Source: http://ccee.fullblog.com.ar/el-humanista-israel-alvarez-de-armas-presento-hoy-un-recurso-de-habea.html
Timestamp: 2018-02-24 06:07:16+00:00

Document:
EL HUMANISTA ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS, PRESENTÓ HOY UN RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL ALCALDE DE SAN DIEGO ENZO SCARANO Y EL DIRECTOR SALVATORE LUCCHESE ANTE UN JUEZ CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA
« EL VOTO SALVADO HISTÓRICO DE LA MAGISTRA...
Juez de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control (de Guardia) del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo
Israel Álvarez de Armas, Humanista, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.014.920 y con domicilio procesal en: Avenida Díaz Moreno con Calle Falcón, Edificio MARIFE, piso 1, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia del Estado Carabobo, ante usted ocurro como cualquier persona y expongo:
Consta de hecho público comunicacional que el día 19 de marzo del año que discurre, fueron detenidos los ciudadanos VINCENCIO SCARANO SPISSO, Alcalde del Municipio San Diego del Estado Carabobo y SALVATORE LUCCHESE, Director de la Policía del referido Municipio, por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien se constituyó en Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio.
Transcripción de la Nota Informativa que aparece en el Portal Web del Tribunal Supremo de Justicia:
“miércoles, 19 de marzo de 2014
Detenido y cesa en sus funciones el Alcalde del municipio San Diego, estado Carabobo, por desacato
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta, declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 136 del pasado 12 de marzo, en el que incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En vista de lo anterior se sancionó a los referidos ciudadanos a cumplir diez meses y quince días de prisión, más las accesorias de Ley; además, Vicencio Scarano Spisso cesa en el ejercicio de sus funciones en el cargo de alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo.
Ambos ciudadanos quedaron a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede del mencionado organismo ubicado en Caracas, "hasta tanto un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado al dar lectura del dispositivo de la sentencia.
19/03/2014”
DETENCIÓN POR CONTRARIO IMPERIO
El Estatuto Sustantivo en sus artículos 44.1; y 49 cardinales 1, 2, 3 y 4 establecen:
AUTORIDAD MANIFIESTAMENTE ILEGAL
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene sus competencias muy bien definidas por la Constitución y la Ley del Alto Tribunal, así las cosas, establece nuestra Carta Fundamental lo siguiente:
El artículo 336 expresa:
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.”
No tiene ninguna atribución Constitucional para Juzgar materia de orden Penal, la cual es exclusiva de los Tribunales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, lo cual deja en clara, e inequívoca evidencia de que la Sala ha usurpado atribuciones del Juez competente Natural, cuando de manera sumaria ha sentenciado al ciudadano VINCENCIO SCARANO SPISSO a cumplir una determinada pena de Prisión, por la presunta comisión del delito de Desacato.
La ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en los artículos 110, 111 y 112, lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 110.—Competencia para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o de quien haga sus veces y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional aprobada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva, sea cual fuere la naturaleza del delito, de acuerdo con las reglas del proceso ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 111.—Autorización de la Asamblea Nacional. Cuando se declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República, la Sala Plena participará su decisión a la Asamblea Nacional a los fines de la autorización que prevé en el artículo 266, numeral 2, de la Constitución de la República.
Artículo 112.—Competencia para el enjuiciamiento de altos funcionarios o altas funcionarias. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo de Justicia; de los ministros o ministras del Poder Popular; del Procurador o Procuradora General de la República; del o la Fiscal General de la República; del Contralor o Contralora General de la República; del Defensor o Defensora del Pueblo; del Defensor Público o Defensora Pública General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral; de los gobernadores o gobernadoras; oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de comando y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República.
De haber mérito para el enjuiciamiento, se remitirán las actuaciones al o la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso, para que, de conformidad con lo señalado en el Código Orgánico Procesal Penal respecto a las reglas del procedimiento ordinario, inicie la averiguación penal a los fines de dictar el acto conclusivo correspondiente, sólo si el delito es de naturaleza común. Si el delito es de naturaleza política, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva, según las reglas del procedimiento ordinario previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.”
Artículo 25.—Competencias de la Sala Constitucional. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
6. Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su .interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
20. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
“DE LOS PROCESOS ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL
Artículo 128.—Demandas sujetas a tramitación. Hasta tanto se dicte la ley que regula la Competencia Constitucional las demandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta Ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo.
Artículo 129.—Requisitos de la demanda. El demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad, ante la Sala Constitucional o ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia, cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este último caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Constitucional el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días hábiles siguientes.
En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará su inadmisión.
Artículo 130.—Solicitudes cautelares. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
Artículo 131.—Oposición. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si hubiere oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas.
Dentro de los cinco días de despacho siguientes la Sala sentenciará la incidencia cautelar.
Artículo 132.—Designación de ponente. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda se designará ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias; la Sala decidirá acerca de la
Artículo 133.—Causales de inadmisión. Se declarará la inadmisión de la demanda:
Artículo 134.—Despacho saneador. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible su tramitación, se ordenará la corrección en lugar de su admisión. En el caso de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho, o en el supuesto de que, si lo hiciere, no subsanare la falta advertida, la Sala Constitucional negará la admisión de la demanda.
Artículo 135.—Auto de admisión. En la oportunidad de la admisión, se ordenará la citación de la parte demandada. Asimismo, se ordenará la notificación del o la Fiscal General de la República, si éste o ésta no hubiere iniciado el juicio, para que consigne su informe acerca de la controversia; al Procurador o Procuradora General de la República, de conformidad con la ley que rige sus funciones, del Defensor o Defensora del Pueblo y así como de cualquier otra autoridad que estime pertinente. Igualmente, se ordenará emplazar a los interesados o interesadas por medio de un cartel.
Si fuera necesario, se solicitarán al demandado o demandada los antecedentes administrativos del caso.
Si el auto de admisión recayere fuera del plazo, se ordenará la notificación de la parte demandante.
Cuando sea admitida la demanda, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para su tramitación.
Artículo 136.—Lapso para librar cartel. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al recibo del expediente y cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el Juzgado de Sustanciación librará los oficios y el cartel.
Artículo 137.—Cartel de emplazamiento. El cartel de emplazamiento será publicado por la parte demandante en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que los interesados o interesadas concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.
Artículo 138.—Notificación tácita de los interesados o interesadas. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que los interesados o interesadas han quedado notificados o notificadas.
Artículo 139.—Participación de los intervinientes. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los intervinientes; y concluido este lapso comenzará a transcurrir un lapso de diez días de despacho para que consignen los escritos para la defensa de sus intereses y promuevan pruebas, si lo estiman pertinente. En esa oportunidad los intervinientes deberán evacuar las pruebas documentales.
Se hará constar en el expediente la fecha en que venza el plazo para la consignación de los escritos.
Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren manifiestamente ilegales o impertinentes.
Artículo 140.—Lapso de pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso que se indicó en el artículo anterior, el Juzgado de Sustanciación providenciará los escritos de prueba; admitirá las que sean legales y procedentes y desechará las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan claramente como no controvertidos entre las partes.
En caso de que ninguno de los intervinientes promueva pruebas distintas a las documentales, la causa entrará en estado de sentencia y el Juzgado de Sustanciación remitirá el expediente a la Sala, para que decida en un plazo de veinte días de despacho. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de fijar audiencia si lo estima pertinente.
Artículo 141.—Audiencia pública. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Cuando comience el acto, el Presidente o Presidenta de la Sala señalará a las partes el tiempo de que disponen para que expongan y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de ejercer el derecho a réplica o contrarréplica.
Artículo 142.—Principio de inmediación y concentración. Al juicio de la audiencia pública la Sala expondrá en qué términos quedó trabada la controversia y ordenará, si fuera el caso, la evacuación de las pruebas, en la misma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia en relación con el control y contradicción de la prueba.
En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate, ésta continuará en la oportunidad que fije el Tribunal y así cuantas veces fuere necesario hasta agotarlo.
Una vez que oiga a los intervinientes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros.
Luego de la conclusión de la audiencia pública se levantará un acta, la cual deberá ser firmada por todos los intervinientes y, si se negaren a hacerla, el Secretario o Secretaria dejará constancia de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.
entenderá como desistimiento de la demanda y se dará por terminado el proceso, a menos que la Sala considere que el asunto afecta al orden público.
1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del dispositivo del fallo.
2. Dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
3. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de cinco días de despacho, el pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.
El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia pública o al vencimiento del diferimiento.
Artículo 145.—Causas no sujetas a sustanciación. En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República y leyes especiales.
No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.
FALTA DE IMPUTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La ausencia de Imputación del Ministerio Público es la garantía que tiene todo ciudadano de poder ejercer su Derecho a la Defensa en vías a mantener de manera transparente el Debido Proceso.
En este caso el Ministerio Público no ejerció la acción penal que le está reservada por el Estatuto Sustantivo, al no protestar por este exabrupto jurídico, al contrario, cohonestó con los Magistrados de la Sala Constitucional.
La Constitución establece en su artículo 285:
EL JUEZ NATURAL Y LA LEGITIMA ORDEN JUDICIAL
1.- “El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces”. (Sentencia 520/2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)
2.- “Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencia del 29 de mayo de 2003 (Nº 1372, dictada en este mismo caso, con ocasión del pronunciamiento sobre la posible perención de la instancia), la Sala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el conjunto de los derechos fundamentales. No es casual –se destacó- que haya sido la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos.
De hecho -y así lo resaltó también la Sala en ese fallo del 29 de mayo de 2003-, existe una acción especial que sirve para proteger la libertad personal: el habeas corpus. Basta recordar –y asimismo lo hizo la Sala- que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, acción de tanta importancia que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que reguló ciertos aspectos procesales. De esta manera, la libertad personal es principio cardinal del Estado de Derecho venezolano”. (Negrillas del original). (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia 130/2006)
3.- Comentando a García de Enterría:
“La Constitución asegura una unidad del ordenamiento esencialmente sobre la base de un «orden de valores» materiales expreso en ella y no sobre las simples reglas formales de producción de normas. La unidad del ordenamiento es, sobre todo, una unidad material de sentido, expresada en unos principios generales de Derecho, que o al intérprete toca investigar y descubrir (sobre todo, naturalmente, al intérprete judicial, a la jurisprudencia), o la Constitución los ha declarado de manera formal, destacando entre todos, por la decisión suprema de la comunidad que le ha hecho, unos valores sociales determinados que se proclaman en el solemne momento constituyente como primordiales y básicos de toda la vida colectiva. Ninguna norma subordinada -y todas lo son para la Constitución- podrá desconocer ese cuadro de valores básicos y todas deberán interpretarse en el sentido de hacer posible con su aplicación al servicio, precisamente a dichos valores.
Estos valores no son simple retórica, no son (...) simples principios «prográmaticos», sin valor normativo de aplicación posible; por el contrario, son justamente la base entera del ordenamiento, la que ha de prestar a éste su sentido propio, la que ha de presidir, por tanto, toda su interpretación y aplicación
Esos principios, cuyo alcance no es posible, naturalmente, intentar determinar aquí, si se destacan como primarios en todo el sistema y protegidos en la hipótesis de reforma constitucional, presentan, por fuerza, una «enérgica pretensión de validez», en la frase de BACHOF, (...) y constituyen, por ello, los principios jerárquicamente superiores para presidir la interpretación de todo el ordenamiento, comenzando por la de la Constitución misma”. (Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”, Ed. Civitas, Madrid, 2001, p. 97-99).
4.-“La competencia en materia penal es de orden público y no puede ser violentada por los Jueces ni por las partes, pues viene establecida en la Ley, en resguardo de la garantías constitucional del derecho al debido proceso y al ser juzgado por el juez natural”. Sentencia Nº 1599 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº COO-1325 de fecha 06/12/2000”.
5.- En fecha 09 de enero de 2003, el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, dictó decisión mediante la cual decretó Orden de Detención contra el ciudadano BECERRA ARMAS DARWIN ARGENIS, en los términos siguientes:
“…nos encontramos en la fase preliminar del presente proceso y si bien es cierto que el imputado no se encuentra detenido, pero esta requerido por la Representación Fiscal y esa representación solicita a este Juzgado la orden de detención, considera este Tribunal que se encuentra ajustada a derecho la solicitud de la Fiscalía actuante toda vez que se le ha imputado una acción delictiva al ciudadano BECERRA ARMAS DARWIN ARGENIS…toda orden Judicial de Detención en esencia es para asegurar la asistencia del procesado o del investigado a los actos consecuentes del proceso, como es el caso que nos ocupa…Por los razonamientos anteriormente expuestos…decreta orden de detención conforme a lo establecido en el artículo 44 ordinal 1° de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en contra del ciudadano BECERRA ARMAS DARWIN ARGENIS…en virtud de la imputación delictiva que ha hecho la Fiscalía actuante en su contra…”(f. 1 al 8).- (Subrayado y en negrillas del Recursante)
6.- “Por otra parte, en cuanto a la Medida de Privación de Libertad el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece los requisitos de procedencia siempre que el Fiscal del Ministerio Público la solicite y acredite: PRIMERO: La existencia de un hecho punible de acción pública que merezca pena privativa de libertad mayor de tres años en su límite máximo por mandato del artículo 253 del citado Código, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita como lo es en el caso del imputado JOSE ANTONIO FERNANDEZ DE OLIVEIRA, por la presunta comisión del delito de ESTAFA EN GRADO DE DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el 463, numeral 6 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana MAYRA JOSE MARCHAN PARGAS, así como por los delitos de USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EN GRADO DE CONTINUIDAD Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en el artículo 145 de la Ley para la Defensa de la Personas al acceso de Bienes y Servicios, y del artículo 99 del Código Penal , en concordancia con los artículo 6 y 16 numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, cometidos en perjuicio de las ciudadanas NIETO ARELLANO ADRIANA, BARRIOS VIVAS DIGNA ROSA, YOIS DEL CARMEN MEZA CAÑIZALES, YSIS DIAZ TOVAR Y CALVO CRESPO JOSEFA, que prevén una pena de Dos (02) a Seis (06) años de prisión, para el delito de Estafa en Grado de Defraudación previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el 463, numeral 6 del Código Penal, así mismo la pena de dos (02) a cinco (5) , años de prisión, en relación al delito de Usura en las operaciones de Financiamiento, previsto y sancionado en el Artículo 145 de la Ley para la Defensa de las Personas al Acceso de Bienes y Servicios, y una pena de Cuatro (04) a Seis (06) años de prisión para el delito de Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 6 y 16 numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, calificación jurídica señalada por el Ministerio Público y en la cual coincide éste Tribunal de Control. Así se decide.” (Decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, de fecha 06 de abril de 2011.) (Subrayado y en negrillas del Recursante)
7.- “La jurisdicción entendida como la potestad atribuida por la ley a un órgano del Estado para dirimir conflictos de relevancia jurídica, con un procedimiento predeterminado, siendo el órgano capaz de producir cosa juzgada susceptible de ejecución, es ejercida por los Tribunales ordinarios y especiales.
Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Subrayado y resaltado de este fallo).
Como el ser juzgado por el juez natural es una garantía judicial, y un elemento para que pueda existir el debido proceso, la abrogada Constitución de 1961 en su artículo 69, así como la vigente en su artículo 49, consagran el derecho de las personas naturales o jurídicas de ser juzgadas por dicho juez, quien además debe existir como órgano jurisdiccional con anterioridad a los hechos litigiosos sin que pueda crearse un órgano jurisdiccional para conocer únicamente dichos hechos después de ocurridos. El citado artículo 49 de la vigente Constitución es claro al respecto: (Subrayado y resaltado de este fallo). En su numeral 4, reza:
Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia, no es concebible que sobre ella existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de una causa. El convenio expreso o tácito de las partes en ese sentido, al igual que la decisión judicial que trastoque al juez natural, constituyen infracciones constitucionales de orden público”. (Sentencia 144 de la Sala Constitucional de fecha 20 de marzo de 2000) (Subrayado y Resaltado del Recursante)
El Tratadista WEAVER en su obra sobre Derecho Constitucional expresó: “(…) La validez de toda regulación debe depender de si, bajo las circunstancias existentes, la regulación es razonable o arbitraria, y si está verdaderamente dirigida a cumplir un propósito público lícito. Por razonabilidad se entiende que la regulación debe ser necesaria y adecuada para el cumplimiento de un objeto dentro de la órbita del poder de policía. No debe ser opresiva. Debe estar sancionada de buena fe para la promoción del interés público y no para la hostilidad o sometimiento de una clase o raza determinada. No puede interferir arbitrariamente con el goce de los derechos personales o de propiedad garantizados por la Constitución (…). Los tribunales invalidarán toda regulación o ley que sea irrazonable o ilegal”. (Vid. WEAVER, S.; “Constitucional Law and its Administration”, citado por LINARES QUINTANA; Segundo; Tratado de Interpretación Constitucional, Edit. Abeledo Perrot, 1998, p. 566). (Subrayado y Resaltado del Recursante)
No nos encontramos ante la figura del un Amparo Constitucional contra sentencia de la Sala Constitucional, ya que la decisión es ilegal y no ha emanado de un Juez competente, ya que reconocer lo contrario sería abonarle en obsequio a la Arbitrariedad con la que se ha actuado a espaldas de la Majestad Constitucional, que prohíbe los tribunales de excepción, y la misma debe ser considerada Nula a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución:
“Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”
PRESUNTOS AGRAVIANTES
Señalo como presuntos agraviantes a los ciudadanos:
Gladys María Gutiérrez Alvarado, Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Stella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchan, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, y Juan José Mendoza Jover, quienes son venezolanos, mayores de edad, Abogados, con domicilio procesal: Final de la Avenida Baralt, parroquia San José, Edificio sede del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional.
Como asi mismo pueden ser Notificados vía Correo Electrónico: gladys.gutierrez@tsj.gov.ve , francisco.carrasquero@tsj.gov.ve , luisa.morales@tsj.gov.ve , marcos.dugarte@tsj.gov.ve , carmen.zuleta@tsj.gov.ve , rcadio.delgado@tsj.gov.ve , juan.mendoza@tsj.gov.ve
PRESUNTOS AGRAVIADOS
VINCENCIO SCARANO SPISSO, venezolano, mayor de edad, y SALVATORE LUCCHESE, venezolano, mayor de edad, actualmente detenidos en la sede del denominado “CENTRO DE PROCESADOS MILITARES DE RAMO VERDE), ubicado en Los Teques, Estado Miranda.
NORMAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS
Artículo 44.1 Referente a la Inviolabilidad de la Libertad.
Artículo 49. 1, Referente al Derecho a la Defensa.
Artículo 49.2, Referente a la Presunción de Inocencia.
Artículo 49.3, Referente al derecho de ser oído con las debidas garantías por un Juez competente.
Artículo 49.4, Referente al derecho de ser juzgado por un Juez natural.
Solicito del Juez que conozca la presente que:
1.- Se declare competente a tenor de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías Constitucionales.
2.- Aperture la Averiguación Sumaria establecida en el artículo 41 eiusdem.
3.- Se ponga al detenido VINCENCIO SCARANO SPISSO y SALVATORE LUCCHESE, bajo la custodia del Tribunal de manera inmediata y sin dilación alguna. (Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
4.- Se ordene un mandamiento de Habeas Corpus a favor del ciudadano VINCENCIO SCARANO SPISSO y SALVATORE LUCCHESE, quienes se encuentran privados de su libertad en forma ilegitima y por Contrario Imperio.
5.- Invoco los artículos 26, 257 y 334 del Estatuto Sustantivo para la actuación de este Tribunal en sede Constitucional.
habeas, corpus, enzo, scarano, carabobo, tsj, sala, constitucional
publicado por victoria13 a las 20:02 · 1 Comentario · Recomendar
Felicitaciones Humanista, mejor imposible.
publicado por Andrés Curiel, el 23.03.2014 15:21

References: artículo 31
 artículo 336

Artículo 111
 artículo 266

Artículo 112

Artículo 25

Artículo 128
 artículo 25

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 142

Artículo 145
 artículo 25
 artículo 285
 artículo 44
 artículo 250
 artículo 253
 artículo 462
 artículo 145
 artículo 99
 artículo 6
 artículo 462
 Artículo 145
 artículo 6
 artículo 255
 artículo 69
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 25

Artículo 44

Artículo 49

Artículo 49

Artículo 49

Artículo 49
 artículo 40
 artículo 41