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Timestamp: 2014-03-10 11:49:25+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0177/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Expediente:2011-23996-48-AAC
En revisión la Resolución 8 de 15 de julio de 2011, cursante de fs. 46a 48, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vicente Rocha Rojas, Presidente eIrnes Pérez Alpire, Vicepresidenta, del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando contra AbrahanDuri Rivera, Juan de Dios Martínez Senseve, Salvador Salinas “Valdivieso”, “Juvenal” Víctor Romero “Jamal” y Walter Luís Saavedra Sanda.
Mediante memoriales presentados el 5 y 7 de julio de 2011, cursante de fs. 17 a 19 y 22, los accionantes manifestaron:
El 30 de junio de 2011 a horas 8:30, funcionarios de Empleo Digno dependiente de la Gobernación, bajo la dirección de los ahora demandados, fueron trasladados para realizar la toma del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando, quienes deschaparon con “pata de cabra” el candado, ingresaron en forma violenta y tomaron la institución, en la que permanecen hasta ahora y de manera sorprendente conformaron su junta electoral para llamar a elecciones negándose a salir del lugar, cometiendo así la presunta comisión de los delitos como de instigación pública a delinquir, desórdenes o perturbaciones públicas, allanamiento del domicilio o sus dependencias, por funcionario público, despojo, perturbación de posesión y usurpación agravada establecidos en los arts. 130, 134, 298, 351, 353, 355 respectivamente del Código Penal (CP).
Refieren que la sanción será agravada en un tercio si los hechos precedentes fueren cometidos por varias personas con armas y se demostró que los delitos “siguen latentes”; por lo que, al no existir otro medio inmediato para reparar y hacer valer sus derechos interpusieron la presente acción de amparo constitucional.
Los accionantes denunciaron como lesionados sus derechos a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión y asociación, a cumplir con el deber de denunciar y combatir todos los actos de corrupción y a la inviolabilidad de domicilio, citando al efecto los arts. 14.III y IV, 21.4, 25.I y 108.8 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución inmediata del bien inmueble del cual fueron despojados; y, b) La indemnización, reparación y resarcimiento de los daños y perjuicios en forma oportuna.
Celebrada la audiencia pública el 15 de julio de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 45, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado de los accionantes se ratificó en los términos de su acción de amparo constitucional y manifestó lo siguiente: 1) El 29 de junio de 2011, en el “Comité de Vigilancia” se hicieron actos preparatorios para la toma del Comité Cívico de Pando, al día siguiente fueron manipulados los funcionarios de Empleo Digno dependiente de la Gobernación de Pando para ese efecto, todos ellos estuvieron dirigidos por los demandados; 2) Estos actos tienen origen en cuanto los accionantes dieron cobertura a una ciudadana que quería denunciar actos de corrupción en la Gobernación; tratando de esta forma acallarlos; y, 3) No pueden obligar a su institución a salir de su predio, violentando el derecho contenido en el art. 21.4 de la CPE, y de esa manera su domicilio.
Con el uso del derecho a la réplica expresó: i) Existen pruebas presentadas donde se acredita la participación de los demandados; ii) Sobre la titularidad de la presidencia de su defendido; el art. 40 del Estatuto Orgánico del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando, refiere a la extinción de mandato y en virtud a ese artículo se declaró extinguido el mandato de los directores que no participaban en la reuniones siendo ellos los que después de ser revocados emiten una resolución en la que supuestamente desconocen al presidente, ahora accionante; iii) Si bien el accionante en su cédula de identidad tiene como ocupación la de chofer, argumentan que no se le estuviera impidiendo realizar ese trabajo; sin embargo, la institución que preside el accionante tiene un fin, cumple una función y esa función es parte de su trabajo y esas actividades son las que no le están permitiendo cumplir; iv) Toda la documentación y equipo, se encuentra en la oficina de la institución que ha sido tomada; por lo que, resulta incomprensible que digan que no se le están vulnerando sus derechos, cuando no se le permite cumplir su función; esas vulneraciones también constituyen delitos pero al presentar la acción de amparo constitucional se consideró que no había otro medio para restituir de manera inmediata sus derechos; por lo que, solicitan se le tutele los derechos denunciados como vulnerados.
El abogado de Juan de Dios Martínez Senseve manifestó: La acción de amparo constitucional exige el cumplimiento del principio de subsidiariedad que implica que si no se ha agotado los recursos ordinarios o administrativos, salvo que la restricción de los derechos y garantías ocasionen perjuicios irremediables o irreparables; y al existir otros recursos ordinarios como ser la vía penal, en cuanto el accionante ha referido la existencia de actos antijurídicos calificados como delitos; máxime si no existen tales vulneraciones o los derechos invocados.
Walter Luís Saavedra Sandal y Juvenal Víctor Romero Jamal, mediante su abogado en audiencia expresó: a) Se observa, la legitimación pasiva y activa; dado que el accionante cesa en sus funciones por decisión del Directorio del Comité Cívico; por otro lado, con relación a la legitimación pasiva, aunque no se ha exhibido ningún video para establecer la participación de los demandados, mas aún de Walter Luís Saavedra Sandal quien no participó en ningún acto de toma del predio; ya que es funcionario de la Universidad Amazónica de Pando y ese día estaba en su fuente laboral; b) Se ha notificado a Juvenal Víctor Romero Jamal, presente en audiencia, pero no está demandado; c) No se está cumpliendo el principio de subsidiariedad; es decir, no se han agotado las vías ordinarias correspondientes, por lo que no corresponde la presente acción, el derecho al trabajo no se le puede vulnerar a un ente jurídico como es el Comité Cívico de Pando; d) Con referencia al derecho a la libertad de reunión, relacionado con la inviolabilidad del domicilio, tampoco se vulneraron; ya que, con la supuesta toma de la infraestructura del Comité Cívico de Pando, no se le ha prohibido que se reúna con otras instituciones; y, e) El petitorio en incoherente, debido a que, se pide la restitución inmediata del bien que fueron despojados pero en realidad se tendría que invocar la protección al “derecho a la posesión”, a la propiedad privada y no se lo ha hecho; sin embargo, para pedir la restitución de un bien inmueble se tiene que acreditar que se tiene derecho sobre ese inmueble; documentos que no existen; por lo que, solicitó se deniegue la presente acción debido a que fue mal planteada.
El abogado de Salvador Salinas “Valdivieso”, manifestó: 1) No se ha vulnerado el derecho al trabajo; según las cédulas de identidad de los accionantes Vicente Rocha Rojas refiere que tiene como ocupación laboral de chofer e Irnes Pérez Alpire, como comerciante; por lo tanto, su defendido jamás realizó acto alguno que vulneró el derecho al trabajo ni como chofer ni como comerciante; 2) Por la documentación presentada por su colega, se demostró que fue revocado el mandato de los accionantes, entonces no existe legitimación activa; 3) El derecho a la libre reunión y asociación no se vulneró; ya que, pueden reunirse en cualquier lugar de Cobija; y, 4) Sobre la inviolabilidad del domicilio, el Centro de Acción Pandina tiene en sus estatutos como domicilio Cobija, por lo que no se pudo vulnerar ese derecho.
El abogado de Juan de Dios Martínez Senseve, haciendo uso del derecho a la dúplica dijo: Si en la fundamentación fáctica refieren los accionantes, la existencia de actos delictivos, corresponde hacer uso del medio más pronto para resguardar sus derechos que en este caso es la vía penal, en la que se debe investigar la participación de los demandados y de esa manera se podrá establecer si fueron violados o no los derechos y garantías de los accionantes.
Haciendo uso del mismo derecho, los abogados de Walter Luís Saavedra Sanda, Juvenal Víctor Romero Jamal y de Salvador Salinas manifestaron lo siguiente: i) No es evidente que Walter Luís Saavedra tenga que demostrar su no participación en los hechos denunciados; más bien, quien acusa debe demostrar su participación; su cliente asistió a la audiencia para decir que se están equivocando; ya que él no participó en este hecho denunciado; y, ii) Los accionantes no demostraron que se hubiera revocado la resolución mediante la cual lo alejaron del cargo de Presidente del Centro de Acción Pandina; por lo que, carece de legitimación activa.
Abraham Duri Rivera, al haber sido notificado no se hizo presente a la audiencia no presentó informe alguno.
La Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Pando, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 8 de15 de julio de 2011, cursante de fs. 46 a 48, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) Los hechos denunciados constituyen delitos por lo que en virtud al principio de subsidiariedad, debe previamente agostarse la vía ordinaria; es decir, la penal; b) Walter Luís Saavedra Sanda, no participó en el hecho denunciado, ese día y hora estaba trabajando en la Universidad Amazónica de Pando; y, como no hay prueba que estuvo en el lugar, carece de legitimación pasiva; de igual forma, se notificó a Juvenal Víctor Romero Jamal, quien no está demandado, de donde se extrae que tampoco tiene legitimación pasiva; los demás demandados, no cuestionaron su participación en el hecho denunciado; c) Los derechos denunciados como vulnerados no son pertinentes: el derecho al trabajo no se vulneró de ninguna manera, tratándose de un ente jurídico no se le puede vulnerar ese derecho; se refiere mas al “trabajo que debe realizar el Centro de Acción Pandina”, no los integrantes de ella; d) La libertad de reunión no ha sido coartada, pues la toma de lugar, no les impide reunirse con otras instituciones; e) El derecho a la inviolabilidad del domicilio tampoco fue vulnerado porque el domicilio del Comité Cívico de Pando es toda la ciudad, no se tiene documento alguno que diga donde está el domicilio de esta institución; debe recurrirse al presupuesto del lugar de su administración y aunque no se adjunta documento que indique donde está el lugar de su administración, es conocido que queda ubicado en la calle Teniente Coronel Cornejo, precisamente donde se entraron algunas de la personas demandadas; f) Con relación al derecho a denunciar actos de corrupción, la ocupación de los ambientes no impide hacer denuncias; g) De la prueba presentada se ve personas rompieron el candado del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Comité Cívico de Pando, violando de esta manera su domicilio; h) Sobre la pretensión con relación a la restitución inmediata del inmueble del que fueron despojados, es incoherente, tendrían que haber invocado el derecho “a la posesión legítima” o el derecho a la propiedad privada; para pedir la restitución se tiene que acreditar que se tiene el derecho sobre ese inmueble, lo que no se ha demostrado; i) La jurisprudencia constitucional de manera uniforme protege el derecho a la propiedad contra actos violentos de personas que sin tener ningún derecho ingresan a predios ajenos pero no hay jurisprudencia cuando se trata de la afectación del domicilio con actos violentos; j) En el presente caso se afectó, con actos violentos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio del Comité Cívico de Pando; afectación que está prevista como delito en el art. 298 del CP; por lo que, no se puede aplicar la excepcionalidad al principio de subsidiariedad; ya que, la vía penal es más eficaz que el amparo constitucional; y, k) Finalmente, otro aspecto que obstaculiza el amparo solicitado, es la formulación de la pretensión; es decir, la restitución del inmueble; para lo cual, debieron acreditarse a qué título se posee el bien: propiedad, alquiler, anticrético, etc., acreditación que no existe.
II.1.Cursa la personalidad jurídica de 21 de septiembre 2007, otorgada por la entonces Prefectura del Departamento de Pando a favor del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando, al amparo de la Resolución Prefectural 064/07 de 20 de septiembre de 2007, Dictamen Fiscal de 5 de julio del mismo año y Registro 20/07 de 21 de septiembre del citado año (fs. 3).
II.2.Mediante Resolución 001/2010 de 16 de mayo, la Junta Electoral del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando, en cumplimiento de sus legítimas atribuciones resuelve: Primero: “Declarar Presidente electo del Directorio del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando a Vicente Rocha Rojas, Primer Vicepresidente IrnePerezAlpire, Segundo Vice -Presidente Arturo Ferreira Salvatierra, y como Directores Dr. Gary von Boeck, Rosa Rodríguez Dumay, Aldo YapobendaTirina, Lic. Charles Moura Silva, Vidal Mayo, Ing. Sandro Alvarado Hurtado, Edwin Parada, Jorge Rojas, Juan Carlos Paredes, Lic. Bladimir Siviora Chao” (sic) (fs. 8 a 9).
II.3.Cursa credencial, que otorgó la Junta Electoral del Centro de Acción Pandina, Comité Cívico de Pando, en uso de sus atribuciones que le confiere el Estatuto y Reglamento de Elecciones, a favor de Vicente Rocha Rojas, que fue electo para el cargo de Presidente del Directorio de esa institución por el período 2010 - 2012 (fs. 7).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los accionantes denuncian como vulnerados sus derechos a la “libertad de trabajo”, a la libertad de reunión y asociación, “a denunciar y combatir todos los actos de corrupción” y a la inviolabilidad del domicilio; por cuanto, los demandados trasladaron a funcionarios de Empleo Digno, dependientes de la Gobernación de Pando, con el fin de tomar la institución denominada Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando, rompiendo el candado con una “pata de cabra” en forma violenta ingresaron y tomaron la institución en la cual permanecen hasta ahora. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica La acción de amparo constitucional establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Norma Suprema y las leyes.
Según expresa, José Antonio Rivera Santiváñez, en su libro “Jurisdicción Constitucional -Procesos Constitucionales en Bolivia-“ el constituyente y legislador boliviano establece que es una acción constitucional, de configuración procesal autónoma e independiente, diferente de los demás recursos procesales ordinarios; es un medio de tutela inmediata, eficaz e idónea para los derechos y garantías constitucionales, frente a las amenazas o restricciones ilegales o indebidas de autoridades públicas o personas particulares; por ello tiene una tramitación especial y sumarísima (RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio. “Jurisdicción Constitucional -Procesos Constitucionales en Bolivia-“. Tercera Edición. Cochabamba: Editorial Kipus, pág. 381).
En ese sentido, la acción de amparo constitucional, tiene por finalidad única resguardar los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance con relación a la protección de derechos y garantías constitucionales, y no así, de principios; empero, por la misma naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinaria de defensa, no puede omitirse considerar el resguardo y la materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia.
III.2. En las acciones de amparo constitucional, se deberá demostrar que con el acto acusado de ilegal se vulneraron derechos En la presente acción se hace pertinente hacer referencia a la SCP 1006/2012 de 5 de septiembre, que con relación a la cuestión planteada establece: “La acción de amparo constitucional en el art. 129.IV de la CPE indica: 'La resolución final ser pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de las servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo' .
Por su parte, el art. 77 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), dispone que: 'La Acción de Amparo Constitucional será presentada por escrito, con los siguientes requisitos:
5.Acompañar la prueba en que funda su Acción o señalar el lugar en que se encuentra…' .
De las normas precedentemente expuestas, se establece que dentro de las acciones de amparo constitucional, cualquier persona demandante, tiene el deber ineludible de acompañar documentación o aportar información cierta y bastante, relacionada a los supuestos hechos vulneratorios de sus derechos acusados de lesionados, cuya identificación con precisión, es necesaria a efectos de que el Tribunal o Juez de garantías, cuenten con los elementos suficientes que le permitan llegar a la conclusión de otorgar la tutela o en su defecto denegarla.
Jurisprudencia El Tribunal Constitucional, ha definido su posición jurisprudencial respecto a los elementos probatorios que debe concurrir al momento de interponer una acción de amparo constitucional, tal cual lo ha señalado en la SC 2752/2010-R de 10 de diciembre: 'De la revisión de la demanda y de los actos del expediente, se tiene que la accionante, si bien realiza una amplia relación de los hechos fácticos; sin embargo, omite realizar una fundamentación precisa, principalmente la relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento a su pretensión y la lesión causada a los derechos alegados, especificando cada uno de ellos, elemento básico para determinar si el acto u omisión demandado de ilegal o indebido, está dentro del ámbito del protección que brinda esta acción tutelar en caso de lesiones a derechos fundamentales y garantías constitucionales, constatándose que existe una relación de hechos e independientemente, en otro punto de la demanda de amparo, especifica aisladamente los presuntos derechos que se hubiesen vulnerado y -como se dijo- sin establecer claramente de qué forma se hubiesen vulnerado cada uno de los mismos que ahora pretende sean tutelados mediante la presente acción'.
La SC 0382/2010-R de 22 de junio: 'En ese orden, si se toma en cuenta que los Tribunales, tanto de garantías como de revisión, otorgan la tutela en caso de ser cierta y efectiva la demanda o lesión de derechos denunciados, significa que el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentran bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
Entendimiento que ya ha sido expresado por este Tribunal en las SSCC 0354/2002-R, 1110/2003-R y 0140/2004-R, entre otras, como también por la SC 1651/2003-R de 17 de noviembre, que en lo pertinente señaló que: «…este Tribunal ha establecido que la determinación del Tribunal de amparo debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o amenazado un derecho fundamental y/o garantía constitucional, por lo que es preciso que el recurrente o agraviado, por una parte, aporte los elementos de prueba suficientes en los que se acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y por otra parte, ese agraviado también debe acreditar que en el supuesto acto y/u omisión es responsable la autoridad o persona recurrida por haber tenido intervención y decisión».
Consiguientemente, para que los actos u omisiones denunciados sean objeto de análisis y reciban la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional, el recurrente o agraviado debe: i) Aportar los elementos de prueba suficientes en los que acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y, ii) Acreditar que la autoridad o persona recurrida es la responsable del acto y/u omisión denunciado por haber tenido intervención y decisión. Sólo ante la concurrencia de estos supuestos, y de ser evidentes, podrá concederse la tutela solicitada, caso contrario, existe la imposibilidad de otorgar el amparo, toda vez que no puede dictarse una Resolución de procedencia, cuando no se constata la vulneración de derechos o garantías fundamentales'.
A su vez la SC 1968/2010-R de 25 de octubre, dispone: 'Al respecto, este Tribunal a través de la SC 0382/2010-R de 22 de junio, sobre la exigencia de aportar prueba, estableció:
«Exigencia de aportar prueba y demostrar que con el acto considerado ilegal se produjo la lesión del derecho.
Con la finalidad de resolver adecuadamente la problemática planteada, en principio es imprescindible remarcar que el amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de las personas, reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, siempre y cuando no hubiere otro medio o recurso legal para tal efecto, tal cual prescribe el art. 128 de la CPE».
La misma Sentencia constitucional, también establece que es la prueba precisamente que da la certeza al Tribunal de garantías para pronunciarse sobre la supuesta lesión a derechos fundamentales al señalar:
«En su desarrollo procesal, el art. 129.IV de la CPE señala que: 'La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante. La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada, y en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado…». Coherente con esta exigencia, complementando el procedimiento y requisitos en esta acción de defensa, cuando se refiere a los requisitos de la demanda de amparo, en el art. 97.V de la LTC, se señala que se debe adjuntar la prueba pertinente.
En ese orden, si se toma en cuenta que los Tribunales, tanto de garantías como de revisión, otorgan la tutela en caso de ser cierta y efectiva la demanda o lesión de derechos denunciados, significa que el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se consideraba vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón d que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado.
Entendimiento que ya ha sido expresado por este Tribunal en las SSCC 0354/2002-R, 1110/2003-R y 0140/2004-R, entre otras, como también por la SC 1651/2003-R de 17 de noviembre, que en lo pertinente señaló que: «…este Tribunal ha establecido que la determinación del Tribunal de amparo debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o amenazado un derecho fundamental y/o garantía constitucional, por lo que es preciso que el recurrente o agraviado, por una parte, aporte los elementos de prueba suficientes en los que se acredite y demuestre la existencia del acto y/u omisión denunciado de ilegal, y por otra, ese agraviado también debe acreditar que en el supuesto acto y/u omisión es responsable la autoridad o persona recurrida por haber tenido intervención y decisión»'.
En ese sentido, es preciso recordar que la SC 0365/2005-R de 13 de abril, señaló que: 'El art. 97 de la LTC, en forma taxativa establece los requisitos de forma y contenido que deben observarse inexcusablemente en la presentación de todo recurso de esta naturaleza, toda vez que del cumplimiento de los mismos depende que tanto el Tribunal de amparo como este Tribunal, en revisión, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de las partes, así como la veracidad de los hechos reclamados y los derechos, vulnerados, para en definitiva otorgar o negar el amparo solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en debida forma'. Continúa señalando la citada Sentencia que: los mismos «…están destinados a evitar el inicio de un procedimiento que carezca de los elementos básicos necesarios para decidir sobre la pretensión jurídica deducida…»'”.
III.3. Análisis del caso concreto Los accionantes alegan como vulnerados sus derechos a “la libertad de trabajo”, a la libertad de reunión y asociación, a “denunciar y combatir todos los actos de corrupción” y a la inviolabilidad del domicilio; debido a que, los demandados deschaparon el candado con una “pata de cabra” y junto a otras personas a las cuales dirigieron para este hecho, tomaron las instalaciones del Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando en las que permanecen hasta ahora.
De los datos que cursan en el expediente, se evidencia que los accionantes adjuntaron documentación relativa a la personalidad jurídica otorgada al Centro de Acción Pandina - Comité Cívico de Pando y la elección de los miembros del Directorio de la citada institución y su posterior reconocimiento como tales, mediante la otorgación de las credenciales respectivas, pero no adjuntaron ninguna otra prueba que de fe acerca de la denuncia de sus derechos que reclaman como vulnerados en la presente acción.
Por consiguiente y en concordancia con la jurisprudencia ampliamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los accionantes, no presentaron pruebas que demuestren los extremos de su acción; ya que, se requiere tener certeza sobre la lesión de los derechos invocados y protegidos, precisando para ello la compulsa de los hechos denunciados con elementos probatorios mínimos que generen la obligación de demostrar las afirmaciones que realizaron al demandar la acción de amparo, a objeto de que la jurisdicción constitucional cuente con la certidumbre para tutelar los derechos y garantías protegidos por esta acción; ya que, no se debe prescindir de la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados a momento de sustanciar y resolver la acción tutelar, situación que impide ingresar al análisis de fondo por carencia de prueba mínima que genere elementos de convicción respaldando lo denunciado no correspondiendo otorgar la tutela solicitada por los accionantes.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes del proceso.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 8 de 15 de julio de 2011, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por la Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

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