Source: https://derecholocal.es/fallo-judicial/nulidad-de-la-tasa-fijada-en-ordenanza-fiscal-respecto-de-viviendas-vacias
Timestamp: 2020-08-15 20:28:44+00:00

Document:
Nulidad de la tasa fijada en ordenanza fiscal respecto de viviendas vacías - El Derecho Local
Nulidad de la tasa fijada en ordenanza fiscal respecto de viviendas vacías
TS - 08/06/2020
Se interpuso recurso contra varios epígrafes de la ordenanza fiscal de un ayuntamiento relativa al establecimiento de una tasa al ejercicio de potestades administrativas respecto de viviendas vacías.
La sentencia de primera instancia señaló que el ayuntamiento no tiene competencia para aprobar disposiciones de carácter general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas.
El TS anula la tasa impugnada al considerar que la normativa autonómica no otorga competencias al ayuntamiento para realizar la actividad gravada en la ordenanza fiscal.
Tribunal Supremo , 8-06-2020
, nº 6197/2017, rec.697/2020,
ECLI: ES:TS:2020:1527
La sentencia aquí recurrida fue dictada por la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso ordinario núm. 810/2016 interpuesto por CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, publicado en el BOP de 11 de octubre de 2016, que aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal 3.1, reguladora de las "Tasas por servicios generales".
La sentencia, en su parte dispositiva, literalmente dice: " FALLAMOS: ESTIMAR el recurso contencioso administrativo número 810/2016 interpuesto por la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA y en consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO del apartado 9 del artículo 2 -hecho imponible- y de los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del Anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal 3.1 del Ayuntamiento de Barcelona, reguladora de la tasa municipal por servicios generales, introducidos mediante la modificación de la misma definitivamente aprobada por acuerdo del Plenari del Consell Municipal de 30 de septiembre de 2016 y publicado en el BOP de Barcelona de fecha 11 de octubre de 2016; sin imposición de costas".
Notificada la anterior sentencia, el Ayuntamiento de Barcelona mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2017, preparó recurso de casación contra la misma.
En dicho escrito, tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos: (i) el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) ["TRLHL"]; (ii) el artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del Régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona (BOE de 14 de marzo) ["LREAB"] y (iii) el artículo 24 de la Constitución española ["CE"].
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 15 de noviembre de 2017, acordando emplazar a las partes ante este Tribunal.
Recibidas las actuaciones, el auto de 14 de marzo de 2017, de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, resolvió admitir el recurso de casación y determinar cuál era la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, lo que efectuó en los siguientes términos: "Determinar si, en interpretación de los artículos 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del Régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona y 24 de la Constitución Española - y teniendo presente el marco normativo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla en materia de empleo, control e inspección de las viviendas-, el Ayuntamiento de Barcelona es competente para aprobar disposiciones de carácter general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, si ese servicio de inspección y control sobre las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas puede o no constituir el hecho imponible de la tasa litigiosa.
3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del Régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona y el artículo 24 de la Constitución española".
La representación de la parte recurrente, el Ayuntamiento de Barcelona, presentó escrito de interposición de su recurso de casación el 7 de mayo de 2018, en el que, tras desarrollar las alegaciones en las que se apoya, precisa el sentido de sus pretensiones de la siguiente forma: "De conformidad con lo dispuesto en el art. 87 bis 2) en relación con los arts. 92.3 y 93.1, todos de la LJCA esta parte considera que la Sala debe efectuar el siguiente pronunciamiento: Que en interpretación de los artículos 20 del Text Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; del art. 52 de la Ley 1/2006 de 13 de marzo del Régimen Especial del Municipio de Barcelona, del art. 24 de la Constitución, y teniendo presente el marco normativo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 6/2016 de 19 de julio contempla en materia de empleo, control e inspección de las viviendas, el servicio de control e inspección de viviendas vacantes es un servicio de competencia del Ayuntamiento de Barcelona que puede establecer en una Ordenanza Fiscal la tasa, cuyo hecho imponible sea la prestación del citado servicio.
Y, por tanto, estime el presente recurso de casación, anule la sentencia recurrida y declare la conformidad a derecho del apartado 9 del artículo 2 de la Ordenanza Fiscal 3.1 del Ayuntamiento de Barcelona, y los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 de su Anexo de tarifas aprobados definitivamente por acuerdo del Consell Plenari del referido Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2016".
La representación procesal de la CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA, en el trámite de oposición al recurso de casación que le fue conferido, presentó escrito el 18 de julio de 2018 en el que solicitaba de esta Sala "se sirva dictar sentencia por la que, desestimando el recurso de casación, confirme la sentencia impugnada. Todo ello con imposición de costas a la parte recurrente".
En virtud de la facultad que le confiere el artículo 92.6 LJCA, la Sección no consideró necesaria la celebración de vista pública, por lo que las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en la oportuna providencia, señalándose al efecto el día 19 de mayo de 2020 para la votación y fallo del recurso.
Dadas las disfunciones generadas por la pandemia de COVID 19, las deliberaciones han continuado en fechas posteriores a través de los medios disponibles por esta sección, con el resultado que a continuación se expresa.
En el presente recurso se ha planteado prácticamente las mismas cuestiones que en otros recursos precedentes, sobre los que ya ha recaído la Sentencia núm. 845/2019, de 18 de junio (rec. casación núm. 6435/2017) de ahí que por elementales razones de seguridad jurídica y de unidad de criterio debamos remitirnos a ella, y, por tanto, recogemos seguidamente lo que en la mismas se dice.
Pues bien, es de destacar lo siguiente:
A resultas de esa modificación, el nuevo apartado 9 del artículo 2 -hecho imponible- y los nuevos epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 quedaron con este contenido literal:
2.- El proceso de instancia fue iniciado por CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA, mediante un recurso contencioso administrativo dirigido frente a ese nuevo apartado 9 del artículo 2 y esos nuevos epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 que acaban de transcribirse.
La sentencia recurrida transcribe al efecto una sentencia anterior de la propia Sala de Cataluña; y esta transcripción aborda las varias cuestiones que a continuación se indican y sobre cada una de ellas se pronuncia en los literales términos que también seguidamente se exponen.
1.- Se destaca que el artículo 2.9 de la Ordenanza Fiscal refiere la actuación gravada con la tasa al ejercicio de potestades administrativas respecto de viviendas vacías reguladas en la Ley autonómica 18/2007, del derecho a la vivienda de Cataluña:
"(...) En relación con lo anterior, debe ahora observarse que las tasas controvertidas en el proceso, ciertamente, se establecen por propia dicción del repetido apartado 9 del artículo 2 de dicha ordenanza fiscal en el marco del ejercicio de las potestades administrativas habilitadas mediante la Ley autonómica 18/2007, del derecho a la vivienda de Catalunya, con respecto a las viviendas vacías - definidas como tales por su desocupación permanente e injustificada por más de dos años en su artículo 3.d)-,
2.- Se declara que el objeto de esa Ley autonómica 18/2007 es la efectividad del derecho a una vivienda digna que resulta de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña:
"Siendo así que, dicha Ley autonómica 18/2007, del derecho a la vivienda de Catalunya, que se dirige a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y a cumplir el mandato a los poderes públicos contenido en el artículo 47 de la Constitución española y para esta Comunidad Autónoma de Catalunya también en el artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía de Catalunya que se reformara por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio -en adelante EAC 2006- (así, STC 93/2015, de 14 de mayo , FJ 14, 110/2011, de 22 de junio , FJ 5, 31/2010 , FJ 16 , y 247/2007, de 12 de diciembre , FJ 15 c)".
3.- Se dice también que dicha Ley autonómica 18/2007 es el desarrollo de las competencias normativas en materia de vivienda reconocidas a la Generalitat en el artículo 137 Estatuto de Autonomía de Cataluña; y es conforme con lo establecido en su artículo 84 sobre competencias locales:
4.- Se afirma que el anterior esquema de distribución de competencias en materia de vivienda que contiene el Estatuto de Cataluña es coherente con lo establecido por la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.
"Distribución estatutaria de las competencias en materia de vivienda que, a su vez, resulta coherente con lo establecido hoy al respecto por el artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local , tras su modificación operada por el artículo 1.8 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que asimismo restringe las competencias propias de los municipios en materia de vivienda a la "promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera", sin perjuicio de que, conforme a lo previsto al respecto por el artículo 27 del mismo texto legal, asimismo modificado por la Ley 27/2013 antes citada, el municipio pueda recibir la delegación de sus respectivas competencias por parte del Estado y de la Comunidad Autónoma, lo que no consta acreditado en el proceso por referencia a lo que aquí principalmente interesa".
5.- Se hace referencia a cuál es órgano autonómico que ha sido creado en Cataluña (la Agència de l'Habitatge de Catalunya) para que ejercite las competencias exclusivas en materia de vivienda que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat; y a que la antes mencionada distribución de competencias, estatutaria y legal, no ha sido alterada por la Ley estatal 1/2006 de 13 de marzo , del régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona, como tampoco por la Ley autonómica 22/1998, de 30 de diciembre , de la Carta Municipal de Barcelona:
Determinar si, en interpretación de los artículos 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del Régimen especial del Ayuntamiento de Barcelona y 24 de la Constitución Española , así como teniendo presente el marco normativo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla en materia de empleo, control e inspección de las viviendas, el Ayuntamiento de Barcelona es competente para aprobar disposiciones de carácter general en materia de control e inspección de las viviendas desocupadas y, en particular, si ese servicio de control e inspección de viviendas vacantes es o no un servicio de competencia municipal, y por ende, si puede o no constituir el hecho imponible de la tasa litigiosa.
3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, del Régimen especial del Ayuntamiento de y el artículo 24 de la Constitución española".
Se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo ["TR/LRHL"]; el artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona ["LREAB"]; y el artículo 24 de la Constitución Española ["CE"].
II.- Es erróneo negar competencias municipales en materia de vivienda con base en lo que establece el artículo 137 del Estatuto de Autonomía de Cataluña "EAC"] sobre la competencia exclusiva a la Generalitat en materia de vivienda; y también con apoyo en lo que establece el artículo 84.2.b), de la misma norma estatutaria, sobre que son competencias propias de los gobiernos locales de Cataluña las referidas a la planificación, la programación y la gestión de vivienda pública y la participación en la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial.
La razón principal de dichos errores es no haber tenido en cuenta que el marco constitucional no precisa las competencias de los entes locales, pues lo que define son las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas; y son estos últimos (el Estado y las Comunidades Autónomas) los que pueden atribuir competencias a los entes locales, al menos en las materias previstas en el artículo 25.2 de la LRBRL.
Y también provoca esos errores el desconocer que en el mismo sentido se mueve el Estatuto de Autonomía de Cataluña [EAC], que ciertamente atribuye a la Generalitat competencias exclusivas frente al Estado, pero, dentro de este marco, se permite a la Generalitat atribuir competencias a los entes locales, respetando siempre el marco mínimo previsto en la LRBRL y en el artículo 84 del propio EAC; lo que cual determina que no esté impedido a las leyes del Parlamento de Cataluña atribuir a los municipios competencias no previstas para ellos en la LRBRL ni en el EAC.
Se invoca en apoyo de lo anterior la doctrina contenida en la STC 54/2017, de 11 de mayo sobre el artículo 25.2 de la LRBRL.
III.- El recurso de casación sostiene, con base en todo lo anterior, que es cierto que artículo 84.2.b) del EAC sólo prevé para los gobiernos locales de Cataluña competencias propias en materia de planificación, programación y gestión de vivienda pública y de participación en la planificación en suelo municipal de la vivienda de protección oficial; pero este hecho no es óbice para que la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias estatutarias exclusivas en materia de vivienda y, más en concreto en materia de inspección y control de la vivienda de acuerdo con las necesidades sociales y de equilibrio social [según lo establecido en el artículo 137.1.a)], pueda atribuir mediante ley competencias sobre esta materia a los ayuntamientos.
- Señala que lo han hecho los siguientes preceptos de la Ley de Cataluña 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda:
"4. Los entes locales cuya dimensión les dificulte el ejercicio eficiente de las competencias que la presente ley les atribuye sobre el control de la calidad del parque inmobiliario, sobre la igualdad en el acceso y la ocupación de las viviendas y sobre las actividades de control y sanción pueden encargar a otro ente local o al departamento competente en materia de vivienda que realice las gestiones vinculadas a dichas competencias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 15 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común".
Afirma también que respecto del Ayuntamiento de Barcelona esta competencia, y consecuentemente, la inspección y control, resulta de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
4. La competencia sancionadora a la que se refiere el artículo 131.1.a de la Ley 18/2007, con relación a las infracciones cometidas en el término municipal de Barcelona, corresponde al Ayuntamiento de Barcelona si la multa propuesta supera los 500.000 euros".
IV.- Las conclusiones finales que viene a sentar el recurso de casación son inicialmente estas que seguidamente se indican:
-Que es claro que el Ayuntamiento tiene atribuidas competencias por normas con rango de ley en materia de control e inspección de las viviendas, y especialmente en materia de desocupación.
-Que lo anterior no sólo hace desaparecer la razón por la que la sentencia estimó el recurso y anuló la tasa, pues también acredita que es flagrante el error en el que ha incurrido la sentencia y, por ello, que ha incurrido en arbitrariedad.
-Y que la consecuencia de lo que antecede es que se ha producido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Más adelante se insiste en que, siendo la razón de decidir de la sentencia recurrida la vulneración del principio de legalidad tributaria, por haber apreciado dicha sentencia que no se cumple con la exigencia del artículo 20.1 del TR/LRHL; y siendo tal premisa del todo equivocada; la conclusión ha de ser que en realidad es la sentencia la que ha vulnerado el artículo 20 del TR/LRHL y el artículo 52 de la LREAB.
La segunda precisión necesaria es que, según lo establecido en el artículo 86 3 de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo [LJCA], el recurso de casación cuyo conocimiento corresponde a este Tribunal Supremo sólo puede estudiar y decidir reproches referidos a normas de Derecho estatal o de la Unión Europea; sin que en él se pueda controlar o revisar la interpretación o aplicación que el fallo recurrido haya efectuado de normas emanadas de una Comunidad Autónoma, pues, tratándose de estas normas autonómicas, el control jurisdiccional último de su aplicación o interpretación está residenciado en el correspondiente Tribunal Superior de Justicia. Lo cual es coherente con la prescripción del artículo 152 de la Constitución de que el Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Lo que acaba de exponerse hace que sólo proceda examinar los reproches que el recurso de casación plantea en relación con normas o preceptos del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo [TR/LRHL]; del artículo 52 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona [LREAB]; y del artículo 24 de la Constitución española.
Y que esta Sala no pueda controlar ni revisar la interpretación que la sentencia recurrida haya efectuado de normas autonómicas (carácter que corresponde a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña).
El principio de legalidad tributaria [más propiamente hablando, principio de reserva de ley] y su proyección en la configuración que elartículo 20 del TRLRHL efectúa del hecho imponible de las tasas locales; como también en la que realiza elartículo 52 de la Ley 1/2006 [LREMB] sobre el hecho imponible de las tasas que pueden ser exigidas por el Municipio de Barcelona.
Es un lugar común en la doctrina separar como conceptos distintos los deprestación pública y tributo;afirmando para ello que uno y otro definen ingresos coactivos que el poder público puede exigir a los ciudadanos, con la diferencia, explícita en la dicción del artículo 31.1 CE, de que sólo merecen la consideración detributosaquellos que se vinculan con el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.
Como también es doctrina usual, apoyada en mandatos constitucionales y legales (los artículos 157 CE y 2.2 LGT 2003), la que señala lo que sigue:
-Que el concepto global detributocomprende las distintas modalidades deimpuestos, tasas y contribuciones especiales.
-Que los impuestos se diferencian de las otras dos modalidades en que lo gravado es una manifestación individualizada de capacidad económica, cualquiera que sea el origen o la clase de riqueza que la determina; mientras que en esas otras dos modalidades tributarias la capacidad económica gravada está conectada con una actuación del poder público que se refiere o beneficia al obligado tributario.
-Y que la específica modalidad tributaria de lastasasla determina la concreta clase de actuación pública que la genera, singularizada al venir encarnada bien por determinadas utilizaciones o aprovechamientos del dominio público, o bien por prestaciones de servicios o actividades de entes públicos que se realizan en régimen de derecho público con la concurrencia de determinadas circunstancias.
La necesidad de su observancia la proclama la Constitución, tanto en lo que hace a las genéricas prestaciones públicas (artículo 31.3), como en la materia tributaria ( artículo 133); y también el artículo 6 LGT 2003.
Y se traduce principalmente en la reserva de ley tributaria que regula el artículo 8 LGT 2003, que conlleva la necesidad de que es el legislador el que ha de establecer cada nueva modalidad tributaria, como también es preceptivo que sea una norma con rango de ley la que defina los elementos esenciales que configuran el hecho imponible del concreto tributo de que se trate; y, muy particularmente, las actuaciones o hechos materiales que singularicen con claridad ese hecho imponible. El apartado a) de ese artículo 8 dice literalmente:
"Se regularán en todo caso por Ley: a) La delimitación del hecho imponible (...)".
3.- Las exigencias que han de cumplir las Ordenanzas que establezcan y regulen las tasas locales para que pueda considerase debidamente observado en ellas el principio de legalidad tributaria.
En materia de tributos locales su regulación reglamentaria se efectúa a través de las ordenanzas fiscales ( artículos 16 a 19 del TRLRHL); y esta es una potestad reglamentaria que, debido al doble juego que resulta de la autonomía municipal constitucionalmente reconocida y el carácter democrático de las corporaciones locales ( artículos 137 y 140 CE), tiene una especial amplitud, pero no hasta el punto de dejar sin efecto la observancia de lo establecido en la Ley sobre los elementos esenciales configuradores de cada tributo.
a) que la expresión"cualesquiera otras"del apartado 2, interpretada de manera coherente con lo que es el principio de legalidad en materia tributaria, no es un apoderamiento del ente local para regular discrecionalmente por simple vía reglamentaria nuevas actividades administrativas o servicios locales, sino el reconocimiento de la posibilidad de que las actividades y servicios generadores de una tasa local se encuentren regulados en normas de rango legal no necesariamente referidas a la Administración local sino a sectores materiales especiales que afecten a varias Administraciones públicas; y
No son de compartir las infracciones que se denuncian, del artículo 20 del TRLRHL y el artículo 52 de la Ley 1/2006 [LREMB].
En el caso del primer precepto, en primer lugar, porque la actuación del Ayuntamiento de Barcelona que pretende gravarse con la tasa objeto de controversia no resulta encuadrable en ninguno de los servicios o actividades que se incluyen el elenco de su apartado 4 y tampoco es de apreciar esa sustancial semejanza jurídica a que antes se ha hecho referencia; y, en segundo lugar, porque ha de respetarse la decisión interpretativa y aplicativa de la sentencia recurrida sobre que la Ley 18/2007 de Cataluña no otorga competencias al Ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada con las tasas aquí polémicas.
No siendo revisable por este Tribunal Supremo la interpretación y aplicación que la sentencia recurrida ha efectuado de la Ley de Cataluña 18/2007, tampoco puede ser acogido ese error que el recurso de casación reprocha a la sentencia de instancia de no reconocer al Ayuntamiento competencias en materia de vivienda con base en lo establecido en dicha Ley autonómica.
A lo que acaba de afirmarse debe añadirse lo siguiente: la sentencia recurrida utiliza como un argumento principal de su pronunciamiento que esa repetida Ley de Cataluña 18/2007 no otorga las competencias municipales que invoca el artículo 2.9 de la Ordenanza Fiscal controvertida; y dicha sentencia de instancia no hace consideraciones sobre la posibilidad o no de que la Generalitat, con base en sus competencias exclusivas en materia de vivienda reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, otorgue a los entes locales de Cataluña atribuciones en esa materia.
Todo lo antes razonado impone la declaración de no haber lugar al recurso de casación; y, en cuanto a las costas de esta casación, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad ( artículos 93.4 y 139.1 de la Ley Jurisdiccional ["LJCA"].
2.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia de 8 de septiembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 810/2016).
D. José Navarro Sanchís Jesús Cudero Blas
D. Isaac Merino Jara Dª. Esperanza Córdoba Castroverde.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Isaac Merino Jara, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 92
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 47
 artículo 26
 artículo 137
 artículo 84
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 137
 artículo 84
 artículo 25
 artículo 84
 artículo 25
 artículo 84
 artículo 137
 artículo 15
 artículo 131
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 52
 artículo 86
 artículo 152
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 24
 artículo 31
 artículo 133
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 52
 artículo 2