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Timestamp: 2018-01-24 11:35:35+00:00

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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 209/2010 de 28 de mayo. Vicios de la construcción. Responsabilidad de la promotora. Incongruencia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 209/2010 de 28 de mayo
Vicios de la construcción: Reclamación de cantidad. Responsabilidad solidaria de la promotora en relación con la responsabilidad de los demás intervinientes. Doctrina jurisprudencial. Incongruencia omisiva: Cuestión fuera de la controversia de esta litis. Incongruencia extra petita: Se estima. Ninguna de las partes codemandadas ejercita la acción correspondiente a la relación interna entre deudores solidarios.
SENTENCIA: 00209/2010
Rollo: RECURSO DE APELACION 0000158 /2010
SENTENCIA N.º 209
D.ª COVADONGA SOLA RUIZ
En PALMA DE MALLORCA, a veintiocho de mayo de dos mil diez.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Palma de Mallorca, bajo el Número 1352/06, Rollo de Sala Número 158/10, entre partes, de una como demandada apelante la entidad "Promotorauno, S.A.", representada por el Procurador D. Fernando Rosselló Tous y defendida por el Letrado D. Francisco Javier Monge y Zamorano; de otra como demandante apelada la entidad "Comunidad de Propietarios de EDIFICIO000, CALLE000, NUM000, Palma", representada por el Procurador D. Francisco Barceló Obrador y defendida por el Letrado D. Martín Aleñar Feliu; de otra parte como demandado apelado D. Luis Manuel, representado por la Procuradora D.ª Marina Fullana Colom y defendido por el Letrado D. Pere Pons Fons; de otra parte como demandado apelado D. Romualdo, representado por el Procurador D. Francisco Javier Gayá Font y defendido por la Letrada D.ª María Mulet Perera; de otra parte como demandados apelados D. Leandro y D. Íñigo, no personados en esta alzada; de otra parte como demandada apelada la entidad "Jotsa, S.A.", en rebeldía procesal.
ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. MATEO RAMÓN HOMAR.
Primero.-Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Palma de Mallorca en fecha 8 de enero de 2010, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Estimo parcialmente la demanda interpuesta C.P. EDIFICIO000 sita en Palma en la CALLE000 n.º NUM000 representada por el Procurador Francisco Barceló y por tanto condeno:
1.- Solidariamente a la PROMOTORAUNO S.A., a la constructora JOTSA, S.A. y a los arquitectos técnicos Luis Manuel y Romualdo a reparar los daños y defectos señalados en el Fundamento Jurídico 7.º En la esfera interna la responsabilidad se distribuye por tercios entre la promotora, la constructora y los aparejadores.
2.- Solidariamente a PROMOTORAUNO, S.A., a la constructora JOTSA, S.A. y a los arquitectos técnicos Luis Manuel y Romualdo, y a los arquitectos superiores Leandro y Íñigo a reparar los daños y defectos señalados en el Fundamento Jurídico 8.º En la esfera interna, la responsabilidad se distribuye por cuartos entre la Promotora, la Constructora, los Aparejadores y los Arquitectos. Dentro del 4.º correspondiente a los Aparejadores un 25% se asigna a Romualdo y un 75% a Luis Manuel. La responsabilidad de los Arquitectos superiores se distribuye entre ellos al 50%...... Sin expresa imposición de costas, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Segundo.-Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandada la entidad "Promotorauno, S.A.", se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 26 de mayo del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Primero.-En la demanda inicial, la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000, sito en la CALLE000 n.º NUM000 de esta Ciudad, ejercita una acción fundada en el artículo 1.591 del CCi, con cita también de los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil, contra los intervinientes en el proceso constructivo del inmueble en el que se ubica la comunidad, que son la entidad Promotorauno SA como promotora, la entidad JOTSA como constructora (en rebeldía durante toda la litis), D. Leandro y D. Íñigo como arquitectos, y D. Luis Manuel y D. Romualdo como arquitectos técnicos o aparejadores, y suplica se declare la responsabilidad o de forma individualizada, o bien solidariamente en cada uno de los cuatro grupos de defectos relacionados en el hecho cuarto de la demanda, con condena a subsanar las deficiencias y efectuar obras, reparaciones y sustituciones que sean necesarias. Los defectos son: 1) Cubierta de la planta sótano. 2) Juntas de dilatación. 3) Desprendimiento de gresite en las piscinas. 4) Muros de contención del sótano.
La sentencia de instancia considera que los vicios antes reseñados como 1 y 4 son de la responsabilidad solidaria de la promotora, constructora y aparejadores, y en la relación interna entre los intervinientes la atribuye por tercios cada uno de los intervinientes (la parte de los aparejadores un 75% el Sr. Luis Manuel y un 25% el Sr. Romualdo), y los vicios reseñados como 2) y 3) al no se posible determinar la participación de cada grupo de intervinientes en la causación del resultado, declara la responsabilidad solidaria de todas las partes demandadas frente a la actora, si bien a efectos internos los distribuye por cuartas partes, entre la promotora, constructora, arquitectos y aparejadores (el cuarto correspondiente a los mismos lo distribuye en igual porcentaje que en el apartado anterior).
Dicha resolución es únicamente apelada por la representación de la entidad promotora, "Promotora Uno SA", en base a tres motivos: A) Incongruencia omisiva por falta de resolución de las cuestiones sometidas al conocimiento del Juzgado. B) Disconformidad con la solidaridad apreciada respecto de las obligaciones de los intervinientes en el proceso constructivo. C) Incongruencia extra petita en dos aspectos: condena por una acción distinta a la ejercitada, y por la división efectuada en la esfera interna de los deudores solidarios. Por tanto, restan firmes por consentidos los pronunciamientos condenatorios de la sentencia relativos a las demás partes demandadas.
Segundo.-En cuanto al primer motivo del recurso, de incongruencia omisiva por falta de resolución de cuestiones sometidas al conocimiento del Juzgado. Se alega que en el escrito de contestación a la demanda se reclamó por reparación de las fachadas, satisfechas por la recurrente, y se produciría un enriquecimiento injusto debido a que la Comunidad de propietarios con el dinero percibido ha efectuado una reparación de mucho menor coste y debería descontarse de la cantidad a abonar por dicha parte recurrente, tal como se trató en la audiencia previa con protesta de dicha parte, y se trata de un presupuesto concreto y determinado para realizar unas obras que no se han llegado a realizar.
La Sala no aprecia incongruencia omisiva alguna por cuanto la controversia que se suscita ha quedado fuera de la litis, y obviamente no se ha decidido sobre la misma. A tal efecto, si se examina la demanda, se aprecia que efectúa una alusión a unos relevantes defectos en la fachada, particularmente en unos revestimientos cerámicos que en parte se desprendían sobre el patio interior con grave riesgo para las personas, y que provocó la intervención municipal. Este defecto es aludido en la demanda, suponemos que debido a que es recogido en el primer peritaje efectuado a petición de la comunidad, pero, seguidamente se indica que fue objeto de un acuerdo transaccional, por el que la actora en diciembre de 2.006 percibió una suma de 359.312,64 euros, y expresamente se reseña que no es objeto de esta litis, y ninguna petición se realiza ya en relación con ese defecto, que ni siquiera es tratado en el peritaje del Arquitecto designado por el Juzgado. Se concuerda que la demandada en su contestación aludió a que con esa cantidad la Comunidad no había repuesto el mismo tipo de revestimiento cerámico, sino otro distinto con lamas metálicas mucho más barato, y por ello estimaba que debía compensarse con la suma a la que pudiera ser condenada a su abono, pero sin llegar a formular demanda reconvencional.
Esta cuestión fue tratada en la audiencia previa, y el Juzgador de instancia consideró que la cuestión quedaba fuera de la controversia de esta litis, y en este sentido no se practicó prueba alguna sobre el particular, o sea, sobre el menor coste de la solución constructiva finalmente seguida por la comunidad. No consta formal protesta de la parte a la delimitación de hechos controvertidos.
Ante tales circunstancias, debemos concluir que en esta litis no se ejercitan las hipotéticas acciones derivadas de la transacción entre la actora y la promotora recogidas en el documento de diciembre de 2.006, que, en su caso, podrán ser objeto de otro litigio. Por ello, procede desestimar dicho motivo del recurso.
Tercero.-En cuanto al motivo 2 del recurso, la parte recurrente reitera una argumentación conforme a la cual se muestra disconforme con la doctrina jurisprudencial que atribuye responsabilidad solidaria a la promotora en relación con la responsabilidad de los demás intervinientes en la construcción, a la cual califica como de una interpretación "contra legem", que si bien podría ser discutida y lo fue en su momento, dice que no cabe cuando el legislador ha dejado establecido con claridad meridiana el criterio de distribución de responsabilidades en la LOE, y la existencia, a su juicio, de un agravio comparativo con los demás intervinientes al establecerse la responsabilidad de la promotora con todos ellos, y no de éstos entre sí.
La sentencia de instancia recoge de modo acertado una extensa reseña exhaustiva y pormenorizada de la doctrina jurisprudencial existente sobre el particular, en sentido radicalmente distinto al expuesto por la representación de la entidad recurrente, la cual no cita una sola sentencia en apoyo de sus tesis, con lo cual lo que pretende es mostrar su disconformidad con la doctrina jurisprudencial existente sobre el particular, que esta Sala no puede ignorar, por ser notoriamente consolidada, y más cuando el artículo 17 de la LOE, no aplicable al supuesto de autos por ser anterior a su entrada en vigor, dice exactamente lo contrario de lo pretendido por dicha parte. Se alega que no procede condenar a la entidad promotora porque la responsabilidad es por regla general personal, individualizada y privativa, de lo cual, unido al hecho de que considera que en el caso concreto la responsabilidad se halla claramente individualizada, llega a la conclusión de que debe absolverse a la misma. Nos hallamos ante una cuestión tratada reiteradamente por la doctrina jurisprudencial en sentido contrario al pretendido por dicha parte, y la misma cuestión ya fue objeto, entre otras, de la sentencia de esta Sala de 24 de marzo de 2.006, en la que se indica que, en relación con ese argumento impugnativo, ha de reseñarse que el Tribunal Supremo al aplicar el artículo 1591 del Código Civil a los cambiantes modos en que se realiza el proceso constructivo de una edificación -actualmente bien distintos de los imperantes en la época en que se promulgó el precepto-, ha extendido la responsabilidad por vicios constructivos al promotor que obtiene beneficios económicos como consecuencia de su intervención, pero no al promotor que participa en la obra con otra finalidad. Así, en sentencia de 6 de marzo de 1990 se indicó, con cita de otras precedentes, que "la figura del promotor-constructor ha sido perfilada por esta Sala tanto en orden a determinar su responsabilidad derivada del artículo 1591 del Código Civil, como a determinar a quién ha de calificarse como tal promotor-constructor, así, la sentencia de 11 de febrero de 1985 dice que "siquiera sea cierto, como se deja afirmado en esta misma sentencia y en la de 12 de febrero de 1981, que la responsabilidad de ese origen alcanza únicamente al contratista y al arquitecto y deja al margen al mero dueño de la obra, con todo debe matizarse esa delimitación a presencia de un 'corpus' de doctrina en torno a la figura del promotor y constituido por las sentencias de 28 de noviembre de 1970, 11, 17 y 24 de octubre de 1977, 9 de marzo de 1981 y, últimamente, de 1 de marzo y 13 de junio de 1984, esclarecedoras de que la construcción de un edificio para su enajenación (a veces sobre plano) en régimen de Propiedad Horizontal, no determina aun cuando exista otra persona o sociedad que ejecutara la obra materialmente y por encargo de la promotora según el oportuno proyecto, la exoneración de aquélla de la responsabilidad decenal en el concepto de contratista, pues esta expresión comprende al promotor-constructor y, como expresa la últimamente citada, ostenta tal cualidad el que por su cuenta y en su beneficio, encarga la realización de la obra a un tercero", y, en la misma línea, en sentencia de 3 de mayo de 1996 se precisó que "con arreglo a la doctrina consolidada de la Sala y cuyo general conocimiento excusa de la cita cronológica de las múltiples sentencias que la recogen, se ha venido incardinando la nueva figura del promotor dentro del concepto de contratista, alcanzándole la responsabilidad inherente a tal asimilación, especialmente, cuando el promotor, por su cuenta y beneficio, encarga la realización de una obra a un tercero con la intención de destinar las viviendas y locales construidos al tráfico con terceros compradores para obtener un beneficio económico". Posteriormente, el propio Tribunal Supremo ha desarrollado la misma idea al señalar que "la jurisprudencia reiterada de esta Sala equipara a los contratistas con los promotores en cuanto a la responsabilidad por ruina. Promotor es para el TS, quien en su beneficio encarga la realización de una obra a tercero" (sentencia de 21 de octubre de 1998) y que "en una función integradora del artículo 1591 del Código Civil, la jurisprudencia ha venido a incluir entre las personas intervinientes en el proceso constructivo sujetas a la responsabilidad que en el citado precepto se regula al constructor-promotor, que reúne generalmente en una misma persona el carácter de propietario del terreno, constructor y propietario de la edificación llevada a cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos locales o pisos en régimen de propiedad horizontal, beneficiario económico de todo el complejo jurídico constructivo, etc., lo que no impide que para la realización y ejecución del proyecto, utilice personal especializado al que ha de contratar, incluido el constructor o ejecutor material de los distintos elementos que integran el conjunto del edificio. Los criterios determinantes de la inclusión del promotor en el círculo de las personas a que se extiende la responsabilidad del artículo 1591 fueron, según reiterada y pacífica doctrina de esta Sala, los siguientes: a) que la obra se realiza en su beneficio; b) que se encamina al tráfico de la venta a tercero; c) que los terceros adquirentes han confiado en su prestigio comercial; d) que fue el promotor quien eligió y contrató al contratista y a los técnicos, y e) que adoptar criterio contrario supondría limitar o desamparar a los futuros compradores de pisos, frente a la mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes en la construcción" (sentencia de 20 de noviembre de 1998), así como al enseñar que "la sentencia no ha hecho aquí otra cosa que aplicar la reiterada doctrina de esta Sala que incluye entre los sujetos obligados por el art. 1.591 a la moderna figura del promotor (sentencia de 11 y 17 de octubre de 1.974, 21 de abril de 1.981, 25 de enero de 1.982, entre otras). El promotor, en definitiva, viene a hacer suyo los trabajos ajenos, realizados por personas a las que ha elegido y confiado, y los enajena a los adquirentes de los pisos. Su obligación de entrega, caso de que tengan vicios incursos en el art. 1.591, la ha cumplido de modo irregular, defectuoso, y no puede quedar liberado alegando responsabilidad de terceros ligados con él mediante los oportunos contratos" (sentencia de 12 de marzo de 1999). Todavía más recientemente, el mismo Alto Tribunal ha precisado que "en el segundo y último motivo de este tercer recurso se denuncia por la recurrente 'Construcciones A., S.A.', con carácter subsidiario del motivo anterior, la infracción del art. 1591 CC y jurisprudencia que cita. Se aduce en síntesis en el cuerpo del mismo que el defecto constructivo apreciado en la sentencia recurrida no es imputable a la recurrente, ni como constructor ni como promotor, cuya responsabilidad se halla asimilada al contratista, porque tratándose de vicios del suelo, del proyecto o de la dirección, el único responsable es el Arquitecto. El motivo debe ser desestimado. En primer lugar el recurso no tiene en cuenta que la asimilación jurisprudencial del promotor (figura de la construcción no aludida expresamente en el art. 1591 CC) al contratista como constructor, no obsta a que pueda tener un círculo de responsabilidad más amplia que éste, como ocurre con la derivada de culpa 'in eligendo' en la selección de los técnicos de la obra" (sentencia de 28 de mayo de 2001), y ha declarado que "argumenta la empresa recurrente que la sentencia que combate no le imputa las deficiencias edificativas acreditadas ni sus causas, así como actuación culposa o negligente alguna como causante directa o indirecta de los vicios que presenta la vivienda que construyó y vendió al demandante y por ello no se individualizó su responsabilidad frente a la Constructora y Arquitecto técnico, a efectos de no establecer su responsabilidad solidaria con los mismos, al resultar así la condena pronunciada. Efectivamente el que resulta ser sólo promotor no lleva a cabo por sí actos de edificación, es decir que no materializó el proceso constructivo, si bien lo idea, lo controla, administra y dirige a fin de incorporar al mercado la obra hecha. De admitir esta tesis -no ser los promotores responsables-, nunca procedería exigirles responsabilidades y el art. 1591 actuaría como escudo protector, en vez de cumplir su finalidad de tutelar los derechos de quienes resultan perjudicados por la obra mal realizada, según las reglas edificativas. La sentencia recurrida declara probado que alguno de los vicios resultaban 'muy ostensibles', es decir fácilmente detectables y con mayor razón por la promotora que es la que debe seguir el proceso de edificación. Sucede que su responsabilidad en este supuesto y en el ámbito de la solidaridad, conforme a la doctrina jurisprudencial imperante y actualizada, autoriza a incluir al promotor en el espacio jurídico del art. 1591, ya que, por una parte, el promotor es también vendedor y está obligado a entregar lo que construye con las condiciones de servir a su finalidad, que no es otra que la de procurar una habitación para las personas segura, apta, útil y conforme al uso destinado y así lo declara la sentencia de 10 de noviembre de 1999 -que cita las de 13-7-1987, 29-11-1993, 30-12-1998, 27-1 y 13-10- 1999-. La justificación de la legitimación del promotor y su capacidad para asumir responsabilidades está en cuanto el vendedor queda obligado a cumplir exacta y debidamente las prestaciones de lo que para él construyen los profesionales que contrata, es decir sin vicios ni imperfecciones y si se ocasionan ruinógenos su responsabilidad se prolonga y alcanza a responder de los defectos, juntamente con los demás como causantes directos, pues dice la sentencia de 12 de marzo de 1999, el promotor viene a hacer suyos los trabajos ajenos, realizados por el personal que eligió y, en caso de vicios, su obligación de entrega a los adquirentes lo ha cumplido de forma irregular y no puede quedar liberado alegando la responsabilidad de terceros relacionados con él mediante los oportunos contratos. Continúa declarando la jurisprudencia de esta Sala, que también ha de tenerse en cuenta que el hecho de que la promotora no sea constructora no le priva de la legitimación pasiva en el ejercicio de la acción de responsabilidad decenal del art. 1591 (Sentencias de 21-2-2000 y 8-10-2001). La evolución de la jurisprudencia tiende a aplicar la tutela judicial efectiva para amparar a la parte contractual mas débil, que por regla general son los adquirentes de viviendas, en la mayoría de los casos a costa de un gran esfuerzo económico y sus derechos no decaen por el hecho de no haber contratado con los constructores o por no haber puesto reparos en el momento de recepción, pues el promotor realiza las obras en su indudable beneficio y con destino al tráfico, mediante venta a terceros y éstos confían en su prestigio profesional y, por ello, no deben ser defraudados. Es el promotor quien elige y contrata a los técnicos y constructores, y éstas actuaciones ya determinan que procede su inclusión en el art. 1591, según reiteradas sentencias de esta Sala, pues ha de evitarse el posible desamparo de los futuros compradores frente a la mayor o menor solvencia de los intervinientes en la construcción (Sentencias de 8-10-1990 1-10-1991, 8-6-1992, 28-1-1994 y 13-10-1999)" (sentencia de 13 de mayo de 2002). La observancia de esa doctrina jurisprudencial tiene que desembocar en el rechazo de lo argüido en sentido contrario por la parte apelante y, lógicamente, de la petición absolutoria derivada de ello". En parecido sentido se expresan las alegadas STS de 24 de mayo de 2.007 y 14 de mayo de 2.008. En aplicación de dicha doctrina jurisprudencial al supuesto concreto objeto de enjuiciamiento, procede desestimar dicho motivo del recurso.
Cuarto.-En cuanto al motivo 3) antes mencionado, o sea, incongruencia extra petita, a su vez dividida en dos peticiones, debemos reseñar en cuanto al no ejercicio de una acción de responsabilidad contractual, que en la demanda se pretende el ejercicio de una acción de responsabilidad contractual contra la promotora, pues se citan expresamente los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil, pero finalmente el Juzgador de instancia ha fundado sus pretensiones en el artículo 1.591 del CCi, con lo cual es inútil determinar si procedía o no declarar la responsabilidad de la promotora en base a las relaciones contractuales derivadas de las ventas efectuadas.
En cuanto a la segunda petición de este apartado, se aprecia en la sentencia que en el fallo de la misma, tras haber declarado la responsabilidad solidaria de todos o alguno de los intervinientes en el proceso constructivo en beneficio de la comunidad actora, seguidamente efectúa un reparto en la relación interna entre los distintos grupos de intervinientes. Es llamativo que ni la actora ni ninguno de los codemandados había solicitado esta petición, con excepción de los aparejadores que aludieron entre sí a unos porcentajes de obra (finalmente recogidos en la sentencia), al igual que entre los dos arquitectos (no recogido en la sentencia), y que la sentencia se limita a recoger los porcentajes internos en el fallo, pero no en la fundamentación de la sentencia, motivo por el cual se desconocen los razonamientos en virtud de los cuales se ha llegado a tal reparto en la relación interna. Ante tal situación se suscita controversia sobre si tales pronunciamientos del fallo tendrían o no efectos de cosa juzgada material en un litigio posterior, a lo cual una de las partes apeladas considera que sí (en base a un principio de economía procesal), y otra que no.
El motivo debe prosperar, por cuanto ninguna de las partes codemandadas ha ejercitado la acción correspondiente a la relación interna entre deudores solidarios, prevista en el artículo 1.145 del Código Civil y en el artículo 18.2 de la LOE (no aplicable a esta litis), y más en el supuesto que nos ocupa, cuando existen unas específicas relaciones contractuales entre la entidad promotora con la constructora, arquitectos y aparejadores que intervinieron en la obra y que no ha sido ejercitada en la litis. Consideramos que el Juzgador de instancia, con la loable finalidad de evitar otro litigio entre los codemandados, por aplicación de un principio de economía procesal, ha indicado su parecer sobre el reparto interno de la deuda entre los distintos deudores solidarios, pero al no haber sido objeto del proceso en primera instancia, en cuya fase no se suscitó ninguna pretensión sobre el particular, se considera que entrar en el examen de tal cuestión es incongruente con las peticiones de las partes, y si bien puede plantear dudas si podría apreciarse el efecto de cosa juzgada de tal pronunciamiento en un litigio posterior, consideramos que una conformidad de la promotora con tal pronunciamiento al no recurrirlo, supondría un asentimiento al mismo, que posteriormente no podría ser tratado de nuevo; todo ello, reiteramos, en un procedimiento en el que no han sido objeto del mismo el reparto interno de la deuda, y más con una entidad constructora probablemente insolvente. Por ello, la relación interna entre los deudores solidarios deberá ser objeto de otro litigio, y procede estimar dicho motivo del recurso.
Quinto.-No procede efectuar expresa imposición de las costas de esta alzada en virtud de lo dispuesto en el art. 398 de la LEC, al no ser esta sentencia confirmatoria de la impugnada
1) ESTIMAR PARCIALMENTE el RECURSO DE APELACION interpuesto por el Procurador D. Fernando Rosselló Tous, en nombre y representación de Promotorauno SA, contra la sentencia de fecha 8 de enero de 2.010, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palma, en los autos Juicio ordinario, de los que trae causa el presente Rollo.
2) DEBEMOS REVOCAR parcialmente dicha resolución, en el único extremo relativo a los porcentajes de distribución en la relación interna entre los deudores solidarios, la cual se deja sin efecto, y se estima debe ser dilucidada en otro litigio, confirmando el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.
3) No se hace especial pronunciamiento sobre costas en esta alzada.
Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

References: artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 1591
 artículo 1591
 artículo 1591
 artículo 1591
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 18