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Fiscal : 2017 : octubre | Comunidad Iberley
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Publicado por manuelpallaresperal 31-oct-2017
El artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria enumera las facultades de la Inspección de los Tributos:
“1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la Inspección de tributos, se precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.
El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por si o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones y deberá aportar o tener a disposición de la Inspección la documentación y demás elementos solicitados.
4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.
Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección”.
Analizando pormenorizadamente el precepto legal expuesto se observa:
a) Las actuaciones inspectoras, entre otros medios, comprenden el examen de bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.
Lo habitual en la práctica inspectora es que el examen de los elementos informáticos citados se realice sobre la aportación de copia de los mismos aportada por el contribuyente. Pero pudiera darse el caso, relativamente frecuente, de que los funcionarios actuarios se personen, sin previo aviso, en la empresa y, una vez se acreditan como tales, exijan el examen de los ordenadores de la misma.
b) Para ello están habilitados por el párrafo segundo del artículo citado de la Ley General Tributaria.
Si el contribuyente no consintiera la actuación de la Inspección, los funcionarios inspectores se proveerán de la autorización escrita de la autoridad administrativa de la que dependen y la inspección podrá continuar, pese a la inicial oposición del obligado tributario.
Pudiera plantearse la cuestión de qué se entiende por “fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen”, a las que se refiere el precepto legal citado.
En primer lugar, se suscita la cuestión de la entrada y el hecho de efectuar registros en el domicilio constitucionalmente protegido del contribuyente, cuando la inspección lo estima necesario para examinar los ordenadores en los que presume que se encuentra la documentación a examinar para el cumplimiento de sus funciones.
La Ley General Tributaria, en su artículo 113, para estos casos, prevé que la Inspección obtenga el consentimiento del obligado tributario o la oportuna autorización judicial.
Una variante de esta cuestión es el caso de las personas jurídicas, para quiénes el Tribunal Supremo, en su Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 3791/2006, 24-04-2010 | Iberley , ha considerado que también es necesario el consentimiento de los representantes de la Sociedad o la autorización judicial, en base a que, para el Alto Tribunal, domicilio fiscalmente protegido, utilizando la terminología del Tribunal Constitucional ( Sentencia Constitucional Nº 137/1985, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 124/1985, 17-10-1985 | Iberley y Sentencia Constitucional Nº 69/1999, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2.824/1995, 26-04-1999 | Iberley ), es también:
“Los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de las sociedad o de su establecimiento y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal la sede principal o la sede secundaria”.
A mi juicio, esas fincas, locales y establecimientos a los que alude el artículo citado no coinciden con la descripción de la antedicha Sentencia del Tribunal Supremo, pues no abarca los lugares citados en el párrafo anterior. Más bien se refiere a establecimientos abiertos al público o en los que se lleve una actividad laboral o comercial por cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la Sociedad ni sirva de custodia a la documentación.
No obstante, la propia norma transcrita contempla la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario remitiendo a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria, el que, como hemos expuesto más arriba, dispone la necesidad del consentimiento del contribuyente o la autorización judicial.
Ante esta situación normativa, hemos de tener en cuenta que, si la empresa cumple con sus obligaciones tributarias, no tiene nada que temer si se produce una visita inesperada de la Inspección de Tributos que exija indagar en los equipos informáticos de la empresa.
Los órganos de inspección están sujetos a un reglamento de actuación muy garantista para el contribuyente y éste puede estar seguro de que sus datos reservados que no tengan trascendencia tributaria permanecerán secretos.
Sin embargo, es aconsejable, en prevención de la posible intervención por la Inspección en los ordenadores de la empresa, que todos los registros no obligatorios por la normativa fiscal, que contengan datos de carácter económico, existentes en los equipos informáticos, estén escrupulosamente llevados, pues pueden inducir a los inspectores a conclusiones erróneas.
Me refiero al caso de los programas de gestión que, aún con conexión directa con la contabilidad de la empresa, no son llevados con la rigurosidad que a ésta se le exige.
Por ejemplo, si se lleva un inventario permanente, éste es necesario que refleje exactamente las existencias en cada momento del ejercicio fiscal, lo cual es, muchas veces, muy difícil o imposible, por las vicisitudes diversas de la vida empresarial, que exige ajustes, regularizaciones y recuentos periódicos que, en las pequeñas empresas, no suelen producirse, por falta de medios.
La normativa mercantil y fiscal solamente exigen inventarios inicial y final de cada ejercicio, por lo que los inventarios intermedios no es necesarios conservarlos, de manera que, finalizado el ejercicio y aprobadas las cuentas anuales, lo más razonable es su desaparición de los equipos informáticos de la empresa.
Otro aspecto de los programas informáticos de gestión de la empresa es que la normativa mercantil y fiscal no contemplan modelos obligatorios de los mismos, de manera que es corriente que, tantas sean las empresas que suministran el software, cuantos los diversos tipos de programas utilizados por las empresas y, paralelamente, la infinidad de informes distintos que facilitan al empresario. Al acceder la Inspección a dichos informes múltiples, se produce la inexorable consecuencia de tener que dar muchísimas explicaciones sobre el contenido de dichos informes, pues la Inspección es lógico que no los entienda, ya que en su labor se enfrenta a un sin número de informes diferentes.
Por estas razones, no siendo obligatoria su conservación, al igual que sucede con los inventarios intermedios del ejercicio, lo más aconsejable es su eliminación del equipo informático, una vez formuladas las cuentas anuales, auditadas las mismas, en su caso y aprobadas por el órgano correspondiente.
El contribuyente que cumple rigurosamente con sus obligaciones no tiene nada que temer de una visita sorpresa de la Inspección de Tributos, que exige el acceso a los ordenadores de la empresa, pero es aconsejable eliminar, cada ejercicio, la información no obligatoria, en prevención de evitar dar explicaciones para demostrar la ausencia de irregularidades, que pudieran presumirse de la existencia en los equipos informáticos de la empresa de datos incorrectamente registrados o informes sin trascendencia fiscal con nomenclatura no habitual para la Inspección.
El empresario, en todos los casos, no debe oponerse a la entrada y examen de los ordenadores de la empresa, pues le es más rentable facilitar esa operativa, ya que obtendrá una predisposición más favorable a sus intereses de los funcionarios actuantes y se evitará una sanción muy importante.
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Publicado por manuelpallaresperal 23-oct-2017
2965 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: trabajador autónomo, inspección tributaria, actividad inspectora, actuaciones y procedimientos de inspección tributaria, procedimiento inspector, procedimiento de comprobación limitada, procedimiento sancionador tributario
Publicado por emartinez 19-oct-2017
El 30 de agosto se ha publicado en el BOE la Orden HFP/816/2017 de 28 de Ago, que aprueba la Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales: Modelo 232
Para aquellos períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 NO habrá de incluirse la información sobre entidades y operaciones vinculadas en el modelo 200, sino en el nuevo modelo 232.
La información a remitir mediante este nuevo modelo 232 se ha venido incorporando a través de la propia declaración del Impuesto sobre Sociedades.
El modelo 232 es una declaración informativa.
En términos generales, la cumplimentación y presentación del modelo 232 afecta a las siguientes entidades:
Contribuyentes del IRNR que actúen mediante establecimiento permanente.
Requisitos que obligan a la presentación del modelo 232
Estarán obligados a presentar el modelo 232 los contribuyentes relacionados en el aparatado anterior que realicen las siguientes operaciones con personas o entidades:
Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000€, de acuerdo con el valor de mercado.
Operaciones específicas, siempre que el importe conjunto de cada una de este tipo de operaciones en el período impositivo supere los 100.000€. A estos efectos, tienen la consideración de operaciones específicas, aquellas operaciones excluidas del contenido simplificado de la documentación a que se refieren los artículos 18.3 LIS y 16.5 RIS.
Con independencia del importe de la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, existirá siempre la obligación de presentar el modelo 232 y cumplimentar la "Información de operaciones con personas o entidades vinculadas (artículo 13.4 RIS)" respecto de aquellas operaciones del mismo tipo que a su vez utilicen el mismo método de valoración, siempre que el importe del conjunto de dichas operaciones en el período impositivo sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.
Deberá presentarse el modelo 232 y cumplimentarse la "Información de operaciones con personas o entidades vinculadas" en caso de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles" en aquellos casos en que el contribuyente aplique la citada reducción prevista en el art. 23 LIS, porque obtiene rentas como consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas.
Deberá presentarse el modelo 232 y cumplimentarse la información de "Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales", en aquellos casos en que el contribuyente realice operaciones o tenga valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales independientemente de su importe.
⇒ No obstante, NO será obligatorio cumplimentar la "Información de operaciones con personas o entidades vinculadas (artículo 13.4 RIS)" del modelo 232, respecto de las siguientes operaciones:
Las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
No obstante, SÍ que deberán presentar el modelo 232 en el caso de uniones temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de la LIS.
Operaciones excluidas de obligación de presentar el modelo 232 (apdo. 2 art. 2 Orden HFP/816/2017 de 28 de Ago)
Grupo fiscal (independientemente del volumen operaciones), sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65.2 LIS.
AIES, UTES (independientemente del volumen operaciones), salvo UTEs u otras formas análogas de colaboración que se acojan a la Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente
En virtud del apdo. 2 del art. 18 de la LIS, se consideran PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS las siguientes:
Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente, en, al menos el 25 % del capital social o de los fondos propios.
⇒ En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25%. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.
⇒ Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Apartados de la declaración
El modelo 232 consta de los apartados siguientes:
Información operaciones con personas o entidades vinculadas (art. 13.4 RIS)
⇒ Este apartado deberá cumplimentarse separando las operaciones de ingresos o de pago, sin que puedan efectuarse compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto.
⇒ Se deben declarar las operaciones con persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de operación, siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración, y se tienen que incluir en registros distintas las operaciones del mismo tipo ero que utilicen métodos de valoración diferentes.
Nuevo [ Incluye actualización de la AEAT ] CUADROS - RESUMEN de este apartado:
(apdo. 3 art. 2 Orden HFP/816/2017 de 28 de Ago)
Obligación de presentar modelo 232
> 100.000 € en operaciones específicas del mismo tipo SÍ
(apdo. 1 art. 2 Orden HFP/816/2017 de 28 de Ago)
Hasta 250.000€ de operaciones por entidad vinculada (no operaciones específicas *) NO
> 250.000 € de operaciones por entidad vinculada (no operaciones específicas)
* Operaciones específicas:
Operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20 LIS)
⇒ Este apartado deberá contener:
En primer lugar los datos identificativos de la entidad matriz (número de identificación fiscal y razón social).
- El número de identificación fiscal de la persona o entidad vinculada.
- Si la persona o entidad vinculada tiene la condición de persona física, jurídica u otra.
- Los apellidos y nombre o la razón social de la persona o entidad vinculada.
- El código provincia, cuando la persona o entidad vinculada sea residente en territorio español, y el país de residencia de la persona o entidad vinculada cuando nos ea residente en territorio español.
- El tipo de vinculación de acuerdo con el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
- El importe de la operación antes de aplicar la reducción y sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
⇒ En relación con el primer cuadro relativo a las operaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales:
La descripción de la operación efectuada con, o por, personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como de los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en los citados países o territorios y de aquellas inversiones o gastos realizados en los mismos.
La clave del país o territorio calificado como paraíso fiscal.
País o territorio calificado como paraíso fiscal en el que se realice la inversión o el gasto, o en el cual tenga fijada su residencia la persona o entidad con o por la que se realizan, directa o indirectamente, las operaciones.
Importe correspondiente a las operaciones o, gastos e inversiones efectuados computándose por el valor por el que efectivamente se han realizado.
⇒ En relación con el segundo cuadro relativo a la tenencia de valores relacionados con países o territorios calificados como paraísos fiscales poseídos a la fecha de cierre del periodo declarado:
Tipo posible de situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, indicando la letra A, B o C, según el siguiente detalle:
- Clave A: Tenencia de valores representativos de fondos propios de entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
País o territorio calificado como paraíso fiscal que corresponda, según se detalla a continuación:
Se consignará la clave correspondiente al país o territorio calificado como paraíso fiscal.
Las referencias a los países o territorios considerados como paraísos fiscales se entenderán realizadas a los siguientes:
Ref. / País o territorio Ref. / País o territorio
BH. Emirato del Estado de Bahrein MS. Montserrat
BN. Sultanato de Brunei NR. República de Naurú
CY. República de Chipre SB. Islas Salomón
GI. Gibraltar VC. San Vicente y las Granadinas
AI. Anguilla LC. Santa Lucía
AG. Antigua y Barbuda TC. Islas Turks y Caicos
BM. Bermuda VU. República de Vanuatu
KY. Islas Caimanes VG. Islas Vírgenes Británicas
CK. Islas Cook VI. Islas Vírgenes de Estados Unidos
DM. República de Dominica JO. Reino Hachemita de Jordania
GD. Granada LB. República Libanesa
FJ. Fiji LR. República de Liberia
GG. Isla de Guernesey LI. Principado de Liechtenstein
JE. Jersey (Isla Anglonormanda del Canal) MO. Macao
FK. Islas Malvinas MC. Principado de Mónaco
IM. Isla de Man SC. República de Seychelles
MP. Islas Marianas
MU. Mauricio
⇒ No obstante, los países y territorios, de los relacionados anteriormente, que hayan firmado con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de tener la consideración de paraíso fiscal, no tendrán tal consideración desde el momento en que dichos convenios o acuerdos se apliquen y en tanto en que no dejen de aplicarse.
Las entidades cuyo período impositivo concluye a 31 de diciembre, presentarán este modelo a lo largo del mes de NOVIEMBRE.
⇒ Exclusivamente, para los períodos impositivos iniciados en el 2016 y que finalicen antes del 31 de diciembre de 2016, el plazo de presentación será desde el día 1 al 30 de noviembre.
La presentación se efectuará de forma obligatoria por VÍA ELECTRÓNICA a través de Internet.
NO presentación del modelo 232 [art. 198.1 LGT]
Al tratarse el modelo 232 de una declaración exigida con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información, la sanción por no presentar en plazo este modelo, consistirá en multa pecuniaria fija de 20€ por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300€ y un máximo de 20.000€.
⇒ No obstante, si la declaración se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad.
Presentación de forma INCORRECTA / INEXACTA / CON DATOS FALSOS del modelo 232 [art. 199.5 LGT]
En caso de presentar el modelo 232 de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500€.
Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente.
En caso de que el porcentaje sea inferior al 10%, se impondrá multa pecuniaria fija de 500€.
La sanción será del 1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250€.
⇒ La sanción se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100% en el caso de comisión repetida de infracciones tributarias.
2860 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: impuesto sobre sociedades, operaciones vinculadas, modelo 232
Publicado por emartinez 04-oct-2017
899 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: deducciones irpf, irpf, declaración renta, guarderia, libros de texto, material escolar

References: artículo 142
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 22
 artículo 65
 artículo 18