Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4615
Timestamp: 2020-02-29 04:17:17+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 79/2002
SENTENCIA 79/2002, de 8 de abril
ECLI:ES:TC:2002:79
En el recurso de amparo núm. 4839/99, promovido por doña Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Covadonga Juliá Corujo y asistidos por el Abogado don José Manuel Jareño y Rodríguez- Sánchez, contra el Acuerdo de 11 de mayo de 1999 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda en el curso de las diligencias preliminares núm. 232-98 (seguidas a instancias de don Joaquín Acosta de los Reyes y otros contra la Cooperativa del campo Virgen de la Caridad), por el que se impone a la actora una multa de 50.000 pesetas, confirmado por Auto de dicho Juzgado de 19 de mayo de 1999 (expediente gubernativo núm. 7- 99), y contra el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de octubre del mismo año, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución. Han comparecido don Joaquín Acosta de los Reyes, don José Mármol Rivas, don Manuel Márquez Guardia, don José Vidal González, doña Ángeles Lagomazzini Barba, don Manuel Caro Cuevas y don Nicolás Ruiz Gómez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Covadonga Juliá Corujo y asistidos por el Letrado don Hilario Abad Vidal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Garrido Falla, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de noviembre de 1999, doña Isabel Covadonga Juliá Corujo, Procuradora de los Tribunales y de doña Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, interpone recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
a) En las diligencias preliminares núm. 232-98, tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), se celebró el día 11 de mayo de 1999 prueba de confesión judicial propuesta por la parte demandada y referida a veintidós personas actoras, defendidas por la Letrada doña Inmaculada Moreira Pérez, recurrente en amparo.
b) En el curso de la práctica de dicha prueba, cuando estaba declarando uno de los defendidos por la Letrada ahora recurrente en amparo (don Joaquín Acosta de los Reyes), ésta solicitó que quedara constancia en acta de las explicaciones o aclaraciones dadas por su defendido a las preguntas formuladas por la parte contraria. Ante esta petición, la Letrada fue llamada al orden por el Juez titular del Juzgado, "por interrumpir la declaración del confesante", según consta en el acta. Una vez concluida la práctica de esta prueba, como quiera que la Letrada se negó a firmar el acta, intentando escribir en la misma extremos sin autorización (anotó las siguientes palabras: "disconformidad con la redacción del a ......."), el Juez impuso a la Letrada una multa de 50.000 pesetas, quedando la sanción reflejada en acta y abriendo un plazo de tres días para la formulación de alegaciones, de conformidad con los arts. 448 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ).
c) Formuladas alegaciones contra el acuerdo sancionador, el Juzgado procedió a la apertura del expediente gubernativo núm. 79-99, que fue finalmente resuelto por Auto de 19 de mayo de 1999, confirmando la sanción inicialmente expuesta. En el Auto se razona que ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil (se refiere a la Ley de 1881, a la sazón aplicable) permite al Letrado intervenir durante la declaración de su defendido y que tampoco permite añadir nada de propia mano al acta de la prueba de confesión. Por ello, tras ser advertida de que no interrumpiera la declaración, fue sancionada, de conformidad con el art. 449.2 LOPJ, por persistir en su actitud, al pretender que se reflejaran en el acta explicaciones que el confesante por iniciativa propia no agregaba y por intentar escribir sin autorización en el acta.
d) Contra la anterior resolución la Letrada demandante de amparo recurrió en alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictó Acuerdo de 5 de octubre de 1999 por el que desestimó íntegramente el recurso interpuesto, conforme a la propuesta de resolución formulada por la Magistrada Ponente.
3. Los demandantes de amparo sostienen que las resoluciones impugnadas han incurrido en infracción de los derechos fundamentales a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] en el ejercicio del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba y a la defensa con asistencia de Letrado (art. 24.2 CE), así como a la legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
4. Mediante providencia de 29 de enero de 2001, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones respectivas, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional.
5. Recibidos los testimonios de actuaciones y personados don Joaquín Acosta de los Reyes y seis más a través de la Procuradora doña Isabel Covadonga Juliá Corujo, mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 12 de marzo de 2001 se otorgó, de conformidad con el art. 52 LOTC, un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas para que dentro de dicho plazo alegasen lo que a su derecho conviniere.
6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones con fecha 9 de abril de 2001. Tras referir los antecedentes del caso y sintetizar los términos en los que se articulan las quejas de los demandantes de amparo, sostiene el Ministerio público que, con carácter previo al examen de esas quejas, es necesario precisar cuáles fueron en este caso los presupuestos de hecho que determinaron la imposición de la sanción a la Letrada ahora demandante de amparo, pues algunas de las quejas que se articulan en la demanda guardan estrecha relación con esta cuestión. Según el Fiscal, de la lectura de las resoluciones impugnadas se deduce que las circunstancias fácticas y el título de imputación que han motivado la imposición de la corrección disciplinaria a la Letrada han permanecido inalterables desde que fueron delimitados en el inicial acuerdo sancionador hasta la resolución final desestimatoria del recurso de alzada, destacándose siempre la existencia de dos supuestas interrupciones del acto judicial de confesión que se estaba practicando: la acontecida al término de la evacuación de la tercera de las posiciones por parte de un demandado confesante, momento en el que el Juez llamó al orden a la Letrada instándola a que no interrumpiera el curso de la actuación procesal, y la acontecida en un segundo momento, que tuvo lugar cuando, una vez finalizada la declaración del confesante, la Letrada quiso incluir de su puño y letra en el acta su disconformidad con el contenido de la misma.
7. El escrito de alegaciones de la representante procesal de los recurrentes en amparo fue registrado en este Tribunal el 6 de abril de 2001. Dicho escrito insiste, dándolos por reproducidos, en los argumentos esgrimidos en la demanda de amparo, haciendo especial hincapié en la observación de que la Letrada actuó en todo momento en el legítimo ejercicio del derecho de defensa de los intereses ajenos que tenía encomendados.
8. La representación procesal de don Joaquín Acosta de los Reyes y otros, comparecientes en el recurso de amparo en apoyo de la demandante de amparo, presentó su escrito de alegaciones en el registro de este Tribunal con fecha 6 de abril de 2001. En dicho escrito esta parte se adhiere a todas las alegaciones contenidas en la demanda de amparo, solicitando el otorgamiento del amparo por vulneración de los mismos derechos fundamentales allí invocados y la consiguiente anulación de las resoluciones impugnadas.
9. Por providencia de 7 de marzo de 2002, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el siguiente día 11 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
1. Alegan los demandantes de amparo que la sanción impuesta a la Letrada doña Inmaculada Moreira Pérez en el curso de las diligencias preliminares del juicio núm. 2322-98, sustanciadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda, por medio de Acuerdo de dicho Juzgado de 11 de mayo de 1999, confirmado primero por Auto del mismo Juzgado del 19 de mayo siguiente en expediente gubernativo núm. 7-99 y en alzada por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de octubre del mismo año, ha vulnerado los derechos fundamentales a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada (art. 20.1 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías, a la defensa y asistencia letrada, a proponer medios de prueba, a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de legalidad (art. 25.1 CE). Siendo pues, varios los derechos fundamentales que se alegan como conculcados por la sanción impuesta a la Letrada Sra. Moreira Pérez, conviene iniciar el análisis del supuesto planteado por el examen de las alegaciones vertidas por los actores en relación con los derechos fundamentales de carácter procesal, pasando a abordar los de carácter sustantivo únicamente en el supuesto de desestimación de las alegaciones referidas a los primeros, siguiendo el criterio mantenido para un caso semejante al que nos ocupa en la STC 157/1996, de 15 de octubre (FJ 1).
2. Partiendo de este criterio debemos comenzar examinando la supuesta lesión del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en su vertiente de derecho a un Juez imparcial. Afirman los recurrentes que este derecho habría sido conculcado en la medida en que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda ha sido Juez y parte en el procedimiento sancionador y ha ejercido simultáneamente funciones de instrucción y de decisión, lo que ha redundado en la infracción del principio de imparcialidad. En realidad, la queja deducida por los actores en este punto se dirige contra la potestad y el procedimiento disciplinarios previstos en el Título V del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, la queja debe ser igualmente rechazada por carencia manifiesta de relevancia constitucional, a la vista de la reiterada doctrina de este Tribunal en asuntos similares al presente. Como se recuerda en la ya citada STC 157/1996 (FJ 2), "según tenemos declarado, las correcciones disciplinarias impuestas por los Jueces y Tribunales a los Abogados en el curso de un procedimiento ..., así como las resoluciones revisoras de las mismas, no son actos materialmente administrativos, sino resoluciones jurisdiccionales dictadas en un proceso con todas las garantías (STC 205/1994, FJ 3). En consecuencia, no cabe hablar de la presencia de una fase de instrucción en el procedimiento del que resultó la corrección disciplinaria. El órgano judicial en estos supuestos, entiende, sin necesidad de instrucción previa, que una determinada conducta es encuadrable en alguno de los supuestos previstos en el art. 449 LOPJ y, previa la obligada audiencia ex art. 450.2 LOPJ, acuerda imponer la corrección que estima procedente en Derecho. No hay, por tanto, actuaciones encaminadas a preparar la resolución correctora y practicadas para averiguar y hacer constar la comisión de un acto merecedor de corrección; no ha existido, en suma, una actividad investigadora que pudiera redundar en la pérdida de imparcialidad del criterio judicial en los términos referidos en la STC 145/1988. La audiencia de la interesada no se enmarca en un proceso de averiguación de la perpetración de un acto sancionable, sino que constituye un trámite legalmente obligado a los fines de que la misma pueda alegar en su descargo frente a un acto cierto e indubitado a se. A la vista de las alegaciones, el órgano judicial podrá concluir que la conducta enjuiciada es merecedora de la corrección legalmente prevista, o, por el contrario, que no puede subsumirse en alguno de los apartados del art. 449 LOPJ; pero ésa es ya una conclusión decisoria que parte de una realidad (el acto o la conducta enjuiciada) que no precisa de investigación alguna para su constatación en cuanto tal realidad. Las alegaciones sirven al fin de la conformación del criterio judicial en relación con la calificación jurídica de aquella realidad, pero no al de su delimitación fáctica. No cabe hablar, en fin, de confusión entre instrucción y decisión. Tampoco concurren en el Juez de Instrucción las condiciones de Juez y parte. En efecto, ..... el bien tutelado en el art. 449.1 LOPJ no es el honor o la dignidad de la persona titular de un órgano judicial, sino el respeto debido al Poder Judicial en tanto que institución y, por tanto, al margen de las personas que eventualmente desempeñen la magistratura".
3. Por lo que se refiere a la supuesta lesión del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho a utilizar los medios de prueba (art. 24.2 CE), también ha de convenirse con el Ministerio Fiscal en la apreciación de que no ha existido la infracción constitucional alegada. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inadmitió las pruebas propuestas por la Letrada Sra. Moreira en su recurso de alzada, consistentes en la declaración testifical de todos los actores que habían litigado bajo su asistencia técnica y en la aportación de todas las actas de la prueba de confesión judicial, pero los demandantes de amparo no cumplen con la carga de acreditar en su demanda que estas pruebas inadmitidas fueron decisivas en términos de defensa, lo que conlleva el rechazo de su queja.
4. Sostienen asimismo los demandantes que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lesionó los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la defensa y asistencia letrada (art. 24.2 CE), al imputarle a la Letrada Sra. Moreira un hecho nuevo, consistente en el supuesto intento de introducir nuevas preguntas a otro actor confesante, imputación sustancialmente distinta a la que motivó la sanción inicialmente y de la que no tuvo oportunidad de defenderse. En definitiva, los demandantes de amparo reprochan al Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Andalucía la vulneración del principio acusatorio. Sin embargo, también esta queja ha de ser rechazada, conforme a lo argumentado en sus alegaciones por el Ministerio Fiscal, pues no se aprecia que haya existido un cambio en la imputación que dio lugar a la sanción disciplinaria impuesta. Del examen de las actuaciones se desprende que, por lo que atañe a la actuación del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda, tanto en el Acuerdo sancionador de 11 de mayo de 1999, como en el Auto del 19 de mayo siguiente que lo confirma, los hechos en los que se fundamenta la sanción se refieren a las dos interrupciones de la prueba de confesión judicial que se estaba practicando: la ocurrida tras la respuesta a la tercera de las posiciones por parte del confesante, momento en que el Juez llamó al orden a la Letrada instándola a que no interrumpiera el curso de la actuación procesal; y la que tuvo lugar cuando, una vez finalizada la declaración del confesante, la Letrada quiso incluir de su puño y letra en el acta su disconformidad con el contenido de la misma.
5. Bajo la invocación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.1 CE), alegan los demandantes que la sanción disciplinaria fue impuesta de plano por el titular del Juzgado, sin dar previamente trámite de audiencia a la Letrada sancionada.
6. Resta por examinar, llegados a este punto, si las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho fundamental a la libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada, pues las restantes quejas esgrimidas en la demanda de amparo se cifran, en último término, en una supuesta infracción del derecho fundamental a la libre expresión. En ella pueden subsumirse, en efecto, las referidas al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), a la tutela judicial efectiva en cuanto a la motivación de las resoluciones impugnadas (art. 24.1 CE) y a la defensa (art. 24.2 CE), pues lo que verdaderamente se denuncia es que la sanción impuesta a la Letrada demandante de amparo lo ha sido sin haber reparado en el hecho de que la actuación por la que ha sido corregida se explica y justifica en atención a las exigencias propias del ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la defensa letrada de intereses y derechos de un tercero. Esta afirmación, por consiguiente, requiere una reflexión previa acerca de esta especial manifestación de la libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa, siguiendo la doctrina de este Tribunal relativa a esta cuestión, la cual aparece sintetizada en la ya citada STC 157/1996 (FJ 5), recogida posteriormente en SSTC 113/2000, de 5 de mayo (FJ 6), 184/2001, de 17 de septiembre (FJ 4), y 226/2001, de 26 de noviembre (FJ 2). Como se recuerda en esta última Sentencia, tal doctrina parte de la premisa de que los bienes y derechos en juego en el procedimiento sancionador regulado en los arts. 448 y ss. LOPJ no pueden estimarse ajenos al ámbito propio del recurso de amparo, ya que lo establecido en tales preceptos sobre la corrección disciplinaria de los Abogados que intervengan en los pleitos no constituye sólo una regulación de la potestad disciplinaria atribuida a los Jueces o a las Salas sobre dichos profesionales, "que cooperan con la Administración de Justicia" -según el epígrafe del Libro V de la LOPJ-, sino también un reforzamiento de la función de defensa que les está encomendada. De ahí que resulte preciso cohonestar dos exigencias potencialmente opuestas, pero complementarias: el respeto a la libertad del Abogado en la defensa del ciudadano por una parte, y el respeto por parte del Abogado de las demás partes y sujetos procesales, que también participan en la función de administrar justicia (SSTC 38/1998, de 9 de marzo, FJ 2; 205/1994, de 11 de julio, FJ 5), por otra. La primera exigencia aparece contemplada en el art. 437.1 LOPJ, al disponer que "en su actuación ante los Jueces y Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa". La segunda de las exigencias antes apuntadas requiere, en reciprocidad, el respeto por parte del Abogado de las demás personas que también participan en la función de administrar justicia, y que tiene como consecuencia el que, a tenor del art. 449.1 LOPJ, los Abogados y Procuradores serán corregidos disciplinariamente por su actuación ante los Juzgados y Tribunales "cuando en su actuación forense faltasen oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido a los Jueces y Tribunales, Fiscales, Abogados, Secretarios Judiciales o cualquier persona que intervenga o se relacione con el proceso" (STC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2).
7. La aplicación de esta consolidada doctrina al supuesto enjuiciado conduce a la denegación del amparo que se solicita. Según queda reflejado en el relato de antecedentes, la Letrada solicitante de amparo fue sancionada de conformidad con el art. 449.2 LOPJ, tras ser advertida de que no interrumpiera la declaración que estaba prestando en prueba de confesión judicial uno de sus patrocinados, por persistir en su actitud, al pretender que se reflejaran en el acta explicaciones que el confesante por sí mismo no agregaba y asimismo por intentar escribir en el acta de la prueba su disconformidad con el contenido de la misma.
1. Voto particular que formula la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 4839/99, al que se adhiere el Magistrado don Fernando Garrido Falla.
1. Hemos dicho que en todo procedimiento sancionador dirigido contra un Abogado por una falta de respeto debido a los demás participantes en el proceso, eventualmente cometida en su actuación forense, entrarán en juego y deberán ser tenidos en cuenta no sólo el respeto debido a -en su caso- una u otra autoridad, sino también la dignidad de la función de defensa, en cuanto ejercida al servicio de las garantías establecidas en el art. 24 CE, así como la libertad de expresión de la que es titular el Abogado en cuanto tal, como ha sido entendido por el legislador en el art. 437.1 LOPJ (SSTC 156/1996, de 15 de octubre, FJ 5; y 38/1998, de 9 de marzo, FJ 2). En reiteradas ocasiones hemos declarado también que la libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de la actividad de defensa es una manifestación cualificada del derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE, porque se encuentra vinculada con carácter inescindible a los derechos de defensa de la parte (art. 24 CE) y al adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constitución les atribuye (art. 117 CE), razón por la cual se trata de una manifestación de la libertad de expresión especialmente resistente, inmune a restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar (SSTC 38/1988, de 9 de marzo, FJ 2; 205/1994, de 11 de julio, FJ 5; 157/1996, de 15 de octubre, FJ 5; 113/2000, de 5 de mayo, FFJJ 4, 5 y 6; y 184/2001, de 17 de septiembre, FJ 4).
2. Uno de los ámbitos sobre los que indudablemente se proyecta esta íntima conexión de la libertad de expresión del Abogado con el derecho de defensa de su patrocinado es la manifestación de las quejas en torno a la forma en que los titulares de los órganos judiciales dirigen o instruyen los procesos, crítica que puede, además, contribuir al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia. Pues bien, en el presente caso la Letrada solicitante de amparo fue sancionada, de conformidad con el art. 449.2 LOPJ, por tomar la palabra durante la práctica de la prueba de confesión judicial de uno de sus patrocinados, con la pretensión de que en el acta fueran recogidas las explicaciones o matizaciones dadas por el confesante al absolver las posiciones presentadas por la parte contraria (art. 586 LEC 1881), siendo llamada al orden por el Juez, y asimismo por persistir en su actitud al negarse a firmar el acta e intentar escribir en la misma su disconformidad con su redacción, al no recogerse en ella más que las contestaciones afirmativas o negativas, sin agregar las explicaciones dadas por el confesante.
3. El Ministerio Fiscal interesa la estimación de la demanda de amparo al entender que la actuación de la Letrada, objeto de corrección disciplinaria, se encontraba inserta en su labor de defensa, dados sus fines, no otros que la defensa de los intereses de su patrocinado, que su conducta no fue injuriosa ni desconsiderada para con el Poder Judicial y que el órgano judicial en el ejercicio de su facultad de policía de estrados pudo restablecer el orden procesal en la práctica de la prueba, obteniendo que la Letrada cesara en su empeño de mostrar su disconformidad.
4. Esto afirmado, lo que la Sentencia de la mayoría rechaza equivocadamente, dicho con todo respeto, hubiera sido obligado nuestro pronunciamiento sobre la licitud e ilicitud de la sanción desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, motivación de las resoluciones judiciales y legalidad sancionadora.
Discrepo del razonamiento final de la Sentencia, según el cual: "En definitiva, en modo alguno se ha visto menoscabada en el caso que nos ocupa la libertad de expresión de la Abogada demandante de amparo en el ejercicio de defensa de su patrocinado, derecho fundamental que no puede amparar lo que no es otra cosa que una actuación procesalmente incorrecta de la propia Letrada, tanto más reprochable cuanto que los Abogados, por la situación de protección que gozan en su actuación ante los Juzgados y Tribunales de Justicia (art. 437.1 LOPJ), vienen especialmente obligados al cumplimiento de las obligaciones que les impone la propia LOPJ y las correspondientes leyes procesales (art. 448 LOPJ), de suerte que los incumplimientos de tales obligaciones justifican precisamente la imposición de las correspondientes correcciones disciplinarias por parte de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la 'policía de estrados' conforme a los arts. 448 y ss. LOPJ" (FJ 7).
5. Esta vulneración del derecho a la libertad de expresión implica, paralelamente, la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), pues no puede ser objeto de sanción una conducta amparada en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sin perjuicio de que en el caso hubiera podido apreciarse, también, una vulneración autónoma del derecho a la legalidad sancionadora (arts. 25.1 CE), como consecuencia de la inadecuada subsunción de la conducta sancionada en el tipo previsto en el art. 449.2 LOPJ.
Ciertamente, tampoco puedo compartir la consideración que la Sentencia efectúa en su fundamento jurídico séptimo respecto de la subsunción de la conducta de la Letrada "en los tipos de corrección disciplinaria previstos en los arts. 448 y 449 LOPJ", sobre cuya adecuación no se pronuncia ("con independencia de la adecuada subsunción", dice), por entender que "en presencia de esta modalidad sancionadora de las correcciones disciplinarias procesales, que se produce aquí en el ámbito de la práctica de una prueba de confesión, lo determinante es que la conducta reprochable manifieste un incumplimiento de las prescripciones exigidas por las leyes procesales, pues, comprobado tal incumplimiento, la 'policía en estrados' faculta al Juez o Tribunal para la adecuada corrección disciplinaria procesal, en virtud de los mencionados preceptos de la LOPJ". Esta argumentación, proyectada sobre la sanción aquí impugnada, no resulta, en mi opinión, compatible con la garantía de tipicidad y la prohibición de aplicación analógica inherentes al principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) aplicables también en materia de sanciones administrativas (SSTC 120/1996, de 8 de julio, FJ 8; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; y 133/1999, de 15 de octubre, FJ 2), menos cuando está concernido el derecho fundamental de libertad de expresión en los términos especialmente reforzados en el ejercicio de la actividad de defensa señalados por nuestra jurisprudencia y que ya he dejado referidos.
Promovido por doña Inmaculada Moreira Pérez y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, respecto de los Acuerdos de un Juzgado de Primera Instancia de Sanlúcar de Barrameda y de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que impusieron una multa por su actuación durante una prueba de confesión judicial.
La libertad de expresión de la Abogada demandante de amparo en el ejercicio de defensa de su patrocinado no puede amparar lo que no es otra cosa que una actuación procesalmente incorrecta de la propia Letrada [FJ 7].
La libertad de expresión del Abogado en defensa de su patrocinado ha de valorarse en el marco en que se ejerce y atendiendo al logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen (SSTC 157/1996, 226/2001) [FJ 6].
Una mera irregularidad procesal, que el inicial Acuerdo sancionador fuera adoptado sin audiencia previa de la Letrada sancionada, no determina indefensión material (STC 98/1999) [FJ 5].
La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de Andalucía no cambió la imputación que dio lugar la sanción disciplinaria impuesta, por lo que no hubo vulneración del principio acusatorio [FJ 4].
Los demandantes de amparo no cumplen con la carga de acreditar en su demanda que las pruebas inadmitidas fueron decisivas en términos de defensa (SSTC 1/1996, 169/1996, 45/2000) [FJ 3].
En las correcciones disciplinarias impuestas por los Jueces y Tribunales a los Abogados en el curso de un procedimiento no hay una fase de instrucción, por lo que no hay lesión del derecho a fundamental a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de derecho a un juez imparcial [FJ 2].
Artículo 252, f. 7
Artículo 586, VP
Artículo 589, f. 7
Artículo 24.2 (derecho a la asistencia de letrado), ff. 1, 2, VP
Artículo 24.2 (derecho a la defensa), ff. 1, 4, 6, VP
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 1, 3, VP
Artículo 24.2 (derecho a un juez imparcial), f. 2, VP
Artículo 25.1, ff. 1, 6, 7, VP
Libro V, f. 6
Artículo 279.1, f. 7
Artículo 280.1, f. 7
Artículo 281, f. 7
Artículo 437.1, ff. 6, 7, VP
Artículo 448, ff. 6, 7, VP
Artículo 449, ff. 2, 7, VP
Artículo 449.1, ff. 2, 6, VP
Artículo 449.2, f. 7, VP
Artículo 451.2, f. 5
Derecho a un juez imparcialDerecho a un juez imparcial, Respetado, f. 2
Libertad de expresión en el ejercicio de la defensa letradaLibertad de expresión en el ejercicio de la defensa letrada, f. 6, VP
AbogadosAbogados, ff. 2, 6, 7
Actas judicialesActas judiciales, f. 7, VP
Correcciones disciplinarias procesalesCorrecciones disciplinarias procesales, ff. 2, 4, 5
Protesta procesalProtesta procesal, f. 7, VP

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 252

Artículo 586

Artículo 589

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 279

Artículo 280

Artículo 281

Artículo 437

Artículo 448

Artículo 449

Artículo 449

Artículo 449

Artículo 451