Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2001/
Timestamp: 2018-02-19 20:07:27+00:00

Document:
SC/7266
El Afganistán, el terrorismo, África y la continuación
de la violencia en el Oriente Medio entre las cuestiones
fundamentales que trató el Consejo de Seguridad en el año 2001
El Consejo aprueba una estrategia general contra el terrorismo,
envía misiones al África occidental y la región de los Grandes Lagos
y supervisa la situación en Kosovo y los progresos en Timor Oriental
Tras los ataques del 11 septiembre contra los Estados Unidos, el terrorismo y la situación en el Afganistán fueron las principales cuestiones que examinó el Consejo de Seguridad en 2001. No obstante, durante el año el Consejo también se centró en una amplia gama de situaciones de inestabilidad, en especial los conflictos de larga data en África y la continuación de la violencia en el Oriente Medio. Además, vigiló de cerca los avances significativos logrados en Kosovo y en Timor Oriental.
El Consejo demostró una vez más su interés en celebrar debates abiertos sobre cuestiones que tienen repercusiones para la paz y la seguridad del mundo. Este año, los debates se centraron en los civiles y los conflictos armados; la mujer, la paz y la seguridad; las armas pequeñas y ligeras; la prevención de los conflictos y el VIH/SIDA.11
El día después de los ataques terroristas, los miembros rompieron la tradición al ponerse de pie al unísono y aprobar una resolución en la que condenaron esos ataques y expresaron el pésame a las víctimas y sus familias y al país anfitrión. Los miembros del Consejo también manifestaron que estaban decididos a luchar contra el terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumbían en virtud de la Carta.
El 28 de septiembre, el Consejo aprobó una resolución amplia y de largo alcance, la resolución 1373 (2001), relativa a las medidas y estrategias para luchar contra el terrorismo internacional y estableció un Comité contra el Terrorismo para vigilar su ejecución.
Antes del 11 septiembre, el Consejo había celebrado dos sesiones sobre el Afganistán, principalmente para reforzar las sanciones contra los talibanes. El 13 de noviembre, en la primera sesión del Consejo relativa al Afganistán celebrada después de los ataques, el Secretario General Kofi Annan dijo que el país representaba para las Naciones Unidas uno de sus mayores desafíos, y que el reto pasaba en esos momentos por su "fase más urgente". A fines de año, el plan posterior para lograr la reconstrucción política general del país, presentado al Consejo por su Representante Especial, Lakdhar Brahimi, había avanzado hasta su segunda etapa.
En África, donde numerosos conflictos habían provocado un empeoramiento de la situación humanitaria, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de aplicar totalmente acuerdos de cesación del fuego concertados tras grandes esfuerzos, el control del comercio ilícito de recursos y de armas y el desarrollo para la consolidación de la paz. En cuanto a la República Democrática del Congo el Consejo subrayó la importancia del cumplimiento del Acuerdo de Paz de Lusaka en un esfuerzo por limitar sus violaciones en el este del país y lograr el retiro de los ejércitos extranjeros.
En su debate sobre el resurgimiento de la violencia en la República Centroafricana, incluida una tentativa de golpe de Estado, el Consejo examinó las persistentes tensiones económicas y sociales. Después de que el Consejo fortaleciera la misión de mantenimiento de la paz en Sierra Leona, el país pudo iniciar medidas para lograr la estabilidad, pero al continuar la actividad de los rebeldes, el Consejo aplicó nuevas sanciones contra Liberia en un intento por limitar el comercio ilícito que apoyaba a los rebeldes.
En 2001 el Consejo envió misiones al África occidental y a la región de los Grandes Lagos, entre otras, al continuar reconociendo la naturaleza regional de muchos conflictos. Por ese motivo, prestó su pleno apoyo a la creación de una oficina del Representante Especial del Secretario General en África occidental, y a la nueva cooperación con la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).
En Kosovo, a pesar de la constante tensión étnica y del estallido de extremismo étnico, en noviembre se celebraron elecciones en toda la provincia con la participación multiétnica que los miembros del Consejo habían considerado esencial en los debates que precedieron a las elecciones. No obstante, los oradores que intervinieron ante el Consejo señalaron que las elecciones no habían resuelto muchos factores de su administración final.
En las reuniones del Consejo, la situación pareció más clara después de las elecciones celebradas en otra zona recientemente devastada por la violencia y administrada por una misión de las Naciones Unidas: Timor Oriental. Después de que su votación en pro de una Asamblea Constituyente y sus planes para declarar la independencia en 2002 fueran apoyados por el Consejo, se consideró que las operaciones las Naciones Unidas en el territorio eran un modelo de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz después de los conflictos. No obstante, los miembros del Consejo y otros oradores advirtieron que una finalización apresurada o mal planificada de la presencia de las Naciones Unidas podría hacer retroceder los avances logrados.
Otra situaciones trágicas se vieron caracterizadas por una falta de progresos. No se logró ningún acuerdo sobre el empeoramiento de la situación en el Oriente Medio, y el número de bajas continuó alimentando el ciclo de violencia que comenzó en septiembre de 2000. Se celebraron debates abiertos del Consejo en los que participaron más de 40 oradores, y la mayoría de ellos criticaron lo que denominaron actos ilícitos e inhumanos de Israel, y algunos condenaron todos los actos de anarquía y terrorismo. No se pudieron aprobar dos proyectos de resolución en sesiones separadas, en los que se proponía la creación de una fuerza de observadores y un mecanismo de vigilancia, respectivamente, debido al voto negativo de los Estados Unidos.
A continuación figuran resúmenes de la actividad del Consejo en 2001.
El régimen de los talibanes en el Afganistán, que puso fin a dos decenios de inestabilidad en ese país, comenzó en 1996 y finalizó a fines de 2001. Sin embargo, la inquietud del Consejo de Seguridad por ese régimen había ido aumentando mucho antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra los Estados Unidos. Debido a las acusaciones de tráfico de drogas, exportación de terrorismo y violaciones de los derechos humanos, en las resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) el Consejo impuso sanciones contra los talibanes, incluidos embargos de armas y la prohibición de viajar, junto con medidas financieras.
El 5 de junio, en una sesión abierta sobre el Afganistán, los países del grupo "seis más dos", los seis países vecinos del Afganistán más la Federación de Rusia y los Estados Unidos, expresaron un amplio apoyo a la creación de un mecanismo de vigilancia de esas sanciones, junto con medidas para fortalecer el apoyo a las sanciones. Los países vecinos son China, la República Islámica del Irán, el Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El 30 de julio se creó el mecanismo de vigilancia con la aprobación de la resolución 1363 (2001).
La siguiente sesión del Consejo sobre el Afganistán se celebró el 13 de noviembre, tras los ataques del 11 de septiembre y después de que los Estados Unidos hubieran iniciado acciones armadas contra la organización Al-Qaida y sus anfitriones talibanes. En esa sesión, el Secretario General Kofi Annan dijo que el Afganistán representaba para las Naciones Unidas uno de sus mayores desafíos, y que el reto pasaba en esos momentos por su "fase más urgente".
Antes de que su Representante Especial para el Afganistán, Lakhdar Brahimi, informara al Consejo, el Secretario General resaltó que el objetivo debería ser un Afganistán estable y que viviera en paz, cumpliera sus obligaciones internacionales y no representara amenazas para ninguno de sus vecinos. Por consiguiente, cualquier acuerdo al que se llegara debía reflejar la voluntad, las necesidades y los intereses del pueblo afgano, lo que requería que se pusiera fin a la injerencia en los asuntos del Afganistán por parte de los países vecinos.
El Sr. Brahimi, dirigiéndose al Consejo en una sesión de un día de duración en la que participaron otros 38 oradores, entre ellos 21 ministros de relaciones exteriores, dijo que los dirigentes del mundo habían indicado que en esta ocasión la comunidad internacional tendría la voluntad y la resistencia necesarias para ayudar a los afganos a reconstruir su país.
Basándose en ideas debatidas con los afganos, el Sr. Brahimi presentó un posible enfoque ante la crisis. En primer lugar, las Naciones Unidas convocarían una reunión con los representantes de la Alianza del Norte y otros grupos para asegurar una representación equitativa en el proceso que condujera a un acuerdo sobre un marco para la representación política. En la segunda etapa, los representantes afganos sugerirían medidas concretas para el establecimiento de un gobierno permanente y de base amplia. Esas medidas incluirían una propuesta sobre una administración provisional, la aprobación de una administración de transición y la convocación de una segunda Loya Jirgah, o reunión de los dirigentes tribales, para que diera su aprobación al gobierno resultante.
En el debate que se celebró a continuación, muchos oradores expresaron su apoyo a la idea de formar un gobierno de base amplia que incluyera todas las facciones, y a la participación de las Naciones Unidas en los procesos que condujeran a su creación. Los oradores, resaltando la crisis humanitaria, pidieron que se diera una respuesta rápida, a la luz de la cercanía del invierno en el Afganistán y de los millones de personas que carecían de alimentos o cobijo.
El día siguiente, 14 noviembre, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1378 (2001), en la que afirmó que las Naciones Unidas deberían desempeñar una función central en apoyo a los esfuerzos del pueblo afgano por establecer con urgencia una nueva administración de transición que diera lugar a la formación de un nuevo gobierno. Expresó su pleno apoyo a los esfuerzos del Sr. Brahimi, a quien se confió la autoridad general de los esfuerzos humanitarios, de derechos humanos y políticos de las Naciones Unidas en el Afganistán.
Después de la sesión, los representantes de la Alianza del Norte y otros grupos afganos convocaron una reunión en Bonn (Alemania). El 5 de diciembre firmaron un Acuerdo sobre las disposiciones provisionales políticas en espera de que se restablecieran las instituciones permanentes de gobierno. Al día siguiente, el Consejo hizo suyo ese Acuerdo, al aprobar por unanimidad la resolución 1383 (2001). El Consejo declaró su voluntad de seguir adoptando medidas, sobre la base de un informe del Secretario General, en apoyo a las instituciones provisionales establecidas en virtud del Acuerdo y apoyar su aplicación.
Con la celebración exitosa de elecciones nacionales el 30 de agosto y los planes para declarar la independencia el 20 de mayo de 2002, a fines de 2001 el Consejo afirmó que las operaciones de las Naciones Unidas en Timor Oriental emprendidas por la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) eran un modelo de mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz después de los conflictos. No obstante, en las ocho sesiones que celebró sobre este tema también se advirtió que los logros y las inversiones de la comunidad internacional podrían verse en peligro sin una estrategia de finalización coherente, lo que podría significar una presencia continuada de las Naciones Unidas durante algún tiempo.
En un debate abierto de un día de duración celebrado el 26 de enero, el dirigente timorense Jose Ramos-Horta dijo al Consejo en que en septiembre de 1999 Timor Oriental "se encontraba en el año cero" debido a la violencia dirigida por la milicia tras el referéndum sobre la independencia de Indonesia. En esa sesión, el Sr. Ramos-Horta encomió a la UNTAET por sus esfuerzos para "timorizar" las operaciones mientras desempeñaba sus múltiples funciones de administración, seguridad, asistencia humanitaria y coordinación de la reconstrucción institucional y física.
Instando a una mayor delegación de autoridad al pueblo timorense en la transición del Territorio hacia la independencia, el 31 de enero el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la UNTAET hasta el 31 de enero de 2002. Mediante su resolución 1338 (2001), el Consejo también instó a la comunidad internacional a que facilitara asistencia financiera y técnica para ayudar a construir la nueva nación y crear una fuerza de defensa de Timor Oriental.
Al examinar la situación unos meses después, el 5 de abril el Sr. Hédi Annabi, Subsecretario General del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, dijo que esa semana había comenzado el entrenamiento de la nueva fuerza de defensa de Timor Oriental. También se había producido un aumento del número de refugiados que volvían de Timor Occidental, con lo que el número total ascendía a más de 180.000. No obstante, se estimaba que 100.000 continuaban en Timor Occidental. Los que permanecían continuaban enfrentándose a la discriminación y carecían de acceso a información sobre las condiciones reales en Timor Oriental.
En el debate que siguió a la intervención del Sr. Annabi, el Presidente del Consejo Nacional de la Resistencia Timorense, Kay Rala Xanana Gusmão, señaló las cuestiones sin resolver relativas a la justicia y la reconciliación, la seguridad y las perspectivas de desarrollo. El Sr. Ramos-Horta habló del proyecto de constitución, que abordaba las cuestiones de la tolerancia, la no violencia, el compromiso democrático y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y el estado de derecho. Dijo que ese documento sería vinculante para todas las partes políticas, independientemente del resultado de las elecciones.
El 30 de julio de 2001, en una reunión de información final antes de las elecciones, Sergio Vieira de Mello, Representante Especial del Secretario General y Administrador de la Transición en Timor Oriental, dijo a los miembros que "se acercaba el final" pero quedaba mucho por hacer para que Timor Oriental se beneficiara plena y verdaderamente de su independencia.
Después de que las elecciones se celebraran en agosto sin tropiezos, el Consejo acogió con beneplácito los resultados en una declaración presidencial de 10 de septiembre. En una reunión de información posterior, Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, comunicó que las elecciones se habían celebrado con la participación de más del 91% del electorado. No había una sola denuncia confirmada de incumplimiento del reglamento electoral.
Las delegaciones acogieron con beneplácito el resultado de las elecciones, felicitaron al pueblo de Timor Oriental por su "madurez política" y a la UNTAET, bajo el liderazgo de Sergio Vieira de Mello, por la manera en que se habían organizado y celebrado las elecciones. Se agradeció el apoyo de los Estados Miembros, entre ellos Indonesia. Muchos oradores convinieron en que sin duda era un momento de la historia de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas del que había que estar orgulloso. Otros pidieron a todas partes políticas que respetaran los resultados de las elecciones, trabajaran juntas para redactar la constitución y prepararan a Timor Oriental para la independencia.
El 31 de octubre, en sus últimas sesiones del año relativas a esta cuestión, el Consejo, en una declaración presidencial, hizo suya la recomendación de la Asamblea Constituyente de Timor Oriental de que la independencia se declarara el 20 de mayo de 2002.
En la misma declaración, también hizo suyas las recomendaciones del Secretario General sobre la reducción de la misión a un tamaño y configuración apropiados en los meses anteriores a la independencia y acordó que una misión sucesora, encabezada por el Representante Especial del Secretario General, Sergio Vieira de Mello, estuviera integrada por un componente militar, un componente de policía civil y un componente civil. Incluiría expertos que prestarían asistencia fundamental a la nueva administración de Timor Oriental. La misión iría reduciéndose gradualmente durante un período de dos años a partir de la independencia.
El Sr. Vieira de Mello, en su información al Consejo, subrayó algunos de los problemas que seguían existiendo. Dijo que una de las tareas más onerosas era ayudar a los timorenses a elaborar presupuestos que estuvieron en consonancia con medios limitados a medida que se reducía la presencia internacional. El apoyo proporcionado por la misión en curso, cuyo presupuesto era aproximadamente 10 veces superior al presupuesto nacional, simplemente no podría mantenerse después de la independencia.
Antes de esa reunión de información, el representante de Indonesia, en un debate abierto, dijo que su país esperaba con interés poder resolver las cuestiones pendientes y establecer una base sólida para las futuras relaciones y para los procesos que condujeran a la retirada de las tropas extranjeras. En esa sesión hicieron uso de la palabra otros 33 oradores, que expresaron un amplio apoyo a las recomendaciones del Secretario General, en particular las relativas a la finalización de la participación de las Naciones Unidas de manera estratégica y gradual a fin de que diera como resultado una nueva nación viable y autosostenible.
Las cinco sesiones que celebró el Consejo sobre el Iraq en 2001 se centraron en la necesidad de aliviar la difícil situación humanitaria del pueblo iraquí, y, al mismo tiempo, velar por que el Gobierno iraquí cumpliera plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, lo que permitiría el levantamiento de las sanciones. Por ese motivo, en la primera sesión sobre esta cuestión, celebrada el 1º de junio, el programa de "petróleo por alimentos" instaurado en virtud de la resolución 986 (1995) se prorrogó únicamente hasta el 3 de julio mediante la aprobación unánime de la resolución 1352 (2001). Entretanto, el Consejo expresó su intención de considerar nuevas disposiciones para la venta o suministro de mercancías y productos al Iraq y la facilitación del comercio civil.
Posteriormente, en un debate público celebrado los días 26 y 28 de junio, las deliberaciones se centraron en proyectos de propuestas del Reino Unido y la Federación de Rusia para modificar el régimen de sanciones vigente, así como en las relaciones entre el Iraq y Kuwait. En la sesión también se planteó la necesidad de volver a examinar los aspectos relativos a las zonas de prohibición de vuelos en el Iraq y la cuestión de los ciudadanos y propiedades kuwaitíes desaparecidos.
El representante de Kuwait pidió que se acataran plenamente las resoluciones de las Naciones Unidas, y dijo que las intenciones del Iraq hacia su país no eran pacíficas, habida cuenta de las amenazas repetidas de altos funcionarios del Iraq a la seguridad y la soberanía de Kuwait. Cuando se reanudó la sesión el 28 de junio, el Secretario General Adjunto de Relaciones Exteriores del Iraq dijo que su país había cumplido todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Había reconocido la soberanía, la integridad territorial, la independencia y las fronteras de Kuwait, había devuelto todas las propiedades kuwaitíes que había encontrado y había repatriado a todos los prisioneros de guerra. El Iraq también había condenado todas las formas de terrorismo internacional. Dijo que el objetivo de los Estados Unidos y del Reino Unido era perpetuar el bloqueo contra el Iraq, a pesar de sus esfuerzos por cumplir sus obligaciones.
Cuando el 3 de julio el Consejo aprobó unánimemente la resolución 1360 (2001), por la que decidió prorrogar el programa de petróleo por alimentos durante un período de 150 días, decidió que los ingresos para los sectores de la alimentación, la nutrición y la salud continuaran asignándose con carácter prioritario a fin de garantizar una distribución equitativa de la asistencia humanitaria a todos los segmentos de la población iraquí en todo el país. El 29 de noviembre el Consejo prorrogó el programa por otros 180 días a partir del 1º de diciembre. Con la aprobación unánime de la resolución 1382 (2001), también aprobó la lista de artículos sujetos a examen para que se comenzara a aplicar el 30 de mayo de 2002. Los artículos de esa lista, como equipo avanzado de telecomunicaciones, deben ser aprobados o denegados por el Comité de Sanciones del Consejo, después de evaluar el riesgo de que se desvíen para usos militares.
El 20 de diciembre, tras publicarse un informe del Secretario General, los miembros del Consejo, en una declaración a la prensa leída por el Presidente del Consejo, expresaron su preocupación por el hecho de que la repatriación de kuwaitíes y nacionales de terceros países y la devolución de bienes kuwaitíes por el Iraq todavía no fueran completas.
Gran parte de la labor del Consejo en relación con Angola durante el año, incluidas seis sesiones oficiales, se centró en el régimen de sanciones contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), a la luz de su continua actividad armada. También se prestó atención al terrorismo por parte de la UNITA, la situación humanitaria en el país, la pertinencia del acuerdo de paz de 1994 y la democratización. En una reunión de información celebrada a fines de año se pidió que las Naciones Unidas participaran más activamente en el país.
El Gobierno de Angola y la UNITA han venido librando una guerra civil intermitente y devastadora desde la independencia del país en 1975. En enero de 1999 el Secretario General llegó la conclusión de que el proceso de paz en Angola se había colapsado de nuevo, después de que la UNITA se negara a aplicar el acuerdo de paz de 1994, conocido como el Protocolo de Lusaka.
En consecuencia, el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) expiró a comienzos de 1999. En octubre siguiente, el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA) para que explorara medidas efectivas para restaurar la paz y ayudara al pueblo angoleño en el fomento de la capacidad, la asistencia humanitaria, la promoción de los derechos humanos y la coordinación de otras actividades.
En 2000 se creó un mecanismo de vigilancia de las sanciones contra la UNITA, y el 21 de diciembre se publicó un informe tras una investigación de seis meses (documento S/2000/1225, anexo). El 22 de febrero de 2001 el Consejo debatió el informe, y el 23 de febrero prorrogó el mandato del mecanismo por otros tres meses y solicitó una adición. El 19 de abril, mediante la resolución 1348 (2001), prorrogó ese mandato hasta el 17 de octubre y volvió a solicitar un informe complementario.
El informe del mecanismo llegó a la conclusión de que el movimiento rebelde todavía seguía muy activo en la guerra de guerrillas, atacando principalmente objetivos civiles, destruyendo la infraestructura, matando a personas inocentes y colocando minas terrestres. En la adición (documento S/2001/363) se observó que la firme determinación del Consejo de Seguridad de vigilar la aplicación de las sanciones había contribuido sin duda de manera positiva a obstaculizar el abastecimiento de material militar vital para la UNITA. Los gobiernos que antes violaban las sanciones estaban adoptando medidas para aplicarlas. Sin embargo, a pesar de que había disminuido el grado de impunidad, se mantenía intacta la intención de los que violaban las sanciones de seguir obteniendo beneficios de la cruel guerra en Angola. En el informe y sus anexos se detallaban esas violaciones de las sanciones.
En una sesión celebrada 19 de octubre, en la que participaron 30 oradores y se debatió el informe, el Presidente del Comité de Sanciones, Richard Ryan (Irlanda), dijo que el régimen de sanciones estaba funcionando, pero había que mejorar su eficacia. Entre las cuestiones planteadas en el debate posterior se incluyeron el establecimiento de penas por la violación de las sanciones ("sanciones secundarias") y un posible mecanismo permanente de vigilancia de las sanciones de las Naciones Unidas.
En la primera de las dos sesiones celebradas el 15 de noviembre, el Secretario General Adjunto Ibrahim Gambari, Asesor Especial del Secretario General, presentó información al Consejo. Dijo que en el mes anterior había continuado la lucha en Angola y se había intensificado en algunas zonas, lo que había empobrecido más al pueblo y había contribuido al empeoramiento de la situación humanitaria. En la segunda sesión celebrada en esa fecha, el Consejo, en una declaración leída por el Presidente, reafirmó su intención de seguir vigilando de cerca las sanciones. Afirmó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Angola por aplicar el Protocolo de Lusaka y a su intención de celebrar elecciones libres e imparciales y a todas las demás iniciativas encaminadas a lograr la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional.
Tras viajar en misión a Angola en diciembre, el Asesor Especial, Sr. Gambari, informó al Consejo, en una reunión celebrada el 21 de ese mes, de que por primera vez estaba surgiendo una convergencia de opiniones y las Naciones Unidas deberían volver a desempeñar una función más activa en el proceso de paz de Angola. Las cuestiones en las que el Gobierno deseaba iniciar una cooperación inmediata incluían la gestión del Fondo para la Paz y la Reconciliación, proyectos experimentales para los soldados desmovilizados y los desplazados internos y asistencia en el proceso electoral.
El Consejo celebró seis sesiones oficiales para examinar la situación en Burundi, que en 2001 se caracterizó por la inauguración de un gobierno de transición y un aumento de la violencia.
En 1993 los conflictos internos de larga data en Burundi provocaron una tentativa de golpe de Estado, en la que resultó muerto el primer Presidente democráticamente elegido, un hutu, que fue seguida de luchas generalizadas entre el ejército, predominantemente tutsi, y los rebeldes hutu, que causaron aproximadamente 200.000 muertos y desplazamientos masivos. Los intensos esfuerzos del ex Presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, Facilitador del proceso de paz, condujeron a la firma el 28 de agosto de 2000 en Arusha (República Unida de Tanzanía) del Acuerdo de Paz y Reconciliación por la mayoría de las partes. El 1º de noviembre entró en vigor un plan para ejercer conjuntamente el poder, por el que un Presidente hutu y un tutsi se alternan en el gobierno del país. Los dos principales grupos rebeldes hutu han rechazado el plan del Facilitador y han declarado su intención de continuar luchando contra el ejército dominado por los tutsi. Entretanto, el sufrimiento humanitario en Burundi continúa sin remitir.
En la primera sesión oficial del año sobre la situación en Burundi, celebrada el 2 de marzo, el Consejo emitió una declaración presidencial por la que condenaba los recientes ataques de los grupos armados, en particular los ataques de las Fuerzas Nacionales de Liberación contra Bujumbura. Subrayó la importancia de que se prestara asistencia humanitaria de urgencia a los civiles desplazados. En una segunda declaración presidencial, dada a conocer el 29 de junio, se pidió la suspensión inmediata de las hostilidades y que los grupos armados comenzaran negociaciones.
Tres meses después, el 26 de septiembre, en una tercera declaración presidencial, los miembros del Consejo expresaron su firme apoyo a la instauración el 1º de noviembre del Gobierno de transición en Burundi. El Consejo expresó su creencia de que la creación de un gobierno de base amplia e integrador supondría "un punto de inflexión" en el proceso de paz y alentó a los donantes a que proporcionaran asistencia adicional. El 29 de noviembre el Consejo hizo suyos los esfuerzos del Gobierno de Sudáfrica y de otros Estados Miembros por apoyar la aplicación del Acuerdo de Arusha y expresó su firme apoyo a la creación de una presencia multinacional de seguridad provisional en Burundi para proteger a los dirigentes políticos repatriados y capacitar a la fuerza de protección compuesta exclusivamente por burundianos.
Cuando tuvo lugar la inauguración del Gobierno de transición, se produjo un aumento de la violencia. En una declaración presidencial de 15 de noviembre el Consejo expresó su preocupación e instó a todos los burundianos a que rechazaran la violencia y alcanzaran sus objetivos a través de las instituciones y los mecanismos del proceso de transición.
Las prolongadas tensiones políticas y crisis sociales en la República Centroafricana, a la que el Secretario General ha denominado "el país más vulnerable" de la subregión, se agravaron este año cuando en mayo un ex Presidente de la República intentó dar un golpe de Estado. En 2001 la situación se debatió en cuatro sesiones del Consejo.
El 23 de enero el Consejo recibió información de Tidiane Sy, Representante del Secretario General y Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA), que había sustituido a la misión de mantenimiento de la paz que ayudó a lograr un acuerdo en 1997 por el que se puso fin a la guerra civil en el país. Subrayó las grandes dificultades sociales y económicas debidas a la tensión política y las crisis de seguridad, en particular la considerable tensión entre el partido en el poder y la oposición.
Después de escuchar esa información y las declaraciones de los representantes del país y de un funcionario del Banco Mundial, el Consejo dio a conocer una declaración presidencial en la que expresó su preocupación por las tensiones políticas y sociales que se habían reavivado en el país y que amenazaban con entorpecer los recientes esfuerzos para lograr la reconciliación nacional. Exhortó al Gobierno a que iniciara reformas económicas y disipara las tensiones sociales y subrayó la necesidad prioritaria de que se abonaran los sueldos en mora en la administración pública.
Tras una tentativa de golpe de Estado en el país el 28 de mayo, que causó la muerte a seis personas y el desplazamiento de decenas de miles, los miembros del Consejo condenaron esa acción en una declaración de prensa. El 17 de julio, un nuevo examen de la cuestión condujo a la aprobación de una declaración presidencial por la que se condenaba enérgicamente el asesinato del coordinador de asuntos de seguridad de las Naciones Unidas, Jean-Pierre Lhommee, nacional de Francia y que murió el día de la tentativa. El Consejo también reiteró su condena de la tentativa de golpe de Estado.
Después de la publicación del tercer informe del Secretario General sobre la situación, en el que se detallaban propuestas sobre un mandato revisado de la BONUCA, el Consejo se reunió el 21 de septiembre para debatir la cuestión. El General Lamine Cisse, ex Ministro del Interior del Senegal y nuevo representante del Secretario General en el país, dijo al Consejo que una oficina de las Naciones Unidas más firme alentaría un desarme efectivo y fortalecería el sistema judicial y el estado de derecho.
El 26 de septiembre el Consejo aprobó una declaración presidencial en la que tomó conocimiento de la intención del Secretario General, en coordinación con el Gobierno de la República Centroafricana, de prorrogar el mandato de la BONUCA por otro año y fortalecer su función.
En 16 sesiones celebradas en 2001, el Consejo se centró en la necesidad de que se aplicara el Acuerdo de Paz de Lusaka en la República Democrática del Congo y cesara la explotación de recursos que ayudaba a prolongar el derramamiento de sangre. Si bien la cesación del fuego se había mantenido en la mayor parte del país, existía inquietud por la continuación del conflicto en la región oriental. La situación humanitaria y de los derechos humanos seguía siendo deficiente y los organismos humanitarios se enfrentaban a un empeoramiento de las condiciones, e incluso a la muerte.
El Consejo, al expresar su preocupación por esas condiciones, subrayó la necesidad urgente de que aumentara la asistencia económica internacional en apoyo al proceso de paz. Durante todo el año los miembros del Consejo continuaron recalcando la importancia del diálogo entre los congoleños, y expresaron su apoyo a Sir Ketumile Masire, Facilitador del diálogo entre los congoleños.
El capítulo actual del conflicto data de agosto de 1998, cuando en un intento por estabilizar el país y consolidar su control, el entonces Presidente Laurent Kabila expulsó a las tropas de Rwanda que permanecían en el país después de su victoria en 1997. Esa medida provocó motines del ejército en la capital, Kinshasa, y en las provincias de Kivu en el este. Si bien se sofocó el motín de Kinshasa, continuó el de las provincias de Kivu y se convirtió en un intento de derrocar al Gobierno. Los grupos que se oponían al Gobierno de Kabila eran facciones de la Coalición Congoleña para la Democracia (CCD), apoyada por Rwanda y Uganda. El Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), otro grupo rebelde, surgió posteriormente. Defendían al Gobierno de Kabila las antiguas Fuerzas Armadas Rwandesas/milicias interahamwe. Angola, Namibia, el Chad, Zimbabwe y el ejército congoleño también apoyaban al Presidente Kabila.
En julio de 1999 en Lusaka (Zambia), la República Democrática del Congo, junto con Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, firmaron el Acuerdo de cesación del fuego, y el MLC lo firmó en agosto. Junto con la cesación de las hostilidades, el Acuerdo contemplaba el envío de una operación internacional de mantenimiento de la paz y el comienzo de un "diálogo nacional" sobre el futuro del país. A fin de mantener el enlace con las partes y realizar otras tareas, en noviembre de 1999 el Consejo creó la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), que incorporó a personal de las Naciones Unidas autorizado en resoluciones anteriores.
Al exigir este año que se cumpliera el Acuerdo de Lusaka, el Consejo reiteró su llamamiento para que todas las tropas extranjeras se retiraran completamente del país y todas las partes completaran la separación y el redespliegue de sus fuerzas. Los Presidentes de la República Democrática del Congo (Joseph Kabila fue nombrado Presidente tras la muerte de su padre en enero de 2001) y de Rwanda, que se dirigieron al Consejo en sesiones separadas, apoyaron el llamamiento para que se retiraran las tropas extranjeras.
El 22 de febrero, en su resolución 1341 (2001), el Consejo declaró su intención de seguir de cerca los progresos en la separación de las tropas extranjeras mediante el envío de una misión a la región, e indicó que estaba dispuesto a estudiar las medidas que podría imponer en caso de que las partes no cumplieran plenamente lo dispuesto en la resolución. Reafirmó además que estaba dispuesto a respaldar al Secretario General, siempre y cuando éste lo considerara necesario, en el despliegue de tropas en las zonas fronterizas de la zona oriental del país. Al exigir que se pusiera fin al despliegue de niños soldados, el Consejo pidió que se cooperara con la MONUC, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras organizaciones humanitarias con miras a lograr su rápida desmovilización y rehabilitación.
El 3 de mayo el Consejo de Seguridad examinó la cuestión de la explotación de los recursos naturales y riquezas de la República Democrática del Congo en un debate abierto de un día de duración, después del cual el Consejo condenó esas actividades en una declaración presidencial. El debate siguió al examen del informe del Grupo de Expertos encargado de investigar la explotación ilícita de los recursos naturales del Congo, como el coltán, los diamantes, el oro, el cobre, el cobalto, la madera y el café. El Consejo examinó una adición al informe en otra sesión de un día de duración celebrada el 19 de diciembre, en la que algunos oradores respondieron a las alegaciones concretas que figuraban en el informe.
El 15 de junio el Consejo prorrogó y modificó el mandato de la MONUC, tras celebrar una reunión el 13 de junio con Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y Olara Otunnu, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados. El concepto actualizado de operaciones incluía la creación de un componente de policía civil y una sección civil y militar integrada para coordinar las operaciones de desarme, desmovilización, repatriación y reintegración. También incluía la ampliación de la presencia de la MONUC en Kisangani, el fortalecimiento de la capacidad de apoyo logístico de la Misión para facilitar el despliegue en curso y el previsto en el futuro. El Consejo autorizó a la MONUC a que prestara asistencia en las primeras etapas de desmovilización, desarme y reintegración de los grupos armados y pidió al Secretario General que desplegara observadores militares para supervisar el proceso de retirada temprana allí donde se aplicase.
El Consejo también pidió al Secretario General que garantizara un despliegue suficiente de asesores para la protección de los niños, se hiciera una supervisión consistente y sistemática y presentase informes sobre el comportamiento de las partes respecto de su obligación de proteger a la infancia. El Consejo también reafirmó que se debería organizar una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo en la región bajo la égida de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA).
El 24 de octubre, tras un prolongado debate, el Consejo, en una declaración presidencial, apoyó la iniciación de la fase III del despliegue de la MONUC, en particular en la parte oriental del país. El 9 de noviembre, el Consejo, en su resolución 1376 (2001) afirmó que la ejecución de la fase III requeriría la desmilitarización de Kisangani, el pleno restablecimiento de la libre circulación de personas y bienes en todo el país y la plena cooperación con las operaciones militares y logísticas de la MONUC. Otros requisitos previos incluían un diálogo directo entre los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de Rwanda y el establecimiento por Rwanda de condiciones propicias para la desmovilización, el desarme y la reintegración de los grupos armados.
En mayo de 1998 comenzaron los combates entre Etiopía y Eritrea como resultado de una controversia fronteriza, y volvieron a estallar en varias ocasiones a pesar de concertarse varias cesaciones del fuego. El 18 de junio de 2000 ambos países firmaron un Acuerdo de cesación de las hostilidades, en el que se pedía a las Naciones Unidas, en cooperación con la OUA, que establecieran una operación de mantenimiento de la paz para ayudar en su aplicación.
En junio de 2000 el Consejo decidió establecer la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE). El mandato de la Misión incluía establecer enlaces con las partes, verificar la cesación de las hostilidades y planificar una futura operación de mantenimiento de la paz. Negociaciones ulteriores, facilitadas por el Presidente de Argelia, dieron como resultado la firma, el 12 de diciembre de 2000, de un amplio Acuerdo de Paz.
En 2001 el Consejo se reunió en cinco ocasiones para examinar esta cuestión. El 9 de febrero de 2001, en una declaración presidencial, el Consejo expresó su rotundo apoyo al Acuerdo de Paz firmado en diciembre y acogió con beneplácito el acuerdo alcanzado para establecer una zona temporal de seguridad, lo que allanaba el camino para el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en condiciones de seguridad.
El 19 de abril, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Marie Guéhenno, informó al Consejo de que el establecimiento de la zona temporal de seguridad el 18 de abril señalaba la separación formal de las fuerzas de Etiopía y Eritrea. La creación de la zona permitiría restaurar la administración civil de Eritrea, incluida la policía y la milicia local, y comenzar los preparativos para el regreso de la población. Comunicó que no se habían producido violaciones importantes de la cesación del fuego y la situación permanecía en calma.
En el debate posterior, los miembros del Consejo acogieron con satisfacción los progresos, pero subrayaron la importancia de establecer vuelos directos entre Addis Abeba y Asmara. También señalaron la necesidad de lograr un regreso ordenado de los desplazados internos a la zona temporal de seguridad antes del inicio de la estación de las lluvias, un acceso sin obstáculos de los necesitados a la asistencia humanitaria y un rápido inicio de la labor de la Comisión de Fronteras.
El 15 de mayo, el Consejo, en una declaración presidencial, subrayó que las partes debían permitir el libre acceso de la MINUEE y sus suministros, incluso en la zona temporal de seguridad, que debía estar completamente desmilitarizada.
En 2001 el Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato de la MINUEE, más recientemente del 14 de septiembre al 15 de marzo de 2002. Al aprobar por unanimidad la resolución 1369 (2001) relativa a esa prórroga, el Consejo también instó a las partes a que orientaran sus esfuerzos de adquisición de armas y otras actividades militares hacia la reconstrucción y el desarrollo de sus economías.
Misión a la región de los Grandes Lagos
El 30 de mayo el Secretario General informó al Consejo de que la importante y oportuna visita de la misión del Consejo a la región de los Grandes Lagos había servido para consolidar el impulso hacia la paz en la República Democrática del Congo, cuando el Consejo se reunió para examinar el informe sobre esa visita. Dijo que la situación humanitaria seguía siendo un desafío urgente, e hizo un llamamiento para que se aportara mayor apoyo financiero a la asistencia humanitaria, que hasta entonces sólo había recibido el 20% de las necesidades incluidas en el llamamiento consolidado.
El representante de Francia, al presentar el informe de la misión, dijo que le inquietaba el estancamiento en el que se encontraba Burundi. A fin de abordar las preocupaciones sobre el problema de los refugiados, la misión había sugerido que se estableciera una comisión entre la República Unida de Tanzanía y Burundi para encontrar medios prácticos de reducir la tensión. Los representantes de muchos de los países de la región hablaron acerca de la separación de las tropas en la República Democrática del Congo, los grupos rebeldes recalcitrantes y la apropiación indebida de los recursos del Congo.
Debido a su apoyo al Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona y otros grupos armados en la subregión del África occidental, el 7 de marzo el Consejo impuso sanciones amplias contra Liberia. Estas incluían un embargo de armas, la prohibición de exportar diamantes de Liberia y la prohibición de viajar a determinadas personas del Gobierno de Liberia y otras que al parecer proporcionaban apoyo al FRU. Con la aprobación por unanimidad de la resolución 1343 (2001), el Consejo exigió que Liberia expulsara a todos los miembros del FRU y prohibiera todas las actividades de ese grupo en su territorio.
El 5 de noviembre el Grupo de Expertos sobre Liberia presentó su informe al Consejo de Seguridad. El Grupo fue nombrado por el Secretario General para investigar las violaciones de las sanciones impuestas en marzo. El Grupo comunicó que, si bien había aumentado ligeramente la cooperación y disminuido la violencia, a fin de lograr un acuerdo de paz duradero en Sierra Leona se debía garantizar que Liberia se separara completamente del FRU.
En la misma sesión, Edward Tsui, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que la frágil situación económica de Liberia podría empeorar si las sanciones no se veían acompañadas de un aumento de la respuesta de los donantes humanitarios. Subrayó que la economía de Liberia dependía en gran medida de la exportación de productos naturales. Si el Consejo consideraba la posibilidad de imponer sanciones adicionales, podría ser conveniente que considerara también establecer mecanismos a fin de supervisar regularmente los efectos de dichas sanciones en el pueblo de Liberia.
El conflicto en Sierra Leona data de marzo de 1991, cuando combatientes del FRU iniciaron una guerra desde la zona oriental del país, cerca de la frontera con Liberia, para derrocar al Gobierno. En octubre de 1999, el Consejo, en su resolución 1270 (1999) estableció la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) a fin de ayudar a aplicar el Acuerdo de Paz de Lomé (Togo), firmado el 7 de julio de 1999 entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU.
Debido a la continua inestabilidad, el Consejo de Seguridad aumentó la dotación autorizada de la UNAMSIL en varias ocasiones, hasta, el 19 de mayo, 17.500 efectivos militares, incluidos 260 observadores militares.
El 25 de enero el Consejo examinó el informe del Grupo de Expertos que estableció el mes de julio anterior para reunir información sobre las violaciones del embargo de armas, así como sobre la relación entre el comercio de diamantes y el de armas. El Grupo determinó que las sanciones relativas a las armas y los diamantes se estaban violando "con impunidad". El Grupo también hizo amplias recomendaciones, en las que exhortaba a la creación de un sistema mundial de certificación de los diamantes, un embargo de las exportaciones de armas de determinados países productores, una prohibición de viajar a altos funcionarios de Liberia y la creación en la Secretaría de las Naciones Unidas de la capacidad para seguir vigilando el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad.
En el debate, de un día duración, 26 oradores formularon declaraciones ante el Consejo, y muchos de ellos pidieron que se impusieron nuevas medidas que frenaran el comercio ilícito de diamantes de Sierra Leona y la corriente de armas ilícitas hacia ese país. También subrayaron la necesidad de abordar efectivamente la función de Liberia y otros países como elemento impulsor del conflicto. Liberia fue uno de los países citados en el informe que expresó su desacuerdo con sus conclusiones.
El 8 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió al Consejo de Seguridad que fortaleciera a la UNAMSIL como factor fundamental para permitir el regreso de los refugiados y lograr la estabilidad general. El 30 de marzo, el Consejo, al prorrogar el mandato de la UNAMSIL por un período de seis meses, incrementó su componente militar hasta una dotación de 17.500 efectivos, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados. Al aprobar por unanimidad la resolución 1346 (2001), el Consejo también pidió que el FRU y otros grupos militares cesaran inmediatamente sus violaciones de los derechos humanos, en particular el acoso y el reclutamiento forzado de adultos y niños para combatir y realizar trabajos forzados.
El 28 de junio, Oluyemi Adeniji, Representante Especial el Secretario General y Jefe de la UNAMSIL comunicó al Consejo que el proceso de paz en Sierra Leona había experimentado cambios notables. La Misión había consolidado sus contactos con el FRU y al mismo tiempo había seguido trabajando estrechamente con el Gobierno de Sierra Leona. Las consultas con las partes habían incluido consultas delicadas sobre el distrito de Kambia, que habían llevado a que el FRU considerara reanudar el desarme, la desmovilización y la reinserción en ese distrito. También se habían logrado progresos en otros aspectos del proceso de paz, y se habían abierto la mayoría de las carreteras del país, lo que había ayudado a reanudar las operaciones humanitarias.
El 18 de septiembre el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMSIL por otro período de seis meses a partir del 30 de septiembre de 2001, al aprobar la resolución 1370 (2001), en su forma oralmente enmendada, y volvió a pedir que el FRU pusiera fin a las violaciones de los derechos humanos y otras violaciones de la cesación del fuego. Dado que el comercio ilícito de diamantes continuó motivando esas violaciones, el 19 de diciembre el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1385 (2001), por la que decidió prorrogar durante 11 meses, a partir del 5 de enero de 2002, la prohibición de importar diamantes en bruto de Sierra Leona, con la excepción de los controlados por el Gobierno de conformidad con el sistema de certificados de origen.
Tras enviar dos misiones al África occidental, el 14 de mayo el Consejo celebró una sesión abierta, en un esfuerzo por poner fin al círculo vicioso de inestabilidad, inseguridad y desplazamientos en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Ibrahima Fall, Subsecretario General de Asuntos Políticos, dijo que era crucial adoptar una perspectiva regional e integrada hacia esos problemas. Una misión interinstitucional a 11 países del África occidental, que él encabezó, también propuso que se creara una oficina de las Naciones Unidas para el África occidental, y que se ampliara el mandato de la UNAMSIL a Guinea y Liberia.
Carolyn McAskie, Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, encabezó otra misión a la subregión para evaluar la situación humanitaria en la zona. Dijo que Guinea, tras años de hacer frente a las consecuencias de la guerra en Sierra Leona, se enfrentaba ahora a una crisis humanitaria propia. Se habían producido algunos avances en Sierra Leona, pero la reinserción de los ex combatientes y el reasentamiento de los desplazados serían fundamentales. Entretanto, nuevas corrientes de refugiados amenazaban con entrar desde Liberia. Propuso que se creara una capacidad subregional para el intercambio y análisis de información estratégica, el apoyo a las organizaciones regionales de la sociedad civil, tales como la Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río Mano, y se estableciera una presencia más firme de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
En el intercambio de opiniones posterior, los miembros convinieron en la necesidad de adoptar una perspectiva regional e integrada ante los problemas de seguridad. Además expresaron su apoyo a muchas de las recomendaciones del informe interinstitucional, en particular al establecimiento de una oficina de las Naciones Unidas en el África occidental, y a las medidas para fortalecer la función de la CEDEAO en la región.
Tras otra reunión de información sobre los resultados de la misión interinstitucional al África occidental, celebrada el 19 de diciembre, se reiteró ese apoyo. El Consejo emitió una declaración presidencial en la que manifestó su pleno apoyo al establecimiento de la oficina del Representante Especial del Secretario General para la subregión, y subrayó también la necesidad de fortalecer las capacidades de la CEDEAO.
Las cuatro sesiones que celebró Consejo sobre Somalia se centraron en la cuestión del establecimiento de una presencia de consolidación de la paz de las Naciones Unidas en el país, a la luz del proceso de reconciliación nacional que comenzó con una conferencia de paz entre las facciones en Arta (Djibouti), celebrada a mediados de 2000, y la formación de un gobierno de transición. Tras un decenio de anarquía y hambruna, el país seguía enfrentándose a grandes desafíos en materia de seguridad, reconstrucción y desarrollo; también se debatió la posibilidad de celebrar elecciones democráticas en 2003.
El 11 de enero el Consejo publicó una declaración presidencial en la que expresó su apoyo a la Conferencia de Paz de Arta y el establecimiento del gobierno de transición. No obstante, como la prestación de asistencia humanitaria seguía siendo difícil, el 19 de junio aprobó por unanimidad la resolución 1356 (2001), en la que decidió que el equipo no mortífero, como la ropa de protección y los cascos, quedara exento del embargo de armas impuesto al país en 1992.
En cuanto a la cuestión del establecimiento de una presencia de las Naciones Unidas en el país, el Secretario General presentó un informe en el que indicó su disposición a preparar una propuesta para enviar a Somalia una misión de consolidación de la paz que ayudara a finalizar el proceso de paz. No obstante, dijo que la situación de seguridad todavía no le permitía recomendar el despliegue de esa misión en el país. En un debate de un día de duración en el que se examinó el informe, celebrado el 19 de noviembre, los miembros del Consejo expresaron inquietudes similares sobre ese despliegue. Sin embargo, el Primer Ministro de Somalia dijo que si no se enviaba pronto una misión de mantenimiento de la paz se contribuía al círculo vicioso de seguridad inadecuada.
El 31 de octubre el Consejo, en una declaración presidencial, dijo que el proceso de paz de Arta era la base más viable para la paz y la reconciliación nacional. Reafirmó la firme determinación del Consejo de lograr un arreglo amplio y duradero en Somalia.
El 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad, tomando conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno del Sudán para cumplir las disposiciones de las resoluciones del Consejo, y acogiendo con beneplácito la adhesión por el Sudán a las convenciones internacionales pertinentes para la eliminación del terrorismo, decidió poner fin, con efecto inmediato, a las medidas mencionadas en los párrafos 3 y 4 de la resolución 1054 (1996) y el párrafo 3 de la resolución 1070 (1996).
El Consejo adoptó esa decisión al aprobar su resolución 1372 (2001) por 14 votos a favor y 1 abstención (Estados Unidos de América). En la resolución 1054 (1996), el Consejo había decidido que todos los Estados redujeran significativamente el número, la categoría y la circulación de su personal diplomático en el país, y había pedido a los Estados que restringieran la circulación por su territorio de los integrantes del Gobierno del Sudán, sus funcionarios y los miembros de sus fuerzas armadas. También había pedido a todas las organizaciones internacionales y regionales que no convocaran ninguna conferencia en el Sudán.
En su resolución 1070 (1996), el Consejo había decidido que todos los Estados negaran a las aeronaves asociadas con el Sudán permiso para despegar, aterrizar o sobrevolar sus territorios.
El representante de los Estados Unidos de América, explicando su abstención, dijo que el Gobierno del Sudán había adoptado medidas sustanciales para cumplir las demandas de la resolución 1054 (1996). Sin embargo, continuaban existiendo problemas, como el hecho de que no se hubiera entregado información relativa al intento de asesinato del Presidente Mubarak de Egipto. Las autoridades del Sudán estaban entablando un debate serio sobre maneras de luchar contra el terrorismo, y esperaba que participaran plenamente en esa lucha. Dijo que su Gobierno también seguiría pidiendo al Sudán que hiciera frente a las violaciones de los derechos humanos y al sufrimiento del pueblo sudanés.
En 2001 el Consejo prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en varias ocasiones: el 27 de febrero, el 27 de abril, el 29 de junio y el 27 de noviembre, en sus resoluciones 1342 (2001), 1349 (2001), 1359 (2001) y 1380 (2001), respectivamente. De conformidad con esta última resolución, el Consejo decidió prorrogar el mandato de la Misión hasta el 28 de febrero de 2002 y manifestó su apoyo a todos los esfuerzos por celebrar un diálogo adicional a fin de hallar una solución política al conflicto, bajo los auspicios del Enviado Personal del Secretario General, James Baker III.
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) mantienen una controversia sobre el territorio desde que España abandonó su control en 1974. En 1991 se creó la MINURSO para supervisar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia o la integración con Marruecos como parte de un plan de arreglo de las Naciones Unidas. El proceso del referéndum ha permanecido estancado durante años debido a las apelaciones al proceso de inscripción de los votantes y otros problemas.
En cinco sesiones celebradas en 2001, el Consejo proporcionó un foro para que los Estados Miembros expresaran su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, así como por la violencia en Israel, ya que continuó el ciclo de violencia que comenzó en septiembre de 2000. Sin embargo, el Consejo no llegó a un acuerdo sobre las medidas a adoptar, pues los Estados Unidos de América vetaron la aprobación de resoluciones en dos ocasiones.
El 15 y el 19 de marzo, en un debate abierto solicitado por el Grupo de Estados Árabes, el Grupo Islámico y la Misión Permanente de Observación de Palestina, muchos gobiernos expresaron su apoyo al envío a la región de una misión internacional de observación. La mayoría de los oradores criticaron lo que denominaron el uso excesivo e indiscriminado de la violencia contra los civiles palestinos. Varios oradores también condenaron todos los actos de anarquía y terrorismo. Casi todos los oradores instaron a Israel a que pusiera fin al bloqueo de las ciudades palestinas y al cerco de las aldeas con tropas y tanques.
El 27 de marzo los Estados Unidos de América vetaron un proyecto resolución en el que se expresaba que el Consejo estaba dispuesto a establecer una fuerza de observación, explicando que el proyecto ignoraba la necesidad básica de contar con el acuerdo de ambas partes. El representante de los Estados Unidos dijo que su país habría apoyado el texto si hubiera exhortado a que se pusiera fin a la incitación y a la violencia, y a la aplicación de todos los compromisos acordados, incluidos los alcanzados en Sharm el-Sheikh.
El 20 y el 21 de agosto el Consejo escuchó a 48 oradores debatir la situación, ya que celebró otro debate abierto a solicitud de la Organización de la Conferencia Islámica. En la sesión se subrayó mayoritariamente que la aplicación de las recomendaciones que figuraban en el informe Mitchell era el único camino viable para poner fin a la violencia en el Oriente Medio y reavivar el proceso de paz.
En ese informe, resultado de un viaje a la región del ex Senador de los Estados Unidos George Mitchell y publicado el 21 de mayo, se exhortaba a una cesación del fuego inmediata, la renuncia al terrorismo, la reanudación de las conversaciones de paz y la recuperación de la confianza entre Israel y la Autoridad Palestina. También se pedía que se congelara la construcción de asentamientos, se levantaran las restricciones económicas en las zonas palestinas, Israel limitara su uso de la fuerza mortífera contra los palestinos y la Autoridad Palestina impidiera los ataques de palestinos contra israelíes.
En las sesiones celebradas en agosto muchos oradores continuaron apoyando el establecimiento de una fuerza internacional de observación en el Oriente Medio. Otros lamentaron el aumento de la violencia, los asesinatos extrajudiciales de Israel, la ocupación por las autoridades israelíes de la Casa de Oriente y otras instituciones palestinas en Jerusalén oriental y lo que denominaron otros "actos de provocación" deliberados.
El representante de la Conferencia Islámica instó al Consejo a que adoptara las medidas necesarias para proteger a los palestinos, restituyera las instituciones palestinas en Jerusalén oriental y levantara las restricciones impuestas a la entrada a la mezquita de Al-Aqsa y otros lugares de culto musulmanes y cristianos en la ciudad. Dijo que "la protección que buscamos impediría que Israel continuara sus prácticas ilícitas e inhumanas dirigidas contra el pueblo palestino, y despejaría el camino para reanudar el proceso de paz".
El 14 de diciembre, en una sesión celebrada de la noche del viernes hasta la mañana siguiente, nuevamente el Consejo no pudo aprobar un proyecto de resolución en el que hubiera condenado todos los actos de ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y la amplia destrucción de propiedades, y esperaba con interés que se estableciera un mecanismo de vigilancia para ayudar a las partes. El proyecto recibió 12 votos a favor y 2 abstenciones (Noruega y el Reino Unido), y fue vetado por el voto en contra de los Estados Unidos de América.
Israel y el Líbano
En 2001 el Consejo de Seguridad prorrogó en dos ocasiones el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), el 30 enero y el 31 de julio, con la aprobación por unanimidad de las resoluciones 1337 (2001) y 1365 (2001), respectivamente. En virtud de esta última resolución, el mandato se prorrogó hasta el 31 de enero de 2002, y se mantuvo la dotación militar de la misión en 4.500 efectivos.
En esas resoluciones, a la luz de la retirada de Israel del Líbano en junio de 2000, el Consejo pidió al Gobierno del Líbano que adoptara nuevas medidas para garantizar el restablecimiento de su autoridad efectiva en todo el sur del país, desplegara fuerzas armadas con mayor rapidez y asumiera la vigilancia de todos los puestos de control. El Consejo también expresó su preocupación por las graves violaciones de la línea de repliegue de las Naciones Unidas e instó a las partes a que les pusieran fin. Apoyó los esfuerzos de la FPNUL por mantener la cesación del fuego a lo largo de la línea de repliegue mediante patrullas y actividades de observación desde posiciones fijas y estrechos contactos con las partes.
En 2001 el Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), más recientemente el 27 de noviembre, en virtud de la resolución 1381 (2001), hasta el 31 de mayo de 2002. La FNUOS fue establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 350 (1974), de 31 de mayo de 1974, para mantener la cesación del fuego entre Israel y Siria y supervisar las zonas de separación y limitación.
Después de aprobar las resoluciones por las que prorrogó el mandato, el Consejo, en una declaración presidencial, expresó su acuerdo con los párrafos de los informes del Secretario General sobre la FNUOS en los que afirmaba que la situación en el Oriente Medio era potencialmente peligrosa y era probable que siguiera siéndolo a menos que se pudiera alcanzar un arreglo amplio.
Este año el Consejo se reunió en cinco ocasiones para debatir la cuestión de Bosnia y Herzegovina, y se centró principalmente en las relaciones étnicas, el regreso de los refugiados y la eventual integración del país en Europa. Al aprobar por unanimidad la resolución 1357 (2001), el 21 de junio, prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) hasta el 21 de junio de 2002 y autorizó a que la Fuerza Multinacional de Estabilización (SFOR) se mantuviera otros 12 meses.
El 22 de marzo el Consejo condenó las medidas unilaterales adoptadas por el Congreso Nacional Croata para establecer la autonomía croata, en contradicción manifiesta del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina firmado en París en 1995. Pidió al nuevo Estado y a las entidades gubernamentales formados después de las elecciones generales del 11 de noviembre de 2000 que hicieran nuevos progresos sobre el regreso de los refugiados, la consolidación de las instituciones del Estado y la reforma económica.
En una reunión de información celebrada antes de esa sesión, Wolfgang Petritsch, Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina, informó a los miembros del Consejo de que en 2000 había regresado un número sin precedentes de refugiados y desplazados, más de 67.000 a Bosnia y Herzegovina. Más de 2.000 habían vuelto a las zonas en las que eran minoría, prácticamente duplicando la cifra alcanzada en 1999.
El 21 de septiembre, Jacques Paul Klein, Representante Especial del Secretario General y Coordinador de las Operaciones de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, dijo al Consejo que Bosnia y Herzegovina necesitaba una visión práctica para ayudar a la región a liberarse de su pasado balcánico e iniciar un futuro europeo. En la misma sesión, el Sr. Petritsch recalcó que el fortalecimiento del Estado y de las finanzas de la entidad, el mejoramiento de la administración pública y el establecimiento de un marco jurídico moderno darían a Bosnia y Herzegovina las instituciones necesarias para mantener la estabilidad y, a su debido tiempo, incorporar al país en Europa.
En la última sesión, el Subsecretario General del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hédi Annabi, dijo al Consejo que una misión de policía regional debería asumir las responsabilidades de la policía y de los sistemas judicial y penal. La misión debería tener una dotación de personal de aproximadamente la cuarta parte de la que tenía la UNMIBH, quizá 450 oficiales de policía.
Teniendo en cuenta que el Gobierno de Chipre convino en que era necesario mantener la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) después del 15 de junio, el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la misión en dos ocasiones, en la más reciente hasta el 15 de junio de 2002, en su resolución 1384 (2001). En esa resolución, el Consejo también reafirmó todas sus resoluciones pertinentes sobre la situación.
La UNFICYP fue creada por el Consejo de Seguridad en su resolución 186 (1964), con el mandato de impedir que se reanudaran los combates entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota, y contribuir al mantenimiento y la restauración del orden público. Después de las hostilidades de 1974, el Consejo amplió el mandato para que incluyera el mantenimiento de una zona de amortiguación entre las fuerzas. Al no haberse alcanzado un acuerdo político, el mandato de la UNFICYP se ha prorrogado posteriormente cada seis meses.
El 10 de septiembre el Consejo de Seguridad puso fin a las prohibiciones que impedían la venta o suministro de armas y material conexo a la República Federativa de Yugoslavia, con aprobación unánime de la resolución 1367 (2001). Las prohibiciones, cuyo objetivo era fomentar la paz y la estabilidad en Kosovo, fueron establecidas por el Consejo en la resolución 1160 (1998). Prohibían la venta a Yugoslavia de armas y material conexo, como armas y municiones, vehículos y equipo militares y piezas de repuesto.
Como había temido el Consejo desde hacía tiempo, en 2001 la violencia étnica se extendió de otras zonas de la ex Yugoslavia a la ex República Yugoslava de Macedonia, por lo que en 2001 el Consejo centró sus medidas en ese Estado de los Balcanes. Las iniciativas posteriores condujeron a la firma de un Acuerdo Marco por los dirigentes de cuatro partidos de Macedonia, en el que se exhortaba a la creación de una sociedad civil pacífica y multicultural.
El 7 de marzo el Ministro de Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia presentó información a los miembros del Consejo, tras semanas de incidentes armados de extremistas de etnia albanesa a lo largo de la frontera septentrional con Kosovo, que produjeron la muerte a tres soldados macedonios el 4 de marzo. Inmediatamente después de la sesión, el Consejo aprobó una declaración presidencial en la que condenó la violencia y el asesinato de los soldados en la zona de Tanusevci. Dos semanas más tarde, el 21 de marzo, pidió que se pusiera fin a toda la violencia extremista en la región, incluidas las actividades terroristas, al aprobar la resolución 1345 (2001). En la resolución 1371 (2001), de 26 de septiembre, se reiteró ese mensaje.
En apoyo a la firma del Acuerdo Marco, el 13 de agosto el Consejo emitió una declaración presidencial en la que exhortaba a su inmediata aplicación. Al propugnar el desarrollo armonioso de la sociedad civil, el Acuerdo exhortaba a que se respetara la identidad étnica de todos los ciudadanos macedonios.
El 24 de abril el Consejo dijo que era "inaceptable" la persistente falta de progresos en el logro de un arreglo general del conflicto entre las autoridades de Abjasia y la República de Georgia. Esa declaración presidencial se publicó un mes después de la declaración anterior del 21 de marzo, en la que acogió con beneplácito la reanudación del diálogo entre las partes sobre cuestiones pendientes, como el estatuto político de Abjasia dentro de la República y el regreso de los refugiados y desplazados.
En 1992 los disturbios sociales en la región, situada al noroeste de Georgia, se convirtieron en violencia separatista. En agosto de 1993 se estableció la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) para verificar el cumplimiento de los acuerdos de cesación del fuego y supervisar la situación de derechos humanos. En 2001 el Consejo prorrogó por unanimidad el mandato de la UNOMIG en dos ocasiones, siendo la más reciente hasta el 31 de enero de 2002, en virtud de la resolución 1364 (2001).
En 2001 el Consejo se reunió en 11 ocasiones para examinar la situación en Kosovo, centrándose en los progresos hacia la autonomía provisional y la dinámica entre las etnias. La mayoría de los miembros consideraron que las elecciones en toda la provincia, celebradas el 17 de noviembre de 2001 con la participación de todos los grupos étnicos, fueron un avance importante.
En la resolución 1244 (1999) el Consejo pidió que se lograra una autonomía y autogobierno sustanciales en Kosovo, respetando plenamente la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia, de la que Kosovo es una provincia. En la actualidad, la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) ejerce poderes legislativos y ejecutivos provisionales, y también administra el poder judicial. La Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) ha desplegado una fuerza, denominada la KFOR, para proporcionar una presencia internacional de seguridad.
La UNMIK fue establecida en junio de 1999, después de que las operaciones aéreas de la OTAN precipitaran la retirada de las fuerzas de la República Federativa de Yugoslavia, finalizando así un período de devastación y desplazamiento de la mayoría de etnia albanesa. A medida que progresó la reconstrucción y regresaron los refugiados, los obstáculos han incluido tensiones entre los albaneses de Kosovo y la minoría serbia, con estallidos violentos, la actividad armada de los extremistas albaneses, que se ha extendido a la ex República Yugoslava de Macedonia, y la renuencia de la minoría serbia a permanecer, regresar o participar en la nueva configuración.
Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, informó al Consejo sobre la situación en cinco ocasiones durante el año, la primera el 18 de enero. Dijo que con el nuevo jefe de la UNMIK, el Representante Especial del Secretario General Hans Haekkerup, la Misión había continuado su labor para crear estructuras administrativas locales en las que participaran todas las etnias.
Comunicó que la UNMIK también había hecho progresos significativos en el fortalecimiento del estado de derecho. El servicio de policía había mejorado en cantidad y calidad, y a pesar de las amenazas y la intimidación, el personal de ese servicio se estaba comportando en general de manera profesional. Dijo que si bien la UNMIK se había centrado inicialmente en la reconstrucción de emergencia, en la actualidad se dedicaba al desarrollo económico y a la promoción de las empresas del sector privado.
En la siguiente reunión de información con el Sr. Guéhenno, celebrada el 13 de febrero, se habían previsto elecciones en toda la provincia. La mayoría de los miembros del Consejo acordaron con él que era esencial definir el mandato y la composición de una asamblea de Kosovo antes de las elecciones y garantizar la participación de todos los grupos étnicos. Sin embargo, la violencia étnica, en especial la actividad de los extremistas albaneses, continuó siendo un obstáculo para esa participación, y el 16 de marzo el Consejo emitió una declaración presidencial en la que instaba a todos los dirigentes políticos de la provincia a que condenaran esa actividad y aumentaran sus esfuerzos por crear tolerancia entre las etnias.
Antes de aprobar esa declaración, en una sesión separada, el Consejo escuchó una información del Representante Especial Haekkerup, que dijo que la situación de seguridad general no había mejorado en los dos últimos meses y que la violencia en la zona meridional de Serbia y la ex República Yugoslava de Macedonia podía desestabilizar a la región. Esperaba que el nuevo Gobierno democrático de Belgrado pudiera ayudar a normalizar la situación y reducir las tensiones.
En una reunión de información celebrada el 9 de abril, el Sr. Guéhenno dijo al Consejo que a pesar de la continuación de la violencia en la ex República Yugoslava de Macedonia y la zona meridional de Serbia, la UNMIK había continuado sus prioridades fundamentales de establecer un marco gubernamental y celebrar las elecciones. La participación de los serbios de Kosovo en ambas iniciativas seguía siendo fundamental, junto con el mantenimiento del orden público, que podría fortalecerse con medidas para reestructurar las instituciones de policía y judicial. Un elemento importante del autogobierno provisional también era la responsabilidad financiera, para la que era necesario desarrollar las finanzas públicas de Kosovo.
Tras enviar una misión del Consejo a Kosovo y Belgrado del 16 el 18 de junio, Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh), Presidente del Consejo, confirmó la complejidad de la situación cuando presentó el informe de la misión el 19 de junio. Dijo que un factor alentador era el diálogo que estaba entablando la UNMIK con la República Federativa de Yugoslavia. La UNMIK había establecido una oficina en Belgrado, con lo que había logrado una prioridad de larga data.
El Sr. Guéhenno volvió a informar al Consejo el 22 de junio, el 26 de julio y el 28 de agosto, y se refirió al desafío de la participación política de la comunidad serbia de Kosovo, el proceso de inscripción y las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres e imparciales.
Ante la incierta participación de los serbios en las elecciones, el Consejo, en una declaración presidencial de 5 de octubre, emitida tras recibir información del Sr. Haekkerup, pidió a todos los hombres y mujeres de Kosovo que votaran. El Consejo repitió ese llamamiento el 9 de noviembre, y también celebró la ayuda recibida del Presidente yugoslavo quien recomendó la participación de los serbios de Kosovo en las elecciones.
Diez días después, tras la celebración con éxito de las elecciones el 17 de noviembre, Hédi Annabi, Subsecretario General del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, dijo al Consejo que el proceso electoral, desde la campaña, que se había celebrado sin violencia, hasta su naturaleza integradora, proporcionaría una base sólida para las instituciones del autogobierno provisional. Todas las partes habían cumplido en gran medida las normas electorales y las infracciones se habían resuelto de manera oportuna. La participación de los serbios de Kosovo había sido irregular, pero en parte se debía a una campaña de intimidación en el norte de Kosovo dirigida por los serbios de Kosovo opuestos a la participación.
En el debate posterior la mayoría de los oradores acogieron con beneplácito los resultados de las elecciones. No obstante, el representante de la Federación de Rusia dijo que los partidos políticos estaban presionando para lograr la independencia en una sociedad multiétnica, y que seguía existiendo discriminación y violencia extremista. El representante de la República Federativa de Yugoslavia dijo que si bien las elecciones señalaban una nueva etapa en la creación de un futuro para Kosovo, su objetivo no era resolver el estatuto final de Kosovo.
El Consejo se reunió en dos ocasiones en 2001 para prorrogar el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP), la más reciente el 11 de julio, cuando autorizó a la Misión a que continuara supervisando la desmilitarización de la península durante otros seis meses, hasta el 15 de enero de 2002, en su resolución 1362 (2001).
La península de Prevlaka es una zona estratégica sobre la que Croacia y la República Federativa de Yugoslavia mantienen una controversia. En enero de 1996 se creó la MONUP. Originalmente los observadores militares de las Naciones Unidas se desplegaron en la zona en octubre de 1992, primero como parte de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) y posteriormente como parte de la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (ONURC).
El 18 de agosto el Consejo aprobó su quincuagésimo sexto informe anual a la Asamblea General, que abarcaba el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2000 y el 15 de junio de 2001 (documento A/56/2).
En reconocimiento de los efectos dañinos de los conflictos armados sobre los niños y sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo, el 20 de noviembre el Consejo de Seguridad declaró que estaba dispuesto a incluir disposiciones explícitas para la protección de los niños cuando considerara los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y a incluir personal de protección de los niños en todas esas operaciones.
Antes de aprobar por unanimidad la resolución 1379 (2001) el Consejo escuchó a más de 30 oradores, entre ellos el Secretario General, en una sesión abierta sobre este tema. Alhaji Babah Sawaneh, un ex niño soldado de 14 años de Sierra Leona, que fue raptado por el Frente Revolucionario Unido (FRU) cuando tenía 10 años, describió las penalidades sufridas en sus dos años como combatiente y su experiencia con el desarme, la desmovilización y la reinserción. Pidió al Consejo, en nombre de los niños de Sierra Leona, que hiciera todo lo posible por poner fin a su triste historia.
Los civiles y los conflictos armados
La Vicesecretaria General Louise Fréchette dijo al Consejo el 23 de abril que la protección de los civiles debía ser una parte fundamental de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Algunos avances recientes alentadores incluían el procesamiento penal de las violaciones de los derechos humanos, el acceso a las poblaciones vulnerables y la separación de los civiles y los combatientes armados en los campamentos de refugiados. En la misma sesión, Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que un objetivo fundamental de la comunidad internacional era poner fin a la impunidad ante el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
En otra sesión sobre este tema celebrada el 21 de noviembre, Kenzo Oshima, Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, detalló un plan para organizar en temas las recomendaciones de la Secretaría relativas a los civiles y determinar las instituciones que podrían aplicarlas. Describió una "lista de comprobación" para velar por que la protección de los civiles se incluyera en el establecimiento, la modificación o la finalización de los mandatos de mantenimiento de la paz.
La prevención de los conflictos
Tal como ha venido haciendo todos los años desde 1999, el Consejo, en un debate de un día de duración celebrado el 21 de junio, examinó su función en la prevención de los conflictos armados. La base del debate fue un informe del Secretario General encaminado a instituir una cultura de prevención, en lugar de una cultura de reacción, en todo el sistema de las Naciones Unidas, en el que también se afirmaba que gran parte de la responsabilidad de la prevención de los conflictos correspondía a los gobiernos nacionales. Dijo que para que la prevención temprana fuera eficaz, se deberían determinar y abordar las causas fundamentales multidimensionales de los conflictos.
Al haber considerado el año anterior que el VIH/SIDA era una cuestión de seguridad, el 19 de enero el Consejo subrayó en una declaración presidencial que si no se controlaba el VIH/SIDA podría plantear un riesgo a la estabilidad y que la propia inestabilidad podría agravar la enfermedad. Acogió con beneplácito la declaración adoptada por la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones sobre el VIH/SIDA, que incluía medidas para reducir el efecto de los conflictos y desastres sobre la epidemia.
El Consejo dio a conocer esa declaración después de celebrar una reunión de información sobre el tema, en la que Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, habló de la prevalencia del VIH/SIDA entre el personal de mantenimiento de la paz. Dijo que era probable que algunos estuvieran infectados con el VIH/SIDA antes de su despliegue, y otros hubieran contraído la enfermedad mientras estaban en países con una elevada incidencia de la enfermedad, al tener relaciones sexuales mientras estaban de misión. Para contrarrestar el problema, él y Peter Piot, Director Ejecutivo del Programa conjunto y de copatrocinio de las Naciones Unidas sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) (ONUSIDA), habían firmado un acuerdo de cooperación para mejorar la capacidad del personal de mantenimiento de la paz para aumentar la concienciación sobre el VIH y prevenir su transmisión.
El 12 de octubre de 2001, el Consejo, en una votación secreta y en concierto con la Asamblea General, eligió a Nabil Elaraby (Egipto) miembro de la Corte Internacional de Justicia a fin de llenar la vacante creada por la dimisión del Magistrado y ex Presidente Mohammed Bedjaoui (Argelia) a partir del 30 de septiembre de 2001. El Sr. Elaraby ocupará el puesto durante el resto del mandato de su predecesor, que era de nueve años, hasta el 5 de febrero de 2006.
El Consejo se reunió en cinco ocasiones durante el año para examinar cuestiones relativas a los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda. El 19 de enero prorrogó la fecha límite para el nombramiento de magistrados del Tribunal para la ex Yugoslavia hasta el 31 de enero. El 8 de febrero aprobó la resolución 1340 (2001), por la que transmitió a la Asamblea General para que la examinara una lista de candidatos para los cargos de magistrado permanente. El 27 de abril el Consejo aprobó la resolución 1350 (2001), por la que transmitía a la Asamblea una lista de 64 magistrados. El 30 de marzo, con la aprobación de la resolución 1347 (2001), el Consejo transmitió a la Asamblea General las candidaturas para magistrados del Tribunal para Rwanda.
Esas medidas se emprendieron después de la aprobación de la resolución 1329 (2000) por la que se amplió la capacidad judicial del Tribunal para la ex Yugoslavia con el establecimiento de un grupo de magistrados ad lítem y se amplió la composición de las Salas de Apelaciones de ambos Tribunales.
El 27 de noviembre el Consejo mantuvo un diálogo interactivo con funcionarios de los Tribunales para Rwanda y la ex Yugoslavia después de la publicación de los informes anuales de los Tribunales. Se examinaron cuestiones relativas al aumento de las capacidades judiciales de los Tribunales, la revisión de los programas de investigación de los fiscales y el fortalecimiento de la función de los magistrados en las etapas anteriores al juicio y durante el juicio.
El 12 de octubre el Consejo de Seguridad se reunió para celebrar la concesión del Premio Nobel de la Paz 2001 a las Naciones Unidas y su Secretario General. En una declaración presidencial, el Consejo felicitó calurosamente al Secretario General y reiteró su enérgico respaldo a sus empeños por hacer realidad los propósitos y principios de la Carta. Después de la declaración presidencial, el Secretario General felicitó a todos los miembros del Consejo pasados y presentes y dijo que el Comité del Premio Nobel había honrado al Consejo y a todas las partes de la Organización.
El 5 de febrero, al comenzar un debate de un día de duración sobre el tema, el Secretario General Kofi Annan dijo que la consolidación de la paz podría ser un disuasivo poderoso de los conflictos violentos. No obstante, debía considerarse un ejercicio a largo plazo, a pesar de la necesidad de lograr progresos rápidamente. Los principales desafíos incluían la movilización de la voluntad política y los recursos de la comunidad internacional. Durante el debate otros oradores subrayaron que la consolidación de la paz debería ir más allá de un conflicto inmediato, abordar sus causas fundamentales y reunir a una amplia gama de protagonistas a todos los niveles.
En una declaración presidencial emitida el 20 de febrero, el Consejo dijo que las medidas encaminadas a atender las necesidades particulares de las sociedades que se veían envueltas en un conflicto o que estaban saliendo de un conflicto deberían centrarse en el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la gestión transparente y responsable de los asuntos públicos, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. Instando a que se aportara una financiación adecuada para lograr esos objetivos, también subrayó la importancia de la perspectiva de género, la reinserción de los desplazados y los ex combatientes y la participación de los países que aportaban contingentes.
El 22 y el 25 de octubre, en una sesión pública se manifestó un amplio apoyo a los debates celebrados en Interlaken, Bonn y Berlín para mejorar la aplicación y vigilancia de las sanciones, si bien se expresó cierto escepticismo sobre su eficacia general. Los debates celebrados en Bonn y Berlín se centraron en los embargos de armas y las sanciones relacionadas con los viajes. El proceso de Interlaken se centró en los requisitos jurídicos y administrativos básicos para que los países cumplieran las sanciones financieras.
Al presentar esos debates, el observador de Suiza, el Representante Permanente de Alemania y el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia comunicaron las iniciativas que habían previsto para que las sanciones estuvieran dirigidas a los responsables de las amenazas a la paz y la seguridad y causaran efectos mínimos a los civiles inocentes y otras partes. Ibrahima Fall, Subsecretario General de Asuntos Políticos, dijo que el Consejo podría alentar al cumplimiento de las sanciones prestando una mayor atención a las sanciones selectivas. También podría elaborar modelos que permitieran a los Estados Miembros adaptar sus leyes y reglamentos nacionales a fin de lograr el cumplimiento.
Otros oradores acogieron con beneplácito las medidas adoptadas para imponer sanciones selectivas durante un tiempo limitado, encaminadas específicamente a modificar la conducta de personas y grupos. El Presidente del Consejo, Richard Ryan (Irlanda), subrayó la necesidad de que el Consejo lograra lo antes posible un acuerdo sobre los resultados del Grupo de Trabajo sobre cuestiones generales relativas a las sanciones. Seguía existiendo un pequeño número de diferencias que, si bien estaban relacionadas con cuestiones bastante delicadas, se podían resolver.
Las armas pequeñas y ligeras
Después de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, en 2001 el Consejo se reunió en dos ocasiones para examinar esta cuestión. En un debate de un día de duración celebrado el 2 de agosto, el Consejo examinó su papel en la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia, por el que los Estados se comprometían a elaborar, fortalecer y aplicar normas y medidas encaminadas a prevenir, combatir, y en última instancia erradicar, la fabricación y el comercio ilícitos de armas pequeñas y ligeras. El 31 de agosto el Consejo aprobó una declaración presidencial en la que reconocía su responsabilidad en la prestación de asistencia para la ejecución del Programa de Acción de julio.
Examen de la Reunión de la Cumbre del Milenio
Este año el Consejo de Seguridad se reunió en dos ocasiones para examinar el compromiso de fortalecer la capacidad las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad, en especial en África, asumido en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2000. En una reunión celebrada el 7 de marzo, en la que participaron países miembros y no miembros del Consejo, los participantes dijeron que el Consejo seguía tratando los conflictos del mundo de manera poco equitativa y examinaron sus esfuerzos en relación con los países que aportaban contingentes. También pidieron una mayor transparencia en la adopción de decisiones. Otros dijeron que los conflictos en África se estaban abordando más directamente y que la eficiencia del Consejo había disminuido debido al rápido aumento del volumen de trabajo.
El 22 de marzo el Consejo emitió una declaración presidencial en la que dijo que intensificaría sus esfuerzos por cumplir los compromisos asumidos en septiembre de 2000. A tal fin, haría nuevos exámenes de los progresos, con la participación activa de los Estados no miembros. El Consejo también examinaría una serie de informes sobre el mantenimiento de la paz y adoptaría medidas al respecto, entre ellos el próximo informe del Secretario General sobre la prevención de los conflictos y el de su Grupo de Trabajo sobre las cuestiones generales relativas a las sanciones.
Tras los actos de terrorismo del 11 septiembre en Nueva York, Pennsylvania y Washington, D.C., el Consejo se reunió el 12 de septiembre. Rompiendo la tradición, todos los miembros se pusieron de pie para aprobar por unanimidad la resolución 1368 (2001). En esa resolución, el Consejo condenó inequívocamente los actos de terrorismo y expresó su más sentido pésame y más profundas condolencias a las víctimas y sus familias y al país anfitrión. Los miembros del Consejo también manifestaron que estaban dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para combatir el terrorismo en todas sus formas, con arreglo a las funciones que le incumbían en virtud de la Carta.
El 28 de septiembre el Consejo volvió a reunirse y aprobó la resolución 1373 (2001) en la que se delineaban las medidas y estrategias para luchar contra el terrorismo internacional. El Consejo también estableció un comité para vigilar la aplicación de la resolución y pidió a todos los Estados que comunicaran cualquier medida que hubieran adoptado a tal fin a más tardar 90 días después del 28 de septiembre. La resolución incluía llamamientos para suprimir la financiación del terrorismo y mejorar la cooperación internacional contra el terrorismo.
Al finalizar una reunión ministerial sobre este tema celebrada el 12 noviembre, el Consejo aprobó la resolución 1377 (2001), en la que declaró que el terrorismo internacional era una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales en el siglo XXI. Pidió a todos los Estados que aumentaran sus esfuerzos por eliminar el terrorismo internacional.
En esa resolución el Consejo subrayó que la comprensión entre las civilizaciones y abordar los conflictos regionales y toda la gama de problemas de alcance mundial, entre ellos las cuestiones relativas al desarrollo, contribuiría a fomentar la cooperación internacional necesaria para luchar con eficacia contra el terrorismo internacional. También pidió a los Estados que se convirtieran lo antes posible en partes de los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo y adoptaran medidas urgentes para aplicar plenamente la resolución 1373 (2001). Subrayó la obligación de los Estados de denegar asistencia financiera y todas las demás formas de apoyo y de refugio a los terroristas y a los que apoyan el terrorismo.
El 16 de enero, la Vicesecretaria General Louise Fréchette, dijo al Consejo que la cooperación entre la Secretaría y los países que aportaban contingentes era más importante que nunca, ya que el mantenimiento de la paz se estaba volviendo cada vez más complejo. En la sesión pública, muchos oradores subrayaron que el Consejo debía consultar con esos países en las primeras etapas de los procesos de planificación de las operaciones y cuando cambiara la situación en el terreno.
En respuesta a esas opiniones, el 31 de enero el Consejo, en una declaración presidencial, dijo que había decidido establecer un Grupo de Trabajo del Plenario sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para recabar las opiniones de los países que aportaban contingentes, cuando procediera. Como primera medida, el Consejo encargó al Grupo de Trabajo que examinara a fondo todas las propuestas formuladas durante la sesión pública celebrada el 16 de enero, incluidos los medios de mejorar la relación tripartita entre el Consejo, los países que aportaban contingentes y la Secretaría. El Grupo de Trabajo no sustituiría las reuniones privadas con los países que aportaban contingentes, y se ocuparía de los aspectos técnicos de las distintas operaciones de mantenimiento de la paz, sin perjuicio de la competencia del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
En relación con cuestiones similares, el 13 de junio el Consejo aprobó la resolución 1353 (2001). En esa resolución pidió un mayor intercambio de información entre los países que aportaban contingentes, el Secretario General y el Consejo. También instó a que se adoptaran medidas para que los contingentes de mantenimiento de la paz pudieran cumplir debidamente los mandatos de las misiones, alentó a los Estados a que adoptaran medidas para superar la insuficiencia de personal y equipo, e instó a la Secretaría a que proporcionara apoyo en los ámbitos de la capacitación, la logística, el equipo y otros.
La mujer, la paz y seguridad
En una declaración presidencial emitida el 31 de octubre, el Consejo manifestó su enérgico apoyo a una mayor intervención de la mujer en la adopción de decisiones para prevenir o resolver conflictos. Pidió a los Estados que incluyeran a las mujeres en la negociación o aplicación de acuerdos de paz, constituciones y estrategias de reconstrucción. Preocupado por el hecho de que ninguna mujer hubiera sido nombrada representante especial o enviada especial del Secretario General para realizar misiones de paz, el Consejo instó a los Estados Miembros a que redoblaran sus esfuerzos por presentar candidatas.

References: resolución 
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