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Timestamp: 2018-05-23 07:07:35+00:00

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¡Autónomo, dedúcete los gastos de tu coche! El reglamento del IRPF es ilegal | Coello de Portugal Abogados
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Publicado el 09/10/2015 09/10/2015
AEAT, Fiscal, Legislación, Leyes
En posts anteriores hemos señalado a los autónomos que deberían deducirse lo pagado por ellos en gastos de automóvil: tanto la amortización como la gasolina y demás. Para ver los posts haga click aquí.
Evidentemente, la AEAT no está de acuerdo. Es probable que les hagan una “complementaria”, también llamada “paralela”.
Pues el que no está de acuerdo soy yo. Porque la Ley del IRPF permite la deducción de estos gastos pero el Reglamento no. Así que el Reglamento es ilegal.
Para que todo el que quiera pueda copiarme el recurso contencioso-administrativo que esta mañana se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que, con las debidas adaptaciones, se puede presentar ante cualquier otro Tribunal Superior de Justicia de España, haciendo valer los mismos argumentos, tengo mucho gusto en facilitarles el texto. Que es el siguiente:
Procedimiento ordinario n.º 609/2015
175 D. Jacinto Gómez Simón, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D. Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral, según tengo acreditado en este procedimiento, ante el Tribunal Superior de Justicia comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: que por medio del presente escrito formulo demanda en este procedimiento con base en los siguientes
Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral, Abogado, adquirió un vehículo automóvil para su uso al mismo tiempo personal y profesional.
Para su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2012 dedujo el 50% de la amortización correspondiente al periodo anual, por un importe de 2.180,28 euros.
Esto dio lugar a una disminución de la cuota de 971,43 euros. Que la AEAT reclama en el acto impugnado. Sumando a éstos 43,12 euros, en total la AEAT reclama 1.014,55 euros. Que es la cuantía de este procedimiento.
Cuanto queda dicho consta en el expediente electrónico.
La supuesta deuda tributaria está pagada el 23 de junio de 2014 (documento n.º 1 que se adjunta a esta demanda).
El 13 de junio de 2014 D. Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral interpuso reclamación económico-administrativa con alegaciones ante la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Pozuelo de Alarcón para ante el tribunal económico-administrativo regional de Madrid contra la liquidación 201210090701661G, por valor de 1.014,55 euros, de la oficina de gestión tributaria de la referida Administración (documento n.º 2 del escrito de interposición).
La reclamación económico-administrativa se interpuso con alegaciones según es preceptivo por ser ésta de menos de 6.000 euros de cuantía.
La reclamación económico-administrativa no se ha tramitado ni resuelto, por lo que este recurso contencioso-administrativo se interpone por silencio administrativo del tribunal económico-administrativo regional.
La liquidación se practica porque la AEAT “partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes de los mismos aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, se ha procedido a la comprobación de su declaración” considera que la amortización del vehículo no es deducible. Esta consideración se funda legamente en la interpretación, no de la ley, sino del reglamento:
VEHÍCULO: En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la determinación de los elementos patrimoniales afectos a una actividad se recogen el artículo 29 de la Ley 35/2006, de 28 noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas, y en el artículo 22 de su Reglamento (aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 31 de marzo), estando afectos a una actividad económica aquellos que el contribuyente utilice para los fines de la misma, sin que puedan entenderse afectados aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de este artículo. El apartado 4 establece que se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos: a) Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías. b) Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación. e) Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación. d) Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales. e) Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad. De acuerdo con lo anterior, sólo en estos casos los vehículos anteriores podrán beneficiarse de la presunción de la afectación total al desarrollo de la actividad. Es decir, no serán susceptibles de afectación parcial los vehículos de turismo por lo que no es deducible ningún gasto relacionado con el mismo (gasolinas, peajes – autopistas, aparcamientos, reparaciones, taxis, etc.) ,ver consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos Vi 762-08, Vi 924-08, entre otras). Así mismo, tampoco se admite la deducibilidad de la amortización del vehículo Toyota Land Cruiser que el contribuyente se amortiza por importe de 2.i80,28 euros, al NO considerarse que el mismo se utilice EXCLUSIVAMENTE para fines de su actividad profesional.
La AEAT, en suma, se limita a aplicar lo que es moneda común en todos los ámbitos tributarios: cuando un autónomo compra y usa su vehículo, como los gastos no se destinan exclusivamente a la actividad, la ley prohíbe la deducción en su IRPF de estos gastos.
EN ESTE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOSTENEMOS QUE ESTA INTERPRETACIÓN SE BASA EN UNA NORMA REGLAMENTARIA ILEGAL Y EN UNA INTERPRETACIÓN INCONSTITUCIONAL. Esta cuestión es novedosa y, que sepamos, a la vista de lo que publican las bases de datos al uso, tanto como los libros, no ha sido tratada por ningún Tribunal. Procedemos en consecuencia a rogar a la Sala que estime este recurso y plantee la cuestión de ilegalidad. En su caso, también de inconstitucionalidad.
Respetuosamente hacemos notar que aunque la cuantía es exigua, en realidad la cuestión tiene una gran importancia, porque afecta a una gran cantidad de contribuyentes.
La imposibilidad de deducir los gastos del vehículo, y la amortización del propio vehículo, en las liquidaciones correspondientes a la actividad económica en estimación directa o directa simplificada del IRPF, no está en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Está, como dice el acto impugnado, en el artículo 22 del Real Decreto 439/2007, 30 marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, 20 febrero («B.O.E.» 31 marzo), el cual ha tenido sucesivas redacciones, pero en 2012, fecha de la liquidación correspondiente al acto impugnado, decía así (lo reproducimos entero, si bien el punto importante es el 4):
Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica desarrollada por el contribuyente, con independencia de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes:
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LA LEY 752/1990), así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».
El resultado es sencillo: hay en el Reglamento DOS PRESUNCIONES: una primera, general, conforme a la cual, por principio, SÍ se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente cuando se interrumpa el ejercicio de dicha actividad. Pero para los coches hay una presunción distinta, exactamente la contraria: lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo.
Respetuosamente señalamos que la presunción es demagógica: no es lo mismo el coche o la moto (para el que use moto) que las “aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo”. Porque no todo el mundo va a trabajar en avioneta o yate. En este recurso nos concentramos en el coche.
Señalamos además que la presunción establecida en el artículo 22 respecto de automóviles y motocicletas no es iuris tantum, sino iuris et de iure.
El referido artículo infringe el artículo 108 de la Ley General Tributaria. El cual señala lo siguiente:
Las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba.
Y en este caso no se permite la prueba en contrario. La presunción es iuris et de iure. La prohibición es absoluta y no admite prueba en contrario.
Pero es que además ese precepto reglamentario desarrolla este precepto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.
Y es claro que el precepto reglamentario no ha desarrollado la ley en sus términos, porque para los vehículos automóviles ha establecido, no ya una presunción, sino un criterio, ilegal. La ley del IRPF permite la deducción limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. La presunción hace exactamente lo contrario para los vehículos automóviles. Es, por tanto, ilegal. Contraviene expresamente la Ley del IRPF que no permite al reglamento esta limitación.
Se ha de añadir que la referida presunción aumenta la base imponible tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas de todo autónomo en la misma medida que le impide una deducción a la que en principio tiene derecho. Lo cual está materialmente reservado a la ley por la misma Ley General Tributaria (artículo 8):
La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario.
Y en este caso la norma que regula la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los autónomos es un reglamento, no una ley formal. Lo que violenta el principio de legalidad en materia tributaria.
La Constitución en sus artículos 31 y 133.3 garantiza el principio de legalidad en materia tributaria, cuestión que ha sido examinada y sancionada por el Tribunal Constitucional en multitud de Sentencias, que, por antiguas, reiteradas y constantes, excusan de toda cita. Lo que está materialmente reservado a la ley debe regularse por ley formal.
La presunción reglamentaria es además absurda e injusta. Absurda porque en materia de IVA, en el que quien opera es la ley, y la fuente del derecho es la Unión Europea (la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido), este absurdo no se produce y la amortización y los gastos del vehículo son deducibles. Si alguien lo sabe bien es la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos:
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1937/2015 Cendoj 28079330052015100305, Nº de Recurso: 43/2013, Nº de Resolución: 354/2015, procedimiento ordinario 43/2013, Ponente: JOSE IGNACIO ZARZALEJOS, ha señalado que
Sin embargo, la Sala no comparte este criterio. En efecto, no se discute que la normativa admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, por lo que no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible esa utilización. Así, al no ser posible determinar el consumo que corresponde a cada uno de los fines a los que se destina el piso, debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre con los gastos inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal a la vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone introducir condiciones no contempladas en la Ley para la afectación parcial de inmuebles.
En consecuencia, procede anular en este particular la liquidación recurrida y reconocer el derecho de la recurrente a deducir los aludidos suministros en la proporción antes indicada.
Pero –en la misma Sentencia− no lo admite para el coche (el subrayado es nuestro):
SÉPTIMO.- Por otro lado, de acuerdo con los preceptos antes transcritos, para admitir la deducción de los gastos referidos al automóvil es preciso que esté afecto de modo exclusivo a la actividad económica, sin que sea admisible su uso personal, ni siquiera de forma accesoria, correspondiendo al contribuyente la prueba de que concurren todos los presupuestos que permiten efectuar la deducción, como antes se ha indicado.
Al contrario de lo que ocurre con la vivienda, supuesto antes examinado, la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los automóviles a la actividad económica.
¿Y cuáles son los preceptos? ¿Y cuál es la normativa reguladora? La referida norma reglamentaria que establece una presunción ilegal y además contraria a la propia ley del IRPF. Así pues la Sala lleva razón: la norma del IRPF establece lo que la Sala dice. Pero esa norma es reglamentaria y establece una presunción ilegal según queda dicho.
Este recurso se funda por tanto en la ilegalidad del reglamento. Lo permite el artículo 26 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (recurso indirecto contra disposiciones generales):
Consideramos que el reglamento es ilegal. La cuestión debe articularse procesalmente por tanto a través de la cuestión de ilegalidad por disponerlo así el Artículo 27:
Resultan de aplicación los artículos 123 y siguientes de la LRJCA.
Se ha de añadir otro argumento: resulta inconstitucional, por contrario al principio de capacidad contributiva, cualquier interpretación de la ley o del reglamento conforme a la cual quien afecta parcialmente el uso de un vehículo de su propiedad a su actividad profesional no pueda deducir el gasto, toda vez que el bien queda afecto a la generación de ingresos y por tanto para el cálculo del rendimiento neto debe deducirse de la base imponible el importe del gasto.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 18 Sep. 2007, rec. 1801/2003, se pronunció sobre un caso muy parecido a este y señaló que no es lógico que la deducción del IVA se presuma al menos en un 50% a favor del profesional, y en cambio no se aplique en el IRPF.
En ese absurdo, que es el que aplica la liquidación, es donde se encuentra la inconstitucionalidad (artículos 31 y 133 de la Constitución) del artículo 22 del Reglamento del IRPF. Porque la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, señala en su artículo 14.1.c que los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, y las excepciones reglamentarias deben estar justificadas, y esta no lo está, porque es discriminatorio y contrario al principio de igualdad que, para la misma actividad, las sociedades puedan deducirse el gasto y los profesionales no, sólo porque un Reglamento sin motivación alguna dice lo contrario perjudicando al contribuyente y al principio de capacidad contributiva.
Procede en consecuencia, no sólo la declaración de ilegalidad, sino la inaplicación del reglamento: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que “Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la referida Sentencia, operó además en sentido contrario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos sigue el criterio de la AEAT y exige que sea el contribuyente, y no la AEAT, quien pruebe la afectación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en nuestra respetuosa opinión con mejor criterio, ha señalado, remitiéndose además a su anterior Sentencia 773/2005, de 30 de junio de 2005, referida a la deducibilidad de determinados gastos de la actividad profesional de Arquitecto, y a la Sentencia 1250/2004, de 2 de diciembre de 2004, que, en relación con la afectación de un vehículo a la actividad empresarial, no se invierten las normas sobe la carga de la prueba: quien tiene que probar la afectación es la AEAT.
Añado que es de sentido común que quien ejerce una actividad profesional necesite un coche. Esto no sólo para los abogados: para cualquier profesional. Aunque viva en Madrid y se desplace por Madrid. No hay ninguna obligación de perder el tiempo en el autobús. El tiempo es el activo que vende cualquier profesional. Exprimirlo es su obligación. El tiempo es su activo. Y para no perderlo, es para lo que se compra uno un coche. Que utiliza según la proporción que necesita −en mi caso, mucho más del 50%− para ganar dinero, aprovechando el tiempo. Un profesional, al contrario que un empleado, no tiene horario. Por eso es lógico que el profesional pueda deducirse el coche y el empleado no pueda.
Recuerda además el TSJ de Cataluña las presunciones legales en materia de IVA, en el que sí hay una inversión por la ley de la carga de la prueba. Pero no en el IRPF. Por lo que estimó el recurso.
Respetuosamente hacemos notar que la actual estructura de la casación después de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, abre el interés casacional a los asuntos como este de escasa cuantía pero mucho interés casacional tanto en sí como por lo que manifiestan de discordancias entre los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia.
Por lo demás, y por lo que se refiere a este caso, la AEAT no ha negado nunca la proporción imputada por nosotros a la deducción (50%) por lo que ahora no puede negarla. Lo que ha negado ha sido sólo la procedencia de la deducción. O más bien, lo que ha hecho es callar: estamos ante un caso de silencio administrativo.
Se debe el interés legal del dinero desde el ingreso de la cantidad, lo que tuvo lugar el 23 de junio de 2014.
Costas según ley.
Que, teniendo por presentado este escrito, con sus copias, y por devuelto el expediente administrativo (en formato electrónico y por tanto innecesario), tenga por formalizada demanda en este recurso contencioso-administrativo, de tal modo que una vez tramitado éste se declare la ilegalidad del artículo 22.4 párrafo 2 del Real Decreto 439/2007, 30 marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto se refiere a vehículos automóviles y motocicletas, anulando en consecuencia la liquidación 201210090701661G, por valor de 1.014,55 euros, de la oficina de gestión tributaria de la Administración Tributaria de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenando la devolución a mi representado de la referida cantidad con el interés legal desde el día del ingreso; planteándose cuestión de ilegalidad del referido reglamento ante el Tribunal Supremo. Costas según ley.
Madrid, 8 de octubre de 2015.
Otrosí primero digo (Cuantía)
Que, a la vista de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, este recurso es de 1.014,55 euros.
Por lo que SUPLICO A LA SALA: que tenga por realizada la anterior manifestación, se sirva admitirla y tenga por manifestado nuestro parecer con relación a la fijación de la cuantía del recurso.
Es Justicia que reiteramos en el lugar y fecha arriba indicados.
Otrosí segundo digo (Prueba)
Que dados los términos de la cuestión no es necesario recibir el pleito a prueba, pues todos los elementos de juicio están ya en el expediente.
Por lo que SUPLICO A LA SALA: que tenga por renunciado el trámite de prueba.
Otrosí tercero digo (Conclusiones sucintas)
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no interesa a esta parte que se presenten conclusiones puesto que no será necesario valorar prueba alguna ya que la cuestión que se plantea es puramente jurídica. Sin perjuicio de los trámites previstos en los artículos 123 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la cuestión de ilegalidad.
Por lo que SUPLICO A LA SALA: que se prescinda del trámite conclusiones sin prescindirse de los trámites previstos para la cuestión de ilegalidad.
Es Justicia que reiteramos en el lugar y fecha arriba indicados

References: artículo 29
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 108
 artículo 26
 Artículo 27
 artículo 22
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 22
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 62