Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S15-03.html
Timestamp: 2014-11-26 17:25:10+00:00

Document:
Janet Delgado y otros v. Ecuador, Caso 131/01, Informe No. 15/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 487 (2003). INFORME Nº 15/03[1]
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión”) recibió una denuncia presentada el día 10 de marzo de 2001 por Norma Janet Delgado Almeida, Manuel Zabulon Delgado Galárraga, Laura María Almeida Mora de Delgado, Rodrigo Fidel Delgado Almeida, Ramiro Antonio Delgado Almeida, Manuel Freddy Delgado Almeida, Edith Jeaneth Delgado Almeida, Hélice Cecilia Delgado Almeida, Jaime Rolando Delgado Almeida y Sandra Elizabeth Delgado Almeida, (en adelante, “los peticionarios”) contra la República del Ecuador, (en adelante, “Estado” o “Ecuador”) en la cual alegan la falta de respeto del Estado a los derechos de las personas, su integridad y libertad personales, la inexistencia de garantías judiciales, falta de protección de honra y dignidad personales, de la familia, del derecho de propiedad y a la igual protección ante la ley, en razón de que se han cometido presuntamente errores en la administración de justicia, además de abusos por parte de autoridades locales. La materia de la petición cubre diversos procesos administrativos y judiciales para determinar quiénes son los legítimos propietarios de la Finca “La Paquita”, una propiedad que pertenecía al Estado y que fue vendida o declarada propiedad de los ocupantes como resultado de la Ley de Reforma Agraria. Los peticionarios denuncian la violación de los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 10 (indemnización), 11 (protección de la honra y la dignidad), 14 (derecho de rectificación o respuesta), 17 (protección de la familia), 21 (propiedad privada), 24 (derecho a igual protección ante la ley), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”); todo ello en contravención de las obligaciones que figuran en el artículo 1(1). 2. El Estado dio respuesta solicitando que se declarara inadmisible la petición y se procediera a su inmediato archivo. Fundamentó su posición en razón de que la Comisión no constituye un “tribunal de alzada o cuarta instancia” y no puede revisar las decisiones de los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales, a menos que se haya cometido una violación de la Convención. Asimismo, señaló que la petición no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Convención Americana.
9. El 19 de mayo de 1986 el Comité Regional de Apelación de Reforma Agraria dictó resolución confirmando la sentencia de inafectabilidad (del 13 de marzo de 1980) a favor de la señora Laura Almeida, ordenando la delimitación del predio, acción que nunca se ejecutó. Después de un año y cinco meses de emitida la resolución anterior, el 19 de octubre de 1987, un grupo de nueve individuos armados, identificados como policías, ingresaron a la casa. Según los peticionarios, los hombres plantaron una bolsita de tres gramos de cocaína como prueba y acusaron a la familia Delgado Almeida de narcotraficantes, procediendo a detenerlos y llevarlos al Centro de Detención Provisional de Quevedo. La familia Delgado Almeida estuvo incomunicada por 4 días, recuperando su libertad luego de la interposición de un recurso de habeas corpus. El momento en que recobraban su libertad se emitían boletas de encarcelamiento por presunto delito de narcotráfico, por lo que abandonaron la provincia de Los Ríos. Fueron posteriormente enjuiciados por presunto tráfico de drogas y fueron sobreseídos por el Juez penal que llevaba dicha causa. 10. Ellos fueron de igual manera enjuiciados por tenencia ilícita de armas, intento de asesinato y de robo, por parte del señor Valverde. De estos procesos penales fueron también sobreseídos. Mientras se desarrollaban los procesos se vieron obligados a abandonar su casa, la cual fue invadida por el señor Valverde y otras personas. Al dejar la propiedad, los invasores tomaron posesión del predio y de la maquinaria agrícola, animales y bienes en ella contenidos. La familia Delgado Almeida permaneció viviendo en la propiedad “La Paquita” desde el año 1983, fecha del desalojo de los invasores, hasta el 19 de octubre de 1987, fecha del alegado asalto, allanamiento, robo e invasión de la propiedad.
15. El 29 de julio de 1997, cuando ya se había ejecutoriado y ejecutado la resolución de desalojo, el Director Ejecutivo del INDA la suspendió En vista de que las órdenes de desalojo no se ejecutaban, el 26 de agosto de 1997, la señora Laura Almeida interpuso un recurso de amparo en contra de la resolución del Director del Instituto de Desarrollo Agrario requiriendo garantías al legítimo derecho de dominio y protección a la propiedad e integridad de los propietarios del predio. La competencia recayó en el Juez Segundo de lo Civil, el que rechazó el recurso el 2 de diciembre de 1997 por considerarlo improcedente. De esta resolución se apeló ante el Tribunal Constitucional. 16. El 28 de agosto de 1997 los invasores Rafael Valverde y Patricio Pazmiño demandaron despojo violento ante el Juez de lo Civil de los Ríos. Con fecha 22 de octubre de 1997 obtuvieron la resolución que ordenaba el desalojo de Laura Almeida Delgado y familia, argumentando que había sido ella y un grupo de asalariados los que habían despojado de sus propiedades a Rafael Valverde y Patricio Pazmiño, desalojo que fue ejecutado el 28 de octubre de 1997.

References: artículo 1
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