.
Se opta por un juez de distrito civil federal por la naturaleza jurídica de la relación entre el individuo (persona física o persona moral) y el medio de comunicación,
pues nos encontramos ante una responsabilidad extracontractual, ya que deriva de la realización de un hecho que cause un daño o menoscabo en el patrimonio moral de las personas y que genera la obligación de repararlo, por violarse un derecho absoluto, derecho que es correlativo de un deber de abstención que consiste en no dañar.
En esta tesitura debemos señalar que la doctrina establece la existencia de bienes extrapatrimoniales, que son aquellos que por su naturaleza inmaterial no pueden valuarse en dinero. En ese sentido el jurista Yacov Kobets, en su libro Reparación del daño moral, señala lo siguiente:
“Cuando hablamos de actos que atentan contra ciertos derechos de las personas, también se puede configurar el daño material o moral, dependiendo de los tipos de derechos afectados. Nuevamente acudimos al término ‘patrimoniales’ para hablar de derechos patrimoniales, mismos que recaen sobre aspectos materiales, mientras que por otro lado a los derechos de la personalidad que, una vez lesionados, nos ubican en el supuesto de la configuración del daño moral”.
Los derechos patrimoniales son fácilmente cuantificables en dinero, por ello fácilmente reparables por su naturaleza líquida, mientras que los derechos de personalidad es difícilmente cuantificable, se ubica en la esfera de lo personal. En esa tesitura al tratarse de un derecho de naturaleza inmaterial subsiste el resarcimiento, que significa satisfacer, en la misma medida que el daño, con el acceso de forma gratuita al medio de comunicación para realizar la aclaración pertinente, y de esta forma contrarrestar la afectación sufrida con la información falsa o inexacta.
De esta manera, la solución de los eventuales litigios entre los medios de comunicación y las personas solicitantes del derecho de réplica queda en manos de las autoridades judiciales, sin involucrar instancias administrativas intermedias cuya intervención solamente redundaría en dilación en perjuicio de las personas, o en trámites burocráticos que implican costos para las partes.
Así mismo se opta por la figura del Juez de Distrito y no la del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, porque del estudio realizado no se desprende la existencia de actos administrativos, asimismo no se descarta la
posibilidad de que dichas sentencias, dictadas por los jueces de distrito civiles federales, deriven en juicios de amparo.
Finalmente es indispensable realizar las reformas al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para adicionar la fracción VIII, que le de competencia a los Jueces de Distrito civiles federales para conocer de las controversias generadas por la negativa a conceder la réplica en el medio de comunicación, en razón de que dicho artículo establece de forma casuística, los asunto del conocimiento de dichos jueces. Así mismo, reformar las fracciones VI y VII, con el fin de recorrer la conjuntiva “y”, de la fracción VI a la VII del citado artículo.
Es por lo anterior que en esta propuesta, se busca establecer definiciones precisas y sencillas que permitan a cualquier persona el entendimiento del contenido de la ley y su fácil y expedita utilización.
Esta Comisión considera que todas las iniciativas analizadas conculcan el espíritu de la reforma constitucional; sin embargo es la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez la que reúne características más propicias a fin de que se tutele este derecho establecido en el artículo 6o de la Constitución;
Las iniciativas de la Diputada Valentina Batres Guadarrama y del Diputado Alberto Amador Leal Guardan estrechas semejanzas ya que consideran a la Ley de Amparo como la legislación idónea para regular el derecho de réplica. Esta Comisión no coincide con que se considere, así sea de manera acotada, a los medios de comunicación como autoridad para los efectos violentar derechos de los ciudadanos en una calidad semejante a la de una autoridad.
Por otra parte, esta comisión no coincide con la regulación adjetiva de la iniciativa presentada por los diputados del Partido Acción Nacional pues proponen a la Secretaría de Gobernación como autoridad responsable para resolver las controversia entre particulares (medios y ciudadanos) respecto del derecho de réplica. La poca conveniencia que esta Comisión advierte es que la decisión de una autoridad administrativa puede ulteriormente recurrirse ante el Tribunal Fiscal
o mediante un amparo de carácter administrativo; lo demerita en la inmediatez del instrumento dada la naturaleza del derecho que se pretende proteger; por otra parte, existe una reticencia a que la autoridad administrativa intervenga en asuntos de particulares debido a caso de abusos en la historia reciente del país.
Es por eso que esta Comisión atiende al contenido de la Iniciativa del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez a saber:
En el capítulo I, denominado “Disposiciones generales”, se define el objeto de la ley, que es el de establecer los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de réplica que establece el artículo 6º de la Constitución; se establecen las personas legitimadas para ejercerlo, así como la definición, para los efectos de la propia ley, de los “medios de comunicación, que serán “los impresos o radiodifundidos, mediante señal abierta o restringida, en los que se publica o difunde información de manera estable y periódica a través de textos, sonidos o imágenes destinados al público en general”. Se precisa que dichos medios deberán contar en todo tiempo con un responsable para atender las solicitudes de réplica que les sean presentadas. Por último se establecen las disposiciones de carácter supletorio del ordenamiento legal contenido en la presente iniciativa, que serán las del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En el capítulo II, “De la legitimación”, se establece que “toda persona podrá ejercitar el derecho de réplica cuando considere que una información, mención o referencia emitida o publicada en algún medio de comunicación es inexacta o agraviante y lo aluda de manera directa”. Las personas físicas podrán ejercer este derecho por si mismas o por medio de un representante o apoderado, mientras que las personas morales lo ejercerán por medio del representante legalmente facultado para estos efectos. También se mencionan los sujetos que podrán ejercer el derecho de réplica en caso de fallecimiento de la persona física.
Se establece la regla de prelación para la atención de dos o más solicitudes de réplica que versen sobre la misma persona y la misma información, mención o referencia, conforme a la fecha de su presentación.
Finalmente se fija como causa de improcedencia de la solicitud la hipótesis referida a la formulación de “apreciaciones o comentarios que forman parte de la crítica periodística y se formulen con base en hechos ciertos o en las actividades públicas de la persona aludida”.
En el capítulo III, “De la presentación“, se fijan las reglas para la presentación de las solicitudes de réplica ante el responsable del medio de comunicación que difundió la información, las que se pueden presentar de manera personal, por correo postal, fax, medio electrónico o cualquier otro idóneo que permita recabar constancia de recepción de su escrito. El plazo para la presentación de la solicitud de réplica será de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación o emisión de la información que se replica. Dicha solicitud deberá estar dirigida al responsable del medio de comunicación, e indicará los datos que permitan identificar la información difundida que se considere inexacta o agraviante, exponiendo sucintamente los motivos o hechos que justifican su solicitud. En concordancia con lo anterior, se establece la obligación del medio de comunicación de recibir la solicitud y dar respuesta al interesado, por escrito o por cualquier otro medio fehaciente, de la aceptación o negativa, en un plazo de 2 días hábiles contados a partir de la recepción de aquella.
Se establece que la publicación de la réplica, en el caso de los medios de comunicación impresos, deberá realizarse en forma íntegra, en el mismo espacio en que apareció la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas. Si se trata de medios de circulación o difusión diaria, la replica se realizará dentro de los dos días siguientes al de su recepción; en los demás casos, se hará en la edición inmediata siguiente.
Para las estaciones de radio y canales de televisión, éstas deberán difundir íntegramente la réplica en el mismo espacio en que se transmitió la información que la motiva, sin comentarios ni apostillas, dentro de los dos días siguientes al de su recepción en caso de los programas diarios o en la emisión inmediata siguiente cuando tengan otra periodicidad.
Se establece la gratuidad obligatoria de la publicación o difusión de la réplica.
Por último se establecen las hipótesis por las que el medio de comunicación ante quien se haya presentado la solicitud de réplica, podrá negarse a difundirla o publicarla, que son los siguientes:
- Cuando el interesado no acredite su legitimación;
- Cuando no se ejerza dentro del plazo fijado en la ley;
- Cuando se refiera a información que no es objeto del derecho de réplica;
- Cuando contenga ofensas en contra del medio o emisor, sea contraria a la ley o se realice de tal manera que afecte derechos de terceros; o
- Cuando la información ya haya sido aclarada o rectificada.
En el capítulo IV, “Del procedimiento judicial” se establecen que los órganos competentes para conocer de las demandas en los casos en que los medios de comunicación no respeten el derecho de réplica, que serán los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación que conozcan asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio del demandante. La demanda podrá interponerse en los casos en que el medio de comunicación no hubiere publicado la rectificación o aclaración dentro de los plazos previstos en la Ley sin que medie la notificación denegatoria; que la réplica hubiese sido difundida o publicada en contravención a lo dispuesto por la Ley; o que el solicitante hubiese recibido la notificación denegando el derecho y no estuviere de acuerdo en los términos de la misma.
Se aclara que las personas legitimadas para ejercer el derecho de réplica, podrán intentar otras vías jurisdiccionales para hacer valer sus derechos sustantivos, los que quedan a salvo.
El plazo para presentar la demanda es de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se reciba la notificación de denegación o de que el medio difunda la réplica en contravención de lo dispuesto en la ley.
Se establece un procedimiento con trámite expedito: recibida la demanda, el juez notificará al medio de comunicación el inicio del procedimiento y le correrá traslado de la misma, para que en el plazo de dos días hábiles, contados a partir de la notificación, la conteste; recibida la contestación, el juez citará a una audiencia de pruebas y alegatos, que se desarrollará en forma oral y sumaria, dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas contadas a partir de la recepción de aquella. Concluida la audiencia, el juez podrá dictar sentencia o lo hará en el plazo comprendido dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Si la sentencia es estimatoria de la pretensión del demandante, el juez ordenará al medio de comunicación la difusión o publicación de la réplica, señalando el plazo para tal fin. Si la sentencia desestima la pretensión del demandante, el asunto se considerará concluido.
Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en ejercerán el derecho de réplica en los términos establecidos en la Ley que se propone; las sentencias que se dicten serán notificadas al Instituto Federal Electoral o a la autoridad administrativa electoral local.
En el capítulo V “De las sanciones”, se propone establecer las sanciones pecuniarias aplicables a los medios de comunicación por la violación a lo establecido en la Ley materia de la presente Iniciativa, las que serán aplicadas por el Juez con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al medio de comunicación infractor o de la responsabilidad civil o penal que resulte.
Será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas.
Esta Comisión con base en los estudios presentados, tomando como base la iniciativa del Diputado Sandoval propone las siguientes:
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA
Esta Comisión considera oportuno realizar modificaciones a la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Sandoval, con el fin de precisar algunos aspectos que se estiman necesarios en la regulación del derecho de réplica y que a continuación se describen:
1. Por lo que hace al capítulo primero de disposiciones generales, se propone la
modificación del artículo 2 del proyecto con el fin de integrar en una disposición lo relativo a la definición del derecho de réplica, la definición de medios de comunicación y en el artículo 3 señalar los responsables de los medios para recibir las solicitudes de los particulares que pretendan el ejercicio de la réplica.
2. Se estima la modificación del artículo 4 para establecer el carácter supletorio del
Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que el procedimiento expedito que se propone en esta Ley es entre particulares y el mismo se sustanciará ante el
juez de distrito competente en materia civil.
3. Se propone la adición del título “Capítulo II. De la Legitimación” que reúne lo
relativo a las personas que ejerciten el derecho de réplica. En este sentido, esta Comisión considera establecer con precisión quiénes son los sujetos que puedan ejercer la réplica en caso de fallecer el titular, por lo que estima adicionar un artículo 7 donde se señale que el cónyuge, concubino o parientes consanguíneos
en línea directa ascendente o descendente hasta el tercer grado o parientes consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado, son los sujetos que pueden ejercer el derecho en caso de que la persona aludida fallezca.
4. De la misma forma, se propone adicionar el título “Capítulo III. De la presentación”, mismo que reunirá lo relativo al ejercicio de la réplica por los interesados y la forma por la cual deberá ser cumplimentada por los medios de comunicación; en este sentido, se considera la adición de un artículo 16 al proyecto de decreto para señalar que en el caso de que el medio de comunicación hiciera nuevos comentarios a la réplica, el aludido podrá ejercer nuevamente su derecho en los términos que establece la ley que es materia del presente dictamen.
5. Esta Comisión considera la modificación del título “Capítulo II. Del Procedimiento Judicial” para que sea “Capítulo IV. Del Procedimiento Judicial”, que considerará los supuestos por los cuales la persona aludida o los interesados podrán activar la vía jurisdiccional para ejercer el derecho de réplica ante los juzgados de distrito en materia civil.
Esta Comisión estima oportuna la adición de un artículo 21 al proyecto de
decreto de manera que esta disposición considere dejar a salvo el derecho del aludido o de los interesados para que se haga valer en otras instancias o vías
jurisdiccionales que pudieran ser competentes.
7. De igual forma, se adiciona un artículo 25 relativo al derecho de réplica que
tienen partidos políticos, precandidatos y candidatos y la obligación del juez competente para notificar las sentencias, para cada caso, al Instituto Federal
Electoral o a las autoridades electorales locales.
8. Se cree oportuna la modificación del título “Capítulo III. De las sanciones” para que sea “Capítulo V. De las sanciones” que se aplicarán cuando los medios de comunicación no cumplan con lo regulado en la ley que se dictamina. Dichas sanciones serán aplicadas por el juez con independencia de otras que señalen diferentes normatividades en vigor.
9. Finalmente, se considera oportuno el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, para dar competencia expresa a los jueces de distrito civiles federales, en el conocimiento de los litigios que se presenten en torno al
10. En virtud de las adiciones arriba señaladas, los artículos subsecuentes del proyecto se recorren en su numeración.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL DERECHO DE REPLICA, Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA CON UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO PRIMERO.- SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DEL DERECHO DE REPLICA.
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL
EN MATERIA DEL DERECHO DE REPLICA
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República; tiene por objeto establecer los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de réplica que establece el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Crítica: reacción o la opinión personal.
II. Derecho de réplica: La facultad de toda persona a que sean publicadas
o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por medios de comunicación, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada o imagen.
III. Medio de comunicación: La persona que presta servicios de televisión
o audio restringidos, de radiodifusión, o que de manera impresa, difunde
masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 3. Los medios de comunicación deberán contar en todo tiempo con un responsable de recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica que les sean presentadas, informando al público de manera oportuna y fehaciente su nombre, domicilio postal, teléfono, fax y correo electrónico. En los casos en que el medio de comunicación contemple, como parte de su organización interna con un defensor de los derechos de los lectores, radioescuchas o televidentes, según sea el caso y cualquiera que sea la denominación que se otorgue al responsable de esa función, el mismo podrá ser designado como responsable de atender y resolver las solicitudes a que se refiere el presente artículo.
Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 5. Toda persona aludida podrá ejercitar el derecho de réplica cuando considere inexacta o agraviante una información, mención o referencia emitida o publicada en algún medio de comunicación, que lo haya aludido en forma directa.
Artículo 6. Las personas físicas podrán ejercer el derecho de réplica por sí mismas o por medio de un representante que acredite fehacientemente su designación.
Las personas morales podrán ejercer el derecho de réplica por medio del representante legal.
Artículo 7. En caso de fallecimiento de la persona física aludida, podrán ejercer el derecho de réplica, indistintamente, su cónyuge, concubino o parientes consanguíneos en línea directa ascendente o descendente hasta el tercer grado, o parientes consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado. En caso de que se presenten varias solicitudes de réplica que versen sobre la misma persona y la misma información, mención o referencia, se atenderá la que primero se haya recibido.
Artículo 8. El derecho de réplica es improcedente cuando se trate de apreciaciones o comentarios que forman parte de la crítica y se formulen con base en hechos ciertos o en las actividades públicas de la persona aludida, salvo que proceda de una información inexacta o agraviante.
Artículo 9. El directamente interesado, o su representante, enviará por escrito al responsable del medio de comunicación que difundió la información, con alusión expresa y puntual de los hechos aludidos, la solicitud de réplica de manera personal, por correo postal, fax, medio electrónico o cualquier otro idóneo que permita recabar constancia de recepción de su escrito. Si el responsable del medio de comunicación se niega a expedir la constancia antes mencionada, el solicitante podrá acudir sin otro trámite ante el Juzgado de Distrito competente.
Artículo 10. La solicitud de réplica deberá presentarse dentro del plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación o emisión de la información que se replica.
Artículo 11. La solicitud de réplica deberá estar dirigida al responsable del medio de comunicación social, indicará la fecha, el espacio informativo y, en su caso, la hora aproximada en que la información que se considere inexacta o agraviante fue difundida, exponiendo de manera breve y puntual los motivos o hechos que justifican su solicitud.
Artículo 12. El contenido de la réplica deberá limitarse al contenido de la información que se desea rectificar, sin exceder la extensión de ésta, salvo que se requiera de mayor extensión por la naturaleza del agravio. La réplica no ofenderá al emisor ni será contraria a la ley.
Artículo 13. En el caso de los medios de comunicación impresos, la réplica deberá publicarse íntegramente en el mismo espacio en que apareció la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.
Cuando se trate de medios de circulación diaria, la réplica se realizará dentro de los dos días siguientes al de su recepción; en los demás casos, se hará en la edición inmediata siguiente.
Artículo 14. En el caso de las estaciones de radio y canales de televisión cuya señal se transmita a través de cualquier aplicación tecnológica, deberán difundir íntegramente la réplica en el mismo espacio informativo en que se transmitió la información que la motiva, sin comentarios ni apostillas, dentro de los dos días siguientes al de su recepción en caso de los espacios diarios, o en la emisión inmediata siguiente cuando tengan otra periodicidad. Si se trata de una emisión única, la réplica se difundirá dentro de los dos días siguientes al de su recepción en un espacio informativo de audiencia similar al de la emisión que la motiva.
Artículo 15. En caso de que las condiciones y características de los espacios transmitidos en vivo en radio y televisión lo permitan, el interesado podrá solicitar, por vía telefónica o electrónica, ejercer el derecho de réplica en su transcurso. De no ser posible lo anterior, el derecho del interesado para solicitar la réplica quedará a salvo.
Artículo 16. Cuando el medio de comunicación hiciere nuevos comentarios a la réplica, la persona aludida podrá ejercer nuevamente este derecho, en los plazos y términos previstos en esta ley.
Artículo 17. En todos los casos, la publicación o difusión de la réplica que realicen los medios de comunicación se hará de manera gratuita.
Artículo 18. El responsable del medio de comunicación ante quien se haya presentado la solicitud de réplica, podrá negarse a difundirla o publicarla en los siguientes casos:
I. Cuando el interesado no acredite su legitimación en términos del Capítulo II de esta Ley;
II. Cuando no se ejerza dentro del plazo previsto en el artículo Ley;
10 de esta
III. Cuando se refiera a información que no es objeto del ejercicio del
derecho de réplica según lo establecido por el artículo 8 de la presente ley;
IV. Cuando contenga ofensas en contra del medio o emisor, sea contraria a
la ley o se realice de tal manera que afecte derechos de terceros; o
Artículo 19. El responsable del medio de comunicación deberá, en todo caso, recibir la solicitud de réplica y notificar al interesado, por escrito, o por cualquier otro medio fehaciente, la aceptación o negativa, en un plazo que no excederá de 2 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo 20. La persona legitimada para ejercer el derecho de réplica podrá presentar una demanda ante el Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación que conozca asuntos de naturaleza civil, atendiendo al domicilio del demandante, en los siguientes supuestos:
III. Que el solicitante hubiese recibido la notificación a que hace referencia el artículo anterior y no estuviere de acuerdo en los términos de la misma.
Artículo 21. Independientemente de lo previsto en el artículo anterior, la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, tendrá a salvo sus demás derechos para hacerlos valer en las vías jurisdiccionales correspondientes.
Artículo 22. La demanda se presentará por escrito dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se den los supuestos contemplados en el artículo 20 de esta Ley.
Artículo 23. Una vez recibida la demanda, el juez notificará al medio de comunicación el inicio del procedimiento y le correrá traslado de la demanda, para que dentro del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, la conteste.
Artículo 24. Si la sentencia es estimatoria de la pretensión del demandante, además de imponer la sanción establecida en la fracción I del artículo 26 de esta Ley, el Juez ordenará al medio de comunicación la difusión o publicación de la réplica, señalando el plazo para tal fin. Si la sentencia desestima la pretensión del demandante, el asunto se considerará concluido.
Artículo 25. El derecho de réplica será ejercido por los partidos políticos, los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en la forma, términos y procedimientos establecidos por la presente Ley. En tales casos las sentencias que dicten los jueces competentes serán notificadas al Instituto Federal Electoral o a la autoridad administrativa electoral local.
Artículo 26. Tratándose de los medios de comunicación, la violación a lo establecido por la presente Ley será sancionada en los siguientes términos:
I. Con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, cuando, sin mediar la notificación a que se
refiere el artículo 19 de esta Ley, el medio de comunicación no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos establecidos por los artículos 13 y 14, según sea el caso.
II. Con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, en el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el medio de comunicación se niegue a cumplir la sentencia, o lo haga fuera del plazo establecido en la misma. En tales casos, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia ante el Juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para ese fin lo dispuesto por la Ley de
Las sanciones anteriores serán aplicadas por el Juez de Distrito competente con independencia de otras que conforme a las leyes aplicables corresponda aplicar al medio de comunicación infractor y de la responsabilidad civil o penal que resulte.
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI Y VII Y SE ADICIONA CON UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Artículo 53.- Los jueces de distrito civiles federales conocerán:
VII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta ley, y
VIII. De los asuntos derivados de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia del Derecho de Réplica.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los medios de comunicación deberán designar e informar al público en general los datos del representante a que alude el párrafo tercero del artículo 2, contenido en el Artículo Primero del Decreto, dentro del plazo señalado en el artículo transitorio anterior.
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.
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 artículo 27
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 artículo 1
 artículo 58
 artículo 335
 artículo 6
 artículo 131
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 103
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 artículo 45
 artículo 134
 artículo 97
 artículo 6
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 186
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 53
 ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 53
 ARTÍCULO 6

Artículo 1
 artículo 6

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 8

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 20

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 26

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 19
 ARTÍCULO 53

Artículo 53
 Artículo 6
 artículo 2