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DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA EFECTIVA-Es violado por una Corporación judicial cuando se niega a conocer de fondo una acción de tutela/DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Competencia de la Corte Constitucional para conocer Cuando el derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado por una corporación judicial al negarse a conocer de fondo una acción de tutela, el reclamo se puede presentar ante otra autoridad judicial. Específicamente, en el Auto 04 de 2004, la Corte Constitucional estableció la regla según la cual, cuando la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias, la persona afectada puede (i) ‘presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia.’ Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a establecer una segunda alternativa para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona afectada también puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.’ Estas reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en casos similares, en los cuales el Consejo de Estado desconoció el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna persona. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas de procedencia y procedibilidad conforme a la sentencia C-590/05
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad. FUERO ESPECIAL DE CONGRESISTA-Naturaleza y finalidad
Esta institución se ha considerado como: a) el cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto del juicio penal que logra la realización de los objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho; b) la razón de ser del fuero especial es la de servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero; iii) la existencia del fuero garantiza la independencia e imparcialidad del juez en el proceso; (iv) el fueron no entraña un privilegio personal establecido en favor de los aforados. DEBIDO PROCESO EN JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA ALTOS DIGNATARIOS-Reiteración de jurisprudencia/JUICIOS DE UNICA INSTANCIA NO IMPLICAN DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico, por cuanto valoración de la prueba se encuentra dentro del margen de una interpretación razonable en proceso de juzgamiento del delito de concierto para delinquir de Ex congresista Referencia: expediente T-3258107
1.1. El demandante, señor Humberto Builes Correa se inscribió como segundo renglón de una lista para el Senado de la República, encabezada por el señor Rubén Darío Quintero Villada, en la contienda electoral para la conformación del Congreso de la República, correspondiente al período 2002-2006. Se indica en los antecedentes del proceso penal que dicha lista tuvo como aliado al Movimiento Político Regional de Urabá denominado “Por una Urabá Grande Unida y en Paz” en el cual se camuflaron los grupos paramilitares con asiento en la zona, y que operaba bajo la dirección de Fredy Rendón Herrera (a. Alemán). 1.2. Posteriormente se presentó a las elecciones para Congreso de la República, llevadas a cabo en el año 2006, como aspirante a una curul en el Senado de la República por el partido cambio radical, sin que hubiese obtenido los votos necesarios para salir electo.
1.3. No obstante, el 3 de septiembre de 2006 el señor Builes Correa se posesionó como Senador de la República, en reemplazo del congresista Luís Carlos Torres Rueda quien renunció a su curul. Por tal virtud, el ahora demandante quedó amparado por el correspondiente fuero para el juzgamiento en materia penal. 1.4. El 8 de abril de 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra del Senador Humberto de Jesús Builes Correa, y ordenó su vinculación y captura. Oído en indagatoria, el día 16 del mismo mes y año fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el inciso 2° del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.
1.9.1. Para fundamentar la reasunción de la competencia la alta Corporación – en posición mayoritaria – reiteró su postura actual sobre el fuero de los ex congresistas que renuncian a la curul:
“En este orden de ideas y de acuerdo con la nueva hermenéutica asumida por la mayoría de los integrantes de la Sala respecto de los alcances del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política en cuanto a la competencia que le asiste a la Corte para conocer de los delitos funcionales inherentes al cargo; esto es que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, o que en el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones” (Se destaca).
(…) [E]l parágrafo del artículo 235 de la Constitución no establece que las conductas a través de las cuales se dota de competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista sino que simplemente que ¨tengan relación con las funciones desempeñadas¨, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter críminis pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse y agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales”.
“[N]o hay duda para afirmar que el cargo atribuido al señor Builes Correa consistente en haberse asociado con grupos de autodefensa para que la lista de su movimiento político pudiera conseguir con su ayuda una curul en el Congreso, encaja dentro del género de aquellas conductas punibles vinculadas con la función, por cuanto ¨el vínculo de congresistas con los miembros de las autodefensas unidas de Colombia, no contaba con pretensión diversa a la de aportar cada uno lo que le correspondía para trabajar conjuntamente con el propósito común. Unos a partir de sus destrezas, otros con su capacidad económica o delincuencial; algunos, desde el ejercicio de su condición de servidores públicos dada su representanción [d]el pueblo y dentro del ámbito de sus competencias regladas, específicamente su función legislativa. Y, esto último, en cuanto constituía propósito medular de los cabecillas de la organización infiltrar todas las instancias del Estado.¨”
“(…) La razón del fuero nada tiene que ver con que deba coincidir el período constitucional desempeñado por el congresista con el momento en que la Corte asume el conocimiento del asunto, pues lo sustancial para definir este tema radica en establecer si la conducta o conductas punibles atribuidas tienen o no relación con la función cuando el senador o representante ha cesado en su actividad congresional, y en esa medida basta con afirmar que el señor Humberto de Jesús Builes Correa asumió la curul en el Senado de la República para el período 2002-2006, período durante el cual se le acusa de haber tomado parte en un proceso electoral donde se hicieron acuerdos con grupos de autodefensas dirigidos a allanarles la posibilidad de acceder al ámbito de la política mediante la figura de colocar aliados suyos en cargos de representación popular”.
2. La demanda de tutela. El ex congresista Humberto de Jesús Builes Correa, manifiesta en la demanda de tutela, que la sentencia de única instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su contra es violatoria del debido proceso toda vez que: (i) Se profirió sin que el tribunal de casación tuviera competencia sobre el asunto; (ii) se conculcó el derecho al debido proceso y a la defensa por habérsele privado de la doble instancia; haberse condenado sin que existiera prueba sobre la conducta, y desconocido el principio de imparcialidad del juzgador.
Estima que tales actuaciones configuran un defecto orgánico, toda vez que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no era la competente para juzgar al ex Senador Humberto Builes Correa; un defecto fáctico, por cuanto en el proceso no existe prueba, conforme al artículo 232 del C. de P.P. que lleve a la certeza de que el procesado hubiese incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado; y una violación directa a la Constitución (debido proceso) comoquiera que el proceso se tramitó en única instancia, y no se garantizó el principio de imparcialidad del juez. A través de los mencionados defectos se habrían vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la garantía de impugnación del fallo condenatorio, a la imparcialidad del juez, y a ser juzgado por un tribunal competente.
Al respecto señala que el fuero especial para congresistas está regido por los artículos 186 y 235 de la Constitución Política. De acuerdo con estos preceptos, la competencia exclusiva para investigar y juzgar los delitos que cometan los congresistas, reposa en la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los siguientes criterios: a). El criterio personal que garantiza que quien ostente la dignidad de congresista sólo puede ser detenido, investigado o juzgado por la máxima instancia de la justicia ordinaria; b) el temporal, que limita dicho fuero a los hechos delictivos cometidos durante el ejercicio de las funciones como congresistas. c) El parágrafo del artículo 235 C.P. establece un tercer criterio, como excepción al temporal, conforme al cual la Corte Suprema de Justicia conserva la competencia para investigar y juzgar a los congresistas, incluso con posterioridad a la cesación del cargo, pero siempre y cuando dichos delitos tengan relación con las funciones desempeñadas.
El concepto de “funciones desempeñadas” a juicio del actor, se contrae a aquellas relacionadas con “debatir y votar proyectos de ley o de acto legislativo y citar a funcionarios para control político”. De modo que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para investigar o juzgar a los congresistas que hagan dejación del cargo, cuando los hechos punibles por los que se les investiga sean comunes y no guarden relación con la función desempeñada.
En el caso del ex congresista Builes Correa, destaca el actor, los hechos por los cuales fue investigado y juzgado ocurrieron en los años 2001 y 2002, época en la que el investigado no ostentaba la calidad de congresista, y además los hechos no guardan relación alguna con la función del legislador. Por ende la Corte Suprema de Justicia no era competente para investigarlo y juzgarlo. Sin embargo, el 17 de agosto de 2010, contrariando el concepto del Ministerio Público, dicha corporación decidió condenar a Humberto de Jesús Builes Correa por el delito de concierto para delinquir agravado, por unos hechos sucedidos en el año 2001 y 2002, época en la que el procesado no era senador, no se encontraba domiciliado en el país, y no había aspirado al Senado como titular sino como segundo renglón en una lista por el partido cambio radical. 2.2. Cargos por violación del debido proceso Fundamenta el demandante la violación de esta garantía constitucional en tres situaciones: (i) El trámite del proceso en única instancia; (ii) Ausencia de la garantía de imparcialidad; (iii) La imposición de una condena sin que obrara prueba que conduzca a la certeza sobre la conducta; (i) Cargo por violación del debido proceso por ausencia de doble instancia
Reitera igualmente su planteamiento acerca de lo que considera una violación al debido proceso originada en que el proceso se hubiere tramitado en única instancia. 3. Decisiones objeto de la tutela El demandante solicita que se ampare el derecho fundamental al debido proceso de Humberto Builes Correa, y que en consecuencia “se declare la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”. No obstante, los hechos de la demanda y los cargos que formula hacen referencia a la totalidad de la actuación surtida en esa corporación dentro del proceso radicado bajo el número 26.585 en contra Humberto de Jesús Builes Correa, por el delito de concierto para delinquir agravado.
3.1.2.1. “La intromisión de grupos paramilitares a través del movimiento político ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨ en las elecciones del Congreso de la República del año 2002 fue una realidad incontrastable, de donde se saca que quienes obtuvieron puestos en la Corporación Legislativa a través de esa colectividad no lo hicieron a través de las reglas de la democracia, a ¨voto limpio¨ como se dijo con insistencia durante la audiencia pública; esas curules estuvieron contaminadas delictivamente, por que fueron conseguidas mediante un poder militar de facto, que despojó de derechos políticos a toda una masa poblacional, coartada en su libertad de elegir y ser elegidos”. 3.1.2.2. El movimiento político ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨, en el cual se camuflaron los grupos paramilitares con asiento en la zona, operaba bajo la dirección de Fredy Rendón Herrera (a. Alemán). Este individuo, quien declaró como testigo en la investigación penal, refiere que no hizo presencia en los cascos urbanos donde se llevaba a cabo las votaciones, con sus hombres armados y uniformados, pero sí influyó determinantemente ese proceso, desde sus campamentos: “Yo soñaba y vibraba con eso …Cuando comenzamos a trabajar el proyecto ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨ (…) muchos me acompañaban en ese sueño (…) motivábamos a la gente a votar para defender la institucionalidad, armados pero con vocación transitoria, ellos mismos se escogían pero yo estaba ahí”.
3.1.2.3. Humberto de Jesús Builes Correa, “se situó dentro de ese colectivo y tomó sus banderas haciendo política asido a fines comunes, promovió socialmente esos grupos armados ilegales”. (…) El movimiento ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨ era del seno paramilitar y el ex senador Builes Correa como integrante de la ¨Nueva Forma de Hacer Política¨ hizo causa común con él. Uniendo fuerzas lograron victorias electorales que significaron la asunción de grupos armados ilegales a posiciones de poder dentro de la estructura del Estado, justo en el Congreso de la República, epicentro de las más importantes decisiones políticas”.
Esta alianza es corroborada con la versión libre de Quintero Villada quien sostuvo que el ex senador Builes Correa, quien le secundaba la aspiración al Senado de la República, tenía arraigo político y empresarial en esa región “y fue él quien me motivó a hacer política en esa región (…) allá el trabajo político lo hacía él en la zona (…) cuando se decidió el aval nuestro en la última semana de enero (…), él se dedicó a trabajar en la región casi de manera permanente”. Igualmente Claudia María Angarita Gómez, quien manejó la información financiera de la campaña al Senado de la República de la lista encabezada por Rubén Darío Quintero, indicó que Builes Correa “era la persona que se movía en esa región, teniendo acogida electoral porque había sido diputado a la Asamblea Departamental, asumiendo su representación”.
Por su parte el testigo César Augusto Andrade, manifestó que la alianza entre los grupos políticos ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨, bajo la égida de Fredy Rendón Herrera y “La Nueva Forma de Hacer Política¨ representada por Rubén Darío Quintero Villada, se gestó meses antes de las elecciones al Congreso de la República que tuvieron lugar el 10 de marzo de 2002. Según el declarante el pacto se selló en el mes de enero de dicho año.
3.1.2.4. Para desvirtuar el argumento en que insistieron la Procuraduría y la defensa del investigado, en el sentido que se presentaba imposibilidad material de los señalados vínculos, dado que el ex senador Builes Correa se encontraba radicado para la época de la contienda electoral mencionada en el exterior (Honduras), la Corte Suprema de Justicia examinó el registro de entradas y salidas del país del implicado y constató que “permaneció en Colombia en época preelectoral, entre el 31 de enero y el 15 de febrero de 2002, cuando estuvo en su mayor vigor el acuerdo político-paramilitar pro elecciones al Congreso de la República. Fueron dos semanas en correrías proselitistas por Urabá, tal como lo declaró cuando fue testigo y repitió en su primera indagatoria. La gente de Urabá lo vio y compartió con él”.
3.1.2.5. Respecto del elemento subjetivo para la configuración del punible de concierto para delinquir agravado, la sentencia objeto de cuestionamiento señaló: “El doctor Humberto Builes estuvo al tanto del hecho que el movimiento ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨ estaba bajo el control y mando del señor Fredy Rendón Herrera (…). Y a pesar de eso, con toda determinación se integró a su causa política durante la campaña electoral al Congreso de la República del período legislativo 2002-2006. A través de esa alianza logró una curul en el Senado de la República como sucesor del doctor Rubén Darío Quintero Villada, cuando este renunció a ella tres meses después de conseguida para aspirar a la gobernación del Departamento de Antioquia.” Esta conclusión la deduce la sentencia del testimonio de Fredy Rendón Herrera, quien manifestó que Builes Correa “estaba suficientemente enterado que él lideraba el proyecto político ¨Por una Urabá Grande Unida y en Paz¨”
Sobre el particular se puso de presente el testimonio de Fredy Rendón Herrera quien informó al pleno de la Sala Penal que en una conversación con Humberto de Jesús Builes le expuso sus preocupaciones sobre el hecho de que “se estaban generando divisiones en el equipo coordinador del proyecto político, por que él (Builes) (…) estaba ofreciendo UTLs y otras cosas”. Expuso este declarante que se produjo entre él y Builes un diálogo franco respecto a que “era nuestro candidato al Senado”.
“Como se ha conocido, era designio de los grupos paramilitares arrasar ciudadanos u organismos que se opusieran a consolidar su poder y expansión y, por ello, dentro de sus actividades ordinarias ejecutaron múltiples conductas criminales, entre otras calificadas como delitos de lesa humanidad – tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, etc. -, y ataques a la dignidad de las personas, sin que fuera ningún secreto para cada uno de sus miembros, dentro de los cuales inclusive se contaban servidores públicos vinculados a todas las instituciones estatales, aún desde el momento de la creación de aquellas tropas.
Entonces en opinión de la Sala el aforado hacía parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes (los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes) realizan conductas punibles, fenómeno que es factible comprenderlo a través de la metáfora de la cadena, motivo por el cual, también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la organización criminal.
Esta solución que se da a través de la intervención de múltiples sujetos en la acción criminal se aproxima a las respuestas dadas por la Corte a otros asuntos conocidos con anterioridad y que resulta cercana a expresiones recientes de la doctrina y la jurisprudencia foránea aplicada a fenómenos similares”.
4.1. La tutela se dirige contra un auto de trámite proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal que instruía contra el aquí actor, decisión que data del 28 de octubre de 2009, esto es, un año, siete meses y quince días atrás; y una sentencia de única instancia del 17 de agosto de 2010, esto es proferida con una antelación de nueve meses y 26 días. Para cumplir con el presupuesto de la inmediatez la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno, para evitar que este mecanismo de defensa judicial sea utilizado como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en factor de inseguridad jurídica. Bajo tales premisas, no se considera que el demandante haya cumplido con el plazo razonable exigido por la jurisprudencia, y “no se evidencia una justa causa que explique los motivos por los cuales el solicitante de amparo constitucional no formuló esta acción de manera oportuna, dentro de un término razonable, prudencial o adecuado, ni se infiere la ocurrencia de hechos que impongan la protección de los derechos fundamentales invocados”.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), expedido por la Sala de Selección Número Once de esta Corporación, que decidió seleccionar el presente asunto para su revisión. 2. Competencia de la Corte Constitucional para conocer acciones de tutela en casos de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Reiteración de jurisprudencia
2.1. En la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de esta acción de tutela, el presidente de dicha corporación manifestó que la jurisdicción disciplinaria carece de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela, y que, aún si la tuviera, la demanda no debía prosperar y habría de ser rechazada, toda vez que constituye “un abuso del derecho a acceder a la administración de justicia, y por ende es preciso emitir los oficios necesarios para que sea investigado el profesional que la presentó, por falta a la ética en el ejercicio de la profesión de abogado”.
2.2. Lo anterior conlleva a recordar que según la jurisprudencia constitucional, cuando el derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado por una corporación judicial al negarse a conocer de fondo una acción de tutela, el reclamo se puede presentar ante otra autoridad judicial. Específicamente, en el Auto 04 de 2004, la Corte Constitucional estableció la regla según la cual, cuando la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias, la persona afectada puede (i) ‘presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia.’ Posteriormente, la imposibilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de esta regla en algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a establecer una segunda alternativa para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, en el Auto 100 de 2008. Así, la persona afectada también puede (ii) ‘solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.’ Estas reglas jurisprudenciales también han sido aplicadas en casos similares, en los cuales el Consejo de Estado desconoció el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna persona. 2.3. En el presente caso, la acción de tutela fue tramitada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Expresamente, en el fallo de tutela de primera instancia, la Magistrado ponente invoca como fuente de su competencia el auto 004 del 3 de febrero de 2005, toda vez que “la actuación tutelar que adelanta esta Sala de Decisión se limita a dar cumplimiento a lo resuelto por la máxima autoridad colegiada funcional en la materia, porque en providencia del 25 de mayo de 2011, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, representada por el Magistrado Jaime Arrubla Paucar, no la admitió a trámite.
3.1. En la acción de tutela de Humberto de Jesús Builes Correa se acusa a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de haber violado el debido proceso por haber incurrido en una serie de irregularidades, en el trámite del proceso de única instancia 26.585 que el demandante sistematiza en tres cargos: (i) La configuración de un defecto orgánico, toda vez que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no era la competente para juzgar al ex Senador Humberto Builes Correa; (ii) un defecto fáctico, por cuanto en el proceso no existe prueba, conforme al artículo 232 del C. de P.P. que lleve a la certeza de que el procesado hubiese incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado; y (iii) la violación directa a la Constitución (debido proceso) comoquiera que el proceso se tramitó en única instancia, y no se garantizó el principio de imparcialidad del juez. 3.2. Los problemas jurídicos de fondo que se derivan de esos cargos, se pueden formular así:
Esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente contra sentencias y providencias emitidas por los jueces de la república en virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (negrilla fuera del texto). Sin embargo, ha subrayado que para salvaguardar la autonomía judicial y la seguridad jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y que pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en numerosos fallos y, en especial, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte estableció las causales de orden general y especial que debe examinar el juez constitucional para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otro juez. 4.1. En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela procede únicamente cuando se verifica la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad que se mencionan a continuación: (i)	“Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(iii)	Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (…)
(vi)	Que no se trate de sentencias de tutela (…)”. Solo cuando la acción de tutela promovida contra un fallo judicial ha superado este examen de forma completa, puede el juez constitucional entrar a analizar si en la decisión judicial se configura al menos uno de los requisitos especiales de procedibilidad.
Así las cosas, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales no está relacionada con la jerarquía del juez que emite la sentencia, sino que depende de la verificación de la configuración de todos los requisitos generales y, al menos, de una causal específica de procedibilidad. De este modo se protegen los elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales. 4.2.1. Breve caracterización del defecto orgánico
Ha considerado así mismo que “la extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde” y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones.”
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial.
En primer lugar, el fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, su actividad evaluativa probatoria debe estar basada en criterios objetivos y racionales. En este orden de ideas, “no se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio. La Corte ha subrayado que “en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia”.
En segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del juez de tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica que quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: “En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”.
En tercer lugar, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable. En cuarto lugar, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”. 4.2.3. Breve caracterización de la causal de violación directa de la Constitución
Esta causal de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados. Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad. 5. La naturaleza y finalidades del fuero especial de los congresistas. Su carácter irrenunciable
Al señalar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 235 de la Carta prescribió que corresponde a esta Corporación “3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”, y en su parágrafo indicó que “Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. 5.2. El fuero constitucional protege la función, no es un privilegio para el aforado. Desde los primeros desarrollos jurisprudenciales relativos al fuero penal de los congresistas, la Corte Constitucional precisó que se trata de una institución que no puede ser considerada como un privilegio, un beneficio personal o una potestad de los sujetos aforados, sino como una garantía institucional, de la justicia y de la propia cámara a la que pertenecen los congresistas. Recalcó que “el origen popular del poder y la alta misión que la Constitución confía a las autoridades públicas – con mayor razón si se trata de sus representantes – de proteger y hacer cumplir los derechos y las libertades, no se concilia con la creación de prerrogativas que vulneran el principio democrático de la igualdad de todos ante la ley. El estatuto de los servidores públicos debe guiarse por el principio de la responsabilidad y no de su exoneración”.
Este criterio ha sido reiterado y complementado en pronunciamientos más recientes: “el fuero otorgado a los congresistas para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, (…) no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que sólo tenga operancia respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por el sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun cuando en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a su posesión como Senadores de la República o Representantes a la Cámara si el proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones. Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es de carácter individual ni en beneficio personal sino institucional”. (Se destaca).
Pese a que el juzgamiento de los aforados constitucionales por el máximo tribunal de la justicia ordinaria, no representa un privilegio personal del aforado que pueda ser aceptado o declinado soberanamente, sí comporta algunas ventajas que han sido identificadas por la jurisprudencia constitucional: “cuando la Corte Suprema conoce en única instancia del proceso, como ocurre en tratándose de los altos funcionarios, el sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la economía procesal; la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o tribunales inferiores. A las cuales se suma la posibilidad de ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la sentencia. No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”. 5.3. El fuero especial para ciertos funcionarios entre los que se hallan los congresistas, ha sido considerado por la jurisprudencia como un elemento característico de los estados democráticos de régimen presidencial de gobierno, y además una expresión del principio institucional de equilibrio entre las ramas y órganos del poder público, puesto que con éste se “pretende garantizar, de una parte la dignidad del cargo y de las instituciones que representa, y de otra la independencia y autonomía de algunos órganos del poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus funciones y la investidura de sus principales titulares, las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado, distintos de aquel al cual pertenece el funcionario protegido con un fuero especial; de otra parte, el fuero sirve también para garantizar que las decisiones de la voluntad general, bien sea que ésta se haya expresado directamente o a través de sus representantes, no serán desconocidas, y que en todo caso prevalecerán los principios y procedimientos consagrados en la Constitución y en la ley”. Igualmente, precisó que el fuero especial “no implica el sometimiento a jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de los ordinarios, en aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y eventualmente acusaciones, determinados funcionarios del Estado, sino el cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto del juicio penal”.
En efecto, el fuero no es un privilegio y se refiere, de manera específica, al cumplimiento de un trámite procesal especial, cuyo propósito es el de preservar la autonomía y la independencia legítima de aquellos funcionarios que ampara. Al mismo tiempo, pretende evitar que mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia, se impida irregularmente el normal desarrollo de las funciones estatales y el debido ejercicio del poder por parte de quienes mediante la expresión soberana, fuente del poder público, legítimamente lo detentan. De la misma forma, aseveró que esta institución representa el cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto del juicio penal.
5.4. En desarrollo del precepto superior la Corte ha fijado ciertos criterios relativos al fuero de los congresistas, que se pueden sintetizar así: (i) la Sala de Casación Penal es sin lugar a dudas competente para conocer de los delitos cometidos por los congresistas, y puede adelantar esas investigaciones en todo momento, sin necesidad de ninguna autorización especial; (ii) esa competencia de la Sala de Casación Penal no cubre únicamente los delitos cometidos por los congresistas como ciudadanos corrientes sino que se extiende a aquellos hechos punibles ligados al ejercicio de sus funciones como parlamentarios. En efecto, el parágrafo del artículo 235, que señala las competencias de la Corte Suprema, precisa que, una vez que la persona ha cesado en el ejercicio del cargo, el fuero “sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”; y (iii) el fuero se aplica y extiende tanto a la investigación como al juzgamiento de los miembros del Congreso, conforme fue establecido en el artículo 235, numeral 3° superior.
En ese orden de ideas, existen dos hipótesis en el ejercicio del fuero para congresistas por parte del máximo tribunal de la justicia ordinaria que consisten en que: “mientras una persona sea congresista, será investigada por la Corte Suprema por cualquier delito; sin embargo, si la persona ha cesado en su cargo, entonces sólo será juzgada por esa alta corporación judicial si se trata de delitos relacionados con el cargo”. (Se destaca).
5.5. En suma, esta institución se ha considerado como: a) el cumplimiento de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en concreto del juicio penal que logra la realización de los objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho; b) la razón de ser del fuero especial es la de servir de garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero; iii) la existencia del fuero garantiza la independencia e imparcialidad del juez en el proceso; (iv) el fueron no entraña un privilegio personal establecido en favor de los aforados. 6. El derecho al debido proceso en los juicios penales de única instancia, consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios. Reiteración de jurisprudencia
6.1. Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional analizó la cuestión relativa a si los juicios de única instancia, incluyendo los de carácter penal consagrados por la Constitución Política para altos dignatarios del Estado, implican un desconocimiento del derecho al debido proceso. Sobre el particular indicó que “no es acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”. Para la Corte Constitucional, “la legislación colombiana en esta materia, se ajusta a los tratados internacionales”. 6.2. Precisó así mismo, que si bien es cierto que existe una regla de carácter general en la Constitución y en los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, que asegura a toda persona condenada de un delito la posibilidad de que la sentencia y la pena impuesta puedan ser recurridas ante un tribunal superior, “para los casos de juzgamientos de altos dignatarios del Estado, la posición institucional que ocupan dentro de la arquitectura de poder constitucional, implica que las decisiones judiciales acerca de su culpabilidad en la comisión de delitos, consideren las particularidades del poder y la jerarquía que éstos ostentan. En el caso de las reglas internacionales aplicables, éstas han de tener una generalidad tal, que respeten la especial forma de juzgamiento que pueda derivarse del tipo de Estado, del modelo de democracia o de la forma de República específica que tenga el estado parte en cuestión”.
6.3. En el caso de la Constitución colombiana, el artículo 29 establece expresamente que quien sea sindicado tiene, entre otros, el derecho a ‘impugnar la sentencia condenatoria’. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP, 1996), en su artículo 14, numeral 7, prevé que ‘toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley’. En sentido similar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 8, literal h, establece dentro de las ‘garantías judiciales’, que toda persona inculpada de un delito tiene ‘derecho de recurrir [el] fallo ante juez o tribunal superior’. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que “esta regla de carácter general, puede encontrar especificidades propias, derivadas de la particular situación jerárquica y de poder que ocupa un alto dignatario del Estado”. 6.4. La jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias ocasiones que juzgar a los altos dignatarios del Estado en procesos de única instancia no es una situación que implique un desconocimiento del derecho al debido proceso. Ha encontrado compatible la interpretación que en esta materia se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la Constitución, con las normas del bloque de constitucionalidad y con los pronunciamientos producidos en el sistema interamericano de Derechos Humanos:
“Sobre el alcance y sentido del principio de la doble instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias oportunidades, pero ninguna de ellas ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con fuero constitucional.
En el mismo sentido, el Comité del Pacto concluyó, en un caso que no versó sobre un alto funcionario aforado, que la ausencia del derecho a revisión por un tribunal superior de la condena impuesta por un tribunal de apelación, después de que la persona hubiera sido declarada inocente por un tribunal inferior, constituía una violación del artículo 14, párrafo 5 del Pacto.
De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 de la Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. […]”
En la citada sentencia la Corte Constitucional concluyó, entre otras cosas, que “cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia.” 6.5. En un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, frente a un reparo análogo al que ahora se enfrenta, la Corte señaló: “Las reglas del bloque de constitucionalidad invocadas, en estricto sentido, no son aplicables al caso concreto. En efecto, en ambos casos la regla señala que toda sentencia condenatoria debe poderse recurrir ante un tribunal o juez superior, lo cual es inaplicable cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el máximo tribunal penal el que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo condenatorio, no es posible que esa decisión sea recurrida ante un cuerpo judicial superior, por cuanto ese es el tribunal supremo en materia penal que tiene el sistema”.
7.1. La Constitución Política (Art. 235.3) le asignó a la Corte Suprema de Justicia la competencia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento en relación con los delitos atribuidos a miembros del Congreso. Esta materia, ha sido objeto de pronunciamientos por parte de esta corporación, en sede de constitucionalidad y de tutela. Así, al declarar la constitucionalidad del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, según el cual “Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, la Corte concluyó que la competencia integral que se asigna a la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los congresistas constituye un ineludible mandato constitucional, acorde con el diseño realizado por el constituyente. No obstante, formuló un llamado al Congreso para que en futuras regulaciones propenda por que dentro del mismo seno de la corporación judicial competente, se establezcan mecanismos que conduzcan a la separación de las aludidas funciones, con el fin ponerse a tono con el alcance que el derecho internacional y la doctrina contemporánea le imprimen al principio de imparcialidad del juez.
Además de señalar que el fuero de los altos dignatarios del Estado busca preservar la autonomía y la independencia de los funcionarios amparados por el mismo, esta corporación ha puntualizado, que los procesos especiales que contra ellos se adelanten pueden apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación alguna. Como la Carta Política sigue avalando y obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a los Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier actividad previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en Colombia una vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a las evoluciones internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el bloque de constitucionalidad.
Esa actual tendencia demuestra que, aunque la competencia integral que la Constitución colombiana le asigna a la Corte Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso es un ineludible mandato constitucional, el legislador, dentro de su amplio margen de configuración, al reglamentar el procedimiento aplicable a esa clase de acciones penales, debe obedecer a un ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad, asegurando que el juicio sea realizado por un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley, competente, “independiente e imparcial”, concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional, para que se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a preconceptos. Bajo tales supuestos, si bien el aparte demandado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta providencia, para efectos de los procesos adelantados contra quienes ostenten la calidad de aforados conforme al artículo 235.3 superior, por conductas punibles cometidas con posterioridad a la misma, el legislador adopte en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 ibídem las medidas necesarias para que sea separada, dentro de la misma Corte Suprema como juez natural en estos casos, la función de investigación de aquella correspondiente al juzgamiento.”
7.2. En sede de tutela a partir de una interpretación sistemática del postulado de imparcialidad del juez, con otros principios constitucionales como la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la necesidad de celeridad y de minimizar las posibilidades de error judicial, en procesos de particular envergadura jurídica y política, la Corte consideró que son varias las razones por las que se puede concluir que en el caso del juzgamiento de delitos de los congresistas, confiar a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del sistema judicial en materia penal, competencia integral, no conlleva una violación del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa:
7.2.1. Se trata de un diseño institucional que responde a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos: “El juicio a un congresista, en cuanto representante político del pueblo, supone una situación en la que uno de los integrantes de una rama del poder público —la rama legislativa—, va a ser controlado por un ‘juez’, lo que implica que se trate de un funcionario que pertenece a otra rama del poder público —la rama judicial—. Esta actuación de una rama del poder sobre otra implica un delicado diseño institucional que respete el principio de separación de poderes, por una parte, y el de frenos y contrapesos, por otra. Así pues, este diseño institucional responde a cuestiones tales como, por ejemplo, tener que asegurar que la corporación o entidad judicial que vaya a juzgar el congresista tenga la suficiente capacidad para analizar y resolver el problema jurídico”.
“9.4.3.2. Es también una cuestión de economía procesal, por cuanto, dada la importancia y trascendencia pública que un juicio de tal magnitud puede tener, es preciso que se trate de seguir un proceso que no sea tan demorado y que resuelva la cuestión prontamente. Si un proceso judicial de carácter penal se inicia en contra de un parlamentario, el poder político que éste representa se va a ver limitado, y con ello, los derechos políticos de sus electores”. 7.2.3. La necesidad de reducir las posibilidades de incurrir en error judicial:
“9.4.3.3. […] Aunque el hecho de que el más alto tribunal en lo penal, o en la materia que sea, no garantice por completo que no se va a incurrir en un ‘error judicial’, sí ofrece las condiciones propicias para reducir las posibilidades de que éste ocurra. Las herramientas principales para garantizar la neutralidad y calidad de una decisión judicial son: (i) la adecuada formación de los jueces, (ii) la experiencia que tengan, (iii) la independencia institucional con que cuenten y (iv) que no sea un solo funcionario quien tome la decisión. En el caso de la Corte Suprema de Justicia ello se garantiza cabalmente. Se trata de un cuerpo colegiado en el que se encuentran jueces de la más alta formación, que han demostrado una amplia experiencia profesional y que gozan de la mayor independencia institucional. Además, ofrecen a quien sea juzgado por ellos contar con el mayor número de jueces considerando un caso y aportando a la decisión desde su criterio. Los demás ciudadanos, así tengan dos instancias, contarán con el criterio de un menor número de jueces para resolver y considerar su caso”. 7.3. En conclusión, el modelo de competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para la investigación y el juzgamiento de parlamentarios, no conlleva violación al debido proceso toda vez que constituye un ineludible mandato constitucional que forma parte de un delicado diseño institucional que responde a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Se trata de procesos especiales que pueden apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad que demanda un fallo que genera un gran impacto por cobijar a un miembro del poder legislativo, y además en él concurren las condiciones necesarias para reducir las posibilidades de incurrir en error judicial (la formación del juez, su experiencia, la independencia institucional, y la conformación plural del juez).
Examinada la demanda del señor Humberto de Jesús Builes Correa a la luz de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, enunciados en el fundamento jurídico 4.1 de esta sentencia, constata la Corte que se satisfacen dichos presupuestos comoquiera que: (i) La discusión que plantea presenta evidente relevancia constitucional en la medida que acusa la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso originada en la falta de competencia del juez, la afectación del principio de imparcialidad y del derecho de defensa por haber sido juzgado en única instancia, aspectos de indudable impacto sobre el derecho a la libertad de un procesado; (ii) El actor agotó los mecanismos ordinarios de defensa que estaban a su disposición dentro del proceso con fuero especial y de única instancia, diseñado para la investigación y juzgamiento de los miembros del congreso;
(iii) Contrario a lo sostenido por el juez de tutela, el presupuesto de la inmediatez también se satisface, toda vez que la acción de tutela se interpuso no solamente contra el auto de trámite de octubre 28 de 2009, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia reasumió la competencia del proceso seguido en contra del ex senador Builes Correa, como lo entendió el juez de tutela, sino contra toda la actuación surtida en la Corte Suprema de Justicia luego de que reasumiera la competencia, lo que incluye el fallo condenatorio de agosto 17 de 2010. El mecanismo constitucional fue activado por primera vez en mayo de 2011 ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, e inadmitido por ese órgano, el día 25 de ese mes y año. Lo que implica que la acción de tutela se presentó dentro de un plazo razonable (nueve meses) tomando en consideración para ello la complejidad del asunto y la actualidad de la vulneración que se alega, dado que el solicitante del amparo se encuentra privado de la libertad. (iv) Aunque el demandante no canalizó su disenso con la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través del error procedimental, por lo que en estricto sentido no aplicaría el requisito de trascendencia de la irregularidad procesal en la sentencia, es claro que el vicio de competencia que acusa y las objeciones al trámite, tienen clara incidencia en el fallo que impugna, en tanto que fue proferido por el juez cuya competencia cuestiona, y como producto del trámite que impugna.
(v) El demandante identificó de manera razonable, tanto los hechos en que fundamenta su reclamo, como los derechos fundamentales que estima vulnerados (debido proceso, en sus aspectos de juez natural, defensa y doble instancia). Adicionalmente, su planteamiento sobre la incompetencia del órgano que asumió el juzgamiento y la naturaleza del trámite aplicado, fue expuesto en varias oportunidades en el curso del proceso penal, así ocurrió en la audiencia preparatoria a través de una nulidad, y en la audiencia del juicio oral como estrategia central de la defensa.
(vi) Finalmente la actuación impugnada es la surtida dentro del proceso No. 26.585, luego de que la Corte Suprema de Justicia reasumiera la competencia frente al caso del ex senador Humberto Builes Correa, y desde luego el fallo penal de agosto 17 de 2010, en el que se le impuso condena por el delito de concierto para delinquir agravado. No se está, en consecuencia, frente al factor de improcedencia consistente en que, de manera general, no procede la tutela contra otro fallo de esta misma índole. Superado así el test relativo a los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, queda habilitada la Sala Plena para ingresar en el análisis de los cargos específicos formulados contra la actuación de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en particular, 8.2. Análisis de los cargos de la demanda
“Reasumir el conocimiento del proceso , atendiendo el estado del mismo y los cargos elevados contra Humberto de Jesús Builes Correa en la resolución acusatoria, esto es, haberse concertado con las autodefensas para lograr la curul de senador que ostentó en el período 2002-2006, lo cual traduce el vínculo entre la función como congresista y el delito atribuido, aspecto que de conformidad con lo señalado por el artículo 235.3 de la Carta Política determina la competencia de la Corte para conocer del asunto, como lo había advertido desde el 1° de septiembre anterior – radicado 31653-”. (Destaca la Sala).
No encuentra la Corte que con esta determinación, que desde luego trasciende toda la actuación posterior, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese incurrido en quebrantamiento de garantías adscritas al debido proceso, en especial del principio de juez natural. En primer lugar, por que lo que hace la Corte Suprema en realidad es aplicar, en el caso concreto del ex senador Humberto de Jesús Builes Correa, el criterio de competencia establecido en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución, según el cual respecto de los aforados que hubiesen cesado en el ejercicio del cargo, la competencia sólo se mantiene respecto de las conductas punibles que tuvieren relación con las funciones desempeñadas.
Adicionalmente, no se trata de un factor de competencia que hubiese sido aplicado de manera selectiva, insular o discriminatoria respecto del aquí demandante. Son múltiples las ocasiones en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha invocado este parámetro de origen constitucional, a fin de retener o retomar la competencia derivada del fuero especial instituido para los congresistas, una vez estos han cesado en el ejercicio del cargo. Así se puede constatar por ejemplo en los autos de febrero 15 de 1995 proferido en el proceso radicado con el número 9675; auto de febrero 10 de 1997, radicación 10684; auto de noviembre 29 de 2000, radicación 11.507; auto de junio 2 de 2004, radicación 23.254; auto de septiembre 1° de 2009, radicación 31.653.
“Igualmente, puede suceder que un aspirante a una curul en el congreso reciba dineros para adelantar su campaña, con el compromiso de que una vez alcanzado el propósito se erigirá representante o emisario en el seno congresional de quienes favorecieron ilícitamente la elección. “En tal caso, la investidura y la tarea desarrollada en el Congreso por el aforado no resultan ajenas a ese hecho fundacional concreto o, en otras palabras, no se puede sostener que ese manejo proselitista previo no tiene relación con las funciones desempeñadas, cuando no se duda que las dichas funciones representan cumplimiento de lo pactado previamente”.
Esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia referida al elemento normativo “conductas punible que tengan relación con las funciones desempeñadas” contenido en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, no se muestra como irrazonable o manifiestamente arbitraria. Por el contrario, se armoniza con la pretensión del Constituyente de establecer una reserva judicial calificada para la investigación y juzgamiento penal de los congresistas, como garantía institucional para el correcto funcionamiento del congreso, y para brindar el máximo estándar de independencia y autonomía al juzgamiento de los representantes del poder popular. Dicha reserva judicial calificada, en efecto, no fue establecida únicamente para las conductas punibles inherentes a la función pública, o perpetradas en el desempeño de las funciones, o en el ejercicio del cargo, sino que presenta un espectro mayor en la medida que puede incluir aquellas “relacionadas con las funciones desempeñadas”. El demandante pretende hacer prevalecer su propia interpretación frente a la efectuada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en tormo al elemento normativo “conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. Para aquel este concepto debe restringirse a las conductas punibles relacionadas con su función legislativa, “la cual se resume en debatir y votar los proyectos de ley o de acto legislativo y citar a funcionarios para control político”. Como puede advertirse, se trata de una interpretación que reduce la alta misión que la Constitución confía a los congresistas como representantes del poder popular, agentes que controlan el poder político, depositarios de la facultad de hacer las leyes que regirán a la sociedad, y administradores de justicia respecto de los más altos dignatarios del Estado (Art. 174 C.P.). Sus acciones deben consultar la justicia y el bien común, y responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura (Art. 133 C.P.). La valoración de este nexo funcional no puede ser ajena a consideraciones relacionadas con el papel que cumplen los congresistas en el modelo democrático que los acoge, la relevancia de la investidura que ostentan, o la dignidad del cargo que desempeñan o al que aspiran.
El hecho de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese afinado y precisado el sentido y alcance del elemento normativo “conductas punibles que tuvieren relación con las funciones desempeñadas” al que ha adecuado su competencia respecto de congresistas que renuncian a su investidura, no comporta vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor, puesto que con tal proceder se ha ajustado al parámetro constitucional. Tal como lo reconoció esta corporación en el caso de otro ex parlamentario en el cual se debatió la misma problemática: “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la competencia dispuesta en los artículos 186 y 235 num. 3º de la Carta Política para que ésta investigue y juzgue a los congresistas, ha sido pacífica en punto de mantener el fuero congresional respecto de “conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”, como en efecto lo dispone el parágrafo del artículo 235 de la Constitución”.
De manera que la relación del delito de concierto para delinquir agravado con las funciones propias del congresista, la dedujo la Corte Suprema de Justicia, no solamente del hecho global, – del contexto acreditado en este y otros procesos que cursaron en esa corporación en el marco del denominado fenómeno de la “parapolítica”-, consistente en la pretensión de los llamados “grupos paramilitares”, en este caso de los que operaban en la zona del Urabá antioqueño, de tomarse el poder político, sino también del hecho particular del ofrecimiento, como estrategia de campaña, a personas vinculadas a esas organizaciones armadas ilegales, los cargos a través de los cuales se desarrolla el trabajo institucional en el Congreso de la República (las UTLs).
Adicionalmente, la reorientación de su jurisprudencia que hizo la Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia, a partir del auto del 1º de septiembre de 2009, en el sentido de considerar que no solamente los “delitos propios” habilitan a esa corporación para retener la competencia en caso de pérdida o renuncia a la investidura, sino aquellas conductas que tiene relación con la función desempeñada, no solamente respondía a la necesidad de ajustar el criterio de competencia al parámetro constitucional del cual se había desviado, sino a la exigencia de adecuar la interpretación de dicho criterio, a nuevas realidades y a desafíos sobrevinientes que imponía a la jurisprudencia penal el juzgamiento de conductas desarrolladas en un contexto de violencia generalizada, por organizaciones delictivas, para lo cual resultaban insuficientes las categorías dogmáticas y las interpretaciones que se desarrollaron frente a expresiones delincuenciales individuales, ajenas a contextos de violencia sistemática que desafiaban los fundamentos mismos de la institucionalidad.
“Corresponde a los jueces, y particularmente a la Corte Suprema, como autoridad encargada de unificar la jurisprudencia nacional, interpretar el ordenamiento jurídico. En esa medida, la labor creadora de este máximo tribunal consiste en formular explícitamente principios generales y reglas que sirvan como parámetros de integración, ponderación e interpretación de las normas del ordenamiento. Sin embargo, esta labor no es cognitiva sino constructiva, estos principios y reglas no son inmanentes al ordenamiento, ni son descubiertos por el juez, sino que, como fuentes materiales, son un producto social creado judicialmente, necesario para permitir que el sistema jurídico sirva su propósito como elemento regulador y transformador de la realidad social. Con todo, para cumplir su propósito como elemento de regulación y transformación social, la creación judicial de derecho debe contar también con la suficiente flexibilidad para adecuarse a realidades y necesidades sociales cambiantes. (…) 18. (…) Un cambio en la situación social, política o económica podría llevar a que la ponderación e interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo la Corte Suprema, no resulten adecuadas para responder a las exigencias sociales. Esto impone la necesidad de formular nuevos principios o doctrinas jurídicas, modificando la jurisprudencia existente, tal como ocurrió en el siglo pasado, cuando la Corte Suprema y el Consejo de Estado establecieron las teorías de la imprevisión y de la responsabilidad patrimonial del Estado. En estos casos se justifica un replanteamiento de la jurisprudencia. Sin embargo, ello no significa que los jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o política diferente. Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular”.
“44- El respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin embargo, también es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas puede haber sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero su aplicación puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto histórico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-.”
Finalmente, conviene recordar que el fuero establecido para los congresistas en el artículo 235.3 de la Carta, no fue instituido como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. Por ello no resultan admisibles los argumentos del demandante en el sentido que su decisión personal de despojarse de la investidura parlamentaria, constituía el factor determinante de la competencia. Por las consideraciones anteriormente expuestas, concluye la Sala que la Corte Suprema de Justicia contaba con la competencia para juzgar ex congresista Humberto de Jesús Builes Correa, por lo que no se configura el defecto orgánico alegado en la demanda.
8.2.2.1. El segundo reparo que formula el demandante contra la actuación surtida en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra del ex parlamentario Humberto de Jesús Builes Correa, tiene que ver con el hecho de que el proceso se hubiere tramitado en única instancia, y mediante el ejercicio de la competencia integral (investigación y juzgamiento) adscrita a la Corte Suprema de Justicia. A juicio del demandante con tal proceder se vulneraron los artículos 29 y 93 de la Constitución, así como los preceptos 8, 14 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Europea, respectivamente. Este cargo plantea nuevamente dos problemas jurídicos respecto de los cuales la jurisprudencia de esta corporación tiene un precedente consolidado que reiterará en la presente oportunidad. En relación con el trámite del proceso en única instancia ha considerado esta corporación que los juicios de esta naturaleza, seguidos en contra de altos dignatarios del Estado no son violatorios per se del derecho fundamental al debido proceso establecido en la norma superior (Arts. 29 y 31 C.P.), ni contraviene los preceptos del bloque de constitucionalidad que invoca el demandante.
Ha llegado a esta conclusión tomando en cuenta la posición institucional que estos altos funcionarios ocupan dentro de la arquitectura de poder constitucional, lo que implica que las decisiones judiciales sobre su responsabilidad penal, consideren las particularidades del poder y la jerarquía que éstos ostentan. Las normas internacionales aplicables, deben tener una generalidad tal, que respeten la especial forma de juzgamiento que pueda derivarse del tipo de Estado, del modelo de democracia o de la forma de República específica que tenga el estado parte en cuestión Ha expresado que el artículo 29 C.P. contiene una “regla de carácter general, (que) puede encontrar especificidades propias, derivadas de la particular situación jerárquica y de poder que ocupa un alto dignatario del Estado”. Ha considerado así mismo, que “cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia.” Por consiguiente, la regla según la cual toda sentencia penal podrá ser apelada resulta “inaplicable cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el máximo tribunal penal el que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo condenatorio no es posible que esa decisión sea recurrida ante un cuerpo judicial superior, por cuanto ese es el tribunal supremo en materia penal que tiene el sistema”.
8.2.2.2. En lo que tiene que ver con la censura relacionada con que la Corte Suprema de Justicia hubiese ejercido, en el caso del ex parlamentario Builes Correa, la competencia integral para investigar y juzgar a los congresistas que le asigna la Constitución, la Corte reiterará igualmente el precedente desarrollado en esta materia, según el cual confiar al máximo tribunal del sistema judicial en materia penal, competencia integral, no conlleva una violación del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa.
Indicó la Corte (Fundamento jurídico 7) que el modelo de competencia integral de la Corte Suprema de Justicia para la investigación y el juzgamiento de parlamentarios, no conlleva violación al debido proceso toda vez que constituye un ineludible mandato constitucional que forma parte de un delicado diseño institucional que responde a los principios de separación de poderes y de frenos y contrapesos. Adicionalmente, se trata de un procedimiento especial que puede apartarse de los procedimientos ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique discriminación alguna. Este esquema está orientado a garantizar la celeridad que demanda un fallo de gran envergadura, el cual genera un gran impacto político y social por cobijar a un representante del poder popular. Además, en el tribunal supremo de la justicia ordinaria concurren las condiciones necesarias para reducir las posibilidades de incurrir en error judicial, como son la formación jurídica del juez, su experiencia, la garantía de independencia institucional que ofrece, y la conformación plural.
El hecho de que esta corporación hubiese formulado un llamado al órgano legislativo para que en futuras regulaciones adecue el procedimiento que se sigue a los congresistas al modelo de separación de funciones de investigación y juzgamiento, propio del sistema acusatorio por considerarlo más compatible con el concepto contemporáneo del principio de imparcialidad judicial, no deriva en la inconstitucionalidad de estos procedimientos. De hecho la Corte declaró su exequibilidad en la sentencia C-545 de 2008.
Fundamenta esta censura el demandante en que “no hay una sola prueba contundente que lleve a la certeza de que el Dr. Humberto Builes Correa cometió delito alguno, ni tampoco de que supiera que el primer renglón de la lista – Rubén Darío Quintero Villada – haya realizado acuerdos ilegítimos con grupos armados ilegales”.
Para sustentar esta afirmación plantea argumentos similares a los expuestos en el juicio surtido ante la Corte Suprema de Justicia: (i) las anotaciones en el pasaporte del sentenciado demuestran que no se encontraba en el país durante las fechas en que se habrían llevado a cabo los acuerdos entre integrantes del movimiento político al que pertenecía y grupos armados ilegales; (ii) Invoca cinco de los testimonios recibidos por la Corte Suprema de Justicia, para señalar que no existe prueba contundente sobre el hecho de que el condenado Builes Correa hubiese tenido conocimiento de los acuerdos celebrados por Rubén Darío Quintero Villada (primero de la lista), o que hubiese mantenido una relación con Vicente Castaño; (iii) hace una crítica puntual al testimonio de Fredy Rendón Herrera (a. el Alemán), descalificándolo por contradictorio, con apoyo en el concepto del Procurador Delegado en el proceso penal.
Estos elementos fueron acreditados a través de los testimonios de una serie de personas que ocupaban posiciones estratégicas que les permitían un conocimiento directo de los elementos concurrentes antes mencionados, para la acreditación del ilícito y la responsabilidad del implicado. En este sentido se contó con el testimonio de Fredy Rendón Herrera (líder paramilitar a través del cual se gestó la alianza); la versión libre del propio Rubén Darío Quintero Villada (compañero de lista del aquí demandante); Dagoberto Tordecilla Blanquet (líder político de la región); Claudia María Angarita Gómez (encargada de la información financiera del movimiento de Quintero y Builes); Sigifredo Díaz Duque (contador de la campaña de Quintero Villada para el Senado en el año 2002); Cesar Augusto Andrade , Guillermo Gómez Mesa y Sol Beatriz Orozco Vélez (estos dos últimos empleados de Builes Correa). Como lo indica el demandante el testimonio de Fredy Rendón Herrera (a. el alemán) constituyó un elemento probatorio al que el tribunal sentenciador le dio credibilidad, no obstante haber ofrecido varias versiones contradictorias, aspecto que originó una fuerte crítica por parte de la Procuraduría y la defensa. Sin embargo, el tribunal sentenciador, en el marco de los criterios objetivos y racionales que le provee la sana crítica, efectuó un ejercicio de ponderación atribuyéndole credibilidad a su última versión, rendida en la audiencia pública, opción que resulta factible dentro del amplio margen de autonomía y discrecionalidad que se le reconoce al juez en el proceso de valoración probatoria.
182. El mismo BUILES CORREA desde cuando declaró como testigo aceptó que se reunió con FREDY RENDÓN HERRERA (a. Alemán), `una o dos veces´, negando haber tratado temas políticos, lo que significa que no fue ajeno ni lejano a la toma del Urabá por los grupos paramilitares, que de modo determinante fue conocida por todos los estamentos públicos y privados de esa comunidad. Según el testigo la mayor parte de los recursos con los cuales se financió el proyecto político `los sacó´las autodefensas, de `contribuciones voluntarias y no voluntarias que nos hacían todas aquellas personas que desarrollaban actividades lícitas o ilícitas en esa región, llámese madereros, bananeros, plataneros, finqueros, comerciantes, transportadores, narcotraficantes, contrabandistas, todos teníamos que pagar una contribución porque teníamos un ejército luchando por este país y por esa región”. Los apartes transcritos de la sentencia cuestionada, desvirtúan la afirmación del demandante en el sentido de que “no hay una sola prueba contundente que lleve a la certeza de que el Dr. Humberto Builes Correa cometió delito alguno, ni tampoco de que supiera que el primer renglón de la lista – Rubén Darío Quintero Villada – haya realizado acuerdos ilegítimos con grupos armados ilegales”.
La discrepancia valorativa probatoria en la que el demandante fundamenta este cargo, no reviste la entidad necesaria, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, para configurar un error fáctico que entrañe vulneración al debido proceso, lo cual conduce a la Sala a desestimar este cargo. 9. Conclusión
El señor Humberto de Jesús Builes Correa, ex congresista sentenciado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado, interpuso acción de tutela en contra de esa corporación por considerar que con su actuación, y en particular con la sentencia condenatoria proferida el 17 de agosto de 2010, vulneró sus derecho fundamental al debido proceso. Formuló contra la mencionada actuación tres cargos: (i) La configuración de un defecto orgánico en razón de que la Corte Suprema de Justicia, reasumió la competencia para adelantar el juicio, pese a que con antelación había declinado su competencia, en virtud de la renuncia a su investidura congresional que hiciera el investigado; (ii) la violación directa de la Constitución por haberse tramitado el proceso que concluyó en su condena, en única instancia y con competencia integral (concentración de funciones de investigación y juzgamiento) por parte de la corporación acusada; (iii) la configuración de un defecto fáctico por haberse proferido sentencia condenatoria por el delito de concierto para delinquir agravado, sin que obrara prueba contundente sobre su responsabilidad.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones, no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales (consideración 4ª), y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en las argumentaciones relacionadas con la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyos planteamientos discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que aquí son traídas a colación en las consideraciones (páginas 19 a 24), abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata. Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.

References: artículo 4
 artículo 340
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 232
 artículo 235
 artículo 232
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 533
 artículo 235
 artículo 533
 artículo 235
 artículo 234
 resolución 
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 29
 artículo 86