Source: http://boliviateamo.blogspot.com/2007/12/el-gobierno-de-evo-morales-denuncia-que.html
Timestamp: 2019-12-07 06:58:24+00:00

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BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: EL GOBIERNO DE EVO MORALES DENUNCIA QUE EL PAÍS SE HALLA FRENTE A UN LEVANTAMIENTO TERRATENIENTE
EL GOBIERNO DE EVO MORALES DENUNCIA QUE EL PAÍS SE HALLA FRENTE A UN LEVANTAMIENTO TERRATENIENTE
La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) instruyó a sus federaciones la realización del bloqueo de caminos por 24 horas, este sábado, en los departamentos de la denominada "media luna" y anunció la redacción de un estatuto autonómico provincial e indígena en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. El ejecutivo de los colonizadores, Fidel Surco, señaló que el objetivo de la movilización es defender la democracia, la nueva Carta Magna y en contra de la presentación del estatuto autonómico que pretende realizar el Comité Cívico de Santa Cruz y la Prefectura junto a otras regiones. Entre tanto, el comandante General de Ejército, Gral. Freddy Bersatti, convocó a las autoridades nacionales, departamentales, regionales y toda la ciudadanía a someter sus acciones a la ley para pacificar el país. "Autoridades nacionales, departamentales, regionales y ciudadanos en general, que todos nos sometamos a la Constitución Política del Estado, a las leyes, y esto nos dará paz y tranquilidad", señaló el Comandante militar.
El Gobierno denunció que el país se encuentra ante un levantamiento terrateniente en contra de la democracia, la unidad, el proceso de cambio y la revolución agraria, tras que cívicos y prefectos de la denominada "media luna" anunciaran autonomías de facto a partir de este 15 de diciembre.
"Yo creo que es correcto decirlo que estamos ante el levantamiento terrateniente, el levantamiento del gamonalismo más retrograda y conservador contra democracia, contra unidad y contra el proceso de cambio y revolución agrar ia", dijo el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
La autoridad indicó que los estatutos autonómicos que la denominada media luna (Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija) pretende aprobar este 15 de diciembre, apunta a que las decisiones sobre la tierra sean tomadas por los gobiernos departamentales con el fin de no perder beneficios y privilegios.
Además, plantean el control total del gobierno departamental de los recursos naturales como los hidrocarburos, en franca violación de la actual Carta Magna que reivindica la propiedad de esos recursos para el Estado.
Para acompañar esta pretensión, grupos afines a cívicos y prefectos de este bloque se dieron a la tarea de amedrentar y hostigar a la gente, llegando a tomar de forma violenta las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Tarija e intentando lo mismo en Santa Cruz.
"El propósito no sólo es de subvertir este orden institucional dentro del cual se impulsa el proceso de cambio, sino de paralizar la gestión agraria e impedir que el INRA cumpla su función esclareciendo fraudes agrarios anulando tierras detentadas ilegalmente y dando a personas y comunidades que las necesitan", señaló a la Red Patria Nueva.
Almaraz indicó; sin embargo, que la población ya tomó conciencia sobre las decisiones que existen en el tema de la tenencia de la tierra, donde se cuentan la que tomó el Gobierno, pero también la que tiene la oposición.El Gobierno busca resolver el conflicto en el marco de la equidad, justicia y democracia por medio de la redistribución de los predios.
Sin embargo, también está la decisión de los grupos conservadores y grandes latifundistas que de manera oscura y silenciosa definieron impedir a toda costa el proceso de cambio para que las medidas no les afecten en la concentración de tierras que practican desde hace años.
En este sentido la autoridad indicó que el referéndum dirimidor sobre la tenencia de tierra definirá el tema, donde la población tendrá la última palabra.
BOLIVIA ATRAVIESA MOMENTO CRÍTICO
Bolivia atraviesa un momento crítico entrampada entre el liberalismo que pretenden los cinco departamentos más prósperos del país y la revolución comunitaria encabezada por el mandatario Evo Morales. El presidente es afrontado por los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, y es apoyado por los de La Paz, Chuquisaca, Potosí y Oruro, según informaciones procedentes de La Paz, la capital administrativa boliviana.
La nueva constitución del país nacerá más por la fuerza que por la razón debido al enfrentamiento político, económico y social entre la relativa prosperidad de unos y la extrema pobreza de otros.
La asamblea constituyente aprobó el 9 de diciembre, casi en totalidad de 99,8 por ciento, el proyecto de la futura carta magna nueva.
El texto fue aprobado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, y partidos afines, con la ausencia de la oposición.
El ciento por ciento del texto de la nueva constitución política del estado (CPE) debe estar listo para el 14 de diciembre y será sometido a referéndum en los primeros meses del año entrante.
El departamento de Chuquisaca demanda que su capital, Sucre, sea la capital plena del país, pues sólo es asiento del poder judicial. Los poderes ejecutivo y legislativo tienen su sede en La Paz.
Morales propuso que él y los prefectos (gobernadores) pongan sus cargos a disposición en un referéndum. Si la mayoría apoya la revocación de los mandatos, Morales dijo que convocará a elecciones adelantadas. La segunda fuerza política, Poder Democrático y Social (Podemos) de oposición, propuso que los electores decidieran en un referéndum si desean la continuación de la constituyente. Tampoco puede soslayarse, la denuncia de las fuerzas armadas, en el sentido de que la oposición tocó las puertas de los cuarteles en demanda de un golpe de Estado. Los militares reafirmaron su subordinación al poder civil y la democracia.
En términos conceptuales, las diferencias entre los "cambas (blancos)" y los "collas (indígenas)", que son de larga data, son virtualmente irreconciliables, a pesar que el mandatario insiste en que la futura CPE contendrá pluralidad económica.
La futura constitución política del estado prevé el respeto a la democracia, defensa de los recursos naturales en propiedad del Estado, lucha contra la corrupción, en favor de las autonomías regionales e inclusión social.
Algunos sectores políticos advirtieron que la inconformidad que suscite la futura constitución quizá lleve a la desobediencia o guerra civil. Las fuerzas armadas afirmaron que están en contra de cualquier desmembramiento territorial. Morales dispuso los bonos escolar "Juan Pinto" y "Dignidad" para las personas mayores de 60 a?os, financiados con parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en detrimento de las rentas departamentales.
De darse autonomías departamentales como demandan la llamada "Media Luna" (Santa Cruz, Cochabamba Tarija, Beni y Pando) esos departamentos se quedarían con los impuestos.
Las exportaciones de hidrocarburos, en especial los envíos de gas natural a Argentina y Brasil, han revitalizado la caja fiscal e impulsado el crecimiento económico a cuatro por ciento en medio de una inflación que sobrepasará 10 por ciento este año.
El problema para Bolivia es la escasez de inversión en hidrocarburos y el estancamiento del sector desde la renacionalización petrolera el 1 de mayo de 2006.
En algunos casos, la problemática interna ha suscitado la interrupción del suministro de gas para exportación. Se estima que la inversión extranjera en Bolivia ha retrocedido de los mil millones de dólares el periodo 1998-1999 a casi 100 millones de dólares el último a?o, a espera de las negociaciones con la estatal brasileña Petrobras.
El compromiso formal de una inyección económica de Venezuela, estimada en 2.000 millones de dólares, destinados esencialmente a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y la construcción de plantas de energía, es a largo plazo.
Ante la problemática suscitada por la constituyente, Bolivia está con pronóstico reservado en los ámbitos político, económico y social.
LA CRISIS POR LA CONSTITUYENTE
EE.UU. RECOMIENDA NO VIAJAR POR AHORA A BOLIVIA
El Departamento de Estado hace referencia a la "inquietud política" que vive ese país.
El gobierno de Estados Unidos recomendó ayer a sus ciudadanos no viajar a Bolivia hasta el 11 de enero, por la "inquietud política" que se vive en el país. El Departamento de Estado hizo público un comunicado en el que "recomienda a los ciudadanos estadounidenses posponer los viajes no esenciales a Bolivia" por "la naturaleza altamente polarizada del proceso de la Asamblea Constituyente de Bolivia".
Además, la Embajada estadounidense en La Paz restringió los viajes oficiales de empleados gubernamentales a Bolivia durante el período hasta el 11 de enero.
"Las huelgas y las barricadas en carreteras son un riesgo constante en Bolivia y probablemente dificultarán el transporte a nivel regional. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no intenten cruzar las barricadas", seguía el comunicado.
No es la primera vez que la Embajada norteamericana en La Paz emite una recomendación/sugerencia de esta naturaleza. Generalmente lo hace en tiempos de turbulencias políticas.
Lejos de esta opinión de inconveniencia para el traslado al país que preside Evo Morales y que efectivamente enfrenta una nueva crisis política por la aprobación en días pasados de una nueva Constitución que la oposición insiste en desconocer, el presidente brasileño Lula da Silva confirmó que llegará a Bolivia el próximo domingo para reunirse con Morales, y con la mandataria chilena, Michelle Bachelet. Los tres presidentes harán anuncios sobre el corredor bioceánico que atraviesa los tres países y, el lunes, Morales y Lula presentarán acuerdos sobre hidrocarburos, cooperación en salud y educación, y lucha contra la pobreza y el narcotráfico, indicó el canciller boliviano David Choquehuanca.
Evo Morales, ante su peor crisis: rebelión de la zona más rica
BOLIVIA, CERCA DE LA FRACTURA: CUATRO REGIONES PROCLAMARÁN SU AUTONOMÍA
Iniciaron preparativos para formalizarla, el sábado; el gobierno advierte que responderá militarmente
La grave crisis política que sacude a Bolivia parecía encaminarse ayer hacia una ruptura definitiva entre el gobierno de Evo Morales y las regiones opositoras, después de que cuatro de los nueve departamentos del país iniciaran los preparativos para declarar, pasado mañana, su autonomía "de hecho". Ante este fuerte desafío, el gobierno amenazó con usar la fuerza para detener lo que considera que son acciones separatistas que apuntan a dividir el país.
Con miras a la proclamación de las autonomías, los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, región conocida también como de la Media Luna, comenzaron a instalar asambleas provisionales conformadas por representantes regionales, que discutirán hasta el sábado los estatutos autonómicos. En un clima cada vez más tenso, los dirigentes políticos y cívicos de Santa Cruz, la región más rica del país y principal bastión de la oposición, denunciaron que el gobierno ya había empezado a enviar contingentes militares y policiales a ese distrito.
"Nuestra primera opción es el diálogo, pero si esto fracasa, las instituciones de fuerza legal actuarán", dijo el ministro de Interior, Alfredo Rada, en la más enérgica advertencia contra los "intentos separatistas".
Ante esta alarmante situación, el ex comandante del ejército general Marcelo Antezana advirtió en una carta abierta a Morales que no intentara enviar a las fuerzas armadas para sofocar las autonomías y afirmó que una medida de ese tipo dividirá a la institución castrense y el país.
Tras la nueva Constitución
Los prefectos de los cuatro departamentos rebeldes habían adelantado el lunes pasado su decisión de crear gobiernos autónomos en sus regiones, al margen de la Constitución actual, apoyados en los resultados del referéndum de julio de 2006. En esos comicios, los habitantes de las cuatro regiones votaron por el sí a la autonomía, mientras que el no se impuso en los otros cinco departamentos del país.
Los dirigentes de las regiones opositoras decidieron acelerar la instalación de los regímenes autonómicos después de que la Asamblea Constituyente, dominada por el oficialismo, aprobó el domingo pasado una nueva carta magna.
La aprobación del texto constitucional, que deberá ser ratificado en un referéndum, se llevó a cabo en una controvertida sesión, de la que no participó Podemos, el principal partido de oposición.
Según los líderes opositores, esa carta magna es "ilegal" y constituye un intento del gobierno de establecer un régimen totalitario de izquierda y cerrar el paso a las autonomías departamentales. El nuevo texto, de hecho, resta poder a los prefectos y recorta el presupuesto de las nueve prefecturas de Bolivia.
El gobierno, por su parte, califica los intentos de autonomía de "ilegales, inconstitucionales y separatistas" y afirma que esas iniciativas ponen en peligro la integridad del país.
En este contexto, ayer comenzaron a instalarse las asambleas "preautonómicas" en las regiones rebeldes, mientras los prefectos de La Paz y Cochabamba, también opositoras, expresaron su disposición a seguir los mismos pasos. Lo mismo hicieron influyentes dirigentes civiles de Sucre y Chuquisaca, que alientan nuevos referéndums autonómicos.
En Santa Cruz, el estatuto autonómico será presentado el sábado a la población en una gran concentración. A continuación, se le pedirá al prefecto Rubén Costas que convoque a un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre ese estatuto.
El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, dijo que los cabildos o asambleas populares que se instalarán el sábado declararán "gobernadores" a sus prefectos. Después de esos cabildos, los "gobernadores" tienen previsto tomar el control de oficinas públicas, que desde la semana pasada están tomadas por activistas cívicos.
Aunque los analistas consideran que el llamado a autonomías excede los límites de la Constitución, quienes las promueven afirman que los cabildos previstos para el sábado darán legitimidad a los documentos. "Vamos a iniciar una revolución en Bolivia sin fusiles, con las armas de la democracia", dijo Pablo Klinsky, presidente de la asamblea preautonómica que se instaló en Santa Cruz.
Sin embargo, el gobierno ya advirtió que podría reprimir con la fuerza estas iniciativas. "No admitiremos que ningún prefecto, municipio o dirigente cívico pueda atentar contra la unidad de la patria", dijo el viceministro del Interior, Rubén Gamarra.
El vocero del gobierno, Alex Contreras, informó que 400 policías habían sido enviados a Santa Cruz para "custodiar los edificios públicos y evitar que sean tomados", pero negó que se hubiera ordenado el envío de militares. No obstante, el comandante del ejército, Freddy Bersatti, anunció que "si la policía es superada, los militares la apoyarán para garantizar la seguridad pública".
El gobierno prepara también para el sábado una gran concentración en La Paz, en la que los líderes oficialistas de la Constituyente entregarán la nueva carta magna a Morales. En este clima, el diputado por Santa Cruz Alejandro Colanzzi alertó ayer que la intolerancia del gobierno y de los dirigentes autonomistas podría provocar una "guerra civil" que "sería una catástrofe para Bolivia".
SANTA CRUZ DESAFÍA A MORALES AL APROBAR SU ESTATUTO AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN
Los asambleístas opositores han reproducido la misma situación en el bando contrario
Ninguno de los diputados del partido de Evo Morales ha acudido a las votaciones
La intención del gobernador es declarar la autonomía de facto el sábado
La autonomía no comenzará a funcionar hasta que no se convoque a un referéndum
Es un hecho. La región más acaudalada de Bolivia, la sureña Santa Cruz, ya tiene su estatuto autonómico a espaldas de la nueva Constitución, impulsada por Evo Morales.
El enemigo número uno de las políticas del presidente Morales, el gobernador Rubén Costas, ha demostrado que, para él, la nueva Carta Magna boliviana "no existe". Este miércoles ha dado luz verde a la Asamblea Provisional Autonómica, para aprobar el nuevo 'Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz'. El gran órdago está lanzado.
Si la nueva Constitución boliviana se ratificó, en primera instancia, con una lectura vertiginosa del índice en menos de una hora; y luego se aprobaron 411 artículos, uno a uno, en una sesión maratoniana de 16 horas el pasado domingo, este miércoles los asambleístas opositores al gobierno han reproducido la misma situación, desde el bando contrario.
La Asamblea Provisional ha leído de corrido los 155 artículos que conforman su estatuto autonómico en 4 horas, y los ha ratificado, en su primera fase, por unanimidad y sin la presencia del oficialismo. Ninguno de los diputados, senadores y asambleístas del Movimiento al Socialismo, en minoría, han acudido.
Ahora, a contrarreloj, se discuten cada uno de los artículos. En 40 minutos, ya se han aprobado los dos primeros. Es probable que los asambleístas de la oposición no duerman ni descansen hasta ratificar, durante las próximas horas, todo el estatuto, dure el tiempo que dure.
'Métodos de defensa'
Mientras la sesión avanza, unos 500 jóvenes de distintas organizaciones universitarias, a las que se ha sumado la radical y violenta Unión Juvenil Cruceñista, se reúnen para planificar 'métodos de defensa' en caso de que el gobierno decrete el Estado de Sitio en la región.
El ministro de Interior, Alfredo Rada, ha insistido en que "no ocurrirá", aunque a la zona ha llegado un refuerzo de 400 policías, por si en las próximas horas se produjeran violentos disturbios. Con encendidos discursos, los jóvenes se declararon dispuestos a tomar "todas las instituciones públicas que haga falta" para hacer efectiva la autonomía, si reciben instrucciones "de sus mayores". Es decir, del Comité Cívico local, liderado por el poderoso empresario Branco Marinkovic, o del mismo gobernador, Rubén Costas.
La intención del gobernador es declarar la autonomía de facto el sábado, justo cuando el presidente Morales convoca a otra gran celebración, en la sede de gobierno –La Paz- para presentar la nueva Constitución. Sin embargo, la autonomía no comenzará a funcionar hasta que no se convoque a un referéndum, tras la recogida de firmas.
Santa Cruz, motor de la economía boliviana
Santa Cruz, dueña de grandes latifundios, reservas de gas, la mayor industria agropecuaria y uno de los mayores yacimientos de hierro del mundo, en vías de explotación, es el motor de la economía boliviana. Aporta al estado el 40% de sus ingresos, es la región que más engrosa el PIB (con el 30,6%) y exporta el 50,7% del total de productos bolivianos.
Ahora, quiere controlar la producción del gas, ejecutar su propia política sobre los hidrocarburos y asociarse con empresas privadas con reglas distintas a las que impone el gobierno (Morales propugna el control estatal del 51% de las acciones, en cualquier asociación), al que acusa de llevar al "atraso" y la "involución".
Además, se niega a acatar la política sobre la propiedad, expropiación y distribución de tierras, fijada en la nueva Constitución. Todos los derechos sobre la tierra, su política, distribución y administración corren a cargo de las autoridades locales, en el nuevo estatuto.
Las autonomías 'de risa' de Evo
El máximo responsable de la redacción del texto autonómico, el abogado cruceño Juan Carlos Urenda, ha dicho a elmundo.es que las autonomías que promueve Evo Morales para los departamentos (regiones) "son de risa". "Otorga meras competencias administrativas y cercena nuestros recursos; no nos da una auténtica capacidad de legislar y lo hace porque seis de los nueve gobernadores están ahora en su contra. Es una decisión política".
"Creemos que la propuesta del gobierno no es constructiva y viola el resultado del referéndum", añade. Se refiere a la consulta del 2 de julio de 2006, por el que las ricas regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando votaron por el 'sí' a la autonomía, con aplastantes porcentajes: 71%; 60,7%, 73,8% y 57,6% respectivamente. Sin embargo, también reconoció que la autonomía que propone "probablemente es la más radical de Latinoamérica, pero no atenta a la unidad del Estado".
Urenda criticó duramente que Morales otorgue el "mismo rango de jerarquía constitucional" a los cuatro tipos de autonomías que fija la Constitución: departamentales (nuestras regiones), provinciales, municipales (nuestras alcaldías) e indígenas.
Las autonomías indígenas, un 'estado precolonial'
Sobre todo, denostó las autonomías indígenas "por volver a un estado precolonial y tribal donde se permite que los indígenas se gobiernen como quieran en las tierras que les den, sin ningún control". "Además –dijo- es racista contra una parte del país porque concede privilegios étnicos a los indígenas".
Mientras, el presidente ha llamado al diálogo –por tercera vez- a los gobernadores y también a los empresarios privados al diálogo.
"Si alguien tiene razón o está convencido de que Evo se ha equivocado, hay que observarlo y convencer. Aquí tienen que mandar las razones y no las imposiciones y caprichos (de algunos gobernadores). Les convoco al diálogo, pero también a abandonar la soberbia, la discriminación y el racismo" dijo, en un acto en el Palacio de Gobierno ante los oficiales de la Policía , que interrumpieron su discurso con aplausos después de que asegurara que "nadie va a permitir la separación de Bolivia".
SANTA CRUZ DE BOLIVIA APROBARÁ ESTE DOMINGO UN ESTATUTO AUTONÓMICO
Autoridades del departamento de Santa Cruz tienen previsto aprobar este domingo en forma unilateral un Estatuto Autonómico. La respuesta del Gobier- no es establecer máxima alerta a fuerzas militares y policia- les. Hay negros nubarrones en el horizonte del país hermano.
Bolivia vive días de incertidumbre y los nubarrones que se ciernen sobre el país andino no constituyen buenos presagios: los departamentos del altiplano aprobaron una nueva Constitución Política del Estado, con ausencia de la oposición, y las regiones del llano se preparan para aprobar este domingo 15, en forma unilateral, un Estatuto Autonómico. Ambos desconocen la potestad del otro para imponer un nuevo marco jurídico en regiones que viven como si fueran parte de países diferentes.
La coexistencia de dos naciones dentro de Bolivia no es algo nuevo. Se conoce como Occidente a la cordillera de los Andes; es la región más poblada, distribuida en cuatro departamentos, con población indígena mayoritaria y un ingreso económico muy bajo.
El Oriente es el llano boliviano, donde se concentra la mayor capacidad económica del país, con una población criolla que cuenta con mayores opciones económicas y laborales.
Y en medio de estas dos se encuentra el Chaco boliviano, agrupada políticamente a las reivindicaciones políticas y autonómicas del Oriente. Los chaqueños llevan dos años de bonanza económica, gracias a las regalías petroleras. Anteriormente, vivían postergados por La Paz.
En este momento, Bolivia está dividida en dos bloques antagónicos, cuyos dirigentes cívicos y políticos se tratan como enemigos. La administración del presidente Evo Morales insiste en que los enemigos de su proyecto de fundar una nueva Bolivia se encuentran en el Oriente, guiados por terratenientes, y se niega a aceptar el proceso de autonomía regional.
La respuesta a imponer una nueva Constitución, de corte socialista, tuvo una respuesta contundente: el Estatuto Autonómico está en marcha y se aprueba este domingo. La reacción de La Paz no se hizo esperar, con una convocatoria de alerta a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y movimientos sindicales.
El comandante de la fuerza policial, Gral. Miguel Vázquez, advirtió que cumplirán el rol constitucional de “defender la sociedad y la conservación del orden público”. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se encuentran acuarteladas y en estado máximo de alerta desde el 1 de diciembre.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, confirmó ayer que 6.300 efectivos militares se movilizan hacia el departamento y se prevé que ingresarán esta misma madrugada en el departamento, para reforzar la dotación militar acantonada en las afueras de la ciudad.
Las tropas que vienen camino a Santa Cruz pertenecen a unidades militares localizadas en el altiplano, están constituidas sobre todo por suboficiales y soldados de origen indígena.
Esta fuerte presencia militar plantea interrogantes sobre la función que cumplirán en Santa Cruz. ¿Vienen a reforzar realmente a las tropas aquí acantonadas? ¿O servirán para controlar a los efectivos locales, en caso de agravarse la situación política?
CERCO SOBRE SANTA CRUZ
El presidente Evo Morales propone un diálogo y pide una tregua por Navidad a las regiones que reclaman la autonomía. La invitación ni siquiera fue considerada por las autoridades cívicas de Santa Cruz. “Pide tregua, pero envía tropas militares”, dijo el prefecto Rubén Costas.
A la movilización militar y la advertencia de la Policía Nacional se unieron amenazas de comunidades campesinas leales al Gobierno de imponer un cerco sobre Santa Cruz, impidiendo entrada y salida a la región. De más está decir que grupos cruceños, sobre todo ligados al estamento universitario, advirtieron que no aceptaran el cerco y que van a rom- per cualquier intento de aislar a la ciudad. Y aquí, cuando surgen choques, los manifestantes no tienen ningún problema en intercambiar cartuchos de dinamita con la mecha encendida.
Tropas militares en camino y un estatuto autonómico que amenazan aprobar este domingo. Mal presagio para un país que, gracias a la abundancia de recursos petroleros, por fin podría vivir un poco mejor, luego de siglos de postergación.
SANTA CRUZ DESAFÍA A MORALES Y VA POR LA AUTONOMÍA
Los líderes opositores del rico departamento boliviano ratificaron que el sábado proclamarán la autonomía "de hecho" en la región, mientras el gobierno de Evo Morales amenazó con recurrir a la fuerza pública para "preservar la integridad nacional".
La Asamblea provisional autonómica de Santa Cruz inició hoy su labor para poder aprobar hasta el sábado el estatuto de autonomía de la región, señaló el segundo vicepresidente del comité cívico cruceño, Roberto Gutiérrez.
Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, amenazó con recurrir a la fuerza pública "para preservar el orden interno, la integridad nacional y la estabilidad democrática" en el país si no prospera el diálogo con la oposición, en una entrevista publicada hoy por el diario paceño La Razón.
La Asamblea cruceña está conformada por más de cien autoridades municipales, parlamentarias e indígenas de todo el departamento oriental, el más grande y rico del país y feudo de la oposición al presidente Evo Morales.
Gutiérrez detalló que el estatuto autonómico será presentado el sábado a la población en una gran concentración que tendrá lugar en la capital cruceña.
A continuación se le pedirá al prefecto (gobernador) departamental, el también opositor Rubén Costas, que convoque a un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre ese estatuto.
También el sábado, la presidenta de la Asamblea Constituyente, la oficialista Silvia Lazarte, entregará el proyecto de nueva Carta Magna a organizaciones indígenas y campesinas afines a Morales en un multitudinario acto programado a las puertas del Palacio en La Paz.
El prefecto de Santa Cruz y los de Tarija, Beni y Pando adelantaron el lunes su decisión de comenzar a aplicar las autonomías en las cuatro regiones, donde ese régimen fue aprobado por sus habitantes en un referendo en julio de 2006.
Esos cuatro gobernadores y el de Cochabamba rechazaron además el proyecto constitucional impulsado por Morales y aprobado el domingo, porque a su juicio es resultado "de vulnerar la ley y carece de toda legitimidad". Morales convocó el martes a los nueve gobernadores del país, seis de ellos opositores, a trabajar juntos sobre los regímenes autonómicos incluidos en el proyecto de nueva Constitución, que todavía debe ser sometido a referendo, y llamó a la paz para las fiestas de fin de año.
El mandatario replicó a los prefectos que implementar estatutos autonómicos al margen de la nueva norma significa "no respetar la unidad del país" y calificó la intención de "ilegal, inconstitucional y separatista". Por su parte, el presidente del comité cívico de Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic, criticó a los medios locales el "doble discurso" de Morales, "que pide diálogo y por otro lado manda tropas" a la región. Tanto Marinkovic como Gutiérrez aseguraron que en las últimas horas han llegado grupos de militares y policías a Santa Cruz, aunque no precisaron la cantidad.
"Seguramente en su momento, si es que las iniciativas fallan o no prosperan porque (algunos) sectores no quieren diálogo (...), seguramente en ese momento las instituciones de fuerza legal y constitucional actuarán", advirtió el ministro Rada.
Sin embargo, el portavoz presidencial, Alex Contreras, negó hoy que se haya instruido el envío de militares a Santa Cruz y aclaró que únicamente se ha desplazado a esa región un contingente policial "para el resguardo de bienes públicos y privados", ante posibles actos vandálicos derivados de la declaración de autonomía el sábado.
Además, aclaró que es totalmente falso que el Gobierno esté barajando declarar el estado de sitio o "detener" a los prefectos y líderes cívicos, tal como denunciaron algunas de esas autoridades y varios medios en las últimas horas.
EEUU recomienda no viajar
El Departamento de Estado hizo público un comunicado en el que "recomienda a los ciudadanos estadounidenses posponer los viajes no esenciales a Bolivia" por "la naturaleza altamente polarizada del proceso de la Asamblea Constituyente de Bolivia".
"Las huelgas y las barricadas en carreteras son un riesgo constante en Bolivia y probablemente dificultarán el transporte a nivel regional. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que no intenten cruzar las barricadas", señaló la sede diplomática.
ASEGURAN QUE EVO ENVÍA MILITARES POR TODO BOLIVIA
Infobae de Argentina (www.infobae.com.ar)
Así lo denunció el Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, opositor al Presidente boliviano. Sin embargo, desde el Gobierno desmienten la información. Crece la tensión y temen que haya presos políticos
El mandatario de Bolivia, Evo Morales, envió 300 policías al departamento Santa Cruz de la Sierra ante el riesgo de secesión que plantean gobernadores del oriente del país, informó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Se enviaron efectivos policiales, sobre todo para custodiar los bienes públicos y la propiedad, de cualquier acto de violencia, pero no fuerzas militares", afirmó el ministro. Sin embargo, "si los prefectos (gobernadores) tomaran medidas que atentaran contra la unidad del país, se mandarían tropas para evitarlo" y subrayó que el Gobierno está "vigilante" al respecto.
Por su parte, Fernando Messmer, diputado de la principal fuerza de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), dijo que "el prefecto de Santa Cruz (Rubén Costas) confirmó que ya llegaron 300 policías y que hoy y mañana están viajando efectivos de las fuerzas armadas".
El legislador, consultado por la actitud que tomarán las fuerzas armadas ante la presentación el viernes de un estatuto autonómico de facto y una situación en Santa Cruz que definió como de "gran tensión y con alto riesgo de confrontación y violencia", reprochó la postura de subordinación institucional del poder militar. "Tenemos un alto mando sometido y subordinado al régimen y al poder político con una indignidad y desvergüenza que no tiene antecedentes en la historia", dijo Messmer con respecto al comportamiento de los militares. En tanto, el titular del Comité Cívico cruceño, el opositor Branco Marinkovic, dijo que "Morales y el MAS (el gobernante Movimiento al Socialismo) intentaran ocupar militarmente Santa Cruz".
"Además intentarán, mediante unos jueces y fiscales que son del MAS, meternos presos a los prefectos y a los líderes cívicos", aseveró el dirigente y empresario cruceño, que ayer levantó su huelga de hambre.
El rumor de una ocupación militar y la desmentida declaración del estado de sitio causaron alarma generalizada en la población de Santa Cruz, que salió muy temprano de sus domicilios para aprovisionarse de alimentos ante el temor al desabastecimiento.
Bolivia registra 14 golpes de Estado desde 1937 hasta 1982, cuando se reinstaló la democracia que perdura hasta hoy.
BOLIVIA: GOBIERNO INTERVENDRÁ REGIONES QUE PROCLAMEN LA AUTONOMÍA
El dirigente de Santa Cruz Carlos Dabdoub rechazó el miércoles las advertencias en la víspera del ministro del interior, Alfredo Rada, en el sentido de que el Ejecutivo Nacional ordenará intervenir a las fuerzas de seguridad si el movimiento autonomista de esa región, y de otras tres del país, persisten en constituir por si solas sus gobiernos
El dirigente de Santa Cruz Carlos Dabdoub rechazó el miércoles las advertencias en la víspera del ministro de Gobierno (Interior) Alfredo Rada de que el Ejecutivo ordenará intervenir a las fuerzas de seguridad si el movimiento autonomista de esa región y de otras tres del país persisten en constituir por si solas sus gobiernos autónomos.
“No creo que sea necesaria (la intervención) porque este es un movimiento democrático, legítimo, que se hizo realidad con el voto del 2 de julio (de 2006) que ganamos con el 72%, dijo Dabdoub, secretario de Autonomía de la prefectura (gobernación) del departamento de Santa Cruz.
Rada había dicho el martes en esta capital que “si es que las iniciativas democráticas fallaran, no prosperaran porque los sectores confrontacionales no quieren diálogo, no desean concertación nacional, seguramente las instituciones de fuerza legal y constitucional actuarán".
La dirigencia política y cívica de Santa Cruz también denunció que el gobierno ha empezado a enviar contingentes militares y policiales a la región, pero el Ejecutivo no lo ha confirmado.
De todos modos, el comandante del ejército, general Freddy Bersatti, y el vocero presidencial Alex Contreras coincidieron en descartar la posibilidad de que el gobierno decrete un estado de sitio. El presidente Evo Morales había hecho lo propio en la víspera.
El prefecto cruceño, Rubén Costas, indicó a la prensa que “hay 400 policías que han llegado". “El viernes o sábado, posiblemente vamos estar militarizados (...)”.
“La policía no va a disparar contra su pueblo, y en el ejército hay una gran descomposición, y eso el gobierno lo sabe, también el presidente. Pero, en todo caso, vamos a extremar los esfuerzos para que no haya ningún tipo de confrontación", agregó.
Elección en 2009
El constituyente Orlando Suárez, representante del Movimiento Bolivia Libre, aliado del oficialismo, adelantó que "aproximadamente entre marzo y abril de 2009, Bolivia estaría encarando las elecciones" a la Presidencia de la República, porque el proyecto constitucional prevé la reforma electoral.
BOLIVIA: GOBIERNO DEL PUEBLO VS. OLIGARQUÍA
La pérdida de la hegemonía económica y política es el principal factor que ha hecho temblar a la oligarquía y a la oposición de la República de Bolivia.
Ésto forma parte de las declaraciones emitidas por el embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado Silva, en Venezolana de Televisión, específicamente en el programa En Confianza.
El diplomático indicó que 300 mil hectáreas es lo mínimo de tierras que poseen los terratenientes. Hay quienes, incluso, tienen hasta 2 millones de hectáreas, lo que equivale a ser dueño de un estado, por ejemplo. De estas hectáreas, sólo son trabajadas 20%, el resto permanece en ociosidad. El Gobierno boliviano, liderado por Evo Morales, un hombre indígena electo a través del voto del pueblo, ha basado su lucha en recuperar estas tierras ociosas para colocarlas a la disposición del pueblo para que sean trabajadas. Esta política de recuperación de tierras ociosas, que amenaza el poder de los terratenientes, ha hecho temblar a muchos en Bolivia. Asimismo, la instalación de una Asamblea Constituyente para la aprobación de una nueva Carta Magna ha generado un clima de tensión en el país.
Referendo aprobado
En vista de esta situación de tensión que vive el país suramericano, Evo Morales propuso la realización de un referendo revocatorio a su mandato y a nueve prefectos de los departamentos (estado) Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez; Pando, Leopoldo Fernández; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; Tarija, Mario Cossío; Chuquisaca, David Sánchez Heredia; La Paz, José Luis Paredes; Oruro, Luis Alberto Aguilar ; y de Potosí, Mario Virreira.
El impreso boliviano El Diario publicó en un artículo que la Cámara de Diputados decidió aprobar el martes pasado el proyecto de Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular que establece las disposiciones generales, marco legal, fecha, ámbito y modalidades de realización del evento; además de determinar porcentajes y número de votos para la cesación de la gestión presidencial y de los nueve prefectos. El documento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que fue analizado por la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de Diputados consta de tres capítulos y 11 artículos; y es el primero de los tres proyectos de ley que permitirán la aplicación del referendo revocatorio.
Este proyecto de ley, una vez tratado en las instancias respectivas, será remitido al Ejecutivo para su promulgación, y cumplido este proceso se tienen 90 días para la convocatoria a dicho referendo que contempla varios pasos.
El primer artículo establece que, en aplicación de la ley específica interpretativa de los artículos 4.1 y 35 de la Constitución Política del Estado (CPE), se debe convocar al referendo revocatorio de mandato popular del Presidente de la República, Vicepresidente y prefectos de departamento.
El segundo establece que para aplicar la revocatoria de mandato se requerirá una votación superior al porcentaje obtenido en la última elección por la autoridad que es objeto de la revocatoria.
Los artículos del 3 al 5 establecen el marco legal del referendo, la fecha de realización, que será a los 90 días de vigencia de la ley; y el ámbito y modalidades de realización nacional para la revocatoria o continuidad de la gestión presidencial y Departamental, así como para la revocatoria o continuidad de la gestión de los prefectos.
El embajador Alvarado señaló que el Presidente de Bolivia propuso el referendo revocatorio para que sea el pueblo el que decida sobre el mandato de los funcionarios del Estado.
Los nueve prefectos y el Mandatario de Bolivia fueron electos el pasado 18 de diciembre de 2005. Para la revocatoria del mandato del Presidente y Vicepresidente de la República se deberá alcanzar a un porcentaje superior a 53,740% y una votación superior al millón 544 mil 374 votos.
Constituyente en marcha
Igualmente, Bolivia inició un proceso constituyente que ha generado temor en la oligarquía y en la oposición, puesto que ven amenazados sus intereses económicos y políticos.
En una maratónica sesión de casi 17 horas, realizada en Oruro bajo la custodia de miles de mineros, indígenas, campesinos e integrantes de juntas vecinales, además de unos 300 policías; la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobó a principios de diciembre, con dos tercios de los votos de los 164 constituyentes presentes de 10 frentes políticos (de un total de 255 asambleístas), la propuesta de nueva Constitución del país. Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija rechazaron la propuesta del texto constitucional, y anunciaron la declaración de autonomías de facto a partir del 15 de diciembre. El Gobierno Nacional rechaza tal medida por su carácter anticonstitucional, ilegal y separatista, y reiteró su invitación a consensuar el tema de las autonomías departamentales, provinciales, municipales e indígenas, plasmados en la flamante Carta Magna.
No obstante, los sectores de la oposición se rehúsan a solucionar las diferencias e insisten en sus medidas de presión, como una huelga de hambre que cumplió este martes su octava jornada con amplia difusión mediática y escaso respaldo popular.
Alvarado aseguró que la Fuerza Armada apoya plenamente las políticas aplicadas por el presidente Evo Morales; “y tomará acciones si se continúa promoviendo esta actitud separatista que están promoviendo los prefectos (de Beni, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando)”.
Señaló que la actual Carta Magna prohíbe este tipo de acciones separatistas, por lo cual se les podrá abrir a un juicio a estos gobernadores.
Conocida como la cuna de la cultura Tiwanaku, Bolivia es un país multicultural con mucha riqueza cultural, natural y arqueológica. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. Bolivia, con casi 9 millones de habitantes, es, junto con Paraguay, uno de los dos únicos países de Sudamérica sin litoral marítimo. Es también el octavo más extenso en el continente americano y el vigésimo séptimo a nivel mundial.
LA DERECHA 'PATEA EL TABLERO'
Oruro fue la ciudad que albergó la última y decisiva sesión de la Asamblea Constituyente. Tras deliberar durante casi 17 horas aprobó la nueva Constitución Política del Estado que será votada en referéndum por todo el pueblo boliviano. Esta vez no hubo violencia como en Sucre, ni tampoco presencia militar. Miles de campesinos, mineros de Huanuni, vecinos de Oruro, indígenas y pobladores que llegaron de El Alto, acamparon en el exterior del Centro de Convenciones. Improvisaron fogatas para aguantar la larga vigilia a la intemperie que se inició al caer la tarde del sábado y se prolongó durante la noche y la madrugada con una temperatura entre 2 y 3 grados sobre cero. Casi al mediodía del domingo se escucharon los gritos de júbilo y la emocionada entonación del himno boliviano, que cerraron la histórica sesión.
El proyecto de reforma fue aprobado en la reunión plenaria de la que participaron 164 de los 225 constituyentes. En su primer artículo, establece que 'Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.' Contiene los conceptos claves del compromiso asumido por el presidente Evo Morales de 'refundar la nación' y dar paso a un estado inclusivo, que termine con la ancestral marginación de millones de ciudadanos.
La dirigente indígena Silvia Lazarte, presidenta de la Constituyente clausuró el plenario agradeciendo el esfuerzo realizado por los asambleístas que cumplieron el compromiso de aprobar la nueva norma antes del plazo del 14 de diciembre. Atrás quedaba más de un año de estériles esfuerzos por conseguir que los sectores de la oposición conformados por los políticos desplazados por la victoria electoral del MAS y de otros partidos menores participaran de forma constructiva en los debates y posibles acuerdos. Tanto PODEMOS, el partido dirigido por el ex presidente Jorge Quiroga como la Unidad Nacional y otras fuerzas menores boicotearon desde el primer dia la posibilidad de que la Constituyente pudiera sesionar y cumplir el mandato del voto popular de reformar la Constitución. El empresario Samuel Doria, derrotado candidato presidencial de uno de los partidos derechistas, había expresado en setiembre del año pasado que la Asamblea Constituyente 'estaba herida de muerte'. De allí en más todo fue esquivar la posibilidad de negociaciones. La táctica fue entorpecer cada vez que se producía una convocatoria. Se utilizaron los más diversos argumentos, pero manteniendo siempre la denuncia sobre la intención 'totalitaria' de Evo Morales mezclada con alusiones a una presunta 'revancha' del indigenismo, y el eficaz anzuelo de mencionar que se pretendía marginar a las regiones más prósperas y productivas de Bolivia, en una clara alusión a Santa Cruz. Allí, las clases dirigentes (empresarios, latifundistas) ya venían 'calentando' el ambiente para que ese sentimiento prendiera en la población, y lograr respaldo para impulsar una amenaza secesionista. Para ello cuentan con recursos económicos y con los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista. El anuncio gubernamental de redistribuír los beneficios de las riquezas y recursos de determinadas regiones, les facilitó conformar 'la media luna' autonomista con el apoyo de los Prefectos y los Comités Cívicos de Tarija, Beni y Pando. En Sucre, que fue sede de la Constituyente, atizaron el tema de la capitalidad, una antigua reivindicación desde fines del siglo 19 en la que la ciudad perdió la condición de residencia del Poder Ejecutivo, derivando en incidentes violentos, agresiones y saqueos que pusieron en riesgo la continuidad de las deliberaciones, y dejaron un saldo de 3 muertos, decenas de heridos e importantes daños materiales. (ver SERPAL 360 'Bolivia: los cambios en peligro' en www.serpal.info). La suma de esa serie de tácticas hostiles y bloqueadoras tenía un objetivo estratégico: el fracaso absoluto de la Constituyente.
'Necesitamos que nos apruebe el pueblo'
La cerrada intransigencia de la oposición a tratar cualquier reforma importante de la Constitución, se correspondió con una progresiva dificultad del gobierno por revalidar el mandato popular obtenido en las urnas: 'refundar la nación'. También abandonó el intento de alianzas con los sectores más permeables a la prédica contra los cambios, para neutralizar así la polarización. En ese contexto, la presión de la mayoría de los medios de comunicación fue revirtiendo el objetivo primordial del voto mayoritario de los bolivianos. Esos medios 'olvidaron' que el mandato de la Constituyente era reparar siglos de discriminación, de injusticia. Y la constante pasó a ser 'evitar el totalitarismo'. No hay que negar la habilidad desplegada por aquellos grupos que tras manejar arbitrariamente el poder, incluso incrustados en sangrientas dictaduras militares, ahora incorporan a su vocabulario 'la defensa de la democracia' y rechazan la posibilidad de quedar marginados. En estos meses han trabajado arduamente para que se borrara la historia, en especial la de los últimos decenios. Con este 'todo vale' de argumentos tramposos y denuncias victimistas, pretenden tender un manto de olvido sobre las causas profundas que llevaron a que una amplia mayoría de los bolivianos votara por Evo Morales, por el MAS, por el cambio. Con tanta sencillez como con razón, la indígena Silvia Lazarte afirmó al cerrar la sesión final: 'seguramente algunas agrupaciones y partidos no van a estar de acuerdo, pero los que estamos aquí no necesitamos que nos acepten, sino que nos apruebe el pueblo'. Y añadía: 'no hemos hecho este trabajo para la gente que intentó llevar al fracaso a la Constituyente. Lo hemos hecho por nuestro país. No estamos acabando hoy nuestro trabajo para irnos a nuestras casas a descansar'. Consideró que es necesario 'seguir trabajando si queremos que se apruebe en el referéndum. Es nuestra responsabilidad garantizar que el esfuerzo que hicimos, termine bien'.
Pero ahora el objetivo de la oposición es desacreditar el texto aprobado. Fracasado su propósito de que la Asamblea no aprobara la reforma antes del plazo previsto, ahora intentan que no llegue al referéndum. Por eso llaman 'la mal nacida' a la nueva Constitución, y convocan movilizaciones y desobediencia civil. No debatieron su contenido en 15 meses en la Constituyente, pero tampoco ahora hacen referencia al texto. Y sin embargo, ese contenido es el que intentan frenar por todos los medios. Ese texto contiene las modificaciones fundamentales que reclamaba gran parte de la sociedad boliviana, por eso es de lo que menos hablan.
La nueva Constitución aprobada por una mayoría de los Constituyentes tiene 411 artículos, divididos en cinco partes con 50 capítulos. Además de la definición del Estado Boliviano que consta en su primer artículo, el texto establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce en forma directa. Define a Bolivia como un estado pacifista y que rechaza la guerra como método de solución para los diferendos o conflictos entre estados. También señala su respeto por la soberanía de los estados y prohíbe explícitamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional.
El documento aprobado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. Establece la independencia del Estado con la religión. (En el texto anterior se reconocía a la religión católica, apostólica y romana y establecía con ella especiales relaciones y acuerdos.)
Sobre el control social, tema no mencionado en la constitución actual, el nuevo texto en el artículo 242 indica que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y en empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales o presten servicios públicos. La sociedad civil establecerá sus propias normas para cumplir con sus funciones. Tendrá la facultad de denunciar e instruir a las instituciones correspondientes para investigar y procesar en los casos que sea necesario.
Los recursos son del pueblo
En el artículo 306 afirma que 'el modelo económico boliviano es plural (...) está constituido por las siguientes formas de organización económica: la comunitaria, la estatal y la privada'. En otro artículo, indica específicamente que 'garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga no sea perjudicial al interés colectivo'. En el 307 añade que 'todas las formas de organización económica establecidas por la Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley'. Y en el 308 establece que 'toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica.' También se constitucionaliza el hecho de que el Estado “podrá intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos los bolivianos”. Este régimen prohíbe el monopolio y oligopolio privado y establece prioridad a la inversión nacional por sobre la extranjera.
En otros artículos que hacen referencia a la estructura económica, afirma que 'el Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.' También expresa que 'la industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos y naciones indígena -originario-, campesino y sus territorios. ' En el artículo 318, precisa que 'la inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera'. En otros´apartados afirma que 'la administración económica y finaciera del Estado se rige por su presupuesto. Las asignaciones atenderán especialmente la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.' Indica que 'no prescribirán las deudas y los daños económicos causados al Estado; y que éste 'protegerá y fomentará las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos. Con respecto al turismo, afirma que será considerado ' como una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera sustentable, y tomando en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto del medio ambiente.' También se ratifica el principio de que la tierra es de quien la trabaja bajo la forma de cumplimiento de Función Económica Social (FES) y se prohíbe y caracteriza el latifundio, como un predio que incumple la FES y practica la servidumbre y esclavitud, en cuyo caso será expropiado sin indemnización.
Por su parte, el artículo 398 referido a la extensión de la tierra para ser considerada latifundio irá a un referéndum dirimidor, al no conseguir los 2/3 de voto del total de los presentes. Ese referéndum debe ser convocado dentro de los próximos cuatro meses. Las propuestas a votar son las que fijan en más de 5.000 o en más de 10.000 hectáreas la extensión que debe ser considerada latifundio. Lo resuelto pasará a formar parte del cuerpo total del nuevo texto, que ya entonces será sometido completo al voto de los ciudadanos bolivianos.En lo que hace al tema de los hidrocarburos, 160 asambleístas aprobaron con su voto el artículo 359 que le otorga al pueblo la propiedad de los hidrocarburos. El artículo aprobado señala que los hidrocarburos, en cualquier estado que se encuentren, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. También fue aprobado el artículo 360 que determina que será el Estado el que promoverá el desarrollo integral en el campo energético. Se dará prioridad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios, con empresas, públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras. El nuevo texto indica que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es una empresa autárquica, de derecho público, con autonomía de gestión. En caso de aprobarse en el referéndum el proyecto de la Constitución Política del Estado (CPE), todos los departamentos del país y el Tesoro General de la Nación (TGN) tendrán regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos. De acuerdo con la normativa actual, sólo los departamentos productores (Santa Cruz, Tarija y Cochabamba), además de los no productores Beni y Pando, reciben regalías. En cambio con el proyecto de la nueva CPE, son tomados en cuenta todos los departamentos del país, aunque aún no se fija el porcentaje para las regiones no productoras.
El artículo 368 del proyecto señala: “Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de hidrocarburos, y el TGN, obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial”.
No habrá reelección indefinida
Uno de los temas que fue 'bandera de enganche' de la oposición para reforzar sus argumentos sobre la intención 'totalitaria' de Evo Morales era el de fijar la reelección indefinida en la nueva Constitución. El nuevo texto descarta esa posibilidad y establece la reelección de manera continua por una sola vez y esto es válido para presidente, vicepresidente, diputados, representantes departamentales, alcaldes y prefectos.. El nuevo texto constitucional también contempla la posibilidad de revocatoria de mandato para las mismas autoridades nacionales y locales. Para la elección de presidente y vice, se aprueba la segunda vuelta electoral en el caso de que ningún candidato obtenga el 50 % más uno de los votos.
La nueva Constitución termina con la inmunidad que disfrutaban hasta ahora los senadores y diputados. El texto aprobado en detalle en el plenario de Oruro establece que los asambleístas no gozarán de inmunidad. Termina también con la reelección indefinida que establece la norma actual. La nueva fija un mandato de cinco años y limita la posibilidad de reelección a dos periodos continuos.
La cuestión de la capitalidad estuvo a punto de provocar nuevamente diferencias insalvables en la sesión final. Los asambleístas de Chuquisaca, fuertemente presionados por los sucesos de la semana anterior en Sucre, no quisieron aparecer como renunciando a esta reivindicación. Que la cuestión provoque riesgos de ruptura entre los representantes del MAS o de sus aliados, pone en evidencia la vulnerabilidad a las maniobras de la oposición. Para algunos asambleístas no está claro que la capitalidad es un debate secundario que en ningún caso puede poner en riesgo la aprobación de un cuerpo de reformas que suponen grandes avances sociales y de control democrático de los recursos y las riquezas del país. Finalmente, las diferencias se saldaron con una resolución ambigua que indica que 'Sucre es la capital de Bolivia', pero sin indicar que poderes alberga. La actual no la menciona como capital, pero afirma que es la sede del Poder Judicial. (El ejecutivo y el legislativo están en La Paz).
El tema marítimo, una antigua reivindicación del pueblo boliviano que perdió su salida al mar en la guerra del Pacífico librada con Chile (1879-1884), no figura en el actual texto constitucional. El nuevo, aprobado en Oruro afirma que 'el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos, y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
En materia educacional, el texto vigente dice que el derecho de una persona es adquirir instrucción por lo menos primaria. El nuevo, fija que la educación es obligatoria hasta el bachillerato, gratuita. El artículo 97 garantiza la inamovilidad del personal docente, conforme a la ley.
Sobre los medios de comunicación, la reforma aprobada por los constituyentes menciona en el artículo 107 que el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Además, reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. El artículo siguiente dice que los medios de comunicación no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. Otro punto explica que el Estado apoyará en la creación de medios de comunicación comunitarios.La ofensiva antipopular
Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba decidieron desconocer el proceso de la Asamblea Constituyente, y afirmaron que el próximo sábado aprobarán sus respectivos estatutos autonómicos. La decisión los coloca en una posición de ruptura con el gobierno elegido hace dos años por todos los bolivianos precisamente para que llevara adelante los postergados cambios sociales, políticos y económicos. Ese bloque agrupa a las regiones más prósperas del país y con el texto constitucional actual son las únicas que reciben regalías por los recursos de hidrocarburos que tienen bajo su territorio. El gobernador de la rica Santa Cruz Rubén Costas, dijo que 'los bolivianos no aceptarán la nueva constitución porque se trata de una imposición que atenta contra la unidad nacional y la libertad de los bolivianos.' Costas, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz viene promoviendo la autonomía de la región desde antes que Evo Morales asumiera la presidencia. El 23 de enero del 2005 fué proclamado como 'gobernador de facto' y llegó a anunciar la creación de un gobierno autónomo regional. En esa oportunidad, los grupos de choque ultraderechistas ocuparon violentamente varios edificios públicos. Ahora Costas se dirigió al país a través de un canal de televisión con un Cristo crucificado de fondo argumentando la defensa de 'la unidad nacional'. El presidente de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz y diputado por Podemos, Pablo Klinsky, alertó que la Constitución del MAS es “absolutamente ilegal” y no será reconocida por los departamentos de la “media luna”. Klinsky está vinculado a los grupos violentos que han agredido reiteradamente a partidarios de Evo Morales o a manifestantes indígenas y campesinos y no suele ocultar su discurso racista y excluyente con el que sustenta su apoyo a la autonomía regional. Otro de los personajes claves de la estrategia de la oposición es Branco Marinkovic, un empresario aceitero de origen croata poseedor de 30.000 hectáreas, que acompaña el discurso de Costas y que preside el Comité Cívico de Santa Cruz. Recientemente en una nota publicada en Bolpress, Alejandro Saravia afirmaba que 'lo que Marinkovic defiende son, ante todo, los intereses económicos de una oligarquía local que se ha apoderado, gracias a su apoyo a las pasadas dictaduras militares, de recursos y tierras del Estado. Esa minoría tiene actualmente el monopolio del discurso mediático y ha articulado un discurso de la identidad cruceña que es, en muchos aspectos, excluyente y racista.' Y añadía una caracterización que resulta clave para comprender la afinidad entre las 'rebeldías' encabezadas por esa oligarquía local y los partidos derechistas ligados con las pasadas dictaduras militares o con los gobiernos neoliberales recientes: 'este grupo, en el que se confunden y codean los intereses del presidente del Comité pro Santa Cruz, los Sánchez de Losada y los Quiroga, hará lo posible y lo imposible para mantener a Bolivia en su condición de colonia neoliberal'. Y eso es precisamente lo que está sucediendo.
El alcance y profundidad de esta verdadera conspiración contra la voluntad popular expresada en las urnas hace dos años, puede medirse en la radicalización del discurso de Rubén Costas. La nueva constitución que deberá ser aprobada en referéndum es desconocida y considerada 'ilegal'. Mientras el ex presidente Jorge Quiroga, del derechista PODEMOS hablaba de sabotear el referéndum cuando sea convocado, Costas parece dispuesto a quemar etapas y tomar atajos para voltear al presidente Evo Morales. Mientras por un lado se asume como defensor del 'estado de derecho' supuestamente vulnerado por el presidente, lanzó un ataque público contra los más altos jefes militares de Bolivia. Llamó 'cobarde' al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Wilfredo Vargas, quien ha manifestado públicamente su apoyo a las reformas sociales impulsadas por Evo Morales. Su ofensiva se completó con la calificación de 'servil' para el comandante en jefe del Ejército, Freddy Bersatti a quien acusa de 'plegarse' al 'imperialismo chavista'. Por si su intención no quedaba clara, insinuó que 'no todos' los oficiales compartirían la posición de esos mandos. O sea que Costas, adalid del 'estado de derecho', intenta quebrar el compromiso y la fidelidad constitucional de los mandos militares al presidente elegido por el pueblo. Demasiada similitud con el discurso de los partidos derechistas chilenos en el 73, que acusaron de 'amigo de Salvador Allende' al Gral. Prats, provocando su renuncia y la designación para la Comandancia del Gral. Augusto Pinochet, quien pocos dias más tarde encabezaría el cruento golpe militar y la instauración de su dictadura fascista. Como en aquel entonces, la conjura tiene también respaldos internos y externos, unos visibles y otros ocultos. Estos últimos, como en una jugada de ruleta apuestan sus fichas a la posibilidad de volver al 'orden' anterior. Pero no es un juego. Lo que pretenden es regresar a los gobiernos dóciles, a la legislación entreguista, a los derechos recortados o inexistentes, sin importarles el coste que ello pueda suponer para el pueblo boliviano, que suele ser quien pone los muertos, los huérfanos, los represaliados.
La dramática encrucijada se completa con el papel que cumplen los medios de comunicación, que casi sin exclusiones dan sustento a los pasos que van dando los sectores de la oposición y responsabilizan al gobierno de todo lo malo que sucede en el país.
Un ejemplo: tras la aprobación en general de la nueva Constitución por la mayoría de los asambleístas, el diario 'Los Tiempos' de Cochabamba afirmaba en un editorial: “ Está claro que la pretendida 'refundación' del país se hará por la vía del enfrentamiento y el conflicto, tal como ha elegido el gobierno actual.”
Una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación UNIR-Bolivia reveló días pasados que 16 medios escritos del país sesgaron la información sobre la Asamblea Constituyente. Representantes del PNUD, UNIR, la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación y el Observatorio Nacional de Medios (Onadem) informaron que el resultado se desprende la publicación de notas informativas y editoriales de 5.220 ejemplares publicados en los nueve departamentos del país desde el 7 de agosto de 2006 y el 9 de agosto de 2007. De acuerdo a una encuesta realizada por el PNUD, después de un año de instalado el foro constituyente, la población nacional se siente poco informada e insatisfecha pese a la gran cantidad de informaciones. El estudio indica que además de la falta de contenido en la presentación de los hechos que se sucedieron en el cónclave, las informaciones fueron elaboradas con 'un claro sesgo negativo en la información sobre la Asamblea, toda vez que vez que las informaciones generadas a lo largo de los 12 meses sobre la Constituyente giraron en torno al conflicto y medidas de presión, relegando los debates sobre las propuestas. Y añade: 'Fue visible la ausencia de profundidad, la tendencia al tratamiento sensacionalista y la falta de pluralismo en la consulta de fuentes'. Pero este lenguaje técnico es demasiado amable con la realidad. Cualquiera de nosotros puede hacer su propia valoración, accediendo a los titulares de portada o a los editoriales de 'La Prensa', 'Opinión', 'Los Tiempos', 'El Deber' u otros medios de tirada nacional.
Hace más de dos años, cuando el pueblo boliviano dió su apoyo a Evo Morales y a sus propuestas de cambio, afirmamos que era un trance histórico. Nunca ese pueblo hermano se había aproximado tanto a la posibilidad de 'dar vuelta la historia', esa que escribían siempre los mismos o sus herederos. Y era previsible que ese anhelo de transformación social y de justicia encontraría una cerrada resistencia de los nichos de privilegio acostumbrados al poder.
Tras una maquillada y supuesta aceptación de los resultados electorales, ahora aparece el verdadero rostro de esa derecha, parte de la cual fueron cuadros de las administraciones dictatoriales que soportó el país. Se siente nuevamente fuerte y por eso ahora 'patea el tablero'. Cree llegado el momento para recuperar eso que consideran 'el orden natural de las cosas'. Serán los bolivianos quienes tendrán la última palabra.
LAS REFORMAS Y LAS CRISIS EN BOLIVIA
El gobierno presidido por Evo Morales acaba de alcanzar una de sus más ambiciosas metas con la aprobación de una nueva Constitución que deberá ahora ser votada en referéndum por el pueblo boliviano. Allí se define al país como un Estado "plurinacional comunitario, democrático e intercultural" y se consagran formas de propiedad colectiva junto a la propiedad privada, además del "autogobierno de las autonomías indígenas", entre otras fórmulas innovadoras.
Aunque no resulte sencillo compatibilizar algunas de estas definiciones, lo cierto es que el reconocimiento de los derechos e identidades de los pueblos originarios en un país cuya población es mayoritariamente indígena y campesina es un importante avance jurídico, político, institucional y cultural.
Pero al mismo tiempo, el proceso de reforma constitucional ha exacerbado tensiones y conflictos que amenazan la propia unidad nacional y la convivencia pacífica entre los bolivianos.
La oposición resiste la nueva Carta Magna, que nace así con su legitimidad escamoteada. Al mismo tiempo, la rebelión de las provincias gobernadas por fuerzas adversas al gobierno ha llevado a un empate sin resolución que desafía la propia gobernabilidad democrática.
Bolivia precisa una Constitución reconocida por todos los sectores y un principio de autoridad que garantice su unidad nacional. Sin ambas cosas, fracasarán las reformas democráticas que se vienen impulsando.La nueva Constitución aprobada en Bolivia por la mayoría oficialista incorpora avances e innovaciones, pero su legitimidad es parcial e insuficiente, al carecer del reconocimiento opositor.
BOLIVIA - EL “PACIFICADOR”
Vergüenza es lo que sentimos los bolivianos, cuando quien preside nuestro país miente sin sonrojarse, y es secundado en este ejercicio por sus ministros y funcionarios que confunden el hacer política con no decir la verdad o contar las cosas a su manera. Esto es lo que hemos sentido ante una nota que enviaron los representantes de la Comunidad Europea que después del conflicto de Sucre visitaron a Morales, buscando caminos de solución a la situación de violencia que protagonizó el gobierno, la policía y el ejército contra la sociedad civil.
Después de esta reunión, Morales declaró en un acto público que los representantes de la Comunidad Internacional le habían alertado que en Sucre habían francotiradores que eran parte de la sociedad civil. Esta noticia fue difundida y ratificada por funcionarios del gobierno que indujeron a la policía a montar un juicio de responsabilidades contra las autoridades y los universitarios sucrenses. Ante estas declaraciones los visitantes de la Comunidad Internacional que estuvieron presentes en la reunión con el mandatario boliviano, desmintieron rotundamente haber lanzado una acusación de semejante tenor y magnitud. Para los visitantes diplomáticos este hecho debe ser inédito, puesto que no están acostumbrados a que la primera autoridad o los funcionarios de gobierno mientan sin reparo, como ocurre en nuestro país, en el que durante esta gestión el apego a la verdad o fidelidad de los hechos prácticamente no existe.
La impostura ha llegado a límites dramáticos, a tal punto que las personas que conservar algún pudor o delicadeza, experimentan un profundo rechazo al ver que la mentira se ha convertido en la principal estrategia política.
En este gran teatro de lo absurdo, después de haber aprobado una constitución por asalto, después de expropiar los recursos de las regiones con una ley que surgió de un asalto al congreso, el Presidente en una pose magistral llama a la pacificación del país, a una tregua navideña y a un diálogo sin condiciones. Esto significa que el presidente nos propone: “déjense violar, déjenme usurparle sus derechos y sus libertades, déjenme ejercer violencia de estado sin chistar, sin reclamos, callados, sumisos, obedientes, porque el que puede violarlo todo soy yo y a ustedes después de sufrir los vejámenes sólo les queda pacificarse, calmarse, asumir la violencia de estado como parte de la ración que les corresponde, asumir que puedo usar la fuerza represiva de la policía y los militares para someterlos, porque yo soy el supremo y ustedes ciudadanos sólo estarán sujetos al arbitrio de la verdad que yo instaure y decida como verdad, al arbitrio de mis imposiciones”.
Llamar a la pacificación después de haber ejercido violencia y de seguir amenazando mediante sus voceros a quienes no acaten sus actos desmedidos e ilegales, nos muestra que esta acción es solo una treta o estrategia que pone en entredicho la moral del gobernante y cuestiona profundamente la posibilidad de credibilidad que sus actos y sus palabras puedan llegar a tener.
Nos preocupa sobremanera el escenario que intenta montar Evo Morales llamando a la pacificación mientras se rumorea que tiene en sus planes una invasión a Santa Cruz con cuotas de número de muertos incluida para reprimir a los cambas rebeldes. Ojalá que esto no sea cierto porque si la mentira es un delito, el crimen que organizado desde esferas del gobierno es un delito mayor. No deseamos que los gobernantes de Bolivia caigan en la reiterada tentación de manipular al pueblo y mucho menos de mancharse las manos con sangre. El mandatario debería retomar sus raíces por lo menos para seguir los principios que le exigen: Ama llulla, ama sua, ama quella…
EL LARGO CAMINO POR RECONSTRUIR BOLIVIA
".... Ante la petición de que el mandato del Presidente sea revocado mediante un referendo, cinco de los nueve gobernadores de los nueve departamentos del país aceptaron someter a referéndum la continuidad del mandato del Presidente y de sus gobernaciones. Lo que debe haber, sin embargo, es claridad en el referendo: que todos los cargos elegidos sean sometidos"
Aunque lo nieguen hay una crisis política: tienen fracturado al país que rechaza su pretendido modelo comunistoide a implementarse en una "constitución" redactada bajo presión; hay crisis económica, y de la inflación nadie se acuerda y los precios de alimentos básicos de consumo siguen subiendo.
Hay crisis social: la gente está en grado de desesperanza tal que ya nada la mueve a sonreir, el reciente afloramiento del racismo y la exclusión le han puesto la medida a éste gobierno, y hay crisis energética que tiene sin electricidad y sin combustibles a los bolivianos, porque la "nacionalización" del negocio en hidrocarburos no trajo mayores inversiones internacionales y postrará al país gasífero más importante del Continente a la pobreza, por largos años.
En ese panorama fueron a Washington los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y Beni, Ernesto Suárez, para denunciar ante la OEA y luego a Nueva Cork ante la ONU del régimen autoritario que la dirigencia estatal boliviana pretende imponer, por atropellos a la democracia.
Ante la petición de que el mandato del Presidente sea revocado mediante un referendo, cinco de los nueve gobernadores de los nueve departamentos del país aceptaron someter a referéndum la continuidad del mandato del Presidente y de sus gobernaciones. Lo que debe haber, sin embargo, es claridad en el referendo: que todos los cargos elegidos sean sometidos: el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados. La condición para llevar adelante un referendo sin visos de nulidad y sin maniobra del régimen, debiera ser:
a) que la asamblea constituyente -que en los hechos fracasó en su misión de redactar la nueva Carta Constitucional- concluya sus funciones dejando sin efecto sus actuados.
b) que tanto Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados y Gobernadores sometidos a referendo revocatorio suscriban un documento por el que el mecanismo de voto sea controlado y supervisado por organismos internacionales.
c) que cese el registro civil y de identificación de ciudadanos para evitar "masificación" de votantes no inscritos previamente.
d) que se suspenda la ley por la que se recortan presupuestos fiscales de ingresos por hidrocarburos (impuesto directo de hidrocarburos) a las Gobernaciones, debiendo quedar en tratamiento del nuevo Congreso a instalarse luego del referendo revocatorio.
e) a la intervención directa de la Iglesia Católica para evitar fraudes en el referendo.
f) a la salida inmediata de personal civil y militar de Venezuela y Cuba del país, y a evitar el ingreso de venezolanos, cubanos e iraníes hasta después del referendo.
g) a que los sistemas de identificación civil y de registro ciudadano que dependen del Ministerio de Gobierno (Poder Ejecutivo) pasen a ser controlados por un organismo internacional, hasta finalizado el referendo.
h) a que se reponga la institucionalidad del Tribunal Constitucional, retornando los magistrados que han sido presionados a hacer dejación de sus cargos.
i) a que se reforme a la Constitución en el próximo periodo constitucional, vale decir posterior a la celebración del referendo y ya instalado un nuevo gobierno.
j) a que hayan elecciones nacionales en menos de sesenta días después de concluido el referendo; k) que si es revocado el mandato del Presidente y de su Vicepresidente, deben renunciar ipso jure a sus cargos, debiendo estar la Presidencia temporal en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, como establece la Constitución.
l) a que aquellas autoridades que hayan sufrido revocación no puedan presentarse a las elecciones inmediatamente después de ser revocados sus mandatos, sino pasado un periodo constitucional (5 años después).
m) a que se aplique la regla del "voto simple", o sea que no hayan porcentajes para medir la revocación, quien reciba un voto en contra más que un voto afirmativo, se va, sin importar el antecedente de pasadas elecciones. Con esto habremos logrado, en parte, darle seguridad y tranquilidad al votante que hoy por hoy ve su voto peligrar por la terrible intromisión del presidente de Venezuela y se podría recuperar la Democracia herida en Bolivia.
No obstante, la diversidad entre nuestros populismos es enorme. Hay un populismo de izquierda y otro de derecha: los gobiernos de Carlos Menem en la Argentina y Alberto Fujimori en Perú ilustran el segundo caso, frecuentemente ignorado por los analistas. Tienden a conquistar el poder con los métodos del populismo clásico y luego instrumentan políticas que concentran el ingreso, distribuyendo prebendas entre empresas amigas. Pero no es ésta la única diferencia. Hay un populismo que se encarna en un líder carismático, como el de Hugo Chávez en Venezuela, y otro anclado en un partido populista tradicional, como el de Néstor Kirchner en la Argentina.
LA GRAN BILLETERA DE LA REGIÓN
La reiterada injerencia electoral del gobierno de Venezuela
La intervención del presidente venezolano, Hugo Chávez, en las campañas electorales, y también en la vida política de las naciones latinoamericanas se ha transformado en una constante en los últimos años en el panorama político regional.
Entre los mandatarios que han brindado ostensiblemente su apoyo durante sus respectivas campañas electorales se encuentran el presidente de Bolivia, Evo Morales; el presidente de Ecuador, Rafael Correa; el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y el presidente colombiano, Alvaro Uribe.
Sin embargo, su apoyo terminó algunas veces en fracaso, como en el caso del candidato nacionalista peruano Ollanta Humala, que perdió en el ballottage con Alan García, en junio de 2006, o en el caso del candidato izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador, que fue derrotado en las elecciones de julio de 2006 por Felipe Calderón.
Aunque hoy en día la sospecha de uso de dinero venezolano no declarado crecen en el caso de la campaña que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner, ya habían habido acusaciones similares en Bolivia, Nicaragua, México, Ecuador y Perú. Tal vez, el caso más ostensible sea el apoyo que realizó Chávez a Evo Morales, en la campaña que lo llevó al triunfo en el país andino en 2005.
Tanto Estados Unidos como la oposición boliviana acusaron a Chávez de haber financiado a Morales, entonces un líder cocalero que había logrado agravar la crisis del gobierno de Carlos Mesa mediante protestas con bloqueos continuos de carreteras.
También fue acusado Humala. En represalia, el propio García, que lanzó la acusación, fue tildado en plena campaña de "ladrón de cinco esquinas" por Chávez.
Las acusaciones no se detienen: los competidores del candidato izquierdista paraguayo Fernando Lugo, que recibió apoyo explícito del gobierno ecuatoriano de Correa, lo acusaron de recibir financiamiento de Chávez para las elecciones de abril de 2007, aunque el candidato ha negado "estar cerca" de Chávez en una entrevista.
El gobierno de Chávez apuntó contra EE.UU.
DIJO QUE FUE UNA "MANIOBRA"; LA OPOSICIÓN, SIN SORPRESAS
El gobierno de Venezuela calificó ayer la acusación de los fiscales de Estados Unidos sobre el caso Antonini como "una maniobra judicial" de Washington para atacar al presidente Hugo Chávez.
"Se han quitado la careta al utilizar los mecanismos del poder judicial para la guerra política", afirmó el canciller venezolano, Nicolás Maduro, que añadió que la campaña buscaba perjudicar las relaciones "de hermandad" que mantiene Venezuela con sus vecinos de la región, "particularmente con la República Argentina".
Pero, aunque probablemente provocarán un terremoto político en la Argentina, las explosivas revelaciones sobre el "maletinazo", como se conoce este caso en Caracas, no sorprendieron a la oposición venezolana. Cansada de denunciar la ayuda económica que Chávez supuestamente entrega a distintos candidatos afines de América latina, líderes opositores consultados por LA NACION dijeron que se trataba apenas de "una mancha más al tigre". Entre otros ejemplos, nombraron la supuesta ayuda económica de Chávez a Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Daniel Ortega (Nicaragua) y Ollanta Humala (Perú). "Esto no debe sorprender a nadie, dado el nivel de control absoluto que tiene Chávez sobre el manejo de las finanzas públicas de Venezuela y su vocación expansionista, que lo ha llevado a financiar todos los movimientos políticos que le simpatizan", dijo César Pérez, secretario general del partido demócrata-cristiano Copei.
A este dirigente tampoco lo sorprende que el destinatario de esta supuesta ayuda pueda haber sido el gobierno argentino. "Dado el apoyo atípico que dedicó el presidente Néstor Kirchner a Chávez, al amparar todos sus desmanes, no es descartable que Chávez le correspondiera de esta forma", dijo. Uno de los principales impulsores de la investigación sobre el "maletinazo", Oscar Pérez, dirigente del Comando Nacional de la Resistencia (CNR), una de las organizaciones opositoras más duras de Venezuela, festejó las noticias que llegaban de Estados Unidos.
"Una de las hipótesis que siempre manejamos era que el dinero había sido para financiar la campaña electoral de la señora Cristina Kirchner", dijo el dirigente de CNR. Pérez afirmó que este paso de la justicia norteamericana podría impulsar otras investigaciones en torno de la "boliburguesía", como llamó al sector de la sociedad venezolana que se ha enriquecido con los negocios de la "revolución bolivariana" de Chávez. En ese punto coincidió el experto en corrupción venezolano Gustavo Coronel. "Ahora se estrecha aún más el círculo alrededor de la relación del gobierno de Chávez, Pdvsa y la empresa Venoco [con la que están vinculados los detenidos], en un intento de utilizar dineros ilegales para influenciar los procesos políticos internos de otros países", dijo Coronel, que fue representante de Transparencia Internacional en Venezuela y miembro de la primera junta directiva de Pdvsa.
"Se sabe que es un hábito del gobierno de Chávez enviar a sus «mensajeros» con maletas llenas de dinero a países sobre los que quiere influir", agregó el experto.
Desde el chavismo negaron las versiones de la justicia norteamericana. "Es una infamia inventada por unos cuantos irresponsables", dijo el legislador Calixto Ortega, del Partido Socialista Unico de Venezuela (PSUV), de Chávez. No dudó en afirmar que la información respondía a un intento por perjudicar al gobierno de la flamante presidenta argentina. "Tras el triunfo de Cristina Kirchner posiblemente habrá personas interesadas en tratar de empañar el comienzo de su gestión", dijo.
BACHELET MANTIENE VIAJE A BOLIVIA A PESAR DE CONSTITUYENTE
El ministro de RREE, Alejandro Foxley, afirmó ayer que el artículo de la Asamblea Constituyente boliviana que consagra la salida al mar como un "derecho irrenunciable e imprescriptible" del país vecino, no afectará la próxima visita de la Presidenta Michelle Bachelet a La Paz, contemplada para este domingo.
"Hay que separar temas. Lo que va a haber en Bolivia es un encuentro entre tres presidentes ( ) y lo que se va a hacer es una afirmación respecto a cómo debe ser la integración en América del Sur a futuro", dijo el canciller.
La Mandataria participará con sus homólogos de Bolivia y Brasil, Evo Morales y Lula da Silva, respectivamente, en el lanzamiento de la iniciativa de la Carretera Bioceánica, que pretende conectar los tres países.
En ese sentido, el canciller no quiso ahondar en el proceso que vive Bolivia respecto a la Constitución, argumentando que "no nos corresponde a nosotros dar ninguna opinión sobre un proceso que es estrictamente boliviano y que es la mejor tradición democrática".
Pese a ello, Foxley fue claro en señalar que respecto de la relación bilateral, "tenemos establecida una instancia de diálogo que está encabezada por los vicecancilleres, eso tiene una agenda de trece puntos, esa agenda no ha variado, nadie ha dicho que esa agenda no esté valida. Mientras esté válida, vamos a seguir trabajando".
Por otra parte el ministro aseveró que la marginación de Chile del recién estrenado Banco del Sur no representa "ningún escollo" con Venezuela. "La deuda pública neta de Chile es negativa y, por lo tanto, no necesitamos en realidad en este momento solicitar créditos en organismos multilaterales. Además, estamos muy satisfechos con la forma como funcionan instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otras", advirtió. "La Presidenta Bachelet lo dijo con mucha claridad en algunas reuniones bilaterales que tuvimos en Argentina cuando afirmó que además de tener que superar la retórica en América Latina para la integración, lo otro que tenemos que acostumbrarnos es que cuando tenemos instituciones que funcionan bien, no es necesario crear nuevas instituciones, aprovechemos las que hay", agregó el jefe diplomático, para luego señalar que la integración sudamericana "no significa estar de acuerdo en todos los puntos y temas".
LULA FIRMARÁ AMPLIO PLAN DE COOPERACIÓN CON BOLIVIA
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva firmará el lunes un amplio plan de inversión y cooperación con Bolivia en seis áreas, en momentos en que el presidente Evo Morales afronta una complicada situación, producto de una ofensiva de cinco regiones opositoras que amenazan con instituir gobiernos autónomos.
El canciller David Choquehuanca dijo hoy que la cooperación abarcará a la industria petrolera, infraestructura, un crédito blando para la agricultura, cooperación en salud, educación y la lucha contra el narcotráfico.
No proporcionó montos pero en Brasil el asesor para Asuntos Internacionales de Lula, Marco Aurelio García anticipó que Patrobras comprometerá inversiones por 750 millones de dólares en hidrocarburos, informó AP.
El consorcio brasileño redujo al mínimo sus inversiones desde que Morales nacionalizó la industria petrolera en mayo de 2006.
"Brasil es el socio más confiable de Bolivia", comentó a la AP el ex ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli. "La debilidad de Morales es su relación con Hugo Chávez (Venezuela) y su fortaleza es Lula", agregó en alusión a los vínculos que mantiene el presidente boliviano con su colega venezolano.
"La visita de Lula es un respaldo al país y a la institucionalidad democrática", dijo por su parte Choquehuanca.
Lula llegará el domingo. Ese mismo día arribará a La Paz la presidenta de Chile, Michelle Bachelet y los tres mandatarios relanzarán ese mismo día un corredor interoceánico que conectará los tres países.
El lunes, el mandatario brasileño suscribirá acuerdos con Morales. Acompañan a Lula empresarios brasileños y varios ministros.
En una entrevista con la AP la semana anterior, Morales anticipó que firmará con su colega una nueva propuesta de "regionalización" de la lucha contra el narcotráfico. Gran parte de la cocaína que llega a mercados de Brasil es boliviana.
Medinacelli comentó que la apuesta de Lula por Bolivia puede explicarse por la afinidad política con Morales, "pero dependerá de las respuestas del país, si se muestra como un abastecedor seguro de gas".
Bolivia suministra a Brasil el 40% de su demanda de gas y Petrobras ha tenido dificultades para abastecer a sus consumidores internos.
Sin embargo, Medinacelli dijo que la reciente aprobación de una nueva constitución no es la mejor señal para las futuras inversiones porque impone "condiciones duras".
La carta constitucional deberá ser ratificada en dos referendos antes de entrar en vigencia pero ya la han desconocido los prefectos de cinco de los nueve departamentos que la tildaron de ilegal porque fue aprobada sin la participación del principal partido opositor.
Mandato de Cristina Fernández
¿SE CONCRETARÁ LA ALIANZA REGIONAL?
La Opinión de Argentina (www.laopinion-rafaela.com.ar)
Si bien las buenas relaciones entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el gobierno de Néstor Kirchner vienen de lejos, no han estado exentas de dificultades. No obstante, se espera que durante el mandato de Cristina Fernández permanezca la continuidad no sólo de la política a nivel regional, sino también en las buenas relaciones entre Brasil y Argentina.
Desde mayo de 2003, momento en el cual asume Néstor Kirchner como presidente de la República Argentina, fue bien recibido por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que apenas llevaba 4 meses en el poder. Esta buena sintonía fue puesta en manifiesto en Octubre de 2003 cuando Kirchner firmó con Lula el Consenso de Buenos Aires, en contraposición al neoliberal Consenso de Washington, diseñado por Estados Unidos para ser aplicado como medicina a los países latinoamericanos en crisis.El Consenso de Buenos Aires, sin embargo, no consistió en un plan de acción, sino el punto que marcó el agotamiento del paradigma neoliberal. En este sentido, se buscaba profundizar la integración entre ambos países, otorgándole un salto cualitativo que sobrepasara la etapa económica e institucional, para llegar a una etapa política.
No obstante, que el Mercosur lleve impreso un matiz político en mucho tiene que ver con la posición que juega Brasil a nivel regional. El Consenso de Buenos Aires no logró convertirse en un plan de acción debido a las relaciones pendulantes de Brasil entre los países latinoamericanos y Washington. Si bien Lula da Silva ha concedido una gran importancia a Argentina, también ha cuidado de mantener sus buenas relaciones con el gobierno de George W. Bush.
Actualmente, Brasil aspira a comenzar una nueva etapa de entendimiento político con Argentina, en la cual Cristina Fernández sería la prolongación de las políticas impulsadas por la gestión de Kirchner.Lula desea formar un núcleo político en la región conjuntamente con Argentina, en el que ambos países se erigirían como balanceadores a las políticas contestatarias de Venezuela, Bolivia y Ecuador.Para Brasil, entonces, resultaría más que interesante que Cristina Fernández se revele como una líder moderada en América Latina, al estilo de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Los desafíos de Cristina con Brasil
En los inicios de su mandato presidencial, la presidenta tiene dos nuevos desafíos respecto a su relación con Brasil. Es evidente que las relaciones de Brasil respecto a Venezuela y Bolivia no están pasando por uno de sus mejores momentos. En este marco, desde que Lula inició su segundo período de gobierno, en enero de 2007, no viajó a Caracas para reunirse con Chávez. Tampoco se encontró con Evo Morales, con quien se distanció tras la nacionalización del gas en mayo de 2006.
El primer desafío se relaciona con la posición que asuma Cristina Fernández en las controversias entre Brasilia y Caracas.
Sin embargo, el desafío más relevante que actuará como censor en las relaciones entre Brasilia y Buenos Aires será el energético. En uno de sus discursos durante su candidatura presidencial, Cristina ha enfatizado la importancia de Bolivia y Venezuela como actores vitales para la integración energética.
Asimismo, para Brasil es importante el rol que juegue la presidenta argentina respecto a los pleitos que mantiene la diplomacia brasileña respecto a otros países de la región, fundamentalmente, por el deshonesto desempeño de las compañías brasileñas en países como Bolivia y Ecuador.
En este sentido, queda cristalizada la importancia que tiene para Brasil el posicionamiento que tomará Cristina Fernández en función de aplacar el descontento de los países vecinos respecto al comportamiento de Brasil. Asimismo, deberá buscar un camino intermedio entre el radicalismo de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, y la discreción de otros, para generar un plan de acción pragmático y eficaz a fin de consolidar la integración latinoamericana. Todo depende de que las futuras relaciones con Brasil sigan dando buenos frutos.
Diario Hoy de Ecuador (www.hoy.com.ec)
Su creación fue idea de Chávez secundada por Kirchner; Correa y Morales se adhirieron después. En cambio, Brasil y Paraguay lo hicieron después de algunos meses de indecisión, mientras Chile y Perú han mantenido prudente distancia y manifestado cero entusiasmo por participar en él. Sus promotores lo justifican como una respuesta al FMI, BID y al Banco Mundial, que han sido los proveedores tradicionales de financiamiento para los gobiernos y proyectos de la región. Se supone que persiguen independencia de quienes han sido monitores del comportamiento macroeconómico y políticas que favorecen un manejo disciplinado de las cuentas fiscales, privilegian el crecimiento económico, la libertad de comercio y las políticas neoliberales en la región.
El Banco del Sur ha sido llamado eufemísticamente “el FMI sudamericano”, que no rendirá cuenta a los organismos del norte ni a los intereses de los Estados Unidos. La inversión extranjera no es conveniente ni bien recibida si proviene del norte; en cambio sí lo es, si proviene de Venezuela o Irán, el nuevo aliado de Chávez en su enfrentamiento con Bush. La sede del proyecto será Caracas y se regirá mediante un directorio de 12 miembros.
Las realidades económicas nunca han tenido ideología, menos después de la caída del muro de Berlín o la apertura de China Comunista a la globalización y a la propiedad privada. Participar en calidad de acólitos, en una lucha ideológica de oposición a Washington, es un lujo para un país pequeño y pobre como el Ecuador. El tamaño de nuestra economía, las necesidades y prioridades de nuestro incipiente desarrollo no nos permiten participar en aventuras o peleas ajenas a nuestra realidad. Nuestra participación y riesgo deberían reducirse a una mínima expresión.
Esperemos no llegar al extremo de comprometer nuestras modestas reservas o los depósitos de liquidez de los bancos privados. Constituiría un riesgo excesivo que ojalá nunca tengamos que lamentar. El proyecto del Banco del Sur es una nueva y costosa burocracia internacional, de resultados muy inciertos. De llegarse a concretar su ejecución tendrán que pasar algunos años de adecuado desempeño y eficiente manejo, para vaticinar un final feliz.
Los gobiernos de Venezuela y Argentina disputarán el liderazgo de la institución. Ellos difícilmente administran bien sus propios recursos. Ambos, con sus políticas equivocadas y demagógicas, incuban desde ya, mayor atraso, pobreza y futuras crisis para sus respectivas economías. Igual suerte tendrá la institución, especialmente si es administrada con el mismo autoritarismo que manejan sus propios países.
La factibilidad y éxito de ese proyecto dependerá de la credibilidad que sean capaces de lograr en los mercados internacionales. Hasta el momento ha sido casi nula. Cuando tengan que captar fondos, muy difícilmente lo lograrán, menos prestarlos a tasas menores que los organismos que pretenden reemplazar. El tiempo lo dirá.
DETIENEN A BOLIVIANO CON 20 KILOS DE MARIHUANA EN IQUIQUE
Personal del OS-7 de Carabineros de Iquique detuvo a un ciudadano boliviano que transportaba 20 kilos de marihuana en un bolso de viaje.
La diligencia se concretó gracias a informaciones proporcionadas por la ciudadanía a través del fono 135, quienes denunciaron que el extranjero se encontraba transando droga en la vía pública. De esta forma, los carabineros se constituyeron en el sector de la calle Galvarino, observaron los movimientos del sospechoso y tras ello, le realizaron un control de identidad. Al chequear un bolso de viaje que portaba el boliviano, hallaron en su interior 20 paquetes con alucinógeno, que se encontraban listos para ser comercializados.
El detenido fue identificado como José Rosendo Mamani (34 años), soltero, quien había ingresado la droga a Chile por pasos ilegales, quedando a disposición del Ministerio Público para ser formalizado.
El comandante Alvaro Fuenzalida, jefe operativo del control de drogas de la zona norte, explicó que las informaciones aportadas por la comunidad fueron fundamentales para lograr la incautación de la droga y lograr la aprehensión del traficante. "Instamos a la ciudadanía que nos sigan entregando antecedentes respecto a personas o sitios dedicados a la venta de droga. La detención de este extranjero y la marihuana decomisada, fue producto de la labor de la comunidad y la acción de Carabineros", aseguró.
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 artículo 318
 artículo 398
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 artículo 368
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 artículo 97
 artículo 107
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