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Timestamp: 2020-08-13 23:57:56+00:00

Document:
STC 161/2005, 20 de Junio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 23866043
STC 161/2005, 20 de Junio de 2005
Número de Recurso: 4183-2001
Recurso de amparo 4183-2001. Promovido por don Carlos Díaz Güell frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró improcedente su despido por la Universidad SEK de Segovia. Supuesta vulneración de las libertades de cátedra y de expresión: despido de un Decano de Facultad por desobedecer al Rector en relación con la publicación de una revista universitaria.
Por escrito registrado en este Tribunal el día de 20 de julio de 2001 se interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mención en el encabezamiento, por considerar que la resolución judicial impugnada es contraria a los derechos fundamentales consagrados en los arts. 20.1 a) y c) CE.
Don Carlos Díaz Güell ha venido prestando servicios profesionales en calidad de Decano de la Facultad de Ciencias de la Información para la Universidad SEK de Segovia, con antigüedad de 1 de junio de 1997. El 4 de agosto de 2000 se le hizo entrega de carta de despido, firmada por el Rector de dicha Universidad, cuyo contenido literal era el siguiente: “Muy Sr. Mío: la dirección de esta empresa, de acuerdo con el poder disciplinario que le concede el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores, ha decidido la extinción de su contrato de trabajo como consecuencia del incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones. Las causas que motivan la adopción de esta decisión son las siguientes: Incumplimiento del artículo 54.2, letra b del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la desobediencia al Rector, al no informarle y solicitar su aprobación, como se había ordenado específicamente y reiteradamente, sobre la edición de la revista Karcaj, correspondiente al mes de abril del presente año. Incumplimiento del art. 54.2 letra d del Estatuto de los Trabajadores, consistente en la transgresión de la buena fe o abuso de confianza, al permitir a un profesor de su facultad, sin un motivo justificado, personal o familiar, importante o delicado, cambiar un considerable número de clases docentes, sin consulta previa ni autorización al Secretario General, ignorando en todo momento el esfuerzo al que se sometía a los propios alumnos, al acumular clases, sin evaluar el detrimento que esa decisión provocó en el área académica. Incumplimiento del art. 54.2 letra c del Estatuto de los Trabajadores, consistente en ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, hecho que se produjo el día 2 de junio del presente año a las 16,00 horas en presencia de personal administrativo, cuando al solicitar el pago de unas facturas mencionó “ ... estoy hasta los cojones de esta puta casa
estas mismas palabras fueron reiteradas cuando se le entregó el cheque correspondiente a las facturas solicitadas. Incumplimiento de las cláusulas adicionales del contrato de trabajo en su apartado tercero, letras b, d, e y g. Incumplimiento del artículo 51, apartados 1, 5 y 7 del Estatuto de la Universidad, que dice [sic], poner en conocimiento del Rector las realizaciones, problemas y sugerencias de su Facultad y a la vez responsabilizarse de la información y del cumplimiento de la normativa emanada de los órganos superiores de la Universidad y del art. 69, apartado cuarto, que dice, en general por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones emanadas de su contrato, los Estatutos, el Reglamento Académico, los demás reglamentos universitarios y las leyes vigentes de la Universidad. Dichas faltas están tipificadas como justa causa de despido en los artículos 54.2, letras b, c y d, del Estatuto de los Trabajadores y son sancionables con el despido. El despido tendrá efectos con fecha 4/8/2000. Contra la referida sanción puede recurrir ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la presente sin perjuicio del percibo de la liquidación que por saldo y finiquito de la relación laboral que nos venía uniendo y que le corresponde, incluyendo las partes proporcionales por pagas y demás conceptos devengados por usted hasta la fecha de extinción, y que se encuentra a su disposición en las oficinas de esta empresa”.
El actor no informó ni solicitó la aprobación previa del Rector sobre la edición de la revista “Karcaj" correspondiente al mes de abril del año 2000, existiendo una orden anterior en ese sentido por parte del mismo Rector respecto de la edición de ese concreto número de la revista. Ésta constituía un instrumento con el que materializar el aprendizaje que los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información venían recibiendo en relación con las diferentes materias que comprende y requiere la elaboración de una publicación periodística.
Don Carlos Díaz Güel fue responsable de las relaciones de la Universidad SEK con los medios de comunicación, renunciando a tales funciones en carta de 2 de marzo de 1999; posteriormente, el 14 de diciembre de ese mismo año, la Universidad SEK constituyó la Fundación “Instituto de Estudios de la Transición Española”, nombrando al Sr. Díaz Güell Vicepresidente de la Fundación, la que a su vez le nombró Director Gerente en reunión extraordinaria, cargo del que igualmente dimitió de forma voluntaria mediante carta de fecha 5 de junio de 2000, en la que justificaba su decisión en haber sufrido una injerencia inaceptable en sus funciones.
El demandante “autorizó a un profesor de su Facultad para cambiar un determinado número de clases docentes”, con la aquiescencia de los alumnos, ello motivado por razones particulares del profesor, si bien de carácter científico. A tal fin no efectuó consulta previa ni elevó petición alguna de autorización al Secretario General de la Universidad, siendo en todo caso práctica habitual de la Universidad SEK Segovia que los Decanos de las diferentes Facultades autoricen a los profesores determinados cambios de clases que no supongan una alteración sustancial de la programación docente, sin formular para ello consulta alguna a cargos superiores de la Universidad.
El art. 51 de los Estatutos de la Universidad SEK establece entre las competencias del Decano de un centro las de velar por el efectivo cumplimiento de la normativa contenida en los Estatutos y Reglamento académico de la Universidad, así como de la relacionada con los asuntos académicos; cuidar de la observancia de los horarios e introducir modificaciones en función de las exigencias legales; poner en conocimiento del Rector las realizaciones, problemas y sugerencias de su Facultad y, a la vez, responsabilizarse de la información y del cumplimiento de la normativa emanada de los órganos superiores de la Universidad. Dentro de las cláusulas adicionales del contrato de trabajo, la cláusula tercera establecía como obligaciones del Sr. Díaz Güell en su letra b) “Velar por el cumplimiento de los reglamentos emanados de los Estatutos; en la letra d) “Ejercer cuantas funciones le encomiende el Rector”; en la letra e) “Ejercer el control de los planteamientos de las actividades académicas y de orientación de los distintos departamentos”; y en la letra g) “Poner en conocimiento del Rector los problemas, realizaciones y sugerencias de su facultad”. El apartado cuarto del artículo 69 de los mismos Estatutos de la Universidad SEK, por su parte, indica que “El profesor de la Universidad SEK cesa en sus funciones ... En general, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones emanadas de su contrato, los presentes Estatutos, el Reglamento Académico, los demás reglamentos universitarios y las leyes vigentes”.
El Sr. Díaz Güel, recibida la carta señalada en el apartado a) de este antecedente, formuló demanda por despido, que consideraba nulo o subsidiariamente improcedente. A su juicio, tal medida vulneraba su libertad de cátedra y el derecho a la libertad de expresión, y asimismo tenía intención de responder a la decisión del recurrente de proteger los derechos de los trabajadores, recogidos en el art. 28 CE, frente a actitudes de la empresa vulneradoras del referido derecho fundamental en el marco del proceso electoral a comités de empresa en el ámbito universitario, careciendo de la más mínima veracidad y trascendencia las causas que se hacían constar en la carta de despido.
Por consecuencia, dictó nueva Sentencia el Juzgado de lo Social, con fecha 22 de marzo de 2001. Razona el juzgador que en el supuesto de autos el demandante ha desarrollado una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa en torno a los indicios de que ha concurrido una vulneración de los derechos fundamentales de libertad de cátedra y libertad de expresión, con lo que, alcanzado el anterior resultado probatorio, recae sobre la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar la procedencia de la decisión empresarial de despido.
Siendo así, respecto a la primera de las motivaciones del despido —desobediencia al Rector por parte del demandante—, razona la Sentencia que lejos de constituir una desobediencia merecedora del despido, evidencia un proceder empresarial lesivo para el derecho fundamental de libertad de cátedra, en atención a la condición de Decano del actor y a que la revista en cuestión era un instrumento con el que materializar el aprendizaje que los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información venían recibiendo en relación con las diferentes materias que comprende y que requiere la conformación de una publicación periodística, conclusión que obtiene partiendo de que el alcance y contenido de la libertad de cátedra se incardina en la libre selección de los programas, proyectos de investigación y metodología de las explicaciones.
Frente a la Sentencia de instancia recurrió en suplicación la representación letrada de la Universidad SEK de Segovia. Además de acoger diversas revisiones fácticas que se han hecho constar en las letras anteriores, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en Sentencia de 26 de junio de 2001, con relación a la vulneración del derecho a la libertad de cátedra declara que en ningún caso se ha acreditado que la demandada impidiese o presionase al actor en la impartición de sus enseñanzas, no pudiendo considerarse vulnerado el derecho del art. 20.1 c) CE por el hecho de pertenecer al consejo redactor de la revista “Karcaj", que en modo alguno presupone el ejercicio docente.
El recurrente de amparo estima que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impugnada en este proceso constitucional lesiona los derechos fundamentales de libertad de cátedra [art. 20.1 c) CE] y de libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
Mediante providencia de 21 de octubre de 2003, la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes, y a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional recabar del Juzgado de lo Social de Segovia y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, la remisión de testimonio de las actuaciones seguidas en el proceso del que trae causa el presente recurso, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el mismo, con excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Como consecuencia del referido emplazamiento, mediante escrito presentado el día 6 de noviembre de 2003, compareció ante este Tribunal la Universidad SEK de Segovia, representada por el Procurador de los Tribunales don Albito Martínez Díez y asistida por el Letrado don Gonzalo Ruiz García.
Por diligencia de ordenación de 13 de noviembre de 2003 del Secretario de Justicia, la Sala Primera del Tribunal Constitucional tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado, y por personado y parte en nombre y representación de la Universidad SEK al Procurador don Albito Martínez Díez.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito con fecha 2 de diciembre de 2003. En su opinión, las dos quejas esgrimidas en la demanda presentan una íntima conexión, tanto por ser el derecho de libertad de cátedra una concreción cualificada del derecho de libertad de expresión, como por contraerse el caso ahora analizado a una decisión de despido empresarial del Decano de la Facultad de Ciencias de la Información por no acatar la orden dada por el Rector de someter a su aprobación previa la publicación de una revista elaborada por los alumnos de dicho centro. La Sala de suplicación desconectó la orden dada por el Rector del ámbito de protección del derecho de libertad de cátedra, al entender que aquélla no implicaba impedimento alguno a la libre enseñanza, negando virtualidad al dato acreditado de que la revista era un instrumento de aprendizaje de los alumnos de la Facultad, elaborada y dirigida por éstos como complemento de su formación teórica, con independencia de que estudiantes de otras facultades pudieran colaborar en la misma. Y lo hizo, igualmente, sin tener en cuenta, en primer término, que entre las facultades docentes del demandante, Decano de Facultad, se encontraba la de organizar las enseñanzas y la investigación de su Facultad, disponiendo por ello de plena libertad para configurar tales enseñanzas teóricas y prácticas, en un ámbito constitucionalmente protegido e inmune a toda injerencia, y, en segundo lugar, que la orden la recibió como Decano responsable de la Facultad y no en ningún otro concepto.
El recurrente evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado el día 12 de diciembre de 2003, ratificándose en lo ya expuesto en la demanda de amparo.
Por escrito de 12 de diciembre de 2003 presentó sus alegaciones la Universidad SEK de Segovia. Opone, en primer lugar, dos óbices de admisibilidad. El primero consistiría en la incongruencia entre el planteamiento que se realizó en la demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social de Segovia y el que se efectúa en el presente recurso de amparo respecto de la pretendida lesión del derecho fundamental de la libertad de cátedra. Puede observarse, dice la parte, que en la demanda rectora del proceso en ningún momento se hacía referencia a revista o publicación alguna, mucho menos a la revista “Karcaj", y que la única referencia a la vulneración del derecho a la libertad de cátedra se contiene en su hecho cuarto, que literalmente trascrito decía: “Cuarto.- Igualmente la decisión pretende amparar una voluntad cercenadora de la libertad de cátedra, recogida en el artículo 20.1 de la Constitución Española, limitando las decisiones relativas a la impartición de los contenidos formativos de profesores de la Universidad y a la actividad docente en el ámbito de gestión que, como Decano, ostentaba el demandante”. La supuesta vulneración del derecho de libertad de cátedra se fundaba, así pues, en la impartición de los contenidos formativos de profesores de la universidad, lo que nada tiene que ver con lo que ahora se plantea ante el Tribunal Constitucional.
Por providencia de 16 de junio de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, de 26 de junio de 2001, que estimó parcialmente el recurso de suplicación núm. 394-2001 formulado por la Universidad SEK contra la Sentencia de 22 de marzo de 2001 del Juzgado de lo Social de Segovia, dictada en autos núm. 476-2000 en virtud de demanda de despido. La resolución impugnada en amparo revocó la Sentencia de instancia que calificaba el despido como nulo, considerando que, si bien no concurrían las causas disciplinarias alegadas al punto de justificar la procedencia del acto extintivo, tampoco se habían vulnerado los derechos fundamentales aducidos por el solicitante de amparo en la demanda rectora del proceso, lo que excluía la calificación de nulidad del despido.
Con carácter previo, será necesario analizar las objeciones procesales articuladas por la Universidad SEK, relativas a la falta de invocación formal en el proceso de los derechos constitucionales vulnerados en el sentido que ahora se nos traslada, extremo que, de confirmarse, determinaría la inadmisión del recurso en este momento procesal, de acuerdo con lo establecido en los arts. 44.1 c) y 50.1 a) LOTC, pues los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan corregidos porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 146/1998, de 30 de junio, FJ 2; 51/2000, de 28 de febrero, FJ 3; 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 192/2001, de 1 de octubre, FJ 3; 32/2002, de 11 de febrero, FJ 2; 39/2003, de 27 de febrero, FJ 3; 69/2003, de 9 de abril, FJ 2, o 83/2004, de 10 de mayo, FJ 2).
Ya en el fondo del asunto, es de subrayar que el despido se basaba en varios motivos, de los cuales aquí únicamente importa el de la señalada “desobediencia al Rector”. Y con este punto de partida, para perfilar las cuestiones planteadas serán necesarias algunas observaciones previas.
Para identificar correctamente los derechos fundamentales en juego en el caso que plantea la demanda de amparo es necesario prestar atención al carácter y finalidad de la revista “Karcaj" a través de la cual esos derechos son ejercidos. La mencionada revista es, por una parte, instrumento de aprendizaje práctico de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad SEK. Por otra parte, conforme se declara probado en la Sentencia impugnada, en dicha revista “colaboraban no sólo profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información; también lo hacían profesores y alumnos de otras facultades”, de lo que se deduce que, junto a la función de instrumento de aprendizaje de carácter práctico, la revista constituye también un instrumento de comunicación de la comunidad universitaria.
La vertiente destacada de la revista como instrumento de aprendizaje práctico de los alumnos se desarrolla prioritariamente, como es fácil comprender, en las fases de formación de la revista que son previas a su publicación y difusión. Las fases de elaboración de la revista idóneas para la labor de docencia y aprendizaje prácticos de los alumnos son las que consisten en la redacción de los artículos, la selección del material publicable, la composición e, incluso, la impresión. En este contexto, en el que los alumnos desarrollan las mencionadas tareas bajo la dirección de los profesores, aquéllos pueden ejercer su libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones, con las modulaciones que puedan derivar del ejercicio de las tareas docentes por el profesor —en las que no es necesario entrar ahora—; y los profesores su libertad de cátedra
art. 20.1 c) CE]. Pero sin necesidad de que nos pronunciemos aquí respecto de si esta libertad se manifiesta en la tarea del Decano de “organizar la enseñanza y la investigación de su Facultad, en general” (art. 50.1 de los Estatutos de la Universidad SEK), hemos de subrayar que la orden del Rector relativa al número de abril de la revista “Karcaj" no afectaba a los contenidos propios de esta etapa de confección de dicho número.
Siguen presentes, sin embargo, en este tramo final del proceso comunicativo —la publicación y difusión de la revista— las exigencias de la libertad de expresión (o de información, en su caso, en función del carácter y contenido de lo que vaya a publicarse) de quienes dirigen al público sus mensajes, mediante los artículos que han sido incluidos en el número de la revista a difundir.
No puede compartirse la argumentación del Ministerio Fiscal cuando señala que no es legítimo superponer el control del Rector (que actúa por parte de la Universidad) a las “facultades de análisis o examen de contenidos y textos” del “organigrama de dirección y selección” propio de la revista. Es necesario destacar que no tenían por qué coincidir los criterios de selección y control aplicados por ese organigrama (que podían, por ejemplo, ser de carácter fundamentalmente técnico o de calidad) con el criterio de control de la Universidad, que legítimamente —y sobre la base de aquel control interno de la revista— puede pretender, ante todo, la evitación de responsabilidades civiles o penales.
STSJ La Rioja 343/2010, 20 de Diciembre de 2010 (Despido)
SAP Madrid 63/2007, 2 de Marzo de 2007

References: resolución 
 artículo 54
 artículo 51
 artículo 69
 artículo 20
 resolución