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Mariano Ramos Molina
1 GACETA it, ' Da 11 I Alffila ^ " a ~ WRIL a II a lb...49 \,(orn un UtL UVISILKNIJ ESTADO DE MÉXICO Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México REGISTRO DGC NUM CAFtACTERISTICAS Manan Matamoros Sur No. 308 C.P Tomo XC11 A:202/3/001/02 Númer de ejemplares impresos: 500 Toluca de Lerdo, Méx., martes 15 de noviembre de 2011 No. 93 SUMARIO: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NUMERO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO DEL ESTADO DE MEXICO. EXPOSICIONES DE MOTIVOS. DICTAMEN. "2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO" SECCION CUARTA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ERUVI L AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: Que la egislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: DECRETO NÚMERO 375 LA H. LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECR TA: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MÉXICO CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES PRELIMINARES Artícul I.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de México y tiene por objeto reglame tar el procedimiento de extinción de dominio en el Estado de México, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política e los Estados Unidos Mexicanos. AArtícul 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Biene Las cosas materiales, los derechos reales y personales, así como sus objetos, frutos y productos que no se encuentren excluido del comercio y sean susceptibles de apropiación; II. Hec ilícito: El conjunto de circunstancias fácticas que actualizan los elementos objetivos o externos que constituyen la materiali ad de un hecho que la ley señale como cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley, así C01110 S s elementos normativos, aún cuando no se haya determinado a sus autores y partícipes ni el grado y forma de nte rven ión de cada uno; y III. Juez: Al juez especializado en materia de extinción de dominio. Artícul 3.- El procedimiento de extinción de dominio se regulará conforme a lo establecido en esta Ley y, en lo no previsto por la m sma, por los ordenamiento t legales siguientes:2 Página 2 cace -rsa CC» EIL 11 'W R 4=> 15 de noviembre de 2011 En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; En el juicio de extinción de dominio, por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; En lo relativo a la descripción de los elementos de los hechos ilícitos por los delitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley; por el Código Penal del Estado de México; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaría de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Salud y demás ordenamientos en que aparezcan los tipos penales correspondientes; y En los aspectos relativos a la regulación de bienes y obligaciones, a lo dispuesto por el Código Civil del Estado de México. En el procedimiento de extinción de dominio se respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al demandado, terceros afectados, victimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer su defensa, presentar p ruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás actos procedimentales que estimen convenientes. Artículo 4.- La información que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extinción de dominio, será reservada hasta que la resolución que se emita en el mismo cause ejecutoria. La información a que se refiere el párrafo anterior podrá continuar en reserva aún después de que la resolución judicial haya causado ejecutoria, en los casos en que, de hacer pública la información, pueda ponerse en riesgo la investigación de delitos o la eficacia de medidas cautelares impuestas en procedimientos penales, así como por cualquiera otra de las causas que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. En estos casos, el sujeto obligado conforme a la Ley referida, deberá emitir el acuerdo correspondiente, debidamente fundado y motivado. CAPÍTULO II DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 5.- La extinción de dominio es la pérdida de derechos sobre los bienes a que se refiere el articulo 7 de esta Ley, sin compensación o contraprestación alguna para su dueño o quien se ostente o comporte corno tal. El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y es autónomo, distinto e independiente de cualquier otro de materia penal que se haya iniciado simultáneamente, del que se haya desprendido o tuviere su origen en el mismo. La acción de extinción de dominio es de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. Artículo 6.- La extinción de dominio es procedente cuando se reúnan los supuestos siguientes: I. Que se acredite cualquiera de los hechos ilícitos que a continuación se indican, aún cuando no se haya determinado la identidad o responsabilidad de sus autores o partícipes: Delincuencia organizada, previsto en el artículo 178 del Código Penal del Estado de México; Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, en los casos del ejercicio de b competencia concurrente a que se refiere el artículo 474 de dicha Ley; c) Secuestro, previsto en los artículos 9, 10, I I, 12, 13, 14 y 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artículo 23 de dicha Ley; cl) Robo de vehículos, previsto en los artículos 287, 290 fracciones V y XIV y 292 del Código Penal del Estado de México; y e) Trata de personas, previsto en los artículos 268 bis y 268 bis I del Código Penal del Estado de México. II. Que los bienes respecto de los cuales se ejercite la acción de extinción de dominio, se ubiquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta. Ley. Artículo 7.- La acción de extinción de dominio se ejercitará respecto de los bienes relacionados con los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6, fracción I. de esta Ley, en cualquiera de los supuestos siguientes: Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; Aquéllos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior.3 CACE -ra 15 d noviembre de 201 I rn cosieenact Página 3 Se en nderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito, y por mezcla de bienes la suma o aplicación de dos o más bienes: A uéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo not icó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y A uéllos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de del tos y el indiciado por los mismos se comporte como dueño. Se entiende que los bienes son producto de cualquiera de los hecho ilícitos a que se refiere el artículo anterior, cuando su propietario, titular o quien se ostente como dueño no pueda demo trar su procedencia licita. Cualq ier persona podrá presentar denuncia ante el Ministerio Público, sobre la existencia de bienes que puedan ubicarse en los supue tos que establece este artículo. En su caso, el denunciante deberá describir los bienes y su ubicación, así como exponer las razon s por las que considere que se actualizan los supuestos referidos. Toda ersona que en los términos antes señalados presente denuncia, tendrá derecho a que se guarde absoluta secrecía respe o de sus datos personales y, en su caso que se le otorguen las medidas de protección que establecen las disposiciones legale aplicables. Artíc lo 8.- La extinción de dominio no procederá respecto de bienes que hayan causado abandono en términos de las normas aplica les y aquéllos que hayan sido decomisados por resolución firme de autoridad judicial competente. La ab olución del inculpado en el proceso penal o la falta de imposición de la pena de decomiso, no prejuzgan sobre la legiti idad de bien alguno ni excluye el ejercicio de la acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público. La se tencia por la que se declare improcedente la extinción de dominio no prejuzga sobre las medidas cautelares que se impon n durante el procedimiento penal. La rnu rte del propietario de los bienes o de quienes se ostenten o comporten como dueños, no cancela ni excluye la acción de extinc ón de dominio. Artíc lo 9.- Cuando se determine la improcedencia de la acción de extinción de dominio, procederá la restitución de los bienes siempre que se acredite la propiedad sobre los mismos y su procedencia lícita y, en su caso, la imposibilidad para conocer su util ación ilícita. Artíc lo 10.- Cuando los bienes se hayan consumido, transformado, convertido en otros bienes, se hayan mezclado con bienes adquir dos lícitamente, no puedan ser localizados o individualizados, procederá la extinción de dominio respecto de otros tantos hasta or el valor equivalente. CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO SECCIÓN PRIMERA DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA Artíc lo II.- Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: El a tor, que será el Ministerio Público; El emandado, que será el dueño de los bienes o quien se ostente o comporte como tai, así como los titulares de derechos reales obre los mismos; y El ercero afectado, que será todo aquél que considere tener derechos sobre los bienes que puedan resuitar afectados en el proce imiento de extinción de dominio y acredite tener interés jurídico. El de andado y tercero afectado podrán actuar por sí o por conducto de sus representantes legales, en los términos de la legisla ión aplicable. En cualquier caso los efectos procesales serán los mismos. Artíc lo 12.- El Poder Judicial del Estado de México contará con jueces especializados en extinción de dominio. El Consejo de la Judi atura determinará el número y competencia territorial de los mismos. La Pr. uraduría General de Justicia podrá contar con Unidades Especializadas en materia de extinción de dominio, en términos de los acuerdos que emita el Procurador para tal efecto, las cuales deberán coordinarse con las demás unidades administrativas de la 1 stitución; lo anterior no limita las facultades del Ministerio Público a cargo de las investigaciones correspondientes.4 Página 4 GACETA EYEL 006iie RN0 15 de noviembre de 2011 SECCIÓN SEGUNDA DE LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 13.- En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público ejercerá las atribuciones siguientes: 1. Recabar copia de las constancias, diligencias y actuaciones que se hayan realizado con motivo de la investigación de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley; II. Solicitar a los órganos jurisdiccionales copia de los expedientes y actuaciones de los procedimientos penales en que intervengan con motivo de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley; 111. Recabar del Ministerio Público de la Federación y demás instancias federales, así como de las autoridades estatales y municipales y de otras entidades federativas, copia de los expedientes, registros, actuaciones, constancias y demás información que tengan, que sea útil para acreditar los hechos ilícitos y supuestos de extinción de dominio en los términos de esta Ley; Recabar los medios de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción de extinción de dominio, respecto de los bienes de que se trate; Realizar las diligencias de investigación necesarias para identificar y localizar al dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, o quien se ostente o comporte como tal, así como a los terceros afectados; y VI. Las demás que señale esta Ley, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otros ordenamientos aplicables, para sustentar la acción de extinción de dominio. Artículo 14.- El Procurador General de Justicia del Estado de México y los servidores públicos en quienes delegue la facultad, podrán solicitar información y documentos sobre los depósitos, servicios y en general, operaciones que las instituciones del sistema financiero celebren con sus clientes, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como información de naturaleza fiscal, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, y demás entidades que resulten competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio Público deberá formular la petición respectiva, exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la información y documentos correspondientes, y la remitirá al Procurador General de Justicia del Estado de México o al servidor público que corresponda. Cuando se tenga identificada la institución financiera, el número de cuenta o la operación o servicio de que se trate, así como el cuentahabiente o usuario respectivo y demás elementos que permitan su identificación plena, el Ministerio Público podrá solicitar al juez que emita la orden de requerimiento de información y documentos directamente a la institución financiera de que se trate. Artículo 15.- En caso de que deban ser practicadas diligencias fuera de la jurisdicción territorial del Estado de México, el Ministerio Público requerirá la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa de que se trate y de la Procuraduría General de la República, en términos de los convenios y acuerdos correspondientes. En los casos procedentes se librarán los exhortos y rogatorias correspondientes. Artículo 16.- Cuando los bienes se encuentren en el extranjero, el Ministerio Público formulará la solicitud de asistencia jurídica internacional que resulte necesaria para la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, en términos de los instrumentos jurídicos internacionales de los que México sea parte. En estos casos, se requerirá el auxilio de las autoridades federales competentes. Artículo 17.- El Ministerio Público, una vez recabada la información, documentos y medios de prueba correspondientes, formulará el proyecto de demanda, y someterá el asunto a consideración del Procurador General de Justicia del Estado de México o del servidor público en quien delegue esta facultad; éste autorizará la presentación de la demanda de extinción de dominio ante la autoridad judicial competente, o bien, en los casos en que se estime procedente, ordenará la práctica de diligencias complementarias o el archivo del asunto. El Procurador General de Justicia expedirá los acuerdos necesarios en materia de investigación y actos preparatorios para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, en los cuales se establecerán los plazos y términos para tales efectos.5 15 de noviembre de 2011 GACE "1-40% [DEL OCID Ft. FIL1'1o Página 5 SECCIÓN TERCERA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Artíc lo 18.- El juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la cons rvación de los bienes, evitar que sufran menoscabo o deterioro económico, impedir que sean ocultados o mezclados o que se ealice cualquier acto traslativo de dominio. Las me idas cautelares podrán consistir en: El as guramiento de los bienes o, en su caso, la ratificación del aseguramiento que se hubiere practicado por el Ministerio Públic o el Juez de Control, durante el procedimiento penal; El bargo precautorio de bienes, así como de los recursos que se encuentren depositados en instituciones del sistema financi ro y de títulos de valor. Cuando no sea posible la retención material de los títulos, se girará orden por la que se prohíba su pag y el ejercicio de cualquier derecho que derive de los mismos; La esignación de interventores o administradores de empresas, negociaciones, sociedades mercantiles, asociaciones civiles y cualqui r tipo de persona jurídica colectiva; La rohibición de la transmisión de derechos parcelarios; y V. Las emás que establezca la legislación vigente o que el juez considere necesarias para el cumplimiento de los fines a que se refiere I párrafo primero de este artículo. Artícu o 19.- Las medidas cautelares dictadas por el juez serán inscritas en el Instituto de la Función Registr-al, cuando se trate de bie s inmuebles o de bienes y derechos de personas jurídicas colectivas. Asimismo, se informará de las medidas cautelares impues s a otros registros e instancias, federales o locales, cuando resulte procedente conforme a las disposiciones aplicables. El des natario de las medidas cautelares que imponga la autoridad judicial no podrá ofrecer garantía para obtener su levanta énto. Artícu o 20.- El juez designará al depositario de los bienes, el cual será preferentemente alguna dependencia del Ejecutivo Estatal la autoridad municipal competente. En cualquier caso, el depositario deberá rendir cuentas a la autoridad judicial sobre el esta.o y medidas que adopte para la adecuada conservación de los bienes. En los asos en que el juez designe interventores o administradores de empresas, negociaciones, sociedades mercantiles o person s jurídicas colectivas, ordenará a éstos que realicen las acciones necesarias para la continuidad de su operación, siempre que se trate de actividades lícitas, asi como para conservar las fuentes de empleo. En cualquier caso, el interventor o adminis rador únicamente estará obligado a rendir cuentas de las medidas que adopte a la autoridad judicial, cuando ésta lo requier. Tratán ose de derechos agrarios, deberá informarse al Registro Agrario Nacional y las autoridades competentes en la materia, a fin de ue, en el ejercicio de sus funciones, tomen las medidas pertinentes para evitar que se realicen acciones contrarias a la medida cautelar impuesta. Artícu o 21.- El dinero en efectivo y los títulos de crédito y bursátiles serán depositados en instituciones financieras, en las cuentas respectivas, que generen rendimientos a tasas comerciales, previa autorización judicial. Artícu o 22.- Los bienes perecederos, fungibles y muebles susceptibles de pérdida o deterioro, así como los de costoso manten miento, serán enajenados en subasta pública al mejor postor, previa autorización judicial. El producto de la venta será deposi do, en los términos del articulo anterior. En los asos en que no sea posible enajénar los bienes a que se refiere el párrafo anterior, cuando así lo determine la autoridad judicial, a petición fundada y motivada del Ministerio Público, podrán ser donados a instituciones públicas o privadas de asistencia social dependencias y órganos de la administración pública estatal y municipal, para su aprovechamiento en beneficio de la socieda El Proc rador General de Justicia del Estado de México emitirá los lineamientos administrativos necesarios, para la eficaz y adecua a aplicación de las hipótesis previstas en este artículo. Artícu o 23.- Desde el momento en que la autoridad judicial acuerde la imposición de medidas cautelares, no podrán enajena se o gravarse los bienes, ni serán transmisibles por herencia o legado, salvo en los casos a que se refiere el artículo anterio Artícu 24.- Durante la sustaniniación del procedimiento, se podrá solicitar la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes obre los que se haya ejercitado la acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre I s que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento.6 Página 6 GACETA L RNO 15 de noviembre de 2011 Artículo 25.- Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, misma que tendrá el carácter de preferente sobre cualquier otra decretada previamente. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o queden sin efecto, subsistirá la medida acordada por el juez, quien podrá modificar las condiciones de custodia y administración de los bienes. Articulo 26.- Las medidas cautelares serán acordadas por el juez desde el auto en que admita la demanda; si no tuviere elementos suficientes para hacerlo, deberá decretarlas en la etapa más próxima del procedimiento y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. Contra la resolución que ordene o niegue medidas cautelares, procederá el recurso de apelación que se admitirá únicamente en efecto devolutivo. SECCIÓN CUARTA DEL PROCEDIMIENTO Artículo 27.- La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previa autorización a que se refiere el artículo 17 de esta Lev, y deberá contener los requisitos siguientes: 1. El juzgado competente; Identificación de los bienes cuya extinción de dominio se demanda, señalando el lugar en que se encuentren y, en su caso, quienes funjan con depositarios, interventores o administradores; Copia de los documentos pertinentes que se hayan integrado en la investigación del hecho ilícito de que se trate y, en su caso, de las constancias del procedimiento penal respectivo; La relación de los hechos y de los razonamientos lógico jurídicos por los que se establezca que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, así como de las pruebas ofrecidas; De existir, constancia del aseguramiento ordenado por el Ministerio Público y, en su caso, la ratificación que del mismo hubiere hecho el Juez de Control en el procedimiento penal; Valor estimado de los bienes y, tratándose de bienes inmuebles, constancia de inscripción en el Instituto de la Función Registral y certificado de gravámenes; Nombre y domicilio del demandado, así como de los terceros afectados; si todos éstos estuvieren identificados; La solicitud de imposición de medidas cautelares en los términos que establece esta Ley; y Petición de extinción de dominio sobre los bienes materia de la acción y demás prestaciones que se demanden. La demanda deberá tener una relación de los hechos y de los razonamientos lógico jurídicos por los que se establezca que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. Junto con la demanda deberá hacerse el ofrecimiento de las pruebas respectivas. En el caso de documentos, el actor deberá adjuntarlos al escrito inicial, o bien, señalar el archivo en que se encuentren o la persona que presumiblemente los tenga en su poder. a fin de que puedan ser requeridos por la autoridad judicial. Artículo 28.- El juez tendrá setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas, así como respecto del otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas. Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del auto que ordene la prevención. Aclarada la demanda, el juez la admitirá o la desechará de plano. Contra el auto de admisión o desechamiento de la demanda, es procedente el recurso de apelación con efecto devolutivo. Artículo 29.- El auto de admisión de la demanda será notificado de acuerdo a las reglas que a continuación se detallan: I. Personalmente a los demandados y a los terceros afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio, de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;7 GACE 11-^ de rioviembre de CDEL COSIEFONIO Pagina 7 El no ificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia del auto admisorio, de la demanda y de los documentos base de la ac ión. recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia, asentando los datos d I documento oficial con el que se identifique. Asimismo, en el acta de notificación constarán los datos de identificación del noti cador que la practique; De n encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, o habiéndose negado a recibirla o firmarla, la notificac ón se hará en los términos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Se levan rá acta circunstanciada de las diligencias de notificación que se practiquen. El juez podrá habilitar personal del juzgado para pra ticar notificaciones en días y horas inhábiles; II. Cua do hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo, se ignore donde se encuent a o su identidad, la notificación se realizará por edictos, en los términos de lo dispuesto por el Código de Procedi ientos Civiles del Estado de México y por internet. En este último caso, la Procuraduría General de Justicia deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. Cuando los bienes materia de la acción de extinción de dominio sean inmuebles, el juez ordenará la fijación de cédula en cada uno de llos e informará al Instituto de la Función Registral para que se realicen las anotaciones respectivas. La únic notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los tér inos de la presente Ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. Artícul 30.- En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio, el juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. Artícul 31.- Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de domini deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de aquél en que haya tenido conoci íento de la acción, a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. El juez solverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y, en su caso, autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. Contra auto que niegue la legitimación procesal del afectado, procederá recurso de apelación, que será admitido en efecto devoluti o Artícu 32.- Desde la contestación de la demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio, el demandado y tercero afectad deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del juez que conozca del asu to Artícu 33.- El demandado y tercero afectado contarán con el plazo de nueve días hábiles para contestar la demanda y ofrecer pruebas contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. El escri o de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado y, en el caso del tercero afectad, los argumentos tendientes a que les sean reconocidos sus derechos sobre los bienes materia de la acción de extinción de dom nio. Artícu o 34.- El demandado y los terceros afectados que lo soliciten, deberán ser asesorados y representados por el Instituto de la D fensoría Pública del Estado de México, de conformidad con la Ley de la materia. SECCIÓN QUINTA DE LAS PRUEBAS Y AUDIENCIA DE DESAHOGO Artícu o 35.- Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o desecharán, según sea el caso en el auto en que se tengan por presentadas; si es necesario, se ordenará su preparación, y se desahogarán en la audienc a. El auto ue deseche pruebas podrá ser recurrido en el efecto devolutivo. Artícu o 36.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, siempre que no sean contrarias a derecho y tengan relación con el proc dimiento de extinción de dominio. En el c o del demandado, las pruebas que ofrezca deberán ser las conducentes para acreditar:8 Página 8 GACETA 15 de noviembre de 201 I FtriC> La inexistencia del hecho ilícito de que se trate, en los términos a que se refiere el artículo 6, fracción 1. de esta Ley; La falta de actualización de los supuestos de extinción de dominio a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; y III. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se haya ejercitado la acción de extinción de dominio, su actuación de buena fe y, en su caso, que se encontraba impedido para conocer la utilización ilícita de los bienes. Los terceros afectados ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, así como la procedencia lícita de sus bienes, su actuación de buena fe y que estaban impedidos para conocer la utilización ilícita de dichos bienes. El Ministerio Público ofrecerá las pruebas conducentes para acreditar cualquiera de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6, fracción 1, de esta Ley, y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos del artículo 7, de esta ley. Asimismo, podrá ofrecer pruebas que permitan establecer la actuación de mala fe del demandado y, en su caso, que tuvo conocimiento de la utilización ilícita de los bienes y que, no obstante, no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Artículo 37.- Si las partes no tuvieren a su disposición los documentos que acrediten lo que a su derecho convenga, designarán el archivo o lugar en que se encuentren los originales, y la acreditación de haberlos solicitado para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos. En los casos a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, el juez acordará el requerimiento de la información financiera correspondiente a la institución de que se trate, así como a las autoridades competentes reguladoras del sistema financiero, las que deberán remitirla en el plazo de diez días naturales, o bien, en los términos que establezcan las disposiciones legales que las regulen. Artículo 38.- El demandado y tercero afectado pcdrán ofrecer como prueba copia de actuaciones de averiguaciones previas o de carpetas de investigación, así como de procesos penales, por conducto del juez. En estos casos, el juez deberá cerciorarse de que las actuaciones ofrecidas tengan relación con el juicio de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. El juez podrá ordenar que las constancias admitidas sean resguardadas, fuera del expediente. para preservar su secrecía, pero en todo caso garantizará que las partes tengan acceso a las mismas. En caso de que se ofrezcan constancias de procedimientos penales que se instruyan en otras entidades federativas o en el ámbito federal, podrán ser requeridas mediante exhorto o rogatoria, en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo 39.- Tratándose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los dictámenes, se nombrará perito tercero, preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Artículo 40.- La presentación del testigo, es responsabilidad del oferente de la prueba testimonial, a menos que manifieste no poder, por sí mismo, hacer que se presente, en cuyo caso el testigo será citado por el juez, bajo apercibimiento de apremio si no se presenta sin justa causa. Los testigos que comparezcan y se nieguen a rendir testimonio serán apremiados por el juez, en términos de las disposiciones legales aplicables. Artículo 41.- Concluidos los términos para que comparezcan las partes y una vez preparadas las pruebas que así lo requieran, el juez dictará auto en el término de tres días hábiles, en el que acordará la fecha para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, la que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes. La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, así como los testigos o peritos cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca La falta de asistencia de los peritos o testigos que el juez haya citado para la audiencia tampoco impedirá su desahogo, pero se impondrá a los faltistas debidamente citados una multa de hasta cien días de salario mínimo. El juez podrá suspender la audiencia y citar para su continuación dentro de un plazo no menor de tres ni mayor de diez días hábiles, en los casos estrictamente necesarios. Concluida la etapa de desahogo de pruebas, se abrirá la de formulación de alegatos, los que podrán ser verbales o por escrito. Artículo 42.- El juez podrá declarar desierta la prueba ofrecida cuando el oferente no haya cumplido con los requisitos impuestos a su cargo para su admisión, o bien, sea materialmente imposible su desahogo. SECCIÓN SEXTA DE LA SENTENCIA Artículo 43.- Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artículo 41 de esta Ley, y presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello, el juez dictará sentencia dentro de los ocho días hábiles siguientes. Mostrar más
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