Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:032:FULL&from=SV
Timestamp: 2019-12-06 03:46:00+00:00

Document:
Diario Oficial L 32/2018
Reglamento Delegado (UE) 2018/171 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas al umbral de significatividad de las obligaciones crediticias en situación de mora ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/172 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2017, por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2018/173 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la actualización de los códigos de la nomenclatura combinada enumerados en el anexo I de dicho Reglamento
Reglamento (UE) 2018/174 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de variables objetivo secundarias relacionadas con la transmisión intergeneracional de desventajas, la composición de los hogares y la evolución de la renta para 2019 ( 1 )
Reglamento (UE) 2018/175 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas
Decisión (UE) 2018/176 del Consejo, de 29 de enero de 2018, relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
Recomendación (UE) 2018/177 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, relativa a los elementos que han de incluirse en las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras entre los Estados miembros con miras a la aplicación del mecanismo de solidaridad previsto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/171 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2017
por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas al umbral de significatividad de las obligaciones crediticias en situación de mora
Visto el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 178, apartado 6, párrafo tercero,
Dado que las condiciones económicas y de mercado dentro de una misma jurisdicción son similares, las autoridades competentes deben establecer un único umbral para la evaluación de la significatividad de una obligación crediticia a que se refiere el artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 aplicable a todas las entidades de sus jurisdicciones respectivas. Este umbral de significatividad, que debe mantenerse constante a lo largo del tiempo, aporta el beneficio añadido de mejorar la comparabilidad de los requisitos de capital entre las entidades de una misma jurisdicción.
Por un lado, el importe que puede considerarse significativo depende del nivel de la obligación crediticia global. Por otro, las entidades tienden a considerar no significativas todas las cantidades por debajo de un determinado nivel, independientemente de su relación con la obligación crediticia global. Así pues, el umbral de significatividad debe constar de dos componentes: uno absoluto (un importe absoluto) y otro relativo (el porcentaje de la obligación crediticia global que representa el importe en situación de mora). Por consiguiente, la obligación crediticia en situación de mora debe considerarse significativa cuando se rebasen tanto el límite expresado en valor absoluto como el expresado en porcentaje.
Existen considerables diferencias entre los distintos deudores en cuanto a los ingresos medios y los importes medios de las obligaciones crediticias. Conviene, por tanto, que los umbrales de significatividad se diferencien oportunamente, con componentes absolutos del umbral distintos para las exposiciones minoristas y para las demás exposiciones.
El umbral de significatividad debe adaptarse a las particularidades locales de cada jurisdicción. Las diferencias en las condiciones económicas, incluidos los distintos niveles de precios existentes en las jurisdicciones, justifican que el componente absoluto del umbral de significatividad pueda variar de una jurisdicción a otra. Tal diferenciación, sin embargo, rara vez se justifica en relación con el componente relativo. Por consiguiente, el componente relativo debe, en principio, ser el mismo en todas las jurisdicciones, si bien debe permitirse cierta flexibilidad en el caso del componente absoluto. Ello permitirá a las autoridades competentes fijar el umbral de significatividad en un nivel adecuado, hasta un determinado máximo, teniendo en cuenta las condiciones específicas de sus respectivas jurisdicciones.
A pesar de que conviene armonizar las condiciones para la fijación del umbral de significatividad en las diferentes jurisdicciones de la Unión, debe permitirse el mantenimiento de algunas diferencias en los niveles de los umbrales aplicables en las diferentes jurisdicciones para reflejar los distintos niveles de riesgo considerados razonables por las autoridades competentes pertinentes con arreglo a las especificidades del mercado nacional. El nivel adecuado del umbral de significatividad podría, por tanto, debatirse en el seno de los diferentes colegios de supervisores.
El umbral de significatividad puede tener un impacto notable en el cálculo de los requisitos de capital y las pérdidas esperadas para todas las entidades de la jurisdicción de que se trate, con independencia del método de cálculo utilizado. Por esta razón, a la hora de definir el umbral de significatividad, las autoridades competentes deben tener en cuenta una serie de factores, incluidas las características de riesgo específicas de las exposiciones minoristas. Las características de riesgo específicas de las exposiciones minoristas y las de las demás exposiciones deben considerarse por separado
Es posible que el umbral de significatividad fijado por la autoridad competente de una jurisdicción concreta también deba ser aplicado por entidades que operen sobre una base transfronteriza. El nivel de un umbral fijado por la autoridad competente de otra jurisdicción podría, por tanto, ser un factor importante cuando una autoridad competente evalúe si el nivel de riesgo reflejado por un determinado umbral es razonable. Por consiguiente, los umbrales de significatividad definidos por las autoridades competentes deben ser transparentes y notificarse a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para que puedan hacerse públicos.
Las autoridades competentes deben fijar el umbral de significatividad en un nivel que se corresponda con el nivel de riesgo que consideren razonable. Dado que dicho nivel de riesgo depende de la manera en que el umbral de significatividad se aplique en el proceso de determinación de un impago, es necesario que, a la hora de establecer el umbral, las autoridades competentes formulen determinados supuestos sobre la forma de calcular los importes y ratios que se compararán con el componente absoluto y el componente relativo del umbral de significatividad, así como sobre el momento del proceso de determinación del impago en que se aplicará este umbral. En ese contexto, el umbral debe fijarse de tal manera que las entidades tengan la posibilidad de identificar a los deudores que planteen riesgos mucho más elevados, por realizar pagos parciales o irregulares pero sistemáticamente con retraso y de detectar oportunamente las obligaciones crediticias en situación de mora que sean significativas.
La significatividad de las obligaciones crediticias en situación de mora forma parte de la definición de impago contenida en el artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Para las entidades que aplican el método basado en calificaciones internas (en lo sucesivo, «método IRB»), cualquier modificación de dicha definición conduce a cambios sustanciales en los sistemas de calificación que se utilizan para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito. Por tanto, la autoridad competente debe abstenerse de modificar el umbral de significatividad a menos que ya no resulte adecuado debido a una evolución de las condiciones económicas o de mercado que dé lugar a distorsiones significativas del proceso de determinación de un impago.
Debe permitirse a las autoridades competentes retrasar la aplicación de los umbrales de significatividad en el caso de las entidades que se vean obligadas a efectuar cambios importantes en sus modelos IRB y de las entidades en las que la aplicación de los umbrales resulte gravosa por las notables diferencias existentes entre el método anterior que empleaban para determinar la significatividad de las exposiciones en situación de mora y dichos umbrales. Además, en el caso de las entidades que utilicen el método IRB pero que apliquen el método estándar a una parte de sus exposiciones en virtud del artículo 148 o 150 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la fecha de aplicación de los nuevos umbrales de significatividad debe ser la misma para todas sus exposiciones. No obstante, para evitar retrasos excesivos en la aplicación de los umbrales en toda la Unión, estos plazos más largos deben limitarse.
Las autoridades competentes deben disponer de tiempo suficiente para llevar a cabo el análisis exhaustivo necesario para fijar el umbral de significatividad en un nivel razonable.
La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
Condiciones para el establecimiento del umbral de significatividad en el caso de las exposiciones minoristas
1. La autoridad competente establecerá un único umbral de significatividad para las exposiciones minoristas aplicable a todas las entidades de su jurisdicción.
No obstante, en el caso de las entidades que apliquen la definición de impago que figura en el artículo 178, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 al nivel de una línea de crédito específica, la autoridad competente podrá establecer un umbral de significatividad único distinto para las exposiciones minoristas.
2. El umbral de significatividad contemplado en el apartado 1, párrafo primero, constará de un componente absoluto y un componente relativo.
El componente absoluto será el importe máximo de la suma de todos los importes en situación de mora adeudados por un deudor a la entidad, la empresa matriz de dicha entidad o cualquiera de sus filiales (en lo sucesivo, «obligación crediticia en situación de mora»). El importe máximo no podrá ser superior a 100 EUR, o el equivalente de dicho importe en la moneda nacional pertinente.
El componente relativo será un porcentaje que reflejará el importe de la obligación crediticia en situación de mora en relación con el importe total de todas las exposiciones frente al deudor incluidas en el balance de la entidad, la empresa matriz de dicha entidad o cualquiera de sus filiales, con exclusión de las exposiciones de renta variable. El porcentaje estará comprendido entre un 0 % y un 2,5 % y se fijará en un 1 % cuando refleje un nivel de riesgo que la autoridad competente considere razonable de conformidad con el artículo 3.
3. El umbral de significatividad contemplado en el apartado 1, párrafo segundo, se fijará de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado 2, con la única diferencia de que la «obligación crediticia en situación de mora» y el «importe total de todas las exposiciones frente al deudor incluidas en el balance de la entidad, con exclusión de las exposiciones de renta variable» se referirán a los importes de la obligación crediticia del deudor resultantes de una única línea de crédito concedida por la entidad, su empresa matriz o cualquiera de sus filiales.
4. A la hora de fijar el umbral de significatividad de conformidad con el presente artículo, la autoridad competente tendrá en cuenta las características de riesgo de las exposiciones minoristas y la especificación de estas exposiciones conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en el caso de los bancos que apliquen el método IRB, y en el artículo 123 de dicho Reglamento, en el caso de las entidades que apliquen el método estándar.
5. A la hora de fijar el umbral de significatividad de conformidad con el presente artículo, la autoridad competente considerará que el deudor se encuentra en situación de impago cuando tanto el límite que constituye el componente absoluto del umbral de significatividad como el que constituye el componente relativo de dicho umbral se superen durante 90 días consecutivos, o bien durante 180 días consecutivos, cuando todas las exposiciones incluidas en el cálculo de la obligación crediticia en situación de mora estén garantizadas mediante bienes inmuebles residenciales o bienes inmuebles comerciales de pymes y los 90 días se hayan sustituido por 180 días en el caso de esas exposiciones de conformidad con el artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
Umbral de significatividad en el caso de las exposiciones distintas de las exposiciones minoristas
1. La autoridad competente establecerá un umbral de significatividad único para las exposiciones distintas de las exposiciones minoristas aplicable a todas las entidades de su jurisdicción.
2. El umbral de significatividad contemplado en el apartado 1 se fijará de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 1, apartado 2, con la única diferencia de que el componente absoluto de ese umbral de significatividad no podrá ser superior a 500 EUR, o el equivalente de dicho importe en la moneda nacional pertinente.
3. A la hora de fijar el umbral de significatividad de conformidad con el presente artículo, la autoridad competente tendrá en cuenta las características de riesgo de las exposiciones distintas de las exposiciones minoristas.
4. A la hora de fijar el umbral de significatividad de conformidad con el presente artículo, la autoridad competente considerará que el deudor se encuentra en situación de impago cuando tanto el límite que constituye el componente absoluto del umbral de significatividad como el que constituye el componente relativo de dicho umbral se superen durante 90 días consecutivos, o bien durante 180 días consecutivos, cuando las exposiciones incluidas en el cálculo de la obligación crediticia en situación de mora sean exposiciones frente a entes del sector público y los 90 días se hayan sustituido por 180 días en el caso de esas exposiciones de conformidad con el artículo 178, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
La autoridad competente considerará que un umbral de significatividad refleja un nivel razonable de riesgo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, cuando dicho umbral no conduzca a la determinación de un número excesivo de impagos atribuibles a circunstancias que no sean dificultades financieras del deudor ni a retrasos significativos en la determinación de impagos atribuibles a dificultades financieras del deudor.
Notificación de los umbrales de significatividad
La autoridad competente notificará a la ABE los umbrales de significatividad fijados en su jurisdicción. La autoridad competente que fije el componente relativo del umbral de significatividad en un porcentaje superior o inferior al 1 % deberá motivar su decisión a la ABE.
Actualización de los umbrales de significatividad
Cuando el componente absoluto del umbral de significatividad se exprese en una moneda distinta del euro y, debido a la volatilidad de los tipos de cambio, el equivalente de dicho componente sea superior a 100 EUR en el caso de las exposiciones minoristas o a 500 EUR en el caso de exposiciones distintas de las exposiciones minoristas, el umbral se mantendrá inalterado, a menos que la autoridad competente justifique ante la ABE que dicho umbral ya no refleja un nivel de riesgo que la autoridad competente considere razonable.
Fecha de aplicación de los umbrales de significatividad
La autoridad competente fijará una fecha para la aplicación del umbral de significatividad que podrá variar según la categoría de entidad, pero que no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2020 en el caso de las entidades que utilicen el método estándar establecido en la parte tercera, título II, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
Será aplicable a partir del 7 de mayo de 2018.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/172 DE LA COMISIÓN
de 28 de noviembre de 2017
El Reglamento (UE) n.o 649/2012 aplica el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional («Convenio de Rotterdam»), firmado el 11 de septiembre de 1998 y aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, por medio de la Decisión 2003/106/CE del Consejo (2).
La sustancia 3-decen-2-ona no se ha aprobado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), por lo que está prohibido el uso de esa sustancia como plaguicida y es necesario, por tanto, incorporarla a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
No se ha presentado ninguna solicitud para la renovación de la aprobación de la sustancia activa carbendazima con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009, por lo que está prohibido el uso de esa sustancia como plaguicida del grupo de productos fitosanitarios y es necesario, por tanto, incorporarla a la lista de productos químicos del anexo I, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
No se ha presentado ninguna solicitud para la renovación de la aprobación de la sustancia activa tepraloxidim con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009, por lo que está prohibido el uso de esa sustancia como plaguicida y es necesario, por tanto, incorporarla a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
Las sustancias cibutrina y triclosán no se han aprobado para su uso en productos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), por lo que está prohibido el uso de esas sustancias como plaguicidas y es necesario, por tanto, incorporarlas a las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
La sustancia triflumurón no se ha aprobado para su uso en productos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012, por lo que está prohibido el uso de esa sustancia en la subcategoría «otros plaguicidas, incluidos los biocidas» y es necesario, por tanto, incorporarla a la lista de productos químicos del anexo I, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
Las sustancias 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno, ftalato de bencilo y butilo, ftalato de diisobutilo, pentaóxido de diarsénico y fosfato de tris(2-cloroetilo) figuran en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) al haber sido declaradas sustancias extremadamente preocupantes. Están, por lo tanto, sujetas a autorización. Como no se ha concedido autorización alguna, la utilización industrial de esas sustancias está estrictamente limitada y, por consiguiente, estas deben añadirse al anexo I, partes 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
En su séptima reunión, celebrada entre el 4 y el 15 de mayo de 2015, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam decidió incorporar el metamidofós al anexo III del Convenio, con objeto de que ese producto químico quede sujeto al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el marco del Convenio. La Conferencia de las Partes también decidió suprimir la entrada existente en el anexo III correspondiente al «metamidofós (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo)». Esas modificaciones deben, por tanto, reflejarse en las listas de productos químicos del anexo I, partes 1 y 3, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
En su séptima reunión, celebrada entre el 4 y el 15 de mayo de 2015, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes («Convenio de Estocolmo»), que fue aprobado por la Decisión 2006/507/CE del Consejo (6), decidió incorporar las sustancias hexaclorobutadieno y naftalenos policlorados en el anexo A de dicho Convenio. Esas sustancias se enumeran en el anexo I, parte B, del Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y es necesario, por tanto, incorporarlas al anexo V, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 con objeto de aplicar el Convenio de Estocolmo.
Tras la decisión adoptada en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo, celebrada entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 2013, mediante el Reglamento (UE) 2016/293 de la Comisión (8), se incorporó el hexabromociclododecano (HBCDD) al anexo I, parte A, del Reglamento (CE) n.o 850/2004 con objeto de hacer figurar ese producto químico en el anexo A, parte 1, de dicho Convenio. Por consiguiente, ese producto químico debe añadirse al anexo V, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
El Convenio de Estocolmo permite el reciclado de los artículos que contengan o puedan contener éter de tetra- y pentabromodifenilo o éter de hexa- y heptabromodifenilo, y el uso y la eliminación final de los artículos fabricados con materiales reciclados que contengan esas sustancias, a condición de que se tomen medidas para evitar las exportaciones de ese tipo de artículos que contengan niveles o concentraciones de tales sustancias superiores a las permitidas para la venta, el uso, la importación o la fabricación de esos artículos en el territorio de la Parte respectiva. Con objeto de aplicar dicha obligación en la Unión, los artículos que contengan concentraciones de esas sustancias iguales o superiores al 0,1 % en peso, cuando se produzcan parcial o totalmente con materiales reciclados o con materiales de residuos preparados para su reutilización, deben prohibirse para su exportación incorporándolos al anexo V, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012.
Conviene prever un espacio de tiempo razonable para que todas las partes interesadas puedan adoptar las medidas necesarias para cumplir el presente Reglamento y para que los Estados miembros puedan tomar las disposiciones necesarias para aplicarlo.
El Reglamento (UE) n.o 649/2012 queda modificado como sigue:
El anexo I queda modificado conforme al anexo I del presente Reglamento.
El anexo V queda modificado conforme al anexo II del presente Reglamento.
Será aplicable a partir del 1 de abril de 2018.
Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 2017.
(8) Reglamento (UE) 2016/293 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, con respecto al anexo I (DO L 55 de 2.3.2016, p. 4).
se sustituye la entrada correspondiente al metamidofós por la siguiente:
«Metamidofós (#)
se suprime la entrada correspondiente al metamidofós (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo);
«3-Decen-2-ona (+)
5-terc-Butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (+)
Ftalato de bencilo y butilo (+)
Ftalato de diisobutilo (+)
Pentaóxido de diarsénico (+)
Triclosán (+)
Fosfato de tris(2-cloroetilo) (+)
se suprime la entrada correspondiente al metamidofós;
«3-Decen-2-ona
5-terc-Butil-2,4,6-trinitro-m-xileno
Ftalato de bencilo y butilo
Fosfato de tris(2-cloroetilo)
Número(s) CAS correspon-diente(s)
Sustancia pura (***)
«Metamidofós
se suprime la entrada correspondiente al metamidofós (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo).
En el anexo V, parte 1, del Reglamento (UE) n.o 649/2012 se añaden las entradas siguientes:
«Hexaclorobutadieno
N.o CE 201-765-5
N.o CAS 87-68-3
Código NC 2903 29 00
N.o CE 274-864-4
N.o CAS 70776-03-3 y otros
Código NC 3824 99 93
N.o CE 247-148-4, 221-695-9
N.o CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 y otros
Código NC 2903 89 80
Artículos que contienen concentraciones iguales o superiores al 0,1 % de éter de tetra-, penta-, hexa- o heptabromodifenilo en peso cuando se producen parcial o totalmente con materiales reciclados o con materiales de residuos preparados para su reutilización
Éter de tetrabromodifenilo
N.o CE 254-787-2 y otros
N.o CAS 40088-47-9 y otros
Éter de pentabromodifenilo
N.o CE 251-084-2 y otros
N.o CAS 32534-81-9 y otros
Éter de hexabromodifenilo
N.o CE 253-058-6 y otros
N.o CAS 36483-60-0 y otros
Éter de heptabromodifenilo
N.o CE 273-031-2 y otros
N.o CAS 68928-80-3 y otros
Código NC 2909 30 38 »
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/173 DE LA COMISIÓN
de 29 de noviembre de 2017
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la actualización de los códigos de la nomenclatura combinada enumerados en el anexo I de dicho Reglamento
Visto el Reglamento (UE) 2015/936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2015, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión (1), y en particular su artículo 35.
El régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de la Unión se establece en el Reglamento (UE) 2015/936. En el anexo I de dicho Reglamento se determinan los productos textiles a que se refiere el artículo 1 mediante la enumeración de los códigos de la nomenclatura combinada correspondientes.
El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo (2) estableció la nomenclatura combinada. El anexo I de dicho Reglamento se actualiza cada año y se publica en forma de Reglamento de Ejecución autónomo para adaptar la nomenclatura combinada a los cambios que haya podido adoptar la Organización Mundial de Aduanas en lo que respecta a la nomenclatura del sistema armonizado o en el marco de la Organización Mundial del Comercio por lo que se refiere a los tipos de los derechos convencionales.
El 6 de octubre de 2016, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 (3), por el que se modificó la nomenclatura de algunos productos cubiertos por el anexo I del Reglamento (UE) 2015/936.
Con el fin de adaptar el Reglamento (UE) 2015/936 al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821, debe modificarse el anexo I del Reglamento (UE) 2015/936 en consecuencia.
El anexo I del Reglamento (UE) 2015/936 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
(1) DO L 160 de 25.6.2015, p. 1.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, de 6 de octubre de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 294 de 28.10.2016, p. 1).
En el anexo I, la sección A se sustituye por el texto siguiente:
«A. PRODUCTOS TEXTILES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1
Sin perjuicio de las normas de interpretación de la nomenclatura combinada (NC), el texto de la descripción de la mercancía se considera de carácter puramente indicativo, puesto que los productos incluidos en cada categoría quedan determinados, en el presente anexo, por los códigos NC. En los casos en que el prefijo “ex” anteceda al código NC, los productos incluidos en cada categoría vienen determinados por el ámbito del código NC y por el de la descripción correspondiente.
Código NC 2017
De los cuales: distintos de los crudos o blanqueados
Tejidos de fibras textiles sintéticas discontinuas, que no sean cintas, terciopelos, felpas, tejidos rizados (incluidos los tejidos con bucles de la clase esponja) y tejidos de chenilla o felpilla
Suéteres (jerseys), pullovers (con o sin mangas), chalecos, conjuntos de jerseys abiertos o cerrados “twinset”, cardiganes y mañanitas [excepto chaquetones y chaquetas (sacos)], anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto
Tejidos de algodón con bucles del tipo toalla; ropa de tocador o de cocina (excepto la de punto) de tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón
De los cuales: acrílicos
De los cuales: terciopelos de algodón rayados
Tejidos de hilos de filamentos sintéticos fabricados con tiras o formas similares de polietileno o de polipropileno, de anchura inferior a 3 m
Tejidos de hilos de filamentos sintéticos, distintos de los utilizados para neumáticos, de la categoría 114
Tejidos de filamentos artificiales, que no sean los destinados a neumáticos de la categoría 114
Tapicería tejida a mano (gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo, de petit point, de punto de cruz, etc.), incluso confeccionadas
Cintas, cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados, excepto las etiquetas y artículos similares de la categoría 62
Tejidos elásticos y pasamanería (excepto los de punto) fabricados de materias textiles combinadas con hilos de caucho
Guantes, mitones y manoplas, de punto
De los cuales: sacos (bolsas) y talegas para envasar, fabricados con tiras de polietileno o de propileno
Calzas, panty-medias y leotardos, de fibras sintéticas, de capítulo inferior a 67 decitex (6,7 tex) por hilo sencillo
Medias, calcetines y salvamedias, excepto los de punto; otros accesorios de vestir, elementos de prendas o de accesorios de vestir, que no sean para bebés, distintos de los de punto
Tiendas (carpas)
Guata de materias textiles y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil
Los demás artículos fabricados con hilados, cordeles, cuerdas o cordajes, con exclusión de los tejidos, de los artículos de tejidos y de los artículos de la categoría 97
Colchones neumáticos, tejidos
Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Ramio y otras fibras textiles vegetales, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de ramio distintos del coco y abacá
Cáñamo (Cannabis sativa L.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Abacá (cáñamo de Manila o Musa textilis Nee) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de abacá (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Yute y demás fibras textiles de líber (con exclusión del lino, cáñamo y ramio) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Otras fibras textiles vegetales, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Blusas y “pullovers” de punto, de seda o desperdicios de seda para mujeres o niñas
REGLAMENTO (UE) 2018/174 DE LA COMISIÓN
de 2 de febrero de 2018
por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de variables objetivo secundarias relacionadas con la transmisión intergeneracional de desventajas, la composición de los hogares y la evolución de la renta para 2019
El Reglamento (CE) n.o 1177/2003 estableció un marco común para la elaboración sistemática de estadísticas europeas sobre la renta y las condiciones de vida, con el fin de garantizar la disponibilidad a escala nacional y de la Unión de datos transversales y longitudinales comparables y actualizados sobre la renta, así como sobre el nivel y la composición de la pobreza y la exclusión social.
De conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) n.o 1177/2003, deben adoptarse cada año medidas de ejecución para especificar las áreas y variables objetivo secundarias que vayan a incluirse en la componente transversal de EU-SILC ese año. Por tanto, deben adoptarse medidas de ejecución que especifiquen las variables objetivo secundarias y sus identificadores para el módulo de 2019 sobre transmisión intergeneracional de desventajas, composición de los hogares y evolución de la renta.
En el anexo se establece la lista de variables objetivo secundarias y sus identificadores para el módulo de 2019 sobre transmisión intergeneracional de desventajas, composición de los hogares y evolución de la renta, que forma parte del componente transversal de EU-SILC.
Las variables objetivo secundarias y sus identificadores para el módulo de 2019 sobre transmisión intergeneracional de desventajas, composición de los hogares y evolución de la renta, parte del componente transversal de EU-SILC, serán las siguientes:
La información correspondiente a las variables sobre la transmisión intergeneracional de desventajas se proporcionará respecto de todos los miembros del hogar en el momento de la encuesta, o, en su caso, de todos los encuestados seleccionados de más de veinticuatro y menos de 60 años de edad.
La información correspondiente a la composición de los hogares y la evolución de la renta se aplican a nivel del hogar y se refieren al hogar en su conjunto.
Respecto a las variables aplicables a nivel individual, el método de recogida de datos será una entrevista personal con todos los miembros del hogar, o, si procede, con cada informante seleccionado de entre 24 y 60 años de edad.
En relación con las variables aplicables a nivel de hogar, el método de recogida de datos es la entrevista personal con el encuestado del hogar.
Si la persona en cuestión se encuentra temporalmente ausente o en situación de incapacidad, podrá entrevistarse excepcionalmente a otra persona que responda en su nombre.
Por lo que se refiere a las variables relacionadas con la transmisión intergeneracional de desventajas, el período de referencia será aquel en que el encuestado tenía aproximadamente 14 años.
Por lo que se refiere a las variables relacionadas con la composición de los hogares y la evolución de la renta (datos sobre los hogares), el período de referencia será el período de la encuesta.
4. Definiciones relacionadas con la transmisión intergeneracional de desventajas
1) Padre: la persona que el encuestado consideraba como su padre cuando tenía aproximadamente 14 años. En general, el padre es el padre biológico, pero si el encuestado considera que el padre durante el período de referencia era otra persona, las respuestas han de referirse a esa persona, incluso si el padre biológico estaba vivo y se sabía quién era.
2) Madre: la persona que el encuestado consideraba como su madre cuando tenía aproximadamente 14 años. En general, la madre es la madre biológica, pero si el encuestado considera que la madre durante el período de referencia era otra persona, las respuestas han de referirse a esa persona, incluso si la madre biológica estaba viva y se sabía quién era.
3) Hogar: el hogar en el que el encuestado vivía cuando tenía aproximadamente 14 años.
Si los padres del encuestado estaban divorciados/separados y compartían la custodia (un 50 % del tiempo con el padre y otro 50 % del tiempo con la madre), el encuestado puede optar por:
elegir su hogar objetivamente, teniendo en cuenta su dirección principal cuando tenía aproximadamente 14 años (es decir, la que figuraba en el padrón, en el DNI o en el pasaporte),
elegir su hogar subjetivamente, teniendo en cuenta dónde se sentía más en casa cuando tenía aproximadamente 14 años.
Si los padres del encuestado estaban divorciados/separados y no compartían la custodia al 50 %, el hogar será aquel en el que el encuestado vivió todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo.
Módulo de la encuesta de 2019
Transmisión intergeneracional de desventajas
Denominación de la variable
Tipo de hogar cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Vivía en un hogar o institución colectivos
Fuera de la categoría de edad (25-59)
No aplicable (RB010≠ 2019)
Presencia de la madre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
No, no vivía en el mismo hogar, pero estaba en contacto con ella
No, no vivía en el mismo hogar, ni tenía contacto con ella
No, había fallecido
No procede (vivía en un hogar o institución colectivos)
Presencia del padre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
No, no vivía en el mismo hogar, pero estaba en contacto con él
No, no vivía en el mismo hogar, ni tenía contacto con él
Número de adultos cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Número (dos dígitos) 0-99
Número de menores cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Número de personas en el hogar que ejercían una actividad laboral cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Grado de urbanización cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Ciudad (más de 100 000 habitantes)
Población o suburbio (entre 10 000 y 100 000 habitantes)
Zona rural, pequeño municipio o pueblo (menos de 10 000 habitantes)
Régimen de alojamiento cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Antecedentes parentales
País de nacimiento del padre
País de nacimiento del padre (código SCL GEO alpha-2)
No procede; padre ausente (o bien había fallecido o no se mantenía contacto)
Nacionalidad del padre
Nacionalidad principal (código SCL GEO alpha-2)
País de nacimiento de la madre
País de nacimiento de la madre (código SCL GEO alpha-2)
No procede; madre ausente (o bien había fallecido o no se mantenía contacto)
Nacionalidad de la madre
Nivel de estudios más elevado alcanzado por el padre
Nivel bajo (inferior a la educación infantil, educación primaria o primera etapa de educación secundaria)
Nivel medio (segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no terciaria)
Nivel alto (educación terciaria de ciclo corto, grado en educación terciaria o equivalente, nivel de máster o equivalente o nivel de doctorado o equivalente)
Nivel de estudios más elevado alcanzado por la madre
Nivel bajo (menos que la enseñanza primaria, enseñanza primaria o primer ciclo de enseñanza secundaria)
Nivel medio (segundo ciclo de enseñanza secundaria y enseñanza postsecundaria no terciaria)
Nivel alto (educación terciaria de ciclo corto, de grado en educación terciaria o nivel equivalente, de nivel de máster o equivalente o de nivel de doctorado o equivalente)
Tipo de actividad del padre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Trabajador por cuenta ajena a tiempo completo
Trabajador por cuenta ajena a tiempo parcial
Trabajador por cuenta propia o que contribuía laboralmente en la empresa familiar
Desempleado/En busca de empleo
Con incapacidad permanente y/o incapacidad laboral
Se encargaba de las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar
Persona inactiva de otro tipo
Puesto directivo del padre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
No procede; el padre no trabajaba (no estaba en situación de empleo)
Actividad profesional principal del padre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Código CIUO-08(COM) (un dígito)
Trabajadora por cuenta ajena a tiempo completo
Trabajadora por cuenta ajena a tiempo parcial
Trabajadora por cuenta propia o que contribuía laboralmente en la empresa familiar
Desempleada/En busca de empleo
Puesto directivo de la madre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
No procede; la madre no trabajaba (no estaba en situación de empleo)
Actividad profesional principal de la madre cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Situación financiera del hogar cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad
Moderadamente mala
Moderadamente buena
Cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad ¿tenía las necesidades escolares básicas (libros y equipo para la escuela) cubiertas?
Cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años de edad ¿hacía una comida diaria que incluyera carne, pollo o pescado (o un equivalente vegetariano)?
No, debido a limitaciones económicas
No, por otra razón
Cuando el encuestado tenía aproximadamente 14 años ¿pasaba una semana al año de vacaciones fuera de casa?
Módulo optativo de la encuesta de 2019
Evolución de la renta y composición de los hogares
Diferencia de ingresos en comparación con el año anterior (OPTATIVO)
Han permanecido más o menos iguales
Motivo del incremento (OPTATIVO)
Indización/Revalorización del salario
Incremento del tiempo de trabajo, la retribución o el salario (en el mismo empleo)
Vuelta al mercado de trabajo tras una ausencia por enfermedad, maternidad/paternidad, permiso parental o cuidado de un menor o de una persona enferma o con discapacidad
Inicio o cambio de trabajo
Cambios en la composición del hogar
Incremento de las prestaciones sociales
No aplicable (HI010≠1)
Motivo de la disminución de los ingresos (OPTATIVO)
Reducción del tiempo de trabajo, la retribución o el salario (en el mismo empleo), incluida la actividad por cuenta propia (de forma involuntaria)
Maternidad/paternidad, permiso parental o cuidado de un menor o de una persona enferma o con discapacidad
Pérdida del puesto de trabajo, desempleo o quiebra de la (propia)empresa
Incapacidad laboral por enfermedad o discapacidad
Divorcio, disolución de la pareja u otro cambio en la composición del hogar
Recorte de las prestaciones sociales
No aplicable (HI010≠3)
Ingresos futuros (OPTATIVO)
Datos de los hogares (OPTATIVO) (2)
Pareja (nivel bajo)
Marido/mujer o pareja registrada (nivel alto)
Pareja o pareja de hecho (nivel alto)
Hijo o hija (nivel bajo)
Hijo o hija naturales o adoptados (nivel alto)
Hijastro o hijastra (nivel alto)
Yerno o nuera (nivel bajo o alto)
Nieto o nieta (nivel bajo o alto)
Padres (nivel bajo)
Padres naturales o adoptivos (nivel alto)
Padrastro (nivel alto)
Suegro o suegra (nivel bajo o alto)
Abuelos (nivel bajo o alto)
Hermanos o hermanas (nivel bajo)
Hermano o hermana natural (nivel alto)
Hermanastro o hermanastra (nivel alto)
Otros familiares (nivel bajo o alto)
Otras personas ajenas a la familia (nivel bajo o alto)
No consta (nivel bajo o alto)
No procede (hogar unipersonal)
(1) X = 1,…, número de personas en el hogar – 1
YX = 2,…, número de personas en el hogar
(2) Pueden utilizarse categorías de respuesta tanto de nivel bajo como de nivel alto.
REGLAMENTO (UE) 2018/175 DE LA COMISIÓN
que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas
Visto el Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas (1), y en particular su artículo 26,
Según el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008, la denominación de venta de las bebidas espirituosas de la categoría 9 «Aguardiente de fruta» debe ser «aguardiente de» seguido del nombre de la fruta, baya u hortaliza utilizada. Sin embargo, en algunas lenguas oficiales, estas denominaciones de venta se expresan tradicionalmente completando el nombre de la fruta con un sufijo. Por lo tanto, en el caso de los aguardientes de fruta etiquetados en esas lenguas oficiales, debe autorizarse la indicación de una denominación de venta consistente en el nombre de la fruta completado con un sufijo.
En el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008, las especificaciones de la categoría 10 «Aguardiente de sidra y de perada» no prevén de forma clara la posibilidad de destilar conjuntamente la sidra y la perada para producir esta categoría de bebida espirituosa. Sin embargo, en algunos casos la bebida espirituosa se obtiene tradicionalmente a partir de la destilación conjunta de la sidra y la perada. Por lo tanto, la definición de esta categoría de bebidas espirituosas debe modificarse para permitir expresamente la posibilidad de destilar la sidra y la perada conjuntamente cuando los métodos tradicionales de producción así lo prevean. Para estos casos, también es necesario determinar las normas relativas a la denominación de venta correspondiente. Con objeto de evitar dificultades a los operadores económicos, también procede establecer una disposición transitoria relativa a la denominación de venta de las bebidas espirituosas producidas antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Procede, por tanto, modificar el anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 en consecuencia.
El anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 queda modificado como sigue:
La letra f) de la categoría 9 se sustituye por el texto siguiente:
La denominación de venta de un aguardiente de fruta será “aguardiente de” seguido del nombre de la fruta, baya u hortaliza, por ejemplo: aguardiente de cereza, que también pueden denominarse kirsch, de ciruela, que también pueden denominarse slivovitz, de ciruela mirabel, de melocotón, de manzana, de pera, de albaricoque, de higo, de cítricos, de uva u de cualquier otra fruta. En el caso de las lenguas checa, croata, griega, polaca, eslovaca, eslovena y rumana, esta denominación de venta podrá expresarse mediante el nombre de la fruta completado por un sufijo.
El nombre de la fruta podrá sustituir la denominación “aguardiente de” seguido del nombre de la fruta, únicamente cuando se trate de las frutas o bayas siguientes:
manzana “Golden Delicious”.
Si existe el riesgo de que una de esas denominaciones de venta que no contenga la palabra “aguardiente” no sea fácilmente comprensible para el consumidor final, el etiquetado y la presentación incluirán la palabra “aguardiente”, eventualmente completada con una explicación.».
La categoría 10 se sustituye por el texto siguiente:
Aguardiente de sidra, aguardiente de perada y aguardiente de sidra y de perada
El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y de perada son las bebidas espirituosas que reúnen las condiciones siguientes:
son producidas exclusivamente por destilación de sidra o pera a menos de 86 % vol, de forma que el destilado tenga el aroma y el sabor derivados de esas frutas,
contienen una cantidad de sustancias volátiles igual o superior a 200 g/hl de alcohol a 100 % vol,
La condición contemplada en el inciso i) no excluye las bebidas espirituosas elaboradas mediante métodos de producción tradicionales que permiten la destilación conjunta de la sidra y de la perada. En estos casos, la denominación de venta será “aguardiente de sidra y de perada”.
El grado alcohólico volumétrico mínimo del aguardiente de sidra, del aguardiente de perada y del aguardiente de sidra y de perada será de 37,5 % vol.
No podrá realizarse ninguna adición de alcohol, diluido o no, según se define en el anexo I, punto 5).
El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y de perada no contendrán aromatizantes.
El aguardiente de sidra, el aguardiente de perada y el aguardiente de sidra y de perada podrán contener caramelo añadido únicamente para adaptar el color.».
Las bebidas espirituosas pertenecientes a la categoría 10 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 110/2008 y las denominaciones de venta que cumplan los requisitos de dicho Reglamento en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
DECISIÓN (UE) 2018/176 DEL CONSEJO
de 29 de enero de 2018
relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, en relación con su artículo 218, apartado 9,
Visto el Reglamento (CE) n.o 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y en particular su artículo 1, apartado 3,
El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.
En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros, del anexo XIII (Transporte) de dicho Acuerdo.
La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe incorporarse al Acuerdo EEE.
Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE.
La posición de la Unión en el Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto.
La posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la propuesta de modificación del anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.
(1) DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.
(2) DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.
(3) Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
DECISIÓN N.o …/2018 DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), y en particular su artículo 98,
La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (1), debe incorporarse al Acuerdo EEE.
Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo XIII del Acuerdo EEE.
Después del punto 5 (suprimido) del anexo XIII del Acuerdo EEE, se inserta el punto siguiente:
32014 L 0094: Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
Por lo que respecta a los Estados de la AELC, la palabra “TFUE” del artículo 3, apartado 5, se sustituye por “Acuerdo EEE”.
El artículo 6 no será de aplicación a Islandia.
La presente Directiva no será de aplicación a Liechtenstein.».
Los textos de la Directiva 2014/94/UE en lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, son auténticos.
La presente Decisión entrará en vigor el […], siempre que se hayan efectuado todas las notificaciones establecidas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (*1).
Los Secretarios del Comité Mixto del EEE
(1) DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.
(*1) [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]
RECOMENDACIÓN (UE) 2018/177 DE LA COMISIÓN
relativa a los elementos que han de incluirse en las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras entre los Estados miembros con miras a la aplicación del mecanismo de solidaridad previsto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas
Visto el artículo 13, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 994/2010 (1),
El artículo 194, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política energética de la UE ha de tener por objetivo garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros.
El Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas tiene por objeto fomentar la solidaridad y la confianza entre los Estados miembros con el fin de que el mercado interior del gas funcione durante todo el tiempo posible, incluso en caso de escasez de suministro.
El Reglamento introduce por primera vez un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros para atenuar los efectos de una situación de emergencia grave dentro de la Unión y garantizar la llegada de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad.
Al adoptar las medidas necesarias para aplicar el mecanismo de solidaridad, los Estados miembros deben aprobar en sus acuerdos bilaterales una serie de disposiciones técnicas, jurídicas y financieras, y describirlas en sus planes de emergencia.
Con el fin de ayudar a los Estados miembros en la aplicación, la Comisión, previa consulta al Grupo de Coordinación del Gas, ha elaborado orientaciones no vinculantes sobre los elementos esenciales que deben incluirse en tales disposiciones.
Los Estados miembros han de seguir las orientaciones jurídicamente no vinculantes recogidas en el anexo de la presente Recomendación. Dichas orientaciones tienen por objeto ayudar a los Estados miembros a establecer disposiciones técnicas, jurídicas y financieras para dar cumplimiento a las obligaciones de solidaridad contempladas en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1938 y describirlas en los planes de emergencia que han de elaborar con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento.
La presente Recomendación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(1) DO L 280 de 28.10.2017, p. 1.
El Reglamento (UE) 2017/1938 («Reglamento») lleva el concepto de solidaridad a la práctica y establece un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros que se activa cuando se cumplen las condiciones establecidas en las disposiciones pertinentes. La solidaridad es un mecanismo de último recurso: permite el suministro ininterrumpido de gas, con un espíritu de solidaridad, a los más vulnerables; a saber: los clientes domésticos y determinados servicios esenciales incluidos en la definición de «clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad» que figura en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento.
1. El mecanismo de solidaridad
En caso de que un Estado miembro solicite solidaridad, el mecanismo de solidaridad prevé la obligación para los demás Estados miembros directamente conectados de conceder prioridad al suministro de los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad del Estado miembro solicitante sobre los clientes domésticos no protegidos por dicho mecanismo. Ello solo será necesario cuando el mercado no pueda suministrar los volúmenes de gas necesarios (1). La ayuda que un Estado miembro puede prestar se ve limitada por lo siguiente:
la capacidad de interconexión disponible,
la cantidad de gas necesaria para el suministro de sus propios clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad cuando el suministro de gas a dichos clientes esté en peligro,
la seguridad de su propia red de gas, y
en lo que respecta a algunos países, el suministro a determinadas centrales eléctricas críticas alimentadas con gas para garantizar la seguridad del suministro de electricidad.
Como medida de último recurso, el mecanismo de solidaridad solo puede ser activado por un Estado miembro cuando el mercado, tanto en el Estado miembro solicitante como en cualquiera de los Estados miembros que pueden ser sus proveedores, no puede ofrecer los volúmenes de gas necesarios, incluidos los ofrecidos voluntariamente por clientes no protegidos, a fin de satisfacer la demanda de los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. Por otra parte, deben haberse agotado las medidas del plan de emergencia del Estado miembro solicitante, incluyendo restricciones obligatorias hasta el nivel de los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. A pesar de estas estrictas condiciones para activar el mecanismo de solidaridad, este garantiza a los clientes domésticos y a los servicios sociales esenciales la seguridad de un suministro de gas ininterrumpido.
En tales circunstancias, es probable que ya se hayan activado o sean inminentes medidas no basadas en el mercado o restricciones también en los Estados miembros que son posibles proveedores. En caso contrario, seguirían existiendo ofertas de determinados volúmenes de gas y el gas podría seguir llegando donde se necesitara en respuesta a las señales de precios (en el supuesto de que existieran), sin necesidad de activar el mecanismo de solidaridad. El mecanismo de solidaridad es, efectivamente, una reasignación temporal del gas restante de los clientes no protegidos por motivos de solidaridad de un Estado miembro a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad de otro Estado miembro, dentro del mismo mercado europeo integrado del gas. Solo puede brindarse solidaridad si la red de gas puede seguir reasignando y transportando gas de forma segura (2).
Los diferentes elementos de un acuerdo bilateral sobre los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de la solidaridad ya están cubiertos en parte por el artículo 13 del Reglamento. Además, en sus acuerdos bilaterales, los Estados miembros deben ponerse de acuerdo sobre todos los elementos y pormenores necesarios con el fin de proporcionar certidumbre y seguridad a todos aquellos que contribuyan al funcionamiento del mecanismo de solidaridad. Estos acuerdos deben describirse en los respectivos planes de emergencia; en particular, ha de incluirse el mecanismo de compensación, o al menos un resumen del mismo.
La noción de compensación, tal como se describe en el artículo 13 del Reglamento, es muy amplia. Incluye los pagos por el gas y los costes adicionales (como los de transporte) de las entregas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad del Estado miembro solicitante, además de los pagos a los clientes del Estado miembro que ofrece su solidaridad por las restricciones que se les aplican. A los efectos de las presentes orientaciones, la compensación en este sentido más amplio se denomina «compensación por solidaridad». La compensación por los perjuicios sufridos a causa de las restricciones se denomina «compensación por restricciones».
Hay varias condiciones para que la solidaridad funcione correctamente.
En primer lugar, las medidas basadas en el mercado deben seguir aplicándose durante el mayor tiempo posible. Los Estados miembros deben esforzarse al máximo por crear un mecanismo o una plataforma que haga posible una respuesta voluntaria de la demanda. Ello redunda en interés tanto del proveedor potencial como de los Estados miembros solicitantes por cuanto, de lo contrario, será preciso comenzar a aplicar en una fase más temprana medidas distintas de las de mercado, como la sustitución obligatoria de combustibles o la aplicación de restricciones a los clientes. También está en consonancia con el principio general del Reglamento según el que debe darse el máximo margen de maniobra al mercado para resolver los problemas de suministro de gas.
En segundo lugar, los precios al por mayor deben poder evolucionar libremente, incluso durante una emergencia; congelar o limitar los precios no permitirá que las señales de precios reflejen la necesidad de gas adicional, por lo que el gas no fluirá hacia los lugares donde se precisa.
En tercer lugar, el acceso transfronterizo a las infraestructuras debe mantenerse técnicamente y de forma segura en todo momento, incluso en una situación de emergencia, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). En función de los imperativos técnicos a que esté sujeto cada uno de los Estados miembros, ha de garantizarse que los interconectores, las terminales de GNL, las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas, los nudos gasísticos y las ofertas del lado de la demanda, cuando proceda, sean plenamente accesibles a los operadores del mercado a través de las fronteras. De este modo se tardará más en activar el mecanismo de solidaridad en el Estado miembro que sufra dificultades de suministro.
En cuarto lugar, se alienta a los Estados miembros a cooperar a lo largo de las distintas fases de una emergencia. Una cooperación efectiva en una fase temprana podría retrasar la necesidad de activar el mecanismo de solidaridad. También impediría que surgieran precios del gas potencialmente diferentes (por ejemplo, en función del valor de la carga perdida para los grupos de clientes sujetos a restricciones) en mercados conectados y desincentivaría la prestación de solidaridad.
El artículo 13, apartado 12, del Reglamento establece que la Comisión debe presentar orientaciones jurídicamente no vinculantes sobre los elementos clave de las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras a más tardar el 1 de diciembre de 2017, previa consulta al Grupo de Coordinación del Gas. Esas orientaciones han de versar, en particular, sobre la manera de aplicar en la práctica los elementos descritos en el artículo 13, apartados 8 y 10, del Reglamento.
El artículo 13 del Reglamento señala varios elementos y aspectos del mecanismo de solidaridad que deben acordarse e incluirse en los acuerdos bilaterales. A fin de ofrecer orientaciones útiles sobre estos y otros elementos que puedan incluirse en dichos acuerdos, es preciso, en primer lugar, comprender mejor en qué situación puede activarse el mecanismo de solidaridad, así como los esfuerzos y los principios básicos que podrían evitar que se produjera tal situación. Las actuales orientaciones, de carácter no vinculante, no aspiran ni pueden aspirar a ofrecer una lista exhaustiva y preceptiva para todos los Estados miembros, ya que estos deben tener libertad para escoger las soluciones que más les convengan, habida cuenta de sus capacidades, los marcos existentes, su situación y sus prioridades. Las orientaciones recomiendan, en cambio, el uso de un conjunto de elementos obligatorios y facultativos, describen las posibles maneras de aplicar algunas medidas de solidaridad, ofrecen ejemplos y sugieren buenas prácticas.
Lo que se propone es que los Estados miembros recurran a los marcos y procedimientos nacionales existentes en la medida de lo posible, o que los adapten, en caso necesario, con fines de solidaridad. Así, por ejemplo, pueden utilizarse las plataformas existentes para las medidas relativas a la demanda o los actuales mecanismos de compensación de los clientes.
II. DISPOSICIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS
1. Disposiciones jurídicas
El objetivo de las disposiciones jurídicas es garantizar seguridad jurídica a todos cuantos suministran o reciben gas en el marco de la solidaridad. Se recomienda a los Estados miembros que participen en la aplicación del mecanismo de solidaridad que establezcan disposiciones jurídicas claras, transparentes y eficaces a fin de que las partes interesadas conozcan las normas y procedimientos para el ejercicio de la solidaridad transfronteriza.
El artículo 13, apartado 10, del Reglamento establece que los Estados miembros interconectados deben establecer una serie de disposiciones. En la actualidad, hay Estados miembros que no están físicamente conectados con ningún otro Estado miembro (4), un grupo de Estados miembros que están conectados entre sí, pero no con los demás Estados miembros (5), y varios Estados miembros que tienen una frontera o una zona económica exclusiva común, pero no están directamente conectados entre sí (6). Esta situación puede variar con los proyectos de infraestructuras para las interconexiones, actualmente en fase de desarrollo. En caso de que las interconexiones entren en servicio después del 1 de diciembre de 2018, los Estados miembros interesados tendrán que elaborar a la mayor brevedad las disposiciones jurídicas, financieras y técnicas a que se refiere el artículo 13, apartado 10, del Reglamento.
1.1. Estados miembros interesados e identificación del tercer país (artículo 13, apartado 2)
Los Estados miembros participantes en el mecanismo de solidaridad son:
el Estado miembro que solicita las medidas de solidaridad, y
todos los Estados miembros directamente conectados con el Estado miembro solicitante.
Todos los Estados miembros directamente conectados deben celebrar por adelantado acuerdos bilaterales sobre la aplicación del mecanismo de solidaridad, salvo que el Reglamento establezca una exención con respecto a esta obligación. En caso de que haya varios Estados miembros que puedan brindar su solidaridad, el Estado miembro solicitante debe consultarlos a todos y solicitar ofertas por los volúmenes de gas que precisa para suministrarlos a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. Todas las ofertas reflejarán en la práctica el acuerdo sobre el precio del gas incluido en el acuerdo bilateral previamente suscrito. Dicho acuerdo podrá contener una referencia a un precio de mercado o a una metodología acordada para calcular el precio del gas. Tras haber elegido una o varias ofertas, el Estado miembro solicitante indicará el Estado miembro o los Estados miembros que realmente vayan a ejercer su solidaridad.
Quedará suspendida temporalmente la obligación de los demás Estados miembros que podrían ofrecer su solidaridad pero cuyas ofertas hayan sido desestimadas. En caso de deteriorarse la situación de crisis, el Estado miembro que haya solicitado ofertas puede recurrir en todo momento a esos Estados miembros en el marco de la solidaridad. No obstante, la solicitud deberá presentarse de nuevo, ya que las condiciones pueden cambiar con el tiempo (por ejemplo, el precio del gas puede variar o el volumen de gas potencialmente disponible puede disminuir). Se recomienda al Estado miembro que reciba una solicitud en este sentido que actualice su oferta, teniendo en cuenta cualquier cambio en la situación (volúmenes de gas en el almacenamiento subterráneo, flujos, temperatura, consumo, etc.). Por esa razón, se deberá mantener informados a los Estados miembros cuya obligación haya quedado temporalmente suspendida acerca de la situación del Estado miembro solicitante. La Comisión seguirá de cerca la situación en el Estado miembro que reciba gas en el marco del mecanismo de solidaridad.
En situaciones concretas, el concepto de «Estados miembros directamente conectados» también incluye una conexión a través de un tercer país. En este caso, el derecho de solicitar y la obligación de suministrar gas dentro del mecanismo de solidaridad dependerá de los acuerdos existentes entre los Estados miembros y del acuerdo del tercer país de que se trate. El acuerdo entre los Estados miembros deberá indicar que el tercer país se compromete a facilitar el tránsito de los volúmenes de gas a través de su territorio en el marco del mecanismo de solidaridad. Sin este compromiso pueden no alcanzarse los objetivos de dicho mecanismo.
1.2. Solicitud de solidaridad
Las situaciones de crisis exigen respuestas rápidas. Por consiguiente, la solicitud de solidaridad debe ser sucinta, estar normalizada y contener un mínimo de información necesaria. Lo ideal sería que los Estados miembros que celebren un acuerdo bilateral elaboren conjuntamente un modelo y lo adjunten al acuerdo. La siguiente información se considera la información mínima necesaria para responder eficazmente a una solicitud de solidaridad:
nombre del Estado miembro solicitante, incluidas la entidad competente y la(s) persona(s) de contacto,
nombre del gestor de red de transporte (GRT) o gestor responsable de área de mercado (cuando proceda) y persona(s) de contacto responsable(s),
volumen de gas solicitado (medido en una unidad adoptada de común acuerdo),
información sobre la presión del gas,
indicación por el Estado miembro solicitante del punto o los puntos de entrega preferibles,
solicitud de oferta(s), incluido el precio (véase la sección 3.1), volumen, puntos de entrega y momento de entrega,
petición de que se indique el calendario de la primera entrega posible y la duración prevista de las operaciones de suministro (indicando el período durante el que se prevé que el Estado miembro destinatario de la solicitud brindará su solidaridad),
referencia al compromiso por parte del Estado miembro solicitante de abonar una compensación por solidaridad.
Sería conveniente elaborar un modelo para las respuestas de los Estados miembros destinatarios de las solicitudes a fin de garantizar una mayor comparabilidad y comprensión de las cantidades y las condiciones ofrecidas en el marco de la solidaridad. El modelo se podría precumplimentar con la información conocida en el momento en que los Estados miembros celebren un acuerdo bilateral y adjuntarse a los planes de emergencia respectivos.
1.3. Comienzo y fin del ejercicio de solidaridad
La solicitud de solidaridad es válida y activa la obligación de brindar solidaridad a partir del momento en que se realiza la solicitud. Este principio no se verá afectado por los controles que la Comisión lleva a cabo con arreglo al artículo 11, apartado 8, del Reglamento para determinar si la declaración de emergencia del Estado miembro solicitante está justificada y si se han adoptado medidas para ejecutar las acciones enumeradas en el plan de emergencia. La Comisión dispone de cinco días para completar este procedimiento de verificación. Es poco probable que un Estado miembro solicite la aplicación del mecanismo de solidaridad menos de cinco días después de haber declarado una emergencia, puesto que en general los problemas de suministro de gas tardan cierto tiempo en alcanzar un nivel que justifique la presentación de una solicitud de este tipo. Si, pese a todo, presentara tal solicitud, aún seguirían en curso los controles de la Comisión para determinar si está justificada la declaración de emergencia. Con todo, esa verificación en curso no debe tener efectos en la validez de la solicitud de solidaridad.
El riesgo de utilización abusiva del mecanismo de solidaridad con una solicitud de solidaridad injustificada es muy limitado debido a las importantes consecuencias y a las estrictas condiciones que han de cumplirse antes de que se active el mecanismo de solidaridad, a saber:
aplicación de todas las medidas de emergencia contempladas en el plan de emergencia, y
restricciones a los clientes sin protección en el marco de la solidaridad en el Estado miembro solicitante.
En caso de que los controles de la Comisión lleguen a la conclusión de que una solicitud de solidaridad no está justificada, el Estado miembro que haya presentado esa solicitud y haya recibido ayuda de países vecinos directamente conectados deberá pagar el gas recibido y los costes adicionales a los Estados miembros que le hayan prestado ayuda.
La obligación de ofrecer solidaridad deja de aplicarse cuando:
tras un procedimiento de verificación, la Comisión llega a la conclusión de que la declaración de emergencia ya no está justificada,
el Estado miembro solicitante informa a los Estados miembros que ofrecen su solidaridad de que está de nuevo en condiciones de suministrar gas a sus clientes domésticos protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, y
el Estado miembro que presta su solidaridad ya no puede abastecer a sus propios clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad.
También es posible que, a pesar de padecer una aguda crisis de gas, el Estado miembro que haya presentado inicialmente una solicitud decida renunciar a su derecho a solicitar solidaridad, por ejemplo, porque no puede permitirse pagar.
1.4. Funciones y responsabilidades
Los Estados miembros deben ser los responsables en última instancia del funcionamiento del mecanismo de solidaridad. Les compete, en particular, la decisión de solicitar la solidaridad y el seguimiento general de la aplicación del mecanismo por parte de las entidades responsables de tareas específicas. El Reglamento no exige la creación de nuevas entidades específicas. Se recomienda a los Estados miembros que, de preferencia, distribuyan las responsabilidades entre las entidades existentes o, en circunstancias especiales, entre las nuevas entidades, teniendo en cuenta su estructura organizativa y su experiencia en la gestión de crisis y la respuesta de emergencia. A fin de reducir costes, y en particular de evitar los costes fijos, los Estados miembros podrían, en la medida de lo posible, recurrir a los mecanismos existentes. El principio rector en este sentido ha de ser brindar una solidaridad efectiva y eficaz.
Las autoridades competentes en virtud del Reglamento serán responsables de la aplicación del marco, con funciones y responsabilidades claramente asignadas a los respectivos intervinientes, como los GRT, las autoridades reguladoras nacionales y las empresas de gas. Las autoridades competentes son también las mejor situadas para preparar los acuerdos bilaterales con las autoridades competentes de los Estados miembros directamente conectados. Dichos acuerdos pueden constituir posteriormente la base jurídica de la solidaridad, incluyendo el pago de compensaciones y las liquidaciones financieras una vez se haya prestado solidaridad. Los Estados miembros o las autoridades competentes son también los mejor situados para encargarse de enviar o recibir solicitudes de solidaridad y ofertas de volúmenes de gas y de remitir notificaciones cuando se haya suspendido la aplicación del mecanismo de solidaridad. La responsabilidad financiera relacionada con la compensación debe recaer en último término en el Estado miembro.
A reserva de los imperativos técnicos y jurídicos existentes en cada uno de los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales son las mejor situadas para llevar la iniciativa del proceso de cálculo de los costes de compensación, o al menos participar en él, sobre la base del método que hayan desarrollado previamente y publicado en el plan de emergencia. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía podría participar en este proceso. De preferencia, los GRT deberían encargarse de distribuir los volúmenes de gas necesarios de manera rentable.
Los GRT (o una entidad de balance) son los mejor situados para asumir la responsabilidad de coordinar todos los aspectos técnicos y aplicar todas las medidas operativas necesarias cuando se aplica el mecanismo de solidaridad. La entidad respectiva del Estado miembro que presta su solidaridad también podría ser la entidad encargada de recopilar las solicitudes de reembolso correspondientes al gas y los costes adicionales, de verificarlas y canalizarlas a la entidad responsable del Estado miembro que se beneficie de la solidaridad. En este contexto sería de utilidad disponer de un enfoque de «ventanilla única». Se recomienda a los Estados miembros que determinen y acuerden cuál ha de ser la entidad encargada de la recogida y canalización de las solicitudes de compensación por restricciones.
Crear la figura de un mediador en los acuerdos bilaterales celebrados entre Estados miembros podría tranquilizar a ambas partes acerca del pago y el cálculo de los costes de compensación. El mediador contribuiría a resolver cualquier desacuerdo sobre el importe de la compensación que se ha de abonar.
1.5. Forma jurídica de los acuerdos bilaterales
No existe ningún requisito explícito en lo que respecta a la forma jurídica de los acuerdos bilaterales. Los Estados miembros gozan de libertad para encontrar una forma jurídica que cree derechos y obligaciones entre ellos cuando se aplica el mecanismo de solidaridad. El derecho de solicitar la aplicación del mecanismo de solidaridad y la obligación de brindar solidaridad se enuncian en el artículo 13 del Reglamento. Los acuerdos bilaterales han de determinar de qué modo van a ejercerse esos derechos y obligaciones establecidos en el Derecho de la Unión. Las disposiciones correspondientes no serán de naturaleza política, sino operativa. A primera vista, a efectos de aplicación puede ser suficiente que las autoridades competentes celebren un acuerdo administrativo vinculante. En él se podrían incluir disposiciones de los tratados bilaterales vigentes, disposiciones contractuales entre los GRT o condiciones de expedición de licencias específicas para el gas, siempre que sean supervisadas por las autoridades competentes pertinentes. En cambio, un instrumento jurídico no vinculante como un memorándum de acuerdo no sería suficiente, en la medida en que no crea obligaciones jurídicas entre los participantes. Por tanto, establecer disposiciones en forma de memorándum no cumpliría todos los requisitos del artículo 13 para crear un sistema jurídicamente vinculante de solidaridad y podría interpretarse como una aplicación insuficiente del artículo 13, apartado 10.
2. Disposiciones técnicas
La finalidad de las disposiciones técnicas es describir todas las medidas y condiciones técnicas necesarias para llevar a la práctica el mecanismo de solidaridad. Sería necesario, en este sentido, proceder a un intercambio de información previo obligatorio sobre la capacidad y las limitaciones técnicas de las infraestructuras de gas de que se trate y los volúmenes máximos teóricos de gas pertinentes para la solidaridad, así como tener la certeza de que no existen limitaciones técnicas indebidas que dificulten la aplicación del mecanismo de solidaridad. Si existen limitaciones técnicas o de otro tipo, se anima a los Estados miembros a determinar y acordar soluciones mutuamente aceptables que se apliquen en los puntos de interconexión en caso de activarse el mecanismo de solidaridad.
En función de las limitaciones técnicas que existan en cada Estado miembro, los GRT (o una entidad de balance) son los mejor situados para asumir la responsabilidad de coordinar todos los aspectos técnicos y aplicar todas las medidas operativas necesarias cuando se activa el mecanismo de solidaridad, sobre la base de su conocimiento de los sistemas de gas y de sus regímenes de cooperación transfronteriza existentes (7). Estos acuerdos, estructuras y experiencia de cooperación deben tenerse en cuenta e incluso servir de base en las situaciones en que deba recurrirse a la solidaridad. En cualquier caso, es preciso determinar (si ya existe) o establecer un marco general claro con las correspondientes condiciones técnicas, de modo que pueda desarrollarse la cooperación necesaria con seguridad jurídica.
En caso necesario, los datos técnicos pueden actualizarse en los planes.
2.1. Soluciones técnicas y coordinación [artículo 13, apartado 10, letra c)]
Pueden adoptarse soluciones y disposiciones técnicas con respecto a las diferentes partes de las infraestructuras de un determinado Estado miembro, lo cual permitirá disponer de una visión clara de la ayuda disponible, de las limitaciones técnicas existentes y de una estimación más exacta de los costes de aplicación de cada medida (si procede). Dado que pueden presentarse muy distintas situaciones de crisis, es importante que los GRT (o una entidad de balance) dispongan de una amplia gama de opciones e instrumentos para actuar. En las disposiciones técnicas se puede incluir una lista indicativa y no exhaustiva de soluciones técnicas, de modo que ambas partes conozcan las medidas que hay que adoptar tanto antes de una emergencia como durante la misma a efectos de solidaridad. Las simulaciones hidráulicas de medidas de solidaridad pueden resultar útiles para prepararse ante este tipo de situaciones.
Deberá garantizarse la coordinación entre los GRT o los gestores responsables de área de mercado, los gestores de redes de distribución (GRD), los coordinadores nacionales de emergencia, las autoridades competentes y las entidades que intervienen en el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad. Todo ello significa que el gas resultante de la reducción de la demanda en un Estado miembro puede estar disponible y suministrarse a un Estado miembro directamente conectado que solicita solidaridad. Los GRT, los GRD, los coordinadores nacionales de emergencia y otras entidades implicadas en el suministro de gas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad deben participar en la fase más temprana posible en los debates sobre las disposiciones de solidaridad y, en su caso, se les puede encomendar que colaboren en la ejecución de las disposiciones de solidaridad.
Los GRT también deberían tener derecho a utilizar la capacidad de transmisión no usada, esté o no asignada. En cualquier caso, debe abonarse una compensación por el coste de la transmisión con arreglo a los principios que se hayan acordado.
El acceso a los nudos gasísticos y otras plataformas debe mantenerse durante tanto tiempo como sea posible, incluso en caso de emergencia (artículo 13, apartado 4, del Reglamento) para evitar que sea necesario activar la solidaridad. Por consiguiente, es preciso garantizar un acceso constante a las terminales de GNL y a la capacidad de almacenamiento e interconexión, incluida la capacidad bidireccional, a fin de asegurar unos flujos transfronterizos eficaces [artículo 13, apartado 10, letra c)]. Estos aspectos deben abordarse de manera explícita en las disposiciones.
2.2. Volúmenes de gas o metodología para fijarlos [artículo 13, apartado 10, letra d), del Reglamento]
Los Estados miembros deben informar a los Estados miembros vecinos (es decir, los posibles proveedores de solidaridad) de los volúmenes máximos teóricos de gas que pueden solicitar y del límite de capacidad de interconexión en aras de la transparencia y como base para los debates sobre las disposiciones. No obstante, los volúmenes de gas necesarios, solicitados y disponibles solo se conocerán con exactitud cuando se active el mecanismo de solidaridad. Para el cálculo de esos volúmenes máximos teóricos de gas, deben tomarse en consideración los siguientes elementos como mínimo:
los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad afectados,
las centrales eléctricas críticas alimentadas con gas de que se trate (si procede) y los correspondientes volúmenes de gas, y
la producción interna de gas en los Estados miembros productores.
Un buen punto de partida para este cálculo pueden constituirlo las hipótesis de base de suministro, adaptadas a los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad.
Todos los Estados miembros han de identificar a sus clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad utilizando la definición que figura en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento, así como su consumo anual de gas (medio y máximo).
Las centrales eléctricas críticas alimentadas con gas y los volúmenes anuales de gas correspondientes (artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento) pueden tener efectos importantes en los volúmenes de gas disponibles a efectos de solidaridad. En el Estado miembro que presta su solidaridad, dichos volúmenes de gas limitan la cantidad potencialmente disponible a efectos de solidaridad; en algunos Estados miembros receptores, las centrales eléctricas críticas alimentadas con gas tienen prioridad sobre los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad, pero los volúmenes de gas necesarios para su funcionamiento no tienen incidencia alguna en los volúmenes que pueden ser necesarios.
Las disposiciones deberían incluir una lista detallada de las centrales eléctricas alimentadas con gas que se consideran críticas para el sistema eléctrico (artículo 11, apartado 7, del Reglamento), a las que se podría suministrar gas natural incluso durante la activación del mecanismo de solidaridad. Dicha lista debe elaborarse sobre la base de las solicitudes y evaluaciones efectuadas por los GRT de gas y electricidad. La lista de las centrales eléctricas debe estar debidamente justificada y demostrar que la desconexión a corto plazo de esas instalaciones podría suponer una amenaza para la seguridad del sistema de suministro de energía eléctrica. Además, los Estados miembros podrían plantearse la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la frecuencia de comprobación y actualización de la lista.
En función de la situación específica de crisis, solo se considerarán necesarios los volúmenes de gas que precisen las centrales identificadas en las disposiciones como críticas en caso de solicitarse la aplicación del mecanismo de solidaridad. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las centrales de una región determinada. Se debería llevar a cabo un intercambio de información ad hoc sobre la situación en el marco de la comunicación entre las entidades pertinentes (GRT y autoridad competente) de los Estados miembros antes de recurrir al mecanismo de solidaridad y durante su aplicación.
Los Estados miembros productores de gas deberán indicar su producción anual.
Los volúmenes antes mencionados pueden determinarse al comienzo de cada año de gas o en distintos intervalos, en función de los datos disponibles más recientes, las actualizaciones del plan o sobre una base ad hoc.
2.3. Seguridad operacional de las redes (artículo 13, apartado 7, del Reglamento)
Las disposiciones pueden incluir la descripción de las posibilidades y limitaciones técnicas de las redes de gas individuales que deben mantenerse para que el sistema de gas funcione de manera segura y fiable. Esta información es importante tanto para el Estado miembro que presta su solidaridad como para el que la recibe. Los elementos mínimos que deben describirse son los siguientes:
Capacidad máxima de exportación para interconexión y circunstancias en que el GRT deberá suministrar hasta alcanzar la capacidad máxima de exportación. Entre esas circunstancias cabe señalar, por ejemplo, la presión de la red, la disponibilidad de gas en los gasoductos y en determinados puntos de entrada o el nivel de almacenamiento de gas, con la capacidad de extracción correspondiente. Lo ideal sería definir estos pormenores con respecto a cada uno de los puntos de interconexión.
Producción interna máxima y limitaciones, en su caso. En los casos en que exista una producción interna, esta puede incrementarse en determinados períodos. Podrán describirse las opciones y limitaciones pertinentes.
En su caso, capacidad disponible a través de un tercer país y elementos técnicos del acuerdo sobre la misma (artículo 13, apartado 2, del Reglamento).
Las disposiciones financieras deben garantizar que el gas suministrado en virtud del mecanismo de solidaridad se paga a un precio adecuado. Estas disposiciones pueden incluir el cálculo de los costes, la compensación por solidaridad (incluida la compensación por restricciones) y los procedimientos de pago que han de determinarse y fijarse entre las entidades pertinentes.
Un mecanismo de compensación de las restricciones debe ofrecer incentivos para soluciones basadas en la lógica del mercado, tales como subastas y la respuesta de la demanda (artículo 13, apartado 4, del Reglamento). Pueden incluirse referencias a mecanismos asociados a emergencias nacionales que faciliten indirectamente la solidaridad garantizando que el mercado del Estado miembro que la presta funcione durante el mayor tiempo posible. Las disposiciones financieras no deben introducir incentivos inadecuados como la retención de gas o especulaciones con precios más elevados en una fase posterior del estado de emergencia, que pueden desencadenar la necesidad de solidaridad. La compensación por solidaridad debe cubrir los costes realmente contraídos; no puede convertirse en una fuente de beneficios para la entidad proveedora. El Estado miembro que recibe solidaridad debe pagar inmediatamente al Estado miembro proveedor un precio justo por el gas recibido. Este último determinará entonces la manera de gestionar esos fondos, así como su adecuación a las disposiciones sobre neutralidad de balance existentes.
Toda compensación abonada a los clientes sujetos a restricciones durante una situación de emergencia —derivadas de la obligación de brindar solidaridad transfronteriza o de una emergencia nacional— debe ser la que se establece en el Derecho nacional.
En vista de lo anterior, los Estados miembros pueden mantener el mecanismo nacional existente (compensación por restricciones) para situaciones de emergencia puramente nacionales (es decir, cuando no haya ninguna petición de solidaridad), lo cual les permite decidir si desean o no pagar una compensación por la restricción de las actividades industriales. No obstante, cuando una emergencia nacional se convierte en una situación en la que se activa la solidaridad transfronteriza, una opción puede consistir en distribuir la compensación por solidaridad abonada por el Estado miembro solicitante al Estado miembro que le ofrece ayuda entre todos los grupos de consumidores que hayan sido objeto de restricciones, independientemente de si sufrieron tales restricciones antes o después de la activación del mecanismo de solidaridad. Esta opción seguiría un plan elaborado en el Estado miembro que brinda su solidaridad, si bien sería preferible que se basara en un planteamiento de tipo «valor de la carga perdida». Como alternativa, los Estados miembros también pueden decidir abonar la compensación por solidaridad recibida a un «fondo de solidaridad» gestionado de forma centralizada. De esta manera, los mecanismos nacionales de compensación por restricciones siguen siendo competencia de los Estados miembros y, al mismo tiempo, los distintos planteamientos adoptados por los Estados miembros no darán lugar a diferencias de trato entre los grupos de consumidores objeto de restricciones en un país cuando se presta solidaridad transfronteriza, caso en que la compensación por solidaridad es obligatoria.
Los principales elementos de la compensación por solidaridad son el precio del gas y los costes adicionales que le supone al Estado miembro que presta su ayuda asegurarse de que el gas cruza la frontera sobre la base de los gastos reales que el marco jurídico nacional de dicho Estado miembro permite pagar.
En las disposiciones se pueden acordar y seguir diferentes planteamientos para determinar el precio del gas, en función del nivel de desarrollo del mercado del Estado miembro, las medidas disponibles o la fase de emergencia. No obstante, es importante que las disposiciones expongan claramente el planteamiento acordado, las circunstancias en que se aplicará y cualesquiera parámetros conocidos que puedan utilizarse (por ejemplo, la prima, si se opta por la última operación conocida más prima).
3.1. Precio del gas
Las disposiciones financieras deben referirse al precio del gas entregado y al método de fijación del precio, teniendo en cuenta los efectos en el funcionamiento del mercado [artículo 13, apartado 10, letra b), del Reglamento]. Puede entenderse que esta última condición tiene como objetivo un precio o un método que no distorsionen el mercado ni creen incentivos inadecuados. El precio del gas que sirve de base para la compensación por solidaridad se determina (por el mercado u otros medios) en el Estado miembro que brinda su solidaridad.
a) Precio de mercado
Como principio rector, el precio del gas no debe ser inferior al precio de mercado, lo cual daría lugar a incentivos erróneos. Si el precio no se congela y se le permite seguir de manera dinámica la oferta y la demanda de gas, puede proporcionar una señal incluso durante una situación de emergencia. En los mercados desarrollados, los flujos máximos a través de los interconectores seguirán la señal de precios hacia los Estados miembros que se encuentran en situación de emergencia. En tales circunstancias, no se supone que se haya activado el mecanismo de solidaridad.
En mercados menos desarrollados, donde los precios podrían no ser dinámicos en caso de emergencia, puede ser necesario fijar el precio del gas recurriendo a medidas diferentes, pero que podrán seguir basándose en el mercado. El precio máximo de referencia del gas de solidaridad podría corresponder al precio de la última transacción/operación en la UE en un punto físico o virtual de intercambio, tras un control reglamentario para comprobar la solidez del precio. Los Estados miembros también pueden acordar vincular el precio del gas a un nudo gasístico específico.
En los Estados miembros con existencias estratégicas, corresponde al Estado miembro o a la autoridad competente decidir en qué momento de la situación de emergencia autorizará la movilización de esas reservas de gas. El precio «de mercado» en el momento (o inmediatamente antes) de la liberación de las reservas debe ser el precio que ha de pagar el Estado miembro receptor (8).
b) Tarificación/restricción administrativa
Cuando no existe precio de mercado, puede ser necesario recurrir a otros métodos para fijar el precio del gas, como optar por el último precio de mercado conocido o por el precio medio de mercado en la bolsa accesible más cercana, un punto virtual de transacción o un nudo gasístico acordado. La media puede abarcar un período de tiempo razonable antes de la entrega (por ejemplo, de 5 a 7 días) y un período idéntico después de la entrega, con o sin prima. También puede resultar indicativo el precio de la última operación o medida en el sector del gas, con o sin prima. Puede estudiarse la posibilidad de fijar una prima para colmar la diferencia, en caso de que exista, entre el último precio conocido y el valor de la carga perdida de los clientes sometidos a restricciones (9). El precio también puede derivarse del combustible alternativo que ha de pasar a utilizar el Estado miembro que ofrece su solidaridad para liberar los volúmenes necesarios de gas natural.
Puede utilizarse el cálculo del valor de la carga perdida para determinar el precio de los volúmenes de gas objeto de restricciones por cuanto podemos suponer que los consumidores industriales conocen su valor. El valor refleja los beneficios que el grupo de consumidores específico ha perdido debido a las restricciones. Con este enfoque, ese valor debería conocerse o comunicarse con antelación a la autoridad competente o a la autoridad reguladora nacional. Por lo general, ello también se reflejará en las órdenes de restricción de los planes de emergencia nacionales. Por otra parte, este planteamiento facilita la comparación entre las «ofertas» de los distintos Estados miembros (véase el artículo 13, apartado 4, del Reglamento).
Por último, podría merecer la pena estudiar una metodología para la fijación de precios por parte de la autoridad reguladora nacional o la autoridad competente, o utilizar un indicador como, por ejemplo, el precio de las opciones de compra.
c) Disposición a pagar
Puede resultar razonable determinar el importe máximo que cada uno de los Estados miembros está dispuesto a pagar por el gas en una situación de solidaridad. El valor máximo será probablemente el valor de la carga perdida para los clientes protegidos en virtud del mecanismo de solidaridad de un determinado Estado miembro. En caso de que el precio del gas supere este valor, no redunda en interés del Estado miembro solicitar gas en virtud del mecanismo de solidaridad. Esta información, sin embargo, no tiene que figurar necesariamente en las disposiciones ni reflejarse en los planes.
3.2. Otras categorías de costes
Las disposiciones financieras deberían cubrir todas las demás categorías de gastos, incluidos los costes pertinentes y razonables de las medidas que se hayan fijado de antemano [artículo 13, apartado 8, letra b), del Reglamento], que tendrán que quedar cubiertos mediante una compensación justa y rápida [artículo 13, apartado 10, letra e)]. Los costes adicionales deben reducirse al mínimo y se procurará evitar el doble cómputo, ya que la mayoría de los elementos de costes adicionales pueden estar ya reflejados en el precio del gas. Cabe suponer que la mayor parte de los costes adicionales ya se refleja en el precio del gas, excepto los gastos de transporte.
a) Gastos de transporte y costes asociados
La compensación ha de cubrir los gastos de transporte y costes asociados tales como los gastos de carga de GNL, los peajes de regasificación, etc. Los Estados miembros pueden acordar que se reserven las capacidades necesarias para los volúmenes de solidaridad cuando sea necesario, de modo que los gastos relacionados con el transporte se abonen utilizando los procedimientos normalizados de los GRT.
b) Costes de liberación de las existencias estratégicas o de las obligaciones de almacenamiento
En caso de almacenamiento estratégico, el coste de liberación de las existencias estratégicas puede incluirse con respecto al volumen de gas correspondiente, ya establecido de antemano, a menos que ya se refleje en el precio del gas.
En principio, si existe un precio de mercado en el momento de la liberación de los volúmenes adicionales de las existencias estratégicas, el precio de mercado ya reflejará los costes adicionales asociados a tal medida, incluyendo el coste de su fijación anticipada. En caso contrario, no se recurrirá a la medida en ese momento, pues seguirán estando disponibles soluciones más baratas.
Los costes de estas medidas de seguridad del suministro no basadas en el mercado suelen socializarse y se incorporan a la factura del usuario final. Puede acordarse una contribución proporcional a los costes —en consonancia con las cantidades movilizadas con fines de solidaridad—, que se añadirá a los costes adicionales que deba pagar el Estado miembro receptor.
No obstante, las obligaciones de almacenamiento solo exigen que se mantengan almacenados determinados volúmenes de gas al comienzo de la temporada de invierno; posteriormente, el gas almacenado se utiliza en respuesta a la demanda y a los precios del mercado. Por tanto, no deben atribuirse costes adicionales a su liberación que no sean el precio del gas y los gastos de transporte. En cualquier caso, hay que tener en cuenta las distintas maneras en que los Estados miembros gestionan las existencias estratégicas y las obligaciones de almacenamiento.
c) Costes que entraña la reducción de una norma de incremento del suministro
En virtud del Reglamento, es obligatorio reducir una norma de incremento del suministro a niveles ordinarios cuando se declara una situación de emergencia en un Estado miembro vecino y sea probable que tenga efectos transfronterizos. No existe ninguna relación entre la reducción de una norma de incremento del suministro y una solicitud de solidaridad, lo cual significa que los costes de tales medidas no pueden cubrirse mediante compensación.
d) Perjuicios causados por la restricción de las actividades industriales (compensación por restricciones)
Otros costes también pueden cubrir los gastos derivados de la obligación de pagar una compensación en el Estado miembro que presta su ayuda, incluidos los perjuicios causados por la restricción de las actividades industriales. Estos costes pueden incluirse en los costes de compensación si el marco jurídico nacional prevé la obligación de pagar, además del precio del gas, una indemnización por los perjuicios causados por la restricción de las actividades industriales, incluida una compensación por perjuicios económicos. La metodología pertinente para el cálculo debe incluirse en las disposiciones. Puede acordarse repercutir el importe de la compensación realmente efectuada en las entidades que utilizan el gas de solidaridad en el Estado miembro beneficiario.
No obstante, el coste de los perjuicios causados por la restricción de las actividades industriales solo podrá compensarse cuando no se refleje en el precio del gas que debe abonar el Estado miembro que solicite las medidas de solidaridad; dicho Estado miembro no debe tener que pagar una compensación por los mismos costes dos veces.
e) Coste de los procedimientos judiciales en el Estado miembro que brinda su solidaridad
Otros costes pueden corresponder también al reembolso de todo gasto resultante de procedimientos judiciales, procedimientos de arbitraje y liquidaciones, junto con los costes que puedan derivarse de los procedimientos en que sea parte el Estado miembro que brinda su solidaridad con respecto a entidades participantes en el ejercicio de esa solidaridad [artículo 13, apartado 8, letra c), del Reglamento]. Con todo, tal compensación solo debe abonarse previa justificación de los gastos contraídos.
En caso de litigio entre un Estado miembro que brinda su solidaridad y una entidad en relación con una compensación (insuficiente) por parte del Estado miembro que recibe solidaridad, deben establecerse salvaguardias para proteger a este último Estado miembro de una conducta colusoria entre el Estado miembro que presta su solidaridad y la entidad. Pueden darse circunstancias en que la entidad en cuestión y el Estado miembro en que está establecida se enfrenten ante los tribunales por un precio del gas más elevado o una mayor compensación para la entidad y coludan en daño del Estado miembro que solicita la solidaridad, el cual ni siquiera es parte del procedimiento judicial. Deberían evitarse tales circunstancias.
La situación antes descrita difiere de una situación en que una empresa del Estado miembro que presta su solidaridad inicia acciones judiciales contra una entidad del Estado miembro beneficiario por el precio del gas o la compensación de las restricciones. En tal situación, la empresa o entidad que pierde el litigio debe asumir los costes correspondientes.
3.3. Indicación del método de cálculo de la compensación justa [artículo 13, apartado 10, letra f)]
Pueden adoptarse los siguientes métodos para calcular una compensación justa:
La simple suma de todos los elementos descritos en la sección anterior.
Valor temporal del dinero: el pago debe hacerse rápidamente efectivo. No obstante, los Estados miembros pueden acordar que se aplique un tipo de interés a la compensación una vez transcurrido un período realista tras la prestación de la solidaridad, y una vez se haya calculado y aprobado el importe exacto de la compensación.
Acuerdo entre los Estados miembros que utilizan distintas divisas sobre la moneda en que ha de calcularse y abonarse la compensación, incluido el tipo de cambio pertinente.
3.4. Cálculo de la compensación de todos los costes pertinentes y razonables y compromiso de pagar la compensación (artículo 13, apartado 3)
Es probable que el cálculo del pago al Estado miembro que haya brindado su solidaridad y a las entidades de ese Estado miembro solo pueda efectuarse con exactitud algún tiempo después de la entrega del gas solicitado en virtud del mecanismo de solidaridad. Los Estados miembros pueden acordar en sus acuerdos bilaterales el método de cálculo del precio del gas y los costes adicionales, así como un plazo realista para el pago.
La información sobre los volúmenes de gas efectivamente entregados y cualquier otro dato pertinente para el cálculo de la compensación deben enviarse a la(s) persona(s) de contacto pertinente(s) en los Estados miembros participantes en el mecanismo de solidaridad, de modo que ambos puedan realizar un cálculo definitivo de la compensación. La información puede solicitarse al GRT, al GRD, al gestor de la red de almacenamiento, al proveedor o al responsable de área de mercado, en función de la medida aplicada. El cálculo de la compensación puede delegarse en otra entidad previamente determinada.
3.5. Modalidades de pago (artículo 13, apartado 8, último párrafo, del Reglamento)
Como principio rector, los procedimientos existentes para los pagos y compensaciones nacionales (u operaciones de tipo balance) en un Estado miembro y las actuales funciones y responsabilidades a este respecto también deberían, en la medida de lo posible, mantenerse y aplicarse a los pagos compensatorios por solidaridad entre los Estados miembros. Los acuerdos entre los Estados miembros deben centrarse en la manera de conectar o aplicar una interfaz entre estos marcos nacionales ya existentes. Debido a la naturaleza de las medidas de solidaridad, puede ser necesario convertir al Estado miembro o la autoridad competente en la interfaz con responsabilidad financiera final.
3.6. Funciones y responsabilidades: quién paga a quién o quién organiza los pagos
Cuando en el Estado miembro que presta ayuda aún sea posible adoptar medidas voluntarias basadas en la demanda, debe mantenerse el acceso a la plataforma y a la capacidad de interconexión pertinentes. Un comprador que se encuentre del otro lado de la frontera ha de poder realizar pagos relativos al gas de la misma manera que un comprador local, bien directamente a la compañía de gas, bien, si el gas es suministrado por una entidad de balance a través de una plataforma de balance, utilizando los procedimientos de pago en vigor para dicha plataforma (10).
Cuando se introducen restricciones, cualquier marco jurídico existente, proceso de pago o autoridad responsable de la gestión de los pagos en el Estado miembro que presta su solidaridad podrían utilizarse o adaptarse, si fuera necesario, para el pago de compensaciones desde un país vecino.
El beneficiario final de la solidaridad es el consumidor doméstico. El gas para atender sus necesidades es canalizado por el proveedor, con flujos transfronterizos gestionados por el GRT y, en última instancia, entregados por el GRD. En caso de restricciones, el proveedor de gas del cliente no protegido sometido a las restricciones debe tener garantías de la continuidad de los pagos, teniendo en cuenta los volúmenes de solidaridad. Estos se deberán hacer efectivos de acuerdo con el régimen de compensación del Estado miembro. Las posibles funciones y responsabilidades pueden distribuirse tal como se describe en el punto 1.4.
3.7. Descripción y fases del procedimiento de pago
En función de los marcos existentes y de la manera en que los Estados miembros acuerden la interfaz entre esos marcos, los procedimientos acordados deberán incluirse en las disposiciones.
Suponiendo que los Estados miembros participen en los aspectos financieros —y en particular en el seguimiento, la comprobación y la canalización de las solicitudes después de la entrega de gas en el marco de la solidaridad—, la entidad pertinente del Estado miembro que presta su solidaridad calculará el importe de la compensación en función del volumen de gas entregado, los elementos de coste y el método de cálculo acordados, y presentará su solicitud de pago a la entidad correspondiente del Estado miembro solicitante. El Estado miembro beneficiario de gas en el marco de la solidaridad confirmará la cantidad efectivamente entregada, comprobará el cálculo y, si no tiene objeciones que formular, procederá al pago dentro del plazo acordado. Los procedimientos financieros de los Estados miembros —tales como el reparto o la imputación de la compensación por solidaridad— respetarán las normas nacionales (por ejemplo, pueden aplicarse directamente a la entidad ofertante/sujeta a restricciones o socializarse).
Los plazos para el cálculo de la compensación por solidaridad, el control y el pago deberán incluirse en las disposiciones. Lo mismo se aplicará a las opciones legislativas y de arbitraje en caso de litigio derivado del uso del mecanismo de solidaridad.
Gracias al Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas, la voluntad política de solidaridad entre los Estados miembros se ha convertido por primera vez en una realidad en el marco de la política energética de la UE. Además, el Reglamento amplía el concepto de solidaridad, que pasa de aplicarse a escala nacional a convertirse en una red de seguridad a escala de la UE en beneficio de los más vulnerables. Introduce derechos y obligaciones de gran alcance que garantizan a los clientes domésticos y a los servicios sociales esenciales la seguridad de un suministro de gas ininterrumpido. Las orientaciones expuestas en el presente documento ofrecen un amplio abanico de opciones para garantizar el buen funcionamiento del mecanismo de solidaridad, al tiempo que los Estados miembros siguen siendo libres de elegir las soluciones que más les convengan.
(1) Véanse los artículos 2, apartado 6, y 13 del Reglamento.
(2) Por este motivo, las medidas del plan de emergencia deben garantizar que el sistema de transmisión de gas del Estado miembro solicitante sea técnicamente capaz de incorporar las entradas (es decir, debe existir un nivel adecuado de gas almacenado en gasoductos disponible) al activarse una medida de solidaridad en una fase avanzada de emergencia.
(3) Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 (DO L 211 de 14.8.2009, p. 36).
(4) Chipre, Finlandia y Malta.
(5) Estonia, Letonia y Lituania.
(6) Polonia-Lituania, Finlandia-Estonia, Finlandia-Suecia, Malta-Italia, Chipre-Grecia, Hungría-Eslovenia. Polonia-Chequia, Polonia-Eslovaquia, Francia-Italia.
(7) Los GRT ya cooperan en materia de acceso al gas flexible en Estados miembros vecinos. Algunos de ellos han suscrito acuerdos de balance operativo con los GRT adyacentes. Estos acuerdos hacen posible una colaboración que responda a las necesidades de balance residuales y, al mismo tiempo, permiten gestionar las perturbaciones del suministro a corto plazo y controlar mejor los flujos de entrada y salida.
(8) Por ejemplo, el valor de las reservas estratégicas de Italia se cifra en 63/MWh EUR; las existencias estratégicas de Hungría están vinculadas al precio del mecanismo de transferencia de títulos (TTF) pocos días antes de la liberación, al que se añade una prima.
(9) En algunos casos, la prima comprende el «valor de seguro» del gas liberado. Según datos del sector, este oscilaría entre 0,5 EUR y 1 EUR/MWh.
(10) Por ejemplo, con el producto de balance a corto plazo de NetConnect Germany la materia prima se abona mediante una cuenta específica gestionada por el responsable de área de mercado.

References: artículo 13
 artículo 178
 artículo 178
 artículo 178
 artículo 148
 artículo 37
 artículo 178
 artículo 3
 artículo 147
 artículo 123
 artículo 178
 artículo 1
 artículo 178
 artículo 178
 artículo 35
 artículo 1
 ARTÍCULO 1
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 91
 artículo 218
 artículo 1
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 103
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 194
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 13